La guerra abierta entre Adif y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por las condiciones del contrato de Renfe complica la liberalización de los servicios de alta velocidad, ya amenazada por el coronavirus. El gestor ferroviario envió el domingo por la noche un correo electrónico a SNCF e Ilsa para informarles de que cancelaba	Con esta decisión de última hora, la compañía que preside Isabel Pardo de Vera busca dar tiempo a Renfe para que presente alegaciones a la resolución de la CNMC, que tumba la expectativa de operador ferroviario de tener un contrato de diez años, igual que sus futuros competidores. Y es que, el superregulador no ve justificado que Renfe, como operador dominante, tenga "un periodo tan largo" y ha limitado a cinco años prorrogables la duración de su reserva de capacidad.	Adif ha evitado fijar una nueva fecha para la firma de los acuerdos con los tres preadjudicatarios y se ha limitado a explicar que se puede retrasar "semanas". No en vano, Renfe cuenta con un plazo de diez días para presentar las alegaciones, periodo al que hay que sumar el tiempo que tarde el superregulador en analizarlas y pronunciarse. Paralelamente, el gestor ferroviario presentará una "justificación adecuada" para convencer a la CNMC de que Renfe cumple los requisitos de riesgo e inversión comprometida para tener un contrato de diez años y no de cinco. Justificación que el organismo que preside José María Marín Quemada debe apreciar mediante una nueva resolución.	Si tras este proceso no se llega a un acuerdo sobre las condiciones del acuerdo marco para la reserva de capacidad de Renfe, se abriría la puerta a la justicia ordinaria, ya que ambas empresas públicas pueden recurrir la resolución de la CNMC ante la Audiencia Nacional. Utilizar esta vía retrasaría aún más la firma de los acuerdos con todos los operadores y, por extensión, entrada de la competencia, que ya tiene muchos problemas para cumplir los plazos por el pandemia del coronavirus.	Y es que, Adif se niega a firmar los acuerdos de reserva de capacidad con la filial en España de SNCF, Rielsfera, y con Ilsa, que operará en alianza con Trenitalia, si no está listo también el de Renfe. "Hemos entendido la necesidad de tratar estos acuerdos como la culminación de todo un proceso complejo que aunque finalmente se ha estructurado en distintos paquetes requiere ser tratado de forma unitaria y ahora separar la firma rompe el criterio de unidad", explican fuentes oficiales de gestor estatal. Pese a este cambio de planes en el calendario, que ha pillado por sorpresa a los otros operadores, Adif asegura que sigue trabajando "en paralelo" con las empresas por lo que	Fuentes del sector explican a este diario que la decisión unilateral y de "última hora" de Adif no ha sentado nada bien entre los preadjudicatarios no implicados y señalan que el criterio de unidad no es suficiente explicación puesto que los contratos son independientes y no tienen consecuencias sobre los otros. En este sentido, la decisión incluso podría llegar a recurrirse.	Uno de los puntos que la firma que preside Isabel Pardo de Vera ha alegado para justificar el contrato de diez años con Renfe es "la inversión" de 900 millones para "la prestación de los servicios incluidos en el Acuerdo". Y es que, el operador ha vinculado la compra de 30 Avriles a Talgo y la transformación de 19 coches cama en AVE (1.750 millones en total, incluido mantenimiento) a la liberalización.	Una inversión que la CNMC no ve justificada ya que considera que con los 96 trenes que ya tiene es más que suficiente para prestar el servicio comprometido y que la compra del material rodante responde a su "estrategia de alta velocidad tanto nacional como internacional" y a la prestación del servicio en toda la red. "El incremento de la capacidad marco adjudicada no parece justificar la adquisición de 49 trenes señalado por Renfe", sentencia.	Más allá de la falta de acuerdo sobre las condiciones del acuerdo de Renfe, la liberalización del AVE corre el riesgo de retrasarse hasta bien entrado 2021 por el coronavirus. Un retraso que la CNMC ya ha asumido por lo que ha recordado a las empresas que pueden solicitar sin penalización una rebaja de la capacidad.	Ilsa ya ha reconocido que el parón de las plantas puede afectar a los ritmos de fabricación de sus trenes por lo que podría tener un retraso de unos tres o cuatro meses y en vez de arrancar en enero de 2022, hacerlo en abril de 2022. Por su parte, SNCF cuenta con menos margen de maniobra para poner en marcha su servicio el 14 de diciembre ya que todavía tiene que homologar los trenes, un proceso dividido en dos partes que se puede demorar hasta seis meses.	elEconomista no se hace responsable de las opiniones expresadas en los comentarios y los mismos no constituyen la opinión de elEconomista. No obstante, elEconomista no tiene obligación de controlar la utilización de éstos por los usuarios y no garantiza que se haga un uso diligente o prudente de los mismos. 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La pugna Adif-CNMC por el contrato de Renfe complica la liberalización del AVE