contó en su denuncia que habían intentado que se prostituyera horas antes en un bar del barrio de Son Gotleu, donde varios varones mayores de edad le ofrecieron dinero a cambio de mantener relaciones sexuales. La niña acudió a presentar la denuncia en la Policía Nacional de Palma acompañada por una trabajadora del centro de acogida en el que reside desde hace años. El Consell mallorquín tiene 16 menores (15 niñas y un niño) bajo su amparo que han sido víctimas de explotación sexual infantil. Algunos llegaron a tutela por ser víctimas de este delito y otros han sufrido los episodios de explotación mientras estaba a cargo de la administración. El Consell no especifica cuántos han sido víctimas estando ya bajo tutela.	Fuentes jurídicas confirman que la menor detalló en su denuncia que antes de acudir al inmueble en el que presuntamente se produjo la agresión sexual, había estado en un bar del barrio de Son Gotleu en el que varios hombres le habían invitado a bebidas alcohólicas y le habían ofrecido dinero a cambio de sexo.	. La Policía Nacional y la Fiscalía de Menores continúan indagando lo sucedido la pasada Nochebuena en el piso del barrio de Camp Redó en el que ocurrieron los hechos. Actualmente hay seis menores investigados por un presunto delito de agresión sexual, y una chica menor y un joven de 19 años como cooperadores necesarios del delito. Desde el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) están barajando la posibilidad de trasladar a la niña a un centro tutelado de la península, una decisión que se adopta como medida extrema en los casos en los que es necesario sacar a la víctima de un entorno hostil para protegerla.	Precisamente, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), que tiene las competencias sobre menores tutelados, ha admitido este lunes más casos como el de esta última víctima. Su presidente Javier de Juan admite que hay episodios de menores que han sufrido situaciones de explotación sexual infantil mientras estaban bajo tutela de la administración. “Hay chicos que ya venían con esa problemática y hay otros en los que el abuso se ha producido en alguna de estas salidas. Son jóvenes muy vulnerables y hay explotadores sexuales que saben que pueden explotar esa vulnerabilidad” sostiene. Los centros de protección son de régimen abierto, los menores llevan una vida normalizada y en ocasiones no regresan a la hora pactada. “Lo que intentamos es trabajar desde el vínculo y la pedagogía. A veces se tiene éxito y otros no tanto” recalca de Juan.	El protocolo del IMAS establece que cuando cualquier profesional de un centro de protección tiene sospechas o indicios de que un menor pueda ser víctima de explotación sexual infantil debe recabar toda la información posible y elaborar un informe de incidencias. “Cuando identificamos estas situaciones se pasa a la unidad de valoración de abusos y, en el caso de que se dé credibilidad a esta circunstancia, se traslada a fiscalía, Policía Nacional o Guardia Civil” dice de Juan. Actualmente el IMAS tiene 16 menores bajo su amparo que han sido víctimas de explotación sexual infantil. Dos de ellos están en centros fuera de las Islas Baleares.	por el que se juzgó en la Audiencia Provincial de Palma a los miembros de una red de explotación sexual infantil que actuaba en la capital balear. Sus cabecillas fueron condenados a penas de 59 años de cárcel por captar a varias menores a las que engancharon a las drogas e indujeron después a la prostitución con adultos. Nora, una de las menores de 16 años, murió por una sobredosis en el portal de su casa. Había sido captada dos años antes por la cabecilla del grupo, una mujer que introdujo a las víctimas en una red de explotación sexual con otros miembros del grupo y con jóvenes y jubilados que querían mantener relaciones con adolescentes.	
La menor víctima de una violación grupal en Palma denunció que intentaron prostituirla