Los países integrantes del grupo de Lima actuando, de manera ilegítima, en contra de la soberanía de Venezuela y de la legitimidad que se desprende del funcionamiento de su institucionalidad, en tanto nación soberana, que como bien sabemos se rige por la normativa de su ordenamiento jurídico interno, nos han conducido a un escenario que recuerda los peores tiempos de guerra fría(no sabemos si estos gobernantes tienen conciencia de la gravedad de estos hechos), cuando la OEA se limitaba a obedecer los mandatos de Washington, con los alegatos del tan cacareado y cínico anticomunismo de entonces, especialmente en relación con la invasión mercenaria a Guatemala, ocurrida en 1954 y el desembarco de cuatro mil infantes de marina estadounidenses en la República Dominicana, con el propósito de impedir el restablecimiento de la democracia en ese país, tarea que había sido emprendida por los militares constitucionalistas de 1965, quienes buscaban revertir el golpe de Estado de septiembre de 1963 con el que se había derrocado al profesor Juan Bosch, el único presidente democrático de verdad que tuvo la República Dominicana, a lo largo de todo el siglo XX. Ningún país está autorizado a desconocer los mandatos de la constitución política de otra nación latinoamericana.	La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela carece de un mandato específico para destituir al presidente de esa nación, lo que pretendieron hacer los diputados opositores, en enero de 2016, cuando después de haber obtenido la mayoría, en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, como un hecho esencial que se convirtió en el error estratégico de una oposición,  cada vez más controlada por sectores de la ultraderecha que sólo responden a decisiones foráneas, y han demostrado carecer de propuestas políticas sólidas como para lanzarlas como alternativa, a las del gobierno de Nicolás Maduro. Se farrearon el capital político ganado entonces y perdieron la iniciativa frente al poder ejecutivo y el judicial que declaró en desacato a la Asamblea Nacional, a partir del momento en que los integrantes de la mayoría opositora se negaron a la realización de elecciones parlamentarias en el estado Amazonas, donde se habían registrado irregularidades, en los comicios de diciembre de 2015, han pasado casi cuatro años y estos nunca tuvieron lugar, entrabando todo el proceso legislativo al ir disminuyendo las posibilidades de un mayor pluralismo y ejercicio democrático efectivo en una sociedad, que por sus graves problemas, así lo requiere, de manera imperativa.	La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, aprobada por amplia mayoría por los electores en unos comicios convocados, a mediados de 2017, acabó de deslegitimar a una Asamblea Nacional como la actual, cuyo período vence a finales de este año 2019 y terminó de empañar toda su gestión al desconocer el mandato de las elecciones presidenciales de mayo del año anterior, en las que la mayor parte de la oposición se negó a participar, resultando electo Nicolás Maduro Moros para un nuevo período presidencial que se inicia este 10 de enero y hasta el año 2025.	El reconocer estos, y otros hechos recientes ocurridos en Venezuela, ni siquiera implica una toma de posición sobre la política interna de ese país, sin embargo así será asumido pues ese gobierno fue condenado a su derrocamiento desde hace veinte años, por lo tanto quienes no asumamos el rol de repetidores de lo que diga la gran mayoría de la prensa y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ya recibimos nuestra sentencia: se nos condena a ser chavistas ad perpetuam, no importa lo que aleguemos, debiendo aceptar todas las altisonantes admoniciones que se nos lancen, ya sea desde la llamada izquierda con todas sus sectas, o desde la poco democrática derecha, como también del limbo del llamado espectro político regional.	Pese a esto, debo insistir en que carece de toda legitimidad y legalidad la descalificación sistemática que algunos medios de comunicación, y comentaristas oficiosos de todo pelaje, han lanzado sobre esas elecciones venezolanas, las que han sido mucho más democráticas, en términos de garantías para todos los participantes, que las han tenido lugar recientemente en países como Paraguay, cuyo gobierno de dudosa legitimidad afinca sus raíces en un golpe de estado parlamentario, ocurrido en junio del año 2012, contra el presidente Fernando Lugo; Honduras, con un régimen que surgió del golpe de estado, militar y parlamentario, de junio de 2009, contra el entonces presidente Manuel Zelaya, donde el fraude electoral de noviembre de 2017 aseguró la continuidad del dictador Juan Orlando Hernández (JOH); Argentina donde la derecha se aseguró el poder ejecutivo mediante una truculenta campaña de prensa en un país donde casi todos los medios están bajo su control; Colombia, donde mediante la intimidación el uribismo impuso a su candidato Iván Duque, un país donde se han saboteado los acuerdos de paz y han continuado los asesinatos de dirigentes sociales y opositores; el Perú, donde casi todos los expresidentes del régimen se encuentran en la cárcel, o sometidos a juicio por graves actos de corrupción, un país que es la sede del grupo de Lima y cuyo presidente Martín Vizcarra se encuentra en una precaria posición. Podríamos seguir con la lista y no quedaría un solo gobernante en esta parte del mundo…el caso de Brasil es el más insidioso de ellos con los manipulados comicios de octubre, los que llevaron a Jair Bolsonaro a la presidencia de la república, un connotado enemigo de los bosques de la amazonía, cuya protección ya ha reducido y hasta de los derechos que la legislación laboral le otorga a los trabajadores brasileños, amén de otras desgracias ya anunciadas.	Los parlamentarios, ya sean diputados o senadores en cualquier nación latinoamericana o europea, carecen de un mandato y de una legitimidad suficiente como para desconocer la de los gobernantes de otro país. El caso de los  43 diputados de Costa Rica es patético por la ignorancia e incondicionalidad hacia los mandatos de la ultraderecha que sus integrantes han mostrado. Si en Venezuela las sectas ultraderechistas como Primero Justicia y Voluntad Popular han suplantado a los viejos partidos como Acción Democrática, de filiación socialdemócrata y COPEI, socialcristiano llevándolos a cometer las insensateces más grandes, en Costa Rica el Partido Liberación Nacional(PLN), que renegó de la socialdemocracia hace mucho tiempo, y el Partido Unidad Socialcristiana(PUSC), que tuvo esa ideología como su norte, ahora se han convertido en meras sectas ultraderechistas, las que marchan sin rumbo cierto de futuro alguno, dentro de un presunto gobierno de unidad nacional, encabezado por el fallido Partido Acción Ciudadana (PAC), que en algún momento trató de retomar la ruta de la socialdemocracia, y finalmente terminó en una dramática conversión religiosa hacia los mandatos del credo neoliberal/neoconservador, los que observa fielmente desde el inicio la gestión del presidente Carlos Alvarado, hace unos pocos meses. La democracia de América Latina se encuentra hoy más amenazada que nunca, en medio de una oleada neofascista que busca aprovechar esta coyuntura para barrer, hasta los cimientos, las conquistas sociales y políticas que las grandes mayorías latinoamericanas habían obtenido durante el siglo anterior. La hora cero para la democracia en la región ha llegado…