La denuncia incluye 403 fichas confeccionadas por la Dirección de Eventos Especiales y visadas por la Dirección Operacional del Área de Contrainteligencia respecto a periodistas de distintos medios, 28 fichas de personas con vinculaciones académicas, 58 fichas con información colectada de distintas personas que habrían sido observadas en la acreditación para la participación de estos eventos y un Informe cuyo asunto reza “OMC”, el cual contiene información de inteligencia vinculada al Partido de los Trabajadores Socialistas.	En la presentación realizada por Cristina Caamaño se solicita la declaración indagatoria de los agentes involucrados (de quienes debe preservarse la identidad, en los términos de la Ley Nacional de Inteligencia); del ex director general de la AFI Gustavo Arribas; de la ex subdirectora general de la Agencia, Silvia Majdalani, y del ex presidente Mauricio Macri, “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional (art. 12, ley 25.520).	En el mes de junio de 2017, el Ministerio de Seguridad de la Nación elaboró y dio a conocer un documento interno con lineamientos de seguridad en el marco de la XI Conferencia Ministerial de la OMC que se llevaría a cabo en la Ciudad de Buenos Aires entre los días 10 al 13 de diciembre de 2017.	El mencionado documento calificado como “CONFIDENCIAL” establecía, entre otras cuestiones, las locaciones donde se desarrollaría el evento, con una estimación de recursos necesarios que debían comprometerse en cada una de ellas, así como también una breve reseña de las experiencias anteriores llevadas a cabo en otros lugares del mundo respecto a la seguridad”.	A su vez, y como anexo del mencionado instrumento, se adjunta otro documento con los ‘Criterios para la acreditación de los medios de comunicación por la OMC en las Conferencias Ministeriales”, el cual establece distintos lineamientos que debían ser tenidos en cuenta para el otorgamiento de acreditaciones a favor de periodistas, así como también qué comprobantes debían ser exigidos a fin de la correcta acreditación. También, contiene un procedimiento para que los distintos medios de comunicación puedan acreditarse; y finalmente, una ficha con distintos datos solicitados a quienes deseen comenzar con el proceso.	“Las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido, ello con manifiesta connivencia de la autoridad máxima del Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich”, dice la presentación.	– A partir de la producción de inteligencia ilegal llevada a cabo por las áreas mencionadas, se negó el acceso a los eventos internacionales mencionados a las personas que subjetiva y arbitrariamente no cumplían con los requisitos políticos, sociales o incluso de vínculos, que desde la Agencia entendían como los correctos para poder asistir a este tipo de eventos. Ello, como V.S. recordará, trajo aparejado innumerables reclamos judiciales por parte de quienes se veían restringidos en el acceso sin entender cuál era el motivo real; incluso se presentaron también reclamos a nivel internacional, generando de esta manera un conflicto diplomático entre nuestro país y los distintos países participantes de estos eventos.	“Las fichas contienen información de todo tipo y color: vinculaciones en los medios de comunicación, preferencias políticas, publicaciones en redes sociales, simpatía respecto a grupos feministas o de contenido político y/o cultural, entre otras cuestiones que nada tienen que ver con el contenido del evento para el cuál supuestamente se estaban realizando este tipo de tareas sin control ni orden jurisdiccional”.	“Es que si un periodista es o no opositor del gobierno de turno no influye en lo más mínimo respecto a las condiciones de seguridad que debían brindarse desde el Estado nacional para llevar a cabo un evento internacional de la envergadura del G-20. Lo mismo respecto a si el periodista publica o no fotos de sus viajes en Instagram o a quien sigue en Twitter, o si milita en el movimiento social ‘Ni Una Menos’”.	“Respecto al Instituto del Mundo del Trabajo ‘Julio Godio’, el informe también reúne datos que dejan de llamarnos la atención. En este sentido, posee un párrafo especial titulado ‘Vinculación con la UNTREF’, ¿qué medidas de seguridad puede vulnerar un Instituto cuyo trabajo se enmarca en las tareas académicas llevadas a cabo en una casa de estudios? ¿Cómo es posible pensar que el trabajo académico llevado a cabo -e incluso publicado- por una universidad pública puede alterar el orden o la seguridad en un evento internacional? ¿Qué es lo que en definitiva motivó que se realizara o encomendara este tipo de tareas clandestinas e ilegales? Muchas preguntas, pocas respuestas”.	“Tal como puede observarse de las fichas acompañadas se desprende la cantidad de información reunida en forma ilegal de personas del mundo académico: información básica, distintos domicilios, grupos de pertenencia, redes sociales, vínculos importantes (sin precisar a qué hacer referencia el término ‘importantes’), y al final -en información adicional- todo tipo de información de inteligencia de corte político como por ejemplo lo que surge de la ficha de Federico Wahlberg: ‘Actualmente se desempeña en la Secretaría de Medioambiente de la Nación. Grupo de economistas de izquierda con fuerte presencia en medios de comunicación y de corte kirchnerista como Página 12. Asimismo, ha realizado publicaciones en el portal de ‘Agencia Paco Urondo’, en las cuales se ha manifestado en contra del libre comercio. Ha tenido participación activa en las actividades previas a la OMC que organizó el colectivo Argentina Mejor sin TLC. Pregonan presencia en la Universidad General Samiento, donde Luciana Ghiotto expuso en sus jornadas de SEP17, en conjunto con otros miembros de la SEC”.	
Piden la indagatoria de Macri y Arribas por el espionaje ilegal