La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció a finales de julio que las autoridades turcas están «deteniendo y coaccionando» a refugiados sirios en el país para que firmen documentos diciendo que quieren regresar a Siria, algo que Ankara ha rechazado, alegando que sólo ha deportado a sirios que «voluntariamente» quieren volver a «zonas seguras».	«Hemos visto estas informaciones. Los refugiados y demandantes de asilo no deben y no pueden ser forzados a volver a ninguna parte de Siria mientras que no se den las condiciones para los retornos seguros y voluntarios», ha subrayado en rueda de prensa el portavoz de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, Carlos Martín Ruíz de Gordejuela, al ser preguntado por la deportación de sirios contra su voluntad por parte de Ankara y su posible impacto para el acuerdo sellado entre la UE y Turquía para frenar la inmigración irregular a Europa a cambio de 6.000 millones de euros de ayuda europea prometida a Ankara para apoyar a los refugiados sirios y las comunidades de acogida turcas.	Ruíz de Gordejuela ha subrayado que la legislación turca «explícitamente estipula que nadie será tratado de forma contraria al principio de no devolución» y ha recordado que tanto la UE como Turquía se comprometieron en «respetar este principio» en su acuerdo para atajar la inmigración irregular a Europa, que ha insistido sigue aplicándose.	Prueba de ello, ha recalcado el portavoz, es la ayuda adicional europea de 127 millones de euros para el mayor programa humanitario para facilitar transferencias mensuales de 20 euros a los refugiados, a través de una tarjeta de débito especial, para que puedan comprar comida y pagar el alquiler y ayudarles así a integrar en las comunidades locales. La dotación total del programa asciende a 1.125 millones de euros de los 6.000 millones prometidos a Ankara.