Ante estas interpretaciones del Código, la Corte aclaró el martes que la multa que esa ley impone para quien “promueva” o “facilite” el uso indebido del espacio público (que es la que está en el artículo 140, numeral 6) no está dirigida a quienes compren a los vendedores en las calles.	El argumento de la Corte para no sancionar al comprador de empanadas callejeras –o cualquier bien o servicio ofrecido en el espacio público–es que si se sanciona la compra se “está censurando o imponiendo consecuencias negativas a las ventas ambulantes”, trabajo que ha sido protegido por el alto tribunal cuando, quienes lo ejercen, gozan de lo que los magistrados han llamado “la confianza legítima”.	Esto se traduce en la expectativa que alguien tiene de ejercer un trabajo que se ha venido desarrollando siempre en el mismo lugar –la vía pública–, ya sea por tener el permiso de las administraciones locales, o por la omisión de las autoridades, al evadir crear regulaciones y definir la situación de los trabajadores informales.	En el 2017, al evaluar las sanciones del Código de Policía, la Corte señaló que el Estado tiene el deber de proteger el espacio público y garantizar que todo colombiano pueda circular libremente por la calle. Pero, el alto tribunal ordenó que para poder multar a un vendedor informal por la “ocupación indebida del espacio público”, que supone una multa de 110.415 pesos, las autoridades deben haberle ofrecido antes alternativas de reubicación o de formalización.	Según la Fundación Ideas para la Paz, entre enero del 2017 y agosto del 2018 se habían impuesto 43.781 multas (el 4 por ciento del total) por ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. Y entre el 24 de abril y la actualidad, según la Policía, van 34.024 de estos comparendos.	Antes de esas multas, asegura la Personería, “no se están ofreciendo propuestas de reubicación o alternativas suficientes, viables ni consistentes”. El problema es que las alternativas de reubicación y formalización no alcanzan. La Personería sostiene que la alcaldía ofrece la reubicación en puntos comerciales, quioscos, ferias, la formación e inserción laboral y el emprendimiento, pero no les están llegando a todos y en el Distrito solo hay 3.188 espacios de reubicación.	Consultada por EL TIEMPO, la Policía aseguró que el fallo del 2017 de la Corte estableció que se debe respetar a los vendedores que llevan mucho tiempo en el mismo lugar y a los que estén en una condición de vulnerabilidad, por ser víctimas de desplazamiento o estar en pobreza. A estas personas, afirma la fuente de la Policía,	“Cuando se hace el procedimiento, estas personas son trasladadas a la administración distrital. Si las tienen en sus bases de datos, no se les aplica ninguna medida. Pero si no están allí, sí se hace el procedimiento. Si no ejercemos este control, cuando nos demos cuenta tendremos a vendedores ambulantes hasta al frente de la casa”, aseguró una fuente de esa institución.	El fallo de la Corte deja, entonces, reabierto un viejo debate sobre la necesidad de atender las necesidades de las familias que encuentran en las ventas ambulantes una forma de vida y el derecho de los peatones de poder caminar por las aceras y el de los comerciantes formales que cargan todo el peso económico de abrir las puertas de sus locales.	Juan Pablo Cardona, abogado experto en derecho de Policía, afirma que “la velocidad con la que actúa la administración para ofrecer reubicaciones es inferior al número de vendedores”. Sin embargo, señaló como un “paso importante” la ley 1988, que sancionó el Presidente y que da un plazo de 12 meses al Ministerio del Trabajo y del Interior	
El debate por las ventas en la calle, más allá de la empanada