De los 28 colegios profesionales que existen en el país solo 8 tienen una ley para otorgarles la posibilidad de cobrar el timbre, que de acuerdo con datos de la Contraloría General de la República y de las propias organizaciones, habrían recibido de la ciudadanía en 10 años una suma aproximada a los ¢45 mil millones.	“Reconocemos la labor que realizan los colegios profesionales como instituciones privadas que ejercen una función pública que consiste en el control del ejercicio de una profesión en beneficio de la sociedad y en la defensa de sus agremiados; pero, además resaltamos que son muy pocos los que reciben el timbre, lo cual encarece trámites y han generado privilegios solo para algunas personas”, indicó el legislador.