El Magistrado Redactor de la Sala Constitucional, a cargo de la Sentencia 18-019511, comienza por trascribir parte de los informes y dictámenes del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea,  de la Contraloría General de la República,  de la Ministra de Hacienda, del Banco Central y del Estado de la Nación (folios 126 a 134), para tener como cierto que	¿Es correcto que la Sala Constitucional se haga eco, acríticamente, de las afirmaciones y doctrinas financieras y económicas que sustentan las iniciativas del Presidente y los Diputados representantes del Tripartido  Neoliberal que nos gobierna, convirtiéndose así en un agente más de la efectividad de dichas iniciativas , como ya lo fue en el pasado con respecto al TLC y las leyes complementarias?	de la efectividad del conjunto de los derechos humanos que caracterizan el Estado Social de Derecho; porque, para decirlo  en breve, sin equilibrio hay crisis, y si hay crisis, no hay plata para sufragar el costo de los derechos sociales, que implican prestaciones positivas del  Estado. La Sala dice eso mismo, pero en largo:	“…La Sala advierte que, para que un Estado Social de Derecho pueda persistir y cumplir sus fines constitucionales y legales, deviene necesario que se efectúe un sano manejo de las finanzas públicas; es decir, de manera inexorable debe existir un equilibrio entre los derechos prestacionales y la solvencia económica estatal, ya que los primeros dependen de las posibilidades materiales propiciadas por la segunda, mientras que el sentido de esta última es fortalecer el desarrollo de un sistema político solidario, uno en el que los estratos menos favorecidos de la sociedad encuentren resguardo de su dignidad humana y su derecho a progresar. Dicho de otra forma,	el Estado Social de Derecho “ideal” es el Estado Social de Derecho “posible”, contra el que precisamente se actúa, cuando se quebranta el principio de equilibrio presupuestario, toda vez que, a mediano plazo, eso pone en serio riesgo o del todo impide obtener los recursos necesarios para sustentar un Estado Social de Derecho “real”, uno del que verdadera y efectivamente puedan gozar los más vulnerables…	La práctica de equilibrar anualmente las cuentas de los gastos y los ingresos, considerada con razón como muy saludable para los negocios de las empresas, pasó a los presupuestos estatales a partir del Siglo XVIII en Inglaterra para facilitar el papel de control del Parlamento, y fue vigorosamente apoyada por Adam Smith y su escuela (Cfr.	Aguilar, Madrid, 1956; págs. 756 y sigtes., 789 y sigte.). De ese modo llegó a estimarse técnicamente provechoso que todo presupuesto anual presentase un estado de equilibrio entre ‘los gastos presupuestos y los ingresos probables’.  Sin embargo (como me enseñaba en su tiempo  don Rodrigo Soley Carrasco, mi profesor de Finanzas Públicas en la Facultad de Ciencias Económicas), el descubrimiento de los ciclos económicos del sistema capitalista condujo a la doctrina a atenuar la rigidez de aquella regla técnica, a fin de implementar políticas anticíclicas en las que aquellos equilibrios anuales mecánicos y simplistas cedían a la necesidad de tratamientos de las ondulaciones de la economía nacional que se estimaba más apegados a la ciencia (Cfr. la abundante literatura desde Keynes y Rostow hasta Myrdal, pasando por Abba P. Lerner:	Sin embargo, la dura crisis económica que sacudió el Primer Mundo en 2008, indujo a varios gobiernos de la CEE a adoptar una directiva comunitaria orientada a otorgar rango jurídicamente preferente al mencionado principio, a fin de combatir el flagelo del déficit; llegando el caso de que en Italia se promoviera en ese sentido, en el año 2012, una reforma del artículo 81 de la Constitución. Y en Estados Unidos, la administración Obama pretendió adoptar una medida semejante, que sin embargo fue victoriosamente frustrada por un fuerte movimiento de opinión guiada por una campaña de oposición de parte de ocho de los más egregios economistas del País, entre ellos, cinco premios Nobel de Economía: los profesores  KENNETH ARROW,	San José, 2004, pág. 145 y sigtes.), entonces la aprobación de un presupuesto deficitario acarrearía su invalidez, por la no conformación de la especie fáctica.  De modo que la prueba más contundente de que aquella proposición no forma parte de una norma jurídica es que en Costa  Rica (salvo en dos ejercicios en los que se obtuvo un tenue superávit), hace treinta y ocho años vivimos, año tras año, con presupuestos deficitarios, es decir, con presupuestos jurídicamente inválidos (Helio Fallas	La diferencia principal entre la regla técnica y la norma jurídica es que la inobservancia de la primera trae como consecuencia la frustración del resultado material que se buscaba; mientras que la inobservancia de la norma jurídica es la no producción del efecto jurídico postulado (en nuestro caso, la validez). Acabamos de comprobar que no estamos ante una norma jurídica; y la prueba más contundente de que se trata de una regla técnica resulta de la siguiente comparación:	: En ningún caso, dejar de usar tornillos o clavos para unir las partes de una mesa de madera; y el carpintero sermonea al novato que omitió la regla, por la frustración del resultado: se lo dije, su omisión  trajo (como efecto real) la destrucción de la mesa, por separación de sus  materiales.	Y entonces, si el equilibrio presupuestario no constituye en absoluto, en Costa Rica, un componente de una norma jurídica ni un principio jurídico de pretendido rango constitucional ¿cómo se le podría atribuir una eficacia normativa transversal en el sistema de los derechos  sociales fundamentales?  Aquí se derrumba toda la construcción de la Sentencia que comentamos.	A mí me parece que la Sala, conocedora de la reciente experiencia de la CEE, ha pretendido conferir al equilibrio presupuestario el rango de principio jurídico fundamental, porque simultáneamente está sosteniendo la afirmación (que corresponde al campo de la Economía Financiera) de que la inobservancia del pretendido principio ha sido una de las causas de la crisis fiscal; de modo que el escenario que la Sala pretende hacernos aceptar sería el de una grave crisis fiscal (realidad económico-financiera) causada por la violación del principio jurídico fundamental del equilibrio presupuestario (orden jurídico-constitucional). Simple y eficaz: ¡dos pájaros de un tiro!	Pero ya vimos que la regla del equilibrio presupuestario no es un principio jurídico fundamental; y ahora veremos que su infracción no ha constituido, en sí misma, una causa de la crisis: las causas son otras, y con frecuencia los expertos las omiten, maliciosamente o  por temor. No las dice, por ejemplo, el informe de Servicios Técnicos de la Asamblea (marzo de 2018):	“…de acuerdo con lo indicado en el Programa Macroeconómico 2018-2019 del BCCR, según cifras preliminares para el 2017, el Gobierno Central acumuló un déficit financiero de 6,2% del PIB (5,3 % el año previo), producto del mayor crecimiento del gasto total (9,1%) respecto al de la recaudación tributaria (5,3%). Los ingresos y gastos primarios (excluido el servicio de intereses) ubican el déficit primario en 3,1% del PIB (2,4 un año antes). Consecuente con un déficit financiero recurrente, el saldo de la deuda del Gobierno Central continuó trayectoria su creciente y, para el 2017 la razón de deuda a PIB fue 49,2%.	El informe nos da las cifras del desequilibrio, pero ¿cuál es su causa principal? Lo saben todos:  Servicios  Técnicos, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, la Contraloría, etc., pero ninguno lo admite públicamente: dentro de un marco general de corrupción en el País, sobre todo en las esferas superiores del poder,	: una política de exenciones para grandes empresarios; una normativa que no conduce a una incisiva y eficiente tributación directa, sino que insiste en los injustos tributos indirectos; y una administración tributaria que tolera una evasión fiscal que en 2013 fue estimada (por el entonces Ministro Elio Fallas: informe de febrero 2016)	) y especialmente a las grandes empresas nacionales y transnacionales, no la asume ningún gobierno desde hace muchísimos años (tampoco el actual); particularmente desde que se fue haciendo patente y claro que, de continuar por ese camino, nuestra Hacienda Pública se vería privada de la fuente de ingresos más sana y cuantiosa de que disponen desde hace un siglo los países civilizados y verdaderamente democráticos, con el consiguiente y progresivo deterioro de sus finanzas: los desequilibrios presupuestarios que vinieron no son la causa sino el síntoma de ese estado de cosas, que es ya una forma grave de corrupción: la colusión de la clase gobernante con los ricos, en perjuicio del pueblo.	Señores Magistrados: la causa de la crisis fiscal no es la violación de un pretendido principio de equilibrio presupuestario, sino la criminal colusión entre la clase gobernante y la oligarquía nacional y transnacional.  Y el ‘pato de la fiesta’ no deberá ser el Estado Social de Derecho ni los derechos humanos, como Ustedes pretenden.	Eso es predicable de cualquier Estado ¿por qué la Sala recalca ‘Estado Social de Derecho? Porque su intención es condicionar los derechos sociales, económicos y culturales a la disponibilidad de los recursos financieros, con el objetivo de librar del reproche de inconstitucionalidad a numerosas disposiciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.  Lo revela en el párrafo siguiente:	Es curioso observar que el Estado costarricense tiene mecanismos muy efectivos (los poderes de la Corte Plena y de la Asamblea Legislativa) para garantizar sobresueldos y altas pensiones a los Magistrados y otros altos Funcionarios; pero en cambio, los mecanismos que garantizarían la fundamentalidad de los derechos fundamentales no aparecen por ningún lado: los recursos financieros son escatimados si se trata de garantizar las rentas legítimas de las instituciones de bienestar y seguridad social. En relación, por ejemplo, con el Patronato  de la Infancia y la CCSS, la Sala Cuarta razona así:	“…el Poder Ejecutivo, en la medida que los ingresos así lo permitan, tiene la obligación de financiar los programas sociales para mantener y profundizar el Estado social de Derecho. Nótese que tanto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como en el Protocolo de San Salvador, que adiciona los derechos económicos, sociales y culturales a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se condicionan estos derechos	Pero ocurre que, ante la masa multimillonaria constituida por los recursos periódicos del Estado, el que agarra primero, agarra seguro y completo, de acuerdo con su peso político y no con la escala de los valores constitucionalmente establecidos. De modo que, díganme los señores magistrados ¿por qué la grave situación fiscal actual torna materialmente imposible las transferencias al Patronato, pero no hace imposibles los sobresueldos de Ustedes, los magistrados, ni los de otros altos funcionarios? ¿Será que los sobresueldos constituyen derechos ‘más fundamentales’?	La verdadera cuestión es ¿con qué criterio se establecen las prioridades?  Los sobresueldos de los magistrados, los gastos de representación ¿son prioritarios frente a los derechos del niño a un crecimiento sano? Los gastos confidenciales del Presidente, la apertura de nuevas embajadas en lugares remotos, los onerosos programas de imagen ¿son prioritarios con respecto a las transferencias debidas a la Caja? Digamos las cosas con claridad: si un gobierno asigna todos los recursos públicos con preferencia a cubrir los gastos propios del aparato estatal  tradicional, y al final (¡qué casualidad!) no queda nada para derechos humanos, ESTÁ CONFESANDO, IMPLÍCITA PERO CLARAMENTE, QUE NO CREE EN LOS DERECHOS HUMANOS, NI EN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS INTERNACIONALES QUE LOS PROCLAMAN.	“…Tampoco puede aceptarse el argumento de que, si la disposición impugnada no respetara el límite de los ingresos aprobados en el Presupuesto, la norma violaría el artículo 81 de la Constitución, por carecer de cobertura financiera.  Aparte del hecho de que, una vez que se le ha identificado normativamente, el núcleo insuperable de las garantías requeridas para hacer efectivo el derecho  al estudio y a la educación de los alumnos discapacitados no puede ser financieramente condicionado en términos absolutos  y generales,  es evidente que la alegada violación del artículo 81 constitucional es el fruto de una visión incorrecta del concepto de ‘equilibrio del Presupuesto’ (…)  La garantía de los derechos humanos irreductibles compromete al Presupuesto, y el equilibrio de éste no puede condicionar su cumplida satisfacción.”	se refiere a la elaboración interna del Presupuesto: a la elección entre los recursos ya disponibles, los cuales deberán ser distribuidos según una visión que priorice los derechos fundamentales (o, al menos, su núcleo esencial). Hay que dejar de pensar que la tutela de los derechos humanos se traducirá en un aumento del gasto (o de la deuda pública), y efectuar la distribución de las partidas presupuestarias empezando por (y dando preferencia al) núcleo inviolable de los derechos fundamentales. Es lo que he definido, y me parece la auténtica novedad de la sentencia analizada, como	Frente a una política nacional e imperial en América, orientada hacia el neoliberalismo y por ende proclive a la negación de los derechos humanos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica se pliega a la tendencia del Gobierno, sacrifica los derechos humanos y trata de justificar su decisión invocando un principio que es, jurídicamente, un fantasma.