expresa que si bien "la carga vejatoria e insultante de los mensajes emitidos no deja lugar a dudas, no solo por su contenido sino también por el momento, ocasión y circunstancias en las que se lanzaron los mensajes aludidos, sin embargo no cabe cometer delito de injurias contra personas fallecidas", ya que los derechos de la personalidad se extinguen con el fallecimiento, argumento éste que traslada también a la protección de la integridad moral de los dos agentes fallecidos.	Sobre los delitos contra el honor y la integridad moral recuerda la juzgadora lo determinado en la sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca, de fecha 27 de octubre de 2015, que señala que "la buena fama y el honor de las personas es el bien jurídico protegido en el delito de injurias, y solo puede ser titular de estos derechos la persona viva, no se puede lesionar el honor de un fallecido, aunque indirectamente pueda afectar a familiares".	Por lo que al delito de odio se refiere, la titular del Juzgado de lo Penal, Amparo Monge, basa sus razonamientos en lo expresado por el Tribunal Constitucional en su sentencia (STC 89/2018). En ella se expresa que el delito de odio protege a quienes pudieran sufrir discriminación por "motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad", pero no incluye, según la sentencia, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "y ello por fundamentales exigencias del principio de tipicidad".	determinados y tiene carácter de "numerus clausus", y entre los enumerados no se encuentra el cuerpo de la Guardia Civil por lo que las exigencias del principio de taxatividad determinan que se declare que el colectivo aludido no es susceptible de ser incluido en el círculo de sujetos pasivos del delito".	En referencia al delito de injurias graves, la magistrada concatena sus razonamientos anteriores con la relación existente entre el Derecho Penal y la libertad de expresión como derecho fundamental. "En ningún momento se utilizan calificativos gruesos, ni se hace referencia a hechos concretos en los que de forma inveraz se halla atribuido a los efectivos policiales prácticas contra los derechos fundamentales, por lo cual falta el requisito de la gravedad referido a las expresiones vertidas y, por ello, no cabe la sanción de la conducta de los acusados en el ámbito del derecho penal".	La sentencia puede ser objeto de recurso. Los abogados que representan a las viudas de los dos guardias civiles asesinados por Igor el Ruso el 14 de diciembre de 2017, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, habían solicitado penas de hasta cuatro años de prisión y multas para los cuatro acusados como presuntos autores de un delito de odio, un delito contra la integridad moral y delito de injurias.	

            Absueltos los autores de los tuits contra los agentes asesinados por Igor el Ruso: "Perros bastardos"
    