Ciudad de México, 10 Jul (Sputnik).- Pobladores y organizaciones locales probaron ante la autoridad mexicana que una minera de capital canadiense acabará con las reservas de agua de las que viven 120 comunidades de la Sierra Norte, en el estado de Puebla (México). Los organizados explicaron a Sputnik por qué piden al Gobierno que rechace el emprendimiento, aún bajo revisión.	En la audiencia pública que forma parte del proceso de aprobación legal de la explotación minera (realizada el 25 de junio de 2019 en Santa María Zotoltepec) argumentaron cómo la explotación a cielo abierto de un polígono de 1.050 hectáreas (dentro de las 14.000 hectáreas en dos concesiones que la empresa llama Proyecto Ixtaca) acabará en cinco años con las reservas subterráneas de agua de la zona y afectará directamente al río Apulco (la explotación se ubica en la cabecera del río) que recorre más de 170 kilómetros para brindar su aporte de agua dulce al Golfo de México.	«Lo hemos demostrado con datos, argumentos técnicamente sólidos y con testimonios de la vida de las personas que, le diría, son incuestionables», dijo a Sputnik, Alejandro Marreros, miembro de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, una de los organizaciones participantes de la reunión.	A partir de una investigación que comenzó en 2014 con el acompañamiento de la organización civil Poder —explicó Marreros a Sputnik— pudieron identificar «irregularidades y anomalías que estaba cometiendo la empresa», que obtuvo su concesión del subsuelo en 2001 y comenzó a explorar en 2009. Las comunidades no supieron hasta 2011 que había un proyecto que avanzaba sobre sus pueblos.	Así, durante los primeros cuatro años de operación, la mina usaría alrededor de 5.400 metros cúbicos de agua al día, «los cuales representan el doble de la cantidad de agua que usan las más de 120 comunidades de Ixtcamaxtitlán en su conjunto», señaló Marreros, «ya nada más ese dato es impresionante».	Para el activista, «haber demostrado esto en la audiencia pública fue un acto histórico, no sólo para nuestra región, sino para los procesos de participación de la población en los asuntos que incumben a su vida, sobre todo los procesos extractivos que ponen en riesgo la vida de las personas dónde están habitando». (Sputnik)