La emisión de dicha orden se produjo el mismo día que el Tribunal Supremo condenó por delitos de sedición, malversación y desobediencia a doce líderes políticos y civiles catalanes –nueve de ellos con penas de prisión– por el intento de ruptura con España mediante el referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.	Ahora, una vez notificada la condena contra los compañeros del Gobierno de Puigdemont, el instructor de la causa del procés, el juez Pablo Llarena, reclama de nuevo su detención y envío a España, aunque en esta ocasión excluye el delito de rebelión, tal y como hace la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas.