Londres, 9 Dic. (EUROPA PRESS).- Las generales del 12 de diciembre en Reino Unido fueron acuñadas como las ‘Elecciones del Brexit’ antes incluso de ser oficialmente convocadas, pero tras la consigna subyace una falacia que los británicos desenmascararán tan pronto como el nuevo gobierno se lance a la infructuosa tarea prometida durante la campaña: resolver la ruptura con la Unión Europea, ya sea mediante la formalización de la salida el 31 de enero, como garantizan los conservadores; o el segundo referéndum patrocinado por el Laborismo.	La oferta de Johnson, romper el bloqueo a cambio de la hegemonía en Westminster, es tan sencilla como engañosa; mientras que la propuesta laborista, que plantea seis meses para renegociar el acuerdo con Bruselas y convocar un nuevo plebiscito, es simplemente irrealizable. Como consecuencia, los británicos acudirán a las urnas sin que ninguna de las dos principales formaciones les haya ofrecido enunciados creíbles ante la cuestión más importante que se juega en las elecciones.	El aspirante a la reelección, al que los sondeos mantienen en Downing Street, sigue sin explicar que incluso de oficializar el Brexit el 31 de enero, en la práctica nada cambiará. Es más, durante la fase de transición que se abriría, en principio, hasta final de año, Reino Unido estará más expuesto que nunca al temido vasallaje, al perder voz y voto sobre las decisiones de la UE, pese a estar obligado a cumplir con todas sus normas.	Por ello, el lema ‘Materialicemos el Brexit’ constituye, con toda probabilidad, la mayor trampa de la campaña e independientemente de que dé resultado o, por el contrario, el laborista Jeremy Corbyn acabe desafiando a las encuestas, ambos son responsables de basar sus estrategias en quimeras, ayudados por el formato de la frenética carrera por el Número 10 y una cohorte de candidatos que esperan que, a fuerza de repetir eslóganes, resulten creíbles, frente a las evidencias objetivas.	La inconmesurabilidad de un divorcio que, hasta ahora, ha derrotado a todos aquellos que han osado intentar resolverlo no amedrenta al ‘premier’, quien insiste en que es posible cerrar el marco de la futura relación antes del plazo que concluye el 31 de diciembre de 2020. Todos los precedentes sugieren que es sencillamente inviable, dadas las dimensiones del desafío de alumbrar un pacto comercial, en seguridad, intercambio de datos, investigación o pesca, áreas suficientemente complicadas por separado como para requerir años.	Como prueba, acuerdos menos pormenorizados como los que Bruselas selló con Ucrania, Corea del Sur, Japón, o Canadá llevaron entre cuatro y nueve años, pero los conservadores se han atrevido a recoger oficialmente en su programa electoral la promesa de no ampliar la denominada fase de implementación, exponiéndose a que corra la misma suerte que la frustrada ruptura «a vida o muerte» el pasado 31 de octubre, un plazo que acabarían incumpliendo, con la tercera demora de la salida.	Johnson defiende que el entendimiento será fácil, por partir de 46 años en común, pero su preferencia por divergir de la normativa comunitaria, frente al alineamiento regulatorio por el que había apostado su antecesora, Theresa May, dificultará extremadamente la negociación. Por si fuera poco, aunque la puerta está abierta a extender la transición uno o dos años, la decisión ha de tomarse antes del 1 de julio y, dada la dinámica política doméstica, es difícil imaginar que el primer ministro tire la toalla seis meses antes.	Pactar cómo irse, de hecho, constituía supuestamente la parte sencilla, sobre todo, comparada con el establecimiento de la futura relación, un proceso que, para complicar todavía más la encomienda, pondrá seriamente a prueba la hasta ahora férrea unidad de la UE, ya que los intereses nacionales entrarán por primera vez en juego.	Para completar el circuito de obstáculos, el calendario tampoco depende de Reino Unido. El Tratado de Lisboa establece en el artículo 218 que el acuerdo final tendrá que ser ratificado por veintisiete parlamentos nacionales y algunos regionales, lo que impondrá necesariamente sus propios tiempos. Si el caso de Canadá sirve como ejemplo, Londres podría ver cómo una mera región de un país tan pequeño de tamaño como Bélgica acaba paralizando el proceso.	El Laborismo, por su parte, también se juega su credibilidad cuando promete desbloquear la situación antes de julio. El plan de Corbyn pasa por renegociar el acuerdo en tres meses, una asunción temeraria, ya que no solo precisaría una nueva demora (aunque es difícil que Bruselas se niegue), sino que requeriría reabrir un proceso que los Veintisiete daban por cerrado. Además, el líder dice que se mantendría neutral en el plebiscito prometido a continuación, una posición complicada de defender ante el debate más trascendental afrontado por Reino Unido en la historia reciente.	A su favor, la oposición tiene que la UE ve con mejores ojos su apuesta por un Brexit blando, pero saldar las conversaciones y convocar un referéndum en junio es materialmente imposible, según el consenso de expertos constitucionales y analistas comunitarios, sobre todo cuando el partido carece de una posición unitaria en la materia y se ha limitado posponer la decisión hasta después de las generales.