"Quien invoca un hecho tiene la carga procesal de demostrarlo, obligación que pesa sobre el que afirma, y que la mencionada carga es una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no acredita los hechos que debe demostrar, pierde el pleito", sostuvo en su fallo la jueza civil y comercial federal	El hecho que generó la causa judicial ocurrió el 4 de septiembre de 2008. Esa mañana un tres descarriló en la estación Castelar y desde la formación bajaron pasajeros y comenzaron a atacarla. Lo mismo ocurrió poco después en la estación Merlo. Por la tarde, en Casa Rosara Fernández, ministro de Justicia y Seguridad del gobierno de	, que es preceptor de una escuela, debería haber estado trabajando en ese momento. La gente que está presente es la que dice que esta persona es la que se quita un buzo, lo mete dentro de un balde, lo prenden fuego, cuando el buzo prendió fuego lo tiran adentro con eso y comienza el incendio de los siete vagones", dijo Fernández.	"No, aún no. Aspiro que sea en los próximos momentos porque le estamos aportando las filmaciones al juez que entiende en la causa que proceda con la detención de este personaje que fue el que incentivaba a la gente en Merlo precisamente para poder seguir adelante y el que prendió el buzo. Tenemos un montón de testigos que así lo han hecho saber para prender fuego los ocho vagones".	"Entonces, considerando la gravedad de los dichos del Sr. Fernández que apuntaron al actor (NdA: Escobar) como el autor principal de los incidentes, y que afirmó que debía estar detenido, cuando ni siquiera fue imputado en sede penal, la proyección social desdorosa de la atribución injusta, como también el efecto de aislamiento que ocasiona la pérdida o la duda sembrada sobre su reputación, debe reconocérsele en concepto de daño moral el importe de $50.000", resolvió. Al monto se le debe aplicar los intereses desde el 2008.	
Condenaron a Aníbal Fernández por acusar falsamente a un dirigente del Partido Obrero