El Ayuntamiento de Córdoba aprobó ayer en junta de gobierno local el anteproyecto de la nueva ordenanza para la Conservación, Rehabilitación y Evaluación y Estado Ruinoso de Edificaciones, que amplía los plazos y reduce el número de viviendas a las que Urbanismo podrá exigir la ITV de edificios respecto de lo que fijaba la ordenanza anterior.	(una zona más reducida que el casco antiguo que no está delimitada como tal sino que alude a las casas situadas en un radio de unos 50 metros alrededor de edificios BIC) tendrán un año a partir de la entrada en vigor de la ordenanza para presentar la inspección técnica. Según los plazos que baraja Urbanismo, el texto debería entrar en vigor antes de que acabe el 2019, por lo que tendrán hasta el 2020 para presentar el informe.	En el resto de zonas solo se reclamará la inspección a las viviendas plurifamiliares (bloques de pisos a partir de dos unidades) en función de su antigüedad. Los edificios de entre 75 y 100 años tendrán hasta el año 2021 para presentar el informe que demuestre que el edificio está en buen estado. Un año más, hasta el 2022, tendrán los bloques de 50 a 75 años y hasta el 2023, los que cumplan más de 50 años.	Entre los dos primeros tramos (BIC, entorno y bloques de entre 75 y 100 años), se estima que estarían afectadas unas 10.000 viviendas. A todas se les da un balón de oxígeno para ponerse al día, ya que hace tiempo que incumplen, pero el Ayuntamiento no ha sancionado a la espera de actualizar la ordenanza. En el tramo tercero, con antigüedad de entre 50 y 75 años, se encuentran bloques de pisos de barrios como La Fuensanta, Cañero Viejo, Fátima, Valdeolleros y Ciudad Jardín.	En cuanto a sanciones que se aplicarán para los incumplidores, el gerente de Urbanismo, Emilio García, informó de que se aplicarán «las previstas por la LOUA». Por ley, el Ayuntamiento puede imponer «hasta diez multas coercitivas, con periodicidad mínima mensual, por un valor máximo del 10% del coste estimado de las obras ordenadas».	El coordinador de Ciudad Física de Al-Zahara, Juan Andrés de Gracia, ha valorado que la nueva ordenanza resuelva «una situación anterior, injusta y desproporcionada», que exigía de forma generalizada la inspección cuando, destacó, «el objetivo es actuar en los edificios más antiguos y en viviendas colectivas construidas en fases, según su antigüedad». Del mismo modo, De Gracia ha insistido en la necesidad de que las administraciones incorporen ayudas a la rehabilitación de forma urgente. Así, ha recordado que no existen subvenciones del Gobierno central, ni del Ayuntamiento, que lleva cuatro años sin ofertar este tipo de ayudas a través de Vimcorsa, ni de la Junta de Andalucía, que «tiene pendiente el pago de las del año pasado y aún no ha lanzado una nueva convocatoria».	
La nueva ITV de edificios se exigirá en el 2020 solo en el entorno de los BIC