Butch Olano, izquierda, director de la sección de Amnistía Internacional en Filipinas, y Nicholas Bequelin, director regional del organismo para el este y sureste de Asia, muestran una copia de un reporte de AI durante una teleconferencia de prensa en Manila, Filipinas, el lunes 8 de julio de 2019. (AP Foto/Bullit Marquez)	Butch Olano, izquierda, director de la sección de Amnistía Internacional en Filipinas, y Nicholas Bequelin, director regional del organismo para el este y sureste de Asia, muestran una copia de un reporte de AI durante una teleconferencia de prensa en Manila, Filipinas, el lunes 8 de julio de 2019. (AP Foto/Bullit Marquez)	El grupo de defensa de los derechos humanos, con sede en Londres, señaló en un reporte publicado el lunes que las ejecuciones extrajudiciales registradas en la campaña que el presidente Rodrigo Duterte inició hace tres años continúan en ascenso y la escala de abusos ha alcanzado “el umbral de los crímenes contra la humanidad”.	Cerca de 6.600 personas, la mayoría de ellas acusada de insignificantes delitos relacionados con drogas, han sido ejecutadas en la campaña que Duterte lanzó como su proyecto principal cuando asumió la presidencia a mediados de 2016. Pero organismos no gubernamentales afirman que la cifra de muertos es mucho mayor, e incluye a muchas personas que fueron asesinadas por hombres armados a bordo de motocicletas que, según sospechan los grupos en defensa de derechos humanos, son financiados por agentes de la policía.	De momento el gobierno filipino no ofreció declaraciones respecto al reporte de Amnistía Internacional, pero Duterte y la policía han negado que se hayan autorizado las ejecuciones extrajudiciales. No obstante, Duterte ha amenazado repetidamente a través de discursos por televisión con matar a personas vinculadas con las drogas y ha alentado a agentes del orden público a disparar contra sospechosos que se resistan. El mandatario ha advertido que el operativo sería más peligroso para tales personas en los últimos tres años de su sexenio en el poder.	Amnistía subrayó que la provincia de Bulacan, al norte de la capital, se ha convertido en "la zona de ejecuciones más sangrienta del país" luego que algunos policías implicados en la campaña fueron transferidos a la región procedentes de la metrópolis de Manila, que solía ser el "epicentro de las ejecuciones".	
Piden a ONU frene ejecuciones extrajudiciales en Filipinas