Some claim that economic, social, and cultural rights cannot be claimed in Court, as they are incumbent upon the State, in whose jurisdiction the Judiciary cannot interfere under risk of violating the principle of separation of powers.
Algunos sostienen que los derechos económicos, sociales y culturales no pueden reclamarse ante los tribunales, ya que es el poder ejecutivo del Estado el que tiene la responsabilidad de garantizarlos, y el poder judicial no puede interferir en su competencia, pues se correría así el riesgo de violar el principio de la separación de poderes.