The Working Group was also able to observe the general non-compliance with the rule that all detainees must be brought before a judicial authority within a maximum period of 72 hours, in order for the judge to decide on their release or continued detention.
El Grupo de Trabajo pudo también observar que, usualmente, no se respeta la norma que establece que todo detenido debe ser puesto a disposición de una autoridad judicial en el plazo máximo de 72 horas con el fin de que el juez pueda decidir si lo mantiene en detención o lo pone en libertad.