El artículo 73 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, brinda carácter de supremo al derecho del seguro social y el Convenio sobre la Seguridad Social (Convenio 102), constituye el compromiso supranacional de los Estados miembros – entre ellos Costa Rica-  en garantizar ese derecho a sus habitantes. Pero, ¿se cumple dicho derecho?	La diferencia entre un régimen y otro estriba en que, dentro del Régimen Contributivo de Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, la persona ha cotizado una cantidad determinada de cuotas, al haber sido declarada en estado de invalidez o habiendo cumplido la edad requerida, podrá presentar su solicitud de pensión en la sede administrativa y gozar del beneficio de pensión, cuyo monto dependerá del salario reportado ante la Caja Costarricense de Seguro Social durante el período laboral o contribuyente; mientras que en el Régimen No Contributivo de Invalidez, Vejez y Muerte, la persona solicitante no ha cotizado para gozar de ese derecho y, por esa razón, le es necesario el cumplimiento de numerosos requisitos para constituirse el beneficio a la pensión, cuyo monto, actualmente, es por la suma de ochenta y dos mil colones por mes.	Para ser acreedor del beneficio de la pensión por vejez del Régimen No Contributivo, no es suficiente el haber cumplido los sesenta y cinco años de edad – como erróneamente la mayor parte de la sociedad ha creído – sino que, la persona solicitante, además, deberá demostrar, a tenor del artículo 3 del Reglamento del Programa de Régimen No Contributivo:	En palabras sencillas, para aquellas personas que no han cotizado en algún régimen de pensiones, obtener la pensión por vejez se torna crucial, titánico y de difícil acceso; esto deriva en que la mayoría de las y los peticionarios que acuden a la vía administrativa a solicitar la pensión del Régimen No Contributivo, se enfrenten con el rechazo de esta, debido a que no cumplen con alguno de los excesivos requisitos citados.	En consecuencia, la persona solicitante, en pleno ejercicio de su derecho al acceso a la justicia, tutelado en el artículo 41 de la Constitución Política, podrá combatir la resolución denegatoria de pensión ante la vía jurisdiccional, interponiendo demanda ante el Juzgado de Trabajo más cercano y delegando en una persona juzgadora, la procedencia o no de su solicitud.	A criterio de quien redacta y bajo intelección de la normativa de rito, la pensión por vejez citada, es un beneficio estatal de difícil acceso, del cual únicamente podrán asistirse aquellas personas mayores de sesenta y cinco años de edad, que demuestran subsistir en estado de pobreza o pobreza extrema y, por ende, con necesidad de amparo económico inmediato indubitable.