Alonso está imputada en la misma causa que involucra al exministro de Energía Juan José Aranguren. A él se lo investiga por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública mientras encabezaba el Ministerio y todavía poseía acciones de la petrolera Shell. Aranguren declaró la semana pasada ante Rodríguez y negó haber tomado decisiones para beneficiar a la empresa.	El expediente surgió a partir de una denuncia efectuada en 2016 por parte de los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Martín Doñate, quienes plantearon que Aranguren favoreció a la petrolera Shell a través de los aumentos de las tarifas de gas a los usuarios residenciales y que Alonso debería haber intervenido ante un supuesto conflicto de intereses, ya que Aranguren todavía poseía acciones de Shell y había sido presidente de la petrolera durante casi 12 años.	Según los denunciantes, la incompatibilidad señalada en el caso de Aranguren se basa en el artículo 13 de la ley de ética pública, en la que se establece: "Es incompatible con el ejercicio de la función pública [...] dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por este, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades".	Los denunciantes plantearon que Alonso no intervino ante esa situación para encubrir a Aranguren. En septiembre de 2016, la OA emitió un dictamen en el que sugirió al entonces ministro que se desprendiera de las acciones que todavía poseía. Dos meses después, el presidente Mauricio Macri anunció que Aranguren vendería esos activos.	Esta no es la única causa penal que involucra a la titular de la OA. Alonso está imputada, además, en una causa en la que se investiga si a través de una resolución emitida por la OA en 2018 intentó proteger al Presidente, al señalar que no había cometido ninguna falta ética en la causa Correo Argentino, en la que se investiga el acuerdo entre la firma del Correo y el Gobierno por la deuda que la empresa de la familia Macri contrajo con el Estado mientras concesionaba el servicio. La investigación está a cargo de la fiscal Paloma Ochoa y la jueza que interviene es María Servini.	
Laura Alonso declara hoy como imputada en Comodoro Py