La investigación, expuesta por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destaca que los mineros de la zona “están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia” por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, apodados como “sindicatos”.	“A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y de los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería”, subrayó Bachelet.	Trabajan en turnos de 12 horas, descendiendo a los pozos sin protección alguna, y están obligados a pagar entre el 10 y el 20 % de lo que obtienen a los grupos criminales, a lo que debe sumarse hasta un 30 % para los propietarios de molinos donde se trituran las rocas para extraer minerales.	Estos habitantes oriundos y los mineros también han sufrido casos de envenenamiento por mercurio, elemento utilizado para separar el oro de otros minerales, altamente tóxico y que contamina tanto a través de los gases que genera el proceso de separación como por filtraciones al suelo y los ríos de la zona.	Aunque el informe presentado hoy al consejo se centró en la situación en el arco minero, también repasó otras situaciones de los derechos humanos en Venezuela, por ejemplo en su sistema de Justicia, que de acuerdo con el documento se ha visto deteriorado por presiones a la judicatura e interferencias políticas.	
ONU denuncia explotación y graves abusos en el Arco Minero del Orinoco