El Ministerio Público informó que giró 39 órdenes de captura contra integrantes de esta estructura del crimen organizado que operaba en los departamentos de Usulután y San Miguel, en el oriente del país, y a los que se responsabiliza de 20 homicidios individuales, un quíntuple, un cuádruple, dos triple y seis dobles, además de 18 homicidios agravados tentados --es decir, que no se lograron consumar-- y de tres secuestros. Todos los delitos habrían sido cometidos entre 2016 y 2017.	Melara dijo que quería ser enfático y advirtió que van a ser implacables en la aplicación de la ley sin importar quién haya cometido un delito. “Hay que ser claros, todo los delitos han ido cometidos por personas que estaban destinadas a proteger la vida de los salvadoreños (y) no merecen llamarse policías”.	Para cometer los delitos, los imputados vestidos como policías y militares simulaban procedimientos oficiales como registros con prevención de allanamientos e ingresaban a las viviendas de las víctimas, las privaban de libertad y posteriormente, utilizando armas de fuego y armas blancas, las asesinaban en otro lugar y, en algunos casos en la misma residencia.	
El Salvador detecta grupo de policías dedicados al sicariato