La Mesa Social de Caracas emitió este sábado un comunicado en el que evalúa la situación de los derechos constitucionales en Venezuela, tras 21 años de la «revolución bolivariana», y en el que concluye que Venezuela no es ni un Estado social de Derecho ni de Justicia, en contraposición al artículo 2 constitucional.	1) La crisis política, económica y social que sufre el pueblo venezolano no es el resultado de políticas equivocadas del régimen como erróneamente se les define. La crisis que vivimos es, sí, el resultado exitoso de las políticas revolucionarias contempladas de manera meticulosa en el Plan de la Patria y que tienen como fin último destruir el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia consagrado en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, para implantar sobre sus escombros el Estado Comunal totalitario.	2) A estas alturas del proceso revolucionario, el régimen, siguiendo la ruta hacia la construcción del socialismo del siglo XXI, ya ha demolido el carácter democrático del Estado venezolano, mediante la violación de todas las leyes y las normas constitucionales que rigen la designación de los poderes públicos como lo son la AN, el CNE, el TSJ, la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, con el fin de quebrar los contrapesos que les da su independencia y eliminar los equilibrios que son indispensables en el ejercicio de la democracia participativa y protagónica. De esta manera se han convertido las instituciones del Estado en entelequias serviles genuflexas y obsecuentes a los designios del poder ilegítimo instalado en Miraflores.	3) Este régimen tampoco puede ser considerado un Estado Social, porque la crisis que sufre nuestra sociedad viene siendo provocada deliberadamente por el régimen mediante la precarización de todas las instituciones prestadoras de servicios que garantizan el goce de los derechos sociales. La desprofesionalización, la desinversión y la carencia de planes a largo plazo, han provocado el colapso de los servicios de agua, electricidad, teléfonos y transporte, así como los servicios de educación y salud, los cuales se han deteriorado a niveles insoportables. Hoy Venezuela ocupa los últimos lugares en todas las mediciones internacionales de calidad de vida, solo comparables con los países más pobres y atrasados del planeta.	4) Pero tampoco podemos considerar al Estado venezolano como un Estado de Derecho, porque en su ejercicio el régimen imperante ha precarizado los derechos políticos y civiles a la vida y a la libertad personal consagrados en la Constitución. Más de medio millón de muertos se han registrado en los últimos veintiún años, lo que nos convierte en uno de los países más violentos del mundo; de esa cifra forman parte los asesinatos en manos de la delincuencia desatada por largos años de impunidad y de pobreza, el fusilamiento de jóvenes delincuentes que han sido fabricados por el sistema y de personas inocentes en manos de las policías sin fórmula de juicio; pero además, debemos contabilizar miles de muertes causadas por el abandono de nuestro sistema de salud, que ha permitido la reaparición de enfermedades que habían desaparecido, así como el fallecimiento de nuestros enfermos por la escasez de medicinas y atención médica, además de los caídos por la desnutrición derivada de la pobreza, que ha sido castigada de una manera inclemente por le escasez y el alto costo de los alimentos inducidas por el régimen a través de su política de creación de la crisis en el proceso de destrucción de la sociedad democrática.	Pero también debemos decir que tampoco vivimos en un Estado de Justicia, porque carecemos de tribunales imparciales para dirimir los conflictos que se presentan en la sociedad. Es por ello que el derecho a la libertad personal se ve neutralizados por los obstáculos para la legalización de las organizaciones políticas sociales y comunitarias; así como también se encuentran vulnerados los derechos al sufragio universal, directo y secreto; a la libre expresión del pensamiento, a la protesta y a la huelga. No otra cosa es la inhabilitación de partidos y líderes democráticos, el cierre de medios de comunicación, la represión contra los periodistas y el fraude electoral continuado por el uso deleznable de recursos públicos en las campañas electorales a favor de los candidatos oficialistas. Es absolutamente indefendible el nombramiento de protectores en los Estados y Municipios donde el oficialismo pierde las elecciones, que es a quienes se le asignan los recursos que constitucionalmente le corresponden a cada jurisdicción, con lo cual se liquida nuestro derecho a elegir y ser electos.	Por otra parte, nuestro derecho a la justicia está seriamente vulnerado por las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la incomunicación con familiares y abogados, la imposición de defensores públicos, el desconocimiento por las autoridades carcelaria de boletas de excarcelación emitidas por los tribunales, las torturas y los tratos crueles e inhumanos de las personas privadas de libertad están a la orden del día sin que algún funcionario sea sancionado por la violación de estos derechos. Como si eso fuera poco es muy común el allanamiento a recintos privados sin orden judicial, así como se violan sin autorización las comunicaciones privadas.	Este cuadro dantesco del estado de nuestros derechos a veintiún años de la revolución venezolana, que ha provocado la estampida de millones de compatriotas hacia otros países en busca de oportunidades para sobrevivir, tiene que ser tomado en cuenta por todos los actores nacionales responsables de evitar la catástrofe que se avecina si no se logra detener la pretensión de imponernos de una manera fraudulenta, una dictadura totalitaria.	
Mesa Social: La crisis es producto de la aplicación exitosa del Plan de la Patria