El 9 de junio pasado, un millón de personas, según los organizadores, salieron a las calles de Hong Kong para protestar por una propuesta legislativa que permitiría extraditar a los sospechosos a China continental. Los críticos consideran que la legislación pondría a los residentes de Hong Kong en riesgo de quedar atrapados en el sistema judicial turbio de China.	El 15 de junio, tras días de protestas, el gobierno de Hong Kong anunció la suspensión del polémico proyecto de ley sobre extradiciones a China. Sin embargo, poco después de que se hiciera pública la decisión, los opositores aseguraron que mantendrían las movilizaciones y ampliaron las demandas. Ahora exigen la dimisión de la jefa de gobierno Carrie Lam (pro Pekín) y reclaman una reforma del sistema de democracia indirecta que impide que los ciudadanos elijan a los candidatos a primer ministro, y sufragio universal.	El 1° de julio en Hong Kong es un día pacífico, un momento para celebrar las libertades de la ciudad en el aniversario de su regreso al gobierno chino en 1997. Esta vez fue diferente. En lugar de manifestaciones tranquilas, ayer un grupo de jóvenes irrumpió en el Parlamento por la noche y causó destrozos. Fue algo sin precedente en Hong Kong.	
Una crisis política para China: los manifestantes demandan más libertades