Los ecosistemas naturales suministran a la humanidad una grande e importante gama de servicios ecológicos gratuitos y de los cuales dependemos. Estos incluyen: mantenimiento de la calidad gaseosa de la atmósfera (la cual ayuda a regular el clima); mejoramiento de la calidad del agua; control de los ciclos hidrológicos, incluyendo la reducción de la probabilidad de serias inundaciones y sequías; protección de las zonas costeras por la generación y conservación de los sistemas de arrecifes de coral y dunas de arena; generación y conservación de suelos fértiles; control de parásitos de cultivos y de vectores de enfermedades; polinización de cultivos; disposición directa de alimentos provenientes de medios ambientes acuáticos y terrestres; así como el mantenimiento de una vasta “librería genética” de la cual el hombre ha extraído las bases de la civilización en la forma de cosechas, animales domesticados, medicinas y productos industriales.	En nuestro país existe un programa de apoyo para la conservación de bienes naturales, a este programa se le denomina Pago por Servicios Ambientales (PSA) y lo maneja el gobierno federal, de manera específica a través de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). El Pago por Servicios Ambientales (PSA) fue creado como un incentivo económico para los dueños de los terrenos forestales donde se generan estos servicios, con la finalidad de compensarlos por los costos de conservación y por los gastos en que incurren al realizar prácticas de buen manejo del territorio.	Los esquemas del PSA son voluntarios, pues se basan en el interés y el acuerdo mutuo de las partes para participar en ellos; en estos esquemas los usuarios de los servicios ambientales (ciudades, organismos operadores de agua, empresas, etc.) están dispuestos a pagar para seguir disfrutando de ellos, mientras que los proveedores (dueños de los terrenos forestales) están dispuestos a adoptar las acciones necesarias para mantener o mejorar su provisión a cambio del pago recibido.	Este novedoso esquema de financiamiento comenzó en el año 2008 y hasta el momento ha permitido la colaboración con quince organizaciones de la sociedad civil, dos organismos operadores de agua, la Comisión Nacional del Agua, cuatro gobiernos estatales, cuatro municipios y un organismo público descentralizado intermunicipal, fortaleciendo capacidades locales que han permitido apoyar la conservación de los bosques de México y el desarrollo de sus habitantes.	
Los servicios ambientales