Da igual si todos los trabajadores de la plantilla tienen un contrato a tiempo completo o a jornada parcial; si hacen horas extraordinarias de forma habitual o esporádica o si cumplen su horario a rajatabla. Desde ayer domingo, todas las empresas tienen la obligación de registrar la jornada laboral de sus empleados y el incumplimiento acarreará multas que van desde 626 a 6.250 euros en función de la intencionalidad, del número de trabajadores en plantilla o de si hubo requerimiento previo. En Segovia, el Real Decreto Ley 8/2019, de medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral, que modifica el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, involucra a 10.300 empresas, que son las que según el último recuento del INE (de 1 de enero de 2018) tienen al menos un trabajador.	Más de la mitad de las cerca de 22.373 empresas salmantinas son unipersonales, es decir, carecen de asalariados. La ley afecta a todas las demás, entre las cuales el 62,7% tienen uno o dos y el 20,3%, entre tres y cinco personas en nómina. Sumadas suponen casi nueve de cada diez del total de las que están obligadas a tomar medidas.	En concreto, la norma dice que el registro diario de jornada «deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria». Además, la empresa debe conservar los registros durante cuatro años, tiempo en el que «permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social». El texto legal aclara que mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa con los trabajadores se definirá como se organizará y documentará el registro de jornada.	La medida ya ha hecho florecer un nuevo nicho de negocio. Basta escribir 'registro de jornada' en Google para encontrarse con multitud de anuncios de bufetes y empresas de 'software' que ofrecen sistemas y programas a tal efecto. Incluyen desde lectores biométricos de control a través de huellas dactilares hasta aplicaciones para el teléfono de los empleados que trabajan con movilidad.	El decreto puntualiza que el Gobierno, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales, podrá establecer ampliaciones o limitaciones en la obligación de registro de jornada «para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran». En principio, este apartado abre la puerta a la posibilidad de que las empresas adopten sistemas ajustados a su realidad particular.	Desde la patronal CEOE, en un principio se mostraron reticentes a la medida. Los empresarios advirtieron de que la casuística es infinita y cada empresa requiere de unas soluciones específicas. Se quejaron de que la norma no había sido negociada y reclamaron «fórmulas destinadas a permitir una mayor adaptabilidad de las empresas compatibles con las nuevas formas de organización del trabajo derivadas de la globalización y digitalización». No obstante, el presidente de la patronal, AntonioGaramendi, se declaraba recientemente «razonablemente satisfecho» con el decreto del registro horario, al haber incorporado la alusión a la negociación colectiva. «No es lesivo para las empresas», admitió Garamendi, para quien el «problema» no es que haya un registro real, sino que hay que tener en cuenta el tipo de trabajo y los sectores, así como la flexibilidad laboral, el «flexiempleo» y la conciliación de la vida laboral.	Según advirtieron CC OO y UGT de Castilla y León, «400.000 horas extras a la semana, de las cuales la mitad ni se abonan ni se cotizan; 10.000 empleos menos y 35 millones de euros al año que no abonan en cotizaciones a la Seguridad Social en la comunidad forman la radiografía del gran timo de las empresas al no registrar las jornadas laborales».	Para Raúl Santa Eufemia, secretario de Política Sindical de UGT, «cuando se cumple la ley no hay que tener miedo a ninguna inspección». El sindicalista respondía así a la presidenta de la CVE, que citó como un problema para las empresas las actuaciones de la inspección laboral. «Deberían ser las mismas patronales quienes exigieran a sus asociados un escrupuloso cumplimiento de la ley porque redundaría en beneficio de todos», señaló Santa Eufemia, que lamentó que ninguna empresa se haya puesto en contacto con los sindicatos para estudiar cómo abordar el tema.	Para Fernando Fraile, secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CC OO, «con el dinero que supone el fraude de las horas extras a la tesorería de la Seguridad Social se podría contribuir a mejorar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones». Fraile reclamó a la patronal Cecale que lleve a cabo una campaña de información entre las empresas sobre la obligatoriedad de fichar y sugirió que se articule una línea de ayudas desde el Consejo del Diálogo Social, pero la vez instó a la Inspección de Trabajo a «velar por el cumplimiento de la nueva normativa». Además, alertó, «el exceso de jornada genera un importante incremento de la siniestralidad laboral».	
Las 10.300 empresas con al menos un trabajador deben registrar la jornada laboral