La OIT coopera con McDonald’s en un programa para combatir el desempleo juvenil. Pero el gigante de la comida rápida norteamericana no es conocido por pagar buenos salarios ni por dar seguridad a los trabajadores. Puede que a algunos consumidores de hamburguesas les guste el lema «Me encanta» con el que McDonald’s	La colaboración de la OIT con McDonald’s, iniciada hace unos meses, parece realmente prometedora a primera vista: el grupo empresario acordó invertir dos millones de dólares en programas de capacitación y perfeccionamiento para jóvenes solicitantes de empleo, y prepararlos, así, para comenzar con éxito su carrera. Además, para 2025 se crearán 43.000 nuevos puestos de formación en Europa. Todo esto se lleva a cabo como parte de la Iniciativa Mundial sobre Empleo Decente para los Jóvenes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y bajo la etiqueta Youth Opportunity (Oportunidad para la Juventud).	Lo que suena bien al principio se relativiza rápidamente cuando se observa la actitud de la empresa hacia las estructuras sindicales. En general, el grupo McDonald’s ha mostrado poca cooperación durante años y se niega a permitir que sus empleados se sindicalicen. Por lo tanto, en McDonald’s no es posible negociar colectivamente sobre los salarios de dumping y las malas condiciones de trabajo. McDonald’s también ha rechazado la campaña «Fight for 15» (Lucha por los 15), iniciada en Estados Unidos en 2012, que reclama 15 dólares por hora para los empleados del sector de comidas rápidas y el derecho de sindicalización. Por lo tanto, es muy auspicioso que la campaña haya estado convocando a huelgas desde hace aproximadamente un año, como la de principios de octubre de 2018 en Chicago, con más de 1.000 participantes.	Además, los niveles salariales de McDonald’s están muy por debajo de lo que realmente permitirían los miles de millones que gana la empresa. Esto es incluso más inaceptable si se tiene en cuenta el ahorro fiscal, estimado en 1.000 millones de euros, que McDonald’s logró entre 2009 y 2013 mediante agresivas estrategias de elusión fiscal solo en Europa.	No solo en la sociedad civil, sino también entre los demócratas estadounidenses, hay resistencia contra estas prácticas de dumping. Aquí el abanderado político es el senador demócrata Bernie Sanders, quien actualmente trabaja en el Congreso para aumentar el salario mínimo nacional de los actuales 7,25 dólares a 15 dólares. Amazon también estuvo bajo presión a finales del año pasado debido a su política de bajos salarios, pero reaccionó de manera muy diferente a McDonald’s: el grupo estableció, a partir del 1º de noviembre de 2018, un salario mínimo corporativo de 15 dólares para los 350.000 empleados que tiene en Estados Unidos. Sanders ha hecho todo lo posible para lograr algo similar en McDonald’s, aunque sin éxito hasta el día de hoy. Si bien es cierto que para el 1º de enero de 2019 muchos estados han aumentado sus salarios mínimos, los grandes grupos, como McDonald’s, siguen teniendo el deber de garantizar salarios justos, mientras no haya una mayoría en el Congreso que logre fijar el valor en 15 dólares o más para todo el territorio estadounidense.	La DGB critica el aumento de la financiación privada de los proyectos de las Naciones Unidas tal como actualmente se están discutiendo en el marco de las recientes reformas de la organización. En tiempos de cajas exhaustas y malos hábitos de pago de varios gobiernos, ¿podría tal cofinanciamiento privado brindar una salida?	No, es un gran engaño y representa una amenaza para la independencia de la OIT: es que los financistas privados tienen sobre todo intereses económicos que influirán en la selección y direccionamiento de los proyectos y, en última instancia, en la ponderación de los sindicatos dentro del sistema de la ONU. McDonald’s no es una excepción. Se trata de la imagen de las empresas, no de introducir mejoras sistemáticas para los trabajadores. Para ellas, la OIT no tiene un valor intrínseco, sino que es un medio para lograr un objetivo.	Parte de la reforma financiera también será adquirir menos fondos relacionados con proyectos, con el fin de ser más flexibles y eficientes en el uso de los medios existentes. Esto es esencialmente bienvenido, pero si las diversas agencias de la ONU hacen uso de presupuestos comunes, la OIT debe tener en cuenta que sus proyectos, a menudo de largo plazo, no tendrán éxito frente a medidas de otras organizaciones con un horizonte de resultados más corto y más visible. Los proyectos para la capacitación de representantes de los empleados o los formatos de diálogo para la introducción gradual de una cooperación social a menudo tardan muchos años en ponerse en práctica, mientras que es comparativamente menor el tiempo que lleva hacer pozos nuevos, renovar edificios escolares y explotar tierras cultivables. Para que las políticas de desarrollo de la ONU sean sostenibles, deben promover la infraestructura física y social. Esto solo se puede lograr si la financiación sigue siendo independiente de los intereses económicos privados y los proyectos sindicales no son perjudicados.	La OIT debería ser cautelosa particularmente cuando permite a los gobiernos nacionales tener voz en la priorización de la cooperación para el desarrollo liderada por la ONU en cada país. Si bien, al hacer esto, el trabajo de la ONU se orientaría más a las prioridades y las problemáticas reales específicas de cada país, también existe el peligro de que los sindicatos pierdan acceso e influencia, y de que los gobiernos hostiles a los sindicatos mantengan deliberadamente a la OIT alejada de sus países.	Sí, todavía necesitamos la OIT, porque solo ella puede hacer que la voz de la población trabajadora sea escuchada en todo el mundo. Sus logros históricos como organización política y de establecimiento de normas ya están fuera de discusión. Hay algo que no debe perderse de vista: en ninguna otra instancia internacional las organizaciones de empleadores y los sindicatos se sientan a discutir al lado de los gobiernos nacionales: y no solo como expertos, sino también como actores en el proceso de toma de decisiones. Esta es una oportunidad, pero también un gran compromiso. Si la OIT quiere seguir teniendo influencia política, debe defender sus principios esenciales y fundamentalmente su credibilidad. Es por ello que decimos: sí a la OIT, ¡pero haciendo lo correcto!