“La CNDH destaca que el hecho de que una instancia de supervisión y auditoría interna ejerza sus facultades de fiscalización en ese instituto no justifica o deriva en que se incumplan obligaciones institucionales o que, bajo el argumento de una posible violación de derechos fundamentales, se pretenda inhibir o dejar sin efecto el ejercicio de tales facultades, así como las consecuencias derivadas de las mismas”, informó.	El organismo sugirió a Martínez Cázares que de requerir asesoría o interpretación sobre los procesos de adquisición y obras públicas, acuda a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a fin de que coadyuve en la atención a las recomendaciones y el restablecimiento de las acciones de reparación del daño a las víctimas de la Guardería ABC.	Y es que las acciones iniciadas por la Auditoría Superior no determinaron la suspensión o interrupción de los servicios subrogados y apoyos institucionales, ya que lo que se planteó fue el fortalecimiento de los procesos institucionales de contratación hacia el futuro, así como indagar y en su caso sancionar las irregularidades.	
En caso ABC, no se debió suspender atención a víctimas, advierte CNDH