Con la inercia y la negligencia asidas de la mano  del desdén y la desidia de unos pocos pero poderosos funcionarios, así se gerenciaba una de las más importantes dependencias del MEP en cuyas manos había un presupuesto  de 141.000 millones de colones irresponsablemente engavetados para infortunio de los 600 centros de enseñanza. ¿Responderán por aquel estado de cosas que había motivado  órdenes sanitarias provocadas por el mal estado de sus estructuras?. ¿Dónde estaban las instancias superiores que no percibieron ni siquiera la existencia de un nocivo ambiente laboral que empañó la marcha de la Dirección y que dejó virtualmente en la calle a tantos estudiantes? Evidentemente, es la expresión de una crisis de valores sin parangón en  la sociedad costarricense.	Lo destapado fue una mancuerna de intereses espurios con nombres y apellidos que se movían a placer dentro de la Dirección, no precisamente en la ruta de la prestación de un servicio de calidad, con diligencia, calidad y responsabilidad sino en el montaje de presupuestos inflados y contrataciones amañadas, toda una realidad propia de la corrupción donde se abrazan tenebrosos los intereses de funcionarios públicos con los de empresarios privados.	Una auditoría de alta calidad destapó la inmundicia. ¿Por qué no se había hecho antes?. ¿Sería que este auditoraje en esa dependencia del MEP fue rara avis en la administración de los entes del Estado? Los jerarcas honestos de una y otra institución, ¿no deberían imponer como norma de conducta permanente, periódica, autónoma, la ejecución de estas incursiones de la contraloría de cuentas y de ética al mundo de la intimidad de los negocios del Estado?	La experiencia acumulada a lo largo de tantos años nos deja claro que solamente en la jurisdicción electoral este país ha conseguido derrotar la corrupción. Los expedientes referentes a asaltos a las arcas públicas (Fondo de Emergencias, el asalto a los presupuestos de Compensación Social, el Banco Anglo, American Capitales, Aviación Civil, los CAT’s, el cementazo, los fondos de cooperativas y tantos otros más) se propagan con sentido depredador y minan las esperanzas de una sociedad que repudia estas conductas y que siente temor de que el brazo sancionatorio del Estado esté perdiendo músculo.