Buenos Aires, 10 ene (Sputnik). – El proyecto de ley del Gobierno argentino que establece un nuevo régimen penal juvenil y baja la de edad de punibilidad de 16 a 15 años no incide en la inseguridad, pero pretende seducir a parte del electorado de cara a los comicios presidenciales de octubre, de acuerdo a varias entidades y según explicó a Sputnik la exministra de Seguridad, Nilda Garré.	“Los menores cometen un porcentaje ínfimo de los delitos, menor aún en el caso de delitos violentos, pero se le quiere dar al anuncio una magnitud y una sensación de que con esa modificación se va a resolver el problema de la inseguridad, que tiene otras causales y otra complejidad”, reflexionó Garré.	Con el mismo argumento, el Gobierno insiste en cambiar la legislación, pero a contramano de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Convención sobre Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Naciones Unidas, pues este proyecto “pretende conquistar, con fines electorales, a un sector de la población que tiene miedo o que ha sido objeto de algún delito menor”, reprochó Garré.	La legisladora recordó que en sintonía con esta propuesta, el Gobierno emitió a finales de 2018 un nuevo reglamento para las fuerzas de seguridad que flexibiliza el uso de armas de fuego y permite a un agente a disparar a un supuesto delincuente que se dé a la fuga y sin dar la voz en alto.	“La reforma del sistema de responsabilidad penal juvenil no puede darse sin advertir la vulneración actual de los derechos económicos, sociales y culturales en que vive la infancia y la adolescencia de la República Argentina, donde el 48 por ciento (…) es pobre según un estudio de Unicef”, indicó Ajunaf en un comunicado.	La red Argentina No Baja, integrada por diversos especialistas y entidades políticas y sociales, sostuvo a su vez que el proyecto del Gobierno no sirve para combatir la inseguridad, sino que empeora la situación, utiliza a los adolescentes como chivo expiatorio de los problemas de seguridad pública, confunde a la población sobre el fondo de la cuestión, es anticonstitucional y es contrario a la ley 26.061 de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. (Sputnik)