El Gobierno central ha impedido al barco Open Arms zarpar en una misión de rescate al Mediterráneo al considerar que en otras operaciones se han incumplido normativa internacional que obliga a desembarcar a los rescatados en el puerto seguro más cercano, y la ONG catalana Proactiva Open Arms ha recurrido esta decisión porque "lesiona derechos" constitucionales.	Fuentes de la Delegación del Gobierno en Catalunya han explicado a Europa Press que se trata de una decisión que obedece a criterios técnicos de la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, y que ha permitido a la entidad presentar un recurso para poder operar con garantías.	Por su parte, el fundador de la ONG, Oscar Camps, ha afirmado en un apunte en Twitter recogido por Europa Press este lunes: "Impedirnos salvar vidas es irresponsable y cruel. Políticos cobardes ponen en marcha el contador de muertos", ha lamentado mientras el buque se encuentra parado en el Puerto de Barcelona.	El jefe de la Capitanía Marítima de Barcelona --integrada en la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes del Ministerio de Fomento--, Javier Valencia, ha denegado el despacho del 8 de enero con destino a la zona SAR de Libia "hasta que no garantice que existe un acuerdo para el desembarco de los auxiliados con las autoridades responsables de las zonas" concernidas.	Según el texto, recogido por Europa Press y dirigido al capitán del barco, afirma que en las últimas misiones de auxilio en regiones de búsqueda y rescate (zonas SAR) no españolas de la ONG se ha "omitido manifiestamente el cumplimiento" de la normativa, ya sea por responsabilidad del buque o de las autoridades de las zonas SAR.	"El buque se está viendo forzado a navegar durante varios días, cruzando el Mediterráneo, para desembarcar a las personas rescatadas en la mar muy lejos del lugar de rescate", lo que se ha repetido varias veces y se aparta de los procedimientos de operaciones reguladas internacionalmente -con coordinación de la autoridad de la zona y desembarque cercano al rescate--.	También considera que el buque "no cuenta con certificados de seguridad que le habiliten a transportar más de 18 personas", por lo que situaciones en las que se supere esta cifra tienen que durar el mínimo posible y hacerse según disposiciones internacionales sobre el salvamento concebidas para emergencias, lo que considera que se está obviando.	Ha añadido que ambas operaciones no pueden desligarse: si sale para la observación tendrá que cumplir con la obligación de auxiliar, como prescriben los convenios internacionales, pero si no puede desembarcar a los rescatados en un lugar seguro de la zona Sar, "el buque de nuevo se verá abocado a actuar de forma contraria a los convenios internacionales".	La entidad ha presentado un recurso de alzada contra esta denegación, alegando que esta resolución "no atribuye uno sólo de estos incumplimientos al capitán del buque Open Arms ni a su tripulación, pues todos los incumplimientos se atribuyen en abstracto y en tercera persona a las autoridades responsables; en definitiva, los Estados".	Aunque reconocen que tienen autorización para llevar a 18 personas, recogen que sí que reúne los requisitos técnicos para tareas de vigilancia por lo que "no se puede denegar el despacho solo porque en alguna ocasión cumpla con su deber de auxiliar a personas en peligro", y lamenta que se les apliquen medidas preventivas sin motivo que las justifiquen.	
El Gobierno impide al Open Arms salir del puerto de Barcelona a una misión de rescate