Pretender iniciar ahora un debate sobre una “política de salud” en medio de una crítica situación sanitaria y social, que reclama políticas de salud urgentes ante las muertes por desnutrición de niños; el mayor brote de sarampión desde el 2000; el aumento regional del dengue; e incluso ahora, los primeros casos de coronavirus. Esto es tal vez lo más grave, porque pone muchísimas vidas en riesgo.	Las muertes por aborto inducido siguen disminuyendo, y con 19 casos en 2018 es ya una de las menores causas de mortalidad materna. Políticas de salud prioritarias hay que emprender para evitar las 633 muertes por tuberculosis, las 780 muertes por deficiencias nutricionales y los 2698 suicidios. No hay algodón ni gasas pero sobra misoprostol, un medicamento para hacer abortos. No estaría de más investigar quiénes están detrás de estos laboratorios y del millonario negocio del aborto.	Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina, llamó al Gobierno a “ordenar a los legisladores oficialistas díscolos” y sugirió que “los más reticentes podrían ausentarse”. Así, una ONG que antes defendía la libertad, ahora propone el someter la conciencia de diputados y senadores que representan a las provincias, haciendo del Congreso una escribanía. Una ONG que, como se demostró en 2018, recibe fondos de IPPF, la principal multinacional de la industria del aborto en el mundo. Una empresa que hace años invierte millones en publicidad, famosos, activistas, funcionarios y “especialistas”. De hecho, la mayoría de los expositores a favor del aborto durante el debate de 2018 en el Senado, tenían vínculos con diversas ONG que recibían fondos de esa industria. La verdad es que el aborto no es un derecho: es un negocio.	El sentido de que esté penalizado no es que las mujeres vayan presas. No hay mujeres presas por aborto. Es sobre todo que no se pueda lucrar con la vida de las embarazadas y los niños y niñas por nacer. Si se legaliza, el negocio crece exponencialmente, como sucede en cada país donde es legal. Y se convierte en un negociado con el Estado que vamos a pagar todos, y muy caro.	Si senadores y diputados que ya manifestaron su posición en contra del aborto, sean o no oficialistas, cambian su voto, se ausentan o son enviados a algún viaje o cualquier excusa similar. O si se apura un debate “exprés” con la excusa de que el aborto ya se debatió en 2018, ignorando a las provincias y a la mayor parte de la sociedad que ya se manifestó entonces a favor de las “dos vidas”.	
El aborto definirá el modelo del Gobierno