Esta no es la primera vez que el TC decide revocar una orden de prisión preventiva relacionada a la investigación que realiza el equipo especial Lava Jato. En abril del año pasado, también ordenó la puesta en libertad del expresidente Ollanta Humala y de su esposa, la exprimera dama Nadine Heredia. Ambos estuvieron recluidos por nueves meses y 15 días.	En “ATV Noticias”, el presidente del Tribunal Constitucional consideró que la figura de la prisión preventiva debe ser tratada “con pinzas”, porque esta herramienta fue diseñada básicamente “para delincuentes de máxima gravedad”, como aquellos que cometen delitos de terrorismo y narcotráfico. Añadió que últimamente se ha aplicado de manera amplia y sin limitaciones.	Indicó que del análisis hecho por el TC, se ha concluido que el juez Richard Concepción Carhuancho, quien dictó la prisión preventiva a la exparlamentaria en primera instancia, “no actuó respetando los parámetros constitucionales y convencionales” al momento de dar su resolución. “El juez en el proceso penal peruano es garantista, no es inquisidor”, agregó.	Añadió que desde el punto de vista de los magistrados que declararon procedente el hábeas corpus a favor de Fujimori Higuchi (Ver infografía), no existe una corroboración de los testimonios que el Ministerio Público presentó ante el Poder Judicial para sustentar la obstrucción a la justicia de parte de la excandidata presidencial.	El Tribunal Constitucional, en abril de 2018, revocó la orden de prisión preventiva que el Poder Judicial dictó contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, a quienes también el equipo especial Lava Jato investiga por lavado de activos por los presuntos aportes que Odebrecht entregó a la campaña presidencial del Partido Nacionalista en el 2011.	En aquella oportunidad, la relación de los votos a favor en comparación con la situación de Fujimori Higuchi solo sufrió un cambio: Eloy Espinosa-Saldaña respaldó la liberación de los nacionalistas, mientras que José Luis Sardón estuvo en contra. Este orden se invirtió respecto al hábeas corpus de la lideresa de Fuerza Popular.	El fallo del TC recuerda que si bien las dos resoluciones que sustentaron la prisión preventiva tomaron en cuenta dos testimonios para concluir que se elevó la probabilidad de que Humala y Heredia hayan recibido dinero de Venezuela para la campaña del 2006, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional no consideró cuatro declaraciones de testigos presentados por la defensa técnica aduciendo que no se requería la valoración de pruebas de descargo.	, referidos a la supuesta compra de testigos para beneficiar al ex presidente, ello considerando que “podría tratarse” del despliegue de actividades obstruccionistas en un proceso judicial anterior. Mas para el organismo constitucional, se violó el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad personal, pues las grabaciones “no permiten acreditar una conducta anterior en los mismos términos”.	En su resolución, el TC considera que la prisión preventiva “incide de forma particularmente grave en el derecho a la libertad personal”. Por ende, tal medida debe estar motivada adecuadamente y ser “estrictamente necesaria”, pues repercutirá en una persona “que aún no cuenta con una sentencia que reconozca y declare su culpabilidad”.	Hacia el final de su fallo, los magistrados que votaron en mayoría expresan que les llamó la atención que en la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, y en menor medida en el pronunciamiento de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, presidida por César Sahuanay, se formularon “afirmaciones que dan por hecho que los investigados son autores de delitos”.	Para el TC, aunque podrían tratarse de “afirmaciones desprolijas”, “no dejan de ser expresiones reñidas con la presunción de inocencia”. La entidad se expresa así contra “juicios paralelos o mediáticos” que “pretenden que la institución de la prisión preventiva sea aplicada como una sentencia anticipada a aquel que, sin mediar aún un justo proceso, la mayoría de la población o un sector con capacidad de posicionamiento mediático ya ha ‘juzgado’ como culpable”. Por ello, llama a los jueces a mantenerse inmunes frente a esas “presiones”.	
 Un paralelo entre la situación de Keiko Fujimori con la de Ollanta Humala en el TC