San José, 29 Ago (Elpaís.cr).- Costa Rica se prepara con un plan de acción interinstitucional de cara a la Evaluación de su sistema antilavado y contra el financiamiento al terrorismo en 2020 en el cumplimiento de los Estándares Internacionales que emite el GAFI para combatir estos delitos y aplicar sanciones sobre aquellos países que identifica con deficiencias estratégicas en sus sistemas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.	La Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas coordina el proceso de cumplimiento y articulación con las instituciones vinculadas bajo la modalidad de asistencia técnica con el apoyo del Banco interamericano de Desarrollo (BID), en un proceso que llevará aproximadamente 8 meses de trabajo continuo y que inicia el 2 de setiembre con la formalización del trabajo conjunto en la Actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos.	Bajo la coordinación nacional de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el acompañamiento del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y el Ministerio Público, particularmente la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales, se han logrado una serie de mecanismos y acciones para prevenir estos delitos permitiendo enfocar los escasos recursos de una manera más eficiente.	Guillermo Araya, Director General del ICD, indicó que a la fecha se ha mantenido el seguimiento de las acciones y se ha logrado la mejora de las calificaciones en 18 recomendaciones del GAFI, “el cual exige aplicar un ejercicio permanente de revisión de las evaluaciones, debido al entorno a que están expuestos los países frente a la criminalidad organizada que genera nuevos riesgos que deben ser abordados, como por ejemplo las nuevas exigencias que el organismo internacional ha emitido sobre las acciones en materia de activos virtuales”.	Señaló además, que en la Evaluación Mutua aplicada en 2015 se concluyó que las calificaciones obtenidas al momento de aprobación de su Informe, ubicaron a Costa Rica dentro del umbral para entrar en proceso de seguimiento intensificado, bajo el inminente riesgo de ser incluida en la lista gris de países no cooperantes.	De acuerdo a los procedimientos establecidos por el GAFI, a los 5 años de realizada la evaluación, se entra a revisar los avances del país en materia de efectividad e implementación por lo tanto, en el 2020 deberá contar con estos instrumentos debidamente actualizados y las instituciones supervisoras como la SUGEF y la Dirección Nacional de Notariado, tienen un especial reto que debe ser acompañado y atendido con la debida seriedad siendo esto un tema país.