En lo que se refiere al PP, han informado de que exigen al PSOE cordobés explicaciones sobre el trato de favor que recibía la fundación Guadalquivir Futuro. Así lo manifestaron ayer el vicesecretario de Política Territorial del PP de Córdoba y portavoz en la Diputación, Andrés Lorite, junto a la concejal María Jesús Botella.	Para Lorite, existen demasiadas casualidades en la relación entre el PSOE cordobés y la fundación Guadalquivir Futuro, asegurando que «lo que hay entre en el Partido Socialista de Córdoba y Guadalquivir Futuro es un grave caso de inmoralidad». Enumeró Lorite como presuntas casualidades el hecho de que el PSOE de Córdoba y esta fundación compartían dirigentes, que incluso formaban parte de la lista electoral en la ciudad de Córdoba; que esta fundación recibía cuantiosas subvenciones de administraciones gobernadas por el PSOE; que el gobierno de Antonio Ruiz en la Diputación le diera el máximo de subvención que se puede dar a una entidad de este tipo; que esa subvención aún no se haya reintegrado por su falta de justificación; que los 40.000 euros que el IPBS dio a esta fundación sirvieron para contratar al hijo del ex alcalde socialista de Luque: que los empleados de esta fundación eran obligados a asistir a mítines del PSOE; y lo último conocido, que la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía dio una subvención a esta fundación, a pesar de que no está entre sus objetos.	Al respecto, el teniente de alcalde Emilio Aumente indicó que en el Imdeec tan solo consta un contrato con la fundación Guadalquivir Futuro, «un acuerdo de, relativamente, moderada cuantía, 17.540 euros, que fue visado en principio por los responsables de la UE, al tratarse de fondos Feder, y que tampoco ha tenido problemas con los órganos de fiscalización municipales».	Por su parte, el grupo parlamentario de Adelante Andalucía está estudiando presentar alguna iniciativa en la Cámara andaluza a fin de que se diriman responsabilidades en el caso del supuesto cobro de mordidas a desempleados con cargo a los contratos de un programa de empleo público que abonaba la Junta de Andalucía por parte de dirigentes de la fundación Guadalquivir Futuro. Así lo anunciaron los parlamentarios de la confluencia Ángela Aguilera y David Moscoso, al hilo del informe pericial conocido esta semana sobre el uso dado a las ayudas recibidas por la fundación Guadalquivir Futuro, la asociación Jóvenes hacia el Futuro y la asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir entre 2014 y 2016, que ha detectado «falta de control» y «dejadez» en las cuentas de dichas entidades.	
PP y Adelante pedirán explicaciones sobre el caso de Guadalquivir Futuro