La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado salvadoreño ordenar, sistematizar y entregar a las víctimas, autoridades judiciales y a la sociedad en su conjunto los archivos militares que corresponden a la guerra civil, para avanzar en el conocimiento de la verdad y la persecución penal de las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados durante el conflicto armado.	En noviembre, el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Alberto Guzmán, a cargo del caso de la masacre El Mozote, perpetrada en 1981, ordenó al presidente salvadoreño Nayib Bukele, en su calidad de comandante general de las fuerzas armadas, que entregara todos los archivos militares relacionados con la matanza en la que murieron 989 campesinos.	La Comisión de la Verdad, que investigó las graves violaciones a los derechos humanos durante los 12 años de guerra civil que cobró la vida de unas 75.000 personas y dejó miles de desaparecidos, fue creada después de la firma de los Acuerdos de Paz suscritos el 16 de enero de 1992, dando por finalizado el conflicto armado.	Más de tres décadas después de la matanza, el juez Jorge Guzmán Urquilla reabrió la investigación de la masacre de El Mozote luego de que la Corte Suprema derogó la Ley de Amnistía General de 1993, que impidió que fueran investigados los delitos de lesa humanidad y los crímenes de la guerra civil salvadoreña.	La masacre ocurrió entre el 11 y 13 de diciembre de 1981 a unos 120 kilómetros al este de la capital salvadoreña durante una operación del ahora extinto batallón Atlacatl, entrenado en Estados Unidos en tácticas de contrainsurgencia. Los soldados entraron a la zona en busca de las unidades de la guerrilla, pero algunos de ellos mataron a civiles.	Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, divulgado en 1983, responsabilizó de la masacre al coronel Domingo Monterrosa, entonces comandante del batallón Atlacatl, así como al jefe de operaciones, el coronel Armando Azmitia y a otros seis oficiales entre capitanes y mayores que no fueron juzgados bajo el amparo de la ley de amnistía promovida por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) después de divulgarse el documento de la ONU.	
Pide la CIDH a El Salvador que entregue archivos de la guerra civil