Después de la declaración del estado de alarma, muchas son las empresas que continúan obligando a acudir a trabajar a sus empleados y empleadas, pese a no suministrar servicios esenciales y muchas en ausencia de las medidas de protección necesarias. Entre ellas, las subcontratas de telemarketing, tal y como denunciaba este fin de semana CGT en un comunicado.	Este lunes las teleoperadoras y teleoperadores de una de las plantas de Madrid se han negado a ocupar sus puestos y han contactado con la policía para que viniera a comprobar las condiciones laborales. Tras varios intentos, los representantes sindicales han conseguido que los agentes se personaran en la sede, sita en la calle Santiago de Compostela 94. “Cuando les han dado permiso para subir a la plataforma han entrado dos ‘secretas’ con mascarillas- que nosotros ni tenemos- han visto las condiciones en las que nos tenían, han hecho fotos y con la presión de la policía la empresa ha tomado la decisión de exonerar a la mitad de la plantilla de una manera aleatoria. La jefa iba por los pasillos diciendo, ‘un puesto libre, un puesto ocupado, un puesto libre, un puesto ocupado…’, cuenta una trabajadora del	“Creo que no es seguro mantenernos aquí. El virus ya ha estado en el ambiente. Puede que estemos ya todos y todas infectados, pero aquí estamos, jugando a la ruleta rusa”, concluye la trabajadora. “Desde hace unos días en los centros de trabajo de este sector (Contact Center) se está produciendo una grave situación, ya que las empresas obligan a ir a trabajar a decenas de miles de personas para realizar servicios no esenciales, que en el pasado nunca han sido detectados como servicios mínimos y que, en esta ocasión son fundamentales para las multinacionales que los tienen subcontratados”, han denunciado desde CGT.	“En estos centros de trabajo, las personas trabajan a menor distancia que la recomendada por el Ministerio de Sanidad y las aglomeraciones exponen a los trabajadores y trabajadoras a contagios masivos. Sin embargo, según las empresas, estas son situaciones que no se pueden evitar y exigen a las personas que sigan acudiendo a su puesto de trabajo”, añaden. Las y los empleados de este sector comenzaban este fin de semana una petición en change.org que ya alcanza las 1.000 firmas, para que el Gobierno “declare el cierre obligatorio de los Call Center del país”.	Productoras, centros de yoga, zapaterías, restaurantes, bares... Muchos de ellos no podrán resistir el cierre de sus negocios durante el tiempo que dura la pandemia provocada por el Covid-19. Por eso, pequeños empresarios como Ramon Vila lamenta las casi nulas ayudas que están recibiendo desde el Gobierno para evitar el cierre de sus negocios, pero también el despido de trabajadores	Quiero hablar de lo inapropiado en estos momentos de distopía, de histeria colectiva, de pánico generalizado en la sociedad, la no necesidad de un pensamiento mágico, la necesidad de mantener firmemente los pies en la tierra, en la tierra propiamente dicha y nunca mejor dicho, de esta Tierra, que es nuestro barco con el que vamos surcando este Universo.	3 El Gobierno de Coalición vive su mayor momento de tensión hasta la fecha. La crisis social y económica que puede derivarse de la pandemia del coronavirus sitúa frente a frente dos alas del Ejecutivo: la partidaria de impedir que aumente la deuda pública y el sector que piensa que, sin medidas de inversión masiva, no se podrá evitar una crisis política y social.	Los recursos para actuaciones urgentes en violencia de género, tanto judiciales como policiales, siguen habilitados. La Policía puede actuar en situaciones urgentes, y seguirá en funcionamiento un juzgado de guardia de violencia de género. El Ministerio de Igualdad asegura que los servicios estatales contra la violencia de género estan funcionando al 100%.	
 
           
              
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La policía interviene en Atento para desalojar a la mitad de la plantilla ante la crisis del coronavirus           
        