En el fallo de 70 páginas, el juez William G. Young dijo que era una norma discriminatoria negar a los puertorriqueños la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) —que ofrece un ingreso adicional a los ancianos, ciegos o discapacitados_; el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), antes conocido como Programa de Cupones para Alimentos; y el Subsidio por Bajos Ingresos Medicare Parte D, que ayuda a cubrir el costo de un plan de medicamentos recetados.	Agregó que las Islas Marianas del Norte tienen acceso al SSI, y Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos al SNAP, un programa al que Puerto Rico alguna vez tuvo acceso hasta que el Congreso revocó su elegibilidad en 1981. Mientras tanto, dijo que el Congreso financia programas sustitutos en Puerto Rico, “pero son, por mucho, menos generosos”, al ofrecer menos cobertura y beneficios más pequeños.	Reconoció que el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido tres argumentos para excluir a los residentes de Puerto Rico de los programas: costo, posible alteración a la economía de la isla y el hecho de que quienes viven en la isla suelen estar exentos de pagar el impuesto sobre la renta federal personal.	Sin embargo, Young argumentó en parte que el Congreso pudo haber extendido las reducciones de beneficios de forma equitativa, y que los pobres generalmente no pagan el impuesto sobre la renta sin importar dónde vivan. También señaló que entre 2000 y 2005, los residentes de Puerto Rico pagaron más impuestos federales que seis estados y todos los otros territorios de Estados Unidos juntos. Además, escribió que, durante el año fiscal 2019, el gobierno federal recaudó más de 3.500 millones de dólares en impuestos de los residentes de Puerto Rico.	
Juez: Negar asistencia pública discrimina a puertorriqueños