Una jovencísima madre de 16 años dio a luz el pasado septiembre en una pensión de la localidad catalana de L’Hospitalet con la sola ayuda del padre de la criatura, también menor de edad. Nadie lo sabía, ocultaron el embarazo a la familia, la escuela y los amigos. Habían acordado dar al bebé en adopción, pero el padre cambió de idea y sin decírselo a su pareja acabó arrojando al recién nacido al río Besós, donde el pequeño falleció. La historia causó conmoción en todo el territorio nacional, una conmoción que se ha multiplicado ahora, al conocerse todos los detalles de este dramático episodio: la muchacha había tratado de abortar, pero la reforma de la ley impulsada por el ministro del Partido Popular Alberto Ruiz-Gallardón la obligaba a acreditar el consentimiento paterno. Incapaz de confesar a sus padres el embarazo, optó por llevarlo adelante en secreto. El desenlace todavía podía haber sido más atroz, ya que la juventud de la madre la situaba en un grupo de riesgo.	El Gobierno de coalición que está a punto de estrenarse se ha comprometido a modificar la ley del aborto y volver a los supuestos establecidos por el Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que permitía a las jóvenes de 16 y 17 años interrumpir el embarazo sin permiso paterno. Entonces, solo se precisaba que los progenitores fueran informados. Ni siquiera esto último si existían graves conflictos familiares. A esta excepción se acogían solo el 10% de las jóvenes, a veces por mal entendimiento con los padres, pero también por ser víctimas de malos tratos en sus hogares o porque vivían lejos de sus progenitores.	Más allá del límite de edad, la actual ley del aborto es clara. Se permite la interrupción del embarazo, bajo cualquier circunstancia, durante las 14 primeras semanas de gestación. Hasta la semana 22, en caso de que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o riesgo de anomalías graves para el feto. No hay límite temporal si se detectan problemas fetales incompatibles con la vida. La sanidad pública debe ofrecer la posibilidad de un aborto gratuito y seguro a todas las ciudadanas. Pero a pesar de ello, la realidad no siempre se ajusta a lo que permite la ley.	También la objeción de conciencia de los facultativos, así como episodios de mala praxis en el sistema sanitario, dificultan el ejercicio del derecho al aborto. Médicos y enfermeras tienen derecho a objetar, pero entonces la Administración debe garantizar la inviolabilidad del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo que consagra la ley.	
Aborto, un derecho con obstáculos