La posición de la casa de estudios superiores surge luego de que el Ministerio de Hacienda remitiera a la Asamblea Legislativa el presupuesto nacional, en el que tergiversó la cláusula cinco del acuerdo firmado con los rectores de las universidad públicas y condicionó el uso de ¢70 000 millones de los recursos asignados al FEES para infraestructura y equipamiento.