El propietario de la compañía WF Computer Services, William Figueroa, solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez y a la Junta Federal de Control Fiscal que se investiguen las posibles irregularidades en el proceso de subasta para el otorgamiento de un contrato para la compra de 159,330 computadoras para las escuelas públicas.	“Teniendo en cuenta los recientes eventos que han afectado la asignación de fondos dirigida al Departamento de Educación (DE), es necesario llamar su atención sobre el entorno que prevalece en el DE para que se implemente una estructura adecuada de supervisión y gestión de fondos federales para garantizar la efectividad y el uso adecuado de los fondos designados. La asignación de dichos fondos no debe interpretarse como una aprobación incondicional de los gastos o para consumirlos de manera descuidada. Estos fondos tienen el objetivo de llegar a nuestros hijos para su desarrollo académico”, reza la misiva.	Dice la carta que se observa que los fondos especiales Restart, estimados en alrededor de $589 millones, se asignaron entre otras cosas para ayudar a sufragar los gastos de restauración de las operaciones de las escuelas y la adquisición de equipos tecnológicos como computadoras, tabletas y otros materiales necesarios para la educación.	“Ha sido de gran preocupación para el que suscribe los matices de irregularidades y favoritismo que se muestran durante la subasta y la solicitud de procedimientos de la propuesta para la adquisición de dicho equipo en el DE. Estos eventos empañan la transparencia con la que las agencias gubernamentales en Puerto Rico deben manejar los fondos federales”, señala la carta.	Según la relación de hechos, WF Computer recibió una invitación a participar de la subasta —con fecha de apertura para el 13 de diciembre de 2017— de la Junta de Subastas Central del Departamento de Educación, respecto a la “subasta para la compra de equipo tecnológico, mesas de computadora, sillas de computadoras, libros electrónicos y base de datos”.	La empresa presentó una solicitud de revisión administrativa impugnando la adjudicación. El 16 de abril de 2018, el recurrente recibió una notificación de la Junta de Revisión, acogiendo su pedido y requiriendo a la Junta de Subastas elevar el expediente y someter su réplica a la impugnación. El 20 de abril del pasado año, la Junta de Subastas sometió la réplica.	La Junta de Subastas del DE establecía que para el 22 de junio de 2018, a las 10:00 a.m., era la fecha límite para someter las preguntas sobre el requerimiento de propuestas; el 28 de junio la conferencia de prepropuestas; el 5 de julio la radicación de las cartas de intención para participar en el proceso de presentar una propuesta y, finalmente, el 12 de julio al mediodía la radicación de la propuesta y la selección de tres propuestas finalistas, así como la presentación y demostraciones de los finalistas.	Los demandantes solicitan que el DE reconsidere el límite de las fechas para la requisición de propuesta, así como el uso de arrendamiento, debido a que no está acorde con las mejores prácticas fiscales porque varias de las compañías que participaron en la conferencia prepropuesta proveían tres años de garantía de los productos, por lo que un arrendamiento era innecesario.	

        
            
            Solicitan investigar supuestas fallas en subasta
        
    