La Ley Garrote es una legislación tabasqueña que sanciona hasta con 20 años de prisión a quienes participen en movilizaciones y protestas que impidan la ejecución de obras públicas o privadas que cuenten con autorización para su ejecución; el mismo castigo recibirá quien extorsione o imponga cuotas para el libre tránsito.	
Gobernación analiza “Ley Garrote”; CNDH podría impugnarla