«Le escribí una carta al papa Francisco mencionándole nuestra historia y por qué solicitaba tener una audiencia con él y este 18 de septiembre lo veré en Roma en lo que será un encuentro tan íntimo para mí, como cuando uno llora de amor encerrado en su cuarto», dijo a esta agencia Díaz, de 61 años.	Pablo Díaz es uno de los cuatro sobrevivientes de aquella noche del 16 de septiembre de 1976 en la que fuerzas de seguridad de la dictadura militar (1976-1983) comenzaron los secuestros de 10 jóvenes de la ciudad de La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires) que reclamaban la restitución del boleto de autobús estudiantil gratuito, suspendido por las autoridades.	«La película está filmada en nuestras propias casas y si bien conté tragedias, la más grande que tengo en la memoria es cuando le fui a pedir la casa a la mamá de Claudia Falcone (una de las víctimas) y noté que, después de 10 años la ropa estaba en el ropero. ¿Por qué después de tantos años dejó su cuarto intacto? La respuesta es tragedia, ahí está la tragedia de una madre que nunca quiso entender que a su hija la habían matado, o sí», dijo Díaz en el diálogo telefónico.	«Ya no tengo que pelear los 16 de septiembre porque en las calles están ellos, también en los centros de estudiantes y en el propio boleto estudiantil secundario, que se legalizó como partícipe de una reivindicación de lucha (…) Creo que el movimiento estudiantil secundario tiene una historia que se las quise mostrar, tiene una lucha para exponer, sentirse orgulloso como partícipe desde la historia», opinó Díaz.	Con el retorno de la democracia, en 1983, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) se valió del testimonio de Díaz para establecer que la policía de la provincia de Buenos Aires había preparado un operativo de escarmiento para los jóvenes que habían participado de la campaña por el boleto estudiantil, considerada por las Fuerzas Armadas como «subversión en las escuelas».	Sin embargo, los responsables fueron protegidos por la ley de obediencia debida, dictada en Argentina el 4 de junio de 1987 durante el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), y que estableció la presunción de que los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas cuyo grado estuviera por debajo de coronel durante la dictadura militar no eran punibles.	«Cuando me separé de los chicos en el (centro de detención clandestino) Pozo de Banfield, me decían que no los olvide; les juré que iban a aparecer, que iban a salir», relató Díaz, quien recuperó la libertad tras permanecer varios años preso, al igual que otros tres compañeros: Emilce Moler, Gustavo Calotti y Patricia Miranda.	El lunes, varios colectivos de la sociedad civil marcharon en la ciudad de La Plata (este) y Buenos Aires, para recordar a Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio de Acha, Horacio Ángel Ungaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Ciocchini, así como a los sobrevivientes Patricia Miranda, Gustavo Calotti, Emilce Moler y Pablo Díaz. (Sputnik)