Fino analista, el periodista Marcelo Falak analizó la situación actual de la política nacional en Letra P en la que conviven condimentos como la tormenta económica y social amenazante, los discursos de máxima al estilo Bolsonaro y los lanzallamas de la grieta. La semana pasada hubo de todo. Eduardo Duhalde y sus declaraciones sobre “guerra civil” y “golpe de estado” que atribuyó a un “comportamiento psicótico”, los discursos cargados de extremismos de Bullrich y Berni, los disparos de las minorías intensas a un lado y al otro de la grieta y los odiadores seriales de las redes sociales, azuzados por fake news y trolls, que polarizan aún más.	Me quedó esa idea del lanzallamas para lo ocurrido también la semana pasada en la provincia. La política local está buscando su cauce a medida que se abre la cuarentena y estallan los consensos con los posicionamientos de cada sector interno. La grieta se profundiza y no son pocos los que contribuyen a eso. El senador Juan Carlos Marino propone a Luis Brandoni, un fogoneador de la oposición, como ciudadano ilustre. No puede haber mayor señal de cómo se busca avivar el incendio.	Hubo dos cuestiones centrales en el escenario pampeano. Una en Diputados con la aprobación del pliego de Martín Matzkin del PRO como síndico del Pampetrol y el debate a qué bloque le correspondía el lugar. La otra el embate de los radicales al gobierno provincial por el Anguilgate y el uso de la seguridad como tema para la oposición.	El debate sobre si el puesto era para el tercer bloque (el PRO) o para la tercera fuerza electoral (Comunidad Organizada, hoy dividida) creó diferencias al interior de cada bancada. El tiempo dirá si estas discrepancias se profundizarán o solo fueron posturas pasajeras por este tema puntual. En el PJ el diputado Facundo Sola, de Compromiso Peronista y siempre con un perfil disidente, se abstuvo y no quiso votar como el resto. El marinismo dijo que adhería a lo que venía del Ejecutivo. El malestar de este sector está latente y lo hizo público hace no mucho su líder histórico Rubén Marín.	En el PRO fue llamativo que cuando se votaba un lugar para el sector, el diputado Eduardo Pepa se levantara de su banca y no apoyara al postulado por su bancada. Y hablando de lanzallamas, esa fue la salida del bloque ahora unipersonal de CO, la Pyme política de Tierno-Fonseca, solos y aislados, que hablaron de “corrupción institucional” al quedarse sin los lugares que pretendían y del “partido de la resistencia”. Los vaivenes políticos y la falta de coherencia en su trayectoria (Fonseca dispara contra un bloque que integró hasta diciembre, Tierno habla del ex gobernador Carlos Verna del que fue funcionario antes de que lo echaran) le dan poca seriedad a sus apreciaciones.	Hubo un fuerte documento político surgido del Comité provincial de la UCR, que no fue apoyado por todos sus miembros. El actual Comité no representa a todos los sectores. Se le atribuye el escrito a algunos dirigentes puntuales, puntualmente al presidente del partido. Fue una defensa a ultranza de un intendente radical que es cuestionado y en el que se duda de la Justicia que investiga hechos concretos. Una salida para presionar a los fiscales.	Mezcló además esa situación con las causas por las facturas truchas detectadas en las Comisiones de Fomento gobernadas por el peronismo, y por las cuáles ya hubo cinco condenas. Un argumento para defender la delicada situación del intendente anguilense usando como escudo casos de corrupción en la esfera del oficialismo. Es cierto que esas condenas no fueron lo duras que deberían haber sido y se podrían haber investigado en conjunto para determinar mayores responsabilidades, pero es extemporáneo este posicionamiento que se utiliza cuando es investigado un intendente radical y de hechos sobre los cuáles no se había hablado antes cuando se tuvo oportunidad.	En el documento, además, también se utilizó la problemática de la seguridad para criticar al gobierno provincial por los casos que hubo de abuso de autoridad por parte de efectivos policiales que están judicializados. El de la seguridad es un tema que también produjo cruces a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires entre el peronismo y la oposición.	Y aquí otra muestra más de los sectores internos agrietados. El documento radical no tuvo la “triple firma” (Comité provincial, Convención y bloque de diputados de la UCR) como se usó en otros cuando hay posiciones tomadas en consenso y en conjunto entre las distintas autoridades partidarias, una modalidad implementada por el diputado Francisco Torroba para darle mayor fuerza política a cada postura. También el PRO salió por las suyas reclamando por temáticas que hacen a la seguridad de la mano de Martín Maquieyra para no quedar relegado en la problemática frente al radicalismo. La disputa a flor de piel por quien critica más.	La seguridad se convirtió en un tema político que seguirá presente. El gobernador Sergio Zilioto salió a respaldar el domingo a la Policía provincial en su día al decir “no vamos a tolerar excesos, pero tampoco agravios”. Se considera que se está atacando la labor policial, por casos de abusos específicos que están judicializados, o usando denuncias que están en tela de juicio, como la del empresario detenido en Catriló, como forma de golpear políticamente al gobierno provincial.	
La política del lanzallamas: el Anguilgate y los bloques agrietados (*)