“Vamos en sentido contrario a la esencia del mismo T-MEC, que va hacia un libre mercado y una menor intervención del Estado, así como a la protección de inversiones de los tres países, sobre todo en el tema de energía y medioambiente”, afirma la internacionalista.El T-MEC, que el 1 de julio reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994, es una de las principales herramientas que el Gobierno de México presume para superar la crisis derivada del coronavirus, que causó una caída histórica de 18,9 % del PIB en el segundo trimestre.	En particular, la experta señala el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la política de la Secretaría de Energía, que privilegian a la CFE y al combustóleo de Pemex con el argumento de que los generadores privados de renovables arriesgan la estabilidad del sistema eléctrico por ser “intermitentes”.	“Estos mensajes equivocados y esta práctica distinta a lo que establecemos y firmamos afuera, en los acuerdos y en el T-MEC, a lo único que nos va a llevar, de no cumplir con nuestras metas de energías limpias y no reducir nuestras emisiones de gases, obviamente es a recibir sanciones”, opina Arias.	Aunque Pemex reportó una pérdida neta de 26.406 millones de dólares en la primera mitad de 2020, un aumento anual del 585,3 %, el presidente López Obrador insiste con su meta de producir 2,6 millones de barriles diarios para 2024, además de refinar 1,5 millones de barriles al día.	
La política energética de México contradice el T-MEC a un mes de su inicio