Ante la incertidumbre de cuánto puede costar esto, y cuál sería el mecanismo, la misma Corte Constitucional exhortó al Consejo Superior de la Judicatura, al Gobierno y a la Corte Suprema a que hagan un diagnóstico sobre qué recursos presupuestales y administrativos se necesitan "para la puesta en marcha del procedimiento que garantice la impugnación de la primera sentencia condenatoria".	(que implica que dos jueces e instancias distintas estén de acuerdo en que una persona es responsable penalmente, para que se mantenga su condena) es una garantía, pues permite que una persona que fue absuelta en una primera instancia, y condenada en la segunda, pueda controvertir todos los elementos de esa sentencia.	de quienes, afectados por el delito, confiaron en la justicia penal y en la firmeza de las decisiones en las que entendieron que se habían hecho efectivos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, sino que erosiona el deber estatal de perseguir y sancionar las afrentas cometidas contra bienes jurídicos especialmente relevantes", asegura en su salvamento de voto.	Para Bernal, "es errada la premisa de la cual partió la Corte para ampliar de modo irrestricto la posibilidad de apelar" esas sentencias. Bernal rechaza que la Corte haya visto como absoluto el derecho de la doble conformidad, basándose en el artículo 31 de la Constitucional (que indica que toda sentencia judicial podrá ser apelada).	Por cuenta de ese fallo del 2014, el Congreso creó una ley denominada de doble instancia que trajo una nueva forma de investigación y juzgamiento para aforados en la Corte Suprema de Justicia -desde mitad del 2018- y que se está aplicando en la corporación hacia futuro, pero no con efectos retroactivos.	Otra de las aclaraciones de voto vino de la magistrada Gloria Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional. Ortiz aseguró que exhortar al Congreso para que legisle sobre este asunto "es insuficiente". Según la magistrada, este tipo de órdenes "no son mecanismos útiles para garantizar los derechos fundamentales ni han demostrado ser efectivas, pues no se impone al Congreso la obligación de hacer eficaces las garantías constitucionales".	
Reparos entre los magistrados por la impugnación de la primera condena