, que ha tenido acceso a documentos que forman parte de la investigación de Competencia, el regulador propone una sanción de 47 millones de euros al conjunto de las empresas implicadas, entre las que se encuentran grandes firmas del sector como Deloitte, PwC y KPMG. En el caso concreto de estas tres empresas, el periódico señala que las sanciones se elevarían a 17,2 millones, 10,4 millones y 10,2 millones, respectivamente.	de sus prácticas. El modus operandi se estructuraba a través de las llamadas "ofertas de cobertura". De este modo, a la ahora de pujar por un contrato público, una de las empresas se encargada de preparar distintas ofertas. La suya, que sería la vencedora, y la de sus empresas amigas, que eleboraban de forma más sencilla y con un precio más elevado, asegurándose así que su oferta sería la mejor.	Los competidores únicamente tenían que "estampar su firma y membrete y enviarla", según apunta el diario. Este tipo de prácticas se habrían estado produciendo entre 2009 y 2018, cuando se dieron las primeras inspecciones de los organismos de control, "manipulando las licitaciones de forma sostenida en el tiempo" y logrando así mantener precios elevados de forma anticompetitiva y dejando fuera de juego a otros competidores que no formaban parte del cartel.	Según detalla el periódico, se trataba de "una cadena de favores", que está perfectamente recogida en multitud de correos en los que se expresa de forma explícita el sistema que utilizaban para ganar los contratos y también que los directivos implicados eran muy conscientes de los riesgos que esto conllevaba. Así, en uno de los mensajes un socio de Hidra le decía a otro de Regio: "Oye, cuéntame, que me han invitado a Baleares y tiene pinta de ser cosa tuya. ¡Ilumíname, master and commander, que luego vas a tener que venir a buscarme al trullo".	Por su parte, KPMG Asesores S. L., una de las empresas implicadas en la investigación, ha reaccionado a la propuesta de sanción con la posición de que no están incluidos "elementos que demuestren la implicación de la firma en las redes de colaboración anticompetitivas investigadas, por lo que presentaremos las alegaciones oportunas ante el supervisor o los correspondientes órganos de justicia". KPMG ha ratificado en un comunicado "su inequívoco compromiso con la legalidad y la libre competencia, razón por la que viene observando y observa de forma escrupulosa todas las normativas que le son de aplicación".	La investigación de la CNMC empezó después de que la Autoridad Vasca de Competencia (AVC) le enviara las pesquisas que había iniciado acerca de un posible reparto de contratos de servicios de consultoría licitados por la Administración autonómica vasca. Si bien, el fraude se dio tanto en la zona norte de España como en el resto del territorio, en dos entramados paralelos.	elEconomista no se hace responsable de las opiniones expresadas en los comentarios y los mismos no constituyen la opinión de elEconomista. No obstante, elEconomista no tiene obligación de controlar la utilización de éstos por los usuarios y no garantiza que se haga un uso diligente o prudente de los mismos. Tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la identidad de los usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los usuarios proporcionan y excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la utilización de los mismos o que puedan deberse a la ilicitud, carácter lesivo, falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la información proporcionada.	
La CNMC pide multas de 47 millones a las firmas del 'cártel de consultoras'