Así lo anunció este viernes el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, en una rueda de prensa en la que explicó que las conversaciones entre las partes estaban 'terminadas' por la intransigencia de la empresa siguiendo una postura en la que se ha atrincherado desde diciembre y que el Estado no puede 'tolerar'.	Salvador explicó que la constructora quería imponer la suma de compensación sin calcular el daño real causado por sus sobornos y, lo peor de todo, bajo la condición de 'lo tomas o lo dejas', amenazando con anular su cooperación eficaz para destapar el entramado de corrupción que se extendió por Ecuador y del que solo se ha descubierto una muy pequeña parte.	Salvador explicó que la compañía brasileña, en una carta enviada en diciembre pasado, exigía la devolución de unos 115 millones de dólares retenidos por el Estado, para de allí pagar las deudas que tiene con la Hacienda pública, proveedores y otros acreedores, entre ellos, los abogados del proceso de 'cooperación eficaz'.	
 Ecuador rechaza 'intolerables' condiciones de Odebrecht para una cooperación 