San José, 22 Ago (Elpaís.cr).- Los centros de educación secundaria que se encuentran más cercanos a lugares donde se localizan eventos delictivos, como incautaciones de drogas u homicidios, presentan mayores niveles de exclusión, aun cuando se controla por el efecto de factores socioeconómicos y por la cobertura de programas de equidad, advirtió el Séptimo Estado de la Educación en Costa Rica.	En ese análisis sobresalen varios hallazgos relevantes. Primero, el 19,4% de ellos ocurrieron a menos de cien metros y un 29,7% en un rango de cien a quinientos metros. Segundo, del total de incautaciones evaluadas, en el 13,9% estaba involucrado un menor de edad. Tercero, el decomiso de gramos de marihuana, crack y cocaína en casi un kilómetro y a personas con 18 años o menos refleja un problema tanto de venta como de consumo.	Otro hallazgo de la investigación es que, casi en la mitad de las direcciones regionales del MEP, las incautaciones de drogas tienen una asociación estadística fuerte con los niveles de exclusión educativa en los colegios de secundaria, aun cuando se controla por medio de factores socioeconómicos y la cobertura de los programas de equidad del MEP.	Se trata de las direcciones de Aguirre, Cañas, Desamparados, Guápiles, Liberia, Limón, Nicoya, Pérez Zeledón, San José Norte, Santa Cruz, Sarapiquí, Turrialba y Zona Norte. A pesar de la importancia del fenómeno de la criminalidad en el país, se ha analizado poco su impacto en el rendimiento de niños y adolescentes en edad escolar.	Un estudio efectuado para este Informe busca determinar cuánto afecta la violencia en el rendimiento académico de los estudiantes costarricenses en pruebas como PISA. De acuerdo con los resultados, la exposición al narcotráfico —medida a través de los kilogramos incautados de cocaína— está asociada a menores niveles de rendimiento en las competencias de matemáticas y científicas.	La complejidad de este problema demanda, para los próximos años, revisar y ampliar las estrategias actuales orientadas a combatir la exclusión y a promover la permanencia. En particular, estas deben garantizar la seguridad de los estudiantes y reducir la presencia de actividades delictivas y grupos criminales en las proximidades de los centros escolares.	De acuerdo con el Informe, para avanzar en esta línea, es preciso una mayor articulación entre el MEP y otras instancias gubernamentales y locales, como el Ministerio de Seguridad Pública, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y las municipalidades, a fin de consolidar un manejo interdisciplinario e interinstitucional del fenómeno.