Cerca de 3.000 cuidadoras no profesionales de personas dependientes podrán volver a cotizar a la Seguridad Social de forma gratuita. Se trata de una prestación que se eliminó con los recortes aplicados a la Ley de Dependiencia en el año 2012 y que el gobierno de Pedro Sánchez ha recuperado en su decreto de medidas urgentes para la igualdad de trato y oportunidades. El texto ya ha entrado en vigor y las interesadas tienen de plazo hasta junio para solicitar el alta en la Tesorería de la Seguridad Social.	A día de hoy, 6.570 personas tienen en la región una prestación económica por hacerse cargo de un familiar dependiente y según los cálculos del Gobierno, entre el 40% y el 45% podrán beneficiarse de la medida (2.956), ya que para ello hay que cumplir unos requisitos: no estar dado de alta en ningún régimen de la Seguridad Social a tiempo completo ni cobrar prestaciones por desempleo o pensiones. A estas 2.956 cuidadoras hay que sumar las 160 que en la región ya estaban dadas de alta porque habían optado por abonar ellas mismas sus cotizaciones.	Estas cuidadoras reciben de media unos 400 euros mensuales por cuidar a un familiar dependiente. En su gran mayoría son mujeres de entre 56 y 60 años que han dejado de trabajar para asumir el rol de cuidadoras. Esta figura es una de las posibilidades que contempla la Ley de Dependencia, al igual que las plazas en residencias, la ayuda a domicilio o las prestaciones económicas vinculadas al servicio (ayudan a sufragar el coste de un geriátrico o un cuidador profesional).	AYUDAS MINORITARIAS / Actualmente el 23% de los beneficiarios de la ley de dependencia en Extremadura tienen asignadas estas prestaciones para recibir cuidados en el entorno familiar. Son las ayudas que menos se conceden, por detrás de las prestaciones económicas vinculadas al servicio (49%) y el resto de servicios como las plazas en residencias o la teleasistencia (37%).	Hasta el año 2012, el Gobierno central asumía la cotización de las cuidadoras no profesionales, con un coste de entre 60 y 120 euros en función del grado de dependencia reconocido al familiar dependiente. Pero a partir del 2013, con los recortes aplicados a Ley de Dependencia para contener el gasto público, dejó de hacerlo. Desde ese momento, eran las propias interesadas las que debían asumir el coste del alta en el convenio especial para cuidadores no profesionales. Y la gran mayoría optó por no hacerlo y darse de baja ya que al mismo tiempo vieron recortadas las prestaciones un 15%.	A partir de ahora, y como ocurría antes, el Estado empezará a cubrir íntegramente las cuotas de cotización, de forma que las beneficiarias no tendrán que asumir coste alguno, siempre que cumplan los requisitos exigidos: no estar dadas de alta en ningún régimen de la Seguridad Social a tiempo completo ni percibir prestaciones por desempleo o pensiones. Para las 160 personas que ya están cotizando el proceso será automático, pero para el resto no: deberán dirigirse a las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social para firmar el convenio especial de cuidadores no profesionales. Para ello hay de plazo hasta el 8 de julio (90 días tras la entrada en vigor del decreto, que fue el 8 de abril).	VÍA DECRETO / Los Presupuestos Generales del Estado incluían una partida de 315 millones de euros para costear la medida, pero después de que las cuentas fuesen tumbadas en el Congreso, el Gobierno optó por la vía del decreto para su aplicación. El texto aprobado por el Gobierno socialista recoge que con esta medida se pretende «poner en valor la figura del cuidador no profesional de personas en situación de dependencia», un colectivo feminizado casi al cien por cien que en muchos casos se ve abocado a abandonar su puesto de trabajo.	
3.000 cuidadoras de personas dependientes volverán a cotizar