Durante el debate parlamentario en el que se aprobó el presupuesto para este año, el Congreso de la Nación hizo uso de sus facultades para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a las políticas de niñez y adolescencia. Este incremento explícito se vio reflejado en mayores recursos para la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), la Comisión Bicameral encargada de la selección del defensor del niño y la Defensoría del Niño. La suma de estas adiciones llegó a 932 millones de pesos, necesarios para mantener niveles de inversión de años anteriores, tal como dispone la ley 26061 de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, sancionada en 2005.	El Ejecutivo puede reasignar las partidas presupuestarias a lo largo del año fiscal e incluir los fondos adicionados a las políticas de infancia y adolescencia durante el debate legislativo. Sin embargo, esta discrecionalidad atenta contra la ley 26061, que establece que los recursos que se destinan a la infancia nunca pueden ser inferiores a los asignados en el período anterior. Las condiciones macroeconómicas desfavorables no pueden servir de excusa para el recorte de la inversión en niñez y adolescencia, menos aun cuando el Congreso de la Nación estipuló explícitamente fondos adicionales para políticas dirigidas a esta población. En definitiva,	
Menor inversión en la niñez: la crisis no es excusa