E l 17 de noviembre de 2020 el Presidente de la Nación anunció el envío al Congreso del proyecto de ley de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención post aborto. Esto legaliza el aborto libre, es decir sin otro motivo que el deseo de la madre, hasta la semana 14 de embarazo y luego de ese plazo en causas de salud y violación.	Muchos de los discursos a favor de esta ley repiten que ésta implica un avance en la igualdad entre las mujeres ricas, que pueden pagar abortos seguros, y las pobres, que ponen en riesgo su salud y hasta su vida. La premisa astutamente repetida hasta instalarse como dogma es que el aborto es inevitable. Por eso –dicen- la discusión no es el aborto, instalado como una fatalidad de la historia, sino la opción entre aborto legal, seguro, gratuito y por lo tanto igualitario, o el aborto ilegal y discriminatorio. En lugar de consagrar una igualdad, este proyecto erige la más violenta discriminación posible entre aquellos niños deseados, a los que el derecho protege, y los no deseados que, por esa sola circunstancia, podrán ser eliminados, de manera “legal, gratuita y segura”, sin que nadie pueda defenderlos. Increíblemente en el año 2018, el Inadi se cubrió de pañuelos verdes en apoyo de una discriminación que supera con creces a la de la esclavitud, abolida en el año 1813 en nuestro país. Recordemos que en el Virreinato del Río de la Plata, los esclavos tenían defensores públicos a los que acudir. Este proyecto de ley, le niega cualquier tipo de defensa o representación a la persona por nacer, por ejemplo la de su padre biológico, que no podrá impedir la muerte de su hijo a manos del servicio de “salud” del Estado, ante el solo deseo de la persona gestante.	Más allá de los numerosos fundamentos de la insalvable inconstitucionalidad de este proyecto, como también de la inexistencia de alguna norma que consagre el declamado derecho a abortar, la intuición fundamental de la humanidad, creyente o no, es que la vida humana es sagrada y toda ley que la convierta en algo disponible, atenta contra la humanidad.	De este modo, no hay peor ironía que llamar “práctica médica” la que considera la vida inocente como una enfermedad, reducida a la categoría de parásito que hay que eliminar de modos tan brutales y sanguinarios que los partidarios de la ley se niegan a que se hagan pública las imágenes de esas salvajadas, como un fallo judicial reciente las califica.	El texto de la ley desmiente el argumento de la libertad, ya que a la mujer que se acerca a pedir ayuda, se le ofrece una sola opción, el aborto, hasta el punto que criminaliza al médico (Proyecto del Art. 85 bis Código Penal) que intente informar a la madre sobre cualquier otra opción. De este modo no se ayuda a la mujer a discernir su opción, es decir a ser más libre, sino claramente se la presiona a deshacerse de la vida que lleva en su seno, anestesiando la conciencia que le indica que debería proteger su hijo en lugar de matarlo.	No hay libertad sin verdad, por lo cual cerrar el sonido de los ecógrafos para que la madre no escuche el latido del corazón de su hijo, ocultar los tremendos efectos del misoprostol en la salud y hasta en la vida de las madres, y desconocer los estragos psíquicos y espirituales que el aborto produce en las madres, aun en sociedades desacralizadas y tras décadas de aborto legal, lejos de liberarla, destruyen a la mujer. En años de contacto pastoral con jóvenes he conocido el infierno de remordimiento y angustia que viven, chicas y muchachos, que, en un momento de debilidad y desorientación optaron por esta “salida” que, en lugar de liberarlos, los sumergió en una experiencia desoladora y depresiva. Muchos de ellos darían todo lo que son por volver el tiempo atrás y no cometer de nuevo ese error. Muchos de ellos encontraron en el movimiento ProVida el medio de su propia redención. Por el contrario, no he conocido ni un solo caso de una mujer arrepentida de haber seguido adelante con su embarazo. Aun frente al dolor que pueda causarle un hijo, ninguna madre se arrepiente de haberlo concebido y si volviera el tiempo atrás volvería a optar por ser madre, aun en situaciones de extrema adversidad.	El absurdo argumento de la igualdad entre las mujeres ricas y las pobres es inaceptable y ofensivo a la inteligencia de nuestro pueblo. El Estado, cuya existencia se justifica por la gestión del bien común, debe igualarnos a todos en el bien… no en el mal, mucho menos en el delito.	¿Acaso en el mundo de las adicciones no hay también adictos ricos que consumen droga de alta calidad y adictos pobres que dañan irreversiblemente su cerebro consumiendo paco? Aplicando el razonamiento igualitario de los impulsores de esta ley, deberíamos concluir que, en lugar de combatir las adicciones, el Estado debería proveer a todos los habitantes sustancias psicoactivas, opioides y alucinógenos etc., de buena calidad, a los que un obstetra de gran exposición mediática en los últimos días, supongo que no dudará en calificar de “bienes sociales”, al igual que el aborto. Al fin y al cabo, ¿quién duda de las muertes que se producen en nuestra país a manos de adictos que, alterados por el síndrome de abstinencia, salen a delinquir para comprar otra dosis? El igualitarismo descripto por Discépolo en “Cambalache” como la decadencia del Siglo XX es hoy celebrado como una conquista del progresismo en el Siglo XXI. “Todo es igual, nada es mejor…”	Es un hecho histórico que siempre hubo abortos. Pero también es cierto que, como lo muestra la fórmula del juramento hipocrático, desde que la medicina se considera una ciencia, la misma luchó por evitarlos, considerándolos un crimen aberrante. Hubo abortos y también estafas, violaciones, robos y todo tipo de expresiones del mal. ¿Eso es un argumento para legalizarlos?	Legalizar el tráfico de drogas también evitaría muertes entre pandillas que disputan territorios con armas de fuego, poniendo en peligro a ciudadanos inocentes. En vez de ello, ahora podrían solucionar sus problemas en escritorios elegantes, mientras mercadean en sus locales comerciales dosis letales de destructiva intoxicación a sus “clientes” legalizados. ¿A alguien se le ocurre que eso es siquiera pensable? Es bueno recordar que, así como la mafia se precia de tener códigos, los abortistas tienen límites. Hay niños que deben su vida al hecho de que su madre llegó tarde al abortista y ellos se negaron a realizarlo porque su tiempo de gestación superaba las 23 semanas.	Ese límite de inmoralidad (aun la inmoralidad puede ser limitada) que inhibe a los abortistas ilegales a hacer cualquier cosa, desaparece en el proyecto de ley que propicia el Poder Ejecutivo, pues permite que el aborto por causas tan vagas como “malestar social”, se lleve a cabo hasta el momento del nacimiento, en donde un médico de la salud pública intervendrá para que un niño sano, nazca muerto.	Con esta ley, una mujer con 8 meses de gestación podría presentarse al servicio de salud manifestando que el embarazo afecta su bienestar o que el embarazo fue a causa de una violación no denunciada. Si un médico le advirtiera sobre el alto riesgo para su salud, podría perder su matrícula profesional y enfrentar un proceso criminal, por haberle brindado “información no adecuada” y con ello “obstruir” el acceso a ese “derecho”. Cabe consignar que técnicamente el aborto sólo puede darse antes de la “viabilidad fetal”, esto es la capacidad de un recién nacido de sobrevivir fuera del útero materno, lo cual suele producirse en una edad gestacional aproximada posterior a las 23 semanas o un peso mayor a 500 gramos, precisión técnica que el proyecto no registra al poner como sinónimo de cualquier interrupción del embarazo, la palabra “aborto”.	Con ocho meses de gestación podría nacer y sobrevivir con una asistencia médica ordinaria en un centro de neonatología. La ley proyectada no permitiría siquiera proponérselo a la madre ya que el derecho no es a concluir el embarazo, lo que ocurriría mediante el nacimiento prematuro, sino a matar al niño. El obstetra Mario Sebastiani, impulsor entusiasta de esta ley, explicó en la Cámara de Diputados de la Nación que, a partir de las 30 semanas, se provoca la asistolia prenatal (paro cardíaco del niño) para lograr que esa persona sana y en pleno desarrollo nazca muerto, salvajismo que espanta hasta los propios abortistas, no dispuestos a llegar a ese extremo de ensañamiento inhumano.	Hace pocos días lloramos la muerte de un deportista emblemático de la argentinidad, Diego Armando Maradona, retratado inmortalmente por Rodrigo Bueno en su canción “La mano de Dios”: “En una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir…”. Para darlo a luz, Doña Tota acompañada de Don Chitoro, tuvo que caminar tres cuadras hasta la estación Fiorito y tomar un tranvía hasta Lanús, que los dejo a una cuadra y media del Evita, cuando ya había roto bolsa.	El Diego fue el quinto hijo de una familia de ocho hermanos cuidados con muchísimo esfuerzo por su madre, que diariamente alimentaba a su numerosa familia con los magros ingresos de su marido. Cualquier mujer, a partir de esta ley deberá enfrentar la “consejería” de un hospital que le ofrecerá el aborto como única alternativa a una situación difícil, haciéndole notar su irresponsabilidad de seguir concibiendo hijos en su precaria situación económica.	¿Qué posibilidades tendría hoy de nacer Diego, con esta ley vigente? ¡Difícil saberlo! Podría salvarlo sin duda la firme convicción provida de Doña Tota, pero la educación sexual que se quiere dispensar a nuestros adolescentes está orientada a que, en nuestro país, no existan más Doñas Totas. Afortunadamente no estaba vigente esta ley ni la mentalidad que la sustenta y Diego Nació. Por supuesto, su precoz talento futbolístico, no hubiera podido desarrollarse sin un inmenso esfuerzo económico y personal de sus padres. Postergándose ellos mismos entregaron la vida por cada uno de sus hijos. Así lo reconocía Diego cuando la llamaba emocionado para decirle “Yo juego para vos, mamá”. Además del cuerpo del niño por nacer y del alma de la madre, la tercera víctima del aborto es el amor familiar generoso y abierto a la vida “como viene”, considerado en los presupuestos ideológicos de esta ley, como una superestructura de sometimiento de la mujer al patriarcado, cuya máxima expresión es la “maldición de la maternidad”.	¿Cuántos Diego Maradona, Luciana Aymar, René Favaloro, “Manu” Ginóbili, Mercedes Sosa, Julio Boca, Jorge Luis Borges, Juan Manuel Fangio, Lola Mora, Jorge Mario Bergoglio, Adolfo Pérez Esquivel, Julio Cortázar, Eva Duarte, Alfonsina Storni, Quino, Juan Martín del Potro, Estela de Carlotto etc., saldrán de las maternidades por la puerta de atrás, en bolsas de residuos patógenos, si este proyecto se vuelve ley?	
“No aborten a Maradona”