La reforma del código de buen gobierno de la CNMV, anunciada ayer por Sebastián Albella, no constituye una sorpresa, por lo menos en lo que se refiere a uno de los aspectos más importantes del texto: las recomendaciones para luchar contra la corrupción en las empresas cotizadas. Hace apenas poco más de un mes, a finales de noviembre, el organismo supervisor emitía un severo comunicado en el que advertía seriamente a las compañías y a sus cúpulas directivas de la necesidad de extremar estas medidas para hacer frente a una lacra que no solo daña a las empresas involucradas y a sus accionistas, sino que salpica a la propia imagen del mercado, especialmente frente a los inversores internacionales. La lamentable sucesión de irregularidades, algunas en el ámbito penal, conocidas en los últimos tiempos, –que incluyen nombres como BBVA, Iberdrola, OHL, Indra, FCC o, ayer mismo, Dia– preocupan con razón a la CNMV, que quiere evitar a toda costa una estigmatización del mercado español que empañe el esfuerzo de modernización y transparencia llevado a cabo en los últimos años.	Pese a que el código de buen gobierno tiene carácter de recomendación, la gran mayoría de las empresas cotizadas incorporan sus propuestas, lo que hace especialmente relevantes las grandes líneas de esta reforma. Entre las medidas que se proponen para frenar las actuaciones turbias o directamente ilegales en la cúpula de las compañías figuran que el consejo de administración examine lo antes posible cualquier situación irregular que afecte a un consejero, esté relacionada o no con su labor en la sociedad y sin esperar a un posible procesamiento o a la apertura de juicio oral. También se recomienda que se lleve a cabo una investigación interna, así como la posibilidad de solicitar la dimisión o el cese del alto cargo implicado.	Todas las medidas anunciadas apuntan en la misma dirección, la de establecer una suerte de profilaxis en torno a los indicios de corrupción con el fin de tomar medidas cuanto antes y proteger en lo posible a la organización y al mercado. Como señalaba ayer Sebastián Albella, se trata de una aproximación “menos formalista” al problema, aunque esta deba llevarse a cabo con prudencia y sin dejar de lado las garantías propias de la presunción de inocencia. Endurecer las recomendaciones en este ámbito, más aún cuando son seguidas de forma mayoritaria por las empresas, es sin duda una apuesta decidida por avanzar hacia la corrupción cero, pero esa estrategia debe ir acompañada de un esfuerzo normativo y jurisprudencial que cierre el círculo frente a un problema que en último término daña también la imagen de España.	
Endurecer la lucha contra la corrupción es proteger también el mercado