La policía informó la víspera que han instruido 856 investigaciones internas y que dio de baja a ocho agentes antimotines “por incumplimiento grave de los protocolos”. Agregó que la mayoría de los casos siguen su curso y que otros están listos para que se propongan sanciones o se absuelva a los involucrados.	La investigación destacó que el alto número de personas con lesiones oculares o faciales, unas 350, demuestra que hay razones fundadas para creer que “se usaron armas menos letales de manera inadecuada e indiscriminada, en contravención de los principios internacionales para minimizar el riesgo de heridas.”. Explicó que aunque la mayoría de las heridas son por perdigones, otras son por el “uso de irritantes químicos, en particular gases lacrimógenos y, en algunos casos del impacto de los cartuchos de gas lacrimógeno”.	El uso de estas escopetas fue suspendido temporalmente casi un mes después cuando el máximo jefe policial, general Mario Rozas, admitió diferencias entre un informe del fabricante de los perdigones y balines y uno de expertos de la Universidad de Chile: la policía afirmaba que los proyectiles eran de goma y los especialistas que los perdigones contienen un 20% de caucho y un 80% de sílice, sulfato de bario y plomo.	
Lapidario informe de la ONU sobre DDHH en Chile