However, it is the states and their public institutions that have the mandate to serve the public interest and the obligation to protect the people from human rights abuses by companies and private investors through appropriate legal frameworks.
Sin embargo es el Estado y sus instituciones públicas quienes deben servir al interés público y tiene la obligación de proteger la población de los abusos de derechos humanos por parte de empresas e inversores privados a través de marcos legales adecuados.