Casi todo parece marchar bien con la economía argentina, eso sí, desde el punto de vista del promedio estadístico. Un punto de vista según el cual, si un individuo tiene la cabeza en el horno y sus partes menos nobles en un congelador, la temperatura media del cuerpo posee valores normales y aceptables.	Obviamente, esto exige dejar de lado "minucias" tales como una inflación que comienza a colocar al país entre los más caros de la región. De la brecha entre ricos y pobres mejor no hablar mucho. Si la diferencia entre los sectores más pobres y más ricos era de 12 veces a mediados de la década del 70, hoy esa diferencia está en 33 puntos. Con todo, el viento parece todavía soplar de popa y la economía sigue creciendo a tasas chinas.	Sin embargo, contradiciendo los lugares más comunes del determinismo económico, los niveles de conflictividad social parecen crecer en proporción geométrica. Noticias como estas en un contexto de funcionamiento normal de las instituciones democráticas podrían ser preocupantes pero jamás alarmantes. No es este el caso en la Argentina. La bonanza económica, lejos de haber sido aprovechada para la reconstrucción de las instituciones, se ha convertido en un instrumento decisivo para aumentar un descalabro institucional que en forma permanente nos coloca en las puertas de graves crisis. Un gobierno nacional con el mayor nivel de superávit de la historia moderna, convive con provincias miserables que semana a semana deben mendigar de rodillas frente al poder central para cubrir sus necesidades más acuciantes.	La ley de coparticipación federal de recursos prevista explícitamente en la Constitución de 1994, cumple en estos días 11 años de mora. Por lo demás, groseros casos de corrupción que salpican a altísimos funcionarios del gobierno, empiezan a transitar, con todas las trabas y dificultades imaginables, por una justicia que, si en general continúa siendo extremamente sensible a las necesidades del poder político, por el otro posee bolsones de honradez y dignidad que pueden conducir a resultados inesperados.	Con la excusa del retardo y las dilaciones (rigurosamente ciertas), en causas de delitos de lesa humanidad que involucran a jerarcas de la dictadura militar, convertidos hoy en sombras del pasado, el gobierno ha iniciado una embestida brutal contra el más alto tribunal penal del país exigiendo la renuncia de prácticamente todos sus miembros. Para decirlo rápidamente, en río revuelto quizás algunos puedan unir lo útil con lo agradable.	Con un pueblo que vive a flor de plaza pública y que frente a la ausencia de mecanismos institucionales de resolución de conflictos ha convertido al corte de las rutas en un mecanismo habitual para hacerse oír, podría decirse que si por un lado sobra mecha, por el otro no faltan delirantes que circulan con un fósforo en la mano.	Hace muy pocos días, en la rica y petrolera provincia de Neuquén, una protesta tan masiva cuanto pacífica de maestros, terminó con el asesinato premeditado y brutal de uno de ellos a manos de la policía. El autor material del disparo resulto poseedor de un frondoso prontuario judicial, con condenas que lo inhabilitarían a ejercer cualquier función publica (mucho más la de portar un arma) en cualquier país del mundo.	Todo el contenido de www.prensa.com pertenece a Corporación La Prensa, S.A. Razón por la cual, el material publicado no se puede reproducir, copiar o transmitir sin previa autorización por escrito de Corporación La Prensa, S.A. Le agradecemos su cooperación y sugerencias a web@prensa.com y Servicio al Cliente. En caso de necesitar mayor información, llámenos al 323-6400.	
Max Weber cabeza abajo