La Justicia europea ha fallado así en un nuevo capítulo de un asunto que se remonta a 2013, cuando el entonces comisario de Competencia, Joaquín Almunia, pidió a las autoridades españolas que recuperaran las ayudas ilegales concedidas a los astilleros entre 2007 y 2011 tras concluir que este régimen vulneraba las normas de la UE en materia de ayudas públicas.	El sistema denunciado por el Ejecutivo comunitario permitía financiar, mediante una estructura jurídica y financiera específica, la construcción de buques marítimos por los astilleros y su adquisición por las empresas navieras con un descuento sobre el precio del buque. Para ello, intervenían como intermediarios una sociedad de 'leasing' y una agrupación de interés económico (AIE).	
El TUE avala la decisión de Bruselas que en 2013 declaró ilegales las ayudas españolas a los astilleros