Según la denuncia, interpuesta por el Ministerio de Hacienda el pasado 14 de diciembre, ambas compañías firmaron un contrato de compraventa financiada de activos en diciembre de 2017, en la cual, Telefónica otorgaba un préstamo financiero a la filial, pues esta no tenía la capacidad o la solvencia económica para comprar los activos.