Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 se han registrado 135 asesinatos de excombatientes desmovilizados, así como 34 de sus familiares y 11 desaparecidos. Un reciente comunicado publicado por el partido de la FARC responsabiliza al Estado por ser el garante de la seguridad de los firmantes del acuerdo y quien debe custodiar por la vida de los desmovilizados.