La Contraloría suspendió e inhabilitó en el 2018 a más de 1.700 funcionarios públicos a nivel nacional. Los servidores se encuentran suspendidos de 30 a 360 días o inhabilitados temporalmente para trabajar con el Estado de uno a cinco años. Muchos de ellos actuaron parcialmente en contratos y licitaciones afectando al Estado. La mayor parte de estos se ubican en Lima.	

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