En pequeñas ciudades del norte, centro y sur del país marcadas hace décadas por intensa actividad industrial con centrales termoeléctricas, faenas mineras, puertos y fundiciones, entre otras, la votación por el "Apruebo" en el plebiscito de octubre llegó al 80% e incluso superó el 90%, por encima del resultado nacional de 78,28%.	"Es el cansancio de nuestra comunidad por todas las expresiones de injusticia social e injusticia ambiental de las que somos víctimas desde hace más de 50 años, absolutamente abandonados por un Estado negligente", dice Carolina Orellana, portavoz de una asociación de mujeres en la zona industrial de Quintero, en la región central del país.	La Constitución actual, promulgada en 1980 durante la dictadura militar pero sometida a varias reformas, establece "el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación" y el deber del Estado de velar por eso. Sin embargo, la directora de la ONG Oceana, Liesbeth van der Meer, dice que en la práctica eso es muy distinto.	"¿Por qué hay industrias que contaminan en la forma en que contaminan? No puede haber empresas que lancen metales pesados a la bahía de Ventanas o relaves al océano cuando hay actividades de pesca", como en Huasco, señala, asegurando que la clave es "cómo hacer para que el derecho de propiedad tenga incluido el cuidado medioambiental y el de las futuras generaciones".	Claudia Fuentes, responsable de proyectos de descarbonización de la ONG Chile Sustentable, dice que el dilema es cómo se define algo libre de contaminación. "Si no hay normas como por ejemplo para arsénico o compuestos orgánicos volátiles, porque no hay normas para todos los contaminantes, es como si ésta no existiera".	Hasta ahora, sin embargo, el texto de una nueva carta magna es especulativo y sólo comenzará a delinearse cuando en abril sean elegidos los 155 asambleístas que la redactarán, que requerirán alcanzar amplias mayorías de dos tercios para aprobar su contenido. Y el nuevo texto será luego sometido a un plebiscito aprobatorio.	Activistas y ONGs identifican cinco zonas de sacrificio en Chile. En el norte Mejillones, con industrias, pesca y puerto; Tocopilla con termoeléctrica y minería y Huasco, con una planta de pellets y termoeléctricas. El parque industrial de Quintero-Puchincaví-Ventanas en el centro y, al sur, Coronel, que fue productor de carbón y hoy tiene industria y termoeléctricas.	Las zonas de sacrificio volvieron a quedar expuestas a mediados de 2018 cuando cientos de personas resultaron intoxicadas en la zona de Quintero, que alberga una docena de industrias como la fundición y refinería de cobre de la estatal Codelco, una terminal petrolera de la estatal ENAP y una termoeléctrica de la privada AES Gener, entre otras.	La justicia aún investiga a ENAP por emisiones tóxicas desde su terminal marítimo y su responsabilidad en los sucesos de 2018. A raíz de este episodio, el año pasado el presidente Sebastián Piñera pidió "disculpas" en la cumbre climática en Nueva York y la Corte Suprema acogió recursos de protección en favor de ciudadanos y ordenó acciones al respecto en ese lugar.	Enap dijo a Reuters que "como empresa debemos respetar la voluntad de los chilenos y los cambios que se vayan adoptando en el marco de una nueva Constitución", asegurando que colabora con la estrategia chilena de carbono neutralidad y que tiene proyectos ambientales por unos 350 millones de dólares para varias zonas.	El exministro de Medio Ambiente de Chile, Marcelo Mena, dijo que la necesidad de frenar el impacto del cambio climático debería reflejarse en la futura carta magna. Esto incluiría reequilibrar el acceso al agua de residentes y empresas en el país sudamericano, afectado actualmente por una dura sequía, y salvaguardar los glaciares, un importante barómetro del cambio climático.	Chile planea cerrar hasta 2040 la treintena de plantas termoeléctricas a carbón que operan hoy y que representan poco más de un tercio de su generación eléctrica. Los vecinos a ellas quieren acelerar los cierres y el Congreso debate una ley sobre eso, pero el gobierno señala que los plazos no pueden adelantarse para no poner en peligro la estabilidad energética.	En Huasco, localidad costera junto a un valle famoso por sus olivos, el cierre de las termoeléctricas a carbón está programado para 2040. Y la planta de pellets del grupo minero y siderúrgico CAP sólo dejará de lanzar relaves al mar dentro de unos años mientras construye un depósito en tierra.	
Las "zonas de sacrificio medioambiental" en Chile buscan respiro en una nueva Constitución