En agosto, el equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato asumió la investigación en torno a presuntos aportes de Odebrecht a campañas de congresistas en el 2011 y 2016. En febrero del 2018, Jorge Barata, exrepresentante de la constructora en el Perú, declaró que la compañía entregó dinero “a todos los partidos, a todos” que tenían presencia en el Parlamento en el marco de los comicios generales de 2011.	Desde el 1 de noviembre del 2018, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, se encuentra en la cárcel. No porque ya exista condena, sino porque cumple una orden judicial de prisión preventiva en el marco del proceso que se le sigue por presunto lavado de activos. La Corte Suprema redujo de 36 a 18 meses la medida restrictiva. La fiscalía sostiene que ella habría encabezado una organización criminal paralela en el partido antes conocido como Fuerza 2011, con el fin de lavar dinero recibido de Odebrecht y obtener poder político en instituciones.	El Congreso ha tenido que acatar recientes decisiones del TC, como la referida a la ‘ley antitransfuguismo’. Asimismo, declaró inconstitucional una ley que prohibía la publicidad estatal en medios de comunicación privados. Esta norma promovida por el congresista Mauricio Mulder (Apra) y respaldada por Fuerza Popular fue aprobada por el pleno del Parlamento por insistencia en junio del 2018.	Tal como señala Olaechea, la disolución del Congreso se concretó a raíz de una interpretación de la Constitución de parte del presidente Martín Vizcarra. El último domingo, en “Cuarto Poder”, el mandatario incluso adelantó su postura. Mencionó que si el Parlamento elegía primero a los nuevos miembros del TC antes de abordar la cuestión de confianza planteada, él iba a asumir que el Legislativo le estaba negando la confianza al Ejecutivo.	“Desde el Congreso se intentó impedir al premier ingresar al hemiciclo, se desconoció el artículo 129 de la Constitución Política del Perú, no se dio la prioridad que la cuestión de confianza merece y, luego, se aprobó el primer miembro de un tribunal exprés en una dudosa votación, vaciando de contenido la cuestión de confianza planteada”, sostuvo Vizcarra en el mensaje mediante el cual anunció la disolución del Parlamento, al considerar que hubo una “denegación fáctica de la confianza”.	Olaechea alude a los golpes de Estado de 1968 y 1975, pero estos fueron golpes militares. Por ejemplo, cuando el general del Ejército Juan Velasco Alvarado derrocó al gobierno democrático de Fernando Belaunde Terry, tanques blindados rodearon Palacio de Gobierno, se cerró el Congreso y se intervino el Poder Judicial. Asimismo, el gobierno se apoderó de los medios de comunicación. Tras la medida de Vizcarra, no se ha visto ese escenario.	Efectivamente, el Reglamento del Congreso establece: “El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del décimo, salvo que cuatro quintas partes del número legal de Congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata”.	“La designación de es válida, pero mientras no esté publicada en el peruano y no haya credencial, no se puede hacer valer. Técnicamente es un magistrado designado, pero su designación no es eficaz, porque falta lo que dice la Constitución: la publicación en el diario oficial ‘El Peruano’ y la credencial. Sin la credencial no se puede tomar posesión del cargo”, manifestó el constitucionalista Aníbal Quiroga.	Un estudio realizado por el proyecto Parlamento Abierto de la consultora 50+1 y ESAN reveló que durante los plenos realizados desde el 2016 hasta enero del 2019, las posiciones mayoritarias de Fuerza Popular y la bancada aprista han ido en la misma dirección en un 90,2% de las veces.	
 Pedro Olaechea: el fact checking de sus declaraciones a la prensa extranjera