"La libertad de elegir (colegio) está contemplada dentro de las disponibilidades de la programación general de la enseñanza (que depende de las Consejerías de Educación)", ha dicho Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de explicar que el hecho de escoger un centro educativo concreto está sujeto a factores como "el espacio disponible" (las plazas) o la zona de residencia. Si fuese un derecho constitucional, ha expuesto la ministra, las familias podrían acudir a los tribunales cuando sus hijos no son admitidos en un centro, y de esa forma, todas las familias podrían pedir un único centro y existiría la obligación de que fuesen admitidos. Un supuesto inviable. "Es algo que todo el mundo conoce", ha destacado.	La ola de críticas contra Celaá se inició en la tarde del jueves cuando el líder del PP, Pablo Casado, se pronunció en Twitter: "La libertad de enseñanza es fundamental en democracia y está garantizada por la Constitución. Sánchez debe aclarar si está de acuerdo con Celaá y si este es el modelo del nuevo Gobierno de izquierda radical. Hablan de libertad, pero la cercenan cuando no se ajusta a su ideología”. Inés Arrimadas, la cara visible de Ciudadanos tras la dimisión de Albert Rivera, también se sumó: “Entregar a Podemos las llaves del Gobierno tiene un precio muy alto para las familias españolas”. El arzobispo	Celaá se ha referido a las "30 sentencias" del Tribunal Constitucional que avalan que el mencionado artículo 27 "solo hace referencia al derecho de todos a la educación, a la libertad de creación de centros y a la libertad de cátedra". El debate sobre si el derecho de las familias a elegir el tipo de colegio para sus hijos debe prevalecer sobre la planificación de las plazas que la Administración debe ofrecer se avivó cuando la actual ley educativa, la Lomce (aprobada por el PP en 2013), incluyó el concepto de "demanda social". En ese momento, el PP quiso constatar la obligación de las administraciones autonómicas de garantizar plazas en el tipo de centro escogido por las familias, fundamentalmente en los concertados. En la nueva ley educativa impulsada por el PSOE (la Lomloe), cuya aprobación en el Congreso quedó paralizada por el adelanto electoral, Celaá retiró del texto normativo ese concepto de "demanda social".	La ministra ha incidido en que el PSOE ha sido "el baluarte" de la concertada, ya que fue en la Lode (ley de educación aprobada por los socialistas en 1985) donde se regularon los conciertos, "con alguna objeción de las fuerzas contrarias". "Las familias no tienen nada que temer, se trata de una controversia exagerada y alimentada de forma intencionada", ha recalcado tras criticar que "España es el único país europeo en el que los partidos conservadores no defienden la enseñanza pública".	Sobre el acuerdo cerrado en 1979 entre el Gobierno español y la Santa Sede, en el que se establecen las condiciones en las que se debe impartir la religión en los centros educativos, Celaá ha señalado que el Gobierno "no tiene ningún plan de revisarlo" y que el "sector" puede estar tranquilo, ya que "lo llevamos gestionando 30 años".	Escuelas Católicas se ha referido este viernes en un comunicado a una sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de abril de 2018 en la que "conecta el ideario de los centros con el derecho de los padres a elegir el tipo de formación religiosa y moral que desean para sus hijos, y este a su vez, con el derecho de las familias a la elección de centro escolar". "	
Celaá reitera que el derecho a elegir colegio no está en la Constitución