miento entre los corregimientos en que se comprendían las haciendas favorecidas por el nuevo camino. Estos corregimientos eran Tunja, Leiva y Garagoa ( 1,000 pesos ); Pamplona hasta el valle de Sogamoso inclusive (1,000); Vélez, el Socorro, San Gil, y Puente-Real (1,000); Chocontá (1,000); Muzo (1,000); Zipaquirá con Ubaté y Chiquinquirá (1,000). Los hacendados de esta ciudad hasta el Común cien pesos, sobre el gravamen de talárseles sus tierras y de haber de franquear sus campos para sacar las maderas que se necesiten, en lo que se deberá proceder con la debida moderación. Al presentar este proyecto, pidió el Fiscal se encargara de la dirección de la obra á D. Domingo Esquiaqui. En el expediente de donde tomamos estas noticias se halla una especie de curioso catastro con especificación de los hacendados y haciendas de mucho de lo que ahora forma el Estado de Boyacá, y del valor en que dichas haciendas se han estimado. Los obstáculos con que se tropezó para recaudar fondos, las resistencias para pagar y las reclamaciones de toda especie fueron los que debemos suponer. De ello hay sobrada constancia en el precitado expediente; y aun sin ella lo echaríamos de ver, hallando como halla mos que en 1796, tres años después de iniciado el asunto, el Síndico Procurador, D. Carlos de Burgos, aparece exponiendo que en la Escribanía de Cámara están depositados apenas dos mil pesos recaudados en Tunja, Pamplona, Zipaquirá y Ubaté, con los que (dice) puede darse principio a la obra proyectada. Pidió luego el Fiscal a principios del año de 97 que ésta se pusiera bajo la dirección del ingeniero D. Carlos Cabrer. Pidieronse a éste el informe y presupuesto competentes, y él enmendó el cómputo de Esquiaqui estableciendo muy buenos fundamentos para hacer subir a más de 29,000 pesos el costo de la obra, sin incluir en esta suma el valor de los terrenos que había de ocupar el camino, ni el de los perjuicios que se seguirían de parte de las propiedades. Observó también que las alcantarillas no deberían hacerse de madera sino de piedra, y fué de parecer que los trabajos se empezaran desde luego. El informe del señor Cabrer desalento de todo punto al Fiscal, quien atento lo desproporcionado de los fondos que era posible allegar, con la suma presupuesta, pidió se pasara el negocio al Procurador general y al Cabildo para que promoviesen lo más conveniente y tomasen otros arbitrios. El Cabildo opinó que se debía estar á lo acordado, por lo mismo que lo que se había recaudado no alcanzaba, y pidió que se dictasen nuevas y eficaces providencias para que se verificase la recaudación de las sumas repartidas. En 1807, hallamos ya citado á D. Bernardo Anillo como director de la obra, y al Oidor D. Andrés de Portocarrero nombrado por el Virrey Amar Superintendente de la misma. D. José Pío Domínguez, diputado pagador, presentó en Junio del propio año una cuenta de los gastos hechos en la obra desde que se empezó (no sabemos cuándo sería) hasta 31 de Mayo de aquel año. Por muerte del señor Portocarrero, fue nombrado superintendente el Oidor D. Jose Bazo y Berry, el 1º de Agosto de 1808. Á él ocurrió en Octubre siguiente D. Pío Domínguez quejándose de falta de fondos, para satisfacer las listas de la semana corriente. El superintendente propuso entonces que se echara mano de los fondos pertenecientes al ramo de camellón. En Noviembre de 1808, calculaba el señor Bazo que se necesitarían 250 pesos semanales para raciones del presidio (que corrían por cuenta de la obra) y para los demás gastos. Para reintegrar ciertas anticipaciones que él había hecho y para los gastos que habrían de hacerse hasta el fin del año, giró el Virrey contra las Cajas Reales. Parece, pues, que durante el gobierno de D. Pedro DADEI DEDIANN