Los expresidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han remitido escritos en defensa del exministro Rodolfo Martín Villa para alabar su figura política y su papel durante la Transición frente a la juez argentina que le investiga por delitos de lesa humanidad, María Servini, y que le tomará declaración indagatoria el próximo 3 de septiembre.	Martín Villa está siendo investigado por la titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires desde hace ya más de seis años en el contexto de una querella por delitos de lesa humanidad contra distintos cargos políticos y policiales del franquismo y los primeros años de la Democracia.	No son los únicos que han salido en apoyo del que fue ministro del Interior con los gobiernos de Adolfo Suárez. En cartas redactadas a título individual, han mostrado su apoyo frente al procedimiento los ponentes de la Constitución Miguel Herrero y Miquel Roca -los otros cinco han fallecido- así como cuatro exsecretarios generales de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras desde 1976 a 2008 -Nicolás Redondo, Antonio Gutiérrez, Cándido Méndez y José María Fidalgo-. El primer líder de CCOO, Marcelino Camacho, murió en 2010.	En una carta dirigida a la juez el pasado 25 de agosto, Martín Villa expone que todos los que testimonian en su defensa son partidarios de la forma representativa de Gobierno y varios, además, adversarios políticos. "Ellos, cuya eliminación física yo pretendía según la querella. Ahora comparecen ante V.S.”, decía el escrito enviado a Servini.	Entre los testimonios se encuentran los de dos exgobernantes extranjeros con responsabilidades sobre cuerpos policiales en periodos de transición a la democracia, el primer ministro del Interior de Chile tras Pinochet, Enrique Krauss, y el primer ministro del Interior de Mario Soares en Portugal tras la revolución de los claveles, Jaime Gama.	También han testimoniado los exministros Eduardo Serra y Rafael-Arias Salgado, presidentes de la Fundación España Constitucional y de la Fundación Transición Española; Juan van Halen, exsenador y actual presidente de la Asociación de exdiputados y exsenadores de las Cortes Generales; Jaime Ignacio del Burgo, expresidente de la Diputación Foral de Navarra, y el catedrático Jesús Romero Trillo, responsable de “procesos de paz” de la Comunidad de Sant’Egidio, institución especializada en mediar para que organizaciones violentas dejen el terrorismo.	En su caso concreto, los querellantes le responsabilizan de las cinco muertes causadas por el desalojo policial de una iglesia en Vitoria en marzo de 1976, cuando él era ministro de Relaciones Sindicales. La querella sostiene que en ese desalojo tuvieron responsabilidades también Adolfo Suárez y Alfonso Osorio, ambos fallecidos. Según la versión esgrimida por Martin Villa ante el juzgado argentino, la intervención de los tres tuvo lugar después y no antes de las muertes y consistió en adoptar "medidas urgentes para evitar más violencia" en Vitoria.	Desde que en octubre de 2014 se dictó orden de detención contra Martín Villa, revocada luego por la Cámara de Apelación argentina, reiteradamente ha solicitado comparecer ante la juez sin que hasta ahora se le haya tomado declaración. Servini tenía previsto tomarle declaración el pasado mes de mayo en España, pero se suspendió su viaje por la pandemia de coronavirus y se ha señalado de nuevo para el 3 de septiembre.	Las autoridades españolas siempre han mantenido que no ha lugar a esta investigación, dado que rige la Ley de Amnistía desde 1977, posición que ha llevado a rechazar sistemáticamente a las fiscalías las querellas por crímenes del franquismo registradas por organizaciones y particulares. Sin embargo, la nueva fiscal General del Estado, Dolores Delgado, impartió hace unos días instrucciones para que los casos sean objeto de estudio individualizado.	
Cuatro expresidentes del Gobierno respaldan a Martín Villa ante la querella argentina