They argue in addition that the Leitch decision wrongly analyses “expedient for the protection of the public” and incorrectly overruled the previous jurisprudence of the “last resort test”.
Afirman también que en el fallo del caso Leitch se analizó erróneamente el significado de "conveniente para proteger a la sociedad" y se desestimó incorrectamente la jurisprudencia anterior sobre el "último recurso".