El superintendente de pensiones, don Álvaro Ramos, en recientes declaraciones al periódico la Nación (La Nación, domingo 07 de julio del 2019) aduce que la gente cree que las pensiones son mágicas porque se opera una suerte de expectativa por parte del futuro pensionado que no obedece a la realidad. Aspira a que se le devuelva un monto que no guarda proporción con lo que ha cotizado.  Y destaca que se trata de un comportamiento cínico porque no quieren entender la imposibilidad de ese tipo de “pensiones mágicas”, apelando a que “Papá Estado le resuelva todo”.	El argumento parece impecable, casi mágico, y podría conducir cándidamente a aplaudirlo y hasta celebrarlo con odas por ser uno más en la  lucha contra los “privilegios” y las “gollerías” de los empleados y pensionados del sector público. Pero se olvida don Álvaro que el “Papá Estado”, de manera irresponsable y dolosa, en el caso más sonado de las pensiones del Magisterio Nacional, nunca creó un fondo de capitalización con las cotizaciones tripartitas que sobrepasaban en casi tres tantos a las del Régimen de la Caja. Desvió a gasto ordinario esos dineros de todos los cotizantes desde la creación de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional en 1958, es decir, hace 61 años. Por tanto, si de magia se trata este fondo resultó mágico: hizo un acto de desaparición y se esfumó, se desvaneció… Ello es del conocimiento de la Sala IV en su voto 3447-98 donde, refiriéndose a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, señala la “grave omisión en crear un fondo autosuficiente” por parte del Estado; asimismo se destaca en ese voto que “ahora se pretende que esos yerros históricos, sean asumidos por los beneficiarios de los sistemas…”. El mismo argumento adujo el Licenciado Juan Rafael Espinoza en un artículo publicado en el Foro de La Nación (10 de agosto de 1995), al considerar la reforma que incrementó la cotización al régimen magisterial entre un 10% y un 16%  como “injusta e irracional, además de contraria a la Carta Magna y a la jurisprudencia de la Sala Constitucional”.	Y es verdad, como señala el superintendente, que el Estado tendrá que pagar en este año 2019 la suma de 1.06 billones de colones en pensiones con cargo al Presupuesto Nacional. Pero no es verdad que la culpa la tengan los “antiguos regímenes que fueron cerrados por ser insostenibles”. Tampoco son los pensionados los responsables del endeudamiento del Estado para cubrir las pensiones de las 61.300 personas pensionadas, como destaca el señor Ramos. Si hay algún responsable de esta situación ha sido el Estado  que ahora busca lavarse las manos como Pilatos después de haber usufructuado de esos dineros ajenos y haberlos mal administrado. Una muestra más de la incapacidad y la ineficiencia de nuestros gobernantes, particularmente de los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, que en las últimas cuatro décadas han venido desmantelando el Estado Social de Derecho, con prácticas corruptas y políticas parcializadas a favor de las grandes empresas y el capital financiero.	El superintendente de pensiones apela a una salida fácil y simplista, aduciendo que el costarricense es víctima del “pensamiento mágico”, cuando más bien debería atender a la complejidad que representa la gestión financiera y política de un Estado que no ha sabido conducir la cosa pública con transparencia, ética y eficiencia. Se calcula que de haberse creado y capitalizado adecuadamente un fondo de Pensiones del Magisterio Nacional, y de no haberse particionado en el de Transitorio de Reparto, por un lado, y el de Capitalización Colectiva, por otro, al entrar en vigencia la Ley 7531, el mismo cubriría a los pensionados actuales y contaría con una reserva de 5 billones (5 millones de millones) de colones. Aún así, la reserva para el Régimen  Transitorio de Reparto sería en la actualidad de 1.4 billones (1.4 millones de millones de colones).	La ineficiente gestión del Estado se comprueba en el impulso que ha dado a políticas remendonas donde los platos rotos los han tenido que pagar  los sectores medios y empobrecidos del país. Por tanto, si de cinismo se trata don Álvaro junto con este irresponsable “Papá Estado” resultan ser el mejor ejemplo. ¿Acaso no es cinismo eximirse de no haber creado, resguardado y capitalizado un fondo de pensiones desde 1958 y  pretender ridiculizar, atribuyendo “pensamiento mágico” a los pensionados costarricenses? ¿Acaso no es cinismo seguir encubriendo a los evasores y elusores, principales  disparadores del déficit fiscal, culpando a los pensionados del endeudamiento del Estado?	Por otra parte, y consecuente con su apología del Estado  neoliberal  y privatizante, el señor Ramos, con la frialdad propia de los economistas que  Paul Krugman llama “vendedores de  políticas económicas”, aduce que “hay una gran resistencia a ver la pensión, básicamente, como una cuenta bancaria glorificada…”. No alcanza a explicarse lo que es de sentido común para un costarricense medianamente informado, de que habitamos un país que hace más de medio siglo optó por un pacto social que ha hecho la diferencia entre un Estado oligárquico, regido por el simple interés rentista particular, y un Estado Social de derecho que apuesta por la solidaridad para la equidad y le bienestar colectivo. Adjudica al sistema financiero el poder “mágico” de glorificar los ahorros –convertir el agua en vino– y ser el único garante de una pensión justa y sostenible. Y esto sí es “pensamiento mágico” por cuanto, como bien lo ha constado la OIT en su reciente Informe (La reversión de la privatización de las pensiones. Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina 2000-2018), los regímenes de pensiones privados, es decir supeditados a los ahorros en el sistema financiero, han mostrado ser un fracaso en América Latina y en el mundo.	El superintendente hace caso omiso de la viabilidad y sostenibilidad de regímenes de pensiones que se rijan por el criterio de la solidaridad, procurando que las personas tengan acceso a una pensión digna y justa, es decir, que corresponda al aporte que ha brindado a la sociedad a lo largo de su vida laboral, y que el Estado sea garante de este derecho como está establecido en la legislación internacional. Al parecer, el señor Ramos quiere vendernos un modelo de pensiones sui generis e inédito: público pero que se rija por una lógica de mercado privado, basado únicamente en cuentas individuales. Por eso, no se sonroja al decir que para un trabajador de la Caja que cotiza 10.16%, lo lógico es que al pensionarse reciba entre un 30% y un 35% de sus salario actual y jamás el 55% que se otorga hoy en el IVM. En este sentido, tampoco cabrían las pensiones del régimen no contributivo. En su criterio no hay cabida para la solidaridad que dignifique al pensionado. Don Álvaro ha clausurado la solidaridad del Estado Social de Derecho costarricense, uno de nuestros principales logros como nación.