Con un activo único en su especie –la posición geográfica–, Panamá se ha garantizado crecimientos económicos envidiables en los últimos años, mientras el resto de la región apenas araña niveles de supervivencia. Y aunque la concentración de esa explotación en unas pocas manos invisibiliza esa riqueza para la mayoría, el potencial de la ruta interoceánica es históricamente innegable.	Como dicen los inversionistas, hay apetito por invertir en Panamá, o más bien, comprar deuda que emite Panamá. Por eso en medio de la pandemia, cuando el mercado de bonos se retrotraía por incertidumbre, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, anunciaba la emisión de $2,500 millones de bonos soberanos en el mercado internacional, una emisión que equivale al 9% del total de la deuda externa de Panamá hasta mayo.	Y el Canal de Panamá sin duda alimenta ese apetito de los inversionistas. El potencial es tal, que el economista Ernesto Bazán propuso un esquema para titularizar los excedentes que transfiere el Canal anualmente al Tesoro y crear un fideicomiso que absorba las ganancias futuras por al menos 20 años, para conseguir ahora, según sus cálculos, $50,000 millones. “Una respuesta disruptiva” para la reconstrucción del país tras la pandemia, que causará “el mayor shock económico que sufrirá Panamá en su historia republicana”, en palabras de Bazán, también propietario de una calificadora de riesgo y con amplia trayectoria en el sector de inversiones.	Bazán explicó a este medio que se trata de la titularización de flujos futuros de los dividendos de la Autoridad del Canal de Panamá. El Gobierno cedería por 20 años a un fideicomiso su potestad de recibir los excedentes que aporta el Canal anualmente al Tesoro Nacional. A cambio Panamá podría recibir, según el apetito del mercado, que calcula Bazán, unos $50,000 millones para inyectar a la economía panameña y empezar a reconstruirla.	Subraya que no se trata de todos los ingresos del Canal, sino de los excedentes que aporta al Tesoro. “La ventaja de esta deuda es que el servicio de pago de la deuda no vendría de los ingresos generales del Gobierno, sino de una fuente muy estable”. Se podría proteger la operación con una cuenta de reserva o una póliza de seguros internacional”, explicó.	La fórmula no es nueva. Ya Panamá aplicó algo parecido con los corredores en una compleja operación financiera que desvió el ingreso de los peajes a unos fideicomisos. Y cuando iban a vencer, en vez de liquidarlos, el Estado extendió la concesión por 30 años más, dejando con vida los fideicomisos que originalmente pretendían vivir solo unos 20 años para “recomprar los corredores”.	No es tampoco del todo nueva la idea de separar y limitar los aportes del Canal de las finanzas del Estado. Ya una parte de esos excedentes van al Fondo de Ahorro de Panamá, que a la postre no parece haber cumplido su misión de cobertura en casos de emergencia, desaceleración económica y “para beneficio de generaciones futuras de panameños”.	Volviendo a la propuesta de titularizacíón de los dividendos, el politólogo y ex precandidato presidencial Richard Morales, la define como una “privatización de facto”. Venderle el Canal a los dueños de la deuda, que como la Constitución prohíbe que sea hipotecado el Canal como bien, van por los dividendos esta vez, reitera.	Para Morales, también especialista en economía política, el planteamiento se reduce a un intento de hipotecar los dividendos del Canal para subsidiar y garantizar ganancias a la gran empresa y sector bancario. “Una redistribución regresiva de los excedentes del Canal, concentrando aún más la riqueza y despojando a los panameños de cualquier derecho sobre el Canal y sus beneficios”, critica.	“El Canal de Panamá es nuestro petróleo”, advertía Ricardo Alemán Alfaro en un boletín de su misión en México mientras fue embajador durante la administración de Martín Torrijos. Tenía razón. Pero en ese momento, año 2008, el barril de petróleo superaba los $130. Hoy apenas llega a los $40, y eso gracias a una movida de Estados Unidos, que neutralizó un acuerdo entre la OPEP y sus aliados para garantizarle a su país una rentabilidad en el crudo, que mayoritariamente extraen por fracturación hidráulica o fracking lo que incrementa el costo de la extracción frente al de países árabes o Rusia, por ejemplo.	La analogía con el petróleo quizá no encierre todo el potencial del Canal y la ruta interoceánica en su conjunto –aire, mar y tierra– del que hemos tenido el monopolio hasta ahora. Pero cae como anillo al dedo si vemos a esos países que apalancaron sus finanzas públicas mayormente en un solo activo, como Venezuela y su petróleo. O en el peor de los casos, como en Argentina, que con una deuda externa impagable de más de $300,000 millones (casi 89% de su PIB), gobernar se traduce básicamente en buscar estrategias para evitar caer en el default. Los argentinos le llaman la “herencia pesada” a la espiral de la deuda que hereda cada nuevo gobierno. Y en ese estado, el potencial inicial que llevó al país por ese camino de deuda, es solo un recuerdo efímero que adorna la memoria histórica.	
Titularización de ganancias futuras del Canal, una receta controvertida