Las defensas que suscribieron el escrito sostienen que no tuvieron acceso a evidencia clave en la argumentación de la Fiscalía para proceder a la formalización de sus clientes, entre ellas los resultados de las pericias de los celulares y los contenidos vertidos en las plataformas utilizadas, por lo que entienden que no están dadas las condiciones para preparar adecuadamente la defensa.	Además, reclaman que pidieron la información sobre la forma en la que accedieron las víctimas a las plataformas y el envío de un oficio al Banco Central del Uruguay para que informe los movimientos de las cuentas bancarias de la víctima que sería interrogada en la audiencia del 8 de octubre, que no fue respondido.	Según señalaron, otro de los aspectos que fue planteado a la jueza por uno de los abogados es la imposibilidad de cumplir con los protocolos planteados por el Ministerio de Salud Pública, dado que la audiencia reunirá a unas 100 personas, entre los 31 imputados, las víctimas que participan en el proceso y sus abogados, además de los representantes de la fiscalía y el Poder Judicial.	Tal como se expresó en anteriores sentencias vinculadas al caso, el tribunal rechazó el argumento de parte de las defensas que consideran que el caso no debe enmarcarse en la ley de violencia de género y consideró que “claramente involucra un supuesto de violencia de género”. Además, el cuerpo agregó que “para interpretar e integrar las disposiciones de dicha ley se establece que el interés que debe siempre prevalecer es el de la víctima”.	En otra sentencia emitida en las últimas horas, el tribunal ratificó la imputación de uno de los formalizados, de iniciales ROC, cuya defensa había apelado la tipificación de reiterados delitos de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo en reiteración real con reiterados delitos previstos en el artículo 277 bis del Código Penal. Ese artículo establece penas para quienes, mediante el uso de tecnologías de la información, “establezcan contacto o ejerzan influencia sobre menores de edad para cometer cualquier delito contra su integridad sexual, actos con connotaciones sexuales, obtener material pornográfico u obligarlo a hacer o no hacer algo en contra de su voluntad”.	Ese acuerdo, para el que se consideró el hecho de que el victimario no había tenido contacto con la víctima, implicó una condena a tres meses de prisión domiciliaria total, tres meses de prisión domiciliaria nocturna y un año y medio de libertad vigilada. Al condenado también se le quitó la patria potestad y se le prohibió realizar cualquier tipo de tarea que implique trabajo con adolescentes, tal como dispone el artículo 67 del Código Penal y la ley integral de violencia de género. Además, deberá otorgar una reparación económica a la víctima de 12 salarios, tal como prevé el artículo 80 de la ley de violencia de género.	

          Operación Océano: ascendió a 19 el número de víctimas de explotación sexual
      