Excepto la primera, las otras cuatro pertenecían al bloque K previo a la unificación de las bancadas con el PJ.El proyecto determina que “será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva” de los acusados que no estén bajo control del cumplimiento de los estándares establecidos por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Plantea un plazo de 72 horas para que opinen el fiscal y las querellas, y otras 24 para resolver sobre la situación.La primera cuestión de nulidad que propone el texto pasa por la afectación de parte de los medios a la	de los acusados. “La publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”, indica.En la práctica significaría que si un juez le dicta la prisión preventiva a un acusado en una causa por corrupción el detenido podría pedir su libertad, en el caso de que los medios hubiesen informado sobre ese expediente. Hasta el momento en la bancada del Frente de Todos no se habló del proyecto	y las sospechas sobre “deficiencias en el respeto a las garantías del juez natural por razones intromisión en la asignación de competencias, de designaciones o direccionamiento en los sorteos de jueces”.Justamente las declaraciones de testigos arrepentidos fueron claves en causas como los cuadernos de las coimas, originada a partir de las anotaciones del exchofer de Roberto Baratta	jefa de una asociación ilícita.Otras causales del proyecto son la “intromisión de funcionarios del Poder Ejecutivo en el desarrollo de las actuaciones”. O cuando esos funcionarios “ejercieran conductas o dieran expresiones en público aptas para afectar la independencia de los jueces o la autonomía de los fiscales”.También la “intromisión de representantes de	
Corrupción: un proyecto del kirchnerismo busca limitar al periodismo en la publicación de causas por irregularidades