Caracas, 10 Jul. (EUROPA PRESS).- El capitán de corbeta Rafael Acosta, que falleció la madrugada del 29 de junio mientras estaba bajo custodia de Contrainteligencia Militar, ha sido enterrado este miércoles en contra de la voluntad de su familia, que denuncia que murió a causa de las torturas sufridas a manos de las fuerzas ‘chavistas’.	Según el abogado de la familia, Alonso Medina Roa, esta mañana (hora local) recibieron una llamada telefónica en la que se les informó de que un tribunal de Caracas había ordenado la entrega del cadáver pero solo para que fuera trasladado desde la morgue de Bello Monte al Cementerio del Este y se enterrara allí, algo «contrario a los deseos familiares».	«Es decir, que el entierro iba a ser única y exclusivamente con estrictas medidas de seguridad y en el lugar donde el Estado decidió. Hemos de recordar que los familiares querían velar al capitán Acosta en la ciudad de Maracay y enterrarlo allá, donde residen todos ellos», ha explicado Medina Roa en declaraciones a la prensa difundidas por Twitter.	Además, indicó que se trata del mismo protocolo que se aplicó al caso de Óscar Pérez, ex piloto militar que se sublevó junto a otros uniformados contra el Gobierno de Nicolás Maduro y bombardeó desde un helicóptero la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Fue abatido en la casa de Caracas donde se ocultaba con sus compañeros pese a que habían anunciado que se rendían.	«La dictadura de Nicolás Maduro sigue avasallando derechos y cometiendo crímenes», ha dicho, por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. «Exigimos la entrega del cuerpo del capitán Acosta a su viuda de acuerdo a los procedimientos legales establecidos y los a principios de la más básica humanidad», ha reclamado vía Twitter.	Murió mientras estaba bajo custodia de la DGCIM después de aparecer ante un tribunal en silla de ruedas e incapaz de hablar. La oposición sostiene que fue torturado y murió a causa de las lesiones sufridas y ha exigido una investigación internacional para esclarecer los hechos. El Gobierno, por su parte, ha abierto una investigación interna por la que ya han sido detenidos dos agentes de la DGCIM.