Todo inició el 26 de junio pasado con el análisis de un explosivo que hallaron en el despacho de la diputada Zoila Rosa Volio. Esa bomba era similar a una bombeta de turno, pero le agregaron nitrato de potasio y la envolvieron en un material para darle más potencia. Los antisociales pretendían hacer el mayor daño posible.	Luego vino el caso de la segunda bomba, la que pusieron el 27 de julio en las afueras de Televisora de Costa Rica. Esa estaba hecha con un extintor, pólvora negra y nitrato de potasio; el extintor servía también de compresor, lo cual le dio más potencia al explosivo en comparación con el primero. Según los análisis de los especialistas forenses, la capacidad de expansión (o daño) del explosivo era de unos 100 metros.	“En la Asamblea utilizaron un explosivo con una capacidad de detonación, pero le faltó un factor de explosión, calor y choque. En el segundo evento en Teletica ellos trataron de evitar el error que cometieron en la Asamblea Legislativa y utilizaron otro tipo de pólvora en la que era más fácil hacer la detonación, basándonos en esto sabíamos que tenían que ser personas que tuvieran cierto conocimiento en la fabricación de bombas”, dijo González.	Pero la cosa no quedó ahí, el grupo planeó un nuevo golpe y modificó las bombas para que fueran más dañinas. Esas pretendían hacerlas estallar el 15 de setiembre, pero un día antes la policía detuvo al hombre de apellido Borbón, quien llevaba en un bulto dos bombas. Lo agarraron en El Guarco de Cartago mientras se movilizaba en un bus.	El 11 de abril los agentes judiciales recibieron información confidencial de que Víquez estaba activo en las redes sociales bajo el nombre de Antonio. Al revisar los perfiles se dieron cuenta que la persona que los administraba efectivamente tenía características similares y empezando porque Antonio es el segundo nombre del sacerdote, además la persona ponía que tenía un doctorado (Víquez tiene uno), y también, indicaba que tenían la misma edad: 54 años.	“Logramos verificar que la dirección IP con la que se abrieron las cuentas estaban en México y eran de telefonía móvil, eso provocó que hiciéramos un contacto directo con la Policía Federal Mexicana, en particular con la unidad de Prevención de Delitos Electrónicos de la División Científica”, detalló Wálter Espinoza el día que anunciaron la captura.	El hallazgo del cadáver se dio el 28 de abril del 2018, pero luego de una investigación el 21 de noviembre de ese año la policía detuvo a cuatro integrantes de una presunta banda narco que habría retenido durante tres días y hecho llamadas extorsivas a los familiares del hombre en Cali, Colombia.