El etnocidio universal continuado de los Pueblos Indígenas, ya de muchos siglos, no se ha detenido y Costa Rica debe reparar hoy sobre tanta doblez.  Cuando digo “Costa Rica” me refiero a todos “nosotros”, y por “nosotros” entiéndase en este texto a los deudores históricos, los habitantes de la tierra costarricense, que de generación en generación (siglo tras siglo) han transmitido las dos perversidades mayores heredadas de la colonia: el racismo y la exclusión económica-cultural en contra del indígena.	Cuando hablo sobre el Estado de Costa Rica, ello abarca las responsabilidades que incumben no solamente al Poder Ejecutivo, sino también a los otros Poderes Supremos: la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo de Elecciones, junto a   otras instancias derivadas de los Poderes mencionados, tales como la Fiscalía General o la Defensoría de los Habitantes.	Este Mecanismo significó preguntarle a dichos Pueblos cómo debían ser consultados y elaborar junto a ellos un reglamento de cómo consultarlos; es decir, el proceso fue una consulta sobre la consulta. El producto de dicho esfuerzo fue un decreto ejecutivo del anterior gobierno que firmó el ex presidente Solís, y de acatamiento obligatorio para todas las instituciones que conforman el Poder Ejecutivo.  Vale la observación de que, en general, los medios colectivos de información invisibilizan este tema, y le ha correspondido a el diario digital	de las Naciones Unidas le hiciera al país en el 2012. El asunto se tradujo en etapas claras, sencillas y debidamente normadas. Fue un trabajo de dos años en la que participaron un poco más de 5.000 indígenas de todas las comunidades étnicas junto a las autoridades del gobierno central.	Otro paso positivo muy reciente, casi el único que ha hecho la Asamblea Legislativa costarricense en esta materia, a través de su Comisión de Derechos Humanos, es que decidió mandar a consultar a los Pueblos Indígenas, un proyecto de ley para reconocer al  Pueblo Ngäbe-Buglé como costarricense, ya que este último es todavía un pueblo apátrida en nuestro territorio sin derecho a una cédula de identidad, debido a su condición de pueblo transfronterizo con Panamá.	Ello es, sin duda, la victoria popular más importante de la ciudadanía en la vida cívica del país, una que clamaba por el respeto a la autonomía indígena en los territorios asignados y por la defensa de los recursos naturales. Al efecto,  contó con el acompañamiento de las Naciones Unidas, en la voz de James Anaya, entonces Relator Especial, y cuyo antecedente es el documento que sigue.	Las preguntas surgen del porqué la Asamblea Legislativa no ha cumplido con sancionar un derecho humano fundamental de una parte de su población urgida de su pleno goce.  Hay derecho a preguntarse razonablemente sobre el estado de una cultura racista que todavía persiste en la sociedad costarricense de manera no manifiesta, no explícitamente racista, sino una que de manera velada se ha transmitido, producto del hábito y la costumbre, en las formas de pensamiento y en el actuar de la sociedad costarricense, prejuicio que claramente involucra a las diputadas y a los diputados.	Porque una de las manifestaciones “incoloras” de racismo, sobre todo en sociedades abiertas y democráticas como la costarricense, radica en la subestimación del “problema indígena”, puesto que con negativas actitudes de toda índole dicho rompecabezas se ve como un asunto menor o no urgente, porque el indígena se ha considerado desde siempre en “una cosa” marginal, a pesar de que el discurso imaginario del “blanco”  recite lo contrario.	Sin embargo, en una democracia el Ejecutivo solamente tiene una parte del poder. La gran falla que todavía existe en Costa Rica proviene de su Asamblea Legislativa, de su olímpico historial ayuno de compromisos serios para tramitar lo que es debido, en un tiempo razonable, actitud que denota una ausencia de voluntad política en este tema, a pesar de los esfuerzos de algunos diputados en diferentes legislaturas y del Poder Ejecutivo. Sin duda no es ocioso subrayar la actitud inoperante e ineficiente, ya habitual, de todas las Asambleas Legislativas, que por décadas no han sabido priorizar en sus agendas un tema de derechos humanos fundamental para la salud social e integridad cultural de Costa Rica.	Esta situación ha creado una tensión permanente entre el discurso oficial y el popular en favor de los derechos humanos, frente a una realidad que clama ser deficitaria en el tema y que se expresa en las más diversas situaciones.  Así, por ejemplo, los Pueblos Indígenas siguen inconsultos con respecto al megaproyecto eléctrico Diquís que afectaría gravemente su territorios, a pesar, como antes dije, del encomiable retiro que el presidente Alvarado hizo del mismo de su agenda presidencial.	Se enfrentan estos Pueblos ante una acción ilegal del Estado costarricense que declaró dicho proyecto “de conveniencia nacional” con subsecuentes prerrogativas violatorias de la soberanía indígena sobre sus territorios. Lo de la “conveniencia nacional” es un decreto de un anterior gobierno neoliberal para simplificar los trámites del proyecto y obviar la consulta a los Pueblos Indígenas. Afortunadamente, este arbitrario decreto ha sido contestado, señalando el Pueblo Indígena su ilegalidad ante la Corte Suprema de Justicia. El caso sigue pendiente y a la espera de ser resuelto.	Otro desatino: la colonización no indígena de los territorios indígenas  es una agresión colonialista grave, todavía no subsanada por las autoridades de Costa Rica. Dicha colonización se vuelve aún más  condenable cuando se hace de manera violenta. Preocupa que el Estado costarricense no haya tenido la voluntad política para asegurar el cumplimiento de la ley que, en este caso, es para proceder al desalojo legal de los invasores no Indígenas que usurpan tierras sometidas a un tratamiento jurídico especial, cuestión claramente estipulada en acuerdos internacionales adquiridos y ratificados por el país con rango de mandato constitucional.	En todo caso, conviene subrayar lo siguiente: que la justicia debe ser siempre pronta y cumplida, una máxima que debe tenerse como la medida para juzgar la eficiencia de un Estado en relación con sus obligaciones internacionales, particularmente aquí con los derechos humanos de los Pueblos Indígenas. Esta barra de excelencia es la mejor manera de medir, éxitos o no, las políticas públicas que buscan cumplir con dichas obligaciones.	Conviene reiterar nuevamente lo siguiente: Costa Rica es un caso muy interesante por la proclividad de su Estado para firmar y ratificar toda clase de convenios internacionales para la protección de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas. Se entiende, por supuesto, que el Estado no es un todo monolítico y que en un régimen democrático se divide en varios Poderes e independientes entre sí.	En consecuencia, a la hora de analizar el rendimiento de un país en una democracia y en materia de derechos humanos, es muy importante señalar cuál Poder en dicho Estado ha sido el más responsable y cuáles lo son menos. A la hora de la hora es el Poder Ejecutivo el que en Costa Rica mejor ha respondido a los desafíos que el tema sigue planteando. La mala nota, muy por debajo de lo logrado por el Ejecutivo, se la lleva la Asamblea Legislativa.  En grado intermedio, pero con calificaciones superiores a las del Parlamento, se encuentran los Poderes Judicial y Electoral del país.	Cabe decir que la mala calificación de la Asamblea Legislativa  es lamentable si se toma en cuenta que dicho órgano es el “primer poder de la república” donde la soberanía del pueblo es depositada. El hecho de que el órgano popular y deliberativo por excelencia sea el que tenga más resistencias merece un análisis aparte. Baste, al menos, dejar reiteradas las siguientes dos preguntas: ¿cuánto de la lentitud institucional tiene un componente cultural racista, consciente o inconsciente, capaz de entorpecer el cumplimiento de una legislación esencial que demanda cumplimiento?, ¿cómo es que el proyecto económico neoliberal global y el racismo anti-indígena se expresa en Costa Rica?	órgano de gobierno Bribi que administra el área,  hizo del conocimiento público un comunicado, denunciando que dos rancheros no indígenas, acompañados de unos diez matones, se apoderaron de una propiedad con la finalidad de posesionarse de ella. Por unas horas mujeres y niños fueron retenidos  por los intrusos, y cuando los policías llegaron, éstos no cumplieron a cabalidad con el deber de proteger la posesión de la tierra de los Bribris en territorio indígena. Sirva este artículo para solicitarle al presidente Alvarado una investigación sobre esta lamentable denuncia.	´Muy buen artículo y nadie comenta nada, no interesa este tema a la ciudadanía del pais más feliz del mundo. Mariategui refiriéndose a su Perú natal afirmaba “el sujeto transcendente del Perú es un sujeto olvidado y marginado: el indio”, lo que aplica para toda Latinoamérica; es una buena señal que aparezcan este tipo de artículos, para ir despertando a esta amodorrada sociedad, indiferente a estos tópicos y muy interesada en la soma que les recetan los medios de desinformación local, a saber: fútbol, farándula, narconovelas, pleitecillos de cantina de nuestros “legisladores”, etc. Ojalá don Allen siga publicando este tipo de artículos decoloniales, para que nuestros aprendices de gobernantes empiecen a borrar ese chip de cristóbal colón que casi todos llevan insertado en su cerebro.