De las 196 personas defensoras entrevistadas para este reporte, elaborado de conjunto con la Procuraduría de DDHH de Guatemala, un 86 por ciento afirmó haber sufrido algún tipo de ataque o amenaza entre el 1 de enero de 2017 y el 1 de marzo de 2019, y más de la mitad afirma haber sido víctima de múltiples agresiones.	Varios defensores entrevistados confesaron su temor a participar como candidatos en los procesos electorales debido a estos riesgos de violencia, y 9 de los 28 partidos políticos reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral se negaron a firmar un acuerdo para prevenir la conflictividad de cara a los comicios del próximo 16 de junio.