El pasado febrero la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en primera instancia la ley más ambiciosa del último cuarto de siglo para endurecer los controles de armas. Solo unos días antes, un pistolero de 19 años había asesinado a quemarropa a 14 estudiantes y tres educadores en un instituto de Parkland (Florida) durante los seis minutos que transcurrieron antes de que fuera detenido. La nueva normativa pretendía universalizar los	, que obligan a las tiendas de armas a contrastar con el FBI el historial del comprador para asegurarse de que no tiene antecedentes criminales, condenas por maltrato o enfermedades mentales severas. Tanto las ventas privadas a través de internet como las que se cierran en las ferias de armas están exentas de todo control. Y son más del 20% del total.	El proyecto de ley superó el trámite de la Cámara baja con el apoyo de la mayoría demócrata y el respaldo de ocho diputados republicanos, pero nunca llegó a votarse en el Senado, controlado por los conservadores. Su líder, Mitch McConnell, se ha negado hasta ahora a aceptar la votación en la Cámara alta, a pesar de que la mayoría de votantes de su partido apoyan la iniciativa. De acuerdo con una encuesta de Quinnipiac del pasado marzo, el 80% de los electores republicanos (y el 86% de los demócratas) son partidarios de extender los	Los resultados de los sondeos demuestran que el rechazo de los últimos años a endurecer las leyes no responde a los deseos del electorado republicano, sino al cálculo político, los intereses y la mendacidad de sus líderes, que se limitan a prescribir condolencias y oraciones cada vez que un nuevo grupo de inocentes son asesinados en un tiroteo. Desde que entró en política hace tres décadas, McConnell ha recibido 1,2 millones de dólares en donaciones para sus campañas de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), según la base de datos del Centro para la Política Responsable. Como otros de sus correligionarios ha hecho suya la cultura demagógica del lobi de los fabricantes de armas, que sostiene que cualquier regulación, por mínima que sea, es un paso hacia la destrucción de la Segunda Enmienda.	Tras los tiroteos del pasado fin de semana en El Paso (Tejas) y Dayton (Ohio), en los que murieron 31 personas y más de medio centenar resultaron heridas, ha vuelto a intensificarse la presión para que McConnell desbloquee el proyecto de ley y Donald Trump tome alguna iniciativa para frenar la violencia que desangra el país. He hablado con el presidente esta mañana sobre esta propuesta y se ha mostrado muy predispuesto, dijo el martes el senador republicano Lindsey Graham, uno de sus aliados más estrechos.	Entre los grupos cada vez más poderosos que hacen presión por el control de armas, las expectativas son sin embargo mínimas. Como muchos de sus correligionarios, Trump culpa a las enfermedades mentales o a los videojuegos de los tiroteos en lugar de a los más de 300 millones de armas en manos de la población civil. En consonancia con su carácter, el presidente ofrece promesas vacías y nada indica que vaya a tomar medidas, ha dicho Peter Ambler, director del Centro Giffords.	
La oposición republicana al control de armas choca con la posición de sus votantes