Conforme avanza la epidemia de coronavirus en España, crecían las voces que pedían al Gobierno que adoptara el estado de alarma previsto por la Constitución para decretar medidas excepcionales que frenen el contagio. En su comparecencia de este jueves, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, no descartó la medida y este viernes lo ha hecho, según informa el diario digital	Con esta decisión, es la segunda vez que se aplica en España: en diciembre de 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya adoptó el estado de alarma para anular una huelga de controladores que amenazaba con paralizar el tráfico aeroportuario. Mediante esa figura jurídica, el Gobierno central cerró el espacio aéreo del país y puso los centros de control aéreo en manos del Ejército.	El de alarma es diferente a los estados de excepción y de sitio. El primero se adopta cuando "el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas (...) o cualquier otro aspecto del orden público, resulten gravemente alterados", según la ley. Un ejemplo claro de este tipo de situaciones sería un golpe de Estado, indica Álvarez Vélez. De hecho, recuerda que en el golpe de Estado de 1981 las autoridades sopesaron declararlo, aunque no llegó a materializarse.	En el estado de alarma la severidad no llega tan lejos. "Son medidas para proteger a la sociedad de ese riesgo que está sufriendo, pero no conllevan la suspensión de derechos", señala. "Por ejemplo, se puede limitar que las personas permanezcan en la calle o en determinados lugares a ciertas horas, autorizar las requisas de bienes, limitar el consumo de productos de primera necesidad o impartir órdenes para asegurar el abastecimiento de los mercados".	Es el tipo de medidas que hasta ahora las autoridades sanitarias han estado pidiendo que sean adoptadas por favor, apelando a la responsabilidad ciudadana. "En un estado de alarma ya no sería por favor, sería prohibir a la gente que salga a la calle, por ejemplo, y puede conllevar algún tipo de sanción", dice la catedrática.	Esta herramienta también permitiría ordenar el uso de las instalaciones en hospitales privados para aliviar la sobrecarga que está sufriendo la red pública. El artículo 11 de la ley prevé que se podrán "intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados".	En ese decreto se debe especificar el territorio en el que se aplicará, su duración, y efectos. En esta primera etapa no requiere la intervención del Congreso de los Diputados, cuyas sesiones están suspendidas por la emergencia sanitaria. El Ejecutivo solo está obligado a comunicarlo a la cámara baja y suministrarle toda la información que le requiera.	Álvarez Vélez considera que actualmente en España se podría justificar la aplicación del estado de alarma, lo que incluso podría contribuir a que se tome conciencia de la dimensión del problema. "Se está apelando a la responsabilidad ciudadana, pero en el entorno hay una cierta sensación de que la gravedad no es tan grande".	
Qué es el estado de alarma y qué poderes da al Gobierno para frenar el avance del coronavirus en España