a la empresa Infinito Gold Ltd., para el desarrollo de un proyecto minero, por el que reclamaba en inicio 94 millones de dólares (ahora 321) por las inversiones realizadas y por las pérdidas por concepto de “ganancias dejadas de percibir” al anulárseles la concesión, situación producida cuando el país se declaró libre de minería metálica a cielo abierto.	En aquella ocasión, varios de los oradores hicieron hincapié en que demostrar la mala fe del inversionista era muy sencillo (al haberla documentada y confirmada la misma justicia costarricense), pero emitieron serias reservas en que fuera COMEX el que asumiera la defensa legal de Costa Rica ante los árbitros del CIADI.”