Pero hasta que esa Hacienda diera sus primeros pasos había que tirar de otras cuatro fuentes, de acuerdo con la información que la Guardia Civil requisó a Salvadó: del «sector público catalán» 4.500 millones, de los ayuntamientos, de los que Puigdemont contaba que podrían aportar otros 6.000 millones; 1.300 millones de euros de «ingresos propios»; y la última partida, la más importante, debía de venir de	relató este jueves ante el Supremo el ambiente que se encontraron en el registro de las naves de Can Barris (Barcelona), donde el 19 de septiembre del 2017 los funcionarios hallaron 9,9 millones de papeletas para el referendo ilegal del 1-O. «La gente estaba exaltada. No he vivido el conflicto vasco, pero mis compañeros veteranos me han dicho que su inicio se parecía muchísimo por la cara de odio de la gente».	La sesión estuvo plagada de testimonios sobre los registros de la operación Anubis, puesta en marcha por un juzgado barcelonés contra los promotores de la consulta. Y los funcionarios, que admitieron que los Mossos en la mayoría de los casos se emplearon a fondo para contener a las masas, no ahorraron en detalles. «Se me grabó la cara de odio de un señor mayor, que nos escupió. Parecía que le estuviéramos quitando algo». «Hubo amenazas: Os mataremos», declaró ese mismo testigo. «La salida fue una ratonera. Era una calle en obras y tiraron las vallas para impedir el paso», recordó un segundo agente que participó en el registro de las naves.	
Puigdemont intentó que China financiase con 11.000 millones la hipotética república