En esta imagen del 8 de noviembre de 2019, la juez guatemalteca Ericka Aifán posa para fotos en su sala judicial en Ciudad de Guatemala. In this Nov. 8, 2019 photo, Guatemalan judge for high risk crimes Erika Aifan poses for photos at her courtroom in Guatemala City. Ericka Lorena Aifán Dávila está acostumbrada a ser blanco de ataques desde que asumió hace más de una década como jueza en Guatemala, pero en los últimos meses el tono se incrementó y un día recibió un mensaje de texto a su celular: debería estar muerta. (AP Foto/Moisés Castillo)	En esta imagen del 8 de noviembre de 2019, la juez guatemalteca Ericka Aifán posa para fotos en su sala judicial en Ciudad de Guatemala. In this Nov. 8, 2019 photo, Guatemalan judge for high risk crimes Erika Aifan poses for photos at her courtroom in Guatemala City. Ericka Lorena Aifán Dávila está acostumbrada a ser blanco de ataques desde que asumió hace más de una década como jueza en Guatemala, pero en los últimos meses el tono se incrementó y un día recibió un mensaje de texto a su celular: debería estar muerta. (AP Foto/Moisés Castillo)	Después de que el gobierno puso fin este año a las operaciones de una comisión de las Naciones Unidas que por más de una década desenmascaró diversas redes de irregularidades y sobornos desde oficinas públicas y privadas, la lucha contra la corrupción en Guatemala quedó en manos de fiscales y jueces guatemaltecos. Aifán es una de esas jueces y quizá de las más visibles.	De 44 años, Aifán tiene un tono de voz muy bajo, es tímida y de pocas palabras. Pero sus fallos han sido contundentes, algo que para ella y otros más son razón suficiente para que la ataquen y amenacen. Organizaciones nacionales e internacionales han expresado su preocupación, e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió hace unas semanas establecer medidas para su protección, algo que si bien en la cotidianidad ya ocurre, el organismo considera insuficiente.	“La jueza Ericka Aifán es uno de los principales rostros de la lucha contra la corrupción”, dijo a la AP Adriana Beltrán, directora para Seguridad Ciudadana de la organización Oficina de Washington para América Latina, (WOLA, por sus siglas en inglés). “Ella ha tenido en los últimos años, los casos de más alto nivel”.	La CIDH señaló que si bien la jueza recibe protección del organismo judicial, las presiones contra ella tienen “su origen precisamente en determinadas personas pertenecientes a instituciones estatales, sin que pueda apreciarse en este respecto la implementación de medidas más concretas para disminuir el clima de hostilidad contra la propuesta beneficiaria, tales como reafirmar públicamente la legitimidad de sus labores y exigir en todo momento respeto a su integridad”.	Pero el asunto más emblemático que le ha tocado revisar y, por el que cree que han aumentado las presiones y ataques en su contra, es el llamado caso “Fénix”: una investigación hecha pública en abril de este año y que descubrió cómo empresarios y particulares se aliaron en una operación para lavar dinero obtenido mediante una estafa por unos 50 millones de dólares al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.	La presencia de la CICIG por Guatemala permitió desarticular decenas de redes de corrupción que involucraban en distintos niveles a funcionarios, legisladores, jueces y empresarios. La comisión llevó a juicio a tres expresidentes, incluido el general Otto Pérez Molida, quien en 2015 renunció a su cargo. Pero el trabajo del organismo no podría explicarse tampoco sin el apoyo de funcionarios y jueces guatemaltecos dispuestos a enfrentar las presiones, como Aifán, que ahora llevan todo el peso de las investigaciones.	Aseguró que ambos sustrajeron parte del expediente del caso “Fénix”, en particular algunas fojas en las que otros tribunales le ordenaban ejecutar medidas a favor de los acusados. Y como no ha podido aplicarlas ante la falta de los documentos, Aifán dice que ahora se corre el riesgo de que algunos involucrados, como el hijo de Herrera, queden en libertad.	Aifán explicó que las presiones en su contra por el caso “Fénix” han venido incluso desde el mismo Poder Judicial. Una de las fiscales que participa en la investigación, Cinthia Monterroso, la denunció bajo el argumento de que la presionaba. Sin embargo, la fiscalía a la que Monterroso pertenece decidió separarla a ella, antes que pedir quitar del caso a la jueza.	La jueza comentó que ha habido momentos en que se siente vigilada a las puertas de su propia casa. Contó que en una ocasión un auto se estacionó por casi dos horas frente a la entrada de su vivienda y se retiró sino hasta que su guardia se acercó. También dijo que se ha sentido espiada al hablar por teléfono.	
Una jueza, el rostro de la lucha anticorrupción en Guatemala