Los habitantes de este país, nacionales y extranjeros, deben entender que los derechos que están incorporados en el ordenamiento jurídico no son inmutables o absolutos. Cada uno de los derechos que están en nuestra carta magna son el resultado de un proceso histórico, de una construcción en la que intervienen aspectos políticos, económicos, ideológicos, sociales y culturales, que terminan expresándose en una norma jurídica contenida en la Constitución Política.	Al ser una construcción histórica los derechos no son naturales y tampoco surgen con el solo hecho de nacer. La falacia naturalista que debería ser conocida por cualquier abogado, establece un puente entre el ser y el deber ser; es decir, hace pasar un juicio de valor como si fuera un juicio de hecho, por ejemplo: se dice que todos somos iguales como seres humanos y ante la ley, sin embargo, en la realidad, lo que sucede es totalmente otra cosa a lo que plantea ese enunciado.	Los derechos establecidos en la carta magna costarricense han sido y pueden ser modificados por ese devenir histórico. La libertad de los costarricenses, por ejemplo, no es la misma hoy que la planteada en las constituciones del siglo XIX, su significado y contenido evolucionó y en la actualidad es más amplio; no obstante, así como ha sido ampliado, también puede tener una involución y ser restringido. Lo mismo puede ocurrir con otros derechos que están incorporados en el texto constitucional.	El derecho de huelga es el que está de moda y es un buen ejemplo para analizar esta circunstancia. Lo primero que se debe tener presente es que el derecho de huelga no ha existido siempre, se trata de una conquista reciente en la historia de la humanidad y más en concreto, en el devenir de las personas que trabajan para ganarse su sustento diario. Ese derecho responde a toda una dinámica en que interactúan los diferentes aspectos a los que nos hemos referido en el primer párrafo de este texto.	Lo que sí ha sido permanente en la historia de la humanidad es el conflicto. Desde la génesis del ser humano, ha existido personas que ejercen poder sobre otras para beneficiarse de ellas. La evolución de esas relaciones ha sido cambiante y ello ha determinado la necesidad de los derechos, no como pretensiones morales sino como normas plasmadas en los textos constitucionales.	El conflicto entre patrono y trabajador es una expresión más moderna del conflicto entre amo y esclavo, entre el señor y el vasallo o entre el propietario de los medios de producción y aquellos que solo tienen su fuerza de trabajo o su intelecto. El hecho que ha podido verificarse históricamente es que el trabajador está en una situación de desventaja en relación con el patrono. Por tanto, esta realidad supuso, especialmente en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, un proceso en que las fuerzas presentes en la sociedad entraron en contradicción y finalmente valoraron que era necesario establecer un derecho del trabajador a la huelga; es decir, se legitimó jurídicamente una acción o instrumento que los trabajadores, de hecho, habían estado practicando en la relación con sus patronos.	La huelga no surge en el vacío, es la manifestación de un conflicto entre el patrono y el trabajador. Ahora bien, muchas veces, ese tipo de contradicción es el reflejo de una dinámica más amplia entre los grupos que conforman una sociedad y los intereses que defienden cada grupo. La huelga va existir independientemente de que sea un derecho constitucional, pero desde el punto de vista jurídico, no es lo mismo que esté incorporado en la constitución política a que no lo esté; ni tampoco es igual que esté limitado a que no lo esté, empero, en los límites que se establezcan está el ejercicio efectivo del derecho, dicho coloquialmente: el diablo está en los detalles.	Lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa en relación con el derecho constitucional a la huelga es un retroceso histórico desde la perspectiva jurídica. En este momento, no debe caber duda alguna, el sector de los patronos, esos que tienen el dominio de los recursos económicos, ideológicos y políticos, están materializando ese poder por medio de normas jurídicas que limitan el ejercicio efectivo del derecho de huelga.	Esta acción por parte de estos grupos de poder, no implicará que se eliminen las huelgas. Ya lo han dicho otras personas, las huelgas se han dado antes que existiera ese derecho en la carta magna y cuando estaba tipificada en el código penal, en otras palabras, al ser un instrumento que tiene la clase trabajadora para enfrentar el conflicto con el patrono, la huelga no la pueden desaparecer porque sería como pretender negar esa realidad conflictual. Es como pretender tapar el sol con un dedo.	Los que abogan por este tipo de medidas, pareciera, no entienden que esto afecta a la sociedad como un todo. Las limitaciones jurídicas que se quieren imponer a los trabajadores, tendrán como consecuencia que las válvulas de escape del conflicto social se cierren y ello hará que se acumule una energía que, tarde o temprano, explotará con mayor fuerza y con consecuencias imprevisibles para todos.	Los estadistas son aquellos que tienen la virtud de ver más allá de su contexto inmediato. Las personas no van a huelga por gusto, las personas no salen a marchar porque no tienen otra cosa mejor que hacer, estas manifestaciones son el reflejo de una realidad socioeconómica que no se puede negar. O van a negar los datos de inequidad que han publicado diferentes instancias, nacionales e internacionales; o van a decir que no es verdad el incremento del desempleo que se ha venido dando en Costa Rica; o van a desconocer que los índices de pobreza y de miseria extrema siguen estancados desde hace años, en fin, todo eso es lo que genera que el conflicto social esté presente en nuestros días.	Los derechos establecidos en la carta magna no son inmutables y lo que está pasando con el derecho a la huelga es un buen ejemplo de ello. Su ampliación o restricción depende de las relaciones de poder que se dan dentro de la sociedad, en este caso la costarricense; empero, lo más patético es observar a muchos trabajadores promoviendo la restricción de un derecho que costó sangre, sudor, lágrimas y muertos, la incorporación en el texto constitucional y las condiciones para que el derecho a la huelga pueda ser ejercido eficazmente, fue una lucha de muchos años que ahora se pretende ignorar y muchos desconocen.	El mayor triunfo que han tenido los grupos dominantes en Costa Rica ha sido ideológico. No solo han logrado suprimir la organización de trabajadores en el sector privado, sino que han logrado que esos mismos trabajadores estén dispuestos a renunciar a esa organización; pero como si eso no fuera mucho, han logrado que esos mismos trabajadores ataquen a aquellos que están tratando de luchar por esas conquistas laborales, La jornada de ocho horas y el derecho de vacaciones, entre otros, son derechos laborales que son producto de una huelga de trabajadores.	Los derechos y su ejercicio no son naturales y tampoco se nos dan por el simple hecho de nacer. Los derechos deben ser conquistados y defendidos permanentemente, porque de lo contrario pueden ser limitados, erosionados e incluso ser eliminados del ordenamiento jurídico. Es una pena escuchar a trabajadores criticando a aquellos que arriesgan sus empleos por defender estas conquistas, al menos, si no tienen el valor de apoyar y sumarse a una huelga, deberían tener la prudencia de recatarse y en el mejor de los casos, la coherencia, de entender que esos derechos de los que goza como trabajador, no surgieron por una concesión gratuita y generosa de los patronos.