Hasta el momento, se han celebrado tres subastas, una en 2016 y dos en 2017, en las que se adjudicaron 8.000 MW a través de un mecanismo muy contestado entre las empresas del sector, ya que no se utiliza en ningún otro país del mundo. Concretamente, se subastaba un incentivo a la inversión realizada a lo largo de la vida de la planta.	Para subsanar un modelo muy criticado por el sector, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, que se encuentra en periodo de consulta pública, establece que la adjudicación se hará no por la potencia, como hasta ahora, sino por la energía generada. Esto es, se otorgará a quienes estén dispuestos a producir al menor precio. Así,el el texto establece que “los marcos retributivos se otorgarán mediante procedimientos de concurrencia competitiva en los que el producto a subastar será	cuando, en noviembre, el Gobierno dio a conocer oficiosamente su intención de modificar el mecanismo y lanzar subastas masivas”, aseguran en una empresa. Y es que los inversores, prefieren las subastas porque, aunque no se logren mejores precios que en el mercado, dan seguridad y facilitan la financiación de los proyectos y los trámites administrativos.	El propio anteproyecto fija un periodotransitorio, al estabecer que, “en tanto no se desarrollen reglamentariamente los nuevos marcos retributivos y sus procedimientos de otorgamiento (..), las convocatorias previstas en el apartado 2 se efectuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en su normativa de desarrollo”.	
El Gobierno descarta una subasta de renovables pese a las presiones del sector