La decisión de la Corte se dio luego de que los magistrados debatieron el decreto ley 903 de 2017, el cual establece que es la jurisdicción ordinaria (y no la transicional, como el caso de la JEP o tribunal de paz de este país) que debe tener a su cargo los bienes que no estén incluidos en el inventario entregado por las FARC tras la dejación de armas.	El conflicto de competencias entre ambos organismos se dio luego de que la JEP (tribunal creado en los diálogos de La Habana) le ordenó a la Fiscalía General que le entregara un informe sobre los bienes de las FARC que no fueron declarados por esa exguerrilla al 15 de agosto de 2017, fecha límite que tuvo para entregarlos.