Los datos publicados son resultado de un trabajo conjunto que vienen realizando el Centro de Investigación de los Padres Jesuitas “Centro Gumilla” y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea). Las dos organizaciones iniciaron desde el año pasado un proceso de contraloría social a la violencia institucional policial y militar.	Los miles de víctimas que deja la violencia institucional en Venezuela, son consecuencia de una política de Estado que combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos, y la impunidad estructural dado el copamiento del sistema de administración de justicia, por parte del proyecto político oficialista. Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública.	Muy de cerca el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) con 400 casos, lo que equivale al 24,83% del total. En los dos últimos años en el debate público se ha opacado la responsabilidad de este organismo en las cientos de presuntas ejecuciones ocurridas en el país. El señalamiento se ha centrado en el FAES puesto que actuando en menos estados del país es el cuerpo de seguridad que más atenta contra el derecho a la vida.	La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es responsable de 222 casos en su gran mayoría responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Llama la atención el significativo incremento en el número de casos responsabilidad de la FANB. Provea pudo identificar en 2019 la participación de la FANB en 55 presuntas ejecuciones. Al primer semestre de 2020 el número se elevó en 403%. Este resultado corresponde al cada vez más creciente proceso de militarización de las labores de seguridad ciudadana.	
Centro Gumilla y Provea: 1.611 personas han muerto en manos de policías y militares de enero a junio del 2020