Las crisis argentinas son recurrentes desde hace largas décadas y se han producido bajo gobiernos de distinto signo. Son determinantes para ello problemas de indudable gravedad que no logramos resolver como la magnitud de la pobreza, la corrupción sistémica, la imposibilidad de estabilizar un proceso de crecimiento y la de consensuar mínimas políticas de Estado en temas cruciales como la educación, la salud, la seguridad, el trabajo y reglas básicas estables en materia económica que permitan desarrollar las actividades con un razonable grado de previsibilidad.	Hay, en paralelo, una notable falta de apego a la ley que nos acerca a una peligrosa anomia. Un elevado porcentaje de la sociedad no confía en los poderes del Estado ni espera de la Justicia una resolución fundada y razonable de situaciones conflictivas. La dirigencia política, económica y social afronta, igualmente, un fuerte desprestigio.	Nada de esto es novedoso pero, sin duda, este cuadro de situación debe preocuparnos e impulsarnos a encontrar caminos aptos para encarar problemas cuya gravedad y urgencia sería absurdo e irresponsable ignorar. La crisis actual puede potenciarlos y generar riesgos aún mayores, para las personas y también para las instituciones democráticas que, más allá de sus falencias e insuficiencias, siguen garantizando la mejor forma de convivencia posible y acerca de cuya plena vigencia sí existe consenso generalizado.	Por ello, invitamos a iniciar una Conversación Nacional, multiplicada a lo largo y ancho del país, en la cual participen todas las ciudadanas y ciudadanos que tengan la predisposición a ser parte de un verdadero cambio cultural, integrantes de organizaciones empresarias, sindicales, sociales, funcionarios e integrantes de las diversas fuerzas políticas.	
Conversación nacional