La propuesta del perredista planteaba que podrán contratar con el Estado “quienes realicen, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, acuerdos de colaboración judicial o acuerdos de pena, en donde reconocen la comisión de delitos contra la administración pública, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico y delitos contra la fe pública”.	Otro que hizo uso de la palabra fue el perredista Julio Mendoza: “No estoy de acuerdo con las empresas corruptas. Esta es una decisión unipersonal de este diputado. Les pido a mis compañeros de la bancada que, por favor, no le den la oportunidad a empresas que ya le han robado a muchos jóvenes que no pudieron ir a la universidad”, dijo.	La iniciativa busca inhabilitar para contratar con el Estado a las empresas que pacten acuerdos de colaboración judicial o acuerdos de pena en los que reconozcan la comisión de delitos contra la administración pública, contra la seguridad colectiva, contra el patrimonio económico y contra la fe pública.ca. El cambio también fue impulsado por el propio Robinson y su copartidaria Kayra Harding.	Las intervenciones de Méndez y Carles se dieron sin que la oficialista bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y la de Cambio Democrático (CD) estuvieran en el pleno. Los del PRD se encontraban reunidos a pocos pasos del pleno, específicamente en el salón Chanchoré. Mientras que los de CD estaban en otro salón.	Los perredista Roberto Ábrego y Crispiano Adames defendieron el proyecto 10 e indicaron que va mucho más allá de eliminar que las empresas corruptas liciten con el Estado. Por ejemplo, Adames indicó que con esta norma se permite que haya un observatorio digital en el que los ciudadanos podrán estar pendientes de los procesos y así denunciar si existen irregularidades.	

				Empresas corruptas centran  debate sobre cambios a  Ley 22			