Gabriel Cifuentes Ghidini05 de julio 2020 , 02:34 a.m.La semana pasada, el país fue testigo de un hecho aberrante. Siete militares adscritos al pelotón Buitre II (¡vaya nombre!) de la Octava Brigada del Ejército Nacional, durante más de 15 horas violaron a una menor de 13 años perteneciente a la comunidad embera chamí en Pueblo Rico, Risaralda. Según relata la misma víctima, fue conducida por los uniformados a un lugar donde seis de ellos la habrían accedido carnalmente en repetidas ocasiones.	Ahora bien, en el imaginario colectivo los hechos narrados podrían traducirse de la siguiente manera: varios militares violaron a una menor, después de haber sido denunciados se allanaron a los cargos y van a parar a la cárcel por la rápida acción de la Fiscalía General de la Nación que, en menos de 72 horas, logró avanzar las diligencias. Pero el diablo está en los detalles y detrás de esa rimbombante eficiencia lo que se esconde es un posible caso de revictimización judicial. Los anuncios del ente investigador reflejan un tecnicismo cómplice, basado en la imputación de un delito distinto del que se habría cometido. Cosa que puede tener una multiplicidad de impactos, tanto en lo jurídico como en lo político y lo social.	El debate ha sido interminable entre los abogados penalistas. Aquellos que defienden el curso de acción de la Fiscalía celebran que se impartió justicia en tiempo récord. La sociedad verá encerrados a los violadores de la menor en una cárcel donde podrán purgar una pena de hasta 30 años. Insisten en que la calificación típica del hecho como “acceso carnal abusivo” en menor de 14 años, en términos punitivos, en nada varía respecto del delito de “acceso carnal violento”. Para ellos se trata de simples “matices” jurídicos. Sostienen que lo importante es el resultado y la justicia obtenida.	Otros, en cambio, consideran que la decisión del delito imputado no es tan cosmética. María Camila Correa, penalista experta en temas de género de la Universidad del Rosario, ha explicado de manera diáfana y brillante las implicaciones jurídicas y prácticas de esa inocente jugada de la Fiscalía. La primera, y quizás la más grave diferencia, es que mientras en el delito de “acceso carnal abusivo” se presume el consentimiento de la víctima, el cual no es válido por la edad de la menor, en el “acceso carnal violento” dicho consentimiento no existe. En este, a diferencia de aquel, se ejerce una violencia que puede ser situacional, física o psicológica. Puesto en términos coloquiales, para la Fiscalía, en términos eminentemente jurídicos, la menor consintió el abuso del cual fue víctima por parte de los siete militares. Nada más aberrante y alejado de la realidad. Otra consecuencia de la equivocada tipificación del hecho punible es que no se les podrá imputar a los uniformados el delito de secuestro. Si no hubo violencia en el acto, cosa a todas luces absurda de pensar, tampoco podría, en principio, alegarse dicha retención. Ahí sí, y es lo que no se le dice al ciudadano del común, la diferencia en la pena sería abismal.	El audaz análisis de la profesora Correa coincide con el de muchos otros respetados penalistas y profesores de derecho. No solo porque pone en blanco y negro las diferencias entre los artículos 205 y 208 del código penal, cosa que parecen haber olvidado los escurridizos fiscales del caso; también porque su posición está sustentada en la jurisprudencia que desde 1965 ha proferido la Corte Suprema de Justicia. Baste no más ver, entre otras, las decisiones del 26 de septiembre de 2000 y del 6 de mayo del 2020.	Eso que tanto celebró el Fiscal General, y el debate que con tanta facilidad descalificó como una nimiedad de matices, en realidad no es tan baladí. Además de que no se ha sabido explicar el porqué se optó por el delito de “acceso carnal abusivo” y no el de “acceso carnal violento”, aun cuando todo parece indicar que la menor no solo fue objeto de una violencia sin nombre, sino también víctima de un secuestro. Quedan otras preguntas en el aire. ¿Por qué saltar a un allanamiento jurídicamente equivocado? ¿A quién se está protegiendo, a la víctima o a la institución castrense? ¿Qué pasa si un juez, en ejercicio del control de legalidad, se da cuenta de “los matices” del caso?	El lenguaje importa. El uso de las palabras no es algo secundario y mucho menos la utilización de las categorías jurídicas. Las cosas hay que llamarlas por su nombre y lo que ocurrió en Risaralda es un acto brutal de violencia en contra de una menor indígena. “Equivocar” las palabras revictimiza y desconoce en su esencia la gravedad del hecho cometido, así como también la delicada situación que diariamente –de día y de noche– sufren miles de mujeres, niños y niñas en nuestro país, víctimas de la violencia y el abuso sexual.	en Colombia, la mejor Fiscalía es el periodismo. Si Ariel Ávila no hubiera publicado los relatos de otra violación ocurrida contra una menor indígena en el Guaviare en septiembre del año pasado, ese caso, así como muchos otros que no se conocen, aún estaría cobijado por una cómplice opacidad y turbio silencio.	
El diablo en los detalles