BOGOTÁ (AP) — En la reciente Navidad, Yakelin Timaure no adornó su casa con luces ni compró hallacas, la comida tradicional de su natal Venezuela. Tampoco les pudo dar regalos a sus dos hijos de 10 y 15 años, con quienes hace dos cruzó la frontera con Colombia por los pasos ilegales y caminó 500 kilómetros hasta llegar a Bogotá.	Yakelin, de 38 años, es enfermera de profesión. Su mano de obra calificada y necesaria en una pandemia no se ha aprovechado porque no cuenta con pasaporte ni permiso para trabajar en Colombia. Algunas veces en la semana trabaja en una fundación haciendo aseo y ayudando a niños con las tareas.	En su casa tiene un comedor de cuatro puestos con sólo dos sillas, una pequeña estufa y una nevera en la que almacena hielo para vender en bolsas como una manera de conseguir más ingresos. Hay dos cuartos: uno para sus dos hijos y otro para ella y su pareja, quien tiene trabajos informales y esporádicos.	“Yo soy muy apegada con mi mamá. Siempre le dije que nunca la iba a dejar sola. Ahora está enferma, se fracturó el pie y no puede caminar. Estoy muy preocupada. Le mando 20.000 pesitos (unos seis dólares), pero no es lo mismo. Está muy difícil reunir plata para los pasajes a Venezuela”, contó la mujer.	“La movilidad humana se ha disminuido por la pandemia pero no ha desaparecido. Se da en las dos direcciones", explicó a la AP Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. "En términos reales, el cierre de frontera lo que ha hecho es aumentar el paso irregular de personas”.	En América Latina y el Caribe se ha agravado la ya precaria situación de los migrantes y refugiados venezolanos por las medidas que buscan frenar la propagación de COVID-19, como los confinamientos, toques de queda y cierres de fronteras, según concluyó la Agencia de la ONU para los Refugiados en su plan para atención a migrantes y refugiados de 2021, presentado el 10 de diciembre.	
La difícil Navidad de venezolanos sin documentos en Colombia