Naciones Unidas, 11 Sep. (EUROPA PRESS).- Las fuerzas leales al Gobierno sirio, entre ellas las rusas, y la coalición que lidera Estados Unidos pudieron cometer crímenes de guerra por acciones perpetradas en el marco de la guerra durante este último año, según la Comisión de Investigación de la ONU, que denuncia los efectos que el conflicto sigue acarreando para la población civil.	Los investigadores cuestionan, en el caso de la coalición internacional, un ataque perpetrado a principios de enero en la región de Deir Ezzor y en el que perdieron la vida 16 personas, entre ellos doce niños. El objetivo del bombardeo habría sido un bastión del grupo terrorista Estado Islámico, pero las pruebas demuestran que no se tomaron las «precauciones necesarias» para discriminar entre objetivos militares y civiles.	La Comisión, que ha divulgado este martes su informe anual, ha advertido en dicho texto de que «lanzar ataques indiscriminados que provoquen la muerte o heridas a civiles equivale a un crimen de guerra», un aviso que también ha extendido en el caso de organizaciones insurgentes, a las que también ha acusado de «aterrorizar a civiles que viven (en zonas) bajo el control del Gobierno».	En el caso de las fuerzas leales al régimen de Bashar al Assad, los investigadores han determinado que han atacado de forma «sistemática» instalaciones médicas, escuelas o mercados, cuya agresión puede igualmente equivaler a crímenes de guerra. En términos generales, han concluido que el Ejército sirio y sus aliados han bombardeado de forma recurrente zonas residenciales y han «creado un ambiente en el que los civiles no han tenido más opción que huir».	La Comisión de Investigación ha advertido de que es la población civil quien sigue «soportando el peso de las hostilidades», iniciadas hace ya más de ocho años y sin visos de solución a corto plazo. Unos 13 millones de sirios han tenido que abandonar sus hogares desde que estalló el conflicto en marzo de 2011, en plena Primavera Árabe.	Los investigadores, encabezados por el brasileño Paulo Pinheiro, han mencionado entre los efectos de las «operaciones a gran escala» lanzados por la coalición internacional y por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), la alianza rebelde respaldada por Estados Unidos, la ofensiva lanzada sobre Baghuz y que provocó la llegada de miles de personas al campamento de Al Hol.	Unas 70.000 personas permanecen en este enclave «en condiciones inhumanas y deplorables», en opinión de la comisión de la ONU, que ha incidido en que una «gran mayoría» de estos desplazados son mujeres y niños menores de doce años. Se han registrado ya en esta zona «al menos 390 muertes prevenibles» de niños, «debido a la malnutrición o a heridas infectadas que no se tratan».	Entre estos desplazados figuran también mujeres y niños yazidíes sin apenas acceso a la atención médica y psicológica que necesitan para recuperarse de sus traumas. «En muchos casos, las madres yazidíes se enfrentan a la perspectiva de renunciar a sus hijos como condición para volver a sus comunidades», reza un comunicado del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.	Los niños de Al Hol corren también el riesgo de quedarse apátridas o de sufrir la separación de sus padres. La mayoría de estos menores –en total habría unos 3.500 en estos campamentos– carecen de los documentos que acreditan su nacimiento o los han perdido huyendo de situaciones de violencia.	«Dejar a los padres sin nacionalidad tiene graves consecuencias para los hijos», ha advertido a Pinheiro, que ha instado a todos los países con nacionales en Siria a actuar siempre «por el mayor interés del niño». Esto pasa, entre otras medidas, por no repatriar a los niños sin que vayan acompañados de sus madres, ha añadido.	La Comisión de Investigación de la ONU ha alertado también de la situación de «miles» de niños mayores de doce años –«considerados en ‘edad de combatir’– que están bajo custodia de las FDS incomunicados, en las mismas condiciones que supuestos miembros de Estado Islámico y que «podrían llegar a tortura o malos tratos». En esta lista figurarían combatientes extranjeros de casi 50 países.	El informe alude también a «otras violaciones menos visibles de Derechos Humanos» para quienes siguen viviendo en Siria, como por ejemplo la falta de servicios básicos en zonas como Derá, Duma o Ghuta Oriental. Así, «cientos de miles de civiles» carecen de un acceso adecuado a suministros de agua o electricidad y al sistema educativo.	La guerra, además, ha exacerbado la desigualdad entre hombres y mujeres que ya existía antes del inicio de los combates y que se extiende desde temas tan básicos como la obtención de documentación a cuestiones de seguridad. Las violaciones y otras formas de violencia sexual siguen siendo una constante en Siria, han lamentado los investigadores internacionales.