Esta posición de la Defensoría se da luego de analizar la colocación de créditos de junio 2015 a junio 2018, con el objetivo de determinar la distribución de los fondos del SBD en las áreas de menor desarrollo relativo (como lo establece el artículo 07 de la Ley); y en distritos prioritarios identificados por la Estrategia Puente al Desarrollo.	Como parte de la investigación y con el objetivo de determinar si el SBD tiene alguna incidencia real o potencial en el combate a la pobreza, la Defensoría solicitó a la Secretaría Técnica del Sistema, información en la cual se incluyera el nombre, el número de cédula y el monto financiado por medio de operadores del SBD. Al respecto, la Secretaría informó que en el año 2018, la responsabilidad de subir la información sobre la colocación de los recursos, se trasladó directamente a los operadores financieros.	Para atender la solicitud de la Defensoría, el Sistema aportó información sobre los montos colocados por provincia, cantón, distrito y grupos beneficiarios según lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley (establece los sectores prioritarios que deben ser atendidos como las micro, pequeñas y medianas unidades productivas impulsadas por mujeres, minorías étnicas, personas con discapacidad, etc), indicando que ése era el máximo de desagregación que podían brindar y que le recordaban a la Defensoría que se tenía que resguardar la confidencialidad de esos datos.	Cabe indicar que la solicitud de este órgano defensor se basó en el derecho humano y fundamental de acceso a la información de interés público. En Costa Rica este derecho, según lo ha declarado la Sala Constitucional, es un derecho humano inalienable, regulado por lo dispuesto en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política; lo cual se ha reforzado con la ratificación de instrumentos internacionales.	Si bien para la Defensoría es claro que en Banca para el Desarrollo confluyen dos tipos de información: por un lado, la que está amparada por el secreto bancario y, por el otro, aquella que es de interés público y que se refiere a la utilización de recursos públicos y a quienes el Sistema les está otorgando financiamiento.	Para ello, destaca, es imprescindible que los órganos de control y, eventualmente, personas interesadas en ejercer actividades de fiscalización y control ciudadano, puedan acceder a la información que los operadores financieros suministran al Consejo Rector, no sólo de manera agregada sino con un grado de detalle que permita controlar y fiscalizar que esos recursos están siendo utilizados de conformidad con los principios y objetivos que fundamentaron la aprobación de la propuesta original de la ley del SBD y sus posteriores reformas.	La Defensoría sostiene que desde su punto de vista, estos beneficios que incluyen avales, capital semilla y capital de riesgo, deberían estar sujetos a mecanismos de fiscalización interna y externa para conocer a quiénes se estaría beneficiando. «La consideración es que la información respecto a este tema no está disponible y, consecuentemente, sería importante contar con información sobre la forma en que esos beneficios estén siendo aplicados», concluye.