La excandidata presidencial ya había cumplido más de un año de prisión preventiva, entre 2018 y 2019, a pedido del fiscal José Domingo Pérez que la investiga por presunto lavado de activos por los aportes de la empresa Odebrecht a sus campañas electorales, pero fue excarcelada por decisión del Tribunal Constitucional.	El juez Zúñiga remarcó, en primer lugar, que para que la investigación de un caso de lavado de activos continúe basta que se sospeche o presuma el origen ilícito del dinero y recordó que la ley de partidos políticos en Perú establece un límite de los aportes económicos a las campañas electorales.	
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