En un marco impredecible y variable, con un estado de alarma que se extenderá hasta mayo y con medidas de confinamiento y de movilidad cambiantes, el Síndic contempla la posibilidad de que las elecciones no puedan llegar a celebrarse en la fecha inicialmente prevista, ante lo cual reclama “establecer reglas adecuadas sobre cómo proceder”.	Lo primero que reclama el Síndic para cualquier situación es un acuerdo de país para garantizar el derecho a voto en tiempos de pandemia, es decir, un acuerdo entre el Govern y el conjunto de las candidaturas partidos políticos que concurren a las elecciones. Se trataría de acordar “qué umbrales, en términos sobre todo de movilidad colectiva y número personas afectadas por la pandemia, deberían aplicarse para proceder a una desconvocatoria electoral”, y ante la posibilidad de que no sea factible este acuerdo, deja en manos de las autoridades electorales la potestad para “tomar las decisiones” correspondientes, pero “con el rendición de cuentas pertinente”, reclama.	A la hora de decidir si se pueden celebrar o no los comicios, el Síndic señala el momento del inicio de la campaña electoral, de manera que esta decisión de posible aplazamiento se debería tomar como máximo el 15 de enero y que debería surgir del análisis de una comisión compuesta por personas independientes, expertas en el ámbito de la salud y el derecho electoral y constitucional, que serían quienes deberían evaluar la situación. Así, aunque en Galicia y País Vasco se decidió posponer los comicios por decreto de los respectivos presidente, en Catalunya no no lo hay por haber sido inhabilitado, por lo que la decisión debería venir avalada por un amplio consenso, con consideración del dictamen elaborado por el grupo de expertos.	Pero el Síndic también contempla la posibilidad de que se celebren las elecciones pero se produzca una “exclusión electoral”. Esta exclusión sería consecuencia de que se hubieran agotado los plazos para el voto por correo, de manera que a pocos días de los comicios, podría haber un número importante de personas, que “decenas de miles”, advierte, que quedarían materialmente excluidas de los mecanismos previstos en la legislación para el voto anticipado”. Estos ciudadanos no podrían hacer efectivo el derecho de sufragio activo.	Dado que los plazos para el voto por correspondencia ya se habrán agotado, habrá casos en que la exclusión electoral se convierte en un peligro muy real. Se analiza el caso de personas que, por diversos motivos, no puedan acceder al voto por correspondencia y el supuesto de los electores residentes ausentes, sea de forma temporal o permanente, y también la actividad de campaña, la situación del personal que presta servicio a las mesas y las candidaturas.	Al hecho diferencial catalán sobre la ausencia de president se le añade la circunstancia de que Catalunya no dispone de ley electoral propia. Aunque la Loreg es la ley de referencia, el Síndic propone explorar modificaciones legislativas que permitan ser más flexibles con los plazos y los procesos para hacer posible el sufragio activo. En concreto, el informe de la Sindicatura propone promulgar una ley catalana electoral de carácter parcial que permitiera, por ejemplo, crear una junta electoral provisional de Catalunya, que sería el órgano rector de los comicios, con independencia de la competencia de la Junta Electoral Central; establecer varias jornadas de votación, lo que podría permitir celebrar estos comicios en dos jornadas consecutivas, o aumentar a tres los suplentes de cada miembro de la mesa electoral.	También propone hacer una interpretación extensiva de la Loreg que permitiría pedir la ampliación de los plazos de solicitud del voto por correo, posibles mecanismos de voto domiciliario o urna móvil en el que la Administración electoral se desplace al lugar de residencia del votante para que pueda votar; que la campaña electoral sea menos presencial regulando qué actos se pueden celebrar, en qué condiciones y las medidas de prevención necesarias, y a cambio ampliar las vías de comunicación electoral a través de medios audiovisuales públicos.	
El Síndic de Grueges sugiere ampliar la jornada electoral catalana a dos días consecutivos