que sentó en el banquillo al propio Chaves y buena parte de su cúpula política durante una década. Como recogió la sentencia, los reparos y las incompatibilidades que generó esta ayuda pública con la normativa europea llevó al Ejecutivo andaluz del PSOE a poner en marcha un nuevo sistema más ágil pero considerado prevaricador hace escasas semanas por la Justicia. El escrito para abrir una nueva pieza fue presentado el pasado 20 de noviembre, un día después de conocerse la sentencia que condenó al expresidente autonómico a 9 años de inhabilitación.	, de ahí que el Gobierno central reclamara su devolución y dejara a la empresa al borde de la quiebra. Ante ese escenario, Anticorrupción entiende que la Junta decidió otorgar su ayuda bajo la forma de «anticipo de futuras ayudas para la inversión y creación de empleo y bajo la figura de un préstamo puente» del Instituto Andaluz de Fomento (IFA) por importe de 970 millones de pesetas (	Hechos no prescritos «El préstamo nunca tuvo voluntad de ser cobrado y que en todo caso al menos en febrero del 2005 no había sido amortizado, desconociéndose la situación actual y por tanto si se hicieron efectivas las previsiones fijadas» en la escritura pública del mismo, por lo que reclama al juzgado que abra esta nueva pieza. El supuesto menoscabo de los fondos públicos que ahora piden investigar sería de esos 3,7 millones de euros.	
Anticorrupción pide imputar a Chaves por un préstamo a una empresa en 1999