El desempleo como que es parte de las piezas inmóviles de la realidad social y económica de nuestro país. La Encuesta Continua de Empleo (ECE) da cuenta de que al cierre de 2018 se situó en 12.1%, un nivel aproximado al que se  padecido en años pasados. Casi que un monstruo indomable para las distintas administraciones políticas, impotentes para abatirlo.	El desempleo de hoy se da en un contexto de manifiesta contracción de la economía que nos retrotrae a los años ‘80 y cuando todos los pronósticos hacen ver que en lugar de mejorar, se deteriorará si es que se cumple el vaticinio de un crecimiento de la economía escuálido, 2.1% para este 2019.	Economía con síntomas de anemia, desempleo con síntomas explosivos (ese 12.1% es el más alto de los últimos diez años), la inversión pública afectada por la crisis fiscal y la privada con síntomas de resfrío ante un entorno nada estimulante;  añádase una tasa de pobreza extrema del 5,6% en áreas urbanas y del 9,3% en la rural,  un conjunto de factores que traza un panorama preocupante. La paradoja es que la fuerza laboral abrió 259.000 plazas pero el desempleo afectó a 294.000 almas, lo que evidencia que si bien no se ha quitado el dedo del renglón en cuanto a promover la creación de empleo, ese empuje concentra los resultados en nichos para los estratos más calificados y margina a quienes tienen poca pericia calificada o son solo aportadores de mano de obra. Entre los desocupados de condición pobre cerca del 70% tiene empleo informal y los no pobres acusan una informalidad del 35%. He ahí, en la informalidad, otra arista del preocupante problema.	Las encuestas muestran una realidad determinante: un 60% de la mano de obra es poco calificada. Realidad que no es la que aparece en la brújula de las operaciones empresariales de mayor bulto que están en marcha y que encuentran su mejor expresión en las zonas francas, donde se abren atractivas perspectivas para la mano de obra calificada, a veces altamente calificada. Y qué bien sea así, mas no olviden las autoridades que también hay que promover una atmósfera atractiva para la inversión privada de mano de obra de moderada o baja exigencia cualificada.	¿Se están dando las condiciones propicias para una “explosión” de la inversión privada?. No lo creo. Y sin traer a cuento el impacto de la Reforma Fiscal que indudablemente frena el crecimiento al menos en sus primeros años de vigor, también hay que tomar nota de la empinada cuesta que le espera a la administración Alvarado para encadenar los eslabones complementarios de la reforma fiscal.  Requerirá gran pericia, particular habilidad política para convencer a otros partidos de que le ayuden pues contempla el saneamiento de las finanzas con algo más que el aumento de la carga tributaria, esto es, con el trabajo de carpintería por el lado de los disparadores del gasto. ¿Cómo entonces, inducir a invertir al principal generador de empleo del país –la empresa privada- sin mostrar con hechos que generen confianza y seguridad,  que su perspectiva va  más allá del catecismo que vino a predicar un delegado del Fondo Monetario Internacional?.	De la inversión pública, en estas angustias fiscales, poco puede esperarse para generar empleo. Es encomiable el empeño con que el Ministerio de Obras Públicas saca de la modorra a sus despachos y pone en marcha una serie importante de proyectos en infraestructura que parecían esperar la llegada del juicio final. De ahí en  fuera, ¿qué se puede esperar de un Estado que más bien debe reducir su ampulosidad?.	Sí, están abriéndose nuevas fuentes de empleo, mas no en la cantidad ni el tipo de trabajos a la medida del perfil educativo y las habilidades del segmento grande de la fuerza de trabajo disponible. Los análisis sobre el desempleo  muestran que algo falla, quizás la brújula no está bien orientada pues las corrientes nos enrumban a resultados en que el desempleo o se estanca o se agrava. La Terminal Portuaria de Moín –todo un moderno complejo portuario, de inobjetable pertinencia y necesidad- ya entró en servicio y  empezó a repercutir en el mercado del empleo de Limón. Es evidente que las autoridades dejaron pasar el tiempo sin tomar las providencias adecuadas para amortiguar sus impactos sociales.	Si el presidente Alvarado Quesada no le pone el cariño, la atención y la presión que sí le ha brindado a sus planes de descarbonización del ambiente, puede topar con la cruda realidad de un desempleo desatado con fuerza de perturbador social. Lo que sería la conflagración de su capital político y su nombre en las páginas de la historia.	¿De qué le sirve un salario mínimo “digno” a los 300 mil desempleados que hay actualmente en Costa Rica? ¿No será mejor un “salario de hambre”, como lo llaman los políticos que gustan de tomarse fotos chic, que un salario de cero? Después de todo, ya en Costa Rica hay 315,000 personas que pasan hambre (6.3% de los hogares a los que no alcanza para comprar la canasta básica alimentaria, o sea que están en pobreza extrema).