Que esta determinación ahonda el desasosiego de las víctimas de los delincuentes favorecidos, no sólo por el temor que su liberación produce, sino por el desamparo ante incumplimiento del Estado a la Ley de Víctimas, donde los jueces están obligados a consultarlas, escucharlas y notificarlas antes de proceder a conceder la liberación y/o prisión domiciliario.-	Que dicha medida también es motivo de zozobra para los trabajadores y trabajadoras del sistema penitenciario, personal policial y/o gendarmería, quienes en el cumplimiento de su deber fueron quienes detuvieron y custodiaron a quienes infringieron la ley, muchos de ellos juzgados por delitos de extrema gravedad y/o considerados reos de alta peligrosidad.-	Que no debe dejarse de advertir, la alta reincidencia que existe de presos liberados, donde se lamentaron casos de nuevos y aberrantes delitos. En este caso, la decisión adoptada coloca en riesgo a toda la sociedad de poder ser eventuales nuevas víctimas, ya que desde los Poderes Ejecutivos han avisado que no cuentan con elementos ni recursos para controlar a quienes liberan en contexto del Covid-19.-	Que resulta altamente preocupante la posición por el Poder Ejecutivo Nacional, atento que por un lado genera todos los protocolos epidemiológicos para abordar la pandemia en el ámbito carcelario federal y que van a perseguir a los jueces que no cumplan con la Ley de Víctimas, pero por otro, avalan la estrategia que auspician funcionarios y ciertas organizaciones de derechos humanos (CELS, Comisión por la Memoria, entre otros), que propician libertades masivas y prisiones para jueces que no las concedan.-	
JxC 9 de Julio presentó un proyecto de resolución acerca de la liberación de presos