RÍO DE JANEIRO — El domingo 7 de abril, Evaldo dos Santos Rosa manejaba acompañado por sus familiares cuando su coche recibió 62 balazos de fusiles del ejército brasileño. Los soldados confundieron a la familia con el vehículo de unos criminales y dispararon 257 veces. Otro trabajador, el recolector de basura Luciano Macedo, fue herido cuando intentaba socorrer al músico y también murió.	Rápidamente, funcionarios del gobierno de Jair Bolsonaro intentaron minimizar el suceso. Hamilton Mourão, un general retirado que es el actual vicepresidente, calificó el caso como un "error" porque los soldados estaban "bajo presión y fuertes emociones". El propio Bolsonaro reaccionó a su manera y llegó a negar que el hecho ocurrió: "El ejército no mató a nadie. El ejército es del pueblo".	No es común en Brasil que un crimen tan brutal sea cometido por el ejército; el país está lejos de ser un caso como México, donde los militares se encargan de la guerra contra el narcotráfico que ha costado decenas de miles de muertos y desaparecidos. Sin embargo, según una investigación de Agencia Pública, este no es un hecho aislado. Desde 2010, el ejército y la marina han sido acusados por la muerte de al menos 34 personas, la mayor parte en Río de Janeiro.	Es una consecuencia de la política iniciada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para la "pacificación" de las favelas antes de la Copa del Mundo de 2014 y de las Olimpiadas de 2016. Esa estrategia se intensificó después de la destitución de Dilma Rousseff, su sucesora. Desde entonces, los militares han asumido tareas de la policía en la lucha contra las organizaciones criminales. Y, a la vez, su actuación fuera de los cuarteles amplió su cercanía con líderes del Ejecutivo, que cada vez más llaman al ejército para rescatar la fallida seguridad pública.	Los militares no solo aumentaron su presencia en las calles de Río de Janeiro, ahora también frecuentan los palacios de la capital, Brasilia. Al final, fueron garantes del proceso de transición después de la destitución de Rousseff en agosto de 2016, lo que impulsó su influencia política al punto de que, dos años y medio después, encabezan ocho ministerios en el gobierno de Jair Bolsonaro.	La muerte de civiles en operativos de seguridad pública era tan previsible que el general Eduardo Villas Boas, excomandante del ejército, advirtió públicamente sobre la posibilidad de que se produjeran daños colaterales que involucrarían a civiles inocentes. Pero ahora esas muertes representan un verdadero talón de Aquiles para los militares que están en el poder.	Desde el final de la dictadura militar, en los años ochenta, y con la Constitución de 1988, las fuerzas armadas se retractaron ante los ojos de la sociedad. A diferencia de lo ocurrido en Chile o Argentina, una ley de amnistía "amplia, general e irrestricta" garantizó que ningún militar fuese castigado por los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en esos tiempos.	Estar lejos de los reflectores permitió que los militares "lavaran su cara" y recuperasen su buena imagen ante la ciudadanía. En abril de este año, una encuesta realizada por el Instituto Datafolha mostró que las Fuerzas Armadas son la institución más confiable para los brasileños: el 80 por ciento de la población confía en ella en algún grado. Jair Bolsonaro, que es un capitán retirado, usó ese prestigio para llegar a la presidencia.	Pero la muerte de Evaldo dos Santos dejó claro que los militares mantienen algunas prácticas del pasado. Ningún militar ha sido castigado por las 34 muertes de civiles desde 2011. Y esa impunidad tiene un solo motivo: las fuerzas armadas mantienen un enorme legado de la dictadura que jamás ha sido resuelto.	Ni el Código Penal Militar, que define los crímenes militares, fue significativamente reformado, ni la justicia militar, responsable de juzgarlos, dejó de ser corporativista. Los efectivos continúan negándose a someterse a la justicia civil y consiguieron derogar en 2017 la única ley que obligaba a que los casos de homicidios dolosos —intencionales— de civiles fuesen juzgados por un tribunal popular. Con eso, todas las investigaciones de homicidios cometidos por el ejército son hechas por el propio ejército y juzgadas por los tribunales militares. Ese cambio se produjo después de mucho lobby con el expresidente Michel Temer y el congreso nacional, a pesar de las protestas de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.	Cuando las primeras muertes de civiles inocentes en operaciones en Río de Janeiro comenzaron a aparecer en los periódicos, el ejército tomó el peor camino posible: negó cualquier responsabilidad, acusó a las víctimas de ser criminales y actuó con toda la maquinaria del Estado para exonerar a los soldados involucrados en esos "daños colaterales".	Un caso notorio es el de Abraão Maximiano, de 15 años, asesinado por soldados también cerca de su casa, en el Complejo del Alemán, en 2011. El caso cayó primero en la justicia común y los soldados iban a ir al jurado popular, pero el ejército hizo lobby y accionó la Abogacía General de la Unión para resistir la decisión. Seis años después del asesinato, el caso quedó parado en la justicia militar y fue archivado.	Matheus Martins da Silva, de 17 años, murió en febrero de 2017 cuando volvía de la casa de su tía en Cariacica, Espírito Santo. Los soldados que le dispararon a la cabeza dijeron que estaba armado y que actuaron en legítima defensa. Pero no pudieron probarlo. "Ellos dijeron que mi hijo era un malviviente, un criminal. Fue una cobardía", dice su madre.	El año pasado, en el mismo barrio en que murió el músico Dos Santos, otro joven, Diego Ferreira, de 25 años, falleció al ser herido con un disparo de fusil cuando regresaba de comprar gasolina. Diego estaba en una moto en la calle atrás de su casa, donde vivía con sus abuelos. Los militares alegan que el joven, desarmado y en chinelas, había intentado atropellar a los soldados que llevaban fusiles. La investigación hecha por el mismo ejército llegó a la conclusión de que los militares actuaron en legítima defensa. El caso fue archivado por la justicia militar.	Con la enorme repercusión del caso, la fiscalía militar denunció el 10 de mayo a doce soldados por homicidio doblemente calificado: por uso excesivo de fuerza y por no haber prestado ayuda a las víctimas. El proceso ahora corre por cuenta de la justicia militar. Queda por saber si la presión de la prensa será suficiente para cambiar el patrón de impunidad que reina sobre los crímenes cometidos por militares contra civiles. Tanto en la dictadura como en democracia.	
El talón de Aquiles del ejército brasileño