La iniciativa de extender automáticamente por 10 años la vigencia de las licencias de circulación de las combis en la ciudad, que casi-casi hace colar en el Pleno el congresista de Acción Popular, Carlos Simeón Hurtado –antes, Marcos Pichilingüe, de Fuerza Popular, había retirado una propuesta similar– hubiera sido un despropósito sin parangón en la historia parlamentaria del Perú: nada menos que legalizar un negocio incontrolable que solo genera caos y muerte en las vías públicas nacionales.	¿Cómo pueden haber llegado hasta esa instancia las maniobras de estos malhadados lobbies que conspiran contra una reforma de transporte que ya enfrenta suficientes dificultades para salir adelante? Algunos dicen que las mafias de transportistas, como las de las universidades bamba, son muy allegadas a ciertos parlamentarios. Pero lo sorprendente es que, tarifados o no, nunca falten representantes que se presten a facilitar prácticas que, aparte de poner en riesgo la integridad física de los peruanos –en este caso concreto, pasajeros, transeúntes y vehículos de familia– se desarrollan desde hace años entre lo informal y lo abiertamente delictivo.	Salvado el incidente, tanto la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se han comprometido a trabajar con el Congreso para encontrar una salida al problema sin entorpecer el proyecto de reforma que ya está marcha, en otra de las mesas de trabajo en las que el Ejecutivo y el Legislativo están intentando llegar a “soluciones consensuadas”. Es hora ya de que la amenaza permanente de las ‘combis asesinas’ –tan poderosas que, hoy en día, hasta se gastan representantes en el Parlamento– sea desterrada de las pistas del Perú.	
 Combis y  lobbies