Su confirmación parece casi asegurada ya que los republicanos cuentan con 53 de los 100 escaños del Senado. Pero dos no quieren elegir un nuevo juez antes de los comicios y tres padecen covid-19, lo cual podría privar a los republicanos de la mayoría, ya que el voto es presencial e indelegable.	Trump nominó a Coney para reemplazar a la fallecida jueza progresista Ruth Bader Ginsburg, quien ayudó a impedir que su gobierno eliminara el programa DACA que permite a más de 700 mil jóvenes inmigrantes vivir y trabajar en Estados Unidos, y frenó una ley de Arizona que convertía en crimen el ser indocumentado. La nominada solo tiene tres años de experiencia como jueza federal en la corte de apelaciones del 7º Circuito, en Chicago. Los activistas proinmigración la critican porque como jueza de apelación defendió la voluntad de Trump de endurecer el decreto de “carga pública”, que permite negar una “tarjeta verde” o estatus de residente permanente a inmigrantes que podrían necesitar asistencia gubernamental.	Andrew Arthur, experto del Center for Immigration Studies, un centro de análisis conservador que busca reducir la cantidad de inmigrantes que llegan a Estados Unidos, la describió como una jueza concienzuda, que no se desvía de la jurisprudencia. “Si los conservadores esperan tener una jueza militante conservadora, creo que quedarán decepcionados con Barrett. Pero yo no estaré decepcionado con ella, porque quiero un juez que aplique las leyes”, dijo Arthur.	

				Coney, una incógnita en temas migratorios			