La Corte Suprema del Reino Unido acaba de dictaminar una orden unánime, contundente e histórica. Según ésta la suspensión del parlamento del 9-10 de septiembre al 14 de octubre ordenada por la reina bajo petición de su primer ministro Boris Johnson es considerada ilegal y nula, por lo que éste debe seguir reuniéndose.	Esta decisión no solo afecta al actual gobierno, sino a la propia monarquía y al futuro de las instituciones del país. Esta corte, que fue establecida en el 2009 atribuyéndose previas funciones que antes ejercía la cámara de los lores, puede que haya resuelto su decisión más trascendental en su década de existencia.	Por un lado ratifica a la corte escocesa que anteriormente declaró que la suspensión del legislativo impuesta por el ejecutivo buscaba evitar el control democrático. Con ello, además, demuestra la capacidad del principal organismo legal del país en seguir la resolución de los jueces escoceses (algo que si no se hubiera dado bien podría haber sido usado por los separatistas escoceses como argumento para insistir en la independencia).	De otra parte, cuestiona la institución del primer ministro y también del propio trono. Mientras esta corte sesionaba Johnson no descartó poder suspender nuevamente el parlamento a fin de no tener obstáculos en hacer que el tiempo pase y el 31 de octubre el país hubiese quedado fuera de la Unión Europea por default. Hoy la corte ha dado como veredicto que un gobierno no puede suspender tan fácilmente al legislativo.	A pesar que todos los partidos y la prensa le echan la culpa a Boris Johnson por haber desinformado a la reina, Elizabeth II no queda muy bien parada. Ella anteriormente se ha dado la potestad de remover en 1975 a un primer ministro laborista electo en Australia (uno de los 16 países donde ella actúa como jefa de Estado) y teóricamente ella debería tener ese mismo derecho en la tierra donde reside. Su Majestad pudo haber tenido la prerrogativa de no acatar el pedido de su nuevo premier para suspender el parlamento, pero no lo hizo y se sumó a su pedido.	La decisión de esta nueva corte va a limitar aún más los poderes de la corona y ha de incrementar los planteos en favor de que el Reino Unido adopte una constitución escrita, algo que carece este país donde las leyes son dadas por precedencia de casos. También va a alimentar algunos sentimientos pro-republicanos dentro de sectores laboristas, aunque el republicanismo en Reino Unido no tiene el peso que tiene en España donde uno de los 4 mayores partidos y el gobierno catalán son abiertamente republicanos. En UK todos los grandes partidos británicos son pro-monárquicos (incluso el laborismo) y el gobierno nacional y pro-independencia que tiene Escocia quiere seguir manteniendo a Elizabeth II como su soberana incluso si se separan de Inglaterra y Gales.	La resolución de la corte ha sido muy contundente y sus 11 jueces no han dejado posibilidades para que Johnson encuentre mayores rendijas. El primer ministro se ha visto obligado a tener que aceptar la orden judicial mostrando su discrepancia. Él se encuentra en Nueva York asistiendo a reuniones de las Naciones Unidas. Su nueva estrategia ha sido buscar acercarse lo más posible a Donald Trump quien le ha propuesto salir del tratado de la UE para hacer uno con EEUU, potencia con la cual el comercio exterior es apenas un tercio de lo que es el que hay entre la UK y la UE.	No obstante, su intento de postergar al parlamento por 5 semanas (seguida de una previa postergación oficial de otras 5 semanas por vacaciones veraniegas) fue como un bumerán que le cayó en su cara. Por un lado generó el rechazo unánime del parlamento y la rebelión de 21 parlamentarios conservadores. Él, al expulsar a todos ellos de su bancada y de su derecho a poder candidatear en unas próximas elecciones generales, no pudo lograr someter a sus disidentes y, más bien, generó más adversidades.	La expulsión del partido ordenada por Johnson de dos antiguos cancilleres conservadores (el segundo puesto en importancia en UK después del primer ministro), quienes son Kenneth Clarke y Philip Hammond, produjo la ira de dos antiguos primeros ministros tories (John Major quien le hizo un victorioso juicio en su contra) y David Cameron (quien ha dominado los titulares con su autobiografía donde describe a su sucesor como un oportunista sin escrúpulos).	Por el momento Theresa May se mantiene en silencio, pero ella no debe estar de acuerdo con alguien quien le torpedeó a su premierato desde dentro y fuera de su gabinete, votó dos veces en contra su plan de Brexit y quien ha expulsado a varios ministros suyos, a su candidato en las internas tories y su anterior número dos Philip Hammond.	En las elecciones generales del 2015 David Cameron logró que los tories conquisten 330 de las 650 bancas de la cámara de los comunes (un 51% de ésta). En los comicios del 2017 May perdió 18 curules. Con Boris la caída es tal que la bancada conservadora se ha reducido en 30, de 318 a 288. Muchos han renunciado pero la mayor parte de ellos ha sido expulsada. Las disidencias pueden ir aumentando.	Johnson es el primer gobernante que hay desde que se estableció el sufragio universal que ha perdido toda la media docena de votaciones que se han dado bajo su breve gestión en la cámara de los comunes. Y lo peor para él es que no tiene chances de cambiar esa correlación de fuerzas. Sus dos intentos para adelantar los comicios generales fueron rechazados por un parlamento quien no quiere correrse el riesgo de que el 31 de octubre se dé un Brexit sin acuerdos y prefiere ir minando y castigando a Johnson.	El actual primer ministro, por su lado, va a querer presentarse como una víctima de la conspiración anti-Brexit que, según él busca por todos los medios posibles violentar a la mayoría de los británicos que en un 52% votó en favor de salirse de la UE en el referéndum del 2016.	Él sabe que tiene popularidad en gran parte de los sectores anti-europeos, los cuales son muy fuertes en las zonas del interior de Inglaterra. Antes del dictamen judicial las encuestas le han venido dando un primer puesto con entre el 30% y 35% de las intenciones de voto, un porcentaje con el cual no pudiese lograr una mayoría absoluta parlamentaria (a menos que haga un pacto con el Partido del Brexit de Nigel Farage quien anda con un 12%-15% en los sondeos), pero que le permitiría subir su bancada.	Según la costumbre una vez que el primer ministro es censurado la pelota debe ir a la otra cancha y darse la posibilidad al Líder de la Oposición para que pueda hacer un gobierno. Jeremy Corbyn sostiene que se le debe dar la prerrogativa de formar un gobierno transitorio bajo su comando el cual se limitaría a aplazar el Brexit y adelantar elecciones generales.	Para que ello pueda darse el laborismo requiere negociar con 6 partidos de oposición y con la mayor bancada de renunciantes a sus partidos (“independientes”) de los últimos tiempos. Un posible acuerdo entre el laborismo, los nacionalistas de Escocia y de Gales y los verdes suma 287 parlamentarios, casi tantos como los 288 tories. Para la treintena de conservadores disidentes no resulta fácil masticarse el aceptar que Corbyn (a quién la línea conservadora oficial califica como el mismo demonio marxista) puede ser ungido.	En medio de ello está el liberalismo democrático, un partido que tuvo 8 parlamentarios electos en el 2017 pero que ahora ha reclutado a 10 más del laborismo y del conservadurismo. Sus 18 votos son claves pero ellos van a vetar a Corbyn y proponen un gobierno transitorio liderado por los parlamentarios más antiguos (el conservador pro-europeo Kenneth Clarke o la laborista pro-europea Harriet Harman).	Por ello él ha propuesto una solución “unificadora” sosteniendo que a un gobierno suyo se le dé un plazo de 3 meses para negociar un nuevo acuerdo con la UE que pueda mantener muchos elementos de la unión aduanera y el mercado común y los derechos laborales y ecológicos europeos, pero que haga que UK se salga de un bloque continental el cual él tradicionalmente ha identificado como uno que defiende a las grandes transnacionales, ha producido paquetazos de austeridad como los de Grecia y puede evitar su agenda de nacionalizaciones del transporte y servicios básicos. Luego de ello él sometería dicho acuerdo a un referendo confirmatorio.	Mientras el liberalismo democrático ha optado el curso de pedir revertir el Brexit y suspender al artículo 50 que le daba luz verde, y el conservadurismo ha adoptado ir a un Brexit incondicional aunque sea sin acuerdo, Corbyn plantea que debe buscar unir a la nación y encontrar un punto intermedio. Esta última posición fue castigada en las euro-elecciones de mayo donde los rojos pasaron del primer puesto en las encuestas a acabar terceros, pero Corbyn cree que ahora le servirá y que la ha mejorado al integrar el elemento del referéndum confirmatorio.	Otro elemento que plantea el laborismo es la posibilidad de darle el voto en las elecciones generales a los millones de inmigrantes legales que hay en UK, además de los irlandeses y los ciudadanos de los 53 países de la Commonwealth. Esto último golpearía a los sectores anti inmigrantes que siguen a Farage e inclinaría la balanza hacia la UE en caso de darse un nuevo referendo europeo.	No es fácil de pronosticar quién puede hacer el nuevo gobierno o cuándo se darían nuevas elecciones o un posible nuevo referéndum. El restablecimiento del parlamento va a demostrar que ninguna fuerza tiene de por sí sola mayoría y que los dos grandes partidos están muy divididos y sin capacidad de hacer un gobierno estable y viable con la actual correlación de fuerzas.	Un nuevo parlamento no arreglaría ese panorama, necesariamente. De darse unas nuevas elecciones generales este otoño lo más probable es que el Partido Nacional de Escocia (SNP) se coja la inmensa mayoría de las 59 bancas que tiene su país, que el Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte pierda curules, que los liberales demócratas (y posiblemente también los verdes y el Partido de Gales) aumenten sus bancadas y que el Partido del Brexit de Farage haga su debut en el parlamento, pero que ni los rojos ni los azules logren una mayoría parlamentaria absoluta.	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