El acceso a la información ha sido reconocido como un derecho humano básico por los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en su artículo 19; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), en el artículo 19; y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969), en el artículo 13. Así, para las Naciones Unidas, la protección del acceso universal a la información, cobra mayor relevancia en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente, con el ODS 16 “paz, justicia e instituciones sólidas”.	En Panamá, la legislación doméstica protege y garantiza el derecho de acceso a la información desde todos los niveles. Nuestra constitución, en el artículo 43 establece el derecho de toda persona de solicitar información de acceso público o interés colectivo; por su parte, el artículo 42 establece que toda persona tiene derecho a acceder a la información personal contenida en base de datos o registros, públicos o privados; y, finalmente, el artículo 41, le otorga al ciudadano las herramientas para accionar contra el gobierno, mediante el derecho a presentar peticiones y quejas, de interés social o particular, y de obtener pronta respuesta en el término de treinta días. Por su parte, la Ley 6 de Acceso a la Información del 2002 reglamenta y dicta los procedimientos para garantizar la transparencia en la gestión pública, estableciendo entre otros, la acción de Hábeas Data.	De lo anterior se desprende que, legalmente, a todas las personas se nos garantiza el derecho de acceder a la información pública y de poder pedir a las autoridades que nos den respuesta sobre los trámites, gastos, procedimientos y en fin, la gestión gubernamental. La pregunta es ¿está siendo este derecho garantizado?	La respuesta, lastimosamente, no nos queda clara. Como es sabido, la pandemia ha dejado al descubierto las falencias de la administración gubernamental, así como las fallas estructurales de nuestra sociedad. Las decisiones que se han tomado han carecido, en apariencia, de la transparencia necesaria, que le brindaría a los panameños y residentes la certeza y tranquilidad de que los fondos públicos se están manejando con prudencia y responsabilidad. Las autoridades han fallado en proveer a la ciudadanía un detalle de la gestión, incluso, cuando esta es solicitada mediante los mecanismos formales que la ley dispone para ello. Y más grave aún, los mecanismos de control, como la Corte Suprema de Justicia, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) y la Contraloría General de la República, han fallado en su labor de vigilancia.	Las irregularidades y secretismos en los procesos de contratación, así como en el uso de fondos durante la pandemia, como lo fue, entre otros: el caso del hospital modular, la planilla estatal, la compra de ventiladores e insumos, el manejo y uso de fondos que provienen de préstamos del exterior, han marcado un precedente nefasto en cuanto al acceso de información y fiscalización de la gestión pública.	Como ciudadanos, no podemos esperar pasivamente a que el gobierno decida informarnos sobre su actuar, ha quedado demostrado que carece de la suficiente voluntad para ello. Tenemos las herramientas y derecho de solicitar la información, cuestionar y fiscalizar la labor gubernamental. Y si, tal y como ha pasado hasta el momento, las autoridades podrán hacer caso omiso a las múltiples peticiones de información, pero mientras más ciudadanos las pidan, más difícil será para ellos ignorarlas.	

				¿Está siendo garantizado nuestro derecho de acceso a la información?			