En concreto, ha señalado la «paulatina militarización de las instituciones del Estado». En el periodo que abarca el informe, entre enero de 2018 y mayo de 2019, «tanto a las fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y sus familiares, violencia sexual y de género durante los periodos de detención y las visitas y uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones».	Ha llamado la atención específicamente sobre las fuerzas especiales, el FAES, con una proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales «sorprendentemente elevada». Solo en 2018, el Gobierno registró 5.287 muertes por supuesta resistencia a la autoridad durante operativos del FAES. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de este año, ya van 1.569. Sin embargo, «otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores», ha alertado.	Además, ha afirmado que «el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria», aunque ha apreciado que, si bien «Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se les impusieran sanciones a algunos de sus sectores, (…) las últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están agravando los efectos».