La Ley General de Víctimas entró en vigor hace siete años, pero los afectados por delitos y violaciones a derechos humanos incrementan ante los ojos del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y la Comisión Ejecutiva de Atención (CEAV), y se suman con el rezago de años anteriores, lo que ha vuelto la atención más lenta y revictimizante para los perjudicados.	Hay omisiones y una falta de coordinación en las instituciones para cumplir con sus obligaciones, lo que ha conllevado a que la CEAV enfrente 453 juicios de amparo. La falta de respuesta en pronunciarse respecto a las reparaciones integrales por delitos y violaciones de derechos humanos se debe, en parte, a la sobrecarga de trabajo que han presentado las instituciones encargadas de brindar atención a víctimas.	"En México una violación grave a derechos humanos dejó de ser la excepción y empezó a ser la cotidianidad, y cuando las atrocidades son tu normalidad muchas veces no te da la capacidad económica para poder responder a todos los estándares de reparación", refiere la directiva de Justicia Transicional en México, Daniela Malpica Neri.	Entre 2015 y 2019 los asuntos atendidos aumentaron, en promedio, 238% anualmente; sin embargo, lo asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral no presentó incremento alguno, lo cual obstaculizó la atención para las víctimas, según el Anteproyecto de Presupuesto 2021 de la Junta de Gobierno de la CEAV.	Algunas víctimas llevan años en espera de entrar en el registro, pero por devolución de documentos o porque falta el reconocimiento de la calidad de víctima ante una autoridad competente se ha negado la inscripción. Un ejemplo es el caso de Morelia, Michoacán, del 15 de septiembre de 2008, que tardó cuatro años en lograr su ingreso en el Renavi.	
Se agudizan rezagos en CEAV