3.772 contratos que han pasado de ser temporales a indefinidos; 945 jornadas laborales que han ampliado y 2.612 empleos que existían pero no estaban oficialmente contabilizados. Este es el resumen de diez meses de implantación –de agosto del año pasado a junio de este– del denominado Plan Director por un Trabajo Digno desarrollado por el Gobierno. Un plan para luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos temporales, así como contra los abusos en la contratación a tiempo parcial y excesos de jornadas y horas extras no pagadas ni compensadas.	Para los empresarios, el «99% de las empresas cumplen con la legislación laboral, aunque es cierto que hay una bolsa de fraude con la que evidentemente estamos en contra», subraya Javier Peinado, secretario general de la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex). Para los representantes de los trabajadores, «este plan ha hecho aflorar parte del fraude existente pero esto es solo la punta del icerberg porque la actual reforma laboral lo propicia. Por eso es más urgente derogar esta reforma laboral que planes de este tipo, que no están mal pero se quedan cortos», resume Encarna Chacón, secretaria general de CCOOExtremadura.	La Inspección también ha actuado sobre el fraude percibido en el horario laboral cuando se trabaja a tiempo parcial. Sobre las ampliaciones de jornada que sufren empleados que, en realidad, acaban haciendo un número de horas superior al que figura en sus contratos sin recibir compensación alguna por ello. La actuación de Trabajo ha permitido 945 ampliaciones de jornada en Extremadura, un 91,7% más que en la anterior etapa analizada. Sobre todo han sido en la provincia de Badajoz (un 178% más, de 268 a 745 ampliaciones e jornada).	Ha sacado de la clandestinidad a 2.612 empleos (1.117 están ocupados por hombres y 1.394 por mujeres de nacionalidad española, más otros 41 extranjeros) que no contabilizaban oficialmente. Son un 58% más de empleos sacados a flote que en el año anterior. También se han conseguido 945 ampliaciones de jornada	Encarna Chacón pone el acento en otro aspecto. «Queda mucho trabajo que hacer no solo en la lucha contra la precariedad y el fraude laboral sino en cuanto a la propia legislación laboral. Cada día que pasa se hace más necesario que haya un gobierno de izquierdas y que este derogue la reforma laboral de Rajoy».	«La verdadera eficacia llegará cuando haya una nueva reforma laboral y un gobierno que acometa su cambio. Es verdad que existe fraude, y se está destapando, pero es solo la punta del iceberg de lo que se ha creado en este país por la normativa laboral aprobada por el anterior Gobierno del PP», concluye Chacón.	Los sindicatos, con todo, valoran este plan y reclaman, entre otros aspectos, que haya más inspectores. Hay 2.055 inspectores de Trabajo para todo el país. A esta cifra se unirán las nuevas incorporaciones tras los procesos selectivos en marcha (353 plazas), además de 160 plazas de la oferta de empleo público de este año y otras 160 que se prevén para 2020.	El Ministerio de Trabajo da continuidad al plan de hace un año. A partir de este mes y hasta diciembre de 2019 va a desarrollar un nuevo plan de choque contra la precariedad y el fraude laboral. En una primera fase se remitirán comunicaciones a las empresas en cuyos contratos temporales o a tiempo parcial se aprecien indicios de fraude. Los empresarios tienen un mes para su regularización.En una segunda fase, comprobados los casos en que no se hubiese realizado la regularización, actuará la Inspección. Se van a mandar en el conjunto de España 85.000 comunicaciones (un 4% más que en 2018) a empresas en los que se aprecian indicios de fraude, afectando a 238.015 trabajadores (un 81,9% más que en 2018). Contra la contratación temporal fraudulenta se enviarán 47.737 comunicaciones (un 17% menos) y 89.285 empleados (un 11,2% más). Finalmente para perseguir los abusos en la contratación a tiempo parcial serán 37.263 comunicaciones enviadas (un 35,3% más), que vinculan a 148.730 trabajadores (un 195,6% más), indica Trabajo.	
El plan contra el fraude laboral hace indefinidos a 3.770 trabajadores