Román Macaya Hayes, presidente ejecutivo de la CCSS, celebró este acuerdo, toda vez que normaliza los servicios que ofrece la institución en todos los rincones del territorio nacional para el bien de la población a la que diariamente se le brinda consultas, procedimientos y se le realizan intervenciones quirúrgicas. Se trata, dijo, de una victoria para la población costarricense.	El Ministro de Trabajo, Steven Núñez Rímola, reconoció la importancia del diálogo social como instrumento fundamental de nuestra democracia. “Una vez más queda latente que el diálogo social es la herramienta más eficaz para la resolución de cualquier conflicto laboral y para el mantenimiento de la paz laboral en beneficio de las personas trabajadoras de nuestro país.	La autoridad de la CCSS explicó que este arreglo fue guiado por el principio de legalidad y el marco jurídico que impera en el territorio nacional , a fin de garantizar la paz social y laboral, y la tutela de derechos esenciales, como los son el derecho a la vida y el derecho a la salud.	Según la autoridad de la CCSS, el acuerdo establece que los Tribunales de Justicia tendrán que resolver el conflicto establecido entre la institución y la dirigencia sindical en torno al diferendo surgido por la aplicación de la Ley 9635 y su Reglamento y reformas (decretos) posteriores a un acuerdo suscrito entre las partes, dentro del marco jurídico vigente a ese momento. Así, se respetarán los efectos del acuerdo del 20 de febrero.	En este sentido, Macaya Hayes explicó que la CCSS no puede por sí misma anular tal acuerdo que se suscribió en febrero con base en el bloque de legalidad que había en ese momento: la Ley 9635 publicada el 4 de diciembre del 2018 y su Reglamento (Decreto Ejecutivo 41564-Mideplan-H), el cual posteriormente fue modificado (mayo 2019).	El acuerdo se alcanzó este lunes en una negociación que arrancó a las 8:45 de la mañana, entre representantes de las diferentes agrupaciones sindicales, Víctor Morales, ministro de la Presidencia, el ministro de Trabajo Steven Núñez, Román Macaya Hayes, presidente ejecutivo, Roberto Cervantes Barrantes, gerente general,  Rónald Lacayo Monge, gerente administrativo, Carlos Manuel Alfaro Alfaro, gerente Financiero,  Gilberth Alfaro Morales, director jurídico y el Wálter Campos Paniagua, director de la Dirección de Administración y Gestión de Personal (DAGP).