—y singularmente la locomotora alemana, que muestra señales preocupantes de estancamiento desde mitad de 2018— la economía española sigue expandiéndose a buen ritmo. Son pocos los indicadores disponibles desde el inicio del año, pero la mayoría ratifican la previsión de una suave desaceleración. La moderación de la inflación, junto con el aumento de rentas salariales, podría aportar un estímulo adicional a la demanda durante los próximos meses.	Más allá del presente ejercicio, será complicado seguir acortando el diferencial de nivel de vida con respecto a Europa. Las recientes previsiones de la Comisión Europea para 2020 apuntan a un crecimiento del 1,9%, apenas tres décimas superior a la media de la eurozona. A ese ritmo, el proceso de convergencia se atascará, a la vez que se reducirá el margen de maniobra para contener los déficits sociales.	Es por ello que la mayoría de analistas han venido mostrando su preocupación por la ausencia de grandes reformas desde el inicio de la recuperación. La Agenda del Cambio coordinada por el Ministerio de Economía con Moncloa y que se dio a conocer la semana pasada destaca por presentar un conjunto coherente de medidas que intenta suplir a esta carencia. Las propuestas –muchas de las cuales deberían recoger un amplio consenso—tratan de paliar barreras al crecimiento inclusivo, desde las brechas en materia de educación, hasta la política tecnológica y de transición ecológica, pasando por el mercado laboral y las pensiones, así como la cuestión crucial de la eficiencia de las administraciones públicas.	La Agenda acierta en tocar todas las teclas del cambio, además de enmarcarlas en un diagnóstico sin complacencia del punto de partida. Sin embargo, no aborda la cuestión crucial de por dónde empezar, ni de cómo lograr un esfuerzo sostenido en el tiempo que transcienda los vaivenes de la política nacional.	Por aventurar una hipótesis poco arriesgada para el caso que nos preocupa, el de España, todo indica que el principal factor limitativo deriva de la elevada tasa de paro, así como de una de sus principales causas, la temporalidad del empleo. Sin un esfuerzo sostenido para atajarla, otras reformas tendrán un impacto decepcionante. Pensemos en la extensa precariedad entre titulados universitarios, que impide el pleno desarrollo de su potencial productivo. O la incongruencia que supone apostar por la innovación, en un mercado laboral tan segmentado donde la rotación de personal impide la acumulación de competencias —factor clave para el aprovechamiento del cambio tecnológico—. Además, el débil incremento de la productividad está relacionado con los desequilibrios de nuestro mercado laboral. Como también lo está el carácter marcadamente procíclico del desempleo, fuente de desigualdades sociales.	Los precios cayeron en enero más de lo anticipado, lo que permitió una reducción de la tasa anual de inflación hasta el 1%, dos décimas menos que en diciembre. Además, también se modera la inflación subyacente (que excluye los precios de la energía y otros componentes volátiles), hasta el 0,8%. Según la previsión de Funcas, basada en un petróleo estable en torno a 65 dólares, la inflación sería del 1,1% para el conjunto del año. Fruto de ello y del aumento de los ingresos salariales, los hogares podrían ganar poder adquisitivo.	
Reformas que miran al futuro