de euros, casi un 12% menos que en 2018, según los datos de la CNMC. El déficit tarifario, que comenzó a generarse en 2000, llegó a rondar los 29.000 millones. La amortización de esta deuda, que pagan los consumidores en su factura, los peajes eléctricos, superó los 2.000 millones el año pasado.	Aunque la normativa establece que el superávit solo puede destinarse a amortizar deuda, distintas leyes de Presupuestos hicieron excepciones. Así, de esa cifra se han utilizado 649,8 millones para compensar a las grandes eléctricas el bono social de la tarifa, según sentencias del Tribunal Supremo que anularon la obligación de las empresas de pagarlo, y a otras partidas para el IDAE o el fomento de renovables en los territorios extrapeninsulares. El saldo actual es de	de la deuda eléctrica: el de 2005; los derechos de cobro de los adjudicatarios de la segunda subasta del déficit exante; los derechos de cobro del déficit de 2013 y los derechos de cobro del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE), que representa el 82,8% de la deuda pendiente. El coste medio ponderado de la deuda en 2020 es del 2,395% (16,7 puntos básicos menos que el año anterior). El déficit pendiente de 2005 (291,4 millones) quedará definitivamente liquidado este año.	natural, que pagan los consumidores y comercializadoras por el uso de las redes. Al recoger la prohibición comunitaria de que haya subvenciones cruzadas (que unos consumidores subvencionen a otros), la propuesta inicial beneficiaba a los pequeños usuarios frente a las pymes, que experimentarán una notable subida. Unos incrementos que se palían en el texto remitido ahora al Consejo de Estado, que recoge las observaciones formuladas por el Ministerio de Transición Ecológica y los agentes durante el procedimiento de audiencia pública.	Por otra parte, se declaran exentas de peaje las redes locales a la inyección de gases renovables; se mantiene un esquema similar al establecido en la normativa vigente para la facturación por capacidad demandada y se suprime la refacturación para clientes domésticos, en caso de que sea ubicado en un peaje distinto al aplicado y se aclara que la facturación por término fijo se aplica solo a los consumidores sin equipos de medida.	Además de la circular de metodología de peajes del gas, que la CNMC ha remitido al Consejo de Estado, al organismo supervisor solo le quedan en la mesa las dos normas más polémicas, de las 14 que comenzó a tramitar el pasado verano. Se trata de la relativa a la retribución de las redes de distribución de gas y la de acceso y conexión a las redes eléctricas.	
El déficit de tarifa eléctrico bajó un 12% el año pasado; cerró en 16.602 millones