En abril del 2018 por la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, a cargo de Aníbal Fabián Martínez, la jueza federal de esa jurisdicción, Cristina Pozzer Penzo, procesó a trece personas imputadas de integrar una asociación ilícita, incumplir sus deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y contrabando, al tiempo que dos de ellos fueron también procesados por tenencia ilegal de arma de guerra. Asimismo, se les trabó embargo hasta un millón de pesos a cada uno y se les inhibieron sus bienes.	Según se desprende de la investigación desarrollada por el fiscal Martínez, desde septiembre del 2015 y hasta el 21 de diciembre del 2017, los procesados Carlos Martín Dubra, Miguel Horacio Banda, Jorge Luis Niveyro, Horacio José Velozo, Miguel Ángel Gómez, Carolina Alejandra Vesga, María Claudia Gatti, José Ángel Longhi, Ramón González y Lucía Pompeya Fernández, junto con un grupo de personas aún no individualizadas, habrían intervenido, dividiéndose previamente los roles, para facilitar y/o eludir el control asignado a la Aduana de Paso de los Libres, con jurisdicción sobre el puente internacional Paso de los Libres-Uruguaiana y el Complejo Terminal de Cargas (Cotecar), lo que permitió el ingreso y egreso sin control alguno, hacia y desde la Argentina, de sustancias, bienes y materiales que pueden afectar la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública. De acuerdo a la hipótesis del representante del Ministerio Público Fiscal, el personal aduanero habría incumplido sus funciones intencionalmente, a cambio de obtener un beneficio económico indebido que se reflejó en el consiguiente enriquecimiento ilícito y fraude a la Administración Pública.	Así, se dictó el procesamiento con prisión preventiva de todos ellos como autores de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo; como coautores de asociación ilícita; y como partícipes necesarios del delito de lavado de activos agravado por la habitualidad, número de intervinientes y por ser funcionario público en ejercicio de sus funciones. Además, también se procesó a Dubra por tenencia injustificada de arma de fuego de uso civil, y a Banda por administración fraudulenta y tenencia injustificada de un arma de fuego de guerra.	Por su parte, Fabián Alfredo Moreno fue procesado con prisión preventiva, como autor de los delitos de contrabando, cohecho activo y tenencia injustificada de arma de fuego de guerra y como coautor de asociación ilícita, al tiempo que también se procesó a Santa Leiva, con prisión preventiva domiciliaria, y Raquelina Liliana Núñez, sin prisión preventiva, como autoras de los delitos de contrabando y cohecho activo y coautoras de asociación ilícita.	Además, se trabó embargo sobre los bienes de los imputados hasta cubrir la suma de $1.000.000, y hasta $500.000, en el caso de Moreno, Leiva y Núñez. Asimismo, se dictó la falta de mérito en relación a Vesga, Gómez y Niveyro, quienes estaban acusados por presunta tenencia de estupefacientes, al tiempo que se acumuló la investigación a una pesquisa por lavado de activos que se tramita ante el Juzgado Federal de Paso de los Libres.	Por su parte, Leiva, Núñez y Moreno, intervinieron en la maniobra como “paseros”, es decir, personas dedicadas a cruzar ilegalmente bienes, a cambio de una retribución, que operaban en el puente internacional Paso de los Libres-Uruguaiana, mientras que también intervinieron el despachante de Aduanas Jorge Horacio Silva y el Agente de Transporte Aduanero, Rogelio Guillermo Lezcano.	Además, los procesados también están vinculados con la investigación que se le sigue a una organización que se dedicaba al lavado de activos y al tráfico ilegal de divisas. Así, del análisis de las pruebas se estableció la existencia de nexos entre Dubra y Longhi con Sebastián Gavarone y Pablo Marsilli, quienes se encuentran procesados en el marco de una investigación por lavado de dinero proveniente de la trata de personas, el narcotráfico y el contrabando de divisas, en virtud de lo cual la jueza federal Pozzer Penzo dispuso la acumulación de ambos expedientes.	
Funcionarios de la Aduana detenidos hace 3 años podrían quedar en libertad