Si ya estaba complicado el panorama en Diputados —con los rechazos anticipados de los opositores que, justamente, suelen ayudar al oficialismo a aprobar leyes—, esa palabra, “mediáticos”, que se había agregado a la redacción entre gallos y medianoche a instancias de Parrilli, había terminado de espantar todo posible apoyo a conseguir en la otra cámara.	Es que Juntos por el Cambio (JPC), el principal espacio de la oposición, le pidió directamente al presidente Fernández por carta que retire la iniciativa. Y después anticiparon sus rechazos el lavagnismo, el schiarettismo, el Frente Progresista santafesino y hasta algunos diputados del interbloque que preside el mendocino José Luis Ramón, que suele apoyar al oficialismo de forma monolítica.	Mientras en FDT creen, en línea con la Casa Rosada, que es conveniente aumentar la cantidad de jueces de Comodoro Py porque así se les licúa su poder, JPC y otros espacios opositores consideran que el único fin de la propuesta del Presidente es garantizar la impunidad sobre las causas de corrupción.	Pero el camino de la reforma judicial es largo y corre a distintas velocidades: ahora no solamente falta la discusión en Diputados sino también que el comité de expertos elegidos por Fernández le presente propuestas para “mejorar el funcionamiento” de la Corte Suprema, del Ministerio Público Fiscal y del Consejo de la Magistratura. Todo ese paquete es lo que se da en llamar reforma judicial.	“El proyecto original (del Ejecutivo) creaba 279 cargos, pero después, en el despacho que firmó el oficialismo, se establece que serán creados 908 cargos. Apareció milagrosamente este festival de cargos, que seguramente han estado negociando con aquellos que esperan voten a favor el proyecto en la Cámara de Diputados”, dijo Rodríguez Machado, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.	“No vamos a acompañar porque entendemos que esta reforma es inoportuna; no ha sido consensuada ni política ni socialmente; le falta consistencia; tiene muchas improvisaciones; acarrea un gran costo económico; duplica la cantidad de magistrados sin guardar relación directa con la eficiencia, y no resuelve el problema de Comodoro Py ni el del fuero Contencioso Administrativo”, dijo Cobos.	
Reforma judicial: el Senado aprobó una ley clave con mayoría del oficialismo, que ahora le toca negociar duro en Diputados