En el marco de la pandemia por el coronavirus, la Contraloría General de la República identificó una presunta responsabilidad penal y/o administrativa en tres funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en la región La Libertad, por un supuesto sobredimensionamiento al momento de adquirir pruebas rápidas para el diagnóstico de esta enfermedad.	Esto queda detallado en el informe de control 039-2020, donde se precisa que el periodo de esta evaluación fue del 25 de mayo al 1 de octubre de 2020, y se añade que los funcionarios no acreditaron ni sustentaron el destino de 606 pruebas rápidas para detectar el COVID-19.	El informe indica que la comuna adquirió 3000 pruebas rápidas por un monto de S/ 143 000.00 para un grupo de 1,500 trabajadores que se incorporaron a realizar labores presenciales, a quienes se les aplicaría dos veces el examen; sin embargo, ante la revisión y verificación efectuada por los especialistas a la relación del personal, se encontraron registros duplicados, determinando que se adquirieron 676 pruebas más de las necesarias.	El ente contralor añadió que además se comprobó que del 25 de junio al 24 de julio, se tomaron 2239 pruebas, de las cuales 555 fueron aplicadas a personas que no trabajan para el municipio sino en los Organismos Públicos Descentralizados de la comuna, con lo cual se habría incumplido con la finalidad pública y objeto de la contratación.	
 Contraloría halla presunta responsabilidad de tres funcionarios en la región de La Libertad en compra y distribución de pruebas rápidas