El plan, de acuerdo a lo que indicó el secretario de Estado, era que el Gobierno de República Dominicana forzara la venta del 49 por ciento de las acciones de Venezuela de una empresa de Petrocaribe por 700 millones de dólares los cuales no pagarían bajo el argumento de que las sanciones de Estados Unidos se lo impedían.	El 23 de enero, dos días después de que el Tribunal Supremo anulara su designación, el diputado se autoproclamó “presidente encargado” de Venezuela, apelando a un artículo de la Constitución que prevé la figura en caso de que exista un vacío de poder, pero no bajo el argumento de “usurpación del cargo”, como alegó.