"Hemos detectado inconsistencias en la implementación de la ley que nos llevaron a suspender la reglamentación, porque se necesita un replanteo de algunos aspectos. Para tal objetivo, estamos culminando los estudios que nos permitan determinar si esas reformas se deben hacer mediante un decreto reglamentario o si es necesario modificar la ley", afirmó mediante un comunicado la cartera a cargo de Matías Kulfas.	En cuanto a los problemas que habrían surgido con la reglamentación, el comunicado hace hincapié en que en la vieja ley de promoción del software "era claro el impulso a las pymes, pero en la actual norma esto no se ve reflejado de manera adecuada". Además, señalaron que "es muy saludable la voluntad de incorporar otras actividades como la nanotecnología, la biotecnología o la economía 4.0, pero la redacción del marco normativo actual no permite clasificarlas con claridad".	Una fuente al tanto de las negociaciones entre las empresas y el Gobierno dijo que, en principio, la actual gestión tiene que readecuar los beneficios impositivos de la norma que quedaron desactualizados por la ley de solidaridad y reactivación productiva -que dio de baja la reforma tributaria de Nicolás Dujovne, base de aquellos beneficios- a un esquema como el que tenía la ley de software. Pero el punto más controvertido es que el Gobierno querría diferenciar a las pymes de las empresas más grandes, que tendrían un "tope" a los beneficios si tienen más de 2500 empleados o si ganan por encima de un múltiplo del máximo de facturación de una empresa mediana.	Sobre la incorporación de nuevos sectores, en tanto, se habla de la creación de un comité que decidiría sobre la base de casos concretos. "Los rumores son cada vez más fuertes de que se seguiría el mismo rumbo que respecto de las importaciones. Quieren abrir una grieta porque el consenso fue muy grande. Para ellos no son lo mismo todos los sectores. Querrían dejar afuera a las compañías extranjeras o diferenciar beneficios si sos una empresa de biotecnología o Mercado Libre. Es un tema ideológico", afirmó la fuente, que pidió reserva de su nombre.	"Yo creo que hay modificaciones que vemos como una mejora, como, por ejemplo, que las empresas de I+D, nano y biotecnología se vean más favorecidas. También estamos de acuerdo en que la estructura de beneficios sea como la que establecía la ley de software, es decir, que se genere un crédito fiscal por un porcentaje de las contribuciones patronales y no por mínimo no imponible, y que sea transferible. Pero el concepto de hacer diferencias dependiendo de la escala de la empresa nos parece un contrasentido, dado que la ley quiere aumentar exportaciones y crear empleos", afirmó.	Sin embargo, Galeazzi dijo que el diálogo continúa, al igual que informaron fuentes de la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi). "Estamos llevando a cabo reuniones junto al ministerio por la reforma de la ley con el objetivo de impulsar las reglamentaciones que fomenten la competitividad, la generación de empleo y la transformación productiva, sin importar el tamaño de nuestras empresas representadas. Sin excepciones, todas las empresas del sector, startups	
Analizan cambiar la ley que promueve la tecnología, pero manteniendo los beneficios