Entre el 2008 y el 2018 se registró una  reducción a nivel nacional, y en la mayoría de las entidades federativas, en las carencias que padece la población mexicana, que se catalogan bajo los rubros de: rezago educativo; carencias por acceso a los servicios de salud; de seguridad social; de calidad y espacios de la vivienda; a los servicios básicos en la vivienda, y por acceso a la alimentación.	Los mexicanos vulnerables por ingresos aumentaron de 5.2 a 8.6 millones entre el segundo año de mandato de Felipe Calderón Hinojosa (2008) y el último del sexenio de Enrique Peña Nieto (PRI), el 2018, en tanto que los catalogados como no pobres y no vulnerables pasaron de 20.9 a 27.4 millones en dicho lapso.	Sobre las carencias, actualmente hay 21.1 millones de personas que sufren rezago educativo; 16.2 millones carencia por acceso a los servicios de salud; 71.7 millones, por acceso a la seguridad social; 13.8 millones, por calidad y espacios de la vivienda; 24.7 millones, por acceso a los servicios básicos en la vivienda; y padecen carencia por acceso a la alimentación, 25.5 millones.	Los programas sociales instrumentados por el nuevo gobierno federal, que se autodenomina como la Cuarta Transformación, y que buscan apalear las carencias de la población mexicana son: Jóvenes Construyendo el Futuro, Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, Universidades para el Bienestar, Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, Becas Benito Juárez, Crédito Ganadero a la Palabra, Producción para el Bienestar, Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, Comunidades Sustentables Sembrando Vida, entre otros.	En este sentido, la estrategia del gobierno del presidente López Obrador en seguridad, inscrita en el Plan Nacional de Desarrollo de su sexenio, plantea “reformular el combate a las drogas” porque, “en materia de estupefacientes, el modelo prohibicionista es ya insostenible, no sólo por la violencia que ha generado sino por sus malos resultados en materia de salud pública.	“La ‘guerra contra las drogas’ ha escalado el problema de salud pública que representan las sustancias actualmente prohibidas hasta convertirlo en una crisis de seguridad pública (...) La única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas reside en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas masivos, pero personalizados de reinserción.	Se emprendió el cambio de estrategia, a decir de López Obrador, porque entre el 2006 y el 2018, durante los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, se buscó resolver la inseguridad y violencia delictiva mediante acciones de fuerza militar y policial, y el resultado “fue catastrófico”. La estrategia “dejó un saldo pavoroso de muertos, desaparecidos, lesionados, una crisis de derechos humanos; una descomposición institucional sin precedentes y un gravísimo daño al tejido social”.	
Mejorar ingresos de las familias, el reto