En la evaluación de un pedido de prisión preventiva, el juez debe evaluar el grado de sospecha que se tiene sobre la comisión del delito imputado. Si bien el concepto de “sospecha” ya está previsto por el Código Procesal Peruano en la forma de “elementos de convicción” y se entiende que debe cumplir con las características de ser grave y fundada, los jueces deben estar altamente conformes con la probabilidad de que el investigado sea posteriormente enjuiciado. Por lo tanto, las pruebas que aporte el fiscal deben ser concretas, graves y suficientes; no simples indicios o probabilidades genéricas.	En su artículo 268, el Código Procesal Penal peruano ya establece como dos de los tres requisitos mínimos para la prisión preventiva que el delito imputado sea grave (con sanción prevista mayor de cuatro años) y que exista peligrosismo procesal (riesgo de fuga u obstaculización). Sobre estos dos factores, el Acuerdo Plenario de la Corte Suprema aclara que no hay discusión. No obstante, precisa estándares de valoración:	En el Decreto Legislativo N° 1322, que regula la vigilancia electrónica personal, debe interpretarse que esta medida de monitoreo especial procede cuando el delito que se le imputa al investigado se sanciona con pena privativa de la libertad no mayor de ocho años. Lo mismo para aquellas personas que ya han sido condenadas.	Para evaluar el requisito de peligrosismo procesal, basta que sea probable uno de los dos riesgos que se desprenden de este para que se cumpla esa condición. Es decir, en el caso, es suficiente la conducta de obstaculización o la del peligro de fuga, y no es necesaria la configuración de ambas. Además, el juez debe valerse de datos concretos (antecedentes, circunstancias) y no de conjeturas para analizar estos riesgos.	Sobre el peligro de fuga, no es necesario que el imputado haya mostrado intenciones de huir físicamente del proceso o de que exista la mera posibilidad, sino que el juez debe reconocer y fundamentar un riesgo razonable. Esto se evalúa, por ejemplo, considerando la naturaleza grave de los delitos imputados y las penas altas que les corresponden, sumados al desarraigo sólido en el país o el antecedente de resistencia al arresto. Se trata, entonces, de un conjunto de situaciones que no solo van a depender de la gravedad de la pena.	En casos de presunta organización criminal, se debe tomar en cuenta -como parte del peligro procesal- las facilidades que esta agrupación puede darle al imputado para obstaculizar las investigaciones en su contra. Por tanto, la sola sospecha de que el imputado pertenezca a una organización criminal no es mérito suficiente para la prisión preventiva. Tienen que probarse los nexos entre uno y otro en tanto se evalúe el peligrosismo procesal.	El documento destaca así que el establecimiento del plazo para la medida de prisión preventiva no puede estar sujeto al ritmo de trabajo de la Fiscalía [ya en otro punto del pronunciamiento se recuerda que es deber del fiscal trabajar con celeridad]. “En ningún caso puede erigirse como causa de justificación las dilaciones indebidas ni la sobrecarga de trabajo protagonizadas por una fiscalía determinada”, señala. Además, fija que, sobre el comportamiento de los imputados, debe reconocerse la diferencia entre una práctica dilatoria (como la obstrucción de la verdad mediante declaración falsa, fuga, destrucción de pruebas, cambio constante de abogados, etc) y el ejercicio de sus derechos procesales.	El Acuerdo establece como deber del juez garantizar que la parte imputada y la Fiscalía confronten argumentos con base en “lo esencial” y “lo nuclear” del pedido de prisión preventiva. Por ello, el juez tiene la obligación de dirigir y precisar tiempos “únicos” y “tendencialmente breves” de intervención. Por lo tanto, no puede conceder pasivamente que una o ambas partes acaparen la jornada de manera “tediosa”.	Los motivos que el juez exponga de manera oral para decidir sobre el pedido de prisión preventiva deben siempre quedar protegidos mediante registro de audio o video y estos, a su vez, deben plasmarse en un acta que certifica lo desarrollado en audiencia. Si bien esto ya es regla en los tribunales, la Corte Suprema aclara en el Acuerdo que ambas situaciones son imprescindibles y no pueden eludirse; mucho menos ponerse en peligro -intencional o casual- de alteración o borrado.	“Es de rigor, frente a toda contingencia, primero, que en el acta de la audiencia quede fijada la resolución, su explicación, sentido y decisión, con los elementos que la constituyen (...) y, segundo, que en el audio o video quede debidamente registrado lo acontecido en la misma y, especialmente, las expresiones del juez mediante la palabra hablada, que constituyen la base material de la resolución oral”, se lee en el Acuerdo.	La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, investigada por presunto lavado de activos, cumple orden de prisión preventiva desde noviembre de 2018. El TC revisará un recurso que pide su procesamiento en libertad. De acuerdo con la especialista Romy Chang, el intérprete de la Constitución puede considerar los nuevos criterios sobre prisión preventiva fijados por la Suprema. |	, explicó a RPP Noticias la importancia y el impacto que tiene el Acuerdo Plenario de la Suprema. “Es relevante porque surge del consenso de todos los magistrados penales de la Corte Suprema y tiene carácter vinculante u obligatorio para todos los jueces del Perú. A partir de ahora, todos los pedidos de prisión preventiva que sean evaluados deben ceñirse a estos criterios”.	Chang explicó, además, que los jueces de segunda instancia deberán aplicar la nueva doctrina para los casos en apelación y que los imputados pueden también exigir la adhesión de los nuevos criterios cuando soliciten la variación de la orden. “Los jueces deberá aplicar los criterios a los casos de personas cuyas órdenes de prisión preventiva estén en apelación. Y, respecto de las personas sobre las que ya hubo un pronunciamiento definitivo sobre su orden de prisión preventiva, también van a poder pedir una especie de remisión o de variación de esta medida”.	participaron los jueces supremos penales César San Martín Castro; Víctor Prado Saldarriaga; Jorge Luis Salas Arenas; Elvia Barrios Alvarado; Aldo Figueroa Navarro; Uriel Balladares Aparicio; Hugo Príncipe Trujillo; José Neyra Flores; Jorge Castañeda Espinoza; Hugo Núñez Julca; Susana Castañeda Otsu; Iván Sequeiros Vargas; Iris Pacheco Huancas; Iván Guerrero López; y Zavina Chávez Mella.	
Prisión preventiva: Las 5 claves de los nuevos criterios que aplicarán todos los jueces del país