Según los integrantes del Poder Judicial que concurrieron al encuentro, el responsable del control de legalidad de la Provincia les transmitió que, más allá de los posicionamientos políticos, no está en agenda de la gestión de Juan Schiaretti introducir cambios en la manera en que se jubilan los jueces y funcionarios judiciales en Córdoba.	Ningún funcionario provincial se pronunció públicamente sobre el tema, pero varios integrantes del gabinete respaldaron –en conversaciones informales– las modificaciones impulsadas por Alberto Fernández y reiteraron –como lo hizo el Presidente– la brecha a favor que tienen en sus remuneraciones los jueces respecto de los miembros del Poder Ejecutivo, tanto nacional como provincial.	Llama la atención que un número muy significativo de jueces esté dispuesto a jubilarse ahora en lugar de litigar. A priori, daría la sensación de que la misma comunidad judicial protegería sus propios derechos y fallaría a favor. “No es así, somos responsables y serios”, marcó Marcelo Gallo Tagle, titular de la Asociación de Magistrado y Funcionarios Judiciales de la Nación.	En ese sentido, a muchos les causó escozor las declaraciones del propio fiscal cordobés Enrique Senestrari, que reveló que gana 598 mil pesos en bruto y que consideró a eso un privilegio. "Es hora de que los miembros, los magistrados de la Justicia acepten que somos partes de la sociedad y no podemos tener tantos privilegios. No podemos estar siempre por fuera de las decisiones que afectan al pueblo", sostuvo. Conclusión: el éxito judicial no está garantizado.	Otra preocupación tiene que ver con la factibilidad real de cubrir las vacantes que se produzcan. La norma aprobada el jueves derogó además el régimen de subrogancia, lo que habilita a cubrir las suplencias de los jueces convocando a jueces jubilados. Así, el Gobierno podría nombrar conjueces en tribunales. “Pero en el fallo Uriarte, la Corte señaló como inadecuadas las designaciones porque sostiene que hay que cumplir los requisitos que establece la Constitución para nombrar jueces; así que se podrá cambiar la ley pero no la Constitución”, dice el titular de la Asociación. “No se me ocurre cómo podrían disponer de una mecánica respetando la constitución”, agregó.	La entidad también cuestiona la estrategia del oficialismo de “ocultar verdades”. “La discusión de los números es muy irritativa y la perdemos siempre”, reconoce Gallo Tagle. El régimen del Poder Judicial está compuesto por 17.600 activos que, según informó el Ejecutivo, aportan 573,7 millones de pesos mensuales, frente al pago de siete mil beneficios que demandan al mes 2.023 millones de pesos, a razón de 289 mil promedio cada uno. Si se agrega el aporte del empleador (unos 860 millones al mes), el régimen previsional de los jueces tiene un rojo del 30 por ciento.	“Pero nosotros aportamos durante más de 30 años y eso va al régimen general; si tuviéramos cubiertas el 25 por ciento de vacantes que hoy tenemos habría más aportes y cuando hacemos las subrogancias ese aporte va al régimen general y no al judicial”, dice el funcionario, designado por los magistrados como único vocero en este conflicto. “Es deficitario, pero no como dicen y si van a decir todas las contra, que digan también los pros”, agrega.	El punto que más cuestionan es el índice de actualización de los últimos 10 años de actividad. El sector pretende la prorrata: que se tome el mejor sueldo del cargo y se ponderen los años trabajados en cada cargo, y no un promedio.  De todos modos, en el sector no pierden la esperanza de seguir negociando: la versión era que el mismo viernes el proyecto ingresaba para ser tratado sobre tablas en el Senado y eso no pasó. Se trataría este miércoles en comisión y ha pedido concurrir.	
 Señales contradictorias sobre posibles cambios en la Provincia