Bogotá, 6 jul (Sputnik). – Alrededor de 1.000 excombatientes de la antigua guerrilla colombiana de las FARC, que en la actualidad ocupan 11 de los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), se oponen a abandonar los mismos por una iniciativa del Gobierno que busca ubicarlos en otras regiones, indicaron algunos de sus voceros a Sputnik.	«Estamos a casi un mes de que el Gobierno lleve a cabo esta iniciativa y aún no tenemos claridad de qué va a pasar con nosotros, nuestras iniciativas productivas y proyectos de vida; regresamos a nuestros territorios con la esperanza de quedarnos y ahora nos avisan que nos van a cambiar de lugar», dijo a esta agencia Efrén, un desmovilizado de la FARC adscrito al ETCR de San Antonio, en Caldono (Cauca, suroeste).	Estos espacios se encuentran ubicados en los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo (suroeste), Chocó, Antioquia (noroeste), Norte de Santander, Arauca (nordeste) Meta (centro) y Guaviare (sur) y el trasladado de los excombatientes se haría de manera gradual, durante un año, a otras zonas del país en donde el Gobierno cuenta con predios para su ordenamiento territorial y político.	«La mayoría de nosotros pertenecemos a estos territorios; aquí nacimos y aquí crecimos, por lo que ahora que regresamos, tras el final de la guerra, lo que menos queremos es que nos desplacen», indicó Manuel, otro de los desmovilizados de las FARC que trabaja en iniciativas productivas en el ETCR La Variante, en Tumaco (Nariño).	«Eso sólo nos genera más desconfianza con el Gobierno. Hoy en día la implementación de los acuerdos avanza a media marcha, no dan los recursos suficientes para nuestras capacitaciones y ahora, de paso, nos quieren cambiar de lugar. ¿Qué vendrá después?», se preguntó Renata, del ETCR La Pradera, en Puerto Asís (Putumayo).	La firma del Acuerdo Final de Paz, suscrito en noviembre de 2016 entre el entonces gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y las FARC, permitió la desmovilización y desarme de unos 7.000 integrantes, de los cuales alrededor de 3.300 ocupan en la actualidad los 24 ETCR que hay diseminados en varias regiones del país.	Durante los primeros 8 meses de operación las ZVTN fueron reguladas por normas que prohibían a los excombatientes mantener contacto con las comunidades vecinas, esto con el fin de que dejaran las armas en un proceso paulatino y de que se pudiera hacer efectivo un cese del fuego entre las FARC y el Gobierno hasta cuando terminara el desarme de esa guerrilla.	Luego de que el desarme terminó, en junio de 2017, y de que la Misión de la ONU en Colombia garantizó que se cumplió, las ZVTN se transformaron en ETCR a mediados de agosto de ese año y con ello se abrió espacio a aulas y zonas para desarrollar procesos productivos.	Consultada sobre el tema, la Oficina de Prensa de la estatal Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) indicó que, tal y como lo explicó en días pasados su director Andrés Stapper, «si bien la figura jurídica transitoria de los ETCR termina en esa fecha, no representa la desaparición o desalojo de los 24 espacios habitados por los excombatientes y sus familias».	«Consideramos que esos espacios deben continuar y que es la comunidad y excombatientes los que tomen la decisión junto a las autoridades locales. Esta noticia del desmonte de esos espacios es falsa, se está en una discusión (sobre el tema)», dijo a la prensa local el exlíder de FARC Pastor Alape.	Un reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) reveló que pese al vencimiento del plazo para la figura jurídica de los ETCR el próximo 15 de agosto, la FARC buscará que el periodo se pueda extender y que incluso su existencia se pueda dar a lo largo de los 10 años que se contempla tomará la implementación de los acuerdos de paz. (Sputnik)