El sábado pasado, el presidente López Obrador publicó su más reciente ensayo La nueva política económica en los tiempos del coronavirus, en el que reúne sus reflexiones en torno a la política económica del actual Gobierno de México, y las acciones que éste ha implementado para hacer frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus y a la crisis económica.	No obstante, ha puesto en marcha un plan basado en no contratar deuda pública, no crear nuevos impuestos ni aumentar los ya existentes, plantea también el rescate económico de las familias más pobres, pequeños negocios y comerciantes. Reitera que no habrá otro Fobaproa ni condonación de impuestos para las grandes corporaciones.	En cuanto a la democracia, el Presidente de la República reitera la importancia de respetar la división de poderes, el pacto federal y el municipio libre; además de construir una auténtica democracia participativa, basada en la distribución popular del poder gubernamental. Urge sobre la institucionalización de la revocación de mandato y la desaparición del fuero para servidores públicos.	Para lograr la justicia, argumenta que ha sido necesario separar el poder político del poder económico, reivindicar el papel del Estado en la economía y enfocar ésta al bienestar social y la felicidad. Reflexiona que ha sido acto de justicia priorizar a la base de la pirámide social, es decir, a los más pobres. “(…) sin justicia no hay garantía de seguridad, tranquilidad y paz social. (…) Por ello sostenemos que la solución de fondo, (…) pasa por enfrentar el desempleo y la pobreza, por evitar la desintegración familiar y la pérdida de valores, y por favorecer la incorporación de los jóvenes al trabajo y al estudio.”	Con la austeridad republicana, recientemente reconocida como un principio constitucional, la máxima es que el gobierno es quien debe apretarse el cinturón, no el pueblo. El presidente recuerda que su gobierno ha trabajado en una nueva ética del servicio público, distinguida por la moderación de los sueldos y prestaciones de los altos funcionarios, así cómo evitar el derroche y la opacidad en las compras gubernamentales, medidas que permitirán aumentar el presupuesto para programas sociales y proyectos prioritarios, y así proteger a 25 millones de familias mexicanas.	Cuando habla de bienestar, se refiere a que “lo fundamental no es cuantitativo sino cualitativo: la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. El fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda construir su felicidad (…).” Da un giro de 180 grados al paradigma economicista del progreso, pensado solo en términos del crecimiento del producto interno bruto, y sobrepone la justicia distributiva y el bienestar (material y espiritual).	“En esta nueva etapa de la vida nacional el Estado no es gestor de oportunidades, que es como se presentó de manera explícita la política social del régimen neoliberal. Es y será, en cambio, garante de derechos. La diferencia entre unas y otros es clara: las oportunidades son circunstancias azarosas y temporales o concesiones discrecionales sujetas a término, que se le presentan a un afortunado entre muchos y pueden ser aprovechadas o no; los derechos, en cambio, son inmanentes a la persona y al colectivo, irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio.”	El sábado pasado, el presidente López Obrador publicó su más reciente ensayo La nueva política económica en los tiempos del coronavirus, en el que reúne sus reflexiones en torno a la política económica del actual Gobierno de México, y las acciones que éste ha implementado para hacer frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus y a la crisis económica.	No obstante, ha puesto en marcha un plan basado en no contratar deuda pública, no crear nuevos impuestos ni aumentar los ya existentes, plantea también el rescate económico de las familias más pobres, pequeños negocios y comerciantes. Reitera que no habrá otro Fobaproa ni condonación de impuestos para las grandes corporaciones.	En cuanto a la democracia, el Presidente de la República reitera la importancia de respetar la división de poderes, el pacto federal y el municipio libre; además de construir una auténtica democracia participativa, basada en la distribución popular del poder gubernamental. Urge sobre la institucionalización de la revocación de mandato y la desaparición del fuero para servidores públicos.	Para lograr la justicia, argumenta que ha sido necesario separar el poder político del poder económico, reivindicar el papel del Estado en la economía y enfocar ésta al bienestar social y la felicidad. Reflexiona que ha sido acto de justicia priorizar a la base de la pirámide social, es decir, a los más pobres. “(…) sin justicia no hay garantía de seguridad, tranquilidad y paz social. (…) Por ello sostenemos que la solución de fondo, (…) pasa por enfrentar el desempleo y la pobreza, por evitar la desintegración familiar y la pérdida de valores, y por favorecer la incorporación de los jóvenes al trabajo y al estudio.”	Con la austeridad republicana, recientemente reconocida como un principio constitucional, la máxima es que el gobierno es quien debe apretarse el cinturón, no el pueblo. El presidente recuerda que su gobierno ha trabajado en una nueva ética del servicio público, distinguida por la moderación de los sueldos y prestaciones de los altos funcionarios, así cómo evitar el derroche y la opacidad en las compras gubernamentales, medidas que permitirán aumentar el presupuesto para programas sociales y proyectos prioritarios, y así proteger a 25 millones de familias mexicanas.	Cuando habla de bienestar, se refiere a que “lo fundamental no es cuantitativo sino cualitativo: la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. El fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda construir su felicidad (…).” Da un giro de 180 grados al paradigma economicista del progreso, pensado solo en términos del crecimiento del producto interno bruto, y sobrepone la justicia distributiva y el bienestar (material y espiritual).	“En esta nueva etapa de la vida nacional el Estado no es gestor de oportunidades, que es como se presentó de manera explícita la política social del régimen neoliberal. Es y será, en cambio, garante de derechos. La diferencia entre unas y otros es clara: las oportunidades son circunstancias azarosas y temporales o concesiones discrecionales sujetas a término, que se le presentan a un afortunado entre muchos y pueden ser aprovechadas o no; los derechos, en cambio, son inmanentes a la persona y al colectivo, irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio.”	

El ensayo del Presidente
