El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un memorándum dirigido a las secretarías de Gobernación, Educación Pública y Hacienda para detener y dejar sin efecto las medidas que contempla la reforma educativa, aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, mientras en el Congreso se resuelve la nueva reforma a la Constitución en la materia.	Raúl Mejía Garza, exsecretario de Estudio y Cuenta de la SCJN e investigador asociado del CIDE, explicó que, al no ser un instrumento de gobierno del Ejecutivo, técnicamente es fácil impugnarlo; políticamente es difícil, porque se requiere que los afectados directos de dicha orden inicien una controversia constitucional: los estados, el Poder Legislativo, con 50% de diputados o senadores, y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).	Francisco Burgoa, catedrático de Derecho Constitucional en la UNAM, explicó que una ley no se puede derogar por la vía administrativa y que para que fuera válida la instrucción del Presidente se tendría que formular una reforma constitucional al artículo tercero. Mientras tanto, y por lo legal, lo que sigue vigente es la reforma de 2013.	
Engaña AMLO con veto falso