El portavoz municipalista alude a que es necesario que los ayuntamientos puedan contratar agentes interinos en situaciones determinadas y por causas excepcionales, algo que no podrá ocurrir aunque el alcalde de Elda asegura que el servicio público debe primar frente a otros conflictos. Alfaro insistió ayer en que la realidad de los municipios debía ser tenida en cuenta garantizando la seguridad ciudadana como servicio público.	La iniciativa la adoptó el departamento de Gabriela Bravo después de que el Tribunal Constitucional avalara la cobertura de vacantes en las Policías Locales de Baleares con funcionarios interinos, algo que abría la posibilidad a numerosos recursos en consistorios valencianos. La propia conselleria sostiene que era necesaria una corrección vía enmienda porque de lo contrario se iba a generar un caos por falta de normativa.	A ello se une que los sindicatos CC OO y CSIF llevan semanas manifestándose contra de la modificación de la ley y ayer volvieron a concentrarse, como el pasado jueves, ante las Corts porque consideran que la interinidad aboca a la precariedad laboral en un puesto tan sensible como la Policía Local.	Con todo, la enmienda seguirá viva hasta el pleno que se celebrará dentro de unas semanas. El PSPV intentará convencer en este tiempo a Unides Podem (que sostiene que mantendrá su «no» hasta el final) o incluso al PP, partido que rechaza la enmienda del Botànic pero que hace unos meses criticaba, en declaraciones de su presidenta,	Mientras, la comisión de Presupuestos de las Corts se reanudó ayer después de que el jueves tuviera que suspenderse por el desacuerdo del Botànic en otra enmienda, en este caso la de la bonificación al impuesto de sucesiones en la empresa familiar, y por el plantón de la oposición tras 45 minutos de espera.	La comisión acabó de nuevo en bronca después de que el PP advirtiera por boca de su diputado Rubén Ibáñez que votar la nueva enmienda presentada por el Botànic era ilegal, por lo que durante varios minutos la comisión derivó en un intercambio de reproches casi a gritos sobre si votarla o no.	En la reanudación de la comisión ayer, la discusión entre el diputado popular y los miembros de la Mesa siguió. Ibáñez insistía en que se admitía una aberración jurídica y se daba una patada al reglamento ya que se votaba una enmienda fuera de plazo para salvar las vergüenzas del Botànic. Al final PP, Cs y Vox decidieron no participar en la votación. La socialista Escrig acusó a los populares de promover una pantomima y defendió que los cambios se hacían para beneficiar al conjunto de los valencianos. Pese a la tensión, los partidos del Botànic aprobaron finalmente la enmienda a la ley de Acompañamiento para bonificar el impuesto de sucesiones en caso de empresas agrícolas, unipersonales y profesionales y que pone un límite en la bonificación para el resto de empresas familiares de diez millones, un acuerdo que ya se había cerrado el pasado jueves, pero que necesitaba ser refrendado en una votación.	Finalmente, el Botànic aprobó al PP una de sus 53 enmiendas a la ley de medidas fiscales, gracias a la cual el anticipo para subvenciones a entidades sociales sin ánimo de lucro podrá llegar al 65 %, y a Ciudadanos una de 67, referida a vías pecuarias, que llevó a Toni Woodward a ironizar sobre la «condescendencia» del Botànic.	
La división del Botànic deja a los municipios sin posibilidad de contratar policías interinos