Según la acusación, Igeño cobró durante 33 años la pensión de un muerto. Lo hizo desde el 1 de abril de 1980 hasta el 31 de julio del 2013. Además de la pena de cárcel, la fiscalía le reclama que abone al Instituto Nacional de la Seguridad Social una indemnización de 205.590 euros.	Juana Igeño prestaba sus servicios como trabajadora en el Hospital Psiquiátrico Alonso Vega de Madrid. Allí estaba internado J. P. M., quien murió el 17 de marzo de 1980. Gracias a que el fallecido no tenía familiares conocidos, la acusada se hizo con su DNI y documentación bancaria con el fin de seguir percibiendo la pensión de jubilación por incapacidad absoluta que le había sido concedida en 1977. La cantidad a percibir inicialmente fue de 104,16 euros mensuales, pero en el 2013 ascendió a 689,15 euros.	Para ingresar el dinero, el 23 de diciembre de 1981 la acusada abrió una cuenta corriente a nombre del fallecido donde domicilió el pago de las pensiones y desde donde retiraba en efectivo todos los meses el dinero ingresado. A partir del 2008 modificó su modus operandi y falsificó una autorización a su favor firmada "aparentemente" por J. P. M. que le permitía hacerse con el dinero.	En enero del 2013 la entidad bancaria instó a la acusada a que aportara una Fe de Vida y Estado del titular de la cuenta, "que la acusada obtuvo del Registro Civil Único de Madrid", presentando el DNI original del fallecido, y una autorización a su favor para solicitarla, "que ella misma había confeccionado imitando su firma".	
Una trabajadora social cobró durante 33 años la pensión de un muerto