El presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Mario Vega, defendió la designación de operadores políticos colorados en el ente agrario porque son de su confianza. Hubo cuestionamientos hacia Vega porque muchos de los dirigentes que responden al gobernador Roberto González Vaesken fueron ubicados en cargos claves en la institución que está bajo su mando desde octubre del año pasado.	“Denuncia concreta por escrito, no tenemos. Mirna Alaye es una profesora de la Universidad Nacional del Este, con prestigio moral. Es mi gerente de créditos aquí en la capital”, señaló Vega. A su criterio, los cuestionamientos que está teniendo en esta designación es porque le molesta a muchos funcionarios que pretenden seguir manejando la institución en forma irregular.	“No cede a pedidos ilícitos que le formulan. La Gerencia de Créditos del Indert siempre se ha cuestionado. Allí han surgido escándalos. Mirna Alaye goza de mi confianza y es una señora que está desempeñando bien su función y la denuncia concreta, no la tengo. Tampoco han formulado las instituciones correspondientes. Hay personas que se incomodan y alegan tener algo ilegal en su contra, pero que formulen la denuncia para la investigación”, indicó.	“El Indert es una institución muy delicada. Debo tener personas profesionales de confianza a mi lado, porque al proceder mal un funcionario, el presidente debe asumir la responsabilidad. Debo tener personas de confianza a mi lado para recuperar el buen nombre de la institución porque es una institución que tiene casi 900 funcionarios, que requiere una administración y cuidado para no cometer alguna irregularidad que pueda salpicar al propio presidente de la República”, se defendió.	títulos. Vega se reunió ayer con el presidente de la República para informar que hay 500 títulos de propiedad definitivos para entregar a los beneficiarios de la reforma agraria. “Tenemos proyectado 3.000 títulos a favor de los beneficiarios de la reforma agraria”, indicó sobre áreas correspondientes a Canindeyú, Caaguazú y Concepción.	Agregó que, a través de una acción judicial ganaron un litigio de hace seis años que fue trabado y que abarca USD 2 millones y que serán transferidos a la caja de la institución estatal en el rubro Fuente 30. Acotó que ese dinero se reinvertirá en la compra de tierras de los labriegos que solicitan regularización de asentamientos.	“Está caratulado Jorge Dos Santos contra el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra sobre cumplimiento de contratos. Ese juicio se inició en el 2014, un juzgado trabó el embargo de aproximadamente USD 2 millones y que ayer (por lunes), el juzgado procedió a pedido del equipo jurídico el levantamiento de la medida cautelar”, explicó.	
El titular del Indert defiende la designación de operadores leales