Buenos Aires, 3 Nov. (EUROPA PRESS).- La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, está siendo investigada para determinar si ha diseñado un plan para despojar a las comunidades mapuches de las tierras que reclaman en distintas localizaciones de la Patagonia y beneficiar a quienes tienen intereses económicos en la zona.	Así lo ha recogido la agencia de noticias argentina Télam, que ha informado también de que el fiscal federal argentino Fran Picardi también ha imputado al exjefe de Gabinete de Bullrich, Pablo Noceti; al exsecretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Gonzalo Cané; y al secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman.	«Estamos hablando del juzgamiento de una decisión política de un Gobierno constitucional y democrático (…) Si nos quieren juzgar por lo que hicimos y la forma que trabajamos, se van a dar cuenta de que van a tener que juzgarse a ellos mismos», ha precisado. «Va a ser difícil juzgar a una política que ha sido tan exitosa», ha concluido.	La causa judicial se ha iniciado a raíz de una denuncia presentada en junio por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), que sostuvo que desde diciembre de 2015 se habría puesto en marcha un supuesto plan «con el objeto de llevar adelante un accionar ilegal contra las distintas comunidades mapuches, aprovechándose del aparato coercitivo estatal con el propósito de coaccionar ilegalmente a los mismos a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras y de esta manera favorecer negocios inmobiliarios».	Además, APDH presentó una serie de hechos entre los que destacan la supuesta actuación de fuerzas de seguridad federales sin orden judicial en determinados conflictos, la presunta realización de tareas de inteligencia ilegal, la «creación de un falso enemigo interno en la figura de la Resistencia Ancestral Mapuche» y los hechos que culminaron con la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel Domingo Salvo, según ‘La Nación’.	En este contexto, para el fiscal es «pertinente» averiguar si los denunciados dieron «órdenes operativas a las fuerzas de seguridad bajo su responsabilidad, con el objeto de coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras, en beneficios de estos últimos, para así resguardar distintos negocios inmobiliarios y de lucro llevados a cabo por aquellos que detentan o pretenden la propiedad».