Más de 1.400 facturas de 174 proveedores diferentes, que suman 1,3 millones de euros, fueron reconocidas este jueves por la mañana en el Pleno municipal con la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito que permita aplicar al presupuesto del ejercicio 2019 gastos procedentes del año pasado. El asunto motivó un largo e intenso debate en el que fueron generalizadas las críticas de la oposición, que denunciaron irregularidades y falta de transparencia, mientras que el PP se defendió asegurando que el problema se ha ocasionado por la aprobación el año pasado la nueva Ley de Contratación.	El portavoz socialista, Manolo García defendió el derecho de las empresas y colectivos afectados a cobrar por los servicios prestados, pero denunció irregularidades que consideró «muy graves». García, como el resto de formaciones, aludió en varias ocasiones al «demoledor» informe del interventor municipal, que en su opinión alerta de una tramitación «sin transparencia, sin rigor y sin orden» que ahora se quiere solucionar con un procedimiento que «raya la ilegalidad».	Entre las irregularidades, el PSOE detalló el pago a empresas por contratos que no están en vigor, prórrogas de otros contratos sin que estuviera previsto en ellos, un contrato para adquirir ropa de trabajo por 2.000 euros en el que se acabó metiendo un coche de 15.000 euros o trabajos por valor de hasta 63.000 euros para los que no se ha realizado procedimiento de licitación alguno. «No hay por dónde cogerlo», denunció.	También el portavoz de IU, Ricardo Fernández, aludió a la «mala planificación» del PP como responsable del problema y recordó que hace solo dos meses que se aprobó el presupuesto de este año sin que se contemplara la medida. «Una cosa son 20 facturas y otra casi 1.500 facturas», dijo tras asegurar que el procedimiento tenía el informe negativo del interventor, algo que negó posteriormente el portavoz del PP, José Juan Rodríguez.	También Lourdes García, portavoz de Ciudadanos, mencionó las advertencias del interventor con respecto a los procedimientos de contratación que se pretendían regularizar, recordando que es el propio interventor el que dice en su informe que hay problemas por eludir los requisitos de la debida publicidad de los contratos o la omisión de la función interventora. La edil, como hicieron los otros grupos, aludió al gasto de gasolina, que sumaba en facturas por reconocer unos 250.000 euros, lo que le dio pie a recordar las múltiples peticiones presentadas por su grupo relativas a pedir que se aclaren cuántos vehículos municipales hay, el uso que se hace de ellos y el control que se realiza sobre el mismo.	Desde el PP la respuesta fue triple, ya que intervino el concejal de Hacienda Pedro Antonio López, el portavoz, José Juan Rodríguez y el propio alcalde, Gabriel Amat, a los que hay que sumar las intervenciones de la edil no adscrita, María José López, que centró su discurso, como es habitual, en criticar las posturas de los demás grupos de la oposición.	Pedro Antonio López defendió que en el presupuesto de 2019 hay suficiente margen para reconocer esta deuda sin afectar a la estabilidad y aseguró que todas las facturas están avaladas por técnicos de cada área que certifican que se han realizado los trabajos y que éstos se llevaron a cabo a precios de mercado. «Si se vota en contra es que no se quiere que se pague a los proveedores y el que se abstenga es que le da lo mismo que se pague o no», reflexionó sobre el voto de los demás.	José Juan Rodríguez restó hierro al asunto explicando que «no es más que regularizar una serie de facturas que se comprometieron en 2018 y se reconocen en 2019» y recordó que es un trámite que realizan de forma habitual numerosas administraciones en todo el país, algo que se ha generalizado tras la aprobación de la nueva Ley de Contratos. Rodríguez citó casos de municipios gobernados por cada uno de los partidos de la oposición en los que se han hecho trámites similares y resaltó que en el caso de Roquetas, éstos no tienen ningún reparo de los técnicos ni del interventor, con expedientes «intachables». Además, recordó que en 10 meses el Consistorio roquetero ha tenido 4 interventores y que los trámites se han multiplicado con la nueva ley, sobre cuya aplicación Roquetas es uno de los municipios más aventajados.	También el alcalde habló en términos parecidos, asegurando que «somos el Ayuntamiento que mejor situación tiene y más control de los pagos de toda España». El problema, según Gabriel Amat, es que con la nueva ley «para comprar un bolígrafo tienes que hacer un contrato menor», lo que ha complicado mucho los trámites. En este sentido, recordó que este reconocimiento extrajudicial «es el primero que hemos hecho en 24 años».	
El Pleno acuerda reconocer unas 1.400 facturas de 2018 por valor de 1,3 millones