Asimismo, el Consejo General de Economistas (CGE) ha pedido coordinación en las políticas para ofrecer soluciones al envejecimiento, proponiendo la creación de "colchones anticíclicos" incrementar la colaboración público-privada para atender la dependencia y planes de pensiones de empleo, así como reducir la cuña fiscal" en los trabajadores en edad laboral madura, potenciar la jubilación activa y desincentivar el retiro temprano.	Estas han sido las principales propuestas realizadas durante la presentación del estudio 'El reto del envejecimiento desde una perspectiva integral', elaborado por el Consejo General de Economistas, en la que el presidente del CGE, Valentín Pich, y la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, han coincidido en que el envejecimiento de la población es un reto de primera magnitud para la economía española, ya que afecta a gastos tan importantes como sanidad, dependencia y pensiones.	Herrero ha subrayado que en materia de pensiones es "esencial" analizar cómo hacer compatible el crecimiento económico y la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social, sin olvidar los criterios de suficiencia y equidad intergeneracional, algo que ve como un reto "asumible", que requiere la puesta en marcha de medidas para generar tranquilidad a los pensionistas presentes y futuros y para asegurar la sostenibilidad del sistema.	A corto plazo, la AIReF sigue siendo partidaria de traspasar al Estado determinados gastos que actualmente soportan las cotizaciones para reducir la incertidumbre, sin obviar la necesidad de afrontar el déficit del conjunto de las administraciones públicas. A largo plazo, insta a empezar a trabajar cuanto antes en medidas consensuadas que hagan sostenible el sistema.	Por su parte, Pich ha advertido sobre "el riesgo de actuar sólo en momentos de urgencia", ya que "las aproximaciones parciales generan resultados parciales, y solo bajo una mirada global será posible establecer consensos y agendas reformistas estructurales a largo plazo, estableciendo incentivos adecuados para todas las partes", un proyecto "de una envergadura tal que se necesitará una perfecta coordinación entre el sector público y el privado".	Además, en España un 90% de los programas de salud y dependencia están financiados con cargo a dinero público, frente a sólo un 10% con cargo al sector privado, algo que no sucede en otros países del entorno. "A esto se suma que en España se da un marco fiscal que premia relativamente al consumo y castiga relativamente al ahorro", ha agregado.	Entre las medidas que propone el Consejo General de Economistas para acometer el reto del envejecimiento en España se encuentran, entre otras, la creación de "colchones anti-cíclicos" en épocas de bonanza para financiar un envejecimiento que se prevé costará el 24,6% del PIB en 2030 según la Comisión Europea e incrementar la colaboración público- privada para ampliar políticas de dependencia y planes de pensiones de empleo.	También a boga por reducir la "cuña fiscal" en los trabajadores en edad laboral madura (actualmente un trabajador dedica 3,65 de cada 10 euros de coste laboral bruto a pagar Seguridad Social e IRPF), lo que permitiría a estos poder destinar más recursos a planes de empleo; establecer mecanismos de conversión en liquidez de bienes como la vivienda (rentas vitalicias, hipotecas inversas) al objeto de conseguir liquidez para complementar la pensión y poder financiar los gastos propios del envejecimiento, especialmente en situación de dependencia.	Según recoge este estudio, los españoles vivirán de forma sana un promedio de 73,8 años y el resto de años hasta los 83 (aproximadamente 10 años) lo hará de forma dependiente. Por otra parte, en España viven 2 millones de personas mayores de 65 años solas en sus hogares, y casi 900.000 en la franja a partir de 80 años (el 31,03% de las personas de esta edad viven solas).	Según Pich, "ser anciano, dependiente y solo constituye un enorme riesgo para una gran parte de los españoles, si se tiene en cuenta que en España el número de plazas en residencias públicas y privadas no llega a las 400.000, y que, en la actualidad, el sistema complementario de empleo choca con la presión fiscal que ejercen las cotizaciones a la Seguridad Social sobre el salario -una media del 36,25% sobre el salario bruto-, haciendo difícil su generalización por los altos costes que tiene sobre la empresa".	
AIReF pide traspasar al Estado gastos impropios de Seguridad Social y los economistas una jubilación activa