Es que la dirigencia de ATE funciona como apéndice de la propia empresa, apoyando el despido en masa que no es más que una medida de ajuste. La excusa es que algunos despedidos son exfuncionarios o personas con antecedentes penales o elementos que, en la lucha de 2018, patotearon a los compañeros.	El tema de fondo es la reactivación de la empresa, la unidad de la mina con la usina en una carboeléctrica estatal. Esa reactivación obligaría a la toma de personal, con lo cual hay trabajo para los despedidos y para los desocupados de la cuenca que pujan por un espacio en la empresa con todo derecho.	El problema es que Alberto Fernández tiene otras prioridades, como por ejemplo el pago de la deuda externa. Terminar la usina se calcula en 20 millones de dólares y Alberto pagó esta semana 250 millones del vencimiento de un solo bono, o sea 12 veces lo que hace falta para reactivar Río Turbio.	Estamos muy parecido que con Macri: no hay decisión de invertir para poner en marcha la carboeléctrica estatal (que para nosotros debe ser con mayoría obrera y electiva en el directorio). Un dato al respecto es el informe presentado por el nuevo gerente de explotación a los jefes de Punta Loyola (puerto que forma parte del complejo minero de YCRT): Loyola no va más, les dijo muy suelto de cuerpo.	Ahora ATE ha canalizado la presión de Aníbal Fernández para que la mina vuelva a producir de cualquier manera y ha realizado reuniones en los turnos antes de la cuarentena en las cuales por mayoría se resolvió no ingresar, pero aprovechando que no se confeccionaron actas, luego ATE sacó un comunicado informando que se retoman las tareas en interior de mina, lo que se debería concretar apenas se levante la veda por la pandemia. Es una maniobra que no respeta la decisión de los trabajadores.	
Río Turbio: continúa la pelea por la anulación de los despidos en masa en YCRT