En el año 2005 Colombia dejó de ser un país con desnutrición para tener malnutrición, esto significa que: la desnutrición convive con el sobrepeso, la obesidad y la carencia de los nutrientes básicos. En este año, la problemática de exceso de peso ya afectaba a 45,9% de los adultos y 14,4% de los escolares, en el 2015 ya eran 56,4% adultos y 24,4% escolares (1 de cada 4) según los resultados de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional.	Lamentablemente, 15 años después, las entidades gubernamentales responsables no han adoptado las políticas que recomienda la evidencia para mitigar la creciente tendencia. Estas medidas son: (1) impuesto saludable a bebidas azucaradas, (2) etiquetado que informe de manera clara e inmediata sobre el exceso de azúcar, sodio/sal o grasas saturadas, (3) restricción de la publicidad de productos ultraprocesados dirigida a la niñez (personajes, juguetes, premios, etc.) y (4) entornos escolares alimentarios saludables, que en lugar de ofertar comida chatarra dispongan de agua potable, alimentos sanos y pedagogía.	Las iniciativas que pretenden promover la adopción de estas políticas en el país son aplastadas en el Congreso por el enorme poder de lobby que ejercen las grandes empresas de comida chatarra, deslegitimando las acciones de abogacía y el apoyo técnico de la academia y de organizaciones de la sociedad civil, al tiempo que presentan con desfachatez datos amañados y estudios que no declaran su conflicto de interés y haciendo uso de malas prácticas corporativas para cambiar el sentido de los proyectos de ley.	El Ministerio de Salud (que debería liderar técnicamente la implementación de estas medidas), la SIC o el Invima tampoco hacen algo frente a los productos ultraprocesados, lo dañino de su consumo habitual y lo engañoso de su publicidad. Solicitudes y quejas interpuestas ante estas entidades siguen sin ser resueltas. Los riesgos para la niñez y adolescencia colombiana aumentan, a la vez que crece la industria de la comida chatarra, de bebidas azucaradas y la invasión de su publicidad y oferta en los espacios de niñas y niños.	Por lo anterior, Red PaPaz acudió a la Rama Judicial con una Acción Popular como mecanismo para que el Estado atienda con sentido de urgencia la responsabilidad de proteger los derechos colectivos de los colombianos, especialmente de nuestros hijos; quienes por mandato constitucional tienen el derecho a disfrutar de alimentación sana, a formarse y generar hábitos de consumo en ambientes saludables, a recibir información veraz e imparcial sobre el contenido de los productos que van a consumir.	
 ¿Cuándo será prioridad la niñez? 