Pero frente a la condena y ensañamiento contra el exministro de agricultura tengo que levantar mi voz. No entiendo cómo tantos colombianos, llevados tal vez por odios infundados, prejuicios, rencores políticos o falsas premisas de justicia, pueden verter ríos de ponzoña en contra de un hombre derrotado y destrozado. Hasta lo han convertido en el personaje de parodias caninas o escriben, casi que en exclusiva, para pedir que se haga efectiva su condena.	La lectura de la sentencia de la Corte Suprema, por demás con la firma de ‘honorables’ del ‘cartel de la toga’, como Leonidas Bustos o Gustavo Malo, causa contrariedad. Por momentos parece como si la celeridad, la microgerencia o el esmero gerencial fueran sinónimos de turbiedad o indicio de ilegalidad para la Fiscalía de entonces.	Causa extrañeza que un caso de tanta trascendencia esté repleto de afirmaciones genéricas, ambiguas, contradictorias, dudosas e incomprensibles; de juicios de valor que no cuentan con el respaldo probatorio requerido, como lo sostuvo en su disentimiento el magistrado Eugenio Fernández Carlier. Igualmente, afirmaciones indemostradas o apreciaciones sesgadas como que el programa Agro Ingreso Seguro (AIS) era para cumplir un ‘compromiso político con el sector’, sin precisar cuál o en qué consistía.	Por supuesto que en AIS hubo fraccionamiento de predios y favorecimientos, por ende corrupción, pero lo cuestionable es que a los autores materiales del delito se les diera una pena ínfima, excarcelable, mientras al exministro se le condenó por peculado a favor de terceros sin probarse el dolo y sin que ninguno de los involucrados testificara en su contra por beneficiar a una persona, familia o empresa en particular.	Es tal el incomprensible deseo de revancha política que al pedido de su libertad bajo fianza, por parte del embajador Francisco Santos en carta al Departamento de Justicia de Estados Unidos, le llovieron rayos y centellas. Como si no fuera en sí mismo lamentable y drástico el castigo que una precoz y promisoria carrera se viera truncada de tal modo, que sus hijos estén creciendo signados por la desdicha de su padre, la separación de estos y de su amada mujer o la impotencia y las humillantes condiciones de una cárcel en Estados Unidos.	Antes que calificar como disparate la carta del embajador Santos, lo que debiera hacer el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema es abogar por garantizar la segunda instancia al exministro, como lo pidió el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Es que la grandeza del alma no desvirtúa la justicia, mientras que cualquier atisbo de persecución o envilecimiento sí le resta toda magnanimidad.	
En defensa de Arias