La declaración por el Consejo de Ministros del estado de alarma previsto en el artículo 116.2 de la Constitución Española y desarrollado, a uña de caballo en 1981 tras el 23 F, por la Ley orgánica 4/1981, de 1 de junio, de Estados de alarma, excepción y sitio, era una de las opciones del presidente del Gobierno, expresamente contemplada en el artículo 4.1 b) de la referida ley (Crisis sanitarias tales como epidemias...), al declarase por la OMS la pandemia del coronavirus, con especial incidencia en nuestro país.La pregunta que cabe hacerse es si la declaración de estado de alarma está justificada, dado el grado de preocupación colectiva existente en el país, y en particular en algunas zonas del territorio nacional donde el número de infectados es mayor, en particular, Madrid, País Vasco, La Rioja, etc, máxime cuando las autoridades sanitarias dan datos sin desagregar de los afectados si son leves sin incidencia, graves y cuántos gravísimos.La adopción anunciada del estado de alarma, al parecer ha venido propiciada por las actuaciones unilaterales en materia sanitaria de Madrid, País Vasco y la región de Murcia (¡Viva Cartagena!) ante el nerviosismo reinante y el avance de los efectos de la epidemia. Pero recuérdese que es mal modo de proceder el querer matar el virus a cañonazos, que ponen en jaque a todo un Estado, aunque pueda ser rentable políticamente para dar sensación de autoridad y de dominio de la situación, cosa que hasta el momento no ha ocurrido, como testimonian las primeras encuestas que hablan de un porcentaje elevado de desaprobación.Por tanto más allá de la constitucionalidad de las medidas adoptadas de forma unilateral por las autoridades autonómicas sobre el cierre de establecimientos de todo tipo y limitación de la libertad de movimientos de personas con carácter general, parece sensato que el Gobierno de la nación adopte el mecanismo constitucional que establece el artículo 116.2 para tratar de abordar con la Constitución en la mano y con el consejo de las autoridades sanitarias, la medidas adecuadas para tratar de controlar la pandemia, en momentos de crisis de Estado.Podría discutirse si tal como prevé el artículo 6 de la citada ley orgánica, la declaración del estado de alarma debe ser general para todo el territorio nacional o sólo en aquellas comunidades más afectadas. Aunque muchos ciudadanos temerosos por su salud y el de sus familiares se pregunten al modo del gran periodista Julio Camba, ¿y a mí que me importan todos estos vericuetos constitucionales y legales, si lo importante es que se “controlen” los virus (en sentido figurado) y desaparezca la epidemia?Pues importa, porque de seguir por el camino emprendido los efectos sobre la salud del país en general y del económico en particular, van a dejarlo en una situación de enfermo crónico. Ojaláa se acierte, que es lo que todo ciudadano de bien desea y no se paralice, como se está haciendo, el país de manera aparentemente innecesaria. Actúese sobre los focos más graves de manera contundente, protéjase a la población más desprotegida, dótese al sistema sanitario de los medios complementarios necesarios, actúese de manera coordinada en este Estado en algún punto descoordinado. Y evítense, en la medida de lo posible, las soluciones precipitadas. Y que Dios, el personal médico y sanitario, y los vecinos de buena voluntad, nos ayuden.Queda para otro día, la posible suspensión de las elecciones en Galicia y País Vasco. La legislación electoral no lo prevé y tampoco la declaración del estado de alarma. Pero todo indica que los vientos son propicios a la suspensión… Tiempo al tiempo.	
Matar virus a cañonazos