La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados discutirá este martes la iniciativa de MORENA para extinguir 44 fideicomisos y mantener cuatro fondos con miras a reasignar recursos para la Federación hasta por 36 mil 58 millones de pesos —provenientes de su desaparición— y que se destinarían a programas sociales. De acuerdo con el dictamen de la comisión legislativa, entre los fideicomisos más polémicos que se derogarían están tres para atender emergencias naturales, entre ellos el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), los recursos para atención a víctimas de la violencia, para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, para los 26 centros públicos de investigación científica, el Fondo para Gastos Catastróficos, que pertenecía al Seguro Popular y ahora es del Instituto de Salud para el Bienestar, los apoyos para deportistas y el fideicomiso para hacer cine. Del Fondo de Salud para el Bienestar, una parte de los recursos que manejaba se le entregarían a la Secretaría de Salud para que los administre: “Que el fiduciario del Fondo de Salud para el Bienestar concentre en la Tesorería de la Federación una determinada suma de dinero del patrimonio de dicho fideicomiso, en términos de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, a fin de que dichos recursos sean destinados a los fines que en la materia determine la Secretaría de Salud”, apunta el dictamen. La propuesta plantea que la Secretaría de Gobernación deberá prever en su presupuesto anual los recursos para la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, y sólo serán para medidas preventivas y de protección. Persiste el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pero en caso de urgencia o extrema necesidad se deberá autorizar que la persona afectada acuda con “una institución de carácter privado” con cargo a los recursos de ayuda o al fondo estatal. Las víctimas deberán entregar comprobantes de gastos y la Federación dará recursos sólo si los tiene y si las comisiones estatales lo solicitan y se comprometen a resarcirlo. Los recursos de la CEAV para el pago de asistencia y ayuda a las víctimas provendrán de la enajenación de bienes decomisados y de las fianzas a los procesados, además del presupuesto que se les entregue. En el caso del Fonden, los estados deberán prever recursos en sus presupuestos para atender a la población afectada y los daños a infraestructura. Además, proponen desaparecer 26 fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico a cargo de los centros públicos en la materia, los cuales se deberán registrar y concursar para recibir recursos de Conacyt y generar sus ingresos, que deberán reportar y justificar. También desaparecería el fondo que apoya a deportistas de alto rendimiento, aunque se mantiene la posibilidad de brindarles ayuda económica y materiales, pero sólo a atletas con posibilidades de participar en Juegos Olímpicos y Paralímpicos; los estímulos se entregarán con base en la opinión de expertos. Se plantea desaparecer Fidecine y en su lugar los apoyos para hacer cine en el país se obtendrán de la recaudación del derecho de cinematografía. Desaparecería el fondo para apoyar a los ahorradores defraudados de cajas populares y se le pasa su atención a la Secretaría de Hacienda; se plantea extinguir el fideicomiso para apoyar a emprendedores, micro y pequeños empresarios, y el de apoyo para trabajadores exbraceros. El fondo para el cambio climático pasaría a control de la Secretaría del Medio Ambiente. Propone que los recursos del Fondo Metropolitano se asignen a “programas de infraestructura prioritarios” y dicha distribución será determinada por una comisión de las secretarías de Hacienda, de Desarrollo Territorial y de Medio Ambiente. El fin de esta iniciativa es eliminar “la opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, y fomentar la transparencia y rendición de cuentas”, así como apoyar al gobierno federal en la generación de ahorros para que, ante la crisis generada por el coronavirus, el gobierno federal tenga dinero suficiente para sufragar proyectos y acciones de su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. “El monto reportado en disponibilidad de estos fideicomisos se reasignaría a acciones para atender los efectos de la pandemia de Covid-19 en temas de salud y economía, asíÌ como para garantizar la continuidad de los programas sociales del bienestar”, indica la popuesta. En el dictamen, al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, se argumenta el deterioro de las finanzas públicas por los efectos negativos del coronavirus, la actividad económica y la caída en los precios del petróleo. “Esta pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con recursos suficientes por parte del gobierno federal para enfrentar la crisis derivada del impacto mayúsculo en la salud y economía nacional”, señala.	
San Lázaro analiza este martes si avanza iniciativa para extinguir fideicomisos