In 1996 a provision was added to Title III of the Central and Local Government Personnel Act to the effect that competent authorities may not, without objective justification, make a distinction between public servants on the basis of a difference in length of service and in the conditions governing an appointment or its extension or termination.
En 1996 se añadió una disposición al capítulo III de la Ley de personal de la administración pública central y local, en virtud de la cual las autoridades competentes no pueden, sin justificación objetiva, establecer distinciones entre los funcionarios públicos según su antigüedad o las circunstancias por las que fueron nombrados o por las que se prorrogó o rescindió su nombramiento.