Según Javier Correa, socio de Emedos, empresa dedicada a la estructuración de proyectos de inversión, solicitar que se aplique la figura de fuerza mayor tiene diferentes consecuencias si se trata de una concesión por construir y otra en operación. Para el caso de los proyectos en operación, consideró que al Gobierno le convendría evaluar cada caso de manera particular.	“El transporte urbano ha bajado, pero lo que es transporte de carga y comercio exterior no se ha visto tan afectado. Habría que ver cuál es el impacto del paro, porque es un poco difícil generalizar. Es un tema legal sí, pero no se debería generalizar cuando hay concesionarios que sí están recabando ingresos”, comentó.	“El retraso de los cronogramas en el proceso de construcción significa que los cronogramas de deuda se van a retrasar y va a haber sobrecostos. Entonces, probablemente, el Gobierno tenga que revisar el impacto de la pandemia en términos de retraso de cronogramas y potenciales sobrecostos. Dado que es una coyuntura difícil, el Gobierno podría asumirlo. Si el Gobierno va a negociar proyecto por proyecto y adenda por adenda, se va a demorar muchísimo”, estimó.	“En un contexto en el que ya tienes encima las elecciones presidenciales, lo más que puede aspirar un Gobierno que está saliendo es presentar avances más sustantivos. Por lo menos con ciertas formalidades de tal manera que el próximo gobierno encuentre las cosas un poco iniciadas, pero mucho más allá de eso no se puede”, indicó.	
 Infraestructura: Demoras por pandemia en concesiones de transporte pueden generar sobrecostos