According to it, despite the submission of formal complaints by lawyers on behalf of defendants in hundreds of cases in recent years, no case has come to public attention of a state agent being held accountable for torturing persons held for politically motivated offenses.
Según esa organización, a pesar de la presentación durante los últimos años de denuncias formales por abogados en nombre de acusados en centenares de casos, no se tiene constancia de ningún caso en que un agente del Estado haya sido declarado culpable de actos de tortura contra detenidos por motivos políticos.