Mayoral ha incidido en que «todo el atestado es irregular» y ha denunciado que haya unidades policiales que «se dediquen a la persecución de representantes políticos» mientras que Gómez-Reino ha afirmado que se produjo una situación «muy mal gestionada por parte de la Delegación del Gobierno» y «lo que tratamos fue de mediar y dialogar con los trabajadores».	«Esto en el fondo no deja de ser una amenaza para la gente que quiera participar en política, porque si defienden a la clase trabajadora y se enfrentan a las multinacionales las cloacas del Estado actuarán», ha asegurado el diputado de Podemos, que cree que a nivel procesal es «irregular» desde el primer momento.	Díaz, que según Podemos ha sido imputada junto con Mayoral, Gómez-Reino y con la exdiputada Ángela Rodríguez, ha negado que agrediera a ningún agente de la autoridad durante aquella manifestación a la que también asistió en solidaridad con los trabajadores el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y ha dicho que sin embargo varios de los manifestantes sí fueron «duramente golpeados».	
Unidas Podemos denuncia una «persecución política» tras la imputación de dos diputados que participaron en una protesta de Alcoa