Corresponsalía OberáLas restricciones por la pandemia de Covid-19, sumado a la renuncia de Alba Ester Kunzmann de Gauchat al cargo de jueza, generaron una demora en las causas que se tramitan en el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, según reclamaron varias voces del ámbito judicial local.En ese contexto varios expedientes se hallan estancados, como el del escándalo de la Seccional Segunda que derivó en la detención de dos policías, un sargento ayudante y una agente femenina, sospechados de la presunta comisión de los delitos de cohecho, extorsión, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso sexual en perjuicio de internas.La denuncia original fue radicada el 17 de enero por una mujer de 43 años que se hallaba detenida en dicha dependencia desde septiembre del año pasado, quien detalló un presunto modus operandi encabezado por el sargento ayudante Juan M.Luego, para preservar la integridad de la testigo la Justicia ordenó su traslado a la Unidad Penal V de Mujeres de la ciudad de Posadas. En tanto, otras detenidas corroboraron las acusaciones y mencionaron que el policía “alquilaba” celulares a cambio dinero, cigarrillos o hasta favores sexuales.También existen indicios de otros delitos como extorsión y cobro de coimas para “agilizar” expedientes, según indicaron desde la investigación.Ante la gravedad de las imputaciones ambos policías fueron detenidos, aunque posteriormente se les concedió la excarcelación. Pero transcurridos nueve meses de la denuncia, hasta el momento quien radicó la misma ni siquiera fue citada por la Justicia.  “Cuanto más demore la instrucción, más difícil será determinar las responsabilidades, al punto que varias de las detenidas ya recuperaron la libertad”, subrayó un vocero.	Testigos liberadasA fines de abril y tras permanecer detenido durante 96 días, el sargento ayudante Juan M. fue excarcelado mediante una caución personal de su defensora, un recurso de excepción que posibilitó sortear inconvenientes burocráticos surgidos por las restricciones del aislamiento social obligatorio en el marco de la pandemia.Además, el policía afronta una causa paralela por infracción a la ley de estupefacientes que se tramita ante el Juzgado Federal de Oberá, aunque aún ni siquiera fue citado a indagatoria. En tanto, a mediados de febrero fue liberada la agente femenina, quien resultó beneficiada con la excarcelación extraordinaria basada en que tiene una hija pequeña a la cual amamanta, al tiempo que debió abonar una caución de 60.000 pesos.Fuentes del caso reconocieron que la policía tendría un papel secundario en la trama de presunta corrupción develada por la denuncia.Como contrapartida, desde un primer momento Juan M. fue apuntado como el principal sospechoso de la comisión de los delitos que se investigan.De todas formas, la causa se viene tramitando con extrema lentitud, ya sea por las limitaciones que impone la pandemia como por la renuncia de Kunzmann de Gauchat.En este caso el expediente está siendo subrogado por el juez de Instrucción Tres de San Vicente, Gerardo Casco.Por ello, en los últimos meses las actuaciones se redujeron a resolver las excarcelaciones, por lo que aún está pendiente la declaración de testigos.En este punto, un hecho no menor indica que de las siete mujeres que estaban detenidas en la Seccional Segunda y apuntaron al policía, cinco ya recuperaron la libertad y la mayoría estaba privada de su libertad por causas federales, por lo que varias de ellas ni siquiera residen en la provincia.	Prófugo y drogaLos primeros indicios de corrupción surgieron cuando una mujer, identificada como J., le reclamó a la guardia por qué había detenidas que podían usar celulares y ella no.“¿Cómo puede ser eso? ¿Porque yo no puedo pagar no tengo derecho y las otras sí?”, se quejó, tal vez sin comprender que el uso de celulares está absolutamente prohibido en los lugares de detención.En consecuencia, las autoridades de la dependencia iniciaron una investigación que determinó que el sargento ayudante Juan M. sería quien “alquilaba” celulares para uso de las internas.En tanto, preservando detalles del expediente para no entorpecer el avance del mismo, este medio confirmó que varias internas dieron detalles sobre el proceder el sargento ayudante y hasta de superiores que pasaron por la dependencia, lo que podría derivar en mayores implicancias.Incluso, en el sumario interno se determinó que un hombre con pedido de captura por una causa federal concurría asiduamente a la dependencia a visitar a su pareja. Se trata de Reno C., con amplio prontuario por drogas en Oberá.En este punto cobra relevancia el posterior hallazgo de picadura de marihuana en uno de los cobres del personal, junto a prendas íntimas femeninas y profilácticos.Fuentes del caso indicaron que dicho compartimento era el destinado a la guardia del sargento ayudante Juan M., quien además era el portador de la llave.“Nos encontramos con una situación absolutamente anormal para una dependencia policial. Hablamos de coimas, extorsión, drogas y favores a cambio de sexo con las detenidas. No hay antecedentes de un hecho tan grave”, mencionó un oficial de la Unidad Regional II.	Antecedentes y “trofeos”Testigos que asistieron al allanamiento de la Seccional Segunda, encabezado por el juez Gerardo Casco, coincidieron en la sorpresa del magistrado y de las autoridades policiales ante el hallazgo de varias bombachas, profilácticos y picadura de marihuana.“La cara de los jefes lo decía todo. Indignación y vergüenza por lo que veían. Fue un mazazo “, graficó una alta fuente.El tal sentido, mencionó que “las bombachas serían una especie de trofeo de los implicados, una práctica de la que solían jactarse como hazaña. Lo que se encontró en el cofre no sólo dio entidad a la denuncia de las detenidas, sino que marca la impunidad con que se movía esta gente”.Asimismo, con relación al sargento ayudante Juan M., indicaron que en su carrera afrontó varias causas internas, por lo que perdió ascensos y su rango actual no condice con los años de servicio.Fuentes de la fuerza recordaron que ya estuvo envuelto en un escándalo por el presunto cobro de coimas cuando se desempeñaba en Seguridad Vial de Oberá.La investigación se inició en octubre del 2015 por denuncias de otros uniformados, recordaron desde la Unidad Regional II.Posteriormente se instruyó un sumario administrativo interno y una causa penal en el Juzgado de Instrucción Dos.Entre las pruebas se destacaron una decena de actas de infracción que no fueron remitidas en tiempo y forma al Tribunal de Faltas de la Municipalidad, único órgano de juzgamiento de las multas de tránsito en esta jurisdicción.Tras los primeros indicios de cohecho las autoridades de la fuerza ordenaron una investigación interna de que la que nunca se conocieron resultados.El único avance concreto fue el traslado de los implicados a otras dependencias. Así, el sargento ayudante recaló en la Seccional Segunda.	
A nueve meses del escándalo de la Segunda, la denunciante no fue citada