El Congreso de la República sacó fuerzas de sus flaquezas para aprobar la legislación que impone reducciones en los privilegiados montos de los regímenes de pensiones del Gobierno Central y del Magisterio Nacional (en tanto excedan los 2.2 millones de colones) y del Poder Judicial (encima de 2.6 millones de colones).	El voto fue de los 46 diputados presentes, unanimidad “rara avis” en un Parlamento donde el arcoíris de las denominaciones y pensamientos no tiene precedentes, en el que los partidos políticos solo tienen una representación nominal y en cuyas amorfas fracciones disuenan las orientaciones de unos jefes que poco tienen de tales. Sin embargo, de esas sus muchas flaquezas, la Asamblea Legislativa sacó fuerzas para atender el virtual desafío que le habían hecho los magistrados de la Suprema Corte de Justicia al poner frontal oposición al intento de modificar los términos del régimen de pensiones del Poder Judicial y advertir que la iniciativa significaría una afectación a la organización y el funcionamiento de los cuerpos administradores de justicia, en razón de lo cual se exige una mayoría calificada para aprobarla. Los diputados tomaron el guante y reafirmaron su determinación de reprobar estos excesivos pagos, privilegiados en su cuantía y en el origen de sus aportes.	Este voto probablemente será añorado. Es de innegable valor en la recuperación de la salud y estabilidad de las finanzas públicas pero, aún agregado a la sumatoria de otras modificaciones asépticas a la estructura del gasto y los ingresos del gobierno, resulta insuficiente ante las dimensiones de la maraña de factores que siguen en pie conspirando para beneficio de los grupos de presión que trabajaron con afán para hincar al Estado y ponerlo a su servicio mediante el pago a su cargo de granjerías de todo color y pelaje.	¿Volveremos a ver a la Asamblea Legislativa comprometida con la emisión de las leyes pendientes que acaben definitivamente con la francachela que algunos grupos de presión han montado con cargo a los presupuestos públicos? Es que a la Hacienda Pública hubo minorías que le echaron encima el costo de un futuro privilegiado. Que a veces lleva también la contaminación de la corrupción, como lo marcaron aquellos famosos “certificados de abono tributario” o los regímenes de tratamiento arancelario mañosamente montados, o las excepciones y dispensas tributarias que han llegado hasta estos días -irónicamente- en que se pregona el insumo de la justicia en el cobro de los impuestos.	¿Cuándo perdimos el sentido y la esencia de la moral y la ética en la definición de los contenidos del orden jurídico? Veremos si esta administración y las que le sucedan recuperan autoridad para volver a aupar el apoyo ciudadano a la ingente tarea aún pendiente de sanear las finanzas públicas.