También está denunciada una empresa por obras supuestamente ilegales en Altea Hills con la construcción del "ZEM Wellness Retreat". Todos están acusados de un plan preconcebido entre el ayuntamiento y la mercantil para dar apariencia legal a través de expedientes mientras las obras se realizaban con impunidad a sabiendas que con la tramitación del PRI iban a legalizarlas.Complejo hotelero Altea Hills.EL MUNDO	La querella, presentada el pasado mes de octubre, acusa a la mercantil -participada al 50% por Hoteles Costa Mar SA (Grupo Mar Confort) y el otro 50% por Benmar Hoteles SA (Hoteles Sandos), y controlada por los empresarios Juan Ferri y José Baldó, según explican los denunciantes- de ser la promotora de presuntas infracciones urbanísticas en el ámbito del 'Plan de Reforma Interior (PRI) para la delimitación de área discontinua de actuación de dotación en suelo urbano consolidado en la Urbanización Altea Hills', concretamente en el hotel, y que contempla la ampliación y reforma del Hotel Altea Hills por parte de Órbita Solar para la	que se dilataban en el tiempo" mientras Órbita Solar realizaba las obras con total impunidad "a sabiendas que posteriormente con la tramitación del PRI iban a conseguir legalizarlas". El documento concluye que durante dos años, desde el 2018, el gobierno municipal de Altea ha estado tramitando expedientes que, lejos de ser una solución, "no eran más que un formalismo, hasta tal punto que advertían de que iban a dar traslado de los mismos al Ministerio Fiscal y posteriormente no se trasladaban".	ya que "lejos de paralizar las obras y a ojos del ayuntamiento continúa ejecutando obras sin licencia, de tal manera que con fecha 23 de abril de 2020 se reitera por tercera vez la suspensión de las citadas obras apercibiendo a la mercantil de la comisión de un posible delito de desacato a la autoridad". Al mismo tiempo,	A pesar de las infracciones urbanísticas, el pleno municipal aprobó el pasado 3 de septiembre el PRI en el ámbito del sector El Aramo, polígono La Malla. La querella acusa de presunto fraude de ley este acuerdo plenario dado que "la Junta de Gobierno era sobradamente conocedora de los diferentes expedientes de disciplina urbanística de los que la entidad promotora hizo caso omiso a las paralizaciones requeridas por el ayuntamiento y, en segundo lugar, dado que se tramitó con carácter de urgencia". La querella concluye que el equipo de gobierno estaría incurriendo en un presunto ilícito al pretender legalizar a través de la figura del PRI las actuaciones denunciadas por los propios técnicos municipales.	
El alcalde de Altea (Compromís) y un edil (PSOE) denunciados por prevaricación urbanística