Los últimos 10 años, al menos 82 periodistas mexicanos han sido asesinados en México por motivos relacionados con su profesión. Esto ha hecho a México uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodista. Víctima de esta violencia fue Miroslava Breach, una periodista de investigación que denunciaba a grupos del crimen organizado que controlan la vida política para consolidar su control, la llamada “narcopolítica”. El 23 de marzo de 2017, Breach fue asesinada a sangre fría afuera de su casa y aunque existe una investigación judicial de su muerte ésta ha dejado cabos sueltos. El Colectivo 23 de marzo, un grupo de periodistas que trabajan en México, en colaboración con las organizaciones internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP), se unieron para develar qué se ha investigado y qué no sobre este crimen, que no debe quedar impune.	El día 23 de marzo del 2017, antes de las 6:50 de la mañana, en la ciudad de Chihuahua, la periodista Miroslava Breach Velducea esperaba a bordo de su camioneta a su hijo para llevarlo a la escuela, cuando un hombre se acercó caminando y le disparó a través del parabrisas y la ventana del piloto. Disparó ocho tiros que le provocaron heridas en los brazos, la cara, el cuello. Luego, el asesino regresó sobre la banqueta por la que había llegado y se dio a la fuga en un auto que lo esperaba a pocas cuadras.	Muy pronto se supo que la víctima era la veterana corresponsal del diario nacional La Jornada, respetada columnista y exjefa editorial del diario El Norte de Ciudad Juárez; una valiente y sagaz reportera de 54 años que, a pesar de haber recibido amenazas, mantuvo la labor de documentar la narcopolítica, en ese estado al norte de México	La versión era creíble. Miroslava había escrito sobre la colusión entre gobiernos y grupos del crimen organizado —la llamada “narcopolítica”— y la impunidad con la que éstos operan en la región montañosa del estado. Entre 2015 y 2017, publicó siete textos (entre columnas y reportajes) en los que mencionó especialmente a un grupo criminal que opera en el municipio de Chínipas, y que controla la serranía limítrofe con el estado de Sonora y el sur de dicha entidad. Es un clan familiar que se nombra como Los Salazar, Los Salazares, o Gente Nueva Salazar, que trabaja para el llamado Cártel de Sinaloa, es decir, para la estructura criminal del caído Chapo Guzmán, recientemente condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. El fundador, Adán Salazar Zamorano, un criminal en la lista de los más buscados por la agencia estadounidense antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), y su hijo Alfredo Salazar Ramírez,	Esa información detonó las amenazas: Miroslava recibió primero una intimidante advertencia telefónica de un conocido sobre el riesgo que corrían ella y su colega de Proceso. Luego fue la llamada de un funcionario que les pidió con insistencia que revelaran cómo obtuvieron la información. Después, el mensaje llegó a través de un político. Todos con remitente en Chínipas. Colegas y familiares coinciden en que ella	su presunto cómplice y hermano de crianza, Wilberth Jaciel Vega Villa, ahijado del capo preso Jesús Alfredo Salazar, quien está pedido en extradición por Estados Unidos. La persona señalada por la Fiscalía estatal como el sicario que disparó los ocho tiros contra la periodista, el sonorense Ramón Andrés Zabala Corral, fue	Aunque el supuesto orquestador del atentado está preso, el asesino material muerto y el tercer cómplice prófugo, el elemento más importante de la investigación aún queda sin aclarar: si la narcopolítica es la hipótesis del caso, ¿cuál es la relación de los criminales que asesinaron a Miroslava con personajes y grupos políticos? ¿Cuál fue la participación de esos grupos políticos en la planeación y ejecución del atentado contra la periodista? Y, sobre todo, ¿por qué la mataron?	Aunque a primera vista la indagatoria oficial parecía ejemplar y las conclusiones que presentaron al iniciar el juicio contra El Larry basadas en pruebas científicas, la carpeta de investigación con número 19/2017-8019, integrada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, y continuada desde abril de 2018 por la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (	, del ámbito federal, no puede ocultar sus deficiencias: pistas y evidencias que nunca fueron investigadas; políticos a quienes no les hicieron preguntas obvias; personas que podrían haber tenido algún grado de participación y, sin embargo, se les otorgó la calidad de testigos con identidad reservada; irregularidades en la escena del crimen; inconsistencias en las pruebas y filtraciones de información a la prensa que sirvieron como distractores de la opinión pública.	Se desconoce qué información arrojaron los archivos de la laptop en la que Miroslava trabajaba, así como sus tres teléfonos celulares, tres memorias usb y un disco duro que la familia entregó a la Fiscalía, y que permitían conocer los temas que investigaba. En el expediente sólo se hace un análisis superficial que arroja datos numéricos. Por ejemplo: en 81 archivos tenía la palabra Chínipas.	El Colectivo 23 de Marzo, formado por periodistas que trabajamos en México en colaboración con las organizaciones internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), nació para investigar este crimen que no debe quedar impune. La verdad no se elimina, matando periodistas. Este reportaje está basado en información de fuentes abierta, entrevistas a gente involucrada, seguimiento a la prensa, procesamiento de información oral vertida en la audiencia del juicio y acceso a algunas diligencias ministeriales y declaraciones de testigos, esperando con esto aportemos al debido proceso de este caso.	“El silencio es complicidad”, respondió Miroslava al ser intimidada, y lo repitió cuando le pedían que dejara de investigar. Los periodistas que integramos esta colaboración transnacional no quisimos quedarnos con el silencio de la versión oficial, y en este reportaje planteamos las preguntas que los encargados de procurar justicia han dejado sin responder.	” para combatir la impunidad contra periodistas, que había prometido el gobernador de Chihuahua Javier Corral fueron presentados nueve meses después del asesinato de Miroslava, el 27 de diciembre de 2017, durante la audiencia de apertura del proceso penal de quien, hasta la fecha, es el único detenido: Juan Carlos Moreno Ochoa.	De este hombre serrano de 44 años, hasta ese momento desconocido, se supo a lo largo de la audiencia, por la información leída por el Ministerio Público, que –aunque su abogado defensor dice que es un ganadero- al menos cuatro testigos lo señalaban de ser narcotraficante, de andar armado, de viajar en avionetas, de tener gente a su cargo, de usar y vender cocaína, y de tener bajo su control el municipio de Chínipas.	Según la narrativa oficial de los hechos, el día del asesinato, a las 6:00 am, este hombre apodado El Larry abordó un automóvil Malibú blanco en la colonia Villas del Rey, de la ciudad de Chihuahua. Según declaró luego el conductor del auto a la justicia, testigo con identidad reservada bajo el nombre de Cholugo, su jefe le había pedido transportar a ese señor serrano que cuando viajaba a la ciudad lo contrataba como chofer y mandadero. Esa mañana partieron hacia la colonia Granjas siguiendo a un Malibú de color gris, tripulado por el joven universitario Wilberth Jaciel Vega Villa y el hombre señalado como pistolero, el sonorense Andrés Zabala Corral.	El vehículo en el que iban El Larry y Cholugo se detuvo cuadras antes de llegar a la vivienda de Miroslava, mientras que el Malibú gris avanzó en dirección a la calle José María Mata. De él descendió Zabala Corral con un objeto blanco bajo el brazo, y se acercó caminando hasta la camioneta donde la periodista esperaba a su hijo para finalmente dispararle en dos momentos, primero a través del parabrisas y después, aún más cerca, por la ventanilla del conductor. Todo fue grabado por cámaras de seguridad privadas en las que quedó constancia que el atentado ocurrió antes de las 6:50 horas.	En la escena del crimen quedaron ocho casquillos con la inscripción “.38 súper” y, a unos metros de la camioneta que se impactó en reversa contra un auto estacionado en la acera de enfrente, quedó sobre el pavimento una cartulina con un mensaje que, según las autoridades, era el objeto blanco que el tirador llevaba bajo el brazo.	A los cinco minutos del ataque, al lugar llegó un policía municipal y luego la Cruz Roja, que confirmó la pérdida de signos vitales. Treinta y cinco minutos después de los hechos, arribaron agentes de la policía estatal y los de servicios periciales a procesar la escena del crimen y recopilar las evidencias.	“En las primeras notas, solamente se hizo referencia a una cartulina enrollada y aplastada, tirada sobre el asfalto. Luego, de Palacio (de Gobierno) filtraron el supuesto contenido: que la habían matado por lenguona y que seguía el gobernador, firmado el texto por El 80. De otro lado, se dijo que la cartulina había aparecido misteriosamente, como con un afán de aprovechar el momento y llevar agua al molino oficial (…) ‘cuan extraño resulta que tras el asesinato de la periodista Miroslava Breach, el matón haya dejado un mensaje en una cartulina no desplegada, sino enrollada y aplastada, distinto a como otros sicarios actúan. Más extraño resulta que dicho papel lo dejaran sobre el suelo, a unos cinco o seis metros del vehículo y del lado contrario desde donde el asesino disparó y, también, del lado contrario a lo que debió ser la ruta de escape más próxima, más rápida’.	Una pariente cercana de Miroslava, a su vez, menciona que después de que Javier Corral llegó a dar el pésame esa mañana a la familia, pues él y Miroslava eran viejos amigos, un funcionario que trabajaba en gobierno del estado les mostró la fotografía de la cartulina desde su celular. Recuerda que el escrito llevaba la palabra “lenguona”, y no “lengua suelta”, como después se vería en la imagen filtrada a los medios.	Estas diferencias parecerían sin importancia sino fuera porque en la investigación oficial del homicidio, la cartulina encontrada y su contenido fueron prueba para la identificación de los autores del crimen: Jaciel Vega Villa, a quien la Fiscalía le adjudica haber sido el escritor del mensaje, a partir de un dictamen de grafología, comparando su letra con otros escritos suyos, y a El Larry, de haberle dejado su firma.	En la carpeta de investigación se ve una imagen de la cartulina encontrada a varias metros de donde fue asesinada Miroslava. El mensaje, ya desenrollado, muestra una escritura estilizada, clara y recta, sostenida por manos con guantes, adentro de una camioneta. Sin embargo, no existe ningún oficio que indique quién la abrió y por qué la foto fue tomada adentro de un automóvil. No hay registro en el expediente que explique cómo se guardó la cadena de custodia de esta prueba.	La cartulina lleva la inscripción Wa en cada extremo superior, y según la Fiscalía estatal se trata de una firma atribuida a Juan Carlos Moreno Ochoa, a quien supuestamente apodan Wawa. No obstante, la mayoría de los testigos que rindieron declaración ante el Ministerio Público identificaron a Moreno Ochoa con el mote de El Larry. La única persona que mencionó a un tal Wawa es el testigo Cholugo, quien, en su declaración, aseguró que meses antes de los hechos, escuchó cuando su jefe, el testigo 1981, hablaba por teléfono y pedía a su interlocutor saludar de su parte al Wawa. Sin embargo, reconoció que no sabía con quién se comunicaba su patrón, ni a quién le enviaba saludos.	En un oficio que la FEADLE realizó dos días después del atentando con la descripción de la cartulina tampoco se menciona que el mensaje incluyera las dos inscripciones Wa en sus extremos superiores. Incluso, la cartulina a la que se tuvo acceso esa Fiscalía especializada estaba mutilada de las esquinas, según el expediente. Otro detalle: la describe de color gris.	Tras conseguir y revisar horas de grabación de cámaras de vialidades e inmuebles cercanos, la Fiscalía estatal pronto obtuvo las imágenes del característico Malibú gris “con cola de pato” y calcomanía de la marca Apple en el vidio trasero que transportó al sicario. El 25 de marzo ya se tenía el padrón vehicular de los “vehículos Chevrolet Malibú de los años 2008 a 2010” en la ciudad. Eran 139. La policía salió a buscarlos. Cada agente recibió la encomienda de visitar entre 10 y 13 viviendas donde estaban registrados propietarios de autos Malibú. Todo esto explicó a este Colectivo el Fiscal a cargo de la investigación en entrevista.	En el informe elaborado por el agente Herrera Ruiz reportó que al llegar al domicilio nadie atendió la puerta, por lo que, señala la versión oficial, “volteó un tambo de basura que encontró fuera de la casa, subió sobre éste, y así logró mirar hacia dentro de la cochera, por una rendija arriba de la puerta”, aunque era una cortina metálica, y así “en la cochera se encontró un vehículo Malibú de color gris con cola de pato, una calcomanía blanca en el vidrio trasero, así mismo una base para antena de color negro, que coincide con las características con el vehículo involucrado en los hechos que se investigan”.	Vecinos de la calle De la Torre informaron que los agentes estuvieron preguntando esa mañana sobre el automóvil y los ocupantes de la vivienda. Fue entonces que les hablaron de los dos universitarios procedentes de Chínipas, los hermanos Vega Villa, hijos de una maestra jubilada que periódicamente viajaba a la ciudad para llevar a terapia a una hija con problemas psicomotores que usa silla de ruedas. El auto gris, mencionaron, es usado por el joven llamado Jaciel.	En el informe consta que afuera del inmueble encontraron un “tambo metálico color blanco 200 litros vacío” –el mismo que dijo el agente que usó para ver hacia adentro de la cochera-, el cual llevaba rotulado con letras mayúsculas: “Propiedad Villas del Rey, Calle de Las Torres 1914”. Dentro del vehículo aseguraron “unos cuadernos a rayas a nombre de W. Jaciel Vega Villa”, y dentro de éstos una hoja “suelta y doblada” que contenía “un escrito al parecer es la redacción de una canción en donde se menciona la palabra Wawa”.	A pesar de que en Chihuahua, la Fiscalía General de Justicia cuenta con autonomía respecto del gobierno estatal para garantizar la independencia de sus investigaciones, el cateo realizado en la casa de Villas del Rey (donde la autoridad supuestamente encontró algunas de las principales evidencias sobre el asesinato de Miroslava) fue acompañado por un funcionario público peculiar: el mismo gobernador Javier Corral.	en el cateo, Carmen. En el cateo donde se encontró la computadora con ese audio, yo estaba ahí, a cierta distancia, viendo precisamente todo, pues tengo que asegurarme de muchas cosas en este tema. Me dijo el fiscal: ‘Venga’. Entré a la casa y me dijo: ‘Mire lo que encontramos’. Y yo he confirmado esa voluntad siempre, aquí no se va a esconder nada”.	Este Colectivo entrevistó a una vecina de Villas del Rey, que pidió reservar su identidad, quien relató que el 26 de marzo de 2017, el día que los policías supuestamente ubicaron al automóvil escondido en la cochera de la vivienda y realizaron el cateo, vio al gobernador Corral entrando al inmueble asegurado.	En una reunión en Palacio de Gobierno, el propio gobernador había dicho a la familia Breach (específicamente hermanos y primos de la periodista) que él había visto la computadora y el bote de basura durante el cateo. En el primer aniversario los hermanos rompieron con Corral, cuando señalaron que les había dicho que Miroslava se buscó su muerte “	La casa blanca con portón metálico de Villas del Rey era habitada por Wilberth Jaciel Vega Villa, prófugo hasta la fecha. Universitario a un mes de graduarse de la carrera de Psicomotricidad Humana (para atender a personas con discapacidad, como su hermana gemela), criado como hermano del detenido Moreno Ochoa, según las autoridades autor del corrido del Wawa hallado en sus cuadernos y del mensaje contenido en la cartulina, él es la persona que	Este equipo investigó que tiene una media hermana mayor que fue policía ministerial del turístico pueblo de Creel; ella tuvo dos quejas en su contra ante la comisión estatal de derechos humanos; fue testigo de boda de Moreno Ochoa y es abogada de Jesús Alfredo Salazar Ramírez, alias El Muñeco, preso en el penal de Almoloya desde 2012, acusado de delitos contra la salud y asociación delictuosa. Salazar Ramírez, quien como ya se dijo era el sucesor de Don Adán, es señalado de ser el responsable de la masacre donde murieron 13 personas en el pueblo turístico de Creel y d	Aquí habría que hacer una pausa. Distintas versiones apuntan a que Jaciel Vega Villa fue llevado a la Fiscalía a declarar por el asesinato, entre el 23 y el 25 de marzo, pero fue dejado en libertad. Esa noticia se publicó en su momento en los medios de comunicación, y un año después fue	Si la información es cierta no sería la primera vez que un allegado a la familia Salazar fuera liberado después de ser capturado por la Fiscalía. En notas de Miroslava del año 2000 consigna que, aunque el patriarca Adán Salazar había sido detenido con armas de uso exclusivo del ejército, y cuando ya estaba fichado como narcotraficante, lo habían dejado libre.	En el Malibú gris guardado en la cochera, además del cuaderno con el corrido en homenaje a Wawa, las autoridades dicen que hallaron una llave del hotel Quality Inn de la ciudad de Chihuahua, así como un recibo de la Junta Central de Agua y Saneamiento correspondiente a un domicilio ubicado en la misma colonia de Villas del Rey.	Más tarde, el testigo con identidad reservada Juanjo, al declarar ante los agentes ministeriales habló de sus vecinos y paisanos Vega Villa, y de cómo Jaciel le había pedido que checara si había movimientos extraños cerca de su casa. En una ampliación de declaración, supuestamente también voluntaria y espontánea, informó a la Fiscalía estatal que los días 21 y 22 de marzo de 2017, justo antes del asesinato de Miroslava, supo que Jaciel estuvo reunido con Moreno Ochoa. Incluso, en una extraña autoinculpación, afirmó que los buscó para comprarle droga a El Larry. Desde el inicio proporcionó su propio aparato celular para ser investigado. Así se obtuvo el número celular de Jaciel.	Con el número, los agentes investigadores pudieron obtener registro de los mensajes y llamadas salientes y entrantes de dicho celular, la duración de cada una, las visitas a internet, y la ubicación de la antena que proporcionó la señal, de ése y de siete números más relacionados. Así, establecieron que a lo largo del día 23 de marzo Jaciel, quien usaba el celular de una ex novia, llamó en 37 ocasiones a nueve números y recibió 26 llamadas de 13 números. De esa manera la Fiscalía dijo haber identificado que el propietario de un número con el que tuvo comunicación la mañana del crimen era Juan Carlos Moreno Ochoa y otro, con lada de Sonora, identificado a través de la cuenta de Facebook asociada, era del pistolero Andrés Zabala Corral.	El mismo 23 de marzo, Vega Villa se comunicó con la testigo de identidad reservada Estrella, a las 05:47, una amiga con la que había planeado viajar esa mañana a Chínipas; con la testigo Rubí –quien aparecerá después en esta trama- a las 16:01 y el paisano y testigo Juanjo a las 17:45. Dos llamadas más fueron con el sitio de taxis Sahuaros y, en la noche, una llamada de un minuto a la compañía de aerotaxis Coconor.	Once de los números a los que se comunicó no fueron identificados: ocho con lada de Chihuahua, dos de Sonora, y uno (a las 18:49) de Estado de México. Aunque se desconoce a quién llamó, en esa entidad Alfredo Salazar está preso y en Sonora vive Crispín, el viejo hermano de Don Adán y quien se quedó al frente del negocio. Se comunicó también con Juan Carlos Moreno Ochoa en 26 ocasiones.	En el auto encontraron otro recibo. Este es un permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) el 27 de febrero de 2017 a un piloto aviador por “la expedición de cada certificado de capacidad, licencia o permiso para personal de vuelo”. Pero ni este documento, ni su propietario fueron investigados. Este Colectivo pudo averiguar que se trata de un piloto que en 2011	Durante el cateo en el domicilio de Villas del Rey el 26 de marzo, los peritos encontraron en distintos cajones nueve teléfonos celulares y cinco tarjetas SIM, así como documentos que mencionan personas relacionadas con los habitantes de la vivienda y de su vida cotidiana. Sobre la mesa del comedor hallaron una prueba maestra: una computadora negra VAIO modelo PCG-61911.	Esa misma noche la laptop negra fue enviada al jefe del departamento de investigación de gabinete de la Fiscalía estatal. El 31 de marzo se tuvieron los resultados del análisis de su contenido entre los que destacaba el hallazgo de dos archivos de audio en formato mp4. El 4 de abril, se requirió este archivo al departamento de investigación de gabinete que, el mismo día, hizo llegar al equipo de investigadores de la Fiscalía un CD con los audios y la transcripción.	Son dos grabaciones en las que un mismo hombre pide a Miroslava Breach, primero, luego a otra periodista de Chihuahua, Patricia Mayorga, la corresponsal de la revista Proceso, que revelen sus fuentes, se refiere específicamente al reportaje que publicaron al mismo tiempo en el que denunciaron la candidatura de un pariente de Los Salazares como precandidato del PRI a presidente municipal de Chínipas.	En la primera, en tono conocido, el hombre dice a Miroslava que “ellos” y “estos gueyes” –en referencia a los narcotraficantes del municipio– sospechan que la gente de la presidencia municipal está detrás de la filtración de la información sobre los vínculos familiares del candidato Juanito. La corresponsal de La Jornada le respondió brava que ella es su propia fuente de información por ser de Chínipas y conocer bien lo que ocurre en ese lugar, y que si hay problema le adjudiquen a ella la nota.	No, no, pues así cántaselas directas, yo te insisto. A mí mis tíos me han hablado, unas de ellas me habló llorando porque la presión ha estado de la chingada. Pero por eso le dije ‘tía, yo por eso firmé la nota porque sé de qué se trata y saben que soy de Chínipas’.	Hablando de sí misma en tercera persona, le aclaró a su interlocutor: “Miroslava Breach Velducea es nacida en Chínipas y no va a revelar fuentes de información, así que, por favor, digan quién es (la fuente) y que me la echen a mí. Yo por eso firmé la nota, porque yo sí tengo ovarios y porque sabía cómo están las cosas”. Remató diciendo: “el silencio es complicidad”.	Ese mismo 4 de abril quedó claro a los investigadores la identidad de la voz en esa grabación. Era Alfredo Piñera, vocero del Partido Acción Nacional (PAN) estatal –el partido del gobernador Corral–, a quien en el proceso penal contra El Larry se le asignó el seudónimo Casio, como quedó revelado en la audiencia oral de diciembre de 2018. Este vocero no sólo intentó extraer información a las reporteras, sino que las grabó sin su autorización y luego entregó esos audios al entonces alcalde de Chínipas, el también panista Hugo Amed Schultz Alcaraz. Ante la justicia, el alcalde reveló que él las pasó a “gente del grupo criminal de Los Salazar”, bajo el mando de El Larry, la persona que controlaba Chínipas.	En su declaración ministerial, el 17 de mayo de 2017, el alcalde panista (bajo seudónimo Boby, como quedó revelado en la audiencia) aseguró que ésa fue su forma de demostrarle al crimen organizado que él no había filtrado a las periodistas la información sobre los narcocandidatos, ya que sospechaban de él y sabía que El Larry era peligroso.	Aunque Piñera asegura que realizó la llamada el 6 de mayo de 2016, ésta fue hecha en junio, según el testimonio de dos testigos. Nueve meses después, los audios serían encontrados en una computadora de la casa de Villas del Rey que –por cierto, no es la Mac con la que se le ve a Jaciel en las fotografías contenidas en la carpeta de investigación, tomadas de sus redes sociales.	Aunque los testigos Casio y Boby se contradicen sobre cómo fue la entrega del audio y si estaban juntos al momento de hacerse la llamada, y la forma en que se pasaron la grabación, la Fiscalía les dio la calidad de testigos con identidad reservada, nunca contempló que pudieran ser sospechosos.	de haber tenido “como director de la Policía Municipal todo su trienio a Martín Ramírez Medina, también sobrino del capo de la región Crispín Salazar Zamorano”, y de haber pasado por alto crímenes que había cometido. Lo acusó también de haber jugado de “mensajero de Salazar, para intentar amedrentar a periodistas que han documentado lo que sucede en la región”. La periodista se refería a ella misma.	Los allegados de Miroslava sabían que Schultz le había mandado un mensaje: “que no volviera a pisar la sierra”, como después se supo en la audiencia oral cuando se leyó la declaración de la testigo Mila; otros testimonios de dos familiares confirman también esa amenaza. En otro de los testimonios leídos en la audiencia oral se menciona que “un tal Schultz está pesado” y se coordina con El Larry, quien controla al pueblo. Pero en ese caso no se sabe a qué Schultz se refiere ya que ese apellido es común en la región.	A pesar de la existencia de estas grabaciones y testimonios que prueban el nexo entre políticos de Chihuahua con grupos del crimen organizado, la investigación de las autoridades se centró sólo en la responsabilidad de El Larry, su familiar Wilberth Jaciel Vega Villa, y el sicario Andrés Zabala, en el crimen de Miroslava, sin indagar en la posible participación de actores políticos en el caso.	En la trama todo empezó porque una persona propietaria de una mina de Témoris, municipio contiguo a Chínipas, le pidió a su conocido, resguardado bajo el seudónimo 1981, que transportara a un amigo que visitaría la ciudad de Chihuahua, capital del estado. Y así lo hizo. La noche del 22 de marzo 1981 le pidió a su empleado Cholugo que recogiera su auto Malibú blanco y pasara al día siguiente por su cliente: Moreno Ochoa, El Larry.	Temprano en la casa de Villas del Rey recogió a su pasajero quien le pidió que siguiera el Malibú gris tripulado por un joven que les indicaría el camino donde debían recoger a una persona, ya que el muchacho se dirigía a la universidad. Cholugo se estacionó en una calle cerca de la colonia Granjas, su pasajero hablaba por teléfono, y aproximadamente a las 7 llegó corriendo un ranchero que subió al auto y a quien El Larry reclamó que por llegar tarde habían perdido su avioneta. Era –supo después- el pistolero Zabala Corral.	Como no llegarían a tiempo al aeropuerto de la ciudad de Chihuahua para abordar una avioneta, El Larry le ordenó que los trasladara al hotel Marrod. “Me dijo que entrara –declaró-, me estacioné enfrente de la habitación 119 y 120, se bajó el muchacho rápido, entraron a la habitación 120 y de ahí yo me retiré a mi casa como a las 10 y media u 11 de la mañana”. Estuvo con ellos casi cuatro horas. Después dejó el auto de su jefe en un taller mecánico.	Un taxista del sitio Sahuaros que da servicio al fraccionamiento Villas del Rey, identificado como Señor Paco, dio una declaración contradictoria: dijo que el mismo día 23 de marzo a las 9 de la mañana fue solicitado en la calle de la Torre, donde recogió a quien luego supo que eran El Larry y Andrés Zabala, y los llevó a una vivienda ubicada en la colonia clasemediera Quinta Balboa.	En su declaración la mujer menciona –como otros en el expediente- que su tío es un narcotraficante que opera en Chínipas, y que el tiempo que El Larry y el desconocido con acento de Sonora (Andrés Zabala) estuvieron en su casa estaban armados. Ella declaró que el 25 de marzo por la mañana, junto con Jaciel, se dirigieron al aeropuerto para tomar un taxi aéreo a Chínipas. Ese día, sin embargo, no hubo cupo para Zabala, quien regresó a su casa donde pernoctó otra noche.	Los distintos traslados los hicieron a bordo de una camioneta guinda que estaba a su servicio: se desconoce quién o quiénes eran sus conductores. Esa pregunta no está en su declaración. No existen actuaciones en el expediente que indiquen que se investigó esa pista. El rol de la mujer policía que hospedó a los implicados en el asesinato de Miroslava, es el de testigo con identidad reservada, no como posible cómplice.	Durante la audiencia del 27 de diciembre de 2017 para iniciar el proceso judicial, el Ministerio Público leyó las declaraciones de dos camareras de otro hotel -el Houston- que afirmaron que los días 26, 27 y 28 de marzo tuvieron como huésped a un misterioso hombre que no salía del cuarto ni permitía que hicieran limpieza a su habitación. Vestía siempre con la misma ropa: una sudadera color verde, una camiseta, pantalón y calzados negros y, en algunas ocasiones, cachucha azul. Vestía igual que el hombre con el objeto blanco -la cartulina- bajo el brazo, captado por las cámaras de seguridad, con esa ropa que parecía uniforme de guardia de seguridad privada.	La identificación de los tres implicados en el asesinato de Miroslava, efectivamente, permitió a las autoridades generar una teoría del caso y dar por esclarecido el atentado contra la periodista. No ha sido mencionado que hubiera más gente involucrada en el homicidio. Hasta la fecha, la autoridad tampoco ha explicado cuál es la causa que llevó a estos tres acusados a matarla.	El conductor Cholugo y la policía estatal Rubí quedaron libres de investigaciones, al convertirse en testigos con identidad reservada de la Fiscalía estatal. Tampoco hay indicios de que se hubiera investigado a otras personas mencionadas por 1981 como contactos con los que vio a El Larry durante el mes de marzo que lo transportó, una de las veces, a una pista de aterrizaje en la ciudad de Aldama.	La autoridad tampoco parece haber realizado investigación alguna sobre las empresas aéreas que utilizan hangares del aeropuerto de Chihuahua, o las avionetas particulares donde los asesinos pudieran haber sido trasladados, a pesar de que la hipótesis del caso que sostiene la Fiscalía aseguraba que los presuntos responsables del asesinato de Miroslava huyeron de la ciudad en avionetas.	en conseguir y analizar más de 200 horas de video de cámaras de seguridad instaladas en la vía pública y en viviendas particulares y negocios, de búsqueda de padrones vehiculares y autos casa por casa, de cateos e interrogatorios al menos a 33 testigos y personas relacionadas con la víctima, todas estas acciones se realizaron exclusivamente en la ciudad de Chihuahua.	Sin embargo, en el expediente no aparece ninguna diligencia que se haya realizado en Chínipas, hacia donde huyeron Juan Carlos Moreno Ochoa y Jaciel Vega Villa, y en donde operan los grupos que la periodista denunció en sus publicaciones y que la acosaron de forma previa a su asesinato, con la protección política que ella, en varias ocasiones, publicó que recibían.	en una entrevista de radio que pidió ayuda a la Secretaría de Gobernación porque, según mencionó, se requería ayuda federal para su captura ya que los culpables del homicidio eran “líderes de bandas del crimen organizado que tienen a su disposición un amplio arsenal y se esconden en zonas de difícil acceso, lo que ha hecho difícil su captura”.	Cuando un reportero de este equipo de investigación cuestionó sobre esta omisión al fiscal de la zona centro, el 9 de febrero de 2018, Carlos Mario Jiménez, el servidor público contestó: “Este tema de que si alguien más de la delincuencia organizada [esté involucrado en el asesinato], pues eso lo investiga la PGR”. Desde la óptica de la Fiscalía estatal, aclaró su representante, “nosotros hemos agotado hasta esta etapa cierto nivel de investigación”, y aseguró que si eventualmente se descubriera que alguien más estuvo involucrado en los hechos, toca a otros investigarlo.	“En la ejecución de una orden de aprehensión es una información que hay que manejar con mucha reserva y con mucho cuidado. Lo que yo puedo señalar y lo que me permite la ley señalar en este tema es que las autoridades en materia de seguridad han trabajado y siguen trabajando permanentemente para cumplir las órdenes de aprehensión que se encuentran pendientes de cumplir”.	En el expediente a cargo de la FEADLE puede encontrarse que nuevos personajes fueron investigados. Se hizo una búsqueda del presidente del PAN estatal y su segundo, Mario Vázquez y José Luis Luévano, quienes estaban al frente del partido cuando Schultz habría ido a pedir ayuda porque estaba siendo intimidado por las notas de La Jornada, El Norte de Ciudad Juárez, y Proceso. En ningún momento los cuestionarios parecieran abordar el tema de la narcopolítica.	Sigue sin esclarecerse por qué los directivos del PRI habrían seleccionado a Juan Salazar Ochoa, el sobrino de los capos, como su candidato, si Miroslava estaba en lo cierto cuando había descrito a Shultz en sus columnas como emisario de narcos y amedrentador de periodistas, o cómo se da el control de Los Salazares en la zona y la complicidad política que los cobija.	“Señora gobernadora (de Sonora) Claudia Pavlovich y señor secretario de Seguridad (Pública) Alfonso Durazo, quienes están ordenando las ejecuciones en Cajeme, así como matar a los policías es orden de Don Adán, Alfredo y Krispín Salazar, encargados de mover la cocaína de México a los Estados Unidos, generadores de la violencia en Chihuahua en contra de funcionarios y policías, también giraron instrucciones a sus sicarios para asesinar a la periodista Miroslava Breach en ese estado”, indicaban los mensajes atribuidos a un grupo rival de narcotráfico.	Este es el “modelo de investigación” sobre asesinatos de periodistas aplicado por las autoridades en el caso de Miroslava. Fue el propio gobernador Corral quien lo propuso como ejemplo para esclarecer los demás asesinatos de periodistas ocurridos en el país, y que fue retomado y continuado por las autoridades federales. Un modelo que, tal como revela esta investigación, aún no responde a interrogantes centrales del caso, y ante cuyas preguntas hay silencio, ese mismo silencio que, en palabras de Miroslava, se convierte en complicidad.	
Las pistas no investigadas del asesinato de Miroslava Breach