Para el abogado laboralista y extitular de la Dirección Regional de Trabajo, Walter Apaza Zela, estos pactos evidencian la existencia de una cúpula que se apoderó de la estructura organizativa de la universidad. Estos, valiéndose de instrumentos legales, habrían empleado la negociación colectiva para apoderarse de los recursos de esta entidad.	Según el exfuncionario, existen suficientes pruebas para que el Ministerio Público inicie una investigación por el delito de crimen organizado. Explica que para que se configure este ilícito, cada componente de esta estructura cumple un rol. Así, el órgano de gobierno dirigía o aprobaba el trámite de negociación colectiva. El Consejo Universitario acordaba, la dirigencia estudiantil se mantenía en silencio y al igual que el resto de docentes. “Todo estaba fríamente calculado y planificado”, refiere Apaza.	Lo pernicioso de estas negociaciones colectivas se empezó a evidenciar desde 2017, cuando se requería recursos para el Plan de Adecuación que conduciría al licenciamiento. Se necesitaba dinero para lograr los objetivos y tener una evaluación en cumplimiento a las Condiciones Básicas de Calidad exigidas por Sunedu. Sin embargo, ese presupuesto era acaparado por los pactos colectivos.	El no haberse determinado la titularidad (propiedad) de la universidad también fue aprovechado por los malos docentes y administrativos. Según Apaza, tenían la mentalidad de tener el manejo absoluto de la UANCV a través de nombramientos indefinidos. Ello habría dado cabida a los “clanes familiares”, mientras se desplazaba a profesionales capacitados cuyo voto era minoritario.	
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