El portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado este miércoles que la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de destituir al coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid supone una "coacción" a los agentes de este Cuerpo y a los funcionarios en general para que apoyen decisiones políticas del Gobierno.	"Me parece una aberración, unas coacciones a los funcionarios, un mensaje de atemorizar a los funcionarios, que deben comportarse con neutralidad política, para que apoyen cualquier decisión del Gobierno tomada desde el punto de vista estrictamente político del Gobierno de turno", ha declarado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.	Según Bal, esto es algo que no había ocurrido "nunca" en la Administración Pública. Así se ha referido al cese, el lunes pasado, de Pérez de los Cobos, que al día siguiente motivó la dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, general Laurentino Ceña, y que Grande-Marlaska ha enmarcado en una "remodelación" entre el personal de confianza del Instituto Armado.	Según el ministro, su decisión no guarda relación con el informe que la Guardia Civil aportó a la causa que instruye la juez Carmen Rodríguez-Medel sobre el inicio del contagio de coronavirus y la posible relación de la manifestación del pasado 8 de marzo por el Día de la Mujer con la expansión del virus en la capital.	Además, Grande-Marlaska ha negado las informaciones periodísticas según las cuales pidió el informe a Pérez de los Cobos, que estaba al frente de la Comandancia de la Guardia Civil que investiga ese asunto por orden judicial, y lo destituyó cuando éste recordó que el documento era secreto por formar parte de una investigación penal.	Además, ha destacado que Pérez de los Cobos es "una persona intachable, muy profesional", que ha trabajado con cinco ministros del Interior diferentes. Ha recordado que fue el responsable de coordinar a la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra en el dispositivo para impedir la celebración del referéndum de 2017 en Cataluña y que declaró en el juicio contra los líderes independentistas.	Por otro lado, el dirigente de Ciudadanos se ha referido al recurso de apelación que, según ha adelantado el diario 'El Español', la Abogacía del Estado ha presentado contra la decisión de la juez Rodríguez-Medel de abrir unas diligencias contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no prohibir la manifestación del 8-M.	El portavoz parlamentario ha dicho que no se va a meter en la estrategia de la Abogacía para defender a Franco. Pero, sobre el carácter "prospectivo" que la Abogacía ve en esas diligencias de la juez, ha aclarado que la denuncia, presentada por un particular, se refiere a "unos hechos concretos y determinados", que es "si se debió o no prohibir, por motivos de salud pública, la manifestación".	Tras mencionar otras destituciones de mandos de la Policía y la Guardia Civil y el informe "elaborado a medida" contra Ciudadanos tras el acoso a sus representantes en la marcha por el Día del Orgullo LGTBI en Madrid, Bal ha señalado el "historial enorme de una mala gestión" de Grande-Marlaska.	También el vicesecretario segundo de Cs, Joan Mesquida, se refirió a esta cuestión en una entrevista en Onda Cero el martes por la noche, donde concluyó que la destitución de Pérez de los Cobos es "una auténtica arbitrariedad y una injusticia". "Se ha cesado a esta persona por cumplir la ley", y eso "socava el ánimo de muchos guardias civiles", añadió.	Mesquida, que fue director general de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que en aquella época, si un juez decía a los agentes que solo le informasen a él, los máximos responsables del Ministerio del Interior lo aceptaban y lo respetaban.	"Pero Rubalcaba no era Marlaska", dijo en alusión al entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Asimismo, comentó que, en el caso del informe sobre la manifestación del 8-M, "no parece muy pertinente" que el Ejecutivo pidiera conocerlo, ya que forma parte de una causa en la que está investigado.	En cuanto a los errores, tergiversaciones y referencias poco fiables que contiene el informe policial, según han publicado varios medios, Mesquida respondió que aún no lo ha leído, pero que será la juez instructora, o el tribunal o juez que luego enjuicie la causa, quien determine "la validez, la eficacia o los errores" de ese documento.	Por último, el dirigente y exdiputado de Ciudadanos criticó que Grande-Marlaska, al que considera "un pésimo ministro del Interior", anunciara, precisamente el martes, que el Gobierno realizará el pago de 247 millones de euros del tercer y último tramo del acuerdo para igualar los sueldos de la Policía Nacional y la Guardia Civil a los de los cuerpos policiales autonómicos.	Según recordó, el Gobierno vetó a finales de febrero la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada con ese objetivo por la asociación Jusapol argumentando que era "insostenible" realizar la equiparación salarial. También resaltó que el pago anunciado por el ministro forma parte del acuerdo que negoció Cs con el PP para incluir las partidas en los Presupuestos de 2018.	
Ciudadanos afirma que el cese de Pérez de los Cobos es una "coacción" a los funcionarios para que apoyen al Gobierno