Montevideo, 15 jul (Sputnik).- El primer llamado realizado por el Estado uruguayo con cupo para personas trans comienza una expansión de los horizontes laborales para esta población que, previo a la aprobación de la ley, estaba casi predestinada al comercio sexual, dijo a Sputnik el director de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Graña.	Uruguay aprobó el 18 de octubre de 2018 la Ley Integral para Personas Trans, que establece medidas de protección y reparación para ese sector vulnerable de la población e indica a los organismos públicos a destinar «el uno por ciento de los puestos de trabajo a ser llenados en el año con personas trans que cumplan con los requisitos normativos para acceder a los mismos».	Un cuarto de los menores trans en Uruguay son expulsados de su casa, el 75 por ciento abandonó sus estudios debido al acoso de docentes y compañeros, y solo el 23 por ciento cuenta con un trabajo formal, lo que condena a muchos a la prostitución, según un censo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).	«Antes de aplicar el llamado hablamos con el Mides, porque no queremos que esto se trate solo de abrir un cupo de trabajo, sino que también queremos acompañar el proceso para que sea una buena experiencia para todas las personas involucradas», contó a Sputnik la coordinadora del Área de Equidad de Género de OSE, María Laura Infantozzi.	«Es de vital importancia que la ley se comience a implementar en el marco de los ingresos a cupo de los llamados del Estado, también teniendo en cuenta que es un año especial en el que no se puede implementar en su totalidad porque muchos o la gran mayoría de los organismos del Estado tienen vedado el ingreso de personas por ser un año electoral. En este sentido, está bueno los que sí pueden hacerse, como este que es un llamado zafral, se pueda empezar a implementar la ley», explicó Graña.	«Estos funcionarios serán quienes realizarán la recepción de la documentación y puede haber inconsistencias con el nombre de la persona, que todavía no haya culminado de hacer el trámite de cambio de nombre, o que no quiera hacerlo, o puede que no tengan credencial cívica, para que sepan cómo abordar determinados aspectos que se puedan presentar», explicó la abogada.	Por su parte, el secretario del Directorio de OSE, José María Querejeta, comentó a esta agencia que se ha trabajado mucho con los funcionarios para que «más allá de la decisión política se busca dejar en la línea de trabajo de la empresa una proactividad a la agenda de nuevos derechos».	Además, ambos hicieron énfasis en que en estas experiencias es fundamental también brindar capacitaciones formales y no formales para que las personas «se vayan con otras herramientas aparte de la experiencia de trabajo, porque creemos que con la experiencia laboral más una formación van a tener mayores posibilidades para insertarse luego en el ámbito laboral».	Por su parte, Graña considera que el hecho de que el Estado «empiece a implementar esta ley abre la puerta a que otras empresas del mundo privado comiencen a tratar de generar espacios laborales inclusivos en donde habitar una identidad de género distinta al sexo biológico no siga siendo un motivo de exclusión de esta población».	Además, señaló que si bien «nunca se va a poder dejar a todo el mundo contento, esto es un buen comienzo (…) es importante que la población trans, en su gran mayoría destratada y dejada de lado, comience a ver que esta ley es en serio porque tiene mucho tiempo de trabajo de la sociedad civil, y seguimos trabajando para su implementación, nosotros mismos no le perdemos pisada para que no quede solo en papel».	Falcón afirmó que es tarea de las distintas organizaciones y movimientos «incentivar a nuestra gente a prepararse, son oportunidades que van a ir mejorarnos y debemos estar capacitados para concursar y en las empresas privadas con seguridad se va a empezar a imitar sino correrán el riesgo de caer en la discriminación».