a)  De un 0.5% del monto del umbral de la licitación mayor o licitación menor, según corresponda a obra, bienes o servicios, cuando al atender un recurso de objeción determine que ha operado la preclusión, que el objetante no acredita su vinculación con el objeto del concurso, o que actúe con temeridad, mala fe o abuso de derechos procedimentales.	Litigar con temeridad o accionar con temeridad en el juicio es la defensa sin fundamento jurídico. Es la conducta de quien sabe o debe saber que carece de razón y/o falta de motivos para deducir o resistir la pretensión y, no obstante ello, así lo hace, abusando de la jurisdicción, o resiste la pretensión del contrario. /La conciencia de no tener razón o el saberse actuando sin poseer de razón legal, es lo que condiciona la temeridad (…) La temeridad no es de reciente data, ya que en el derecho romano la parte vencida era condenada al pago de las costas de la contraria, tomándose como base la idea de la temeridad en el proceso.	principio de preclusión el cual se entiende como pérdida o extinción de una facultad legal, por lo que no es posible admitir a conocimiento de esta División alegatos precluidos ya que tal proceder atentaría entre otros aspectos, contra la agilidad y eficiencia que debe imperar en la fase de elaboración y depuración del cartel hasta que éste se consolide y por razones de seguridad jurídica, por cuanto las cláusulas que se consolidan se entienden firmes, no existiendo una posibilidad ilimitada en cuanto al momento de objetar el cartel durante el procedimiento de contratación	Este tipo de prácticas no sólo se presentan en materia de contratación administrativa lo cual se evidencia con la regulación que sobre temeridad prevé el artículo 6 del Código Procesal Civil. Esta norma entre otros supuestos, dispone que ante la temeridad en el ejercicio procesal de derechos, se podrá condenar al responsable en el pago los daños y perjuicios ocasionados.	De frente a lo expuesto, resulta de interés destacar que con anterioridad la Sala Constitucional en el conocido voto No. 998-98 de las once horas treinta minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, resolvió entre otros, una acción de inconstitucionalidad en contra de la regulación que para dicho momento disponía el numeral 87 de la Ley de Contratación Administrativa y 99.3 de su reglamento. Esa normativa establecía la ejecución de la garantía de participación del oferente  en los supuestos que la Contraloría General de la República, resolviera que el recurrente no tuvo motivos suficientes para apelar.	Lo anterior, por cuanto se estima que no se estaría negando el acceso a la justicia administrativa, sino que se trata de una regulación que disuadirá la interposición de acciones recursivas que visto su contenido en aplicación del referido principio de preclusión procesal, no serían procedentes debiendo declararse su rechazado de plano o sin lugar el alegato.	Asentado lo anterior, debe indicarse que se considera que la norma propuesta encuentra asidero en tres principios constitucionales que informan la materia de contratación administrativa. El primero de ellos es el principio de eficacia, respecto del cual la Sala Constitucional en el voto No. 7523-04 de las diecisiete horas tres minutos del trece de julio de dos mil cuatro, preciso: “	Nuestra Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente.	Así las cosas, en vista de que los procedimientos de contratación se promueven a efectos de ver satisfechas las necesidades de la Administración -lo cual en última instancia repercute en la consecución de la satisfacción del interés público-, el recurrir cláusulas cartelarias consolidados constituye un ejercicio abusivo que lesiona el principio de eficiencia y eficacia. Lo anterior, por cuanto se dilata injustificadamente la referida satisfacción, lo cual incluso puede poner en riesgo la continuidad de un servicio público, y por ende, se estima que se trata de un proceder reprochable que debe ser sancionado.	Llevando lo expuesto a la práctica se tiene en la actualidad la resolución de un recurso de objeción ante el órgano contralor tarda 10 días hábiles, según el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Además, debe considerarse que la Contraloría General de la República, cuenta con 3 días hábiles para notificar sus actos según la resolución No. R-DC-113-2012.	Y es que de frente al principio de buena fe un ejercicio responsable del derecho a recurrir en materia de contratación administrativa, no puede obviar que frente al interés público lo esperable es que de previo a objetar los recurrentes realicen un análisis del procedimiento de manera tal que conozcan las cláusulas cartelarias y como parte de dicho análisis determinen las que se encuentran consolidadas.	Lo anterior, por cuanto con sustento en los principios de eficiencia, eficacia y buena fe no podría pensarse que quien decide participar en procedimientos de contratación administrativa pueda considerar que priva el interés particular sobre el general. Y por ello, no resulta procedente que se interpongan acciones con contra del pliego de condiciones si no se conoce su contenido.	De manera tal, que frente al interés público y con sustento en los principios en estudio quien interponga recursos de objeción no debería hacerlo si luego de ese análisis razonado conoce que se trata de una cláusula consolidada y que por ende, su acción recursiva respecto de ese extremo no podrá de manera alguna ser declara con lugar.	En la práctica pueden encontrarse acciones recursivas que de varios puntos sólo uno o un par de alegatos versen sobre cláusulas consolidadas; el cual es el caso de las resoluciones No. R-DCA-0602-2019, R-DCA-0301-2019, R-DCA-0305-2019, R-DCA-0655-2019, R-DCA-0716-2019, R-DCA-0966-2019.	Sin embargo, también tienen lugar otros supuestos en los cuales la completez de la acción recursiva se rechaza o declarada sin lugar en virtud de que ha operado la preclusión procesal. Tal es el caso por ejemplo de las siguientes resoluciones: – No. R-DCA-0877-2019 mediante la cual se resolvió el recurso de objeción interpuesto en contra de las modificaciones al cartel del procedimiento de Licitación Pública 2019LI-000001-0058700001 promovida por el Consejo de Seguridad Vial para “	Ese proceder por parte de los objetantes resulta contrario a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia y buena fe y por ende, a efectos de disuadir la interposición de recursos de objeción en contra de cláusulas consolidadas que implican dilataciones innecesarias, resulta procedente que se apruebe la sanción por temeridad prevista en el proyecto de Ley.