En febrero de 2016 Vidal dictó un decreto que dispuso un nuevo régimen de declaraciones juradas patrimoniales. Hasta entonces no existía en la provincia de Buenos Aires una norma que obligara a los funcionarios a hacer público cuáles eran sus bienes. Están alcanzados por esta normativa quienes ocupan los principales cargos ejecutivos de la provincia, los directores de empresas estatales y parte de los integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Concretamente, el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario Bonaerense con categoría igual o superior a subcomisario, y el personal de categoría inferior pero que está a cargo de una comisaría, deben presentar declaraciones juradas públicas. Además, el decreto incluye expresamente al "personal que intervenga en el manejo de fondos públicos". A fines de 2017, la legislatura bonaerense aprobó por ley el régimen de transparencia que antes estaba regido por un decreto. A diferencia del decreto de 2016, la ley amplió la cantidad de sujetos obligados e incluyó, entre otros, a los senadores y los diputados provinciales.	
Chequeado: qué dijo la gobernadora Vidal sobre las declaraciones juradas de sus funcionarios