Los grupos, que ya habían presentado una demanda contra el intento de Trump el año pasado de hacer que la Oficina del Censo extraiga información sobre ciudadanía de los registros administrativos, solicitaron ante un tribunal federal permiso para ampliar su querella para que abarque también a la directriz emitida el martes.	La primera demanda del grupo de derechos civiles contrariaba la orden administrativa emitida por Trump el año pasado luego que la Corte Suprema bloqueó su intento de hacer que el censo del 2020 incluyera una pregunta sobre ciudadanía. Los activistas temían que tal pregunta inhibiera la participación de inmigrantes sin documentos y de minorías étnicas en el censo.	La orden pedía a la Oficina del Censo extraer información sobre ciudadanía de los registros de las agencias federales y estatales. El mandatario argumentaba que con ello los estados tendrían la posibilidad de trazar sus distritos electorales en base a los habitantes en edad de votar, en vez de a toda la población.	La Oficina del Censo está en medio de su conteo poblacional, realizado cada diez años, que decide la asignación de 1,5 billones de dólares en fondos federales y el número de escaños en el Congreso para cada distrito electoral. Más del 62% de la población ya ha respondido, y empleados del censo la semana pasada empezaron a ir en persona a los hogares que no han respondido aún. La agencia envió hace pocos días 34,2 millones de postales por correo, exhortándole a la gente a participar.	Xinis declaró el miércoles que se inclinaba a favor de hacerlo porque no había manera de saber si las legislaturas estatales usarían los datos de ciudadanía al trazar los distritos electorales, lo que sembraría dudas sobre si los demandantes tienen fundamento, y algunos estados tendrían que reformar sus leyes para hacerlo.	
Activistas apelan orden de Trump sobre conteo de migrantes