En virtud del Acuerdo Final de Paz firmado en noviembre de 2016, el partido FARC (surgido tras la disolución de la guerrilla) obtuvo diez escaños en el Congreso (cinco en la Cámara y otros cinco en el Senado), lo que dio vía libre a ‘Santrich’ a participar en las elecciones regionales.	Santrich, quien participó en los diálogos de paz de La Habana, es señalado por la Fiscalía de Colombia y la justicia de Estados Unidos de un supuesto acuerdo con el Cártel de Sinaloa (México) para exportar 10 toneladas de cocaína hacia el país norteamericano por unos 15 millones de dólares que luego se venderían por hasta 300 millones en el mercado local.	Los presuntos delitos habrían ocurrido entre junio de 2017 y abril de 2018, después de la firma del Acuerdo Final de Paz, por lo que no estaban comprendidos en los hechos contemplados por la justicia transicional de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), a la cual se acogió Santrich, y darían paso a su extradición.	Aunque Duque señaló que respeta las instituciones, confiaba en que la Procuraduría suspendería la posesión de Santrich con base en «la evidencia que existe» en su contra, en relación a un video grabado de manera subrepticia en Bogotá entre junio de 2107 y abril de 2018, pero que sólo fue dado a conocer por la Fiscalía General de Colombia en días pasados, y que lo vincularía con asuntos de narcotráfico.	Sobre la petición de Duque, Satrich expresó este martes ante la prensa: «Al presidente hay que pedirle sosiego, hay que pedirle que actúe como mandatario de todos, dando garantías y que tome en cuenta que hay algo que se llama presunción de inocencia. Me parece que él no debe prejuzgar y dejar que las cortes actúen»	El lunes, también el procurador Fernando Carrillo insistió a la Corte Suprema de Justicia para que emitiera una orden de captura contra Santrich, pese a que dicha Corte había indicado previamente que no existen pruebas suficientes para ordenar la captura del exguerrillero y que no es el momento judicial para detenerlo.