San José, 19 Ago (Elpaís.cr).- La fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, informó hoy que, desde el domingo, se trabaja en la formalización de la solicitud de extradición en contra de un hombre de apellidos Víquez Lizano, detenido en México como sospechoso de cometer delitos sexuales en Costa Rica.	La comunicación oficial de la captura del exsacerdote fue recibida por la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) a las 9:40 de esta mañana, de parte de la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República de México. A partir de la notificación, las autoridades costarricenses tienen 60 días naturales para hacer el trámite de extradición, utilizando la vía diplomática.	Lo anterior significa que el Ministerio Público enviará la petición al Juzgado Penal de Desamparados y, una vez que este órgano la apruebe, se remitirá a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. Esta última enviará la documentación a la Cancillería y, de ahí, la solicitud se lleva al Consulado de Costa Rica en México, desde donde se enviará a la autoridad de justicia competente para el trámite.	“Desde ayer, cuando recibimos información extraoficial de la detención, estamos trabajando en la formalización y ampliación de la extradición, pues en febrero anterior se pidió la orden de captura internacional por una denuncia, interpuesta en octubre del 2018, sin embargo, desde inicios de este mes contamos con tres nuevas denuncias que se agregarán a la petición de extradición” , explicó la Fiscala General, quien recordó que, con México, el país mantiene un Tratado de Extradición firmado en el 2011 y en vigencia desde el 2013.	De acuerdo con las autoridades mexicanas, el ex sacerdote Víquez fue aprehendido la mañana del domingo en la localidad de San Nicolás de los Garza, Monterrey, en el Estado de Nuevo León, al noreste de la capital. Se desconoce el plazo que tomará el trámite de la extradición del imputado, sin embargo, mientras se realiza el procedimiento, se suspende la prescripción de la primera denuncia penal, interpuesta en octubre del año anterior.	A inicios de agosto, la Fiscalía Adjunta de Género recibió tres denuncias más, las cuales se encuentran en investigación. En estos procesos aplicará la reciente reforma a la ley conocida como “Derecho Al Tiempo”, la cual amplía el plazo de prescripción, de 10 a 25 años, de los delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad. El tiempo aplica a partir de que la persona víctima cumpla la mayoría de edad.