En el  Colectivo Jubilados en Acción, que agrupa a funcionarios y académicos jubilados  del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del Magisterio Nacional, vemos con preocupación que la información incompleta, y la distorsión de los hechos respecto de nuestras pensiones, difundidos repetidamente por distintos medios,  sean patentes en el  artículo “Jubilados de lujo: este es el top 100 de las pensiones más altas del país”, publicado por varios informativos.	1) Si las jubilaciones del RTR deben cargarse al presupuesto nacional, es porque el Estado, durante más de cincuenta años, desvió los excedentes de cotizaciones a gasto ordinario, dejando al Magisterio sin su fondo de pensiones. Esto constituye uno de los desvíos de fondos más descomunales en la historia del país. Desde la promulgación de la ley 2248, (Régimen de Jubilaciones del Magisterio, 1958), quedó establecido que las contribuciones tripartitas trabajador, patrono y Estado, debían conformar un fondo solidario previsional para el pago de futuras pensiones, mandato que fue incumplido por parte del Estado; esto ha sido reconocido incluso por  Sala Constitucional en su voto 3447-98, en lo que refiere a pensiones a cargo del presupuesto.	2)  Muestran falta de objetividad los periodistas que centran su atención exclusivamente en los pensionados que reciben los montos más altos en nuestro régimen. Los datos de la Junta de Pensiones del Magisterio (JUPEMA) a marzo del 2019, dan una cifra global de 43 487 pensionados en el RTR. De ellos, sólo el 1.75% devengan pensiones superiores a 4 millones nominales, y  léase con atención,	3) Distorsionan la realidad los periodistas que insisten en mencionar “jugosos” montos de pensión en el RTR, que además de ser poco numerosos, son invariablemente nominales, no netos. Los montos jubilatorios, en esos casos, son consecuencia de altos salarios que en el entorno universitario son el resultado de mérito, esfuerzo, productividad y liderazgo, o de recargo por función administrativa;  no se obtienen a manera de privilegio.  Enfatizamos esto último porque es precisamente sobre la base de los salarios que  se aplican universalmente las fórmulas de cálculo de pensión establecidas en las leyes que regulan las  jubilaciones. En algunas de esas leyes se establecieron gravámenes  a las pensiones del RTR que, en conjunto,	4) Las pensiones del RTR han sido otorgadas en consonancia con el  bloque de legalidad mencionado. Por ello sorprende la cita referenciada por el  articulista, respecto de  la “presión política” para resolver “odiosas desigualdades”  porque “muchos tenemos que sostener privilegios de unos cuantos”.  Tales declaraciones no solo muestran una inaceptable estrechez de miras, sino también desconocimiento preocupante y muy peligroso acerca del desvío histórico de nuestras cotizaciones, y la estructuración legal de las pensiones del RTR;  desconocen que el respeto a los derechos adquiridos y la seguridad jurídica son pilares fundamentales de un estado de derecho, lo que se aplica a también a pensiones legalmente otorgadas. Tampoco toman en cuenta que los adscritos al RTR, por ejemplo, cotizaron a lo largo de su vida laboral entre	5) Esas declaraciones también avivan el rencor y la animadversión que los medios han contribuido a sembrar en la mente del costarricense promedio en contra de los pensionados del RTR, quienes, a consecuencia del señalamiento público de que han sido objeto, empiezan a ser marcados como objetivos del hampa organizada. Esta es una situación vergonzosa, en cuanto al trato dado a un conjunto  de académicos y funcionarios,  que incluye a quienes dieron contribuciones señeras a la sociedad en diferentes campos de las artes, las letras, las ciencias y la salud, y en el que encontramos ex Rectores, profesores eméritos, Premios Nacionales, Premios Magón, además de profesionales y científicos, cuya labor no solo ha contribuido a mejorar las condiciones de vida en el país en todos los campos, sino que también ha salvado incontables vidas.