En 2013, miles de personas que viven en Montevideo y en la zona metropolitana notaron un mal olor y un color turbio al abrir las canillas de sus casas. El entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, alertó que podría haber un corte de agua en caso de no tomarse acciones y catalogó el escenario como “la peor catástrofe imaginable”. Los jerarcas de OSE relativizaron las declaraciones de Huidobro pero reconocieron que el agua del río Santa Lucía estaba contaminada.	Con el fin de frenar la contaminación, la Dinama estableció en 2013 diez medidas para proteger el agua: declarar como zona prioritaria (A) la cuenca del río Santa Lucía, implementar un programa de control del saneamiento en toda la cuenca; controlar la disposición final de residuos de origen industrial; exigir el tratamiento de los efluentes de todos los tambos de la zona, delimitar una zona sin pastoreo, crear un área de agua potable, restringir el acceso directo del ganado a los cursos de agua; suspender la construcción de nuevos emprendimientos de ganado de engorde (feed-lots), crear una zona de amortiguación sin plaguicidas, implementar una solución en la planta potabilizadora de OSE en Aguas Corrientes, e intimar la solicitud de permisos para la extracción de agua superficial y subterránea.	Si bien la Dinama intimó a las empresas responsables a hacerse cargo de sus residuos instalando plantas de procesamientos para tratarlos, Aubriot explicó que este proceso aún no culminó. “Hay algunas plantas de procesamiento que se están terminando de instalar ahora, como las de Conaprole en la cuenca de Florida”, ejemplificó.	El director de ecología y gestión ambiental del Centro Universitario de la Región Este, Néstor Mazzeo, dijo a El Observador que los tambos tienen dificultades para implementar las medidas que la Dinama exige en el tratamiento de los efluentes por el costo que tienen. Es por este motivo que el gobierno extendió los plazos para que todos los tambos se hagan cargo de sus desechos. Además, elaboró un plan de financiamiento para los productores lecheros de pequeña escala junto al Ministerio de Ganadería para que puedan acceder a un crédito no reembolsable y así cumplir con el decreto.	En lo que respecta a los desechos industriales, de las 23 empresas que más contaminan, 19 ya cuentan con sus respectivas plantas de limpieza para la remoción de nutrientes, una inversión de US$ 32 millones que supone un vertimiento de fósforo 75% menor al de antes. De acuerdo a una resolución ministerial, todas las empresas deberán contar con el sistema apropiado en funcionamiento para agosto de 2020.	Con respecto al mejoramiento del saneamiento de las principales ciudades de la Cuenca del Río Santa Lucía, OSE instrumentó la reducción de fósforo en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Minas y Florida, está realizando mejoras en la PTAR de Casupá, se está construyendo PTAR y redes de saneamiento de San Ramón y Fray Marcos y prevé instalar una nueva planta en Santa Lucía y Florida para 2020.	Sobre el establecimiento de una zona de amortiguación libre de pastoreo, la Dinama comenzó a controlar que los terratenientes cumplieran con la medida a partir de 2016 y ha relevado el 60% del área hasta ahora. Según la dirección gubernamental, hubo una mejora en el cumplimiento, aunque no se pudo especificar a qué nivel.	Por último, el problema de Aguas Corrientes no se ha resuelto; OSE sigue desechando lodos excedentes de la potabilización con metales pesados al Santa Lucía y algunas zonas del río son menos profundo que antes, de acuerdo a una nota de El País del 20 de octubre de 2019. La Dinama no brindó más información sobre este tema ni sobre el resto de las medidas.	Un estudio realizado por Aubriot y otros investigadores, publicado en la revista del LATU, señala que los niveles de fósforo en el Santa Lucía aumentaron de 2004 a 2010 y se mantuvieron de 2010 a 2016 debido a una intensificación de la actividad agropecuaria. “Lo que vimos es que se reflejaba de forma muy directa la intensidad productiva que va muy de la mano de lo que fue la explosión sojera y de granos”, explicó Aubriot.	En el caso de los demás cursos de agua como los arroyos Canelón Grande y Chico, los niveles de fósforo se han mantenido por encima de los 0.025 gramos  por litro. Esos valores han ido en aumento desde 2013 a 2018, llegando a 1.079 gramos por litro, 59 veces más que el nivel permitido.	Por su parte, el director de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), Daniel Greif, reconoció a El Observador que la cuenca del río Santa Lucía presenta desafíos. “El desafío es compatibilizar entre el uso para el consumo de 1.6 millones de habitantes y el uso agropecuario de un recurso que es el agua y es variable, ya que no llueve cuando querés”, manifestó.	
Medidas tomadas por agua turbia no logran revertir aún la contaminación