La convocatoria está dotada con fondos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y es la primera que aprueba este organismo en materia de eficiencia energética para pymes y grandes industrias. Para acogerse a estas subvenciones, las compañías han de lograr una reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y del consumo de energía final y cumplir con las condiciones establecidas en las bases.	Estas ayudas se enmarcan en el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2014-2020, que cuenta con un presupuesto global de 307,6 millones para el desarrollo de actuaciones orientadas al cumplimiento de los objetivos de ahorro que fija la Comisión Europea para los distintos sectores consumidores. Este organismo establece para toda España un total de 15.979 toneladas equivalentes de petróleo (tep) para el final del periodo. En relación con la industria, que representa el 25% del consumo total nacional y tiene un enorme potencial de ahorro, se propone llevar a cabo acciones que incidan en la mejora de la eficiencia en tecnologías y procesos y en la implementación de sistemas de gestión.	Esta línea de subvenciones complementa las iniciativas que en los últimos años ha ejecutado el Principado para reducir las emisiones de dióxido de carbono y avanzar hacia un consumo eficiente en la industria. En este sentido, la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica ha realizado dos convocatorias de ayudas (2017 y 2018) que han apoyado 77 proyectos de eficiencia energética por 9,3 millones y han logrado una reducción anual de emisiones de 4.900 toneladas de CO2. Estos fondos han facilitado la sustitución de equipos consumidores de energía por otros más eficientes (quemadores de combustible, motores y luminarias, principalmente), así como la elaboración de auditorías energéticas en pequeñas y medianas empresas.	Esta actuación se enmarca en el proyecto Escuelas conectadas que la Consejería de Educación ha desarrollado junto con el Ministerio de Educación y la empresa pública Red.es para la extensión de la banda ancha en centros públicos no universitarios, con el fin de consolidar el uso de las tecnologías de la información. Esta iniciativa, que ha supuesto una inversión de 6,5 millones, ha permitido dotar de conexión ultrarrápida a 400 centros y más de 90.000 estudiantes.	Asimismo, el Gobierno ha aprobado el decreto que regula la estructura, así como el régimen interior y funcionamiento de la Agencia de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo. La principal novedad es el cambio de denominación de este órgano -antes se llamaba Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo- con el propósito de identificar mejor todas sus áreas de competencia y dar mayor visibilidad a sus actuaciones en el campo de la seguridad alimentaria.	Por otro lado, se mantienen las competencias y responsabilidades de la agencia en materia de sanidad ambiental y consumo, áreas que cada vez adquieren mayor importancia. La agencia es un órgano adscrito a la dirección general de Salud Pública que asume la tramitación de expedientes sancionadores por vulneración de la normativa relacionada con la defensa de consumidores y usuarios, así como el apoyo en la investigación y control de brotes epidémicos y en la implantación y seguimiento de programas de prevención y promoción de la salud en las áreas sanitarias.	
Aprobada una línea de ayudas de 4,68 millones para eficiencia energética en pymes y grandes industrias