ACiFaD), una ONG que participó en las mesas de negociación durante las revueltas de Devoto, la atención médica ya era deficiente antes del coronavirus.La ACiFaD encuestó a 475 personas detenidas en 63 cárceles y alcaidías argentinas, federales y principalmente bonaerenses.El 95% de los entrevistados afirmó que, durante el último año, el área de salud penitenciario no le dio un cuidado médico adecuado.	Es prevenible y curable. Si bien se suele considerar erradicada de la Argentina, las condiciones carcelarias facilitan su expansión. Según el relevamiento de la ACiFaD, un 8% de los entrevistados padeció tuberculosis en el último año. La Argentina tiene una población penitenciaria de 103.209 personas, de acuerdo a los registros oficiales. Entre 2016 y 2017 se consolidó el crecimiento de la población encarcelada: subió un 11% en relación a años anteriores.	La mitad de la cifra de fallecidos se debió directamente al Covid-19. El resto de los muertes, por razones vinculadas a la pandemia y a la violencia latente en las cárceles: peleas entre los presos, protestas y represión.Así lo cuantificó el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Se trata de un organismo autónomo, integrado por representantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Poder Legislativo, de ONGs y por un delegado de la Secretaría de Derechos Humanos.Desde el inicio de la cuarentena, la provincia de Buenos Aires puntea el ranking de provincias con más motines y protestas. Hubo ocho situaciones de ese tipo. Le sigue Santa Fe y Mendoza, con cuatro levantamientos.	: 314 se fueron bajo arrestos domiciliarios. Las protestas de los presos, sin embargo, resultaron un tiro en el pie contra los propios reclamos de los detenidos y sus familiares. El gobierno a la vez buscó despegarse de la política, recomendada por la justicia y por organismos de Derechos Humanos, de beneficiar con domiciliarias a los condenados por delitos leves. Cuando el tema adquirió la forma mediática de “liberaciones masivas” para asesinos y violadores, el albertismo se desmarcó.Tras un largo silencio sobre aquella controversia, el miércoles, Alberto Fernández se volvió a referir a la situación de los presos. “Tener en las cárceles personas en situación de riesgo y que el Estado no reaccione es inhumano”, planteó el presidente. Lo dijo un acto junto a Axel Kicillof e intendentes bonaerenses. “Encarcelar a todos y no construir prisiones no tiene sentido, es todo marketing”, le facturó al gobierno de Mauricio Macri.	. Se trata de cargo caliente, sujeto a tironeos políticos dentro del Ministerio de Justicia. El candidato elegido por la ministra Marcela Losardo era Emiliano Blanco, el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Pero hoy quedó clausurada esa posibilidad: tras conducir el SPF durante seis años, Blanco renunció a su cargo. Su portazo se llevó puesta la perspectiva de que ascendiera a la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. El debate sobre la salida de los presos tiene una contracara no mencionada en público. A partir de los protocolos sanitarios de las cárceles, casi no hay nuevos ingresantes a las penitenciarias.	En muchos casos, a las unidades de las fuerzas federales: lugares que no son cárceles y ni siquiera cuentan con celdas. “Hay unas 500 personas en ese limbo, en medio de gendarmes, prefectos y policías. Son presos a las que el Servicio Penitenciario no considera, cuando asegura que dominó la superpoblación en las cárceles”, revela el abogado de un organismo internacional que le pelea a la violencia institucional.	
Cárceles en cuarentena: motines, 49 muertos, tuberculosis y un cargo vacante