«Nos parece irresponsable, por imprudente, el Decreto Supremo N° 3973 del gobierno, del mes de julio pasado, mediante el cual se autorizan las quemas «controladas» de terrenos y el desmonte, pero no se articulan (…) condiciones y mecanismos para el control efectivo de las mismas, lo que favorece los chaqueos ilegales», dijo la Conferencia Episcopal (CEB) en un comunicado.	En aparente réplica, el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, dijo poco después a reporteros que ese decreto no puede ser considerado causa del actual desastre porque las nuevas quemas están autorizadas solo en el departamento de Beni, en el norte amazónico, y no en Santa Cruz (este), donde se localizan los incendios.	«Vamos a estructurar un juicio de responsabilidades por biocidio contra todos aquellos que han firmado el decreto supremo 3973 (…) basados en lo que ha sucedido, en las víctimas y los derechos vulnerados», dijo el también dirigente de una alianza de partidos y plataformas ciudadanas que rechaza la eventual reelección de Morales en comicios convocados para octubre.