ilegalmente agilizando los desalojos al estimar que no vulnera ni el derecho a la inviolabilidad del domicilio ni a una vivienda digna. En una sentencia el pleno del alto tribunal desestima el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta diputados del grupo Unidos Podemos contra la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año pasado en relación con la ocupación de viviendas ilegales.	, ya que «para habitar lícitamente en una vivienda es necesario disfrutar de algún derecho que habilite al sujeto para la realización de tal uso del bien en el que pretende establecerse». Aclara que la orden judicial de desalojo de los ocupantes de la vivienda no excluye que los poderes públicos deban atender a las situaciones de exclusión residencial que pudieran producirse, en particular cuando afecten a personas especialmente vulnerables.	El TC entiende que la reforma recurrida no contraviene el mandato de la Constitución de interpretar las normas relativas a los derechos y libertades conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los acuerdos y tratados internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. En este punto la sentencia recuerda que «la prohibición de desalojos forzosos a la que se refiere Naciones Unidas	
El Constitucional avala la ley que agiliza el desalojo de okupas