La reforma procesal apretó a fondo en materia civil y penal, pero le puso en “modo de espera” al Código Procesal Laboral. Mientras los dos primeros se lucen con el “sistema del juicio oral” en atención la Cumbre de Justicia de 2016, el tercero se estancó en el proceso escriturado donde los juicios duran en promedio entre 4 a 8 años y aumentan los índices de retardación de justicia.	El actual Código fue puesto en vigencia en 1979, ni siquiera fue un gobierno democrático, sino de facto. Ningún gobierno democrático le prestó atención pese a que desde el 2004, el Órgano Judicial presentó por iniciativa legislativa su propio proyecto; reformó en cuatro oportunidades y lo adecuó a la nueva Constitución Política del Estado y ninguno tuvo repercusión.	“Estamos en terapia intensiva en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, hay que resolver urgentemente”, dijo a Erbol el abogado Iván Campero Villalba, cuando fue entrevistado no tanto como presidente de la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Administrativa del Tribunal de La Paz, sino como un experto laboralista y miembro de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.	No existen datos certeros sobre la mora procesal en materia laboral, ni siquiera la Rendición Pública de Cuentas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de 2018 y del Consejo de la Magistratura hacen referencia a esta materia, pero enfatizan sus éxitos en materia civil, penal, familiar, designación de nuevo personal e inversión en infraestructura.	Una visita a cada portal de los tribunales departamentales da cuenta que Santa Cruz tiene 8 jueces laborales, La Paz 8 y El Alto 4 para casi un millón de habitantes en cada ciudad; Cochabamba 4, Chuquisaca 3, Potosí 3, Oruro 3, Tarija 2, Beni 2 y Pando 1, para un total de 37 jueces de Partido Laboral y Seguridad Social. En el eje troncal un proceso dura 4 a 5 años, mientras que en Tarija a veces dos meses.	Considera importante que las autoridades “se pongan al frente y decidan cambiar de una vez al sistema oral. Los proyectos están dados se deben enriquecer y actualizar, pero todos los poderes debemos coordinar inmediatamente”, reflexionó. Citó que los primeros códigos procesales laborales en América Latina provienen de Uruguay, Brasil, México, Argentina y Ecuador, éstos dos últimos ya aplican el sistema oral, pero Bolivia sigue viviendo en papeles.	Señaló que hoy en día un juicio en materia laboral es un juicio de puro derecho, una materia especializada que lo separa del proceso común, pero la falta de una especialidad en Bolivia convirtió al proceso laboral en un proceso ordinario,  haciéndolo lento y controversial, ignorando principios de la justicia pronta y oportuna que persigue el Código Laboral, porque el trabajador no ha cometido ningún delito sino simplemente reclama el pago de sus salarios o beneficios sociales y cuando termina el juicio, incluso su dinero ya no tiene el mismo poder adquisitivo.	Dijo que aplicar la oralidad significará dar tutela oportuna al trabajador y seguridad jurídica a la empresa en el entendido de que las partes tendrán defensa inmediata y no como ahora tener una defensa escriturada que lleva años de años a la empresa sosteniendo un juicio laboral, mientras vive con medidas cautelares y medidas preventivas.	Anunció que este diagnóstico será analizado en el congreso que organiza la Asociación Boliviana del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, que reunirá del 18 al 30 de agosto en Santa Cruz a más de 40 personalidades de casi 30 países de Iberoamericana, Europa, representantes de la OIT, Organización Iberoamericana de Seguridad Social que vendrá con sus máximas autoridades.	
Alertan que la justicia laboral ingresa a ‘terapia intensiva’