La investigación se instruye por delitos contra la administración de la justicia y cohecho, principalmente contra la fiscal Martha Estela Ramos Castillo por negociar el procedimiento abreviado que concluyó con la condena de nueve años de prisión contra Duarte, la que, a juicio de la denunciante, es una pena baja y desproporcionada.	"El numeral 4, en su último párrafo, de la Ley General de Víctimas señala que son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos", indica la sentencia del amparo.	"En ese orden, si bien el delito de cohecho se persigue de oficio y el sujeto pasivo es colectivo o social, lo cierto es que el legislador previó en el citado numeral, que las organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus intereses o bienes jurídicos colectivos puedan ser consideradas como víctimas del delito, como en el caso acontece con la quejosa".	
Admiten a asociación civil como víctima