La primera es que el trabajo del ciudadano no es analizar los costos y beneficios de una política pública o de una decisión de gobierno, ni compararla con diferentes alternativas. Para eso los ciudadanos elegimos autoridades y estas a su vez nombran funcionarios públicos. La literatura sobre economía política hace mucho tiempo ha identificado que lo racional para la gran mayoría de ciudadanos es mantenerse ignorantes sobre asuntos públicos. Sencillamente porque el costo de informarnos es alto y el beneficio casi cero.	La segunda razón es que la ignorancia no es un impedimento para opinar ni para tener creencias extremas. Nuevamente, el costo de mantener una creencia política errada y sin fundamento es nulo. Mientras que en nuestras decisiones privadas –por ejemplo, comprar una casa o enviar a nuestros hijos al colegio– el costo de mantener creencias extremas y sin fundamento puede ser muy alto y sufrimos rápidamente las consecuencias, en nuestras decisiones políticas el costo es inexistente, porque no tenemos capacidad individual de influenciar una votación.	Por lo tanto, si sumamos la ignorancia racional del elector a su facilidad para mantener opiniones políticas extremas y sin fundamento, el resultado es que los instrumentos de democracia directa pueden ser contraproducentes. Por esa misma razón hay que tener mucho cuidado de no legitimarlos como mecanismos de buen gobierno. Pensemos que el día de mañana un gobernante populista o autoritario puede usarlos para recortar derechos de minorías o llevar a cabo desastres económicos (¿a quién no le gustaría triplicar el sueldo mínimo?), entre muchas otras cosas.	
¿Por qué la democracia directa puede ser peligrosa?, por Carlos Ganoza