Colombia vivió hace tres años una jornada histórica. Las FARC, la guerrilla más grande del país, firmaba un acuerdo de paz por el que se comprometía a deponer las armas para dar el salto a la vida civil. Desde entonces, se han logrado "avances significativos", el más importante es la conversión del grupo armado en partido político, pero quedan retos importantes, el más urgente: frenar la ola de violencia que sacude el país.	El 24 de noviembre de 2016, el entonces presidente, Juan Manuel Santos, y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, 'Timochenko', rubricaron un acuerdo de paz que se había tardado en negociar más de cuatro años y que necesitó unos retoques finales para superar el 'no' que se impuso por la mínima en el referéndum para ratificarlo.	Los inicios fueron difíciles, con tres intentos fallidos como precedente. Había "mucha desconfianza" entre las partes, más si cabe con Santos en la Casa de Nariño, porque "representaba todo lo que las FARC venían combatiendo desde hacía 50 años". Por eso, se embarcaron en "una negociación absolutamente secreta" para pactar la agenda que guiaría la mesa de diálogo en La Habana. "Fue clave", ha sentenciado.	Enrique Santiago, actual diputado de Unidas Podemos y uno de los negociadores por parte de las FARC, ha añadido --en el mismo foro-- un tercer elemento a la fórmula del éxito: "La habilidad política" de Santos que, a pesar de ser el máximo representante del Estado, "acabó fungiendo como un 'primus inter pares'" que surgía en los "momentos difíciles". El Nobel de la Paz de 2016 recayó sobre él por "sus decididos esfuerzos" para acabar con el conflicto armado.	El Estado colombiano tiene para hacer realidad lo pactado un horizonte temporal de 15 años. Según el Intituto Kroc, llamado a velar por el acuerdo de paz, a 28 de febrero de 2019 se habían empezado a aplicar el 69% de los compromisos adquiridos --el 23% completados, cuando la media suele ser del 15%--.	Los acuerdos que más rápidamente se han materializado son los relativos a los mecanismos de implementación, verificación y refrendación y al fin del conflicto, con un cumplimiento del 54% y 45%, respectivamente. Santos subraya que la desaparición de las FARC se produjo en un "tiempo récord": El 15 de agosto de 2017, los guerrilleros se habían desmovilizado y desarmado.	Para Santiago, esta radiografía es "preocupante" porque se está retrasando la parte dedicada a atajar las causas del conflicto armado. El problema de la tierra en Colombia es "estructural" y está en el fondo de la "gran conflictividad" que ha sufrido históricamente el país. En el caso de las hostilidades con las FARC, para los terratenientes "la guerra podía salir hasta rentable" porque permitió "arrebatar" seis millones de hectáreas.	De acuerdo con la ONU, en 2018 los "eventos de ataques contra la población civil" escalaron a niveles anteriores al inicio de las negociaciones de paz. Las cifras oficiales hablan de 147 ex guerrilleros asesinados en estos tres años y 123 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos solo en lo que va de año. En un solo fin de semana se han llegado a registrar 19 crímenes de esta naturaleza.	La ola de violencia se debe, principalmente, a la lucha entre grupos rivales para apoderarse de los antiguos negocios de las FARC, como el 'narco' o la minería ilegal. A ello, el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) suma que aún hay otros cinco conflictos armados en marcha, entre los que destaca el de la segunda guerrilla del país, el ELN.	Preocupan particularmente las llamadas disidencias de las FARC, antiguos guerrilleros que dieron la espalda al proceso de paz. En agosto, el que fuera 'número dos' y jefe negociador de las FARC, 'Iván Márquez', anunció su vuelta a la lucha armada y la posible formación de una nueva guerrilla fruto de la fusión de los remanentes de las FARC y el ELN.	En opinión de Santos, a las disidencias de las FARC "se les ha querido dar más importancia de la que tienen" para poder decir que "el proceso de paz no funciona". La realidad, asegura, es que más del 90 por ciento de los ex guerrilleros han pasado a la vida civil y solo un 8 por ciento "está en disidencia", cuando los díscolos en las fuerzas combatientes suele situarse en un 12 o 14 por ciento.	Santiago y Santos coinciden en que, al margen de la ola de violencia, el principal nubarrón que se avista en el proceso de paz es la falta de voluntad política. Ambos han acusado al actual Gobierno de Iván Duque de intentar modificar unos acuerdos de paz que no le gustan, si bien han celebrado que "se ha estrellado" con el Congreso y la Corte Constitucional.	Los acuerdos de paz han sido víctimas de la "politiquería" de quienes buscan un "rédito político" del proceso de paz, lo cual demuestra una visión "cortoplacista", lamenta el diputado español. Los dos han apuntado a la justicia transicional, "columna vertebral" de lo firmado, en palabras de Santos, como el eslabón más débil porque es "difícil de explicar".	"En el fondo, una negociación de paz se reduce a dónde traza uno la raya entre justicia y paz. Mi instrucción fue conseguir el máximo de justicia que permita la paz', pero no importa dónde se trace la raya, siempre habrá gente descontenta: los que quieren más justicia o más paz", ilustra Santos. Según Santiago, para someter a un proceso penal a los culpables de los más de 8 millones de víctimas que ha dejado la guerra con las FARC, harían falta "seis o siete siglos".	A pesar de los obstáculos, la nota general es el optimismo. "Estamos de acuerdo en que no se va a cumplir la totalidad, porque es imposible, pero hay que hacer el esfuerzo para cumplir lo máximo que se pueda", ha arengado Santos, advirtiendo de que, "si Colombia se quiere seguir modernizando, en realidad, tiene que hacer gran parte de lo que dicen los acuerdos de paz".	
Colombia, entre el optimismo y la violencia tres años después del acuerdo de paz con las FARC