Quiero sentar posición respecto de un problema: la asimilación de “seguridad” con represión indiscriminada o “seguridad” con violencia. Esa identificación impide cualquier práctica que pueda generar soluciones pacíficas y duraderas. Hay quienes creen que la doctrina de la “mano dura” resulta aleccionadora y reduce el delito. Sin embargo, la represión indiscriminada o la violencia como acción fundante de la seguridad no ha sido exitosa en ninguna parte del mundo. Soy partidaria de la construcción de una seguridad capaz de evitar, hasta la última instancia, la violencia que se nos suele reclamar. La represión puede ser la demostración del fracaso de las instancias democráticas para la reducción del conflicto y del delito. Defender, proteger y cuidar a la sociedad significa construir relaciones de seguridad en las que las fuerzas de seguridad puedan desarrollar su trabajo contra el delito con talento y profesionalismo.	Afrontamos el delito desde una matriz preventiva y responsable de las fuerzas. Y hacemos énfasis en las políticas de bienestar, pues pueden mitigar esos escenarios de represión espectacularizada que tanto atraen a locuaces visitadoras semanales de los medios de comunicación. De hecho, cuando llegamos al Ministerio, vimos un abandono de las y los miembros de las fuerzas pasmoso: tanto en su equipamiento profesional (que hace a la propia protección de quienes trabajan para garantizar la seguridad), como en sus derechos sociales.	A su vez, la equivalencia seguridad / represión / violencia parece derivar del prejuicio, el racismo y la criminalización. Es incomprensible que el señalamiento a personas como delincuentes por su rostro o vestimenta -entre otros “atributos”- sin que pese sobre ellas condena judicial alguna, sea condición para exigir su exclusión del espacio público. Hay aquí un segundo problema: la intolerancia y la espectacularización de la seguridad. No acepto que la exhibición de una detención arbitraria de un joven morocho con gorrita ante una cámara sea asumir la responsabilidad que atañe a la conducción de 90.000 personas que diariamente trabajan por el cuidado de todas y todos.	Por otro lado, son incomprensibles los reclamos que muchas veces nos plantean y que no son competencia de las Fuerzas y de Seguridad Federales a mi cargo: la Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval. Éstas se despliegan en todo el país para enfrentar los delitos federales. Es decir, no pueden actuar en las jurisdicciones locales, salvo como refuerzo o apoyo.	Finalmente, quiero señalar que no desvío responsabilidades. La consecuencia cultural del modelo de equiparación de seguridad / represión / violencia ha puesto a la represión estatal como el modelo de gestión de la desigualdad social. Y ha olvidado que la tarea de las fuerzas de seguridad es la de ser auxiliares de la Justicia. Eso significa actuar bajo las indicaciones del Poder Judicial. Este “olvido” de la Constitución Nacional invierte la razón de ser de las fuerzas de seguridad en una democracia y contradice el ordenamiento republicano y federal del país.	Desde ya que trabajamos contra el delito. También trabajamos para mitigar la violencia y fortalecer las relaciones sociales. Las Fuerzas han ejercido un papel crucial ante el Covid-19, vacunando, asistiendo, distribuyendo alimentos y previniendo y actuando contra los delitos. Incluso, trabajando contra la violencia institucional y los excesos de las propias fuerzas, problemática que preexiste a nuestro gobierno y que, a diferencia de otros, no los aceptamos ni los ocultamos.	
Seguridad: violencia demagógica o Estado responsable