Ramírez condenó las acciones del Gobierno anterior que puso en marcha el proceso de contratación de una firma especializada para que mediante una alianza público-privada (APP) realizara el rescate, el tratamiento de las piezas y la construcción y operación de un museo, «lo cual se pagaría principalmente con piezas rescatadas del mismo galeón, siempre que no fueren declaradas como Patrimonio Cultural de la Nación».