DESDE que hace unos días se puso en marcha el nuevo dispositivo policial para evitar la presencia de manteros en el frente marítimo de Barcelona, la venta ambulante ilegal ha desaparecido prácticamente, limitándose al horario nocturno, cuando se retiran los agentes de la Guardia Urbana y de los Mossos d’Esquadra.	La pregunta es hasta cuándo se mantendrá esta operación conjunta. El primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, ha hablado de al menos dos meses, pero si los manteros no pueden desplegar su actividad en esa zona, buscarán otras, como en la práctica ya han hecho. El problema puede desplazarse también a otras poblaciones del litoral. Cambrils y Salou también lo sufren, Sitges y El Vendrell incluso han contratado vigilancia privada, y Roses ha visto incrementado el decomiso de productos falsificados.	Pero el top manta tiene también otro culpable: los compradores. El Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado una campaña pidiendo a los turistas que compren en los comercios legales, recordando que está prohibida la compra a los manteros y que la ordenanza municipal prevé una multa de 500 euros a quienes adquieran productos falsificados en la calle.	El Consistorio barcelonés, especialmente tras el nombramiento de Albert Batlle como teniente de alcalde para la seguridad, parece decidido a erradicar esta práctica que tanto perjudica a los comercios de la ciudad, con unas pérdidas anuales de 65 millones de euros. Cuando en el 2015 Ada Colau llegó a la alcaldía quería abordar el tema exclusivamente desde la perspectiva social e incluso llegó a crear una cooperativa de manteros. Estos últimos meses, el Ayuntamiento había ido modulando su posición, autorizando dispositivos policiales puntuales en la plaza Catalunya y Drassanes. Ahora, fruto del pacto con el PSC, la política municipal sobre el top manta –un tema estrella de la última campaña– ha dado un giro, al que también ha contribuido la implicación de los Mossos.	Es evidente que el despliegue policial no solucionará el problema estructural del top manta. Para los manteros se trata de una cuestión de supervivencia al no tener otras alternativas. Por eso la solución pasa por abordar el fenómeno de manera integral. El top manta es un problema social, económico y, posiblemente en último lugar, de seguridad. Es necesario buscar alternativas laborales para este colectivo, y ello pasa también por una reforma de la ley de Extranjería –sin un contrato laboral no hay permiso de residencia– y por incrementar la lucha contra las mafias que controlan los almacenes que distribuyen el material a los manteros, el último eslabón de la cadena fraudulenta.	El Ayuntamiento dice estar dispuesto a hablar con los manteros y buscar fórmulas para su inserción sociolaboral fuera de la venta callejera. Se les ofrecerán diversos planes de empleo con contratos laborales de al menos un año de duración, aunque estas medidas para que los manteros puedan ganarse la vida de otro modo tardarán unos cuantos años en dar resultados cuantificables.	El top manta, una forma de explotación laboral utilizando productos ilegales, no es sólo un problema de seguridad –aunque transmite a la ciudadanía esa percepción–, y por ello el despliegue policial actual, necesario para que las ordenanzas se cumplan y garantizar la movilidad, no puede ser la única medida. Si otras ciudades europeas han podido solucionar este problema, Barcelona –en cuyas playas vemos estos días otros ejemplos de alquiler o venta ilegales protagonizados por sombrilleros y mojiteros– no tiene excusa para no hacer lo mismo. Su imagen está en juego.	
La lucha contra el ‘top manta’