, que debe transponer al ordenamiento jurídico español los instrumentos y medidas ('toolbox') que los Estados Miembros de la Unión Europea consensuaron a principios de este año con el fin de mitigar los riesgos de seguridad en las redes 5G y crear un entorno seguro y confiable que impulse el despliegue y fomente la adopción.	
El Gobierno destinará 4.300 millones a impulsar el 5G y la conectividad