Una bolsa de más de 9 millones de votos y quién se quedará con ella es la verdadera razón del desacuerdo que se ha producido en el Pacto de Toledo a casi dos meses de las elecciones generales. La paradoja es que el Pacto, creado en 1995 a instancias de Convergència i Unió (el primero es hoy el partido del fugitivo	Podemos ha sido acusado casi por unanimidad de las partes de la ruptura del acuerdo. Su postura intransigente tiene lógica. El partido no ha recibido un gran caudal de votos de los pensionistas, pero desde que en el País Vasco comenzó la protesta por la cuantía de las pensiones -bien nutrida por las ambiciones nacionalistas que persiguen el traspaso de la Seguridad Social-, Podemos descubrió la manera de meter baza en este sector.	El acuerdo roto ya era muy frágil. El PP había aceptado la revalorización de acuerdo con el IPC con una redacción ambigua que le permitiera incorporar otros parámetros de cálculo en el futuro. El PSOE está casi totalmente seducido por la idea de que el déficit de la Seguridad Social es imparable y obligará a romper tarde o temprano con el principio de contributividad. En sustitución se plantean un sistema de pensiones mínimas más altas y de máximas que no las superen en más de 1.000 euros, al tiempo que se destoparían las cotizaciones máximas como propuso Pedro Sánchez.	Nadie ha averiguado a qué obedece el descontento de los pensionistas en España. Presumimos que es por su baja cuantía, pero el asunto no está analizado. Un estudio realizado en Chile sobre las causas del malestar con las pensiones (Pensiones: del descontento a las soluciones, Salvador Valdés Prieto, 2018) reveló un fuerte desajuste entre las expectativas y la realidad. La mayoría de las personas consultadas en este estudio dijo que una pensión «razonable» supondría el 94% del ingreso contemporáneo de sus hijos o el equivalente al 200% de los ingresos del pasado. Es decir, cada trabajador aspira a cobrar como jubilado el doble de la media de los ingresos que ha tenido a lo largo de toda su vida.	Dichas expectativas no tienen en cuenta que los jubilados suelen tener otros recursos, y que la pensión depende de la densidad y de la cuantía de las cotizaciones. La falta de datos al respecto en España convierte a la restricción presupuestaria en el único argumento para poner racionalidad en el debate y quizá no debería ser así.	
El voto de los pensionistas