Ginebra, 28 May. (EUROPA PRESS).- La incapacidad del régimen de Corea del Norte de cubrir las necesidades más básicas de sus ciudadanos les obliga a vivir en realidades y mercados paralelos en los que básicamente dependen de los sobornos a funcionarios para ver cubiertos derechos teóricamente «universales e inalienables» como son la alimentación, la atención sanitaria o la libertad de movimiento.	Así figura en un informe publicado este martes por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y en el que se asegura que el sistema de redistribución estatal ideado por el régimen comunista lleva más de dos décadas roto, lo que obliga a la ciudadanía a buscarse la vida y arriesgarse a ser víctimas de arrestos o extorsión.	Naciones Unidas ha recabado 214 testimonios de desertores en Corea del Sur y ha denunciado las consecuencias de un colapso que comenzó en la década de los noventa. Desde entonces, los ciudadanos apenas pueden vivir de lo que les proporciona el Estado –desde trabajo a comida o ropa– y se ven abocados al denominado ‘sector informal’.	«Si sigues las instrucciones, te mueres de hambre», resume una de las personas entrevistadas. Todo el sistema termina dependiendo por tanto de prácticas tan ilegales como asentadas como el soborno de funcionarios que pueden hacer la vista gorda frente a quienes aspiran a tener algún tipo de negocio privado, por rudimentario que sea, sin ser detenidos.	Sin embargo, el Gobierno destina grandes recursos a gastos militares y Corea del Norte mantiene el mayor ratio per cápita de personal militar de todo el mundo. Esta militarización se traslada también a las perspectivas de vida de la juventud, ya que más de un millón de hombres y mujeres jóvenes se ven obligados a dejar su trabajo para incorporarse a las Fuerzas Armadas.	Bachelet ha tachado de «horribles» unas cifras que «rara vez se encuentran incluso en países asolados por el conflicto». «Me preocupa que el foco constante en el tema nuclear siga desviando la atención de la terrible situación de Derechos Humanos para muchos millones de norcoreanos», ha subrayado, en alusión a los trabajos en favor de la desnuclearización de la península de Corea.	La jefa de Derechos Humanos de la ONU ha subrayado que «nadie debería ser arrestado, procesado o extorsionado simplemente por intentar lograr un nivel de vida adecuado», por lo que ha llamado a introducir «una batería de reformas significativa» que comienza por abrir el abanico de libertades para una población asfixiada.