La reactivación de la agricultura familiar necesita políticas integrales, de mediano y largo plazo y con instrumentos que garanticen transformar al sector. Esta semana hemos sido testigos nuevamente de una solución parche, con el objetivo de reducir el nivel de conflictividad y no de generar medidas de carácter estructural. La producción de la agricultura familiar es fundamental para la economía, ya que provee alimentos para toda la población, contribuye a controlar el índice de precios y genera ingresos para reducir la pobreza en el sector rural. Es urgente que el Gobierno asuma la importancia de la reactivación y cumpla con su rol de manera eficaz.	Los precios de los alimentos tienen un alto peso en la canasta familiar. En los últimos años, la inflación de alimentos derivados de la agricultura familiar superó el promedio nacional, en algunos años, incluso llegó al doble o al triple. El aumento de estos precios reduce la capacidad adquisitiva de los trabajadores, por lo que se deteriora su calidad de vida.	Muchos son los problemas que enfrenta la agricultura familiar. El cambio climático alteró los ciclos productivos y genera pérdidas tras cada evento de sequía o tormenta fuerte. No cuenta con créditos suficientes ni seguros agroclimáticos. La falta de infraestructura vial y en la finca, como media sombra, sistemas de riego y almacenaje, pone en permanente riesgo de pérdida a la producción campesina. La falta de tierra y su mala calidad cuando la tienen es un problema estructural.	El Estado debe garantizar el acceso de la población a alimentos en cantidad y calidad suficientes. Ello exige una política de calidad dirigida al impulso del sector. Esta debe ser amplia e integral y debe abarcar todos los ámbitos problemáticos, desde el acceso a la tierra y una mejor infraestructura vial y productiva, hasta la asistencia técnica y la inclusión financiera.	Desde hace años las organizaciones campesinas reclaman políticas de carácter estructural y que, a la vez que beneficiarán al sector, limitarán el prebendarismo. El seguro agroclimático y las compras públicas se vienen discutiendo desde hace diez años y aún no se han implementado. Los servicios de educación y capacitación en lugar de fortalecerse se están debilitando. No hay políticas para reducir el poder de mercado y garantizar precios justos a los campesinos.	Si bien existen programas y recursos asignados, la implementación es deficiente y existen vacíos que ocasionan pérdida de eficiencia. Pareciera que a los gobiernos les interesa mantener la situación, ya que frente a la pobreza, a la vulnerabilidad y a las múltiples exclusiones, el campesinado termina dependiendo de algún funcionario o político de turno. El Gobierno debe poner en primer lugar el bien común e implementar las políticas que sean necesarias para lograr una agricultura familiar fuerte y dinámica.	
Agricultura familiar es clave  para la calidad de vida de  la población