BUENOS AIRES (Sputnik) — El atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994 que causó en Buenos Aires 86 fallecidos cumple 25 años sin que la justicia haya podido determinar responsabilidades sobre el acto terrorista más grave de la historia argentina, afirmó una dirigente de la institución querellante.	Las últimas novedades provinieron de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA (UFI AMIA), dependiente del Ministerio Público Fiscal, "que en su conformación anterior arrojó datos importantes sobre la víctima 85 y sobre el ADN del conductor de la camioneta Trafic (que supuestamente detonó en la sede de la mutual)", detalló Litvachky. ©	Esto da la pauta de que nunca se encaró ninguna investigación seria, pues esta estuvo desde el inicio marcada "por intereses y lógicas cruzadas de los servicios de inteligencia, de acuerdo a los datos que tiene la fiscalía, pues apareció información de inteligencia sin que se pueda saber a ciencia cierta qué es verdad y qué mentira", sostuvo la abogada.	La UFI AMIA está en manos de un controvertido fiscal, Sebastián Basso, cuya tía fue la jueza María Luisa Riva Aramayo, ya fallecida, cuestionada por haber estado involucrada en el desvío de la investigación del atentado, según el CELS y la organización Memoria Activa, integrada por familiares de víctimas del atentado. ©	Pese al letargo de la causa principal del atentado, otros procesos se abrieron paso gracias a los familiares de las víctimas, que desde hace 25 años buscan justicia por el ataque que hizo volar el edificio de siete pisos de la AMIA situado en la calle Pasteur del barrio de Once, terminando la vida de 86 personas, incluido el perpetrador del ataque, y dejando unos 300 heridos.	La justicia consideró probado que Telleldín había aceptado 400.000 dólares del entonces juez Juan José Galeano (también condenado en febrero), provenientes de fondos de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) para inculpar a cuatro policías de la provincia de Buenos Aires como integrantes de un presunto grupo local que prestó logística para el ataque, de allí el nombre de "conexión local".	Quien era jefe de inteligencia del Gobierno de Menem, Hugo Anzorreguy, recibió una pena de cuatro años y seis meses de cárcel, mientras que el entonces subsecretario de la entonces SIDE, Juan Carlos Anchezar, y el entonces comisario de la Policía Federal, Carlos Antonio Castañeda, fueron condenados a tres años de reclusión. ©	El juicio mostró "cómo varios estamentos del Estado se coordinaron para desviar la investigación del atentado, y esto derivó en la situación actual, que es la causa por el atentado en sí mismo, que se encuentra paralizada y sin que se pueda llegar a la verdad, por lo que no se puede reconstruir lo que sucedió en el atentado", resumió Litvachky.	El proceso de solución amistosa que se abrió a partir de esa instancia quedó trunco en 2009 ante el incumplimiento de las obligaciones del Estado, salvo en lo que concierne al juicio por el encubrimiento del ataque, "que se dio solo en 2019 tras un esfuerzo inmenso de las víctimas y los familiares", recordó Litvachky.	
Atentado a la mutual judía AMIA cumple 25 años con sus responsables impunes