The property in question is alleged to have been confiscated prior to the Presidential Decree No. 12/1945 (the “Beněs Decree”) and thus was illegal.
La propiedad en cuestión fue supuestamente expropiada antes de que se aplicara el Decreto Presidencial Nº 12/1945 (Decreto Benĕs) por lo que la expropiación era ilegal.