Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) concerning Al-Qaida and the Taliban and associated individuals and entities Letter dated 2 November 2006 from the Permanent Representative of Georgia to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee I have the honour of writing to you in your capacity as the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) concerning Al-Qaida and the Taliban and associated individuals and entities. I have the honour to transmit herewith the report of Georgia pursuant to paragraph 6 of Security Council resolution 1455 (2003) (see annex). (Signed) Irakli Alasania Ambassador Permanent Representative
Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa a Al-Qaida y los talibanes y personas y entidades asociadas Carta de fecha 2 de noviembre de 2006 dirigida al Presidente del Comité por el Representante Permanente de Georgia ante las Naciones Unidas Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en su condición de Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa a Al-Qaida y los talibanes y personas y entidades asociadas. Asimismo, tengo el honor de remitirle, por la presente, el informe elaborado por Georgia en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1455 (2003) del Consejo de Seguridad (véase el anexo). (Firmado) Irakli Alasania Embajador Representante Permanente Anexo de la carta de fecha 2 de noviembre de 2006 dirigida al Presidente del Comité por el Representante Permanente de Georgia ante las Naciones Unidas Informe presentado por Georgia en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1455 (2003) del Consejo de Seguridad Introducción Al día de hoy, no se ha descubierto actividad alguna de Osama bin Laden, Al-Qaida, los talibanes y personas y entidades asociadas en el territorio de Georgia, pese a que el peligro del terrorismo siga siendo un asunto de interés actual en toda la región, habida cuenta de la situación en el Cáucaso septentrional. Según nuestra información, los grupos que operan en Chechenia y en el Cáucaso septentrional tienen contactos claros con las organizaciones terroristas internacionales e intentan intensificar esos contactos. Las zonas conflictivas del territorio de Georgia, en particular la República Autónoma de Abjasia y el Distrito Autónomo de Osetia meridional, que están fuera de la jurisdicción de Georgia, también entrañan un peligro. Los regímenes separatistas no llegan a controlar la situación en las citadas zonas, lo que ha creado condiciones favorables para las actividades de los grupos terroristas, así como para que florezcan el contrabando, el tráfico y otras modalidades de delincuencia organizada transnacional. Si los problemas no se resuelven oportunamente, es probable que se pongan en peligro el desarrollo de Georgia como Estado de pleno derecho y la estabilidad del Cáucaso en general. Lista consolidada La Lista consolidada de personas físicas y jurídicas que son miembros del movimiento de los talibanes y de la organización Al-Qaida o están asociadas con ellos, elaborada por el Comité establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad (en adelante, “la Lista”), se incorporó a la base de datos principal del Centro de Lucha contra el Terrorismo del Ministerio del Interior de Georgia en febrero de 2006. La Lista destinada a las autoridades encargadas del control de fronteras y de la inmigración se remite periódicamente al Departamento Estatal de Fronteras del Ministerio del Interior, que la almacena en su base de datos informática y la remite, a su vez, a sus propias divisiones regionales. La Lista se examina trimestralmente. Por otra parte, la información acerca de las personas procedentes de los denominados “países de visita limitada” que soliciten un visado georgiano y acerca de las personas que hayan cursado la invitación correspondiente será remitida de antemano por el departamento consular al Centro de Lucha contra el Terrorismo del Ministerio del Interior, para su inspección. El procedimiento que acaba de exponerse es discreto y breve y se aplica en el Centro con un régimen horario de 24 horas. Hay un servicio análogo en el Departamento Estatal de Fronteras de Georgia, y el Centro mantiene contacto directo con él. El Jefe del Servicio de Vigilancia Financiera será quien apruebe la lista de terroristas y personas y entidades asociadas, la cual será de uso obligatorio para las personas que ejerzan dicha vigilancia. Esa lista es idéntica a la Lista a la que ya se ha hecho referencia (se ofrecen más detalles en la respuesta a la pregunta 11). No se ha determinado que haya problemas de esa naturaleza. Hasta la fecha, ninguna de las personas ni de las organizaciones incluidas en la Lista ha actuado en el territorio de Georgia. Al mismo tiempo, Georgia aparece mencionada como lugar de actividad de las organizaciones “Benevolence International Foundation” y “Global Relief Foundation” (en el caso de la primera, se mencionan como lugares de su actividad las ciudades de Tbilisi y Duisi y, en el caso de la segunda, no se menciona ningún lugar concreto). La organización humanitaria se registró con el nombre de “Madli” el 30 de noviembre de 1999 en el tribunal del distrito de Vake-Saburtalo, de Tbilisi. Como resultado de las medidas adoptadas, se comprobó que Madli cooperaba estrechamente con algunas organizaciones islámicas; por ejemplo, la Global Relief Foundation, la Benevolence International Foundation, la Islamic Foundation e Islamic Relief. La organización había abierto cuentas bancarias. A raíz de la citada información, un dirigente de la organización, concretamente Naim Uddin (natural del Pakistán y nacional del Estado de Georgia de los Estados Unidos de América), fue expulsado de Georgia en marzo de 2000 y se congelaron sus cuentas corrientes en divisas. La organización ya no actúa en Georgia. Por lo que atañe a la Global Relief Foundation, ésta intentó emprender actividades en el territorio de Georgia. En particular, los nacionales del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de origen árabe Uddin Said Jamal (cuyo número de pasaporte es el 037173572) y Chiglei Muzzamil (cuyo número de pasaporte es el 070631938) intentaron, en enero de 2001, fundar una rama de la citada organización en Georgia, con el nombre de “Sociedad de Defensa de los Musulmanes”. Las citadas personas fueron expulsadas de Georgia en junio de 2001 y se congelaron sus cuentas. La citada organización nunca ha operado en Georgia. Ya no existe. Las autoridades competentes de Georgia carecen de información fidedigna acerca de cualquier persona u organización que tenga contactos con Osama bin Laden, Al-Qaida o los talibanes y que no esté incluida en la Lista del Comité. Ninguna de las personas designadas o incluidas en la Lista ha interpuesto demandas o incoado procedimiento judicial alguno contra las autoridades georgianas por el hecho de haber sido incluida en ella. Ninguna de las personas designadas o incluidas en la Lista ha sido identificada como nacional o residente de Georgia (la respuesta a la pregunta 2 se detalla en la respuesta a la pregunta 5). En virtud de lo dispuesto en el artículo 327 del Código Penal de Georgia: “1. El fundar o dirigir una organización terrorista será punible con una pena de prisión cuya duración será de 12 a 15 años. La participación en una organización terrorista será punible con una pena de prisión cuya duración será de 10 a 12 años.” En virtud de lo dispuesto en el artículo 328 del Código: “La afiliación a una organización terrorista de un país extranjero o controlada por un país extranjero, o la prestación de asistencia a las actividades terroristas de dicha organización, será punible con una pena de prisión cuya duración será de 12 a 15 años.” En virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 330 del Código Penal de Georgia, el adiestramiento con fines y objetivos terroristas es constitutivo de delito. El adiestramiento para el terrorismo consiste en impartir instrucción en la fabricación o la utilización de explosivos, armas de fuego y otras armas o sustancias nocivas o peligrosas, o en otros métodos o técnicas concretos, a los efectos de cometer, o ayudar a cometer, un acto tipificado como delito de terrorismo en el Código Penal. La pena que se impone por ese delito en el Código es una pena de prisión con una duración de ocho a 11 años. La duración de la pena se alargará, pasando a ser de 11 a 15 años, cuando el delito sea reiterado o se cometa contra dos o más personas. En el artículo 330.2 del Código Penal de Georgia también prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cuando el delito lo cometa una persona jurídica, la sanción consistirá en la revocación de la licencia de actividades, la imposición de una multa o la disolución. Congelación de activos financieros y económicos A fin de prevenir la financiación del terrorismo y el blanqueo de los beneficios procedentes de la delincuencia y en consonancia con las normas internacionales, se han implantado los siguientes mecanismos jurídicos efectivos: El 7 de junio de 2002, el Parlamento de Georgia ratificó el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo. El 27 de septiembre de 2000, se ratificó también el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo. El 7 de junio de 2006, se ratificaron la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima y el Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental (es decir, los denominados “instrumentos jurídicos de lucha contra el terrorismo”). Según lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución de Georgia, todo acuerdo internacional suscrito por el país tendrá preeminencia sobre su ordenamiento jurídico nacional, siempre que dicho acuerdo no sea incompatible con la Constitución. El 6 de junio de 2006, se aprobó la Ley de prevención de la legalización de los ingresos ilícitos (en adelante, “la Ley”). En la Ley se definen los mecanismos para descubrir y prevenir los intentos de legalizar ingresos ilícitos y de financiar el terrorismo. En el párrafo 1 del artículo 330 del Código Penal de Georgia, se prevén las responsabilidades penales de la financiación del terrorismo. Se entenderá por “financiación del terrorismo' tanto la recaudación de fondos y de otros bienes como la provisión de dichos fondos o bienes a los efectos preliminares de que sean utilizados, total o parcialmente, por una organización terrorista o cuando quepa la posibilidad de que dicha organización los utilice, y en el párrafo 1 del artículo 227 (amenazas contra la navegación de buques), el párrafo 2 del mismo artículo 227 (apropiación ilícita de plataformas fijas, destrucción de ellas o provocación de desperfectos en ellas), el párrafo 1 del artículo 231 (amenazas de apropiación ilegítima de materiales nucleares), en los artículos 323 a 330 y el párrafo 2 del artículo 330 (atentado terrorista; terrorismo tecnológico; terrorismo cibernético; atentado contra una figura política de alto relieve de Georgia; atentado contra personalidades u organizaciones que gocen de protección internacional; fundación o dirección de una organización terrorista o participación en ella; afiliación a una organización terrorista de un Estado extranjero o afiliación a una organización análoga que esté bajo control extranjero, o prestación de apoyo a ella; toma de rehenes con fines y objetivos terroristas; captura de objetivos estratégicos, o de objetivos de importancia especial, o bloqueo de dichos objetivos con propósitos y fines terroristas; adiestramiento para el terrorismo o para cometer cualquiera de los delitos tipificados en los artículos que acaban de citarse, con independencia de que el delito llegue a consumarse o quede en mera tentativa. Los citados delitos serán punibles con una pena de prisión cuya duración será de 10 a 14 años. Cuando los citados delitos hayan sido cometidos por un grupo, o de manera reiterada, serán punibles con una pena de prisión de 14 a 17 años. Cuando esos mismos delitos los haya cometido una organización terrorista o hayan tenido consecuencias graves, serán punibles con una pena de prisión de 17 a 20 años o con cadena perpetua. Las personas jurídicas también incurrirán en responsabilidad penal por los citados delitos. Las penas previstas en este caso son las de imposición de una multa, disolución y revocación de la licencia de actividades. Conforme a lo previsto en el artículo 194 del Código Penal de Georgia, la legalización de ingresos ilícitos es constitutiva de delito. Cabe señalar que el 28 de diciembre de 2005 se aprobó la enmienda legislativa en virtud de la cual se modificó la formulación del citado artículo. En la nueva formulación, se entiende por “legalización de ingresos ilícitos” la consecución de la condición de legalidad para los bienes que se hayan obtenido por medios delictivos (adquisición, titularidad, explotación, conversión, transferencia u otros medios), a los fines de ocultar su procedencia ilícita, así como de ocultar o enmascarar la verdad de su naturaleza, procedencia, localización, movimiento, derecho de propiedad o cualquier otro derecho que los afecte. En el título XXIV del Código de Procedimiento Penal de Georgia, se enuncian las normas procedimentales de incautación de bienes. Al amparo del artículo 190 del citado código, en el que se prevén las medidas de la vía ejecutiva del procedimiento penal y la posibilidad de confiscar bienes, el tribunal podrá congelar los fondos de un sospechoso, acusado, persona compareciente en juicio, persona responsable de determinados actos o persona implicada (la persona que ostente la propiedad de los fondos, acreditada por medio de documentos jurídicos, y con respecto a la cual haya pruebas suficientes de que ha obtenido esos fondos de resultas de los actos delictivos de un sospechoso, un acusado o una persona compareciente en juicio, y dichos fondos sean utilizados por un sospechoso, un acusado o una persona compareciente en juicio), los fondos de las cuentas bancarias inclusive, cuando se sepa que esos fondos se ocultarán o se utilizarán o cuando se trate de fondos de procedencia delictiva. Cuando haya pruebas de que los fondos se han obtenido por medios delictivos pero no se acierte a localizarlos, el tribunal estará autorizado para congelar otros activos de valor equivalente. La congelación de fondos se aplicará, asimismo, en los casos de preparativos de delitos terroristas o de delitos graves, también con el objeto de impedir que se cometan, siempre que haya pruebas suficientes de que los fondos podrán utilizarse para cometer delitos tipificados en el Código Penal de Georgia (artículos 323 a 330 y párrafo 1 del artículo 333 del Código Penal). Según el artículo 191 del Código de Procedimiento Penal de Georgia, la congelación de fondos entraña la prohibición de que su propietario los enajene y, en su caso, los utilice. Asimismo, en el Código de Procedimiento Penal se enumeran los bienes no susceptibles de incautación. En particular, no se incautarán los alimentos que necesiten el acusado y sus familiares, el combustible, el equipamiento profesional ni los demás artículos que garanticen a una persona unas condiciones de vida normales (artículo 192). Cuando se dé alguno de los supuestos de incautación de bienes previstos en el artículo 190 del Código de Procedimiento Penal, un fiscal, o un investigador autorizado por él, localizará el lugar donde se encuentren los bienes y al propietario de ellos, para lo cual podrá realizar las debidas averiguaciones en bancos, casas de empeño, guardarropas, oficinas de correos u otros establecimientos o lugares en que se depositen dinero, acciones y valores. Posteriormente, el fiscal o el investigador autorizado por él presentará y tramitará una solicitud motivada de incautación. La solicitud será examinada por un juez a la luz de la normativa general. Cabe la posibilidad de que dicha solicitud se examine sin celebrar audiencia oral (artículo 193). Por otra parte, el Servicio de Vigilancia Financiera también puede recurrir a un tribunal para que congele activos financieros y económicos o puede presentarle una solicitud para que suspenda la transacción correspondiente, en caso de que sospeche que con dichos activos se pretende financiar el terrorismo (en este caso, se remitirán las pruebas inmediatamente a los servicios competentes de la Fiscalía General del Estado y del Ministerio del Interior). Los activos se incautarán en cumplimiento de las instrucciones del juez, una copia de las cuales se remitirá al investigador o al fiscal en respuesta a su recurso, o en cumplimiento de la resolución que, en posesión de toda la debida documentación, dictamine el tribunal que entienda de la causa penal correspondiente. En la orden del juez o en la resolución del tribunal deberá constar lo siguiente: a quién pertenecen los activos que se incautan; dónde se custodian y quién los custodia; qué objetos, acciones, dinero o valores componen los activos, cuando ello haya podido determinarse en las averiguaciones; qué porción de los activos normales son susceptibles de incautación; a quién incumbe la responsabilidad de ejecutar la orden de incautación; si se autoriza a efectuar un registro en caso de negativa a entregar los activos voluntariamente; quién ha autorizado dicho registro y cuándo; qué cantidad habrá que incautar como fianza para el juicio en caso de que los bienes, el dinero o los valores se guarden en diferentes lugares y los guarden diferentes personas, y, por último, el número de las órdenes de los jueces o de las resoluciones de los tribunales sobre incautación de activos (artículo 194 del Código de Procedimiento Penal). En caso de urgencia y cuando haya fundadas sospechas de que los activos se ocultarán o destruirán, el fiscal o el investigador autorizado por aquél tendrá derecho a emitir una orden motivada de incautación de los bienes. En la orden constarán los datos obligatorios mencionados en el párrafo anterior para el caso de las órdenes judiciales (para incoar un procedimiento o dictar resolución). La orden será ejecutada por el fiscal o por el investigador que la haya dictado, el cual se lo notificará al juez en el plazo de 24 horas, para que éste ratifique su legalidad o la rechace como ilegal y cancele la incautación de los bienes (artículo 195 de Código de Procedimiento Penal). El fiscal o el investigador presentará la orden del juez a la persona que custodie los bienes y le exigirá que se los entregue. En caso de que dicha persona se niegue a entregarlos o de que no se disponga de información de primera mano acerca del hecho de que no se ha entregado la totalidad de los bienes, se llevará a cabo un registro. Cuando obedezca a la decisión de un tribunal, la incautación de los bienes será ejecutada por un funcionario del tribunal. El funcionario determinará qué objetos y valores serán susceptibles de incautación para obtener la suma fijada en la decisión. En la incautación participará un especialista que se encargará de determinar el valor de los bienes. Una vez congelado el depósito de dinero, se suspenderán las operaciones de dicho depósito (artículo 196 del Código de Procedimiento Penal). Según el artículo 197 del Código de Procedimiento Penal, el fiscal o investigador elaborará un protocolo de incautación y el funcionario del tribunal levantará inventario de los bienes. En el protocolo (la descripción) constarán el nombre exacto de los bienes incautados, su cantidad, tamaño, peso, grado de amortización y otras características y valores particulares. Constará también cuáles bienes se han confiscado y cuáles se han dejado en custodia del propietario; si los bienes, o parte de ellos, pertenecen a otras personas, y una descripción de la actuación de la persona que haya incautado los bienes. Se entregará una plica con una copia certificada del protocolo (la descripción) a la persona cuyos bienes se hayan incautado y, cuando la incautación se produzca en ausencia de dicha persona, la plica se entregará a un familiar adulto o a un representante de la administración local. En caso de que se incauten bienes en una institución o empresa, se entregará una copia del informe al representante de la dirección. Según el artículo 198 del Código de Procedimiento Penal, los bienes incautados, salvo los bienes inmuebles y los objetos de grandes dimensiones, habrán de retirarse. Los metales preciosos, las joyas y las piedras preciosas, las divisas, los cheques y las acciones se entregarán al banco del Estado y los bonos y los billetes de lotería, a una caja de ahorros. El dinero se depositará en el tribunal que entienda de la causa penal. La parte restante de los bienes confiscados se guardará bajo precinto en la sede del órgano al que se recurrió para que se incautaran los bienes o se encomendará a la custodia de los representantes de la administración local o del órgano ejecutivo de autogobierno. Los bienes incautados y confiscados distintos de los que acaban de citarse se guardarán bajo precinto y se encomendarán a la custodia del propietario, el poseedor o un familiar adulto del acusado. Estas personas recibirán, conforme a lo previsto en el ordenamiento jurídico, una notificación en la que se las advertirá de su responsabilidad en lo que respecta a la amortización de los bienes o los daños que pudieran sufrir éstos. La incautación de los bienes se efectuará antes de que se ejecute el fallo condenatorio o de que se suspenda la causa penal (artículo 199 del Código de Procedimiento Penal). Las órdenes de incautación de bienes dictadas por un juez serán susceptibles de apelación en el plazo de 72 horas contado a partir de su emisión o ejecución, mientras que las resoluciones judiciales en que se deniegue la incautación de bienes serán susceptibles de apelación en el plazo de 48 horas contado a partir de su anuncio. Las apelaciones no impedirán que se ejecuten las órdenes. Cuando una persona estime que sus bienes se han incautado ilegalmente o que la incautación de los mismos carece de fundamento o cuando una persona no esté implicada en la causa y sus bienes hayan sido consignados en el protocolo por error, tendrá derecho, al amparo del Código de Procedimiento Penal de Georgia, a presentar una apelación ante un tribunal para exigir que se le devuelvan los bienes incautados. La resolución que dicte el tribunal de apelación será vinculante tanto para el investigador y el fiscal como para el tribunal que entienda de la causa penal (artículo 200 del Código de Procedimiento Penal de Georgia). En caso de rehabilitación del acusado o condenado, en la normativa de procedimiento penal de Georgia (artículo 201) se prevé la devolución en especie de los bienes incautados o confiscados. Cuando ello resulte imposible, el acusado o condenado recibirá una indemnización calculada conforme al precio medio del mercado que tengan esos bienes en la fecha de su rehabilitación. En Georgia, el mecanismo de descubrimiento y represión de las actividades de financiación del terrorismo está constituido por el Servicio de Vigilancia Financiera, además de por el Servicio especial de enjuiciamiento penal de la legalización de ingresos ilícitos de la Fiscalía General del Estado, la Subdivisión operativa especial de lucha contra el blanqueo de dinero del Ministerio del Interior y el Centro de Lucha contra el Terrorismo de dicho ministerio. La labor de las citadas dependencias y el intercambio de información entre ellas sobre posibles delitos están bien coordinados. Como parte de ese mecanismo, el Servicio de Vigilancia Financiera se ocupa de descubrir los datos reveladores de actividades de financiación del terrorismo y de legalización de ingresos ilícitos en los sistemas financiero, monetario y crediticio. Coordina las actividades de las dependencias de vigilancia financiera y coopera estrechamente con los órganos que velan por el cumplimiento de la ley tanto en Georgia como en otros países y con las organizaciones internacionales. En el ejercicio de sus competencias, el Servicio de Vigilancia Financiera tiene derecho a solicitar información (incluso de carácter confidencial) a los órganos de vigilancia, así como a cualquier órgano del Estado o de la administración local autónoma, o a cualquier funcionario. El Servicio crea redes de información y bases de datos y procesa y analiza la información que recibe de los órganos de vigilancia financiera y de otras fuentes. Está autorizado, dentro de su ámbito de competencia, a concertar acuerdos con los organismos competentes de Estados extranjeros para intercambiar información acerca de la legalización de ingresos ilícitos y de la financiación del terrorismo. Está autorizado, también, a remitir a los órganos competentes de Estados extranjeros y de organizaciones internacionales solicitudes para que le faciliten información sobre la legalización de ingresos ilícitos y la financiación del terrorismo y, viceversa, a atender las solicitudes de información que le remitan los órganos y las organizaciones análogos. La vigilancia financiera está en manos de las siguientes instancias: bancos comerciales, oficinas de cambio de divisas e instituciones de depósito no bancarias, agencias de cambio y bolsa y registradores de valores bursátiles, sociedades de seguros y de financiación de regímenes de pensiones no estatales, personas que organicen loterías y otros juegos de azar, comerciantes de piedras preciosas y joyas, así como de antigüedades, autoridades aduaneras, personas que concedan subvenciones y ayudas específicas, notarías y oficinas de correos (en la respuesta a la siguiente pregunta se ofrece una descripción exacta de las obligaciones de las instancias encargadas de la vigilancia financiera). Cuando, una vez analizada la información recibida de esas instancias, existan fundamentos razonables para creer que una transacción sea sospechosa y se estén legalizando ingresos ilícitos o financiando el terrorismo, el Servicio de Vigilancia Financiera remitirá las pruebas oportunas a la Fiscalía General del Estado y a las dependencias competentes del Ministerio del Interior. Cuando reciba información del Servicio de Vigilancia Financiera acerca de la financiación del terrorismo, el Servicio especial de enjuiciamiento penal de la legalización de ingresos ilícitos de la Fiscalía General del Estado de Georgia (creado por orden del Fiscal General del Estado de 10 de octubre 2003) verificará dicha información. Cuando descubra indicios de delito relacionado con la financiación del terrorismo, el Servicio especial remitirá esa información al Centro de Lucha contra el Terrorismo del Ministerio del Interior para que la investigue con más detenimiento. El Servicio especial recibe apoyo operativo de la Subdivisión operativa especial de lucha contra el blanqueo de dinero del Ministerio del Interior. Cabe puntualizar que la información que facilita el Servicio de Vigilancia Financiera constituye sólo uno de los fundamentos que permiten abrir una investigación por causa de financiación del terrorismo. Los citados órganos investigadores inician sus averiguaciones conforme al procedimiento general previsto en el Código de Procedimiento Penal, según el cual, en caso de que se disponga de información1 sobre la comisión de un delito, el investigador o el fiscal, dentro de su ámbito de competencia, deberán abrir una investigación preliminar (artículo 261 del Código de Procedimiento Penal). Conforme a la normativa de procedimiento penal de Georgia, cuando se descubran indicios de delito relacionado con la financiación del terrorismo en el curso de la investigación de una causa penal, un órgano investigador deberá plantear una causa separada y remitírsela, para que la investiguen, a los órganos encargados de la investigación y el enjuiciamiento penal de los delitos de financiación del terrorismo y blanqueo de dinero. La cooperación internacional de los órganos encargados de la investigación y el enjuiciamiento penal de la financiación del terrorismo se lleva a cabo tanto en virtud de tratados internacionales como de acuerdos específicos de lucha contra el terrorismo. (En la respuesta a la pregunta 24 se ofrecen más detalles al respecto. Según el artículo 6 de la Ley, las personas que tengan encomendadas las citadas labores de vigilancia deberán identificar, según sus actividades básicas, a todas las personas que cooperen con ellas (a sus representantes y a las personas autorizadas para actuar en su nombre, así como a terceras personas, siempre que la transacción se efectúe en favor de terceros). Asimismo, los bancos comerciales deberán identificar a toda persona que abra una cuenta, a todos los representantes que se encarguen de abrir o gestionar una cuenta, así como a los terceros a cuyo nombre se haya abierto la cuenta. Las personas que realicen labores de vigilancia no tendrán autorización para prestar servicios a clientes ni entablar relaciones profesionales con éstos sin haberlos identificado previamente. La información (la documentación) que se aporte para identificar a una persona deberá permitir determinar, al menos, lo siguiente: en el caso de una persona física, el nombre, el apellido, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el domicilio de residencia, el número personal de la cédula de identidad (pasaporte), el número de la propia cédula de identidad (pasaporte), (en el caso de un empresario particular, se aportará, además, lo siguiente: el órgano en el que esté registrado y la fecha y el número de registro); en el caso de una persona jurídica, el nombre, el sector empresarial, el domicilio social, el órgano en que esté registrado, la fecha y el número de registro, la clave de identificación, la composición de la cúpula directiva y los representantes autorizados. Las personas jurídicas no domiciliadas como residentes en el país deberán legalizar su documentación identificatoria con arreglo a las normas previstas en el ordenamiento jurídico georgiano. Según el artículo 5 de la Ley, toda transacción (concertada o ejecutada) o conjunto de transacciones (concertadas o ejecutadas) que se efectúen para disgregar otra transacción (es decir, para disgregar la suma objeto de esta otra transacción) será susceptible de vigilancia en los siguientes supuestos: a) Cuando la suma de la transacción o las transacciones supere los 30.000 laris (tanto en pagos en efectivo como en pagos de otra índole ), y b) La transacción resulte sospechosa. Las transacciones resultarán sospechosas, con independencia de su cuantía, cuando se estime que se han concertado o ejecutado con la finalidad de legalizar ingresos ilícitos (es decir, cuando carezcan de contenido económico (mercantil) bien fundado o de propósito jurídico evidente, cuando no estén en consonancia con las actividades normales de cualquiera de las partes que efectúen la transacción, cuando resulte imposible identificar a las partes en la transacción o la procedencia del dinero, etc.), o cuando uno de los participantes tenga contactos con terroristas o con personas que presten apoyo a terroristas, o cuando la dirección o el domicilio de residencia de cualquiera de los participantes se halle en una zona no cooperante (es decir, en un Estado o parte de un Estado que, según la información de las organizaciones internacionales competentes, estén reconocidos por el Servicio de Vigilancia Financiera de Georgia como pertenecientes a una de esas zonas), o cuando haya una transferencia de fondos bien hacia dicha zona, o bien desde ella. Por otra parte, además de las transacciones sospechosas, las transacciones o conjuntos de transacciones (concertadas o ejecutadas) cuya finalidad sea disgregar otra transacción serán también susceptibles de vigilancia por parte de los bancos comerciales, cuando la suma de la transacción o del conjunto de transacciones disgregadoras supere los 30.000 laris o una cifra equivalente en otra moneda y cuando, por su propia naturaleza, esa transacción o ese conjunto de transacciones equivalgan a alguna de las siguientes (operaciones): a) Recepción de fondos por medio del cobro de un cheque al portador o del intercambio de billetes de un valor por billetes de otro valor; b) Compraventa de divisas en efectivo; c) Transferencia de fondos a una cuenta bancaria de Georgia por el titular de la cuenta bancaria de un banco registrado en una zona no cooperante o en una zona extraterritorial, o transferencia de dinero desde Georgia a la cuenta bancaria de un banco registrado en una zona no cooperante o en una zona extraterritorial; d) Solicitud de crédito a una persona registrada en una zona no cooperante o una zona extraterritorial u obtención de crédito de ella, o toda otra transacción (operación) que lleve a cabo dicha persona por intermedio de instituciones bancarias en Georgia; e) Transferencia de fondos desde Georgia a la cuenta bancaria de una persona anónima de otro Estado o transferencia de fondos a Georgia desde de la cuenta bancaria de una persona anónima en otro Estado; f) Colocación de fondos en el capital autorizado de una empresa, con la excepción de la adquisición de acciones de una empresa responsable conforme a lo previsto en la Ley del mercado de valores de Georgia; g) Ingreso, por parte de una persona, de una suma en efectivo en una cuenta bancaria y transferencia futura de esa suma; h) Concesión de crédito garantizado mediante valores bursátiles pagaderos al portador; i) Concesión de crédito sin exigencia de garantías; j) Transferencia de fondos a la cuenta de una persona jurídica en los tres meses posteriores a su registro o transferencia de fondos desde esa cuenta; k) Transferencia de los fondos de una subvención o una ayuda benéfica a una cuenta o desde ésta. Según el párrafo 7 del artículo 5 de la Ley, los encargados de la vigilancia suspenderán la ejecución de la transacción cuando una de las partes en ella esté incluida en la lista de personas que realizan actividades terroristas o que prestan apoyo a terroristas o al terrorismo y cursarán inmediatamente la notificación oportuna al Servicio de Vigilancia Financiera. Cuando resulte imposible identificar a una persona que pretenda entablar relaciones comerciales con una instancia de vigilancia financiera, ésta desistirá de entablar relaciones de esa índole con dicha persona. Las instancias de vigilancia deberán registrar las transacciones susceptibles de inspección y guardar la información correspondiente. En esa información deberá constar lo siguiente: el tipo de transacción, el objeto de la transacción, los fundamentos, la modalidad, la finalidad y los objetivos, la fecha y el lugar de realización de la transacción, la cuantía y la moneda utilizada en los pagos de la transacción, así como información que permita identificar a las partes en la transacción. Las instancias de vigilancia financiera cumplirán sus obligaciones bajo el control de los órganos supervisores, que son los que se enuncian a continuación: el Banco Nacional de Georgia, la Comisión Nacional de Valores, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Desarrollo Económico. Los órganos supervisores deberán cooperar entre sí y con los demás órganos competentes de Georgia y de otros Estados, así como con las organizaciones internacionales, intercambiando información y experiencia y deberán ayudar a los órganos que velan por el cumplimiento de la ley, dentro del ámbito de su competencia. Cuando los órganos supervisores comprueben que una transacción es susceptible de inspección y que no se ha remitido información sobre ella al Servicio de Vigilancia Financiera de Georgia, o cuando se hayan contravenido los preceptos de la Ley y las correspondientes normas e instrucciones del Servicio, dichos órganos deberán notificárselo inmediatamente al Servicio e imponer la sanción oportuna al responsable de la omisión o la contravención. En la Ley de operaciones de la banca comercial de Georgia, se reglamenta la responsabilidad de los bancos comerciales que infrinjan los preceptos de la Ley de prevención de la legalización de ingresos ilícitos. Atendiendo a la gravedad del delito, el Banco Nacional de Georgia podrá imponer al banco comercial una de las siguientes sanciones: envío de una amonestación escrita; adopción de medidas especiales, o emisión de instrucciones, para que el banco cese en su infracción y prevenga toda futura infracción (actividad) o para que, con arreglo a los términos que fije el Banco Nacional, adopte medidas para acabar con las infracciones (actividades); imposición de una multa por orden del Banco Nacional y por la cuantía que fije éste, la cual no superará la cuantía del capital del banco; imposición de una multa por orden del Banco Nacional y por la cuantía que fije éste, cuando los actos de la dirección del banco comercial hayan entrañado perjuicios financieros para éste, o cuando la infracción cometida afecte a las normas y preceptos fijados por el Banco Nacional para las operaciones bancarias; suspensión de las facultades de los directivos implicados para firmar documentos o solicitud de cese temporal de esos directivos en el consejo supervisor del banco; solicitud de convocatoria de una reunión general extraordinaria de accionistas para estudiar y aprobar las medidas obligatorias contra los delitos que hubieran cometido el consejo supervisor y el consejo de administración; suspensión y limitación del aumento del número de acciones, el reparto de beneficios y el pago de dividendos y de primas, recorte de las escalas de sueldos y atracción de depósitos; en los casos especiales en que se determine que los intereses de los depositantes y acreedores corren peligro, emisión de una orden de suspensión de las operaciones activas del banco y de sustitución de la antigua dirección por otra dirección interina; solicitud de suspensión o limitación del control de las personas que controlen el banco comercial, en caso de que no se remita información financiera ni de otra índole al Banco Nacional de Georgia o en caso de que se identifique al culpable del delito, y dicha suspensión o limitación perdurará mientras el Banco Nacional lo estime oportuno, a la luz de la situación y en las condiciones que él imponga; y cancelación de la licencia de actividades bancarias. Según el artículo 10 de la Ley, cuando el Servicio de Vigilancia Financiera, habiendo considerado la información recibida de los encargados de la vigilancia, tenga dudas fundadas de que la transacción sea sospechosa o de que se ejecute con el propósito de legalizar ingresos ilícitos o de financiar el terrorismo (sin permiso de ningún órgano o persona), remitirá la documentación que obre en su poder (incluso la confidencial) al Servicio especial de enjuiciamiento penal de la legalización de ingresos ilícitos y éste emprenderá una investigación. La organización humanitaria Madli tiene cuentas en Georgia: en libras esterlinas, en laris y en dólares de los Estados Unidos. A continuación se ofrece la lista de las sumas de dinero transferidas a Madli en el período comprendido entre 1999 y 2002: HSBC Bank (Nueva York): 116.000 dólares City Bank NA (Nueva York): 75.000 dólares Republic National Bank (Nueva York): 70.000 dólares Ing Bank NV (Viena): 29.000 dólares Bankers Trust (Nueva York): 15.000 dólares (véase también la respuesta a la pregunta 4). No. Según la Ley y el reglamento del Servicio de Vigilancia Financiera, el jefe del Servicio dictará la orden de redactar la lista consolidada de terroristas y de personas y organizaciones que tengan vinculación con el terrorismo (la lista se atendrá a la Lista confeccionada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas). Además, publicará la lista de zonas indeseables para uso de su personal (la denominada “lista negra de países y territorios”, que son aquellos en que las medidas de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo no se aplican o son insuficientes), a partir de la información del Grupo de acción financiera contra el blanqueo de capitales. Los encargados de la vigilancia tendrán la obligación de utilizar las listas. Éstas se imprimen en una imprenta oficial y se someten a correcciones periódicas. Los órganos de vigilancia informarán por escrito al Servicio de Vigilancia Financiera acerca de las transacciones que sean objeto de inspección. El informe se redactará en un formulario especial de rendición de cuentas elaborado por el Servicio en cooperación con el órgano supervisor. En el formulario de rendición de cuentas deberá ofrecerse la información completa sobre la transacción de que se trate, las partes implicadas en ella y las cuentas bancarias. El formulario se enviará en el plazo de tres días contados a partir de la realización de la transacción o del surgimiento de la sospecha de legalización de ingresos ilícitos, pero cuando haya fundadas sospechas de que una de las partes en la transacción tenga contactos con terroristas o personas que presten apoyo a terroristas, el órgano de vigilancia deberá remitir ese formulario, junto con todos los demás documentos, indicios y pruebas, al Servicio de Vigilancia Financiera en la misma fecha en que haya obtenido la información que dio pie a la sospecha. Los formularios impresos de rendición de cuentas se guardarán durante cinco años. Una vez examinados los formularios, el Servicio remitirá la información sobre la transacción sospechosa a los órganos que velan por el cumplimiento de la ley, los cuales harán una investigación más detenida (véase también la respuesta a la pregunta 10). Cabe precisar que los bancos comerciales tienen la obligación de ejecutar todas las operaciones que desee realizar una persona y que no entrañen la apertura de una cuenta bancaria, incluidas las operaciones de transferencia de fondos procedentes del banco o destinadas a él, sólo cuando hayan identificado a dicha persona. Cuando haya causa justificada, esas operaciones serán sometidas a vigilancia, conforme a los fines y objetivos de la Ley. Según la Ley, la entrada y salida del territorio de Georgia de fondos de cuantía superior a 30.000 laris (o una cuantía equivalente en otra moneda) estará sujeta a inspección de aduanas. En tal caso, deberá enviarse la información correspondiente al Servicio de Vigilancia Financiera. Conforme al ordenamiento vigente, las personas que operen en el sector de los metales preciosos, las piedras preciosas, los artículos fabricados con ellos y las antigüedades, estarán consideradas, asimismo, como personas encargadas de labores de vigilancia. Por consiguiente, las limitaciones y las exigencias que se han expuesto anteriormente se les aplicarán a ellas también. Por lo que respecta a los otros sistemas de transferencia de fondos, no se los prohíbe de manera expresa. Pero al mismo tiempo, según el artículo 2 de la Ley de la actividad empresarial de Georgia, será obligatorio registrar toda empresa y se considerará que una empresa ha quedado legalmente constituida sólo después de haberse inscrito en el registro mercantil. La infracción de dicho precepto dará lugar a responsabilidad penal conforme a lo dispuesto en el artículo 192 del Código Penal de Georgia (Actividad empresarial ilícita). Cabe mencionar, además, que las transferencias de dinero por sistemas análogos a los de Western Union se ejecutan principalmente a través de bancos comerciales. Como ya se ha dicho, estos bancos están obligados a realizar toda operación que no entrañe la apertura de cuentas bancarias, incluidas las operaciones de transferencia de fondos procedentes de ellos o destinadas a ellos, sólo después de haber concluido el proceso de identificación de la persona que desee realizar la operación. (Véase también la respuesta a la pregunta 14. Prohibición de viajar Conforme a lo dispuesto en el apartado h) del artículo 3 del título 2 de la Ley de la condición jurídica de los extranjeros de Georgia, el Estado podrá denegar la entrada en el territorio de Georgia a todo extranjero que sea sospechoso de terrorismo. (Véase también la respuesta a la pregunta 2. Véase la respuesta a la pregunta 2. El Centro de Lucha contra el Terrorismo del Ministerio del Interior remitirá las listas actualizadas al Departamento Estatal de Fronteras cada tres meses. Hasta la fecha, no se ha detenido en nuestros puestos fronterizos de entrada a ninguna de las personas incluidas en las listas. No se han determinado tales casos. (Véase también la respuesta a la pregunta 2. Embargo de armas Las relaciones entre el volumen del comercio de armas y el control de éstas se reglamentan en la Ley de armamento y la Ley de control de las exportaciones y las importaciones de armamento, pertrechos militares y productos de doble finalidad de Georgia. El derecho de producir, reparar y comerciar armas y municiones corresponderá a las personas especializadas en dichas actividades, las cuales habrán de llevarlas a cabo con licencia del Ministerio de Justicia de Georgia. Se les expedirá una licencia general para la producción, la reparación y el comercio de armas de combate militar. El Ministerio de Justicia expedirá dicha licencia previa recomendación de la Comisión permanente de asuntos técnico-militares. En el ordenamiento jurídico georgiano, se entienden por “armas de combate militar” las armas definidas por los órganos especiales como destinadas a garantizar la defensa y la seguridad del Estado, así como a combatir y conseguir fines y objetivos operativos. También se cuentan entre las armas de combate militar los productos de doble finalidad, que no están destinados expresamente a fines y objetivos militares pero que pueden emplearse para producir armas nucleares y químicas, así como otras armas de destrucción en masa, y para accionarlas. En suma, se consideran armas de combate militar las armas propiamente dichas, los pertrechos militares, las municiones y la documentación técnica. Se ha constituido una comisión permanente de asuntos técnico-militares en el Ministerio de Defensa de Georgia. La Comisión, en su labor de cooperación con los ministerios, los departamentos y las organizaciones competentes, coordina los potenciales militar-industrial y científico-tecnológico, las actividades técnico-militares necesarias para el cumplimiento de la ley y las estructuras militares, los productos militares y los productos de doble finalidad en Georgia, el volumen del comercio de armas y las actividades relacionadas con la cooperación técnico-militar con países extranjeros, y formula las conclusiones y recomendaciones oportunas. Los asuntos que se sometan a la consideración de la Comisión permanente de asuntos técnico-militares del Ministerio de Defensa de Georgia se examinarán en las reuniones del grupo de expertos (es decir, el grupo de expertos constituido dentro de la citada Comisión), cuyas conclusiones se remitirán a la Comisión permanente. El grupo de expertos está compuesto por representantes del Ministerio del Interior de Georgia, el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda y sus administraciones. Por consiguiente, una vez expedidas las licencias de producción, reparación, comercio, exportación e importación de armas (incluidas armas de combate y armas de combate militar, así como sus municiones), los titulares de las licencias quedarán sujetos al control y al examen de los órganos competentes. Para conseguir la aprobación, deberá aportarse la documentación completa que confirme que la cuestión planteada por la parte interesada está en consonancia con los intereses nacionales del país y el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Según el artículo 19 de la Ley de armamento de Georgia, estarán legitimadas para adquirir armas y municiones: a) Las personas que, conforme al ordenamiento jurídico de Georgia, se dediquen a la producción y el comercio de armas, así como las instituciones estatales autorizadas en dicho ordenamiento; b) Las personas que, conforme al ordenamiento jurídico de Georgia, coleccionen y expongan armas; c) Las organizaciones deportivas del tipo que corresponda; d) Las personas que se dediquen a la caza profesional, así como las que se dediquen a la caza deportiva, amateur y científica; e) Los ciudadanos de Georgia; y f) Los ciudadanos de Estados extranjeros. La licencia para adquirir armas, tanto de cañón largo como de cañón corto, y municiones, con derecho de tenencia, y la licencia para adquirir y portar armas de gas comprimido, deportivas o de caza (salvo armas blancas y escopetas) y las municiones correspondientes las expedirá el Ministerio del Interior de Georgia a las personas físicas, salvo a las definidas en la antecitada ley como funcionarios del Estado. Se autorizará la adquisición del arma en el plazo de tres meses desde la expedición de la licencia. El arma adquirida (salvo que sea un arma de aire comprimido o de aerosol) habrá de registrarse en los órganos competentes del Ministerio del Interior de Georgia en el plazo de 10 días contado a partir de su adquisición. La importación por unidades desde Georgia, así como la expedición por unidades desde ella, de armas por parte de personas físicas (salvo que se trate de operaciones de importación y exportación, tránsito y reexportación) se llevará a cabo con la orden prevista en el ordenamiento jurídico georgiano y con la licencia que habrá de expedir el Ministerio del Interior. Los ciudadanos de otros Estados estarán legitimados para adquirir armas en Georgia sólo con licencia del Ministerio del Interior, que se expedirá a instancias del Estado del ciudadano solicitante. Las actividades relacionadas con la producción de armas, municiones y pertrechos militares, así como con la tramitación de la documentación técnica, los servicios de importación y exportación, reexportación, tránsito y trámites de aduanas, tanto dentro como fuera de Georgia, y la importación y la exportación temporales, se controlan por medio de las licencias que expide el Ministerio de Justicia de Georgia, mientras que los productos de doble finalidad se controlan por medio de las licencias del Ministerio de Desarrollo Económico. A fin de obtener la licencia, deberán presentarse los siguientes documentos a la autoridad ejecutiva competente de Georgia, junto con la documentación identificativa de la persona: a) Contrato (acuerdo) de importación o exportación; b) Certificado de destino final del producto. Según el ordenamiento jurídico de Georgia, para obtener una licencia de importación, exportación, reexportación o tránsito de determinados productos armamentísticos (sobre todo, armas propiamente dichas), así como de pertrechos militares, documentación técnica, servicios y obras relacionados con la producción de armas y municiones, el solicitante de la licencia habrá de presentar el certificado de destino final del producto y los citados documentos al Ministerio de Justicia de Georgia y, en el caso de exportación y reexportación de productos de doble finalidad, al Ministerio de Desarrollo Económico. El certificado de destino final del producto lo expedirá el órgano competente y entrañará la obligación, por parte del país receptor, de utilizar el producto en su territorio sólo con fines pacíficos, así como de no trasladar el producto a un tercer país sin el consentimiento del país exportador. La exportación de materiales nucleares, materiales no nucleares especiales, materiales de valor estratégico especial y productos de doble finalidad a países que no posean armamento nuclear solamente podrá llevarse a cabo cuando las autoridades competentes de dichos países confirmen que los productos, así como los materiales nucleares y los materiales especiales no nucleares derivados de ellos, los productos de doble finalidad, los dispositivos y el equipo que se exporten e importen: a) No se utilizarán para producir armamento nuclear ni artefactos nucleares explosivos ni para otros fines ni objetivos militares; b) Quedarán sometidos al control (garantía) del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) durante todo el tiempo que dure su utilización en virtud de los acuerdos que hayan concertado el país receptor y el OIEA; c) Estarán bajo protección material, conforme a las recomendaciones del OIEA; d) Se reexportarán (exportarán) o se sustraerán a la jurisdicción del país receptor exclusivamente en las condiciones fijadas en los apartados a) a c); por lo que atañe a la reexportación de una proporción superior al 20% del uranio enriquecido, así como del plutonio y el agua pesada, ésta sólo podrá efectuarse previa autorización escrita de la autoridad ejecutiva de Georgia que sea competente en asuntos de energía atómica. Cuando se exporten (o importen) materiales nucleares y materiales especiales no nucleares, así como productos de doble finalidad, deberá constar, en el contrato, que la autoridad ejecutiva competente de Georgia tendrá derecho a inspeccionar el certificado de destino final del producto. Según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de control de las exportaciones y las importaciones de armamento, pertrechos militares y productos de doble finalidad de Georgia: Georgia tendrá derecho a imponer restricciones, incluso un embargo, en caso de que otros Estados incumplan los compromisos que hayan contraído con ella en materia de exportación de productos cuya exportación e importación se hallen sujetas a control, así como los compromisos que hayan contraído con ella en virtud de la resolución de alguna de las organizaciones internacionales a las que pertenezca Georgia. Cuando la Comisión permanente de asuntos científico-técnicos del Ministerio de Defensa presente la lista de los Estados a los que se puedan imponer las citadas restricciones cuando los productos que exporten pasen por el control de exportación e importación del servicio de aduanas, el Presidente de Georgia la aprobará, previa consideración de los intereses de la seguridad nacional y de los compromisos internacionales contraídos por el Estado. Las autoridades ejecutivas de Georgia encargadas de controlar las exportaciones e importaciones estarán autorizadas, en caso de necesidad, a inspeccionar los productos sujetos a control de exportación e importación. La administración de aduanas de Georgia supervisa la exportación, a través del servicio de aduanas del Estado, de productos sujetos a control de exportación e importación. Conforme a lo dispuesto en el artículo 236 del Código Penal de Georgia: 1) La adquisición o tenencia ilícitas de armas de fuego, municiones, sustancias explosivas y artefactos explosivos: - Se sancionará con la imposición de una multa o la privación de libertad por un período máximo de tres años, o con la detención por un máximo de dos meses o una pena de prisión de un máximo de tres años. 2) Toda persona que porte, de manera ilícita, armas de fuego, municiones, sustancias explosivas y artefactos explosivos: - Será sancionada con la imposición de una multa, con la detención por un período máximo de cuatro meses o con una pena de prisión de un máximo de cinco años. 3) La producción, el transporte, la expedición o la venta ilícitos de armas de fuego, municiones, sustancias explosivas y artefactos explosivos: - Se sancionarán con una pena de prisión de cinco a 10 años. Nota: La persona que entregue, de manera voluntaria, los objetos enumerados en el artículo anterior quedará exenta de responsabilidad penal, cuando en sus actos no haya indicio ni prueba de que dicha persona haya cometido otro delito. No se han determinado esos casos. Véase la respuesta a la pregunta 20. Véase la respuesta a la pregunta 20. Asistencia y conclusión Georgia es parte en la serie de tratados y acuerdos internacionales de prevención del terrorismo y lucha contra él en los que se disponen instrumentos efectivos de cooperación a tales efectos. Como ya se ha mencionado, Georgia ha ratificado el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Según el artículo 12 del Convenio, las partes en él se prestarán toda la asistencia posible en relación con las investigaciones criminales o la incoación de actuaciones penales o de un proceso de extradición con respecto a los delitos tipificados en dicho instrumento, incluida la asistencia para obtener las pruebas disponibles. Un Estado parte en el citado convenio no podrá denegar una solicitud de asistencia jurídica recíproca escudándose en el pretexto del secreto bancario. En el artículo 18 del Convenio, se define la cooperación de las partes en la prevención del terrorismo. Dicha cooperación entraña el intercambio de información exacta y fidedigna al amparo del ordenamiento jurídico del Estado, así como la coordinación de las medidas administrativas y de otra índole y, en particular, la cooperación, al amparo del Convenio, en la investigación de delitos como los que se exponen a continuación: 1) Delitos que guarden relación con los actos, el domicilio de residencia y el carácter de personas con respecto a las cuales haya sospechas razonables de implicación; 2) Movimientos de fondos relacionados con los delitos enunciados en el apartado anterior. Además de los acuerdos universales, los acuerdos regionales en los que Georgia es parte son también muy importantes. El Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, elaborado en 1977, es de suma importancia. Según el artículo 8 del Convenio, las partes deberán, en la medida de lo posible, prestarse asistencia jurídica recíproca para resolver los delitos tipificados en él. No se admitirá la denegación de asistencia jurídica cuando el único motivo para denegarla sea que el delito es de naturaleza política o guarda relación con la política. En el Acuerdo de Cooperación Económica del Mar Negro se prevén unas disposiciones adicionales de lucha contra ese delito, en concreto una serie de instrumentos de cooperación para prevenirlo y reprimirlo. En el preámbulo de las citadas disposiciones figura una nota especial en la que se recomienda a las partes que tomen en consideración los documentos de las Naciones Unidas relativos a la lucha contra el terrorismo y que presten apoyo a las resoluciones que adopte el Consejo de Seguridad en ese ámbito, sobre todo a la resolución 1373 (2001). Las partes en el Acuerdo tienen la obligación de cooperar para descubrir, determinar, prevenir, reprimir e investigar atentados terroristas. Según el artículo 5 de las disposiciones adicionales, las partes intercambiarán la siguiente información: información sobre organizaciones, grupos y personas dedicados al terrorismo que entrañen un peligro para las partes, así como sobre los contactos entre esas organizaciones, esos grupos y esas personas; información sobre las organizaciones y los grupos terroristas que se hallen en su territorio, sobre su equipo y métodos, dirigentes, afiliados y personas que les presten apoyo o participen en la actividad de esas organizaciones y esos grupos; información sobre las instituciones y las organizaciones que presten apoyo a los mecanismos del terrorismo y los propaguen; información sobre el tráfico ilícito de armas y recursos materiales descubiertos o localizados, e información sobre las aportaciones de fondos, las constituciones de depósitos y el empleo de otros medios de respaldo material a las organizaciones y los grupos terroristas. En el Acuerdo concertado por la República de Azerbaiyán, Georgia y la República de Turquía para cooperar en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada y otras formas de delincuencia graves, también se prevén mecanismos de cooperación en el ámbito de la prevención del terrorismo y de lucha contra él. Según el artículo 3 del Acuerdo, las partes colaborarán en la elaboración de una base de datos, a fin de consultar los datos sobre organizaciones terroristas, grupos culpables de delincuencia organizada, actos y métodos de grupos y personas, participantes en los delitos, modus operandi, relaciones entre ellos, fuentes de financiación, así como procedencia de las armas, municiones y sustancias radiactivas, explosivas, químicas, biológicas y tóxicas que se utilicen en los atentados terroristas. Clasificarán los datos y los pondrán a disposición pública. Mientras no se haya implantado el sistema, las partes facilitarán la información que obre en su poder, cuando se les solicite. Las partes adoptarán las medidas necesarias para incorporar la información en la base de datos. Según el citado acuerdo, las partes procurarán descubrir e investigar los actos de las personas y organizaciones que, de manera directa o indirecta, favorezcan a grupos terroristas o grupos dedicados a la delincuencia organizada y reprimirán los delitos que cometan esas personas y organizaciones. Según el artículo 2 del Acuerdo de cooperación en la lucha contra el terrorismo, el tráfico de estupefacientes y la delincuencia organizada concertado por los Gobiernos de Georgia y de Letonia, las partes: 1) Intercambiarán información y datos sobre los participantes en un posible atentado terrorista futuro o en un atentado terrorista ya consumado, así como sobre los medios técnicos que se hayan empleado o se emplearán; y 2) Intercambiarán información sobre los grupos terroristas y los participantes en atentados terroristas que se hayan tramado, se hayan consumado o puedan cometerse en el futuro, y ofrecerán la información y los datos necesarios para reprimir el terrorismo y prevenir los delitos que entrañen grave peligro para la seguridad del Estado. Según el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo concertado por los Gobiernos de Georgia y Rumania para cooperar en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sus precursores y otros delitos graves, las partes se prestarán cooperación y asistencia recíproca en la lucha contra el terrorismo internacional, con arreglo a lo dispuesto en dicho acuerdo y en su propio ordenamiento jurídico nacional. Según el artículo 2 del Acuerdo, las partes cooperarán por los medios siguientes: 1) Intercambio de información y conocimientos; 2) Medidas y actos convenidos, de común acuerdo, por los ministerios de ambos países o por otros órganos competentes; y 3) Provisión de la información operativa necesaria para descubrir, investigar y reprimir la delincuencia organizada y de otra índole. Según el artículo 1 del Acuerdo de cooperación en la lucha contra la delincuencia concertado por el Ejecutivo de Georgia y el Gobierno de la República Árabe de Egipto, las partes que luchen contra el terrorismo intercambiarán información acerca de los actos delictivos de grupos terroristas y de delincuentes organizados, sus relaciones, jefes, afiliados, estructuras ilegales, domicilio de residencia, fondos y armas que empleen. Entre los instrumentos efectivos de cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo se cuentan los Acuerdos de reciprocidad en materia de asistencia jurídica. La reciprocidad en materia de asistencia jurídica en las causas criminales se ciñe a lo dispuesto en el Convenio europeo sobre cooperación judicial en materia penal de 1959 (que entró en vigor en Georgia el 1º de noviembre de 2000), mientras que, en las causas civiles, familiares y penales, se ciñe a lo dispuesto en el Convenio de Minsk de reciprocidad en materia de asistencia jurídica dentro de la Comunidad de Estados Independientes, elaborado en 1993, y en el Código de Procedimiento Penal de Georgia. Conforme a la declaración formulada por Georgia en el marco del Convenio europeo sobre cooperación judicial en materia penal, la Fiscalía General del Estado será el órgano competente para atender las solicitudes de reciprocidad en materia de asistencia jurídica. En caso de que la solicitud cumpla los requisitos fijados tanto en el Convenio como en el Código de Procedimiento Penal de Georgia (por ejemplo, las medidas cuya adopción se solicita y que guarden relación con la incapacidad constitucional de una persona deberán ser admitidas, en toda circunstancia, por los órganos jurídicos y demás órganos competentes del Estado correspondiente y, además, la atención de la solicitud no deberá menoscabar los intereses de la seguridad y la soberanía nacionales de Georgia), la Fiscalía General del Estado remitirá la solicitud a los órganos competentes para que la ejecuten. Por lo que atañe a la congelación de fondos con arreglo al Acuerdo de reciprocidad en materia de asistencia jurídica, Georgia cumple las resoluciones correspondientes de los órganos jurisdiccionales de otros Estados tomando en consideración su propio ordenamiento jurídico. Por lo que atañe a la ejecución de la orden relativa a las sanciones, no ha habido problemas. 1 La información facilitada al investigador o al fiscal por una persona física o jurídica, un órgano del Estado, las administraciones y las administraciones autónomas, funcionarios, órganos de investigación operativa o personas que se hayan confesado culpables o hayan sido encontradas gracias a los medios de difusión; la información obtenida directamente de un órgano que lleve un procedimiento penal en el curso de una investigación, salvo en los casos en que el representante del citado órgano sea un testigo de la causa o una víctima del delito, y los indicios y las pruebas obtenidos en la investigación de la causa penal constituirán fundamento suficiente para abrir una investigación preliminar.