Hace dos años, Argentina rompía un récord financiero mundial: ser el país en cerrar el acuerdo Stand By más importante en la historia del Fondo Monetario Internacional (FMI). El 20 de julio de 2018 el directorio del organismo financiero internacional que manejaba en esos tiempos Christine Lagarde, aprobaba un nuevo plan de ayuda para el país; bajo la línea de préstamos Stand By, por el que Argentina recibiría unos impactantes u$s50.000 millones; un monto de dinero que nunca antes había sido desembolsado por el organismo; y que debería servir para despejar cualquier tipo de dudas sobre la solidez de la economía del gobierno de Mauricio Macri para cumplir con todos sus compromisos financieros con los acreedores externos e internos.	Sin embargo, y sólo dos meses y medio después el país rompería otro récord: Argentina pediría un “waiver” antes del segundo desembolso del organismo (nunca antes había pasado en la historia del FMI), y pediría un Stand By del Stand By. Por presión del presidente norteamericano Donald Trump, el organismo volvía a apoyar a Macri y ampliaba la ayuda en u$s7.000 millones hasta unos 57.000 millones de dólares totales; acelerando además el ritmo de desembolsos para que el dinero estuviera depositado en las cuentas del Banco Central antes de diciembre de 2019, cuando culminaría la gestión de Cambiemos en el poder. Sólo impondría una condición: que el dinero no se utilizara para combatir corridas cambiarias, sino para garantizar la capacidad de pago del país y cubrir el bache fiscal; para lo que impondría un plan de reducción del rojo hasta el virtual equilibrio para fin del último año de gestión de Macri.	Esta prohibición de utilizar los dólares del Fondo para frenar la salida de dólares, fue luego una bandera que en abril del 2019 también el organismo financiero arriaría; también por gestión personal de Donald Trump. Para septiembre de 2019 Argentina ya estaba incumpliendo nuevamente las pautas del acuerdo (el entonces ministro de Economía Nicolás Dujovne se había comprometido metas utópicas: una inflación de menos de 20% y a un déficit cero para ese ejercicio); y, otra vez, ingresaría en una suspensión del acuerdo hasta nuevo aviso. Argentina debía recibir ese mes unos 4.700 millones de dólares, que aún hoy no se liquidaron; y que están a la espera de un nuevo acuerdo que debería ser firmado por Alberto Fernández una vez que termine la batalla con los acreedores con títulos emitidos con jurisdicción internacional.Aquel 20 de junio de 2018 era el FMI el que confirmaba la nueva relación con el organismo a través de un comunicado donde se explicaba con entusiasmo que “el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó hoy un acuerdo a favor de Argentina en el marco de un Acuerdo Stand-By de tres años por u$s50.000 millones (equivalente a DEG 35.379 millones, o alrededor de 1.110% de la cuota de Argentina en el FMI)”. Mencionaba luego que “la decisión del Directorio permite a las autoridades realizar una compra inmediata de u$s15.000 millones (equivalentes a DEG 10.614 millones, o 333% de la cuota de Argentina). La mitad de ese monto (u$s7.500 millones) se destinará al respaldo presupuestario. El monto restante del respaldo financiero del FMI (u$s35.000 millones) estará disponible a lo largo de la duración del acuerdo, supeditado a exámenes trimestrales a cargo del Directorio Ejecutivo. Las autoridades han anunciado la intención de girar contra el primer tramo del acuerdo, pero posteriormente tratarán el resto del acuerdo con carácter precautorio”.	La comunicación oficial firmada por Lagarde anunciaba además que ”el plan económico de las autoridades argentinas respaldado por el Acuerdo Stand-By busca reforzar la economía del país restableciendo la confianza del mercado mediante un programa macroeconómico coherente que reduce las necesidades de financiamiento, encauza la deuda pública argentina por una trayectoria descendente firme y afianza el plan de reducción de la inflación mediante metas de inflación más realistas y el fortalecimiento de la independencia del banco central”. Finalmente llamaba al país a que “el programa económico del Gobierno está anclado en el objetivo de lograr un equilibrio primario del gobierno federal para 2020. Esto será clave para restablecer la confianza de los mercados. La mejora del proceso presupuestario y la fijación de esta ancla a mediano plazo para la política fiscal y para las expectativas contribuirán a afianzar estos avances”. Este objetivo, junto con el inflacionario, fue lo que luego incumplió el país y llevó a la renegociación de septiembre de 2019, la que también resultó fallida. Mientras tanto, los primeros u$s15.000 millones del Stand By llegarían al país.	El origen del regreso de la Argentina al FMI se remonta a marzo de 2018, cuando Lagarde visitó el país para una presentación en la Universidad Di Tella. En el marco de ese viaje con motivos académicos; Dujovne, por orden de Mauricio Macri, invitó a la visitante a una cena privada en su domicilio particular; donde se habló del retorno. Las negociaciones formales comenzaron en mayo, y el acuerdo entre el gobierno y Lagarde y sus técnicos encabezados por el director gerente para el Hemisferio Occidental Alejandro Werner y el responsable del caso argentino, el romano Roberto Cardarelli. Entusiasmado y algo apresurado, Macri anunció lo 7 de junio, lo que le valió un reto desde la sede del organismo en Washington: aún restaba el voto del “board”, donde se toman las verdaderas decisiones de aprobación o rechazo de los créditos. El entonces Presidente argentino se llamó por unos días a silencio, hasta recibir las buenas noticias del 20 de junio. Antes, el 14, tomó una decisión importante: renunció al presidente del Banco Central Federico Sturzenegger, quién días antes le había advertido tres inconsistencias del acuerdo: que no se pudieran usar los dólares para reforzar al peso, las metas inflacionarias eran incumplibles y el déficit fiscal imposible de mantener sin un acuerdo político. No hubo caso. Macri siguió adelante con las recomendaciones de Dujovne, potenciado además por las charlas que mantenía con Lagarde. El reemplazante de Sturzenegger fue Luis “Toto” Caputo; que en esos tiempos era ministro de Finanzas, y tenía encandilado al Gabinete por su habilidad para manejar la deuda. Fundamentalmente en la velocidad de emitirla. Caputo tampoco tendría suerte en su gestión. A menos de cuatro meses de haber asumido, renunciaba a su cargo el 26 de septiembre, a horas de la firma del segundo Stand By; también descontento por la imposibilidad de usar los dólares del FMI para contener la escalada del dólar.	

                            
                            A dos años del regreso formal al FMI y del récord de incumplimiento                            
                        