Desde el verano de 2018, las embajadas de Ucrania y de Georgia anunciaron que no inscribirían como españoles a los bebés de padres españoles nacidos de una madre gestante en los dos países donde los tratamientos de gestación subrogada son más económicos. Empezó así una historia que termina en el mismo punto donde se inició, gracias a una instrucción, emitida por la Dirección General de Registros y del Notariado, en la que se comunica a las embajadas que deben realizar inscripciones consulares con una prueba de ADN.	Esta instrucción no ha sido confirmada por el Ministerio de Justicia -del que depende dicha dirección-, aunque diversas fuentes, sobre todo relacionadas con organizaciones a favor de la gestación subrogada, aseguran que existe. Esta resolución sustituirá la publicada en el Boletín Oficial del 7 de octubre de 2010, que exigía una «resolución judicial dictada por un tribunal competente que determine la filiación del nacido».	«El primer bebé que se denegó la inscripción nació el 14 de diciembre de 2018 en Georgia», recapitula Cecilia Pinto, directora de la agencia Soñando Juntos. «En este caso no hay indefensión. El consulado no inscribe pero nos facilita lo necesario para que los bebés salgan con nacionalidad georgiana. Nadie se queda atrapado y la razón que dan está dentro de la ley. ¿Que lo ideal sería que inscribieran? Sí, y reconociendo al padre y la madre desde el minuto cero con el certificado de nacimiento. Pero eso tampoco ocurría antes. Lo que hay es que cambiar la ley para que se inscriba o para que se regule en España».	La nueva instrucción, en todo caso, retorna el proceso al punto inicial, al método que se empleaba antes de la llegada a Kiev de Rodrigo de la Viña, el nuevo cónsul, en abril de 2018. De la Viña decidió interrumpir las inscripciones en julio de 2018, cuando decidieron dejar de admitir las habituales pruebas de ADN que hasta entonces se hacían en laboratorios españoles y que certificaban la filiación entre el bebé y el padre. La prueba no se volvió a admitir en el trámite para reconocer la nacionalidad española a los bebés. «Esto afecta a los procesos en tres países: Ucrania, Georgia y Rusia», explica Javier Cantero, de la agencia Surrobaby. «Países donde no se emite sentencia judicial».	Preguntado por el motivo de la inadmisión, el consulado de Ankara, que lleva los asuntos consulares de Georgia, respondió que se consultase al Ministero de Exteriores, que rechazó tener responsabilidad en el asunto y pidió un informe urgente pocas horas antes de que actuara el de Justicia. La denegación de inscripciones del consulado de Kiev -que no ha dado respuesta a las preguntas de este periódico- se debía a que «no siendo Ucrania uno de los países donde se dicta resolución judicial, hay que remitirse al vínculo biológico paterno, pero ese consulado no tiene medios», explicaba el jueves Marcos Jornet, de la organización Son Nuestros Hijos. «Si ése es el criterio, lo único que ha cambiado es que Carmen Calvo dijo que no iba a ponérselo fácil a las familias que recurriesen a la gestación subrogada». Si el impedimento es presupuestario, la orden de Justicia no será efectiva hasta lograr los recursos para la prueba de ADN.	Si hace unos meses se concedía la nacionalidad con un certificado genético, después con una declaración de la gestante, y durante 24 horas con una resolución judicial, ahora otra vez se regresa a la biología, como se hacía hasta julio. Pero esta historia circular aún puede seguir girando sobre sí misma.	
El Gobierno regresa a la vieja prueba del ADN para inscribir a los niños de Kiev