El tema donde más ha fallado este Gobierno es en el de seguridad. Cada día mueren alrededor de 100 mexicanos por homicidio doloso. 2019 fue el año más violento desde que Calderón le declaró la guerra al crimen organizado en 2007. En su campaña presidencial, era evidente que AMLO no tenía una estrategia clara de qué hacer para solucionar este problema. Todo se reducía a tres o cuatro frases comunicativamente muy buenas, pero sustantivamente huecas.	Tomó posesión López Obrador como Presidente y nada de nada. Los resultados hablan por sí mismos: La falta de estrategia se ha reflejado en una agudización del problema. AMLO, ahora, nos pide de nuevo paciencia. Hasta el primero de diciembre de este año veremos un cambio en las cifras malditas. Mientras tanto, huelga recordar, que 100 mexicanos mueren de manera intencionada y violenta cada día.	La semana pasada fuimos testigos de un evento francamente surrealista: La presentación de la no presentación de la reforma de procuración de justicia. Bien decía André Bretón: “No intentes entender a México desde la razón, tendrás más suerte desde lo absurdo, México es el país más surrealista del mundo”. El absurdo de un acto en el Senado de presentar una iniciativa de reforma que no se presentó.	No obstante, sí se filtraron en las redes sociales y los medios las propuestas que supuestamente se presentarían. De inmediato, los expertos en materia judicial y penal advirtieron de una contra reforma que reinstauraba viejas figuras superadas como la del arraigo o legalizaban prácticas como la tortura. Rápidamente, los representantes del Gobierno y Morena salieron a decir que esto era pura especulación porque, en realidad, no se había presentado nada al Senado. “Para hacer caldo de pollo hay que tener pollo”, sentenció el líder senatorial de Morena, Ricardo Monreal. Efectivamente: No había pollo.	Sin embargo, el ave que se filtró sí tenía un tufo autoritario: Un retroceso para los derechos humanos en la procuración de la justicia. Mi propósito en este artículo no es hablar de qué tan autoritario o no es el caldo o el pollo. Lo que quiero es destacar la trampa política que está diseñando el Gobierno para la oposición. Lo explico.	Si efectivamente viene una contra reforma legal para instaurar un régimen de “mano dura” en México, la oposición deberá tomar la nada fácil decisión de si apoyarla o no. En la Cámara de Diputados el Gobierno tiene más de dos terceras partes de los votos para reformar la Constitución. No así en la Cámara de Senadores donde más de un tercio de los legisladores han parado iniciativas de reformas constitucionales del actual Gobierno o las han descafeinado como en el caso de la revocación del mandato. En los senadores del PAN, PRI, MC y PRD está el único contrapeso legislativo que tiene el País.	Para ellos, el dilema será el siguiente. Asumamos que el Gobierno propone una contra reforma de corte autoritario. Si votan a favor, estarían dándole un gran golpe a la democracia liberal en México. Le estarían otorgando un poder enorme al Gobierno que, llegado el caso, podría utilizarse en su contra. Acabarían como los aliados de un retroceso histórico. Pero, si votan en contra, el Gobierno tendría a su chivo expiatorio perfecto para lavarse las manos de la responsabilidad de la violencia en México. AMLO no se cansaría de culpar a los opositores por haber bloqueado sus reformas que, según él, habrían solucionado el problema de la inseguridad.	Nada fácil de resolver este dilema. Sobre todo si se toma en cuenta que habrá muchos senadores de oposición a favor de endurecer las leyes en la procuración de justicia. La falsa salida de nuestros políticos a los que les encanta modificar las leyes pensando que así van a cambiar la realidad.	Dos preguntas, entonces. Primera: ¿Qué va a hacer la oposición en el Senado si el Gobierno efectivamente presenta una contra reforma de “mano dura”: La apoyarán fortaleciendo el poder gubernamental o la rechazarán convirtiéndose en el macho cabrío al que cargarle todas las culpas de la inseguridad del país? Segunda: Si los senadores opositores acaban apoyando al Gobierno, ¿quién tendrá el poder de parar tantas barbaridades que ponen en peligro los derechos humanos de todos los mexicanos?	
Responsabilizar de la inseguridad a la oposición