Estudiantes de secundaria abandonan su escuela después de que su examen final, que se utiliza para el ingreso a la universidad, se canceló debido a las protestas de los estudiantes contra el examen mientras la policía y los padres observan en Santiago, Chile, el martes 7 de enero de 2020. (AP Foto / Fernando Llano)	Estudiantes de secundaria abandonan su escuela después de que su examen final, que se utiliza para el ingreso a la universidad, se canceló debido a las protestas de los estudiantes contra el examen mientras la policía y los padres observan en Santiago, Chile, el martes 7 de enero de 2020. (AP Foto / Fernando Llano)	Grupos de estudiantes ubicados en las afueras de algunas escuelas donde se tomaba el examen gritaron e hicieron ruido para impedir el silencio necesario para rendir la prueba, mientras otros ingresaron a las sedes y corrían y metían bulla en los pasillos. Se observaron muchas discusiones y hasta empujones entre jóvenes partidarios del boicot y padres de alumnos que querían someterse a la llamada Prueba de Selección Universitaria (PSU).	En Chile existe una enseñanza claramente estratificada: de los 3,5 millones de estudiantes en torno del 35% concurre a escuelas públicas gratuitas, un 55% asiste a colegios particulares con subvención estatal y cerca de un 8% a institutos particulares, y la calidad de la enseñanza que reciben se refleja en los resultados de la PSU.	La PSU es considerada discriminatoria por líderes de los alumnos de bachillerato porque refleja en sus resultados la calidad de la educación: los alumnos de grupos acomodados ingresan casi todos a la universidad, seguidos por los jóvenes de clase media mientras quienes provienen de los colegios públicos generalmente quedan afuera de la educación superior.	Debido al estallido social del 18 de octubre y las multitudinarias manifestaciones y olas de violencia que lo siguieron, las autoridades suspendieron la prueba en noviembre y diciembre. Los dirigentes de las protestas contra la PSU demandaron, sin éxito, una tercera postergación y un mecanismo de “emergencia” para seleccionar a quienes ingresarán a las universidades en 2020.	
Vuelven a sabotear prueba de ingreso universitario en Chile