En el texto recuerdan que el 27 de febrero del corriente año ya se manifestaron en este sentido, al advertir que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) «había decidido claramente hacer del aborto una política pública», fundamentado con distintos antecedentes y declaraciones del presidente Alberto Fernández como del dictado de la Resolución 1/2019 del Ministerio de Salud que aprobó el denominado “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho (sic) a la interrupción legal del embarazo”.	Y citan las expresiones del primer mandatario del 31 de diciembre de 2019: «El aborto ‘es un problema de salud pública’, que ‘hay que garantizar a la mujer que quiera abortar, la posibilidad de abortar. Y a la mujer que quiera tenerlo, la posibilidad de tenerlo’, anunciando que ‘Mi intención es mandar el proyecto en este ejercicio 2020’”.	«Pretender una política de ‘salud pública integral’ cuyo objetivo incluye ‘regular’ la eliminación de los seres humanos más inocentes, no solamente constituye una contradicción en sí misma sino un incalificable agravio a la dignidad humana que repugna a toda conciencia recta. Pero esto es lo que se pretende ratificar ahora: consolidar legislativamente el aborto como derecho cuyo ejercicio, además, debe ser garantizado por el Estado Federal en todos sus niveles; y ello con la ‘alternativa’, también garantizada por el Estado, de apoyar el embarazo de aquellas ‘mujeres que quieran tenerlo'», advierten.	Firman Pablo María Garat, (Facultad de Derecho de la UCA Buenos Aires), Martín Acevedo Miño (Facultad “Teresa de Ávila”, Paraná), Luis María Caterina (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UCA Rosario), Julieta Gallino (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-Universidad Católica de Córdoba), Miguel González Andía (Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – Universidad Católica de La Plata), Ricardo von Büren (Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales – Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino), Livia Mercedes Uriol (Facultad de Ciencias Jurídicas – Universidad del Salvador), María Paula Giaccaglia (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad Fasta), Carina Fernández (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis), José Luis López Cerviño (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – Universidad Católica de Cuyo, sede San Juan), Eduardo Jesús Romani (Facultad de Ciencias Jurídicas – Universidad Católica de Salta), Enrique Carlos Müller (Facultad de Derecho y Ciencia Política – Universidad Católica de Santa Fe), Liliana Abdala (Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas – Universidad Católica de Santiago del Estero) y Manuel García Mansilla (Facultad de Derecho – Universidad Austral).TOPICS Anterior:	
Facultades de Derecho: No se puede justificar el aborto como un derecho