El Better Life index (Índice para una vida mejor), que realiza la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), muestra cómo las personas, dependiendo del país en el que viven, tienen acceso a una vida mejor y, por ende, pueden gozar de sus derechos. Esta medición va más allá de la tradicional del Producto Interno Bruto (PIB) que fue el referente clásico durante décadas.	El caso de México no es nada halagüeño. Nuestro país se ubica por arriba del promedio en compromiso cívico, pero por debajo del promedio en las dimensiones de empleo y remuneración, satisfacción, estado de la salud, calidad medioambiental, vivienda, ingreso y patrimonio, sentido de comunidad, balance vida-trabajo, seguridad personal y educación y competencias.	Para poner un ejemplo: el ingreso familiar en los países de la OCDE en promedio anual es de $33,604 USD al año, mientras que en México es de $13,965 USD y el patrimonio familiar en países de la OCDE llega a $409,880 USD y en México es de apenas $105,745 USD.	En educación, en la OCDE las personas pueden esperar recibir cerca de 17 años de educación y, en promedio, alrededor de 79% de los adultos entre 25 y 64 años de edad han obtenido el equivalente a un título de educación media superior. Pero en México sucede lo contrario, el 60% o más de las personas entre 25 y 64 años de edad no ha terminado la educación media superior.	En cuanto a la seguridad, que es un factor primordial para el ejercicio de una serie de derechos, el Índice muestra que cerca de 68% de las personas en los países de la OCDE afirma sentirse seguras al caminar a solas por la noche. Además, la tasa media de homicidios en los países de la Organización es de 3.7 por cada 100 000 habitantes.	En nuestro país es al contrario, ya que apenas 42% de las personas afirman sentirse seguras al caminar a solas por la noche y la tasa de homicidios fue de 18.1, cifra mucho mayor que el promedio de la OCDE. Y esto sin considerar que dicha tasa podría llegar hasta 21 por cada 100 mil habitantes en algunos estados.	
El bienestar y la garantía de los derechos