Having then sought to identify any post-colonial effectivités, the Court found that sovereignty over the islands laid with Honduras, as it had shown that it had applied and enforced its criminal and civil law, had regulated immigration, fisheries activities and building activity, and had exercised its authority in respect of public works there.
Al tratar de establecer cualquier tipo de derechos efectivos poscoloniales, la Corte estimó que la soberanía sobre las islas correspondía a Honduras, ya que este país había demostrado que había aplicado su derecho penal y civil en ellas, había regulado la inmigración, las actividades pesqueras y las de construcción y había ejercido su autoridad en relación con las obras públicas en dichas islas.