“Education and knowledge as a public good and a personal and social right, guaranteed by the State” (Art. 2); “Education is a national priority and has become a policy of the State to enable us to build a fairer society...” (Art. 3). It specifically establishes that “The State shall not sign bilateral or multilateral free trade agreements that involve conceiving education as a profit-making service or that encourage any form of commercialization of the state educational system” (Art. 10).
En ese sentido, la Ley de Educación Nacional moviliza otros discursos que se diferencian de la etapa anterior, creando nuevos sentidos que recuperan algunos principios de la cultura estatalista original del sistema educativo argentino e incorporan otros atendiendo a la diversidad provincial y a los contextos internacionales: “La educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado” (Art. 2º); “La educación es una prioridad nacional y se constituye en una política de Estado para construir una sociedad más justa…” (Art. 3º) y fija taxativamente que “El Estado no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública” (Art. 10º).