El veterinario José Gómez Fernández fue uno de los interinos seleccionados para formalizar la denuncia ante el Parlamento Europeo sobre la precaria situación del colectivo en Castilla y León. La delegación de la que formaba parte este sindicalista defendió también los intereses de los trabajadores afectados en Zamora, unos 2.500, una gran parte veterinarios que ejercen en distintos municipios de la provincia.	–Existe una Directiva europea de protección al trabajador temporal que marca dos objetivos: evitar la discriminación en las condiciones de trabajo de los empleados temporales (interinos) frente a los trabajadores fijos y, al mismo tiempo, prevenir y sancionar los abusos que se cometen por parte del empleador. España incumple esta directiva porque cubre necesidades permanentes con contratos temporales o porque los contratos temporales se prolongan más allá de lo que establece la propia Ley. Y la incumple porque no ha previsto sanción para la Administración que abuse de la contratación temporal. Reclamamos, ante todo, el fin del abuso. Y, además, que las sanciones previstas en el Estatuto de los Trabajadores se apliquen de forma análoga a todos los empleados públicos, ya sean laborales, funcionarios o estatutarios.	–España oculta a la Unión Europea que la temporalidad es ilícita y, además, no la reconoce. Tampoco admite que todos los interinos hemos superado procesos selectivos que garantizaban los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, tal y como manda el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en su artículo 10.2. De esta manera, nos obliga a superar nuevos procesos selectivos (las OPEs masivas "de estabilización") de libre concurrencia y, si no los superamos, estaremos en la calle. Es decir, la Administración miente a los ciudadanos confundiendo el derecho de acceso de los opositores con el derecho adquirido por los trabajadores víctimas del abuso, apuesta por el despido libre y gratuito y acepta el cambio de unos trabajadores por otros. Por ello, hemos reclamado dos cosas: el cumplimiento de la directiva europea y que nuestros puestos de trabajo sean excluidos de las OPEs en marcha.	–Sí. Las primeras demandas de compañeros de la Comunidad de Madrid han llegado al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) como cuestiones prejudiciales. La sentencia, que se espera dentro de unas semanas, establecerá si las medidas que pretende poner en marcha la Administración e, incluso, la jurisprudencia española, son acordes con la norma comunitaria o si hay que implementar otro tipo de sanción. En situaciones similares, el TJUE ya ha dictaminado que la fijeza automática es una sanción efectiva y disuasoria. Es la misma que ya se contempla en el Estatuto de los Trabajadores y que ya se está aplicando con todas las consecuencias para empleados públicos laborales en Galicia.	–Nos reunimos con Jordi Cañas y Soraya Rodríguez, de Ciudadanos, y Manuel Pineda, de Izquierda Unida. Los tres se sorprendieron de que el Gobierno español oculte las cifras de temporalidad ilícita a la UE, que esta temporalidad irregular sea un problema enquistado desde hace décadas en todas las Administraciones Públicas españolas (AAPP), que afecte a más de 500.000 personas en toda España y que aún no exista sanción para las administraciones que abusan al no haberse completado la trasposición de una directiva ¡de hace 20 años! Durante el encuentro, de casi dos horas, denunciamos también que esa temporalidad ilícita condena a los afectados a los destinos más duros y peor retribuidos y a una precariedad continuada ante el temor de perder el puesto de trabajo. Y subrayamos especialmente que todos los empleados públicos temporales hemos accedido ya a la Función Pública con todos los requisitos, porque a ello obliga Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)	–La Junta de Castilla y León cifra en 23.000 el número de interinos. Según nuestras informaciones, al menos la mitad de ellos se encuentra en una situación de temporalidad irregular y, por tanto, precaria, porque dependen de la arbitrariedad y antojo de la Administración. Y ello, cuando la estabilidad en el empleo debe ser un objetivo principal de todas las políticas sociales.	–Es una cuestión de legalidad. Hay un fraude, un abuso en la contratación temporal y debe ser sancionada la Administración que incumple, no el trabajador afectado. Lo que ocurre es que la propia Administración, juez y culpable, no está dispuesta a asumir el coste político de su incompetencia y nefasta gestión. Los sindicatos mayoritarios, que se nutren en gran medida de los cursos de formación para opositores, olvidaron exigir la protección de la directiva europea para los cientos de miles de trabajadores en abuso a la hora de negociar los acuerdos con el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.	–Si el Tribunal de Justicia Europeo considera que la protección que ofrece la directiva debe concretarse en una indemnización, habría un importantísimo coste económico. La abogada general de la UE ya ha sugerido que para que esta indemnización sea acorde a la normativa europea, esta debería ser triple: por daños y perjuicios, por cese y la sanción propiamente dicha. Hay que tener en cuenta que España ya ha sido advertida por el riesgo de descuadre de sus cuentas. Ahora bien, no habría coste económico si se opta por aplicar en funcionarios y estatutarios la sanción establecida por el Estatuto de los Trabajadores en los laborales: la fijeza automática. Insisto en que no hay enfrentamiento entre el derecho de acceso de los actuales opositores con el derecho adquirido de los trabajadores abusados.	–La estrategia es doble. Desde el punto de vista de Castilla y León, desde Uscal, estamos en continua comunicación con la Junta y, en concreto, con la directora de la Función Pública: conocemos la ley, conocemos la directiva y exigimos su aplicación. Por otra parte, hemos establecido una colaboración estrecha con otros compañeros temporales de toda España. Ya hemos organizado alguna concentración, hemos compartido el esfuerzo de la delegación en Bruselas y esperamos que los compromisos alcanzados con algunos de los europarlamentarios se concreten en breve. En cualquier caso, estamos ofreciendo continuamente información a los compañeros que se encuentran en esa situación de abuso de temporalidad y fraude de ley. Les recomendamos la demanda judicial, eso sí, con despachos de abogados especializados en este tipo de reclamaciones.	–No es así exactamente. pero algunos intereses han hecho lo posible por intoxicar a la opinión pública. La abogada general Kokott declara que el abuso en el empleo temporal es la norma en España y considera que la jurisprudencia del Supremo es insuficiente a la hora de sancionar el abuso porque cambia temporalidad por temporalidad. Además, advierte que las medidas que pretende la Administración española (la convocatoria de las ofertas de empleo de libre concurrencia) no son acordes con la directiva europea. Respecto a la conversión en indefinidos de los contratos temporales fraudulentos dice textualmente. "No cabe duda de que tal transformación permitiría sancionar el uso abusivo y eliminar definitivamente sus consecuencias" pero, seguidamente, recomienda que no se aplique de forma directa si no dentro de un procedimiento ordenado. Creemos que, en este tema, la abogada general ha confundido los casos italiano y español y ha supuesto que son similares.	–No hay similitud. En España, los empleados públicos temporales hemos superado procesos selectivos que garantizan los requisitos institucionales de igualdad, mérito y capacidad porque así lo establece el Estatuto Básico del Empleado Público. Esto es crucial para entender que no cabe exigirnos superar nuevos procesos por la sencilla razón de que ya estamos dentro de la Administración.	–El mismo día que Kokott publicó sus conclusiones, el abogado general Szpunar presentó las suyas en relación a la indemnización en el caso de una funcionaria interina recomendando que no hay derecho a cobrarla por cese. Nuevamente, pudo más la impaciencia por titular que la realidad de fondo: lo que opina la Abogacía general en este caso es que no hay derecho a la indemnización cuando se trate de un cese legal, es decir, posterior a una situación en la que no ha habido abuso. Por eso, es tan importante reclamar y lograr el reconocimiento.	
"Hay casi 12.000 interinos de Castilla y León abocados al 'corredor de la muerte'"