Así, creen que se facilitaría el acuerdo necesario entre los distintos grupos del arco parlamentario, a los que piden que se despolitice el debate y se centre en las medidas esenciales para hacer frente a los efectos de la pandemia y para buscar el bien común para el conjunto de los ciudadanos.	Gestha considera que cualquier decisión relativa a la financiación y sostenibilidad de las entidades locales vascas debería ser adoptada en la Comisión Mixta de Concierto Económico. "Sobre todo, si se tiene que cuenta que en las normas forales de estabilidad presupuestaria de cada uno de estos territorios se regula el uso de los superávits en los ayuntamientos vascos", ha añadido.	Los técnicos calculan que, con la información presupuestaria remitida al Ministerio de Hacienda por el 69,7% de los municipios del país, donde reside el 83% de la población, los municipios que más dinero recibirían serían los de Cataluña y los de Andalucía, a cuyas entidades locales se les transferirían más de 770 millones y 730 millones de euros, respectivamente.	En el otro lado de la balanza de los municipios que cuentan con remanentes positivos se encontraría la ciudad autónoma de Ceuta, que apenas recibiría 5 millones de euros, según Gestha. Por otro lado, defiende esta tramitación como proyecto de Ley para que los municipios dispongan del tiempo necesario para consensuar sus propuestas.	De hecho, dice que el fondo de 5.000 millones para la recuperación económica y social que se distribuirá entre las entidades locales en 2020 y 2021 que garantizará un mínimo de un 35% de los remanentes que presten, "quizás no resulte suficiente para la falta de disponibilidad de los remanentes de determinados ayuntamientos para atender gastos urgentes no presupuestados, asegurar el pago a proveedores dentro de los plazos legales o realizar inversiones financieramente sostenibles, por ejemplo".	Gestha explica que los municipios que no dispongan del remanente de tesorería sufrirán "una limitación importante a la hora de aprobar créditos extraordinarios o suplementos de crédito". Por ello, los técnicos sugieren que en el trámite como proyecto de Ley las entidades locales puedan decidir qué parte prestan de sus remanentes, "en vez de que ceder o no la totalidad de los mismos".	Además, cree que la prohibición de ceder los préstamos de los remanentes a terceros, sin el consentimiento previo de la Dirección General del Tesoro, "implica la improbabilidad de obtener liquidez antes de los 10 o 15 años del préstamo". Es por ello que los técnicos proponen la creación de otro fondo especial de liquidez a las entidades locales que lo soliciten con el aval del Tesoro Público sobre capital vivo prestado, que reintegrarían según vayan recibiendo las amortizaciones anuales del préstamo.	
Gestha pide que el Decreto Ley sobre cesión de remanentes se convalide en el Congreso y se tramite como Ley