El sistema habilitado por el Ministerio de Justicia para que los registros civiles le trasladen la información sobre las licencias de enterramiento que se están dispensando durante la pandemia de coronavirus se ha colapsado y se buscan nuevas fórmulas para que remitan la información.Fuentes de este departamento han confirmado a Efe los problemas surgidos después de que la dirección general de Seguridad Jurídica y Fe Pública abriera una cuenta de correo para que todos los registros del país le remitieran los datos, claves para conocer la incidencia del COVID-19.Las estadísticas del Ministerio de Sanidad, han alertado administraciones como la madrileña, incluyen solo las defunciones de los casos positivos y dejan fuera los muertos en residencias y domicilios a los que no se les había realizado la prueba.	De hecho, Justicia pedía a los registros civiles que especificara junto a las cifras si la muerte había tenido lugar en hospital, residencia o vivienda habitual.La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia había denunciado ya esta mañana el "caos" que se había producido al enviar información a una misma dirección de correo 436 registros civiles y 7.667 juzgados de paz, muchos de éstos últimos sin personal.Justicia, apunta este sindicato, ha pedido que mientras se prepara un sistema alternativo de recepción los letrados recaben la información disponible desde el 14 de marzo antes de las 14.00 horas de hoy 8 de abril.La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado una reunión urgente con el departamento que dirige Juan Carlos Campo porque el personal de los registros está "desbordado". Según denuncia, no se están realizando autopsias y muchos certificados de defunción solo recogen "causas respiratorias".El dato solicitado, las licencias de enterramiento, resulta fundamental para conocer la tasa real de mortalidad, ya que, ante la acumulación de cadáveres en algunas zonas, por respeto a los fallecidos y a sus familiares se permitió de forma excepcional conceder esas licencias antes incluso de inscribir el deceso.Los últimos datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) en España, que reúne la información de mortalidad por todas las causas contabilizada a diario en más de 3.900 registros civiles informatizados del Ministerio de Justicia, refleja que entre el 17 de marzo y el 6 de abril, en plena pandemia del coronavirus, las defunciones han aumentado un 51 %.En ese periodo eran esperables 23.590 muertes y se registraron 35.673, se destaca en el informe que regularmente difunde el Centro Nacional de Epidemiología, que advierte de que las cifras son de carácter provisional precisamente por los retrasos entre la fecha de defunción y la de notificación.Hasta el momento han facilitado información sobre licencias de enterramiento Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia.Según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en esa comunidad se concedieron 3.319 licencias de enterramiento en marzo, un 96,3 % más que en el mismo mes de 2019.En 1.921 de las licencias (el 57,9 % del total) se trata de fallecimientos por coronavirus o supuestos donde existen sospechas de esa infección, cifra que contrasta con el número de muertos por la COVID-19 reconocidos por las autoridades sanitarias desde el inicio de la pandemia hasta fin de marzo en esa comunidad: 774.El Tribunal Superior de Justicia de Madrid informó ayer por su parte de que se habían dispensado en la segunda quincena de marzo, con el estado de alarma en vigor, 9.007 licencias de enterramiento, cifra que duplica ampliamente las 4.125 defunciones registradas en la región en todo marzo de 2019, según el INE.En Murcia, sin embargo, el número de licencias de enterramiento otorgadas durante el estado de alarma no supone un incremento significativo con respecto al mismo periodo del año anterior, al no llegar a treinta la diferencia.Fuentes consultadas por Efe explican que esa diferencia entra dentro de la fluctuación que se suele producir de un mes a otro y de la que se obtiene con la comparación de dos periodos iguales de un año y otro.	
Se colapsa el sistema de Justicia para comunicar enterramientos