Otro factor que tienen en cuenta en la determinación de que existe una recomendación colectiva de precios es que, además de ser accesible en la página web del Reicaz, se distribuyó una circular entre los letrados en la que se señala que «se podrá acudir a dicha lista en los supuestos en los que el propio cliente cuestione la remuneración de los abogados». «Por lo tanto, cuando exista discrepancia entre el precio propuesto por el profesional y el que esté dispuesto a pagar el consumidor, regirán los criterios del colegio de abogados», señala el tribunal, a la vez que incide que «se provoca una clara uniformidad de precios incluso en el supuesto poco probable de que en la fijación de dichos costes originales intervenga el juego de la libre competencia».	
El Colegio de Abogados de Zaragoza, condenado por fijar las tarifas de los letrados