Las organizaciones han asegurado que las mujeres migrantes que quieren acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública de la región se enfrentan a una serie de obstáculos derivados de la aplicación del Real Decreto Ley 7/2018, que restringe el acceso a la sanidad para personas migrantes que no tienen permiso de residencia.	En uno de los casos presentados en la queja, una mujer de origen nigeriano, embarazada de 9 semanas y víctima de trata, tuvo que reclamar durante 15 días que le expidieran el documento de asistencia sanitaria que le permitiera acceder a la sanidad pública. Cuando obtuvo el documento, tenía 11 semanas de embarazo, cerca del límite de 14 semanas establecido por la ley para poder interrumpir el embarazo libremente.	
Denuncian al Defensor del Pueblo los "obstáculos y demoras" para que mujeres migrantes accedan al aborto en Madrid