En estos días han salido muchas personas a hablar de la institucionalidad costarricense. Se trata de un discurso que aboga por la democracia y por el respeto al ordenamiento jurídico, lo esgrimen las personas que, al amparo de esa institucionalidad, han logrado estar bien económica y socialmente. Son personajes de los más variados estratos sociales, profesionales de las más diversas materias, es decir, a los que les ha ido bien en los últimos treinta y cinco años.	Me parece importante dejar claro desde el inicio que en esta columna no se va plantear desconocer la institucionalidad existente. Ahora bien, si pretendemos que se tenga conciencia que hay muchas personas en el país a la que esa institucionalidad le ha dado la espalda, es decir, ha sido incapaz de atender las demandas que durante muchos años la gente más humilde le han hecho. Vamos a decirlo sin ningún tipo de eufemismo, esa institucionalidad y las personas que han estado en la toma de decisiones de ella, es la que ha generado a la Costa Rica más inequitativa y desigual que hemos conocido.	Es absolutamente patético escuchar a expresidentes abogar por un respeto a la institucionalidad democrática y jurídica, cuando ellos, con sus decisiones, nos han llevado a la situación de exclusión social en la que estamos. Todo comenzó con el primer gobierno de Óscar Árias Sánchez en que impulsó el modelo económico que hoy tenemos, siendo su segunda administración, una continuidad de la primera. Rafael Ángel Calderón Founier, José María Figueres Olsen, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, Abel Pacheco de la Espriella, Laura Chinchilla Miranda, Luis Guillermo Solís Rivera y ahora Carlos Alvardo Quesada, han gobernado y fomentado, directa o tácitamente, el modelo de excluyente en que nos encontramos en este momento.	Es increíble como hay grupos que hablan de defender una institucionalidad que les ha beneficiado y, al mismo tiempo, cierran los ojos ante el clamor popular de las personas que están en pobreza extrema. Me refiero a grupos de todo tipo, profesionales, comerciantes, industriales, ni que decir del sector financiero y de los medios de comunicación; dicho en otras palabras, todos aquellos grupos que durante estos treinta y cinco años se han beneficiado de una política que, año con año, ha generado una brecha social entre los que más y menos tienen.	Lamentable es escuchar, también, a los opinólogos de la más diversa ideología. Se van turnando en los diferentes noticiarios y en los programas de opinión donde hablan como si fueran expertos en todo. No vale la pena decir nombres, todos conocemos a estos “expertos” de pacotilla, la mayoría carentes de una reflexión seria y profunda sobre los temas que dicen analizar.	Todos estos grupos y personajes se desgarran las vestiduras por una institucionalidad que no responde en la actualidad a los que menos tienen. El vergonzoso 20% de pobreza histórica ahora ha aumentado como consecuencia de la pandemia, el desempleo que ya venía creciendo antes de esta coyuntura, se ha desbordado y las personas más vulnerables no tienen cómo satisfacer sus necesidades más básicas. Todos los que salen criticando a los que han estado en las calles, son los que han sido beneficiados por esa institucionalidad que ahora ven amenazada; sin embargo, no se plantean: ¿por qué la institucionalidad costarricense está haciendo aguas y es incapaz de satisfacer las necesidades básicas de muchos costarricenses?	Les guste o no, estén de acuerdo o no, las personas que han estado en las calles son una realidad. No está claro los vasos comunicantes que articulan a esas personas, pero eso no implica que no existan. Se puede observar que la fortaleza de este movimiento está en las zona rural y no en la urbana, tal y como sucede con la pobreza y el desempleo; resulta poco inteligente pretender que esa realidad es inexistente y desconocer su impacto en la sociedad costarricense. Está clara la estrategia del gobierno de deslegitimar políticamente al movimiento que se hace llamar Rescate Nacional y de reprimir a las personas que lo han integrado; no obstante, esa es una apuesta arriesgada y que no resuelve el problema de fondo, a saber: la orfandad en la que están las personas que el modelo económico costarricense ha generado y excluido.	La institucionalidad que se pretende defender ya no responde a las demandas de la sociedad costarricense. En lo político, nos ha dado un Poder Ejecutivo y Legislativo donde llegan personas que dejan mucho que desear, incapaces de dar al país políticas y leyes para procurar el bienestar del mayor número de costarricenses; el Poder Judicial también se ha quedado corto y no ha logrado que los procesos judiciales, por ejemplo, satisfagan el anhelo de justicia pronta de los ciudadanos; el Tribunal Supremo de Elecciones, ha sido cuestionado por prohijar un sistema electoral que elige a personas no aptas para representar a los ciudadanos en las instituciones.	La institucionalidad costarricense le ha fallado a los que ahora están desempleados o han pasado a formar parte de los grupos más pobres de Costa Rica. Deberían preguntarles a esas personas que piensan de la institucionalidad, deberían darle voz en lugar de silenciarlos. Busquen a estas personas, divulguen su realidad y verán las razones que tienen para manifestarse. Se podría sintetizar en la siguiente frase: ya no tenemos nada que perder, porque ya lo hemos perdido todo.	No se puede defender la institucionalidad por la institucionalidad misma. Ella debe satisfacer las necesidades de los costarricenses y está claro que eso no viene ocurriendo hace rato. Se debe tener una reflexión profunda de cómo lograr una rectificación que permita que la mayoría de los costarricenses consideren a la institucionalidad del país como necesaria para tener una vida digna y no como está ocurriendo en la actualidad.	
¿Cuál institucionalidad es la que se debe defender?