permiten rechazar un suplicatorio solo si está motivado por opiniones o votos del eurodiputado en el ejercicio de sus funciones y también si se da un caso de 'fumus persecutionis'; es decir, cuando se concluye que la intención de la petición es "perjudicar la actividad política de un diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución". Algo que solo ocurrió en cinco de los 55 suplicatorios presentados por las autoridades judiciales de estados miembros durante la anterior legislatura.	Antes de llegar al pleno, el caso se trata a puerta cerrada e incluye la posibilidad de que el afectado comparezca en una audiencia a la que puede acudir acompañado por un abogado que le asesore o puede designar a otro eurodiputado para representarle. Si el reclamado no puede acudir en un plazo de tiempo "razonable" el procedimiento debe continuar sin esta sesión.	

                        Aviso a Puigdemont: la Eurocámara tumba la inmunidad en el 91% de los suplicatorios presentados
        