Y lo hace con la parábola juarista, lecciones de historia patria que generalmente tienden mantos de impunidad o estigmatizan e insultan al adversario, al crítico, al que piensa diferente, al periodista que no cuadra con su pléyade mercenaria de insultante incapacidad para leer las preguntas, sembradas o no que dan pie a la retórica presidencial, soporte para responder en ese vulgar libre albedrío desde el púlpito del poder.	Así, salir con una gracejada es lo más recurrente junto con el enorme archivo de los otros datos o negarse a contestar porque tiene prisa y deja dudas sembradas, como deslizar que Rosario Robles Berlanga es un chivo expiatorio, vísperas de que la señora cayera en la celada tendida por un juez de burdo complaciente que le dictó prisión preventiva dizque porque carece de domicilio confirmado en la Ciudad de México y evidencia mentira el que haya tramitado licencia de conducir con una dirección diferente a la aportada en el expediente judicial. ¡Sopas!	Difícil sustraerse al affaire RRB en esa opereta que tiene todo el estilo de los nacientes gobiernos priistas en el ajuste de cuentas, aunque el licenciado López Obrador diga que “eso sí calienta”, es decir, que lo encabrona ser comparado con sus antecesores.Pero ayer, en la sesión de la comisión permanente del Congreso de la Unión hubo dos temas que pintan ese lado de impunidad y mentira en el que transitan los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.	Y es que su palabra es una y nada más. Se asume honesto, presume no mentir ni robar, más lo referido, con datos reales, los que oculta el señorpresidente, por la diputada Dulce María Sauri Riancho y el senador Manuel Añorve Baños, demuestran que López Obrador miente y engaña con la estridencia elemental de repetir una mentira mil veces hasta hacerla verdad.	Priistas no vergonzantes, la yucateca Dulce María y el guerrerense Manuel Añorve, remaron a contracorriente de la mayoría de legisladores de Morena que frenó acuerdos para, uno, solicitar que las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana remitieran a la comisión permanente informe detallado de la estrategia para implementar la nueva política migratoria y el impacto presupuestal que generaría su implementación.	Y un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, para que envíen un informe del estado que guarda el proceso de venta del avión presidencial –el TP01–, así como un balance del costo-beneficio que se derivaría de la venta de dicha aeronave.	Además del exhorto al gobierno federal para acatar las sentencias de amparo a favor de las estancias infantiles. Así, de la mal llamada o bien llamada “Estafa maestra”, que ha derivado en prisión contra Rosario Robles, pasamos a la EstafaEscolapia del TP01, por estar sustentada en un engaño pueril de deshacerse de un avión carísimo con pérdida para el vendedor que no es propietario, pero aparenta serlo de la aeronave comprada en 2012.	“Vengo a hablar en contra del dictamen que desecha el punto de acuerdo que fue enunciado en el tercer resolutivo, es el que se refiere a solicitar información a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, respecto al costo de la implementación de la nueva política migratoria y el procedimiento de venta del avión presidencial.	“No fui yo, no fuimos la primera comisión los que vinculamos este tema, fue el propio presidente de la República cuando señaló en una de sus conferencias matutinas lo siguiente: ‘vamos a ayudar a los centroamericanos para que tengan trabajo en sus lugares de origen y trabajo en México, porque va a haber para todos, donde come uno comen millones ¿De dónde va a salir el dinero? de lo que vamos a recibir por la venta del lujoso avión presidencial’.	“Nuevamente en una conferencia de prensa matutina, el presidente dijo lo siguiente: ‘ayer recibí el avalúo de la ONU sobre el avión presidencial, mínimo 150 millones de dólares y de ahí para arriba. Me quedé con la duda de 130 o 150, pero este dinero saldría de lo que vamos a recibir del lujoso avión presidencial, de nombre, como burla, José María Morelos y Pavón, el que buscaba que se acabara la opulencia que se viviera en la justa medianía’, fin de la cita.	“Si sumamos esa cifra al costo de la nueva política del gobierno respecto a no usar la aeronave y viajar en aviones comerciales, si consideramos que desde el 2 de diciembre el avión presidencial fue enviado a los Estados Unidos generando costos como el pago de una renta mensual de aproximadamente 1.	2 millones de pesos en un hangar de California, más los gastos de mantenimiento y la mensualidad programada a Banobras, que no pude dejarse de pagar, tenemos como consecuencia que en seis meses esta política ha costado 235 millones 525 mil pesos para pagar el pasivo a Banobras de un avión que no se usa, y 7 millones 200 mil pesos por tenerlo simplemente estacionado.	“De ahí la razón del punto de acuerdo que propuse, si ya la Secretaría de Gobernación y la de Seguridad y Protección Ciudadana informan de que han hecho uso de los recursos provenientes del fideicomiso Fondo Yucatán, que por cierto, tenía o contaba con casi 2 mil millones de pesos, 100 millones de dólares cuando se inició a finales de junio la afectación de esos recursos para dar los 30 millones de dólares a El Salvador, bueno, pues que nos digan que ya está resuelto cuando menos temporalmente el fondeo de la política migratoria, al menos en relación a los países de Centroamérica.	“Y, en el caso del avión presidencial, que digan con toda claridad, eso va por cuerda separada, cuando se venda de lo que aparezca, pues qué bueno, y si no aparece nada por esta política tan dudosa, cuando menos en términos económicos de venta del avión presidencial, también que lo digan.	“Vale la pena decir que hay jurisprudencia, que efectivamente, hay amparos que han prosperado en todo el país a favor de las estancias y de sus beneficiarios, y que esta comisión permanente no puede ser omisa y no dar apoyo a las madres y padres de familia que lo siguen reclamando en cada uno de los estados de nuestra República Mexicana.	“Y los derechos humanos no es una institución a modo ni partidista. Es una institución que creamos los mexicanos y que por supuesto debemos de apoyar sus resoluciones, nos incomoden o nos apoyen, pero al final de cuentas es una institución seria y que no podemos tampoco estarla denigrando o no estar aceptando las recomendaciones que emite”. Concluyo parte del argumento de Añorve en defensa del exhorto.	Pero, vaya, es evidente que la consigna es pasar por encima de lo que sea, al grito de ¡aldiablolasinstituciones! Rosario creyó, acudió a la cita y la encarcelaron por la “Estafa maestra”; ¿quién responderá por la “Estafa aérea” o llamémosla EstafaEscolapia? Ofende al sentido común y más la violación a una orden jurisdiccional. Hágase justicia en los bueyes de mi compadre. Conste.	
TP01, EstafaEscolapia de la 4T