Según la información que consta en el sumario de la causa, existen indicios de que la empresa Undercover Global S. L., encargada de proteger la legación diplomática de Ecuador en el Reino Unido entre 2015 y 2018, sometió al periodista australiano a una vigilancia durante las 24 horas del día a través de cámaras y micrófonos ocultos.	Según la información de la que dispone la Audiencia Nacional, el responsable de Undercover se reunía mensualmente con la responsable de seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres, Gabriela Páliz Jeréz, funcionaria ecuatoriana a la que pagaba 20.000 euros en metálico para evitar que hiciera reportes negativos sobre la empresa que conllevaran una rescisión del contrato.