While the law appears clear, and provides that a person may be kept in a police lock-up for up to 24 hours (after which a judge must issue a provisional detention order), the jurisprudence is relatively contradictory.
Si bien la ley parece estar clara y dispone que se podrá retener a una persona en un calabozo por un máximo de 24 horas (tras el cual un juez deberá dictar una orden de detención provisional), la jurisprudencia es relativamente contradictoria.