El magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado durante toda la etapa de Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, tiene ultimada la redacción de una sentencia con la que, a priori, pretende amparar y absolver a las ocho personas que fueron condenadas en abril de 2015 a tres años de cárcel por los episodios de violencia que se produjeron en el asedio al Parlamento catalán en junio de 2011.	y no está previsto que las deliberaciones y el fallo definitivo se conozcan antes de que el Tribunal Supremo dé a conocer su sentencia contra los golpistas del 1-O. Sin embargo, la ponencia de Conde-Pumpido, elaborada ya desde el pasado mes de junio, está generando tensiones internas en el Tribunal no solo por la desautorización que supondría para la Sala Penal del Supremo y su sentencia condenatoria por aquel asalto al Parlament, sino porque de facto contribuiría a elaborar una nueva doctrina constitucional sobre el concepto de «violencia».	Nancy Pelosi convirtió ayer un martes de septiembre en un día para la historia de EE.UU. La líder demócrata de la Cámara de Representantes compareció a última hora de la tarde ante las cámaras de televisión, con un fondo de banderas con barras y estrellas, el inicio formal del «impeachment» o proceso de recusación del 45º presidente de EE.UU., Donald Trump.	, la traición a nuestra seguridad nacional y la traición a la integridad de nuestras elecciones», anunció Pelosi. «Por ello, hoy anuncio que la Cámara de Representantes impulsara una investigación oficial para un “impeachment”. Nadie está por encima de la ley». La decisión de Pelosi se produce después del último escándalo político del multimillonario neoyorquino: una llamada telefónica de finales de julio con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la que podría haber presionado a su homólogo para que investigara al principal obstáculo para su reelección: el favorito en las primarias demócratas, Joe Biden.	de la localidad de Folgueroles (Barcelona), donde fue edil durante ese mandato, logrando doblar la representación del partido, pasando de uno a dos concejales. El propio líder de ERC Oriol Junqueras, ahora en prisión preventiva a la espera de conocer la sentencia del juicio del «procés», asistió a la presentación de la candidatura de Buigas. Definido como una persona muy implicada con el independentismo y la vida asociativa de este municipio –es un perfil similar al del resto de detenidos–, su arresto se produjo no obstante en la masía en la que se había instalado hace pocos meses junto a su familia en el municipio de SantPere de Torrelló (Barcelona).	y, sobre todo, que «vayan a lo importante». Con ese objetivo, ha optado por una dirección «coral» de la campaña electoral, que está coordinada por el secretario general, Teodoro García Egea, y en la que participarán todas las direcciones territoriales del partido. En el último Comité Ejecutivo Nacional, Casado pidió a todos los barones que propusieran un nombre para incorporarse al Comité de campaña, que quedará constituido a lo largo de esta semana. Ese órgano del partido es el encargado de velar por la estrategia del partido en la campaña y de garantizar que los mensajes electorales llegan hasta el último rincón.	En la víspera de su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Pedro Sánchez reconoció en una conversación informal con periodistas que convertirían octubre, la antesala de las elecciones del 10 de noviembre, en un mes «muy político»: el Brexit, la sentencia del «procés» y la exhumación del cadáver de Francisco Franco. Su discurso, pronunciado este martes en la recta final de la primera jornada del debate de la Asamblea General de la ONU, coincidió con la	. Nada más conocerse la noticia, el equipo de Sánchez reconocía que se cambiaría el discurso para incluir la decisión judicial. En plena campaña electoral, el Gobierno en funciones no dejaría pasar la oportunidad de aprovechar lo que consideran un caramelo electoral. Así fue: Sánchez reivindicó la decisión del Supremo en la tribuna de oradores del pleno de la ONU, en un pasaje de su discurso más de precampaña que para convencer a la comunidad internacional de los progresos democráticos de España.	El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se prepara para una tramitación más accidentada de lo esperado para su nombramiento como Alto Representante de la política Exterior de la UE. En la respuesta que ha enviado a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo manifiesta que no ve la necesidad de vender sus acciones en compañías multinacionales, a no ser que los diputados le obliguen a hacerlo.	, incluyendo indicaciones que prevén que su audiencia puede ser un procedimiento tormentoso. La Comisión Juri había incluido a Borrell en la lista de los candidatos a comisarios cuya situación es más dudosa en cuanto a posibles casos de conflicto de intereses y le habían enviado una carta pidiendo más información y preguntando si estaría dispuesto a desprenderse de los elementos de su patrimonio que podrían dar lugar a situaciones comprometidas.	
Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 25 de septiembre