Total direct costs of € 408 million are anticipated, which the Spanish state would have to cover within three years, and up to a further € 927 million would initially have to be borne by the autonomous regions.
Y son precisamente las grandes inversiones que requiere la reforma las que generan más preocupación, pues se cuenta con unos 408 millones de euros en costes directos a financiar por el estado en tres años, y hasta 927 millones que deberían asumir en principio las autonomías.