Pese a la resolución de la Junta Electoral, el Palacio de la Generalitat —la sede del Gobierno catalán en Barcelona— siguió luciendo símbolos independentistas durante varios días hasta que finalmente fueron retirados el 21 de marzo tras recibir varios ultimátums de la Junta Electoral, que alertó sobre las posibles consecuencias penales del incumplimiento.	Una vez retirados los lazos y las pancartas, la Fiscalía presentó una querella contra el presidente catalán en la que se afirmaba que su actuación podía ser constitutiva de un delito de desobediencia porque ignoró de forma reiterada requerimientos "claros y expresos" provenientes de "la máxima autoridad administrativa en materia de procesos electorales".	
Quim Torra será juzgado por desobediencia el 25 y 26 de septiembre