Los programas, denominados ‘Revisión Inmediata de Solicitud de Asilo’ (PACR) y ‘Revisión humanitaria del Proceso de Asilo’ (HARP), fueron diseñados por el gobierno en el marco de la política de ‘tolerancia cero’, y tienen como objetivo acelerar los procesos y con ello aliviar la crisis humanitaria que se vive en la frontera con México.	Pero los legisladores advierten que ambos programas “plantean serias preocupaciones”, no solo porque el gobierno quiere apurar el debido proceso que antes demoraba meses, sino porque inyectando prisa a los casos impide que los migrantes reciban ayuda legal “mientras están detenidos bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP)”.	En la misiva, fechada el pasado 22 de noviembre, los congresistas aseguran que los migrantes afectados por estos programas, que cuentan con el respaldo de los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ), causan un “impacto dañino” en la comunidad migrante y vulnera “nuestro sistema de asilo en general”.	En cuestión de días, algo que antes demoraba meses, los programas obligan a los solicitantes de asilo a navegar la adjudicación de sus reclamaciones mientras está detenido en las instalaciones del CBP en la frontera”, donde se les dificulta el acceso a contar con la asistencia de un abogado ñara defender sus casos.	“Además, entendemos que las personas tienen 24 horas para comunicarse con familiares o abogados por teléfono. Dentro de ese mismo período de tiempo, los solicitantes de asilo deben pasar por entrevistas iniciales de asilo, donde los oficiales tienen la tarea de determinar si tienen un temor creíble o razonable de persecución si son regresados a los países de los cuales huyeron”, agrega la misiva.	La misma preocupación se observa en la carta dirigida a Morgan. Los congresistas temen que, al no contar con el tiempo adecuado para defender un caso de asilo, los migrantes, luego que son procesados aceleradamente por los jueces, “reciben un trato superficial en sus casos” y luego son enviados a sus países de origen, desde donde huyeron para salvar sus vidas.	Otra preocupación manifestada por los congresistas se refiere a la celebración de audiencias de miedo creíble por teléfono y no en persona, como se hace hasta ahora. “Esto también presenta problemas para el debido proceso”. Y agregan que los programas piloto activados en la frontera “evitan que los abogados revisen la evidencia física en posesión de un solicitante de asilo”, pieza clave que decide al final de cuentas un caso de asilo.	Indican además que “las familias solicitantes de asilo deben recibir un proceso justo y se les debe permitir presentar sus solicitudes de manera oportuna y ordenada”, y recuerdan que, una vez procesados, los solicitantes de asilo “deben ser liberados de la custodia de CBP dentro de las 72 horas de acuerdo con	
Crece alarma por aceleración de casos de asilo en juicios secretos celebrados en la frontera