El pasado 15 de septiembre, Venezuela propuso a los tenedores de bonos de la república y de las empresas estatales PDVSA y Electricidad de Caracas acordar la «interrupción» de los pagos de intereses y capitales, aludiendo a problemas para hacer frente a los compromisos por las sanciones económicas de Estados Unidos.	Asimismo, la oposición agradeció «la comprensión» de la mayoría de los acreedores por no iniciar «acciones de ejecución» con respecto a las obligaciones incumplidas, una medida a la que pueden recurrir hasta 2023, siendo que «el plazo legal de prescripción», bajo las leyes de Nueva York -a las que obligatoriamente debe apegarse el proceso- es de 6 años.	
Oposición venezolana reestructurará la deuda cuando «sea legalmente posible»