Lima, 1 Oct. (EUROPA PRESS).- El pulso que desde hace semanas mantienen en Perú el presidente del país, Martín Vizcarra, y el Congreso ha dejado el país sumido en una grave crisis institucional después de que el mandatario haya disuelto la cámara y esta, a su vez, haya optado por suspender al jefe de Estado por «incapacidad moral».	Sin embargo, la cámara en lugar de discutir la moción de confianza presentada por el primer ministro, Salvador del Solar, optó por elegir a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional, en contra de los planes de Vizcarra de sacar adelante una nueva ley que modificaría el proceso de selección de los altos magistrados.	Ante esta circunstancia, Vizcarra interpretó que el Congreso había retirado su confianza al Gobierno y optó por el cierre del Parlamento. En su mensaje para explicar su decisión a los peruanos, el presidente ha recordado que cuando tomó las riendas del país tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, hizo de «la lucha anticorrupción y el fortalecimiento institucional» dos de sus prioridades.	Sin embargo, ha lamentado, se ha topado con una «oposición sistemática» ante «cualquier medida que vaya contra los esquemas de impunidad y de protección de intereses subalternos» por parte de los diputados. Es más, ha añadido, «la mayoría parlamentaria recurre a innumerables argucias y trampas políticas, destinadas a perjudicar ya no al Gobierno, sino a la sociedad en su conjunto».	Pero el Congreso no solo ha descartado esta posibilidad sino que también ha rechazado la moción de confianza. «Lo que ha acontecido en el Congreso subraya la desvergüenza en la que ha caído la mayoría parlamentaria, absolutamente divorciada de la voluntad de los peruanos y trabajando de manera denodada para proteger y blindar a los suyos», ha denunciado.	Martín Vizcarra ha interpretado que se ha producido una «denegación fáctica de la confianza», lo cual contraviene el artículo 129 de la Constitución, por lo que ha optado por «disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República». Las elecciones ya tienen incluso fecha: el 26 de enero de 2020.	El presidente ha sostenido que esta «medida excepcional» se enmarca dentro de sus facultades constitucionales y «busca dar una solución democrática y participativa a un problema que el país viene arrastrando hace tres años, dando fin a esta etapa de entrampamiento político que ha impedido que el Perú crezca al ritmo de sus posibilidades», dejando el futuro del país en manos de los ciudadanos.	Además de la convocatoria electoral, Vizcarra ha remodelado el Gobierno con la salida de Salvador del Solar, al interpretar que no goza de la confianza. Como nuevo primer ministro ha tomado posesión Vicente Zeballos, hasta ahora titular de Justicia. Según el diario ‘La República’, el canciller, Néstor Popolizio, y el ministro de Economía, Carlos Oliva, no continuarán en sus cargos.	La decisión de Vizcarra ha sido rápidamente rechazada por la oposición, con Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, a la cabeza. Su portavoz, Milagros Salazar, ha denunciado que el plan de Vizcarra «ha sido siempre cerrar el Congreso porque no respeta la democracia y la libertad de pensamiento» y ha demostrado que tiene «ADN de dictador».	El Congreso, por su parte, ha desoído la disolución dictada por Vizcarra y ha continuado con su sesión, durante la que se ha aprobado la suspensión del presidente de su cargo «por incapacidad moral permanente» de forma temporal «por propiciar la ruptura del orden constitucional», según ha indicado su titular, Pedro Olaechea. La decisión ha sido refrendada por 84 votos a favor del total de 130 diputados.	«En estas circunstancias difíciles, me pongo con humildad ante ustedes, ciudadanos, para decirles que asumo esto con entereza; sé que es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida», ha asegurado Aráoz durante su discurso antes de jurar el cargo, acusando a Vizcarra de haber incumplido tres artículos de la Constitución.	La hasta ahora vicepresidenta ha tildado de «inconstitucional» e «ilegal» la disolución del Congreso. La solución a la crisis actual «no son las ofertas irresponsables y populistas, de pretender que todo se arreglará con la disolución del congreso», ha defendido, asegurando que no renunciará sus «responsabilidades por más difíciles que sean las circunstancias».	Ante esta supuesta duplicidad de cargos, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía se han posicionado del lado de Vizcarra. El presidente ha mantenido un encuentro con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía Nacional, quienes han expresado su «pleno respaldo al orden constitucional», según ha informado la Presidencia.	Además, ambos cuerpos de seguridad han publicado pronunciamientos en los que reiteran su apego a la Constitución. Las Fuerzas Armadas han recordado que «tienen como misión principal garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República», mientras que la Policía ha subrayado que «mantiene y restablece el orden interno y garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad» en el país.	También se han pronunciado a favor del paso dado por Vizcarra la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y han considerado «inconstitucional» su suspensión temporal por parte del Congreso. «Los gobernadores regionales (…) expresamos respaldar la decisión tomada por el presidente de la República, quien ha hecho uso de su prerrogativa constitucional», ha indicado en un comunicado, en el que también han llamado a la ciudadanía a la calma.