La abogada del exdirectivo de Osasuna Sancho Bandrés ha defendido que "no hay ninguna prueba que acredite" que su cliente "tuviera conocimiento de todos los extractos de dinero" en el club en la temporada 2012-2013 y 2013-2014 y ha asegurado que "no pudo conocer esas extracciones de dinero y su contabilización".	Además, ha considerado "desolador" que después de que miembros de la Junta Directiva "hayan excluido" a su representado de la supuesta prima al Betis por ganar al Valladolid en el penúltimo partido de la temporada 2013-2014 "se sigan manteniendo las acusaciones contra él por el mero hecho de que Ángel Vizcay la siga manteniendo" y, por todo esto, ha pedido su absolución.	En sus conclusiones definitivas en el juicio del caso Osasuna, la letrada de Bandrés, que se enfrenta a una petición de cárcel por parte de la Fiscalía de 11 años y 11 meses por los delitos de apropiación indebida, falsedad contable y corrupción deportiva, ha remarcado que su cliente "no ejerció de facto las funciones de tesorero". Y ha asegurado que "en la junta no había cargos definidos" como "había venido siendo siempre"	"Nunca Vizcay había dicho que mi representado autorizara esos pagos y esos reintegros, siempre situó a mi representado donde estaba, en sus funciones con Hacienda", ha manifestado la abogada, para quien "la falta de correspondencia" de las manifestaciones del exgerente sobre las funciones de Bandrés "se ve más evidente" con lo que declaró el excontable Tomás López,	Según ha expuesto, el testimonio de López supone "una prueba de descarga para esta parte", ya que "dijo que Bandrés no estaba en el día a día". "Las funciones reales de Bandrés fueron la Hacienda foral, la financiación y las irregularidades contables", ha apuntado la letrada, quien ha remarcado que "el trabajo que hizo con la Hacienda foral fue intenso". "Tenía que bregar con los 64 de los 80 millones de deuda que el club tenía", ha agregado.	"Lo que hizo fue ir corrigiendo todos los errores, lo que ocurría es que todos esos errores arrastrados a la temporada 2012-2013 supusieron un pasivo de 23 millones, de tal modo, que el club tenía 23 millones más de deuda. Estos 23 millones no se llevan a la cuenta de resultado, sino que se reflejan en el patrimonio", ha aseverado.	Por otro lado, ha defendido que Sancho Bandrés "no dio su consentimiento ni conoció ninguna de las extracciones de dinero" que se juzgan en el presente caso, "tampoco consintió ni conoció la existencia y la contabilización del recibí de 900.000 (a unos agentes inmobiliarios) y "tampoco prestó su consentimiento ni conoció la decisión de la junta de pagar al Betis".	En concreto, sobre el recibí de los 900.000 euros, la letrada ha considerado que "la introducción sorpresiva de una prueba excluye el conocimiento de mi representado sino que además revela un especial esfuerzo por parte de las acusaciones de meter a Bandrés donde no hay manera de encontrarlo". "Mi representado nunca dio una orden de contabilización", ha agregado.	Para la abogada de Sancho Bandrés, "las imputaciones que se han hecho" por parte de las acusaciones contra su representado carecen de "una fundamentación jurídica fina, clara o que le pueda atribuir mínimamente esa responsabilidad". "Lo que he visto es un trazo bastante grueso que se atribuye por pertenecer a un órgano", ha sostenido la letrada, para apelar al "principio de responsabilidad personal del derecho penal".	
La abogada de Bandrés dice que "no hay ninguna prueba que acredite" que "conociera las extracciones de dinero"