En este sentido, la asesora del enviado especial ha insistido en que combatir el terrorismo –una justificación a menudo utilizada por las fuerzas progubernamentales para asaltar zonas controladas por los rebeldes– «no absuelve a ninguna parte de sus obligaciones legales» a la hora de evitar ataques contra las infraestructuras civiles y los propios civiles en sí.