Con un patrimonio declarado ante la Oficina Anticorrupción (OA) de 9,7 millones de pesos, lejos de los $ 77 millones con los que dejó el poder en diciembre de 2015, la vicepresidenta quedó exenta de cualquier investigación patrimonial, por decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti. Todo su patrimonio fue cedido en partes iguales a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner quienes cuentan con embargos e inhibiciones de bienes sobre toda su riqueza.	Desde Contadores Forenses, señalaron que además los alquileres de las propiedades, “que declararon por millones de pesos y con eso intentaban justificar su incremento patrimonial, con el paso del tiempo quedó comprobado en la causa de Los Sauces y Hotesur que esos alquileres respondían a alquileres pagados por Lazaro Baez o Cristobal Lopez”. También recriminaron la falta de estudio que la jueza realizó sobre un préstamos bancarios	El perito Blanco había señalado también, la faltaba documentación para justificar compras y ventas de inmuebles que habían hecho en ese período. Se refería a las 16 propiedades que habían declarado como vendidas y por las que decían haber recibido 14,5 millones de pesos. Esa sospecha coincide con el planteo de Manzanares que dijo que la "pericia fue laxa" porque la documentación de algunos de los actos económicos “no era suficientemente consistente desde el punto de vista legal, durante el año 2008 Néstor Kirchner había vendido aproximadamente 13 propiedades a la empresa de Lázaro Báez y a Rudy Ulloa, y no estaban todas las escrituras y algunas eran copias simples.	
Las pruebas que no tuvo en cuenta la jueza Capuchetti para archivar la causa por enriquecimiento ilícito contra Cristina