Balbino, un ciudadano mexicano de 33 años que había ingresado ilegalmente a Estados Unidos hace 14, creía que tenía un argumento fuerte para obtener una visa de cónyuge: esposa e hijos que son ciudadanos estadounidenses, un suegro que había prometido en una declaración jurada que lo apoyaría financieramente si era necesario, y una carta de su empleador que le garantiza un trabajo de 18 dólares por hora a su regreso.	Aunque el Departamento de Estado no divulga los datos de rechazo de visa por nacionalidad o consulado, los abogados de inmigración dijeron que la aplicación del argumento de "carga pública" es particularmente rigurosa en el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, donde se procesan todas las solicitudes de visa de inmigrantes mexicanos.	Ahora, según el manual, la declaración jurada es solo un factor entre muchos. Los funcionarios consulares también pueden considerar el uso actual o pasado de los beneficios públicos, incluidos los servicios de salud y nutrición. Y eso incluye el uso por parte de la familia de un inmigrante, incluso si son ciudadanos.	Pero los solicitantes de visa pueden solicitar exenciones que les permitan regresar en forma más rápida. Balbino obtuvo dicha exención en 2017. Una vez que se rechaza una visa por motivos de carga pública, sin embargo, tales exenciones se revocan, dejando a la persona fuera del país durante meses o años.	
Los rechazos de visas para inmigrantes en EE.UU se disparan tras cambios de ley