La alternancia en el poder es una de las reglas fundamentales de la democracia. Ha sido lamentable que en varios regímenes políticos, incluido el costarricense, los tribunales constitucionales han menoscabado la regla de la alternancia con base en un supuesto derecho humano a ser electo; en otras palabras, con una interpretación que apela a la metafísica, se ha restringido la regla de la alternancia y se ha propiciado la permanencia o perpetuación en el poder de ciertas personas que no son los gobernantes más idóneos.	No cabe duda que la modificación de la Constitución Política por la vía de la interpretación que hace la jurisdicción constitucional es muy cuestionable. La apelación que hacen al derecho natural y otras figuras de similar calaña, es de los argumentos más ilegítimos que pueden esgrimir los jueces constitucionales; sin embargo, lejos de evitarse estos planteamientos en las sentencias, constantemente se encuentran argumentos iusnaturalistas para fundamentar decisiones que impactan todo el sistema político de los Estados	Entre una interpretación de un juez constitucional y una reforma a la constitución política, por medio de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, tiene mayor legitimidad la segunda. No obstante, esta última opción es más política que jurídica, es decir, los procedimientos aunque jurídicos, se decantan con base en las relaciones de poder existentes en la sociedad en una coyuntura histórica determinada.	Hay gente que no ha comprendido que en la cúspide del ordenamiento jurídico prevalece el poder político. Lo jurídico y lo político se funden en el vértice de la pirámide normativa, es decir, quienes aprueban e interpretan las normas jurídicas se funden y suele imponerse lo que algunos han denominado el hecho fundante básico, a saber: el poder político.	Este fenómeno es el que propicia que, en no pocas ocasiones, el ordenamiento jurídico no se le aplique a quienes tienen el poder político real. En efecto, el poder político es quien aprueba e interpreta las normas, por tanto, resulta evidente que ese poder jamás va a perjudicar a sus representantes; existen múltiples ejemplos, internos y externos, en que la impunidad es el hecho contundente de esto que estamos describiendo.	En Costa Rica las interpretaciones que ha venido haciendo la jurisdicción constitucional son fiel reflejo de esto que estamos explicando. Da vergüenza leer sentencias de la Sala Constitucional costarricense en relación con temas como la reelección presidencial, pero lo mismo habría que decir de otras jurisdicciones constitucionales a nivel de América Latina; desgraciadamente, por esta vía, hemos visto la perpetuación en el poder de personajes de la izquierda y también de la derecha.