"La gente ha desaparecido en Sudán del Sur y se presume que está detenida o muerta", ha lamentado Jehanne Henry, directora de África Oriental de Human Rights Watch. "Estos casos sin resolver están sembrando el miedo y el terror entre el pueblo. El Gobierno debe reconocer que aún hay personas desaparecidas y tomar medidas concretas para investigar y conseguir que los responsables rindan cuentas", ha añadido.	Así entra en acción Remembering the Ones We Lost (Recordando a los que perdimos), una iniciativa local establecida en 2014, que ha documentado 280 nombres de personas desaparecidas desde diciembre de 2013, algunas de las cuales fueron secuestradas o detenidas por las fuerzas de seguridad y cumplen la definición de desaparición forzada.	Estas cifras, basadas en entrevistas con familiares de víctimas, representan solo una fracción del número de personas desaparecidas en Sudán del Sur. El Comité Internacional de la Cruz Roja informó en 2019 de que más de 4.000 personas seguían desaparecidas desde que comenzó la guerra y se desconocía su suerte o paradero.	En muchos casos, el Ejército y el Servicio de Seguridad Nacional (NSS) han estado implicados en las desapariciones. Como ejemplo, en enero de 2017, Dong Samuel Luak, un destacado abogado y activista de Derechos Humanos de Sudán del Sur, y Aggrey Ezbon Idri, miembro de la oposición política, fueron secuestrados en las calles de Nairobi, Kenia.	Más de dos años después, el Panel de Expertos de Naciones Unidas sobre Sudán del Sur emitió un informe en el que concluyó que el Servicio de Seguridad Nacional de Sudán del Sur fue responsable de secuestrarles y que es "muy probable" que los dos fueran ejecutados el 30 de enero de 2017.	La Convención Internacional sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (ICPPED) establece que "nadie será sometido a una desaparición forzada" e impone una prohibición absoluta a las detenciones secretas. También requiere que los países pongan fin a las prácticas abusivas que facilitan las desapariciones forzadas, incluidas la detención arbitraria en régimen de incomunicación, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Sudán del Sur no es parte del tratado.	El derecho Internacional exige que las partes en conflicto informen de las personas denunciadas como desaparecidas y proporcionen a sus familiares cualquier información que las autoridades tengan sobre lo que les sucedió. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en una resolución histórica en 2019, ha pedido a las partes en conflictos armados a nivel mundial que fortalezcan los esfuerzos para descubrir qué sucedió con los desaparecidos y dar un cierre a sus familias.	Si bien algunas de las personas denunciadas pueden haber desaparecido por la fuerza, otras pueden haber sido secuestradas o detenidas por otras personas, reclutadas por la fuerza en grupos armados, o haber huido o muerto. Pero en Sudán del Sur, ni el Ejército del Gobierno ni los grupos armados de oposición han contabilizado debidamente a los desaparecidos.	Como otro ejemplo más: a principios de la década de 1990, durante una brutal represión del Ejército de Sudán contra la población civil en la región de Equatoria, al menos 300 civiles fueron ejecutados y otras 230 personas, incluidos clérigos, trabajadores humanitarios y miembros de las fuerzas de seguridad del sur, fueron arrestadas y nunca se tuvo en cuenta.	Estos abusos continúan teniendo un impacto duradero en las familias de las víctimas en la actualidad y aumentan la impunidad. Sudán del Sur debe tener en cuenta los abusos del pasado, incluidos los cometidos por el gobierno y la milicia sudanés, y las fuerzas rebeldes del Sur en el territorio que ahora es Sudán del Sur, según las ONG.	Así, las autoridades deben tomar medidas inmediatas y concretas mediante la ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y poner fin a las prácticas de detenciones ilegales y secretas por parte de sus fuerzas de seguridad. También deberían crear los órganos de justicia transicional previstos en los acuerdos de paz de 2015 y 2018.	"Los líderes de Sudán del Sur se han preocupado por compartir el poder en lugar de abordar la gravedad y el impacto de los abusos pasados y en curso relacionados con el conflicto", ha declarado Daud Gideon, director ejecutivo de Remembering The Ones We Lost. "No debería pasar otro año sin justicia para los innumerables desaparecidos y sus familias, que siguen sufriendo en vano".comparte	
Sudán del Sur.- Más de 4.000 personas siguen desaparecidas en Sudán del Sur desde la guerra