El 19 de este mes, Piñera cedió y anunció que el pasaje no subiría, pero con su anuncio las protestas no amainaron y tomaron un cariz mucho más intenso, con incendios y destrucción de varias estaciones del Metro, y decenas de manifestaciones en diversos lugares del Chile con marchas y «cacerolazos» (salir a la calle en masa a golpear una cacerola).	Ese fin de semana surgió la consigna «no son 30 pesos, son 30 años», evidenciando que la gente se estaba manifestando ya no por el pasaje del Metro, sino por temas más de fondo, por injusticias que se arrastran hace 30 años desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y que, según muchos chilenos, se han ido profundizando también en democracia.	Piden el fin al sistema de pensiones de vejez, administrado por empresas privadas llamadas AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), la rebaja de la jornada laboral que es de las más largas de la región, que se elimine el sistema de financiamiento bancario de las universidades, que deja a los estudiantes endeudados por décadas, protestan contra el alto precio de los medicamentos, entre otras.	La primera respuesta de Piñera ante las manifestaciones que se extendían fue decretar tres medidas represivas: la Ley de Seguridad del Estado, para acelerar los juicios contra los manifestantes, el Estado de Emergencia en casi todas las urbes importantes del país y toques de queda para impedir que la gente salga de sus hogares, medidas que aún no han sido levantadas.