The practical result of this approach is that no issue of priority arises in the case of security rights that are not effective against third parties and, therefore, such rights would be equal between them and with the rights of general creditors (unless they become judgement creditors, see recommendation 86).
El resultado práctico de este enfoque es que no se plantea ningún problema de prelación en el caso de las garantías reales que no sean eficaces frente a terceros y, por consiguiente, esas garantías serían iguales entre sí e iguales a las de los acreedores generales (a menos que se conviertan en acreedores judiciales, véase la recomendación 86).