Ambos integran el tribunal que juzga desde hace un año al exsecretario de Transportes Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito y, además, cada uno interviene por separado como juez titular o suplente en numerosas causas de corrupción, delitos de lesa humanidad, secuestros o trata de personas. Por ejemplo, los magistrados están interviniendo en el juicio contra Cristóbal López por los impuestos de Oil Combustibles, en el juicio oral por la tragedia aérea de Austral, en uno de los juicio por la represión en la ESMA, y en otro contra el traficante de efedrina Ibar Pérez Corradi, entre otros.	Los jueces de la Casación Ledesma, Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucci escribieron, además, que la reincorporación se hace "conforme a la vigente" para "asegurar la mejor y mas eficiente prestación de justicia". Y por las dudas aclararon que se referían al artículo 16 de la ley 24.018.	Esta decisión de la Casación tiene una lectura inmediata y otra mediata. En el corto plazo lo que evita es que los juicios caigan y no se puedan seguir desarrollando. Pero a la larga exhiben hasta dónde pueden llegar las consecuencias de la reforma jubilatoria que el Gobierno planea para los jueces.	Cuando se empezó a discutir el proyecto de ley de reforma de jubilaciones de los jueces, decidieron presentar sus renuncias para conservar los beneficios de la vieja ley. El Poder Ejecutivo aceptó sus renuncias y lo hizo público mediante un decreto que apareció en el Boletín Oficial la semana pasada. En el ínterin avanzó el tratamiento del proyecto de ley en la Cámara de Diputados, donde obtuvo media sanción y se abrió el debate el jueves pasado en el Senado, donde se firmó un dictamen de comisión.	El proyecto de ley incrementa del 12% al 18% los aportes extra que realizan los jueces; el 82% móvil será sobre un promedio de los sueldos -actualizados- de los últimos diez años y no sobre el último haber. Asimismo, extiende la edad jubilatoria para los varones a los 65 años, de manera progresiva, y deroga el artículo que establece el estado judicial.	
Convocan a jueces jubilados para evitar que se caigan juicios de corrupción