que realizó hasta 2018. La mercantil tenía adjudicado el servicio durante el primer mandato del actual alcalde Eduardo Dolón (PP). La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TJSCV) tumba la apelación de la firma que basaba toda su reclamación en que cargos públicos del gobierno popular de entonces, que el fallo no cita, encargaron de forma «verbal» el refuerzo de un servicio que ya se había adjudicado a la baja por un plan de ajuste municipal. El pago de esos «encargos verbales» a los que se refiere la empresa supondrían un incremento del contrato del 16% sobre el canon anual en 2015, que es cuando se produjeron.	La empresa, según el fallo «no ha explicado, de forma alguna, el porqué y bajo qué circunstancias realizó la ampliación de las horas sin el soporte de previos acuerdos administrativos que así lo estableciesen, o sin la tenencia de órdenes expresas (escritas , por supuesto)». El encargo del equipo de gobierno del PP en aquel momento	Fue el anterior gobierno municipal 2015-2019 el que se negó a validar la reclamación que se ceñía a diez meses del año 2019. La empresa acudió a los juzgados y perdió en primera instancia y recurrió en apelación ante el TSJCV, que ha tumbado su reclamación de forma definitiva. Para el alto tribunal la relevancia «intrínseca de la variación» del precio del contrato -un 16% sobre el total de un año- «precisaba una modificación contractual que reflejase la necesidad de variar los términos del vínculo por esa cuantía al existir nuevos servicios que prestar». La empresa, que dejó de prestar el servicio a mediados de 2018 -lo asumió tras un concurso Acciona- alegó que había recibido «encargos verbales por parte de cargos de la administración de restablecimiento de frecuencias mayores en horas de servicio, por razones de interés social», pese a que el contrato tuvo que ceñirse dos años antes una restricción de gasto condicionada por el plan de ajuste al que estaba sometido el municipio -en ese momento-.	La sentencia dice que la administración no tramitó una modificación del contrato que incluyera estos servicios por el importe reclamado y «no solo no se formalizó una modificación, sino que tampoco, según los técnicos , no hay constancia de que se pactara verbalmente. El fallo reitera algo básico en la gestión de los contratos públicos: Cualquier alteración o modificación de los términos de un contrato, o el establecimiento de una ampliación de los servicios o la prestación de servicios extraordinarios	Limcamar fundamentaba su recurso en la doctrina del enriquecimiento sin causa ó enriquecimiento injusto. Una doctrina que suelen asumir los ayuntamientos sin necesidad de que las empresas vayan al juzgado cuando se trata de servicios que no ha podido ser contratados -por el retraso de la administración, como primera causa, pero que son esenciales y se han prestados. Para el TSJ la posibilidad de	La sentencia es un precedente claro de lo que puede ocurrir para otras situaciones similares que se están dando este mandato en el Ayuntamiento, aunque el proceso para modificar el actual contrato de limpieza de edificios y centros escolares al alza en casi 900.000 euros al año sí se ha abordado mediante un proceso administrativo reglado.	La facturación de Acciona como proveedor del Ayuntamiento de Torrevieja supera ampliamente el 23% sobre el presupuesto de sus ingresos corrientes -todavía por fijar en 2021 pero situado en torno a los cien millones de euros- . A los 20 millones de euros que percibe por la prestación del servicio de recogida de basura sin contrato, se suman los más de 2,7 millones anuales, tras el incremento en 864.000 € al año justificado en las medidas anticovid.	
El TSJ rechaza que Torrevieja pague por un encargo «verbal» de 275.000 euros