«El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena», sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores en su cuenta de Twitter.	«En 2018 el Gobierno registró 5.287 muertes, supuestamente por «resistencia a la autoridad», en el curso de esas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores», dice el informe.	El documento presentado por Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU asegura que hasta el 31 de mayo «había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), incluido su presidente (el opositor Juan Guaidó), han sido despojados de su inmunidad parlamentaria».	«El Gobierno de Venezuela reitera su rechazo a la metodología empleada por la OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos) para elaborar el informe sobre la situación de derechos humanos del país; son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la OACNUDH», dice la respuesta gubernamental.