a central sindical acaba de formular su plan para enfrentar en todos los niveles al nuevo gobierno, tanto en lo referido a las cuestiones laborales como a la seguridad social y a los ataques a “las libertades sindicales” y blande su derecho a supervisar las relaciones con UPM en el aspecto gremial, en los controles de polución y en otros puntos que no se había ocupado de cuestionar hasta ahora.	Es evidente que el cambio de signo del gobierno va a obligar al PIT-CNT a encontrar un nuevo rol en el tablero político. Hasta el momento venía funcionando como una suerte de socio-auditor-censor-rector del Frente Amplio en los temas laborales, en el comercio y las relaciones internacionales y el manejo de seudoempresas. A estar por su lenguaje de hoy, parece creer que la sociedad no eligió un nuevo gobierno, sino apenas un interlocutor válido para consultar con la cúpula gremial el plan económico y esperar su bendición sin que rompa (sic) nada.	La columna defiende el trabajo como esencial a la sociedad, dignificante del ser humano, base del progreso, el capital y el bienestar. De modo que comparte la actividad sindical en pro de los derechos laborales. En cambio, disputa su uso con fines políticos o ideológicos, y en muchos casos, el modo contraproducente en que se defienden esos derechos.	Los planteos del PIT-CNT son un buen caso de análisis. El clamor de reforma de ciertos aspectos del sistema laboral y de seguridad social orientales no es endógeno ni interno. Surge de la necesidad de exportar e importar, de agrandar la economía para agrandar el bienestar, y hasta de la mismísima OIT, que parece ser palabra santa cuando le conviene a la central sindical, pero no cuando le pega un reglazo en los dedos por abuso.	Para aumentar el comercio con el resto del mundo con un tipo de oferta de bajo output como la uruguaya, se debe lograr un equilibrio en los costos laborales y en los gastos del Estado, un costo elevado que el resto del mundo no quiere pagar. Por supuesto, se puede ignorar esas exigencias y seguir, como hasta ahora, en una cómoda contemplación del ombligo. Pero la generación de trabajo será pobre y hasta negativa. Y la función sindical debería comenzar por coadyuvar a la creación de empleo.	El argumento de que no es cuestión de generar trabajo a cualquier costo, de baja calidad y en condiciones precarias, es falso, no se condice con la realidad mundial ni con los resultados empíricos y semejan los argumentos del proteccionismo empresario, con iguales consecuencias. Por otra parte, nadie está proponiendo un retroceso brutal, sino la remoción de obstáculos inventados que no sólo ahuyentan la inversión, sino que no le sirven a quienes quieren y necesitan conseguir un trabajo.	Los Consejos de Salarios tripartitos por caso, que se defienden como un logro de proporciones universales, son fruto de una concepción arcaica, ideologizada e indefendible. Que además lleva a otra duda: cuando el laudo del gobierno no les sea favorable, ¿qué harán los sindicatos? ¿Solo valdrá el tripartismo cuando el gobierno sea afín? El Ejecutivo no debe laudar en una república no bolivariana.	Esto lleva a otro obstáculo absurdo. El oponerse a los convenios por sectores y aun por empresa, si el tamaño lo justificara. El miedo a perder fuerza de negociación si se atomiza la discusión hace que el sindicalismo se aferre a convenios unánimes que matan los emprendimientos antes de nacer. Un aborto que nunca puede beneficiar a los que buscan un trabajo. Por supuesto se puede seguir en esta línea. Lo que no se puede simultáneamente es esperar que la demanda laboral aumente, al contrario. Si el trabajo es un derecho humano, como sostienen ciertos dialécticos, habrá que preguntarse si estos sistemas no van contra esos derechos. Un tema para negociar, sin duda, pero en términos de encontrar un modelo inteligente y adecuado a los formatos de empleo actuales.  No de plantear una amenaza de guerra si se tocan las que se perciben como sacrosantas conquistas, por otra parte inútiles.	Donde no hay nada para negociar es en la toma de establecimientos. Se deben respetar a ultranza las normas de la OIT. El derecho de los sindicatos no puede abolir el derecho a la propiedad, ni el derecho de los que quieren no hacer huelga, tanto o más sagrado que los otros dos. Solamente un gobierno complaciente, atado por pactos que fueron la urdimbre de la coalición frenteamplista, pudo hacerse el tonto en este punto.	Otra bandera de lucha, la de la reforma jubilatoria, versa también sobre una cuestión exógena: nadie está dispuesto a dar crédito para sostener un sistema de retiro suicida. Como ocurre en todo el mundo, debe ser reformado. Eso es tarea de varios gobiernos, a ejecutarse a lo largo de varios años. Pero comenzando ya, con la formulación de un plan transparente, con plazos y una política de estado. Requerirá mucho trabajo, creatividad y discusión multisectorial. La amenaza y la fuerza no son un mecanismo apropiado para semejante tarea.  El modelo amarillo francés de romper todo genera reformas deformes. El sueco, mucho más inteligente y pragmático, fue claramente exitoso.	Se pueden ignorar las demandas externas como se ha hecho hasta ahora, no sólo en el ámbito gremial. Pero entonces no se creará más trabajo, o será precario e informal. Porque la mejor forma de cuidar las conquistas y la calidad del empleo es que haya más demanda de trabajo, no menos. Eso se logra de un único modo: aumentando el comercio internacional.  El PIT-CNT, está ante un momento liminar, que lo obliga a abstraerse de su ideología, o la de sus dirigentes, y empezar a pensar en los desocupados actuales y futuros, que no tienen sindicato alguno que los proteja ni conquistas que defender.	
PIT-CNT vs resto del mundo