Pese a que la oleada de críticas continúa, el Gobierno se mantiene firme en su medida aprobada hace ya tres meses mediante la cual todas las empresas, sean del tamaño que sean, están obligadas a llevar un registro de la jornada de sus trabajadores desde el pasado 12 de mayo. A punto de cumplirse un mes, no hay marcha atrás posible ni, como algunos colectivos esperaban y solicitaban, alguna nueva excepción. Así lo advirtió la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas: «No hay ninguna excepción, no hay excepciones más allá de los colectivos excluidos», sentenció. Se refiere a una serie de «peculiaridades» o «excepciones» a este control que aclaró posteriormente una guía práctica publicada por el Ministerio y que básicamente exime a los empleados a tiempo parcial -a los que una ley anterior ya les exige su propio registro-; a aquellos que tengan un registro específico controlado por su normativa, como los trabajos de transporte; a los autónomos; a los socios de cooperativas; al personal de alta dirección; o a las relaciones laborales de carácter especial, para las que operará su normativa específica, como en el caso de los abogados que estén contratados bajo ese régimen, las empleadas del hogar, los artistas o deportistas, entre otros. Aunque «en ningún caso» se podrá superar en un año las 1.826 horas con 27 minutos que la ley establece como máximo, por lo que «deberán llevar un control paralelo para saber cuántas realizan», precisó a este periódico Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo.	Con esas declaraciones, el Gobierno parece hacer oídos sordos a las peticiones que han realizado diferentes sectores para que se les deje al margen de esta medida, tales como los grandes despachos de abogados, que han mostrado su oposición a que su profesión se rija por unos horarios; asociaciones de agricultores, que insisten en que esta norma es de difícil aplicación en el campo; o la organización de autónomos ATA, que piden quedar también exentos de controlar a sus asalariados.	Desde el Ejecutivo no entienden esta polvareda generada por una medida que «nada más» pretende ser «un instrumento de control de una obligación formal que existe desde siempre». «Estamos perplejos», explicó la secretaria de Estado, que hizo hincapié en que el objetivo de esta norma «nunca ha sido recaudatorio», sino «defensivo»; es decir, que pretende que los trabajadores dispongan de un instrumento que les permita salir de una situación de indefensión y proporcionar seguridad jurídica a las empresas y los inspectores. Para confirmar este fin, aseguró que «hasta donde nos consta», no ha habido ninguna sanción por parte de los inspectores de Trabajo, aunque dejó claro que esto no significa que haya ninguna moratoria más allá de los dos meses que se dio para su entrada en vigor, un «plazo razonable», a su juicio. «No hay ninguna moratoria y la actuación de la Seguridad Social se dará», advirtió, aunque precisó que «daremos tiempo». A este respecto, desveló que se les ha dicho a los inspectores que la primera visita que hagan sea más de «asesoramiento», allí donde haya dudas sobre el cumplimiento de la norma. «Rigor y flexibilidad, que no son incompatibles», aclaró.	Desde la inspección apuntaron que actuarán con «cordura y con mesura» y darán un «tiempo prudencial para que el registro sea operativo» en aquellas empresas que hayan puesto en marcha la negociación colectiva. Eso sí, avisaron de que, en caso de que no lo hayan implantado y se les haga un requerimiento, en la segunda visita «la multa sería mayor» si no lo han subsanado. En la misma línea se expresó la directora de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, Elena Pérez Barredo, quien en una entrevista concedida a	Desde el Ministerio de Trabajo manifestaron que están «trabajando en constante y muy leal y eficaz colaboración» con la patronal y los sindicatos para «encajar» todos los elementos de esta medida y resolver todas las dudas e inquietudes que se puedan plantear, «no porque las piezas estén desencajadas, sino porque algunos no han debido entender». A este respecto, Ercoreca explicó que la gran duda gira en torno a cuándo se está ante tiempo de trabajo efectivo y cuándo no. ¿Es tiempo efectivo de trabajo cambiarse el uniforme? La jurisprudencia dice que no, salvo que sea necesario al tratarse de trabajos expuestos a algún peligro, como el amianto. ¿ Y dormir durante un turno de guardia? Esto sí sería pero no el tiempo que se está en casa con una guardia localizada, a menos que haya que responder en 8 minutos o menos, precisó.	
El Gobierno avisa de que no habrá nuevas excepciones al registro horario