Tras desarrollar una investigación denominada Curva de la Violencia, que recoge cifras de homicidios, desapariciones y enfrentamientos armados en seis estados fronterizos del país, FundaRedes acudió a la Fiscalía en San Cristóbal estado Táchira, y de manera simultánea en varias regiones del país, a fin de exigir que el régimen de Nicolás Maduro actúe para frenar la violencia e investigar cada uno de los casos, donde se violan los derechos humanos a las víctimas.	Gerardo Rincón, coordinador del observatorio de DDHH de FundaRedes en Táchira, acudió a la Fiscalía donde mostró el resultado de la investigación exhaustiva la cual arrojó un total de 1.850 homicidios durante el año 2019 en los estados Bolívar, Táchira, Falcón, Zulia, Apure y Amazonas, así como 104 desapariciones y 484 enfrentamientos armados.	En el caso del estado Táchira, Gerardo Rincón detalló que se dieron un total de 251 homicidios, 59 enfrentamientos armados, 13 desapariciones o secuestros durante el año 2019, que dejan a esta región fronteriza en el segundo lugar de los estados más violentos del país, solo aventajado por Bolívar que ocupa el primer lugar en cifras de criminalidad de las localidades analizadas.	El coordinador del Observatorio de DDHH de FundaRedes indicó que no es posible que en la mayor cantidad de homicidios, así como en los enfrentamientos, estén involucradas armas de fuego, cuando existe un decreto que regula la tenencia de armas en el territorio nacional, pero además estas situaciones ocurren públicamente sin que el régimen haga algo para detenerlo o para encontrar a los responsables.	Así mismo, la curva de la violencia, una investigación minuciosa hecha por el equipo multidisciplinario de FundaRedes, evidencia que, las propias víctimas o familiares de víctimas, narran la participación de cuerpos de seguridad del régimen en los supuestos enfrentamientos armados, que más bien parecen ajusticiamientos o entre los cuales mencionan la actuación de las FAES, la GNB, y el CICPC.	Ante ello, FundaRedes exigió a la Fiscalía que se investiguen cada uno de los delitos documentados, se detecte a los culpables, y se garantice a la ciudadanía el goce de sus derechos, así como la protección, seguridad y soberanía, además de exigirle al régimen que los organismos cumplan con sus funciones de brindar tranquilidad a las personas y resguardar el derecho a la vida y la integridad de todos.	
FundaRedes exige actuación del régimen para frenar criminalidad en municipios fronterizos