Contradicción. Cuando en 2018, la entonces ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, firmó el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (conocido como Acuerdo de Escazú), el gobierno tildó el hecho de “histórico”. Dos años después, el mismo Ejecutivo buscaría trabar la vigencia del tratado.	Los pronunciamientos en contra de este Acuerdo - ratificado a la fecha por 9 países - se han hecho más visibles en los últimos días. El viernes 17 de julio, mediante un comunicado, los principales gremios empresariales - Confiep, Sociedad Nacional de Industrias, Adex, entre otros - se opusieron al tratado señalando que “puede atentar contra la soberanía del país al tener que llevar discusiones que se deben resolver en el ámbito local, a instancias internacionales”.	Este lunes, María Isabel León, presidenta de Confiep, añadió además que el Acuerdo “incluye términos jurídicos que son imprecisos y amplios, y que pueden ser ambiguos para su aplicación (...) Permitir que el Estado pueda ser emplazado respecto a bienes dentro de su territorio y someternos son temas que nos preocupan”, dijo a Andina.	Frente a ello, la Comisión de Pueblos Indígenas solicitará este lunes ser la segunda comisión dictaminadora. Asimismo, fuentes ligadas al Congreso confirmaron que el viernes dicha comisión realizaría una sesión extraordinaria. “Van a citar a los ministros del Ambiente y Relaciones Exteriores, así como a las Fiscalías Especializadas en Medio Ambiente, AIDESEP, entre otras organizaciones, para escuchar sus posiciones, porque preocupa la contradicción en el Ejecutivo”, indicaron.	
Acuerdo de Escazú: Citarán a ministra del Ambiente y de Relaciones Exteriores al Congreso