En la vieja institución está previsto que no llegue febrero sin que un pleno de la RAE termine de examinar el informe, del que también tienen copia los 46 miembros de la Academia. Se elevarán entonces sus conclusiones a la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, quien en 2018 pidió el asesoramiento de la entidad que limpia, fija y da esplendor. Y se interesará por el dictamen la nueva ministra de Igualdad, Irene Montero, una de las primeras políticas españolas en emplear el nosotras al referirse a Podemos, su formación.	Con el primer gobierno de Pedro Sánchez aún recién estrenado, Carmen Calvo solicitó al anterior director de la RAE, Darío Villanueva, que estudiara "la adecuación" de la Constitución a un lenguaje "inclusivo, correcto y verdadero que se acomode a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres. Así lo dijo en julio de aquel en una comparecencia ante la comisión de Igualdad del Congreso.	Pero el encargo lleva más de un año de indigestión en la Academia, entre la resistencia de los académicos. Nos han pedido un informe lingüístico, pero mucho me temo que se leerá con criterios políticos, se teme en privado uno de los cuatro miembros de la comisión paritaria (dos hombres y dos mujeres) encagada de elaborar el estudio sobre si procede acabar en la Constitución con el masculino universal que usa hasta ahora y que, según el criterio del Gobierno, excluye el femenino.	La comisión delegada de la RAE revisó el documento a finales de 2018 e introdujo algunos cambios, sin que haya dejado de ser una patata caliente para los académicos. El criterio general que ha detectado EL PERIÓDICO en consultas con una decena de integrantes de la RAE es que no puede ir contra su propia doctrina, ni extralimitarse de su función de notaria de la lengua.	El borrador, que se ha discutido en tres de las sesiones semanales que cada jueves celebra la Academia, mantiene la ortodoxia lingüística sin concesiones a las demandas políticas de la izquierda. En el pleno que finalmente le dé salida, lo más probable es que se mantenga el dictamen en su integridad, sostienen fuentes de la RAE.	Nosotros pensamos que el lenguaje inclusivo es el lenguaje que hablamos normalmente, subraya otro de los académicos consultados. La RAE actúa como notaria del uso de la lengua con juicios técnicos y no políticos, respalda otro miembro de la Academia, convencido de que no podríamos aguantar desdoblamientos de palabras más allá de dos líneas. Las mismas fuentes aseguran que es opinión generalizada entre los académicos, que lo de todos y todas sería imposible de mantener, subrayan, recordando que uno de los principios generales del buen uso es precisamente la economía del lenguaje.	Ante la demanda de Calvo, Darío Villanueva encargó a una comisión formada por los académicos Pedro Álvarez de Miranda e Ignacio Bosque y las académicas Paz Battaner e Inés Fernández Ordóñez la redacción de un borrador cuyo contenido guarda la RAE con secretismo. El actual director, Muñoz Machado, ya advirtió ante los periodistas hace justamente un año, en Salamanca, que no se puede imponer por decreto el lenguaje inclusivo" que demanda el Ejecutivo.	La RAE respaldó en 2012 otro estudio, redactado por Ignacio Bosque, catedrático de Filología Hispánica de la Universidad Complutense de Madrid, sobre las guías de lenguaje no sexista editadas por universidades, comunidades autónomas, sindicatos, ayuntamientos y otras instituciones. En su escrito, Bosque consideraba inquietante extender y enseñar un conjunto de variantes lingüísticas que anulan distinciones sintácticas y léxicas conocidas y que prescinden de los matices que encierran las palabras con la intención de que perviva la absoluta visibilidad de la distinción entre género y sexo.	
La RAE se resiste a feminizar la Constitución