La encuesta fue realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes y el Sistema de las Naciones Unidas. Se hizo por teléfono a 1.178 personas, en todo el país, entre el 31 de octubre y el 11 de noviembre.	“Este martes, el documento se envió a la Caja Costarricense de Seguro Social para consulta, pues en los hospitales públicos se pondrá en práctica este procedimiento. Las autoridades de la Caja tienen tiempo hasta el próximo viernes para dar a conocer sus observaciones y luego de eso, antes de que finalice el año, se firmará la norma”, indicó.	Quiero informar que el día de hoy el Ministerio de Salud envió a la Caja Costarricense de Seguro Social el borrador de la #NormaTécnica. Esta establece el procedimiento para la interrupción del embarazo en los casos de peligro para la vida o la salud de la mujer. Una vez cumplido este proceso obligatorio y no vinculante, se le dará vigor a la norma. Se elaboró con el criterio técnico y especializado del Ministerio de Salud para hacer cumplir el espíritu del artículo 121 del Código Penal; vigente desde el año 1970. Este documento técnico no crea ni modifica ninguna ley de la República. Tampoco significa que se hará legal el aborto libre en Costa Rica, ni nada por el estilo. Quisiera hacer un llamado respetuoso y sincero a los distintos sectores de nuestra sociedad a no usar este tema para generar una polarización dañina para nuestro país. Costa Rica ha sabido llevar adelante su democracia a través del respeto de las instituciones constitucionales. Nuestro compromiso como Gobierno es que se cumpla la ley y se garanticen y respeten los derechos de las personas.	“La norma da detalles más específicos para valorar la interrupción del embarazo en caso de ser necesario. Un equipo médico valorará cada caso y tres días después de la solicitud, los expertos recomendarán a la madre su aplicación y la mamá decidirá si desea continuar o no con el embarazo”, detalló Salas.	“Durante todo el proceso, la mujer debe recibir información comprensible y basada en evidencia científica para tomar una decisión y, por otro lado, el documento garantiza a los profesionales en salud la posibilidad de optar por la objeción de conciencia, es decir, no podrán formar parte del procedimiento médico”, agregó el ministro.	Artículo de la discordia. El artículo 121 del Código Penal señala lo siguiente: “No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”.	La diputada Ivonne Acuña, del bloque fabricista Nueva República, expresó: “hemos insistido en que el presidente no tiene facultades legales para firmar una norma técnica que establece cuándo se comente un delito y cuándo no. Esa interpretación es propia del Poder del Judicial, de los jueces, e incluso de nosotros los diputados si es que ese se desea cambiar el artículo 121 del Código Procesal Penal”.