Una inmensa mayoría de quienes trabajan en el sector privado ignora que, desde hace más de sesenta años, viene siendo víctima de una sistemática negación de sus derechos laborales más estratégicos; negación que en términos dinerarios significó la sustracción de muchos miles de millones de colones que se tradujeron en una ilegítima e injusta sustracción de oportunidades, dignidad y calidad de vida.	Si leyéramos Historia Patria, nos encontraríamos con el dato de que varias decenas de sindicatos de empresa que nacieron en los años cuarentas del Siglo XX, al amparo de las Garantías Sociales, del Código de Trabajo y de la movilización laboral, fueron ilegalizados y desmantelados ilegítimamente en la década siguiente, en razón de las políticas anticomunistas de la Guerra Fría; y también nos enteraríamos de que esas políticas incluyeron el fomento de una prolongada, mortífera e impune persecución de aquellos sindicalistas, a contrapelo de la Constitución y del Código: una persecución propiciada por el Ministerio de Trabajo y tolerada por los jueces del Ramo, que condujo a la práctica patronal del despido inexorable de los trabajadores que intentaran formar un nuevo sindicato en la empresa, y a su inclusión en una lista negra que les dificultaría volver a tener un trabajo asalariado.	En esas condiciones, la prolongada ausencia de una fuerza sindical en el sector privado, que reclamara eficazmente el mejoramiento de la situación laboral del dependiente, del obrero, del campesino, disponiendo incluso del arma de la huelga; así como la ausencia prolongada de convenciones colectivas económico-sociales que garantizaran una distribución más equitativa de las ganancias de las empresas y el gradual mejoramiento de los asalariados, llevaron a la configuración de aquel déficit en sus derechos y sus garantías laborales que ha sido, al fin y al cabo, la causa principal del deterioro de su tenor de vida; y los ha puesto en la necesidad de acudir a dos o más empleos; de aceptar trabajos informales por debajo del salario mínimo, sin seguridad social y con largas jornadas laborales; aislados y vulnerables; con los deletéreas efectos que todo ello les ocasiona en el orden moral, familiar, económico, de salud, etc.	En cambio los sindicatos públicos han podido en general resistir las arremetidas de los gobiernos, por la feliz circunstancia de que el empleado público no puede ser despedido a voluntad, como sí le suele ocurrir al empleado privado; sino que se requiere demostrar su supuesta falta mediante un proceso administrativo cuya decisión final puede ser impugnada en vía judicial. Lo cual les ha permitido consolidar una experiencia sindical, ir a la huelga y firmar convenciones colectivas para mejorar sus salarios, sus vacaciones, su régimen de pensiones, etc.	Como era de esperar, la situación laboral en el sector privado ha sido analizada y divulgada por organismos científicos y agencias financieras internacionales (CEPAL, INEC, OCDE, PNUD, BM), cuyos datos permiten a cualquier lector apreciar otros aspectos de aquella desventajosa realidad; como que, por ejemplo, el temor, la apatía y la desmovilización de los trabajadores hayan conducido a que entre 1984 y 2009 el salario mínimo medio en términos reales sólo creciera a una tasa media anual de 0,7%; o que la desigualdad salarial se haya incrementado significativamente año tras año; o que en los últimos tiempos, entre 2017 y 2018, el desempleo pasara de 9.1% a 10.3%;  el subempleo femenino alcanzara un 10.7%;  y el nivel de pobreza sea del 20.5%; lo que significa que hoy día tenemos	Entonces pienso yo sea de extrema conveniencia que los trabajadores del sector privado, desde los empleados de comercio y los obreros industriales hasta los jornaleros de las fincas, se hagan la siguiente pregunta:  ¿esos catastróficos resultados hubieran sido los mismos si durante el último medio siglo hubiera existido un enjambre de sindicatos de la empresa privada, organizados en sus confederaciones, celebrando periódicamente sus convenciones colectivas y con plena disponibilidad del derecho de huelga?	“…Para el caso costarricense, el experto (economista chileno Jorge Rodríguez Grossi) aseguró que, es importante denotar que estos valores, cercanos al 0.5 (arrojados por el Coeficiente de Gini), han venido incrementándose desde la década de 1980, en donde rondaba valores cercanos al 0.31-0.32; lo cual denota que las políticas económicas después de 1980, han ido en	El economista y estadígrafo Profesor Corrado GINI (1864-1946) inventó en 1912 el ‘coeficiente’ que lleva su nombre, que es una herramienta analítica para medir la desigualdad salarial de las personas en un lugar y un tiempo dados. Y es gracias a dicho señor que podemos conocer el coeficiente que corresponde a Costa Rica al día de hoy (0.53); enterarnos de que ese concreto  guarismo significa una grave desigualdad; de que una consecuencia de ello es que la ‘Suiza Centroamericana’ es el noveno país más desigual del Mundo; y que en la lista del PNUD que ordena los países según su desarrollo humano, ocupa el sexagésimo-sexto (66) lugar, de un total de 168.	Esa desigualdad se expresa también, en lenguaje económico, en los términos de una ‘brecha’ en la distribución del PIB entre aquéllos a los que mayores ingresos se asigna, y los que menos reciben. Y en el caso de Costa Rica tenemos que en el 2016, el ingreso promedio por persona (contando a los menores) del grupo que constituye el 20% más rico, fue de 1.079.788 colones, es decir,	‘La desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se ha mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica. Aunque hubo avances importantes en los últimos 15 años, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo, por sobre el África Subsahariana (la segunda región más desigual), y presenta un índice de Gini promedio casi un tercio superior al de Europa y Asia Central’  (CEPAL:	Mas me parece evidente que uno de los efectos de aquella ilegítima pero impune represión contra toda actividad sindical en el sector privado de la zona central y más desarrollada de Costa Rica, de la que hablábamos antes, que se prolongó por un buen medio siglo, se está manifestando ahora, en forma casi diríamos especular, convertida en forma de brecha económica y de Coeficiente de Gini:  hurtada que fuera la riqueza que debió traducirse en bienestar de los trabajadores privados, viene a reaparecer, en cambio, acumulada al otro lado de la brecha.	Como los indicios de un oculto crimen, aquellos dos indicadores vienen a revelar acusadoramente la violación de los derechos sindicales de los trabajadores del sector empresarial, el aplastamiento de toda tentativa de sindicalización, la ausencia de convenciones colectivas que hubieran puesto un poco de equidad y de humanidad en la distribución de las ganancias de las empresas. Porque ¿qué es la brecha económica sino la confesión de una iniquidad perpetrada por el quintil más rico en daño del quintil más pobre?	Los políticos y los funcionarios neoliberales, en vez de reprimir la persecución sindical y abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos sindicales de los trabajadores privados que garantiza la Constitución, a fin de que dichos trabajadores accedan a una razonable y sostenida expansión de sus derechos mediante sus instrumentos legales de lucha: la convención colectiva y (como	Hay que repetirlo fuerte y claro: los decenios del sacrificio forzado de los derechos sindicales de los trabajadores del sector privado de Costa Rica, que en su tiempo se tradujeron en desamparo e indefensión, y en la miseria y la desdicha de innumerables familias humildes, terminaron al cabo siendo concausa, retardada pero acumulativa, de la infame brecha económica que pone un abismo entre los ricos y los pobres. Pero pensar en aquellos decenios de sacrificio debe también mover la conciencia de los trabajadores costarricenses: enseñarles a identificar a sus verdaderos amigos,  …y a los otros.