“Tras los sucesos del 22 de febrero, el hostigamiento contra el pueblo pemón y comunidades de la frontera con Brasil se mantiene. La gente está muy preocupada y con miedo por esos allanamientos sin orden judicial”, relató una investigadora que tiene más de cuatro años trabajando con las comunidades indígenas del país.	Durante los ataques armados, muchos heridos no podían ser atendidos en el hospital local. La falta de insumos para tratar heridas graves obligaba su movilización hacia Pacaraima, localidad más cercana en Brasil. Muchos de los traslados ambulatorios fueron retrasados por el cierre de frontera y se tuvieron que hacer por trochas o caminos improvisados.	“El cierre de la frontera persiste. Para llegar a Pacaraima, primer pueblo de Brasil, se hace por una trocha desde El Escamoto hasta San Antonio de Morichal, último pueblo de Venezuela. Para pasar por esta trocha se debe pagar una vacuna. Estas vacunas son selectivas (no se las cobran a todos) Los montos oscilan entre 50 y 150 reales brasileños”, expuso la investigadora, que prefiere mantenerse en anonimato.	Otra  violación es el uso de los territorios indígenas para actividades militares. Esto está contemplado en el artículo 30, numeral 2 de la Declaración de los Pueblos Indígenas: “Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”.	“Los indígenas están en un contexto muy difícil, que ellos no inventaron, y han intentado dar respuesta a través de sus organizaciones tradicionales. Hoy esas organizaciones están en peligro, porque con la represión y la militarización de los territorios lo que se busca es fragmentarlos y dividirlos, desmantelar los esfuerzos de gobernabilidad ancestral”, enfatizó.	
Comisión de DDHH de la ONU encontrará este panorama en Santa Elena de Uairén