Muchos analistas se anticiparon en calificar como “gran triunfo político” la aprobación en tiempo récord, por parte del Congreso Nacional, de la ley de emergencia económica. De un modo similar razonaron los llamados “mercados”, que festejaron el curso tomado por el gobierno de los Fernández con una suba impresionante de la cotización de las acciones de las empresas argentinas y de los bonos de deuda, lo que produjo de inmediato una significativa caída del riesgo país. El entusiasmo, bien visto, tuvo motivos de fondo, pues el gobierno logró aprobar un ajuste que incluyó la anulación de la movilidad jubilatoria, el manoteo al Banco Central de 4.500 millones de dólares para cumplir los vencimientos próximos y la suba de una serie de impuestos que crearon la sensación de que quedaba en mejores condiciones para una renegociación de la deuda. Quienes lo pusieron en números, estimaron que el ajuste -es decir, el saldo fiscal neto que iba a tener para el Estado la ley- triplicaba el que en 2000 quiso y no pudo aplicar López Murphy bajo el gobierno de De la Rúa. En aquella oportunidad, una movilización inmediata de distintos sectores no sólo inviabilizó el ajuste sino que eyectó a López Murphy del Ministerio de Economía. En cambio, Alberto Fernández logró hacer pasar este paquetazo sin que se mueva un pelo. Otra vez el peronismo, destacan los entusiastas, vuelve a mostrar que es el único capaz de garantizar la gobernabilidad. La “receta” no sería otra que el control que tienen sobre las organizaciones obreras y populares.	Cuando el entusiasmo estaba a punto de transformarse en éxtasis, los sucesos ocurridos en Mendoza colocaron las cosas en su lugar. En la provincia del buen sol, un pacto entre Cambiemos y el peronismo-camporismo habilitó la megaminería contaminante al modificar la ley 7.722. De inmediato este maridaje provocó una rebelión popular que incluyó a sectores sociales diversos, debido a que un sector del capital agrario y del turismo veía peligrar sus posiciones. La burocracia sindical fue agarrada desprevenida. Sus diputados habían votado a favor y algunos sindicatos, como la Uocra, abiertamente reclamaban la aprobación de la ley. Sin embargo, esa posición de la burocracia no fue óbice para la rebelión popular. Al revés, produjo que se desenvuelva por un cauce independiente, por fuera del control de las organizaciones preexistentes. Este formato, que en muchos sentidos replicaron la forma que adoptaron los sucesos de la vecina Chile, actuó como una alarma al dejar en evidencia los peligros que conllevan los beneficios de la cooptación. Es que la cooptación tiene la ventaja indudable de neutralizar los reclamos populares echando mano al control de las organizaciones populares por parte de sectores burocráticos e integrados al Estado. Pero cuando no es capaz de neutralizar la movilización se convierte en un peligro, ya que hace que ésta se desarrolle por fuera del control de esas organizaciones que sirven como dique para mantenerlas dentro de los límites tolerables.	Esta contradicción entre la movilización de las masas y la integración al Estado de la burocracia sindical pone al rojo vivo la necesidad de recuperar las organizaciones obreras para reforzar los reclamos populares, como lo planteó en Mendoza la Coordinadora Sindical Clasista. En una rebelión donde intervienen diferentes clases sociales es central que la clase obrera intervenga con un programa y una fisonomía propias.	El temor a una expansión de esta rebelión llevó al gobierno de Mendoza a retroceder en chancletas y resolver a su pesar la anulación de la ley. Se trató de una derrota conjunta, que golpeó por igual al radicalismo-macrismo como al peronismo-camporismo. En Chubut, el gobernador Arcioni -que pensaba que tenía luz verde para modificar la ley 5.001 y habilitar también la megaminería contaminante en la provincia en una sesión especial convocada a tal efecto- se curó en salud y decidió no avanzar con el proyecto.	A estos recules del gobierno se le agregó otro, sin que sea necesario que ocurra ni un atisbo de rebelión popular. Nos referimos al aumento del precio de las naftas por parte de YPF, que había sido consensuado entre Nielsen y Alberto Fernández. Sin embargo, el repudio que rápidamente se extendió en las redes sociales cuando se conoció la información llevó al gobierno a dejar sin efecto el aumento.	Estas idas y venidas en torno de la cuestión minera y petrolera representan un cuestionamiento que va más allá de lo que pueden entenderse como problemas de gestión de un gobierno que acaba de asumir. Sucede que en la campaña electoral Alberto Fernández dejó expresamente claro que consideraba el desarrollo de la minería y de la cuestión petrolera y gasífera como estratégica. Los dólares para hacer frente al pago de la deuda debían venir en buena medida de la puesta en marcha de proyectos mineros y petroleros. Para ello puso como ejemplo el modelo minero sanjuanino, hecho a la medida de Barrick Gold, y planteó elevar a Vaca Muerta a una jerarquía especial, con todo tipo de beneficios impositivos y cambiarios. La imposibilidad de avanzar en las habilitaciones de proyectos mineros y de imponer nuevos aumentos de las naftas representa un golpe a la capacidad de pago de la deuda, según la hoja de ruta establecida por el propio gobierno.	La cuestión se enlaza con el congelamiento de las tarifas de servicios públicos y del transporte resueltas también por la ley de emergencia. El gobierno no ha dicho si ese congelamiento será financiado con subsidios del Estado o si será asumido como costo por las empresas. Si esta última fuese la opción, con seguridad, la respuesta empresarial será una falta total de inversiones y, más aún, de mantenimiento básico del servicio. Si, en cambio, el gobierno echase mano a compensar el congelamiento con subsidios, el impacto fiscal puede ser muy severo, sobre todo en momentos donde debe mostrarle a los acreedores capacidad de pago -es decir, de hacer un fuerte ajuste. Entra aquí a jugar la diferencia de fondo con la fase kirchnerista de 2003-2007. En ese momento, el aumento exponencial del precio de las materias primas permitió lograr un superávit fiscal, que se destinó en buena medida a subsidios parasitarios a las privatizadas y empresas de transporte público. En cambio, en la actual fase de la crisis mundial, cuando priman las tendencias a la recesión, la fuga de capitales, la guerra comercial y monetaria, ese margen se ha estrechado a niveles mínimos. Así, mientras en los dos primeros años del kirchnerismo el crecimiento económico fue superior al 6% anual, ahora los pronósticos de la mayoría de las consultoras prevén una nueva caída para 2020. El intento de poner en pie un nuevo régimen bonapartista debuta con las cajas vacías.	En estas condiciones, el gobierno deberá pasar por su principal prueba, que es la renegociación de la deuda que en las condiciones actuales marcha a un default generalizado. La ilusión de que los bonistas, por un lado, y el FMI y Trump, por el otro, le echarán una mano a Alberto Fernández para armar en tiempo récord una negociación amistosa carece de todo fundamento. Los Fernández quieren aprovecharse de las crisis políticas de América Latina y parasitar las rebeliones populares para vender a un precio más alto su política de contención. Sin embargo, no está claro que el imperialismo quiera comprar sus recetas y mucho menos que esté dispuesto a pagarlas al precio esperado.	En cualquiera de las variantes que se presenten, se plantearán condiciones extorsivas que condicionarán todo el proceso político. La cuestión previsional ocupará otra vez un lugar central, pues si el gobierno por temor a una rebelión popular diera en marzo un aumento por decreto más alto de lo esperado, la reacción de los “mercados” podría pasar de la euforia a la decepción en tiempo récord. Si, en cambio, los aumentos son más bajos que la inflación y la nueva fórmula de movilidad deja expuesta una política expropiatoria se plantearán elementos de fondo de una crisis de cara a las masas.	Los elementos que determinarán el año entrante están todos sobre la mesa. Falta dilucidar el principal: la capacidad que tengan los trabajadores para superar la experiencia con el nuevo gobierno. El respaldo abierto de la burocracia sindical a Alberto Fernández no debe llevar a errores. La burocracia es una casta desprestigiada que no expresa ni por asomo el sentir de los trabajadores. Queda por resolverse la cuestión de las paritarias, en la que el gobierno parece haberse metido en un laberinto. Su propuesta de determinar un aumento por decreto se demora más de la cuenta, porque incluso siendo bajo, genera resistencias en la clase capitalista. Existe el serio peligro que termine generando el rechazo de todas las clases sociales: el de los trabajadores, porque un aumento bajo estará lejos de permitir una recuperación salarial, y de la clase capitalista, que quiere una mayor desvalorización de la fuerza de trabajo.	Las consignas para atravesar esta etapa están determinadas por la necesidad de defender la independencia política de los trabajadores y sus organizaciones. A partir de allí se plantea la defensa de las jubilaciones en relación directa al salario en actividad de los trabajadores, las paritarias libres para recuperar lo perdido por la inflación pasada e imponer el ajuste por inflación, la prohibición de los despidos y las suspensiones, la universalización de los planes sociales y la duplicación de su monto, la nacionalización de los recursos naturales (petróleo, gas, minería) y el repudio a la deuda usuraria.	
[Editorial] Entre el pago de la deuda y la sombra de la rebelión popular