De un lado el pueblo venezolano. Reprimidos violentamente en su clamor de libertad. Con sus 154 muertos en las manifestaciones populares de 2017, y 26 en lo que va de este 2019. Con miles de heridos, presos políticos y torturas en las cárceles. Con sus libertades conculcadas y sus instituciones arrasadas. Donde un parlamento (la Asamblea Nacional) ha sido desplazado en sus funciones, con un Poder Judicial controlado, dependiente y sumiso. Donde es muy difícil conseguir alimentos y medicinas y los padres entierran a sus hijos, o los hijos entierran a sus padres por el hambre, la debilidad y las enfermedades. Donde cada vez más ciudadanos se ven obligados a abandonar su país para sobrevivir lejos de la patria y su familia. Un país inundado de petróleo que expulsa a su gente, la lleva presa o la mata de inanición. Un país recontra fundido, con una inflación que según el Fondo Monetario Internacional trepó a 1.350.000% en el 2018, y será de 10.000.000% en 2019.	Por otro lado un sádico dictador de pocas luces, con vocación de déspota y asesino. Que no le tiembla el pulso ni la voz para ordenar represión y más represión. Que utiliza una guardia de civiles armados (los "colectivos"), para controlar los barrios y practicar la intimidación más brutal. Y en muchos casos, mortal. Que se autofinancian en sus tropelías a través de la extorsión, el contrabando en el mercado negro de alimentos y el narcotráfico. Que cada día son más porque han disminuido los ingresos del gobierno y cada día son más violentos y rapaces.	Ese dictador, que ha desconocido y se ha burlado de las elecciones legítimas (la última fue en 2015 cuando se eligió a la Asamblea Nacional y la oposición dobló a Maduro: 112 representantes de la oposición contra 59 de Maduro), que carece de respaldo popular, que habla falsamente de "diálogo" para ganar tiempo, solo encuentra la "legitimidad" de su estancia en el Palacio Miraflores en el respaldo de las Fuerzas Armadas, perjuras de su compromiso con la Constitución, traidoras al pueblo venezolano que le confió las armas y tan corruptas como el dictador y sus secuaces civiles.	Y ahora Juan Guaidó. La Asamblea Nacional, inexistente en los hechos pero constitucionalmente vigente (de acuerdo a la Constitución Bolivariana de Hugo Chávez), lo elige como su presidente y, en carácter de tal, como el indicado para ocupar la presidencia en caso de vacancia. Igual que Topolansky en nuestro país. Maduro terminó su mandato de siete años en enero de 2019 y quiso continuar en base a elecciones ilegítimas y fraudulentas, realizadas sin ningún control de nadie que pensara distinto, con el Parlamento bloqueado y con dirigentes proscriptos.	Guaidó y sus jóvenes 35 años son el viento que precisaba Venezuela para buscar el cambio y el retorno a la legalidad. Se plantó firme, enfrentó a Maduro y el pueblo volvió a salir a la calle en una manifestación descomunal. Y de inmediato, desde todas partes del mundo se respaldó su causa: el pueblo venezolano debe ser libre de elegir su destino. Desde las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea, la enorme mayoría de los países americanos, instituciones de Derechos Humanos o de Defensa de las Libertades partió el clamor por el retorno de Venezuela a la legalidad y a la vida.	Pero, unos pocos quedaron afuera. China y Rusia por muy claros temas comerciales; otros por motivos de afinidad ideológica o favores recibidos desde la época de Chávez. Lo cierto es que unos pocos optaron por vender el rico patrimonio de sus pueblos, al vil precio del dinero, la corrupción y el silencio.	Triste, muy triste es reconocer que nuestro país, Uruguay, es uno de ellos. Los gobiernos frenteamplistas hicieron muchos negocios con Venezuela y hubo mucha gente vinculada a ellos que "les fue muy bien". Pero se sabe muy poco de nombres y detalles porque hay secretos que se mantienen intactos desde hace mucho tiempo. La caída de Maduro podría abrir una caja de Pandora que se ha ido llenando a partir de la creación del Fondo Bolívar-Artigas en 2005. Y hay demasiados que no quieren eso.	
Abrazado a las bayonetas