En una atmósfera de humedad asfixiante, cerca de 1.700 personas -en su mayoría provenientes de Latinoamérica- conviven aglomeradas en La Peñita, una localidad indígena ubicada en Darién, en la frontera con Colombia. A este punto remoto también ha llegado la COVID-19, con contagios entre los migrantes y habitantes del lugar.	Pese a los peligros, por los que algunos mueren en el camino, desde hace años la frontera entre Colombia y Panamá se ha convertido en un corredor para la inmigración irregular, principalmente de personas que llegan desde Haití, Cuba, Venezuela, y de países más lejanos como Bangladés, Nepal, Congo y Camerún.	Pero ante las medidas por la pandemia, los centros de acogida están saturados. "La situación sobrepasó la capacidad; estamos hablando de más de 2.500 migrantes que se encuentran varados en las tres estaciones temporales", dice a la AFP Santiago Paz, Jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Panamá.	
Migrantes que iban a EEUU, varados en la selva panameña, donde también llegó la COVID-19