alteración del régimen constitucional que deteriora seriamente el orden democrático» debido a la serie de violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ante esta grave situación, recomienda que se convoque  forma «inmediata» a una sesión especial de la Asamblea General de la OEA para que revise el informe y se adopten decisiones.	«La Comisión opina que las acciones que el Gobierno de Nicaragua ha emprendido o permitido desde abril de 2018 muestran discrepancia con los derechos y garantías protegidos por la Constitución de 1987 y que ello da lugar a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua, como se establece en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana», resalta el informe.	«Los mecanismos de control y subordinación que el Gobierno de Nicaragua ha venido desarrollando hacia los demás poderes del Estado, incluidos los poderes Legislativo, Judicial y el Consejo Supremo Electoral, entre otros, hacen inviable el funcionamiento democrático del país, transformándolo en un Estado cooptado e incompatible con el Estado de derecho», resalta entre sus conclusiones el informe del órgano especial de la OEA.	Ortega lleva más de doce años consecutivos en el poder al imponer su reelección en 2011 y 2016 en proceso que la oposición y organismos internacionales han denunciado de fraudulento. En 2011 el dictador Ortega fue candidato a la Presidencia a pesar de que la Constitución prohibía la reelección, lo que fue allanado por la Corte Suprema de Justicia en un fallo en el que declaró inconstitucional el artículo que prohibía la reelección presidencial. En 2014 los diputados orteguistas que controlan la Asamblea Nacional reformaron la Constitución y eliminaron la prohibición de la reelección dejando el camino a Ortega para ser candidato nuevamente en 2016 donde un Consejo Supremo Electoral (CSE) que responde al régimen lo designó ganador otra vez.	La Comisión de Alto nivel hace una radiografía de todos los abusos cometidos por el régimen orteguista concluyendo que las autoridades no están dispuestos a pacificar el país al mantener la represión de la Policía, parapolicías y turbas orteguistas contra los sectores de la sociedad civil, empresarios, campesinos, estudiantes, políticos opositores así como contra la Iglesia católica y los medios de comunicación independientes.	En base a los testimonios obtenidos por las víctimas de la represión, organismos defensores de derechos humanos y representantes de diversos sectores y de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «queda en claro que Nicaragua vive una crítica situación en materia de derechos humanos que requiere la urgente atención de la comunidad interamericana e internacional en su conjunto».	La falta de libertades en el país es grave, pues genera una situación crítica en lo que respecta a las libertades civiles y políticas, que deben ser restablecidas a fin de restablecer el Estado de derecho. El restablecimiento de las libertades en el país, como las cercenadas libertades civiles y políticas, resulta urgente. Ante ello, la Comisión insta al Estado de Nicaragua a actuar en consecuencia, particularmente en lo que respecta a la libertad de expresión, de reunión,de manifestación y el derecho a protestar.	La Comisión entiende que resulta imperativo generar en el país las condiciones que garanticen el cese de las violaciones a los derechos humanos, cerciorándose de que no se repitan y brindando justicia y reparación a las víctimas. Sin ello resultará imposible devolver la paz y la estabilidad que el país y los nicaragüenses merecen.	El mandato de la comisión de la OEA era entregar un informe sobre la situación de Nicaragua en un plazo máximo de 75 días, los cuales se comenzaron a contar a partir de la creación de dicha comisión el pasado 28 de agosto. El plazo venció el 11 de noviembre pasado, sin embargo se ha retrasado  debido a que el organismo hemisférico ha tenido que atender las crisis sociales que han estallado en Ecuador, Chile y Bolivia en las últimas semanas.	La dictadura de Ortega y Murillo está enfrentada con la OEA acusándola de «injerencismo en los asuntos internos» del país como excusa para prohibir el ingreso a Nicaragua de la Comisión especial conformada cuya misión era ayudar a encontrar una salida pacífica a la grave crisis sociopolítica desde abril del 2018.	En el informe se denuncia la negativa del régimen de reunirse con los miembros de esa Comisión, «que fue creada debidamente por la Asamblea General como un brazo diplomático». Además de prohibir a través de la Dirección de Migración y Extranjería el ingreso a Nicaragua a los diplomáticos, los funcionarios del régimen rechazan conversar sobre la crisis y la forma en la que la OEA pueda ayudar a superarla.	
Informe de la Comisión especial de la OEA concluye que hay «una alteración del orden constitucional» en Nicaragua