as noticias sobre la pandemia se han visto opacadas por los problemas jurídicos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este caso ha sido conocido por entregas. Hace ya varios meses el país estuvo en vilo cuando el expresidente rindió declaración ante la Corte Suprema de Justicia. Los rumores corrieron y los politólogos, los periodistas y en general amplios sectores estuvieron pendientes de esa situación jurídica. Pero ahora, pasados varios meses la Corte decidió que el Doctor Uribe continuara vinculado al proceso pero con prisión domiciliaria. El mundo político se exaltó y los pertenecientes al Centro Democrático y los simpatizantes rechazaron con vigor la medida.	El presidente Duque, incurriendo en un error procedimental defendió con entusiasmo al expresidente. Varios juristas han considerado la actitud del jefe de estado injurídica y equivocada. Él puede interiormente no estar de acuerdo, pero declarar públicamente su inconformidad por la providencia de la Corte, casi que roza el código penal. Lo extravagante del caso es que Uribe Vélez inició todo el proceso acusando al senador Cepeda de compra de testigos. Después de una exhaustiva investigación la Corte encontró muchas pruebas contra el abogado Cadena, apoderado de Uribe. Parece que hay videos, cartas, llamadas telefónicas que incriminan al senador Uribe como determinador.	Pero lo más grave de todo es que políticos, abogados y comentaristas se han dedicado a atacar la Corte sin tener en cuenta que hay muchas pruebas que determinaron la actuación jurídica. Recordemos que el periodista Coronell en Semana lo publicó en varias oportunidades. Y la defensa del abogado Cadena parece de sábados felices. Entregaba dinero a los testigos como ayuda humanitaria, pero en sumas millonarias. Los colombianos debemos sentirnos orgullosos que esté triunfando el estado de derecho. Quienes piden una asamblea constituyente para acabar con la Corte en el fondo quieren acabar con el derecho y la justicia. Otra cosa es que lamentemos la enfermedad del expresidente y le deseemos una pronta recuperación.	
 Derecho y política 