La causa contra el desafío catalán al Estado español entra en su recta final. Tras cuatro meses de un juicio sin interrupciones, en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el magistrado Manuel Marchena ha dirigido el procedimiento judicial contra los representantes políticos y civiles de la sociedad catalana. Su delito ha sido dar voz al derecho a decidir de los catalanes, y desafiar al orden establecido en España que les ha negado este derecho. Se les acusa de crear el imaginario de un legítimo derecho de autodeterminación de Cataluña ante el orden internacional; de organizar la fractura del orden constitucional del Reino de España; de no acatar las órdenes judiciales que se les dieron; y de obstaculizar el legítimo uso de la fuerza de los cuerpos policiales enviados a Cataluña con la misión de impedir un referéndum de autodeterminación, instando a la violencia ciudadana.	Pero el juicio no ha tratado sobre el derecho de autodeterminación, ni sobre las causas que originaron este deseo en los catalanes. En ningún momento se ha hablado de la discutible separación de poderes que ha politizado al sistema judicial español; de las razones contemporáneas que han provocado la ruptura del orden plurinacional español reconocido en la historia real, y en la Constitución; o de la historia colonial que supuso el desmantelamiento institucional de los reinos catalanes, entre los años 1707 y 1716, resultado de una guerra internacional; ni de la violencia monárquica, militar, eclesiástica, política, mediática e institucional del Estado español ante la catalanidad, a lo largo de los últimos siglos.	España, de este modo, ha conseguido mantener firme su implacable resistencia al juicio histórico, que la democracia no ha conseguido conducir, tras el retorno de la monarquía Borbón, y su juramento y fidelidad al Movimiento Nacional instaurado por el Franquismo, en 1975, al morir el dictador. Basta recordar que, previa transición al sistema democrático en 1978, se aprobó la Ley de Amnistía en 1977, en una maniobra inequívocamente dirigida a garantizar que el Franquismo no pudiera ser juzgado, pese a que éste hubiera juzgado y condenado al Republicanismo previamente, al que venció en la Guerra Civil de los años 1936-1939, con docenas de miles de españoles muertos y otros tantos exiliados. En este proceso, en pleno Franquismo, el orden internacional reconoció el derecho a la libre determinación de los pueblos, pero España no. Este derecho es un pilar fundamental del Derecho Internacional Contemporáneo tras la Carta de las Naciones Unidas de 1945, que está inspirado en la Carta del Atlántico de 1941 y corroborado en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986.	De este modo, este juicio se ha transformado en un conflicto de legitimidades, en la que una de ellas se niega. Y se niega en toda España, por activa y por pasiva, desde que este tema fue puesto sobre la mesa en el proceso de deliberación que tuvo lugar entre la muerte del dictador Franco y la aprobación del texto constitucional que, en nombre de una monarquía parlamentaria, se acabó proponiendo. Consecuencia de todo este despropósito de legalidades vestidas de legitimidad, el juicio ha sido un altavoz de la acusación, que ha contado con el beneplácito generalizado de los medios de comunicación estatales. Y la defensa ha sido objeto de una innegable desautorización.	Primero. El juicio se ha realizado en castellano. Se ha prohibido el uso del catalán, y se ha negado este derecho pese a los reiterados deseos a su favor expresados por los acusados y los testimonios de la defensa. En cambio, no se ha negado el derecho al uso de otras lenguas a los testigos de otros países, a los que se ha facilitado un traductor. Según el juez Marchena, esta es la ley y se debe cumplir.	Segundo. En el juicio se ha impedido aplicar el principio de contradicción -que ofrecen las pruebas documentales filmadas- a los testimonios de la acusación que afirmaban que el cuerpo policial español fue objeto de violencia por parte de la ciudadanía. Por otro lado, se ha permitido exhibir, al final del proceso, los videos en los cuales se evidencia la violencia policial y la indefensión ciudadana, pero se ha negado el derecho a contextualizarlos, y a acompañarlos de comentarios o valoraciones. De este modo, se han dado por válidas pruebas sin fundamento objetivo, que han sido utilizadas por la acusación, y se ha delegado el único derecho a opinar sobre quien tiene la razón al Tribunal. En medio de todo este embrollo, desde el momento en que se exhibieron estas imágenes, el 1 de octubre de 2017, se censuró su emisión en todos los medios y se inició una campaña de difamación sobre la autenticidad de las mismas, que ha persistido hasta el día de hoy.	Tercero. Paralelamente, se ha iniciado el juicio contra treinta altos cargos y funcionarios catalanes a los que se ha pedido una fianza de los casi de seis millones de euros que, según la acusación, ha costado realizar el referéndum del pasado 1 de octubre. Y se les ha embargado sus bienes. Nadie pone en tela de juicio los más de ochenta millones de euros que costó la Operación Copérnico, es decir, el envío de policías del resto del Estado a Cataluña con la misión de impedir el referéndum.	Como resultado, el juicio ha concluido tal y como empezó, con los acusados ya en prisión y sin ninguna intención de liberarlos. Las conclusiones de la acusación de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el partido de ultraderecha VOX, de fecha 29 de mayo, son las mismas que abrieron la causa, y las penas solicitadas también. Según la Fiscalía, los delitos son de rebelión y malversación de fondos públicos, y las penas de 7 a 25 años. Según la Abogacía, los delitos son de sedición y malversación, y las penas de 10 a 11 años. Según VOX (quien ha obtenido más de 1,3 millones de votos en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo), los delitos son también de organización criminal y las penas solicitadas llegan a los 75 años.	el plan que habían urdido consistía fundamentalmente en orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria, e impedir el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales dictadas al amparo de aquélla, para conseguir como objetivo último -con sus propias leyes y sus propias estructuras de Estado- declarar la independencia de esa parte del territorio nacional y obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio, finalidad que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden constitucional. (…) Con la colaboración del resto de los acusados, en los diferentes roles y niveles de responsabilidad que se dirán, y de otros procesados huidos contra los que no se dirige la acusación, los promotores y partícipes del plan secesionista lo pusieron en práctica en el año 2015, y en él contemplaban la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida –ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación- la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido, valiéndose para ello de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos, y por otra parte, el uso de los Mossos d’Esquadra como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, que acataría exclusivamente sus instrucciones –como así sucedió- y que, llegado el caso, podría proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndole así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional.	Y, junto a este planteamiento, la Fiscalía adjunta las pruebas documentales de la violencia ciudadana, y niega la policial, ante la estupefacción de los más de dos millones de catalanes que fueron (fuimos) a votar pese a la amenaza policial, en una escrupulosa, firme y pacífica, defensa de sus derechos, y de su dignidad.	El mismo día, 29 de mayo, el grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias, dependiente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha hecho público un veredicto que pide la libertad inmediata de los representantes políticos y civiles catalanes, e insta al Gobierno de España a indemnizarlos y a hacer una investigación exhaustiva e independiente del caso, de acuerdo con el derecho internacional. Pero España, empecinada en condenar a los catalanes, a través del embajador español en Londres, Carlos Bastarreche, ha informado que el Gobierno ha pedido una auditoría sobre el funcionamiento de dicho grupo de trabajo, criticando su “falta de rigor” y calificando el veredicto de “arbitrario”. Y, en un ejercicio de defensa de sus razones, afirma que el informe supone “una clara interferencia” al proceso que se sigue contra los acusados en España. Añadiendo: “Los redactores del informe no saben de qué delitos están acusados en España los promotores de la denuncia”.