Al poner sobre la mesa ese mapa de 170 municipios, y superponer el de la guerra y los grupos ilegales, el mismo de los cultivos ilícitos y la minería ilegal, la coincidencia es total, como lo es con un tercer mapa con las decisiones del Acuerdo en cuanto a Zonas de Reserva Campesina y Zonas Veredales.	Con ella, han sido asesinados siete candidatos; cinco han sufrido atentados, dos más secuestro, 40 recibieron amenazas y 54 han sido víctimas de violencia, pero aunque el gobierno es responsable de hacerle frente a la situación, es claro que no es culpable de haber generado las condiciones de la violencia electoral, porque nadie sale a matar y amenazar candidatos de la noche a la mañana.	La responsabilidad es del gobierno que permitió esa superposición de violencias y “condiciones” negociadas con las Farc. En Cauca y Nariño hay 56 mil hectáreas de cultivos ilícitos, sobre 218 mil de Zonas de Reserva Campesina, cuatro Zonas Veredales y 25 municipios con PDET. Presencia de grupos ilegales, en donde, paradójicamente, los indígenas echan a la Fuerza Pública, y claro, la región corresponde una Circunscripción Especial.	¿Quién pone alcaldes bajo la amenaza de las armas en esas regiones? El narcotráfico, que necesita control territorial a partir del poder político, para que nadie se meta en sus negocios ilícitos, para corromper por las buenas o por las malas, para que el dinero de la recuperación se desvíe, porque no les interesan las vías, ni las escuelas ni el progreso, sino el abandono que mantenga la Colombia de esos mapas en el oscurantismo que proteja sus fechorías.	
 Geografía del poder y la guerra 