El lunes 11, 9.032 beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de Córdoba cobrarán con un recorte promedio del 8,4 por ciento, dado que entra en vigencia el nuevo tope del salario del gobernador, que se achicó 45 por ciento en abril. Sin embargo, hay 1.542 jubilados y pensionados del Poder Judicial que no estarán alcanzados por el recorte y que son, paradójicamente, los que más ganan: 219.911 pesos en promedio.	El 71 por ciento de los retirados del Poder Judicial gana más que el nuevo salario del gobernador. Sus pares en actividad tampoco verán reducido sus salarios en virtud de la crisis desatada tras la pandemia del coronavirus. Acumularán, así, un beneficio adicional a la larga lista de privilegios que alcanza a la Justicia en todo el país, y particularmente en Córdoba.	El primero es casi un intangible: la administración del Poder Judicial no se desvela para saber si están o no los recursos, si la recaudación se cae o si se pincha la actividad económica. El Ejecutivo gira los fondos y la Justicia liquida los haberes de 5.725 empleados del Poder Judicial, más los 2.615 magistrados y funcionarios. Es más, dispone los aumentos y sólo comunica al Ejecutivo que tiene que enviar más fondos.	Basta el ejemplo de 2019, año difícil en términos económicos. Sumaron aumentos del 10 por ciento en febrero, 7,5 por ciento en mayo, 7,5 por ciento en junio y 10 por ciento en septiembre. Cuentan con una especie de “llave de la felicidad”: la Corte Suprema dispone el aumento en Buenos Aires y acá se replica sin chistar.	En tiempos de pandemia, con caídas del 40 por ciento de la recaudación, que esa preocupación sobre el gasto recaiga sobre otro poder del Estado tiene una gravitación determinante, porque aísla a un sector, que gasta el 8,6 por ciento de los recursos totales del presupuesto, de una cosa esencial como evaluar qué decisiones tomar ante semejante caída de ingresos.	El sueldo promedio en la categoría de magistrados y de funcionarios del Poder Judicial es de 242.051 pesos brutos. Pero aquí el concepto bruto tiene una particularidad, porque a ese salario se le descontará el aporte jubilatorio, pero no el impuesto a las Ganancias. El resto de los asalariados registrados, con ese sueldo, debería dejarle a la Afip alrededor de 80 mil pesos. Los miembros del Poder Judicial no pagan.	Desde el 20 de marzo se dispuso un receso judicial extraordinario, prorrogado cada vez que se extendió la cuarentena. Si bien se declaró que todos los fueros adoptarían modalidades de teletrabajo, la parálisis es tal que hace 10 días un grupo de abogados penalistas armó una protesta y entregó un petitorio al Tribunal Superior de Justicia reclamando la apertura inmediata del servicio de Justicia. Trabajar con la modalidad de feria significa reducir en un 70 por ciento la actividad.	En el sector privado, por caso, se han acordado rebajas salariales del 25 por ciento promedio (en algunos casos, hasta el 40 por ciento) para las actividades que están suspendidas. Los empleados de planta del Poder Judicial cobran en promedio 92.426 pesos, según indica el portal de Transparencia de la Caja de Jubilaciones. La cifra duplica el promedio de un asalariado privado.	Comparten los judiciales otro activo con el resto de los empleados estatales del país: la estabilidad garantizada. Los dependientes del Estado gozan no sólo de la seguridad plena del empleo, también tienen derecho a la “inamovilidad” de la residencia y a conservar la jerarquía y el nivel alcanzado. Es decir, los puestos (y los salarios) van siempre en ascenso. Nunca se pierde un cargo.	Hay otro aspecto no menor y tiene que ver con la calidad del servicio de justicia. En 2018 ingresaron a los fueros 340.186 causas y fueron resueltas 228.050, es decir, 67 por ciento. En 2019 ingresaron 358.526, pero no están los datos anuales de las resoluciones. En el 2000, la Justicia provincial tenía un plantel de 4.178 agentes, contando los magistrados. Hoy la planta total es de 8.340: 99,6 por ciento más.	La Caja de Jubilaciones paga todos los meses 108.700 beneficios, que suben de acuerdo con un índice sectorial: cuando sube el salario remunerativo de ciertos cargos testigo, sube en la misma proporción el haber de los pasivos del sector. En abril, se actualizan casi 59 mil beneficios por la paritaria docente y del escalafón general.	El decreto 255/2020 del 20 de abril dispone que ningún funcionario (con excepción de las áreas salud y de seguridad) puede cobrar por encima del nuevo salario del gobernador. El tope pasó de 201.434 a 110.789 pesos. Automáticamente, 387 funcionarios quedaron alcanzados por el recorte, más otros 270 activos de otros sectores.	En la Caja de Jubilaciones el haber promedio es de 57.853 pesos, aunque el 38 por ciento de los 108.700 mil beneficiarios están por encima de ese monto. El ajuste de Schiaretti implica que los salarios que gatillaron hacia abajo tienen su correlato en el haber de los activos, más el tope del gobernador. Pero se limitó la rebaja al 10 por ciento. Por eso hay 9.032 beneficiarios (la mayoría, municipales, bancarios, funcionarios, y de Epec) que cobrarán el 11 de mayo sus jubilaciones con recorte.	Los activos aportan 16 por ciento promedio a la Caja de Jubilaciones. En Anses, el aporte es del 11 por ciento. En la Justicia Federal, es del 12 por ciento. En la Justicia local es, en teoría, del 22 por ciento, pero cobran un adicional no remunerativo que les compensa los 10 puntos de diferencia, con lo cual quedan con un aporte real del 12 por ciento, como en la Nación.	En este punto aparece un privilegio adicional: Córdoba dejó en stand by la aplicación de los cambios que se decidieron a nivel nacional. Por caso, el nuevo régimen de jubilaciones para jueces federales elevó a 18 por ciento el aporte personal y subió la edad de retiro a los 65 años para hombres.	Los judiciales son unos de los sectores más deficitarios de la Caja provincial: en 2019, el pago de sus haberes demandó 3.526 millones y los ingresos genuinos del sector sumaron 2.324,8 millones, lo que significa que le faltó el 34 por ciento de los recursos para afrontar las jubilaciones judiciales. Los magistrados representan el 1,16 por ciento de los beneficios, pero son responsables del 6,8 por ciento del déficit previsional.	
 La Justicia de Córdoba sigue al margen de cualquier recorte