“destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente”. El exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde señaló que esta medida, además de “viable”, es necesaria, entendiendo la realidad del país.	El artículo 215 también deja claro que el Gobierno, con la declaratoria, no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados. “El Gobierno enviará a la Corte Constitucional, al día siguiente de su expedición, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento”.	Por otra parte, el alcalde de Manizales y presidente de la Asociación de Ciudades Capitales, Carlos Mario Marín, recordó la necesidad de implementar el toque de queda en el país como estrategia para que los ciudadanos no salgan a las calles y, de esta manera, se evite un mayor contagio del Covid-19.	
Duque declara emergencia económica y social por el coronavirus