Naciones Unidas, 7 Sep. (EUROPA PRESS).- La ONU ha denunciado la situación de represión del Gobierno hacia la oposición en Nicaragua, así como la impunidad generalizada por las violaciones de los Derechos Humanos que han tenido lugar a raíz de las manifestaciones que comenzaron en abril en 2018, según un nuevo informe elaborado por la oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos .	Ante esta situación, Michelle Bachelet ha pedido que se reanude de manera urgente un diálogo significativo e inclusivo y que haya reparación para las víctimas. En este sentido, la ONU considera que en Nicaragua existe una «falta de voluntad» por parte del Estado para garantizar la rendición de cuentas y una consolidación de la impunidad por la violación de los Derechos Humanos.	«Las autoridades estatales han negado hasta el momento cualquier responsabilidad y, más bien, han culpado a los líderes sociales y de la oposición, a los defensores de los Derechos Humanos y a los manifestantes de lo que ellos llaman la «violencia golpista» y de la repercusión negativa en la economía del país», precisa el documento.	«Hasta la fecha, las autoridades no han investigado con diligencia e imparcialidad las denuncias de torturas y malos tratos contra personas bajo custodia», afirma el documento que indica que se ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos.	Además ha hecho un llamamiento para que se garantice el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación; y se condene y sancione públicamente todo ataque o intimidación a los defensores de los Derechos Humanos, los líderes comunitarios, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, y a toda persona crítica con el Gobierno, entre otros.	Por último ha pedido al Gobierno que «tome medidas inmediatas para poner fin a la tortura y las detenciones arbitrarias y libere a todas las personas privadas de su libertad por manifestar opiniones críticas con el Gobierno, que se modifique la legislación penal para que sea congruente con las normas y estándares internacionales y que se asegure la pronta aplicación de las reformas electorales e instituciones destinadas a garantizar elecciones justas y transparentes», ha concluido. El informe será presentado oficialmente el próximo martes ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.