La sentencia de la CorteIDH, publicada este lunes tras la respectiva notificación a las partes, indica que la fábrica contaba con aval de las autoridades competentes para su funcionamiento. Sin embargo, nunca existió fiscalización en relación con las condiciones laborales o con el ejercicio de actividades peligrosas, pese a que esta era una exigencia de la normativa por el riesgo laboral.	Por este caso, la CorteIDH declaró al Estado brasileño como responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en lo que respecta al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, a los derechos de los niños, a la igualdad y no discriminación, a la protección judicial y a las garantías judiciales.	"Lo anterior facilitó la instalación y funcionamiento de una fábrica dedicada a una actividad especialmente peligrosa, sin fiscalización, y llevó a las víctimas a aceptar un trabajo que ponía en riesgo su vida e integridad y la de sus hijas e hijos. Además, el Estado no adoptó ninguna medida para garantizar la igualdad material en el derecho al trabajo respecto de este grupo de mujeres en situación de marginación y discriminación", cita el texto.	Los jueces ordenaron diversas medidas de reparación, entre ellas implementar una política sistemática de inspecciones periódicas en los locales de producción de fuegos artificiales, diseñar y ejecutar un programa de desarrollo socioeconómico destinado a la población de Santo Antonio de Jesus y pagar las indemnizaciones por daño material e inmaterial, así como el reintegro de costas y gastos.	
CorteIDH condena a Brasil por explosión de fábrica que dejó 60 fallecidos