«Lamentablemente en Latinoamérica, salvo Uruguay y Argentina, al resto nos ha tocado hacerlo por vía judicial, justamente porque los Estados y los legisladores, los Gobiernos no lo ven como una causa de derechos sino como una causa de votos y de ponerse en contra de las mayorías», dijo Paula a Sputnik.	«La decisión de la CC ha significado una especial alegría para las poblaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales) no necesariamente porque todos quieran casarse, no necesariamente porque todas las personas sientan que la institución del matrimonio acoge a todos y todas, pero más bien como un tema de igualdad», explicó Paula.	La opinión consultiva 24, formulada en 2017 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a pedido de Costa Rica, establece los derechos de la población LGBTI a la igualdad y no discriminación, a la identidad de género y a la familia, en virtud de lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos.