CIUDAD DE MÉXICO (AP) — En octubre de 2018, tres meses después de ganar la elección presidencial en México, Andrés Manuel López Obrador y su equipo lanzaron a las calles a un ejército de unos 18.000 voluntarios con una misión inédita para alguien que aún no había asumido el cargo: recabar la información personal de los ciudadanos que serían beneficiados con algún programa social una vez que comenzara a gobernar.	A ese ejercicio se le llamó “Censo de Bienestar” y los voluntarios fueron nombrados “servidores de la nación”, quienes ahora son parte del gobierno y dan seguimiento a la entrega de ayudas económicas. Su labor ha estado bajo el escrutinio de los críticos que consideran todo es parte de un esquema de apoyo político para el presidente.	López Obrador ha negado cualquier irregularidad u operación política de los servidores para beneficiar a su gobierno o a Morena, el partido que fundó y que lo llevó a la presidencia. Una de las promesas permanentes del mandatario es combatir la corrupción y eliminar cualquier práctica irregular como parte de la que llama la “Cuarta Transformación” del país.	El fallo, sin embargo, no ha tranquilizado a los críticos del mandatario, quienes argumentan que las autoridades no indagaron todo lo que debían. Camerino Márquez, del opositor Partido de la Revolución Democrática y el que denunció ante el órgano electoral el programa, dijo que apelará el fallo y pedirá que se rehaga la investigación.	“Desde mi punto de vista, cuando comenzaron a recabarse los datos personales de los ciudadanos fue algo ilegal, porque en el periodo de transición aún no eran gobierno y después, cuando ya eran gobierno, continuaron usando chalecos y gorras con el nombre de López Obrador, aunque era promoción personalizada”, dijo a The Associated Press María Amparo Casar, analista y presidenta ejecutiva de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción.	La revisión se hizo con programas estadísticos para cruzar la base de datos de los servidores, entregada a la AP por la Secretaría de Bienestar del gobierno federal, con los padrones de militantes de los partidos políticos. Lo mismo se hizo con el listado de representantes generales y de casilla para la elección presidencial de 2018, el cual fue entregado por el Instituto Nacional Electoral (INE).	Actualmente, los servidores no sólo recopilan información, sino que también entregan a los beneficiarios de programas sociales tarjetas de débito en las que se depositan los apoyos económicos. Y según algunos videos que forman parte de la investigación, y a los que AP tuvo acceso, cuando llegan con las personas beneficiadas algunos servidores les dicen que están ahí “de parte del presidente de la república, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a hacer entrega de un apoyo para su familia”.	“Los delegados estatales, también conocidos como ‘superdelegados’, controlan a los ‘servidores de la nación’ y, obviamente, tienen aspiraciones políticas”, dijo Camerino Márquez, representante del PRD ante el INE y quien presentó la denuncia por la supuesta promoción a favor de López Obrador. Como ejemplo recordó el caso de Jaime Bonilla, quien fue delegado del estado de Baja California, en el noroeste del país, y después se convirtió en el candidato de Morena que ganó la elección para gobernador.	El número de “servidores de la nación” ha variado desde el inicio de su operación, pero mes a mes oscila alrededor de los 18.000 funcionarios. Según el análisis realizado por la AP, al menos 4.328 son militantes de partidos -no sólo de Morena- o fueron representantes electorales del grupo político en el poder desde el 1 de julio de 2018.	Los resultados arrojaron que hay 2.275 militantes de partidos entre los “servidores de la nación”: 865 del Partido Revolucionario Institucional (PRI); 782 del PRD, en el cual militó López Obrador, y 710 de Morena. Salvo el partido minoritario Nueva Alianza, militantes de todos los demás partidos también aparecen en los registros.	El PRD presentó en agosto una denuncia ante la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Como parte de las pruebas, había fotografías de los servidores vistiendo chalecos o gorras con el nombre bordado de López Obrador. También entregó videos de los promotores diciendo a los ciudadanos que los programas llegaban a ellos gracias al presidente.	El 16 de agosto, la comisión del INE ordenó medidas cautelares a la Secretaría de Bienestar y a la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo para que esas conductas de los servidores se suspendieran de forma inmediata y, principalmente, se dejara “de señalar, sugerir o mencionar que dichos programas y sus beneficios” eran gracias al presidente.	“Nunca he recurrido o participado en fraudes electorales, por el contrario, los he padecido y he dedicado muchos años a combatirlos", se lee en el documento. "Les expreso que por convicción nunca jamás permitiremos que el presupuesto federal sea utilizado por funcionarios para beneficio de ningún candidato o partido como sucedía en los gobiernos anteriores", agregó.	Sobre la participación de militantes o exrepresentantes de casilla como servidores, la consejera del INE Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, dijo que los ciudadanos pueden ocupar ambos cargos mientras su labor como funcionarios públicos sea apegada a la ley y no haya un manejo irregular de la información personal que recopilan a favor de algún partido político.	“Se necesita contar con personas con experiencia, conocimientos y capacidades técnicas en materia de política social. Sin embargo, no existe o hasta el momento no sean hecho públicos los perfiles de los ‘servidores de la nación’, ni los criterios por cuales fueron seleccionados. Y esto puede afectar el levantamiento de información y la entrega de apoyos a los beneficiarios, así como dar lugar a favoritismos, corrupción y mal uso de los recursos públicos”, dijo Sergio Martínez, de Incide Social.	A juicio del investigador, la distribución de las 266 coordinaciones regionales “parece tener fines electorales", ya que en su mayoría corresponden a los 300 distritos electorales del país. “Esto puede tener implicaciones negativas como la promoción personalizada en favor no sólo del presidente sino también de los coordinadores estatales y regionales, muchos de ellos con aspiraciones políticas, debido a que han ocupado puestos clave en la estructura partidaria de Morena o bien, han sido o aspiran a ser candidatos”.	Como parte del presupuesto 2018, el Congreso mexicano aprobó poco más de 150 millones pesos (unos 7,6 millones de dólares) para la operación del fideicomiso de transición presidencial. Casi el 90% de ese dinero se fue en pagar a 18.021 funcionarios que participaron en el periodo de transición como “servidores de la nación”. A cada servidor se le hizo un pago de 7.354 pesos (unos 367 dólares).	El pago para todos los servidores se hizo a través de una filial de Grupo Salinas del empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de la segunda televisora más importante en México, TV Azteca. El mismo consorcio, a través de Banco Azteca, es el encargado de emitir las tarjetas bancarias para los beneficiarios de los programas sociales federales. El gobierno mexicano eligió esta institución bancaria sin licitación de por medio, argumentando que tiene una amplia cobertura a nivel nacional.	Cuando inició el nuevo gobierno, el 1 de diciembre de 2018, los “servidores de la nación” que participaron en la transición fueron contratados por la Secretaría de Bienestar de manera directa, sin una convocatoria de por medio. Al menos 16.252 servidores que estuvieron en la transición entraron al gobierno como servidores, es decir, casi el 90%. Ya como funcionarios, ganan 9.266 pesos (unos 487 dólares).	“Un aspecto importante del censo es la prisa con la que se trató de hacer. Desde el periodo de transición se dijo que serían tres meses, luego que seis… No hay información clara sobre el avance. Y tampoco hay acceso, hasta ahora, a ninguno de los productos que salen del censo”, dijo Cepeda.	La AP hizo solicitudes de transparencia a la Secretaría de Bienestar para conocer cómo es el proceso del levantamiento de información de los ciudadanos, cuál es el aviso de privacidad para proteger datos personales y solicitar copias de facturas de chalecos e insumos para los servidores, pero de manera reiterada se respondió que no había información al respecto.	Incide Social y el PRD coinciden en la falta de transparencia sobre el Censo de Bienestar y los “servidores de la nación”. Cada uno, de manera independiente, ha solicitado a Morena o al gobierno de López Obrador facturas o documentos y de manera persistente se ha dado la misma respuesta: es inexistente.	
¿AMLO usa políticamente los programas sociales en México?