No creo que ofenda a nadie, pero por si acaso pido perdón de antemano. Podría ofender, desde luego a las insignes cabezas pensantes de este país, que se les diera una idea tan de perogrullo como la que se me ocurre para convivir con la actual pandemia en las universidades hasta que Dios quiera. Digo universidades porque es sabido que es bien distinta la posibilidad de actuación que cabe dejar en manos del discente en función de su formación y madurez. No se me ocurriría sugerir a la Sra. Celaá ni esto ni nada, pues ya ella lo tiene todo previsto. Sin embargo, creo que al ministro de Universidades le iría bien saber que, aunque los sesentones y setentonas no somos la generación mejor formada de España, sí hemos conocido en el pasado algún sistema que nos permitió compatibilizar (ahora se dice conciliar como si estuviéramos en pleitos) el estudio con otras obligaciones como la del trabajo; ahora podría ser una solución a nuevos problemas sobrevenidos.	Ahora, como parece que ya somos todos casi ricos y felices da la impresión que no hace falta posibilitar esa eventual convivencia del estudio y el trabajo; a lo sumo, podremos contar con la UNED que no es mala solución (he trabajado en ella y soy una decidida defensora de la misma). Pero puesto que nuestra Constitución, mal que pese a algunos, consagra, junto al derecho a la educación, la libertad de enseñanza, no estaría bien limitar todas las posibilidades del alumno trabajador (o con problemas de salud, o familiares, que también los hay) a solo una salida (cosa que se conjuga mal con la libertad). Es más, hoy en día si una persona ya comenzó en una universidad cualquiera, cambiar a la UNED, como a cualquier otro centro, no es posible (o al menos extraordinariamente dificultoso) porque la mal entendida autonomía universitaria ha generado tal disparidad de planes y programas que también de ese modo se nos ha hurtado otra vieja libertad: la de cambiar de universidad si queríamos o si la situación familiar o personal, o laboral, te impele a ello. Nuestro problema de compatibilidad ahora es, si cabe, peor que el de tener otra actividad impuesta por las circunstancias; es nada menos que el de esquivar el escurridizo virus llamado «corona» (que ya es mala suerte para los rabiosos antimonárquicos). Pero sea por trabajo, sea por dificultades de salud o por su prevención (particularmente ahora en que sufrimos el	Se trata de permitir la enseñanza libre junto a la que antiguamente llamábamos oficial No se me dirá que no es constitucional, todo lo contrario. Lo que no es constitucional es que se obligue a todos los discentes a un solo tipo de enseñanza cuando otros también son posibles. De nuevo he de recordar mi rechazo a Procusto y su mala costumbre de querer que todos se ajusten a la misma cama (Levante-EMV, 15/07/2020) aunque haya que estirarlos o cortarles la cabeza. ¿No ha pensado el Sr. Ministro en ello? Pues es una pena porque resolvería el problema de la falta de profesorado a la hora de respetar los aforos máximos en las aulas y permitiría que aquellos profesores que por razones de salud o de edad se consideren mas vulnerables y no puedan acudir a las aulas para impartir enseñanza presencial, puedan tutorizar online a los alumnos de matrícula libre en las cuestiones más prácticas o dificultosas. Para los servicios de secretaria no creo que suponga aumento de cargas pues se trata de matricularlos y archivar al final la nota, como en el caso de los oficiales. Y, dicho sea de paso, no creo que a las arcas universitarias les vayan mal estos ingresos de cuanto se matriculen de este modo no pudiendo hacerlo en forma presencial.	Entiendo que una decisión así podría tildarse de estúpida o irresponsable si pretendiéramos insinuarla para cualquier grado experimental, pongo por caso medicina, física o química, entre otras (aunque aún en estos casos sí hay asignaturas que podrían estudiarse en la forma propuesta). Pero alejémonos por un momento de esa obsesión del igualitarismo de personas, cosas, estudios... y de todo. Las ciencias sociales y jurídicas pueden perfectamente implantar esa posibilidad que no me ofrece dudas sobre sus ventajas sin que, al menos en este momento, se me alcancen inconvenientes. Y no se me diga que el problema es cómo valorar la dedicación del profesor ahora que todo se nos mide en horas, créditos, metros y centímetros. En todo caso, si es que no se quiere valorar lo que cuesta la corrección, puede hacerse exámenes orales en los que es más fácil contabilizar las horas. Y tampoco se me mencione Bolonia, pues su interpretación en España es peculiar y nada tiene que ver con lo que planteo. Sinceramente, puede que haya inconvenientes pero no se me ocurren, como tampoco se me ocurre la razón de por qué no se ha contemplado esta posibilidad. A mi juicio es constitucional, incluso más que su negación actual. Abre posibilidades, permite decidir en libertad e, incluso, si alguien se ve obligado a cambiar de domicilio por cualquier razón le permite que (con pandemia o sin ella) pueda seguir estudios en su misma universidad no teniendo que acudir mas que los días de exámenes. ¿Por qué no, Sr. Ministro? ¿Por qué no responsables de las CC. AA. y de las universidades?	
Una idea en materia de enseñanza