Este jueves, el Congreso de los Diputados debatirá y votará el polémico decreto ley sobre la cesión al Gobierno por parte de las entidades locales de sus remanentes de tesorería para poder optar a las ayudas gubernamentales en la lucha contra la Covid. Un decreto derivado del acuerdo entre el Gobierno de España y la Federación de Municipios y Provincias que salía adelante con el voto de calidad de su presidente, el socialista Abel Caballero, en contra de la gran mayoría de los partidos políticos con representantes municipales. De hecho, formaciones separatistas y socias del Ejecutivo nacional, como Bildu, los independentistas catalanes o Podemos ya han manifestado su rechazo, por lo que es más que probable que el decreto no salga adelante.	Desde el PP de Castilla y León están dando la batalla para intentar que Sánchez dé marcha atrás en esta decisión que “perjudicará” sobremanera a los ayuntamientos en sus ingresos y porque, además, aseguran que se trata de un “chantaje en toda regla” a las entidades locales “porque habilita un fondo de 5.000 millones a ingresar entre este año y el que viene el 35 por ciento de lo que le presten y totalmente condicionado a inversiones que el Gobierno de España decida y al que solo podrán acceder los que entreguen a Sánchez la totalidad de sus remanentes de tesorería”, según denunciaba este lunes la senadora por Segovia, Paloma Sanz.	“Estos remanentes son un dinero fundamental para que los ayuntamientos puedan prestar servicios públicos esenciales a sus vecinos”, decía, por su parte, Francisco Vázques, secretario regional del PP, quien volvía a pedir a Sánchez que rectifique esta medida y que se siente a negociar con las entidades locales un nuevo escenario.	Al respecto, tanto Vázquez como Sanz presentaban esta mañana la moción que los populares van a llevar al Senado para su debate, con la que reclaman al presidente del Gobierno que reiter el Real Decreto y abra un nuevo periodo de diálogo con los ayuntamientos, diputaciones y demás entidades locales existentes en España “que evite la expropiación del superávit de los Consistorios”, advertía Sanz.	“Sánchez está ante su última oportunidad de rectificar y, por tanto, de no perder la votación de este jueves”, aseguraba la también presidenta de los populares segovianos, mientras que Vázquez recordaba que son estos quienes deben decidir en qué destinan el dinero que tienen ahorrado “porque son los qu emejor conocen las necesidades de sus vecinos”.	Por otro lado, el secretario regional del PP cargaba contra el Gobierno de España por su gestión ante la pandemia, antes cuando tenía el mando único, y ahora que lo ha dejado en manos de las Comunidades Autónomas, en temas como la Educación o la Sanidad, en lo que considera una “dejación de funciones” por parte de Sánchez. “Una cosa es la gestión de las competencias y otra la capacidad de coordinación de las competencias que solo tiene el Ejecutivo de la nación”, apuntaba Vázquez, para quien este Gobierno está “gripado” y reprocha igualmente a los socialistas de Castilla y León de hacer seguidismo a Sánchez en lugar de defender los intereses de los castellanos y leoneses.	Al respecto, Vázquez aseguraba que en julio recibieron la Renta Garantizada de Ciudadanía 9.184 familias de Castilla y León, pero en agosto lo hicieron 8.598 para adherirse al IMV porque actualmente son incompatibles, lo que significa que 586 familias han pasado de percibir 565 euros a unos 244, ha explicado.	
El PP de Castilla y León pide Sánchez que negocie con los ayuntamientos sus remanentes