Cambios promisorios en la CorteCuando el Presidente Ernesto Zedillo promovió la renovación total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al inicio de su mandato, varios senadores tuvimos reservas sobre el impacto de una modificación de esta naturaleza en el Estado de Derecho. Pese a esa justificada inquietud, reflejada en los medios informativos, entendíamos también la necesidad de fortalecer al órgano supremo del Poder Judicial dándole en plenitud el carácter de Tribunal Constitucional, lo cual debería favorecer el principio de división de poderes.	A más de dos décadas de distancia, es evidente que la apuesta resultó acertada. A partir de la responsabilidad que con el país asumieron tanto sus integrantes originales como los que se han sucedido al paso de los años, la Corte juega un papel fundamental en el desarrollo democrático al preservar las normas constitucionales y proteger los derechos humanos.	Coincido, pues, plenamente con la afirmación de su recién electo presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, de que “no se podría explicar la transición democrática de México sin el papel de esta Suprema Corte”, a lo que añadió un reconocimiento muy pertinente respecto de que la riqueza del trabajo realizado por nuestro Máximo Tribunal, no ha sido bien conocida y comprendida por la sociedad, lo cual hace necesario establecer con esta un diálogo a fin de crear la conciencia de que parte de su bienestar y la defensa de sus derechos, dependen del Poder Judicial Federal cuyos integrantes, en sus juzgados y tribunales, son garantía de gobernabilidad y de la vigencia del Estado de Derecho.	A partir de esa premisa, el ministro presidente Zaldívar enfatizó la importancia de la independencia judicial que es fundamental para una defensa efectiva de los derechos humanos de todos y para garantizar la seguridad jurídica; por eso representa un presupuesto indispensable del Estado Constitucional de Derecho. A esta afirmación agregó planteamientos de particular trascendencia en el panorama político vigente al sostener que “independencia no es aislamiento; independencia no es intolerancia; independencia no es romper el diálogo”.	Es muy importante establecer que, como él mismo lo sostuvo, la defensa de la independencia judicial está ampliamente avalada por su conducta como Ministro en la que en efecto: “sin importar las coyunturas políticas y sin importar los costos” ha antepuesto el respeto a la Constitución y la defensa de los derechos humanos a cualquier otra consideración.	En un admirable ejercicio de objetividad, humildad y solidez jurídica, hizo notar que el Presidente de la Corte no es la cabeza del Poder Judicial, ni su titular, ya que tal titularidad corresponde en su conjunto al órgano colegiado e invitó a todos sus miembros a trabajar unidos para renovar tan importante Poder a partir de reconocer, como una realidad, que dicha renovación es una exigencia de la sociedad.	Por su parte, el recién designado ministro, Juan González Alcántara y Carrancá dio un testimonio de gratitud al honrar a los maestros de nuestra querida Facultad de Derecho de la UNAM que contribuyeron a su formación. Otra demostración de un talante equilibrado y prudente la dio al asumirse feminista, y reiterar su compromiso con los derechos de las mujeres y, al tiempo que se solidarizó con los sufrimientos que aún padecen las mujeres y las niñas de México, dejó en claro que “la igualdad en nuestra Patria no debe de plantearse en términos bélicos de género”.	Resulta satisfactorio constatar que el nuevo ministro tiene claro el retroceso que ha sufrido nuestro Estado Social y de ahí desprende el compromiso que debe asumir la Corte frente a los alarmantes niveles de pobreza en nuestra Patria a fin de que su función coadyuve a cerrar la brecha de la desigualdad. En ese marco aludió a que “están en juego cuestiones estructurales que alcanzan las reglas de las instituciones dominantes”, lo cual implica una disposición a revisar el actual esquema institucional, cuestionando incluso los principios que lo sustentan, si eso se hace necesario para alcanzar las finalidades sociales planteadas.	Una parte importantísima de su discurso, que a mi juicio no ha sido suficiente valorada en las notas periodísticas, es la relativa a la disfunción que aprecia en el Derecho Penal de nuestro país, pues hizo notar que algo no está funcionando correctamente en esa rama jurídica y que la Corte tiene el deber de corregir los problemas que existen al respecto.	Cuando el Presidente Ernesto Zedillo promovió la renovación total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al inicio de su mandato, varios senadores tuvimos reservas sobre el impacto de una modificación de esta naturaleza en el Estado de Derecho. Pese a esa justificada inquietud, reflejada en los medios informativos, entendíamos también la necesidad de fortalecer al órgano supremo del Poder Judicial dándole en plenitud el carácter de Tribunal Constitucional, lo cual debería favorecer el principio de división de poderes.	A más de dos décadas de distancia, es evidente que la apuesta resultó acertada. A partir de la responsabilidad que con el país asumieron tanto sus integrantes originales como los que se han sucedido al paso de los años, la Corte juega un papel fundamental en el desarrollo democrático al preservar las normas constitucionales y proteger los derechos humanos.	Coincido, pues, plenamente con la afirmación de su recién electo presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, de que “no se podría explicar la transición democrática de México sin el papel de esta Suprema Corte”, a lo que añadió un reconocimiento muy pertinente respecto de que la riqueza del trabajo realizado por nuestro Máximo Tribunal, no ha sido bien conocida y comprendida por la sociedad, lo cual hace necesario establecer con esta un diálogo a fin de crear la conciencia de que parte de su bienestar y la defensa de sus derechos, dependen del Poder Judicial Federal cuyos integrantes, en sus juzgados y tribunales, son garantía de gobernabilidad y de la vigencia del Estado de Derecho.	A partir de esa premisa, el ministro presidente Zaldívar enfatizó la importancia de la independencia judicial que es fundamental para una defensa efectiva de los derechos humanos de todos y para garantizar la seguridad jurídica; por eso representa un presupuesto indispensable del Estado Constitucional de Derecho. A esta afirmación agregó planteamientos de particular trascendencia en el panorama político vigente al sostener que “independencia no es aislamiento; independencia no es intolerancia; independencia no es romper el diálogo”.	Es muy importante establecer que, como él mismo lo sostuvo, la defensa de la independencia judicial está ampliamente avalada por su conducta como Ministro en la que en efecto: “sin importar las coyunturas políticas y sin importar los costos” ha antepuesto el respeto a la Constitución y la defensa de los derechos humanos a cualquier otra consideración.	En un admirable ejercicio de objetividad, humildad y solidez jurídica, hizo notar que el Presidente de la Corte no es la cabeza del Poder Judicial, ni su titular, ya que tal titularidad corresponde en su conjunto al órgano colegiado e invitó a todos sus miembros a trabajar unidos para renovar tan importante Poder a partir de reconocer, como una realidad, que dicha renovación es una exigencia de la sociedad.	Por su parte, el recién designado ministro, Juan González Alcántara y Carrancá dio un testimonio de gratitud al honrar a los maestros de nuestra querida Facultad de Derecho de la UNAM que contribuyeron a su formación. Otra demostración de un talante equilibrado y prudente la dio al asumirse feminista, y reiterar su compromiso con los derechos de las mujeres y, al tiempo que se solidarizó con los sufrimientos que aún padecen las mujeres y las niñas de México, dejó en claro que “la igualdad en nuestra Patria no debe de plantearse en términos bélicos de género”.	Resulta satisfactorio constatar que el nuevo ministro tiene claro el retroceso que ha sufrido nuestro Estado Social y de ahí desprende el compromiso que debe asumir la Corte frente a los alarmantes niveles de pobreza en nuestra Patria a fin de que su función coadyuve a cerrar la brecha de la desigualdad. En ese marco aludió a que “están en juego cuestiones estructurales que alcanzan las reglas de las instituciones dominantes”, lo cual implica una disposición a revisar el actual esquema institucional, cuestionando incluso los principios que lo sustentan, si eso se hace necesario para alcanzar las finalidades sociales planteadas.	Una parte importantísima de su discurso, que a mi juicio no ha sido suficiente valorada en las notas periodísticas, es la relativa a la disfunción que aprecia en el Derecho Penal de nuestro país, pues hizo notar que algo no está funcionando correctamente en esa rama jurídica y que la Corte tiene el deber de corregir los problemas que existen al respecto.	

Cambios promisorios en la Corte
