La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado al que fuera alcalde de Castro Urdiales entre 2003 y 2007, Fernando Muguruza, a un año de prisión y ocho de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa y urbanística en el llamado 'caso La Loma', en el que se investigaban irregularidades urbanísticas en esa zona del municipio.	La sentencia condena también al exsecretario municipal, Cesár Saiz, a dos años de prisión, ocho de inhabilitación y multa de 7.500 euros como cooperador necesario del citado delito de prevaricación y como autor de un delito de falsedad en documento público, al incluir una cláusula nueva en un documento ya aprobado por el Ayuntamiento.	En una extensa sentencia de 240 folios, a la que ha tenido acceso Europa Press, y contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la Audiencia absuelve a otros diez acusados al considerar que no existen elementos suficientes para considerarles autores de los delitos por los que se les venía acusando.	La sala ha confirmado la tesis del ministerio fiscal en relación a los delitos de prevaricación administrativa y urbanística -atribuidos al que fuera alcalde y al secretario municipal, en el caso del primer delito-, y en relación al delito de falsedad -cometido por el secretario municipal y por el promotor inmobiliario-.	En cuanto a la acusación ejercida por la Junta Vecinal de Santullán, no ha prosperado la petición de condena por prevaricación administrativa para todos los miembros de la junta de gobierno que participaron en las votaciones de los instrumentos de planeamiento que desarrollaron el SUNP-12. El tribunal solo condena por ello al alcalde.	En este sentido, señala que todos los informes elaborados por los técnicos daban por hecho la construcción de este depósito que se integra en la Autovía del Agua y soluciona el problema de abastecimiento "que se había previsto durante la tramitación de los instrumentos de planeamiento". En cuanto a los SUNP cuatro y siete, ambos han sido recalificados y no se ha llegado a construir en ellos.	"El primero porque recibió a título personal comunicaciones específicas y expresas de las autoridades autonómica y estatal de Carreteras, y además mantuvo diversas reuniones con los técnicos del Departamento de Carreteras Autonómicas y Estatales, y el segundo porque conocía por su condición de secretario del Ayuntamiento el contenido de los informes vinculantes de Carreteras", añade.	Pese a todo, el alcalde "resolvió, propuso y votó a favor del Plan Parcial y de los instrumentos de planeamiento posteriores", y el secretario "nada dijo al respecto, a pesar de saber que los informes vinculantes no se habían respetado, que faltaban documentos y que no se había cumplido con lo señalado por los organismos de carreteras estatal y autonómico en sus informes".	En cuanto al secretario municipal, "tuvo pleno conocimiento de todas y cada una de las diligencias, oficios, comunicaciones y exigencias efectuadas por los órganos correspondientes" a lo largo de la tramitación de los distintos instrumentos de planeamiento, y es que "muchos testigos" dejaron claro que "era quien manejaba y supervisaba los expedientes de urbanismo".	En definitiva, "con su inactividad permitió que el alcalde siguiera adelante con un Plan Parcial que no respetaba los informes vinculantes de Carreteras, y lo que es peor, sabiendo que de los acuerdos de la Junta y del Pleno se desprendía que existían condicionantes obligatorios que deberían cumplirse, nada hizo por vigilar el cumplimiento de esas condiciones".	El otro de los delitos que la Audiencia aprecia es el de falsedad en documento público, por el que condena al secretario municipal y al promotor inmobiliario. Según explica, el funcionario estampó el sello del Ayuntamiento y rubricó una copia del Proyecto de Compensación del SUNP-12 que le presentó el promotor para que éste lo pudiera registrar, como así hizo.	"Es evidente que el documento inscrito en el Registro de la Propiedad no es el que salió del Ayuntamiento de Castro Urdiales", advierte. Tal hecho constituye un delito de falsedad pues "aunque él no incluyera personalmente la cláusula añadida, sabía que la misma existía, y selló y rubricó el documento para que pudiera acceder al Registro de la Propiedad con la fehaciencia necesaria para poder ser inscrito".	
Un año de cárcel y ocho de inhabilitación para el exalcalde de Castro, Fernando Muguruza