En criterio de Restrepo, otro factor que ha influido es el incremento de las disputas entre grupos del crimen organizado, como las que se registran en el Bajo Cauca antioqueño, donde los integrantes del ‘clan del Golfo’ y ‘los Caparros’ sostienen una lucha territorial por el control de las extorsiones y el narcotráfico, que deja a la población civil y a la Fuerza Pública expuesta a retaliaciones.	Si al finalizar este año crece el número de muertos y heridos de la Fuerza Pública, se rompería la tendencia de disminución que hubo entre el 2010 y el 2018. En esos años, la cifra de asesinatos de integrantes de la Policía, Ejército, Armada y Fuerza Aérea disminuyó en promedio en un 53 por ciento. El pico más alto de muertes se reportó en 2013, cuando fueron asesinados 309 uniformados y 497 quedaron heridos (ver gráfico)	En los tres últimos años, según el estudio, la violencia contra los uniformados se ha concentrado en seis regiones del país: Arauca, Catatumbo (Norte de Santander), Bajo Cauca antioqueño (Córdoba y Antioquia), norte del Cauca y Nariño. En estas zonas se encuentran enquistados los grupos armados organizados que se financian de la minería ilegal, las extorsiones y el narcotráfico.	Finalmente, de cara a las elecciones regionales del mes de octubre, el director del Cerac señaló que los ataques contra la Fuerza Pública disminuirán por el énfasis que se está haciendo por ahora en la seguridad electoral. “Pero muy seguramente se incrementarán cuando pase la contienda y los uniformados vuelvan a sus actividades cotidianas en zonas coyunturales en temas de orden público”, manifestó Restrepo.	
Homicidio de militares y policías creció un 23 por ciento