Muy pocos saben qué será de su destino como administradores de Justicia. ¿Seguirán administrando justicia? ¿O serán recusados por algunas de las varias razones que dejó flotando el fallo de la Corte? Algo peor se instaló. Los argentinos han perdido una noción elemental de seguridad jurídica. La inamovilidad de los jueces fue escrita en la Constitución para garantizar la independencia de los magistrados. Una nación con jueces sin independencia es lo mismo que un país sin jueces.	Los jueces supremos intentaron salir de la ratonera en la que cayeron cuando firmaron la resolución del martes. Lo lograron solo de manera muy acotada. La astucia en la esfera del derecho. En rigor, no cambiaron nada, porque Castelli deberá ser juzgado antes por las instancias inferiores para caer al final en manos de la Corte. ¿Alguien supone que las instancias inferiores decidirán contra la jurisprudencia que la Corte estableció con Bruglia y Bertuzzi? ¿Alguien imagina que la propia Corte fijará otro criterio para Castelli cuando su caso es casi idéntico a los de Bruglia y Bertuzzi? La ilusión es a veces un error. Castelli terminará, a la larga o a la corta, en el mismo lugar en el que están Bruglia y Bertuzzi.	No existen solo Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Estos eran la obsesión de Cristina Kirchner porque la condenaron o la juzgarán. Pero la Corte fijó un criterio no solo para estos tres, sino para todos los trasladados. Los traslados están mal, dijo; los jueces que ocupan esos cargos son meros subrogantes hasta que los lugares sean concursados y tengan otro acuerdo del Senado.	Podrían ser recusados por personas que están siendo (o serán) juzgadas por ellos. Si la razón por la que están en esos cargos es una "costumbre inconstitucional", como escribió la mayoría del máximo tribunal, ¿por qué los argentinos deberían someterse a sus decisiones? O lo que es peor: los argentinos que recurren a la Justicia podrán sospechar que el juez que comienza un caso puede no ser el juez que lo termina.	La Corte también estableció que es inconstitucional el reglamento que regía para los concursos en el Consejo de la Magistratura. Las cosas empeoraron, entonces. ¿Qué sucederá con los jueces que concursaron los cargos que ocupan, y que luego tuvieron acuerdo del Senado, si todo el proceso comenzó con un reglamento inconstitucional? ¿La decisión de la Corte no habilita a cualquiera, acaso, a recusar a un juez que llegó al cargo promovido por ese reglamento?	¿Puede funcionar normalmente una Justicia en la que los jueces no saben si son jueces o si ocupan el cargo que les corresponde? La mala recepción que tuvo ese fallo entre los jueces es tal que la Asociación de Magistrados se pronunció por primera vez contra una sentencia judicial. Nunca opina, por principios, sobre la decisión de ningún juez. La Asociación le reclamó a la dirigencia política que advierta la gravedad de la situación porque	Pudo declarar inconstitucional la actual integración del Consejo de la Magistratura y cambiar el criterio de los traslados hacia adelante. Pero la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la conformación del Consejo es un asunto que la Corte tiene en remojo desde hace cuatro años. Una cosa es no tener plazos; otra cosa es la dejación de justicia por inacción. Esto último es lo que sucede cuando la Corte se toma más tiempo que el tiempo razonable.	ratificó en los últimos días la propuesta de Rafecas. La mandó el Presiente; es imposible imaginar a esa ministra autónoma de su jefe político. Los cristinistas, consultados por la oposición, dieron una respuesta sencilla: "Tenemos que preguntarle a la presidenta". Se entiende: la presidenta es Cristina. Pero ella quiere modificar la ley para disminuir la mayoría necesaria para darle el acuerdo al procurador: que sea mayoría absoluta (que el peronismo la tiene), en lugar de los dos tercios actuales (que el peronismo no tiene). Rafecas no le importa.	relativizó su anterior referencia peyorativa al expresidente. Macri cree que lo subestiman ("otra vez", dice) cuando lo imaginan pensando ahora en 2023 en medio de semejante crisis económica y social. ¿Es cierto que puede haber un acuerdo sobre causas judiciales entre él y Cristina? "Es una calumnia", responde, seco. "Si nos convocaran, lo que no ha sucedido hasta ahora, el primer acuerdo deberá ser sobre el respeto a la Constitución y sus instituciones o no habrá acuerdo", explica luego. Una oposición segura de lo que quiere es una referencia importante en cualquier democracia.	
La Argentina, un país sin jueces