Juntos por el Cambio, la principal fuerza política de la oposición, se plantó y ratificó ayer que no acompañará al gobierno de Alberto Fernández en el debate de la reforma judicial en forma virtual, por lo que la resolución de esa iniciativa oficial podría pasar a 2021, cuando el Congreso retome el esquema de sesiones presenciales.	Durante una hora media, se tomaron varias decisiones. La primera tuvo que ver con salir a rechazar cualquier posibilidad de fractura de la Coalición. Y la decisión de mirar hacia 2021, cuando habrá elecciones legislativas, en unidad. En las reuniones de los lunes se comenzará a delinear una estrategia para ir levantando el perfil del frente ante lo que observan como un acaparamiento de la agenda política y mediática por parte del Gobierno.	Al respecto, lo que más se mencionó en la reunión de ayer como preocupación del espacio es la eventual modificación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un tema sobre el que el Gobierno aún no ha decidido aún avanzar. Incluso para Fernández y para la ministra de Justicia, Marcela Losardo, la cantidad actual de miembros (cinco) del máximo tribunal no está mal.	Otro punto que genera rechazo en Juntos por el Cambio es la intención del Gobierno de avanzar para desplazar al procurador General interino, Eduardo Casal, y nombrar en su lugar al juez Daniel Rafecas. Para Bullrich, este es un objetivo específico de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como parte de su estrategia para buscar su propia “impunidad” ante las acusaciones por corrupción que enfrenta en los tribunales federales.	Negri, en diálogo con este medio, dijo que Juntos por el Cambio no tiene inconvenientes en continuar con las sesiones virtuales para debatir y sancionar leyes que tengan que ver con la emergencia por la pandemia. Pero aclaró que no lo hará para la reforma judicial ni ningún otro tema con impacto en la vida institucional de la Argentina sin que exista antes un amplio consenso previo.	En el oficialismo sabían que Juntos por el Cambio iba a ratificar una decisión que se conoció ni bien el Gobierno presentó la reforma judicial. Y ahora en el Congreso y en la Casa Rosada ya no descartan que la discusión comience este año pero que la ley termine siendo sancionada en sesiones extraordinarias durante el verano, cuando se puede volver a debates completamente presenciales.	Ante la consulta, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se muestra esquivo. Pide “paciencia” para ver cómo evolucionan las medidas que Fernández va tomando en tándem con Rodríguez Larreta y Áxel Kicillof sobre la cuarentena para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Aunque para esto, dice, es crucial el comportamiento de la pandemia. Él y Fernández de Kirchner aseguran que no quieren convocar a sesiones completamente presenciales para no exponer a los legisladores. Esta situación, confiaron fuentes del oficialismo, podría extenderse hasta octubre.	Al menos por ahora, Massa rechaza hablar de plazos para la reforma judicial. Y pide a la oposición, sí, que mantenga su compromiso de seguir sesionando para sancionar las leyes que el gobierno necesita para administrar las consecuencias de la pandemia. Una prueba de fuego será, reconocen en el oficialismo, la posición que tome la oposición ante la presentación del proyecto de Presupuesto 2021 el 15 de septiembre.	En ese sentido, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, envió ayer una señal a la oposición. “Buscamos un diálogo franco en el Poder Legislativo, que se incorporen las voces y las miradas de todas las fuerzas políticas. Ahora, negarse a un tratamiento sin haber leído el proyecto, lejos de fortalecer la democracia lo que hace es debilitarla”, dijo Cafiero. Y señaló que “si efectivamente surgen herramientas y propuestas para mejorar” (la iniciativa), el Gobierno “siempre ha sido parte de promover el diálogo democrático”.	
 Juntos por el Cambio se plantó y la reforma judicial podría pasar a 2021