El toque de queda impuesto el 15 de marzo ha obligado a cerrar los negocios no esenciales en el territorio estadounidense, a que la gente se quede en su casa de las 7 de la noche a las 5 de la mañana, y a que permanezca ahí incluso fuera de ese horario a menos que tenga que comprar alimentos o medicamentos, ir al banco o una emergencia o un problema de salud. Aquellos que quebranten el toque enfrentan una multa de 5.000 dólares o seis meses tras las rejas, y la policía ha detenido a cientos de personas.	Es la primera vez que la ACLU entabla una demanda en una jurisdicción estadounidense relacionada con un toque de queda para frenar la propagación del coronavirus. En un comunicado emitido el mes pasado, el organismo dijo que seguirá monitoreando el uso de los poderes de emergencia durante la pandemia de COVID-19.	La orden ejecutiva del gobierno impide a la gente que no forma parte de un “núcleo familiar” juntarse para reuniones, fiestas u otras actividades. La querella de la ACLU interpuesta el sábado alega que el Estado no puede decidir quién forma parte de un núcleo familiar, ni determinar quién debería de ser echado o multado dentro de una vivienda.	La demanda nombra a tres puertorriqueños, quienes dicen que las excepciones a la prohibición son confusas y que temen ser detenidos cuando salen de sus casas todos los días para cuidar a sus madres ancianas, lo que incluye inyectarles insulina. Si bien la orden permite a la gente salir de sus hogares para emergencias y situaciones relacionadas con la salud, la ACLU alega que la orden es demasiado vaga y deja muchas interpretaciones en manos de los agentes de la policía, que no han sido informados debidamente.	
ACLU demanda al gobierno de Puerto Rico por toque de queda