No quedan dudas. La década infame se financió con dinero robado al país. En efecto, una alianza político-delincuencial asaltó las arcas nacionales, utilizando jugosos contratos para obras públicas, necesarias o no, con enormes sobreprecios que luego fueron devueltos en el financiamiento doloso de victoriosas campañas políticas que permitieron, sembrando miedo y manipulando las cortes de justicia, garantizarse impunidad.	Cabe, cuando los organismos de control manifiestan una inquietante laxitud en su toma de decisiones, escudándose en la necesidad, respetable, de no violentar el debido proceso, que las organizaciones de la sociedad civil dejen oír su voz en ánimo de generar una reacción ciudadana cónsona con la anómala situación que se vive y que es intolerable.	Es obvio que quienes se enriquecieron con dinero del Estado cuentan ahora con recursos suficientes para financiar eficientes defensas y también para sus próximas campañas electorales. Por ello mismo, es imperativo evidenciar sus mañoserías ante la opinión nacional, de modo que no quede lugar a dudas respecto a su censurable comportamiento.	
Campañas con dinero robado