El acueducto Rio Los Patos en Antofagasta se está terminando, pero su aprobación no tuvo transparencia y la extracción de litio podría caer en un pozo legal.  Lo mismo pasó con Agua Rica en Andalgalá. Después que se aprobó el proyecto, varios años después dieron como no válido ese procedimiento y se paralizó. Depende entonces de la fortaleza de unos pocos ambientalistas que sostengan el planteo justicial y el litio puede sufrir graves consecuencias en un futuro mediato. El camino de la judicialización es largo pero prospera o puede prosperar. Los responsables de la aprobación condicionada o mal hecha del acueducto Los Patos son el Juez de Minas, Guillermo Cerda, y el ministro de Minería, Rodolfo Micone.  Al parecer se olvidaron del tema principal del conflicto social que es la falta de una audiencia pública y la aprobación del Informe de Impacto Ambiental (IIA) en forma “condicionada”, ítems ya marcados la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El daño ya está hecho pero se podría haber evitado. Se confían porque la Corte de Justicia de Catamarca se lava las manos y evidentemente hay una amistad con los mencionados, pero ya hay antecedentes de reveses para los jueces amigos del poder local que avalan estas maniobras innecesarias. Si a nivel local no prospera por amiguismo y complicidad, la instancia superior ya representó una vergüenza para los jueces catamarqueños. Dicho en términos políticos-mineros: el diálogo con la comunidad es antes, no después. Ahora Cerda propone una nueva audiencia y no dice nada de la aprobación condicionada del IIA a espalda de la gente.En la nueva audiencia, los ambientalistas o vecinos que defienden el agua tendrían que levantar la nota, es decir consensuar para aflojar con el planteo judicial.  Sin duda además falta información en la comunidad. La envergadura de la obra habla de gran cantidad de agua superior a la mencionada para que el acueducto funcione a pleno, de lo contrario estaría sobrando infraestructura o hicieron una mega obra para llevar un hilo de agua, algo que por supuesto resulta increíble. Cuando transparenten del todo la información seguirá habiendo más preguntas que respuestas.  Es miedo a la comunidad o no entienden como son las reglas de juego. Si lo hicieran de manera normal y correcta no habría tantos problemas después. El tema es que hacen pasos irregulares que luego llevan a la judicialización. Empresas como Livent o FMC litium también tienen la culpa. ¿Quién les dice que procesan así? ¿Por qué no se plantan para que las mismas autoridades hagan las cuestiones legales y administrativas como corresponde? Se arriesgan a ser descubiertos en una jugada deshonesta con el oficialismo gobernante y a que nadie les crea. Así, todos terminan metidos en la misma bolsa.	
Por culpa de un juez y un ministro, el litio en Catamarca podría caer en un pozo legal