La planta de Agro Nitrogenados en Veracruz/ Foto: ArchivoNurit Martínez | El Sol de MéxicoDurante el primer año de la administración, el Gobierno Federal destinó 467 millones 292 mil pesos en la Segunda Fase de rehabilitación de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, en Veracruz, pese a que fue declarada como una herencia “chatarra” de la administración del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.	En la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación encontró que pese a que la planta de fertilizantes sigue detenida, las contratistas presentaron facturas por 6.6 millones de dólares y 57 millones de pesos adicionales por trabajos de la planeación de la Segunda Fase de rehabilitación planteados debido a que en la Cuarta Transformación no definió qué ocurriría con la planta.	La compra de la fábrica está en el centro de las pesquisas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada por Irma Eréndira Sandoval. Dentro del caso contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, esta planta representa operaciones con recursos de procedencia ilícita en sobornos por 3.4 millones de dólares de parte de Altos Hornos de México (AHMSA) para promover la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados.	En su conferencia de prensa del 22 de septiembre, el presidente de México aseguró que la compra de esa planta representó un quebranto por mil millones de dólares, "o sea, lo que costaba realmente la planta más el sobreprecio, más lo que destinaron para repararla. Si hablamos de mil millones de dólares, son 22, 23 mil millones de pesos del presupuesto público, dinero del pueblo en una sola operación".	"Ahora, ahí estamos echando a andar la planta porque ¿qué hacemos?, ¿la vendemos?, ¿cuánto nos dan?, pues muy poco; ¿la dejamos abandonada?, sería una irresponsabilidad. Entonces, optamos por echarla a andar y ahí se está ya produciendo; tenemos problemas, porque no tenemos gas que se requiere para la elaboración del fertilizante, pero bueno, ahí vamos enfrentando todo esto", añadió.	Según la ASF, en el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, “continúan sin cumplirse los objetivos y las metas de ponerlas en operación, debido principalmente a la falta de gas natural, bióxido de carbono y amoniaco, consideradas como materias primas para la producción de fertilizantes que dependen principalmente de lo que produce el Centro Nacional de Control del Gas Natural y el Complejo Petroquímico de Cosoleacaque”.	Además, con la revisión de los procedimientos de asignación de los contratos PRO-AGRO-CTO-22-2019 y PRO-AGROCTO-09-2019 se constató que “no se realizaron los estudios de mercado y el análisis de costo beneficio, no cuenta con la evidencia de haber verificado que las empresas concursantes se encontraban habilitadas o su profesión ni comprobó que contaran con la invitación respectiva que señala los requisitos, plazos y la descripción general del objeto de la contratación, la forma en que deberían presentarse las propuestas y los criterios para la evaluación y adjudicación de los contratos”.	En otro de los contratos (AGRODG-003/14) “no se cumplió durante la fase I el objetivo principal de determinar el estimado de costos en la versión final para la fase II, en virtud de que las contratistas continúan generando estimaciones y facturas con cargo a tres contratos (AGRODG-003/14, AGRO-DG-005/16 y PROAGRO-DG-10/16) por 147.4 mil dólares, seis millones 525.5 mil dólares y 57 millones 113.3 mil pesos, por lo que se continúa incrementando el monto de los trabajos que debieron ser calculados al término de la fase I” en un contrato de 2014.	Durante el primer año de la administración, el Gobierno Federal destinó 467 millones 292 mil pesos en la Segunda Fase de rehabilitación de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, en Veracruz, pese a que fue declarada como una herencia “chatarra” de la administración del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.	En la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación encontró que pese a que la planta de fertilizantes sigue detenida, las contratistas presentaron facturas por 6.6 millones de dólares y 57 millones de pesos adicionales por trabajos de la planeación de la Segunda Fase de rehabilitación planteados debido a que en la Cuarta Transformación no definió qué ocurriría con la planta.	La compra de la fábrica está en el centro de las pesquisas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada por Irma Eréndira Sandoval. Dentro del caso contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, esta planta representa operaciones con recursos de procedencia ilícita en sobornos por 3.4 millones de dólares de parte de Altos Hornos de México (AHMSA) para promover la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados.	En su conferencia de prensa del 22 de septiembre, el presidente de México aseguró que la compra de esa planta representó un quebranto por mil millones de dólares, "o sea, lo que costaba realmente la planta más el sobreprecio, más lo que destinaron para repararla. Si hablamos de mil millones de dólares, son 22, 23 mil millones de pesos del presupuesto público, dinero del pueblo en una sola operación".	"Ahora, ahí estamos echando a andar la planta porque ¿qué hacemos?, ¿la vendemos?, ¿cuánto nos dan?, pues muy poco; ¿la dejamos abandonada?, sería una irresponsabilidad. Entonces, optamos por echarla a andar y ahí se está ya produciendo; tenemos problemas, porque no tenemos gas que se requiere para la elaboración del fertilizante, pero bueno, ahí vamos enfrentando todo esto", añadió.	Según la ASF, en el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, “continúan sin cumplirse los objetivos y las metas de ponerlas en operación, debido principalmente a la falta de gas natural, bióxido de carbono y amoniaco, consideradas como materias primas para la producción de fertilizantes que dependen principalmente de lo que produce el Centro Nacional de Control del Gas Natural y el Complejo Petroquímico de Cosoleacaque”.	Además, con la revisión de los procedimientos de asignación de los contratos PRO-AGRO-CTO-22-2019 y PRO-AGROCTO-09-2019 se constató que “no se realizaron los estudios de mercado y el análisis de costo beneficio, no cuenta con la evidencia de haber verificado que las empresas concursantes se encontraban habilitadas o su profesión ni comprobó que contaran con la invitación respectiva que señala los requisitos, plazos y la descripción general del objeto de la contratación, la forma en que deberían presentarse las propuestas y los criterios para la evaluación y adjudicación de los contratos”.	En otro de los contratos (AGRODG-003/14) “no se cumplió durante la fase I el objetivo principal de determinar el estimado de costos en la versión final para la fase II, en virtud de que las contratistas continúan generando estimaciones y facturas con cargo a tres contratos (AGRODG-003/14, AGRO-DG-005/16 y PROAGRO-DG-10/16) por 147.4 mil dólares, seis millones 525.5 mil dólares y 57 millones 113.3 mil pesos, por lo que se continúa incrementando el monto de los trabajos que debieron ser calculados al término de la fase I” en un contrato de 2014.	

Gobierno de AMLO gasta 467 mdp en una planta "chatarra" en Veracruz
