La Audiencia Provincial de Murcia dará comienzo este lunes al juicio seguido contra un interventor de la Caja Rural Central y otras siete personas que están acusadas de formar parte, presuntamente, de un entramado financiero que les habría permitido, según el fiscal, estafar casi 2,3 millones de euros hace ahora una veintena de años. En un principio, los investigados eran diez, pero a lo largo del proceso fallecieron dos de ellos. Uno de ellos el que era director de la sucursal bancaria de San Pedro del Pinatar donde prestaba sus servicios el interventor acusado de la estafa, M.M.	Los hechos, que se produjeron entre julio de 1999 y marzo de 2001, habrían consistido presuntamente en utilizar un entramado de empresas familiares a través de las cuales fueron abiertas 62 líneas de descuento comercial y cuentas corrientes asociadas ficticias a nombre de cedentes reales que no eran clientes de la citada caja de ahorros, sin que los mismos tuvieran conocimiento de las operaciones.	Así mismo, siempre según el ministerio público, procedieron a traspasar el valor de los efectos descontados desde las cuentas corrientes ficticias a las de los acusados. Igualmente, utilizaron, supuestamente, otras 14 líneas de descuento de clientes reales de la entidad bancaria, con traspaso a sus cuentas. Según la Fiscalía, todas esas operaciones habrían supuesto un perjuicio para la entidad de ahorro que se acerca a los 2,3 millones de euros, que se pide sean devueltos.	
Ocho acusados de estafar casi 2,3 millones de euros hace veinte años se sientan desde hoy en el banquillo