La gobernadora se rebela al confinamiento del covid, a pesar de que Río Negro sigue siendo la cuarta provincia de contagios por cada 100.000 habitantes.Redescubrió otras problemáticas. Se motivó con el logrado desalojo en El Foyel y su actuación en Villa Mascardi. Reparó en el histórico déficit habitacional y de tierras. Carreras empezó con un fuerte rechazo a las ocupaciones sociales. La Justicia volvió a exponer su músculo político y, los fiscales y jueces efectivizaron desalojos que resistían. En pocos días -se concretó ayer otro en Roca- se superaron los ejecutados en años.El viernes, la gobernadora presentó un “ambicioso” plan de loteos sociales, con servicios, que llamó Suelo Urbano. La pretensión provincial tiene un valor innegable: incluye en su agenda a la descuidada atención habitacional. Pero, por ahora, le falta sustancia al programa pensado. Por ejemplo, cómo se financiará. Son miles de millones solo en infraestructura, si los terrenos surgen de predios fiscales. Se prometió 12.000 lotes, en cinco años, es decir, los servicios exigirán unos 1.000 millones anuales.El número no es menor cuando el IPPV fenece en la pobreza. Hasta septiembre, el instituto reservó 1.900 millones para construcciones, pero solo desembolsó 570 millones cuando Nación envío 784 millones por el Fonavi.Otra endeblez que revela lo básico del anuncio: se desconoce qué disponibilidad de posibles tierras “urbanas” tiene el Estado, por lo menos el provincial, como núcleo del ideado Banco de Tierras.El bosquejo oficial no comprende y, entonces, no resolvería las tomas actuales al excluir a quienes “decidieron participar de una usurpación”. El anteproyecto concreta que no podrán “inscribirse los partícipes” con “procesos judiciales” o “condenas” por ocupaciones. En esta precisión, el esquema caería en una extraña distinción, a partir de los extravíos judiciales. Ocurre que la Justicia imputa y sanciona a quienes se identifican en los predios ocupados cuando muchos se niegan y quedan en el anonimato. Aquellos que acceden a la imputación penal tendrán ahora otro castigo: la exclusión del mecanismo estatal para lograr su terreno.La cantidad aumentó en el último año, pero en Río Negro existían 154 asentamientos, con casi 20.000 rionegrinos, según el último relevamiento del Registro Nacional de Barrios Populares. Escasean las regularizaciones pensadas por esa ley nacional. Así, cualquier norma provincial debería aportar a la reparación de esa marginalidad social.	Queda, en definitiva, precisar los alcances con el texto definitivo y el tratamiento parlamentario. Se planteó obviamente la necesidad de una “fuerte articulación” con los municipios. Eso faltó en su origen. Los intendentes, incluso los de Juntos, se enteraron en la presentación del trabajo conjunto cuando tienen sus proyectos en marcha. Incluso, el día previo, el viedmense Pedro Pesatti promocionó los suyos con el plan nacional, llamado también Suelo Urbano. Pero, aun renegando, los intendentes averiguan sobre la propuesta, ya que dejarán en la Provincia parte de su presión por esa demanda.Resuelto el entramado, el resultado del anhelado gran loteo estatal dependerá, otra vez, de partidas de Nación. Esa misión, por ahora, quedará relegada, pues la gobernadora tiene urgencias para cerrar el 2020, asegurándose los pagos de diciembre.Ese propósito se encarriló -políticamente- y restan resoluciones técnicas. En principio, Carreras redujo su abultada pretensión, por encima de los 6.000 millones. Nación, poco a poco, se arrima a los 2.000 millones, como préstamo, pero la administración rionegrina pretende llegar a los 3.000 millones, como ATN. El nuevo desembolso seguramente estará entre 2.200 y 2.500 millones, como subsidios y reintegrables.Otro repetido socorro. Por eso, la novedad de los loteos -a pesar de su inicial precariedad- aporta cierta expectativa extraviada.	Es una publicación de Editorial Río Negro S.A. Todos los derechos reservados. Copyright 2020. Propietario Editorial Río Negro S.A. Fundado el 1° de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri. Presidenta del Directorio: Laura Gamba. Editor Responsable: Ítalo Pisani. Registro de la Propiedad Intelectual: 72234608. Edición Nro: 25.869 - Domicilio legal: 9 de Julio 733 - General Roca - Río Negro.	
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