La Fiscalía Superior del País Vasco ha observado indicios de un delito de revelación de secretos en la OPE de Osakidetza tras analizar las denuncias presentadas por varios sindicatos sobre presuntas irregularidades en las pruebas para seleccionar personal de 19 especialidades médicas. El Ministerio Público ha remitido sus diligencias a un juzgado para que investigue los hechos y depure las eventuales responsabilidades penales en las que hubieran podido incurrir sus autores. Sus conclusiones, fruto de ocho meses de pesquisas, son demoledoras al confirmar la absoluta falta de control en la confección de los exámenes y la arbitrariedad tanto en la elección de los tribunales calificadores como en la actuación de sus miembros antes y después de que estallara el escándalo. La Fiscalía incide, con toda lógica, en que el presunto 'enchufismo' en la adjudicación de plazas a través de la filtración de los ejercicios o de otras anomalías no habría sido posible si la dirección del Servicio Vasco de Salud hubiese actuado con la diligencia exigible para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad que han de regir el acceso a la función pública.	El fraude descubierto retrata la mayúscula torpeza con la que los gestores de Osakidetza han obrado en las oposiciones más masivas celebradas en Euskadi. No solo incumplieron su obligación de que la OPE fuera limpia y respetuosa con la igualdad de oportunidades, sino que se empeñaron durante meses en negar cualquier anomalía y solo rectificaron cuando las abrumadoras evidencias de amaños hicieron insostenible ese discurso y la permanencia en el cargo de su directora general y del director de Recursos Humanos. Si las dimisiones de ambos pretendían servir de cortafuegos para evitar que las responsabilidades políticas llegaran más lejos, la Fiscalía pone ahora el foco sobre el consejero de Salud, Jon Darpón. El Gobierno vasco ha reaccionado a rastras, tarde y mal en este caso. Ahora prepara cambios para impedir un sonrojo similar en futuras OPE en una admisión implícita de que la que es objeto de fundadas sospechas estuvo muy lejos de constituir un ejemplo de limpieza. Una mayúscula chapuza de ese tipo representa una intolerable burla a la ciudadanía, que en ningún caso se puede repetir al margen de la tipificación penal de las irregularidades que hipotéticamente pruebe la Justicia y el consiguiente veredicto de los tribunales.	
Conclusiones demoledoras