Las siete páginas del informe apenas aportan datos concretos, pero sí recogen varias propuestas que la Fiscalía considera necesario poner en marcha. La principal de ellas es que "se deben evitar comprobaciones o filtros internos de verificación previos a la información del caso a las Autoridades competentes por parte de la Institución en cuyo seno se ha detectado el caso". Esa puesta en conocimiento "habría de realizarse de forma directa por quien haya recibido la noticia o disponga del conocimiento directo de la sospecha del	. Lo que debe hacer la Iglesia es informar de inmediato y de forma directa a las autoridades: "Son estas, las Instituciones y Administraciones competentes y especializadas en la protección de menores (entidades públicas y Fiscalía) quienes deben asumir el estudio del caso y la valoración de la existencia de indicios para formular la denuncia y quienes, simultáneamente, deben velar por la protección de los menores afectados", afirma la Fiscalía. Todo ello, dice el informe, sin perjuicio de que la propia institución afectada adopte, "en el ámbito de sus competencias", sus propias medidas para evitar hechos similares.	A continuación, la Fiscalía General hace otra propuesta: que los colegios religiosos actúen como ya lo hacen los colegios públicos. El informe considera que es necesario "trasladar" al ámbito religioso "la experiencia de los protocolos ya en funcionamiento en el ámbito de los centros educativos o sanitarios públicos sobre detección y comunicación de abusos sexuales".	En contraste, en España "es claro que el panorama es deficiente" y que es necesario "un mayor impulso de nuevas iniciativas en relación al establecimiento de mecanismos eficaces para la adecuada prevención, detección, persecución y reparación en este tipo de conductas en centros e instituciones religiosas, que impliquen a otras instituciones y perfeccionen los mecanismos de actuación".	, explica que ha acudido para obtener los datos «a los registros, archivos y aplicaciones informáticas o manuales» que se llevan en las distintas fiscalías. Sin embargo, todos ellos «presentan carencias que limitan la capacidad de proporcionar datos con el detalle que sería deseable». De hecho, la Fiscalía no dispone de datos segregados sobre qué numero de casos abusos sexuales se ha producido en el ámbito religioso.	El Ministerio Público explica que las características de las instituciones religiosas son un inconveniente para las investigaciones. «El fenómeno de las agresiones o abusos sexuales a menores que tienen lugar en el seno de las actividades que desarrollan congregaciones, centros de enseñanza e instituciones religiosas es una realidad compleja, pues se trata de entornos tradicionalmente dotados de cierta opacidad donde la detección de los casos presenta dificultades por diversos motivos».	Conectándolo con esa dificultad, el informe resalta que para dictar una condena o preparar una respuesta eficaz al problema primero es necesario haber detectado qué casos se han producido. «El problema que nos ocupa no sólo es una cuestión de respuesta penal al hecho delictivo que ha sido denunciado y acreditado. También son necesarias iniciativas que permitan detectar los casos que se han podido producir. Sólo de esta manera se puede articular una respuesta penal eficaz, reparar en lo posible a las víctimas y desplegar mecanismos de prevención de estas conductas".	La Fiscalía no dispone datos sobre casos de abusos sexuales a menores específicos del ámbito religioso, pero sí comunica al Gobierno sus cuentas sobre la incidencia de esos supuestos en toda la sociedad en general. Explica que el año pasado presentó 1.091 acusaciones por este tipo de delitos, un incremento respecto a los 965 casos del año anterior. En la mayoría de casos el escrito de acusación aplicaba el delito de abusos sexuales (761), seguido de exhibicionismo y provocación (144) y de agresiones sexuales (137). Hubo 26 acusaciones por violación, es decir, por casos de agresión con penetración. En cuanto a las sentencias condenatorias, la Fiscalía indica que el año pasado se dictaron 737, una subida significativa respecto a las 560 de hace dos años. De nuevo en torno a dos tercios de los casos fueron abusos sexuales. Hubo 13 condenas por violación.	
La Fiscalía General pide que la Iglesia deje de filtrar los casos de abusos sexuales e informe inmediatamente