Sin embargo, la sala considera que "así como el ente público no puede arrogarse una acción pública penal con la excusa de su posible conexión con alguna de sus competencias, tampoco puede el Ayuntamiento de Barcelona, con la misma excusa, pretender el ejercicio de la acusación popular, so pena de incurrir en una interpretación exorbitante e incompatible con la habilitación expresa que exige la doctrina y la jurisprudencia".	
El Ayuntamiento de Barcelona, expulsado de la causa por las cargas del 1-O