Londres, 15 Mar. (EUROPA PRESS).-  Los niños migrantes sin papeles tienen que pagar para poder ser atendidos en el sistema sanitario británico público (NHS, por sus siglas en inglés), lo que contraviene los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de los niños, según argumentan expertos en salud infecciosa en un editorial en la revista ‘Archives of Disease in Childhood’.	El informe detalla que, como parte de las políticas para frenar la inmigración en Reino Unido, una Ley aprobada en 2014 incrementó las restricciones sobre el derecho a la atención sanitaria, así como impuso una tarifa del 150 por ciento del coste habitual para aquellos que no tienen derecho para recibir cobertura médica gratuita.	En 2017, además, otra Ley introdujo un cobro por adelantado obligatorio antes del tratamiento para aquellos que no pueden demostrar que poseen esta cobertura, y la denegación de atención no urgente para aquellos que directamente no pueden pagar. Ahora, según el informe, las Urgencias y la Atención Primaria están exentas de pago, al igual que algunas enfermedades infecciosas. “Se da cobertura en la maternidad, pero aún así se puede cobrar más adelante”, critica el editorial.	Igualmente, sus autores aseguran que cualquier persona que deba más de 585 euros (500 libras) al sistema sanitario público es remitida al Ministerio del Interior si no paga en dos meses. Además, recientemente se ha introducido un recargo anual de 468 euros (400 libras) por niño en las solicitudes de inmigración. “Esto se suma a un proceso que ya de por sí es muy costoso. Probablemente hará que sea aún más difícil estar en suelo británico de manera regular”, lamentan.	Se estima que unas 600.000 personas en Reino Unido son inmigrantes indocumentados, de los cuales 120.000 son niños. De ellos, 65.000 incluso nacieron en suelo británico. Los niños nacidos en Reino Unido pero de padres extranjeros pueden solicitar la ciudadanía después de 10 años de residencia. “Las familias temen que atender a su hijo enfermo pueda llevar a la aplicación de medidas de inmigración como la detención, deportación e incluso la separación familiar”, explican los autores.	“Restringir el acceso a la atención médica es claramente perjudicial para la salud, pero también para proteger a los niños, porque obstaculizan la forma de identificar a las personas en riesgo. Los profesionales sanitarios serán fundamentales para luchar contra el sistema de cobro del NHS y sus vínculos con la Ley de inmigración. Tenemos que para restaurar la asistencia sanitaria universal y el derecho a la salud de los niños”, concluyen estos expertos.