In all such instances, the decisions of the Secretary-General provide detailed reasons for the rejection, which in most cases is attributable to the incorrect application of law or policy by the JAB or fact-finding that is inadequate and not supported by the available evidence.
En todos esos casos, en las decisiones del Secretario General se dan las razones a que obedece el rechazo, que en la mayoría de los casos se debe a la aplicación incorrecta de la legislación o de las políticas por parte de las juntas mixtas de apelación o a una insuficiente determinación de los hechos que no viene respaldada por las pruebas disponibles.