Con la aprobación de la Ley de Emergencia, el gobernador Axel Kicillof se aseguró uno de los tres pilares del esquema de gobernabilidad que diseñó para la primera etapa de su mandato, un breve período de “shock” que vence el 15 de abril, previo al despliegue del plan de mediano y largo plazo. Ahora, buscará las otras dos herramientas clave: la ley fiscal, eje de una negociación ya abierta con la oposición y la renegociación de la deuda.	En el transcurso de negociación parlamentaria por la emergencia, Kicillof dejó claro cuál es su prioridad inmediata: instruyó especialmente para no demorar siquiera una semana más la aprobación de los artículos que posibilitan la renegociación de la deuda. Y lo logró: obtuvo una habilitación para emitir hasta $74 mil millones, que equivalen a los vencimientos del primer trimestre de 2020 y que solo podrán destinarse a ese fin.	En la hoja de ruta del oficialismo de lo que se trata es de conjurar el primer cuello de botella, los vencimientos de enero, que suman más de USD600 millones y amenazaban con convertirse en un dolor de cabeza. El ministro de Economía, Pablo López, que ya viene conversando con acreedores privados, podrá ahora formalizar el proceso. Con un plus: el OK Legislativo significa un respaldo político que mejora su posición negociadora.	Aunque por una cuestión obvia de estrategia las coordenadas de esa negociación se mantienen en reserva, hay una primera definición importante. En línea con lo que ocurre a nivel nacional, Kicillof piensa en principio en estirar plazos de pagos y, aunque no descarta emitir nueva deuda para pagar ahora, intentará minimizar esa opción. El recurso al “roll over”, un mecanismo que no cambia las condiciones básicas de los papeles en cuestión, está sobre el tapete.	Pero la cuestión de la deuda no agota el sentido de las emergencias. En materia social, por ejemplo, la aprobación permitió ejecutar programa que estaban frenados. Y hay otros dos expedientes que aportan “aire” al arranque de la gestión. Uno es el acuerdo con Rogelio Pagano, el dueño de la distribución eléctrica en todo el interior, para congelar las tarifas seis meses. El otro es el freno al traspaso de Edenor y Edesur, que evita erogaciones por unos $10 mil millones.	La contracara necesaria de ese despliegue inicial es la conformidad en general de la oposición, que votó casi todo el esquema. En Juntos por el Cambio anotan que, a cambio, “colaron” tres cuestiones, que juzgan clave. 1) Limitar a un año (prorrogable solo por otro) la vigencia de la emergencia, que en la redacción original se extendía eventualmente a cuatro, es decir todo el mandato 2) Limitar al 15 de abril la prórroga del presupuesto. 3) Incluir el fondo para obras municipales.	En la entretela de esa negociación apareció el resquemor de algunos intendentes por un artículo, el 34, que centralizaba en provincia el giro de fondos nacionales para obras locales. Además de convertirse en 31, el alcance del artículo fue atenuado, y Kicillof solo tendrá información anticipada y actualizada sobre el destino de los fondos ¿Una manera de estar al tanto de los pasos de Gabriel Katopodis en PBA? Ministro e intendentes en licencia, es el armador de Alberto Fernández en el Conurbano.	Algunas de esas medidas figuraban en la caja de herramientas del gobierno, para aplicarse más adelante. Otras, son parte de los puntos que en todo proyecto se incluyen para ser cedidos. Pero la limitación de la vigencia de la prórroga del presupuesto hasta el 15 de abril, superflua desde el punto de vista técnico porque si no se dicta uno nuevo automáticamente seguirá vigente el de este año, tiene un significado político especial.	Por motivos muy diferentes, el gobernador maneja una periodización parecida. Pero para él, lo que comenzará luego de abril no se un periodo de mayor endeudamiento, sino la aplicación de los planes de mediano y largo plazo. Algo así como su verdadero gobierno. La ley impositiva, que ingresará al parlamento la semana entrante, es la primera herramienta de ese despliegue de fondo, adelantado por obvias necesidades fiscales.	Un índice de la centralidad que el gobernador le asigna a la cuestión es una reunión reservada que mantuvo con Paolo Rocca, el CEO de Techint, poco antes de asumir. Kicillof le hizo un pedido especial: que traslade la sede de la trasnacional a la provincia, para que tribute aquí. Rocca se limitó a sonreír, pero tal vez no sea el único gran empresario que reciba un pedido similar, ya que el gobernador evalúa la idea de impulsar un gran polo industrial.	Mientras, el proyecto impositivo que terminan de definir López con Cristian Girar, el nuevo director de ARBA, tendría aumentos fuertes algunas alícuotas de Ingresos Brutos e Inmobiliario, para “ajustarlas a una mayor progresividad”. Hay poca chances de que se incluyan nuevos tributos, pero probablemente haya tensión con la oposición: es casi seguro que se buscará aumentar la presión sobre el sector rural –no es el único- algo que JpC ya decidió “resistir”.	Hay, con todo, motivos para el acuerdo: atados a esa norma, están los sillones para la oposición en los directorios de organismos y empresas públicos. Vidal pide lo mismo que terminó teniendo el peronismo en su mandato. Pero Kicillof quiere blindar un ámbito clave: el Banco Provincia. No está dispuesto a ceder tres sillones, bajo el argumento de que necesita acompañamiento para el rediseño “profundo” que quiere implementar allí. Final abierto, entonces. (DIB)	
 Panorama político bonaerense: Kicillof se asegura el esquema para arrancar