Desde que se conociera la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) validando la inmunidad como europarlamentario de Oriol Junqueras, el Gobierno se ha afanado en intentar separar lo judicial de lo político para evitar que este varapalo diera al traste con las negociaciones entre PSOE y ERC de cara a la investidura. Moncloa se escuda cuando le interesa en la independencia de la Justicia española, amparada en el Estado de Derecho, para esquivar las demandas soberanistas relacionadas con la amnistía a los presos del «procés». Sin embargo, no duda en marcarle el camino al Supremo cuando los independentistas esperan un gesto de buena voluntad por parte de sus interlocutores socialistas para desencallar la situación de bloqueo en el país y favorecer la investidura.	La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ya reconoció –una vez hecha pública la sentencia– que el Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, «ayudaría» al Tribunal Supremo a dar cumplimiento al fallo emanado del TJUE. Una apreciación que intentó matizar posteriormente la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, asegurando que la Abogacía del Estado –aunque no es Poder Judicial– no recibe instrucciones «ad hoc» de Moncloa, sino que se basa en criterios de legalidad y en el interés público para emitir sus informes. Sin embargo, Calvo volvió ayer a dirigir presiones veladas al Alto Tribunal español, señalando que «las sentencias se acatan y se cumplen» y que el fallo del TJUE «obliga al Supremo» porque el tribunal europeo es también «nuestro tribunal».	En el Gobierno mantienen que la investidura de Sánchez debe resolverse «cuanto antes» y siguen apelando a la colaboración de ERC para ello. «Lo importante es que tenemos que ir lo más ágilmente posible para lograr una investidura pronto», para así abrir una «nueva etapa» con el objetivo de «devolver la política a la política y afrontar la situación de Cataluña con principios democráticos». Este es el argumento que se defiende desde Moncloa, apelando a la propia pulsión de los republicanos, que tienen que vender con esta tesis el pacto con los socialistas a sus bases.	En el Gobierno no ven «otra vía» para la salida de la situación de Cataluña ni para la investidura que sentarse con los republicanos «a hablar y a acordar, en los marcos que los principios democráticos y del Estado de Derecho nos permiten». «Eso es algo que saben todas las partes», destacó ayer Calvo, en alusión a los pronunciamientos de situarse fuera de la legalidad, con el referéndum o la vía unilateral, en los que se reafirmaron ayer en el 28º Congreso las bases republicanas y Junqueras en la intervención que les dirigió.	En Moncloa estaban a la espera de cómo se desarrollase ayer el cónclave de ERC para testar el ánimo con el que se puedan retomar formalmente las negociaciones, después de que desde la formación se congelaran oficialmente hasta que se produzca un gesto judicial, que los socialistas ya promueven con sus pronunciamientos.	
Carmen Calvo le marca el paso al Supremo: “Las sentencias se acatan y se cumplen”