«(Los diputados) están precisos (urgidos) por aprobar esta impunidad, pues hay interés de la jefatura de que sea sancionada el jueves por el presidente Salvador Sánchez Cerén, para que el viernes sea remitida al Diario Oficial y entre en vigor antes del cambio de gobierno, el sábado», afirmó en nombre de las víctimas de la guerra el hijo del asesinado poeta Roque Dalton.	Juan José Dalton estuvo entre los representantes de la sociedad civil consultados por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa (Parlamento) para escuchar sus puntos de vista sobre el proyecto de Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, criticada por muchos como una Ley de Amnistía de facto o enmascarada.	«Hay quien le llama «Ley de Amnistía», pero eso no es amnistía: eso es una impunidad peor que la que existía. Quienes lucharon en la guerra contra la impunidad, ahora la quieren propiciar», denunció Dalton, en alusión al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), partido surgido de la guerrilla homónima.	El excombatiente de las Fuerzas Populares de Liberación, uno de los cinco movimientos que se fusionaron en el FMLN, recordó al respecto las masacres del comandante Mayo Sibrián, acusado de matar no menos de mil compañeros de guerrilla por sospechas de traición, muchas veces sin fundamento, con la anuencia de sus superiores.	«Sibrián fue fusilado poco antes de los Acuerdos de Paz (firmados en 1992), y así la guerrilla dio por zanjado el asunto, pero el asesino murió afirmando que cumplía con órdenes. Es como en el caso de los jesuitas asesinados por militares en 1989, resulta que serían enjuiciados los verdugos, y no el Estado Mayor que ordenó la masacre», explicó Dalton.	En su intervención ante la Comisión Política de la Asamblea, Dalton se opuso al actual borrador de la Ley de Reconciliación por considerar que avala la impunidad, y más cuando uno de los presuntos asesinos de su padre ostenta un alto cargo en el gobierno saliente (Jorge Meléndez, director general de Protección Civil).	Los voceros de las víctimas del conflicto exigen una discusión mayor en el Parlamento, quizás hasta el próximo año, para que los diputados profundicen en la ley y apliquen a cabalidad la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que derogó en 2016 una Ley de Amnistía que fue aprobada en 1993 sin los votos del FMLN.