In many States, legislation had been or was being introduced to establish corrupt practices as criminal offences, to facilitate investigation and prosecution, to increase sanctions and to enhance transparency and accountability of public administration, creating in both the public and the private sectors an ethical environment, where corruption would not be tolerated.
En muchos Estados se habían promulgado o estaban por promulgarse leyes encaminadas a tipificar como delito las prácticas corruptas, a facilitar la investigación y el enjuiciamiento, a aumentar las sanciones y a reforzar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública a fin de crear, en los sectores público y privado, un entorno de integridad en el que no se toleraría la corrupción.