y el editorial decía: “El mundo rico tiene una elección clara: aprender de los errores del pasado o ver cómo el Leviatán crece hasta convertirse en un auténtico monstruo”. En un ejemplar más reciente dedicado al futuro de la revolución tecnológica, el semanario escribía que el Gobierno debía limitarse a establecer las reglas del juego: invertir en bienes básicos, como la educación y las infraestructuras, para después apartarse y que los negocios revolucionarios pudieran dedicarse a sus asuntos.	Democracia: ¿alguien tiene algo mejor? Esta es la visión que los ortodoxos tienen de la economía: la narrativa de que el Gobierno es ineficiente y de que su plan óptimo debería ser “limitado” para evitar interferencias en el mercado. Por ello, si aparece alguien que pone en cuestión con argumentos —y no con la ideología contraria— esa narrativa, puede ser considerado revolucionario. Es el caso de la catedrática de Economía en Londres	(RBA). Mazzucato ya combatía entonces (año 2013) la opinión de que para recuperar el crecimiento después de la crisis financiera de 2008 bastaba con disminuir el déficit reduciendo el gasto público; recordaba que esa crisis la causó la deuda privada, no la deuda pública; y demostraba que un factor clave del crecimiento económico había sido la inversión pública en áreas como la educación, la investigación y el cambio tecnológico. Sin inversiones públicas no se tendría ninguna de las tecnologías de los dispositivos inteligentes, desde Internet al GPS o Siri. Tampoco se habrían desarrollado algunas de las energías renovables de la revolución verde, ni muchos de los nuevos fármacos punteros para tratar enfermedades. En estos ejemplos los fondos públicos han proporcionado la paciencia y la estrategia de largo plazo previos a la disposición de las empresas a invertir. Se observa la capacidad potencial del Estado como inversor de primera instancia, de forma que puede contribuir a abordar los grandes retos de nuestro tiempo: el cambio climático, la sanidad, la revolución digital, etcétera.	gestionado por el Gobierno. Al hacer eso se permite que el banco privado se recupere y el contribuyente asume la responsabilidad de gestionar o vender los activos malos. Ello supone la socialización de los riesgos y la privatización de las recompensas. Raramente aparece ello en el capítulo de ayudas a la banca. El contribuyente paga la factura de la parte de los activos públicos menos eficientes y vende las mejores partes al sector privado, frecuentemente, con rebajas y con descuentos.	No es extraño que en el frontispicio de ambos libros figure la frase de Keynes: “Lo importante para el Gobierno no es hacer cosas que ya están haciendo los individuos y hacerlas un poco mejor o un poco peor, sino hacer aquellas cosas que en la actualidad no se hacen en absoluto”.	
Privado bueno, público malo