El camino más rápido no siempre es aquél que se recorre sorteando obstáculos. Mucho menos cuando estos son legales. Tal es la conclusión a la que permite llegar una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región sobre el urbanismo de la ciudad de Murcia, al que asesta un nuevo y severo varapalo por haber dado luz verde a un plan residencia en Aljucer sin contar con el obligado -y, por tanto, legalmente insoslayable- informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sobre la disponibilidad de recursos hídricos para ese desarrollo. La resolución de la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo anula por esta razón el Plan Parcial del denominado Sector ZM-Ac 1 de Aljucer, en el que estaba previsto edificar unas 500 viviendas, instalaciones hoteleras y galerías comerciales, entre otros servicios. Se trata de la tercera ocasión en que la Justicia convierte en papel mojado estos proyectos urbanísticos por esa misma razón, tras lo ocurrido anteriormente con el residencial Joven Futura y más tarde con otro de Puente Tocinos, en el que se iban a construir 5.000 viviendas.	A estas alturas, con los precedentes que afectan al municipio de Murcia y a otras localidades de la Región que han ido viendo cómo grandes proyectos residenciales iban cayendo en cadena por no tener garantizado el suministro de agua, nadie puede dudar de las sombras que se ciernen sobre decenas de planes parciales aprobados en tiempos ya superados: los del gobierno municipal de Miguel Ángel Cámara y el regional de Ramón Luis Valcárcel, que buscaron alternativas a algunos requisitos legales que, finalmente, se han acabado demostrando inválidas.	Una de ellas consistió en la creación de un organismo autónomo, el Ente Público del Agua (EPA), cuyo cometido consistía en la búsqueda de nuevos recursos hídricos, como los proporcionados por la desalación. Con el aval de esa entidad se acabó dando luz verde a un gran número de planes parciales, dejando de lado la obligación legal que imponía la necesidad de contar con un dictamen positivo de la CHS. Todos ellos están ahora heridos de muerte por la reiterada jurisprudencia del alto tribunal regional.	El recurso contra esta urbanización de 70 hectáreas de Aljucer fue presentado en 2011 por la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur), que alegó diversas razones por las que el proyecto debía ser anulado. Así, adujo que suponía «la desaparición de tres acequias de la milenaria red de regadío tradicional», una de ellas la Acequia Mayor de Barreras; que afectaba a una gran olmeda; que se había aprobado en ausencia de una evaluación ambiental; que no disponía de informes sobre las características y trazado de las instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y del suministro de gas...	Pero el argumento que ha encontrado el pleno apoyo del tribunal es el que se refiere, una vez más, a la consabida omisión del preceptivo informe de la CHS, «en el que debe pronunciarse expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos hídricos suficientes para satisfacer la demanda ocasionada por el desarrollo del planeamiento», recordaba Huermur.	La contundencia con la que la Sala rechaza ahora esa argumentación permite adelantar que cualquier otro plan parcial que se encuentre en esas mismas condiciones, sin el suministro de agua expresa y debidamente garantizado por la CHS, corre el riesgo cierto de quedar convertido en papel mojado. Así, los magistrados recuerdan que la jurisprudencia del Supremo indica que «es dudoso sostener, ya de entrada, que el plan parcial no pueda comportar, respecto del PGOU, un incremento en la demanda de los recursos hídricos; porque, a falta de la ordenación pormenorizada que comporta cada plan parcial, las determinaciones del Plan General distan de ser suficientes por sí solas».	Más todavía, advierte la sentencia, citando al más alto tribunal jurisdiccional español, de que «aun en el caso de que no hubiera un incremento en la demanda de recursos hídricos, la exigencia de incorporar a la ordenación urbanística el correspondiente informe de la administración hidrológica no puede soslayarse. Dicho informe resulta en todo caso exigible y ha de satisfacer las exigencias sustantivas que le son requeridas legalmente, por lo que (la CHS) ha de formular el correspondiente pronunciamiento».	En este sentido, insiste la Sala, «nuestra jurisprudencia no ha dejado de remarca su carácter de vinculante». Y al no existir ese pronunciamiento, «la consecuencia no es otra que entenderlo desfavorable, por lo que procede estimar el recurso formulado (por Huermur) sin necesidad de examinar los restantes motivos de impugnación alegados», señala.	
El TSJ tumba un nuevo plan residencial y deja muy tocado el urbanismo municipal