ha publicado el primer análisis sobre el 'Estado del mercado de los agregadores de movilidad compartida en España' y concluye que se pueden estar dando condiciones de uso fraudulento de fondos públicos para el desarrollo de estas plataformas al no cumplir con las exigencias de la normativa.En el documento se describe el estado actual de las empresas españolas que actúan como agregadores de oferta de vehículos eléctricos de uso compartido (	como la londinense Citymapper o la española Meep, una plataforma lanzada en Madrid que ha captado más de 2 millones de euros y que ya trabaja con más de 35 operadores, como la EMT de Málaga o Valencia, Malta Public Transport, Alsa o Radio Teléfono Taxi.Según el análisis del Instituto,	. "Todas ellas carecen de tecnología propia, lo cual posiciona a las empresas españolas por debajo de empresas como la alemana Tier o la francesa Pony", afirma el trabajo.FINANCIACIÓN PÚBLICASegún este análisis, algunas de estas empresas podrían haber estado "engañando a la administración pública al obtener financiación de entidades públicas como Enisa, a la vez que externalizan toda su innovación, como es el caso de Cooltra con la suiza Electric Feel, casualmente la misma empresa que utiliza otra empresa de motosharing de Barcelona llamada Gecco, que tiene las mismas motos que la anterior y carece de página web, o Invers, utilizada por ambas".En el análisis se critica la falta de presupuesto en tecnología y el foco de estas empresas por capturar el mercado de la forma más rápida posible, llegando a invertir muchos millones de euros en marketing, "sin haber demostrado ser rentables. En este sentido, el Ministerio de Industria que dirige Reyes Maroto, se vería involucrado por el presunto uso fraudulento de fondos, ya que se podría estar malversando el dinero del contribuyente".Los analistas del Instituto recogen la reciente protesta de los "nuevos operadores de motosharing de Barcelona por el imcumplimiento flagrante de operadores ya instalados como Acciona y Cooltra al superar con creces el número de licencias adjudicadas, comportamiento que no ha sido penalizado todavía por el consistorio de Ada Colau, pese a que las empresas lo han admitido en declaraciones públicas".En este sentido, se incluye el dato de que la Oficina Antifraude de Cataluña ha anunciado la apertura de una investigación al equipo de movilidad de Colau por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de 1,2 millones de euros.Jesús Sánchez Lambas, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas señala que “es necesario invertir en la creación de empresas y convenios universitarios para fomentar la innovación y la creación de plataformas de integración de diversos modos de movilidad que aporten valor al usuario, desarrollando tecnologías que integren realmente todo el proceso, aportando valor a la cadena productiva y al usuario, algo imprescindible si realmente se quiere trabajar en una nueva movilidad”.	
Instituto Coordenadas alerta del "presunto fraude de la movilidad compartida"