Tres altos cargos de la Policía Nacional en la época de Jorge Fernández Díaz al frente de Interior negociaron con Rafael Isea, un exministro de Finanzas con Hugo Chávez, para que éste admitiera pagos del régimen venezolano a Podemos. "Tengo un mandato" que emana del ministrio del Interior y del presidente Mariano Rajoy, afirmó entonces José Ángel Fuentes Gago, inspector jefe y mano derecha del entonces director operativo de la Policía (DAO), Eugenio Pino, tal y como desvelan unos audios publicados por Moncloa.com.	La reunión tuvo lugar el 12 de abril de 2016 en el consulado de España en Nueva York y se enmarca en la investigación policial a Pablo Iglesias y la presunta financiación ilegal del partido morado. Además de Fuentes Gago (por aquel entonces agregado ministerial en La Haya), también viajaron a Estados Unidos el comisario José Manuel García Catalán, jefe de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y otra inspectora de la UDEF, llamada Silvia. La delegación enviada por Pino -que grabó en secreto y de forma clandestina a Isea y su abogado, Martín Rodil- ofrece al exmandatario chavista identidades nuevas, protección, un plan de exilio y hasta "una nueva vida" en España para todas las personas que él designara si firmaba que Venezuela había financiado a Podemos.	"Yo he hablado con el ministro del Interior español y el ministro del Interior español habló con el presidente español. Yo solo tengo un mandato aquí, acompañar a estas personas el comisario García Catalán y la inspectora de la UDEF y que me diga aquí los nombres de las personas que quiere que documentemos en España y que les demos una nueva identidad o una nueva vida, o la que ustedes tienen y les protejamos. Ese es mi compromiso. Yo vengo aquí con ese mandato. Y usted me lo dice y lo hacemos", fue el mensaje de Fuentes Gago.	Con la máxima responsable del consulado presente, la cita duró cuatro horas y -tras la invocación al respaldo de Fernández Díaz y Rajoy- terminó con una declaración testifical de Isea en la que avalaba la autenticidad de un documento que recogía un pago de 7,1 millones realizado por el país sudamericano a la Fundación CEPS (germen de Podemos) en 2008. Los enviados policiales, sin embargo, no le identifican con su nombre, si no que le llaman 'Testigo uno': solo el juez podría saber su nombre.	La testifical acabó publicada en 'Abc' y la investigación contra Podemos nunca prosperó. Hasta 2015, la legislación prohibía que un partido pudiera recibir aportaciones de gobiernos o empresas extranjeros, pero no sería hasta después de que entrara en vigor la reforma del Código Penal cuando pasaron a castigarse con cárcel estas prácticas.	Fuentes Gago está imputado por el juez Manuel García-Castellón por la Operación 'Kitchen', en la que se investiga un supuesto robo de documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas en el que presuntamente habría participado el comisario Villarejo. También se le ha señalado como posible implicado en la llamada 'policía patriótica' del PP.	En concreto, el Ministerio concedió a Carlos Alberto Arias una autorización de residencia en España durante un año por "circunstancias excepcionales" debido a "razones de colaboración con las autoridades policiales". El permiso de residencia fue firmado por el entonces 'número dos' de Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.	
Los policías que investigaron a Podemos: 'Tengo un mandato del ministro y del presidente'