La imprudencia, la impunidad y la prepotencia son tres componentes peligrosos que aceleran, se rebasan, colisionan y continúan su dantesco paso, dejando tras de sí decenas, cientos, miles de muertos y heridos en calles y carreteras de todo el país; ello, sin contar los daños a la propiedad pública y privada, los altísimos costos de oportunidad para terceros afectados y la ruptura de familias, a causa de conductores irresponsables.	Apenas ayer se registraba un aparatoso percance vial en el cual un autobús extraurbano que transportaba niños se fue a empotrar contra una de las garitas de peaje de la autopista de Palín a Escuintla. Es muy probable que el vehículo no contara con un mantenimiento adecuado o que fuese a excesiva velocidad. En ambos casos se habla de una conducta dolosa. Si bien no hubo víctimas mortales, quedaron lastimados varios pequeños. Piloto y ayudante de la unidad huyeron en vez de auxiliar a los pasajeros, según se puede constatar en el video que registró el suceso, que no es el único de su tipo en las últimas semanas.	Hace apenas una semana, el jueves 26 de septiembre, otro autobús se embarrancó en Escuintla a causa del exceso de velocidad. Se dirigía de esa cabecera a Santa Lucía Cotzumalguapa. Murieron cinco pasajeros y otros 35 quedaron con lesiones. Siete días antes, en la ruta a El Salvador, un camión sin frenos se cruzó al carril contrario y colisionó contra un autobús proveniente de Santa Rosa: dos muertos y 30 heridos. Y así se puede continuar la triste cuenta retrospectiva sin que existan a la fecha planes claros, concretos e inmediatos para combatir estas imprudencias, ya sea a través de campañas informativas, verificación de licencias de conducir en el transporte de pasajeros y de carga, aplicación de controles punitivos de velocidad y remodelación de pendientes o vueltas peligrosas, que en invierno duplican su siniestralidad.	La impunidad con la cual actúan ciertos conductores es pasmosa: desde motociclistas hasta camioneros que se cruzan con semáforo en rojo, giran en U donde está prohibido, rebasan por fuera de la cinta asfáltica o se lanzan en sentido contrario, sobre todo en áreas donde se desarrollan reparaciones viales. Tales transgresiones tienen tipificación y sanción en la Ley de Tránsito, pero no se aplican. Además, el castigo usualmente va sobre el vehículo y no contra el piloto, que simplemente se cambia de empresa y sigue con su dañoso actuar. Cabe señalar también la necesidad de exigir los reguladores de velocidad y la creación de un registro de conductores mediante el cual una infracción reste puntos a cada licencia e incluso lleve a suspenderla, según la gravedad del suceso.	La prepotencia es igual de dañina. Se manifiesta en conductas antisociales, como detener la marcha y obstaculizar el paso en donde le da la gana al conductor de vehículo particular, comercial o taxi, para lo cual únicamente enciende las luces de emergencia, como si se tratara de luces de autorización. Tales estacionamientos ilegales suceden frente a dependencias públicas y agravan el ya tortuoso tránsito. Las autoridades brillan por su ausencia en la mayoría de estas situaciones que quizá podrían ser objeto de sanción a distancia mediante el sistema de cámaras. Modernizar la legislación de tránsito es otra de esas tareas importantes, urgentes y estratégicas que el actual Congreso de la República ni siquiera se ha tomado la molestia de evaluar, quizá porque allí también campea la imprudencia.	
Ilegalidades a plena luz y en la vía pública