de Fisioterapeutas consideraron que era necesario adoptar medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Sin embargo, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 no dictaba indicaciones específicas para el colectivo de profesionales fisioterapeutas en esta crisis.	A esta circunstancia había que añadirle el hecho de la consideración como centros médicos de todas aquellas clínicas privadas que desarrollaban su labor, una cuestión que todavía está en vías de solución. De no ser así, estas clínicas, además de verse obligadas a cesar su actividad y por tanto ver totalmente bloqueados sus ingresos, no tendrían acceso o posibilidad de reclamar	Con el riesgo de contagio más que evidente y el limbo legal en el que se encontraban las clínicas, hubo que recurrir a la integridad moral para cesar los servicios. "La salud está por encima de todo. Hablamos de un trabajo en el que el contacto físico con el paciente es lo habitual. No fue una decisión fácil de tomar, pero nos adaptamos a ella desde el primer minuto", apunta Salvador Abalo	ordenó el cierre inmediato sin exclusión de todos los centros en los que se imparta fisioterapia. Esta suspensión de apertura al público trajo consigo una primera buena noticia para el sector después de casi una semana envueltos en una disyuntiva que solo aclaraba la responsabilidad moral y social de cada uno de los centros. "La medida adoptada por la Xunta puede ser un primer paso para que el gobierno nacional nos sitúe como centros médicos y podamos adoptar las mismas medidas", señala Salvador Abalo Vilas.	Laura Ozores, fisioterapeuta en el Centro Médico Jacinto López de Vilagarcía, también expresó su malestar por el desamparo de la fisioterapia privada. "Nos dejaban la pelota en nuestro tejado. En nuestro caso también decidimos cerrar porque no podemos adaptar nuestro trabajo de ninguna de las maneras a los protocolos dictados en materia de contagios. Es materialmente imposible seguir un tratamiento sin contacto con el paciente".	Desde el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, al que también se han sumado otros como los de podólogos, ópticos, logopedas y terapeutas ocupacionales, se insta al gobierno central a "que emita una directriz a las autoridades laborales de las comunidades autónomas, que son la autoridad competente para evaluar los ERTES que están presentando los profesionales adscritos a estos seis consejos colegiales sanitarios, y que admitan como causa de los ERTES la fuerza mayor tal como regula el artículo 22 del Real Decreto de 17 de marzo, por ser centro de atención directa al público y tener la falta de suministros de medidas de protección que impiden gravemente continuar con el desarrollo de la actividad consecuencia directa del COVID-19. De esta forma, al mismo tiempo, se garantizará el mantenimiento de todos los puestos de trabajo de todos nuestros colegiados".	
Se crea una bolsa de voluntariado para reforzar la sanidad