Aquel 7 de junio de 2017, la Junta Única de Resolución (JUR) instó al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a que liquidara el banco y procediera a amortizar sus acciones a cero, después de que el Banco Central Europeo (BCE) certificara los problemas de viabilidad de la entidad, castigada por la fuga de depósitos del mes anterior, cuando llegó a perder 2.085 millones en sólo cuatro días.	La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, la misma que juzga el que para muchos es la causa espejo del Popular, la salida a Bolsa de Bankia, libraba así al Santander -que continúa figurando como posible responsable civil- de enfrentarse a un severo castigo, al estimar su recurso contra la decisión del juez José Luis Calama de incorporarlo como investigado en calidad de heredero.	Pese a ello, se mantienen en la lucha los accionistas y tenedores de deuda subordinada del Popular, que desde junio de 2017 hasta finales de 2018 han completado su ofensiva con más de 1.000 reclamaciones por responsabilidad patrimonial contra el Estado por el papel del FROB, fondo de rescate español, en la resolución.	Si bien estos "contenciosos" abrieron la ofensiva legal de los inversores, que llegaron a solicitar sin éxito que la resolución se suspendiera de forma urgente, las demandas se han consolidado como el camino más rápido para que quienes no acudieron a la ventana extrajudicial abierta por el Santander puedan recuperar su dinero.	Iniciada en octubre de 2017, la causa, compuesta de dos piezas separadas, continúa a la espera de que comparezcan los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración así como el socio auditor de PwC, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.	La primera parte de las pesquisas gira en torno a la ampliación de capital de 2016, de la que debería responder Ron, en tanto que la segunda versa sobre una posible manipulación del mercado con la publicación de datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de los títulos, ya con Saracho al frente.	En el documento, los expertos rechazaban que el Popular fuera inviable en la ampliación de capital pues "a diciembre de 2016, su patrimonio neto era de 11.088 millones" y generaba beneficios antes de provisiones por importe de 1.150 millones, aunque advertían de que las cuentas del folleto "no respetaban determinados aspectos de la normativa".	
La venta del Popular por un euro cumple dos años avalada por los jueces españoles