title: Frente Popular (España)

text: Dos días después, 16 de abril, se celebró el entierro del alférez que se convirtió en una manifestación antirrepublicana a la que asistieron los diputados Gil Robles —quien no había acudido al desfile de celebración del quinto aniversario de la República de dos días antes— y Calvo Sotelo —quien en su intervención parlamentaria de aquella misma tarde denunció que el gobierno había censurado la esquela del alférez publicada en el diario monárquico "ABC", suprimiendo el dato de que era oficial de la Guardia Civil y la hora en que se iba a celebrar el sepelio—, oficiales del Ejército y de las fuerzas de orden público (unos 3000 en uniforme o de paisano) y numerosos miembros de los sectores conservadores. Los organizadores del cortejo fúnebre, entre los que se contaban guardias civiles y militares, decidieron no seguir el recorrido establecido por las autoridades —ir por la calle de Serrano— y la comitiva —«compañeros del muerto conducían a hombros el féretro»— se dirigió hacia el centro de Madrid por el Paseo de la Castellana, siguiendo el mismo recorrido del desfile militar de dos días antes, lo que la izquierda lo consideró como una «provocación». Cuando iban por la Castellana, dando frecuentes vivas a España y al Ejército, alguien desde una obra (con entrada en la calle de Miguel Ángel, n.º 22) disparó sobre la comitiva fúnebre, lo que fue respondido con disparos por algunos de los que participaban en el entierro. El cortejo fue tiroteado de nuevo a la altura de la calle de Lista desde unos tejados y pisos altos y en el Paseo de Recoletos, esquina Olózaga, desde otra obra en construcción. Los disparos se extendieron por el centro de la capital y también las agresiones —el cobrador de un tranvía que hizo el saludo puño en alto y dio un «¡Viva la República!» fue golpeado y resultó herido—. Hubo cargas de la fuerza pública contra los manifestantes derechistas que no se dispersaron después de que en la plaza de la Independencia, abarrotada de gente, el féretro fuera cargado en un furgón y conducido al cementerio del Este. Un grupo de la comitiva fúnebre, alentado y apoyado por falangistas, intentó asaltar el Congreso de los Diputados «en una reedición a la española de los sucesos del 6 de febrero de 1934 en París», según Eduardo González Calleja. «Creíamos tener "la Paviada" en puerta», recordó un diputado socialista que se encontraba en el Congreso. Les cortó el paso una barrera dispuesta y custodiada por guardias de Asalto. En los tiroteos participaron miembros de Falange que la víspera habían sido advertidos por un militar de la UME, cuyos miembros recibieron la misma consigna, de que fueran armados. Murieron seis personas —cinco, según otras versiones— y varias decenas resultaron heridas. Se practicaron más de ciento setenta detenciones. En la represión intervino el teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo Sáenz de Tejada, quien disparó contra un joven cuando en la plaza de Manuel Becerra grupos de manifestantes se abalanzaron sobre los guardias de Asalto que él comandaba y que intentaban cortarles el paso para que no llegaran al cementerio del Este. El joven herido gravemente era José Luis Llaguno Acha, miembro de la carlista Asociación de Estudiantes Tradicionalistas. Uno de los muertos era el estudiante Ángel Sáenz de Heredia, falangista y primo hermano de José Antonio Primo de Rivera. El presidente del gobierno Manuel Azaña le dijo a un diputado socialista: «ustedes con sus silbidos contra la Guardia Civil ponen a esta gente contra la República, como el día 14, cuando la manifestación». El socialista Indalecio Prieto que oyó la frase le contestó sarcásticamente: «¡Ahora va a resultar que nosotros fuimos los que pusimos la traca, para matarnos a nosotros mismos!». Nada más acabada la guerra civil un miembro de la UME escribió: «[el entierro] sirvió de recuento de fuerzas y de fe para días de prueba y de abnegación, próximamente venideros». Y un destacado falangista: «El entierro... fue la más grandiosa manifestación pública de la Falange».


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text: Estos incidentes violentos, según Gabriele Ranzato, «indican ya el paso, quizá irreversible, de una situación de tensión política... a un teatro previo a una guerra civil». Para Luis Romero, fue «el primer paso hacia el camino sin retorno que conduciría a la guerra civil». La interpretación de Eduardo González Calleja es completamente diferente pues según este historiador constituyeron «la culminación de una "estrategia de la tensión" que esta[ba] directamente relacionada con los preparativos para el golpe de Estado que debiera haberse ejecutado el 20 de abril». El día 15 de abril había tenido lugar en el Congreso de los Diputados un debate en el que intervino el líder monárquico José Calvo Sotelo para exponer una relación detallada de los actos violentos que, según él, se habían cometido en España desde las elecciones. El debate continuó al día siguiente coincidiendo con los graves incidentes del entierro del alférez de los Reyes por lo que se realizó en un ambiente muy crispado, provocando incluso que el presidente del gobierno Manuel Azaña, según Luis Romero, «perdiera el tono de equidad que solía mantener en sus discursos y se dejara arrebatar por su carácter autoritario y desdeñoso, anulando, por efectos de una frase imprudente, el buen efecto que acostumbraban producir por polémicos que fueran». La frase a la que se refiere Romero fue la siguiente:


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text: La violencia de las derechas no se limitó a los falangistas. Especialmente en los pueblos actuaron grupos armados que atacaron a miembros de los partidos y organizaciones del Frente Popular (o las Casas del Pueblo) o a los miembros de las gestoras de izquierdas que controlaban los ayuntamientos, o se vieron envueltos en reyertas con ellos (a veces con intercambios de disparos y la participación a menudo de falangistas) en las que se produjeron heridos y algún muerto. En ocasiones respondían a las agresiones de grupos izquierdistas. Los gobiernos radical-cedistas del «bienio negro» habían concedido 270 000 licencias de armas, en su mayoría a derechistas, por lo que «en numerosas provincias los conservadores estaban cualquier cosa menos indefensos, aunque el nuevo Gobierno hizo un intento de rescindir las licencias y confiscar las armas».


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text: Para combatir la violencia, el gobierno contaba con una fuerza pública numerosa —«equivale a casi la mitad de las fuerzas que constituyen el ejército en tiempo de paz. Porcentaje abrumador, escandaloso casi, no conocido en país alguno normal», había dicho en las Cortes el líder monárquico José Calvo Sotelo— y con las medidas excepcionales que le proporcionaba el estado de alarma, pero no conseguía acabar con ella.


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text: Las derechas y sectores crecientes liberales-democráticos acusaron a los gobiernos del Frente Popular de no actuar con la misma contundencia contra la violencia de las derechas que contra la violencia de las izquierdas. Es una acusación que comparte el historiador Gabriele Ranzato que afirma que «no hay duda de que [el gobierno] si por un lado mostró una intransigencia absoluta hacia las bandas armadas de la derecha, por otro tuvo una gran tolerancia para con las milicias de izquierda». Lo prueba la respuesta que dio al atentado contra Jiménez de Asúa, prohibiendo el partido fascista Falange Española de las JONS, deteniendo a su máximo dirigente José Antonio Primo de Rivera y a otros miembros de su “Junta Política”, cerrando su periódico "Arriba" y clausurando todas sus sedes. De hecho José Antonio Primo de Rivera ya no abandonaría la prisión, «puesto que le cayeron encima varias incriminaciones y condenas consecutivas —ninguna de las cuales relativa a delitos sangrientos— que, independientemente de sus responsabilidades efectivas, indicaban una firme voluntad de las autoridades de mantenerlo en la cárcel». Joan Maria Thomàs coincide con Ranzato y añade que cuando el Tribunal Supremo sentenció en junio que Falange era un partido absolutamente legal el gobierno no liberó a sus dirigentes ni levantó la clausura de sus sedes o la autorización de su prensa. Asimismo destaca que cuando en junio murieron en Madrid cuatro falangistas y estos respondieron matando a dos socialistas, la policía procedió a detener a 300 falangistas y derechistas, pero a ningún socialista o comunista. Para Thomàs la prueba final fue la inacción del gobierno ante el asesinato del líder monárquico José Calvo Sotelo: el gobierno de Casares Quiroga «no actuó enérgicamente dando un golpe de autoridad para restablecer el orden y decepcionó a aquellos sectores que clamaban por un golpe de timón».


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text: Fernando del Rey Reguillo coincide con Ranzato y con Thomàs cuando afirma que «la represión gubernamental solo se cebó con los falangistas y la extrema derecha, dando pie al cierre de sus sedes, al encarcelamiento de sus principales dirigentes y a la detención de centenares de militantes por todo el país», mientras que «nada parecido se hizo, en cambio, con los dirigentes, las sedes, la prensa y los militantes de la izquierda revolucionaria, aun cuando su implicación en la violencia era evidente. De hecho las fuerzas de seguridad hicieron la vista gorda casi siempre cuando los falangistas o los militantes derechistas fueron objetos de atentados o cuando se atacaron sus sedes. Sin duda, el Gobierno Azaña pensó que el cerco a Falange y a la extrema derecha estabilizaría la situación a la par que contentaría a sus aliados, de los que en último término dependía su mayoría parlamentaria en las Cortes». Stanley G. Payne comparte esta misma valoración: «Aunque los izquierdistas pudieron protestar (en ocasiones con buen criterio) porque los jueces conservadores trataban con demasiada benevolencia a los falangistas confinados, la Policía fue, de hecho, más severa con estos que con los miles de infractores de la izquierda, y con harta frecuencia pasaba por alto los ataques izquierdistas contra los falangistas». Luis Romero señala, por otro lado, que no recibían el mismo trato los socialistas (y comunistas) que los anarcosindicalistas porque «en ocasiones» «a desórdenes o atentados provocados por los socialistas, respondía el Gobierno con la clausura de ateneos y sindicatos cenetistas y la persecución de sus militantes».


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text: Que la respuesta del gobierno no era la misma cuando se trataba de la violencia de las derechas se pudo comprobar también con motivo de los incidentes durante el entierro de Anastasio de los Reyes celebrado el 16 de abril. Los oficiales del Parque Móvil de la Guardia Civil que habían desobedecido la orden del Gobierno y habían llevado el féretro por el Paseo de la Castellana en un acto de insubordinación y provocación fueron detenidos e ingresaron en prisiones militares. Además se promulgó el 18 de abril un decreto-ley, de dudosa constitucionalidad, que privaba del sueldo y del uso del uniforme a los militares retirados «cuando favore[cieran] con actos personales, públicos o clandestinos las propagandas o manejos contrarios al régimen republicano» —según Eduardo González Calleja el decreto, en realidad un proyecto de ley, prohibía a los militares retirados participar en organizaciones clandestinas, una medida muy similar a la adoptada por el gobierno francés tras el atentado perpetrado el 13 de febrero por disidentes de l'Action Française contra los líderes socialistas Leon Blum y Georges Bonnet—. De nada sirvieron las protestas de las derechas. El periódico "Política", órgano del partido de Azaña Izquierda Republicana, les contestó: «ha pasado la época del liberalismo tonto». «¿No ha de ser lícito a un pueblo imponer su voluntad, sin barbarie ni sevicia, a los núcleos que se rebelan contra el interés común y la salud pública?», añadía. Por otro lado, Amós Salvador fue sustituido por Santiago Casares Quiroga al frente del Ministerio de la Gobernación —Stanley G. Payne califica a Amós Salvador como «inepto, si no completamente incompetente o directamente subversivo»—.


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text: El problema era que no solo las derechas, sino también ciertos sectores liberal-democráticos que en principio apoyaban al gobierno, criticaban que este no se empleara con igual contundencia contra la violencia de la extrema izquierda, que también era responsable de la alteración de la «paz pública». Señalaban que en los incidentes del entierro del alférez De los Reyes los primeros disparos se habían hecho contra el cortejo fúnebre y que entre las víctimas no había ningún militante de la izquierda. También destacaban que en el acto conmemorativo del quinto aniversario de la República, a las milicias de las juventudes socialistas, uniformadas aunque no armadas, no se les había dejado participar en el desfile militar pero se les había permitido que se alinearan a lo largo del recorrido («las formaciones semimilitares de las sociedades obreras con sus uniformes azules o rojos y sus banderas y estandartes de vez en cuando entonaban himnos y levantaban los puños», recordó en sus "Memorias" el entonces presidente de la República en funciones Diego Martínez Barrio). El diario liberal "El Sol" pedía que las medias aprobadas por el gobierno para mantener el orden público se ampliaran y generalizaran para acabar «con "todos" los focos de perturbación».


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text: Lo mismo demandaba el cedista moderado Manuel Giménez Fernández en una carta privada que envió a su amigo el republicano ministro de Estado Augusto Barcia a quien le relataba los abusos e ilegalidades que estaban cometiendo las autoridades locales de izquierdas en Andalucía. «Y no quiero cansarle contándole palizas, cacheos, pedreas o atracos a cuenta de los llamados guardas cívicos», añadía. «Lo sistemático de tales abusos nos conducen al silencio y nos llevan al ostracismo a quienes a este lado de la barricada osamos hablar de convivencia», concluía. Por su parte el líder de la CEDA José María Gil Robles denunció en las Cortes la «apatía del gobierno» frente «a la violencia de aquellos que quieren ir a la conquista del poder por el camino de la revolución», un gobierno «que no se atreve a volverse contra sus auxiliares, que tan cara le están pasando la factura de la ayuda que le dan». Esta última valoración era compartida por algunos miembros de las izquierdas, como el comandante Jesús Pérez Salas, exconsejero militar de Azaña, que consideraba que la «impotencia» del gobierno «era debida a que los revoltosos estaban apoyados por los comunistas y socialistas comunistoides, los cuales habían obtenido unas representaciones parlamentarias que eran necesarias para que el gobierno pudiese tener mayoría».


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text: Durante el debate celebrado en las Cortes el 15 de abril, el diputado de la Lliga Joan Ventosa le ofreció a Azaña el apoyo de su minoría para la «misión histórica» que el presidente del gobierno, según él, tenía que acometer: «superar el periodo revolucionario, estabilizar un régimen y poner término al ambiente de guerra civil que reina hoy en España». De hecho su grupo parlamentario, junto con otros de centroderecha, se abstuvo en la votación de otorgarle la confianza al gobierno. En su respuesta Azaña no aceptó el ofrecimiento y, tras achacar la violencia a «las acciones y a las profecías de nuestros adversarios», le dijo: «yo no me quiero lucir sirviendo de ángel custodio de nadie, señor Ventosa... No hay motivo para que sus señorías tengan miedo».


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text: En el debate mantenido en las Cortes el 6 de mayo con motivo de la violencia anticlerical desatada en Madrid cuando corrió el rumor de que monjas y señoras beatas estaban distribuyendo entre los niños caramelos envenenados, el entonces ministro de la Gobernación Santiago Casares Quiroga le respondió al líder monárquico José Calvo Sotelo que a él no le preocupaba la «revolución social», pues entre sus partidarios había encontrado «en algunos momentos, dislocamientos, desbordamientos si queréis, pero lealtad», mientras que una parte de las derechas son las que «procuran en España, o bien subvertir el Estado, o bien rebelarse contra el Estado, o bien crear un estado perpetuo de inquietud que es mucho peor que una sublevación armada».


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text: La percepción de que el gobierno no actuaba con la misma contundencia contra la violencia de las izquierdas que contra la violencia de las derechas se acentuó cuando el nuevo presidente del ejecutivo Santiago Casares Quiroga declaró el 19 de mayo en las Cortes que «contra el fascismo el Gobierno es beligerante». Las derechas mostraron su repulsa —Calvo Sotelo le contestó: «El Gobierno nunca puede ser beligerante, señor Casares Quiroga: el gobierno debe aplicar la ley inexorablemente, y a todos. Pero el Gobierno no puede convertirse en enemigo de hombres, de compatriotas, cualquiera que sea la situación en que estos se coloquen»—, pero también algunos republicanos de izquierda, aunque en privado. Según Gabriele Ranzato, «era perfectamente lícito que, al margen de la oportunidad de usar el término "beligerante", el jefe de un gobierno democrático expresara toda su hostilidad contra el fascismo y su firme intención de combatirlo... Pero el hecho es que... el contexto de conflictividad política ya era tal que el blanco de su beligerancia no podía ser entendido como el fascismo o los fascistas "stricto sensu", sino como toda la derecha social y política sin distinciones». Unas semanas después, en el debate sobre el orden público del 16 de junio el diputado de la Lliga Joan Ventosa le dijo a Casares Quiroga: «Mantened el Frente Popular o rompedlo; haced lo que os plazca; pero si el Gobierno no está dispuesto a dejar de ser beligerante, para imponer a todos por igual el respeto de la ley, vale más que se marche, porque por encima de los partidos y combinaciones está el interés supremo de España, que se halla amenazada por una catástrofe».


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text: Para la izquierda, mientras que la violencia que provenía de sus filas era una respuesta a las «provocaciones fascistas», la violencia de la derecha tenía su origen, como escribió el periódico "Política" (órgano oficioso del partido de Azaña), en «tenebrosas maquinaciones con el fin de estimular a las masas para que desborden al Gobierno, para que este se vea en el trance de restablecer la paz pública a tiros». En un número anterior "Política" ya había denunciado la existencia «en cada ciudad, en cada pueblo» de «agentes de la perturbación y de la algarada, llámense fascistas o cualquier otro mote reaccionario» y había hecho un llamamiento a apoyar al gobierno en la tarea de «localizarlos y reducirlos» en lugar de las «vindictas de carácter personal» («las autoridades necesitan no tener delante el conflicto diario de contener las exaltaciones de los grupos afines, de los cuales hay derecho a reclamar colaboración y serenidad»). En respuesta a una intervención en las Cortes de Calvo Sotelo en la que había dicho que los falangistas estaban sufriendo «sanciones injustas y prolongadas» —según Calvo Sotelo había doce mil detenidos de derechas, afiliados o no a Falange—, el periódico comunista "Mundo Obrero" publicó un artículo con el título «Calvo Sotelo y el pistolerismo fascista» en el que se decía que detrás de los «crímenes fascistas» había una «perfecta» «organización». «Cuentas corrientes en los bancos, cotizaciones en organismos de contratación, como Renovación, Jap y ese Bloque Nacional, cómplices en la Administración de Justicia, el Cuerpo de Vigilancia y en las cárceles. Y hasta un caudillo con investidura parlamentaria para agitar un espantajo de martirologio con las actividades de unos asesinos». El artículo terminaba diciendo: «La destrucción de todo esto es tarea inmediata del Frente Popular. Con ese miserable Calvo Sotelo a la cabeza».


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text: Una de las claves de la respuesta del gobierno a la violencia fue la actuación de los gobernadores civiles que eran los responsables del orden público en las provincias que tenían a su cargo. Como ha destacado Gabriele Ranzato, los gobernadores civiles tuvieron que «afrontar situaciones que era difícil resolver incluso con las mejores dotes de temple y energía», porque estaban provocadas por las «masas proletarias» dirigidas por organizaciones políticas y sindicales cuyo apoyo en las Cortes era imprescindible para la supervivencia del gobierno. Esa es la razón por la que hubo tantos cambios de gobernadores (14 durante el gobierno de Azaña y 27 durante el gobierno de Casares Quiroga). Unos fueron cesados a petición de los socialistas "caballeristas" por oponerse a sus pretensiones, otros dimitieron porque no pudieron soportar las presiones que recibieron por parte de aquellos. Los gobernadores que lograron permanecer en sus cargos lo consiguieron, según Gabriele Ranzato, «llegando a un entendimiento con el sector caballerista y su sindicato, desarrollando las funciones de mediadores en los conflictos con evidente parcialidad a su favor, dejando que las autoridades locales socialistas o comunistas ejercieran, fuera de la ley, diversas formas de coacción sobre la derecha política y social... cuando no la ejercían ellos mismos».


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text: El caso más clamoroso de «entendimiento» con las fuerzas obreras fue el del gobernador civil de Oviedo, Rafael Bosque —o Fernando Bosque—, que nombró «delegados del Frente Popular» a miembros de las organizaciones obreras y estos procedieron a realizar «batidas antifascistas» que supusieron la detención indiscriminada de personas de derechas —incluidos dos canónigos de Covadonga—. En una entrevista concedida al diario comunista "Mundo Obrero" (publicada el 20 de abril) declaró que los «delegados» «meten en la cárcel a curas, médicos, secretarios de ayuntamiento y al que sea. Cumplen admirablemente su cometido... Estoy sorprendido y admirado por el celo y mesura con que cumplen su papel y vigilan las maniobras del fascismo... y de la Guardia Civil. Con un sentido intachable, moderno y al mismo tiempo utilitario de la justicia». Lo sorprendente es que, a pesar de las protestas de las derechas, el gobernador no fue inmediatamente destituido, lo que según Gabriele Ranzato «muestra ya un avanzado desmoronamiento del Estado de Derecho». Casi un mes un mes más tarde Bosque, desmintiendo los rumores de su dimisión, declaró que había despedido a sus «delegados» y puesto en libertad a los detenidos. El líder monárquico José Calvo Sotelo hizo referencia a su caso durante el resonante debate que tuvo lugar en las Cortes el 16 de junio. Al gobernador lo definió como «un anarquista con fajín» y a continuación afirmó que Asturias bajo su autoridad «no parece una provincia española, sino una provincia rusa». La respuesta de Bosque fue inmediata. Le envió un telegrama que fue publicado por algunos periódicos el 18 de junio en el que le decía a Calvo Sotelo, al que acusaba de «tergiversar las cosas con desfachatez», que «en esta provincia, hasta ahora, el orden solo lo perturban gentes que simpatizan u obedecen a usted o a sus afines». La situación se hizo tan insostenible que el ministro de la Gobernación Juan Moles lo acabó cesando, lo que provocó que se declarara una huelga de solidaridad en algunos pueblos mineros asturianos y que su partido, Izquierda Republicana (el mismo que el del presidente del gobierno Casares Quiroga y del presidente de la República Manuel Azaña), le organizara una manifestación de despedida en su honor.


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text: El caso opuesto fue el del gobernador civil de Ciudad Real, Fernando Muñoz Ocaña, que intentó poner coto a las ilegalidades cometidas por las organizaciones obreras en la provincia amenazando a los alcaldes socialistas que las amparaban (o de las que eran cómplices) que serían destituidos si no cumplían sus «instrucciones». En una circular, con fecha del 5 de mayo, se decía:


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text: Fernando Muñoz cumplió su amenaza (en lo que contó con el apoyo de los republicanos de izquierda, que habían roto sus relaciones con los socialistas "caballeristas" y habían pedido la destitución de los ayuntamientos socialistas «destacados por las vejaciones y atropellos últimamente cometidos») y suspendió en sus funciones a cinco alcaldes socialistas (y a los concejales, también socialistas, de otra localidad). Los socialistas amenazaron con retirarse de los ayuntamientos (contaban con 57 alcaldes y 382 concejales) si el gobernador (de «actitud inaguantable» en su opinión) no era destituido, «para tranquilidad de la provincia». El 2 de junio el gobernador le envió una carta al ministro de la Gobernación Juan Moles informándole de sus actuaciones y de las intenciones de los socialistas de retirarse de las gestoras municipales, para las que «tengo adoptadas las medidas de previsión necesarias». Pero al día siguiente fue destituido, siendo trasladado a la provincia de Castellón. «Evidentemente, con su amago de abandono en masa de los ayuntamientos, los socialistas ganaron el pulso», comenta Fernando del Rey Reguillo. El nuevo gobernador civil, Germán Vidal Barreiro, repuso a los alcaldes destituidos.


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text: El historiador José Luis Martín Ramos ha asumido plenamente las tesis de la izquierda obrera justificativas de la violencia de sus partidarios por lo que considera que «ni la movilización campesina, ni las huelgas de los trabajadores urbanos, ni tampoco el gobierno fueron la causa principal ni los responsables fundamentales de la violencia, esgrimida como prueba de cargo del fracaso del Frente Popular y por elevación del fracaso de la República». Aunque reconoce que en las primeras semanas pudieron ser las organizaciones obreras las principales causantes de los desórdenes, especialmente en el campo, Martín Ramos afirma que a partir de abril estos decayeron de manera notoria gracias a las medidas acordadas por el gobierno de mejora de la situación de los jornaleros y de los campesinos pobres, por lo que a partir de entonces la violencia política de «mayor trascendencia pasó a ser la ejercida por Falange» que pretendía «abonar la estrategia de la tensión» que justificara el golpe militar.


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text: Martín Ramos también exime al gobierno de responsabilidad en cuanto al orden público. Según él, «el gobierno del Frente Popular no fue débil ni inane ante el orden público, de cuyo problema Azaña y Casares Quiroga fueron conscientes y al que buscaron remedios tuvieran mayor o menor éxito, mayor del que se le reconoce frecuentemente, desde luego». La responsabilidad la dirige hacia los gobernadores civiles y, sobre todo, hacia las fuerzas de orden público: «Otra cosa fue el acierto con que actuaran sus representantes territoriales y, sobre todo, la eficacia y la lealtad de las fuerzas de orden público, deficientemente formadas y equipadas y en buena parte minadas por la propaganda antirrepublicana». La misma tesis sostiene Eduardo González Calleja pues afirma que los gobiernos de Azaña y de Casares Quiroga «no fueron débiles en el control del orden público» sino que sufrieron el boicoteo «de los mandos subalternos» y fueron víctimas de «la evidente mala fe que mostraron muchos agentes del Estado (tanto militares como policías y guardias civiles) implicados en la conspiración». Gabriele Ranzato reconoce que «a menudo la Guardia Civil —si bien sus mandos habían sido sometidos a una depuración radical: en el periodo del Frente Popular fueron sustituidos más de tres cuartas partes de los mandos desde el grado de capitán hasta los más altos— continuaba interviniendo en el campo con extrema brutalidad y fuera de control de otras autoridades», como sucedió en «la matanza perpetrada a fines de mayo por uno de sus destacamentos en Yeste, un pueblo de la provincia de Albacete».


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text: Por otro lado, González Calleja afirma, en contra de lo sostenido por Ranzato, Thomàs o del Rey Reguillo, que el gobierno «cuando la violencia se fue desbocando no dudó en aplicar medidas de extremo rigor contra los propietarios de armas de fuego o las autoridades locales frentepopulistas que abusaron de sus poderes para imponer una privatización parcial de la seguridad pública. A partir de mayo no hubo miramientos ni con unos ni con otros, aunque el cumplimiento de las órdenes gubernativas distó de ser total e incontestado».


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text: El primer discurso del líder monárquico José Calvo Sotelo en las Cortes sobre el orden público lo pronunció el 15 de abril en la sesión en la que se debatió la confianza al gobierno de Azaña. En él enumeró de forma detallada los cientos de actos violentos que se habían producido en España desde las elecciones (según Calvo Sotelo había habido 74 muertos y 345 heridos y 106 edificios religiosos habían sido incendiados, uno de ellos la iglesia de San Luis Obispo «a doscientos pasos del Ministerio de la Gobernación»). Aunque Eduardo González Calleja considera que Calvo Sotelo mezcló «deliberadamente» violencias sociales y políticas «con conflictos sociolaborales e incluso delitos comunes», Gabriele Ranzato da plena credibilidad a las cifras que ofreció el líder monárquico pues el negro panorama de violencia que describió coincidía con el presentado en privado por el propio Manuel Azaña en una carta enviada a su cuñado el 17 de marzo que terminaba diciendo: «No sé, en esta fecha, cómo vamos a dominar esto». La prensa de derechas difundió con todo detalle los datos proporcionados por Calvo Sotelo en las Cortes. El Gobierno no presentó estadísticas que los refutaran.


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text: Durante su intervención volvió a aparecer la «aversión despectiva» y la «extrema agresividad» de los diputados del Frente Popular hacia Calvo Sotelo, y también hacia el líder de la CEDA José María Gil Robles. El discurso de Calvo Sotelo fue interrumpido varias veces por los diputados de la izquierda. Unos le acusaban de estar detrás de los atentados falangistas: «Vosotros sois los empresarios de los pistoleros», «¿Cuánto habéis tenido que pagar a los asesinos?». Otros le recordaban la represión sufrida por los revolucionarios de Asturias. La comunista Dolores Ibárruri "Pasionaria" le dijo: «Id a decir esas coas en Asturias», mientras que la socialista Margarita Nelken le espetó: «Vamos a traer aquí a todos los que han quedado inútiles en Asturias». Y cuando Calvo Sotelo dijo que «el desenfreno [violento] dura semanas y meses», le gritó: «¡Y lo que durará!». Por su parte el presidente del gobierno Manuel Azaña dijo en la sesión del día 16, muy afectado por los incidentes durante el entierro de Anastasio de los Reyes en 1936 que había tenido lugar ese mismo día: «¿No queríais violencia, nos os molestaban las instituciones sociales de la República? Pues tomad violencia. Ateneos a las consecuencias». El historiador italiano Gabriele Ranzato comenta: «en realidad lo que mostró todo el debate era que el espíritu de revancha no animaba solo a las clases populares, sino también a muchos de sus representantes. Y el mismo Azaña no era en absoluto inmune a ello». Un punto de vista que comparte Stanley G. Payne.


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text: En las sesiones de las semanas siguientes continuaron los ataques. En la del 6 de mayo la socialista Margarita Nelken interrumpió a Calvo Sotelo diciéndole: «los verdugos no tienen derecho a hablar». En la del 19 de mayo el diputado socialista Bruno Alonso González retó a Calvo Sotelo a salir a la calle para ajustar cuentas después de que este le hubiera espetado «Su señoría es una pequeñez, un pigmeo», en respuesta a una interrupción de Alonso González en la que este le había dicho: «Ya sabemos lo que es su señoría; pero no tiene el valor de declararlo públicamente» (Calvo Sotelo acababa de decir: «Me interesa dejar constancia de esta evidente conformidad mía con el fascismo en el aspecto económico, y en cuanto a lo que pudiera decir en lo político, me callo por el motivo que antes he indicado al Sr. Casares Quiroga...», que acababa de declarar «contra el fascismo el Gobierno es beligerante»). «¡Su señoría es un chulo!» le había contestado Alonso González a Calvo Sotelo cuando este le llamó «pigmeo». El presidente de las Cortes logró finalmente restablecer el orden —Alonso González fue invitado a abandonar el hemiciclo— y Calvo Sotelo continuó con su discurso.


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text: Sin embargo, según Gabriele Ranzato, «el líder de la CEDA [Gil Robles] era odiado por la extrema izquierda aún más que el líder monárquico [Calvo Sotelo]. Gil Robles era, para ella, el potencial dictador fascista-clerical que en 1934 había empujado a la sublevación de Asturias e inspirado la despiadada represión». Una valoración que comparte Luis Romero. La diputada comunista Dolores Ibárruri "Pasionaria" lo definió como «un histrión ridículo salpicado con la sangre de la represión» y «payaso asalariado». En su intervención del día 15 de abril Gil Robles dirigiéndose a Azaña había dicho:


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text: La réplica que le dio el diputado José Díaz, secretario general del Partido Comunista de España, causó un enorme tumulto en el hemiciclo pues amenazó de muerte a Gil Robles. Sus palabras fueron retiradas del Diario de Sesiones por orden del presidente de las Cortes Diego Martínez Barrio pero las reprodujo el diario comunista "Mundo Obrero". Díaz dirigiéndose a Gil Robles le dijo que según afirmaba «de una manera patética que ante una situación que se puede crear en España era preferible morir en la calle de no sé qué manera. Yo no sé cómo va a morir el señor Gil Robles, pero sí puedo asegurar que, si se cumple la justicia del pueblo, lo hará con los zapatos puestos». Estas palabras causaron un gran escándalo y Martínez Barrio llamó al orden a Díaz («Pido a S.S. que sea prudente en sus expresiones», le dijo; «esas palabras no constarán en el "Diario de Sesiones"», añadió). Calvo Sotelo gritó que se acababa de hacer «una incitación al asesinato». La diputada comunista Dolores Ibárruri "Pasionaria" dijo dirigiéndose a las derechas que protestaban: «Si os molesta eso, le quitaremos los zapatos y le pondremos las botas». Gil Robles respondió: «...¡Moriré como sea, pero que conste que no soy un asesino como vosotros...!». Los diputados de la izquierda le gritan entonces «¡Asturias! ¡Asturias!». El socialista Ramón González Peña, líder de la Revolución de Asturias, se dirige hacia el escaño de Gil Robles para agredirle. Se lo impiden varios diputados que se interponen en su camino. Finalmente el presidente de las Cortes lograr dominar la situación.


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text: El diputado Joan Ventosa de la Lliga explicó en su intervención la terrible impresión que le había provocado lo sucedido en las Cortes durante los días 15 y 16 de abril:


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text: En la sesión de las Cortes del 16 de junio, «quizá la más dramática» y «la más citada de la historia de la República», hubo otro resonante debate sobre el orden público ―se discutía una proposición no de ley de la derecha en la que se instaba al Gobierno a «la rápida adopción de las medidas necesarias para poner punto final al estado de subversión en que vive España»―. Esta vez el que enumeró los actos violentos fue José María Gil Robles. Según él desde las elecciones había habido 269 muertos y 1287 heridos y 160 iglesias habían sido destruidas, además de otras 251 que habían resultado dañadas, incluyendo diferentes edificios religiosos. A continuación conminó al gobierno de Santiago Casares Quiroga a aplicar las «medidas necesarias para poner fin al estado de subversión en que vive España» y terminó diciendo: «hoy estamos presenciando los funerales de la democracia». El socialista "centrista" Indalecio Prieto le comentó a su compañero Julián Zugazagoitia: «Esta es una Cámara sin sensibilidad. No sé si es que estamos sordos o es que lo fingimos. El discurso que ha pronunciado Gil Robles esta tarde es de una gravedad inmensa. Cuando detrás de mi banco oí risotadas e interrupciones estúpidas, no podía evitar el sentirme abochornado. Gil Robles, que tenía conciencia de lo que estaba diciendo, debía considerarnos con una mezcla de piedad y desprecio. [...] Una cosa está clara: que vamos a merecer, por estúpidos, la catástrofe». El 15 de julio, dos días después del asesinato de Calvo Sotelo, Gil Robles añadió 64 muertos más (y 224 heridos): los que se habían producido entre el 16 de junio y el 13 de julio. Así, el número total de víctimas mortales según Gil Robles ascendió a 333 muertos (y 1511 heridos), aunque estas cifras nunca se pudieron contrastar «de forma sistemática e indubitable».


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text: Le contestó el presidente del gobierno Casares Quiroga negando la gravedad de la situación expuesta por Gil Robles —«yo declaro que esta inquietud [entre los ciudadanos], que no tendría justificación por los escasos actos de violencia que se han producido, no existe»— y justificando la violencia popular como respuesta a la represión del «bienio negro»: «Quienes se levantan representando a la oposición para acusar al Gobierno punto menos que de tolerar actos subversivos y actos de exaltación son los mismos que durante dos años, que a muchos de nosotros nos han parecido un poco largos, han vejado, perseguido, encarcelado, maltratado, torturado, llegando a límites como jamás se había llegado, creando un fondo de odio, de verdadero frenesí en las masas populares... Y que vengan a reprocharnos las consecuencias de todo eso...». El diputado de la Lliga Joan Ventosa le objetó: «¿Es que los excesos y las injusticias de unos pueden justificar los atropellos, la violencia y la injusticia de los demás? ¿Es que estamos condenados a vivir en España perpetuamente en un régimen de conflictos sucesivos, en que el afán de poder o el triunfo en unas elecciones inicien la caza, la persecución y el aplastamiento del adversario? Si fuera así, habríamos de renunciar a ser españoles, porque ello sería incompatible con la vida civilizada de nuestro país». En su intervención Ventosa añadió: «Lo que más me alarma de la sesión de hoy es el optimismo del presidente del Consejo de Ministros, que encuentra la situación bastante agradable e incluso soportable. No parece verosímil. Le dejo la responsabilidad de esa afirmación ante España y ante el extranjero, pues en todas partes, desgraciadamente, son conocidos los hechos que aquí ocurren».


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text: Calvo Sotelo también intervino en la sesión del 16 de junio, entre frecuentes interrupciones y gritos, para decir que en España había «por todas partes, desorden, pillaje, saqueo, destrucción» y para defender de nuevo la instauración de un Estado autoritario y proclamarse fascista: «A este Estado lo llaman muchos Estado fascista, pues si ése es el Estado fascista, yo, que participo de la idea de ese Estado, yo que creo en él, me declaro fascista». Un diputado exclama: «¡Vaya una novedad!».


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text: A continuación Calvo Sotelo hizo un llamamiento a la intervención del Ejército («también sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse a favor de España y en contra de la anarquía, si esta se produjera», dijo Calvo Sotelo), lo que provocó las protestas de los diputados de izquierda y la airada reacción del presidente del gobierno Casares Quiroga quien lo hizo responsable de futuras intentonas golpistas, responsabilidad que Calvo Sotelo aceptó (Casares Quiroga dijo: «Me es lícito decir que después de lo que ha hecho su señoría hoy ante el Parlamento, de cualquier caso que pudiera ocurrir, que no ocurrirá, le haré responsable a su señoría»; a lo que Calvo Sotelo respondió: «Yo tengo, señor Casares Quiroga, anchas las espaldas. Su señoría es hombre fácil y pronto para el gesto de reto y para las palabras de amenaza. [...] Me doy por notificado de la amenaza de su señoría. [...] Es preferible morir con gloria a vivir con vilipendio»; a continuación lo comparó con el ruso Kerenski y con el húngaro Karoly).


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text: Al día siguiente el diario socialista "caballerista" "Claridad" mostraba claramente las intenciones revolucionarias de este sector político y el papel que le correspondía al Gobierno: «Toda revolución, si lo es de verdad, implica la necesidad de destruir un orden, el vigente, y sustituirlo por otro. En esa obra de destrucción de un orden caduco colaboran el Estado y el pueblo, a quien aquel representa. Una revolución es una guerra civil, y el Gobierno, como dijo en un discurso anterior el señor Casares Quiroga, es beligerante contra el orden que hay que aniquilar. Estas son nociones elementales de toda biología revolucionaria».


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text: El 1 de julio se celebró la que sería la última sesión plenaria de las Cortes antes de la guerra civil y que resultó la más conflictiva. Se produjeron frecuentes gritos, interrupciones e incidentes (los diputados se enfrentaron físicamente al menos en dos ocasiones, un diputado de la CEDA fue expulsado y el presidente de las Cortes Martínez Barrio, amenazó con marcharse si los enfrentamientos continuaban). El momento más grave se produjo cuando tras la intervención de Calvo Sotelo que fue interrumpida en numerosas ocasiones, el diputado socialista "caballerista" Ángel Galarza le lanzó al líder monárquico una amenaza nada velada. Tras protestar vehementemente de que en las Cortes se pudiera hacer apología del fascismo, como acababa de hacer a su juicio Calvo Sotelo —había dicho, por ejemplo, que «los partidos políticos son cofradías cloróticas de contertulios» y que la solución a los problemas «se encontrará en un Estado corporativo»—, dijo que contra Calvo Sotelo «encuentro justificado todo, incluso el atentado personal» (esas palabras no constaron en el "Diario de Sesiones" por orden del presidente de la Cámara, pero fueron recogidas por algunos periódicos). Un periodista presente en el hemiciclo transcribió así la intervención de Galarza:


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text: El discurso de Galarza fue aplaudido por su compañeros de partido, pero el presidente de las Cortes Diego Martínez Barrio, visiblemente indignado, intervino inmediatamente para replicarle: «La violencia, Sr. Galarza, no es legítima en ningún momento ni en ningún sitio; pero si en alguna parte esa ilegitimidad sube de punto es aquí. Desde aquí, desde el Parlamento, no se puede aconsejar la violencia. Las palabras de S.S., en lo que a eso respecta, no constarán en el "Diario de Sesiones"». Galarza respondió: «Yo me someto, desde luego, a la decisión de la Presidencia, porque es mi deber, por el respeto que le debo. Ahora, esas palabras, que en el "Diario de Sesiones" no figurarán, el país las conocerá, y nos dirá si es legítima o no la violencia».


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text: Los historiadores que defienden la tesis de la existencia de una campaña de agitación por parte de las derechas que «justificara» el golpe que una parte del Ejército estaba preparando con su apoyo consideran que las intervenciones en las Cortes de Gil Robles y de Calvo Sotelo formaban parte de esa campaña. Según estos historiadores lo que pretendían los dos líderes de la derecha no republicana era rentabilizar la situación de violencia en las calles elaborando un discurso «incendiario» y «catastrofista», que fue difundido y amplificado por la prensa del mismo signo político que actuaba como caja de resonancia recogiendo en sus páginas todas las reyertas, peleas y huelgas por insignificantes que fueran en secciones especiales tituladas «Síntomas», «Cuestiones sociales» o «Alteraciones de orden público». «Periódicos como el "ABC" no dejaban de machacar a sus lectores con mensajes catastrofistas…, afirmaban que el país era ingobernable y contabilizaban como crímenes políticos delitos comunes para reforzar la impresión de desgobierno», afirma Antony Beevor. Eduardo González Calleja ha llegado a afirmar que «la Guerra Civil se declaró antes en el Parlamento que en la calle» y que en esa tarea destacó especialmente el líder del Bloque Nacional, José Calvo Sotelo, que «desde el primer momento mantuvo en las Cortes una actitud francamente provocadora». Una valoración que comparte totalmente José Luis Martín Ramos quien destaca que Calvo Sotelo en su discurso del 16 de junio puso las conclusiones al discurso previo de Gil Robles, que «no fue de paz, sino de guerra» y que había sido «un discurso telonero» en el que el líder de la CEDA «mezcló cuestiones de orden público ―de carácter social o político― con delitos comunes; atribuyó, por omisión de sus detalles, todos los incidentes, incluidos los atentados de Falange, las agresiones de propietarios o elementos de derechas, o los abusos de fuerza de la policía y la Guardia Civil a la inoperancia gubernamental o al carácter criminal de la política marxista, y consideró, sin más, como conflictos de orden público la realización de huelgas». Del discurso de Calvo Sotelo Matín Ramos destaca la siguiente frase: «La causa no es de Gobierno, la causa es superior. Es de Estado. Es que el régimen democrático y parlamentario y la Constitución de 1931 han producido un desorden económico y un desorden social». Una posición similar a la de González Calleja, Beevor y Martín Ramos sostienen los historiadores Julio Aróstegui y Paul Preston.


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text: Por su parte el historiador italiano Gabriele Ranzato, que no suscribe la tesis de la existencia de una campaña de agitación de la derecha que «justificara» el golpe, ha señalado a Calvo Sotelo como uno de los «responsables de la violencia que estaba desgarrando al país», debido a sus continuos llamamientos a la intervención del ejército, una «solución de fuerza» «deseada, favorecida, tramada y apoyada por él desde el nacimiento de la República, de la que siempre se había declarado abierto enemigo». «Era y continuó siendo hasta el final enemigo declarado de la democracia traída por la República. En esta militancia antidemocrática Calvo Sotelo era, sin duda, la figura más destacada y había seguido un "cursus honorum" capaz de atraerle grandes hostilidades políticas y un intenso odio popular».


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text: Los datos sobre la violencia política y social proporcionados por Calvo Sotelo y por Gil Robles fueron difundidos por la prensa de derechas y por panfletos antirrepublicanos como "La agonía de España: los culpables" escrito por "El Caballero Audaz", seudónimo de José María Carretero Novillo. La prensa conservadora europea, singularmente la británica, también los utilizó como argumento para reforzar la imagen catastrofista que estaba dando de la República Española. La respuesta que dio el gobierno del Frente Popular «a esta ofensiva contra la imagen del régimen republicano» «resultó bastante inconsistente». Se mantuvo a la defensiva en los debates parlamentarios y reunió a los corresponsales extranjeros en el Ministerio de Estado para amonestarles «por enviar reportajes sobre la situación de España, que eran tendenciosos, engañosos y deliberadamente exagerados». Después de la guerra las cifras proporcionadas por Calvo Sotelo y Gil Robles fueron utilizados por la historiografía franquistas. Por ejemplo, las reprodujo Eduardo Comín Colomer en su "Historia del Partido Comunista de España".


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text: Entre febrero y julio se produjeron numerosos atentados y reyertas protagonizados por miembros de las organizaciones obreras de izquierda y falangistas. Estos últimos causaron más de cincuenta víctimas, la mayoría de ellas en Madrid, mientras que murieron cuarenta miembros de Falange. La violencia izquierdista se dirigió tanto contra empresarios y militantes de partidos conservadores, como el exministro y diputado del Partido Republicano Liberal Demócrata Alfredo Martínez García-Argüelles, asesinado en la puerta de su casa de Oviedo el 24 de marzo, como contra sedes sociales y periódicos antirrepublicanos, como el diario madrileño "La Nación". También fueron objeto de la violencia los edificios religiosos (más de un centenar de iglesias y conventos fueron asaltados e incendiados) aunque entre las víctimas de la violencia política de febrero a julio no hubo ningún miembro del clero.


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text: El estudio de Rafael Cruz publicado en 2006 sobre las víctimas mortales como resultado de la violencia política entre febrero y julio de 1936 registró un total de 189 incidentes y 262 muertos, de ellos 112 causados por la intervención de las fuerzas de orden público. De las 262 víctimas, 148 serían militantes de la izquierda, 50 de la derecha, 19 de las fuerzas de orden público y 45 sin identificar. Además ese mismo estudio constataba que el número de víctimas mortales causadas por la violencia política disminuyó sensiblemente en junio y julio, con 24 y 15 víctimas mortales respectivamente (el mes más cruento fue marzo con 93 muertos). El estudio posterior de 2011 realizado por Eduardo González Calleja, y que fue revisado por el propio autor en 2015, elevó a 272 los incidentes con resultado de muerte y el número de víctimas a 384 (21 de ellas durante los tres días de gobierno de Manuel Portela Valladares), de las cuales 121 serían de derechas (50 en el estudio de Cruz) —más de la mitad falangistas: 65—, 178 de izquierdas (148 en el estudio de Cruz), 27 de las fuerzas de orden público (19 según Cruz) y el resto sin determinar. En cuanto a los culpables identificados, 111 muertes fueron causadas por izquierdistas, 122 por las derechas (la mitad por falangistas: 61) y 84 por las fuerzas de orden público (112 en el estudio de Cruz). Según el estudio de González Calleja de 2011, revisado por él mismo en 2015, hubo tres puntas de violencia: las celebraciones, a menudo tumultuarias, de la victoria electoral del Frente Popular (40 muertos; 21 de ellos entre el 16 y el 19 de febrero, periodo en el que todavía estaba gobernando Manuel Portela Valladares); las semanas centrales de marzo, del día 8 en que se produjeron los sucesos de Escalona (Toledo) al 17 en que fue ilegalizada Falange y que incluye los sucesos de Logroño del 14 de marzo; y la semana final de mayo, durante la cual se produjeron los sucesos de Yeste. Una cuarta punta de violencia se podría considerar la segunda semana de abril cuando tuvieron lugar en Madrid los incidentes durante el entierro de Anastasio de los Reyes en 1936. A partir de la semana del 25 de mayo la violencia mortal disminuyó hasta el 17 de julio, aunque tuvo dos repuntes: uno en la segunda semana de junio, cuando se produjeron los atentados y represalias de comunistas y cenetistas en Málaga por una huelga portuaria en los que cinco personas fueran asesinadas, entre ellas el presidente de la gestora de la Diputación Provincial; otro, en la primera semana de julio (el día 2 miembros de las JSU tirotearon en un bar de Madrid a varios falangistas, dos de los cuales murieron además de una tercera persona sin vinculación con ellos; la represalia se produjo tres días después cuando falangistas asesinaron a dos ugetistas e hicieron a otros siete cuando salían de la Casa del Pueblo; los días 3 y 4 aparecieron los cadáveres de dos presuntos falangistas con señales de haber sido torturados). En la capital durante todo el periodo (del 16 de febrero al 17 de julio) se produjeron 49 muertes, las últimas de las cuales fueron el teniente Castillo asesinado el 12 de julio y el líder monárquico José Calvo Sotelo el 13 de julio, cuatro días antes de que se iniciase al alzamiento militar. En los incidentes que se produjeron durante el entierro de Calvo Sotelo celebrado el día 14 murieron tres personas.


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text: En cuanto a la tipología de los actos violentos con víctimas mortales González Calleja establece ocho tipos de sucesos (a los que añade un noveno: "Disparos fortuitos" en los que hubo tres muertos). El que denomina "atentados y represalias políticas" es el que reúne más víctimas mortales (122), seguido de "enfrentamientos espontáneos grupos políticos" (72), "atentados y represalias sociolaborales" (50) y "altercados espontáneos no organizados" (22). En los cuatro tipos de sucesos en los que intervino la fuerza pública hubo en total 115 muertos ("represión de la fuerza pública": 44; "enfrentamientos deliberados con la fuerza pública": 38; "enfrentamientos fortuitos con la fuerza pública": 32; "tortura": 1). En cuanto a la distribución geográfica de la víctimas González Calleja destaca que más del 40 % se produjeron en núcleos rurales (163; 42,4 %), mientras que en las grandes capitales hubo 87 muertos (22,6 %) —más de la mitad de estos 87 se produjeron en Madrid (49), seguida a gran distancia por Sevilla (11), Málaga (9) y Barcelona (8 o 15); en Valencia, Bilbao, Zaragoza, Murcia y Córdoba, no hubo ninguna víctima mortal—. En los núcleos de población medianos (entre 10 000 y 100 000) hubo 134 víctimas mortales (34,9 %). González Calleja concluye que la violencia con resultado de muerte fue «marcadamente rural» (representó el 77 % de los fallecidos, si sumamos los pueblos y las agrociudades), pero «la actividad violenta en las grandes ciudades... se convirtió, a pesar de ser minoritaria, en la manifestación más espectacular y notoria de la violencia política durante los meses del Frente Popular». «La ciudad de Madrid, que contempló el 12,7 % de las muertes del periodo, se convirtió en el gran escaparate público de la violencia política... La presencia de potentes altavoces de opinión como el Parlamento y la prensa de ámbito nacional, y su capacidad de irradiación simbólica como centro del poder político y clave del dispositivo militar explican en parte el sobredimensionamiento de los sucesos acaecidos en la capital». Por regiones, Andalucía fue la que registró el mayor número de muertes (92), seguida de Castilla la Nueva —que incluye Madrid— (85), Castilla la Vieja (43) y Murcia (36). Las que menos, además de los dos archipiélagos donde solo hubo una víctima mortal, Navarra (6), País Vasco (9), Aragón (10), Extremadura (12), León (13) y Valencia (14). En una posición intermedia se situaron Asturias (22), Cataluña (19) y Galicia (19).


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text: La violencia protagonizada por los pistoleros falangistas y por las organizaciones de izquierda, junto con el crecimiento de las organizaciones juveniles paramilitares tanto entre la derecha (milicias falangistas, requetés carlistas) como entre la izquierda (milicias de las juventudes socialistas, comunistas y anarquistas), y entre los nacionalistas vascos y catalanes (milicias de Esquerra Republicana de Cataluña y milicias del PNV), aunque no estaban armadas y su mayor actividad principal era desfilar, provocó la percepción entre parte de la opinión pública, especialmente la conservadora azuzada por la prensa católica y de extrema derecha, de que el gobierno del Frente Popular no era capaz de mantener el orden público —la prensa de derechas lo llamaba «gobierno tiránico», «enemigo de Dios y de la Iglesia»—, lo que servía de «justificación» para el "golpe de fuerza" militar que se estaba preparando. Durante la guerra civil Manuel Azaña escribió en su diario sobre la proliferación de las milicias en los meses anteriores a la guerra:


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text: El gobierno de Santiago Casares Quiroga, integrado exclusivamente por republicanos de izquierda, incluida Esquerra Republicana de Cataluña, y que había tomado posesión a mediados de mayo, continuó con la política que había iniciado el gobierno Azaña. Según José Luis Martín Ramos, «en la gestión política ordinaria, el gobierno Casares Quiroga ni radicalizó ni añadió nada sustantivo al programa reformista del primer bienio... La imagen de un Casares Quiroga cediendo constantemente hacia la izquierda revolucionaria y perdiendo el control de la situación es falsa». Sin embargo, esa fue la percepción que tuvieron ciertos sectores de la época, no solo de las derechas sino también del centro y de la izquierda moderada. El comentarista político de "La Vanguardia" Agustí Calvet "Gaziel" ya señalaba el 29 de mayo la contradicción sobre la que se asentaba el gobierno: que «una parte muy considerable de los votos parlamentarios que le sostienen pertenecen francamente al campo de la revolución social, la más rotunda y completa, la más contraria al orden imperante de cuantas puedan darse. Y una masa enorme de los electores que respaldan esos votos decisivos es abiertamente y ciegamente revolucionaria. Esto, ni más ni menos, quiere decir lo siguiente: que el gobierno español está obligado a conservar un orden que las mismas fuerzas gubernamentales quieren destruir. ¿Cómo puede gobernar un gobierno de esta clase?». El diputado de Izquierda Republicana Emilio González López recordó en las "Memorias de un diputado de las Cortes de la República" que Casares Quiroga se acercó a Largo Caballero (a quien le unía una cierta amistad: «era el único dirigente republicano que gozaba de ella») y se alejó de Indalecio Prieto. Y el también diputado, el socialista Gabriel Morón, mencionó el entusiasmo que mostraron los "caballeristas" cuando supieron que el nuevo presidente del gobierno era Casares Quiroga, a quien su principal ideólogo, Luis Araquistain, calificó como «un buen hombre de acción» y a quien conminó a conducir la lucha «todos los días y a todas horas» contra «los enemigos de la República y del proletariado». Sin embargo, el propio Casares Quiroga mostró su inquietud por no lograr controlar el desorden que se iba extendiendo en el discurso de presentación de su gobierno en las Cortes (pronunciado el 19 de mayo) en el que pidió a los representantes de la izquierda del Frente Popular que le prestaran ayuda:


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text: Esta actitud más firme de Casares Quiroga respondía a las desavenencias entre los republicanos de izquierda, cada vez más críticos con sus actuaciones, y la izquierda revolucionaria, y que ya se había puesto de manifiesto en marzo en la incapacidad de llegar a un acuerdo para presentar listas conjuntas en las elecciones municipales, que finalmente fueron suspendidas precisamente por esa razón, y, al mes siguiente, en la elección de compromisarios para la elección del presidente de la República Española (1936) en que presentaron listas separadas (elecciones en las que los republicanos de izquierda recibieron votos de los sectores conservadores que no siguieron la consigna abstencionista de las derechas; de hecho los socialistas los empezaron a acusar de que las derechas se estaban infiltrando en sus partidos). El primer partido republicano de izquierdas en pronunciarse fue el Partido Nacional Republicano, de Felipe Sánchez Román, aunque no formaba parte del Frente Popular al haberlo abandonado tras la entrada en la coalición del Partido Comunista de España. En una declaración del 25 de mayo denunció «la gravedad del momento político», el «fracaso del llamado Frente Popular en la forma en que actualmente se desenvuelve» y la perentoria urgencia de poner «los medios de acción para salvar al país y a la República» (entre los que proponía, aunque el documento completo nunca se hizo público, la represión de la violencia revolucionaria y el restablecimiento «con todo vigor» del «principio de autoridad», el «desarme general», la prohibición de las manifestaciones uniformadas, e incluso la posibilidad de que se privara a los alcaldes de las competencias de orden público). Para aplicar ese programa político se proponía «la formación de un Gobierno integrado por los representantes de todas las fuerzas republicanas» y «si el Gobierno no cuenta con asistencia parlamentaria, se suspenderán las sesiones de las Cortes» o «podrá intentarse la presentación al Parlamento de bases que autoricen al Gobierno a legislar por decreto, dentro de las atribuciones que concede el artículo 61 de la Constitución». Según Stanley G. Payne, la propuesta del PNR «encontró respaldo entre algunos de los republicanos de izquierda más moderados y sensatos, así como entre ciertos sectores del centro, y quizá del propio Prieto, y llegó a ser discutida en una reunión de los grupos parlamentarios de Izquierda Republicana y Unión Republicana, quienes pudieron haber hecho llegar la propuesta al Gobierno de Casares Quiroga, que la rechazó».


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text: Cinco días después, el 30 de mayo, el Consejo Nacional de Izquierda Republicana (el partido de Casares Quiroga y de Azaña) hizo una declaración pública en la que se lamentaba de que en el exterior la República estaba siendo vista «como un régimen interino e inestable, al que los propios republicanos dificultan la base de su afianzamiento», y hacía un llamamiento a la moderación y al mantenimiento de la legalidad. El 11 de junio era el grupo parlamentario de Izquierda Republicana y de Unión Republicana el que instaba al gobierno a restablecer el orden de forma más enérgica. En apoyo de estas propuestas el diario liberal "El Sol" publicó una serie de editoriales en los que, buscando la concordia y la pacificación del país (consideraba que se estaba en medio de una «difusa guerra civil»), exigía al Gobierno que llevara «su autoridad legítima y reflexiva a todos los rincones de la patria». En el editorial del 16 de junio denunció a los alcaldes «demagogos» que creen que «ha llegado la hora de la revolución social». El 29 de junio Diego Martínez Barrio en la clausura del congreso de su partido Unión Republicana (en el que, según Luis Romero, llegó a plantearse «la posibilidad de abandonar el Gobierno si no se restablecía la autoridad y el orden público») dijo lo mismo que venía reiterando el socialista "centrista" Indalecio Prieto desde hacía tiempo («Un pueblo no puede vivir en constante estado de insurrección», afirmó), añadiendo que «los republicanos, dentro de la República, no tienen nada que hacer revolucionariamente». Solo diez días después, el 10 de julio, los concejales de Unión Republicana del Ayuntamiento de Sevilla dimitieron porque socialistas y comunistas no votaron a su candidato para la primera tenencia de alcaldía y declararon que el Frente Popular quedaba roto. El 7 de julio "El Socialista", controlado por los "centristas" de Prieto, denunció el «"gansterismo" político» que se extendía por el país. «El sistema de la violencia como política de partido se va extendiendo en proporciones intimidantes y ninguna ventaja de orden civilizador se desprende de la eliminación alevosa de ciudadanos», decía el diario.


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text: Durante los meses de mayo y junio se produjeran conversaciones entre algunos políticos republicanos y algunos socialistas moderados como Indalecio Prieto y Julián Besteiro, en los que pudo participar el propio presidente de la República Manuel Azaña, para formar un gobierno de «salvación nacional» que hiciera frente al peligro revolucionario y al posible golpe militar. El cedista moderado Manuel Giménez Fernández recordó años más tarde que «desde abril de ese año [1936], Besteiro, Maura, Sánchez Albornoz y yo pensábamos y hablábamos sobre un posible Gobierno parlamentario de centro, que comprendiera desde la derecha socialista de Besteiro y Prieto hasta la izquierda democristiana de Lucia, para oponerse y combatir la demagogia fascista y frentepopulista. Desgraciadamente, este plan, que en principio no les parecía mal ni a Gil Robles ni a Prieto, no pudo cuajar...». Prieto no quiso romper el PSOE en dos y Gil Robles, «ante la presión a favor de la guerra civil de la derecha», «nos planteó a finales de mayo a Lucia y a mi la imposibilidad de seguir preparando la posición de centro».


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text: Así pues, el proyecto de formar un gobierno de «salvación nacional» se mostró inviable al no poder contar con una mayoría suficiente en las Cortes. Por eso se empezó a hablar también de formar una «dictadura republicana». Su principal promotor fue el republicano liberal-conservador Miguel Maura que publicó en la segunda mitad de junio cinco largos artículos en el diario "El Sol" en los que analizaba los problemas de la República desde su proclamación («la República está inexorablemente condenada a muerte próxima, a manos de esos mismos que hoy se dicen sus únicos defensores o, lo que es más probable, a manos de la reacción opuesta», escribía en uno de ellos). En el del día 23 lo expuso sin «emplear eufemismos»: «dictadura republicana se llama esa solución que postulo». «La dictadura que España requiere hoy es una dictadura nacional, apoyada en zonas extensas de sus clases sociales, que llegue desde la obrera socialista no partidaria de la vía revolucionaria hasta la burguesía conservadora que haya llegado ya al convencimiento de que ha sonado la hora del sacrificio y del renunciamiento en aras de una justicia social efectiva que haga posible la paz entre los españoles», escribió Miguel Maura. «Somos los republicanos y aquella parte del socialismo no contaminado con la locura revolucionaria quienes hemos de asumir la tarea de rectificar el rumbo de la República, so pena de vernos en el trance de soportar que de fuera venga, por la derecha o por la izquierda, no sólo la rectificación, sino el barrido integral de todas las instituciones republicanas», añadió.


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text: El periódico republicano de izquierda "Política" rechazó la propuesta de Maura porque era «tan reaccionaria como pudiera ocurrírsele a cualquier líder de las derechas intransigentes». En cambio, el diario liberal "La Vanguardia" siguiendo la estela de Maura proponía al socialista Indalecio Prieto para que encabezara un gobierno de «plenos poderes». Pero Prieto no estaba dispuesto a asumir ese papel y era muy pesimista sobre la situación que estaba viviendo el país. «Veo, en fin, en virtud de este fenómeno [la deriva revolucionaria del PSOE y de la UGT], cómo se debilita el régimen republicano, ya que se cuartean sus piedras angulares y veo a la reacción contemplar con regocijo este panorama que, preparado por ellos mismos, no podría ofrecerles mayores esperanzas», escribió Prieto en su periódico "El Liberal" de Bilbao el 21 de junio (dos días antes del artículo de Maura y del de "La Vanguardia"). Cinco días antes, durante el importante debate parlamentario del 16 de junio, el presidente del gobierno Casares Quiroga había rechazado el «gobierno de plenos poderes» pues para él, como «republicano y como demócrata» «que ha jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución», «no hay necesidad de más poderes que los que están dentro de las leyes aprobadas por las Cortes». Diego Martínez Barrio, el más moderado de los líderes del Frente Popular, también se mostró favorable a la continuidad de la coalición, aunque seguía abogando por un gobierno presidido por Prieto, una alternativa que al parecer todavía acariciaba Azaña. Sin embargo, como ha señalado José Manuel Macarro Vera, «por mucho que preocupase a los republicanos esta situación revolucionaria, que estaba dejando al Estado sin capacidad de imponerse a los poderes locales que surgían del avance obrero, la cultura republicana, en lo que quedaba de común para todos, continuaba siendo la de la negación de las derechas, de los antirrepublicanos, y eran éstos lo que estaban sufriendo las consecuencias del descontrol de la situación».


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text: El gobierno de Casares Quiroga, que no encontró la colaboración que demandó a la izquierda del Frente Popular, se mostró «la mayoría de las veces», según Gabriele Ranzato, «blando e impotente para oponerse a los abusos y coacciones que también las "masas proletarias o republicanas" cometían». Una valoración similar es la que realiza José Manuel Macarro Vera: «El restablecimiento del orden exigía un apoyo sin fisuras de la mayoría parlamentaria al Gobierno, y eso suponía para los partidos obreros, especialmente el socialista, enfrentarse con sus militantes, abortando lo que estaban viviendo como el comienzo de la revolución. Detenerla era contener el poder obrero emergente para que retrocediese en beneficio de lo que a pocos de ellos interesaba ya, de la República». En este sentido Macarro Vera afirma que «el Frente Popular hacía aguas por todas partes en Andalucía y en toda España». Recuerda las peticiones de los republicanos de izquierda para que el Gobierno restableciera el orden y pusiera fin a las arbitrariedades que estaban cometiendo los alcaldes, que eran las mismas «que en 1933 les habían llevado a romper con los socialistas». La misma preocupación sobre el deterioro del orden público manifestaron los diplomáticos acreditados en Madrid —especialmente portugueses y británicos, aunque por diferentes motivos—, algunos de los cuales se reunieron para discutir el posible derecho de asilo que podrían conceder a los perseguidos en caso de que estallase una revolución violenta, una posibilidad que no descartaban (como en general tampoco lo hacía la prensa europea). Las embajadas de la Alemania nazi, de la Italia fascista y del Portugal salazarista fueron objeto de amenazas y de manifestaciones izquierdistas hostiles.


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text: Fernando del Rey Reguillo afirma, por su parte, que Casares Quiroga, «aunque temeroso de afrontar el desafío de la izquierda socialista», se propuso restablecer el orden público. Desde principios de junio «extremó la vigilancia en los cuarteles, reafirmó la censura de prensa, ordenó el desarme de las personas que no tuvieran las correspondientes licencias, y amenazó a los alcaldes con castigarlos si continuaban los cacheos indiscriminados. El Gobierno hizo especial hincapié en abortar "los casos de detención de automóviles en las carreteras y de exigencia de cantidades a sus ocupantes con distintos pretextos". En las relaciones laborales, se mostró dispuesto a hacer cumplir los pactos de trabajo convenidos de común acuerdo por patronos y asalariados, advirtiendo de nuevo a los alcaldes que los obstaculizaran. Todas las huelgas y paros patronales que no se ajustaran al procedimiento establecido serían declarados ilegales». Según Stanley G. Payne, «el gobierno era más consciente de que estaba librando —con la mayor de las confusiones, incertidumbres e incoherencias— una batalla en dos frentes, de manera tal que, a mediados de junio, Casares Quiroga hacía comentarios positivos acerca de la Guardia Civil. Antes de que terminase el mes nombró nuevos gobernadores civiles para varias provincias del sur, de los que esperaba que aplicasen la ley de forma más enérgica». Por su parte, Eduardo González Calleja, después de afirmar que ni Azaña ni Casares Quiroga fueron «débiles en el control del orden público», reconoce que los sucesivos gobiernos presididos por ellos «no quisieron o no pudieron aplicar una política inequívocamente represiva que hubiese incrementado el malestar de las masas obreras y justificado una involución en sentido conservador e incluso contrarrevolucionario, y pensaron que una gestión del orden público basada en una coacción moderada y selectiva y en la concesión rápida de reivindicaciones sociales podía estabilizar la República con apoyo del ala más moderada del PSOE. [...] Pero cuando la violencia se fue desbocando no dudó en aplicar medidas de extremo rigor...».


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text: En lo que sí parecer haber acuerdo entre los historiadores es que el gobierno tuvo muchos problemas para hacerse obedecer en todo el territorio nacional. El diario liberal "El Sol" ya lo denunció a finales de mayo: «hay muchas provincias que ofrecen en la actualidad una impresión de falta de autoridad y desacierto en el mando. Pueden contarse en los dedos de una sola mano los gobernadores que saben cumplir con los deberes que el cargo impone. En su inmensa mayoría actúan con una indecisión y con tan escasa eficacia, que suscitan la sospecha de no conocer sus deberes. Esta indecisión y esta probable sumisión a elementos irresponsables repercute en la economía local. El panorama no puede ser más triste». Gabriele Ranzato puntualiza que el problema con los gobernadores civiles no era que desconocieran sus deberes, sino que a menudo «tenían que afrontar situaciones que era difícil resolver incluso con las mejores dotes de temple y energía», porque estaban provocadas por esos «elementos irresponsables» a los que se refería "El Sol", es decir, por las «masas proletarias» dirigidas por organizaciones políticas y sindicales cuyo apoyo en las Cortes era imprescindible para la supervivencia del gobierno (una contradicción que ya había denunciado Agustí Calvet "Gaziel" en "La Vanguardia"). Esa es la razón por la que hubo nada menos que 27 cambios de gobernadores civiles en solo dos meses —los que estuvo en el poder el gobierno de Casares Quiroga—. Varios fueron cesados a petición de los socialistas "caballeristas" por oponerse a sus pretensiones (o dimitieron porque no pudieron soportar las presiones que recibieron). El gobernador civil de Ciudad Real, Fernando Muñoz Ocaña, fue cesado a principios de junio por haber intentado acabar con las ilegalidades que estaban cometiendo las organizaciones obreras amparadas por los ayuntamientos socialistas, lo que había provocado que estos exigieran su destitución, lo que finalmente consiguieron. Los gobernadores que lograron permanecer en sus cargos lo consiguieron, según Gabriele Ranzato, «llegando a un entendimiento con el sector caballerista y su sindicato, desarrollando las funciones de mediadores en los conflictos con evidente parcialidad a su favor, dejando que las autoridades locales socialistas o comunistas ejercieran, fuera de la ley, diversas formas de coacción sobre la derecha política y social... cuando no la ejercían ellos mismos». Muchos otros simplemente no eran obedecidos y las amenazas que lanzaban a los alcaldes no surtían ningún efecto.


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text: Los historiadores que defienden que durante la etapa del Frente Popular se produjo un progresivo deterioro del estado de derecho señalan como el inicio del proceso la sustitución de los policías municipales y de sus mandos por militantes de las organizaciones del Frente Popular, pues les permitió a las autoridades locales de izquierdas «disponer de una policía afín, que se concebía, y rápidamente pasaba a actuar, como una suerte de "policía política" a escala local». Esta policía pronto se convirtió en el principal instrumento del acoso a las derechas y a las personas y asociaciones que las apoyaban.


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text: En el discurso del 19 de mayo de presentación del nuevo gobierno ante las Cortes su presidente Santiago Casares Quiroga declaró que «cuando se trata de un movimiento fascista —digo fascista sin determinar esta o aquella organización, pues todos sabemos qué es el fascismo y cuáles son las organizaciones fascistas—, cuando se trata de atacar a la República democrática y las conquistas que hemos logrado junto al proletariado, entonces el Gobierno es beligerante». Las izquierdas aplaudieron pero las derechas mostraron su repulsa. Calvo Sotelo le contestó: «El Gobierno nunca puede ser beligerante, señor Casares Quiroga: el gobierno debe aplicar la ley inexorablemente, y a todos. Pero el Gobierno no puede convertirse en enemigo de hombres, de compatriotas, cualquiera que sea la situación en que estos se coloquen». El diputado de la Lliga Joan Ventosa le dijo: «Pero yo creo que "los enemigos de la República" son todos aquellos que provocan diariamente los desórdenes públicos que determinan este estado de anarquía en que se está consumiendo España». Y también le hicieron llegar su rechazo algunos republicanos de izquierda, aunque en privado (Mariano Ansó escribió en su memorias que el espectáculo de Casares Quiroga al declararse «en estado de guerra contra una fracción del cuerpo nacional» fue algo «totalmente desacostumbrado en los jefes de Gobierno»). «En un país en que para la gran parte de los seguidores del Frente Popular todos los adversarios eran "fascistas", esas palabras de Casares eran muy imprudentes y podían sonar como incitación a la violencia», comenta Gabriele Ranzato. «Tal declaración fue extraordinaria en un Parlamento democrático», advierte Stanley G. Payne. Por su parte José Manuel Macarro Vera recuerda que el gobierno tenía la obligación de proteger los derechos mínimos e imprescindibles de las derechas, «para que no solo el Estado de derecho continuase existiendo, sino algo previo a él, el mero Estado, que suponía enfrentarse con los aliados obreros. Cierto era que esos aliados habían renegado de la revolución republicana para buscar la propia, pero no lo era menos que todos, obreros y republicanos, seguían unidos en la negación de los contrarrepublicanos, de la contrarrevolución».


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text: En ese mismo discurso Casares Quiroga también dijo: «Yo no puedo presenciar tranquilo con mi espíritu de republicano cómo, cuando los enemigos de la República se alzan contra ella y son llevados a los tribunales, algunos de esos tribunales perdonan sus culpas y los absuelven [...]. Traeremos aquí todas aquellas leyes que sean necesarias para hacer eficaz la defensa de la República» —unas semanas antes un tribunal había levantado la ilegalización de Falange Española de las JONS, sentencia que confirmaría el Tribunal Supremo a principios de junio—. En efecto, poco después el Gobierno presentó un proyecto de ley que desarrollaba el «jurado especial» que establecía el artículo 99 de la Constitución para determinar la «responsabilidad civil y criminal en que puedan incurrir los jueces, magistrados y fiscales, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas [que] será exigible ante el Tribunal Supremo» («se exceptúa la responsabilidad civil y criminal de los jueces y fiscales municipales que no pertenezcan a la carrera judicial», se decía también en el artículo). El proyecto fue aprobado a mediados de junio por las Cortes tras un intenso debate. Los diputados del Frente Popular no aceptaron la propuesta de las derechas de que estuviera formado exclusivamente por técnicos del Derecho e impusieron que la mayoría de sus miembros no fueran ni magistrados, ni abogados, ni juristas (seis miembros serían elegidos por sorteo entre los que tuvieran una licenciatura universitaria y otros seis sorteados entre los presidentes de asociaciones inscritas en los censos electorales sociales; más cinco magistrados del Tribunal Supremo). El diputado de la Lliga Felip Rodés i Baldrich dijo que con ese «jurado especial» «se trata de lograr que la magistratura en España, de que la justicia en España sea un instrumento para ciertos sectores del Frente Popular». El ministro de Justicia, Manuel Blasco Garzón, de Unión Republicana, justificó así la composición del tribunal especial: «Prefiero el honrado juicio de los que no se han perturbado por disquisiciones de tipo jurídico, a la labor netamente técnica; porque en el fondo de todas las conciencias hay, como un manadero de agua viva, aquel sentimiento de la justicia que está por encima de los doctrinarismos».


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text: Esta ley fue completada con otras dos disposiciones: una que rebajaba la edad de jubilación de todos los magistrados a los 65 años (partiendo del supuesto de que los más antiguos eran los más hostiles a la República); otra que sancionaba con una prejubilación forzosa a aquellos jueces que «actúen o se produzcan con manifiesta hostilidad a las instituciones políticas que la Constitución consagra» (una formulación tan vaga que probablemente condicionaría la actividad de los jueces). De mayor trascendencia para el ámbito local fue el proyecto de ley, que se empezó a discutir a partir de mediados de junio, en el que se proponía que los jueces y fiscales municipales fueran designados por el Ministro de Justicia. La derecha denunció que el proyecto suponía un atentado a la independencia judicial, a lo que el diputado Pedro Rico, de Unión Republicana, les contestó que sustituir a los magistrados municipales era necesario porque «en algunos casos se encuentra en manos de hombres de significada tendencia política y aplican los resortes legales para servir los intereses políticos de sus partidos. Esto es lo que tratamos de evitar, y vamos a corregir los errores de pasadas situaciones políticas». Gabriele Ranzato comenta: «estaba clarísimo que ni al gobierno ni a la oposición les interesaba la independencia de la justicia: los unos y los otros se disputaban su control como instrumento para facilitar sus intenciones y obstaculizar las del adversario».


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text: La conspiración militar para desencadenar un «golpe de fuerza» (como lo llamaban los conjurados) que derribara al gobierno se puso en marcha nada más producirse el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, apoyándose inicialmente en las tramas golpistas que se habían rehecho tras el fracaso de la insurrección militar de agosto de 1932 encabezada por el general Sanjurjo. Al día siguiente de formarse el gobierno de Azaña el periódico de la Comunión Tradicionalista "El Pensamiento Alavés" ya afirmaba «que no sería en el Parlamento donde se libraría la última batalla, sino en el terreno de la lucha armada» y esa lucha partiría de «una nueva Covadonga que frente a la revolución sirviera de refugio a los que huyeran de aquélla y emprendieran la Reconquista de España».


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text: El 8 de marzo tuvo lugar en Madrid, en casa de un amigo de Gil Robles, una reunión de varios generales (Emilio Mola, Luis Orgaz Yoldi, Villegas, Joaquín Fanjul, Francisco Franco, Ángel Rodríguez del Barrio, Miguel García de la Herrán, Manuel González Carrasco, Andrés Saliquet y Miguel Ponte, junto con el coronel José Enrique Varela y el teniente coronel Valentín Galarza, como hombre de la UME), en la que acordaron organizar un «alzamiento militar» que derribara al gobierno del Frente Popular recién constituido y «restableciera el orden en el interior y el prestigio internacional de España». También se acordó que el gobierno lo desempeñaría una Junta Militar presidida por el general Sanjurjo, que en esos momentos se encontraba en el exilio en Portugal. No se llegó a acordar el carácter político del «movimiento militar», pero para su organización recurrirían a la estructura clandestina de la UME integrada por oficiales conservadores y antiazañistas y llegaron a fijar la fecha del golpe, para el 20 de abril, pero las sospechas del gobierno y la detención del general Orgaz y del coronel Varela, confinados en Canarias y en Cádiz, respectivamente, les obligaron a posponer la fecha. Además el gobierno había decidido ya «dispersar» a los generales sospechosos y había destinado a Goded a Baleares, a Franco a Canarias y a Mola a Pamplona.


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text: Desde finales de abril, fue el general Mola quien tomó la dirección de la trama golpista (desplazándose así el centro de la conspiración de Madrid a Pamplona), adoptando el nombre clave de "El Director". Este continuó con el proyecto de constituir una Junta Militar presidida por el general Sanjurjo, y comenzó a redactar y difundir una serie de circulares o "Instrucciones reservadas" en las que fue perfilando la compleja trama que llevaría adelante el golpe de Estado. La primera de las cinco "Instrucciones reservadas" la dictó el 25 de abril y en ella ya apareció la idea de que el golpe tendría que ir acompañado de una violenta represión:


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text: Mola logró que se unieran a la conspiración generales republicanos como Gonzalo Queipo de Llano (jefe de los carabineros) y Miguel Cabanellas. Con este último, que era el jefe de la V División orgánica, mantuvo una entrevista en Zaragoza el 7 de junio en la que acordaron las medidas para dominar la resistencia que «opondría la gran masa sindicalista» y la organización de las «columnas que habían de oponerse a que los catalanes pudieran invadir el territorio aragonés».


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text: El general Mola consiguió comprometer en el golpe a numerosas guarniciones, gracias también a la trama clandestina de la UME dirigida por el coronel Valentín Galarza (cuyo nombre clave era "El Técnico"), pero Mola no contaba con todas ellas, y especialmente tenía dudas sobre el triunfo del golpe en el lugar fundamental, Madrid, y también sobre Cataluña, Andalucía y Valencia. Así pues, el problema de los militares implicados era que, a diferencia del golpe de Estado de 1923, ahora no contaban con la totalidad del Ejército (ni de la Guardia Civil ni las otras fuerzas de seguridad) para respaldarlo. «Las divisiones que se habían manifestado en el seno del propio ejército desde la Dictadura… durante la República habían alcanzado un singular grado de virulencia con la creación de uniones militares enfrentadas por la cuestión del régimen político [la UME, Unión Militar Española, monárquica; y la republicana Unión Militar Republicana Antifascista, UMRA, con una influencia mucho más reducida]».


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text: Tampoco podían contar como en 1923 con la connivencia del jefe del Estado (el rey Alfonso XIII entonces, y el Presidente de la República Manuel Azaña ahora). Una tercera diferencia respecto de 1923 era que la actitud de las organizaciones obreras y campesinas no sería de pasividad ante el golpe militar, como en 1923, sino que como habían anunciado desencadenarían una revolución. Por estas razones se fue retrasando una y otra vez la fecha del golpe militar, y por eso, además, el general Mola, "El Director", buscó el apoyo de las milicias de los partidos antirrepublicanos (requetés y falangistas) y el respaldo financiero de los partidos de la derecha. Pero la participación de estas fuerzas paramilitares civiles fue aparcada por el momento porque el principal dirigente carlista Manuel Fal Conde quería proporcionar un protagonismo al Tradicionalismo en el golpe, llegando a contactar directamente con el general Sanjurjo, algo que los militares no estaban dispuestos a consentir, y porque el líder de Falange José Antonio Primo de Rivera, preso en Alicante, que en principio se manifestó dispuesto a colaborar, exigió su parcela de poder, lo que tampoco fue admitido por los generales conjurados.


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text: Al gobierno de Casares Quiroga le llegaron por diversas vías noticias de lo que se estaba tramando pero no actuó con contundencia contra los conspiradores porque, según el historiador Julio Aróstegui, «Azaña y muchos elementos de su partido, y el propio Casares Quiroga, jefe del gobierno, no creyeron que después de haber neutralizado con facilidad el golpe de Sanjurjo en 1932 en el ejército hubiera capacidad para preparar una acción seria, estimando además que tenían controlados a los posibles cabecillas y que en el caso de que esa rebelión se produjese sería fácil abortarla».


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text: A principios de julio de 1936 la preparación del golpe militar estaba casi terminada, aunque el general Mola reconocía que «el entusiasmo por la causa no ha llegado todavía al grado de exaltación necesario» y acusaba a los carlistas de seguir poniendo dificultades al continuar pidiendo «concesiones inadmisibles». El plan de Mola era un levantamiento coordinado de todas las guarniciones comprometidas, que implantarían el estado de guerra en sus demarcaciones, comenzando por el Ejército de África, que entre los días 5 y 12 de julio realizó unas maniobras en el Llano Amarillo donde se terminaron de perfilar los detalles de la sublevación en el Protectorado de Marruecos. Como se preveía que en Madrid era difícil que el golpe triunfase por sí solo (la sublevación en la capital estaría al mando del general Fanjul), estaba previsto que desde el norte una columna dirigida por el propio Mola se dirigiera hacia Madrid para apoyar el levantamiento de la guarnición de la capital. Y por si todo eso fallaba también estaba planeado que el general Franco (que el 23 de junio había dirigido una carta al presidente del gobierno Casares Quiroga en la que decía que las sospechas del gobierno de que se estaba fraguando un golpe militar no eran ciertas —cuando él mismo era uno de los generales implicados—, alegando que «faltan a la verdad quienes le presentan al Ejército como desafecto a la República; le engañan quienes simulan complots a la medida de sus turbias pasiones»), después de sublevar las islas Canarias se dirigiría desde allí al Protectorado de Marruecos a bordo del avión Dragon Rapide, fletado en Londres el 6 de julio por el corresponsal del diario ABC Luis Bolín gracias al dinero aportado por el financiero Juan March, para ponerse al frente de las tropas coloniales, cruzar el estrecho de Gibraltar y avanzar sobre Madrid desde el sur.


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text: Una vez controlada la capital, se depondría al Presidente de la República y al gobierno, se disolverían las Cortes, se suspendería la Constitución de 1931, se detendrían y se juzgaría a todos los dirigentes y militantes significados de los partidos y organizaciones de la izquierda así como a los militares que no hubieran querido sumarse a la sublevación y, finalmente, se constituiría un Directorio militar bajo la jefatura del general Sanjurjo (que volaría desde Lisboa hasta España). Pero lo que sucedería a continuación nunca estuvo claro pues nada se había acordado sobre la forma de estado, o República o Monarquía (por ejemplo, no se decidió nada sobre qué bandera se utilizaría, si la bicolor de la monarquía, en lugar de la tricolor de la República, ya que se pensaba en una acción rápida y contundente). El objetivo era instaurar una dictadura militar siguiendo el modelo de la Dictadura de Primo de Rivera, al frente de la cual se situaría el exiliado general Sanjurjo.


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text: Así pues, lo que iban a poner en marcha los militares conjurados no era un pronunciamiento al estilo decimonónico (pues en estos casos no se discutía en general el régimen o el sistema político, sino que intentaban solo forzar determinadas «situaciones» partidistas), sino que iba mucho más lejos. El problema estribaba en que los militares y las fuerzas políticas que les apoyaban (fascistas, monárquicos alfonsinos, carlistas, católicos de la CEDA) defendían proyectos políticos distintos, aunque todos coincidían en que la «situación futura» no sería democrática, y tampoco liberal, porque el significado social de fondo de la conspiración era inequívoco: la «contrarrevolución», aun cuando fuera contra una revolución que no había comenzado.


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text: El domingo 12 de julio hacia las diez de la noche fue asesinado en una céntrica calle de Madrid el teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo, muy conocido por su compromiso con los socialistas a cuyas milicias había entrenado (dos meses antes los falangistas habían asesinado al capitán Carlos Faraudo, un oficial del Ejército en activo que también entrenaba a las milicias socialistas y que como del Castillo era miembro de la UMRA). Como represalia algunos compañeros suyos del cuartel de Pontones, acompañados por miembros de las milicias socialistas, sacaron de su casa en la madrugada del lunes 13 al diputado monárquico José Calvo Sotelo y le descerrajaban dos tiros en la nuca. El cadáver fue arrojado a la puerta del depósito de cadáveres del cementerio de La Almudena y fue encontrado a mediodía.


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text: La noticia del asesinato de Calvo Sotelo causó una enorme conmoción no solo por el hecho en sí —era el líder más destacado de la oposición—, sino también porque los autores del magnicidio eran miembros de las fuerzas de seguridad «que llevaban como auxiliares a militantes socialistas —uno de ellos, escolta de Indalecio Prieto— y como jefe al capitán de la Guardia Civil, Condés, también ligado al PSOE» Pero probablemente lo que causó un impacto aún mayor fue que el Gobierno en lugar de condenar rotundamente el crimen y de iniciar una investigación para llevar a los culpables ante la justicia —los dos principales responsables directos de la muerte, Fernando Condés y Luis Cuenca, no fueron detenidos y el primer juez que instruyó el sumario fue apartado del caso— se dedicó a detener a cerca de doscientos falangistas y derechistas y a cerrar las sedes madrileñas de Renovación Española (y las de la CNT). El presidente del gobierno no hizo ninguna declaración, lo que podía reforzar la idea difundida en los ambientes derechistas de que él personalmente estaba detrás del magnicidio basándose en la supuesta amenaza de muerte que le había lanzado Casares Quiroga a Calvo Sotelo el 16 de junio en las Cortes («Me es lícito decir después de lo que ha hecho S.S. hoy ante el Parlamento, de cualquier caso que pudiera ocurrir, que no ocurrirá, haré responsable ante el país a S.S.»), aunque al día siguiente ningún periódico interpretó en ese sentido las palabras de Casares Quiroga. También guardó silencio el presidente de la República Manuel Azaña.


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text: El gobierno parecía estar más preocupado por la reacción de las derechas que por esclarecer los hechos. El mismo día 13 envió una circular a todos los gobernadores civiles en la que les conminaba a estar alerta «con motivo de la muerte [no el asesinato] de Calvo Sotelo». Como ha destacado, Gabriele Ranzato, «aquel homicidio parecía destinado a quedar impune, puesto que tanto el gobierno como la magistratura, y cualquier otra autoridad encargada de las indagaciones, estaban mostrando lentitud y pasividad en la persecución de los culpables, realizando solo algunos arrestos de participantes secundarios en la "expedición punitiva", mientras que los culpables principales, cuya identidad no era difícil conocer, habían quedado en libertad».


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text: Casares Quiroga llegó a presentarle su dimisión al presidente de la República Azaña, pero este no la aceptó alegando que hacerlo sería como reconocer que había tenido alguna responsabilidad en el crimen. Azaña no hizo caso al consejo que le dio en privado Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes, sobre la necesidad de formar un nuevo gobierno dispuesto a imponer «sanciones duras que evidencien el recobro de todos los resortes del poder», pero esta postura Martínez Barrio no la mantuvo en público. Felipe Sánchez Román, amigo de Azaña, fue el único político republicano de izquierdas ―aunque no formaba parte del Frente Popular― que condenó públicamente el crimen diciendo que «la República se había deshonrado para siempre». También fue el único que le dio el pésame a la familia. En la inmediata posguerra el socialista Julián Zugazagoitia, entonces director del diario "El Socialista", reconoció que el asesinato de Calvo Sotelo había sido un hecho «realmente monstruoso».


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text: Por su parte la prensa republicana progubernamental y de izquierdas destacó más el asesinato del teniente Castillo que el de Calvo Sotelo. El diario "caballerista" "El Obrero de la Tierra" llegó a justificar el asesinato de Calvo Sotelo al afirmar que su muerte había sido la «consecuencia lógica de estos últimos atentados criminales fascistas» llevados a cabo por «las cuadrillas mercenarias a sueldo de la reacción», y a continuación hizo un llamamiento para la organización de las «Milicias Populares». Aún más radical fue la respuesta del Partido Comunista de España (PCE) que presentó una proposición de ley el mismo día 13 por la tarde donde se pedía nada menos que la supresión de la oposición de derechas, el encarcelamiento de sus dirigentes y la confiscación de sus prensa.


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text: En el entierro de Calvo Sotelo, que se celebró el día 14 por la tarde y al que asistieron miles de derechistas ―muchos de los cuales hicieron el saludo fascista—, Antonio Goicoechea, líder de Renovación Española, juró «imitar tu ejemplo, vengar tu muerte y salvar a España». Después del entierro, «cientos de jóvenes derechistas decidieron marchar de nuevo hacia el centro de la ciudad en manifestación» y, a pesar de que los manifestantes habían sido cacheados para comprobar que iban desarmados, «varios guardias de asalto y otros policías abrieron fuego contra ellos para impedirles avanzar. Según diversos periódicos, hubo entre dos y siete muertos y numerosos heridos».


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text: Martínez Barrio no convocó un pleno de las Cortes para debatir lo ocurrido sino que introdujo esa cuestión en el orden día de la reunión de la Diputación Permanente que en la mañana del día 15 debía renovar el estado de alarma, con la esperanza de que no hubiera incidentes al ser menor el número de diputados presentes. En la Diputación Permanente intervino en primer lugar el conde de Vallellano en nombre de los monárquicos para leer una declaración en la que anunciaba que se retiraban de las Cortes tras acusar a los diputados del Frente Popular de haber incitado «a la violencia y al atentado personal contra los diputados de derechas» y de ser «los amparadores y cómplices morales» de «este crimen, sin precedentes en nuestra historia política». Por su parte el líder de la CEDA José María Gil Robles, cuya intervención, según Gabriele Ranzato, «fue, por su eficacia y elocuencia, su último gran servicio a la causa de la sublevación», anunció también la retirada de la CEDA de las Cortes. Dirigiéndose a los ministros presentes y a los diputados del Frente Popular dijo:


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text: Según Ranzato, frente al formidable desafío que las derechas acababan de realizar «la respuesta del gobierno y de los partidos que lo sostenían resulta inadecuada, dilatoria e inconsistente». El presidente del gobierno Casares Quiroga no había acudido a la reunión de la Diputación Permanente por lo que le respondió a Gil Robles el ministro de Estado Augusto Barcia, «minimizando, eludiendo y oponiéndole a veces una torpe defensa», según Ranzato. También intervino, brevemente, el ministro de la Gobernación, Juan Moles, para negar la participación de las fuerzas policiales en el asesinato. Según Ranzato, el gobierno perdió su última ocasión de «librarse del lastre de la extrema izquierda que les arrastraba hacia el fondo» «por medio de una clara separación de responsabilidades».