Crimen atroz y sintomáticoEl ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, informó del homicidio del juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, Uriel Villegas Ortiz, así como del de su esposa. El juez había participado en el proceso en contra de Rubén Oseguera, alias "El Monchito", hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Menchu”; lo que será sin duda motivo de la más escrupulosa investigación de parte de la autoridad correspondiente.	El hecho es gravísimo porque aparte de las circunstancias rigurosamente humanas -la pareja deja a dos pequeños niños huérfanos- se trata de un atentado en contra de un alto representante de uno de los tres Poderes de la Unión, lo que es un reto abierto y descarado, sintomático. Es la manifestación reveladora de una dramática enfermedad social, pandemia de por medio, que desde hace tiempo aqueja a México, aunque ahora se ha acrecentado en proporciones inauditas. Síntoma frente al cual el gobierno no puede cruzarse de brazos, aparte obviamente de que se esclarezca el feroz crimen y no quede impune. Para muchos se ha llegado más allá del límite, puesto que el golpe es sin duda al corazón del Estado y del gobierno, siendo el problema qué hacer y cómo hacerlo.	Ahora bien, lo innegable es que el gobierno tiene perfectamente ubicados a los sospechosos, a los presumiblemente responsables del atentado, con lo que se abre una línea de indagación o averiguación. Pero de pronto algo hace que se interrumpa el trabajo de la autoridad, lo que ha pasado en innumerables ocasiones. ¿La causa o causas? Puede o pueden ser varias; las hipótesis, fundadas o infundadas, abundan. Desde colusiones o complicidades, desde “colaboraciones” a manos de informantes cuya palabra les significa disminución de pena, cambio de reclusorio, o vaya uno a saber qué privilegios turbios. Pero el hecho concreto es aquí, repito, que a los sospechosos o presumiblemente responsables se los tiene perfectamente ubicados; lo cual se ilustra con lo manifestado en los casos de “El Chapo” y de García Luna. Acusación contra acusación, sospechas, desmentidos. Y de pronto el silencio o la desviación de lo que ya iba siendo por una línea recta.	Pero el homicidio de un juez y de su esposa, la orfandad de unos niños, el escándalo que trae consigo clavar un cuchillo en el corazón del Estado y del gobierno, no debe pasar por alto. No debe y no puede porque el síntoma revela algo de la mayor gravedad para México. Ya no es aceptable, ya no más, que la bruma de la burocracia oficial nuble la verdad. Se trata de un reto a la promesa de acabar con la corrupción. Yo creo que los tres Poderes de la Unión, habida cuenta de la relevancia del suceso, deberían unirse en una acción nacional, lo cual no implicaría inmiscuirse en el área de responsabilidad de la Fiscalía General de la República. El Estado todo, el gobierno todo, han sido agraviados en su función primordial.	El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, informó del homicidio del juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, Uriel Villegas Ortiz, así como del de su esposa. El juez había participado en el proceso en contra de Rubén Oseguera, alias "El Monchito", hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Menchu”; lo que será sin duda motivo de la más escrupulosa investigación de parte de la autoridad correspondiente.	El hecho es gravísimo porque aparte de las circunstancias rigurosamente humanas -la pareja deja a dos pequeños niños huérfanos- se trata de un atentado en contra de un alto representante de uno de los tres Poderes de la Unión, lo que es un reto abierto y descarado, sintomático. Es la manifestación reveladora de una dramática enfermedad social, pandemia de por medio, que desde hace tiempo aqueja a México, aunque ahora se ha acrecentado en proporciones inauditas. Síntoma frente al cual el gobierno no puede cruzarse de brazos, aparte obviamente de que se esclarezca el feroz crimen y no quede impune. Para muchos se ha llegado más allá del límite, puesto que el golpe es sin duda al corazón del Estado y del gobierno, siendo el problema qué hacer y cómo hacerlo.	Ahora bien, lo innegable es que el gobierno tiene perfectamente ubicados a los sospechosos, a los presumiblemente responsables del atentado, con lo que se abre una línea de indagación o averiguación. Pero de pronto algo hace que se interrumpa el trabajo de la autoridad, lo que ha pasado en innumerables ocasiones. ¿La causa o causas? Puede o pueden ser varias; las hipótesis, fundadas o infundadas, abundan. Desde colusiones o complicidades, desde “colaboraciones” a manos de informantes cuya palabra les significa disminución de pena, cambio de reclusorio, o vaya uno a saber qué privilegios turbios. Pero el hecho concreto es aquí, repito, que a los sospechosos o presumiblemente responsables se los tiene perfectamente ubicados; lo cual se ilustra con lo manifestado en los casos de “El Chapo” y de García Luna. Acusación contra acusación, sospechas, desmentidos. Y de pronto el silencio o la desviación de lo que ya iba siendo por una línea recta.	Pero el homicidio de un juez y de su esposa, la orfandad de unos niños, el escándalo que trae consigo clavar un cuchillo en el corazón del Estado y del gobierno, no debe pasar por alto. No debe y no puede porque el síntoma revela algo de la mayor gravedad para México. Ya no es aceptable, ya no más, que la bruma de la burocracia oficial nuble la verdad. Se trata de un reto a la promesa de acabar con la corrupción. Yo creo que los tres Poderes de la Unión, habida cuenta de la relevancia del suceso, deberían unirse en una acción nacional, lo cual no implicaría inmiscuirse en el área de responsabilidad de la Fiscalía General de la República. El Estado todo, el gobierno todo, han sido agraviados en su función primordial.	

Crimen atroz y sintomático
