y su mujer, que ciertamente viven mejor, para los argentinos arribistas que vienen a peronizar España y para muchos ciudadanos -españoles y extranjeros- que reciben prestaciones que no merecen ni aprecian, pagadas por contribuyentes que no obtienen nada a cambio, que sostienen con su trabajo una sanidad pública que no usan, un sistema educativo al que no confían sus hijos y un sistema policial y judicial que no impide que roben en sus casas. No estimula, precisamente, la iniciativa individual que aquellos que generan riqueza sean tratados como vacas estabuladas, a las que se ordeña con rutinaria brutalidad.	Las nuevas élites políticas prometen cada vez mayores beneficios sociales, a cambio del voto de poblaciones cada vez más ignorantes e infantilizadas, que el Estado no puede pagar sino a costa de la confiscación del esfuerzo de las clases productivas. Con el pretexto de garantizar un derecho al bienestar, sin la contrapartida de la obligación de contribuir, la izquierda ha convertido en parias a amplias capas de la población, bajo un régimen clientelar que garantiza su perpetuación en el poder (véase Andalucía). Las democracias populistas anteponen los derechos de los consumidores sobre el de los trabajadores -como si fuera normal consumir sin trabajar - y el de los ciudadanos sobre los contribuyentes, admitiendo que alguien que no ha contribuido nunca a la comunidad pueda decidir sobre el presupuesto público, en su interés. Los que pagamos no recibimos nada y los que no contribuyen son el centro de la acción política.	Posdata: El despilfarro y el nepotismo se alimentan de una casta política ágrafa, pero el castigo a las clases medias dinamita las bases de la convivencia. Digámoslo claramente: para aquellos a quienes expolian el 50% de sus ganancias, puede dejar de ser un incentivo la democracia. En China, el dinero de las clases medias no hace ascos a la tiranía roja y los progres de todo el mundo a su oro se humillan.	
El fin del Estado del Bienestar