Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha explicado en rueda de prensa que el aumento de casos de contagio por coronavirus “no indica que vayamos mal sino que probablemente nos estamos aproximando al pico máximo. Van a ser días difíciles porque vamos a tener que asegurar que las medidas de control se ejecutan de la manera más precisa”. El especialista ha reconocido que “llegar al pico y empezar a doblar hacia el otro lado es nuestro primer objetivo”.	Por otra parte, en el lugar de inicio de la pandemia, el Ministerio de Salud de China ha confirmado hoy, jueves 19 de marzo, que no se ha registrado ningún caso de contagio por coronavirus en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei y epicentro de la pandemia, y tampoco se ha confirmado ningún caso de contagio local en el país. No obstante, China ha registrado un total de 34 casos de coronavirus exportados desde el extranjero, lo que eleva el balance a 189 positivos procedentes de otros países.	La Generalitat ha informado este jueves de que en las últimas 24 horas se han registrado un total de 568 positivos nuevos en Catalunya, por lo que ya son en total 3.270 las personas infectadas en la comunidad autónoma, de las cuáles 98 en estado grave. Además, los fallecidos son 82 en total, 27 ese último día, todos con patologías previas, según informa la conselleria.	Centenares de MIR de España han puesto en común sus impresiones sobre el Real Decreto recientemente publicado que contempla medidas excepcionales en materia sanitaria para abordar la crisis del coronavirus. Hacen referencia primer punto del Apartado 2 para expresar su “condena, malestar y descontento” al considerar “un agravio comparativo” la autorización de contratación de personas que carecen del título de especialista para realizar funciones propias de la	Las fundaciones Lucum y Zagatka podrían haber sumado hasta 124,4 millones de euros, un dinero con el que se podría aumentar en hasta 266.952,79 euros anuales la inversión en cada uno de los 466 hospitales que hay en el Estado o comprar más de 125 millones de mascarillas.	Los maquinistas informan de que, ante las escasas medidas tomadas, son ellos mismos quienes llevan productos sanitarios de casa y proceden a la limpieza de la cabina con sus propias manos. Aunque Metro de Madrid también ha informado de la desinfección diaria, este colectivo considera que, en ocasiones, no se ha hecho como corresponde y, por ello, ejecutan la acción con sus propios productos.	Iberia presenta un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) debido a la situación creada por el coronavirus, con despidos temporales de tres meses que afectarán hasta al 90% de su personal de vuelo y personal de mantenimiento, al 70% del personal de oficinas y al 60% del área de motores.	La Asociación Defensor del Paciente, CAS Madrid y SAS Madrid han remitido hoy a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid un escrito en el que denuncian la falta de medios de protección individual con la que está trabajando el personal sanitario y advierten a la Inspección de Trabajo que si no hace caso a las denuncias ya interpuestas estaría cometiendo dejación de funciones.	SAS Madrid han remitido hoy a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid un escrito en el que denuncian la falta de medios de protección individual con la que está trabajando el personal sanitario y advierten a la Inspección de Trabajo que si no hace caso a las denuncias ya interpuestas estaría cometiendo dejación de funciones.	Una enfermera del Hospital de Galdakao (Bizkaia), de 52 años de edad, se contagió de covid19 probablemente en su lugar de trabajo y hace seis días fue ingresada al Hospital de Basurto de Bilbao, donde falleció anoche por complicaciones derivadas del virus. Esta es la primera muerte entre el personal sanitario por el coronavirus.	en los Centros de Internamiento de Extranjeros y consideradas inexpulsables, dadas las restricciones a los movimientos internacionales derivadas de la crisis del covid19. Esta mañana el Defensor del Pueblo ha confirmado que, como ya ha sucedido en Valencia y en Madrid se procederá a la liberación de los internos cuyas órdenes de expulsión no pueden concretarse.	El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha anunciado un fondo de 300 millones de euros para “reforzar la asistencia a domicilio de personas mayores, dependientes o con discapacidad, afectadas por el cierre de centros de día o sociales y que, en muchos casos, están solos en casa”.	Esa cantidad se transferirá a las comunidades para hacer frente al refuerzo de la asistencia a domicilio a personas mayores y dependientes; ampliar las plantillas de los centros sociales y residencias de mayores, y medicalizar estos centros y ofrecer equipos de protección para los trabajadores; y para asistir a personas sin hogar.	Los tres han presentado una denuncia en nombre de un interno en el CIE de Barcelona por haber sido sometido a un eventual delito contra la integridad moral y de lesiones, tras haber sido agredido por agentes de la policía nacional en su celda. Según el relato del interno, el domingo día 15 de marzo, sobre las 16:45 de la tarde, “justo después del recuento y antes de que los internos pudiéramos salir de las celdas para ir al patio, fui víctima de una agresión por parte de cinco de los policías nacionales encargados de la custodia del centro. La agresión se produjo dentro de mi celda, ante los tres internos que comparten la celda conmigo”.	Según denuncia, un agente entró en su celda y, tras preguntarle si había sido él quien les había insultado, le dio dos bofetadas, ante lo cual el interno le apartó el brazo. Tras dicha situación se abalanzaron sobre él hasta cinco policías y, mientras tres agentes le inmovilizaban, el primer agente le agredió con puñetazos y otro agente le golpeaba con la porra en la espalda y en las piernas. Uno de los puñetazos fue en la zona del ojo, lo cual le ha dejado una lesión que puede ser corroborada por la abogada.	Aquellas personas retenidas en los Centros de Internamiento de Extranjeros que, como consecuencia del cierre de fronteras, no puedan ser expulsadas antes del 29 de marzo, empiezan a ser puestas gradualmente en libertad. La medida se aplica en primer lugar a quienes tengan un domicilio fijo donde confinarse, para el resto, el gobierno estaría buscando una alternativa habitacional.	Las tres organizaciones han lanzado una campaña en redes sociales bajo la etiqueta #SuspensiónAlquileresYA, apoyada por decenas de colectivos sociales, en la que exigen al Gobierno que “de manera inmediata suspenda el pago del alquiler y de los suministros básicos para las personas que pierdan o reduzcan sus ingresos durante la crisis”.	De no cumplir el Gobierno con sus demandas, advierten: “Somos miles de inquilinos e inquilinas a quienes esta crisis está dejando sin ingresos. No podemos pagar el alquiler de la casa donde vivimos o del comercio o oficina en el que trabajamos. O el gobierno suspende los alquileres, o no pagamos”.	Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha explicado en rueda de prensa que el aumento de casos de contagio por coronavirus —3.431 nuevos en las últimas 24 horas— “no indica que vayamos mal sino que probablemente nos estamos aproximando al pico máximo. Van a ser días difíciles porque vamos a tener que asegurar que las medidas de control se ejecutan de la manera más precisa”. El especialista ha reconocido que “llegar al pico y empezar a doblar hacia el otro lado es nuestro primer objetivo”.	Entre sus funciones, Villarroya ha enumerado la atención al ferry a Melilla, el abastecimiento del banco de alimentos en Zaragoza, la seguridad en las centrales nucleares de Trillo, Almaraz y Cofrentes, la desinfección en puertos de Barcelona, Algecias y Castellón y en aeropuertos de Barcelona, Madrid, Valladolid, Málaga, Tenerife; y también la desinfección de hospitales en Madrid y Zaragoza.	Tal y como explica la entidad, la situación de confinamiento en el hogar puede agravar problemáticas ya existentes como la soledad de las personas mayores LGTBI o generar situaciones conflictivas dentro del propio hogar como las que pueden vivir, por ejemplo, los jóvenes y adolescentes LGTBI con familias LGTBIfóbicas que no respetan su orientación sexual y/o su identidad de género, entre otros.	El colectivo exige al Ministerio de Educación que se reduzcan los temarios en todos los tramos educativos y se suspenda “inmediatamente” la Evaluación de Acceso a la Universidad (EVAU, antes conocida como PAU o Selectividad). Proponen que el Ministerio establezca la nota media de bachillerato como criterio para el acceso a la universidad.	La cancelación de las clases desde infantil hasta la universidad fue una de las primeras medidas ante la expansión del coronavirus, primero en País Vasco y en la Comunidad de Madrid y más tarde en otras comunidades. La evidencia de que la situación se mantendrá durante un tiempo indefinido y la convicción de que la decisión “	ingún plan para las y los estudiantes que no podremos asistir a nuestros colegios, institutos y facultades públicas estos días”, más allá de “vagas referencias” a la vía online que “podrá aplicarse en los centros privados de élite, pero en la mayoría de los públicos, sometidos a recortes muy duros y que carecen de las herramientas informáticas necesarias para hacerlo posible, suena como un chiste malo”, especifican en su comunicado.	Pese al cierre de los centros en Madrid de la empresa de telemarketing Konecta BTO llevado a cabo por la representación legal de la plantilla ante la falta de medidas para evitar el riesgo de contagio de coronavirus, y pese a las visitas de la policía durante la jornada de ayer para comprobar las condiciones de los centros, el sindicato CGT denuncia que la empresa sigue abierta.	Según el sindicato, el Director Territorial Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, Javier Cerrolaza Aragón, indicó al Comité de Empresa el martes 18 de marzo a las 13:43 por correo electrónico que había aconsejado a la autoridad laboral “el cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industria, la suspensión del ejercicio de actividades, así como la iniciación del correspondiente expediente sancionador”.	En un mundo paralizado por la crisis del coronavirus, una convocatoria ciudadana que nada tenía que ver con el covid19 se ha abierto paso entre la ciudadanía confinada. No es para menos: el escándalo de la multimillonaria cifra que Juan Carlos I acumuló en cuentas bancarias de Suiza, dinero supuestamente recibido en parte Arabia Saudí en concepto de “donaciones” por la ayuda del rey emérito en las gestiones del país árabe con empresas españolas y la reducción del precio de determinados servicios de estas, ha causado indignación en la población.	Felipe VI no anuncia nada en su discurso El rey de España ha dado las gracias a la sociedad española y asegurado que la crisis pasará. Ninguna referencia a los escándalos sobre las cuentas suizas de su padre ni anuncio alguno sobre en qué va a consistir su esfuerzo para superar la crisis “entre todos”.	La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) y la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) han dado a conocer la saturación de los trabajadores y trabajadoras de residencias de mayores —algunas focos de contagio por coronavirus— y ha reclamado más medios a las administraciones. Recuerdan que estos días están cubriendo los cuidados y necesidades de las personas más vulnerables al coronavirus por lo que demandan “más apoyo” para el ejercicio de sus funciones.	Además del trabajo de los empleados de las residencias, también destacan la labor de las cuidadoras en domicilio arriesgando cada día su propia salud. Las auxiliares de Ayuda a Domicilio han manifestado, durante estos días, que trabajan con medios de protección insuficientes y que las empresas no se los facilitan. CCOO ha emitido un comunicado esta mañana en el que señalaba que este colectivo en Euskadi no estaba siendo dotado de mascarillas, guantes y geles desinfectantes y donde pedía a las empresas y administraciones soluciones al respecto: “Es un colectivo que puede estar transmitiendo el Covid19 a un grupo de riesgo”, resumía el sindicato.	Las fundaciones Lucum y Zagatka podrían haber sumado hasta 124,4 millones de euros, un dinero con el que se podría aumentar en hasta 266.952,79 euros anuales la inversión en cada uno de los 466 hospitales que hay en el Estado o comprar más de 125 millones de mascarillas.	SAS Madrid han remitido hoy a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid un escrito en el que denuncian la falta de medios de protección individual con la que está trabajando el personal sanitario y advierten a la Inspección de Trabajo que si no hace caso a las denuncias ya interpuestas estaría cometiendo dejación de funciones.	
 
           
              
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Directo | España supera los 17.000 casos de contagio por coronavirus, con 767 fallecimientos           
        