Con el grito de “fuera todos” y la irrupción de una masiva protesta popular, autocalificada de “forajidos” se produjo un golpe de Estado del que formó parte un joven economista que fue designado ministro de Finanzas del nuevo gobierno. Su iracundia e individualismo le apartaron del gabinete en muy corto lapso. Candidatizado para la Presidencia de la República, ganó las elecciones con un respaldo mayoritario de la gente que creyó en sus ofertas de manejo pulcro, entrega total y capacidad en la gestión gubernamental.	Recibió mayor cantidad de dinero en la historia, por la venta de petróleo, que la que obtuvieron varios gobiernos juntos. Desperdició la gran oportunidad de encausar al país en un sendero de progreso que podía haberle acercado al desarrollo de otras naciones cercanas del continente. Se apartó de sus promesas, dividió a los ecuatorianos en un afán irresponsable de enfrentar débiles contra fuertes, soldados contra oficiales, pacientes contra médicos, profesores contra profesores, trabajadores contra trabajadores, campesinos contra campesinos; mal usó los fondos públicos, los aviones presidenciales, ahuyentó a los inversionistas nacionales y extranjeros y estimuló el brote de nuevos ricos entre sus amigos y coidearios. Intervino, sin ninguna reticencia, en la justicia, en los tribunales, en la Contraloría y en la Asamblea. Forjó la expedición de leyes y reglamentos que amparan la impunidad y alientan la corrupción. La codicia y la ambición de fortuna ahogaron las iniciales ofertas de un buen gobierno, honesto, capaz y justo y las reemplazaron por una sed de coimas y sobreprecios en innumerables obras y construcciones.	Sobre estos hechos dolosos, al ser señalados, reciben una respuesta uniforme de los desafiantes actores: “no sé nada “ y “no recuerdo”. El país reclama la recuperación de, por lo menos, una parte de los miles de millones de dólares “desaparecidos” y se escuchan propuestas como la del ex contralor Alfredo Corral, que plantea la necesidad de no otorgar la libertad a los ex funcionarios reducidos a prisión mientras no devuelvan el dinero dolosamente adquirido. También la Asamblea ha planteado se legalice la exigencia de devolución de los recursos obtenidos por la corrupción. Lamentablemente esa resolución ha sido negada por los representantes del movimiento que ha gobernado los últimos años. El tiempo transcurre, se acumulan las denuncias, los testigos protegidos han dicho sus verdades, urge la concreción de las acciones judiciales, de lo contrario las actitudes desafiantes y audaces de los que añoran perennizar el abuso de la “década ganada” encontrarán suelo fértil.	
La ambición destructora