Lo que más duele, y duele mucho, es comprobar que hay millares de colombianos que, en lugar de sublevarse contra semejante realidad, ya se acostumbraron a vivir hundidos en este mar de podredumbre. Son los que se resignan diciendo que corrupción siempre ha habido, desde que el mundo es mundo. Pero, por mucho que uno busca y rebusca, indaga y averigua, trasnocha y madruga investigando, lo primero que descubre es que nunca antes, en la historia de este país, hubo una época tan corrompida como la actual.	Y si el Estado no se ha hecho siempre el de la vista gorda, y algunas veces se ha visto obligado a ponerle la cara a esta desgracia, es porque hay unas cuantas instituciones –muy pocas, la verdad sea dicha, para todo lo que necesitamos– que se encargan de vigilar, de denunciar, de exigir justicia.	Esta historia se inicia en 1998, cuando, en mitad del proceso 8.000, que fue tan terrible, unos cuantos periodistas a los que encabezaba Juan Lozano Ramírez, con el apoyo de la Fundación Corona, se reunieron con empresarios, académicos y líderes sociales “para participar activamente en la lucha de la sociedad contra la corrupción, que estaba creciendo de un modo alarmante”, según recuerda Rosa Inés Ospina, presidenta de la junta directiva de Transparencia por Colombia.	Lo indudable es que hoy, la corrupción genera daños más graves y deja muchas más víctimas que hace diez o veinte años. En este momento, Transparencia está analizando 327 hechos de corrupción que han sido investigados y registrados por la prensa en dos años, entre 2016 y 2018. La situación es tan grave que el señor Hernández agrega:	“Imagínese usted que el 30 por ciento de esos casos afecta el acceso de los colombianos a la salud y a la educación. Y el 20 por ciento el acceso a la vivienda y a los servicios públicos”. Sobre este punto específico, Hernández concluye diciendo que “en estas dos décadas, la corrupción se ha vuelto más ladina, más sofisticada y, por eso, más difícil de atacar”.	Tiene toda la razón: nos quejamos mucho y actuamos poco. Sin embargo, las cosas han comenzado a cambiar en los últimos tiempos. La señora Ospina añade que “numerosos ciudadanos y organizaciones sociales han asumido un rol activo vigilando la gestión de sus alcaldías, concejos y gobernaciones. Incluso, muchos periodistas han perdido la vida por cuestionar el poder y denunciar la inmoralidad”.	“Que casi 12 millones de personas hayan votado por convicción esa consulta, independientemente de su contenido, nos demuestra la fuerza que el problema ha cobrado en la agenda pública. Eso nos abre la esperanza de pensar en una movilización colectiva contra la corrupción, no de gritos y protestas, sino del uso adecuado de los mecanismos democráticos para derrotarla en las urnas”.	Sin embargo, y por mucha que sea la plata que nos roban, y que los bandidos le quitan a la comunidad colombiana, el peor daño que nos hace la corrupción no es la cantidad de dinero que ella nos arrebata, sino el cáncer moral que nos está sembrando en el alma y la conciencia.	Si a eso vamos, aprovecho para decirles que la Real Academia Española ya dirimió esa discusión al sentenciar que, cuando se refiere a una persona, se puede usar cualquiera de los dos términos de manera indistinta: “Es tan correcto decir un hombre corrupto como decir un hombre corrompido”, sentenciaron los académicos. Por mi parte, he usado ambas formas en esta crónica.	
‘Contra la corrupción, Colombia necesita más acción que indignación’