Con el “plan verano” se desindexaron las jubilaciones, se desactivó el Pacto Fiscal con las provincias y se recurrieron a facultades especiales en el marco de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva para impulsar medidas que permitan estimular el consumo y sumar presión sobre los sectores generadores de divisas, fundamentalmente el campo.	La dimensión de la deuda pública es asfixiante: el total equivale al 80% del producto interno bruto (PIB) y, según los cálculos de la consultora Ledesma, los vencimientos de capital y de intereses de este año ascienden a U$S 57.618 millones. Y, hasta 2023, se deberán pagar U$S 191.119 millones, de los cuales U$S 42.358 son para el FMI.	“La condición para pagar es crecer”. Esa es la premisa con la que el Presidente analiza con el ministro de Economía, Martín Guzmán, el rediseño del cronograma para pagar los compromisos con los acreedores privados. Son gestiones contrarreloj porque la fecha límite para sellar un entendimiento es marzo, y a partir de ahí la Argentina deberá sí o sí retornar al mercado para refinanciarse.	Fernández se ocupó de enviar señales alentadoras y de mantener buena sintonía con los actores determinantes en esa discusión, como lo es el gobierno de los Estados Unidos debido a su injerencia en el directorio del FMI. Incluso, el rol de Guzmán es una señal positiva: el ministro es un especialista en deuda que cosechó elogios públicos de Joseph Stiglitz. “Es la persona indicada, en el lugar justo y en el momento correcto”, dijo el Nobel en Economía.	Pero hasta los más optimistas advierten que la resolución exitosa del frente externo será el primer paso para encarar los complejos problemas de la economía doméstica, en la que las amenazas reinantes son la incapacidad para apuntalar la generación de dólares y para comenzar a contener una inflación que todo lo distorsiona.	Por el momento, las esperanzas de la Rosada y hasta del Banco Central se basan en la efectividad que pueda llegar a tener el pacto social con el que se busca comprometer a empresarios y a sindicalistas en la lucha contra la avanzada de los precios, y en el nuevo formato del extremo cepo cambiario que llevó al dólar minorista a negociarse cerca de los 82 pesos.	Ambas cosas demandarán tiempo, tal como lo aclaró el titular del Central, Miguel Pesce, quien explicó que el cepo permanecerá, por lo menos, hasta que el país vuelva a exportar U$S 90 mil millones y que los primeros logros de la cruzada contra los precios recién se percibirán en el tramo final de 2021. Hasta ahora, las proyecciones privadas anticipan, para 2020, una inflación arriba del 42%.	Así las cosas, el segundo semestre del año constituirá una bisagra para la administración de Fernández, porque se deberán reemplazar las acciones de emergencia por las medidas de largo plazo que proyectarán la impronta que tendrá su política económica. Las proyecciones del FMI, que viene revisando la cuentas públicas desde finales de 2018, indican que el PBI argentino volverá a caer en 2020 (-1,3%).	Y uno de los primeros pasos obligados será la presentación del programa para las actualizaciones del sistema previsional. Fernández ya adelantó que la fórmula que se puso en marcha y que se suspendió “era impagable” y todo indica que el nuevo esquema deberá ajustarse a las necesidades del Gobierno de equilibrar las cuentas para cumplir con cualquier compromiso que cierre con los tenedores de deuda.	
 Evitar el “default” y diseñar un programa que pare la inflación