El artículo 73 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, brinda carácter de supremo al derecho del seguro social y el Convenio sobre la Seguridad Social (Convenio 102), constituye el compromiso supranacional de los Estados miembros – entre ellos Costa Rica-  en garantizar ese derecho a sus habitantes. Pero, ¿se cumple dicho derecho?	La diferencia entre un régimen y otro estriba en que, dentro del Régimen Contributivo de Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, la persona ha cotizado una cantidad determinada de cuotas, al haber sido declarada en estado de invalidez o habiendo cumplido la edad requerida, podrá presentar su solicitud de pensión en la sede administrativa y gozar del beneficio de pensión, cuyo monto dependerá del salario reportado ante la Caja Costarricense de Seguro Social durante el período laboral o contribuyente; mientras que en el Régimen No Contributivo de Invalidez, Vejez y Muerte, la persona solicitante no ha cotizado para gozar de ese derecho y, por esa razón, le es necesario el cumplimiento de numerosos requisitos para constituirse el beneficio a la pensión, cuyo monto, actualmente, es por la suma de ochenta y dos mil colones por mes.	Para ser acreedor del beneficio de la pensión por vejez del Régimen No Contributivo, no es suficiente el haber cumplido los sesenta y cinco años de edad – como erróneamente la mayor parte de la sociedad ha creído – sino que, la persona solicitante, además, deberá demostrar, a tenor del artículo 3 del Reglamento del Programa de Régimen No Contributivo:	En palabras sencillas, para aquellas personas que no han cotizado en algún régimen de pensiones, obtener la pensión por vejez se torna crucial, titánico y de difícil acceso; esto deriva en que la mayoría de las y los peticionarios que acuden a la vía administrativa a solicitar la pensión del Régimen No Contributivo, se enfrenten con el rechazo de esta, debido a que no cumplen con alguno de los excesivos requisitos citados.	En consecuencia, la persona solicitante, en pleno ejercicio de su derecho al acceso a la justicia, tutelado en el artículo 41 de la Constitución Política, podrá combatir la resolución denegatoria de pensión ante la vía jurisdiccional, interponiendo demanda ante el Juzgado de Trabajo más cercano y delegando en una persona juzgadora, la procedencia o no de su solicitud.	A criterio de quien redacta y bajo intelección de la normativa de rito, la pensión por vejez citada, es un beneficio estatal de difícil acceso, del cual únicamente podrán asistirse aquellas personas mayores de sesenta y cinco años de edad, que demuestran subsistir en estado de pobreza o pobreza extrema y, por ende, con necesidad de amparo económico inmediato indubitable.	Interesante artículo, muy claro y preciso para conocer los requisitos para accesar al beneficio de pensión por régimen no contributivo de la CCSS. Lo anterior, puesto que con la implementación del Sistema Único de Registro de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), se ha vuelto más difícil el acceso a este, ya que en la motivación del acto administrativo negatorio de pensión, utiliza la CCSS el estudio de trabajo social incorporado a esta base de datos. Esto contraviene la seguridad jurídica para las personas ciudadanas, porque por lo general el estudio realizado por cualquier institución estatal, muchas veces no está actualizado lo que hace incurrir en un error a la administración, al determinar si la persona se encuentra en estado de pobreza extrema o no.	Estar registrado (a) como persona en estado de pobreza o pobreza extrema en la base de datos de SINIRUBE no es un requisito contemplado en el Reglamento de Programa de Régimen No Contributivo, de ahí la pertinencia de acudir a la vía jurisdiccional, para que sea la persona juzgadora, basada en el resultado del Estudio de Trabajo del Poder Judicial, la que determine si la o él solicitante, se encuentra en estado de necesidad de amparo económico inmediato y, con ello, la procedencia o no de la solicitud.	En mi criterio una pensión del RNC no debe ser un derecho como tal, sino un beneficio estatal para aquellas personas mayores de 60 años que demuestre el estudio respectivo no poseer otro tipo de pensión o capacidad económica por si sola para subsistir. Lo contrario sería otorgar ese tipo de pensión a cualquier persona mayor de 60 años, indistintamente de su condición económica, y eso no sería justo. Sería justo que por «derecho» una persona mayor de 60 años que no goce de algún otro tipo de pension, pero con suficientes recursos económicos (propiedades, casas de alquiler, carros, empresas, buena cuenta bancaria, etc), se le otorgue una pensión de este tipo solo por su condición de vejez?