El gobierno de Melella elevo un proyecto de ley a la Legislatura para que este viernes en sesión se declare el “estado de emergencia pública provincial”, en algunos casos por dos años y en otros por los cuatro años de gestion, con algunas sorpresas, incluso con la continuidad de medidas adoptadas por Bertone en su momento.	Entre algunos de los aspectos, la ley ómnibus flexibiliza los procesos de contratación en el Estado. Y abarca la emergencia administrativa, económica, urbana, ambiental, de servicios sanitarios, sanitaria, del sistema eléctrico y gas, de infraestructura edilicia de establecimientos educativos y portuaria hasta el 31 de diciembre de 2020, además de la emergencia del sistema de previsión social, pero por 4 años. La Legislatura deberá tratar mañana los proyectos que declaran el estado de emergencia pública provincial remitidos por el Ejecutivo provincial. Los legisladores deberán dar tratamiento a los 4 proyectos de ley que el Poder Ejecutivo incluyó en la convocatoria a sesión extraordinaria realizada el mismo día de la jura de Gustavo Melella como Gobernador.	sostiene que la norma apunta a “propender al equilibrio presupuestario provincial, a la intangibilidad de los recursos públicos para el más eficiente cumplimiento de los fines a que están destinados y a fijar la reestructuración de las obligaciones que componen la deuda pública; reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo; encaminar un reordenamiento funcional, organizacional y administrativo en orden a una mejor ejecución de políticas públicas, a fin de que el Estado cumpla con sus funciones básicas, propias c indelegables; y a asistir y fortalecer a aquellos habitantes en condiciones de alta vulnerabilidad y peligro social”.El Ejecutivo argumenta la imperiosa necesidad de que el Parlamento apruebe rápidamente esta declaración de emergencia provincial en “la compleja situación económica, financiera, laboral y social en la que asumimos la gestión del Gobierno”, ya que el “objetivo principal de este proyecto es el de dotar al Poder Ejecutivo Provincial de las herramientas necesarias para equilibrar y restablecer el orden de las cuentas públicas y recuperar paulatinamente, la dinámica de una economía provincial estancada en los últimos años”.	Precisa, entre otros datos, que al pasado viernes la deuda interna directa superaba los 20.278 millones de pesos y que el déficit del sistema previsional presupuestado para el próximo año fue estimado en más de 600 millones de pesos.Bajo ese paraguas declara la emergencia administrativa, económica y financiera; la emergencia urbana, ambiental y de servicios sanitarios; la emergencia sanitaria; la emergencia del sistema eléctrico y de gas; la emergencia de la infraestructura edilicia de establecimientos educativos; la emergencia portuaria hasta el 31 de Diciembre de 2020, y la emergencia del sistema de la Previsión Social, pero por 4 años.	: El capítulo del proyecto que refiere a la emergencia administrativa, económica y financiera “declara el estado de emergencia administrativa, funcional, laboral, económica y financiera del Estado Provincial en la prestación de sus actividades, de los servicios públicos, la ejecución de los contratos a cargo del sector público y de la situación económica financiera de la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades anónimas con participación Estatal Mayoritana, Sociedades de Economía Mixta, Servicios de Cuentas Especiales, Obras Sociales del Sector Público, Bancos y entidades financieras oficiales, aun cuando sus estatutos, cartas orgánicas o leyes especiales requieran una inclusión expresa para su aplicación”.	*Extinción, supresión, transformación, escisión o fusión unidades administrativas, organismos, empresas públicas o dependencias orgánicas cualquiera sea su denominación, naturaleza jurídica de funcionamiento o creación y ubicación estructural.*Tramitar por licitación privada o contratación directa, de acuerdo a lo previsto en el artículo 18 de la ley provincial 1015 (de contrataciones para el sector público provincial), obras y trabajos públicos, compras de bienes, contrataciones de servicios, locaciones, concesiones, permisos y la realización de todo otro contrato que fuere necesario para superar la situación de emergencia.	* Readecuación, rescisión o renegociación de aquellos contratos de obra pública o servicios que se encuentren adjudicados o en curso de ejecución y que, en el marco de una auditoría, se hubieran constatado vicios legales, económicos o transgresiones a los procesos de contratación según lo dictado por la normativa vigente, originando ello, un perjuicio legal, económico o financiero. * Programas de cancelación o compensación de deudas por Coparticipación, Impuestos, Tasas Municipales, y cualquier otro concepto con los Municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, hasta en 24 meses, pudiendo abonar hasta un 50% con fondos de afectación específica con destino a obra pública; hasta un 30% con letras del Tesoro Provincial emitidas específicamente para tal fin, y hasta un 30% mediante sesión de terrenos o bienes inmuebles propiedad de la Provincia.	*Revisión y anulación de convenios de asistencia financiera no reintegrable, transferencia de bienes del Estado Provincial, transferencias de facultades, que se hayan efectuado a los Municipios, organismos descentralizados, autárquicos, no autárquicos, empresas públicas, sociedades del Estado provincial y Municipal. * Verificación deudas con proveedores y contratitas para constatar su legitimidad y pago de las mismas durante el año próximo si el acreedor renuncia a los intereses por mora y efectúa una quita de capital adeudado del 20% como mínimo.	*Fijación de un cronograma de pagos que priorice, el pago de salarios de la administración pública provincial y poderes, de contribuciones patronales, subsidios y prestadores médicos, en ese orden. *Afectación a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) la totalidad de los recursos destinados al Tesoro Provincial, la de los organismos que conforman el Sector Público No Financiero.	*Disponer libremente y transferir fondos entre las diversas cuentas de forma tal de cubrir los servicios prioritarios de la Administración Pública Provincial. * Suspensión por 2 años de ejecución de sentencias y laudos arbitrales que condenen a la Provincia al pago de dinero, incluidas las sentencias favorables a los Municipios. Emergencia del sistema de la previsión social	Se la declara por el lapso de 4 años a partir del 1 de enero de 2020, y a los fines previsionales considera conceptos remunerativos, a los efectos de la determinación del haber del Gobernador, sujetos a aportes y contribuciones a la asignación básica remunerativa. Mantiene vigentes algunos aspectos contemplados en la ley de emergencia previsional dictada por la gestión Bertone, como el referido a la afectación de las utilidades remanentes del BTF pero específicamente para cubrir déficits transitorios de la Caja de Previsión y no ya al pago de contribuciones vencidas, a cuenta de contribuciones futuras o pago de deuda consolidada.	La propuesta Melella prevé destinar a tal fin el 50% de esa utilidades, y el 50% restantes destinarlo un 25% al desarrollo económico de la Provincia por medio del Fondo de Garantía para el Desarrollo Fueguino (FOGADEF) y el otro 25% al otorgamiento de préstamos no bancarios.Mantiene vigente también el aporte personal adicional del 5%, por sobre el 14% habitual, que deben realizar los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo, autoridades electas y designadas de la Legislatura Provincial, autoridades de los Órganos de Control de la Provincia, titulares y directores del Banco Provincia de Tierra del Fuego, funcionarios políticos de los Departamentos Ejecutivos Municipales, autoridades electas y designadas de los Concejos Deliberantes, Juzgados de Faltas y Órganos de Control de los Municipios de la Provincia, al fondo de sustentabilidad del sistema de jubilaciones y pensiones de la Provincia.	Para el caso específico de los aportes de los pasivos, establece que aquellos que hubieren accedido al beneficio con menos de 10 años de aportes a la Caja y que perciban un haber que supere la “asignación básica remunerativa del gobernador” deberán efectuará un aporte compensatorio del 12% del haber pleno hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive. La emergencia todavía vigente prevé ese aporte compensatorio para aquellos casos en que el haber de pasividad supere en un 50% el haber del Gobernador. Afecta a la Caja el 1 del 4,20% que actualmente recibe la AREF de la recaudación fiscal mensual de los tributos y los cánones, regalías y derechos para sustentar su funcionamiento y el fondo incentivo que perciben todo el personal del organismo.	y la autorización para que la Caja establezca convenios de pago con garantía de coparticipación por las contribuciones vencidas impagas a cargo de la Administración Central y Organismos Descentralizados de la Administración Pública, en sus niveles Provincial y Municipal, pero fijando planes de pago de como máximo 380 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con una tasa de interés equivalente a la tasa nominal anual de plazo fijo en pesos a 30 días correspondientes al sector público no financiero que fije el Banco Provincia de Tierra del Fuego.	Se declara a efectos de la realización de las obras necesarias y la implementación de las acciones tendientes al restablecimiento de la regular prestación de servicios de provisión de agua potable, tratamiento de efluentes y la remediación de los daños ambientales, para lo cual habilita la contratación y ejecución de obras mediante el procedimiento de licitación privada o por el procedimiento de excepción para las licitaciones públicas previsto en la propia ley, y que acorta los plazos de publicación de las convocatorias.	: Se la declara hasta el 31 de diciembre de 2020 para garantizar a la población el acceso a los bienes y servicios básicos para la conservación de la salud, y habilita a que las contrataciones se realicen a través del proceso de compra directa. Autoriza al Ministerio de Salud de realizar contrataciones con firmas no inscriptas en el registro provincial de proveedores y en un plazo de 60 días a fijar unilateralmente los plazos de rescisión de los contratos de prestación de servicios, obra, consultoría y provisión de bienes e insumos, celebrados por dicho Ministerio con anterioridad a la vigencia de la presente Ley. También declara la emergencia en el recurso humano en salud y se habilita el ingreso de personal sin necesidad de convocatoria o concurso.	: Esta emergencia comprende a las ciudades de Río Grande, Tolhuin, Ushuaia, Almanza y los pasos fronterizos de San Sebastián, Radman y Lago Escondido. Habilita al Ministerio de Obras y Servicios Públicos a que por compra directa o proceso abreviado de licitación contrate los bienes, servicios y obras necesarios para el abastecimiento, mantenimiento, reparación, actualización, equipamiento que aseguren la eficiencia y calidad en el servicio eléctrico y de gas.	Declara la Emergencia de medios, insumos y de la Infraestructura Edilicia para la Educación, para reestablecer la capacidad funcional de los establecimientos educativos y la eficaz prestación de dicho servicio público. Se plantean como prioritarias las obras y reformas necesarias, como así también la adquisición de los insumos necesarios que posibiliten el inicio normal del ciclo lectivo 2020, y se habilita la realización de compras y contrataciones de bienes por los mecanismos de excepción ya referidos.	: Declárese la emergencia de la Infraestructura, Equipamiento y Seguridad Portuaria, "Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias PBIP". Faculta a la Dirección Provincial de Puertos a adoptar los mecanismos de contratación de excepción y a contratar obras provisiones, instalaciones y montajes con usuarios de los puertos de la Provincia; cocontratantes que acepten el pago diferido sin cargos financieros de las prestaciones que realicen, entre otras condiciones.Etiquetas:Interes	
Ley de Emergencia de Melella con sorpresas