, cuando sancionó a 15 empresas con una multa de 118 millones de euros por formar un cártel que se repartió más de 200 concursos públicos de infraestructura ferroviaria de Adif valorados en unos mil millones de euros. La multa recibió duras críticas por parte de las empresas implicadas, que cuestionaron que se les intentara vetar de las licitaciones públicas simplemente por formar varias UTE (Unión Temporal de Empresas).	Pese a las críticas, Competencia ha insistido en su idea. El pasado miércoles, la institución comunicó que ha multado con 54 millones de euros a 19 empresas (y a ocho directivos) relacionadas con el montaje y mantenimiento industrial. Y, una vez más, pidió que se expulsara a estas empresas de los contratos públicos, pese a que el supuesto fraude afectó a contratos entre compañías privadas. En este caso,	. «Frente a las alegaciones de las empresas de que esta infracción afecta a licitaciones privadas por lo que no correspondería imponer una prohibición de contratar, esta sala recuerda que la LCSP en ningún momento se refiere a que la prohibición de contratar por falseamiento de la competencia tenga que estar relacionada con la contratación pública», explica la institución en la resolución del caso.	teniendo en cuenta que la mayoría de ellas interpondrán alegaciones contra los expedientes del «superregulador» de los mercados. Contra estas resoluciones no cabe recurso en vía administrativa, pero sí se puede interponer un contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional. Pese a que lo más probable es que el proceso se eternice, el mensaje de Competencia está claro. Y está calando en el ámbito empresarial. La propia resolución del expediente anunciado esta semana destaca que algunas empresas «han manifestado en sus alegaciones que en los procedimientos de licitaciones privadas es cada vez más habitual la exigencia de no estar inmerso en una prohibición de contratar con la Administración».	
La CNMC insiste al Ejecutivo en que no contrate a empresas condenadas por pactar precios