Ciudad de Guatemala, 2 Sep. (EUROPA PRESS).- La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) echa el cierre este martes tras doce años de misión en los que ha contribuido a fortalecer el sistema de investigación nacional, colaborando en importantes casos que han afectado a ex presidentes y otros altos cargos, lo que le ha valido el reconocimiento dentro y fuera del país centroamericano.	El Gobierno de Óscar Berger y la ONU idearon un organismo independiente que, pese a nutrirse de recursos internacionales –tanto económicos como humanos– depende de las leyes y de la Justicia de Guatemala con el mandato de «apoyar, fortalecer y asistir a las instituciones del Estado encargadas de investigar y procesar los crímenes (…) de las fuerzas de seguridad ilegales y las organizaciones de seguridad clandestinas».	Fruto de un acuerdo entre el Gobierno y la ONU, el mandato de la CICIG debe renovarse periódicamente, algo que hasta ahora se había producido de forma casi automática. Sin embargo, el presidente saliente, Jimmy Morales, anunció el año pasado que no daría luz verde a un nuevo periodo, por lo que la CICIG abandonará Guatemala este 3 de septiembre.	Morales, que saldrá del cargo en enero, ha acusado a la CICIG de violar las leyes guatemaltecas, incluida la Constitución, y de obedecer a una agenda política. Los críticos con el todavía mandatario esgrimen que el verdadero motivo de la expulsión de la CICIG son las investigaciones impulsadas contra él y su familia por corrupción.	El ex cómico llegó al poder en 2016 con el lema de ‘tolerancia cero’ con la corrupción, en el marco de la ola de protestas contra su antecesor inmediato, Otto Pérez Molina (2012-2015), que tuvo que dimitir días antes de las elecciones presidenciales acosado por las investigaciones en su contra. En estos años, Morales ha ido distanciándose de la CICIG hasta convertirse en su más firme opositor.	Por el camino, la Fiscalía General y el organismo independiente le han acusado de recibir cerca de un millón de dólares en donaciones ilegales para su campaña electoral, aunque la investigación no ha prosperado porque el Congreso se ha negado hasta tres veces a revocar la inmunidad judicial del presidente. Además, el hijo y el hermano de Morales han sido procesados por malversación de fondos, si bien finalmente han sido exonerados.	Morales no es el primer presidente de Guatemala en el punto de mira de la CICIG. Pérez Molina y su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, fueron juzgados y condenados por un caso de fraude aduanero. El también ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004) fue absuelto de malversación de fondos por falta de pruebas, aunque posteriormente fue extraditado, juzgado y condenado en Estados Unidos por blanqueo de capitales.	A ellos se suman otros altos cargos, incluidos ex ministros y diputados, así como funcionarios –jueces y policías corruptos– que han tenido que rendir cuentas gracias al trabajo coordinado de la CICIG y la Fiscalía General. Al mismo tiempo, se han desmontado 70 «estructuras criminales de alta complejidad» y se ha expuesto que «grandes fortunas y empresas nacionales han construido su emporio sobre monopolios sin prácticas reales de competencia de mercado».	En total, en estos doce años, la CICIG ha ayudado a presentar más de 120 casos con más de 1.540 personas implicadas, de las cuales 660 siguen procesadas, que han dado lugar a más de 400 condenas. Estas cifras revelan una tasa de éxito del 85 por ciento, teniendo en cuenta la proporción entre el número de acusaciones presentadas y las condenas obtenidas.	El legado de la CICIG se mide también en las 34 propuestas legislativas que ha impulsado, dentro de su potestad para «recomendar al Estado la adopción de políticas públicas». Estas propuestas han dado lugar a reformas legales que han permitido a Guatemala adoptar métodos modernos de investigación, así como herramientas esenciales, entre ellas la protección de testigos.	Este historial ha propiciado el aplauso internacional hasta el punto de que los países vecinos de Guatemala han apostado por el modelo de la CICIG. Así, se ha puesto en marcha la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y, en El Salvador, su nuevo presidente, Nayib Bukele, ha prometido que en sus primeros cien días de Gobierno, que comenzaron el 1 de junio, dará vida al CICIES.	Los guatemaltecos también valoran el trabajo de la CICIG. Según una encuesta de 2017 –la última disponible–, más del 70 por ciento de los interrogados está a favor de la Comisión, mientras que la confianza en el Ministerio Público se ha disparado a un 53 por ciento, una cifra récord para una institución nacional.	Y eso a pesar de que los ciudadanos siguen percibiendo la corrupción como uno de sus principales problemas. De acuerdo con la misma medición, un tercio de los guatemaltecos (33,5 por ciento) cree que todos los políticos son corruptos y otro tercio (32,2 por ciento) cree que más de la mitad de los políticos lo son.	Las elecciones presidenciales del pasado 11 de agosto han dejado claro que no habrá vuelta atrás. El presidente electo, el conservador Alejandro Giammeti, que fue investigado y absuelto por supuestas ejecuciones extrajudiciales en las cárceles guatemaltecas mientras era el director del sistema penitenciario, ha confirmado que mantendrá la decisión de Morales de no renovar el mandato de la CICIG.	Para el juez Miguel Ángel Gálvez, que se ocupa de casos de alto impacto impulsados por el tándem CICIG-FECI, la Fiscalía Especial no está preparada porque, según ha explicado a Reuters, «la transferencia de capacidades no se dio» y la nueva fiscal general, María Consuelo Porras, «está metiendo mucha gente (nueva) en la FECI» ajena a sus prácticas e investigaciones.	Así las cosas, la CICIG y sus simpatizantes temen que el final de su mandato suponga una regresión. «La consolidación de la democracia en Guatemala pasa necesariamente por continuar y sostener el proceso continuo de fortalecimiento de la Justicia, luchar contra los focos de corrupción y la generación de impunidad y garantizar la debida protección contra los abusos del poder», defiende la CICIG en su último informe.