, mientras que permanece en 2.500 euros para particulares, aunque el objetivo es «ir disminuyendo cuantías» para combatir la economía sumergida. Montero ha destacado que la lucha contra el fraude fiscal es una «prioridad» del Ejecutivo porque «no hay justicia social ni tributaria si algunos pretenden eludir sus compromisos y obligaciones que tienen el resto».	
El Gobierno prohíbe las amnistías fiscales en una ley antifraude