En mayo de 2013, durante una auditoría rutinaria de los registros del municipio yaucano, la Oficina del Contralor descubrió que los empleados municipales tenían que trabajar dos horas voluntarias por día. Esta irregularidad fue referida a la División de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo federal (WHD, por sus siglas en inglés), que determinó que este requisito de trabajo voluntario era una violación de la Ley de Normas Laborales (Fair Labor Standards Act).	En febrero de 2015, Nazario firmó un acuerdo de pago de salarios retroactivos con la División de Horas y Salarios del WHD en el que acordó desembolsar un total de $588,961.43 a 177 empleados municipales. Estos pagos retroactivos incluían el período del 1ro de agosto de 2012 al 31 de julio de 2014.	En agosto de 2016, durante la siguiente auditoría rutinaria de los registros del municipio, la Oficina del Contralor supo que —aunque los empleados habían recibido pagos de lo que se les debía según el acuerdo al que Yauco había llegado con el WHD— el ayuntamiento comenzó a retener los salarios regulares de los funcionarios. Esto sin el conocimiento de estos o el consentimiento del WHD.	El Inspector General también determinó que a estos 30 empleados por contrato —después de recibir los cheques a los que tenían derecho en virtud del acuerdo— les retuvieron su paga regular durante ciertos periodos por órdenes del acusado. El entonces alcalde les ofrecía distintas excusas sobre por qué estaban recibiendo este dinero y por qué se les tenía que retener el salario.	

        
            
            Otro gran jurado sobre Abel Nazario
        
    