La vuelta al trabajo presencial de la totalidad de la plantilla, acordada por el pleno del Consell a propuesta de la consellera Bravo, ha generado una brecha interna en el Ejecutivo autonómico. La polémica acabó en bronca y la tormenta se desató cuando dos de las conselleries que dirige Compromís, Agricultura y Economía, dictaron sus propias instrucciones en las que, por prudencia, mantenían el teletrabajo a sus funcionarios.	Ahora es Bravo quien mueve ficha y convoca esta comisión para saber hasta qué punto las distintas conselleries han instalado elementos de protección para evitar contagios entre los trabajadores y garantizar la distancia mínima de seguridad. No obstante, algunas conselleries, como es el caso de Transparencia, bajo el control de Unides Podem, el tercer socio del Botànic, este miércoles se incorporarán el 100 % de la plantilla al trabajo presencial.	Los sindicatos también han empezado a marcar posiciones de cara a la reunión. El CSIF espera que, tras lo expuesto en materia de prevención de contagios, funcionamiento de los servicios públicos y conciliación familiar en un verano anormal, y las solicitudes realizadas a la Generalitat en este sentido, la consellera Bravo rectifique o se suspenda el acuerdo del Consell y se permita el trabajo no presencial del modo en el que se estaba realizando hasta que exista una regulación más ajustada a la que poder acogerse.	En cambio, la semana pasada, en declaraciones a los medios de comunicación, la consellera mostró su rechazo a estas propuestas y pidió a las conselleries responsabilidad para implementar las medidas necesarias para garantizar la vuelta segura de todo el personal. Bravo defendió que el 8 de mayo dictó una resolución en la que se planificaba «con todo lujo de detalle» la desesecalada del funcionariado y que ya preveía una presencia mínima del 85 % en la fase de nueva normalidad.	
Bravo evaluará si las conselleries están preparadas para el regreso de los funcionarios