El acuerdo político del 15 de noviembre y la reforma constitucional a la que dio origen fueron explícitos; el nuevo artículo 141 de la Carta Magna señala que la futura Convención Constitucional estará integrada por 155 ciudadanos elegidos para tales efectos, y que se utilizarán para ello los mismos distritos de la elección de diputados. Esa es la razón por la que ambas cifras coinciden y eso fue lo que la inmensa mayoría de los electores aprobó en el plebiscito.	Ahora se pretende incorporar a los pueblos originarios a la Convención Constitucional, y muchos no están dispuestos a ceder espacios entre los 155 cupos ya establecidos. Más bien, sectores de oposición buscan alterar las reglas del juego, sumando 23 ó 24 integrantes adicionales. A simple vista puede parecer un esfuerzo muy loable por incorporar a una minoría históricamente excluida, pero también hay otro objetivo, uno que el senador Pedro Araya tuvo, al menos, la honestidad de reconocer: “si uno agrega 23 nuevos constituyentes a los 155 que ya existen, es muy difícil que la derecha pueda mantener el tercio que les asegura poder oponerse a ciertas reformas”, afirmó hace unos días.	En resumen, han pasado solo dos semanas desde el plebiscito y lo que algunos ya intentan encontrar son atajos para torcer el espíritu que se plasmó en el imperativo de que los acuerdos tengan un respaldo de 2/3 de los constituyentes. Como no es viable modificar ese requisito, lo que se pretende es agregar cupos para diluir el peso de un sector político específico. La integración de una minoría no sería entonces el objetivo prioritario, sino solo la coartada. En rigor, para asegurar la representación de los pueblos originarios no se requiere adicionar más cupos a los que la ley electoral vigente establece. Dicha ley permitió mejorar la representación en la Cámara de Diputados pasando de 120 diputados a 155 integrantes. Pero esta última cifra, la misma que fue convenida por los que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre y que apoyaron la posterior reforma constitucional, ahora tampoco sería suficiente.	Así va a ser muy difícil construir acuerdos en materia constitucional. Como bien lo develaron las palabras del senador Araya, aquí hay actores que tienen escaso o nulo interés en arribar a consensos, y más bien lo que buscan es impedirlos. Anular o debilitar la representación de un sector por secretaría, sortear tramposamente el imperativo de los 2/3, son las intenciones que se ocultan en este aparente gesto de generosidad con los pueblos originarios. Un esfuerzo que solo daña la confianza que el proceso constituyente requiere, torciendo de paso la voluntad mayoritaria de los electores expresada en las urnas.	
Trampas y caretas