Las minorías camerales no están complacidas con el informe preliminar que rindió la Comisión de Salud sobre la investigación legislativa en torno a supuestas irregularidades en el Departamento de Salud y la fallida compra de un millón de pruebas de Covid-19 a la empresa Apex General Contractors a un costo de $38 millones.	Opinó que hacer referidos con un informe incompleto sobre una investigación dificultaría la labor de las agencias investigadoras. “El problema es que al hacer un informe parcial pues sales de una parte de la pesquisa, pero el investigador del otro lado necesita verlo en su totalidad y ponderar toda la evidencia. El investigador no puede adelantar una parte ahora y otra después. Esta es la parte funcional, pero estoy claro que esto lo hizo la comisión porque estaba ‘cogiendo agua’”, expresó.	Hernández adelantó, sin embargo, que la delegación cameral del PPD se apresta a rendir un informe de minoría sobre la investigación, aunque para esto aguardará hasta que termine la evaluación del proceso de compra a Apex. Mientras, se negó a entrar en los méritos de los referidos revelados por la comisión porque “el informe está a mitad”.	En tanto, Márquez lamentó que el documento fuera tímido en el tema del “inversionismo político” tras la compra a Apex. “El informe en términos generales cubre la inmensa mayoría de los que han comparecido, incluyen muchos señalamientos y concurro, en términos generales, con los referidos que se han hecho, pero me parece que los asuntos que tienen que ver con que esto fue un esquema de ilegalidades para beneficiar a una empresa como parte del inversionismo político que existe en el País, pues realmente está ausente del informe”, expresó.	Márquez criticó que el documento obvie señalamientos que deben hacerse en contra del administrador de la Administración de Servicios Generales (ASG) Ottmar Chávez, la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Iris Santos Díaz, el coordinador del ‘task force’ médico, Segundo Rodríguez y la exjefa de personal de Salud, Mabel Cabeza.	Igualmente, insistió en que el intercambio de mensajes con Cabeza fueron casos presentados por constituyentes que le piden ayuda con las diferentes agencias sobre citas médicas, documentación y necesidad de empleo. “En Salud, ella era la persona asignada por el pasado secretario (Rafael Rodríguez Mercado) para atender esos asuntos. Es una función inherente a mi trabajo como representante de distrito”, manifestó Morales.	El informe preliminar de la Comisión cameral de Salud incluye referidos- según aplique- a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), a la Oficina del Contralor y al Negociado Federal de Investigaciones (FBI), pero no así al Departamento de Justicia local.	La comisión imputa incumplimiento de leyes al comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), José Burgos; la exsecretaria auxiliar de administración de Salud, Adil Rosa; la analista de compras de esa agencia, Mariel Rivera; la directora interina de la Oficina de Compras y Subastas en Salud, Diana Meléndez y a la exsecretaria interina de ese departamento, Concepción Quiñones de Longo.	

        
            
            Minorías alegan fallas en informe cameral
        
    