La campaña electoral cumplió su quinto día y el decreto supremo que separa actos proselitistas con gestión pública que fue prometido por la presidenta Jeanine Áñez todavía está en plena elaboración y sin fecha. Los rivales de la mandataria-candidata no serán llamados para apoyar en la elaboración de la norma, lo que genera malestar en sus contrincantes. La demora se da por el debate en el equipo gubernamental sobre si esta iniciativa debería ser un proyecto de ley o un decreto. Por ahora, la balanza está a favor de la alianza Juntos, aunque no existe ninguna denuncia de uso de bienes y recursos públicos en campaña.Áñez estaba molesta cuando anunció la elaboración del decreto que tiene como objeto no mezclar la campaña electoral con la gestión.	Ese anuncio lo hizo el 28 de enero. Pasaron diez días y en Palacio Quemado un equipo gubernamental todavía trabaja en la normativa sin el apoyo de los rivales de la mandataria. Además, van cinco días del inicio oficial de las campañas con miras a las elecciones del próximo 3 de mayo.	El viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, informó a EL DEBER que el debate está en elaborar un decreto o un proyecto de ley para regular la campaña. Por ahora se trabaja en la primera opción y si todo va bien sería aprobado la próxima semana. En caso de ejecutar la segunda propuesta, existe el temor de que el Movimiento Al Socialismo (MAS), con sus dos tercios, dilate la aprobación de la norma en la Asamblea Legislativa Plurinacional.	“Estamos trabajando en ese tema. Estamos analizando si será un proyecto de ley o un decreto supremo. Sería interesante un proyecto de ley que abarque todos los Órganos del Estado para que esta prohibición del mal uso de los bienes y recursos del Estado sea para todos. Pero tememos que el MAS rechace el proyecto de ley o lo hagan dormir. Estamos viendo, por ahora, sacar un decreto que solo regule al interior del Órgano Ejecutivo. En eso estamos, ya se trabajó un articulado y está en consulta con abogados en materia electoral”, detalló Alanoca.	“He dejado claramente establecido que ningún funcionario del Estado podrá usar los bienes de los bolivianos en favor de mi candidatura. La contravención a esta disposición será drásticamente sancionada. Y para ello estoy en la revisión de un decreto supremo que establezca un listado de las acciones que expresamente estarán prohibidas en el proceso electoral”, afirmó Áñez.	“Hoy (ayer) nos enteramos que el candidato (a la Presidencia) del MAS, Luis Arce, utilizó instalaciones políticas para una reunión política, una reunión con la bancada del MAS. Eso no puede seguir pasando y por eso debatimos si debe ser un proyecto de ley para que alcance a otras instancias (del Estado)”, recalcó Alanoca.	“Está bien que la normativa sea institucional, pero había la intención de llamar a los partidos y alianzas para establecer puntos sobre el tema de la campaña electoral y la gestión pública. Ahora vemos que el Gobierno quiere manejar a su antojo esta situación, algo que es cuestionable desde donde se lo vea”, dijo Muñoz, quien también es candidato a diputado de Creemos.	Por su parte, el Movimiento Al Socialismo (MAS) no tiene interés de ser parte del debate sobre este decreto. El candidato presidencial, Luis Arce, solo pidió que haya igualdad de condiciones en campaña y resaltó que, por ahora, lo que preocupa es que no existe garantías para los candidatos del partido de Evo Morales.	
Gobierno no convocará a partidos para debatir norma sobre campaña