En esta imagen difundida por la oficina de presidencia de El Salvador, policías con mascarillas como medida preventiva contra el nuevo coronavirus, vigilan a reclusos, que también portan cubrebocas, durante un operativo de seguridad después de que el mandatario Nayib Bukele decretó estado de máxima emergencia en las prisiones que albergan a miembros de pandillas en la cárcel de Izalco en San Salvador, El Salvador, el sábado 25 de abril de 2020. (El Salvador President Press Office via AP)	En esta imagen difundida por la oficina de presidencia de El Salvador, policías con mascarillas como medida preventiva contra el nuevo coronavirus, vigilan a reclusos, que también portan cubrebocas, durante un operativo de seguridad después de que el mandatario Nayib Bukele decretó estado de máxima emergencia en las prisiones que albergan a miembros de pandillas en la cárcel de Izalco en San Salvador, El Salvador, el sábado 25 de abril de 2020. (El Salvador President Press Office via AP)	SAN SALVADOR (AP) — Sellar algunas las celdas de las cárceles salvadoreñas con láminas metálicas es una medida draconiana que sin duda provocará acusaciones de violaciones a los derechos humanos, pero el presidente Nayib Bukele difundió él mismo las imágenes de las modificaciones, contando con el apoyo de una población traumatizada por la violencia de las pandillas.	De todas formas, los expertos advierten que la dura medida del popular mandatario podría ser contraproducente, unir a las poderosas pandillas del país contra el gobierno y devolver a El Salvador a los días en que era una de las naciones con mayor tasa de homicidios del mundo. Eso podría significar una peligrosa distracción mientras el gobierno enfrenta la pandemia de COVID-19.	Durante años, cada presidente ha tenido que lidiar con el problema de las pandillas en el país. Estos grupos ultraviolentos se iniciaron en el sur de California y se arraigaron en El Salvador después de que algunos de sus miembros fueran deportados y se insertaran en la vida diaria del país centroamericano. Algunos gobiernos han favorecido a ciertos grupos, mientras que otros han concretado acuerdos tras bambalinas que, a la larga, se vinieron abajo y el número de muertos se incrementó.	Bukele ha ganado respaldo en su primer año de gobierno mientras la tasa de homicidios continúa reduciéndose. Cuando tomó posesión en junio, el promedio era de nueve asesinatos al día. En marzo, esa cifra cayó a dos. Pero el viernes pasado las pandillas empezaron a matar de nuevo y en cuatro días se registraron más de 60 homicidios.	Una de las principales pandillas del país, Barrio 18 Sureños, aparentemente respondió a través de un comunicado que leyó un hombre enmascarado. Hizo un llamado a los defensores de los derechos humanos a proteger a los miembros encarcelados y aseguró que su grupo no era responsable en el aumento de los homicidios.	La medida de Bukele representa un giro de 180 grados a las implementadas en gobiernos anteriores que, a fin de evitar un mayor derramamiento de sangre, mantenían a los miembros de distintas pandillas en pabellones separados, e incluso en distintas prisiones. Fuera de las cárceles, el mandatario instruyó a sus fuerzas de seguridad a utilizar fuerza letal para proteger a la población de las pandillas y prometió defender a quienes fueran acusados del uso excesivo de la fuerza.	Juan Carlos Fernández Saca, decano de la Facultad de Posgrados y Educación Continua de la Universidad José Matías Delgado, dijo que la mayoría de los salvadoreños están a favor de las estrictas medidas de Bukele y que es poco probable que al presidente le preocupe que grupos internacionales denuncien violaciones a los derechos humanos.	
Operativo en El Salvador podría ser contraproducente