Tres han sido las principales líneas del discurso hoy del presidente de la Diputación Provincial de Huesca sobre las cuestiones derivadas de la concentración urbana: por una parte, las consecuencias para el medio rural del elevado número de figuras de protección natural, por otra parte la necesidad de establecer una alianza entre las zonas rurales y las urbanas y por último los servicios que se prestan desde una diputación provincial para poder asentar población y que van más allá de los que son competencia propia.	"Es necesario que las ciudades conozcan la realidad de las zonas rurales que soportan en algunos casos un elevado número de figuras de protección de la naturaleza, como pueden ser los denominados LIC, ZEPAS u otras cuestiones como el sacrificio de las zonas con embalses para abastecer de energía eléctrica a otro territorios", ha explicado Miguel Gracia, para quien hay que plantear el establecimiento de un tipo de tasa por servicios ambientales que repercuta en generar actividad en la zona rural, con el posible asentamiento de población, necesario para mantener un medio natural vivo y sostenible.	Junto a Miguel Gracia, otros tres presidentes provinciales: la de Cáceres, Rosario Cordero, el de Segovia, Francisco Vázquez y el de Guadalajara, José Manuel Latre, han abordado cuestiones como la repercusión en el medio rural que se deriva de la concentración urbana.El secretario general de la Diputación de Granada, Ildefonso Cobo, ha moderado esta mesa que ha presentado la directora general de Servicios Jurídicos de la Federación Española de Municipios y Provincias, Judith Flórez.	En este sentido, ha esgrimido los dos elementos que a su juicio considera fundamentales para asentar población: trabajo y vivienda. "Pese a las limitaciones que tenemos las diputaciones, en materia legislativa, de competencias o de recursos, desde Huesca estamos trabajando en estas dos líneas", ha argumentado. Ha citado como ejemplos el servicio de acceso a banda ancha que de forma pionera está desarrollando la Diputación Provincial oscense, el apoyo a recursos de alto valor añadido como la trufa, o la generación de actividades económicas a través de la participación de programas transfronterizos como el programa Huesca Pirineos- Hautes Pyrénées, o el apoyo a los grupos de acción local de la provincia.	En ese compromiso con el territorio, Miguel Gracia ha recordado que desde la Diputación Provincial de Huesca viene trabajando en un grupo de trabajo sobre las afecciones y repercusiones en el territorio de los embalses y centrales hidroeléctricas. "Lo constituimos y trabajamos contando con las partes implicadas, municipios, expertos y asociaciones como la de entes locales del Pirineo aragonés, ADELPA, o la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses", ha dicho.	También ha recordado que la Diputación de Huesca, tradicionalmente, ayuda económicamente al mantenimiento de más de 1.600 kilómetros de carreteras, a la construcción y puesta en marcha de infraestructuras, servicios y equipamientos que por supuesto se destinan a quienes viven en el medio rural, pero los cuales disfrutan también todas esas personas que llegan en época vecinal a estos pueblos, la mayoría procedentes del medio urbano. “Todo ese trabajo que lleva a cabo las diputaciones provinciales debería ser compensado de algunas forma ya que se trabaja par mantener cohesionado y vertebrados un territorio cuya sostenibilidad es fundamental para el día a día del medio urbano",ha explicado Miguel Gracia.	Tras la mesa redonda ha tenido lugar la lectura de la Declaración Institucional que ha recordado que diputaciones, cabildos y consejos insulares “son las instituciones públicas más adecuadas para la vertebración y cohesión territorial y la coordinación de los servicios municipales de los Ayuntamientos, para garantizar la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal, así como para la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios de menos de 20.000 habitantes, municipios que desempeñan un papel efectivo y real en la gestión y conservación del territorio”.	Miguel Gracia se ha referido a la necesidad de una revisión del gasto e inversión públicos así como del funcionamiento, representación y régimen de financiación de las Diputaciones Provinciales, condicionándose por criterios constitucionales de justicia social, vertebración del territorio e igualdad de oportunidades entre el medio rural y el urbano. “El gasto de personal de las Diputaciones incluye el de unos profesionales que prestan unos servicios imprescindibles para el desarrollo del medio rural y que se deberán seguir prestando aunque se decidiera suprimir estas instituciones o sustituirlas por otros modelos de gobiernos locales intermedios”, concluye la declaración.	
Miguel Gracia reivindica una alianza entre el medio rural y urbano