Pero este derecho no solo se refiere al respeto que debe prevalecer de las reglas del procedimiento en el juicio, sino también, de manera preponderante y esencial, el desenvolvimiento del abogado de las partes, en este, que su comportamiento profesional en la protección de los intereses de su representado reflejen los conocimientos y habilidades adecuados para que esta sea apropiada, pues solo de ese modo podrá garantizar una adecuada defensa de su cliente.	Esto es, cuando el incumplimiento de los deberes del abogado dentro del procedimiento legal sea manifiesto o evidente, el juzgador, como encargado de procurar el cumplimiento de la adecuada defensa, se encuentra obligado, en su carácter de rector y garante del proceso, a evaluar la tutela proporcionada al litigante, de lo contrario, carecería de sentido que la defensa material forme parte de ese derecho humano si dentro del procedimiento no existe un mecanismo de control que permita garantizar mínimamente al justiciable que su abogado tiene la aptitud necesaria para defenderlo adecuadamente.	Así, los juzgadores deben vigilar la actuación del abogado, en aras de evitar la vulneración de ese derecho en perjuicio del justiciable, sin que baste para tutelarlo la sola designación de un letrado en derecho, pues su observancia requiere que se proporcione a la parte asistencia real y operativa, pues de lo contrario, se realizaría una diferenciación que no encuentra sustento en la Constitución Federal ni en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como lo sostiene la tesis: 1.a CIII/2019 (10.a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada el pasado viernes 22 de noviembre de rubro: DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN TOMAR LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE EL ABOGADO DEFENSOR TENGA LOS CONOCIMIENTOS Y LA CAPACIDAD NECESARIOS PARA DEFENDER AL IMPUTADO, la cual, no obstante referirse a la materia penal, aplica a la demás, tales como la civil, por compartir los mismos principios rectores.	
El abogado como actor definitivo en el derecho humano de adecuada defensa