La modificación del protocolo respondía «a la necesidad de actualizar la normativa adaptándola al Código Civil y Comercial de 2015 y (a) la Resolución 65/2015 del Ministerio de Salud de la Nación» promulgada en enero de 2016 que asentaba la relación de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en base a la primera normativa, según señalaba la resolución derogada.	El protocolo también se adecuaba a «normativas internacionales» de la Organización Mundial de la Salud para garantizar el derecho a interrumpir el embarazo de todas las mujeres a partir de los 13 años y sin necesidad de que fueran acompañadas por un adulto, de acuerdo al nuevo Código Civil, que reconoce la autonomía de los adolescentes.