Algunos economistas heterodoxos todavía buscan causas tiradas de los pelos para explicar por qué la Argentina tiene alta inflación hace 50 años. Algunos hablan de “inercia”, otros del poder de los oligopolios y otros le echan la culpa al Estado por no aplicar controles más estrictos sobre las empresas. Sin embargo,	Cristina Kirchner profundizó en su segundo mandato los problemas de las cuentas públicas, agrandando el déficit hasta casi 6 puntos del PBI al finalizar su mandato. Una buena parte era rojo primario (es decir los gastos corrientes superaban a los ingresos corrientes) y además había un rojo financiero por el pago de intereses de la deuda pública. Siguiendo los consejos de su ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay, Mauricio Macri no hizo nada en su primer año de gestión y el rojo fiscal se siguió profundizando. Y la tendencia se mantuvo en 2017. El financiamiento por emisión monetaria que efectuó Cristina fue reemplazado por la captación de deuda en dólares en el arranque de la gestión macrista.	Ni los técnicos del FMI ni el directorio del organismo estarán dispuestos a permitirle a la Argentina seguir con la aventura del déficit luego de las sucesivas crisis financieras y cambiarias que se encadenan desde abril de 2018. Para reanudar los desembolsos (quedan en total unos USD 13.000 millones en relación al acuerdo original), primero el Gobierno deberá presentar un plan “sostenible”. Y en el primer renglón de ese plan deberá aparecer un compromiso para llegar rápido al superávit.	Muy pocos inversores estarán dispuestos a aceptar nuevos bonos con extendidos plazos de cobro y eventualmente baja de tasas si no hay certeza de pago de los flamantes instrumentos. Las últimas experiencias de canjes amigables (Uruguay 2003 y Ucrania 2015) cumplieron primero con esta premisa. Incluso la renegociación de deuda que llevó adelante Néstor Kirchner con Roberto Lavagna en 2005 se hizo con un elevado superávit fiscal.	Hasta ahora reconoció que habrá más peso en las retenciones a exportadores (teniendo en cuenta que los $4 por dólar exportado se han licuado por la devaluación) y Bienes Personales. El problema es que la recaudación de este último apenas superó los USD 300 millones y representa menos del 1% de la recaudación total. Cualquier aumento de alícuota será insuficiente para conseguir un significativo aumento de los ingresos y podría generar otra ola de desconfianza en los mercados.	Durante la gestión de Nicolás Dujovne en el ministerio de Hacienda se logró un avance para reducir el gasto primario (es decir sin contar el pago de intereses) en relación al PBI. Hay un gran desafío ahora en mantener ese sendero, es decir que el gasto crezca por debajo de los ingresos corrientes.	Por supuesto que la agenda del gobierno que asuma el 10 de diciembre va mucho más allá de los “fríos” números fiscales. Habrá que resolver cómo siguen los controles cambiarios, qué se hace con el congelamiento de tarifas de servicios públicos y de las naftas, darle contenido a un Pacto Social y evitar una nueva devaluación que le pondría más presión a la inflación.	Pero antes de la asunción del nuevo gobierno, todavía quedan dos meses complicados. Restan nueve días hábiles para las elecciones y la tendencia a la dolarización sigue en aumento. El Banco Central interviene para que el tipo de cambio siga estable ante el aumento de la demanda, pero a costa de seguir perdiendo reservas.	Aparece en el horizonte otro elemento para considerar: si Horacio Rodríguez Larreta no consigue el 50% de votos en la ciudad, tendrá que pelear un balotaje tres semanas después. Esa eventual disputa porteña también podría agregarle una complicación adicional a la interminable transición política y económica hasta que llegue la nueva administración.	
La única exigencia del FMI y Wall Street al próximo gobierno: volver al superávit fiscal