Reinalice Carrero Guerra, una joven de 23 años con síndrome de Down, es una de las miles de estudiantes de Educación Especial que nunca recibió una evaluación vocacional y de carrera del Departamento de Educación, a pesar de que la ley exige desde hace 13 años que se le haga esta prueba.	Tampoco recibió ayuda de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV), adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) que se supone que encamine a los ciudadanos con diversidad funcional en la fuerza laboral. Su madre, Alice Guerra, relató que solicitó sin éxito los servicios luego de que su hija se graduó de escuela superior a los 18 años.	Luis Alonso Quesada, quien tiene sordoceguera parcial y nació con problemas cardíacos y de movilidad, tomó la evaluación vocacional de Educación a los 16 años. Sin embargo, su madre, Mónica Quesada, opinó que no tuvo ningún resultado, y la agencia los obligó a ir a las citas de Rehabilitación Vocacional. En una ocasión, les tocó esperar horas para ser atendidos, y el especialista los despachó en cinco minutos. “Me atendieron en ‘un dos, tres, pescao’”.	Esta prueba busca identificar y proyectar el funcionamiento de una persona con diversidad funcional en las áreas de vocación y empleo. Algunos estudiantes son del sistema público, referidos, o solicitan los servicios de Rehabilitación Vocacional para recibir evaluaciones, terapias o asistencia adicional que les ayude a entrar en la fuerza laboral.	La evaluación, según dispone la ley, es “un derecho para los estudiantes con impedimentos en proceso de transición que reciben servicios de Educación Especial bajo la Secretaría Auxiliar de Educación Especial, adscrita al Departamento de Educación de Puerto Rico, garantizándoles su desarrollo pleno e integrándolos al mundo del trabajo en sus respectivas comunidades”.	
DE sin recursos para evaluaciones vocacionales a niños Educación Especial