La primera es que el partido del Presidente tenga la mayoría en el Congreso. La segunda es que esa mayoría sea absolutamente disciplinada a la voluntad del Presidente. López Obrador tiene la fortuna de contar con ambas condiciones y no se diferencia de la época dorada del PRI en la que, como se decía entonces, el Presidente era el pastor y los legisladores sus ovejas.	La concentración de poder en el ámbito presupuestal es ya preocupante. En teoría, el Ejecutivo está limitado en su capacidad de recaudar y gastar porque esa función corresponde al Congreso. La práctica -la de los gobiernos “neoliberales” y la de AMLO-es muy diferente. A la hora de ejercerlo, el Presidente, sin autorización de los legisladores, puede reasignar cantidades estratosféricas del presupuesto. También puede desviar recursos con mucha facilidad. Muestra de lo primero es que se ha llegado a reasignar (2016), a través de las dichosas adecuaciones, hasta el 15.97% del presupuesto (Leonardo Núñez, ¿Dónde Quedó la Bolita?). Muestra de lo segundo es que cada año la Auditoría Superior de la Federación documenta miles de millones de pesos “desviados”. Conclusión: Se violan las facultades del Congreso y la fiscalización queda en mero testimonio. Aún no hay cifras definitivas para las reasignaciones del 2019 pero las preliminares indican que fueron de alrededor del 9% o 548 mil millones de pesos.	Este año la práctica se profundizará. Además, podrá disponer, dice él, de 622 mil millones producto de la “eficiencia, honestidad y austeridad”. No se sabe de dónde sale esta cifra que gastará a su elección pero hay, al menos, 250 mil millones provenientes de los fideicomisos, 158 mil 500 mdp del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y 60 mil 400 mdp del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Todo este gasto se hará de manera ilegal o, al menos, sin la pulcritud que señalan las leyes. No conforme con la posibilidad de manejar discrecionalmente enormes cantidades de recursos, el primer Presidente de izquierda se otorgó facultades y se otorgará muchas más para gastar a su entera satisfacción.	Cuando se aprobó la Ley de Austeridad Republicana (19-11-19) se modificó la de por sí ya laxa Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria estipulando que los ahorros generados por las medidas de la austeridad podrán ser dedicados “al destino que por Decreto determine el Titular del Poder Ejecutivo”.	Sin llenadera, la semana pasada (23-04-20) el Presidente emitió un decreto de observancia inmediata en el que se establecen más medidas de austeridad que incluyen la reducción en hasta un 25% del salario de los altos funcionarios públicos que él define de subdirector para arriba, la suspensión de aguinaldos, el no ejercicio del 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros (incluido el gasto ya comprometido) y la cancelación de 10 subsecretarías, pero no de su personal (¿?).	El mismo día, el decreto fue convertido en iniciativa de ley con un bonito párrafo que a la letra dice: “En caso de que durante el ejercicio fiscal se presenten emergencias económicas en el País, la Secretaría (SHCP) podrá reorientar recursos asignados en el Presupuesto para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritario de la APF …”. O sea: Los del Presidente. ¿Qué es una emergencia económica, quién la dicta, en qué condiciones, con qué reglas, por cuánto tiempo? Sólo él.	La iniciativa quitaría al Poder Legislativo una de sus principales funciones: Decidir en un órgano colegiado y representativo a dónde van los recursos de los mexicanos. En caso de prospera restaríamos frente a la abdicación del poder de la bolsa de nuestros representantes y un daño monumental a la división de poderes. Nunca, en la época del demoníaco neoliberalismo, un Presidente se atrevió a tanto.	
Poderoso caballero es don Dinero