En el mismo periodo, se remitieron 175 quejas a las Visitadurías, de las cuales 60 fueron a la Secretaría De Seguridad Pública; a la Policía Municipal de Kanasín, 34; a la Secretaría de Educación del Estado, 18; al Ayuntamiento de Celestún, 8; a la Fiscalía General del Estado, 8; al Ayuntamiento de Panabá, 4; Ayuntamiento de Valladolid, 4; Policía Municipal de Dzidzantún, 4; Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 4; Secretaría de Salud de Yucatán, 4; entre otras autoridades.	Los hechos violatorios más señalados por los ciudadanos fueron: prestación indebida del servicio público, detención arbitraria, lesiones, robo, allanamiento de morada, violación a los derechos del niño, amenazas, violación al derecho a la libertad de tránsito y residencia, violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica así como al derecho de los menores a que se proteja su integridad.	Entre las autoridades a quienes se les dictó la medida cautelar se encuentran: Ayuntamiento de Kanasín con 13; Secretaría de Educación, 12; Secretaría de Seguridad Pública, 11; Ayuntamiento de Valladolid, 9; Ayuntamiento de Celestún, 6; Ayuntamiento de Panabá, 6; Fiscalía General del Estado, 6; Ayuntamiento de Río Lagartos, 5; Secretaría de Salud, 5; Ayuntamiento de Hoctún, 4; Ayuntamiento de Peto, 4; Ayuntamiento de Tizimín, 4, y Ayuntamiento de Buctzotz, 4, entre otras.	Desde el mes de marzo, que se emitieron los criterios generales para la organización y funcionamiento de la Codhey durante el periodo de contingencia ocasionado por el coronavirus se han cumplido con las medidas sanitarias dictadas por la autoridad competente, por lo que el personal labora a puertas cerradas y a través de un sistema escalonado en congruencia con la reapertura gradual, ordenada y cauta, así como la debida equidad en la determinación de los tiempos presenciales.	
Abusos, otro saldo del virus