El tratado confiere a los artistas audiovisuales derechos patrimoniales (valorados en dinero) sobre sus interpretaciones, como el derecho de reproducción (derecho a autorizar la reproducción directa o indirecta de la interpretación) y el derecho de distribución (derecho a autorizar la puesta a disposición del público del original y de las copias de la interpretación).	
 OMPI advierte contra excesiva gratuidad de los productos culturales durante la pandemia