Hay varios grupos claramente enfrentados. Por un lado están los ecologistas y la Asociación de Agentes del Medio Natural del Principado de Asturias, que ayer criticaron la modificación, en marzo de 2017, de la Ley de Montes y que supuso la supresión de los acotamientos al pastoreo de los terrenos quemados. También alertan de la escasez de medios y de la falta de un operativo planificado para la detección y vigilancia de los incendios.	El más tajante fue el socialista Marcelino Marcos Líndez, quien achacó a los críticos que «no les escuché decir nada el año pasado, cuando hubo menos incendios». El diputado calificó de «adecuada y razonable» la modificación de la ley y apuntó que «no hay que poner el foco en la Junta General, sino que hay que ponerlo en los causantes de los incendios».	Por el mismo camino tiró Concha Masa (IU), que cree que «hay que involucrar a la población rural en el control de los montes». Solicita un modelo más flexible de quemas controlados y explicó que «la limpieza y el desbroce por parte de los vecinos de la zona sería más eficaz que si no se hace o si se hace simplemente organizada por el Gobierno».	Para Ciudadanos, lo más importante es animar a los ciudadanos a denunciar si tienen conocimiento de algún autor de un incendio. Nicanor García rechazó que se pueda quemar el monte «de manera impune». «Hay una parte importante que parecen ser incendios intencionados», dijo, pero rechazó de plano que se deba al levantamiento de los acotamientos en Asturias.	
Cruce de acusaciones por la supresión de los acotamientos de terrenos quemados