Conocidos actualmente como la investigación periodística internacional más importante de la nueva era, fue un acontecimiento que permitió la filtración de miles de documentos confidenciales, los cuales hicieron trascender la relación de empresarios y políticos con el bufete panameño Mossack Fonseca, mismo que utilizaba los paraísos fiscales para mantener oculta la riqueza de muchos y así poder evadir los radares tributarios.	El 3 de abril del 2016 más de 109 medios de comunicación de 76 países publicaron la investigación con mayor cuantía de la historia. Cerca de un mes después de la primera publicación, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), publicó la base de datos completa; eventualmente se conformó esta comisión en el Congreso costarricense.	“Por primera vez en la historia se logró revelar como algunas empresas mundiales, en este caso Mossack Fonseca, se encargan de ocultar sociedades  anónimas vinculadas con el tráfico de armas, lavado de dinero, evasión fiscal y otras maniobras corruptas”, señaló Quesada, quién además celebró que todo el proceso de investigación contó con el apoyo Gubernamental.	“Estas maniobras vienen a representar una cortina de humo para la especulación financiera, la corrupción, el lavado de dinero y el crimen organizado. Muchas personas parecen no entender que esto va más allá de la defraudación, pero en realidad cuando no generamos las regulaciones de capital, no solo estamos dando espacio para que ciertas empresas sigan evadiendo y defraudando el fisco, sino que también le estamos dando espacio a organizaciones narco criminales para operar libremente en nuestro país”, agregó el diputado del PAC, Redondo Quirós.	Por otra parte, la Comisión identificó a 137 personas costarricenses que fueron nombrados en las publicaciones sobre los Panamá Papers, de las cuales, 37 ocupan altos cargos públicos en el país, así mismo también se encontraron 16 bufetes nacionales que funcionaron como intermediarios entre sus propios clientes y el bufete Mossack Fonseca.	La diputada del FA, Patricia Mora señaló que aún falta mucho por escarbar, de hecho mencionó un caso específico, el de Alberto Raven Odio, quién es uno de los Directores del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y que según la investigación, de las 121 sociedades off shore involucradas, hay 62 en los que sale como intermediario.	La posición de los diputados y diputadas difiere a la del Colegio de Abogados, ya que el informe concluye que mientras exista un ánimo de engañar, burlar o eludir el pago de tributos, aunque no se viole ninguna norma, debe sancionarse e inclusive tipificarse como delito, ya que se estaría ante una práctica abusiva del Derecho.	“La constitución de sociedades dentro o fuera del país no constituye delito, pero concluimos que la gran mayoría de las actividades ilícitas pasan por personas jurídicas como medio facilitador. Es grave que interpretamos de la comparecencia del Colegio de Abogados del 4 de julio de 2016, que para ese órgano eludir las cargas tributarias mediante el uso de maniobras legales no debe ser motivo de persecución” señaló la diputada del PAC y Presidenta de la Comisión,  Marcela Guerrero Campos.	Se expone de forma breve las maniobras, ¿y los nombres?, quiénes son, probablemente tengan padrinazgo político; como es muchas veces el caso. Ojalá se le ponga un alto a toda esta corrupción, porque al final, no hay nadie tras los barrotes. Y es allí donde me pregunto, para que tanta investigación, horas extras y tanto desgaste.	En todos los paises del mundo occidental existen las sociedades juridicas,y los abogados que las manejan.Esta gente del FA no tiene ni idea de lo que son paises que atraen capitales con leyes laxas , siendo CR uno de ellos.O es que creen que el dinero viene a CR por los izquierdistas ? estos lo unico que hacen es espantar al capital para hacer de los pobres gente mas miserable.