En septiembre de 2018, la Plataforma Pacto por el Mar Menor publicó en diversos medios una nota de prensa en la que advertía de la necesidad de no cejar en el empeño, después de un verano en el que pudimos volver a disfrutar de la transparencia del Mar Menor, como hacía años que no veíamos.	El Mar Menor es un ecosistema complejo, en el que entran en juego múltiples factores, algunos aún no muy conocidos (como, por ejemplo, la comunicación subterránea con el gigantesco acuífero que se esconde bajo el Campo de Cartagena), lo que hace muy difícil predecir su comportamiento. De ahí que los científicos fueran los primeros sorprendidos con la espectacular mejora que vimos el verano pasado. No obstante, existía consenso en afirmar que si las agresiones continuaban, el Mar Menor recaería.	Sigue habiendo vertidos de todo tipo, muchos de ellos con nocturnidad y alevosía, agazapados en la vegetación de la rambla de El Albujón, camuflados en la oscuridad de los alcantarillados de Los Alcázares, discurriendo por canales recónditos cercanos a la EDAR de este municipio o del aeropuerto de San Javier, por tuberías escondidas en las arenas que bordean el Club Náutico de La Ribera y también el Club de Militares.	Por otra parte, las «medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor» apenas se han aplicado. La norma nació en abril de 2017, se transformó en Ley en febrero de 2018 y no entró en vigor hasta febrero de 2019. Así que, pese a la 'urgencia', han pasado dos años, durante los cuales las explotaciones agrarias no han tenido obligación de colocar barreras vegetales que detengan las escorrentías cargadas de abonos ni de cambiar la disposición de los caballones de cultivo para que no se dirijan hacia el mar, entre otros deberes.	Lo cierto es que la única medida realmente efectiva para la mejora del Mar Menor fue detener el enorme vertido de salmueras y nitratos (hasta quinientos litros por segundo) que se arrojaban por la rambla de El Albujón. Lo hizo la Confederación Hidrográfica del Segura, a partir del verano de 2016, después de un requerimiento de la consejería de Agricultura (sí, un requerimiento formal entre Administraciones que en ese momento tenían el mismo color político). A su vez, esta consejería actuó movida, no por su afán de proteger el Mar Menor (si fuera por eso, habría controlado, por ejemplo, el uso de nitratos en los campos, algo que apenas hizo durante décadas), sino por las investigaciones abiertas por la Fiscalía Superior de Murcia, acusando a algunos agricultores y responsables políticos de la contaminación del Mar Menor por la actividad de desalobradoras ilegales cuyos vertidos llegaban a la rambla de El Albujón.	La Confederación, no obstante el mérito de haber sellado los referidos vertidos, tiene aún una gran asignatura pendiente: acabar con los regadíos ilegales. Porque estos siguen creciendo, entre la falta de control y la inseguridad jurídica, escudados en ciertas normas que crean confusión para delimitar lo regable y lo no regable.	Los Ayuntamientos, por su parte, prefieren guardar silencio o no decir la verdad sobre el estado del Mar Menor, para no espantar al turista, mientras siguen extrayendo arena de las orillas y usando tractores para 'arreglar' las playas, con prácticas que los científicos han desaconsejado porque perjudican la recuperación de la laguna. Y las banderas azules siguen desaparecidas, banderas que, por otra parte, también están en entredicho, por la escasa valía de este distintivo como indicador de respeto al Medio Ambiente. Así lo demuestra el hecho de que las playas las lucieran incluso en el nefasto verano de 2016.	
Veranos del pasado, Mar Menor del futuro