Cada nación tiene sus pesadillas que lejos de terminar, se maximizan en el tiempo. En el caso de México, es la delincuencia organizada y un acompañante siniestro: miles de personas mueren al año, mientras sus familiares y amigos no los pueden localizar, dejando, como diría Agustín Basave Fernández del Valle, “un drama extraño y difícil a los vivos”.	Con todo, ese drama no es para todos los vivos y menos para el Estado, para las dependencias de seguridad pública, jueces, impartidores de justicia en general. Por su parte, las entidades federativas más ordenadas envían a todos sus muertos anónimos a la fosa común; en los que priva el desastre, ni siquiera saben adónde los confinaron.	Considerando que el total identificado por los investigadores es de 38 mil 500 cuerpos, once entidades federativas aportan más de mil al total, sumando entre estas diez, 29 mil 329, el 76.18 por ciento del total. En términos de un Pareto, once entidades aportan siete de cada diez cuerpos no identificados en México.	De los 29 mil 329 cuerpos no identificados (2006-2019) en los once estados que concentran el 76.18 por ciento del total nacional, 21 mil 762 fueron enviados a la fosa común, el 74.2 por ciento. Y, la autoridad de plano desconoce qué pasó con 1 mil 662 cuerpos no identificados; sin embargo, de esta última cifra, Jalisco y Tamaulipas representan el 30.99 por ciento con 515 cuerpos, en el rubro “la autoridad lo desconoce”.	Lo anterior permite considerar algunos elementos sobre lo que ha ocurrido en el país y si la guerra contra el crimen organizado que cada Presidente ha desarrollado a su leal saber y entender: desde el “quiero todos los juguetes de Jack Bauer” al estilo de Felipe Calderón, hasta los “abrazos y no balazos” de López Obrador.	Podría alegarse que el gasto en seguridad pública aumentará para 2021 y esto es parcialmente cierto. Analizando el PEF 2021, podrá observarse que el gasto para algunos rubros sí aumentará (la Guardia Nacional, con 11 por ciento) pero en la atención a víctimas y temas de género, las cosas cambian para mal, si es que esto fuera posible imaginar:	La CNDH, -13 por ciento; el programa P022 “Protección y defensa de los derechos humanos” de la SEGOB, -2 por ciento; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, -2 por ciento; la Comisión Nacional de Búsqueda, -3.4 por ciento; la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, -8.7 por ciento.	Por lo que se refiere al Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, -0.4 por ciento; el Fondo de Ayudas, Asistencia y Reparación Integral a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, -3.5 por ciento. Y la SEIDO de la FGR, -3.5 por ciento.	Mientras todo lo anterior constituye un golpe salvaje a los derechos humanos, la atención a las víctimas y a la seguridad interior, hay rifas, risas patológicas y testigos colaboradores. Amélie Poulain, el personaje central de la película Amélie lo dijo con presteza: “cuando un dedo apunta al cielo, los tontos miran al dedo”.	
El desdén institucional: los indicadores de un estado omiso