NUEVA YORK (AP) — Sonia Pérez debe seis meses de alquiler pero duda que pueda cancelar su deuda pronto: el COVID-19 acabó con la vida de su exmarido, que la ayudaba económicamente, y ha dejado las calles de su barrio neoyorquino medio vacías, así que pocos le compran los tamales que vende desde hace 20 años.	La comunidad hispana ha sido uno de los grupos más afectados por el COVID-19, que ha reducido o eliminado sus ingresos. Millones, además, no tuvieron la posibilidad de acceder a las ayudas estatales debido a su condición migratoria irregular. Y unos cuantos no saben si en 2021 -con un presidente más predispuesto a ayudarlos y la llegada de una vacuna- podrán salir a flote.	Gran parte de los inmigrantes hispanos trabajan en sectores que han sido fuertemente afectados por la pandemia como la gastronomía, la hotelería y la construcción. Otros lo hacen en la agricultura y las empacadoras de carne, donde se han registrado elevadas tasas de contagio debido a la falta de medidas de distanciamiento y seguridad.	Un 24% de los casos de COVID-19 en Estados Unidos son de hispanos y un 14,7% de las muertes, según los datos federales más recientes. La tasa de muertes por COVID-19 entre los hispanos es 2,8 veces mayor que la de los blancos y la de hospitalización es cuatro veces mayor, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).	Tras nueve meses de pandemia, el azote del virus es ahora visible en las largas filas que hacen muchos frente a agencias que ofrecen comida. En general se trata de personas que cobran el salario mínimo y no tienen acceso a beneficios sociales, de salud o ayudas económicas como los 1.200 dólares otorgados por el Congreso para paliar el efecto económico de la pandemia.	“Hay gente que está sufriendo en modos que no se han visto antes”, opinó el legislador estatal Miguel Santiago, que representa en la legislatura de California a un distrito de Los Ángeles con un gran número de inmigrantes. “Nuestro sistema económico tiene que funcionar para los más vulnerables, si no, ¿qué tipo de país somos?”.	Antes de la pandemia Pérez vendía sus tamales a dos dólares. Ahora los vende a tres ya que los precios de los ingredientes, como las tortillas de maíz, subieron tras la llegada del COVID-19. Y también se topa en las calles con muchos inmigrantes que, tras perder sus empleos, se lanzaron a ser vendedores ambulantes como ella.	Pérez llegó a Estados Unidos en 1994 y vivió en el país sin estatus migratorio hasta que recientemente obtuvo una visa U, que protege a víctimas de la violencia doméstica. Como carecía de número de seguridad social hasta hace poco no pudo solicitar en su momento la ayuda federal que estaba disponible.	La mujer, de 37 años y que está en proceso de asilo, perdió su trabajo porque el vivero en el que arreglaba plantas desde hacía cuatro años cerró debido a la pandemia. Se quedó en casa cuidando de sus hijos porque se suspendieron las clases presenciales y luego se enfermó de COVID-19. Pasaron cerca de seis meses hasta que encontró trabajo en otro vivero, que también cerró. Ahora cocina arroz con leche y tamales y los vende en la calle los fines de semana, pero el dinero no es suficiente.	En Miami, el restaurante en el que Claudia trabajó durante cuatro años como ayudante de cocina cerró al inicio de la pandemia y la nicaragüense se quedó sin los 500 dólares semanales con los que mantenía a sus cuatro hijos. Tuvo que recurrir a sus ahorros para pagar renta, comida, luz y agua, pero también se le agotaron.	“Lo que más podría ayudar a los hispanos sería lo que ayudaría a cualquier otro trabajador”, expresó Daniel Costa, experto en asuntos laborales del Economic Policy Institute, refiriéndose a la aprobación de una ley que suministre ayuda económica y otorgue permiso de trabajo a inmigrantes que se desempeñan en tareas esenciales.	
Agrio cierre de 2020 para los migrantes hispanos en EEUU