Los dos grupos armados ilegales se disputan el territorio para manejar el negocio de la coca, que semanalmente deja de cuatro a cinco homicidios en el pueblo que ha sido abandonado por el 30% de su población. Los grupos al margen de la ley han hecho huir a los habitantes del municipio, para convertir los solares de las casas en corredores de droga.	Los cacereños se quejan de la falta de presencia del Estado. Las autoridades locales no duermen en el municipio: van durante el día, cumplen sus labores y a las 5:00 de la tarde se mueven hacía Caucasia, un pueblo cercano, pero suficientemente alejado de las amenazas que han emitido en su contra.	Los cacereños no hablan, sienten temor de denunciar los actos delictivos que a diario ven en su región. Los profesores están amedrentados, no por amenazas contra su vida, sino porque algunos de sus alumnos han sido reclutados por los grupos armados ilegales. Cientos de comerciantes han tenido que cerrar sus establecimientos y desplazarse para cuidar de su vida y las de sus familiares.	De acuerdo con las autoridades, las estructuras dedicadas al negocio de la droga no suelen reclutar a los menores de edad de la misma forma en que lo hacían las extintas Farc. Estos grupos los meten primero en el mundo de las drogas para hacerlos depender de ellas y, una vez adictos, vinculan a otros y, sin darse cuenta, se hunden en el mundo de la criminalidad.	En Caucasia los grupos al margen de la ley luchan por controlar la minería ilegal y el negocio del narcotráfico. Allí también operan el Clan del Golfo y Los Caparrapos, además del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Según la Dfensoría del Pueblo, se calcula que unas mil 200 personas tuvieron que desplazarse a causa del conflicto armado el año pasado.	“Uno sabe a lo expuesto que está, a uno lo eliminan, pero queda la familia de uno desamparada. Uno no teme que le vayan hacer algo, sino que quedan sin fuente económica, ya que uno es el que lleva la comida a la casa”, afirma Albano Aricapa, un líder social de un corregimiento ubicado a tres horas de Tarazá, que cuenta con 18 veredas en donde habitan 2 mil familias.	Son muchas, pues estar en medio de diferentes factores de violencia, los ha hecho víctimas de los Caparrapos, del Clan del Golfo y de las disidencias de las Farc, y aunque la Fuerza Pública hace presencia en la zona para brindarles seguridad, habitantes de la región denuncian que también son atropellados por sus miembros.	Samuel tiene 30 años y lleva en la sangre su oficio de pescador. Tenía 10 años cuando su papá le enseñó a pescar y cree que esa fue la mejor herencia que le dejó. Sin embargo, dice que el Cauca, que recuerda en ese entonces como un río próspero, ya no es el mismo y la labor que había desempeñado en su vida ha tenido que remplazarla por otra actividad.	Han pasado tres semanas desde la emergencia que obligó a Hidroituango a cerrar las compuertas de la presa y a reducir, por días, el caudal del río Cauca por debajo de los niveles mínimos ambientales. Aunque el afluente ha ido retomando su caudal los efectos sociales en la zona todavía se sienten.	Samuel recuerda que se podía sumergir en él Cauca y, con el agua al pecho, sacaba bocachicos tan grandes como su brazo. Un pescado podía valer 200 o 300 pesos, pero ahora, valen entre 2 mil y 3 mil pesos y su tamaño no es igual. “Las cosechas eran buenas, tan buenas que yo tenía que regalar el pescado, ya vendía el suficiente para llevar la comida a la casa y no lo podía botar. Ahora ni pescado, ni río, ni trabajo”, dice.	Ahora, su trabajo es sumergir baldes vacíos en el río para sacar lo que en las ciudades se conoce como gravilla, es decir, la tierra que ha quedado reseca convertida en materia prima. Aunque los habitantes de la zona reconocen que el río se ha recuperado, aseguran que su cauce ya no es el mismo y ya no es un fuente de trabajo como lo era en otra época.	
El Bajo Cauca vive bajo el miedo 