Retomando el concepto del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la discriminación es “una práctica que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, con el objeto de limitar, impedir o menoscabar el ejercicio de un derecho u obligación de un beneficio previsto por la ley, beneficio social o en afectación a la dignidad humana, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido”. En este tenor, es necesario precisar que la discriminación se materializa dentro de diversos sectores o áreas sociales.	Entre los principales factores en que se manifiesta el fenómeno de la discriminación se encuentra la discriminación por razones de origen étnico, color de piel, nacionalidad, política, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, salud, embarazo, lengua, religión, entre otros. Estos factores de discriminación, sin duda alguna, ocasionan que se restrinja el pleno goce y disfrute de los derechos humanos de las personas.	El Estado mexicano ha ido buscando, mediante planes de acción y políticas públicas de las diversas instituciones del Estado, las formas de prevenir, combatir y erradicar todo tipo de discriminación, y consolidar lo que en esencia se establece dentro del espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el sistema internacional de los derechos humanos, en lo referente al derecho a la igualdad.	La discriminación en México se basa principalmente en los factores: origen étnico y social, económico, es decir, estos factores condicionan de origen a una persona o un grupo social para su desarrollo y bienestar. Le establece limitantes o restricciones a diversos derechos humanos, como son: educación, de la libertad, seguridad, salud, justicia, políticos, laborales, etcétera. Por ello, estas restricciones originadas por la discriminación convierten en automático a estas personas en un grupo altamente vulnerable.	El tema de la marginación y la pobreza (condición social) puede visualizarse dentro de los pueblos originarios y migrantes; así como también dentro de las zonas habitadas por personas con bajos ingresos económicos, generalmente en las colonias que forman cuestiones de las ciudades. Basta analizar que hasta 2018 la cifra de pobres en México ascendía a 52.4 millones, y un total de 9.3 millones de personas en pobreza extrema. A partir de estos datos se puede observar el reflejo y la estigmatización social que hay en México, por la condición económica que sufre la mayoría de los mexicanos.	Ahora bien, ante esta estigmatización imperante en México, la clase política mexicana ha sacado provecho de estos grupos sociales, pues, sin importar el color político, su objetivo, según ellos, es proteger a los que más necesitan, en este caso los pobres. Esto se ha convertido en un discurso político barato, eslogan político de todos los aspirantes a cargos públicos sin distinción de su partido político, puesto que los resultados de beneficio hacia la sociedad no se consiguen y se sigue lucrando con el sufrimiento de los que menos tienen y más necesitan. La participación de las personas con deficiencia económica se ve limitada en la vida política del país, debido a las condiciones y lo caro de una campaña de participación política en México.	Ahora bien, un sector altamente vulnerable lo podemos ver dentro del sector salud, ya que hay clínicas que no tienen lo necesario (medicamentos y equipos) para realizar sus funciones. Esta problemática deriva, en especial, de dos de los tres poderes del Estado, pues el Poder Ejecutivo y el Legislativo no han realizado bien su trabajo, por lo cual el Poder Judicial Federal ha tenido que intervenir, para que las autoridades del Estado brinden un servicio de salud adecuado, y así salvaguardar el derecho a la salud y vida del ciudadano.	El tema de la educación en México es otro problema en el que se requiere redoblar esfuerzos por las diferentes administraciones (ejecutivas) federales, estatales y municipales, ya que en pleno 2020 existe gran carencia en cuanto a las instalaciones educativas públicas (ciudades), en especial en equipamiento de aulas, mobiliario y material escolar; además de que no se cuenta con docentes bilingües, capaces de impartir clases en la lengua de las comunidades indígenas. Esto impide que los estudiantes puedan tener una educación plena y de calidad. Cabe mencionar que la educación es uno de los principales medios para lograr el progreso de un país, pero bajo estas condiciones no se puede lograr que la educación sea el motor del desarrollo de México.	El derecho a la educación se ha convertido en algo de unos cuantos, al margen de las comunidades indígenas o pueblos originarios. No se han podido establecer sólidas políticas para proteger y garantizar este derecho en las zonas más marginadas del país. No existen ni las condiciones mínimas para garantizar este derecho.	La estigmatización derivada de la discriminación por la condición económica de los gobernados ha permitido el crecimiento de los grupos vulnerables y sus impactos negativos. Por ello, todas las instituciones del Estado deberán apostar por lograr un verdadero cambio, ya que existe un hartazgo social, pero las personas o grupos que se encuentran en vulnerabilidad ya han alzado la voz para exigir a sus representantes en los Poderes que tomen las medidas necesarias para que puedan brindarles el máximo grado de bienestar posible y no ser excluidos del goce y disfrute de determinados beneficios o espacios de participación que la ley establezca para todos los mexicanos.	
La no discriminación:  factor fundamental para consolidación de un verdadero estado de derecho