Entre las propuestas aprobadas se incluyó la incapacidad legal para contratar a personas naturales que hayan sido condenadas por sentencia judicial definitiva en los cinco años que anteceden al acto público por la comisión de delitos contra la administración pública; delitos contra el orden económico; delitos contra la seguridad colectiva; delitos contra el patrimonio económico; y delitos contra la fe pública, con penas de prisión de uno o más años por un tribunal panameño o extranjero.	Si el texto se mantiene según ha sido aprobado en primer debate, tampoco podrán participar en licitaciones públicas las personas y empresas que hayan alcanzado acuerdos de colaboración judicial o acuerdos de pena, en donde reconocen la comisión de delitos contra la administración pública; contra el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva; delitos contra el patrimonio económico; y delitos contra la fe pública.	

				Empresas corruptas quedarían excluidas de las contrataciones públicas			