En una rueda de prensa de 25 minutos, el Gobierno de Lenín Moreno anunció el viernes 25 de septiembre del 2020 el veto total al Código Orgánico de la Salud (COS). El proyecto fue aprobado por el Legislativo el 25 de agosto pasado, luego de ocho años de discusiones. Así, los 405 artículos de la propuesta pasaron al congelador hasta el 25 de septiembre del 2021 pues la Constitución señala que una objeción total del Primer Mandatario únicamente puede ser revisada y ratificada luego de un año, con el voto de las dos terceras partes del Pleno de la Asamblea. Lo anterior implica que ni este Gobierno ni el actual Legislativo podrán volver a trabajar en el COS.	Serán las nuevas autoridades -que se posesionarán en mayo del próximo año- quienes asumirán esa responsabilidad. El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, y la asesora jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, argumentaron que el articulado contiene “imprecisiones que van desde definiciones erróneas o no actualizadas hasta una estructura institucional del sistema nacional de salud poco clara, en competencias y responsabilidades”. No detallaron a qué artículos o temas se referían. Frente a ello, el desencanto se sintió incluso en la bancada oficialista. Su presidente César Litardo y el titular de la Mesa de Salud, William Garzón, se mostraron sorprendidos por la decisión del Ejecutivo. A este último le pareció “una irresponsabilidad un veto total a un articulado científico y técnico”. Otro miembro de esa mesa, Sebastián Palacios, criticó que no se haya expuesto un solo argumento técnico. “Las observaciones pudieron subsanarse con objeciones, como en vetos parciales a otras leyes. Es irresponsable dejar en la indefensión a niños con enfermedades catastróficas, a mujeres que merecen atención si tienen emergencias obstétricas”. Sobre ese punto, Ana Cristina Vera, de Surkuna, apuntó que con el veto total al COS se perdió la oportunidad de mejorar, organizar y fortalecer la normativa en salud y la garantía de derechos. Y con las firmas de unas 50 organizaciones pidió que se respetasen la Ley Orgánica de Salud del 2006, la Ley de Protección y Amparo del Paciente y la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.	“Son mínimos necesarios, que permiten que se garantice, desde el Estado, derechos sexuales, reproductivos y el acceso y atención en salud, en concordancia con la Constitución y ­­ marco internacional”. Según el ministro Zevallos, las emergencias obstétricas deben atenderse igual que una emergencia cardíaca o una cerebrovascular. Pero eso no creen otros sectores. “Se dejaron llevar por la presión de grupos minoritarios, por el costo político. Si una mujer llega desangrándose por el motivo que fuere, hay que atenderla”, comenta Pablo Valencia, ginecólogo y presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Reproductiva. Él también está decepcionado, porque otra vez empezarán de cero con la normativa sobre reproducción asistida, pese a que en Ecuador se aplica desde hace 30 años. Entre otros temas, Zevallos apuntó que no se dijo cómo actuar ante una pandemia, por ejemplo la del covid-19. “No tiene nada sobre la vigilancia epidemiológica o genómica para saber cómo cambia un virus; tampoco cómo reaccionar ante estrés, suicidios, violencia doméstica”. El epidemiólogo Mauricio Espinel considera que el Ministro confunde el nivel jerárquico de las normas. Dice que el COS debe dar lineamientos generales sobre el rol de la autoridad sanitaria, como declarar una emergencia, como dice la Ley Orgánica de Salud.	
Código de Salud va al congelador por un año; el Ejecutivo vetó los 405 artículos