Enarbolando la bandera de combatir el Neoliberalismo rampante, el nuevo gobierno ha proclamado el advenimiento de una nueva etapa histórica en la vida de México. A diferencia de las tres etapas precedentes (Independencia, Reforma y Revolución), la cuarta transformación está llamada a ser pacífica.Electo con el respaldo del 53% de los votantes, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador despertó enormes expectativas entre amplios sectores de la sociedad a partir de dos compromisos básicos: Combatir la corrupción gubernamental e implantar un clima de probidad pública. Consecuente con esas premisas, la política económica puesta en marcha por el nuevo gobierno pretende corregir las profundas desigualdades imperantes en la Nación. Con este loable objetivo se ha anunciado una diversidad de medidas autodefinidas como anti-neoliberales que constituyen el eje de la política económica en marcha. El objetivo de este ensayo es evaluar la viabilidad y congruencia de la nueva política económica.	Definición.En principio, es fundamental reconocer la necesidad de conducir a la economía del país por una vía distinta a los patrones establecidos por la doctrina del neoliberalismo avasallador implantado a partir del gobierno de Miguel de la Madrid. Sin embargo, repudiar al neoliberalismo no debe ser un simple pronunciamiento desprovisto de contenido y de congruencia. El premio Nobel Stiglitz recientemente escribió:Llevamos 40 años de experimento neoliberal. Los resultados están a la vista: Según cualquier criterio, el experimento fracasó. Y según el criterio más importante (el bienestar de la ciudadanía de a pie), fracasó miserablemente. Tenemos que salvar al capitalismo de sí mismo y el mejor chance que tenemos de hacerlo es adoptar una agenda de reformas basadas en el capitalismo progresista.Nuestro país ofrece su testimonio desgarrador. En 48 años de desarrollo industrial (1934-1982), el tamaño de la economía mexicana se multiplicó por 17; en 1982, México llegó a ocupar el lugar 8 por la magnitud de su PIB a escala mundial y el PIB per cápita era casi el doble del promedio mundial. En los 36 años posteriores, la etapa en que México fue gobernado por los tecnócratas neoliberales, el PIB de México apenas se duplicó, descendimos al lugar 16 en la escala internacional y el PIB per cápita es inferior al promedio mundial. Es el resultado de la instauración del Estado Contemplativo, neoliberal, dedicado a cultivar el individualismo egoísta, opuesto al Contrato Social aprobado en Querétaro en 1917, pero un país no puede ser gobernado con simples pronunciamientos políticos; es preciso valorar las políticas públicas. Esto es lo que pretendemos realizar en este breve ensayo.	Metas concretas.En el Plan Nacional de Desarrollo presentado al Congreso de la Unión por el actual gobierno se establece la meta sexenal de un crecimiento económico nacional del 4% del PIB con la perspectiva de que en el bienio final de la gestión, la economía nacional alcance un dinamismo del orden de 6%. Como consecuencia de la expansión económica prevista, el poder adquisitivo de los salarios habrá crecido en por lo menos el 20%. El Plan prevé que “la economía deberá haber crecido, para entonces, más del doble que el crecimiento demográfico. De tal manera, en 2024, el país habrá alcanzado el objetivo de crear empleos suficientes para absorber la demanda de los jóvenes que se estén incorporando al mercado laboral. Los programas de creación de empleos y de becas para los jóvenes habrán surtido efecto y el desempleo será mínimo; la nación contará con una fuerza laboral mejor capacitada y con un mayor grado de especialización. Ningún joven que desee cursar estudios de licenciatura se quedará fuera de la educación superior por falta de plazas en las universidades y ninguno estará condenado al desempleo, al subempleo o a la informalidad…”.Sin duda, el Plan contempla metas ambiciosas cuya realización entraña un gran esfuerzo tanto en materia de formación de capital reproducible como de organización de los trabajos a cargo del Estado. Su lectura incita a juzgarlo como proclama política más que como norma de la gestión pública. Si bien es prematuro formular un pronóstico, los indicadores del Banco de México no abonan al optimismo: Las expectativas de los especialistas adelantan que el PIB crecerá en este año menos de 1% y lo estiman en 1.7% para el año entrante y en 1.85% para el año 2021. Coinciden en que la lenta expansión de la economía obedece, primordialmente, a factores internos, aunque prevén un entorno mundial de menor dinamismo.Para cumplir las metas, el Plan prevé, como pilares de actuación gubernamental, a la honradez no sólo en el manejo del erario público, sino en las conductas éticas de los funcionarios, a la probidad en el uso del patrimonio nacional y al apego a las normas legales en el ejercicio de las responsabilidades públicas. Con apoyo en estos principios se ha anunciado que durante el primer trienio del gobierno no se elevarán las tasas impositivas ni se acrecentará la deuda pública interna ni externa. Por lo tanto, las metas establecidas deberán alcanzarse mediante el reacomodo al Presupuesto y el manejo honesto de los recursos públicos.La prioridad en el gasto público se concentró en programas de corte predominantemente asistencialista: Pensiones para los adultos mayores; subvenciones a las personas con discapacidad; becas para estudiantes menores de 18 años; becas para jóvenes con edades entre los 18 y los 29 años de edad que no estudian ni trabajan; becas para estudiantes en escuelas de enseñanza superior; subvenciones a campesinos en proyectos agroforestales; programa para la reconstrucción de casas dañadas por el sismo de 2017; programa de mejoramiento urbano y vivienda en 14 municipios dedicados al turismo, y tandas para el bienestar con créditos familiares a la palabra.El presidente instruyó al Titular de Hacienda: “Los programas asistenciales están claramente definidos y son prioritarios. Busca los ahorros necesarios para cumplirlos mediante el combate a la corrupción y la eliminación de estructuras administrativas innecesarias. Para financiar los programas enunciados se optó por el ajuste al presupuesto del gobierno federal mediante la reducción del gasto corriente. De un lado se ha procedido a eliminar numerosas categorías administrativas concernientes a la llamada “burocracia de angora” (por ejemplo, las direcciones generales adjuntas, asesorías, etcétera), muchas de ellas creadas durante la gestión del presidente Calderón para dar cabida a cuadros partidistas. Y, de otro lado, se ha procedido a desaparecer ciertos organismos creados bajo la modalidad de “órganos autónomos” destinados a cumplir funciones “reguladoras” del mercado. En varios casos se trata de instancias administrativas creadas sin fines claramente justificables; en algunos casos eran instancias redundantes. En otros se incurrió en excesos, al extremo de desaparecer entidades que tenían una función social claramente identificable (guarderías, comedores públicos, etcétera) y recurrir al infecundo recurso de entregar directamente a los beneficiarios los recursos para que ellos decidan acudir a la institución de su preferencia a efecto de adquirir a esos servicios. Aquí es donde comenzamos a poner en tela de juicio la congruencia. En efecto, estas medidas están inspiradas en el concepto de los “vouchers” neoliberales recomendados por Friedman, medidas que, incluso, se negaron a poner en práctica los “Chicago Boys” en Chile, durante la dictadura de Pinochet.Tales medidas draconianas las aplicó, directamente, la Secretaria de Hacienda a efecto de “liberar recursos para aplicarlos a los programas asistencialistas”. También a esa Secretaría se le confirieron las facultades de realizar las principales compras del gobierno. Ni en los tiempos de Limantour o de Ortiz Mena, el titular de esa Secretaría había ejercido tanto control de la administración pública.	Problemas de fondo.El problema de fondo radica en la percepción gubernamental repetidamente proclamada por el propio presidente de la República: “Es inadmisible un gobierno rico en medio de un pueblo pobre”. Tal premisa dio lugar a suponer que los recursos presupuestales, manejados en el pasado de manera inmoral y frívola, eran suficientes para atender los programas sociales necesarios para la superación de la pobreza. Ese fue el argumento para rehuir toda intención de elevar la capacidad recaudatoria el Estado.Hasta ahora se han negado a admitir una premisa plenamente probada: No es posible instrumentar programas sociales eficaces y permanentes en ausencia del apoyo de finanzas públicas sólidas y robustas. Un gobierno con debilidades financieras está inhabilitado para instrumentar programas sólidos.Resulta incomprensible evadir una realidad: La bajísima capacidad recaudatoria del Estado mexicano. De acuerdo con las informaciones concernientes a los países miembros de la OECD, nuestro país se encuentra en los últimos lugares en cuanto a su capacidad tributaria. Una comparación análoga en América Latina pone de relieve que México está catalogado entre los más ineficientes en materia recaudatoria en el subcontinente. Sin embargo, se nueva cuenta, pese a los estériles resultados probados internacionalmente, el gobierno se apega al concepto neoliberal de preservar bajos impuestos como estímulo a la inversión del sector privado.El tema asume perfiles de tragedia cuando se revela la situación financiera de las entidades federativas. Con excepción de la Ciudad de México, el 95% de los ingresos de los gobiernos estatales corresponde a participaciones federales, y en más de la mitad, las participaciones federales son insuficientes para hacerles frente a sus compromisos financieros con la banca.La evidencia histórica revela que fue factible implantar el Estado del Bienestar sólo en aquellos países provistos de una capacidad tributaria superior al 30% del PIB. De otra suerte, la debilidad financiera del Estado les impide cumplir con los compromisos asistencialistas; ante su incapacidad de cumplir sus ofrecimientos acuden a la inconveniente práctica de utilizar la fabricación de medios de pago para cumplir –monetariamente— con sus compromisos. El déficit descontrolado conduce, inexorablemente, a la inflación galopante y a la crisis financiera, todo lo cual revierte los avances alcanzados en el terreno social. La historia reciente de América Latina es pródiga en estas experiencias.A la luz de dichas realidades resulta inexplicable el rechazo del actual gobierno a las reformas al régimen fiscal. Tal vez ante el imperio de las exigencias financieras, el gobierno habrá de decidirse, en un futuro próximo, a emprender una amplia reforma fiscal capaz de fortalecer financieramente el gobierno federal y evitar la crisis de insolvencia que están enfrentando los gobiernos estatales. Sin embargo, a medida que avance la gestión gubernamental, mayores serán las resistencias sociales a toda reforma tributaria.El segundo problema se refiere a la erradicación de la pobreza. Es preciso tener presente un axioma fundamental: El combate a la pobreza será un esfuerzo efímero si carece de un sustento productivo. Es un axioma ignorado, con frecuencia, en la política económica. En efecto, el antídoto más eficaz es, sin duda, el empleo. Son probadamente ineficaces los subsidios como instrumento anti-miseria: Si bien alivian, transitoriamente, las carencias, resultan efímeros porque no extirpan sus raíces.Adicionalmente, la actual administración debe comprender el carácter multidimensional de la pobreza. El fenómeno no puede quedar circunscrito al renglón concerniente al insuficiente ingreso de las familias, sino que comprende salud, educación, la calidad de la vivienda y la disponibilidad de los servicios públicos (agua potable, electricidad, etcétera), componentes, todos ellos, determinantes en la calidad de la vida de las familias. Estos elementos son reconocidos tanto por Naciones Unidas como por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo recientemente vilipendiado por el propio presidente.El tercer problema se relaciona con el dinamismo social. En la conciencia de la sociedad francesa se encuentra acuñado el concepto del ascenso social en los siguientes términos: “Abuelo campesino, padre profesor, nieto ingeniero”. En efecto, la educación desempeña un papel fundamental en este proceso, pero su validez está supeditada al dinamismo de la economía y a la calidad de la enseñanza, con el agravante de que el gobierno olvida que la enseñanza provista por los maestros de la CNTE es la de más baja calidad. Sin crecimiento acelerado de la economía, la capacitación y la preparación profesional devienen en frustración social debido a la insuficiente oferta de oportunidades de empleo y a la menor remuneración obtenida frente a la esperada. El ascenso social está indefectiblemente asociado a la multiplicación del empleo bien retribuido.Está probado que el crecimiento económico, por sí mismo, es insuficiente para corregir la desigualdad, pero también es evidente que no es posible combatir la pobreza sin un marco económico dinámico. En efecto, la consecuencia inmanente de la lenta expansión económica es la llamada “economía informal”, fuente de todas las distorsiones fiscales, ocupacionales, sociales y delincuenciales aparecidas en las décadas recientes. Si se aspira a corregirlas es impostergable dinamizar la economía nacional. Sin embargo, para lograrlo se precisa impulsar la inversión pública, el principal motor del crecimiento y elemento esencial para estimular la inversión privada. Atendiendo a la experiencia mexicana es indispensable que el sector público destine recursos del orden del 10-12% del PIB para alentar a los particulares a canalizar su ahorro a la formación del capital nacional, a efecto de alcanzar un coeficiente del orden del 30-35% del PIB, lo que permitiría alcanzar un crecimiento del PIB del orden del 6% por año. Sin embargo, este esquema de acumulación de capital está muy alejado de los propósitos gubernamentales y, por ello, la economía nacional muestra signos de evidente debilidad. En rigor, salvo las inversiones de exploración y explotación en el sector petrolero (tarea prioritaria para la economía nacional), los recursos destinados a la inversión pública son francamente raquíticos debido a la preferencia oficial por los programas asistencialistas.En cuarto lugar, es indispensable reconsiderar la tesis –aceptada implícitamente- de que la mejor política industrial es la que no existe. En efecto, en el Plan de Desarrollo presentado ante la Cámara de Diputados no se hace alusión alguna a este capítulo trascendental de la vida económica del país. ¿Cuáles son las actividades prioritarias en materia industrial? ¿Cuáles serán los estímulos fiscales, comerciales y financieros que van a recibir los inversionistas? Las estructuras encargadas del fomento industrial se han dejado seducir por el simplón esquema patrocinado por la corriente neoliberal de promover a las PYMES, es decir, seguir con el esquema del “changarrismo” acuñado por la administración del Fox. El neoliberalismo tiene aprisionadas las áreas de fomento: Están condenando al país al atraso permanente. Se está dando la espalda a la gigantesca, a la nueva revolución industrial de alcances inconmensurables que ya se está escenificando en los principales países desarrollados.Igual consideración amerita la ausencia de una política en materia de irrigación, omisión inexplicable si se atiende a una realidad dramática: Hace tres décadas no ha aumentado la superficie cosechada en el país. ¿Acaso estamos viviendo en los límites de la frontera agrícola? Esta omisión está condenando al país a la delicada condición de importador permanente de alimentos, condición que no podrá corregirse con simples subvenciones a los minifundistas. Es preciso reconocer que las transferencias presupuestales deben ser sustentadas en programas de fomento a la producción y en obras de infraestructura; de otra suerte, serán esfuerzos estériles como vehículos para erradicar las raíces de la pobreza rural.En quinto lugar, los esfuerzos conducentes a abatir la pobreza no pueden quedar reducidos a simples decisiones administrativas con tintes claramente electorales; es preciso elevarlas a la jerarquía de instituciones para asegurar su permanencia y definir sus alcances. Por ejemplo, las subvenciones a los adultos mayores deben excluir a quienes ya reciben una pensión. A su vez, los beneficiarios de esta prestación, además de la edad, deben estar normados por una relación justa entre derecho y obligación. De esta manera, los beneficiarios (salvo quienes estén mental o físicamente incapacitados) deberían de cumplir ciertas tareas mínimas de carácter social, como, verbigracia, encargarlos del cuidado de los jardines públicos.Un tratamiento análogo que equilibre derecho con obligación debería ser aplicado en el caso de las becas para estudiantes. En la educación básica, además de establecer la obligación legal de los padres de inscribir a sus hijos en alguna escuela oficial, es indispensable precisar que la beca está condicionada a los resultados educativos. Sólo deben beneficiar a los estudiantes que rindan resultados satisfactorios en las instituciones oficiales. Deben ser un estímulo para la superación académica y precaver su obtención como medio para alentar la haraganería.	Reflexión final.A estas consideraciones de carácter económico deben adicionarse las concernientes al entorno político-social: La inseguridad y la confrontación.A partir de 2007, la criminalidad en México ha crecido exponencialmente, hasta alcanzar la cifra de 34,202 en 2018, según las cifras oficiales del Secretariado Estatal del Sistema Nacional de Seguridad Púbica. El Índice Global de Paz, que evalúa a 163 países, coloca al país en el lugar 140, cercano a las naciones afectadas por revueltas locales, inmersas en guerras civiles. Los indicadores delincuenciales están compuestos, principalmente, por los homicidios culposos, robos de automóviles a mano armada, extorsión y secuestros. Todos ellos son delitos del fuero común, es decir, su prevención, persecución y castigo corresponden a las autoridades estatales. En 1997, el 15% de los homicidios era perpetrado con armas de fuego; en 2017, este porcentaje aumentó al 66%. La situación de la inseguridad de las personas ha llegado a extremos que en algunas regiones del país han desaparecido por completo las policías locales, obligando a la presencia de fuerzas federales; pese a ello, impera un clima de desgobierno en varias regiones del país y el territorio nacional se ha convertido en un gigantesco cementerio clandestino donde son inhumadas las víctimas de la violencia catalogadas, originariamente, como desaparecidas.Conviene apuntar que el número de policías privados armados suma medio millón, cifra similar al de todas las policías oficiales. El informe elaborado por el World Justice Project arroja resultados aterradores. El análisis comprende 113 países y la valoración sobre México es deprimente. En materia de cumplimiento de la ley, el país ocupa el lugar 99, índice superado sólo por Honduras, Nicaragua, Bolivia y Venezuela, en América Latina. Análoga situación guarda el país en los temas de acceso a la justicia civil, justicia penal, derechos fundamentales y corrupción. En ese contexto, el gobierno mexicano está catalogado entre los peores del mundo, no muy alejado de Bangladesh, Myanmar y Pakistán.. No hay duda; en algunas regiones del país es evidente la inexistencia del Estado; se viven las consecuencias de un “Estado fallido”. El impacto de la violencia tiene tales dimensiones que se ha provocado el descenso de la esperanza de vida en el país. Algunas investigaciones extranjeras consignan que en 2018 existían en México 16.8 millones de armas en poder de civiles, lo que lo convierte en el séptimo país a escala mundial por la cantidad de estos artefactos.Desoyendo la recomendación de crear una policía preventiva federal, recientemente fue formada la “Guardia Nacional” como corporación encargada de la seguridad pública. La militarización de la seguridad pública va a gestar innumerables conflictos sociales con el argumento de la falta de respeto a los derechos humanos y va a comenzar a mostrar sus insuficiencias y debilidades debido a la evidente complicidad de la delincuencia con los ministerios públicos del fuero común y los juzgados estatales.Me temo que el clima de criminalidad exige medidas más extremas en el terreno jurídico (como la revisión a fondo del sistema penal acusatorio) y policías mejor organizadas para enfrentar a la violencia irrefrenable, que está colocando al gobierno mexicano en los límites del “Estado fallido.”El otro tema que es necesario atender se relaciona con el clima de confrontación social, exacerbado desde el poder. Hurgar en el pasado para justificar la impotencia del presente es expresión de incompetencia. La unidad nacional es precondición para la estabilidad política y el progreso material. Por ello es preciso contener el enfrentamiento entre las clases sociales. Los problemas del país son herencia de muchos errores pasados, pero, al mismo tiempo, los aciertos se tradujeron en el progreso y mejoramiento de las condiciones de vida de amplios sectores del país. No debe olvidarse que la lucha política tiene como propósito central el de corregir los errores y abatir los problemas.Repudiar al neoliberalismo no debe ser un simple pronunciamiento. Requerimos congruencia entre el discurso y la política económica. El país reclama nuevos rumbos y nuevas prácticas. Es preciso empezar por definir un claro proyecto de industrialización y de modernización agropecuaria a partir de la instauración de un Estado Promotor del Desarrollo, de un Estado Desarrollador. Eso significa recobrar la esencia del Pacto Social que nos congrega como nación. La ruta del limosnerismo electoral sólo conducirá a la perpetuación del subdesarrollo.	
La cuarta transformación: ¿Anti-neoliberal?