Con inusitado fervor, el Ministro de Defensa Nacional ha salido a manifestar su preocupación –que, según afirma, acompaña a la del presidente de la República– respecto del procesamiento del soldado Leonardo Vidal, quien, en julio de 1972, mató por la espalda, con una ráfaga de metralla, a un ciudadano detenido y esposado, que pretendía huir de sus custodias.	En su alegato, y en la medida en que el tema va tomando cuerpo en la opinión pública, apela a una seguidilla de argumentaciones, comparativos, supuestos, valoraciones, justificativos, atenuantes y circunstancialidades –también tergiversaciones– que, si bien en la versión del ministro apuntarían a focalizar el incidente desde una perspectiva más “contextualizada”, en lo sustancial, contribuyen a camuflar –premeditada o involuntariamente– una actitud de menoscabo a la institucionalidad.	Acá se trata de la responsabilidad que le cabe a un miembro de un poder del Estado (Poder Ejecutivo) cuando, involucrando además al presidente de la República, pone en cuestión el accionar de otro de los poderes del Estado (Poder Judicial), y que siendo llamado a aclarar sus dichos por el restante poder estatal (Poder Legislativo), se molesta, se escuda ante un supuesto “cuestionamiento a su libertad de expresión”, y apunta a confundir la representatividad institucional del órgano interpelante con el accionar de un determinado sector político.	Para quien suele engolosinarse en un discurso de “firmeza democrática y republicana”, resulta llamativo su desconocimiento (¿?) del texto constitucional que consagra la independencia de los poderes del Estado, así como la facultad parlamentaria de “hacer venir a sala a los Ministros de Estado para pedirles y recibir los informes que estime convenientes, ya sea con fines legislativos, de inspección o de fiscalización”.	

          El mosquetero moderno: sobre las declaraciones de Javier García respecto de la Justicia
      