se subordinan a que la Junta Electoral Central (JEC) no anule su nombramiento (...). Sin embargo, esa resolución ya ha sido dictada y comunicada a esta sala y al Parlamento europeo, desplegando la eficacia que le es propia«. La Sala Penal aclara así a los servicios jurídicos del Estado que la anulación del mandato que llevó a cabo la JEC,	, fue por imperativo legal, porque así lo establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) al declarar la inelegibilidad de un condenado por sentencia firme. «A ella (a la JEC) corresponde declarar, mediante la correspondiente resolución, ese efecto. Pero se trata del efecto de una condena a pena privativa de libertad que convierte al penado en incompatible para la función parlamentaria». El TS deja claro así que la JEC se limitó a aplicar la ley, como demuestra el aval a su decisión por parte de la Sala Tercera del TS. En otro fragmento del auto notificado ayer, los magistrados recuerdan a la Abogacía del Estado que Junqueras no está sometido ya a una medida cautelar de prisión, sino que	
El rapapolvo del TS a la Abogacía: la libertad de movimientos de Junqueras no se puede «negociar»