El gobierno actual quiere forjar una carrera administrativa más transparente y eficiente. La idea de las autoridades es terminar con los escalafones en la administración pública, que se suman a las compensaciones en los sueldos, que llevan a grandes asimetrías en las remuneraciones. La ley de Presupuesto es el puntapié de esta reforma y la Oficina Nacional del Servicio Civil la encargada de llevarla a cabo.	Es por un sistema aluviones que se ha construido en décadas de tiempo en donde los funcionarios están repartidos por escalafones en función de los años de estudio y luego una escala de grados del uno al seis sin describir qué tipo de tareas realizan. Una forma de solucionar esto es que cuando la persona se supone que hace más tareas o de mayor complejidad, se le sube el sueldo. Hay más de 1200 compensaciones de este tipo de las cuales 500 se le llaman compensaciones especiales. Eso va desvirtuando lo que el funcionario va ganando y no el tipo de tarea, porque ni siquiera sabemos bien qué es lo que hace. Por eso queremos que la ciudadanía y el propio estado y el funcionario sepa y conozca cuál es el valor público que agrega esa tarea y esa remuneración.	Van a ser para los funcionarios que van a entrar. Nadie va a perder salario. Estamos con equipos de trabajo. Tenemos pases en comisión en empresas públicas. Tenemos gente prestada de OPP y funcionarios jóvenes que pasan en comisión y que los capacitamos y van a los ministerios en coordinación también con el sindicato. Que sepan qué están haciendo los funcionarios es bueno. Hacemos entrevistas para detectar qué es lo que hace el funcionario. Tenemos unas 80 tareas identificadas dentro de la Administración Central.	Es una reforma muy transformadora y hay que tener mucha decisión política para llevarla a cabo. Se podrían hacer cambios de maquillaje, pero no se hace esto de saber qué hace cada funcionario y las remuneraciones. También pasa al revés. Ocupaciones que no están bien remuneradas. Toda reforma de este tipo tiene un costo. Lo previmos en la Ley de Presupuesto. Hay una parte del ahorro que va a abatir el déficit fiscal.	Es un tema complejo. Lo que entendemos como cargos de confianza es una figura que se llama “Q” y es un número determinado que por lo general son los directores, gerentes generales. Si no se crean por ley, esos cargos no pueden estar. Hay proyectos que tienen dos veces más dinero que su ministerio de repente. El tema es cómo uso esos adscriptos o incluso los cargos “Q”. Se pretende primero identificarlos. El cargo "P" es el cargo que se crea constitucionalmente y es el cargo político. Los adscriptos se publican anualmente. Era información que se mandaba al Parlamento.	Hay un abuso de las certificaciones médicas. Antes no se hablaba de este tema. Empezamos a producir datos para que la ciudadanía pueda saber si hay algo que está funcionando mal. El artículo consistía en cambiar el sistema de incentivos. En el sector privado sí hay descuentos, pero en el público  no y eso nos parece una inequidad. Hay personas que hay años que no van a trabajar y nunca se llamó a la Junta médica. Los datos que elaboramos indican que había más de 20 mil personas que no iban a trabajar en dos años. En Anep once mil eran los certificados. Robert Silva está trabajando fuertemente en esta materia.	Que no se den en personas que no son estatales. Son empleados de los privados a ser tratados como públicos. Hay afectación de intereses. No hubo argumentos. Todos los partidos tienen estos casos. En la discusión no hubo mayores objeciones. Desde la oposición sí hubo, pero no llegué a comprender los argumentos. No es jurídicamente correcto, aunque es legal.  Hay apoyo del Presidente en hacer esto.	
Conrado Ramos sobre los cambios en las remuneraciones estatales: "Se trata de devolverle el prestigio al funcionario público"