Los diputados británicos preparan el contrataque al plan del brexit de Theresa May, en forma de enmiendas. El Partido Laborista ha entreabierto la puerta a un posible segundo referéndum y un grupo de parlamentarios de todos los partidos trata de forzar un retraso en la salida de la Unión Europea hasta finales de año, con el fin de evitar una ruptura sin acuerdo. La ministra de Trabajo y Pensiones, Amber Rudd, ha pedido que se deje a todos los diputados conservadores libertad de voto sobre los planes para la ampliación del Artículo 50, cuando se presenten las enmiendas el próximo martes. May no estaría dispuesta a ceder a esa presión, pero en ese caso, de acuerdo con The Times, docenas de miembros del Gobierno amenazan con presentar su renuncia la próxima semana. La enmienda presentada por el Partido Laborista permite, en un lenguaje que los críticos calificaron de demasiado «vago», que sus diputados puedan votar todas las opciones sobre el brexit. La preferente para Jeremy Corbyn es que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera, pero se pide a los diputados que «consideren» la opción de un segundo referéndum, aunque el partido no se ha comprometido a apoyarlo, en caso de que se votara si debe convocarse o no.	División / Corbyn es muy reacio a esa consulta, a la que, sin embargo, paso a paso, parece deslizarse el laborismo. Como el resto del país, el partido de la oposición está profundamente dividido. La cita en las urnas podría enfrentarles con su electorado del norte y el centro de Inglaterra, que respaldó la salida en el referéndum del 2016. La pasada semana solo 71 de los 256 diputados laboristas firmaron una carta dirigida a Corbyn pidiéndole que apoyara un nuevo voto. La otra de las enmiendas más significativas hasta ahora ha sido presentada por un grupo de diputados, reconocidos y con peso, de todos los partidos, dando hasta el 26 de febrero a la primera ministra para que su plan sea aprobado. Si May vuelve a fracasar, la Cámara de los Comunes forzaría una extensión de nueve meses del Articulo 50, lo que prolongaría la salida a final de año.	El Gobierno ha anunciado que planea destinar 5.000 funcionarios a un centro de emergencia y control, en caso de que haya una salida sin acuerdo. En esa circunstancia también, la Unión Europea confirmó que se establecerá una frontera física, lo que se ha dado en llamar una frontera dura en la isla de Irlanda.	
Los laboristas dan el paso hacia un nuevo referéndum