Una evaluación del estado de la infraestructura pública en Puerto Rico en el último año, realizada por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en inglés) le confirió una nota de ‘D-’ a la Isla en ocho categorías, y en la parte de energía concedió la peor calificación con una ‘F’.	Además, el 97% de las represas tiene un potencial de alto riesgo, lo que significa que la falla podría provocar la pérdida de vidas. Se estima que entre el 40% y el 60% de la capacidad de almacenamiento en los depósitos de agua se pierde debido a la acumulación de sedimentación y que el 58% del agua servida se pierde como resultado de tuberías con fugas, desbordamientos de tanques y otros problemas.	Al considerar el estado actual de los puentes, igualmente se encontraron en mal estado. “Puerto Rico es el hogar de cuatro de los 250 puentes estructuralmente más transitados de Estados Unidos, con dos en el top 10. Solo el 19% de los puentes de Puerto Rico está en buenas condiciones”, reveló la evaluación.	Se reconoce que el Congreso ha asignado $42,500 millones a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para los esfuerzos de recuperación post huracanes, pero el gobierno de Puerto Rico apenas ha recibido $15,000 millones. El informe destaca que Puerto Rico tiene un límite en lo que puede hacer financieramente para reconstruir y revitalizar la infraestructura local, ya que el gobierno se encuentra bajo la ley Promesa y con una Junta Federal de Control Fiscal debido al estado de quiebra.	El informe propone que para modernizar la infraestructura y apoyar el crecimiento económico y la competitividad de Puerto Rico se debe aumentar la inversión recibida en $1,230 millones a $2,300 millones anuales, o de $13,000 millones a $23,000 millones en 10 años. “Sin embargo, cuando se considera el mantenimiento diferido y los proyectos de recuperación relacionados con huracanes, la brecha de inversión es aún mayor”, se indicó.	“Siguiendo las recomendaciones de este informe, como tener un plan de infraestructura integral a largo plazo aprobado y seguido por el gobierno, adoptar un enfoque de ciclo de vida para la infraestructura y revisar los estándares de diseño de Puerto Rico para adoptar estándares modernos de la industria, así como garantizar que la resiliencia se incorpore a las operaciones de la red, podemos extender la vida útil de nuestros activos y disminuir los costos a largo plazo. Sin embargo, necesitamos que todos, incluido el gobierno federal, den un paso adelante”, señaló Héctor J. Colón, presidente de la sección de ASCE Puerto Rico.	

        
            
            Se cuelga la Isla en infraestructura
        
    