Marcos Torti Iermini, abogado, vicepresidente segundo de RESET-Política de drogas y Derechos Humanos, una de las organizaciones que asesora a ediles y representantes de distintos espacios políticos de nuestra ciudad en materia de proyectos vinculados a la regulación del cultivo y uso de cannabis con fines medicinales, brindó un panorama sobre la situación actual de esta temática.	En primer lugar el profesional sostuvo que “aún hoy en día, y a pesar de la Ley 27.350, se observa la falta de una regulación integral sobre los usos terapéuticos de la planta de cannabis en la Argentina. Sumado a ello, lo anacrónica que resulta la ley penal 23.737 respecto a las políticas de drogas en el país. Y a casi tres años y medio de la sanción de la ley 27.350 de investigación médica y científica de los derivados de la planta de cannabis, el panorama no se aclaró y aún hoy se mantiene la incertidumbre”.	En este sentido sostuvo que “el autocultivo quedó vedado a pesar del reclamo de miles de personas que lo llevan adelante porque encuentran en la planta una respuesta a sus dolencias. A causa esto son criminalizadas, corriendo el riesgo de ser allanadas, detenidas y hasta condenadas. Y esta situación no hizo más que empujar a las personas con enfermedades o patologías que afectan gravemente su salud a la ilegalidad, por el simple hecho de querer mejorar su calidad de vida”.	Ante este panorama, el abogado aseguró que “diferentes municipios del país comenzaron a reconocer el derecho de las personas que usan cannabis con fines terapéuticos. Ello, a través de la sanción de ordenanzas que entienden que el autocultivo es una realidad y que las personas necesitan una inmediata respuesta por parte del Estado”.	Tal es así que la agrupación viene manteniendo reuniones virtuales con representantes locales con el objetivo aportar miradas desde distintas disciplinas para lograr un abordaje mas amplio para la creación de una normativa a nivel local que contemple las distintas cuestiones vinculadas tanto al autocultivo como al uso del cannabis con fines medicinales.	

						“Muchos municipios reconocen el derecho de quienes usan cannabis con fines terapéuticos”