«Esta artimaña va de la mano con la compra de las conciencias de algunos diputados que han traicionado a sus electores y pretenden incorporarse en las sesiones del Parlamento e impedir que los diputados perseguidos puedan ejercer su derecho al voto, en evidente coordinación con el régimen usurpador», ha dicho la sede legislativa.	Además, ha advertido de que esta maniobra judicial busca en realidad «cambiar la composición política de la Asamblea Nacional» de cara a la importante votación del 5 de enero, en la los diputados confirmarán o rechazarán la continuidad de Juan Guaidó como presidente del Parlamento y, por ende, como «presidente encargado» de Venezuela.	El TSJ declaró nula el jueves la medida aprobada el martes por la Asamblea Nacional para legalizar el voto virtual con el objetivo expreso de «ofrecer a los diputados que se encuentran en el exilio el cumplimiento de sus funciones parlamentarias a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)».	Según Cabello, el verdadero propósito del cambio en el reglamento parlamentario es garantizar que Guaidó sea reelegido el próximo 5 de enero como presidente de la Asamblea Nacional, cuando expira su mandato, conforme a las normas de rotación en la cúpula de la sede legislativa entre los principales partidos de la oposición venezolana.