Con el cierre de este semestre legislativo, se clausura la segunda legislatura del Congreso que tuvo sobre sus hombros una responsabilidad, por lo menos, con las más de once millones de personas que salieron a votar en la Consulta Anticorrupción del 26 de agosto de 2018. Al no alcanzar el umbral electoral para convertirse en una realidad, el compromiso del Gobierno Nacional y el Congreso fue tramitar los siete mandatos vía proyectos de ley y reformas constitucionales.	Anticipadamente, el Ejecutivo prometió que para finales de 2018, los proyectos contarían con su trámite respectivo para convertirse en leyes de la República. La realidad fue otra en el Congreso y para ese primer semestre legislativo dos iniciativas ya estaban hundidas. Por eso, en estos cierres de legislaturas, cuando se hace imperativo hacer balances, el corte de cuentas sobre el estado y la situación en la que se encuentran los siete mandatos ciudadanos es positiva, en cuanto se evidencia que son mayoría los aprobados ­–y ahora leyes de la república, a excepción de los pliego tipos que está pendiente de la sanción presidencial– que los archivados (reducción de salarios, límite de períodos en cuerpos colegiados y ley anti mermelada).	De los siete mandatos de la consulta, cuatro ya son una realidad –bueno, el de pliegos tipo no ha sido sancionado, pero es cuestión de días– y tres están radicalmente muertos. Los cuatro que pasaron son el dos (cárcel a corruptos); el tres (pliegos tipo), que acaba de ser aprobada la conciliación, ese estaba aprobado desde el año pasado, pero fue un parto, hubo mucha resistencia y al fin se logró; el cinco (rendición de cuentas), que está en revisión en la Corte Constitucional; y el seis (declaración de bienes y renta), que funcionando.	El uno (reducción de salarios) se hundió en el primer debate en 2018. Ahora lo que opera es un descuento del 20%, vía decreto legislativo, por la pandemia, que aplica para los servidores públicos de cierto ingreso. Es algo temporal y la Corte aún no se ha pronunciado sobre esta disposición. Hay que aclarar que esto no reemplazó el punto uno de la Consulta.	Nosotros no lo volvimos a presentar porque lo que pasó en esa discusión fue una burla. Si se declaran impedidos todos, no hay Comisión Primera para definirlo. Hay una negación al proyecto. Claro que lo podríamos presentar de caballito de batalla, pero no tiene sentido, no lo queremos de caballito, queremos que se discuta y se apruebe.	El contenido es muy transgresor. Busca que el presupuesto se desgloce en audiencias públicas. Lo decide el Congreso, pero determina que haya obligación de audiencia de socialización de prioridades con los alcaldes, gobernadores y con todos los actores en el territorio, eso le da visibilidad de para qué y para dónde irían los recursos provenientes de los impuestos y otras formas de recaudo. Entonces tiene mucha resistencia.	Más que la participación ciudadana es la transparencia en la destinación del presupuesto. El primer objetivo del proyecto no es la participación, sino la transparencia. Y eso se logra con que la priorización sea pública y que obedezca a planes estratégicos y a información clave, que haya deliberación pública, y no es tanto de tener reuniones con un número de ciudadanos, sino tener esa información de cara a las personas. La participación es secundaria, pero no menos importante.	Está muerto y se hundió en la primera y segunda legislatura, que lo presentamos de nuevo. Hubo proyectos de reforma política en el que incluían el tema y decían que se aprobaría en medio de un debate de una reforma estructural y no como rueda suelta. En conclusión no aprobaron ni lo uno ni lo otro.	Porque quedó más tímido, más moderado y más recortado de lo que nosotros quisiéramos. Lo que buscábamos era que se registrara la gestión que los de elección popular hacemos ante las entidades. Por ejemplo, es legítimo, si represento al Valle, que insista sobre algún tema del departamento ante el DNP o el Ministerio de Transporte, por ejemplo. Tampoco se obligó a hacer pública la agenda o presentar como información accesible los detalles de las votaciones que hacemos. Así pues, los miembros de corporaciones públicas, es decir, asambleas, concejos, Congreso tienen que rendir información de los proyectos que presentan, de las ponencias, del control político. Es algo más recortado de lo que queríamos, pero es un avance de lo que había.	
“El proyecto antimermelada se ha hundido cuatro veces”: Angélica Lozano