La situación en el centro de Malí se había venido deteriorando en los últimos meses, con ataques y represalias de carácter intercomunitario, pero la matanza de cerca de 160 peul, incluidos mujeres y niños, en la localidad de Ogossagou, en Mopti, el pasado 23 de marzo ha puesto el foco en esta crisis y, sobre todo, en la necesidad de evitar que la zona se vea sumida en una espiral de violencia.	Lo ocurrido no fue "una sorpresa", reconoce Mari Carmen Viñales, responsable de operaciones de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Malí. "Desde hace meses lo veíamos venir porque ya se habían producido otras matanzas" aunque no de esta magnitud, subraya en declaraciones a Europa Press, y reconoce que en MSF están "muy preocupados porque ahora se pueda desencadenar una violencia sin control".	"El ataque de Ogossagou ilustra el contexto de inseguridad que existe en el centro y el norte de Malí desde hace ya algún tiempo", coincide el director del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), Hassane Hamadou, que resalta que "la situación sigue siendo delicada". El ataque "ha removido fuertes sentimientos en todas las comunidades y por supuesto existe el riesgo de nuevos ataques", previene.	De hecho, los medios malienses han informado de ataques de represalia contra comunidades dogon, después de que se haya responsabilizado a la milicia Dan Nan Ambassagou, compuesta por cazadores tradicionales dogón --conocidos como dozos--, de la masacre de peul. El Gobierno maliense decidió disolver a este grupo de autodefensa, al que hasta ahora había respaldado, tras los sucesos de Ogossagou, pero la tensión sigue latente.	En opinión de la jefa de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) en Malí, Ute Kollies, con Ogossagou "se ha cruzado una línea roja". "Ya habíamos visto masacres y fosas comunes, pero allí, hubo 160 personas que fueron asesinadas, todos civiles, y una localidad completamente destruida", ha señalado en una entrevista a ONU Info.	"Tememos que comience una espiral de violencia dada la magnitud de la masacre", reconoce a su vez el responsable del NRC, que reclama que se hagan esfuerzos para "calmar las tensiones y detener la violencia contra civiles y sus posesiones" ya que son estos los que se están llevando la peor parte tanto de la violencia como de la crisis humanitaria generada por ella.	Viñales coincide en que la población del centro de Malí está "atrapada". Por una parte los peul, mayoritariamente musulmanes y que tradicionalmente se han dedicado al pastoreo, son presionados por los cada vez más activos grupos yihadistas, quienes se presentan como una garantía de seguridad para estas comunidades ante la ausencia del Gobierno central en esta parte del país, donde apenas hay infraestructuras y los jóvenes no encuentran salidas.	Pero otras comunidades, principalmente agrícolas como los dogon o los bambara, también se sienten bajo presión y amenazados por los peul, a los que muchos ven con suspicacia, lo que ha generado la aparición de grupos de autodefensa. A esto hay que sumar la creciente presencia de las fuerzas de seguridad, a las que se ha acusado de abusos al igual que estas milicias.	Esto está teniendo un impacto por ejemplo en su salud, precisa, ya que muchos habitantes descartan desplazarse hasta los escasos centros de salud operativos en la región por temor a ser atacados o porque en su recorrido tienen que atravesar una comunidad de otra etnia rival. Además, no hay ambulancias y existe temor ya que en algunas ocasiones estos vehículos han sido atacados. Como resultado, MSF se ha visto obligado a descentralizar sus actividades en materia de salud para intentar llegar al mayor número de personas posible.	Así, el aumento de la violencia en Mopti ha provocado que el número de desplazados en la provincia haya pasado de los 2.100 que había en enero de 2018, a los casi 66.000 actuales. En todo Malí, según la OCHA, se ha pasado en este periodo de 35.000 desplazados a 123.000 en la actualidad. Además hay 136.000 malienses refugiados en los países vecinos.	Pero el aumento de los desplazados y de las necesidades en general de la población --con uno de cada cinco malienses en riesgo de inseguridad alimentaria-- no se ha visto correspondido con la respuesta adecuada en el plano humanitario. Por una parte, según apunta Kollies, de los más de 296 millones de dólares solicitados para la respueta humanitaria para 2019, la ONU solo ha recibido hasta la fecha el 10 por ciento.	Tras el ataque en Ogossagou, explica Hamadou, tanto el Gobierno maliense como varias organizaciones humanitarias se trasladaron rápidamente a la zona con el fin de evaluar las necesidades y preparar una respuesta adecuada. "La población sigue traumatizada por la violencia de la que han sido testigos. Algunos niños han perdido a uno o ambos progenitores y son extremadamente vulnerables", resume el responsable de NRC. "La gente ha perdido todas sus pertenencias y muchos aún visten la ropa del día de los ataques", añade.	Viñales confía en que esta reacción no sea solo una "acción puntual" y reclama "una respuesta humanitaria acorde con las necesidades en el centro de Malí". "No podemos esperar más", insiste, llamando a "intervenir". Asimismo, la responsable de operaciones de MSF recalca que "la solución no puede ser solo militar", habida cuenta además de que "la situación es muy compleja".	Una visión que comparte el NRC. "La atención de la comunidad internacional se ha centrado hasta ahora en el contexto de seguridad" pero aunque es cierto que se ha producido "un deterioro de la situación de seguridad que hay que abordar", "también se está produciendo de forma simultánea un deterioro de la situación humanitaria", previene Hamadou.	
El riesgo de una espiral de violencia incontrolable se cierne sobre el centro de Malí