Uno de los problemas que queda en evidencia frente a las medidas necesarias de inmovilización del Gobierno para enfrentar el coronavirus es el alto nivel de informalidad que vive el país. Tanto así que se ha tenido que plantear un subsidio para ayudar a las personas cuyo trabajo informal les permite sobrevivir.	El Gobierno ya otorgó ciertas facilidades tributarias a las pequeñas y microempresas como la prórroga de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta (IR), cuyo vencimiento actual es entre marzo y abril, pero no resulta adecuada la distinción, por lo que bien podría aplicarse también a las medianas y grandes empresas.	Asimismo, los gremios empresariales como Comex plantean la suspensión o reprogramación de obligaciones tributarias, como los pagos a cuenta del IR por lo menos hasta agosto próximo, así como el pago del Impuesto Temporal a los Activos Netos y el diferimiento en el pago del Impuesto General a las Ventas, para que, en lugar de hacerlo al mes siguiente, se realice a los 60 o 90 días.	El país requiere vencer al coronavirus en primer lugar, pero también mitigar, en la mayor medida posible, que se paralice, desde el punto de vista económico. Los ingresos de las empresas resultan claves para que cumplan con el pago de sus obligaciones, pero si no se otorgan las flexibilidades del caso las compañías formales del país quedarán perjudicadas por este periodo de inmovilidad.	En el corto plazo, al Gobierno le toca poner de su parte para ayudar a que las empresas no pierdan liquidez. Y en el largo plazo el Ejecutivo y el Legislativo deberían abocarse a establecer las medidas necesarias para que la formalidad aumente, pues mientras mayor es la formalidad más oportunidades tiene el país de superar sus problemas.	
 Evitar que las empresas se caigan