, con una deuda de 50 millones y al borde del cierre. En esa situación extrema la Generalitat hizo un encargo valorado 979.661 euros (un balón de oxígeno para la empresa). Había que repartir 5,3 millones de tarjetas censales y de 56.000 cartas certificadas para el referéndum independentista ilegal del 1-O pero quien hizo el encargo no dejó rastro a pesar de que en la sede de Terrassa de Unipost ya habían llegado, no se sabe de dónde, 43.000 tarjetas censales y más de 1.800 cartas certificadas.	La Fiscalía no discute la versión de que el Govern no llegó a pagar. La Generalitat nunca llegó a abonar ese casi millón de euros, que presuntamente se dividió en cinco partidas de otros tantos departamentos, porque –sostiene la acusación- la Guardia Civil interceptó el material a distribuir. Pero el Ministerio Público considera que sí que hubo una malversación consumada porque «	
La malversación del 1-O se diluye en una empresa en quiebra