Durante el siglo XX fuimos gobernados a través de un "presidencialismo de estado", arropado por todo el sistema político del país. El sistema antidemocrático que nos dio estabilidad política y social, misma que hoy ya no tenemos, estaba sustentado en cuotas de poder distribuidas en un gran número de sectores sociales a lo largo de todo el territorio nacional. Por ello los colaboradores del presidente tenían margen de maniobra, pues estaban conscientes de tener una cuota de poder con la cual podían tomar decisiones.	El presidente en turno estaba consciente de ser el depositario temporal del poder institucional que recibía del Estado Mexicano y salvo excepciones, su actitud así lo externaba. Sin embargo, había respeto a la ley y a las instituciones. En esos tiempos, aunque había un liderazgo presidencialista anquilosado, se cuidaban las formas institucionales y por ello, por lo menos teníamos la "democracia imperfecta" a la que Vargas Llosa fustigaba desde el extranjero.	En esta era de la autoproclamada cuarta transformación, tan solo en unos cuantos días, entre la extinción de los fideicomisos que ahora pasarán a control del presidente para que los administre discrecionalmente y el bochornoso tema del sometimiento de la SCJN a la petición de consulta popular para juzgar a los expresidentes, nos perfilamos hacia un nuevo modelo de estado, que es el "presidencialismo unipersonal".	El Congreso de la Unión, con sus dos cámaras, se convirtió en la oficialía de partes donde una mayoría de legisladores pertenecientes a Morena dan trámite a todas las instrucciones que salen de Palacio Nacional, como un simple ejercicio administrativo. Lo que en cualquier otro país de la importancia del nuestro dentro de la comunidad internacional, sería un escándalo, aquí, con críticas y reclamos que son ignorados, se mancilla la división de poderes.	Nadie puede poner en duda que todos queremos un país sin corrupción y que los corruptos vayan a la cárcel y se les confisque lo robado para que se reintegre a la nación, aunque hayan sido presidentes de la república, gobernadores o simples funcionarios públicos. Para eso existen los recursos jurídicos y no es necesaria la intervención presidencial ni pedir permiso al pueblo.	
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