La vicelehendakari, Idoia Mendia, ha trasladado este lunes al Consejo Vasco para la Inclusión Social la previsión de que en 2021 comience a tramitarse en el Parlamento vasco la nueva Ley de Garantía de Ingresos, que implicará el refuerzo de la actual RGI y buscará la integración del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en el sistema del sistema de protección social vasco, una vez que se produzca el traspaso íntegro de esta competencia.	Mendia ha dado a conocer, en la reunión del Consejo para la Inclusión Social, que prevé que el próximo año el Gobierno Vasco pueda presentar en la Cámara autonómica el anteproyecto de Ley de Garantía de Ingresos, cuyo principal objetivo es reforzar el modelo de RGI y la integración del IMV.	Precisamente, su universalización, "con especial incidencia en las familias desfavorecidas con hijos e hijas a su cargo", es uno de los retos que se marca para esta legislatura la vicelehendakari. En este sentido, ha explicado que este "impulso" ya se ha visto reflejado en los Presupuestos del Ejecutivo para 2021, que recogen un incremento de las cuantías de la RGI del 1,8%, el doble del crecimiento de los salarios de la administración pública.	Asimismo, ha transmitido su compromiso para "la mejora de la gestión y la agilidad en la tramitación, el rigor y el control de las prestaciones, y la inclusión social y laboral de las personas perceptoras de la Renta de Garantía de ingresos que estén en disposición de entrar en el mercado laboral".	Idoia Mendia también ha compartido cómo será el nuevo Plan de Inclusión 2022/2026, que atenderá las nuevas necesidades derivadas de la crisis de la covid-19. En la reunión, se ha puesto de manifiesto "la necesidad de reactivar los mecanismos de coordinación y colaboración con agentes ejecutores y gestores", según ha informado el Departamento de Trabajo y Empleo.	La consejera ha compartido un análisis sobre las consecuencias de la crisis pandémica en el sistema de inclusión social de Euskadi, y ha destacado que se detecta "un agravamiento" de las situaciones de exclusión social en aspectos como las necesidades básicas, la problemática residencial, la brecha digital o las desigualdades a nivel educativo y formativo.	"La meta es poner a la persona en el centro de las políticas dirigidas a la inclusión y trabajar de manera coordinada y armonizada desde los diferentes Sistemas de Bienestar, para dar respuesta a los grandes retos que tenemos planteados, con el objetivo de avanzar hacia una sociedad inclusiva que no deje a nadie atrás", ha concluido.	

                        Mendia traslada al Consejo para la Inclusión Social la previsión que en 2021 se tramite la Ley de Garantía de Ingresos
        