Un Tribunal rechazó una demanda contra una empresa de Telefonía celular, iniciada por un cliente al que le enviaron una intimación para que pague “Importes no facturados oportunamente”. Si bien los jueces reconocieron el incumplimiento a la Ley de Defensa del Consumidor, entendieron que no existió el perjuicio “cuya reparación se solicita”.	Al consumidor le había llegado una intimación a cancelar una deuda de $1811, que al no ser abonada, provocó la cancelación del servicio. Disconforme con la actitud de la empresa, inició las actuaciones “Vélez, José Alberto c/ Telmex Argentina SA s/ incumplimiento de contrato” en reclamo de una suma en concepto de daños y perjuicios.	Pero pese a que se acreditó que existió un error en la facturación “producto de una falla en el sistema de la demandada”, cuestión que era ajena al consumidor, y “que lo llevó a no facturar oportunamente los cargos comprendidos en el período correspondiente”, la Justicia consideró que “no se había demostrado el daño reclamado”, ya que los cargos “habían sido efectivamente consumidos y no habían sido abonados”.	Los magistrados consideraron que “efectivamente existió un incumplimiento por parte de la demandada respecto de la obligación de información en los términos del art. 4 de la Ley N° 24.240”, pero al igual que lo manifestado en el fallo apelado, entendieron que no estaban dados “los restantes presupuestos de la responsabilidad para así justificar el progreso de la acción”.	El fallo de la Alzada destaca que no existían dudas en el caso, acerca “de la conducta negligente de la compañía demandada en no informar durante el período de casi dos años que había ocurrido una falla en el sistema y que aquella se traducía en un error de facturación”, pero que “no basta el incumplimiento de una obligación legal o contractual -como fue expresamente reconocido en autos-, sino que es además indispensable establecer la existencia del perjuicio cuya reparación se solicita”.	Para la Sala II, este último aspecto no estaba acreditado. Más allá de que el actor alegó que “se sentía estafado” y que por el incidente “dejó de atender cuestiones personales para embargarse en fatigosos reclamos, llamados a centros de atención telefónica despersonalizados, organismos de defensa del consumidor, abogados con las consiguientes erogaciones de traslados, costos, llamadas telefónicas, gastos administrativos”, el Tribunal concluyó que “ninguna prueba se ha aportado a fin de acreditar los padecimientos que dice haber sufrido”.	La Secretaría de Defensa del Consumidor sancionó a un comercio por el supuesto cobro extra por carga virtual y por la compra de tarjetas telefónicas prepagas. Sin embargo, la Justicia de Salta dejó sin efecto la multa a raíz de las "graves deficiencias" en el acta de comprobación de la infracción.	
Empresa que incumple no siempre responde