El informe de apertura de la Ministra resulta sumamente preocupante. No solamente por los alarmantes índices de violencia de género y la situación que atraviesan las trabajadoras domésticas de los que dio cuenta, que ya eran públicamente conocidos, sino también por la inacción absoluta del Ministerio que se desprendió del mismo.	Elizabeth Gómez Alcorta informó que entre el 20 de marzo y el 20 de abril aumentó un 40% la cantidad de llamadas para realizar consultas a la línea 144 en torno a cuestiones de violencia de género, en relación con el mes anterior y con 2019 (un cuarto de ellas, mediante nuevas líneas vía	). En números absolutos, se trataría de 334 consultas por día, de las cuales el 97% sería de denuncias por violencia doméstica (el 100% casos de violencia psicológica, el 73% implicaría también violencia física y el 35, económica; en el 48% de los casos el agresor denunciado es la expareja y el 44, la actual).	Pero estas cifras, sin explicar la metodología con las cuales se registran los casos ni la acción que se lleva adelante, pueden ocultar más de lo que dicen. Plantear que el 100% son denuncias de violencia psicológica ¿qué significa? ¿que esa misma gente no sufre la física, llegaron a tener esa relación? O ¿que la sufre, la oculta y empieza por denunciar eso? Como la mitad del escaso tiempo del informe se lo llevó la burocracia de la interacción de ministerios, no podremos saberlo.	Ante estos índices, que confirman la mayor exposición de mujeres a situaciones de violencia en el interior de su hogar en el cuadro del aislamiento obligatorio, que reclaman medidas específicas y urgentes, se presentó un informe a todas vistas rutinario. Resulta llamativo el letargo y pasividad del mismo, ante la absoluta gravedad de la situación de la que la propia Ministra dio cuenta.	y, como medidas económicas, 3) el supuesto aumento, completamente insuficiente, de la Asignación Universal por Embarazo y de los programas sociales, el aumento de alimentos a comedores y merenderos –que, como han denunciado las organizaciones sociales independientes, está muy lejos de ser tal- y el IFE –que la propia Ministra informó que las patronales asumen como subsidio a sí mismas y recortan de los salarios de las empleadas domésticas. Finalmente, agregó como cuestiones centrales la incorporación de 300 mujeres víctimas de violencia en el programa Potenciar Trabajo y la prorrogación de las medidas cautelares que pesan sobre agresores.	Pretender presentar las mismas como iniciativas de acción y atención a las mujeres en el cuadro de la crisis sanitaria, económica y social y de violencia de género que atraviesa el país y golpea a las mujeres resulta inaceptable. Más aún cuando en la mayor parte de los casos, las mujeres asesinadas habían denunciado a sus victimarios.	En ese sentido, Romina Del Plá, diputada del Frente de Izquierda, hizo hincapié en tres cuestiones: por un lado, que el aumento de las denuncias no ha sido acompañado de mayores medidas de protección estatal; por otro, la inexistencia en muchas localidades y la no utilización de los refugios y, finalmente, expresó su preocupación por la autorización de recortes salariales de hasta el 25% que golpeará aún más en las condiciones de vida y sometimiento a la pobreza y situaciones de vulneración de su integridad de las mujeres.	A la hora de las respuestas, sobre estos temas centrales, la Ministra respondió a Del Plá su pregunta sobre los refugios y sostuvo que alientan “la combinación de asistencia a las mujeres con una política seria respecto a las masculinidades, ancladas en una sociedad machista”. Por el poco tiempo que la ministra dedicó a atender las inquietudes de la comisión, ¡aun cuando la misma había sido postergada 10 días! luego de que fracasara por desperfectos técnicos, y por el sistema que impide repregunta, nuestra compañera no pudo decirle que ese pretendido cambio de paradigma no es tal, y que su ministerio no destina un centavo ni a garantizar la vivienda para las mujeres ni en la exclusión del hogar y que bajo la cuarentena y fuera de ella, la teoría puede ser linda, pero la práctica obliga a tener lugares de refugio adecuados, receptivos y contenedores, para salvar vidas, algo que su ministerio, a juzgar por los números, no está haciendo.	Pero es la precariedad e informalidad la principal causa de dependencia de las empleadas domésticas a sus empleadores y violación de sus derechos. Es necesario que el Estado que tolera la irregularidad laboral (en esta actividad como en tantas otras) garantice la subsistencia y los ingresos de este sector de trabajadoras.	El informe final amerita también otros debates, por ejemplo, sobre la función del Poder Judicial en la atención a las víctimas de violencia de género. La Comisión termina con sabor a nada. Muchos halagos cruzados y palabrerío respecto a la jerarquización, estructuras, comités y secretarías, pero ausencia de respuestas para enfrentar una crisis que en los hechos y todos los días se descarga con mayor intensidad sobre la vida y condiciones de subsistencia de las mujeres.	
Comisión de la mujer: un ministerio sin respuesta