La Agencia Tributaria considera que los padres de hijos escolarizados en centros concertados no tienen derecho a deducirse estos pagos en sus declaraciones de la Renta en concepto de donativos, lo que les permitiría aplicarse una deducción fiscal de hasta el 75 por ciento para los primeros 150 euros y un 30 por ciento para el resto de la donación.	Celaá respondía así a las preguntas de la portavoz de Ciudadanos en materia de Educación, Marta Martín. La diputada cuestionaba a la ministra la decisión del Ejecutivo de revisar las deducciones a los padres de la concertada por considerar que se trata un "hachazo" a la clase media, ya que "podría suponer hasta 3.000 euros por familia".	El presidente del Consejo de Economistas, Valentín Pich, pidió ayer a la Agencia Tributaria que no cambie las reglas del juego a mitad de partido. A este respecto aseguró que si los Gobiernos quieren cambiar las normas o sus interpretaciones es necesario que se sepa con antelación para no crear una gran bolsa de problemas que luego es dificil de solucionar y que acaba colapsando los tribunales de justicia.	Como consecuencia de que se dejen de considerar estas cuotas como donaciones, Rubén Gimeno advirtió ya en el mes de noviembre que los centros deberán declarar por estos ingresos adicionales en el Impuesto sobre Sociedades, gravados al 25 por ciento. Algunos colegios concertados incluyen estos pagos de los padres en Fundaciones y los certificados de los pagos son los empleados para solicitar la desgravación en Renta.	Ayer, en el Congreso, a las críticas de la diputada de los 'naranajas' se ha unido el portavoz parlamentario del partido que preside Albert Rivera, Juan Carlos Girauta. En declaraciones a los medios ha considerado "alarmante" que el Gobierno "deje la puerta abierta" a estas devoluciones. "Nos parece que, de nuevo, se trata de utilizar los impuestos como algo ideológico, de gravar aquello que al Gobierno no le gusta y, en todo caso, es retroactivo y atenta contra la seguridad jurídica", ha apuntado.	La medida fue rechazada ayer por el PP. Su portavoz parlamentaria, Dolors Montserrat, ha señalado que su partido siempre ha defendido todas las redes educativas que hay en el país, la pública, la concertada y la privada, porque defienden la libertad de elección de los padres para educar a sus hijos. Aprovechando la ocasión, atacó a Ciudadanos, a quien acusó de estar en contra de la concertada en Murcia y a favor en Castilla-La Mancha.	Por su parte, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, ha hecho un alegato en favor de la escuela pública como "mejor forma de garantizar el futuro y la dignidad" de la educación en España, e indicó que "la concertada debe ser subsidiaria de este modelo". Sin embargo, no opinó sobre el anuncio del Ejecutivo al revelar que no la había analizado en detalle.	elEconomista no se hace responsable de las opiniones expresadas en los comentarios y los mismos no constituyen la opinión de elEconomista. No obstante, elEconomista no tiene obligación de controlar la utilización de éstos por los usuarios y no garantiza que se haga un uso diligente o prudente de los mismos. Tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la identidad de los usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los usuarios proporcionan y excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la utilización de los mismos o que puedan deberse a la ilicitud, carácter lesivo, falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la información proporcionada.	
Hachazo de Hacienda de 1.000 millones: los padres tendrán que devolver lo desgravado por el colegio concertado