Becas, regionalización, investigación, proyectos en comunidades y oferta académica son parte de los procesos que se verán afectados en las universidades públicas ante el desvío de ¢70 000 millones de colones que realiza de forma unilateral el Ministerio de Hacienda y que pone en riesgo la operacionalidad de las universidades estatales para el año 2020.	El Ministerio de Hacienda realizó una interpretación errónea del artículo V, en el acuerdo del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2020: “Las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal en su conjunto realizarán en el 2020 una inversión de capital estimada en 70 mil millones de colones”. Dicha cláusula no determina una suma específica, sino una estimación, tampoco indica que son fondos del FEES 2020, sino que, según lo acordado en la Comisión de Enlace, son fondos del presupuesto total de las universidades.	La decisión arbitraria que realizó el Ministerio de Hacienda irrespeta los artículos 78, 84 y 85 de la Constitución Política, la autonomía universitaria; el acuerdo del FEES 2020 tal y como fue negociado en la Comisión de Enlace, poniendo en riesgo la oportunidad de estudio de los jóvenes costarricenses y el acceso a la educación universitaria pública, como una forma de mejorar su calidad de vida y de sus familias.	El Gobierno del Bicentenario pasará a la historia como el que haya tomado decisiones arbitrarias en perjuicio de los jóvenes estudiantes universitarios, debilitando a la vez, la educación universitaria pública, en momentos en que el país cae 6 puntos en el índice de competitividad, se insiste en debilitar a las universidades públicas que son las que más contribuyen a la investigación, innovación y a la formación de talento humano de calidad, que tan buenos réditos le ha dado al país, en la competitividad y el desarrollo nacional.	El Consejo Nacional de Rectores se ve obligado a convocar a los diferentes sectores universitarios: estudiantes, docentes, personal administrativo de las cinco universidades estatales a sumarse a la marcha por el derecho de los jóvenes a la educación universitaria y a defender a las universidades públicas, como pilar en la construcción y desarrollo del país.