Ciudad de México, 28 mar (Sputnik).- El actual Gobierno de México hizo uso de licitaciones públicas en menos de 20% de los contratos de obras públicas, mientras que adjudicó en forma directa la gran mayoría, 74%, dijo a Sputnik el experto de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Leonardo Núñez, autor de la investigación.	“Las adjudicaciones directas deberían ser la excepción y no la regla en las contrataciones del Gobierno, porque la Constitución señala que los contratos deberían entregarse mediante licitaciones públicas, con convocatorias abiertas y en las que cualquier empresa puede participar para que el Gobierno escoja al que le ofrezca las mejores condiciones”, dijo a esta agencia Núñez.	Otros procedimientos más opacos deberían usarse “solo de manera extraordinaria”, enfatizó el experto en temas de transparencia y rendición de cuentas.La adjudicación directa “es como poner las cosas de cabeza: el Gobierno escoge desde antes a la empresa, sin que ésta tenga que competir con nadie, lo que abre una ventana enorme para que haya corrupción”, explicó Núñez.	MCCI señala que sí cree en el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción en todos los ámbitos del Gobierno, “en el uso transparente y eficaz de los recursos públicos y en su determinación de que los funcionarios de su administración se conduzcan con base en la ética y la honradez”.	En los primeros 116 días del Gobierno que encabeza López Obrador “se ha configurado un patrón recurrente de ejercicio de los recursos públicos a través de adjudicaciones directas o de invitación restringida que va en contra del espíritu de la Constitución, sus principios y leyes secundarias”, dijo la organización en su informe.	Por ejemplo, el 19 de marzo fueron adjudicados directamente tres contratos preliminares para construir el turístico Tren Maya en la península de Yucatán (sur), que costarán unos 4,5 millones de dólares.La razón esgrimida por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo es que la dependencia tiene “atribuciones en corto plazo para lograr este tipo de acuerdos”.	MCCI considera que esta decisión es ilegal porque “salvo en los casos expresamente previstos en las mismas, se impide la adjudicación de contratos a un particular para la construcción de un proyecto de infraestructura”, y en caso de excepción, debe estar respaldada por un “dictamen previo y por escrito”, en donde se justifique.	El 20 de diciembre de 2018, López Obrador anunció que el Ejército construiría y administraría las pistas y la terminal de un aeropuerto, en la base militar Santa Lucía, que reemplazará las obras canceladas de un nuevo aeropuerto de Ciudad de México.El 24 de enero d 2019, el presidente informó la compra por parte de una filial de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) de 671 camiones cisterna para transporte de combustible, por casi 90 millones de dólares, mediante asignación directa a cuatro empresas extranjeras y dos mexicanas.