However, in the present case, the legislation of the State party and the case law of its Supreme Court provide that the accused can never be freed from the duty to be represented by counsel in criminal proceedings, even if he is a lawyer himself, and that the law takes no account of the seriousness of the charges or the behaviour of the accused.
No obstante, en el presente caso, en la legislación del Estado Parte y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo se dispone que el acusado nunca puede ser eximido de la obligación de ser representado por letrado en una causa penal, aunque sea abogado, y que la ley no toma en cuenta la gravedad de las acusaciones ni el comportamiento del acusado.