La Conselleria de Sanidad lleva trabajando al menos diez meses en el marco legislativo que permita la creación de una empresa pública para contratar a través de ella a los 1.400 trabajadores contratados ahora por Ribera Salud en Torrevieja una vez que el área de salud vuelva a ser gestionada de forma pública el próximo año y a todo el personal en la misma situación que estaría por venir.	Así al menos lo ordenó hacer la consellera de Sanidad, Ana Barceló, el pasado 20 de diciembre de 2019, tres meses antes de declararse oficialmente el estado de alarma por la pandemia. Según el documento al que ha tenido acceso este diario, la consellera pedía iniciar el trámite para aprobar un decreto ley que autorizara crear la Sociedad Valenciana para la Gestión de Servicios Sanitarios, y que tendría como objetivo asumir a todo ese personal laboral que pasa a depender de la administración pública como el de Alzira o Torrevieja y que tiene difícil encaje jurídico.	De hecho, la conselleria reconoce en el documento que es necesario crear esta sociedad pública «puente» ya que la incorporación de los trabajadores de Alzira bajo la figura de personal fijo a extinguir ha generado una situación «irregular e impropia para la administración sanitaria» al tener que gestionar directamente recursos humanos «en régimen estatutario y en régimen laboral» provocando diferentes conflictos, tanto sobre qué jurisdicción tiene la competencia si hay pleitos, los diferentes «principios inspiradores» o el mismo agravio comparativo de tener a personal en los mismos puestos pero con condiciones de trabajo diferentes.	Aunque desde el Consell guardan silencio sobre cómo se resolverá, de aquí a un año, el futuro laboral de los trabajadores de Torrevieja, ya parece claro que no se quiere seguir la misma senda de Alzira y ahondar en esta figura «controvertida» como reconoce el documento y que incluso recibió los reparos de la Abogacía de la Generalitat para ponerse en marcha.	La cuestión, ahora, es si la nueva empresa pública seguirá siendo la vía a adoptar y, sobre todo, si ésta estará lista a tiempo. La consellera, Ana Barceló, ya pedía en su resolución de diciembre que el trámite se hiciera «con carácter de urgencia» dada la cercanía de la reversión de Torrevieja. Sin embargo, fuentes de la administración no quisieron concretar ayer en qué momento se encuentra la redacción de este proyecto ley, si se ha visto comprometido por el trabajo extra desplegado en pandemia y si se va a llegar a tiempo para su puesta en marcha de aquí a un año contado.	El Consell atiende así a la recomendación que le hizo el Consell Jurídic Consultiu en febrero del año pasado cuando, a propósito de la reversión de las resonancias magnéticas, autorizaba la subrogación de personal como «a extinguir» igual que en Alzira pero pedía crear una sociedad pública para hacerlo ya que estas sí se rigen por el derecho laboral.	La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO de Vinalopó-Vega Baja ha mostrado su apoyo a la reversión del Hospital de Torrevieja pero ha advertido de que la gestión debe ser «pública y directa». Al sindicato le «preocupa» que «no se clarifique la gestión» ya que, según ha indicado en un comunicado, «un consorcio o empresa pública seguiría dejando al departamento con un modelo estanco y a la larga podría plantearse de nuevo una privatización del servicio». Desde CC OO-PV han expresado su preocupación porque tener una empresa puente supondría no tener «movilidad entre departamentos públicos y seguiría siendo un departamento estanco». Por ello, se plantean «dudas» respecto a esta fórmula.	
Sanidad trabaja en una nueva sociedad pública que acoja a 
los subrogados