“He asistido más 300 veces a la Fiscalía a dar declaraciones, dar WhatsApp, dar documentación y correos. ¿Acaso eso no es relevante para el esclarecimiento de los hechos? Le pido que considere esta intromisión del fiscal Fernández para tratar de acallar o silenciar. No sé qué propósito tiene de entrometerse en una investigación reservada y que hoy da frutos”, dijo ante el juez Núñez Julca, quien al final de la audiencia rechazó el pedido del fiscal Fernández y dictó comparecencia con restricciones para Morales y Torres.	La resolución resalta que el caso es uno de los “más complejos de los últimos tiempos” y que si bien la mayor cantidad de actos de investigación se concentra en el primer nivel (Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao), solo la fiscal Rocío Sánchez se dedicaba al caso. Es así que por “necesidad y urgencia” se refuerza este nivel con la	Según Ávalos, se decidió por fortalecer la primera instancia, luego de que el fiscal superior Víctor Tullume y el fiscal supremo Jesús Fernández reportaran que la información no llegaba oportunamente a sus niveles. “La doctora Rocío ve temas de empresarios, terceros, la instancia del doctor Tullume ve temas de jueces y fiscales de primera instancia, el doctor Fernández ve temas de superiores y el	tuvo acceso, el fiscal Tullume le había pedido a la fiscal Sánchez actas de transcripción de registro de comunicaciones y copias de grabaciones en audios. “Sin embargo, no ha dado cumplimiento en forma oportuna a los mismos, pese a reiterados pedidos e incluso coordinados vía WhatsApp”, se lee en el documento. Tampoco había contestado pedidos de intercambio de información, en relación a investigados y delitos, con el fin de evitar la duplicidad de investigación.	negó presiones a la fiscal provincial Sánchez y admitió que lo que faltaba era coordinación entre las distintas instancias de la investigación. Se mostró optimista en que Sánchez no renuncie y dijo que no le estaban quitando el caso, solo que le estaban pidiendo todas las carpetas para que luego sean distribuidas equitativamente entre ella, Castro y la fiscal Roxana Jáuregui.	“Creo que nos falta un poco más de coordinación. Somos muy celosos con nuestras investigaciones. El caso Cuellos Blancos se complica, porque son hasta cuatro instancias”, dijo. También insistió que “si un colaborador desiste de ser colaboración o fracasa en su colaboración no es que como se dice que todo se pierde.	, la fiscal Castro dijo que le causaba gracia la amenaza de renuncia de un aspirante a colaborador eficaz y enfatizó que los casos no son de los fiscales, sino de la institución. “Lo que pasa es que hay personas a las que no le gusta trabajar en equipo”, declaró. En esa línea, dijo que su trabajo de coordinadora era poner orden “para que no exista la disconformidad de los fiscales superiores, supremos, que porque no reciben la información. Es por ello que	“Uno de los aspirantes manifiesta, haciendo un alarde de suficiencia, que todo lo que se conoce es gracia a la delación que ha hecho. Eso no es cierto totalmente, porque la dimensión del problema se conoce a raíz de la difusión de los audios. El colaborador en su real papel tiene que entregar información que permita corroborar, comprobar lo que ya es conocido por medio de los audios y eso no está ocurriendo”, señaló.	Asimismo, dijo que no respaldaba que “una fiscal amenace con renunciar” y que la función fiscal exige que se trabaje con ponderación y equilibrio para conseguir el objetivo, que es un obtener la sanción que la ley establece. En ese sentido, volvió a referirse sobre el proceso de colaboración eficaz: “Hay un error de tramite porque los arrepentidos no pueden salir a decir que si ellos desistan la investigación cae. Eso no es cierto plenamente. Ellos son colaboradores que están sujetos a un conjunto de obligaciones y los beneficios que ellos pueden tener solo lo pueden lograr cuando ellos hayan logrado la aprobación del acuerdo. Se deja vislumbrar hay un retraso en el trámite del proceso de colaboración eficaz”, dijo.	En el mismo pronunciamiento, informó que en su primer día en el puesto se había reunido con las fiscales del caso para establecer “una reasignación de carpetas aceptadas” por ellas y para establecer un cronograma de trabajo con plazos para resultados, “solicitándoles el cumplimiento de algunos objetivos para diciembre de este año”. También le solicitó “muy respetuosamente” a la Fiscal de la Nación que defina las atribuciones de su cargo como coordinador general.	El nuevo coordinador designó al fiscal supremo adjunto Martín Salas, integrante de su despacho y conocido por lograr una sentencia contra Alex Kouri, como su delgado “para realizar permanente seguimiento y monitoreo de cumplimiento de objetivos y compromiso”. “Ambas fiscales se han comprometido a trabajar por la institución, en equipo y bajo el principio de confianza”, agregó Pablo Sánchez, en referencia a Sandra Castro y Rocío Sánchez.	El fiscal Jesús Fernández había apelado para insistir en que se dicte prisión preventiva contra ambos aspirantes a colaboradores, pero Pablo Sánchez, su superior y el encargado de sustentar el pedido en segunda instancia, decidió no hacerlo. Ni el fiscal Sánchez ni nadie de su despacho participó en la audiencia, pero en la misma se leyó un escrito en el que el nuevo coordinador general del caso	
Tensión en el Equipo ‘Cuellos Blancos’: Las claves de la polémica que ha sacudido la investigación del caso