El dictamen se da tras la consulta realizada por la ministra de MIDEPLAN, Pilar Garrido Gonzalo, en el mes de julio, en donde consultó a la PGR si la Ley 9635 resultaba incompatible con reformas parciales concomitantes y con respecto a leyes anteriores de carácter especial que regulan los mismos temas, pero para sectores o instituciones específicas.	Según la PGR es notorio que la intención del legislador fue la de establecer parámetros generales aplicables a la totalidad de las relaciones de empleo del sector público, lo que incluye la Administración Central y Descentralizada, con independencia del grado de autonomía de cada institución, o del tipo de servicios que presten al Estado. Ello, abarca al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, TSE, Instituciones autónomas y semiautónomas, empresas públicas y municipalidades.	En materia de sobresueldos -incluyendo los regulados en la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas- reafirmó que deben adecuarse a las reglas generales de la Ley 9635. Asimismo, establece que los componentes salariales que se calculaban porcentualmente antes del 4 de diciembre de 2018, deben de nominalizarse y calcularse sobre la base de cada servidor y no su salario total.	«Como rectores de empleo público, actuaremos siempre apegados a la legalidad. La Ley 9635, en especial su título tercero, debe ser implementada en todos sus extremos. El pronunciamiento de la Procuraduría General de la República pretende dotar de mayor seguridad jurídica esta implementación», explicó la ministra de Planificación María del Pilar Garrido Gonzalo.