El Tribunal Supremo apostó por condenar a los dirigentes soberanistas por sedición en contra de la postura del Ministerio Público. La Fiscalía de la Audiencia Nacional también ha defendido hasta ahora la tesis de la rebelión en lo que afecta a los Mossos. No obstante, fuentes fiscales de este tribunal admiten ahora a	, quien estaba al frente del dispositivo en la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. Aquel día decenas de miles de personas cercaron el edificio reteniendo en su interior a los guardias civiles y la letrada del Juzgado que acudieron a realizar un registro. Inicialmente la Fiscalía pide una pena de cuatro años de cárcel para Laplana por sedición y de once años de prisión para el resto de acusados.	. Cuando fue designada ministra de Justicia, impuso a la Abogacía del Estado que acusase por sedición -penas más bajas- pese a que hasta ese momento había apostado por la rebelión. La sentencia dio la razón a este cambio tal y como se encargó de destacar el departamento de comunicación del Gobierno.	A la hora de valorar el papel de los Mossos durante el 1-O, la sentencia del Tribunal Supremo estima que “no interfirieron la emisión de votos, más allá de alguna actuación aparente y en un mínimo número de centros (...) En algunos casos, llegaron incluso a recoger, hacerse cargo y trasladar material electoral, que les era entregado por los ciudadanos”. Critica el plan de establecer solo dos agentes por cada colegio electoral. Dice que era	de “la posible concurrencia a la votación de dos millones de personas, con el riesgo subsiguiente de graves incidentes entre agentes policiales y ciudadanos". La respuesta de su entonces jefe político, el conseller de Interior, Joaquim Forn (condenado a 10 años de prisión) fue que “el objetivo prioritario era preservar la ‘convivencia’”. El Supremo también abordó lo sucedido el 20 de septiembre. Destacó que apenas había un “reducido número” de agentes y que “no recibieron refuerzo alguno durante el día, salvo la llegada de unos agentes de mediación”.	, el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, nombrado coordinador único de las fuerzas de seguridad. Su declaración está fijada para el 3 de febrero y abrirá el turno de los testigos. Será clave para uno de los debates centrales del juicio: Determinar si los Mossos de Esquadra fueron una herramienta en manos de la Generalitat para el plan rupturista o si la fallida respuesta policial tan solo fue un problema de gorras fruto de la desconfianza entre los mandos, como apuntó Trapero en su declaración como testigo en el juicio del	Por su parte, Pérez de los Cobos tachó de “estafa” el plan policial de los Mossos y les acusó de haber propiciado la ocupación de los colegios. Trapero lo negó, aunque admitió una falta de sintonía que le llevó incluso a dejar de acudir a las reuniones. En su lugar mandó a su subordinado, el comisario Ferrán López. El Tribunal Supremo ya rechazó la pretensión de uno de los abogados, que llegó a pedir un careo entre Ferrán López y De los Cobos para saber si los Mossos avisaron con tiempo suficiente de que solo enviarían dos agentes por colegios el 1-O. El mando de la Guardia Civil lo negó.	

                        Juicio a Trapero, la secuela del 'procés' que pondrá a prueba a la Fiscalía
        