Madrid, 13 Oct. (EUROPA PRESS).- Las Embajadas españolas en el exterior están preparadas para responder a eventuales ataques contra la reputación de España si, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre el intento de secesión de Cataluña, los independentistas activan una campaña de desprestigio de las instituciones y la democracia.	Sin embargo, sí están preparadas para responder si el independentismo, a raíz de la sentencia, pone en marcha un ataque a la democracia o las instituciones fuera de las fronteras españolas. «No haremos dejación de funciones», repite sin cesar la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, en cuyo departamento ha recaído buena parte de la coordinación de estos esfuerzos.	Esta misma semana, el presidente catalán, Quim Torra, y su consejero de Acción Exterior, Alfred Bosch, reunieron a los delegados de la Generalitat en el extranjero para que defiendan la posición del Govern: que no hubo delito de rebelión pero tampoco de secesión, que solo cabe la absolución, y que debe cesar la «represión» y buscarse una solución dialogada.	Entre otras cosas, España Global ha enviado a los 215 Embajadas y Consulados su informe «La realidad sobre el proceso independentista», un dosier de cerca de 90 páginas distribuido también a interlocutores extranjeros que ha indignado a la Generalitat, hasta el punto de que Torra ha denunciado a Lozano ante la Fiscalía por considerar que está vulnerando la presunción de inocencia.	En cada Embajada y cada Consulado hay un diplomático que ejerce de enlace con España Global, que de este modo tiene configurada una red mundial de alerta para detectar riesgos y oportunidades para la reputación de España. Esta red, que está operativa desde febrero, pretende proteger y proyectar la reputación de España en todos los ámbitos, pero lo cierto es que la cuestión catalana se ha convertido, en este momento, en el foco principal.	Junto a esta red de enlaces, cada semana se reúne en Madrid una célula de acción reputacional de la que forman parte Moncloa, Exteriores, Justicia, Interior y Política Territorial. Ambos pretenden ser un «radar especializado» en detectar todo tipo de situaciones que puedan incidir, para bien o para mal, en la reputación de España.	Sin mencionar en concreto el proceso independentista, el Departamento de Irene Lozano ha enviado en el último mes a las Embajadas los vídeos de su campaña ‘La democracia se toca’, para poner en valor los logros «tangibles» de la democracia española, y se están difundiendo en representaciones españolas y sedes del Cervantes.	Con el nombramiento de Lozano, hace ahora un año, la antigua Marca España –creada por el Gobierno de Mariano Rajoy en plena crisis económica– cambió de nombre y de narrativa. Entre sus planes para proyectar la reputación de España, explican fuentes del Departamento, hay líneas de acción como el 80 aniversario del exilio republicano o la historia como reputación, pero en este momento la principal tarea en el ámbito de la reputación tiene que ver con Cataluña.	Antes de cumplir un mes en el Palacio de Santa Cruz, Borrell instruyó al que aún era embajador español en EEUU, el exministro ‘popular’ Pedro Morenés, para que estuviera preparado para responder a Torra, que inauguraba un festival de folclore catalán en Washington. Así lo hizo y, ante las críticas de los independentistas, el ministro dejó claro cuál sería su política respaldando a Morenés públicamente y enviando su discurso a otras embajadas.	«El presidente del Tribunal Supremo ha trasladado su malestar por dar por buenas unas filtraciones que para nada favorecen el funcionamiento de la justicia», ha señalado este domingo Montero en declaraciones a los medios antes de participar en la carrera ‘Yo no renuncio por la conciliación’ organizada por el Club Malasmadres en Madrid.	Asimismo, Montero ha apuntado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tiene que «tomar buena nota» de todo aquello que se produzca después de la sentencia del ‘procés’ y le ha advertido de que el Gobierno «va a vigilar por la legalidad». «Hay que acatar todos los pronunciamientos judiciales», ha concluido.