Añadió asimismo la instructora que de las diligencias practicadas durante la instrucción no se desprendía "elemento alguno que permita sostener que en los acuerdos adoptados por el Consell en los años 2005, 2009, 2010 y 2014 no se hubieran respetado las formas, o que los mismos se hubieran adoptado de forma arbitraria o que se hubieran realizado al margen de la normativa reguladora".	A su juicio, "la instructora se ha limitado en la resolución recurrida a circunscribir de un modo tremendamente reduccionista -si se permite la expresión, siempre desde el máximo respeto- en relación con la naturaleza plural de los hechos investigados y en relación con la complejidad del procedimiento, el análisis de la concurrencia o no de los elementos típicos de los delitos imputados a los investigados, con cita genérica y estereotipada de los mismos, cuando es bien sabido que se trata de unos tipos penales de amplísima fenomenología y de múltiples matices".	Teconsa emitió una factura el 20 de julio de 2006 por importe de 180.000 euros, que se cargó indebidamente a la Fundación por unos supuestos trabajos de luz y sonido en un acto del 10 de julio de 2006, finalizada ya la visita papal. De este pago se hace referencia en la sentencia de la Audiencia Nacional. Esta cantidad más el IVA correspondiente ascendió a 208.800 euros.	Cita de nuevo la sentencia de la Audiencia Nacional para exponer que Teconsa "fue una pantalla para ocultar que el destinatario último de la mayor parte del dinero pagado por RTVV era la organización del acusado y condenado Francisco Correa Sánchez, que fue la que intervino en realidad directamente en el proceso de adjudicación del proyecto a Teconsa, en la ejecución del evento por las empresas subcontratadas y en el reparto de la ganancia obtenida. Teconsa recibió por actuar como mero intermediario una comisión de 200.000 euros".	"Por último, sobre la constatación durante la fase de instrucción de la existencia de un perjuicio sufrido por la Administración, baste poner de manifiesto a los fines de este recurso que el proceso termina el 21 de marzo de 2014 con la asunción por parte de la Generalitat Valenciana de una deuda por importe de 1.306.897 euros, en la que se subroga".	"Esta cantidad que en cualquier caso no refleja la suma del perjuicio total sufrido, dado que a la misma habría de añadirse otras que se escamotearon o que no se reclamaron, como por ejemplo, las de los costes que se generaron utilizando los servicios de la empresa pública Vaersa, de los que solo afloró la cantidad de 519.011,65 euros, más otros 232.000 euros, que terminaron diluidos en la cuenta de pérdidas de dicha empresa pública".	
La Fiscalía Anticorrupción recurre el archivo de la causa contra Camps por la visita del Papa