Los interlocutores sociales volverán a reunirse con el Ejecutivo el próximo miércoles por la tarde con propuestas concretas. En el encuentro de hoy se ha debatido el marco general de la situación por la que atraviesan estos trabajadores y será a partir de la semana que viene cuando se debatirán las propuestas.	Desde el Ministerio de Yolanda Díaz han valorado la reunión como "muy positiva y productiva". De hecho, han apuntado que el encuentro de hoy era "distinto", ya que lo que quería el Gobierno era escuchar las diferentes alternativas y propuestas legislativas de los agentes sociales para construir a partir de esto la legislación.	La negociación sobre la nueva ley se está celebrando tan solo unos días después de que el Tribunal Supremo declarase a los 'riders' de Glovo como falsos autónomos, según lo decidió el Pleno de la Sala Cuarta, que estableció la relación existente entre los repartidores y la empresa, calificando su naturaleza de laboral, en línea con lo que han venido defendiendo Trabajo y los sindicatos.	De ahí surgió la necesidad, según Trabajo, de articular "de manera segura y con las certezas necesarias", una realidad económica nueva que debe garantizar la protección de quienes son trabajadores, aún cuando puedan prestar servicios de un modo que se aparta del tradicional (trabajo esporádico, sin lugar físico determinado, sin horario establecido, etc.), pero que están "sometidos al control" de la prestación y a un poder informático y tecnológico de nivel superior sobre los procesos y los resultados.	En este sentido, Trabajo asegura en el texto sometido a consulta que la cobertura y protección de las personas trabajadoras por cuenta ajena a través de estos modelos de negocio es "capital", puesto que la distinción entre trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia lleva consigo la aplicación de regímenes jurídicos distintos basados en el reconocimiento de situaciones subjetivas concretas.	En concreto, el departamento de Díaz quiere asegurar para estos trabajadores la garantía de un salario cuyo sueldo viene determinado por una norma legal, un tiempo de trabajo máximo junto a periodos mínimos de descanso, derechos asociados a la extinción del contrato de trabajo, el derecho a unas condiciones de trabajo seguras y saludables o el ejercicio de derechos colectivos con las garantías de indemnidad precisas, entre otras.	"Se trata de proporcionar una regulación suficiente que dé respuestas adecuadas al fenómeno descrito aclarando la existencia de auténticas relaciones subordinadas y dependientes prestadas dentro del círculo rector y organizativo de la empresa", subraya Trabajo, que añade que la nueva norma trata también de evitar el "uso desproporcionado de soluciones judiciales a veces contradictorias", con la inseguridad jurídica y la desprotección que esto genera para los trabajadores afectados.	
Gobierno y agentes sociales acuerdan que la ley de 'riders' no se ciña solo a este colectivo