En los 492 días de mandato que lleva Iván Duque, su administración ha sido objeto de alrededor de 240 marchas, lo que significa que cada dos días ha habido una protesta, las cuales se mantendrán con manifestaciones artísticas y cacerolazos en lo que resta de este año y que, según se prevé, se agudizarán en los primeros meses de 2020.	«Les hemos dicho (al Gobierno): no reforma tributaria, no holding financiero, que se cumplan los acuerdos (de paz con las FARC), no más Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía)… No vamos a suspender el paro para el mes de diciembre, van a seguir las jornadas artísticas, las movilizaciones, para enero vamos a volver», dijo Alex González, estudiante universitario y miembro del Comité Nacional del Paro, al canal de noticias City Tv.	En consonancia con la región, las movilizaciones masivas en Colombia se agudizaron este año, pero contrario a las protestas en Chile y Ecuador, desatadas por el incremento en el valor del pasaje del metro y la eliminación del subsidio a los combustibles respectivamente, los manifestantes colombianos reclaman una decena de puntos, todos ellos constitutivos de problemas que llevan años sin resolver.	Los asesinatos de líderes sociales y de indígenas son sólo una muestra de los problemas pendientes por solucionar: según la Comisión de la Verdad, desde 1986 han sido asesinados en Colombia 4.756 representantes de diferentes sectores sociales, y solo entre enero y septiembre de este año se documentaron 155 asesinatos de líderes en el país, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).	Esos hechos llevaron a que el pasado 29 de noviembre cientos de integrantes de la Guardia Indígena llegaran a Bogotá provenientes del departamento del Cauca (suroeste) para sumarse al paro nacional y exigir al Ejecutivo mejoras sociales, una mayor seguridad en los territorios afectados por el conflicto armado y que retome el diálogo de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).	Otro tema pendiente que ha añadido presión al Gobierno, y que es parte de los reclamos en las movilizaciones, es la plena implementación del Acuerdo de Paz con la desaparecida guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el diálogo con el insurgente Ejército de Liberación Nacional, así como las ramificaciones internacionales de estos temas.	El Gobierno de Duque sostiene que el ELN debe entregar a todos los secuestrados que tiene en su poder y cesar las hostilidades contra la infraestructura del país como condiciones para retomar los diálogos, los cuales fueron cancelados de manera unilateral por Duque el 18 de enero de este año, luego de que un día antes esa guerrilla estalló un coche bomba en una escuela de la Policía, en Bogotá, lo que dejó 22 muertos y 67 heridos.	El atentado llevó también al Ejecutivo a reactivar las órdenes de captura contra 10 miembros del ELN que participaban en la mesa de diálogo de paz en La Habana y pedirlos en extradición, lo cual fue rechazado por la isla, que señaló que cumple con el protocolo de rompimiento de diálogos de paz y que no los extraditará.	La situación causó tensiones políticas entre Colombia y Cuba, aunque no mayores que las que se agudizaron también este año con Venezuela, luego de que el 23 de febrero se intentó el paso de «ayuda humanitaria» desde la frontera colombiana hacia ese país como parte de una operación conjunta con Brasil y Estados Unidos.	El presidente Nicolás Maduro rechazó la ayuda tras señalar que se trataba de una estrategia de intervención de EEUU y de que su país no estaba en crisis, tras lo cual, ese mismo 23 de febrero, rompió relaciones diplomáticas con Colombia, país que este año llegó a los 1,5 millones de venezolanos inmigrantes en su territorio.	Varios de los colectivos que respaldan las movilizaciones contra el Gobierno, como el partido de izquierda Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), creado tras la disolución de la guerrilla, también le piden que no tome injerencia en los asuntos de Venezuela, al que Colombia también señaló este año de proteger a integrantes de las antiguas FARC, entre ellas el exnegociador de paz Iván Márquez.	Junto a Márquez se veía al excomandante guerrillero y diputado Jesús Santrich, quien el 30 de mayo salió de prisión por orden de la Corte Constitucional, en medio de una investigación por asuntos de narcotráfico, tras lo cual el exguerrillero asumió su escaño en la Cámara de Representantes (diputados) que obtuvo como parte del Acuerdo Final de Paz.	Debido a esos hechos, la implementación del Acuerdo Final de Paz con las FARC es una de las mayores exigencias de los manifestantes, quienes ven en ello una prenda de garantía para evitar el rearme de otros desmovilizados y la posibilidad de que se cumpla el punto 4 del acuerdo, que habla de la sustitución gradual y voluntaria de los cultivos ilícitos.	Ante el rearme de disidentes de las FARC, la administración de Duque ha respondido con operaciones militares, pero en una de ellas, realizada en septiembre pasado en el sur del país, al menos ocho menores que permanecían en un campamento guerrillero tras haber sido reclutados a la fuerza, murieron en medio de un bombardeo.	Las muertes fueron ocultadas por el Gobierno, pero fueron reveladas en el Congreso, lo que le costó el puesto al ministro de Defensa Guillermo Botero, quien previamente, este año, fue también llamado a un debate en el Legislativo para que respondiera por órdenes del alto mando militar que daban pie a la comisión de asesinatos extrajudiciales o «falsos positivos».	La combinación de esos factores ha generado un clima de descontento con el Gobierno de Duque que se manifiesta con sendas movilizaciones en las calles, convocadas por sindicatos, organizaciones sociales, indígenas, estudiantes y sectores de la oposición, quienes además aseguran que el Ejecutivo prepara un «paquetazo» de medidas que causarán un fuerte impacto económico y social en los trabajadores.