La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados se declaró vigilante de la atención del VIH/Sida ahora que el Gobierno federal confirmó la transformación del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-Sida (Censida) en el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas y tras suspenderse la entrega de fondos públicos a organizaciones civiles que trabajan en el tema.	La diputada Wendy Briseño Zuloaga, aseguró en entrevista que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, así como el personal del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, entienden las necesidades de la epidemia, desde una perspectiva de género para avanzar en la visibilidad y prevención del VIH.	La Cámara de Diputados se encarga de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), por lo que mantiene un papel de observador en la estrategia de prevención, atención y tratamiento del virus, y aunque no hay claridad de cuál es la estrategia del Gobierno federal, la legisladora confió en la apertura de la Secretaria de Salud y de las instituciones involucradas.	Los programas para atender el VIH/Sida se financian por medio de cuatro fuentes del PEF: erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres; para grupos vulnerables; para el desarrollo de jóvenes; y para atención de niñas, niños y adolescentes. Para 2019 el Legislativo aprobó mil 200 millones de pesos (mdp), sumando los cuatro rubros.	“Tenemos que vigilar el presupuesto. Es la única manera en la que podemos garantizar si se está ejerciendo, o no, y hacer el llamado correspondiente a las autoridades; por eso hemos invitado a autoridades a venir (a San Lázaro). Estamos por detonar las mesas de coordinación interinstitucional para revisar cómo van en el ejercicio de recursos”.	Por otra parte, desde hace 13 años, Censida publicaba una convocatoria por medio de la cual las organizaciones civiles concursaban para obtener apoyos económicos para implementar acciones de prevención y detección del virus en poblaciones claves o en situación de desigualdad, entre ellas, mujeres y niñas, migrantes; y personas indígenas, en situación de calle o explotación sexual, entre otras.	Sin embargo, este año no se publicó la convocatoria debido a que el 14 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador distribuyó una circular entre su gabinete en la que ordenó no transferir recursos públicos a las agrupaciones civiles, “con el objetivo de terminar con la intermediación, opacidad y corrupción”.	“En el tema de la convocatoria de Censida tendríamos que hablar con el subsecretario y que nos diga cuáles van a ser las estrategias y cómo van a sumar y vincularse con las organizaciones de la sociedad civil, porque algo que queda claro es que la sociedad organizada aquilata mucha experiencia, conocimiento y capacidad de multiplicar”, dijo la diputada.	Para Briseño, la circular para no otorgar recursos a la sociedad civil tiene intención de recuperar la rectoría del Estado en una serie de temas. “El Estado no podría desconocer este trabajo (de la sociedad civil) que se ha hecho, esa no es la intención; pero el Estado debe plantear una estrategia, una política para atender a la gente”.	Las agrupaciones no gubernamentales alertan de los riesgos de no ser tomadas en cuenta. Por ejemplo, el pasado domingo 21, durante la Conferencia Científica IAS 2019, el director general de la organización civil Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, Alejandro Brito advirtió: “Suspender o negar apoyos a las organizaciones civiles y comunitarias podría disparar el número de nuevas infecciones”.	
Gobierno federal debe presentar estrategia frente al VIH/Sida