En coincidencia con el aumento de los contagios diarios de coronavirus empiezan a registrarse casos positivos de COVID-19 en algunas cárceles, que son uno de los principales focos de atención en plena pandemia. Muchas de las unidades penales del país están con sobrepoblación y hacinadas por lo que resulta muy difícil respetar el distanciamiento social que recomiendan los especialistas. De allí, las alarmas que enciende el ingreso del virus en las penitenciarías. Este miércoles, dos establecimientos penitenciarios sumaban en tota	Devoto y la Unidad Penal Nº 1 de Corrientes nuclean hoy, según los registros, casi la totalidad de los infectados en cárceles. Pero no fueron los únicos casos. De acuerdo a un relevamiento del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura que se conoció este miércoles, entre el 18 de marzo y el 19 de mayo hubo 43 casos positivos en unidades penitenciarias (Capital Federal, Corrientes y Buenos Aires) y 6 en una comisaría de Chaco.	Esta unidad penal, a diferencia de Devoto, depende del servicio penitenciario provincial. Y solo aloja presos condenados que cometieron delitos graves. Es la más grande de Corrientes y tiene una importante sobrepoblación. En la actualidad tiene capacidad para unas 350 personas privadas de la libertad pero aloja alrededor de 540 internos.	A partir de detectado el coronavirus dentro del penal se prohibieron las entradas y salidas de la cárcel. “Se clausuró todo el perímetro de la unidad y el personal del servicio penitenciario que trabaja está viviendo allí por 14 días. Luego se produce la rotación, tras el testeo correspondiente”, indicó Zacarías.	De acuerdo a la jueza, el virus “se expande con una rapidez increíble”. Por eso destacó la prevención de suspender las visitas a los detenidos: "Sino podría haber sido más grave aún porque en esta cárcel hay internos de toda la provincia”. Todos los especialistas coinciden en que cualquier brote de prisión está destinado a extenderse a la comunidad en general.	¿Cómo ingresó el coronavirus a la cárcel correntina? Por un agente penitenciario, que contagió a otro que tuvo contacto con los presos. ¿Cómo fue ese segundo contagio? Hilda Presman, dirigente de derechos humanos, denunció a la agencia APL: "Personal penitenciario que estaba en cuarentena fue convocado a reprimir a la población el pasado 21 de abril, con el resultado de una muerte por represión, 24 infectados por covid-19 y un estado que no se hace cargo de la salud y la vida de sus ciudadanos, presos o no". La represión de aquel día, que dejó como resultado una persona privada de la libertad fallecida, se produjo por una revuelta. El hecho es materia de investigación.	Otra cárcel que se aisló producto de un caso positivo de COVID-19 fue la de Choele Choel. Se trata de una unidad pequeña, que tiene una treintena de detenidos. El episodio ocurrió a inicios de abril. “No teníamos internos con coronavirus. El enfermero de la cárcel se contagió y le transmitió el virus a una oficial que estuvo en contacto con los presos por lo que se puso en aislamiento a todo el penal”, explicó a	Según Chirinos, en el servicio penitenciario provincial hay alrededor de 900 detenidos distribuidos en cinco cárceles. “Todas están al 100% de su capacidad. Y una que superaba el máximo. Al estar al 100% no hay posibilidad de levantar un pabellón para aislar a los enfermos y a los casos sospechosos. En Choele Choel se pudo hacer porque era un penal de unas 30 personas”, explicó el magistrado. “La preocupación que tenemos todos es que si entra el coronavirus puede provocar un desastre. El miedo es palpable en guardias y presos”, señaló.	María Jimena Monsalve es jueza nacional de ejecución penal en la Capital Federal y presidenta de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal. En diálogo con este medio, explicó: “Vivimos una situación en la cual tiene que primar la problemática de la salud por sobre todas las demás. La experiencia y la evidencia científica de lo que ha pasado en otros países tiene que ser un indicador determinante a la hora de adoptar decisiones sobre las cuestiones carcelarias”.	De acuerdo a la magistrada, el foco central para abordar la problemática del coronavirus en las cárceles debe estar “en la prevención y en la provisión de los elementos de higiene. Y en enseñar el autocuidado”. También resaltó que “en la mayoría de las cárceles del mundo, los contagios provinieron del propio personal penitenciario y sanitario”, por lo que es necesario poner especial énfasis en extremar los cuidados en ese sentido.	“Si sabemos que hay lugares con sobrepoblación hay que tratar de contribuir conforme las recomendaciones de los organismos internacionales (OMS, ONU, CIDH) y de las cámaras (de Casación), que indicaron que hay que evaluar caso por casos si es viable utilizar medidas alternativas al encarcelamiento con los reaseguramientos que los casos exigen y con las medidas que correspondan de monitoreos electrónicos para delitos no graves y de poca trascendencia a terceros y con el cumplimiento estricto de la ley de víctimas”, concluyó.	De acuerdo a un relevamiento del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) que se conoció este miércoles, entre el 18 de marzo y el 19 de mayo hubo 43 casos positivos de COVID-19 en unidades penitenciarias (Capital Federal,  Corrientes y Buenos Aires) y 6 en una comisaría de Chaco.	En su reporte sobre el “Estado de situación de las personas privadas de libertad (PPL) durante el período de emergencia sanitaria por el COVID-19”, el comité dio cuenta de 38 protestas en las distintas cárceles en el marco de la pandemia. Y contabilizó el total de muertes que se produjeron en las unidades penales en el período evaluado (incluyó las provocadas por hechos de violencia también). Con esas condiciones, el número de fallecidos en unidades penitenciarias llegó a 21, entre marzo y mayo. Y ascendió a 4 en comisarías.	En el trabajo, a su vez, se registraron los casos que se produjeron en geriátricos, comisarías e institutos de salud mental lo que elevó la cantidad de casos positivos de COVID-19 en lugares de encierro a 238 personas. El número de fallecidos en todos esos lugares llegó a 49 en el plazo analizado, según la organización.	“El CNPT ha venido realizando un activo monitoreo de las situaciones que impactan especialmente en la prevención de la Tortura, de conformidad con su mandato”, se aclara en la introducción del informe. Y se recuerda que “el Comité recomendó el cumplimiento de los protocolos sanitarios y la atención adecuada a las situaciones de contagio o casos sospechosos que se presentan en los lugares de detención, incluyendo a aquellos establecimientos para adultos mayores, la adopción de medidas para la reducción de la población en cárceles y comisarías, y sobre las facultades y actuación de las policías y fuerzas de seguridad en el marco del ‘ASPO’”.	
Alerta por los contagios de COVID-19 en las cárceles