«El Gobierno colombiano había manifestado ya en varias oportunidades su preocupación por el manejo al menos poco claro de los recursos por parte de (los emisarios Rossana) Barrera y (Kevin) Rojas con este tema (…), eso se lo hicimos saber a las autoridades venezolanas del presidente Guaidó desde hace unos dos meses, así que el tema no es nuevo», dijo la fuente gubernamental colombiana, que pidió reserva de su nombre.	Una investigación publicada el viernes por el medio PanAm Post sostuvo que Barrera y Rojas, miembros del partido opositor venezolano Voluntad Popular, se hicieron con millonarios recursos que estaban destinados a la «ayuda humanitaria» de exmiembros de fuerzas de seguridad de Venezuela (militares y policías) que desde el pasado 23 de febrero desertaron e ingresaron a territorio colombiano.	Barrera y Rojas reportaban a Caracas el pago de siete hoteles en la ciudad de Cúcuta (nordeste, fronteriza con Venezuela) en los que supuestamente se alojaban decenas de militares desertores y sus familias, pero en realidad a Caracas solo le correspondía el pago de dos hoteles, según el artículo del PanAm Post.	«En lo particular no sé cuánta plata se les destinó a Barrera y a Rojas para que la manejaran, lo que sí es cierto es que hoy mantienen una deuda en los hoteles que asciende a unos 100 millones de pesos (30.800 dólares)», indicó la fuente consultada por esta agencia.	Luego de que un grupo de exmiembros de las fuerzas armadas y de seguridad de Venezuela ingresaron a Colombia el 23 de febrero y solicitaron refugio, el Gobierno colombiano pidió apoyo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para su hospedaje y alimentación por varios días, según la fuente.	“Acnur nos dijo que solo podía responder por la atención de unas 500 personas, así que nosotros asumimos el hospedaje y la alimentación de otros, y Venezuela (a través de Barrera y Rojas), de otros más, pero en todo caso a ellos les correspondió un grupo pequeño, no sé bien la cantidad exacta, pero no sobrepasaban los 180”, explicó la fuente.	“El artículo (de PanAm Post) indica que ellos (Barrera y Rojas) reportaban a Caracas sobre la base de 700 militares, eso yo no lo sé, lo que sí es claro es que ellos manejaban una cantidad mucho más pequeña que eso, entre 150 y 180”, subrayó la fuente del Gobierno colombiano.	“Desde el pasado 15 de mayo la señora Barrera y el señor Rojas salieron de administrar lo relacionado con los exmilitares y eso lo asumió el Gobierno colombiano; ninguno de los dos fue reemplazado en esa designación porque lo que hicieron lo hicieron mal, así que no tenía caso reemplazarlos porque además de todo Colombia se puso al frente de la situación”, precisó la fuente.	“La situación actual es que todos los exmilitares venezolanos que permanecen en Colombia están en hoteles, protegidos, alimentados y cuidados, y esta semana se prevé empezarles a entregar subsidios para que puedan sostenerse (…), ellos ya también tienen un PEP (Permiso Especial de Permanencia) con el cual podrán empezar a trabajar”, agregó la fuente del Gobierno colombiano.	Por último la fuente consideró que “más allá de los recursos que hubieran podido desviar”, lo más grave de la conducta de Barrera y Rojas fue el “gasto que ambos les causaron al presidente Guaidó y al Gobierno de Colombia” y el quiebre de “la confianza que se les tenía” como emisarios en medio de un “proceso de cambio para Venezuela”.