María se pasa todo el verano “haciendo el bruto”. Siente un cansancio paralizante de origen desconocido. Un raro color oscuro tiñe su orina. Y ella, que es una mujer resuelta, firme, de ojos relampagueantes, se revuelve, toma cartas en el asunto, y combate la fatiga llenando las horas de tareas, dándose “muchas palizas”. “Me apetecía estar tumbada todo el día, pero pensaba que si me tumbaba me moriría”, recuerda. Entonces, recibe una llamada. Un representante del hospital Gregorio Marañón le comunica que puede haberse contagiado de hepatitis C tras hacerse una prueba rutinaria, un simple examen por imagen (TAC) con contraste. “La vamos a curar”, le dicen. Y le dan cita para el día siguiente. María, que durante seis meses ha sido portadora de una enfermedad contagiosa sin saberlo, pasa la noche más larga de su vida.	“Si yo hubiera sido promiscua, podría haber contagiado a media España”, dice la afectada sobre una enfermedad que se transmite a través de la sangre o, más raramente, relaciones sexuales. “¿Por qué no se han dado cuenta en seis meses? Esa es mi pregunta. Los errores humanos pueden ocurrir, pero seis meses de error humano me parece una bestialidad”, prosigue durante una conversación con EL PAÍS en la que pide usar un nombre ficticio para proteger su identidad. “Es indigno”, recalca. “Me molesta que teniendo una sanidad pública tan fabulosa como la que tenemos cuatro irresponsables lo destrocen todo”, añade. Y remata: “Me parece muy grave que en un país que se considera desarrollado, en un hospital de referencia como el Gregorio Marañón, con profesionales tan entregados a su labor, haya alguna persona que cometa una negligencia y que infecte a otras personas. Esto solo puede ocurrir en un país que no es limpio. Y quien no lo sea, que pague. No puede ser que lo paguemos los pacientes”.	Nueve meses después, sigue sin haber explicación oficial de lo que ocurrió aquel día. El centro no respondió a la petición de información de este diario. Y la Consejería de Sanidad apuntó a que la investigación sigue abierta. En consecuencia, la única información sobre el contagio sigue siendo el comunicado que emitió el hospital el 8 de noviembre.	“El Servicio de Medicina Preventiva del Gregorio Marañón ha detectado un total de cinco casos de pacientes, que, según los indicios, habrían contraído la hepatitis C en el centro, tras haberse realizado, todos ellos, un TAC con contraste en una sala en concreto y en una misma fecha, el 11 de mayo”, explicaba. “Transcurrido el periodo de incubación de esta enfermedad, dos pacientes (de los cinco totales) fueron diagnosticados de una infección reciente por hepatitis C, casos que fueron notificados al sistema de vigilancia epidemiológica del hospital a finales del mes de agosto. En ese momento, el centro inicia una investigación epidemiológica exhaustiva que incluyó a todos los pacientes en posible riesgo y que estableció el nexo común entre ellos, y permitió la detección de tres casos adicionales clínicamente asintomáticos”, añadía. “Todos los pacientes han sido informados de los hechos, han sido adecuadamente diagnosticados y se ha iniciado tratamiento con los últimos antivirales. Asimismo, desde el Servicio Madrileño de Salud se les ha informado de sus derechos a gestionar una reclamación patrimonial”.	. Cuando llega, le espera una carpeta oficial que contiene un documento que le proponen firmar. Se niega. Quiere, explica, llegar al fondo del asunto. Aclarar qué ha ocurrido para que no le vuelva a pasar a nadie. Saber si ha fallado la asepsia cuando le fue administrado el contraste. Impulsar un cambio en los protocolos que evite que otro paciente sufra lo que ella. Y solo entonces, dice, pensará en el dinero. “Un dinero maldito”, que le dicen en la familia, unida en su apoyo.	“Que vayas a un centro médico a hacerte una prueba y salgas contagiado es impensable”, insiste María. “Pasé un verano casi sin fuerzas, y sin saberlo. Me podía haber muerto”, recuerda ahora. “Era un cansancio horrible. No podía casi comer”, añade. Y subraya: “Me encuentro con fuerzas. ¿Qué vas a hacer? Procuro que no me cambie nada la vida, porque eso sería el colmo. Mientras sea persona la vida la decido yo”.	Tras recibir aquella llamada en la que se le avanza la sospecha de que le hayan contagiado la hepatitis C —un doctor detecta dos casos con la misma cepa del virus, y empieza a investigar—, María acude de nuevo al centro. A su salida, lleva dos cajas de Marivet, que permite tratar en ocho semanas a los pacientes infectados por la hepatitis C, sin cirrosis y que no han recibido tratamiento previo. El coste completo del procedimiento es de unos 6.000 euros, según la Consejería de Sanidad. Multiplicado por cinco afectados, 35.000 euros.	“Terminé de tomarme el tratamiento en enero y ahora tengo que esperar unos meses para que me vuelvan a hacer pruebas”, explica María, entera y fuerte pese a tantas noches sin dormir pensando en los cortes que se hizo cocinando, en quiénes la curaron, y en si pudo o no contagiarles. “Es posible que la enfermedad desaparezca por completo”, se anima. ¿Ha perdido la fe en la sanidad pública? “No”, contesta. “Sigo yendo al Gregorio Marañón. Pero no puedo entrar en radiología. Es superior a mis fuerzas”.	La infección a cinco pacientes en un hospital público es un hecho muy grave, pero en absoluto frecuente. “Es excepcional que haya un contagio de hepatitis C en un hospital, realmente poco probable y totalmente infrecuente”, explica por teléfono Santiago Moreno, jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal. “El virus se transmite solo por vía sanguínea. Aunque no conozco los detalles, en este caso solo se me ocurre pensar en un fallo humano que rompa la prevención de la transmisión y produzca una inoculación accidental por pinchazo de alguien previamente infectado”, señala el doctor. En cualquier caso, Moreno cree que las cosas se suelen hace bien: “La transmisión de cualquier tipo de patógeno por vía sanguinea en los centros hospitalarios se supervisa muy cuidadosamente, tanto en la protección de los sanitarios a partir de pacientes infectados como la protección de los propios pacientes. Para eso están los protocolos de seguridad y para ello trabajan los servicios de medicina preventiva y de salud laboral”.	El especialista en enfermedades infecciosas es optimista respecto a los infectados de hepatitis C, ya que su situación ha dado “un cambio extraordinario” gracias “a la aparición de tratamientos antivirales que han sido tremendamente eficaces, que curan practicamente a la totalidad de las personas que lo toman”. Estos nuevos tratamientos están consiguiendo solucionar esta patología “tanto en estadios iniciales como en fase de cirrosis, y al mismo tiempo traen consigo dos consecuencias: en primer lugar, disminuyen todas las complicaciones asociadas a la hepatitis C, como los ingresos hospitalarios por descompensación, la muerte por hepatopatía crónica, la necesidad de trasplantes hepáticos… Y en segundo lugar” —continúa Moreno— “al curar a una persona de hepatitis C, esa persona ya no transmite la infección, con lo cual el riesgo de infección ha disminuido también muchísimo”.	En este sentido, el doctor señala que el número de infectados “ha bajado muchísimo en los últimos años”, y en la actualidad son poco más de 60.000 personas en España (un 0,35% de la población). Se espera que se pueda eliminar por completo el virus en el año 2030. ¿Qué hacer mientras tanto? “Lo único que se puede hacer es que los sanitarios extremen la protección. Los protocolos actuales tienen más que contemplado la manera de evitar la transmisión de enfermedades.	vestigación epidemiológica exhaustiva que incluyó a todos los pacientes en posible riesgo y que estableció el nexo común entre ellos, y permitió la detección de tres casos adicionales clínicamente asintomáticos”, añadía. “Todos los pacientes han sido informados de los hechos, han sido adecuadamente diagnosticados y se ha iniciado tratamiento con los últimos antivirales. Asimismo, <NO1>-que tienen una eficacia en la eliminación del virus en el 98% de los casos-. Asimismo,<NO>desde el Servicio Madrileño de Salud se les ha informado de sus derechos a gestionar una reclamación patrimonial”.María cuenta que un día le convocan a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Quieren, según explica, hablar de su indemnización. Cuando llega, le espera una carpeta oficial que contiene un documento que le proponen firmar. Se niega. Quiere, explica, llegar al fondo del asunto. Aclarar qué ha ocurrido para que no le vuelva a pasar a nadie. Saber si ha fallado la asepsia cuando le fue administrado el contraste. Impulsar un cambio en los protocolos que evite que otro paciente sufra lo que ella. Y solo entonces, dice, pensará en el dinero. “Un dinero maldito”, que le dicen en la familia, unida en su apoyo.[LADILLO]35.000 euros<HS>[EMPTYTAG]<QA0>[/EMPTYTAG][/LADILLO]“Que vayas a un centro médico a hacerte una prueba y salgas contagiado es impensable”, insiste María. “Pasé un verano casi sin fuerzas, y sin saberlo. Me podía haber muerto”, recuerda ahora. “Era un cansancio horrible. No podía casi comer”, añade. Y subraya: “Me encuentro con fuerzas. ¿Qué vas a hacer? Procuro que no me cambie nada la vida, porque eso sería el colmo. Mientras sea persona la vida la decido yo”.Tras recibir aquella llamada en la que se le avanza la sospecha de que le hayan contagiado la hepatitis C —un doctor detecta dos casos con la misma cepa del virus, y empieza a investigar—, María acude de nuevo al centro. A su salida, lleva dos cajas de Marivet, que permite tratar en ocho semanas a los pacientes infectados por la hepatitis C, sin cirrosis y que no han recibido tratamiento previo. El coste completo del procedimiento es de unos 6.000 euros, según <NO1>estimaciones de<NO>la Consejería de Sanidad. Multiplicado por cinco afectados, 35.000 euros.<CW-5>“Terminé de tomarme el tratamiento en enero y ahora tengo que esperar unos meses para que me vuelvan a hacer pruebas”, explica María, entera y fuerte pese a tantas noches sin dormir pensando en los cortes que se hizo cocinando, en quiénes la curaron, y en si pudo o no contagiarles. “Es posible que la enfermedad desaparezca por completo”, se anima. ¿Ha perdido la fe en la sanidad pública? “No”, contesta. “Sigo yendo al Gregorio Marañón. Pero no puedo entrar en radiología. Es superior a mis fuerzas”.	
“¿Por qué tardaron seis meses en darse cuenta?”