Ésta fue promulgada en 1996 y hasta la fecha ha sido una de las bases para iniciar procesos judiciales y castigar a militares y exguerrilleros que cometieron crímenes durante el conflicto armado interno (1960-1996). Sin embargo, el Congreso pretendía realizar cambios en ella para extinguir la responsabilidad penal por los delitos que hubieran realizado los autores, cómplices o encubridores de los hechos.	Los magistrados denunciados son Bonerge Mejía, Gloria Porras y Francisco de Mata Vela, quienes firmaron a favor de otorgar el amparo que protege a las víctimas, por los supuestos delitos de violación a la constitución, resoluciones violatorias a la constitución, prevaricato --que ocurriría cuando una autoridad dicta a sabiendas una resolución injusta-- abuso de autoridad y usurpación de funciones.	Actualmente el Congreso está en receso de su periodo ordinario de sesiones, por lo que una Comisión Permanente asume funciones legislativas. Dicha comisión fue la que resolvió que debía presentarse la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia para que ésta decidiera si retira o no la inmunidad a los magistrados.	
Guatemala: Congreso denuncia a magistrados constitucionales