El sector de la concertada ha alzado la voz contra la última decisión del Gobierno, aunque sea de manera indirecta, que les niega fondos para hacer frente a los gastos extra que les supone adaptar los centros a las nuevas condiciones de la pandemia. El borrador del documento pactado entre PSOE y Unidas Podemos, los dos socios que forman el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, excluye a la escuela concertada de los incrementos de financiación que se dediquen a la educación por la crisis provocada por el coronavirus. El pacto, alcanzado en la comisión del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica de España, fija que la totalidad de los fondos extra para enseñanza, también los que en un futuro provengan de la UE, se destinen únicamente a los centros de titularidad pública.	La decisión ha sido muy criticada por las diversas voces del sector de la concertada. Todas coinciden en que se trata de un trato discriminatorio que en esta ocasión conlleva un grave peligro a corto plazo. Adaptar los inmuebles a la nueva realidad de las clases presenciales ya ha supuesto un gasto importante en material de protección, geles o servicios de limpieza. Algunos centros señalan que solo para las clase preparatorias de la EBAU, que solo han durado dos semanas, la factura se ha disparado por encima de los 4.000 euros. Otros calculan que en el primer trimestre del próximo curso tendrán que destinar entre 2.000 y 3.000 euros en tareas de desinfección, señalización y equipos de protección. Facturas que aumentarían en el caso de que tuvieran que adaptar nuevos espacios para dar clases y contratar más personal.	La decisión de restringirles fondos extra supone un duro mazazo para los centros concertados, que consideran que la decisión forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para desestabilizar al sector, política en la que se incluye la nueva ley educativa que ha empezado a tramitar el Congreso en pleno estado de alarma y que, entre otras cuestiones, elimina la referencia de demanda social a la hora de hablar de la concertada. De ahí que los centros estén valorando movilizarse para intentar cambiar la decisión del PSOE y Podemos, ya que iría en contra de los recursos de los centros educativos y de las familias de los alumnos.	El secretario regional de Escuelas Católicas califica de “discriminación total a las familias que eligen la concertada y a los propios centros” la intención del PSOE y Podemos de no darles ayudas. “Se trata de un nuevo mazazo, que se suma a la tramitación de la Lomloe en pleno estado de alarma”, asegura Leandro Roldán, que apunta que el próximo curso se pone en riesgo la viabilidad de los colegios si el Gobierno no cambia de opinión. “Es una medida tan antidemocrática, que si no hay una marcha atrás, el sector tendrá que realizar algún tipo de protesta. No podemos hablar de huelga, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados”, asegura.	El director del colegio Montessori advierte que sin una financiación extra, los colegios concertados van a pasar un curso muy complicado. “Adaptanos a las medidas contra la pandemia supone un gasto impresionante para el colegio. Solo en adecuar el centro para las clases preparatorias de la EBAU y alguna inversión más de cara a septiembre hemos tenido que invertir 4.250 euros”, recuerda. Un coste que aumentará con el próximo curso, apunta, porque aún han de realizar compras y contratar servicios. Por este motivo, quedarse fuera de la financiación extra del Gobierno “nos preocupa muchísimo” y que no le sorprende la decisión a la vista de la ley de Celaá .	El presidente de la cooperativa que gestiona el colegio Antonio Machado reconoce que la postura de PSOE y Podemos pone en un grave aprieto a los centros de la concertada. “Adaptarnos a la pandemia supone un gasto añadido. Si ya de por si los fondos que nos da la Administración no cubren la totalidad de los gastos, esta decisión aumentará aún más el déficit”, explica. Víctor Martín expone un caso de la inversión que pueden tener que realizar y que saldría de sus propios recursos. “Nosotros en sexto de Primaria contamos con 29 alumnos. Si nos obligan a desdoblar en dos grupos más pequeños, tendremos que habilitar un espacio para clase”, apunta.	El presidente de la Federación Católica de asociaciones de padres (Fecampa) afirma que la decisión de PSOE y Podemos se engloba dentro de una campaña “cuyo objetivo es acabar con el sistema de la concertada”. Jesús Jiménez señala que el Gobierno está poniendo “todas las trabas posibles” a estos colegios y que la intención de negarles fondos extra para luchar contra la pandemia es una apuesta “para dejar morir a la concertada”. El presidente de Fecampa va más allá al acusar a ambos partidos “de hacer interpretaciones partidistas de lo que pone la Constitución”. Por eso aboga por una futura ley educativa de consenso y no por la de Celaá.	
 Cabreo en la educación concertada al negarles el Gobierno ayudas por el coronavirus 