, entre otros, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de cuatro sociedades empresarias involucradas en las irregularidades. La decisión del juez se basó en la solicitud del fiscal Jorge Di Lello, para quien alguna de las firmas tenía el certificado fiscal vencido cuando, en 2016, se realizaron las contrataciones sospechadas. Se trata de las mismas empresas que habían participado en las campañas electorales de Cambiemos en 2015.	Ahora, el juez Di Giorgi, quien quedó a cargo del caso, dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario Aura Advertising SA, Power República SA, La Comunidad SA y de Circus BA SA., para avanzar en la pesquisa de los pagos relacionados con las contrataciones irregulares. Una vez levantado el secreto fiscal, se solicitarían a la AFIP los datos sobre la facturación de las empresas en el período investigado.	con empresas vinculadas a Cambiemos se usó “un artilugio legal previsto en materia de contrataciones públicas que no resultaría aplicable" al caso. Eso le permitió a Peña adjudicar las contrataciones de modo directo, es decir sin concurso de precios y sin permitir la competencia con otras empresas interesadas, que eventualmente hubieran podido ofrecer presupuestos más beneficiosos para las arcas públicas.	
Los negociados PRO con las empresas de publicidad