San José, 9 Ago (Elpaís.cr).- Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica hizo un llamado ante la crítica situación existente en varias comunidades indígenas, por la falta de agua potable y la deficiente respuesta institucional para otorgar soluciones o alternativas paliativas.	Para la Defensoría resulta fundamental que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) se aboque a realizar un diagnóstico de la situación actual de acceso al agua potable en los 24 territorios indígenas, que incluya información sobre las fuentes de agua, las condiciones de la infraestructura de los acueductos y sobre la administración de dicho recurso.	Si bien la Defensoría reconoce los esfuerzos que ha venido realizando el AyA,  en el proceso de construcción de una estrategia integral con enfoque intercultural para la atención de los territorios indígenas, es preciso tener presente que el agua tiene un valor particular en la identidad cultural de los pueblos y, por tanto, lo referido a la prestación de este servicio debe contemplar las cosmovisiones de los pueblos indígenas y realizarse de manera  intercultural.	Un documento indica que esta posición de la Defensoría coincide con lo señalado por la Contraloría General de la República, a través de su informe  de auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables ( Nro.DFOE-AE-IF-00008-2018 del 5 de setiembre, del 2018), en el que destaca, entre otras cosas, que el  AyA no reporta avance en el abordaje de comunidades indígenas relativo a definir e implementar un modelo para la prestación de servicios. En razón de lo anterior, la Defensoría insiste en la necesidad de que las autoridades atiendan estos señalamientos y sus implicaciones.	La Defensoría reiteró su llamado a las autoridades del Poder Ejecutivo para que atiendan sin desistir y con la participación de los pueblos indígenas, las situaciones de fondo que mantienen la inseguridad territorial en los territorios indígenas del país, particularmente los ubicados en Pérez Zeledón y Buenos Aires, donde los hechos de violencia han venido en aumento. Hay varios desalojos pendientes de ejecución, así como procesos judiciales agrarios pendientes de resolución; a la vez, el plan de recuperación de tierras del INDER marcha a paso lento.	Asimismo, «reafirmamos nuestro profundo repudio por el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, indígena bribri y reconocido defensor de derechos humanos, quien además era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en el 2015. En repetidas ocasiones había denunciado de forma pública la violencia y amenazas de las que estaban siendo víctimas él y varios líderes y lideresas indígenas de Salitre».