Instituciones públicas y privadas como las embajadas, universidades, colegios, ministerios y la Dirección General de Pasaportes (DGP) siguen pidiendo actas del estado civil nuevas para cada trámite, a pesar de que un reglamento de la Junta Central Electoral dispuso que estas no tienen fecha de caducidad y deberían ser válidas para todos los procesos legales.	De acuerdo con el reglamento dictado durante la presidencia de Roberto Rosario en la entidad, las actas de nacimiento, de defunción, de matrimonio, de divorcio y demás actos del estado civil son válidos siempre y cuando se “conserven de modo tal que su contenido sea legible, se verifique la identidad y calidad del oficial del estado civil actuante y del sello de la oficialía del estado civil”.	Motivada por la “alta cantidad de quejas” de ciudadanos sobre instituciones que pedían actas de nacimiento nuevas para cada proceso, la oficina de la Defensora del Pueblo (DP) solicitó al pasado presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, “emitir un comunicado por la vía que considere de lugar aclarando el tema del vencimiento de las actas de nacimiento”. También sugirió “ponderar” la eliminación de la legalización de dichas actas.	La DP fue más lejos al considerar inaceptable que la administración pública solicite una información que ya está en su poder, y cita el artículo 7 de la Ley 107-13 que regula las relaciones de las personas con la administración, que postula: “Las personas tienen derecho a no presentar documentos que ya obren en poder de la administración pública o que versen sobre hechos no controvertidos o no relevantes”.	El pleno de la JCE se reunió el pasado lunes 23 de noviembre con el director General de Pasaportes, Néstor Julio Cruz Pichardo, a los fines de tratar la eliminación de las legalizaciones de actas. Se les presentó un proyecto con la finalidad de socializar las diferentes perspectivas y que la DGP presente su opinión al respecto.	
Instituciones que piden actas actualizadas violan reglamento