En el programa de política exterior del Gobierno del Cambio, en la agenda dedicada a la región sudamericana, leemos, entre otras, que “el Gobierno del Cambio incrementará los nexos históricos de República Dominicana con Latinoamérica, basando su política exterior en la búsqueda de una mayor integración de la región (...) y que reevaluará la participación dominicana en los esquemas regionales de integración (...) propiciando un acercamiento con instituciones (...) regionales de las cuales no formamos parte...”	Las referidas consideraciones citadas traducen un claro mensaje sobre la importancia que ha de otorgar el Gobierno del Cambio al esquema integracionista de mayor relevancia y peso específico en el fomento de las gestiones comerciales multilaterales de la región: la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Constituiría ello un gran paso de avance y un elemento clave dentro de la visión de desarrollo sostenible expresada en el plan de gobierno del presidente de la República, Luis Abinader.	El marco jurídico global constitutivo y regulador de ALADI es el Tratado de Montevideo de 1980 (TM80), fue suscrito el 12 de agosto de 1980 por once Estados latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, los que a su vez depositaron sus respectivos instrumentos de ratificación convirtiéndose en sus miembros originarios.	Una vez entrado en vigor, el Tratado contempló en su artículo 58 la apertura a la adhesión de aquellos países latinoamericanos que así lo soliciten. El 26 de agosto de 1999 se perfeccionó la primera adhesión al Tratado, con la incorporación de la República de Cuba como país miembro de la Asociación y la más reciente incorporación fue la de la República de Panamá el 10 de mayo del 2012.	La ALADI establece un área de preferencias económicas, mediante tres mecanismos: la Preferencia Arancelaria Regional -PAR-, que se aplica con referencia al nivel que rija para terceros países; acuerdos de alcance regional, en los que participan todos los Estados miembros y acuerdos de alcance parcial, en cuya celebración no participa la totalidad de los países miembros.	La ALADI se rige por una serie de principios contemplados en el Tratado que la creó, entre los que cuenta el referente a tratamientos diferenciales a considerar en los mecanismos de alcance regional como en los de alcance parcial, sobre la base de tres categorías de países tomando en cuenta sus características económica -estructurales; a saber: países de menor desarrollo económico relativo, países de desarrollo intermedio, restantes países miembros.	La Secretaría General, en otra de sus consultas, sobre la hipótesis de que la República Dominicana se incorpore a la ALADI, ha opinado que “conforme a lo dispuesto por la Resolución 22 del Consejo para Asuntos Financieros y Monetarios, órgano máximo del Convenio de Pagos, el Banco Central de la República Dominicana abona anualmente una cuota parte de los gastos ocasionados por la realización de tareas de apoyo al convenio realizadas por la Secretaría General de ALADI, monto que depende de las actividades y tareas desarrolladas en el año anterior. Si se produce la incorporación de la República Dominicana como país miembro de la Asociación, no corresponderá abonar esa suma.”	Otra consideración a tomar en cuenta aquí es la referida en el capítulo IV del Tratado titulada “Convergencia y cooperación con otros países y áreas de integración económica de América Latina”. Lo que de modo esbozado queremos destacar es que de lo contemplado en los arts. 24-25 de ese capítulo, queda claramente establecido que no hay impedimento de naturaleza alguna de una eventual participación de un país miembro de ALADI en convenios extrarregionales y que en lo concerniente a aquellos de existencia previa tampoco.	Los nexos de la República Dominicana con la ALADI se traducen en su condición de miembro observador desde 1984 y de formar parte del Convenio de Créditos y Pagos Recíprocos de la ALADI desde 1982, que es un convenio suscrito por 12 Bancos Centrales, a través del cual se cursan y compensan entre ellos los pagos derivados del comercio de los países miembros, de bienes originarios y de servicios efectuados por personas residentes, de modo que al final de cada cuatrimestre sólo se transfiere o se recibe, según resulte deficitario o superavitario, el saldo global de Banco Central de cada país con el resto.	Desde su inserción como observador en la Asociación, autoridades de nuestro país han tenido en más de una ocasión tímidos acercamientos con las autoridades de la ALADI explorando la viabilidad de una eventual incorporación plena del país en ese organismo. De su parte, la ALADI a través de la Secretaría General ha esclarecido variadas interrogantes respecto a las implicaciones de esa incorporación que de sectores nacionales nuestros se le ha formulado, y a la vez efectuado una inducción detallada sobre los beneficios que aportaría a nuestro país una membresía con pleno derecho, y manifestó reiteradas veces el interés de la asociación de que nuestro país sea acogido en su seno.	Consideramos que más de un factor ha incidido en que las citadas iniciativas no se hayan traducido en un mayor avance para concretar la adhesión de nuestro país a la ALADI, entre los que quizá cabría mencionar la carencia de convencimiento que ha prevalecido durante un tiempo de un sector privado empresarial sobre la conveniencia de esa incorporación.	
 Consideraciones sobre la adhesión de nuestro país a ALADI 