El caos del socorrismo se acrecienta poniendo en riesgo la seguridad de las playas y a costa de la precariedad laboral en el sector. Sin una ley autonómica que regule el salvamento en las costas las condiciones impuestas son diferentes en cada municipio. La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, (RFESS) advierte: si no se establecen los recursos en función de la afluencia en las playas y su peligrosidad, sin fijar unos mínimos requeridos, seguirá aumentando el número de ahogados en la costa levantina.	«Están desamparados y cada vez son menos los que quieren ejercer como socorristas», señala Alberto García, director de la escuela de formación de la Federación. No existe una titulación homóloga y común. «Hay socorristas que han hecho un curso online y puede que no hayan pasado pruebas de natación y otros que les piden hacer un curso de cuatro meses pagando más de mil euros para después cobrar el sueldo mínimo y trabajar los dos meses de verano», explica García, quien insiste en que debido a las altas exigencias formativas y el elevado coste de las mismas, «los chavales ya no quieren ser socorristas». Después influyen las precarias condiciones en las que deben trabajar.	«Hablamos de personas que se están jugando la vida y que muchas no disponen de los recursos necesarios para realizar su trabajo, ni siquiera les permiten hacer descansos porque no tienen reposición de personal, no hay material suficiente en el botiquín o la gasolina de las lanchas es la justa, por lo que tampoco pueden salir con libertad a vigilar las playas», relata. Todo ello se debe a que la gestión del salvamento en las costas depende de cada Ayuntamiento.	Los municipios establecen los pliegos de las limitaciones en función a un presupuesto. Cada consistorio decide qué cantidad de dinero destinar «en la mayoría de casos sin evaluar la afluencia de cada playa y la peligrosidad, dos factores determinantes a la hora de fijar unos recursos», señala el director de formación la Federación. Los concursos para la gestión de la seguridad en las playas se dotan con partidas que califica de «insuficientes» tanto en horas de vigilancia como en recursos materiales y humanos. Sin una normativa que regule unos mínimos y estudie las características de la costa, «se está corriendo un riesgo», insiste García.	«De esta forma las empresas al tratar de sacar beneficios, no proveen de suficiente material ni personal para desarrollar el trabajo correctamente. Tampoco cumplen con el salario adecuado ni las condiciones de trabajo, teniendo en cuenta la exposición de los socorristas al sol y a la dificultad, en muchos casos, de su tarea, asumiendo jornadas de más de diez horas sin descanso», comenta. La temporalidad de su profesión juega en su contra. Los consistorios quieren cubrir el servicio aportando el mínimo. Y en muchos municipios no lo consideran una prioridad siendo tan solo dos meses al año. Desde la Federación creen que en la Comunitat podría ampliarse el servicio hasta cuatro meses, teniendo en cuenta el tiempo y la peligrosidad que supone dejar sin socorristas las playas, aseguran que la mayoría de los ahogamientos se producen precisamente cuando no hay vigilancia.	Reclaman un marco común, tanto a nivel nacional como autonómico. Un convenio sectorial que dignifique y profesionalice el sector. En definitiva un Plan de Seguridad Acuática Nacional en el que se recojan unas exigencias a nivel nacional. «Y a partir de ahí, si cada autonomía quiere mejorar esos mínimos establecidos, que pueda hacerlo, pero que existan esos límites para que si soy un bañista o turista, pueda visitar Valencia o Cataluña sabiendo que tengo las mismas garantías de seguridad en unas playas que en otras», dice García.	Sin embargo, hace años que son ellos los que levantan los brazos pidiendo auxilio, en busca de un salvavidas. Se sienten desamparados por la ley sin poder luchar contra las empresas y las administraciones. «Es una rueda, una pescadilla que se muerde la cola, y la situación cada vez es más grave. Muchos jóvenes estudiantes acaban por dejarlo, supone un esfuerzo sin recompensa y aquellos que quisieran vivir de ello, tampoco pueden», explica García.	
Los socorristas denuncian recortes en servicios y precariedad laboral 