Pese a la urgencia de descongestionar las cárceles en plena emergencia, los proyectos de deshacinamiento fueron rechazados por el Congreso.El presidente Martín Vizcarra anunció que el Gobierno presentará un pedido para que el Congreso le otorgue facultades legislativas a fin de emitir leyes que permitan atender la crisis de los penales. (Foto: GEC).	En primer lugar, se abría la puerta a la revisión de la prisión preventiva para los procesados –es decir, quienes no tienen sentencia- que cumplieran una de las siguientes condiciones: haber cumplido con la mitad del plazo de la medida preventiva (en caso de tener antecedentes penales, tendrían que haber cumplido dos terceras partes), haber sido sujetos a una prolongación o adecuación de la prisión preventiva, ser mujer gestante o con hijos menores de 3 años, tener más de 65 años de edad o padecer una discapacidad.	La posibilidad de cesar la prisión preventiva, sin embargo, quedaba excluida para los procesados por los siguientes delitos: terrorismo, contra la vida, el cuerpo y la salud; contra la libertad, contra el patrimonio, contra la seguridad pública, contra la tranquilidad pública, contra la humanidad, contra los poderes del Estado y el orden constitucional, contra la administración pública y lavado de activos.	Del mismo modo, no podrían excarcelarse a los procesados por delitos con pena de cadena perpetua o penas mayores de 10 años o por delitos cometidos en el marco de la Ley contra el crimen organizado y los previstos en la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.	Por último, el proyecto permitía también la excarcelación de un grupo de reos condenados: la remisión condicional de la pena podía aplicarse para los internos que hayan cumplido con al menos dos tercios de la pena, siempre que se trate de: mayores de 65 años de edad que adolezcan de enfermedades graves o crónicas, consideradas riesgosas frente al	El sector aclaró que el gobierno en ningún momento intentó trasladar este problema al Parlamento, pero en vista a que no se delegó al Poder Ejecutivo la competencia para variar la situación jurídica de las personas privadas de libertad, a pesar de haberlo solicitado, consideró que era necesario trabajar en conjunto, como país, para controlar y mitigar la epidemia del Covid-19 en los penales	Primero, el Ejecutivo reacciona tarde. A los 10 o 15 días de la cuarentena, el presidente de la República dice que no hay contagiados en penales, cuando no se había tomado una sola prueba a ningún preso. En el día 40 de la cuarentena, recién el Poder judicial da una respuesta tardía e ineficaz, cuando José Luis Lecaros	Castillo, además, sostiene que el archivo de los proyectos sobre deshacinamiento “coloca en peligro la vida de internos y personal penitenciario” y que la falta de medidas para descongestionar los penales puede generar responsabilidad internacional para el Estado. “Las políticas de deshacinamiento han sido demandadas por las Naciones Unidas, la Corte y Comision de Derechos Humanos”, precisa.	ha establecido ya que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos a la vida e integridad de los internos. “Esta pandemia ha desnudado muchos problemas de infraestructura, logísticos y económicos del sistema penitenciario. Es importante que el Estado tome medidas especiales y urgentes para contener el riesgo de contagio”, asegura.	
 Gobierno pedirá facultades para legislar sobre penales: Estas fueron las propuestas que el Congreso rechazó