Así lo dio a conocer el comisionado Allan Obando, director de la Policía de Fronteras, quien fue enfático en indicar que el cuerpo policial no dará tregua este fin de año en la lucha contra el trasiego ilegal de mercancías que pongan en riesgo la seguridad de los costarricenses, en especial de menores de edad, como es el caso de la pólvora contrabandeada desde otros países de la región.	La Ley de Armas y Explosivos castiga con penas de tres a siete años de prisión a quienes adquieran, comercien, transporten, almacenen y vendan artículos explosivos sin el respectivo permiso.  Asimismo, las personas que fabriquen o introduzcan al país ilegalmente estos artículos también serán castigados con penas de hasta seis años de cárcel.