ha devuelto al Congreso la decisión sobre la suspensión de los diputados en prisión preventiva al insistir en la comunicación que remitió el pasado viernes, en la que le informaba sobre la situación de los parlamentarios para que la cámara estudie si debe suspenderles.De esta forma ha contestado la Sala al escrito que le envió la presidenta del Congreso,	Batet pidió al Supremo que le informara sobre el alcance del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que cuando exista un procesamiento firme por delito de rebelión y se decrete la prisión provisional, el procesado que ostente un cargo público queda "automáticamente suspendido" de sus funciones.	en cuanto tenga conocimiento oficial de la situación de los electos, no la Sala.La Mesa puede aplicar el reglamento que establece en su artículo 21.1 que "el diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes" si, "concedida por la Cámara la autorización de un objeto de suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta".	El matiz aquí es que no se ha concedido ningún suplicatorio porque el Supremo sostiene que no procede ya que cuando se inició el procedimiento los presos no eran diputados, por lo que cabe la posibilidad de que el Congreso no aplique este artículo al carecer del suplicatorio, lo que abriría la puerta a los	grupos parlamentarios para recurrir al Constitucional.Lo que todavía no ha hecho la Sala es dar respuesta a la Fiscalía que, al margen de Batet, pidió ayer al Supremo que comunique al Congreso y al Senado que "deben proceder a la aplicación inmediata" del precepto legal que obliga a la suspensión de los parlamentarios.	
El Supremo devuelve al Congreso la decisión sobre la suspensión de los presos