Colombia vive una de sus etapas más violentas y oscuras desde la firma del acuerdo de paz en 2016 entre el Estado y las FARC. Las masacres resurgieron con fuerza en el país, y sólo en las últimas dos semanas dejaron un saldo de 45 muertos. Grupos armados que buscan controlar el negocio del narcotráfico y otras actividades ilegales recurren a las matanzas de campesinos e indígenas para amedrentar y obligar a las poblaciones, a punta de fusil, a un desplazamiento forzado. «Los sitios donde están ocurriendo las masacres son, paradójicamente, aquellos donde se registra mayor presencia de fuerzas públicas», asegura Yesid Zapata de la Fundación Sumapaz.	El gobierno de Iván Duque se encierra en debates retóricos (el presidente elige hablar de «homicidios colectivos» en lugar de masacres), critica gestiones anteriores e insiste en la respuesta militar como única salida. En 2017, según la ONU, se registraron 11 matanzas. En 2018 fueron 29 y el año pasado, 36. Los primeros ocho meses de 2020 revelan que el aumento es aún más pronunciado: las masacres ascienden a 46. La novena matanza en dos semanas tuvo lugar el jueves por la noche en una finca de Bajo Cañaveral, en el departamento de Antioquia, donde fueron acribilladas tres personas, entre ellas un niño de 14 años. No es casualidad, ya que entre las víctimas de esta nueva oleada de violencia hay varios jóvenes y menores de edad.	Las masacres habían caído considerablemente en Colombia con la desmovilización de las FARC y los paramilitares. «Pero a partir de la firma de los acuerdos de paz, otros grupos se interesaron en puntos estratégicos del país para adueñarse de esos territorios. En la medida en que hay varios grupos con el mismo interés y no existe la posibilidad de alianzas sino de disputa territorial, se generan estas formas de violencia», advierte Yesid Zapata en diálogo con Página/12. Hoy operan en Colombia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, formado a partir de un remanente de paramilitares, y disidencias de las FARC. Entre los tres grupos suman unos 7.600 miembros que actúan en 240 de los 1.100 municipios del país.	«El avance de la expansión paramilitar refleja no sólo el fracaso de los procesos de justicia y paz, sino la falta de voluntad del actual gobierno por desmontar las estructuras paramilitares, quienes tienen connivencia con agentes del Estado en diferentes regiones del país», sostiene Camila Galindo, abogada asistente del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. «El partido del gobierno y su grupo político han evidenciado estar comprometidos con la reactivación de la guerra», agrega Galindo.	Las víctimas de las recientes matanzas son en su mayoría jóvenes, campesinos, indígenas o afrodescendientes. La primera masacre sacudió al país en las últimas semanas fue la de cinco menores de entre 14 y 15 años cuyos cadáveres fueron encontrados en el barrio del Llano Verde, en el departamento del Valle del Cauca. Según el fiscal general, Francisco Barbosa, las víctimas iban con frecuencia a comer caña de azúcar de una plantación y el día de la tragedia, «los tres adultos que trabajaban como vigilantes de los alrededores del cañaduzal observaron a los cinco menores acercarse y sin mediar palabra, en un acto de total barbarie, los asesinaron».	«Además del disciplinamiento, estos grupos quieren imponer una cultura, una estrategia política, incluso estrategias de desarrollo y lo van a hacer a cualquier costo. Quieren imponer la ley a través de la fuerza de las armas», afirma Zapata. Así como las masacres aumentan de manera vertiginosa, el desplazamiento forzado, que es otro de los indicadores de las disputas por el control territorial, está creciendo en el país y constituye otra señal de alerta.	Los organismos de derechos humanos coinciden en que se ha avanzado muy poco tras el acuerdo firmado en 2016 durante la presidencia de Juan Manuel Santos. «Esa lentitud se evidencia en el tema de las tierras, que es el punto principal del acuerdo: devolverle tierras y brindarle posibilidades a campesinos, campesinas e incluso excombatientes para que accedan a la tenencia», sostiene Zapata desde la Fundación Sumapaz.	Con base en el Censo Nacional Agropecuario, la organización internacional Oxfam realizó el informe «Radiografía de la Desigualdad». Del análisis se desprende que Colombia es el país de Latinoamérica con mayor concentración en la tenencia de tierra. El uno por ciento de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81 por ciento de la tierra colombiana. Otra de las conclusiones es aún más potente: un millón de hogares campesinos en Colombia tienen menos tierra que una vaca.	En cuanto a la prometida participación política, el gobierno de Iván Duque le está cerrando las puertas a la presencia de sectores distintos al oficialismo. «Aquí lamentablemente pensar distinto sigue siendo un delito y esto evidencia que no se ha avanzado en este punto», dice Zapata y agrega que «las defensoras y defensores de derechos humanos que queremos elevar un grito y denunciar lo que está sucediendo en nuestro territorio, no solo estamos siendo estigmatizados sino que estamos siendo amenazados, agredidos, y asesinados».	Tampoco se está cumpliendo con la salida política a la siembra de cultivos de uso ilícito. Muchos campesinos que apostaron a dejar los cultivos tienen que volver a la siembra de coca como medio de subsistencia, ante la inacción del gobierno. «Colombia tenía una oportunidad a través del proceso de paz, había unos leños prendidos que son el ELN y el Clan del Golfo, y este gobierno tenía dos opciones: echarle agua a través de la implementación del acuerdo de paz o echarle combustible, que es lo que ha venido haciendo, desconociendo los puntos neurálgicos del acuerdo», resume Alejandro Restrepo, coordinador del área de investigación de la Fundación Paz y Reconciliación.	Iván Duque prometió justicia frente a las masacres. Pero ya casi nadie le cree a un presidente que ante las dificultades siempre elige excusarse en la herencia del gobierno anterior. En una reciente visita a la localidad de Samaniego, escenario de una de las últimas matanzas, el mandatario sostuvo que, en lugar de masacres, había que hablar de homicidios colectivos. «A través de una narrativa propia, el gobierno intenta reducir el impacto de la violencia ante la opinión pública. Masacre no es una figura que esté contemplada en el derecho internacional humanitario o en la legislación colombiana, pero se ha utilizado desde la academia, la ONU y distintas organizaciones sociales para tener una lectura de la intensidad de la violencia y la degradación de la guerra y las disputas», explica Restrepo.	Pero además, la policía y algunos funcionarios del gobierno buscan señalar a las victimas de estas masacres de pertenecer o tener relaciones con el narcotráfico y grupos armados sin ninguna prueba. «Esto nos recuerda a algo que ya hemos vivido en Colombia, y es una frase del expresidente Álvaro Uribe sobre el escándalo de los ‘falsos positivos’, eufemismo con el que se denominó a las ejecuciones extrajudiciales  que eran presentadas como bajas en combate por el Ejército. En aquel entonces dijo: ‘No estarían recogiendo café’. Bueno, esta idea se traslada al contexto actual. Se intenta revictimizar a las víctimas de estas masacres», afirma el investigador de la Fundación Paz y Reconciliación.	
Colombia – Nueve masacres en dos semanas. A cuatro años de un acuerdo si paz.   [Guido Miguel Vassallo]