A partir del informe-resumen de control interno elaborado por el interventor de la diputación, el presidente de la corporación dispone de un plazo de tres meses para formalizar un Plan de Acción con el que intentar atajar una serie de deficiencias, debilidades e incumplimientos normativos que el órgano de fiscalización propone encarar mediante cuatro bloques de medidas.	Además de las focalizadas en ámbito de las entidades públicas dependientes, Intervención urge al área de informática a implantar de manera generalizada -y en un plazo no superior a un año- el gestor de expedientes, con tal de conseguir un control correcto y eficiente sobre las subvenciones de Cooperación Municipal, que son las más numerosas y de momento no están incluidas en el sistema. La herramienta también debería extenderse a la fiscalización íntegra de los gastos de Personal. La segunda medida planteada es la puesta en práctica , también en un plano menor a un año, de las conclusiones alcanzadas por el grupo de trabajo creado para atajar la problemática del abuso de los contratos menores, potenciando la central de compras y mediante un nuevo portal informático. La tercera consiste en la puesta en marcha de un sistema que agilizaría el procedimiento de fiscalización de los ingresos.	El compendio de las auditorías de control interno practicadas en 2019 en el seno de la Diputación de València no deja demasiado bien paradas a las tres empresas públicas dependientes de la corporación provincial. Un informe-resumen de la Intervención General, presentado al último pleno, llama la atención sobre una deficiencia compartida relacionada con los emolumentos: tanto Divalterra como Girsa pagaron sueldos desproporcionados a distintos directivos, mientras que Egevasa incumplió la obligación de corregir una serie de incrementos salariales por encima del tope legal sobre los que ya se había advertido en 2017.	La radiografía pone el foco sobre las retribuciones del director de servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, que el año pasado superaron los importes máximos fijados por acuerdo plenario de la diputación. Este marco establece que ningún directivo puede percibir más de 67.500 euros, sobre un sueldo básico de 45.000 euros al que se le pueden sumar complementos de hasta 22.500 euros. El Portal de Transparencia de la empresa de las brigadas, sin embargo, sitúa en casi 69.000 euros la retribución íntegra anual del jefe jurídico, invocando un acuerdo de 2015. La cuantía incluye sueldo base y desplazamientos, concepto cuyo cobro fue controvertido en su día, como también lo fue el papel del técnico en los contratos de altos directivos de Divalterra que dinamitaron la cúpula de la diputación en 2018. Pese a que la acusación popular del caso Alquería ha pedido su imputación, el juez la ha descartado hasta ahora.	El que sí se considera «manifiestamente contrario» al techo salarial aprobado en 2016 es el contrato de alta dirección del director-gerente de Girsa, Luis Tejedor, un hecho por el cual «procedería ajustar su retribución». La cuestión ya se había incluido en anteriores informes, junto con la petición de que la entidad haga públicos los sueldos de los altos responsables y los contratos en aras de la transparencia.	Estas anomalías, junto a otras, conducen a la Intervención a sugerir al presidente de la diputación que tome cartas en el asunto, nombrando a los gerentes de cada uno de los entes dependientes «responsables para que den cuenta de las medidas adoptadas para la solución o la justificación de la imposibilidad de resolverlas». «Nos damos cuenta de que en muchos informes de auditoría desde hace tiempo se ponen de manifiesto errores o debilidades, pero que luego no se llevan a cabo», ahondó el propio interventor al desgranar el contenido del informe-resumen en el pleno.	En Divalterra también se señalan contratos que se adjudicaron sin el pertinente certificado previo de existencia de crédito, mientras que en Girsa se observan «conversiones de trabajadores temporales a indefinidos sin haber realizado ningún tipo de selección previa», junto con otros procesos de cobertura que «no cumplen debidamente la ley». Tanto en la empresa de gestión de residuos como en Egevasa (participadas al 51 % por la diputación) se advierte sobre el abuso de la contratación menor, así como sobre el incumplimiento de la tasa de reposición de empleos públicos permitida por el Estado en 2018.	En Egevasa, según recoge el informe, «no se da publicidad externa a cualquier proceso de reclutamiento y selección para dar cumplimiento a los principios de igualdad, mérito y capacidad» y no se publican en el portal de transparencia los convenios suscritos y encomiendas de gestión ni las retribuciones percibidas anualmente por altos cargos.	A estas deficiencias y otras señaladas en el informe se refirió en el último pleno la portavoz de Ciudadanos, Rocío Gil. «Deberíamos ponernos las pilas y poner en práctica lo que se nos recomienda desde Intervención», apuntó. El presidente de la diputación, Toni Gaspar, pidió ver el documento «con perspectiva de dónde veníamos y dónde estábamos» y recalcó que el funcionamiento y control de la corporación «ha mejorado mucho en los últimos años», aunque «siempre hay que mejorar muchas cosas». «Toda la estructura de la diputación tiene que hacer los deberes, encabezada por los habilitados nacionales y los jefes de servicio», incidió. El interventor hizo hincapié en que el informe es un resumen de aspectos a corregir que ya se habían llevado al pleno y defendió el aumento de la fiscalización.	A partir del informe-resumen de control interno elaborado por el interventor de la diputación, el presidente de la corporación dispone de un plazo de tres meses para formalizar un Plan de Acción con el que intentar atajar una serie de deficiencias, debilidades e incumplimientos normativos que el órgano de fiscalización propone encarar mediante cuatro bloques de medidas.	Además de las focalizadas en ámbito de las entidades públicas dependientes, Intervención urge al área de informática a implantar de manera generalizada -y en un plazo no superior a un año- el gestor de expedientes, con tal de conseguir un control correcto y eficiente sobre las subvenciones de Cooperación Municipal, que son las más numerosas y de momento no están incluidas en el sistema. La herramienta también debería extenderse a la fiscalización íntegra de los gastos de Personal. La segunda medida planteada es la puesta en práctica , también en un plano menor a un año, de las conclusiones alcanzadas por el grupo de trabajo creado para atajar la problemática del abuso de los contratos menores, potenciando la central de compras y mediante un nuevo portal informático. La tercera consiste en la puesta en marcha de un sistema que agilizaría el procedimiento de fiscalización de los ingresos.	
El interventor obliga a rebajar sueldos excesivos en las tres firmas de la diputación