El presidente de la Corte Suprema de Justicia John Roberts y el magistrado Brett Kavanaugh sugirieron este martes que no correspondía al alto tribunal anular por completo la extensa Ley de Cuidado de Salud Asequible, de 900 páginas, también conocida como Obamacare. Lo anterior, incluso si una o más disposiciones se consideran inconstitucionales. Esto indica que las partes clave de Obamacare sobrevivirán al más reciente desafío judicial.	Justamente, la Corte Suprema escuchó argumentos orales para discutir si invalida o no el eje del sistema de salud de Estados Unidos. Un proceso que ocurre mientras la pandemia avanza en el país. Y en medio de que el presidente Donald Trump arremete contra los resultados electorales, cuando Joe Biden se prepara para un nuevo gobierno.	La administración de Trump y varios estados liderados por republicanos piden a la Corte Suprema que derogue Obamacare, justo 10 años después de su aprobación. Dicha medida podría afectar a millones de estadounidenses. Si Roberts y Kavanaugh, como mínimo, se alinean con los tres liberales de la corte, la ley permanecería intacta.	«Creo que es difícil argumentar que el Congreso tenía la intención de derogar toda la ley si el mandato era anulado, cuando el mismo Congreso que redujo la penalidad a cero ni siquiera intentó anular el resto de la ley», le dijo Roberts al abogado que representa a Texas, uno de los estados que lucha contra Obamacare.	Los partidarios de Obamacare dicen que quienes demandaron la ley no tienen ningún daño legal. Lo anterior porque, según argumentan, después de que el Congreso enmendó la ley en 2017, ya no existe una sanción por no comprar seguro médico. Los abogados de estados liderados por demócratas y la Cámara de Representantes señalan que la corte debería, por tanto, desestimar las impugnaciones.	Hasta ahora, los magistrados han mantenido un perfil bajo, al evitar cualquier participación significativa en litigios poselectorales. Sin embargo, todos los ojos estarán puestos en la Corte Suprema mientras evalúa el caso más controvertido del período. La decisión sobre Obamacare podría afectar a millones de estadounidenses. Entre ellos, aproximadamente 20 millones que obtuvieron cobertura sobre los intercambios de la ley y la expansión de Medicaid a adultos de bajos ingresos.	En 2012, Roberts emitió el voto clave en una decisión de 5 a 4 que sorprendió a los republicanos. El juez sostuvo que el mandato de cobertura individual de Obamacare era válido bajo el poder impositivo del Congreso. Para 2017, el Congreso liderado por republicanos redujo a cero la multa fiscal para quienes no tienen seguro, como parte de la reforma fiscal de fin de año.	Entonces, los estados liderados por republicanos demandaron. Su argumento es que como el mandato ya no está vinculado a una multa fiscal específica, perdió su fundamento legal. También señalaron que debido a que el mandato individual estaba entrelazado con una multitud de otras disposiciones, toda la ley debería derogarse. Incluidas las protecciones para las personas con condiciones preexistentes.	En documentos judiciales, el procurador general de Texas, Kyle D. Hawkins, dijo que el cambio de 2017 hizo «imposible interpretar de manera justa» el mandato como un impuesto. Por lo que concluyó que es inconstitucional. Argumentó que no solo caerían las disposiciones relativas a las condiciones preexistentes, sino también toda la ley masiva.	El gobierno de Trump se ha puesto del lado de Texas en gran parte parte. Aunque presentó un argumento relativamente nuevo: toda la ley debería caer, pero el fallo debería aplicarse solo a los 18 estados que presentaron el desafío. Texas les dijo a los magistrados que cree que el recurso restringido del Departamento de Justicia provocaría un caos. «Invalidar ACA en un área geográfica más limitada obligaría a los ciudadanos de los estados demandados a subsidiar fuertemente a otros estados con sus dólares de impuestos generales», dijo Hawkins.	El exprocurador general de los Estados Unidos, Donald Verrilli, argumentó en nombre de la Cámara de Representantes que los dos individuos y los estados liderados por republicanos no tienen el perjuicio legal necesario para presentar el desafío. Sostuvo que ahora que el Congreso ha reducido la sanción a cero, aquellos que se niegan a comprar un seguro médico ya no se enfrentan a un impuesto por no hacerlo.	Richard Garnett, profesor de derecho de Notre Dame y cercano a Barrett, dijo en un comunicado que dudaba que la corte invalidara toda la ley. aAunque, en 2017, el Congreso redujo a cero la sanción por no cumplir con el llamado ‘mandato individual’, hay muy pocas posibilidades de que la mayoría de los magistrados concluyan que esta medida hace que toda la ACA ––incluidas las partes relacionadas con cobertura para condiciones preexistentes–– sea inconstitucional», dijo.	Bagley explicó que tal ley sería «simple» de redactar. «El Congreso podría aumentar la multa fiscal a una cantidad nominal (digamos, 1 dólar). También podría eliminar el lenguaje que dice a la gente que debe comprar un seguro. O podría agregar una cláusula de divisibilidad. Cualquiera de esas leyes acabaría con el caso», sostuvo.	Cerca del final de los argumentos, el procurador general en funciones Jeff Wall, quizás haciendo el último argumento significativo de la administración Trump ante la Corte Suprema en un caso de gran éxito, dijo que el mandato individual «excede los poderes enumerados por el Congreso y que la corte debería dejarlo en manos del «poderes políticos para decidir cómo proceder».	

				Corte Suprema parece indicar que Obamacare sobrevivirá a último desafío			