“JAPDEVA es una institución valiosa para Costa Rica y para Limón. Por eso, tenemos el compromiso de apoyar los cambios que requiera para su fortalecimiento, así como la protección y reconocimiento de los derechos laborales de las personas colaboradoras”, explicó la jefa de Fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Nielsen Pérez.	La legisladora dijo que JAPDEVA continuará como la autoridad portuaria de Costa Rica en el Caribe, lo cual implica la supervisión del trabajo que realice la concesionaria en la TCM, el manejo de carga que se le ha asignado y el seguimiento a los proyectos productivos que se financiarán por medio del canon que incluye el contrato de la concesión. Además, la institución deberá implementar nuevos negocios, como la atención de cruceros.	La iniciativa incluye también mecanismos como: traslados horizontales para que los funcionarios de JAPDEVA puedan moverse a otras instituciones del Estado, bonos por transformación que permiten a las personas que voluntariamente decidan dejar la institución para que puedan recibir una bonificación adicional a su cesantía, y la prejubilación para las personas mayores 55 años que  tengan 25 años de cotizar a un régimen de pensiones de manera que tengan un mecanismo de resguardo para garantizarse su jubilación en los próximos 10 años.	La pensión de quienes se acojan a ese régimen sería calculada sobre los últimos 12 salarios del trabajador. El proyecto bajo el expediente 21.426, plantea un tope de cesantía de 12 años y una movilidad que le otorga una remuneración equivalente a 8 mensualidades de su salario a quienes ganan menos de ₡1 millón y 4 mensualidades a los que ganan más de ₡1 millón.	El diputado liberacionista David Gourzong Cerdas y representante de Limón, responsabilizó al gobierno anterior de la crisis en la que está la institución al asegurar que se tomaron decisiones que llevaron a esta situación como fue el permitir que el 50% los trabajadores prestasen los servicios de estiba a pesar de que la tarifas incluían el 100%.	Para cumplir con esta disposición se podrán autorizar traslados horizontales para un grupo de trabajadores a instituciones de la Administración Central o Descentralizada. La incitativa se aprobó después de que fuera enviada a consulta a la Sala Constitucional y que los magistrados determinaran que no tenía roces con la Constitución Política.