Venezuela, sumida en una debacle económica sin precedentes en la historia reciente de la región, vive desde enero un pulso por el poder entre el jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por Estados Unidos y más de 50 países, y Nicolás Maduro, aferrado al cargo con apoyo de los militares y de Rusia y China.	La “responsabilidad de proteger”, o R2P por su sigla en inglés, es un compromiso político asumido en 2005 por Naciones Unidas para prevenir graves violaciones a los derechos humanos. Después de la mediación y las sanciones económicas, incluye un recurso final: el uso de la fuerza, que sólo puede ser autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU.	
Almagro solicita más sanciones y eventual uso de la fuerza contra el régimen de Maduro