Una Sala formada por cuatro magistrados que juzgaron el proceso independentista de Cataluña y el instructor de la causa contra la portavoz en el Congreso de JxCAT, Laura Borrás, decidirán si investigan al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos Pablo Iglesias en relación al robo de la tarjeta del teléfono móvil de la que fuera su asesora Dina Bousselham y el posterior uso de los archivos que contenía.Será la Sala de Admisiones formada en estos momentos por el presidente de la Sala de lo Penal del alto tribunal, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo de Porres los que estudien la exposición razonada que ha remitido este jueves el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruía esta causa en el marco del conocido como ‘caso Villarejo’.Los magistrados en primer lugar deberán solicitar un informe a la Fiscalía del Supremo para que informe sobre si el Supremo es competente para investigar la causa enviada por el juez que instruye el caso ‘Tándem’ y si ve indicios de delitos. Será después, una vez conocida la posición del Ministerio Público, cuando decidan si abren o no causa contra el secretario general del Podemos.La Sala de Admisiones sobre causas especiales –las que afectan a aforados– se renueva cada cuatro meses y se forma siguiendo un doble turno: “uno o dos, en su caso, por turno de antigüedad –de mayor a menor– y el otro o los otros dos, por turno de menor a mayor antigüedad”, según el acuerdo de 16 de enero de 2020 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De este modo, y desde el pasado 1 de octubre hasta el próximo 31 de enero estará compuesta por estos cinco magistrados, la mayoría de perfil moderado.PERFILES DE LOS MAGISTRADOSMarchena, que no pertenece a ninguna asociación de jueces, preside lo Penal del Supremo desde octubre de 2014, cuando fue designado por el CGPJ por 12 de los 21 votos del órgano de gobierno de los jueces, superando en apoyos al progresista y exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y a otro conservador, Miguel Colmenero.Magistrado del Supremo desde 2007, procede de la Carrera Fiscal, a la que accedió tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Deusto en 1981. Fue el presidente del tribunal que juzgó a los líderes independentistas del ‘procés’.Los magistrados Martínez Arrieta, Andrés Palomo y Ana Ferrer también fueron otros de los miembros del tribunal del ‘procés’. El primero, es un magistrado experimentado y de perfil moderado que pertenece a la asociación Francisco de Vitoria.Lleva 20 años desarrollando su labor en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pues fue nombrado en 1998, cuando con 43 años se convirtió en el juez más joven en acceder al alto tribunal.Este magistrado tiene una reconocida trayectoria en esta Sala pues formó parte del tribunal que condenó al exjuez Baltasar Garzón por prevaricación debido a las escuchas a los líderes de la trama ‘Gürtel’ y del que le absolvió, por otro lado, por investigar las fosas del franquismo.Además, recientemente ha sido el presidente del tribunal que ha inhabilitado al presidente de la Generalitat de Cataluña Quim Torra tras confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobedecer a la Junta Electoral Central por no retirar una pancarta pidiendo la libertad de los presos del ‘procés’ durante un periodo electoral.Otro de los magistrados moderados es Andrés Palomo del Arco, no asociado, que fue designado en 2014 con el apoyo mayoritario del CGPJ procedente de la Audiencia Provincial de Segovia. Ingresó en la carrera judicial en 1981 y tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almendralejo (Badajoz).En cuanto a Ana Ferrer, nació en enero de 1959 e ingresó en la carrera judicial en 1984. De perfil progresista, fue la primera mujer en entrar en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.Esta magistrada, especializada en asuntos de violencia de género, fue una de las componentes del tribunal que revisó el ‘caso de La Manada’. Miembro de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, fue presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid y de allí saltó al Supremo.Con anterioridad y como juez de instrucción, le correspondió la tramitación de sumarios de gran relevancia pública, como los incoados por los delitos imputados al ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, a la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, o los iniciados tras la desaparición y muerte de la niña Susana Ruiz, entre muchos otros.Por último, Luis De Porres, fue designado magistrado del Supremo en julio de 2018. De perfil conservador, pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura, y en este momento es el instructor de la causa que investiga a la portavoz en el Congreso de los Diputados de JxCAT, Laura Borrás, por las irregulares en la adjudicación de contratos cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) a un amigo suyo.De Porres nació en 1957 e ingresó en la Carrera Judicial en 1986. Tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Yecla (Murcia), para servir posteriormente en distintos juzgados madrileños hasta que fue nombrado en 2007 magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, que presidió desde 2014 hasta su marcha al Supremo.INDICIOS DE TRES DELITOSEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que existen indicios de que Iglesias habría cometido presuntamente delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito. Debido a su condición de miembro del Gobierno y diputado, está aforado ante el Supremo.El magistrado también incluye en su exposición razonada a la exdirectora de los servicios jurídicos de Podemos y vicepresidenta tercera del Congreso María Gloria Elizo –que también estaría aforada– y a los letrados de esta formación Marta Flor Nuñez y Rául Carballedo, así como a la propia ex asesora Dina Bousselhan y Ricardo Dasaferreira, estos dos últimos por falso testimonio.El juez de la Audiencia Nacional entiende que estas personas también deben ser investigadas en el Supremo al entender que su participación en la ampliación de la denuncia y simular la relación entre la publicación de unas imágenes de la exasesora y el robo del móvil tiene “conexidad” con la actuación del secretario general de Podemos.Una vez informe la Fiscalía del Supremo, será la Sala de Admisiones la que decida si abrir causa o por el contrario lo archiva. En caso de que sí acuerda investigar los hechos, los cincos magistrados de la Sala designarán un instructor.EP	

			Cuatro magistrados del ‘procés’ y el instructor de la causa contra Borrás decidirán si investigan a Iglesias por el ‘caso Dina’		