La entonces presidenta Susana Díaz lo planteó como una apuesta política para mostrar el «compromiso» de su Gobierno con Andalucía frente al resto de partidos tratando de aislar al PP en una estrategia que sí le había dado buenos resultados a los socialistas en el pasado. Pero la jugada no le salió del todo redonda porque Juanma Moreno, entonces líder de la oposición,	poniéndose del lado del Gobierno andaluz a la hora de reclamar más dinero al Estado. Todos los partidos de arco parlamentario en la IXLegislatura, PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos e IU, decidieron que era el momento de abrir el debate y crearon un grupo de trabajo en el Parlamento en octubre de 2017 para debatir sobre el modelo de financiación autonómica.	Desde que Zapatero planteó el actual modelo, en el año 2009, y el entonces presidente andaluz José Antonio Griñán se lo bendijo, desde Andalucía se ha clamado contra un modelo de reparto de los recursos del Estado que se entiende que agravia a Andalucía y a otras comunidades como Valencia, también infrafinanciada para hacer frente a los servicios públicos que presta.	Tras seis meses de debates, intensas reuniones y la participación de más de cuarenta expertos, el 22 de marzo de 2018, el Parlamento andaluz aprobó por mayoría aplastante un documento con la propuesta de Andalucía para reformar el sistema de financiación. Una propuesta que se convertía así en la voz de toda Andalucía y que sus sucesivos gobiernos deben defender.	No estaban de acuerdo con los términos de la reforma del modelo de financiación en una decisión política que entonces fue una anécdota pero que ahora se ha convertido en un problema político porque Ciudadanos forma parte del actual Ejecutivo. Es más, Marín no se ha pronunciado formalmente sobre si defenderá o no este acuerdo aprobado por el Parlamento.	. El dictamen del Parlamento introduce también criterios políticos para el cálculo del reparto de los recursos públicos. Así, introduce la insuficiencia financiera y nuevas variables para el cálculo como la población real que hay en el territorio, el número de universitarios, la tasa de paro, la de pobreza o el número de personas dependientes.	
¿Por qué el Gobierno de Sánchez debe 4.000 millones a los andaluces?