Ciudad de México, 4 jun (Sputnik).- La orden para detener la construcción de un nuevo aeropuerto en la base militar Santa Lucía, hasta que existan estudios de impacto ambiental requeridos, muestra que la justicia federal mexicana es un contrapeso al poder presidencial, dijo a Sputink Juan Francisco Torres del colectivo «No Más Derroches», que promovió la demanda judicial.	«Al ordenar detener la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, el Poder Judicial demuestra que es un contrapeso real sobre decisiones injustificadas del Poder Ejecutivo, porque el cumplimiento de la ley no puede ser una cuestión aleatoria», dijo Torres Landa, secretario general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), organización que integra la coalición ciudadana que presentó 147 juicios de amparo contra la obra.	El Poder Judicial de la federación mexicana deberá revisar además la legalidad de la suspensión del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó cancelar amparado en una consulta organizada por una fundación de un colaborador cercano, en la que participó alrededor de un millón de personas, antes de asumir el cargo en diciembre de 2018.	López Obrador dijo que acataría la resolución este martes y descartó que se retrasen las obras de construcción por las demandas legales, aunque afirmó que está preparado para que los opositores al proyecto acudan al Poder Judicial para apelar «amparo, tras amparo, pero vamos a cumplir con la ley, les vamos a demostrar que puede más la razón».	Los demandantes consideran además que la justicia federal debe establecer la legalidad de la orden del presidente de cancelar la construcción del NAIM, que llevaba entre 20 y 35 por ciento de avance, y costaría unos 15.000 millones de dólares en el lago disecado de Texcoco, ceca de la actual aeropuerto capitalino, que según los activistas generaría 46.000 empleos directos.