El accidente del Metro de Valencia del 3 de julio de 2006, que le costó la vida a 43 personas y dejó heridas a 47 personas, tendrá finalmente un juicio en el que se sentarán ocho exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat, entre ellos la ex gerente de la empresa pública, Marisa Gracia, para quienes la Fiscalía pedirá tres años y medio de cárcel por imprudencia grave profesional e inhabilitación para trabajar en empresas públicas y privadas.	La juez instructora del caso, Nieves Molina, titular del Juzgado de Instrucción Número 21 de Valencia, ha dictado auto de apertura de juicio oral, después de que la Audiencia Provincial rechazara los recursos presentados por las defensas de los procesados. Molina dará traslado a las partes para que presenten su calificación -escrito de defensa en el caso de los abogados de los acusados- y el asunto pasará a Decanato para su reparto a juzgado de lo Penal. El juicio no se celebraría antes del verano.	Según el relato que en su día realizó la Fiscalía, los directivos de FGV «no previeron la limitación de velocidad de forma mecánica en la curva» del accidente y el tren alcanzó los 80 kilómetros por hora en la curva, porque «la inexistencia de baliza que protegiera». Además, Metrovalencia «no ha acreditado ninguna actuación dirigida al control directo de la seguridad en las vías, del material rodante o la formación de los conductores». Para sostener la petición de esta pena, el informe de los fiscales del caso describe con todo detalle hasta 15 deficiencias técnicas que, a su juicio, «conllevaban un riesgo muy importante para la seguridad de los trabajadores y para los viajeros» que los ocho acusados «conocían o debían conocer».	La posición de la Fiscalía se encuentra a años luz del que siempre ha sostenido la juez instructora del caso, Nieves Molina, que ha defendido el archivo reiterado de la causa y nunca ha visto responsabilidades más allá del exceso de velocidad en que incurrió el maquinista fallecido. La juez, de hecho, sólo ha planteado sentar en el banquillo a los ex directivos de FGV por orden de la Audiencia Provincial y en relato de los hechos deja claro que no aprecia que las deficiencias denunciadas fueran decisivas.	La Fiscalía entiende que los acusados, por ejemplo, «conocían los problemas y quejas» con el funcionamiento del sistema de frenado (Frenado Automático Puntual-FAP)) y que incluso «se cuestionaba la falta de ATPen esta línea). También se considera grave por parte de la Fiscalía que en FGV «no se había efectuado un análisis riguroso de los riesgos derivados de la actividad en el transporte ferroviario puesto que, como se deduce del contenido de las actas, la empresa actúa posteriormente a la causación del accidente, lo cual pone de manifiesto que FGV carecía de un plan de prevención de riesgos laborales riguroso».	
El accidente del metro de Valencia llegará a juicio 13 años después con ocho ex directivos en el banquillo