De acuerdo con el empresario, el motivo del cateo en la estación de gasolina es que su propio hermano, Ricardo Álvarez -a quien acusa de ser prestanombres del exgobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano- buscaba recuperar documentos sobre apoyos federales por un monto de 20 millones de pesos, destinados a personas que viven en el campo, pero que de manera triangulada terminaron en manos de Lozano y otros socios, que los usaron para impulsar dos vinícolas en las que tienen participación: Santa Elena y Origen.	"Con el cierre de la estación quieren fincarnos delitos para cerrarla, para extorsionarme con 15 millones de pesos, para que les entreguemos la tierra que nos dejó mi padre. Además, tenemos documentos que prueban que le fueron entregados recursos millonarios, desviados. Mi hermano pidió para vacas, para diferentes cosas. Pidieron él, su esposa y algunas empresas y en dos años les dieron 20 millones de pesos y a otras personas que estaban en crisis como los productores de la guayaba, no les dieron apoyo", dijo.	. Se trata de una trama donde también está involucrado Jorge Armando Narváez Narváez, quien el 23 de septiembre de 2015 fue designado subsecretario de Agricultura del Gobierno Federal y que previamente había ocupado la titularidad de la secretaría del mismo ramo en su natal Aguascalientes. De acuerdo con Álvarez, Narváez también es socio de su hermano, de Lozano, y presumiblemente ayudó desde su cargo a obtener los recursos para las vinícolas.	"De hecho intentaron catear mi casa. En la investigación de la estación de servicio de gasolina el juez, bajo el pretexto de la denuncia anónima dijo que está el cateo de la estación de gasolina y de ahí intentan catear mi casa, pero la intención de ellos era hacerse de los documentos donde los involucran en diversas aportaciones de recursos federales del campo, donde a varias personas morales y físicas les otorgaron recursos y todos fueron triangulados para la construcción de estas dos vinícolas", dijo en entrevista.	Álvarez compartió con LA SILLA ROTA que incluso antes de que su padre muriera, desheredó a su hermano Ricardo, quien luego construyó sin autorización en tierras que eran de su padre. Gerardo Álvarez es el albacea de las propiedades legadas por su padre, pero su hermano y sus socios –entre quienes está el gobernador Lozano- pretenden despojarlos además de negocios como un hotel y centros nocturnos.	Muñoz fue acusado en días pasados por el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, actualmente en prisión, de extorsionarlo, junto con el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Arturo Elías Beltrán. Duarte aseguró que pagó, ya que la amenaza que pendía sobre él es que si no lo hacía no iban a dejar en paz a su familia.	"En su momento, voy a dar a conocer por los canales adecuados y correctos cómo es que se hizo toda esta situación que es meramente una extorsión. Fue una extorsión hacia mi persona donde me amenazaron con la integridad y con la vida misma de mi familia, no tuve de otra más que hacer eso. Esto no es un cohecho, esta es una extorsión, fui extorsionado y tuve que pagar para que pagaran para que dejaran a mi familia en paz y para que aceptara todas las pruebas que me fabricaron", afirmó el ex mandatario veracruzano.	Pero previo a su llegada a la subprocuraduría, Muñoz fue el Procurador de Justicia del gobierno de Aguascalientes durante el gobierno del priista Carlos Lozano de La Torre, entre 2010 y 2016. Durante su paso por dicho cargo, fue acusado de tortura y al momento suman 9 denuncias las que aseguran que autoridades ministeriales a su cargo y él mismo participaron en golpizas y vejaciones. Por dichas acusaciones la	El 1 de marzo pasado Muñoz dijo a medios de comunicación que la investigación de la CDNH tuvo irregularidades, al no tomar en cuenta documentos clave, y que la problemática se debió al combate de un grupo delictivo llamado La Oficina, cercano a los Beltrán Leyva, al inicio de su gestión, en 2010.	
Desechan a funcionario herencia de EPN tras denuncia ciudadana