Bogotá, 11 mar (Sputnik).– El partido de izquierda colombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC, surgido tras la desmovilización de la guerrilla) anunció el lunes que pedirá la intervención de la comunidad internacional y del Consejo de Seguridad de la ONU luego de que el Gobierno anunció objeciones a ley estatuaria del tribunal de paz.	“El partido político FARC solicitará de forma inmediata la intervención política de la comunidad internacional y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, conforme a los mecanismos previstos en el Acuerdo de Paz, para evitar que la paz construida con tantos esfuerzos sea destrozada por quienes siempre han utilizado la guerra para su enriquecimiento”, señaló la agrupación en un comunicado.	A través del mismo, la FARC consideró que a raíz de las objeciones “Colombia se convierte en un país paria ante el mundo, sin palabra ni seriedad, que incumple ostentosamente sus obligaciones y en el que nadie podrá confiar, salvo para utilizarlo como peón que ponga los muertos en aventuras militaristas ajenas”, en alusión a una posible intervención militar en Venezuela por parte de Estados Unidos, lo cual ha descartado el gobierno colombiano.	La carta, firmada por el Consejo Político Nacional del partido, señaló que “con esta decisión, el Centro Democrático (partido que lidera el senador y expresidente derechista Álvaro Uribe) y en especial su portavoz y ahora presidente de Colombia, Iván Duque, incumplen el Acuerdo de Paz refrendado por el Congreso de la República en su segunda versión”.	La JEP (tribunal de paz creado en el marco de los diálogos de paz de La Habana para juzgar a excombatientes, militares y terceros que financiaron el conflicto armado) ha recibido desde su puesta en operación -hace un año- a más de 13.465 comparecientes, entre miembros de la exguerrilla de las FARC y la fuerza pública, quienes han recibido algún tipo de beneficio penal, entre los que se destacan las libertades transitorias o anticipadas.	Sin embargo, la ley estatutaria de la JEP, es decir, la norma que establece mecanismos claros para hacer seguimiento a los casos y evaluar si los comparecientes aportan a la verdad plena, a la reparación de las víctimas y ofrecen garantías de no repetición, permanece congelada a la espera de que Duque la sancione, pese a que la Corte Constitucional ya le dio su aval en 2018. (Sputnik)