Tras renunciar a la candidatura presidencial -una decisión que sacudió con fuerza el tablero electoral argentino-, la expresidenta Cristina Fernández se sentará este lunes por primera vez en el banquillo de los acusados. Y lo hará para hacer frente al juicio oral por presuntas irregularidades en la construcción de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su mandato. La exmandataria, que se postula a vicepresidenta, se presentará acompañada por el flamante aspirante presidencial Alberto Fernández, designado por ella misma el pasado sábado en una decisión totalmente inesperada y cuyas consecuencias todavía son difíciles de medir. Las primarias para conocer las listas definitivas se celebrarán en agosto, dos meses antes de las presidenciales.	El presidente Mauricio Macri, que no atraviesa uno de sus mejores momentos de popularidad como consecuencia de su gestión de la crisis económica, esperaba capitalizar la imagen de su rival en el juicio, en el que se acusa a la exmandataria de ser jefa de una asociación ilícita junto a otros excolaboradores y empresarios cercanos. Pero la decisión de última hora de Cristina Fernández de renunciar a la presidencia en favor de Albertó Fernández, ha alterado todos los planes.	Cristina está procesada en un total de diez causas, la mayoría por presunta corrupción, pero también por decisiones de su gobierno. Las causas se reparten entre dos jueces federales, uno ordenó siete de los procedimientos y el otro, tres. El juicio que se inicia este lunes es el primero y, aunque las presiones son fuertes para que finalice este año, podría tardar hasta dos.	El caso comenzó en 2016 con la denuncia del entonces director nacional de vialidad, Javier Iguacel, designado por Macri. En su primera resolución en el cargo, Iguacel ordenó una auditoría sobre las obras públicas realizadas exclusivamente en Santa Cruz, una provincia que fue gobernada en los noventa por el ya fallecido expresidente Néstor Kirchner, esposo de Cristina. En el informe -que sólo se refiere a dos de las 81 obras- no se probaron sobreprecios, pero Iguacel denunció que hubo licitaciones amañadas para favorecer al empresario Lázaro Báez, cercano a los Kirchner. La constructora de Báez, preso desde 2016, fue adjudicataria de 51 de las 81 obras llevadas a cabo en la provincia entre los años 2007 y 2015.	El tribunal que la juzgará decidió requerir pericias únicamente de dos obras y esos estudios estarán listos en agosto, con el juicio ya comenzado. Esa es una de las razones por las cuáles la defensa de Cristina pedía que se postergue el comienzo del proceso oral. Los letrados sostienen que su clienta, que fue presidenta durante ese período, no tuvo incidencia en la decisión de las obras realizadas en la provincia, tampoco firmó contratos ni controló los precios. Además, señalan que en todas las provincias las obras públicas están concentradas en muy pocas empresas locales, como es el caso de la firma de Báez en Santa Cruz.	En vísperas del juicio pidieron una serie de pruebas que no fueron atendidas por el tribunal. Por eso acudieron a la Corte Suprema de Justicia, que la semana pasada en un fallo de cuatro contra uno pidió ver el expediente. La solicitud provocó la queja del Gobierno y de sus aliados porque implicaba la suspensión del arranque del juicio contra su rival en las elecciones.	Pocas horas después, en un movimiento muy polémico, el Supremo volvió sobre sus pasos y declaró que el juicio podía iniciarse y que los expedientes que se iban a analizar serían devueltos en el momento oportuno. Es decir, que el juicio comenzaría mañana aunque más adelante la Corte podría aceptar uno de los recursos presentados y pedir la nulidad del proceso.	En el banquillo habrá trece acusados. Cristina, su exministro de Obras Públicas, Julio De Vido -preso por otra causa-, el exsecretario de Obras Públicas, José López, conocido por haber protagonizado el escándalo en el que fue detenido con bolsos repletos de dinero de sobornos, y Báez, además de otros exfuncionarios y empresarios.	
Cristina Fernández se sienta en el banquillo