Militares en AyotzinapaExiste inquietud en un sector del medio castrense por el nuevo curso de las investigaciones contra militares que participaron en el operativo del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, que se saldó con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Hace unos días se difundió la declaración de uno de los detenidos “de identidad reservada”, que menciona dos puntos sobre los que la autoridad ministerial deberá profundizar.	Menciona posibles sobornos a militares del cuartel de este municipio para permitir el tráfico de droga, dinero y armas por esta zona de Guerrero. También asegura que los soldados detuvieron a “numerosos jóvenes” para llevárselos a interrogar a las instalaciones castrenses para después entregarlos al grupo criminal llamado “Guerreros Unidos”, quienes los habrían asesinado y desaparecido.	Lo que siembra dudas es la acción directa de los soldados para realizar lo que el testigo dice sucedió. Efectuar una operación como la que se menciona, implica movilizar por lo menos a una sección, equivalente a 30 militares, pero lograr que todos los involucrados se queden callados es casi imposible.	La incógnita es qué hizo el entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 de infantería, con esa información. Si siguió la doctrina militar debió de reportar con sus superiores para saber cómo proceder. Debió haber informado al comandante de la 35 zona, del que dependía jerárquicamente, en ese momento el general Alejandro Saavedra Hernández. La cadena de mando seguía hacia arriba con el comandante de la región en Acapulco, quien debió informar al Estado Mayor de la Defensa Nacional, de donde vendría la orden de intervenir o no hacerlo.	Existe inquietud en un sector del medio castrense por el nuevo curso de las investigaciones contra militares que participaron en el operativo del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, que se saldó con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Hace unos días se difundió la declaración de uno de los detenidos “de identidad reservada”, que menciona dos puntos sobre los que la autoridad ministerial deberá profundizar.	Menciona posibles sobornos a militares del cuartel de este municipio para permitir el tráfico de droga, dinero y armas por esta zona de Guerrero. También asegura que los soldados detuvieron a “numerosos jóvenes” para llevárselos a interrogar a las instalaciones castrenses para después entregarlos al grupo criminal llamado “Guerreros Unidos”, quienes los habrían asesinado y desaparecido.	Lo que siembra dudas es la acción directa de los soldados para realizar lo que el testigo dice sucedió. Efectuar una operación como la que se menciona, implica movilizar por lo menos a una sección, equivalente a 30 militares, pero lograr que todos los involucrados se queden callados es casi imposible.	La incógnita es qué hizo el entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 de infantería, con esa información. Si siguió la doctrina militar debió de reportar con sus superiores para saber cómo proceder. Debió haber informado al comandante de la 35 zona, del que dependía jerárquicamente, en ese momento el general Alejandro Saavedra Hernández. La cadena de mando seguía hacia arriba con el comandante de la región en Acapulco, quien debió informar al Estado Mayor de la Defensa Nacional, de donde vendría la orden de intervenir o no hacerlo.	

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