, como servicio estratégico para la nación, no podrá provocar cierres o paralizaciones completas de centros educativos, y se deberá contar con un plan de atención inmediata que garantice que el servicio de seguridad, aseo y alimentación para la población estudiantil se siga brindando. Este tipo de huelgas sólo se podrán prolongar por un plazo de 21 días naturales consecutivos o de 10 días naturales discontinuos.	Respecto a las huelgas por políticas públicas, se estipula que serán ilegales aquellas huelgas que no tengan conexión directa con la relación de empleo o incumplimientos laborales por parte del patrono, sin embargo, serán permitidas las huelgas por políticas públicas cuando dichas políticas afecten de forma directa los intereses económicos o sociales de las y los trabajadores.	Además, no se considerará pacífica la huelga que provoquen bloqueos en vías públicas, impida el acceso a sitios públicos, realice sabotajes a bienes públicos o impida trabajar a personas que no están en huelga. Cualquier autoridad pública que tenga conocimiento de estas conductas deberá poner la denuncia ante el Ministerio Público.	Si la huelga continúa después del plazo legal permitido para su realización, las y los trabajadores podrán plantear y llegar a acuerdos en los puntos de controversias, recurriendo a un arbitraje de derecho al Poder Judicial, Ministerio de trabajo y Seguridad Social, Colegio de Abogados y Abogadas, o a un Arbitraje ad hoc.	Todas estas son disposiciones que no se encuentran claramente definidas en la legislación actual y que representan un avance importante en la consolidación del papel del Estado como garante de los derechos de las personas y de los servicios básicos para la reactivación económica que el país requiere, informó la Jefa de Fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Nielsen Pérez.	Añadió que la nueva ley pretende garantizar la prestación de servicios de cara a la ciudadanía, ajustar plazos excesivos, brindar seguridad jurídica a todas las partes involucradas y regular el proceso para calificar una huelga legal o ilegal, son los principales objetivos del proyecto de Ley que regula las huelgas (Expediente 21.049).	«Este es un paso de suma importancia hacia una democracia más fuerte y madura, donde un derecho no tiene por qué anteponerse a otros igualmente fundamentales. Este proyecto crea un marco que clasifica los servicios en función de los derechos de la ciudadanía, sin hacer a un lado el derecho de las y los trabajadores a defender sus intereses mediante un movimiento de huelga; lo que hace en su lugar es establecer plazos y mecanismo definidos de manera que no se vuelvan a presentar huelgas que se prolonguen por meses sin mayores responsabilidades», señaló la diputada Nielsen Pérez.	«Esta es una propuesta que además responde a un proceso de análisis ampliamente participativo, en el que 128 sindicatos, confederaciones y asociaciones, entre otras organizaciones laborales fueron consultadas y con las que se llegó a varios acuerdos incorporados en el texto aprobado esta noche», agregó la legisladora Pérez.Sindicatos de Costa Rica se manifiestan este martes en las calles de San José y en las afueras del Congreso para expresar su rechazo a un proyecto de ley que pretende regular las huelgas y que los gremios califican como «autoritario».	Además, la nueva ley que tendrá segundo debate este jueves, es calificada por los sindicatos como «autoritaria» y una «mordaza», pues según líderes como Albino Vargas, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), contradice el Código de Trabajo, el Código Procesal Laboral, la Constitución Política y convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Costa Rica.	La nueva legislación contempla el rebajo de salarios retroactivos en caso de que la huelga sea declarada ilegal por un juzgado. Históricamente, los trabajadores estatales costarricenses reciben su salario normalmente como ocurrió el año anterior en que el movimiento de protesta se prolongó durante tres meses  en contra de una reforma fiscal, aprobada en diciembre.	Entre tanto, como reacción inmediata las organizaciones de educadores, APSE y ANDE hicieron un llamado a toda su afiliación a continuar el movimiento de huelga contra el proyecto de lo que llaman «ley antihuelgas 21049», que acaba de ser votado en primer debate y recibirá segundo debate el próximo jueves 5 de setiembre de 2019.