«El magisterio no solo llama a un movimiento de huelga para defender el derecho a manifestarnos en defensa del derecho a la huelga, sino también por la defensa de nuestras pensiones, nuestro salario, el pago de anualidades y contra el proyecto de ley de empleo público»,  dijo Gilberto Cascante, máximo líder de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE).	«Llamamos a todos los afiliados a los sindicatos y federaciones que nos integran, y al pueblo costarricense en general a tomar las calles este lunes 2 y martes 3 de septiembre, en apoyo patriótico a la gran huelga nacional que muchos otros sectores han convocado», indica el comunicado de prensa de la CUT, divulgado en redes sociales.	Por su parte, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), informó que asistirá a la marcha, mientras el Partido Vanguardia Popular (comunista) también llamó a «defendernos de los que están conspirando contra la democracia para establecer una violenta dictadura de los poderosos contra los trabajadores y contra todo el pueblo».	Cedeño informó en redes sociales que la ANDE y APSE participaron en las últimas semanas, de una mesa con presencia de la delegación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Ministerio de Trabajo y otras organizaciones sindicales, en un ejercicio de evidente voluntad de diálogo para lograr cambios al proyecto de ley N° 21.049.	En cuanto a la huelga en el sector educación, aspecto sobre el cual se alcanzó algún consenso para su regulación, dijo que «nuestra lucha para que NO se prohíba su ejercicio también encuentra fundamento en la doctrina del Comité de Libertades Sindicales de OIT, por cuanto la educación no es un ámbito que atente de forma directa contra la vida, la salud o la seguridad de las personas, por lo cual se pretende crear una categoría especial y diferente a la de servicios esenciales o de importancia trascendental».	De acuerdo con Benavides, el proyecto de ley busca brindar seguridad jurídica a las huelgas, con modificaciones a artículos al Código de Trabajo, y se establece que no se considerarán pacíficos los movimientos que incluyan bloqueos, igualmente que si una huelga es declarada ilegal por un juez, debe rebajarse el salario de quienes participaron. Si es declarada legal no se hace dicho descuento.