No se puede tocar el tema sin mencionar al “Grupo México” y a su dueño Germán Larrea que se apropió del nombre de la nación para que no se dude de sus intenciones. Le ha hecho a este país un gran daño desde siempre, en minas como Pasta de Conchos, que recientemente derramando ácido sulfúrico en el Mar de Cortés. Y no parece que se acuerden de meterlo a la cárcel.	En 1992, Carlos Salinas de Gortari, ordenó, antes de proponer el TLC, cambiar el artículo 27 constitucional para que no solo algunos mexicanos rapaces como el citado Larrea, sino los gringos y canadienses del Pacto pudieran hacer lo que quisieran con nuestros recursos no renovables que la Constitución protegía. Las leyes reglamentarias la de Aguas Nacionales, la Agraria, la de Inversión Extranjera, la Minera, entre otras se modificaron al gusto de las grandes empresas nacionales y transnacionales. Las tierras “de régimen social, ejidales y comunales”, devinieron PRIVADAS. Y hoy por hoy la minería tal como está legalmente diseñada solo sirve para el saqueo sin generar otras actividades _la plata por lo menos ha generado un arte muy bello_ y no paga impuestos. Los extranjeros desde 1992 se limitan a sacer de nuestra tierra el oro y a llevárselo como lo hicieron los españoles invasores. No hay mucha diferencia. “Cientos de toneladas de productos minerales salen de nuestro país anualmente hasta en lingotes de doré sin refinar, por lo cual no generan cadenas productivas y tampoco empleos. A cambio, nos dejan aire, agua y tierras contaminadas, improductivas de forma irreversible; montañas de desechos tóxicos, corrosivos, productores de drenajes ácidos, cuya actividad contaminante afecta por cientos de años nuestras tierras y depósitos de agua subterránea y superficial”.	Como bien dice Claudia Gómez Godoy: “La Ley Minera es una carta en blanco para robar. De acuerdo con el artículo 19, las concesiones mineras le otorgan a su titular la facultad para: Realizar obras y trabajos de exploración y explotación, disponer de los productos minerales que encuentren, disponer de los terrenos y obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de las tierras que sean indispensables para llevar a cabo las obras y concesión sobre las aguas de las minas, todo esto por 50 años que además pueden prorrogarse”.	Además del petróleo de México que también entregó Salinas de acuerdo con su cuate el viejo Bush, lo que los neoliberales entregaron a la especulación transnacional  fueron las minas y faltan muchos años para que expiren las criminales concesiones que el gobierno de Salinas y su último títere, Peña Nieto, vendieron a países extranjeros  2053, 2059, 2060, 2062 o 2065, son las fechas terminales de la concesiones mineras , según info de Linalaoe C Flores del 25.1.19, en Sin Embargo.	Además de anular el artículo constitucional, recordemos que Salinas se unió con la Ardilla de Los Pinos, Diego Fernandez, mozo de su padre, para establecer un partido de dos cabezas, El PRIAN, de manera que sus títeres Zedillo -reemplazando al candidato asesinado Colosio a lo mejor porque se oponía a la entrega- Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña pudieran en el futuro ir entregando el territorio, por ejemplo: en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Puebla, sumaron un total de hectáreas concesionadas de 9 millones 615 mil 435.36. Los gobiernos panistas otorgaron a empresas nacionales y extranjeras 4 mil 949 permisos para explotar 9 millones 615 mil 435.36 hectáreas del territorio nacional.	Y salió la leyecita: “Los residentes en México podrán acreditar contra el impuesto sobre la renta mexicano a su cargo, aplicable a los ingresos provenientes de Canadá, el impuesto sobre la renta pagado en Canadá, hasta por un monto que no exceda del impuesto que se pagaría en México por el mismo ingreso. Felipe Calderón, “el presidente que más hectáreas de suelos nacionales ha concesionado para la explotación minera”. Fue él el que impulsó la ratificación del convenio entre los gobiernos de México y Canadá para evitar la doble tributación, que impide al fisco mexicano cobrar gravámenes a las empresas de aquel país que operan en suelo nacional.	
La entrega de las minas