La huelga es un derecho aunque haya personas que no les parece que así sea. Se trata de una conquista de los trabajadores que costó sangre, sudor y lágrimas. Al igual que en la actualidad, hubo personas que se oponían a que los trabajadores tuvieran la posibilidad de expresar su oposición a las políticas o acciones que realizaban los gobiernos o los patrones. La lucha social entendida como la interacción de los diferentes grupos en función de sus intereses, ha sido continúa en Costa Rica y en el resto de países del mundo.	Vamos a decirlo de manera clara y directa. En este momento los sectores económicamente más favorecidos con el modelo económico que ha venido prevaleciendo desde hace más de treinta y cinco años, han logrado posicionar en el poder político a dos personajes que favorecen sus intereses. Uno de ellos es el Presidente de la República, Carlos Alvarado, que nos ha sorprendido a todos su tendencia menos moderada; y el otro que era más clara su posición en el espectro ideológico, Carlos Ricardo Benavides. Evidentemente no actúan solos y se señalan sus nombres no porque sean los que mandan sino porque son, en este momento, las cabezas visibles de quienes realmente manejan el poder en Costa Rica.	Unido a lo anterior, esos mismos grupos de interés, han logrado hacerse también con una buena parte de la Corte Suprema de Justicia. Aunque Fernando Cruz me merece el máximo de los respetos, pareciera que la dinámica de un órgano colegiado como el de la Corte Suprema ha terminado por alinearlo en el ritmo que los grupos de poder les sirve. Tanto es así que, recientemente, han dicho que las limitaciones propuestas al derecho a la huelga no afecta al Poder Judicial y con ello evidencian la falta de visión de lo que esto significa para la democracia costarricense.	Hay politiquillos, de esos de los de ahora, que no se han sentado a estudiar y menos a entender las razones que prevalecieron para que exista el derecho de huelga a nivel constitucional. La ausencia de estadistas que comprendan la trascendencia de este derecho nos está llevando a un régimen político cada vez más vertical, autoritario y a que el espacio de disenso más restringido y consecuentemente un espacio democrático más limitado. Los medios de comunicación que tanto hablan de la libertad de expresión, claro está solo cuando les conviene, se han convertido en cómplices de esta situación tan perjudicial para la sociedad costarricense.	Mis respetos a los grupos de educadores de primera y segunda enseñanza por la lucha que vienen dando en este sentido. Son ellos quienes han dado la cara, como ha sucedido en el pasado, para tratar de contener el poder de los grupos de interés que quieren seguir ensanchando la brecha de inequidad que se ha venido construyendo en las últimas décadas. El problema es que los tiempos han cambiado y aquel educador respetado por educandos y por los padres de estos, ahora se ha convertido en un cuidador de sus hijos; de ahí que las huelgas le suponga a los padres un trastorno, especialmente, para aquellos que trabajan en el sector privado, donde les rebajan el salario por una llegada tardía o ausencia que no es responsabilidad directa del empleado.	La huelga es un derecho que funciona como un instrumento que tiene los trabajadores para propiciar la negociación con los patronos, sean estos públicos o privados. Como derecho y herramienta que es, se debe usar con mucha responsabilidad y no se puede abusar de él; en consecuencia, también en los grupos sindicales debe existir inteligencia y claridad de miras para que la huelga sea efectiva y cumpla su cometido, no se trata de hacer huelga por hacerla. El momento de la huelga y la lectura de la coyuntura política resulta de gran relevancia, así como tener muy estudiado el espacio político y las instancias que realmente pueden decidir sobre el conflicto que motiva el movimiento huelguístico.	Finalmente, se deben imaginar nuevas formas de acción para que el ejercicio del derecho a la huelga sea efectivo para los trabajadores. En el presente caso debería estar claro que el espacio físico y político donde se deben concentrar los esfuerzos es la Asamblea Legislativa, no les vaya pasar lo mismo que con el plan fiscal; por otra parte, la otra instancia que se puede accionar es la jurisdicción constitucional, sobre todo, porque lo que se está limitando es un derecho establecido en la carta magna. Claro y no queremos que nos entierren en cajita blanca como se dice popularmente, la interpretación la hacen personas de carne y hueso, con sus intereses políticos, económicos y sociales, así que se puede esperar cualquier cosa de las sentencias emanadas de esa jurisdicción.	El derecho constitucional a la huelga se debe defender como lo que es, un derecho que no cayó del cielo, que no es un derecho natural como algunos lo entienden y que implicó la vida de muchas personas para que actualmente esté en el ordenamiento jurídico de Costa Rica y en el de otros países.