Las hostilidades entre la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y el ministro José Luis Escrivá, a cuenta de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y su convivencia con la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) están a un paso de acabar dirimiéndose en el Tribunal Constitucional. Así será si el Estado y la	no resuelven sus discrepancias antes en la cumbre bilateral de cooperación (aún pendiente de convocarse formalmente) a la que la Administración autonómica ha sido citada por el Gobierno para evitar la vía judicial del recurso de inconstitucionalidad y encontrar «una solución adecuada» después de que el Ejecutivo Central haya impugnado por exceder las competencias autonómicas -como avanzó ayer eldiario.es- hasta siete artículos del decreto promovido por Oltra para acoplar la RVI al IMV y evitar duplicidades, a la espera del convenio de colaboración entre ambas instituciones. Un informe remitido el 28 de julio por el Ministerio de Política Territorial cuestiona que la resolución de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas abra la puerta a establecer un proceso único para la gestión conjunta de la nueva prestación estatal y la renta valenciana de inclusión. En cambio, sostiene que el citado convenio «debería limitarse al ingreso mínimo vital», excluyendo así a la RVI.	El Gobierno también rechaza la cláusula -negociada por el PSPV- en virtud de la cual el ejecutivo valenciano pretendía que la Generalitat pudiera percibir el pago anticipado del IMV por parte de la Seguridad Social cuando, con ocasión de la retroactividad en el abono de la prestación, coincidiera con la renta valenciana, sorteando duplicidades. El Gobierno recalca que la administración autonómica no tiene competencias para efectuar dichos anticipos. El informe estatal incluso pone en duda el acceso directo a la sanidad universal de los destinatarios de la renta valenciana en los términos establecidos en la normativa autonómica, una cuestión aplicada desde hace años. La carta recalca que el reconocimiento al derecho a la protección de la salud corresponde al Ministerio de Sanidad. A juicio del Gobierno, el decreto de acoplamiento de la renta valenciana contraviene igualmente el orden constitucional de competencias al complementar -«sin base jurídica para ello»- las prestación del seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI) no concurrentes y las prestaciones por incapacidad permanente del sistema de la Seguridad Social. Una opción que sí está permitida en Euskadi. El escrito pone en duda cuestiones relativas a la conformidad que han de dar los beneficiarios de la prestación y a la cesión de datos de la Generalitat a la Seguridad Social. Fuentes de la Conselleria de Políticas Inclusivas consideran «excesivamente restrictivas y centralistas» las discrepancias manifestadas por el Ejecutivo Central, a tiempo que muestran sorpresa por la impugnación del decreto. Desde la Delegación de Gobierno confían en que las diferencias puedas subsanarse en el proceso de negociación abierto dentro de la comisión bilateral, evitando la vía del Constitucional. Escrivá aseguró en agosto que la C. Valenciana sería la primera en firmar el convenio de cogestión del ingreso mínimo con el Estado, aunque en el ejecutivo autonómico preocupan las disonancias con la renta valenciana.	
La pelea de Oltra y Escrivá por la renta vital se queda al borde del Constitucional