San José, 30 May (Elpaís.cr).- El Viceministro de la Presidencia para Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Juan Alfaro, solicitó formalmente al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y a la Dirección Nacional de Notariado el apoyo para fortalecer el proceso de fiscalización y cumplimiento de los derechos de las poblaciones indígenas, establecidos en la Ley Indígena de 1977.	La solicitud se da tras la designación de este Viceministerio y del Ministerio de Justicia y Paz como responsables de impulsar acciones que permitan el cumplimiento de las medidas cautelares MC-321-12 emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de los pueblos indígenas Bribri de Salitre y Teribe de Térraba.	“Me dirigí a las instituciones que representan a los profesionales del derecho con el fin de solicitar una fiscalización y un acompañamiento más enérgico en el cumplimiento de los derechos de esta población. Esperamos que así podamos avanzar en procura de la garantía del derecho a la tierra que pertenece a las personas indígenas del país”, explicó Alfaro.	Esta situación es la que motivó el llamado al Colegio Profesional y a la Dirección de Notariado para que se analice, por ejemplo, emitir lineamientos internos “que generen una llamada de atención” a sus miembros, con el fin de que se verifique el respeto de los artículos 2 y 3 de la Ley Indígena en escrituras públicas, actos notariales, asesorías, contratos, acuerdos comerciales, negocios y  otras labores profesionales.	Desde el lamentable asesinato de Sergio Rojas, hace aproximadamente dos meses,  el Viceministerio de la Presidencia y el Ministerio de Justicia y Paz trabajan de cerca con el Ministerio de Seguridad Pública, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y el Ministerio Relaciones Exteriores y Culto, así como representantes del Poder Judicial, para fortalecer el cumplimiento de las medidas cautelares y de los derechos humanos de las personas indígenas.