"Además de violar el derecho inalienable a la privacidad garantizada a todos los ciudadanos, estas acciones ilegales corroen la confianza necesaria entre las fuentes y los periodistas", insistió hace unos días el presidente de la SIP, el jamaiquino Christopher Barnes. Y este no es un peligro ni nuevo ni colombiano. Ha sido una "práctica sin fin” en América Latina y el Caribe, escribe José Meléndez, corresponsal en Costa Rica del diario mexicano El Universal.	"El espionaje o la vigilancia sobre o contra los periodistas siempre ha existido, sin distinción de ideologías ni de épocas, al menos en las últimas cinco décadas, las de mayor monitoreo de la libertad de prensa en América Latina”, coincide el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti. Y enumera dictaduras militares de derecha: Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil. O de izquierda: Nicaragua, Cuba. Así como Gobiernos de cualquier signo político en Guatemala, Venezuela (antes y después de Hugo Chávez) y	Los sistemas de vigilancia son parte de la estrategia del Estado para vigilar y perseguir "excepcionalmente” a ciudadanos vinculados con el crimen organizado o el terrorismo, con el requisito de una orden emitida por "un poder judicial independiente, genuino, legítimo”. Pero incurren en prácticas ilegales cuando abusan de esos límites y usan los mismos mecanismos, junto a tecnologías eficientes y de muy bajo costo, para vigilar y perseguir a la oposición, activistas de derechos humanos, abogados de determinados casos y periodistas, advierte Trotti.	Además del caso colombiano, los expertos de la SIP y la CPJ destacan el de México, donde  periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y opositores políticos han denunciado la vigilancia sistemática del Gobierno de Peña Nieto, sus antecesores y posiblemente también del actual de López Obrador, a través del software maligno Pegasus.	Hay, adicionalmente, otros Gobiernos de la región como el de Honduras, Guatemala o Panamá, con equipos y contratos firmados para el acceso a herramientas de vigilancia parecidas, así como otros con intención de sumarse a esta tendencia, añade la coordinadora regional del CPJ, Natalie Southwick. Y ha habido también ataques cibernéticos a periodistas o medios de comunicación, como los	El espionaje a los periodistas, advierte el director de la SIP, no solo está dirigido a conocer sus fuentes, sino que tiene como fin último la persecución física: "actuar, en consecuencia, en contra del periodista y de sus fuentes”. Algunos Gobiernos, además, "tratan de hacer saber que están vigilando, para que los periodistas y sus fuentes se sientan más vulnerables”, agrega Trotti en alusión a lo que llama "el juego detrás de la vigilancia”.	Y esto ocurre no solo en países con regímenes autoritarios, como a veces se tiende a pensar, sino también en democracia: "en aquellos países donde hay mayor esfuerzo de los periodistas por investigar, por ejemplo, la corrupción del propio Estado”, dice el experto de la SIP. Se trata, en definitiva, de "imponer la censura y facilitar la autocensura, de funcionar como una herramienta de intimidación y silenciar a los periodistas”, resume la experta de la CPJ.	Así que la lista incluye no solo a la dupla de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori en Perú; sino también al Gobierno de Cristina Fernández en Argentina. O a un país tan bien considerado por su respeto a la libertad de expresión como Costa Rica, con varios expresidentes condenados por corrupción, y un relativamente reciente escándalo de espionaje al Diario Extra, denunciado por Reporteros sin Fronteras en 2014.	En América Latina, existen sistemas de vigilancia en todos los países. Pero no todos tienen estricta legislación o administración que especifique que esas prácticas deben ceñirse al marco establecido por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH), en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), que resalta la importancia del control de un poder judicial independiente.	Y esto está "atado a la debilidad de las instituciones judiciales y al autoritarismo del poder Ejecutivo” en la región: cuanto más ideológicamente dependientes sean las primeras y más fuerte el segundo, "más grande es la puerta para los abusos”, advierte Trotti, y vuelve a citar los ejemplos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.	Tanto la SIP, como el CPJ, RSF o cualquier otra organización gremial o defensora de derechos humanos a nivel nacional, regional o internacional, se centran en "crear una cultura de la denuncia a través de los sistemas nacionales, interamericanos o mundiales de defensa de derechos humanos”. Solo así, a través de instancias como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pueden corroborar las violaciones y llamar la atención de los Gobiernos sobre el tema, explica Trotti.	"Todo Estado tiene la obligación de garantizar los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la libertad de prensa y de expresión”, recuerda Southwick, desde el CPJ. Colombia, México, Ecuador, Paraguay, Honduras y, con menos desarrollo, Guatemala, son algunos de los países de la región que cuentan con sistemas oficiales de protección a periodistas contra amenazas y agresiones físicas y asesinatos. Han sido implementados por los propios Gobiernos por la presión de estas organizaciones internacionales.	Aunque, con la excepción de Colombia, estos mecanismos aún "carecen de recursos económicos, profesionales y humanos” para desempeñarse con éxito, constata el director de la SIP. De ahí que, hasta hoy, "la impunidad es una realidad en más del 90 por ciento de las agresiones y asesinatos a periodistas” en la región, lamenta Southwick.	En su contra, estas organizaciones han implementado programas de apoyo legal y médico, bibliotecas de información de seguridad o equipos de emergencia y respuesta rápida a casos individuales, enumeran los expertos. Pues, concluye, Trotti: "la amenaza contra los periodistas es una amenaza de una gravedad letal para la libertad de prensa y el derecho del público a estar informado debidamente.”	El director de un portal informativo del Estado de México, Condes Jaramillo murió apuñalado en Tejupilco, con lo que ya son 13 los periodistas y comunicadores sociales asesinados en lo que va de año. Condés Jaramillo, de 42 años de edad, era director del portal de noticias Observatorio del Sur de Tejupilco, en el que reportaba sucesos cotidianos de la localidad y denuncias ciudadanas.	El reportero Jorge Celestino Ruiz, del diario El Gráfico de Xalapa, fue atacado a tiros en el municipio de Actopan, en la región centro del estado de Veracruz, confirmó el alcalde de la ciudad, Paulino Domínguez. "Se trató de un ataque con armas de fuego directo a él", dijo el alcalde en conversación telefónica.	Norma Sarabia fue asesinada a balazos a la entrada de su vivienda en Huimanguillo, estado de Tabasco. Mientras las autoridades investigaban el móvil del crimen, el director editorial del diario Tabasco Hoy, del que fue corresponsal durante 15 años, dijo a la agencia efe que Sarabia había manifestado varias veces temor por su seguridad. Periódicos como El Universal también informaron del caso.	Francisco Romero fue hallado muerto sobre la avenida 115, afuera del bar Gotta, en la colonia Ejidal en Playa del Carmen, Quintana Roo. Romero era administrador y director de la página de Facebook “Ocurrió Aquí”, además trabajaba para medios. Uno de sus últimos trabajos fue un reporte sobre una balacera en el bar Cervecería Chapultepec en donde falleció una persona y hubo 11 lesionados.	Telésforo Santiago Enríquez, fundador y presentador de la radio comunitaria 98.7 F. M. "El Cafetal", dirigida a la comunidad indígena de San Agustín Loxicha, en Oaxaca, fue asesinado este 2 de mayo. El periodista recibió múltiples impactos de bala durante una emboscada. En sus programas de radio, el comunicador analizaba y críticaba a funcionarios tanto municipales como del gobierno de Oaxaca.	Santiago Barroso fue asesinado en la puerta de su casa San Luis Colorado, Sonora, la noche del 15 de marzo. Era anfitrión de “Buenos Días San Luis” de 107.1 FM Río Digital y director de Red 653. Fue columnista de Contraseña y profesor en la Universidad de San Luis Río Colorado. El fiscal señaló sus críticas al narcotráfico y personas en la frontera EE.UU.- México, como posible motivo del crimen.	El periodista fue asesinado cuando el vehículo en el que viajaba junto con el exreportero de Televisa Sonora Carlos Cota, fue interceptado y baleado en el Boulevard Francisco Reynaldo Serna en Hermosillo, Sonora. Claudia Indira Contreras, de la Fiscalía de Justicia de Sonora, aseguró que el ataque contra López, el 16 de febrero, fue por "una confusión con un vehículo similar".	Jesús Eugenio Ramos Rodríguez fue asesinado a balazos por un sicario en la mañana del 9 de febrero mientras desayunaba en un restaurante con un exalcalde y un exrector universitario. Ramos trabajaba desde hacía cerca de 20 años para la emisora Oye 99.9 FM, en el municipio Emiliano Zapata, del estado de Tabasco (sudeste del país).	Su cuerpo fue hallado con impactos de bala en una cuneta cerca de Mulegé, Baja California Sur. Desde 2017, según la ONG "Article 19", el reportero recibía "mensajes de un sujeto que le exigía eliminar una nota periodística sobre una persona sentenciada, así como publicar notas en contra de la Secretaría de Marina (Semar)". Murúa había sido incorporado al Mecanismo de Protección de Periodistas.	Este reportero del Semanario Morelos se convirtió en el 2° periodista en ser asesinado, al cumplirse 6 días de la nueva presidencia. García, de 35 años, fue asesinado en su auto en Ecatepec, estado de México. El vocero de la Presidencia condenó su muerte en Twitter y agregó que "trabajamos en plan de prevención, protección y acceso a la justicia que dé garantías a periodistas".	
Espionaje a periodistas en América Latina: “Amenaza letal a la libertad de prensa”