El tribunal regional sostiene que "los derechos políticos del señor Petro se vieron afectados como consecuencia de la sanción disciplinaria de destitución como Alcalde Mayor de Bogotá e inhabilitación por el término de 15 años para ocupar cargos públicos, que le fue impuesta por la Procuraduría General de la República el 9 de diciembre de 2013".	En opinión de la CoIDH, "las normas que facultan a la Procuraduría a imponer dichas sanciones a funcionarios democráticamente electos --como fue el caso del señor Petro--, así como aquellas que tienen el efecto práctico de producir una inhabilidad en el ejercicio de los derechos políticos como resultado de una decisión de la Contraloría, constituyen una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.	En consecuencia, ha ordenado indemnizar a Petro con "las sumas monetarias fijadas en la sentencia por conceptos relativos al daño material" y "el reintegro de gastos y costas", una serie de "reparaciones" que consisten en publicar el "resumen oficial" del fallo en el Diario Oficial y en un periódico de circulación nacional.	El caso se remonta a 2013, cuando la Procuraduría ordenó destituir a Petro por implantar un nuevo modelo de recolección de basuras para Bogotá afectando a varios contratos públicos adjudicados a empresas privadas. El cambio se produjo en un momento en el que en la capital colombiana se llegaron a acumular toneladas de residuos.	
Colombia.- La CoIDH condena a Colombia por el cese de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá por la crisis de las basuras