Con mayores recursos de coparticipación, entre 2015 y 2018 las provincias redujeron el gasto en educación en un período en que también disminuyó la inversión educativa del gobierno nacional. El retroceso de la inversión educativa provincial durante esos años fue del 15,6%. Sin embargo, en el mismo período hubo un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de fondos tributarios disponibles para las provincias, como consecuencia del DNU Nº 406/2016, que definió la devolución paulatina de fondos de coparticipación a las provincias en el período 2016-2020. El gasto educativo nacional cayó un 18,2% entre 2015 y 2018, en un contexto en el que aproximadamente el 75% del presupuesto educativo corresponde a las provincias. Los datos surgen del informe “¿La inversión en educación evolucionó a la par de los recursos disponibles?”, del Observatorio Argentinos por la Educación.	En ese contexto, Entre Ríos se desprende con algunos datos interesantes: el gasto educativo subió un 95,8%, y los recursos de coparticipación se incrementaron un 68%. Es decir que la evolución de la inversión en educación superó con creces la evolución del ingreso por coparticipación: la diferencia entre evolución de gastos y de recursos fue del 27,8%.	Al observar el período 2005-2018 se advierte que en CABA, provincia de Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe y Santiago del Estero la inversión en educación creció muy por debajo de la evolución de los recursos coparticipables. Pero como contraparte, tiene uno de los niveles de gasto por alumno más bajos del país.	Las jurisdicciones donde la inversión en educación creció por debajo de la evolución de los recursos coparticipables son Ciudad de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe y Santiago del Estero. Mendoza y Córdoba también muestran incrementos de la inversión ligeramente inferiores al aumento de recursos coparticipables. En el otro extremo, en Santa Cruz, Misiones, Salta, San Juan, La Pampa y San Luis la inversión educativa tuvo un incremento significativamente mayor al de los recursos coparticipables entre 2005 y 2018.	En el marco del incumplimiento de la meta de inversión del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) en educación –establecida por la Ley de Educación Nacional–, el informe estudia la evolución de los recursos disponibles y la distribución de los esfuerzos financieros entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teniendo en cuenta que la meta de inversión del 6% del PBI se cumplió únicamente en un año (2015), y que el gasto público ha sido deficitario, considerar las responsabilidades de financiamiento compartidas entre la Nación y las jurisdicciones es clave para evaluar la sostenibilidad de la inversión educativa.	El análisis se enfoca en los cambios en la inversión educativa a partir de la reasignación progresiva de 15 puntos porcentuales de la Coparticipación Federal de Impuestos, antes destinados a financiar la seguridad social, a la masa de recursos a distribuir entre la Nación y las provincias, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2015, que dio lugar al DNU Nº 406/2016.	Para cada jurisdicción, el informe observa la evolución real del gasto educativo y los fondos recibidos por coparticipación federal entre 2005 y 2018, junto con dos indicadores de “esfuerzo”: gasto por alumno, medido en relación con la canasta básica de consumo regional; y esfuerzo financiero relativo, es decir, el porcentaje del gasto público destinado a educación ponderado por la proporción de la matrícula que asiste a escuelas de gestión estatal (con datos de 2017).	Al respecto, se menciona que el menor esfuerzo financiero relativo se registra en las provincias de La Rioja (22,6%), Santiago del Estero (23,8%), Formosa (24,4%), San Juan (25,7%), Catamarca (26,0%) y Jujuy (26,9%). En contraste, el mayor esfuerzo financiero lo realiza la provincia de Buenos Aires (41,6%), seguida de Río Negro (35,3%), Corrientes (33,2%), Salta (33,0%), Chaco (33,0%) y Neuquén (32,4%). En el caso de Entre Ríos, el esfuerzo financiero teórico está cercano al promedio (29,5%), y tiene uno de los niveles de gasto por alumno más bajos del país (ocho veces la canasta básica).	Al analizar el gasto educativo en los últimos años hay dos aspectos a considerar: por un lado, dado que la meta de financiamiento educativo se define, a partir de la Ley Nº 26.206, como un 6% del PBI en educación, la inversión en valores absolutos (medido en pesos constantes) fluctúa al ritmo de la evolución económica del país. Esta meta –indica el informe– incluye el gasto educativo de la Nación y las provincias, en todos los niveles educativos, y excluye el gasto en ciencia y tecnología. El estudio no pone acento en esa meta, sino que dentro del contexto de su incumplimiento estudia la evolución de los recursos disponibles y la distribución de los esfuerzos financieros entre la Nación y las provincias.	En 2015 se dio un cambio significativo que afecta la distribución del 15% de la masa de fondos coparticipables. El 24 de noviembre de ese año la Corte Suprema de la Nación resolvió dos causas presentadas por Santa Fe y San Luis, en las que determinó la inconstitucionalidad de la retención definida por fuera de un nuevo acuerdo de coparticipación. En consecuencia, el gobierno nacional firmó el DNU Nº 406/2016 en el cual definió la devolución paulatina de esos fondos en el período 2016-2020. La devolución implicó incrementar la proporción de los recursos coparticipables sin asignación específica. Dado que los cambios distributivos implicaron una pérdida de ingresos para la Anses, el gobierno nacional acordó como parte del Pacto Fiscal incrementar el financiamiento a la seguridad social con recursos propios.	En asamblea del Consejo Federal de Educación se acordó que el inicio clases en 2020 en gran parte del país, entre ellas Entre Ríos, será el 2 de marzo. Solo Mendoza y Chubut, que abrirán sus aulas el 26 de febrero, y Misiones, el 9 de marzo tendrán otra fecha de comienzo.	
Con más recursos de coparticipación, creció en Entre Ríos la inversión en educación 