Gran conclusión, que no resuelve nada: nadie se hace responsable del fiasco del 1 de octubre, ni por un lado, ni por otro. Los acusados de organizar el referéndum ilegal, para escabullirse de la justicia; y los responsables del Gobierno porque no quieren reconocer, o identificar, al que dio la desafortunada orden de intervención. Rajoy miró hacia abajo, Soraya también y el tercero en la cadena de mando, el ministro del Interior, Zoido, de profesión juez, respondió como si fuese un acusado y no un testigo. Predominó el "no lo sé" o "no me acuerdo" y sólo fue explícito para derivar la responsabilidad hacia "el mando operativo". Todas las miradas se concentran ahora en el coronel de la Guardia Civil que estaba al frente del despliegue. Comparecerá ante el	Que estos dos personajes, o sus partidos, superen su profundo recelo es metafísicamente imposible. Se acusan de deslealtad sin límites, con lo que el ambiente en los bancos de los acusados en el juicio se corta con un cuchillo. Puigdemont no convocó elecciones el 2 de octubre, por suerte; pero tampoco el 26, por desgracia para todos, después de haberlo anunciado internamente de madrugada. No lo hizo, como recordó el lendakari Urkullu ante el Tribunal, porque Esquerra y otros le montaron una manifestación bajo la ventana de su despacho, y en su partido empezó un goteo de dimisiones, mientras Rufián escribía en su Twitter, con la foto de Puigdemont boca abajo, lo de "155 monedas de plata".	Si esa convocatoria electoral se hubiera producido, difícilmente nadie estaría siendo juzgado, al menos por las graves acusaciones que ahora se les imputan. Pero cualquier cosa que pudiera ir mal, ha ido a peor. Sabíamos que aquella madrugada del 26-O en que Puigdemont concluyó que lo mejor era convocar ya a las urnas, Oriol Junqueras estuvo especialmente áspero con él; y a las pocas horas activó los mecanismos de presión, por más que Rufián disimule ahora. Pero lo que no conocíamos es que cuando Puigdemont desistió de firmar la convocatoria empezaron a perseguirlo para que lo hiciera los mismos que se lo habían impedido. Puigdemont se echó al monte y le endosó a Carme Forcadell, la presidenta del Parlament, que leyera la declaración de	
El independentismo está roto por dentro