En esta foto de archivo del 18 de julio de 2019 se observa a migrantes en un autobús que el gobierno mexicano consiguió para trasladarlos de un centro migratorio en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo hacia Monterrey, México, después de ser retornados a territorio mexicano por las autoridades de Estados Unidos. Foto: AP.	asignó en 2019 más de cuatro millones de dólares del conocido como Fondo México para rehabilitar centros de detención migratoria y trasladar hacia el sur del país a migrantes o solicitantes de asilo devueltos por Estados Unidos que acabaron repatriados o, en algunos casos, abandonados a su suerte en distintos puntos del país.	Creado por el gobierno mexicano en 2011 con el propósito de contribuir con el desarrollo económico y social de Centroamérica y el Caribe, el fondo ha financiado más de una docena de proyectos, sobre todo de infraestructura, en esas regiones. Sin embargo, a mediados de 2019 se rediseñó para atender la crisis migratoria en Mexico, justo unas semanas después de que el gobierno de	Tonatiuh Guillén, el primer responsable de migración del gobierno de López Obrador y quien dimitió durante la mencionada crisis de la primavera de 2019, consideró que el rediseño del fondo fue "un giro dramático" en su concepto y su misión y retrata lo que pasó el año pasado: "una recomposición de la visión migratoria completamente dirigida a la contención que nos deja sin herramientas y sin materia para diseñar estrategias del desarrollo, que era el objetivo inicial del gobierno".	En respuesta a solicitudes de acceso a la información, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), que depende de la cancillería y gestiona el fondo, informó a la AP que en julio del 2019 se destinaron 60 millones de pesos (unos 3,3 millones de dólares al tipo de cambio de ese momento) para mejoras en centros de detención y albergues.	López Obrador apostó durante su campaña por multiplicar la cooperación con América Central para que emigrar fuera una opción y no una obligación. Prometió miles de puestos de trabajo para los migrantes y en los tres primeros meses de su gobierno —que comenzó en diciembre de 2018-- concedió 15.000 visas humanitarias a centroamericanos que llegaron en caravanas.	Sin embargo, y aunque lanzó algunos programas de desarrollo, con la crisis de los aranceles y la presión de Trump, el presidente apresuró el despliegue de la Guardia Nacional para frenar los flujos irregulares, cambió al responsable de migración, militares quedaron como jefes de esa agencia en algunos estados y se multiplicaron las redadas, las detenciones y las deportaciones.	Quizá uno de los cambios más radicales fue aceptar que más de 60.000 solicitantes de asilo en Estados Unidos fueran devueltos por la frontera norte mexicana para que esperaran su proceso en territorios controlados por los cárteles, multiplicando la vulnerabilidad de esas personas y violando, según las ONG, derechos básicos de las convenciones internacionales.	Las autoridades aseguran que las mejoras en los centros redundaron en una mejora para los migrantes e insisten en que los traslados son "voluntarios". Sin embargo, Maureen Meyer vicepresidenta y directora para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), aseguró --y AP lo constató en visitas a la frontera en 2019— que estaban "invitando a la gente a autodeportarse" sin la información necesaria y sin explicarles las repercusiones de una decisión que les puede impedir seguir con su proceso de asilo en Estados Unidos o México.	La cancillería no informó sobre el monto original del fondo pero indicó que ya no tiene recursos disponibles y que en mayo el gobierno federal ordenó su extinción como parte de la decisión de López Obrador de eliminar muchos fideicomisos por considerarlos potenciales focos de corrupción. No obstante, agregó que el cierre del fondo puede llevar años, hasta que concluyan todos los compromisos adquiridos.	
México utilizó fondos asignados a Centroamérica para contener migración