(ADN).- El Ministerio de Agricultura de Brasil y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) exigirán y supervisarán la trazabilidad de las verduras y frutas frescas a partir del 1 de agosto. Así, busca cuidar la sanidad alimentaria y evitar el abuso de agroquímicos en los alimentos que consumen. “El objetivo es identificar a los productores y saber cómo se cultivan los alimentos. Con esto, será posible dar seguridad a la sociedad en relación con el consumo de verduras frescas y responsabilizar a quienes hacen mal uso” de los agroquímicos, explicó un comunicado oficial.Los controles para verificar que los productores hacen bien las cosas y pueden mostrarlas a sus consumidores se aplicarán sobre los cítricos (naranja, limón, lima, entre otros), manzana, uva, papa, lechuga, col, tomate y pepino, zanahorias, batatas, remolachas, cebollas. ajo, col, berro, brócoli, achicoria, coliflor, pimientos, calabaza y calabacín, melón, fresa, coco, guayaba, caqui, papaya, plátano y mango. La Argentina exporta varios de estos productos al vecino país (como manzanas y ajos) y deberá ver cómo se adapta a la nueva normativa, que aclara que la trazabilidad también se deberá aplicar a productos importados.Según la norma, los productos frescos mencionados deben identificarse con: nombre; variedad o cultivar; cantidad de producto recibido; Identificación del lote y fecha de recepción del producto.El proveedor deberá proporcionar su nombre o el nombre de la empresa, número y tipo de registro, dirección completa o, cuando esté ubicado en el área rural, la coordenada geográfica o el Certificado de Registro de Tierras de Regularización del Territorio.Los productores frutihortícolas brasileños también deberán llevar un registro de los insumos agrícolas utilizados en la producción y el tratamiento fitosanitario aplicado a los cultivos, además de la fecha de uso de cada insumo, la receta técnica o prescripción agronómica y la identificación del lote de insumos. “De esta manera, a través de las inspecciones, será posible identificar, incluso, los pesticidas agrícolas utilizados en la producción”, dice el comunicado.Las autoridades brasileñas dijeron que los controles será serios. Ya comenzaron a promover reuniones con los titulares de los permisos de los centros de suministro (Ceagesp) y con los servicios de vigilancia sanitaria de la región metropolitana de San Pablo. De acuerdo con el gobierno brasileño, “es importante que todos los que trabajan con estos alimentos cumplan con la norma, ya que traerá muchos beneficios, no solo a los consumidores, sino también a los agricultores, ya que estimulará la producción con un uso más racional de los pesticidas agrícolas”.En la Argentina, este es un tema que también forma parte de los debates pendientes. Los residuos de agroquímicos en verduras y frutas causan preocupación a buena parte de la población, pero el Estado no ha definido todavía normativas de trazabilidad tan exigentes como las que empezarán a regir ahora en el vecino país.En la Argentina se viene una profundización de las exigencias sobre el sector productor de frutas y verduras. Por un lado, porque a fines de 2017 la Comisión Nacional de Alimentos decidió que las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) serían exigibles “con carácter obligatorio en 2 años para el sector frutícola y en 3 años para el sector hortícola”.“Hasta el momento de la obligatoriedad, los organismos nacionales llevarán a cabo una estrategia de sensibilización, proyectos piloto y asistencia técnica para que (los productores) en forma voluntaria vayan incorporando las recomendaciones que estarán ahora incluidas en el Código Alimentario”, se aclaró en ese momento. Pero los plazos se están venciendo.En materia de trazabilidad, en agosto de 2018 la AFIP y el Senasa anunciaron que trabajarían juntas para implementar un plan de control fiscal y sanitario sobre el sector, que se valdría de un remito electrónico semejante al que entró en vigencia para las carnes y se aplicará en etapas, primero sobre las hortalizas pesadas para avanzar paulatinamente sobre el mercado de verduras de hoja, dominado por la comunidad boliviana. Un dato clave es que en ese momento la AFIP reveló que en 2017 realizó un control sobre 55 mercados concentradores de frutas y verduras y allí detectó que 65% de los operadores presentaban alguna irregularidad, ya sea porque estaban mal encuadrados impositivamente o porque directamente no figuraban en los padrones fiscales.	
Agroquímicos: Brasil exige trazabilidad de frutas