Los más activos en la intención de detener las publicaciones de las declaraciones juradas fueron los diputados colorados, pese a que muchos no han sido afectados al quedar fuera del periodo de tiempo competente, es decir, ingresaron a la función pública después del 2017. Igualmente, este sector, conocido por su corporativismo, operó para ocultar los multimillonarios bienes de colegas y patrones, muchos de los cuales se enriquecieron a costa del Estado.	Uno de los casos llamativos es el del presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Pedro Alliana, cuyo patrimonio saltó de G. 900 millones a G. 6.000 millones. Este ascenso de su riqueza se dio, según lo revelado hasta ahora por la Contraloría General de la República (CGR), entre 2008 y 2017, siendo primero gobernador del Departamento de Ñeembucú y luego diputado de la Nación.	Alliana se encuentra entre los que dieron voto para aprobar el proyecto de ley que impide la publicación de las declaraciones juradas sin orden judicial y habilita a falsear datos, haciéndolos pasar como error administrativo. También firmó junto con una veintena de diputados una recusación contra los ministros de la Corte para suspender los trámites procesales de la acción de inconstitucionalidad contra la publicación de las declaraciones juradas.	Otro caso es el del cartista Hugo Ramírez, quien siendo concejal de Asunción acumuló una riqueza de casi G. 2.000 millones. Mientras que justo Zacarías, siendo gobernador de Alto Paraná, alcanzó G. 7.000 millones solo hasta 2014. Su colega Avelino Dávalos, ejerciendo como gobernador de Caazapá, hasta 2014 superó los G. 4.000 millones.	
Diputados de ANR operaron para ocultar el enriquecimiento