La falta de recursos económicos paralizó la investigación del caso de corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn) debido a que las pesquisas debieron trasladarse a la ciudad de Santa Cruz y no existe dinero para el viaje del personal. Al mismo tiempo, de las declaraciones de la excoordinadora, Vivian Flores y el último memorial de la diputada Rose Marie Sandoval, se puede extraer 12 nombres de exfuncionarios y militares vinculados a este proceso y no han sido incluidos.	“No se les proporciona a la comisión investigadora los recursos para viáticos y pasajes. Esto es una obstrucción a la investigación porque todo el espacio físico de la Uelicn está en Santa Cruz y tienen que ir los investigadores a levantar el inventario de todo lo que dejó la NAS (agencia antidroga de EEUU) y comprobar los bienes”, dijo ayer la diputada Rose Marie Sandoval.	La Fiscalía investiga el caso Uelicn donde supuestamente hubo tráfico de influencias, ya que en casi seis años de licitaciones un solo grupo de empresas, encabezados por Horizontal Bolivia SRL, se adjudicó todos los contratos de mantenimiento de las aeronaves de los grupos, Diablos Rojos y Diablos Negros. Hasta el momento hay tres exfuncionarias de esa unidad detenidas en La Paz.	En la Fiscalía explicaron que, para cualquier viaje, cada institución corre con los gastos de su personal. En este caso, la Fiscalía debe pagar los viáticos de sus funcionarios y los propio ocurre con los policías que están como investigadores. Hasta el momento, la institución policial no desembolsó los recursos pese a la insistencia de su personal y en ese ente explicaron que el escándalo del caso Medina bloqueó todos los trámites.	Según los responsables de la investigación, existen nuevos datos que arrojaron las declaraciones que prestaron los involucrados, en referencia a la declaración de la excoordinadora de la Uelicn, Vivian Flores, quien vinculó a cinco personas, tres funcionarios de esa oficina y dos militares: un funcionario que era responsable de bienes y servicios, otro encargado de adquisiciones, y un enlace de los grupos especiales, entre los civiles. Entre los militares están dos excomandantes encargados del mantenimiento de las aeronaves.	Asimismo, Sandoval protestó porque hasta el momento no le respondieron a la decena de peticiones de informe escrito que mandó al Órgano Ejecutivo sobre este caso. También informó de que solicitó una audiencia al embajador de la Unión Europea en Bolivia para informarle sobre sus pesquisas. Añadió que, en una explicación preliminar, esa delegación diplomática le dijo que para esta unidad, el Gobierno destinó unos $us 10 millones producto de la ayuda internacional.	Los fiscales también esperan el informe de Migración para constatar si tres de los implicados, Nilo Honor, Pablo Quintero y una de las exfuncionarias de la Uelicn ya no está en el país y tramitar ante el juez la declaración de rebeldía para que la investigación no se detenga. Las versiones extraoficiales aseguran que ya fugaron.	
Caso Uelicn paralizado por falta de recursos y vinculan a 12 personas 