Ante la multiplicación de casos de connivencia policial con el narcotráfico y el avance de causas que prueban esa relación, el gobierno de Santa Fe inició una depuración en esa fuerza: pasó a retiro a 31 altos jefes policiales, dispuso el cese de funciones de otros ocho y decidió intervenir la jefatura de San Lorenzo, departamento vecino a Rosario, donde se detectó el "abandono" de la conducción en esa unidad y un sospechoso "crecimiento inusitado de delitos" en los últimos días.	El combo de medidas que dispuso el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, se completó con la designación de los reemplazantes de los jefes que fueron separados de los puestos de conducción, entre ellos, los titulares de las unidades regionales de Rosario, Reconquista y Rafaela, entre otros. Fueron corridos comisarios de peso dentro de la fuerza, como los exjefes de la Policía de Investigaciones (PdI) Daniel Corbellini y Marcelo Albornoz, que tuvieron un amplio poder en la gestión socialista.	En el acto de asunción de los nuevos jefes, Saín volvió a enviar un mensaje a los efectivos de la fuerza: "El policía que resiste va preso; el que jode va al calabozo". Los cambios en la policía se apuraron más de lo previsto porque surgió un principio de resistencia dentro de la policía luego de que se anunciara el nuevo esquema de conducción la fuerza, que tendrá como jefe máximo al comisario retirado Víctor Sarnaglia, que participó del diseño de la Policía Metropolitana durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires.	El viernes pasado, los jefes de Rosario, Walter Gómez; de Rafaela, Juan Bengoechea, y de Reconquista, Fabián Forni, salieron a advertir a los medios de comunicación que dejaban sus funciones porque nadie del gobierno se había comunicado con ellos. En el Poder Ejecutivo provincial se interpretó que la actitud de estos comisarios buscaba que otros miembros de la fuerza mostraran resistencia a las medidas que se iban a anunciar.	En Rosario, Gómez retiró la custodia especial dispuesta desde el año pasado sobre los edificios judiciales que fueron blanco de los ataques narco de Los Monos y de la banda de Esteban Alvarado. Por esa razón se inició una causa judicial a cargo de la fiscal Paola Aguirre, en la que las propias autoridades del Ministerio de Seguridad se pusieron a disposición para declarar sobre el supuesto "incumplimiento de deberes de funcionario público".	La decisión de pasar a retiro a 31 directores y subdirectores de la policía y dejar cesante a otros ocho, y sobre todo la intervención de la Unidad Regional de San Lorenzo, bajo la sospecha de que es un nido de corrupción y connivencia con el narcotráfico, son las primeras apuestas fuertes del nuevo gobierno, que -según manifestaron desde el entorno del ministro de Seguridad- busca un cambio claro dentro de la policía sobre la base del discurso del gobernador Omar Perotti, que planteó que en Santa Fe existe un "pacto de gobernabilidad" con el delito.	La batería de medidas intenta romper ese acuerdo entre la policía con el narcotráfico, hoy la principal caja de recaudación ilegal dentro de la fuerza. Por eso el foco se puso sobre San Lorenzo, donde están bajo sospecha no solo el exjefe de la fuerza en ese departamento, Gonzalo Paz, sino otros actores clave, como Gustavo Spoletti, exjefe de Drogas Peligrosas, y Cristian Di Franco, ambos imputados como miembros de la asociación ilícita que encabeza el narco Alvarado, quien tuvo la capacidad de tejer durante la última década una red y sociedades muy fuertes con parte de la policía.	Como si fuera un espejo de la banda de Los Monos, en cuya causa fueron condenados nueve policías, sin esa pata policial Alvarado no podía haber dominado el abastecimiento de droga no solo en Rosario sino en varias partes del país. Desde el gobierno trazan un eje claro sobre quiénes participaron y garantizaron que estos acuerdos espurios se mantuvieran en el tiempo: un sector del socialismo, del propio peronismo y la policía.	Spoletti fue investigado por enriquecimiento ilícito, pero la causa terminó siendo archivada en 2017, diez años después de que se iniciara, por decisión de la entonces jueza de instrucción Alejandra Rodenas -hoy, vicegobernadora de Santa Fe-, una decisión que fue convalidada por la fiscal Verónica Ballari. En la causa contra Alvarado, el ex jefe de Drogas de Rosario fue detenido el 20 de noviembre pasado y luego excarcelado.	Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra imputaron a Spoletti y pretenden que se reabra esa causa por enriquecimiento ilícito en la que no solo se cree que creció su patrimonio de manera ilegal sino que se sospecha que fraguó la venta de una casa a uno de los miembros de la banda de Alvarado para construir otra de mayores dimensiones en la calle Furlong al 1100.	En el dictamen N°1958, el Ministerio de Seguridad planteó como argumento para la intervención de la Unidad Regional de San Lorenzo, que "se tomó conocimiento a través de la Jefatura de la Policía de la provincia del abandono de sus cargos del jefe, subjefe, y la plana mayor" de esa unidad regional.	
Intervienen una jefatura policial de Santa Fe por presuntos vínculos con narcos