La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso del exvicepresidente madrileño Alfredo Prada, en el que pedía el archivo de su imputación por las irregularidades en el Campus de la Justicia, ya que considera que se están investigando conductas delictivas que habrían sido cometidas de forma continuada, por lo que todavía no han prescrito.	Prada está investigado desde marzo de este año por posible malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y delito societario en la causa que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, por el posible desfalco en el proyecto del Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid.	En su recurso, el exvicepresidente y exconsejero de Justicia recordaba que los hechos que se investigan ocurrieron entre los años 2005 y 2008 y alegaba que el plazo de prescripción de diez años ya había finalizado cuando se le comunicó su imputación, momento en el que, además, aseguraba que no se hacía referencia a la continuidad delictiva.	Sin embargo, la Sala da la razón al magistrado instructor al afirmar que en la causa del Campus de la Justicia se investiga una "supuesta continuidad delictiva" y añade que la doctrina del Tribunal Constitucional "no deja lugar a dudas" sobre el hecho de que esta circunstancia eleva el plazo de prescripción a quince años y no a diez.	En su auto, los magistrados no ven oportuno archivar las actuaciones contra Prada, ya que "ni siquiera ha finalizado la fase de instrucción y se baraja la concurrencia de las conductas delictivas punibles en su calidad de continuadas, tal y como han sido apreciadas no sólo por el instructor sino también por la acusación pública, lo que obviamente modifica el cómputo de la prescripción".	Prada prestó declaración en la Audiencia Nacional el pasado mes de marzo y el de ahora no es el primer intento de archivo que ha presentado. En mayo ya registró un escrito denunciando "persecución política" por parte del juez De la Mata y de la fiscal del caso, Myriam Segura, y pidiendo la nulidad de las actuaciones. Sin embargo, el magistrado rechazó estas alegaciones asegurando que su instrucción sólo se sustenta en "elementos objetivos".	Según el magistrado, la sociedad Campus de la Justicia S.A., que se constituyó para sacar adelante el proyecto, "no seguía ningún criterio de racionalidad económico ni organizativo y presentaba un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal administrativo sumamente débil".	Tras analizar el informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de marzo de 2018 sobre el proyecto, que arroja diversas irregularidades en distintos ámbitos, el juez considera además que "todos los puestos de trabajo de la sociedad se cubrieron por personas de confianza de los gestores políticos del proyecto y, en algunos casos, vinculados a intereses privados".	
La Audiencia Nacional descarta que los delitos que se imputan a Prada hayan prescrito y le mantiene investigado