La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) se unió ayer a la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) y ha alertado de que la reforma de la ley de renovación y modernización turística de Canarias, que se aprobará mañana en el Parlamento regional, “vulnera competencias y supone un auténtico expolio a los derechos de los propietarios de viviendas vacacionales”. La Federación indicó que la nueva ley “prohíbe el alquiler por largas temporadas en los complejos de apartamentos, pone trabas al alquiler solo de habitaciones, impone que las comunidades de vecinos deban aceptar por mayoría el alojamiento o establece que sea la empresa y no el turista el que debe hacerse responsable de garantizar el respeto a las normas de la comunidad y de las infracciones cometidas por estos últimos”.	La propuesta que está avalada, inicialmente, por todos los grupos de la Cámara, menos por el Partido Popular (PP), será recurrida ante el Tribunal Constitucional por la Ascav en caso de aprobarse, porque “contradice las últimas resoluciones del Tribunal Supremo y se extralimita con competencias que no le pertenecen”.La patronal denuncia que la ley se ampara en el interés general y en la falta de vivienda asequible, pero asegura que los datos demuestran que el total de viviendas vacacionales en el Archipiélago representa solo el 3% del parque total de viviendas.	Canarias registra 138.262 viviendas vacías que no se ponen en alquiler, frente al déficit actual que se cifra en 40.000 viviendas. De esta forma, “las cifras demuestran que este supuesto interés es injustificado y se vuelve a poner de manifiesto la demonización de un sector económico que en los últimos dos años ha generado más de 124.000 millones de euros en España”. Fevitur recordó, además, que, según datos de la consultora InAtlas y confirmados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el impacto de la vivienda vacacional sobre el precio del alquiler es inferior al 2%.	

								Fevitur alerta de que la nueva ley turística “expolia” a los dueños de las viviendas vacacionales							