Mientras usted y yo, querido lector, disfrutamos las fiestas de fin de año, otros colombianos ejemplares, nuestros soldados y policías, en todos los rincones de la patria, en ciudades y poblados, día y noche, se privan de esos gratos momentos para cumplir su misión constitucional de salvaguardar la soberanía y de garantizarnos, a usted, a mí y a todos los colombianos, un bien público y derecho fundamental por excelencia: la seguridad; la protección de nuestros bienes, nuestra libertad y nuestras vidas.	Es posible que no lo logren plenamente; en principio, porque la seguridad total, hasta en Suiza, es un deber ser, un objetivo permanente; pero también porque, a pesar de su valor y dedicación, los efectivos de nuestra Fuerza pública no son suficientes, no solo frente a la extensión territorial y el tamaño de la población, sino a la diversidad y peligrosidad de las fuentes de violencia, todas relacionadas con un gran enemigo: el narcotráfico.	Es el narcotráfico el enemigo número uno de nuestra Fuerza Pública, protegido durante el gobierno Santos por unas negociaciones extorsivas con la principal organización narcoterrorista, las cuales lograron impedir la fumigación aérea que estaba acabando con su negocio, necesario para financiar violencia, atizar el odio, la inconformidad y el imperio del caos, con el fin último de desestabilizar la democracia e imponer en su lugar el proyecto “salvador” del Socialismo Bolivariano.	Así que lo de nuestra Fuerza Pública no es cosa de poca monta; esos hombres y mujeres que juraron ante una bandera proteger a los colombianos, libran una guerra peligrosa y permanente, contra un enemigo de mil cabezas, multimillonario, con inmensa capacidad de violencia y, por supuesto, interesado en deslegitimar a la Fuerza Pública ante la sociedad para disminuir su capacidad de respuesta.	el montaje mediático, primero, contra el general Nicasio Martínez, con el taimado apoyo de un periodista extranjero que escuchó lo que quiso escuchar, y de unos expertos en Derechos Humanos que, sin visitar el país, entendieron lo que quisieron entender para revivir el estigma de los falsos positivos, que los hubo, más no como una práctica institucional y, menos aún, como política de gobierno.	Por eso la persecución mediática, ahora, al general que dio de baja a Raúl Reyes y, sin disparar un solo tiro, liberó a una candidata presidencial, a tres extranjeros y a miembros de las Fuerzas bajo su mando. Mientras la izquierda ya condenó al general Mario Montoya ante la sociedad, con el apoyo casi entusiasta de “algunos medios”, la JEP parece haberlo condenado de antemano, en un proceso con un tufillo -¿hedor?- a clara animadversión y segura venganza.	Por eso la exigencia de desmantelar el ESMAD; por eso la escandalosa manipulación mediática de las exhumaciones en Dabeiba, calificadas de “falsos positivos”, porque “algún medio” lo afirmó como cierto. ¡No!; a otro perro con ese hueso. Las bajas en combate, verdaderas o falsas, se entregan a la Fiscalía y a Medicina Legal, no se entierran a escondidas en una fosa común.	
Personaje del año: El ESMAD