La portavoz de la formación naranja, Carmen Picazo, había solicitado desarrollar alternativas de conciliación para las familias afectadas por el cierre temporal de estos centros educativos “incluyendo la creación de un servicio de cuidadores en el hogar destinado a este tipo de alumnado en especial los de los niños con alta afectación y dependencia”.	Además, la formación reclama el “traslado domiciliario de los recursos específicos de los centros de educación especial como terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y logopedas a los domicilios de las familias que lo demanden cuando estos centros educativos sufran un cierre temporal o los alumnos estén dentro de una cuarentena”, incluyendo presupuesto para hacerlo.	Además, aclaraba que, en estos centros, “no hay logopedas sino especialistas en audición y lenguaje” y criticaba la postura de Ciudadanos: “Hacer creer a las familias que existe esa figura no les beneficia. Ustedes dan expectativas no ajustadas a la realidad. Tampoco hay fisioterapeutas”, para tratamientos específicos sino para la corrección postural del alumno.	Se trata, recordaba la consejera, de “alumnado que requiera una respuesta educativa que no pueda ser proporcionada por centros ordinarios para cursar la etapa de Educación Infantil, Educación Básica Obligatoria y Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta Básica o de Capacitación” y apuntaba que esta modalidad de escolarización es además “revisable y reversible para favorecer los procesos de retorno a modalidades ordinarias de escolarización para lograr mayor inclusión.	Ciudadanos ha reclamado también apoyarse en la “teleintervención” cuando el traslado de recursos al domicilio no sea posible e incluir una partida dentro de los Presupuestos regionales para 2021 destinado a facilitar la conciliación de las familias con hijos con discapacidad para ser desarrollada por servicios públicos o entidades del tercer sector.	El diputado Vicente Aroca comentaba que su grupo apoya los argumentos de Ciudadanos sobre los centros de educación especial porque estos alumnos “no pueden perder los tratamientos que reciben” en caso de cierre temporal por razón de la crisis sanitaria, pero centraba su discurso en la ley educativa nacional, la conocida como Ley Celáa, que en su opinión es “unilateral y sin vocación de diálogo con la comunidad educativa”.	De hecho, lo que señala la ley es que en el plazo de diez años “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios” para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales y que además la Administración continúe prestando el apoyo necesario para que estos centros desempeñen la función de centros de referencia y apoyo a los ordinarios, sin hablar de cierres.	

                        Rosana Rodríguez aclara a Ciudadanos que "los centros de educación especial no hacen terapia clínica sino intervención socio-educativa"
        