Madrid, 10 Oct. (EUROPA PRESS).- Más de 12 millones de niñas sufren cada año un matrimonio forzado, unas 34.000 al día. Para la inmensa mayoría de ellas, casarse es el inicio de un sucesión de violaciones de los Derechos Humanos a las que ahora un grupo de ONG quiere dar voz de la mano de víctimas como Kadiatu, obligada a dejar la escuela tras quedarse embarazada con 14 años, o Hadiqa, que a los once años se enfrentó con su familia para no casarse.	Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluyen dentro de su bateria de metas la igualdad de género y, por extensión, la eliminación de prácticas discriminatorias como el matrimonio temprano y la mutilación genital femenina. En la última década, se han prevenido 25 millones de estos matrimonios, pero a día de hoy hay 650 millones de mujeres que se casaron durante la infancia y, si no se toman medidas, la cifra ascenderá a 800 millones en 2050.	Por regiones, la tasa de prevalencia más alta está en el África subsahariana, donde aproximadamente cuatro de cada diez mujeres jóvenes se casaron antes de los 18 años –en Níger se dispara al 76 por ciento–. Le sigue la zona sur de Asia, donde la tasa es de tres de cada diez, mientras que en América Latina y el Caribe la proporción ronda el 23 por ciento, según datos de la ONU.	Niñas como Kadiatu Massaquoi, una joven sierraleonesa de 17 años que ya tiene dos hijos y que a los 14 vio cómo su vida daba un giro tras la muerte de su padre y quedarse embarazada. Su madre, obligada a cuidar a duras penas a sus ocho hijos supervivientes –dio a luz a 16–, «no tuvo otra elección» que obligarla a dejar las clases.	«Quería ir a la escuela, pero era imposible», ha contado una emocionada Kadiatu, vecina de una localidad fronteriza con Liberia que sufrió en propias carnes el estigma que conllevan casos como el suyo en un país que ultima una ley precisamente para prohibir de forma clara el matrimonio infantil y que ya penaliza con cadena perpetua los abusos sexuales sobre niñas menores de edad.	Kadiatu, que contrajo matrimonio a los 15 años, vio una esperanza en un programa de Save the Children en el que, según ha admitido, ni su madre confiaba en un primer momento. Les pidió ayuda para poder formarse en alguna profesión y ahora colabora con ellos para ir «puerta por puerta» concienciando a otras niñas y familias de los «muchos problemas» que conlleva una boda prematura y el abandono de la escuela.	También Hadiqa Bashir trabaja ahora para concienciar a sus propios vecinos en el distrito paquistaní de Swat, situado en la provincia de Jiber Pajtunjwa, en el norte del país asiático. Un 51 por ciento de los residentes de esta zona apoyan el matrimonio forzado, lo que da cuenta de la importancia de la concienciación para romper una espiral de abuso arraigada socialmente.	En su caso, su primer contacto con el matrimonio forzado llegó a los siete años, cuando una amiga suya le contó que iba a casarse. Entonces se puso «muy contenta», ya que pensaba en el contexto festivo y desconocía lo que implicaría. Comenzó a darse cuenta cuando esta amiga dejó de ir a clase y, al ir a buscarla a casa, escuchó cómo su suegra argumentaba que ya no volvería por estar casada.	A los once años, un taxista de 35 se puso en contacto con la familia de Hadiqa para pedirle la mano. A sus padres les pareció una buena idea, pero no así a ella, que con la ayuda de su tío se opuso a la doctrina paterna y amenazó incluso con denunciar a su familia ante los tribunales si le obligaban a contraer matrimonio.	Logró convencer a sus padres y evitar su boda y comenzó su activismo. «Me di cuenta de que yo también tenía que ayudar a otras», ha explicado la joven paquistaní, quien invitó a su amiga a un grupo que trabaja en aras de la concienciación en todos los niveles, desde los hogares hasta la clase política, pasando por los medios de comunicación.	Las causas del matrimonio forzado son «diversas y complejas» y, en la mayoría de los casos, no se presentan de forma individual sino que se yuxtaponen, ha explicado el director general de Save the Children España, Andrés Conde, que ha citado la «fortísima desigualdad de género» como mínimo denominador común de este tipo de bodas.	Conde también ha advertido de las normas sociales, culturales y religiosas que siguen avalando prácticas «completamente aceptadas» en algunas comunidades, hasta el punto de que se entiende el matrimonio como «algo positivo» y se asume que oponerse a él es acatar la «agenda occidental». En algunos casos, ha apuntado, es una cuestión de «honor», especialmente si hay un embarazado de por medio o se quiere ganar influencia.	En situaciones de especial vulnerabilidad, como por ejemplo las migraciones o desplazamientos forzosos, se dispara también la búsqueda de la «falsa protección» que se percibe en el matrimonio. El responsable de Save The Children ha lamentado que no solo no acarrea protección, sino que supone una «cadena perpetua» marcada por la «esclavitud».	Entre los efectos del matrimonio forzado se cuentan mermas en el derecho a la salud, exclusión social, asunciones de responsabilidades domésticas y abandono escolar. Villanueva ha recalcado que la educación precisamente es clave, ya que hay estudios que demuestran que las niñas que terminan secundaria son seis veces menos vulnerables al matrimonio temprano.	El director técnico de Mundo Cooperante, Albán del Pino, ha subrayado que «detrás de cada dato hay vidas» y ha celebrado que, pese a los «avances», la contención del reto sigue siendo «lenta e insuficiente». Todo ello, ha apuntado, a pesar de que combatir el matrimonio infantil no solo es «lo correcto» sino también «lo más sensato», ya que favorecer a las mujeres supone también potenciar el desarrollo de su país.	En este sentido, la directora adjunta de Amnistía Internacional España, Eva Suárez Llanos, ha incidido en que «los Estados tienen la responsabilidad de tomar medidas para prevenir y erradicar» el matrimonio temprano. Las ONG han pedido que el tema figure en la agenda política, tanto a nivel interno como en cualquier negociación diplomática, así como destinar recursos presupuestarios suficientes y eliminar cualquier posible laguna legal del marco legislativo.