Resulta de increíble valor simbólico que el día en que se conoció la condena por el crimen de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, fuese el primer día de la COP 25 de Cambio Climático. Según las notas de prensa, los cuatro autores materiales fueron condenados a 50 años de cárcel, incluyendo la pena por la tentativa de homicidio al activista mexicano Gustavo Castro, quien acompañaba a Berta en su casa en la noche del homicidio. Asimismo, aquellos que la justicia hondureña consideró como autores intelectuales por contratar a los ejecutantes, el gerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos SA, su exjefe de seguridad y un mayor del ejército, fueron condenados a 30 años de prisión.	Este proceso ha sido impulsado por la presión internacional de diferentes organizaciones e instituciones que han reclamado la acción efectiva desde la Unión Europea, los EEUU y otros países. A la par del COPINH en Honduras, destacan medios de denuncia como Global Witness, Human Rights Watch y el Atlas Mundial de Justicia Ambiental (	En similar sentido, la comunidad internacional se encuentra con un reto formidable para los resultados efectivos de la COP25 que se celebra en España. El mismo traslado de la actividad a Madrid no debe tomarse con ligereza. La protesta socioambiental en Chile es reflejo de las contradicciones y tensiones que se generan cuando la inequidad supera los límites de la tolerancia social. De allí que, al cierre de la PRECOP en Costa Rica, el Dr. David Boyd, Relator Especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente de las Naciones Unidas hiciera un llamamiento para la inclusión decisiva de los derechos humanos en la agenda del cambio climático.	Así, dentro de las medidas que se discutirán en el Diálogo Político de la COP se encuentran decisiones fundamentales para la consecución no sólo de las metas mundiales de emisiones, sino para atender algunos de los asuntos que desde la perspectiva de la justicia socioambiental demandan nuestra atención hoy. Este es el caso del diálogo sobre la transición hacia la acción climática.	Este diálogo se deriva directamente de los resultados de la Cumbre de la ONU sobre el Clima, donde la premisa principal era que el mundo podría reducir las emisiones de carbono en 12 años y mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C por encima de los niveles preindustriales. El Acuerdo de París pide a cada país que describa y comunique sus acciones climáticas posteriores a 2020, conocidas como sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC).	Solo siete países han hecho compromisos compatibles con un límite de 2 °C: Bután, Costa Rica, Etiopía, Gambia, India, Marruecos y Filipinas. Los compromisos de la Federación Rusa, Arabia Saudita, Turquía, Estados Unidos y Ucrania han sido evaluados como «críticamente insuficientes» y en un camino que conduciría a un mundo más cálido a 4 °C. Las emisiones o compromisos relacionados con el uso de la tierra en sus estimaciones cuantitativas son dudosos debido a los datos y la incertidumbre contable. Hay amplio reconocimiento de que las acciones ambiciosas en mitigación, adaptación y medios de implementación deben enmarcarse en el contexto de la solidaridad internacional, la justicia climática y la equidad intergeneracional, así como el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas a la luz de las diferentes circunstancias nacionales.	También se discutirá la implementación del artículo 6 del Acuerdo el cual tiene como objetivo promover enfoques integrados, holísticos y equilibrados que ayudarán a los gobiernos a implementar sus NDC a través de la cooperación internacional voluntaria. En esta línea se encuentran posiciones que ven una oportunidad de establecer una base política para un sistema de comercio de emisiones, lo que podría ayudar a generar un precio global del carbono. Con este mecanismo, los países con bajas emisiones podrían vender su excedente a emisores más grandes, con un tope general de emisiones, asegurando su reducción neta. Otras posiciones abogan por la utilización de mecanismos regulados que hagan un balance entre los enfoques de mercado y los derechos de participación y acceso de aquellos que son menos social y ecológicamente resilientes en la coyuntura actual.	Asimismo, se discutirá la implementación del Mecanismo Internacional de Varsovia para compensación por pérdidas y daños asociados con los impactos del cambio climático (WIM) en países en desarrollo particularmente vulnerables. Los desafíos para la implementación del WIM se encuentran en el poco acuerdo internacional sobre el alcance de los programas de pérdidas y daños y especialmente cómo serían financiados y por quién. Además, la mayoría de los mecanismos de financiación de pérdidas y daños identificados por el Comité Ejecutivo de WIM son planes de seguros subsidiados con contribuciones voluntarias que pueden ser una carga para los países más vulnerables y pueden no ser confiables.	Indiscutiblemente esencial para los derechos humanos y la equidad es también la agenda sobre el Plan de Acción de Género que busca promover la participación plena, igual y significativa de las mujeres y promover una política climática sensible al género. No por casualidad, la agenda de la PRECOP en Costa Rica se asoció con las actividades para apoyar la implementación del Acuerdo de Escazú primer tratado regional que promueve el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, con un enfoque en los derechos humanos y la protección de los defensores ambientales.	El Papa Francisco aseguró, en su encuentro con los pueblos de la Amazonía en Puerto Maldonado en 2018, que el reconocimiento y el diálogo son el mejor camino para transformar las históricas relaciones marcadas por la exclusión y la discriminación. Ese sentido de justicia enriquece las alusiones al ejemplo costarricense que hizo el Presidente Alvarado al inicio de las discusiones sobre cambio climático que se gestan en Madrid.	Son muchos los retos ambientales del país que requieren esta visión integrada. Desde el potencial de expansión piñera en la zona del Diquís y el Humedal Térraba-Sierpe hasta la pesca de arrastre, las soluciones pasan por balancear los derechos de los más débiles con la buena técnica y la ciencia que puedan dar opciones sostenibles. Por ello, la COP 25 es un foro en el que Costa Rica debe desempeñar el liderazgo que tiene en áreas como la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, tanto nuestra delegación y otros participantes como la opinión pública costarricense debemos poner atención y aprender de la búsqueda de ese equilibrio esencial entre derechos humanos y conservación.