Dichas reuniones se enmarcan dentro de la ronda de contactos que Pedro Sánchez viene realizando en las últimas semanas con distintos colectivos de la sociedad civil para intentar diseñar un programa que despierte el máximo consenso posible entre los partidos políticos del país en caso de que el rey le vuelva a proponer como candidato a la investidura.	En los últimos meses, la posibilidad de adoptar una nueva legislación sobre muerte digna se abrió paso en la agenda política de España después de que un hombre de 70 años fuese detenido tras suministrar una sustancia letal a su esposa de 62, que se encontraba en fase terminal tras más de tres décadas padeciendo esclerosis múltiple.	Actualmente el hombre que suministró la sustancia a su mujer se encuentra en libertad, aunque está acusado de un delito de cooperación al suicidio, castigado por el Código Penal de España con penas de 2 a 5 años de prisión, a los que se podría sumar un agravante por violencia de género, con un aumento de la pena de entre 2 y 3 años.	El fallecimiento María José Carrasco se produjo en abril de 2019, fecha en la que las Cortes Generales se encontraban disueltas después de que se agotara una legislatura en la que el Congreso fracasó a la hora de sacar adelante una ley de muerte digna aunque, a priori, una mayoría del órgano parlamentario estaba dispuesta a ello.