Las quejas elevadas por algunas entidades locales menores por la «inadecuada prestación de servicios», por la «discriminación» que consideran sufren a la hora de recibir inversiones municipales o la «progresiva disminución» de las ayudas procedentes de otras administraciones sirvieron ayer al Procurador del Común, Tomás Quintana López, para lanzar una advertencia sobre la despoblación. «La deficiente prestación de los servicios en el medio rural puede contribuir a su abandono, lo que agrava el fenómeno de la despoblación», alertó en su primera presentación ante las Cortes del informe anual de la institución desde que accedió al cargo el pasado mes de octubre.	Quintana incidió en que esa «discriminación» y menos ayudas que estos pequeños pueblos denuncian supone un «problema» que «nos preocupa doblemente». Por un lado, «por lo que puede tener de discriminatorio» que los ciudadanos «reciban unos servicios de mayor o menor calidad» en función de dónde residan. Por otro, porque esa «ineficiente» prestación puede llevar a los pueblos a quedarse cada vez más vacíos.	Precisamente una «particular atención» a quienes habitualmente residen en el medio rural dentro del colectivo de persones «especialmente vulnerable» es una de las novedades que en este tiempo ha introducido Quintana López a la Procuradoría, así como «dar más visibilidad» a la institución o dotar de «mayor eficacia» a su labor -ya funciona la sede electrónica-. Otra de las improntas, señaló, es que con el objetivo de promover la colaboración de las administraciones «no sólo venimos persuadiendo» a los entes públicos de su «deber de colaboración». Además, subrayó, «estamos dispuestos a utilizar todas la herramientas legales» para que esa colaboración sea «real y efectiva». «Al fin y al cabo, detrás de cada queja hay un ciudadanos, un vecino que sólo pretende ejercer plenamente sus derechos», recordó Quintana López, quien valoró como «aceptable» en términos generales la aceptación de unas recomendaciones que no son vinculantes, aunque lamentó que no siempre con la «celeridad deseable». Algo que, censuró, causa «frustración» tanto entre los ciudadanos como en la propia institución. Pero, añadió, ha de tenerse en cuenta que esa falta de colaboración «puede determinar responsabilidades de índole penal».	El año pasado, el Procurador del Común inició 79 actuaciones de oficio y se presentaron 6.500 quejas, de las que 3.984 fueron por las «deficiencias» en la prestación del servicio de oncología en Zamora, lo que sitúa a Sanidad como el área con más reclamaciones (4.192). La Administración autonómica es la que más quejas acumuló (5.340. Los entes locales, 967, y el Estado, 160.	Desde los grupos políticos, todos apoyaron su labor, excepto Vox. Incluso Ana Carlota Amigo (Cs) consideró que esta institución «debería ser ejemplo para el resto de la administración». Y en un tono más político, el portavoz del PSOE, Luis Tudanca, se agarró a las quejas para cargar contra la Junta y el PP, algo que le afeó el popular Raúl de la Hoz, quien defendió el informe como una herramienta para detectar y corregir deficiencias. Desde el Grupo Mixto, Pablo Fernández (Podemos) destacó que este informe «nos dice qué está fallando» en Castilla y León, Luis Mariano Santos (UPL) lamentó que los «halagos» no siempre se traduzcan en asumir recomendaciones; Pedro Pascual (Por Ávila), el desconocimiento de la institución.	
Quintana: «Los deficientes servicios pueden agravar la despoblación»