, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico de la COVID-19.El razonamiento subyacente, y lo que la ciudadanía entiende con esto, es: “Si los precios suben, el Gobierno obliga a que no lo hagan y problema resuelto”. Pero, ¿realmente es así? La respuesta es no. Y aquí van los argumentos:La economía lo explica (casi) todoLa teoría económica y la realidad son tozudas.	¿Qué alternativas existen?Si lo que se pretende es facilitar el acceso de la población a estos productos, las medidas que permiten lograr este objetivo pasan por promover, por todos los medios posibles, el aumento de la oferta.Las empresas fabricantes, tanto nacionales como extranjeras, deben poder producir y vender sus mascarillas en nuestro país sin restricciones (por ejemplo, eliminando trabas burocráticas a su importación o producción).La libertad de precios equilibra la oferta y la demanda, eliminando por tanto el riesgo de que se reduzca la producción por falta de incentivos. De hecho, si aumenta la oferta, también lo hará la competencia entre empresas, lo que reduciría el precio de mercado.Para garantizar el acceso a determinados productos a aquellas personas que no pueden comprarlos a precios de mercado, se deben implementar políticas de ayudas estatales o incluso de provisión pública gratuita.Estas medidas son más eficaces que fijar un precio máximo. No generan las consecuencias ya descritas y, aun con precio fijo, habrá quienes no puedan pagar el importe establecido por el Gobierno.Moraleja:	
¿Por qué fijar el precio de las mascarillas puede ser un mal remedio?