La reforma educativa --que ha provocado protestas masivas y paro de actividades del sector en el país-- fue aprobada por la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y supuestamente suponía una modernización del sector. Además, imponía exámenes y evaluaciones para los docentes y quitaba poder a los sindicatos, encargados hasta entonces de controlar y gestionar las contrataciones y promociones de profesores y acusados de comprar y vender plazas.	A pesar de los cambios que propone, el mandatario aseguró que eso no conllevaría regresar a las viejas prácticas que muchos critican. “Las plazas (los empleos) se tienen que entregar de acuerdo a los méritos pero, eso sí, darle preferencia a los egresados de las normales (las escuelas de magisterio)”, aseguró en abril López Obrador.	Los grandes sindicatos mexicanos, incluido el de trabajadores de la enseñanza, han sido tradicionalmente tachados de corruptos en México. Uno minoritario de maestros es el que insiste en que se modifique la reforma y aprovechó las movilizaciones tradicionales del 1 de mayo para recordarle al gobierno que tiene esa asignatura pendiente.	El Senado cerró el martes su periodo ordinario de sesiones pero el miércoles decidió que volverá a tratar el tema en un periodo extraordinario a partir del 14 de mayo donde se debatirán también otras leyes pendientes, entre ellas, las que regularán el funcionamiento de la recién creada Guardia Nacional, el nuevo cuerdo de policías y militares con el que el gobierno aspira a reducir los índices de violencia en el país.	
México: incertidumbre sobre futuro de reforma educativa