Ni que decir tiene que la institucionalización de este principio constituye un auténtico fastidio para cualquier régimen totalitario, ya sea de izquierdas o de derechas, hasta el punto de que la igualdad ante la ley se convierte en el primer obstáculo a remover. ¿Por qué? Pues porque una de sus derivadas más inmediatas es la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, es decir, la imposibilidad de que quienes nos gobiernan puedan constituir privilegios en torno a los que construir un poder omnímodo. No está de más recordar que,	, cuya legitimación no radica en el sistema democrático sino en un sentimiento de culpa inoculado a la población durante años. En nombre de opresiones pasadas, se están censurando contenidos, derribando símbolos, reescribiendo la historia y reinventado tradiciones. El objetivo es infligir a nuestra generación la discriminación que otros padecieron en el pasado, mediante la instauración de privilegios identitarios. Y el proceso de demolición de derechos y libertades fundamentales, como la presunción de inocencia o la libertad de expresión, ya ha comenzado. Y ni usted ni yo pintamos nada en todo esto: la soberanía ya no reside en el pueblo, sino en la identidad.	

                        La identidad colectiva oprimida como poder soberano
        