Las relaciones entre el sector político y el petrolero nunca han sido buenas. Muchos políticos consideran que los petroleros son unos prepotentes que pretenden manejar la industria de los hidrocarburos a su leal saber y entender, y que se oponen a aceptar cualquier tipo de injerencia. Por su parte, muchos petroleros consideran que esa actividad debe manejarse solo como un negocio y que el problema es que algunos políticos tratan de intervenir indebidamente. Como casi siempre que se presentan diferencias entre grupos o personas bien intencionados, no todo es blanco o negro y siempre es posible identificar coincidencias y disminuir divergencias.	Estas diferencias no son únicas. También ocurren entre políticos y militares. Los civiles consideran que los militares deben ser mudos en política, mientras que ellos se consideran los llamados a enderezar entuertos causados por los civiles y, en base a un supuesto “destino manifiesto “, a veces intervienen en la cosa pública, con razón o sin ella. Esas divergencias se derivan de diferencias culturales que es necesario conciliar.	No soy de extracción petrolera, sino un agrónomo que tuvo la oportunidad de conocer a esa industria y a su gente. El petrolero tiene una marcada orientación al logro, considera que la rendición de cuentas es algo rutinario, lo mismo que otorgar contratos por medio de licitaciones transparentes; aspiraba ascender de acuerdo a su potencial, a resultados obtenidos y a su conducta; las normas y procedimientos eran de estricto cumplimiento y su labor no estaba influida por agentes externos Las donaciones, como parte de su responsabilidad social, tenían que pasar por diferentes niveles de aprobación.	¿Hubo trabajadores prepotentes? Sí, al igual que en cualquier otro grupo ¿ Hubo violaciones a las normas y actos dolosos? Sí, pero una vez identificados se aplicaban las sanciones requeridas ¿Hubo algunos que ascendieron sin suficientes méritos? Sí, pero fueron la excepción ¿ Estaban en una burbuja y no les preocupaban los problemas nacionales? Sí les preocupaban, pero pensaban que su deber era ser eficientes en su trabajo. Consideraban que no eran los llamados a enderezar entuertos. Sin embargo, cuando detectaron que la empresa iba a ser confiscada por Hugo Chávez para ponerla al servicio de su proyecto político, reaccionaron, organizaron una huelga petrolera en abril del 2002 y posteriormente se sumaron al paro cívico nacional de diciembre de ese año, convocado por todos los partidos políticos, la CTV y Fedecámaras, lo que les ocasionó un alto costo personal y familiar, pero no se arrepienten y el tiempo les dio la razón.	Pdvsa y filiales están en el suelo, al igual que todo el país. Al sector político le corresponde la decisión de intentar recuperar esas empresas o privatizarlas. Hasta el presente, la línea del presidente ( e) Guaidó y de la Asamblea Nacional es recuperarlas. Para ello, un grupo de los trabajadores petroleros despedidos y agrupados en Gente del Petróleo y Unapetrol, así como algunos jubilados, han elaborado recomendaciones a ser evaluadas para incluirlas en el Plan País, en estrecha interacción con los diputados de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional.	Para que el trabajo en equipo rinda frutos, los petroleros deben aceptar que al sector político le corresponde la designación en las empresas de Directores no operativos , considerando los méritos de los candidatos, el establecimiento de las políticas y la evaluación de las mismas a través de la Contraloría, del Ministerio de Petróleo y de la Asamblea Nacional. A su vez, los políticos deben considerar que no es de su competencia nombrar a los gerentes de las empresas, inmiscuirse en las operaciones o interferir en su administración.	Cada quien debe desempeñar el rol que le corresponde. Parafraseando a Clemenceau, podemos decir que el petróleo es demasiado importante para que lo manejen solo los petroleros pero, por otra parte, es necesario que nuestros políticos comprendan los límites de su radio de acción. Caso contrario repetiremos errores y no lograremos el desarrollo sustentable requerido.	A título personal considero que el Estado no debería administrar empresas, pero si por ahora nuestros dirigentes deciden mantenerlas, hay que apoyarlos y aspirar que se manejen con criterio gerencial. Una buena señal sería que en el Plan País se especifíque que serán operadas como un negocio al servicio de la nación.	
Eddie A. Ramírez: Políticos y petroleros