Para el Grupo Popular, lo que menos ayuda a empresas y trabajadores ante la actual situación de "caída de los ingresos" directos por el desplome de los viajeros, son los retrasos en el abono de los servicios prestados, algo que es una obligación de la Junta, y como tal, debería ser la "primera medida" que tendría que haberse adoptado para ayudar al sector a afrontar la crisis.	Un desfase al que habría que sumar un segundo apartado, el correspondiente a las ayudas indirectas o la conocida como tarjeta SATE, que es un dinero que las empresas dejan de ingresar al rebajar al viajero el precio del autobús, y que la Junta tiene que abonar a las empresas, a las que aún debe cerca un millón y medio de euros, pues no se ha hecho cargo aún del último trimestre de 2019.	El portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular ha considerado "inasumible" que 41 empresas extremeñas lleven más de nueve meses trabajando sin haber recibido ni un solo euro, y que asuman, cada día, una prestación de servicios que exige que pongan a su personal y sus medios al servicio de la Junta de Extremadura en unas rutas de viajeros que, en su inmensa mayoría, son deficitarias; de hecho, los ingresos por billetes no cubren algunos casos ni el 10% del coste del trayecto.	
PP pide a la Junta que pague lo que debe a las empresas de transporte de viajeros