No ha transcurrido mucho tiempo desde cuando Santa Marta se mostraba orgullosa al país y el mundo como ejemplo de éxito en materia de gestión urbana. Lamentablemente, las noticias que hoy llegan de la capital del Magdalena ya no son en tal sentido. Hay que registrar un problema serio en el suministro de agua potable motivado por la fuerte sequía que padece esta región del país y tiene sin el servicio la mitad de los barrios de la ciudad. También, una compleja situación de seguridad que se evidencia en varios casos de secuestro y homicidio en los últimos meses y, al tiempo, la persistencia de delitos como el hurto con violencia y la extorsión. A este cuadro, ya preocupante, se suma ahora una abierta confrontación política que tiene como escenario la alcaldía de este Distrito Turístico, Cultural e Histórico y ha dado pie a un desgobierno que ya comienza a impactar la vida cotidiana de la gente.	La decisión de un juez de la ciudad de cobijar con medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria al actual burgomaestre, Rafael Martínez, a raíz de un proceso que se le sigue por presuntas irregularidades en la remodelación de cinco centros de salud, fue el primer episodio. Luego vino la decisión del presidente Iván Duque de designar alcalde encargado al actual secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Rugeles. Desde las huestes de Martínez criticaron esta decisión argumentando que la terna de la cual debía salir el sustituto fue enviada a Bogotá el día siguiente de haberse conocido la medida del juez. Rugeles, a su vez, se ha referido a los riesgos que corre por su labor ante los graves problemas de transparencia que, asegura, existen en la administración distrital y que lo han obligado a pernoctar en una guarnición militar.	Y todo se hizo más crítico con lo ocurrido el sábado pasado, cuando miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia llegaron al despacho del alcalde con el fin de realizar una revisión, según explicó Rugeles. Este procedimiento generó malestar entre los funcionarios por la manera atropellada como se realizó, sin acompañamiento del Ministerio Público, al punto de que la Procuraduría General de la Nación ya anunció una indagación preliminar. Al respecto, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez afirmó ayer que en la oficina había cámaras y micrófonos presuntamente utilizados por Martínez para espiar a quien lo reemplazó. De todos modos, es una situación lamentable en la que pocos ganan y muchos pierden, comenzando por los propios samarios.	Observadores también aluden como factor para tener en cuenta, sobre todo en época preelectoral, a la abierta e intensa confrontación entre el grupo político al cual pertenece Martínez, liderado por el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo –a quien la Procuraduría acaba de inhabilitar en fallo de primera instancia por 12 años–, y sectores políticos tradicionales.	Que se aclare todo con la mayor brevedad. Es lo que corresponde exigir. Que los entes de control hagan su trabajo ajenos a las disputas políticas y le permitan al país, y en primer lugar a los samarios, recuperar la confianza en las instituciones, que ya había retoñado y se alistaba para dar frutos.	
Tensión en Santa Marta