Aunque el Banco de España lleva tiempo reclamando medidas para apuntalar el sistema público de pensiones, ayer lanzó un claro mensaje sobre la necesidad de emprender “reformas de calado”, que atiendan a la “sostenibilidad financiera y la sostenibilidad social”. “Hay un problema de naturaleza persistente y estructural entre ingresos y gastos”, avisó Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del organismo supervisor.	Con la última reforma suspendida, el nuevo pacto de Toledo aún por constituir, el avance de la longevidad y la entrada en el sistema de trabajadores con carreras de cotización más largas y mejor dotadas, Arce aseguró que el Banco de España no tiene predilección sobre las medidas concretas a aplicar, pero volvió a apuntar a la edad de jubilación, en el arranque de una jornada sobre pensiones organizada por	La edad ordinaria de jubilación está en los 65 años y ocho meses e irá aumentando hasta alcanzar los 67 en el 2027. Sin embargo, como recordaron los expertos ayer, afecta a los afiliados que han cotizado menos de 37 años, el resto seguirá teniendo como referencia los 65. En todo caso, la edad efectiva de jubilación no llega en la actualidad a los 63 años.	El director general de Economía y Estadística defendió además que, para reformar un sistema que arrastra un déficit del 1,5% del PIB, se ha de establecer como punto de partida cuál ha de ser la generosidad de las prestaciones –“¿Queremos vincular las pensiones al IPC?”–. Y tomando como base ese acuerdo político, fijar una fórmula de financiación “duradera y automática” para evitar “abrir un debate cada cinco años”, así como avanzar en predictibilidad y transparencia. Sobre el momento para emprender los cambios normativos necesarios, recordó que las últimas dos grandes reformas se sacaron adelante “en circunstancias francamente más difíciles que estas”.	Arce también se detuvo en las medidas complementarias al sistema público e insistió en pedir a las entidades financieras productos como la hipoteca inversa, que permitan a las personas mayores convertir propiedades inmobiliarias en ingresos adicionales con los que poder atender sus necesidades. Ante una población con un alto índice de ahorro a través de la compra de vivienda, “se dan una buenas circunstancias para que el sector financiero desarrolle productos responsables y competitivos, que transformen parte del patrimonio inmobiliario en activos más líquidos”, señaló. Eso sí, recalcando que las entidades deben ser especialmente cuidadosas con su comercialización por el perfil de los clientes.	Por su parte, Román Escolano, profesor en Cunef y exministro de Economía con Mariano Rajoy, puso el acento en las consecuencias macroeconómicas de los desequilibrios financieros en el sistema de pensiones que amenazan a los países más avanzados. Especialmente, destacó su influencia en el descenso de la inversión pública. “Nos estamos comiendo nuestra capacidad de crecimiento a futuro para pagar el presente”. En cuanto a los cambios a realizar, Escolano apostó por aumentar las carreras de cotización y elevar la edad real de jubilación para aliviar la presión que van a sufrir las cuentas de la Seguridad Social dentro de dos o tres décadas. También dio por descontado que “cualquier reforma” implicará, para los nuevos jubilados, una bajada de las prestaciones respecto al último sueldo, por lo que apostó por el fomento del ahorro. Al igual que el exministro, la presidenta de Unespa, Pilar González Frutos, defendió el impulso de los sistema pseudoobligatorios de planes privados de pensiones, con aportaciones del trabajador y de la empresa, como el implantado en el Reino Unido.	Inmaculada Domínguez, profesora titular de Economía Financiera de la Universidad de Extremadura, advirtió que las modificaciones normativas para reforzar las pensiones públicas comportarán un acuerdo en el que tendrán que “ceder” trabajadores y jubilados. Y para llevar a cabo los cambios que se avecinan, junto a la profesora de Sociología de la UNED e investigadora de Funcas Elisa Chuliá, reclamó ofrecer información a la ciudadanía “con una visión ni paternalista ni alarmista”. Además, Domínguez criticó la falta de coherencia en la aplicación de algunas medidas de ajuste. En concreto, hizo referencia al polémico índice de revalorización de las pensiones (IRP), abolido de facto desde el 2018. “Se aplicó un par de años el 0,25% y después dicen que no vale”, se quejó.	Finalmente, Valeriano Gómez, ministro de Trabajo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuando se aprobó la reforma del 2011, aseguró ayer que el incremento del esfuerzo para pagar las pensiones en los próximos años es “razonable” –hizo referencia a las previsiones que esperan que el gasto pase del 11% al 15% del PIB en el 2050 –. Gómez criticó que el Estado se endeude para hacer frente a los compromisos con los pensionistas y se desmarcó de quienes piden aumentar el tipo de las cuotas sociales. Como la Airef, defiende trasvasar parte de las cotizaciones de la cobertura del desempleo a las pensiones, así como devolver a los presupuestos generales del Estado gastos como las políticas de estímulo del empleo o el pago de los subsidios de los parados, que desde hace unos años asume la Seguridad Social. “Todo esto empieza a ser una discusión urgente”, concluyó.	
El Banco de España apremia a hacer “reformas de calado” en pensiones