Las incautaciones de marihuana en la provincia se han multiplicado por diez en la última década. Burriana, Castelló, Almassora, l’Alcora o Vila-real son solo algunas de las localidades en las que se han desarrollado recientemente actuaciones policiales para frenar el cultivo y el tráfico de cannabis. La Policía Nacional y la Guardia Civil tienen serios problemas para su almacenaje hasta que se ordena judicialmente la destrucción de los ejemplares.	Según fuentes sindicales consultadas, los agentes se han visto obligados, incluso, a guardar las plantas intervenidas en plazas de garaje o en los patios de cuarteles y comisarías. Los investigadores solo toman una pequeña muestra del alijo, que es enviada a Sanidad para su análisis, y esperan la autorización judicial para iniciar el proceso de eliminación del resto del alijo.	Según los datos proporcionados por el Ministerio del Interior, en el año 2017 (último ejercicio con registros anuales completos) se requisaron 227 kilos de marihuana en la provincia. Esa cifra corresponde únicamente al pesaje del cogollo, una vez retiradas las ramas, la tierra y los maceteros de los ejemplares, que fueron un total de 6.802. Diez años antes, en cambio, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado intervinieron tan solo 22 kilos.	Por lo que respecta a otras sustancias estupefacientes, los agentes lograron interceptar en Castellón ocho kilos de cocaína, 443 de hachís y 100 gramos de heroína en 2017, según la estadística gubernamental. Tan solo los hallazgos de cannabis fueron superiores a los registrados diez años antes, mientras que las incautaciones del resto de sustancias descendieron considerablemente.	
Castellón multiplica por diez las incautaciones de marihuana en una década