Ciertamente, el virtual colapso de las finanzas públicas no sólo se origina en las figuras fraudulentas a las que echa mano el ciudadano para escamotear el pago de sus contribuciones tributarias. También entran en juego, y mucho, la  irresponsable gestión de quienes han tenido que ver con la definición de la estructura de nuestros presupuestos -en el gobierno central y en el sector descentralizado, universidades y municipalidades incluidas-. La legislación tributaria es un mamotreto difícil de conciliar en sus heterogéneas y a veces hasta contradictorias disposiciones. Excepto para quienes se especializan en las muy elaboradas herramientas forjadas para defraudar.	Veremos cuánto del impacto que había sobre el PIB se alcanza remediar. La evasión fiscal se aproximaba al  10% del PIB. En 2018 Hacienda había detectado como sospechosos de conductas evasivas a 117.000 declarantes que habían notificado CERO utilidades. La Contraloría General de la República cuantificó la evasión del impuesto de ventas en un 31%. En el impuesto al que están afectos los cigarrillos se burlaron US$26 millones. Y aunque la caída de los ingresos fiscales por tributos entre 2015 y 2018 no totalmente es imputable a evasión, sí hay una dosis importante en los resultados, que pasaran del 14.3% en 2015 al 4,1% en 2018.	¡Hecha la ley, hecha la trampa! La legislación registra rendijas de todo tamaño y gustos y por allí se infiltra la mano que urde el fraude. La misma ley 9635 se queda corta ante las dimensiones de la colusión delictiva; basta con mirar cómo resiste el envite el monstruo de la informalidad, de los miles de operadores económicos que todavía escapan al ojo del recaudador de impuestos. Simplemente por su pericia, su habilidad, también por su inescrupulosidad para tentar a quien lo persigue. Sin desconocer que la estructura operativa de la policía fiscal sigue desprovista de los colmillos indispensables para atender responsable y satisfactoriamente la tarea que se le comisionó.	Los hechos están demostrando que allí en ese otro mundo tan delicado como complejo de las relaciones obrero patronales, la legislación promulgada recientemente –la Ley Procesal Laboral y la misma Ley 9635 en la vertiente orientada a corregir los desajustes que provocan en la planilla del Estado los privilegios tan esmeradamente forjados y negociados con los gobiernos nacionales y municipales- de la misma forma acusa la presencia de miles de rendijas por donde se están filtrando los intereses creados para ordeñar a más no poder la vaca fiscal, duchos en la orquestación del desafío institucional con que esos mismos intereses pretenden arrodillar a una sociedad entera en obsequio a los intereses de esas minorías.