En el acta, firmada el martes pasado, se estableció la prórroga por 30 días del protocolo que permite el trabajo remoto del cuerpo y se establece que “en las reuniones que realicen las distintas comisiones que conforman la Cámara en las cuales se proceda a considerar y despachar expedientes, dichos dictámenes tendrán plena validez”.	En ese sentido, una de las prioridades del cuerpo es debatir en los próximos días en comisión un proyecto del gobierno nacional que establece la moratoria de las deudas impositivas y previsionales acumuladas hasta el 30 de junio, que podrán pagarse en un plan de entre 96 y 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras.	“En estos próximos cuatro años haré todos los esfuerzos necesarios para que estén en un primer plano los derechos de las mujeres”, aseguró Fernández, en uno de los pasajes más celebrados de su discurso ante la Asamblea legislativa del 1 de marzo, en el que marcó que “Ni una Menos debe ser una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes de la República”.	La intención del oficialismo es tener sancionada antes de fin de año una ley que garantice la inclusión de estas personas, ya que forma parte de las políticas que instrumentará el próximo año el Gobierno nacional, según se informó en los avances del presupuesto 2021, ya enviado días atrás al Congreso.	Por otro lado, el jueves, en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación¨Penal y de Mujeres y Diversidad, se analizarán los proyectos de justicia penal y de género presentados en la cámara baja, con la presencia de la socióloga feminista y asesora en género del Presidente, Dora Barrancos y otras especialistas en el tema.	La cámara baja ya realizó cuatro audiencias, una de ellas con la presencia de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, en el marco de un plenario de comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad, donde se analizaron los proyectos en estudio para determinar las falencias normativas sobre prevención y protección ante la violencia contra las mujeres.	En esas audiencias, funcionarias nacionales y provinciales, entre ellas la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, así como referentes feministas insistieron en la necesidad de no agravar penas, sino tratar temas puntuales como la penalización de la difusión de imágenes sexuales no consentidas y la prisión domiciliaria de las embarazadas o con niños a cargo.	
La Cámara baja continúa la actividad