En las recomendaciones, Graham pidió, entre otras cosas, "prestar especial atención a la gran cantidad de archivos de causas penales de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. A tal fin, se sugiere una mayor supervisión en su tramitación, prestando especial atención al despliegue de acciones y medidas en la investigación penal, aceleración de los plazos, escucha adecuada a la víctima en cámara Gesell y/o grabación de acuerdo a protocolos”.	El dictamen resaltó "la importancia de promover medidas rápidas de separación del progenitor denunciado, sin necesidad de contar con un proceso judicial que lo/la declare culpable para determinar dicha medida, radica en que, ante la posibilidad de que la denuncia sea verdadera, la víctima no siga conviviendo forzosamente con el/la progenitor y vuelva a sufrir abusos de su parte".	Los denunciantes cuestionaron la suspensión de la revinculación entre padre e hijo sin que exista un juez que haya determinado la culpabilidad del progenitor. Sostuvieron que vulneraban el principio de igualdad porque las Recomendaciones sugieren “que se le crea a la mujer siempre”, y que no implican una protección integral de los niños, niñas y adolescentes.	Frente a ello, la titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°12 dictaminó que los hechos no solo no configuran delito penal alguno, “sino que el dictado de la referida normativa tiene como fin garantizar el cumplimiento por parte del Estado Argentino de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, principalmente para con un grupo especialmente vulnerable como los son los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual”.	Asimismo, remarcó que el Estado asumió el compromiso de arbitrar los medios necesarios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, lo que implica “contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias”.	“Lejos de la connotación delictiva que le asignan las denunciantes, promueven y aseguran el cumplimiento de dichas obligaciones internacionales, en tanto remarcan la importancia de garantizar el derecho a ser oído de los NNA; la necesidad de eliminar los obstáculos culturales, procedimentales y patriarcales que impiden un acceso efectivo a la justicia", detalló Mángano.	El dictamen resaltó "la importancia de promover medidas rápidas de separación del progenitor denunciado, sin necesidad de contar con un proceso judicial que lo/la declare culpable para determinar dicha medida, radica en que, ante la posibilidad de que la denuncia sea verdadera, la víctima no siga conviviendo forzosamente con el/la progenitor y vuelva a sufrir abusos de su parte".	"Ello va de conformidad con los estándares internacionales mencionados previamente. Finalmente, y lejos de violar el principio de igualdad y no discriminación, las Recomendaciones buscan, precisamente, asegurar que las niñas y las adolescentes obtengan un acceso a la justicia en condiciones de igualdad, y libre de estereotipos que puedan implicar una nueva violación a sus derechos”, concluyó la fiscal.	
Recomendar no es delito