Después de un frenesí de dispendio de recursos que caracterizaron a los gobiernos de Echeverría y López Portillo, al finalizar 1982 el gobierno era propietario de 1,155 empresas y organismos. Además de Pemex y la CFE, era dueño de bancos, hoteles, aerolíneas, la empresa telefónica, ferrocarriles, ingenios azucareros, siderúrgicas, fábricas de bicicletas, empresas textiles, restaurantes, bares, cabarés y más. En el surrealismo puro, en el México bizarro (Rosas y Patán, dixit), el gobierno tenía un fideicomiso para la protección de la película Furia Roja y otro para la Exploración de las Zona Petrolera del Valle de Oaxaca (sic). Era tal el dispendio que del total de requerimientos financieros del sector público en el que se incurrió en 1981 y que representó 14% del PIB, casi 12 puntos fueron resultado del déficit del sector paraestatal.	En el escrito que el presidente envió a la Suprema Corte en el cual propone una consulta pública para enjuiciar a los expresidentes vivos (con excepción de Echeverría), además de ser todas luces inconstitucional, en la exposición de motivos señala que Carlos Salinas “entregó a particulares nacionales y extranjeros una cantidad sin precedente de bienes públicos” y que Ernesto Zedillo “continuó las políticas privatizadoras de su antecesor y las llevó a sus últimas consecuencias: privatizó bienes nacionales como los ferrocarriles”.	En estos alegatos, el presidente comete varios errores básicos, pero el principal es que confunde bienes públicos con bienes privados. Un bien público puro es aquel que cumple dos condiciones: la no exclusión y la no rivalidad. El primero quiere decir que se puede consumir el bien o servicio aún sin pagar por éste, coloquialmente “viajar de mosca”. Ejemplos son seguridad nacional y pública, parques, alumbrado en las calles, administración de justicia, etcétera). El segundo quiere decir que el consumo de una cantidad determinada del bien por parte de alguien no disminuye la cantidad disponible para el resto de los demandantes o usuarios (ejemplo, si un farol en la calle me alumbra, la cantidad de luz que recibe el que va junto a mí no disminuye).	Un bien privado, por el contrario, se caracteriza por la exclusión y la rivalidad: si no pago por éste, no lo puedo consumir y la cantidad que consuma no puede ser consumida por alguien más. Ejemplo: si no pago por 1 litro de gasolina, no me lo venden (y no lo puedo consumir) y el litro que yo consuma no puede ser consumida por nadie más. La gasolina, como la electricidad, acero, azúcar, hotelería, ropa, etcétera, son todos bienes privados.	Así, en ningún caso se privatizaron bienes públicos, lo que se privatizó fueron empresas que de entrada no tenían por qué ser propiedad del gobierno. No es su función producir y proveer bienes privados, sean gasolina, electricidad, acero, servicios bancarios, bicicletas, transporte aéreo o ferroviario, hotelería o burdeles. En cambio, básicamente por la característica de no exclusión, sí es función del gobierno proveer bienes públicos, ya que al no ser rentables para el sector privado ofrecerlos, la cantidad producida privadamente sería menor a la socialmente óptima. Un punto particular respecto del señalamiento que hizo el presidente respecto de los ferrocarriles, donde nuevamente se equivocó. Lo que se privatizó fueron los bienes (locomotoras, carros de carga, vagones) para que fueran empresas privadas las que ofrecieran el servicio de transporte ferroviario utilizando, bajo la figura de concesión, las vías de ferrocarril que siguen siendo propiedad de la nación, tal que su uso y explotación están reguladas por el propio gobierno. Lo que el presidente extraña es ese Estado obeso. En el próximo artículo analizo por qué es ineficiente.	
Estado obeso (I)