LA historia contemporánea nos enseña que la derecha tradicionalista pretende seguir manteniendo anacrónicos estatus patrimoniales sobre los poderes del Estado, por encima de la voluntad popular. Las ideas absolutistas, encarnadas por las viejas fórmulas de las monarquías hereditarias, perviven en el subconsciente de un amplio sector de líderes conservadores, incluso en aquellos países, como EE. UU., dónde los reyes son simples imágenes coloniales de un pretérito remoto.	En nuestro país, esas fuerzas reaccionarias son las mismas, con otras caras y otros títulos, que en el pasado sacaron los ejércitos a las calles, dictaron leyes a su favor con las trampas adecuadas y financiaron los poderes monárquicos o dictatoriales. Y siempre fueron propicias a golpes de Estado y pronunciamientos militares.	Vemos como Trump, con un pie en la calle, ha realizado nombramientos judiciales de dudosa legalidad e intenta dictar indultos preventivos para él, su familia y su abogado sobre posibles delitos. Esto es, poner las leyes a su servicio. En un plano similar, aquí asistimos al nombramiento de jueces por un tribunal en funciones, de mayoría conservadora, que Casado, contraviniendo la Constitución, se niega a renovar como si el poder Judicial le perteneciera por mandato divino. A Trump el golpe de Estado judicial ha empezado a fallarle. ¿Cuánto resistirá Casado?	
 El golpe 