Lo más tranquilizador es que el lado duro del uribismo no pareciera poder imponer retaliaciones institucionales contra la Justicia. La idea de una asamblea constituyente, una reforma a las cortes o cerrar la JEP no pasa de ser parte de un discurso de radicales, sin mayor peso en la opinión y en el grueso de la dirigencia política.	Es cierto que en una serie de decisiones judiciales con enorme efecto en la situación de las fuerzas políticas el uribismo se ha visto desfavorecido, -por las más diversas razones-, desde comportamientos claramente cuestionables hasta un sesgo evidente que viene desde el enfrentamiento de Uribe presidente con la Corte Suprema. También es cierto que las cortes han demostrado, al igual que la clase política y los contratistas del Estado, estar contaminadas de prácticas corruptas. El escándalo del cartel de la toga, entre muchos otros, no da espacio para poner en duda la gravedad del asunto.	Pero un cambio institucional en la actual coyuntura, donde es claro que las razones obedecen a disputas políticas entre sectores muy concretos, a lo que llevaría es a un quiebre del sistema de pesos y contrapesos. En la medida que las amenazas y desafíos entre las partes tomen vía libre y se desaten retaliaciones con amenazas de cerrar tribunales y de encarcelar funcionarios o vetar decisiones del ejecutivo, el país se vería enfrentado a un caos institucional.	Eso no quiere decir que en el mediano plazo no sea necesaria algún tipo de reforma a la Justicia que atienda la intervención de la Justicia en temas que son resorte del ejecutivo y la corrupción e ineficiencia de la rama. Lo que ocurre es que en una coyuntura así lo que salga puede ser peor que lo que hay porque no va a gozar de legitimidad.	Más aún, cualquier reforma de corto plazo podría poner en riesgo la institucionalidad de la Justicia transicional, que es indispensable para cerrar, así sea simbólicamente el conflicto vivido con las Farc durante las últimas décadas. Pese a las críticas recibidas la JEP ha sido una solución para la situación de numerosos militares. Y si bien la dirección de las Farc se empecina en no reconocer sus delitos más atroces, algún tipo de salida jurídica es necesaria para los combatientes rasos de la guerrilla.	De hecho, la negativa de ‘Timochenko’ y compañía per se no pone el proceso en peligro y a lo que lleva es a poner en una situación muy incómoda a quienes los han acogido políticamente. Lo normal es esperar que más temprano que tarde la JEP falle en su contra y aplique las sanciones más severas que el acuerdo estipula. Para Iván Cepeda y demás defensores de derechos humanos que se hacen los de la oreja mocha cuando se trata de denunciar los delito de lesa humanidad cometidos por las Farc, esta situación va a significar un lastre en sus aspiraciones políticas.	
Gran pequeño lastre