Esta es la historia de un militar venezolano a quien el juez militar capitán Carlos Rafael Rodríguez Vargas lo sentenció a tres años y nueves meses, por haber grabado las deplorables condiciones de un comando de la Guardia Nacional en la frontera con Colombia. Lo inaudito es que la jueza del Tribunal Séptimo de Ejecución,	. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó el 18 de agosto 2004 la Resolución N° 2004-0009, creando el Circuito Judicial Penal, que depende “funcionalmente” de la Comisión Judicial del TSJ y administrativamente del Ministerio de la Defensa, en lo relacionado al presupuesto, según la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aun así, el Ministro de la Defensa, según Resolución N° 17.082 del 12 de enero de 2011, dictó el Reglamento Interno del Circuito Judicial Penal Militar, sin tener competencias para ello.	Los 15 guardias nacionales que llegan al Comando son trasladados a una oficina con el general (GNB) Corona Preciado, entonces jefe del Comando de Zona 35 de la GNB, quien le prometió al SA Bracho Domínguez que por su sol (ahora tiene dos) lo expulsaría del componente y lo metería preso.	El 26 de septiembre 2018 lo presentaron en el Tribunal Militar Vigésimo de Control de San Juan de Los Morros a cargo del capitán Carlos Rafael Rodríguez Vargas. El fiscal, Primer Teniente Ángel David Infante Rodríguez, lo imputa de Traición a la Patria. El 13 de diciembre 2018 les realizan la audiencia preliminar. El fiscal solo acusa al S/A Bracho Domínguez por Traición a la Patria. A los restantes 14 imputados les sobreseen la causa y salen en libertad; en la Fuerza Armada a nueve les dan de baja y cinco regresaron a la Guardia Nacional.	Al terminar la audiencia el juez capitán Rodríguez Vargas lo manda a buscar para que sea llevado a su oficina; en presencia del fiscal 1TTT Infante Rodríguez, el defensor militar sargento Gerardo Medina Escorche, el secretario 1TT Cedeño y Marcos Goitía el abogado defensor, el fiscal le dice que los delitos son muy graves y que, en esa etapa del proceso, y de acuerdo con la ley, hay un procedimiento de admisión de los hechos que lo puede beneficiar.	El abogado Marcos Goitía le dice a Infobae que “yo como abogado pregunto en qué lo beneficia y la respuesta es que si él admite que subió el video se le daría prerrogativa para ser condenado a menor tiempo”. Les dijeron que de admitir los hechos le darían tres años y nueve meses. “Le dije a mi cliente que si aceptaba tendría que pagar las dos terceras partes, que es lo que exige la justicia militar”.	La esposa de Bracho se presenta al tribunal para preguntar por los cómputos de la pena. La respuesta del secretario es que no están listos porque la condena aumentó a 4 años y 6 meses, y que para que los beneficios salieran más rápido debía revocar al abogado privado Marco Goitía y nombrar un defensor militar para que le pudieran dar un beneficio procesal.	Hay que recordar que en ese puesto militar, el del video, de Buena Vista del Meta, en septiembre de 1993 el subteniente Francisco Javier León Paulini, en colaboración con guerrilleros colombianos permitió el asalto al parque de armas de esa instalación militar, de donde en tres aeronaves se llevaron dos morteros de sesenta milímetros, cien granadas, veinte fusiles, dos pistolas, abundante munición de diferentes calibres y radios de comunicaciones.	
Triplicaron la sentencia contra el sargento que grabó las deplorables condiciones de su comando en Apure (VIDEO)