«El Gobierno Nacional, en uso de su facultad discrecional, ha decidido llamar a calificar servicios a los (…) oficiales: mayor General Adelmo Fajardo Hernández, segundo comandante del Ejército Nacional» y al «mayor General Juan Vicente Trujillo Muñoz, comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional», dice el comunicado del ente.	La Procuraduría busca establecer la veracidad de las denuncias presentadas por Semana, que reveló la existencia de una red de corrupción que exigía dinero a particulares (entre ellos varios empresarios) para expedirles autorizaciones de porte de armas y que, además, usaba recursos de la institución para financiar viajes familiares al extranjero.	Dicha red también habría ofrecido unos cien millones de pesos (unos 30.000 dólares) a quien diera información sobre los integrantes del Ejército que en mayo pasado revelaron al diario estadounidense The New York Times una orden dada por el alto mando militar que abriría la puerta a nuevas ejecuciones extrajudiciales o «falsos positivos».	Entre los años 2002 y 2008 (durante el Gobierno del derechista Álvaro Uribe) brigadas del Ejército en todo el país asesinaron de manera extrajudicial a miles de civiles para reportarlos como guerrilleros caídos en combate, en lo que se conoce como casos de «falsos positivos», con los cuales los militares recibían ascensos y beneficios. (Sputnik)