Compas, aquí les compartimos la emisión del 5 de junio de 2020. A través del Sistema de Información de la Resistencia recibimos noticias de la lucha que llevan adelante compas en diferentes latitudes de México y el mundo. Así que están invitadxs a hacernos llegar informaciones sobre la resistencia, denuncia o eventos, ya sean escritas o grabadas a través de los teléfonos 044 55 47 79 17 59 y 044 55 13 16 32 16 (con Telegram, What’s app y mensajes de voz y de texto), también pueden hacernos llegar sus mensajes a nuestras redes sociales en diaspora, facebook y twitter con el identificador kehuelga, y de nuestro correo electrónico kehuelga@kehuelga.net Todas y todos contra el monstruo capital y sus sirvientes	El día 26 de mayo de 2020, en una conferencia de prensa en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunciaron el riesgo de una emergencia alimentaria en las poblaciones de Chiapas, especialmente en las que encuentran en desplazamiento forzado. Tanto el El Fideicomiso como el Frayba, han recibido información directa por parte de población del Pueblo Maya Tsotsil del municipio de Aldama, Chalchihuitán y de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), en Chenalhó, Chiapas, México, quienes han dado testimonio de la vulnerabilidad en la que viven las familias que viven en desplazamiento forzado ocasionado por la violencia generalizada cometida por grupos civiles armados de corte paramilitar en la región y la falta de atención integral de los gobiernos federal y estatal. En la conferencia de prensa se comentó que son “3304 personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado, las cuales pertenecen a los municipios de Chenalhó, (integrantes de Las Abejas de Acteal) Chalchihuitán y Aldama.” Además comentaron que “en las tres situaciones de desplazamiento forzado hay grave riesgo para la vida y salud de las personas desplazadas debido a la falta constante de alimentos, atención médica y al daño emocional por el miedo permanente y desesperación a ser agredidas, las niñas, niños, mujeres y las ancianas / los ancianos son las víctimas con mayor vulnerabilidad.”	El día 28 de mayo, las comunidades Ch´ol de Palenque, Ocosingo y Salto de Agua, así como el colectivo Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., dieron a conocer un comunicado sobre la situación actual de la lucha contra la construcción del Tren Maya sobre territorios indígenas.	A mediados del mes de mayo Lucía Anaya Ruiz Esparza, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas otorgó un amparo a las comunidades Ch’ol de Palenque, Ocosingo y Salto del Agua para que fueran pausadas las obras de la construcción del Tren Maya, pero a finales del mes fue revocada la suspensión provisional de la obra, pues el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en Tuxtla Gutiérrez argumentando que no se habían realizado trabajos de construcción en el tramo que va de Palenque a Valladolid en Yucatán.	Sin embargo, la juez justo a las comunidades mayas realizaron una revisión de los problemas legales que rodean a la construcción del Tren y encontraron que hay “una ambigüedad en la posición del Presidente de la República y de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) que sirvió de base al Tribunal Colegiado para levantar dicha suspensión. El Presidente Andrés Manuel López Obrador a través de su representante y FONATUR argumentaron no estar realizando ningún trabajo de construcción del proyecto denominado Tren Maya, en el tramo que va de Palenque Chiapas, a Valladolid Yucatán, —dentro del que se encuentran los municipios a los que pertenecen las comunidades en lucha— sino que sólo estaría realizando labores de mantenimiento y rehabilitación sobre vías férreas ya existentes y prestando los servicios públicos de transporte ferroviario de carga y de pasajeros.” Pero las cosas parecen estar siendo manipuladas por el gobierno federal, pues si bien se dice que solamente hubo trabajos de mantenimiento, se supo que Fonatur celebró contratos con empresas para la construcción y las cuales sí estarían realizando trabajos sin que fueran vigiladas sus practicas sanitarias de trabajo para evitar contagios por covid, toda vez que son trabajadores foráneos.	El día 21 de mayo de 2019, Nataly Michel Rodríguez Romero, de 35 años fue asesinada en su departamento en el oriente de la Ciudad de México. Hoy, un año después, el caso sigue impune. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio hay varias irregularidades en torno a las investigaciones, por ejemplo: la falta de resguardo del lugar del hallazgo y pérdida de la cadena de custodia; la falta de identificación, fijación y embalaje de indicios en el lugar del hallazgo; la ausencia de la realización de un análisis de contexto para identificar los antecedentes de violencia en que se encontraba la víctima para la acreditación de las hipótesis del caso; la omisión en la elaboración de un plan metodológico de investigación para esclarecer los hechos; la falta de apoyo para las víctimas indirectas por las autoridades competentes para ello conforme a las disposiciones victimales y la fabricación de un testigo de los hechos por parte de la policía de investigación responsable del caso.	Estas irregularidades han sido comunes en otros casos de feminicidio en la Ciudad de México, pero solo a fuerza de movilización las autoridades han modificado las formas de investigar. Es por ello que, las integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio advirtieron que “para conocer la verdad de los hechos y garantizar el acceso a la justicia para la víctima y su familia, es necesario un plan de investigación con perspectiva de género centrado en pruebas científicas, la elaboración de dictámenes de telefonía y georeferenciación y la realización de diversas pruebas periciales para el esclarecimiento del caso”.	Y hablando de exigencia de justicia para las mujeres víctimas de feminicidio, en la Plaza central de la ciudad de Nayarit, en el occidente de México, un grupo de mujeres coras y wixárikas realizaron una protesta para denunciar la violencia de género que rodea a las mujeres de las poblaciones indígenas, así como para exigir justicia para Leonila de la Cruz Pancho, quien fuera asesinada el 24 de mayo en el municipio Del Nayar. En el acto, Belén Muñoz, integrante del Colectivo de Artesanos de los cuatro Pueblos Originarios de Nayarit dijo: “qué bueno que ahora el caso de Leonila ha tocado la sensibilidad, pero nosotros seguimos consternados, porque es el primero que se ha dado a la luz y han tratado de resolver precisamente por la presión social”. Por su parte, Lucero González, originaria de la comunidad de El Roble comentó que “hay muchos crímenes que no se saben, no agarran a las personas que nos atacan, hay más acoso hacia nosotras”.	El día 4 de junio, la Ciudad de México volvió a la vida, luego de que un grupo de compas integrantes de colectivos y familiares de víctimas de desaparición forzada en México realizaron una manifestación a las afueras del Palacio Nacional para protestar contra el recorte del 75% al presupuesto asignado a la Comisión de Atención a Víctimas y para lanzar una alerta ante su posible desmantelamiento.	Este recorte presupuestal representa la parálisis de actividades esenciales, entre las que se encuentran la pérdida del alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), el cual reúne los datos personales de más de 34 mil 215 personas desaparecidas, pero especialmente porque las víctimas «no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica».	El 4 de mayo de 2020 Giovanni salió con su familia a cenar cuando cerca de 10 policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, los detuvieron por no usar cubrebocas en la vía pública. En un video grabado por Christian, el hermano de Giovanni, y dado a conocer un mes después de la agresión, cuya duración es de un minuto 36 segundos, se observa a los policías golpear a Giovanni reiteradamente e intentar subirlo a una camioneta de la policía municipal y sus familiares dialogando con los elementos de la policía municipal. video Después de ser detenido una tía de los hermanos logró comunicarse con el presidente municipal de Ixtlahuacán, quien le indicó que podría pasar al día siguiente a la comisaría por su sobrino, pero cuando a la mañana siguiente fueron por él, les informaron que Giovanni se encontraba grave en el Hospital Civil de Guadalajara porque a los policías “se les había pasado la mano”. Christian relató que personal del Servicio Médico Forense, Semefo no permitieron ver el cuerpo de su hermano. Una vez que estuvieron afuera, abrieron la bolsa y confirmaron huellas de tortura y una bala en la pierna.	A través de terceros el presidente municipal de Ixtlahuacán, Eduardo Cervantes Aguilar, ofreció a la familia 200 mil pesos a cambio de su silencio y lanzó una amenaza de muerte en caso de que difundieran el video donde se observa la agresión policiaca. Sin embargo, luego de un mes de ocurrido el asesinato de Giovanni y sin investigaciones sobre el homicidio, Christian compartió el video en internet para exigir justicia. Ante los hechos, el presidente municipal trató de evitar su responsabilidad, así como exculpar a los policías al decir que Giovanni tenía problemas con gente de la Guardia Nacional.	Un mes después y casi 24 horas de ser difundido el video donde se observa la violencia policiaca contra Giovanni, miles de personas salieron a las calles de Guadalajara, Jalisco para exigir justicia. La movilización fue convocada en redes sociales e inició en el Parque Revolución hasta llegar al Palacio de Gobierno donde se desató la furia social contra la policía.	
Nebulosa - 5 de junio de 2020