El próximo domingo, 11 de agosto 2019, culmina el proceso electoral más cuestionado, conflictivo y opaco en la historia política de Guatemala. El recelo y la desconfianza en el Tribunal Supremo Electoral hasta el día de hoy persiste. El software para recuento, control y registro de actas tuvo que ser chapuceado por orden judicial. El estilo autocrático de los magistrados, su discrecionalidad para interpretar las normas LEPP, ha sido disperso, errático y en varias ocasiones tuvo que dar marcha atrás después de ordenar disposiciones absurdas y arbitrarias. Aun sin haber revisado todas las actas con irregularidades, confirmaron cargos. Las quejas de los fiscales de los partidos políticos corroboran una larga lista de peticiones, reclamos y señalamientos que no fueron atendidos nunca. Entre los cuestionamientos más serios es que politizaron la inscripción de candidatos y partidos políticos, abrogándose poderes discrecionales afuera de sus competencias jurisdiccionales.	A una simple pregunta planteada a los magistrados, a cinco días de la segunda vuelta, de si cuenta o no el voto nulo, el presidente del TSE, Julio Solórzano, dijo que los jueces no pueden emitir opinión “sobre hechos que no han sucedido” …(¿?). Similares respuestas a dudas de interpretación de la LEPP han sido la norma del TSE a lo largo de este proceso electoral. Es este aire enrarecido, esa insatisfacción con el desempeño de los magistrados lo que ha minado la confianza de una institución que gozaba de una credibilidad muy alta.	Culminan unas elecciones que fueron “mudas”, porque durante el 95 por ciento del tiempo antes de empezar la propaganda electoral, —¡oh democracia!— los candidatos no pudieron aparecer en ningún programa de radio, televisión, foro, debate, documental, video, etc., abordando temas que le incumben al “demos” (pueblo), porque al tenor de los vacíos de la actual revisada, modificada y desordenada “ley electoral y de partidos políticos”, podían ser descalificados por “campaña adelantada”. En su afán de evitar los excesos de los candidatos del pasado, las autoridades electorales “botaron al bebé con todo y el agua”, dejando un vacío peligroso, agazapado detrás de la “mentecilla” discrecional.	Otro asunto que se prestó para manipulaciones espurias es sobre el financiamiento de las campañas y la aplicación de criterios discrecionales. Como delito, el financiamiento electoral ilícito inicialmente no aplicaba a quien otorgara fondos de origen “lícito”, pues contemplaba, únicamente, a quien recibiera y no registrara los fondos. Aun así, y aplicando una discrecional e imprudente analogía, emprendieron procesos contra aportaciones de origen lícito. En conclusión: las campañas fueron mudas. Todo el esfuerzo proselitista se decantó hacia estrategias terrestres, de cacicazgos comunitarios, de “tarimazos”, de novilladas y tamaladas; de transportación y movilizaciones subterráneas con fondos espurios y una trazabilidad nula.	Hubo violaciones constitucionales. Las cámaras de Medios y de Radiodifusión y la de Periodistas solicitaron a la CC que se declararan inconstitucionales al menos siete artículos y cuatro reglamentos de la Unidad de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, contenidas en la LEPP. Nada pasó… Y nada pasó porque la CC se salió de su papel como garante de la correcta interpretación y aplicación de los preceptos constitucionales, al no “hacer valer los derechos fundamentales y expulsar del ordenamiento jurídico las normas incompatibles con la Constitución”.	“El fraude constitucional (fraude de o a la Constitución) se concibe como el acto tendiente a eludir la correcta interpretación y aplicación de los preceptos constitucionales en perjuicio del Estado o de terceros. O sea que supone el enjuiciamiento engañoso o falaz que persigue un resultado contrario o prohibido por la misma Constitución”. /Fuentes Destarac/2018	
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