Las compañías se enfrentan a un escenario de creciente presión para la adopción de criterios sociales y ambientales en su desempeño, alineados a la estrategia corporativa y la gestión de riesgos, junto a una gobernanza corporativa más sólida y planteada para entregar valor al conjunto de grupos de interés. Los inversionistas y otros proveedores de capital prestan cada vez mayor atención a la información sobre la gestión y resultados en estos aspectos, ya sea de manera directa o través de la recopilación de terceros especialistas. Esto es especialmente relevante en el caso de las compañías listadas, invitadas a participar en la región de cuestionarios como los de Carbon Disclosure Project (CDP) o RobecoSAM para los Dow Jones Sustainability Indices.	Estamos en época de elaboración de memorias de sostenibilidad o informes integrados, y el contexto ha ido cambiado estos años. En Europa, hace tiempo que quedó atrás el debate entre si la información extra financiera debía ser requerida por ley o tener carácter voluntario, zanjado con la publicación de la Directiva 2014/95/UE. Ahora en España el tema está de rigurosa actualidad, luego de la aprobación de la Ley 11/2018 en materia de divulgación de información no financiera y diversidad, que obliga a un amplio conjunto de empresas. Se trata de la transposición de la directiva que están realizando los diferentes países de la UE. Ello tiene implicaciones para las subsidiarias en la región, que serán requeridas de mayor información y con tiempos más rigurosos.	En México, la normativa está lejos del escenario señalado. El país fue pionero en la región en materia de cambio climático e información de emisiones de gases de efecto invernadero, con la ley general del 2012 y especialmente el reglamento del registro nacional de emisiones del 2014, que establece obligaciones de reportar al respecto. Pero se queda atrás respecto a un alcance más amplio del desempeño ambiental, social y de gobernanza de las compañías (ASG), incluso de sus pares en América Latina.	Argentina fue pionera en el 2004, con foco en la información sobre trabajadores (Ley 25877 sobre régimen laboral), incluyendo demografía, capacitación, estadísticas de salud y seguridad, entre otros aspectos; a ella le siguieron reglamentaciones en diferentes provincias que además ampliaban el alcance al desempeño ambiental (Buenos Aires, Mendoza, Salta). Pero luego de este parteaguas, otros países pasaron a llevar la iniciativa. Brasil viene destacando como referente, especialmente en el caso de las empresas listadas. BM&FBovespa fue el primer mercado en América Latina en establecer un índice de cotizaciones específico para aquellas más sustentables, iniciativa seguida después por México. Además, a las empresas miembro del mercado se les recomendaba la publicación de información extrafinanciera, lo que en el 2016 se volvió requerimiento, eso sí, bajo el principio de reporta o explica que permite argumentar razones para no realizar el ejercicio, aunque deja a las empresas expuestas al escrutinio público por ello.	Siguiendo en el Cono Sur, la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile estableció en el 2015 el requerimiento para las empresas listadas, también bajo el principio de reporta o explica. Pero más allá de estas compañías, desde el gobierno se promovió la gestión y comunicación en sostenibilidad de aquellas bajo su gestión, como parte del sistema de empresas del Estado. Resulta un ejercicio interesante de responsabilidad el comenzar por aquellas de cuya operativa es directamente responsable.	Por otra parte, en Perú, el escenario similar para las empresas listadas y se produjo también en el 2015. Completando los países de la Alianza del Pacífico, el caso de Colombia tiene algunas diferencias. Desde la Bolsa de Valores de Colombia se ha venido promoviendo la transparencia bajo estándares internacionales de reporte, incluyendo a las más destacadas en un índice específico desde el 2013. Las compañías listadas en el país destacan entre las de mejor desempeño y comunicación ASG, incluyendo su liderazgo en el índice Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance, que constituye todavía una asignatura pendiente para las empresas mexicanas.	
Transparencia en el desempeño ASG: ¿escenario de compliance en AL?