Este mecanismo, que forma parte de las acciones definidas para generar condiciones que fomenten la producción, busca ordenar la actividad de las entidades públicas, indicó la Ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Victoria Hernández, al explicar que esta directriz no constituye una eliminación o suspensión de los trámites que ya están vigentes.	Las únicas excepciones se darán cuando el trámite a instaurar se deba a un mandato legal; a una emergencia nacional así declarada; responda a razones ambientales, de salud pública o de interés público (con aval de la Presidencia de la República) o bien, si se demuestra que el beneficio de dicha regulación es mayor al de su inexistencia.	Hernández señaló que estas medidas surgen del análisis y evaluación de la Directriz 20-MP-MEIC, denominada “Acciones inmediatas para la simplificación de trámites en el Gobierno del bicentenario”, cuyos resultados permitieron que las instituciones actualizaran información en el Catálogo Nacional de Trámites (CNT), a fin de exigir solo los trámites fundamentados en una norma publicada.	Como parte de las acciones para mejorar la eficiencia de las instituciones y facilitar procesos para los ciudadanos, este miércoles además fue firmado el Decreto Ejecutivo N.° 41795-MP-MEIC: “Sobre la Agilización de los Trámites en las Entidades Públicas mediante el Uso de la Declaración Jurada”, por parte del Presidente de la República, Carlos Alvarado y la ministra Hernández.	“Esta decisión, que parece sencilla, es fundamental para cambiar la forma en que por mucho tiempo han sido concebidos los trámites, pasando ahora de un esquema concentrado en controles previos, con exceso de requisitos y revisiones documentales, a otro con mecanismos de verificación posterior”, detalló el mandatario durante un acto realizado en Casa Presidencial.	Con esta medida se pretenden mejorar las condiciones para que las empresas obtengan sus permisos e inicien operaciones y no se les castigue con tiempos extensos de espera. Un ejemplo es el trabajo desarrollado entre el MEIC y el Ministerio de Salud, logrando disminuir de 91 a 7 días hábiles el plazo de emisión del Permiso Sanitario de Funcionamiento Grupo A (riesgo alto) y del Grupo B (riesgo moderado).	Con este nuevo proceso también bajaron los plazos de resolución, se generaron guías y herramientas de inspección estandarizadas y se definió un plazo máximo de dos meses posterior al otorgamiento del permiso para cumplir la inspección. Además, se tienen definidos los criterios para la emisión de orden sanitaria o cierre, entre otras medidas.	“Estas medidas son señales contundentes de nuestro compromiso de generar mejores condiciones para la operación de nuevas empresas. Es necesario frenar la creación de más trámites y priorizar nuestras acciones en eliminar procesos innecesarios, implementar estudios de impacto de las regulaciones vigentes, fortalecer los instrumentos de verificación posterior y propiciar que nuestras instituciones innoven para hacer la vida del usuario más fácil”, concluyó Hernández.