El clima político que se respira en estos momentos, lejos de invitar al optimismo, acentúa el desconcierto de la ciudadanía, abrumada por los impactos de una pandemia que aún no ha sido superada. Muchas incertidumbres en todos los ámbitos: sanitario, educativo, social, económico... Y, junto a estas dificultades, una confrontación partidista sin tregua  y una considerable inestabilidad institucional: en el Congreso, donde todavía flota la acusación "de ilegitimidad " dirigida contra el Gobierno PSOE-UP, entre el Ejecutivo central y el de la conflictiva comunidad de Madrid, en el seno del poder judicial, sobre el papel de la Corona. Sin olvidar el conflicto catalán, siempre presente, no resuelto, como factor de crisis de un Estado que, en el transcurso de los últimos años, ha visto como se erosionaban los consensos de la transición, socavados en gran medida por las tensiones territoriales. Con la inhabilitación del presidente Torra, Cataluña ha entrado en una larga y tormentosa campaña electoral, un escenario más propicio a la polarización, a la exacerbación de las diferencias, que al diálogo.	En medio de este cúmulo de circunstancias, ha quedado minimizada una nota esperanzadora para una posible distensión: el doble anuncio del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, indicando que el Gobierno español estaba a punto de iniciar el trámite de los indultos solicitados en favor de los condenados por el proceso del 1-O, así como de presentar al Congreso un proyecto de ley que modificaría el Código Penal respecto a los delitos de sedición y rebelión, homologando estas figuras con el tratamiento propio de las legislaciones europeas de nuestro entorno. Ciertamente, la tramitación de las peticiones de indultos es una obligación inexcusable del Gobierno, que debe recibirlas, solicitar los informes pertinentes a los tribunales que hayan juzgado los casos, a la Fiscalía y a las instituciones penitenciarias, antes de tomar, caso por caso, una decisión, aceptando una remisión total o parcial de las penas... o bien denegándola. Sin embargo, la coincidencia de ambos anuncios invita a ser leída como expresión de la voluntad del Gobierno progresista de mover ficha y propiciar un clima de distensión que permita abordar la crisis catalana desde el diálogo y en términos políticos.	Desde el Grup Pròleg, no podemos hacer otra cosa que felicitarnos por este primer paso. Desde nuestra constitución como grupo de opinión, hemos resaltado un hecho que hoy es admitido como una evidencia desde los más variados perfiles políticos: el encarcelamiento de los dirigentes independentistas pesa como una losa sobre cualquier intento de negociación y mantiene abiertas las heridas del conflicto en el seno de la sociedad catalana. Una clara mayoría, incluidos los sectores contrarios a la independencia, considera que los años de encarcelamiento transcurridos han sido un duro castigo que debería ir tocando a su fin. Asimismo, es indispensable que la resolución de este nudo político y emocional se haga por vías pragmáticas y respetuosas del Estado de Derecho. Tanto los indultos como la vía de la reforma del Código Penal, susceptible de favorecer retroactivamente una revisión de las penas, nos parecen los caminos más adecuados, tanto por razones jurídicas como por razones políticas. Por ello, hay que explorar sin dilación estos caminos y no insistir en otras vías más discutibles.	Pero, si todo aconseja avanzar por vías pragmáticas y posibilistas, nada dice que éstas tengan que ser un camino de rosas. Es evidente que no será así en el actual contexto. Elecciones, negociación de presupuestos, guerrilla parlamentaria, intentos de instrumentalización de las instituciones... La reforma del Código Penal - y la misma tramitación de las peticiones de indulto - recibirán el fuego cruzado de francotiradores, disparando tanto desde Madrid como desde Barcelona. Todavía hay, a ambos lados, muchos partidarios de "cuanto peor, mejor", demasiadas fuerzas interesadas en mantener una crispación emocional y una polarización que en su opinión pueden acercarlas al poder. El camino hacia la distensión y el diálogo es más necesario que nunca en las actuales circunstancias. Pero, al mismo tiempo, se hará tremendamente difícil de transitar.	Desde el Grup Pròleg, queremos formular un llamamiento a la conciencia democrática, tanto de la sociedad catalana como del conjunto de España: hay que blindar esta vía esperanzadora. Es necesario que entidades, personalidades del mundo académico y cultural, juristas, fuerzas sociales de diferentes ámbitos, abran espacios de encuentro, debatan y, a pesar del griterío, hagan llegar a la opinión pública la voz de la razón. El fracaso del diálogo nos abocaría a un futuro incierto de decadencia democrática y fractura social. No hay tiempo que perder.	
Blindar una frágil esperanza