En días pasados fue publicada la convocatoria para presentar candidaturas a la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Hace poco menos de cinco años, una convocatoria como ésta se cristalizó en mi favor con una copiosa votación de las senadoras y senadores de la República de diversas fracciones partidistas, quienes por mayoría suficiente me confirieron la distinción de encabezar la gran institución del Estado defensora de los Derechos Humanos. Desempeñarme en este cargo ha sido una imborrable distinción y un orgullo.	En ese entonces, la Presidencia del Órgano Constitucional, cuya estatura debía fortalecerse y crecer, obligaba a mirar la responsabilidad sin ambición de continuidad personal. Eran tiempos de pensar en el cumplimiento de la misión y de consolidar lo que, entonces y ahora, integran la esencia de una institución como la CNDH: la defensa de su autonomía, de la legalidad, y de la atención y apoyo a las víctimas. La única manera de defender los derechos humanos es con el ejercicio objetivo y responsable de la independencia de gestión, sin confundirse con otro tipo de aspiraciones personales, grupales, políticas o económicas. Quien sirve en la CNDH debe servir a México y a su gente, no a gobiernos ni autoridades.	Al final de este periodo en la historia de la CNDH —la cual conozco desde sus inicios— muchas cosas se ven con desilusión, otras con esperanza y algunas con decepción. Nuestro país vive un entorno crítico de violencia, inseguridad e impunidad, en particular en algunas regiones, donde la vigencia de los derechos, la legalidad y la justicia parecieran solo expectativas ante una realidad que los desafía y cuestiona. No obstante ello, pareciera que hay un miedo desde las estructuras de poder de incurrir en lo que creen sería una erosión de su capacidad, lo cual ha motivado que se condenen la autonomía, la independencia y el disenso, llegándose inclusive a realizar, cuestionamientos y descalificaciones infundadas contra esta Comisión Nacional, así como de muchas mexicanas y mexicanos que buscan la vigencia de sus derechos fundamentales y a quienes este Órgano Constitucional defiende cuando los ven violentados.	El poder cierra los ojos ante los hechos que le son incómodos y les niega la existencia. Bastaría una simple revisión de las problemáticas que el país ha venido enfrentando en materia de salud; seguridad; protección de niñas, niños y adolescentes; mujeres; migrantes; indígenas; así como en lo que hace a las cuestiones ambientales, para advertir que el respeto de los derechos humanos estaría subordinado a la implementación y cumplimiento de planes y programas de gobierno, y que el legítimo ejercicio de los derechos y el reclamo de su garantía se volvería cuestionable en tanto contravenga tales planes y programas.	Hemos llegado al extremo de una desautorización moral dictada por el Ejecutivo hacia la CNDH y su trabajo; la negación sobre investigaciones y recomendaciones en casos graves, como si jamás se hubieran hecho. A quien ha actuado con profundidad y compromiso se le acusa de no haber estado ahí, de mirar para otra parte. Y eso, además de no apegarse a la realidad, confunde, como si de esa manera se satisficiera el monopolio de la verdad.	Así ha sido en casos tan significativos, atendidos e investigados con exhaustividad, como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, cuyo expediente —por citar solo un caso—, supera lo hecho por cualquier otra institución nacional o extranjera, y cuyo resultado inexplicablemente se pretende desconocer en un afán por construir realidades alternas a las verdades y razones sustentadas en los elementos objetivos de convicción que obran en el expediente.	La Comisión Nacional no es ni ha sido contraria u opositora a los fines del Estado; su función ha sido estar vigilante, alerta y sensible ante posibles atropellos, y comprometida en la lucha contra la ilegalidad, la exclusión y la desigualdad. Más allá del desdén hacia la CNDH, es manifiesta una actitud de menosprecio y descalificación contra las instituciones y órganos constitucionales autónomos del Estado mexicano, como si la autonomía significara un obstáculo o un estorbo para cumplir los fines y alcanzar los objetivos de gobiernos y autoridades.	En este contexto, algunas organizaciones y sectores sociales, privados y académicos han manifestado su intención de presentar mi candidatura para la reelección al frente de la CNDH. Mucho se los agradezco y reconozco. El solo hecho de que existan esas propuestas nos distingue y constituye el mayor reconocimiento de la labor llevada a cabo, máxime que, en no pocos casos, quienes las formulan son personas y organizaciones con una larga y valiosa trayectoria en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos. Mexicanas y mexicanos cuyo trabajo por la dignidad humana y el respeto a la institucionalidad democrática ha marcado un antes y un después en estos ámbitos. No obstante ello, he decidido que no buscaré ni aceptaré la reelección si alguien así se lo propone al Senado.	Lo hago con plena conciencia y responsabilidad, confiado en que mi ausencia en este proceso de elección abra la puerta al diálogo y a la reflexión que permitan preservar y garantizar la autonomía e independencia de la CNDH, para que pueda seguir ejerciendo a cabalidad sus funciones. Del mismo modo, honro la palabra que empeñé al inicio de mi gestión, cuando anuncié que no buscaría un segundo periodo como Ombudsperson. Ustedes lo deben de recordar que lo dije exactamente y lo pueden encontrar el 18 de noviembre de 2014.	Parecerá raro en un país acostumbrado a ver cómo funcionarios y políticos olvidan sus palabras e incumplen sus compromisos. No es mi caso. Mi interés es y ha sido la defensa de los derechos humanos, así como buscar que la CNDH sea una institución del Estado al servicio de la gente, que preserve y fortalezca su papel en beneficio de México y de las y los mexicanos.	La civilidad no puede ser vista como debilidad, ni el buscar el respeto a la dignidad de las personas como un agravio hacia autoridades e instituciones. Es muy grave la situación por la que hemos venido atravesando, pero tengo la certeza de que, si sumamos esfuerzos, las y los mexicanos podremos materializar nuestra voluntad de convivir en paz, orden y armonía, para hacer lo que nos corresponda para mejorar la calidad de nuestras vidas, fortaleciendo nuestras instituciones y nuestra democracia, exigiendo la observancia de nuestros derechos y asumiendo con igual celo el cumplimiento de la ley.	México requiere justicia y verdad. Las y los mexicanos deben de seguir contando con la posibilidad de acudir a una instancia, independiente de gobiernos y autoridades que atienda de manera objetiva, imparcial y profesional las denuncias que hagan de los abusos de poder que sufran, para reivindicar sus derechos y reparar los daños que hayan sufrido.	Deseo que mis compañeras y compañeros en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como el personal de la misma pueda entender mis razones, aquí están expuestas, aquí está el equipo de la CNDH que ha conducido con su servidor estos cinco años a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Les pido a todas y cada uno de ustedes, les puedan trasmitir a todas las compañeras y compañeros que les estoy muy reconocido, que significan la esencia misma de la institución, porque son gente comprometida.	Parte indispensable de fortalecer y preservar las instituciones que están al servicio de México y de su sociedad implica cuidar la idoneidad de las personas que estén al frente o laboren en ellas. El desafío que tiene ante sí la CNDH, consiste en consolidar su autonomía, con apoyo en la ley y en favor de las víctimas. Sentar las bases para que esto suceda es el reto que tiene ante sí el Senado de la República con la realización de este proceso de elección.	En días pasados fue publicada la convocatoria para presentar candidaturas a la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Hace poco menos de cinco años, una convocatoria como ésta se cristalizó en mi favor con una copiosa votación de las senadoras y senadores de la República de diversas fracciones partidistas, quienes por mayoría suficiente me confirieron la distinción de encabezar la gran institución del Estado defensora de los Derechos Humanos. Desempeñarme en este cargo ha sido una imborrable distinción y un orgullo.	En ese entonces, la Presidencia del Órgano Constitucional, cuya estatura debía fortalecerse y crecer, obligaba a mirar la responsabilidad sin ambición de continuidad personal. Eran tiempos de pensar en el cumplimiento de la misión y de consolidar lo que, entonces y ahora, integran la esencia de una institución como la CNDH: la defensa de su autonomía, de la legalidad, y de la atención y apoyo a las víctimas. La única manera de defender los derechos humanos es con el ejercicio objetivo y responsable de la independencia de gestión, sin confundirse con otro tipo de aspiraciones personales, grupales, políticas o económicas. Quien sirve en la CNDH debe servir a México y a su gente, no a gobiernos ni autoridades.	Al final de este periodo en la historia de la CNDH —la cual conozco desde sus inicios— muchas cosas se ven con desilusión, otras con esperanza y algunas con decepción. Nuestro país vive un entorno crítico de violencia, inseguridad e impunidad, en particular en algunas regiones, donde la vigencia de los derechos, la legalidad y la justicia parecieran solo expectativas ante una realidad que los desafía y cuestiona. No obstante ello, pareciera que hay un miedo desde las estructuras de poder de incurrir en lo que creen sería una erosión de su capacidad, lo cual ha motivado que se condenen la autonomía, la independencia y el disenso, llegándose inclusive a realizar, cuestionamientos y descalificaciones infundadas contra esta Comisión Nacional, así como de muchas mexicanas y mexicanos que buscan la vigencia de sus derechos fundamentales y a quienes este Órgano Constitucional defiende cuando los ven violentados.	El poder cierra los ojos ante los hechos que le son incómodos y les niega la existencia. Bastaría una simple revisión de las problemáticas que el país ha venido enfrentando en materia de salud; seguridad; protección de niñas, niños y adolescentes; mujeres; migrantes; indígenas; así como en lo que hace a las cuestiones ambientales, para advertir que el respeto de los derechos humanos estaría subordinado a la implementación y cumplimiento de planes y programas de gobierno, y que el legítimo ejercicio de los derechos y el reclamo de su garantía se volvería cuestionable en tanto contravenga tales planes y programas.	Hemos llegado al extremo de una desautorización moral dictada por el Ejecutivo hacia la CNDH y su trabajo; la negación sobre investigaciones y recomendaciones en casos graves, como si jamás se hubieran hecho. A quien ha actuado con profundidad y compromiso se le acusa de no haber estado ahí, de mirar para otra parte. Y eso, además de no apegarse a la realidad, confunde, como si de esa manera se satisficiera el monopolio de la verdad.	Así ha sido en casos tan significativos, atendidos e investigados con exhaustividad, como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, cuyo expediente —por citar solo un caso—, supera lo hecho por cualquier otra institución nacional o extranjera, y cuyo resultado inexplicablemente se pretende desconocer en un afán por construir realidades alternas a las verdades y razones sustentadas en los elementos objetivos de convicción que obran en el expediente.	La Comisión Nacional no es ni ha sido contraria u opositora a los fines del Estado; su función ha sido estar vigilante, alerta y sensible ante posibles atropellos, y comprometida en la lucha contra la ilegalidad, la exclusión y la desigualdad. Más allá del desdén hacia la CNDH, es manifiesta una actitud de menosprecio y descalificación contra las instituciones y órganos constitucionales autónomos del Estado mexicano, como si la autonomía significara un obstáculo o un estorbo para cumplir los fines y alcanzar los objetivos de gobiernos y autoridades.	En este contexto, algunas organizaciones y sectores sociales, privados y académicos han manifestado su intención de presentar mi candidatura para la reelección al frente de la CNDH. Mucho se los agradezco y reconozco. El solo hecho de que existan esas propuestas nos distingue y constituye el mayor reconocimiento de la labor llevada a cabo, máxime que, en no pocos casos, quienes las formulan son personas y organizaciones con una larga y valiosa trayectoria en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos. Mexicanas y mexicanos cuyo trabajo por la dignidad humana y el respeto a la institucionalidad democrática ha marcado un antes y un después en estos ámbitos. No obstante ello, he decidido que no buscaré ni aceptaré la reelección si alguien así se lo propone al Senado.	Lo hago con plena conciencia y responsabilidad, confiado en que mi ausencia en este proceso de elección abra la puerta al diálogo y a la reflexión que permitan preservar y garantizar la autonomía e independencia de la CNDH, para que pueda seguir ejerciendo a cabalidad sus funciones. Del mismo modo, honro la palabra que empeñé al inicio de mi gestión, cuando anuncié que no buscaría un segundo periodo como Ombudsperson. Ustedes lo deben de recordar que lo dije exactamente y lo pueden encontrar el 18 de noviembre de 2014.	Parecerá raro en un país acostumbrado a ver cómo funcionarios y políticos olvidan sus palabras e incumplen sus compromisos. No es mi caso. Mi interés es y ha sido la defensa de los derechos humanos, así como buscar que la CNDH sea una institución del Estado al servicio de la gente, que preserve y fortalezca su papel en beneficio de México y de las y los mexicanos.	La civilidad no puede ser vista como debilidad, ni el buscar el respeto a la dignidad de las personas como un agravio hacia autoridades e instituciones. Es muy grave la situación por la que hemos venido atravesando, pero tengo la certeza de que, si sumamos esfuerzos, las y los mexicanos podremos materializar nuestra voluntad de convivir en paz, orden y armonía, para hacer lo que nos corresponda para mejorar la calidad de nuestras vidas, fortaleciendo nuestras instituciones y nuestra democracia, exigiendo la observancia de nuestros derechos y asumiendo con igual celo el cumplimiento de la ley.	México requiere justicia y verdad. Las y los mexicanos deben de seguir contando con la posibilidad de acudir a una instancia, independiente de gobiernos y autoridades que atienda de manera objetiva, imparcial y profesional las denuncias que hagan de los abusos de poder que sufran, para reivindicar sus derechos y reparar los daños que hayan sufrido.	Deseo que mis compañeras y compañeros en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como el personal de la misma pueda entender mis razones, aquí están expuestas, aquí está el equipo de la CNDH que ha conducido con su servidor estos cinco años a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Les pido a todas y cada uno de ustedes, les puedan trasmitir a todas las compañeras y compañeros que les estoy muy reconocido, que significan la esencia misma de la institución, porque son gente comprometida.	Parte indispensable de fortalecer y preservar las instituciones que están al servicio de México y de su sociedad implica cuidar la idoneidad de las personas que estén al frente o laboren en ellas. El desafío que tiene ante sí la CNDH, consiste en consolidar su autonomía, con apoyo en la ley y en favor de las víctimas. Sentar las bases para que esto suceda es el reto que tiene ante sí el Senado de la República con la realización de este proceso de elección.	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Discurso íntegro de Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
