Según el Ministerio, la nueva normativa prevé la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas y aquellas compañías que estén en pérdidas no se vean afectadas por la norma, al no ser las principales generadoras de estas reclamaciones, copadas en la mayoría de los casos por las grandes compañías. La ley establecerá para las empresas la obligación de disponer de un servicio "eficaz" para facilitar información, atender y resolver las quejas.	Antes de la firma de un contrato de servicios, los ciudadanos podrán conocer los medios de interlocución disponibles, los mecanismos de reclamación y los tiempos previstos de resolución, entre otros aspectos. Toda esta información deberá formar parte de los contratos y tendrá que figurar también en la web de la empresa.	Así las cosas, la norma supondrá "un ahorro importante de tiempo y dinero para los consumidores", señala el departamento dirigido por Leire Pajín.Otro de los aspectos previstos es que en el futuro, las empresas cuenten con personal debidamente formado y capacitado para atender las quejas de sus clientes, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y "evitar situaciones indeseables", como que el operador desconozca la información necesaria para resolver o gestionar la reclamación. Las empresas tendrán que desarrollar sistemas que midan las mejoras de sus servicios de atención al cliente y tendrán que superar auditorías externas anuales.	El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad insiste en que con la aprobación de esta ley no sólo se mejorará la calidad del servicio prestado a los consumidores, "sino que también se reforzará la confianza en los sectores económico-empresariales implicados, lo que redundará en un mejor funcionamiento del mercado".	
Los servicios de atención al cliente no podrán ofrecer productos para vender