Las investigaciones «tienen como objetivo identificar y comprobar la probable relación de una autoridad pública (Collor) como responsable por adjudicarse inmuebles en subastas públicas, ocurridas en los años 2010, 2011, 2012 y 2016, utilizando a una persona interpuesta para ocultar su participación como beneficiario final de las operaciones», indicó la Policía en un comunicado.