«Aquí cocinábamos utilizando garrafas de gas envasado. Comprábamos cuatro al mes. Pero cuando llegó la crisis, y además subieron los precios del gas, volvimos a usar leña para hacer la comida», lamenta Cristina Parra, que coordina, junto a decenas de vecinos, un comedor social en la Villa El Libertador, una de las zonas más empobrecidas de la ciudad de Córdoba.	Es su forma de hacerle cara a la pobreza, que en 2015 afectaba al 29,2% de la población, y ahora se ha disparado hasta afligir al 35,4% de los argentinos. En la circular plaza central de Villa Libertador sobrevive un modesto mercadillo, administrado tanto por argentinos como inmigrantes bolivianos.	El país se ha visto también golpeado por una gran inflación. El presidente, Mauricio Macri, que gobierna desde 2015 e intenta conseguir la reelección en los comicios de este domingo, prometió acabar con ese flagelo, pero se prevé quelos precios subirán más de un 50% en 2019, cuando, en 2015, antes de su llegada al Gobierno, la inflación del país era del 25%.	La deuda pública argentina supera el 68% del PIB. El Gobierno de Macri firmó, en 2018, una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional por valor de 56.000 millones de dólares, para poder hacer frente a los vencimientos más inmediatos, en un contexto empeorado por una grave fuga de capitales en divisa extranjera.	Los ciudadanos de Villa El Libertador se quejan, especialmente, de las fuertes subidas de los servicios como la electricidad, la luz o el gas, cuyos precios han llegado a subir más de un 1.500%, en algunos casos, por la eliminación de subsidios, algo considerado como necesario por el Gobierno para sanear las cuentas de un país que, según Macri, ha vivido «70 años de fiesta».	«De 300 pesos la luz, nos subió a 8.000 y hasta 11.000 pesos. Y desde hace un mes han empezado a subir otra vez. Y después, en los comercios está todo a precio dólar. Hoy vas a la verdulería, y ya subió el precio, porque ayer subió el dólar. Me quise morir cuando fui a comprar hoy, porque traje la mitad de las cosas que tenía que traer», lamenta Parra.	«Mis hijos anoche comieron huevo frito. Uno cada uno. Y yo y el padre nos quedamos sin comer para que coman ellos», dice Micaela Montenegro, habitante de Villa Las Lonjas, una zona de invasión aún más empobrecido que El Libertador, donde las casas son de madera y no existe el asfalto de calles, mucho menos el saneamiento.	La crisis afecta más a quienes menos tienen. «Mi marido trabajaba en una empresa de gasoducto, pero lo botaron y se quedó sin laburo. Y lo único que cobro es la asignación por hijo, que son 2.000 pesos al mes -unos 30 euros- y el dinero de algún arreglo que mi marido aún hace», añade Montenegro a las puertas de un comedor social administrado por las vecinas, como el de El Libertador, y que da de comer a más de 100 familias.	«Les afecta a todos. A las mujeres también, que muchas trabajamos como empleadas del hogar. Antes te llamaban todos los días. Después, pasó a ser una vez a la semana y ahora es una vez al mes. Y no te pagan lo estipulado por ley, que es 180 pesos la hora (2,7 euros). Te pagan 110 pesos (1,6 euros). Si quieres ir vas, y si no, no, pero el hambre aprieta. Se prefiere ir por 100 pesos y al menos uno tiene un huevo frito», apunta Verónica Ríos, mientras cocina en el comedor comunitario.	«Acá ya no se sabe lo que es la carne. Tengo un nenito que tiene seis años y no puedo comprarle un yogur. Los nutrientes esenciales como fruta, lácteos o carne, acá en la villa los chicos no consumen. Si un kilo de carne sale a 200 pesos -unos 3 euros- no sale a comprar», lamenta, por su parte, Belén Montenegro, otra habitante de Villa Las Lonjas.