Según la versión del gobierno de Peña Nieto, los jóvenes fueron secuestrados en la localidad de Iguala por policías que luego los entregaron a miembros del crimen organizado que los quemaron en un basurero cercano. Sin embargo, expertos independientes aseguran que no hay pruebas que acrediten la tesis de que fueron calcinados.	Diversas instituciones -desde oficinas de la ONU y la Organización de los Estados Americanos a la Comisión Nacional de Derechos humanos- se han pronunciado sobre los errores, inconsistencias, obstrucción a la justicia y violaciones a los derechos humanos de la investigación oficial realizada durante el gobierno de Peña Nieto y que incluyó reiterados actos de tortura de varios de los detenidos. López Astudillo era uno de ellos.	
México: liberan a acusado de desaparición de 43 estudiantes