La consejera de Educación, Marina Lombó, ha destacado que las clases se están desarrollando con "la máxima normalidad posible" y cuando es necesario tener a los alumnos en cuarentena, la docencia telemática se está prestando de una forma "mucho más satisfactoria y normalizada" que en el último trimestre del curso anterior, durante el confinamiento, por lo que "si las condiciones se mantienen no es nuestra intención tomar ninguna otra decisión".	En respuesta a una interpelación de Vox este martes en el Pleno del Parlamento, Lombó ha dicho que después de analizar el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno en septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, la Consejería ha concluido que "la situación actual no hace necesario tomar medidas adicionales" en cuanto a la titulación y promoción de los alumnos.	En dicho Decreto Ley, que está pendiente de convalidación, el Ministerio de Educación establece en el capítulo 5, que los centros docentes, de acuerdo con lo regulado en su caso por las administraciones educativas, podrán modificar, de manera excepcional los criterios de promoción en todos los cursos de Primaria y Secundaria, así como en la correspondiente promoción de primero a segundo de Bachillerato.	La norma añade que la repetición se considerará una medida de carácter excepcional que se adoptará, en todo caso, de manera colegiada por el equipo docente en función de la evolución académica del estudiante, globalmente considerada, sin que pueda ser la causaúnicamente las posibles materias que pudieran quedar sin superar en Secundaria y Bachillerato.	Vox instaba en su iniciativa al Gobierno de Cantabria a que equipare la regulación que permite, a su juicio, a los Centros de Atención a la Primera Infancia (CAPIS), dependientes del Instituto Cántabro de Servicios Sociales del Gobierno regional, aplicar a sus usuarios las deducciones fiscales tanto a nivel nacional como autonómico vigentes, con las guarderías que han quedado fuera de la regulación a fin de que estos usuarios puedan también beneficiarse de dichas deducciones.	La iniciativa de Vox, apoyada por el PP y Cs, ha contado con el 'no' de los grupos que sustentan al Gobierno de Cantabria al considerar que lo que pedía el grupo mixto sobrepasaba las competencias del Ejecutivo regional ya que la deducción a la que hacía referencia Vox es del Gobierno central.	Aguirre ha criticado a Vox de llevar "siempre" el debate en la diferenciación entre lo público y lo privado cuando, en este caso, "no existe". Y es que, según ha dicho, hay tanto centros privados como públicos de Cantabria cuyos gastos sí son deducibles. Concretamente, ha asegurado que hay 12 públicos y 39 privados, además de otros 4 de este tipo que están en tramitación.	Por su parte, la diputada del PSOE Paz de la Cuesta ha señalado que el alcancde de la problemática que describe Vox es "muy limitado" ya que, según ha dicho, el 97,3% de menores con 3 años están en centros autorizados, con lo que lo que se describe afecta a como mucho un 2,7%.	Tanto Vox como el PP --que votó a favor de la proposición no de ley-- han afeado estas palabras a Cuesta y le han preguntado a la socialista si por el hecho de ser "minoría" estas familias --unas 2.500 según han dicho-- no tienen derecho. Además, han alertado de que son unos 70 los centros afectados, que tienen 350 los puestos de trabajoe.	
Educación descarta cambios en los criterios de promoción de alumnos