en un comunicado en el que recuerda que la primera intervención se produjo el pasado 22 de marzo en la catedral de Valladolid y que las siguientes tuvieron lugar el pasado fin de semana en la parroquia de San Servando y San Germán, en el barrio gaditano de La Laguna, en una iglesia evangélica en Murcia y en la azotea de un edificio del barrio sevillano de Triana.	castiga con penas de prisión seis meses a seis años, si el hecho se comete en un lugar de culto, o con una multa si se produce en otro lugar, a quienes “con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia e Interior”.	Unas conductas que Abogados Cristianos consideran que son reprochables penalmente al delegado del Gobierno competente, “puesto que la Policía solamente actúa cumpliendo instrucciones”, y ante la sospecha de que se estuviesen incumpliendo las restricciones impuestas, habría habilitado a los agentes para que pudiesen “entrar en la iglesia y disolver el culto”.	, con motivo del Domingo de Ramos por un un sacerdote de la comunidad de Los Paules. Una celebración que, subraya, “contaba con todas las medidas de seguridad pertinentes y necesarias para el caso”. Y añade que aunque solo había ocho feligreses, todos miembros de la Congregación de la Misión, y que se encontraban celebrando el acto religioso en su propia azotea, han sido sancionados.	Abogados Cristianos explica que el decreto por el que se declara el estado de alarma especifica en su artículo 11 que “la asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro”. Castellanos defiende que en ese decreto “hay un anexo en el que	, tomando para el caso las medidas de seguridad convenientes para evitar el contagio, como son guardar la distancia de seguridad así como mantener un aforo limitado”. Pero, añade, “para sorpresa de los allí reunidos, varias patrullas de la policía hicieron acto de presencia, dispersando a los fieles que se hallaban fuera instándolos a que regresaran a sus domicilios. Además, al sacerdote que iba a oficiar se le indicó que suspendiera la celebración o, si no, que la oficiase en solitario sin presencia de los fieles”.	, donde la Policía desalojó a 30 personas. Ese acto, insiste la asociación, “se realizó manteniendo todas las medidas de seguridad necesarias, tanto de espacio entre los asistentes como de número de los mismos”, por lo que “los fieles se vieron sorprendidos ante esta interrupción de culto, alegando que estaban llevando a cabo una celebración religiosa garantizada por el artículo 11 del decreto del estado de alarma”.	
Abogados Cristianos denuncia la interrupción de ceremonias religiosas durante el estado de alarma