Según los documentos que obran en poder de este medio, los dos cargos gubernamentales responsables de responder la solicitud de información de los ciudadanos en este asunto (la subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre, y el subsecretario de la Presidencia, Antonio Hidalgo) están recurriendo continuamente al artículo 14 de la Ley de Transparencia de 2013 que es el que faculta al Ejecutivo a hurtar a sus ciudadanos información en cuestiones que puedan dañar la «seguridad nacional», la «defensa», las «relaciones exteriores» o «la seguridad pública», entre otras cuestiones.	. Justicia, a pesar de que reconocer que «concurre un especial interés público», afirma, no obstante, que este «interés público no justifica el acceso a la misma». La única información para no facilitar esos datos es que ese expediente puede contener «informes jurídicos» con «elementos, análisis y conclusiones jurídicas» que forman parte de los procedimientos judiciales en curso relacionados con la exhumación.	En particular, tanto el ciudadano Daniel L.M., como el abogado Isaac I.G. reclamaron copia a Moncloa de la carta que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dirigió el 18 de enero al secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, en la que se trataron supuestamente diversos aspectos de la exhumación de Francisco Franco, entre ellos la posición del prior de la Abadía del Valle de los Caídos. También pidieron conocer el contenido exacto de la respuesta de Parolin el 14 de febrero de 2019 a la carta de Calvo.	«Un principio básico de las relaciones internacionales entre Estados es el carácter confidencial de las comunicaciones que se mantienen entre ellos y que se canalizan normalmente a través de cartas o de notas verbales», esgrimió el Gobierno. «La publicación de dichas comunicaciones sería susceptible de comprometer las relaciones con el país en cuestión y, en todo caso, afectaría a la confianza mutua en la que deben desarrollarse las relaciones diplomáticas entre países», se escudó el Ministerio de la Presidencia, al tiempo que recordaba que «el Vaticano es a todos los efectos un Estado soberano y que mantiene relaciones diplomáticas plenas con España».	Las reticencias continuas del Ejecutivo a escudarse en cuestiones de Estado para no dar detalles sobre sus gestiones en este asunto han terminado irritando al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que el pasado miércoles dio un plazo de diez días al Ejecutivo de Sánchez para que haga pública, al menos, la correspondencia que mantuvo con la Santa Sede.	
El Gobierno declara secreto de Estado la exhumación de Franco