Con los reclamos sindicales iniciaron las paritarias exigiendo ajuste trimestral de los salarios con una cláusula de revisión también trimestral, con una cuota inicial procurando la recuperación de 2018, y con proyecciones que ya superan todas las previsiones oficiales. Están dispuestos a romper todos los esquemas y a enfrentar todos los conflictos con tal de obtener una fórmula medianamente razonable.	La mayoría de las negociaciones operan desde marzo o desde abril, y por doce meses, de modo que el primer ajuste, según los gremios, debería realizarse ahora con un primer aumento que se aplicaría en marzo-mayo, o en abril-junio. A su vez, 30 días antes del vencimiento de cada trimestre se volvería a ajustar el trimestre siguiente, en función de la evolución de los precios y de la inflación.	En cuanto a los ajustes solicitados, la suma de la diferencia pendiente del año pasado y la estimación parten de reclamos sindicales del 20% -la mitad por ajuste retroactivo y la otra por inflación- donde se acumulan que representaría un ajuste en el año entre el 50% y el 60% si acumulamos al cabo de los doce meses del período negocial. Los que lograron la inflación completa con la cláusula de revisión del año pasado solo negociarán la inflación proyectada. Algunos dirigentes como Hugo Moyano reclaman fuera de contexto un bono de fin de año.	La postura oficial acepta, insólitamente, la subdivisión trimestral de los aumentos, y fue establecida en torno de un dígito del del 8% para el primer trimestre proyectando la inflación futura con tendencia bajista, teniendo en cuenta que el 23% de proyección anual ya pasó al 32%, en una clara postura de contención, sabiendo que los niveles estarán cercanos a los de 2018. La inflación se frena -según la postura oficial- enfriando la economía, generándose un efecto negativo con la destrucción de puestos de trabajo que en general son irrecuperables. En rigor, si se siguieran las propuestas sugeridas desde el Ministerio de la Producción y el Empleo, se podría perder este año un porcentaje de los ajustes similar al del año pasado en torno del 10%.	Como en otros años, cada sindicato operará conforme a las circunstancias de cada actividad, la mayoría de las cuales están en procesos de crisis y de reestructuración, sin perjuicio de los cual, los líderes más representativos, se han colocado en la postura tradicional, acordemos lo máximo posible y el que no pueda pagarlo entrará en conflicto o en un plan de pago caso por caso.	El Gobierno está depositando expectativas en el plan de estabilización, con los precios cuidados, y con banda cambiaria tratando de controlar la cotización a través de las acciones del Banco Central con un nuevo techo en $ 51, sabiendo que los precios se han dolarizado. Se mantiene la esperanza de que la cosecha muy exitosa de este año sumado a una serie de exportaciones regionales alentadoras, vuelvan a crear cierto clima de confianza sobre la comunidad de consumidores en general, que sufren los efectos de falta o disminución de trabajo, salarios retraídos, tarifazos, inflación, recesión, crédito usurario y presión fiscal.	La postura empresaria se basa en los parámetros tradicionales, que parten de un aumento anual inferior a la inflación, con cláusula también anual de revisión al finalizar los doce meses de la negociación y una vez conocido el IPC del Indec, con grandes procesos de reestructuración, con suspensiones en sectores muy amplios, y con la sistemática caída de la actividad económica. Muchos están consumiendo reservas, y venden a precios deficitarios, con el crédito en niveles usurarios que impiden cualquier oxigenación en el medio de la hecatombe de todos los parámetros de la economía.	Las negociaciones salariales se inician en el contexto de un año electoral, al borde del paro de Moyano y los grupos de izquierda del 30 de abril, y de la protesta de la CGT del 1ro. de mayo, donde la economía no reacciona, en un contexto de falta de crédito, de consumo de ahorros y de inversiones inexistentes.	

				En la carrera de precios y salarios, comenzó negociación con revisión