Los primeros expositores convocados por la comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Legislación Penal para exponer sobre el proyecto de ley de reforma de la Justicia coincidieron en la necesidad de mejorar uno de los tres poderes de la República. Se diferenciaron en cambio respecto a la oportunidad en que se impulsa al consenso requerido más allá de diferencias políticas y a cuestiones técnicas como por ejemplo	que al inicio de la reunión, puntual, explicó la mecánica de trabajo: cada especialista hablará durante 7 minutos, tendrá 5 minutos de preguntas para cada bloque político y las respuestas deberán darse en otros cinco minutos por lo que la participación de cada uno será de entre 20 y 25 minutos aproximadamente.	, presidente de Abogados por la Justicia Social (AJUS), de La Plata, autor del libro “Justicia a la carta” que tiene prólogo del penalista Eugenio Zaffaroni. En el libro recogió el planteo de AJUS ante el Relator de la ONU por ataques a la independencia del Poder Judicial durante el 2015 y el 2019, es decir durante la presidencia de Mauricio Macri. De eso mismo habló en su tiempo disponible, mencionó “el deterioro” del Poder Judicial que en los últimos años estuvo, dijo,	Garay subrayó que en las provincias hacen falta más fiscales, que “se ha hecho todo muy apurado en un momento en que el Poder Ejecutivo está enfrentando la peor crisis que se ha visto, no es quizás la mejor oportunidad de estar discutiendo esto”. “Tiene olor a ser contrario a la Constitución”, repitió Garay ante un planteo del rionegrino	, abogado especializado en asuntos penales, doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Córdoba) y profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires también cuestionó las subrogancias. Propuesto por Juntos por el Cambio dijo que “creo que hay que hacer esta reforma y saludo que se haya comenzado este proceso”.	, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, uno de los camaristas que integran las salas que revisan los fallos de los jueces de Instrucción que serán convocados para ocupar las 23 vacantes que se propone abrir el Gobierno en el nuevo Fuero Penal Federal que fusionará el fuero Criminal y Correccional Federal con el Penal Económico.	, planteó y enumeró investigaciones que se verían afectadas como las de homicidios, femicidios, abusos sexuales, violencia familiar, fraudes, extorsiones y hurtos. Mostró preocupación respecto al futuro laboral de jueces y personal de los juzgados ya que “las competencias son transferibles, pero los magistrados no. El Estado Nacional no puede privar de competencias a sus jueces. La ley tiene que prever o mantener su competencia actual, o darles otra competencia, porque si no estaría dejando a jueces a sin materia a tratar”.	“Ya lo dije. La Cámara no consideró inconstitucional la ley, es un título periodístico, el texto de la acordada no dice esto. Hay ciertos aspectos de la ley que no tengo ningún tipo de autoridad a cuestionar, ampliar la Justicia Federal y el número habrá que ver si tiene mérito y cuántos son los juzgados y de qué modo. La ley, al mismo tiempo que prevé y tiene un esquema para esta estructuración de la Justicia Federal carece de una estructuración sobre qué hacer con el delito que afecta al ciudadano, se deja sin recursos para las cuestiones de orden constitucional y son discutibles varios aspectos pero no dije que la ley no es constitucional”.	, integrante del Foro de Estudios para la Administración de Justica (FORES) que también fue convocado a los debates por la interrupción voluntaria del embarazo pidió un diálogo fluído y abierto, apoyó la idea de un cambio en la Justicia para que sea más eficiente pero remarcó que “estamos diluyendo un fuero” y “estamos perdiendo la especialización”. “La reconversión hacia el sistema acusatorio requiere un refuerzo de las fiscalías y no de los juzgados que es lo que propone el proyecto. Esto no es una reforma judicial, es una ley que busca generar vacantes en el Poder Judicial”, agregó. “Cada vez que se conformen nuevas mayorías en el Congreso estas se verán tentadas a volver reformar la Justicia”, cuestionó.	El rionegrino Weretilneck le recordó que el sistema acusatorio iba a entrar en vigencia cuando se derogó vía DNU. Se refería a la suspensión de la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que estaba previsto para el 1º de marzo de 2016 en el ámbito de la Justicia Nacional y que se congeló a fines del 2015 con el cambio de gobierno. Vitolo le dio la razón.	El kirchnerista Parrilli le pidió que les haga llegar las propuestas y prometió que “van a ser tenidas en cuenta y escuchadas” aunque luego le preguntó a Gallo Tagle si la Asociación de Magistrados había denunciado “los excesos y una intromisión grave del Poder Ejecutivo para extorsionar al Poder Judicial”. Mencionó las denuncias políticas contra jueces como Alejo Ramos Padilla, Luis Rodríguez y Rodolfo Canicoba Corral, jueces cuyos fallos o resoluciones beneficiaban a dirigentes K. “Nos hemos pronunciado en todos los intentos por domesticar” agradeció la consulta el juez que también manifestó que esto ha ocurrido con todos los Poderes Ejecutivos “más allá del signo político.	La pregunta llevó a Elías de Pérez a pedir que no se hagan esos planteos a los expositores a lo que Parrilli respondió que tampoco debía preguntarse la simpatía política como hizo Naidenoff con el abogado Desojo. El radical consideró que su consulta era respetuosa y entonces intercedió Sacnun que laudó y evitó que haya riña.	, doctor en Derecho y miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, ex presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut y ex convencional constituyente provincial que fue invitado por el Frente de Todos. Para el chubutense, que participó de la reforma en su provincia, “la mayor reforma que el Congreso tiene como asignatura pendiente es alcanzar el juicio por jurado, porque es la única forma de que lleguemos a alcanzar el mandato constitucional”. En su parecer “las reformas se resisten más que nada por los operadores”. Y concluyó que la reforma “no está adelantada en el tiempo, venimos con retraso”.	
Con advertencias sobre nombramientos y presiones a los jueces, arrancaron en el Senado las audiencias para debatir la reforma judicial