Los rectores de las universidades públicas han publicado un comunicado este lunes en el cual instan a los diputados y autoridades financieras a discutir el proyecto de ley 20.861 que fija un límite a las tasas de interés y, a la vez, establece un parámetro que permitiría penalizar efectivamente la usura.	«(…) el Consejo Nacional de Rectores insta a las autoridades financieras y a los órganos regulatorios competentes, así como a los señoras y señores diputados de todas las fracciones políticas, a impulsar las acciones en procura del ‘mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza’ (Art. 50 de la Constitución Política)», reza el pronunciamiento.	El proyecto de ley 20.861, el cual fue presentado por el Diputado del PAC, Welmer Ramos, y el Diputado del PLN, David Gourzong, busca establecer un límite máximo a todas las tasas de interés en Costa Rica, lo cual, además, definiría un parámetro para poder penalizar la usura, tal y como se tipifica en el artículo 243 del Código Penal.	El Diputado Ramos señaló que “necesitamos dar un respiro a miles de familias que se encuentran sobre endeudadas a tasas de usura para sacarlos de la esclavitud financiera en la cual se encuentran inmersos. Si a la gente no le alcanza la plata para comprar lo que necesitan, no va a haber demanda y, por ende, no se va a poder reactivar nuestra economía”.	El CONARE explicó que en los últimos años, en Costa Rica se ha acrecentado el nivel de endeudamiento de las personas debido, entre otros factores, a un exceso en la cantidad de préstamos, a un uso inadecuado de tarjetas de crédito y a la existencia de altas tasas de interés que limitan la capacidad de pago.	«De esta manera se condena a miles de familias endeudadas a un nivel de vida inferior a sus posibilidades reales y poniendo en riesgo la cobertura de sus necesidades básicas o de emergencias. Asimismo, esta situación repercute en el consumo privado y afecta la reactivación económica del país», resaltan los rectores.	«Este debe ser un tema de atención por parte del Estado, con el fin de favorecer una mayor justicia financiera y social, en consonancia con lo dispuesto en diferentes instrumentos jurídicos: artículos 28, 46 y 50 de la Constitución Política, artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 243 del Código Penal y la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor».	Por ello, el Consejo Nacional de Rectores insta a las autoridades financieras y a los órganos regulatorios competentes, así como a los señoras y señores diputados de todas las fracciones políticas, a impulsar las acciones en procura de “el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”. (Art. 50 de la Constitución Política).