“Los inversores esperaban que Argentina modificara los términos de la oferta inicial en numerosos aspectos. En un esfuerzo por incorporar las sugerencias de un cuerpo diverso de acreedores y llegar a un consenso, la Argentina extendió plazos y discutió condiciones de reestructuración y otros incentivos cada vez más generosos”, resaltó el comunicado.	“Una reestructuración de deuda que es miope en sus objetivos no beneficia a nadie, ni al deudor ni a los acreedores”, afirmó el gobierno y consideró que la historia financiera reciente de Argentina ha enseñado que “el objetivo de corto plazo de conseguir el apoyo de los acreedores no puede echar por la borda la disciplina de asumir compromisos sólo en la medida en que éstos puedan cumplirse a largo plazo”.	Tras recordar que el 6 de julio, Argentina publicó su oferta modificada, “cristalizando su esfuerzo de buena fe por plasmar las sugerencias resultantes de las diez semanas de diálogo con su comunidad de acreedores”, lamentó que los acreedores hicieran una contrapropuesta que busca “imponer cargas adicionales a una economía que se está ahogando en plena crisis del Covid-19”.	“Sobre la base de esas premisas, el gobierno argentino manifestó que la propuesta del 6 de julio es la oferta definitiva de la República a sus acreedores y representa el máximo y último esfuerzo que el país puede sostener; con esa convicción, nuestro país alienta a la comunidad de acreedores a aceptarla, sabiendo que de no ser así toda negociación futura será más compleja porque más difícil será la situación que enfrente Argentina”, añadió.	
Reiteran que la oferta del 6 de julio es la definitiva