lo que puede acarrear la encarcelación masiva de personas sin ni siquiera tener derecho a una audiencia ante el juez para establecer una fianza. El voto mayoritario revocaba de esta manera una decisión anterior de un tribunal inferior que establecía que se podía detener a un migrante con antecedentes penales para ser deportado siempre y cuando se hiciera nada más salir de la cárcel.	México recibe al primer migrante de la caravana devuelto desde EE UU Con los jueces divididos por su línea ideológica, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan se sumaron a la opinión disidente del magistrado Stephen Breyer que citó la Constitución para establecer que no consideraba que cuando el Congreso promulgó la ley tuviera "intención de privar a las personas de su libertad durante meses o incluso años sin la posibilidad de fianza una vez que hace tiempo que han pagado su deuda con la sociedad”.	El fallo, redactado por el conservador Samuel Alito, establece que “no es el trabajo del Tribunal imponer un límite sobre el tiempo que los inmigrantes pueden ser detenidos después de haber cumplido una sentencia”. El magistrado destacó que el tribunal ha afirmado de forma reiterada en el pasado que “es mejor que las obligaciones se lleven a cabo tarde que nunca”, en referencia a la postura de que los inmigrantes debían ser detenidos en las 24 horas siguientes a la finalización de su sentencia.	El caso había sido presentado por una demanda colectiva que recoge sumarios de residentes permanentes legales que cometieron un delito en el pasado, como el camboyano Mony Preap o el palestino Bassam Yusuf Joury, ambos condenados por ofensas relacionadas con las drogas. Preap es un emigrante con residencia permanente en Estados Unidos que cumplió en 2006 dos condenas por tráfico de drogas pero que fue detenido en 2013 por un cargo distinto que no implicaba la deportación. Es difícil determinar la cantidad de personas que se verán afectadas por esta decisión judicial, pero la justicia norteamericana tiene en su custodia diariamente a unos 30.000 inmigrantes mientras determina si deben ser	), lamentaron nada más conocer el fallo que el tribunal haya optado por una “interpretación extrema” de las leyes de inmigración. “El Supremo ha respaldado la traducción más extrema de los estatutos de detención de inmigrantes, permitiendo el encarcelamiento masivo de personas sin ninguna audiencia, simplemente porque se están defendiendo contra un cargo de deportación”, asegura ACLU en un comunicado a través de su directora legal, Cecillia Wang. “Continuaremos luchando contra el uso excesivo de la detención en el sistema de inmigración”, finaliza Wang.	
El Supremo avala la detención de inmigrantes con antecedentes penales