Luego de casi tres años de trabajo conjunto, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la CICIG determinaron cómo operaba la estructura dentro del Ministerio de Salud Pública, la cual ocasionó “un detrimento importante del erario público mediante la asignación de contratos con el fin de obtener un beneficio individual  ilícito”.	El 31 de agosto de 2018, el jefe de Estado anunció que no prorrogaría el mandato de la CICIG, que terminará el próximo 3 de septiembre, y Porras tampoco adoptó las medidas para garantizar la continuidad de entes como la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), lo cual amenaza más de 70 casos conjuntos. (Sputnik)