Es un examen de cómo se lleva la ley de competencia en el país. Todos los miembros de la OCDE se reúnen y examinan la situación de un país –en este caso el Perú–, y hacen recomendaciones en un informe final. Es una forma bastante efectiva que usa las mejores prácticas en el mundo, aplicadas por otros países.	Hay una serie de problemas. Con la ley de competencia se busca evitar que las empresas abusen de su poder en el mercado cobrando precios altos, etc. Existen varios tipos de conductas generalizadas como los cárteles. Un segundo caso son los monopolios, y por último, el área más importante que es el control de fusiones.	Sí, especialmente porque los cárteles podrían tratar de fusionarse para evitar ser condenados por sus conductas anticompetitivas. Todos los países miembros de la OCDE, excepto Luxemburgo, tienen control de fusión como complemento de la lucha contra las violaciones antimonopolio [cárteles o abuso de dominio]. La mayoría de países en América Latina ya cuentan con una ley de competencia. La pregunta es quiénes son capaces de hacer cumplir su rol como autoridad de la competencia.	Esto depende de cada país, pero lo que podría mejorarse es tener una institución más independiente, con mejores recursos o procedimientos ágiles. Las empresas públicas, además, deben ser tratadas como las privadas desde el punto de vista de la competencia. Una segunda oportunidad es la defensa de la competencia. Si un país tiene una ley que dificulta la entrada de empresas con autorizaciones que no se otorgan fácilmente, esto limita la competencia. Es importante eliminar esa regulación. El Indecopi tiene que tratar de simplificar este tipo de barreras.	La primera es la ley de control de fusiones. Esto es bastante importante. Otra buena práctica es asegurar la independencia del Indecopi, porque la ley de control de fusiones podría ser bastante controversial. Las fuentes de financiamiento son otra práctica. Una de ellas podría ser –cuando se tenga el control de fusión– que las empresas que realicen una fusión paguen una tasa. Claro, existe la posibilidad de que Indecopi pida dinero al Gobierno o al Congreso, pero esto no es muy bueno. El problema de gestión de recursos tendrá que enfrentarse tarde o temprano, es necesario.	Hemos notado que no se ha analizado la concertación de ofertas en licitaciones públicas. En cualquier país, y probablemente en el Perú, el gobierno gasta entre el 20% y 30% del PBI en grandes compras: medicamentos, lápices, etc. Y muy a menudo se dan las violaciones a la ley de competencia porque hay solo dos o tres postores, y los ganadores son siempre los mismos. Este tipo de situaciones la ley de competencia debe tenerlas en cuenta; revisarlas mejora la competencia y ahorra dinero a las arcas públicas y a los contribuyentes. En esta línea, la reorientación de los esfuerzos de Indecopi permitirá ampliar el análisis a otros casos como las prácticas exclusorias. Asegurarse de que las leyes no restrinjan la competencia es fundamental.	
OCDE: “Hay que asegurar la independencia del Indecopi”