Madrid, 30 Ago. (EUROPA PRESS).- Las familias de decenas de miles de personas sometidas a desaparición forzada o secuestradas desde el comienzo del conflicto en Siria 2011 sufren desde hace años la angustia que causan las negativas del Gobierno del Bashar al Assad a ofrecer información y el apoyo insuficiente de la comunidad internacional, según ha denunciado Amnistía Internacional.	Unas 100.000 personas han sido detenidas, secuestradas o han desaparecido en los más de ocho años de guerra, según la ONU, de la que se cree que al menos 90.000 han sido detenidas arbitrariamente y sometidas a desaparición forzada a manos de fuerzas gubernamentales, según la Red Siria de Derechos Humanos.	Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Amnistía ha hecho un llamamiento a una acción internacional unitaria en apoyo de las familias que llevan años abandonadas a su suerte en la búsqueda de sus seres queridos, a menudo corriendo un gran riesgo, además de hacer frente al impacto de la desaparición.	«Ocho años después del comienzo de la crisis, el Gobierno sirio, los grupos armados de oposición y los Estados que ejercen más influencia sobre ellos –Rusia, Turquía e Irán– han fallado a los familiares de las personas desaparecidas y en paradero desconocido, que llevan años luchando para saber si sus seres queridos están vivos o muertos», ha añadido.	Así, la ONG ha recordado tanto al Gobierno como a los grupos armados de oposición su «responsabilidad de tomar todas las medidas posibles para explicar el paradero de las personas cuya desaparición se ha denunciado como consecuencia del conflicto armado» y «proporcionar a las familias cualquier información que obre en su poder en relación con la suerte y el paradero de sus seres queridos».	Por el momento, el Gobierno de Al Assad no ha revelado la suerte, los nombres y el paradero de las personas detenidas arbitrariamente y desaparecidas a manos de fuerzas de seguridad sirias. Algunas familias recibieron notificación de la muerte de sus familiares detenidos, o pudieron averiguar finalmente que su ser querido había muerto bajo custodia.	Las que reciben un certificado de defunción –la única «prueba» aportada– tienen la obligación legal de inscribir la muerte de la persona en los registros civiles, para poder obtener un certificado de defunción oficial, ha explicado Amnistía, que ha indicado que se suele registrar como causa un «ataque cardíaco» o «derrame cerebral».	Según la responsable de Amnistía, «el Gobierno sirio obstruye de manera activa y deliberada el derecho de las familias a saber la suerte y el paradero de sus seres queridos, y al actuar de ese modo mantiene la insoportable angustia de la incertidumbre que recae sobre los familiares que se quedan, con suma frecuencia mujeres, niñas y niños».