El abogado colombiano que presidió la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) a partir de 2013, se vio obligado a vivir fuera del país centroamericano por tensiones con el presidente Jimmy Morales desde 2018, pero la huella de su trabajo sigue intacta a pesar de que el mandatario guatemalteco logró poner fin a la CICIG tras 12 años de operaciones.	Para Velásquez, la presión ejercida por la CICIG sobre el gobierno fue lo que llevó a Morales a terminar con el mandato de la comisión, cuyo último día operativo será el 3 de septiembre. En estos 12 años, el organismo --en cooperación con las autoridades locales-- logró propiciar que se encarcelara a cientos de personas, incluidos tres expresidentes acusados entre otras cosas de corrupción. Para los guatemaltecos éste es uno de los peores flagelos, pues incide en la pobreza y exclusión en la sociedad.	En aquel año, las investigaciones de la CICIG permitieron exponer públicamente el financiamiento electoral ilícito del influyente sector empresarial en Guatemala al partido que le dio el poder a Morales. Y si bien este tipo de prácticas no iniciaron en ese gobierno, sí podría pensarse que la esfera política del Ejecutivo empezó a sentirse amenazada con las pesquisas.	La distancia entre Morales y la CICIG empezó en 2017, cuando la comisión y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presentaron ante la justicia una acusación contra el hijo y el hermano del presidente por fraude por haber falsificado facturas y simulado un evento para favorecer a un conocido suyo.	Las tensiones entre el poder y quienes lo confrontaban continuaron. Morales no sólo se enfrentó al comisionado --el tercero en obtener el puesto desde que la CICIG se creó--, sino que también chocó con la entonces fiscal general, Thelma Aldana, que había apoyado a la comisión y terminó su gestión en 2018. Para sustituirla, el presidente eligió a María Consuelo Porras.	“Cuando se produce esa designación por el presidente de la República, naturalmente tiene que nombrar a una persona que corresponda con lo que fue su gran odio a la comisión, a partir especialmente del mes de enero de 2017, que es cuando el caso de su familia se judicializa”, dice Velásquez sobre la actual fiscal general de Guatemala.	Encarar estos complejos escenarios hace pensar al comisionado que la lucha contra la corrupción guatemalteca puede ofrecer lecciones a otros países con circunstancias similares. “No hay arrepentimiento, pero la experiencia me enseñó que en una lucha contra la corrupción sistémica estructural --no contra episodios de corrupción, sino contra una corrupción que está realmente enraizada en el Estado-- es indispensable empezar por tener un sistema de justicia independiente, honorable”, dice.	Una de las últimas denuncias entregadas por la CICIG a la fiscalía apunta que políticos acusados y condenados por corrupción eligieron en 2014 a los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia con la intención de recibir algún tipo de beneficio. Para el comisionado, de comprobarse, esto podría provocar que los casos previstos para juicio el año entrante puedan caerse.	El colombiano dice que al final el gran logro de la CICIG en el país puede resumirse en una frase que le dijo una colega: “El mayor aporte que pudo hacer la comisión a mi país fue que a ese gran muro de impunidad tan fuerte, que nosotros veíamos impenetrable, la CICIG le abrió un agujerito”.	No obstante, piensa que los guatemaltecos también tienen un trabajo propio por hacer y cree que es necesario que haya más unidad en la sociedad. “Es necesario una unión entre todos los sectores guatemaltecos que estén por la democracia, para que se unan y establezcan los puntos mínimos por la democracia”.	
Entrevista AP: CICIG tocó fuerte la impunidad en Guatemala