La Fiscalía Especial Contra la Impunidad y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano de Naciones Unidas que durante 12 años ayudó a investigar la corrupción en el país, realizaron una pesquisa en la cual habrían determinado que UNE incumplió su obligación de reportar al Tribunal Supremo Electoral los aportes que recibió durante la campaña de 2015.	“Las diligencias de investigación revelaron que la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña. De esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron”, indicó la Fiscalía.	La víspera el exfiscal del caso, Andrei González, denunció a la fiscal general Consuelo Porras por supuesta obstrucción y denegación de justicia alegando que retrasó intencionalmente el proceso de investigación y detención de Torres hasta que contó con inmunidad como candidata presidencial para las elecciones de 2019. Torres volvió a postularse este año y perdió en una segunda vuelta ante Alejandro Giammattei. Porras rechazó las acusaciones.	
Guatemala: jueza ordena investigar a excandidata