El tradicional desfile de los ministros por el Congreso para informar de sus planes de trabajo se ha saldado esta semana con escasez de anuncios novedosos y alguna pugna entre departamentos por atribuirse la paternidad de determinadas medidas, como la protagonizada entre el vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a cuenta de la ley de protección a la infancia.	La cascada de comparecencias parlamentarias de los ministros del nuevo Ejecutivo de coalición arrancó la semana pasada con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Su único anuncio verdaderamente novedoso tuvo que ver con la primera convocatoria de ayudas económicas para que los ayuntamientos puedan empezar a realizar exhumaciones de las fosas comunes de la Guerra Civil que aún quedan en España, y que el Gobierno prevé aprobar antes de abril.	Un día después, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, sí dejaba algunos anuncios: habló de impulsar una ley de diversidad familiar para "reconocer y proteger" a todos los modelos de familia, de poner en marcha medidas para apoyar la adopción por parte de parejas LGTB y concretó algunas de las medidas que recogerá la ley de protección animal en la que trabaja su departamento.	Pero el desfile de ministros por el Congreso también ha sido el escaparate de las primeras pugnas en el seno del Gobierno por atribuirse la paternidad de ciertas leyes. Es lo que ocurrió en la comparecencia del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, este lunes pasado en la que anunció que la ley para la protección de la infancia la iban a impulsar desde su departamento y el de Sanidad que dirige el socialista Salvador Illa.	Las palabras de Campo causaron malestar en Unidas Podemos, dado que días antes el vicepresidente Pablo Iglesias se había atribuido la paternidad de esa ley, que incluso propuso bautizar como 'ley Rhodes', en reconocimiento al pianista James Rhodes, víctima de abusos sexuales y que ha empleado su fama en intentar sensibilizar acerca de esta cuestión.	No es el único pulso que ha perdido Campo ante Podemos, que ha acusado al ministro socialista de bloquear la aprobación de la ley contra la violencia sexual que tiene preparada el Ministerio de Igualdad de Irene Montero para antes del 8 de marzo por considerar que la revisión del Código Penal que incluye necesita un estudio más sosegado.	A falta de que comparezcan aún algunos ministros, los principales anuncios que han salido de estas intervenciones en el Congreso los dio la ministra de Educación, Isabel Celaá, que avanzó su determinación de establecer un año obligatorio de prácticas para los profesores en cuanto terminen sus estudios y de rebajar a 5 la nota para acceder a becas de estudios.	
Sequía de novedades y pugnas internas en el desfile de ministros por el Congreso para informar de sus planes