El presidente Donald Trump, en uno de sus característicos encuentros con la prensa en el aeropuerto de Morristown, Nueva Jersey, de vacaciones pero menos, opinó ayer sobre la actualidad en Hong Kong: será «muy difícil» alcanzar algún tipo de acuerdo comercial con China si la región administrativa especial se transforma «en otra plaza de Tiananmen». Para Trump, «sería muy difícil negociar [si el Gobierno y el Ejército chinos] ejercen la violencia». «Realmente creo que si esto no fuera parte del acuerdo posiblemente tendríamos algo ya hace mucho tiempo». Sus palabras, teñidas con una inconfundible combinación de ambigüedad y franqueza, tienen el aspecto de un brindis al sol. Pero todo puede cambiar si Trump insiste en añadir a la ecuación del pacto la protección de los derechos humanos. «Soy el presidente», añadió, «pero esto está un poco más allá de mi capacidad... pero creo que habría un tremendo sentimiento político si pasa algo».	Hasta la fecha, Washington había hablado del supuesto saqueo comercial, de los desajustes en la balanza de pagos, aranceles, la competencia desleal de China, la necesidad de proteger la propiedad intelectual e industrial y de las manipulaciones de la moneda china. Las protestas masivas en Hong Kong y el peligro evidente de que el régimen liberal y democrático sea arrasado por Pekín, trasladan las negociaciones del teatro económico a otro infinitamente más vistoso, proceloso e inflamable. Un territorio, el de la defensa de la libertad frente a la satrapía oriental, que los líderes internacionales acostumbran a tratar con una mezcla de fabuloso paternalismo y pose inocua. Sin embargo el viento podría estar cambiando.	Las palabras de Trump refuerzan la idea de que el combate económico sea también cultural y político, idea que confirmaba por su vicepresidente, Mike Pence, poco después: «Para que Estados Unidos llegue a un acuerdo con China, Pekín necesita cumplir sus compromisos, incluido el que hizo en 1984 de respetar las leyes de Hong Kong. Urgimos a Pekín a resolver los problemas de forma pacífica».	«Ahora es el momento de satisfacer las demandas». Legisladores y manifestantes prodemocráticos advirtieron ayer a los líderes de Hong Kong de que ignorar las peticiones de la marcha pacífica del domingo significa arriesgarse a llevar a la ciudad al punto de no retorno. La advertencia llegó un día después de que cientos de miles de manifestantes, 1,7 millones de personas según los organizadores, salieran a las calles. La ausencia de violencia ha sido una excepción en los últimos meses, ya que la campaña contra la ley de extradición a China se ha transformado en un movimiento antigubernamental en toda regla, y el uso de la fuerza se ha intensificado tanto por parte de la Policía como por los núcleos radicales entre los manifestantes.	Los ciudadanos todavía esperan que el Gobierno local responda. Los partidarios de la protesta dicen que ahora es el momento de capitalizar la distensión. «Es un momento muy poco frecuente en el que [la jefa ejecutiva] Carrie Lam puede responder de manera racional y satisfacer las cinco demandas de la gente», dijo ayer Fernando Cheung Chiu Hung, legislador del Partido Laborista. Se refería a la lista de las demandas que incluye la retirada total del proyecto de ley de extradición y una investigación independiente sobre la represión policial. «De lo contrario, ella es la culpable de empujar a Hong Kong a un abismo sin retorno», añadió.	Pero las protestas no han terminado y ya han surgido nuevas acciones de seguimiento en el sitio web que se ha convertido en un centro de mando virtual para el movimiento de protesta. Una de las propuestas, llamada «Hong Kong Way», es formar el viernes pacíficamente tres cadenas humanas a lo largo de las tres líneas de metro principales de la ciudad. La acción sería un guiño al «Camino Báltico», una protesta en la misma fecha en 1989 en la que dos millones de personas formaron una cadena en los tres países bálticos para reivindicar la independencia de la antigua URSS.	Mientras el clima se enrarece en la antigua colonia británica, cada vez son más los manifestantes que buscan refugio en Taiwán. Y Pekín advirtió ayer a Taipei de que no les ofrezca asilo, dejando claro que no tolerará ningún intento de entrometerse en los asuntos de la ciudad. La semana pasada, después de que agentes hongkoneses usaran gases lacrimógenos en una estación de metro, Tsai Ing Wen, el presidente taiwanés, pidió a su Gobierno que ofreciera «asistencia humanitaria a las personas de Hong Kong que necesitan ayuda».	Ma Xiaoguang, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de Pekín, respondió ayer que la oferta de refugio del presidente taiwanés a los activistas «no solo haría de Taiwán un refugio para los delincuentes, sino que también pondría en peligro el bienestar del pueblo taiwanés». Aseguró también que Pekín no toleraría los intentos de la isla de proteger a «elementos criminales». Ma arremetió contra Tsai y su Gobierno por «jugar un papel vergonzoso» en los disturbios de Hong Kong, exigiendo que «retiraran sus manos negras» de la ciudad.	
Trump condiciona el diálogo con Xi a que no suceda «otro Tiananmen»