El cierre del Gobierno a causa de la pandemia por el COVID-19 dio un segundo aire a los referidos de manera que, a un año del escándalo que provocó la salida de Rosselló Nevares de La Fortaleza, aún se desconoce el resultado de la investigación sobre los posibles delitos que se pudieron cometer.	El toque de queda ordenado por la Gobernadora el pasado 15 de marzo como medida para contener el virus detuvo todas las investigaciones en curso  del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), incluyendo la que realizaba desde el 13 de febrero relacionada al caso del Telegram Chat. Las posibles actuaciones ilegales evaluadas habrían sido cometidas por Rosselló Nevares, el ex director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Christian Sobrino Vega, el ex asesor Legal de La Fortaleza, Alfonso Orona Amilivia, el ex secretario de Asuntos Públicos Ramón Rosario Cortés, el publicista Edwin Miranda Reyes y el cabildero y ex director de campaña de Rosselló Nevares, Elías Sánchez Sifonte.“Esa investigación al igual que todas las investigaciones que tenían asignadas los fiscales especiales independientes tuvieron que detenerse durante el término en que se decretó el cese de las funciones gubernamentales. Así que a partir del 15 de marzo se paralizaron los términos en todos los casos en el PFEI”, informó en entrevista con el CPI  la presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives.	El CPI supo que los Fiscales Especiales Independientes, Miguel Colón y Leticia Pabón, retomaron la pesquisa el 22 de junio y han estado entrevistando a personas, que no son los funcionarios referidos, y recopilando prueba, sin que los señalados – hasta este momento – se hayan convertido en testigos del ministerio público. “No es parte del procedimiento en el PFEI citar a los referidos, a menos que este tenga la posibilidad de convertirse en testigo ofreciendo su información”, aseguró.	porque el Departamento de Justicia nunca consiguió la conversación completa aseguró una fuente del CPI. Tras el fallido intento de la División de Integridad de Justicia para que Sánchez Sifonte y Miranda Reyes entregaran sus celulares, los FEI han recurrido a citar, entrevistar y tomar declaraciones juradas de “todos en la periferia”, en referencia a funcionarios y allegados a la administración Rosselló, sostuvo una de las fuentes.	Para Obed Borrero, experto y consultor en temas de tecnología y redes sociales, luego de un año resulta muy difícil que las autoridades puedan obtener la conversación completa. Opinó que, por la realidad política de Puerto Rico y lo costoso del proceso legal, las autoridades no hubieran podido requerir a la plataforma digital entregar el	es muy cuesta arriba. La política de esta y otras aplicaciones es asegurar a sus usuarios confidencialidad y Puerto Rico no tiene facultad para presionar a la empresa con bloquear su uso en la Isla, lo que podría provocar una entrega. Hay muy pocos precedentes, por lo que Justicia solo tenía la posibilidad de obtener el	El ex secretario de Estado, Luis Rivera Marín, los ex secretarios de Ia Gobernación, Raúl Maldonado Gautier y Ricardo Llerandi Cruz, y los contratistas Carlos Bermúdez Urbina y Rafael Cerame, así como Ia exsecretaria de Prensa, Yennifer Álvarez Jaimes, la ex directora de Ia Oficina de Comunicaciones, Rossy Santiago Velázquez, y el ex secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas, habían quedado fuera de la investigación del PFEI porque alegadamente Justicia no presentó prueba en su contra, pero los fiscales podrían ampliar su investigación y presentar acusaciones si surge prueba en el curso de la misma, dijo la presidenta del PFEI.	“Los Fiscales no están limitados por esa designación del PFEI y lo que diga el epígrafe. Una vez los Fiscales empiezan a investigar, si en el curso de su investigación obtienen prueba o declaración jurada sobre otra persona que no haya sido nombrada en la Resolución del Panel, inmediatamente tienen la facultad para ampliar su investigación y le traen al Panel la información que están ampliando su investigación porque han obtenido prueba bajo juramento que involucra a otra persona. Hasta el momento no han hecho eso”, confirmó la presidenta del PFEI.	Cotto Vives sostuvo que desconoce además en qué etapa está la investigación y si los Fiscales Especiales culminarían la pesquisa el 25 de agosto o si solicitarían más tiempo. Dijo que hasta el momento, los FEI no han solicitado una extensión del término que según la ley puede ser de hasta 90 días .	
Un año sin que el aparato de justicia concluya investigación sobre los “brothers” del chat de Telegram