Desde que inició la reactivación económica, la mayoría de las municipalidades del país ha emitido ordenanzas que obstaculizan las actividades de construcción mediante restricciones adicionales a las normas del Gobierno central para la prevención de contagios del nuevo coronavirus, sostuvo Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).	Antes de la reactivación del sector, que se dio entre mayo y junio, Capeco había planteado que el Gobierno central fijara normas muy claras de prevención que fueran acatadas en todos los niveles de gobierno, pero considera que este objetivo no se cumplió. “Cada municipalidad pone las reglas que cree”, sostiene Valdivia.	“En provincias esto (la imposición de más restricciones) sucede mucho más, porque se está más lejos de la entidad que tiene las competencias, pues la Sunafil no tiene una presencia fuerte en todo el Perú. En el interior estás más desvalido, entonces tienes que aceptar las condiciones que se te dan, pero esto ocasiona una ampliación de los plazos y un incremento de los costos”,	“Esta medida no es algo que a nosotros se nos acomode, porque siempre es un problema que la gente vaya entrando en horarios distintos, pero entendíamos que se buscaba evitar aglomeraciones en el transporte público. Una obra en vez de terminar a las cinco de la tarde, tenía que terminar a las ocho de la noche. Ha habido municipalidades que las han aceptado y otras que no”,	“Fueron 100 trabajadores para la construcción de una carretera en el interior del país. Antes se les había aplicado una prueba molecular a cada uno y quienes habían dado positivo fueron enviados a sus hogares. Entonces, al lugar solo fueron trabajadores sin coronavirus, pero el alcalde ordenó que todos ellos pasen una cuarentena de 14 días. ¿Quién le paga a este constructor esos 14 días?”,	“Estamos en la etapa final de un gobierno y sería inconveniente y muy riesgoso apurar acuerdos de gobierno a gobierno y por un monto tan significativo. Consideramos que no se debe emplear este mecanismo en obras que no requieren innovaciones tecnológicas sustantivas. No pueden convertirse los acuerdos de gobierno a gobierno en un modelo paralelo y permanente de contratación y dejar que una parte sustantiva del presupuesto público se regule con una normativa obsoleta, ineficiente y permeable a la corrupción”,	
 Capeco: mayoría de municipalidades añade restricciones a normas nacionales por COVID-19