La jerarca recordó que el Ministerio de Comunicación fue quien de manera oficiosa alertó a la CGR sobre un posible riesgo de no recibir los servicios requeridos por parte de la empresa adjudicada. “Apenas tuvimos conocimiento del posible riesgo informamos inmediatamente a la Contraloría, pues el procedimiento ya estaba en manos de ellos”.	La Presidencia de la República tiene asignado en la subpartida de Publicidad y Propaganda ₡240 millones, la más baja de los últimos doce años. De ellos, ₡150 millones están destinados para contratar a una agencia que le permita al Ministerio de Comunicación reforzar la rendición de cuentas a la ciudadanía, contrarrestar la desinformación, divulgar con mayor precisión sobre la gestión gubernamental, además, se ejecutaría en trabajos de mercadeo digital, publicidad, producción, monitoreo de redes y compra de pauta para medios nacionales y regionales.	“Si bien son necesarios los servicios de una agencia de publicidad que nos permitan informar a la ciudadanía de la gestión gubernamental, es imperativo que las contrataciones sean no solo apegadas a la legalidad sino que la inversión pública sea eficiente. Por eso nos tomamos esto con la mayor seriedad, defendiendo los recursos públicos para invertirlos de la mejor manera”, precisó la ministra.