Sixty-second session Agenda item 12 Support by the United Nations system of the efforts of Governments to promote and consolidate new or restored democracies Letter dated 18 January 2008 from the Chargé d'affaires a.i. of the Permanent Mission of Mali to the United Nations addressed to the Secretary-General I have the honour to transmit herewith the text of the Bamako Consensus on the theme of “Democracy, Development and Poverty Reduction”, adopted at the Ministerial Conference of the Community of Democracies, held in Bamako from 14 to 17 November 2007 (see annex). I should be grateful if you would have this letter and its annex circulated as a document of the General Assembly under agenda item 12. (Signed) Ami Diallo Chargé d'affaires a.i. Annex to the letter dated 18 January 2008 from the Chargé d'affaires a.i. of the Permanent Mission of Mali to the United Nations addressed to the Secretary-General [Original: English] The Community of Democracies 2007 Bamako Ministerial Consensus “Democracy, Development and Poverty Reduction” Appendix Decision to establish the permanent secretariat of the Community of Democracies September 2007 - Strategic appendix to this declaration. We call on the (iii) Recruitment Process
Sexagésimo segundo período de sesiones Tema 12 del programa Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los esfuerzos de los gobiernos para la promoción y la consolidación de las democracias nuevas o restauradas Carta de fecha 18 de enero de 2008 dirigida al Secretario General por el Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente de Malí ante las Naciones Unidas Tengo el honor de ajuntar a la presente el texto del Consenso de Bamako sobre “Democracia, desarrollo y reducción de la pobreza”, aprobado en la Conferencia Ministerial de la Comunidad de Democracias que se celebró en Bamako del 14 al 17 de noviembre de 2007 (véase el anexo). Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir el texto de la presente carta y su anexo como documento de la Asamblea General, en relación con el tema 12 del programa. (Firmado) Ami Diallo Encargado de Negocios interino Anexo de la carta de fecha 18 de enero de 2008 dirigida al Secretario General por el Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente de Malí ante las Naciones Unidas [Original: inglés] La Comunidad de Democracias Consenso Ministerial de Bamako de 2007: “Democracia, desarrollo y reducción de la pobreza” Nosotros, los participantes de la Cuarta Conferencia Ministerial de la Comunidad de Democracias celebrada en Bamako del 14 al 17 de noviembre de 2007: Declaramos nuestro compromiso de basarnos en nuestros principios y objetivos comunes para promover la democracia en todas las regiones del mundo, apoyar la integridad de los procesos democráticos en las sociedades encaminadas hacia la democracia y coordinar las políticas que tienen por objeto mejorar la eficacia de la gobernanza democrática. Reafirmamos el solemne compromiso de nuestros Estados de cumplir con sus obligaciones de promover el respeto universal y la observancia y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos relativos a los derechos humanos y al derecho internacional. Afirmamos además nuestro compromiso de respetar y respaldar los principios y normas específicos convenidos en las Conferencias Ministeriales anteriores de la Comunidad de Democracias, celebradas en Santiago en 2005, Seúl en 2002 y Varsovia en 2000, y de poner en práctica las medidas acordadas en dichas Conferencias. Nos esforzamos por cumplir la misión de la Comunidad de Democracias, establecida en el Compromiso de Santiago, de fortalecer la gobernanza democrática como medio esencial de reducir la pobreza y apoyar el desarrollo equitativo y sostenible. Reafirmamos la Declaración del Milenio, en la que todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a fortalecer su capacidad de aplicar los principios y las prácticas de la democracia y a lograr todos los objetivos de desarrollo acordados en el ámbito internacional, entre ellos los objetivos de desarrollo del Milenio, y reducir la pobreza a la mitad antes del año 2015. Reafirmamos nuestro compromiso con el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo, aprobado en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002, y con el Consenso de Monterrey, en los cuales se reconoce, entre otras cosas, que la buena gobernanza en el ámbito nacional e internacional es esencial para el desarrollo sostenible. Recalcamos que la democracia, el desarrollo y los derechos humanos se refuerzan mutuamente. Nos comprometemos a apoyar la integración del desarrollo y la democratización en nuestros países, y procuramos prestar asistencia a los posibles países participantes en nuestra Comunidad en su labor de promoción de la democracia y el desarrollo. Democracia, desarrollo y reducción de la pobreza Afirmamos que, a diferencia de las formas de gobierno no democráticas, las democracias poseen ventajas institucionales inherentes que son indudablemente favorables al desarrollo sostenible. Las democracias, que se basan en el respeto por los derechos humanos, ofrecen incentivos políticos para que los gobiernos respondan a las necesidades y exigencias de la población, permiten un diálogo sobre políticas más amplio y fundamentado, son más adaptables y establecen en el poder gubernamental los necesarios frenos y contrapesos. Reconocemos la ventaja que tiene la democracia sobre las formas de gobierno no democráticas en materia de prevención y gestión de conflictos y de respuesta a desastres como la hambruna y otros fenómenos que amenazan el bienestar de nuestra población. Reconocemos, sin embargo, que algunas poblaciones de los países en desarrollo y de los países desarrollados no cosechan los dividendos de la democracia en lo que se refiere al mejoramiento de la calidad de vida. Reconocemos además que la desigualdad y la pobreza persistentes pueden conducir a la disminución de la confianza en las instituciones políticas y a la vulnerabilidad ante las prácticas no democráticas, factores que constituyen sendas amenazas a la democracia. Subrayamos que es necesario fortalecer los vínculos entre la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible y equitativo. Las injusticias sociales, entre ellas la discriminación sistémica contra las mujeres, los pobres, los pueblos indígenas, las personas pertenecientes a minorías étnicas y raciales, las personas con discapacidad, los ancianos, los jóvenes, todos los migrantes y otros grupos vulnerables, existen tanto en las democracias bien establecidas como en las democracias nuevas. Reconocemos que en una sociedad democrática los individuos y los grupos deben disponer de medios para expresarse y en participar en la adopción de las decisiones que afectan sus vidas, en particular mediante la libertad de asociación, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Apoyamos las políticas e instituciones establecidas para reducir la pobreza que empoderan a quienes están menos representados, fomentando entre los ciudadanos el sentido de identificación con las actividades de desarrollo y las reformas democráticas. Destacamos que el empoderamiento y la participación de la mujer en todos los niveles de la vida económica, política y social son fundamentales para la reducción de la pobreza, el desarrollo democrático y el pleno disfrute de sus derechos humanos. Subrayamos también que en la Declaración del Milenio se afirma que debe garantizarse la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y se exhorta, entre otras cosas, a promover la igualdad entre los géneros y empoderar a la mujer como medios eficaces y esenciales de erradicar la pobreza y el hambre, luchar contra las enfermedades y estimular el desarrollo sostenible. A tal efecto, resolvemos: Defender y poner de relieve, en las iniciativas de política interna y exterior y en los foros internacionales y regionales, la importancia de la democracia para facilitar el desarrollo equitativo y sostenible y la reducción de la pobreza. Procurar con ahínco que la Comunidad de Democracias actúe como foro de intercambio de experiencias e información entre las democracias en materia de desarrollo sostenible y crecimiento económico dentro de una estructura democrática. Hallar fuentes de financiación públicas y privadas para respaldar el diálogo regional en materia de desarrollo equitativo, reducción de la pobreza y reforma democrática mediante la creación de una red de intercambio de información y de experiencias entre los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos y el sector privado. Apoyar las reformas económicas, sociales e institucionales que promuevan el desarrollo, amplíen la justicia social para beneficiar a todas las personas, especialmente a las más pobres, y se apliquen de forma regulada, a fin de mantener su apoyo a la democracia. Extender e incrementar las reformas que promueven el desarrollo equitativo y reducen la pobreza, ampliando el acceso a mecanismos de financiación innovadores, reformando la tenencia de la tierra, invirtiendo en servicios sociales básicos, integrando el sector no estructurado en la economía estructurada, garantizando el empleo decente y creando un entorno propicio para las pequeñas y medianas empresas. Dar prioridad a la educación de las niñas, promover la igualdad entre los géneros y las oportunidades económicas de la mujer, entre ellas sus derechos de propiedad, y aumentar la participación y la representación de la mujer en los procesos políticos. Instituciones estatales Reconocemos que uno de los principales desafíos para la promoción del desarrollo es el fortalecimiento de la democracia mediante la creación de instituciones fundamentales de gobernanza democrática, como un sistema de representación con partidos políticos que funcionen bien, un sistema electoral que garantice elecciones libres y limpias fundadas en el voto secreto y el sufragio universal, una sociedad civil dinámica, medios de información independientes y el control civil y democrático de las fuerzas armadas. Recalcamos en la importancia de un sistema de frenos y contrapesos en el gobierno que asegure la independencia del poder judicial y del poder legislativo. Destacamos en particular la función esencial del sistema de justicia en el mantenimiento del estado de derecho y de los derechos humanos, y la importancia de que las instituciones parlamentarias sean sólidas para garantizar la representación ciudadana y la rendición de cuentas gubernamental. Reconocemos que la democracia no puede prosperar sin una cultura de respeto de los derechos humanos y del estado de derecho. Como líderes democráticos, continuaremos trabajando para educar a los ciudadanos y fortalecer las instituciones, a fin de prevenir el abuso de poder y promover la justicia social. Sin que ello vaya en perjuicio del sector privado, destacamos la importancia de un sector público eficaz, eficiente y que sea sensible a las necesidades y contribuya a la prestación de servicios eficaces que respondan a las carencias sociales en materia de educación, vivienda, atención de la salud, seguridad social y contribución a la creación de empleo, especialmente para los jóvenes. Destacamos que la descentralización y el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones de gestión pública local proporcionan una base importante para una gobernanza participativa e incluyente. Ponemos de relieve la importancia de promover la participación activa de la mujer en las instituciones de administración local y en el proceso decisorio en todos los niveles. Recordamos nuestra decisión del Compromiso de Santiago de promover un entorno propicio al fortalecimiento de la democratización, la modernización y la innovación de los partidos políticos y afirmamos la necesidad de prestar más atención a la función de los partidos políticos en las políticas de reducción de la pobreza. Sostenemos que la corrupción es un problema tanto transnacional como local y tiene repercusiones negativas en el desarrollo y la reducción de la pobreza. La corrupción afecta a las personas pobres de manera desproporcionada y frena el desarrollo económico al desviar los fondos destinados a las inversiones en infraestructura, instituciones y servicios sociales. La corrupción es un gravísimo peligro para la democracia que fomenta un entorno antidemocrático y conduce a la falta de respeto por las instituciones y por la autoridad legítima. Acogemos favorablemente las alianzas e iniciativas voluntarias que promueven la responsabilidad social de las empresas y mejoran la buena gobernanza de los recursos naturales a nivel nacional. Observamos con beneplácito la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias de Extracción, medida importante para promover la responsabilidad social de las empresas y la buena gobernanza a fin de que los ingresos provenientes de los recursos naturales se traduzcan en crecimiento económico y reducción de la pobreza. A tal efecto, resolvemos: Apoyar y promover el establecimiento de auditorías de gobernanza controladas por los propios países, participativas e independientes que tengan por objeto vigilar la calidad de las instituciones y los procesos de gobernanza democrática del país y, de esa forma, generen mayor transparencia y rendición de cuentas en lo referente al desempeño democrático de cada país. Cumplir todas las obligaciones pertinentes contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos, en particular los relativos a las mujeres, los niños, todos los migrantes, incluidos los trabajadores migrantes y sus familiares, los presos políticos y otros presos detenidos, las personas víctimas de desapariciones forzosas y las personas con discapacidad, e instar a los Estados que todavía no son parte en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos a que consideren la posibilidad de ratificarlos. Prestar mayor atención a la participación del poder legislativo y los partidos políticos en los procesos y estrategias nacionales de reducción de la pobreza y planificación del desarrollo. Apoyar la descentralización, cuando proceda, y fortalecer las medidas que ayuden a acercar los procesos decisorios a todos los ciudadanos, incluida la población rural, como parte del desarrollo democrático. Alentar a los Estados a que permitan el acceso de observadores electorales nacionales e internacionales con pleno respeto del marco jurídico y nacional y a que cada país que organice elecciones acate las normas internacionales pertinentes, entre las que se incluye la Declaración de principios para la observación internacional de elecciones y el Código de Conducta para observadores internacionales (2005). Cumplir las obligaciones que hemos adquirido en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2005) en colaboración con todas las partes interesadas y seguir de cerca las esferas más propensas a la corrupción, a fin de elaborar estrategias oportunas para combatirla. Agentes no estatales Reconocemos que para crear un entorno propicio a la democracia y al desarrollo debemos centrarnos en la creación de alianzas entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Reafirmamos y recalcamos la importante función que desempeña la sociedad civil en todos los aspectos de la gobernanza democrática y del desarrollo, y destacamos que un gobierno y una sociedad civil eficaces se refuerzan mutuamente. Destacamos en particular la función de la sociedad civil en el aumento de la participación de los ciudadanos en los procesos electorales, en la gobernanza local y en la formulación de políticas públicas y la importante función que desempeña la sociedad civil en la defensa de los grupos vulnerables de la sociedad, como las mujeres, los pobres, los pueblos indígenas, las personas pertenecientes a minorías raciales o étnicas, las personas con discapacidad, los ancianos, los jóvenes, los migrantes y otros grupos vulnerables. Reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer la sociedad civil a fin de que desempeñe esta importante función en la labor de ayudar a construir y a sustentar sociedades democráticas. Si bien apoyamos el papel de la sociedad civil en la promoción y el fortalecimiento de la gobernanza democrática, también subrayamos que es necesario e importante que sus organizaciones sean siempre conscientes de sus responsabilidades, que incluyen, entre otras, el respeto de las leyes nacionales e internacionales, las normas éticas y la diversidad cultural, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Recordamos el compromiso que contrajimos en Santiago de promover y aplicar estrategias, políticas, programas y medidas concretas a fin de fomentar la educación para la democracia, en especial en favor de los jóvenes y las mujeres. Subrayamos que la libertad de expresión y de asociación y el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet, sirven para fortalecer a la sociedad civil, aumentar la participación ciudadana y proporcionar una base de protección contra el abuso gubernamental. Rechazamos enérgicamente la violencia y todas las formas de extremismo e intolerancia, en particular el odio étnico y religioso, la xenofobia y los actos y manifestaciones de racismo, y reconocemos la necesidad de que todos los participantes en el proceso democrático respeten los valores democráticos, los derechos humanos y el estado de derecho. Destacamos que el racismo es incompatible con la democracia y que los gobiernos cuyas plataformas políticas son racistas o xenófobas no pueden considerarse democráticos. Reconocemos que el diálogo y la cooperación entre religiones y culturas en pro de la paz son elementos cruciales para generar tolerancia y moderación, valores esenciales de la vida democrática. El fortalecimiento de la gobernanza democrática de los países exige que todos los sectores, incluido el sector privado, cumplan con sus correspondientes responsabilidades y obligaciones relacionadas con los derechos humanos, las normas laborales, la transparencia y la ley. Destacamos que un sector privado fuerte y socialmente responsable que tome en cuenta el respeto de los derechos humanos es esencial para la creación de empleo, el crecimiento a largo plazo, el mejoramiento del desarrollo humano y la democracia sostenible. Reconocemos la importancia de la libertad económica, la transparencia del mercado, la igualdad de oportunidades y la gobernanza democrática para generar una prosperidad general que beneficie a todos los ciudadanos. Destacamos que los mercados libres que funcionan en un entorno político libre no bastan para garantizar el crecimiento sostenible. Si bien hacemos hincapié en la responsabilidad primordial que tiene cada país respecto de su propio desarrollo económico y social, y en la función de las políticas y estrategias de desarrollo nacionales, subrayamos la importancia de un entorno económico internacional democrático, transparente y propicio. A tal efecto, resolvemos: Promover a la sociedad civil, en particular a las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones sindicales y empresariales y los medios de información independientes, en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades democráticas. Aumentar el apoyo a la sociedad civil, especialmente para facilitar la participación de los ciudadanos en los procesos de formulación de políticas y en la impartición de educación cívica y democrática. Tomamos nota, en especial, de las recomendaciones que se exponen en el Plan estratégico mundial de educación para la democracia (2003), que establece los principios y medidas prácticas de la educación para la democracia. Apoyar y alentar a las organizaciones no gubernamentales instando a los países a que promulguen leyes dirigidas al fortalecimiento de la sociedad civil y a garantizar que se lleve a cabo el registro, la formación, el financiamiento y el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y de sus actividades pacíficas. Al mismo tiempo, recordamos a los países que toda norma o medida que se aplique en relación con las organizaciones no gubernamentales debe ajustarse a las obligaciones nacionales e internacionales y hacerse cumplir de manera apolítica, justa y transparente. Permitir que las organizaciones no gubernamentales lleven a cabo sus actividades pacíficas sin intimidación y establezcan y mantengan contacto y cooperen con sus propios miembros y otros elementos de la sociedad civil en los ámbitos nacional e internacional. Proporcionar acceso a todos los ciudadanos a medios de información independientes y a la tecnología de la información y las comunicaciones, y facilitar el desarrollo de medios de información libres e imparciales, como los diarios, la radio, la televisión e Internet. Sin embargo, en este contexto, condenamos el uso de Internet para incitar a la violencia, incluida la violencia motivada por la intolerancia racial o religiosa. Promover la libertad de expresión y la libre circulación de la información en Internet permitiendo a los ciudadanos que se expresen por medio de los foros en línea y posibilitando un acceso amplio a los sitios web y a la información obtenida mediante buscadores. Realizar campañas públicas, haciendo especial hincapié en la juventud, dirigidas a crear mayor conciencia acerca de los efectos nocivos del extremismo político en la democracia y la importancia de respetar y proteger las normas democráticas fundamentales. Alentar la participación activa del sector privado a nivel nacional, regional e internacional en estrategias y políticas destinadas a promover la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos. Estudiar la posibilidad de crear, en la Comunidad de Democracias, un foro de representantes del sector privado a fin de que desempeñen un papel más activo en la configuración de las actividades de la Comunidad de Democracias. Organizaciones regionales Recalcamos la importante función que pueden desempeñar las organizaciones regionales en la promoción de la democracia y el valor crucial de los enfoques regionales para respaldar la democracia y el desarrollo y mejorar la seguridad. Reconocemos que el subdesarrollo y la pobreza extrema ponen a los países en una situación de vulnerabilidad ante la escalada de la delincuencia organizada transnacional, en particular la trata ilícita de personas, especialmente mujeres y niños, y el tráfico ilícito de drogas y armas de fuego. Celebramos y alentamos las iniciativas interregionales para promover la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho en todo el mundo, en particular la Carta africana sobre democracia, elecciones y gobernanza, la Comunidad de la Opción Democrática, establecida para promover la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho en Europa oriental, y la Declaración de intenciones entre la Unión Africana y la Organización de los Estados Americanos para el desarrollo de actividades conjuntas de promoción de la democracia. Celebramos también el Mecanismo de examen entre los propios países africanos, mediante el cual se intercambian experiencias y se refuerzan las mejores prácticas a fin de procurar garantizar que las políticas y normas de los Estados participantes conduzcan a la estabilidad política, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, la Carta Democrática Interamericana, el Protocolo de Ushuaia del MERCOSUR, la estrategia conjunta entre la Unión Europea y África, basada en los principios de paz y seguridad, buena gobernanza y derechos humanos, comercio e integración regional y desarrollo social, así como la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos y las actividades de apoyo a la democracia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). A tal efecto, resolvemos: Mejorar la cooperación entre las propias organizaciones regionales y entre éstas y las Naciones Unidas, mediante la facilitación de intercambios y la participación activa en foros regionales sobre democracia y cuestiones de desarrollo. Promover la adopción de cartas democráticas e iniciativas de cooperación regionales, y apoyar su aplicación dondequiera que existan. Fortalecer la capacidad de las organizaciones regionales y de otras organizaciones intergubernamentales en materia de gestión de crisis, prevención y solución de conflictos, rehabilitación después de los conflictos, observación de elecciones, delincuencia organizada transnacional y terrorismo, de conformidad con el derecho internacional y el derecho humanitario. Instituciones internacionales y cooperación Afirmamos que, en aras del interés mundial, los Estados y las organizaciones multilaterales deben procurar promover los principios de la democracia. Tomamos en cuenta el Compromiso de Santiago, en el que se señala que la democratización del sistema multilateral, particularmente las Naciones Unidas, es el equivalente necesario de las prácticas democráticas en las naciones. Toda nación democrática debe luchar para que en los asuntos internacionales la adopción de decisiones sea igualmente abierta, transparente, legítima y equitativamente representativa. Destacamos la importancia de que los países en desarrollo sean miembros de las organizaciones regionales y mundiales como medio para integrarse en las redes existentes de asociaciones económicas, políticas y de seguridad. A este respecto, propugnamos una mayor cohesión y cooperación entre los participantes en la Comunidad de Democracias en la defensa de los puntos de vista comunes en los foros internacionales clave en relación con la importancia de la democracia para los desafíos y las oportunidades mundiales. Condenamos enérgicamente el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. No puede haber justificación alguna para un acto de terrorismo, sea cual fuere el motivo alegado. El terrorismo es un flagelo mundial y una amenaza grave para la democracia y para la paz y la seguridad internacionales. Es imprescindible que la comunidad internacional se una para luchar contra el terrorismo de manera sostenida, integral y a largo plazo, y respetando plenamente el derecho internacional, especialmente las normas de derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho de los refugiados. Exhortamos a los Estados a que cumplan con los compromisos contraídos en virtud de los convenios, convenciones y protocolos de las Naciones Unidas de lucha contra el terrorismo y de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Instamos además a todos los Estados a que cooperen en la aplicación de la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo (2006) y a que realicen esfuerzos concertados para finalizar con prontitud el proyecto de convenio general de las Naciones Unidas sobre el terrorismo internacional. Recalcamos la necesidad de apoyar la consolidación de la democracia en los nuevos países democráticos y en los de transición reciente hacia la democracia, entre otras cosas mediante la cooperación internacional y la asistencia bilateral durante los primeros años de sus períodos de transición, cuando el proceso democrático es más vulnerable. Alentamos a los países a que integren la asistencia a la democracia y la reducción de la pobreza en sus programas de asistencia para el desarrollo. Estamos de acuerdo en que los sistemas comerciales y financieros abiertos, basados en normas y no discriminatorios son fundamentales para el desarrollo y la buena gobernanza. En este sentido, destacamos la importancia de que concluya con éxito la Ronda de Desarrollo de Doha de la Organización Mundial del Comercio. Reconocemos la función y la labor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en apoyo de la consolidación de la gobernanza democrática dentro de un marco de desarrollo humano sostenible. A tal efecto, resolvemos: Adoptar medidas o realizar actividades de colaboración, como se indica en el Plan de Acción de Seúl, para responder a los peligros manifiestos que corre la democracia, como la perturbación del régimen constitucional o la alteración inconstitucional persistente del orden democrático, trabajando de consuno en el marco de las organizaciones regionales e internacionales. Prestar asistencia a la consolidación de las democracias en los países que estén en períodos de transición democrática o sean democracias nuevas, y fortalecer el apoyo a las instituciones que promuevan los valores democráticos y fortalezcan a la sociedad civil. Alentar a los países en desarrollo que estén invirtiendo efectivamente en reformas democráticas o económicas y ofrecerles incentivos tanto bilateralmente como por conducto de instituciones multilaterales. Trabajar en consulta con los países participantes para intensificar la labor de integración de las reformas democráticas en los países en desarrollo en estrategias, políticas y programas de desarrollo, tomando en cuenta la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo. Apoyar al Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia y alentar a que se sigan financiando sobre todo las actividades que refuercen la gobernanza democrática y al mismo tiempo promuevan la reducción de la pobreza y la creación de capacidad. Funcionamiento y contactos de la Comunidad de Democracias Agradecemos al Gobierno de Polonia su ofrecimiento de servir de sede de la recientemente creada secretaría permanente de la Comunidad de Democracias. El texto de la decisión relativa al establecimiento de la secretaría constituye un apéndice de la presente declaración. Exhortamos a la nueva secretaría a que vele por que se preste una atención sostenida al seguimiento de los compromisos de la Comunidad de Democracias. Felicitamos al Grupo Convocador por su labor en la aplicación del programa estratégico de nuestra Comunidad en particular por haber concluido su ampliación de 10 a 16 miembros en 2006. Celebramos también el establecimiento del Comité Directivo Internacional del Proceso no Gubernamental, que constituye un foro para el intercambio de ideas y experiencias entre gobiernos y entidades de la sociedad civil. Acogemos favorablemente la participación de la sociedad civil en la Comunidad de Democracias y encomiamos la labor del Comité Consultivo Internacional por su contribución al proceso de invitación. Nos comprometemos a hacer intervenir a ese Comité para fortalecer aún más la Comunidad de Democracias. Encomiamos la labor llevada a cabo por los cuatro Grupos de Trabajo temáticos de la Comunidad de Democracias (Gobernanza democrática y sociedad civil; Pobreza, desarrollo y gobernanza democrática; Cooperación regional e interregional para la gobernanza democrática; y Promoción de la democracia y respuesta a las amenazas nacionales y transnacionales para la democracia) con miras a aplicar las decisiones adoptadas en las reuniones ministeriales y promover la causa democrática. Continuaremos apoyando a los Grupos de Trabajo como mecanismo importante para ejecutar y proseguir la labor entre reuniones ministeriales. Reafirmamos el llamamiento del Compromiso de Santiago en favor de una mayor cooperación con la Conferencia Internacional de las Democracias Nuevas o Restauradas para promover y consolidar la gobernanza democrática en las democracias nuevas o restauradas, a la vez que reconocemos el propósito particular de cada organización. Declaramos nuestro compromiso de fortalecer la labor de movilización auspiciada por el Grupo de las Naciones Unidas para la Democracia a fin de coordinar posiciones comunes en materia de democracia y de derechos humanos ante los órganos de las Naciones Unidas. Como se acordó en el Compromiso de Santiago, apoyaremos la candidatura de los países que contribuyan efectivamente a la promoción y protección de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo a integrar órganos que se centren en elementos de la gobernanza democrática, como el Consejo de Derechos Humanos. Acogemos con beneplácito la designación de un Día Internacional de la Democracia, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bamako, noviembre de 2007 Apéndice Decisión de establecer la secretaría permanente de la Comunidad de Democracias Guiándose por los principios que llevaron a la creación de la Comunidad de Democracias en 2000 en Polonia y resueltos a fortalecer la eficacia de esta Comunidad en la promoción y el apoyo de la democracia, sus Estados miembros establecen una secretaría permanente de la Comunidad de Democracias, situada en Varsovia, con la misión de proporcionar apoyo multidimensional a la Presidencia y al Grupo Convocador de la Comunidad de Democracias. Mandato de la secretaría permanente: Desempeñar funciones de índole administrativa, operacional y técnica, en apoyo del Grupo Convocador de la Comunidad de Democracias y de la Presidencia de la Comunidad de Democracias y bajo su dirección y orientación. En este marco, la secretaría permanente tendrá, entre otras, las responsabilidades siguientes: Funciones administrativas: i) Prestar asistencia a la Presidencia en la preparación de los proyectos de los programas y las actas de todas las sesiones de la Comunidad de Democracias, así como de las reuniones ministeriales. ii) Servir de memoria institucional de la Comunidad de Democracias y encargarse de mantener el registro oficial y, en particular, establecer, administrar y actualizar el sitio web de la Comunidad, así como sus archivos y su base de datos de contactos. iii) Proporcionar apoyo administrativo a la Presidencia en sus relaciones externas con los medios de información y otras instituciones o entidades que no participan directamente en las actividades de la Comunidad de Democracias. Funciones operacionales i) Prestar asistencia a la Presidencia de la Comunidad de Democracias en la planificación, coordinación y aplicación de las decisiones adoptadas y las recomendaciones formuladas por la Comunidad. ii) Coordinar la transmisión de las comunicaciones de la Presidencia a los miembros de la Comunidad de Democracias y facilitar en todo momento la información y los contactos entre los miembros del Grupo Convocador. iii) Prestar asistencia a la Presidencia y al Grupo Convocador en sus actividades de enlace con los participantes de la Comunidad de Democracias y alentar a los países a que participen activamente en los proyectos de la Comunidad y desempeñen una función más dinámica. iv) Apoyar al Grupo Convocador y a la Presidencia en la coordinación, supervisión y ejecución de los proyectos e iniciativas de la Comunidad de Democracias, incluso los que pongan en marcha los Grupos de Trabajo, cuando así se requiera. v) Facilitar las relaciones de trabajo entre el Grupo Convocador, la Presidencia y el Comité Directivo Internacional del Proceso no Gubernamental, asegurar que las iniciativas de las organizaciones no gubernamentales se consideren debidamente en el proceso de la Comunidad de Democracias y apoyar a la Presidencia en la tarea de facilitar las comunicaciones entre los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales. vi) Proporcionar apoyo administrativo a la Presidencia en cuestiones presupuestarias. Funciones técnicas i) Coordinar todos los aspectos de la planificación y la logística de las reuniones directamente relacionados con las sesiones de alto nivel y del Grupo Convocador y con las reuniones ministeriales, así como con los servicios de traducción, la labor de investigación y las actividades de divulgación en los medios de información. Tamaño de la plantilla y dotación de personal Una plantilla profesional bien calificada, incluido un director, cumplirá los deberes y cometidos correspondientes, sobre la base de las funciones establecidas en el mandato de la secretaría, en particular las tareas administrativas, financieras, operacionales y de comunicación. La plantilla tendrá el tamaño que decida el Grupo Convocador, con la recomendación de que inicialmente se sitúe entre 4 y 5 personas y se disponga al respecto de cierta flexibilidad, según los proyectos y actividades que le encomiende dicho Grupo. En caso de que la secretaría permanente necesite reconsiderar el tamaño de su plantilla, el Grupo Convocador evaluará si procede, así como las modalidades para realizarlo. i) Los miembros del personal tendrán la formación académica, la experiencia y las competencias lingüísticas necesarias para desempeñar eficazmente sus funciones. ii) Las competencias mínimas necesarias del personal incluyen las siguientes: - Gestión de los recursos humanos y financieros - Administración - Planificación estratégica - Comunicación oral y escrita - Planificación y logística institucionales - Tecnología informática iii) Proceso de contratación Inicialmente los gobiernos nacionales de los países que integran actualmente la Comunidad de Democracias adscribirán personal profesional a título temporal y por un año (renovable): - El Grupo Convocador seleccionará y aprobará al candidato para el puesto de director, que será independiente. - El director seleccionará a los miembros iniciales de entre los candidatos presentados por los gobiernos nacionales y someterá la selección a la aprobación del Grupo Convocador. Si se produce una vacante, el director repetirá el proceso mencionado anteriormente, salvo si el Grupo Convocador introduce cambios al procedimiento, como, por ejemplo, una contratación abierta. Apoyo financiero i) Contribuciones financieras voluntarias de los países que integran actualmente la Comunidad de Democracias, incluso contribuciones “en especie”, así como otras formas de apoyo financiero privado aprobadas por el Grupo Convocador. ii) Contribuciones de otros individuos o instituciones, incluso alianzas entre el sector público y el privado: Las contribuciones provenientes de otras fuentes, en particular de asociados de la propia Comunidad de Democracias o del sector empresarial, se aceptarían con sujeción a normas claramente establecidas. Polonia, en su calidad de país anfitrión, posibilitará que la secretaría permanente funcione a pleno rendimiento y contraiga obligaciones contractuales y financieras, con sujeción a la normativa jurídica de ese país. El personal será acreditado ante el Gobierno de Polonia por los Estados que lo hayan adscrito. La República de Polonia adoptará las medidas necesarias de conformidad con su legislación interna y las normas pertinentes de la Unión Europea para otorgar a la secretaría permanente prerrogativas e inmunidades equivalentes a las otorgadas por las organizaciones internacionales. A fin de garantizar un enlace mutuamente beneficioso entre la Comunidad de Democracias y otros organismos, en particular organizaciones no gubernamentales, bajo la orientación y dirección de dicha Comunidad y su Presidencia, la secretaría podría establecer relaciones de trabajo con el Comité Directivo Internacional del Proceso no Gubernamental para facilitar la comunicación, el intercambio de información y las iniciativas complementarias y promover los contactos con organizaciones no gubernamentales y otros organismos, según proceda. Transcurridos dos años, la Comunidad de Democracias evaluará todos los aspectos de la secretaría permanente, en particular los mecanismos financieros y los procedimientos de dotación y contratación de personal, a fin de determinar si se debe hacer alguna revisión.