La Defensoría llevó a cabo una investigación acerca del uso y consumo de plaguicidas en el país, particularmente en relación con los efectos de estos productos sobre la salud de los trabajadores agrícolas y la población expuesta a los mismos, lo cual afecta de alguna forma el efectivo y pleno disfrute de sus derechos fundamentales.	Crespo informó que la investigación obedeció a los preocupantes reportes de que Costa Rica es uno de los países de mayor consumo de plaguicidas, así como por las denuncias recibidas y los casos de conocimiento público que se han presentado; debido a la contaminación con agroquímicos de fuentes de agua para consumo humano -como sucedió en El Cairo de Siquirres y más recientemente en la Zona Norte-.	En el informe final de esta investigación, se giraron recomendaciones a los Ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería, Trabajo y Ambiente; así como a la Caja Costarricense del Seguro Social, dirigidas a la protección de los derechos fundamentales de la población, particularmente, el derecho a la salud y el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.	Con base en los criterios técnicos aportados, se hizo evidente que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente tenían reservas importantes en relación con algunos elementos del decreto, ya que se consideraba que las modalidades de registro por incorporación, de registro por equivalencia y el uso de información referenciada, no permiten una valoración adecuada de los impactos de los plaguicidas sobre la salud humana y el ambiente.	Recordó que en junio del 2018, la Defensoría interpuso una Acción de Inconstitucionalidad. Con base en los elementos técnicos aportados por los ministerios, se consideró que las modalidades de registro permitirían el registro y uso de plaguicidas, sin hacer una valoración adecuada de los impactos de estos sobre la salud humana y el ambiente.	No obstante, una de las mayores preocupaciones en relación con los plaguicidas son los efectos crónicos y el impacto a largo plazo que sobre la salud pueda tener la exposición de la población a estos productos, tal como sucedió en el pasado con el uso y la exposición al “nemagón”, producto que se utilizó décadas en las fincas bananeras y con cuyas consecuencias se está lidiando aún hoy.	Un ejemplo reciente de la preocupación sobre los efectos crónicos sobre la salud, es el caso del “glifosato”, el cual fue clasificado como “posible cancerígeno” por la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer  de la Organización Mundial de la Salud, pues se le vincula con el desarrollo de un tipo de cáncer específico, el “Linfoma No Hodgkin”.	Al respecto, la Defensoría formó parte de una Comisión Interinstitucional que analizó la evidencia científica existente sobre este producto y recomendó que se prohíba el uso no agrícola del glifosato, específicamente en espacios públicos y áreas urbanas, y que se valorara el informe elaborado por la Comisión a efectos de proceder con la prohibición o regulación de su uso, debido al impacto sobre la salud que la exposición a este producto puede tener en el largo plazo.	El glifosato, que es el plaguicida de mayor uso en el país, ha sido tema de discusión en el mundo debido a numerosas acciones judiciales que se han presentado, particularmente en el Estado de California en EE.UU., mientras que en el país hace poco se presentó a consulta pública un reglamento para restringir su uso y limitarlo únicamente a los usos agrícolas autorizados, con el equipo de protección personal necesario, prohibiéndose su uso en áreas urbanas y zonas públicas en donde se ve expuesta la población en general.	Crespo resaltó que las principales preocupaciones de la Defensoría en relación con el uso de plaguicidas son: los efectos agudos y crónicos que la exposición a estos productos tiene sobre la salud de la población en general; su impacto sobre el ambiente, particularmente, la contaminación de fuentes de agua para consumo humano; y la protección y atención de la salud de las personas trabajadoras del campo.