En este escenario, calculan que el gasto del conjunto de las Administraciones Públicas aumentará en 2020 en casi 50.000 millones de euros en relación a 2019, mientras que los ingresos tributarios se reducirán en una cuantía similar, dejando un déficit presupuestario de mas de 130.000 millones, casi el 12 % del PIB.	A esta cifra hay que sumar vencimientos de deuda por un importe de casi 170.000 millones para llegar a unas necesidades totales de captación de recursos de unos 300.000 millones o el 27 % del PIB, lo que "supondría un reto casi imposible sin la ayuda de las instituciones europeas", advierten.	Y cree que el acuerdo alcanzado entre Gobierno y agentes sociales para extender estos expedientes por fuerza mayor hasta el 30 de junio debería haber fijado ya los criterios para los sectores que los puedan necesitar más allá de esta fecha así como un mecanismo de retirada gradual de las ayudas que debería incluir la conversión automática de los ERTE por fuerza mayor en otros por motivos económicos.	Dada la naturaleza del shock al que nos enfrentamos, apuntan, hay buenas razones para que el Gobierno central mutualice una parte importante de sus costes, "pero esto ha de hacerse de una forma que no elimine los incentivos de la autonomías para comenzar a adaptarse a la nueva situación lo antes posible".	El informe propone que una parte significativa del fondo tome la forma de créditos en vez de ayudas no reembolsables y que el tercer tramo del mismo se reparta con el fin de mejorar la financiación por habitante ajustado de aquellas comunidades que están actualmente por debajo de la media nacional.	
Unos 8,4 millones de trabajadores estuvieron parados en abril, según Fedea