El 6 de noviembre del año pasado, Mauricio Macri compartió un almuerzo en la Casa Rosada con el titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, uno de los jueces que designó por decreto al comienzo de su gobierno, y con la vicepresidenta del alto tribunal, Elena Highton de Nolasco. También participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano.	Los "operadores" de tribunales fueron sustituidos por enviados sigilosos y la mecánica de interrelación (en las sombras) no fue eliminada como práctica. Nada de esto convalida la tesis kirchnerista del "lawfare", cuyos requisitos de efectividad quedan lejos de haber sido cumplimentados de manera sistémica y solo apuntalados en individualidades. Sin embargo, el Gobierno se despide también con una causa que investiga supuesto "espionaje" a jueces vía consultas a la base de Migraciones. Lejos está de un caso donde se investigue entrometerse verdaderas maniobras ilegales. Es algo mucho más básico: está en el manual del "carpetazo" verificar no sólo frecuencia y destino de viajes, sino también acompañantes. Cualquier inconsistencia ofrece un flanco débil de los magistrados.	Propició la elevación de ternas a todo vapor, sin objeciones procedimentales, pero naufragó entre internas para nominar puestos clave por la vía constitucional del Senado. Así, pese a cobertura de 300 vacantes, le quedará a la próxima gestión completar casilleros como Cámara Federal, Cámara Electoral, juzgados en Comodoro Py, fiscalías y fuero contencioso administrativo federal, entre otros. El punto más oscuro fue el envío a juicio político del camarista Eduardo Freiler, donde sin el número suficiente de votos, se maquilló la jura de un nuevo consejero para, en simultáneo, votar una suspensión forzando el porcentaje de presentes en el plenario. Eso y declaraciones públicas del Presidente que eyectaron a otros dos camaristas (jubilación y pedido de traslado de por medio) fueron a contramano de cualquier preservación de la institucionalidad.	Todo sazonó un combo que sumió en el desconcierto a gran parte del Poder Judicial, cuya coincidencia ideológica con el Gobierno había despertado expectativas respecto al desarrollo de la nueva gestión. La implementación restringida del pago del Impuesto a las Ganancias fue un punto positivo para un sector que no se percibía a sí mismo gozando de un beneficio diferencial al resto de los contribuyentes.	Entre los "highlights" de la gestión pueden contabilizarse su interés por la modernización de Códigos. Al Congreso se envió un anteproyecto de Código Penal interesante desde el punto de vista de enfoque; otro análogo respecto a los procedimientos que rigen los procesos civiles y comerciales; y la implementación paulatina del Código Procesal Penal con relativo éxito. La ley de Flagrancia también aceleró procesos pese a desajustes iniciales. La contracara fue la emergencia penitenciaria, con la mayoría de los penales federales colapsados y un desbalance de prisiones preventivas respecto a la población carcelaria con sentencia firme.	: la chance de adentrarse seriamente en un proceso de investigación sólido respecto a los hechos de corrupción acontecidos durante la última década, derivó en el apuntalamiento de causas con procedimientos forzados -sembrando nulidades futuras- y dejando el sabor amargo respecto a que la verdad podría nunca ser revelada, sin estar teñida por la política. A eso se sumó la ausencia de un fortalecimiento real de las instituciones.	Ese desafío institucional queda en el "debe" respecto a la declamada transparencia institucional. Obligará a una reconstrucción sin cortapisas para que la sociedad vuelva a confiar en el Poder Judicial, uno de los que se ha descendido en los últimos cuatro años su nivel de credibilidad por sus protagonistas más expuestos. Lo peor es que ese declive contó con el sostén del propio Gobierno.	
Cambiemos: de la expectativa por un "mani pulite" a la sospecha de un "mani pulati"