Marisol tenía un préstamo atrasado, estaba en trámite de cobro judicial. Había sacado ¢1,1 millón en Beto le presta y llevaba varios meses sin pagar. Un documento que, en apariencia, ella firmó para que le hicieran deducciones de ese préstamo, fue el responsable de que se quedara sin aguinaldo y ahora está peleando para que se lo devuelvan.	Portuguez resalta que dicho documento tiene varias supuestas irregularidades, porque donde debe especificar la fecha está en blanco, y entonces le podrían cobrar toda la vida. Donde debe ir el monto también está el blanco, entonces le pueden cobrar el monto que sea. Y además la firma del documento no está autenticada.	“El monto fue debitado de la cuenta por el banco para tranferírselo a otra entidad finaciera que no está debidamente regulada por la Sugef. Me parece que se están violando derechos fundamentales. Para que a mí me puedan ejecutar algo así en mi contra, debo ser notificado y así ejercer mi derecho de defensa y asumir un debido proceso”, dijo la abogada.	“Beto es una compañía seria que en todo momento ha actuado bajo el marco de la legalidad y el contrato de préstamo que rige la relación con sus clientes, que en algunos casos de alto riesgo incluye autorización firmada de los mismos para debitar de sus cuentas saldos pendientes. A la fecha, no hemos sido notificados de ninguna medida cautelar interpuesta por la Oficina de Defensoría de Apoyo al Deudor relacionada con este caso”, indicaron.