Morales ha insistido en que la orden de captura «no es constitucional ni legal» porque, según sostiene, «Evo sigue siendo presidente» y, para procesar a un jefe de Estado en ejercicio se debe acudir a un juicio de responsabilidades, una figura especial para altos cargos, si bien la denuncia contra él se ha tramitado por la vía ordinaria.	El líder indígena defiende que, puesto que la Asamblea Legislativa no llegó a debatir ni a aceptar su dimisión, ésta no se ha materializado. También esgrime que su sucesora interina, Jeanine Áñez, no respetó la línea de sucesión presidencial fijada en la Constitución, «por lo que cualquier acto del Gobierno ‘de facto’ (…) es ilegal».	Tanto Morales como Yucra se encuentran en Argentina. El líder indígena dimitió el 10 de noviembre tras confirmarse las «irregularidades» en las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Primero llegó a México, donde pasó casi un mes como asilado, pero la semana pasada recaló en Argentina como refugiado tras una breve escala en Cuba por razones médicas.	Fuentes de la Casa Rosada consultadas por el portal de noticias argentino Infobae han indicado que el Gobierno de Alberto Fernández «no entregará por ningún motivo» a Morales. «Vamos a proteger a Evo porque corresponde hacerlo en su calidad de refugiado y porque todo el pedido de detención es una farsa», ha dicho un funcionario.