«Es muy probable que la cantidad total sea mayor, ya que algunos niños y niñas posiblemente no se detengan en el puesto fronterizo donde los defensores públicos realizan las entrevistas. No existe ningún sistema para dar seguimiento y asistencia a los niños y niñas no acompañados después de la entrevista de ingreso», ha advertido HRW, en un comunicado.	Human Rights Watch ha asegurado que algunos niños terminan viviendo en las calles, «donde quedan especialmente vulnerables a sufrir abusos o a ser reclutados por pandillas delictivas brasileñas». «Sin un tutor legal, no pueden inscribirse en la escuela ni recibir atención médica, indicaron a Human Rights Watch defensores públicos federales y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)», ha explicado la ONG.	En este sentido, ha señalado que los servicios de protección infantil de Roraima, conocidos como consejos tutelares, anteriormente asignaban algunos niños venezolanos no acompañados a albergues estatales, en los que el director actúa como tutor, lo que les permite ir a la escuela y conseguir documentos de identidad con los que pueden acceder al sistema de salud pública.	Desde la decisión del juez, los consejos tutelares en Boa Vista, la capital de Roraima, y en la ciudad fronteriza de Pacaraima han procurado obtener autorización judicial para enviar a algunos niños venezolanos no acompañados a albergues para refugiados de Naciones Unidas creados para acoger a venezolanos adultos y familias con hijos.	HRW ha señalado que representantes de la ONU le han comunicado que estos centros «no cuentan con los servicios ni la asistencia necesarios para los niños y las niñas no acompañados». «Un administrador de un albergue que acoge a algunos de ellos dijo en octubre que los menores no acompañados que vivían allí no asistían a la escuela porque no había ningún adulto que pudiera asumir la responsabilidad de llevarlos y traerlos», ha indicado.	La ONG ha recordado el caso de Jesús Alisandro Sarmerón Pérez, un adolescente venezolano de 16 años que fue hallado estrangulado cerca de un albergue de la ONU en Boa Vista. «Su cuerpo había sido introducido en una bolsa plástica y presentaba marcas de haber sufrido torturas. Había llegado solo a Brasil en junio y, tras un breve paso por un albergue estatal, vivió en las calles de Boa Vista», ha relatado.	HRW ha explicado que UNICEF planea abrir dos hogares transitorios para acoger cada uno a diez niños no acompañados en diciembre, así como proporcionar fondos para su funcionamiento durante los seis primeros meses. Para que este proyecto resulte sostenible, la ONG ha recalcado que las autoridades federales y estatales brasileñas «deben asumir su coordinación luego de la primera etapa y contribuir a su financiación».	Tras recordar que el estado brasileño de Roraima elaboró un plan para hacer mejoras en albergues y para la apertura de dos hogares transitorios de UNICEF, HRW ha hecho hincapié en que «la responsabilidad por el cuidado y la protección» de los niños venezolanos no acompañados «no debería recaer únicamente» en las autoridades de este estado brasileño «y debería abarcar otros aspectos además del alojamiento».	«El Gobierno federal de Brasil debería trabajar junto con las autoridades municipales y estatales de Roraima, así como con funcionarios del sistema de justicia a nivel federal y estatal, para establecer un sistema con fondos adecuados para la identificación, el seguimiento y la asistencia de niñas y niños venezolanos no acompañados», ha señalado.