de la vacuna de la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socios germanos de Biontech nos han metido anímicamente en una nueva fase de la pandemia. Empezamos, sí, a ver luz al final del túnel con este y otros productos para la inmunización frente al covid que están ya en la fase previa a su comercialización. Aunque tampoco conviene dejarse llevar por la euforia, porque volver a la realidad tal y como la conocíamos es todavía un sueño lejano. Y el camino de regreso sigue pareciéndose a un decorado de sombras y cenizas, de dolor, muerte e incontables daños económicos y sociales. En ese sendero estamos, con la diferencia ahora de que ya sabemos que la ciencia –¡cuántas veces infravalorada!– nos hará el tránsito más rápido y llevadero. Le queda por delante a la Administración la difícil tarea de organizar la logística para distribuir la vacuna y, sobre todo, convencer a la población de que es necesario inmunizarse frente al virus que tanto daño nos está haciendo. Llama la atención que ante tanto sufrimiento, casi el 44 % de los españoles, según el último barómetro del CIS, confiesen que no estarían dispuestos a ponerse las dosis de inmediato. Las autoridades sanitarias garantizan que, sea el de Pfizer, el de Oxford, el de Moderna o cualquier otro de los que están ya en fase tres, los antídotos frente al covid-19 que salgan al mercado lo harán porque son seguros y han demostrado su eficacia. Pero es innegable que la rapidez con la que se están desarrollando las vacunas para evitar la propagación de Sars-Cov-2 genera temor entre la población. La situación es tan dramática que inyectarse o renunciar a hacerlo no debería ser una opción, pero el debate sobre si ha de ser obligatorio está abierto. Los expertos juristas ven resquicios en las normas ya existentes para que el Gobierno pueda hacerlo. En la ley 22/1980, que modifica la ley de bases de la sanidad de 1944, se prevé, por ejemplo, que las vacunas contra la viruela, la difteria y otras infecciones podrán ser declaradas obligatorias por el Ejecutivo. Por analogía, dicen quienes saben de leyes, podría aplicarse el sí o sí al antídoto contra el coronavirus. Las autoridades, además, han de preservar la salud pública. La propia Xunta, sin ir más lejos, introducirá en la reforma de la ley sanitaria de Galicia que la vacunación pueda ser un acto obligatorio. El ministro	
 Pedagogía provacuna 