El panorama judicial en Cataluña no atraviesa precisamente por sus mejores momentos, ni mucho menos. La presión a la que lleva sometidos por parte de los sectores más radicales del independentismo, con actos de protestas en las sedes jurisdiccionales encabezados incluso en ocasiones por los principales responsables de la Generalitat, ha hecho mella en los jueces y magistrados en una doble vertiente: no pocos de los que están destinados en juzgados y/o tribunales de esa comunidad piden el traslado a otra en el primer momento que se les presenta la ocasión, y, en segundo lugar, en que ya no resulta un destino atractivo.	Un dato revelador viene a confirmar lo anterior: Los datos últimos de los que disponen el Consejo General del Poder Judicial –correspondientes a este mes de agosto– reflejan como el 61,3 por ciento de las plazas judiciales que están «desiertas» en toda España se encuentran en Cataluña. Estas plazas quedan «desiertas» después de que las mismas quedaran vacantes por cualquier razón –jubilación, traslado, ascenso, etc– y nadie las solicitara en el concurso donde se ofertaban las mismas. Es decir, nadie quería ir destinados a esas sedes jurisdiccionales.	En España existen a día de hoy un total de 75 plazas sin ocupar por este motivo, de las que 46 están en Cataluña. Este dato ya es suficientemente significativo por sí mismo, pero lo es más si se estudia la tendencia más reciente. Así, hace un año, el porcentaje de plazas «desiertas» en Cataluña era del 30 por ciento respecto al total nacional; a principios de 2017 ya se subió al 37 por ciento, pero ahora se llega al 61,3%. Y ello, porque en los últimos concursos de traslados o ascensos, no ha habido quien las solicitara, Los principales problemas se plantean en los juzgados de Primera Instancia y de lo Social en las poblaciones que rodean a Barcelona y en el partido judicial de Tarragona.	Esta situación que vive la Justicia en Cataluña es consecuencia de una anormalidad generada «desde las instituciones o, para ser más exacto, desde algunas instituciones», sostienen al respecto fuentes judiciales consultadas por LA RAZÓN. Y, en absoluto, añaden el respecto, pueden considerarse como «una parte de sueldo» soportar «las incomodidades» en que se traducen esas consecuencias, «que los jueces no viven ni soportan en ningún otro lugar de España». Por ello, y dado que «como parece, han sido las instituciones (algunas) las que han generado o, como poco, colaborado activa y pasivamente para producir esa anormalidad», es por lo que se reclama que sean las instituciones del Estado , las que adopten las «contramedidas institucionales» adecuadas para paliar esas anormalidades.	Entre esas medidas podría figurar incentivar económicamente a los jueces y magistrados que ejerzan en Cataluña: «Es una medida sencilla y básica que el Estado ya ha adoptado en otras ocasiones, como el País Vasco o Navarra, y que en Cataluña está absolutamente justificado vista la gravedad de la situación que revelan las cifras», sostienen las fuentes consultadas.	
El 61,3% de las plazas a las que no quiere ir ningún juez está en Cataluña