Esta cooperativa se vio obligada a acogerse a la Ley Concursal por la despatrimonialización que había sufrido como consecuencia de la administración negligente de los anteriores gerentes, lo que generó un pasivo en la cooperativa de más de 18.000.000 de euros, según el letrado de la entidad, Pedro Antonio Pérez, del Bufete Moreana.	En un comunicado, el abogado recordó ayer que este concurso fue uno de los de mayor envergadura de Extremadura, tanto por el volumen de fruta que se comercializaba, como por la cuantía de la deuda y el impacto social que se provocó en la zona, y que supuso la tramitación, además, de un expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo de más de 80 trabajadores.	Gracias a la labor de Antonio López Aparcero, Joaquín Riera Buendía y Álvaro Campo Peña, administradores concursales nombrados en su día por el Juzgado, se consiguió en un primer momento arrendar las instalaciones a otra cooperativa de la zona, consiguiendo de esta manera la conservación y el mantenimiento del único activo de Caval, destacó ayer el abogado. Precisamente uno de los seis puntos del auto aprueba las cuentas presentadas por los tres administración concursales y declara su cese.	Finalmente, en febrero pasado, y tras un proceso de subasta, dichas instalaciones fueron adquiridas por la Sociedad Explum. Con el precio obtenido con esta venta, indicó el letrado, se satisfizo al «pool» de entidades financieras una mínima parte de los importes que la cooperativa les adeudaba. Y gracias al resto del exiguo activo se ha podido satisfacer las deudas que se mantenían con las administraciones públicas: el Fogasa, que había hecho frente al pago de las nóminas de los trabajadores despedidos, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, además de los gastos generados por el propio concurso. «Desgraciadamente la gran mayoría de los acreedores no ha podido recuperar nada de su créditos», lamentó el letrado.	La Audiencia de Badajoz condenó en enero de 2016 al exgerente de Caval, Manuel García, a penas que sumaban 23 años de prisión como autor de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad contable, administración desleal, fraude de subvenciones y apropiación indebida. El fallo también condenaba al exdirector comercial de la cooperativa de Valdelacalzada, Manuel Corrales, y a la mujer de éste, Carmen Texeira, a cuatro y tres años de prisión por sendos delitos de apropiación indebida, respectivamente. También impuso indemnizaciones millonarias a favor de la cooperativa, la Junta y la Agencia Tributaria.	
Caval pone fin al concurso de acreedores abierto hace 9 años