El que fuera letrado mayor del Parlament, Antonio Bayona, contradijo ayer a la expresidenta de la cámara catalana y procesada, Carmen Forcadell, y a su sucesor, Roger Torrent, en el sentido que la Mesa del Parlament sí que puede entrar en el fondo de una iniciativa parlamentaria, sean proyectos de ley o de otra naturaleza, a la hora de admitir o no su tramitación, a la vez que concretó que advirtió de que se estaban vulnerando las decisiones que antes había dictado el Tribunal Constitucional. «Había un deber de no admitir», precisó. A raíz del primer incidente de ejecución que se planteó desde el alto tribunal, los servicios jurídicos del Parlament comenzaron a elaborar informes sobre la no conveniencia de tramitar propuestas soberanistas, aunque, detalló, que esos dictámenes no eran vinculantes.	En esta misma línea se expresó el secretario general del Parlament, Xavier Muro, que aseguró que ante un «incumplimiento palmario» había de inadmitir. Pero fue más allá en sus explicaciones y reconoció que no recordaba ningún precedente de que se hubiera tramitado una proposición legislativa en contra de la opinión de los servicios jurídicos de la cámara catalana, como ocurrió con la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica.	Forcadell, que se enfrenta a 17 años de prisión por rebelión, sostuvo en su declaración que la Mesa del Parlament solo había analizado el contenido de propuestas legislativas cuando eran iniciativas populares (ILP) y que en el resto se estudiaban cuestiones de forma. «La Mesa no puede ser un órgano censor», llego a decir. Su sucesor repitió ayer esas mismas palabras e, incluso, calificó la función de este órgano de «burocrática». Y salió en defensa de la procesada: «Forcadell no podía hacer otra cosa que lo que hizo y proteger el parlamentarismo y el derecho de participación de los grupos parlamentarios». Él, aclaró, hubiera actuado igual. «Un presidente del Parlament nunca puede limitar y censurar la libertad de expresión de los grupos parlamentarios», insistió.	ADVERTENCIA DE LOS DIPUTADOS / Los miembros de la Mesa José María Espejo Saavedra (Ciutadans) y David Pérez (PSC) también recalcaron que la Mesa tenía «la obligación» de inadmitir a trámite aquellas resoluciones de ley relacionadas con la independencia, dado a que el Tribunal Constitucional (TC) las había declarado ilegales. Los dos diputados explicaron que este órgano de la cámara podía entrar en el fondo de las propuestas y no solo en la forma y han detallado que algunas de las leyes vinculadas al referéndum y a la independencia fueron votadas de madrugada. Los dos, según explicaron, advirtieron a sus compañeros de la Mesa que con la aceptación a trámite de algunas proposiciones soberanistas se estaba incumpliendo las resoluciones del TC.	Espejo concretó que «existía un plan o la intención de aprobar de todas estas leyes que desembocaron en el referéndum, pero había muchos obstáculos desde el punto de vista parlamentario y constitucional», mientras que el diputado del PSC insistió que la Mesa debe rechazar las proposiciones que «contradigan el ordenamiento constitucional».	EL SUCESOR / Roger Torrent aprovechó su declaración como testigo para dejar patente sus intenciones políticas. «Voté el 1-O y tenga presente que volveré a votar», indicó, para después defender que «el conflicto político entre Cataluña y el Estado solo se resolverá mediante un referéndum». Las leyes que se aprobaron en la cámara catalana el 6 y el 7 de septiembre del 2017, la que permitía la consulta soberanista y la de transitoriedad jurídica, eran un «instrumento para poder preguntar a los ciudadanos cual quería que fuera su futuro y por mucho que se juzgan a estos 12 demócratas eso no cambiara». «No vamos a renunciar nunca a la voluntad mayoritaria de los catalanes de decidir nuestro futuro», sentenció el presidnete del Parlamento catalán.	
Los letrados del ‘Parlament’ refutan la tesis de Forcadell