“La norma establece que los órganos jurisdiccionales proveerán de una persona defensora pública a las personas indígenas que no cuenten con recursos económicos para tener su defensa particular en todas las materias. Lo anterior representa un reto para la Defensa, al ampliarse competencias que ya teníamos y asumir materias nuevas que nunca habían sido tramitadas, con los recursos existentes”,	Los cambios son evidentes, como el caso judicial que se dio en una localidad indígena, en la que figuraron como imputados dos jóvenes indígenas, por la caza de una osa perezosa. La Defensa Pública solicitó un informe de trabajo social y un perítaje antropológico, con el fin de que brindaran un análisis, desde la óptica de la comunidad particular y el significado de la práctica de la cacería en esas zonas.	“Evidenciamos que hay zonas donde la pobreza es alta y estos animales se cazan para atender la demanda alimentaria de una familia ampliada de 20 personas. Ello dio paso a un sobreseimiento definitivo de la causa, que el Tribunal confirmó. Esto permite una mirada diversa frente a nuevos casos, en los que se puede valorar otro tipo de circunstancias”,	Desde este órgano auxiliar de justicia también se hacen y promueven diligencias in situ para evitar el traslado de las personas indígenas. Ello ocurre, por ejemplo, en materias agraria, alimentaria y penal, y se promueve en otras áreas como la contenciosa administrativa y familia. Lo anterior, pues según explico la Supervisora Jiménez Zamora	“la atención de una persona usuaria indígena es distinta a las demás, pues se inicia con diligencias para contar con una persona intérprete que garantice una comunicación efectiva. La sensibilidad de todos los órganos judiciales que intervienen en un proceso es vital, pues son personas que deben recorrer largas distancias y el tiempo que tardan en ello es mucho”.	Según explicó Ligia Jiménez, Supervisora de la Defensa Pública en materia indígena, a nivel nacional, al 31 de mayo de 2019 se contabilizan 1628 personas usuarias indígenas activas. El mayor número de casos se tramitan en Buenos Aires con 544 asuntos, en Bribrí se tramitan un total de 509 procesos y en Turrialba alcanzan los 107 casos.	Desde el presupuesto del Poder Judicial destinado para el rubro de ayudas económicas a personas usuarias, se gestionan ayudas para indígenas. En este tema, la iniciativa de la Jefatura de la Defensa permitió que se autorizara el pago de taxis en casos excepcionales de poblaciones en situación de vulnerabilidad. De igual forma, se han aprobado ayudas económicas en casos que aún no cuentan con número de expediente asignado por estar en preparación los procesos (por ejemplo, durante el proceso de elaboración de demandas en materias agraria, contenciosa, penal, alimentaria y familia). También se han buscado mecanismos para accesar a estos recursos, aun en fines de semana cuando así se requiera. Para todo ello se ha contado con el apoyo de la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, así como del Consejo Superior.	El año pasado, la Defensa Pública, en coordinación con la Defensoría de los Habitantes y la Dirección de Adaptación Social, realizaron una gira para verificar el cumplimiento de la circular 5-2016 del Instituto Nacional de Criminología, la cual señala que se debe brindar un abordaje diferenciado a las personas indígenas privadas de libertad, tomando en cuenta su perspectiva cultural.