La medida, que entrará en vigor a partir del 27 de noviembre, afectará sobre todo a las transferencias realizadas por medio de Western Union, el mayor emisor de remesas desde Estados Unidos hacia la Isla, y a otras empresas radicadas en ese país que mandan dinero por medio de tarjetas electrónicas.	“Nos toca exigir al gobierno nuestra libertades económicas. Que salgan del medio y dejen de robar impunemente lo que nos pertenece. Los últimos tiempos demuestran que el mundo no está, ni estará de acuerdo, ni dispuesto a aceptar las violaciones a los derechos que han cometido durante años los militares y el Gobierno comunista”, añadió.	La activista política, quien reside en Sancti Spíritus y es madre de dos niños, acusó al régimen cubano de no respetar al pueblo como seres humanos, de no dejarlo gozar de sus derechos fundamentales como el derecho a reunión, a hacer manifestaciones pacíficas, a la participación política y a disfrutar de las garantías de un Estado con poderes separados, “donde el juez no sea parte”.	“El cambió tiene que ser ya. Yo quiero poder ver un tranvía en mi ciudad, o un subterráneo, un mercado abarrotado con precios buenos. Quiero que tu negocio crezca tanto que tengas que dar empleos. Que tu esfuerzo y sacrificio sea recompensado, que vivas seguro y confiado en que tienes derechos y hay que respetarlos”, expresó.	Esta semana la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió un documento que fijó la prohibición de las transferencias “relacionadas con las remesas en cualquier transacción que involucre entidades o subentidades identificadas en el Lista Restringida de Cuba (CRL)”, conocida como lista negra del Departamento de Estado.	
Opositora sobre restricciones de envío de dinero a Cuba: “¿Quién es el verdadero responsable?”