Tres personas, entre ellos una prefecta (gobernadora) y un ex asambleísta, que estaban detenidos acusados de rebelión en la crisis social de octubre en Ecuador, fueron liberados este miércoles al cambiarles la figura legal del proceso en su contra. Una jueza ordenó la liberación de los imputados al cambiar la orden de prisión preventiva por 71 días por medidas sustitutivas. El ex asambleísta ecuatoriano, Virgilio Hernández, denunció ante RFI un proceso político y mediático.	RFI: Virgilio Hernández, se entregó a las autoridades el pasado 5 de noviembre y el 25 de diciembre una jueza revocó la orden de prisión preventiva contra usted y otros dos políticos: la prefecta de la provincia andina de Pichincha, la correísta Paola Pabón, y Christian González, uno de sus asesores. Los tres fueron acusados de rebelión durante las protestas de octubre. ¿Considera como una victoria su puesta en libertad?	Virgilio Hernández (VH): Apenas lo que hemos logrado es que podamos defendernos en libertad, pero el proceso indudablemente sigue y será una batalla jurídica muy complicada porque la preocupación que existe es que no sea un proceso jurídico en el que se pueda discutir sobre la base de indicios o evidencias, sino que siempre esté alimentado con los objetivos políticos y también la presión mediática.	VH: Ventajosamente ya en este punto no sólo es lo que yo digo, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en este proceso ha existido estigmatización política. Todo lo que se dijo en esos días, lo de culpar a los correístas de haber financiado asaltantes, a personas para que generen daños a los ciudadanos y las instituciones públicas es, efectivamente, parte de este proceso de desacreditación, de buscar eliminarnos políticamente por las vías judiciales.	VH: No me atrevería a darles un consejo a los siete compañeros que está en la embajada porque cuando uno mira todas las acciones que han existido de persecución por la vía judicial, a uno le generan preocupación, miedo. Por eso es mucho más meritoria la acción de la jueza presidenta de la corte provincial, que ha tomado una decisión en derecho por fuera de lo que generalmente ha venido haciendo el poder judicial, que se ha sometido lamentablemente a consignas del gran poder mediático y también del poder político.	Unas 245 casas resultaron afectadas por un incendio forestal desatado el martes en el turístico puerto de Valparaíso, en el litoral central de Chile, y según dijeron las autoridades la noche del miércoles, ya no representa un riesgo para la población. Pese a los importantes recursos destinados a la prevención, las autoridades se muestran preocupadas por el aumento de la intencionalidad de estos siniestros, explica a RFI Antonio Walker Prieto, ministro de Agricultura de Chile.	
Ecuador: Liberado, ex asambleísta acusado por rebelión en crisis de octubre denuncia un proceso político