Protecting systems from attacks primarily relies on the implementation of appropriate technical, physical and operational security measures. They must be complemented and supported by a legal framework that deters such threats by criminalizing these types of activities and enabling law enforcement agencies to adequately investigate and prosecute people engaging in cybercrime.
La protección de los sistemas contra los ataques depende principalmente de la adopción de las medidas de seguridad adecuadas en el plano técnico, físico y operativo, que deben ir acompañadas y contar con el respaldo de un marco jurídico que reprima tales amenazas considerándolas delito y permitiendo a los organismos de orden público que investiguen convenientemente a los delincuentes informáticos y los lleven a juicio.