CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Si los monumentos reflejan la historia de un país, uno de los más simbólicos de la capital mexicana, el Ángel de la Independencia y que muestra desde hace una semana, entre otras pintadas, la leyenda “México feminicida”, revela el hartazgo de muchas mujeres que reclaman medidas urgentes para frenar la violencia de género.	Pese a la polémica surgida por los destrozos urbanos registrados tras la última marcha de mujeres, feministas de distintas generaciones creen que se ha logrado poner el tema en la agenda mediática y política. La jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, quien calificó las protestas de “provocación”, inició finalmente un diálogo y se comprometió a tomar acciones concretas en el plazo de un mes.	“Entiendo que no gusta la destrucción y no esperábamos que sucediera esto, pero estamos viviendo un estado de emergencia y si las autoridades no hacen su trabajo es la única forma de llamar la atención”, explicó a The Associated Press Xóchitl Rodríguez, una comunicóloga de 25 años todavía sorprendida por el alcance de la convocatoria del 16 de agosto.	La violencia de género no ha dejado de crecer en el país en los últimos años. El año pasado hubo 3.662 feminicidios, casi 400 más que el año previo, según datos del gobierno federal. En marzo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que el Estado había fallado a las mujeres y anunció nuevas medidas. La tendencia no cambió. En los seis primeros meses de 2019 fueron asesinadas 1.834 mujeres, 107 de ellas en la capital.	Hasta agosto se registraron casi 10.000 denuncias de violación, 800 de ellas en la capital, y víctimas y colectivos se quejan tanto del trato de las autoridades hacia las víctimas como de la falta de acceso a la justicia. Según los datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, sólo 2% de las agresiones sexuales y violaciones acaban en sentencias.	Araceli Osorio, madre de una universitaria asesinada en 2017, poco tiene que ver con los colectivos más radicales tachados de “feminazis” por sus críticos y que hicieron del lanzamiento de brillantina al jefe de la policía de la ciudad todo un símbolo. Sin embargo, pide mirar más allá de los cristales rotos en las calles de la ciudad para ver lo que hay detrás.	En su caso, la procuraduría capitalina calificó de suicidio la muerte de su hija Lesvy Berlín Rivera. Después de dos años de lucha, las actuales autoridades le pidieron perdón en un acto público y reconocieron las omisiones y errores de la investigación de lo que se demostró no había sido un suicidio, sino un asesinato. Pero aunque el gobierno de la capital cambió en diciembre de 2018, sigue teniendo desconfianza.	“Hay un contexto que habla de cambios, pero no se miran”, se lamentó María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio, un colectivo que agrupa a 40 organizaciones. “¿De qué sirve trabajar medidas y protocolos si no los ves aplicados?”, se preguntó y dio un ejemplo: los investigadores siguen exigiendo pruebas de resistencia o desgarros en el cuerpo de una mujer para hablar de violación, cuando ya no es necesario legalmente.	Las tres principales exigencias puestas sobre la mesa de Sheinbaum fueron que paren las filtraciones de información que ponen en riesgo a las víctimas; que haya una restructuración del sistema judicial para que no se criminalice a la agredida y se la atienda adecuadamente, y que se declare la alerta de género en la capital, un instrumento que permite activar recursos de emergencia ya vigente en 19 de los 32 estados del país, aunque sus efectos son escasos.	
Feministas alentadas por protestas en la Ciudad de México