Consultados por +e, los especialistas Sureda, Gerold, Aranguren y Lapeña dan su visión sobre el impacto del DNU en Vaca Muerta. El foco está sobre el carácter de la medida, si es transitoria o si puede traspasar los 90 días. Una decisión que por ahora pone entre signos de interrogación el principal desarrollo energético del país.	“De estas situaciones se han vivido varias. La última clara fue en 2014, cuando se salió en cuatro meses, con incrementos pautados, que pasaban a los precios de la devaluación”, recuerda Gerold sobre cómo se salió de una situación comparable cuando Axel Kicillof era ministro de Economía. “Algo muy distinto a cómo se ha obrado en esta situación, por decreto de necesidad y urgencia”, dice.	Al mismo tiempo, descree de la postura de las provincias: “Yo me confundo cuando leo las declaraciones de personas de las provincias. Que están de acuerdo con el congelamiento de precios pero que no les toquen las regalías. No hay otra forma de frenar, no existe. Es decir, parecen de acuerdo con violar los derechos del que vende nafta, del que la refina, pero no les toquen las regalías”, afirma. “Hay que estar de acuerdo con un principio que es respetar las normas y la Constitución Nacional, que dice que los precios son libres”, agrega.	“Es imposible bajar la carga impositiva. Es una herramienta para tratar de amortiguar, pero los precios tienen que subir, hay que sacar esta mentira que dice que si sube el precio de la nafta y el gasoil, suben todos los precios”, va al hueso. “Hay una gran responsabilidad de los medios de comunicación y de los economistas que dicen esto sin analizar los números del Indec. Yo analicé la estructura de precios mayoristas y minoristas, y hay una sobredimensión del rol de los combustibles en la conformación de los precios. Y nadie habla de esto. Si el costo de vida sube un 6%, nadie sabe explicarme por qué lo hace con una nafta que varía un 0,1%”, sostiene.	“Una cochera en Buenos Aires sale 3000 pesos; el seguro de un auto, otros 3000; patente, otro tanto; una amortización del coche, otros 3000; ahí llevamos 12 mil pesos. Dos tanques de nafta suman unos 4000 pesos en Capital. ¿Puede ser un problema la nafta subiendo un 10 por ciento, aportando 400 pesos al aumento de un consumo promedio en los vehículos?”, se pregunta.	El ex ministro de Energía le baja el precio, de alguna manera, al peso de algunas operadoras con relación a la producción en Vaca Muerta. “Las empresas dicen que se va a parar Vaca Muerta, pero en petróleo representa el 18 por ciento de la producción total en la Argentina y en gas es el 40 por ciento. Quiere decir que a los actores petroleros que están en Vaca Muerta, que producen el 83 por ciento del petróleo, entonces no los pongamos como los actores principales de la obra”, indica Lapeña.	El especialista no cree que se pare la actividad petrolera en Vaca Muerta por un decreto de emergencia que, a su entender, es transitorio y no de carácter permanente, y que las petroleras no “transparentan” sus costos de producción. “Sería una mala decisión de un ingeniero si por algo que ocurre de manera transitoria y por 90 días, se para un plan de inversión de 25 años”, indica Lapeña. “Qué relación tiene con algo que va a durar 90 días con una explotación de 20 años. No hay ninguna racionalidad”, agregó.	Lapeña indica que el DNU que congela el precio de los combustibles es transitorio y que ya ocurrió en otras oportunidades. “¿Cómo se sale? Es un problema del secretario de Energía actual (Gustavo Lopetegui), si gradualmente o no, y saber cuánto valdrá el dólar en ese momento después de 90 días, a lo mejor baja y no hay necesidad de hacer ninguna salida traumática, eso tendrá que verlo el gobierno que esté en ese momento piloteando la economía”, insiste el titular del Instituto Mosconi.	“Este decreto sale en un momento donde existen probabilidades muy altas de que el Gobierno tenga que entregar el poder el 10 de diciembre y deja una herramienta magnífica para que, si el gobierno que viene quiere seguir manteniendo los precios congelados, lo haga con solo prorrogarlo”, explica Sureda a +e, y propone una salida al DNU que congela el precio de los combustibles.	“Cada empresa tiene su problemática, no es lo mismo Vista Oil que Pan American Energy, no tienen el mismo enfoque e impacto en cada una de ellas. Creo que una vez que entra en vigencia el decreto, se produce una alteración respecto de las condiciones por las cuales se comprometieron al desarrollo, entonces las compañías pueden decir esto cambió y no lo hago”, agrega.	Sureda se refiere en duros términos a la confección del decreto de necesidad y urgencia desde el impacto político que tiene sobre el sector petrolero. “En los considerandos del decreto se fundamenta la ley de expropiación de YPF, y da la casualidad que Argentina e YPF tienen un juicio con el fondo Burford Capital por 3 mil millones de dólares, el país dice que la privatización de YPF fue fraudulenta”, indica. “Ahora, ¿vos vas a justificar una medida en una ley que considerás fraudulenta”, se pregunta.	“Ningún inversor, en la situación que está en la Argentina, porque fueron tres devaluaciones brutales, dice que el Gobierno no tiene que tomar una medida para evitar el traslado precios al público, eso lo entiende cualquiera. Lo que no se entiende es que se haga dos meses antes de dejar el gobierno y de manera inconsulta y sin una salida del decreto. Eso hace ruido”, concluye Sureda.	“Es una alteración, una intervención del Estado en unas condiciones de mercado”, dice el ex ministro de Energía Juan José Aranguren, que cree que ahora, luego del DNU que modifica las reglas del sector, lo importante es acordar una “transición para la salida de este decreto”, de modo de fijar reglas para que el “día 91 sea lo menos traumático posible”.	El ex ministro, hoy al frente de una consultora en temas energéticos, se refiere también a lo inédito de la medida adoptada por el gobierno nacional, en un contexto de crisis económica. “Del pasado hay registros, por caso, de la instrumentación de derechos de exportación o acuerdos temporarios de precios con la industria. Pero, sin embargo, estas reglas habían permanecido sin alteraciones desde 1991; es la primera vez desde la desregulación de 1991 que se interviene de manera directa en los precios del sector”, considera el también ex presidente de Shell Argentina.	“Aquel que invierte busca rentabilidad. Está claro que el objetivo era recortar un posible crecimiento del precio de los combustibles, en un contexto en el que se anticipaba una posibilidad de incidencia en precios. No obstante, se podría haber hecho recortando la carga impositiva”, plantea el ex titular de la cartera energética entre diciembre de 2015 y junio de 2018.	Con todo, para el ex ministro es prioritario encontrar una salida lo menos cruenta posible para el decreto. “Lo importante también ahora es hablar, en este lapso de 90 días, de cómo se va a hacer para salir de esa transición. Tiene que ser una salida negociada, en las que todos los actores del sector aporten un poco”, señala y agrega: “¿Qué va a pasar con los precios de los combustibles y del crudo luego de esto? En ese sentido, hay un camino y hay ámbitos para dialogar sobre este tema que ya deberían estar funcionando. La pregunta sería: ¿qué acuerdo se puede construir para ir previendo esta situación que va recibir el próximo gobierno, así sea la actual administración u otra de otro signo político? También, el decreto termina siendo una especie de subsidio para sectores que sí podían pagar un combustible más caro”, dice.	
Freno al Brent: el decreto que mantiene en vilo a la industria y las provincias