En los primeros análisis agregados, se descubrió que existía un alto monto en la compra de productos como materiales para la construcción, mezcla asfáltica, alimentos, abarrotes y bebidas, que concentraba el 52% de las adquisiciones en bienes (134.519 millones) para el grupo de proveedores bajo estudio y un 36% (94.027 millones) estaba relacionado con la adquisición de servicios como alquileres de inmuebles para oficinas, seguridad y vigilancia y aseo y limpieza de instalaciones.	Para el Observatorio de Compras Públicas estos parecían montos exorbitantes y, en algunos casos, difíciles de creer para corresponder a la realidad del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio del presente año. La experiencia de trabajar con datos nos dice que cuando un dato tiene rangos extremos, esos casos hay que analizarlos con cuidado, pues puede inducir a errores graves y aseveraciones injustas.	. Solo esta compra representaría el 15,14% del total de las compras adjudicadas durante el primer semestre de 2019. Sin embargo, gracias a que en el propio SICOP se encuentran disponibles las ofertas de los concursantes (Constructora MECO S.A. por un monto de ₡49.488.000,00 y Constructora Armher S.A. por un total de ₡56.250.000,00)	, que ascienden a 51.083 millones realizados por las siguientes instituciones: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Dirección Nacional de CEN-CINAI, Servicio Nacional de Salud Animal, Laboratorio Costarricense de Metrología, Tribunal Supremo de Elecciones, Ministerio de Ambiente y Energía, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Municipalidad de San Isidro de Heredia y Patronato Nacional de Ciegos. Las compras son bienes como	, en algunos casos en la modalidad por demanda y en otros como proveedor único. Estas compras también representarían un 15,47% del total adjudicado en el primer semestre del año. Al ejecutar la consulta en el SICOP considerando al CNP como proveedor, mediante su cédula de identificación (4000042146) para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2019,	Según se indica en el SICOP en la descripción del número de contrato 0432019001100107 se trata de la “Migración Contrato marco 000019-2010 Alquiler inmueble Oficina de San Ramón”. A la hora de cruzar los datos con la información disponible por el propio SINAC en su sección de transparencia, se descubre que el monto contratado es por ₡6.129.611,02 mensuales, y que se trata de la Oficina Subregional de San Ramón con un área de 955,24 m2 (terreno y construcción) en donde laboran 17 personas. Esta información fue verificada directamente en el historial de adjudicaciones al proveedor y según lo publicado en el cartel de contratación directa número 2019CD-000073-0006800001.	Para el Observatorio  la culpa no es del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y tampoco de proceso para exportación de la base de datos: “la depuración de datos la debe realizar el investigador siempre, sin embargo, el productor o tramitador de los procesos de compra pública debe ser en extremo cuidadoso al registrar los montos de los contratos, tanto con el presupuestado como con el realmente adjudicado. ¿Qué pasa si se realizan análisis para toma de decisiones con montos agregados y sin percatarse de los casos adjudicados que reflejan tener datos espurios? Las fake news y el daño a la institucionalidad pública estarían a la orden del día”.	Considerando que la base de datos exportada para el primer semestre de 2019 tiene más de 30.000 registros, tampoco podrían hacerse estudios de inversión pública sobre partidas presupuestarias estratégicas como las de infraestructura, alquileres, equipamiento, tecnologías, etc. que son punta de lanza para procesos de optimización de los recursos y para la adecuada construcción de planes de inversión con miras al desarrollo. A la vez, sería muy difícil proveer de inteligencia para mejorar la competitividad, pues los precios se verían inflados y el erario podría sufrir incrementos de precios injustificados a partir de datos registrados de manera incorrecta.	Este hallazgo es una llamada de atención a las autoridades públicas: “instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República y RACSA deben tomar previsiones para depurar las bases de datos e incorporar alertas en el sistema para cuando un digitador o tramitador del Sicop incorpora montos fuera de rango entre lo presupuestado y el precio ofertado; esto, con el fin de mejorar la toma de decisiones públicas y lograr contribuciones en la generación valor económico y social”.