El fiscal general de Venezuela acudió el 29 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia del país caribeño, desde donde informó que abrió una investigación preliminar contra Guaidó por la supuesta comisión de delitos contra la Constitución y por su presunta responsabilidad en hechos violentos sucedidos en el país desde el 23 de enero.	El 23 de enero, dos días después de que el Tribunal Supremo anulara su designación, el diputado se autoproclamó “presidente encargado” del país, apelando a un artículo de la Constitución que prevé la figura en caso de que exista un vacío de poder, pero no bajo el argumento de “usurpación del cargo”, como alegó Guaidó.