Además, hubo un cambio legal en 2016 ante el riesgo de una segunda repetición de las elecciones en plena Navidad. Así, al inicio de la pasada legislatura los partidos modificaron la ley electoral para introducir una disposición adicional estableciendo que, en los casos de repetición de los comicios por falta de investidura, se acortaran los plazos del procedimiento electoral, bajando de 54 a 47 días.	«En el supuesto de elecciones a Cortes Generales como consecuencia de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 99 de la Constitución, el real decreto de convocatoria se expide al día siguiente de la expiración del plazo de dos meses, contados a partir de la primera votación de la investidura –se incluyó–. Dicho real decreto se publica el mismo día de su expedición y entra en vigor el mismo día de su publicación. El real decreto de convocatoria señala la fecha de las elecciones que habrán de celebrarse el día cuadragésimo séptimo posterior a la convocatoria».	Con esas reglas, si Pedro Sánchez y Meritxell Batet deciden situar la sesión de investidura la próxima semana, la primera votación debería ser el martes 9 de julio para que los dos meses acaben el lunes 9 de septiembre y, si para entonces nadie hubiese logrado ser elegido presidente del Gobierno, al día siguiente se disolverían las Cortes y la repetición de las elecciones generales tendría lugar el domingo 27 de octubre.	Ahora bien, si el debate de investidura se pospone una semana más y se fija para la semana siguiente, 15 y 16 de julio, ese plazo de dos meses acabaría el 16 de septiembre, el decreto se publicaría al día siguiente y la repetición de los comicios pasaría al 3 de noviembre. En este caso, coincidiría con el puente de la Fiesta de Todos los Santos (primero de noviembre), lo que podría incidir en la participación.