La decisión de cambiar la ley sobre el funcionamiento y las competencias de la Justicia Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de investigar, juzgar y sentenciar a los responsables de los crímenes ocurridos en medio del conflicto, enfureció a defensores del pacto y a ex líderes rebeldes que la consideran un golpe a la lenta implementación del pacto. (EFE)	La decisión de cambiar la ley sobre el funcionamiento y las competencias de la Justicia Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de investigar, juzgar y sentenciar a los responsables de los crímenes ocurridos en medio del conflicto, enfureció a defensores del pacto y a ex líderes rebeldes que la consideran un golpe a la lenta implementación del pacto.	Duque quiere ajustar la ley de la JEP para obligar a los responsables de crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos a indemnizar a las víctimas, para evitar que ex líderes rebeldes eludan la extradición, y para que reciban condenas duras de cárcel por abusos sexuales a niños y adolescentes.	"Hay que salir a defender la paz y la JEP para que las víctimas conozcan la verdad de lo que sucedió en el conflicto. Detrás de las objeciones se esconde la intención de que no se sepa la responsabilidad del Estado", dijo por su parte Carlos Antonio Lozada, senador de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido político que surgió de la guerrilla.	
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