Frente a esto, el senador Castro mencionó que “el decreto no es lo suficientemente claro para garantizar que, en efecto, las sesiones sí puedan realizarse sin vicios de constitucionalidad”, pero explicó que será el Consejo de Estado el que debe determinar si el decreto es garante o no, mientras esperan instrucciones de la mesa directiva para saber cómo serán, desde cuándo se convocarán y qué proyectos estarán en la agenda.	Otra duda planteada por Robledo es alrededor de la Ley Quinta, pues cita un concepto emitido por la Unidad de asistencia técnica legislativa, sobre la Ley Quinta de 1992, en el que se lee que las reuniones virtuales del Congreso son “viables”; sin embargo, mientras no haya una reforma a la ley, las decisiones adoptadas “no tendrán la validez ni la fuerza vinculante para que gocen del amparo de legalidad”.	, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, explica que desde la teoría del derecho dinámico, “que busca que las instituciones jurídicas se ajusten a las realidades sociales y, que en lugar de ser elementos dogmáticos inmutables que por el tiempo terminen siendo anacrónicos, sirvan realmente para resolver los problemas de las comunidades, se podría decir que no hay inconstitucionalidad en convocar sesiones virtuales para que el Congreso de la República pueda trabajar”.	
¿Congreso llega a la virtualidad?