La causa llegó a la Corte Suprema vía recurso de queja en contra de dos integrantes de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas (el fiscal interino Pablo Miño y el abogado integrante Juan Alejandro Rodríguez), por declarar inadmisible el recurso de apelación que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) el 2 de septiembre de 2019, para que su querella criminal por este caso sea conocida por la justicia civil.	El Juzgado de Garantía de Punta Arenas no solamente rechazó la acción judicial por el delito de violación y otros, sino también la “inhibitoria de competencia” deducida conjuntamente, “por estimar el tribunal que el conocimiento de la investigación penal radica en la justicia militar”, y “por la sola circunstancia de haber ocurrido el hecho en un recinto militar, específicamente en el Regimiento Cuarta Brigada Acorazada Ojo Bueno de esta ciudad”.	La respuesta de los recurridos fue que la resolución de fecha 17 de septiembre del año 2019 sólo confirma la resolución del Tribunal de Garantía “que rechazó la cuestión de competencia por inhibitoria planteada al momento de interponer la querella”, “toda vez que si bien se trata de un delito común, estos ocurrieron dentro de un recinto militar con involucrados personal del Ejército y, por expresa disposición del artículo ya referido del Código de Justicia Militar, su conocimiento corresponde a la justicia militar sin que opere norma de exclusión del artículo 1° de la Ley N° 20.077”.	Para la Corte Suprema “está fuera de discusión que el ilícito penal fue cometido por militares en un cuartel”, y que “los jueces de la Corte de Alzada no incurrieron en grave falta o abuso”. Por lo mismo declararon “sin lugar el recurso deducido”, debido a ello fue rechazada la queja.	Cabe consignar que la ministra titular de la Corte de Punta Arenas, Marta Jimena Pinto, fue la única de los tres integrantes que estuvo por dar “luz verde” a la postura del INDH, en cuanto a que el competente para conocer estos hechos era la Fiscalía del Ministerio Público y no la Fiscalía Militar.	Ese día, el joven M.A.J.J., de actuales 21 años, se encontraba en el Regimiento Cuarta Brigada Acorazada Ojo Bueno de Punta Arenas, en calidad de soldado de tropa, resultando víctima de un ataque de tipo sexual y físico por parte de un cabo de la misma institución, H.M.P.G.	Los hechos parten en el casino de suboficiales del citado regimiento, donde estaba el soldado con otra persona. En un reservado el cabo los hace beber un vaso con alcohol, y el amigo del denunciante pierde el conocimiento. El soldado intentó hacerlo reaccionar para sacarlo de allí, pero también es obligado a beber alcohol y luego indica que es “aporreado” por el cabo, quien le obliga a hacer sentadillas, flexiones de brazos y volteretas hacia delante y atrás.	El joven intentó escapar del casino, sin embargo es tomado desde atrás por el cuello y la boca. Luego es dado vuelta y tomado desde el pecho, percatándose que se trataba del cabo quien lo empuja hacia el sector de los baños, cayendo al suelo con el cabo al frente de él.	El entonces comandante de esa unidad lo amenazó con sancionarlo por haber bebido alcohol dentro de la Brigada. Y cuando el joven le insiste en que denunciará el hecho, se dispone que quede en calidad de arrestado, con custodia, pues pensaron que él atentaría contra su vida y, además, trataron de que no entregara más antecedentes a la PDI.	
Justicia Militar investiga denuncia de soldado que acusó haber sido abusado sexualmente por cabo dentro de un regimiento