Rusia, 2035. Una mujer con uniforme de enfermera filma con su celular. Hoy un niño de 5 años está siendo adoptado. «¿Estás contento porque ahora tendrás una mamá y un papá?», le pregunta la mujer al niño, mientras el hombre que ahora es su padre se acerca. El pequeño sonríe y sale del decrépito edificio con su nuevo padre y dos enfermeras. «¿Dónde está mi mamá?», pregunta, parado en la entrada del orfanato. La cámara se vuelve hacia un hombre con vestido y maquillaje que espera cerca de un auto caro, con gestos afectados, exagerados. Sostiene un pequeño vestido. Las enfermeras fruncen el ceño. «Pobre niño, ¡lo van a vestir de mujer!», piensan. Una de ellas escupe al piso, furiosa, y vuelve a entrar. «¿Es esta la Rusia que eliges?», se pregunta una voz en off antes de convocar al espectador: «Decide el futuro del país. Vota a favor de las enmiendas constitucionales». Así termina uno de los videos de la campaña previa al referéndum que Vladímir Putin convocó para el 1 de julio en pos de reformar la Constitución rusa. Las enmiendas posibilitarán, entre otras cosas, que gobierne de por vida.	Putin parecía venir en declive. Después de la impopular reforma previsional con la que aumentó la edad de jubilación en 2018, su estrella comenzó a perder brillo: en abril el apoyo al presidente marcó un 59 por ciento, su mínimo histórico, lo que representa una caída de casi el 20 por ciento en sólo dos años, según datos del Centro Levada. Un número creciente de rusos no quisiera verlo permanecer en el cargo más allá de 2024, cuando se termine su actual mandato, el segundo consecutivo y el cuarto desde que asumió por primera vez como presidente, en 2000 (entre 2008 y 2012, en tanto, gobernó como primer ministro, algo que ya había hecho a fines de 1999). Algunos medios ya habían comenzado a discutir cómo sería la sucesión de Putin; la clase dominante, enfrentada a un eventual vacío de poder, había comenzado a fracturarse en clanes rivales.	Sin embargo, nadie tiene aún suficiente poder, o tal vez valentía, como para concebir siquiera una Rusia sin Putin. Nadie excepto el propio Putin. En enero, al dirigirse, como cada año, al Parlamento ruso, el presidente presentó de forma inesperada una serie de propuestas para reformar la Constitución. La mezcla de temas sociales, económicos y gubernamentales que incluía su discurso pudo parecer absurda al principio. Aquel día, luego de un largo pedido de que el Estado proveyera desayuno gratuito a los escolares, propuso que se prohíba que los miembros del Parlamento tengan la doble ciudadanía o permisos de residencia en el extranjero y que se introduzca un nuevo organismo de gobierno, el Consejo de Estado.	Tampoco parecía haber un hilo conductor entre las diferentes enmiendas que presentó. Por un lado, sostenía que era necesario expandir el mandato del Parlamento. Por otro, pedía la creación de una prerrogativa presidencial para suspender de forma unilateral los poderes de los tribunales Constitucional, Supremo, de Casación y de Apelaciones. Más tarde, algunas otras iniciativas fueron agregadas al paquete. Una es la definición constitucional del matrimonio como «unión entre un hombre y una mujer» y otra consagra la lengua rusa y la creencia en Dios en la carta magna.	Pero lo más extraño del discurso de Putin fue cuando demandó que estas enmiendas fueran sometidas al voto popular. Por primera vez en 27 años se celebraría un referéndum en un país donde por décadas la gente ha sido sistemáticamente alienada del proceso político. En los días siguientes, empezó a verse que las reformas propuestas eran tan sólo un intento velado de crear una arquitectura política que garantice la continuidad del proyecto del presidente después de 2024. Otras cosas no estaban tan claras: ¿se iría Putin de la presidencia para liderar el Parlamento o el nuevo Consejo de Estado?, ¿se retiraría y dejaría lugar a un sucesor?	La intriga se resolvió a comienzos de marzo, cuando las enmiendas fueron formalmente aprobadas por la Cámara Baja del Legislativo, la Duma. Durante la sesión, Valentina Tereshkova –quien en 1963 fue la primera mujer en el espacio, hoy diputada por el partido de Putin, Rusia Unida– subió los escalones del atril parlamentario y allí, en medio de su intervención, propuso que, además de los cambios ya presentados, los mandatos presidenciales de Putin hasta la fecha sean «borrados» y se dé así al presidente una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, para volver a competir en las elecciones. La propuesta de la diputada fue aprobada.	Desde un principio se supo que la consulta popular sobre estas enmiendas –inicialmente agendada para el 22 de abril– iba a ser una farsa. La Duma y el Tribunal Constitucional ya habían aprobado todas las modificaciones y el propio Putin ya les había estampado su firma. La Comisión Electoral Central y hasta el vocero de la presidencia debieron admitir que con eso bastaba para su entrada en vigor y que el referéndum no tendría, en realidad, efecto legal alguno. Sin embargo, no por esto la votación dejaba de ser un elemento clave en la estrategia del mandatario. Tras 20 años en el poder, Putin necesitaba la aprobación popular para levantar la moral del régimen y actualizar su legitimidad política, golpeada por la situación económica y las tensiones sociales que sacuden al país.	Pero entonces llegó el coronavirus. Aunque en Rusia la pandemia impactó más tarde que en otros países, el gobierno hizo poco y nada a lo largo de marzo para prepararse para lo que venía, con la esperanza de que la atmósfera electoral no se viera afectada cuando llegara abril. Cuando el 30 de marzo Moscú y otras grandes ciudades debieron aplicar la cuarentena general, ya era demasiado tarde. Hoy Rusia está tercera en el mundo en número de personas infectadas (más de 740 mil), sólo superada por Estados Unidos y Brasil, siempre de acuerdo a las estadísticas oficiales y sin tener en cuenta diversas denuncias de subregistro.	La epidemia propinó otro golpe al régimen. El sistema de seguridad social crujió, debilitado por las políticas neoliberales de los últimos años. Mientras los precios del petróleo estaban altos, las reformas promercado de Putin salían adelante sin mucha oposición, gracias al alza de los salarios y una maquinaria de propaganda estatal bien aceitada. Pero la creciente mercantilización de la esfera estatal ha tenido un impacto catastrófico en los servicios públicos, especialmente en la salud. Sólo en la última década, el número de hospitales públicos disminuyó a la mitad. El número de camas de hospital, en tanto, se redujo en un 40 por ciento y la cantidad de personal médico se achicó en casi un tercio. En el lapso de diez años, la atención médica ha sido transformada de servicio público disponible de forma gratuita a privilegio accesible apenas para los pudientes.	Esa no fue la única debilidad revelada por la pandemia. Cuando Rusia entró en la cuarentena, millones de personas perdieron sus empleos (de acuerdo al propio Putin, hay 3 millones registrados oficialmente como desempleados; según la Escuela Superior de Economía de Moscú, la cifra real de desempleados estaría en torno a los 10 millones). Las autoridades insistieron en que las medidas eran tan sólo un «régimen de autoaislamiento», eufemismo que descargó en los individuos toda responsabilidad. Pero al mismo tiempo se implementó una serie de restricciones generales que incluía multas para quienes salieran de su casa sin permiso.	La economía se contrajo un 12 por ciento en abril, de acuerdo a las cifras oficiales, mientras que Bloomberg habla de una caída total del 33 por ciento. A diferencia de lo hecho en otros países, el gobierno ruso se ha negado a proveer asistencia económica directa a sus ciudadanos y a las empresas. En Moscú y otras ciudades, se les pidió a los residentes que compraran máscaras y guantes médicos, que son producidos por una entidad propiedad del Ayuntamiento de Moscú. Cuestan 20 veces más que antes de la llegada del coronavirus. Mientras tanto, según Forbes, las 101 personas más ricas de Rusia ganaron 62.000 millones de dólares en los primeros dos meses de la pandemia.	Ocultas por décadas de rivalidad geopolítica, hay sorprendentes similitudes entre los órdenes sociales ruso y estadounidense. Al igual que en Rusia, millones de estadounidenses han perdido sus empleos desde el comienzo de la pandemia. Y, al igual que sus pares rusos, los multimillonarios estadounidenses continúan acrecentando su riqueza: han amasado 565.000 millones de dólares más desde el 18 de marzo, según un reciente estudio del Institute for Policy Studies. «Hay un cóctel explosivo de pérdida de ingresos y crecimiento de la desigualdad», dijo a la CNN, a comienzos de mes, Joe Brusuelas, economista jefe de RSM International, una red global de firmas contables. Ese cóctel, que estalló en Mineápolis, Washington y Seattle tras el asesinato de George Floyd, también está presente en Rusia.	Al igual que Donald Trump, durante esta crisis Putin ha visto sufrir su imagen de «líder fuerte»: él también delegó su autoridad a los gobernadores locales y se escondió en un búnker debajo de su residencia. Luego de 2008, las réplicas de la crisis financiera mundial produjeron una ola de protestas masivas desde El Cairo hasta Nueva York, desde Madrid hasta Moscú. Pocos meses después de que comenzara el movimiento Occupy Wall Street, en Estados Unidos, cientos de miles de personas salieron a las calles de la capital rusa para protestar contra el fraude electoral en el movimiento conocido como Bolotnaya. Hoy el descontento social es más feroz y profundo: en un estudio publicado a comienzos de junio, los sociólogos Serguéi Balanovsky y Mijaíl Dmitriev, exdirectores del Centro de Estudios Estratégicos de Moscú, han anticipado la mayor explosión de disturbios en Rusia desde 2011 y 2012 como consecuencia de la crisis pandémica. La reacción, sin embargo, podría ser aún más feroz.	La pandemia ha terminado, insistió Putin a comienzos de julio, a pesar del hecho de que Rusia todavía registra de 8 a 9 mil nuevas infecciones cada día. Las autoridades tenían prisa. Con vacaciones nacionales a mediados de julio era casi imposible asegurar la participación necesaria para el plebiscito. Si la votación se postergaba para el otoño ruso, el gobierno enfrentaba la posibilidad de una derrota. Las elecciones locales que se realizarán entonces dificultarían la manipulación de los votos: los observadores electorales estarán de guardia. Las autoridades debieron programar la votación para el 1 de julio, en plena pandemia.	Incluso así, las autoridades temían la derrota. Introdujeron una serie de cambios de último minuto que expandieron drásticamente las posibilidades de fraude electoral. Se permitió la votación anticipada durante una semana desde el 24 de junio y la Comisión Electoral Central autorizó la votación online. Citando razones médicas, se estableció que el voto físico tendría lugar al aire libre, lo que dificulta seguir incluso precauciones rudimentarias. No se permitieron observadores independientes y la votación fue supervisada por la Cámara Pública, un organismo leal al Kremlin.	En los hechos, el gobierno imposibilitó la campaña contra las enmiendas, mientras que el Estado convocó a votar por el sí en las principales estaciones de televisión y en las vallas publicitarias de toda Rusia. El socialista Nikolai Platoshkin ha estado bajo arresto domiciliario desde el 5 de junio tras decirles a sus 500 mil seguidores de Youtube que votaran en contra de las reformas (de acuerdo a la Fiscalía General, Platoshkin «instigó al desorden público» y «diseminó información falsa sobre temas que representan una amenaza para la vida y la seguridad de los ciudadanos»; Amnistía Internacional lo considera un prisionero de conciencia y ha llamado a su liberación).	Pero Putin puede dormir tranquilo por ahora. La oposición está trágicamente dividida. El Partido Comunista, la mayor fuerza opositora del país, hizo campaña contra las reformas, una táctica moderada que, sin embargo, reconocía la legitimidad del voto. La mayoría de los otros grupos de oposición, desde el Frente de Izquierda hasta el derechista Alexey Navalny, llamaron a un boicot total del referéndum. Es muy posible que, de todas maneras, la votación no logre su objetivo real, ya que es poco probable que pueda asegurar a Putin el tipo de legitimidad que busca. Por el contrario, a medida que se levanta el telón, el malestar social se acerca gradualmente a un punto de inflexión.	Según la Comisión Central Electoral de Rusia, las enmiendas de la Constitución recibieron un apoyo del 78,5 por ciento de quienes concurrieron a las urnas entre el 25 de junio y el 1 de julio. Un 21,4 por ciento votó por el no. La participación fue de casi el 68 por ciento del electorado habilitado.	El miércoles 15 de noche hubo 142 detenidos en Moscú tras la última de una serie de protestas contra el resultado de la votación, informó AFP. También se registraron protestas en San Petersburgo y Jabárovsk. La oposición califica de fraudulenta la votación, que oficialmente se llamó elección panrusa, en lugar de referéndum, ya que no cumplió con los requisitos establecidos por la norma constitucional federal. La ley establece, entre otras cosas, que los resultados de ese tipo de consultas deben ser vinculantes.	
Rusia – El referéndum de Putin. Grietas en el hielo.   [Alexey Sakhnin/Per Leander]