“Solicito la adecuación de la investigación a la citada ley penal especial […] solicito se motive y fundamente la disposición de formalización y sus ampliaciones, conforme a las exigencias típicas de la ley penal especial, a fin de ejercer el derecho constitucional de defensa”, se lee en el pedido de la defensa.	De acuerdo a la ley, el delito será sancionado con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años, para el que "de manera directa o indirecta, solicita, acepta, entrega o recibe aportes, donaciones, contribuciones o cualquier otro tipo de beneficio proveniente de fuente de financiamiento legalmente prohibida, conociendo o debiendo conocer su origen".	Según explicó la abogada penalista Romy Chang a este Diario, será el fiscal José Domingo Pérez quien decida si adecúa el proceso que dirige, a pedido de la defensa. Si rechaza la solicitud, la defensa podría recurrir al fiscal superior, Rafael Vela, para que determine sobre su pedido. Si el requerimiento no prospera, la defensa podría acudir al Poder Judicial, mediante una tutela de derechos.	
Caso Keiko Fujimori: Piden que proceso se adecúe a nueva ley sobre financiamiento