En ese escenario, existe la posibilidad de plantear una acción de amparo para revertir la situación al estado anterior a esta decisión. Eso implicaría reponer a los fiscales en sus anteriores cargos. Para el constitucionalista Luciano López, sin embargo, podría ser problemático, porque si bien la decisión puede anularse, nuevamente el fiscal Chávarry podría emitir otra similar debidamente motivada.	Esta vía, asimismo, exigiría identificar cuál sería el derecho vulnerado. El amparo es una acción que se presenta contra un acto que amenaza o vulnera un derecho fundamental. El problema con esta salida, señala Ana Neyra, profesora de derecho constitucional de la Universidad del Pacífico, radica en identificar este derecho, de lo contrario sería improcedente.	Para Elena Alvites, profesora de derecho constitucional de la PUCP, podría ser la faz objetiva del derecho a la tutela jurisdiccional que tiene la sociedad frente a toda persecución del delito, vulnerado al retirar a los mencionados fiscales. Para Neyra, la ventaja de esta opción es que podría plantearse una medida cautelar que suspenda temporalmente los efectos de la cuestionada resolución, aunque antes debe admitirse la demanda.	Neyra identifica dos obstáculos, sin embargo: primero, es un camino largo porque se ve en la vía judicial (salvo que los magistrados vean el caso con inusual celeridad, dada la naturaleza de la coyuntura), y segundo, la acción popular cuestiona normas de alcance ‘general’ y no está claro que este sea el caso. Para Alvites, esto también sería problemático porque parece ser, más bien, una norma particular.	Para López, ninguna de estas vías judiciales -amparo o acción popular- sería viable. Ello, debido a que, en su opinión, la decisión de Chávarry constituye una facultad discrecional frente a cargos de confianza, como los del equipo especial. Alvites discrepa en este punto. “Fuera de la conferencia de ayer, no conocemos cuáles son las razones; hay una insuficiencia de la motivación y hay visos de arbitrariedad”, señala.	En este escenario, la cuestión de confianza solicitada por el Ejecutivo operaría como una medida de balance de poderes o de "presión” para que el proyecto sea aprobado, bajo amenaza de cerrar el Congreso frente al rechazo de dos cuestiones de confianza (el primer rechazo se dio en setiembre del 2017 contra el Gabinete Ministerial que encabezaba Fernando Zavala).	Para López, esta vía sería inconstitucional ya que estaría interviniendo un organismo constitucionalmente autónomo. Por eso plantea otra salida: presentar un proyecto de ley de reforma constitucional que incorpore una disposición transitoria en la Constitución para reestructurar el Ministerio Público. Reitera que esto sería temporal y que ya se ha hecho en otras oportunidades tras la caída de la dictadura fujimorista.	Según el artículo 206 de la Constitución, este proyecto podría aprobarse de dos maneras: 1) por legislatura ordinaria y referéndum, o 2) dos legislaturas ordinarias sucesivas. Para López, el Ejecutivo debe establecer un plazo para que sea aprobado. “Está la legislatura ampliada hasta el 30 de enero y luego, se puede adelantar la legislatura 2019-2020 que empezaría en marzo -es la segunda-, sin necesidad de ir a referéndum o, también puede presentarlo ahora con cuestión de confianza, se aprueba y se llama a referéndum”, explica.	Las opciones mencionadas buscan: o anular la disposición que remueve a los fiscales Vela y Pérez, o reestructurar -y con ello, retirar al Fiscal de la Nación-, al Ministerio Público. La alternativa de cesar a Chávarry de sus funciones también es posible a través de una acusación constitucional presentada en el Congreso, sea por infracción a la Constitución -incumplir funciones que la Constitución le reconoce al Ministerio Público como la debida persecución del delito- o delito de función -ha sido denunciado por el delito de obstrucción a la justicia-.	El problema de esta vía, sin embargo, es que depende de la decisión que tome la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que hoy es presidida por el congresista César Segura (Fuerza Popular). Esta se sumaría al resto de denuncias que aún no han sido agendadas por este grupo de trabajo.	
¿Qué mecanismos existen ante la remoción de Vela y Pérez?