“Se llevará adelante, de manera libre y soberana, la vigesimoquinta elección en 20 años de Revolución Bolivariana. Al respecto, el Estado venezolano no admitirá injerencias o pretendidos tutelajes externos de ninguna naturaleza”, afirmaba el Ministerio de Exteriores venezolano en un comunicado difundido el pasado jueves, donde cuestionaba la actitud de la UE por pedir el aplazamiento de los comicios. La nota diplomática calificaba de “lamentable” que el servicio exterior europeo expusiera el día anterior un “pliego de condicionamientos” para que Bruselas participara como observadora en las legislativas y acababa pidiendo a la UE que “se limite a cumplir un positivo y respetuoso rol de facilitación”.	La partida aún no ha finalizado y, de momento, la única posición tajante es la del Gobierno bolivariano. Sin embargo, de mantenerse la fecha electoral, es probable que la UE no envíe una misión de observación, como le había solicitado Caracas después de pactar la presencia de veedores con Capriles, lo que llevó al excandidato presidencial opositor a romper el boicot de la oposición y avalar los comicios. La decisión comunitaria podría conllevar el no reconocimiento de los resultados por parte de la UE.	El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, comparecerá el 7 de octubre ante el Parlamento Europeo para dar explicaciones sobre la visita de una delegación a Venezuela, desarrollada la última semana de septiembre y encabezada por el secretario general adjunto del Servicio Europeo de Acción Exterior, Enrique Mora, que concluyó con la petición a Maduro de aplazar seis meses las elecciones para facilitar negociaciones entre Gobierno y oposición, y para garantizar el despliegue efectivo de los observadores de la UE. Ante la Eurocámara, Borrell podría definir la posición definitiva del bloque comunitario ante unas elecciones que, pese al boicot opositor –o precisamente por eso- pueden marcar la perpetuación del régimen bolivariano por una tercera década.	Aunque la posición de Capriles tampoco es tajante, el exgobernador de Miranda, condicionó esta semana su concurrencia a los comicios a la presencia de observadores europeos y al aplazamiento solicitado. “Si no posponen, no hay manera, no le sirve la elección al país”, declaró Capriles. “Si posponen y se logra la posibilidad de una observación internacional, es otro escenario”, agregó.	A principios de septiembre, tras una negociación indirecta con el Gobierno que concluyó en los 110 indultos de Maduro a procesados y presos políticos, Capriles había roto con la decisión anunciada un mes antes por el autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, de boicotear los comicios. La perpetua división del antichavismo se hizo latente para alegría de Maduro, que gracias a Capriles y a los observadores europeos podía mostrarse al mundo con formas democráticas. Ahora el chavismo podría perder esa coartada.	Paralelamente, Guaidó, apoyado por 37 organizaciones políticas, ratificó que la oposición no participará en la contienda y esta semana concretó la presentación de un brindis al sol: una consulta popular –aún sin fecha definida– donde se preguntará a los venezolanos si están de acuerdo con la celebración de lo.s comicios el 6 de diciembre.	Toda esta polémica sobre las legislativas se dio en una semana en que crecieron las protestas en múltiples puntos del país por la escasez de gasolina y gas domiciliario y por los constantes fallos en el suministro eléctrico y de agua. Quejas que no son nuevas y que llevan años produciéndose en medio del desabastecimiento general y la crisis económica que vive Venezuela, ahora amplificada por la pandemia.	
Maduro no piensa detener las elecciones