El exvicepresidente económico de Gobierno, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y expresidente de Bankia Rodrigo Rato pasó de ser casi alternativa a la presidencia del Gobierno por el Partido Popular (PP) a estar en el disparadero legal y de la opinión pública al estar inmerso en varias causas penales por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares e irregularidades fiscales.	El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu abrió una pieza separada del 'caso Bankia' en octubre del 2014 por el asunto de las denominadas tarjetas 'black', una retribución para gastos personales de directivos de Caja Madrid y Bankia, que se convirtió en uno de los mayores escándalos políticos y financieros de la crisis. Finalmente fue condenado a cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida y administración desleal. Directivos de Caja Madrid y Bankia gestionaron con las tarjetas 15,5 millones de euros en gastos personales entre 1999 y el 2012. El Tribunal Supremo confirmó esta condena en octubre del 2018.	El conocido como 'caso Rato', iniciado en el 2015, investiga las presuntas irregularidades fiscales derivadas de sus negocios particulares y los sobornos supuestamente cobrados durante su etapa al frente de Bankia. Tras pasar por prisión preventiva, el juez le imputó cinco presuntos delitos contra la Hacienda Pública y corrupción entre particulares. La investigación se centra en 6,5 millones de euros de origen desconocido que Rato tenía en una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Guernsey (Reino Unido) y el cobro de 835.000 euros en comisiones a cambio de la adjudicación de grandes contratos publicitarios de Bankia.	El juez Serrano-Arnal abrió en enero del 2016 otra pieza separada de la causa principal contra Rato por presuntas comisiones ilegales del banco de inversión Lazard y de la operadora Telefónica por administración desleal. El juez investiga si el supuesto pago de 6,2 millones de euros a Rato en el 2011 tras su salida de Lazard forma parte de algún tipo de comisión privada a Rato, que durante su presidencia en Bankia otorgó contratos al banco de inversión por 14 millones de euros. Respecto de Telefónica, la investigación se centra en el contrato como miembro del consejo asesor de la compañía para Europa y Latinoamérica, por el que Rato percibía su remuneración a través de su empresa Kradonara, con el presunto objetivo de evitar su tributación.	Serrano-Arnal abrió en julio de 2016 una pieza separada en la causa principal contra Rato por administración desleal en el 2010 por presuntas irregularidades en la contratación de su excuñado, Santiago Alarcó, y de su secretaria personal, Teresa Arellano.  Informes de la Guardia Civil señalan que Alarcó fue contratado como asesor de Caja Madrid con una retribución de 120.000 euros, que en el 2012 pasó a ser de 240.000 y al año siguiente de 480.000 euros.  La retribución de Arellano experimentó también un considerable incremento: 110.000 euros en el 2010, 213.000 en el 2011 y 374.500 en el 2012, con una indemnización por despido de 339.619 euros.	
Las causas abiertas de Rato