La activista y abogada argentina sostiene que las manifestaciones violentas, los destrozos y los incendios no están protegidos por el derecho internacional de DDHH y que las fuerzas de seguridad, especialmente la policía, deberían estar entrenadas en protocolos en los que el hecho violento se aísle, para que el resto de la manifestación pueda continuar.	La dispersión con gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento a manifestantes pacíficos en la principal plaza de Bogotá, o la patada en el rostro a una joven por parte de un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) fueron algunos de los casos registrados en video y viralizados por las redes sociales.	El alarmante número de personas con heridas en los ojos y pérdida de la vista por impactos de balines de la Policía de Chile, es interpretado por Amnistía como «una intención de dañar a los manifestantes… un problema mucho más estructural… donde hay que investigar hasta los mandos políticos qué es lo que ha pasado».	En el caso de Bolivia, el choque entre sectores antagónicos produjo una colisión entre el derecho a la protesta de unos con los derechos a la libre circulación o al trabajo reclamados por otros y el conflicto terminó atentando contra el derecho a la vida, debido a que murieron 34 personas, según la Defensoría del Pueblo y organizaciones no gubernamentales, mientras que el Gobierno de facto admitió solo 29 fallecidos.	De los muertos, 20 eran manifestantes, productores de coca de Cochabamba y vecinos de El Alto, cuyas protestas contra el Gobierno de facto de Jeanine Áñez fueron reprimidas por fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas, bajo el manto de un decreto gubernamental que liberó a los militares de eventuales responsabilidades penales por la represión.	En Colombia la protesta pacífica también está contemplada en la Constitución; si bien la legislación penal no la criminaliza, sí tipifica acciones realizadas dentro de las protestas y que afectan la seguridad pública: delitos de perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, obstrucción a vías públicas que afecten el orden público y asonada.	Sin embargo, el asesinato del joven Dilan Cruz por el impacto de una munición de aturdimiento que le disparó a la cabeza un agente del Esmad en una marcha pacífica en Bogotá el 23 de noviembre, elevó el voltaje de las denuncias de los manifestantes para quienes el derecho a la protesta no está garantizado.