Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana explican el uso de la mascarilla a peatones y vendedores ambulantes en Caracas, Venezuela, 29 de julio de 2020. En medio de un aumento alarmante en los nuevos casos de coronavirus, el presidente Nicolás Maduro y sus aliados siguen adelante con los planes de celebrar elecciones legislativas en diciembre. (AP Foto/Matias Delacroix)	En Venezuela — que ha estado en cuarentena desde el 16 de marzo, tres días después que se confirmaron los dos primeros casos— se contabilizan 18.410 casos positivos. De ese total, 16.965 fueron detectados entre el 1 de mayo y el 31 de julio, mientras la cifra de fallecidos saltó de 14 a 164 en ese período.	“Nosotros estamos... con la mente puesta en la movilización, en la organización a pesar de la pandemia”, agregó el gobernante, quien confía que “esta vez el pueblo de Venezuela no va a fallar, esta vez el pueblo de Venezuela va a ir a votar y vamos a ganar la Asamblea Nacional”, cuya mayoría abrumadora perdió el oficialismo en 2015.	Muchos como Yesica Valiente, empleada en el Ministerio de Transporte, consideran que la consulta es una “buena idea”, a pesar de que se “este en plena pandemia”; otros como Álvaro Ramírez, obrero en un mercado mayorista de Caracas, piensa que la elección es parte de una trama del “gobierno para nunca salir del poder”.	Las dudas sobre la imparcialidad del CNE -- que es acusado de fijar las fechas de las elecciones y sus condiciones para que se ajusten a los objetivos políticos del Ejecutivo-- no cesan, pese a la designación de nuevos miembros directivos. El organismo es considerado ilegitimo por los críticos de Maduro luego que el Tribunal Supremo de Justicia designó a sus directores, sin cumplir los extremos legales previsto en la Constitución, alegando que los legisladores incurrieron en una “omisión inconstitucional”.	El máximo tribunal, que controla el gobierno, tal y como lo ha hecho desde que los diputados fueron elegidos en diciembre del 2015, mediante una sentencia despojó de otra de sus atribuciones a la actual Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que por mandato constitucional tiene la potestad de elegir a los miembros de los directivos del CNE.	El Tribunal también suspendió entre mayo y junio a las juntas directivas de los cuatro mayores partidos opositores y en su lugar designó a opositores disidentes que rechazan el boicot de los comicios legislativos planteado por los líderes dejados de lado judicialmente. Entre los nuevos miembros de las juntas ejecutivas de los partidos sometidos al dictamen del Tribunal figuran algunos dirigentes que fueron expulsados de esas organizaciones por presunta corrupción y vínculos con Maduro.	El partido Acción Democrática -- a semejanza de Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular, donde milita el líder opositor Juan Guaidó-- sostiene que Maduro busca darle “algún viso de credibilidad a esta farsa electoral” e intenta “confundir” a los electores al entregar los nombres y símbolos de esas organizaciones políticas a disidentes opositores.	Los adversarios de Maduro en su mayoría afirman que los comicios en Venezuela no son libres ni justos, particularmente después de la reelección de Maduro en el 2018, comicios que fueron adelantados y se inhabilitó a varios de los líderes y partidos opositores más populares para participar. Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos de la región no reconocieron ese resultado.	
Venezuela: Sigue proceso electoral en medio del COVID-19