Seis víctimas se ha cobrado ya el paso del Dana (depresión aislada en niveles altos), o «gota fría», por el sureste de la Península. Los efectos han sido devastadores, en vidas humanas y en los destrozos causados en decenas de comarcas y poblaciones que han quedado anegadas y sus infraestructuras seriamente dañadas, en Valencia, Alicante, Murcia, Almería y Málaga. Suele decirse que la última tormenta es la más grande que se recuerda, pero los datos estadísticos lo desmienten; la apreciación de la catástrofe es mayor porque las zonas afectadas están densamente pobladas, tienen una importante actividad industrial y agrícola, están bien comunicadas por tren y carreteras y el uso del coche particular es una herramienta imprescindible sobre todo en las zonas rurales: la mayoría de los muertes perecieron en sus propios vehículos. En el litoral español, desde Gerona a Cádiz, se congrega el 53% de la población, así como en las riberas de los grandes ríos. Nada nuevo en la historia de la humanidad, pero que ahora se ha multiplicado exponencialmente a caballo por una gran red de comunicaciones, logística y desarrollo urbanístico. Y algo más: en 2017, una cifra récord de 81,8 millones de turistas se instalaron en la zona costera. Es cierto que la cantidad de agua caída en estos días, con cotas históricas como las de Orihuela (425 litros por metro cuadrado, u Ontinyent (339,2), impide que puedan ser absorbidas o canalizadas por los ríos. En San Javier (Murcia) se registraron en apenas dos horas 144,3 litros por metro cuadrado, cuando la media de lo que cae en sólo un año es de 313, medida que es absolutamente incontrolable. En esta situación, lo que cabe es que los servicios de protección de la población funcionen correctamente y actúen, dentro de lo posible, con previsión, como ha sido el caso. España tiene un buen sistema de predicción meteorológica, con la Agencia Estatal de Meteorología –que ha vuelto a recuperar su presupuesto después del recorte del 5,3% de 2013–; cuenta con un servicio como Protección Civil, creado en 1982, que ocupa uno de los primeros lugares en la gestión de emergencias; con la UME, que desde 2006 ha demostrado su gran capacidad de respuesta ante catástrofes; y, por último, con un buen servicio de información hidrológica que permite conocer el caudal de los ríos y sus crecidas. Lo sucedido estos días obligará a revisar aquellos cauces secos que han sido alterados, los barrancos, arroyos, rieras y ramblas. No existe una legislación urbanística precisa –tampoco en la Ley del Suelo de 2015– que regule áreas residenciales, turísticas o industriales que corren el riesgo de ser inundadas en caso de fenómenos naturales como el Dana. La limpieza de las riberas de los cauces de los ríos, por un lado, e impedir la construcción en zonas anegables o que invaden los alrededores de los ríos se ha hecho una necesidad evidente. Es precipitado –incluso efectista– vincular la acción virulenta de la «gota fría» con el cambio climático, porque de lo único que podemos estar seguro es de que la temperatura del Mediterráneo ha aumentado 1,27 grados en los últimos treinta y cinco años, hecho que sí tiene consecuencias para el desarrollo de este tipo de fenómeno natural. Lo sucedido estos últimos días, con una temperatura del mar entre los 24 y 25 grados, entra dentro de lo previsible, incluso de lo normal. Puede decirse que ha cambiado la manera de llover, con episodios de inundaciones graves, y cuyas consecuencias es a lo que debe ponerse remedio, no en el cielo, pero sí en la tierra. Lo que es imprevisible es que pueda haber viviendas que ocupen el espacio natural de un arroyo, que sin duda será el camino que tomen las aguas desbordadas. Sería el momento de elaborar el mapa de riesgo por inundaciones en España.	
"Gota fría" y orden urbanístico 