Bilbao (España), 20 Jul. (Europa Press).- La Delegación vasca de Observación de Derechos Humanos en Colombia, encabezada por el Gobierno de Euskadi, que ha viajado al país sudamericano entre el 14 y el 19 de julio, ha denunciado este sábado «el agravamiento de la violencia y el incremento de las agresiones, amenazas y la criminalización contra las personas defensoras de Derechos Humanos», en especial líderes indígenas, afrodescendientes y quienes trabajan «activa y visiblemente en defensa de la paz y del territorio».	La representación vasca ha instado, además, a las instituciones y organizaciones sociales a profundizar en su esfuerzo para lograr «una auténtica cultura de paz y de la convivencia en todos los territorios» de Colombia, donde, según la ONU, al menos 110 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en 2018. Este año todo apunta a que la situación ha empeorado, ya que han sido al menos 51 las personas comprometidas en esta labor que han sido asesinadas entre enero y abril.	También han compuesto la representación de Euskadi el letrado mayor de la Cámara, Eduardo Mancisidor, además de los integrantes de la Agencia Vasca de Cooperación, Paul Ortega y Ainara Arrieta; las responsables de CEAR-Euskadi, Patricia Bárcena y Leire Lasa, coordinadoras del Programa, y por las representantes de las ONGDs vascas Mugarik Gabe y Emigrados sin Fronteras, Josune Fernández y Claudia Alejandra Sepulveda, respectivamente.	También se ha reunido con diferentes asociaciones, movimientos sociales, organizaciones de protección de personas defensoras y organizaciones no gubernamentales, entre ellas, el Proceso de Comunidades Negras (PCN), la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Fundación Comité Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), el Congreso de los Pueblos y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.	Asimismo, se ha entrevistado con el representante adjunto del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas e instituciones colombianas, como la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección, la Jurisdicción Especial para Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, con senadores del Congreso de la Republica. También ha mantenido encuentros con la Procuraduría, la Defensoría y la Gobernación de Antioquía, así como la Embajada de España en Colombia.	Una vez celebradas estas reuniones, con los testimonios que ha escuchado y con la documentación en su poder analizada, la Delegación vasca ha manifestado que, «transcurrido más de dos años desde la firma de los Acuerdos de Paz», constata «el agravamiento de la violencia y el incremento de las agresiones, amenazas y la criminalización contra las personas defensoras de Derechos Humanos, especialmente líderes indígenas, afrodescendientes y quienes trabajan activa y visiblemente en defensa de la paz y del territorio».	En este sentido, apunta que, con al menos 110 personas defensoras asesinadas en 2018, según datos de ONU, Colombia «es uno de los países más peligrosos en el mundo para defender los derechos humanos». Además, subraya que este año este promedio «ha empeorado aún más, ya que al menos 51 personas defensoras han sido asesinadas entre enero y abril».	Por ello, muestra su preocupación «por la situación que se vive en los territorios donde intereses económicos se priorizan frente a la protección de las personas, y están siendo ocupados por actores armados que se disputan su control, y que violan sistemáticamente los derechos humanos de las mujeres y de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes».	A su juicio, «el reconocimiento de pueblos ancestrales, como los pueblos indígenas y el pueblo Negro, y la legalización de sus territorios son retos pendientes, así como la presencia institucional en las zonas rurales, no solo a través de la seguridad, sino también y principalmente, mediante el desarrollo social, económico y cultural, con enfoque diferencial».	Por último, los miembros de la Delegación vasca agradecen la acogida que han recibido por las defensoras, sus comunidades y por el resto de organizaciones, instituciones y organismos internacionales. «Nos comprometemos a continuar atentas a la situación de las personas defensoras de los Derechos Humanos y a velar por que su labor se ejerza en condiciones de seguridad, prestando especial atención a la implementación real, efectiva e integral de lo acordado en el proceso de paz», concluyen.