En un año eleccionario y de turbulencias económicas, el Gobierno tuvo la audacia de licitar la construcción de nuevas líneas de transporte eléctrico mediante Participación Público Privada, desafiando objeciones a aquella obra y a este sistema. Hay especialistas que la consideran innecesaria, mientras el Fondo interpreta que el sistema significa tomar más deuda en un país con capacidad agotada para hacerlo. La idea resulta más desafiante aún porque tiene poco rédito electoral e implica planificar a mediano plazo, práctica casi inédita en estas latitudes.	La Argentina aumentó considerablemente su parque de generación eléctrica durante la gestión macrista y esto fundó la necesidad de tener transporte suficiente para llevar esa energía desde donde se produce a los centros de alto consumo. De ese modo surgió el plan de construir ocho líneas de transmisión empezando por la de Charlone-Diamante, que requerirá unos u$s 1000 millones.	La manera para que un estado en pleno ajuste costee estos emprendimientos serían los PPP, que permiten construir con financiamiento del privado. En este sistema, el repago queda a cargo de la caja pública o del usuario de la obra, sea ésta un puente o un hospital. Pero en cualquier caso, el que avala es el Tesoro, por lo que cualquier compromiso económico en ese marco representa para muchos, simplemente, deuda pública.	Sin embargo, un atajo permitió resucitar la herramienta y convencer a los auditores del Fondo Monetario Internacional de que el país no limitará su capacidad de tomar deuda a partir del año próximo (en parte para pagarle al propio FMI), riesgo que hizo que la entidad que dirige Christine Lagarde le baje el pulgar. Para pagar cada línea se emitirá un Título Para Inversión (TPI) en función del avance que tenga la obra contra la recaudación futura de un fondo fiduciario: cuando la línea concluida comience a prestar un servicio, los usuarios empezarán a pagar un cargo a través de la tarifa.	En principio, aquellos papeles podrían comercializarse en un mercado secundario y el adjudicatario hacerse de fondos rápido. Pero ahora esa chance quedó bloqueada y cada empresa tendrá que esperar a su vencimiento, buscando financiamiento con el respaldo de su propio balance. El temor del FMI era que ese mercado de deuda cubriese parte de la cuota de fondeo factible que tendrá el país para cuando vuelva al mercado.	No es un cambio menor. Por el contrario, tener que guardarse los TPI restringe el núcleo de oferentes a firmas con gran espalda para buscar financiamiento. Incluso así no falta interés. Chinos, españoles, colombianos y brasileños amagan con disputar el tendido de esta primera línea que debería estar lista en tres años.	Sorteada la objeción financiera del FMI hay otros aspectos que hacen ruido. Si una empresa tiene que guardarse los títulos –promesa de pago con aval estatal—querrá un retorno mayor a su inversión para cubrir ese riesgo argentino. En otras palabras, la obra saldrá más cara. Y si los usuarios de electricidad no pueden hacer el aporte suficiente para cubrirla, el Tesoro acudirá presto, so pena de generar un default.	El consultor Carlos Skerk duda de la ventaja de licitar líneas de transporte cuando la demanda doméstica e industrial no crece o directamente cae. El líder de Mercados Energéticos Consultores hasta considera que todas las usinas térmicas que se instalaron en el país bajo la resolución 21 implican un desperdicio de recursos de u$s 580 millones por año durante diez, según sentenció días atrás en una exposición pública.	Se trata de un experto conocido en el mundillo energético, que es escuchado por las empresas locales que podrían consorciarse con las extranjeras para presentar ofertas en el marco de los PPP financieramente remozados. Claro que su palabra no es determinante y, bajo la órbita del secretario Gustavo Lopetegui, Energía continúa trabajando en la licitación, con el esfuerzo de funcionarios que aún no se sumaron a la paulatina migración de gente hacia el sector privado que afecta el área.	En medio de las dudas se divisa un haz de luz. Con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo se contrató una consultoría que está analizando integralmente las necesidades de infraestructura energética. Quizás sea una ayuda para que Estado planifique y los negocios privados se ajusten luego a ese diseño socialmente relevante y no sólo a oportunidades coyunturales de una buena renta.	

				Un atajo para que el FMI no bloquee nuevas obras eléctricas