No hay duda que la autonomía de las universidades públicas de los estados es saludable siempre y cuando se entienda que esa característica debe aplicarse a su forma de organización interna. El problema es que en la práctica han funcionado, en muchos casos, como si de estados soberanos se trataran, pero sólo por cuanto al pretendido ejercicio de derechos, pero sin obligaciones, tales como generar los mecanismos institucionales para su auto sustentabilidad.	En otros países, las universidades públicas viven de sus proyectos de investigación en sinergia con las empresas privadas, con la impartición de cursos de extensión universitaria y de muchas otras fórmulas para allegarse recursos lo que les da la autonomía, en el mejor sentido de la expresión. En México, la ecuación es exactamente al contrario, producen poca o nula investigación de impacto en el mercado productivo y buscan que todas sus ocurrencias (sueldos sin límites, prestaciones fuera de los estándares habituales y un sistema de jubilaciones y pensiones a contrapelo del sector público centralizado) vayan a cargo del erario; es decir, de usted y de mí y de todos la sociedad mexicana, sin transparencia, rendición de cuentas, racionalidad del gasto ni proyectos actuariales (no ideológicos o subjetivos) de por qué el pueblo debe apoyar al infinito su permanente crisis para “rescatarlas” en un ciclo que no tiene fin ni lo tendrá si se sigue esa misma ruta.	En buena parte de las universidades públicas hay problemas económicos- en mayor o menor medida- y en algunas la circunstancia es de estado crítico por la corrupción y la impunidad como tejidos institucionales. Tal es el caso, por ejemplo, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde muy pocos depredan los recursos públicos y la mayoría sufre las consecuencias en una red aceitada de malversación sistémica en sus resultados, como lo ha denunciado el valiente secretario general del Sindicato Único de Empleados de la UMSNH, Eduardo Tena, un hombre honesto y líder sindical atípico por su defensa real de sus agremiados.	Las soluciones son muy sencillas, pero falta voluntad política para ponerla en marcha. La primera es que el tesorero y el contralor (o como se le denomine en cada universidad pública) sean designados por el Congreso local al margen de la esfera de influencia de los rectores, junta de gobierno, juntas directivas o como quiera que se les llame. Es el primer punto de partida para saber qué y cómo se ejercen los recursos públicos (con independencia de que sean federales, estatales o municipales). Otra solución que ha tenido buenos resultados en la experiencia comparada es apoyar directamente a los estudiantes para que seleccionen dónde quieren estudiar y se genere una saludable competencia por la calidad formativa de las nuevas generaciones sin dar dinero directamente a los beneficiarios, sino directamente a los centros universitarios elegidos, ya sean públicos o privados. Puede, sin duda, haber muchas otras opciones intermedias de solución para este flagelo que no tiene ninguna solución si se sigue el camino de siempre, presión, extorsión y negociación de la paz pública por dinero de la comunidad como si de cárteles del crimen organizado se tratara. Hay casos paradigmáticos de cómo ejercer recursos públicos de forma racional y transparente y de creación de distintos rubros para mejorar sus arcas, como la Universidad de Guadalajara, que es una de las pocas excepciones a la regla y que debería ser un referente de cómo debe funcionar una universidad pública cuyos rasgos pueden replicarse.	Lo importante es que debe haber un alto a la fórmula del chantaje en el nuevo régimen que debe priorizar las necesidades más urgentes de la comunidad y mantenerse firme frente a la extorsión que tiene lugar año tras año en distintas universidades públicas estatales que ya encontraron su modus vivendi que debe terminar por el bien de la salud moral y económica del país.	No hay duda que la autonomía de las universidades públicas de los estados es saludable siempre y cuando se entienda que esa característica debe aplicarse a su forma de organización interna. El problema es que en la práctica han funcionado, en muchos casos, como si de estados soberanos se trataran, pero sólo por cuanto al pretendido ejercicio de derechos, pero sin obligaciones, tales como generar los mecanismos institucionales para su auto sustentabilidad.	En otros países, las universidades públicas viven de sus proyectos de investigación en sinergia con las empresas privadas, con la impartición de cursos de extensión universitaria y de muchas otras fórmulas para allegarse recursos lo que les da la autonomía, en el mejor sentido de la expresión. En México, la ecuación es exactamente al contrario, producen poca o nula investigación de impacto en el mercado productivo y buscan que todas sus ocurrencias (sueldos sin límites, prestaciones fuera de los estándares habituales y un sistema de jubilaciones y pensiones a contrapelo del sector público centralizado) vayan a cargo del erario; es decir, de usted y de mí y de todos la sociedad mexicana, sin transparencia, rendición de cuentas, racionalidad del gasto ni proyectos actuariales (no ideológicos o subjetivos) de por qué el pueblo debe apoyar al infinito su permanente crisis para “rescatarlas” en un ciclo que no tiene fin ni lo tendrá si se sigue esa misma ruta.	En buena parte de las universidades públicas hay problemas económicos- en mayor o menor medida- y en algunas la circunstancia es de estado crítico por la corrupción y la impunidad como tejidos institucionales. Tal es el caso, por ejemplo, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde muy pocos depredan los recursos públicos y la mayoría sufre las consecuencias en una red aceitada de malversación sistémica en sus resultados, como lo ha denunciado el valiente secretario general del Sindicato Único de Empleados de la UMSNH, Eduardo Tena, un hombre honesto y líder sindical atípico por su defensa real de sus agremiados.	Las soluciones son muy sencillas, pero falta voluntad política para ponerla en marcha. La primera es que el tesorero y el contralor (o como se le denomine en cada universidad pública) sean designados por el Congreso local al margen de la esfera de influencia de los rectores, junta de gobierno, juntas directivas o como quiera que se les llame. Es el primer punto de partida para saber qué y cómo se ejercen los recursos públicos (con independencia de que sean federales, estatales o municipales). Otra solución que ha tenido buenos resultados en la experiencia comparada es apoyar directamente a los estudiantes para que seleccionen dónde quieren estudiar y se genere una saludable competencia por la calidad formativa de las nuevas generaciones sin dar dinero directamente a los beneficiarios, sino directamente a los centros universitarios elegidos, ya sean públicos o privados. Puede, sin duda, haber muchas otras opciones intermedias de solución para este flagelo que no tiene ninguna solución si se sigue el camino de siempre, presión, extorsión y negociación de la paz pública por dinero de la comunidad como si de cárteles del crimen organizado se tratara. Hay casos paradigmáticos de cómo ejercer recursos públicos de forma racional y transparente y de creación de distintos rubros para mejorar sus arcas, como la Universidad de Guadalajara, que es una de las pocas excepciones a la regla y que debería ser un referente de cómo debe funcionar una universidad pública cuyos rasgos pueden replicarse.	Lo importante es que debe haber un alto a la fórmula del chantaje en el nuevo régimen que debe priorizar las necesidades más urgentes de la comunidad y mantenerse firme frente a la extorsión que tiene lugar año tras año en distintas universidades públicas estatales que ya encontraron su modus vivendi que debe terminar por el bien de la salud moral y económica del país.	

Universidades estatales, barril sin fondo
