En el texto que también firman el jefe de gabinete, Marcos Peña, y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, de cuya cartera depende la Secretaría de Salud, se reprocha a Rubinstein que «ha manifestado no haber participado del proceso de formulación de la misma, aun cuando varias de las disposiciones del mencionado protocolo repercuten en los derechos de niñas y adolescentes».	El documento puntualizaba que la actualización del protocolo respondía «a la necesidad de actualizar la normativa adaptándola al Código Civil y Comercial de 2015 y (a) la Resolución 65/2015 del Ministerio de Salud de la Nación» promulgada en enero de 2016 que asentaba la relación de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en base a la primera normativa.	El protocolo también se adecuaba a «normativas internacionales» de la Organización Mundial de la Salud para garantizar el derecho a interrumpir el embarazo de todas las mujeres a partir de los 13 años y sin necesidad de que fueran acompañadas por un adulto, de acuerdo al nuevo Código Civil, que reconoce la autonomía de los adolescentes.	Tras ser publicada la actualización del protocolo el miércoles, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, manifestó su rechazo públicamente al señalar que era «lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de Salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica».	El propio mandatario de Argentina se ha manifestado en contra de la legalización del aborto, pero el año pasado habilitó el debate en el Congreso de un proyecto de ley que consagraba el aborto legal, seguro y gratuito y que fue aprobado en la Cámara de Diputados pero rechazado en el Senado.