El Gobierno regional, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y la Federación de Cooperativas Fecoam han avanzado este miércoles en elaboración de dos ecoesquemas que recogen las necesidades concretas de los agricultores de la Región de cara a la futura Política Agraria Común (PAC), en una reunión entre el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, y representantes de estas organizaciones.	La próxima PAC incluye el término ecoesquema para definir una nueva intervención, incluida en el primer pilar de la PAC, basada en prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Éstas han de responder a tres objetivos específicos en materia medioambiental, relativos al cambio climático y la energía sostenible; el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de los recursos naturales; y la protección de la biodiversidad, la conservación de los hábitats y los paisajes.	“La sola actividad agraria es un freno a la desertificación, ya que la agricultura es sumidero de CO2, por lo que mantener la actividad agraria es un servicio ambiental de lucha contra el cambio climático, si bien hay determinadas técnicas o acciones que pueden influir positivamente en aspectos como la reducción de la erosión y, en consecuencia, frenar la desertificación como son la aportación de purines procesados por inyección en superficies de cultivo con o sin cobertura vegetal, minimizar las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero o el mantenimiento de la biodiversidad”, ha defendido.	Con el segundo ecoesquema, todavía en fase de estudio, “se pretende incentivar la aplicación de medidas que disminuyan el aporte de nitratos al suelo y a los acuíferos, apostando por sistemas de fertilización orgánica o biofertilizantes, la innovación en el ciclo de cultivos y la monitorización para mejorar los resultados de eficiencia”.	“La concepción de la PAC ha cambiado y debemos ser conscientes de que toda ayuda para agricultores y ganaderos debe ir aparejada a mejoras medioambientales, ya que en caso de que el beneficiario de las ayudas no acepte estos compromisos supondría que cada agricultor y ganadero podría perder entre el 20 y el 30 por ciento de las ayudas, tal y como ha propuesto el Parlamento Europeo”, ha señalado el consejero.	
Gobierno y organizaciones agrarias avanzan en dos ecoesquemas con las necesidades de los agricultores murcianos