El papel de las Fuerzas Armadas de Argentina se está redefiniendo a raíz de la aprobación de dos nuevos decretos que amenazan con remilitarizar el país. Los decretos 683 y 703, aprobados el 23 y 31 de julio de 2018, respectivamente, cuestionan la separación de la seguridad interna y la defensa nacional tal como lo definen los sucesivos gobiernos luego de la transición democrática de Argentina. Los nuevos decretos amplían la probabilidad de que las Fuerzas Armadas Argentinas puedan desplegarse dentro del país contra amenazas domésticas percibidas, y tengan graves implicaciones (Te puede interesar:	El Decreto 683 establece explícitamente que el ejército nacional puede responder a cualquier amenaza que se origine fuera del país, pero que esté presente en el territorio nacional argentino, como el narcotráfico o el terrorismo internacional. Cambia un decreto de 2006 que determinó la misión de las Fuerzas Armadas como la lucha contra las amenazas militares que se originan en otros países.	El Decreto 703, también conocido como la Directiva de Defensa Nacional, otorga a las Fuerzas Armadas la capacidad de formular estrategias contra el crimen organizado y el terrorismo internacional, citando el creciente transnacionalismo de las cuestiones de seguridad de América del Sur, como el crimen organizado y el riesgo de que el terrorismo internacional se expanda región.	El movimiento para ampliar el alcance del mandato de las Fuerzas Armadas no es una sorpresa considerando el lenguaje de “modernización militar” que el presidente Mauricio Macri ha empleado desde que asumió el cargo en diciembre de 2015. La lucha contra el crimen es una de las principales prioridades de su gobierno, destacó durante su elección electoral.	En su primer discurso ante las Fuerzas Armadas como presidente, argumentó que los militares argentinos deben adaptarse a las “demandas y requisitos del siglo XXI”. Con esto, se refería a participar en misiones de paz de la ONU, combatir el terrorismo e insertar el cambio climático en la seguridad nacional. agenda. En su discurso más reciente ante las Fuerzas Armadas en mayo de 2018, argumentó que el ejército debería apoyar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.	Convertir esta visión en realidad ha requerido la aprobación de varios decretos que revierten efectivamente las leyes que eran parte integral de la democratización de Argentina. Después del fin de la dictadura militar y el retorno del poder civil en 1983, el nuevo régimen buscó promover una importante separación entre la seguridad externa y la defensa nacional, el ámbito de las Fuerzas Armadas, y la seguridad interna, una función de la policía y las agencias de seguridad.	Las Fuerzas Armadas podrían actuar solo en presencia de amenazas militares externas provocadas por otros estados. Esta distinción no es de ninguna manera particular a Argentina: está presente en la mayoría de las democracias avanzadas del mundo y se ha establecido en los Estados Unidos desde la Ley de Posse Comitatus de 1878.	
El abc de la militarización de la seguridad en Argentina