OpiniónActualizado al 02/12/2020 21:42Tras los incidentes en el Concejo Deliberante de Tigre por un enfrentamiento entre militantes de La Cámpora y el Movimiento Evita que fue noticia en los medios nacionales en octubre pasado, la jueza Fernanda Bisio del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de San Isidro dio lugar a una medida cautelar que suspendió al concejal de La Cámpora, Francisco Rosso como reemplazo de una banca liberada por una mujer. Mientras se espera por la resolución de la cuestión de fondo, la jueza dictó una medida cautelar histórica por ser la primera vez que se resuelve en ese sentido a nivel Municipal.	Mientras se trabaja en distintos marcos normativos que salden este “error”, la política en general reconoce que si sale un género debe ser reemplazado por el mismo género saliente (sea hombre o mujer). En este caso puntual, el concejal camporista Rosso planteó asumir una banca de concejal que se liberó ante la salida de Florencia Mosqueda. El conflicto se generó cuando Milca Sosa planteó ella asumir dicho escaño para que se respete el género existente en el Concejo Deliberante de Tigre.	Ante la negativa de La Cámpora de dar lugar a la paridad, se recurrió a la Justicia quien consideró que la asunción de Rosso como concejal se aprecia reñido con las normas constitucionales y los objetivos de la ley de paridad ordenando al Concejo Deliberante de Tigre no permitirle participar al Sr. Rosso en futuras sesiones, en cualquier tipo de actividad legislativa en el seno del Concejo Deliberante o en cualquier actividad inherente a la función de un concejal.	Nuestro país ha sido un escenario de avances en derechos sobre la participación política de las mujeres. Con la ley de cupo mínimo en 1991, se consiguió que las mujeres tuvieran un mínimo de participación – del 33 por ciento de las listas-, y desde el 2017 con la ley nacional de paridad y la provincial se buscó una similitud en la conformación de las nóminas de candidatos y candidatas de modo que haya igual representación para ambos géneros.	La diferencia en la materia se produjo en el alcance en índole nacional y provincial. Mientras que la primera sí contempló que las vacancias sean reemplazadas por el género saliente, en el segundo orden de gobierno, el texto no contempló esa cuestión, rigiéndose actualmente por un texto de 1958. La vetustez de la norma que sí habla de las vacancias en los órganos legislativos conforma uno de los textos más antiguos y que más trabajos de modificación tiene por delante.	Mientras esto no suceda, será la Justicia quien deba arbitrar ante estos planteos –cada vez más frecuentes- y acompañar o no la evolución de los nuevos paradigmas sociales y políticos. La valentía de la Jueza Bisio en San Isidro hizo historia con su medida cautelar y los nuevos paradigmas ya se abren paso en la Provincia de Buenos Aires.	
Paridad de género: una importante medida cautelar