Therefore, “the State party was obliged to prosecute Hissène Habré for alleged acts of torture unless it could show that there was not sufficient evidence to prosecute, at least at the time when the complainants submitted their complaint in January 2000”.
Por ello, la "obligación de enjuiciar a Hissène Habré por los hechos de tortura alegados incumbía al Estado Parte, excepto si probaba que no disponía de elementos suficientes que le permitiesen enjuiciarlo, al menos en el momento en que los autores presentaron la queja en enero de 2000".