El expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez optó por la vía de Oriol Junqueras y Raül Romeva de que sus primeras palabras ante el tribunal que juzga del 'procés' se declaró "un preso político (la semana que viene hará 500 días) en un juicio político" y como los hechos por los que la fiscalía le pide 17 años de prisión por un delito de rebelión son "absolutamente falsos" dijo no tener "ningún temor a contestar" sus preguntas, a través de las negó la violencia en la movilización ciudadana que convocó contra los registros de la operación Anubis el 20 de septiembre de 2017. "No hubo ni un lanzamiento de objetos que dañara a un agente de la Guardia Civil y de los Mossos ni contra la puerta", aseguró categóricamente. "Se ha intentado generar un relato de que hubo un intento continuado de asalto y es falso".	Como se preveía desde que comenzó el interrogatorio de Sànchez por el fiscal Javier Zaragoza, hubo momentos en tensión en relación con este episodio, clave para mantener la acusación de la rebelión. Ello hizo que tras dudar si eran siete o seis los vehículos de la Guardiai Civil que resultaron destrozados el diputado catalán afirmara que él puede "ser independentista, pero no idiota" para negar haber atribuido en algún momento esos daños a los propios agentes.	"¿Pero por qué no hay imágenes? Mi idea es que esos daños existen y los condene entonces, como siempre he condenado la violencia, porque fue una torpeza política, pero no se produjeron por un alzamiento puntual. No fue un alzamiento de 60.000 personas y los daños solo fueron en unos vehículos, no en inmuebles ni personas. Fueron algunos manifestantes que se aprovecharon del anonimato", explicó. Ese momento y la realización del pasillo para que pasara la comisión judicial generaron momentos de "tensión", admitió a regañadientes Sànchez, que insistió: "No hubo en ningún momento bloqueo de la puerta, agresiones o lanzamiento de objetos" y luego, "la única carga de los Mosso fue hacia la 1 y media de la madrugada".	Después de horas dando vueltas a los daños sufridos por los coches en los que había sido advertido de que había armas, se produjo uno de los múltiples rifi-rafes verbales entre el fiscal y el acusado. Tras precisar que ningún voluntario había destrozado los vehículos o había entrado dentro para saber qué había,  Sànchez se preguntó cómo podía apartar a la gente concentrada para proteger las armas y Zaragoza le respondió: "En su caso parece muy fácil, coge el megáfono", en referencia a cómo había explicado que había actuado hacia la medianoche.	Como habían hecho todos los acusados al iniciar su declaración Sànchez criticó el que el tribunal optara por la declaración consecutiva (con intérpretes) y no la simultánea, aunque él aprovechó su intervención para reprender al alto tribunal. "Lamento que el Supremo haya perdido una oportunidad para hacer pedagogía de un Estado plurinacional del reconocimiento de la diversidad. Si tuviéramos una actitud distinta no habríamos llegado a donde hemos llegado", dijo en referencia al juicio al que se enfrenta junto con otros 11 líderes del 'procés'.	Explicó que la ANC es una entidad privada que "cumple y siempre ha cumplido con la legalidad". Ella utiliza "el derecho de reunión, el de movilización, con absoluto respeto a las normas de civismo, de no violencia", como, destacó, siempre ha ocurrido en las que ha protagonizado desde 2012, cuando se creó. Y aseguró que se considera un preso político porque está "convencido de que está aquí por haber sido presidente de la ANC desde el año 2012".	Aclarados los términos en los que iba a transcurrir la declaración, el fiscal Javier Zaragoza entró en el meollo del asunto: la concentración del 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía para protestar por los registros de la operación Anubis, fecha clave para sostener el delito de rebelión que imputa el ministerio público. Según el representante del ministerio público, fue la secretaria general de ERC, la huida Marta Rovira, quien le avisó del operativo. Sànchez no supo aclarar si había sido en las tres o cuatro llamadas que mantuvo con ella o a través de los medios.	A continuación explicó que el  lema utilizado para protestar contra las detenciónes, "Defendamos las instituciones", no era propio de la ANC, sino que lo compartían muchas instituciones catalanas, como universidades, que compartían "muchas dudas sobre el motivo real de las actuación del Juzgado" de Instrucción número 13 de Barcelona. Según su versión, los registros y arrestos "generaron una sensación de indignación y de acuerdo con el mandato de la ANC, convocamos una protesta, porque forma parte del ordenamiento democrático. Una decisión judicial tiene que ser respetada, pero no le exime de ser protestada por considerarla no ajustada a la ley. Llamamos a movilizar a los ciudadanos en defensa de las instituciones de Catalunya", explicó, aunque más tarde admitió que no comunicó oficialmente la protesta hasta las 10 de la mañana.	El fiscal le preguntó por los "cuatro o cinco" tuits que mandó para llamar a la movilización, lo que dio pie hasta para bromear con su abogado sobre que "todavía confía en él" y comprobará si algún comentario de los que le atribuye la acusación no fue realmente suyo. Señaló que en cuanto llegó a la consejería había ya centenares de personas y muchos medios de comunicación, "que estaban en la primera línea y en los vehículos oficiales" de la Guardia Civil que luego quedaron destrozados. "Cuando llegué ya no vi los vehículos hasta posteriormente cuando regresé al cabo de dos o tres horas", explicó.	Decía que aunque no tenía previsto regresar esa mañana lo hizo al recibir un mensaje o una llamada del entonces ‘conseller’ Joaquim Forn que le pidió ayuda "en la cuestión de seguridad y facilitar un pasillo para poder garantizar la entrada de persona de la comitiva judicial". Le contestó que colaboraría "en todo lo necesario".	"La movilización nos sorprendió a todos por la gran respuesta que tuvo. Cuando comunicamos que íbamos a realizar esa concentración hicimos una previsión de 2.000 personas, porque se hizo sin previsión en un día laborable. Siempre hay una guerra de cifras, pero mi sorpresa es que quien nos acusa pone más manifestantes, habla de 60.000 personas", explicó.	Según Sànchez, fue la propia Guardia Civil quien le comunicó que en los coches "sin vigilancia inmediata" había armas largas. "Ese fue el momento de tensión que he tenido e informé de ello al mayor Josep Lluís Trapero y a la intendente Teresa Laplana", ambos imputados en la Audiencia Nacional, según el acusado.	"No hay que confundir servicios de orden con orden público", en referencia a que esto último depende de los mossos y la Guardia Civil, aseguró a preguntas del fiscal, para justificar que él no tuviera ocuparse de lo de los vehículos. "Hubo un escenario con música y artistas y era un elemento festivo por parte de la mayoría de personas y en ningún momento se aprecia tensión", insistió pidiendo al tribunal que vea las imágenes de televisión.	Explicó que cuando Trapero la pidió la necesidad de abrir un pasillo para que entraran los detenidos en los registros le puso "todas las facilidades". Posteriormente comunicó cuándo el pasillo para la comisión judicial "ya estaba formado y a su plena disposición, cosa que ya sabían porque hacía una media hora que estaba formado". El teniente del Instituto Armado consideró que no era seguro y nos pidió que desplazáramos a las personas que protestaban de la parte central. "No era razonable ni de sentido común desplazar, porque no había capacidad humana para hacerlo, para desplazar a miles de personas, para que unos vehículos pudieran entrar", sostuvo. Precisó que el tuit de la ANC que decía que ese pasillo no era para la Guardia Civil no era suyo, aunque considera que era real, porque no lo quiso utilizar.	A la pregunta de por qué no disolvió la concentración al comprobar que se obstaculizaba la operación judicial, Sànchez negó la mayor y sostuvo que "no hubo ningún detenido que dejara de estar presente en la consejería de Economía y la comisión judicial hizo su tarea", según declararon ellos mismos ante al entonces jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.	"El derecho a la protesta existe, si no impide el ejercicio de otros derechos, no tiene que ser limitado y aunque yo hubiese querido no soy capaz de acabar con esa movilización", explicó Sànchez, que añadió que "por la noche" si lo pudo hacer porque "después de que los medios dijeran que estaba prevista" hasta la medianoche. "Lo cierto es que hubo situación de tensión y de enfrentamiento", le respondió el fiscal.	Sànchez admitió que a las ocho de la tarde pidió “que nadie se vaya a casa porque será una noche larga e intensa", lo que justificó en que el teniente de la Guardia Civil le dijo que a la comisión judicial le quedaba para rato. Fue al filo de la medianoche cuando se subió a un vehículo y promovió la desconvocatoria, porque "a lo largo de las siguientes horas la comitiva judicial iba a finalizar". La única carga policial que hubo fue a la 1 y media de la mañana.	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Sànchez: "Es falso el relato de intento continuado de asalto" a Economía