“Estas exenciones están de acuerdo con la autoridad otorgada al Secretario de Seguridad Nacional por el Congreso y cubren una variedad de leyes ambientales, de recursos naturales y de gestión de la tierra (…) Si bien las exenciones eliminan la obligación de DHS de cumplir con varias leyes con respecto a los proyectos cubiertos, DHS sigue comprometido con la administración ambiental”, se aseguró.	El nuevo muro en el desierto de Ascensión será la continuación a la barrera de 32 kilómetros levantados en la zona de Santa Teresa, Nuevo México, frontera con el ejido Jerónimo, que según los términos del proyecto debió terminar antes del 16 de febrero pasado, con un costo de 73 millones de dólares.	Se argumentó que los sectores de Yuma y El Paso son áreas de alto ingreso ilegal y están experimentando un gran número de individuos y narcóticos que se introducen de contrabando ilegalmente en el país, por lo que la construcción de infraestructura fronteriza dentro de estas áreas del proyecto apoyará la capacidad del DHS para impedir y negar los cruces ilegales de la frontera y las actividades de tráfico de drogas y de personas de organizaciones criminales transnacionales.	Dicho muro fue utilizado hace unos meses en los discursos de Trump para asegurar que con ella disminuyó la violencia en El Paso, lo cual ha sido refutado por organizaciones estadounidenses, ya que antes del tiroteo de racista en el que un estadounidense terminó con la vida de 22 personas y dejó heridas a 24 más, la vecina ciudad era considerada una de las más seguras de Estados Unidos.	
Avanza muralla de acero en medio del desierto