La orden de los magistrados del miércoles por la noche anula temporalmente un fallo de una corte de menor instancia que había bloqueado la nueva política de asilo en algunos de los estados fronterizos con México. La política pretende negar el asilo a cualquier persona que pase por otro país hacia Estados Unidos sin solicitar protección allí primero.	La mayoría de quienes cruzan la frontera son centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza en sus países. De acuerdo con la nueva regla, la mayoría de ellos no podrán pedir asilo en Estados Unidos, al igual que los solicitantes de África, Asia y Sudamérica, que llegan con regularidad a la frontera con México.	La impugnación legal a la nueva política tiene una historia breve pero algo complicada. El juez federal de distrito Jon Tigar de San Francisco impidió que ésta entrara en vigor a fines de julio. Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito limitó la orden de Tigar para que sólo fuera aplicable en los estados de Arizona y California, los cuales están dentro de dicho circuito.	Con la decisión, el gobierno quedó en libertad de aplicar la política a los solicitantes de asilo que lleguen a Nuevo México y Texas. Tigar emitió una nueva orden el lunes que volvió a dejar en suspenso la política de asilo a nivel nacional. Al siguiente día, el Noveno Circuito limitó nuevamente el alcance de su orden.	Por ejemplo, miles de personas aguardan en listas en los cruces fronterizos en México para solicitar asilo en Estados Unidos. El comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés), Mark Morgan, dijo el jueves que 45.000 personas han sido regresadas a México para esperar la resolución de sus solicitudes de asilo.	Los que piden asilo deben aprobar un examen inicial llamado entrevista de "miedo creíble", un obstáculo que una vasta mayoría logra sortear. De acuerdo con la nueva política, los solicitantes no pasarían la prueba a menos de que hubieran pedido asilo en cuando menos uno de los países por los que viajaron y se los hubieran denegado. Los que no aprueben serían colocados en procedimiento rápido de deportación y trasladados en avión a sus países de origen. Estados Unidos cubriría el costo del transporte.	Alexei Woltornist, portavoz del Departamento de Justicia, informó que la agencia estaba "complacida de que la Corte Suprema haya intervenido en este caso", y agregó que "esta decisión asistirá al gobierno en sus objetivos de poner orden a la crisis en la frontera sur, poner fin a lagunas en nuestro sistema de inmigración y desalentar las solicitudes frívolas".	
Corte Suprema autoriza restricciones de Trump al asilo