Desde que irrumpió en los pasillos del Congreso quedó en claro que el proyecto para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (ahora Ley # 9635) distaba mucho de remover los factores desencadenantes del grave y peligroso déficit en las finanzas del Estado. Las enmiendas que contenía por el lado de renta y valor agregado, lo relativo a remuneraciones, pensiones y a eficiencia recaudatoria, la norma sobre regla fiscal, la amnistía para los deudores, en fin, el articulado tan laboriosamente construido no resultaba eficaz y eficiente para poner a buen recaudo la hacienda pública, cerca de la bancarrota.	El Banco Central proyectó los efectos correctivos para el 2023, año en que la Ley 9635 estaría aportando ingresos bastantes para llevar al 3,68% del monto del déficit respecto al PIB. De hoy a ese año, el Ministerio de Hacienda tendría que batirse a punta de endeudamiento, como ya lo ha planteado al mercado interno y a las puertas del externo, con una propuesta de endeudamiento de US$ 6.000 millones. Mientras tanto, con la intensidad de paso que lleva, la relación deuda/PIB seguiría aumentando, confirmando que a la Ley 9635 le faltó músculo, como se puso de manifiesto en los trámites parlamentarios y hoy se corrobora en los despachos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central.	Sin duda, ese enrarecido ambiente político que caracterizó el trámite de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas obstruyó las gestiones de sus promotores en el interés de imprimirle mayor eficacia y eficiencia a la reforma fiscal. Por dos cosas: el gobierno no pudo articular los necesarios respaldos adentro y afuera del Parlamento, y sus contestatarios apelaron a todas las armas estratégicas a su alcance para llevar el proyecto de ley al borde del fracaso, con la gracia de las rendijas que acuña la Ley Procesal Laboral.	La Ley # 9635 es un gran paso, insuficiente –sin embargo- de cara a las dimensiones del problema fiscal.    Lo están advirtiendo las calificadoras de riesgo –Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings–  que han coincidido en sus rebajas de notas y que han percibido cuán difícil es construir consensos en Costa Rica en punto al saneamiento de las finanzas públicas.	2019 será un año difícil, problemático, gravoso, probablemente más que el 2018,  pues los efectos correctivos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas apenas empezarán a dejarse sentir, la reactivación de la economía apenas estará dejando el cascarón de las propuestas y los índices de desempleo y de desigualdad no encuentran la atmósfera propicia para descender –con el consecuente efecto disruptivo en el clima social-; agréguese la audacia retadora de las cúpulas de ciertos sectores del mundo obrero que van a estar complicando la construcción de los acuerdos idóneos para sacar al país del pantano fiscal. No se subestime a estos efectos  la astenia de liderazgos políticos que padece el país. Un cuadro –sin duda- que alimenta el escepticismo con que observan las calificadoras de riesgo nuestra vocación de enmienda.	No es el fantasma del “golpe de estado” que Albino Vargas saca de la bodega de las payasadas lo que auparía el escepticismo con que podrían mirarse los pronósticos  del impacto de la Ley 9635. Ni tonto ni loco, Albino mejor que nadie sabe que el arsenal de guerra a su disposición no es el “golpe de estado” sino la revuelta del orden público en las calles en términos más atrevidos y desafiantes que la disrupción impuesta por sus huestes en 2018. La “albinocracia” sabe que este arsenal sí que podría minar cualquier empeño por reactivar la economía nacional	El 2019 será un año de arenas movedizas. Difícil, máxime si se cuartean los apoyos para las decisiones del gobierno; si la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas sigue sin el dictado de la normativa complementaria necesaria para ser de verdad un emprendimiento sanatorio; si la Ley Procesal Laboral no repara sus rendijas; y si los poderes fácticos encuentran paso a sus anchas para sus desafiantes emprendimientos contestatarios, diga lo que diga la ley.	Albino Vargas no es una figura política escogida democrática por la mayoría costarricense, el no tiene ningún derecho a cambiar el curso del gobierno, gobierno que fue escogido democraticame por la mayoría costarricense a sabiendas del plan fiscal que impulsaba el entonces candidato presidencial Carlos Alvarado.Señores sindicalistas y de extrema izquierda, basta ya de querer pasarle por encima a la voluntad del pueblo, los ticos NO queremos ser como Cuba o Venezuela, eso queda claro en las urnas cada 4 años, aprendan a respetar si quieren ser respetados, si Albino y sus amigos quieren una Costa Rica que se alinie con su visión de bienestar, que se armen un partido político y se lancen a competir por la presidencia y el congreso, así es como se hacen las cosas de manera correcta, no distribuyendo mentiras en los medios, causando caos en las calles, y pasando por encima de los derechos de los demás al libre tránsito, salud, educación y demás.