«Esta medida inconsulta atenta contra el derecho humano a emigrar, parece aprobada para quedar bien con Estados Unidos y darles la espalda a nuestros ciudadanos, lo cual evidencia un doble discurso: en el Norte es un hermano lejano que manda remesas, pero aquí es un delincuente», argumentó Acosta en diálogo con esta agencia.	El propio ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, supervisó el jueves 12 el despliegue de unos 300 agentes de la Dirección General de Migración y Extranjería y de un centenar de oficiales de la Policía Nacional Civil, encargados de patrullar 154 puntos ciegos en las fronteras de esta nación centroamericana.	La medida había sido anunciada por el propio Rivas a fines de agosto pasado en Panamá, durante una reunión ministerial de seguridad en América Central, poco antes de la firma de un convenio migratorio con Estados Unidos, cuyos detalles aún son ambiguos para la oposición a Bukele, que teme que siente las bases para convertir a El Salvador en un «tercer destino seguro».	«La gente va a buscar otros mecanismos poniendo en riesgo sus vidas. Estamos de acuerdo en que hay que generar las condiciones en el país para que la gente no emigre, pero el que decide migrar tiene el derecho de hacerlo, y si lo hace, el Estado está obligado en garantizar las condiciones mínimas para que lo haga de una manera segura», enfatizó.