El 1 de enero de 2005, el Perú amaneció convulsionado con la noticia de que 150 etnocaceristas capturaron una comisaría en Andahuaylas. Desde ese puesto, a más de 36 horas de la capital, pedían la renuncia del entonces presidente Alejandro Toledo. El acto terminó con seis muertos: cuatro policías y dos rebeldes. Quince años después, tres de los alzados fueron elegidos congresistas por Unión por el Perú, grupo político aliado del Frente Patriótico de Antauro Humala, líder de aquella revuelta.	De acuerdo a la tesis “Camisas verdes en el Perú: el proyecto de Estado del etnocacerismo, modernidad y nacionalismo”, de Michael Iván Mendieta Pérez, parte del discurso etnocacerista señala que el Perú fue un Estado criollo (de blancos), donde se antepusieron los intereses de Estados Unidos y Chile. Por tanto, el país debe volcarse hacia un nacionalismo de corte étnico. En la práctica, eso implicaría un estatismo apoyado en los sectores excluidos, que exacerbaría el discurso nacionalista y revanchista.	El término "etnocacerismo" irrumpió en la escena nacional antes del Andahuaylazo. Se conoció en octubre del 2000, luego del Locumbazo, un levantamiento de los hermanos Antauro y Ollanta Humala (entonces oficiales de medio rango) contra el languideciente gobierno de Alberto Fujimori. Su primer medio de difusión fue el periódico Ollanta, que era vendido por reservistas del Ejército ataviados con sus ropas militares.	Dentro del movimiento discrepan de Ollanta, a quien consideran también un traidor por alejarse de la línea etnocacerista, cuando fue presidente del Perú (2011-2016). “El etnocacerismo es una ideología”, indica Héctor Maquera, quien estuvo siete años en prisión por el Andahuaylazo y también participó en el Locumbazo del 2000. El electo congresista por Tacna remarca que el etnocacerismo es actuar con patriotismo.	La posición actual del etnocacerismo consiste en la derogatoria de la Constitución, la pena de muerte, la priorización de la agricultura frente a la minería, la disminución de importaciones en favor de los productores nacionales, la expropiación de canales de televisión, el retorno del servicio militar obligatorio y la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. En la última campaña, también hubo una postura contra la migración venezolana. Sobre la inclusión de la comunidad LGTBI, los dirigentes del Frente Patriótico señalaron que no era prioridad.	
Etnocacerismo: del Andahuaylazo al Congreso