La subdirectora de políticas públicas del Instituto Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, advierte que “se ha generado una fuerte expectativa” en cuanto a que este proceso “implicará un importante paso hacia la descentralización del país. Pero ello, en la práctica, no será así”. Agrega que “el gobernador cuenta con escasas atribuciones y depende en su totalidad de recursos del nivel central, que éste puede asignar entre regiones con importantes espacios de discrecionalidad. Al poco andar me atrevo a anticipar una fuerte desilusión en regiones de esta reforma legal”, precisa.	El presidente de la bancada regionalista de la Cámara, diputado Rodrigo González, observa que “el concepto que quiere aplicar este Gobierno es el de una ‘descentralización tutelada’, con posibilidades que el Ejecutivo pueda revertir e incluso retroceder en relación con facultades, competencias o recursos nuevos asignados a las regiones”. Agrega que “Chile necesita un proceso de regionalización efectiva para avanzar del actual sistema unitario a uno unitario y descentralizado.	Para el diputado Andrés Celis, de Renovación Nacional, parlamentario por la Región de Valparaíso, “la elección apunta a la democratización representativa de los ámbitos locales”. Añade que el empoderamiento de gobernadores regionales, con atribuciones claras y precisas les permitirá encabezar el desarrollo. No sólo ser ejecutores de instrucciones que vienen de Santiago, por parte de funcionarios que ni siquiera conocen la realidad de cada lugar”.	En tanto, la diputada Joanna Pérez, legisladora por la Región del Bio Bío y quien lidera el movimiento Descentraliza de la Democracia Cristiana, reconoce que “la sola elección, a través del voto popular, no soluciona y resuelve el excesivo centralismo existente en nuestro país, pero hoy es el gran paso para avanzar en descentralización”. A su juicio, “la ley 21.073 representa el camino para hacernos cargo de nuestra diversidad, así como también de iniciar un efectivo proceso de colaboración interregional”, puntualiza.	Primero, están los recursos económicos para ejercer la función. Además, está la coexistencia de los gobernadores regionales con los delegados presidenciales, que dependerán directamente del Ejecutivo. “Ahí puede producirse un nudo crítico en la gestión que es indispensable abordar”. Y, finalmente, la relación de la nueva autoridad electa con los parlamentarios de la zona, “ya que se abre un escenario completamente nuevo al actual”.	Para Rodrigo González “la ley de elección de gobernadores regionales muestra todavía una gran ambigüedad en la definición de los roles del futuro gobernador regional en su relación con la nueva figura del delegado presidencial regional, persistiendo el riesgo de graves conflictos entre la nueva autoridad elegida y la de un funcionario nominado por el gobierno central con mayores atribuciones y facultades que las del gobierno elegido”.	
Dudas y convicciones por la descentralización