Persons who are abused or injured by law enforcement officials, or who are not afforded proper recognition of their human rights, should have access to the courts and legal representation to redress their injuries and grievances.
Las personas maltratadas o lesionadas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y aquellas a las que no se les han reconocido debidamente sus derechos humanos, deberían tener acceso a los tribunales y disponer de representación jurídica para recibir una reparación por sus lesiones y agravios.