La lucha contra la mafia no es, en esencia, militar. Más bien, comienza con la reconquista de la justicia y del Estado de derecho. Hay algunos ejemplos de ello en la historia reciente: el Mani Pulite en Italia es uno; la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es otro ejemplo de gran actualidad.	Creada en 2007 por el presidente socialdemócrata Álvaro Colom a través de un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la CICIG fue un experimento original desde el principio. Su mandato era crear una Justicia profesional e independiente, modernizar los métodos de investigación, reformar la legislación –por ejemplo, introduciendo la delación premiada– y apoyar al Ministerio Fiscal local para destruir lo que hace de Guatemala un Estado-botín clásico: redes informales en las que participan ex-militares, líderes empresariales, políticos y mafiosos con el fin de hacerse con los recursos del país.	La CICIG tomó en serio su mandato: tres ex-presidentes, entre ellos Colom, numerosos empresarios, militares, jueces corruptos, jefes de Policía, ministros, alcaldes y políticos de todos los partidos quedaron tras las rejas. La tasa de homicidios se redujo de 48 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2009 a 24 en 2018. Según estudios internacionales, la impunidad disminuyó en 30%. Por primera vez, los tribunales comenzaron a revocar concesiones dudosas para grandes proyectos. Guatemala se convirtió en un modelo a seguir, no solo en la región: incluso hubo países africanos interesados en el modelo.	Fue entonces cuando el investigador principal, el colombiano Iván Velásquez, comenzó a indagar en la turbia financiación de los partidos. Rápidamente encontró en todos ellos lo que buscaba, desde la socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de Colom hasta el Frente de Convergencia Nacional (FNC) de derecha del actual presidente Jimmy Morales, cuyo hermano e hijo ya habían sido llevados ante los tribunales por evasión de impuestos y lavado de dinero. La Comisión descubrió que Morales –un ex-predicador evangélico y comediante de televisión– había aceptado para su partido donaciones de campaña por aproximadamente 700.000 euros cuyos orígenes no podía probar: el FNC corría, así, el riesgo de quedar excluido de las siguientes elecciones. En agosto, la Justicia solicitó que se le suspendiera la inmunidad a Morales. Probablemente fue la gota que hizo rebasar el vaso.	A principios de septiembre, el gobierno decidió no renovar alrededor de 50 visas del personal internacional de la CICIG, incluido Velásquez, y dejar que caduque el mandato de la Comisión en septiembre de 2019. Morales anunció esta decisión en un discurso televisado, rodeado de uniformados: la puesta en escena hacía recordar, acaso de forma deliberada, a un golpe de Estado. Para intimidar a los posibles manifestantes, vehículos militares patrullaban la ciudad; un escuadrón entero rodeó la mansión donde la CICIG tiene su oficina.	Sin embargo, la Operación Desmantelamiento comenzó mucho antes, y discretamente, en Washington, tal como lo reveló el portal Nómada: según esta fuente, el gobierno de Guatemala comenzó a sondear el nuevo clima político en Estados Unidos en febrero de 2017, poco después de que Donald Trump asumiera el cargo, y lanzó una campaña contra la CICIG y el embajador estadounidense, Todd Robinson, cercano a la Comisión, para debilitar su apoyo internacional. Dijo a los congresistas conservadores encargados de decidir sobre el financiamiento de la CICIG que esta estaba infiltrada por comunistas, tenía motivaciones antisemitas, se excedía en sus competencias y manipulaba los procesos y a los testigos de cargo. Uno de los congresistas en los que la campaña hizo efecto fue Marco Rubio, senador conservador por Florida, quien bloqueó la liberación de los fondos durante semanas, con lo cual se desencadenó la primera crisis. Inteligentemente, Morales fomentó la disputa al adular la política exterior de Trump y trasladar la embajada de Guatemala a Jerusalén.	Morales tiene una buena razón para su accionar, pues teme correr la misma suerte que su antecesor Otto Pérez, quien quiso expulsar a la CICIG del país en 2015, después de que esta comenzara a romper una red de corrupción en la Aduana liderada por Pérez y su vicepresidente. Fue el inicio de la «Primavera Guatemalteca». Decenas de miles de personas salieron espontáneamente a las calles para pedir la renuncia de Pérez y apoyar a la CICIG. La intensa presión ejercida durante días obligó a los congresistas a suspender la inmunidad de Pérez. El jefe de Estado y casi todo su gabinete terminaron tras las rejas. Al frente de las protestas: Robinson, embajador de Estados Unidos. Es que el gobierno estadounidense, en aquel entonces aún a cargo de Barack Obama, era el gran apoyo financiero y político de la CICIG.	El cálculo que movió a Obama fue egoísta: el flujo continuo de migrantes desde América Central y la infiltración del crimen organizado en esos Estados solo pueden detenerse si se logra obligar a la elite corrupta de estos países a gobernar de una manera aceptablemente transparente, democrática, constitucional y socialmente responsable. Trump no es partidario de este tipo de razonamientos; en lugar de apostar a investigadores independientes, pone sus fichas en la construcción del muro y en campañas de disuasión.	La CICIG se había excedido en sus competencias y representaba una amenaza para la seguridad pública y la soberanía, afirmó la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel. A pesar de que la Corte de Constitucionalidad había dictaminado que todas las decisiones gubernamentales unilaterales sobre la CICIG de los últimos meses habían sido ilegales, Morales no se mostró impresionado; tampoco por las protestas de los países que conforman el Grupo de Donantes G-13, incluida Alemania, que exigen respeto por el acuerdo y la Constitución.	Su indiferencia y la prisa por deshacerse de los incómodos investigadores antes de las próximas elecciones a realizarse durante el verano boreal hacen que las alarmas suenen por todas partes. «Para salvarse, Morales ha sacrificado el Estado de derecho», tuiteó Norma Torres, diputada demócrata de Estados Unidos de origen guatemalteco. Para el ex-ministro de Relaciones Exteriores Edgar Gutiérrez, está en juego la democracia. «Ahora están en aprietos las pocas instituciones independientes que existen, los jueces y fiscales independientes, la Corte de Constitucionalidad y las autoridades de derechos humanos», teme Gutiérrez.	Todas las miradas apuntan hoy a la fecha de las elecciones. Tampoco está claro si estas traerán una mejora. La atmósfera está tensa y hay polarización. Entre los candidatos ya anunciados, se encuentra la hija del ex-dictador Efraín Ríos Montt, Zury Ríos, la ex-esposa del ex-presidente Colom, Sandra Torres, y el empresario y constante candidato Alejandro Giammatei. El movimiento ciudadano Semilla también quiere participar: una posible candidata es la ex-fiscal general Thelma Aldana, una de las principales investigadoras contra la corrupción. Sin embargo, no está claro si ella podrá concitar la simpatía del 70% de la población que, según las encuestas, despierta la CICIG.	Es muy lamentable la situación de Guatemala, con tanta corrupción, atropellos a los derechos humanos, e iniquidad. El pueblo pasa hambre sin ninguna esperanza. Por eso la migración. Es una pena que el Gobierno de Trump, no quiera ver la necesidad de esta organización, La que ha contríbuido mucho a sanear la corrupción, aportes del Narcotráfico.