El 26 de julio el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, firmó el acuerdo con Kevin McAleenan, jefe interino del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos en la oficina oval de la Casa Blanca bajo la mirada del presidente Donald Trump, días después de que amenazara a Guatemala con aranceles y otras medidas si no suscribía el pacto.	Excancilleres, políticos y el Procurador de Derechos Humanos le habían solicitado al tribunal que le señalara al presidente Morales cuál era el camino jurídico a seguir tras la firma del acuerdo que convertirá al territorio guatemalteco en receptor de migrantes de Honduras y El Salvador mientras éstos esperan que se resuelvan sus solicitudes de asilo en Estados Unidos.	La medida podría reducir el elevado número de migrantes que han abrumado el sistema de migración estadounidense, pero ha generado gran rechazo debido a que Guatemala es un país aquejado por la violencia de las pandillas, el desempleo y la pobreza, entre otros problemas, por lo que podría cuestionarse su capacidad para recibir a migrantes que huyen de sus países por esas mismas circunstancias.	En una entrevista reciente con The Associated Press el presidente electo Alejandro Giammattei -quien tomará posesión el 14 de enero de 2020- dijo que Guatemala no cumple con lo establecido en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, base del acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos. Sin embargo, estaría de acuerdo en firmar un acuerdo migratorio que tuviera más ventajas para su país.	
Guatemala: pacto migratorio debe ser ratificado por Congreso