¡Qué sorpresa estarán viviendo los que llevan 40 años defendiendo que España es un estado democrático! El régimen nacido en 1978 se atribuyó la consabida «separación de poderes», sabiendo que una sociedad dividida en clases, donde la que ejerce como dominante controla las instituciones del Estado y, por tanto, el poder judicial, jamás puede ser independiente. Es una milonga.	La alta magistratura es nombrada por el PSOE y el PP apelando a su juego alternativo de gobierno, para que sin ambages ni florituras justificativas defiendan a los suyos. Si te toca tal juez con su ideología y favores debidos a los que responder, ya sabes lo que va a ocurrir. Las pruebas de los delitos, los informes periciales, los testigos, etc, son cosa menor. La izquierda institucional lleva décadas hablando con orgullo de «libertades» y de «democracia», con un brevísimo paréntesis para ver qué pescaban en la consigna «lo llaman democracia y no lo es» para más luego volver al redil del sistema. La pregunta es ¿de qué se quejan ahora? Aceptaron el pack completo y éste viene con jueces de derechas y hasta de muy de derechas. ¿Los vieron gritando con ardor ¡viva el Rey! en la entrega de despachos en Barcelona? Pues eso.	
Una justicia al servicio del poder