Tras una larga deliberación, el jurado justifica su fallo, adoptado por unanimidad, en el “carácter innovador” del planeamiento, “tanto en su fase de análisis como de propuesta”. Según recoge el dictamen, el plan “aprovecha las herramientas digitales disponibles para generar un nuevo modo de analizar, representar y regular los usos en la ciudad consolidada”. “Opera sobre la complejidad” de un distrito “con alta vulnerabilidad residencial a través de un instrumento flexible y dinámico en el tiempo” y “consigue integrar retos globales, como la salud y el impacto de las actividades de pública concurrencia derivadas, entre otras, del turismo y los nuevos modelos de negocio, con la perspectiva de la ciudadanía”.	El jurado del Premio de Urbanismo Español ha estado formado por el presidente de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas (UAAU), Javier Martínez Callejo, en calidad de presidente del jurado; Teresa Verdú Martínez, vocal asesora de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento; la decana del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro y tesorera del CSCAE, Matxalen Acasuso, y los arquitectos urbanistas José María Ezquiaga, Miriam García y Carlos de Riaño, premiado en la edición anterior.	Aprobado definitivamente en febrero de 2018, el Plan de Usos de Ciutat Vella antepone la ciudad como bien común y reivindica el papel del urbanismo como disciplina que ha de garantizar la habitabilidad en las ciudades, asegurando la coexistencia de la actividad económica en este distrito barcelonés con la calidad de vida de sus residentes.	Ciutat Vella es uno de los distritos de Barcelona con mayores densidades de población sobre la superficie de suelo residencial construido. En los últimos años, ha experimentado una sobrepresión turística que se ha traducido en un crecimiento de las actividades económicas destinadas al visitante (ocio y restauración), desplazando otras actividades menos lucrativas, pero necesarias para la población residente. Esta intensa actividad económica conlleva una gran saturación del espacio público. El plan de usos elaborado por el estudio barcelonés 300.000 kilómetros por segundo es el resultado de un año y medio de trabajo, codo a codo con el Ayuntamiento de Barcelona, equipos técnicos interdisciplinares y con la ciudadanía para regular la implantación de las actividades de pública concurrencia, los comercios alimentarios y servicios turísticos.	El plan utiliza métodos punteros de análisis espacial basados en el uso de datos masivos (procedentes de la propia Administración, de los portales de datos abiertos, de la creciente sensorización en los entornos urbanos y del Big Data) y su computación (a través de técnicas de machine learning e inteligencia artificial) y los combina con la participación ciudadana.	El análisis, basado en información masiva de gran resolución, ha permitido caracterizar el tejido urbano parcela a parcela y edificio a edificio desde un punto de vista morfológico, socioeconómico, demográfico y de la propia actividad económica. El plan propone cinco innovaciones fundamentales: la zona única, la clasificación de las actividades económicas según rango horario, la doble densidad, la superficie útil y el concepto de vulnerabilidad residencial. De todos estos parámetros, la doble densidad es el más relevante por cuanto establece un umbral de actividad máxima a partir de la cual se ve deteriorada la calidad de vida en el distrito.	Según los autores, las condiciones propuestas permiten entender la regulación desde un punto de vista dinámico, ya que la posibilidad de implantación de los establecimientos dependerá de la saturación del ejido, una situación que irá cambiando constantemente de acuerdo con la mayor demanda o la disminución de actividad económica. Para ello, el plan se dota de herramientas tecnológicas que permiten la simulación de escenarios, que será clave para la decisión política y técnica, su aplicación por parte de los equipos técnicos y su evaluación continuada.	
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