a Junta de Castilla y León, ante el inicio del curso escolar, traslada un mensaje de tranquilidad y confianza a toda la comunidad educativa, a los alumnos y sus familias, a los centros y al personal docente: el próximo 9 de septiembre comenzará el curso escolar 2020-2021 con las mayores garantías posibles.	Esta mañana las consejeras de Sanidad, Verónica Casado Vicente y de Educación, Rocío Lucas Navas, han participado, junto con el resto de responsables ministeriales y autonómicos, en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que se ha estudiado la propuesta realizada por el Gobierno de la Nación referida a la ‘Declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública frente a la COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020/21′.	Este conjunto de medidas de aplicación en el ámbito escolar, además de otras referidas a la próxima campaña de vacunación frente a la gripe, forman parte del Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que ha sido aprobado por los consejeros sanitarios y que, en el marco de la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se verán reflejadas en la correspondiente Orden del Ministerio de Sanidad, de obligado cumplimiento tras su publicación.	Uso de mascarillas en las aulas, recogiéndose lo indicado en la normativa autonómica que regula su obligatoriedad en vías públicas y espacios de uso público, ya sean éstos abiertos o cerrados. Su utilización es una medida complementaria de prevención que no sustituye a al respeto de la distancia interpersonal ni a otras medidas de carácter general.	La experiencia en otros países que ya han abierto durante meses sus centros educativos enseña que se van a producir casos y algunos brotes, como en el resto de ámbitos de la sociedad, por lo que una gestión adecuada de los mismos minimizará su impacto; de ahí la importancia de contar con un procedimiento común para su gestión.	Ante la declaración de un caso positivo se considerará contacto estrecho cualquier alumno que haya compartido espacio con el paciente confirmado en un radio de 1,5 m sin haber utilizado mascarilla; en el caso del alumnado de entre seis y once años, el uso de la mascarilla no se utilizará como criterio definitorio.	Las personas convivientes de casos confirmados y cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador que haya compartido espacio sin mascarilla en un radio inferior a 1,5 m durante más de quince minutos, serán, asimismo, consideración de contactos estrechos a los que aplicar los protocolos epidemiológicos y acciones asistenciales previstas frente a la COVID-19.	Las medidas consensuadas hoy entre CC.AA. y Gobierno de España coinciden totalmente con las que Castilla y León ya había plasmado en el Protocolo de Prevención y Organización del regreso a la actividad lectiva en los centros educativos para el próximo curso escolar, documento supervisado por la Dirección General de Salud Pública y que fue presentado el pasado 6 de julio.	Asimismo, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández MAñueco, anunciaba ayer medidas adicionales a ese protocolo que también se enmarcan en el acuerdo alcanzado esta mañana: el uso de mascarilla será obligatorio para los mayores de seis años y se garantiza la distancia de seguridad de 1,5 m. Además, se apuesta por la creación, en Educación Infantil y el primer curso de Primaria, de grupos estables de convivencia, que no necesitarán usar mascarilla ni guardar las distancias de seguridad. Estos grupos no interactuarán con el resto de alumnos y no compartirán espacios en la medida de lo posible.	Entre estos colectivos se encuentran enfermos crónicos, de diferentes patologías; personas mayores de 60 años e institucionalizadas en recursos de atención a la Tercera Edad y a la Dependencia; profesionales sanitarios y sociosanitarios y trabajadores esenciales para la comunidad, incluyendo entre éstos a docentes y otros profesionales del sistema educativo castellano y leonés.	
Castilla y León está preparada para empezar el curso escolar de forma presencial con todas las garantías de seguridad