La organización estaba dirigida desde Alicante, extendiendo su radio de acción por ocho CCAA, entre ellas Navarra, y contaba con toda una red de empresas y colaboradores, incluyendo sociedades instrumentales y testaferros, que realizaban desde la labor logística y comercial, hasta la emisión de facturas y el cobro a los clientes finales	gasóleo de automoción modificado ligeramente en su composición para evitar los controles fiscales comunitarios. Este producto se vendía finalmente en diversas CCAA a estaciones de servicio ‘low cost’ o de ‘marca blanca’, con un doble beneficio fiscal: el impago del Impuesto de Hidrocarburos gracias a la adulteración del producto, y también el del IVA, no ingresando el impuesto repercutido a sus clientes. Todo ello a partir de una estructura empresarial que incluía gran número de sociedades instrumentales y testaferros.	La Oficina Nacional de Inspección e Investigación de Aduanas de la Agencia Tributaria (ONII) inicia la operación, denominada ‘Copérnico’, en el año 2018, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela (Alicante), si bien a la vista de los hechos puestos de manifiesto durante la investigación, el caso se traslada a la Audiencia Nacional, que continúa la instrucción en la actualidad, participando también la Fiscalía Anticorrupción.	Para desarrollar su actividad de fraude organizado en el sector de los hidrocarburos, adquiría en otros estados miembros de la UE productos de características prácticamente idénticas al gasóleo de automoción, pero diseñados especialmente para poder circular con destino a España al margen de los procedimientos de control fiscal comunitarios, de manera que se recibían en nuestro país de forma opaca.	Una vez el producto se encontraba ya en España, la trama distribuía el gasóleo a estaciones de servicio ‘low cost’ sin haber pagado el Impuesto Especial de Hidrocarburos. La elusión del impuesto les permitía adquirir una posición muy ventajosa en el mercado al poder ofrecer precios muy competitivos. Paralelamente, la organización hacía suyo el IVA repercutido y cobrado de los clientes, en lugar de ingresarlo a la Hacienda Pública.	Para ello, la organización disponía de toda una red de empresas y colaboradores que atendían las distintas necesidades del negocio: empresas facturadoras del producto y receptoras del dinero en otros estados miembros, sociedades instrumentales para emitir las facturas y cobrar de los clientes finales, empresas de transporte nacional e internacional, instalaciones de descarga, aprovisionamiento de aditivos y aromatizantes, así como toda una red de comerciales, contando también con varios testaferros para la ocultación de los verdaderos responsables de la actividad.	Para lograr los fines de la organización, el producto circulaba al amparo de documentos de circulación con destinatarios falsos, o con datos incompletos para evitar ser localizados. Además, se recibía en instalaciones ajenas al sistema de control de la distribución de los hidrocarburos para, desde allí, distribuir el producto a las estaciones de servicio.	El uso de este tipo de instalaciones supone también que el producto no es sometido a los controles de calidad de sus especificaciones técnicas, pudiendo su uso continuado causar, incluso, daños en los vehículos que repostan en las estaciones de servicio desde las que se hace la distribución minorista final, con el consiguiente fraude al consumidor. De hecho, la trama llegaba a utilizar aromatizantes para dar al producto apariencia de gasóleo de calidad normal.	En el marco de la investigación se realizaron diversas actuaciones de entrada y registro en hasta 19 oficinas, instalaciones y domicilios particulares, en las que participaron más de 150 funcionarios de la Agencia Tributaria, tanto de Vigilancia Aduanera como de la inspección de Aduanas e Impuestos Especiales y de las Unidades de Auditoría Informática.	En la actualidad continúan los trabajos tendentes a ultimar la instrucción y la cuantificación definitiva del fraude tributario cometido, que los investigadores sitúan en un mínimo cercano a los 11 millones de euros. Tratándose de una causa judicial con amplias ramificaciones internacionales, se ha abierto un expediente de cooperación judicial internacional en el marco de Eurojust, y se han tramitado varias órdenes europeas de investigación de movimientos de dinero y embargos de cuentas bancarias en el extranjero.	

‘Operación Copérnico’: cae una trama que distribuía en Navarra gasóleo modificado para evitar los controles fiscales comunitarios 