Los condados de Santa Clara y San Francisco alegaron ante la corte que las nuevas directrices empeorarán la salud y el bienestar de sus residentes, aumentarán los riesgos de salud pública y afectarán financieramente a los condados. Las normas, argumentaron los condados, provocarán un “efecto aterrador” en el que los migrantes renunciarán o se darán de baja de los programas federales de asistencia pública para reducir el riesgo de un rechazo en su solicitud de residencia. Eso significaría que el precio de los servicios pasaría de las manos del gobierno federal a las de los estatales.	Esta regla “facilita ir de manera injusta contra inmigrantes que son trabajadores y que cumplen con la ley mientras siembra miedo y confusión en nuestras comunidades”, dijo Dennis Herrera, fiscal de la ciudad de San Francisco, en un comunicado. “Esta regla obliga a la gente a tomar una decisión imposible: su salud o un futuro mejor con su familia. Todos asumiremos el precio de esta política equivocada”.	Bajo las nuevas normas, el Departamento de Seguridad Nacional ha redefinido la carga pública como alguien cuya probabilidad de recibir prestaciones sociales por más de 12 meses dentro un periodo de 36 es más alta que la probabilidad de no recibirlas. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) sopesará si los solicitantes han recibido ayuda pública junto con otros factores como la educación, salario y salud, para determinar si les otorga un estatus legal.	Se prevén varias demandas contra las reglas. Horas más tarde de que se hicieron públicas el lunes, el Centro Nacional de Leyes Migratorias, con sede en Los Ángeles, prometió interponer una querella sobre lo que describió como un intento para redefinir el sistema de inmigración legal “para privar de derechos a las comunidades de color y favorecer a las acaudaladas”. Los fiscales de California y Nueva York dijeron que también están preparados para tomar medidas.	
Apelan reglas de Trump para restringir inmigración legal