En un cambio de política sin precedentes en el norte de California, la Fiscalía del condado de Santa Clara dejará de presentar cargos criminales a las personas que sean detenidas o reciban citatorios con relación a la posesión de pequeñas cantidades de droga. La medida busca destrabar los miles de casos atorados en el sistema judicial, así como disminuir la saturación en las cárceles del sur de la Bahía.	La nueva política busca mantener fuera de las cortes a los primodelincuentes -e incluso a aquellos con hasta dos ofensas-, refiriéndolos en su lugar a programas de atención para adictos a las drogas. De esta forma, se estaría liberando la carga de las autoridades para que se puedan enfocar en casos relacionados con drogas que sean verdaderas amenazas a la seguridad pública.	Bajo esta directriz, que se espera comience a implementarse para finales del verano, el condado de Santa Clara se estaría uniendo a un pequeño número de jurisdicciones en todo el país que experimentan con un nuevo modelo en donde los casos menores de posesión de drogas son tratados como problemas de salud pública. El año pasado los condados King y Snohomish, en el estado de Washington, se convirtieron en los primeros en dejar de presentar cargos por este tipo de delitos. Fiscales en Dallas y San Antonio, Texas, han puesto en marcha medidas similares.	Los cambios que están por entrar en vigor en el condado de Santa Clara se habían contemplado desde el año pasado cuando el Fiscal de Distrito, Jeff Rosen, les pidió a sus vicefiscales en el Departamento de Narcóticos evaluar la forma en la que la agencias estaba manejando los casos sobre posesión de estupefacientes.	Para otros oficiales involucrados en la procuración de justicia en el condado de Santa Clara, la nueva política disminuirá el exponencial número de citas en las cortes, órdenes de aprehensión y estancias en prisión, así como el número de recursos y horas trabajadas por parte de abogados, fiscales, jueces y policías. Otro de los beneficios, según dijeron los fiscales a The Mercury News, se dará en el ámbito de los prejuicios raciales, que afectan principalmente a los acusados de minorías latinas y afroamericanas.	Dos iniciativas de ley que fueron aprobadas en la Asamblea de California borrarían automáticamente de las bases de datos del estado el pasado criminal de casi un millón de exconvictos que sirvieron tiempo en prisión como parte de sus sentencias. “En la actualidad, si cumples tu condena en prisión aún no puedes conseguir vivienda, no puedes conseguir empleo y te siguen tratando como si fueras un criminal”, dijo Phil Ting, asambleísta por San Francisco y autor de la propuesta de ley AB 1076. Su iniciativa obligaría a la Fiscalía de California a reclasificar todos los arrestos y sentencias por delitos menores y no violentos para que puedan ser eliminadas de los archivos oficiales.	“No puedo convertirme en agente de bienes raíces, no puedo vender autos usados, no puedo vender seguros, jamás podré adoptar, no puedo convertirme en entrenador del equipo de ligas pequeñas de mi hijo, no me puedo unir a la Asociación de Padres de Familia de su escuela y no lo puedo acompañar a sus excursiones escolares.	
Esta Fiscalía en California será la primera que deje de presentar cargos por posesión de drogas