, publicado en el año 2012, nos desgrana la esencia del derecho más allá del orden soberano de los estados. Pero lo hace sin reparos. Se limita a dar fe de cómo se debe interpretar, sin más. Está libre de carga ética y moral, porque su trabajo no es otro que el de dar a conocer el estado de la cuestión de la justicia, al servicio de los juristas que desean saber a qué atenerse.	Casado Raigón nos expone sin tapujos la evidencia incuestionable de que los estados han monopolizado el poder legislativo internacional, y que las organizaciones económicas regionales (que une a bloques de estados aliados) ocupan el lugar de una débil Corte Internacional de Justicia, ejerciendo de grupos de presión al servicio de fuerzas transnacionales, es decir de grandes corporaciones y de relaciones de poder no necesariamente al servicio de las personas. La justicia internacional tiene pocas potestades, y para arbitrar requiere de la autorización de los estados en la gran mayoría de situaciones que se podrían dar. Por esta razón, por encima de los estados no existen leyes, sino declaraciones, tratados o cartas, que delegan a los estados su cumplimiento, sin reglamentos punitivos en caso de incumplimiento. Los estados hacen lo que pueden o desean realmente hacer. Y no necesariamente se fijan en el derecho al desarrollo de sus homólogos, incluso de sus propias sociedades, ni en el derecho del medio natural, o en los derechos humanos. Tienen un gran espacio de maniobra, para gestionar sus poderes.	globales, es decir, en normas consensuadas donde impera un espacio sin verdadera ley, que rige el comercio de capitales global. En este mercado lamentablemente idealizado por todos los medios posibles cabe espacio para el crimen organizado, la corrupción y las enormes desigualdades de bienestar, de derechos y de protección que plasma el variado abanico de estados que compiten entre sí, así como la ingente variedad de fuerzas que pelean a todas luces para el control de estos estados. De este modo, es viable el desarrollo de la explotación desmedida de los capitales inversores, que atentan contra los recursos naturales y usan las fuerzas humanas (casi) a su antojo. Todo sigue el curso de una máquina depredadora implacable, irracional, injusta y en gran medida mezquina, mientras países y grupos sociales privilegiados observan lo que ocurre de reojo, lavándose las manos cada mañana y la conciencia cada noche antes de irse a dormir. América Latina, de norte a sur, y de un modo más ruin casi toda África, con sus variables internas, representan este escenario con gran elocuencia. Pero podemos verlo en todas partes, con mayor o menor evidencia de sus resultados, más allá de los bloques continentales en competencia desigual. Cada estado tiene sus regiones desiguales, y cada ciudad del mundo tiene sus desigualdades, sus desechos y sus reflejos de esta grave anomalía, que se asoma más indeseable en aquellos lugares más expuestos a esta	Se nos dice que existen derechos internacionales, que todo está bien y podría ser maravilloso si fuéramos más listos o sensatos, pero que en todo caso no se cumplen, con el mensaje añadido de que la corrupción es un problema de los estados donde se ejerce, que por alguna razón no saben gestionar debidamente sus poderes. Pero, realmente, no se cumplen porque nadie puede garantizar su cumplimiento, por algo más complejo que la ausencia de la voluntad política o la inteligencia humana. Su cumplimiento requeriría desmantelar el flujo desigual de capitales que alimenta los bolsillos de las élites; mantiene al mercado global que se nutre del sistema financiero privatizado; y nos conduce inexorablemente a una competencia sin descanso, destructiva y caótica. Este mecanismo es poderoso, muy poderoso, y para funcionar necesita de unas normas transnacionales, o	donde se puedan evadir derechos, impuestos y responsabilidades, así como de la soberanía de los estados, donde exista un poder judicial maleable. Es lo que se conoce como la impunidad judicial, cuyo sustento es el imperio de unas leyes blandas, erráticas y ambiguas donde se pueda ejercer lo contrario a lo que se espera del derecho internacional acordado.	La solución a las atrocidades de los poderes corruptos al servicio de unos capitales que controlan, incluso, al aparato judicial, no es una cuestión de voluntades. Se trata de algo mucho más evidente, simple y atroz que algo tan etéreo como la voluntad. Es el sistema geopolítico que hemos construido, que lo construye y lo destruye todo, incluso la verdad, la esencia de la realidad que se nos ha arrebatado. Donde se crean espacios de esperanza rápidamente desaparecen a golpes de ley corrupta; y donde emerge una fuerza combativa que defiende la justicia para los más débiles rápidamente se asoma la represión, y la violencia. Y la justicia es inmune a estos desafíos. También vive bajo presión, amordazada, amenazada, de un modo especial donde esta fuerza sistémica es más cruel, donde la explotación es indispensable, cuando ya no se puede explotar más, porque más implica volver a la esclavitud encadenada. Pero esta debilidad está presente en todas partes.	¿Y qué dicen los jueces?, los expertos en derecho internacional? Dicen, en su mayoría, que ellos se encargan de hacer cumplir la ley, donde la haya, y que si no la hay no es su problema, porque ellos no tienen el poder de hacer leyes, sino de ejecutarlas, si es posible hacerlo. Es decir, en contra de lo que apunta el sentido común, no representan a la justicia universal, sino a la injusticia. Y a esto lo llaman ley. Y lo que es peor, todos ven como el derecho internacional es una cortina de humo, que muta de boca en boca, de año en año, como si de un juego se tratase. Lo ven Casado Raigón, pero también sus compatriotas hispanos José A. Pastor Ridruejo, Andrés Rodríguez Benot y otros muchos, tal como han dejado reflejado en sus libros. Lo ven todos, pero solo se lo cuentan a los políticos, y a los futuros juristas que ellos mismos instruyen, para que todo siga igual. Estimular el debate global no les interesa, ni a nadie que se beneficie de este orden tampoco. Por supuesto, no le interesa a la España post-colonial, la misma que ha escrito su historia a golpes de una censura inquisitorial, y la misma que aspira a llenar las arcas de las empresas multinacionales españolas, en especial en América Latina. La misma España que afirma por activa y por pasiva que los catalanes y los vascos no pueden ejercer sus libertades; que persigue, calumnia y condena a sus líderes, a golpe de ley, mediante un aparato judicial al servicio de sus propias miserias, después de haber creado una sociedad huérfana de valores, de libertades y de derechos, es decir, ingenua y maleable. Saben que la Corte Internacional de Justicia no tiene autoridad sobre ellos, y abusan de su poder, al que sirven. Pero España no está sola en este retrato de la injusticia acomodada global. Destacan todas las grandes estructuras del poder transnacional, tras las cuales están las grandes corporaciones, los medios de comunicación y, por supuesto, el sistema financiero internacional, que se alimentan de	de bienestar, justicia y verdad de las que se beneficia, en apariencia, cierta sociedad internacional. Y a la Organización de las Naciones Unidas le interesa pero no puede invadir la soberanía de los estados, donde todo se corrompe, porque ellos también encarnan las relaciones de poder, hostiles, que existen entre los estados y en los grandes poderes transnacionales que se esconden en ellos.	
La impunidad judicial de la injusticia universal