La determinación pendiente del Tribunal Supremo de EE.UU. (TSEU) en torno a si los(as) integrantes de la Junta Federal de Control Fiscal (JFCF) fueron o no constitucionalmente designados al amparo de la cláusula territorial (Artículo IV, Sec. 3, Constitución EEUU, 1787), reafirma la incertidumbre anquilosada colonial. La discusión promovida en la vista pública del TSEU (15 octubre 2019) es el fiel retrato del “amo” que chapaletea en los entornos del colonialismo en pleno siglo XXI. La JFCF defiende su designación sin necesidad de pasar por consejo y consentimiento del Senado de EE.UU. Quienes le retan tratan de impugnar sus decisiones —a como dé lugar— reclamando que dicha entidad tenga mayor anclaje en el poder del Ejecutivo, en lugar del Legislativo. En vez de que haya participación pluralista de las mayorías y minorías en ambos cuerpos legislativos para ofrecer ternas de candidatos(as) de donde el presidente de EE.UU. seleccione, quieren proveerle al poder Ejecutivo que libremente escoja todos(as) los(as) candidato(as) a la JFCF, sin velar por el balance entre mayorías y minorías. Consecuentemente, delimitan la participación representativa democrática exclusivamente al Senado de EE.UU. para su consejo y consentimiento. Eliminan del panorama decisional a la Cámara de Representantes y las minorías en ambos cuerpos, mecanismo novel que se legisló en la ley Promesa (por sus siglas en inglés). Contradictoriamente, las partes demandantes escogieron este camino jurídico para coartar la pluralidad democrática en su designación, en lugar de atajar los serios conflictos de intereses que tienen varios de los integrantes de la JFCF para impugnar su designación y por ende sus determinaciones.	La controversia trabada en la discusión ante el TSEU se resume en si las funciones de la JFCF son delimitadas a sustituir decisiones que, hasta su configuración, les correspondía tomarlas a funcionarios(as) locales. Determinaciones de reestructuración de la deuda son asuntos locales, tal como fue emitir la deuda, a pesar de que el Congreso legisló sus exenciones contributivas. No obstante, los acuerdos de reestructuración impulsados por la JFCF deben ser avalados por el Tribunal federal ante jueces designado(as) por el presidente de EE.UU. con consejo y consentimiento del Senado de EE.UU. El TSEU, al sopesar si los(as) integrantes de la JFCF son oficiales federales de carácter “inferior”, en cuyo caso no se requiere consejo y consentimiento del Senado de EE.UU., silencia cualquier reclamo de discrimen “racista” contra los territorios sostenido por los llamados “Casos Insulares”. Todo ello en función de si los poderes plenarios del Congreso de EE.UU., según dispuesto en la cláusula territorial (Art. IV, Sec. 3, Ibid) no obvian la cláusula de designaciones de funcionarios federales (Art. II, Sec. 2, Ibid). El juez presidente John Roberts despachó con dos oraciones el asunto del alegato de discrimen contra los territorios, expresando que nadie ha argumentado que dicha cláusula de designaciones no aplique a los territorios. “I thought the argument was that the Appointments Clause does apply to Puerto Rico and the question is simply whether it is implicated on these particular facts with respect to this particular agency?”…“I just don’t see the pertinence of the insular cases.” (Casos #18-1334, #18-1475, #18-1496, #18-1514, #18-1521, Transcripción, 15/10/2019, TSEU, p. 85-86).	En el ínterin, aunque en el verano (2019) el pueblo mediante manifestaciones masivas logró empezar a limpiar el lodazal político en las entrañas del gobierno albergado en La Fortaleza, el mensaje contundente no ha sido digerido por personajes nefastos que usan de escudo la defensa de la Constitución de Puerto Rico. Entre quienes quieren delimitar los poderes de la JFCF, hay quienes transitan en la podredumbre politiquera. Oportunistamente acentuando el carácter colonial de la creación de la JFCF, estos malhechores del patio maquiavélicamente argumentan que les usurpan sus poderes como político(as) electos(as). Aun cuando se supone fuese una camisa de fuerza fiscal, los casos destapados recientemente por la prensa y agencias investigadoras muestran que la JFCF tampoco ha sido capaz de frenar el despilfarro de fondos públicos.	Lejos de defender sus poderes constitucionales con la integridad en sus funciones, muchos(as) políticos(as) electos son el fiel retrato de la corrupción y mala administración, perpetuando el amiguismo, favoritismo, nepotismo, y clientelismo otorgando contratos para sellar la complicidad politiquera. Han creado dos mundos paralelos en Puerto Rico. Los(as) beneficiados(as) a quienes les llueve el dinero de las arcas públicas esquilmando al pueblo con impuestos para seguir “guisando”. Nada de este esquema cumple con los rigores más básicos de una sana administración en que los(as) empleados(as) públicos(as) son reclutados(as) por méritos. ¡Hay que desvestirnos de las vendas coloniales para que el remedio solicitado “no sea peor que la enfermedad”.	

        
            
            Ley Promesa: Compás de espera
        
    