Desde el inicio a principios de año de la expansión global del coronavirus, las autoridades de la gran mayoría de las naciones encararon estrictas medidas sanitarias de confinamiento de la sociedad y cierre de las actividades consideradas como “no esenciales”. Asimismo, fueron absolutamente conscientes de que tal estrategia tendría –además– impactos negativos en el escenario económico; los cuales serían tanto más graves cuanto mayor fuera la duración temporal y severidad de las medidas oportunamente implementadas. En efecto, al “encerrase” a la población e interrumpirse la gran mayoría de las actividades económicas, se produciría primero una crisis de oferta seguida, luego, por una de demanda que golpearían fuertemente las tasas de expansión de la economía global.	La primera de ellas, se produce por el cese de la producción manufacturera y la prestación de servicios “no esenciales”. En una segunda etapa, este escenario genera una crisis de demanda con fuertes caídas en el consumo por aumento del desempleo, caída de los ingresos de la población e incremento de la tasa de ahorro de “precaución”. Asimismo, ante este complicado escenario recesivo, cae también la confianza de los empresarios; lo cual lleva a una severa disminución de la inversión. Esta severa disminución del consumo y la inversión, necesariamente lleva a incrementos de los déficits fiscales y a considerables aumentos de la deuda, necesarios ambos para financiar tamaño zafarrancho.	No todo termina allí. En efecto, para completar este negativo escenario, se produce una dramática suba de los niveles de pobreza; con el consiguiente incremento de la tensión social, especialmente en los sectores más vulnerables. En consecuencia, con sus más y sus menos, todas las economías del globo –además de sufrir las conocidas y crecientes penurias sanitarias de infectados y fallecidos– se enfrentaron con estos negativos impactos sobre sus respectivos escenarios económicos y sociales.	Ante esta situación, las autoridades de los distintos países coincidieron en que era necesario aplicar políticas monetarias y fiscales de estímulo que coadyuvaran a mitigar las dramáticas situaciones que iban –sin duda– iban a enfrentar. Las naciones que, de alguna manera, comenzaron rápidamente a marcar el rumbo fueron las de mayor poder de fuego: Australia, China, EE UU, Europa, Japón, Nueva Zelanda y Reino Unido, entre otras. A diferencia de la crisis 2008-2009 –en la que hubo diferencias temporales en la aplicación de los estímulos, especialmente debido a un alarmante retraso por parte de la Comunidad Europea– en esta oportunidad prácticamente las medidas han ido implementándose en forma paralela.	Las políticas monetarias de estímulo han sido las clásicas de baja de las tasas de interés, fuertes inyecciones monetarias (“relajamiento monetario”) a través de compras de activos financieros en los mercados secundarios y disponibilidad amplias líneas de apoyo a las entidades financieras de manera de aventar eventuales riesgos de liquidez. En efecto, a nivel global, la mayoría de las autoridades monetarias llevaron su tasa de referencia a niveles mínimos e incluso negativos, aumentaron la oferta monetaria más que duplicando en corto tiempo sus respectivas bases monetarias y otorgaron enormes facilidades de liquidez.	En lo que hace a las medidas fiscales, los países han hecho uso de toda su artillería; esto es: reducción de impuestos personales y de empresas, cobertura de salarios caídos, préstamos a empresas con dificultades a tasas subsidiadas con extendidos plazos de gracia y financiamiento “blando” a estados y municipios para cubrir sus gastos corrientes.	Este combo de fuertes pero necesarias medidas de apoyo, ha requerido financiación; lograda –básicamente– a través de fuertes aumentos de la deuda pública, incremento de déficits fiscales y emisión monetaria. Obviamente, habría aquí que distinguir entre economías desarrolladas y emergentes vulnerables. A este respecto, una buena comparación sería entre EE UU y nuestro país: en el país del norte se estima que, a la fecha, los paquetes de estímulos fiscales y monetarios llegarán a superar el 15% de su PBI (más de 50 veces el de nuestro país), mientras que las estimaciones para Argentina no superan el 3%. Más grave aún: los escenarios de partida de ambas economías en nivel de actividad económica, inflación, pobreza y desempleo –entre otras variables críticas– han sido extremadamente diferentes.	Descripto el complicado escenario actual, se plantean dos cuestiones fundamentales. ¿A qué situación llegaría la economía global y cómo sería la recuperación post pandemia? Suponiendo que no se produjera el tan temido “segundo rebrote”, que se mantuvieran las políticas de estímulo “todo el tiempo que fuera necesario” y que –a partir de segundo semestre– se diera una sostenida salida del confinamiento y del cierre productivo, los principales organismos internacionales estiman que este año la caída de la economía global sería dentro de un rango del 6% al 8, sumado a severos incrementos del desempleo y la pobreza. Estas tremendas cifras, consolidadas a nivel global, serán porcentualmente de mayor gravedad para los países emergentes vulnerables; entre los cuales, lamentablemente, se encuentra nuestro país.	En síntesis, el mundo se enfrenta a una crisis inédita por la globalidad de la misma y sus rápidos efectos sobre los niveles de actividad, desempleo y pobreza. Las políticas financieras y monetarias de estímulo al menos han permitido atemperar el desastre y avizorar una posible recuperación a partir del 2021.	
Políticas monetarias y fiscales para enfrentar la pandemia