Durante las últimas semanas, el debate público ha tratado sobre la “crispación” de la vida política española, generalmente en términos de espontaneidad, como si tal conducta se hubiera generalizado en toda la “clase política”, y como si “todos los políticos” fueran responsables por igual de las consecuencias negativas de tal conducta.	“Este Gobierno es una dictadura”, “una dictadura constitucional”, “una alarma dictatorial”, “un Gobierno despótico”, “un estado de excepción encubierto”, “una agenda autoritaria”, “planes totalitarios”, “un Gobierno aliado de narco-tiranías asesinas”, “Gobierno ilegítimo”… Buena parte de las descalificaciones que vierten Casado, Abascal, Álvarez de Toledo, Olona, García Egea y demás portavoces, no tratan tan solo de criticar al Gobierno, sino de deslegitimarle, legitimando así las acciones encaminadas a tumbarle.	Hablan falsamente de “Parlamento cerrado” y de “Parlamento secuestrado”, y ¡lo hacen desde la propia tribuna del Parlamento perfectamente abierto! Pretenden, incluso, escenificar un falso enfrentamiento del Gobierno con instituciones emblemáticas de nuestra democracia, como la Guardia Civil, respecto a las que el ejecutivo muestra cada día la máxima consideración y respeto por su labor al servicio del bien común.	Para facilitar las cosas, y por si acaso hubiera resistencias, esas mismas derechas ya promueven el paso de los gobernantes legítimos a la cárcel, previo trámite engorrosamente preceptivo por los tribunales de Justicia. “Por autorizar las manifestaciones del 8-M”, dicen, y se traicionan a sí mismos exponiendo, puede que inconscientemente, algunos de sus planes. Con la Constitución de 1978, y con este Gobierno vigente, el derecho de manifestación no está sujeto a autorización gubernativa alguna. Podemos adivinar qué nos reservan aquellos otros para el futuro.	Provocan riesgos para la salud de miles de personas, convocando manifestaciones sin seguridad sanitaria, en plena pandemia. Insultan e injurian gravemente a las familias de los gobernantes, para después denunciar la respuesta de los insultados e injuriados. Utilizan las instituciones donde gobiernan, para sustituir la colaboración leal exigible por la confrontación gratuita y esterilizante…	
No es crispación, es desestabilización