According to media reports, the move came after victims of the abuse, mainly women now aged in their mid-20s to late-50s, stepped up their campaign for compensation threatening to launch a class-action suit earlier in 2008 and instructing a New Zealand Queen's Council to represent them.
Según informaciones publicadas por los medios de comunicación, la decisión se produjo después de que a principios de 2008 un grupo de víctimas de los abusos, principalmente mujeres de edades ahora comprendidas aproximadamente entre los 25 y los 60 años, intensificaron su campaña a favor de las indemnizaciones amenazando con interponer una demanda colectiva y contratando a un abogado de Nueva Zelandia para que las representara.