La violación al derecho a la consulta de las mujeres indígenas, derecho violado por las autoridades refiere el Informe Sombra para el Comité de la ONU. Foto: Ilustrativa/NTX.México, 19 Agosto (SEMlac).- La violación al derecho a la consulta de las mujeres indígenas, derecho violado por las autoridades refiere el Informe Sombra para el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, Acceso a la Justicia para las Mujeres Indígenas.	El tercer capítulo del informe sombra se refiere a El derecho a la consulta de las mujeres indígenas y señala que este derecho está siendo violado de manera reiterada y de distintas formas en el país, especialmente cuando están de por medio la realización de “megaproyectos” (extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios, de agricultura).	Según el informe ¿A qué precio?, de la organización Global Witness, México se ha convertido en un lugar peligroso para los y las defensoras de la tierra y el territorio. Solo en el 2017, al menos 15 personas defensoras fueron asesinadas en el país, de las cuales casi el 75 por ciento eran indígenas.	Actualmente: hay más de 500 conflictos ambientales en todo el país, precisamente, por este modelo, en donde llegan gestores de Gobierno o de las empresas, van a hacer un proyecto, ofrecen dinero a los ejidatarios de manera individual, algunos se resisten, pero otros aceptan por una necesidad económica real y esto rompe el tejido social de la vida comunitaria que tiene el ejido.	En este sentido, las organizaciones recomiendan: Se respete el derecho a la autodeterminación y desarrollo con identidad de los pueblos originarios, garantizando el derecho a la consulta libre, previa, pacífica e informada sobre todos los proyectos de desarrollo que los afecten y suspendiendo toda intervención que se esté realizando en territorios indígenas especialmente el Tren Maya y el corredor del Istmo de Tehuantepec.	Se lleven a cabo estudios de impacto ambiental, cultural y social en cooperación y coordinación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, ambiental, espiritual y cultural que las actividades del proyecto puedan tener sobre los pueblos. En coordinación con los pueblos indígenas se debe realizar un inventario de posibles afectaciones con medidas para mitigarlas.	Discriminación en la forma de recabar los datosEl último apartado del informe, Datos sobre justicia y discriminación racial, se plantea que pese a la Recomendación General No. 31 emitida por este Comité, la información que produce y publica el Estado mexicano tanto del sistema penal, como del sistema de justicia más amplio, sigue siendo insuficiente para cumplir con el 15 propósito de la Recomendación: detectar -para así eliminar- la discriminación racial en el acceso a la justicia.	Esta es la práctica común para la mayoría de las encuestas sobre violencia y acceso a la justicia. Lo anterior tiene como efecto la exclusión desproporcionada de mujeres indígenas, considerando que, de las que hablan una lengua indígena, el 15 por ciento son monolingües, en comparación con el nueve por ciento de los hombres.	También existen investigaciones que no incluyen ninguna de estas variables, como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Esta es la más importante en el país para medir la victimización de la población adulta y la cifra negra de la incidencia delictiva y es la única, del tipo, que desde 2011 se realiza anualmente. Si se incluyeran en esta Encuesta variables para medir la discriminación racial, se podría cumplir con muchos de los indicadores que se exigen en la Recomendación General No. 31.	Por ello recomiendan: se incorporen los indicadores de color de piel, auto-adscripción de las personas como indígenas y auto-adscripción de las personas como afrodescendientes a todas las encuestas, censos y registros administrativos relacionados con la violencia y el acceso a la justicia, empezando por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.	Por ejemplo: en 2012 finalmente se incluyó en los Registros de Defunciones por Homicidio (SINAIS) la variable que permite saber si las víctimas de homicidio hablaban o no una lengua indígena. Para el caso de las mujeres, sin embargo, del total de homicidios perpetrados entre el 2012 y el 2017, en el 41,9 por ciento de los casos se ignora su lengua. Esto implica que, incluso considerando la lengua como el único indicador del origen étnico de las personas, no es posible saber con certeza cuántas mujeres indígenas han sido privadas de sus vidas en México.	“Encima de estas deficiencias, en enero de este año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) anunció que, debido a las políticas de austeridad del nuevo gobierno, se dejaría de hacer el levantamiento de distintas encuestas. Entre ellas, está la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, clave para medir la arbitrariedad, violencia y discriminación que viven personas detenidas y encarceladas.	Las recomendaciones en ese sentido son: que se garantice que las autoridades, especialmente las que trabajan al interior de las instituciones de procuración e impartición de justicia, cuenten con las capacidades técnicas, así como con los recursos humanos, tecnológicos y financieros para efectivamente recabar la información que se necesita para detectar la discriminación racial en la violencia y el acceso a la justicia.	Sin datos que midan la discriminación racial en sistemas penalesY, por último, el informe sombra en el apartado Los asuntos no penales y la insuficiencia de sus datos, se refiere a la Recomendación General No. 31 que está enfocada en el sistema penal, las exigencias del Comité ahí contenidas pueden ampliarse a todo el sistema de justicia.	El problema, sin embargo, cuando se analiza el sistema de justicia más amplio, es que la información estadística sobre 18 instancias no penales es incluso más deficiente que la que existe sobre las instancias penales: porque no solo no incluyen datos para medir la discriminación racial, sino tampoco datos básicos sobre los mismos casos o sobre cómo son resueltos por los tribunales.	Esto significa básicamente que, con la información disponible, no se puede saber cuántos casos hay relacionados con el pago de la pensión alimenticia; ni cuántos de violencia familiar se procesan ante tribunales civiles; ni se puede conocer los que relacionados con el acoso sexual en el trabajo se están procesando ante instancias laborales. Esta falta de información es preocupante, considerando que los casos no penales representan la mayoría de la carga de los tribunales, tanto a nivel local (93,1 %), como a nivel federal (77,5 %).	Las recomendaciones son: que se mejore la información estadística que se recaba sobre los asuntos familiares, civiles, laborales, mercantiles y administrativos que son conocidos por los tribunales, de forma que sea posible contar con datos sociodemográficos sobre las partes involucradas en los juicios y con datos sobre el tipo de asunto, los pormenores del proceso y los detalles de la resolución.	
Derecho a la consulta de las mujeres, un derecho violado