Indeed, the Special Rapporteur notes that numerous formally recognized legal rights of indigenous peoples are not fully implemented in practice, either in the courts by way of final adjudication determined by the judiciary, or as a result of new legislative acts which in fact weaken or reduce previously legislated rights.
Indudablemente, el Relator Especial observa que muchos de los derechos jurídicos reconocidos formalmente a los pueblos indígenas no se aplican plenamente en la práctica, ya sea en los tribunales, donde los jueces tienen la última palabra, o como resultado de la adopción de nuevas disposiciones legislativas que menoscaban o reducen derechos que ya se habían reconocido en leyes anteriores.