El retroceso a la fase de apertura de 30% en los negocios ante la emergencia salubrista del Covid-19 que ubica a la Isla en código naranja de riesgo sustancial, provocó que representantes del sector económico solicitaran a la gobernadora Wanda Vázquez que reconsidere la determinación o que la extienda por solo dos semanas para evitar que haya impacto negativo en el desarrollo económico del País.	“Hace tres semanas denunciamos que el resultado de todas las campañas políticas y el proceso eleccionario iba a traer un alza en los casos de Covid-19 —y así mismo sucedió— y ahora el gran perdedor es la economía puertorriqueña. Se ha demostrado por estudios que el contagio no se propaga en los negocios, y sí en las actividades familiares y eventos multitudinarios como lo fueron las elecciones”, indicó.	Recalcó que las pymes ya se estaban recuperando poco a poco de los meses en que estuvieron cerradas para que ahora se vuelva a limitar sus servicios. “No podemos permitir esto. Los pequeños y medianos empresarios hasta se han endeudado para poder cumplir con las medidas de salubridad en esta pandemia. No hay razón para que se nos impongan más restricciones”, insistió Vázquez Rivera.	De ello se hizo eco Adolfo “Tito” González, presidente de la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños (ACCP). Expuso que reducir la capacidad de un 55% a un 30% a los comercios en este momento y por un período de cuatro semanas, va a tener un efecto catastrófico en la temporada más importante del año, sin realmente tener un efecto significativo en el control del virus.	Enfatizó que se debe tomar en cuenta que en los centros comerciales continúan llevando a cabo un programa de vigilancia colaborativa que considera exitoso. “Esperamos que la fiscalización y educación por parte del Estado, combinado con lo más importante, la colaboración de toda la ciudadanía, sean contundentes en disminuir los niveles de contagio para que no tengan que seguir pagando justos por pecadores”, acotó.	Sobre este particular, Emilio Colón Zavala, portavoz del sector privado en la Comisión Asesora de Asuntos Económicos, coincidió en que la situación no pinta bien para el sector comercial del País. “El impacto está por verse. En plena Navidad, reducir la capacidad comercial abre las puertas al comercio digital, dinero que no se queda aquí”, enfatizó.	De otro lado Joaquín Bolívar III, presidente electo de la Junta de Directores de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (Ahtpr), calificó de lamentable la imposición de restricciones a la actividad turística en la Isla, cuando entiende que se ha probado que han sido responsables con los protocolos establecidos por la Compañía de Turismo.	Apuntó que limitar el uso de las playas afecta grandemente uno de los atractivos principales de la Isla como destino turístico, lo que provocará otra baja en la reserva de hoteles. A lo anterior sumó que limitar a un 30% la capacidad de los restaurantes agravará la situación económica de estos comerciantes.	Gadiel Lebrón, director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes (Asore), sostiene que la nueva orden ejecutiva coloca al sector en un punto muy complicado. “La situación de los restaurantes es una muy crítica, donde muchos ya están operando con una reducción en ventas de 50%. La noticia de hoy (ayer) es un golpe adicional, que entendemos provocará muchos cierres”, estimó.	Portavoces del sector comercial insisten en que se están tomando decisiones sin la base científica adecuada, y en que no se pueden atribuir focos de contagio con Covid-19 a los componentes de la actividad turística, comercial o gastronómica, mientras los datos siguen apuntando al contagio comunitario, a las reuniones familiares en residencias y a los alojamientos a corto plazo.	

        
            
            Sector comercial expresa su malestar
        
    