Pero como todo proceso de cambios, no solo aparecen oportunidades para aprovecharlo beneficiosamente para la población y para el crecimiento económico, sino que aparecen también quienes utilizan dichos instrumentos para afectar la información que se crea, comparte y almacena; afectar los derechos y bienes de las personas; afectar los servicios que prestan entidades públicas y privadas; y afectar los activos críticos nacionales y la soberanía de los países.	puedan actuar frente a las amenazas que puedan afectar la soberanía nacional, así como actuar de última línea ante afectaciones a los activos críticos digitales ante ataques en y mediante instrumentos digitales (por ejemplo atacar un gaseoducto o un puerto o una central hidroeléctrica o la banca mediante instrumentos digitales y así dejar al país afectado). Esta ley ya ha sido promulgada el 16 de septiembre del 2019 con el número 30999.	La Ley de Ciberseguridad es un marco general para la protección de información pública y privada, a través de mecanismos de coordinación e intercambio de información, basado en la creación de capacidades y el trabajo colaborativo, así como la creación de una cultura de ciberseguridad. Además establece a nivel de una ley una definición como marco operativo añadiendo también obligaciones de protección irrestricta de derechos humanos y de cooperación ante la existencia de brechas de seguridad.	, que participó activamente de la construcción de la norma, la observara. Lo cierto es que la Presidencia del Consejo de Ministros ha perdido una oportunidad de lograr una norma para el futuro, quizás mal oyendo a funcionarios que no terminan de entender que el fenómeno digital quita cuotas de poder y funciona solo en base a cooperación y confianza. Entendemos que el Poder Legislativo irá por la insistencia de esta norma.	En tiempos en que vemos noticias de incidentes y ataques informáticos aumentados por la pandemia que afectan a ciudadanos (por ejemplo el caso denunciado de brecha de seguridad en el instrumento de bono universal), es pues necesario contar con la normativa adecuada para enfrentar estos fenómenos. También es cierto que el DU 007-2020 busca avanzar en la denominada confianza digital, pero no es suficiente.	
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