La Francia del presidente Emmanuel Macron se ha convertido en un ejemplo de cómo se están desarrollando los nuevos conflictos sociales que estallan por un creciente malestar ante la eventual pérdida de calidad de la vida cotidiana –o temor a que ello ocurra– o ajustes estructurales pensados en el buen porvenir.	Desde París, el gobierno nacional subestimó el impacto de una medida con objetivos muy loables, pero que dañaba la movilidad de la gente en la Francia periférica, diseminada en pequeñas localidades, como significaba  una baja de la velocidad máxima permitida en carreteras secundarias para reducir la siniestralidad vial. Esa medida generó airadas protestas dispersas que luego tomaron forma de movimiento con el malestar social provocado por una suba de los combustibles.	Francia también es foco de un conflicto más tradicional entre el gobierno y los sindicatos por una reforma previsional, por la cual el país lleva casi un mes de paralización de los servicios públicos –a punto de batir un récord de tiempo de una huelga–, sin una solución a la vista.	Una mayoría de franceses –no solamente de los sectores perjudicados– se oponen a la reforma jubilatoria no solo por la pérdida de beneficios en sí misma, sino porque cree que los políticos se autoexcluyen de los ajustes. Siente que el sacrifico siempre recae en los mismos sectores que no son precisamente los más pudientes de la sociedad.	Por eso es que Macron anunció el sábado 21 que renunciará a su futura pensión de exjefe del Estado (unos US$ 6.900 mensuales) y también a formar parte en el futuro del Consejo Constitucional francés, integrado por expresidentes, que le representaría un ingreso vitalicio equivalente a unos US$ 15 mil  mensuales, una actitud de empatía con la sociedad.	
El caso francés