Las declaraciones las emitió el fiscal, luego que los parlamentarios del Bloque del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) solicitaran formalmente ante ese organismo una investigación contra los legisladores de las Comisiones de Contraloría y de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, por estar presuntamente implicados en una trama de corrupción.	El 30 de diciembre, el portal de investigación ArmandoInfo publicó un reportaje en el que presentó presuntas pruebas que vinculan a los parlamentarios, la mayoría de ellos integrantes de la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, de haber intercedido por varios empresarios vinculados con el Gobierno venezolano y que fueron sancionados por EEUU por el programa de alimentación denominado Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).	De acuerdo al texto, los diputados se encargaron, desde hace algunos meses, de «hacer gestiones informales ante organismos como la Fiscalía de Colombia o el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, emitiendo cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negocios entorno a las importaciones de las cajas CLAP, con el objetivo de que esos organismos dejen de investigar a los empresarios». (Sputnik)