"Pero en el fondo, lo que le pedimos al Tribunal [Constitucional] es que valore y ponga en la balanza la colisión [entre] la normativa del derecho a la salud que tenemos los bolivianos y el derecho al sufragio y los derechos políticos, que están garantizados, que se van a llevar adelante, pero garantizando la salud de los bolivianos", agregó.	"La ley 1297 [es] una norma criminal porque deben prevalecer los derechos de los ciudadanos y de interés colectivo, como son la vida y la salud. Consideramos que esta ley, aprobada por el rodillo del MAS, tiene que anularse y el TCP tendrá la última palabra", declaró Ayllón, según publicó la agencia estatal ABI.	
El oficialismo boliviano abre una batalla legal contra la ley de elecciones en 90 días