La avalancha de demandas de arbitraje presentadas en los últimos años contra España por los recortes en la rentabilidad de las renovables ha sido una de las primeras y más serias consecuencias de la inestabilidad regulatoria que ha padecido el sector. Los recortes, impulsados sucesivamente por los Gobiernos de Zapatero y de Rajoy, se han traducido en la presentación hasta el momento de casi medio centenar de causas ante los tribunales de arbitraje internacional, de las cuales España ha perdido ya ocho y afronta otras 17 solo este año, con una factura que ronda los 4.300 millones de euros. Pese a que la inversión ha comenzado a recuperarse y el mercado vive de nuevo un momento dulce, la desconfianza persiste agravada por el horizonte de unas inminentes elecciones generales y se ha trasladado a los contratos en forma de nuevas exigencias y garantías. La mayor parte de los fondos están reclamando cláusulas de blindaje que protejan la inversión ante un hipotético cambio de política para el sector, y lo están haciendo tanto en la compra de proyectos en desarrollo como de llave en mano. El objetivo es modificar el precio desembolsado en caso de que los vientos regulatorios vuelvan a soplar en contra.	Las exigencias de los fondos son la respuesta lógica frente a lo que se percibe como un mercado atractivo y de alto potencial, pero también lastrado por la inseguridad jurídica. A la vista de los precedentes normativos que ha vivido el sector, que no solo han provocado una elevada litigiosidad sino que están siendo desautorizados por las cortes de arbitraje internacional, exigir blindajes resulta razonable en términos financieros, aunque también lamentable por lo que dice de España como mercado seguro y fiable para el capital extranjero.	Ningún inversor tiene derecho a exigir una normativa inmutable favorable a sus intereses, sino que debe ajustarse a las reglas del juego del país y el momento en el que decide operar. Pero en el marco de las economías de mercado, los operadores aspiran legítimamente a una estabilidad regulatoria que les permita garantizar la rentabilidad de sus inversiones con un horizonte temporal razonable en lugar de agravar el riesgo de estas con elevadas dosis de incertidumbre legislativa. Como han señalado varias de las cortes arbitrales que han fallado contra España, los recortes en la rentabilidad de las renovables incumplieron la obligación del Estado de dar un trato justo y equitativo al inversor en la protección de sus expectativas empresariales. Urge por tanto enmendar ese error y trabajar para reinstaurar y transmitir al mercado la seguridad jurídica perdida.	
España debe reinstaurar la seguridad jurídica en las renovables