El PP considera en su escrito que «la verdadera motivación que parece subyacer a la petición del Gabinete de Comunicación del TSJM es la realización de un juicio mediático que ocasionaría el escarnio público de los acusados» y que «intensificaría la pena de banquillo a la que llevan sometidos desde su imputación en la presente causa», razón por la que solicita al juez que se oponga.	En concreto, afirma que la emisión «vulnera los derechos a la intimidad, a la propia imagen y al honor» del Partido Popular «y muy especialmente de su representante especialmente designado así como del resto de intervinientes, que no son políticos ni personajes públicos, sino personas anónimas que desean conservar su anonimato».	Asegura que, además, «pone en riesgo el buen funcionamiento de la Administración de Justicia y el correcto desarrollo del proceso, por el componente intimidatorio inherente a la presencia de medios audiovisuales en la sala que están retransmitiendo el juicio en directo» y «podría incluso llegar a afectar al derecho a la presunción de inocencia de los acusados» porque se generaría un «juicio paralelo» en los medios de comunicación «y en la sociedad».	En todo caso, solicita al juez que si decide autorizar la emisión de las sesiones del juicio oral, se adopten medidas tendentes a evitar la identificación de los acusados, testigos, peritos y demás intervinientes, con planos desde atrás o edición para hacer irreconocibles los rostros, «en especial, del representante especialmente designado del Partido Popular que será un abogado externo ajeno al partido».	Las defensas de Moreno y Navarro han presentado escritos en la misma línea. En el caso de la tesorera, incide en que «no es Bárcenas a quien las acusaciones populares someten a pena de banquillo» ni se trata del enjuiciamiento «de ninguna persona que haya ejercido cargo público electo o institucional». «Lo que conscientemente se omite en la solicitud es el exclusivo interés en la declaración potencialmente mediática de dos de los testigos, que sí han sido personajes públicos», apunta en relación a Bárcenas y a la exsecretaria general del PP , que están citados a partir del 20 de junio.	
El PP se opone a la retransmisión del juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas