“Ayer tras la audiencia nos dijeron que tenemos 10 días hábiles para abandonar el predio, si no van a desalojarnos por la fuerza. Nosotros pedimos un lugar donde poder vivir, donde tener una casa, y poder pagarla. Somos 43 familias, mujeres y chicos, y sin esto nos quedamos en la calle”, explicó Juana en diálogo con LM Cipolletti. La joven de 31 años se instaló en el asentamiento La Alameda 2 en septiembre pasado junto con sus cuatro hijos.	“No vamos a quedarnos con los brazos cruzados sin una solución, vamos a resistir el desalojo. Tenemos dos opciones: o nos quedamos donde estamos o nos reubican en otro sector con la posibilidad de acceder a una vivienda que pagaremos en cuotas. Si no tenemos respuestas, el lunes nos vamos a la Municipalidad”, contó la mujer.	Tras la audiencia que se realizó en el jueves la Justicia otorgó un plazo de 10 días para que abandonen el lugar antes de avanzar con la orden de desalojo. Además, indicaron que el plazo es tentativo y que puede varias según las condiciones y las negociaciones que se puedan llevar a cabo en los próximos días.	Desde el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti pidieron que se confirme la decisión de desalojar el predio privado en la zona del parque industrial, y el Juez de Juicio que intervino en la audiencia de revisión ratificó la medida cautelar. La defensa había solicitado que se suspenda el dictado de la cautelar.	El juez en la audiencia explicó que si bien no desconocía el derecho al acceso a una vivienda, los derechos de las personas terminan donde empiezan los de las demás personas y que no podía reclamarse un derecho violentando los de terceras personas ajenas al conflicto. En consecuencia, el magistrado confirmó la orden de desalojo en los términos que fuera dispuesta. La misma incluía un plazo mínimo de diez días hábiles desde que la resolución quedara firme para que el desalojo tenga lugar.	El intendente Claudio Di Tella cuestionó la metodología empleada para protestar. “Su gran mayoría reclama acceso a la vivienda. Creo que no están informados de todo lo que el municipio está haciendo pese a la pandemia, como la ordenanza que estamos sancionando para poder ingresar a un registro y poder anotarse para acceder a un lote. Tengo entendido que es gente que estaba en una usurpación y pretende una solución inmediata”, expresó Di Tella.	“En el registro se podrán inscribir quienes cumplan con todos los requisitos, entre ellos no tener causas penales por usurpación, tener domicilio en la ciudad y 5 años de residencia, entre otros, y vamos por ese camino. No es justo que tengamos que sentarnos a hablar con gente que quiera presionar”, relató el intendente.	
Otorgan 10 días para desocupar una toma antes del desalojo 