El Real Decreto 463/2020, declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria provocada por el avance del coronavirus. El Real Decreto de alarma atribuye en una de sus disposiciones la condición de agentes de la autoridad a los miembros de las Fuerzas Armadas. Una atribución a los militares que naturalmente, como el resto de las disposiciones del estado de alarma decretado, tiene carácter temporal y queda limitada a la finalidad de preservación de la salud pública que justifica la declaración por parte del Gobierno de esta anormal situación que vivimos los españoles desde el pasado sábado por la noche.	Sin embargo, el cometido constitucional del ejercito quedó circunscrito desde 1978 a la defensa de España y de su integridad territorial. A mi juicio, ni siquiera en una situación extraordinaria como es la actual del estado de alarma se puede facultar a las Fuerzas Armadas para que asuman tareas de mantenimiento del orden público.	La historia constitucional de España es la historia de una vocación y llamada continúa al ejército para la administración del orden público. Por eso la Constitución rompió con esa tradición militarizada del orden público para atribuir su garantía exclusivamente --y en su nueva versión constitucional de seguridad ciudadana-- a las fuerzas y cuerpos de seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, policías autónomas y policías locales).	justifica la asunción por el Gobierno de la nación de los poderes extraordinarios que delimitan la declaración vigente del estado de alarma. Unos poderes y facultades que en cualquier otro escenario serían absolutamente contrarios al Derecho Público español. Unos poderes excepcionales para una situación excepcional y que están amparados por una ley orgánica del año 1981, que regula así los estados de alarma, excepción y de sitio. Tres figuras distintas para crisis constitucionales diferentes y con atribuciones y medidas también alejadas entre sí para la restricción de derechos y libertades fundamentales en cada uno de los supuestos de excepción en que puede verse abocado nuestro Estado social y democrático de derecho.	Una alarma sanitaria como la que ahora es objeto de alarma no justifica, en ningún caso, y desde la perspectiva constitucional, que los militares patrullen las calles, puedan identificar a ciudadanos e incluso llegar a detenerlos. Esta es una misión que única y exclusivamente corresponde a las citadas fuerzas y cuerpos de seguridad, también desde la misma perspectiva constitucional.	Ojalá que el estado de alarma y de angustia en el que vivimos todos los ciudadanos desde hace unos días dure eso, solo unos días (15), y podamos recuperar pronto la normalidad en nuestras vidas. El Estado está básicamente para protegernos con los resortes que el ordenamiento confiere a los poderes públicos; y más aún nos tiene que proteger y amparar en situaciones extraordinarias como es esta del estado de alarma. Pero los límites en el uso de los medios de protección son una garantía para evaluar finalmente el correcto	
Una alarma militarizada