La JEP es la justicia transicional creada por el acuerdo firmado en 2016 por el Gobierno y las FARC para juzgar a los máximos responsables de los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio cometidos durante el conflicto armado. Ofrece sanciones alternativas y penas de cárcel menores a cambio de confesiones.	El presidente colombiano realizó en marzo una serie de objeciones a la ley estatutaria de la JEP, fundamental para su puesta en marcha, que fueron rechazadas por la Cámara de Representantes y se saldaron con un empate en la votación del Senado. Posteriormente, el Constitucional enterró las objeciones de Duque y ordenó al dirigente que sancionara la norma.