Las líneas directrices de ese plan aún no se conocen. Tampoco el equipo que las pondrá en práctica. Sólo se advierte que ese equipo se está armando con una lógica distintiva. Que se asienta sobre dos bases: la distribución de cargos según la demanda competitiva de los sectores que sellaron la reunificación peronista, –y el poder de veto de la vicepresidenta electa de la Nación.	Alberto Fernández ha resuelto caminar en sentido inverso. Ha tolerado –en casos como el del cordobés Carlos Caserio– una inversión del principio de autoridad: el presidente electo designa, la vicepresidenta electa destituye. ¿Intuye que la prescindencia distante de Cristina sería más riesgosa que su intromisión? Es el tipo de dilema que viene incluido en la valija del poder delegado.	Desde la noche triunfal de las Paso, el nuevo oficialismo viene procesando esa mutación. De la coalición electoral, a la coalición de gobierno. En esa sociedad líquida, el peso de cada cuota parte se mueve de manera constante. Y seguirá en esa condición inestable mientras persista la causa que le dio legitimidad de origen: el voto castigo por la economía. Que equivale a la presión y demanda de su solución. Sólo una salida exitosa puede darle rostro definitivo al nuevo poder.	La economista Marina Dal Poggetto puso ese cálculo en perspectiva histórica. Hubo una caída de reservas inédita, cercana a los 21 mil millones de dólares. Similar a la ocurrida entre la asunción de Domingo Cavallo como ministro de Economía de la Alianza y la instrumentación del corralito. Pero ahora en sólo tres meses. Un vértigo que refleja la pauperización extrema de los consensos políticos en Argentina.	De boca del presidente en ejercicio y de quien lo reemplazará en breve, los industriales argentinos percibieron en estos días el drama de la política confrontativa, en estado electoral permanente. Pese a la constatación de ocho años de caída y pérdida de empleos, Mauricio Macri y Alberto Fernández anticiparon la continuidad de la disputa entre dos relatos muy diferentes sobre la misma realidad.	Los economistas que rodean a Alberto Fernández señalan con suficiencia que no cometerían el mismo error. Su riesgo es otro: es cierto que los ajustes fiscales son más soportables en el contexto virtuoso de una economía en crecimiento. No con la inercia de una alta inflación. Nada dicen, por el momento, sobre la urgencia de pensar en mecanismos para la desindexación.	En el caso del presidente electo, opera como agravante la dependencia respecto de Cristina. La expresidenta pidió cadena nacional –los camaristas se la negaron con tino– para instalar mañana en tribunales el nuevo discurso dominante sobre los delitos perpetrados contra la cosa pública: no los absuelven los jueces, sino los electores.	
 Los costos de vivir en estado electoral