- México ha tolerado un sistema político tóxico que promueve la impunidad, siempre y cuando ésta ayude a las autoridades a ganar elecciones. Por eso tuvimos Tlahuelilpan. Autoridades en búsqueda de ganar elecciones deciden tolerar actos ilícitos cometidos por líderes locales, siempre y cuando estos estén dispuestos a apoyarlos electoralmente o, al menos, a no boicotearlos.	El verdadero culpable de Tlahuelilpan no es la impunidad, es la rentabilidad electoral que se ha vuelto norma. Existen, en Tlahuelilpan, como en muchos municipios pobres de nuestro país, llamados “líderes locales” que se hacen millonarios creando presión social. Crean grupos de choque que extorsionan a las autoridades bajo la amenaza de realizar marchas multitudinarias si no reciben dinero. Así, los líderes se vuelven multimillonarios y sus seguidores se benefician.	Éste es un problema que lleva décadas y que impide, también, la presencia del Estado en regiones que estos líderes controlan. Algunos de estos líderes están coludidos con grupos criminales que realizan, entre otras actividades ilegales, huachicoleo. Son ellos los que mantienen el control e, incluso, se prestan para vigilar y proteger la realización de actividades ilegales.	Estos “líderes” sociales no son la causa del huachicoleo. Estos líderes son el efecto del verdadero causante del huachicoleo. El problema detrás de la existencia de esta tóxica organización social es la falta de oportunidad. Una falta de oportunidad económica que se ha generado por implementar, por años, políticas económicas equivocadas que han creado un México donde la movilidad social no existe.	La razón por la que los líderes sociales pueden exigir impunidad a cambio de paz política es porque sus seguidores les son leales. La lealtad proviene de la desesperanza de que el mercado laboral formal les dará más que su afiliación al líder. Es decir, la razón por la que los líderes sociales logran representar a una masa crítica de personas es porque, para muchos de sus seguidores, no hay alternativa más rentable económicamente que recibir dádivas para favores políticos. El mercado laboral y la pobreza están detrás de que sea tan fácil y tan barato comprar gente por fines políticos.	El conflicto se resolverá cuando podamos crear oportunidades económicas para todos, a partir de políticas de redistribución que no estén ligadas a favores políticos. Se debe romper con los intermediarios políticos que se han enriquecido con la miseria. Los programas sociales son prioritarios, pero estos se deben distribuir sin crear clientelas políticas.	La tragedia de Tlahuelilpan ha dejado en evidencia la lógica bajo la cual opera el huachicoleo en baja escala, y reafirma, como ha dicho Patricia Mercado, la evidencia de que, si no se busca mejorar las condiciones sociales y aprobar más penas judiciales para el robo de hidrocarburos, sólo serviría para criminalizar la pobreza y la indefensión ante un sistema de justicia que premia el privilegio.	
El culpable de Tlahuelilpan