A ese llamado se sumó “Justicia Ya”, surgida de los movimientos de las protestas de 2015 contra la corrupción del expresidente Otto Pérez Molina, quien también pidió hacer un plantón en la sede del máximo tribunal constitucional, para “frenar las acciones arbitrarias y autoritarias de Jimmy Morales y la alianza criminal”.	El Gobierno de Morales dio por terminado este lunes de forma “inmediata y definitiva” el acuerdo del Gobierno con Naciones Unidas para el establecimiento de la Cicig por la supuesta “violación grave” de leyes nacionales e internacionales, a pesar del rechazo manifiesto del secretario general de ONU, António Guterres, y de organizaciones civiles y sociales.	En una conferencia de prensa en la que se hizo rodear de señalados y procesados por el Ministerio Público (Fiscalía) y la Cicig, el presidente, Jimmy Morales, dio por terminado de forma “inmediata y definitiva” el acuerdo, por la supuesta “violación grave” de la Cicig de las leyes nacionales e internacionales.	Argumentó que parte de su decisión se debe a que desde agosto de 2017, cuando se inició el proceso de solución de controversias con ONU, su Administración “ni siquiera” obtuvo respuesta “mínima” ante “las quejas”, como que la Cicig “ha intervenido la justicia negociando con criminales, secuestradores, asesinos, terroristas, como quedó demostrado”.	“Después de 16 meses de espera por una solución conciliatoria y con el objeto de restaurar las garantías de los derechos humanos y las garantías constitucionales del sistema de justicia guatemalteco y en un plazo de 24 horas de recibida la notificación que hoy se le dijo al secretario general, el Gobierno” da por terminado el acuerdo, afirmó la jefa de la diplomacia de Guatemala.	Sin embargo, el secretario genera de la ONU “rechazó enérgicamente” la disposición de Guatemala al asegurar en un breve comunicado de prensa que será hasta el 3 de septiembre que finalice el acuerdo y subrayó que espera “que el Gobierno de Guatemala cumpla íntegramente con sus obligaciones legales en virtud del Acuerdo”.	El director de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch, Daniel Wilkinson, pronunció que “un desesperado Jimmy Morales decidió terminar con la Cicig” y aseguró que “felizmente él no tiene la última palabra”, pues es la Corte de Constitucionalidad la que “nuevamente” puede salvar al país “del pacto del presidente con los corruptos”.	Además, la organización Antigua al Rescate, que vela por los derechos de los afectados por la tragedia del volcán de Fuego del pasado 3 de junio en la que murieron 198 personas, lamentó que el presidente fuera “capaz de amparar ante las cámaras de televisión a personas acusadas y vencidas en juicio, en tanto que en siete meses ha dado la espalda permanentemente a las víctimas del volcán”.	Finalmente, el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, Acción Ciudadana, presentó un amparo y una solicitud de destitución inmediata a la canciller, Sandra Jovel, y al presidente Morales ante el Constitucional, que, previamente, había validado para su trámite un amparo del abogado Alfonso Carrillo contra la decisión de finalizar el acuerdo de la Cicig. EFE