en el marco de relaciones de servicio de duración determinada. Estos interinos solicitaron que se les reconociera la condición de personal estatutario fijo o se les reconociera como empleados públicos con un estatuto comparable al de ese personal. La Comunidad de Madrid, sin embargo, rechazó la solicitud y decidieron acudir a los tribunales. El Juzgado de lo contencioso-administrativo n8 de Madrid y el Juzgado de lo contencioso-administrativo n 14 decidieron entonces presentar una batería de	, contratar trabajadores de forma precaria durante años y podría tener por efecto no solo excluir en la práctica a un gran número de relaciones laborales de duración determinada sino también permitir la utilización abusiva de esas relaciones por parte de los empresarios para satisfacer necesidades permanentes y estables en materia de personal.	Al hilo de esto, los jueces recuerdan que una normativa o jurisprudencia nacional en virtud de las cuáles la renovación sucesiva de relaciones de servicio de duración determinada se considera justificada por razones objetivas por el mero hecho de que la renovación responda a cusas previstas va contra el Acuerdo Marco porque no le impide al empleador hacer uso de las renovaciones para dar respuesta a una necesidad permanente y estable de personal. En el caso concreto de los interinos de la Comunidad de Madrid, el TJUE concluye que los sucesivos nombramientos de los empleados públicos afectados no respondían a meras necesidades provisionales de la Comunidad de Madrid, sino que tenían por objeto atender necesidades permanentes y estables en materia de personal del Servicio de Salud de esta Comunidad.	El TJUE también dictamina en su sentencia que corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales determinar la idoneidad de organizar procesos selectivos para cubrir las plazas ocupadas con carácter provisional por interinos, la transformación de sus empleos en indefinidos no fijos y la concesión a estos de una de una indemnización equivalente a la abonada en caso de despido improcedente y si estas medidas constituyen medidas adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes.	
La justicia europea recrimina a España el abuso de la temporalidad en el sector público