Lorenzini decidió generar un "incidente" en el expediente, es decir que lo requerido por la provincia -en consonancia con la intervención que impulsó la Casa Rosada- tendrá un tratamiento aparte, con sus tiempos procesales respectivos y la obligación de la IGJ de probar los argumentos sobre los cuales basa su pedido.	Con esa decisión, el magistrado obturó la propuesta del gobernador santafesino para evitar una expropiación del gobierno nacional y llegar a una conducción pública de la firma. Por ese motivo, se mantiene la última resolución del juez, que el viernes de la semana pasada devolvió a la familia Vicentin el control de la compañía, mientras se siguen presentando los acreedores para reclamar el pago de las cuantiosas deudas que la firma tiene para con ellos.	
Vicentin: revés para el gobierno