La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) convocó a poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los gobiernos estatales a introducir el Principio de irreductibilidad presupuestaria en dependencias, organismos e instancias públicas responsables de la promoción de la igualdad, el combate y erradicación de la discriminación; además de dotarlos de mayores facultades de actuación y atribuciones vinculatorias a sus recomendaciones y determinaciones institucionales.	La titular del organismo, Rosario Piedra Ibarra señaló que la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía encontró que la población que se autoadscribe a un grupo indígena asciende a 25.6 millones de personas (51.3 por ciento mujeres y 48.7 hombres), mientras que a nivel mundial 385 millones de personas son indígenas. “Por ello, es preciso impulsar políticas públicas que les permitan ejercer sus derechos de manera libre, informada y en su propio idioma, con perspectiva de género, en condiciones de igualdad y sin discriminación”.	expresó que uno de los principales retos que enfrenta el Estado mexicano es el de garantizar los derechos humanos de este sector, sobre todo porque de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 71.9 por ciento de la población indígena vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema, por lo que es preciso sumar esfuerzos para erradicar las condiciones de exclusión y marginación.	Piedra Ibarra indicó que la situación de miseria se agrava en los menores de edad y las mujeres, pues de acuerdo con los datos oficiales, ocho de cada diez niños indígenas se encuentran en situación de pobreza, mientras que 40 por ciento de las mujeres indígenas están en situación de pobreza y pobreza extrema, lo que genera severas dificultades para ejercer su derecho a la salud por insuficiencia de infraestructura y equipamiento médico en las zonas marginadas del país.	En el contexto de la emergencia sanitaria que se vive actualmente a causa del Covid-19, dijo, la CNDH ha solicitado tanto al poder Ejecutivo federal, a las instituciones públicas del sector salud y a los gobiernos estatales y municipales que fortalezcan las medidas de prevención y protección a la salud de los pueblos indígenas y afromexicanos del país, a fin de contener y mitigar los efectos de la pandemia.	Demandó superar el doble discurso que por décadas ha prevalecido y que se caracteriza por la integración de comunidades originarias al desarrollo nacional a través de un modelo de asimilación cultural y mediante políticas públicas asistencialistas, puesto que frecuentemente han transgredido sus culturas, identidades y cosmovisiones. Además, ese enfoque también vulnera su derecho a la autonomía y autodeterminación, acceso a la salud, educación y justicia con pertinencia cultural y lingüística y a decidir libremente sobre sus territorios.	Agregó que los indígenas y afromexicanos enfrentan serias complejidades institucionales para acceder a la justicia por su condición de marginalidad y discriminación, por lo que llamó al poder Judicial, a especialistas y organizaciones de la sociedad para impulsar una reforma legal que garantice a estas comunidades el acceso digno a la justicia y el desarrollo de los procesos imparciales, oportunos y eficientes que merecen.	
Busca CNDH evitar la reducción presupuestaria en combate a discriminación