Los grandes problemas que hoy enfrentamos como país son el resultado de la posposición de decisiones, fuese por inacción o por bloqueo, fuese porque había margen o por temor a la impopularidad frente a los ciclos políticos. También por la adopción de decisiones que eran atractivas en el corto plazo, tal vez incluso adecuadas, pero que hoy nos pasan la factura.	Aun si hoy corriera viento favorable en la economía internacional, que no es el caso, o no tuviéramos los embates climatológicos, que sí los hemos tenido, la economía costarricense no tendría capacidad de crecer más allá del 3,5 o 4% del PIB. Ese crecimiento y sus condiciones seguirían siendo insuficientes para extender rápidamente el bienestar a toda la población en todos los rincones.	Eso ocurre porque tenemos fallas, rezagos y exclusión en la educación, así como alta informalidad y poco dinamismo en el mercado laboral. Tenemos rigidez, alto endeudamiento ciudadano y alto costo del crédito en el sistema financiero; mercados nacionales de poca competencia u oligopólicos que encarecen el país; así como razones burocráticas y no constructivas que atrasan nuestra ambiciosa agenda de inversión pública. A su vez, hay mucha ineficiencia y tramitología en la cosa pública.	Se han adecuado programas de financiamiento de vivienda para ampliar el acceso a crédito a familias de clase media que antes no lo tenían, y se emitió una directriz de atención prioritaria por parte de los bancos al sector agropecuario, así como un decreto para regularizar pozos y dar seguridad jurídica y ambiental a los productores.	Los hechos demuestran que no se ha dejado de avanzar en esos campos, al tiempo que se ha trabajado en consolidar el esfuerzo de fortalecimiento fiscal. Prueba de este compromiso será la disciplina que mostrará el presupuesto para el 2020, como se hizo con el de este año, así como nuestro fortalecimiento en los esfuerzos de recaudación y combate a la evasión.	Afrontamos esos desafíos con las herramientas que el Estado de Derecho nos da. En la resolución de la reciente huelga en la CCSS, no contamos con herramientas legales como el proyecto de huelgas que hoy se impulsa. No obstante, nos aseguramos de que en la CCSS se apliquen hacia adelante las reglas establecidas en la Ley de Fortalecimiento Fiscal, y que lo que se discuta judicialmente sea solo el mecanismo que debe aplicarse a las anualidades acumuladas antes de dicha ley.	Comprendo a quienes están insatisfechos con esa resolución. Al sopesar los valores en pugna, optamos por minimizar los riesgos para la salud y la vida de miles de personas que ya habían sido afectadas y de las decenas de miles más a las que afectaría una prolongación de la huelga. Gobernar es decidir frente a valores contrapuestos y a mí me corresponde buscar vías que beneficien a la familia costarricense como un todo.	En todo camino que valga la pena hay dificultades. Como al construir una obra, el verdadero cambio implica la incomodidad de transformaciones inmediatas para el disfrute pleno y venidero de sus beneficios. Lo que ayuda a superar las dificultades es el compromiso con una causa superior y hoy esa causa es liberar de trabas el potencial de nuestro país, para que sea más próspero y de mayores oportunidades para