Encontrarse fuera del país es siempre un espacio de ajustes y aprendizajes. El día de ayer, uno de esos aprendizajes para mí incluyó el que el Ministro del Ambiente de Honduras pidiera inesperadamente, en el taller que realizamos en Tegucigalpa, un reconocimiento para Costa Rica por el premio que recibe hoy en las Naciones Unidas como Campeón de la Tierra. Los asistentes asintieron al llamado del Ministro con un aplauso sentido y nutrido para nuestro país. La reflexión se impuso.	El mundo le entrega también a Greta Thunberg el premio nobel alternativo por su labor protestando y motivando masivas huelgas globales por la falta de acción urgente y suficiente en materia de cambio climático. Entretanto, la tozuda resistencia a aceptar la crisis planetaria encabezada por liderazgos políticos de agenda populista y apoyada por poderosos grupos de interés económico, ideológico y espiritual se ha manifestado en tragedias ambientales como la pérdida de bosques en la Amazonía. Asimismo, ha hecho cuestionables los avances hacia el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París. En este contexto internacional es que el ejemplo costarricense es elevado a este pedestal como un contraste ejemplar.	Ahora bien, hay que tener cuidado al interpretar este reconocimiento en su justa dimensión. Una compañera de trabajo me decía hace unos días que este era un reconocimiento por el Plan Nacional de Descarbonización. No es así. Los aplausos dados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el momento en que el Presidente Carlos Alvarado dijo	Efectivamente el origen de la notoriedad ambiental costarricense lo podemos ubicar, entre otros momentos, hace casi 80 años en la abolición del ejército que permitió mayor inversión en educación y movilidad social a una serie de jóvenes que formados en ciencias naturales comenzaron a luchar contracorriente para crear las áreas protegidas del país y su legislación ambiental en una época donde lo que caracterizaba al país era una de las tasas más altas de deforestación del mundo. Este proceso fue cimentado por las reformas a los artículos 9 y 50 de la Constitución Política que consagran el derecho a un ambiento sano y el acceso al espacio ambiental para todas y todos los habitantes del país, así como la gran reforma ambiental de los años 90.	De esta manera, la construcción de una institucionalidad ambiental que garantize el cumplimiento de los derechos y previsiones que se consagraron en este proceso ha sido continuo desde los años 90. Entre otros logros importantes, esta construcción llevó a la posibilidad de que la sociedad civil y los grupos comunitarios tengan una voz significativa en diversos foros de decisión ambiental y acceso a procesos de justicia ambiental.	Asimismo, en este período se dio la orientación de la economía nacional hacia el sector de servicios de mayor valor agregado, los productos agrícolas diferenciados por su calidad y prácticas ambientales y el turismo. Este proceso ha logrado que estos sectores se conviertan en los mayores generadores de divisas del país.	El crecimiento de estos factores se manifiesta, aparte de su impacto positivo en la economía, en beneficios tangibles para el país como la recuperación de la cobertura forestal hasta más de un 50%, ligada ésta al crecimiento del sistema de áreas protegidas y de los sistemas de pagos por servicios ambientales. Asimismo, se ha manifestado en el crecimiento del activo intelectual del país al punto de que se manifiesta en obvias muestras de su calidad. El liderazgo de una compatriota en la concreción del Acuerdo de París y la frecuente exportación de la experiencia costarricense en proyectos de conservación en Centro América y más allá son muestras hoy día de estos procesos.	En materia energética no hay duda de que la visión de la reforma de los años 40, orientando la producción eléctrica hacia el interés estratégico nacional mediante la empresa pública, ha facilitado el compromiso con la generación mediante fuentes renovables. Así, el país supera el 95% de generación mediante este tipo de fuentes.	Este conjunto de factores va a acompañado de una serie de decisiones a nivel de Estado y de procesos jurídico-institucionales que son decisivos en términos del abandono de opciones dentro del modelo económico. Éstas han incluido la prohibición de la minería metálica a cielo abierto y la moratoria en la exploración y explotación del petróleo y el gas natural.	En el caso de la minería, se trató de un proceso amplio con muchos actores sociales que manifestaron su rechazo a la actividad en el conflicto socio-ambiental por la Mina Crucitas. Debe recordarse que ese proceso es coronado por dos hechos. En primer lugar, la declaratoria de la ilegalidad de los permisos y concesiones hechas a Industrias Infinito por falencias técnicas y  falta de motivación legalmente adecuada de los actos realizados por el Poder Ejecutivo. Esta declaratoria es hecha por los tribunales de la república en un acto soberano que detiene un proceso que es típico de otras realidades de América Latina: la obtención de permisos y el desarrollo de esta actividad destructiva en forma complaciente con el pretexto de su potencial generación de empleo. Los resultados en esos países han sido negativos no sólo ambientalmente sino a nivel de los costos sociales de la alta conflictividad generada por las acciones arbitrarias de apropiación desproporcionada del espacio ambiental frente a la comunidades rurales e indígenas.  En noviembre del 2010 la Asamblea Legislativa, por votación unánime, adopta la prohibición de la actividad en razón de ese legado de ilegalidades y por las características degradantes de la actividad.	El lobby y los diputados que hoy pretenden la reapertura de esta opción han basado su estrategia en tratar de presentar este tema como una dicotomía entre “chancletudos” y defensores de los derechos de desarrollo de las comunidades. Los hechos que llevaron a esta prohibición demuestran que esta premisa es falsa. Se recurre además al odioso argumento del odio al migrante para reducir el problema a	En el caso de la moratoria petrolera y gasífera, ésta es producto del consenso en la visión país construido tras década y media de administraciones seguidas que han visto el peligro de estas actividades para el modelo socio-económico y ambiental que se ha propuesto el país. Esas evaluaciones se han basado, entre otros elementos, en la negativa experiencia que han tenido las naciones que se han abierto a esta posibilidad. Los ejemplos de desastres ambientales y de injusticias sociales generadas por la actividad en naciones africanas y de nuestro hemisferio son abundantes.	Incluso el modelo noruego, citado por los que buscan un referendo, requeriría de costos de transición muy significativos, más allá de las posibilidades fiscales del país, tan sólo para determinar que los beneficios excedan los costos. En junio pasado Noruega decidió desinvertir del carbón, petróleo y gas, más de 13.000 millones de dólares, autorizando inversiones de hasta 20.000 millones de dólares en energías renovables (2% del Fondo Soberano de Riqueza Noruego), principalmente en proyectos eólicos y solares en los mercados desarrollados.	Así, la marca verde de nuestro país se ha construido sobre la base de decisiones valientes como las que he relatado. Este no es un premio casual, se une a la secuencia de reconocimientos internacionales antecedentes que el país ha logrado. Baste recordar la recurrente prominencia de nuestro país en el índice del Planeta Feliz (lugar 1 en el mundo) o la validación de nuestra reputación ambiental por la Corte Internacional de La Haya en el litigio por los daños ambientales en Isla Portillos (Calero).	El Plan de Descarbonización y sus medidas son una consecuencia muy natural y lógica de este proceso. En él se manifiesta una voluntad pionera de compromiso e innovación que incluye la utilización de conceptos de punta, entre otros, logística inteligente, transporte público integrado, matriz energética 100% renovable con precios competitivos, edificaciones bajas en emisiones, diseño de economía circular y de evaluación del ciclo de vida en las estrategias de producción y modelos de negocio del sector industrial, agricultura de bajas emisiones, ganadería eco-competitiva y gestión del territorio rural, urbano y costero que facilite la protección de la biodiversidad, el incremento de la cobertura forestal y servicios ecosistémicos a partir de soluciones basadas en la naturaleza. Es el corolario de un proceso que nos merece el honor que se nos confiere hoy.	Asimismo, las responsabilidades se extienden a actuar en consecuencia frente a los retos pendientes que tiene el país en materias relacionadas. Estos pasan por la efectiva reactivación económica manteniendo la consecuencia con esta marca verde y atendiendo adecuadamente el desempleo y sus causas estructurales. Asimismo, incluyen el manejo apropiado de las aguas residuales y la implementación de una normativa hídrica moderna y participativa.  Tampoco pueden ignorarse la atención a los paquetes tecnológicos y consecuencias ambientales de actividades como la piña. En similar forma, no debemos soslayar la nueva frontera que se ha abierto en el manejo y conservación de los recursos marinos del país. En todos estos retos, el tema de la justicia y equidad ambiental es de obligada atención con el fin de no profundizar las desigualdades sociales que han incrementado en los últimos años.	En fin, es tiempo de celebrar y de alegrarnos por este nuevo hito de la historia ambiental costarricense. Pero también es tiempo de recordar que el éxito alcanzado es producto del dinamismo crítico y la capacidad de reinvención que hemos tenido en esta área. Ello implica, como decían los sabios, no dormirnos en nuestros laureles. ¡Felicidades Costa Rica!