What it really implies, however, is that the pockets of a few experts in international law would end up fuller, Nicaraguan consumers would pay more for Costa Rican products and Costa Rica’s producers would divert the supply of their goods to the demand from other countries.
A la postre, algunos bolsillos de expertos en derecho internacional quedarán más llenos, los consumidores nicaragüenses pagarán más por los productos ticos y los productores costarricenses desviarán hacia otros países la oferta y venta de sus bienes.