«Quienes recibieron a Guaidó en la cancha de fútbol de Aguaclara (zona rural de Puerto Santander, nordeste) fueron miembros de la Fuerza Pública colombiana, estamos seguros de eso. ¿Qué hacían ellos ahí si no era porque sabían de antemano que Guaidó llegaría por esa trocha ilegal en un acuerdo con paramilitares de Los Rastrojos?», dijo Cañizales a esta agencia.	La denuncia se conoce luego de que en la víspera el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, reveló unas fotografías de Guaidó con cabecillas de Los Rastrojos, al parecer tomadas el 22 de febrero, día en que el diputado venezolano pasó a Colombia para participar del concierto Venezuela AID Live y liderar el paso de «ayuda humanitaria» a su país.	En las fotografías reveladas por Cabello se observa al autoproclamado presidente interino de Venezuela con la misma indumentaria que llegó a Colombia y en compañía de Albeiro Lobo Quintero, alias ‘Brother, y John Jairo Contreras, alias ‘El Menor’, cabecillas de Los Rastrojos y quienes permanecen detenidos en la ciudad colombiana de Cúcuta desde junio pasado.	«Nos interesa con esta denuncia que haya investigaciones si se comprueba que el Gobierno colombiano tiene responsabilidad en este operativo; vamos a solicitarle a la Procuraduría General (Ministerio Público) que abra una investigación siempre que encuentre indicios, para lo cual entregaremos material probatorio, videos, fotografías y otros elementos de los que disponemos», agregó Cañizales.	Días antes del concierto organizado por el magnate británico Richard Branson, la Fundación Progresar mantuvo comunicaciones con habitantes del sector rural de Cúcuta y de Puerto Santander, que advirtieron que Los Rastrojos adelantaban un toque de queda sin que en ese momento se conocieran los motivos del mismo, explicó el director de la organización no gubernamental.	«Nos dijeron que el grupo paramilitar Los Rastrojos, que opera en esa zona desde el año 2012 y que controla todo en la región, impuso un toque de queda en las poblaciones de Guaramito y Aguaclara, y que por varias horas no dejaron salir a nadie de sus casas ni circular en carros y motos», recordó Cañizales.	«Nosotros no entendimos bien qué ocurría, pero al otro día, el 22 de febrero, la gente nos volvió a llamar para decirnos que todo había regresado a la normalidad y que el toque de queda se organizó para facilitar el paso de la caravana de Juan Guaidó, lo que consideramos fue un paso ilegal», agregó.	«Le advertimos de que nosotros nos encargaríamos de adelantar las acciones jurídicas para probar su responsabilidad; nos parecía que era una irresponsabilidad prestarse para ese tipo de situaciones», señaló Cañizalez, cuya fundación, con más de 30 años de existencia en Cúcuta y en la frontera con Venezuela, acompaña alrededor de 60 organizaciones sociales, campesinas y comunidades de 15 municipios de Norte de Santander.	«Queremos enviar el mensaje de que no todo vale para conseguir los objetivos políticos. El Gobierno colombiano no puede seguir jugando al todo vale contra Venezuela, porque esa práctica nos ha llevado a 50 años de conflicto armado en nuestro país y a alianzas de la clase política con el paramilitarismo. No todo vale por parte del gobierno de Duque para tumbar a Nicolás Maduro», concluyó Cañizales.