En departamentos como Cauca, Nariño y Chocó, en la costa del Pacífico, así como Norte de Santander y Arauca, fronterizos con Venezuela, y en la región del Bajo Cauca (Antioquia) se viven las situaciones más complejas por la presencia de bandas criminales como el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), entre otros.	"Hay zonas donde este acuerdo de paz no ha permitido reducir la violencia y al contrario la ha aumentado porque estamos viendo grupos de narcotraficantes y demás que tratan de recuperar el lugar que tenían las Farc en todos los tráficos ilegales", explicó a Efe el director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario, Yann Basset.	Las elecciones presidenciales del 2014 y del 2018, así como las regionales del 2015, fueron las más tranquilas en décadas ya que el influjo de la negociación de paz con las Farc llevó a esa guerrilla y al Eln a declarar treguas, con lo cual el país se libró de ataques contra candidatos y electores, la quema de urnas y el secuestros de jurados de votación.	El caso más grave fue el de la joven política liberal Karina García Sierra, candidata a la Alcaldía de Suárez (Cauca), que el 4 de septiembre fue asesinada a tiros dentro de una camioneta junto a cinco acompañantes, entre ellos su madre y un aspirante al concejo, y sus cadáveres incinerados, al parecer por disidentes de las Farc.	El resurgimiento de la violencia electoral esta asociado al narcotráfico, un problema en aumento en el país, con disputas de territorios entre disidentes de las Farc, el Eln y bandas criminales, lo que además ha ocasionado el desplazamiento de al menos 15 mil 140 personas en ocho departamentos desde enero hasta el 9 de octubre, según un informe de la Defensoría del Pueblo.	
Violencia política acecha  de nuevo las elecciones 