Mientras los estadounidenses vemos materializarse a nuestro alrededor las predicciones funestas de 100,000 a 240,000 muertes, quienes han estudiado el sistema de salud del país ven las causas de la catástrofe arraigadas en décadas de decisiones políticas que priorizan la atención médica de los individuos a expensas de la salud pública.	Estados Unidos tiene más camas de cuidado crítico per cápita que cualquier otro país industrializado y alrededor de 20 ventiladores mecánicos por cada 100,000 personas, y aun así podría no ser suficiente. La mayoría de los estudios comparativos del sistema de salud estadounidense con los de otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) concluyen que los estadounidenses gozan de mucho mejor acceso a la mayoría de la medicina de alta tecnología, incluidas imágenes de resonancia magnética, tomografías computarizadas y muchos tipos de imágenes para diagnóstico que la mayoría de la población mundial.	El costo de este sistema con acceso relativamente fácil (por lo menos para quienes tienen seguro de gastos médicos) está bien documentado: Estados Unidos gasta alrededor del doble per cápita en atención médica que la media en otras naciones de la OCDE. Pero ante la pandemia del COVID-19, ¿no es suficiente? Eso es difícil de aceptar. Muchos han lamentado la actuación deslucida del país en resultados de salud. Para ser un país de altos ingresos, Estados Unidos sufre de tasas inusualmente altas de mortalidad maternal, mortalidad infantil, obesidad, diabetes, enfermedades cardiacas, enfermedades pulmonares crónicas, VIH/sida, discapacidad, y la lista sigue. Pero un punto en el que el sistema se ha distinguido es en proveer cuidado intensivo de alta tecnología.	El gran miedo es que muchas de las 100,000 a 240,000 muertes predichas por los asesores científicos del Cuerpo Especial del Coronavirus de la Casa Blanca serán el resultado de que el sistema de salud esté superado y sea incapaz de responder eficazmente a quienes lo necesitan. Si este es el caso, los médicos, enfermeras y administradores en la primera línea tendrán que tomar las decisiones inmediatas sobre cómo asignar los escasos recursos médicos: camas de unidades de cuidado intensivo, ventiladores y personal. Ellos tomarán decisiones de vida o muerte, se les pedirá que nos guíen a través de dilemas éticos enormes, paciente tras paciente.	Pero los problemas éticos no se restringen al trato a los pacientes. Detrás de estas decisiones angustiosas en la primera línea están las decisiones políticas sobre cómo se asignan los recursos de salud en Estados Unidos. Tales decisiones políticas se toman lejos del paciente, las familias y el equipo médico. Se toman en el Congreso, en los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, en oficinas ejecutivas de sistemas de salud y compañías de seguros, en capitolios estatales, en oficinas de Medicaid y en las oficinas de beneficios para empleados de los empleadores de todo el país.	Una y otra vez, las decisiones de política en salud de Estados Unidos han priorizado la atención médica sobre los sistemas de salud pública y la preparación de emergencia, dejándonos tristemente mal preparados para lidiar con amenazas emergentes y reemergentes de enfermedades infecciosas, que ahora están en aumento por causa de una serie de fuerzas, incluido el cambio climático, el rápido crecimiento poblacional, la urbanización, el incremento del viaje mundial y la creciente resistencia a los antibióticos. Lo que el COVID-19 nos está diciendo es que nuestra decisión —a menudo oculta, pero no obstante reveladora de nuestra ética— de invertir poco en salud pública ahora nos va a costar en términos de inestabilidad económica, opciones trágicas y vidas perdidas.	Los aproximadamente 275 dólares por persona al año (2.5 por ciento del gasto total en atención médica) que gastamos en salud pública no son suficientes; no son suficientes para tener pruebas oportunas y universales para infecciones emergentes; protocolos estandarizados para la recopilación coordinada de datos y seguimiento de contacto para identificar con rapidez y precisión las exposiciones tempranas con individuos infectados, y claro, los consistentes mensajes públicos sobre los riesgos y las estrategias de prevención para conservar la salud pública ante los brotes. Además de la deficiencia generalizada de financiamiento, este es distribuido de forma desigual, con grandes diferencias geográficas en la disponibilidad de laboratorios, sitios de pruebas y profesionales experimentados en salud pública.	Las inversiones necesarias en salud pública son prácticas. Primero, necesitamos las mentes más brillantes y creativas en comunicaciones y redes sociales para proveer un flujo constante de información interesante sobre riesgos de salud y oportunidades, adaptada a diferentes edades y necesidades. Segundo, necesitamos la capacidad de ampliar rápidamente las pruebas de diagnóstico, idealmente pruebas caseras, y los laboratorios de seguridad pública para hacer viables las pruebas universales y regulares. Y, por último, necesitamos una recopilación coordinada de datos y recursos de análisis para permitir el rastreo y seguimiento oportuno y preciso de contactos para contener los brotes en su fuente.	Podemos hacerlo mejor. Pero requiere un cambio de mentalidad. Las decisiones trágicas y éticas sobre el trato a los pacientes no son eventos aislados. Son la culminación de muchas decisiones contracorriente que resultaron en una subfinanciación crucial de la salud pública y las acciones de preparación de emergencias; estas también fueron decisiones de vida o muerte, aunque menos visibles. ¿Cuántas vidas, cuántos billones de dólares nos tomará reordenar nuestras prioridades?	
“Esto sucede por favorecer la atención individual sobre la salud pública”