Marcos de Queiroz Grillo, exencargado de la caja 2, declaró ante los fiscales peruanos en Curitiba que Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en el Perú, le pidió que pague US$100 mil a Alan García por una exposición, a través de un contrato ficticio. Además, el exsecretario general Sergio Nogueira declaró que se pagó coimas por US$45 mlls. por la carretera Interoceánica Sur, y que las empresas consorciadas estuvieron al tanto.	La constructora le entregó US$3 millones al árbitro Horacio Cánepa a cambio de que la favoreciera en los procesos con el Estado, según declaró el exgerente de Relaciones Institucionales Raymundo Trindade Serra. Él también aseguró que se hizo aportes a dos campañas –presidencial y municipal– de la lideresa del PPC, Lourdes Flores Nano, en una por un monto entre US$10 mil y US$15 mil y en la otra por US$200 mil.	Los integrantes del equipo especial, de la procuraduría ad hoc y de la constructora OAS suscribieron un acta de acogimiento a beneficios de colaboración eficaz. Los directivos de esta empresa dieron información sobre aportes al exalcalde Luis Castañeda –quien habría recibido US$980 mil de OAS y Odebrecht–, a Nadine Heredia, al ‘club de la construcción’ (por más de S/25 millones), a Susana Villarán, entre otros.	El expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue detenido preliminarmente por 10 días, por la investigación por los contratos que las empresas Westfield Capital y First Capital –vinculadas a PPK– realizaron con Odebrecht, así como las transferencias de dinero a sus cuentas bancarias. Se le imputó haber favorecido a la constructora como ministro de Alejandro Toledo. Tres semanas después se le dictó arresto domiciliario por 36 meses.	Después de que un equipo de policías y fiscales ingresara a la vivienda de Alan García con una orden de detención preliminar, el expresidente se encerró en su habitación y se suicidó de un disparo. Se lo acusaba de haber recibido pagos ilegales de Odebrecht. Dos semanas después, el exvicepresidente de Petro-Perú Miguel Atala declaró que recibió US$1,3 millones de la constructora y que se los entregó por partes a García.	El fiscal Germán Juárez formalizó su acusación contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por presunto lavado de activos por el Caso Odebrecht. Solicitó 20 años de prisión para Humala, y 26 años y 6 meses para Heredia, por los aportes de campaña del Gobierno Venezolano, en el 2006, y de Odebrecht, en el 2011. En junio, se reveló que Odebrecht también pagó sobornos de US$3 millones relacionados al gasoducto sur.	El PJ ordenó 18 meses de prisión preventiva para la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, por presuntamente haber recibido dinero de fuente ilícita de las constructoras Odebrecht y OAS. En abril, Jorge Barata había confesado que Odebrecht le entregó US$3 millones para la campaña contra la revocación. En total, recibió US$10 millones de esta empresa y de OAS para las campañas del 2013 y 2014. Villarán aceptó que tenía conocimiento de estos aportes.	El PJ condenó a 8 años y 3 meses de prisión al exgobernador regional de Áncash César Álvarez por el delito de colusión en el Caso Odebrecht. La gestión de Álvarez otorgó de modo irregular la buena pro de la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis. La obra en cuestión estaba valorizada en más de S/400 mlls. y fue incluida en uno de los acuerdos de colaboración con Odebrecht.	El equipo especial anunció que la jueza María Álvarez homologó el acuerdo de colaboración con Odebrecht. Después, la empresa reclamó la devolución del monto restante de la venta de la hidroeléctrica Chaglla, realizada en abril. Tras una resolución de la jueza, el Minjus devolvió el dinero, el que se iba a usar para recuperar información de los servidores de Odebrecht.	El expresidente Alejandro Toledo fue detenido en Estados Unidos como parte del proceso de extradición por la recepción de sobornos de Odebrecht. El juez Thomas S. Hixson decidió que permanezca en prisión durante el proceso en su contra, debido al riesgo de fuga y se le negó la fianza. Primero fue recluido en el penal de Santa Rita y luego en la correccional de Maguire, en California.	Luis Nava, quien fue secretario de la Presidencia en el segundo gobierno de Alan García, declaró ante la fiscalía que hubo “entregas de dinero de Jorge Barata a Alan García desde el 2006 hacia adelante”. Contó que entre abril y mayo del 2006, Barata se reunió con García “cinco a seis veces en el local de campaña del Partido Aprista”, y le entregó “cinco o seis loncheras de US$60.000”.	Se ordenó 18 meses de prisión preventiva para 14 abogados que el equipo especial investiga por la emisión de laudos arbitrales que habrían beneficiado indebidamente a Odebrecht en controversias con el Estado. La suma de los pagos bajo sospecha alcanza los US$5,2 millones. Pero tres semanas después el PJ ordenó la liberación de nueve árbitros, después del pago de una caución de S/100 mil.	El PJ dispuso la liberación de dos exfuncionarios del segundo gobierno aprista Jorge Cuba y Edwin Luyo, investigados por el Caso Metro de Lima, luego de que se rechazara el no cómputo de una parte del plazo. Ellos venían cumpliendo una orden de prisión preventiva desde el 2017. Permanecerán con grilletes electrónicos y se les impuso como regla de conducta el impedimento de dejar sus viviendas.	El presidente del directorio de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, reveló ante la fiscalía que realizaron aportes a la campaña de Keiko Fujimori del 2011 por US$3,65 millones. Según Romero, los aportes se realizaron en efectivo y por “la amenaza del chavismo”, representada por Ollanta Humala. A partir de esta declaración, otros empresarios hicieron confesiones similares.	El pleno del TC acordó, por mayoría, declarar fundado el hábeas corpus presentado por la hermana de Keiko Fujimori, y anuló la orden de prisión preventiva en su contra. Cuatro días después, Fujimori recuperó su libertad. A la siguiente semana, el fiscal José Domingo Pérez programó la declaración del magistrado José Luis Sardón sobre las donaciones de la Confiep a la ONG Reflexión Democrática, de la que este era miembro.	El PJ ordenó la detención preliminar del ex primer ministro César Villanueva, por presunto tráfico de influencias agravado y patrocinio ilegal. Fue detenido junto al fiscal superior Alberto Rossel y el empresario José Santisteban. Villanueva también es investigado por presuntamente haber recibido US$60 mil por la carretera San José de Sisa. Se le dictó prisión preventiva por 18 meses.	
 Un año marcado por los hitos del Caso Lava Jato