Este jueves se estableció que el plazo de la renegociación no podrá exceder los dos años desde la fecha de entrada en vigencia del DNU, debiendo suspenderse hasta entonces los acuerdos correspondientes a las respectivas Revisiones Tarifarias Integrales vigentes con los alcances que en cada caso determinen los Entes Reguladores, atento existir razones de interés público.	El Gobierno consideró para iniciar este proceso que la declaración de emergencia pública en materia energética y tarifaria que ha realizado el Congreso denota la gravedad de la situación planteada, en tanto "las tarifas que registraron aumentos sustanciales para los servicios públicos no han sido justas, razonables y asequibles en los términos de lo establecido por las leyes 24.065 y 24.076".	En caso de no ser factible arribar a un acuerdo, los Entes Reguladores deberán dictar, "ad referéndum" del Poder Ejecutivo, el nuevo régimen tarifario para los servicios públicos de distribución y transporte de energía eléctrica y gas natural que se encuentren bajo jurisdicción federal siguiendo el procedimiento establecido para la celebración de acuerdos, en lo que resulte pertinente.	
Es oficial: tarifas de luz y aguas seguirán congeladas