Además, no termina de entender que la ley afecte a aquellos magistrados que cuestionen la legalidad de los nombramientos decretados por el Gobierno a través del reformado Consejo Nacional de la Judicatura, que ahora tiene que admitir la opinión del Parlamento — que domina el partido de Duda, Ley y Justicia (PiS) — en la designación de los magistrados.	En junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya había dictaminado que la polémica reforma viola los principios de inamovilidad del juez y de independencia judicial. La Justicia europea argumentó entonces que todos los Estados miembros tienen la obligación de garantizar que sus órganos jurisdiccionales que formen parte de sus sistema de vías de recurso cumplan con las exigencias de la tutela judicial efectiva y, para asegurar dicha tutela, «resulta primordial preservar su independencia».