«En todo momento se ha respondido desde el Rectorado de la UR que se va a hacer efectiva esta subida salarial, se ha señalado también en reiteradas ocasiones que el problema es la falta de financiación de la universidad para hacer frente al pago de la misma», dice la PDDI en dicha nota. En este sentido, añaden que «aunque el Gobierno de la CAR nos ha comunicado que en estos momentos no puede adoptar ningún compromiso económico nuevo, nosotros seguimos reivindicando esa financiación adicional, y retomaremos las negociaciones en cuanto sea posible».	Denuncian, por lo expuesto, «la falta absoluta de voluntad por parte de la administración para hacer frente a las necesidades de los trabajadores de la universidad pública, especialmente en referencia a la base del sistema universitario de investigación, los investigadores predoctorales». »Dice mucho, pero poco bueno», y esperan «que los partidos firmantes del	Señalan además que «entienden que la UR no dispone de financiación para hacer frente al pago de los incrementos establecidos por el EPIPF, y no buscamos una confrontación con un equipo rectoral que ha venido mostrando una actitud dialogante y abierta a las demandas del colectivo, pero nos vemos en la obligación de seguir reclamando la aplicación de unos derechos laborales en cuya consecución hemos trabajado durante mucho tiempo. Incluso si ello precisa de la movilización de los trabajadores, como en ocasiones anteriores».	Según se recogía en dicho comunicado, «como entidades presentes durante el proceso de negociación nos vemos en la necesidad de señalar varios aspectos que nos han parecido ambiguos y algo decepcionantes.» Aunque se referían a diferentes aspectos reseñables del contenido del EPIPF, consideraban especialmente decepcionante «la referente al derecho de los investigadores predoctorales a la indemnización por finalización de contrato«. Aclaraban que »se trata de una de las reivindicaciones centrales de los colectivos de afectados, que finalmente no ha sido atendida por el gobierno a pesar de formar parte del pacto para la aprobación de los presupuestos generales del estado firmado con Unidos Podemos«. »Esto demuestra el escaso valor que desde el gobierno se ha dado a los pactos alcanzados a todos los niveles, y la escasa relevancia que ocupa en el Gobierno la dignificación de la carrera investigadora.»	Para terminar, indicaban que «una sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Galicia emitida el 11 de abril de 2019 reconoce del derecho de dos investigadores predoctorales procedentes de la USC a percibir la indemnización por extinción del contrato. La universidad afectada anunció que plantearía un recurso, por lo que todo el colectivo continúa expectante al caso a la espera de que finalice el proceso para conocer el resultado»	Dignidad Investigadora y la Federación de Jóvenes Investigadores finalizaban su comunicado conjunto preguntándose «¿De qué nos sirve un plan de rescate a los investigadores exiliados si a la vez se sigue perpetuando la precariedad laboral en el sector del I+D+i español? ¿Para qué queremos un Ministerio de Ciencia, del que el gobierno tanto se enorgullece, si éste se dedica a ningunear lo acordado con colectivos y sindicatos?».	El pasado 16 de marzo entraba en vigor el nuevo EPIPF, fruto de dos años de negociación entre la administración, representada por la Secretaría de Estado de Investigación y el Ministerio de Educación; sindicatos y asociaciones de investigadores predoctorales, explica la Plataforma de Defensa de la Dignidad Investigadora de la UR (PDDI) en una nota.	La nueva norma, que debía haberse redactado antes de 2013, definía las características del Contrato Predoctoral, recogiendo parte de las demandas del colectivo: limitaba el número de horas de colaboración docente a 180 durante los cuatro años máximos de contrato, delimitaba los derechos y deberes del contratado predoctoral y establecía una subida de los mínimos salariales, detallan.	El nuevo mínimo salarial, según la aplicación de los porcentajes que establece la Ley de Ciencia del 2011 (56% de la categoría de referencia durante el primer y segundo año, 60% durante el tercero y 75% durante el cuarto) al Grupo 1 del Convenio Único del personal laboral de la AGE, suponía un incremento de entre 1.064 y 5.390 euros anuales brutos, dependiendo de la anualidad del contrato.	
Cincuenta investigadores de la UR denuncian que no reciben la subida salarial que les corresponde 