El pasado 6 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno ecuatoriano que concerte medidas cautelares para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Pabón, de Virgilio Hernández y de Christian González, los tres del movimiento político de Correa, investigados por el presunto delito de rebelión durante las protestas de octubre.	Durante los 12 días de movilizaciones y protestas de octubre en Ecuador hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo, bloqueos de carreteras, incendios intencionales, cortes del suministro de agua, daños a instalaciones de producción de petróleo y una serie de actos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación, hechos sin precedentes en la historia del país andino.	Datos del Ministerio de Gobierno dan cuenta que durante las jornadas de protesta 42 ambulancias fueron agredidas, 435 policías heridos, más de 400 agentes de la policía y militares retenidos contra su voluntad, y en varios casos sometidos a vejaciones y malos tratos, además de 26 unidades de Policía Comunitaria destruidas y 108 vehículos policiales afectados, algunos de ellos incinerados. (Sputnik)