En marzo de 2018 el anterior canciller firmó en nombre de Paraguay un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe en la ciudad de Escazú, Costa Rica. Casi nadie lo conocía hasta que hace unos días monseñor Valenzuela envió una invitación a voluntarios provida a revisar dicho Acuerdo y presentar su parecer al Parlamento antes de su inminente ratificación. Ya el Ejecutivo había presentado un pedido de ratificación del Acuerdo y en el Parlamento se iba a realizar en breve, había sido, una de esas “audiencias públicas” preliminares por puro cumplimiento ya que nadie conoce, excepto la gente que anda siempre haciendo lobbie por ahí o recibe paga por llevar adelante ciertas agendas. Menos mal que también hay gente de a pie que todavía se interesa por el bien común y surgió una alerta a los 90 minutos del partido, por usar una imagen futbolera.	Es mucho lo que se puede criticar del Acuerdo de 42 artículos con tan lindo nombre. Pero en este breve espacio expongo solo unos elementos que me parecen esenciales y que, como es costumbre, los políticos no suelen leer antes de firmar. No olvidemos el marco referencial del Acuerdo. Se habla de la Agenda 2030 de la ONU de desarrollo sostenible, sobre todos en sus artículos sobre “la igualdad” y de la Conferencia de Río 92 sobre desarrollo y medioambiente (con sus réplicas y ampliaciones Río+5, Río+10, Río+20), donde se planteó entre otras cosas el control de la natalidad a través del acceso universal a la salud sexual y reproductiva que incluye aborto y surgió la famosa Carta de la Tierra que, en palabras de sus propios promotores, es una cambio de PARADIGMA ÉTICO GLOBAL que intenta “superar” nuestra visión personalista (basado en la dignidad del ser humanos en la naturaleza) para imponer un marco ético con un paradigma ecocéntrico y panteísta que pretende educar, guiar y legislar sobre todos los aspectos de la vida personal y social con la excusa de hacerlo “sostenible”.	Ustedes, amigos, ¿sabían que el depositario del Acuerdo de Escazú no somos los ciudadanos que deberíamos tener acceso a la información, ni el Estado, sino que es la ONU a través de Cepal, su agencia económica para Latinoamérica? ¿Sabían que como parte de este Acuerdo se promueve la idea que tienen ciertos lobbies presentes en la ONU hoy sobre control de la natalidad (incluye aborto) y la visión sesgada englobada en la expresión “género” como construcción puramente cultural de la sexualidad sin consideración de su dimensión biológica; y que en el Acuerdo se habla de “no regresión” y “progresividad” en derechos de 'minorias' (ver art. 3 donde se mencionan principios de igualdad y no discriminación y art. 7 donde se habla de género)? ¿Sabían que el Acuerdo pretende ser VINCULANTE JURÍDICAMENTE y que el mismo NO ADMITE RESERVAS a los estados que firman (ver art. 23)? ¿Sabían que solo 6 de los 33 países ratificaron el Acuerdo (incluso Chile que al principio lo promovía ahora se está echando atrás al ver sus implicancias)? ¿Sabían que nosotros ya tenemos ley de acceso a la información pública pero que el Acuerdo incluye la “toma de decisiones” como atribuciones de una claque que dice representar a la “sociedad civil” ante los organismos internacionales?	El Acuerdo tiene varios ítems y un tenor general que atenta contra la libertad de cada pueblo de decidir su destino, no tiene en cuenta la soberanía de los estados resguardada en la carta fundacional de la ONU. Es un abuso. Y si no nos permiten hacer reservas hay que retirar nuestra firma de allí.	Una de las palabras que más se menciona en el Acuerdo es el de Gobernanza donde los estados pasan a ser simples acatadores de directrices originadas fuera de su ámbito. La Globalización es inevitable, pero este tipo de Gobernanza coercitiva se puede y se debe evitar por el bien de todos.	
Escazú sin reservas y la Carta de la Tierra