El índice de inserción laboral de los canarios que padecen algún tipo de discapacidad en las Islas es el más bajo de toda España. Según el informe Olivenza 2018, sobre la situación general de la discapacidad en España tan solo el 17,1% de las personas que integran este colectivo han podido encontrar un empleo. El Gobierno de Canarias, consciente de la situación, afirma que está llevando a cabo varias actuaciones para mejorar esta cifra, que, por otra parte, asociaciones como Queremos Movernos, ven totalmente insuficientes.	"No nos sorprende", afirmó a El Día Ana Mengíbar, portavoz de la asociación, quien duramente criticó la gestión de los sucesivos gobiernos autonómicos porque "Canarias está fatal en el aspecto laboral en materia de discapacidad". A la par, el Archipiélago se encuentra en la cola de tasa de desempleo, ya que hasta el 44,5% de las personas con discapacidad se encuentran en paro. Esta cifra se encuentra siete puntos porcentuales por encima de la comunidad que le sigue por la cola, Andalucía, donde el 37,1% de las personas con discapacidad se encuentra en situación de desempleo.	El informe calcula que en el Archipiélago se realizan unos 10.318 contratos por cada 100 personas, con una tasa de temporalidad que supera el 30%. "Solo 3 de cada 10 personas con discapacidad consigue un contrato", lamenta Mengíbar, quien además afirma que se han dado casos de contratación por una sola hora. "No una hora cada día, una hora en total", clarifica la portavoz de la asociación.	El director del Servicio Canario de Empleo, Sergio Alonso, recordó que actualmente, la línea de trabajo principal se centra en la gestión de la subvención a los Centros Especiales de Empleo (CEE), "que dan trabajo a unas 2.000 personas en la actualidad de las que el 70% son personas con discapacidad". Tal es así que el SCE subvencionó, a lo largo del pasado año, la inserción laboral y la adaptación de puestos de trabajo de 3.143 personas con discapacidad, tanto en los centros especiales de empleo como en el mercado ordinario.	Según el Cermi, en 2018, en Canarias, se firmaron 4.358 contratos a profesionales con discapacidad, un 11,7% más que en el año anterior. Cabe recordar que las empresas con más de 50 trabajadores, por norma, deben suplir un 2% de su plantilla con personas de este colectivo. Algo que, según Alonso, se vigila desde la Dirección General de Trabajo (DGT). No obstante, el número de empresas de este tipo en Canarias "tampoco es demasiado alto". Según los datos que maneja la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, tan solo hay 1.156 frente a las 146.126 que existían en 2018, lo que significa un 0,79% del total. Esta situación está íntimamente relacionada con el nivel formativo del colectivo. Según el informe Olivenza 2018, el porcentaje con estudios superiores tan solo asciende hasta el 12,5%, frente al 44,6% que ha cursado estudios secundarios y el 42,9% que solo cuenta con formación primaria o menor. Y es que Canarias, junto a la zona sur de España, tiene los menores niveles formativos pero, al contrario de lo que puede parecer, la integración laboral no es mayor en personas más cualificadas. Porque cuando han cursado estudios superiores tampoco se salvan de la precarización ni del desempleo. "De los pocos que han podido acabar una carrera, la mayoría se encuentra vendiendo cupones de la ONCE", explica Mengíbar.	Para la portavoz de Queremos Movernos se trata de un problema de fondo que empieza en la escuela, para lo que volvió a sacar a colación una denuncia reiterada: la falta de intérpretes que existe en la comunidad. "Un chico con sordera que va a clase se puede enterar de lo que dicen una o dos horas a la semana", explica Mengíbar. En toda España se haya identificado 109.300 personas con discapacidad sin estudios, lo que representa el 5,9% del colectivo. Los porcentajes más altos, se encuentra en el segmento más joven, en aquellos con discapacidad intelectual y en Canarias, Andalucía, Murcia y Ceuta y Melilla. Mengíbar además apuesta por cambiar la situación actual de la formación para el empleo de este colectivo ya que suele estar orientada únicamente al desempeño de labores de reponedor o de jardinería.	Un total de 19.510 personas con discapacidad -prácticamente el 10% de toda España- reciben una pensión no contributiva por invalidez en Canarias, es decir, aquella que se le proporciona a las personas que no han trabajado lo suficiente como para recibir una pensión. Así lo constata el informe Olivenza 2018, sobre la situación general de la discapacidad en España, que también vislumbra que Canarias es la tercera comunidad con mayor número de personas en esta situación, detrás de andalucía (44.712) y Cataluña (26.471). Una ayuda que ronda los 390 y los 500 euros, según constató Ana Mengibar, portavoz de Queremos Movernos.	Cabe recordar que el empleo para una persona con discapacidad no solo le permite adquirir una mayor autonomía económica, sino que esta contratación significa una bonificación para las empresas al tiempo que ahorra dinero a las arcas públicas. "Es una torpeza por parte de la Administración", afirmó Mengíbar, que hizo hincapié en que "no es lo mismo un canario que contribuye que uno que se encuentra en el sistema de pensiones".	En las Islas, el número de personas con algún tipo de discapacidad administrativamente reconocida roza las 92.000, lo que sitúa al Archipiélago en tasas inferiores al resto de España que, con una prevalencia media de 72,86 casos por cada 1.000 habitantes, supera con creces este índice en Canarias (43,62 casos).	Pero España también cuenta con una ayuda específica para aquellas personas que no puedan desarrollar su actividad laboral. Lo hace en el marco de la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad (LISMI) desarrollado en el Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero. En Canarias, se benefician de esta ayuda 141 personas, de las que 39 cuentan con un subsidio de garantía de ingresos mínimos; 8 con una ayuda al mantenimiento de una tercera persona que asista al discapacitado (actualmente suprimida pero vigente para los que no tengan pensión no contributiva); 23 con uno de compensación por gastos de transporte y 83 de asistencia sanitaria y prestación farmacéutica.	
La inserción laboral de las personas con discapacidad fracasa en las Islas