El Tribunal Supremo de Brasil ha avalado que la campaña de vacunación frente a la COVID-19 sea obligatoria, lo que abre la puerta a que las autoridades estatales y municipales puedan adoptar medidas contra quienes, como el presidente, Jair Bolsonaro, no están dispuestos a sumarse a la campaña general de inmunización frente a la pandemia.	La corte ha asestado un golpe a los antivacunas al autorizar a las distintas administraciones a sancionar a quienes no se quieran poner la campaña, a pesar de que admite también que no se puede forzar policialmente a nadie. La resolución ha tenido el voto a favor de diez magistrados y solo uno en contra y anticipa que quienes no se vacunen puedan quedar vetados en actividades o espacios públicos.	El presidente tachó el jueves de "idiotas" a quienes consideran que da un mal ejemplo al no vacunarse y cuestionó la efectividad de estos fármacos. "En el contrato de Pfizer que tenemos ahí, ellos no se responsabilizan si yo me vuelvo un caimán, si usted se vuelve un súper hombre, o si le crece barba a una mujer, si algún hombre comienza a hablar más agudo", afirmó.	El test deberá haberse realizado con una antelación máxima de 72 horas y su recogida corresponderá a las aerolíneas, según consta en la orden emitida el jueves por la noche. El viajero deberá firmar también un texto en el que se compromete a respetar las medidas para prevenir contagios, que no se han especificado, según el portal G1.	Hasta ahora, el Gobierno de Bolsonaro había ignorado las recomendaciones de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), que ya había solicitado la obligatoriedad de las pruebas para quienes entrasen a Brasil por vía aérea. El gigante sudamericano acumula 7,11 millones de casos y casi 185.000 muertes después de confirmar unos 70.000 positivos en un solo día.	
El Tribunal Supremo de Brasil abre la puerta a sanciones a quienes no se pongan la vacuna