«Si el 28 de febrero de 2020 no hay una ley que les garantice a las víctimas del conflicto armado (1980-1992) justicia, verdad, reparación y no repetición, vamos a demandar a los diputados para que sean procesados penalmente», adelantó a esta agencia Cuéllar, uno de los impulsores de la demanda que propició la revocación de la Ley de Amnistía de 1993.	Cuéllar valoró la resolución emitida este miércoles por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual avaló una prórroga para que la Asamblea Legislativa presente, a más tardar el 28 de febrero próximo, una normativa que sustituya la referida Ley de Amnistía, declarada inconstitucional en junio de 2016.	La Comisión de la Verdad de la ONU reflejó que la mayoría de las violaciones de derechos humanos durante el conflicto fueron perpetradas por el Ejército, la extinta Guardia Nacional y los llamados Escuadrones de la Muerte, pero también documentó casos en la guerrilla, como las purgas ejecutadas por el comandante Mayo Sibrián.