Tal vez, las actuales Cortes no tengan oportunidad de ejercer su función, más allá, si es que se produce, de rechazar la investidura del actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y proceder a su disolución. Tampoco, es cierto, los senadores y diputados elegidos en el pasado mes de Abril han tenido lo que se dice una ardua tarea legislativa, lastrada por la situación de interinidad del Gabinete y, apenas, marcada por los plenos de constitución y por los debates sobre la confianza del candidato socialista. Sin embargo, nada de esto ha sido óbice para que los partidos políticos con representación en las Cámaras se hayan apresurado a nombrar asesores, asistentes técnicos y asistentes, que, en principio, trabajan en apoyo de los distintos grupos parlamentarios, de las Mesas y de los diputados del común. Como hoy publica LA RAZÓN, y siguiendo la tónica habitual de no ahorrar ni un sólo euro de la partida presupuestaria, sus señorías se aprestaron a cubrir la mayoría de la plazas disponibles, incluso cuando sólo faltaban dos días para el cierre vacacional del Congreso y el Senado. Ya habían hecho lo mismo al nombrar antes del verano a los presidentes, vicepresidentes, secretarios y portavoces de las comisiones parlamentarias, con los pluses salariales correspondientes. Pero, al menos, en estos casos el ciudadano sabe cuánto le cuesta al erario público, es decir, a su bolsillo, cada representante de la soberanía nacional que accede a uno de esos cargos, aunque, al final, no lleguen a ejercerlos, por lo que cabe preguntarse si no hubiera sido más lógico proceder a la constitución de las comisiones cuando se reanudara la actividad parlamentaria en septiembre, ahora reducida a las cuestiones de urgencia –aunque no parece haber habido ninguna– que gestiona la Comisión Permanente. Lo mismo sucede con el capítulo de los asesores, con el agravante de que los ciudadanos desconocen las condiciones económicas de sus contratos oficiales, ya que están equiparados jurídicamente a los funcionarios del Estado en lo que se refiere a la protección de datos y a su intimidad. Ítem más: todos estos empleados son de libérrima designación por parte de los partidos políticos, sin que estén obligados a acreditar titulación o capacitación profesional alguna. Y no hablamos de un número menor: ya hay contratados 248 asesores, 201 en el Congreso y 47 en el Senado, y quedan libres otras 49 plazas que, sin ninguna duda, acabará cubriéndose. Sólo la Mesa de la Cámara Baja dispone de 15 asistentes, 6 de los cuales corresponden a su presidenta, Meritxell Batet, mientras que la presidencia del Senado, que ejerce el también socialista Manuel Cruz, se ha hecho con 8 asistentes. Ningún partido escapa a este fomento laboral, aunque destaca Podemos, que con menos diputados que PP y Ciudadanos ha nombrado más asesores que estos últimos. Y todo ello, mientras España asiste al despropósito de un bloqueo institucional, con un Gobierno que ya acumula 113 días en funciones y un candidato a La Moncloa incapaz de sumar los apoyos que necesita para la investidura y que, en lugar de negociar con los representantes parlamentarios, deja transcurrir los días en reuniones superfluas con los llamados «agentes del progreso». Luego, los políticos españoles se quejan, algunas veces con razón, de la mala imagen que proyectan en la opinión pública española, que les ve más como un problema que como una solución. Pero deberían de reconocer que este tipo de prácticas, que, por supuesto, están dentro de la legalidad y de la costumbre, no ayudan a mejorar su imagen. Aunque sólo sea porque denotan una preocupante falta de correspondencia con la realidad que viven los ciudadanos del común, una falta de empatía, que obliga a reflexionar.	
Los políticos se labran su mala fama