Dos historias distintas, dos naciones, ambas con presidentes bautizados como neopentecostales: Jimmy Morales en Guatemala y Jair Bolsonaro en Brasil. Los dos llegaron al Gobierno de sus respectivos países apoyados por los votos fieles de sus iglesias. Para lograr ese respaldo decidieron convertir o reafirmar su filiación religiosa: Bolsonaro saltó del catolicismo al evangelismo neopentecostal en 2016, en una ceremonia de bautismo en el río Jordán -en el corazón del conflicto árabe-israelí-, que fue retransmitida hasta el cansancio durante su campaña en 2018.	Sus prédicas y vindicaciones religiosas, sin embargo, no son congruentes con sus prácticas de gobierno. La corrupción resultó ser otro factor común entre estos dos presidentes. El espíritu protestante chocó con las prácticas gubernamentales. Jimmy Morales está acusado de lavado de activos, de violaciones, y de llegar al Gobierno financiado por dineros del narcotráfico, acusaciones que logró sortear con la ayuda de la red de medios de comunicación neopentecostal; una red con mucha influencia sobre el 41 % de la población que pertenece a alguna de las 27 mil iglesias	. El Bolsogate, como se conoce el caso, no avanza con eficacia debido, quizás, a la participación abierta del Poder Judicial en la campaña presidencial que lo llevó al Palacio de Planalto, como quedó demostrado en los mensajes de Telegram develados por el portal The Intercept Brasil -que muestran la conspiración de fiscales y jueces, encabezada por el actual ministro de Justicia, Sergio Moro, para judicializar y condenar al expresidente Lula	Ya dejaron de ser una novedad política emergente; incursionaron con fuerza para quedarse en la política. Se conocen, al menos, cuatro características de esta relación neopentecostal con la política, sin que sean absolutas ni abarquen a la totalidad de las iglesias que profesan esas creencias, pero sí resultan una tendencia a considerar: (i) Trasladan a la política ideas ultraconservadoras en relación con la familia y restrictivas de las libertades sociales; (ii) Son abiertos defensores del neoliberalismo y la sociedad de consumo (no existe una moral austera); (iii) Tienen una amplia capacidad económica ligada al aporte de sus feligreses; y (iv) Cuentan con un despliegue mediático a partir de sus propias emisoras, canales de televisión y redes sociales	El presidente de Guatemala se ha servido muy bien de estas características para apoyarse en la terminación de su mandato, esquivando el juicio propuesto por la Fiscalía tras conocer la investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), que encontró evidencias de la utilización de recursos provenientes de actos de corrupción, que al parecer pasaron por las manos de altas autoridades de las iglesias neopentecostales guatemaltecas y terminaron en la campaña presidencial de 2015, cuando Morales resultó elegido	En el 2016 el Ministerio Público, apoyado por la CICIG, ordenó la captura de gerentes de grandes empresas vinculados al lavado de activos, entre ellos dos personas claves del Grupo Financiero Banrural muy cercanas al presidente Morales: el presidente del banco, Fernando Peña, y uno de los accionistas, Julio Aldana Franco. Este último un destacado miembro de las congregaciones neopentecostales que, poco antes de su detención, advertía que: “soy un empresario dedicado a servir al Señor y a llevar su palabra”.	El Congreso de Guatemala negó el juicio al presidente Morales por estos hechos, y se comenzó una nueva trama para limitar la acción de la CICIG y del mismo Ministerio Público, como se puede concluir tras dos años de intentos infructuosos de desafuero presidencial y de la expulsión de Guatemala de los principales miembros de la CICIG -como ocurrió con el jurista colombiano Iván Velázquez-. Se trata de una trama en la que miembros activos de las iglesias evangélicas en EE. UU. tuvieron un rol preponderante: la iglesia llamada “el Ministerio Internacional El Rey Jesús”, con sede en Miami, liderada por el pastor dominicano Guillermo Maldonado, agitó desde sus púlpitos la necesidad de expulsar a la CICIG y a Iván Velázquez de Guatemala, con un mensaje “bíblico” en redes sociales denunciando un “intento de golpe de Estado contra el hombre escogido por Dios para estar en la silla presidencial”.	Efectivamente se trató de un trabajo de incidencia sobre la población religiosa del país mesoamericano, que en masa siguen la programación multimediática que producen estas iglesias y que se emiten por sus incontables canales de televisión, radios y cuentas en redes sociales; representan un sofisticado mecanismo de difusión religiosa y también también política, que apoyó sin reparos la actuación presidencial.	La ayuda para Morales no sólo fue mediática; la elección clave de un embajador le garantizó el apoyo de Donald Trump, a cambio del traslado de la Embajada de Guatemala a en Israel a Jerusalén, en un acto simbólico que desconoce el Tratado de Paz de Oslo entre el Estado de Israel y el Estado Palestino. Todo ello con la ayuda diplomática del embajador de Guatemala en Washington, Manuel Espina, reconocido socio del gurú evangelista de los EE. UU. John C. Maxwell, y ligado al ala conservadora del Partido Republicano.	Jimmy Morales terminará su mandato presidencial ganándole el pulso a la Justicia, apoyado por los partidos políticos de derecha, y por el entramado mediático y político de las iglesias neopentecostales. Aunque los pastores de dichas iglesias niegan su participación directa en actos de corrupción o en el apoyo al presidente, lo claro es que jugaron un papel central con la movilización de relaciones y con una matriz mediática favorable en una de las más importantes causas judiciales iniciadas por la CICIG y el Ministerio Público contra Morales, que pretendía desarticular las redes de corrupción y lavado de activos en Guatemala, persistentes desde la dictadura de Ríos Montt (también de filiación neopentecostal).	Un caso que puede dar pistas sobre cómo se desarrollarán las denuncias por corrupción iniciadas en Brasil contra el presidente Jair Bolsonaro, que en principio involucraron a uno de sus hijos, y que llegaron a altos funcionarios del Gobierno, como el ministro de Justicia, Sergio Moro. Las iglesias neopentecostales ligadas a Bolsonaro tienen un gran poder mediático con el que vienen respaldando la gestión presidencial, soslayando las denuncias y las propias dificultades económicas acarreadas por el giro neoliberal fortalecido desde el golpe parlamentario liderado por Michael Temer, en el que los evangelistas fueron cruciales.	La red Récord, el conglomerado mediático del pastor neopentecostal Edir Macedo, se convirtió en la base fundamental de divulgación de las acciones de gobierno del presidente Bolsonaro. Esta empresa mediática, la segunda más importante de Brasil, se convirtió en decisiva para el triunfo de éste en la segunda vuelta electoral el año pasado, al igual que en todo el proceso de movilizaciones iniciadas en 2014 contrarias al Gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff. Dicha empresa mediática ya había apoyado al ultraderechista Marcelo Crivella para ganar la alcaldía de Río de Janeiro y para comunicar los planteamientos de la “bancada evangélica” en el Congreso.	Al igual que en Guatemala, no son pocos los magistrados o magistradas de los altos tribunales pertenecen a las iglesias neopentecostales. Hace unas pocas semanas, Bolsonaro sentenció en la celebración del aniversario de la Iglesia Universal del Reino de Dios que: “El Estado es laico, pero nosotros somos cristianos. O, para plagiar a mi querida Damares [Alves, ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos], somos terriblemente cristianos. Y ese espíritu debe estar presente en todos los poderes. Por eso, mi compromiso: podré elegir dos jueces del Supremo Tribunal Federal [STF], y uno de ellos será terriblemente evangélico”	Los dichos del presidente Bolsonaro, que no parecen mensajes de un estadista, se acercan a una dimensión conocida en el pasado decimonónico de Latinoamérica, marcado por estados confesionales católicos, en el que los planteamientos religiosos eran parte de la doctrina estatal en distintos órdenes sociales. Los delitos de corrupción que empezaron a evidenciarse desde comienzos del mandato de Bolsonaro podrían quedar en la nada con el apoyo mediático y judicial que pretende impulsar aún más con la entrada de neopentecostales a los altos tribunales.	Los éxitos electorales obtenidos en Guatemala y Brasil amplían las expectativas de otros pastores y feligreses, cuya fuerza principal radica en trasladar al discurso político-electoral un conjunto específico de creencias religiosas que movilizan emociones e interpelan las individualidades en lo profundo del sistema de valores tradicional. Mucho más cuando se enfrentan a la Justicia o la opinión pública con el apoyo transnacional de las influyentes figuras de sus congregaciones, con extensiones en toda la región, con muchos recursos financieros, mediáticos y capacidad de incidencia en los EE. UU.	Las iglesias neopentecostales no están improvisando en la movilización de recursos simbólicos y materiales en su salto a la política. La periodista Lamia Oualalou afirma que: “Las iglesias evangélicas instauraron una política de comunicación a prueba de todo, utilizando la industria del entretenimiento. Al empezar, los pastores tienen un templo, luego una radio, un canal de televisión, una discográfica. Cada actividad alimenta a la otra y su notoriedad aumenta”.	La campaña anticorrupción y la demagogia punitivista con la cual se instalan en las elecciones resulta una estafa. Ganadas las elecciones, y con el apoyo irrestricto de los neopentecostales y las fuerzas conservadoras tradicionales, Morales y Bolsonaro pasaron de la campaña anticorrupción, utilizada como medio para atacar a sus contrincantes, a gobernar para consolidar un Estado punitivista para reprimir a los sectores populares. Ambos presidentes se muestran favorables a la pena de muerte, al porte de armas sin restricciones, tienen una singular posición contra los migrantes, y desarrollan políticas para empobrecer a las y los trabajadores.	El debate de la corrupción utilizado por la ofensiva conservadora en la región demuestra su finalidad demagógica. Sólo basta conocer algo de la historia de los estados latinoamericanos para saber que la corrupción no es un asunto de los políticos de izquierda o progresistas, pero ha sido un relato eficaz para la judicialización de la política. Mientras que los políticos, en especial los apoyados por estas fuerzas neopentecostales, parecen exentos de cumplir con la legalidad e impunes ante la opinión pública.