España se suma a los países anglosajones que desde hace décadas apuestan por adquirir parcelas forestales para su conservación y promover un uso sostenible. Es otra vía para preservar la biodiversidad y un arma poderosa contra el cambio climático. La superficie custodiada en España supera ya el medio millón de hectáreas.	Terreno custodiado, terreno blindado. Ni se puede construir en él, ni especular económicamente. Además, se frena su posible abandono y la degradación posterior. La custodia del territorio supone la recuperación de espacios ganados para la naturaleza y por tanto se convierten en un escudo ambiental nada desdeñable. Permite la restauración de hábitats de flora y fauna, o la reintroducción de especies amenazadas y en peligro de extinción. «Todo ello cumple su función para combatir el cambio climático», según José Antonio Larrosa Rocamora, profesor del Departamento de Geografía Humana en la Universidad de Alicante.	Larrosa habla desde la experiencia puesta en práctica en una finca de Benimantell, propiedad de Fundem, entidad que se dedica a la custodia del territorio en la Comunitat Valenciana y también en Vizcaya o Albacete. «La gestión del suelo es un elemento importante para frenar el cambio climático, ya que uno de los problemas más importantes que tenemos en España es el de la desertificación, en el que  también influyen las malas prácticas del ser humano a lo largo de la historia», razona. En Benimantell, por ejemplo, se cambió el arado de la tierra por el desbroce. «Con esta última técnica  evitamos la pérdida de suelo por erosión», explica Larrosa.	La compra de parcelas forestales por parte de particulares implica una mejor gestión de la biodiversidad y se favorece también la prevención de incendios. La ciudadanía, además, puede tomar conciencia de la importancia de un medio natural protegido, un asunto no menor con una crisis sanitaria ligada a una ambiental que tiene en vilo al planeta desde febrero pasado. «Es importante la labor de educación ambiental que hace Fundem en general, y nosotros como custodios en particular, ya que en las campañas de repoblación llevamos a escolares, que colaboran en la plantación, al  tiempo que se les explican todos los procesos», incide Larrosa.	La custodia del territorio es el conjunto de estrategias o técnicas jurídicas, pero también de participación ciudadana a través de las cuales se implica a los propietarios y usuarios en su conservación, así como en el uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos. Así lo apuntan desde la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.	La compra de un determinado espacio natural se realiza a través de acuerdos voluntarios entre las partes. La Plataforma de Custodia del Territorio (PCT), liderada por la Fundación Biodiversidad, «es un proyecto cuyo objetivo es fomentar buena parte de los trabajos vinculados con la custodia del territorio en España». «Además, pone en marcha numerosos proyectos e iniciativas en estrecha colaboración con los agentes sociales», tal como desgranan desde el departamento de Teresa Ribera.	En muchas comunidades autónomas los terrenos suelen ser gestionados por colectivos ambientalistas para desarrollar proyectos de restauración. Como ocurre por ejemplo con Fundem, que trabaja mano a mano con Acció Ecologista Agró en las 1.500 hectáreas adquiridas en la Marjal de Almenara. Allí se persigue la preservación de especies autóctonas como la focha de cuernecitos (	Idéntica situación ocurre con la Rede Galega de Entidades de Custodia do Territorio que se gestó en 2014 en Galicia y persigue desde la conservación de los bosques hasta la del medio fluvial, pasando por la gestión de las especies de flora endémica o de la fauna amenazada. Colindante con el territorio gallego, en 2011 se formó la  Red Transcantábrica de Custodia del Territorio, formada por personas, empresas, entidades y fundaciones interesadas en la conservación del territorio, el paisaje, la biodiversidad y los hábitats de Asturias, Cantabria, País Vasco y el norte montañoso de Castilla y León. Entre los principios que defienden están el uso ordenado, responsable y sostenible de los recursos naturales, persiguiendo la consecución de un desarrollo socioeconómico solidario y respetuoso con los valores naturales y paisajísticos, así como la sensibilización de la sociedad en su óptima gestión.	En el otro extremo, en las islas Canarias, grupos conservacionistas como SEO/BirdLife promueve desde hace años la compatibilidad entre desarrollo rural y la salvaguarda de la biodiversidad, implicando en la conservación de la Red Natura 2000 a dueños y usuarios de los terrenos de interés estratégico para la supervivencia de las aves. Para ello se firman acuerdos y mecanismos de colaboración continua entre propietarios, entidades de custodia y otros agentes públicos y privados.	La custodia del territorio es una práctica bastante extendida por el mundo, sobre todo en los países anglosajones desde finales del siglo XIX. Una fiscalidad muy favorable con desgravaciones importantes para la adquisición de terrenos ha permitido que en Canadá y Estados Unidos haya crecido de forma importante este tipo de iniciativas. En 2016 solo en Estados Unidos había cerca de 23 millones de hectáreas protegidas con acuerdos voluntarios, más del doble de la extensión de los parques nacionales americanos y sin depender de ayudas públicas.	en España. Los datos de 2019 reflejan 218 entidades, con un incremento del 47,3%, con  3.100 acuerdos, lo que supone un aumento del 29%. En cuanto a la superficie que abarcan asciende ya a 577.915 hectáreas, un 56 % más. La propiedad privada continúa siendo predominante, con un 73% de acuerdos y el 48% de superficie. La Red Natura está íntegramente representada en el 38% de esos acuerdos y el 53% de superficie.  Muchos expertos sostienen que deberían desarrollarse los incentivos fiscales y mecanismos financieros para hacerla más atractiva, como ocurre en Estados Unidos o en Canadá.	
Custodia de territorio: restaurando el planeta