Cristina Kirchner explicó el significado de este concepto en diciembre de 2017, en su primera alocución en el Senado de la Nación. Allí destacó que lawfare es “un término acuñado en los Estados Unidos y desarrollado en la Universidad de Harvard” y lo definió como “la utilización del poder judicial para perseguir, estigmatizar y desprestigiar a dirigentes”. Todas las personalidades que han hablado del lawfare estos últimos años parecen atribuirle ese mismo significado.	En sus trabajos sobre el lawfare, Dunlap ha empleado este término para explicar muchos sucesos de la vida real. Algunos ejemplos son el uso de cláusulas contractuales para apoderarse de inteligencia militar sin atacar ni hackear al enemigo, o el desfinanciamiento de las organizaciones terroristas a través de figuras legales, sin necesidad de disparar una sola bala.	En muchas ocasiones los líderes políticos citan estudios y conceptos formulados en la academia. La mayoría de las veces lo hacen para otorgarle legitimidad a la defensa de sus intereses frente a la sociedad. Está bien que así sea: al fin y al cabo, un dirigente que no se preocupa por ganar elecciones no es un buen dirigente.	
Por qué las causas contra Cristina Kirchner no son un caso de lawfare