, la defensa del hombre, quien cumple una condena de 7 años por abuso sexual gravemente ultrajante, argumentó no sólo el contexto de pandemia y su edad, que lo coloca en vulnerabilidad frente al virus, sino también ciertos padecimientos preexistentes; específicamente, hipertensión arterial y una dolencia renal. Bajo estos motivos, plantearon que en la unidad no se garantiza su derecho de acceso a la salud, y por lo tanto solicitaron su traslado a su vivienda, en pos de continuar allí el cumplimiento de su pena.	La fiscalía, representada por el letrado Maximiliano Breide Obeid, se opuso a tal pedido y, para respaldar su rechazo, se remitió a una serie de informes médicos emitidos tanto por personal médico del cuerpo forense del Ministerio Público Fiscal como de personal penitenciario, acerca de la salud del condenado y las condiciones en que habita dentro de la unidad.	El juez Ravizzoli, tras dos jornadas escuchando a las partes a través de teleconferencia pautada, concluyó rechazar el pedido de prisión domiciliaria. Dentro de sus argumentos, no sólo consideró que el acceso a la salud dentro de la unidad de detención del condenado estaba garantizado, sino también que el delito por el cual se lo declaró culpable, constituyó un delito violento, excluyéndolo de las recomendaciones brindadas desde la Cámara Federal de Casación Penal.	Por otra parte, Ravizzoli ordenó que se vigile se estén cumpliendo las medidas sanitarias que establecen el uso de barbijos y guantes obligatorios por la totalidad del personal de la penitenciaría, como así también la provisión de agua y jabón a los internos, de artículos de limpieza y de alcohol en gel al ingreso de cada pabellón. Además, insistió en que se realice un control diario del suministro de agua potable en el recinto.	
Rechazaron domiciliaria a un violador condenado de la U11