En concreto, el Ministerio Público pide al instructor Manuel García Castellón que tutele el patrimonio bloqueado a Villarejo y en particular, las mercantiles que cuentan con activos patrimoniales, participaciones sociales de valor e inmuebles, es decir, las que tienen actividad comercial real. Quedarían fuera las que no titulan patrimonio, aunque sigan intervenidas y tengan que ir a concurso o designar su propio administrador.	El objetivo es garantizar la conservación de ese patrimonio de cara a las responsabilidades civiles que se pudieran derivar si Villarejo es condenado por los delitos que se le imputan. Según las mismas fuentes, sólo en multas por los delitos de blanqueo podría tener que afrontar una responsabilidad pecuniaria de 78 millones de euros, aunque se trata de una estimación provisional que podría variar en caso de que se le fueran atribuyendo nuevos hechos delictivos.	La cifra corresponde a la horquilla máxima de las sanciones por blanqueo, el triple de la cantidad defraudada. Los investigadores parten de que Villarejo habría blanqueado todas las dádivas recibidas por sus actividades y en este punto de la investigación, se le imputan tres remuneraciones de cinco, once y diez millones de euros, 26 millones en total por esos 'trabajos' presuntamente ilícitos que venía realizando.	Para garantizar que Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017, pueda afrontar estas posibles responsabilidades, Anticorrupción solicita al juez que nombre un administrador sobre las mercantiles, cuyo patrimonio estima en algo más de 20 millones de euros sólo en España y sin perjuicio de que el comisario pudiera tener más bienes en el extranjero.	
La Fiscalía pide intervenir el patrimonio de Villarejo por 78 millones de euros