El sistema de salud argentino se enferma cada vez más y, al igual que los mosquitos en el dengue, la Justicia se comporta como vector de esa enfermedad. La utilización de la vía judicial para dirimir el acceso a las tecnologías sanitarias puede parecer a simple vista como una lógica herramienta para garantizar derechos, pero es a todas luces un fracaso del sistema de salud en su conjunto.	Deberíamos analizar por qué la sociedad está más dispuesta a exigir la cobertura de tecnologías no siempre sustentadas por evidencia científica de calidad que a demandar el acceso a determinadas condiciones básicas como agua potable. Como si olvidáramos que decisiones de ese tipo repercuten de manera opuesta sobre otro grupo de personas con los mismos derechos.	La judicialización es también un fracaso para la propia justicia, cuyo objetivo de reducir inequidades choca en realidad con la generación de otras tantas. No solo porque el espíritu de ayudar al más débil no siempre se ve favorecido por exigir la cobertura de determinada tecnología sino porque, tal como lo reconocen algunos jueces, muchas decisiones son tomadas sin información suficiente o incluso con el asesoramiento de peritos que no hacen más que aportar a la confusión general.	1. Convertir al Programa Médico Obligatorio (PMO) en un programa y no en un mero paquete de prestaciones. En el que se construyan protecciones sanitarias por líneas de cuidado, de manera similar a las Garantías Explícitas en Salud de Chile, en el cual el Estado sea garante del acceso oportuno en calidad y temporalidad.	2. Erradicar la existencia de diferentes programas de cobertura, condicionado por quien financia la salud. Nuestro PMO reviste carácter obligatorio solo para obras sociales nacionales y empresas de medicina prepaga, no así para el Estado, generando desde su misma definición inequidades basadas en quién paga. En Colombia, que contaba con un POS (similar al PMO) para el régimen contributivo y otro para el subsidiado, un fallo de la Corte Constitucional en 2008 determinó un único POS para toda la población.	3. Crear una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que permita identificar el aporte de un medicamento, procedimiento o dispositivo en relación a los disponibles. Es deseable que dicha Agencia, cuya creación parece dormir la siesta eterna en el Congreso Nacional, se convierta en elemento de consulta obligatoria para la justicia a la hora de tomar decisiones.	En un país donde 15% de la población no accede a agua potable y 40% no cuenta con cloacas, el debate sobre el derecho a la salud montado sobre el acceso a las tecnologías sanitarias aparece cuanto menos, inadecuado. Ha llegado el momento de virar de una medicina basada en la sentencia a otra basada en la evidencia, donde el acceso a las tecnologías no sea consecuencia de estrategias más parecidas al sálvese quien pueda que a un maduro debate sobre lo que nuestra sociedad necesita	
El sistema de salud, judicializado