Las plataformas de alquiler de viviendas para uso turístico confían en que la justicia española anule hacia primeros del próximo año la obligación impuesta por Hacienda de enviarle trimestralmente información sobre sus clientes, tanto propietarios como arrendadores. La mayoría de las grandes empresas del sector con presencia en España -Airbnb, HomeAway, Rentalia, Niumba (TripAdvisor) y Spain Holidays- están deseando que el Supremo se pronuncie sobre la demanda que interpusieron contra del decreto que las obliga a enviar esa información en su calidad de intermediarios de arrendamientos turísticos, informa	El decreto establece que, desde que arrancó el año, las plataformas han de facilitar datos sobre la identidad del titular del piso, los días que se utilizará con fines turísticos, el importe percibido y la fecha del alquiler; así como otros datos adicionales que son voluntarios y que buscan "aumentar la transparencia y evitar eventuales requerimientos de información", según ha recordado la Agencia Tributaria. Sin embargo, las plataformas consideran que parte de la información requerida es "excesiva" e "irrelevante" para Hacienda, al tiempo que recopilarla viola la legislación europea y española en materia de protección de datos, según afirman en su demanda.	"Se trata de un problema que afecta a todo el sector", aseguran fuentes de Booking, que estudia cómo estos requerimientos "pueden entrar en conflicto con las regulaciones de privacidad y los desafíos prácticos" de su recopilación. Esta plataforma -la única de las grandes que no secundó la demanda- dice que está colaborando con Hacienda, sin aclarar si ha entregado a tiempo toda la información requerida, y que "seguirá tomando medidas para recordar a sus clientes la necesidad de aportar" los datos. Por su parte, fuentes de Airbnb ha asegurado tambiénque ha entregado la información de todos sus clientes y que está cumpliendo con la legislación, y ha habilitado diferentes mecanismos para informar a sus clientes y facilitarles la declaración de los ingresos obtenidos.	Desde la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), en la que están integradas todas las plataformas mencionadas salvo Booking, se defiende que "algunos de los requerimientos (de Hacienda) contravienen una norma comunitaria, no son proporcionales y no tienen trascendencia tributaria". Su director general, José Luis Zimmermann, ha explicado que Adigital ya pidió en su día la suspensión cautelar del decreto hasta que el Supremo se pronunciara, pero en noviembre pasado se lo denegaron.	Por ello, sólo queda esperar a la decisión del Supremo, que a su vez aguarda a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre una demanda interpuesta por las plataformas francesas, algo que no ocurrirá hasta al menos final de año. En cualquier caso, el pasado abril el TJUE publicó la opinión de su Abogado General (similar al Ministerio Fiscal) que básicamente apuntó que la actividad de estas plataformas no es la de agentes inmobiliarios sino la de servicios de la sociedad de la información.	El Abogado General argumentó que únicamente ponen en contacto a propietarios e inquilinos, "sin influir sustancialmente en el verdadero prestador del servicio", ya que no fija los precios o las condiciones del alquiler, por ejemplo, según se lee en ese escrito. "Esa opinión es muy importante y seguramente determinará la sentencia del TJUE, que, a su vez, será clave para determinar la del Supremo español", según Zimmermann, que insiste en que se está requiriendo a las plataformas tareas de "supervisión y monitorización" de datos de sus usuarios, algo que sólo se debería exigir si existe una sentencia judicial.	Las plataformas señalan que también se les piden cosas difíciles de comprobar como si el inquilino viaja con hijos u otros acompañantes, cuándo ha llegado al país o cuándo saldrá, y apuntan que ningún otro país del entorno requiere tales datos. "Nos parece totalmente excesivo", asegura el director general de Adigital, que en cualquier caso destaca "la voluntad de colaborar de todas las plataformas" a las que agrupa, "siempre que no se ponga en riesgo su actividad o se contravenga la ley".	También llama la atención sobre la "trazabilidad" de todas sus operaciones, al contrario de lo que ocurría por ejemplo cuando se alquilaban pisos turísticos por boca a boca o a través de periódicos locales y con pagos en metálico. Fuentes del sector advierten de que pedir demasiados datos puede desanimar a los usuarios e incentivar su migración a plataformas no transaccionales (en las que no se cierren los pagos), lo que dificulta su trazabilidad y por tanto que esos ingresos sean declarados.	
El sector de los alquileres turísticos espera que se anule su obligación de presentar datos sobre sus clientes