Ante el debate suscitado por el proyecto de ley 20.127, impulsado por una organización denominada “Poder Ciudadano YA” y que propone un cambio drástico en la forma de elección de las y los diputados de la Asamblea Legislativa, así como el aumento de 57 a 84 asientos, hemos considerado oportuno comunicar a las y los Diputados y a la opinión pública, algunos elementos sobre los supuestos con que está siendo promovido, sobre el fondo del proyecto y sobre los riesgos del cambio propuesto para nuestro sistema político.	Además de las consideraciones sobre el aumento en el número de diputados y diputadas, así como sobre la dimensión presupuestaria en un contexto de restricción fiscal, que ya se han expresado en la opinión pública, deben considerarse en el debate de admisibilidad, otras dimensiones igual o incluso más trascendentes para la construcción de una gobernabilidad democrática que no restrinja la pluralidad partidaria.	Han difundido la idea de que al dividir el país en 42 distritos electorales en los que se elegiría solo un representante, este sería más responsable ante las y los electores que los actuales, pues al contar además con la posibilidad de reelegirse, tendrían que atender las demandas e intereses de su distrito.	Además, han planteado esto como una supuesta forma de elección directa por parte de la ciudadanía, los que puede resultar atractivo para muchas personas pero que merece desde ya una aclaración: el proyecto mantiene listas cerradas y bloqueadas que ahora serían a nivel nacional, igualmente definidas por los partidos políticos, como también lo serían las candidaturas individuales que propondrían los partidos para los distritos electorales. NO habría entonces la supuesta elección directa pues las y los electores tendrían que decidir entre las listas o papeletas que los partidos definirían sin poder modificarlas.	Por tanto, no se puede dar por cierto que el proyecto propuesto generará los resultados que aparecen en los gráficos, tablas e índices de las simulaciones hechas por una instancia externa a la Asamblea Legislativa y que ni siquiera aparecen en la fundamentación formal (Exposición de Motivos) del proyecto como tal.	Cualquier persona estudiosa de los sistemas electorales sabe que lo que sucede en un país, no necesariamente sucede igual en otro bajo las mismas reglas electorales. En ese sentido, la literatura académica y de organismos como IDEA Internacional, llaman la atención sobre los riesgos de intentar hacer “ingeniería electoral de escritorio”, prescindiendo de las particularidades históricas y políticas de cada país. Además, se advierte sobre la alta probabilidad de resultados no deseados generados por cambios drásticos en los sistemas electorales, aunque las intenciones sean nobles.	Quienes impulsan el proyecto usan como ejemplos positivos los casos de Nueva Zelanda y Alemania pero omiten señalar que son países muy diferentes al nuestro en su cultura política, su historia, su forma de gobierno, su economía, sus sistemas de partidos, su organización territorial, su composición étnica, su población, entre otras muchas variables, como se muestra en la siguiente tabla:	En el caso de Nueva Zelanda, su sistema electoral se basaba en distritos que elegían por un sistema mayoritario y para hacerlo más democrático introdujeron en 1993 un componente de representación proporcional, que hiciera precisamente más representativo y democrático su Parlamento. En contraste, el proyecto 20.127 plantea un reforma inversa para nuestro país: Costa Rica ya tiene un sistema de representación proporcional con distritos plurinominales (nuestras provincias) y se pretende introducirle abruptamente un componente de elección por mayoría en 42 distritos de un solo puesto (uninominales). Esto significaría un retroceso en nuestra propia historia institucional y además respecto a la tendencia histórica mundial hacia sistemas electorales más incluyentes y de representación proporcional, como lo ha estudiado el politólogo Josep Colomer	En el caso de Alemania, donde se introdujo un componente mayoritario en un sistema que antes era solo de representación proporcional, debe decirse que la reforma fue adoptada en el proceso de transición democrática posterior al régimen Nazi y de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de reducir el número de partidos y facilitar la formación de mayorías, en un país de carácter federal (no unitario como el nuestro) y bicameral (no unicameral como el nuestro).	La representación proporcional supone una lógica de distribución de los puestos entre diferentes partidos de manera proporcional a los votos alcanzados. Hasta ahora, la distribución proporcional ha sido el mejor sistema para garantizar la representación territorial y la partidaria en los países donde se ha puesto en práctica, incluido el nuestro.	No es un sistema perfecto, pues ninguno lo es. Y en efecto puede mejorarse con diferentes cambios, pero manteniendo la misma lógica distributiva y representativa de la proporcionalidad. Hay diversas vías que se pueden proponer y valorar, como por ejemplo: un nuevo diseño de las circunscripciones, eliminar la barrera del sub-cociente, aumentar el número de escaños de la Asamblea, entre otras opciones.	En cambio, introducir un sistema donde la mitad de las y los legisladores serían electos en distritos de un solo puesto y por mayoría, significaría un cambio radical que rompería con nuestra propia trayectoria institucional y política —con su lógica distributiva del poder y de la representación—; para transitar hacia una lógica de concentración en un solo cargo y en un solo partido en cada distrito. Si además, un mismo partido alcanzara mayorías en muchos otros distritos o incluso en los 42, como también en la lista nacional, podría generarse una “supermayoría” partidaria que controlaría el Parlamento, reduciría las oposiciones políticas y el pluralismo partidario, tanto a nivel nacional como de los territorios.	Un sistema mayoritario de distritos uninominales no puede ser más representativo porque el que gana se lleva el único puesto disponible, dejando los otros sin nada, aunque estos conformaran en conjunto una amplia mayoría. Por ejemplo, según la propuesta mencionada, un partido podría ganar el puesto del distrito X con un 20% de los votos, si el resto de partidos obtuvieran votaciones inferiores y aunque en conjunto pudieran constituir el 80% restante de los mismos. ¿Qué representación tendría y/ percibiría ese 80% del electorado que no votó por quien obtuvo el 20%, si este no era de su partido de preferencia o identificación ideológica?	Aunque un sistema mayoritario como el propuesto en el proyecto 20.127, tuviera un componente de representación proporcional con una lista nacional, un sistema mixto (mayoritario y proporcional) no puede ser más proporcional y más representativo de la pluralidad partidaria, social y territorial, que uno de representación proporcional con distritos plurinominales. En el caso del proyecto en cuestión, la lógica mayoritaria aplicaría a los 42 distritos uninominales, de manera que quien obtenga la mayoría de votos en cada distrito tendría asegurado un escaño en la Asamblea Legislativa. La lógica de la representación proporcional aplicaría solo para los otros 42 de los 84 propuestos. De manera que pasaríamos de un sistema que aplica la representación proporcional para asignar la totalidad de los escaños, a uno que la aplicaría solo a la mitad, pues quienes ganen en los distritos por mayoría, tienen asegurado un puesto independientemente de lo que suceda en la votación por las listas nacionales.	Tampoco puede aceptarse la afirmación hecha por defensores del proyecto, según la cual, nuestro sistema actual es proporcional pero no representativo. Las fórmulas proporcionales como las vigentes en Costa Rica son los mejores medios conocidos hasta ahora para garantizar al mismo tiempo representación de diferentes partidos y de diferentes territorios en un país o en unidades sub-nacionales como es el caso de los Consejos Municipales.	Consideramos que las y los diputados así como la ciudadanía en general, debemos tener presente esas y otras consecuencias de los sistemas electorales mayoritarios y uninominales, como el propuesto en el proyecto 20.127. No solo quedarnos con la propia y parcial versión de quienes proponen este proyecto, que tiene además problemas de diseño, de fundamentación y genera riesgos particulares para nuestro sistema político.	En la exposición de motivos se hacen afirmaciones carentes de rigor analítico e incluso de realidad, como la de calificar nuestro sistema electoral actual como “no representativo”, lo que implicaría considerarlo como no democrático. Por otro lado, se achaca al sistema electoral la baja calificación de la Asamblea Legislativa ante la opinión pública, sin ningún sustento. Tampoco se sustentan otra serie de afirmaciones que caracterizan nuestro parlamento de manera muy negativa, para luego presentar este proyecto como una panacea que resolvería gran cantidad de problemas, incluso algunos que no dependen del primer Poder de la República.	Tampoco hay claridad sobre porqué debería el país dividirse en 42 distritos electorales uninominales para elegir un solo representante en cada uno. Tampoco se especifican cuáles serían esos distritos ni los criterios para su eventual definición posterior mediante ley. Esto abre un incierto camino para una nueva geografía electoral sin que las y los ciudadanos, ni las personas legisladoras, puedan discernir hacia dónde conduciría.	Disminución de oportunidades para partidos pequeños o emergentes y aumento de oportunidades para los más grandes, al plantear una barrera o umbral de votación del 4% para participar en la distribución de escaños a nivel nacional. Si se mantuviera la fórmula actual y se aplicara a listas de 84 escaños, el cociente sería 100/84=1.19% y el sub-cociente de 0.59%. Si se aplicara solo a 42 escaños, el cociente sería 100/42=2.38 y el sub-cociente de 1.19%. En ambos casos se daría un mayor resguardo a la representación de minorías, incluso si se mantuviera la barrera del sub-cociente, en comparación con el 4% propuesto en el proyecto, que implicaría en la práctica un aumento de la barrera excluyente de minorías.	Incertidumbre sobre la cantidad real de diputados y diputadas que tendría la Asamblea Legislativa, pues podrían variar de una elección a otra. Del proyecto se infiere que la cantidad de diputados y diputadas podría ser mayor de 84 según se den los resultados de la lista nacional y los de las votaciones en los distritos, pero no habría certeza sobre cuántos más podrían ser.	Riesgo de reducción de la pluralidad de partidos con representación en la Asamblea Legislativa, pues como lo establece la literatura académica especializada, los distritos uninominales mayoritarios tienden a reducir el número de partidos y podrían también generar un efecto de arrastre en la lista nacional. En ese sentido, el proyecto podría afectar el actual formato pluripartidista y facilitar la restauración de un nuevo bipartidismo que no se correspondería con la diversidad de fuerzas políticas y sociales que hoy se expresan en nuestro sistema político.	Finalmente, esperamos que el debate de fondo no se deje para después y que la decisión sobre la admisibilidad de este proyecto no sea asumida como un mero trámite para luego resolver en una Comisión. La Asamblea Legislativa debe hacer debates de fondo en el proceso de admisibilidad, sobre todo cuando se trata de proyectos que reforman drásticamente nuestra Constitución, cuando no están bien fundamentados y pueden inducir a errores de interpretación y decisión a las y los legisladores, así como cuando se trata de proyectos riesgosos para la convivencia y la gobernabilidad democráticas.	Nos ponemos a disposición de la Asamblea Legislativa y de la ciudadanía, para participar en el debate y facilitar espacios de diálogo y definición de proyectos de reforma a nuestro sistema electoral, que no pongan en riesgo y efectivamente mejoren nuestra tradición de distribución de la representación política entre diferentes partidos y en los distintos territorios mediante el sistema de representación proporcional.