El juicio ya lleva dos meses. El 15 de enero un narcotraficante colombiano que trabajó para el cártel de Sinaloa de Guzmán, entre 2007 y 2013, testificó que Guzmán pagó al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto un soborno de 100 millones de dólares mientras este estaba en el poder, acusación que la oficina de Peña Nieto niega.	Determinar la escala del imperio global de Guzmán es difícil, ya que los mafiosos no suelen llevar libros y tablas de contabilidad. Pero la acusación de 2016 contra él en Estados Unidos buscó la confiscación de más de 14 mil millones de dólares en ganancias y ganancias ilícitas de décadas de ventas de narcóticos en Estados Unidos y Canadá.	En 2016, el año en que El Chapo fue capturado en México, el precio mayorista de un gramo de cocaína fue de aproximadamente 2,30 dólares en Colombia y 12,50 en México. El mismo gramo tenía un costo mayorista de 28 dólares cuando llegó a los Estados Unidos. En Australia, ese mismo gramo de cocaína se vendió a 176,50 al por mayor.	Una valla fronteriza de alta tecnología construida en Arizona mucho antes de la llegada al poder de Trump ha probado que es virtualmente inútil para evitar que las drogas ingresen a Estados Unidos: los contrabandistas mexicanos simplemente usan una catapulta para lanzar pacas de marihuana de 45 kilogramos hacia el lado estadounidense.	En la última década, unos 200 empleados y contratistas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos han aceptado casi 15 millones de dólares en sobornos para hacerse de la vista gorda, ya que las drogas fueron contrabandeadas a través de la frontera hacia los Estados Unidos, informó The New York Times.	
El juicio al Chapo evidencia por qué un muro no detendrá el tráfico de drogas entre México y Estados Unidos