El documento, cuyo contenido íntegro se ha conocido este martes, refuta lo que sostuvo Ordóñez durante su declaración como testigo ante la sección cuarta de la Sala de lo Penal el pasado 25 de marzo, cuando aseguró que no recibió ninguna alerta de sus inspectores sobre la situación de la entidad hasta 2012.	Durante la citada reunión con Fernández Ordóñez, el inspector de cabecera de esas cajas -Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja- explicó que las siete afrontaban "graves" problemas de solvencia, liquidez y rentabilidad, para cuyo tratamiento "no caben soluciones ortodoxas y sí un SIP (Sistema Institucional de Protección), saneando contra reservas y reduciendo capacidad".	Mencionaba también un considerable volumen de activos a largo plazo con muy baja rentabilidad, como hipotecas a 30 años que suponían el 40% del riesgo crediticio, y serias dificultades de liquidez que "en el mejor de los casos" provocarían un sensible aumento de los costes financieros. Asimismo, señalaba un sobredimensionamiento de personal y de red de oficinas.	Ordóñez le entregó el artículo a José Antonio Casaus "para que le echara un vistazo" y poder comentarlo después. Como testigo, Ordóñez aseguró que "el Banco de España no lo sabe todo, ésa es la labor de los gestores"; al organismo le corresponde "detectar lo que no se ha hecho, pero no dice nunca nada; hay cosas que no entiendo ni cómo se hacen, entiendo la filosofía, pero hay que preguntar a quien lo hizo".	
Fernández Ordóñez conocía desde el 2010 los problemas de las cajas que formaron Bankia