Aunque dicha lista no conlleva por sí sola una sanción más allá de la publicidad de los nombres, existe el antecedente de que en 2018 el Tribunal Electoral revocó las candidaturas a dos alcaldes que habían sido sancionados por ejercer violencia política de género en contra de una compañera de cabildo.	“El Registro tiene por objeto compilar, sistematizar y, en su caso, hacer del conocimiento público la información relacionada con las personas que han sido sancionadas por conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, mediante resolución o sentencia firme o ejecutoriada emitidas por las autoridades administrativas, jurisdiccionales y penales tanto federales y locales”, dicen los lineamientos del INE para el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.	Se entiende por violencia política por razones de género a todas las acciones, incluida la omisión y tolerancia, que limite o anule el acceso de las mujeres a sus derechos político-electorales (como puede ser una candidatura) o le impida realizar su labor como funcionaria pública por el simple hecho de ser mujer.	La creación de este Registro parte de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que tras analizar el caso de una regidora del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, Nallely Ortiz, quien acusó al alcalde, Dante Montaño, de haberla agredido por medio de violencia política en razón de género, determinó que todas las personas que hayan sido sancionadas por este tema deben de estar en una lista pública.	“Con esta herramienta se busca evitar la repetición de estas prácticas, y que este registro proporcione elementos a valorar al analizar solicitudes para participar por alguna candidatura de elección popular, así como verificar si se cumplen los requisitos para su postulación; y, en consecuencia, pueda competir y registrarse para algún cargo de elección popular”, informó el TEPJF sobre esta herramienta.	En cambio, si no hay sanción explicita, será la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE la que determine el tiempo a partir de los siguientes parámetros: tres años si la falta fuera considera como leve; hasta cuatro años si fuera considerada como ordinaria, y hasta cinco años si fuera calificada como especial.	Aunque dicha lista no conlleva por sí sola una sanción más allá de la publicidad de los nombres, existe el antecedente de que en 2018 el Tribunal Electoral revocó las candidaturas a dos alcaldes que habían sido sancionados por ejercer violencia política de género en contra de una compañera de cabildo.	“El Registro tiene por objeto compilar, sistematizar y, en su caso, hacer del conocimiento público la información relacionada con las personas que han sido sancionadas por conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, mediante resolución o sentencia firme o ejecutoriada emitidas por las autoridades administrativas, jurisdiccionales y penales tanto federales y locales”, dicen los lineamientos del INE para el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.	Se entiende por violencia política por razones de género a todas las acciones, incluida la omisión y tolerancia, que limite o anule el acceso de las mujeres a sus derechos político-electorales (como puede ser una candidatura) o le impida realizar su labor como funcionaria pública por el simple hecho de ser mujer.	La creación de este Registro parte de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que tras analizar el caso de una regidora del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, Nallely Ortiz, quien acusó al alcalde, Dante Montaño, de haberla agredido por medio de violencia política en razón de género, determinó que todas las personas que hayan sido sancionadas por este tema deben de estar en una lista pública.	“Con esta herramienta se busca evitar la repetición de estas prácticas, y que este registro proporcione elementos a valorar al analizar solicitudes para participar por alguna candidatura de elección popular, así como verificar si se cumplen los requisitos para su postulación; y, en consecuencia, pueda competir y registrarse para algún cargo de elección popular”, informó el TEPJF sobre esta herramienta.	En cambio, si no hay sanción explicita, será la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE la que determine el tiempo a partir de los siguientes parámetros: tres años si la falta fuera considera como leve; hasta cuatro años si fuera considerada como ordinaria, y hasta cinco años si fuera calificada como especial.	La lista del INE no conlleva por sí sola una sanción más allá de la publicación del nombre del infractor Gossip A Oscuras me da Risa adapta el teatro a la pandemia El montaje modificó parte de su dramaturgia para incluir chistes y situaciones cómicas relacionadas con el Coronavirus, el distanciamiento social y la nueva normalidad Gossip Amparo Garrido, precursora de los programas de revista	

Exhibirán a agresores políticos de género
