Pasadas las 18, los intendentes de toda la provincia llegaron a Casa de Gobierno para reunirse con el gobernador para dialogar sobre la modificación de la 7.722 que generó un fuerte rechazo social, ambiental y político y acordaron que el mandatario enviara el proyecto de derogación de la 9209 a la Legislatura.	Suárez había anunciado el jueves la suspensión de la reglamentación de la ley 9.209 que el viernes se aprobó en la Legislatura y modificó la ley 7.722. Sin embargo, los anuncios del gobernador no calmaron los reclamos de los manifestantes que salieron a la calle a defender el agua y a pedir la derogación de la nueva legislación minera. También desde anoche y durante este viernes, varios municipios anunciaron que suspendían sus fiestas vendimiales mientras sigue vigente la nueva ley minera.	Ayer por la mañana, el gobernador Rodolfo Suárez, junto a su vice, Mario Abed, estuvo brevemente con tres representantes de los vecinos autoconvocados de San Carlos, quienes se negaron a sentarse a dialogar, ya que dejaron en claro que la única manera de abrir una discusión “será a partir de la derogación de la ley 9.209”.	“Hemos dado un tiempo, no mayor a 48 horas, para que el gobernador replantee la situación en cuanto a la nueva ley”, así lo aseveró el presidente de la Cámara de Comercio y Minería de Malargüe, Gustavo Miras al gobernador Rodolfo Suárez durante la reunión que mantuvieron en Casa de Gobierno como parte de la mesa de diálogo en torno a la nueva legislación, según publicó Los Andes.	Suárez pidió que no se inicien medidas de fuerza y la cámara aceptó pero con condiciones. Según informaron a través de un comunicado, se acordó esperar entre 48 y 72 horas sino se iniciarán las medidas de fuerza. Desde el organismo dejaron en claro su “absoluto respaldo a la reforma de la ley 7.722”.	
 Mendoza: por la tensión social, derogarán la ley minera