Aun con el ejercicio exacerbado de los seudo defensores de la constitución, por parte de quienes en el pasado reciente negociaron y pactaron su subversión en pública subasta; no hay lugar a dudas o confusiones. De lo que se trata no es de la defensa del acuerdo y obligación entre ciudadanos que debería representar la constitución, no se trata de la institucionalidad del país, ni de los cambios estructurales para superar la arritmia del quehacer político, social y económico del país. El interés no es el estado social y democrático de derechos.	A pesar de ello, no estamos en un punto de no retorno, aunque los excesos recuerden regímenes autoritarios del pasado, pero los ciudadanos tienen que estar vigilantes porque los que nos gobiernan ponen sus intereses por encima de los intereses del país. El desprecio de los valores fundamentales, el entramado de control del estado desde el gobierno, incluidas sus estructuras institucionales y sus operadores, utilizando la compra de conciencia, el otorgamiento de privilegios o la extorsión, así como de un manejo vergonzoso de la pobreza, convirtiéndola, además, en un estado de miseria de la condición humana; continuará si lo permitimos.	Considerando que la dignidad, la libertad, la justicia, el desarrollo económico y social de los individuos y las familias, así como el mantenimiento de la paz, tienen por base el fortalecimiento de su estructura institucional, la adecuada distribución de las riquezas que genera el país, el acceso a oportunidades en igualdad de condiciones y el ejercicio real de los derechos de los ciudadanos; hay que rechazar, en todas las formas posibles, el actual estado de cosas en la que los intereses de grupos políticos, grupos de presión y falsos empresarios, conspiran contra la nación. De lo contrario, es probable que tengamos que recurrir luego al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.	
 ¿De qué se trata? 