OAXACA, Oax. (apro).- Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca envió un informe a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet en el que alerta de la profunda crisis de Derechos Humanos en esta entidad donde, solo en lo que va del año, han documentado tres asesinatos, seis detenciones arbitrarias, cuatro  casos de tortura o malos tratos, dos casos de uso excesivo de la fuerza y una desaparición.	En la misiva esta organización feminista expresó su particular preocupación por la situación de mujeres y de personas defensoras ya que tan solo en el primer trimestre del año 2019 “hemos registrado un total de 93 ataques contra personas defensoras y periodistas, 37 contra mujeres, 46 contra hombres y 10 contra colectivos mixtos”.Destacan también los altos números de difamaciones y calumnias, mismas que constituyen el 28% de los ataques y los casos de intimidación y hostigamiento (20%).	Detallaron que el mayor número de ataques es contra de las defensoras de los derechos de las mujeres (33%); le siguen las y los defensores de derechos de pueblos indígenas (30%), las y los defensores del derecho a la libertad de expresión e información (14%) y personas defensoras de la tierra y el territorio (12%).	Otra de las situaciones de mayor preocupación es la criminalización de la protesta social, donde relacionan a personas defensoras en Oaxaca. Muestra de ello es que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto documentaron al menos 141 personas defensoras detenidas arbitrariamente en Oaxaca. Las detenciones y prisión preventiva fueron desde un día hasta cinco años siete meses.	La gravedad de esta situación ha sido reconocida a nivel internacional, en particular por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU mismo que, entre 2014 y 2017, ha emitido ocho opiniones sobre personas defensoras de derechos humanos de México, de las cuales seis de ellas es sobre casos de Oaxaca.	De igual forma alertaron de la vulnerabilidad en la que se encuentran actualmente personas defensoras de la tierra y el territorio y de los derechos humanos de los pueblos indígenas frente a la embestida de megaproyectos desde una lógica neoliberal poco preocupada por el respeto de los derechos humanos y en un estado que cuenta con recursos naturales particularmente importantes en términos de agua, viento, minerales y madera.	Destacaron que “la situación de violencia de género exacerbada es otro aspecto de la profunda crisis de derechos humanos en Oaxaca muestra de ello es que en base al registro ciudadano de Consorcio Oaxaca, fueron documentados 275 feminicidios en los dos años y 4 meses del sexenio de Alejandro Murat Hinojosa, más de la mitad de la cifra registrada durante todo el sexenio anterior; ello a pesar de la emisión de la Alerta de Género el 30 de agosto del 2018.	Las primeras señales de que las bandas vinculadas al narcotráfico operaban en la Ciudad de México datan del 15 de diciembre de 2007. Ese día aparecieron las cabezas cercenadas de dos empleados de una aerolínea en territorio capitalino. Desde entonces la violencia escaló, según revelan los periodistas Sandra Romandía, David Fuentes y Antonio Nieto en	Mientras Jenaro Villamil, nuevo directivo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, resume el saqueo al que éste fue expuesto en el gobierno anterior, cada uno de los titulares de sus canales y emisoras da a conocer sus proyectos y cómo lograrlos para realizar una buena comunicación pública con menos recursos: en TV Educativa,	El suicidio del bajista Armando Vega-Gil, el lunes pasado, desató una crisis. La red social de Twitter se convirtió en una arena despiadada donde se lanzaron mensajes de odio a favor y en contra de #MeTooMx, al que se responsabilizó de la muerte del músico. Periodistas Unidas Mexicanas, la red impulsora del movimiento –creado para	La guerra por las audiencias y el pastel publicitario en radio ya tomó cauce legal. El detonante: la entrevista de Proceso (No. 2213) con Juan Aguirre Abdó, director de Grupo Radio Centro, quien acusó a INRA de beneficiar en sus mediciones a los noticieros de Radio Fórmula en detrimento de los producidos por su empresa.	En realidad no hubo una consulta seria entre las comunidades que serán las directamente afectadas por la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía, aquellas que sufrirán por la falta de agua, la saturación de vialidades o las que de plano perderán sus tierras. La consulta ciudadana del pasado octubre no las tomó en cuenta para	CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Desde una precaria oficina en el piso quinto del edificio del Consejo Nacional de Población (Conapo), Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), diserta sobre cuál de sus responsabilidades como coordinadora del Sistema Nacional de Búsqueda es más complicada y sobre cómo clasificar las prioridades y las	

						
			Envían a Bachelet informe sobre crisis de derechos humanos en Oaxaca			