El Departamento de Estado invocó una sección de la Ley de Partidas para Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados en la que se «establece que, en casos donde el secretario de Estado tiene información creíble de que funcionarios de gobiernos extranjeros han estado vinculados con significativos casos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos, esos individuos y los miembros de su familia inmediata no pueden ingresar a EEUU».