Muchas veces se producen choques entre las nuevas tecnologías y el viejo derecho. Por ejemplo: el marketing y los novedosos buscadores de hábitos de consumo invaden la intimidad. Los drones se entrometen en la vida privada de los ciudadanos y las redes sociales encuentran su límite en las reglas de la libertad de expresión.	Existen infinidad de conversaciones, eso ha logrado internet, y ese modo de comunicación no puede ni debe ser controlado. Así lo entendió la Corte de los Estados Unidos de Norteamérica, en el fallo Reno Vs. ACLU: "El gobierno no puede a través de ningún medio interrumpir esa conversación mundial sin barreras".	La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en múltiples instrumentos internacionales, entre ellos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos incorporados a nuestra Constitución Nacional a través del artículo 75, inciso 22. Nuestra propia Carta Magna también protege ese derecho en sus artículos 14 y 32.	Toda persona tiene, conforme a esos instrumentos, derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. Por lo tanto, las leyes que penalicen la expresión atentan contra ese derecho; y nadie podrá ser menoscabado de manifestar su propio pensamiento. Aquí quiero subrayar la expresión "propio pensamiento". Porque las redes sociales han traído dificultades en cuanto el ejercicio de ese derecho.	En ese sentido, según el artículo 13.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la libertad de expresión debe asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y a la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública.	Pero las nuevas herramientas de internet han complicado estas circunstancias. Porque las redes han posibilitado el anonimato, pero es un anonimato que a la vez no queda solo en el no conocimiento de quien se expresa; es un anónimo pero cuya rápida difusión puede lograr paradójicamente que su mensaje se propague y sea conocido por muchísimas personas y en muy poco tiempo.	Pero la situación puede agravarse aún más si, además de esconder la identidad del emisor del mensaje, se escuda en una identidad ficticia a través de la cual simula ser una personalidad pública o de mucha llegada al público general. Bajo el anonimato las personas se animan a decir cosas que, desvelada su identidad, no lo harían.	Este año, el senador Miguel Ángel Pichetto fue protagonista de una situación parecida. Alguien utilizó una cuenta de Twitter que podía confundirse con la del hoy candidato a vicepresidente (@SenadorPichetto), y bajo ese nombre expresó opiniones relacionadas con el aborto, causándole, a criterio del senador, un perjuicio. Es decir que en la actualidad no se trata de un tema que deba ser dejado en el ámbito de la libertad de expresión, sino que va más allá de ello, cruza un límite. Se generan perjuicios y es ahí cuando debe ingresar el derecho.	en su artículo 492 establece que se impondrá prisión de seis meses a dos años o seis a veinticuatro días-multa, al que a través de internet, redes sociales, cualquier sistema informático o medio de comunicación, adoptare, creare, se apropiare o utilizare la identidad de una persona física o jurídica que no le pertenezca, con la intención de cometer delito o causar un perjuicio a la persona cuya identidad se suplanta o terceros.	El artículo llena el vacío legal. Sin embargo, se genera una nueva dificultad y es que su figura requiere la intención de cometer delito o causar un perjuicio. Qué ocurre entonces cuando quien usurpa la identidad virtual lo hace solo con la intención de llegar a más personas sin querer causar perjuicio, pero el sustituido sí cree haber sido agraviado o perjudicado. Bien, en esos casos, será la jurisprudencia la que irá marcando el camino, y los límites a este tipo de expresiones.	
El derecho a la libertad de expresión en la era de las redes sociales