Uno de los puntos que más controversia ha causado en la reforma del Código de Buen Gobierno de la CNMV ha sido la obligación de que el 40% de los miembros de un consejo sean mujeres. La actual redacción del texto establece una cuota del 30% para este año y, según El País, solo el 27,6% de las empresas del Ibex cumplía con este requerimiento. La banca, las antiguas cajas, los despachos de abogados, los proxy advisor y otros actores del mercado piden que el regulador flexibilice la consecución ese objetivo y permita a las empresas un periodo de transición.	Esta última idea es la defendida, por ejemplo, por la patronal de las antiguas cajas, CECA. Pide que la CNMV aplace la aplicación de esta cuota a 2022. Mientras, la otra asociación del sector (la AEB) reclama también un tiempo de adaptación –sin marcar una fecha concreta– y “flexibilizar” la redacción de este apartado. BME también pide “un plazo razonable” para llegar a este porcentaje.	En cuanto a los despachos de abogados, Uria Menéndez y el departamento legal de Deloitte repiten parte de estas objeciones. El primero solicita un plazo transitorio de dos años y argumenta que “los cambios en los consejos de administración no se realizan con carácter automático, exigen una cuidadosa selección de los candidatos y requieren por tanto de un horizonte temporal para su consecución”.	Otro colectivo, relativamente novedoso en el mercado español, que también ha realizado sus aportes para el nuevo Código de Buen Gobierno son los asesores de voto o proxy advisor. Corporance directamente rechaza que el 40% de los consejeros sean mujeres y considera que puede provocar nombramientos de ejecutivos “poco idóneos” y un exceso de consejeros. Considera más adecuado el nivel actual del 30%.	La consultora Mercer hace referencia en sus comentarios al asesor de voto Glass Lewis, que afirma que mira más allá del número de mujeres en los consejos y atiende a los planes y medidas de diversidad que pongan en marcha las empresas. Por tanto, la consultora duda de que las empresas vayan a cumplir este objetivo –ya han incumplido de forma reiterada el actual del 30%– y pone el acento en que justifiquen por qué no lo hacen.	Una posición similar es la adoptada por las asociaciones de mujeres directivas, que respalda la cuota del 40%. Por un lado, la fundación Woman Forward propone establecer un periodo de transición de entre dos y tres años. Y que, en caso de las compañías incumplan esta obligación, se inste al Gobierno a blindar estos niveles de representación en los consejos por ley.	
El mercado pide relajar la cuota del 40% de consejeras