Existen riesgos latentes que si no pensamos y actuamos con celeridad pueden producir un grave deterioro democrático. Hoy, más que nunca, América Latina requiere una democracia resiliente y de calidad, sustentada en una política y un liderazgo con visión de futuro, capaz de superar los déficits de representación y eficacia que vienen socavando el apoyo y la satisfacción democrática en la región.	En la raíz de las debilidades de las sociedades latinoamericanas están las varias dimensiones de las desigualdades sociales y los aún altos niveles de pobreza. Pese a los avances registrados en los últimos 30 años, éstas continúan siendo asignaturas pendientes. La pandemia las desnudó e intensificó, aumentando el riesgo de que la región sufra otra década perdida en términos económicos y un fuerte retroceso en lo social. La crisis representa un campanazo de alerta que demanda la necesidad de impulsar medidas dirigidas a superar los actuales niveles de desigualdad, pobreza e informalidad, los cuales constituyen no solo el principal obstáculo al desarrollo sino también el caldo de cultivo para las “soluciones” populistas y/o autoritarias. Constituyen también el caldo de cultivo de la violencia criminal organizada, una amenaza real y creciente que debe ser combatida con los instrumentos legales del Estado democrático de derecho.	Un denominador común ante la crisis gestada por la pandemia del coronavirus es que el Poder Ejecutivo ha visto incrementada su responsabilidad, pero también sus atribuciones. En el ejercicio de esos poderes, en numerosos países de la región, se han decretado leyes de emergencia para combatir la pandemia.  Los poderes ejecutivos deben hacer un uso responsable de estas medidas de excepción para evitar violaciones a los derechos humanos y restricciones arbitrarias de la libertad. Lo mismo aplica respecto del uso excepcional de las fuerzas armadas durante este período, las cuales deben sumar su aporte con profesionalidad y sin involucrarse en tareas de orden público.	Es fundamental que no se rompa el equilibrio de poderes. El Poder Legislativo –con representación efectiva de las aspiraciones sociales– y el Poder Judicial –con capacidad de aplicar las leyes con independencia– deben continuar ejerciendo sus funciones y garantizando los equilibrios dinámicos institucionales de un Estado democrático. La emergencia no debe ser vista como un cheque en blanco para debilitar los controles y la rendición de cuentas, ni socavar la lucha contra la corrupción. Todo lo contrario.	Si la pandemia obliga a aplazar determinadas elecciones –como viene ocurriendo en varias naciones– estas decisiones deberán hacerse por razones estrictamente sanitarias y estar basadas en un amplio consenso político-social. En ese marco, tanto los organismos del Estado como de la sociedad civil deben propiciar los mecanismos de control en la asignación de ayudas y subsidios estatales, para evitar que ellos generen presiones y clientelismos durante los procesos eleccionarios que se desarrollen a futuro.	Todo esto ocurre en tiempos donde diversos paradigmas van perdiendo su vigencia. La democracia ya enfrentaba una situación social turbulenta y una gobernabilidad compleja: la ciudadanía demandando mejor calidad de vida y de servicios públicos; las mujeres reclamando, con justicia, igualdad y respeto; el grave problema del cambio climático que exige políticas consistentes de mitigación y adaptación, y una transformación paradigmática hacia bajas emisiones de carbono en los procesos productivos y patrones de consumo; y la expansión de internet universalizando el debate político y social, pero también diseminando fake news y discursos de odio.	El futuro político de la región estará marcado por la nueva práctica comunicacional. En el nuevo ambiente será aún más esencial elevar la calidad de la formación ciudadana, tanto en la recepción como en la difusión de mensajes. Será, igualmente necesario, evitar que el creciente flujo de datos que está en manos del Estado para hacer frente a la emergencia sanitaria sea utilizado por los gobiernos como un instrumento de control y autoritarismo.	El papel de lo público saldrá fortalecido. Para que esta aspiración se pueda concretar es necesario fortalecer las capacidades fiscales del Estado. Se necesita un Estado que, además de solvente, sea efectivo en la redistribución de ingresos y oportunidades. Un Estado que sea capaz de actuar con sentido estratégico y no sea presa fácil del corto plazo y de los intereses corporativos.	El papel de la política puede salir fortalecido. Es hora de repensar ya el valor de la política y la democracia para los tiempos que vendrán y de revisar nuestras concepciones y prácticas de gobierno para actualizarlas y dotarlas de nuevas herramientas que permitan gobernar, democrática y eficazmente, las sociedades complejas del siglo XXI. La democracia representativa puede y debe ser perfeccionada, a empezar por los partidos, pero no reemplazada.	Este es el llamado que hacemos, a pensar, a proponer, a gestar ideas y dinamizar acciones para una agenda ineludible: no solo evitar que la democracia sea víctima de la pandemia, pero también avanzar hacia una democracia de nueva generación. Porque gobernar para la democracia es entender cómo ésta debe evolucionar en tanto la ciudadanía crece con ella. Por eso, no hay tiempo que perder.	
Democracias deben revitalizarse para enfrentar al COVID-19, expresan 160 líderes en América Latina