title: Frente Popular (España)

text: Frente a la coalición electoral de las izquierdas (que en Cataluña incluyó también a Esquerra Republicana de Cataluña y a otros partidos nacionalistas catalanes y adoptó el nombre de "Front d'Esquerres"; las derechas, por su parte, formaron el "Front Català d'Ordre" integrado por la CEDA, la Lliga, los radicales y los tradicionalistas), las derechas no pudieron oponer como en 1933 un frente homogéneo, porque la CEDA, en su intento de obtener el poder y evitar el triunfo de la izquierda, se alió en unas circunscripciones con las fuerzas antirrepublicanas (monárquicos alfonsinos de Renovación Española, carlistas) y en otras con el centro-derecha republicano (radicales, demócrata-liberales, republicanos progresistas), por lo que fue imposible presentar un programa común. Lo que pretendía formar José María Gil Robles era un "Frente Nacional Contrarrevolucionario" o un “Frente de la Contrarrevolución”, basado más en consignas “anti” que en un programa concreto de gobierno (“Contra la revolución y sus cómplices”, fue uno de sus eslóganes; “¡Por Dios y por España!” fue otro; y planteó la campaña como una batalla entre la “España católica... y la revolución espantosa, bárbara, atroz”). No se reeditó, pues, la Unión de Derechas de 1933 como exigían los monárquicos, por lo que los alfonsinos de Renovación Española se presentaron en varias circunscripciones en solitario con el nombre de Bloque Nacional, cuyo líder era José Calvo Sotelo. Sin embargo, en Madrid, por ejemplo, sí se presentaron juntos con Gil Robles y Calvo Sotelo como cabezas de lista.


title: Frente Popular (España)

text: El 12 de enero Calvo Sotelo pronunció en Madrid su discurso más violentamente antirrepublicano, militarista y progolpista (sería reproducido en el diario "ABC" del día siguiente):


title: Frente Popular (España)

text: Gil Robles compartía los objetivos antidemocráticos de la extrema derecha encabezada por Calvo Sotelo ("Acción Española" había escrito: «Votemos para dejar de votar algún día») pero, como ha destacado Gabriele Ranzato, entendía que para ganar las elecciones «era preciso atraer los votos de un amplio abanico de electores que iba de los más reaccionarios a los católico-sociales a lo Giménez Fernández. Para obtener esto decidió evitar lo más posible toda referencia a los programas de gobierno, basando más bien su campaña electoral en el peligro representado por el adversario... Las categóricas alternativas propuestas por carteles y altavoces, como "España o Anti-España", "Revolución o Contrarrevolución", "Votad a España o votad a Rusia», eran para la derecha más unificadoras que cualquier programa». En uno de sus mítines Gil Robles dijo: «¡Ni lucha de clases ni separatismo! Esas ideas no pueden tener cabida en el concurso de las ideas lícitas». Al que las defienda «hay que aplastarle».


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text: Según Fernando del Rey Reguillo, refiriéndose a la provincia de Ciudad Real, «la retórica derechista no varió con respecto a las elecciones anteriores. Si acaso las salidas de tono apocalípticas y el dramatismo fueron más exagerados. Al fin y al cabo, se hallaba muy reciente la experiencia traumática de octubre de 1934. De ahí los lenguajes de salvación —de España, de la religión católica, de la propiedad, de la familia y, en suma, de la civilización— a la que recurrieron los oradores conservadores para resaltar la gravedad del momento y lo mucho que había en juego en la lucha "contra la revolución y sus cómplices"». El diario monárquico "ABC" de Sevilla decía que el Frente Popular, «un cartel revolucionario de provocación y desafío a los sentimientos de la nación y a todos sus intereses vitales», pretendía «despedazar a España y convertirla en un conglomerado de minúsculos estados soviéticos». «No hay opción entre la muerte y la vida. Entre la paz y la revolución. Entre el ateísmo y el cristianismo. Entre la libertad y la esclavitud asiática. Entre la Patria y Rusia. Entre el desorden y el caos. Entre la ley y la dictadura del proletariado. Entre España y anti-España», decía ABC. El discurso de la derechas era un discurso de exclusión del adversario, que también utilizaban las izquierdas desde los supuestos ideológicos contrarios.


title: Frente Popular (España)

text: Por otro lado, Gil Robles era consciente de que su principal cantera de votos eran los católicos y a ellos apelaba cuando afirmaba que la principal misión de la CEDA era «vencer la revolución para defender los derechos de Cristo y su Iglesia». «Donde haya un diputado que pertenezca a nuestra organización, allí hay una afirmación clara y neta de la confesionalidad frente al laicismo destructor del Estado», añadió. Y en la tarea de atraer el voto católico Gil Robles y la CEDA contaron con el apoyo entusiasta de buena parte de la jerarquía católica española, con el cardenal primado Isidro Gomá al frente pidiendo el voto para «los partidos de afirmación religiosa». En Granada el cardenal Parrado publicó una carta en la que decía que «de las urnas puede salir el hundimiento de la civilización y de la Patria y para los católicos la disyuntiva de ser mártires o apóstatas». Más comedido se mostró el cardenal Illundain en Sevilla pues se limitó a recomendar que se rezara para pedir «auxilios oportunos en la presente necesidad».


title: Frente Popular (España)

text: El monárquico antisemita y filofascista Álvaro Alcalá-Galiano y Osma, miembro de Renovación Española, publicó en el diario ABC el 15 de enero de 1936 un artículo en el que afirmó que España se encontraba ante un dilema: «revolución o contrarrevolución, Patria o Antipatria». Así, para «salvar la existencia misma de España», abogaba por «la unión sagrada de todos los valores auténticamente nacionales frente a la formidable coalición de la Antipatria, dirigida por los agentes de la Internacional revolucionaria». Todo había comenzado, según Alcalá-Galiano, con el Pacto de San Sebastián, «proyectado reparto y despojo de España entre masones, marxistas y separatistas», que había dado paso a cuatro años de República durante los cuales se habían acumulado «atropellos, crímenes, desastres políticos, económicos y sociales... huelgas, atracos y crímenes sociales a granel», coronados por «la revolución de octubre de 1934 con sus 2.500 muertos y sus millares de víctimas, cuyos culpables siguen vivos y algunos de ellos hasta en libertad». El escritor reaccionario José María Pemán dijo en un mitin que la amenaza revolucionaria no era un episodio pasajero «sino un episodio constante de la lucha entre el mal y el bien», «obra de homosexuales, de libertinos, de malos periodistas, de dramaturgos silbados, de políticos fracasados, de comadres que quieren jugar a duquesas... Si ayer la Virgen del Pilar no quería ser francesa menos quiere ser ahora de la segunda y de la tercera internacional». Por su parte el líder de Falange Española de las JONS José Antonio Primo de Rivera aseguró en un mitin celebrado en el cine Europa de Madrid el 2 de febrero que «si el resultado de los escrutinios es contrario, peligrosamente contrario a los eternos destinos de España, la Falange relegará con sus fuerzas las actas del escrutinio al último lugar del menosprecio».


title: Frente Popular (España)

text: La campaña electoral del Frente Popular fue tan intensa como la de las derechas y su discurso fue igual de inflamado (especialmente por parte de los socialistas "caballeristas" y de los comunistas: no se recataron en confesar que estaban «hartos de la democracia burguesa» y que la «próxima batalla [había] de ser definitiva» pues en ella se lo jugaba todo «el proletariado español»). Las referencias a «Octubre» de 1934 fueron continuas, recordando la «bárbara» represión sufrida, y también a los dos años de gobierno del centro-derecha que ya comenzaron a llamar el «bienio negro» del que mencionaban los incontables agravios causados por «el fascismo vaticanista». En muchos mítines los oradores decían que el ciudadano debía elegir entre la España «moderna, civilizada, progresiva, justa, humana», que ellos representaban, y una España reaccionaria sometida al «fascismo y sus cómplices». En uno de los mítines se dijo: «Toda la España feudal y católica, toda la España inquisitorial y militarista, pretende convertir el panorama del país en el monótono Iglesia y cárcel; patíbulo y bendiciones; hisopazo y hacha; olor a cera quemada y una cabeza desprendida del tronco... y el 'tribunal popular' formado por el terrateniente, el obispo y el banquero». Según José Manuel Macarro Vera, lo que subyacía en este discurso de exclusión del adversario (que también utilizaba la derecha, aunque desde unos supuestos completamente diferentes) era la «cultura común que todos compartían, en la que la República era la revolución que había venido a rectificar la historia de España. Porque vino a trastocarlo todo, sólo los republicanos podían gobernarla en paz, porque, en definitiva, "España es lo que nosotros pensamos". La diferencia con 1931 residía en que una parte de los socialistas habían dado por caducada la misma revolución republicana, que debía abrir paso a otra bien distinta, la obrera...».


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text: Como ha insistido José Manuel Macarro Vera, tanto las derechas como las izquierdas hicieron «discursos de exclusión, de negación del adversario convertido en enemigo, de quién era y no era España, de revolución y contrarrevolución, de referencias a una guerra civil en ciernes... Los mensajes electorales reflejaban el enfrentamiento entre dos sistemas de creencias, dos universos culturales opuestos, que sólo entendían al otro como una amenaza para la pervivencia del propio». Macarro Vera cita al diario sevillano "El Liberal" que el 29 de enero se preguntaba: «¿Y el bando vencido, qué hará? De ahí la inquietud; porque se sospecha que no ha de ser la actitud del vencido enteramente democrática, sino que el triunfo del contrario iniciará una nueva lucha. Quiere esto decir que no habrá triunfo legítimo; que no se le aceptará como tal, y que cada vencedor, por serlo, encontrará al punto un rebelde poder agresor». Macarro Vera añade: «lo que estaba también por ver era qué actitud adoptaría el vencedor ante el derrotado, el enemigo vencido».


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text: A las elecciones también se presentó una tercera opción “centrista” (el Partido del Centro Democrático) encabezada por el presidente del gobierno Portela Valladares y auspiciada por quien le había nombrado, el presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora, que pretendía consolidar un centro republicano que superara la bipolarización surgida de la Revolución de Octubre de 1934. Para cumplir el encargo que le había hecho Alcalá-Zamora de formar un nuevo partido desde el poder, Portela «manipuló los gobiernos provinciales de un modo frenético; en dos meses nombró a ochenta y ocho gobernadores civiles, proporcionalmente un récord... Pero todo esto le sirvió para poco. La mayor parte del "espacio político" estaba ya ocupado y la opinión pública se encontraba mucho más movilizada y vigilante, por lo que las maniobras caciquiles de antaño resultaban muy difíciles», afirma Stanley G. Payne. José Luis Martín Ramos, coincide con Payne, al considerar que «el supuesto centrismo portelista era estrictamente una operación de poder; los arquitectos de su construcción, las dos principales magistraturas de la República [la presidencia de la República y la presidencia del Gobierno]; sus capataces, los gobernadores civiles, cuyo nombramiento dependía desde 1932 del presidente del Consejo de Ministros; y por debajo de ellos los delegados gubernativos y las gestoras de los ayuntamientos, facilitando el contacto y la negociación con los políticos locales y los caciques para la organización de las candidaturas primero y para la intervención sobre el escrutinio después». Esta valoración no es compartida por Fernando del Rey Reguillo quien afirma que «el discurso del republicanismo progresista —"tan amante del orden y que tan lejos está de Moscú como de Roma"— era inequívocamente liberal, democrático y conciliador, y por ello mismo contrario a los extremismos en lucha. Para esta fuerza, las circunstancias y las tensiones presentes obligaban a la constitución "de un gran partido de centro que defienda el orden social, el trabajo y el máximo respeto al régimen constituido"». [...] Su predicción era nítida: "La República sucumbirá si no hay un centenar de diputados de tipo centro"».


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text: Durante la campaña electoral se produjeron diversos incidentes que en algunas provincias revistieron cierta gravedad. «La campaña fue intensa, apasionada, muy diferente en la algo apática de noviembre de 1933... En otras palabras, discurso inflamado y realidad relativamente tranquila. El Frente Popular tenía que llegar a las elecciones y la derecha esperaba ganarlas, por lo que cada uno se dedicó a movilizar a los suyos y no buscar en la calle el enfrentamiento con los demás», afirma José Luis Martín Ramos. Pero esta valoración no es en absoluto compartida por Stanley G. Payne quien afirma que «durante la campaña, la violencia fue aún peor que en 1933, año en el que se alcanzó el récord de incidentes en una campaña electoral. Como era habitual, la mayor parte de las agresiones surgió de las izquierdas, aunque un aspecto nuevo de 1936 fue la presencia de una derecha radical, principalmente falangista, que con frecuencia participó en actos violentos». De hecho, según los datos de Payne, de las 37 muertes que hubo entre el 1 de enero y el 16 de febrero de 1936, 14 de los fallecidos fueron izquierdistas, seguidos de 10 derechistas, 3 miembros de las fuerzas de seguridad y 10 de afiliación no identificada. Según Payne de los 45 incidentes más importantes de los que disponemos de datos 31 fueron protagonizados por las izquierdas y 14 por las derechas. Por su parte Luis Romero ha afirmado que «irregularidades fueron cometidas por las derechas y por las izquierdas; es probable que un punto más por aquéllas que por éstas, pues disponían de más dinero y de antigua experiencia [de los tiempos de la monarquía]. A Ambas las superaron aquellos centristas que provenían de una asociación provisional entre los presidentes de la República y del Gobierno, quienes, fiados en la práctica electorera de ambos y en sus influencias caciquiles, confiaban en obtener una mayoría; se equivocaron al creer que tenían más partidarios de los que iban a votarles y en confiar en exceso en la habilidosa acción de los gobernadores civiles. El hecho de que fracasaran viene a demostrar lo que han señalado algunos autores: que el cuerpo electoral no estaba tan corrompido como creyeron».


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text: El día de las votaciones, domingo 16 de febrero, también hubo algunos incidentes (que causaron seis muertos y una treintena de heridos), pero «los votos y el escrutinio se habían producido con normalidad en la mayoría de los distritos», aunque la movilización violenta de las izquierdas iniciada la mista tarde-noche del domingo y que se prolongó durante los tres días siguientes provocó, según Stanley G. Payne, la alteración del resultado en seis provincias en las que a las derechas les arrebataron la mayorías que habían obtenido.


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text: Las elecciones registraron la participación más alta de las tres elecciones generales que tuvieron lugar durante la Segunda República (el 72,9 %; votaron 9 864 783 personas), lo que se atribuyó al voto obrero que no siguió las habituales consignas abstencionistas de los anarquistas. Según el estudio realizado en 1971 por el historiador Javier Tusell sobre las elecciones el resultado fue un reparto muy equilibrado de votos con una leve ventaja de las izquierdas (47,1 %; 4 654 116 votos) sobre las derechas (45,6 %; 4 503 505 votos), mientras el centro se limitó al 5,3 % (400 901 votos), pero como el sistema electoral primaba a los ganadores esto se tradujo en una holgada mayoría para la coalición del “Frente Popular”. Además de la gran novedad de la desaparición electoral del Partido Republicano Radical (que pasó de 104 diputados en 1933 a solo 5 en 1936), los resultados mostraron la consolidación de tres grandes fuerzas políticas: los republicanos de izquierda (con 125 diputados: 87 de Izquierda Republicana y 38 de Unión Republicana), más la CEDA por su derecha (pasó de 115 diputados en 1933 a 88, mientras el Partido Agrario pasaba de 36 a 11); y el PSOE por su izquierda (de 58 diputados pasaba a 99). El PCE entraba en el parlamento con 17 diputados, también el Partido Sindicalista y el POUM, con un diputado cada uno.


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text: En total el "Frente Popular” contaba con 263 diputados (incluidos los 37 del “Front d’Esquerres” de Cataluña) la derecha tenía 156 diputados (entre ellos solo un fascista, que era del Partido Nacionalista Español, ya que Falange Española no se quiso integrar en las coaliciones de la derecha porque le ofrecieron pocos puestos: su líder José Antonio Primo de Rivera se presentó por Cádiz y no salió elegido, por lo que no pudo renovar su acta de diputado y perdió la inmunidad parlamentaria) y los partidos de centro-derecha (incluyendo en ellos a los nacionalistas de la Lliga Regionalista y del PNV, y al Partido del Centro Democrático que rápidamente había formado Portela Valladares con el apoyo de la Presidencia de la República) sumaban 54 diputados. «En el Frente Popular, los primeros puestos en las candidaturas los ocuparon casi siempre los republicanos del partido de Azaña y en la derecha fueron a parar a la CEDA, lo cual no confirma, frente a lo que se ha dicho en ocasiones, el triunfo de los extremos. Los candidatos comunistas siempre estuvieron en el último lugar de las listas del Frente Popular y los 17 diputados obtenidos, después de conseguir sólo uno en 1933, fueron el fruto de haber logrado incorporarse a esa coalición y no el resultado de su fuerza real. La Falange sumó únicamente 46 466 votos, el 0,5 % del total». Sin embargo, entre los socialistas prevalecieron los candidatos «caballeristas» sobre los «prietistas», lo que denotaba que Indalecio Prieto tenía un control solo relativo sobre las agrupaciones territoriales del partido, a pesar de la mayoría que tenía en la Comisión Ejecutiva. En seguida Largo Caballero se apresuraría a asegurar su control sobre el grupo parlamentario socialista excluyendo de cualquier cargo interno a los seguidores «centristas» de Prieto.


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text: El triunfo de la coalición de izquierdas en las elecciones se suele atribuir a que los partidos que la integraban consiguieron movilizar a los sectores sociales que los apoyaban y también a los del área de influencia de la CNT que esta vez no hizo campaña en favor de la abstención e incluso alguno de sus líderes aconsejaron ir a votar. Según José Luis Martín Ramos «la amnistía y el temor al fascismo» fueron el aglutinante de la movilización, que no se produjo con la misma intensidad entre las derechas, como lo demostraría el aumento de la abstención en las provincias de las dos Castillas. Este historiador reconoce que durante la campaña electoral los partidos coaligados en el Frente Popular defendieron sus respectivos programas, incluso hubo «algunos actos específicos de frente único entre socialistas y comunistas», pero afirma que «no fueron discursos de discrepancia, sino de complementariedad y eso le proporcionó al Frente Popular el triunfo que la derecha no esperaba». De esta forma se produjo «la victoria de la democracia» que representaba el Frente Popular y «una derrota sin paliativos de las propuestas de involución autoritaria, en términos de "Estado nuevo", de retorno a la monarquía o de postulación directa del fascismo», asegura Martín Ramos.


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text: Gabriele Ranzato también considera clave para la victoria del Frente Popular el voto de los que militaban en organizaciones anarquistas o simpatizaban con ellas y que hasta entonces habían seguido las consignas abstencionistas. «En el programa del Frente Popular estaban la amnistía y una serie de reparaciones a favor de los que habían sufrido la represión de "Octubre", en las cuales estaban interesados también los anarquistas». Pero Ranzato añade una segunda clave para explicar el triunfo del Frente Popular (o mejor la derrota de las derechas): los votos de los que en las elecciones generales de noviembre de 1933 se habían decantado por el Partido Republicano Radical (PRR). «Temerosos ahora por el mantenimiento de las instituciones republicanas, que las derechas parecen poner en peligro, votan por el Frente Popular», asegura Ranzato. El líder de la CEDA también intentó atraerse a estos votantes moderados y llegó a integrar en sus listas a miembros del PRR e incluso presentó al desprestigiado Alejandro Lerroux por la circunscripción de Barcelona, que no saldría elegido. Pero no lo consiguió porque muchos votantes del PRR en 1933 eran conscientes de que había sido Gil Robles el que había roto la alianza con los radicales, además de que muchos de ellos estaban muy alejados del clericalismo y del carácter antidemocrático y autoritario de la CEDA (no olvidaban que en Madrid Gil Robles se presentaba junto con Calvo Sotelo). Según Ranzato, el fracaso de Gil Robles en atraerse el voto radical de 1933 fue «probablemente» «el que determinó su derrota». José Manuel Macarro Vera, refiriéndose a Andalucía, también considera clave en la victoria del Frente Popular que los antiguos votantes del Partido Radial se decantaran por la coalición de izquierdas atraídos por «el proyecto de recuperación republicana, plasmado en un moderado programa electoral de contenido interclasista y no en alguna revolución que pretendiese ir más lejos» (en Andalucía el Frente Popular habían obtenido 948 000 votos frente a los 772 850 de las derechas).


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text: Francisco Pérez Sánchez ha destacado que las elecciones de febrero supusieron un hito entre otras razones porque «fue la primera vez que un gobierno en España perdía abiertamente unas elecciones convocadas por él mismo» (Pérez Sánchez recuerda que las elecciones de noviembre de 1933, que ganaron las derechas, no fueron convocadas por el gobierno social-azañista).


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text: Después de la guerra civil española, los meses del gobierno en paz del Frente Popular son el periodo de la historia de España que más atención ha recibido y más controversias ha suscitado. También ha sido el periodo al que más se le ha aplicado el teleologismo histórico (ver el pasado desde el futuro, olvidando que los que lo vivieron no sabían lo que ocurriría después), porque el relato de lo sucedido entre febrero y julio de 1936 ha estado lastrado por lo que pasó a continuación: el estallido de la guerra. Así muy frecuentemente el periodo ha sido presentado como el «prólogo» de la misma, lo que conduce a la idea de que la guerra civil fue «inevitable», y los meses anteriores son descritos «como una marcha o descenso imparable hacia la catástrofe».


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text: Los vencedores en la guerra elaboraron una leyenda negra sobre el periodo (unos meses teñidos de caos, conflictos y sangre), y en general sobre toda la Segunda República Española, para justificar su golpe de Estado de julio de 1936 que desembocó en la guerra civil. Entre febrero y julio de 1936, «las derechas no dejaron de denunciar el presunto caos en el que estaba sumido el país, síntoma a su juicio del desencadenamiento de un supuesto proceso revolucionario, para justificar su propia radicalización y, a la postre, avalar la necesidad de una intervención "salvadora" de las fuerzas armadas. Un argumento que sería esgrimido como baza de legitimación por el bando insurgente». En el avance de la Causa General franquista, iniciada en 1940, se decía lo siguiente:


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text: La visión catastrofista elaborada por la dictadura franquista predominó durante décadas —y todavía aún hoy pervive entre ciertos sectores, como los autores encuadrados dentro del «revisionismo histórico en España»—. A esta se le sumó más tarde la historiografía que sostiene la tesis del «fracaso» de la República como «causa» de la guerra. Frente a la leyenda negra surgió una «leyenda rosa» pro-republicana, que presenta una visión casi idílica del periodo y que se ha confrontado con la visión negativa de aquella (o con la visión que identifica la República con el mito de Ícaro: quiso volar tan alto, demasiado, que el sol derritió sus alas, cayó y se ahogó en el mar). El historiador Fernando del Rey Reguillo ha señalado que la historiografía que se ha empeñado «en rebajar contra viento y marea las aristas conflictivas de aquella primavera, y en concreto la responsabilidad de las izquierdas en ellas» busca «restar cualquier justificación a la sublevación militar del 18 de julio de 1936, que desde el punto democrático no la tuvo en ningún sentido, desde luego. El problema es que, con esa obsesión, en realidad lo que hacen esos historiadores es tender un tupido velo sobre una de las coyunturas más difíciles de la historia de España contemporánea, sino la que más».


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text: La historiografía más reciente ha apostado por hacer un relato crítico del periodo de gobierno del Frente Popular cuestionando tanto la leyenda negra como la rosa («la primera mitad de 1936 no fue ni un inevitable e imparable descenso a los infiernos ni sólo una arcádica edad de oro de las reformas y la democracia», afirma José Luis Ledesma), pero el debate sigue abierto. Por ejemplo, a la tesis del «fracaso» de la República se le ha opuesto la tesis de que la República no fracasó sino que «fue fracasada o, mejor dicho, abortada por la fuerza de las armas». Asimismo, se ha situado a la democracia republicana española en el contexto europeo caracterizado por la «profunda crisis social, política y de legitimidad que definió al periodo de entreguerras». Varios historiadores, entre ellos Fernando del Rey Reguillo, han aplicado al estudio de la Segunda República y de la Guerra Civil el concepto de "brutalización" de la sociedad y de la política de entreguerras que definió George L. Mosse.


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text: Una parte importante de los historiadores sostienen que en absoluto puede hablarse de una «primavera trágica» en la que el gobierno del Frente Popular hubiera perdido el control de la situación porque en esos meses no se produjo, según estos historiadores, una «situación de emergencia comparable no ya sólo a la de 1934 en España sino a las vividas en el periodo completo de los años veinte y treinta por países como Alemania e, incluso, Francia», aunque reconocen que la agitación social y política en el campo y en la ciudad fueron constantes y el aumento de la violencia explícita por causas políticas, alimentada por acciones de la izquierda y la derecha, fue también innegable. Asimismo, como destaca Julio Aróstegui, «el designio del Bloque Nacional, cuyo líder indiscutible es ahora José Calvo Sotelo y de toda la oposición cedista con José María Gil Robles, de derivar sus acciones hacia la ilegalidad, sacando partido de la agitación en la calle y haciendo responsable de ello al gobierno, están también fuera de duda».


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text: Por su parte Enrique Moradiellos afirma que lo que hizo el gobierno del Frente Popular no fue abrir «las puertas a la revolución social» sino poner en marcha «con renovada energía» «todas las reformas anuladas o paralizadas en el bienio anterior en un contexto de amplia movilización obrera y jornalera y de creciente intensidad de la crisis económica», frente a lo cual «todos los partidos de la derecha fueron fijando sus esperanzas de frenar las reformas por medio de una intervención militar similar a la de 1923». Una posición similar a la de Moradiellos es la que sostiene José Luis Martín Ramos: «Ni los gobiernos de febrero a julio transgredieron el programa común [del Frente Popular], ni tampoco las organizaciones ni las movilizaciones reivindicativas, que pudieron presionar para su ejecución pero no para un cambio de programa». «Al contrario de la derecha no republicana que optó por la conspiración militar, la izquierda frente-populista, sin esconder cada organización sus objetivos finales ―como es lógico, nadie está obligado a esconderlos―, no promovió la movilización revolucionaria. […] Confundir movilización reivindicativa con movilización revolucionaria es un prejuicio ideológico, social incluso, y un acto de demagogia reaccionaria. La izquierda no confundía ambos tipos de movilización. Después de octubre de 1934 sabía que la movilización revolucionaria no tenía posibilidades de éxito…». La conclusión de estos historiadores es clara: «La desestabilización política real en la primavera de 1936 no explica en modo alguno la sublevación militar [de julio de 1936] y menos aún la justifica», afirma Julio Aróstegui; «la política y la sociedad españolas mostraban signos inequívocos de crisis, lo cual no significa necesariamente que la única salida fuera una guerra civil», subraya Julián Casanova.


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text: Eduardo González Calleja sostiene una posición similar. Reconoce que la violencia sociopolítica de aquellos meses —«una de las etapas más sangrientas de la historia democrática de España (sólo fue superada por la coyuntura revolucionaria de octubre de 1934)»— «resultó clave en el proceso de deslegitimación del régimen» republicano debido al «impacto psicológico acumulativo de los desórdenes públicos y la retórica conservadora sobre la anarquía, incapacidad, cautividad o complicidad gubernamentales», «pero la violencia por sí sola no destruyó la República». «La guerra civil no tuvo su desencadenante en los muertos del Frente Popular, sino en el fracaso parcial de un golpe militar que se estaba preparando seriamente desde marzo». «Es un error creer que todo lo que ocurrió en la guerra ya había sucedido antes de julio de 1936: revolución social, asesinatos políticos sistemáticos, policías políticas y centros de detención, ejército miliciano, etc.».


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text: Joan Maria Thomàs no comparte completamente esas tesis porque cuestiona el relato de que «la democracia republicana de julio de 1936 fue una democracia asentada, aceptada, legalmente impecable, con un gobierno que hiciera respetar escrupulosamente la legalidad constitucional». «Si examinamos la época de la guerra y la de la breve y torturada Segunda República, no encontramos mayoritariamente ni en las derechas ni en las izquierdas una convicción excesivamente firme de respeto por los resultados de las urnas. Encontramos más bien algo diferente, a saber: que tanto las derechas como las izquierdas y, en general, las diferentes opciones políticas consideraban la fuerza como una alternativa aceptable al sufragio -por supuesto, por razones ideológicas diferentes y en casos y grados diferentes-». Según Thomàs, la visión idealizada de la democracia republicana en sus últimos meses fue elaborada y difundida por el bando republicano durante la guerra civil y el exilio y en este sentido los republicanos ganaron «las batallas de la legitimidad moral y de la propaganda, aunque en desgraciado contraste con la victoria más importante, la militar», mientras que «los franquistas siempre arrastraron su pecado original inverso, el de haber alterado con éxito la voluntad popular y de ser, por tanto, ilegítimos». Thomàs destaca, por otro lado, que no fue solo la extrema derecha la que pretendió derribar la República sino que «otros partidos y sindicatos, desde posturas diametralmente opuestas, también estaban dispuestos a acabar con la democracia para trocarla por otro tipo de régimen, y actuaban en consecuencia».


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text: Fernando del Rey Reguillo, que también cuestiona el relato idealizado de la democracia republicana en la primavera de 1936, señala como responsable principal de la crítica situación que se vivió en España en aquellos meses (específicamente en su mitad meridional) al proceso de radicalización del socialismo "caballerista". «Esto es: la constitución de un contrapoder protorrevolucionario a escala municipal, las continuas vulneraciones de la ley, las ocupaciones de fincas, las pulsiones anticlericales o el acoso a la ciudadanía conservadora, cuando no las agresiones frontales y choques manifestados desde múltiples flancos». Y a continuación explica que esos elementos «no fueron una creación de la propaganda sobredimensionada de las derechas —por más que sus dirigentes buscaran explotar en beneficio propio el desorden público—, tal como tantas veces han escrito los historiadores y polemistas obsesionados con rebatir la lectura que a posteriori hizo la dictadura franquista de aquella primavera "trágica". Una lectura que sin duda persiguió justificar el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Es verdad que el tremendismo de los dirigentes derechistas, activado en el Parlamento o en la prensa, se apoyó en estadísticas incompletas y repletas de inexactitudes. Pero lo que revelan los estudios locales, al menos en el caso que nos ocupa [la provincia de Ciudad Real] y en el de Andalucía, es que aquellos parlamentarios se quedaron cortos. Obviamente, al constatar esto no se trata de dar la razón a los amanuenses del franquismo, ni conferir legitimidad a las tramas conspirativas que se pergeñaban en la primera mitad de 1936, pues de ningún modo se sostiene aquí que hubiera una revolución comunista en marcha, que el fracaso de la democracia republicana fuera inevitable o que la guerra civil hubiera empezado de hecho en octubre de 1934». «Las compuertas del horror las abrió un golpe militar frustrado que devino en guerra civil. Nada hacía inevitable, a pesar de todo, ese desenlace, pero una vez que el país se adentró por esa senda ya no hubo marcha atrás».


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text: José Manuel Macarro Vera, refiriéndose a Andalucía, también señala a los socialistas y a las restantes organizaciones obreras como los responsables de que «el Gobierno republicano en Andalucía [fuera] un remedo de poder». «¿Situación revolucionaria esta? En tanto las relaciones entre las clases sociales se estaban invirtiendo y en cuanto el poder del Estado se estaba desmoronando en beneficio de nuevos poderes locales, que controlaban los partidos obreros, sin duda. Por el contrario, si observamos que esos poderes emergentes carecían de un proyecto político común que les encaminase a encarar lo que es esencial en cualquier sociedad moderna, el núcleo de decisión política, el mismo Estado, a esta situación revolucionaria le faltaba la cabeza. Sin ella, sin pensar que ese cúmulo de nuevos poderes, para subsistir, necesitaban plantearse el de aquel con mayúsculas, el Poder, la revolución acéfala podía derivar en cualquier cosa. [...] Mientras los poderes llegaban a ser el Poder, no como conclusión de la acción revolucionaria en ciernes, sino por el agotamiento previsto del que existía, todo podía irse al traste al disolverse en la anarquía». Macarro Vera cita al líder socialista moderado Indalecio Prieto que ya advirtió de este peligro sin que el sector "caballerista" de su partido y de la UGT le hicieran ningún caso: «La convulsión de una revolución, con una resultado u otro, la puede soportar un país; lo que no puede soportar un país es la sangría constante del desorden público sin finalidad revolucionaria inmediata; lo que no soporta una nación es el desgaste de su poder público y su propia vitalidad económica, manteniendo el desasosiego, la zozobra y la intranquilidad».


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text: Luis Romero califica el periodo de «prerrevolucionario» en el que «lo mismo diputados (socialistas y comunistas, se entiende), que alcaldes o presidentes de gestoras o Casas del Pueblo, se proponían implantar una situación revolucionaria que eliminara la autoridad del Gobierno burgués y les otorgara a ellos poderes omnímodos en las distintas áreas de su autoridad. En consecuencia, se desinteresaban con demasiada frecuencia de que las exigencias laborales y horarias, el escaso rendimiento de los trabajadores, la muerte de animales de labor y otros desmanes, se produjeran en detrimento de todos, pero con repercusiones peores para los menos dotados, en razón de su propia debilidad. Obreros y peones, a quienes se les habían hecho concebir legítimas esperanzas, no admitían los fracasos, y la frustración los empujaba a la cólera y la destrucción».


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text: Stanley G. Payne es el historiador que sostiene una posición más radicalmente opuesta a la de los autores que afirman que en absoluto puede hablarse de una «primavera trágica» en la que el gobierno del Frente Popular hubiera perdido el control de la situación. Según Payne entre febrero y julio de 1936 España vivió un «proceso prerrevolucionario» «de transición hacia la revolución directa» llevado a cabo por la izquierda radical. Este «proceso prerrevolucionario» fue posible por la complicidad y la cobertura legal del Gobierno del Frente Popular, que no solo no reprimió en absoluto los abusos y los delitos cometidos por la «izquierda revolucionaria», sino que en cambio llevó a cabo un arbitrario y sectario «acoso a las derechas». La consecuencia de todo ello, según Payne, fue que la derecha, «dadas las condiciones de impotencia en que se encontraba y la falta absoluta de respuesta por parte del Gobierno» («en muchos países no se hubiese soportado ni la mitad de lo que se venía soportando desde hacía meses en España») no le quedó otra alternativa que apoyar la sublevación militar que se estaba preparando y que daría «al traste con todas las ambiciones [de las izquierdas] de dominar España». Así Payne responsabiliza en último término a las izquierdas del golpe de Estado de julio de 1936 porque «quienes no deseen la contrarrevolución, que no emprendan la revolución. Es así de sencillo». Payne concluye: «antes del 18 de julio, las izquierdas destruyeron la democracia en España por medio de un proceso revolucionario de erosión constante que duró cinco meses».


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text: Nada más conocerse la victoria del Frente Popular, lo que suponía que la «vía política» para impedir la vuelta de la izquierda al poder había fracasado tras la derrota de Gil Robles y de la CEDA en las elecciones, se produjo el primer intento de «golpe de fuerza» por parte de la derecha para intentar frenar la entrega del poder a los vencedores. Fue el propio Gil Robles —quien ya en diciembre había pulsado la opinión de los generales que él mismo había situado en los puestos clave de la cadena de mando (Fanjul, Goded, Franco) en torno a un «golpe de fuerza»— el primero que intentó sin éxito que el presidente del gobierno en funciones Manuel Portela Valladares declarase el estado de guerra y anulara los comicios. Le siguió el general Franco, aún jefe del Estado Mayor del Ejército, que se adelantó a dar las órdenes pertinentes a los mandos militares para que declarasen el estado de guerra (lo que según la Ley de Orden Público de 1933 suponía que el poder pasaba a las autoridades militares), pero fue desautorizado por el todavía jefe de gobierno y por el ministro de la guerra el general Nicolás Molero. Un papel clave en el fracaso del golpe lo desempeñaron el director de la Guardia Civil, el general Sebastián Pozas, viejo africanista pero fiel a la República, que cuando recibió la llamada del general Franco para que se uniera a una acción militar que ocupara las calles se negó, y también el general Miguel Núñez de Prado, jefe de la policía que tampoco secundó la intentona. Al final el general Franco no vio la situación madura y se echó para atrás, especialmente tras el fracaso de los generales Goded y Fanjul para sublevar a la guarnición de Madrid.


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text: El argumento principal que utilizaron los defensores del «golpe de fuerza» fueron los desórdenes que se produjeron en muchas localidades durante las celebraciones de «júbilo agresivo» con motivo del triunfo del Frente Popular, especialmente en torno a las cárceles rodeadas por la multitud, donde los presos «políticos y sociales» se amotinaron para exigir su puesta en libertad inmediata, sin esperar a la aprobación de la amnistía que podría tardar más de un mes —la amnistía era el primer punto del programa con el que había ganado las elecciones la coalición del Frente Popular—. En algunas cárceles se produjeron incendios provocados por los presos, a menudo por los presos comunes que querían el mismo trato que los presos políticos (una de la cárceles incendiadas fue el penal de San Miguel de los Reyes en Valencia). En Oviedo la multitud fue encabezada por la comunista Dolores Ibárruri "Pasionaria" y consiguió la liberación tanto de los presos políticos como de los comunes. Hubo motines con víctimas mortales en los penales de Cartagena, El Dueso, Chinchilla y Ocaña. También hubo manifestaciones e incidentes pidiendo no solo la amnistía sino la readmisión de todos los trabajadores despedidos con motivo de la Revolución de octubre de 1934. Incluso en algunas ciudades la UGT y la CNT declararon la huelga general en apoyo de esas reivindicaciones, que fue respondida, como en Zaragoza, por la declaración del estado de guerra por parte del general Miguel Cabanellas, jefe de la V División Orgánica, y la manifestación obrera que finalmente tuvo lugar fue disuelta por la guardia de asalto con el resultado de un muerto y de varios heridos. También hubo muertos en las manifestaciones de Las Palmas, Madrid, Villagarcía de Arosa, Vigo, Bollullos del Condado, Hoyo de Pinares, Málaga y Barcelona. En Málaga murió en un tiroteo uno de los asaltantes a la sede del periódico "La Unión". Previamente habían intentado invadir el local de Acción Popular. Como ha destacado Luis Romero, «los desórdenes y los excesos a que se habían entregado socialistas, comunistas y anarcosindicalistas, que ensombrecieron el panorama postelectoral en jornadas, entre jubilosas y vindicativas, en las cuales asomaba aquí y allá el revanchismo violento, traían a las derechas asustadas» (solo se tranquilizarían transitoriamente tras la alocución radiada del nuevo presidente del gobierno Manuel Azaña del 20 de febrero por la tarde).


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text: Asimismo en muchas localidades las comisiones gestoras de derechas nombradas por el gobierno radical-cedista tras la Revolución de Octubre de 1934 fueron expulsadas de los ayuntamientos para reponer en sus puestos a los concejales y alcaldes de izquierdas destituidos, lo que provocó numerosos incidentes (en algunas localidades se izó la bandera roja socialista en el edificio del consistorio). También se produjo el incendio de iglesias y asaltos a las sedes de los partidos de derechas y de los periódicos de este mismo signo político (en Palma del Río el nuevo ayuntamiento de izquierdas justificó el incendio de las imágenes de una iglesia y de tres conventos alegando que obedecían «sin duda al abuso de procesiones y demás manifestaciones externas de culto en que se ha derrochado dinero cuando los obreros no tenían pan que llevarse a sus casas»). En Madrid pudo ser contenido el intento de asalto de la cárcel modelo pero la multitud rodeó la Presidencia del Gobierno en la Puerta del Sol. Por su parte la mayoría de los gobernadores civiles, que eran los responsables del orden público, no solo no intervinieron sino que muchos de ellos abandonaron sus cargos, sobre todo en cuanto en la tarde de ese mismo lunes 17 de febrero conocieron la intención del presidente del gobierno Portela Valladares de dimitir, creando así un vacío de poder que alentó aún más los actos violentos. El resultado fue que en tres días, del 17 al 19 de febrero, murieron 21 personas por incidentes políticos o político-sociales. «Sin embargo, no hay pruebas de que esta agitación [de los partidarios del Frente Popular] interfiriera de forma significativa en el recuento y registro de los votos», afirma Stanley G. Payne.


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text: El resultado del intento de «golpe de fuerza» fue exactamente el contrario del previsto. El presidente del gobierno en funciones Portela Valladares entregó antes de tiempo el poder a la coalición ganadora, sin esperar a que se celebrara la segunda vuelta de las elecciones (prevista para el 1 de marzo). Así, el miércoles 19 de febrero, Manuel Azaña, el líder del "Frente Popular", formaba gobierno, que conforme a lo pactado solo estaba integrado por ministros republicanos de izquierda (nueve de Izquierda Republicana y tres de Unión Republicana, más uno independiente, el general Carlos Masquelet, ministro de la guerra). A Azaña no le gustó esta forma de recibir el poder, antes de la constitución de las nuevas Cortes y sin saber siquiera el resultado electoral. «Siempre he temido que volviésemos al Gobierno en malas condiciones. No pueden ser peores», anotó en su diario ese día. También escribió: «Esto me fastidia; la irritación de las gentes va a desfogarse en iglesias y conventos, y resulta que el gobierno republicano nace como el 31, con chamusquinas. El resultado es deplorable, parecen pagados por nuestros enemigos». En una intervención en las Cortes Azaña recordó que «cuando nosotros llamamos de Gobernación [a las provincias], no había casi ninguno, ni gobernadores, ni funcionarios subalternos en los gobiernos, ni nadie que pudiese responder ante el nuevo gobierno de la autoridad provincial y local».


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text: La «dimisión-huida» de Portela Valladares, como la llamó Alcalá Zamora, recibió una condena unánime. Manuel Azaña escribió en su diario: «Huye. Teme lo que puedan hacer las masas victoriosas; entre otras cosas, teme que puedan tomar por asalto las casas de los Ayuntamientos, cuyos concejales están suspendidos. Ya se le dijo hace un mes, cuando empezaba a montar su artilugio electoral, que tan ruidosamente se ha venido al suelo, que no pensase solo en el día 16, sino en el siguiente, y en lo que podía ocurrir en los pueblos donde los partidos populares ganasen la elección. No hizo caso. Al tropezar hoy con esta realidad lo único que se le ocurre es darse a la fuga». El historiador italiano Gabriele Ranzato sostiene que Portela Valladares, presa de un «evidente estado de miedo y postración», tomó «aquella precipitada decisión [de dimitir] por su incapacidad de sostener la situación en que se había visto envuelto, entre disturbios, desórdenes callejeros y la amenaza de una intervención militar», «pero al margen de su falta de cualidades personales para hacer frente con firmeza de espíritu a la situación en que se encontraba, es un hecho que ni él ni ningún otro habría podido defender aquella posición durante el tiempo que debía haber transcurrido antes de que el nuevo gobierno entrase en funciones». Ranzato considera que Portela tenía razón cuando escribió más tarde que si hubiera decidido tomar medidas drásticas no habría sido secundado por las autoridades encargadas del orden público porque estas sabían «que iban a pasar en breve bajo la obediencia de los mismos a quienes tenían que combatir, exponiéndose a represalias» y que sólo podía hacer frente a la situación, no un gobierno como el suyo «que las elecciones habían declarado sin arraigo», sino un gobierno «prestigiado al máximo por su éxito electoral y por disponer de las grandes cooperaciones morales y políticas que le prestaban los partidos que integraban el Frente Popular». Por su parte el nuevo ministro de la Gobernación Amós Salvador informó al gabinete el 20 de febrero, al día siguiente de su constitución, que aún se mantenían «en algunas provincias el estado de irritación que las intervenciones gubernativas produjeron en las pasadas elecciones» pero que esperaba que la «serenidad se imponga» especialmente por parte de «aquellos elementos que en él [en el gobierno] depositaron su confianza» (en referencia a sus aliados de la izquierda obrera).


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text: Una de las primeras decisiones que tomó el nuevo gobierno fue alejar de los centros de poder a los generales más dudosos de su lealtad a la República: el general Goded fue destinado a la Comandancia militar de Baleares; el general Franco, a la de Canarias; el general Mola al gobierno militar de Pamplona. Otros generales significados, como Orgaz, Villegas, Fanjul y Saliquet quedaron en situación de disponibles. Sin embargo esta política de traslados no serviría para frenar la conspiración militar y el golpe que finalmente se produjo entre el 17 y el 20 de julio, e incluso en algún caso, como el del general Franco, les hizo aumentar su rechazo al gobierno de Azaña al considerar su destino a Canarias como una degradación, una humillación y un destierro.


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text: La medida más urgente que hubo de tomar el nuevo gobierno fue la amnistía de los condenados por los sucesos de octubre de 1934, para lo que convocó a la Diputación Permanente de las Cortes anteriores a pesar de que en ellas las derechas tenían la mayoría. Si hubiera esperado a la constitución de las nuevas Cortes la aprobación de la amnistía se habría retrasado más de un mes, algo inaplazable debido a que la amnistía era clamorosamente exigida en las manifestaciones que siguieron al triunfo electoral, y que ya había conducido a la apertura violenta de varias cárceles, de las que salieron no solo los presos «políticos» (condenados por haber participado en la fracasada Revolución de Octubre de 1934) sino también los «sociales» (es decir los condenados por delitos comunes). El periódico socialista de Jaén "Democracia" justificó el 22 de febrero estos hechos, y en general todos los desórdenes que se estaban produciendo, alegando que «la legalidad fue el cuchillo de nuestra garganta en el bienio 1931-1933. Hagamos justicia republicana, aunque prescindamos de la legalidad escrita que el pueblo ha borrado al manifestar su voluntad en las urnas». Por su parte el secretario general del PCE afirmó: «¿Hay algo que pueda ser más legal que la voluntad del pueblo?».


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text: Ante la gravedad de la situación Azaña esperaba contar con el respaldo de la CEDA y esta efectivamente se lo dio en aras de la «pacificación social». El decreto de amnistía fue aprobado por la Diputación Permanente por unanimidad el viernes 21 de febrero. La amnistía puso en libertad a unos 30 000 presos «políticos y sociales», según Julio Gil Pecharromán; a algo menos de 15 000, según Stanley G. Payne. El apoyo de la derecha a la amnistía se debió a que esperaba que el nuevo gobierno presidido por Azaña pusiera fin a los desórdenes que se estaban produciendo desde que se había conocido el triunfo electoral del Frente Popular —uno de los líderes de la CEDA, Manuel Giménez Fernández, se había reunido con Azaña para ofrecerle su total colaboración para restablecer el orden público— y que muchos miembros y electores de la derecha los veían como una amenaza contra sus bienes e intereses e incluso contra la integridad de sus personas. Al día siguiente de haber constituido su gobierno Azaña se había dirigido al país por la radio para calmar los ánimos entre sus partidarios con la promesa de la amnistía y la reposición de los ayuntamientos de izquierdas (según escribió el propio Azaña: «lo habíamos acordado en consejo a fin de calmar el desordenado empuje del Frente Popular y aconsejar a todos la calma») y para tranquilizar a las derechas a las que aseguró:


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text: La alocución de Azaña fue tan conciliadora que al día siguiente la prensa de derechas reconoció que el discurso había producido «una excelente impresión». El diario monárquico ABC en su editorial le ofreció su «apoyo incondicional» y «el de todos los españoles, republicanos o monárquicos, sin distinción de ideologías», aunque terminaba diciendo: «vamos a ver si es verdad» el buen propósito expresado por el nuevo gobierno. En cambio, el periódico socialista "caballerista" "Claridad" criticó el discurso negativamente.


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text: Este mensaje tranquilizador para las derechas lo volvió a repetir Azaña el 3 de abril en su primer discurso ante las nuevas Cortes:


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text: El regreso a casa de los excarcelados por la aplicación de la amnistía fue recibida con manifestaciones de júbilo que se sumaron a las que se venían produciendo tras conocerse la victoria del Frente Popular en las elecciones. La prensa de izquierdas habló de recibimientos «grandiosos» y de andenes abarrotados. Fueron objeto de homenajes improvisados por parte de sus correligionarios con bandas de música que tocaron La Internacional y con vivas al socialismo, a Largo Caballero y a Ramón González Peña, el héroe de la Revolución de Asturias, «siendo imposible describir la alegría reflejada en el rostro de todos los trabajadores», se decía en un periódico. Sin embargo, ninguno de los líderes políticos ni de los militares implicados en la Revolución de Octubre que habían sido condenados a muerte y que ahora salían a la calle le agradeció al presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora los esfuerzos que hizo para que la pena capital fuera conmutada por la de cárcel, salvándoles así la vida. Hubo una excepción: el comandante de artillería Enrique Pérez Farrás que consiguió que Alcalá-Zamora lo recibiera y así pudo expresarle personalmente su gratitud. Ni Companys ni sus consejeros, que pasaron por Madrid antes de dirigirse a Barcelona, ni ninguno de los dirigentes de la Revolución de Asturias se acercaron al Palacio Nacional.


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text: Para intentar poner fin a las manifestaciones por el triunfo del Frente Popular que con frecuencia derivaban en disturbios Azaña pactó con las organizaciones obreras que en su lugar se celebrara una gran manifestación conjunta. Esta tuvo lugar el 1 de marzo en Madrid y en el resto de España («en todas partes, el entusiasmo fue grande y el orden riguroso», comentó el diario liberal "El Sol"). En la de Madrid los partidos obreros del Frente Popular le entregaron a Azaña un pliego de peticiones que incluía algunas que no figuraban en el pacto firmado el 15 de enero, como la aplicación de la amnistía a todos los delitos «sociales» que hubieran sido calificados como «comunes», así como los condenados por tenencia de armas y explosivos; la revisión del juicio por el asesinato en octubre de 1934 del periodista Luis de Sirval que solo le había supuesto a su autor, un legionario, seis meses de cárcel; llevar a juicio a los agentes y militares que hubieran cometido arbitrariedades y maltrato a detenidos, incluyendo a los que los hubieran «amparado y fomentado» desde las instituciones del Estado; la separación de sus cargos de todos aquellos que sabotearan la democracia; y un gran plan de obras públicas para mitigar el paro, que había aumentado de forma alarmante: de los 620 000 desempleados que había a finales de 1934 (en diciembre de 1931 había 389 000) se había pasado a 844 000 en febrero de 1936.


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text: El 28 de febrero el gobierno promulgó otro Decreto (publicado el 29 de febrero) de readmisión de obreros despedidos «por sus ideas o con motivo de huelgas políticas» cuya aplicación se retrotrajo al 1 de enero de 1934 para incluir también a los anarquistas encarcelados tras la insurrección de diciembre del año anterior. El presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora se resistió a firmarlo alegando que era contrario a la Constitución y que debería aprobarlo el Parlamento, a lo que Azaña le respondió que su promulgación era imprescindible para el mantenimiento del orden público, y Alcalá-Zamora finalmente lo firmó. En contra de lo establecido en el pacto electoral las readmisiones serían obligatorias también para las empresas privadas que tendrían que indemnizar a los trabajadores despedidos por motivos políticos y sindicales por los jornales no abonados (nunca con menos de 39 jornales ni con más de los equivalentes a 6 meses).


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text: El decreto fue rechazado por los patronos (y por las derechas), pues incrementaba notablemente los costes laborales. Según José Manuel Macarro Vera, «la preocupación por las cargas económicas que el Decreto acarreaba eran reales, especialmente en las pequeñas empresas, donde indemnizar y readmitir a uno o dos despedidos, con la contracción económica del momento, no era una mera simpleza. Por otra parte, el beneficio para los readmitidos suponía un perjuicio a los que tenían que abandonar el trabajo para dejarles su sitio, haciendo de la medida una espada de doble filo, que satisfacía a los despedidos y a los sindicatos, pero a a costa de otros trabajadores y de un número de pequeños empresarios, a los que se reclamaba como apoyo de un Frente Popular interclasista, y que los republicanos no habían podido defender, al ceder en este tema a la presión de las organizaciones obreras». El Ministro de Trabajo definió la medida como «la aplicación a la materia social de la amnistía general». Por su parte el ministro de Industria y Comercio en respuesta a una interpelación de un diputado de la CEDA que le preguntó sobre los costes económicos de la aplicación del decreto le dijo que la política económica del gobierno era de «justicia y honestidad» sin explicar nada más. Finalmente las patronales recomendaron a sus afiliados que acataran lo dictado por el gobierno para no agravar los conflictos. Sin embargo, no parece que todos los empresarios siguieran sus recomendaciones pues el 30 de abril otro Decreto estableció multas a quienes no cumplieran con las readmisiones y las indemnizaciones, orden que se volvió a reiterar el 15 junio pues el Gobierno tenía el «ineludible deber de poner fin a estas sistemáticas rebeldías, adoptando medidas enérgicas que terminen de una vez con el estado de resistencia patronal contra las resoluciones gubernamentales». Por otro lado, el gobierno también dejó en suspenso otra de las medidas adoptadas tras la Revolución de Octubre por los gobiernos radical-cedistas: los desahucios de arrendatarios, colonos y rabassaires, que no se hubieran producido por falta de pago.


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text: La salida de los miembros del gobierno de la Generalidad de Cataluña de la cárcel, beneficiados por la amnistía, fue acompañada de inmediato por un Decreto que reanudaba las funciones del "Parlament", que en seguida aprobó reponer en su puesto a Lluís Companys como Presidente de la Generalidad de Cataluña. De nuevo Azaña recurrió a la Diputación Permanente de las Cortes anteriores para aprobarlo el 26 de febrero (contó otra vez con el voto favorable de la CEDA, pero en esta ocasión los monárquicos se opusieron). En el nuevo "Consell Executiu" Companys no renovó en su puesto a Josep Dencàs, que fue sustituido por José María España, y tampoco a Miquel Badia al frente de la policía. Este último, junto con su hermano Josep Badia, fue asesinado a finales de abril cuando salía de su domicilio en Barcelona. Los autores fueron casi con toda seguridad anarquistas en venganza por la persecución a que los había sometido cuando ocupó la jefatura de la policía en Cataluña.


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text: Con el restablecimiento del gobierno de Companys se satisfacía la principal reivindicación del Front d'Esquerres, la versión del Frente Popular en Cataluña, que había obtenido el 59 % de los votos, gracias en parte a que la CNT esta vez no había hecho campaña a favor de la abstención, pues también buscaba la amnistía para sus presos. Asimismo respondía a la nueva sensibilidad de los partidos republicanos y de izquierda respecto a la cuestión regional, que se tradujo en la aparición de propuestas de autonomía para otras regiones —Cambó llegó a decir: «hoy en España hay la moda estatutista»—, y que pudieron comprobar los miembros del Gobierno catalán cuando fueron aclamados en todas las estaciones de ferrocarril que recorrieron los trenes que los llevaron de vuelta a Barcelona desde las cárceles de Cartagena y del Puerto de Santa María donde habían estado más de un año presos. Pasaron por Madrid donde el Socorro Rojo Internacional organizó un gran mitin en su honor en la plaza de toros. Desde allí viajaron a Barcelona. «El recibimiento que hizo Barcelona a los amnistiados fue una de las mayores movilizaciones de masas conocidas hasta entonces en la capital catalana; el entusiasmo conmovía a las multitudes y a los fatigados ex presos. Companys pronunció un discurso apropiado a las circunstancias, de tono mitinesco y exaltado... La llegada triunfal a Barcelona tuvo lugar el 2 de marzo».


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text: Una de las primeras decisiones que tomó el "Consell Executiu" de la Generalidad de Cataluña fue, de acuerdo con el gobierno central, empezar a aplicar la polémica Ley de Contratos de Cultivo. Y por otro lado el tono reivindicativo de los partidos políticos nacionalistas catalanes fue aumentando hasta rebasar en algunos casos los límites del Estatuto. Manuel Carrasco Formiguera de la Unió Democràtica de Catalunya dijo que «Cataluña ha de luchar hasta conseguir constituirse políticamente, como nación que es, en Estado independiente que con toda libertad pueda hacer las alianzas y confederaciones que crea convenientes», mientras que Joan Comorera de la Unió Socialista de Catalunya, que poco después se integraría en el nuevo Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), dijo que «debemos luchar por la República Socialista Catalana federada con la Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas y hermana de la URSS».


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text: Otra de las decisiones inmediatas que tomó el gobierno de Azaña —lo hizo el 20 de febrero, al día siguiente de su constitución— fue la restitución de los ayuntamientos de izquierdas y de las diputaciones provinciales que habían sido sustituidos por comisiones gestoras de derechas por orden del gobierno radical-cedista tras el fracaso de la Revolución de Octubre de 1934. También fueron restablecidos en sus funciones los ayuntamientos vascos suspendidos en 1934.


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text: Sin embargo, en muchas localidades los dirigentes y militantes de los partidos y organizaciones del Frente Popular fueron mucho más lejos y ocuparon los ayuntamientos gobernados legítimamente por las derechas —lo que provocó numerosos incidentes y algunos muertos— para sustituirlos por comisiones gestoras integradas por ellos, especialmente por socialistas, y que fueron «legalizadas» por los nuevos gobernadores civiles. En Andalucía el cambio de ayuntamientos fue total pues no se libraron los municipios donde las derechas habían ganado las elecciones a Cortes y allí también los concejales de este signo político elegidos en 1931 fueron destituidos. Los principales beneficiarios fueron los socialistas que llegaron a tener mucho más poder local del que tuvieron en 1931. Por su parte los comunistas consiguieron concejales en varias capitales andaluzas y representantes en las diputaciones. En la provincia de Ciudad Real los socialistas controlaron nada menos que 57 ayuntamientos cuando antes de octubre de 1934 solo detentaban 8, y ello a pesar de que en las elecciones de febrero las derechas habían ganado por un amplio margen (habían obtenido el 52% de los votos frente al 41,5% del Frente Popular y habían conseguido la victoria en más del 70 por ciento de las localidades). Hubo casos en que las organizaciones obreras se posesionaron de los ayuntamientos nada más conocerse la dimisión del gobierno de Manuel Portela Valladares. La diputación provincial también fue «repuesta», lo que significó que las izquierdas no cedieron ningún puesto a las derechas a pesar de su rotundo triunfo electoral. Los alcaldes y concejales depuestos apenas protestaron intimidados por la presencia en las calles de multitudes de militantes y simpatizantes de las izquierdas con sus banderas, puños en alto y cánticos e himnos propios.


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text: Los gobernadores civiles que «legalizaron» el asalto al poder local por las izquierdas recurrieron a argumentos carentes de legitimidad como el de la provincia de Ciudad Real que declaró que su decisión tenía «como fundamento el temor de alteraciones de orden público, por la manifiesta hostilidad del vecindario hacia los elegidos el 12 de abril y en las elecciones parciales posteriores, quienes por no ser afectos al Régimen no merecen la confianza de los republicanos». El gobernador civil de Córdoba utilizó un argumento similar pues afirmó que había decidido sustituir los ayuntamientos de derechas por gestoras de izquierda «al amparo de un triunfo legítimo de las fuerzas del Frente Popular» y para poner fin a «los antiguos concejos, hechuras de un caciquismo rural». Por su parte el nuevo alcalde de Huelva, un republicano, justificó las sustituciones de los ayuntamientos diciendo que se habían hecho para que «la fuerza no estuviese en poder de los eternos enemigos del Pueblo y de la República». Mientras que la prensa de derechas denunció los hechos («se atropella el voto popular», dijo "ABC"), la de izquierdas, como "El Socialista", los justificó: «No había otro procedimiento para rescatar de manos enemigas los Concejos». «A raíz del triunfo electoral, los partidos del Frente Popular se sintieron legitimados para hacerse con el poder local por la vía de los hechos consumados, amagando con utilizar la fuerza o en virtud de órdenes gubernativas que se saltaban el principio de la legitimidad democrática», afirma Fernando del Rey Reguillo. «La toma del poder local por el Frente Popular no fue consecuencia de la ocupación espontánea de la calle por parte de multitudes izquierdistas incontroladas. El proceso respondió a las líneas de actuación establecidas por las cúpulas de las organizaciones obreras, en medio de las cuales los republicanos de izquierda fueron meros compañeros de viaje», añade del Rey Reguillo.


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text: La toma del poder local por la izquierda no se limitó a las alcaldías y a las concejalías sino que los nuevos ediles procedieron a «depurar» a los empleados y funcionarios municipales «desafectos» (aunque hubieran ganado su plaza por un concurso-oposición), en una escala hasta entonces desconocida, para sustituirlos por militantes de los partidos del Frente Popular, a menudo parientes o amigos del nuevo alcalde o de los nuevos concejales. Fue un «gigantesco "spoils system"», afirma Gabriele Ranzato. En la provincia de Ciudad Real «administrativos, serenos, alguaciles, vigilantes de arbitrios, enterradores, guardas del campo, policías y hasta algunos secretarios, médicos y farmacéuticos de los ayuntamientos, estigmatizados por su pensamiento derechista, o simplemente por no ser clasificados afines, fueron expulsados de sus puestos de trabajo —que muchos tenían en propiedad— sin explicación alguna y saltándose los procedimientos legales. Desde el Gobierno Civil se advirtió a las autoridades que las destituciones se realizaran ajustándose a un expediente previo, pero no sirvió de nada. La mayoría de los cesados eran de condición modesta y no pocos llevaban un buen puñado de años de servicio. Dio igual». Lo mismo sucedió en Andalucía donde las advertencias de los gobernadores civiles tampoco surtieron efecto y también se vieron afectadas personas de condición modesta, como en la Diputación Provincial de Sevilla en la que fueron despedidos albañiles, mecánicos, herreros, carpinteros, etc., siendo reemplazados por miembros de los partidos del Frente Popular (o por sus conocidos), a los que se subió el sueldo y se les rebajó el horario a 44 horas semanales. Los secretarios municipales también advertían de que los acuerdos que se adoptaban eran ilegales pero eran ignorados cuando no amenazados por la multitud que llenaba la sala de plenos y que pedía su destitución (y algunos fueron cesados ilegalmente por ello, aunque tenían la plaza en propiedad). Todo se justificaba alegando que se hacía para «dar satisfacción al pueblo» y acabar con sus «enemigos», y cuando en las pocas ocasiones en que eran criticados los nuevos concejales socialistas o comunistas contestaban que no habían llegado a los ayuntamientos «para someterse a la legalidad burguesa». En algún caso los destituidos fueron acusados de haberse extralimitado en sus funciones o de haber cometido algún delito durante el «bienio negro». Cuando algún concejal republicano intentó que se pusiera fin a las destituciones se le respondió que «tal perdón es contrario al sentido depurador del Frente Popular».


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text: Los empleados públicos y los funcionarios destituidos, especialmente los que detentaban sus puestos por oposición, denunciaron las arbitrariedades de que habían sido objeto. La Federación Nacional de Obreros y Empleados Municipales envió varios escritos de protesta al ministro de la Gobernación en los que le advertía del «sinnúmero de cesantías de funcionarios municipales que se venían produciendo». El Colegio del Secretariado Local de España también se quejó a las autoridades. Esto motivó que el 15 de marzo el ministerio de la Gobernación enviara una circular a los gobernadores civiles en los que les conminaba a «evitar las destituciones o suspensiones de funcionarios municipales y provinciales decretadas por las respectivas corporaciones sin sujeción a los trámites establecidos al efecto en la legislación de la República, y cuyas denuncias se formulan en número crecido ante este departamento». Pero la circular no surtió ningún efecto porque los gobernadores civiles en general no fueron obedecidos y los empleados y funcionarios de los ayuntamientos y de las diputaciones purgados no recuperaron sus puestos. El diario republicano "El Sol" publicó que en las destituciones lo que latía en el fondo era «un visible encono de represalia y persecución políticas y un evidente afán de convertir los Municipios en sucursales de los Comités de un partido determinado». En el mismo sentido se expresó Acción Municipalista Española:


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text: Las «reposiciones» de los ayuntamientos también tuvieron su repercusión en el plano simbólico como el cambio de nombre de parques y de calles que también incluyó a personalidades republicanas opuestas al Frente Popular (la calle "Alejandro Lerroux" de Alcázar de San Juan pasó a denominarse "del Dieciséis de Febrero"). Muchas calles y plazas recibieron los nombres de los líderes del Frente Popular o de los «héroes de Asturias» como Luis de Sirval (y también de «héroes» locales «caídos en Octubre»). También fueron revocados los títulos de hijos adoptivos a las personas de derechas.


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text: En muchos lugares los ayuntamientos «invadieron las competencias del Estado, interviniendo en asuntos gubernativos e incluso judiciales, controlando el orden público y efectuando detenciones, ignorando las órdenes que el Gobierno mandaba en sentido opuesto». En esta asunción de competencias que no les correspondían desempeñó un papel clave la sustitución de los policías municipales y de sus mandos por militantes de las organizaciones del Frente Popular, pues les permitió a las autoridades locales «disponer de una policía afín, que se concebía, y rápidamente pasaba a actuar, como una suerte de "policía política" a escala local». Esta policía pronto se convirtió en el principal instrumento del acoso a las derechas y a las personas y asociaciones que las apoyaban, quebrando con ello el estado de derecho.


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text: Un ejemplo del desbordamiento de las funciones del Estado fue que en bastantes lugares se establecieron controles en las carreteras y a los automóviles que pasaban les cobraban una cantidad de dinero «con distintos pretextos». Diego Martínez Barrio, entonces presidente de las Cortes, recordó en sus "Memorias", escritas después de la guerra, que eran frecuentes los asaltos «a viajeros pacíficos, imponiéndoles contribuciones para mitigar la que se suponía hambre de los pueblos», «donaciones» en dinero que en diversos puntos de bloqueo creados en las carreteras en las afueras de los pueblos —y no solo allí— milicias y «guardias rojos» improvisados pretendían de los ocupantes de los automóviles. El mismísimo presidente de la República Niceto Alcalá Zamora tuvo que pagar en dos ocasiones para que le dejaran pasar a pesar de que en una de ellas iba en el coche oficial. Los «recaudadores» a veces alegaban que contaban con la aprobación del Gobernador Civil o que lo hacían en respuesta a una provocación «fascista». Algunos gobernadores civiles intentaron atajar estas prácticas, pero no acabaron con ellas como lo demostraría que en el mes de junio el gobierno de Casares Quiroga les enviara el siguiente telegrama (cuya efectividad es dudosa pues el 1 de julio un diputado de las derechas todavía denunciaba que continuaban la «impunidad» y los «atracos»):


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text: El poder local que, con la complicidad (o la impotencia) del gobierno, consiguieron las izquierdas, especialmente los socialistas, lo utilizaron en el mundo rural para «forzar a los propietarios, por cualquier medio, a ceder a todo tipo de acción o demanda de los campesinos. Y en muchos casos no se trataba solo de grandes propietarios de los cuales había que vencer la resistencia a expropiaciones absolutamente justas y necesarias, sino también de agricultores medianos —y no pocas veces incluso pequeños— cuyas fincas, según la reforma agraria de 1932, habrían debido quedar, en todo o en parte, intactas».


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text: La destitución de los ayuntamientos de derechas y su sustitución por gestoras de izquierdas, una medida «arbitraria» «contraria a la Constitución y a la democracia» (según Gabriele Ranzato o Fernando del Rey Reguillo), también se «justificó» con la promesa de que pronto habría elecciones municipales (de hecho según la ley la mitad de los ayuntamientos tendrían que haberse renovado en abril de 1933 y la otra mitad en abril de 1935). El gobierno anunció el 13 de marzo que estas se celebrarían el 12 de abril y se promulgó el correspondiente decreto. Pero poco después el gobierno decidió aplazarlas debido a los problemas que habían surgido en el seno de la coalición del Frente Popular a la hora de elaborar las listas de los candidatos y ante el temor de que se presentaran por separado republicanos y socialistas (y comunistas) lo que podría dar el triunfo a las derechas como había ocurrido en las elecciones de noviembre de 1933. En esta ocasión las organizaciones obreras querían copar las listas a diferencia de lo que había ocurrido en las elecciones generales de febrero en las que las candidaturas habían sido integradas mayoritariamente por los republicanos de izquierda. El propio Azaña le escribió a su cuñado Rivas Cherif el 29 de marzo:


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text: En la decisión de aplazar las elecciones municipales Azaña contó con el apoyo del presidente de la República Niceto Alcalá Zamora que opinaba que no podían celebrarse por «el estado de terror en que vive el país» (valoración que era compartida por el líder de la CEDA José María Gil Robles que consideraba que el orden público estaba «gravísimamente perturbado» y que se estaba creando un «verdadero ambiente de guerra civil») y que además temía que sirvieran para iniciar la revolución. En sus "Memorias" se refirió al «anuncio hecho por los extremistas de que una vez ganadas por ellos, incluso contra los republicanos de izquierda, esas votaciones, por medio del terror, izarían la bandera roja sobre los ayuntamientos y exigirían la capitulación de los poderes de la República». El decreto de aplazamiento Alcalá Zamora lo firmó el 3 de abril, el mismo día en que en las Cortes la izquierda iniciaba el procedimiento para su destitución.


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text: Según Gabriele Ranzato, en la primavera de 1936 «lo que se fue progresivamente delineando era mucho más que una simple reforma agraria: se trataba de una amplísima transferencia de propiedad de la tierra que no concernía solo a los latifundios y a las fincas de los grandes terratenientes y que en muchos casos se configuraba como una confiscación». En el campo las organizaciones obreras se lanzaron a derribar el orden existente sin esperar a que el gobierno comenzara a aplicar el programa del Frente Popular sobre la «cuestión agraria». Para el caso de Andalucía José Manuel Macarro Vera ha señalado lo siguiente: «La vuelta a la explotación y dependencia tradicionales en 1935 sembró de frustración las esperanzas que se les abrieron en 1931. Ahora, en 1936, cuando los socialistas de los pueblos abrieron los diques y encabezaron la agitación, la explosión de los desheredados se revistió de cólera. En el momento en que las organizaciones obreras les anunciaron que el día de la redención estaba llegando, salieron tras ellas a invertir las relaciones sociales, en las que ellos habían sido siempre los desposeídos. Ninguno podía entender que el mercado mundial hubiese hundido el valor de las olivas, que el precio del trigo estuviese por los suelos o que fuesen demasiados para las tierras que había. La liberación definitiva que tenían en puertas solo podían comprenderla desde el horizonte en que su incultura y miseria los tenía atados: la del estrecho marco local en el que vivían. Este era el mundo, todo el mundo, y porque así era, el horizonte revolucionario no fue más allá de los límites de cada pueblo. Motivos latentes para que brotase la explosión los había de sobra, pero fue la acción de los socialistas la que la hizo salir de la manera en que lo hizo...».


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text: Para lograr el objetivo de subvertir las relaciones sociales existentes las organizaciones obreras impusieron a los propietarios unos aumentos salariales inasumibles por estos, acompañados del laboreo forzoso y los alojamientos, y ocuparon tierras de forma indiscriminada y sin respetar los límites establecidos por la Ley de Reforma Agraria. Para las organizaciones socialistas «ir a trabajar las fincas de los ricos, u ocupárselas, cuando no había labores que hacer, y exigirles luego los jornales, era poner la tierra al servicio de la mayoría. La resistencia de los patronos a los alojamientos, a los trabajos a tope, a los repartidos, solo era una muestra de su intrínseca maldad, pues la tierra, vientre nutricio inagotable, podía alimentar a todos; bastaba con repartir mejor cuanto producía y no dejárselo a unos pocos para que se enriqueciera; si no podían pagar, ya sabemos que ése era un problema del sistema capitalista y no de los obreros de la Unión General».


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text: Esta ofensiva de las organizaciones obreras en el campo fue posible porque contaron con el apoyo decidido y la colaboración de las autoridades locales de izquierda repuestas (y de las nuevas comisiones gestoras de izquierdas que habían expulsado de los ayuntamientos a los alcaldes y concejales de derechas), cuando no eran estas mismas autoridades las que tomaban la iniciativa. Un ejemplo de esto fue lo que sucedió en Alcaudete (Jaén) donde el 15 de marzo el alcalde socialista, «para tranquilizar a las masas», metió en la cárcel a los miembros de una familia de propietarios que se habían opuesto a la invasión ilegal de sus tierras. Cuando una multitud rodeó el lugar donde estaban detenidos con la intención, al parecer, de prender fuego al edificio, fueron entregados a la Guardia de Asalto que los trasladó a la capital. Durante el trayecto sufrieron el escarnio de los vecinos de los pueblos que atravesaron. Finalmente fueron puestos en libertad, aunque con la prohibición de volver a Alcaudete. El episodio cobró relevancia porque los detenidos eran parientes del presidente de la República Niceto Alcalá Zamora, que denunció el caso en la reunión del consejo de ministros (también denunció que una finca de su propiedad y otra de un primo suyo habían sido asaltadas por los socialistas de la localidad). El presidente del gobierno Manuel Azaña no hizo ninguna declaración pública reprobando lo sucedido, ni tomó ninguna medida más allá de destituir al gobernador civil de la provincia. En sus memorias el presidente Alcalá Zamora escribió que una sección de Guardias de Asalto «se llevó presos... ¡a treinta y siete personas más respetadas de mi familia y amigos, con el párroco y los coadjutores a la cabeza, que no habían podido huir, y dejó tranquilos y dueños del pueblo a los alborotadores!» y cuando el presidente Azaña le comunicó que había ordenado que soltaran a sus parientes pero añadió a continuación que no sería aconsejable que volvieran a sus casas, Alcalá Zamora consideró que tal consejo venía a decir que «los desórdenes son obra no de los culpables y sí de las víctimas». En otros muchos lugares se produjeron hechos similares a los de Alcaudete que contaron también con la condescendencia o la aprobación de los partidos y las autoridades locales del Frente Popular y con la indulgencia del Gobierno que no tomó medidas para hacer respetar la ley.


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text: La intensa movilización campesina se produjo en un contexto de crisis pues desde principios del invierno las persistentes lluvias habían paralizado las tareas agrícolas con la consiguiente disminución de los empleos agrarios. «Los que se llevaron la peor parte fueron sin duda los jornaleros y los obreros agrícolas, privados del trabajo por el mal tiempo, en algunas zonas durante meses, sin ninguna posibilidad de procurarse medios de sustento más que a través de las pocas iniciativas benéficas o las obras públicas de modesta entidad, improvisadas aquí y allá por muchos ayuntamientos que, sin embargo, disponían de escasos recursos financieros». El ministro de la Gobernación Amós Salvador declaró el 16 de marzo que «temía el hambre que en algunas regiones tiene caracteres alarmantes, que es causa primordial y la explicación más clara de ciertos estados de inquietud, mal humor y violencia» y que las manifestaciones convocadas para ese día por la socialista FNTT pudieran derivar en incidentes generalizados. El temor del ministro no se cumplió, excepto en alguna localidad como Mancera de Abajo (provincia de Salamanca) en la que se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes de izquierda y contramanifestantes de derechas, durante los cuales resultaron muertas una mujer por un navajazo, entre las derechas, y una niña por arma de fuego, entre las izquierdas.


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text: La manifestación inicial de la movilización campesina fue el movimiento de ocupación de fincas —directas e ilegales—. La primera se produjo el 3 de marzo en el municipio madrileño de Cenicientos donde un centenar de campesinos con arados y mulas comenzaron a roturar una tierra de pastos de 1300 hectáreas, que afirmaban que habían formado parte de los bienes comunales del pueblo. Los campesinos enviaron un telegrama al ministro de Agricultura para comunicarle la ocupación que habían realizado. El periódico de la FNTT socialista "El Obrero de la Tierra" publicó: «El camino seguido por los compañeros de Cenicientos... es el único que puede zanjar de modo definitivo y justo ese viejo problema de la tierra tan difícil de resolver de otra manera dentro de los puros marcos de la ley burguesa. Primero el hecho, luego el derecho». A los pocos días se extendieron las invasiones de tierras a otras provincias promovidas por la FNTT. La FNTT lo justificaba aludiendo al «bienio negro», a los dos años de «bandidaje gubernamental» en los que quedaron «abolidos todos los derechos políticos, sociales e individuales de los trabajadores». Algunas de las fincas eran de las que habían sido desalojados los campesinos en el invierno de 1934-35 por los gobiernos radical-cedistas.


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text: El 29 de febrero la FNTT ya había expuesto claramente el criterio que seguiría en sus acciones en las semanas y meses siguientes:


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text: El 14 de marzo en su primera página "El Obrero de la Tierra" volvía a incitar a todos los campesinos a realizar la reforma agraria por sí mismos, alegando que solo se llevaría a cabo «si los campesinos hambrientos y esclavizados tienen el valor y la decisión de ir a buscar directamente las tierras que necesitan para vivir, en vez de perder el tiempo y el dinero en viajes y expedienteos... Decisión, pues, y antes de quince días la reforma agraria será —lo está siendo ya en muchos pueblos— una realidad histórica y trascendental en los anales de España». Según Fernando del Rey Reguillo, «la incitación a la vulneración de las leyes no podía ser más directa».


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text: El movimiento de ocupación de fincas más espectacular fue el que organizó la socialista FNTT —secundada por los comunistas y también por los anarquistas— desde el 26 de marzo en Extremadura en el que participaron entre 50 000 y 60 000 (80 000 según otras fuentes) jornaleros y yunteros que invadieron y comenzaron a roturar unas dos mil fincas privadas que no les pertenecían (la mayor parte de los latifundios de la región). Las ocuparon indiscriminadamente sin preocuparse de los límites que la Ley de Reforma Agraria de 1932 imponía, acuciados por el hecho de que casi ya no quedaba tiempo para arar. Según Sergio Riesco, «aquello, que era un envite al gobierno, no tenía más objetivo que el de presionar para que se legalizaran aquellas situaciones. La impaciencia del hambre fue el detonador que reventó del todo las relaciones entre los patronos agrícolas y los trabajadores del campo. Eso explica, en primera instancia, la resistencia de los propietarios a admitir la legalización de los asentamientos que los técnicos [del IRA] tuvieron que realizar "ex post facto". Sin lugar a dudas se trató de una acción colectiva que demostraba los diferentes ritmos en que se movían los políticos republicanos y los trabajadores agrícolas». José Manuel Macarro Vera, afirma que «las roturaciones en las dehesas extremeñas debieron ser un fracaso, porque con las 2,5 hectáreas por cabeza que correspondió a cada yuntero no se podía vivir, y así parecen confirmarlos los muy numerosos conflictos que hubo en abril y mayo después de haberse asentado nada menos que unos 80 000 de aquellos; conflictos por las bases, el turno en el trabajo, los alojamientos, etc., es decir, por lo mismo que venían movilizándose los campesinos cuando no había asentamientos». Además se partía de un prejuicio ideológico como era el de contraponer agricultura y ganadería, «lejos de entender que la dehesa era una creación cultural en suelos pobres».


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text: Unas semanas antes, el 3 de marzo, el ministro de Agricultura Mariano Ruiz Funes había promulgado un decreto por el que a los yunteros extremeños expulsados por los propietarios en 1935 se les dejaba volver a cultivar las tierras que habían ocupado en virtud del Decreto de Intensificación de Cultivos de 1932, que fue restablecido el día 14, lo que permitía además que otros yunteros provisionalmente, pero con carácter de urgencia, pudieran cultivar tierras que de acuerdo con la Ley de Reforma Agraria podrían ser expropiadas. El problema del decreto del 3 de marzo era que establecía un plazo de hasta un mes «para comenzar cada asentamiento a contar desde la fecha de registro de la solicitud de tierras. Una traba burocrática a la que los campesinos no estaban especialmente dispuestos a esperar. Ni los campesinos ni la organización más dinámica en aquel momento, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), adscrita a UGT, y en especial en Extremadura». Los decretos del 3 y del 14 de marzo fueron extendidos más tarde a las provincias vecinas de Córdoba, Toledo y Ciudad Real. También a provincias tan septentrionales como Zaragoza. En Ciudad Real hasta julio se asentaron formalmente 6000 campesinos en poco más de 26 000 hectáreas procedentes de unas 500 fincas distribuidas en 44 municipios. Por otro lado, el 28 de febrero un decreto del ministro de Agricultura Mariano Ruiz Funes había anulado los procesos de desahucio de colonos y aparceros.


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text: Ante la intensa movilización campesina el gobierno se vio obligado a aceptar la estrategia de la FNTT y comenzar a «legalizar» muchas de las acciones que había emprendido. El decreto más importante, de enorme trascendencia, fue el promulgado el 20 de marzo. En él se facultaba al Instituto de Reforma Agraria (IRA) para dar permiso a la ocupación de cualquier propiedad, incluso fuera de la zona de latifundio, por razones de «utilidad social» (en el decreto se decía como justificación que «el concepto de propiedad, con todos sus privilegios y prerrogativas, en lo que a rústica se refiere, está, de hecho y de derecho, en el momento presente desvirtuado»). Paradójicamente el decreto se basaba en una disposición de la «ley Velayos» del año anterior aprobada por la mayoría radical-cedista que había abolido en la práctica la Ley de Reforma Agraria de 1932 (por lo que la ley también fue conocida como la de la «Contrarreforma agraria») en la que se establecía en su artículo 14 la posibilidad de que el Estado expropiase una propiedad aduciendo motivos de «utilidad social», pero añadiendo tal número de condiciones que la hacían inaplicable. Precisamente lo que hizo el decreto de Ruiz Funes fue eliminarlas (como la norma de que el propietario tenía que haber sido completamente indemnizado antes de que la expropiación fuera efectiva). Una semana antes de la promulgación del decreto "El Obrero de la Tierra" ya había titulado en primera página: «Con la ley de Contrarreforma bien "interpretada", podemos apoderarnos en el acto de las fincas». El resultado fue que solo en el mes de marzo se habían asentado más de 70 000 campesinos, en su mayoría yunteros extremeños, sobre unas 230 000 hectáreas. Los diputados conservadores de las provincias afectadas por los decretos de yunteros se quejaron ante las Cortes sobre la forma en que se estaban aplicando, discriminando a los yunteros que no fueran de izquierdas:


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text: Según Gabriele Ranzato, la cláusula de la «utilidad social» se convirtió «en la herramienta para realizar expropiaciones generalizadas sin límites de extensión y sin excluir tampoco las propiedades más pequeñas» «y con independencia de si los propietarios participaban o no en el cultivo de la tierra», lo que rebasaba ampliamente lo establecido en la Ley de Reforma Agraria de 1932. Una parte del decreto del 20 de marzo fue incorporado a la nueva Ley de Reforma Agraria que derogaba la Ley de Reforma de la Reforma Agraria de agosto de 1935 (la "ley Velayos" o "ley de Contrarreforma agraria") y que fue aprobada por las Cortes el 30 de mayo, con la abstención de los diputados de derechas. La nueva Ley de Reforma Agraria, que se promulgó el 13 de junio, constaba de un artículo único en el que se decía: «Se declara en vigor la Ley de Reforma Agraria de 15 de septiembre de 1932 y los arts. 1 y 2 y primer párrafo del 4 del decreto de 20 de marzo de 1936». En el artículo 2º del decreto de 20 de marzo se decía que el IRA podría expropiar por «utilidad pública» todas las fincas situadas en el territorio de uno o más ayuntamientos que presentaran «las siguientes características: gran concentración de la propiedad; censo campesino elevado en relación con el número de habitantes; reducida extensión del término en comparación con el censo campesino; predominio de cultivos extensivos». «Las características podrán concurrir aislada o simultáneamente». Gabriele Ranzato comenta: «Es evidente que criterios tan genéricamente formulados dejaban un amplio poder discrecional a la autoridad encargada de establecer su aplicabilidad de la cláusula de la utilidad social. Así que casi ningún propietario podía sentirse libre del riesgo de expropiación; ni siquiera los más pequeños cultivadores directos». Cuando el diputado de la CEDA Dimas de Madariaga denunció en las Cortes que estaban siendo ocupadas pequeñas propiedades el ministro Ruiz Funes le contestó que el tamaño de la finca no importaba, que «todas las fincas que hay en todo el territorio nacional, cualquiera que sea la extensión superficial que estas tengan, son susceptibles de reforma agraria» y apeló para ello al artículo 44 de la Constitución de 1931 que entre otras coas establecía que «toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional» y que «la propiedad podrá ser socializada».


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text: A pesar de que al frente del Instituto de Reforma Agraria (IRA) Ruiz Funes nombró al ingeniero agrónomo Adolfo Vázquez Humasqué, que ya había ocupado ese puesto durante el primer bienio y que fue dotado de amplios poderes para determinar qué tierras debían ser entregadas inmediatamente a los campesinos, el IRA fue completamente desbordado por las organizaciones obreras, con la FNTT a la cabeza, que denunciaron y se opusieron a las «trabas» que les intentaban imponer con sus tecnicismos y legalismos los «burócratas» del IRA, que era el organismo oficial encargado de aplicar la cláusula de la «utilidad social». Así lo justificó la FNTT:


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text: De poco sirvió el telegrama que Vázquez Humasqué envió a todos los gobernadores civiles amenazando con «excluir de los beneficios de los asentamientos de yunteros y obreros a los que asalten fincas». La FNTT, por su parte, pidió al gobierno que destituyera a todos los funcionarios del IRA que se oponen a «nuestra revolución agraria» y volvió a insistir en que «deben ser los propios campesinos, conducidos por nuestra Federación, los que realicen la reforma, incautándose en todo el país de la tierra, los ganados y la semilla que se necesiten para cumplir el mandato revolucionario que dieron las urnas el 16 de febrero de 1936». Finalmente fue Vázquez Humasqué el que cedió y en una circular del 19 de mayo confió a los ayuntamientos (controlados por los socialistas) la tarea de decidir cuáles eran las tierras a expropiar. A partir de ese momento se incrementó el «asalto a las tierras por parte de muchos jornaleros» impulsados por la FNTT, acrecentando el «traspaso masivo de propiedad» que se estaba produciendo en tan corto espacio de tiempo. A finales de abril el IRA ya había asentado a cerca de 94 000 campesinos en 400 000 hectáreas a las que habría que añadir las ocupaciones «incontroladas».


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text: En julio se alcanzó la cifra de 115 000 campesinos, más que durante toda la República, asentados sobre 574 000 hectáreas, de nuevo sin contar las «expropiaciones de hecho». Se calcula que finalmente se pudieron expropiar alrededor de un millón de hectáreas, la mayor parte de ellas en Extremadura, La Mancha y Andalucía. Muchos propietarios, incluidos medianos y pequeños, denunciaron a los gobernadores civiles, al gobierno, a los diputados de derechas y a la prensa, los abusos e ilegalidades que estaban padeciendo en las ocupaciones de sus tierras gracias a la complicidad de los ayuntamientos socialistas. Un propietario de Malagón le escribió a José Calvo Sotelo: «Le pongo en antecedentes de otra nueva invasión de mi propiedad que han cometido los socialistas en la finca que le indico... Esto es irresistible, pues si no se remedia pronto tendremos que dejar las tierras». También protestaron los arrendatarios que en las ocupaciones de fincas habían sido expulsados de las tierras que cultivaban por ser de derechas, a pesar del llamamiento que hizo Vázquez Humasqué a las izquierdas para que, apelando a su «hermandad tutelar», no quitaran la tierra «a los yunteros o modestos arrendatarios de la tierra que la laborean en la actualidad, aunque sean de la acera de enfrente».


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text: El proyecto de la nueva ley de reforma agraria fue presentado por el ministro Ruiz Funes el 19 de abril, cuatro días después de que las Cortes pudieran recuperar su actividad normal tras el proceso abierto de elección de nuevo presidente de la República, junto con otra sobre «Revisión de desahucios de fincas rústicas» que restituía en el derecho de explotación de la tierra a arrendatarios y aparceros desahuciados. Esta ley, según el ministro, también pretendía hacer valer «el derecho de los colonos a adquirir la propiedad, en ciertas condiciones, siempre con carácter coactivo para el propietario absentista que permanece ajeno a las dificultades y al esfuerzo de la empresa agraria».


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text: Pero el mayor problema que planteó la reforma agraria fue el de la viabilidad económica de las parcelas que se entregaron a los campesinos sin tierra debido fundamentalmente a su tamaño. En Andalucía la media fueron 8 hectáreas que oscilaron entre las 16 hectáreas de Cádiz y 12 en Jaén a 4 en Huelva. Más reducidas fueron las parcelas entregadas en Extremadura, 2,5 hectáreas de media, una cantidad de tierra con la «no se podía vivir», advierte José Manuel Macarro Vera. De hecho se ha constatado que algunos de los campesinos que recibieron tierras renunciaron a ellas porque podían ganar más como jornaleros, como así lo reconoció el propio ministro de Agricultura Mariano Ruiz Funes cuando dijo que se habían marchado porque preferían «un jornal a los beneficios del cultivo directo». La viabilidad económica también dependía del capital de que dispusieran los nuevos propietarios para explotar las parcelas que les habían sido entregadas. El ministro Ruiz Funes reconoció en las Cortes que no podía esperarse una tasa de éxito económico superior al 40% para ellas, teniendo en cuenta los dos factores: tamaño de la explotación y capital.


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text: La reivindicación del retorno a los pueblos de los bienes comunales desamortizados por la "Ley Madoz" de 1855 era tan antigua que ya durante la Primera República (1873-1874) se produjeron ocupaciones de fincas cuestionando la legitimidad de su privatización. Muchos jornaleros sin tierras veían en los antiguos bienes comunales una oportunidad para salir de la miseria. Tras la proclamación de la Segunda República Española la cuestión de los bienes comunales volvió al primer plano y así a los pocos meses la Comisión Técnica Agraria, encargada de elaborar el proyecto de Ley de Reforma Agraria, solicitó a los ayuntamientos que le informaran de los bienes comunales de los que dudaran sobre la forma en que habían sido adquiridos. La respuesta fue inmediata y la Comisión recibió una avalancha de cartas. Como ha señalado Sergio Riesco, «quizás sin quererlo, la Comisión creó en los pueblos las expectativas de que la reforma agraria incluiría el rescate de los comunales» pero «en la Ley de Bases quedó recogido de una manera marginal». Las presiones de los pueblos y de la socialista FNTT sobre el gobierno continuaron, hasta el punto que el director del Instituto de Reforma Agraria, Adolfo Vázquez Humasqué, hizo publicar un decreto en la "Gaceta" sobre rescate de comunales sin la preceptiva firma del presidente de la República Niceto Alcalá Zamora, lo que le costó el puesto. Tras el triunfo del Frente Popular volvió la reivindicación del rescate de los bienes comunales. A finales de marzo de 1936 lo pidieron, entre otras medidas, un grupo de alcaldes de la provincia de Sevilla.