La presentación estuvo a cargo de la coordinadora del Equipo Económico y ministra de Planificación y Política Económica, María del Pilar Garrido Gonzalo, en una actividad en Casa Presidencial donde participaron además el Presidente de la República, Carlos Alvarado, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y los jeracas que conforman el Consejo Económico Presidencial Ampliado (Hacienda, COMEX, MEIC, MAG, Enlace con el Sector Privado, Banco Central e ICT).	“El Gobierno tiene claridad absoluta que el desafío nacional más importante es que Costa Rica genere más empleos, crezca más y mejore la situación de todos los hogares. Ese es nuestro firme compromiso con cada una de las personas que viven en el país”, declaró el Presidente Alvarado al referirse a la Estrategia presentada este viernes.	La estrategia establece una inversión en capital fijo por ₡5.477.293 millones en el periodo 2019-2022, en obras de infraestructura vial, educativa, aeroportuaria, hospitalaria, de seguridad, justicia, pesca y salud. En detalle, la inversión por persona es de ₡208.000 para 2019, mientras que para 2020 se da un incremento de un 40%, para un total de ₡290.000 por habitante.	También, se emitirá un decreto para acelerar el proceso de inversión pública que tome en cuenta el rigor técnico, de manera que se pueda dar un aval más expedito a los proyectos que requieren autorización para iniciar la fase de preinversión, la obtención de recursos internos o externos para su financiamiento, o bien para iniciar la fase de ejecución.	Otras medidas incluyen la emisión de decretos para reducir los tiempos de autorizaciones para empresas en zonas francas, como la autorización del auxiliar de la función pública aduanera de 238 días a 3 días y la reducción de 147 días a 14 días de la tramitación y otorgamiento del Régimen de Zonas Francas en PROCOMER, COMEX, Leyes y Decretos y Presidencia.	Se trata de flexibilización de acuerdo de pago para patronos y trabajadores independientes; reglamento de pymes para aplicación de la base ajustada al salario a las microempresas en seguro de salud; simplificación de afiliación de trabajadores independientes; cotización por horas realmente laboradas; reglamento para fomentar la empleabilidad; y amnistía de intereses, recargos y multas.	Se contempla la firma por parte del Poder Ejecutivo de la Ley de Educación y Formación Técnica Dual; además de la capacitación, dentro de la Alianza para el Bilingüismo, de 280.000 personas (2019-2022) y la cobertura del Sistema de Compras Públicas (SICOP) a la totalidad del sector público, como mecanismo para asegurar mejores condiciones de precio y mayor transparencia y competitividad.	Cada quincena, entre 30.000 y 35.000 empleados públicos reciben un salario líquido menor al mínimo. La aplicación de este decreto liberaría entre ¢5.000 millones y ¢7.000 millones, siendo los empleados del Ministerio de Educación Pública y del Ministerio de Seguridad Pública las personas más beneficiadas, pues representan el 87% de las afectadas.	Se reitera el compromiso de ampliar la Red de Cuido para alcanzar en 2020 las 67.734 personas menores de edad beneficiarias. El crecimiento representa un  87%  en comparación con la cobertura de 2014. Además, se fortalecerá el programa Puente al Trabajo de la Política Social del Bicentenario, con el fin de cubrir a la población desempleada, con baja escolaridad y en situación vulnerable.	En materia de Reforma del Estado se promoverá la eficiencia y la generación de valor público y bienestar mediante: la modernización del empleo público; el fortalecimiento de las rectorías de órganos desconcentrados; la mejora de la eficiencia de los sectores social y de vivienda y urbanismo; el fortalecimiento de la gobernanza corporativa de las empresas del estado; y la gestión pública basada en resultados.