Sobre el nombramiento de los jueces, el fiscal recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación -que anunció que el martes intervendrá en el caso- “ha sostenido enfáticamente que resulta indispensable para la designación de los magistrados y el ejercicio de la función judicial, en sintonía con los principios de independencia e inamovilidad de los jueces,la intervención obligatoria del Poder Ejecutivo, precedida de la selección y emisión de propuestas en ternas vinculantes formuladas por el Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, de conformidad con los preceptos de la Constitución Nacional y la forma representativa de gobierno”.	Castelli inició un amparo para que se declare inconstitucional la resolución del Consejo. Sostuvo que su traslado al Tribunal Oral Federal 7 de Comodoro Py, donde tiene el caso de los cuadernos de la corrupción, se hizo cumpliendo todas las reglamentaciones vigentes. El Consejo dice que no y que principalmente no pasó por el Senado para su designación, tal como fija la Constitución. Castelli señala que una acordada de la Corte Suprema estableció que en su caso no debía pasar por el Senado.	Tampoco hizo referencia sobre la decisión del Senado de no aprobar el traslado de Castelli ni del Poder Ejecutivo de emitir un decreto que dejó sin efecto el traslado ya que no forman parte de la causa ni fueron convocados. Inclusive, el fiscal Gilligan sostuvo que el amparo ya no tiene efectos porque se presentó contra una resolución del Consejo de la Magistratura que perdió vigencia por las actuaciones del Senado y del Poder Ejecutivo.	
La Fiscalía pidió rechazar el amparo de uno de los jueces desplazados que investigaba a Cristina Kirchner