La oposición en bloque obligó ayer en el pleno a dejar sobre la mesa los pliegos del nuevo contrato para el autobús urbano de Barakaldo. Se trata de una medida que también habían solicitado por escrito los trabajadores del Kbus, que vienen realizando jornadas de huelga desde finales del pasado año. El equipo de gobierno había propuesto una contratación para los próximos diez años, con un coste anual de 2,3 millones de euros.	La sesión se desarrolló a puerta cerrada, después de que la protesta de los trabajadores de la OTA, que denunciaron el despido de una compañera, motivara el desalojo del público. Previamente, se había aprobado, con los votos en contra del PSE y el PP, la contratación de letrados externos para la defensa del Ayuntamiento frente al recurso contencioso administrativo interpuesto por la Fundación Miranda contra un acuerdo plenario que pedía el despido del gerente y la dimisión de varios patronos.	Por su parte, la portavoz del PSE, Ana Belén Quijada, reivindicó que la mejora del servicio se aborde «entre todos: partidos políticos, vecinos y trabajadores». El edil de Irabazi, Ramón Sánchez, recordó que el pleno ya le advirtió al equipo de gobierno su disconformidad con el borrador de pliegos cuando lo presentó en julio de 2017. El concejal del PP, Víctor Rodríguez, alertó sobre los «devastadores» informes del interventor, que alertan de «irregularidades en materia de contratación».	
La oposición de Barakaldo deja sobre la mesa el nuevo contrato del Kbus