Pocas cosas hay más institucionales y protocolares que el tratamiento de un pliego para la designación de un miembro del Tribunal Superior de Justicia. Pero ayer en la Legislatura hubo discursos multipartidarios al borde de las lágrimas, una altísima carga emotiva y un aplauso cerrado tras la aprobación del ingreso de Luis Angulo como vocal del máximo tribunal de la provincia de Córdoba.	Luis Angulo contó con respaldos fervientes y numerosos de magistrados provinciales y federales, dirigentes universitarios y organismos de derechos humanos por su formación en derecho laboral y por los valores éticos y políticos que representó desde los tristes años en que defendió presos políticos mientras esquivaba los embates de la dictadura.	Además, obtuvo avales por su desempeño como secretario y ministro de Trabajo de la Provincia de Córdoba y por su rol en el Ministerio de Justicia, organismo que encabezó hasta diciembre pasado. Fueron unánimes y sustanciales los respaldos que recibió por esas actuaciones. Es inobjetable la existencia de un consenso político sobre las virtudes de Angulo.	También es incuestionable que se trata de una persona de máxima cercanía con el gobernador Juan Schiaretti, desde los años de la intervención en Santiago del Estero. Ese fue el contenido de las objeciones minoritarias y casi aisladas a la designación de Angulo, que tampoco apuntaron al futuro vocal del TSJ sino a lo que 20 años de permanencia ininterrumpida en el poder están provocando en la Justicia provincial: la consolidación de una trama de vinculaciones políticas tan profunda como evidente. Otra vez se hace borrosa la línea que separa a las instituciones de las personas.	
 La línea que separa a las instituciones de las personas