El juez Rodolfo Canicoba Corral dispuso procedimientos simultáneos en las oficinas de Autopistas del Sol, Grupo Concesionario del Oeste y Natal, la empresa a la cual Socma le vendió la participación accionaria que tenía en Ausol. “Encontramos lo que fuimos a buscar”, confió uno de los investigadores. Entre los elementos secuestrados hay documentación y material informático. Los delitos que se se podrían haber cometido son negociaciones incompatibles con la función pública y fraude al Estado.	Los allanamientos fueron ordenados este jueves en varios lugares al mismo tiempo: personal de la División de Delitos de Lavado de Dinero de la Policía Federal se dirigió a la sede social de Autopistas del Sol, en Panamericana y Thames, y también a la del Acceso Oeste, ubicada en Ituzaingó. En simultáneo, personal especializado –entre abogados, contadores y técnicos informáticos– fue a las oficinas de las empresas en Capital Federal. También hubo un procedimiento en el inmueble donde opera Natal Sociedad Anónima, la firma que a mediados de 2017 se quedó con las acciones que Socma tenía en Ausol.	El expediente abierto a mediados del año pasado tiene bajo la lupa la renegociación de los contratos de los peajes del Acceso Oeste y de la Panamericana, cuya beneficiaria fue Socma, empresa emblema de la familia Macri. Con el avance de la pesquisa, el ex presidente, el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, el ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel y el ex jefe de la Cartera de Hacienda, Nicolás Dujovne, están cada vez más complicados.	En los operativos ordenados por el juez de instrucción número 6, se buscaba específicamente documentación sobre la escandalosa prórroga del contrato sin licitación y pruebas sobre la integración societaria de la concesionaria; además, documentos respecto del reconocimiento para Ausol de unos 500 millones de dólares por parte del Estado y las condiciones en que fue vendida la participación del ex Jefe de Estado en la compañía beneficiada por sus políticas.	“Encontramos lo que fuimos a buscar”, confió uno de los investigadores. Entre el material secuestrado en los cinco operativos simultáneos, se recolectaron documentos, fotocopias y discos rígidos. Puntualmente, de las concesionarias se llevaron registros de titularidad de acciones; información societaria; balances y –algo que destacaron fuentes de la investigación– en Ausol encontraron en fotocopias el acuerdo de renegociación del contrato. El dato cobra relevancia si se toma en cuenta lo declarado por una de las testigos claves de la causa. Julieta Ripoli, ex titular de Jurídicos de Vialidad Nacional, dijo bajo juramento que las condiciones de ese contrato fueron redactadas prácticamente en su totalidad por los abogados de las empresas, lo que implicó amplios beneficios para las concesionarias, en detrimento de los intereses del Estado y de los usuarios.	En tanto, de la sede de Natal S.A. se obtuvieron discos rígidos y material sobre la transferencia de las acciones que eran de Macri. La firma, una empresa familiar dedicada al rubro inmobiliario y agropecuario, no tenía experiencia previa ni conocimiento técnico en temas viales. Sin embargo, a pesar de que supuestamente la concesión estaba por vencer, compró los papeles por un monto millonario, lo que podría indicar que hubo información privilegiada y los compradores sabían que se iba a prorrogar el	contrato por diez años. Además, mientras ex funcionarios de Vialidad afirman que hubo presiones para apurar la venta de las acciones antes de la renegociación de la concesión, el organismo a cargo de Iguacel, modificó las condiciones para permitir que una compañía que no cumplía con los requisitos (experiencia y solvencia económica) pudiera ser adjudicataria.	En Tribunales explican que el principal escollo que tiene el caso respecto del rol del expresidente es que Mauricio Macri sólo tenía acciones y no era directivo de Ausol. Incluso, a pesar de haber mantenido las acciones en su poder hasta mediados de 2017, cuando las vende a Natal S.A. un 400 por ciento por encima del valor que tenían antes de llegar a Casa Rosada, antes de la prórroga del contrato y de las subas siderales de las tarifas de peajes. “Es un problema que Macri figure solo como accionista y no como parte del directorio. Porque ahí tenés que probar que tenía una parte o todo el control del dominio del hecho”, explicaron en tribunales.	Sin embargo, hay un hecho que podría complicar al ex mandatario. Se trata de la “ayuda” que buscó darle Laura Alonso, entonces a cargo de la Oficina Anticorrupción, al recomendarle a Macri que no firme el decreto que habilitaba la renegociación de la concesión. Efectivamente, quien puso la rúbrica fue la ex Vicepresidenta, Gabriela Michetti. Desde el juzgado afirmaron que “queda claro que en todo el proceso actuó el Poder Ejecutivo, que es unipersonal. Y con la excusación de Macri recomendada por Alonso está admitido que tenían intereses”.	Mientras tanto, el material incautado en los allanamientos quedó bajo custodia y comenzará a ser analizado en las próximas horas. En base a eso se definirán los próximos pasos de uno de los expedientes más comprometedores para Macri y sus funcionarios. Seguramante, pronto vendrá el turno de las primeras indagatorias. Según pudo saber PáginaI12, todo indica que el debut estará a cargo de los abogados subordinados de Bernardo Saravia Frías, el ex abogado de los Macri que reemplazó a Balbín en la Procuración del Tesoro. “No podían no saber o no estar al tanto de lo que estaban haciendo”, expresaron en Comodoro Py.	El próximo martes deberá declarar como testigo la ex Directora Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales de la Procuración del Tesoro. Se trata de Silvina González Napolitano, la abogada que estuvo a cargo del trámite por la demanda que la concesionaria le había hecho a la Argentina ante el CIADI, por supuestos atrasos tarifarios.	El objetivo de esta nueva testimonial es profundizar en una de las patas de la pesquisa, que apunta a determinar las condiciones en que el macrismo decidió reconocerle a Ausol la suma de 500 millones de dólares en calidad de inversiones no amortizadas. Abertis –la controlante española– se había presentado ante el árbitro dependiente del Banco Mundial con un reclamo de mil cien millones de dólares. Sin embargo, en tiempo récord y sin una sola audiencia, el entonces Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich anunció como un gran triunfo que la firma retiraba la denuncia. A cambio, el Estado le reconocía los 500 millones. Napolitano, con diez años de carrera en la Procuración, dejó sorpresivamente su cargo luego de haber defendido los intereses del Estado ante el CIADI.	

                            
                            Peajes: allanamientos simultáneos en la causa que compromete a Macri                            
                        