El interregno neoconservador de Mauricio Macri entre dos administraciones peronistas concluyó esta semana. Del Gobierno de Cristina Fernández al de Alberto Fernández, en el que ella figura como vicepresidenta, se completó un hiato de cuatro años que no bastó para resolver ante la justicia argentina algunos casos de corrupción heredados del kirchnerismo y que involucran negocios con Venezuela. Uno de ellos: las irregularidades en el contrato para la implantación de la Televisión Digital Abierta. Los involucrados no solo tuvieron suertes dispares ante los tribunales, sino que siguieron contratando con el Estado como si nada.	Curiosamente, y a diferencia de otros contratos con empresas argentinas para apoyar proyectos de infraestructura y productivos en Venezuela que nunca llegaron a concretarse, la implantación de la Televisión Digital Abierta (TDA) tuvo un desenlace que parecía feliz: el 20 de febrero de 2013, actuando como presidente encargado mientras Hugo Chávez no tenía ni dos días de haber regresado de La Habana para morir en el Hospital Militar de Caracas, Nicolás Maduro puso oficialmente en marcha lo que calificó como la “primera fase” del sistema TDA. Un acuerdo con costos por 120 millones de dólares en el marco del Convenio Integral de Cooperación entre Argentina y Venezuela, sirvió para que en apenas siete meses a los hogares más humildes llegaran antenas, decodificadores y teléfonos celulares que permitían el acceso a una señal de televisión mucho más estable que la analógica, todo de forma gratuita para los usuarios.	El negocio tuvo como beneficiarios a los empresarios argentinos Juan José Levy y Pablo Rubio. Pero, como luego se descubriría, la iniciativa había encubierto un esquema distorsionado de sobreprecios y triangulación de productos, desvío de fondos y participación de empresas sin ningún tipo de experiencia. Ya en mayo de 2017 se daban detalles sobre este proceso judicial en Armando.Info.	La novedad no es solo que el caso permanezca sin resolver a estas alturas. Lo llamativo es la suerte dispar que tuvieron Levy y Rubio en el proceso. Mientras que el primero está siendo investigado las irregularidades en los contratos -una circunstancia que probablemente quede en suspenso con la profunda reforma que el nuevo presidente Fernández ha anunciado para la Justicia argentina-, el segundo no enfrentó ningún procedimiento judicial. Toda una curiosidad si se toma en cuenta que son muchos los nexos entre ambos y que lleva a pensar que Rubio contó con la protección o de la Providencia o de alguna otra instancia.	
Armando Info: La deuda de los negociados K en Venezuela con la justicia parece irrecuperable