When tribunals deal with cases concerned with pandering of the buying of a sexual service, the problem that is posed is that the prostitute in the position of “victim” is not officially granted the position a victim of a crime nor is she entitled to the protection it entails.
Cuando los tribunales conocen de causas judiciales relativas a proxenetismo relacionado con la adquisición de servicios sociales, el problema que se plantea es el de que a la prostituta, que se encuentra en la situación de “víctima”, no se le reconoce oficialmente la condición de víctima de un delito ni tiene derecho a la protección que dicha condición entraña.