La Corte Suprema había argumentado en su decisión de 1.554 páginas en agosto que había amplia evidencia para demostrar que Uribe había participado en intentos para presionar a exparamilitares a retractarse de declaraciones perjudiciales contra el expresidente. Sin embargo, la Corte Suprema renunció al control del caso cuando Uribe renunció a su escaño en el Senado, entregándolo a la Fiscalía General.	El abogado del expresidente argumentó que debido a que Uribe sólo está bajo investigación y que no ha sido acusado, debería ser liberado. El fiscal general Gabriel Ramón Jaimes estuvo de acuerdo y dijo a la jueza que creía que se habían violado los derechos al debido proceso de Uribe, pero también enfatizó que la investigación continúa.	Sus partidarios sostuvieron que la decisión del arresto domiciliario fue injusta porque los exguerrilleros pudieron permanecer libres mientras testificaban sobre crímenes de guerra. Sus críticos argumentan que hasta ahora los tribunales efectivamente se han hecho la vista gorda ante numerosos señalamientos de que Uribe tenía vínculos con grupos paramilitares durante el conflicto.	
Ordenan que Álvaro Uribe quede libre de arresto domiciliario