Según la sentencia impugnada, el hecho de que J.E.V.V. tuviera antecedentes penales «no es obstáculo» para la concesión del permiso debido a que el artículo 124.3 Real Decreto por el que se aprueba la Ley de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social contempla el arraigo familiar. En este caso concreto, el condenado es el padre de una niña de nacionalidad española.	Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparten la postura de la representación legal del Estado y explican que «no resulta compatible» determinadas conductas delictivas con la situación de arraigo familiar, pues suponen una «grave alteración de la convivencia familiar y con ello del ámbito en el que se desarrolla la vida del menor». El Supremo recuerda en su sentencia que J.E.V.V. tiene la prohibición de aproximarse a la víctima y comunicarse con ella, lo que supone «la ruptura de la convivencia familiar».	La Sala ha estudiado tanto los efectos de la Ley de Extranjería, que establece que el requisito principal para la residencia temporal es carecer de antecedentes penales en España o en los países anteriores de residencia, como las situaciones de autorización por arraigo familiar, ya que se deben valorar los derechos que puedan ser afectados y los que son protegidos por el derecho comunitario, en concreto, como la restricción del «disfrute efectivo» de derechos si se obliga a su padre abandonar el territorio de la Unión.	Así, expone que la jurisprudencia señala que «la denegación del derecho de residencia se basa en la existencia de una amenaza real, actual y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública, teniendo en cuenta las infracciones penales cometidas por un nacional de un tercer Estado que tiene la guarda exclusiva de unos niños, ciudadanos de la Unión».	Además, apunta que «no se le da la relevancia que merece» el hecho de que J.E.V.V. solo aparece empadronado en el domicilio familiar «menos de un mes antes de la solicitud de residencia por razones de arraigo», cuando el empadronamiento de los demás miembros de la familia se produjo en 2006 y 2008.	
El Supremo niega la residencia a un extranjero por ser un maltratador