Del arresto del General Cienfuegos en Estados Unidos, además de los errores históricos del gobierno local ante el desafío de la desbordada delincuencia organizada que lleva más de una década de mantener la iniciativa en el territorio. Uno de esos errores que generó impotencia en las instituciones locales es la omisión de responsabilidades propias manifestadas en variadas formas. Una muy cuestionable es la de dejar en la indefensión a quienes fueron víctimas de violaciones de sus derechos humanos por parte de militares, como fue el sonado caso en Villa De Cos, o la cruenta masacre de secuestrados en Calera, por citar solo los casos más representativos. La dimensión de la apuesta a que las fuerzas armadas nos sacaran las castañas del fuego lo da el origen del enorme endeudamiento público aprobado por el Congreso local, pues su justificación fue la pertinencia de la construcción de instalaciones militares en Jalpa y en Fresnillo.	No solo el gobierno adjudicó a los militares como potenciales redentores, los medios de comunicación y la ciudadanía en general reprobaron las voces en contra de la apuesta a la radicalización de la militarización de la seguridad pública, en contradicción a lo que en esos momentos fue previsto por la Constitución y las leyes (el gobierno de López Obrador promovió reformas en ese respecto).	Lo extremo de esa claudicación se puso de relieve cuando el gobernador Alejandro Tello solicitó al ahora arrestado por vínculos con el narcotráfico, el General Salvador Cienfuegos, le propusiera a un hombre de sus confianza para designarlo como secretario de Seguridad Pública de su gobierno, siendo ungido como tal el General Carlos Froilán Cruz, que no pudo permanecer en el cargo por los severos cuestionamientos a su labor en el seno de la pasada legislatura local.	Existe una diferencia clave entre los casos de Edgar Veytia, exprocurador de Nayarit, Genaro García Luna, Salvador Cienfuegos y los capos del narcotráfico procesados por la justicia de Estados Unidos, los tres mencionados, además de delinquir desde la función pública según sus acusadores, son detenidos en territorio norteamericano; los capos fueron extraditados.	Desde el asesinato del agenta de la DEA, Enrique Camarena, el gobierno mexicano cedió a las presiones para otorgar libertad para indagar y operar a los organismos de inteligencia gringos y desde que Fox gobernó, hasta Peña Nieto, tuvieron las puertas abiertas para acumular información, como demuestran las miles de grabaciones telefónicas e intercepciones de mensajes que documentan la posición de las fiscalías en cada caso, complementada con los testigos protegidos.	Iván Velázquez, apodado El Cincuenta es el primer capo de alto rango que, habiéndose instalado en Zacatecas, fue extraditado a los Estados Unidos, donde adquirió el status de testigo protegido, siendo de presumir que parte importante de la información que aportó a cambio, revela el entretejido del crimen organizado con zacatecanos, pues no hay entidad en donde se aposenten los cárteles sin colaboración activa y pasiva de agentes gubernamentales, de distinto rango y función.	La apuesta por militares es la apuesta por los más aptos en el empleo de la violencia del estado contra la delincuencia en la que caemos cuando nos sentimos rebasados, por eso en muchas regiones reciben con alivio la presencia del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, pero concentrarse en la contención es como sacar agua de la lancha sin tapar el hoyo por donde entra. El error local se expresa en el perfil de los titulares de Seguridad Pública más cercanos a jefes de la Policía Estatal Preventiva que al universo propio de la seguridad pública, lo cual incluye prevención en sentido amplio y política efectiva de reinserción del delincuente; ambos renglones precariamente atendidos.	Si Veytia, García Luna y Cienfuegos traicionaron a sus respectivos jefes (suponiendo que no sean parte consciente) es por el vacío que dejan los gobernantes cuando delegan todo, no solo el cumplimiento de las decisiones, error reiterado en Zacatecas. La aptitud se adquiere cuando la actitud se tiene, el próximo gobernador y los próximos presidentes municipales deberán entrarle al toro o no estorbar y hacerse a un lado. Vienen tiempos muy complicados y no nos llevarán a buen puerto los políticos incapaces de concebir soluciones nuevas, además de estar acostumbrados a hacer depender su eficacia del dinero. ¿Alguien sueña con la reactivación económica sin eliminar las fugas de dinero públicos abiertas por tantos años de corrupción? ¿Se puede lograr éxito económico con la impunidad reinante? Eludir es traicionar.	
 Catastrófica dependencia                          
                          