en el marco del D’Alessiogate. En un giro de 180 grados, el pasado 11 de noviembre presentó un escrito en el juzgado federal de Dolores en el que dijo que se ponía a derecho, por lo que pidió que se fije una audiencia para poder declarar. El cambio de postura tuvo una razón:	Esto precipitó la decisión del fiscal con asiento en los tribunales de Comodoro Py, quien se apresuró a difundir que declararía en la causa por espionaje ilegal. Lo cierto es que eso aún no sucedió. Stornelli repitió sus evasivas y pidió postergar la audiencia que tenía pautada para el 15 de noviembre. Fue convocado para este viernes. Mientras,	En criollo: debe enviarse a Stornelli a juicio político. Los tres hicieron referencia al artículo 1° de la Ley de Fueros (25.320) que es muy clara respecto a la rebeldía: “El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político”. También hubo referencias al Reglamento Disciplinario para los Magistrados del MPF.	. Por tal sentido, consideró que debe abrirse un jury contra Stornelli. “Ello por cuanto, la remoción por jury de enjuiciamiento para magistrados y fiscales cuando tiene por motivo la comisión de delito exige una declaración judicial en ese sentido técnico y esto nunca sería posible si no se remueve la inmunidad de arresto”. Son justamente los fueros sobre los que se ampara el fiscal para no presentarse a declarar en Dolores. “Por esta razón, la propia reglamentación del Ministerio Publico establece la suspensión del régimen disciplinario interno a las resultas de una decisión judicial que declare la existencia de la comisión de un delito”, añadió Alagia.	Con lógica, ambos argumentaron que “la única manera de cesar en esa falta grave es la presentación inmediata ante el Juzgado Federal de Dolores a fin de cumplir con la declaración indagatoria a la que ha sido citado en reiteradas oportunidades”. Y como Stornelli no puede ser obligado a presentarse “porque ello afectaría su derecho de defensa, estimamos que el Sr. Procurador no se encontraría en condiciones de efectuar intimación a tal efecto ya que la presentación solo puede ser de forma voluntaria por parte del  Sr. Fiscal”. Por eso,	sugirieron a Casal “que por aplicación del Reglamento Disciplinario para los/as Magistrados/as del Ministerio Público Fiscal de la Nación” y “a fin de asegurar los fines previstos por la Ley de Fueros (Ley 25.230), se ordene la apertura de la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal”.	De acuerdo a este fiscal federal, la actitud de Stornelli “se trata de una ‘estrategia procesal’”. Y “resulta desubicado que a través del mecanismo de la investigación administrativa se trate de imponer conductas en un proceso penal, ordenándole -como se pretendió- su obligatoria presencia en los estrados. Allí el imputado es libre de decidir si comparece o no pues en definitiva se trata -insisto- de una especulación técnica-procesal”.	Cinco días después presentó un escrito ante Ramos Padilla, a instancias de quien era su abogado defensor, Roberto Ribas: “Por expresas instrucciones de mi defendido solicito respetuosamente al Sr Juez que disponga una audiencia a efectos de ser oído mi asistido a los fines del cumplimiento de las normas procesales existentes”, decía el documento que se entregó el 11 de noviembre. Lo cierto es que el juez lo citó rápidamente para el viernes 15 y el fiscal inventó una nueva evasiva.	
Carlos Stornelli a juicio político: el dictamen del Consejo Evaluador que esconde el procurador Eduardo Casal