hace menos de 15 días, pese a algunas y tibias objeciones de la oposición -poco más de dos docenas de abstenciones, y un rechazo- y del empresariado. Ahora, en el Senado, es el propio oficialismo quien destapa una insólita desconexión política entre ambas cámaras, tras la intención que deslizaron en los últimos días legisladores cercanos a Cristina de Kirchner a favor de retocar el texto y endurecer el proyecto que, tal como está escrito, y si sale sin cambios, será de difícil cumplimiento para el sector privado, clave para la pospandemia y golpeado tras las pocas señales desde Gobierno.	El problema sobre un puñado de artículos, que están en la lupa de senadores como Mariano Recalde, incorporaría condiciones más estrictas en el Régimen de Contrato de Trabajo. La cuestión no es menor: la Cámara alta mantuvo diálogo con los diputados mientras se avanzó con el proyecto y, en varias ocasiones, la presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley (Frente de Todos), consultó si la letra de la iniciativa tenía luz verde para evitar demoras. Nadie puso reparos y el texto fue aprobado.	“Siley preguntó varias veces si se estaba en condiciones de avanzar y ahora aparecen cuestionamientos dentro del propio bloque oficialista. Falta una orden política clara acá para evitar mayores inconvenientes. Hay diferencias entendibles en un grupo de artículos que no cambiaría el espíritu de la ley, pero sí van a incorporar más cosas en la Ley de Contrato de Trabajo, se va a desbalancear todo y la idea es que haya conveniencia para todas las partes”	El intento de resolver este embrollo pasaría, entonces, por la decisión de sancionar la ley y no devolverla a Diputados, cuestión que también dejaría ventanas de conflicto. “Así como está, hay potenciales choques con las autonomías de las provincias e incluso cruces entre artículos. Además, y con respecto a la reversibilidad, ni siquiera se le impuso un plazo. Es decir que usted abre mañana una oficina con 15 personas a su cargo, de las cuales 12 van a estar bajo la modalidad de teletrabajo, y tres quedarán en el inmueble junto a usted, ya que la oficina sería para esa cantidad de personas por un tema de espacio. ¿	Y si esos 12 piden volver al lugar físico de la actividad? Dígame cómo lo soluciona, ya que sobre eso aún no hay respuesta. Y si tuviera el espacio, ¿cómo haría para habilitar rápido todas las herramientas que puedan llegar a necesitar esos trabajadores, como computadoras y escritorios?”, expresó un legislador oficialista a este diario.	Las dudas sobre el proyecto que vino de Diputados también apuntan al cuidado de la privacidad. “Nadie tiene que saber dónde vivo o de ver, si es una videollamada de trabajo, si tengo la foto de un político o de un cuadro de fútbol. ¿Y si voy a trabajar a un bar porque soy más productivo allí que en mi casa? ¿Y qué pasa con las jornadas laborales y el derecho a la desconexión? ¿Vos te vas a desconectar de una sesión si se extiende hasta la madrugada?”, lanzó un cabalgador de peripecias legislativas a Ámbito.	De cara al debate, que podría darse esta misma semana en la comisión de Trabajo, la verdadera pregunta que tendrán que contestar los senadores de todas las fuerzas políticas con representación legislativa será cómo harán, pequeñas y medianas empresas ahogadas en sus economías, para hacer frente a diversos gastos que impone la regulación en cuestión, que quedará activa a 90 días de finalizado el ya fanatizado aislamiento.	Un punto criticado fue la falta de incentivos fiscales. Hacia allí fueron algunas objeciones del radicalismo, a través de Dolores Martínez, y de las diputadas de la Coalición Cívica, Alicia Terada y Mónica Frade. La última, además, aprovechó para disparar contra el kirchnerismo. En esa línea, señaló: “El progresismo no ha querido contemplar en esta ley la promoción para esta actividad.	Algunos opositores apuntaron también al ministro Moroni, quien habló de dejar, en caminos judiciales, las cuestiones que puedan aparecer con respecto a eventuales tironeos entre trabajador y empleador. Pero también desde el oficialismo recordaron puntos que quedaron flojos en el sendero legislativo. “Hay trabajadores que se pueden casar o divorciar. Pueden haber mudanzas, o tener que pasar a cuidar a otra persona”, manifestó Claudia Ormachea al analizar algunas nebulosas en cuanto a la “reversibilidad” del teletrabajo hacia lo presencial. También dejó claro que “en muchas casas de trabajadores bajo ningún punto de vista podemos pensar que hoy están preparadas para convertirse en la oficina de una empresa sin alterar las relaciones familiares, sociales y la vida de cada uno de los que viven dentro de ese hogar”.	
 Senado: puja en el Frente de Todos por la presión kirchnerista para modificar proyecto de teletrabajo