Si se extrapolan esos datos en función de la población de dichos países, equivaldría a unos 130 millones de personas, según el estudio, que también ha constatado que la corrupción afecta de forma desproporcionada a quienes menos tienen hasta el punto de que los más pobres pagan el doble de sobornos que los más ricos. Así, un 36 por ciento de los más pobres paga sobornos frente al 19 por ciento de los más ricos. Asimismo, se constata una diferencia por edades y los jóvenes pagan sobornos que los mayores de 55 años.	Por otra parte, según la décima edición de este sondeo, realizado sobre una muestra de 47.000 personas en 35 países durante un lapso de dos años, más de la mitad de los encuestados creen que la corrupción está empeorando en sus países y el 59 por ciento piensa que su Gobierno no está atajando adecuadamente el problema.	El 36 por ciento ven como los más corruptos a los empresarios, mientras que el 34 por ciento apuntan a la oficina del presidente y el primer ministro y la misma cifra lo hacen hacia jueces y magistrados. Los líderes religiosos son vistos como los menos corruptos, con solo un 16 por ciento que les señala como tales.	Como en sondeos anteriores, la policía es la que mayor parte de los sobornos se lleva lo que podría explicar, según los autores del estudio, el que dos tercios de los encuestados teman represalias por denunciar corrupción. Como nota positiva, resaltan que más de la mitad de los ciudadanos cree que los ciudadanos de a pie pueden marcar la diferencia en la lucha contra este problema.	«La corrupción está lastrando el desarrollo económico, político y social de África. Es una gran barrera para el crecimiento económico, la buena gobernanza y las libertades básicas, como la libertad de expresión o el derecho de los ciudadanos a hacer que los gobiernos rindan cuentas», ha lamentado la directora gerente de Transparencia Internacional, Patricia Moreira.	«Aunque los gobiernos tienen un largo camino que recorrer para recuperar la confianza de los ciudadanos y reducir la corrupción, estas cosas no se producen en el vacío», ha subrayado, denunciando que «los sobornos extranjeros y el lavado de dinero desvían recursos críticos de servicios públicos y los ciudadanos son los que más sufren».	En opinión del asesor regional para África Oriental de la ONG, Paul Banoba, «para reducir la pesada carga de la corrupción sobre los ciudadanos de a pie, los estados africanos que aún no lo han hecho tienen que ratificar y aplicar de forma efectiva la Convención de la Unión Africana sobre la Prevención y Lucha contra la Corrupción». «Los africanos creen que pueden hacer la diferencia, los gobiernos deben permitirles el espacio para ello», ha reclamado.	Así las cosas, Transparencia Internacional insta a los gobiernos a investigar, procesar y sancionar todos los casos de corrupción tanto en el sector público como el privado sin excepción, así como a adoptar prácticas de contratación abiertas, que hagan que los datos y la documentación sean más claros y fáciles de analizar y garanticen la transparencia en los procesos, entre otras medidas.