La postura de los empresarios es que, de aprobarse la regularización, la industria automotriz y de autopartes podría caer hasta en un 30 por ciento, lo que traería serias repercusiones al empleo, la productividad y el desarrollo económico de La Laguna, una de las zonas manufactureras de autopartes más destacadas del país.	Además, es contraria al compromiso que se había establecido por parte del secretario de Hacienda, Arturo Herrera de no legalizar dichas unidades, pues esto ocasionará la falta de inversión y crecimiento en perjuicio del país. Por su parte, el presidente del CLIP, Rogelio Barrios Cázares destacó que es un problema añejo que no se ha podido contener.	
Legalización pone en riesgo empleos