ontinuando lo que a estas alturas es ya una tendencia preocupante de arrogarse prerrogativas que no posee, el Congreso ha aprobado en general que se declare nula la Ley de Pesca aprobada en 2012. Se busca de esta forma desconocer que existe un procedimiento de derogación de una ley —que exige la presentación y aprobación de un proyecto al efecto—, y se abre la puerta a la posibilidad de que la actual (y circunstancial) mayoría política revierta lo hecho por el Congreso en el pasado, cuestionando así las mismas bases del Estado de Derecho.	Como hizo ver en la Sala el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, “no existe la potestad expresa para efectos que el legislador pueda declarar la nulidad de una ley”. Menos aun, según pretenden los parlamentarios impulsores de la iniciativa, puede hacerse con sentido retroactivo para borrar lo realizado bajo la norma impugnada, ya que por principio toda ley produce efecto sólo para el futuro.	De prosperar esta idea en el trabajo de las respectivas comisiones parlamentarias, el Gobierno ha advertido que acudirá al Tribunal Constitucional para impugnar la validez de la nulidad. Aunque correcto, el Ejecutivo también podría antes —por las mismas razones de inconstitucionalidad— vetar la propuesta para enviar una clara señal al Congreso que enfatice las atribuciones de cada poder del Estado, y sus límites.	
Hacer la ley respetando a ley