El fallido proyecto gasístico Castor, cuya indemnización de casi 1.351 millones de euros por la hibernación del mismo fue anulada por el Tribunal Constitucional hace ahora un año -las prisas del Gobierno le llevaron a no justificar debidamente la «urgencia» en abonar esa importante suma-, acaba de abrir otro frente judicial. Esta vez es la gran banca la que reclama ese dinero.	El argumento usado por Santander, CaixaBank y Bankia es que estas tres entidades se hicieron cargo de la deuda generada por Castor y financiaron su mantenimiento, a la espera de verse resarcidas luego con las compensaciones que recibiría del Estado la sociedad Escal-UGS, promotora del proyecto. En virtud de un acuerdo del Consejo de Ministros, era la Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados (CNMC) la que venía realizando esos abonos cada mes (6,7 millones) con cargo al sistema gasista.	Así ocurrió entre 2014 y 2017, hasta que el Constitucional declaró nulos varios puntos del decreto de indemnización y en enero de 2018 la CNMC dejó de pagar las cantidades a la banca. A su vez, el Tribunal Supremo estimó después varios recursos de la patronal catalana Cecot para que se fueran reintegrando a los consumidores de gas -a través de presumibles descuentos en próximos recibos- casi 118 millones ya pagados -como peajes y cánones en la factura- por Castor.	Pero Santander, CaixaBank y Bankia sostienen que la sentencia del Constitucional no entraba en el fondo de la motivación de esa polémica indemnización, sino que cuestionaba las formas. Por eso presentaron en abril pasado ante el Ejecutivo una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador», exigiendo la devolución de los 1.351 millones que ellos sí financiaron porque, de lo contrario, entienden que se estaría beneficiando de una interpretación subjetiva del auto.	Debido al impacto de tal cuantía, según fuentes del sector financiero, incluso ofrecieron «flexibilizar» los pagos y sacarlos fuera del sistema gasista si fuera necesario -este es uno de los puntos controvertidos que ha acabado en el Supremo-, pero el Consejo de Ministros no les dio respuesta alguna. Agotado el plazo previsto para ello, las tres entidades estaban legitimadas para recurrir ante el alto tribunal.	
La gran banca reclama al Estado ante el Supremo 1.350 millones por el proyecto Castor