Dos exadministradores de una una empresa coruñesa se van a volver a sentar en el banquillo de la Audiencia Provincial para ser juzgados por delitos de estafa, contra la Hacienda Pública y falsedad de documento mercantil. Son sospechosos de un fraude millonario a la Agencia Tributaria y de despatrimonializar completamente la sociedad, hoy en liquidación. Se trata de un matrimonio: el fiscal pide para él 29 años de prisión, y para ella, 25 años. Ya habían sido juzgados y completamente absueltos por los mismos hechos pero el Supremo ordenó repetir todo el procedimiento al ratificar, tal y como alegó uno de los demandantes, que había una "quiebra de parcialidad" por parte de una de las juezas del tribunal.	Los hechos se remontan a 2008, cuando los dos acusados eran administradores de Hierros y Laminados Añón (que nada tiene que ver con el empresario coruñés Manuel Añón). El Ministerio Público indica en su escrito que los exadministradores, "de común acuerdo" y "con la finalidad última de defraudar el Impuesto de Sociedades", crearon cuatro facturas por más de 3,3 millones giradas a una entidad portuguesa por la adquisición de hierro.	El fiscal sostiene que la empresa lusa no tenía capacidad de hacer un pedido de tal magnitud. Indica que, "para dar cobertura al desfalco a las arcas públicas, se simularon facturas y albaranes ficticios". Además, argumenta que el matrimonio "despatrimonializó completamente la empresa extrayendo en efectivo 3.575.900 euros en 35 operaciones en ventanilla bancaria, con la finalidad de que los acreedores, entre los que iba a estar la Agencia Tributaria, no pudieran cobrar".	En el proceso también están personados como afectados la Agencia Tributaria, a través de la Abogacía del Estado, y la empresa Celsa Atlantic, que le había vendido material siderúrgico entre 2007 y 2008. La empresa entró en concurso de acreedores en 2011 tras siete años dedicada a la fabricación, transformación y venta de todo tipo de hierros, entre otros materiales.	En el primer juicio, el matrimonio negó cualquier fraude. La Audiencia Provincial absolvió de todos los cargos a los acusados al no considerar probados ninguno de ellos. Según la sentencia de la Audiencia, no consta probado que confeccionasen facturas con el fin de defraudar a Hacienda, que simulasen facturas y albaranes por 1,2 millones de euros, que no se declarasen ventas por 38.000 euros o que "despatrimonializaran completamente la empresa", ni que no tuviese intención de no pagar el pedido a Celsa. Tras la sentencia, tanto la Fiscalía como Celsa y la Abogacía del Estado presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que fue admitido.	El 12 de julio de 2018 el Alto Tribunal emitió su veredicto: había que volver a celebrar el juicio. Aceptó la tesis de Celsa Atlántic, que señalaba que una de las magistradas tendría que haberse abstenido porque había firmado con anterioridad un auto que sobreseía una querella de Celsa contra varios de los acusados por hechos que coincidían de manera parcial con los juzgados.	Así, el Tribunal Supremo ordenó repetir el procedimiento porque "la quiebra de imparcialidad acarrea la declaración de vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y subsiguiente nulidad del enjuiciamiento oral de la causa". Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el juicio está programado para el próximo martes, día 13 de octubre.	
Los exgestores de una firma coruñesa, de nuevo a juicio por fraude millonario a Hacienda