La Secretaría de Salud investiga a exfuncionarios de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que autorizaron la importación y comercialización de 72 pruebas rápidas para la detección de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, sin que se hicieran los estudios necesarios para evaluar su eficacia, como marca la ley.La emergencia sanitaria por el Covid-19, además, ha dado pie a un mercado negro de medicamentos, vacunas, pruebas y equipos de protección que grupos delictivos, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana, estarían aprovechando para extender sus actividades ilícitas, afirma el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).Se trata de dos caras de la emergencia sanitaria que involucran a “empresarios oportunistas” y a grupos delictivos en el aprovechamiento de la pandemia, un mercado negro que la Cámara Nacional de la Industria Farmaceútica (Canifarma) estima en alrededor de 8 mil millones de Pesos al año, sólo en lo que se refiere a las falsificaciones.A esta cifra se suman las pérdidas que sufren las distribuidoras de medicamentos y cadenas de farmacias por el robo anual de 2 mil millones de Pesos.Falsas Detecciones.El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell revela que tanto la Secretaría de Salud federal como la propia Cofepris dieron vista al Órgano Interno de Control (OIC) de esa dependencia, a cargo de Gibrán Ernesto Silva Basso, acerca de las 72 autorizaciones que durante la pandemia se otorgaron para importar y comercializar las pruebas serológicas o pruebas rápidas que detectan las infecciones de covid-19 mediante los anticuerpos en la sangre.En entrevista, López-Gatell informa que la investigación en curso busca esclarecer por qué los permisos para importar y vender las llamadas pruebas rápidas se entregaron sin cumplir con todos los requisitos legales, entre ellos las evaluaciones de confiabilidad que debía realizar el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos.“Dimos vista a la nueva titular del Órgano Interno de Control. Ya tomó conocimiento de las 72 pruebas. Por su parte, la nueva comisionada de Autorización Sanitaria, América Orellana, está revisando la información, los expedientes que pudieran estar en la institución. Si son apropiados y completos, no hay de qué preocuparse; pero si resulta que no, pues el OIC tendrá que tomar cartas en el asunto para ver la responsabilidad del hecho”, sentencia.En torno al mercado negro generado por la emergencia sanitaria, López-Gatell reconoce que es “un problema en todo el mundo, así como otras actividades ilícitas”, en el cual se entrecruzan “empresarios oportunistas”, actividades criminales y “años de corrupción gubernamental” que persisten en la administración pública.“El mercado negro es siempre producto del oportunismo empresarial y en la medida en que, tristemente, México tiene años de corrupción gubernamental, siempre hay alguien que facilita la interacción con quien se quiere beneficiar económicamente, ya sea porque recibe un estímulo económico o para facilitar ese mercado negro”, sostiene.Huachicoleo de Medicinas.El presidente del CNSP, Raúl Sapién, estima que en la actualidad el contrabando, la falsificación, el robo de medicamentos y vacunas, el “huachicoleo” de medicinas del sector público y hasta la venta de medicinas caducas, abastecen hasta a 8 millones de personas en nuestro país.A esta cifra, señala el líder de la agrupación en entrevista con Proceso, se deben sumar el contrabando y la falsificación de equipos médicos de protección personal, como las mascarillas de uso clínico N-95 o K-95, las cuales se comercializan en tianguis y otros puntos de comercio informal.Sapién Santos señala que el robo de medicamentos y equipos médicos representa una ganancia de hasta 2 mil millones de Pesos para el crimen organizado.Por su parte, el director general de Canifarma y vocero de la industria, Rafael Gual Cosío, considera que las falsificaciones de medicamentos generan ganancias de 8 mil 400 millones de pesos Para los grupos implicados.Sapién afirma que los Estados con mayor incidencia en el robo de medicamentos y vacunas, tanto del Sector Salud como del privado, son Jalisco, Michoacán, Puebla, Estado de México, Nuevo León y Guerrero; mientras que la comercialización de esa mercancía ilícita se da en mayor medida en la Ciudad de México, Tamaulipas y Ciudad Juárez.El empresario denuncia que las redes sociales también son usadas por los grupos criminales y por falsas organizaciones promotoras de la salud para la venta de medicamentos falsificados o robados, así como para promover “pruebas rápidas” que no sirven o que son ingresadas de contrabando.“Hay una convergencia delictiva para el robo de medicamentos en los estados de Michoacán, Puebla y el Estado de México; se ve la presencia de La Familia Michoacana. También puedo decir, en opinión personal, que el Cártel de Jalisco forma parte de este robo criminal a través de la creación de páginas fraudulentas. En lo que se refiere a La Familia Michoacana, es por la zona de operación.Aumentan Alertas de Cofepris.En lo que va de 2020 la Cofepris ha emitido 13 alertas por el robo y la falsificación de medicamentos, así como una alerta adicional por la comercialización del dióxido de cloro como un “tratamiento alternativo” para combatir el Covid-19.De dichas alertas, tres corresponden con la falsificación de medicamentos relacionados con los primeros tratamientos experimentales para combatir el Coronavirus, tres con el robo de vacunas contra la Influenza y uno más con el robo de tratamientos oncológicos infantiles en un año que se ha caracterizado por el desabasto de medicamentos para niños con cáncer.La Cofepris señala que los medicamentos falsificados incluyen la ivermectina e Ivermin, la hidroxicloroquina y el tocilizumab, que fueron utilizados durante la pandemia para tratar el Covid-19, aunque su uso ha sido descartado por autoridades sanitarias de México y de la Organización Mundial de la Salud por sus escasos resultados para disminuir la intensidad de la infección.La ivermectina es un producto antiparasitario que ha tenido efectos antivirales en casos de virus con ARN, como Dengue, Zika y Chikungunya, por lo que se probó contra el SARS-CoV-2 pero no tuvo éxito. La alerta por su falsificación fue emitida el pasado 20 de Noviembre.En el caso de la hidroxicloroquina, un medicamento auxiliar en enfermedades como el lupus, la artritis reumatoide y la malaria, la alerta por su falsificación fue emitida el pasado 26 de Junio, tras una denuncia de la empresa fabricante.Y por lo que se refiere al tocilizumab, un anticuerpo monoclonal humanizado que ha sido aprobado para el tratamiento de la artritis reumatoide y las llamadas “tormentas” de citocinas que producen la inflamación de los órganos, la alerta sobre su falsificación se emitió el pasado 7 de Agosto.Además, la Cofepris emitió los pasados 15 y 16 de Octubre tres alertas por el robo y la comercialización ilegal de vacuna contra la Influenza de las marcas Vaxigrip, que es de uso exclusivo del Sector Salud del Gobierno Federal, y Fluzone Quadrivalent, que se encuentra en proceso de análisis para su posible venta en el sector privado.López-Gatell señala que la Subsecretaría de Salud tuvo conocimiento de cuatro clínicas y hospitales privados de Ciudad de México, Puebla y Nuevo León en las que se aplicó la vacuna Vaxigrip, pese a que ningún médico o sanatorio particular puede comercializarla.Cuestionado sobre las sanciones que se pueden imponer a los médicos o clínicas que apliquen vacunas robadas del Sector Salud, López-Gatell advierte que estarían relacionados con el delito de robo, por lo que se enfrentarían a un proceso penal y no a uno administrativo.“Es un delito del fuero común, es un robo; ellos pueden ser cómplices del robo. Por supuesto se presume inocencia, como corresponde constitucionalmente, y no inmediatamente quien aplica la vacuna es el perpetrador del robo; pero si es cómplice de éste, en la carpeta se incluye a la persona que se sorprendió utilizando el producto”, afirma.Para Sapién la venta de vacunas robadas es una manifestación más de la delincuencia organizada y su operación “en capas”, por lo que la investigación no se debe quedar en el último eslabón de la cadena.“El crimen organizado opera como una cebolla que tiene un núcleo y se extiende en varias capas; ese núcleo muchas veces son empresas o seudoempresas, que cuentan con estructura, asesoría jurídica y departamento contable. Cuando se aseguran mercancías piratas vemos la última capa de la cebolla. Quien vende el producto adulterado, robado, apócrifo o caducado es la capa más externa. La conducta antijurídica no se debe focalizar, en el caso de las investigaciones de las Fiscalías, a quienes roban o venden de manera ilegal”, destaca. 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Las “Pruebas Rápidas” que Dejó Pasar la Cofepris: Se Investiga a Exfuncionarios