En el marco de un proceso de aproximación a China, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner concedió a ese país el uso por 50 años de un terreno de 200 hectáreas en Bajada del Agrio, provincia de Neuquén, para la instalación de una base de comunicaciones. Le otorgó un estatus de extraterritorialidad, tal como a una sede diplomática. El acuerdo, expresado en los documentos suscriptos y aceptados oportunamente por nuestro Congreso, dice que las instalaciones serían utilizadas con fines civiles, no militares, en actividades de exploración lunar y de otros cuerpos celestes. La función técnica de la estación es de comunicación, seguimiento satelital e investigaciones astronómicas. La operación está a cargo de la estatal china Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC), que depende administrativamente del Ministerio de Defensa chino. Tiene también relación funcional con la Comisión para la Ciencia, la Tecnología y la Industria para la Defensa Nacional de China. A pesar de la declaración del gobierno de ese país sobre el uso civil de la estación, resulta difícil establecer ese tipo de categorización solo por sus características técnicas. China es un país en el que las instituciones y el poder militar están fuertemente ligados. De hecho, el diseño de la base fue elaborado principalmente por el Ejército.	de 11.000 millones de dólares de China que le dieron el aire necesario al gobierno kirchnerista para llegar al final de su mandato. Había extrema premura por este motivo y no por la conveniencia de las obras del programa. De hecho, ni las centrales hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz ni las nucleares eran inversiones prioritarias.	Estados Unidos manifestó su preocupación desde la divulgación de esta iniciativa. Frank Rose, entonces subsecretario para el Control de Armas de Barack Obama, manifestó que "China ha desarrollado tecnología sofisticada para interferir, alterar y destruir satélites". Relacionó esto con la base patagónica y su equipamiento. Otro funcionario norteamericano afirmó: "Una antena gigante es como una enorme aspiradora. Succiona señales, información, todo tipo de cosas".	Recientemente, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, almirante Craig Faller, consideró que Pekín podría estar violando los términos de su acuerdo con la Argentina y podría tener la capacidad para monitorear y potencialmente apuntar a objetivos de los Estados Unidos y de sus socios en actividades espaciales. China ha desconocido esas afirmaciones y ha declarado que la estación patagónica fue utilizada en apoyo de su alunizaje en el lado oscuro del satélite en enero pasado.	La cuestión de la estación se ha convertido en un tema de agenda en las conversaciones entre los gobiernos de Mauricio Macri y Donald Trump. Luego del cambio de gobierno, la canciller Susana Malcorra revisó los términos del acuerdo chino-argentino, con la conclusión que era de esperar. El texto está expresamente orientado al uso civil. Debió haberse establecido un mecanismo verdaderamente eficaz de verificación de cumplimiento, a fin de que el gobierno argentino pueda garantizarse a sí mismo y a terceros que la base no se está empleando con fines militares. El permiso de uso de estas instalaciones en tiempos limitados por parte de científicos argentinos no cubre ese requerimiento. El protocolo de uso no corresponde al que demandaría una exigente verificación.	La construcción de la base es un hecho irreversible, fruto de un acuerdo internacional que debe ser respetado más allá del juicio que merezcan las autoridades que lo firmaron. Sin alterar su letra, sino ratificando el uso civil, debe incorporarse un procedimiento serio y riguroso que garantice que no hay uso militar, directo ni indirecto. No es una cuestión de alineamientos internacionales preferenciales, aunque los haya, sino de evitar asociarse en temas militares que no nos corresponden ni deseamos.	
Asegurar el uso civil de la base china en la Patagonia