Los ¢226.145 millones representan el 0,62% del PIB y entre las instituciones que deberán aportar superávit disponible están el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto Costarricense de Turismo, la Junta de Protección Social, el Instituto de Desarrollo Rural, el Instituto de Puertos del Pacífico, la Superintendencia de Telecomunicaciones, el Fondo Nacional de Telecomunicaciones y la Junta Administrativa del Registro Nacional, de la Imprenta Nacional y del Fondo del Consejo de Salud Ocupacional.	El BCR destacó que respalda la propuesta del Gobierno. “El BCR reafirma su anuencia y total disposición a colaborar con las solicitudes, acciones o información que requiera el Gobierno en relación con esta y otras iniciativas puntuales orientadas a mejorar las finanzas públicas”, destacó la entidad según consigna la versión digital del periódico	De acuerdo con el ministro, sin la Ley 9635, la relación deuda/PIB (lo que debe el país, en relación con la producción nacional) habría sido 58,8% en 2019; 66,4% este año y 106,4% en el 2024; porcentajes insostenibles que llevarían inevitablemente a una crisis fiscal difícil de superar.	“Las crisis fiscales hipotecan el futuro, traen consigo alza en las tasas de interés, desplazamiento del crédito del sector privado, aumento explosivo del servicio de la deuda, incremento del gasto corriente, caída en la inversión, reducción PIB y baja en la calificación crediticia. Esto se traduce en una reducción en gasto social”, explicó el ministro.	


Costa Rica: Gobierno propone vender licorera y banco para reducir déficit 

