n Punta Arenas acaba de cumplirse con el proceso de notificación relativo al juicio iniciado el 1 de junio pasado por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la empresa PetroMagallanes, respecto de la cual se persigue el pago de perjuicios por 2 mil millones de pesos luego de acusaciones de incumplimiento en el Contrato Especial de Operaciones Petroleras (Ceop) con el Estado de Chile.	Como se recordará, hace 13 años el entonces primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet abrió totalmente el mercado regional de los hidrocarburos a las empresas privadas, al dar curso a una subasta pública internacional que buscó traer capitales y la experiencia probada de los gigantes de la industria a la cuenca magallánica.	Fue el propio Sindicato de Trabajadores de Enap Magallanes, liderado por su presidente Alejandro Avendaño Gallardo, quien a finales de 2015 acusó ante la Contraloría Regional una serie de incumplimientos de los compromisos pactados por las empresas operadoras de los Ceop, en particular de las empresas GeoPark, YPF Chile y Wintershal. La respuesta del órgano contralor le dio la razón a la organización sindical, pues se estableció un incumplimiento en los plazos para que las petroleras pudieran llevar adelante su tarea de exploración y explotación.	Originalmente, en noviembre de 2007, el Bloque Porvenir fue adjudicado a la empresa Greymouth Petroleum, compañía que posteriormente constituyó las empresas PetroMagallanes Porvenir Ltda. y Operaciones Magallanes Ltda. La superficie del bloque a explorar consistía en 1.254 kilómetros cuadrados, con el fin de extraer y comercializar gas y petróleo en zonas de la Región de Magallanes.	Casi once años después, en marzo de 2018, PetroMagallanes invocando tres artículos del contrato, notificó a la ministra de Energía, Susana Jiménez, su decisión de devolver voluntariamente al Estado de Chile el total del área de contrato, dando cuenta que a esa fecha equivalía al 50 por ciento del área original del contrato.	Para ello, dicha petrolera argumentó que no existirían áreas de explotación de yacimientos declaradas ni obligaciones correspondientes al año 2018 en situación pendiente, y que las obligaciones de abandono del pozo perforado durante el segundo periodo de exploración se encontrarían cumplidas, por tanto se extinguiría todo derecho y obligación que les corresponde en calidad de contratista de acuerdo al contrato firmado.	Dos meses después, en mayo de 2018, el Ministerio de Energía comunicó a la contratista que atendido a que el Ceop se encontraba en el tercer periodo de exploración, cuyo plazo de vencimiento correspondía a abril de 2019, y dado que no han sido declaradas áreas de protección provisional ni yacimientos comercialmente explotables, correspondería aplicar lo establecido en uno de los artículos del Ceop, el cual señala que “si el contrato termina durante la fase de exploración, el contratista devolverá al Estado el área de contrato y se extinguirá todo derecho y quedará relevado de toda obligación ulterior respecto a ella, excepto las obligaciones contractuales que correspondan al periodo de exploración en vigencia en ese momento”.	En su respuesta, el Ministerio del ramo recordó que a esa fecha se encontraba pendiente la perforación de un pozo a una profundidad de 2.500 metros, compromiso que de acuerdo a la cláusula del contrato, debe ser cumplida por la parte del contratista, so pena de procederse al cobro de la caución mencionada.	Con miras a hacer efectiva la garantía bancaria, el año pasado el citado Ministerio inició gestiones ante el Bank of New Zeland, institución neozelandesa que otorgó dicho instrumento, constatando con sorpresa que la caución de US$2.500.000 había sido dejada sin efecto unilateralmente por la contratista en abril de 2018. Dicho monto había sido determinado por las partes para caucionar la ejecución de la etapa tres de exploración, que corresponde a la perforación de un pozo exploratorio de una profundidad de 2.500 metros, de utilidad para estudios y explotación posterior.	
Fisco demanda en $2 mil millones a PetroMagallanes y la acusa de “incumplimiento grave” de contrato