Al margen de los detalles del acuerdo al que llegaron las empresas propietarias de gaseoductos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), celebro el cambio discursivo del Gobierno de López Obrador. Hace unas semanas, el Presidente y el director de la CFE, de manera muy agresiva, hablaban de contratos leoninos que tenían que ser sometidos a un arbitraje internacional. El martes, la retórica y el tono cambiaron drásticamente. Gobierno y empresarios, juntos, sonrientes, anunciaban un acuerdo donde supuestamente ambos ganaban. Se había resuelto, así, uno de los puntos contenciosos que tenían nerviosos a los inversionistas nacionales y extranjeros.	La gente que arriesga su dinero en un país ve con recelo cuando su Gobierno rechaza los términos acordados en los contratos. Si hoy se lo hacen a las empresas de gaseoductos, mañana se lo pueden hacer a cualquiera. ¿Cómo confiar, en este sentido, en un Gobierno que se comporta así?	En este sentido, el tema de los contratos de los gaseoductos estaba afectando el ánimo de invertir en México que de por sí, después de la decisión de cancelar el aeropuerto en Texcoco, estaba por los suelos. Algo cambió en pocas semanas para pasar de un tono y discurso agresivos del Gobierno con las empresas transportadoras de gas natural a uno suave y conciliador.	Desde luego, está la reacción de las propias empresas que movilizaron todos sus recursos para defender sus intereses. Para empezar, sus abogados. Estamos hablando de los mejores despachos del mundo, quienes, con toda seguridad, ganarían el litigio. La CFE, según los expertos, no tenía posibilidad alguna de salir avante en el arbitraje internacional. Por el contrario, harían el ridículo y perderían aún más dinero de los contribuyentes mexicanos.	Más allá del tema jurídico, las empresas también movilizaron apoyos políticos. En defensa de TC Energía, empresa canadiense, salió el embajador de Canadá en México, quien mostró su preocupación pública de que México no respetara los contratos del sector energético. Ienova, filial de la estadounidense Sempra Energy (experta, como pocas, en el cabildeo político) logró que varias instituciones del vecino del Norte presionaran al Gobierno mexicano. El gobernador de Texas, Greg Abbott, le envió una carta al presidente López Obrador para que solucionara este tema que, según él, ponía en riesgo la aprobación del nuevo tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá. Carlos Slim, dueño de Carso Energy, contó, por su parte, con el apoyo de dos de las principales organizaciones empresariales mexicanas quienes cabildearon al ala más pragmática y moderada del Gobierno y participaron en la negociación del acuerdo anunciado esta semana.	Por una parte, crecieron las probabilidades de una recesión mundial lo que, sin duda, afectará a nuestro País. Por la otra, se publicaron números sobre la economía mexicana para llorar. La inversión privada presentó una fuerte caída y el crecimiento del Producto Interno Bruto se paró. De seguir por la misma ruta, el País, con toda seguridad, entraría en una recesión tan pronto como este año.	El acuerdo entre el Gobierno y las constructoras de gaseoductos es, en este sentido, una muy buena noticia. Al parecer, AMLO sí está entendiendo la dimensión de la desaceleración y estancamiento de la economía nacional. Aunque el Presidente minimice el problema diciendo que él tiene otros datos, en los hechos sí está reaccionando. Está mostrado una cara más pragmática y moderada que bien podría generar confianza empresarial, condición necesaria para animar la inversión privada.	Esta buena noticia se complementaría estupendamente si, en las próximas semanas, el Gobierno de López Obrador reanuda las subastas de campos petroleros para que puedan participar las empresas privadas en este sector. Eso enviaría otra nueva señal de que están dispuestos a hacer todo lo posible para evitar una recesión económica; que no les gana la tripa ideológica sino un buen olfato político porque las recesiones siempre caen mal en la opinión pública nacional.	
Al parecer, el gobierno de AMLO sí está entendiendo