"Ante estos riesgos, inminentes o futuros, es imprescindible dotarnos de un instrumento jurídico a la mayor brevedad, que permita, desde la seguridad jurídica, la normalidad institucional, y la vigencia normativa, afrontar este tipo de situaciones sin que impliquen ni renuncias a los derechos constitucionales, ni negociaciones políticas que distorsionen el fin único en estas situaciones", asegura el PP en su proposición.	El PP propone en su iniciativa modificar el artículo tercero de la la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, de forma que la autoridad sanitaria podrá, para controlar las enfermedades transmisibles, realizar las acciones preventivas generales y adoptar medidas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato.	Además, la autoridad sanitaria podrá "controlar o limitar la entradas y salidas de la zona afectada o amenazada y controlar olimitar el movimiento dentro de dicha zona, lo cual podrá afectar al derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas, así como a derecho de reunión que podrá estar condicionado en su ejercicio tanto en lugares determinados, como en el número de personas". Según añade, todas las medidas "se tomarán conforme a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad".	Según el PP, resulta "razonable la exigencia de ratificación judicial del acto administrativo en los casos de privación de libertad o tratamiento médico forzoso (normas de cuarentena o procedimiento médico involuntario)". Sin embargo, cree que la restricción "sería posible realizarla por medio de un acto gubernativo que ponderase las circunstancias de proporcionalidad, idoneidad y necesidad, sin perjuicio su ulterior control judicial".	
El PP lleva al Congreso su 'plan B' jurídico para evitar un nuevo estado de alarma por el Covid