Hacía 10 años que Obispo había huido de su país para escapar la violencia de las pandillas, el crimen callejero y las condiciones de pobreza, que solían ser tan severas que había quienes se quedaban sin qué comer. Atravesó la frontera entre México y Estados Unidos, y se las averiguó para llegar a Filadelfia, donde consiguió un trabajo rehabilitando casas.	Durante su primera reunión, a principios de 2013, Obispo confió inmediatamente en Molina, una inmigrante nacida en Perú, quien había obtenido la ciudadanía estadounidense en 1987. Ella le aseguró que podía ayudarlo a navegar el laberinto del sistema de inmigración de este país, que tanto le intimidaban. Ella se presentó como “una destacada abogada de profesión”, recordó.	“El fraude es tan grande y los recursos son tan limitados, que el gobierno no puede controlarlo de manera efectiva”, dijo Don Crocetti, exdirector de la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional (FDNS, por sus siglas en inglés), una instancia dependiente de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).	Con el crecimiento de la población inmigrante, Filadelfia promulgó una de las leyes más estrictas de la nación en 2014, con la intención de garantizar su protección: la ley exige que los proveedores de servicios de inmigración se registren anualmente con las instancias gubernamentales de la ciudad y que exhiban de manera física una cláusula del tamaño de un póster, en inglés y en español, que indique que no son abogados de profesión. Los operadores enfrentan multas cuantiosas si no lo hacen.	Matthews lanzó AHIO, una organización sin fines de lucro que ofrece servicios de inmigración en el sur de Nueva Jersey. Luego, solicitó convertirse en un “representante acreditado”, es decir, una persona que no es un abogado pero sí está autorizada por el gobierno de los Estados Unidos para ayudar a los inmigrantes en asuntos legales, además de representarlos en los procedimientos de inmigración.	Para cumplir con los requisitos que conlleva esta autorización, Matthews tuvo que demostrar que estaba entrenado en leyes de inmigración y que trabajaba para un negocio de servicios de inmigración exento de impuestos, que cobraba tarifas bajas. También tuvo que proporcionar cartas de referencia y dar fe de su “buen carácter moral”.	Según muestran los registros judiciales y policiales, en el momento que Matthews presentó su solicitud para la acreditación (quien tenía 36 años de edad en ese entonces) tenía antecedentes penales por robo de identidad, fraude con tarjetas de crédito y falsificación de documentos, tanto en el estado de Pensilvania como en Nueva Jersey.	Al adolescente le dijeron que tenía que comparecer en una audiencia de deportación ante la corte, y luego sería liberado. Mejia dio una dirección a los funcionarios de inmigración, lugar hacia dónde se dirigía en el sur de Nueva Jersey. Pero, sin ofrecer un número de apartamento, su cita de audiencia fue devuelta al remitente.	Durante los siguientes 10 años, Mejia vivió en Lindenwold, Nueva Jersey, pintando contenedores de basura. Produjo un sueldo de $22,000 dólares al año y pagó casi $2,250 dólares anualmente en impuestos. Se casó y tuvo dos hijos, ahora de 11 y 5 años de edad, ciudadanos estadounidenses de nacimiento.	Mejia dijo que Matthews le propuso la idea de mentir a las autoridades. Le persuadió para que presentara una declaración notariada ante la Corte de Inmigración, diciendo que “dos hombres altos y fuertes” lo habían atacado brutalmente, razón por la que tuvieron que ingresarlo en el hospital, dos días antes de la audiencia.	La organización AHIO emitió una factura médica falsa con el logotipo del Hospital de la Universidad de Cooper, por $11,456.92 dólares por “servicios médicos para el Centro de Traumatología de Emergenia del Hospital de Cooper”, con una falta de ortografía en la palabra emergencia. La factura presentaba la fecha del 18 de mayo de 2004, 24 días antes de que Mejia ingresara a los Estados Unidos.	La hija de granjeros inmigrantes, nacida en el estado de Oregón, regresó a México a los nueve años de edad. Trabajó en fincas todo el día cosechando maíz, y vivió con su familia de siete miembros, en una choza de madera sin baño ni camas. Se casó con su novio de la infancia, Javier Mijangos-Figueroa, con quien tuvo un hijo. Ambos querían una vida diferente para su hijo y lograron venir a los Estados Unidos.	Dijo que le conseguiría a Mijangos-Figueroa una “visa U”, un visado especial de cuatro años para las víctimas de crímenes, que optan por ayudar a las autoridades del orden a investigar el caso. Según la pareja, Matthews (quien también se hace llamar Luc Fikiri Murefu) le dijo a Mijangos-Figueroa que para ello tendría que ir a un área de alta criminalidad y esperar que lo asaltaran.	“Lamento escuchar que Luc ha vuelto”, respondió Caudill. “Espero que este caso sea relativamente aislado y que el Sr. Matthews no esté arruinando la vida de tantas familias inocentes”. Luego Caudill, quien había sido trasladado a otra localidad, envió la queja de la abogada Hartington a un supervisor en su antigua oficina.	Matthews explicó que algunos de sus clientes se enojaron con él porque dejó el país en el verano de 2018, para postularse a la presidencia de la República Democrática del Congo. Matthews, quien se refirió a sí mismo como “Príncipe Luc Fikiri” y “Gran Príncipe de la aldea Luvingi”, sostuvo una campaña electoral basada en una plataforma anticorrupción.	Isabel Vasquez-Juarez, ciudadana estadounidense, y su esposo, Javier Mijangos-Figueroa, un inmigrante de México, con sus hijos en su casa del sur de Nueva Jersey. Dice la pareja que Luc Matthews le aconsejó a Mijangos-Figueroa que se dejara golpear para poder solicitar una visa reservada para víctimas de delitos y crímenes.	Cuando Edwin Obispo fue a ver a Molina en 2013, tenía muchas probabilidades de adquirir un estatus legal. Como víctima de un brutal ataque y robo, calificaba para una visa U. Molina le dijo que trabajaría con el Departamento de Policía de Norristown para ayudarlo a obtener la visa, según Obispo.	Al contrario, ella evadió sus llamadas durante semanas. Luego, Obispo recibió una carta, escrita en inglés, de un detective de Norristown, diciendo que era “urgente” que lo contactara lo antes posible, para que pudiera continuar la investigación de su caso. Según la carta del 22 de enero de 2013, si el agente no obtenía respuesta de Obispo dentro de los próximos cinco días, asumiría que Obispo no quería darle seguimiento al caso.	Pero, Molina le dijo que había otra opción: Obispo podría obtener una tarjeta verde porque su esposa era ciudadana estadounidense. Pero, necesitaría otros $3,000 dólares, además de los $2,000 que él ya le había pagado. Y, adicionalmente, dijo que la esposa de Obispo tendría que ir a un terapeuta, cuidadosamente seleccionado por Molina, para someterse a una evaluación psicológica con tal de demostrar que sufriría “necesidades” extremas, si él no podía quedarse en el país.	Casazza también escribió al Departamento de Policía de Norristown, explicando que su cliente había querido cooperar con la investigación policial sobre el asalto. El 8 de septiembre de 2016, el jefe de policía Mark Talbot firmó la certificación que Casazza necesitaba para emitir la solicitud de una visa U para Obispo.	Luego, presentó una demanda contra Molina en el Tribunal Municipal de Filadelfia, alegando que le dio a Molina $1,110 dólares para evitar que un amigo de la familia fuera deportado a México. Pero, más tarde esa noche, se enteró que su amigo ya había sido deportado. Molina se negó a reembolsar el dinero.	De acuerdo con los documentos: un cliente de Molina la denunció ante el IRS y la policía local después de descubrir que le había robado sus registros financieros. Un año después, en 2015, un abogado alertó a los investigadores de Seguridad Nacional de que un inmigrante le pagó a Molina $900 dólares para representarlo en la corte y se sintió engañado cuando Hinshaw-Thomas, que no habla español, apareció en su lugar. Dos años después, un oficial de fraudes del USCIS descubrió que Molina, utilizando los registros bancarios y de impuestos que robó a un cliente, había falsificado su firma en los formularios de inmigración.	Sin inmutarse, Molina adquirió nuevos clientes. Una fue Dainean Brown Menye, una peluquera, que pagó $500 dólares para optar por el estatus migratorio legal de su esposo. Disgustados, la pareja fue a su oficina a recuperar su dinero, pero Molina convocó a dos de sus hijos, uno de los cuales los amenazó con una pistola, según un informe policial y los registros de la corte civil.	La ley promulgada en 2014 en Filadelfia está diseñada para proteger a personas como Menye. Le requería a Molina presentar visiblemente el listado de tarifas que cobraba por los servicios que ofrecía, y proporcionar contratos a cada cliente que detallaran los servicios prestados y el costo total. Los clientes insatisfechos tienen tres días para cancelar el contrato y Molina se vería obligada a devolverles el dinero y la documentación.	En cuanto a Molina, de 56 años de edad, se declaró culpable el mes pasado por fraude al correo postal y robo de identidad, admitiendo que engañó al menos a siete inmigrantes. Ella enfrenta un mínimo de dos años en prisión y debe pagar $11,000 dólares en restituciones a sus víctimas. Su sentencia está agendada para el 30 de abril.	En 2017, el departamento instauró reglamentos adicionales, que pudieran mejorar mantener el orden entre los representantes de inmigración acreditados. Quienes solicitan dicha acreditación deben revelar cualquier historial de deshonestidad, fraude, engaño o tergiversación que tengan, incluso si la acusación no resultó en un arresto, y aquellos declarados culpables de un “delito grave” son automáticamente descalificados.	
 Abusadores en las Sombras 