En el país prevalecen los sistemas privados, con más de 600 empresas. Otros mixtos, como Córdoba y Rosario, mientras que puramente públicos en un puñado de ciudades de bajo nivel de uso y menor población. También hay particularidades como Mendoza o Salta, con manejo público y vínculos con privados para el alquiler de las unidades, por ejemplo.	Considerado servicio esencial, la cuarentena por la pandemia de Covid-19 no hizo más que agravar la realidad del transporte urbano de pasajeros en todo el país. Lejos quedó la idea anunciada al inicio de la gestión del Ministerio de Transporte de la Nación, por equilibrar las asimetrías: el amplio y diverso interior sufre la discriminación de fondos respecto de los asignados a Capital Federal y Gran Buenos Aires.	Los usuarios de Paraná sufren un paro histórico del servicio, que se inició el 2 de julio. Por la cantidad de jornadas consecutivas de retención de servicios, es mayor a la registrada en agosto de 2019, y en mayo de este año. Y en los últimos tres meses, 90 días, ya suman más de 50 días sin servicio.	Al punto que desde mitad del año pasado, cuando se dispuso el último aumento del boleto, no se reúne el órgano de control del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU), determinado por ordenanza como espacio no solo para la definición de la tarifa sino para la discusión de aspectos relacionados con el funcionamiento.	
Transporte urbano: un modelo a cambiar para superar la crisis 