Luego del escándalo de supuestos negociados en la construcción y adjudicación de las viviendas sociales que facilita el Gobierno, a través de la Agencia Estatal de vivienda (AEVivienda) en Chuquisaca, el Ministerio de Obras Públicas demandó la verificación, inspección y revisión del estado de situación de dicha agencia, en cada uno de los departamentos del país.	“En el marco del ordenamiento jurídico vigente, por instrucciones de nuestra Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), tengo a bien comunicar que la dirección a su cargo, deberá efectuar un corte administrativo y realizar la entrega de la documentación requerida”, señala la carta que fue enviada por el viceministro de Vivienda, Javier Delgadillo, al director ejecutivo de AEVivienda, Gonzalo Rodríguez.	El requerimiento pasa por las copias de los libros de registro y reporte del sistema de correspondencia; detalle de los IP telefónicos y reporte de llamadas; bases de datos de los sistemas informáticos; copia de acta de aprobación de proyectos; copia del proceso de contratación desde el inicio hasta la suscripción del contrato; y detalle de procesos de ejecución de obra.	También se pidió el estado de situación de saneamiento técnico legal; estado de situación de venta de departamentos; procesos de determinación de costo para venta, preventa y venta al contado de soluciones habitacionales en comunidades urbanas y viviendas nuevas a iniciativa; resoluciones administrativas emitidas en las gestiones 2018 y 2019; reporte y estado de situación de procesos judiciales y administrativos; y planilla de personal de ítem eventual. Todas con documentación respaldatoria.	“Como cabeza de sector, hemos pedido información a AEVivienda para verificar la información que tenemos y cruzar con otras pesquisas. Estamos haciendo una investigación profunda, luego de lo que pasó en Sucre. Estamos trabajando de manera coordinada con el ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, y de la mano de la Unida de Transparencia para tener claridad de toda la información”, explicó Delgadillo.	
Ordenan inspección de los proyectos de vivienda del Gobierno, por corrupción 