They focus on beneficiaries as the owners of rights, and emphasize the human person as the centre of the processes relating to regulating toxic chemicals (directly, through their advocates and through civil society organizations).
Se centran en los beneficiarios por ser los titulares de los derechos, y ponen a la persona en el centro de los procesos de reglamentación de los productos químicos tóxicos (directamente, a través de sus defensores y por medio de organizaciones de la sociedad civil).