De modo de que si se le impone cualquier tipo de castigo por esta vía, el Mecanismo Único de Resolución, “esencial para la salvaguarda del sistema financiero europeo, se viene abajo” y “ninguna otra entidad financiera aceptará en el futuro adquirir un banco resuelto”, siendo “entonces sí que necesario inyectar dinero público”.	Como hiciera en su recurso de reforma, el Santander apela al precedente sentado por Banco de Valencia, en el que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez instructor Santiago Pedraz estimaron que la transmisión de una posible responsabilidad penal a la heredera CaixaBank “implicaría un sistema incompatible con las garantías penales básicas que establece la Constitución”.	El caso del Popular estalló en octubre de 2017, cuando el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos y la firma PwC, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros. EFE	
El Banco Santander recurre su imputación por el Popular