De una madeja de situaciones equívocas experimentadas en el País, a las becas. Este tema resuena y parece ser el eje central del sistema universitario público de la Isla, posterior a una serie de eventos que sacudieron nuestro verano y ahora nos transportan a un aula de clases renovada. De otra parte, el discurso ha sido trastocado: corrupción, transparencia, respeto al otro y derecho a la privacidad tienen un nuevo matiz. Hablamos de cuatro conceptos amplios que, más allá de emerger ante una conversación virtual equívoca de susodichos —ya en su mayoría fuera del escenario gubernamental— también podrían servir como propulsores de fiscalización, incluso en instituciones universitarias públicas.	A. Garantizar procedimientos equitativos a la hora de otorgar plazas a académicos: Dentro de las pocas opciones existentes para plazas —o contratos a tiempo completo, por tiempo determinado—, sería idóneo crear estrategias para garantizar la autenticidad de un proceso justo y objetivo, dirigidas a adquirir al recurso idóneo para la plaza en cuestión, más allá de otros criterios carentes de imparcialidad. Se debe evitar favorecer a aquellos que estén ligados a intereses particulares de cualquier tipo, por encima de la necesidad a cubrir, a nivel institucional.	B. Fomentar la deferencia al referirse a los títulos del profesorado y del personal universitario, tanto por escrito como de forma verbal: Títulos como “licenciado”, “doctor”, entre otros, o rangos correspondientes (Ejemplo: niveles de rango de catedrático) deben figurar en cualquier documentación, así como en las menciones oficiales entre colegas, de aplicarse. Se sugiere tener sumo cuidado con la utilización de artículos masculinos y femeninos: si un asistente administrativo alterna, de forma intencionada, el uso de terminaciones en femenino y masculino como motivo de burla hacia un empleado cualquiera, no solo es sancionable —además de cuestionarse el nivel de madurez y formación del empleado que lo ejecuta—, sino que también pone en riesgo la imagen del supervisor que permite tal acción. Es decir, podría repercutir en su superior, por permitirlo, directa o indirectamente.	C. Integrar servicios de la conducta humana para empleados docentes y no docentes, en tiempos de crisis: Un psicólogo social o un consejero no es un psicólogo clínico, está explicado en centenares de textos. También se deben incorporar profesionales de la conducta con licencia y adiestramiento en terapia, formalmente. Definitivamente, se debe evitar cualquier “juego” terapéutico/religioso que aspire a ser considerado como proceso de terapia formal, las relaciones duales entre psicólogos o los múltiples roles en la relación psicólogo-paciente. Sobre los espacios dirigidos a la consejería y a los servicios psicológicos es, precisamente, allí donde menos debe ocurrir el acoso o el daño irreparable hacia colegas o estudiantes. Ni pensar sobre ataques en redes sociales —tipo controversias de “Facebook” o “Twitter”— que creen una impresión nefasta sobre las capacidades o madurez del profesional de la conducta hacia sus pares o viceversa: dicho comportamiento puede ser catalogado como pueril desde los ojos de un observador a distancia y hasta como un asunto de igual seriedad que la controversia del WhatsApp. Tampoco se debe diagnosticar, deliberadamente, sin prueba de ello, o difundir información confidencial sobre asuntos de salud: existen canales para querellar o para iniciar procedimientos sobre ética ante la mínima duda de daño por tales acciones.	D. Garantizar una educación con sustancia, fundamentada en el respeto al estudiantado y entre académicos: Los recursos mejor preparados, que promuevan el respeto de la relación estudiante-profesor y que a su vez fomenten el aprendizaje a la altura de nuestros estudiantes deben prevalecer en nuestras aulas de clase. Poseer un doctorado no es sinónimo de calificarse como docente: existen otras competencias que deben considerarse. Asimismo, se debe evitar la acción de devaluar al profesorado que aporta substancialmente, el cometer actos deliberados para privar de empleo al capital humano invaluable y el abuso de poder: todo ello puede ser regulado a través de querellas o procedimientos éticos, dependiendo del caso. El respeto debe prevalecer: que se evidencien protocolos para garantizarlo.	Aún se redefinen las posiciones principales que regirán al País en general; incluso se redefinen o se determinarán, próximamente, las posiciones en propiedad de aquellos que lideran la educación universitaria pública, en sus diversos niveles. Los ojos de los discentes y de la nueva clase trabajadora, sangre joven, estarán tan vigilantes como lo estuvieron en el verano de la resistencia. La acción inmediata y la “praxis” comienzan en casa.	

        
            
            Transparencia, deferencia y universidad
        
    