Madrid, 21 Nov. (EUROPA PRESS).- Unas 3.000 personas murieron en 2018 por el estallido de minas antipersona o explosivos remanentes de conflictos, según un informe que pone de manifiesto el creciente número de víctimas y que recuerda que más de medio centenar de países siguen estando ‘contaminados’ por este tipo de artefactos, que amenazan especialmente a la población civil.	La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona (ICBL), que agrupa a varias ONG, ha cifrado en 6.879 las víctimas de minas o restos de explosivos, con Afganistán, Malí, Birmania, Nigeria, Siria y Ucrania a la cabeza de esta ‘lista negra’. Los expertos han determinado que 3.059 personas perdieron la vida y otras 3.837 resultaron heridas.	El año 2018 fue el cuarto consecutivo con cifras «excepcionalmente altas», hasta el punto de que el dato casi duplica las 3.457 víctimas registradas por este mismo consorcio en el año 2013. Por tercer año consecutivo, el mayor número de muertos y heridos corresponde a minas de fabricación casera, en concreto 3.789, según el informe divulgado este jueves.	Siete de cada diez víctimas son civiles y más de la mitad (54 por ciento) son menores de edad, un colectivo especialmente vulnerable cuando se trata de explosivos olvidados o de minas antipersona. El número de niños afectados por estas explosiones se ha disparado un 12 por ciento en relación a los dos años previos.	Los trabajos internacionales para prevenir este tipo de incidentes pivotan en torno al Tratado de Ottawa, como se conoce a la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona. El ICBL ha celebrado que 164 países ya han suscrito este tratado y que, en términos generales, existe una moratoria ‘de facto’ para la producción y utilización de este tipo de armamento.	Sin embargo, 51 países siguen estando ‘contaminados’, por lo que las organizaciones han llamado a no bajar la guardia. Los donantes y países afectados contribuyeron en 2018 con 700 millones de dólares a los trabajos para erradicar esta lacra, si bien el 55 por ciento de los fondos se concentraron en apenas cinco países: Irak, Afganistán, Siria, Croacia y Laos.	El ICBL ha advertido de que sigue habiendo una presencia «masiva» de minas –entendiéndose como tal la ‘contaminación’ de más de 100 kilómetros cuadrados– en Afganistán, Angola, Bosnia, Camboya, Chad, Croacia, Irak, Tailandia, Turquía y Yemen. También habría cifras preocupantes en Azerbaiyán, que no es firmante del tratado, y en el Sáhara Occidental.	Durante los últimos cinco años, se han limpiado unos 800 kilómetros cuadrados –140 de ellos solo en 2018– y se han destruido más de 660.000 minas, ejemplo de una labor que avanza poco a poco. Los países firmantes de la convención han destruido hasta la fecha más de 55 millones de minas antipersona y 51 Estados han dejado de fabricar estas armas.	El responsable de la oficina de armas de Human Rights Watch (HRW), Steve Gosse, ha destacado que los logros del tratado desde su entrada en vigor hace 20 años son «más que impresionantes». «Creemos que es el tratado humanitario y de desarme más exitoso de la historia», ha destacado, al recordar el «estigma» generalizado que arrastra ahora un tipo de armamento especialmente peligroso por su carácter indiscriminado.