El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha señalado este miércoles antes de participar en el Consejo, que durante la reunión se abordará el reparto de los fondos con cargo al IRPF destinados a programas de atención social, y ha apuntado que aprovechará para conocer cómo va el trámite para recaudar fondos también del impuesto de sociedades, que permitirá "disponer de una mayor cuantía de fondos".	"En Extremadura estamos dispuesto a invertir en algo que tenemos necesidad, que es afrontar el envejecimiento de las personas con discapacidad", ha señalado Vergeles, quien ha explicado que la esperanza de vida aumenta "y necesitan centros residenciales asociados a los dispositivos donde han sido atendidos desde la infancia", tras lo que ha destacado que esos fondos irían destinados a esto.	No obstante, ha lamentado que el consejo podía haber sido un éxito si los grupos parlamentarios en el Congreso hubieran aprobado los presupuestos: "nos habría permitido inyectar cientos de millones de euros al sistema de atención a la dependencia, y en Extremadura hubiéramos tenido 24 millones de euros más, y nos hubiese permitido acabar con la lista de espera".	"También nos presentan el borrador de un futuro proyecto de ley del abordaje de la violencia en la infancia, es una ley de un calado muy importante donde hay mucha participación de los sectores sociales; estamos de acuerdo con la redacción que se le ha dado, y por la entidad que tiene se tienen que abordar en la próxima legislatura", ha añadido.	La vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, ha explicado que acude al encuentro con la intención de plantear la financiación de la dependencia, asunto que no está en el orden del día pero que abordará en ruegos y preguntas. Ha defendido el "avance espectacular" que la Generalitat Valenciana ha dado en la atención a los dependientes, pero ha exigido financiación estatal después de los "recortes" del Ejecutivo anterior de Mariano Rajoy.	Por parte de Aragón, la consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales, María Victoria Broto, ha esperado salir del encuentro con el reparto de fondos del IRPF para subvenciones autonómicas a entidades de carácter social. En 2018, su comunidad recibió por este concepto unos 8 millones de euros, cifra que espera al menos repetir en 2019.	Con respecto a Castilla-La Mancha, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, se ha mostrado igualmente confiada en que se distribuirán esos fondos del IRPF y en que su comunidad mejore la cantidad que recibe para poder convocar esas subvenciones. "En el mapa nacional Castilla-La Mancha es una de las regiones perjudicadas en la distribución", ha dicho.	Por su parte, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, se ha mostrado muy crítica con esta reunión, y ha lamentado que el Gobierno de Sánchez que se presentó como un "gobierno social" y que iba a solucionar el problema de la financiación de la dependencia, no haya incluido en el orden del día ningún punto al respecto.	En este punto, ha señalado que a su comunidad le correspondían nueve millones adicionales en 2019, que dejarán de percibir. Así, ha resaltado que el Gobierno que "hizo bandera" de lo social", ha abandonado las políticas sociales y ha estado, a su juicio más dedicado a cambiar ministros y directores generales "que a la política social y de las personas".	
Consejeros autonómicos esperan conocer reparto de los fondos por IRPF para fines sociales