Lilia Aguilar Gil – que en honor a la verdad es quien heredó algo de la habilidad política de su padre y quien mejores resultados ha ofrecido durante sus ejercicios como legisladora–en los últimos meses cobró con una mano puesta en el Poder Legislativo local y otra en el gobierno de la “cuarta transformación”.	“Happiness looks so good in black #sheerlove” (La felicidad luce muy bien en negro #amor puro)  es la frase con la que en diciembre del 2015 la actual coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, María José Valles Medina presumía la buena marcha de su relación sentimental con Víctor Mancera Castillo.	Dentro del Congreso del Estado, sin el más mínimo recato, los nombres de sus hijas han aparecido en distintas legislaturas, algunas como asesoras, otras como personal especializado, pero todas cobrando salarios mensuales del erario, y en muchos casos sin devengarlo. En el Poder Judicial su hijo, Rubén Aguilar Gil, es parte de la lista de asesores.	Sobre la figura del político incipiente Marcelino Gómez Brenes, actual delegado regional de la Secretaría de Bienestar, comienzan a gestarse también señalamientos de nepotismo. Pues en el listado de los Servidores de la Nación aparecen cuando menos dos familiares Alejandro Brenes Pimentel y Gabriela Brenes Bueno, quienes reciben un pago de 10 mil 217 pesos por levantar los famosos censos de la 4T. Sin embargo, aseguran algunos encuestadores que en realidad ni siquiera se ensucian los zapatos.	Acostumbrados deberíamos estar pero no está por demás dejar sentado que mañana se cumple una semana de la masacre ocurrida en la colonia Vistas del Norte donde cinco personas fueron ejecutadas y el discurso de las autoridades de dar con los responsables se suma a la lista de promesas incumplidas que fomentan la impunidad en el Estado.	En voz del Fiscal César Peniche, por la zona donde se presentó el hecho violento la agresión fue perpetrada por el cártel de Sinaloa. Poco le faltó al funcionario para decir que esos son los dominios de dicho grupo criminal, y reconocer que a pesar de que se tiene el trazo del mapa delictivo no existe la actuación suficiente para contenerlos.	Frente a la ola de violencia, la demanda del sector empresarial de ir más allá de las palabras, y realizar un cambio de estrategias parece caer en oídos huecos del gobernador Corral, que siguen sosteniendo al frente de las instancias de persecución y combate a figuras que han demostrado su falta de capacidad para dar resultados.	Mientras tanto el estado se sigue bañando en sangre y su tierra se convierte en depósitos de cadáveres. Aquí en la capital, una veintena de cuerpos han sido tirados, algunos a plena luz del día y hasta prácticamente en centro de la ciudad, provocando el horror de los ciudadanos que los descubren.	El pasado 29 de abril, y tras casi dos meses de análisis, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, admitió a trámite la controversia, pero rechazó conceder la suspensión para que se deje de aplicar la reducción presupuestal, resolución que el parralense habrá de impugnar.	
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