Marielis extorsionó a Crespo, para que Ivonne le agilizara la deuda que la corporación pública tenía con el empresario, propietario de la compañía IA Mech Chem. Ella le propuso a Crespo agilizarle el pago de los cheques adeudados por la corporación pública a cambio del 10% de lo que se le pagara al contratista.	“Dios me dio la oportunidad de abrir este hogar para atender a mujeres que nadie quiere cuidar de ellas. Les pido que no las separe, perjudicaría la salud mental (… ) dentro de una prisión no hay nada que pueda aportar. En el hogar podría aportar a la calidad de vida de estas mujeres... no es cuestión de buscar cualquier administrador, sino de la seguridad que ellas sienten conmigo (…) vivir con ellas es la clave del proceso de crecimiento”, expresó la convicta.	Afirmó que en 26 años como funcionara pública, nunca pensó estar acusada en un caso criminal. “Nunca pensé que almorzar o desayunar con una persona me llevara a la cárcel, nunca era mi intención violar la ley. No solicité recompensa por mi trabajo. Aquí estamos y el jurado entendió otra cosa”, expresó Ivonne, previo a ser sentenciada.	Por su parte, el fiscal Timothy Henwood, expuso que Falcón ostentaba una posición de poder, que la naturaleza de los delitos es seria, por lo que solicitó una sentencia “para enviar un mensaje a los oficiales gubernamentales de que la corrupción no será tolerada”. El fiscal recomendó una sentencia de entre 96 a 120 meses de prisión.	Con voz quebrada expresó que “trabajo con pacientes de salud mental y que muy pocas compañías quieren atender… ¿qué será de los pacientes, que será del futuro de mi madre? Soy la que me encargo de todo, ¿qué será de los empleados que se quedan sin trabajo? Se afectará la compañía por una sentencia no merecida”, expresó con voz quebrada.	Las hermanas Falcón fueron encontradas culpable por un jurado el 7 de octubre de 2016 junto a Glenn Rivera Pizarro, exayudante del exadministrador de la Cámara de Representantes Xavier González Calderón y a la extitular de la Administración de Derecho Laboral (ADL) Sally López Martínez. Esta última fue sentenciada a nueve años de cárcel.	El 2 de diciembre de 2015 Hernández Pérez fue acusado junto a otras nueve personas por un esquema de corrupción. Este llegó a un acuerdo con la fiscalía federal y se declaró culpable el 18 de febrero de 2016 de 14 cargos relacionados a una conspiración para cometer fraude en $2 millones.	Por este caso se declararon culpables González Calderón, el expropietario de la compañía JM Professional and Training Group, Javier Muñiz; el psicólogo de JM Professional and Training, Carlos Luna; el exdirector de la Oficina de Tecnología de la Cámara de Representantes, Víctor Burgos; la exdirectora de Compras de la AAA, Sonia Barreto Colón, y el socio de Hernández Pérez, Héctor Vargas Soto, quien también será sentenciado el 12 de enero.	

        
            
            A la cárcel  coacusadas en caso  de Anaudi Hernández
        
    