Debido a carencias normativas e institucionales, se ha vuelto casi imposible resolver conflictos comunitarios donde se involucra el manejo del agua. Disputas como la cuenca de río Grande de Tárcoles, Sardinal, la zona de Barva y localidades cercanas a plantaciones piñeras, son ejemplos de conflictos actuales donde se hace evidente la falta de claridad constitucional en cuanto a los intereses en discusión.	“Esta reforma constitucional nos hará ver el agua como un recurso limitado. Se partiría de cuánta agua tenemos y, más importante, quién se está llevando la mayoría de este recurso. La iniciativa prioriza el acceso y el saneamiento del recurso hídrico como un derecho humano fundamental de las y los ciudadanos, y posteriormente para usos agrícolas y de generación eléctrica, entre otras actividades de desarrollo”, afirma Bernardo Aguilar González, Director Ejecutivo de la Fundación Neotrópica.	“Los beneficios del proyecto cubren a todo el país. Por ejemplo, la cuenca del río Grande de Tárcoles abastece a más de la mitad de la población, pero el porcentaje de aguas residuales que la planta permite procesar es bajo para la cantidad de personas que abastece. Este proyecto de Ley obliga a un cubrimiento mayor”, dijo.