que fueron a parar a manos de siete entidades gubernamentales, entre ellas las Fiscalías de los condados de San Diego y Santa Clara, así como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS), la Administración de Pequeños Negocios de EEUU, la Oficina federal del Inspector del Seguro Social y el Departamento de Seguridad Social de California.	que de momento no está claro si la información de los números de seguro social fue usada para corroborar el estatus migratorio de los automovilistas, pero la pifia volvió a abrir una caja de pandora que pone al departamento en el ojo del huracán por su cuestionado manejo de la información privada.	Con cada escándalo relacionado con el uso de datos privados, el DMV reitera que la protección de la información personal es una de sus máximas prioridades, pero también ha dejado en claro que los datos de los titulares de las licencias sí están disponibles para ciertas agencias encargadas de aplicar la ley.	“Los registros del DMV que están disponibles para las agencias del orden no indican si una licencia de conducir fue expedida bajo la ley AB 60, ni tampoco incluyen ninguno de los documentos de identificación que las personas deben presentar para obtener los carnés de manejo”, señalaron en julio pasado en medio de los señalamientos sobre el uso de tecnologías de reconocimiento facial por parte de ICE.	La Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU), por su parte, especifica que los agentes migratorios deben proporcionar a sus contrapartes en el DMV el nombre de la persona que buscan y requerir que se les haga llegar la dirección y la foto, pero no tienen acceso ilimitado a la información del DMV y tampoco sabe quién tiene una licencia de manejo ordinaria o una basada en la ley AB 60, lo que corrobora lo dicho por el departamento.	Pero los esfuerzos de los legisladores de California se podrían quedar cortos para cerrar todas las lagunas en la ley. Un reciente informe del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) señala que ICE no solo puede tener acceso a la base de datos de las personas que obtienen una licencia de manejar, sino también a las de agencias locales, estatales y federales encargadas de hacer cumplir la ley.	
DMV de California compartió por años la información privada de miles de conductores al gobierno federal