Inicios del presente milenio. En Galicia había por aquel entonces treinta y cinco mil ganaderos que declaraban entregas de leche. Crisis, ajustes y modernización mediante, hoy son menos de ocho mil. Sin embargo, aquellas granjas de antaño y las que sobreviven se vieron afectadas, entre 2000 y 2013, por un cártel de industrias lácteas que perjudicaron sus ingresos. Lo certificó la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) cuando, el 11 de julio de 2019, condenó a grandes grupos del sector a pagar 80,6 millones de euros en multas “por prácticas anticompetitivas” ese periodo, como pactos de precios.	Desde el despacho Álvarez Real apuntan que, con su decisión, “se abrió la puerta de los tribunales a las explotaciones perjudicadas, dado que “la CNMC determinó como infracción muy grave intercambiar información para coordinar estrategias comerciales en detrimento de los intereses de los ganaderos”. No fue Galicia la única comunidad autónoma afectada por el cártel de la leche, pero concentra más de la mitad de las explotaciones lácteas de España y el 40 % de la producción nacional. Es, además la octava región láctea en Europa.	Hubo empresas que evitaron la sanción por haber prescrito la infracción. El departamento legal que dirige Cándido Álvarez recordó a este periódico que la CNMC multó a Corporación Alimentaria Peñasanta con 21.864.645 euros; a Danone con 20,3 millones; a Lactalis Iberia, 11.692.998 €; Industrias Lácteas Granada más de 10,2 millones; a Calidad Pascual algo más de ocho y medio; Nestlé España 6.860.000 euros; Schreiber Food España 929.644 euros; y con menores cuantías al Gremio Industrias Lácteas de Cataluña (90.000 €), Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (60.000) y Central Lechera Galicia (53.310 euros).	No sólo Álvarez Real, con sede central en Lugo, trata de movilizar a las granjas damnificadas. Muchos más despachos piden que se dé el paso para interrumpir la prescripción y tener derecho a un resarcimiento en torno a tres céntimos por litro entregado. Según los coruñeses Caruncho, Tomé & Judel, sólo por el último año de vigencia del cártel podrían reclamar 16 millones de euros. A esta cantidad habría que añadir las correspondientes a los ejercicios anteriores en los que también se dan por realizadas este tipo de prácticas ilegales.	La actividad en los últimos meses de todos ellos para acaparar afectados se vio frenada por la pandemia, pero esta semana rebrotó con fuerza. Quedan apenas 26 días para actuar, y por UUAA su responsable del Área Externa y miembro de los servicios jurídicos, Félix Porto, trataba el viernes en rueda de prensa telemática de animar a que se intente recuperar a partir de demandas individuales ese alrededor del 10 % de la renta arrebatada, pues al depender de cada caso no se puede vehicular de forma colectiva.	Como industrias sancionadas presentaron recurso por la resolución de la CNMC, ahora se está a la espera de sentencia definitiva de la Audiencia Nacional para que se resuelvan las demandas que se presenten antes del 11-J, sábado de reflexión que precede a las elecciones autonómicas gallegas. Sólo UUAA se encarga de dos mil expedientes.	Explican desde el despacho de abogados Álvarez Real que todos los ganaderos afectados por el cártel de la leche pueden reclamar indemnizaciones por los daños y perjuicios. Podrán reclamar los propietarios de explotaciones y ganaderos individuales que hubiesen tenido como compradoras a alguna de las industrias lácteas nombradas en la resolución en el periodo de 2000 a 2013. No es necesario acreditar operaciones todos los años de duración del cártel: se podría reclamar por todo el período, por cualquiera de los ejercicios y también podrían reclamar aquellas explotaciones que hayan cerrado o actualmente estén inactivas, siempre y cuando se acredite y se justifique documentalmente el daño ocasionado durante el periodo del cártel. Incluso, cabe la posibilidad de reclamar a las empresas sancionadas por parte de ganaderos de vendían su leche a empresas no sancionadas, es decir, que no formaban parte del cártel.	Sí. Los expertos de Álvarez Real recomiendan a los afectados que lo hagan antes del 11 de julio de 2020, aunque podrían admitirse reclamaciones hasta el 10 de julio de 2024. Actualmente existe la discusión jurídica sobre el plazo para reclamar con tres interpretaciones. La primera es la de un año desde que se publica la sanción (11 de julio de 2019), de acuerdo con la directiva de Daños 104/2014 y el plazo que fija el Código Civil en acciones extracontractuales; en caso de no interrumpir el plazo de prescripción mediante reclamación extraprocesal o interponer demanda antes del 11 de Julio de 2020 decaería nuestra posibilidad de reclamar. La segunda es de cinco años desde que se publica la sanción, pues en el artículo 74 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, establece ese plazo de prescripción para exigir la responsabilidad por daños y perjuicios causados a consecuencia de las infracciones del Derecho de la competencia; el plazo iniciará su computo una vez firme la sanción recurrida ante la Audiencia Nacional.	
 Cuenta atrás a 35.000 ganaderos de ayer y hoy para ir contra el cártel  