. La propuesta de Vox de reclamar que los centros soliciten a las familias un «consentimiento expreso para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales» -y la intención del gobierno de Murcia de aplicarla- responden a una polémica «que no es real» ni se ve en las aulas, según los profesionales que, día a día, están en ellas.	Precisamente, el sindicato Stepv -mayoritario en la enseñanza valenciana-, ha llamado a una «movilización social a favor de la escuela pública». Para esto, solicitaron en un comunicado «la coordinación de la comunidad educativa -profesorado, personal de administración y servicios, alumnado y padres y madres- las plataformas y las mareas por la escuela pública, el movimiento sindical, los partidos políticos y todas las personas comprometidas», en defensa de una escuela que «eduque en valores, forme ciudadanos y ciudadanas críticos» y sea «inclusiva, equitativa, compensadora, coeducativa, democrática y respetuosa con las lenguas y culturas territoriales».	En noviembre, la Conselleria de Educación se mostró contraria a «propuestas que buscan la polémica para ganar notoriedad pública a costa de los derechos del alumnado». De hecho, el conseller Vicent Marzà ya ha reiterado en varias intervenciones que defenderán al profesorado y no permitirán que «el odio entre en las aulas».	cuenta con «un mecanismo para proteger la tarea pedagógica del profesorado». Se trata de un nuevo protocolo que marca que, si un centro recibe una petición, esta será elevada a las direcciones territoriales de Educación, departamento que contestará a las familias a través de un documento. En él, se detalla que el «pin parental» vulnera los derechos de los menores que -a pesar de la patria potestad- son sujetos de derechos reconocidos por tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención de Derechos del Niño, ratificados por España.	Asimismo, el escrito de la Generalitat aclara que se trataría de un «derecho a una objeción de conciencia encubierta» que «no es aplicable en el ámbito de la educación». «El ordenamiento jurídico no permite someter a ninguna autorización previa de los padres o madres los contenidos curriculares o de la programación general», apunta el texto, al tiempo que recuerda la jurisprudencia existente al respecto y que la educación tiene como objetivo «el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales», todo ello «valores que asume la Constitución». En resumen, recuerda que es «deber del estado garantizar una educación en el respeto a los principios democráticos de convivencia».	Cabe recordar que el pin parental» propuesto por la extrema derecha de Vox y entidades afines, como Hazte Oír, ha sido visto con buenos ojos por Ciudadanos y el PP, pero rechazado por Escuelas Católicas. La federación considera que «no es en sí mismo ilegal», pero cree «innecesaria su exigencia con carácter general si los padres conocen y aceptan» los proyectos educativos de los centros, ya que, avisan, «podría introducir una enorme complejidad a los centros» que realizan «gran amplitud» de actividades.	
El veto parental no es "un problema real"