Los 236 mil 486 funcionarios contabilizados a mayo de 2020 (La Prensa, 11 de julio)—incluyendo a los “influencers” de ejecutivo y las botellas de la partida 172—han seguido recibiendo puntualmente sus salarios, gastos de representación, viáticos, gastos de movilización, dietas y otros ingresos sin siquiera rendir, en la inmensa mayoría de los casos, un servicio mínimamente aceptable a cambio de los pagos que obtienen a punta del endeudamiento de todos.	Cuando entró el Sr. Cortizo (1 de julio de 2019), la deuda pública tenía un saldo de 26 mil 612.5 millones de dólares. Trece meses más tarde—al 31 de julio de 2020, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas—el saldo había crecido a 33 mil 466.4 millones de dólares.	Sumadas a la deuda contraída desde el 1 de julio de 2019 (6 mil 853.9 millones) las emisiones de septiembre (2 mil 575 millones) elevan a 9 mil 428.9 millones de dólares el endeudamiento incurrido por el gobierno de turno en 15 meses (al 30 de septiembre de 2020).	Esto representa un endeudamiento promedio de 628.59 millones por mes, ritmo sin precedentes y peligroso para la estabilidad del país, sobre todo si no hay sólidas perspectivas de recuperación económica o de aumento en los ingresos del Estado. Al 30 de septiembre de 2020, estos ingresos mostraban un descalabro de mil 795.2 millones de dólares “por debajo de lo presupuestado” (MEF, 5 de octubre).	Lo peor es que el coronavirus aún acecha, amenazándonos con un rebrote. Ante esa perspectiva, a nuestros creativos funcionarios, cuya característica principal es su sólido criterio jurídico y firme apego a la constitución y la ley, no se les ocurrirá algo diferente a imponer un nuevo confinamiento, lo que invariablemente añadirá a nuestras penurias económicas.	Es evidente que la reactivación económica debe convertirse en una prioridad para el gobierno y que esa reactivación, además de impulsar los sectores tradicionales de la economía, debe promover actividades descuidadas o desatendidas, que ofrecen oportunidades a muchos sectores. La crítica situación que enfrentamos exige, además, una reducción del gasto público y la eliminación del despilfarro característico del sector público panameño.	

				Pandemia y endeudamiento | La Prensa Panamá			