La investigación, tutelada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santander, ha permitido conocer la connivencia entre los suministradores de la almeja japónica y los responsables de los viveros, los cuales mezclaban los bivalvos intoxicados con la almeja adquirida legalmente, al objeto de hacer perder la trazabilidad.	Aunque la actividad de las empresas investigadas se centraba en España, toda la almeja procedía del marisqueo furtivo en la costa de Portugal, razón por la que se trabajó con ASAE (Autoridade pela Segurança Alimentaria e Economica), la cual llevó a cabo un gran número de servicios coordinados con el Seprona.	
Golpe a la venta de almejas contaminadas