En los últimos días, Moncloa ha confirmado a cuentagotas los rostros que darán forma al nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Hasta el momento se conocen los nombres y responsabilidades de 15 ministerios y cuatro vicepresidencias, a la espera que el propio Sánchez confirme durante este fin de semana la composición definitiva del Ejecutivo, con un fuerte carácter económico.	Apostó al todo o nada y ganó. Al segundo intento y tras una repetición electoral, el líder de Unidas Podemos logró por fin su objetivo: entrar en el Gobierno de coalición con el PSOE. Y ello tras dejarse siete diputados por el camino y verse superado por la ultraderecha. Doctor en Ciencia Política, Pablo Iglesias (Madrid, 1978) ha conseguido, contra todo pronóstico, escalar hasta la primera línea política y estará al frente de la vicepresidencia segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030.	De rigor técnico, perfeccionismo en el trabajo, pragmatismo en las decisiones y tenacidad en las negociaciones inversamente proporcional a su menudez física, Nadia Calviño (La Coruña, 1968) es el estandarte que Pedro Sánchez lleva a Bruselas para defender y explicar a los socios comunitarios y a los mercados internacionales las decisiones económicas que se toman en el Consejo de Ministros.	Que Teresa Ribera (Madrid, 1969) era una de las ministras de máxima confianza de Pedro Sánchez, es algo que se palpaba. No solo por la lealtad que demostró al líder socialista en sus horas más bajas, inmerso en la batalla interna por el liderazgo del PSOE, sino porque ha sabido gestionar y rentabilizar la que ha sido una de las banderas del Gobierno surgido en junio de 2018 de la moción de censura a Mariano Rajoy: el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.	El perfil político de María Jesús Montero crecerá con fuerza en la nueva legislatura. Pedro Sánchez ha revalidado su apuesta por quien fuera consejera de Hacienda en Andalucía con Susana Díaz hasta su fichaje al frente del Ministerio de Hacienda tras el éxito de la moción de censura en 2018. Montero (Sevilla, 1966) se mantendrá al frente de esta cartera y, por primera vez, un ministro de Hacienda será también portavoz de la labor del Gobierno.	Fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que eligió a José Luis Escrivá (Albacete, 1960) para dirigir en 2014 la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), una nueva institución impuesta por Bruselas para fiscalizar las cuentas públicas al margen de los Gobiernos. Es uno de los mayores conocedores de la política presupuestaria española de los últimos años.	La magistrada progresista Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior y veterana curtida en mil batallas, tanto en terrenos ministeriales y parlamentarios como en las difíciles aguas de la política judicial, repite al frente de Defensa. En la última Pascua Militar ya avanzó cuáles serían sus prioridades de seguir en el cargo. Destacó así a los militares como el “principal baluarte” de las Fuerzas Armadas y mostró su compromiso para seguir desarrollando la “política social” del departamento en asuntos como la conciliación y la igualdad.	Entre sus retos estará la reclamación de las Fuerzas Armadas de equiparar sus retribuciones con las de las fuerzas de seguridad; dar una solución a la salida obligatoria de los militares temporales al cumplir los 45 años; sellar la licitación de un nuevo contrato millonario para adquirir vehículos de combate sobre ruedas; y la integración de la mujer.	El juez conservador que se dio a conocer por la instrucción del caso Faisán y de otras numerosas causas contra ETA mantendrá la cartera de Interior. Lo hará tras una breve legislatura en la que tuvo que gestionar la respuesta a los altercados violentos ocurridos en octubre pasado en las calles de las principales ciudades catalanas a raíz de la sentencia del procès.	Destacado activista por los derechos del colectivo LGTBI tras hacer pública su homosexualidad en 2006, Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 1962) ocupó su primer destino como juez apenas tres años después de licenciarse en Derecho y Economía por la Universidad de Deusto. En 1999, con solo 37 años, se incorporó a la Audiencia Provincial de Vizcaya, dando el salto a la Audiencia Nacional en 2004, en la que instruyó, entre muchos otras, la causa contra el que fuera líder de Batasauna, Arnaldo Otegui.	La cuota catalana del Ejecutivo de coalición queda en manos de Salvador Illa (La Roca del Vallés, Barcelona, 1966), figura clave en las negociaciones que han mantenido el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez. El hasta ahora secretario de organización del PSC y mano derecha de Miquel Iceta, asumirá la cartera de Sanidad, un departamento que pierde las competencias de Consumo y Bienestar Social.	Licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona y Máster en Dirección y Gestión de Empresas por el IESE (Universidad de Navarra) ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el sector público y en la actividad política. Fue alcalde su localidad natal entre 1995 y 2005. A partir de ese año fue director general de Gestión e Infraestructuras del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña y, desde 2016, ocupa la secretaría de organización del PSC.	Irene Montero (Unidas Podemos) era, desde que se anunció el acuerdo de gobierno con el PSOE, el nombre que sonaba con más fuerza para ocupar el Ministerio de Igualdad. Aterriza en esta cartera sustituyendo a Carmen Calvo y días después de que acabe 2019, el año con más mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en el último lustro (55), según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. El acuerdo suscrito por el PSOE y Unidas Podemos pone el foco en “blindar el sí es sí” y en incorporar una “perspectiva de género” en los casos judiciales. Otro frente de actuación de la nueva ministra será el ámbito laboral. El 58% de los parados en España son mujeres, según los últimos datos de Trabajo, y persiste la brecha en cargos de responsabilidad. Las recetas escogidas por Montero: una ley de igualdad laboral, planes para empresas de más de 50 empleados y la equiparación de permisos de paternidad y maternidad en 2021.	Pedro Duque afronta su segunda legislatura al frente del Ministerio de Ciencia con una mala noticia: la segregación de las competencias universitarias de las científicas. Duque, al igual que rectores o científicos, considera que ambas están íntimamente relacionadas y que separarlas es un error, ya que la política científica dependerá de tres ministerios diferentes (Educación, Ciencia y Universidades). La Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), que representa a 30.000 científicos, pone el énfasis en la nula interlocución que habrá con la comisaria Mariya Gabriel, que asume en su cartera Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud. A ello se suma el problema endémico de la falta de financiación: el 70% del presupuesto del ministerio se queda sin ejecutar al concederse como créditos y no como ayudas directas.	El nombramiento de Arancha González Laya al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación supone un claro cambio de tercio. Esta experta en comercio apenas conocida fuera de los organismos internacionales sustituirá a Josep Borrell, cara exterior de España en el primer Gobierno de Sánchez. El carácter político y la larga trayectoria pública de un Borrell muy combativo ante las pretensiones de internacionalizar el proceso independentista catalán se ven relevados por un perfil mucho más técnico.	Los tiempos obligan; la próxima legislatura estará marcada por las guerras comerciales y la definición del futuro de la Unión Europea, áreas en las que González Laya acumula una gran experiencia. Moncloa ya adelantó, antes del nombramiento, su intención de potenciar el perfil económico del ministerio y su papel en la diplomacia empresarial.	Para ello, González Laya acumula 20 años de trayectoria en la Comisión Europea, la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la ONU, participando en las negociaciones de numerosos acuerdos comerciales. Actualmente esta donostiarra de nacimiento pero tolosarra de adopción, de 50 años, es subsecretaria general de la ONU y directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional. Anteriormente, González Laya ha sido jefa del gabinete del director general de la OMC, Pascal Lamy, entre 2005 y 2013, ejerciendo de negociadora del organismo en el G20. A la OMC llegó tras desempeñar varios cargos en Bruselas, donde participó activamente en distintas negociaciones de pactos con países terceros. Entre 2002 y 2004 ejerció como portavoz de Comercio de la CE. Es, como corresponde a este bagaje, una firme defensora del multilateralismo.	Su nombramiento ha sido elogiado por el exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo: “Cuenta con dos activos importantes para desempeñar con éxito la cartera de Exteriores: conoce los organismos multilaterales y puede dar al ministerio la orientación económica que conviene”. Otro veterano de la diplomacia española y europea, Javier Solana, destacó la experiencia de González, una persona, ”inteligentemente apasionada por Europa”.	Planas repite al frente de Agricultura y en su segunda legislatura tendrá que hacer frente a las tensiones propias de la negociación de los Presupuestos de la Unión Europea para el periodo entre 2021 y 2017, de los que una partida muy importante se destinará a la Política Agraria Común (PAC). Una situación a la que ya está acostumbrado por su dilatada experiencia en la Comisión Europa, donde ha pasado varias etapas de su vida y donde llegó a ser jefe de gabinete de los comisarios Pedro Solbes y Manuel Marín.	Con lo que no está tan familiarizado es a bregar con dos situaciones excepcionales que amenazan al campo español: el Brexit, previsto para el 31 de enero, y la imposición de aranceles en EE UU a productos españoles. Reino Unido es el tercer cliente más importante de España en la compra de frutas y hortalizas, con un 12,7% del total de exportaciones, solo por detrás de Francia (19,05%) y Alemania (28,37%).	En paralelo, el campo se ha visto salpicado por la guerra comercial impulsada por Trump contra todas las naciones que le venden bienes y servicios a EE UU. En 2004, el presidente George Bush presentó una queja ante la OMC por ayudas no permitidas al gigante europeo Airbus en su guerra contra la estadounidense Boeing. 14 años después, la OMC le dio la razón a EE UU, que ha impuesto aranceles desde octubre a la venta desde España de cerdo, aceite de oliva, aceitunas, vino y queso, lo que les supondrá a los productores un coste de 192 millones al año.	Esos incendios comenzaron en la anterior legislatura y no se han extinguido, por lo que le tocará volver a bregar con los tres focos: automoción, Brexit y aranceles. Las tensiones más fuertes han procedido del sector del motor, que tras seis años seguidos de crecimiento de ventas, ha visto como el negocio caía un 5% por la coincidencia de una tormenta perfecta: la nueva normativa de homologación de consumos y emisiones del diésel, la menor demanda de los grandes mercados compradores como Reino Unido y Alemania y la desaceleración económica en España. Los desencuentros se acentuaron con la propuesta de Teresa Ribera de poner fecha de caducidad al diésel, lo que sublevó a los fabricantes de coches ante el impacto que esa medida podía tener en sus cuentas.	La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha permanecido como una amenaza constante para la industria turística, que tuvo que afrontar al mismo tiempo la quiebra del gigante de la turoperación Thomas Cook, mientras que los aranceles de EE UU a las exportaciones europeas y chinas todavía no han desaparecido y están afectando de forma negativa al comercio mundial.	
Los ministros confirmados que estarán en el nuevo Gobierno, uno a uno