"Las medidas excepcionales son eso, excepcionales y tienen que volver a ser el último recurso y el Estado debe volver a trabajar con las familias". Así, la nueva subsecretaria de Niñas, Niños y Adolescentes, Alejandra Fedele, trazó uno de los principales objetivos que se plantea desde una de las áreas más sensibles y demandadas del Estado provincial. Y no será un desafío menor, sobre todo teniendo en cuenta que desde 2013 el requerimiento de medidas especiales a la Justicia, que significan nada menos que la separación de los niños de su centro de vida, crecieron en Santa Fe un 168 por ciento, y si bien el plazo no debe superar los 180 días por ley, llegan a extenderse más de un año y medio. La funcionaria afirmó que la subsecretaría "recibe chicos arrasados, de familias arrasadas", y señaló las problemáticas de violencia, abuso y consumo como las principales causas de "crisis subjetivas severas que a veces tienen meses a los chicos en los hospitales y sin diagnóstico médico". En ese marco, consideró clave que "todo el Estado les dé a esos niños una respuesta, hay que articular centralmente con salud y salud mental para generar dispositivos que los contengan, así como potenciar a los servicios locales".	"Hay mucho por hacer", dice la funcionaria que se puso al frente del área en diciembre pasado. Y no sólo se refiere a la demanda que crece exponencialmente, sino también a la necesidad de mayores recursos: acompañantes y profesionales precarizados en los equipos, convenios con organizaciones y centros de atención que se adeudan, y problemas en la infraestructura propia. "Los del Estado son los que en peores condiciones están", reconoció.	"Ese es un punto central, se venían tomando demasiadas medidas de este tipo cuando creemos que hay que limitar esa decisión y trabajar más con las familias y el entorno —continuó—. Hay que avanzar con la coordinación de los primeros niveles del Estado, fundamentalmente con los servicios de salud, así como los servicios locales. Porque hay que entender que sacar los chicos de su contexto familiar tiene que ser sí o sí la última opción".	Ese espacio que busca potenciar Fedele, prevé el abordaje de los casos de vulneración de derechos a través de equipos interdisciplinarios cuando los primeros eslabones del Estado —centros de salud, centros de convivencia barrial y de asistencia familiar, y escuelas— encuentran limitaciones en el territorio, y es el abordaje previo a recurrir a la Justicia por una medida de protección excepcional. Esos son los espacios que la funcionaria busca potenciar, "articulando los diferentes estamentos del Estado.	Los chicos tratados en hospitales y que en muchos casos, incluso pudiendo ser externados, pasan meses allí a la espera de una solución, ya sea por trámites que no avanzan o incluso a la espera de un espacio donde vivir, también son una realidad a la que la funcionaria no esquivó. Incluso señaló que durante los primeros días de su gestión lo que hizo fue recorrer justamente los principales efectores de la ciudad, tanto municipales como provinciales.	Y allí Fedele apuntó su preocupación centralmente "en la cantidad de adolescentes que son atendidos en esos efectores con crisis subjetivas, con autolesiones e incluso agresiones a terceros, que requieren asistencia de las áreas de salud mental y que muchas veces, incluso estando sin diagnóstico los médicos pretenden que sean alojados en hogares con otros chicos, lo que representa un riesgo para ellos y para el resto".	La funcionaria apuntó a "la profundidad del problema", y agregó: "Son chicos arrasados, de familias arrasadas. Chicos con largas historias de vulneración de sus derechos, arrasados por los consumos, las violencias y los abusos que hacen este tipo de cuadros y que incluso con esos cuadros severos pasan meses sin diagnóstico, y cuando salen lo hacen sin tratamiento ni medicación perdiendo toda posibilidad de estar estables".	Por eso, la principal apelación de la funcionaria es a las áreas de salud y salud mental que "deben poner en marcha dispositivos que alojen a estos chicos que si bien requieren de acompañantes, tienen derecho al desarrollo de una vida normal". Y apuntó a "la coordinación y la articulación entre las diferentes áreas del Estado, y entre los tres niveles del Estado" para avanzar en ese sentido.	
"Separar al niño del hogar debe volver a ser el último recurso" 