Este jueves se dio un paso más para adoptar de forma definitiva en Europa una nueva normativa acorde a los nuevos tiempos y relaciones laborales que sirva para proteger a todos los trabajadores, incluyendo aquellos que tienen contratos atípicos, aquellos más informales y precarios. De esta forma, entre dos y tres millones de ocupados que están sin ningún tipo de cobertura pasarán a estar protegidos por la legislación vigente, que sustituirá a la que fue elaborada en 1991, y a partir de ahora habrá más garantías, seguridad y mejores condiciones para más de 200 millones de trabajadores europeos, también para los de plataformas como Deliveroo o Glovo, que son los más castigados por la regulación actual.	Después de intensas negociaciones que se mantuvieron hasta la madrugada, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron este jueves un acuerdo provisional sobre la propuesta de la Comisión Europea de una nueva directiva que establezca condiciones laborales más transparentes y previsibles, en particular por lo que respecta a las formas de empleo no convencionales, cada vez más habituales en el sigo XXI, con la irrupción de la economía colaborativa.	«Gracias a nuestra iniciativa destinada a garantizar unas condiciones laborales transparentes y previsibles, protegeremos a más trabajadores en toda Europa, especialmente a aquellos, cada vez más numerosos, que ejercen nuevas formas de trabajo, como los empleos flexibles y los contratos según demanda, así como a los trabajadores domésticos», se congratuló en un comunicado Marianne Thyssen, comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral.	En el momento en que entre en vigor esta nueva legislación, que todavía debe pasar unos últimos trámites, todos los trabajadores, independientemente de la duración de su contrato y del número de horas que trabajen, serán informados de sus derechos y obligaciones desde el primer día en que empiezan a trabajar, en lugar de los dos meses siguientes a la fecha de inicio. Más concretamente, deberán ser informados sobre la duración del período de prueba, si les ofrecen algún tipo de formación, las compensaciones por horas extraordinarias, las características de la compañía en la que va a desempeñarse un trabajador contratado a través de una empresa de trabajo temporal, o información más precisa sobre los horarios en caso de que estos varíen o sobre la forma de cotización.	Además, los trabajadores tendrán derecho a decidir con sus empleadores cuándo permanecen disponibles y qué plazo de preaviso se les ha de dar y, de igual manera, los que funcionen a demanda ya no podrán ser despedidos si se niegan a trabajar con un plazo de preaviso muy breve. A su vez, los empleadores no podrán impedir que los trabajadores con un contrato de cero horas (aquellos en los que las empresas no están obligadas a dar a su empleado unas horas mínimas de trabajo a la semana y éste no está obligado a aceptarlas) tengan un trabajo adicional con otro empleador y se garantiza el derecho del asalariado a no responder a llamadas laborales fuera de un marco temporal acordado.	Esta nueva norma, que sustituye a una regulación de 1991, afecta a los trabajadores eventuales, aquellos con contratos inferiores a un mes o de menos de ocho horas por semana, o los empleados domésticos, entre otros. Y viene a llenar un vacío, puesto que el entorno laboral ha evolucionado significativamente como consecuencia de una flexibilización creciente del mercado. Hasta el punto de que en 2016 una cuarta parte de los contratos de trabajo correspondieron a formas no convencionales de empleo y en los últimos diez años más de la mitad de todos los nuevos puestos de trabajo eran no convencionales, según se recoge en la directiva.	Ahora la pelota pasa al tejado del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, que deben adoptar formalmente este acuerdo que todavía es provisional para que pase a ser aplicado por los Estados miembros, bien mediante legislación o a través de convenios colectivos de los interlocutores sociales, quienes podrían modular los derechos mínimos propuestos siempre y cuando se respete el nivel general de protección.	
Tres millones de trabajadores precarios quedarán protegidos con la nueva legislación europea