This is evidenced also by the operative part of the advisory opinion of 1951, which states that such an objection “can have the legal effect indicated in the reply to Question I only upon ratification” by the State or the organization that formulated it.
Así se deduce también de la parte dispositiva de la opinión consultiva de 1951, en la que la Corte constata que una objeción de ese género "no puede tener el efecto jurídico indicado en la respuesta a la pregunta I hasta que la ratifique" el Estado o la organización que la ha formulado.