Finalmente, el 1 de octubre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la Consulta Popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sólo que la aprobación la hizo bajo la amenaza de que si no se aprobaba la Consulta, el Presidente enviaría, de inmediato, una propuesta para reformar el artículo 35 de la Constitución federal.	Cuando se introdujo la adición al artículo 35 de la Constitución, la Consulta estaba prevista para el mismo día de la jornada electoral federal, es decir, el 6 de junio del 2021. Sin embargo, se argumentó que hacerla el mismo día podría influir en el sentido de la votación porque cada sufragante lo haría conforme a la preferencia electoral por algún partido político. Los priístas votarían en contra de enjuiciar a Salinas, Zedillo y Peña Nieto, y los panistas por proteger a Fox y Calderón.	Ello propició que se reformara el artículo 35 y se eligiera como día ideal para la Consulta el domingo 1 de agosto del 2021. Nuevamente se encontraron pretextos partidarios morenistas para declarar que una Consulta fuera de la jornada electoral federal resultaba muy onerosa para el erario federal con un costo aproximado de 8 mil millones de pesos.	Bajo ese infundado argumento, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, formalizó su propuesta para llevar a cabo la Consulta Popular el 6 de junio de 2021. Lo cierto es que una votación para “consultar al pueblo” no puede costar lo mismo que una elección constitucional. La votación para enjuiciar a ex presidentes es menos complicada que para elegir a gobernantes y representantes populares.	Puede inferirse, entonces, que el cambio de fechas, del día de la elección federal intermedia al 1 de agosto, se hizo en previsión de que los candidatos de morena arrasarían en las urnas el 6 de junio. Ello influiría en el sentido de la votación para que los cinco ex presidentes fueran condenados al patíbulo popular y enjuiciados penalmente.	Hoy ya no se tiene esa certeza de apropiarse de los “sentimientos del pueblo” en la Consulta del 1 de agosto de 2021. Por el contrario, Ricardo Monreal  propone ahora cambiar la fecha al mismo día de la elección para diputados federales, con el propósito de que como no se sabe por qué partido votará cada elector, su decisión para condenar a uno u otro ex presidente será más autónoma. Se trata de un  cálculo político sin que interese qué o cómo son los “sentimientos del pueblo”.	La pregunta original que se envió a la Suprema Corte era directa y en su redacción llevaba implícita la respuesta: “¿Estás de acuerdo o no que se investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes?”. Desde luego que con los matices que dan la filiación partidaria, y el resultado de la elección federal, en general, la ciudadanía estará de acuerdo en que los cinco ex presidentes deben ser procesados y encarcelados, pues ninguno se salva de ser considerado como bandido y depredador del patrimonio de la Nación, pero, además, la pregunta era tendenciosa y limitada al periodo que López Obrador llama neoliberal, entre 1988 y el 2018. Con ello dejaba fuera la posibilidad de enjuiciar a colaboradores de su gabinete, y a él mismo, comprometidos con la cuarta transformación, aun cuando su actuación como funcionarios deja mucho que desear.	En ese sentido, la Corte cambió la pregunta y, en vez de acusar por anticipado a los ex presidentes, se decidió por “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.	El cambio, desde luego, es sustancial. En vez de ex presidentes se habla de actores políticos y decisiones políticas tomadas en los años pasados. Si la pregunta va encaminada a los años pasados, ahí también van dos años de gobierno de López Obrador, de diciembre de 2018 a diciembre de 2020, y no únicamente limitada a los cinco ex presidentes, sino también al presidente López Obrador y a los malos resultados en la gestión de más de uno de sus colaboradores.  El Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Tres Bocas podrían ser un buen ejemplo de la mala gestión gubernamental.	Lamentablemente, un acto a todas luces inconstitucional, el máximo Tribunal Constitucional del país lo declaró válido. Una sola referencia de varias. Las funciones de investigación y persecución de los delitos como facultad exclusiva del Ministerio Público y la correspondiente sanción por la autoridad judicial no pueden ni deben, en ningún caso, estar sujetas a la decisión del voto popular.	Además, la forma de votación de cada ministro que se inclinó por la constitucionalidad de la Consulta refleja un claro conflicto de intereses de cada uno de ellos, con clara filiación partidaria por Morena. El ministro José Luis González Alcántara fue nominado el 20 de diciembre de 2018, apenas tres semanas después del ascenso de López Obrador al poder.	Y, desde luego, el voto del ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, rompió el empate entre la constitucionalidad y la inconstitucionalidad de la Consulta Popular. Aun cuando fue nominado desde el 2009, durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, no ha podido disimular su proclividad hacia el gobierno de López Obrador. Su más abierta inclinación la dio cuando públicamente se pronunció por “escuchar el mandato de las urnas”, en referencia a los 32 millones de votos de López Obrador en el 2018.	Constitucionalmente corresponde al Congreso de la Unión controlar los excesos en que pudiera incurrir el Presidente de la República.  Jamás, en la historia de México, ha ocurrido lo que por norma es, pero que por práctica no es. Siempre, el Legislativo y el Judicial han estado sometidos a la voluntad presidencial. Y hoy, con la composición de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, Morena domina absolutamente y el presidente no tiene el más mínimo contrapeso de la Representación Nacional.	
Suprema Corte abdicó como equilibrio del poder presidencial