In July 2002, the Virgin Islands Attorney General stated that the Territory would be partaking of a grant from the United States Justice Department to provide education and training for inmates who were to be released.
En julio de 2002, el Fiscal General de las Islas Vírgenes señaló que el Territorio recibiría un subsidio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para educar y capacitar a los reclusos que estuvieran a punto de ser puestos en libertad.