El Decreto-ley 1/2018, de 20 de noviembre, por el que se modifica la Ley 2/2002, de 25 de abril, de Protección de la Calidad del Suministro Eléctrico de Extremadura, respeta la normativa básica estatal, lo que había puesto en duda el Ejecutivo central. Este cambio normativo, convalidado por unanimidad por la Asamblea de Extremadura en diciembre pasado, establece unos nuevos índices mínimos de calidad en el suministro eléctrico y pretende evitar los cortes que se venían producido en municipios como Salvatierra de los Barros, La Parra, Feria, La Morera, Nogales y La Lapa. Según el acuerdo que ha alcanzado la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura, que publicó ayer el Diario Oficial (DOE), la nueva redacción que se dio al artículo 9.6 de la ley respeta la normativa básica estatal.	El artículo objeto de controversia establece que cuando las interrupciones sean de dos o más meses naturales consecutivos, las eléctricas tendrán que presentar en el plazo de dos meses «medidas de actuación concretas y delimitadas en el tiempo que permitan la corrección de las causas» que han originado el problema. EFE	
La modificación de la ley de suministro eléctrico respeta la norma estatal