, recortada a la mitad por el taponamiento de las salidas en el Mediterráneo, y este año lo está volviendo a ser, pero para disparar la ruta a través de nuestro país como primera autopista de entrada del flujo de irregulares a la Unión Europea. La puerta esta vez son las Canarias.	Las acusaciones de «chantaje» contra el régimen de Mohamed VI han sido inmediatas. Pero remitir lo que parecería la enésima orden de «abrir el grifo» a las meras ansias económicas de Rabat sería simplista. La inmigración, apuntan los expertos, estaría siendo utilizada en estos momentos más bien como palanca para empujar al Gobierno de Pedro Sánchez a no interponerse en los planes del palacio real alauí sobre el Sáhara Occidental, recientemente bendecidos por EE.UU con el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre la excolonia española.	, lo que es tanto como decir que el Rey está intentando apartar el riesgo de un estallido. «Marruecos está cerca de las huelgas de pan que agitaron las «primaveras árabes», es una olla a presión que necesita una válvula de salida... », plantea como hipótesis David Moya, profesor la Universidad de Barcelona y codirector científico del Anuario de la Inmigración del Barcelona Centre for International Affairs (Cidob).	Los datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) dependiente de la ONU reflejan que el 7 de noviembre, la ruta que une África occidental con España se situó como principal coladero al sobrepasar por entonces los 30.500 que acumulaba Italia. A finales de esta semana la brecha se ha agrandado, y mientras el país alpino va por las 33.312 incursiones, la cuenta española suma ya 39.909. De ellos, la estadística del Ministerio del Interior a día 15 es que 20.452 accedieron por Canarias y	Noviembre ya había sido el peor mes en 2019, pero en otras proporciones. Las pateras se multiplicaban esta vez hasta desbordar los recursos de acogida en las islas y probablemente después de sobrepasar las capacidades de control de Marruecos «sobre sus 2.700 kilómetros de costa sur, muy difíciles de vigilar por una cuestión física clara», como señala desde la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) el profesor de Relaciones Internacionales Augusto Delkáder.	Pero todo ocurría al tiempo que, con absoluto desconocimiento de La Moncloa, Mohamed VI ultimaba ese reconocimiento de la Casa Blanca a la soberanía marroquí sobre el Sáhara, que indirectamente apuntala los proyectos anexionistas y expansionistas del Rey. Incluyen la apropiación de aguas territoriales que afectan directamente a España con toda la pesca que hay en ellas, sus yacimientos y y hasta su espacio aéreo, ambiciones que el país vecino no quiere ver entorpecidas en ningún caso por peticiones de referéndum y demás iniciativas pro Frente Polisario promovidas desde el mismo Ejecutivo de Madrid. Léase, por Podemos, que sin ir más lejos, refrescó esas demandas aprovechando las hostilidades que afloraron entre Marruecos y el movimiento armado de independencia también en noviembre.	Con el «grifo» de la inmigración abierto -una expresión que ya forma parte del acervo bilateral- y el espaldarazo de Trump en el bolsillo, no es de extrañar que la cancelación a una semana vista por parte de Rabat de la cumbre hispano-marroquí que iba a reunir a su monarca y a Pedro Sánchez el día 17 en esa capital, acabara sonando a muestra de fuerza, cuando no de desdén. O de desafío.	La comisaria Johansson, -que amén de su homólogo de Vecindad, Oliver Varhelyi, y el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido una de las autoridades que han desfilado este 2020 por Marruecos- ha cuantificado las ayudas europeas desde 2018 a este país para control migratorio en 343 millones de euros.	. La de sus propios súbditos quedó interrumpida entre marzo y noviembre por la alerta sanitaria. Pero también se refería Johansson a debatir sobre la aceptación de terceros: a que Marruecos recibiera, como hace Mauritania, a los de otras nacionalidades que utilicen el país norteafricano como plataforma para alcanzar España, lo que el miércoles fue rechazado por sus autoridades.	No ha habido reproches en la órbita política a Pedro Sánchez por su silencio ante el comportamiento del país vecino, Vox y su agenda política al margen. Cualquier partido sabe que conviene no ofender al palacio real alauí. Las críticas se han centrado en la defectuosa gestión de los inmigrantes a su llegada al archipiélago, incluida la construcción a destiempo de campamentos de acogida que hacen temer la implantación en el archipiélago de un «modelo Lesbos», donde se hacina a los irregulares sin opción de salida rumbo a Europa.	. «Quieren mandar un mensaje claro: que Canarias no es la UE, que desde allí no van a poder llegar a Europa. No es ético, pero tampoco efectivo, van a encontrar otra vía», avanza. El pronóstico de David Moya es que, en cuanto baje la atención mediática, les trasladarán a la España continental.	El número de inmigrantes llegados este año a España de forma irregular por mar o las vallas de Ceuta y Melilla es de 39.474. Equivalente a los que podían entrar en un mes a través de los aeropuertos antes de la pandemia. En 2015, el número de refugiados que accedieron a Europa fue de un millón y medio. Son datos que pone en relación el profesor Augusto Delkáder, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que, como otros expertos en inmigración, no comparte términos como «avalancha» u «oleada» para referirse a la dimensión de este fenómeno en nuestro país. «Los datos de España representan un porcentaje minúsculo de la movilidad humana total, entre el 5 y el 6%», subraya.	En el conjunto de la UE, sumando los registros de Italia, Grecia, Malta y Bulgaria, el cómputo esta semana ascendía a 92.223 inmigrantes irregulares. Cabrían en el Camp Nou. En pleno intento de revisión de la política común en esta materia, los esfuerzos financieros de Bruselas para taponar las entradas son inmensos. De momento, recuerda Delkáder, el único consenso entre los países es «frenarlas mediante un mayor blindaje de las fronteras: convertir la UE en una fortaleza». Luego, la idea fuerza es repatriar todo lo que se pueda. David Moya, de la Universidad de Barcelona, alude al «alto componente simbólico de la política de inmigración» y de que la «permanente sensación de que no hay control sobre las fronteras hace a los estados actuar sobre ellas». Es pura sobrerreacción y la única solución, «abrir vías para una inmigración legal, segura y ordenada», coinciden.	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