Al exmandatario y actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia se le atribuye el uso de fondos públicos para la publicación de una solicitada en 18 diarios nacionales y provinciales, en junio de 2014, en la que se criticaba a los fondos buitres, con el título "Acuerdo de compromiso para la reafirmación democrática argentina".	Por la publicación se pagaron $4.308.500,23. También se investiga a Urribarri por la contratación que hizo con la productora Nelly Entertainment SA, por un monto de $28,4 millones, en el marco de la Cumbre del Mercosur que se desarrolló en Paraná en diciembre de ese año. Y la otra investigación abierta apunta a la instalación del parador playero en Mar del Plata, en el verano de 2015, por el que se pagaron $14.561.870, según La Nación.	Según el sistema acusatorio que rige en la provincia de Entre Ríos, los fiscales deben adelantar la pena antes de que el caso se eleve a juicio. Los representantes del Ministerio Público Fiscal -Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano- solicitaron para Urribarri una pena de nueve años de prisión. Entendieron que esas iniciativas fueron en beneficio personal, como parte de una campaña para instalar su figura en el plano nacional.	En la audiencia, los fiscales y los abogados defensores expusieron cuáles son los testimonios y pruebas documentales que aspiran a presentar en el debate oral y público. Surgió, así, el ofrecieron de las declaraciones testimoniales del exdirector de la Biblioteca Nacional durante el gobierno de Cristina Kirchner, Horacio González, y el politólogo y filósofo Eduardo Rinesi, identificado con el gobierno anterior.	En la causa también está imputado Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, sospechado de haber cobrado una coima por la instalación del parador playero. Los exfuncionarios provinciales Hugo Félix Céspedes, quien fue coordinador de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, y Gustavo Javier Tortul, entonces coordinador contable de esa comisión especial, deberán enfrentar el juicio, que aún no tiene fecha.	El otro imputado que eludió el juicio oral y público luego de acudir a la suspensión del juicio a prueba es el empresario Jorge "Corcho" Rodríguez. Estaba imputado, pero acordó el pago de un resarcimiento al Estado de $150.000, en doce cuotas iguales y consecutivas, y la realización de campañas de bien público en beneficio del comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos, a modo de canje, a través de la cuenta de Instagram de la conductora Verónica Lozano, su pareja, y también en el programa "Cortá por Lozano", que se emite por Telefe.	

                Urribarri irá a juicio oral por el desvío de fondos públicos por $47 millones
                    
            