El independentismo catalán hizo un llamamiento la semana pasada a lucha no-violenta y a la desobediencia civil, y parece que algunos de ellos no escucharon (debido posiblemente a la sordera mental del fanatismo) lo de 'no' y se han quedado en la lucha violenta callejera, donde el principal objetivo son las infraestructuras (ferrocarril y aeropuerto) y el mobiliario urbano, y por medio, los agentes de policía (da igual que sea la Nacional o los Mossos, son estos chicos muy igualitarios a la hora de la pedrada). Resultados: una semana de espanto, casi 200 policías heridos y cientos de manifestantes lesionados o detenidos, una tierra respetada y respetable tirada por los suelos en su imagen, graves perjuicios al patrimonio público (1.575.000, según cálculos provisionales, solo en Barcelona), un desgaste notorio para la economía catalana y el presidente Torra en el ejercicio del difícil arte de soplar y sorber a la vez. Es de chiste esto de Torra, su jefe máximo, exigiendo contención a los Mossos en vez de apoyar sin fisura a los agentes acosados en las calles por provocadores organizados que nada tienen que ver con los manifestantes pacíficos (la mayoría), que en ejercicio de su derecho de reunión salen a las calles de Cataluña a protestar por la sentencia del TS. Y lo peor de todo es que saben que todo este desastre no les servirá para conseguir sus objetivos. ¿Realmente alguien en su sano juicio piensa que unas instituciones democráticas sometidas al Derecho, 'presos del pánico', otorgarán a las bravas la independencia y sacarán de la cárcel a los políticos independentistas condenados?, ¿quieren que ocurra una desgracia y pasemos de los heridos a los muertos en el balance de los disturbios?, ¿están orgullosos de que la ultraderecha aproveche este ambiente, saque pecho y se incorpore a esta borrachera de violencia en las calles?	Sigo pensando lo mismo, la única respuesta es la serenidad, la proporción y la firmeza, en especial de las instituciones. Y el primer deber de los responsables políticos es no frivolizar sobre cosas serias, por temeridad o ignorancia. Si se atiende a las declaraciones posteriores a la ronda de consulta del presidente Sánchez, da la impresión de que es discrecional optar por la aplicación del art 155 CE o la ley de Seguridad Nacional (LSN), lo cual implica un grave desconocimiento del marco jurídico de ambas formas de respuestas. La LSN atribuye al presidente del Gobierno la dirección de la política pública de Seguridad Nacional para proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos y «garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales», sobre la base de la cooperación de todas las administraciones, incluida la Generalitat. Sin embargo, la aplicación del art. 155 CE (más allá de las dudas al estar disuelto el Senado) implica el incumplimiento por parte de las instituciones catalanas de «las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan» o una actuación que «atente gravemente al interés general de España». Por tanto, al partir ambas previsiones legales de presupuestos diametralmente diferentes, no es una cuestión de opción, sino de decisión si llegado el caso se dan algunos de los supuestos legales mencionados.	
No es una opción, es decisión