La*intendente*de los Mossos d'Esquadra Teresa*Laplana, para quien se piden 4 años de cárcel por sedición por su actuación durante el 20 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía en Cataluña, niega su escrito de defensa ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haber tenido "ninguna voluntad maliciosa" de impedir los registros ordenados en el curso de la investigación judicial del 1-O y reclama su absolución en esta causa.	El escrito lo firma la abogada Olga Tubau, que también defiende a Trapero, y que incide en que los hechos relatados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en su escrito de acusación no son constitutivos de delito alguno y no cabe hablar "de autoría ni de ninguna forma de participación" de Laplana en los mismos, por lo que procede decretar su libre absolución.	En cuanto a la actuación concreta el 20-S, la defensa subraya que la intendente "trasladó a sus mandos superiores todas y cada una de las solicitudes de la Guardia Civil", la de formar un pasillo acordonado para la entrada de los detenidos, que esa entrada se pudiera realizar con vehículo y la petición de retirada de los coches policiales "estando en permanente contacto telefónico con mandos y distintos agentes de los Mossos d'Esquadra".	En su escrito también concreta que el 20 de septiembre de 2017, durante la concentración frente a la Consejería de Economía, realizó un total de 144 llamadas de teléfono "o intentos de llamadas" y recibió 98, todas ellas a diferentes números de teléfonos móviles a nombre del Centro de Telecomunicaciones de la Información (CTTI), "es decir a teléfonos de funcionarios de la Generalitat de Cataluña, y concretamente de funcionarios policiales".	En cuanto al comportamiento de los concentrados, la defensa de Lapalana mantiene que no hubo por su parte ningún intento de acceder a la Consejería, "estando apostados durante todo el día y toda la noche en la puerta del edificio dos agentes de la Guardia Civil y dos agentes de los Mossos d'Esquadra, ni se produjo tampoco ningún acto de violencia grave contra las personas, produciéndose unos lamentables daños en los vehículos de la Guardia Civil y también en un vehículo de los Mossos d'Esquadra", reconoce.	El escrito realiza un recorrido cronológico por toda la jornada del 20 de septiembre y apunta que el día anterior la mando de Mossos acudió al servicio de otorrinolaringología del Hospital Universitario Dexeus por presentar un cuadro de inestabilidad y vértigos, que viene sufriendo desde hace años, donde se le recomendó reposo en domicilio, habiendo comunicado al Comisario subjefe de la Región Policial Metropolitana Barcelona que no iría a trabajar al día siguiente.	A pesar de ello acudió a la sede de la Consejería a las 9.15 del día siguiente, donde a esa hora ya se había concentrado un importante número de personas que según el escrito de defensa ocupaban el carril lateral de la Rambla Cataluña, impidiendo el tráfico, y todo el paseo central, "mostrando una actitud reivindicativa de carácter pacífico".	Sigue el escrito exponiendo que a lo largo de la mañana, y al ir aumentado el número de personas que acudían "a manifestar su desaprobación con la actuación judicial y policial" se ordenó por los responsables de Mossos d'Esquadra que acudieran al lugar efectivos de orden público con el fin de garantizar que pudieran intervenir de manera rápida en caso de ser necesario, "todo ello de acuerdo con las solicitudes de la Guardia Civil y la información que la Intendente Laplana trasladaba a sus superiores, valorando asimismo otras informaciones que facilitaban otros agentes de los Mossos d'Esquadra desplazados sobre el terreno".	El escrito de la abogada Tubau redunda en que "aún y cuando fuera la responsable del operativo que se había establecido en el lugar de los hechos, no tenía competencias ni facultades para ordenar la movilización de efectivos policiales, fueran de seguridad ciudadana o de orden público, siendo decisiones que debían adoptar sus superiores jerárquicos", entre los que escrito cita al propio Trapero y al comisario Ferrán López.	En cuanto a sus conversaciones con el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez --juzgado por rebelión en el juicio del 'procés' independentista en el Tribunal Supremo--, el escrito subraya que tuvieron por objeto cumplir con el del mandato dispuesto en el art. 4.2 de la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, "que establece que del buen orden de las reuniones y manifestaciones serán responsables sus organizadores quienes deberán adoptar las medidas para el adecuado desarrollo de las mismas".	
La intendente Laplana defiende que no tuvo "voluntad maliciosa" de impedir el registro del 20-S y pide su absolución