SANTIAGO DE CHILE (AP) — Una fuerte controversia se desató en Chile tras la arremetida de senadores oficialistas que buscan incluir a los criminales de lesa humanidad entre los favorecidos por un proyecto de ley que pretende que unos 1.300 presos comunes continúen sus condenas bajo arresto domiciliario para evitar el contagio con el coronavirus.	La presión de la mayoría de los legisladores conservadores llevó al presidente Sebastián Piñera a reactivar un proyecto de “ley humanitaria”, paralizado hace dos años en el Congreso, que busca enviar a sus domicilios a los violadores a los derechos humanos mayores de 75 años y a los enfermos con patologías terminales.	Piñera agudizó la controversia en una entrevista el fin de semana con la Asociación Regional de Canales de Televisión (Arcatel), al señalar que “yo creo que una persona que está condenada por crímenes de derechos humanos o crímenes de cualquier naturaleza, que se está muriendo, que le quedan semanas de vida, yo creo que debiésemos darle el beneficio que se muera en su casa”.	En el penal de Puente Alto, una barriada pobre en la periferia sur de la capital chilena, hay seis presos comunes contagiados y varios más esperan el resultado de sus exámenes. La semana última, decenas de reos protestaron al interior de la cárcel, mientras decenas de sus familiares se manifestaban en la calle.	
Por virus, podrían excarcelar a violadores de DDHH en Chile