. Abrir algunas celdas para aceitar puertas y avanzar en los planes de quedarse en el poder mientras destruye a las instituciones es parte del sistema implementado junto con los organismos de Inteligencia, la administración de Justicia y el uso de instituciones como el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia	No solo son ellos los que están presos, sino sus familias completas, que son amenazadas, humilladas. Hay testimonios de intentos de suicidio entre los presos, a quienes no se les presta asistencia psicológica. Es interminable la violación de los derechos humanos, la aplicación de la tortura, violación al debido proceso, negación de justicia.	Una jugada, que desde hace semanas viene manejando un grupo de dirigentes de Oposición, para presionar la participación en las elecciones parlamentarias, involucra las figuras del ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonski; diputado Iván Stalin González Montaño (UNT); secretario general del Movimiento al Socialismo, Felipe Elías Mujica Hernández; el varias veces excandidato presidencial y ex jefe de campaña de Henry Falcón, Eduardo Fernández Jiménez; el exalcalde de Caracas y excandidato presidencial Claudio Eloy Fermín Maldonado del partido Soluciones para Venezuela, entre otros.	Hay que destacar que entre las estrategias usadas por Capriles, González y Mujica está la postulación de presos políticos como candidatos a diputados. Sin duda que eso ha sido concertado con el alto Gobierno de Nicolás Maduro, que es el único que puede abrir las rejas de las cárceles donde encarcela masivamente.	Hasta ahora ninguno de los presos estaba seguro de aceptar. Capriles incidió para que Maduro dejara en libertad a quienes quisieran ser postulados y que el Gobierno los aceptara. El argumento opositor es que eso les daría validez internacional a las elecciones y animaría a los venezolanos a votar, acción que el gobierno de Maduro necesita con urgencia.	Hace años que algunas cárceles y centros de reclusión se llenan a reventar de presos políticos militares y civiles, que son usados para distracción de la opinión pública cada vez que el régimen de Nicolás Maduro enfrenta fuertes críticas públicas por algún hecho o cuando quiere controlar el debate con la Oposición venezolana. Veamos solo algunos de esos casos.	El 13 de diciembre 2016 el Gobierno anunció la liberación de cuatro presos políticos, lo que fue celebrado por algunos dirigentes de Oposición, porque se dieron en el marco de un diálogo político entre el chavismo y la oposición venezolana. Fue una exigencia de la Mesa de la Unidad Democrática para continuar el diálogo.	Y el cuarto liberado fue el abogado penalista Leopoldo D’Alta, quien fuera funcionario de la policía de Chacao, fiscal Ministerio Público, Inspector de la Defensa Pública, docente de posgrado, militante de Alianza Bravo Pueblo (ABP) y ex director de la Alcaldía Metropolitana. Lo detuvo el SEBIN el 19 de junio 2015, señalado de legitimación de capitales.	Ese día se complementa la liberación de los 80 presos prometidos por Delcy Rodríguez seis meses antes. Entre los liberados hubo tres diputados; Wilmer Azuaje, que ahora está en el exterior. Renzo Prieto acusado por las protestas del 2014 y Gilber Caro detenido en enero 2017; hoy agosto 2020 esos dos parlamentario están presos. Usan el comodín de liberar presos políticos que después vuelven a detener. Ese día también liberaron a Raúl Emilio Baduel, hijo del ex ministro Raúl Isaías Baduel, quien tiene años preso en el SEBIN. En realidad, menos de la mitad de los excarcelados eran presos políticos. Y a los únicos que sí lo eran les impusieron presentación cada 30 días, prohibición de salir del país y de dar declaraciones públicas.	El vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Edgar Zambrano, quien estaba preso desde el 9 de mayo 2019 por la Operación Libertad, fue excarcelado en el marco del cumplimiento de un acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y un sector de la oposición, entre quienes estaba Timoteo Zambrano, quien inmediatamente salió a decir: “Empieza el proceso de liberación de presos políticos”.	Carlos Pérez “El Profe”, militante de Un Nuevo Tiempo (UNT), fue detenido por el SEBIN, por segunda vez el 12 de febrero 2019, luego de 14 meses de haber salido de prisión; estuvo primero en El Helicoide desde el 2014 por participar en los campamentos de jóvenes frente a la sede del Pnud en Caracas.	Después de las fuertes tensiones producidas por la intención del Gobierno de nombrar una directiva paralela de la Asamblea Nacional, otra vez viene liberación de presos políticos. Así aparece Javier Bertucci, líder de Esperanza por el Cambio, uno de los partidos minoritarios, anunciando que “la Mesa de Negociación Nacional, integrada por diferentes factores de oposición, logra hoy la liberación de 14 activistas políticos que estuvieron encarcelados injustamente”.	En realidad, solo 7 eran presos políticos: Manuel Chacín, Jormanth Linares y Michael Vargas, detenidos desde 2017 en El Helicoide; Rafael González y Nelson Guzmán (presos desde 14 de marzo 2019, trabajaban para una empresa de seguridad del equipo de CNN); el fotógrafo Jesús Medina Ezaine (preso desde 2018) y el director del Mercado de Chacao, Emilio Boulanger.	También liberaron a Otoniel Ramos, un antiguo trabajador de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), que había sido detenido, en la DGCIM, desde abril 2019, imputado por terrorismo, asociación para delinquir y daños a instalaciones públicas. De la lista de 23 liberados, sólo había cinco presos políticos, además de Tovar y Ramos, Roque González, Ramón Zapata y Jorge Luis Pérez. En realidad, no son libres totalmente porque les imponen medidas de presentación.	La mayoría de los liberados eran presos comunes, entre ellos varios por irregularidades en una empresa telefónica y además también liberan al general de Brigada GNB, Eustoquio José Lugo Gómez, ex viceministro de Finanzas, Inversiones y Alianzas Estratégicas del Ministerio de Energía Eléctrica, a quien detuvo la DGCIM el 19 de enero 2020 señalado de extorsionar a un empresario que fabrica sables para la Fuerza Armada y réplicas de la espada de Simón Bolívar. En junio 2019 había sido sancionado por los EEUU por presunto lavado de dinero.	Ahora le toca la etapa de las elecciones parlamentarias que Nicolás Maduro está pretendiendo imponer mientras enfrenta una rebelión interna de los grupos del Polo Patriótico y la negativa de la gran mayoría de las organizaciones de Oposición para validar unos comicios que no ofrecen ningún tipo de garantía, legitimidad ni legalidad.	
El bochornoso uso de los presos políticos para forzar elecciones sin garantías en Venezuela