. El president apunta a la Junta Electoral Central (JEC), órgano que los independentistas consideran que no es competente para retirar un acta de diputado a un parlamentario, aunque esta decisión la avaló el jueves el Tribunal Supremo. Al mismo tiempo, Cs amenaza con llevar a los juzgados al presidente del Parlament si no retira el escaño al presidente de la Generalitat. También el líder del PP, Pablo Casado, amenaza a Pedro Sánchez, si se reúne con Torra.	Ante la tensa situación, Torra pasó al ataque con un comunicado en que se expresó de manera contundente: “Las presiones a las cuales se pretende someter al presidente del Parlament de Catalunya y a otros miembros de la Cámara que defienden la soberanía del Parlament está llegando a límites insostenibles e incompatibles con el ordenamiento jurídico en general y, especialmente, con el Código Penal”.	El comunicado de Torra no hizo más que incrementar esta presión al presidente del Parlament, lejos de resultar una suerte de apoyo. Así lo entendieron en Esquerra, que además ven una maniobra para desgastarla y buscar una excusa para avanzar las elecciones. Además, el presidente del Parlament no sabía que Torra emitiría el comunicado.	Esta presión se añade a la que ejercen desde el otro lado Ciudadanos y el PP sobre Torrent para que retire el acta al presidente de la Generalitat. La mayor parte de la responsabilidad recae sobre la ­Mesa del Parlament, y en especial, sobre Torrent, último responsable de la decisión de que se pueda tomar sobre la inhabilitación de Torra.	En el escrito, el presidente de la Generalitat reitera que la condición de diputado tan sólo puede ser revocada por el Parlament en caso de sentencia firme, siguiendo lo que dice el Estatut y la ley de Presidència. Carga duramente contra todos aquellos que le atribuyan en el futuro usurpación de funciones públicas y amenaza con presentar denuncia por un presunto delito de calumnias o injurias. Y recuerda a todo aquel que, “sin estar autorizado legítimamente, obligue a otro a hacer lo que no quiere, sea justo o injusto, estará incurriendo en un presunto delito de coacciones”. Dardo directo a la Junta Electoral, que el jueves dio dos días al secretario general del Parlament para que emita una certificación con el nombre de la lista de JxCat que ocuparía el escaño de Torra.	Los letrados de la Cámara catalana se reunieron de manera ordinaria. No emitieron otro informe sobre la pérdida del escaño porque ni Torrent ni la Mesa del Parlament lo solicitaron. De hecho, el presidente del Parlament no tiene ninguna intención de pedirlo. En todo caso, los servicios jurídicos creen que la decisión es política y que a ellos, como miembros de un órgano consultivo, no les corresponde decidir si se tiene que cumplir o no la resolución. Sí que emitieron un informe anteriormente, cuando el Supremo rechazó el 10 de enero suspender la inhabilitación de Torra como diputado. En el escrito, los letrados consideraron que la JEC no era competente, y que en todo caso, una pérdida del escaño, hasta que no haya sentencia firme, no implica que deje de ser presidente de la Generalitat.	El PSC y los comunes esperaban un nuevo informe para posicionarse sobre la inhabilitación. Pero para JxCat, no es necesario. Josep Costa, vicepresidente de la Mesa y en las filas de los posconvergentes, aseguró a TV3 que Torrent no puede retirar el escaño porque el reglamento del Parlament “no le da la potestad de decidir quién es diputado”.	Torrent ha convocado una reunión de la Mesa para el próximo lunes a las 12.30 h. Será allí cuando se tomará la decisión final, aunque JxCat y ERC habrán tratado previamente y con creces la inhabilitación, porque se han instado a mantener contactos este fin de semana para intentar consensuar una solución. Lo que sí tienen claro ambos es que Torra, aunque tenga que dejar el acta de diputado, tiene garantizado continuar como presidente de la Generalitat. Esquerra quiere entenderse también con la CUP.	Mientras tanto, el president hizo llegar ayer alegaciones a la Junta Electoral Provincial de Barcelona para que se suspenda su inhabilitación. En el texto, los abogados de Torra alegan otra vez una presunta incompetencia de la Junta de Barcelona para tomar estas decisiones y que, en opinión de Torra, se vulneran sus derechos fundamentales.	
La presión de Torra pone al límite el pacto entre JxCat y ERC