En la versión de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo el 30 de julio último, el artículo era el 70 y el inciso solo obligaba a “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.	“Tengo miedo que el clamor público sea el clamor de los medios de comunicación y que en función de eso se tome esto como un hecho de la sociedad, y en realidad no son hechos de la sociedad o reclamos de sectores sociales, sino que hay determinados intereses económicos que utilizan los medios para presionar a los jueces”, argumentó en ese momento.	

			Reforma Judicial: EL KIRCHNERISMO INCLUYÓ UNA CLÁUSULA CONTRA LOS MEDIOS		