«El acceso a la justicia está recibiendo fuertes golpes de los que Guatemala no podrá recuperarse si no se toman medidas ahora; es necesario detener inmediatamente las acciones impulsadas por las más altas autoridades del país y asegurar que cada uno de los casos de violaciones de derechos humanos lleguen a la justicia», alertó la directora para Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara.	El informe «Última oportunidad para la justicia», publicado por la organización en su web oficial, reseña los riesgos inminentes para los derechos humanos en Guatemala debido a las medidas de la presidencia de Jimmy Morales, el Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras, el Organismo Judicial, y el Congreso de la República.	El 31 de agosto de 2018, el jefe de Estado anunció que no prorrogaría el mandato de la CICIG, que terminará el próximo 3 de septiembre, y Porras tampoco adoptó las medidas para garantizar la continuidad de entes como la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), lo cual amenaza más de 70 casos conjuntos.	«En los últimos 10 años, Guatemala avanzó en la consolidación de la justicia hasta llegar a ser un ejemplo en la región. Sin embargo, estos retrocesos nos están devolviendo al punto de partida, enfrentándonos a las mismas situaciones por las cuáles se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en primer lugar», agrega el informe.