A menos de una semana de haber asumido el cargo, el nuevo presidente de Brasil, el derechista Jair Bolsonaro, impulsó una serie de medidas polémicas como la propuesta de garantizar la impunidad a policías que maten a presuntos delincuentes. Lejos de la moderación que se esperaba una vez que tomara el poder, las iniciativas del nuevo jefe de Estado están en consonancia con sus promesas de campaña e inclusive van más allá como en el caso de la posible instalación de una base militar de Estados Unidos en Brasil, o la decisión de echar a empleados públicos contratados durante los gobiernos del opositor Partido de los Trabajadores (PT), enemigo número uno del flamante mandatario.	Si bien el discurso del nuevo presidente es revulsivo contra la oposición izquierdista, sorprendió su decisión de «limpiar» el Estado de empleados públicos incorporados por el PT. Hasta el momento, sólo en la Casa Civil fueron exonerados 324, aunque se mencionó que podrían ser recontratados los que no hayan tenido vinculación alguna con ese partido.	Ya en campaña, Bolsonaro -que asumió el cargo el pasado martes 1- había anticipado su idea de empoderar a la policía como medida contra la inseguridad. Según su visión, si el policía «mata a tiros a 10, 15 o 20 tipos, tendrían que darle una medalla, no llevarlo a juicio». Con ese objetivo propuso esta semana una nueva ley. «Sin las garantías necesarias para que los agentes de seguridad pública actúen a favor de los ciudadanos de bien, la reducción de los delitos no ocurrirá a la velocidad que piden los brasileños», advirtió. Y pidió a los tres poderes asumir «urgentemente» un compromiso para que los agentes que maten a presuntos delincuentes no vayan a prisión.	También adelantó que evalúa emitir un decreto este mismo mes con normas que permitan flexibilizar la tenencia de armas. En Brasil la tenencia entre civiles solo está permitida cuando se pueda justificar. Jair Bolsonaro quiere eliminar esa exigencia y permitir que se pueda tener más de un arma en el hogar, lo que despertó preocupación entre la organización que procura el desarme.	En cuanto a la reducción de ministerios, si bien no llegó a bajar el número de 29 a 15 como era su objetivo declarado, los rebajó a 22 y eliminó el de Trabajo, Cultura, Deportes, Ciudades y Puertos, entre otros. Para Bolsonaro la multiplicidad de carteras era expresión del 'toma y daca' por el cual los oficialismos negociaban apoyos de partidos aliados y entregaban a cambio ministerios.	Sin embargo, la subordinación de algunos asuntos a carteras más generales causó preocupación como en el caso de Trabajo. Bolsonaro considera innecesaria la justicia laboral, el fuero creado para defender derechos del trabajador, que podría ser eliminada. Por de pronto, ordenó que el registro sindical pase a la cartera de Justicia comandada por el exjuez Sergio Moro, un movimiento que inquietó a los sindicatos. Los gremios temen ser perseguidos por el exmagistrado que mandó preso al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, fundador del PT.	Otros desplazamientos controvertidos fueron el de la Fundación Nacional del Indio, que dependía de Justicia y pasó a la órbita del nuevo ministerio de Mujer, Familia y Derechos Humanos. Justicia trataba los temas de demarcación de tierras, el que más interesa a las poblaciones originarias. Ahora la cartera de Familia tratará las demandas sociales de los indígenas y lo atinente a tierras quedará en manos del ministerio de Agricultura, donde se concentran los intereses de los grandes propietarios rurales. De manera sigilosa también se eliminaron áreas que trataban asuntos vinculados a la población LGTB en Educación. En otro orden, Bolsonaro reafirmó que va a avanzar con el traslado de la embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén. La medida no tiene el visto bueno de militares que integran el Gobierno.	Tampoco goza de unánime respaldo castrense un asunto que está en estudio del nuevo Gobierno y que no había sido mencionado en campaña: la instalación de una base militar de Estados Unidos en territorio brasileño. «Mi aproximación a Estados Unidos es económica pero puede ser bélica también», declaró Bolsonaro en su primera entrevista como presidente. El mandatario no descartó «a futuro» el establecimiento de una base. Su canciller, Ernesto Araújo, fue más allá y dijo que «no habría problemas en una presencia de ese tipo» en Brasil. En el ministerio de Defensa, comandado por un militar, negaron conocer la iniciativa.	Por medio de un decreto, el presidente Jair Bolsonaro ordenó que el general Carlos Alberto dos Santos Cruz, designado Secretario de Gobierno, «supervise, coordine, monitoree y acompañe» las actividades y acciones de organismos internacionales y no gubernamentales (ONG) que actúen en territorio brasileño. La inédita decisión causó malestar y preocupación entre las asociaciones de la sociedad civil que exigen mantener su independencia, sin necesidad de vigilancia.	La reacción de la organización Human Rights Watch no se hizo esperar. A través de su director para América, José Miguel Vivanco, la entidad señaló que «si el objetivo es facilitar una relación constructiva entre los grupos de la sociedad civil internacional y el Gobierno, bienvenido sea». «Sin embargo, me impactan los términos como supervisar y monitorear, los que sugieren una falta de entendimiento del papel independiente que deben tener estas entidades en una sociedad abierta y democrática», alertó.	
Bolsonaro transita un polémico comienzo de gestión en la Administración