Todavía incapaz de inspirar ni confianza ni temor en los acreedores, el Gobierno endureció el discurso con la velada amenaza de un default en caso de no conseguir las condiciones que espera. Lo dijo el propio Fernández cuando esta semana le mencionaron la ausencia de un plan económico: dijo que en verdad tiene dos, "uno por si pasa A y otro por si pasa B".	La exposición del ministro Martín Guzmán en el Congreso incluyó una retórica tribunera contra los acreedores -que los grandes fondos tenedores de bonos interpretan como folclórica- y una precisión sobre el sendero de reducción de déficit que traza el Gobierno. Blanqueó que no está previsto llegar al equilibrio fiscal hasta el año final del mandato de Fernández.	¿Se trata del plan A o del B? En el entorno presidencial admiten que se trató de una postura para sentarse a discutir y que es muy improbable que el Fondo Monetario Internacional (FMI) acepte firmar un acuerdo sobre la deuda de 44.000 millones de dólares que tomó la administración Macri sin un compromiso más cercano de superávit fiscal primario, que refleje la capacidad de la Argentina de volver a pagar.	El programa económico de largo plazo será completamente distinto si el Gobierno consigue postergar dos, tres o cuatro años el pago de la deuda, como pretende. Los funcionarios de Economía pronostican que, en ese caso, se despejarían las dudas y se abriría una oportunidad para la inversión y el crecimiento. Creer o reventar.	En la misma línea de radicalizarse antes de ceder se encuadra la irrupción de Cristina con su discurso en Cuba contra el FMI, que Fernández después tomó como propio. Es correr hacia una pared. Una cosa es que la nueva directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, sea crítica de cómo se gestionó la ayuda a la Argentina en los últimos años y otra es que vaya a aceptar que se violaron los estatutos, como denuncia la expresidenta. Y mucho menos que vaya a romper todas las reglas con la aprobación de una quita sobre la deuda del país.	Lo tiene claro el Presidente. Pero decidió alinearse con Cristina para evitar un ruido que considera contraproducente hacia el interior de la coalición. Los enviados del FMI a Buenos Aires saben de boca de los funcionarios que los están recibiendo estos días que no deben tomar muy a la tremenda las declaraciones públicas hechas al calor de las demandas del "peronismo unido". Los burócratas de Washington están acostumbrados a ese doble discurso, más allá de que lo consideren pueril.	El episodio de Cristina -a quien le respondió desde Washington el vocero del FMI, Gerry Rice- fue el emergente de una ola crítica en el oficialismo a la forma en que Guzmán venía llevando las negociaciones. Hay dirigentes muy relacionados con la expresidenta que lo tildan de cándido y le exigen fiereza. Algo más cercano a lo que mostró en el Congreso cuando dijo que no va a permitir "que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica" y acusó al Fondo de ser "responsable de la crisis de deuda" que vive la Argentina. Es un mensaje que encaja más con el modelo Kicillof, con quien el ministro no tiene la mejor química.	¿Se propone Fernández jugar el mismo juego del gobernador? Al menos no es el plan A. Tanto en los diálogos con el FMI como en su visita a los principales líderes de Europa intentó mostrarse racional, alejado de la etiqueta de populista que el mundo le pone sin dudar al peronismo (y muy en especial al kirchnerismo).Acuerdo vital	El problema del Presidente es que mientras ofrece al mundo una versión moderada necesita blindar su liderazgo en construcción ante distintas variantes del fuego amigo. Maneja su relación con Cristina como un secreto confesional. Nada trasciende sobre lo que hablan, en general con nulos o escasísimos testigos. Quizá sea cierto que no hay entre ellos ni un sí ni un no. Pero resulta inédito en un gobierno peronista el desafío a la autoridad presidencial que implican las declaraciones de kirchneristas duros sobre los supuestos "presos políticos" o la prepotencia con que cuestiona la política nacional de seguridad el ministro bonaerense Sergio Berni.	Es paradójico: a Fernández desde su propia coalición le entorpecen el trabajo para el que fueron a buscarlo. Cristina le encomendó la candidatura presidencial para que hiciera las cosas que ella no estaba en condiciones de lograr. La primera: unir a casi todas las facciones peronistas. La segunda: en caso de ganar, negociar con acreedores, organismos y países a los que su gobierno había destratado sistemáticamente. Y, consecuentemente, hacer el ajuste que esas gestiones demandarían.	El equilibrio entre hechos y retórica se torna por momentos engorroso. El viernes, después de una semana ingrata de mercados incendiados, el Presidente y dos de sus funcionarios anunciaron "con enorme alegría" el aumento de las jubilaciones, que implicó en los hechos podarle el aumento comprometido a los beneficiarios que ganan más de 20.000 pesos. Es el inicio del camino -aumentos con subas fijas- hacia un ahorro significativo en el presupuesto previsional, la mayor factura que le toca pagar al Estado. Tiene pendiente de resolución qué hacer con el congelamiento de tarifas de transporte y energía. La montaña de subsidios es otra amenaza en el horizonte.	La inflación se desaceleró en enero (2,3%), pero en el propio Indec advierten que no es una tendencia que necesariamente vaya a mantenerse. En estas condiciones, la promesa de crecimiento parece todavía lejanísima. La inversión está paralizada. El secretismo sobre el plan económico poco ayuda a combatir la cobardía del capital.	El Gobierno insiste en que solo presentará su programa económico después de despejar el escenario de la deuda. El FMI y los acreedores insisten en exigir primero pruebas concretas de cómo pretende Fernández reconstituir las condiciones de pago. En ese tironeo se consumen días vitales para la negociación, sin que la Argentina dé señales de que está dispuesta a asumir los defectos que la llevan a repetir cíclicamente la misma crisis.	
La amenaza de un plan B, con la impronta de Cristina