En un comunicado, la compañía muestra su rechazo ante "el inesperado cambio de criterio" de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar (dependiente del Ministerio de Transición Ecológica) de allanarse el pasado 8 de marzo en los tres procedimientos que se siguen en la Audiencia Nacional (promovidos por el Ayuntamiento de Pontevedra, la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra y Greenpeace), que pretenden que se declare la nulidad de la resolución que otorgó una prórroga de 60 años a la pastera.	En esta línea, Ence avisa de que esta decisión pone en riesgo la planta, ya que "si el allanamiento es aceptado en las sentencias de los tribunales podría provocar una fuerte destrucción de empleo en toda Galicia". Censura que "es una falta de respeto" para las 5.100 familias que dependen de forma directa o indirecta de la fábrica.	Y es que la empresa muestra su "sorpresa" debido a que ahora la Dirección General "dé argumentos contrarios a los que ha defendido hasta la fecha en el último momento procesal", "cuando hasta hace nada estaba defendiendo la absoluta legalidad de la orden ministerial que otorgó la prórroga de la concesión de Ence".	Asimismo, la pastera subraya que "el 30 por ciento" de las personas empleadas en el sector forestal en Galicia dependen de la actividad de Ence. Además, recuerda que la prórroga en 2016 estaba ligada a acometer inversiones por 71 millones (apunta que más de 40 millones están realizadas), a lo que se une un plan por 350 millones en el plan estratégico 2019-2023.	Por todo ello, la compañía advierte de que va a "utilizar todas las vías jurídicas para defender la validez de la prórroga de la concesión", dado que "intereses de parte y acuerdos políticos quieren anular en contra de los derechos e intereses de sus trabajadores, proveedores, accionistas y de todo el sector forestal del noroeste".	
Ence carga contra el cambio de criterio de Costas que pone en riesgo la planta de Pontevedra