El debate arrancó con la cuestión de la propia convocatoria de la sesión. El gobierno se esforzó para encubrir el cierre de hecho de la Legislatura, planteando que se realizarían sesiones virtuales. Pero esta sesión y las sesiones que se pudieran convocar en adelante no significan la reapertura del parlamento provincial y tampoco la convocatoria de sesiones especiales para discutir los grandes problemas que enfrenta Córdoba. Se trata de una nueva maniobra donde se mantiene cerrada la Legislatura, y se abre solo para discutir a discreción del gobierno y para discutir proyectos del oficialismo. Esta votación, que refuerza el autoritarismo del gobierno, fue acompañada por toda la oposición, incluida la banca del MST. En post de una supuesta “unidad contra la pandemia” se consagró en la Legislatura una verdadera escribanía virtual de Schiaretti.	Por nuestra parte nos opusimos y reclamamos sesiones especiales para debatir y resolver todos los proyectos presentados para enfrentar la pandemia (con las medidas sanitarias pertinentes). Denunciamos que mientras se cierra el parlamento con el argumento del “aislamiento”, el gobierno habilita la circulación de media población de Córdoba por razones de “producción”. Asimismo que la postura oficial era absurda puesto que funciona en Córdoba un Centro Operativo de Emergencia (COE) integrado por los gobiernos provincial y municipal junto a la policía, el ejército, la gendarmería y la Fiscalía; que se reúne en forma presencial a diario. Es decir que las fuerzas represivas se reúnen y accionan, y la Legislatura no.	El punto central de sesión virtual fue la emisión del bono de 9 mil millones para el pago de acreedores y proveedores, insistentemente presentado como un título de deuda. La iniciativa obtuvo el apoyo de Cambiemos y la UCR. Todos fundaron su voto positivo bajo el argumento de que se trataba del mal menor y la única salida viable para sortear los gastos y compromisos de imposible cumplimiento por la provincia. Desde el Frente de Izquierda nos opusimos y denunciamos la plena conciencia de que estaban votando una primera emisión de cuasimoneda que finalmente se trasladaría a los trabajadores, sentando las bases para avanzar en recortes salariales, diferimientos y el pago con bonos de salarios y jubilaciones; todo sin imponer un solo impuesto a los grandes capitalistas que llevaron a la quiebra a la provincia.	Por otro lado se dispuso avales y garantías estatales a las empresas Pymes para el acceso a créditos. En una actitud pérfida, el gobierno presentó la iniciativa como la defensa del empleo en la provincia. Salimos al cruce de esta impostura, reafirmando nuestra denuncia al ataque a los trabajadores que llevan adelante las patronales con el aval del propio Estado y de las burocracias sindicales. El gobierno que sistemáticamente rechaza debatir los proyectos presentados por el FIT relativos a la prohibición de despidos y suspensiones, que no aprueba un seguro al parado provincial, y que no responde a los reclamos de precarizados y monotributistas, es el primer responsable del desempleo, el hambre y la miseria en la provincia.	Para dejar claro que la medida apuntaba solo a un rescate directo de los empresarios, ni en el articulado ni en los fundamentos del proyecto, mencionaron una sola vez la defensa de los trabajadores, no se estableció ni un solo requisito a las empresas, ni la apertura de libros, ni la exigencia de que se garanticen los puestos de trabajo, el pago de salarios, ni mucho menos el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salubridad. Igualmente se trata de una pobre medida, que incluso no está claro que sea tomada por las propias empresas, que no se quieren endeudar y pretenden que el Estado pague salarios o que se habilite a no pagar.	Así las cosas, tuvo lugar una pobre sesión virtual para abordar una crisis real de magnitudes. Las limitaciones al debate buscaron desembozadamente encubrir la responsabilidad de un gobierno que tras 20 años de gestión llevó a la quiebra provincial. Al escenario de crisis que hacía vislumbrar la inminencia de los vencimientos de la deuda provincial dolarizada, el déficit de la Caja provincial de Jubilaciones y Pensiones, ahora se suman las consecuencias económicas, sociales y sanitarias explosivas que trae aparejada la pandemia. Desde el propio gobierno fueron contestes en afirmar que el futuro es incierto y lo que reina es la incertidumbre.	A la luz de las medidas tomadas, el principal obstáculo que deberá enfrentar el gobierno es la inminencia de una reacción generalizada de los trabajadores para enfrentar el ajustazo que prepara. La crisis capitalista acicateada por la pandemia intenta ser descargada sobre la clase obrera. Más que nunca es necesaria la intervención de los trabajadores bajo un programa de independencia de clase. En este sentido, desde el Partido Obrero–FIT apuntamos a la centralización del sistema sanitario, la verdadera prohibición de despidos, un seguro al parado de 30 mil pesos y un impuesto progresivo sobre las grandes fortunas, para enfrentar la pandemia y para que la crisis la paguen los capitalistas. Seguiremos desde la bancada del FIT apoyando la lucha de toda la clase obrera, impulsando su intervención independiente en la crisis.	
Córdoba: Schiaretti abre y cierra la Legislatura para emitir cuasimoneda