El juzgado considera que sí se recabaron informaciones y se hicieron investigaciones sobre estas personas y que “todas ellas buscaban una finalidad concreta”. Esta finalidad era “la de obtener el máximo de información esencial de toda policía sobre la actuación de personas que por su significación sociopolítica pudieran, en un momento especialmente vulnerable, devenir autores o partícipes en incidentes con afectación del orden público o devenir víctimas de estos incidentes”.	El juzgado precisa que, como en toda actuación policial, unas han dado lugar a diligencias judiciales o están relacionadas con ellas, y otras no han concluido en datos relevantes para ninguna continuación, pero “no consta ni se ha alegado en ninguna denuncia o querella, ni ha sido objeto de preguntas al comisario jefe, la posibilidad de que los datos obtenidos en las actuaciones han sido utilizadas para algún fin político”.	El abogado José María Fuster-Fabra se querelló contra los Mossos por presunto espionaje y también lo hizo en nombre del exlíder de Sociedad Civil Catalana José Ramón Bosch; el secretario general del sindicato de la policía catalana SPC, David José, y su hijo menor de 15 años; otra de su exmujer, y otra de la Plataforma Barcelona con la Selección, entre otras.	
Un juez de Barcelona dice que el espionaje de los Mossos a políticos y periodistas no tenía “fines políticos”