En realidad, la resolución que reactiva los indultos orilla el derecho fundamental a la igualdad en la aplicación de la Ley, pues todas las personas debemos ser tratadas de la misma manera ante una misma situación, y no existe razón alguna por la que una persona juzgada y condenada en firme por la comisión de graves delitos reciba mejor trato que cualquier otro ciudadano afectado en sus derechos e intereses legítimos por la paralización de todos los procedimientos como consecuencia del estado de alarma.	ha provocado una incidencia negativa en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, produciéndose, en la práctica, la paralización de la inmensa mayoría los procesos judiciales. Esta suspensión de los términos procesales adquiere mayor relevancia constitucional en el orden jurisdiccional contencioso administrativo, ya que se paraliza el control jurisdiccional de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa.	Es decir, el Gobierno paraliza la esencial función revisora de los jueces de orden contencioso administrativo, y a las pocas horas, dicta una resolución que deviene inatacable como consecuencia del estado de alarma, la cual permite iniciar y reactivar los procedimientos de indulto. Curiosamente, los condenados por la sentencia del procés solicitaron el indulto el pasado mes de diciembre, estando, por tanto, pendiente de resolución dicha petición en la fecha en que se publica en el BOE la reactivación de estos procedimientos	El Gobierno ha llevado a cabo el ejercicio de sus competencias y potestades públicas para un fin muy distinto al declarado en la resolución que reactiva los procedimientos de indulto, amparándose en la legalidad formal del acto. Nos dice el ministerio, según el texto de la resolución, que el objeto es	La justificación esgrimida por el Ejecutivo (no causar perjuicios a los interesados) para reactivar solamente los procedimientos para conceder indultos bien se puede extrapolar a cualquier otro procedimiento. Por lo tanto, la motivación aducida en la resolución del ministerio resulta insuficiente, ya que se debería haber expresado en qué medida podría verse afectado el interés público y, sobre todo, por qué merecen este trato los afectado en los procedimientos de concesión de indultos.	Aunque el decreto de estado de alarma señala que las medidas adoptadas no suponen la supresión ni la suspensión de ningún derecho fundamental, lo cierto es que sí que se ha sacrificado el ejercicio del derecho de reunión y el ejercicio del derecho de manifestación como consecuencia de las graves restricciones a la libre circulación de las personas.	

                        Activación de los indultos: una obscenidad jurídica
        