The Commission also expressed the view that this advantage stemmed from the use of state resources, because the decision to sign the PPAs was a consequence of state policy implemented via the State-owned public utility wholesaler MVM.
La Comisión expresó también la opinión de que esta ventaja se desprende del uso de recursos de Estado, porque la decisión de firmar los CCE era una consecuencia de la política de Estado ejecutada vía el mayorista estatal de servicio público MVM.