Apenas la semana pasada recibí copia de un dictamen con fecha del 25 de noviembre, donde la Gobernadora envió una iniciativa al Congreso local, a fin de que se reformen diversas disposiciones de la Constitución de nuestro Estado. Esta iniciativa se presentó el 3 de octubre. Tras leer el documento, me queda claro que esta administración se prepara para la derrota en el 2021. Si este no fuera el caso, la iniciativa no descansaría en sofismas e intenciones completamente políticas.	Apoyándose en la tesis de que “es muy importante fortalecer la división de poderes”, el Ejecutivo pretende dos cosas: Que para acceder al cargo de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se sea actualmente magistrado regional (adivinen quién los puso); y que únicamente funcionarios dentro del Poder Judicial podrán acceder a dicho cargo, eliminando la posibilidad de que cualquier abogado, proveniente de la práctica o de la academia, pueda convertirse en juzgador. En pocas palabras, un Poder (Ejecutivo) merma la posibilidad de que otro (Judicial) pueda abrirse, mejorarse y ser susceptible de un dinamismo que pueda mejorarlo, al pretender dejar como inamovibles a los juzgadores, prácticamente hasta que ellos decidan retirarse. Vaya daño que le haría esto a la más importante institución que puede dar viabilidad a cualquier sociedad: La que garantiza que se hará justicia.	Hay dos aspectos que me parece primordial que la sociedad tenga claros: La naturaleza actual de la impartición de justicia (no sólo en Sonora sino en México) y las consecuencias políticas que provocan esta iniciativa de la Gobernadora. Antes de entrar de lleno en el tema, quiero decir que esta iniciativa es sencillamente inconstitucional y en el lejano caso de que fuera aprobada en nuestro Congreso (no creo que suceda, pues sería una grosería), una acción de inconstitucionalidad promovida por los diputados que se opongan a ella, simplemente la echaría abajo.	El año pasado, México eligió una opción que señaló a la corrupción como el epicentro de nuestros problemas nacionales. Los electores tuvimos enfrente una disyuntiva simple: Votar por una opción que promete combatir ese cáncer o elegir a las otras opciones que representan (implícitamente) la permanencia del problema. La gente tenía claro lo que ya no quería y de ahí el resultado electoral brutal. Dicho sea de paso, por algo la opción repudiada perdió más del 80% de los municipios de Sonora (incluyendo todas las entidades más importantes), perdió dos terceras partes del Congreso estatal y perdió a todos los legisladores federales. Pero difícilmente puede reinar la corrupción -como lo ha hecho por tantos años- si se cuenta con un Poder Judicial sólido. Al día de hoy, los juzgados y tribunales de todo el País (Sonora incluido) están plagados de corrupción, de simulación y de ineptitud. Claro que hay honrosas excepciones de honradez y profesionalismo, pero la mayoría del panorama -de ahí nuestra realidad actual- es muy adverso. En la década de los noventa, se llevó a cabo una profunda reforma al Poder Judicial Federal y los estados emularon dicho cambio, a nivel local. Para ello se crearon los Consejos de la Judicatura en cada entidad, para profesionalizar y vigilar el correcto ejercicio de la impartición de justicia.	Uno de los elementos centrales de estos pretendidos cambios es que se creara un servicio profesional de carrera, donde los más destacados profesionistas dentro del aparato fueran ascendiendo y toda la estructura se mejorara. “Para variar” sucedió lo opuesto: Un Consejo muy mal integrado por años, incompleto, que no funcionó ni funciona hasta la fecha; donde no se estableció nunca la carrera judicial como el sistema mencionado, ni se creó tampoco (ni ha funcionado) la escuela judicial para los efectos de capacitación y profesionalización permanentes de los miembros del Poder Judicial.	No hacen falta reformas tramposas para mejorar el Poder Judicial. Es falso que se pretenda proteger la garantía de inamovilidad de juzgadores con la petrificación de los magistrados que hayan sobrevivido a la realidad política de varios años. Esto arrastra el riesgo enorme de la permanencia de la ineptitud y corrupción que prevalece hoy en Sonora. Es falso partir de la base de que si un juez o magistrado ya tiene más de cinco años, ya es bueno y debe ser ratificado. Como la propia Constitución federal lo señala:	Estamos en tiempos nuevos y lamento mucho, como sonorense, que haya gente que se niegue a entender lo que está sucediendo. ¿Por qué se busca que los magistrados que hoy están en funciones, sigan ahí cuando este Gobierno concluya? ¿Qué hay detrás de esta intención? Con el padrecismo atestiguamos majaderos pisoteos a la institución judicial; es el colmo que se quieran repetir las historias. Por otro lado, me parece fascinante que este intento -que se vendrá abajo sin duda- ha sido expuesto y enfrentado no por políticos, sino por la propia ciudadanía (abogados) y es un esperanzador ejemplo de cómo deberían ser las cosas. La oposición política (que supone triunfar en el 2021) está adormecida y desorganizada; si supiera aprovechar esta y las demás coyunturas, serían invencibles. ¿Tendrán con qué, con quién?	
Siguen sin entender