El edil del PP registró la pasada semana sendos escritos a los departamentos citados en los que asegura que tras haber sido expulsados definitivamente del partido por el que concurrieron a las pasadas elecciones, los dos ediles tendrán la consideración de concejales no adscritos, con efectos de la fecha de la notificación al Ayuntamiento (5 de septiembre), según la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, "por lo que no podrán integrarse en ningún grupo político salvo en el mixto, y perderán los derechos económicos inherentes a ello".	El representante del PP entiende que la interposición del anunciado recurso judicial "no suspende" los efectos de la Ley, por lo que pide a la Intervención municipal que, de manera cautelar, se suspendan todos los derechos económicos y materiales de los concejales mencionados, así como los del grupo político al que se incorporaron al inicio del mandato.	También solicita Díaz Guerra la paralización de las retribuciones económicas a percibir si alguno de los ediles mencionados ostentase la condición de miembros con dedicación exclusiva o parcial del grupo de gobierno o fuesen designados para el desempeño de cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes de la corporación tal y como reza la literalidad de la Ley. Del mismo modo, Díaz Guerra se ha dirigido a la Secretaría del Pleno para que aclare "con carácter de urgencia" -5 días según la Ley 39/2015-, la situación de los concejales expulsados y la lleve a efecto.	El portavoz municipal del PP asegura que "el gobierno municipal del tripartito PSOE, Podemos, Cs comienza a hacer aguas, con unos que estaban pero ya no están y otros que están pero no son, y, lo que es peor, algunos no saben aún que no son y que pronto no estarán".	Cabe recordar que los concejales de Ciudadanos citados, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano fueron expulsados del partido hace dos semanas. Sin embargo, ambos ediles recurrieron esa decisión, al entender que esa decisión contraviene los propios estatutos de Cs y vulnera los artículos 22 y 6 de la Constitución, que afectan a la participación política y al funcionamiento de una organización.	
El PP pide que se paralicen los pagos a los ediles expulsados de Ciudadanos de Santa Cruz