Even though they were compulsorily required to establish the said standards and regulations within three months of the Act's introduction, most State institutions and private companies have failed to do so. At the time of writing, the norm had been applied mainly in public-sector institutions, but not in the private sector.
A pesar de la obligatoriedad de hacerlo en los tres meses siguientes a su promulgación, la mayoría de las instituciones estatales y las empresas privadas no lo hicieron en ese plazo; a la fecha, esta norma ha sido aplicada principalmente en instituciones del Sector Público, pero no en el sector privado.