Antes de que el gremio liderado por Pedro Mansilla pudiera protestar frente a las oficinas de la obra social, su interventor, Federico Esteso convocó al SOEM a una reunión para aclarar que, si el municipio no hace los aportes, no habrá nuevos afiliados. El reclamo es por más de 50 monotributistas que sufren los descuentos, pero que el intendente Pablo Grasso no transfiere a la CSS.	dio a conocer las declaraciones de Pedro Mansilla, titular del Sindicato de Empleados Municipales de Río Gallegos, quien adelantó que en la jornada de hoy estaba previsto que concurrieran a la Caja de Servicios Sociales para protestar, porque la obra social no le daba el alta a un grupo de trabajadores de la comuna.	“Tenemos registrados 56 monotributistas que la obra social no quiere darles el alta a pesar que tienen descuentos en el recibo de sueldo. Se lo hemos reclamado a la Intervención, pero dicen que la Intendencia no hace los aportes… este derecho no vamos a negociarlo”, fueron las palabras de Mansilla que prendieron las alertas en el Gobierno.	Sucede que, al promediar noviembre del año pasado, cinco meses después de que el Gobierno girase el proyecto a Diputados, los legisladores y legisladoras aprobaron la ley que va a ponerle fin a la Intervención. Esto quiere decir dos cosas, por un lado, que la obra social se financiará solamente con los aportes de activos y pasivos y, por otro lado, que los intendentes están obligados (siempre lo estuvieron) a transferir los descuentos para la cobertura sanitaria.	La idea del interventor de la Caja es hablar de esto con Mansilla en la reunión de hoy a las 12 del mediodía, “con el fin de avanzar en la solución de los casos que requieren atención sanitaria y que no se encuentran amparados dentro de la afiliación de la obra social”.	Esto es así porque la Resolución 11968/19 del 16 de diciembre del año pasado fue la que dio el puntapié inicial al proceso de ordenamiento de la obra social, frenando los ingresos de nuevos afiliados que no cuenten con el depósito de los aportes que deben realizar los ejecutivos. Aunque claro, los intendentes y comisionados de Fomento no están obligados a adherir a esa obra social.	De los 122.510 afiliados a la CSS, 7.475 son del municipio de Río Gallegos, a los que hay que sumarles los 140 del Sistema de Estacionamiento Medido. Si sumamos la totalidad de afiliados que tienen todos los municipios, hablamos de 29.029 personas, de las cuales el 26.23% es de esta capital.	La nueva Ley de Coparticipación es una discusión todavía pendiente porque quedó entrampada en el año electoral que pasó, y porque eso obligó a que los nuevos intendentes tuviesen que ponerse a tono con la negociación más álgida: el índice secundario. Esto es bajo qué parámetros se define lo que le corresponde a cada localidad.	
CAJA DE SERVICIOS SOCIALES Si el municipio no hace los aportes, no habrá nuevos afiliados a la obra social