El Alto Tribunal adopta esta medida tras no admitir a trámite el recurso de casación interpuesto por la Generalitat contra la sentencia de la sección cuarta de la sala de lo contencioso administrativo del TSJCV, de fecha 25 de mayo de 2018, que estimaban parcialmente el recurso planteado por los 'populares' Rubén Ibáñez, Luis Santamaría y Juan de Dios Navarro contra el decreto autonómico de conciertos educativos en la Comunitat Valenciana y anulaba algunos preceptos del documento.	Así, el TS alude a las resoluciones que ha emitido sobre este mismo tema y en el mismo sentido que este último y señala que "las cuestiones jurídicas objeto de controversia han sido ya resueltas por la sección cuarta de esta sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo en sus sentencias de 14 de octubre de 2020" y de 21 de octubre de 2020" a partir de otros recursos de casación y "en sentido contrario a la tesis que sostiene la parte recurrente".	En esta línea, apunta que se ha fijado "como doctrina de interés casacional, en primer término, que el régimen de conciertos generales resulta de aplicación a la renovación de los conciertos singularesfirmados por las comunidades autónomas en los niveles educativos noobligatorios, quedando sujetos al régimen previsto en el Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos aprobado por el artículo único del Real Decreto 2377/1985".	La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, que se ha referido a la resolución del Supremo en una rueda de prensa que ha ofrecido este viernes para hablar de temas de actualidad, ha indicado que este muestra que "el gobierno de Puig, limitó y coartó la libertad de los padres al elegir la educación de sus hijos".	"Tratan, a través de la ley, de vulnerar lo que los ciudadanos han ganado en los tribunales", ha apuntado. Igualmente, ha expuesto que "la Ley Celaá se salta todas esas sentencias igual que ha hecho Puig en la Comunitat Valenciana con el plurilingüismo" y con los fallos que "declaraban contrario a derecho su sistema educativo".	Isabel Bonig ha aseverado que "ahora hay una responsabilidad patrimonial". "Se habla de 20 millones de euros para indemnizar los conciertos que quitó por sectarismo", ha apuntado, tras lo que ha preguntado "quién va a pagarlos" y ha planteado si "lo va a pagar Puig de su bolsillo por el perjuicio que ha causado a los colegios y a los padres por su sectarismo".	
El Supremo reitera la anulación parcial del decreto autonómico del reglamento de conciertos educativos en la Comunitat