Entre más me informo, más me convenzo que toda la arquitectura legal del tema de las luminarias estuvo viciado desde su origen. Aparte, su manejo fue sesgado y calculado (habiendo muchos implicados ya sea por comisión u omisión y se les debe responsabilizar). Para ubicar todo este premeditado entramado de presunta corrupción y complicidad, partiré por puntualizar que el 16 de enero del 2018, el entonces edil capitalino José Ramón Enríquez Herrera mandó a la LXVII Legislatura del Congreso del Estado una iniciativa de decreto para solicitar la autorización al municipio para concesionar el servicio de alumbrado público a través de una asociación público-privado por 12 años. Lo curioso, es que una semana antes de que Enríquez dejara su cargo para contender a senador, en el Congreso se aprobó tal controvertida y millonaria solicitud (todo fríamente calculado).	Ahora, entrando a la danza de los millones, repetir los números que ya son del dominio público sería reiterativo, sólo me limito a decir que hay un sobreprecio por el orden de los 800 millones; aparte las cantidades proyectadas nunca han cuadrado pero sí se votaron. ¿Y quienes lo hicieron? Según el petista Rigoberto Quiñones, fueron los diputados panistas y priistas y otros comparsas excepto los del Trabajo. ¿Será? Pero según testimonios, la Comisión de Hacienda estaba integrada por los Diputados Patricia Jiménez Delgado (presidentE), Rosa María Triana Martínez, Gina G. Campuzano González, Gerardo Villarreal Solís, Luis Enrique Benítez Ojeda, José Gabriel Rodríguez Villa y Rigoberto Quiñones Samaniego. Según consta, todos emitieron su dictamen favorable a tan “iluminado” proyecto. ¿Qué dice Rigo? ¿Qué dice Benítez? ¿Caiga quien caiga?	Siguiendo por la línea del tiempo, pero en reversa, el miércoles 22 de mayo del 2019, en un medio informativo impreso, el diputado local Iván Gurrola Vega hizo señalamientos muy delicados y tendenciosos, los cuales no se pueden pasar por alto. ¿Se enteraría la Fiscalía Anticorrupción? Al parecer no. Según el citado, los diputados de la pasada legislatura fueron cómplices de un fraude al aprobar un crédito, para la adquisición de más de 35 mil luminarias en el municipio de Durango y el decreto no fue publicado en la gaceta como era la obligación del Congreso, lo cual es un fraude y según el “primor” tal estafa la puso al descubierto la senadora Xóchitl Gálvez al comentar que las luminarias debieron haber costado 400 millones y no 900, por lo cual fue un robo y serían cómplices los diputados. Aparte, la legisladora señaló que sin duda se realizó un contrato leonino con una empresa que también vendió en sobreprecio lámparas en los municipios de Cozumel y Miguel Hidalgo (habrá que investigar a tal “abusona” empresa). ¿Y no será fantasma?	Volviendo a Gurrola Vega, este comenta y enfáticamente que esta legislatura (la actual) no será cómplice de la estafa, razón por lo cual no se irá a publicar en la gaceta oficial. Derivado de ello, el tema carece de legalidad. Y ya “encendido y lampareado” el diputado, amenazó con acudir a la Contraloría del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar el atraco y así empezar una investigación e ir al fondo para efecto de recurrir a todos los procedimientos judiciales a que haya lugar para que tal delito no quede impune. Ante tal amenazante pronunciamiento por parte de Gurrola Vega, me di a la tarea de investigar si hay alguna denuncia o un procedimiento abierto al respecto y no hay absolutamente nada, entonces se evidencia una vez más que Iván el “primor” sigue de protagónico mediático “tirando la piedra y escondiendo la mano”. Y peor aún, en ninguna de sus declaraciones ni siquiera “toca ni con el pétalo de una rosa” a Enríquez.	Retomando la dinámica del tiempo pero ahora en tiempo presente, la ya polémica estafa volvió a acaparar los reflectores cuando el Cabildo en su mayoría aprobó revocar el leonino contrato con la abusona empresa “Industrias Sola Basic” y por las declaraciones del edil Jorge Salum de las cuales comentaré las más relevantes: que el Congreso y cabildo pasados, quienes autorizaron dar inicio a un proceso de negociación, para concesionar el alumbrado público ¡no supervisaron la fundamentación! Caso cabildo, el cual omitió incluir el documento de los montos del contrato (ah caray) además el ex Director Municipal de Finanzas (Pereda) intentó inscribir el contrato en el Registro Público, lo cual fue rechazado, por ende jurídicamente el contrato no existe, por lo tanto e ilegalmente la anterior administración pagó puntualmente sus mensualidades y muy caras. ¡Y a los proveedores que se los llevara el carajo! Aparte, faltan 400 lámparas, lo del ahorro eléctrico una falacia, y volviendo a lo curioso de los tiempos, qué casualidad que en los tiempos de campaña donde Enríquez participó y se ausentó de la presidencia, fue cuando Alfredo Duenweg firmó el “viciado contrato”. ¿Coincidencia? En política no la hay, sino ingenuos. Volviendo a Salum, plantea ciertos escenarios para salir del paso: A) Llegar a un acuerdo económico con la empresa y habla de 450 millones y para ello se contrataría un crédito (no, lo del empréstito que sea para la contingencia climática); B) Abrir un proceso judicial partiendo de capitalizar todas las anomalías y debilidades jurídicas sustantivas, al grado que el contrato legalmente es inexistente, lo que da pie para iniciar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.	Ante esto último, yo opino que tales escenarios se deben hacer igual pero al revés: primero y de forma conjunta, negociar con la empresa un acuerdo coyuntural basado en que esta siga proveyendo el servicio que lo contempla la Constitución y por ello y mientras tanto se le pagaría una cierta cantidad, y lo del contrato inexistente se tendría que sustituir por otro provisional y en otras condiciones. Aquí es oportuno comentar que si dicha empresa es reconocida y está posicionada, no le convendría un pleito que la evidencie a nivel nacional de cómplice y “abusona”. Este caso tiene un tufo de corrupción como el de la compra con sobreprecio de Agronitrogenados, donde está implicado Emilio Lozoya y ahora los involucrados están ofreciendo devolver parte de la transa “sobre precio”. Apriétalos Jorge y verás y si cabestrean, cuando vean que ya interpusiste una denuncia en la Fiscalía, se alinearán, y acudir a dicha instancia no es una opción sino una obligación ética y jurídica (no hay vuelta atrás), pero para ello te recomiendo que más allá de dar un “manotazo” enfocando y proyectando correctamente el tema, tendrás que dar un “tijeretazo” cortando de raíz la relación laboral con todos tus colaboradores que estén implicados, de no hacerlo no sólo tu gobierno tendrá un velo de complicidad sino de responsabilidad jurídica, y lo explico partiendo de lo que dijo el aguerrido panista Rómulo Campuzano, quien señala que el galeno Enríquez es el responsable directo del caso de las luminarias, pero igual reconoce que pueden existir responsabilidades para diputados anteriores, entre otros, por no haber hecho bien su trabajo, revisando o sustentando, por lo cual pudieran estar “embarrados”. ¡No!, se dice implicados, y según el Código Penal del Estado, en su Artículo 334, el delito de uso indebido de atribuciones y facultades: 1. El Servidor Público, que indebidamente: a) otorgue concesiones de prestaciones de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes del patrimonio del Estado; b) otorgue permisos, licencias, adjudicaciones u autorizaciones, de contenido económico; c) siendo responsables de administrar y verificar directamente el cumplimiento de los términos de una concesión, permiso, asignación o contrato, se haya abstenido de cumplir con dicha obligación (¿Más claro?), al culpable se le impondrá penas de 6 meses a 2 años de prisión y una multa económica estipulada. En la estafa calculada, hay implicados y pagarán “justos por pecadores”.	Jorge: es hora de gobernar; es hora de ejercer el poder lo cual significa tomar decisiones difíciles, pero como dijo Obama: “La política no es para corazones débiles” y un buen gobernante es como un buen capitán, el cual sabe “qué barco hundir y en cuál navegar”. Y si te conduces por las aguas de la ética y la justicia, no sólo fortalecerás el Estado de Derecho sino dignificarás la política y por esos encauces, contarás con el apoyo ciudadano al que representas.	Entre más me informo, más me convenzo que toda la arquitectura legal del tema de las luminarias estuvo viciado desde su origen. Aparte, su manejo fue sesgado y calculado (habiendo muchos implicados ya sea por comisión u omisión y se les debe responsabilizar). Para ubicar todo este premeditado entramado de presunta corrupción y complicidad, partiré por puntualizar que el 16 de enero del 2018, el entonces edil capitalino José Ramón Enríquez Herrera mandó a la LXVII Legislatura del Congreso del Estado una iniciativa de decreto para solicitar la autorización al municipio para concesionar el servicio de alumbrado público a través de una asociación público-privado por 12 años. Lo curioso, es que una semana antes de que Enríquez dejara su cargo para contender a senador, en el Congreso se aprobó tal controvertida y millonaria solicitud (todo fríamente calculado).	Ahora, entrando a la danza de los millones, repetir los números que ya son del dominio público sería reiterativo, sólo me limito a decir que hay un sobreprecio por el orden de los 800 millones; aparte las cantidades proyectadas nunca han cuadrado pero sí se votaron. ¿Y quienes lo hicieron? Según el petista Rigoberto Quiñones, fueron los diputados panistas y priistas y otros comparsas excepto los del Trabajo. ¿Será? Pero según testimonios, la Comisión de Hacienda estaba integrada por los Diputados Patricia Jiménez Delgado (presidentE), Rosa María Triana Martínez, Gina G. Campuzano González, Gerardo Villarreal Solís, Luis Enrique Benítez Ojeda, José Gabriel Rodríguez Villa y Rigoberto Quiñones Samaniego. Según consta, todos emitieron su dictamen favorable a tan “iluminado” proyecto. ¿Qué dice Rigo? ¿Qué dice Benítez? ¿Caiga quien caiga?	Siguiendo por la línea del tiempo, pero en reversa, el miércoles 22 de mayo del 2019, en un medio informativo impreso, el diputado local Iván Gurrola Vega hizo señalamientos muy delicados y tendenciosos, los cuales no se pueden pasar por alto. ¿Se enteraría la Fiscalía Anticorrupción? Al parecer no. Según el citado, los diputados de la pasada legislatura fueron cómplices de un fraude al aprobar un crédito, para la adquisición de más de 35 mil luminarias en el municipio de Durango y el decreto no fue publicado en la gaceta como era la obligación del Congreso, lo cual es un fraude y según el “primor” tal estafa la puso al descubierto la senadora Xóchitl Gálvez al comentar que las luminarias debieron haber costado 400 millones y no 900, por lo cual fue un robo y serían cómplices los diputados. Aparte, la legisladora señaló que sin duda se realizó un contrato leonino con una empresa que también vendió en sobreprecio lámparas en los municipios de Cozumel y Miguel Hidalgo (habrá que investigar a tal “abusona” empresa). ¿Y no será fantasma?	Volviendo a Gurrola Vega, este comenta y enfáticamente que esta legislatura (la actual) no será cómplice de la estafa, razón por lo cual no se irá a publicar en la gaceta oficial. Derivado de ello, el tema carece de legalidad. Y ya “encendido y lampareado” el diputado, amenazó con acudir a la Contraloría del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar el atraco y así empezar una investigación e ir al fondo para efecto de recurrir a todos los procedimientos judiciales a que haya lugar para que tal delito no quede impune. Ante tal amenazante pronunciamiento por parte de Gurrola Vega, me di a la tarea de investigar si hay alguna denuncia o un procedimiento abierto al respecto y no hay absolutamente nada, entonces se evidencia una vez más que Iván el “primor” sigue de protagónico mediático “tirando la piedra y escondiendo la mano”. Y peor aún, en ninguna de sus declaraciones ni siquiera “toca ni con el pétalo de una rosa” a Enríquez.	Retomando la dinámica del tiempo pero ahora en tiempo presente, la ya polémica estafa volvió a acaparar los reflectores cuando el Cabildo en su mayoría aprobó revocar el leonino contrato con la abusona empresa “Industrias Sola Basic” y por las declaraciones del edil Jorge Salum de las cuales comentaré las más relevantes: que el Congreso y cabildo pasados, quienes autorizaron dar inicio a un proceso de negociación, para concesionar el alumbrado público ¡no supervisaron la fundamentación! Caso cabildo, el cual omitió incluir el documento de los montos del contrato (ah caray) además el ex Director Municipal de Finanzas (Pereda) intentó inscribir el contrato en el Registro Público, lo cual fue rechazado, por ende jurídicamente el contrato no existe, por lo tanto e ilegalmente la anterior administración pagó puntualmente sus mensualidades y muy caras. ¡Y a los proveedores que se los llevara el carajo! Aparte, faltan 400 lámparas, lo del ahorro eléctrico una falacia, y volviendo a lo curioso de los tiempos, qué casualidad que en los tiempos de campaña donde Enríquez participó y se ausentó de la presidencia, fue cuando Alfredo Duenweg firmó el “viciado contrato”. ¿Coincidencia? En política no la hay, sino ingenuos. Volviendo a Salum, plantea ciertos escenarios para salir del paso: A) Llegar a un acuerdo económico con la empresa y habla de 450 millones y para ello se contrataría un crédito (no, lo del empréstito que sea para la contingencia climática); B) Abrir un proceso judicial partiendo de capitalizar todas las anomalías y debilidades jurídicas sustantivas, al grado que el contrato legalmente es inexistente, lo que da pie para iniciar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.	Ante esto último, yo opino que tales escenarios se deben hacer igual pero al revés: primero y de forma conjunta, negociar con la empresa un acuerdo coyuntural basado en que esta siga proveyendo el servicio que lo contempla la Constitución y por ello y mientras tanto se le pagaría una cierta cantidad, y lo del contrato inexistente se tendría que sustituir por otro provisional y en otras condiciones. Aquí es oportuno comentar que si dicha empresa es reconocida y está posicionada, no le convendría un pleito que la evidencie a nivel nacional de cómplice y “abusona”. Este caso tiene un tufo de corrupción como el de la compra con sobreprecio de Agronitrogenados, donde está implicado Emilio Lozoya y ahora los involucrados están ofreciendo devolver parte de la transa “sobre precio”. Apriétalos Jorge y verás y si cabestrean, cuando vean que ya interpusiste una denuncia en la Fiscalía, se alinearán, y acudir a dicha instancia no es una opción sino una obligación ética y jurídica (no hay vuelta atrás), pero para ello te recomiendo que más allá de dar un “manotazo” enfocando y proyectando correctamente el tema, tendrás que dar un “tijeretazo” cortando de raíz la relación laboral con todos tus colaboradores que estén implicados, de no hacerlo no sólo tu gobierno tendrá un velo de complicidad sino de responsabilidad jurídica, y lo explico partiendo de lo que dijo el aguerrido panista Rómulo Campuzano, quien señala que el galeno Enríquez es el responsable directo del caso de las luminarias, pero igual reconoce que pueden existir responsabilidades para diputados anteriores, entre otros, por no haber hecho bien su trabajo, revisando o sustentando, por lo cual pudieran estar “embarrados”. ¡No!, se dice implicados, y según el Código Penal del Estado, en su Artículo 334, el delito de uso indebido de atribuciones y facultades: 1. El Servidor Público, que indebidamente: a) otorgue concesiones de prestaciones de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes del patrimonio del Estado; b) otorgue permisos, licencias, adjudicaciones u autorizaciones, de contenido económico; c) siendo responsables de administrar y verificar directamente el cumplimiento de los términos de una concesión, permiso, asignación o contrato, se haya abstenido de cumplir con dicha obligación (¿Más claro?), al culpable se le impondrá penas de 6 meses a 2 años de prisión y una multa económica estipulada. En la estafa calculada, hay implicados y pagarán “justos por pecadores”.	Jorge: es hora de gobernar; es hora de ejercer el poder lo cual significa tomar decisiones difíciles, pero como dijo Obama: “La política no es para corazones débiles” y un buen gobernante es como un buen capitán, el cual sabe “qué barco hundir y en cuál navegar”. Y si te conduces por las aguas de la ética y la justicia, no sólo fortalecerás el Estado de Derecho sino dignificarás la política y por esos encauces, contarás con el apoyo ciudadano al que representas.domingo 02 de agosto de 2020 Tal cual martes 28 de julio de 2020 Visión domingo 26 de julio de 2020 Tal cual	

Tal cual 