A una semana exactamente de que venza el plazo para que prospere la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno, Albert Rivera lanzó una propuesta para apoyar a Pedro Sánchez. El líder de Cs ha ofrecido su abstención –incluso añade por cuenta propia la del PP– a cambio del cumplimiento de tres puntos: romper el pacto con Bildu en Navarra; abrir una mesa de negociación entre los tres partidos constitucionalistas para estudiar la aplicación del artículo 155 en Cataluña, si Torra persiste en incumplir la sentencia del TS del 1-O; y el compromiso de no subir impuestos. La propuesta podría ser razonable si, por lo menos, hubiese tiempo material para negociar, ajustar los discursos, hacerla viable, en definitiva. Es decir, tiempo para hacer creíble una propuesta electoralista en un verdadero pacto de Estado. De creer en ella debería haberla apoyado con su voto afirmativo desde un principio, pero anunciarla el mismo día que el Rey ha iniciado la segunda ronda de consultas –que continuará hoy con Pablo Iglesias, Albert Rivera, Pablo Casado y Pedro Sánchez–, resulta por lo menos agónico, más un síntoma de una solución planteada a destiempo y que, en el fondo, nunca se apostó seriamente por ella. No tanto por el cumplimiento de los tres puntos, que también (¿alguien cree que todavía existe un bloque constitucionalista?), sino por no haber intentado forjar un pacto desde la misma noche del 28 de abril, una vez conocidos los resultados y la dependencia de Sánchez de Podemos e independentistas catalanes. Pero esa no ha sido la estrategia de Rivera. Obcecado por el mal cálculo de que Cs podía arrebatar al PP el liderazgo de la oposición, marcó la estrategia de impedir cualquier apoyo a Sánchez. Un «no es no» que ha participado del bloqueo institucional que vivimos desde hace meses y que, por lo que vemos, no ha servido de nada, porque la propuesta de ayer viene a romper ese ofuscamiento, a no ser que sea pura gestualidad. En una reciente entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero el pasado día 2, argumentó su posición en que no podía rectificar la posición en la que se había comprometido su partido. Ser consecuente con un error es, sencillamente, persistir en el error, que es lo que ha hecho Rivera. Pero no sólo es un movimiento que ahora resulta impracticable, sino que es puramente electoralista. En el doble sentido: es una solución desesperada para evitar concurrir ante las urnas en previsión de un descalabro tal y como anuncian los sondeos y, en caso de no poderse remediar, presentarse ante la opinión pública como un partido de Estado que al final ha intentado desbloquear la situación mirando por los intereses de España. No es serio que Rivera hable, además, en nombre del PP y luego llame a Casado para decirle que se sume a su plan, puede que deleitándose por el terreno que el líder popular le ha cedido. Si bien Casado en la reunión que mantuvo el pasado 6 de mayo con Sánchez le ofreció un pacto para que el futuro Gobierno no dependiera de los independentistas –además de un acuerdo de política fiscal y presupuestaria–, su obligación como líder del primer partido de la oposición es haber perseverado en una posición que consideraba era una obligación de Estado. Rivera no ha ayudado, pero Casado tenía que haber liderado esa posición, entre otras cosas por su mejor sintonía con Sánchez y porque, efectivamente, los populares siguen siendo una pieza clave en las políticas de Estado. Ayer pudimos comprobar cómo el presidente del Gobierno en funciones despachó la propuesta de Cs: reclamar la «abstención técnica» de Casado y Rivera sin basarse en un acuerdo conjunto es sencillamente una manera de encubrir lo que ha buscado desde las pasadas elecciones al comprobar que sólo disponía de 123 diputados: alargar una negociación ficticia para acabar repitiéndose los comicios.	
Rivera pierde el tiempo