De acuerdo con lo previsto en el artículo primero de la Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública, las distintas administraciones públicas --dentro del ámbito de sus competencias y con el objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro-- pueden adoptar las medidas previstas en la citada ley, cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.	"Existen razones objetivas para la suspensión de la actividad de los citados centros como medida preventiva y de contención de la transmisión del covid-19, debido a que la actividad de los centros de mayores en la situación de alerta sanitaria actual supone un grave riesgo de carácter inminente para la salud pública", expone la resolución suscrita por la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes.	
El cierre de centro de mayores en la Comunidad entra en vigor este sábado