Los obreros que emplea el Estado para realización de trabajo fundamentalmente manual, referido a la construcción de infraestructura, bienes inmuebles o muebles, y su mantenimiento; distribución y suministro de dotaciones; transporte; logística; vigilancia; limpieza; y otras actividades; que no tienen que ver con el contenido sustantivo de las políticas sectoriales (políticas públicas), por ejemplo: el análisis, formulación, ejecución (en tanto sustanciación y decisión de procedimientos administrativos u otorgamiento de derechos y de servicios públicos en ejecución de sus derechos subjetivos), seguimiento, evaluación y control.	Los empleados técnicos y los administrativos que realizan fundamentalmente un trabajo intelectual, dedicado a tareas que suelen estar desempeñadas en oficinas, pero que tampoco tienen que ver con el contenido sustantivo de las políticas sectoriales (políticas públicas), y que suelen ser de mero apoyo administrativo, como puede ser una secretaria o una persona que en una taquilla recibe correspondencia.	Los verdaderos funcionarios públicos o servidores públicos, quienes si realizan tareas de contenido sustantivo de políticas sectoriales (políticas públicas) como: el análisis, la formulación, la ejecución (sustanciación y decisión en procedimientos administrativos y verificación u otorgamiento de derechos subjetivos para su disfrute o para acceder al suministro de servicios públicos), seguimiento, evaluación y control.	En algunos regímenes de función pública o de servicio civil se pueden distinguir dos clases del apartado iii), los funcionarios públicos o servidores civiles de carrera, a los que se reconoce por suponerse su racionalidad estrictamente técnica, de los que no son de carrera y son de libre nombramiento y remoción, que desempeñan cargos de autoridad y se les atribuye una racionalidad política institucional. Mientras que en otros regímenes se hace una distinción tripartita: funcionarios o servidores técnicos, de carrera ordinaria; directivos o técnicos super especializados, de carrera especial con un sistema semicontractual; y funcionarios o servidores públicos políticos, en cargos de autoridad o dirección superior, como los cargos del alto gobierno.	Los que se rigen por las regulaciones de la legislación ordinaria del trabajo (que regula también las relaciones laborales en el mercado, en el sector privado), cuyas relaciones laborales son de carácter contractual entre el trabajador y el patrón. En esta situación están los comprendidos en el apartado i) y pueden estar o no los del apartado ii)	En todo caso, una “Ley Marco de Empleo Público”, como su nombre lo expone, se referirá a una regulación de rango legislativo referida a TODOS los regímenes de empleo de las personas con el Estado y, en consecuencia, a regular las relaciones entre TODAS las categorías, clases o tipos de empleo y el Estado costarricense. Esto es, la denominación de “Empleo Público” se refiere a las cinco posibles categorías y regímenes diferenciados que se han señalado en los apartados i), ii), iii), iv) y v), dado que todos son empleados por el Estado, en relaciones laborales con el Estado, sin distinguir entre los que se rigen mediante la legislación ordinaria que rige también al mercado, el sector privado, y los que poseen relaciones especiales con el Estado por realizar la función pública.	Igualmente, al decir la Constitución Política de Costa Rica en su artículo 192 que: “Con las excepciones que esta Constitución y el estatuto de servicio civil determinen, los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos.”; hace referencia a una separación entre: “el estatuto de servicio civil”, esto es una	En conclusión, la Constitución Política de Costa Rica prevé dos legislaciones separadas que rigen el empleo público: una destinada a las relaciones laborales de tipo contractual, que regula también al mercado, al sector privado, y la otra regulatoria de las relaciones laborales de carácter estatutario, que regula exclusivamente a quienes ejercen la función pública en cargos del Estado.	Es una práctica legislativa común la de distinguir entre: a) La regulación general sobre el empleo y las relaciones laborales, que pueden poseer aspectos comunes en las relaciones laborales ordinarias de carácter contractualista, y en las relaciones laborales de tipo estatutario. Y, b) La regulación especial de tipo estatutario, como lo son las relaciones especialísimas entre el Estado y quienes ejercen la función pública que se desempeña en cargos del Estado.	Mezclar ambas realidades en un solo instrumento legislativo corre el riesgo de provocar confusiones en su interpretación administrativa, doctrinal y jurisprudencial, ya que sus lógicas regulatorias son distintas . Y, además, a la hora de considerarse la necesidad de modificar una regulación en uno de los dos sectores laborales, el de las relaciones laborales contractualistas y el de las estatutarias, podría afectarse negativamente al otro.