Las Mipyme constituyen el grueso del universo empresarial y sustentan en promedio el 63% del empleo total de cada país (OIT, 2015). Por ello, cualquier gobierno que esté comprometido con impulsar la actividad laboral y elevar la productividad necesariamente tendrá que centrar su atención en los problemas que aquejan a estas empresas.	En ese sentido, varios congresistas propusieron proyectos de ley que buscan “garantizar el pago en 30 días” de las facturas emitidas por las Mipyme a otras empresas y entidades del Estado, creyendo equivocadamente que esto pondrá fin a la dura realidad que enfrentan los emprendedores. Considerando que las Mipyme al preferir usar sus recursos para financiar sus proyectos de inversión limitan por sí solas su capacidad de crecimiento (Rojas, 2017), pretender acelerar el cobro de facturas en dos o tres meses para fomentar su productividad es un disparate. Hasta se podría desincentivar la adquisición de bienes y servicios con las Mipyme.	Sin embargo, existen otras alternativas, avaladas por la OCDE, para que las Mipyme puedan acceder a recursos. Por ejemplo, colocaciones gubernamentales de capital no reembolsable para financiar emprendimientos (ej., Start Up Perú), incentivos tributarios a los emprendedores que inviertan e innoven, fomentar bolsas especializadas en Mipyme (ej., Mercado Alternativo de Valores).	
Intenciones sin crédito 