Este año, tras la sesión constitutiva del 21 de mayo, el Congreso completó el mes de junio sin plenos y en julio y agosto, meses inhábiles a efectos parlamentarios, únicamente se celebró el debate de investidura de Sánchez, que se sustanció en tres jornadas (22, 23 y 25 de julio), y otro extraordinario a finales de agosto para que la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, diera cuenta de la	, una actividad ínfima si se compara con la que se registró en la denominada legislatura 'breve' de 2016. Cuatro de ellas (Sanidad, Agricultura, Fomento y Transición Ecológica) lo hicieron para acoger sendas comparecencias de los ministros del ramo sobre diversos asuntos; una para recibir a los candidatos a vocal de la nueva Junta Electoral Central (JEC); y la última para escuchar al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Sebastián Albella.	Esta escasa actividad parlamentaria y el hecho de que las del próximo 10 de noviembre sean las cuartas elecciones en cuatro años ha llevado a un particular a promover una campaña en Internet, a través de la plataforma Change.org, pidiendo a los diputados y senadores que renuncien a la indemnización económica que se les abona tras la disolución de las Cortes Generales.	Se trata de una indemnización para compensar la eventual falta de ingresos de los parlamentarios en el periodo que va desde la disolución hasta el día de la votación y su cuantía depende del tiempo que estén sin percibir otros ingresos, hasta un máximo de los 46 días que dura el periodo entre legislaturas.	
El Congreso echa el cierre tras 126 días y sólo dos plenos ordinarios 