Unos cuantos médicos de la ciudad de Xalapa, se reunieron en el Teatro del Estado "General Ignacio de la Llave", para solidarizarse con el caso del doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, exjefe de Urgencia y Medicina Crítica del Hospital de Especialidades Vida Mejor, en Chiapas, acusado por presunto abuso de autoridad. Aunque se había convocado a trabajadores de la salud, asistir a la "Marcha Nacional del Sector Salud, Contra la Criminalización del Acto Médico", solo unos cuantos acudieron al lugar establecido. De acuerdo al médico anestesiólogo del Centro de Alta Especialidad (CAE), "Dr. Rafael Lucio", Miguel Ángel Franco, lo único que piden es respeto y condiciones laborales para poder ejercer su profesión en estos momentos de la pandemia COVID-19. "La marcha era en solidaridad, en apoyo y descuerdo por la forma en la que se llevó a cabo la detención del doctor Grajales. Sabemos que ya lo liberaron, pero está arraigado, que es como si estuviera preso. Este tipo de situaciones no puede seguir pasando en el país. Desgraciadamente con la pandemia el médico ha sido muy discriminalizado, agredido por la población y todavía agredido por el gobierno". Argumentó que existen muchas agresiones por parte de los ciudadanos por falta de insumos y medicamentos en todo el país, ya que, al trabajar con lo básico, muchas veces es necesario que las personas compren la medicina faltante lo que muchas veces ha originado disgustos, faltas de respeto y quejas, como fue el caso de su homólogo en Chiapas. "Al salirnos del cuadro básico con el que trabajamos en todo el país, el paciente tendría que comprar los medicamentos, que es lo que está pasando, si nosotros no lo tenemos, pues debemos de pedirlo". Por dicha situación, solicitó que las autoridades estatales y federales, digan cómo se encuentran realmente los hospitales y clínicas que atienden enfermos de COVID-19. Respecto a la escasa participación del personal médico, que incluye también a químicos, camilleros, personal de limpieza, dijo que posiblemente se debió al temor a represión o pérdida de empleos. "Hay mucho temor a la represión, a la pérdida de empleos. También hay muchos líderes sindicales que los frenan, les dicen que no vayan a las marchas porque no les conviene o que los van a castigar. La única manera de que el gobierno sepa cuáles son las necesidades, pues tenemos que protestar para poder obtener algo". Cabe destacar que el pasado mes de julio, la Fiscalía General de Justicia de Chiapas anunció, la detención del médico urgenciólogo en el área COVID-19, Gerardo Vicente Grajales Yuca, quien laboraba en el Hospital de Especialidades Vida Mejor, dependencia del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech). Lo anterior, luego de una denuncia interpuesta por Karen Alejandra Ramírez Molina, por supuesto abuso de autoridad, hija del ex diputado local y ex dirigente del partido Mover a Chiapas, Miguel Arturo Ramírez López, fallecido por Covid-19, pues acusó que Grajales Yuca le solicitó medicamentos para atender a su padre en hospital. Ve las noticias en la app para móviles	
Ante pandemia, médicos exigen un alto a la criminalización y agresiones