El proyecto de Presupuestos que mañana comenzará su trámite en el Congreso encierra un mensaje que Pedro Sánchez dirige al independentismo gobernante en Cataluña. Si sus Cuentas salen adelante, aquella comunidad recibirá el 18% de la inversión territorializada del Estado –cuando para 2018 se situó en el 13,3% del total– más otras partidas adicionales, y la legislatura se prolongará hasta 2020. Por el contrario, si los grupos parlamentarios que forman parte del gobierno de la Generalitat no secundan los Presupuestos, Cataluña se quedará sin 2.500 millones que añadirían al ejercicio, dando paso a la eventualidad de un adelanto electoral claramente inconveniente para el secesionismo. El presidente quiso iniciar su campaña en pro de los Presupuestos en un mitin en Barcelona de apoyo al candidato socialista a la Alcaldía, Jaume Collboni. Una presencia que perseguía dos objetivos: dirigirse a la opinión pública catalana para que el debate interno que mantiene el independentismo se incline hacia el sí al proyecto presupuestario, y activar las bases del PSC, que le serán indispensables para seguir en la Moncloa tras las próximas generales. Es evidente que ni ERC ni el PDeCAT están hoy en condiciones de asegurarle la aprobación presupuestaria a Sánchez; pero tampoco están en situación de negársela. Ambas formaciones necesitan transitar del rechazo anunciado precipitadamente a una rebaja paulatina de sus expectativas de negociación con Madrid; atravesando además la delicada tesitura a que se enfrenta el independentismo con el juicio por el 1-O. La perspectiva de dejar caer los Presupuestos y, quizá, al propio Sánchez sin nada a cambio para una 'república propia' genera gran inquietud en las estructuras de la Generalitat, e incomoda a amplios sectores sociales del secesionismo que demandan resultados inmediatos. La esperanza de los más radicales en que las sesiones en el Supremo volverían a calentar el ánimo rupturista en Cataluña parece desvanecerse. Pero Sánchez no puede dispensar –a cambio de la aprobación de los Presupuestos– un trato de favor a la Generalitat, más allá del cumplimiento de la adicional tercera del Estatut; cuando además ha abandonado el FLA para no verse supervisada por la Hacienda central. Y mucho menos alentar especulaciones sobre hipotéticas intromisiones en el proceso judicial en curso, o sobre disposiciones favorables a la celebración futura de un referéndum de autodeterminación.	
En busca del independentismo