Señor presidente Iván Duque: salve usted las reservas forestales nacionales. Esta debería ser la solicitud que, del mismo modo que la formulada recientemente (“Presidente: salve usted los parques nacionales”, Manuel Rodríguez B., EL TIEMPO, 2 de junio de 2019), le tendrían que hacer al jefe del Estado múltiples instituciones y actores de la sociedad civil,si la defensa de las zonas de reserva forestal (ZRF) nacionales contara también con influyentes organizaciones como las que abogan por los parques nacionales naturales (PNN). Lamentablemente, no es así. A las ZRF en general se les concede menor importancia que a los PNN y no tienen dolientes, pues no parece tan glamuroso involucrarse en el apoyo de su conservación, ordenación y manejo.	Esto ocurre aunque las ZRF –que fueron establecidas desde hace exactamente sesenta años mediante la Ley 2.ª de 1959 y en la actualidad comprenden alrededor de 40 millones de hectáreas de bosques naturales– constituyen el patrimonio forestal de la nación, y por ello, al igual que los PNN, deberían también ser orgullo de todos los colombianos. Sin embargo, este patrimonio está siendo destruido por el grave problema de la deforestación.	En su lucha contra este fenómeno, el Estado parece privilegiar un enfoque que centra la atención y los esfuerzos institucionales casi exclusivamente en las áreas de PNN. Así, por ejemplo, con la denominada operación Artemisa –respecto de la cual, en la reciente Cumbre Ambiental, se escucharon voces que le piden actuar sobre los grandes causantes de la deforestación asociada al acaparamiento de tierras y no selectivamente sobre pequeños productores que apenas subsisten en tales áreas– “se busca proteger los parques naturales de la ocupación ilegal, los cultivos ilícitos y la minería ilegal”. ¿Y la protección de las ZRF dónde queda?	Este enfoque no tiene en cuenta la magnitud de la afectación en uno y otro tipo de áreas, pues, confirmando la tendencia de 2017, el reciente informe del Ideam señala que “para el año 2018, la deforestación en áreas del Sistema de PNN representó el 10,7 por ciento del total nacional”. De aquí puede inferirse que cerca del 90 por ciento de la deforestación total debió tener ocurrencia en ZRF. Por tanto, es indispensable equilibrar las acciones de control del Estado y complementarlas con las de apoyo a las comunidades que dependen de los bosques en ZRF y pueden encontrar en el manejo forestal sostenible una alternativa productiva estable y de permanencia en los territorios.	Pero esta opción pasa por desvirtuar categóricamente cierto seudoambientalismo fanático y extremista, de corte talibán, como el que plantea que “cortar un árbol es un crimen” (‘Cortar un árbol’, M. Guzmán, EL TIEMPO, 7 de junio de 2019). Este tipo de posturas absurdas, que pretenden contagiar a la sociedad de una visión ultrapreservacionista según la cual los bosques todos, sin distingos, son para mirar y no tocar, denota un inconcebible desconocimiento de la Constitución Política, el Código de Recursos Naturales Renovables, la Ley 99 de 1993 y las políticas públicas, como la Política Nacional de Biodiversidad y la Política de Bosques, y, además, refleja una imperdonable ignorancia sobre el Convenio de Biodiversidad, el Acuerdo de París y REDD+.	Frente a estas insensateces, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 resulta esperanzador. Dentro del objetivo de “consolidar el desarrollo de productos y servicios basados en el uso sostenible de la biodiversidad” se destaca el “impulso a la economía forestal”, que incluye “realizar los ajustes institucionales y normativos para el desarrollo de la economía forestal, la consolidación de mecanismos financieros y el fomento de empresas forestales sostenibles, que involucren esquemas de aprovechamiento comunitario de los bosques”.	
Presidente: salve usted las reservas forestales