A pesar de que el sistema protege más a aquellos ciudadanos en situación de vulnerabilidad socioeconómica -entre las que se encuentran muchas mujeres- a través de acciones positivas como las pensiones no contributivas y asistenciales, la cobertura de lagunas de cotización para los trabajadores asalariados, la compatibilidad de pensiones de jubilación y viudedad y la compensación por número de hijos en el caso de las trabajadoras, solo logra mitigar parcialmente el efecto negativo que ejercen las situaciones de desigualdad por cuestión de género originadas en el ámbito laboral sobre la pensión por jubilación de las mujeres.	. El año 2018 cerró en España con más de 8,7 millones de pensionistas, de que el 51,6% fueron hombres (4,5 millones) y el 48,4% mujeres (4,2 millones). Los hombres perciben el 48,4% del número total de pensiones, mientras que las mujeres perciben el 51,6%. Esto es porque las mujeres reciben más de un tipo de pensión con mayor frecuencia que los hombres. Sin embargo,	Porque la percepción de pensiones con menor dotación económica por parte de las mujeres jubiladas repercute sobre su capacidad de consumo y, por lo tanto, en su bienestar y en el del conjunto de la economía. De hecho, el impacto sobre la economía española para el año 2018 se estima en 26.900 millones de euros en términos de Valor Añadido Bruto (VAB), lo que representa el 2,2% del PIB de 2018. Y en términos de empleo, la menor actividad económica derivada de esta menor capacidad de consumo de las mujeres pensionistas supone la no creación de 414.600 puestos de trabajo, equivalente al 2,1% del total de los ocupados en España en 2018. Y aquí no termina la cosa: la menor pensión de las mujeres también implica una menor recaudación fiscal por parte de la Agencia Tributaria. En particular, supone 2.422 millones de euros menos ingresados en concepto de IRPF (2,2% del total de lo recaudado con esta figura tributaria) y otros 2.884 millones de euros en concepto de IVA (también el 2,2% del total de lo recaudado con este impuesto).	Este coste de los cuidados de la dependencia representa, en el caso de las mujeres de 80 años o más, 2,3 veces el importe medio de su pensión pública por jubilación, mientras que en el caso de los hombres apenas excede en 1,3 veces. Por este motivo, las mujeres tienen mayor necesidad que lo hombres de completar su pensión pública por jubilación con otros productos financieros de previsión o actuariales, precisamente para mejorar su capacidad financiera futura que les permita afrontar los mayores costes de cuidados asociados a la longevidad. La no constitución de estos ahorros previos puede conllevar un impacto negativo sobre el consumo futuro.	La reducción de la brecha es el resultado directo de que las mujeres generan el derecho a acceder a su propia pensión, porque se han incorporado masivamente al mercado de trabajo y han conseguido aumentar la vida laboral considerablemente, si bien esta última sigue siendo casi cinco años más corta que la de los hombres.	La pensión contributiva de jubilación está determinada por la trayectoria laboral y de cotizaciones de la persona beneficiaria, esto es, por el valor de la base reguladora (media de las bases de cotización actualizadas de los años comprendidos en el periodo de cómputo) la escala de puntos de pensión correspondiente al número total de años cotizados y por las "penalizaciones" y "premios" correspondientes, respectivamente, al adelanto o retraso de la jubilación respecto a la edad legal establecida.	Uno de los principales motivos generadores de lagunas de cotización en las carreras laborales de las mujeres es la maternidad. La pensión contributiva que recibirá la madre trabajadora "tipo" ilustrada en el Informe será, en el momento en el que se jubile (i) un 10,0% menor a la que hubiera causado si no hubiese abandonado su carrera laboral hasta que su hijo tenga 12 años (11,9% en el caso de dos hijos), si su nivel de cualificación es bajo (ESO); y un 14,8% menor si se dedican al cuidado de un hijo (18,4% si dicho abandono se dilata por el cuidado de dos hijos), si su nivel de cualificación es alto (título universitario).	Por ello, además de desvelar que el coste de oportunidad de la decisión de interrumpir la carrera laboral por motivos de maternidad y crianza es mayor entre las mujeres con mayor cualificación, las pérdidas derivadas de la interrupción de la carrera laboral con motivo del cuidado de hijos superan la compensación del 5% por dos hijos contemplada en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.	Desde la perspectiva del desempleo de larga duración, el 11,3% de las mujeres entre 35-44 años habría generado lagunas de cotización por desempleo con motivo de la crisis económica en 2018, pero solo un 1,7% podría completarlas voluntariamente para su jubilación. En el caso de los hombres, se encontraban en dicha situación de desempleo el 8,6% del total de los activos, desvelando una brecha de género a razón de 1,3 mujeres por cada hombre. Y es que la voluntad de suscribir un convenio especial de la Tesorería General de la Seguridad Social para cotizar para su jubilación futura, como el recogido en el Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo,	
También existe una importante brecha de género en pensiones, pero heredada del mercado laboral