constituida en Luxemburgo— reclama además que el Estado no le extendió una Enmienda Bancarizable al Contrato de Concesión, que ella necesitaba para poder vender a una tercera empresa sus derechos de participación en el proyecto GSP, siendo que no existía obligación legal alguna sobre el Estado para proceder según la pretensión de la demandante”, dice la SPDI.	“OLI LX reclama por la dación de la Ley Nº 30543, promulgada el 3 de marzo de 2017, que eliminó el Ingreso Garantizado anual, subsidio estatal en favor del consorcio integrado por Odebrecht, siendo que en esa fecha ya había sido rescindido el Contrato de Concesión del proyecto GSP", señala la Sociedad Peruana de Derecho Internacional.	En efecto, el contrato fue resuelto en enero de 2017, y, según el Ejecutivo, esta decisión fue tomada por el Gobierno debido a que “el consorcio no logró obtener el financiamiento y acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto en la cláusula 6.5º del Contrato de Concesión, incluso después de dos prórrogas otorgadas graciosamente por el Estado”.	
SPDI: Arbitraje pedido por Odebrecht “carece de fundamentos”