En su paso por México, el presidente electo Alberto Fernández, dejó dos definiciones sobre la política energética que viene. Una, que revisará lo hecho por la administración saliente y que “desdolarizará” las tarifas de los servicios públicos. Pero también dijo algo más: “Veremos lo que nuestra economía permite y todos deberán hacer un esfuerzo. Todos y todas. Todas por las energéticas”.	Si bien el rebote generalizado fue sobre el mensaje de que habrá una negociación dura con las empresas del rubro, en el Frente de Todos los equipos técnicos tienen un matiz. Aún cuando se revisen y se incumplan los aumentos que están atados por la Revisión Tarifaria Integral vigente con las empresas de electricidad y gas, que implicaban un aumento de tarifas del 77% según los profesionales que trabajan cerca del ex YPF Nicolás Arceo, los cálculos para que “cierre” un programa fiscal, se sostenga un acuerdo social y haya incentivos para las inversiones implican que, al menos, las boletas que llegan a los hogares aumenten en línea con la inflación.	Según quién haga el cálculo, se trata de un incremento en las tarifas durante el primer año de gestión de Fernández de entre el 35 y el 40%. Es “nada” comparado con el 3 mil% que se incrementaron durante estos cuatro años desde niveles ridículamente bajos que dejó el gobierno de Cristina Kirchner, pero políticamente será un desafío ante la expectativa de que con la vuelta del kirchnerismo llega el fin de “los tarifazos” que marcaron la caída de popularidad de Macri desde el inicio de su gestión. Será imposible que en estos días el propio Fernández confirme esta decisión, pero se trata de una medida que tienen calculada los técnicos que más conocen del sector y que se formaron cerca de Axel Kicillof en su paso por el Ministerio de Economía entre 2012 y 2015.	Impacto fiscal. Se trata, además, de una variable fundamental: además de impactar en las expectativas de inflación y los costos de la energía para las compañías, el valor de los servicios públicos que pagan los hogares define cuánto dinero pondrá el Estado en subsidios. La cifra que manejan en el Frente de Todos es que, solo en electricidad, la coordinadora del mercado eléctrico mayorista, Cammesa, cierra este año con subsidios por casi US$ 3 mil millones. Si no se tocaran las tarifas, la cuenta saltaría a más de US$ 4.500 millones. Con un aumento como la inflación, podría quedar en ese número, un ahorro de hasta US$ 1.500 millones. Claro que es un número que el Gobierno deberá hacer compatible con todo un programa donde mirarán los acreedores privados, a los que se les pedirá un esfuerzo con una quita, y el Fondo Monetario Internacional, que difícilmente sea muy laxo con las metas fiscales.	“Hay un camino ancho de políticas en la materia por donde las variables pueden moverse”, dice un técnico que trabaja en estos números. En gas, el aumento previsto sería similar, pero dependerá de qué precio de referencia se le quiera reconocer a los productores en Vaca Muerta. Hoy, rondaría los US$ 3 dólares el millón de BTU (unidad de medida del fluido).	Más allá de que el propio Fernández deberá definir si termina incrementando en este rango, en línea con subas similares en dólar, salarios y precios enmarcados en un acuerdo social, el otro gran debate es cuándo sería el aumento. ¿Antes del pacto social? ¿En cuotas durante el año? ¿O después de un congelamiento de seis meses? Aún no está claro.	Además de la caída del consumo y el aumento de la deuda en dólares, en Arcor también sufrieron el impacto de la devaluación en la deuda en dólares. “La rentabilidad de la compañía se ha visto afectada principalmente por la diferencia de cambio sobre la deuda en dólares, producida por la devaluación del peso argentino”, indicaron. La deuda vence en su totalidad en 2023.	
La gestión de Alberto subiría las tarifas 40%, como la inflación