En la causa, se investiga si funcionarios del gobierno de Mauricio Macri cometieron defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública al prorrogar los contratos de concesión pese a que las firmas Autopistas del Sol (AUSOL) y Grupo Concesionario Oeste no habían cumplido con sus obligaciones y reclamaban deudas millonarias.	En el mismo expediente se analiza un contrato de concesión del Acceso Oeste firmado durante del gobierno de Cambiemos, según surge del documento. En ambos casos, los hechos denunciados se iniciaron “formalmente” con una resolución de la Dirección de Vialidad Nacional durante la gestión de Iguacel en 2016 y culminaron con la firma de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional en 2018.	A todos los citados a indagatorias se les impuso, además, la prohibición de salir del país. La causa se inició con una denuncia presentada por los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau quienes relataron que para concretar la negociación irregular se montó un escenario que incluyó dos reclamos de la empresa española Abertis (vinculada con Ausol) ante el tribunal de arbitraje internacional CIADI exigiendo valores millonarios en dólares por atrasos tarifarios.	La denuncia ante el CIADI fue presentada días antes de que Macri asumiera la presidencia de la Nación en 2015 y retirada años después, sin mayor trámite, cuando el gobierno de aquel entonces acordó extender las concesiones a Ausol y a Grupo Concesionario Oeste hasta el 2030, lo que implicó reconocerle a la primera de las firmas una supuesta de deuda de 500 millones de dólares por parte del Estado.	

Citan a indagatoria a Dujovne y a Dietrich por irregularidades con los peajes