El fantasma despertó. Durante casi dos meses la amenaza del covid-19 fue solo eso, la advertencia de que algo malo podía pasar. Primero fueron Asia y Oceanía; luego Europa y algunos países africanos. El 26 de febrero el mal augurio se hizo verdad: la pandemia llegó a América Latina. Brasil confirmó su primer caso. Poco tardaron las naciones vecinas en iniciar su propio conteo de contagios. Y de muertos.	La tragedia de Italia y España es el futuro que atemoriza a Latinoamérica. Miles de contagios, miles de muertos, sistemas de salud colapsados. “No estamos preparados”, advierte desde Chile Mónica González, periodista y escritora. Mucho menos hoy, parece responder el internacionalista de la Universidad Eafit, Simón Flórez. “Nos llegó en un momento de tensión social. En Chile, Bolivia, Venezuela, Argentina grupos sociales adquirían poder. Muchos gobiernos se sumían en la inestabilidad”.	El subcontinente se enfrenta al covid-19 mientras soporta heridas abiertas. El fantasma despertó y no era un virus. Norbert Lechner, extinto politólogo y sociólogo, lo entendió en 1998, cuando escribió en un informe sobre Desarrollo Humano en Chile: “el peso de la noche parece no haberse disipado. Los conflictos silenciados conservan actualidad. Cualquier evento puede activar los fantasmas del pasado”.	De poniente a oriente, la línea uno del metro de Santiago tarda media hora en atravesar la capital de Chile. 30 pesos, uno por minuto, subió su pasaje por orden del presidente Sebastián Piñera. Y Chile explotó. No son 30 pesos, se escuchó en miles de gritos, son 30 años. Narra Pedro Lemebel, escritor y poeta chileno, cómo en 1990 “los carros se repletaron de cantos y gritos y banderas por el retorno a la democracia. Todo el mundo cantando, saltando con: `el que no salta es Pinochet´. Y el tren también brincaba como conejo en sus ruedas de goma. El fino tren se zangoloteaba con el vaivén del `Y va a caer´”.	“Llevábamos cinco meses así. Con un desgaste emocional, físico y económico, porque eso trastocó nuestras vidas y nos hizo ver la profunda desigualdad en la que vivíamos”, señala confinada en Santiago, Mónica González, reconocida periodista y escritora chilena. El primer caso de covid-19 se confirmó el 3 de marzo. El país se preparaba entonces para votar sobre la posibilidad de una nueva constitución, uno de los reclamos, tal vez el más importante, de las protestas. 1.609 casos más, en apenas 24 días, cambiaron los planes.	Siendo el segundo país con más contagios en América Latina y sufriendo ya la muerte de 5 de sus ciudadanos, Chile ha endurecido poco a poco las medidas. El presidente Piñera inició con un toque de queda poco acatado en las calles; cerró sus fronteras, en una decisión similar a casi la totalidad de sus vecinos; y obligado ya por la emergencia, decretó el pasado jueves en cuarentena a 7 comunas de la capital, donde viven más de 1,3 millones de personas.	El plebiscito para votar por una nueva constitución fue aplazado hasta octubre, con la gran posibilidad de que solo sea otra fecha decorativa. El pueblo chileno, experto, como criatura mitológica, en milagrosos resurgimientos, se enfrenta a una emergencia que no tiene horizonte. Los 10, 15 o 60 segundos que dura un terremoto son el inicio y el fin. ¿Cuánto dura una pandemia? “Mi generación vivió la unidad popular del gobierno de Salvador Allende; la dictadura de Augusto Pinochet; y tres terremotos, uno es el segundo más grande en la historia de la humanidad. Esto, sin embargo, es inédito”, reconoce González.	El sueño de un nuevo Chile, construido sobre los pilares de una previsible y esperada nueva constitución, según los sondeos, pareció en pausa. “¿En pausa?, no. La desigualdad y la rabia que mastica la gente hoy hacinada en el transporte público, culo con culo, espalda con espalda, con el terror a infectarse, pero obligada a buscar comida para su familia”, rectifica la escritora. “No, esto solo acrecienta la indignación. Si alguien cree que el descontento, la explosión social que fue una rebelión, se paralizó, está muy equivocado”.	Hace tres décadas el metro de Santiago “cruzó la ciudad como pizarra del descontento”. Así lo describió Lemebel, quien murió en 2015 sin ver de nuevo los trenes del viejo sistema convertidos en escenarios de enfrentamiento. Hoy las calles chilenas lucen vacías. La sociedad y el Gobierno, explica González, se concentran en salvar vidas. Después, dice, llegarán otros debates.	Evo Morales pronunció el discurso que ningún político quiere protagonizar, en el lugar donde todo comenzó para él. En una improvisada rueda de prensa en Cochabamba, región que lo recibió a sus 21 años y lo encumbró como primer presidente indígena del país, Morales renunció a su cargo. Subió a un avión mexicano y huyó de Bolivia; de las protestas masivas desencadenadas por las sospechas de un fraude en las elecciones presidenciales a su favor, en las que pretendía un cuarto mandato consecutivo; de la “sugerencia” de los militares amotinados en su contra.	Era 9 de noviembre. Dejó atrás una Bolivia sumida en la peor crisis política y social de su historia reciente, con un gobierno interino cuestionado interna y externamente, liderado por Jeanine Áñez, hasta entonces segunda vicepresidenta del Senado. La gobernante, tras presiones del partido de Morales, mayoritario en el Parlamento, señaló el 3 de mayo como la fecha de las nuevas elecciones, en las que ella sería candidata. Los ánimos se calmaron y la campaña inició.	“Una muy pálida, descolorida, desabrida, sin mucho impacto o movilización, sin concentraciones masivas ni debates. Nada”, describe el escenario Iván Marulanda, director del Instituto de Investigaciones Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Ocho candidatos inscribieron sus nombres, pero solo tres, según los últimos sondeos, tenían oportunidades. Lideraba las encuestas Luis Arce, candidato del partido de Morales; seguido por Carlos Mesa, el hombre que denunció fraude en las pasadas elecciones; y en un tercer lugar, lejos de Arce, la actual presidenta. Así intentaba Bolivia volver a la normalidad, cuando confirmó, el 10 de marzo, sus primeros dos casos de coronavirus.	Fue el último país latinoamericano en unirse a la lista, y aunque siguió confirmando casos, lo ha hecho en una tendencia inferior al resto de sus vecinos: 61 pacientes y ninguna muerte. El miedo a un pico para el que el país no está preparado, sin embargo, motivó rápidas medidas. Áñez declaró cuarentena durante 14 días, y el Tribunal Supremo Electoral suspendió las elecciones sin definir una nueva fecha clara. Las protestas reiniciaron.	“El MAS era la única de las fuerzas políticas que hasta hace algunos días se oponía a la postergación de los comicios, pero la situación de salud y los riesgos superaron cualquier calculo político. Tenemos el peor sistema de salud de la región y de eso son conscientes todos”, apunta Ludwig Valverde, presidente del Colegio de Politólogos de La Paz.	La presencia masiva del coronavirus desbordaría rápidamente el sistema de salud boliviano y provocaría un caos que hasta ahora todos los partidos quieren evitar. Si bien es así, la crisis le abre una oportunidad a la actual mandataria, hasta ahora relegada de la batalla presidencial. Comanda la labor del Estado y de sus resultados dependerá su futuro político.	“La experiencia de tantas elecciones que hemos tenido en este país nos muestra que la ciudadanía se comporta en función de que es lo que le conviene para los próximos 5 años, sin importar mucho qué lo antecede. Muchas veces se ha equivocado, pero también ha rectificado con distintas formas de presión social: nosotros hemos cambiado muchos gobiernos en poco tiempo. El porvenir de la actual mandataria dependerá de cómo gestiona la emergencia sanitaria para contener la pandemia”, finaliza Miranda.	Es posible que en esa misma seguridad se sostenga la declarada intención de Evo de que sus palabras en Cochabamba hace tres meses, no sean en efecto las últimas de su carrera política. Así lo prometió en su momento, antes de perderse en los cielos bolivianos con rumbo a México y después a Argentina, desde donde intentaba mantener una activa participación en las suspendidas elecciones: “Aquí no termina la vida, la lucha continua”.	Los hechos, rápidos en todo el planeta, ocurren a una velocidad inexplicable en el país: nada parece cambiar en el status quo de un presidente con poder interno, que la comunidad internacional no reconoce; y un líder opositor que realiza giras presidenciales pero no tiene legitimidad interna. La situación, sin embargo, parece agravarse cada vez más.	La reciente decisión del gobierno de Donald Trump de acusar a Nicolás Maduro de narcotráfico y ofrecer 15 millones de dólares por su detención se conoció en medio de la respuesta a la expansión del covid-19, que ya contabiliza más de 100 contagiados y dos muertes. Maduro decretó cuarententa, suspendió clases y cerró fronteras.	El Gobierno dispuso de 48 hospitales que llamó “centinelas”, distribuidos en todo el territorio, dotados de los elementos para atender la epidemia. Así lo anunció. La realidad, sin embargo, señala que en 2019 el 70% de los hospitales de Venezuela tuvo agua una o dos veces a la semana; y el 63% reportó en promedio 342 fallas eléctricas al mes, según la Encuesta Nacional de Hospitales. El confinamiento obligatorio se enfrenta a la carencia de redes de suministro y a una interrupción de la llegada de remesas de las que muchas familias vivían.	La emergencia y los últimos movimientos políticos animan ideas de aventuras que podrían provocar que el polvorín explote finalmente. “Me temo que la oposición juegue a pescar en río revuelto. Que vean en esto una oportunidad para salir del régimen venezolano. Hay sectores que creen que ha llegado el momento”, advierte Ronal Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Una transición de este tipo, indeseada en cualquier circunstancia, desataría en medio de una pandemia una crisis humanitaria sin precedentes. “Son tiempos en los que cada Estado está preocupado por protegerse y los organismos multilaterales, por ejemplo, no tendrían cómo responder a la situación”, finaliza.	“Porque si no entra con la razón, va a entrar con la fuerza”. Alberto Fernández pronunció la frase en tono sosegado y firme. En otras circunstancias, su voz posiblemente hubiera titubeado y la declaración se habría intentado matizar entre decenas de palabras más. En Argentina, la amenaza de la fuerza del Estado contra la población civil es un error político y social de incalculable dimensión. Una dictadura y miles de desaparecidos mantienen en constante alerta a la población civil y organizaciones de derechos humanos, y tensionan su relación con las fuerzas de seguridad. Pero no en esta ocasión. El país acumula 586 casos de coronavirus y 13 muertos.	“Su advertencia, señalando a los que incumplen la cuarentena declarada, fue vista en general con buenos ojos”, apunta el analista internacional David Santos desde Buenos Aires. Tras la confirmación del primer caso de coronavirus el pasado 3 de marzo, Argentina suspendió clases, cerró sus fronteras y ordenó el confinamiento obligatorio de sus habitantes. La crisis tocó la puerta de la Casa Rosada en medio de un debate que comenzaba a subir de tono. La renegociación de la deuda argentina monopolizó los esfuerzos del recién posesionado Gobierno.	Tras varios triunfos en línea con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la estrategia mostraba sus primeras señales de desgaste. “Un reciente aumento en las retenciones de las exportaciones de soja, del 33% al 36%, comenzaba a ser motivo para que un sector del campo amenazara con protestas”, dice Santos. La soja es el principal producto que exporta la Argentina. La luna de miel de Fernández reflejaba sus primeras grietas. La discusión, sin embargo, se aplazó. “El interés del Gobierno y de los partidos políticos es evitar la expansión del virus y el colapso del sistema de salud”, finaliza el analista.	En medio de la comunión, algunas voces se anticipan a un escenario de crisis económica que parece perseguir al país. El FMI y los fondos privados, dueños de la economía argentina, pierden momentáneamente protagonismo. Pero su sombra volverá. Y las decisiones difíciles que tendrá que tomar Fernández estarán precedidas por su buen o mal manejo del covid-19.	
América Latina enfrenta la pandemia con heridas abiertas