Caracas, 28 Mar. (EUROPA PRESS).- La Contraloría General de la República (CGR) de Venezuela ha inhabilitado al autoproclamado “presidente encargado”, Juan Guaidó, para ejercer cualquier cargo público durante 15 años, lo que le impediría competir en unas elecciones anticipadas, si finalmente se convocan para resolver la crisis política que sufre el país.	El contralor general, Elvis Amoroso, ha explicado este jueves en rueda de prensa que la decisión se basa en una “auditoria patrimonial” iniciada el pasado 11 de febrero contra Guaidó porque “se presume que ocultó y falseó los datos de su declaración jurada” y, en concreto, que ha recibido “fondos no declarados desde el exterior”.	A este respecto, ha precisado que Guaidó ha realizado más de 90 viajes al extranjero que suman “más de 248 días”, “tiempo superior a ocho meses”, con “un coste promedio de estadía de 200 millones de bolívares”. “Es un hecho público y notorio que se ha alojado en cómodos hoteles de lujo” y ha viajado en “aeronaves privadas o chárter”, ha incidido.	El contralor general ha reprochado al líder opositor que en ningún momento ha explicado “qué persona o qué institución” le costea este “exuberante” modo de vida de “estadías millonarias” y que, al ser interrogado por la CGR, se ha negado a aclarar sus declaraciones patrimoniales, lo que ha descrito como “una actitud contumaz, alevosa y timorata”.	Amoroso ha recordado que, conforme a las leyes venezolanas, un funcionario está obligado a tener “dedicación exclusiva” a su trabajo como servidor público, por lo que, en el caso de Guaidó, diputado y presidente de la Asamblea Nacional, “no puede percibir otros ingresos distintos a los derivados de su función parlamentaria”.	Guaidó “ha violado sistemáticamente nuestra Carta Magna y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela”, ha afirmado. “Ha usurpado funciones publicas y cometido acciones con ciudadanos extranjeros que han perjudicado al patrimonio público y al pueblo de Venezuela y han dañado la paz social y la estabilidad democrática”, ha enunciado.	La oposición venezolana y buena parte de la comunidad internacional no reconocen este segundo mandato porque creen que es fruto de unas elecciones fraudulentas, las del 20 de mayo. Más de 50 países, incluido Estados Unidos, han reconocido a Guaidó como mandatario interino para que capitanee una transición pacífica que culmine con unos verdaderos comicios.	Hasta ahora no hay orden de detención contra Guaidó, pero a medida que la crisis venezolana ha ido empeorando es una posibilidad que él mismo ha barajado. En los últimos días, ha sido detenido su jefe de despacho, Roberto Marrero, y también ha habido actuaciones contra familiares suyos, según denunció el miércoles su mujer en la Casa Blanca.	Este jueves, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ha advertido al Gobierno de Maduro de que “pagará un enorme precio si le hace cualquier cosa al presidente interino Guaidó, no solo diplomáticamente, sino internamente, del pueblo de Venezuela”. “Todas las opciones están sobre la mesa”, ha remachado.	No es la primera vez que la Administración ‘de Nicolás Maduro inhabilita a destacados opositores. Ya lo hizo con el ex candidato presidencial Henrique Capriles y con Leopoldo López. En el caso de este último, ha sido condenado a casi 14 años de cárcel por incitar a la violencia en las protestas antigubernamentales de 2014.