La educación debe ser entendida como un bien social superior. Más que una política de gobierno, debería ser la primera prioridad del Estado y de la sociedad. Desafortunadamente Colombia sigue siendo presa de los politiqueros cuyo único fin es reelegirse cada cuatro años. Lejos de pensar en el bienestar estructural de la ciudadanía y la salud de una democracia deliberativa, se desgastan en proyectos y propuestas de corto alcance y bajo impacto. Si queremos avanzar de Cundinamarca a Dinamarca, la única hoja de ruta es la educación del pueblo.	Después de una corta guerra civil, en 1536 se estableció en Dinamarca la Iglesia luterana. Uno de sus más notables legados fue la alfabetización del campesinado. A juicio del nuevo régimen, la mejor manera para conectar su pueblo con Dios era por medio de la lectura de la biblia. Es por eso que desde el siglo XVI se comenzaron a fundar escuelas en todos los rincones del país nórdico, donde se les enseñaba a leer y a escribir a quienes, hasta ese momento, más que ciudadanos, eran considerados súbditos del soberano. Ya entrado el siglo XVIII los campesinos se habían constituido como una fuerza social con capacidad de movilización colectiva. Se comenzaban entonces a forjar las bases de eso que Cass Sustein considera como el autogobierno, que no es más que un modelo de democracia deliberativa, sustentada en la virtud cívica que tiene como designio generar bienes públicos. Es así que, en Dinamarca, la educación se constituyó como un instrumento depurador y enriquecedor tanto para el desarrollo social en general como para el individual.	En efecto, se estima que ese proceso que comenzó a finales de 1500 y que concluyó en el siglo XX con la consolidación del ‘estado de bienestar’ no solo ayudó a fortalecer las bases de una sociedad educada y empoderada. El campesinado se convirtió en un agente político importante; mejoraron los procesos de gobernanza y ética pública; se desarrolló un mercado sobre la base del respeto de los derechos humanos; se entronizó el concepto de la función pública como uno de los ejes centrales del buen gobierno; y, no menos importante, se evitó que durante la historia de dicho país se sometiera al pueblo a los caprichos de los gobernantes de turno.	Contrasta lo anterior, en cambio, con nuestra propia historia. En la lúcida biografía de Santander escrita por Pilar Moreno de Ángel se recuerda cómo los mismos próceres se educaron en virtud del privilegio que les concedía su linaje. Francisco de Paula Santander ingresó al Real Seminario de San Bartolomé en 1805 después de someterse a una dispendiosa verificación de información. Entre los documentos y testimonios que se le exigían debía demostrar ser el hijo de una descendencia noble; asimismo, no podía tener ningún vínculo de sangre con quienes eran considerados “viles”, es decir, judíos, mestizos, moros o mulatos. Finalmente, sus antepasados no debían haber ocupado “oficios mecánicos”; en otras palabras, ni los párvulos de artesanos ni de campesinos tenían el derecho a la educación. Ya desde ese momento, en los albores de la lucha patriótica, la educación era un privilegio reservado a unos pocos. Tristemente, en muchas partes de nuestro país esa sigue siendo la regla general.	Sería injusto decir que en Colombia no se han realizado esfuerzos por garantizar una educación universal. Baste no más ver que en los últimos dos planes nacionales de desarrollo el rubro con mayor inversión es justamente ese. Sin embargo, educar a la gente no radica únicamente en construir más colegios; becar a más jóvenes para que ingresen a la educación superior; o mejorar las condiciones de los maestros. La educación como propósito nacional, como política de Estado y no de gobierno, no se limita a la mera transmisión de conocimientos. Tan importante como cultivar todos los campos del conocimiento, es lograr sentar las bases mentales, culturales, motivacionales y éticas para transformar a los individuos en verdaderos ciudadanos. Empoderar a los colombianos, garantizar su capacidad de convertirse en agentes responsables y lúcidos del cambio social, brindarles las herramientas para que puedan hacer valer sus derechos y hacer oír su voz y sus argumentos, es un camino que puede durar generaciones.	Desafortunadamente, todavía se les llena de agua la boca a los politiqueros que ven en la educación el fortín con el que, en cada legislatura, por vías indirectas y oblicuas, financian sus campañas. Son esos mismos que dependen de la ignorancia e impotencia del individuo para subsistir. A todos ellos, que no ven los réditos políticos en un discurso que encumbre la educación como valor fundamental y eje movilizador superior de la sociedad y que, por el contrario, prefieren satisfacer sus intereses electoreros, les aplica bien el dicho de que “estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca”.	
De Cundinamarca a Dinamarca