El acuerdo entre el Gobierno y un grupo de acreedores que posee el 45% de bonos ecuatorianos es un paso positivo para ir aliviando el flujo de recursos en las finanzas públicas, que se volvieron insostenibles no solo por el alto gasto público que dejó el anterior gobierno, sino porque el actual Régimen continuó con esa política, aunque ahora tiene la intención de corregir el problema.	La renegociación que está en juego equivale a un 32% de la deuda pública total, pero debido a las condiciones que tienen esos bonos -plazos cortos y tasas de interés elevadas- se han convertido en una carga muy pesada para el presupuesto estatal. Algo similar se espera de la deuda con China, de la cual aún no se conocen resultados.	Tanto en el país como en el exterior hay consenso sobre lo beneficioso del acuerdo con un grupo de acreedores, básicamente porque permite reducir capital e intereses de la deuda, alargar los plazos para el pago y contar con períodos de gracia para empezar a cancelar capital e intereses. Todo esto alivia el flujo de caja, no solo de este gobierno sino de los próximos.	Hay dos razones que hacen creer que sí se logrará un acuerdo más amplio. Primero, más del 90% de acreedores ya dio un primer apoyo al Gobierno, cuando en abril pasado aceptó no cobrar los intereses hasta el 15 de agosto próximo, mientras se negociaban las nuevas condiciones de pago de la deuda. Y segundo, ya existe un 45% de tenedores de bonos que aceptó el planteamiento ecuatoriano, lo cual es un buen inicio para conseguir más apoyo.	Ahora, el alivio financiero que se prevé conseguir no es una carta en blanco para mantener el actual ritmo de endeudamiento, que es insostenible. Hay que considerar que de los 10 bonos que hoy se negocian, seis fueron emitidos por el actual Gobierno y equivalen a un 67% del total de la deuda en bonos (USD 17 375 millones).	Se pudiera decir que las actuales autoridades están arreglando un problema generado por ellas mismas. Sin embargo, también hay que recordar los dos períodos que ha tenido el actual Gobierno en materia económica. En su primer año siguió el modelo heredado, en el cual se hicieron tres emisiones de bonos. A fines de mayo del 2017 colocó USD 2 000 millones en bonos a 6 y 10 años; en octubre del mismo año volvió a realizar otra por USD 2 500 millones, a 10 años, y en enero del 2018 hizo una más por 3 000 millones. Luego, el modelo cambió a uno de ajuste muy gradual, lo que implicó seguir contratando más deuda.	
El legado de la renegociación