A pesar de que desde el 15 de abril López Obrador pidió al Senado agilizar la Ley de Amnistía, aprobada cinco días después para evitar que personas vulnerables se contagiaran en las cárceles del país, a cuatro meses y en plena “nueva normalidad” y en tránsito al semáforo amarillo no hay ningún beneficiado.	Luego de que, en medio de atrasos, se conformara la Comisión encargada de revisar las solicitudes de amnistía y ésta se reuniera por primera vez el 23 de junio, apenas el miércoles pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que aprueba los pasos para ser excarcelado. Se explica que una vez que se presenten las peticiones de amnistía, en caso de que sean procedentes, se analizarán y discutirán por la Comisión la cual cuenta con hasta cuatro meses para resolver casos.	En junio la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero nombró a Paulina Téllez Martínez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia como secretaria técnica de la Comisión que está conformada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores González; así como la titular del Inmujeres; Nadine Gasman y Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional Indigenista.	Hace cuatro meses el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío planteó en entrevista con El Sol de México que podrían resultar más útiles para la liberación de personas en este contexto de pandemia que se vive, como los beneficios preliberatorios los cuales han sido impulsados por el CJF en los últimos meses. “Así es más ágil, si yo hubiera querido sacar mucha gente (de prisión), hubiera generado un programa extraordinario de atención a presos que pudieran tener los beneficios y muy probablemente ya los hubiera conseguido”,señaló el también académico	La Ley de Amnistía recoge los delitos federales que pueden aspirar a las excarcelación como el aborto, homicidio por razón de parentesco, robo simple y sin violencia, sedición así como delitos contra la salud, siempre y cuando este condicionado a una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, se ha pedido desde la Secretaría de Gobernación que cada estado del país impulse y promulgue su propia Ley de Amnistía con el objetivo de llegar a una mayoría de personas beneficiadas.	El trato diferenciado entre delitos y el que no se hayan conocido en diversas regiones del país los alcances de la Ley de Amnistía han provocado confusiones entre la población penitenciaria o quienes están sujetos a un proceso penal. En mayo pasado Carla Jaqueline “N” fue vinculada a proceso por un juez de primera instancia de control del estado de Morelos por el delito de extorsión agravada y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.	Tras recordar que se había aprobado apenas unos días antes la Ley de Amnistía promovida por el presidente López Obrador, Carla Jaqueline promovió un amparo alegando que el juez de control fue omiso al decretar su libertad pues la legislación ya estaba vigente. Sin embargo un juez federal le explicó que su demanda no era procedente pues la Ley no obliga a los jueces a decretar automáticamente la amnistía en contra de personas que se haya ejercido acción penal.	Incluso le dijo que el presidente promoverá ante los gobiernos y legislaturas estatales la expedición de leyes de amnistía por la comisión de delitos previstos en sus leyes, que se asemejen a los que se amnistían en la Ley federal. “El juzgador local no está facultado para aplicar la Ley de Amnistía, en tanto que versa sobre las conductas típicas ahí previstas del orden federal, con independencia para una ley homóloga de entidades federativas”,dijo.	A pesar de que desde el 15 de abril López Obrador pidió al Senado agilizar la Ley de Amnistía, aprobada cinco días después para evitar que personas vulnerables se contagiaran en las cárceles del país, a cuatro meses y en plena “nueva normalidad” y en tránsito al semáforo amarillo no hay ningún beneficiado.	Luego de que, en medio de atrasos, se conformara la Comisión encargada de revisar las solicitudes de amnistía y ésta se reuniera por primera vez el 23 de junio, apenas el miércoles pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que aprueba los pasos para ser excarcelado. Se explica que una vez que se presenten las peticiones de amnistía, en caso de que sean procedentes, se analizarán y discutirán por la Comisión la cual cuenta con hasta cuatro meses para resolver casos.	En junio la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero nombró a Paulina Téllez Martínez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia como secretaria técnica de la Comisión que está conformada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores González; así como la titular del Inmujeres; Nadine Gasman y Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional Indigenista.	Hace cuatro meses el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío planteó en entrevista con El Sol de México que podrían resultar más útiles para la liberación de personas en este contexto de pandemia que se vive, como los beneficios preliberatorios los cuales han sido impulsados por el CJF en los últimos meses. “Así es más ágil, si yo hubiera querido sacar mucha gente (de prisión), hubiera generado un programa extraordinario de atención a presos que pudieran tener los beneficios y muy probablemente ya los hubiera conseguido”,señaló el también académico	La Ley de Amnistía recoge los delitos federales que pueden aspirar a las excarcelación como el aborto, homicidio por razón de parentesco, robo simple y sin violencia, sedición así como delitos contra la salud, siempre y cuando este condicionado a una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, se ha pedido desde la Secretaría de Gobernación que cada estado del país impulse y promulgue su propia Ley de Amnistía con el objetivo de llegar a una mayoría de personas beneficiadas.	El trato diferenciado entre delitos y el que no se hayan conocido en diversas regiones del país los alcances de la Ley de Amnistía han provocado confusiones entre la población penitenciaria o quienes están sujetos a un proceso penal. En mayo pasado Carla Jaqueline “N” fue vinculada a proceso por un juez de primera instancia de control del estado de Morelos por el delito de extorsión agravada y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.	Tras recordar que se había aprobado apenas unos días antes la Ley de Amnistía promovida por el presidente López Obrador, Carla Jaqueline promovió un amparo alegando que el juez de control fue omiso al decretar su libertad pues la legislación ya estaba vigente. Sin embargo un juez federal le explicó que su demanda no era procedente pues la Ley no obliga a los jueces a decretar automáticamente la amnistía en contra de personas que se haya ejercido acción penal.	Incluso le dijo que el presidente promoverá ante los gobiernos y legislaturas estatales la expedición de leyes de amnistía por la comisión de delitos previstos en sus leyes, que se asemejen a los que se amnistían en la Ley federal. “El juzgador local no está facultado para aplicar la Ley de Amnistía, en tanto que versa sobre las conductas típicas ahí previstas del orden federal, con independencia para una ley homóloga de entidades federativas”,dijo.AMLO	Se exhorta a los automovilistas, motociclistas y peatones a circular con precaución Local Imparten taller de educación vial A través de la plataforma whatsapp donde se tiene una interacción con niñas, niños y padres de familia Sociedad México, sin aprender de la masacre en San Fernando A diez años de la masacre aún hay incapacidad oficial para prevenir los abusos contra los migrantes: WOLA Sociedad En Santa Inés, Hidalgo, no hay televisión para tomar clases En México existen 22 mil comunidades en las que 301 mil niños y jóvenes iniciarán clases este 24 de agosto Política Emilio es “tenaz, orgulloso y evasivo”, según estudio de su firma	

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