y sus estragos económicos y sociales-, para la que, a la vista está, nadie en la globalización se encontraba preparado, la CdP ha experimentado un realce sobresaliente, del que no hablamos lo bastante quienes seguimos desde siempre la compleja e inacabable peripecia de la estructura del poder territorial en España. No habíamos visto nunca una frecuencia tal de encuentros en un foro de debate y decisión cuyo lugar no está emplazado por la letra de la Constitución de 1978, por más que a estas alturas cumpla con una función inexcusable a la luz del actual desarrollo del Estado autonómico que la Norma Suprema hizo posible.	Además de coordinar la emergencia sanitaria y el reinicio en septiembre del curso escolar en las comunidades autónomas (CCAA) que ejercen estas competencias en nuestro Estado social, esta CdP abordó también un punto principal en su agenda: la deliberación de los criterios de reparto de los Fondos Europeos acordados en el histórico Consejo Europeo de julio, y la participación de las CCAA en la cantidad que corresponde a España en el denominado	europeo respecto del volumen del daño causado al PIB y al empleo del territorio respectivo. En modo que participen en los apoyos europeos con cuotas proporcionalmente mayores aquellas CCAA en la que reparar los destrozos de la pandemia y la crisis resulte más imperiosos: es el caso de los territorios dependientes del turismo y los sectores asociados (desde agricultura ecológica al comercio pasando por los servicios) sobre los que las medidas de restricción de libre circulación han ocasionado un hundimiento de las constantes vitales de la renta disponible.	Además, esta discusión reverdece y recrudece la necesaria alerta sobre la relevancia de las normas presupuestarias -Presupuestos europeos aprobados por el Parlamento Europeo (PE), leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado aprobadas en España por las Cortes Generales -como soporte legal de la asignación de Fondos y de validación de sus criterios de reparto.	de los Presupuestos Generales del Estado, así como su naturaleza (una Ley tramitada por procedimiento específico), su contenido obligado (con la previsión de ingresos y gastos autorizados para el siguiente ejercicio, el de cada año natural), y su encuadre temporal (presentación de su Proyecto por el Gobierno antes del 30 septiembre, y su posterior debate, enmienda y aprobación por las Cortes Generales antes de finalizar cada año). Excuso recordar, sin embargo, hasta qué punto es obvio que estas determinaciones de nuestra Constitución vienen sufriendo un prolongado y clamoroso incumplimiento: Avanzado 2020, la acción del Gobierno progresista que preside Pedro Sánchez se sustenta todavía, agónica y dolorosamente, en los PGE aprobados en 2017 (para 2018), elaborados por el entonces ministro de Hacienda del PP -¡inmarcesible Cristóbal Montoro!- desde unas coordenadas parlamentarias, políticas y sobre todo económicas y sociales sideralmente distantes de las actualmente imperantes.	Pero también es evidente que asistimos a una penosa estrategia de degradación institucional en que proliferan las violaciones del Derecho y del ordenamiento al rebufo de un crescendo de deterioro de la confianza en la calidad de las normas y de su credibilidad. En parte ha sido inevitable -dado que ni la Constitución ni sus leyes de desarrollo habrían podido prever el desafío sanitario y económico social que ha venido a sacudir al planeta abruptamente- que en la vorágine de las medidas de emergencia se hayan multiplicado las decisiones políticas que en otro contexto no caracterizado por la “	” habrían sido discutidas o impugnadas desde la perspectiva de su conformidad a Derecho. Bástenos de muestra el botón de los decretos autonómicos que limitan a un máximo de 10 personas cualesquiera reuniones incluso en el domicilio privado, en contraste con lo dispuesto en la LO 9/83 del Derecho de Reunión (arts.1 y 2, por la que las reuniones en domicilios, familiares, y de hasta 20 personas, constituyen ejercicio directo e incondicionado de un derecho fundamental irrestricto).	Pero, con todo y con eso, hay mucho en ese deterioro que resultaría evitables si a algunos de los actores más desaprensivos del juego se les demandase un mínimo de su responsabilidad. Seguramente el episodio más grosero de desvinculación del dictado de la Norma Fundamental del Estado lo protagoniza el PP negándose, día tras día, a renovar los órganos constitucionales del Estado: CGPJ, TC, Defensor del Pueblo, son instituciones clave pendientes desde hace años de la regularización de su cadencia de mandatos expirados y de su relanzamiento para cumplir sus funciones más allá y por encima de ninguna discusión sobre su legitimación para decidir y obrar con plenitud de facultades. Tan contumaz ejercicio de instrumentalización de bienes constitucionales en un momento tan tremendo para los mil retos que acucian a las hechuras de un Estado que rechinan por todas sus costuras resulta no solo cínica sino un ultraje escandaloso si se repara en que se trata del mismo PP que, día a sí y día también, se llena la boca a dos manos con sus tronitonantes invocaciones fetichistas de la Constitución, haciendo del mantra de su	
Las reglas del juego, presupuestos, más que nunca, en las crisis