La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó detener a ‘Jesús Santrich’ después de que no acudiera a la cita que tenía a las 9.15 (hora local) del 9 de julio con la Sala de Instrucción. Sus abogados se reunieron a puerta cerrada con los magistrados esgrimiendo que el CSJ carecía de competencia para procesar a su cliente, aunque sin éxito.	El fiscal general, Fernando Carrillo, ha declarado igualmente que el antiguo insurgente «se ha burlado de la Justicia, de las víctimas y de aquellos que han creído en la paz». Por su parte, el consejero presidencial para el postconflicto, Emilio Archila, ha querido aclarar que «la mayoría» de los ex guerrilleros sí están cumpliendo lo acordado en La Habana.	Las críticas han llegado también desde sectores cercanos al partido político surgido de las FARC. Así, el senador izquierdista Iván Cepeda ha dicho en RCN Radio que se trata de «un grave incumplimiento del acuerdo de paz que se agrava por el hecho de que él era consciente del compromiso que tenía» porque fue uno de los negociaciones del grupo armado.	El senador de la FARC Carlos Antonio Lozada reconoció el martes que «indudablemente esto genera unas consecuencias políticas», pero al mismo tiempo defendió que la ausencia de ‘Jesús Santrich’ «no va a detener el avance de la paz en Colombia» porque «este ya no es un proceso de personas», sino «un tránsito histórico» para el país.	El otro frente se refiere a un conflicto de competencias. En primer lugar, entre un tribunal ordinario y la CSJ, que también resolvió el Supremo asumiendo el caso por la condición de diputado de ‘Jesús Santrich’; y, en segundo lugar, entre el Supremo y la JEP, que aún está por esclarecer.	El caso de ‘Jesús Santrich’ es buena muestra de las tensiones entre el Gobierno de Iván Duque y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El nuevo presidente busca cambiar el acuerdo de paz en aspectos esenciales, como la participación política y la justicia transicional, algo que la ex guerrilla considera una amenaza al proceso de paz.