Al menos ocho personas fueron asesinadas en aquel evento, hace ya más de cinco años. Nadie supo en un principio qué había pasado exactamente. La Secretaría de la Defensa, Sedena, divulgó una versión distorsionada de los hechos, que se mantuvo durante meses. El Ejército dijo que un convoy militar se había enfrentado a un grupo de civiles armados en una bodega a medio construir, en una comunidad del municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, a unas horas de la capital; que los civiles habían atacado a los	, pero su margen de actuación es estrecho. De todas formas, los jueces podrían impulsar la detención de los soldados mientras esto ocurre. Su captura depende ahora de la voluntad de la fiscalía, reticente en el pasado a volcarse en este caso. Y también del actual Gobierno y su capacidad para fiscalizar la actuación de las Fuerzas Armadas.	sacudió al Gobierno de Enrique Peña Nieto, poco antes de la desaparición, a finales de septiembre de 2014, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La actuación del Ejército en tareas de seguridad pública en México es, no obstante, motivo de polémica desde hace más de una década. Son varias las causas y sin duda la primera es la cantidad de señalamientos por tortura, homicidio y desaparición forzada. Desde que las Fuerzas Armadas suplen masivamente a los cuerpos policiales, esto es, desde principios del Gobierno de Felipe Calderón, en diciembre de 2006, los señalamientos por asesinato, tortura, desaparición forzada y otras violaciones a derechos humanos se cuentan por decenas. De 2007 a 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 125 informes en que probaba la culpabilidad de elementos del Ejército en este tipo de delitos.	en los últimos cinco años. Cuestionado al respecto, el Ejército respondía que ellos no llevaban la cuenta. Aunque suene raro, nadie, ni el Gobierno pasado ni este, le habían hecho reproche alguno. Y la semana pasada, sin explicación alguna, el secretario de la Defensa llegó con todos los datos: de diciembre de 2006 al 30 de septiembre de 2019, 5.396 mexicanos -el Gobierno les llama a todos "agresores"- murieron en enfrentamientos con	El uso de la palabra agresor no es baladí. Es uno de tantos conceptos que el Ejército emplea habitualmente en sus comunicados, como repeler o abatir. Entre todos arman una narrativa en la que la institución siempre se comporta de acuerdo con la ley, sin cometer errores, mucho menos delitos. Así ocurrió en el caso de Tlatlaya y así ha ocurrido en decenas de casos estos años.	
Un tribunal ordena volver a detener a los militares implicados en el ´caso Tlatlaya´ en México