A solo dos meses de las elecciones municipales, el exalcalde y candidato por el PP de Sada, Ernesto Anido, se sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial acusado por la Fiscalía de un delito de prevaricación administrativa por amañar supuestamente la contratación de la coordinadora general, un puesto envuelto en polémica desde el principio con unos emolumentos de cerca de 70.000 euros anuales. La Audiencia Provincial acogió ayer la primera sesión del juicio contra el exregidor en Sada entre 2011 y 2015 y la candidata designada para ocupar la controvertida plaza, Belia Vellón, trabajadora en el Ayuntamiento de Culleredo y única aspirante a este puesto directivo.	La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para el exregidor y otros tantos para la ya excoordinadora al considerar probado que amañaron el procedimiento. La acusación particular, que ejerce el edil del PDSP Emilio Gómez (exsocio del PP que fue cesado en 2013 por Anido), pide elevar la pena para el exalcalde a diez años de inhabilitación y ha presentado también cargos por tráfico de influencias contra Belia Vellón.	Tras leer la fiscal varios correos electrónicos que la acusada había enviado al alcalde para darle instrucciones sobre el procedimiento, Anido y la ya excoordinadora admitieron que había sido la propia Belia Vellón quien redactó las bases de la convocatoria y también que ella sugirió algunas de las personas a incluir en la comisión de evaluación. Entre otras, al secretario del tribunal, que el Concello encomendó a un funcionario en Culleredo a pesar de que la normativa establece que debe ser el secretario del Ayuntamiento o persona en quien delegue, como incidió la fiscal.	El exregidor alegó que desconocía que Belia Vellón fuese a presentarse al proceso selectivo y que solo recurrió a ella en busca de asesoramiento. Anido afirmó sentirse "perdido" por la falta de apoyo de la plantilla y apeló a "cierta resistencia dentro de la administración a que se cubriese la plaza": "Mi obsesión era el cumplimiento estricto de la legalidad y que no se pudiese tumbar la plaza", afirmó el exregidor, que defendió la transparencia del proceso, basado, insistió, en los principios de igualdad, capacidad y mérito. "Belia me asesoró bien. Nunca quisimos burlar la legalidad. Yo no nombré a Belia, fue una comisión técnica", recalcó Anido, que alegó que podía haber designado directamente la plaza como personal de confianza o crear una comisión de evaluación de corte político.	Al ser consultado por un correo en el que Belia Vellón le recomendaba incluir más asuntos en el pleno para "que la cosa no cante mucho", Anido alegó que se trataba de "estrategia política". Sobre otro correo en el que esta le instaba a "ir pensando en funcionarios de confianza" para el tribunal, Anido admitió que fue Vellón quien propuso al secretario de la comisión de evaluación. "En ese momento nadie pensaba, ni yo mismo, que se fuese a presentar Belia", alegó.	El excalcalde admitió también que fue él quien sugirió eliminar la obligatoriedad de ser funcionario y abrir la plaza a personal laboral fijo y reconoció que llevó a pleno la convocatoria del proceso a pesar del informe desfavorable de Intervención y Secretaria. Anido apeló a "informes contradictorios" y se aferró a un dictamen del secretario accidental que sí avalaba el proceso. Apeló también a un dictamen posterior a la cobertura de la plaza de la Dirección Xeral de Administración Local que avalaba la creación del puesto directivo.	Belia Vellón admitió que había enviado al ya exalcalde las bases de las convocatoria, pero adujo que eran muy genéricas y sacadas prácticamente en su integridad de internet. Esta trabajadora del Concello de Culleredo que se hizo por el puesto afirmó que decidió presentarse "los últimos días" y que asesoró a Anido porque le dio "pena". "No paraban de meterle goles por todas partes, llevaba meses intentando que le redactasen las bases", adujo.	Sobre el correo que envío al alcalde con instrucciones para que "no cante mucho", la ya excoordinadora alegó que le propuso incluir otros asuntos en el orden del día de ese pleno para que el asunto "pasase desapercibido". "Era una plaza mediática, estaba cada dos por tres en la prensa". Interrogada por otro en el que decía que todo el mundo sabía que esas plazas "tenían nombre", Vellón dijo referirse a "que normalmente se cubren por personal de la casa". Sobre el correo en el que instaba a Anido a buscar "gente de confianza" para el tribunal, la excoordinadora admitió que sugirió a un funcionario de Culleredo porque el alcalde le pidió ayuda. "Tenía un aparato administrativo totalmente hostil a su persona, se trataba de poner a gente que no fuesen a perjudicar, que no designasen al peor candidato", adujo. "Tomé la decisión de presentarme en los últimos días al ver que no se presentaba nadie. Me sorprendió que la única fuese yo", afirmó la excoordinadora, que afirmó desconocer por qué fue cesada cuatro meses después.	El secretario y el interventor municipal declararon que emitieron sendos informes desfavorables contra la creación de un órgano directivo que diese amparo a la plaza. El secretario incidió en que advirtió de palabra y por escrito al alcalde de que esta figura era "manifiestamente ilegal" porque por ley estaba reservada a concellos de gran población y tanto él como el interventor avisaron que incumplía la	, que prohibía la contratación de nuevo personal salvo casos urgentes e inaplazables. El secretario relató que el alcalde le pidió a través de su secretario particular que se reuniese con Vellón antes del proceso para hablar sobre la plaza y que accedió por "cortesía" y dijo que "bajo ningún concepto" era normal que redactase las bases un candidato. También afirmó que "la práctica habitual" es que sea el secretario o persona en quien delegue quien ocupe el puesto de secretario del tribunal.	El secretario particular del alcalde, José Luis Álvarez, cesado por este en 2014, declaró que Anido le pidió concertar un encuentro en un lugar "discreto" en 2012 y que le dijo ya entonces que sería la coordinadora. Los acusados se negaron a responder a las preguntas de la acusación particular y Anido atribuyó la denuncia a una venganza política.	
Anido admite que le "asesoró" en un proceso selectivo la persona que consiguió el puesto