La delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez, ha defendido este martes el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 porque tendrán un impacto económico en el archipiélago que ha cifrado en 15.000 millones de euros si se tiene en cuenta las medidas sociales generales que se incluyen en el mismo.	Por ello, ha insistido en que tienen “un impacto directo” en la vida de las personas aunque “parece que no hay interés de hablar” de ello en relación a las declaraciones que se hace desde el Gobierno de Canarias. Para Máñez los PGE de 2019 son “un proyecto de ley que reflejan un proyecto de personas” en el que se recuperan los “derechos sociales que se habían perdido”.	Así, apuntó que el impacto social –aplicación subidas de pensiones, ayudas a parados de más de 52 años (…)– de este proyecto de PGE de 2019 en Canarias, según el análisis hecho desde la Delegación del Gobierno, se estima en unos 7.000 millones de euros, a los que sumó los 7.829 millones de euros de la aplicación, dijo, del nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF), Estatuto de Autonomía y partidas nominadas.	En cuanto a las partidas nominadas, aseguró que se mejora en unos 339,6 millones de euros relacionados con el REF y el Estatuto de Autonomía, mientras que el sistema de financiación recoge 5.286,6 millones de euros para el archipiélago, “lo que supone un incremento de 410,4 millones de euros”.	Máñez ha insistido en el contenido social de estas cuentas y su repercusión en Canarias, citando que la subida en las pensiones afectará a 326.200 pensiones contributivas en las islas y a 43.500 no contributivas, con partidas de 4.040 millones de euros y 221,5 millones de euros, respectivamente.	Además, expuso que el aumento de las retribuciones de los trabajadores públicos de un mínimo del 2,25 por ciento beneficiará a 35.029 personas y para ello se destinarán 1.298 millones de euros, mientras que aseguró que el sistema de dependencia tendrá un partida de 41 millones de euros para 23.225 personas.	A estas medidas sumó la ampliación a 52 años de la prestación especial por desempleo, la extensión de cinco a ocho semanas del permiso de paternidad, 98,8 millones de euros para becas, ayudas al estudio y libros de texto, o 10 millones de euros para el Pacto contra la Violencia de Género.	Por otro lado, cuestionada por los 327 millones de euros que reclama el Gobierno de Canarias de los PGE de 2018, y que no han llegado, así como por transferencias directas, Máñez aludió a que se trata de partidas que “no están porque tienen que ver con el nivel de ejecución”.	

								La delegada del Gobierno en Canarias defiende los PGE de 2019, que dejarán 15.000 millones en el Archipiélago							