Y no sólo fue la primera piedra, es de reconocer la decisión de Diego de entrar y caminar Santa Rosa con todo su gabinete (ya sin el cobijo de los altos mandos de Seguridad del Gobierno de México), encarar las protestas de quienes pedían a gritos que se fueran las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Y prometer la transformación del triángulo huachicolero con obras y programas de todo tipo.Ya ni siquiera el alcalde de Villagrán, Juan Lara Mendoza, hizo acto de presencia en el recorrido. En el primer evento, en territorio de Celaya, aprovechó para quejarse por las cuentas ‘congeladas’ del Municipio por la investigación abierta donde se le involucra a él y su familia con ese cártel.	Hoy, ante el optimismo de un evento se impone siempre la fría realidad de las estadísticas de la violencia sin freno. De enero a abril Guanajuato se mantiene como primer lugar nacional en número de víctimas de homicidio doloso con 1,237, que es un 23% más que los 1,004 en el mismo periodo del año pasado, según el reporte oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	La violencia es mucho más compleja que el triángulo huachicolero y ese cártel. Y para muestra lo que ya vimos en días recientes con la detención de un presunto líder del cártel del Golfo que el propio Gobernador declaró que tienen años operando en la zona norte del estado, y con la detención que hizo la Fiscalía General de la República de una banda de hackers que desde León robó millones bancos.	A Alma no le gustó nadita el manejo que se tenía de los recursos del partido y lo hizo saber hasta la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, la que retiró el 30 de enero de ese cago al secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal, Ricardo Eduardo Bazán (cercano a  Prieto).	“...El Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato, no incluye la administración de las prerrogativas, es menester que, con fundamento en el artículo 49 del Estatuto se requiera mediante oficio al Comité Ejecutivo Nacional que nombre un delegado encargado de administrar las prerrogativas de Morena en Guanajuato, para que en coordinación con la Secretaría de Finanzas del Comité Nacional coadyuve en el correcto funcionamiento del Partido en la Entidad”.	El control de Morena es un pastel muy apetitoso que está en una permanente disputa. Y viene lo bueno porque por ahí de septiembre tendrá que salir la convocatoria para renovar la dirigencia estatal. Todavía no hay tiradores firmes, pero los habrá pronto, los grupos quieren manejar el partido con miras al 2021.	El modelo nacional y su equivalente local diseñó nuevas estructuras como el Comité Coordinador del SEA (donde están 10 funcionarios y dos ciudadanos); el Comité de Participación Ciudadana (cinco ciudadanos con pago vía honorarios); la Secretaría Ejecutiva del SEA con presupuesto propio. Y un nuevo marco legal de responsabilidades entre las dependencias responsables de la lucha anticorrupción.	En mayo 2017 se aprobó la Ley del SEA y ese diciembre tomó protesta el Comité de Participación Ciudadana -CPC-, que tuvo como su primer presidenta a Arminda Balbuena y este año a Román Méndez. En 2018 se asignó a la Secretaría Ejecutiva $7 millones y para este 2019 son $15 millones.	Hace unos días dimos cuenta de una demanda de amparo que tres de los cuatro integrantes del CPC contra la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STyRC) que preside Marisol Ruenes. Más allá del sentido en que se resuelva el hecho refleja que ciudadanos y autoridad, no se entienden.	La diferencia se originó porque los ciudadanos: Fernando Revilla, Julio César Rodríguez e Hilda Venegas, solicitaron a esa Secretaría conocer los alcances y avances de la auditoría practicada a los gastos de Comunicación Social en el sexenio del exgobernador Miguel Márquez, eso luego de conocerse contratos a la empresa “FBM Comercializadora”, señalada por el SAT como ‘fantasma’.	A oficio similar la Fiscalía General del Estado les respondió que el 25 de septiembre de 2018 recibieron la denuncia de hechos presentada por la STyRC dando inicio a la carpeta de investigación 100503/2018 en la cual se encuentra relacionada la empresa que refiere la petición (o sea FBM Comercializadora). Para después fundamentar que los detalles de la misma se reservan al estar en proceso la investigación.	Fue el tono de la respuesta de la titular de Transparencia la que molestó a los ciudadanos, no porque quisieran saber el resultado de una auditoría, pues entienden que es reservada si aún está en proceso, pero eso de que les hagan ver como que ‘no tienen vela en el entierro’ sí caló, y por eso demandaron.	De su lado ya pronunció el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), José Arturo Sánchez Castellanos, quien opinó así sobre el tema: “La base de los buenos gobiernos es la transparencia. La información debe darse a cualquiera que lo solicite, sin importar quién es y sin indagar para qué quiere los datos. Simplemente se debe dar, no hay que darle tantas vueltas”.	Hasta hoy del Comité Coordinador del SEA sólo recordamos la recomendación al Poder Legislativo para modificar la ley y evitar las asignaciones directas de concesiones, eso derivado de la polémica por aquella que fue entregada en abril 2018 a Grupo México para construir y operar el Libramiento Silao. Es hora que el Congreso Local todavía no revisa y corrige esa discrecional atribución del Ejecutivo.	
Santa Rosa, un pasito