“Llama la atención cómo nuestro Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ha sido interferido por factores externos”, es la crítica observación que expresa a La Prensa Austral el socio de Daes Consultores, Pablo Daud, esto en referencia a la medida cautelar que la empresa Mina Invierno espera se revierta por parte del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, toda vez que la referida implica la prohibición de utilizar tronaduras a cota 100 metros sobre el nivel del mar, durante las faenas extractivas de carbón que tienen lugar en el rajo de isla Riesco, en la comuna de Río Verde.	Para el profesional, miembro de la Comisión Asesora Presidencial para la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y que estuvo presente en la intendencia regional el 9 de enero de 2018, cuando la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes rechazó por siete votos en contra y seis a favor, el proyecto de Minera Invierno S.A., las tramitaciones dejan un halo de incertidumbre que llama poderosamente su atención. “He seguido con preocupación el caso de Mina Invierno, que desde hace más de 3 años busca incorporar la técnica de tronaduras como método complementario en sus operaciones. El proyecto presentado a tramitación ambiental ha sido sometido a un tortuoso recorrido administrativo y judicial, repleto de señales y decisiones equívocas. Primero, cuando el proyecto ya había sido aprobado en julio de 2016, la Corte Suprema ordenó retrotraer el procedimiento para realizar un proceso de participación ciudadana, luego del cual la autoridad ambiental emitió un informe técnico de evaluación favorable a la ejecución de tronaduras. No obstante, sorpresivamente la Comisión de Evaluación de Magallanes rechazó el proyecto, aduciendo razones que habían sido satisfactoriamente resueltas en el proceso técnico de evaluación. Frente a ello, la empresa decidió reclamar ante dicha arbitrariedad y obtuvo una nueva calificación favorable en septiembre de 2018”, señala.	Junto con ello, Daud recuerda que cuando la empresa minera se aprestaba a iniciar sus operaciones, la decisión final de aprobación fue nuevamente impugnada por opositores ante el Tercer Tribunal Ambiental, el que, en el curso de 8 meses, ha adoptado tres medidas cautelares que restringen -a su juicio- gravemente el desarrollo del proyecto, pese a que éste ha cumplido con toda la normativa. “Es más, la última de estas medidas cautelares fue impugnada y han pasado más de dos meses sin que sea resuelta. Llama la atención cómo nuestro Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ha sido interferido por factores externos y cómo a un proyecto modelo en minería se le ha impedido incorporar un método ampliamente utilizado en la industria y en la construcción de obras públicas”, señaló.	Finalmente, señala que sin perjuicio del rol que tienen los Tribunales Ambientales respecto a la revisión de la decisión de los órganos públicos, no parece lógico ni apropiado que el rol de estos últimos sea sustituido por un tribunal, más aún cuando todos los organismos competentes se han manifestado conforme sobre un proyecto a desarrollar. “Es de esperar que este tipo de situaciones no se extiendan a más proyectos y no nos veamos permanentemente sometidos a decisiones desconcertantes y tardías, que no hacen otra cosa que trabar y desincentivar innecesariamente el desarrollo de proyectos que cumplen con todos los requisitos ambientales”.	
Daes Consultores: “Llama la atención cómo nuestro Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ha sido interferido por factores externos”