Jan Jarab, representante permanente del organismo en este país, dijo que el documento es resultado de un análisis solicitado por el propio Gobierno federal basado en «una amplia revisión documental de material sobre el Mecanismo, tanto público como privado; realización de más de 100 horas de entrevistas a 147 personas, priorizándose a personas beneficiarias y funcionarias».	De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Mecanismo de Protección, en el 55 por ciento de los casos en que se identificaron los presuntos perpetradores «eran servidores públicos, quienes están sujetos a un grado de responsabilidad superior, por su obligación de respetar a quienes ejercen labores de periodismo y defensa de los derechos humanos y de abstenerse de ataques en su contra».