El abogado de la Confederación Intersindical de Crédito Andrés Herzog, que ejerce la acusación popular en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, afirmó ayer que el rescate de la entidad costó mil euros a cada uno de los 22 millones de trabajadores que componen la población activa en España.En su turno para la exposición de conclusiones definitivas en el juicio que investiga supuestas irregularidades en el salto al parqué en julio de 2011, que se celebra en la Audiencia Nacional, criticó «las llamativas lagunas y misterios» de las actuaciones de los órganos de administración de Bankia y BFA y les acusó de culpar a las instituciones para justificar sus maniobras.«El Estado tuvo que rescatar a Bankia con una inyección de fondos que lo convierten en el mayor rescate en España. Hablamos de 22.424 millones», remarcó el letrado, sobre un hecho que se produce con la dimisión de Rodrigo Rato como presidente del banco y la llegada de José Ignacio Goirigolzarri a ese cargo.Según apuntó, la primera decisión de Goirigolzarri fue reconocer que era incapaz de devolver el préstamo del Frob -unos 4.000 millones-, en contra de un informe de 15 días antes en el que se afirmaba que incluso se podría devolver de forma anticipada. Relató la posterior «conversión de preferentes en acciones y la nacionalización», y la reformulación de las cuentas aflorando unas pérdidas de 3.000 millones frente a los beneficios de 309 millones.Herzog criticó que los acusados defendiesen durant todo el juicio oral, iniciado en 2018, que todo fue un accidente, «por culpa de las circunstancias macroeconómicas, la crisis de las subprime o la crisis financiera internacional».Para Herzog, esta teoría no se sustenta: «El problema de BFA/Bankia se gestó en los años de bonanza económica, dando crédito sin control, por los pelotazos inmobiliarios y las refinanciaciones masivas con tasadoras vinculadas». También cuestionó el argumento de que la salida a Bolsa se hizo porque «no les quedaba más remedio», ya que había otras opciones. «Nadie les obligó, ni mucho menos, a falsear las cuentas para salir a Bolsa», zanjó.Según su relato, la clave reside en que las cuentas de 2011, que se usaron para la salida a Bolsa, «eran falsas», como demostraron los peritos judiciales. Y, por tanto, el folleto de la operación era «inveraz», dijo, a lo que se añaden las cuentas proforma presentadas a la CNMV «con datos erróneos, que en vez de ayudar a los inversores sirvieron a lo contrario».En contra de la línea seguida en la fase de instrucción, minimizó la responsabilidad de los supervisores. A su juicio, no se sostiene la tesis de que todo estaba avalado por los supervisores, aunque el Banco de España «autorizó algunas decisiones, como el cargo a reservas, o no oponerse a la salida a Bolsa», que son discutibles. A su juicio, ese organismo, donde sí hubo «maniobras extrañas» para justificar su falta de celo previa, como en relación con las provisiones, «demuestra una cierta laguna en el sistema de supervisión».Por su parte, el abogado de Rodrigo Rato, para el que la Fiscalía pide ocho años y medio de prisión por estafa a inversores y falsedad contable, achacó el 'caso Bankia' a un «accidente fortuito» y sostuvo que «todo se hizo razonablemente bien y con la mejor intención». En su turno, criticó la «irresistible tendencia a buscar un culpable» de las acusaciones y defendió que «no existen hechos constitutivos de delito y hay ausencia de culpabilidad».	
La acusación popular afirma que rescatar Bankia costó mil euros a cada trabajador