La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Cangas, Sonia Platas, decidió archivar la causa penal que se seguía en contra los once ediles de la junta de gobierno de Cangas, acusados de un delito de prevaricación al no conceder una licencia de obra en la calle David Cal, en Vilariño (O Hío) por la empresa Promociones Playa Lanzada 2012 S.L. La jueza considera que el asunto es competencia de la vía contencioso administrativa. La promotora, por su parte, ya presentó también recurso ante la Audiencia Provincial de Pontevedra contra el fallo de la titular del juzgado de Instrucción. Entre otras cosas mantiene que no se escuchó a las partes antes de decidir sobre el archivo de la querella. En su momento, el letrado del	En noviembre de 2017, la jueza había convocado para el 28 de diciembre de ese mismo año para que comparecieran en su presencia. Debían de declarar cada quince minutos el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, (ACE) el concejal de Urbanismo, Mariano Abalo (ACE), Andrés García Bastón (ACE), Tania Castro (ACE), Xoán Carlos Chillón (BNG), Héitor Meira (BNG),	ía Lourdes Rial Pardo (BNG), Ánxela Vizoso (ASpUN) y al hoy ex edil Eva Rodríguez Calvar (ASpUN), además de la edil de Obras y Servicios, Mercedes Giráldez, que aunque figuraba en la querella como denunciada su nombre no aparecía en las citaciones, aunque después se comprobó que había sido un error. El abogado de la promotora incluso había pedido que se fijara una fianza de 5.000 euros para cada uno de los investigados, decretándose en el mismo auto el embargo de bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades, algo que no se aceptó desde un primer momento.	La promotora Playa Lanzada 2012 mantenía en su denuncia que si bien era cierto que aún no se había rechazado la concesión de la licencia, la actitud de la junta de gobierno estaba causando daños y perjuicios al administrado de forma grosera cuando se incumple ampliamente el plazo de tres meses para resolver la licencia, según establece el artículo 143 de la Ley del Suelo de	ía mención en la querella que hasta en cinco ocasiones ha sido tratado el expediente en la junta de gobierno. La primera vez había informe favorable de la jefe de Urbanismo del Concello de Cangas. Durante dos años, cada vez que llegaba el asunto a la junta de gobierno se pedía un nuevo informe. La última vez se solicitó a Costas. La licencia se encuentra paralizada a petición de ASpUN hasta que el informe de antigüedad sobre el polémico horro que han en la parcela fuese realizado por otro arquitecto que no fuese uno que representaba a la empresa promotora y que era concejal del Partido Popular, Rafael Soliño.	
La jueza archiva la querella de una promotora contra el gobierno cangués por prevaricación