El coronavirus ha contagiado ya a más de 2.000 personas en España. Las autoridades intentan contener la pandemia con la suspensión de actos multitudinarios e incluso con el cierre temporal de colegios, museos y otros centros sociales. Conscientes de que la situación podría prolongarse durante semanas, algunas empresas, sobre todo del sector servicios, han empezado a tramitar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE´s) para hacer frente a la caída de la demanda y las cancelaciones. CCOO confirma que solo en la Comunidad de Madrid ya se han iniciado más de 70 procedimientos de este tipo.	Se trata de un mecanismo legal que permite a las empresas suspender los contratos o reducir la jornada laboral de los trabajadores de manera temporal, cuando atraviesen por dificultades económicas, técnicas u organizativas. "Por tanto, el primer requisito es que exista una causa objetiva que afecte coyunturalmente a la viabilidad de la compañía y todo haga indicar que esa causa desaparecerá en el futuro", recuerda Álvaro San Martín, abogado laboralista del bufete CasaDeLey.	En el caso concreto de la crisis del coronavirus las empresas podrían alegar la falta de ventas y la escasez de aprovisionamiento de materias primas. Pero también causas de fuerza mayor como estar sufriendo un alto índice de absentismo o el cese total de la actividad debido a una recomendación sanitaria. Tal y como subraya el letrado, "esta distinción es importante, porque si existen causas de fuerza mayor el procedimiento será mucho más rápido".	Sin embargo, en los casos de fuerza mayor la empresa podrá saltarse este paso y solicitar directamente el cierre temporal a la autoridad laboral para que pronuncie en un plazo de 5 días. "Lógicamente esta vía es la que más interés está despertando ahora mismo entre nuestros clientes, dada la rapidez con la que se está expandiendo la enfermedad", remarca el letrado.	La duración del ERTE será en principio la acordada durante el periodo de consultas o la que determine la autoridad laboral. No obstante, la ley no establece un límite temporal determinado y, de hecho, nada impide que se encadenen varios expedientes de este tipo, siempre que haya una justificación y que se cumplan todos los requisitos legales.	Teóricamente, el ERTE podría derivar incluso en un despido colectivo si la situación excepcional no se revierte. No obstante, San Martín descarta que algo así pueda suceder con la crisis del coronavirus dado que "la causa principal que fundamenta la suspensión contractual es una enfermedad para la que se está buscando una vacuna".	Al margen de ello, podrán solicitar la prestación por desempleo, tanto si sus contratos han sido suspendidos temporalmente como si han visto reducida su jornada. Ahora bien, solo tendrán acceso al subsidio si cuentan con más de 360 días cotizados o carecen de rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. De todas formas, insiste San Martín, "los trabajadores deben tener claro que van a cobrar menos y que no tendrán derecho a ninguna indemnización, porque no estamos ante un despido definitivo".	
Crisis del coronavirus: ¿qué es un ERTE y qué consecuencias tiene?