En esta imagen, tomada el 12 de junio de 2019, un hombre pasa por delante de la entrada de la Corporación Financiera Internacional, una institución perteneciente al Banco Mundial, en Washington. El organismo se ha visto envuelto en el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica por una autopista entre la capital de Colombia, Bogotá, y los concurridos puertos en el Caribe. (AP Foto/Patrick Semansky)	En esta imagen, tomada el 12 de junio de 2019, un hombre pasa por delante de la entrada de la Corporación Financiera Internacional, una institución perteneciente al Banco Mundial, en Washington. El organismo se ha visto envuelto en el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica por una autopista entre la capital de Colombia, Bogotá, y los concurridos puertos en el Caribe. (AP Foto/Patrick Semansky)	Como asesora de inversiones de una entidad perteneciente al Banco Mundial, su trabajo era ayudar al gobierno a establecer los términos para una licitación competitiva de los contratistas. Resultó que también estaba casada con un alto ejecutivo de una de las empresas que ganó parte del contrato que ella ayudó a supervisar.	El escándalo salpicó a los políticos de la región y provocó la entrada en prisión de decenas de mandatarios de alto nivel. Pero el papel del Banco Mundial como asesor gubernamental durante el auge de los proyectos de infraestructuras movidos por sobornos en las últimas décadas ha recibido mucha menos atención.	En una demanda administrativa antimonopolio presentada en septiembre contra Guarín y varias personas más, la IFC está acusada de no actuar ante el posible conflicto de intereses de Guarín durante cerca de dos años, incluso cuando supuestamente decantó el proceso de licitación de parte del contrato de 2.600 millones de dólares en favor de la empresa para la que trabajaba su esposo.	Por el momento no se han presentado cargos penales contra nadie, ni hay indicios de que Guarín y Solano se beneficiaron financieramente. Pero en abril, un juez pidió al procurador general de Colombia que investigara a la pareja al sentenciar a 11 años de prisión a José Melo, director general de la filial de Aval integrada en el consorcio.	En el momento en que salió el proyecto de la autopista, las multinacionales se recuperaban de la crisis financiera global y recelaban de invertir en un país donde el conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia seguía abierto. La misión de la IFC era ayudar al gobierno a atraer todo el interés posible.	La IFC supuestamente se mantuvo firme mientras la empresa de Solano buscó activamente aprovechar el conflicto de interés, según las conclusiones de la agencia antimonopolio. Entre otras supuestas irregularidades se organizó un almuerzo entre Guarín, su esposo y Melo. El encuentro iba a tener lugar en enero de 2009, semanas antes de la publicación de las condiciones de la oferta.	"Claramente no se siguió el patrón que debería caracterizar al comportamiento de la IFC de acuerdo con el código ético del Banco Mundial", dijo Camilo Enciso, abogado penal y director del Instituto Internacional Anticorrupción, quién revisó la documentación del caso a pedido de The Associated Press. "La pareja tuvo un claro interés en el éxito o el fracaso de este proyecto por sus carreras”.	Guarín y Solano declinaron realizar comentarios. Pero en documentos judiciales ambos rechazaron la acusación de conflicto de interés. Mientras que Solano alegó que tomó medidas para aislarse del proceso de licitación, Guarín apuntó que la rebaja de las garantías financieras benefició a todos los contratistas y reflejó viejas preocupaciones en todo el sector.	La IFC también rechazó las acusaciones señalando que Guarín fue contratada antes de que se supiese quienes iban a ser los candidatos al proyecto, y su fichaje se debió a su experiencia en el sector de las infraestructuras. Formaba parte de un equipo más grande y no tenía un puesto de dirección.	La IFC dijo también que notificó al gobierno y puso en marcha salvaguardas para evitar cualquier conflicto de interés una vez reportes de prensa de julio de 2009 indicaron que Aval participaría en el proceso. Eso ocurrió más de 20 meses después de que la institución empezase a asesorar al gobierno de Bogotá.	Además prometió responder a la "insinuación" por escrito _ aunque no hay registros de que la IFC lo hiciese públicamente hasta casi ocho años después, en respuesta a una columna publicada en una revista. En el comunicado de 2017, la IFC dijo que avisó de la situación al gobierno un mes antes de la audiencia en coordinación con un departamento del IFC encargado de gestionar posibles conflictos.	La IFC dijo que se ofreció a trabajar con el gobierno para aclarar las circunstancias relacionadas con el proyecto. Por otra parte, un abogado de Aval acusó al regulador de abusar de su autoridad por acceder a los correos electrónicos de la empresa sin una orden judicial y por interrogar a Solano sin un abogado presente. El defensor del pueblo de Colombia inició una investigación a Robledo en respuesta.	En un documento judicial, Solano señaló que su implicación estuvo limitada a ayudar a estructurar el memorándum de entendimiento con Odebrecht y a medir el posible impacto que tendría ganar la concesión en las cuentas de Aval. Además, señaló que el regulador antimonopolio ignoró un correo electrónico de agosto de 2009 en el que le pidió de forma explícita a Melo que no le enviase información confidencial sobre la oferta.	Cuando se anunciaron los resultados de la licitación el 14 de diciembre de 2009, los otros dos únicos competidores fueron descalificados por cuestiones técnicas. El consorcio Odebrecht-Aval ganó el contrato por alrededor de 1.000 millones de dólares, justo por debajo del máximo permitido, lo que sugiere que no temía verse superado.	
Filial de Banco Mundial, implicada en escándalo de Odebrecht