Pese a que la Corte Suprema de Justicia declaró que las inspecciones de sus archivos son legales, la fuerza armada de El Salvador impidió el martes que un juez ingresara a una de sus instalaciones para incautar documentos relacionados con la matanza de El Mozote, donde murieron casi un millar de campesinos en 1981. La situación se ha repetido en tres ocasiones en los últimos días pese a la presión del juez a cargo del caso, de la postura de la Corte y del supuesto apoyo del presidente Nayib Bukele.	Más de tres décadas después de la matanza, el juez Jorge Guzmán reabrió el caso —por el que ningún responsable ha enfrentado a la justicia— y está procesando a un grupo de militares en condición de baja que en su momento ocuparon puestos de dirección durante la guerra civil de 12 años que concluyó con la firma de los acuerdos de paz de 1992.	La masacre ocurrió entre el 11 y 13 de diciembre de 1981 a unos 120 kilómetros al este de San Salvador durante una operación de un batallón entrenado en Estados Unidos en tácticas de contrainsurgencia. Los soldados entraron a la zona en busca de unidades de la guerrilla, pero algunos mataron a civiles.	Un informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1983 responsabilizó de la matanza al coronel Domingo Monterrosa, al coronel Armando Azmitia y a otros seis oficiales que no fueron juzgados por la vigencia de la Ley de Amnistía promovida por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994).	
Militares salvadoreños siguen bloqueando archivos de masacre