title: Frente Popular (España)

text: Además Gil Robles en el discurso pronunciado el 19 de junio en las Cortes constató el crecimiento en «sectores inmensos de la opinión española» de «ese ambiente que se da en llamar fascismo». En cuanto a sus causas dijo: «Esa difusa tendencia fascista (que, repito, no obedece a grandes opiniones doctrinales ni está encajada en determinados grupos) se está nutriendo, día a día, de los perseguidos, de los multados, de los encarcelados contra toda razón y toda justicia». Un crecimiento del «fascismo» que desde una perspectiva democrática también constataba el periodista Agustí Calvet "Gaziel" en las páginas de "La Vanguardia" y que achacaba a la incapacidad del gobierno para imponerse a «sus propios partidarios políticos»: «Lo que ocurre es, sencillamente, que [en España] no se puede vivir, que no hay gobierno: las huelgas, y los conflictos, y el malestar, y las pérdidas, y las mil y una pejigueras diarias, aun descontando los crímenes y los atentados, tienen mareados y aburridos a muchos ciudadanos. [...] ¿Cuál es la forma política que suprime radicalmente esos insoportables excesos? La dictadura, el fascismo. Y he aquí cómo sin querer, casi sin darse cuenta, la gente "se siente" fascista. De los inconvenientes de una dictadura no saben nada como es natural. De ellos sabrán después, cuando hubiesen de soportarlos». Por su parte el líder cedista moderado Manuel Giménez Fernández comentaba en una carta a su amigo, el ministro republicano Augusto Barcia, que «la preponderancia incluso doctrinal de quienes propugnan la violencia» —y la incapacidad del gobierno para frenarlos— «favorece más al fascismo que todos los éxitos de Abisinia».


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text: Como consecuencia de «ese ambiente que se da en llamar fascismo», como lo definió Gil Robles, el fascismo "stricto sensu", es decir Falange, vio crecer el número de sus militantes, provenientes una parte de ellos de los sectores más radicales y violentos de los partidos de derechas. Esto le permitió extenderse por las zonas rurales donde antes no tenía ninguna presencia, como Extremadura y Andalucía. Pero los que se incorporaban a Falange no solo eran jóvenes de las clases acomodadas —el hijo de un gran propietario, encarcelado por orden del alcalde socialista por haberse negado a pagar la enorme suma de dinero que le reclamaban por los jornaleros que le habían repartido, le escribió a su madre: «tengo plena fe en él [en el fascismo] y si me viera en condiciones, pondría mi vida al servicio de esta España futura que ahora empieza a germinar»—, sino también obreros y jornaleros que no militaban en los sindicatos de izquierdas y que por esa razón eran a menudo excluidos de los «beneficios» que sí recibían sus miembros. En Andalucía los jornaleros, obreros y empleados llegaron a representar en los pueblos casi el 50% de los afiliados a Falange, y en su mayoría no procedían de los partidos de derechas sino que no habían tenido una militancia política anterior. En vísperas de la guerra civil Falange tenía 9000 militantes en Andalucía, cuando cinco meses antes solo existía en las capitales. «El auge de Falange, más que un peligro para la República, mostraba una reacción de defensa trasladada al terreno de la calle... Las masas de derechas veían que la CEDA, su partido, estaba a la deriva, porque, independientemente del peso conservador o reaccionario que privara en su interior, la vía legalista que propugnaba había fracasado», afirma José Manuel Macarro Vera.


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text: Para la izquierda obrera eran «fascistas» todas las derechas e incluso las autoridades republicanas cuando se oponían a sus pretensiones —como el gobernador civil de Sevilla que quería acabar con la «huelga de alquileres»—. «El error de la izquierda residió en no distinguir dentro de las derechas a quienes eran diferentes. Al tratarlas como un bloque sin fisuras que debían desaparecer, la unificaron en lo que de manera más fácil, por inmediata, podían compartir: el sentimiento de persecución y la amenaza de una revolución que decía amenazarlas con borrarlas de la historia».


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text: La primera reunión de las nuevas Cortes tuvo lugar el 15 de marzo, aunque hubo que esperar al 15 de abril para poder comenzar a adoptar iniciativas legislativas, ya que hasta el 3 de abril, no se finalizó la discusión de las actas parlamentarias, sumamente prolija y exaltada, y entre el 3 y el 15 las sesiones ordinarias se suspendieron por la destitución del presidente de la República. La sesión constitutiva de las Cortes del 15 de marzo ya fue muy conflictiva. El presidente de la mesa de edad, el anciano diputado monárquico por Cádiz Ramón de Carranza, se negó a cerrar la reunión con un ¡Viva la República! («No me da la gana», dijo cuando fue increpado) lo que provocó un tumulto y los diputados comunistas y algunos socialistas aprovecharon la ocasión para cantar puño en alto "La Internacional". Francisco Largo Caballero declaró a los periodistas: «Eso va bien; ya se ha cantado una vez "La Internacional" en el Congreso. Según van las cosas, no será la última». Más radical se mostró el diario comunista "Mundo Obrero": «Por primera vez en la historia del parlamentarismo español ha retumbado con ecos de gloriosas llamadas a la lucha el himno revolucionario del proletariado universal. El himno oficial del país libre y feliz del socialismo, la marcha que orla la victoria de la inmensa Unión Soviética. El canto de guerra antifascista, el que cantaban los mineros asturianos cuando, fusil al hombro, se dirigían a conquistar Oviedo: "La Internacional". Himno de guerra, afirmación de fe revolucionaria...». Al día siguiente, 16 de marzo, fue elegido presidente de las Cortes Diego Martínez Barrio, el líder más moderado del Frente Popular.


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text: La discusión en la «Comisión de Validez de Actas» (la Constitución de 1931 establecía en su artículo 57 que «el Congreso de los Diputados tendrá facultad para resolver sobre la validez de la elección») fue tan conflictiva que su presidente, el socialista Indalecio Prieto, presentó la dimisión por discrepar sobre la actitud que estaban manteniendo una buena parte de sus compañeros diputados de izquierdas (comunistas y socialistas "caballeristas", fundamentalmente) que intentaban anular la elección de varios candidatos de derechas, en especial la del líder monárquico José Calvo Sotelo que había obtenido su escaño por la circunscripción de Orense. Después de intensos forcejeos entre los diputados de Frente Popular, al final la opinión de Azaña prevaleció (aunque socialistas y comunistas continuaron oponiéndose) y el acta parlamentaria de Calvo Sotelo no fue anulada («para que no pueda decir el enemigo más caracterizado del régimen que le hemos tratado con una medida de rigor e injustica», según afirmó el portavoz republicano de la comisión), aunque dos diputados de derechas elegidos en la misma candidatura y con los mismos votos que los de Calvo Sotelo sí perdieron sus escaños. Indalecio Prieto calificó de «chalaneo repugnante» la actuación de la Comisión de Actas. Socialistas "caballeristas" y comunistas también intentaron que otros líderes de las derechas tampoco obtuvieran su acta, lo que consiguieron con el monárquico alfonsino Antonio Goicoechea (al anularse las elecciones en Cuenca, circunscripción por la que se había presentado) y con el carlista José María Lamamié de Clairac (al ser declarado inelegible en Salamanca), pero fracasaron con el líder de la CEDA José María Gil Robles —la diputada comunista "Pasionaria" llegó a pedir también su detención inmediata por ser «el hombre que ha representado las torturas y la represión más salvaje de la historia del proletariado español», siendo apoyada por el diputado de Unión Republicana Jerónimo Gomáriz— porque los republicanos de izquierda se sumaron a las derechas para impedirlo.


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text: El resultado final fue que seis escaños de la derecha pasaron a la mayoría de izquierdas —y tres del Frente Popular a las derechas—, mientras que para otros 16, además de 3 del Frente Popular, habría que esperar a las nuevas elecciones de Cuenca y de Granada, cuyos resultados habían sido anulados (en el caso de Cuenca era en realidad una segunda vuelta al haberse rebajado el voto de las derechas a menos del 40 %). En el caso de Granada se obligó a repetir las elecciones con motivos justificados —aunque Stanley G. Payne niega que las pruebas presentadas fueran suficientes para anularlas— debido a las injerencias en la votación por parte del gobernador civil y de las autoridades locales, todas ellas de derechas, además de la presión ejercida por los terratenientes sobre sus jornaleros, lo que también se había producido en otras provincias (un diputado de izquierdas afirmó que las elecciones «se han desenvuelto en un ambiente de matonería, de escopeterismo, de coacción pública y privada»). De hecho en Granada con motivo de la petición de que se anulasen los comicios se habían producido los sucesos más graves en toda Andalucía desde la victoria electoral. El 8 de marzo había tenido lugar un gran mitin con este fin en el que el comunista Antonio Mije, uno de los oradores, llegó a pedir que se encarcelase a los dirigentes de la CEDA por haberles robado la victoria al Frente Popular. La tensión que se vivía en la ciudad era tan grande que cuando unos falangistas increparon a un grupo de manifestantes uno de ellos fue agredido. Al día siguiente hubo un tiroteo entre falangistas e izquierdistas que causó 12 heridos. La respuesta fue la convocatoria de la huelga general que derivó en una batalla con disparos sobre la fuerza pública desde las azoteas y con asaltos e incendios de las sedes de los partidos de derechas, del periódico "El Ideal de Granada", de cafés, de una fábrica de chocolates, del club de tenis, de comercios y domicilios particulares (que fueron saqueados), así como cuatro iglesias. Los asaltos e incendios también se produjeron en algunos pueblos de la provincia, causando varias víctimas mortales. Unas 300 personas fueron detenidas. Pero el hecho que más preocupación causó entre las derechas y entre los partidos republicanos fue que el gobernador de la provincia había nombrado como auxiliares de su autoridad a miembros de las milicias socialistas y a anarquistas que campaban armadas por las calles y que se dedicaron a hacer registros indiscriminados en los domicilios de las personas conservadoras. El gobernador fue cesado y su sustituto tuvo que encargarse de acabar con el «clima de guerra civil».


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text: Como protesta por la actuación de la Comisión de Actas las derechas el 31 de marzo abandonaron temporalmente las Cortes, no así el centro, alegando que no querían ser cómplices en la conversión del Parlamento en un «organismo faccioso». Esta opinión de las derechas es compartida por el historiador Stanley G. Payne quien afirma que «en conjunto, treinta escaños fueron anulados o cambiaron de manos, principalmente para favorecer a los republicanos de izquierda» —por otro lado, Payne minusvalora la dimisión de Prieto alegando que «Prieto era ciclotímico y oscilaba contradictoriamente entre el radicalismo y la moderación»—. Por el contrario, el historiador Gabriele Ranzato concluye que «se puede estimar que algunas de las ventajas procuradas al Frente Popular a través de la revisión de los resultados electorales fueron un remedio a la influencia abusiva que, por un lado el gobierno, por medio de los gobernadores y otras autoridades locales, y por otro los grandes terratenientes, chantajeando a los braceros y por medio de la violencia de sus matones, habían ejercido sobre el resultado electoral en algunas provincias».


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text: La repetición de las elecciones en Cuenca y Granada tuvo lugar el 3 mayo (o el 5 de mayo) y el resultado fue que el Frente Popular copó 17 de los 19 escaños en disputa (los 13 de Granada y 4 de los de Cuenca), mientras que las derechas solo obtuvieron 2 (por la circunscripción de Cuenca). Esta apabullante victoria del Frente Popular fue el resultado de que las izquierdas impusieron un clima de auténtico terror durante la campaña electoral y el día de la votación, como nunca antes se había producido. En el caso de Granada milicianos armados socialistas y comunistas detenían y cacheaban en la calle o atacaban físicamente a los sospechosos de ser de derechas, y los encarcelaban sin que las autoridades hicieran nada por impedirlo. La CEDA en esa circunscripción había presentado una «candidatura de batalla» que suponía un claro desafío a la izquierda pues incluía a cuatro falangistas (en ese momento Falange estaba ilegalizada), entre ellos uno de sus miembros más destacados Julio Ruiz de Alda, y al coronel carlista José Varela, que había participado de manera activa en conspiraciones militares.


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text: En Cuenca, según Luis Romero, se produjo un «episodio, que electoralmente puede calificarse de vergonzoso en el cual Prieto desempeñó un papel preponderante; las tomó a su cargo. Toda clase de atropellos y abusos fueron cometidos, se recurrió a la violencia más extrema, a las ilegalidades más descaradas». El gobernador civil concedió el carácter de «delegados gubernativos» a los miembros de la milicia socialista madrileña conocida como «La Motorizada», integrada por "prietistas", y ordenó en los días previos la detención preventiva de varias decenas de derechistas. «Los de la "Motorizada" campaban por sus respectos [sic] y con sus pistolas aterrorizaban a los electores, apoderados y componentes de las mesas», afirma Romero. El propio Prieto recordó en el exilio que cuando llegó a Cuenca, a donde había acudido el 1 de mayo para dar un discurso en apoyo de la candidatura del Frente Popular, «humeaban cerca [del teatro] las cenizas de la hoguera en que habían ardido los enseres de un casino derechista asaltado por las masas populares. En un céntrico hotel hallábanse sitiadas desde la víspera significadísimas personalidades monárquicas. El ambiente era de frenesí». Prieto no mencionó que los que tenían rodeados a los monárquicos eran sus propios partidarios. Según Luis Romero, «resulta trabajoso y arriesgado interpretar ahora los motivos que impulsaron a Indalecio Prieto a emprender acción tan descomedida e innecesaria. Pudo venir influida por un golpe temperamental, deseo vehemente de demostrar a los socialistas, amigos y contrarios, que él era capaz de solucionar a la brava una situación adversa y que no le creyeran blando y contemporizador. Algo semejante, aunque en menor escala, a lo que hizo cuando la revolución del 34».


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text: El cedista moderado Manuel Giménez Fernández denunció ante las Cortes el «escarnio» y el «atropello» que se había producido especialmente en Granada, sin parangón con las presiones amenazantes y violentas de las derechas en las elecciones de febrero, y señaló como los principales responsables a los alcaldes socialistas, «esos indignos representantes del Poder Local, verdaderos sátrapas que están deshonrando la República». Pero su intervención junto con la de otros diputados de derechas, quienes al narrar las abusos solo recibieron como respuesta las risas desde los bancos de la izquierda, no sirvió para anular las actas de las elecciones. Stanley G. Payne considera que en las fraudulentas elecciones de Granada y de Cuenca se puso fin «a la menor posibilidad de alternativa por la vía electoral, alentando y abriendo paso a otra clase de opciones». Llega a afirmar que «a partir de ese momento, la "República democrática" era poco más que un recuerdo, aunque tendría una vida muy larga como mero eslogan de propaganda». Sin embargo, según Gabriele Ranzato, «es un hecho que esa dilatación bastante forzada de la mayoría [tras la repetición de las elecciones en Cuenca y en Granada el Frente Popular pasó de 266 diputados a 283] no invalidaba la victoria electoral del Frente Popular... absolutamente legítima».


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text: El discurso que pronunció Prieto en Cuenca el 1 de mayo tuvo una enorme repercusión. En el mismo alertó sobre el peligro de un golpe militar «contra el régimen republicano» que según él estaba ganando cada vez más adhesiones en el Ejército y señaló al general Franco como uno de sus posibles cabecillas, «por su juventud, por sus dotes, por la red de sus amistades en el ejército» (la referencia a Franco también tenía que ver con que este había pretendido presentarse como candidato por Cuenca en las listas de la derecha y luego había renunciado por el veto que le había opuesto el líder de Falange José Antonio Primo de Rivera que también iba en esas listas y que finalmente tuvo que retirarse al no haber sido candidato en la primera vuelta). Pero Prieto también denunció la violencia de las izquierdas porque «en esos desmanes» «no veo signo alguno de fortaleza revolucionaria».


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text: El 3 de abril, una vez resuelto el tema de las actas parlamentarias, la izquierda presentó una iniciativa para destituir al Presidente de la República, acusándolo de haber incumplido el artículo 81 de la Constitución que decía:


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text: Como ha señalado el historiador Julián Casanova «nadie quería que Alcalá Zamora siguiera en la presidencia de la República. La CEDA, con Gil Robles a la cabeza, porque creía que les había robado la posibilidad de ocupar todo el poder en diciembre de 1935. La izquierda, y Azaña en particular, no le perdonaba que le hubiera retirado la confianza en septiembre de 1933, lo que significó la caída del Gobierno de Azaña y la ruptura de la coalición entre socialistas y republicanos que había gobernado los dos años anteriores». (Alcalá Zamora aseguró en sus memorias que el líder monárquico José Calvo Sotelo se mostró arrepentido por haber pedido su destitución durante la campaña electoral, pues él era «la única esperanza contra la catástrofe», y le animó a que no dimitiera para que encabezara un «movimiento militar» que restableciera el orden). El historiador José Luis Martín Ramos argumenta que Alcalá Zamora desde que ocupó el cargo «manifestó una permanente voluntad de intervención política personal, que acabó generando la desafección de todas las fuerzas políticas, tanto de la izquierda como de la derecha» y esa voluntad de fiscalizar la actuación de los gobiernos continuó con el del Frente Popular. «Azaña describe que las reuniones del gobierno en las que participó Alcalá Zamora fueron tormentosas, con enfrentamientos constantes en los que el presidente de la República le provocaba deliberadamente para que dimitiera y poder así encargar un nuevo gabinete a su hechura, desde luego en ruptura con el Frente Popular... La actitud provocadora de Alcalá Zamora hizo que la relación fuera insostenible», añade Martín Ramos. Que las relaciones entre Azaña y Alcalá-Zamora eran cada vez más tensas también lo sostiene Stanley G. Payne —la reunión del Consejo de Ministros del 2 de abril presidida por Alcalá-Zamora fue realmente tormentosa—, aunque este historiador atribuye el interés del Frente Popular en destituirlo a que sus líderes «anhelaban el control total de todas las instituciones del país», coincidiendo en esto con la interpretación que hizo el propio Alcalá-Zamora.


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text: En una carta que escribió Azaña a su cuñado Rivas Cherif el 17 de marzo ya le comunicó su voluntad de liberar a la República «del maleficio de Priego» (en referencia a la localidad natal de Alcalá-Zamora) porque lo consideraba el «mayor enemigo» de la República (en las primeras reuniones de los consejos de ministros a las que asistió se había puesto en evidencia, según el testimonio de Azaña, que Alcalá Zamora quería obstruir la acción del Frente Popular). Según Gabriele Ranzato, «lo que Azaña quería a toda costa evitar era que, a la primera ocasión, el presidente se valiera de la facultad que le atribuía la Constitución de disolver la Cámara antes del término de la legislatura para convocar nuevas elecciones». En una de las cartas que había escrito a Rivas Cherif le había dicho: «Don Niceto querría provocarme a dimitir... Ya ha hecho todo lo necesario para que yo salte. Pero no salto. Me contento con decirle atrocidades delante del Gobierno». Azaña temía también, pues, que Alcalá Zamora, en uso de sus atribuciones constitucionales, lo destituyera y nombrara un nuevo presidente del gobierno, a pesar de la mayoría absoluta del Frente Popular en las Cortes. De hecho ese fue el consejo que le dio Joaquín Chapaprieta, un político de su confianza («nombre inmediatamente uno que, con el apoyo de la fuerza armada, restablezca el orden y la autoridad», le dijo). Uno de los posibles candidatos podría haber sido Manuel Rico Avello, ministro de Hacienda en el gobierno de Manuel Portela Valladares. De todas formas, «más allá de su incompatibilidad personal y política», lo que hacía imposible la «coexistencia pacífica» entre Alcalá Zamora y Azaña era «la persistente voluntad de Zamora, a pesar del revés sufrido en las elecciones, de interferir en la acción de gobierno», lo que «no podía ser tolerado por una personalidad fuerte como la de Azaña», aunque Alcalá Zamora pudiera haber sido un contrapeso moderado a la extrema izquierda a la que Azaña «se le hacía cada vez más difícil contener».


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text: Para destituir a Alcalá Zamora siguiendo lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución de 1931 había que establecer en primera instancia que había agotado las dos disoluciones de las Cortes, lo que planteaba un problema jurídico respecto a si se podía contabilizar la de 1933 como la primera, pues en aquella ocasión las Cortes disueltas no eran Cortes ordinarias sino las Cortes Constituyentes elegidas en junio de 1931 (esa era la posición que sostenía Alcalá-Zamora). A pesar de ello las izquierdas decidieron continuar con el procedimiento y el 3 de abril, en la primera sesión ordinaria de las nuevas Cortes, tal como lo establecía el artículo 81, presentaron la moción para votar si efectivamente el presidente de la República había disuelto las Cortes en dos ocasiones. El diputado socialista Indalecio Prieto fue el encargado de defender la propuesta argumentando que la disolución de las Cortes Constituyentes de 1933 había sido la primera. La moción fue aprobada gracias a la mayoría absoluta de la que gozaba la coalición del Frente Popular. La CEDA votó en contra y los monárquicos y los republicanos de derechas y de centro se abstuvieron. El resultado final fue 188 votos a favor y 88 en contra. La propuesta del diputado de la Lliga Joan Ventosa de que la cuestión de si Alcalá-Zamora había disuelto las Cortes por dos veces la resolviera el Tribunal de Garantías Constitucionales había sido rechazada previamente por las izquierdas —Manuel Portela Valladares al ser interpelado por Ventosa para que le apoyara se desentendió del asunto y Miguel Maura le recriminó haber abandonado a Alcalá-Zamora que era quien le había nombrado presidente del gobierno—. Tras conocer el resultado de la votación Alcalá-Zamora no hizo ninguna declaración, ni tomó ninguna iniciativa. Chapaprieta volvió a visitarle y de nuevo le aconsejó que destituyera a Azaña y nombrara a otro presidente del gobierno, que contara sobre todo con el respaldo de las fuerzas armadas para restablecer el orden. Alcalá Zamora prefirió seguir el consejo de su hijo mayor, Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, catedrático de Derecho procesal en la Universidad de Valencia, que le dijo que no opusiera resistencia.


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text: La segunda sesión parlamentaria del proceso de destitución se celebró en la tarde del 7 de abril. Poco antes de que comenzara el presidente de las Cortes Diego Martínez Barrio hizo un último intento para que Alcalá-Zamora dimitiera pero no lo consiguió —unos días antes, según reflejó Alcalá-Zamora en sus memorias, un grupo de diputados centristas encabezados por Adolfo González Posada le habían invitado a resistir en «mi cargo cuanto pueda, porque mi salida es la pérdida de toda esperanza»; por otro lado, el embajador de Brasil le había ofrecido asilo diplomático por si era objeto de alguna represalia—. La moción presentada por el Frente Popular en la que se defendía la ilegalidad de la segunda disolución, y cuyo portavoz fue de nuevo Indalecio Prieto, fue aprobada por 238 votos a favor y 5 en contra (los del grupo de Manuel Portela Valladares, que no quisieron abstenerse como les había pedido el propio Alcalá-Zamora para no legitimar con su voto una acción que él consideraba ilegal), mientras que la derecha se ausentó de la votación. En consecuencia Alcalá Zamora fue destituido de su cargo como presidente de la República y el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, asumió interinamente la presidencia. El líder de la CEDA Gil Robles y el de los monárquicos Calvo Sotelo coincidieron en considerar la destitución de Alcalá Zamora como un golpe de Estado, a pesar de que Calvo Sotelo sostuvo que Alcalá Zamora se merecía la destitución. Gil Robles destacó la contradicción de las izquierdas pues o reconocían que la disolución había sido justa o debían renunciar a sus escaños. En un sentido parecido se manifestó el republicano conservador Miguel Maura («Habéis cogido el artículo 81 y lo habéis retorcido para poder decir que las Cortes estaban innecesariamente disueltas cuando todos nosotros, y yo entre vosotros, hemos estado pidiendo a gritos que las Cortes se disolvieran»). Azaña ya había manifestado en privado que era una contrasentido destituir a Alcalá Zamora por haber convocado las elecciones que habían dado como resultado el triunfo del Frente Popular cuando la izquierda se había pasado los dos años en que había gobernado el centro-derecha pidiendo la disolución de las Cortes. Pero, como ha destacado Gabriele Ranzato, Azaña (y toda la izquierda) optó por «desacreditarse a sí mismo, también frente a sus electores más propensos a la coherencia política, proponiendo a la Cámara declarar no necesaria esa disolución de las Cortes... a consecuencia de la cual el Frente Popular gobernaba el país». El periodista Manuel Chaves Nogales escribió en "Ahora": «Jornada histórica la de ayer; pero mala jornada». El periódico socialista "caballerista" "Claridad", en cambio, festejó el resultado pues Alcalá Zamora, de «mentalidad monárquica» y «conciencia católica», «sólo buscaba el medro personal».


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text: Diecinueve días después, el 26 de abril, se celebraron las elecciones de compromisarios establecida por la Constitución. El candidato del Frente Popular a ocupar la presidencia de la República fue su líder Manuel Azaña. Largo Caballero y los comunistas se habían opuesto a la candidatura de Azaña y propusieron sin éxito en su lugar a Álvaro de Albornoz. También la mayoría de miembros del partido de Azaña Izquierda Republicana (IR) se habían opuesto pues temían que su salida del gobierno lo debilitaría (y también al partido). Los más vehementes habían sido Santiago Casares Quiroga, que llegó a amenazar a Azaña con retirarse de la política y marcharse de España si mantenía la candidatura, y Marcelino Domingo, que advirtió de las «consecuencias desastrosas» de la misma. Mariano Ansó, también miembro de IR, escribió en sus memorias publicadas en 1976, que Azaña se convenció de «la inutilidad de sus esfuerzos como gobernante» y de que «acaso su nueva misión consistía en arbitrar aquellas luchas que política y socialmente le habían desbordado. Nos costó mucho a sus incondicionales plegarnos a la dura realidad». Esta valoración la comparte en gran medida el historiador Luis Romero: «Ese debatirse en la impotencia fue una de las causas que empujarían a Azaña a cambiar la jefatura del gobierno por la presidencia de la República». «Estaba ahora asqueado y decepcionado. Los socialistas, y en particular su ala izquierda, aunque González Peña y otros prietistas no se quedaron atrás, apoyados por los comunistas, que acrecentaban su número, poder e influencia, le imposibilitaban cualquier obra de gobierno, pues mientras en el Parlamento le votaban, en la calle, en la prensa, en los mítines y en sus propósitos retiradamente expuestos, estaban resultando sus peores enemigos. En esas condiciones no podía gobernar: Sánchez Román, Indalecio Prieto y Miguel Maura le aconsejaban que aceptara la presidencia y auguraban, quizá sin convicción, que desde la cúspide le resultaría factible ejercer una influencia moderadora, contando siempre con el gobierno de Prieto como telón de fondo».


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text: Azaña explicó así en privado su decisión de aceptar ser el candidato del Frente Popular a ocupar el puesto de presidente de la República:


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text: La participación en las elecciones de compromisarios fue baja, en torno al 40 %, debido fundamentalmente a que las derechas decidieron no presentar ningún candidato y no hacer campaña electoral. La CEDA justificó su decisión en una nota de prensa en la que decía que «subsisten íntegramente el espíritu de violencia y las normas de arbitrariedad que obligaron a la CEDA a decidir su abstención en las, al fin no celebradas, elecciones municipales. [...] En una palabra: a pesar de estar en pleno periodo electoral, la persecución contra nuestras fuerzas y la arbitrariedad gubernativa han alcanzado extremos tales que, no ya la libertad de sufragio, sino los más elementales derechos naturales del hombre no tienen, en regiones enteras, la más pequeña garantía... Ir a las elecciones en circunstancias tales equivaldría a reconocer como legítima y normal una consulta al pueblo que no va a ser más que una ficción, y exponer inútilmente a nuestros afiliados a persecuciones y represalias». Azaña obtuvo 358 mandatos, y 63 la parte de la oposición que no se había abstenido de presentarse a las elecciones. Así el 10 de mayo de 1936 era investido en el Palacio de Cristal del Parque del Buen Retiro de Madrid nuevo presidente Manuel Azaña, por 754 votos (entre compromisarios y diputados), 88 en blanco (de la CEDA) y 32 para otros políticos. El socialista Juan Simeón Vidarte recordó muchos años después lo que sucedió tras la votación:


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text: Al día siguiente Azaña prometió su cargo en un acto solemne celebrado en la sede de las Cortes. Con el ascenso de Azaña a la Jefatura del Estado se privó «a la República de la actividad de su mejor político y hombre de gobierno», afirma Luis Romero. Este autor se pregunta: «¿Suponía Azaña que desde la presidencia podría influir con mayores probabilidades de éxito para conseguir la pacificación del país? ¿Aceptó la presidencia en un momento de desánimo y en razón del estado de impotencia con que se enfrentaba con sus enemigos de la derecha y la izquierda?».


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text: El debate entre los historiadores de si cuando Azaña aceptó presentarse a la elección para la Presidencia de la República había acordado con el socialista "centrista" Indalecio Prieto que este ocuparía su lugar al frente del gobierno sigue abierto. Una prueba a favor de la existencia del acuerdo fue el empeño que puso Prieto en sostener la candidatura de Azaña. Pero el proyecto de Azaña de nombrar a Prieto presidente del gobierno —le hizo la propuesta el 12 de mayo—, para de esa forma reforzar su posición con la entrada de los socialistas en el mismo, no cuajó por la oposición del ala "caballerista" del PSOE y de la UGT que se ratificó en el acuerdo de seguir fuera del gabinete. A lo que se negaban en redondo los "caballeristas" era a la reedición del gobierno republicano-socialista de 1931-1933 porque ellos a lo que aspiraban era a la revolución socialista, no a volver a las políticas reformistas del primer bienio. El 8 de mayo el Comité Ejecutivo de UGT, presidido por Francisco Largo Caballero, lanzó la siguiente amenaza: «La Unión General de Trabajadores dará por cancelados sus compromisos con el Frente Popular si se forma un gobierno en el que entren elementos socialistas y recabará su libertad de acción en defensa de los intereses de la clase trabajadora». En esto recibió el apoyo del Partido Comunista de España. Esta postura del sector "caballerista" de «bloquear una decisión política para dejar las cosas como estaban, sin solucionarlas,», según José Manuel Macarro Vera, «no reflejaba sino vacuidad. Ahora resultaba que el pacto del Frente Popular no había sido una necesidad frente al avance de la derecha, y por lo mismo, porque era un pacto que tenía que englobar a las clases medias, se había constreñido a unos términos moderados que aglutinasen a todos aquellos que quería salvar cuanto significaba la República. Para los caballeristas el Frente Popular no era más que una nueva estación de paso hacia la República social, en la que la amenaza derechista parecía no existir. [...] La única estrategia, pues, de los caballeristas de la Unión General era paralizar a los prietistas del PSOE, y en esto tuvieron un éxito sobresaliente».


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text: Tras conseguir la aprobación de la comisión ejecutiva del PSOE sin dificultades, Prieto presentó su candidatura a la presidencia del gobierno ante el grupo parlamentario socialista —donde los "caballeristas" contaban con una amplia mayoría—, aunque no directamente sino mediante la propuesta de «que se constituya un gobierno en el que estén representadas más cabalmente las fuerzas del Frente Popular, para realizar un programa al que servirá de base mínima el programa del Frente Popular». Por su parte el "caballerista" Álvarez del Vayo presentó otra de signo contrario: «que se constituya un gobierno republicano capaz de llevar a una rápida realización el programa del Frente Popular». El resultado de la votación fue contundente: la propuesta de Prieto solo fue apoyada por 19 diputados, la de Álvarez del Vayo por 49. En consecuencia Prieto, que no quería provocar una escisión en el PSOE por lo que no convocó al Comité Nacional del partido que probablemente hubiera aprobado la propuesta y tampoco quería poner en peligro el Frente Popular, le comunicó a Azaña su renuncia a formar gobierno. Prieto hizo pública la siguiente nota de prensa explicando su decisión:


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text: Además de no provocar una escisión en el PSOE y la consiguiente ruptura del Frente Popular, «cuya integridad es indispensable mantener a toda costa», también pudo influir en la decisión de Prieto que no quería ser el Gustav Noske español puesto que para restablecer el orden y acabar con la violencia y la insubordinación social su gobierno tendría que haber emprendido una intensa acción represiva contra sus propios compañeros socialistas. Gabriele Ranzato sostiene que con su renuncia Prieto «tal vez había perdido una gran ocasión para evitar la guerra civil». Una posición similar sostiene Stanley G. Payne cuando afirma que «muy posiblemente habría logrado una mayor eficacia y responsabilidad, y habría cerrado el paso al camino hacia el 18 de julio». Por el contrario, José Luis Martín Ramos afirma que «que Prieto no estuviera al frente del ejecutivo como máximo pudo mermar capacidad de maniobra, aunque no hay que exagerar las posibilidades personales y hacer de Prieto el protagonista de una "ocasión perdida". El principal perjudicado del episodio de mayo de 1936 no fue la República, ni siquiera todavía el Frente Popular, sino el propio socialismo que entró en barrena hacia la ruptura, a pesar del intento de Prieto por no precipitarlo». José Manuel Macarro Vera concluye, por su parte, que los "caballeristas" consiguieron «lo que querían, paralizar a la ejecutiva [del PSOE] y su proyecto de fortalecer gubernamentalmente al Frente Popular. Las advertencias de Prieto sobre una conspiración militar eran, como se conoce que dijeron sus enemigos socialistas, producto de su menopausia... Lo que importaba era el poder obrero, aunque ni siquiera este hubiese cuajado en nada».


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text: Tras la renuncia de Prieto y la posterior negativa de Diego Martínez Barrio a la propuesta de Azaña de que fuera presidente del gobierno, el 13 de mayo ocupó el cargo uno de sus colaboradores más fieles, Santiago Casares Quiroga (quien también asumió la cartera de Guerra). Según Diego Martínez Barrio, cuando se anunció el nombramiento de Casares Quiroga como nuevo jefe del Gobierno, «la opinión pública y los propios grupos de Frente Popular no ocultaron su sorpresa y su disgusto». Según su cuñado Cipriano Rivas Cherif, el propio Azaña tampoco estaba seguro de haber acertado con la elección, pero no encontró otra opción. Esto último es compartido por Luis Romero: «Pero ¿acaso se le ofrecieron a Azaña opciones mejores? ¿Quién tenía talla suficiente para gobernar en aquellas condiciones?».


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text: Se ha debatido si Azaña siempre pensó en situar al frente del gobierno a un miembro de su partido de su absoluta confianza como Casares Quiroga para de esa forma dirigir él el ejecutivo por persona interpuesta, dando lugar a una forma encubierta de «presidencialismo». Así lo creyeron políticos tan dispares como Largo Caballero o Martínez Barrio. Hidalgo de Cisneros, ayudante militar de Casares Quiroga, también lo recogió en sus "Memorias" desde el exilio: «Don Santiago Casares no daba un paso sin consultar con Azaña. No eran aquellas las relaciones normales entre un presidente de la República y el jefe del Gobierno. Lo que pasaba es que, en la práctica, Azaña seguía siendo el ministro de la Guerra y el presidente del gobierno. Esta situación, esta supeditación casi absoluta era poco conocida en España, pero la realidad es que Casares, que no tenía nada de terrible, estaba completamente dominado por el nuevo presidente». Sin embargo, el historiador Stanley G. Payne considera que «aunque mantenía un contacto personal constante con el nuevo presidente del Consejo y, sin duda, le dio numerosas indicaciones, [Azaña] ya no intervenía directamente, rechazando el estilo de Alcalá-Zamora».


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text: «Al finalizar la agitación motivada por las readmisiones, los sindicatos aprovecharon su nueva posición de fuerza para plantear, en las discusiones sobre nuevas bases de trabajo, exigencias que los patronos juzgaron desorbitadas. La movilización obrera y la resistencia patronal a nuevas concesiones produjeron el movimiento de huelgas más generalizado de los habidos en toda la República...». Hubo tantas huelgas como en todo 1933, que hasta entonces había sido con mucho el periodo más conflictivo. «La depresión económica se estaba sintiendo en toda su crudeza». Coincidieron con una oleada de huelgas en el campo, hasta tal punto que «los desórdenes mayores no se produjeron en las ciudades, sino en las comarcas rurales de Castilla la Nueva y del sur del país».


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text: El principal impulsor de las huelgas fue la UGT, controlada por el sector "caballerista" del socialismo español, con la «intención, más o menos explícita», según Gabriele Ranzato, «de imposibilitar la supervivencia de las empresas para determinar el hundimiento del sistema capitalista». El diputado socialista "centrista" Ramón González Peña, uno de los dirigentes de la Revolución de Asturias de octubre de 1934, llamó la atención de su grupo parlamentario sobre la forma en que la UGT estaba realizando las huelgas pues en su mayoría no respondían a los procedimientos tradicionales de los socialistas, a lo que sus compañeros "caballeristas" le respondieron que la culpa no era de los huelguistas sino de las derechas que durante sus dos años de gobierno habían dejado sin contenido la legislación social. El periódico "caballerista" "Claridad" advirtió que calificar de inoportunas a las huelgas ya iniciadas era traicionarlas.


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text: Por su parte, la anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que según Julián Casanova «no tuvo especial protagonismo en ese movimiento huelguístico», se mostró más moderada que la UGT en los lugares donde era dominante —como en Barcelona, Sevilla y Zaragoza— presentando «reivindicaciones aceptables para los patronos» y buscando el «entendimiento con las autoridades republicanas», pero allí donde competía con el sindicato socialista para atraerse a los trabajadores se mostró más dura e intransigente que la UGT como en Madrid o en Málaga (en esta última ciudad se produjeron enfrentamientos a tiros entre cenetistas y ugetistas, estos últimos comunistas, que produjeron varios muertos). A finales de junio "Solidaridad Obrera", el órgano de prensa de la CNT, admitió que las huelgas se estaban desmandando e hizo un llamamiento a la moderación. Por otro lado, el PCE también hizo un llamamiento similar.


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text: El problema más acuciante era el paro, que en marzo ya había alcanzado al 8,6 % de los trabajadores. Para las organizaciones obreras, e incluso para algunos republicanos, la solución al desempleo se encontraba en obligar a las clases acomodadas a dar trabajo independientemente de la situación económica por la que atravesaran. Como dijo un concejal republicano en el Ayuntamiento de Huelva la creación de empleo era una «obligación inexcusable» de «la clase que representa la riqueza o capital», «de proporcionar trabajo a los innumerables obreros en paro». Este concejal llegó a proponer que, al igual que se hacía en el campo, se repartieran los obreros en paro entre los patronos con un jornal de 5 pesetas diarias garantizado, e incluso animó a los parados a «ir a casa de los ricos a cobrar el jornal sencillamente, si estos no prefieren darles trabajo». La medida que más a menudo proponían las organizaciones obreras era la reducción de la jornada laboral, con el mismo salario o con uno superior, para así «repartir el trabajo», sin importar que eso supusiera un notable aumento de los costes laborales para las empresas en un momento en que las ventas estaban estancadas o disminuían, lo que les podía abocar a la quiebra con el consiguiente aumento del desempleo. El desconocimiento de las cuestiones económicas era, pues, absoluto, pero no solo entre los militantes más modestos sino también entre sus líderes. En el debate sobre el programa económico del gobierno que Azaña presentó en las Cortes (que incluía medidas fiscales para financiar un programa de obras públicas y la contención de los salarios para restablecer los equilibrios básicos de la economía) el líder comunista José Díaz Ramos se limitó a pedir la semana de 44 horas y el portavoz de los socialistas "caballeristas" tampoco supo qué decir. Los únicos que se mostraron dispuestos a apoyar el programa económico de Azaña fueron, irónicamente, el monárquico José Calvo Sotelo y el diputado de la Lliga Joan Ventosa, siempre que les convencieran las medidas concretas que se propusieran.


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text: Como ha destacado José Manuel Macarro Vera para el caso de Andalucía, «posiblemente» en las organizaciones obreras y entre algunos republicanos «la herencia de una mentalidad precapitalista pesaba demasiado... El industrial o el agricultor desaparecían como agentes económicos para convertirse en sujetos de deberes con la comunidad. La disolución de la categoría económica en otra moral aumentaba el problema que pretendía solucionar, pues descargaba sobre el tejido productivo unas obligaciones económicas que lo debilitaban, hasta amenazarlo con el colapso en muchas ocasiones, ahondando su crisis y, consecuentemente, el mal que pretendía erradicar, el paro». Por ejemplo, el sindicato de bebidas de la UGT de Sevilla, controlado por los comunistas, interpretó la subida de las materias primas como una maniobra empresarial para negarse a aceptar subidas salariales cuando era debida al grave problema de la creciente deuda externa española.


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text: Lo que algunos diarios republicanos llamaron «epidemia de huelgas» comenzó el mes de mayo y fue tal su número y extensión que durante ciertos periodos lograron paralizar la actividad productiva de gran parte de los sectores económicos y afectaron gravemente al normal desarrollo de la vida cotidiana porque también pararon trabajadores de los servicios (ascensoristas, mozos de carga, transportistas, camareros, cocineros, trabajadores del matadero, dependientes del comercio, quiosqueros, trabajadores portuarios, peluqueros, personal de los hoteles, empleados de las gasolineras... e incluso los toreros) y de los servicios públicos (trabajadores de las compañías del gas, el agua y la electricidad, barrenderos, ferroviarios, conductores de tranvías y autobuses), incluso algunos que nunca antes lo habían hecho. En Sevilla hubo también «huelga de alquileres» que encontró la comprensión de los Guaridas de Asalto, que se negaron a quitar los carteles incitando a no pagar las rentas de las viviendas, porque ellos también eran inquilinos. El movimiento se extendió a Huelva, y los «huelguistas» amenazaron con no pagar tampoco los recibos de la electricidad y del agua (se colgaron carteles que decían «No pagamos agua ni luz. Muera el Gobernador fascista. UHP»).


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text: El «frenesí huelguístico» (Ángel Ossorio se preguntaba en "Ahora": «¿a quién apetece el frenesí actual? ¿A quién aprovecha?») coincidió con el que se produjo en Francia tras el triunfo en las elecciones del Frente Popular francés y los dos movimientos se influyeron mutuamente. El epicentro del movimiento huelguístico fue Madrid, de la misma forma que en Francia lo fue París y su "banlieu". Pero, como ha señalado Gabriele Ranzato, en Francia no había ningún «Octubre de 1934» que vengar, por lo que allí no se alcanzaron ni remotamente los niveles de violencia españoles, y, sobre todo, en Francia las huelgas se mantuvieron «dentro de un marco reivindicativo y los partidos de los trabajadores [contribuyeron] a su moderación en vez de soplar como en España... sobre las brasas subversivas y revolucionarias».


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text: A diferencia de Francia donde sectores industriales enteros se pusieron en huelga (y donde proliferaron las ocupaciones de fábricas que en España fueron casi inexistentes), la única huelga con carácter nacional fue la de los tripulantes de la marina mercante, que duró una semana, bloqueando durante ese tiempo los buques de transporte y los puertos (consiguieron un gran aumento salarial, la reducción de jornada e importantes ingresos complementarios, lo que supuso el aumento de los costes para las navieras con la consiguiente reducción de su competitividad internacional, algo que ya había advertido el socialista "centrista" Indalecio Prieto; algunos barcos quedaron por esta razón amarrados a puerto). Sí que hubo huelgas generales locales o provinciales, que en ocasiones duraron varios días. Algunas de estas huelgas generales se debieron a motivos políticos, en particular como respuesta a atentados sufridos por militantes de izquierda. Otras no tenían un motivo económico específico sino que se realizaban en protesta por las duras condiciones de vida de los trabajadores, en especial contra el desempleo. Pero la mayoría se convocaban en solidaridad con algún sector que estaba en huelga y de esa forma se incrementaba la presión para que los patronos cedieran a sus demandas o volvieran a contratar a los trabajadores despedidos.


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text: Sin embargo, lo más frecuente no eran las huelgas generales sino «el goteo de conflictos sindicales que surgen aquí y allá en muchas medianas y pequeñas empresas de los ramos más diversos». En Madrid, en cambio, fueron sectores enteros los que pararon. La "huelga-preludio" fue la de la fábrica de cervezas El Águila que comenzó a finales de abril (y que acabó arrastrando a todas la fábricas de cerveza), coincidiendo con la aprobación el 28 de abril en asamblea (celebrada en la Plaza de toros de Las Ventas con la asistencia de 20 000 personas) de las bases de trabajo del sector de la construcción que pensaban presentarse a la patronal. El primer sector en ponerse en ponerse en huelga fue la industria de la confección (donde la mano de obra femenina predominaba y que se mostró muy combativa), seguida de la de perfumes y cosméticos y de la industria maderera y carpintería, y la de los camareros y hostelería, y culminando con la construcción, con mucho el sector productivo más importante de la ciudad, y que fue el conflicto de mayor duración y resonancia. La huelga de la construcción de Madrid —«quizá la huelga más llamativa y conflictiva»— se inició el 1 de junio (cerca de 80 000 trabajadores pararon; 110 000, si se suman los sectores afines) por el rechazo de la patronal, que la consideraba exorbitante, a la plataforma reivindicativa conjunta de la CNT y de la UGT que incluía un aumento salarial muy importante (se pedía una subida del 15% para los oficiales y del 56% para los peones de albañil), la semana de 36 horas (cuando lo normal en el sector es que superara las 40 horas) y las vacaciones pagadas de tres semanas de duración (inexistentes entonces). La huelga se prolongó hasta el punto de que cuando se produjo el golpe de Estado de julio de 1936 todavía continuaba por la negativa de la CNT a aceptar la propuesta del jurado mixto que sí aprobaron los albañiles afiliados a la UGT (propuesta que incluía la jornada de 40 horas y un aumento salarial del 15%). La pugna sindical UGT-CNT en la construcción en ocasiones se dirimió a tiro limpio.


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text: Las huelgas en Madrid fueron organizadas por los sindicatos pertenecientes a la UGT o a la CNT y no fueron meros conflictos laborales o gremiales sino que fueron concebidas desde el principio como huelgas generales de los sectores afectados. «Todas salieron a la calle, ocupando la vía pública, en lugar del centro de trabajo, por lo que fueron perfectamente visibles: mujeres desfilando puño en alto, camareros arrojando bombas y petardos a escaparates o establecimientos y, en particular, miles de albañiles y peones llenando plazas de toros en asambleas magnas y sentándose en solares abiertos..., por lo que su fisonomía era la de una protesta masiva y pública dirigida a todos los patronos en su conjunto y, en general, a los que podían regular horarios y jornales en el mundo del trabajo. [...] Las peticiones oscilaban entre el reingreso de los despedidos de octubre y un nuevo marco de relaciones laborales, basado sobre todo en la reducción de jornada, que se veía como una posibilidad para el reparto del trabajo. [...] Todas [las huelgas] tuvieron episodios violentos y enfrentamientos agrios entre trabajadores, en particular en las que intervino la CNT...». Sin embargo, prácticamente todas las huelgas, con la excepción de la construcción que continuaba cuando se produjo el golpe, se resolvieron mediante laudos de un jurado mixto, a pesar del rechazo de la CNT a los mismos (quería que fueran los patronos en carne y hueso los que firmasen la aceptación de las reivindicaciones). En algunos de esos laudos se redujo a 40 las horas de trabajo semanal. Los jurados mixtos habían sido repuestos por un decreto del 30 de mayo pero el gobierno se plegó a las exigencias de UGT que quería que fuesen restablecidos como en 1931, es decir, que no estuvieran presididos por jueces y fiscales, sino por las autoridades locales que en su mayoría eran socialistas lo que les proporcionaba el control de los mismos, y ello a pesar de que esto contravenía lo acordado en el pacto electoral en el que se decía que serían reimplantados respetando la independencia entre las partes.


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text: El «frenesí huelguístico» (una expresión que a José Luis Martín Ramos no le parece adecuada pues presupone implícitamente que la huelga es un «mal intrínseco» y no el «el principal recurso de presión de la clase trabajadora») no quiere decir, según Julián Casanova, que imperara el «desorden civil» pues muchas de las huelgas acabaron con acuerdos gracias al restablecimiento de los jurados mixtos, aunque por culpa de la sublevación militar de julio tuvieron poco tiempo para demostrar su eficacia. Gabriele Ranzato, por el contrario, sostiene que la oleada de huelgas puso al país «al borde del colapso económico y social, hasta el punto de provocar reacciones no solo en la derecha, sino también en el ámbito de la izquierda republicana». Cita por ejemplo un artículo de "Política", el periódico del partido de Azaña, en el que se decía el 24 de mayo: «el obrero, el sindicato, tendrán que actuar en el campo de las realidades económicas, reconociendo que para que la producción tenga existencia y las aspiraciones proletarias de mejorar puedan tener efectividad hay que huir del trauma diario, del conflicto constante, de la huelga indefinida». También cita un comunicado del consejero de Trabajo de la Generalidad de Cataluña Martí Barrera, de Esquerra Republicana de Cataluña, en el que se decía: «la corriente huelguística, la persistente anomalía en el trabajo, son fenómenos que cuando, como ahora, revisten carácter endémico, comprometen la economía general, conturban el espíritu público y la convivencia en todos los aspectos de la vida colectiva. Y no siempre, cuando estas crisis se producen sistemáticamente y sin orientación, son sus resultados halagüeños para la clase obrera». Joan Maria Thomàs coincide con Ranzato y señala que los aumentos de plantilla y salariales que se consiguieron tras las huelgas en muchos casos los patronos no los podían asumir. Stanley G. Payne describe una situación aún más crítica: «el paro aumentó en ciertos sectores de manera inevitable, la producción general se redujo, cayeron los ingresos fiscales, se evadían del país más y más capitales y cada vez se hizo más difícil financiar la deuda y emitir bonos del Estado». Por otro lado, Francisco Pérez Sánchez ha destacado que la oleada de huelgas también provocó enfrentamientos entre trabajadores y «problemas graves para las organizaciones sindicales a la hora de dirigir y controlar los paros, que parecían desbordarles por momentos».


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text: El grupo parlamentario de Izquierda Republicana pidió a su presidente, Marcelino Domingo, que trasladara al gobierno (encabezado por Santiago Casares Quiroga, miembro de ese partido) «la necesidad de que sean adoptadas resoluciones terminantes de orden ejecutivo para que la disciplina social sea restablecida con toda urgencia en cuantos sectores y masas ciudadanos aparezca perturbada» (de lo que se felicitaba el diario "La Vanguardia": «el orden debe ser restablecido... y, aunque con algún retraso, lo han comprendido así los elementos del Frente Popular, especialmente los republicanos»). Pero el gobierno se limitó a emitir una nota en la que anunciaba sanciones para los empresarios que no aceptaran los acuerdos o las resoluciones de las autoridades sobre los conflictos laborales y para los obreros que declararan huelgas «sin cumplir los requisitos legales». Hasta un periódico tan progubernamental como "El Liberal" de Madrid pidió a finales de junio que «el poder público» empleara la coacción y usara la fuerza contra «los que atentan contra la seguridad del Estado promoviendo huelgas generales». El diario centrista "Ahora" en un editorial del 23 de junio le reclamaba al gobierno, encargado «de regir un país burgués y capitalista», que acabara con la «epidemia de huelgas» porque «no se puede ni se debe estar sentado sobre la tapia que separa el socialismo y el capitalismo». Lo mismo le pedían las organizaciones empresariales al gobierno: que tomara medidas para estabilizar la economía y llegar a algún tipo de acuerdo general con los sindicatos. El 7 de junio "La Veu de Catalunya" publicaba un Manifiesto firmado por 126 entidades empresariales de Barcelona y del resto de Cataluña en el que se pedía, entre otras cosas, la celebración de una «conferencia del Trabajo» nacional para afrontar la situación. Una petición similar es la que hizo la asamblea extraordinaria de las cámaras de comercio de todo el país reunida en Madrid a finales de junio.


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text: Según Martín Ramos, «las huelgas estaban justificadas por dos tipos de razones: la urgencia de responder al aumento del paro y recuperar los avances laborales perdidos durante 1934-1935, y la expectativa de que los conflictos pudieran tener desenlaces pactados, precisamente por la nueva coyuntura política» propiciada por el triunfo electoral del Frente Popular. Sin embargo, Gabriele Ranzato, sostiene que además de procurar mejorar las condiciones de los trabajadores y reducir el desempleo, los sindicatos «también trataban, aprovechándose de sus posiciones de fuerza, de imponer condiciones que para los empresarios estaban al límite de lo sostenible, cuando no iban más allá». Eso es lo que denunciaban las organizaciones patronales: que la «intensa agitación social» coincidía «con la crisis económica más dura que conocieron nuestros tiempos» («centenares y centenares de empresas están totalmente arruinadas»), como se decía en un comunicado de los empresarios de Barcelona. "El Liberal" incidía en lo mismo al referirse a la huelga de los ferroviarios: «las compañías ferroviarias no es que no pueden acceder a las peticiones de los obreros; es que están en quiebra». Un observador favorable a los republicanos, el británico Gerald Brenan que en esos momentos vivía en Málaga, se refirió a la «orgía de huelgas relámpagos» que paralizó la ciudad («los hombres abandonaban sus tareas sin previo aviso, pidiendo grandes aumentos de salarios o jornadas de trabajo disparatadamente cortas, así como importante indemnizaciones por los días que habían pasado en las cárceles») cuyo propósito «era por supuesto puramente político: amedrentar y desanimar a la clase media y alentar a los trabajadores con la esperanza de la victoria que se aproximaba. Todos los negocios empezaron a perder dinero. El colapso económico parecía inminente».


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text: La «orgía de huelgas» ahondó aún más el enfrentamiento entre los dos sectores del socialismo español. A finales de mayo Indalecio Prieto en un discurso pronunciado en Bilbao afirmó con rotundidad: «las aspiraciones proletarias dentro del régimen capitalista encuentran forzosamente un tope: la capacidad de la economía capitalista», porque de lo contrario acaban perjudicando a los propios trabajadores. «Cuando las aspiraciones del proletariado en la consecución de mejoras desbordan la capacidad de la economía capitalista, esas aspiraciones están condenadas al fracaso, y en vez de servir para aumentar la capacidad de compras del obrero y acrecer su bienestar producen la contracción y con la contracción el colapso», afirmó Prieto (en su diario "El Liberal" de Bilbao puso como ejemplo la huelga nacional de la marina mercante que había conseguido que se aumentara de forma considerable el número de marineros en los barcos, lo que estaba resultando muy oneroso para las navieras y haciéndolas menos competitivas en el mercado del flete mundial, lo que podía provocar el despido de las tripulaciones al quedar amarrados los barcos, «produciendo una crisis infinitamente mayor que la que se quiere paliar con las reclamaciones»). A los pocos días le respondió sin nombrarlo en un mitin en Zaragoza Francisco Largo Caballero (que consideraba que las políticas reformistas de Prieto lo que pretendían era salvar al capitalismo cuando la revolución socialista, según él, estaba cada vez más cerca): «En este momento en que hay una gran movilización de la clase obrera exigiendo o reclamando a la clase capitalista reivindicaciones, ya veis la campaña que se está realizando contra nosotros... A esas huelgas se va, y es deber del Gobierno intervenir inmediatamente, para someter a la clase patronal». Hacia finales de junio el diario "caballerista" "Claridad" defendía el «control obrero» de las empresas como «solución» a la oleada de huelgas que se estaba viviendo. Por su parte "El Socialista", entonces controlado por el sector "prietista" criticó la participación de UGT en las huelgas porque entendía que junto con la CNT le hacían una pinza al gobierno y denunció que se hacían huelgas de carácter «utópico» e «iluminado», sin «pragmatismo», «disciplina» ni «serenidad».


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text: «En el curso de las huelgas, declaradas y sostenidas muchas veces por comités conjuntos CNT/UGT, se hablaba de revolución...», pero ni UGT ni CNT preparaban ningún movimiento insurreccional después de los fracasos de 1932, 1933 (Insurrección anarquista de enero de 1933; Insurrección anarquista de diciembre de 1933) y 1934, y la única posibilidad de que se produjese alguno sería como respuesta a un intento de golpe militar. De hecho es relevante señalar, según Martín Ramos, que ninguna de las huelgas del periodo tuvo ese carácter. Sin embargo, Gabriele Ranzato sostiene que la oleada de huelgas puso al país «al borde del colapso económico y social» y Francisco Sánchez Pérez ha señalado «que la oleada de protestas fue percibida (no solo por detractores, sino también por partidarios) como una revolución en marcha (en su versión más extrema) o como una desestabilización dirigida contra el Estado republicano y provocada por la insensatez de algunas organizaciones obreras (en su versión más moderada)». Por su parte Joan Maria Thomàs afirma que «en realidad no existía —como afirmó repetidamente el régimen franquista, incluso fabricando documentos— un plan revolucionario de la izquierda, pero sí que un sector del PSOE, el largocaballerista, pretendía parar el golpe militar que estaba en la boca de todos con una huelga general y reclamar armas para los sindicatos, armando sus propias milicias».


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text: A partir de junio, que era el mes en que comenzaba la época de la siega y de la cosecha, se inició una oleada de huelgas en el campo, que coincidió con la «orgía de huelgas» de las ciudades. Al igual que en años anteriores las organizaciones obreras reclamaron aumentos salariales que permitieran a los jornaleros poder vivir el resto del año en que no había trabajo, así como el aumento de los alojamientos, el fin del trabajo a destajo y la prohibición de usar máquinas agrícolas si no se alcanzaba la plena ocupación de los parados. Los propietarios, por su parte, sobre todo querían fijar los rendimientos y las horas reales de trabajo al día, a lo que los sindicatos se negaban porque a la jornada (generalmente de 8 horas, o 6 en provincias como Sevilla) se le debían restar el trayecto a las fincas, las fumadas y los descansos, lo que los propietarios consideraban un abuso que incrementaría notablemente los costes de la recolección por encima del dinero que podían obtener por la cosecha, llevándolos a la quiebra, sobre todo a los pequeños y medianos propietarios. La patronal agraria de la provincia de Sevilla remitió el 10 de julio un informe al gobernador civil en que se demostraba que con las bases de trabajo vigentes el costo de la recolección era superior al de la cosecha lo que constituía una «catástrofe». En algunas provincias, como Córdoba y Málaga, los arrendatarios llegaron a pedir al Instituto de Reforma Agraria que se hiciera cargo de sus tierras. El líder de la socialista FNTT Ricardo Zabalza respondió a los propietarios que querían fijar los rendimientos en el trabajo que esa pretensión era «en realidad una trampa de la clase patronal para reducir los jornales» por el procedimiento de engañar a los trabajadores sobre el tamaño de su fincas alegando que son menores y cuando los jornaleros se daban cuenta de que habían segado más tierra de la cuenta ya no había remedio.


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text: La respuesta de las organizaciones obreras fue convocar huelgas (entre el 1 de mayo y el 18 de julio se contabilizaron oficialmente 192 huelgas agrarias) que en muchas ocasiones estuvieron acompañadas de amenazas y de violencia y que contaron con el apoyo de los ayuntamientos socialistas que recurrieron a diversos medios para intentar obligar a los propietarios a que aceptaran las condiciones que se les exigían. En La Mancha a finales de mayo aún no se habían pactado las bases de trabajo, lo que ponía en riesgo la cosecha de cereales que debía empezar de inmediato debido a las condiciones meteorológicas. El acuerdo había sido imposible debido a la enorme distancia que separaba las demandas de los sindicatos obreros de la oferta de los propietarios. Comenzaron las huelgas y el jurado mixto de Ciudad Real estableció unas bases de trabajo muy favorables a las demandas de las organizaciones obreras: jornada de 8 horas; jornales de 10,75 pesetas (frente a las 7 y 8 de años anteriores); prohibición del destajo, de las máquinas segadoras y de los trabajadores forasteros mientras quedaran jornaleros locales parados (una forma de introducir por la puerta de atrás el Decreto de Términos Municipales del primer bienio que no había sido restablecido por el gobierno del Frente Popular); obligatoriedad de contratar por turno riguroso en las bolsas de empleo municipales, etc. Muchos propietarios consideraron estas bases «ruinosas» y no las aceptaron por lo que las huelgas continuaron. A mediados de julio la mayor parte de la cosecha seguía sin recogerse. Lo mismo sucedió en Andalucía donde a mediados de junio la siega no había comenzado en muchos lugares porque los sindicatos locales continuaban con las huelgas.


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text: Según Gabriele Ranzato, la intensa movilización campesina que se produjo a partir de junio llevó al «sistema agrario capitalista» «al borde de la bancarrota, sobre todo en el sector de las medianas y pequeñas empresas, menos provistas de reservas financieras para resistir al notable aumento del coste del trabajo [en torno a un 50% respecto a 1933] frente a un mercado flojo». Fernando del Rey Reguillo coincide con Ranzato en que el gran aumento del coste de la mano de obra, del que se quejaban los propietarios, suponía la «inversión de las relaciones sociales de poder. La propia retórica obrerista insistía en lo mismo. La pretensión de que los trabajadores pasasen a dominar a los propietarios se mostraba coherente con la estrategia alimentada por los socialistas desde 1931. Esto es: servirse de la República para introducir cambios radicales pero a ser posible, sin echar mano de la insurrección revolucionaria, en la línea de una especie de socialización silenciosa». Stanley G. Payne también considera que el objetivo era «la inversión de las relaciones de poder, de forma que los obreros dominasen a los propietarios». «Parece que la meta era obligar a los terratenientes a utilizar cuantas reservas de capital tuvieran para beneficiar a sus obreros, sin necesidad de someterlos a una expropiación formal, hasta que hubiesen entregado la mayor parte de cuanto poseían». Una valoración similar es la que hace Julián Casanova: «la amenaza al orden social y la subversión de las relaciones de clase se percibían con mayor intensidad en 1936 que en los primeros años de la República... Las organizaciones sindicales no buscaban defender los intereses obreros en el marco de las estructuras políticas y económicas existentes sino que pretendían cambiarlas».


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text: En la segunda quincena de junio los propietarios se movilizaron masivamente mediante escritos a la prensa y actos públicos para denunciar las condiciones «abusivas» y «ruinosas» que les querían imponer los sindicatos y que hacían imposible realizar la siega. La Confederación Española Patronal Agrícola (CEPA) llegó a pedir al Gobierno que aclarase «en qué circunstancias vamos a seguir, si en régimen capitalista o socialista y si es que va ser un delito ser propietario». El Comité de Enlace de Entidades Agropecuarias escribió al Presidente de la República en un tono conciliador: «Es necesario adoptar medidas que puedan enfocar los problemas planteados en un sentido de justicia, de armonía y de convivencia ciudadanas, capaces de poner término en plazo inmediato a un estado latente de intranquilidad social, restaurando el imperio del orden jurídico y de la paz pública». Pero el hecho cierto era que muchos propietarios habían paralizado las labores agrícolas (incluida la siega) antes que plegarse a las demandas de los sindicatos campesinos, lo que estaba provocando conflictos a veces violentos en muchos pueblos.


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text: Las derechas llevaron la «situación del campo» a las Cortes donde el 1 de julio se produjo un intenso debate. El ministro de Trabajo Joan Lluhí, de Esquerra Republicana de Cataluña, afirmó que el jornal de 12 pesetas diarias no era excesivo porque si se dividía entre los doce meses del año se quedaba en 3 pesetas (una miseria), por lo que la consecución de «un salario que sea humano» estaba por encima de la «rentabilidad o beneficio industrial de la explotación agrícola» y que se debía alcanzar sin importar el «costo de la producción». También defendió la prohibición del uso de maquinaria mientras hubiese jornaleros en paro. Por su parte el ministro de Agricultura Mariano Ruiz Funes insistió en que la prioridad del gobierno era la defensa de los desfavorecidos. Tras las duras intervenciones de los diputados de derechas José María Cid y José Calvo Sotelo denunciando la difícil situación que estaban viviendo los «modestos agricultores» abocados «a la ruina» (el diario liberal "El Sol", adoptando plenamente el punto de vista de los propietarios, había publicado que «tan digna de piedad es la del bracero que no tiene pan como la del labrador a quien se lo quitan»), intervino el diputado socialista "caballerista" Ricardo Zabalza, secretario general de la FNTT, que les echó en cara a los diputados de derechas que «yo ni una sola vez les he oído clamar por el otro espectáculo, más doloroso aún, que tantas veces hemos presenciado los que vamos a los pueblos: docenas, cientos de hombres parados, que no encuentran ocupación, que ven cómo transcurren los días sin que nadie utilice sus brazos». El diputado socialista por Zamora Ángel Galarza defendió también los «alojamientos» poniendo como ejemplo su ciudad. Gracias a ellos se había puesto fin al «espectáculo de los años 34 y 35, en que a la plaza Mayor acudían centenares de campesinos, con cara de hambre, famélicos, y como si fuera el mercado de ganados» y allí el «patrono del campo» «como en el mercado se mira la oveja, la vaca, el buey o la mula, los observaba, se fijaba en su edad, en su fortaleza, y después los apartaba como se aparta la pareja o la yunta que ha caído bien a quien la va a comprar». Galarza terminó su intervención haciendo un llamamiento a la violencia hacia los propietarios si estos no cedían a las demandas de los trabajadores, lo que causó un tumulto en el hemiciclo de las Cortes. En el mismo sentido se expresó el comunista Antonio Mije cuando advirtió que cuando los braceros perdieran la paciencia sabrían los propietarios qué era en verdad la violencia y añadió que si se negaban a recoger la cosecha alegando que les era ruinosa entonces el Gobierno debería nacionalizarla pasando la tarea a los ayuntamientos y a las organizaciones obreras para que la realizasen. Una propuesta que también había hecho Ricardo Zabalza.


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text: Por su parte la FNTT respondió a la movilización de los propietarios —que estaban dando pruebas de «rebeldía y contumacia descaradas» al no aceptar las bases de trabajo— alegando que detrás de ella se encontraban los ricos terratenientes, esa clase patronal agraria, «incomprensiva, cerril e intransigente», caracterizada por «su soberbia bellaca», e hizo un llamamiento a todos sus afiliados a que, si el gobierno «de pequeños burgueses» no actuaba obligando a los propietarios a reanudar las labores agrícolas, se incautaran de lo que los propietarios no quisieran recolectar. «No debe quedar sin recoger ni una fanega de cereal... proceded colectivamente a segar el cereal. Segadlo y trilladlo para vosotros». Como justificación la FNTT afirmó «que no hay más República de verdad que la República socialista». Al mismo tiempo "El Obrero de la Tierra", el órgano de prensa de la FNTT, denunciaba la falta de apoyo de los republicanos de izquierda a los que acusaba de ser «cedistas disfrazados» (afirmaba que «los caciques se están haciendo todos de Izquierda y Unión republicanas») y a los gobernadores civiles, que ellos habían nombrado, de no atender «a los que votaron por las izquierdas y dieron el pecho para el triunfo del Frente Popular». El distanciamiento entre los republicanos de izquierda y la izquierda obrera se pudo comprobar durante la discusión que tuvo lugar en la Diputación Provincial de Ciudad Real el 7 de julio en la que socialistas y comunistas se negaron a secundar la propuesta del republicano Juan Sánchez de condenar por igual todos los asesinatos que se habían producido en la provincia, independientemente de la filiación política de las víctimas (estaban muy recientes las muertes de un falangista y de un socialista que se habían producido durante un tiroteo en el casino de Miguelturra). El socialista Domingo Llorca dijo que él «no podía sentir la muerte de un fascista» y añadió: «es más, deseo que desaparezcan esos enemigos del progreso del pueblo aunque sea por medio de una peste bubónica». El comunista Domingo Cepada dijo que él solo protestaba «contra los asesinatos cometidos contra nuestros obreros». Al final se aprobó la propuesta de socialistas y comunistas en la que solo se condenaban los asesinatos de obreros.


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text: «La repuesta de los jornaleros, entre los que el paro y el pauperismo alcanzaban proporciones alarmantes, fue a veces violenta y dio pie a incidentes sangrientos, como el de Yeste (Albacete) donde a finales de mayo la detención de unos campesinos que pretendían talar árboles en una finca particular condujo a un sangriento enfrentamiento entre la Guardia Civil y los jornaleros, en los que murieron un guardia y 17 campesinos, varios de ellos asesinados a sangre fría por los agentes». Yeste se unió a la nómina de Arnedo, Castilblanco y Casas Viejas. Sin embargo, según Julián Casanova, «ni el número ni el tipo de conflictos en el mundo rural [entre febrero y julio de 1936] fue más elevado y acusado de lo que lo había sido desde 1931 a 1934. Las sangrientas represiones contra esas manifestaciones campesinas fueron raras, si se compara con lo abundantes que habían sido durante el primer bienio, y la matanza de Yeste del 29 de mayo no produjo ninguna movilización social, ningún clamor contra esa institución y ni siquiera revitalizó el culto a los mártires tan frecuentes en anteriores ocasiones». Pero lo cierto fue que a finales de junio y principios de julio comenzó una ola de violencia que se extendió especialmente por toda la España meridional. En los pueblos de La Mancha se produjeron altercados entre grupos de derechas y policías municipales de los ayuntamientos gobernados por gestoras socialistas (que acabaron con la detención de los derechistas); tiroteos entre falangistas y socialistas en los que hubo algún muerto y heridos; asaltos a domicilios de falangistas por los policías municipales, en uno de los cuales se produjo un muerto; etc. También se produjeron quemas de mieses. El periódico socialista de Puertollano "Emancipación" responsabilizó de la violencia a las derechas que «conspiran en las sombras, se arman hasta los dientes, pagan pistoleros para que asesinen a traición, y luego acudir al Parlamento a pedir cuentas al Gobierno».


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text: Así resume la situación en el campo en julio de 1936 José Manuel Macarro Vera (tomando como referencia Andalucía):


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text: Eduardo González Calleja ha señalado que «junto con el desarrollo y alcance de la conspiración militar en ciernes, el otro gran asunto polémico de la primavera de 1936 fue el deterioro imparable del orden público, que había sido uno de los grandes problemas con los que tuvo que lidiar la Segunda República desde el inicio de su andadura».


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text: Según Joan Maria Thomàs, «el desorden creció en la primavera e inicios del verano de 1936 a pasos agigantados en muchas localidades del país». «Ocupaciones ilegales de tierras en provincias del centro y del sur —en parte auspiciadas por ayuntamientos de izquierdas, sobre todo socialistas— y otras veces fruto de la presión de los propios sindicatos de trabajadores del campo; cierre arbitrario de iglesias al culto e incendios de templos contribuyeron todos ellos al clima de deterioro del orden. Por otra parte, existía un malestar creciente entre patronos y empresarios por los nuevos acuerdos salariales, con incrementos muy grandes y que en todo caso sobrepasaban en muchos casos la rentabilidad, dándose casos en que los gastos de recolección superaban el precio de la cosecha. Fue aquella una primavera de huelgas, y muchas de ellas se saldaron con victorias sindicales, fueran anarcosindicalistas o socialistas». «La escalada de violencia no hizo sino incrementarse en el mes que medió entre junio y el inicio del golpe de Estado del 17 de julio... La traca final vendría con el asesinato del teniente Castillo a manos de derechistas y, sobre todo, en la noche del 12 al 13 de julio con el de José Calvo Sotelo, un hecho especialmente grave al producirse por fuerzas de orden público que llevaban como auxiliares a militantes socialistas —uno de ellos, escolta de Indalecio Prieto— y como jefe al capitán de la Guardia Civil, Condés, también ligado al PSOE».


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text: En el caso específico de La Mancha los protagonistas de «los enfrentamientos, las coacciones y las violencias» fueron, según Fernando del Rey Reguillo, «por un lado los propietarios medios y pequeños, con el entramado interclasista que giraba a su alrededor, y por otro los jornaleros, movilizados a través de sus organizaciones —socialistas y, en menor media, anarquistas o comunistas—. [...] Al fin y al cabo, ambos tipos sociológicos, los "braceros" (o asalariados del campo) y los "labradores", constituían las categorías sociales de más valor cuantitativo, económico y cultural del campo manchego. [...] En la mayoría de las ocasiones [los choques y afrentas] respondieron a una lógica de acción/reacción nacida de la ocupación de la calle, del mercado de trabajo, de la tierra y de las instituciones por parte de las entidades —vocacionalmente revolucionarias— integradas en el Frente Popular»


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text: González Calleja ha destacado que la violencia en la que hubo víctimas mortales, que es la que él ha estudiado a fondo, no fue obra de grupos paramilitares bien organizados, como a veces se ha sostenido, sino que fue una «violencia fuertemente atomizada y desestructurada, en la que prevaleció la confrontación individual» como lo demostraría que «casi el 77 % [209] de los 272 incidentes letales que tuvieron lugar en la primavera de 1936 se saldaron con una sola víctima mortal, en actos que se aproximan a la fisonomía del atentado individual antes que a un modo de violencia organizada de forma masiva». «Lo que podríamos considerar como "masacre" fue la excepción, ya que por encima de los cinco muertos solo figuraron los incidentes producidos el 14 de marzo en Logroño entre izquierdistas y soldados de la guarnición tras una provocación falangista, los enfrentamientos callejeros suscitados en Madrid el 16 de abril por grupos de extrema derecha a raíz del entierro del alférez Anastasio de los Reyes y la masacre de campesinos perpetrada por la Guardia Civil en Yeste (Albacete) el 28 de mayo». González Calleja considera mitos «tanto la existencia de una violencia prerrevolucionaria organizada por la extrema izquierda para conquistar el poder, como el predominio de los usos paramilitares en la actuación contrarrevolucionaria de la extrema derecha».


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text: Los desórdenes y los actos violentos protagonizados por grupos de militantes de los partidos y de los sindicatos obreros y por sectores de las clases populares que habían comenzado nada más conocerse el triunfo de Frente Popular, no remitieron en absoluto sino que continuaron en las semanas y meses siguientes. Una de sus motivaciones, según Gabriele Ranzato, era el deseo de venganza por los sufrimientos padecidos durante el «bienio negro» (huelguistas que habían sido apaleados y encarcelados, jornaleros y pequeños arrendatarios que habían sido expulsados de la tierra y humillados, etc.), sumado al «odio de clase» —eran frecuentes los asaltos a casinos o a centros recreativos de la burguesía—, pero la motivación principal era el deseo de «subvertir las jerarquías sociales y derribar a corto plazo el orden existente» («la victoria del Frente Popular había sido interpretada por buena parte de las masas como una ocasión a aprovechar de inmediato para cambiar radicalmente su condición y las relaciones de poder»). En ocasiones los disturbios eran una respuesta a la violencia de individuos o grupos de derechas, pero en la mayoría de las veces «bastaba la más mínima provocación, verdadera o presunta, o un ataque, incluso aislado y circunscrito, por parte de militantes de derechas, para que huelgas o manifestaciones de la izquierda obrera derivaran en enfrentamientos con la fuerza pública, agresiones y devastaciones». Un ejemplo puede ser lo sucedido en Alicante el 20 de febrero:


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text: Los dirigentes de las organizaciones obreras no intentaron detener la escalada de violencia sino que se mostraron comprensivos e indulgentes y la justificaron alegando que se debía a las agresiones, atropellos y detenciones sufridos durante los dos años de gobierno de la derecha o bien eran una respuesta a provocaciones y atentados perpetrados por «criminales fascistas». El secretario general del POUM Joaquín Maurín justificó en las Cortes la violencia del «verdadero pueblo que ha sufrido en Octubre» apelando a la Ley del Talión y solo «cuando esta justicia se haya llevado a cabo, entonces es cuando podrá haber calma». El socialista "caballerista" Rodolfo Llopis dijo a principios de abril en las Cortes:


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text: Por su parte el gobierno, que no conseguía restablecer el orden público a pesar de los cambios de los gobernadores civiles que se habían mostrados más incapaces para hacer frente a los conflictos y desmanes —nueve ya habían sido sustituidos a principios de abril, solo dos meses después de haber sido nombrados—, también se mostró comprensivo. Azaña dijo en su discurso de presentación del gobierno en las Cortes: «Dejemos llegar a nuestro ánimo el sentimiento de la misericordia y de la piedad. ¿Es que se puede pedir a las muchedumbres irritadas y maltratadas, a las muchedumbres hambreadas durante dos años, a las muchedumbres saliendo del penal, que tengan la virtud que otros tenemos de que no trasparezcan en nuestra conducta los agravios de que guardamos exquisita memoria?». Y también señaló como los principales culpables de la violencia a los enemigos de la República en cuanto provocadores y «costeadores» de la violencia a los que se comprometió a combatir pues «nuestro deber» «estará siempre al lado del Estado republicano». Cuando habló Azaña ya se habían producido los primeros atentados protagonizados por pistoleros de Falange Española de las JONS, como el que había intentado acabar con la vida del diputado y jurista socialista Luis Jiménez de Asúa. Pero Azaña tenía dudas de que podría atajar la violencia de las izquierdas que se extendía por el país como lo demuestra el contenido de la carta que envió a su cuñado el 17 de marzo en la que describe un panorama realmente oscuro (la carta también demuestra el desconcierto de Azaña, «que creía que la izquierda tenía que sentirse a gusto con las medidas radicales tomadas por su gobierno, pero que comprobaba que no era así»):


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text: Uno de los pocos líderes del Frente Popular que denunció públicamente la violencia de las izquierdas fue el socialista Indalecio Prieto en un discurso pronunciado el 1 de mayo en Cuenca con motivo de la repetición de las elecciones en esa circunscripción. Tras alertar sobre el peligro de un golpe militar «contra el régimen republicano», aludió a los «desmanes» de las izquierdas en los que «no veo signo alguno de fortaleza revolucionaria».


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text: Tres días después, el periódico "caballerista" "Claridad" acusó a Prieto de defender lo mismo que los «fascistas» con respecto a los desórdenes públicos, que el articulista de "Claridad" calificaba de «lucha de clases». Y añadía: «Pero el mayor error, si explicable en un republicano, inconcebible en un socialista, es pensar que una suspensión de la lucha de clases puede hacer el milagro de resolver ningún problema nacional».


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text: Por su parte el líder de la CEDA José María Gil Robles protestó en las Cortes por la «persecución implacable contra las gentes de derechas» y denunció la «apatía del gobierno» frente a la violencia de la izquierda. El democristiano comprometido con la República Ángel Ossorio se lamentó en un artículo publicado el 10 de junio en "Ahora" de que el comportamiento de las izquierdas fuera irracional y destructivo: «El Frente Popular fue creado para combatir el fascismo, pero por el camino que llevan las cosas en España, el único fascismo va a ser el del Frente Popular».


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text: Un fenómeno conectado directamente con la violencia de las izquierdas fue la creciente presencia en las calles, especialmente en la capital, de las cada vez más numerosas milicias de los partidos y organizaciones obreras. Ante la perspectiva de una victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero tanto las milicias socialistas (fundadas en febrero de 1932 en el Congreso de las Juventudes Socialistas) como las MAOC comunistas (creadas en 1933) se habían reconstruido a principios de 1936 tras su participación en la fracasada Revolución de Octubre de 1934. De hecho cuando negociaron el programa de la coalición de izquierdas tanto el Partido Socialista como el Partico Comunista intentaron que se incluyera en el mismo la constitución de milicias («una milicia popular formada por obreros y campesinos», según el PCE; «una milicia civil armada integrada por republicanos y socialistas», según el PSOE). La iniciativa no fue aceptada por los republicanos pero estos sí que accedieron, en cambio, a retirar del programa su propia propuesta de disolver todas las milicias armadas, sin excepción alguna (la eliminación de este punto sería una de las razones por las que abandonaría la coalición el pequeños partido republicano de Felipe Sánchez Román). Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones y la formación del gobierno de Manuel Azaña las milicias impusieron su presencia en la calle (su «derecho a desfilar», como lo llamó Juan Modesto, responsable nacional de las MAOC comunistas) sin que las fuerzas del orden recibieran la orden de dispersarlas. Su presencia pública se intensificó a partir de la fusión de las juventudes socialistas y comunistas en las Juventudes Socialistas Unificadas, que bajo control comunista, se convirtieron en la principal cantera de reclutamiento. Además, las milicias socialistas y comunistas, cuya finalidad no era la defensa del sistema de democracia liberal sino su sustitución por la dictadura del proletariado, contaron a veces con la complicidad de algunos mandos de las fuerzas de orden público. El socialista Manuel Tagüeña recordó en sus memorias que en una ocasión en que unos guardias civiles detuvieron en los alrededores de Madrid a varios miembros de las milicias de su partido, de las que él era miembro, bastó una llamada telefónica de uno de los jefes de las milicias al ayudante del general Pozas, inspector de la Guardia Civil, para que fueran puestos inmediatamente en libertad y sus armas les fueran devueltas.


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text: Para las zonas rurales la socialista "caballerista" FNTT creó las «Milicias del Pueblo», «con normas militares y espíritu proletario», también conocidas como «milicias rojas». "El Obrero de la Tierra", órgano de la FNTT, justificó su creación porque «nos hallamos en guerra civil, larvada en unos sitios y descarada en otros». Y mientras durara esa «guerra civil» sustituirían a la Guardia Civil, que debía quedar relegada a sus cuarteles. «A la menor alarma —¡oído a la radio!— procederían a adueñarse del pueblo, sometiendo ¡como sea! a quien se les resiste o niegue obediencia. [...] Al enemigo —vista como vista— hay que aplastarlo sin piedad», añadía "El Obrero de la Tierra".


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text: De las acciones de las «milicias rojas» se hicieron eco en las Cortes los diputados de las derechas que denunciaron cómo se servían de ellas los alcaldes socialistas para «cachear a los individuos» y meterlos en la cárcel». El máximo dirigente de la FNTT, el socialista "caballerista" Ricardo Zabalza que era diputado por la circunscripción de Badajoz, sin negar los hechos, les respondió el 5 de mayo lo siguiente (sin que los diputados republicanos de izquierdas mostraran su desacuerdo):


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text: Por esas mismas fechas el diputado comunista Antonio Mije en un mitin en Badajoz había hablado en tonos amenazantes del papel revolucionario de las milicias:


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text: En ese mismo mitin Mije también advirtió «muy seriamente a los elementos republicanos» que «en España muy pronto las dos clases antagónicas de la sociedad han de encontrarse en el vértice definitivo en un choque violento, porque la historia lo determina así para cumplir el fin que tenemos determinado». Terminó su discurso poniendo como ejemplo a la Unión Soviética, «atalaya luminosa que nos alumbra el camino..., pueblo libre que no sufre ni explotación ni hambre, que se ha liberado por completo y que marcha a la cabeza de las muchedumbres de trabajadores».


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text: El propio Largo Caballero también hacía afirmaciones similares a las de Mije en sus mítines respecto a las milicias después de que desfilaran ante él. En Cádiz dijo: «la acción de la clase trabajadora no se podrá limitar en lo sucesivo simplemente a concentraciones para lucir los uniformes... Ha de llegar el momento en nuestro país, como en todos los demás, de una acción enérgica y eficaz para vencer a nuestros enemigos y de esta acción, más que nadie, la tenéis que realizar vosotros los jóvenes». Y en Oviedo: «el desfile de este ejército pacífico puede y debe traducirse mañana en un ejército que no sea tan pacífico, que no lo podrá ser, que no lo deberá ser; no porque quiera él, sino porque la historia le impondrá no serlo». El 11 de julio (sólo una semana antes del inicio del golpe) el diputado socialista por Jaén, Alejandro Peris, hacía el siguiente llamamiento a las milicias:


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text: El partido fascista Falange Española de las JONS, que a principios de 1936 era una fuerza política marginal (solo obtuvo 45 000 votos en todo el país en las elecciones de febrero), vio cómo aumentaba su número de afiliados, porque tras el triunfo del Frente Popular recibió una avalancha de jóvenes de derechas (en su mayoría procedentes de la rama juvenil de la CEDA, las Juventudes de Acción Popular, y de los monárquicos alfonsinos de Renovación Española) dispuestos a la acción violenta. Así Falange pasó de unos 6000 militantes a más de 20 000 en pocas semanas. «Si bien los falangistas nunca consiguieron desarrollar en los conflictos laborales el papel de matones patronales según el modelo del escuadrismo italiano, sobre todo en los pequeños centros se dedicaban generalmente a sostener con acciones violentas a los propietarios y empresarios en el curso de las luchas sindicales. Por otro lado, "la obligación estricta de defenderse con la eficacia y energía que exige el honor de Falange" [según se decía en una de las instrucciones que recibieron los jefes locales] implicó varias veces no solo represalias, sino también "violencias preventivas" que a su vez provocaban venganzas. Así que, en Madrid, donde cada episodio de violencia se presentaba con mayor énfasis a la atención del país, los falangistas entraron inmediatamente en el torbellino de provocaciones y venganzas que les enfrentaban a los grupos armados de la CNT y a las milicias socialistas y comunistas, retomando la práctica de la "dialéctica de los puños y de las pistolas"». Uno de los escenarios de estos enfrentamientos entre falangistas (del SEU) e izquierdistas fue la universidad que se convirtió «en un verdadero campo de batalla, hasta el punto de obligar a las autoridades académicas a cerrarla temporalmente».


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text: El primer atentado importante que cometieron los falangistas fue el perpetrado a primera hora de la mañana del 12 de marzo en Madrid contra el diputado socialista y «padre» de la Constitución de 1931 Luis Jiménez de Asúa, en el que este resultó ileso pero su escolta, el policía Jesús Gisbert, murió —el atentado era la «venganza» por la muerte de varios falangistas acaecida los días anteriores en la capital: el 6 de marzo habían sido asesinados en Madrid dos obreros de la CONS, lo que fue respondido con la muerte de un socialista al día siguiente; el 10 eran asesinados en Madrid dos estudiantes de derecho pertenecientes al SEU—. El entierro al día siguiente del policía se convirtió en una manifestación de repulsa contra la «violencia fascista» y se produjeron graves incidentes —un joven falangista que hizo el saludo fascista estuvo cerca de ser linchado—, con incendios de dos iglesias (dos bomberos murieron accidentalmente) y de las oficinas y talleres del diario derechista "La Nación", órgano del Bloque Nacional de José Calvo Sotelo. Murió un guardia de Seguridad y fue agredido el jefe de día del Gobierno Militar, incidente inédito hasta entonces que conmocionó a la guarnición de Madrid (y al presidente del gobierno Manuel Azaña que tenía muy buena opinión de él). Por su parte, los autores materiales del atentado contra Jiménez de Asúa y su escolta lograron huir a Francia en una avioneta pilotada por el aviador militar Juan Antonio Ansaldo. El gobierno impuso la censura, lo que no hizo sino incrementar la alarma pues comenzaron a circular por Madrid todo tipo de bulos, e hizo pública una nota en la que condenaba el atentado y elogiaba a los militares, «modelo de abnegación y lealtad».


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text: La respuesta del gobierno de Azaña fue prohibir el partido, detener el 14 de marzo a su máximo dirigente José Antonio Primo de Rivera y a otros miembros de su “Junta Política”, cerrar su periódico "Arriba" y clausurar todas sus sedes. Un juez declaró ilegal al partido tres días después (la sentencia fue apelada y el Tribunal de Urgencia el 30 de abril le dio la razón a Falange al considerar que de su programa no podía deducir que quisiera «reemplazar por la fuerza al gobierno republicano por otro anticonstitucional», sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo el 8 de junio por lo que Falange volvía a ser un partido legal; a pesar de ello Primo de Rivera y otros dirigentes continuaron en la cárcel acusados de otros delitos). El paso a la clandestinidad no impidió que siguiera perpetrando atentados y participando en reyertas con jóvenes socialistas y comunistas (de hecho las condiciones de reclusión de Primo de Rivera fueron bastante benignas, con la posibilidad de recibir visitas casi ilimitadas, por lo que pudo seguir dirigiendo desde allí la actividad del partido al que ordenó pasar «a la ofensiva»). La casa de Largo Caballero fue tiroteada una semana después del atentado contra Jiménez Asúa —los autores solo fueron condenados a dos meses y medio de cárcel por posesión ilegal de armas de fuego— y el 13 de abril era asesinado el magistrado de la Audiencia Manuel Pedregal, que había actuado como ponente en el procesamiento de varios falangistas por el atentado contra Jiménez de Asúa. El 8 de mayo también era asesinado el capitán de Ingenieros Carlos Faraudo, instructor de las milicias socialistas. De hecho el mismo día, 6 de junio, en que el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia que levantaba la ilegalización de Falange, Primo de Rivera escribió en el periódico falangista clandestino "No importa":


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text: Los incidentes de mayor trascendencia se produjeron los días 14 y 16 de abril. El 14 —el día anterior había sido asesinado el juez Pedregal presuntamente por unos falangistas— tuvo lugar un desfile militar en el Paseo de la Castellana de Madrid en conmemoración del Quinto Aniversario de la República y junto a la tribuna principal, ocupada por el presidente de la República en funciones Diego Martínez Barrio y por el presidente del gobierno Manuel Azaña, estalló un artefacto —en realidad una traca lanzada por un falangista contra la parte posterior de la tribuna— lo que causó un gran desconcierto y descompuso el desfile. A pesar de ello la parada militar se reanudó pero cuando desfiló ante la tribuna presidencial la Guardia Civil se produjeron gritos de «¡UHP!» —mezclados con vítores y aplausos— y algunos miembros del cuerpo fuera de servicio y de paisano reprendieron a la gente que los profería. Hubo disparos y uno de los guardias civiles, el alférez Anastasio de los Reyes, del que se dijo que era simpatizante de la derecha, resultó muerto y varios espectadores fueron heridos. Aunque hubo algunas detenciones nunca se supo quién había disparado contra el alférez De los Reyes (las derechas acusaron al teniente Castillo de ser el responsable del asesinato, a pesar de que en aquel momento estaba desfilando con una sección de la Guardia de Asalto).