Más de 2.000 menores no acompañados han sido expulsados desde marzo, haciendo uso de una declaración de emergencia que hizo el gobierno de Donald Trump, la cual usa el coronavirus para justificar la negativa a ofrecer protección a estos menores en el marco de leyes de asilo y sobre tráfico de personas. Abogados y activistas critican duramente al gobierno por usar la pandemia como excusa para deportar menores y enviarlos a sitios peligrosos.	Ningún agente de Estados Unidos vio el video que tenía el niño en su teléfono, que mostraba a un individuo encapuchado que sostenía un rifle, lo llamaba por su nombre y los amenazaba a él y a su hermana, semanas después de que el tío con el que vivían fuese asesinado a tiros en junio. Y si bien fueron expulsados esgrimiendo la declaración de emergencia por el virus, no se les hizo la prueba del COVID-19, de acuerdo con el muchacho.	Tres semanas después del asesinato de su tío, los hermanos se fueron de Honduras y cruzaron solos la frontera entre México y Estados Unidos. En tiempos normales, las autoridades estadounidenses los alojarían en centros para menores y luego los entregarían a su madre, que vive en el centro del país. En cambio, fueron expulsados el 24 de julio, después de pasar tres días en un centro de detención, y ahora viven en Honduras con otro tío que trata de irse del país.	El servicio de Aduanas y Protección Fronteriza rechazó numerosos pedidos de comentarios sobre la historia del muchacho y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido por sus siglas en inglés, ICE) también declinó hablar del tema, diciendo que los menores habían estado bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza hasta que fueron deportados en un vuelo operado por el ICE.	Voceros de ambas agencias se niegan a responder la mayoría de las preguntas sobre el trato que dan a los aproximadamente 70.000 adultos y menores que han expulsado al amparo de la declaración de emergencia de marzo. No explican cómo deciden si expulsar a un menor o no ni dónde los retienen antes de deportarlos, incluidos hoteles donde alojaron a hasta 150 menores no acompañados, entre ellos alguno de un año.	Seis menores fallecieron desde el 2018 tras ser detenidos por la Patrulla Fronteriza, varios en condiciones que plantearon interrogantes acerca del trato que esa agencia da a los menores. La agencia dice que dispuso nuevos controles médicos y que traslada a un hospital a todo menor que se piense necesita atención médica.	Hasta que un día se presentó un individuo, le pidió el teléfono y se lo devolvió tras grabar un video. En el video, el hombre les pregunta sus nombres a los hermanos y les advierte: “O se suman a nosotros y empiezan a trabajar para nosotros” o terminarán como su tío. El mismo día, alguien dejó una nota afuera de la casa con amenazas, según dijo el niño.	Es imposible confirmar partes del relato. Expertos dicen que la MS-13 y otras pandillas a menudo amenazan a la gente verbalmente y se sabe que los grupos y las rutas que siguen los migrantes por México y América Central están controladas por traficantes que cobran miles de dólares por persona. La madre del menor dice que no cree que el niño ni ningún pariente les haya pagado a coyotes.	Los hermanos cruzaron la frontera alrededor del 21 de julio y fueron detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza, de acuerdo con el menor. Según el relato, él y su hermana fueron llevados al centro de procesamiento de la Patrulla en McAllen, Texas, donde se separa a menores y adultos y se los retiene en especies de jaulas de mallas metálicas. El centro, que abrió durante el gobierno de Barack Obama, es el mismo usado hace dos años para detener a cientos de adultos y sus hijos, de los que fueron separados siguiendo la política de tolerancia cero, que después fue abandonada.	La siguiente llamada que recibió la madre fue de un funcionario de Honduras, unos pocos días después, que le pidió que enviase un pariente a que recogiese a los niños, que se encontraban en un albergue para menores deportados. Fue así que ella se enteró de que habían sido expulsados, según dijo.	
EEUU deporta a unos 2000 menores no acompañados desde marzo