La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (# 9635) innegablemente ha tenido un efecto disociador. Introduce en el mundo de las operaciones empresariales un factor novedoso y a la vez complejo de incorporar al trabajo cotidiano de la gran mayoría de las actividades: el impuesto al valor agregado. Un gravamen que no solo recae sobre un inmenso universo de los contratos de compra venta de bienes y de servicios; también inserta un control cruzado sobre ese universo  en el interés de precisar el cumplimiento del deber de pagar el gravamen, allí donde ha de recaer.	Indudablemente, tiene al país “patas arriba”. No solo por la incorporación de un factor –la disciplina en el pago puntual de los impuestos- que resulta bastante subestimado en esta sociedad. También, porque las autoridades hacendarias no dieron cabal cumplido a la exigencia propia de la buena administración de los servicios públicos de alistar con debido y anticipado tiempo, la difusión de los reglamentos y procedimientos burocráticos que han de acompañar este laberinto tributario. Por el interés y necesidad de facilitar la aplicación de las nuevas reglas de juego, hubo que correr. De un lado y  de otro. Y en esa carrera la gestión de Hacienda dejó mucho que desear. Si no es porque más de un consultorio o bufete especializado se echó a la espalda la tarea de explicar los textos desde las tribunas parladas de los medios y las columnas de la prensa, Troya hubiese ardido.	La crisis fiscal -ese inmenso hoyo dejado por una administración de la hacienda pública insensata y  temeraria de varios gobiernos- marca la razón de ser de la ley 9635. Sus alcances afectan los dos frentes de los presupuestos, el de ingresos y el de los gastos. De lo que suceda en unos y en otros, ha de responder el gobierno, fundamentalmente el Presidente de la República y la Ministra de Hacienda. Por los contenidos de sus mensajes a los gobernados y por la dimensión de sus compromisos. Será el tiempo el que diga qué y cuánto cumplieron.	Mucho insistieron las fuentes locales y exteriores que impulsaron la ley, en la gravedad del déficit fiscal y en sus causas. Muy insistentes y repetitivas fueron sus admoniciones sobre uno de los factores –la evasión- más incidentes en la generación del déficit: el año fiscal 2018, por ejemplo, cerró con 800 grandes contribuyentes disputando la cuantiosa suma de US$ 130 millones a Hacienda; 117.000 contribuyentes habían declarado CERO utilidades; desde la Contraloría General de la República se estima que de lo que debía dar el impuesto a las ventas en 2012, hubo una evasión del 29,1%, monto que ascendió al 31,1% para 2016; en 2018 la evasión calculada de este gravamen fue de miles de millones de colones.	Es de colosales dimensiones la tarea pendiente. Quienes existimos dentro de la formalidad  tributaria no dejamos de sentir la mortificación que causa esa parafernalia que nos cae encima por culpa del enorme mundo de gente que se mueve en la informalidad y que sencillamente no existe en los registros de Hacienda.	La experiencia personal nos deja al desnudo las dimensiones de la evasión fiscal en el agro de la provincia de Cartago, donde es público y notorio cómo se oculta o se desfigura el deber de tributar.  Allí donde los trabajos sobre la tierra son muchos, intensos y muy dispersos por todo ámbito, hay fuertes empresarios dedicados a preparar los terrenos para la siembra, con varios modernos chapulines y sus carretas, simplemente no existen fiscalmente hablando. Hace pocos días lo busqué…. ¡cómo me encontró encontrar uno, sí uno, provisto de factura electrónica! Terreno propicio para la policía fiscal.