¿Será 2020 tan explosivo como el año que está llegando a su fin? Es la angustia que abraza a los gobiernos de todo el mundo, aún desestabilizados por levantamientos populares masivos e inesperados. En Chile, de donde vengo, pero también en el Ecuador, Venezuela, Bolivia, Francia, Irak, Líbano, y Egipto, entre otros, este año hemos visto a millones de personas invadir las calles, paralizando todas las actividades en sus países. Los contextos son diferentes, pero en todas partes podemos ver los ecos de una revuelta mundial contra las desigualdades extremas y la degradación de los niveles de vida.	Lo más irónico es que, el 10 de diciembre de 1948 – hace 71 años- todos estos países apoyaron con entusiasmo la Declaración Universal de Derechos Humanos. De acuerdo con este documento que sigue siendo visionario, se comprometían a respectar no sólo los derechos civiles y políticos (por ejemplo, el derecho a la vida, la libertad de expresión y de religión), sino que también los llamados derechos económicos, sociales y culturales (por ejemplo, a remuneraciones equitativas y satisfactorias, vacaciones periódicas pagadas, acceso a la educación, la salud, y a los servicios sociales necesarios). Todos derechos cada vez más vulnerados en un mundo cada vez más desigual. El año pasado,	Frente a los reclamos populares, encontramos gobernantes cada vez más desacreditados, que se excusan argumentando que las arcas están vacías. Nos plantean que se ven forzados a tomar medidas de austeridad, nos quieren convencer de que no tienen dinero para financiar servicios públicos de calidad, que carecen de los medios para dotar a sus adultos mayores de pensiones decentes, y que no pueden hacer frente a la crisis climática.	Sin embargo, la evidencia muestra que las medidas de austeridad no son la solución. Sólo agravan las disparidades de género o raciales, sumerge y mantiene a las personas en la pobreza y las priva del acceso a la salud, la educación o la vivienda. La ciudadanía que se manifiesta reclama un aumento progresivo de los ingresos fiscales para otorgar a la población los bienes y servicios necesarios para una vida digna.	que le permitiría, incluso a los países más pobres, aumentar sus arcas fiscales. Dentro de aquellas soluciones, se hace cabe más imperante el que los países cambien el sistema fiscal internacional, que no es solo obsoleto, sino que también injusto. El sistema actual permite la evasión fiscal sistemática por parte de las multinacionales. Ellas pueden declarar sus beneficios en los países de su elección, manipulando las transacciones entre sus filiales. De esta manera, consiguen ser deficitarias allí donde los impuestos son elevados -incluso si es en estos países donde generan más actividad económica-, para reportar altos beneficios en jurisdicciones donde los impuestos son muy bajos o incluso nulos -aunque en realidad no tengan clientes.	Si las multinacionales – y los súper ricos- no pagan la parte justa que les corresponde de impuestos, los gobiernos no pueden invertir en acceso a la educación, salud, pensiones decentes ni tomar medidas que permitan mitigar y adaptarse a la crisis climática. Asimismo, la carga tributaria se desplaza los más pobres, usualmente a través de impuestos regresivos al consumo, como el impuesto al valor agregado (IVA). El impacto es aún mayor para los países en desarrollo,	, nos corresponde a todos asumir un compromiso claro con la cuestión de la fiscalidad internacional, dejando de considerarla como una cuestión técnica que debe ser discutida a puerta cerrada. Debemos trabajar colectivamente para poner los intereses de la mayoría de los ciudadanos por sobre las ganancias, muchas veces desmedidas, de un grupo reducido de accionistas. De Santiago a Beirut, las calles nos lo recuerdan: la lucha por los derechos humanos es también la lucha por una vida digna, sin el miedo al hambre y la pobreza.