No hubo crisis económica anterior que se acercara a este lockdown. Muchas pymes sufren pérdidas y desequilibrios que se ven en la obligación de enfrentar mientras subsista el cierre mandatorio y aun cuando este se suavice o levante. Para esas, que tienen más temores que certezas, el Gobierno diseñó soluciones, pero que no siempre se ajustan del todo a su realidad.	La primera opción son los bancos, que ofrecen créditos a una tasa de hasta el 24% anual, con tres meses de gracia de capital e intereses y a un año de plazo. La tasa es baja pero solo en términos relativos a la inflación esperada. Un beneficio es el del decreto 332/2020, que establece que el Estado absorbe el 50% de los salarios de los empleados de la pyme, con un tope del equivalente a dos salarios mínimos. Se puede eximir a la pyme de hasta el 95% de las contribuciones patronales.	El requisito es que la facturación promedio de abril/ marzo 2020 no supere en más de un 5% a la de abril/ marzo de 2019. Se agregó la prohibición de distribuir utilidades por dos años a quienes reciban este beneficio, sin distinguir el tamaño de la empresa. Es el "salario" del empresario con lo que esta restricción resulta insólita.	También está prohibido recomprar acciones, adquirir títulos en pesos para su venta en moneda extranjera, la transferencia en custodia al exterior o liquidación en el extranjero. Se agregó la obligatoriedad de agotar cualquier posición en divisas que se tuviera en el extranjero antes de poder acceder al Mulc para liquidar importaciones. Primero deberá pagarse con esas posiciones antes de poder acceder al mercado. Esta medida aumenta los costos de las pymes que dependen de insumos importados.	Otra pregunta es si se podrá o no reestructurar la deuda. Más allá de la ayuda parcial del Estado en relación con el costo salarial, los otros costos que se devengan aún sin operar por el lockdown deben ser afrontados sin ingresos operativos. Esto presiona el monto de los pasivos de las empresas hacia arriba. La capacidad de pago de las empresas entra en situación crítica. Si bien se habla de que podría salir una ley que suspenda las ejecuciones en forma general, las opciones son los APE, los concursos preventivos y los programas Repro.	Los APE son una suerte de concurso de acreedores privado que, homologado judicialmente luego de alcanzado, es oponible a todos los acreedores quirografarios anteriores a la fecha del acuerdo, incluso aquellos que no firmaron el APE. Brindan una mayor flexibilidad de propuestas, con un menor tiempo de implementación y menores costos.	Los concursos preventivos son un proceso que requiere las mismas mayorías para su aprobación que los APE, pero con un marco legal más complejo. Su apertura produce la suspensión del curso de los intereses y de los juicios contra el deudor. Los Repro dan facilidades en salarios, pero fueron superadas por el decreto 332/2020. La experiencia mostró un trámite dificultoso.	El aislamiento y la salida de la cuarentena plantean desafíos para el empresario pyme. Hasta ahora el Gobierno no parece terminar de dimensionar los retos, tanto desde el punto de vista del interés del empresario, como desde los riesgos que esta situación plantea en relación con el empleo. Más allá de las normas que prohíban despidos o de las dobles indemnizaciones, nada de eso será operativo desde el punto de vista empírico, si las empresas no encuentran caminos de subsistencia.	

				Temores y opciones para las pymes 