There is clear evidence to show that the poorest defendants are more likely to be imprisoned than fined, and even if fined they may end up in prison in default.
Existen pruebas claras de que es más probable que los acusados más pobres sean condenados a la privación de libertad que al pago de una multa e, incluso en el caso de que se los condene a pagar una multa, pueden acabar en la cárcel por no pagarla.