Ciudad de México.- Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que “nunca se había protegido tanto a las mujeres de México como ahora”, el gobierno federal quitó 2 mil millones de pesos (mdp) destinados a la atención de mujeres víctimas de violencia y que padecen cáncer, VIH/SIDA o necesitan atención de su embarazo y parto.	Al revisar los datos de transparencia presupuestaria, Cimacnoticias observó que la consigna de “hacer más con menos” —como la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, se refirió a estos ajustes—, alcanzó a 40 de 93 programas presupuestarios del Anexo 13. En este apartado se concentra el gasto específico para cerrar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres.	El gobierno apretó el cinturón sin importar las necesidades vigentes de violencia y salud, ya que durante el primer semestre del año fueron asesinadas 2 mil 240 mujeres, 11 por día, y 575 más murieron por complicaciones durante el parto, embarazo o postparto. Estas cifras crecen cada día, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la Secretaría de Salud, respectivamente.	Las decisiones se tomaron sin el aval de las legisladoras federales que apenas en diciembre pasado pelearon estos recursos y a pesar de que los ajustes podrían ser una violación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que impide reducir los recursos dirigidos a la igualdad entre mujeres y hombres.	De los 40 programas afectados por el estire y afloje de la secretaría encabezada por Arturo Herrera, –quien el viernes 28 de agosto aceptó la crisis económica y adelantó que los recortes alcanzarían el presupuesto de 2021– presentamos el análisis de 8 programas enfocados en atender la violencia de género, la salud sexual y reproductiva, y los derechos de víctimas.	La Secretaría de Hacienda recortó, en cifras cerradas, 414.5 mdp al programa de Salud materna, de la Secretaría de Salud (16.9 por ciento a lo que originalmente se le dio). Con este dinero se atiende a las mujeres embarazadas, con cáncer de mama y cérvico uterino y a mujeres con enfermedades pulmonares.	En Salud, la Secretaría de Hacienda también recortó 4.4 mdp para capacitación de recursos humanos para la Salud (21.5 por ciento de lo aprobado); y 13.1 mdp pesos para investigación (10.1 por ciento de lo otorgado). Estos programas son para capacitar a técnicos y médicos radiólogos para realizar mastografías y leer tamizajes; formar promotoras de la salud para mujeres; fomentar la investigación; y para la estrategia nacional de prevención del embarazo adolescente.	Los institutos nacionales y las direcciones de salud se vieron obligados a priorizar la atención de personas con coronavirus y a pesar de que no pudieron evitar la muerte de 22 mil mujeres por la COVID-19, registradas hasta el cierre de agosto, la reconversión hospitalaria y la escasez de recursos limitó la atención a las mujeres con otros padecimientos.	Por ejemplo, al informar a Hacienda cómo iba el cumplimiento de sus metas, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, reconvertido al 100 por ciento para atender pacientes con COVID-19, dijo que esperaba que a finales del año pudiera continuar con la atención integral de las mujeres que atiende. A su vez, el Instituto Nacional de Perinatología informó que la pandemia había afectado de forma muy importante su productividad.	Las dependencias no están haciendo un gasto eficiente de los recursos públicos, observó la economista Liliana Ruiz Ortega, quien dirige Simetría, una organización especializada en análisis presupuestal. De acuerdo con la economista, hasta junio de 2020 el gobierno mexicano debió gastar en total alrededor de 65 mil mdp, pero sólo ha gastado 49 mil mdp, 76.5 por ciento de lo programado como meta.	Tras revisar las cifras, la economista consideró que los recortes al presupuesto no se traducen necesariamente en redireccionar el gasto para hacerlo más eficiente; por el contrario, advierte que estas modificaciones podrí­an significar una parálisis al interior de las dependencias u obstáculos para realizar su trabajo y, por tanto,no cumplir sus metas finales.	Desde marzo pasado, agrupaciones civiles y feministas denunciaron el recorte al Anexo 13 –que apenas representa 1.5 por ciento del gasto de todo el gobierno— y evidenciaron un recorte para los refugios y centros de atención externa, las Casas de la Mujer Indí­gena y Afromexicana y las Alertas de Violencia de Género.	Desde abril, el presidente anunció que se apretaría el cinturón en gastos que en su consideración son superfluos; sin embargo, en el caso de la Unidad de Igualdad de Género, de la Segob, se recortó el gasto en investigaciones para la política pública en materia de igualdad; y servicios integrales, gastos de difusión, pasajes, viáticos, congresos y convenciones.	El decreto de austeridad, publicado por el presidente el 23 de abril, dice que quedan exentos de recortes los programas de Derechos Humanos, pero en esta consideración “entra todo o nada. Ahora vemos que al menos los programas para mujeres no están ahí. Aunque sí están explícitos los programas de transferencias directas o el Tren Maya”, explicó en entrevista la consultora en políticas públicas, Cecilia Toledo Escobar.	En estos recortes están incluidos gastos para el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la implementación del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; así como para la operación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim).	Por otra parte, la Secretarí­a de Hacienda recortó la partida destinada a las mujeres, de la CEAV. Este recorte ascendió a 5.5 mdp para el programa de Atención a Ví­ctimas, es decir, quitó de un tajo 71 por ciento de este recurso, el cual se ocuparía para capacitar a personal en perspectiva de género.	Los recortes a este programa se concretaron aún cuando el 24 de junio, el subsecretario de Segob, Alejandro Encinas, aseguró que mantendría el presupuesto de la CEAV. El recorte fue para impresión y elaboración de material informativo, servicios de vigilancia, mantenimiento de inmuebles, pasajes aéreos y terrestres, viáticos, remuneraciones al personal eventual, materiales y útiles de oficina; energía eléctrica, agua, infraestructura de cómputo; y arrendamiento de edificios y locales.	El 2 de junio la CEAV anticipó que por los recortes anunciados en abril para todo el organismo “frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento”, pues la mayoría de su personal es subcontratado y sus oficinas son arrendadas. Semanas después, la entonces titular del organismo, Mara Gómez, renunció al cargo.	El economista Carlos Brown explicó en entrevista que cada año Hacienda puede modificar el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. La dependencia sólo está obligada a notificar los cambios al Congreso si éstos son mayores a 5 por ciento de los recursos de un ramo en particular, de acuerdo con la misma Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.	En 2019, según el análisis de Brown, el Anexo 13 tuvo una modificación positiva porque Hacienda le aumentó 6 por ciento. Sin embargo, los incrementos fueron para los programas prioritarios del gobierno como Pensiones para Adultos Mayores y el Programa de Empleo Temporal, cuyo objetivo no es disminuir las desigualdades entre mujeres y hombres.	A julio de 2020, los recortes de Hacienda representan 2 por ciento de los recursos totales al Anexo 13. Si se excluyeran los programas de Abasto Rural, Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensiones para Personas Adultas Mayores y Sembrando Vida, este año el presupuesto sería incluso más bajo al asignado en 2013, que fue de 18 mil 7 mdp. Un retroceso de siete años.	
Hacienda recortó 2 mil mdp para la atención de los derechos de las mujeres