Al movimiento feminista no se le pueden tomar las medidas. Hay colectivos más o menos organizados, pero no están todas las que son. Hay amplios consensos y una voz común, defender la igualdad total entre hombres y mujeres, pero también distintos registros vocales. Esos consensos son los que sacaron a miles de mujeres a la calle en el 2018, como levantarse frente a la brecha salarial o rebelarse contra las violencias machistas. Pero hay otros temas sobre los que todavía hay debates pendientes.	Uno de los más importantes es la prostitución. Aunque hay una mayoría abolicionista, también hay quienes apuestan por la regulación. La comisión 8-M ha decidido poner el foco en la trata con fines de explotación sexual, en torno a la que sí hay consensos claros, y dejar fuera la prostitución de su manifiesto para llamar a la huelga.	«Ninguna mujer nace para decirle a otra lo que tiene que hacer con su cuerpo» o «nadie vive mejor sin derechos; las prostitutas tampoco». Son algunas de las máximas que el colectivo Hetaria recoge como su «manual básico». También Aprosex, el embrión del sindicato de prostitutas que le coló «un gol por toda la escuadra» a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, defiende la «libertad de opción al trabajo sexual». Para todas ellas, algunas feministas las «discriminan y recriminan», y abogan por regular la prostitución como otro trabajo.	En la base de este debate, como en casi todos los relacionados con el feminismo, está la libertad de elección que defienden unos frente a la idea de que bajo el patriarcado la decisión nunca es libre de los otros. En una sociedad patriarcal, atravesada por una cultura machista, ¿la elección de las mujeres es realmente libre? «Es curioso que a las mujeres la libertad les dé por prostituirse, venderse o alquilar sus vientres», señala Pilar Aguilar, socióloga de formación y feminista con décadas de activismo a sus espaldas. «Del argumento de la libertad de elección tendríamos que sospechar, al menos para empezar», añade. Aguilar es abolicionista, como lo ha sido «siempre» el feminismo, según defiende, porque «es incompatible pensar en la igualdad y seguir en la idea de la mujer como un ser para otros, para cuidar o para dar placer». Para Aguilar, hay un error de partida. «Los pactos se hacen entre iguales. Si no tengo otro remedio, entonces no hay libertad de elección», explica. Y pone como ejemplo la venta de órganos, que lejos de estar regulada, está prohibida y penada. El motivo es que solo quien no tiene elección estaría dispuesto a vender sus órganos.	La falta de consenso también se traslada a los partidos políticos. PSOE e IU se declaran abolicionistas, Ciudadanos apuesta por regularla, el PP se mantiene en la indefinición y Podemos soporta un debate interno en el que no termina de imponerse ninguna postura. No ocurre lo mismo con la trata: todos coinciden en que hay que luchar para erradicarla.	A las puertas de su debate en el Congreso se quedó la iniciativa de Ciudadanos para regular los vientres de alquiler. Oponerse a la maternidad subrogada es la postura mayoritaria del movimiento feminista, aunque tampoco figurará entre las reivindicaciones del 8-M. Asociaciones como Son nuestros hijos son las que lo han puesto sobre la mesa, y se han encontrado con el rechazo de colectivos como la Red estatal contra el alquiler de vientres, que defienden que es «una grave violación de los derechos y la dignidad de las mujeres y menores» y «una forma de explotación reproductiva». «No se suma un sector del feminismo paternalista en el que unas mujeres le dicen a otras lo que tienen que hacer con su cuerpo, lo que históricamente hizo el patriarcado», denuncia Marcos Jornet, presidente de la asociación. Quizás aquí la división no esté tanto en el colectivo feminista, pero sí en su histórica unión con otro colectivo, el LGTBI, que parece más dispuesto a defender los vientres de alquiler. «Hay muchas entidades LGTBI que tienen posturas a favor», insiste Jornet, que sostiene que, a nivel político, también lo han defendido públicamente Cs, que ha hecho bandera de ello, ERC, PDECat y EH Bildu. Como el PSOE, la medida también cuenta con el rechazo frontal de Podemos.	Uno de los puntos del argumentario para el 8-M reza: «Para que la maternidad deje de ser un obstáculo para acceder al empleo y la atención a los hijos e hijas sea equitativa, con permisos iguales e intransferibles». Pero no todas las feministas están de acuerdo. Las hay que creen que prolongar los permisos de los hombres es darles «privilegios» y que apuestan por proteger la maternidad y prolongar los permisos de las mujeres que realmente eligen cuidar de sus hijos. Por eso no quieren que los permisos sean intransferibles. Para Virginia Carrera, de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA), se trata de «evitar los roles de género». «¿Qué miedo hay en dejar a los hombres solos cuidando?», indica. El Gobierno acaba de aprobar un decreto ley que proviene de una iniciativa de Podemos que se aprobó por unanimidad en el Congreso. Desde PPIINA apuntan que el texto tiene una «trampa»: padre y madre pueden disfrutar de sus permisos de forma simultánea, lo que hará que el hombre «colabore en lugar de cuidar».	
Las divisiones del feminismo