El congresista guatemalteco del partido gobernante Javier Hernández, centro, gesticula durante una sesión en la ciudad de Guatemala, el miércoles 11 de diciembre de 2019. Hernández es uno de los legisladores del partido gobernante que pidió una comisión para investigar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU. (AP Foto / Oliver de Ros)	El congresista guatemalteco del partido gobernante Javier Hernández, centro, gesticula durante una sesión en la ciudad de Guatemala, el miércoles 11 de diciembre de 2019. Hernández es uno de los legisladores del partido gobernante que pidió una comisión para investigar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU. (AP Foto / Oliver de Ros)	Los diputados, algunos incluso vinculados con casos de corrupción, han escuchado decenas de testimonios, como el de los familiares de una persona que reclaman por el abuso de la prisión preventiva pese a que el acusado está prófugo desde hace seis años o los allegados a un condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil de 1960 a 1996, un caso en el que la Comisión no participó.	La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que trabajó junto a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), finalizó su mandato el 3 de septiembre luego de que el presidente Jimmy Morales decidió no renovarlo. La CICIG había acusado y llevado a juicio al hijo y al hermano de Morales por corrupción. Y pese a que el hijo del mandatario confesó los cargos, ambos fueron absueltos por un tribunal.	Aunque tuvo un inicio accidentado, pues a pesar de contar con el voto de 82 de 158 diputados fue anulada por la Corte de Constitucionalidad (CC) -que consideró que violentaba la constitución, la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial-, el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar -hijo del fallecido expresidente y alcalde de la ciudad de Guatemala Álvaro Arzú que fue acusado de corrupción por la CICIG antes de su muerte en 2018- decidió crear otra comisión en solitario. Su objetivo es presentar un informe que serviría como base para denunciar penalmente a jueces, fiscales y trabajadores de la CICIG.	En una ocasión presos acusados de asesinato llamaron por teléfono desde la cárcel al diputado Manuel Conde para que recibiera sus quejas. Aunque la llamada no fue recibida tampoco se denunció, a pesar de que la ley guatemalteca prohíbe a los privados de libertad el uso y tenencia de celulares en prisión.	Juan Ramón Lau, el diputado que preside la comisión legislativa, indicó que han recibido más de 20 testimonios de personas que dijeron sentirse afectadas por la CICIG y que esperan en total recibir aproximadamente 40. Lau justificó la acción de la comisión argumentando que busca “que se conozca la verdad de lo que hizo la CICIG” y al ser cuestionado sobre la credibilidad de los testimonios recibidos dijo que escucharán a todos los que se sientan afectados.	Erwin Sperisen, un exjefe de policía acusado de la ejecución extrajudicial de siete reos en 2006 y que huyó a Suiza, fue uno de los que prestó testimonio. En una video llamada desde Suiza dijo que en su caso “la verdad fue tergiversada” y alegó su inocencia. Como prueba presentó videos en los que una mujer llamada María Vásquez, madre de uno de los reos fallecidos, decía que nunca lo había acusado pero que sí había señalado al presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei.	El diputado Lau aseguró que el caso que más le impactó fue el de Jesús Oliva, un doctor miembro de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social acusado de haber participado en la adjudicación anómala de un contrato para la compra de medicinas por unos 16 millones de dólares. Tras ser detenido, Oliva se suicidó en prisión.	
Guatemala: acusados de corrupción se quejan ante el Congreso