La investigación ha comenzado después de que el exjefe del cartel asegurara que contactó con Lobo en el año 2009, cuando era candidato del Partido Nacional, y que le «dio dinero para su campaña electoral y a la vez, éste le sugirió que a cambio formaran empresas a las cuales, una vez ganada la elección (…) les pudiera dar contratos por parte del Estado».	«Las obras asignadas por estos contratos en su mayoría no se realizaron e incluso parte del dinero asignado por estos contratos no se cobró sino años después, porque el propósito de la asignación de estos contratos, era básicamente prestigiar y legitimar a la empresa INRIMAR, para poder lavar dinero proveniente del tráfico de drogas internacional a través de dicha empresa», ha subrayado la OEA, que ha añadido que «falsamente se acreditó que se habían hecho y entregado para poder realizar parcialmente los pagos que se efectuaron por el otorgamiento de dichos contratos».