. El dirigente cocalero, que llegó a la presidencia por cinco años sin derecho a reelección, que detentó del poder por casi 14 años como dictador, suplantado la República y acabando la democracia, que renunció y huyó del país en noviembre de 2019 por los delitos de fraude electoral y falsificaciones, ha vuelto con total impunidad y se ha instalado en su zona productora de cocaína, asegurando a Bolivia como narcoestado, ejerciendo como jefe del régimen y poniendo en marcha la represión castrochavista.	La resistencia civil y los movimientos cívicos de Bolivia siguen denunciando el colosal fraude electoral de las elecciones del 18 de octubre con que se ha proclamado presidente a Luis Arce el candidato designado de Evo Morales. Prueba del fraude ha sido entregada al Tribunal Supremo Electoral y es de conocimiento público, pero el sistema de “dictadura electoralista” rechaza el pedido de “auditoria” de las elecciones con la que se certificaría la gran farsa que incluye un padrón electoral adulterado con cerca de un millón y medio de votantes fantasmas (20% del total) a favor del candidato Arce y del partido del régimen.	El acontecimiento mas importante no ha sido la apurada posesión de Luis Arce como presidente, sino el inmediato retorno del dictador Evo Morales a Bolivia con la demostración de la plena impunidad para Morales y su entorno dictatorial con el control total del poder judicial y la inexistencia absoluta de división e independencia de poderes públicos.	Impunidad es “la cualidad de impune”. Es la situación por la que se “deja una culpa o delito sin el merecido castigo” y esta condición permite que se cometan delitos sin que los autores respondan por las consecuencias. Indica y prueba “ausencia de estado de derecho”, “desigualdad”, “prevaricación judicial” y en consecuencia “inexistencia de democracia”.	La impunidad de Evo Morales está probada desde el año 2001, cuando produjo la masacre de Sacaba y luego de ser separado del Congreso acordó con el gobierno de Jorge Quiroga. Se repite con los decretos de amnistía 27234 y 27237 firmados por Carlos Mesa para encubrir el derrocamiento del presidente Sánchez de Lozada. Estos decretos dejaron a Evo Morales convertirse en acusador del juicio contra el presiente derrocado, sus ministros y el Alto Mando Militar en lugar de ser investigado y procesado por delitos que ha confesado reiterada y públicamente, y permitieron a Morales ser candidato presidencial el 2005 y tomar el poder el 2006.	Con documentación pública, su renuncia y huida del país, quedó probado que Morales cometió delitos de fraude electoral, falsificaciones y organización delictiva en las elecciones de 2019. Con grabación telefónica pública se probó su autoría como jefe del grupo delictivo para bloquear las ciudades de Bolivia produciendo las masacres de Senkata y Sacaba en noviembre de 2019, repitiendo en acciones y lugares delitos que cometió el 2003 para derrocar al gobierno. Ha sido acusado de “estupro” y “abuso de menores” agravado, en razón del cargo y reincidente con pruebas plenas. Todas estas acusaciones han sido “lavadas” en horas por jueces y fiscales.	El narcoestado está garantizado. Para que no quede duda han designado viceministro de Defensa Social –Zar antidrogas- a Jaime Mamani Espíndola, de las federaciones de productores de coca y cocaína, quien ha declarado: “vengo de los movimiento sociales del trópico de Cochabamba, mi compromiso radica en las luchas que hacíamos contra la DEA agencia antidrogas…” y retomará la “estrategia de Evo Morales” quien ante la ONU el 2016 afirmó que “la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo para oprimir a los pueblos”.	La realidad objetiva no deja duda que el jefe del repuesto régimen castrochavista en Bolivia es Evo Morales y su operador nominal Luis Arce. No es un poder dual, es un poder vertical en el que manda Morales sobre su exministro de Economía y designado candidato ganador con fraude electoral. Es la maniobra dirigida y operada por los estrategas del castrochavismo que ahora se reinstalan en las embajadas de Cuba y Venezuela en Bolivia.	La represión ha retornado y aplicando el sistema de “judicialización de la persecución dictatorial” han iniciado procesos y falsificaciones para silenciar a los ciudadanos que siguen denunciando el fraude electoral y piden auditoria. Ya han detenido y trasladado a La Paz al abogado del Comité Cívico de Santa Cruz Jorge Valda, repitiendo los casos “terrorismo” manipulados por Evo Morales y su régimen	
Retorno del dictador a Bolivia, impunidad, narcoestado y represión