La investigación sobre el juicio político de Donald Trump dio un giro dramático cuando el presidente de Estados Unidos ordenó a su embajador en la UE no comparecer a una declaración que estaba programada. Gordon Sondland había acordado testificar voluntariamente, pero a raíz del repentino giro, los demócratas de la Cámara de Representantes ahora tendrán que tratar de obligarlo a declarar. Si bien el Congreso tiene las herramientas legales para hacerlo, en la práctica puede ser difícil vencer un intento de obstrucción por parte de la administración.	La Constitución de EE.UU. no otorga explícitamente al Congreso la facultad de investigar al poder ejecutivo, pero desde la fundación del país, se ha asumido sistemáticamente que esa facultad es inherente a su función como órgano legislativo. Para asuntos no controvertidos, las comisiones del Congreso normalmente solicitan y reciben documentos y testimonios de manera voluntaria. En situaciones más polémicas, pueden emitir citaciones parlamentarias.	Hay una historia sabrosa en la que el Congreso toma el asunto con sus propias manos y encarcela a individuos que se negaron a cumplir con las solicitudes de documentos y testimonios. Desafortunadamente para los demócratas de la Cámara de Representantes, esa historia termina a mediados de la década de 1930, hace casi un siglo.	El Congreso tiene el poder de la billetera y el poder de legislar. Los demócratas de la Cámara de Representantes podrían amenazar con recortar los fondos o bloquear nuevas leyes, a menos que el gobierno de Trump coopere con la investigación del juicio político. Hasta ahora, parece que hay poco interés político por seguir esa ruta.	

			¿Cómo hará el Congreso para enfrentar al presidente de EE.UU.?