". El Gobierno de la Xunta, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, ha sido una de las regiones que con más insistencia ha exigido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una solución al bloqueo de las entregas a cuenta y también del mes de IVA que se perdió en 2017. En el caso gallego, la cifra adeudada asciende a 700 millones de euros.	En un primer momento, el Ministerio afirmó que era imposible llevar a cabo este reparto al no haber un Gobierno en funciones pero posteriormente, y justo en plenas negociaciones con Podemos para la formación de un posible Ejecutivo, admitió que existía la posibilidad de encontrar un resquicio fiscal. Sin embargo, desde la ruptura de las conversaciones con el partido de Pablo Iglesias	para "hacer frente a la disminución de ingresos generada por el bloqueo de las entregas a cuenta" también por parte del equipo de Pedro Sánchez y "paliar las consecuencias de su inacción y deslealtad". Entre ellas está la retención de 217 millones de euros asignados a inversiones de "difícil ejecución" en lo que resta de año para poder asegurar la financiación de los servicios básicos -Sanidad, Educación y Servicios Sociales- porque en otro caso, aseguran, quedaría comprometida.	de cuándo llegará la financiación estatal pendiente. "No es una decisión que esté dentro del ámbito de lo que un Gobierno puede decidir si hace o no hace: en este caso es el resultado de aprobar una regla aritmética a una cantidad de dinero que es la que corresponde a las comunidades autónomas", explicó el responsable de las cuentas autonómicas.	Además, Madrid reclama a Hacienda los 377 millones de euros de la liquidación del IVA de 2017 y la aportación del Ministerio de Fomento al Consorcio Regional de Transportes. "Si tenemos un Gobierno que se pasa el día hablando de la transición ecológica y de usar medios de transportes limpios que no deje de pagar lo que le corresponde en las Cercanías, el Metro y las empresas municipales de transportes de Madrid.	
Galicia acusa a Hacienda de crear una "emergencia financiera" y Madrid avisa de que dificulta el pago de los servicios básicos