El pago de las pensiones alimenticias durante los cuatro meses más críticos de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en Ecuador se redujo hasta en 36,21 %, mientras que en la Asamblea Nacional se tramita un Código de Protección de Niñez y Adolescencia, que extiende la obligación del alimentante de pagar la pensión hasta los 24 años de edad de su hijo.	Pero también hay 17 463 menores que reciben una manutención promedio de $34,08.189 988 perciben pensiones de $80,23.Otros 76 517 beneficiarios mensualmente reciben $229,96.35 080 niños, niñas y adolescentes obtienen pensiones promedio de $394,59.6129 reciben por alimentos $750,57.Para 3227 menores las pensiones son de $1789,75.69 personas reciben una pensión top de $10 838,30 mensuales, según la información del Consejo de la Judicatura.Las cifras del Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), a cargo del Consejo de la Judicatura, indican que en abril -uno de los más críticos por los contagios de COVID-19- la recaudación disminuyó en relación con el 2019, de $60 255 911,43 a $37 839 038,29, una reducción del 36,21 %.	Retrasos en pagos de pensiones alimenticias por crisis del COVID-19 en EcuadorTambién en marzo se registró el 11,16 % menos de pagos procesados; al igual que en mayo que presentó un 25 % menos y en junio también hubo una reducción considerable. Las razones responden a la emergencia sanitaria, muchos alimentantes perdieron su empleo, otros tuvieron reducción de ingresos y de salario, así como atrasos en los pagos de sus sueldos como los registrados en el sector público.	Hasta mayo hay un total de 973 728 niñas, niños y adolescentes para quienes se solicitaron pensiones alimenticias; en tanto que a 755 716 alcanza la cifra de beneficiarios que son los representantes legales y apoderados, que regularmente son las madres, que interponen la demanda de pensiones. Mientras, 755 726 es el número de los deudores que son las personas alimentantes u obligados subsidiarios (padres, madres, tíos).	El Código de la Niñez y Adolescencia en vigencia, en su artículo 4, determina el pago de pensiones a adultos hasta la edad de 21 años que demuestren que se encuentran cursando estudios que les impidan o dificulten dedicarse a una actividad productiva y que carezcan de recursos propios y suficientes.	Protección económica de los hijos será hasta los 24 años de edad, según la propuesta del nuevo Código de la NiñezLa presidenta de la Comisión Ocasional para Atender Temas y Normas sobre Niñez y Adolescencia, Encarnación Duchi (PK-BIN), revela que tras el primer debate de esta normativa se desataron las críticas y comentarios en redes sociales sobre el incremento a 24 años del derecho del alimentante a recibir pensión.	Que si bien no hay cuestionamientos oficiales por escrito, Duchi asegura que en su mayoría son los padres que se oponen, pero considera que este tema aún debe ser discutido recogiendo precisamente los criterios antagónicos y señala que si el beneficio de la pensión supera los 18 años, esa disposición debería estar dentro de la Ley de Juventud y no en este Código.	Aunque esta comisión ocasional tiene aún que superar un obstáculo para evitar que el trabajo se estanque. Este mes concluye el plazo de vigencia de la comisión y por eso pidieron una extensión de plazo por seis meses y que se asigne cupo de dos asesores expertos en niñez. Aún se espera respuesta del presidente de la Asamblea.	La excusa de los legisladores es que los hijos no dejen inconclusos sus estudios universitarios, cuando bien saben que un padre nunca deja de serlo y apoyar a su hijo o hija. No es lo mismo que un padre decida apoyar a su hijo hasta los 24 años o más, a que lo amenacen con cárcel si no paga. “Es un chantaje permanente, inclusive quienes tenemos hijas pequeñas, generalmente se condiciona, que mientras estás al día puedes verla, si no te prohíben”.	Comisión excluyó la palabra «alimentación» en artículo sobre corresponsabilidad parentalUno de los temas que observa la plataforma Unión por Nuestros Hijos es que en el proyecto de Código Orgánico para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes existen algunas inconstitucionalidades, pero una en especial llama su atención: la corresponsabilidad parental en tema alimentos.	Salim Zaidán advierte que en el artículo 153 que trata sobre la corresponsabilidad parental, donde se señala que la madre y el padre tienen iguales responsabilidades en el cuidado y en la toma de decisiones sobre sus hijos, la Comisión excluyó la palabra “alimentación”, como parte de esa corresponsabilidad y que está contemplada en el artículo 69 de la Constitución.	En cambio, en el artículo 153 del Código en construcción se señala que la madre y el padre tienen iguales responsabilidades en el cuidado y en la toma de decisiones, en especial, respecto a la crianza, educación, formación, salud, vivienda, y en el aseguramiento y protección integral de los derechos de sus hijas e hijos comunes.	En este texto, añade Zaidán, la Comisión excluyó la palabra “alimentación”, por lo tanto, visiblemente el Código es objeto de una acción de inconstitucionalidad. La madre debería involucrarse en la responsabilidad de manutención; sin embargo, el proyecto continúa con la lógica de un alimentante, en lugar de hacer efectiva la corresponsabilidad parental.	
El pago de pensiones alimenticias bajó el 36,21 % durante la emergencia sanitaria por el COVID-19