Cuando hace menos de cuatro meses celebrábamos la llegada del año 2020 ni el más pesimista podía imaginar la profunda crisis sanitaria, económica y social que se avecinaba. Por supuesto que había numerosas y fundamentadas preocupaciones ante el futuro vinculadas a las perspectivas económicas negativas o al acelerado deterioro del Planeta y las consecuencias de […]	Cuando hace menos de cuatro meses celebrábamos la llegada del año 2020 ni el más pesimista podía imaginar la profunda crisis sanitaria, económica y social que se avecinaba. Por supuesto que había numerosas y fundamentadas preocupaciones ante el futuro vinculadas a las perspectivas económicas negativas o al acelerado deterioro del Planeta y las consecuencias de la Crisis Climática. Pero en ningún caso, a que en unos pocos meses sufriéramos un daño muy superior al de la crisis económica que se inició a finales de la primera década del siglo.Estamos viviendo una etapa durísima de nuestra historia. Quiero expresar, en primer lugar, mi plena solidaridad con el sufrimiento experimentado por las personas que han enfermado y por sus familias; y, especialmente, por el dolor que causan tantas muertes. Así como el reconocimiento a los profesionales del sector sanitario por la calidad de su trabajo, por su entrega, por su humanidad; e igualmente al resto de trabajadores, públicos y privados, que posibilitan que la sociedad siga funcionando en estas condiciones excepcionales.	Desde el Gobierno de Canarias hemos priorizado, en todo momento, hacer frente a la epidemia, preservar la salud de la ciudadanía y fortalecer el sistema sanitario. Adquiriendo material sanitario en un mercado muy tensionado tras confirmarse el fracaso estatal de compra centralizada. Inyectando nuevos recursos al Servicio Canario de Salud. Y aunque, en muchos aspectos, Canarias se encuentra en condiciones mejores que el resto de las comunidades autónomas, no podemos bajar la guardia. Ni, por supuesto, ser laboratorios de nada. Siendo conscientes de que lo más importante es la salud de la gente, tenemos muy en cuenta la opinión de los expertos sobre el confinamiento y el momento en que este puede ser levantado. Consideramos que se puede afrontar en distintos tiempos según los territorios, pero actuaremos con la mayor cautela y siempre sustentando las decisiones en criterios técnicos y científicos.	La pandemia de la COVID-19 constituye uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado la Humanidad. En el plano de la salud y en el ámbito económico. El confinamiento decretado para evitar nuevos contagios ha afectado gravemente a la actividad económica, dañando a las empresas, al empleo y al consumo de manera muy relevante. Y, asimismo, ha impactado negativamente en las administraciones públicas, que no recaudan vía cotizaciones sociales ni vía impuestos. Y que, pese a esas restricciones, tienen que continuar manteniendo la sanidad, la educación, los servicios sociales… y, asimismo, establecer nuevos gastos en ayuda a los autónomos, a las pymes, a la obra pública, a los sectores sociales más vulnerables.	Las administraciones vamos a disponer de muchos menos ingresos y, al mismo tiempo, hemos de afrontar muchos más gastos de los previstos. Por eso, planteamos que, al igual que Europa ha suspendido sus reglas fiscales, estas se suspendan no solo para el Estado central, sino para el conjunto de las administraciones. Para que podamos seguir sosteniendo los servicios públicos y colaborando con trabajadores, empresas y personas en situación de desempleo, pobreza o exclusión social.	En mi opinión, lo que ha planteado hasta ahora la Unión Europea apunta en la buena dirección, pero es claramente insuficiente. Precisamos de un auténtico plan de inversión, de recuperación de renta, de reconstrucción de la economía de la Unión. Y eso significa impulsar los eurobonos, mancomunar el endeudamiento que precisamos. Lo que exigirá cantidades billonarias en el conjunto de la UE.	Reconocemos las decisiones positivas del Gobierno central. Hemos mostrado el apoyo a los ERTE que, con la aportación de más de 340 millones de euros mensuales a cargo de la Seguridad Social en la Comunidad canaria, pretenden salvar numerosas empresas y buena parte del empleo; y, por las especiales circunstancias de Canarias, hemos solicitado su ampliación más allá del estado de alarma. Compartimos, asimismo, otras medidas del Ejecutivo central con relación a los autónomos, los avales del ICO o respecto a la preservación del derecho a la vivienda. Pero no podemos olvidar que las comunidades autónomas tenemos todo el peso del estado del bienestar (sanidad, educación, servicios sociales…), por lo que precisamos capacidad de endeudamiento, así como poder utilizar el superávit, al igual que cabildos y ayuntamientos.	Respecto a Canarias, las consecuencias económicas de la crisis son, sin duda, peores que la media española. El turismo, con más de 600.000 camas, está completamente cerrado y no se va a recuperar inmediatamente una vez se levante el estado de alarma. Un cierre con consecuencias en el resto de los sectores económicos, desde el comercio al sector primario pasando por el transporte. En este 2020 puede producirse una reducción del PIB entre 20 y 23 puntos porcentuales, el doble de lo que perdimos por la crisis económica entre 2009 y 2014, unos once puntos y medio. Los ingresos a la Seguridad Social y los fiscales van a caer estrepitosamente en Canarias. El desempleo puede alcanzar cotas históricas y tendrá lugar una espectacular caída de rentas.	Por ello, exigimos a Madrid la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la flexibilización de las reglas fiscales, para recurrir al endeudamiento, así como utilizar el superávit y los remanentes de tesorería para hacer frente a la crisis económica. Con respuestas de cada administración en su ámbito competencial, evitando duplicidades y siendo lo más eficientes en un momento tan crítico.	Ese es el único camino para afrontar esta dramática situación de las administraciones públicas y que estas se conviertan en motor de la economía y en defensoras de las condiciones de vida de la gente. De ahí la importancia de los eurobonos, y de la posibilidad de incrementar el déficit y la deuda a medio y largo plazo. A lo que España no puede negarse. Y, con esos recursos, ayudar a las pymes, a los autónomos, a los sectores vulnerables, implantar rentas que garanticen una existencia digna, mantener los servicios públicos e impulsar obra pública.	Afrontar esa reconstrucción de nuestra economía y de nuestra sociedad exige un plan ambicioso, coherente y factible, con acciones a corto, medio y largo plazo. Sustentado en un gran acuerdo entre el Gobierno de Canarias, las administraciones locales e insulares, las formaciones políticas, los sectores empresariales y sindicales, con respuestas adecuadas a nuestras especificidades por parte de Europa y de España.	

								Proteger la salud, reconstruir Canarias							