“La colonización no Indígena de los territorios Indígenas es el más grave asunto  no resuelto en Costa Rica. Dicha colonización se agrava cuando la misma se hace a través de métodos violentos. Y dicha violencia es todavía más preocupante cuando el Estado costarricense exhibe una ausencia de claridad jurídica, política y administrativa para proceder al desalojo legal de los factores no Indígenas en los territorios Indígenas.  No en vano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió, con claridad y bien fundamentada, la	Lamentablemente el Estado de Costa Rica se encuentra ahora en el banquillo de los acusados, al fallar proteger los derechos humanos de los Pueblos Indígenas.  Esta incómoda situación para una nación acostumbrada a recibir elogios de la comunidad internacional por sus instancias progresistas en la materia, responde a la más grave llamada de atención que la misma comunidad le haya hecho.	En abril pasado, CS se hizo presente en las Naciones Unidas  y se reunió con la Misión Permanente de Costa Rica ante dicho organismo. La delegación fue recibida cordialmente por el Sr. embajador Christian Guillermet-Fernández a quien se le expuso el grave impacto internacional que tiene el asesinato de Sergio Rojas, como el fallo del Estado de Costa Rica para asegurar en la práctica la autonomía territorial Indígena. Los representantes costarricenses reconocieron la gravedad y legitimidad de las preocupaciones externadas ante la violenta muerte de tan destacado dirigente Indígena, asunto  que en palabras de los diplomáticos, ha sido condenado por el Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada. Asimismo, el Embajador reconoció que Costa Rica tiene una vieja deuda con los Pueblos Indígenas en relación con la autonomía territorial, asunto que en su opinión nace del entrabamiento legal que supone la expropiación e indemnización de las tierras a los poseedores no Indígenas. En cualquier caso, CS considera que por ser la autonomía un derecho constitucional del cuerpo jurídico costarricense, además de una obligación establecida en varios estándares internacionales de derechos humanos Indígenas a  los que Costa Rica se ha adherido, deben implementarse a la mayor brevedad.	Finalmente, la delegación de CS también fue recibida por las Misiones Permanentes de Suiza, Dinamarca, Canadá, y Noruega, a  quienes se informó sobre el estado actual de los derechos Indígenas en Costa Rica y sobre el asesinato de Sergio Rojas. Al efecto, CS les hizo una síntesis -como se hizo con la parte costarricense- del “	por la propia CIDH en 2015, junto a la precaria situación de los Teribe (Térraba) y de los Bribri (Salitre), y la vulnerabilidad causada a dichas comunidades a raíz del homicidio de Sergio Rojas. Cabe destacar que la CIDH fue invitada por el gobierno, a través de sus representantes diplomáticos,  a visitar el país. La conclusión de Hernández -luego de haber conversado a fondo con los líderes de los Pueblos Indígenas- es que el Estado de Costa Rica debe de impulsar de manera expedita el esclarecimiento del homicidio contra Rojas y proceder al castigo que corresponda; igualmente se debe acelerar el proceso de recuperación de las tierras para ser devueltas a los Pueblos Indígenas.  Porque la CIDH llegó a Costa Rica a evaluar las medidas cautelares por ella indicadas, y a entender sobre el terreno las el contexto en el cual se dio el asesinato de Rojas y la semiparálisis legal en cuanto a la devolución de las tierras.	Secretario del Consejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa de Salitre, dijo después de haberse reunido con el Relator de la CIDH: “entendió bien los desafíos que enfrentamos (los Indígenas) tanto con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, así como las normas internas del país y la policía local para lograr el respeto para nuestros derechos humanos.”  Por otra parte,	, miembro del Equipo Coordinador del Consejo de Mayores Bröran de Térraba,  manifestó que “el Comisionado hizo buenas preguntas mostrándonos que está captando en forma profunda nuestras circunstancias y estamos felices que la CIDH va a redoblar sus esfuerzos con respecto a las Medidas  Cautelares otorgadas y solicitar que el Estado también redoble sus esfuerzos.”	La lucha de los Pueblos Indígenas en Costa Rica  sigue a pesar de la sensible pérdida física de uno de sus más destacados líderes.  La protesta nacional e internacional no se hizo esperar frente a un gobierno muy sensible en materia de derechos humanos, y dispuesto a corregir su negligencia en cumplir con la protección física y  jurídica que le era debida a Sergio Rojas, a otros miembros y a su comunidad en general. A la mañana siguiente de la muerte del líder Indígena, el Presidente de Costa Rica,	, también condenaba el hecho, y ordenaba un “protocolo de emergencia” para proteger a los familiares de Sergio, a la vez que daba instrucciones a la policía  para esclarecer el crimen. Lo cierto es que las medidas cautelares no funcionaron en proteger la vida de Sergio Rojas. Y precisamente por ello es que la CIDH fue al país, porque la muerte trágica del líder no puede ni debe separarse de su contexto: la lucha de los Indígenas Teribe de Térraba (	el Gobierno expresó su entendimiento de que en el pasado faltó tomar todas las medidas necesarias y de su esperanza es que ahora los dos pueblos trabajarán en conjunto con su administración para mejorar la aplicación de las Medidas Cautelares. Los Pueblos Indígenas reconocieron el gesto, mientras afirmaron claramente que, debido a la ausencia de acciones efectivas en el pasado, la confianza sólo se obtendrá cuando el gobierno entregue acciones concretas. Todos entendían esta realidad. Los Bribri y los Teribe (Brörán) creen que los próximos dos meses serán reveladores. Los pueblos tienen expectativas grandes, pero también la intención de colaborar.”	, extenso, que destacó entre otros  puntos los siguientes: 1. que la Comisión tomó nota de la creación de un grupo especial policial para  resolver el asesinato de Sergio Rojas ya que a la fecha no se ha determinado quiénes son los responsables de su autoría; 2- el compromiso para seguir reforzando la Fiscalía para Asuntos Indígenas,  para que evite criminalizar las acciones de recuperación en el marco de recuperación de las tierras, lucha a la que no debe aplicarse el delito de usurpación; 3- la CIDH seguirá de cerca el	que señala una ruta de cómo avanzar en la recuperación de las tierras Indígenas a manos de los propios Indígenas,  plan que ha caminado a medias, muy lento y con resultados frustrantes. El Estado de Costa Rica se encuentra alerta temas de Derechos Humanos y , como en este caso,  por no haber garantizado la seguridad física de los líderes Indígenas como Sergio Rojas y, además, por una lentitud judicial en cuanto a los juicios cuyo objetivo es la recuperación de las tierras ancestrales.  La CIDH tuvo pleno acceso a las comunidades Bribri y Teribe, y recogió los testimonios de sus voceros, además de contar con el beneplácito del gobierno que fue la instancia nacional que invitó al órgano de la OEA a visitar el país.	Pero el asunto es que poco se ha hecho y es como infinito el tiempo esperado por nuestros Pueblos Originarios. No es solamente el Estado, sino también toda la sociedad,  la que debe responder seriamente a la paradoja de que existan ciudadanos discriminados y excluidos. Nada se hace con que venga la OEA si las organizaciones sociales y el ciudadano de a pie no se insurrecciona ante semejante afrenta.  En medio de tantas huelgas recientes es triste notar que ninguna de ellas tuvo en su pliegos de petición la causa de los Pueblos Indígenas de Costa Rica. A Sergio Rojas lo siguen asesinando.