La vida privada y evitar un potencial daño a terceros, son los límites constitucionales de la libertad de expresión. Sin embargo, en el caso de un servidor público –del presidente–, el interés público prevalece sobre el derecho a la intimidad, sobre todo cuando se trata de una enfermedad que limita, altera o interfiera en la toma de decisiones de un presidente.	
¿Y la salud mental de López Obrador?