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La pasada semana, se abría una vía a la inscripción de los niños nacidos por gestación subrogada mediante una prueba de ADN del progenitor, mediante una instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia enviada a los consulados españoles de los países donde esta práctica es legal.	Sólo un día más tarde, el Gobierno reculaba y anulaba esta orden, a la vez que se comprometía a "perseguir" a las agencias "que se lucran conduciendo a cientos de parejas a procrear en terceros países mediante esta actividad ilegal" y a dar solución a las situaciones que se hayan creado "atendiendo al interés superior del menor, en concreto a las familias que están en Ucrania.	"Ése es el gran problema. Aquí está declarada la nulidad del contrato, no está prohibida la actividad y una actividad para estar no permitida tiene que estar prohibida". (...) Otra cosa es que yo esté ofreciendo algo, y ahí está lo paradójico y contradictorio, que va a ser nulo", aclara a Efe.	En el libro "Vientres de alquiler", la abogada Núria González explica que la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida declara nulo de pleno derecho el contrato de gestación por sustitución y aclara que la filiación viene determinada por el parto. También en 2010 el Tribunal Supremo declaró nulos esos contratos.	A su vez, añade la abogada, el Código Penal prohíbe la venta de hijos o menores y castiga la práctica con penas de prisión de hasta cinco años, tanto para quien vende a los menores como para quien los recibe y los intermediarios. Y en el Código Civil se establece que la mujer gestante nunca podrá entregar a un menor antes de que hayan transcurrido seis semanas desde el parto.	¿Y cómo se permite que ciudadanos españoles recurran a los vientres de alquiler en el extranjero? Gracias a una instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que considera que lo mejor para el menor es la filiación a favor de los padres comitentes, los padres inscriben a los niños en los registros consulares.	Para hacerlo, hay que acreditar que no pueden tener un hijo de forma natural. El futuro padre viaja al país donde se va a firmar el contrato con la gestante y deja una muestra de semen con el que se fecundará un óvulo, ya sea de una donante o de la mujer de la pareja.	El embrión se implanta en el útero de la mujer gestante -que previamente ha pasado pruebas médicas y psicológicas-, que firma en el contrato que rechaza a la filiación. Si prospera el embarazo, el padre o padres españoles viajarán cuando tenga lugar el parto para recoger al bebé y, tras inscribirlo en un registro consular, regresar con él a España.	David Monje, responsable de la agencia Go4baby, detalla que en su empresa ofrecen "paquetes" que parten de los 36.000 euros y van hasta los 54.000, en función de los intentos de transferencia de embriones y de los servicios que se ofrecen a los padres. Se tarda entre 12 y 18 meses desde que se firma el contrato hasta que se tiene al niño.	"En esos contratos se plantea lo que la mujer puede hacer: si puede fumar, si puede beber, si puede viajar, si hay malformación quién decide sobre el aborto. Si hay un parto gemelar y uno de los niños nace con deficiencia y otro no, que ha ocurrido, resulta que el producto es defectuoso", alerta De Montalvo.	También contrario a esta práctica es gran parte del feminismo, que la entiende como "una forma de esclavitud, sobre todo de las mujeres pobres": "Esta práctica reduce a las mujeres a vasijas, a hornos, a instrumentos de producción. Las mujeres no hemos venido al mundo para esto", se queja la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo.	Reyes, que está convencida de que la sociedad española "no tiene ningún problema" con la gestación subrogada, cree que regularla en España permitiría que personas sin recursos económicos pudieran acceder a ella y evitaría que se recurriera a países donde no es seguro para las mujeres gestar para un tercero, donde son explotadas.	De la misma opinión es el presidente del Comité de Bioética: "El problema es que si lo regulamos a nivel nacional, incluso si lo prohibimos, ¿qué conseguimos? Se van a seguir yendo y van a volver con un niño. Son dilemas transfronterizos. Lo nacional puede solucionar problemas, pero no es suficiente".	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La paradójica realidad de la gestación subrogada