Cuando se escuchen los ruidos de las copas en esa frontera del último instante del 2019 y el primer segundo de 2020, la Argentina consagrará un enorme fracaso: en los 19 años que transcurrieron desde el inicio del siglo, solo dos de cada 10 días el país no vivió en emergencia.	no envió el proyecto de postergación por un año más. Es decir que, cuando cayó la prórroga de la anterior, el régimen de excepción cayó, y aquellas facultades terminaron por regresar al Congreso. Dicho de otra manera: solo dos de cada 10 días, los diputados y senadores gozaron de todas las funciones que les da la Constitución Nacional.	La lógica de este paradigma es casi una obviedad. En el mundo de los negocios globalizados, el marco regulatorio en el que se van a desarrollar los negocios es determinante. Tanto que, en los grandes proyectos de inversión, este tipo de certidumbres (o incertidumbres, en el caso de la Argentina) constituye uno de los activos más importantes a la hora de evaluar la viabilidad o no.	Para alguien que en un rascacielos de alguna capital del mundo mira donde invertir, la posibilidad de que su ámbito de negocios cambie por la voluntad del soberano y no por la formalidad de una ley genera imprevistos. Como existen este tipo de reglas de excepción, seguramente va a reclamar de su desembolso en el país una rentabilidad mayor para repagar su capital con más velocidad. Va a apurarse antes de que los términos cambien; va a abrir el paraguas para cubrirse en caso de que tenga que partir.	Pero la cobertura no solo se da por la posibilidad de irse, sino por el cambio de valuación que tendrá su activo. No es lo mismo el precio de un kiosko que puede vender cualquier producto a cualquier hora, que otro que tenga que ceñirse a un horario y a ciertos productos. De manual.	En los gobiernos, cuentan los administrativistas, hay dos tipos de normas. Las que "están a tiro de decreto" y, por el contrario, las que no. Cada administración se ilusiona con tener más y más posibilidades de estampar una firma y un puñado de ministros obedientes para gestionar que con pasar por el Congreso.	
En el siglo XXI, la Argentina vivió en emergencia el 80% del tiempo