Hace algunas semanas, un juez federal giró una orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Lozoya es acusado desde hace meses de haber incurrido en actos de corrupción, en la compra de una planta industrial, cuando era director de Pemex. Igualmente, su involucramiento con el tema de Odebrecht tuvo que ver con estos hechos.	Después de otorgarse las órdenes de aprehensión contra Lozoya, se giraron órdenes también contra su esposa, su madre y su hermana. Son diversas las acusaciones, pero todas tienen que ver con Lozoya. Es muy probable que, si la acusación contra Lozoya no fuera tan atractiva desde la óptica mediática (por ser este un exfuncionario del gobierno de Peña) lo más seguro es que no se hubieran integrado carpetas contra su familia. El elemento detonador de este proceder, fue precisamente la negativa a entregarse por parte del exdirector de Pemex. Sostiene que no hay garantías para enfrentar un juicio justo.	Al ver esta negativa, la Fiscalía General de la República instruyó la detención de la familia de Lozoya, ejerciendo de esta manera una presión sobre el exfuncionario, para que decida entregarse, a cambio de que dejen en paz a su familia. Una fórmula similar a la referida por el exgobernador Javier Duarte, en un video presentado a los medios de comunicación en días recientes, mismo que fue grabado momentos antes de su captura.	El aparato de procuración de justicia no debe usarse como ariete político; de ahí que se requiera dotar al Ministerio Público de una verdadera autonomía, pues la reforma constitucional que trajo consigo la creación de la Fiscalía General de la República, parece no ser suficiente. Prueba de ello, es que el presidente a cada rato habla de que no intervendrá en las decisiones de las autoridades encargadas de procurar justicia. Si existiera un verdadero límite a ello, el presidente ni siquiera tendría que mencionarlo.	Vemos que, en países más desarrollados que el nuestro, tales como Estados Unidos y algunos ejemplos europeos, la voluntad de ejercer acción penal contra X o Y personaje, no dependen del momento político. Incluso, se ven ejemplos como el hecho de investigar al propio presidente, tal como le sucedió a Clinton y a Trump, por conducto de fiscales especiales.	El cargar la procuración de justicia con un elemento político y coyuntural, pervierte esta, pues mientras la política implica buscar acuerdos y consensos en pro de la mayoría, la justicia debe ser ciega y proteger al ciudadano, incluso en contra de la mayoría. De ahí que, como he repetido en diversas ocasiones en este mismo foro, los juzgadores no sean electos mediante el voto popular.	Quizá muchos esperan que haga un pronunciamiento en relación con los hechos ventilados en días recientes, en donde a un miembro de mi familia directa se le involucra en presuntos actos de corrupción. El único ‘delito’ que en realidad se puede acreditar al acusado, es tener un vínculo familiar con el exgobernador César Duarte.	Si bien sí tengo muchas cosas qué decir, y citar muchos excesos en que ha incurrido el gobierno de Javier Corral en esta nueva embestida contra todo lo que huela a Duarte, creo que por ahora lo omitiré, para no entorpecer las investigaciones, ni contaminar un proceso, ya de por sí contaminado. Lo hago con la convicción de que, al final, la justicia se sobrepone a todos los excesos en que incurren los que temporalmente detentan el poder. Al final, el veredicto dictado en el tribunal de la historia es inapelable.	
La ‘justicia’ política