La economía social integra a los trabajadores y a las capas más postergadas pero también a las pymes y a las clases medias que -como en las cooperativas de obras y servicios públicos y en las cooperativas de los productores agroalimentarios- se organizan bajo sus valores y principios. Estas organizaciones –en las cuales coexiste una asociación de personas y una empresa de propiedad conjunta- vienen exhibiendo su gran peso territorial y su capacidad de re-adaptación, haciendo valer su identidad solidaria ante la pandemia: desde cooperativas y mutuales que fabrican insumos sanitarios, pasando por otras que promueven consumos responsables y las de una impronta tecnológica que contribuyen a la autoevaluación frente al virus, a la par que fabrican alcohol etílico.	Asimismo se han materializado donaciones de cooperativas agrícolas, destinadas a adquirir respiradores y cooperativas de servicios públicos que han fortalecido sus áreas sociales que, en algunos casos, incluyen ambulancias de terapia intensiva. Al mismo tiempo, se impone estimular el accionar de los movimientos sociales (en particular por su llegada a los barrios populares, lo que se hace más difícil para la burocracia gubernamental), sin que ello implique que esta economía popular cristalice actividades de pobres para pobres. Pero es preciso cobrar conciencia de que estas producciones autogestionarias de cooperativas de trabajo generarán una alternativa superadora en la medida que no se las fuerce ni sean cooptadas por manejos clientelares.	Se requiere que el sector público y la economía social fundacional (las cooperativas de servicios públicos, las agroalimentarias de las regiones y las mutuales multi-activas), a través de padrinazgos, les den permanencia a equipos interdisciplinarios que salgan a campo a hacer efectivas tutorías y financiamientos específicos. Y esto es sustancial porque, en general, la banca no considera sujetos de crédito a estas nacientes cooperativas de trabajo y es por ello que hay que idear instancias crediticias ad hoc que las incluyan: fondos no bancarios, tasas con un plus de bonificación, fondos de garantía y fideicomisos, entre otros. En este sentido, el traslado del INAES del Ministerio Desarrollo Social al Ministerio de Desarrollo Productivo es un avance significativo, al que debería agregarse el fortalecimiento de los Órganos Competentes de las provincias, la adecuada utilización del Fondo de Educación y Promoción Cooperativa que paga el sector y la institucionalización de una Mesa Interministerial de Economía Social que tenga continuidad y evite superposiciones de esfuerzos humanos y económicos.	En el tiempo por venir, la economía social puede tener un rol sumamente trascendente en diversos sistemas y regímenes. Su institucionalidad oscilará en función de los escenarios y de los proyectos que cada país o región pongan en marcha. Si se trata de un cambio profundo, con el acento puesto en un Estado ordenador, en la movilidad social ascendente, en la diversificación de la producción y en el trabajo genuino, la economía social será un protagonista notable, un ingrediente diferenciador de la interacción entre lo económico, lo social y de la democracia participativa, inserta en una socio-economía mixta y/o plural, que en la post-pandemia cobrará aún mayor relevancia; en un mundo que es de esperar sea más solidario, más participativo y más responsable en su cuidado del medio ambiente.	
POST-PANDEMIA Y ECONOMÍA SOCIAL