Aquel 24 de agosto de 2014, el ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi era presentado como el virtual candidato presidencial del entonces poderoso Partido Patriota, durante una inauguración de trabajos en San Antonio Suchitepéquez a la cual asistió el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos bajo proceso judicial, actualmente, por señalamientos de corrupción. Por eso es curioso, coincidente, paradójico que haya sido ayer, 24 de agosto, la fecha en que se concretó la entrega de Sinibaldi a las autoridades, después de estar prófugo por 49 meses y 13 días.	No fue algo súbito, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, pues había gestiones de abogados desde hacía nueve meses. Los fiscales enfatizaron que no existe ningún convenio ni arreglo para el retorno al país del exministro Sinibaldi, quien se encontraba en Italia, de donde viajó a Holanda para abordar un avión rumbo hacia México, desde donde se trasladó por tierra a la frontera con Guatemala. Si se cuenta su última comparecencia pública, cuando renunció al partido, fueron más de cinco años los que evadió responder por las sindicaciones.	En 2014 surgió el primer indicio en su contra, en Brasil: su nombre escrito a mano en una hoja referente a un aporte de campaña electoral. La anotación fue hallada en un allanamiento de oficinas de una empresa vinculada a la constructora Odebrecht, de ingrata recordación, por haber defraudado a Guatemala al dejar inconclusos los trabajos de ampliación de la carretera de la Costa Sur tras haberse renegociado el costo, presuntamente con la venia de Sinibaldi, quien en plena efervescencia política calificó el documento de “papelito shuco”.	De hecho, el fiasco de Odebrecht es uno de los cinco casos por los cuales Sinibaldi es requerido por la justicia. Es de esperar que delate quiénes fueron los diputados que recibieron sobornos para aprobar el crédito con el que se financió el fallido proyecto vial. No menos emblemáticas son las otras causas, con fuertes ramificaciones políticas e incluso judiciales: el caso Transurbano, en el cual dos empresas de fachada habrían sido favorecidas para prestar servicio de seguridad. Su nombre también figura en el caso Construcción y Corrupción. Según otros acusados y testigos, dentro de los que está su exasistente Anneliese Herrera, el exministro habría cobrado comisiones ilícitas para agilizar pagos atrasados a contratistas.	Una acusación parecida figura en el caso Cooptación del Estado, según el cual exfuncionarios de alto nivel cobraron comisiones a empresas a cambio del otorgamiento de contratos. Con dichos aportes se habrían adquirido, incluso, onerosos obsequios para el expresidente Pérez y es precisamente allí donde sale el caso llamado La Coperacha.	Será interesante conocer los argumentos de defensa de Sinibaldi, para ver si opta por señalar a sus antiguos correligionarios o bien por plegarse a una estrategia dilatoria. La presunción de inocencia es un derecho judicial, pero para la ciudadanía es claro el efecto de aquellos negocios al amparo del poder. Se debe garantizar la seguridad física del exministro cuya versión podría ser peligrosa para otros implicados que hasta ahora estaban amparados en su silencio. Es obvio que su inclusión en los designados de Estados Unidos precipitó su entrega, pues fue hace precisamente nueve meses que lo colocó a él y a varios familiares en su lista negra de corrupción.	
Una entrega de fuerte efecto político