Han pensado alguna vez que, en este mundo, además de pobres y ricos, la sociedad se divide en deudores y acreedores o incluso podríamos sustituir la primera clasificación por la segunda.  Y esta división se observa en todos los niveles: individuales, colectivos y por supuesto entre naciones.  Al fin y al cabo, se trata de una relación de poder, en la cual, siempre los deudores están a la voluntad del acreedor, son su presa, su botín más deseado. Efectivamente, el préstamo juega una especie de lógica del poder en el dios mercado. La clase vencedora (acreedor) esclaviza a la vencida (deudor). Es el juego del poder, una especie de lucha -obviamente desigual – entre el gato y el ratón, que metafóricamente describe Elías Canetti:	El ratón una vez atrapado, está bajo el régimen de fuerza del gato; lo mantiene apresado, su intención es matarlo. Pero apenas comienza a jugar con él, agrega algo nuevo, lo suelta y le permite correr un trecho…Pero está en el poder del gato de hacerle regresar… Dentro del radio en que puede alcanzarlo con certeza permanece en su poder. El espacio que el gato controla, los vislumbres de esperanza que concede al ratón, vigilándolo meticulosamente, sin perder su interés por él por su destrucción; todo ello reunido -espacio, esperanza, vigilancia e interés destructivo “.	En la práctica, mientras los negocios del deudor marchen bien, los bancos le tienden alfombras, pero cuando surge la mora, a los ojos de sus acreedores se vuelve un ser despreciable, un cuasi condenado. Y, es más: ¿cuántos acreedores no estarían de acuerdo en que regresara la prisión por deudas? Aunque si uno se detiene a examinar algunos delitos tributarios y las denuncias por apropiación indebida que gestiona la Caja Costarricense del Seguro Social, cuando el patrono está moroso con las cuotas obrero-patronales: ¿acaso no se trata de una deuda cuya sanción es la posibilidad de prisión?	En términos generales, el derecho dispuesto al servicio del acreedor se ha encargado de cambiar los barrotes de una celda por algo más sutil, pero efectivo: no ser sujeto de crédito en ninguna institución bancaria, comercios, etc.  Llevado a un nivel hipotético, imagínese que, por estar la persona morosa en una institución bancaria, deba pagar más en las tarifas de autobuses, en las tarifas eléctricas o que deba pagar una penalización por tal condición al adquirir un tiquete aéreo.  Bueno, tal situación parece de ficción, pero actualmente está en práctica en algunas regiones de China, bajo el concepto denominado “crédito social”, así que no nos paralicemos.	Es indiscutible que las ilustraciones sobran, pero mientras, ¿qué estamos haciendo para proteger a ese paria que el mercantilismo denomina “deudor”?  La respuesta es simple, no hay ningún interés en cambiar el “status quo” pues se “lesionan” intereses de grupos poderosos, salvo algunos tímidos proyectos de ley como: Protección al Consumidor Crediticio y Reforma Parcial a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, y hace escasos días el Poder Ejecutivo está promocionando el “crédito de salvamento”, entre otras iniciativas, pero que en el fondo se trata de simples cambios cosméticos, por ejemplo: reducción de intereses, refundición de deudas y, últimamente, existe una política de “educación” financiera, por supuesto dirigida al deudor.  Pues bien, nótese la paradoja, se juzga y trata al deudor como un “mal-educado” o “no-educado”, como si el problema de fondo fuese el débil de la relación.	El panorama no puede ser peor, en el caso costarricense estudios realizados por la Dirección de Investigación y Estudios de Mercado del MEIC, así como de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR) y recientemente el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, advierten un elevado grado de endeudamiento y un supuesto “desconocimiento”.  Según un estudio de finales del 2017 de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, los resultados muestran que 60,5% de los consumidores costarricenses poseen al menos una deuda, y un 33.4% posee un préstamo en un banco, mientras que el reciente estudio de la Universidad Nacional es más representativo, en el sentido de que, si dividiéramos la deuda entre cada costarricense, nos correspondería a cada uno, aproximadamente ocho millones quinientos mil colones de deuda, mientras que hace escasos ocho años, esa cifra era de solamente la mitad.	Dejando de lado lo anterior, mi ingenuo pensamiento insiste en considerar que, a nivel de banca estatal exista algún interés en realizar verdaderas modificaciones de fondo, por lo menos en lo que se refiere a créditos hipotecarios para vivienda u otros sectores que se consideren prioritarios.  Mi candidez tiene como antecedente y comparación, los cambios que la legislación española ha realizado en el presente año con la entrada en vigor de la ley número 5/2019, de 15 de marzo de 2019, denominada Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3814), que reglamenta los contratos de crédito inmobiliario. Esta normativa es el resultado de lineamientos aprobados por el Parlamento Europeo desde el año 2014, para bienes inmuebles de uso residencial (	Obsérvese la importancia de una norma comunitaria con incidencia en España para garantizar que, aquellos consumidores que suscriban contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial, disfruten de un elevado grado de protección, lo cual viene en parte sustentado en el hecho de que, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, otorga a la vivienda la consideración de un derecho fundamental, garantizado por el	Normas de transparencia en la comercialización de préstamos inmobiliarios, como enviar previamente los documentos al futuro deudor con 10 días naturales antes de la firma del contrato, por ejemplo: si se trata de un préstamo a tipo de interés variable, un documento separado con especial referencia con las cuotas a satisfacer en diferentes escenarios de evolución de los tipos de interés y una copia del proyecto del contrato e incluirá, de forma desglosada, la totalidad de los gastos asociados a la firma del contrato, la advertencia de la obligación de recibir asesoramiento personalizado y gratuito por parte del notario encargado del contrato y el deudor deberá comparecer necesariamente ante el notario dos veces, la primera para recibir asesoramiento gratuito sobre las cláusulas del préstamo, y la segunda para la firma, aspectos que en nuestro país no ocurren.	El consumidor financiero es quien asume los gastos de tasación o avalúos, pero el resto de los gastos son asumidos por el acreedor, incluyendo honorarios del notario, derechos y timbres registrales.  Y en este punto, ¿vale la pena detenerse para cuestionar el hecho de porqué el deudor es quien debe asumir en un cien por ciento los gastos del notario, timbres y derechos de registro?  D) También se limitan las comisiones por amortización anticipada del crédito. E) Prohibición de las cláusulas piso. F) Se ponen condiciones para que el acreedor solicite el vencimiento anticipado, obligándose a que la ejecución hipotecaria solo se podrá iniciar si en la primera mitad del préstamo se produce el impago de doce cuotas o del 3% del capital prestado, y en la segunda mitad si se produce el impago de quince cuotas o del 7% del capital prestado.	Facilitar la “portabilidad” de las hipotecas entre entidades financieras, que es un sistema que se utiliza en varios países. Esta “portabilidad” de créditos hipotecarios, permite reducir los plazos y costos en trámites, genera más competencia en el mercado de ofertas de hipotecas. Consiste en transferir los créditos hipotecarios entre instituciones financieras, para aliviar a los deudores hipotecarios, y que dispongan de un mecanismo simple y rápido y poder cambiarse de banco que les ofrezca mejores condiciones por el traspaso del crédito y de la hipoteca. Eso permitiría la posibilidad de cotizar con diferentes instituciones, y disponer de un mayor nivel de independencia, llevando su crédito a donde mejor le convenga.	No pareciera que las reformas en curso ni los programas del Poder Ejecutivo vayan en la dirección de las innovaciones expuestas.  Tampoco es de esperar que, el notario, otro actor necesario en la constitución de créditos hipotecarios y quien paradójicamente debe cumplir con el deber de imparcialidad, esté interesado en promover reformas a favor del deudor.	A modo de reflexión, resulta conveniente y necesaria algunas reformas legales de fondo que permitan al deudor reivindicar lo que es suyo, el control del crédito, permitirle tomar sus propias decisiones. Dentro de estas ideas “para tomar en cuenta”, se debería de implementar legislación que garantice los derechos de los acreedores y deudores dentro de una correlación de fuerzas equitativas, para restablecer el equilibrio del ideal de la balanza de la justicia, que normalmente se ha inclinado a favor del acreedor, en perjuicio del indefenso deudor. Las adaptaciones de la sociedad del consumo que incitan y permiten el acceso fácil al crédito y la masificación de los endeudamientos, requiere una respuesta legal que proteja a la parte más débil.  Y, en este sentido, las reformas españolas en el crédito hipotecario deberían de servirnos como ejemplos para pasar de las palabras a la acción y no esperar eventos semejantes a los ocurridos en Chile recientemente, por cuanto uno de los principales problemas de fondo mencionados por los propios analistas es el endeudamiento de los chilenos.