Durante el último año hemos visto “con vergüenza ajena” el desempeño de los diputados, gobierno y jueces que violentan o son indiferentes ante lo que deben respetar y amparar. Lo público, la representación de los intereses de la ciudadanía y de la nación, están siendo subordinados y transgredidos para atender los asuntos financieros del gobierno y los negocios privados. La vulnerabilidad de sus actuaciones estatales son muchas, pero nos detendremos en la visión economicista que ilumina su actuación.	El contexto mercantilizado de las relaciones económicas y los arbitrarios, sino corruptos, descalabros fiscales de los sucesivos gobiernos, se han convertido en un pasatiempo para la desinformación de los negocios mediáticos, los cuales son usados intencionalmente para crear confusión, división, desconfianza y desesperanza en  quienes aún los consultan, escuchan o solo leen sus titulares. En los medios se festina la falsedad, la difamación o la simplificación absurda. Pero no les importa, porque irrespetan e insultan a la población que consideran ignorantes, sin voz ni criterio.	Pero, también la situación económica es sensible para la población porque los afecta en su sustento y su propia vida. Sin embargo, las alarmas sobre la condición crítica de la economía no se miden ni valoran en razón de la situación de las mayorías nacionales, el incremento de la pobreza, el desempleo, la condición de vida de los precarios, el encarecimiento de los servicios públicos, la estructura tributaria regresiva ni la precarización de los salarios. No, solo se valora el crecimiento de indicadores económicos, que no son otra cosa que el crecimiento de la rentabilidad privada. En la desesperación de los ricos por la ganancia exigen mayores incentivos, subsidios y complicidad estatal para mantener ganancias empresariales, condonaciones tributarias, concesiones mercantiles y medidas drásticas contra los trabajadores y sus organizaciones.	La contracción económica actual, no es porque los empresarios reduzcan sus ganancias, ni porque se les exige mayores contribuciones tributarias, o porque aportan al desarrollo nacional o aumentan empleos y salarios. No, de ningún modo, es porque los consumidores han reducido su capacidad adquisitiva, porque no pueden pagar los altos precios causados por la voracidad de las ganancias de los empresarios y entes financieros que tienen inmunidad e impunidad de apropiarse de los salarios y recursos ciudadanos. También se reduce el consumo, porque deben hacer las previsiones necesarias ante la desconfianza y miedo a los poderes ilegítimos, que gobiernan para los ricos y atentan contra los derechos de los trabajadores, sectores medios y nacionales. Por ello, el actual gobierno y Estado costarricense carece de la aceptación social, como también lo evidencian las movilizaciones de repudio ciudadano contra ilegítimos gobiernos en nuestra Latinoamérica. No obstante, en la “democracia tica” se legisla para impedir las protestas ciudadanas y eliminar las huelgas de los trabajadores, mientras se reducen salarios, pensiones, se encarecen los servicios públicos, se debilitan las instituciones gubernamentales y se liquida el Estado social de derecho.	Aquí, no solo se violenta el orden jurídico contra las universidades públicas, también se judicializan y condenan a los trabajadores por sus salarios y pensiones, como si fueran ellos quienes lo determinan, mientras que quienes norman para beneficio propio son los intocables, como también son, los propietarios del capital y sus familias que se remuneran como jefes y gerentes en sus negocios, además de percibir las utilidades, incentivos y subsidios. ¿Acaso no son los consumidores y el Estado los que pagan esos ingresos? ¿acaso el Estado regula sus precios, ganancias, impone tributos y control a esos ingresos, o supervisa la calidad de los bienes y servicios que brindan, que incluso enferman y matan? La libertad y privilegios de algunos y contrasta abismalmente con la situación de los trabajadores, a los que se censura liberalmente por aspirar a mejorar salarialmente.	Para paliar los descalabros financieros y crisis fiscales de los sucesivos gobiernos, se han emitido normas jurídicas sustentadas en los ingresos y recursos de los pobres y la golpeada clase media. Como es de suponer, esto no resuelve esos desequilibrios porque los grandes beneficiados del gobierno liberal no pagan sus obligaciones tributarias ni sociales.	La crítica situación política de la Asamblea Legislativa, y de otros órganos estatales, muestran su colusión y complicidad con la mediocridad de un gobierno liberal que atenta contra los derechos laborales, la política pública, la educación superior y la sociedad. En reiteradas oportunidades se ha afirmado que las decisiones económicas adoptadas son necesarias, inevitables y absolutas, sin embargo, el déficit fiscal persiste, así como la desconfianza social a un gobierno que no representa los intereses ciudadanos.	El recetario liberal ha mostrado ser un fracaso en la historia de las economías y sociedades latinoamericanas, su razonamiento y decisiones no son económicas, son políticas que empobrecen a muchos y enriquecen a pocos. La obligación de “socarnos la faja” implica atribuir responsabilidades ajenas al pueblo. Es una infamia pretender resolver los asuntos de autócratas y propietarios del capital con el desfalco a los pobres. Los trabajadores no pueden ni deben pagar por el enriquecimiento privado ni por la liquidez gubernamental. La crisis económica es un pretexto para crear mayor desempleo, aumentar la intensidad del trabajo, disminuir salarios y aumentar ganancias con mayor explotación.	La economía ni las relaciones económicas están al servicio de los empresarios en la globalidad del capital ni de sus gobiernos, son de las sociedades y del mundo. Tampoco las propuestas y acciones económicas son privadas, neutras ni técnicas, son decisiones políticas que se imponen tiránicamente a las sociedades. En las relaciones económicas todos son actores; la desigualdad, la inequidad y la explotación no los elimina como protagonistas, como tampoco puede desconocerse su mutua condicionalidad en la complejidad de la sociedad del trabajo, aun cuando no son relaciones democráticas ni equitativas.	Así, se equivocan diputados y gobernantes al restringir los gastos en seguridad social, en políticas públicas o los presupuestos universitarios, porque transgreden sus obligaciones constitucionales y porque imaginan estar en una “economía doméstica” de la que hablaba Aristóteles hace más de 350 años antes de Cristo. Creer que las políticas de	resolverán las crisis, es un absurdo demostrado muchas veces en la historia del mundo, pues contraen la economía, extreman la polaridad social y empobrecen las sociedades, así como liquidan la democracia, imponen dictaduras e incrementan el descontento generalizado. Imaginar que la crisis económica es de naturaleza exclusivamente económica es desconocer la integración de la aldea mundial, así como es negar la política y lo público.	Las funciones públicas son obligaciones del Estado, no son favores ni asuntos que puedan diferirse o eliminarse. La función pública del Estado se envilece, al garantizar la rentabilidad y privilegios de los ricos a costa de la miseria de los trabajadores y del interés nacional. La Asamblea Legislativa y el gobierno al reducir el presupuesto de las universidades públicas e imponerles procedimientos administrativos, transgreden el espíritu y letra de la Constitución de la República. ¿Qué se puede esperar de legisladores que violentan las leyes y transgreden la ley de leyes? ¿Qué se puede esperar del poder judicial ante las vejaciones al orden jurídico constituido? ¿Qué se puede esperar de quienes manipulan, crean y aplican leyes por y para el poder autocrático? ¿Qué se puede esperar de los que exigen que las universidades incumplan con lo establecido institucional, jurídica y constitucionalmente? ¿Qué se puede esperar de quienes desconocen la función y necesidad de la autonomía universitaria consagrada social e históricamente hace un siglo y reconocida jurídicamente? ¿Qué se puede esperar de aquellos que desprecian la educación superior y el desarrollo del país?