.- La principal defensa que empleará la población yaqui de La Loma de Bácum contra las empresas IEnova y Sempra Energy debido a la construcción del gasoducto Aguaprieta en su tierra ancestral será la violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especialmente del artículo 17, donde se establece la realización de una consulta previa ante cualquier proyecto o situación con «la capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad».	, Martín Valencia, secretario de la Autoridad de La Loma de Bácum, así como el gobernador tradicional Paulino Sánaba Vega, de forma conjunta con su representante legal (cuya identidad no será revelada para resguardar su integridad), se debió realizar un plebiscito, informando a todos y cada uno de los integrantes de la tribu, tal como indica el derecho internacional de las comunidades indígenas. El último día con el que contará La Loma de Bácum para presentar la apelación contra la resolución a favor de las corporaciones será el lunes 29 de julio del año en curso, puntualizó Valencia en entrevista telefónica para EL DEBATE.	Sobre las labores que implicaron realizar la réplica al Juzgado del Distrito 7 de Obregón en un plazo de diez días hábiles (que iniciaron desde el 12 de julio del 2019), la abogada detalló que la impugnación a la resolución constituirá en refutar la validez de la presunta consulta realizada por la Secretaría de Energía (Sener) y las empresas IEnova y Sempra Energy, por no contar con el consentimiento expreso de La Loma de Bácum:	El pueblo yaqui se siente extranjero en su propio país. Las leyes tradicionales de los yaquis indican que, si uno solo de ellos se opone a un proyecto o situación, deberá buscarse un consenso, no la opinión de una mayoría para efectuarlo. Así, la «compra de voluntades» ejecutada por personal de la empresa IEnova, de acuerdo con los líderes indígenas, mediante la utilización de los propios habitantes yaquis como «vigilantes» de distintos tramos del gasoducto, constituiría un daño a la unidad de la etnia; así como la ausencia de una consulta previa, informada, indicada en el derecho internacional de las comunidades indígenas de acuerdo en el Convenio 169 de la ONU.	El Juzgado Séptimo de Distrito falló a favor de IEnova, filial de Sempra Energy, para la construcción del gasoducto Aguaprieta el 12 de julio del 2019. Presumiblemente, la resolución constituye una afectación directa a los integrantes de la tribu yaqui asentados en La Loma de Bácum, Sonora, que buscan la preservación integral de sus tierras.	La diputada federal sonorense Wendy Briceño Zuloaga, integrante de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, aseguró que buscará un acercamiento con la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, sobre el conflicto existente en La Loma de Bácum. Asimismo, solicitará que no se atropelle la forma de vivir tradicional de esta comunidad.	
Tribu yaqui apela dictamen del poder judicial de Sonora