de EE.UU. sobre las compañías tecnológicas chinas en el marco de su guerra comercial contra el gigante asiático empezó en agosto de 2018, cuando el presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley que prohibía a las agencias federales y a sus contratistas usar equipos de Huawei y ZTE Corp, otro fabricante chino de aparatos de telecomunicaciones.	Desde mediados del año pasado, los australianos continuaron notificando a otros países sus preocupaciones al respecto. «Compartimos nuestras preocupaciones sobre la seguridad con muchos aliados, no solo con EE.UU. y no solo con los socios tradicionales», declaró a Reuters un alto funcionario australiano, mencionando a Japón, Corea del Sur, Alemania y «otros países europeos».	Ahora EE.UU. también cree que si Huawei se afianza en las redes globales 5G, esto le brindará a Pekín una oportunidad sin precedentes para atacar infraestructuras críticas y comprometer los intercambios de inteligencia con aliados clave. Los altos funcionarios de seguridad occidentales temen que ese escenario podría involucrar ataques cibernéticos en servicios públicos, redes de comunicación y centros financieros clave.	Al grupo se ha sumado la empresa británica de semiconductores ARM, el mayor operador de telefonía móvil de Japón, NTT Docomo, y otros dos de los principales operadores de telefonía móvil del país nipón, SoftBank y KDDI. Por otro lado, la empresa nipona Panasonic ha desmentido este 23 de mayo que detiene los envíos de componentes a Huawei.	La compañía china tiene asimismo una buena reputación entre los operadores de telecomunicaciones por su suministro fiable de equipos rentables. Teniendo en cuenta estas circunstancias, el Consejo de Seguridad Nacional de Reino Unido acordó en abril de este año concederle a Huawei un papel restringido en la construcción de partes de su red 5G, pero el Gobierno británico aún tiene que anunciar su decisión oficialmente.	El Ministerio de Relaciones Exteriores de China también ha declarado que las afirmaciones norteamericanas que señalan que la legislación china obliga a individuos y empresas a ayudar al Gobierno en tareas de espionaje son «una mala interpretación y una difamación sin sentido de relevantes leyes chinas». «Tratar de difamar a otros para que blanquearse a si mismo es inútil», concluyen desde el ministerio. (RT/Sputnik)