dio en agosto un último paso antes de lo que será un seguro fallo condenatorio para el Perú en el 2020. Debemos mirar esta decisión con atención, pues, más allá de la reparación integral para Azul, establecerá los estándares que deberán seguir serenos, policías, médicos, fiscales y jueces para la investigación, juzgamiento y sanción de los crímenes por prejuicio que a diario se cometen en el país contra quienes somos sexualmente disidentes. El 2020 será importante además porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitirá su informe de fondo en el caso de Crissthian Olivera Fuentes. Este dictamen, clave no solo por discutir la posibilidad de expresar el afecto no heterosexual en el espacio público, establecerá el estándar de lo que cada ciudadano debe probar, por ejemplo en instancias como el Indecopi, cuando es discriminado por una empresa a causa de su orientación sexual, expresión e identidad de género.	encarpetados desde el 2017. El asunto será tarea de los nuevos parlamentarios, que ojalá se animen al menos a destrabarlos para que lleguen a debate en el pleno. Un dato no menor es que en ambos temas el Perú sigue quedando a la cola de sus vecinos sudamericanos. Somos, junto a Venezuela y Paraguay, los únicos países en esta parte del mundo que no ofrecen fórmula alguna de protección para las personas	Justicia que tarda es injusticia. Y si bien quedan pendientes para copar la agenda de los años entrantes, deben saber que todavía sigue intacta nuestra esperanza de construir una sociedad verdaderamente diversa. Una sociedad que renuncie de una vez a la viciada normalidad que a menudo la atrapa. Una sociedad con agenda	
 Agenda LGBT, por Carlos J.Zelada