, exploraron las posibilidades jurídicas para encontrar una solución a los planteos de Pfizer y a su vez preservar los derechos propios del Estado Nacional. Ibarra propuso una nueva ley que Alberto Fernández rechazó por sus costos políticos. Y a la inversa, el mandatario sugirió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que la secretaria Legal descartó por razones normativas.	Alberto Fernández e Ibarra conocen muchísimo de derecho penal y de la responsabilidad jurídica del Estado, y acordaron diseñar una norma que proteja al país de la eventual negligencia de Pfizer y que a su vez reconozca los derechos propios de la compañía que opera desde hace décadas a nivel global.	“Lo voy a poner en dos ejemplos para que quede claro qué pienso al respecto: si Pfizer me entrega suero en lugar de vacuna contra el COVID-19, ellos son responsables y negligentes. En cambio, si ellos me dan la vacuna impecable, y yo la aplicó vencida, la responsabilidad es mía. Ahí hay negligencia de nuestra parte, hay negligencia del Estado Nacional”, explicó el Presidente en Olivos cuando le preguntaron sobre las diferencias con Pfizer.	La clave de la encrucijada jurídica está en el artículo 4 de la Ley de Vacunas que el Congreso sancionó a instancias del Poder Ejecutivo. Ese artículo establece que Pfizer no será responsable por sus dosis en la Argentina ”con excepción de aquellas (acciones) originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia”.	Cuando terminó su encuentro con las autoridades de Pfizer, Ibarra chateó con el Presidente para contar los avances de la negociación. Ya no habrá ley, ni DNU. Sería un contrato que firmaría Ginés González García como ministro de Salud. Todo puede ocurrir antes de fin de año. Y si así sucediera, Pfizer podría entregar 1.500.000 de vacunas entre enero y marzo de 2021.	
Aceleran un acuerdo con Pfizer y esperan 1,5 millones de vacunas entre enero y marzo