Según consta en la denuncia, pudieron encontrar los documentos porque el mismo día de toma de posesión del bastón de mando, y ante la negativa de la corporación saliente a darles una llave del edificio consistorial, procedieron al cambio de cerradura para poder entrar inmediatamente, localizando una serie de archivos que el anterior equipo gestor «había intentado ocultar».	La regidora reconoció que ahora debe ser el ministerio público el que determine si esos documentos aportan indicios reales de delito o si archiva la querella, aunque tildó de «lamentable» que el PSOE aún no haya pedido perdón por lo ocurrido». Más duro se mostró su jefe de filas, el vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, quien insistió en que «siempre ha habido una intuición» y era «vox populi» que «en Andalucía esto podía estar pasado en muchos municipios», en alusión a la compra de votos.	La diferencia es que el caso de Huevar, de 3000 habitantes, «está respaldado por documentos». «Entendemos que ha sido una práctica habitual que ha de estar respaldada por pruebas y ahora se está viendo», dijo Martín a la salida del juzgado, apuntando que era su obligación llevar esos documentos al juzgado «por si además de una cuestión ética es también judicial».	
El PP andaluz lleva a la Fiscalía la supuesta compra de votos del PSOE en Sevilla