En un auto, la sala civil y penal del TSJC resuelve, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, no admitir a trámite la querella que el PP presentó contra Torra, en la que le acusaba de mantenerse en el cargo pese a que el Parlament le había retirado el acta de diputado a raíz de su condena a inhabilitación, aún no firme.	En su querella, el PP argumentaba que la pérdida de la condición de diputado de Torra -derivada de una decisión de la Junta Electoral tras su condena por desobediencia- comporta de forma automática su cese en el cargo de presidente de la Generalitat, de acuerdo tanto con la Constitución como con el Estatuto de Autonomia.	En todo caso, advierte el alto tribunal, no es a la jurisdicción penal a la que corresponde llevar a cabo la “interpretación jurídica” de los preceptos legales y constitucionales que plantea la querella del PP, por lo que “no procede” que la sala entre en un “análisis más profundo” del asunto.	La decisión del TSJC coincide con el criterio de la Fiscalía, que en su informe remitido a la sala sostuvo que no es la jurisdicción penal la que debe dirimir si Torra se halla o no legitimado para seguir ejerciendo de presidente de la Generalitat, “más allá de la especulación” que pueda derivarse de la simple lectura de la Constitución y el Estatut.	Paralelamente, el Tribunal Supremo debe resolver el recurso que Torra ha presentado contra la sentencia del TSJC que le impuso año y medio de inhabilitación por desoír la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos del Palau de la Generalitat, condena que no es ejecutable hasta que no sea firme.	
El TSJC rechaza investigar la querella del PP contra Torra por usurpación