El Acuerdo de Escazú o «Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe» ha sido firmado por 21 países de América Latina y el Caribe, pero solo seis lo han ratificado, cuando se requiere que sean 11 para que entre en vigor.	Con la participación de los países firmantes de América Latina y el Caribe, representantes electos del público, de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo representación de las personas jóvenes, sostuvieron dos días de trabajo para avanzar en los procesos fortalecimiento de capacidades y de cooperación de cara a la entrada en vigor y la implementación del Acuerdo de Escazú.	Las mesas de trabajo, presididas por la Embajadora Adriana Bolaños Directora General de Política Exterior de Costa Rica, giraron en torno a los aspectos que permitirán la realización efectiva de los trabajos de la primera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, entre ellos: las reglas de procedimiento, incluyendo las modalidades de la participación; las reglas de composición y funcionamiento del Comité de Apoyo a la aplicación y al cumplimiento; y las consideraciones relativas a los fondos y contribuciones voluntarias necesarios para cumplir los objetivos del Acuerdo.	Los países signatarios y participantes enriquecieron sus discusiones con la contribución y apoyo de expertos que permitieron conocer las distintas experiencias sobre las reglas de procedimiento, de composición y de financiamiento para ir definiendo el marco de funcionamiento más eficiente para la implementación del Acuerdo de Escazú, mediante análisis comparado del Acuerdo de Escazú con otras iniciativas globales, como el Convenio sobre acceso de información, participación del público en la toma de decisiones, y acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Aahrus), el Convenio de Minamata, el fondo de contribuciones del FOCALAE, el Protocolo de Montreal, entre otros.	Los representantes de los Estados, del público electo y de organismos internacionales compartieron sus experiencias, intereses, aspiraciones y buenas prácticas, y acordaron, con el apoyo de la CEPAL, iniciar un proceso de intercambio de información para orientar los trabajos nacionales y la articulación regional para prepararse para la implementación del Acuerdo, así como seguir utilizando modalidades flexibles de trabajo y las tecnologías de información para el diálogo y para garantizar la participación significativa del público.	” del Acuerdo de Escazú por su continuo y valioso trabajo por la democratización en el tratamiento de los asuntos ambientales, indicó que “el Acuerdo de Escazú nos impulsa para lograr un ambiente saludable para todos, según lo establece el Artículo 4 del acuerdo, y protege los derechos humanos de los defensores del ambiente en el orbe, siendo el primer acuerdo mundial en su tipo”.	El Acuerdo de Escazú, es un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, fue adoptado en Escazú el 04 de marzo del 2018. Este acuerdo es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. El Tratado estará abierto a firmas hasta el 2020.	La delegación estuvo integrada por representantes de la Dirección General de Política Exterior, jefa del Departamento de Derecho Internacional y Derechos Humanos, Adriana Solano Laclé, el asesor Roberto Céspedes Gómez, y la oficial Melissa Lorincz Sosa, asimismo, contó con el apoyo de la Embajadora de Costa Rica en Chile, Adriana Murillo Ruin quien participó en la adopción de dicho Acuerdo.