, la Contraloría General de la República afirma que el valor público de las instituciones de educación superior “se genera en cuanto a su impacto sobre estudiantes, y sobre cualquier otra actividad realizada por parte de las universidades, como investigación, acción y extensión social, entre otras”. A pesar de que la Contraloría efectúa una revisión del financiamiento y de los presupuestos de las universidades públicas, desde mi punto de vista no ahonda en lo esencial de ese valor público, al que prefiero llamar valor social, dada la misión esencial que deben cumplir las universidades públicas en cuanto transformadoras de la sociedad.	La señora Contralora General de la República, doña Marta Acosta, presentó en detalle los datos más relevantes de este estudio ante la Comisión de la Asamblea Legislativa que está encargada de estudiar el financiamiento de las universidades públicas. Sin negar sus aportes críticos para que las universidades públicas revisen sus formas de administración presupuestaria y las estrategias para la consecución de sus objetivos, es evidente que la posición de la Contraloría forma parte de una fuerte tendencia experimentada en América Latina desde hace más de tres décadas que tiende a descargar al Estado de sus obligaciones con las universidades públicas.	Llama la atención que en vez de referirse directamente a las universidades públicas, las denomina instituciones de educación superior, abriendo un panorama mucho más amplio que comprende  a otras instituciones, como ya ha ocurrido en otros países de América Latina. Y también se aprecia en el documento una fuerte restricción de las universidades públicas a la docencia, lo cual evidente constituye una visión limitada de lo que es en principio una universidad.	El valor social de las universidades públicas y en particular de la Universidad de Costa Rica está claramente definido en su Estatuto Orgánico y consiste justamente en ser una institución transformadora de la realidad para el logro del bien común. Se construye en el transcurso del tiempo y no en la inmediatez, ya que el impacto de su acción académica, sea en procesos formativos para la docencia, generación de conocimiento por medio de la investigación y el establecimiento de relaciones de colaboración, diálogo e intercambio con la sociedad por medio de la acción social, se proyectan en el tiempo y dejan una huella profunda en cada persona, cuya misión principal es servir a la sociedad.	Este valor social no se mide solo con números,  ni con criterios cuantitativos y neoliberales, lo cual no exime a ninguna universidad de actuar con transparencia y rendir cuentas a la sociedad que aporta los recursos para su financiamiento, lo que conlleva al mismo tiempo la obligación de revisar las formas de administración de los recursos y el cumplimiento de políticas orientadas a la construcción de una mejor sociedad, con un desarrollo equitativo en todo el territorio nacional.	La coyuntura actual nos demanda una acción conjunta y articulada en defensa del valor social de las universidades públicas y en particular de nuestra Universidad de Costa Rica, un valor social que se confirma en los extraordinarios aportes que ha dado a lo largo de su historia y continúa ofreciendo en los diferentes campos del conocimiento y que ha cambiado de manera positiva la realidad del país en ámbitos como la salud, la educación, la investigación científica, la creación artística y cultural, entre otros. Además, nuestra Universidad, en conjunto con las otras universidades públicas, ha garantizado la movilidad social en Costa Rica, hecho fundamental para nuestro desarrollo.	Con actitud autocrítica debemos evaluar nuestro trabajo pero de ningún modo permitir que nuestra universidad siga siendo condicionada y llevada por caminos neoliberales de rentabilidad económica. El gobierno no debe obviar sus responsabilidades con la universidad pública. Y nosotros como Universidad, en palabras de don Rodrigo Facio, debemos reaccionar hoy frente al país “buscando fortalecer sus virtudes y reducir sus defectos”.	“Este valor social no se mide solo con números, ni con criterios cuantitativos y neoliberales, lo cual no exime a ninguna universidad de actuar con transparencia y rendir cuentas a la sociedad que aporta los recursos para su financiamiento, lo que conlleva al mismo tiempo la obligación de revisar las formas de administración de los recursos y el cumplimiento de políticas orientadas a la construcción de una mejor sociedad, con un desarrollo equitativo en todo el territorio nacional.”Este no es un enfoque adecuado para la rendición de cuentas en la universidad pública. Apela a criterios no cuantitativos ni neoliberales, pero al final de cuentas termina cayendo en la trampa de esos mismos criterios. No se ve en todo el artículo cuál sería la forma de proyectar la rendición de cuentas a la sociedad por parte de la universidad, que no a la Contraloría neoliberal. No es difícil hacerlo, pero el articulista claramente no indica de qué manera se puede hacer.