en relación con la gestión de la sociedad mixta que está participada en un 20% por los ayuntamientos de Girona, Sarrià de Ter y Salt y en el otro 80 por la empresa Girona, en la que participan Aqualia, Sociedad General de Aguas de Barcelona y Caixabank. La CUP se dirigía contra el que hasta 2016 fue consejero delegado de Agissa Narcís Piferrer por un delito continuado de administración desleal, al considerar que benefició a la parte privada de Agissa, la sociedad Girona SA, a través de "	en busca de documentación relacionada con la presunta distracción de sus fondos, que se habrían destinado, entre otras cuestiones, a la compra de la colección artística de Rafael Santos Torroella por 3,9 millones de euros. La adquisición de las obras de arte, no exenta de polémica, fue aprobada en 2014 por el pleno del ayuntamiento de Girona en una ajustada votación, gracias al voto de calidad del entonces regidor, Puigdemont. Un año antes había ordenado registrar la sede Aigües.	En su exposición razonada, adelantada por El Español, la magistrada se centra en el desvío de lo obtenido con un canon extraordinario que se impuso por el agua a los ciudadanos para comprar la colección de Torroella, pese a que la naturaleza de los fondos obligaba a que se revirtieran en el servicio. La magistrada considera que se utilizó "un artificio" para	Según la jueza, con el canon se percibieron 3,7 millones entre abril de 2003 y marzo de 2015. La afectación de este canon pagado por Agissa se puso de manifiesto tanto en un informe del secretario municipal de julio de 2017 y un dictamen pericial de la Intervención General del Estado, que decía que ello afectaba "al servicio público y debe reveritr al propio servicio objeto de la concesión".	
Una jueza de Girona pide al Supremo investigar a Puigdemont por corrupción