«Amnistía Internacional continuará vigilando el proceso penal que enfrenta el defensor de derechos humanos Ola Bini en Ecuador, tras identificar violaciones de derechos humanos e interferencia indebida del Gobierno. La justicia debe garantizar que cualquier prueba utilizada en su contra haya sido obtenida de manera legal con apego al derecho internacional», afirmó la organización en un comunicado publicado en su página web.	«Él defiende el derecho a la privacidad y su labor ha permitido a periodistas y activistas compartir información y recabar evidencia de manera segura, evitando la vigilancia ilegal. Pero el 11 de abril de este año, Bini fue detenido por policías a raíz de una acusación pública de la ministra de Gobierno y una denuncia telefónica», agregó.	«La decisión judicial sobre la acción de habeas corpus reconoció que Ola Bini fue privado de libertad por sospechas y que el proceso penal en su contra fue iniciado sorprendentemente por información de una persona anónima y por la declaración de la ministra del Interior realizada en un medio de comunicación social», agrega el comunicado de Amnistía.	La ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, dijo en la mañana del 11 de abril de este año, en una conferencia de prensa en la que comunicó la decisión de retirar el asilo diplomático al fundador de WikiLeaks, que Quito tenía «evidencia suficiente» de que una persona cercana a Assange «ha estado colaborando con los intentos de desestabilización en contra del Gobierno».