El 28 de diciembre de 2018, el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto que convertía en obligatoria la cotización a la Seguridad Social de las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios y de Formación Profesional. Una medida que provocó el inmediato rechazo de las universidades, que no fueron consultadas antes de su aprobación, y que un año después sigue sin aplicarse.	La cotización obligatoria de las prácticas externas quedó incluida en una disposición adicional del Real Decreto Ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. Un texto elaborado por el Ministerio de Trabajo que establecía un plazo de tres meses para su desarrollo reglamentario.	La medida impulsada por el Ministerio de Trabajo de Magdalena Valerio, beneficiaba a 534.000 estudiantes españoles según el Gobierno, provocó alguna fricción con el Ministerio de Educación, dirigido por Isabel Celaá, como quedó patente en una comparecencia en el Congreso sobre este asunto solicitada por el Partido Popular. Allí, Celaá recomendó al PP que pidiera explicaciones a la ministra Valerio.	Aquel mes de febrero se produjo el adelanto electoral para abril, y tras las elecciones se prolongó una situación de bloqueo político que mantuvo al Gobierno en funciones durante meses, llegando así al inicio del curso académico 2019-2020 en el que debería empezar a ser obligatoria la cotización de las prácticas.	"Todo indica que el curso empezará sin ese reglamento, pero genera mucha incertidumbre en todas las administraciones y empresas que colaboran con la universidad, que nos piden el compromiso de que abonemos nosotros la cotización a la seguridad social en el caso de que llegue la aplicación de esta medida", afirmó en verano a Europa Press el nuevo presidente de CRUE, José Carlos Gómez Villamandos..	El también rector de la Universidad de Córdoba vaticinaba entonces que la cotización obligatoria de las prácticas se postergaría un curso más porque requería "desarrollar un reglamento" que la situación de interinidad del Gobierno impedía desarrollar. "Está todo parado", precisaba. Una situación que todavía persiste, un año después de la aprobación de la medida, que sigue sin aplicarse.	
La cotización obligatoria de las prácticas universitarias sigue sin aplicarse un año después de su aprobación