Estos territorios fueron definidos en el artículo tres del reglamento de la Ley de Biodiversidad de 1998 como un “espacio geográfico definido, declarado oficialmente y designado con una categoría de manejo en virtud de su importancia natural, cultural y/o socioeconómica, para cumplir con determinados objetivos de conservación y de gestión”.	Jenny Asch Corrales, funcionaria del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), comenta que para crear una ASP se tiene que seguir un procedimiento definido por ley. Primero, deben hacerse algunos estudios técnicos (ecológicos, biológicos, químicos, sociales) para velar por el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación y otros convenios internacionales a los que el país está suscrito para concebir tales zonas.	Con el fin de mantener un control sobre la administración y manejo de dichos lugares, cada uno de estos cuenta con un plan general de manejo. Este documento funciona como una herramienta de planificación en donde se explica la manera en que se va a desarrollar el sitio en un plazo de diez años.	Los consejos locales también se establecen para que varias instituciones públicas que administran una ASP puedan ponerse de acuerdo. Un ejemplo de esto es el caso de la Reserva Alberto Manuel Brenes, manejada en conjunto por la Universidad de Costa Rica, el Sinac y la Municipalidad de San Ramón de Alajuela.	Asch menciona que “según una serie de estudios realizados en el 2008 y a partir de todo el contenido que se había generado en el pasado, se realizó un análisis sobre los ecosistemas terrestres y marinos, el cual identificó todos los sitios importantes para la conservación en el país”. Estos datos han brindado insumos para crear las áreas correspondientes y proteger los distintos recursos en Costa Rica.