Argüelles: justicia y graciaLo que pudo ser un acto de congruencia entre el decir y hacer para cumplir con la ley, resultó todo un fiasco con la renuncia de la secretaria del Trabajo, Guadalupe Argüelles Lozano, quien según expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, presentó esa solicitud para “atender asuntos del ámbito personal que requieren su atención”.	Dos días antes, el hijo de la señora Argüelles, Efrén Rogelio “N”, fue detenido en Chicontepec por policías municipales en evidente estado de ebriedad y con un envoltorio de yerba, al parecer marihuana; pero el asunto más grave fue el hecho de que conducía un lujoso auto oficial, asignado a la funcionaria, y eso quiso hacerlo valer ante esa autoridad.	Nada tendría que ver que el hijo de la ex Secretaria cometiera un delito, su conducta ilícita no podría atribuirse a ella, pero sí cometió un delito al autorizarle el uso de un patrimonio público, como es el automóvil, lo que en términos llanos es un acto corrupción. Aceptar que doña Guadalupe solamente se separe del cargo sin fincarle responsabilidad del delito cometido es, también, una omisión de la autoridad que lo avala, en este caso el mandatario estatal, y quien lo permita sin perseguirlo de oficio, tanto la Contraloría como la Fiscalía General del estado.	Lo mismo pasó cuando la misma secretaria quiso imponer a su hija, Quetzali Cárdenas Argüelles, como jefa del Departamento Jurídico y de Amparos de la citada dependencia a su cargo, sólo que hubo protestas que se filtraron a la redes sociales y, aunque lo negó, presionada por el escándalo mediático dio marcha atrás en ese nombramiento, de lo cual tampoco hubo consecuencias porque la Contraloría lo ignoró primero y luego lo encubrió.	¿No era mejor cesarla y aplicar la ley? No, la ex funcionaria tiene una relación de amistad con quien manda en Veracruz, quien negó el apoyo solicitado por su colaboradora en este asunto, y eso causó su salida sin problemas, aunque haya existido corrupción en este caso y nepotismo en el otro, cumpliéndose así el axioma de “al amigo justicia y gracia; al enemigo justicia a secas”. Hay otras versiones de que solamente se trata de un ajuste en el gabinete, y se aprovechó la coyuntura del escándalo para retirar a la señora Argüelles y nombrar a Diana Aróstegui como Encargada del despacho, a reserva de ratificarla o designar a otra persona en ese cargo, probablemente de la cuadra del cada vez más poderoso secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, a quien por cierto sus adversarios también le atribuyen esta baja del gobierno.	No tarda en aclararse el crimen de la periodista María Elena Ferral Hernández, cometido hace un mes, y tal y como ha trascendido, uno de los relacionados en este hecho es un ex diputado panista, quien fuera denunciado por la víctima por amenazas de muerte. El lunes, policías ministeriales realizaron un cateo en su domicilio de Papantla, pero no fue localizado. A él se atribuye la autoría intelectual del asesinato, aunque las autoridades aún deberán comprobarlo. No hay mayores datos, sólo que de once ya existen cinco detenidos, y éstos habrían aportado más elementos de prueba de lo que pasó ese trágico día. Hay que esperar y, en éste como en otros casos, no debe existir excepciones en la ley y aplicarse estrictamente sea quien fuere o fueren los responsables del artero homicidio.	Lo que pudo ser un acto de congruencia entre el decir y hacer para cumplir con la ley, resultó todo un fiasco con la renuncia de la secretaria del Trabajo, Guadalupe Argüelles Lozano, quien según expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, presentó esa solicitud para “atender asuntos del ámbito personal que requieren su atención”.	Dos días antes, el hijo de la señora Argüelles, Efrén Rogelio “N”, fue detenido en Chicontepec por policías municipales en evidente estado de ebriedad y con un envoltorio de yerba, al parecer marihuana; pero el asunto más grave fue el hecho de que conducía un lujoso auto oficial, asignado a la funcionaria, y eso quiso hacerlo valer ante esa autoridad.	Nada tendría que ver que el hijo de la ex Secretaria cometiera un delito, su conducta ilícita no podría atribuirse a ella, pero sí cometió un delito al autorizarle el uso de un patrimonio público, como es el automóvil, lo que en términos llanos es un acto corrupción. Aceptar que doña Guadalupe solamente se separe del cargo sin fincarle responsabilidad del delito cometido es, también, una omisión de la autoridad que lo avala, en este caso el mandatario estatal, y quien lo permita sin perseguirlo de oficio, tanto la Contraloría como la Fiscalía General del estado.	Lo mismo pasó cuando la misma secretaria quiso imponer a su hija, Quetzali Cárdenas Argüelles, como jefa del Departamento Jurídico y de Amparos de la citada dependencia a su cargo, sólo que hubo protestas que se filtraron a la redes sociales y, aunque lo negó, presionada por el escándalo mediático dio marcha atrás en ese nombramiento, de lo cual tampoco hubo consecuencias porque la Contraloría lo ignoró primero y luego lo encubrió.	¿No era mejor cesarla y aplicar la ley? No, la ex funcionaria tiene una relación de amistad con quien manda en Veracruz, quien negó el apoyo solicitado por su colaboradora en este asunto, y eso causó su salida sin problemas, aunque haya existido corrupción en este caso y nepotismo en el otro, cumpliéndose así el axioma de “al amigo justicia y gracia; al enemigo justicia a secas”. Hay otras versiones de que solamente se trata de un ajuste en el gabinete, y se aprovechó la coyuntura del escándalo para retirar a la señora Argüelles y nombrar a Diana Aróstegui como Encargada del despacho, a reserva de ratificarla o designar a otra persona en ese cargo, probablemente de la cuadra del cada vez más poderoso secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, a quien por cierto sus adversarios también le atribuyen esta baja del gobierno.	No tarda en aclararse el crimen de la periodista María Elena Ferral Hernández, cometido hace un mes, y tal y como ha trascendido, uno de los relacionados en este hecho es un ex diputado panista, quien fuera denunciado por la víctima por amenazas de muerte. El lunes, policías ministeriales realizaron un cateo en su domicilio de Papantla, pero no fue localizado. A él se atribuye la autoría intelectual del asesinato, aunque las autoridades aún deberán comprobarlo. No hay mayores datos, sólo que de once ya existen cinco detenidos, y éstos habrían aportado más elementos de prueba de lo que pasó ese trágico día. Hay que esperar y, en éste como en otros casos, no debe existir excepciones en la ley y aplicarse estrictamente sea quien fuere o fueren los responsables del artero homicidio.	

Argüelles: justicia y gracia
