Se ha escrito mucho sobre las razones del bloqueo actual. Se ha hablado de la falta de tradición entre nosotros de los gobiernos de coalición, de la radicalización del discurso de casi todos los partidos –una radicalización visible en toda Europa–, de las malas relaciones entre los líderes políticos, tan palpable durante el debate de investidura, etcétera. Yo deseo añadir dos factores de nuestro sistema que no sé si favorecen la cultura del pacto. Ambos están destinados a reforzar la estabilidad del gobierno y son sin duda positivos, pero, como en las enfermedades autoinmunes, en determinadas circunstancias –las actuales, por ejemplo– pueden producir efectos no deseados.	El primero es la figura de la moción de censura constructiva prevista en la Constitución. Como es sabido, en nuestro sistema político no basta que el gobierno pierda la confianza del Congreso para que sea sustituido o tenga que convocar elecciones, como en muchos otros países democráticos. Aquí es necesario que un candidato alternativo sea investido por una mayoría absoluta de diputados. No por mayoría simple, como para investir al presidente tras las elecciones, sino por mayoría absoluta.	Esta fórmula tan exigente está destinada a dar estabilidad al gobierno, pero le da tanta estabilidad que, una vez investido, el presidente dispone de grandes fa­cilidades para mantenerse en el poder aunque no tenga mayoría en el Parlamento. Por ejemplo, si Pedro Sánchez es investido presidente con la distribución de escaños actual, será prácticamente imposible que se forme una mayoría capaz de obligarle a renunciar. Sería preciso que el PP, Ciudadanos y Unidas Podemos (o los partidos nacionalistas) se pusieran de acuerdo en un candidato alternativo, cosa hoy impensable.	El segundo factor, mucho más indirecto, es el sistema electoral basado en la ley D’Hondt, que corrige el sistema proporcional y favorece a los partidos con más votos en cada provincia, en detrimento de los partidos menos votados. Esta fórmula hace que el partido más votado tenga un número de diputados superior al que le correspondería en proporción a los votos que ha obtenido.	Se trata de un mecanismo sin duda positivo, ya que evita la fragmentación excesiva del mapa político y facilita la formación de gobierno. Es en buena parte responsable de que desde la transición nunca haya sido preciso un gobierno de coalición, a pesar de que ningún partido ha alcanzado el cincuenta por ciento de los votos. Pero de cara al futuro alimenta la esperanza de que la fragmentación del mapa electoral sea pasajera y de que, de una forma u otra, la aritmética parlamentaria se acabará decantando de nuevo hacia dos grandes grupos.	Me pregunto si estos dos factores no han ido creando en los partidos unas expecta­tivas que ahora son más un obstáculo que una ayuda. Del 2015 a esta parte, ningún partido ha obtenido suficientes escaños para formar gobierno sin algún tipo de apoyo de los demás. Esto desplaza el centro de gravedad del sistema del gobierno al Parlamento y debería traducirse en una transferencia de poder del ejecutivo al Congreso. Pero no sé si los partidos lo están asumiendo. Todos tienen todavía en la cabeza un ­sistema en el que el presidente, una vez investido, dispone de muchos mecanismos para gobernar aunque carezca de mayoría en el Parlamento.	exige que los par­tidos políticos cambien el chip, que pongan los programas por delante de las personas y que se desprendan de la mentalidad presidencialista. De momento no sé si se resignan a ello. Es posible que el mapa electoral vuelva al bipartidismo imperfecto de hace diez años. Si no, no les quedará más remedio que armarse de respeto por las ­ideas y las propuestas ajenas y pactar.	
Punto muerto