Mañana, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convalidará el decreto-ley sobre la vivienda que el Gobierno aprobó en uno de sus «viernes sociales» y que entró el vigor el pasado 6 de marzo. El Ministerio de Fomento anunció la semana pasada que cuenta con los votos necesarios para que el texto salga adelante en la Cámara Baja. La medida estrella del texto es el índice de referencia de los precios del alquiler de la vivienda. Aunque no servirá para colmar la aspiración de Podemos de regular el incremento de la cuantía de los arrendamientos, sí que debería servir de soporte de «posibles medidas de política fiscal». El Ministerio de Fomento asegura que tendrá listo el registro en ocho meses y ha pedido colaboración al Instituto Nacional de Estadística (INE) para confeccionarlo. Un plazo que una voz autorizada como el Colegio de Registradores de la Propiedad pone en entredicho. En opinión de esta institución, es «francamente difícil» tener listo un índice de este tipo en tal plazo «teniendo en cuenta la especificidad de un dato como éste y la complejidad del mismo», como explicó ayer el director del Centro de Procesos Estadísticos de la institución, José Meléndez Pineda. Las fuentes de información, al tener características muy diferentes, también implican un desafío para una estadística de este perfil, explicó Meléndez Pineda durante la presentación del Anuario 2018 de la Estadística Registral Inmobiliaria.	La opinión de los Registradores no es baladí. La institución colabora con el INE, el organismo al que Fomento ha encargado el índice, en la elaboración de la compraventa de viviendas. Su base de datos sobre arrendamientos es mínima pues, como reconoció ayer su responsable de estadísticas, son muy pocos los que registran los alquileres.	El afán del Gobierno por acelerar la aprobación de medidas en las semanas previas sirviéndose del decreto-ley está desembocando en errores a la hora de ejecutar o planificar algunas de ellas. El Ministerio de Hacienda anunció hace unas semanas la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, una medida que comportaría la transferencia a las regiones de unos 8.000 millones de euros antes de las elecciones del próximo día 28. Sin embargo, hace un par de semanas, la ministra María Jesús Montero reconoció que sigue «discutiendo» con la Abogacía del Estado para encontrar una fórmula para actualizarlas sin que haya Presupuestos. Las comunidades autónomas participan de la recaudación y, por tanto, su financiación debería ser independiente porque la recaudación, según la ministra, «está más allá de que el Estado pueda gastar más o menos». El problema es que el modelo del sistema de financiación, además de la recaudación, hace que las comunidades participen de unos fondos que sí se aprueban en los Presupuestos, lo que hace que el modelo no permita separar ambas cuestiones.	El Ejecutivo también estaría teniendo problemas con el subsidio por desempleo concedido a los mayores de 52 años, lo que incluso le habría obligado a enviar una circular a las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que se paralice la tramitación de la mayoría de las solicitudes por las «lagunas» que se aprecian en el decreto-ley que regula estas ayudas.	El Ejecutivo niega que esté habiendo problemas con la gestión de la ayuda. Según sus datos, el SEPE ya ha concedido el subsidio a 32.000 personas de un total de 56.000 solicitudes recibidas entre el 14 de marzo, cuando entró en vigor la regulación de esta ayuda, y el 28 de marzo. De esta forma, se han aprobado el 57% de las solicitudes recibidas en estas dos semanas.	El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social informó en un comunicado de que está actuando para que el trámite de las solicitudes se haga con la mayor celeridad para agilizar el acceso al subsidio. Dentro de la gestión administrativa ordinaria del subsidio, Trabajo aseguró que el SEPE está tramitando «con normalidad» todas las solicitudes, aunque admitió ciertos problemas. «Aquellos expedientes en los que han surgido dudas de interpretación derivadas de la introducción de mejoras en las fórmulas de acceso –que no estaban en la regulación anterior al año 2012– se resolverán en próximas fechas, en tanto se analicen y se verifique que, de acuerdo con la norma, cumplen los requisitos», aseguró Trabajo.	En cualquier caso, una vez se confirme que todo es correcto, estos expedientes en trámite –casos muy excepcionales, dijo el ministerio– recibirán el subsidio con carácter retroactivo desde su fecha de solicitud. Fuentes de Trabajo consultadas por Ep explicaron que sólo en aquellos casos en los que se ha denegado el subsidio y existen dudas sobre dicha decisión se ha «parado» el expediente hasta la resolución de las mismas.	
Otra «chapuza social»: el índice del alquiler, casi imposible en 8 meses