Y para el torneo local se amplía la norma: "Si los partidarios de un equipo cometen una de las infracciones mencionadas en el presente artículo, se sancionará al club afectado, sin que se le impute una conducta u omisión culpable, con una multa en cuantía de veinte (20) a cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes".	En ese sentido, según el abogado deportivo Andrés Charria, la Dimayor bien podría analizar de oficio el caso e imponer una sanción económica que llegaría hasta los 33 millones de pesos: "Habría que aportar las pruebas, pero sí es un caso que se puede juzgar de oficio. No basta la palabra del jugador ni que la denuncia no se haya reportado en el informe del árbitro, siempre Dimayor puede evaluar el tema, más tratándose de un hecho de racismo", dijo el experto.	Andrés Guapacha, exjugador y actualmente abogado deportivo, está de acuerdo en el fondo pero difiere en la forma: "Dimayor y la Federación no podrían sancionar de oficio, pero lo que sí tiene que haber, producto de una denuncia del jugador, es una investigación que puede dar origen a un tema sancionatorio. Las pruebas pueden ser sobrevinientes (posteriores a la denuncia). No es fácil de demostrar pero los audios del estadio deben dar fe de que el jugador fue maltratado".	El único castigo hasta el momento ha sido una multa económica. Ocurrió en el año 2012, cuando Deportivo Pasto fue castigado por los insultos de sus seguidores a dos jugadores de La Equidad. La multa en ese momento fue de  $11.334.000. No hubo cierre de tribunas en el estadio Libertad.	
¿Podrían sancionar a Millonarios por denuncia de racismo de Solís?