CARACAS (AP) — Los venezolanos acudirán el domingo a las urnas para elegir una nueva Asamblea Nacional en unos comicios boicoteados por las principales fuerzas opositoras y cuestionados por Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países de la región, que han advertido que la consulta no ayudará a resolver la compleja crisis que golpea a la nación sudamericana.	Luego de meses de conversaciones entre el oficialismo y la oposición para definir por consenso los candidatos para el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) -que sería electo en la Asamblea Nacional como lo prevé la constitución- el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, sorprendió en junio al declarar que el Congreso, de mayoría opositora, incurrió en una omisión legislativa y nombró a la dirección del Poder Electoral, que quedó integrada por exjueces, funcionarios vinculados al oficialismo y personas cercanas a grupos disidentes de la oposición.	El Tribunal Supremo de Justicia intervino a mediados de año Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, tres de las cuatro principales fuerzas opositoras, y pasó el control de esas organizaciones a disidentes opositores que han sido señalados de tener vínculos con el gobierno. Los nuevos titulares de los partidos inscribieron candidatos con las tarjetas, logos y colores de los tres partidos, lo que fue considerado una maniobra para confundir al electorado opositor.	Asimismo, el nuevo CNE aumentó de 167 a 277 la cantidad de diputados y modificó el proceso de selección de los diputados indígenas que a partir de ahora serán elegidos a mano alzada en asambleas en las comunidades aborígenes, lo que según juristas y activistas vulnera el principio constitucional del voto libre, universal, directo y secreto.	Pese a las exhortaciones de la Unión Europea y actores políticos locales que pidieron posponer las elecciones ante el riesgo de mayores contagios de COVID-19 y para lograr un consenso nacional sobre condiciones electorales confiables y la preparación de una misión de observadores internacionales, el presidente Nicolás Maduro descartó esa posibilidad alegando que la constitución establece que la nueva Asamblea Nacional debe instalarse el 5 de enero luego de culminar el período de cinco años del anterior Congreso.	Al respecto el diputado opositor Freddy Guevara dijo a The Associated Press que los comicios del domingo tienen “muchas irregularidades” que van desde la falta de independencia del CNE, la no realización de auditorías a los sistemas electrónicos de votación y la censura a los medios locales sobre las denuncias de fraude.	En respuesta al evento electoral la oposición y organizaciones civiles convocaron a una consulta popular entre el 7 y 12 de diciembre. En la consulta, que se realizará por Telegram e Instagram, se les preguntará a los venezolanos si están a favor de exigir el “cese de la usurpación” de la presidencia de Maduro, el rechazo a los comicios legislativos y hacer gestiones en la comunidad internacional para rescatar la democracia y atender la crisis humanitaria. La consulta es de carácter simbólico ya que no tendrá ningún observador independiente ni validez legal.	Estados Unidos, estrecho aliado del líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional saliente Juan Guaidó, ha advertido que no reconocerá los comicios legislativos a los que considera “otro fraude electoral” y ha llamado a la comunidad internacional a insistir para lograr “condiciones necesarias, internacionalmente aceptadas, para unas elecciones libres y justas”.	
Venezuela celebra elecciones en medio de boicot opositor