Como se recuerda, los líderes de ambas agrupaciones vienen siendo investigados por presuntamente haber financiado sus aventuras electorales con dinero proveniente de actividades ilícitas. En ambos casos, la tesis fiscal es que los partidos que fundaron y dirigieron fueron instrumentalizados para lavar activos a través de aportes fraudulentos. Y en ambos casos, además, existen evidencias que comprometen a los dos políticos y que van desde ‘aportantes’ que niegan haber entregado dinero hasta confesiones de distintos colaboradores (como	y del expresidente Humala es algo que debe dilucidarse a través de un juicio. Y, de igual manera, la de sus colaboradores más cercanos que pudieron haberlos ayudado a cometer los ilícitos que la fiscalía les imputa. Pero demandar que la responsabilidad de los líderes conlleve a la parálisis del partido entero implica algo mayúsculo.	No estamos sugiriendo aquí que los fiscales estén actuando fuera del marco de la ley, pues esta ciertamente consiente la posibilidad de que una persona jurídica pueda disolverse como sanción por haber favorecido o encubierto una actividad ilícita. De lo que se trata es de distinguir entre, por un lado, las penas a un grupo de individuos que pudieron haberse valido de una organización para perpetrar ilícitos y, por el otro, de extender el castigo a toda una organización que cuenta con estructuras legales a la que se pudieron haber adherido miles de personas en su momento porque sentían que representaban sus convicciones o porque creyeron en su propuesta electoral (máxime cuando el	coloca una valla alta para la disolución de una organización al demandar que resulte evidente que esta se constituyó o se torció en un momento determinado de su vida hacia la concreción de un delito). Después de todo, hablamos de agrupaciones que llegaron dos veces a la segunda vuelta aupadas con millones de votos, y que cuentan con miles de militantes en el país. En lo que respecta a FP, además, sorprende que se hable de suspenderla cuando ni siquiera hay una acusación contra alguno de sus exdirigentes y estando a puertas de un proceso electoral en el que han anunciado que participarán.	Lo ideal es que un partido desaparezca porque ha dejado de tener sentido para la ciudadanía y porque su propuesta ha sido descalificada en las urnas. De hecho, la opinión pública ya ha mostrado antes su rechazo a ambas agrupaciones: el PN tuvo que retirarse del proceso electoral del 2016 ante el temor de no pasar la valla electoral (su candidato apenas arañaba el 2% de las preferencias a dos meses de la primera vuelta) y FP –que contaba con un 35% de aprobación en el 2016– recibe hoy solo el 8% de apoyo en los sondeos para las parlamentarias de enero.	
 Editorial: Morir en las urnas