El acuerdo del gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 sigue siendo un tema polémico en la nación sudamericana. Los detractores sienten que el pacto es demasiado generoso con los excombatientes, que pueden evitar ir a la cárcel siempre que confiesen todos sus delitos, además de que el grupo guerrillero tiene derecho a 10 escaños en el Congreso. Los partidarios arguyen que dichas concesiones eran necesarias para poner fin al brutal conflicto que dejó cientos de miles de muertos.	El encuentro también se produjo en momentos en que el partido de Duque impulsa una propuesta para debilitar de manera significativa el sistema transitorio de justicia bajo el cual se les otorga amnistía a la mayoría de los rebeldes y que prohíbe que los responsables de delitos se desempeñen en cargos públicos.	La mayoría de los asesinatos están ocurriendo en zonas conflictivas en donde grupos armados se disputan las rutas del trasiego de drogas. Analistas aseguran que algunos son asesinados después de rechazar las propuestas de unirse a rebeldes disidentes. Algunos excombatientes creen que una parte de los ataques son de grupos paramilitares de derecha que quieren acabar con sus adversarios, con o sin acuerdo de paz. En al menos un caso, se ha acusado a mandos militares por la muerte de un exrebelde.	
Colombia: Gobierno y excombatientes buscan frenar violencia