El proyecto propone implementar un régimen general de sanciones administrativas por infracción a las leyes laborales, que incorpore como mínimo: caracterización y clasificación de las infracciones en leves, graves y muy graves.  Se creará también un registro de reincidencia, definición de la cuantía de las sanciones según su gravedad y mecanismos de apelación.	“Diputados en periodos anteriores realizaron un importante ejercicio de diálogo y construcción de acuerdos para mejorar la fiscalización laboral en el país. Deseamos retomar ese esfuerzo para brindar un marco normativo moderno, acorde con las necesidades del mercado y que satisfaga plenamente las necesidades de las personas usuarias de los servicios de la inspección de trabajo”, señaló Morales Mora.	Otro elemento es la creación de la Dirección Nacional de Inspección de trabajo, que sería la instancia encargada de que se cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos concernientes a las condiciones de trabajo y de previsión social. Los inspectores de trabajo tendrán además mayores potestades y atribuciones para profundizar su rol de fiscalización.