Crece la preocupación entre las empresas públicas de agua urbana de España por la reducción de recursos económicos que garanticen su funcionamiento durante y después de la crisis del COVID-19. Exigen medidas urgentes a las administraciones central y autonómicas para poder garantizar el suministro a toda la ciudadanía y que no se abra la puerta a la privatización del servicio.	Mientras las empresas privadas del agua, que suministran agua más de la mitad de la población española, han pedido al Estado y a las administraciones autonómicas que les permitan cortar el agua por falta de pago a los usuarios y que les “compensen” por las “pérdidas” en su negocio e incluso han solicitado	“Esta crisis pone en evidencia más que nunca la importancia de los valores colectivos de nuestro modelo público de gestión del agua: la solidaridad, la cohesión y la cooperación”, explica Luis Babiano, gerente de la Asociación de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS), que explica que la crisis “ha provocado un hundimiento económico sin precedentes, lo que exige de nosotros respuestas inéditas”. Por eso, la mayoría de los operadores públicos decidieron -mucho antes de que lo decretase el Gobierno- suspender con carácter inmediato cualquier procedimiento de corte del suministro a sus usuarios.	Conscientes de que el agua urbana es un elemento esencial para la lucha contra la propagación del coronavirus, los operadores públicos de grandes ciudades como Valladolid (Aquavall), Sevilla y su área metropolitana (EMASESA), Cádiz (Aguas de Cádiz), Córdoba (EMACSA), la provincia de Huelva a través de GIAHSA, Palma (EMAYA), Tarrasa (Terrassa-Barcelona) y operadores de pequeñas ciudades como Jávea (Xàbia-Alicante), han asignado fondos para paliar las dificultades económicas de familias, autónomos y pymes. “Fondos que serán una contribución significativa de los operadores en la recuperación económica y social de sus municipios”, según el gerente de AEOPAS.	Pero las medidas sociales asumidas en la lucha contra el coronavirus ya están pasando factura a los sistemas de abastecimiento y saneamiento de agua de las ciudades. Se esperan importantes reducciones en los consumos que, según los primeros datos, ya han empezado a caer en picado. No obstante, no hay una foto única para todo el país y la situación varía según se trate de municipios con mayor dependencia del sector turístico, de la evolución de la hostelería y hasta si nos encontramos en un ámbito urbano o rural. En todo caso los datos globales apuntan a una reducción del consumo de agua que se reflejará directamente en la facturación del agua, que es el pilar económico de los operadores de este recurso. “Estimamos que la reducción en la cifra de facturación puede fluctuar entre un 8-13%, y por consiguiente el impacto financiero en los operadores públicos será muy importante”, adelanta Babiano. En Sevilla y su área metropolitana, donde las mediciones son muy objetivas, ya se han registrado caídas generales en el consumo de agua del 10%, fundamentalmente por el desplome de la industria y el turismo.	La reducción del consumo de agua generará problemas transitorios de tesorería y, en un horizonte cercano, problemas serios que solucionaran a medida que nuestros pueblos y ciudades se recuperen del impacto económico que estamos sufriendo. En este sentido, hay que considerar que los costes fijos de nuestros operadores públicos son elevados, lo que hace que ante grandes riesgos de impagos, la ampliación del concepto de vulnerabilidad (que se ampliará significativamente) y la disminución de la facturación, el funcionamiento de los operadores públicos puede llevarles a una crisis sin precendentes	Los operadores públicos y los Ayuntamientos que mantienen la gestión de sus competencias del agua, garantizando el acceso universal al agua y al saneamiento como un derecho humano, se ven desprotegidos en un marco legal que ampara a los operadores privados, al tiempo que restringe las capacidades de la gestión pública y amenaza con la privatización si el balance financiero se desequilibra. “La urgencia no está en compensar las saneadas economías de los grandes operadores privados, sino en flexibilizar de forma inmediata y reformar luego en profundidad la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y por los propios Presupuestos Generales del Estado”, apostilla el gerente de AEOPAS.	Ante la bajada del consumo de agua por el cierre de bares, restaurantes, hostelería, peluquerías y otros negocios, los operadores públicos necesitan también obtener una financiación adecuada. Por eso, Babiano apunta que “en estos momentos de incertidumbre es necesario que el Estado avale préstamos a nuestras empresas públicas y establecer que el dinero del agua vaya exclusivamente para el agua”, que añade que “o cambian el marco institucional o directamente la crisis será parte de una ‘doctrina del shock’ y las multinacionales del agua utilizaran la crisis para aumentar su poder enriquecerse y debilitar a todos los demás”.	Eliminar los mecanismos especulativos que existen en el agua, como el canon concesional (el dinero que el operador privado adelanta a la Alcaldía por la concesión del servicio de agua durante varios años) es otra medida urgente para impedir que la crisis desemboque en una privatización masiva de los servicios del agua. En este sentido, la asfixia económica que se avecina hace prever que las grandes multinacionales del agua, que sí tienen liquidez, acudan a los Ayuntamientos a ofrecerles cánones concesionales para hacerse con la gestión del agua.	Los operadores públicos piden también al Consejo de Ministros que apruebe urgentemente la puesta en marcha de un IVA superreducido para el agua y el saneamiento. “La rebaja del IVA en el agua es un clamor de todos los operadores públicos, que consideramos injusto que, por ejemplo, las publicaciones en formato físico o digital gocen de una tributación del 4%, el tipo superreducido vigente en España, mientras que un servicio vital contra la pandemia soporte un gravamen superior”. En estos momentos es prioritario, dicen, rebajar la carga fiscal que las familias soportan a través de recibo del agua.	La crisis también ha evidenciado la ausencia de datos entorno al agua, que ha permitido la propagación de fake news contra el agua de grifo. Por eso los operadores públicos también consideran urgente la creación de un laboratorio u observatorio del agua que cree los datos adecuados para debatir y gestionar los problemas del agua.	“Es necesario poner en marcha, nada más salir de la crisis, una Ley Bases para la Regulación del Ciclo Integral Urbano del Agua que contemple aspectos como las tarifas, la transparencia, la financiación de las infraestructuras y el derecho humano”, concluye Babiano y asevera que “también es necesario revisar la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) ya que hace que la administración no sea capaz de dar una respuesta rápida y ágil a la ciudadanía y en especial en una materia tan sensible como es el agua”.	
El shock del agua urbana