El enviado del secretario general de la ONU para el Sahara estuvo 21 meses en su puesto y logró dos encuentros en Ginebra entre representantes de Rabat y Argelia, Mauritania y el Polisario -después de seis años sin contactos- para tratar de sacar de su bloqueo un conflicto con 45 años de existencia.	El gobierno  de Marruecos dijo en un comunicado que seguirá respaldando a la  ONU en la búsqueda de un arreglo al “diferendo regional sobre el Sáhara marroquí». Reafirmó, además, su apoyo a «una solución política realista, pragmática y duradera, basada en el compromiso y en el marco de la iniciativa de autonomía” siempre bajo soberanía marroquí.	La propuesta, en marcha desde hace ocho años, garantiza a la población del Sahara marroquí  gestionar democráticamente sus asuntos a través de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales correspondientes. Esa iniciativa ha sido reconocida desde entonces por las 13 últimas resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU por los “serios y creíbles” esfuerzos desplegados por Marruecos en busca de una solución al diferendo. Esa posición es compartida por la mayoría de gobiernos de América latina	a decisión de Audiencia Nacional de España de ampliar hasta mayo del 2020 el plazo para investigar una querella por delitos de lesa humanidad contra Ghali, el líder máximo de la guerrilla del Polisario, demuestra que las causas de justicia universal siguen su marcha y que, en algún momento, habrá un fallo definitivo.	Ghali y la guerrilla africana del Polisario han sido señalados por sus vínculos con Irán y el movimiento terrorista libanés Hezbolá, el mismo que Varela implicó en mayo del año pasado –basado en informes de inteligencia de Israel- en el atentado de  julio de 1994 contra un avión de Alas Chiricanas que estalló en pleno vuelo poco después de despegar de Colón causando la muerte a 21 pasajeros y tripulantes, en su mayoría ciudadanos israelíes.	En el caso concreto de Ghali y otros 22 miembros del Polisario, el juez José de la Mata Amaya –célebre por sus investigaciones de corrupción, espionaje político y extradición internacional- tomó en cuenta la petición de la fiscalía para ampliar el límite de una investigación  declarada compleja y decidió darle curso a la solicitud en un caso que presenta numerosos hechos punibles, exige pericias de distintos órganos judiciales y la realización de actuaciones en el extranjero. Basado en la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, Mata Amaya tiene un plazo de 18 meses que puede prorrogarse hasta que finalice el proceso.	La Audiencia Nacional de España acogió en el 2007 y el 2012 las denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos en la década de 1980 por 23 miembros del aparato de seguridad de la guerrilla africana del Polisario contra ciudadanos saharauis disidentes retenidos contra su voluntad en campamentos de refugiados en territorio de Argelia. En la causa también están implicados cuatro agentes de los servicios de seguridad argelinos.	Al conocer la decisión, la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH), expresó su “plena confianza en los procedimientos judiciales con el fin de que los culpables sean juzgados y paguen por los graves delitos de los que se les acusa, y las víctimas  de esas graves violaciones no queden en el olvido y  no haya impunidad para los implicados en esas atrocidades cometidas en las cárceles clandestinas del Polisario”.	Al documentar   289 atentados cometidos en el Sahara marroquí por ese grupo separatista en las décadas de 1970 y 1980 que dejaron un saldo de más de 300 víctimas entre trabajadores españoles –incluyendo 16 pescadores muertos y 16 heridos- demandó que la guerrilla del Polisario sea incluida en el catálogo oficial de organizaciones que han utilizado el terrorismo contra  ciudadanos ibéricos.	Los abusos contra saharauis disidentes persisten en los cinco campamentos de refugiados instalados en el sur de Argelia. Son restringidos en sus movimientos, carecen de pasaportes reconocidos internacionalmente, por lo que es extremadamente difícil que los saharauis viajen a países extranjeros.  Además  como refugiados no tienen los recursos financieros para moverse fuera de los campamentos.	Argelia, por otro lado, ha impedido al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  (ACNUR) realizar un censo en los campamentos para determinar el número de refugiados que actualmente sobreviven en esos centros cuya población se estima en unos 40,000. El bloqueo del censo es una decisión estratégica por parte de Argelia y la guerrilla del Polisario, porque el número milicias  a disposición del movimiento separatista se considera un asunto de seguridad.	Las detenciones de tres terroristas se produjeron en las ciudades de Laayun, Salé y Marraquesh, junto con documentación, uniformes y una bandera de la guerrilla africana. Expertos internacionales en terrorismo han denunciado la existencia de vínculos entre el Polisario y el EI, además de relaciones con organizaciones dedicadas al tráfico de armas, drogas y secuestro de cooperantes europeos.	
Dimisión de enviado de ONU frena negociación en el Sahara