El Congreso Nacional aprobó la ley que autoriza al Gobierno a establecer un impuesto del 30% a la compra de divisas, subir las alícuotas de Bienes Personales y abrir una moratoria impositiva para las pymes, entre otras iniciativas, con el objeto de alcanzar la solvencia fiscal, fortalecer las reservas internacionales y reactivar la economía.	En un larga sesión del parlamento, que comenzó el último miércoles en la Cámara de Diputados y culminó esta madrugada en el Senado, los legisladores le dieron el aval al megaproyecto de ley impulsado por el gobierno nacional que contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo.	Se pondrá en marcha una moratoria destinada a las pymes para el pago de deudas y de aportes, con plazos de hasta 120 cuotas con seis meses de gracia por las obligaciones vencidas al 30 de noviembre del 2019, con quita de intereses y de capital. De este modo, se busca que las pymes puedan sanear sus deudas y retomar la producción, con la consecuente incorporación de trabajadores y reactivación de la economía.	Se establece de un impuesto del 30% a la adquisición de divisas para turismo y atesoramiento, o compras que supongan el uso de moneda extranjera por el término de cinco años, y que tiene como finalidad la de preservar los dólares que conforman las reservas internacionales del país e incentivar el ahorro en pesos. Quedaron exceptuadas las compras de bienes o servicios en cuotas realizadas con anterioridad a la vigencia de la Ley, y las importaciones de insumos para la producción.	En el caso de los derechos de exportación, se faculta al Gobierno a fijar nuevos topes de retención, en una medida destinada a incrementar los recursos y alcanzar el equilibrio fiscal. Así, se prevé que la alícuota que deberá tributar la exportación de porotos de soja podría alcanzar el 33%, mientras que el trigo, maíz, girasol, sorgo y demás podría pasar de pagar el 12% actual al 15%, al mismo tiempo que el Poder Ejecutivo establecerá un mecanismo “de segmentación y estímulo” a los pequeños productores y cooperativas.Por su parte, los derechos de exportación a los hidrocarburos y minería se fijarán en el 8%. En el caso de los productos procedentes de economías regionales la alícuota quedará en un 5%, como también los bienes industriales.	
La ley de Solidaridad Social procura alcanzar la solvencia fiscal y reactivar la economía