CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Desde que las primeras caravanas de centroamericanos empezaron a recorrer México el año pasado, las presiones de la administración de Donald Trump crecieron sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que frenara el flujo de migrantes. Sin embargo, la amenaza de imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas, que podría haber tenido consecuencias catastróficas para las dos economías, fue el desencadenante de toda una crisis que culminó con un acuerdo el 7 de junio que sería evaluado en 90 días, plazo que culmina este jueves.	México ha desplegado 21.600 efectivos --entre militares y miembros de la nueva Guardia Nacional-- para controlar las fronteras y las rutas migratorias, aumentó los retenes en todo el país e integró un centro de coordinación de operaciones en Monterrey, según el primer informe de Gobierno que dio hace unos días el presidente López Obrador. También trasladó a miles de solicitantes de la frontera norte hacia el sur, presuntamente para garantizar su seguridad.	Estados Unidos tiene menos migrantes en su frontera sur. Por un lado, la Patrulla Fronteriza detuvo en julio a 72.000 personas (frente a las 95.000 de junio y las 133.000 de mayo), lo que hace pensar que menos migrantes han llegado. Por otra parte, ha devuelto a México al menos a 32.000 solicitantes de asilo del programa “Permanecer en México”.	México ha estado incrementando las detenciones y las deportaciones mes tras mes desde principios de año y sobre todo en abril pero, curiosamente, ambas acciones se redujeron, sobre todo el número de arrestos que pasó de 31.000 en junio a 18.700 en julio. Eso puede sugerir que deporta a todos los detenidos -los deportados en julio fueron 18.100, casi el mismo número-, que el flujo de migrantes hacia el norte se ha reducido, o que las redes de tráfico son más exitosas y los migrantes pasan sin ser vistos.	En plena crisis por la amenaza de los aranceles, el presidente López Obrador cambió al jefe del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, un sociólogo y académico, por Francisco Garduño, antiguo jefe de las prisiones del país, y encargó al canciller Marcelo Ebrard el mando de facto de la política migratoria. Sobre el terreno se endurecieron los controles y, según el gobierno, el acoso a las redes de tráfico.	Las organizaciones de derechos humanos han denunciado hostigamiento hacia los propios migrantes, que se acumulan en ambas fronteras cada vez más desesperados por la falta de información clara, y hacia quienes rigen los albergues. También han denunciado excesos por parte de policías y militares quienes, teóricamente, no pueden hacer labores migratorias.	Estados Unidos ha incrementado el retorno de solicitantes de asilo de forma drástica, sobre todo por Texas, hacia el peligroso estado de Tamaulipas. El uso del programa “Permanecer en México” se está utilizando indiscriminadamente en esta parte de la frontera sin que México se oponga a pesar de que organizaciones internacionales han mostrado su preocupación por la acumulación de migrantes, la inseguridad y la falta de información y servicios.	A primeros de abril dimitió la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, pero el presidente Trump endureció después aún más las reglas para que no pudieran solicitar asilo quienes llegaran a Estados Unidos desde México y que fueran originarios de un tercer país. Además, mandó a enviados a Centroamérica para lograr acuerdos de contención de migrantes aunque sólo se firmó uno con Guatemala, que está recurrido y no ha entrado en vigor.	Trump ha hecho comentarios positivos sobre los esfuerzos de México, que también se muestra satisfecho. El canciller mexicano Marcelo Ebrard se ha vanagloriado de haber logrado reducir el flujo sin la necesidad de firmar un acuerdo de “tercer país seguro” aunque sus críticos dicen que, sin acuerdo expreso, México ya lo es.	En Estados Unidos, diversas organizaciones civiles han llevado ante las cortes la mayor parte de las medidas anti-inmigrantes del presidente y en México colectivos similares han denunciado el endurecimiento de las medidas de López Obrador. Sin embargo, en ciertos sectores de la sociedad mexicana ha crecido el rechazo a los migrantes y se alabó este giro para que la economía no se viera afectada.	Si Washington no cree que los logros son suficientes, se podría activar el “acuerdo complementario” suscrito también el 7 de junio y que podría convertir a México en tercer país seguro de Estados Unidos de forma única o en el marco de un acuerdo regional en el que otros también accedan a ser tercer país seguro de México. Esta segunda opción podría conllevar el reparto de la carga y la asignación de responsabilidades para procesar solicitudes de asilo entre distintos países de la región, algo por lo que México ha apostado.	
AP EXPLICA: Cambios a tres meses del acuerdo México-EEUU