El procurador general adjunto de la provincia del Chaco Miguel Fonteina explicó la labor judicial en el contexto de pandemia referido a las aglomeraciones que ocurren por manifestaciones sociales, espacios de reunión y fiestas clandestinas, en las cuales tiene intervención el equipo fiscal ya que se trata actualmente de un delito penal que podría terminar con penas de prisión para los organizadores.	“Nosotros los fiscales actuamos en las cuestiones del delito que parten del Artículo 202 y 205, y actuamos cuando, por ejemplo, ocurren fiestas clandestinas”, explicó Fonteina en conversación con Radio Nacional Resistencia, y detalló que actualmente “se están trayendo a los responsables, se les imputa el delito y esa persona tiene afrontar un proceso penal y un juicio penal”.	“La pena máxima es de 2 años, o sea no tiene prisión, pero si sumas 5 hechos habría que ver esa tabulación respecto a la pena, pero eso se hace en la etapa del juicio”, aclaró el procurador, y agregó que en situaciones que se tornaron “más complicadas” se procede a la detención de la persona en el momento y luego “se comprueba la situación de imputado, se verifican los antecedentes y se le otorga la libertad con pautas compromisorias”.	“Los organizadores en un principio se han burlado, no de la Justicia ni de la Ley, sino de toda la sociedad, porque todo el mundo sabe dónde estamos ubicados –a niveles sanitarios-, entonces establecieron ciertas normas para burlar los controles”, despuntó, y remarcó que a partir de allí “se empezaron a establecer pautas para aprehender a esos organizadores y se ha logrado en casos emblemáticos”.TOPICS Anterior:	
La Justicia enjuiciará a quienes organicen fiestas clandestinas en tiempos de pandemia