El funcionamiento del sistema judicial es un factor que siempre es tenido en cuenta a la hora de proyectar una inversión. Es posible que no esté entre los principales rubros a evaluar pero tiene una ponderación cuando hay que calcular la tasa de retorno de un proyecto productivo o financiero. El hecho de que cualquier conflicto que surja con el pago de los bonos soberanos se dirima en la justicia de Nueva York habla por sí solo.	En la Argentina la Justicia como institución tiene sus vaivenes. No está aislada ni de su sociedad ni de la dirigencia que formatea su funcionamiento. Por eso la promesa de mejorar su operatoria viene de décadas. Las asignaturas son tantas que muchas veces es difícil ponerles orden: desde fueros colapsados hasta fallos que destilan arbitrariedad, los cortocircuitos que existen en su interior están a la vista de todos.	Alberto Fernández se había propuesto iniciar una reforma de carácter integral. Pero la pandemia puso sus intenciones en un segundo plano. Por eso el interés por hacer resurgir esta propuesta hace preguntarse si el contexto de una crisis es el mejor momento para encarar un debate de esta naturaleza. Pero hay otros factores más que refuerzan el sentido de esa pregunta: varios integrantes de la alianza oficialista (empezando por la vicepresidenta Cristina Kirchner) arrastran causas pendientes de corrupción. Y es imposible que un cambio que disuelve el poder de los jueces que tienen como misión investigar a los políticos no esté cruzado por este dato.	El Gobierno se propone poner fin a lo que identifica como un comportamiento pendular de muchos magistrados. La evidencia empírica acumulada en las últimas décadas favorece esta conclusión: quien administra el poder cuenta con la indulgencia de los jueces, que para evitar roces que pongan en juego su carrera ponen toda su energía en investigar a los que se fueron. Los procesamientos de varios ex funcionarios del kirchnerismo caracterizaron los tiempos judiciales de la era Macri. Y en la era de Alberto se comprueba el movimiento contrario: esta vez los que desfilan por los tribunales son los ex ministros y funcionarios de Cambiemos.	El problema que genera esta dinámica de cara a la sociedad es que no importan tanto las pruebas que respalden las decisiones de los jueces como las lógicas de poder que las movilizan. Terminar con este ida y vuelta, así como con la interferencia que causó el rol de los servicios de inteligencia como auxiliares de la Justicia, será sano. Pero impulsar una reforma para amoldar a una institución determinante a los intereses políticos de turno desvirtuará sus resultados. Es probable que la propuesta oficial despierte interminables debates, tanto jurídicos como políticos. Pero obligar al Congreso a focalizarse en una tarea de esta envergadura, en medio de una crisis inédita que demanda una reacción inteligente y decisiva del Estado pone en tela de juicio su real prioridad.	

			La reforma judicial no respeta las prioridades de una crisis inédita