Durante las conclusiones del juicio oral y público que celebró el Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público solicitó la emisión de sentencias condenatorias para una veintena de imputados, incluidos los dos familiares del mandatario, por la causa conocida como "Botín en el Registro General de la Propiedad".	En este sentido, el ente fiscal solicitó para Samuel Morales, más conocido como Samy, 5 años de prisión por el delito de fraude e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el mismo periodo, 6 años por lavado de dinero u otros activos y una multa de más de 23.000 dólares.	La investigación, desarrollada por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y que involucra a otra veintena de imputados que también esperarán sentencia por diversos delitos, señala que los dos supuestamente participaron en tres adjudicaciones irregulares en el Registro General de la Propiedad (RGP), por valor equivalente a unos 26.000 dólares.	Esos tres actos irregulares fueron descubiertos por las autoridades durante una investigación mayor que reveló que entre enero de 2012 y mayo de 2015 se autorizó la firma de 16 contratos laborales anómalos en el RGP, conocidos como "plazas fantasmas" (ficticias), los cuales recibieron más de 3 millones de quetzales (unos 400.000 dólares) como remuneración por un trabajo no realizado.	
Piden prisión para hijo y hermano del presidente de Guatemala