On appeal in the District Court of Ontario, the judge found that he could not conclude that the Indians were mislead at the time of the 1923 Treaty, and that section 35 of the Constitution Act 1982, recognizing and confirming the existence of aboriginal treaty rights of the aboriginal people of Canada, did not create new rights or reconstitute the rights that had been contracted away.
En relación con el recurso interpuesto ante el Tribunal de Distrito de Ontario, el juez dictaminó que no podía llegar a la conclusión de que se engañara a los indios en la época del Tratado de 1923, y que el artículo 35 de la Constitución de 1982, que reconoció y confirmó la existencia de los derechos aborígenes derivados de los tratados que le asisten a los pueblos aborígenes del Canadá, no creó nuevos derechos ni restableció los que se habían cedido.