While it takes note of the State party's reply that offenders under the age of 18 are subjected to protection and re-education measures, it emphasises that the Constitutional Court has been seized, by a person claiming to be a minor, with a case challenging a death sentence against the individual concerned.
Si bien toma nota de la respuesta del Estado Parte en el sentido de que los delincuentes menores de 18 años son objeto de medidas de protección y reeducación, hace hincapié en que una persona que alega ser menor ha interpuesto recurso ante el Tribunal Constitucional en relación con la sentencia de muerte que le fue impuesta.