Al igual que sucedió en abril, cuando el proyecto de regulación de la venta en grandes centros comerciales denominado "Ley de Góndolas" asomaba con fuerza en el Congreso, las principales cadenas de supermercados y sus mayores proveedores vuelven a prepararse para avanzar contra la iniciativa en caso que sea sancionada en Diputados.	De hecho, durante la jornada de este miércoles, la Cámara baja será escenario del tratamiento de dos proyectos. Y, lo más probable, es que se logre media sanción de una norma consensuada para acelerar los plazos y pueda ser ley antes del 10 de diciembre, día en el que Alberto Fernández asumirá la presidencia.	En el caso de la bancada del Frente de Todos, buscan presentar la ley como la herramienta para contribuir a que el precio de los alimentos sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores. A que se mantenga lo que consideran una armonía y equilibrio entre los operadores económicos alcanzado por la ley para evitar prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen distorsiones en el mercado.	El propio compañero de fórmula de Cristina Kirchner ya habló durante la campaña electoral sobre la necesidad de aprobar la iniciativa que, a principios de año, había sido elevada por el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, actual aliado del Frente de Todos, quien en ese momento aseguró que se trata de una estrategia para ponerle freno a los aumentos de precios de los alimentos y para promover una mayor oferta de marcas en las góndolas de los supermercados.	Con este marco de fondo, en el sector de alimentos la mayoría rechaza la medida. De hecho, si se convierte en ley, es probable que los supermercados den batalla en los tribunales, con argumentos legales en contra de una norma que, dicen, permite un "fuerte intervencionismo" del Estado en un negocio que no está concentrado y que tampoco sufre de falta de competencia ni de una importante variedad de productos como para que haya en necesidad de tener que regularlo.	El argumento legal se basa en la capacidad efectiva que tiene el Estado sobre regular lugares en gondola, que hace a la actividad privada y no a un uso público. También se hace referencia a una competencia deselal ya que la Ley de Góndolas sería aplicable nada más que para las cadenas. Es decir, para una parte del negocio total de retail, mientras que para el resto no habría una regulación similar, evitando así costos agregados que generaría esta nueva norma para los grandes supermercados.	Las ideas "fuerza" que adoptaron desde el Frente de Todos para apoyar la sanción de la ley se basa en sostener que en el país existen dos grandes empresas alimenticias que monopolizan el 70% de las góndolas, aunque la realidad diga otra cosa si se tiene en cuenta los nombres de los peso pesados nacionales y extranjeros que compiten en el sector como Molinos Río de la Plata; Arcor; Mondelez; Coca-Cola; Pepsico; Unilever; y Procter, entre otras.	Es que la norma estipula una gran cantidad de limitaciones y regulaciones que hasta los obligará no sólo a modificar la cantidad de artículos de una misma compañía en una góndola sino también la altura en la cual esos productos deberán ser exhibidos y a cambiar las formas y plazos de pago a sus proveedores.	"Es decir, guarda relación con la demanda real y efectiva de ese producto en el pasado inmediato, ya que nuestro negocio se reduce a que el cliente encuentre lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Sobre todo, porque el riesgo que esto no pase también es simple: que no nos compre o que nunca más vuelva", afirma Juan Pablo Quiroga, gerente de Relaciones Institucionales de Walmart Argentina.	Por eso, entiende que una definición de este tipo (por cuotas, con criterios externos a la demanda y a los gustos de los clientes) no sólo puede derivar en pérdida de ventas, sino también en escasez de productos, ya que un artículo con mucha demanda, pero sin un espacio acorde en la góndola, se acaba más rápido y deja de estar disponible para otro cliente. Falta con la misma regularidad con la que está disponible.	Por otro lado, Quiroga entiende que se trata de un esfuerzo que regularía apenas al 30% del mercado ya que, explica, los supermercados solo representan el 30% de la facturación de la venta de bienes de consumo masivo en Argentina, mientras que el 70% restante se mantiene en canales informales, por fuera de las regulaciones y las exigencias.	Entre las empresas productoras de alimentos y bebidas, en tanto, se espera conocer el contenido final de la iniciativa para tener más en claro la visión de la industria, aunque también los ejecutivos de este sector acumulan sospechas sobre los beneficios de la norma y advierten que no resolverá los problemas de recesión y de suba de precios.	Una de las alternativas que varios empresarios estarían dispuestos a aceptar es la de una norma que contenga rasgos de la Ley de Góndolas aprobada en la provincia de Buenos Aires, que adopta la rotación de los productos para que todos los oferentes de la categoría estén el mismo tiempo en la posición central. Una medida copiada de leyes con vigencia en el Reino Unido que ven con buenos ojos en comparación con el rechazo que les generan las dos propuestas que serán tratadas en Diputados al entender que incrementarán, y mucho, los costos de comercialización.	

            Supermercados contraatacan: apelarán la Ley de Góndolas y advierten por desabastecimiento
                
        