Caracas, 6 dic (Sputnik).- La Contraloría General de Venezuela solicitó a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) bloquear las cuentas de diputados acusados de corrupción, así como a un grupo de ciudadanos designados por el opositor Juan Guaidó como directivos de empresas del Estado, fuera de esa nación sudamericana.	«Hemos acudido a esta instancia para que se impida cualquier tipo de negociación que vaya a hacer el señor Guaidó y su entorno de delincuentes a través del sistema financiero venezolano y de la banca venezolana (…) estamos solicitando el bloqueo de las cuentas de estos señores», indicó el contralor general, Elvis Amoroso.	«Aquí se menciona al grupo de personas que se han enriquecido con eso, igualmente los que están en Colombia y que tienen mansiones y una vida ostentosa en los países del Grupo de Lima, hacemos esto para que el pueblo de Venezuela esté atento, reciba de esta institución la información de las personas que están inhabilitadas y bloqueadas sus cuentas, para que se abstengan de hacer cualquier tipo de negociación», agregó.	«No vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia que el dinero de los venezolanos se esté manejando de forma irregular para crear terrorismo y zozobra a nuestra patria (…) Nosotros estamos presentando la lista de ciudadanos no es porque sean diputados o no simplemente es porque están en una trama de corrupción sin precedentes en Venezuela y en el mundo», expuso.	El pasado fin de semana el portal de investigación ArmandoInfo publicó un reportaje en el que presentó presuntas pruebas que vinculan a los parlamentarios, la mayoría de ellos integrantes de la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, de haber intercedido por varios empresarios vinculados con el Gobierno venezolano y que han sido sancionados por EEUU por el programa de alimentación denominado Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).	De acuerdo al texto, los diputados se han encargado desde hace algunos meses de «hacer gestiones informales ante organismos como la Fiscalía de Colombia o el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, emiten cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negocios entorno a las importaciones de las cajas CLAP, con el objetivo de que esos organismos dejen de investigar a los empresarios».