«Lamentando la virulencia con la que se ha planteado un problema que podía (y puede) resolverse con diálogo, comprensión y prudencia por parte de todos los afectados, en defensa de los mismos principios morales y religiosos que movieron nuestra anterior negativa y en defensa de la inviolabilidad de los lugares de culto y ‘res sacra’ católicas, le comunico que esta Abadía no autoriza el acceso a la Basílica», reza la misiva a la que ha tenido acceso Europa Press.	La comunidad benedictina de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos se opone a la petición de levantamiento de suspensión cautelar de la exhumación de Francisco Franco solicitada por la Abogacía del Estado, recuerda que las «vulneraciones de derechos fundamentales» invocadas por la Abadía en relación a la libertad religiosa y a la no intromisión de los poderes civiles en los lugares de culto, no han sido aún enjuiciadas, y anuncia que acudirá al amparo del Tribunal Constitucional.	«Parece evidente que tanto la familia Franco como, desde luego, esta Abadía, acudirá al amparo del Tribunal Constitucional alegando la vulneración de los derechos fundamentales que constan en nuestro escrito de demanda solicitando, si fuera preciso, el planteamiento de una ‘autocuestión de inconstitucionalidad'», precisan los benedictinos en un escrito presentado este martes 8 de octubre ante la Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, al que ha tenido acceso Europa Press.	Aunque el Tribunal Supremo rechazó en su totalidad el recurso presentado por los nietos de Franco, los benedictinos presentaron otro recurso que aún no ha sido resuelto. «Las vulneraciones de derechos fundamentales, autónomas con respecto a las alegadas por la familia Franco, invocadas por la Abadía siguen sin haber sido enjuiciadas», señalan.	«Sería irreversible el daño que se produciría a mi mandante (y a la Iglesia Católica en general) si se consuma la entrada en un lugar de culto (Basílica) y una res sacra (sepultura), sin la preceptiva e insustituible autorización eclesiástica. Si la entrada a la Basílica y la exhumación se produce sin dicha autorización, con independencia de que, posteriormente, este Tribunal o el Tribunal Constitucional estimen la infracción del derecho a la libertad religiosa de la Comunidad Benedictina que supone tal actuación, el perjuicio ya sería irreparable», reza el escrito.	Tampoco se ha juzgado, según precisan, la «infracción» que, a su juicio, el propio Real Decreto-Ley provoca sobre la libertad religiosa e intimidad de la Abadía y familiares de los 20 monjes benedictinos que yacen en el cementerio de la Abadía y que, según el dictado de la norma legal, deben ser imperativamente exhumados. «Carecen de relevancia, significación política o ideológica y, sin embargo, van a sufrir su exhumación y traslado de forma desproporcionada y arbitraria», añaden.	Por todo ello, piden al Supremo que admita este escrito teniendo por formulada su «oposición» a la petición de levantamiento de suspensión por parte del Estado y que «resuelva el mantenimiento de la misma». En caso de que se desestime la demanda de la comunidad benedictina, anuncian que acudirán en amparo al Tribunal Constitucional para que decida si mantiene o no la suspensión de los acuerdos recurridos.