Esta semana se votará en el Congreso, en último debate, la reforma constitucional del control fiscal. Gran polémica ha suscitado, y no podría ser para menos, puesto que el corazón de la reforma presentada es el establecimiento de un nuevo tipo de control, el concomitante y preventivo, cuya sola mención nos recuerda las épocas del control previo, en buena hora prohibido por la Constitución de 1991.	El Contralor General, ante las alarmas que prendieron principalmente los gremios de empresarios, que manejan recursos públicos, ha explicado en detalle que el control concomitante y preventivo en ningún caso implicará coadministración ni será vinculante, pero que sí permitirá realizar seguimiento en tiempo real para identificar riesgos que pongan en peligro los recursos públicos. El control previo es muy distinto del preventivo, pues el primero es general y se aplica a todos los actos y el segundo, solo en caso de riesgo inminente de perjuicios y con criterios objetivos. Hay que evitar que el control siga llegando tardíamente cuando el daño está hecho y los funcionarios, insolventados.	El control preventivo y el control en tiempo real son un anhelo que han diagnosticado una y otra vez estudios de expertos como aquel publicado el año pasado por Fedesarrollo, ‘Lucha integral contra la corrupción en Colombia’, en el que algunos de quienes hoy critican la enmienda recomendaron acciones como el monitoreo en tiempo real, que permita generar alertas oportunas para evitar el daño fiscal. Estos principios son de aplicación en países de la Ocde sobre gobierno corporativo y también están presentes en normas de calidad como la ISO 19600. Añadiría que en España, por ejemplo, el poder de fiscalización del Tribunal de Cuentas es permanente, y ello nunca ha conducido a paralizar la Administración.	En mi paso por la Rama Ejecutiva, siempre solicité el acompañamiento de la Contraloría y la Procuraduría en cualquier proceso de contratación. A falta de herramientas de control interno, este tipo de acompañamientos nos brindaron enorme tranquilidad. Recuerdo que las entidades siempre acataron a tiempo recomendaciones muy entradas en razón que nos evitaron dolores de cabeza posteriores.	El proyecto propone también unificar las competencias de la Contraloría General y las contralorías territoriales. Actualmente existen 65 contralorías sumadas la General, las departamentales, las distritales y las municipales. La Contraloría General cuesta anualmente 570.000 millones y las regionales, cerca de 400.000. Estas últimas solo recuperan el 0,02 por ciento de los recursos involucrados en procesos de jurisdicción coactiva. Aún es tiempo de aprovechar esta oportunidad para eliminar de tajo las contralorías territoriales, como lo he propuesto por años. Ello nos permitiría avanzar hacia un control fiscal integral, efectivo y con enormes ahorros para el país.	El control fiscal que tenemos hoy nos cuesta mucho, pero sirve para muy poco, pues siempre llega tarde y con escasas y pobres herramientas. La propuesta del Contralor podrá no ser perfecta, pero es innovadora y se basa en experiencias locales y foráneas exitosas. Creo que en el objetivo de proteger los recursos públicos y atacar las principales fuentes de corrupción, vale la pena apostarle a este proyecto. En tan sensible materia nunca podremos darnos por vencidos.	
Por fin algo útil