Se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y se delegan facultades del Congreso al Poder Ejecutivo para hacer cambios en todas esas áreas. En ese sentido, faculta a Fernández a llevar adelante las gestiones necesarias para "recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina".	Establece un impuesto a la compra de dólares del 30 por ciento para atesoramiento. Ratifica el cepo con el límite de 200 dólares mensuales. También fija un impuesto del 30% para los gastos con tarjetas de crédito en el exterior, por el período de cinco años. El impuesto no alcanzará a aquellas compras que se realicen hasta la promulgación de la ley. Tampoco afectará a viajes que se realicen a ciudades terrestres fronterizas. Aún hay que aguardar la reglamentación para definir detalles.	Lo recaudado por este impuesto se destinará en un 67% al financiamiento de los programas de la Anses.Un 3% se destinará a la creación de un Fondo solidario de competitividad agroindustrial para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos para la producción.Y el restante 30% se destinará a solventar obras de infraestructura económica y vivienda social, financiar el fideicomiso Renabap y fomentar el desarrollo del turismo local.	Se suspende por seis meses la Ley de Movilidad sancionada en 2017 bajo la gestión de Mauricio Macri, que ataba los aumentos para jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo a una fórmula compuesta por el Índice de Precios al Consumidor (inflación) y la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE, variación salarial). Los aumentos serán otorgados por decreto el Poder Ejecutivo. En ese punto, se determinó que la movilidad no se suspenderá para docentes y científicos.	Se autoriza al Poder Ejecutivo a intervenir el Ente Regulador de la Electricidad (Enre) y el Ente Regulador del Gas (Enargas). También habilita al Gobierno a congelar las tarifas de electricidad y gas por el plazo de 180 días, "propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias, para el año 2020".A su vez, se faculta al Gobierno a iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente.	Se faculta al gobierno a realizar las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública. El gobierno deberá informar los resultados de esta negociación ante la comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación del Congreso.	Se modifica el mecanismo para calcular el ajuste por inflación en los balances de las empresas. Suben montos mínimos para el pago de impuestos internos a la importación de vehículos, motos y embarcaciones deportivas. Duplican tasas de estadística para importar bienes de consumo. Los bonos, cajas de ahorro y plazos fijos en pesos no pagarán renta financiera.	Aumenta en forma progresiva el impuesto a bienes personales, con la excepción de los bienes que no superen los 3 millones de pesos. Faculta a la Afip a establecer un régimen de reintegros para personas humanas que revistan la condición de consumidores finales. Se aumenta alícuota de bienes personales para los activos en el exterior.	
 Los principales puntos del megapaquete de emergencia: dólar con 30%, jubilaciones y retenciones