Ciudad de México.- Tan grande ha sido el esfuerzo de los activistas por demostrar que "Fue el Estado" que han conseguido un logro paradójico: la liberación de decenas de presuntos responsables del secuestro y homicidio de los normalistas de Ayotzinapa. Hoy, que tenemos un Gobierno de izquierda aliado con el Ejército, queda claro que solo han abonado a la impunidad.	La liberación de Gildardo López Astudillo, el Gil, uno de los dirigentes de la banda de narcotraficantes Guerreros Unidos, es preocupante. A López Astudillo se le presentó en su momento como uno de los principales responsables del secuestro y posterior homicidio de los estudiantes. Fue el primero en declarar que los normalistas habían sido divididos en dos grupos, uno entregado a policías de Iguala y el otro a policías de Cocula. Estos últimos fueron presuntamente ejecutados y quemados en el basurero de Cocula.	El periódico Reforma dio a conocer en abril de 2018 una serie de mensajes de Blackberry presentados como pruebas en un juicio en Chicago contra ocho líderes de Guerreros Unidos. Los mensajes ratificaban que esta banda había estado involucrada en el secuestro de los normalistas ya que sus dirigentes pensaban que los estudiantes estaban infiltrados por integrantes del grupo de Los Rojos. Los capos ordenaron la detención de los normalistas o pidieron que la Policía Municipal de Iguala lo hiciera.	Dieron cuenta también de las ejecuciones. Uno de los mensajes del juicio de Chicago señalaba: "Algunos [de los estudiantes] ya están con San Pedro". Otro apuntaba: "Ya les dimos trámite". Uno más reportaba: "No estuvieron los verdes ni los del estado", en otras palabras, ni los militares ni la Policía Estatal participaron en los hechos.	Los activistas del movimiento de Ayotizanapa y del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI) presionaron a las autoridades y a los jueces para rechazar la llamada "verdad histórica" de la PGR. Para ellos, por razones políticas, el Estado tenía que ser el responsable del crimen. Por eso exigieron revisar las "mazmorras" del Ejército y buscaron desacreditar de manera sistemática la investigación. Rechazaron que los estudiantes pudieran haber sido secuestrados por elementos del crimen organizado. Sostuvieron que era imposible que los cuerpos pudieran haber sido quemados en un basurero. Respaldaron a los imputados cuando estos afirmaron que sus declaraciones habían sido arrancadas con tortura.	Hoy vemos las consecuencias de este trabajo político. Más de 40 de los implicados, entre ellos López Astudillo, han sido liberados en amparos y por el juez de Tamaulipas que ha llevado el caso. Lo peor es que la información disponible sigue señalándolos como presuntos responsables. Un movimiento que buscaba defender los derechos de las víctimas ha logrado, paradójicamente, liberar a quienes presuntamente secuestraron y ejecutaron a los normalistas.	
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