Los tres imputados por la estafa de más de $11 mil millones en el denominado caso Intervalores se mantienen en libertad a la espera de la audiencia de preparación de juicio oral fijada para el próximo 21 de septiembre. El último en salir fue Gabriel Urenda, beneficiado por el criterio más flexible de los tribunales a raíz de la pandemia del Covid-19, luego de intentarlo dos veces antes. Hoy el fundador del holding financiero vive en un departamento que le cedió su hermana menor y mantiene poco contacto con sus hermanos mayores.	Con ello terminó un año y cuatro meses de prisión preventiva, derivada de la investigación que lleva adelante el fiscal Felipe Sepúlveda desde fines de 2018, cuando un grupo de clientes del holding financiero -que prometía suculentas ganancias por medio de inversiones mensuales-, acusó ser víctima de una estafa y presentó una serie de demandas exigiendo la restitución de sus dineros. Alertada por los reclamos y por una investigación de la extinta Superintendencia de Valores y Seguros, la Fiscalía le imputó los delitos de estafa, apropiación indebida e infracción a la Ley de Mercado de Valores.	En el penal de Capitán Yáber, el hijo del exsenador UDI Beltrán Urenda recibió pocas visitas de parte sus familiares. Sus hijas Antonia (21) y Begoña (20) fueron al lugar y también lo han ido a ver al departamento en que se encuentra actualmente. En el penal -según trascendió- jugó ajedrez en ocasiones junto a Rafael Garay, condenado por estafas reiteradas que hoy se encuentra en libertad condicional.	A Urenda “justo le tocó el tema del Covid-19 que estaba recién empezando y los tribunales tenían un criterio de rebajar medidas cautelares en los casos en los cuales no hay tanta peligrosidad en las personas que están en prisión y él llevaba más de un año en prisión”, explica el fiscal Sepúlveda. La medida tuvo la oposición de un grupo de querellantes, que solicitó la anulación de la resolución en la Corte de Apelaciones, pero el tribunal -según consigna la resolución del 4 de abril- aseguró que no existe peligro de fuga dado que “cada vez que el imputado ha sido requerido, se ha presentado voluntariamente y sin necesidad de ser conducido por la fuerza a los actos del procedimiento”.	“Lee. Ve televisión. Estudia los antecedentes del caso. No tiene mucho contacto con nadie. Está muy solitario y no sé si su familia volvió, porque cuando salió de la cárcel entiendo que sus hijas estaban en el sur con su mamá. Imagino que volvieron, pero la verdad es que no sé si lo visitan", acota un cercano a Urenda que pidió reserva de su identidad.	El empresario ha confesado a sus cercanos estar “muy preocupado” por el resultado del juicio en su contra debido a las penas que arriesga, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público. A esto se suman las complicaciones del Covid-19 que han obligado a extender los plazos, pues ahora finalmente quedó fijada para el próximo 21 de septiembre la audiencia de preparación del juicio oral.	Pero no todo es tan malo para Urenda, pues fue justamente esta extensión del plazo la que llevó al tribunal a discutir la rebaja de la medida cautelar. Según un escrito presentado al 4º Juzgado de Garantía por la azucarera Panor -uno de los querellantes del caso que exige la restitución de $1.152 millones- Urenda no debía ser beneficiado con la rebaja de la medida cautelar de prisión preventiva en medio de la pandemia debido a la gravedad de las penas que arriesga. En efecto, por el delito de apropiación indebida y estafa reiterada arriesga una pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales. Mientras que por la eventual infracción a la Ley de Mercado de Valores, arriesga una pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo.	Justamente esta última ha sido de gran ayuda para él, tras salir del penal: le entregó un departamento de su propiedad para que pudiera vivir mientras se extiende el juicio. De igual manera, constantemente recibe llamados de su hermano Diego. Desde el estallido del caso, un apoyo fundamental han sido sus hermanos, quienes han financiado los gastos de la defensa.	sostuvo que su cliente a lo largo del proceso “logró marcar una diferencia del imputado Urenda en su actuación como ejecutivo y no como dueño ni como gerente general. Segundo: la cantidad de delitos que se imputaron y tercero: la apropiación de los capitales fueron a parar en la reinversión de los negocios personales de Urenda, y González ha colaborado con la investigación”.	
La tercera es la vencida: La vida de Gabriel Urenda fuera de Capitán Yáber