Luego de una semana de cuarentena efectiva se hace evidente que nos tenemos que preparar para una acción estatal que era inimaginable días atrás y a una forma de solidaridad bastante más amplia que la acostumbrada, pues el virus puede infectar a todos, pero las medidas contra la pandemia no afectan a todos por igual: quienes menos tienen están obligados a hacer muchísimos más sacrificios. Los efectos recién se van asomando y esta es una historia que durará más de 15 días.	Gracias a la cuarentena estamos reduciendo la tasa de incremento de casos. Ya hemos logrado un consenso sobre la gravedad del problema y la urgencia de quedarnos en casa, pero no creo que estemos entendiendo la dimensión de los desafíos paralelos que se van agudizando cada día y que podrían llevarnos a una implosión económica y social. Salvar vidas tiene un costo social inevitable, pero tenemos que seguir buscando la forma de mitigarlo.	La encuesta de IPSOS publicada ayer trae un par de alertas que avisan de los problemas que, si no se atacan pronto, serán igual de graves que el virus: el 25% de encuestados se ha quedado sin trabajo. Además, el 34% no está abastecido o está parcialmente abastecido para pasar la cuarentena y no tiene dinero para comprar alimentos. A ellos les podemos pedir de todas las formas posibles que se queden casa, pero cuando les falte dinero y comida van a salir a buscar trabajo porque como cualquiera harán lo necesario para no morir de hambre. Una solución es que el gobierno flexibilice la cuarentena para esos casos, la otra es que haga transferencias económicas directas mayores y más fuertes a las que ya están aprobadas. En este contexto la segunda es la más sensata, pero no necesariamente es sostenible. Decidir esto es uno de los principales retos del gobierno para estos días.	
 No es igual para todos