Tontos, no lo son. Candorosos, algunos sí lo son; y bastante. Torpes, mucho más, máxime a la hora de tomar decisiones para las cuales en el torrente sanguíneo debe haber habilidad política. Solo así, con esa interpretación de los hechos, encuentro explicación al cómo y por qué los de este gobierno  se metieron en un  complicado laberinto a la hora de ejecutar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley # 9635).	Carencia de habilidad política: he ahí el señalamiento que acompaña a la administración Alvarado Quesada desde sus primeros pasos allá en mayo de 2018, crítica resultante de la composición del gabinete y las rectorías del sector autónomo, igual por lo que toca a la fracción del Partido Acción Ciudadana y por lo que llegó desde el Partido Unidad Social Cristiana y desde otros signos.  Todo lo cual, unido a la heterogeneidad del club asentado en Zapote, terminó de trazar la ruta de las torpezas de la que no se distanció el presidente Alvarado.	Sí hay que reconocerle sus aportes en la ingente tarea de cimentar el saneamiento de las finanzas públicas. Pero ese logro cristalizado en la Ley 9635 tras un costoso enfrentamiento con sindicatos y contestatarios asentados en sedes universitarias, se hizo posible porque el Jefe de Estado comprendió que esa legislación era la única opción con viabilidad política –dentro de las pocas que tenía a la mano- para salvar la economía de un colapso como el que se vivió en los años ’80, y posibilitó la construcción de la plataforma de apoyos políticos con que sacó adelante ese expediente legislativo. Claro está, de la mano de una escuela de pensamiento económico y financiero distante de la que inspira al PAC.	Para la crisis fiscal había otras iniciativas, como la que elaboraron los sindicatos y los estrados universitarios, posiblemente más gratas al pensar del PAC. Pero evidentemente sin los soportes políticos bastantes para convertirles en ley. Más aún, con toda seguridad sin las vigas corona apropiadas para que el edificio de la administración Alvarado soportase los embates que saltarían al paso del gobierno en los meses restantes del cuatrienio.	El proyecto de ley se tramitó muy accidentadamente. En particular porque sus contestatarios retaron el principio de legalidad y la vigencia del Estado de Derecho, a un alto precio: la cúpula que desafió la ley y la institucionalidad quedó claramente maltrecha, sin autoridad y despojada de toda credibilidad y confiabilidad ante el grueso de una ciudadanía que se sintió ofendida, también hastiada. Fue ese el escenario en que se midieron fuerzas y resistencias, autoridades, liderazgos y suficiencias. Ahí fue donde “la albinocracia” quemó sus naves y se hundió en el desprestigio. Mismo punto del trayecto en el que reapareció con efectos corrosivos la incompetencia política como nota del gobierno Alvarado Quesada.	¿Cómo, por qué el Jefe de Estado no dio el paso siguiente previsto en los contenidos de la Ley 9635? ¿Cómo fue que desoyó los consejos de quienes le pusieron en bandeja los méritos del saneamiento de las finanzas públicas y dejó para un después que habría de resultar pésimo aliado, todas las medidas que exigía la oxigenación de las finanzas públicas y la economía del país? Ahí fue donde, por su flojera, don Carlos perdió aliados fundamentales para sostener con vida su plataforma política, a lo interno del Ejecutivo (Piza inició su caída en picada),  y  del Legislativo (la fracción del PUSC se distanció y los diputados del PLN llamaron a la no contaminación). Aliados y alianzas que se hartaron de que el presidente de la República anduviera a paso de tortuga hasta para echar a andar unas cuantas medidas de reactivación de la economía –que en este caso fueron de ámbito reducido y efecto modesto y lento-.	La más evidente, la resucitación de la “albinocracia”, ahora con hijitos marcados  también por su determinación a desafiar la institucionalidad y abjurar del Estado de Derecho. ¿No se dan cuenta en la Casa Presidencial de que de nuevo le están tomando medida a su capacidad de resistencia, para construir apoyos políticos, para sostener en pie los dictados de la Ley 9635? ¿No se percatan de que el desafío parte de minorías, carentes de legitimidad representativa? ¡Es un pulso, para probar quién resiste más!	Reaparecen las huelgas, los desafíos a la institucionalidad, la inobservancia del Estado de Derecho. Menudean las noticias falsas para alentar la rebeldía, se echan a la calle  quienes deberían sentir un mínimo  de solidaridad con los enfermos y desvalidos. Van a presionar a jerarcas que, o son flojos de carácter o se hunden con la indefinición presidencial.