Así como la pandemia generada por la COVID-19 ha puesto en primer plano realidades que no habían sido asumidas, los recientes escándalos, de manera particular el vinculado con el manejo finaciero de los fondos el Institurto de Seguridad Social de la Policía, Isspol, más allá de las determinaciones que tendrán que hacer las respectivas autoridades, genera el mal sabor de una deficiente gestión de los recursos institucionales que, por un lado se convierten en caja chica del gobierno en turno, y por otro evidencian falta de vigilancia, tanto por parte de las propias entidades participantes en las negociaciones, altos mandos policiales, ministerio de gobierno, cuanto por el que debieron ejercer las instancias oficiales de control, a lo largo de un dilatado periodo de inacción.	Cabe ahora, a más de transparentar la situación y remediar los incumplimientos, dar paso a una revisión de toda legislación ‘ad hoc’ y proceder a su reforma, o eliminación, de ser el caso y, obviamente, fijar responsabilidades en quien las tiene y no pretender, impúdicamente, al amparo de un malhadado decreto del gobierno anterior, que las presuntas pérdidas las pague el pueblo.	
Trama jurídica de      la corrupción