En el contexto de las masivas manifestaciones ciudadanas que atraviesa el país sudamericano hace una semana, este viernes se realizó la que fue bautizada como «La Marcha Más Grande De Chile», cuya amplia convocatoria fue comentada y celebrada transversalmente por todos los sectores políticos, tanto por su masividad como por lo pacífica que fue.	Tras la explosión de las manifestaciones el pasado viernes 18 de octubre, el presidente anunció un paquete de medidas que incluyen un aumento en las pensiones de algunos grupos de jubilados; un aporte fiscal para garantizar un sueldo mínimo a algunos trabajadores; el alza de impuestos a quienes ganan más de 11.000 dólares al mes, entre otras medidas.	Las movilizaciones comenzaron el lunes 14 de octubre en Chile debido a un alza de 30 pesos (menos de un dólar) en el precio del pasaje del Metro de Santiago, donde cientos de estudiantes y trabajadores saltaban por encima de los torniquetes de pago del tren subterráneo en las llamadas «evasiones masivas».	El sábado 19 de octubre, el presidente Piñera cedió y anunció que el pasaje no subiría de precio, pero con su anuncio las protestas no amainaron y al contrario, tomaron un cariz mucho más intenso, que incluyó incendios y destrucción de varias estaciones del Metro, y decenas de manifestaciones en diversos lugares del Chile con marchas y «cacerolazos» (salir a la calle en masa a golpear una cacerola).	Durante ese fin de semana surgió la consigna «no son 30 pesos, son 30 años», evidenciando que la gente se estaba manifestando ya no por el pasaje del Metro, sino por temas más de fondo, por injusticias que se arrastran hace 30 años desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y que, según muchos chilenos, se han ido profundizando también en democracia.	A pesar de que lo novedoso de esta movilización es que no tiene un listado taxativo de exigencias, ni dirigentes ni organizaciones que la lideren, en la calle se pueden escuchar algunas de las principales demandas de la ciudadanía como: el fin al sistema de pensiones de vejez administrado por empresas privadas llamadas AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones); la rebaja de la jornada laboral que actualmente es de las más largas de la región; el fin al sistema de financiamiento bancario de las universidades, que deja a los estudiantes endeudados por décadas; el alto precio de los medicamentos, entre muchas otras.	La primera respuesta del presidente Piñera ante las manifestaciones que se extendían fue decretar tres medidas represivas: la Ley de Seguridad del Estado, para acelerar los juicios contra los manifestantes; estado de emergencia en casi todas las urbes importantes del país; y toques de queda para impedir que la gente pudiese salir de sus hogares, medidas que aún no han sido levantadas.	El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) ha recibido una serie de denuncias sobre torturas, abusos de poder, golpes, y detenciones de parte de las Fuerzas Armadas en contra de civiles, y además reveló una denuncia de la existencia de un posible centro de torturas clandestino en la estación subterránea de Metro Baquedano en el centro de la capital; cuyos antecedentes ya fueron entregados a la Fiscalía para su investigación.