El pasado febrero, el adelanto electoral y la posterior disolución de las Cortes dejó bloqueadas muchas de esas normas, que continúan en un cajón. Y más que lo van a estar tras la falta de acuerdo para la investidura y las consiguientes nuevas elecciones. El bloqueo se agrava con el paso del tiempo. Es el caso, por ejemplo, de algunas medidas medioambientales que Europa nos exige tener listas antes de fin de año.	Quizás uno de los terrenos en que más afectará el parón electoral es el de la Transición Ecológica, imprescindible para cumplir los Acuerdos de París contra el cambio climático. El anteproyecto de ley que el Gobierno iba a aprobar incluye la estrategia para bajar las emisiones de efecto invernadero un 20% respecto al año 1990 como nos exige con urgencia la Unión Europea.	Otro punto clave de la ley era el aumento de las energías renovables. Más allá de la norma, hay decenas de iniciativas puestas en marcha que se quedarán sin ejecutar. Por ejemplo, la reforma de la ley de residuos radiactivos (caducada desde hace diez años), el destino del cementerio nuclear (actualmente paralizado), las nuevas medidas para abaratar la tarifa eléctrica y luchar contra la pobreza energética, la renovación del Consejo de Seguridad Nuclear (con el mandato de cuatro de sus miembros caducado y en manos del sector pronuclear), la equiparación progresiva del impuesto al diésel al de la gasolina y los planes de ayuda a la compra del vehículo eléctrico.	La reforma de los delitos sexuales sigue también en un cajón. La intención del Gobierno era acabar con la distinción entre abuso y agresión (cuando hay violencia o intimidación) y que cualquier ataque a la libertad sexual sea considerado agresión. Asimismo, preveía introducir el término violación en Código Penal para denominar las agresiones con penetración y castigar con prisión cualquier comportamiento sexual sin consentimiento. También en barbecho quedará la ley contra la trata de personas con fines de explotación sexual, igual que las normas para acabar con la brecha salarial y para fomentar la igualdad laboral, aunque aspectos como el permiso de paternidad se han aprobado vía decreto.	Además, por más consenso que despierte el anteproyecto de protección a la infancia, el más pionero contra el maltrato infantil de la UE y que eleva hasta los 30 años el plazo a partir del cual comienza a contar la prescripción en caso de abusos, empieza ya a acumular demasiado polvo.	Tampoco da tiempo a que se apruebe la ley de muerte digna, impulsada por Ciudadanos con el objetivo de garantizar los cuidados paliativos. Ni la regulación de la eutanasia, de la que el PSOE ha hecho bandera. Lo mismo sucede con las medidas para restringir la publicidad del juego y las apuestas, con normas similares a las del tabaco o el alcohol.	Con el objetivo de proteger la salud de los ciudadanos, los ministerios de Sanidad y Ciencia presentaron en noviembre del 2018 un ambicioso plan contra las pseudoterapias con bastantes tentáculos legales. Lo único que tiene luz verde es la inclusión de 73 prácticas sin rigor científico como pseudoterapias (quedan por estudiar otras 66, incluidas la acupuntura y la homeopatía). El plan contenía medidas de impacto, como el hecho de que ningún centro sanitario público ni privado podría ofertar terapias que no estén científicamente comprobadas y la persecución de la publicidad engañosa.	Mientras que el Gobierno sí que aprobó una norma para revertir los recortes de la época del PP (ratio de alumnos, sustitución de profesores de baja y menos horas lectivas para los docentes) lo que está todavía en el horno es la nueva ley de Educación, un texto que deroga la polémica LOMCE (ley Wert). La norma del PP es, según la ministra de Educación, Isabel Celaá, lesiva, nociva, equivocada y segregadora. Pero es la que sigue -de momento- en vigor. La que está en el cajón es la ley Celaá, que organiza la educación Primaria por ciclos y elimina definitivamente las reválidas (habrá evaluaciones de diagnóstico en 4 de primaria y en 2 de la ESO) y los itinerarios, que implicaban a los alumnos decidir en 4 de la ESO su camino escolar en función de las asignaturas. El título único de la ESO dará paso a encaminar a los alumnos hacia el bachillerato o la formación profesional. La norma deja para el Estado el 55% de las competencias curriculares en el caso de las comunidades con lengua cooficial (65% en el caso de los territorios sin lengua propia).	El adelanto electoral cercenará también casi toda la nueva política de seguridad vial emprendida por el director general de Tráfico, Pere Navarro, que iba a ser aprobada en junio y que tenía tres grandes objetivos: aumentar de tres a seis puntos la penalización por conducir manipulando el teléfono móvil, la regulación del uso de los patinetes en las ciudades, y la limitación de la velocidad a un máximo de 30 km/h las calles de un solo carril.	En cuanto a inmigración, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció una medida de impacto que todavía no se ha llevado a cabo: la retirada de las concertinas en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla y su sustitución por un sistema menos lesivo. Asimismo, la ponencia encargada de estudiar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como 'ley mordaza' por sus detractores, empezó en noviembre del 2018 con la discusión de las más de 200 enmiendas interpuestas por los grupos parlamentarios. El pasado acelerón electoral ya dejó el cambio en el tintero. Entre otras cosas, se proponía no sancionar las concentraciones pacíficas frente al Congreso de los Diputados.	
Elecciones generales: leyes sociales, sanitarias y ecologistas, otra vez en punto muerto