San José, 20 Nov (Observatorio Judicial).- La alta demanda en procesos de cobro en el Poder Judicial de Costa Rica, reflejan el fuerte endeudamiento de la población. Según las estadísticas, 55,72% del circulante en el Poder Judicial corresponde a la materia cobratoria, mientras 733.169 expedientes estaban activos al 30 de setiembre 2019.	“Esta capacidad instalada es limitada porque hemos tenido que hacer frente a una demanda creciente del servicio, que obedece a una realidad social y económica del país, lo que afecta directamente el tiempo de respuesta del Poder Judicial en los expedientes cobratorios, incluso pese al cumplimiento de las cuotas de trabajo establecidas en los despachos judiciales»;	El ingreso de demandas nuevas en la jurisdicción de cobro a nivel nacional al mes de setiembre del 2019 asciende a 183.396 asuntos. De esa cantidad, el Juzgado de Cobro de San José tramita 135.859 demandas, función que realiza con la capacidad instalada de 42 jueces y juezas para dar trámite.	“Las mayores dificultades que presenta el Poder Judicial están referidas a la capacidad operativa que tenemos para hacer frente a una demanda que nos supera, actualmente hemos tenido un crecimiento exponencial que año con año se ha incrementado y la cantidad de jueces y personal que puede llevar a cabo esta tarea, es bastante limitada en relación a ese ingreso”	“Los esfuerzos realizados por los despachos cobratorios del Poder Judicial en la recuperación de los créditos puestos al cobro, significan esencialmente un impulso a la activación de la economía nacional; lo que afecta de manera positiva a la mayoría de la población, ya que al girarse y devolverse los dineros invertidos a los acreedores, se contribuye nuevamente a inyectar ese capital en la dinámica económica del país, tanto en los acreedores estatales como del sector privado”,	Ante la gran cantidad de demandas en materia cobratoria y con las limitaciones presupuestarias, el Poder Judicial a través de la Comisión de la Jurisdicción Civil y Cobratoria realizaron importantes esfuerzos, con la finalidad de enfrentar y mejorar los tiempos de respuesta a las personas usuarias en los distintos procesos judiciales que se tramitan en los Juzgados Cobratorios del país.	El plan descongestionamiento fue posible gracias al aporte del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional del Poder Judicial. Este órgano que trabaja bajo la coordinación de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, apoya desde el año 2017 la jurisdicción de cobro, por medio de la asignación de jueces y personal de apoyo técnico.	“Hemos dinamizado todo el tema cobratorio y continuamos en la búsqueda de ideas para mejorar la gestión. Nuestros jueces y juezas están al cien por ciento del rendimiento y el uso de los recursos está siendo bien utilizado. Seguiremos integrando el tema tecnológico para hacer frente a un problema que no es propio de la institución, sino que es consecuencia desde mi punto de vista, de la forma como se gestiona el crédito en el país, entre otras razones”,