hizo una nueva oferta a los acreedores el domingo, con una sólida oportunidad de anclar una de las mayores reestructuraciones de deuda soberana en la historia de los mercados emergentes. Al levantar potencialmente una gran nube que se cierne sobre la capacidad del país para crecer de manera sólida e inclusiva —directamente para las finanzas del Gobierno e indirectamente mejorando las perspectivas para la actividad del sector privado—, una resolución tan ordenada y colaborativa podría ayudar a superar antiguos desafíos económicos que la	que ha desempeñado un papel crucial al proporcionar a Argentina un valioso análisis técnico y validación de terceros para las negociaciones. Si agregamos a esto los “efectos de demostración” que son de beneficio para otros casos de mercados emergentes, el resultado podría ser una victoria general, en marcado contraste con las secuelas de la última gran reestructuración de deuda del país.Heredando una situación problemática en diciembre, el Gobierno recién electo del presidente	se embarcó en negociaciones con los acreedores. El objetivo era la reestructuración de la deuda y pagos reformulados en consonancia con el logro del escurridizo objetivo de Argentina de crecer de manera suficientemente rápida e inclusiva para sacar a los ciudadanos de la pobreza, liberar el enorme potencial humano y de recursos de la economía y detener lo que ha sido una deprimente caída de varias décadas en la posición económica internacional.	El proceso no ha sido para nada fluido y refleja complicaciones estructurales inherentes, así como dificultades autoinfligidas. El Gobierno ha tenido que lidiar con múltiples grupos de acreedores que carecen de cohesión natural, lo que hace que las negociaciones sean difíciles y requieran mucho tiempo. Las condiciones in situ cambiaban a medida que el brote mundial de COVID-19 representaba una amenaza directa a la vida y se requerían más recursos para la atención médica. La pandemia también tuvo múltiples efectos secundarios negativos del resto del mundo, incluida una menor demanda de exportación y precios de productos básicos más bajos, menos turismo y, inicialmente, mercados globales de capital muy inestables. Otras complicaciones se derivaron de una oferta prematura en abril y del inevitable y ruidoso discurso político interno.	Dicho esto, la perseverancia del Gobierno y el compromiso constructivo de un subconjunto de acreedores, junto con la asistencia técnica oportuna del FMI, han abierto el camino a la posibilidad de una sostenibilidad duradera de la deuda, un juicio que Argentina, el FMI y varios acreedores han alcanzado de forma independiente. Lo que finalmente emerge de todo esto tiene el potencial de convertirse en una victoria notable, y no solo para Argentina y sus patrocinadores.	Según cálculos de Gramercy Fund Management LLC, Argentina aseguraría una reducción considerable en sus obligaciones contractuales de pago de la deuda, proporcionando un alivio de flujo de efectivo de cerca de US$ 40,000 millones durante los primeros 10 años, equivalente a aproximadamente 9% del producto interno bruto. Con una ventana de cinco años sin pagos de amortización y una tasa de cupón promedio de menos de 2%, Argentina contaría con un tiempo valioso para reasignar recursos en apoyo de reformas estructurales, gastos del sector social y alivio de la pobreza (Divulgación completa: soy asesor de Gramercy, que posee deuda argentina, y también miembro del grupo de asesoría externa del FMI).	A cambio de aceptar renunciar a algunos términos contractuales, los acreedores estarían en una mejor posición para recibir el pago bajo las nuevas condiciones, y aquellos que se unan al cierre programado para principios de agosto obtendrían un incentivo “anticipado”. Evitarían el tipo de default desordenado que devastaría los precios de los activos, forzaría a liquidaciones de cartera disruptivas y, para aquellos que mantienen sus bonos, socavaría el valor de recuperación futuro al retrasar la capacidad de crecimiento de Argentina. En efecto, los acreedores solo necesitan comparar el valor presente neto potencial de la oferta argentina (alrededor de 53.5 centavos por dólar con un rendimiento de salida de 10%) con el resultado de la desordenada reestructuración del 2005 (de 35 para el primer grupo de participantes y, cinco largos años después, 45 para el segundo grupo, que no recibió los pagos provisionales). Esto supone mayor importancia ya que el desafío inmediato es movilizar suficiente apoyo de los acreedores para la oferta argentina.	Es probable que la propuesta sea bienvenida más allá del país y sus acreedores. Confirma que Argentina y el FMI, a menudo en desacuerdo en el pasado, pueden participar en interacciones técnicas de apoyo mutuo que ayudan a establecer una base de confianza, todo lo cual ayuda a formar un contexto más constructivo para lo que un creciente número de economistas y analistas proyecta será una creciente probabilidad de reestructuraciones de deuda soberana en algunas otras economías emergentes.	El compromiso que ha surgido tras meses de difíciles negociaciones justifica el apoyo tanto de Argentina como de sus acreedores. Sí, es menos de lo que inicialmente planteó cualquiera de las partes. Pero no sería de interés para ninguno a largo plazo permitir que lo mejor a nivel teórico se convierta en el enemigo de un bien que es alcanzable. Lo que ahora está sobre la mesa es mucho mejor que una alternativa que, con toda probabilidad, implicaría mucho más dolor en general, con un impacto particularmente grande para los segmentos más vulnerables de la sociedad argentina.	
 Nueva propuesta de deuda argentina merece apoyo