Algo que puede dar una muestra del giro que hoy viene experimentando Latinoamérica es la contradicción entre la forma en la cual los mayores gobiernos de las Américas y Europa enaltecen al único presidente autoproclamado de las Américas (el venezolano Juan Guaidó), el cual también es el único del mundo que llama a que EEUU y sus vecinos invadan a su país, mientras desprecian y aceptan el aprisionamiento de quien fuera el presidente más votado de dicho hemisferio y del mundo (el brasileño Lula Da Silva).	Ahora Guaidó se ha convertido en el “presidente” americano reconocido por Donald Trump más promovido por los medios occidentales. Casi no hay día en que los principales diarios europeos o americanos no hablen de él, y el lector común más escucha de Guaidó que de cualquier otro mandatario electo por cualquier pueblo latinoamericano. En cambio, al preso Lula poco se le menciona, siendo una leve excepción el episódico cubrimiento de la noticia de que se murió un nieto suyo.	En la misma semana en que en Brasil llegaba Guaidó para ser recibido por su presidente Jair Bolsonaro, Lula salió temporalmente de su estrecha cárcel, en la cual lo tienen silenciado y destinado a que “allí se pudra” (según declaraciones de Bolsonaro) para ir muy escoltado al sepelio de su nieto.	Paradójico el trato dado a Lula, quien en su momento llegó a ser el político sudamericano más popular de este milenio. Cuando él dejó la presidencia con un altísimo nivel de aprobación en las encuestas, él era bien recibido por doquier. Me acuerdo haber asistido al salón de banquetes de la corona británica donde los grandes hombres del poder y de los negocios fueron solo a escucharlo y a felicitarle.	Lula en el 2002 se convirtió en el primer obrero en llegar a la presidencia de un país sudamericano, algo que lo hizo obteniendo unos 52,8 millones de votos. Esto implicaba que fue el presidente más votado del mundo al iniciarse este milenio pues había superado a George W Bush quien en el 2000 llegó a la Casa Blanca con casi 2,4 millones de votos menos que él, pese a que EEUU entonces tiene un tercio más de habitantes que el Brasil.	En el 2006 Lula fue reelecto con 58,3 millones de votos, una cifra mayor a la que ha obtenido cualquier otro candidato en Brasil desde esa fecha, pese a que hoy hay 212 millones de brasileños (15 millones más que cuando Lula llegó a ser el hombre más votado en toda la historia de Latinoamérica y del Hemisferio Sur).	En las dos veces que él fue electo lo hizo sacando más o menos un 61% de los votos y 20 millones de votos sobre su rival, el cual, a su vez, buscó acercarse lo más posible a sus ideas (se autonombraban como socialdemócratas), algo que no se ha vuelto a repetir en las Américas.	Lula no pudo candidatear una tercera vez, pues la constitución se lo impide y, en vez de buscar cambiar ésta para que se le habilitase para ser reelecto como ha pasado en Venezuela, Bolivia o Nicaragua, él decidió apuntalar a una figura de su propio Partido de los Trabajadores (PT). Esta fue Dilma Rousseff quien ganó las siguientes dos presidenciales (2010 y 2014) convirtiéndose en la señora presidenta más votada de la historia universal.	Pese a que el PT se transformó en el partido que más presidenciales consecutivas había ganado en Brasil, Dilma no pudo acabar su mandato pues se le impuso un “impeachment” parlamentario que le sacó de palacio (en algo que ella describió como un golpe) y puso en su reemplazo a su vicepresidente Michel Temer, quien orientó al coloso amazónico hacia las políticas económicas y exteriores ligadas a Washington.	Para los comicios generales del 2018 todos los sondeos coincidían en apuntar que Lula los iba a volver a ganar. Sin embargo, el juez Sérgio Moro (hoy superministro de justicia de Bolsonaro) le sentenció a 12 años en la cárcel, y se le impidió poder candidatear incluso desde esa posición. Lula no quiso exiliarse y se sometió voluntariamente a la justicia y tras rejas animó la candidatura de su camarada del PT Fernando Haddad, el cual terminó perdiendo en segunda vuelta por unos 10 puntos y 10 millones de votos de diferencia frente al actual mandatario ultra-conservador Bolsonaro, cuya estrategia central es eliminar todo vestigio de “socialismo” en su país y la región.	A pesar que la mayor parte de la prensa mundial cuestiona a Bolsonaro por haber dado declaraciones muy hostiles a las mujeres, los negros, los indígenas y los gays, y de considerarlo el más ultraderechista mandatario de una importante potencia, poco ésta ahora insiste en lo que muchos brasileños califican como un gran fraude, el cual consistió en que uno de los principales miembros del gabinete de Bolsonaro impidió la candidatura de quien iba a ser el seguro ganador de las presidenciales y le ha convertido en el único ex mandatario preso de su país y del mundo implicado en la corrupción de Odebrecht. Pese a que esta multinacional brasileña ha sobornado a cientos de congresistas, ministros y presidentes de toda Latinoamérica, el superministro de Bolsonaro solo se ha concentrado en Lula.	Si a Lula se le hubiese permitido poder participar en las presidenciales, incluso tras las rejas, él las hubiera ganado y habría hecho que su partido (quien en el 2018 logró ser el primero en número de diputados) hubiese logrado un quinto (y seguramente un sexto) mandato consecutivos. Con ello, la geopolítica mundial sería muy distinta pues Brasil, la quinta potencia mundial tanto en términos de población, territorio como de economía, hubiese vuelto a ser un contrapeso al EEUU de Trump y promovido un mundo multipolar, y una política global de protección del medio ambiente y de defensa de derechos humanos, sociales, femeninos, raciales y de las minorías.	Lula fue un artífice fundamental en hacer que Latinoamérica adopte una política más autónoma ante Washington y a que se cree por primera vez una Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y una Comunidad de Estados de Latino América y el Caribe (CELAC), las cuales ahora han de ir languideciendo, así como del famoso bloque Brasil-Rusia-India-China (BRIC), conformado por todas las potencias territoriales no occidentales, en las cuales se estaba sumando la Sudáfrica post-Apartheid.	Se supone que un juez que sentencia a quien pudo haber ganado la presidencia brasileña y alterado la política continental y mundial debería ser uno independiente, pero el solo hecho que su esposa hubiese hecho campaña por Bolsonaro y el que él hubiese sido luego uno de sus principales ministros, es algo que debería mover a la opinión pública mundial a cuestionar todo el proceso contra Lula y las elecciones brasileñas, pero eso no se hace pues Washington rechaza ello y dice que el único fraude es el que se cometió en Venezuela porque allí se impidió la candidatura de dos personas que nunca habían llegado al poder (Henrique Capriles y Leopoldo López) aunque la oposición bien pudo haber conseguido un aspirante que la uniera (como hoy viene pasando con Guaidó).	Juan Guaidó retornó a Caracas el lunes 4 de marzo sin que el gobierno le apresase, pese a que él se salió del país desacatando una orden judicial que se lo prohibía y a que tiene denuncias de usurpación e incitación para qué potencias extranjeras agregan a su país. Él abiertamente ha propiciado a un golpe castrense y a una intervención militar de EEUU.	El argumento que emplean EEUU y sus aliados es que Guaidó es el legítimo presidente venezolano pues Maduro fue reelecto en mayo 2018 con elecciones fraudulentas. A pesar que Rusia, China y otras naciones aceptan el contra-argumento oficialista de que el chavismo ganó hace 10 meses con el 68% de los votos y con el 31% del padrón electoral, cifras sin parangones en el continente, los principales gobiernos americanos fuera de México no aceptan ello e insisten en que Venezuela es una dictadura, contra la cual Guaidó tiene todo el derecho de ser ungido como “presidente encargado”.	Según la constitución venezolana cuando un presidente muere o está incapacitado de cumplir con su misión por enfermedad quien le reemplaza es el presidente pero solo por un periodo de un mes, el cual deviene en el “presidente encargado” cuya función consiste en convocar a elecciones presidenciales en un plazo de 30 días. Es esto lo que pasó con Maduro cuando falleció Chávez el 5 de marzo del 2013, y él como vicepresidente llamó a elecciones durante sus primeras 4 semanas en palacio, las cuales él ganó con apenas unos 220,000 votos y el 1.5% de diferencia ante Henrique Capriles, de la Unidad.	Juan Guaidó se proclamó como “presidente encargado” aduciendo que el segundo mandato de Maduro que empezaba el 10 de enero era ilegal y por ende dejaba un vacío de poder que solo podría llenar el presidente de la Asamblea Nacional. No obstante, dicha figura era muy forzada pues el presidente electo no estaba ni muerto, ni enfermo ni inhabilitado por la justicia.	Sin embargo, Guaidó ya lleva dos meses reclamando tener dicho cargo y no se atreve a convocar a éstas, ni quiera a la manera del parlamento catalán que organizó unos comicios bajo el boicot y la represión de Madrid. Es más, Guaidó dice que no se puede llamar pronto a elecciones pues previamente debe pasar un periodo de hasta 12 meses en el cual se deban depurar todos los demás poderes del país e iniciarse el “Plan País”, para que se tienda a abrir varias empresas petroleras y mineras venezolanas al capital privado y norteamericano.	Si un parlamento decide sacar a un presidente del cargo o no aceptar un nuevo mandato suyo debe darse un proceso de “impeachment” que sea abierto a la prensa y donde se produzcan amplios debates televisados en todo el mundo, tal y cual ha pasado con los procesos que terminaron con la salida de PPK y de Dilma de las presidencias del Perú y Brasil, respectivamente.	Nada de esto ha pasado en Venezuela. Quien vea la prensa de dicho país o la propia web de la Asamblea Nacional no ha de encontrar ninguna clase de debates al respecto. El orden del día de las sesiones de dicho congreso antes del 10 de enero cuando Maduro inicia su segundo mandato y Guaidó dice que es hora que el poder legislativo asuma el del ejecutivo, o del 23 de enero cuando Guaidó se autoproclama presidente en una manifestación no contempla para nada ninguno de esos puntos.	Si la Asamblea Nacional decide que su cabeza debe convertirse en el presidente de la república, entonces el puesto de presidente de la Asamblea Nacional queda vacante y debe ser reemplazado por el vicepresidente de ésta u otra persona electa por dicho congreso. No obstante, Guaidó sigue teniendo el cargo de presidente del poder legislativo y también del supuesto poder ejecutivo. Encima, él desconoce al poder judicial y él cree que puede concentrar las funciones de éste pues se da el atributo de pasar por encima de los dictámenes de éste, incluyendo el que le prohibía salir del país.	En una forma de total acaparamiento de poderes el propio Guaidó ni si quiera ha designado a su propio presidente del consejo de ministros, ni a ningún ministro. Hasta el Líder de la Oposición del reino Unido tiene su propio gabinete, pero Guaidó es el único presidente del mundo que no tiene ni gabinete ni ministerios.	Solo él aparece en sus discursos y presentaciones. Ninguna de las figuras clásicas de la oposición venezolana, y menos aquellos que la representaron en las presidenciales contra Maduro, como Henri falcón o Henrique Capriles, aparecen a su lado. Solo él designa quienes van a ser los embajadores o los administradores de las empresas venezolanas que EEUU ha conculcado en el exterior, todo lo cual puede dar paso a toda clase de favoritismos, prebendas y corruptelas.	Y esta persona que concentra más poder y atributos que cualquier otro presidente de una democracia en el mundo es alguien que ni si quiera lidera a su propio partido o que haya llegado a la presidencia de la Asamblea Nacional o a ser el portavoz de su partido en ésta en un proceso democrático de competencia con cualquier otro candidato.	Guaidó llegó a la presidencia de la Asamblea Nacional sin ninguna elección pues ésta había decidido una presidencia rotatoria en la cual ésta iba a ir cada año a un partido de la oposición, en orden descendente empezando por el mayor de ellos. Como Voluntad Popular es el cuarto partido de la oposición y dicha Asamblea el 5 de enero iniciaba un cuarto periodo anual, le tocó el turno de encabezarla. A la hora de escoger quien asumiría tal tarea dentro de VP dicho partido no celebró elecciones internas, pues el propio jefe suyo, Leopoldo López, decidió unilateralmente designar al cuarto personaje en orden de importancia dentro de sus filas para que presida dicha Asamblea.	Así, Guaidó, pese a nunca haber competido en una elección nacional y tras haber sacado menos de 100,000 votos para ser electo diputado ha terminado proclamándose como presidente desconociendo como “usurpador” a Maduro quien ganó la presidencia venezolana con 7,6 millones de votos en el 2013 y con 6,2 millones en 2018.	Si Maduro es un ‘dictador’ y ‘usurpador’, que podríamos decir de Guaidó un hombre que concentra todos los poderes y ministerios en una sola persona y que usurpa funciones que su constitución rechaza (la de ser un presidente encargado que no llama a elecciones en 30 días). Guaidó no ha sido electo democráticamente sino dedocráticamente. Primero fue designado a dedo por el caudillo de su partido y hoy todos sus movimientos y orientaciones son dictados por quien quiere ser el dictador del mundo.	Mientras hoy Guaidó se pasea libremente por Venezuela, en Madrid los ministros del gobierno catalán que incentivó la consulta popular separatista y apoyó la independencia están siendo sometidos a juicios donde se les pide más de un cuarto de siglo de prisión. Si la Unión Europea acepta que miles de uniformados españoles sean transferidos a Cataluña a impedir a golpes dicha consulta hiriendo a centenares y destruyendo ánforas, ésta también debería, consecuentemente, pedir que Guaidó sea procesado pues él ha hecho algo mucho más serio.	Si en EEUU se viene queriendo procesar a Trump por haber recibido ayuda rusa durante las elecciones, lo que ha venido haciendo Guaidó es más descomunal. Él abiertamente ha ido a Bogotá violando una orden judicial para entrevistarse con el vicepresidente de EEUU y pedir a los principales gobiernos americanos que invadan a su propio país.	Guaidó es el primer y único “presidente” de la historia universal que ha recorrido Sudamérica instando a que las autoridades y los diplomáticos de su país sean desconocidos y removidos y los fondos estatales venezolanos sean intervenidos (y todo ello viajando en el avión de las fuerzas armadas de un país con el cual Venezuela ha tenido conflictos fronterizos en una disputa por territorios ricos en oro negro, y teniendo como a su mano derecha a una persona de inteligencia del gobierno de EEUU) y que ha demandado que la única forma por la cual él podría llegar a palacio es mediante un golpe castrense o una invasión de sus vecinos y de la mega-potencia que anteriormente ha arrasado Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia y Siria proclamando democratizar esos Estados.	Cualquier persona así en EEUU o cualquier democracia seria del mundo debería ser procesado. Por cosas menores Madrid intervino Cataluña y canceló su autonomía. En Reino Unido se conjetura con declarar estado de emergencia o mover tropas en caso que se dé un Brexit sin acuerdo. Empero, Venezuela no hace nada de eso. Por un lado, Nicolás Maduro quiere así demostrar que él no es un dictador pues quien le acusa de “tirano” se pasea libremente por doquier en su país y con eso demuestra que él no es tal. De otra parte, los chavistas buscan permanentemente una componenda con EEUU, con la UE, con sus vecinos y con sus opositores pensando que todos podrán acordar una forma de evitar una catástrofe o una explosión social en Venezuela.	Maduro constantemente dice que busca diálogo. En el fondo sabe que es imposible seguir con una economía con una hiperinflación de más de un millón por ciento anual (la más alta del planeta) y con tantas sanciones de EEUU. Ante la alternativa de seguir el camino de una revolución comunista (que implicaría nacionalizar todas las grandes empresas y el comercio exterior, desconocer el pago de la deuda externa e imponer una “dictadura del proletariado”), Maduro prefiere por no reprimir a las empresas o partidos de la oposición y por buscar un acuerdo que pudiese permitir rescatar la economía de mercado venezolana en base a una serie de medidas de ajuste.	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