Uno de nuestros derechos es tener un mínimo de seguridad frente a la incertidumbre que rodea la vida humana. Seguridad de que los acuerdos serán cumplidos; seguridad frente a los delitos y la delincuencia y ante los riesgos sociales eventuales como el hambre, la enfermedad, el desempleo y las dificultades que pueden surgir de nuestro ciclo de vida. Las sociedades con mayores niveles de bienestar permiten a sus ciudadanos contar con condiciones para llevar adelante sus proyectos personales, incluso en contextos difíciles, con acceso a servicios de salud, ingresos mínimos y protección frente a las contingencias, reduciendo en algo nuestra vulnerabilidad.	La productividad social, la disminución de los delitos, la sensación de bienestar, se asocian al sentimiento de protección frente a la incertidumbre, a la idea de la posibilidad de tener un proyecto de futuro. En nuestro país estos meses han exacerbado las deficiencias institucionales y se ha puesto en evidencia la falta de previsión. Las diferencias de respuesta en los distintos países han dejado en claro que aquellos con mejores y más incluyentes sistemas de seguridad social y de salud, mejor cohesionadas socialmente, menos corruptos, no tan entregados a los intereses partidistas y con mayor apertura a las respuestas científicas, han enfrentando de mejor manera la crisis. No existe un libreto para responder a una situación como la que está atravesando la humanidad, pero es claro que se pueden hacer mejor o peor las cosas y con ello se puede agravar o aliviar la situación.	Hace unos días escuché a un político enojarse porque un periodista le preguntó sobre el impacto que en la actual situación de crisis tuvo una decisión que ese político tomó cuando ejercía el poder: no pagar el aporte estatal del 40 % al IESS (restablecido por la Corte Constitucional). El irascible personaje, mientras se tomaba la cabeza con las manos, decía: “ese dinero es del Estado, es lo mismo, usted no entiende nada”, dejando en claro que quien no entendía nada era él.	Todos los meses millones de ecuatorianos entregamos parte de nuestros ingresos al seguro social. Esos recursos son nuestros, no del Estado; los entregamos -obligados- con la expectativa de recibir, cuando las necesitemos, atención de salud o una pensión, pero todo el tiempo esos recursos son mal usados por la incompetencia de los administradores, su desvío para financiar acciones demagógicas y bandas de delincuentes. Da igual quien y como nos robe, es hora de parar esto. El manejo adecuado de la seguridad social debe ser uno de los temas de un acuerdo nacional mínimo, de seguir como estamos todo empeorará y estaremos aún más desprotegidos.	
No nos roben más