To discourage use of excessive force, the Government policy is an unequivocal that individual acts of negligence and/or commission allegedly in the name of the State no longer qualify automatically for defense by the State Counsels.
Para disuadir del uso excesivo de la fuerza, la política del Gobierno consiste en establecer claramente que los actos de negligencia o las faltas individuales supuestamente cometidos en nombre del Estado ya no permiten automáticamente que los autores sean defendidos por abogados del Estado.