. Hoy, una persona que es elegida para ese cargo goza de estabilidad en ese puesto “mientras dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco años de edad”, con la posibilidad de que se prolongue su permanencia en el puesto, por cinco años, con acuerdo del Senado (como un nuevo nombramiento). Solo puede terminar su cargo si renuncia o si es removido por un juicio político.	Pero ese análisis que deben llevar adelante los juristas no es solo sobre el Ministerio Publico. También tiene en carpeta debatir sobre el traspaso a la justicia porteña y el juicio por jurados, consagrado en la Constitución desde 1853 y que ya funciona en algunos puntos del país pero no a nivel nacional.	Ven en esta comisión, junto a la reforma judicial, la embestida contra Casal y la revisión de los trasladados de un grupo de jueces, un “operativo pinzas” en el que se esconde la búsqueda de impunidad para la ex jefa de Estada con sus problemas judiciales y las ganas de revancha sobre las decisiones que ya se tomaron en los últimos años y que resultaron afines al macrismo.	; b) Evaluación integral de las normas que reglamentan la competencia atribuida al Alto Tribunal por la Constitución Nacional, ya sea en materia originaria o bien por apelación ordinaria y extraordinaria; c) Análisis y eventual reformulación del sistema de desestimación in limine -certiorari-; d) Análisis de normas en materia de audiencias orales para el tratamiento de los casos trascendentes y e) Trámite de recursos y fijación de plazos procesales máximos para su resolución, particularmente en materia penal”.	; b) Evaluación acerca de los cargos de consejeros, y analizar si los mismos deben ser de dedicación exclusiva; c) Análisis sobre la forma de dotar de una mayor agilidad, publicidad y transparencia a los concursos de selección y a los procesos de enjuiciamiento de magistrados, con posibilidad de brindar una mayor participación a las universidades públicas y a las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto estatutario se vincule directamente con el servicio de administración de justicia; d) Incorporación de perspectiva de género en la composición del Consejo y en los actos que hacen a su funcionamiento; y e) Análisis de la inclusión de un criterio federal para la composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación”.	El que opine diferente podrá hacer su dictamen en disidencia y dejar planteada sus recomendaciones. El Ejecutivo les pidió tener en cuenta la cantidad de recursos y las partidas presupuestarias, además de los proyectos presentados en la última década sobre la Corte, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y los juicios por jurados. El Ministerio de Justicia, a cargo de	
Hoy se pone en marcha formalmente la comisión Beraldi, el grupo de asesores que reunió Alberto Fernández para analizar cambios en la Corte Suprema