El Gobierno destinó a los combustibles fósiles en 2018 un 97 por ciento de todos los recursos que destina a la energía, un 6,5 por ciento del presupuesto nacional, mientras que este año ha transferido en recursos más de 6.000 millones de dólares, el doble del financiamiento que recibieron las universidades nacionales.	Argentina compra en el mercado internacional el gas a 2,5 dólares por millón de BTU (siglas en inglés de unidad térmica británica), pero al mismo tiempo «establece un sendero de precios que les garantiza a las empresas que explotan el gas de Vaca Muerta hasta 7,5 dólares por millón de BTU: la diferencia es lo que reciben las empresas en subsidios para recibir el gas», reveló el director de FARN.	Pero el último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de Argentina elaborado por la Secretaría de Ambiente reconoce que el 53 por ciento de las emisiones de este país provienen del sector energético, y otro 39 por ciento surgen del agro, de la ganadería y del cambio del uso del suelo.	«Argentina no tiene mucho menú de inversiones, y la pregunta que nos hacemos es qué tan viable es hacer una gran inversión en Vaca Muerta para un combustible que tiene sus días contados y que requiere un enorme esfuerzo de inversión del Estado, o incorporar grandes obras de infraestructura hidroeléctrica que llevan 10 o 15 años», resumió.	Además de financiar la Ley de Bosques, Argentina también debería establecer un ordenamiento territorial «para que se sepa cuáles son los riesgos de dejar librado al mercado el crecimiento de la frontera agropecuaria, que tiene un gran impacto que es absorbido por las cuentas públicas a partir de las desertificaciones o inundaciones», completó.