The creation of four new regional human rights offices by the Attorney-General's Office is worth noting, along with the establishment, as a follow-up to the High Commissioner's recommendation, of a central subunit of the Unit for Human Rights and International Humanitarian Law charged with aiding investigations into links between public servants and illegal armed groups.
Cabe destacar la creación de cuatro nuevas subunidades regionales de derechos humanos de la Fiscalía General, así como la creación, en seguimiento de la recomendación de la Alta Comisionada, de una subunidad central de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario encargada de impulsar las investigaciones sobre nexos entre servidores públicos y grupos armados al margen de la ley.