aprobada en un real decreto en el 2016, al considerar que la reforma de este tributo, uno de los principales del sistema tributario español, afectó al deber de contribuir. Por unanimidad, el Pleno del Tribunal ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la	La Audiencia Nacional planteaba la vulneración del artículo 86.1 ya que el decreto-ley no podía afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, entre los que se encuentra el «deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos». Aunque la sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, no se ha hecho pública, el Constitucional explica en una nota que el tributo afectado, que es uno de los principales del sistema tributario español, y por la entidad de la modificación que se introduce en él, que alcanza a los elementos principales del pago fraccionado, se afecta al deber de contribuir.	La medida no afectaba a la cuantía final del impuesto, sino que se refería a un pago a cuenta, pero el Tribunal destaca que «afecta de forma sustancial a su cuantificación» y lo hace además respecto de las empresas de mayor tamaño que, aunque relativamente pocas en número, son las que aportan más de la mitad de la recaudación del impuesto.	
El Constitucional anula la reforma del pago fraccionado de Sociedad que impulsó Montoro