La crisis de la COVID-19 está teniendo un serio impacto en la salud y en la seguridad de las mujeres. Ellas asumen el mayor coste físico y emocional y tienen mayor riesgo de contagio por su continua exposición al virus. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a escala mundial, las mujeres representan alrededor del 70% de las personas que trabajan en la atención al público en los sistemas sanitarios y sociales.	Pero además de las consecuencias causadas directamente por la enfermedad, las mujeres sufren también la dificultad de acceder tanto a los servicios básicos de salud sexual y maternal (de hecho, las embarazadas temen por su salud a la hora de asistir a los controles y pueden quedar sin atención médica suficiente y sin compañía en los partos) como a programas preventivos de cáncer de mama, debido a la redirección de las necesidades médicas esenciales.	Asimismo, las mujeres, en general, asumen la mayor parte de los cuidados. Incluso antes de la COVID-19, realizaban el triple de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres. En la actualidad, las mujeres empleadas en el sector formal que tienen hijas o hijos se debaten entre su empleo (si lo pueden conservar), el cuidado infantil, la educación en el hogar, el cuidado de personas mayores y el trabajo doméstico.	2 Prestar atención a lo que ocurre en los hogares y potenciar el reparto equitativo de la carga de cuidados y de tareas domésticas entre las mujeres y los hombres. Esta es una gran oportunidad para erradicar los estereotipos y los roles de género tan arraigados en la mayoría de las casas de prácticamente todo el mundo.	Una medida concreta que los gobiernos pueden tomar es unirse a la campaña de ONU Mujeres HeforShe. Esta iniciativa invita a crear un movimiento valiente, visible y unido en defensa de la igualdad de género, pidiendo la participación de los hombres para garantizar que están cumpliendo su parte en las tareas del hogar, para así equilibrar la carga de los cuidados y de las tareas domésticas, que recae de forma desproporcionada en las mujeres.	3 Las ayudas económicas deben incluir medidas de protección social que reflejen la comprensión de las circunstancias especiales de las mujeres y el reconocimiento de la economía del cuidado. Esto supone garantizar la sanidad pública para todas las personas y licencias remuneradas y/o por enfermedad para quienes no pueden asistir a su trabajo por tener a su cargo niñas o niños o personas mayores.	4 Garantizar que las líneas de atención telefónica y los recursos para las mujeres que sufren violencia de género, sean servicios esenciales y que se mantengan siempre a su disposición. Además, es necesario que la administración pública dé respuestas a las necesidades de estas mujeres y de sus hijas e hijos.	

   			Triple daña Covid-19 a las mujeres: por salud, cuidados y violencia de género   		