«Lo que está fallando es el diseño de la institucionalidad, que no expresa bien los distintos intereses (en juego en torno de los proyectos mineros) y no permite canalizarlos bien de manera que los derechos de todos estén protegidos. El Estado tiene que conciliar un conjunto de intereses de distintos grupos involucrados y para eso está la institucionalidad que te permite conciliar y tomar decisiones», dijo Leyva, directora de la organización ambientalista CooperAcción.	«La gente está preocupada por el agua. En el caso de Tía María, la conexión entre el agua superficial del río (del valle de Tambo, cercano al yacimiento), y las aguas subterráneas que lo alimentan en época de estiaje no está clara; esto no se establece con claridad en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y se generan dudas por una falla que es institucional», comentó.	«La OEFA debe tener todas las facilidades para corregir las observaciones a los EIA. La Dirección de Evaluación Ambiental, que recoge información de línea base sobre el proyecto cuando ésta no existe, y la Dirección de Fiscalización deben estar conectadas, pero esta relación a veces no es muy fluida, entonces otra vez hablamos de fallas institucionales, incluso al interior de un mismo organismo», opinó Leyva.