Después de estar por más de un mes suspendido el proceso para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió un fallo en el que ordenó un camino legal para que se concluya la selección. Según los plazos señalados en la resolución, el Congreso deberá tener la nómina de los candidatos en no menos de dos meses.	El también decano de la Universidad Mesoamericana señaló que “es vergonzosa la resolución del Tribunal Constitucional, porque “la mayoría de las personas estamos Ad Honorem y no con los sueldos que tienen en la Corte de Constitucionalidad y nos amenazan con apercibimiento cuando estamos haciendo un trabajo cívico. La CC hizo lo que quiso en el proceso, logró retrasarlo porque querían que el nuevo Congreso los eligiera”.	Para el abogado Oswaldo Samayoa, es viable que el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) y la Comisión de Postulación de la CSJ cumplan los plazos que estableció la CC para presentar la nómina de 26 candidatos al Congreso y pueda ser conformado el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.	“Hay una experiencia y una existencia de instrumentos que se han utilizado en Comisiones de Postulación anteriores y también hay instituciones con experiencias que pueden apoyar, como fue la Universidad del Valle. Si recogen todo eso, más una diligencia de vida de parte de ellos, lo pueden lograr”, afirmó el defensor.	El abogado recordó que en el fallo que dictó la CC estableció también que la CSJ le debe dar presupuesto para cumplir con las evaluaciones. Añadió que tal vez no se cumpla en el tiempo que estableció el Tribunal; sin embargo, podrían avanzar y pedir una ampliación de tiempo de cumplimiento del fallo.	“En materia de Derecho y de garantía existe un postulado clave, no se puede alegar ausencia de normas o de presupuesto, para cumplir con la obligación que es garantizar el acceso a la justicia de todos los guatemaltecos. Es fundamental y creo que la Corte por esa base está”, añadió Samayoa.	Carmen Aída Ibarra, directora de ProJusticia, pone en duda la capacidad del CCJ para cumplir con lo que ordena la CC, además de criticar que la responsabilidad de este atraso recae en el Consejo, porque hay integrantes nombrados desde el 2017 y otros en 2018 y no han concretado en este tiempo su mandato. “Esto no es culpa de la CC, porque la mayoría de consejeros se dedicaron a hacer política y no a su labor de fortalecer la carrera judicial. El Consejo no está preparado”, dijo la directora de ProJusticia.	“Dicha resolución establece plazos arbitrarios difíciles de cumplir, cuyo efecto será mayor incertidumbre y mayor debilitamiento de las funciones del Consejo de la Carrera Judicial y de las Comisiones de Postulación. Sumado a esto, la grave violación de preceptos procesales básicos al aceptar que un interponerte pueda cambiar sus peticiones de amparo en una apelación de amparo”, indica el comunicado.	El Comité también señala que con esta disposición no se aporta al fortalecimiento de la carrera judicial, por el contrario, genera más dudas sobre la interpretación de la ley. Señala como cuestionable que la parte interponente -Fundación Myrna Mack- “presentó solicitudes distintas en la apelación del amparo provisional y la apelación del amparo, lo que viola principios fundamentales.	El fallo de la CC estableció un máximo de 30 días calendario para que el CCJ evalúe el desempeño de los jueces y magistrados que se postularon en la elección. Sin embargo, antes de iniciar este proceso, el Consejo debe revisar la disposición transitoria para realizar las evaluaciones, publicarla en el Diario Oficial y avalar los instrumentos de evaluación.	
Los desafíos para cumplir los plazos de la CC en el proceso de postulación de magistrados