En concreto, el Alto Tribunal declara inconstitucional un artículo de esta ley donde considera que el Ejecutivo castellano-manchego invade competencias del Estado en materia de infraestructuras. El artículo en cuestión -apartado cinco del artículo primero- vulnera el reparto de competencias ya que Castilla-La Mancha se atribuye la imposición de sanciones por daños agrícolas, forestales o ganaderos causados por especies cinegéticas sobre terrenos que son propiedad del Estado, asunto especialmente delicado en una comunidad donde la plaga de conejos ha hecho estragos en cultivos, conejos que suelen tener sus madrigueras en las inmediaciones de carreteras y vías férreas que son propiedad del Estado.	
El Constitucional tumba la Ley de Caza de Castilla-La Mancha a instancias del Gobierno de Pedro Sánchez