National Governments bore the primary responsibility for protecting internally displaced persons; however, if they were unable to do so, they must ensure access by humanitarian workers, guarantee those workers' safety and take into account the relevant financial implications.
La responsabilidad principal de la protección de las personas desplazadas recae en los gobiernos nacionales; no obstante, si los gobiernos no pueden hacer frente a esa responsabilidad, deben permitir el acceso al personal humanitario, garantizar la seguridad de ese personal y tener en cuenta las consecuencias financieras pertinentes.