Cortizo envió las reformas al Legislativo unicameral -dominado por su partido político- poco después de asumir el 1 de julio para un periodo de cinco años. Sostiene que una promesa de su campaña fue impulsar cambios constitucionales y para ello tomó un documento que habían trabajado desde hace años una veintena de sectores agrupados en una llamada Concertación Nacional.	El objetivo de las reformas, que incluyen casi un centenar de nuevos artículos en materia de educación, seguridad social, descentralización, asuntos indígenas y justicia, es lograr -según sus impulsores- un mejor equilibrio entre los poderes del Estado al considerar que la actual carta magna que data de 1972, en el periodo bajo control militar, es demasiado presidencialista.	Los cambios, los primeros que se debaten en 15 años, buscarían mejorar la cuestionada administración de justicia creando un nuevo Tribunal Constitucional, limitar la reelección de los legisladores y establecer que el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) se utilice en educación. Actualmente sólo se destina un el 1% del PIB a la educación, que para Cortizo es la principal prioridad de su gobierno.	Los primeros en lanzarse a las calles fueron los estudiantes, profesores y administrativos de la Universidad de Panamá que realizaron una marcha de decenas de miles de personas que lograron que el Legislativo diera marcha atrás con algunas modificaciones que, según ellos, quitaban a ese centro público -el más importante del país- facultades de fiscalización en la enseñanza superior.	“Protesto por lograr que se hagan unas reformas igualitarias para todos los grupos”, dijo a The Associated Press durante una reciente protesta una estudiante universitaria que sólo se identificó como Michelle, de 24 años, que enseñaba una pancarta con la frase “Respeta mi Constitución” con el dibujo de una rata al lado. “Son necesarias hacerlas pero que sean justas y que vean por el beneficio del pueblo y no de los gobernantes”.	De todas maneras el Legislativo logró avanzar en el debate y aprobó las reformas en una primera instancia, incorporando incluso varios artículos que según los analistas darían a los legisladores mayores poderes en temas de justicia y economía. Descartaron, por otro lado, asuntos de derechos humanos y una iniciativa sobre el matrimonio igualitario.	
AP Explica: Protestas ante reforma constitucional en Panamá