Nadia Calviño, ministra de Economía en funciones, avisó este pasado lunes de que el Gobierno tiene la artillería preparada para volver a plantear la llamada tasa Google, el impuesto a la economía digital. Lo hizo desde Santander, adonde acudió invitada por Ametic, la patronal de las tecnológicas a las que quiere imponer más impuestos. Atendió a la Prensa a la entrada del recinto, no rehuyó ninguna pregunta, y pasó luego a pronunciar un discurso más conciliador de lo que habían sido sus palabras minutos antes delante de los micrófonos. «Es indispensable adaptar nuestro sistema fiscal a la realidad del siglo XXI», empezó diciendo, para continuar con que «es fundamental desarrollar un marco internacional para esta imposición digital, pero si no es posible llegar a un acuerdo en el G20 y OCDE, acuerdos que estamos impulsando muy directamente, habrá que hacerlo a nivel europeo y, si no, a nivel nacional». El melón de la fiscalidad supranacional vuelve a estar abierto.	Ni al G20, ni la OCDE, ni la Unión Europea. El Gobierno planea sacar adelante su gravamen aunque no haya acuerdo internacional. Sí o sí, sin más opción. Y eso, tanto en Europa en general como en España en particular, chirría. «Fijar un impuesto unilateralmente en un entorno económico globalizado como el actual significa distorsiones importantes en el país que lo imponga unilateralmente, elevando los precios que pagarán los consumidores, restringiendo la cantidad y calidad de servicios digitales prestados y recaudando mucho, mucho menos que lo que en principio cabría esperar», dice José Félix Sanz, director de Estudios Tributarios de Funcas y responsable del Observatorio Funcas de Economía Pública (OFEP). Amazon, de hecho, ya advirtió de que sus precios subirán allá donde se les imponga este tipo de gravamen. Acción, reacción.	¿A qué obedece el enrocamiento? Salvador Ruiz, ex director general de la Agencia Tributaria y director del Máster de Asesoría Fiscal de Esade en Madrid, desgrana una de las posibilidades. La política siempre de por medio. «No tiene sentido. Hay un efecto fundamental: la imagen de significarnos como que aquí somos abanderados de la imposición de cargas fiscales. En términos de crecimiento y creación de empleo es un paso atrás». comenta. Todos los expertos consultados por ABC coinciden en que imponer a las bravas una tasa Google es, cuanto menos, una mala idea. Y si la UE ya contaba con escasa o nula armonización fiscal en impuestos directos, esto lo acrecienta.	En Europa, cada uno de los 28 Estados miembros mantiene la competencia en materia fiscal. De los pocos reductos que le queda a los Estados para defenderse de las crisis económicas. «De conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la armonización fiscal solo debe alcanzarse en el ámbito de los impuestos indirectos (como el IVA y las aduanas). Ahora bien, el Tratado deja a los Estados miembros competencia exclusiva sobre los impuestos directos, como los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de las sociedades», recuerda Giulio Allevato, profesor de IE Law School.	Esto provoca que en cada país haya una presión fiscal totalmente distinta. Desde el 40,1% sobre el PIB de la media comunitaria, hasta el 34,5% de España, el 48,4% de Francia o el 23,5% de Irlanda. Una diferencia, por ejemplo de 24,9 puntos porcentuales entre estos dos últimos países. «Irlanda es un país con una fiscalidad privilegiada, es una pasarela hacia Europa; todo lo que tenga que ver con perder esa posición que tiene, lo ve con mala cara y no se presta a ello», sostiene Ruiz. La legislación comunitaria permite a cualquier Estado miembro oponerse y tumbar impuestos como la tasa Google. Se vio hace unos meses en Bruselas con el rechazo de la propia Irlanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia, ya que para su aprobación se exige unanimidad. «La imposición directa, ni mucho menos está armonizada y es difícil que suceda porque cualquier cambio tendría que ser por unanimidad ya que decidieron que no pudiera ser por mayoría cualificada», mantiene Josep Bertrán, responsable de Programas Financieros de EAE Business School.	Para lograr la armonización, entonces, hay dos vías: convencer a los 28 en cada iniciativa impositiva o convencer a los 28 para repensar la norma de la unanimidad. Allevato hace hincapié en esto último como solución ya que cualquier Estado tiene esa capacidad de veto. «Solo unos pocos Estados miembros y pocas grandes empresas multinacionales se benefician, a expensas de los demás, del escenario fiscal fragmentado actual. De hecho, la mayoría de los contribuyentes y gobiernos se ven perjudicados por la falta de armonización, en términos de cumplimiento y carga tributaria, y en cuanto al agotamiento de los ingresos fiscales», sostiene.	La Unión, así, tiene más de Europea que de lo primero. Los expertos coinciden en que, al menos, debe tratarse de alcanzar a acuerdos y reniegan de la fórmula que está escogiendo el Gobierno de Pedro Sánchez con el impuesto a las tecnológicas. Como ejemplo está los gravámenes a las transacciones financieras -también planteado por Sánchez, pero que decayó ante la imposibilidad de sacar adelante los últimos Presupuestos Generales del Estado-: estos impuestos a la banca se han estrellado en diversos países con recaudaciones bastante inferiores a lo presupuestado. Sin ir más lejos, mientras el Ministerio de Hacienda vaticinaba que una tasa Google en España recaudaría 1.200 millones, todos los organismos relevantes en la materia salieron a desmentirlo; la Airef lo redujo a 189 millones, Bruselas no se lo creyó y el director fiscal de Telefónica, Jerónimo Payan, lo tildó de «ciencia ficción».	Sea como fuere, no existe una fórmula mágica sobre hacia dónde avanzar en esta Europa de 28. Unos sostienen que es un disparate arrebatar ese margen en política fiscal a los países y otros que una verdadera Unión solo se conseguirá por esa vía. José Félix Sanz, de Funcas, está entre los primeros: «Desde mi punto de vista, imponer una armonización fiscal es injusto y económicamente poco saludable. Supone una injerencia inadmisible en las legítimas competencias normativas de los gobiernos. Armonizar implica imponer un ideario fiscal a los futuros gobiernos, limitando las opciones de política económica disponibles. Por otro lado, la competencia fiscal actúa de contrapeso y restringe la capacidad de despilfarrar el dinero de los contribuyentes. La competencia fiscal obliga a los gobiernos a recaudar mejor y a gastar de modo más eficiente y frugal. Los gobiernos sin competencia fiscal tienden, al igual que las empresas monopolísticas, a degradar los servicios que prestan, a despreocuparse de funcionar eficientemente y a fijar impuestos demasiado altos».	En el campo contrario, Bertrán, del EAE, y Allevato, del IE. Ambos coinciden en que el objetivo ha de pasar por armonizar esta Europa en términos de impuestos. Siempre hablando de los directos, el caballo de batalla de quienes tienen un tipo nominal, por ejemplo en Sociedades, del 32% como Francia, 25% España, 29,9% Alemania... frente al 12,5% de Irlanda o las bonificaciones y exenciones de Países Bajos. A todo ello hay que sumar que en épocas de expansión económica es más sencillo plantear esa igualdad fiscal, pero no ocurre así en fase de recesión, cuando los países utilizan los impuestos para cuadrar sus cuentas y atraer inversión extranjera al país.	La UE tiene de nuevo abierto el melón, todos quieren comer pero ninguno se atreve a partir las primeras rodajas. Unos a favor, otros en contra y el fantasma de más impuestos siempre planeando. Calviño fue la última en advertir a las multinacionales de que aquello de meter en un avión los beneficios hacia Irlanda se iba a acabar. Y Trump, de momento, sin pronunciarse como hizo con Francia. «España sufrirá», comentaba hace unos meses un portavoz de Competencia europeo.	Los impuestos han traído a España de cabeza estos años de crisis. Subidas, luego bajadas... y ahora nuestro país cuenta con un nivel de impuestos sobre los ingresos de los más bajos de entre las principales potencias de la Unión Europea: un 8,9% sobre el PIB de recaudación, solo por encima de Grecia y Portugal. Y por debajo del resto de potencias europeas, que se mueven en cifras superiores.	Mientras tanto, el Gobierno mantiene su cruzada contra las tecnológicas. Les acusa en cada ocasión de no pagar los impuestos que les corresponden. Al mismo tiempo, la CEOE y diversas instituciones vienen insistiendo en que la empresa española paga más impuestos aquí que en el conjunto de la UE. Se revolvieron ya entonces cuando Sánchez puso sobre la mesa su batería de impuestos al diésel, transacciones financieras, tasa Google... en los últimos Presupuestos Generales del Estado. Todo quedó en papel mojado y todo permanece igual... de momento.	
La Unión Europea acaba en el caos de los impuestos