Inicialmente, en el PIC se contemplaba que se invirtieran 5.000 millones de euros en cuatro años para acometer actuaciones sobre más de 2.000 kilómetros de carretera de veinte vías de gran capacidad mediante el sistema conocido como pago por disponibilidad. En virtud de esta fórmula, las constructoras adjudicatarias de las concesiones financian la construcción de las autopistas y asumen su explotación y conservación por un periodo –de 30 años, según el plan inicial–, comprometiéndose a cumplir unos estándares de calidad y servicio. Después, el Estado paga a plazos las carreteras a lo largo del periodo de vida de las concesiones, pudiendo penalizar a las concesionarias si no cumplen los estándares recogidos en el contrato.	: la circunvalación A-30 de Murcia, un tramo de la A-7 en Castellón, otro de la misma vía entre Crevillente (Alicante) y Alhama (Murcia) y la autovía entre Burgos y Aguilar de Campoo. La valoración de estos proyectos ascendía a 1.797 millones de euros. Su licitación debía haberse sustanciado antes de mayo de ese año. Sin embargo,	De entrada, el equipo socialista de Fomento redujo de 30 a 10 los años de las concesiones para no hipotecar las cuentas del Estado por un periodo de tiempo que consideraba excesivamente prolongado. Además, y pese a las advertencias del sector de la construcción de que lo haría poco atractivo, redujo la rentabilidad, ligándola al bono del Tesoro a 10 años más 200 puntos básicos.	Para contrarrestar el desinterés que podrían suscitar estas nuevas condiciones, Fomento acordó certificar el 50% de la obra durante su ejecución, de modo que anticiparía el pago de la mitad del capital. Además, se comprometió a asumir todos los costes de expropiación adicionales a los previstos en el contrato. Éste se consideraba por el sector como un punto clave. Entre las constructoras y las concesionarias sigue muy presente el conflicto de las radiales, quebradas por los astronómicos sobrecostes que tuvieron que asumir las concesionarias por un cambio normativo. El Gobierno todavía está pendiente de determinar con que cantidad compensará a las compañías afectadas por revertir las concesiones con antelación a su fecha de vencimiento, pero se avecina una larga batalla judicial porque las posturas están muy alejadas. Y lo que las empresas no querían era que el PIC se convirtiera en otra crisis como ésta.	
Plan de Carreteras de Fomento: 5.000 millones previstos y ni un solo céntimo invertido