Sin duda, este 2020 era el año en el que Gobierno del presidente Iván Duque iba a recorrer el país cortando cintas en la inauguración de obras. Por ahora, esa gira quedó aplazada y proyectos que se pondrían en marcha en el primer semestre como el túnel de la Línea –esperado durante los últimos 10 años– y el puente Yatí-Bodega (en La Mojana) quedaron para después. La razón: sus trabajadores están en confinamiento por el coronavirus.	A esto se suma que este año la ANI está por entregar tres proyectos de Cuarta Generación (Girardot-Honda-Puerto Salgar; Cartagena-Barranquilla y Pacífico 2) los cuales verán sus cronogramas apretados y al día de hoy es difícil saber si estarán listos para final de año. Además, varias decenas de iniciativas de obra pública a cargo de Invías que están, por ahora, en el congelador. Un dato que puede reflejar la magnitud de la para es que, de los 22 proyectos de Cuarta Generación activos, hasta la semana pasada había 1.450 frentes de obra.	Todo comenzó a ponerse mal justo esta semana, cuando los efectos de la pandemia pusieron al país en cuarentena. La primera decisión llegó por cuenta de la Agencia Nacional de Infraestructura que el 22 de marzo emitió la resolución 471 suspendiendo, entre otras cosas, los procesos administrativos sancionatorios, la liquidación de contratos, la revisión y evaluación de proyectos de Asociación Público Privada. Con esta decisión, por ejemplo, queda en pausa la presentación del programa de Quinta Generación de Concesiones que también estaría listo en las próximas semanas. Una decisión más: se cancelaron las consultas previas.	Dos días después, el Invías anunció la suspensión total o parcial de contratos de obra, interventoría, consultoría, concesión, operación, prestación de servicios logísticos y administrativos y convenios de la entidad. El 26 de marzo, el Gobierno a través del decreto 482, advierte que se podrá ordenar la suspensión de cualquier infraestructura dispuesta para el servicio de transporte y solo quedaron los frentes de obra que se requieran desde el punto de vista técnico y operacional.	Frente a estas decisiones la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, indicó a través de un comunicado que no desconocen el impacto que tales medidas generarán en la actividad empresarial. “La suspensión de la ejecución de todos los proyectos con las distintas entidades contratantes del Estado y con los clientes privados, afectará en manera grave el flujo de caja y especialmente la liquidez de nuestras empresas”. En consecuencia la CCI propone una serie de medidas que pueden mitigar la situación actual, como por ejemplo, el aplazamiento de las obligaciones tributarias de las compañías, de sus obligaciones financieras con el sector bancario e incluso de la flexibilización o suspensión temporal de los pagos al sistema de seguridad social.	José Fernando Villegas, director ejecutivo de la CCI Antioquia, dijo que todavía no es fácil entender esta situación. “Sabemos que no podemos trabajar, pero qué va a pasar con los contratos cuando salgamos de esto, cuál será la respuesta de la entidad contratante. El tema jurídico está sobre la mesa, todo mundo especulando sobre lo que va a pasar con esos contratos”, dijo.	Gustavo Bernal, gerente de la concesión La Pintada, explicó que están estructurando un plan de trabajo para que el día que les digan que puedan reiniciar obras, ya estén listos. “Nuestros trabajadores en este momento están en sus casas. Tenemos 1.900 empleados. Esta misma semana comenzamos a desmontar todo y ya tenemos toda nuestra maquinaria guardada”.	Explicó que, por ahora, no tienen cómo medir el impacto económico. “Por ejemplo, se suspende el cobro de peaje. Para el caso específico de nosotros, eso representa 85 millones de pesos diarios. A lo que se le suma que 1.900 personas no estén desayunando, almorzando y comiendo en el Suroeste”.	Mauricio Millán, gerente de Concesionaria Vial del Pacífico, indicó que desde hace una semana suspendió las obras, salvo en unos puntos que no se pueden detener de inmediato como el derrumbe del Sinifaná. “Obviamente la parálisis nos va a afectar en el tiempo de ejecución, pero una vez reiniciemos, retornaremos con el ritmo que traíamos”. Frente a este escenario, indicó que entre sus compromisos estaban entregar en septiembre el tramo entre Bolombolo y el intercambiador de Sinifaná. “Esperemos que podamos volver a trabajar, por ahora creemos que eso es posible”, dijo.	“Entre las medidas adoptadas se encuentran la suspensión total o parcial de contratos de obra. Ahora bien, tendremos algunos que no serán suspendidos y están relacionados con actividades de operación de túneles, administración vial, microempresas, atención de emergencias, servicio al usuario de ambulancia, grúa y carro taller. Tenemos claro que si bien el país atraviesa una emergencia sanitaria global, la movilización de medicamentos, carga y alimentos no puede detenerse”.	
Parálisis de obras viales: efectos de la pandemia