No es un invento ni una exageración. Desde sus gobiernos de la Seguridad Democrática, Uribe ha ejercido una forma salvaje de hacer valer sus discrepancias con los más altos jueces de la nación. En los tiempos tempestuosos en los que la Corte Suprema se asomó a las contaminadas aguas de la parapolítica, pasaron cosas gravísimas y los magistrados de entonces también fueron acusados de parcialidad, y hasta se presentó el inédito suceso de que un mandatario denunciara penalmente a un presidente de la Corte. No profundizo en lo que allí aconteció porque con los juristas Yesid Reyes y Alfredo Beltrán asumimos el encargo de defender al presidente de la Corte, quien finalmente fue exonerado.	Pero hubo más. Se descubrió que la Corte Suprema de Justicia fue espiada, pues debajo de su mesa de deliberaciones se plantó una grabadora con la ayuda de una de las encargadas del aseo, sobornada por personal de inteligencia del régimen. Por ese camino, alguien del gobierno Uribe tuvo acceso a conversaciones de los magistrados, a tal extremo que aún hoy algunos uribistas invocan como prueba reina un diálogo entre algunos togados dizque para justificar la falacia de que esa Corte perseguía políticamente al régimen que “chuzó” y deshonró la privacidad judicial.	Esta vez el mismo exmandatario, vestido de senador y jefe del partido de gobierno, llamó mafiosa a la Corte. No se había oído a ningún dirigente semejante atrocidad contra una alta corporación. Lo peor de ese gesto, ese sí inmarcesible, es que a la mayoría de los colombianos parece no inquietarles que un expresidente descalifique a sus jueces. Pocas son las voces que se han sentido maltratadas con esta alevosía; inclusive editoriales y articulistas criollos afectos al régimen y a Uribe han apoyado descaradamente esta cruzada de odio. En el CD celebran como audacia la vulgaridad de su jefe, porque no han advertido que con esas posturas jamás ganarán el respeto colectivo.	Duque ya empezó a repetir el experimento de Uribe de candidatizar a sus amigotes para diferentes magistraturas, incluyendo uno que otro indeseable, golpe con el que asegurarán su nefasto poder para perseguir o ponerse a salvo. Esa fórmula ya la tienen ensayada, por eso en la Fiscalía están Francisco Barbosa y Gabriel Ramón Jaimes Durán, y en el Consejo de la Judicatura tienen sentada a Martha Olano de Noguera, otra más del círculo íntimo. Faltan más diablillos.	Tendrá que pasar al menos una generación para superar esta dolorosa jornada que, para su vergüenza, ha protagonizado el uribismo. Los estudiantes de derecho que aún tienen intactas sus ilusiones en la justicia de su país deben sentir el mismo desconcierto que estremeció a los jóvenes que presenciaron impotentes el holocausto del Palacio de Justicia en 1985.	
Daño irreparable