“La población reconoce el trabajo que desarrollan los transportistas privados, que de conjunto con el sector estatal enfrentan día a día la noble tarea de conducirla a los centros laborales, a hospitales y escuelas. Y pide la incorporación de estos trabajadores que ante el cambio han reaccionado de una manera no esperada”, dijo la funcionaria ante las cámaras de la televisión santiaguera, según cita el semanario Sierra Maestra.	Los señalamientos de la funcionaria se deben a “la situación que afronta la transportación de pasajeros desde el pasado lunes 24, con la entrada en vigor de los precios topados, lo cual ha provocado opiniones encontradas en no pocas personas, y la paralización casi por completo de los vehículos en poder de cuentapropistas”, según apuntó textualmente el periódico santiaguero.	Pérez González explicó además, que desde hace varios años se trabaja en una estrategia para “organizar el servicio de transportación de pasajeros, por cuenta propia”, y refirió los estudios que actualmente se llevan a cabo en la provincia, a fin de entregar una cuota de combustible a los porteadores particulares. “Dependerá de la disponibilidad con que cuenta el país para este servicio”, indicó.	“Este último hecho ha requerido de medidas estatales para suplir la demanda en las 195 rutas que hoy posee la provincia”, según Orlando Velázquez Írsula, subdirector de operaciones de la Empresa Provincial de Transporte, citado por Sierra Maestra. Explicó que se han tenido que reforzar los viajes desde los municipios hasta la cabecera provincial, en los horarios más críticos, como son la madrugada y la tarde-noche.	Fue el 24 de junio pasado cuando entraron en vigor nuevas tarifas para el cobro del pasaje entre diferentes puntos de la geografía santiaguera, una medida que, si bien debía derivar en un alivio para la población ante los altos precios del servicio, ha generado un verdadero caos en la movilidad de la segunda provincia más poblada del país.	La imposición de los topes ha generado amplio descontento entre los transportistas no estatales, pues en muchos casos la reducción del pasaje ha sido hasta del 60%. Para que se tenga una idea, mientras que antes el pasaje entre Palma Soriano y Santiago tenía un costo de 20 pesos, ahora ha sido fijado de manera obligatoria en 6 pesos como máximo.	Las nuevas tarifas no son opcionales y en caso de que un chofer particular las irrespete estará sujeto a multas de hasta mil pesos o podría perder por dos años su licencia operativa. Ante ese panorama, que se ve complejizado con los altos precios del combustible (1.20 CUC el litro), algunos choferes han decidido parquear sus vehículos y otros se exponen a ser sancionados al mantener las tarifas precedentes, o incluso exagerarlas ante la alta demanda y las paradas colmadas de pasajeros.	En cualquier caso, el que más sufre es el pueblo, pues no solo se ha quedado sin las habituales opciones de movilidad, o las ha visto más encarecidas de lo que estaban antes del tope de precios, sino que ahora mismo sufre la deficiente gestión estatal que intenta aplacar una situación creada por el propio gobierno.	No es primera vez que sucede algo similar en Santiago de Cuba, La Habana, Bayamo o Santa Clara, y viene siendo norma que tras el bandazo gubernamental los propios dirigentes suavicen sus disposiciones al no poder controlar por sí solos la tensa situación que han generado. Las recientes declaraciones de algunos funcionarios en Santiago sacan a flote una verdad rotunda: El gobierno no puede asegurar la transportación de pasajeros sin la intervención de los porteadores particulares.	
Autoridades cubanas reconocen “la paralización casi por completo de los vehículos en poder de cuentapropistas”