En esta etapa del capitalismo globalizado en la que las ambiciones económicas desenfrenadas colisionan con la viabilidad del planeta, un hecho aparentemente aislado en una localidad del interior de Brasil captura en sí mismo todos los ingredientes para entender la época en la que vivimos. Nos toca presenciar nuevamente, tras tres años, un hecho de fatal negligencia empresarial como lo es el aluvión de lodo y minerales tóxicos, responsabilidad de la gigante multinacional Vale do Rio Doce.	Con una interminable lista de daños y afectados que esperan justicia y reparación, un aparato del Estado incapaz de regular y supervisar la situación, somos testigos de un desastre ecológico irreparable por décadas.Como si fuera poco, existen 422 instalaciones similares solo en el estado de Minas Gerais e incontables a nivel mundial que son como bombas de tiempo sobre los trabajadores y las comunidades aledañas a las explotaciones.	El 5 de noviembre de 2015 una compañía minera adquirió súbita visibilidad mediática por el deslave producido en una represa minera en Mariana (Minas Gerais – Brasil), un estado vinculado históricamente a las extracciones metalíferas. Se trataba de la compañía local Samarco, propiedad de la empresa Vale do Rio Doce -más conocida como “a Vale”- en copropiedad con la compañía internacional BHP Billiton.	El hecho ocurrió al desmoronarse las represas Fundão y Santarém en la localidad de Bento Rodriguez a 35 km de Mariana y demostró la capacidad destructiva de un aluvión de barro al sorprender comunidades rurales matando a diecinueve personas, arrasando con cultivos, granjas y animales domésticos a su paso. Los damnificados ambientales directos ascendieron a 300 familias que quedaron sin hogar, que fueron evacuadas a la ciudad de Mariana y que según los informes dos años después, luego de las primeras ayudas y solidaridades iniciales, fueron discriminadas, viven como parias sin resolver su situación, sufren daños psicológicos, sociales y laborales, y no obtuvieron ningún tipo de reparación o compensación por parte de la justicia.	Los perjuicios económicos sufridos por el cierre de la producción minera se extendieron a la economía, al comercio y hasta a la propia administración pública de la región de Mariana; irónicamente, la hostilidad de los vecinos se volcó no tanto contra la empresa sino contra los refugiados, repercutiendo en situaciones de bullying escolar sobre sus niños y niñas. Este hecho representa una pequeña muestra de un fenómeno mundial que llamó la atención de las Naciones Unidas y que denomina los “refugiados ambientales”.	La investigación indicó que no sonaron las alarmas, pero la influencia de la empresa logró dilatar las sentencias de fondo y absorbió en parte dictámenes blandos sobre compensaciones a los damnificados, sanciones que sin lugar a dudas no alcanzaron para que extremaran las medidas precautorias en sus otros emprendimientos mineros, ni siquiera en el mismo estado de Minas Gerais.	El tiempo fue demostrando que el impacto inmediato era solo el principio de la destrucción. La gigantesca masa aluvional, estimada en 44 millones de metros cúbicos (equivalente a 16.700 piletas olímpicas), supuestamente de agua, arena y barros -según la declaración oficial de la empresa- aunque también se comprobó era rica en residuos minerales altamente tóxicos, resultó mortífera. Posteriormente las noticias empezaron a dar cuenta de que la masa de barro se desplazaba hacia el curso del Rio Doce -la quinta cuenca fluvial en orden de importancia de Brasil- que atraviesa el estado de Minas Gerais primero y el de Espirito Santo después hasta desembarcar en el mar.	La mancha tóxica fue matando toda forma de vida en un recorrido de 655 km, perjudicando a 230 municipios que dependen de la calidad del agua de esa cuenca y a todos quienes directa o indirectamente viven o vivían del río: pescadores, agricultores, turismo, etc. Los peces, los pájaros, toda la flora y fauna fueron arrasados y la cuenca quedó “semiesterilizada” (se estima un biocidio cercano al 80%) aunque la magnitud no se logró dimensionar hasta que alcanzó el mar. Solo allí pudo verse una mancha de más de 20 km de ancho desde la costa que se extendía por casi 120 km de sur a norte, y que afectaba la fauna marina en territorios en donde, entre otras medidas, se invierten fortunas para garantizar la supervivencia de especies como las tortugas marinas amenazadas de extinción.	Cuando los reflectores de algunos medios brasileños se apagaron, la empresa recibió sanciones simbólicas y aprovechó la poca difusión en medios internacionales para extender sus inversiones en otros países, entre ellos Argentina. Precisamente en 2016 la empresa publicó una solicitada anunciando que retomaría una explotación de potasio en la provincia de Mendoza, lo que fue divulgado por la nación y la provincia como un ejemplo de llegada de la “lluvia de inversiones”, aunque podría decirse afortunadamente que quedó, por el momento, solo en aprontes.	Sin embargo, en esta oportunidad no se trató de un foco ocasional; la epizootia estalló al mismo tiempo en diferentes puntos y comenzó a extenderse, aunque llamó la atención que la distribución de casos de las primeras ondas coincidiera fuertemente con el desastre previo de la Vale. Es decir, por todo el ecosistema unido por el Rio Doce.	En este caso, se utilizaron estudios de otros fenómenos naturales, por ejemplo, erupciones volcánicas, para entender cómo se re-biologiza una región que ha sido esterilizada. Allí se vió que los insectos podían crecer sin límite ya que se           encontraban en una región sin depredadores. Los peces, aves y anfibios que se alimentan especialmente de las larvas de los mosquitos, en ausencia de ellos, podían multiplicarse sin límites aumentando así la posibilidad de transmitir enfermedades como la fiebre amarilla a los monos o a los campesinos, cazadores, pescadores o turistas que se internaran en las zonas selváticas.	En Brasil, desde el inicio del brote en diciembre de 2016 y hasta el 31 de mayo de 2017 se notificaron 792 casos confirmados de fiebre amarilla con 274 defunciones. Con relación a las  defunciones confirmadas, según sitio probable de infección, 165 correspondieron a Minas Gerais y 85, a Espírito Santo, reuniendo para el período el 90% de los casos.	La represa Córrego do Feijão -nuevamente propiedad de la Vale do Rio Doce- colapsó súbitamente afectando en primera instancia al comedor de la empresa en donde estaban almorzando 100 trabajadores, pero luego se extendió como un alud por un valle densamente poblado por trabajadores y fundos rurales. La represa estaba inactiva -es decir sin recibir nuevos desechos- por casi tres años, tenía certificados de seguridad recientes y en su desmoronamiento pudo haber afectado a dos represas más de la región. A la fecha, 50 personas, número que ya parece imposible que crezca, fueron rescatadas del fango.	Si se comparan los dos eventos, el deslave de Brumadinho resultó más letal -probablemente por la hora, la presencia de trabajadores activos, la densidad de población rural y los desniveles del valle de evacuación, con un volumen derramado total de 34 millones de m3, apenas un 22% menor a la de Bento Rodriguez, produciendo un torrente tóxico que ya se desplazó 55 km por el río Gualaxo del Norte y que afectará a una represa en Mariana antes de llegar al castigado Rio Doce.	Por el momento se sabe que se apresaron a los cinco ingenieros que firmaron el último certificado de seguridad de la represa. Sin embargo, el peligro continúa ya que el estado de Minas Gerais, uno de los más grande de Brasil, cuenta con 422 diques de material semilíquido de desechos mineros, 22 de los cuales no están certificados. Estas “barragens” están conectadas con cuencas hidrográficas que son múltiples, factor que hace conocido a Minas Gerais como una “caja de aguas”, estas son vitales para los ecosistemas porque son utilizadas por sistemas de agua potable de municipios y ciudades de diverso porte, por usinas hidroeléctricas, represas, canales de irrigación, pesca, turismo, navegación, etc.	La empresa Vale do Rio Doce que conecta las dos catástrofes fue fundada en 1942 como una empresa estatal. En 1997 fue privatizada por el gobierno neoliberal de Fernando Henrique Cardozo -bajo el argumento de que el sector privado sería más eficiente en su gestión que el Estado- y capitalizada en una alianza con capitales canadienses y japoneses en 2006. Hoy es un holding propietario de empresas en cinco continentes y lidera la producción de hierro y níquel a nivel mundial.	A excepción de las indemnizaciones a las víctimas, la justicia brasileña -tan ágil para otros temas- aún no ha establecido sentencia firme por la responsabilidad de los hechos de Mariana, pero si bloqueó 1.600 millones de dólares de sus cuentas, mientras las acciones de la empresa bajaban 8% en Wall Street.	El impacto psicológico de las familias de las víctimas, las consecuencias socioeconómicas y ambientales y los múltiples efectos sobre la salud de la población, directa e indirectamente afectada, pueden desprenderse del “modelo de Mariana”, con sus escasos aciertos y sus numerosos errores. Pero ¿cómo se paga la responsabilidad cuando la negligencia deviene en un crimen colectivo que afectará generaciones enteras? Si está claramente pautado el castigo por el homicidio culposo de una persona, ¿cuál es la pena por la muerte de centenas de ellas?	El caso de Brumadinho revela las múltiples colisiones entre los gigantes del capitalismo globalizado y las consecuencias locales de sus acciones depredadoras y desaprensivas. La salud de la población en sus dimensiones catastróficas, el impacto sobre la salud mental, sobre el ambiente, la vivienda y los riesgos epidemiológicos están siendo gravemente afectados, mientras la justicia tradicional y las transitorias pérdidas económicas en los mercados que puedan sufrir los responsables no alcanzan “para que el gobierno de los ratones le ponga el cascabel al gato especialmente si este es el que financia al gobierno de los ratones”.