“Este es un día muy especial porque son 33 familias que pasan a ser dueñas de una tierra en la que han invertido y donde tienen sus hogares. Agradecemos al INVU por toda la gestión que permite darle su terreno a estas familias que se encontraban en condición de vulnerabilidad”, dijo la Primera Dama.	Para las autoridades del INVU, la aplicación de esta Ley alivia la situación habitacional de estas familias mediante la donación del terreno y asegura que cuenten con la propiedad como patrimonio familiar, sin carga financiera sobre ella. “Los casos que estamos titulando son en su mayoría adultos mayores o personas con evidentes necesidades y limitaciones económicas”, reflexionó el presidente ejecutivo, Tomás Martínez.	Agregó que “nuestro equipo técnico se ha comprometido a apoyar y realizar este proceso de manera ágil y eficiente en coordinación con las instituciones involucradas y con la comunidad”, en referencia a la aplicación de la Ley 9561 aprobada en abril de 2018, que define el listado de las 376 familias beneficiarias.	Desde que se consolidó como asentamiento informal, se han realizado múltiples esfuerzos para resolver la situación jurídica. Algunas familias levantaron su casa propia sin tener titulación del lote que habitan. Otras recibieron un bono que les permitió construir una casa, sin embargo, la situación de registro territorial se omitió, continuando así la condición de ocupación irregular de los inmuebles.	La donación se inscribirá ante el Registro Nacional de la Propiedad con una limitación que prohíbe al nuevo propietario el traspaso, la enajenación, el arrendamiento, el cambio en la naturaleza o el uso distinto al de vivienda por un plazo de diez años, a partir de la fecha de otorgamiento de la escritura pública.