Así se desprende de un informe elaborado por HRW y los centros de Salud y Derechos Humanos de la Universidad Johns Hopkins, en el que instan a los ministros de Relaciones Exteriores de los países latinoamericanos a que aborden con urgencia la situación de los retornados en el próximo encuentro del Proceso de Quito.	A muchos de los retornados “se les ha exigido permanecer en centros de cuarentena” durante más tiempo que los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que, según el informe, se debe a demoras en las pruebas de diagnóstico de COVID-19 y, cuando han protestado, han sido amenazados.	Tal y como recordó HRW, el hacinamiento en estos centros donde pasan sus cuarentenas “hace que el distanciamiento social resulte imposible” y en algunas instancias, la gravedad del trato a los retornados “podría constituir trato degradante”, lo que está prohibido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos jurídicos vinculantes.	El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, explicó que “los retornados venezolanos están expuestos a un riesgo mayor de COVID-19 en ambos lados de la frontera” y afirmó que “el Proceso de Quito es una oportunidad para que los gobiernos brinden apoyo y mejoren el modo en que ellos mismos tratan” a los compatriotas que vuelven al país.	HRW insta a los países que forman parte del proceso que “soliciten al secretario general de la ONU, António Guterres, su intervención para formalizar un programa eficaz de apoyo a los retornados en la frontera entre Colombia y Venezuela, con participación de expertos en salud pública y liderado por la Organización Panamericana de la Salud”.	
 Hacinamiento e insalubridad de migrantes que retornan a Venezuela propagan COVID-19 