La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo urge al Estado a ejecutar los fondos concedidos para la regeneración de la ría de O Burgo. Esta comisión recibió la petición de la Cofradía de Pescadores en 2010 para investigar la contaminación en el estuario. En 2013, incluso, una delegación acudió a A Coruña para conocer el estado del enclave, de la mano de la representante del BNG en Europa, Ana Miranda, del pósito y de la plataforma en defensa de O Burgo. Tras la visita, el presidente de la delegación, Philippe Boulland, representante francés del Partido Popular Europeo, calificó de "inmundicia" la situación de la ría en su primera intervención sobre el tema ya de vuelta en Bruselas.	"La Comisión continuará apoyando a España en sus esfuerzos por asegurar la correcta aplicación de las disposiciones pertinentes de la legislación medioambiental de la Unión, en este caso sin retrasos injustificados, y seguirá de cerca la ejecución de la operación de dragado, que cuenta con el apoyo del FEDER en la ría de O Burgo", ha contestado a los mariscadores, después de saber que, a pesar de que la Comisión Europea había aceptado cambiar los criterios de los fondos para poder dar cobertura a esta obra, y de haber concedido la financiación en febrero, todavía no había salido a concurso el proyecto, que tiene un presupuesto estimado de 48 millones de euros y un plazo de ejecución de 23 meses, aunque podrían ser menos, dependiendo de las ofertas que hagan las empresas que se presenten al concurso.	un documento en el que diga que los terrenos están disponibles y que no existen concesiones en vigor porque, sin esa autorización, no puede licitar la obra. La Xunta, sin embargo, defiende que no le entregará el documento hasta que el proyecto salga a concurso. Son dos posiciones, por ahora, irreconciliables.	La directiva de la Asociación de Mariscadores a Pé de la Cofradía de Pescadores demanda a ambas administraciones que se "pongan de acuerdo" para poner en marcha estas obras tan esperadas y también que no los utilicen "como excusa" para justificar el retraso. La Xunta se enroca en que, si suspende las concesiones, los mariscadores no podrán salir a faenar y que, por eso no entrega el documento solicitado.	Los tiempos, en este caso, importan y de ahí, la apreciación de la Comisión de Peticiones, que hace referencia a que no haya "retrasos injustificados", ya que tanto los fondos europeos como la Declaración de Impacto Ambiental del dragado del estuario tienen fecha de caducidad. Para poder aprovechar esta financiación, las obras tendrían que empezar, como muy tarde, el próximo año.	El trámite ambiental se aprobó en septiembre de 2017 y tiene una vigencia de cinco años, por lo que ha consumido ya más de la mitad. La Comisión de Peticiones asegura que seguirá pendiente de que esta actuación se cumpla. Y es que, contravenir las normativas europeas, según recuerda en su informe, y también remarcan los mariscadores, conlleva multas económicas al Estado.	
Europa urge al Estado a ejecutar los fondos concedidos para el dragado de O Burgo