Ciudad de México, 15 oct (Sputnik).- La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (Acnudh), respaldó el enfoque del proyecto de Ley de Amnistía que señala que la relación entre el acceso a la justicia y la condición económica de personas en situación de vulnerabilidad puede conducir a la cárcel, pero al mismo tiempo emitió observaciones para reformularla.	El sistema de justicia penal en México, a pesar de la mejora que ha tenido, adoptando el sistema de corte acusatorio, «ha generado una cantidad considerable de víctimas de violaciones a derechos humanos, destacando violaciones al derecho a un debido proceso y los derechos a la libertad y a la integridad personales», comentó la oficina en este país del organismo que encabeza Michelle Bachelet.	La ONU «suscribe» lo establecido en la exposición de motivos de la iniciativa de decreto, que debe votarse en el Congreso, por el que se expide la Ley de Amnistía, la cual hace referencia a estadísticas y evidencias disponibles para señalar que «existe una relación inversa entre el acceso a la justicia y la condición económica de las personas».	El proyecto de ley señala que la estancia en prisión de individuos que han sido privados de su libertad como consecuencia de su condición de marginación, «puede fomentar que personas sin antecedentes delictivos o que cometieron delitos con penalidades bajas, sean inducidas a la delincuencia organizada o a otras manifestaciones de criminalidad que lesionan gravemente a la sociedad».	Las llamadas Reglas Mínimas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad de la ONU, conocidas como las «Reglas de Tokio», señalan que «se debe reducir la aplicación de las penas de prisión y racionalizar las políticas de justicia penal, a través de la aplicación de medidas no privativas de la libertad»	Finalmente, indica la necesidad de impulsar cambios legislativos con el objetivo de «derogar tipos penales que violan o podrían vulnerar los derechos humanos»; reformar los que han conducido al «uso abusivo del encarcelamiento»; y derogar figuras que han conducido a la «utilización excesiva de la privación de la libertad», que han afectado en particular a personas en situación de pobreza. (Sputnik)