Las tarifas de los servicios públicos no fueron congeladas como tal. Lo que se hizo fue tomar como referencia y tope el valor tanto en el kilovatio hora para energía, como en el metro cúbico para gas natural y acueducto y que regía el 14 de abril para que las empresas calcularan el valor de la factura.	Y afirmó que con la entrada en vigencia del aislamiento varias empresas de servicios públicos tomaron la decisión unilateral de facturar por promedio ya que no quisieron exponer a sus funcionarios ni a los usuarios al contagio del coronavirus, lo que derivó en un alza en el valor de las facturas.	Hay una confusión. No es un congelamiento como tal de las tarifas. La medida dictada es que el valor tanto en el metro cúbico de gas natural y acueducto, como el kilovatio hora en energía, no pueden superar el costo unitario registrado en el día en que fue expedida la resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) -el 14 de abril-.	Esto derivó en una situación bastante indeseable, y es que en el caso de los comercios que estuvieron cerrados por más de un mes a los propietarios les llegó la factura con un valor muy alto ya que se promedió el consumo de los últimos seis meses, es decir desde noviembre o diciembre del año pasado (meses con alta demanda).	Ante este comportamiento, y con el amparo de las medida por la emergencia económica, el 22 de abril la Creg expidió una resolución en la que prohibió la facturación por promedio, salvo que demuestre la empresa que hizo todos los esfuerzos posibles para hacer la medición y no se logró hacer esta tarea. Por su parte la Superservicios ha expedido una serie de circulares con requerimientos a las empresas para que la facturación sea por consumo y no promediando con meses que no están dentro de la contingencia.	No son responsables. Lo que hay son metodologías y fórmulas de cálculo que se deben cumplir. Las empresas de servicios públicos son responsables del cobro de la tarifa, incluyendo y utilizando los marcos tarifarios aprobados y expedidos por las comisiones de regulación. En el caso del servicio de acueducto se calcula con base en la metodología de la Comisión de Regulación de Agua (CRA). En el caso de energía y gas, por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).	El Gobierno establece en el caso del Acueducto, alcantarillado y aseo que no puede haber incrementos tarifarios hasta el 31 de agosto. Con respecto a los servicios de energía eléctrica y gas natural, la norma prohíbe el aumento del kilovatio hora en el caso del primero, y del metro cúbico en el segundo hasta el 31 de julio.	Lo que sí se presentará es un aumento en el consumo, ya que en casi tres meses de aislamiento el uso doméstico de los tres servicios se verá incrementado porque los núcleos familiares están confinados en sus viviendas, y es este el que terminará por incrementar el valor que se verá reflejado en la factura.	Vale aclara que los servicios públicos no son gratuitos. El total del valor de las facturas de abril, mayo y junio se pueden pagar a plazos una vez se levante la contingencia. Es decir, que al consumo corriente se le debe sumar el precio diferido en 36 meses de los servicios para los estratos 1 y 2, y en 24 meses, para los estratos 3 y 4. Además está prohibida la desconexión por falta de pago. El pago a plazos de las facturas debe ser ofrecido por las empresas.	El valor registrado en los recibos tenía anotado en su componente de generación el costo del precio de energía en el momento de la facturación que fue finales de enero y principios de febrero y que era de $600 por kilovatio hora. Este precio, que se presentó por varios días, y que alteró altamente el promedio de consumo de los dos meses, es el que le llegó a los consumidores mes y medio después. Es decir, finales de marzo o principios de abril.	
‘Cobraron muy alto por el servicio de energía’