Precisamente por esa discusión que se abrió en el mismo informe de la Nacional, la audiencia del próximo 20 de agosto será clave, pues tanto entidades gubernamentales como las personas e instituciones demandantes pondrán sobre la mesa sus lecturas y reparos sobre las conclusiones a las que llegaron los ingenieros civiles, de petróleos, químicos, geólogos, médicos y politólogos que elaboraron el peritaje.	Esta semana se cumple el plazo de tres días que el despacho del magistrado Ramiro Pazos, ponente del proceso de la demanda contra el fracking, dio para que los ministros del Interior, de Hacienda y Crédito Público, de Salud, de Minas y Energía, de Ambiente y el director del Departamento Administrativo de la Función Pública se pronuncien sobre este incidente de desacato.	Por otro lado, contra el decreto 328 del 2020 también se interpuso en el Consejo de Estado una demanda de nulidad. En esa demanda, admitida para estudio el 8 de julio, los accionantes sostienen que el decreto vulnera el principio de precaución, pues sus lineamientos desatienden la obligación del Estado de prevenir daños ambientales. Este recurso es estudiado por el magistrado Nicolás Yepes Corrales.	Con estas tres actuaciones se calienta la recta final del proceso judicial, y luego de la audiencia de agosto para debatir el informe de la Nacional, el Consejo de Estado convocará otra diligencia para escuchar los alegatos finales de las partes, y luego de ello solo quedará esperar la decisión que determinará si Colombia le puede dar luz verde al	
Se reactiva fase final de demanda contra el ‘fracking’ en Colombia