Tras varias horas de búsqueda, se han confirmado los peores presagios. Los cuerpos sin vida de la niña de cinco meses y del niño de tres años y medio han sido hallados en la localidad valenciana de Godella. La principal sospechosa del asesinato es la madre de los dos menores, una joven de alrededor de 30 años que ya ha sido detenida y que pasará a disposición judicial. Por su parte, al padre de los niños, al que no han arrestado, se le imputa un presunto delito de encubrimiento. Un crimen que, aún con la investigación en ciernes, entraría en la lista de supuestos sobre los que se aplica la pena de prisión permanente revisable en casos de “excepcional gravedad”: asesinato múltiple y víctimas menores de 16 años o especialmente vulnerables.	Así se especifica en la Ley de Seguridad Ciudadana, una normativa que posee el objeto último de impedir que los delincuentes más peligrosos que no demuestran capacidad de reinserción vuelvan a formar parte de la sociedad. La pena, en principio, de ahí el matiz de revisable, es indefinida, es decir, una especie de cadena perpetua que está sujeta a revisiones temporales que pueden servir para que el reo en cuestión recupere la libertad. Esta legislación, desde que se aprobó en el Congreso en marzo de 2015 con los únicos votos del PP, ha sido objeto de múltiples controversias. En aquella votación en la Cámara Baja, Ciudadanos se abstuvo y el resto de grupos parlamentarios votaron en contra de incorporar esta pena máxima en el Código Penal, alegando que es contraria al objetivo de reinserción contemplado en el Art. 25.2 de la Constitución.	No obstante, tomando la misma aseveración como base, las citadas formaciones políticas, incluido el PSOE, el aún partido del Gobierno, deberían sopesar si los derechos de los reos no chocan frontalmente con los derechos individuales del resto de ciudadanos que sí respetan las normas básicas de convivencia. Hace apenas unos meses, el asesinato de la profesora Laura Luelmo a manos de un ex convicto con delitos de sangre que jamás debería haber pisado la calle, avivó de nuevo el debate entre la opinión pública. El PSOE y Podemos, entre otros, abogan por abolir la citada ley aprobada por el PP, sin embargo, los terribles sucesos que acontecen vuelven a evidenciar que la prisión permanente revisable es necesaria. Por el bien común, que debería primar sobre cualquier otro, esperemos que el próximo Gobierno que salga de las urnas deje de lado cualquier intención de supresión que ponga en peligro la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos.	
Por casos como este tiene sentido la prisión permanente