â€œDon JosÃ© RamÃ³n LÃ³pez, en calidad de Presidente de la AgrupaciÃ³n de los Cuerpos de la AdministraciÃ³n de Instituciones Penitenciarias (acaip), sindicato mayoritario en el Sector y afiliado a la UniÃ³n General de Trabajadores (UGT), ante usted comparece y, teniendo en cuenta la prÃ³xima organizaciÃ³n de los departamentos ministeriales que tendrÃ¡ que realizar al configurar el nuevo Gobierno, y la consiguiente promulgaciÃ³n de los Reales Decretos de ReestructuraciÃ³n y de Estructura OrgÃ¡nica BÃ¡sica de los diferentes departamentos ministeriales, que sustituyan a los actuales, en los que Usted, dentro de sus competencias crearÃ¡, modificarÃ¡ o suprimirÃ¡ los departamentos que considere, desde esta organizaciÃ³n le queremos trasladar la siguiente peticiÃ³n para su consideraciÃ³n ante esta nueva etapa consistente en la adscripciÃ³n de las Instituciones Penitenciarias al Ministerio de Justicia.	La ubicaciÃ³n de las prisiones bajo el manto del Ministerio del Interior no ha sido, en absoluto, una constante en EspaÃ±a. AsÃ­, las prisiones civiles comenzaron a depender del Ministerio de Gracia y Justicia en el aÃ±o 1887 y bajo dicha competencia permanecieron durante mÃ¡s de cien aÃ±os.	En la dictadura franquista, se mantuvo esta ubicaciÃ³n y en el ÌˆReglamento de los Servicios de prisiones de 1948, se establecÃ­a en su artÃ­culo 1 que â€œlas Instituciones Penitenciarias que en este Reglamento se regulan, constituyen Centros destinados no sÃ³lo a la retenciÃ³n y custodia de los detenidos, presos y penados, sino tambiÃ©n, y primordialmente, a realizar sobre ellos una labor transformadora y redentora con arreglo a los principios y orientaciones de la ciencia penitenciariaâ€, para completarlo con su artÃ­culo tercero que indicaba que para la aplicaciÃ³n de este tratamiento recuperador las Prisiones dependientes del Ministerio de Justicia, a cargo del personal del Cuerpo Especial de Prisiones y bajo la DirecciÃ³n General de dicho Cuerpo Especial, se dividirÃ¡n en tres clases: Centrales, Provinciales y de Partidoâ€.	Durante el Gobierno de Felipe GonzÃ¡lez MÃ¡rquez, se decidiÃ³ crear un Ministerio de Justicia e Interior. El artÃ­culo 1 del Real Decreto 1334/1994, de 20 de junio, de estructura bÃ¡sica del Ministerio de Justicia e Interior, situÃ³ al mismo nivel a la entonces denominada SecretarÃ­a de Estado de Asuntos Penitenciarios, junto a la SecretarÃ­a de Estado de Justicia y a la SecretarÃ­a de Estado de Interior, dependiendo todas ellas del Ministro.	Fue en el primer Gobierno de JosÃ© MarÃ­a Aznar en el que se rompiÃ³ con la tradiciÃ³n espaÃ±ola al atribuir al Ministerio del Interior de Mayor Oreja la competencia en materia penitenciaria. El RD 758/1996, de 5 de mayo, volviÃ³ a separar los Ministerios de Justicia y de Interior. Sin embargo, la estructura no reprodujo la situaciÃ³n anterior a la fusiÃ³n. AsÃ­, el RD 765/1996, de 7 de mayo, determinÃ³ la estructura orgÃ¡nica bÃ¡sica, entre otros, del Ministerio del Interior y asignÃ¡ndole la DirecciÃ³n General de Instituciones Penitenciarias dependiendo directamente del Ministro.	En el aÃ±o 2004, la DGIP pasa a depender de la Subsecretaria del Ministerio del Interior y es mediante el RD 991/2006 de 8 de septiembre por el que se desarrolla la estructura orgÃ¡nica bÃ¡sica del Ministerio del Interior, por el que la DGIP pasa a depender directamente de la Secretaria de Estado de Seguridad. Es profundamente esclarecedora la explicaciÃ³n de su exposiciÃ³n de motivos que establece:	AsÃ­, en primer lugar, con el objeto de mejorar la eficacia y la actuaciÃ³n coordinada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se suprimen las Direcciones Generales de la PolicÃ­a y de la Guardia Civil (con rango de SubsecretarÃ­a), unificando ambas en una nueva DirecciÃ³n General de la PolicÃ­a y de la Guardia Civil (con idÃ©ntico rango de SubsecretarÃ­a). Se trata de una reestructuraciÃ³n orgÃ¡nica de gran entidad, dadas las dimensiones materiales, personales y funcionales, de las Direcciones Generales que se unifican, pero que, sin duda, permitirÃ¡ llevar a cabo los cometidos encomendados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de una manera mÃ¡s integral, homogÃ©nea y coordinada, mejorando con ello la seguridad ciudadana y el resguardo de los derechos y libertades de los ciudadanos.	En segundo lugar, en lÃ­nea con este reforzamiento organizativo de los Ã³rganos departamentales con cometidos en materia de seguridad pÃºblica, se modifica la dependencia orgÃ¡nica de la DirecciÃ³n General de Instituciones Penitenciarias, que sale del Ã¡mbito de la SubsecretarÃ­a para integrarse en el de la SecretarÃ­a de Estado de Seguridad. Con ello, se pretende englobar en el mismo nivel de decisiÃ³n la polÃ­tica de seguridad pÃºblica, tanto desde una perspectiva policial, es decir preventiva o represiva, como desde un punto de vista penal y de reinserciÃ³n socialâ€.	Sin embargo, la Ley OrgÃ¡nica General Penitenciaria incardina las Instituciones Penitenciarias en el Ministerio de Justicia, tal y como establece su art. 79: â€œcorresponde a la DirecciÃ³n General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia la direcciÃ³n, organizaciÃ³n e inspecciÃ³n de las instituciones que se regulan en la presente leyâ€, a efectos de garantizar el mandato constitucional de reeducaciÃ³n y reinserciÃ³n social establecido en el artÃ­culo 25,2. Sin embargo, como Usted bien conoce actualmente continuamos dentro del Ministerio del Interior y dependiendo de la Secretaria de Estado de Seguridad.	La misma situaciÃ³n se produce en relaciÃ³n con el derecho comparado. La norma que de manera mÃ¡s especÃ­fica llama la atenciÃ³n sobre la actual ubicaciÃ³n de la AdministraciÃ³n Penitenciaria en el Ã¡mbito del Ministerio del Interior es la RecomendaciÃ³n n. 71 de las Reglas MÃ­nimas Europeas del Consejo de Europa (versiÃ³n 2006), en su TÃ­tulo V sobre DirecciÃ³n y Personal. Conforme a la misma:	Y desde la esfera doctrinal, se incide todavÃ­a mÃ¡s en esta situaciÃ³n. La propuesta que se presenta no sÃ³lo cuenta con la regulaciÃ³n legal de las normas internacionales y nacionales, tal como hemos indicado, sino que diversos estudios respaldan la lÃ­nea de actuaciÃ³n polÃ­tica que se propone. Entre ellos, destaca especialmente por su relevancia internacional el realizado por Andrew Coyle en seno del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios del King's College London.	En primer lugar, el estudio, define como contexto previo de su anÃ¡lisis, la necesidad de profesionalidad del Cuerpo de Funcionarios de Prisiones, en tÃ©rminos muy similares a los destacados por la RecomendaciÃ³n n. 72.3 de las Reglas MÃ­nimas Europeas y por los arts. 71 LOGP y 73 RP. En concreto:	"Los miembros del personal penitenciario de primera lÃ­nea deben comprender que no son solamente guardias, cuya tarea exclusiva es privar a las personas de su libertad. Tampoco son vigilantes, cuya tarea es imponer mÃ¡s castigos de los que ya han sido impuestos por las autoridades judiciales. En cambio, tienen que combinar un papel de custodios con un papel educativo y reformatorio. Eso requiere mayor talento personal y aptitudes profesionales".	"Un servicio civil. No policial. En lo que respecta a la separaciÃ³n de funciones, es importante que exista una clara separaciÃ³n organizativa entre la policÃ­a y el servicio penitenciario. Normalmente, la policÃ­a es responsable de investigar los delitos y de arrestar a los delincuentes. Una vez que una persona ha sido detenida o arrestada, deberÃ¡ ser presentada a la mayor brevedad posible ante la autoridad judicial y, si Ã©sta asÃ­ lo decide, quedar en prisiÃ³n preventiva bajo la custodia del servicio penitenciario. En muchos paÃ­ses, la administraciÃ³n de la policÃ­a estÃ¡ bajo la jurisdicciÃ³n del Ministerio del Interior, y la administraciÃ³n penitenciaria es responsabilidad del Ministerio de Justicia. Ã‰ste es uno de los mÃ©todos para garantizar la separaciÃ³n de poderes y de subrayar la estrecha vinculaciÃ³n que debe existir entre la autoridad judicial y el sistema penitenciario (...).	En consecuencia, EspaÃ±a es una rara avis dentro del derecho comparado europeo, al ser el Ãºnico paÃ­s que incumple los preceptos transcritos. Del estudio comparativo realizado, los principales paÃ­ses europeos, representantes de tradiciones jurÃ­dicas diferentes y en situaciones histÃ³ricas y polÃ­ticas particulares y distintas, respetan la norma anterior. En concreto y entre otros: Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda, BÃ©lgica, Italia y Portugal. Lo mÃ¡s raro, lo mÃ¡s incomprensible consiste en que dentro del mismo Estado, con el mismo sistema judicial y la misma tradiciÃ³n jurÃ­dica, dispongamos de dos ubicaciones diferentes del Sistema Penitenciario: en CataluÃ±a, que tiene asumidas las competencias, se incluyen en el Departament de Justicia, y en el resto del Estado en el Ministerio del Interior.	Esta adscripciÃ³n supone homologar nuestro sistema con el de la totalidad de paÃ­ses de nuestro entorno: en todos los paÃ­ses del Consejo de Europa, las Prisiones estÃ¡n incardinadas dentro del Ministerio de Justicia, encontrando como excepciones Ãºnicamente a EspaÃ±a y HungrÃ­a. Y, ademÃ¡s, permite unificar internamente una diferenciaciÃ³n que no tiene ninguna justificaciÃ³n.	Desde ACAIP-UGT consideramos que nuestro servicio fundamental a la Sociedad sin duda se verÃ¡ reforzado ubicando directamente la ejecuciÃ³n penal dentro del mismo Ministerio del que depende la imposiciÃ³n de las penas privativas de libertad y las medidas alternativas. Se trata de nuestro sitio natural y en el que mejor podemos realizar nuestra labor, apartados de otro tipo de focos que distorsionan nuestra naturaleza y cometidosâ€.	
El sindicato ACAIP solicita la adscripciÃ³n de las Instituciones Penitenciarias al Ministerio de Justicia