Los últimos datos que ha hecho públicos la OCDE respecto a la presión fiscal, entendida como el peso de los ingresos tributarios y de las cotizaciones de la Seguridad Social sobre el PIB, sitúan a España por primera vez desde el inicio de la última crisis por encima de la media de los países que integran la organización. Según las estadísticas del organismo, el montante de ingresos por impuestos y cotizaciones de España en 2018 fue equivalente al 34,4% del PIB, una décima por encima de la media de la OCDE. La explicación de ese repunte no está en un crecimiento de la recaudación por impuestos, sino en un aumento de los ingresos por cotizaciones sociales. Los datos revelan que las aportaciones realizadas a la Seguridad Social en España en 2018 fueron equivalentes a un 34% de los ingresos públicos mientras que en la media de los países desarrollado ese porcentaje se sitúa en un 26%.	Aunque la explicación de este incremento en las cotizaciones durante el año pasado está relacionada con la progresiva recuperación del empleo, que lógicamente traduce en un montante mayor de ingresos para la Seguridad Social, la tendencia durante 2019 es al alza, como consecuencia del aumento de las aportaciones a la Seguridad Social ligado a la subida del salario mínimo interprofesional durante este ejercicio, en el que las bases mínimas y máximas de cotización han crecido. Los últimos datos señalan que la Seguridad Social ingresó hasta septiembre 103.202,68 millones de euros por cotizaciones sociales, una cifra que supera en más de un 8% la registrada en el mismo periodo de 2018, lo que supone un avance mucho más generoso que el de los impuestos generales y, por supuesto, que el del empleo, que por otra parte se ha ralentizado en los últimos trimestres.	La elevada carga que soporta el trabajo en España en relación a buena parte de los países de la OCDE constituye un problema en un país cuya principal anomalía económica sigue siendo una elevada tasa de paro. Incrementar las cotizaciones sociales no es una política adecuada para estimular la creación de empleo, especialmente en un momento en el que la actividad se está enfriando. No hay muchas dudas acerca de la necesidad de afrontar un incremento vegetativo de los gastos en España por el inevitable envejecimiento demográfico, como no hay duda tampoco de que la presión fiscal sigue estando ciertamente alejada de la media comunitaria. Pero para atender ambas deficiencias, gasto creciente e ingresos deficientes, parece más indicado elevar los impuestos generales que las cotizaciones, que son el impuesto sobre la variable más delicada de la economía: el empleo.	
El aumento de los ingresos fiscales debe esquivar las cotizaciones