El fallo, sin embargo, no ha tranquilizado a los críticos del mandatario, quienes argumentan que las autoridades no indagaron todo lo que debían. Camerino Márquez, del opositor Partido de la Revolución Democrática y el que denunció ante el órgano electoral el programa, dijo que apelará el fallo y pedirá que se rehaga la investigación. Para algunos expertos, eran evidente las irregularidades.	, dijo Camerino Márquez, representante del PRD ante el INE y quien presentó la denuncia por la supuesta promoción a favor de López Obrador. Como ejemplo recordó el caso de Jaime Bonilla, quien fue delegado del estado de Baja California, en el noroeste del país, y después se convirtió en el candidato de Morena que ganó la elección para gobernador.	El número de “servidores de la nación” ha variado desde el inicio de su operación, pero mes a mes oscila alrededor de los 18.000 funcionarios. Según el análisis realizado por la AP, al menos 4.328 son militantes de partidos -no sólo de Morena- o fueron representantes electorales del grupo político en el poder desde el 1 de julio de 2018.	Los resultados arrojaron que hay 2.275 militantes de partidos entre los “servidores de la nación”: 865 del Partido Revolucionario Institucional (PRI); 782 del PRD, en el cual militó López Obrador, y 710 de Morena. Salvo el partido minoritario Nueva Alianza, militantes de todos los demás partidos también aparecen en los registros.	El PRD presentó en agosto una denuncia ante la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Como parte de las pruebas, había fotografías de los servidores vistiendo chalecos o gorras con el nombre bordado de López Obrador. También entregó videos de los promotores diciendo a los ciudadanos que los programas llegaban a ellos gracias al presidente.	El 16 de agosto, la comisión del INE ordenó medidas cautelares a la Secretaría de Bienestar y a la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo para que esas conductas de los servidores se suspendieran de forma inmediata y, principalmente, se dejara “de señalar, sugerir o mencionar que dichos programas y sus beneficios” eran gracias al presidente.	Sobre la participación de militantes o exrepresentantes de casilla como servidores, la consejera del INE Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, dijo que los ciudadanos pueden ocupar ambos cargos mientras su labor como funcionarios públicos sea apegada a la ley y no haya un manejo irregular de la información personal que recopilan a favor de algún partido político.	“Se necesita contar con personas con experiencia, conocimientos y capacidades técnicas en materia de política social. Sin embargo, no existe o hasta el momento no sean hecho públicos los perfiles de los ‘servidores de la nación’, ni los criterios por cuales fueron seleccionados. Y esto puede afectar el levantamiento de información y la entrega de apoyos a los beneficiarios, así como dar lugar a favoritismos, corrupción y mal uso de los recursos públicos”	“Esto puede tener implicaciones negativas como la promoción personalizada en favor no sólo del presidente sino también de los coordinadores estatales y regionales, muchos de ellos con aspiraciones políticas, debido a que han ocupado puestos clave en la estructura partidaria de Morena o bien, han sido o aspiran a ser candidatos”.	Como parte del presupuesto 2018, el Congreso mexicano aprobó poco más de 150 millones pesos (unos 7,6 millones de dólares) para la operación del fideicomiso de transición presidencial. Casi el 90% de ese dinero se fue en pagar a 18.021 funcionarios que participaron en el periodo de transición como “servidores de la nación”. A cada servidor se le hizo un pago de 7.354 pesos (unos 367 dólares).	El pago para todos los servidores se hizo a través de una filial de Grupo Salinas del empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de la segunda televisora más importante en México, TV Azteca. El mismo consorcio, a través de Banco Azteca, es el encargado de emitir las tarjetas bancarias para los beneficiarios de los programas sociales federales. El gobierno mexicano eligió esta institución bancaria sin licitación de por medio, argumentando que tiene una amplia cobertura a nivel nacional.	“Un aspecto importante del censo es la prisa con la que se trató de hacer. Desde el periodo de transición se dijo que serían tres meses, luego que seis… No hay información clara sobre el avance. Y tampoco hay acceso, hasta ahora, a ninguno de los productos que salen del censo”	La AP hizo solicitudes de transparencia a la Secretaría de Bienestar para conocer cómo es el proceso del levantamiento de información de los ciudadanos, cuál es el aviso de privacidad para proteger datos personales y solicitar copias de facturas de chalecos e insumos para los servidores, pero de manera reiterada se respondió que no había información al respecto.	Incide Social y el PRD coinciden en la falta de transparencia sobre el Censo de Bienestar y los “servidores de la nación”. Cada uno, de manera independiente, ha solicitado a Morena o al gobierno de López Obrador facturas o documentos y de manera persistente se ha dado la misma respuesta: es inexistente.	
 ¿AMLO usa políticamente los programas sociales en México?