El talón de Aquiles de la seguridad en Colombia es el sistema carcelario y penitenciario, que, dada la condición de hacinamiento y de desgobierno del Estado, no permite albergar un delincuente más, y menos resocializarlos. Mientras que la inseguridad está creciendo y los ciudadanos, gobernadores, alcaldes y demás autoridades exigen detener, judicializar y condenar a quienes infringen la ley penal, ya no existen espacios dónde recluirlos; las cárceles, las estaciones de policía y las URI de la Fiscalía están desbordadas, ya ‘no hay cama para tanto delincuente’.	Se puede asegurar que el Inpec es la muestra más clara de un Estado fallido dentro del sector justicia. Según los parámetros establecidos por el centro de estudios Fund for Peace, el Inpec tiene algunos de los atributos de los Estados fallidos, como la pérdida del uso legítimo de la fuerza y de control dentro de las cárceles, debilidad institucional para llevar a cabo las políticas encomendadas de privación de la libertad y resocialización, respetando los DD. HH., incapacidad para suministrar servicios básicos, altos niveles de corrupción, un extenso mercado informal e ilegal, burocracia impenetrable e inseguridad en los establecimientos carcelarios donde gobiernan los delincuentes.	Hoy, la mayoría de las cárceles no las gobiernan los directores, el director del Inpec, el Ministerio de Justicia ni, en general, el Estado. Como lo denuncian funcionarios honestos, los establecimientos carcelarios son gobernados por algunos sindicatos que imponen sus condiciones, han convertido los derechos limitados de los internos e internas en negocios rentables y escenarios donde se protegen algunos corruptos bajo la figura del fuero sindical, amenazando que son ellos los que tienen las llaves de las cárceles.	En las prisiones todo se negocia y produce ingresos para los corruptos, como la alimentación que se contrata para la totalidad de los internos e internas, pero un gran número no la consume, y se convierten en recursos que terminan en manos de algunos guardianes, funcionarios y contratistas; la salud, que llega hasta la puerta de los establecimientos carcelarios, hacia adentro se negocia, al igual que los procesos de resocialización y redención de penas, entre otros tantos derechos que algunos guardianes y sindicatos convirtieron en su fuente de recursos.	Hasta cuándo el Gobierno, el Congreso y la Rama Judicial van a revisar si es legal que existan más de ochenta sindicatos en una institución armada, como lo es el Inpec, situación que pone en entredicho la seguridad del Estado y de los ciudadanos. El Inpec se debe equiparar a la Policía y las Fuerzas Militares, que por ser cuerpos armados no se pueden sindicalizar.	Todas estas irregularidades no son solo responsabilidad de los gobiernos, que no han querido hacer cambios profundos, también lo son del Congreso y de la Rama Judicial, que no han propuesto modificaciones legales, administrativas y operativas para que el sistema carcelario y penitenciario, por una vez en su historia, cumpla con las funciones que le corresponde en materia de justicia y no sean ‘universidades del delito’ o centros de reproducción intensificada de la violencia y la delincuencia. Ante tan grave situación cabe preguntar: ¿dónde está el Estado?	
El Inpec fallido