Since the entry into force of the Political Constitution of 1991, the Government has sought to establish mechanisms for an effective justice system that guarantees the rule of law and full enjoyment of the rights and freedoms recognized in the Constitution.
Desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, el Gobierno nacional ha buscado consagrar mecanismos para la eficacia de la justicia que aseguren la vigencia del Estado social de derecho y garanticen la plenitud de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución.