On the basis of the above arguments the Commission considers that Spain has provided sufficient evidence that the rescheduling of Chupa Chups debts for VAT and corporate income tax stemmed from the mere application of Spanish taxation law, and that the tax authorities did not enjoy any discretionary power as regards eligibility of the company, securities necessary or interest rates applied.
Sobre la base de los argumentos anteriormente mencionados, la Comisión considera que España ha proporcionado pruebas suficientes de que el fraccionamiento de las deudas de Chupa Chups en concepto de IVA y de impuesto de sociedades se derivaban de la simple aplicación de la legislación fiscal española, y que las autoridades tributarias no disfrutaban de ninguna facultad discrecional por lo que se refiere a la admisibilidad de la empresa, a las garantías necesarias o a los tipos de interés aplicados.