Bogotá, 21 Nov (RT/Sputnik).- El paro nacional que se inicia este jueves en Colombia en contra del llamado «paquetazo de Duque» ha estado precedido de allanamientos a organizaciones sociales y fuerte presencia de los cuerpos de seguridad del Estado en las calles, lo que ha sido catalogado por sus organizadores como «tratamiento de guerra, persecución y criminalización de la protesta».	Los días previos han estado marcados por los reiterados desmentidos del presidente Iván Duque sobre las supuestas reformas laborales y pensionales que haría su Gobierno y los llamados de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a estar alertas ante los «intereses de otros» que quieren «destruir a Colombia como lo han hecho en Chile y Ecuador».	El llamado a esta paralización de actividades, que será acompañada por acciones de calle, se hizo el pasado 4 de octubre durante el denominado Encuentro Nacional de Emergencia —organizado por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y más de cien movimientos sociales—, donde también se fijó la fecha para la ‘Toma de las capitales’, una gran manifestación en contra de las políticas laborales Duque que se realizó el pasado 17 de octubre.	Distintas organizaciones sociales, movimientos sindicales, figuras políticas y partidos han rechazado los allanamientos que han hecho las autoridades a colectivos que han participado en las movilizaciones anteriores en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. De igual forma, se ha alertado sobre acciones en contra de quienes distribuyen en volantes y carteles propaganda a favor del paro.	Entre los afectados se encuentra la revista cultural Cartel Urbano, el colectivo gráfico Puro Veneno —que hizo un grafiti ‘¿Quién dio la orden?’ sobre las ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ en Colombia entre 2000 y 2010, y que fue borrado por las autoridades—, y otros grupos como La Otra Danza Colectivo, Ak al Konvate y Subversión.	para sumarse a esta jornada de paro y protesta son las mismas de las manifestaciones recientes: rechazo al «paquetazo» de Duque, denominado así por los convocantes, que han señalado que el Ejecutivo prevé realizar una serie de reformas laborales, pensionales y tributarias que apuntarían hacia el desmejoramiento de las condiciones de los trabajadores y jubilados y a la privatización del Estado.	Los primeros pasos para llegar a este día se dieron a finales de septiembre cuando los universitarios protestaron en Bogotá, y posteriormente en otras ciudades, en rechazo al destape de un millonario caso de corrupción en la capitalina Universidad Distrital José Caldas en el que se vieron involucradas autoridades de esa casa de estudios. Frente a estas manifestaciones, los estudiantes denunciaron la represión del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que incluso ingresó a uno de los recintos universitarios y causó afectaciones por gases lacrimógenos en un hospital.