La Audiencia Provincial ha ordenado por segunda vez reabrir la investigación de la venta de 1.860 viviendas municipales vendidas por el Gobierno municipal de la 'popular' Ana Botella en 2013, al estimar el recurso interpuesto por el PSOE, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y la Asociación de Afectados. ,Así lo han acordado los magistrados de la sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid en un auto dictado ayer, al qu	La Audiencia Provincial ha ordenado por segunda vez reabrir la investigación de la venta de 1.860 viviendas municipales vendidas por el Gobierno municipal de la 'popular' Ana Botella en 2013, al estimar el recurso interpuesto por el PSOE, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y la Asociación de Afectados.	En este auto los tres magistrados aluden a la sentencia del Tribunal de Cuentas que, en diciembre, cifró un quebranto de 25 millones de euros a causa de la operación y asegura que además de un "ilícito administrativo", "entra dentro de un razonable juicio de probabilidad que los investigados pudieran haber incurrido en responsabilidad penal por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos".	La Audiencia añade que "no desconoce" que el ámbito competencial del Tribunal de Cuentas es "diferente" del ámbito penal, pero añade que "con el análisis" que realiza esta sentencia "no se puede descartar la existencia de indicios de infracción penal" sin "perjuicio de la calificación definitiva que puede realizarse en otro momento del procedimiento".	Se trata de la segunda vez que la Audiencia Provincial pide a este juzgado que reabra la causa por la venta de los inmuebles de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. Lo hizo ya en octubre de 2017 después de que el juzgado decretase en 2015 el sobreseimiento del caso y lo hace de nuevo, revirtiendo el archivo de la causa por parte del juez instructor en enero de este año.	La sentencia del Tribunal de Cuentas a la que aluden los tres magistrados condenó en diciembre del año pasado a la exalcaldesa Ana Botella y seis de sus ediles en 2013 a pagar 22,7 millones de euros por por vender de forma "ilegal", sin concurrencia, publicidad y por debajo de su precio, las viviendas al fondo de inversión Fidere.	
La Justicia reabre caso de las 1.800 viviendas públicas vendidas por Botella