La nueva resolución judicial que de momento da carpetazo por segunda vez a la vía penal responde a la querella interpuesta por el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de la capital y la asociación de afectados por la venta de los pisos en 2013 contra el entonces consejero delegado de la compañía pública, Fermín Oslé, y Alfonso Benavides, apoderado de Fidere, el fondo de inversión que pagó 128 millones de euros por la adquisición de 18 promociones residenciales. Los denunciantes alegaban que habrían incurrido en	Entre los argumentos jurídicos en los que se apoya el fallo, se señala que "no existe una norma clara, taxativa y suficiente que permita conocer qué precio es el justo y adecuado y qué precio era el mínimo exigible" en la operación. El PSOE argumentaba que los 128 millones de euros que abonó Blackstone en la operación a través de su filial Fidere era una cifra "objetivamente inferior" a la que podría haberse obtenido en el mercado "e incluso al mero valor contable de las viviendas".	destinado a descapitalizar en parte a la EMVS y a enriquecer, correlativamente, a la entidad adjudicataria". "El resto de competidores [otras siete empresas] acreditaron, mediante testifical creíble y de la que no existe ningún elemento que permita dudar, haber participado en un procedimiento absolutamente normal y sin preferencia ni trato de favor", subraya.	, como que hubo publicidad en el proceso, cuando no existió, o que se informó por la Intervención, cuando la propia Interventora General del Ayuntamiento reconoció en la Comisión de Investigación, que no informaron en ningún momento del proceso". A su juicio, es "una instrucción que no ha sido exhaustiva con los hechos".	Justicia "a la carta" del PP. Cada día tengo más claro que la justicia en España NO ES INDEPENDIENTE. El PP de la Botella "malversó y estafó" y "se van de rositas". ¿debemos acudir a la UE para dilucide esta tropelía?. Casado, estás vendido, no te va a votar ni dios.	
Archivada la causa penal contra el Gobierno de Ana Botella por la venta de 1.860 viviendas públicas