En la inauguración telemática de la 29 Escola d'Estiu de la Diputación de Barcelona, ha señalado que, con datos hasta el pasado viernes, la ciudad de Barcelona, ha pedido 41.000 de estas más de 400.000 solicitudes, y ha explicado que ahora se está evaluando si la documentación es correcta y se cumplen las condiciones para recibir el ingreso.	Escrivá ha defendido que el IMV era un instrumento "necesario y urgente", ha señalado que más que una prestación y derecho subjetivo es una serie de políticas en torno a una prestación para ser eficaces en la inclusión, y ha remarcado que incorpora un instrumento de evaluación muy potente para ver si cumple sus objetivos.	Es por ello, según Escrivá, que el Gobierno operará en cuatro fases: una primera, con un reconocimiento de oficio de familias con rentas por debajo de las garantizadas, con el que 75.000 familias ya han recibido prestación este junio; una segunda, en la que se ha abierto la capacidad de recibir prestaciones, que ya están por encima de las 400.000, pero que admite que "no va a ser suficiente".	Escrivá ha subrayado que la implementación del ingreso no tendrá éxito si la ciudadanía no evita la "trampa de pobreza", de la que cuesta salir una vez se ha entrado, ha abogado por trabajar con todas las administraciones para ver los mejores itinerarios de inclusión y formación y por una evaluación y seguimiento de las políticas, por parte del Ejecutivo, pero también del tercer sector.	La presidenta de la Diputación de Barcelona, Nuria Marín, ha asegurado que el IMV es una "acción política de gran calado, una medida firme" con dimensión estructural que pretende erradicar la pobreza extrema e infantil, y ha ofrecido al Ministerio trabajar juntos en su implementación y en la formación de los trabajadores sociales para asesorar a los ciudadanos.	La presidenta de la Diputación ha explicado que los municipios reportan una gran preocupación en aspectos como la emergencia habitacional y alimentaria estos meses, que obliga a los servicios sociales a establecer dispositivos de atención, y ha señalado que la corporación aprobará una partida de dos millones para reforzar los servicios sociales básicos.	
Más de 400.000 hogares solicitan el ingreso mínimo vital desde que se abrió el plazo