San José, 7 Set (ElPaís.cr).- Especialistas de la Asociación de Finanzas Tecnológicas (Asofintech), del Colegio de Profesionales en Informática (CPIC) y de la Asociación de Especialistas en Seguridad Digital de Costa Rica (ASEDI), advirtieron a los y las diputadas sobre los riesgos que podría tener la implementación de nuevos cajeros automáticos para bitcoins sin regulación legal.	«Luego de una revisión realizada a la empresa nos preocupa que no se encuentran claramente identificadas las políticas y condiciones de garantía de uso de dichos cajeros en el sitio web del proveedor y no están en el idioma español, tampoco se logró constatar una representación local que pueda aceptar quejas de los eventuales usuarios y los respalde ante alguna eventualidad», explicó Esteban Jiménez, consultor en Ciberseguridad y directivo del CPIC.	De acuerdo a la información que se maneja hasta el momento, estos cajeros funcionan de la siguiente manera: El cliente inserta una tarjeta de crédito, digita la cantidad de bitcoins que quiere comprar, el cajero retorna un código que el cliente escanea o ingresa en una aplicación y así se deposita la criptomoneda en la billetera electrónica del usuario equivalente al monto de la compra.	Mauricio Lara, miembro de Asofintech y especialista en Derecho Tributario Internacional, explicó que las empresas de cajeros de monedas virtuales se pueden regular con los mismos criterios que se usan para las casas de cambio (tipo Western Union o Money Gram), como la identificación del usuario e imponiendo límites y garantías a los montos de las transacciones.	Para ahondar más en detalle sobre este tema, el despacho del diputado Camacho organizó el primer foro sobre Ciberdelincuencia, Ciberlegislación y Ciberseguridad. Éste se llevará a cabo el próximo martes 3 de octubre a las 9:00am en el Salón de Ex Presidentes de la Asamblea Legislativa y contará con la participación de representantes del CPIC, ASEDI, Asofintech, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), especialistas en derecho cibernético, miembros del OIJ, del Congreso y del Colegio de Abogados.