Madrid, 27 Nov. (EUROPA PRESS).- Amnistía Internacional ha recriminado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los «pocos avances sustanciales» logrados en materia de Derechos Humanos desde que asumió el poder hace casi un año, pese a la «voluntad» que ha demostrado en ciertos temas, sobre todo en materia de desapariciones.	La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, ha afirmado que el Ejecutivo «promete un trato más humano a las personas migrantes y en necesidad de protección internacional, pero manda a la Guardia Nacional a perseguirles y detenerles», al tiempo que «dice que protegerá a las personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas, pero les desacredita públicamente».	«Es preocupante que las violaciones de Derechos Humanos sigan siendo la regla en México y no la excepción», ha afirmado Guevara Rosas. La ONG ha pedido a López Obrador que no se limite a culpar de la situación a administraciones anteriores y asuma su responsabilidad presente, garantizando por ejemplo un buen enfoque de las iniciativas que emprenda durante su mandato.	En este sentido, Amnistía ha asegurado que el actual Gobierno no se ha distanciado lo suficiente de la militarización de sus predecesores, se ha negado a reconocer a la tortura como práctica generalizada, ha endurecido la política migratoria, ha restringido la libertad de reunión y ha estigmatizado a periodistas y organizaciones de la sociedad civil.	Guevara Rosas ha reconocido que el Gobierno de López Obrador «ha mostrado voluntad por avanzar parcialmente en algunas iniciativas, sobre todo en el tema de desapariciones», pero ha lamentado que estos progresos apenas se han notado «en la vida de millones de personas que enfrentan una gravísima crisis en materia de Derechos Humanos que se ha prolongado por más de una década».	Amnistía Internacional ha incluido entre sus recomendaciones para México la desmilitarización de la Guardia Nacional, el desarrollo de una política de protección de defensores de Derechos Humanos y periodistas, la no devolución de migrantes en situación irregular y la realización de investigaciones independientes e imparciales sobre los asesinatos de mujeres por razones de género.