A partir de esa circunstancia, por cierto, muy natural de un sistema democrático, diversos sectores como los medios de comunicación, ex servidores públicos, abogados litigantes, y aún Magistrados, han expresado las más variadas razones para justificar su inclinación hacia la reelección del postulante. De hecho, ya se insertó en el escenario mediático hasta cuál debe ser la forma del acto de votación, si pública o secreta.	Entonces, cabe válidamente preguntarse: ¿las razones que se han invocado para defender la reelección del postulante, son las verdaderas razones? ¿No será acaso que se está pretendiendo afectar el juicio de los Diputados y Diputadas con argumentos que suenan alarmantes, para condicionar el resultado y que se mantenga a alguien que es de su gusto? ¿No es eso también una forma de lobby?, conducta que tanto se ha criticado.	Aclaro que no estoy a favor ni en contra del postulante, ni aludo en lo personal a ninguno de los Magistrados y Magistradas. Pero en mi criterio, no estamos siendo verdaderamente honestos con el tema de las reelecciones; con lo que realmente se ha venido criticando en diversos espacios académicos, políticos, sociales y judiciales. ¿Cuántas veces no se ha elevado la queja de la mora de las Salas de Casación y Constitucional, de su poca o nula producción de relevante jurisprudencia, y de su no menos deficiente labor en la gestión administrativa, gastando horas y horas en discusiones estériles en Corte Plena? ¿Acaso no se ha criticado tantas veces que la reelección -sin debate- de un Magistrado o Magistrada lo que ha provocado es que muchos de ellos se relajen y continúen sin hacer cambios sustanciales en la Administración de Justicia, viendo cómo por décadas se mantienen los mismos problemas? ¿Y no se ha expresado la queja de que muchas veces la Corte apunta deficiencias a lo interno del Poder Judicial sin ver su propia incuria en su labor administrativa y jurisdiccional?	¿Entonces, por qué es que después de todas esas denuncias recurrentes en diferentes círculos, que claramente manifiestan una disconformidad con la conformación de la Corte Suprema de Justicia, muchas personas y sectores han salido al paso a defender una reelección en particular bajo el falaz discurso de que si no se hace se afectará la independencia judicial? ¿O acaso en los 8 años de su primera designación no tienen independencia? ¿Dónde está el golpe institucional que dicen algunos? La Constitución solo establece una regla: 38 votos en contra. No son cargos vitalicios. Eso es incuestionable.	En todo caso, independientemente del resultado de la votación, ocho años son y serán suficientes para que un abogado o abogada que llegue a la magistratura haga su trabajo, debiendo recordarse que son cargos públicos a plazo definido y creados para servir a la institucionalidad y a los derechos de las personas, no para pretender perpetuarse en el puesto.	Bajo las reglas actuales, normadas en la Constitución, los Magistrados y Magistradas son elegidos por la intervención de las fuerzas políticas residenciadas en el órgano legislativo y de acuerdo con sus criterios propios, por virtud de su mandato representativo, por tanto, bajo las mismas reglas habrán de ser reelegidos, por un principio básico de paralelismo.	Mi posición, en definitiva, es que no debemos intervenir activamente presionando por la reelección o por la no reelección, pues ésta es una facultad propia y exclusiva del Parlamento que debe ejercer ese órgano libremente sin presiones mediáticas; de lo contrario estaremos finalmente haciendo aquello que tanto hemos despreciado y criticado, incluso hasta en contradicción con nuestros propios criterios. Seamos más honestos.