El cambio en la normativa ampliaría la manera en que el sistema migratorio define quiénes representan una “carga pública” –lo que se entiende básicamente como una carga a los contribuyentes– e incluye una lista más ampliada de los beneficios financiados con fondos públicos que podrían jugar en contra de los inmigrantes.	Dicha normativa no puede implementarse de manera retroactiva y es casi seguro que surgirán muchos casos de impugnación, señalan los expertos, aunque los inmigrantes como Navarro igual temen que el previo uso de un beneficio puede aumentar la posibilidad de que las autoridades federales denieguen su solicitud para convertirse en residentes legales.	“La inquietud que genera el concepto de carga pública es legítima ya que las políticas migratorias federales se han centrado en el cumplimiento y han sembrado el miedo y la desconfianza entre las familias inmigrantes, ya sean personas indocumentadas, residentes permanentes o ciudadanos nacionalizados”, señaló Jesús Martínez, director ejecutivo de la organización de servicios para inmigrantes Central Valley Immigrant Integration Collaborative.	Si bien Navarro no se arrepiente de haber pedido cobertura para sus hijos, confiesa estar preocupada por su condición migratoria. De todas maneras, es un alivio que sus dos hijos hayan obtenido protección temporal contra la deportación bajo el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), también llamados Dreamers, un programa para aquellos que llegaron ilegalmente al país cuando eran menores de edad.	La ley vigente puede denegar la residencia permanente a un inmigrante según su probabilidad de convertirse en una “carga pública”. Pero hasta ahora, dicha normativa se limitaba a aquellas personas que recibían cuidados a largo plazo proporcionados por instituciones, como centros de salud mental, hogares de ancianos, programas de asistencia de dinero en efectivo para personas con discapacidad física o mental.	En septiembre de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional (NHS) propuso ampliar la definición de “carga pública” a fin de incluir los programas de asistencia social, como Medicaid, estampillas de alimentos ofrecidas bajo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y el Programa de Medicare de Subsidios para Personas de Bajos Ingresos, Parte D (medicamentos con receta médica). El uso de estampillas de alimentos o la participación en programas de vivienda conforme al Artículo 8 también podría tener un impacto negativo en aquellas personas que aspiran a obtener la residencia legal.	Ampliar la definición de quién representa una carga para la sociedad tiene sentido, arguyó Andrew Arthur, becario en el Center for Immigration Studies con sede en Washington, D.C. que es partidario de reducir la migración a Estados Unidos. Los cambios propuestos a la normativa son necesarios porque “la ley nunca fue implementada en la manera en que se redactó”, señala.	El nuevo plan de Newsom ampliaría la cobertura de Medi-Cal a todos los californianos menores de 26 años, sin importar su condición migratoria, siempre y cuando cumplan con los criterios de bajos ingresos. El miembro de la Asamblea Legislativa Estatal Joaquín Arámbula y la senadora estatal María Elena Durazo presentaron un proyecto de ley que ampliaría todavía más la cobertura de Medi-Cal a todos los adultos indocumentados de bajos ingresos. En la actualidad, el estado ofrece cobertura de Medi-Cal solamente a los niños indocumentados.	Daniel Zingale, director de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas y Participación Pública del gobernador, señaló que el estado gastará millones de dólares para informar a las comunidades inmigrantes sobre las oportunidades ofrecidas a raíz de la ampliación de Medi-Cal, en caso de que la iniciativa del gobernador fuera aprobada. Es difícil subestimar el impacto escalofriante que posiblemente tenga la propuesta de la administración Trump para redefinir quién representa una “carga pública” y los temores que puedan generar otras medidas severas por parte de organismos federales de inmigración, agregó.	Ana, que pidió mantener confidencial su nombre verdadero, llegó en 1989 a Los Ángeles desde Durango, México, con sus dos hijos, a quienes crio como madre sola. Su hijo mayor sufre artritis reumatoide y ha debido recibir atención médica frecuente desde su temprana infancia. En ciertas ocasiones, Ana debió dejar su trabajo para encargarse de cuidar a su hijo.	


	
				
			Inmigrantes indocumentados temerosos de obtener beneficios por temor a ser ‘carga pública’		

	
	