Entre éstas se destaca la denuncia de una empleada que acusó al ministro de la cartera laboral por coacción agravada con propósitos de abuso sexual, además de otra denuncia por robo a una trabajadora de esa dependencia donde participaron cuatro funcionarias de las cuales la justicia imputó a dos. Las activistas recordaron la vigencia de la Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.	En el texto de la ley se expresa que “se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”. Asimismo explicaron que los hechos que “han sido denunciados pública y judicialmente y ponen en evidencia que el ejercicio de violencia es algo de larga data”, razón por la cual “nadie de la gestión a la que el ministro pertenece puede decir que no tiene conocimiento de las denuncias realizadas”, agregaron.	

			Repudian actos de violencia sexual y laboral por parte de un ministro jujeño denunciado			
		