Quizá haber vivido la sangrienta transición nos ha afilado la sensibilidad democrática, pero es leer "malestar en la Guardia Civil" y se remueven las entrañas, máxime si el malestar entre esos señores de uniforme proviene, según dicen, del contenido de una sentencia firme en la que un tribunal ha establecido la verdad judicial. ¿Pero quiénes son los guardias civiles para cuestionar la aplicación de la ley y el establecimiento de los hechos probados tras un juicio contradictorio realizado ante jueces independientes y solo sometidos al imperio de la ley? ¿Pretenden juzgar los picoletos?	No es ninguna broma. Aunque estemos sumergidos en una situación de pesadilla sanitaria y social, es imposible cerrar los ojos a las verdaderas conculcaciones del orden de las cosas, las del orden democrático que hace que las policías investiguen exclusivamente para someter los resultados de su trabajo a la Justicia. Someter. Da miedo este cuerpo que, según leo en El Mundo, se ha permitido hacer "un estudio de la sentencia", ¡un estudio de una sentencia, señores!, los guardias, que dicen que los jueces lo han hecho mal. ¿Estamos locos o es algo aún peor que eso? No solo no es misión de la Guardia Civil enmendar la plana a los tribunales, y hacerlo público, sino que tal osadía se aleja tanto de su misión que parece una revuelta.	Por supuesto, de las partes del supuesto análisis publicadas solo se deduce que no solo tergiversaron o malinterpretaron los hechos sino que una vez que el tribunal ha aclarado en una magnífica sentencia qué puede considerarse y qué no probado, ellos insisten en varias mentiras y deducciones ilógicas que colaron en el procedimiento. Alguien va a tener que poner en su sitio a esta gente porque esta extralimitación de sus funciones, las delirantes interpretaciones que realizan en casos que pueden tener implicaciones políticas, siempre se decantan con el mismo sesgo.	La cuestión es que en el caso de Trapero, las fantasías policiales de los beneméritos destinados en Barcelona toparon con un tribunal honesto y sabio, con la sola excepción de la magistrada casada con un coronel de esa institución, que suscribió un voto particular que consistía en volver a reproducir los atestados y darlos como palabra divina. No siempre sucede así. Esta misma semana en Barcelona, los delicuescentes informes presentados en torno a un supuesto "estado mayor" de Puigdemont conectado con la Rusia de Putin han ido a dar con un magistrado, de trayectoria polémica, que ha aceptado autorizar una violación masiva de los derechos de una veintena de personas basándose en un relato que, la verdad, como poco es enloquecido y como mucho una delirante broma de mal gusto.	Nos hemos quedado, en medio del barullo de los toques de queda y las alarmas, con que el juez ha asumido que Putin iba a mandar 10.000 soldados a Cataluña y lo ha escrito en papel timbrado, con el consiguiente choteo de la embajada de Rusia en Twitter y con el menos agradable enfado diplomático expresado después de forma oficial. El juez se ha limitado a copiar en el papel un relato de la Guardia Civil inconexo, que confunde actividades lícitas con extrañas conspiraciones, que incluye nombres de personas a las que ni siquiera acusan de nada pero sobre las que extienden su humo de sospechas, y convierten relaciones perfectamente normales en prueba de cargo: "Fueron vistos juntos a las 14.01 en el restaurante X de Barcelona, siendo aquellas fechas de altísima tensión en Catalunya debido a la sentencia del procés". ¿Y cuál es su delito, comer demasiado pronto para la hora madrileña? Se trata del típico método de arrastre de materiales de los que, colocados sucesivamente pero sin real implicación lógica, por deducción o inducción, se pretende extraer conclusiones.	La grave cuestión es que esto lo acepta un magistrado y en base a un relato, enloquecido a veces e inocuo en otras, permite que se entre y registren sus domicilios, se intervengan móviles y se vuelque su contenido, se acceda a los ordenadores, servidores, tablets, discos duros, memorias USB, smartwatch, dispositivos ópticos y se realice volcado y copia y sean además intervenidos, que se acceda a la nube, autorizando el secuestro de las cuentas, el acceso a los correos electrónicos y el secuestro de las cuentas de mail, la utilización de software forense para ver si se han producido borrados y todo ello sin que exista en el auto ningún indicio real de la comisión de los delitos que se mencionan. Todo ello basado en conversaciones intervenidas, como la del tipo que habla de los 10.000 hijos de Putin, sobre las que cualquier mente lógica se plantearía más preguntas sobre el carácter y condiciones de quien habla que sobre una posible invasión "para convertir Catalunya en Suiza". Ya ven ustedes la cantidad de información privada y confidencial que va a quedar en poder de la Guardia Civil sin una base deductiva e incriminatoria real. Un juez lo autoriza y uno se estremece.	Es un auto, señores y señoras, en el que en el apartado 'indicios de criminalidad', se puede leer: "Además el 12.06.2020 a las 20.31.23 horas, Vendrell le comentó a María Molina que tenía eso que le había dado el Canalla diciéndole Marta que se lo de hoy o mañana". Así sin comas ni nada. ¡Ya ven con ese gran dato qué novela montaría cualquier autor negro! La Fiscalía no pidió ninguna medida para los detenidos, no podría haberlo hecho con esos mimbres.	Los CDR eran un grupo terrorista. Había un golpe de estado en Cataluña y una rebelión violenta y los soldados rusos iban a venir a rematar la sacrosanta unidad de España. Sería para reírse si no produjera un temor visceral pensar que la mezcla de estos elementos policiales desquiciados por una idea fija, que confunden el pensamiento político y la legítima protesta, con delitos; que relatan como patológicas relaciones de empresarios y políticos –que ya les digo yo que si se pasean por las terrazas del Barrio de Salamanca, van a llenar varios cientos de celdas– y, sobre todo, que propician que jueces sin criterio permitan vulnerar desproporcionadamente los derechos de ciudadanos, pueden poner en un brete la vida y la libertad de los ciudadanos.	Hay malestar en la Guardia Civil. Los jueces no saben juzgar. La Fiscalía no defiende la legalidad y se equivoca porque está controlada por la malvada fiscal general. Las sentencias que son inatacables, desde un punto de vista técnico, hay que recurrirlas por sus santos tricornios y porque ellos siempre llevan razón. Cada vez que la Justicia funciona y pone coto a sus despropósitos se revuelven. A sus mandos no se les toca. Echan humo cuando un ministro de un gobierno democrático "les toca la tradición".	
Picoletos novit curia