En agosto pasado la Sala Constitucional volvió a validar la libertad para ejercer el periodismo como profesión liberal depositada en manos de quienes han decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado. No es preciso estar incorporado a un colegio profesional, una  reiteración de algo que ya ha sido proclamado desde 1985 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, como  tampoco poseer título profesional extendido en ámbitos universitarios.	Por supuesto, y así es de recibo para todas las carreras universitarias, en las aulas se amplía el mundo del conocimiento de las circunstancias y herramientas con que se ha de hacer valedero el ejercicio de una profesión. Pero en el caso concreto del periodismo –y así también en el universo de otras carreras- el hecho de haber completado estudios no es signo infalible de habilidad profesional y de lucido acceso al desempeño de la carrera. Al fin y al cabo, el periodismo se ejerce en empresas cuya orientación de contenidos y vocación ideológica -y también política, por qué no- es definida por un director que a veces ve constreñido su radio de acción por quienes son los propietarios. Realidad que no opaca la posibilidad de	Si doña Iary Gómez, presidenta del consorcio mediático Extra, tiene claro que es en las aulas universitarias donde los comunicadores  asumen la consciencia de lo que es su responsabilidad profesional, como lo dijo días atrás, la realidad demuestra la frecuencia con que esa consciencia profesional se topa con barreras a la hora del ejercicio del oficio.	El contenido de la Primera Enmienda de la Constitución Política de Estados Unidos se tiene como espada y escudo, a la vez, de las reglas de juego en el ejercicio del periodismo pues junto con proteger a la prensa de la interferencia estatal, también impone obligaciones a los propietarios de los medios de comunicación. La Suprema Corte ha reiterado que la existencia de una norma que impide al Estado coartar el libre flujo de las ideas no puede convertirse en el refugio de agentes no estatales que imponen ese mismo tipo de restricciones a una libertad constitucionalmente protegida. Según ese alto tribunal, la libertad de prensa significa libertad para todos y no solamente para algunos.	Y más directo y lapidario se recuerda el criterio del juez de esa misma Corte, William Douglas: “Donde un periódico tiene el monopolio en un área, rara vez  presenta las dos caras de un mismo tema. Con mucha frecuencia, insiste en una línea ideológica o política usando su posición monopolística no para educar al pueblo ni para promover el debate, sino para inculcar en sus lectores una filosofía o una actitud, y para hacer dinero”.	No hay más que concluir que el aval de una entidad universitaria emitido en un título no es garantía del desempeño de la carrera con observancia de los contenidos deontológicos del periodismo. Y si bien la carrera universitaria provee un mundo de conocimientos en línea con la calidad perseguida para un destacado desempeño, la llave de los contenidos del medio seguirá en manos del director o de la junta de propietarios.	Nuestra Sala Constitucional ha caracterizado al periodista como aquella persona que ejerce la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado. Así deja bien librada la presencia histórica de aquellos grandes periodistas que desempeñaron el oficio con brillo y sin título universitario. Queda, empero, en pie la incontrovertible realidad de la afectación que puede dejar el director (o la junta de propietarios) en el ejercicio de una profesión fundamentalmente identificada con la verdad.	Don Alvaro muy interesante su artículo, no obstante necesitamos su concurso para “explicitar” el desideratum de este asunto. Yo puedo dejar de escribir artículos, pero jamás renunciaría a la libertad.Los periódicos han utilizado la fuerza del “cheque” para hacer valer su “línea editorial”, casos como La Nación son extremos, pero letra más letra menos, se debe ser obediente. Ahora bien, sería oportuno una “clarificación” de la resolución de la Sala IV, con la finalidad de por un lado proteger la libertad de expresión y por el otro lado no hacer desaparecer al periodista como profesional de la información.