El objetivo es pulir su imagen entre la juventud de la nación. Pero para no quedar como violentos mercenarios, la conducción del ejército ordenó que el juego "no muestre demasiada sangre". Las escenas que podrían generar una "crisis institucional" también están prohibidas, lo que significa que no incluirá combates en Brasilia y definitivamente tampoco golpes de estado.	Pero eso fue antes de que en 2018 fuera electo presidente Jair Bolsonaro, un ex capitán del ejército de derecha. Bolsonaro colocó un gran número de ex militares en cargos de responsabilidad dentro de su gobierno. Y ahora que su propia posición se ve amenazada, planteó abiertamente la idea de alguna forma de intervención militar en la política brasileña cuando afirmó en junio que las fuerzas armadas no aceptarían "decisiones absurdas" de la Corte Suprema o del Congreso de la nación.	Por ahora Bolsonaro parece estar tratando de bajar la temperatura política. Intentó hacer las pases con la Corte Suprema y logró formar una alianza política con un polémico grupo de partidos del Congreso conocido como el Centrão que, según los analistas, debería repeler los intentos por expulsarlo de su cargo, al menos por ahora.	Esta situación plantea preguntas sobre cuál es el papel de los militares en la sociedad brasileña actual y cuál es su relación con Bolsonaro. Si el líder brasileño decidiera ignorar un fallo de la Corte Suprema, ¿qué harían las fuerzas armadas? ¿Los ex militares cercanos al presidente son un acelerador o un freno a sus instintos autoritarios?	Los oficiales en servicio y retirados y los soldados, así como los altos cargos de defensa, insisten en que las fuerzas armadas nunca más volverán a hacer el tipo de intervenciones militares que han marcado la historia de Brasil en el siglo XX. Aseguran que los militares se han comprometido a mantener el orden democrático del país si Bolsonaro los obligara a hacerlo.	Sin embargo, para los observadores civiles hay motivos de preocupación. Más de 6000 miembros activos o de la reserva de las fuerzas armadas ocupan cargos en la administración de Bolsonaro -en el poder ejecutivo aún más que durante la dictadura de 1964-1985-, lo que aporta una mentalidad militar al gobierno civil.	El actual Ministro de Salud es un general en servicio activo que siguió órdenes de Bolsonaro cuando administró el desacreditado fármaco cloroquina a los pacientes con Covid-19. Para los analistas independientes y algunos políticos, la sola presencia de esas figuras es, en sí misma, un potencial riesgo para la democracia.	Y al haber poca comunicación por parte de los líderes militares, la atención se centra en las actitudes de los generales retirados que forman parte del gabinete de Bolsonaro, incluyendo a Augusto Heleno, el asesor de seguridad nacional, que en mayo pareció amenazar a las autoridades judiciales cuando advirtió que los esfuerzos por investigar al presidente por corrupción tendrían "consecuencias impredecibles para la nación".	"Si Bolsonaro ignorara una decisión de la Corte Suprema, su gobierno perdería legitimidad y significaría el fin del estado de derecho. El impacto sobre las instituciones de Brasil sería devastador", dijo Hussein Kalout, secretario de asuntos estratégicos durante el gobierno de Temer. "Puede que a algunos militares les guste, pero esa posición es irrelevante. Las fuerzas armadas como institución no lo apoyarían".	

			Financial Times: en Brasil ¿defenderán las fuerzas armadas la democracia?