A pesar de que la gobernadora Wanda Vázquez reiteró recientemente que se pagará el mencionado bono, la realidad es que aún no se han identificado los fondos para dicha partida, ni la Junta de Control Fiscal ha anunciado su aprobación, por lo que el panorama sigue siendo incierto para los empleados del gobierno, quienes cuentan con este ingreso en el mes de diciembre para cubrir los gastos navideños.	“El daño está hecho por la inseguridad que hay, porque no hay la certeza de que se recibirá el bono de Navidad y la gente se aguanta para hacer compras. Si no se pagara, esto tendría un efecto importante en los pequeños y medianos negocios. El panorama de las navidades no es bueno, va a ser difícil que el gobierno pueda pagar el bono”, opinó el economista José Joaquín Villamil, a pesar de que la gobernadora anunció que evalúa alternativas para el pago del bono.	Muchos negocios esperan con ansias la época navideña para generar parte de los ingresos perdidos por el efecto del Covid-19, por lo que, si este dinero no llega a manos de los empleados públicos y del sector privado, -cuyos bonos navideños también están en riesgo- los comercios tendrían un fin de año muy complicado a nivel económico.	El panorama se complica, ya que, mientras el gobierno busca los mecanismos para pagar el bono a los empleados públicos, que asciende a $80 millones, se proyecta un alza en la cantidad de patronos privados que pudiesen solicitar la exención en dicho pago, el cual totaliza los $100 millones. El pasado año se acogieron a la exención unos 662 patronos, lo que representó un alza de 23% al compararse con 2018, acorde con datos del Departamento del Trabajo. Este año, ante el impacto generado por los sismos y la pandemia de Covid-19, los analistas estiman una tendencia similar a la registrada en 2017 —cuando el embate del huracán María—, donde 1,087 patronos se acogieron a la exención.	“Las ventas ya están debilitadas, no se están moviendo de manera satisfactoria. Se nota el poco consumo en la calle. Nosotros esperamos que la junta llegue a un acuerdo con el gobierno estatal y que el sector privado también pueda dar el bono. No se debe ver como un simple bono, sino como un beneficio que se tiene por ley”, comentó el presidente de la Asociación de Comercio al Detal, Iván Báez.	Según explicó Báez, la gente se aguanta al momento de comprar si existe incertidumbre sobre la llegada de este dinero adicional que usualmente el puertorriqueño utiliza para celebrar las fiestas y brindarles obsequios a sus seres queridos. Este año el bono se convertiría en una tabla de salvación temporera para muchos dueños de negocios que han estado enfrentando los cierres ordenados por el gobierno, gastos adicionales para desinfección y seguridad en sus establecimientos, reducción de horarios y de capacidad al momento de atender a sus clientes.	“La gobernadora quiere darles el bono a los empleados del gobierno y ahora es cuando más falta hace, más si hay muchas empresas privadas que no lo van a poder dar. Sería un aliento luego de la mala racha que han tenido los negocios todo este año”, dijo Jesús Vázquez, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD).	“Los pequeños y medianos comerciantes están apostando a la Navidad para salir de la pérdida que han ido arrastrando desde marzo, ya sea con compras electrónicas o presenciales en las tiendas. Al puertorriqueño siempre le gusta salir a comer y darles regalos a los más cercanos, sobre todo a los niños que siempre esperan algún regalo”, comentó el presidente del CUD.	“Si el gobierno no le identifica a la Junta de Control Fiscal una partida que pueda usarse para esto, y que no esté comprometida con otro fin, la junta no va a aprobar el bono. Decir que lo van a pagar en año de elecciones es una ganancia, le conviene al Partido Nuevo Progresista (PNP). Pueden mantener la esperanza y decir que no van a pagar el bono el 4 de noviembre”, opinó Delgado.	

        
            
            Incertidumbre del pago del bono impacta las ventas al detal
        
    