On 27 February 1998, the Human Rights Division of the Attorney-General's Office ordered the discontinuance of the disciplinary investigation being conducted against some of those responsible for the incidents in the case.
El 27 de febrero de 1998, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, de la Procuraduría General de la Nación, ordenó el archivo definitivo de la averiguación disciplinaria tramitada contra algunos de los autores de los hechos del caso.