A pesar de no haber podido aprobar sus Presupuestos, el Gobierno ha logrado sacar adelante algunos reales decretos de ley -convalidados en el Congreso de los Diputados- que le han permitido cumplir compromisos contraidos durante el mandato de Pedro Sánchez, así como otros que ya habían sido prometidos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que finalmente asumieron los socialistas.	Se trata de una de las medidas pactadas entre el Gobierno y Podemos en su acuerdo de Presupuestos. Fue una de las principales reclamaciones de la formación morada y estuvo a punto de echar por tierra las negociaciones. Sin embargo, el Gobierno ha hecho suya esta propuesta que supone incrementar los salarios mínimos en España un 22,3%, traduciéndose inmediatamente en la mayor de la historia. Sin embargo, esta propuesta también ha estado revestida de polémica: tanto	Antes de que acabara el año, el Ejecutivo tramitó el aumento del 2,25% del salario de todos los empleados públicos de todas las administraciones de manera lineal. En total, en un escenario de máximos, la subida salarial podría alcanzar el 2,75%, aunque para ello el PIB tendría que crecer un 2,5%.	Aunque todavía no están en marcha, Pedro Sánchez ya ha puesto a disposición del futuro Gobierno los mimbres legales para permitir la actuacion de autoridades macroprudenciales que permitan evitar, dentro de lo posible, futuras crisis financieras relacionadas con el sector privado. De esta manera, se ha otorgado a la Comisión Nacional de Valores la capacidad de adoptar medidas dirigidas a reforzar la liquidez de las instituciones y entidades de inversión colectiva, así como introducir límites y condiciones a la actividad de sus entidades supervisadas para evitar el endeudamiento excesivo. Por otro lado, se ha habilitado al Banco de España para incrementar los requerimientos de capital y control sobre el sector bancario y financiero.	El mercado de trabajo es uno de los sectores que sorteará los cambios previstos por el Gobierno socialista tras la convocatoria de elecciones y el fin de la legislatura. Si bien nunca se comprometió durante su estancia en el poder a derogar por completo la reforma laboral de 2012 impulsada por el PP, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y más concretamente la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, sí que había acordado con UGT y CCOO modificar los aspectos que consideran más lesivos de la norma que rige desde hace siete años el mercado de trabajo español.	Principalmente, son tres los elementos que se habían acordado. El primero era la vuelta a la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa, de modo que estos últimos nunca podrían rebajar las condiciones pactadas en el primero. El segundo es la recuperación de la ultraactividad de los convenios, que se prorrogarían una vez cumplido los dos años de vigencia. Y el tercero es el control de horarios en las empresas, lo que establecía un fichaje obligatorio del tiempo de trabajo, con el objetivo de evitar el impago de horas extra o los excesos de jornada.	por que no incluía su principal reclamación: la puesta en marcha de propuestas que permitan controlar los precios de los alquileres de viviendas en zonas tensionadas. En las últimas semanas, ambas partes habían llegado a un punto de acuerdo que parecía indicar que el RDL saldría adelante. Sin embargo, no ha llegado a tiempo.	Con ella empezó todo. La modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con el objetivo de arrebatar la capacidad que tiene el Senado para vetar la senda de estabilidad que proponga el Gobierno, era una condición indispensable para la política económica de Pedro Sánchez, que necesitaba ampliar el objetivo de déficit y poder diseñar unos Presupuestos expansivos. Sin embargo, la Mesa del Congreso, bajo el dominio del Partido Popular y Ciudadanos, ha paralizado en el trámite de enmiendas esta iniciativa, que contaba con el beneplácito de los partidos integrantes del pacto de la moción de censura, lo cuál dejó a las Cuentas sin cinco décimas más de décicit.	elEconomista no se hace responsable de las opiniones expresadas en los comentarios y los mismos no constituyen la opinión de elEconomista. No obstante, elEconomista no tiene obligación de controlar la utilización de éstos por los usuarios y no garantiza que se haga un uso diligente o prudente de los mismos. Tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la identidad de los usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los usuarios proporcionan y excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la utilización de los mismos o que puedan deberse a la ilicitud, carácter lesivo, falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la información proporcionada.	
Sánchez, a examen: logros y fracasos económicos del gobierno más corto de la democracia