La pareja se casó en mayo de 2005, al año siguiente de que el hombre se divorciase de su anterior esposa, de la que vivía separado desde el año de 1996. Sin embargo, la exmujer presentó en octubre de 2006 una queja ante la Fiscalía alegando razones de parentesco entre los dos cónyuges.	La Fiscalía inició entonces acciones legales y en 2010 un tribunal de primera instancia anuló el matrimonio, en un primer fallo que fue confirmado cinco años después por el Tribunal de Casación griego. Sin embargo, el TEDH considera que no hay motivos legales suficientes y ordena al Estado griego a pagar 10.000 euros por daños morales a la pareja.