La apresurada tramitación, en otro 'viernes social', de nada menos que un Plan de prevención y reducción del paro de larga duración en el Consejo de Ministros, fue recibida ayer con escepticismo por parte de CC OO y UGT. Tanto que llevó a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, a pronunciarse de manera desafortunada, señalando que «mejor es un brindis al sol que los lunes al sol». La frase denota un ánimo voluntarista impropio cuando se asumen responsabilidades de gobierno; y viene a demandar el reconocimiento de la buena intención gubernamental por encima de todo. Un mal punto de partida, cuando además hay una nueva legislatura en puertas. La iniciativa es prolija en cuanto a sus propósitos y a sus medidas –63–; incluso dice estar dotada de medios económicos. En su conjunto, asciende a 4.000 millones de euros. El problema está en que no hay una estructura de recursos humanos y materiales capaz de soportar siquiera los mínimos de la tarea encomendada. La adscripción de los parados de larga duración a la atención de los 3.000 profesionales dedicados a la orientación profesional de los más jóvenes delata la improvisación del Gobierno Sánchez en la materia. Cuando ni los servicios de empleo públicos, ni la cooperación de estos con las empresas privadas de contratación, alcanzan a afrontar mínimamente el problema. Claro que los propios sindicatos debieran extraer conclusiones respecto a lo que les concierne directamente en la búsqueda de respuestas eficientes al desempleo de larga duración; aunque sea en cuanto a la asunción de sus límites como organizaciones representativas y proveedoras de servicios de formación e intermediación. Pero el Gobierno no ofreció ayer más que un enunciado de sus propósitos; al tiempo que la AIrEF advertía de que los costes que van sumando los Consejos de Ministros posteriores a la disolución de las Cortes incrementan el gasto y el déficit públicos. La naturaleza eminentemente social de las iniciativas permite relativizar que los 920 millones de gasto imputado a las decisiones de los últimos viernes pudieran desequilibrar las cuentas del país. Pero no es de recibo que el Gobierno Sánchez proceda de esta manera, sorteando cualquier control parlamentario sobre las medidas tramitadas, y sin que se sepa cuál va a ser su virtualidad en el tránsito entre dos legislaturas. Con la posibilidad de que las iniciativas –como la de los mayores de 52 años– se diluyan por su propia inconsistencia jurídica y operativa.	
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