Bogotá, 11 Mar. (EUROPA PRESS) – Más de cien personas, entre ellas antiguos miembros de las delegaciones de paz de Gobierno y FARC, han enviado una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que expresan su “profunda preocupación” por las objeciones que el presidente colombiano, Iván Duque, ha hecho a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).	Duque anunció el domingo objeciones a seis artículos de la ley estatutaria de la JEP, la justicia transicional creada por el acuerdo de paz firmado en 2016 por el Gobierno y las FARC para juzgar a los máximos responsables de los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio cometidos durante el conflicto armado.	Destaca la oposición de Duque a un artículo que establece la renuncia a la acción penal frente dichos crímenes, a otro que suspende las investigaciones en la justicia ordinaria a quienes se sometan a la JEP y a dos que condicionan la extradición de las personas que acudan al tribunal para la paz.	“La más reciente de esas trabas es el conjunto de objeciones a la ley estatutaria de la JEP”, han denunciado. Según han indicado, “buena parte de las objeciones que se han venido esgrimiendo están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomó el año pasado”, por lo que han acusado a Duque de intentar burlar al alto tribunal.	Además, han alertado de que “el asunto no se limita a las objeciones presidenciales” porque “el Gobierno y su bancada han anunciado la radicación de proyectos de reforma constitucional y legal para modificar la nueva jurisdicción, lo que no solo supondría una variación unilateral del acuerdo de paz, sino el desconocimiento de las normas constitucionales que consagran los principios fundamentales que deben regir el funcionamiento de la JEP”.	En concreto, han avisado de que “uno de los temas en los que quieren hacer ajustes es en el concerniente a la investigación y al juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública” –policías y militares–, los cuales, conforme al acuerdo de paz, deben ser procesados en la JEP por los crímenes cometidos en el marco de la guerra.	Por todo ello, han pedido a Guterres que “en el próximo informe de la Misión de Verificación de la ONU al Consejo de Seguridad se dé cuenta de los hechos mencionados en esta misiva”. “Somos conscientes del significado que tiene para nuestro país y para el mundo el éxito del proceso de paz y de su modelo de justicia transicional”, han remachado.