Al respecto, también el secretario de Medio Ambiente criticó que la empresa Grupo México no haya cumplido con el acuerdo de remediar el desastre anterior que ocasionó al verter 40 millones de sulfato de cobre acidulado a los ríos Sonora y Bacánuchi en 2014, en un incidente calificado como el mayor desastre minero en la historia del país.	Un anuncio que devuelve la esperanza a varias organizaciones de que, a diferencia de lo que ha sucedido a lo largo de varias décadas, esta vez la empresa minera sea castigada de manera ejemplar y no con una simple multa, lo cual representará una prueba para el Gobierno de López Obrador.	Para Julieta Lamberti, directora de investigación de la organización PODER –que ha dado seguimiento al tema de los derrames de Grupo México en Sonora y publicó un informe sobre los compromisos incumplidos por la empresa para remediar las afectaciones en el Río Sonora–, el nuevo vertido en el mar se suma a una lista de agravios que han quedado impunes por parte de la principal empresa minera del país.	En este sentido, Lamberti considera trascendente el hecho de que las autoridades hayan mencionado por primera vez los múltiples ecocidios ocasionados por la empresa, como una esperanza de que en esta ocasión las sanciones irán más allá de una simple multa económica que sigue haciendo rentable destruir a la naturaleza y causar daños irreversibles a las comunidades.