Buenos Aires, 1 abr (EFE).- Los 'curas villeros', como Argentina entera, saben de crisis. Desde hace medio siglo, este movimiento de sacerdotes es pieza clave en los barrios más pobres del país, donde el hacinamiento y la marginalidad se enfrentan ahora al incierto escenario que abre el confinamiento por la pandemia del coronavirus.	Solo en el conurbano bonaerense, como se denomina al cinturón urbano que rodea a la capital, viven alrededor de 10 millones de personas, una gran parte -en torno al 40 %- bajo la línea de pobreza y donde abundan las familias que a duras penas salen adelante con trabajos informales u ocasionales, conocidos como 'changas'.	'Me tocó vivir el 2001 (año de la peor crisis de Argentina) en la Villa 21, pero esto de estar dentro de la casa, del aislamiento, hace que tenga un condimento mucho más difícil para la gente', cuenta a Efe Pepe di Paola en un aula educativa -convertida estos días en dormitorio para ancianos sin recursos- de la parroquia que dirige en Villa La Carcova, a 30 kilómetros del centro de Buenos Aires.	A sus 57 años, el padre Pepe, quizá el 'cura villero' más visible en la actualidad, conoce de cerca lo peor de la pobreza crónica que asola desde hace décadas a Argentina: la crisis de 2001, que derrumbó todos los indicadores sociales, la vivió en la villa más grande de la capital, que debió dejar tras ser amenazado de muerte por denunciar al narcotráfico.	'Yo confío en que después de que atravesemos el momento duro de la pandemia, Argentina pueda tener esa misma fuerza que tuvimos en 2001 para poder levantarnos', asevera el religioso, que desde 2013 trabaja en la Misión Diocesana San Juan Bosco, que incluye a cuatro villas -como se conoce a los barrios miseria en Argentina- de la localidad de José León Suárez, con alrededor de 40.000 habitantes.	Para evitar la propagación del virus, el Gobierno de Alberto Fernández ha decretado una cuarentena total de la población hasta al menos el 12 de abril, y entre las múltiples medidas para contener la situación anunció un aumento en los subsidios para las personas con más bajos recursos y la inversión en asistencia alimentaria en lugares como el comedor que dirige el padre Pepe.	'La situación social es critica en Argentina. Era crítica previo a la pandemia del coronavirus, porque tiene altos niveles de pobreza, de desempleo y de informalidad laboral, personas que trabajan haciendo changas o teniendo ingresos diarios', relata a Efe el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien revela que las personas que piden ayuda para comer han pasado de 8 a 11 millones.	Este hombre, que desde el inicio de la cuarentena, el 20 de marzo pasado, ha hecho un parón en su trabajo de mantenimiento de piscinas -su esposa cuida ancianos-, es uno de los tantos que acudió a anotarse para recibir un bono de 10.000 pesos (155 dólares) que el Gobierno entrega a algunos tipos de autónomos y trabajadores informales.	'La ayuda que nos dio el Gobierno fue bastante buena y algo ahorrado teníamos', expresa este padre de familia, que también recibe la Asignación Universal por Hijo -uno de los beneficios más arraigados en el país, para personas desocupadas o de muy bajo salario- y de una tarjeta para comprar alimentos.	Mientras hace fila a las puertas del centro comunitario, lugar dispuesto en la villa para inscribirse para recibir el bono, dentro, en la cocina, varias personas de la Escuela de artes y Oficios 'San Romero de América', también en la órbita de Di Paola, se afanan para terminar las viandas que a diario acuden a recoger varios centenares de vecinos.	Pese a esta inédita e incierta situación, con una paralización total de la economía, el ministro destaca que 2001 dejó como aprendizaje, entre otras cosas, los beneficios de trazar una gruesa red social, formada por personas u organizaciones que escuchan y ayudan en el día a día a los más vulnerables, con las que el Gobierno busca una estrecha colaboración.	
 Los curas villeros, pieza clave ante la emergencia en los barrios marginales 