Tras el ataque terrorista a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, los programas de inteligencia y espionaje de Estados Unidos se expandieron. La opinión pública sobre la gestión de estas bases de datos llevó al FBI a acordar una serie de prácticas para garantizar la privacidad de los ciudadanos.	De esta forma, se registraba la forma en que estas bases de datos eran utilizadas, para identificar posibles irregularidades, como las que identificó el tribunal en octubre de 2018. En consecuencia, consideró que «los procedimientos de consulta y los procedimientos de minimización del FBI no son consistentes con los requisitos de la Cuarta Enmienda», como determinó el juez Boasberg.