Es una paradoja que quien es percibido como el campeón contra la impunidad sea el dispensador generoso de perdones. Con la misma facilidad con la que acusa, absuelve. En su dicho los ex presidentes neoliberales o al menos los de este siglo, han sido complacientes o conniventes con los criminales. Aún así, solo se procedería contra ellos si el pueblo lo ordenara. Él, por su parte, recomienda perdón.	La postura es ventajosa, discrecional y arbitraria. El único perdón válido es el que viene del Congreso con una amnistía. Además se requiere una acusación formal, es decir, una denuncia con pruebas, avalada por autoridad competente y, de ser posible, con una determinación de juez de que haya elementos suficientes para suponer la comisión de delito y la posible o presunta responsabilidad del inculpado. Nada de eso ha habido. Lo que sí hay es el señalamiento y el perdón de lo que bien puede ser una calumnia.	El perdón es de la religión, no de lo público. La reconciliación sí es propio de la democracia, pero poco tiene que ver con el perdón. Si hay delito, debe haber proceso legal y de probarse responsabilidad, también debe haber sanción; solo así se acaba con la impunidad. El perdón no debe ser coartada política, tampoco vía para redimir al culpable. Por eso la ley impone límites y esto se llama amnistía, una decisión política avalada por la mayoría legislativa, no por la discrecionalidad del gobernante.	El perdón llega a los líderes de la CNTE que han tomado las vías de ferrocarril en Michoacán para hacer valer sus pretensiones políticas y laborales. Las empresas y los particulares son rehenes de quienes deciden obstruir las vías de comunicación a manera de someter al gobierno local y federal. La respuesta gubernamental es renunciar a su obligación y anticipar que no usará la fuerza pública contra quienes incurren en un delito federal. Tácito perdón.	social al crimen organizado, sea narcotráfico o robo de combustible. En la narrativa del Presidente, es la miseria la que lleva a delinquir, por ello no solo perdón, también “medidas sociales compensatorias”, esto es, regalar dinero público con la pretensión de que desistan de delinquir una vez resueltas sus necesidades con los recursos gubernamentales.	Tiene razón el Presidente al señalar que los mexicanos no son delincuentes; la inmensa mayoría no lo es, el problema está en quienes sí lo son. La didáctica de la 4T es que los beneficios se focalizan no solo en quien más lo necesita, sino también en quien incurre en actos delictivos. Son muchas las comunidades y las personas que viven honestamente. Muy pobres, pobres y no pobres no aceptan que el beneficio se otorgue ayudando a esa minoría de delincuentes. Hacerlo, representa un incentivo perverso y no motiva ni reconoce a esa mayoría que tiene una forma honesta de vivir, independientemente de su condición.	El país requiere acabar con la impunidad. Por eso ganó López Obrador y su partido. La justicia legal es el único camino, sin discrecionalidad y sin otra excepción que la establecida por la ley. El camino no es el perdón. Por los costos de por medio, lo que corresponde es llevar a la justicia a los poderosos genéricamente denunciados, por ejemplo, quienes se enriquecieron con la obra del aeropuerto de Texcoco o con el robo de combustible.	
Lluvia de perdones