La plataforma de afectados por la devolución de las ayudas de los terremotos ha conseguido una victoria. Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma le han dado la razón al emitir un informe que fija en cuatro años el plazo máximo para que las administraciones puedan reclamarles la justificación del uso dado al dinero concedido para reparar sus casas. Lo anunció ayer el consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, que remarcó que ese informe coincide con otros dos elaborados previamente, en los meses de julio y noviembre, por el Ayuntamiento y la Abogacía del Estado. Atendiendo a ese criterio legal, la mayoría de los expedientes de justificación de las ayudas habría prescrito. Los afectados no tendrían que acreditar nada ante la Administración ni tampoco devolver el dinero.	La caducidad de los expedientes fue celebrada ayer por la plataforma de afectados, que el pasado octubre se encerró durante una semana en el Consistorio para reclamar sus derechos. La portavoz de la plataforma, la concejal de Izquierda Unida, Gloria Martín, aseguró, tras conocer la noticia, que «estamos felices y muy satisfechos porque por fin se ha aceptado el criterio que desde siempre hemos defendido» sobre los plazos. Añadió que «entendemos que el 80% de los expedientes han prescrito» y que «se resolverá una parte importantísima del drama personal y familiar que afecta a 3.000 familias». Según Martín, ahora corresponde a la Comunidad «el estudio, archivo y comunicación inmediata a los afectados» de los expedientes que están caducados.	El informe autonómico se presentó en la reunión de la Comisión Mixta, que gestiona las ayudas a los damnificados y en la que participan las tres administraciones. También se dio luz verde a una prórroga a las ayudas para alquiler de la que se beneficiarán un total de 43 familias que todavía no han regresado a sus casas y que residen en viviendas arrendadas mientras terminan la reconstrucción. La Comisión Mixta aprueba una tercera prórroga al alquiler por necesidades de realojo	La Comunidad pidió al Estado una prórroga para la reconstrucción de edificios que beneficiará a 441 familias que tienen en riesgo subvenciones públicas para la reedificación por ocho millones de euros. Además se reclamó al Gobierno central la condonación de su parte de los intereses de demora para las ayudas que tengan que ser devueltas, una cantidad que supera los 420.000 euros.	
La Comunidad acepta el plazo fijado por los vecinos de Lorca para justificar las ayudas