Hoy cumplen un mes en prisión el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero, Marta Renedo, y los empresarios Víctor Muñiz y Alfonso Sánchez. Saldan así sus condenas por el 'caso Renedo', proceso contra una trama de corrupción. Todo indica que a ellos se sumarán en los próximos días otros dos empresarios que tenían penas menores: Maximino Fernández y Antonio Azorín.	El primero gestiona una sociedad de informática y fue condenado a doce meses por pasar al Principado facturas falsas. El dinero le permitía financiar las nóminas de una serie de trabajadores que la funcionaria Marta Renedo le pidió que pusiera como refuerzo en dependencias del Principado. Al segundo le cayeron ocho meses por haber cobrado a Educación otros tres recibos falsos. Era la forma que tenía de saldar una serie de trabajos efectivamente realizados y que subcontrató al hijo del entonces consejero.	El abogado de Podemos, el del Principado y la fiscalía se opusieron a esa posibilidad, criterio que asume ahora la Audiencia. Lo hace explicando que «no existe una especie de derecho fundamental a la suspensión de la condena». Aduce que Fernández y Azorín cometieron delitos de corrupción, algo que «en los últimos tiempos es motivo de preocupación, debido a que por su reiteración corre el peligro de convertirse en sistémica». Siendo así, «no resulta admisible, desde una perspectiva preventiva general», que paguen sus hechos con una multa de 1.800 euros el primero y 2.520 el segundo. De lo contrario «cabría preguntarse dónde quedaría la finalidad disuasoria» que también debe perseguir la sentencia.	
La Audiencia ordena el ingreso en prisión de dos empresarios más por el 'caso Renedo'