El movimiento de los 'chalecos amarillos', que eclosionó virulentamente en el medio rural francés con la subida del precio del diésel, reflejó de manera nítida que la (inevitable y deseable) transición ecológica no puede hacerse agigantando aún más las desigualdades sociales y depositando todos los sacrificios sobre las espaldas de los más débiles. Los trabajadores de la Francia rural, que ya vieron recortados los servicios públicos con las políticas de austeridad en la UE, se enfrentaban a una medida de fiscalidad medioambiental que quizá podía ser asumida por empresas y rentas altas en las grandes núcleos urbanos, pero resultaba difícilmente digerible para quienes no podían en ningún caso prescindir del diésel para trabajar y desplazarse. Hoy no hay dirigente político responsable en la UE que dude de la necesaria transformación de nuestras economías para adaptarnos a los efectos del cambio climático. No actuar con contundencia en la correcta dirección sería poco menos que suicida, vistas las consecuencias para el planeta y para nuestras vidas que acarrearía cruzarse de brazos. Pero como bien ha dicho en diversas ocasiones el presidente en funciones, Pedro Sánchez, esa transición ecológica debe ser «socialmente justa» y no dejar «desprotegido a nadie». No será fácil. Es un proceso complejo que implica sacrificios y corre en paralelo a otros fenómenos disruptivos ligados a la digitalización, la automatización, los cambios demográficos... Quien reduzca el desafío exclusivamente a la sustitución de fuentes energéticas contaminantes por limpias, o a la gestión de la demanda del agua y otros recursos naturales escasos, se estará equivocando. Es un reto poliédrico y se fracasará si no se gestiona con procesos participativos, transparencia y prácticas de buena gobernanza, lo que incluye avanzar en la resolución de los problemas por la vía del acuerdo y del consenso. Por ese motivo, es sorprendente cómo Pedro Sánchez, teniendo tan claro los conceptos, permite a la ministra elegida para tal fin que cometa tantos errores de gestión política en un asunto tan relevante y delicado. Probablemente hay pocas personas técnicamente mejor preparadas y sensibilizadas para este enorme desafío global que Teresa Ribera. Pero también con la peor habilidad desde el punto de vista político para afrontarlo. El sector del automóvil, tan relevante en términos de riqueza y empleo para España, todavía sufre las consecuencias de sus frívolas palabras sobre el futuro del diésel. Ha pasado ya casi un año de su imprudente comentario y todavía no se han recuperado las ventas de ese tipo de automóviles. Ahora, la ministra ha llevado la incertidumbre a todo el sector agroalimentario del Levante, tras reunirse con el presidente manchego y anunciar que en la comisión de explotación del Trasvase Tajo-Segura entrarán los municipios ribereños. La ministra ha decidido cambiar la composición de esa comisión sin dar la más mínima explicación pública sobre su alcance y consecuencias. Una decisión que aparentemente vacía las reglas de explotación de contenido técnico y que solo ha sido explicada en privado al presidente de Castilla-La Mancha. La ministra tendrá sus razones, pero no actúa con la debida transparencia y tiene una particular visión de los procesos participativos, si como parece excluye a otras partes implicadas. ¿Cuál es el plan «socialmente justo» que tiene para las cien mil familias que viven del Trasvase, si, como dice, las transferencias de agua serán excepcionales a medio y largo plazo? A las grandes empresas agroalimentarias, algunas ya en manos de fondos de inversión, siempre les cabe la opción de deslocalizarse en busca de recursos hídricos, certidumbre y seguridad jurídica. Pero mal pronóstico se vislumbra para el común de los regantes si la transición ecológica se pretende hacer a las bravas, desde un despacho enmoquetado y sin pisar un bancal, dando la cara solo en foros internacionales sobre cambio climático.	Lo que puede suceder con el agua también pasa en la transición hacia las energías limpias. No van a ser los grandes inversores quienes pierdan con la incertidumbre generada por los constantes cambios regulatorios del sistema eléctrico nacional. Ellos tienen riñón financiero suficiente como para acudir a arbitrajes internacionales, donde, como se ha visto con el asunto de las primas a las fotovoltaicas eliminadas con efecto retroactivo, ganan una y otra vez al Estado español. La apuesta por la energía solar del equipo de Teresa Ribera es positiva, pero quienes obtienen rédito de momento no son los que apostaron de inicio (los pioneros siguen perdiendo), sino quienes copan hoy las grandes demandas de evacuación de energía fotovoltaica a la red, grupos empresariales que impulsan la construcción de macroplantas para, en muchos casos, luego venderlas a fondos de inversión. No tenemos agua, pero sí muchas horas de Sol, pensábamos para consolarnos y soñar que salíamos de pobres. Lo que nos sobra, en realidad, es paciencia ante tanto desatino. Una paciencia infinita.	
Paciencia infinita