Entre los principales logros destaca un excedente en los estados financieros superior a los ¢9.423 millones, mientras que al iniciar dicha Intervención en febrero 2017, la institución contabilizaba pérdidas de más de ¢1.500 millones. Además se implementó un proceso de Modernización que, entre otros aspectos, aplicó una Reestructuración, generó un Plan Estratégico 2019-2023 innovador y apuntaló una política y un reglamento de gobierno corporativo.	En el plano de la ética y la probidad se realizaron dos Auditorías Forenses con la firma KPMG que revelaron sendas irregularidades en el manejo de créditos, inversiones, transferencias, contratación administrativa y de personal, viajes al exterior y comisiones liquidadoras de cooperativas. Estas investigaciones se complementaron con auditorías y contralorías específicas, así como otros estudios realizados por la Junta Interventora, que al sumarse en conjunto, superan el monto de los ¢46.000 millones en hechos anómalos.	El INFOCOOP se acreditó como víctima del proceso penal, expediente 16-000046-1218-PE, que acumula en el Ministerio Público 30 casos de potencial corrupción. Por ende, durante toda la Intervención se colaboró facilitando documentos e información diversa a las Fiscalías de Probidad y de Delitos Económicos, así como al Organismo de Investigación Judicial.	Por otra parte, se participó activamente en el procedimiento administrativo CGR-PA-2017008121, que realizó la Contraloría General de la República (CGR) por la manipulación de la tasa de equilibrio del INFOCOOP, ocurrida en el año 2010. Dicho procedimiento sentenció a siete exdirectivos y a dos exfuncionarios a cinco años sin ocupar cargos públicos.	Uno de los informes que fundamentaron la Intervención, el DFOE-PG-IF-14-2016 emitido por la CGR en 2016, fue atendido prioritariamente durante todo el periodo, con el fin de mejorar el área de Financiamiento. Esta atención fue avalada como satisfactoria por el ente Contralor mediante oficio DFOE-SD-2182.	Por medio del proceso de Modernización se diseñó un nuevo modelo de gestión centrado en la generación de Valor Público y que a su vez enfatiza en la competitividad de las cooperativas, su vitalidad asociativa, la innovación y el valor agregado. Adicionalmente, apunta a la sostenibilidad financiera del INFOCOOP y a la diversificación de sus productos. Este modelo refuerza el control interno, la simplificación de trámites y la coordinación entre las áreas. Propone además la regionalización y la mejor articulación con otras entidades.	La Intervención nunca detuvo la labor ordinaria del INFOCOOP, pues la organización siguió brindando sus servicios en todo el país. Por ejemplo, durante los 33 meses se ayudó a constituir 122 entidades cooperativas, que agrupan a 2.821 personas. Destaca aquí la creación de una Aceleradora de Nuevas Cooperativas con sede en San Pedro.	A partir de diciembre 2019 iniciará sesiones la Junta Directiva ordinaria integrada por las siguientes personas: Óscar Alvarado Alpízar (por las cooperativas de Autogestión), Víctor Carvajal Campos (por las cooperativas Agrícolas-industriales), Johnny Mejía Ávila (por las Demás Cooperativas), Leonel Pérez Cubero (por “la libre”), Luis Diego Aguilar Monge (por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), Zayra Quesada Rodríguez (por el Ministerio de Agricultura y Ganadería) y Ronald Guerrero Araya (por el Banco Nacional de Costa Rica). Así, el único integrante de la Junta Interventora que continúa es Luis Diego Aguilar, quien es Viceministro de Trabajo con énfasis en Economía Social Solidaria.