10.03.2020 | 23:59Yo no creo que el jefe del Estado deba ser inviolable. Pero siempre y cuando todos los ciudadanos seamos iguales ante la Justicia, cosa que lleva a que ninguno cuente con aforamiento, sea cual su motivo: ni el presidente del Gobierno, ni los ministros, ni los diputados, ni los senadores, ni los jueces, ni los fiscales, ni los miembros del Consejo General del Poder Judicial, ni los componentes de los gobiernos autonómicos, ni los defensores del pueblo, ni los miembros del Tribunal de Cuentas, ni quienes pertenecen al Consejo de Estado. Llegan a diez mil quienes contradicen el principio esencial de la igualdad absoluta a la hora de tener que responder por los actos realizados.	Y, ya que estamos, también deberíamos ser por completo iguales todos los españoles al margen de dónde estemos censados o residamos en cuestiones tan básicas como la sanidad, la educación o el pago de impuestos. Es un escándalo, a mi entender, que el trato sea diferente a la hora de heredar, por ejemplo, si uno vive en Madrid o en Vigo. Y, ¿qué decir de ese anacronismo hiriente que suponen los foros vascos y navarros, herencia de las guerras carlistas?	Aunque habría que ir al fondo mismo de la cuestión: el valor del voto depositado en las urnas, que es por completo distinto dependiendo de la localidad. Cada escaño debería costar los mismos votos, al margen de a qué circunscripción electoral pertenezca. Y, por supuesto, todos los partidos políticos, sin tener en cuenta en qué territorios se extienden, habrían de contar con las mismas barreras para poder acceder a las Cortes.	Entiendo que es así porque, en mi opinión, los valores básicos de la ciudadanía, los de la libertad y la igualdad, están invertidos. El derecho a la igualdad debería quedar por encima del derecho a la libertad en contra de lo que ahora sucede. No cabe duda alguna de que hay que alcanzar unos mínimos necesarios, porque de nada serviría ser todos por igual esclavos, pero, yendo más allá, creo que es necesario poner la igualdad de todos por encima de la libertad que puedan ejercer unos cuantos para introducir privilegios. Todos los españoles, al margen de su sexo, edad, origen y condición, deberían contar con las mismas garantías de alcanzar una educación adecuada al siglo XXI, una atención sanitaria „que está entre las mejores del mundo„ desligada de las ocurrencias de los gestores autonómicos y unas obligaciones fiscales idénticas en todos los territorios.	Resulta evidente que para lograr algo así sería necesario poner el país patas arriba reformando la Constitución y que eso es impensable en los momentos penosos que vivimos, con la política en manos de verdaderos incompetentes. Pero, en ese caso, menos lobos a la hora de poner en solfa un solo privilegio tirando por elevación contra el jefe de Estado con el fin de defender otras prebendas bastante obvias.	
Inviolabilidad