, según consta en el anteproyecto de ley de cambio climático del Gobierno.El anteproyecto normativo será estudiado este martes por el Consejo de Ministros, donde "previsiblemente" obtendrá el visto bueno para su remisión como proyecto de ley al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha manifestado este lunes durante su comparecencia en el Senado, que confía en que así será porque está convencida que la propuesta será del agrado de sus "compañeros" en el Ejecutivo.	El texto, recogido por Europa Press, incluye 36 artículos distribuidos en nueve títulos, e incorpora las aportaciones del proceso de participación pública que se inició en febrero de 2019, para que España cumpla el Acuerdo de París en línea con los compromisos de la Comisión Europea y con el Pacto Verde Europeo mediante las señales adecuadas para modernizar la economía. Para alcanzar la neutralidad climática en 2050, se establece que en 2030 las emisiones de la economía española tendrán que reducirse al menos un 20 por ciento respecto a 1990, de acuerdo con el aumento de la ambición de la Comisión Europea que, en su conjunto se ha planteado	en el consumo final hasta el 42 por ciento. En esa línea, la presencia de energías limpias en el sistema eléctrico llegará hasta el 74 por ciento y la eficiencia mejorará en un 39,5 por ciento.De acuerdo con los modelos del Gobierno, para el periodo 2021-2030 prevé que	y generar entre 250.000 y 350.000 empleos netos al año. El anteproyecto contempla que la movilización de inversiones, el ahorro de energía y la mayor presencia de renovables conllevarán que el Producto Interior Bruto (PIB) crezca en torno al 1,8 por ciento en 2030 respecto al mismo escenario sin las medidas del PNIEC, esto es, de 16.500 a 25.700 millones de euros.	Junto con los sucesivos PNIEC, desde el Ministerio para la Transición Ecológica apuntan que los objetivos de la senda de descarbonización y fijación de reducción de emisiones de CO2 se especificarán en la Estrategia a Largo Plazo 2050, que también está ultimando el Ejecutivo.El texto mantiene la creación de un marco de gobernanza que refuerce la participación mediante la puesta en marcha del Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética que hará recomendaciones y evaluaciones que se recogerán en un informe anual que se debatirá en el Congreso de los Diputados. Entre los plazos previstos en la propuesta normativa, también	de energía y clima a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático.Así, las administraciones locales y autonómicas junto con la Administración General del Estado deberán poner en marcha medidas para que el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros en 2050 sean 0 emisores de CO2. Como paso previo, se adoptarán	. El Ministerio añade que previa consulta con el sector se pondrán en marcha medidas para facilitar la penetración de estos vehículos, incluido el apoyo a I+D+i.Zonas de bajas emisiones en ciudades, no más tarde de 2030Asimismo, en las poblaciones de más de 50.000 habitantes, los Ayuntamientos deberán establecer "no más tarde de 2023" zonas de bajas emisiones en su planificación de ordenación urbana, así como medidas de mitigación para reducir las emisiones de la movilidad, y	. Aún más, el anteproyecto establece que cualquier medida que se quiera adoptar y que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones que ya existan deberán contar con un informe previo del Ministerio y del órgano autonómico competente en la materia.A través de planes específicos, se fomentará el uso de gases renovables, incluido el biogás, el biometano, el hidrógeno y	, que está en información pública y también contempla la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y la gestión del agua y la costa, en las infraestructuras, la ordenación del territorio y los usos de suelo y la seguridad alimentaria. En particular, se reconoce la relevancia de la política agraria común, la de desarrollo rural y la forestal. El texto introduce medidas para reducir la vulnerabilidad del cambio climático en los suelos agrícolas y forestales y en los montes y contempla la elaboración de un mapa de vulnerabilidad.Por otro lado, la ley buscará promover y reforzar el conocimiento del cambio climático en la sociedad para lo que revisará el	, así como en los planes universitarios y el Catálogo Nacional de Cualificación profesional.Para Teresa Ribera, el texto sitúa la lucha contra el cambio climático y la transición energética en el centro de la acción de las administraciones públicas. "Se trata de un proyecto de país, responsable con nuestro presente, nuestra salud, nuestra calidad de vida, nuestro modelo de prosperidad y, sobre todo, nuestro futuro", ha celebrado. A su juicio, en el momento en que se debe abordar el proceso de recuperación frente al covid-19, la transición energética se va a convertir en	
El Gobierno aprueba este martes la Ley de Cambio Climático para una España neutra en carbono en 2050