El regreso de esta nave se produce luego de una exitosa misión de monitoreo y fiscalización de las actividades pesqueras en la Antártica Chilena (krill), practicada legalmente por buques de diversa bandera que operan con licencias de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR, por su sigla en inglés).	Junto con el Tratado Antártico de 1959 y su Protocolo Ambiental de 1991, la CCAMLR es uno de los pilares del sistema del Tratado Antártico, esto es, del sistema de normas jurídicas y compromisos políticos que regulan las actividades en la Región Polar Austral. Desde esta plataforma de cooperación internacional los países antárticos asumen compromisos y obligaciones para la conservación del medio ambiente polar, fiscalización de la pesca industrial incluida.	En el curso de los últimos años distintas organizaciones no-gubernamentales han alertado (y documentado) el impacto profundamente negativo que, para la conservación de los ecosistemas marinos y terrestres ha tenido el efecto acumulado y acumulativo de las actividades pesqueras circumpolares. Estos efectos se han manifestado, por ejemplo, en la declinación de las poblaciones de pingüinos y focas, producto de la disminución de los stocks de krill antártico. Desde el punto de vista chileno, estos efectos indeseados de una actividad industrial legítima son, de todas maneras, perjudiciales y -valga redundancia- indeseables para el interés nacional.	Para pasar de la denuncia a la acción, en el seno de la CCAMLR, Chile ha sido fundamental para la imposición del uso de un sistema obligatorio de posicionamiento que permite conocer si los buques ajustan (o no) sus faenas a las áreas de pesca específicamente consignadas en las licencias respectivas. Esto, sin embargo, no es suficiente.	La razón es simple. Desde mucho antes de la negociación y entrada en vigor del Tratado Antártico y de su sistema de normas, Chile, a través de su Armada, ocupa y controla el área de las Shetland del Sur, del Paso Bransfield (nombrado así en honor de la primera misión científica antártica practicada en 1819 desde Valparaíso), de ambas costas de la Península Antártica (Tierra de O’Higgins) y del Mar de Bellinghausen (tan al Oeste y tan al sur como la Isla Pedro I).	Es por tanto del todo necesario destacar que el OPV Marinero Fuentealba ha regresado a Punta Arenas luego de realizar un ejercicio práctico y concreto de jurisdicción nacional, asegurando que en esa parte del territorio magallánico las actividades pesqueras legalmente autorizadas se ajustan a los criterios multisistémicos de conservación de los recursos pesqueros impuestos por la CCAMLR. Es decir, que esta normativa se traduce efectivamente en hechos, y no solamente en dichos.	Sobre este asunto es también del caso recordar que, sin perjuicio de la moratoria de los denominados reclamos territoriales antárticos (que en definitiva ha permitido convertir al Sistema del Tratado Antártico en el ejercicio de cooperación política (y enseguida científica) más exitoso de la historia), la existencia legal del Territorio Antártico está fuera de discusión.	En los hechos -y a pesar de que algunos se niegan a querer entender- no existe contradicción entre el Decreto Antártico de 1940 (y los límites de exteriores de nuestra Provincia Antártica) con la normativa del Tratado de 1959, pues, en lo principal, la norma del Art. 4 ( que establece que ninguna disposición del mismo se interpretará como una renuncia a los derechos de soberanía territorial o a las reclamaciones territoriales en la Antártica, que (un país hubiere hecho valer previamente) es absolutamente necesaria para asegurar la continuidad de la cooperación polar. Es esa norma la que precisamente obliga al Estado de Chile -a través de su Armada- a asegurar que, en el Territorio Chileno Antártico, las cuotas de captura de krill se ajustan a los montos autorizados.	Los que proponen esta hipótesis lo hacen desde la tranquilidad del desconocimiento y desde posiciones ideologizadas y epistemológicamente livianas, que se sostienen en el no-querer-saber que la condición actual de la Antártica se debe, precisamente al statu quo garantizado por el citado Art. 4 del Tratado, esto es, que la cooperación polar es posible gracias a una de las muchas contribuciones estructurales chilenas a la Pax Antártica, que hace posible las actividades científicas y las actividades económicas legítimas (turismo marítimo y pesca regulada).	Como se suele señalar, la fórmula legal chilena del statu quo del Art. 4 del Tratado Antártico es una formula política y geopolítica que afirma que, pese a que en cuanto a la cuestión de soberanía territorial en la Antártica estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, de todas formas el uso pacífico de la Antártica constituye un bien superior para el conjunto de la humanidad. Sin esta norma esencialmente territorialista, no existiría Pax Antártica.	En la práctica cotidiana de esta tradición se sostiene no solo la lógica geo-histórica y geo-legal de nuestra Antártica Chilena (y la integridad territorial de nuestra región), sino que, tan importante como eso, nuestra contribución a material y mensurable al uso racional de los recursos marinos y al debido cuidado de los ecosistemas antárticos asociados.	
Soberanía, conservación de los recursos  naturales y cuidado del medio ambiente