El papa Francisco obliga a partir de ahora a todos los consagrados (clérigos, religiosos y religiosas) a informar a la autoridad eclesiástica de cualquier caso de abusos del que tengan conocimiento. Esta obligación hasta el momento quedaba limitada a la conciencia individual, mientras que a partir de ahora será un precepto legal. Además, los cargos de responsabilidad deberán actuar siempre en casos de abusos sexuales y de poder, particularmente omisiones y encubrimientos.	El documento del Papa delimita claramente cómo y quién debe llevar a cabo las investigaciones, así como que se tienen que efectuar con celeridad, en un plazo de tres meses. Las denuncias recibidas en los mostradores de quejas deberán ser gestionadas directamente por el obispo, que tendrá la obligación de comunicarlas a la Santa Sede y abrir una investigación. En el caso de que el denunciado sea un obispo, cardenal o superior de una congregación, la denuncia la llevará el obispo metropolitano más antiguo que deberá comunicarlo al representante del Papa (nuncio o embajador) en cada país.	Jorge Mario Bergoglio enfatiza que las víctimas y denunciantes no pueden ser objeto de “prejuicios, represalias o discriminación”, y podrán hablar libremente de sus casos con quién quieran, incluyendo la prensa. “Lo que se quiere es que las personas que han sufrido abusos puedan recurrir a la Iglesia local con la seguridad de que serán bien recibidas, que estarán protegidas de las represalias y que sus informes serán tratados con la máxima seriedad”, explicó Andrea Tornielli, el director editorial del Dicasterio de la Comunicación del Vaticano.	El Vaticano describe por primera vez la llamada conducta del encubrimiento, es decir, “acciones u omisiones destinadas a interferir o evadir investigaciones civiles o investigaciones canónicas, administrativas o penales, contra un clérigo o religioso en relación con los delitos” de abuso sexual. Hasta ahora no existía esta figura penal como tal, y durante décadas se ha propagado la cultura de encubrir los abusos sexuales para no hacer daño a la imagen de la Iglesia.	Para la decepción de las víctimas, la norma no es un endurecimiento del código penal contra los clérigos abusadores. Sin embargo, según fuentes vaticanas que han trabajado de cerca en este proceso, el motu propio es un paso más en un camino que podría llevar a una reforma del código penal del Vaticano en este sentido. “Son normas procesales que ayudarán a aplicar el código penal existente”, cuentan. “Es, sobre todo, un documento para prevenir los abusos sexuales en la Iglesia”.	Las mismas fuentes vaticanas aseguran que Francisco cambió de punto de vista sobre la gravedad del problema después del informe que llevaron desde Chile el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote catalán Jordi Bertomeu, que hizo dimitir a toda la cúpula eclesiástica del país latinoamericano. Allí el Pontífice se dio cuenta que había sido engañado y desde entonces ha visto claro que, sobre todo en el mundo latino e hispano, existe una cultura de impunidad en la Iglesia que debe ser erradicada.	Algunas víctimas ya han mostrado su desconfianza con la nueva normativa. “El Vaticano no tiene credibilidad a día de hoy para luchar contra los abusos sexuales. Llevan implementando normas durante treinta años que quedan en papel mojado. ¿Por qué nos tenemos que creer que esta vez sí se van a cumplir?”, protesta Miguel Hurtado, víctima de abusos en Montserrat, en declaraciones a este diario. Hurtado denuncia que las normas no incluyen el principio de tolerancia cero, porque cree que “un cura abusador debe ser expulsado del sacerdocio, y un obispo encubridor debe perder su puesto de trabajo”. Francesco Zanardi, víctima italiana, tachó la normativa de un “fraude” porque no obliga a la Iglesia a denunciar los abusos ante las autoridades civiles. El Vaticano deja esta cuestión al alcance de las leyes de cada país.	
Las claves de las nuevas normas vaticanas contra la pederastia clerical