En los últimos meses Costa Rica ha visto, no sin indiferencia, las provocaciones y violaciones estatales contra los salarios, las pensiones, los aumentos tributarios a los trabajadores, la judicialización de las protestas sociales, la liquidación de las conquistas reivindicativas de las organizaciones laborales, mientras quedan inmunes e impunes empresarios transgresores de leyes y políticos corruptos, con la complacencia y complicidad gubernamental. Además de estas acciones también se preparan nuevas leyes contra la ciudadanía y en beneficio de empresas globales.	Por agresiones menores contra el pueblo se protesta y lucha en otras sociedades latinoamericanas. La colusión gubernamental y empresarial han tomado por asalto el aparato estatal para destruir la institucionalidad pública y privatizarla, la traición de las componendas entre partidos políticos, especialmente en el ámbito legislativo y con representantes en el seno del gabinete, están liquidando la democracia costarricense.	La crisis política actual no es ocasionada por la protesta ciudadana, es propiciada por la prepotencia del poder liberal, que provoca y abusa de nuestro histórico civilismo. Hoy, se transgrede flagrante e intencionalmente la Constitución de la República, violentando la centenaria autonomía universitaria a través del condicionamiento ilegal e ilegítimo de la composición de los presupuestos de las universidades públicas. Estas instituciones universitarias han recurrido a la Sala Constitucional, pero no sabemos cuáles ni cuándo serán sus decisiones, dado que sus vaivenes han contribuido al caos jurídico en que nos encontramos.	Afectar a las universidades, es atentar contra la esperanza de miles de jóvenes que anhelan estudiar, conocer y estar mejor preparados para un mundo laboral incierto y una sociedad en permanente cambio. Las universidades públicas garantizan con cupos, becas, alimentación, transporte y habitación, la posibilidad de miles de estudiantes de aportar al desarrollo nacional.	La calidad de vida alcanzada por la ciudadanía, en nuestros días no es monopolio de la acción estatal, es también fruto del esfuerzo de las familias y la contribución que efectúan las universidades públicas y sus programas de docencia, investigación y acción social. Las universidades públicas generan conocimiento, educan a los jóvenes y contribuyen al desarrollo de las comunidades y regiones de nuestro país, coadyuvando al acceso a una vida con mejores condiciones para todos. Vivimos un liberalismo rastrero, que ha privatizado la política	El poder que se desarraiga de su sociedad y atenta contra la situación y condición de vida, intereses y derechos, es un poder totalitario. Ese poder que usurpa la voluntad del pueblo, que subordina a los órganos legislativo y judicial, y que controla los medios de prensa, es una tiranía contra el pueblo, lo público y lo nacional. El poder formal, amparado en una espuria legalidad, no crea legitimidad ni otorga facultad alguna para transgredir los derechos ciudadanos e institucionales.