A pesar de que la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa) fue aprobada por el gobierno federal para intentar conseguir un borrón y cuenta nueva para la Isla, a juicio de analistas los acuerdos alcanzados no aseguran los recortes que son necesarios para hacer viable la reestructuración a largo plazo.	Varios estudios, entre ellos el del “National Bureau of Economic Research”, abundan sobre la sostenibilidad de la reestructuración de los $70 mil millones aproximados en deuda e indican que los procesos debían asegurar el recorte de entre 60% a 80% del principal del monto adeudado. Empero, los acuerdos aprobados, así como los alcanzados, resultan, a juicio de varios analistas, “muy generosos y en pagos excesivos para los bonistas”.	Por ejemplo, el plan de ajuste aprobado para la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) solamente reestructura el 24% de la deuda de sobre $17 mil millones que mantenían con sus acreedores. Así también, destina el 5.5% de los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) para el repago y obliga al gobierno a pagar sobre $32 mil millones en servicio de deuda durante los próximos 40 años.	Los bonistas seniors de Cofina -cuya deuda está asegurada y quienes totalizan $7.7 mil millones de la deuda- recibieron solo un recorte de 7%, lo que les permite recuperar el 93% del valor nominal de sus bonos. Mientras que, los subordinados -cuyos bonos totalizan $9.8 mil millones- fueron recortados en 46.1%, con un recobro de 53.9%. La mayoría de los bonistas subordinados son puertorriqueños.	“Nada de lo que ha pasado es justo. Se les ha hecho una injusticia a los bonistas puertorriqueños. Siempre dijimos que estábamos dispuestos a una reestructuración ponderada y justa, que no ha sucedido. Los Cofina subordinados sufrieron más de lo que tenían que haber sufrido y entendemos que el gobierno debería estar mirando maneras y mecanismos para ayudarlos a restablecer un poco esa perdida”, exclamó Rojo.	El también propietario de una empresa de desarrollo explicó que casi $25 mil millones de la deuda actual estuvo en manos de bonistas puertorriqueño, cifra que se ha reducido a $7 mil millones tras la venta a descuento de sus bonos. “Esos bonos a descuento cayeron en manos de bonistas especuladores que entonces se colocan en una buena posición para poder llevar el control de las negociaciones y una reestructuración donde ganan buen dinero y los puertorriqueños lo pierden”.	Esto toma mayor relevancia cuando se analiza que un pacto que había sido alcanzado por acreedores de Cofina y de Obligaciones Generales previo al que resultó aprobado y que fue denegado por el organismo regulador hubiese permitido que esos fondos especulativos que compraron bonos a descuento recuperaran la totalidad de la deuda emitida en bonos.	“Yo entiendo que haya personas que cabildeen y propongan que se le recorte más a la deuda, pero hay que mirarlo dentro de lo que es nuestro sistema legal y nuestra constitución, que de hecho se ha burlado de una manera burda y asquerosa en el proceso de reestructuración de la deuda”, agregó.	“Cofina era un crédito que estaba asegurado por un flujo de efectivo en particular que era el IVU. Se levantó una serie de reclamos variados sobre invalidez e inconstitucionalidad que representaban un riesgo. Se pudo haber litigado eso hasta el final y estaban preparados para hacerlo, pero el resultado iba a ser binario. Eso presentaba un riesgo de todo o nada”, comentó.	El experto en quiebras considera que, ante el riesgo que representaban, la reestructuración acordada por las partes resultó “muy justa”. “Se que es así porque el gobierno y la junta no estaban contentos con los resultados y los acreedores tampoco. Los acreedores no recibieron tanto como se dice. Me resisto a la conclusión de que las reestructuraciones alcanzadas sean injustas o sean alcanzadas en detrimento de algo. La deuda era la deuda y las partes llegaron a los acuerdos”, puntualizó.	A esta controversia se suma un informe de la Oficina de la Contraloría General (GAO) que fue emitido el pasado mes de junio denuncia que los ajustes realizados hasta el momento a las obligaciones del gobierno -incluido los pagos a los bonistas- resultan insuficientes para asegurar la estabilidad económica de la Isla a largo plazo.	“Los acuerdos se basaron en estimaciones de crecimiento económico demasiado optimistas, es posible que Puerto Rico tenga dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras a medida que vencen los pagos de la deuda reestructurada”, lee el documento que procedió a ser enviado al Congreso para que pasen juicio sobre las acciones del ente federal.	

        
            
            De cal y de arena para bonistas el ajuste de deuda
        
    