Although the legislative, executive and judicial authorities are all enjoined by Article 35 of the Constitution to secure, within the limits of their respective competence, the efficient application of human rights, it is the totally independent judiciary that is the ultimate protector of human rights and liberties.
Aunque los poderes legislativo, ejecutivo y judicial están obligados, en virtud del artículo 35 de la Constitución, a velar, dentro de los límites de su respectiva competencia, por la aplicación efectiva de los derechos humanos, un poder judicial totalmente independiente es el protector en última instancia de los derechos humanos y las libertades.