La intervención del Procurador del Común en respuesta a una reclamación de los mismos ha puesto de manifiesto que tal convocatoria no dependería de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades –aunque los afectados trabajen en sus centros– sino de la de la Presidencia responsable del empleo público. Este último departamento ha justificado la determinación de no sacar nuevas convocatorias en base a todo un largo proceso legislativo en el que considera que los procesos de funcionarización se han visto modificados sustancialmente especialmente con la entrada en vigor de la ley de 2007 dado que «esta regulación básica contenida en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público ha dejado sin efecto la previsión de la disposición adicional octava de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública que ha servido de fundamento a los procesos abordados por la Administración con anterioridad.	. En la resolución de la oficina de Tomás Quintana se pone de manifiesto que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León del 13 de noviembre de 2013 se pronunció sobre la pervivencia, pese a la entrada en vigor del derogado Estatuto Básico del Empleado Público, de la disposición adicional octava de la precitada Ley de Función Pública.	
Los enfermeros piden más procesos de funcionarización en la región cerrados hace diez años