Canarias comenzará a caminar a partir del lunes en la denominada nueva normalidad tras la irrupción de la pandemia del coronavirus. Ya se atisba el fin del estado de alarma, pero también una avalancha de recursos en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo. El fin de la alerta sanitaria, decretada por el Gobierno central a mitad de marzo para limitar la movilidad de los ciudadanos y doblegar la curva de contagios por Covid-19 en el país, activó un sistema de sanciones que, hasta el lunes, arrojaba en el Archipiélago un balance de 578 detenciones y 62.812 propuestas de sanción por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Autonómica y los agentes de las Policías Locales, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Canarias.	Si bien las administraciones públicas y cuerpos de seguridad han resaltado durante los tres últimos meses el comportamiento ejemplar de la población -que se ha enfrentado a un estricto confinamiento y, en las últimas semanas, a una gradual y paulatina desescalada-, se han contabilizado algunas excepciones que han derivado en propuestas de sanción y cuyo trámite se prolongará más allá de la extinción del estado de alarma. Existe controversia en torno a este asunto. Mientras que algunas voces indican que las sanciones pueden caer en saco roto por el hecho de que las mismas no sean firmes antes del fin de la alerta sanitaria, algunos expertos coinciden en que el procedimiento puede prolongarse más allá de dicho estado de alarma y, en cualquier caso, dar pie a la presentación de recursos si los afectados no están de acuerdo con las resoluciones definitivas adoptadas.	La formalización de estas reclamaciones pueden darse, incluso, en avalancha. El abogado Yeray Alvarado expone que las denuncias realizadas por los agentes de los diferentes cuerpos policiales en relación al estado de alarma "dan lugar a la incoación de expedientes sancionadores en los que los denunciados pueden formular alegaciones y proponer prueba, tras lo cual, la Administración con competencias concluirá resolviendo imponer o no la sanción".	Alvarado explica que muchas de estas denuncias se han producido "por el mero hecho" de transitar por las calles durante el confinamiento o por hacer uso de zonas comunes privadas. "Circunstancias ambas que podrían no suponer en sí mismas una desobediencia a la autoridad", apunta, "puesto que para la primera de las situaciones podría ser imprescindible una orden previa de los agentes que el particular hubiera desobedecido [como así concluye la Abogacía General del Estado] y porque en el caso del uso de las zonas comunes ni siquiera se limitaba su uso en el decreto de alarma, por más que muchas comunidades de propietarios y sus administradores redactaran circulares en otro sentido". Alvarado entiendo que este tipo de situaciones, "de no resolverse adecuadamente en vía administrativa, podrían irrumpir de forma masiva en la jurisdicción contencioso administrativa".	El decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Rafael Massieu, sostiene, a su vez, que si no se respetan la normas de procedimiento administrativo, las sanciones pueden ser anuladas. Massieu, experto laborista, indica que compañeros que tratan de forma directa esta materia comentan que muchos de los expedientes abiertos son recurribles "porque no se ha observado el respeto de las garantías de los ciudadanos".	), Gerardo Pérez, recalca, igualmente, que durante el estado de alarma se puede decretar una serie de sanciones cuya tramitación puede ir más allá de dicho escenario. Una vez este finalice, puntualiza, los cuerpos y fuerzas de seguridad no podrán sancionar en virtud de ese estado de alerta. "El hecho sancionado tiene que producirse dentro del estado de alarma", enfatiza, "pero que un procedimiento se prolongue y termine fuera del estado de alarma no me parece que sea una razón para invalidar esa sanción".	El escenario de alerta no ha venido acompañado de un régimen sancionador específico, sino que las fuerzas de seguridad se han apoyado en normas anteriores para establecer las cuantías de las infracciones -que podían oscilar entre los 600 y 10.000 euros, aproximadamente-. Algunas voces han apuntado a un resquicio para echar por tierra el proceso sancionador. La ley orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio recoge en el capítulo primero, dentro del artículo 1.3, que "finalizada la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio decaerán en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en orden a actuaciones preventivas correspondan a las autoridades competentes, así como las concretas medidas adoptadas en base a éstas, salvo las que consistiesen en sanciones firmes".	Hasta el momento Galicia es la única comunidad autónoma que se ha adentrado en la nueva normalidad y, por tanto, el único territorio en el que el estado de alarma ha llegado a su fin. El Archipiélago hará lo propio, si no hay sorpresas de última hora, a partir del jueves. Torres, tras la última conferencia telemática de	
Las multas por saltarse el confinamiento amenazan con bloquear los juzgados