Tapachula, Chiapas; 24 de mayo. – La Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos dejaron de intervenir en el problema sin solución que involucra al ahora Director de Gobierno municipal, Marco Viaña, en delitos de fraude y falsificación de documentos.La postura de ambos organismos fue notificado al grupo de locatarias del mercado “Emiliano Zapata”, que se encuentran en un plantón en la entrada a la Presidencia Municipal, suplicando ser atendidas.Aidé Teco Vicente, representante de la unión de pequeños comerciantes de ese centro de abasto, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que ya hay varias quejas en contra de ambos organismos.“No hay protección a las canasteras, simplemente están protegiendo a bandidos y a los centroamericanos, quienes ya tienen más derechos que nosotras. Quedamos en estado de indefensión porque no atienden nuestros asuntos”, señaló,Por si fuera poco, el jueves acudieron a las oficinas del alcalde, Oscar Gurría Penagos, para solicitarle formalmente una audiencia, el cual asegura les concedieron.Sin embargo, las horas fueron pasando y al no ver que las fueran a atender, preguntaron a una empleada que les contestó que lo sentía mucho, pero ya se habían ido todos.Junto con otras mujeres decidieron quedarse sentadas en la explanada del Palacio porque afuera estaba lloviendo mucho, pero policías municipales les dijeron que no se podían quedar ahí y las echaron.Por eso, ese grupo de mujeres inconformes se tuvo que quedar a dormir en la banqueta de esas oficinas, bajo las torrenciales lluvias en espera de ser atendidas.Según las quejosas, ya interpusieron sus denuncias ante la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa en torno a todo lo ocurrido y, al no haber tampoco respuesta, este sábado iniciarán ahí una huelga de hambre.Como se recordará, las locatarias interpusieron una demanda en contra del grupo de abogados TRUVI, liderados por Marco Viaña, según consta en la carpeta de investigación, 3402 / 2018.Lo litigantes, de acuerdo a la versión de Teco, se acercaron a los comerciantes para ofrecerle ayuda legal por el conflicto que sostenían con la autoridad local por la restitución de locales en ese mercado, pero que solamente las estafaron con la cantidad de 68 mil 500 pesos.Además de eso, los supuestos abogados que llevaban el caso resultaron que habían falsificados sus cédulas profesionales.Puntualizó que han solicitado a las autoridades judiciales, una y otra vez, que se aplique lo que establece la ley y obligue al funcionario municipal a que regrese el dinero y se le finque responsabilidades por la falsificación de documentos y otros delitos, pero no se ha hecho nada. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello	
Derechos Humanos Solo Protegen a Bandidos: Locatarias