Según este artículo, “en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.	
 Estos serían los efectos en Nicaragua si se aplica el artículo 20 de la Carta Democrática de la OEA 