«Se da cumplimiento a los requerimientos de la Corte Constitucional en la sentencia T-236 de 2017 y el Auto 387 de julio de 2019, que establecen la obligatoriedad al Gobierno nacional de no reanudar la aspersión aérea hasta proveer una protección constitucional razonable del derecho a la salud en el marco de la ejecución de esta actividad», ha detallado el propio Ministerio.	En concreto, en la norma se prevé que la fumigación quede a cargo de la Policía Nacional, así como la creación de un mecanismo independiente de seguimiento de los riesgos del uso del químico. También, han especificado que se estudiarán los efectos del herbicida en las poblaciones expuestas y existirá un procedimiento por el que los ciudadanos podrán presentar quejas.