«Miles de solicitantes de asilo procedentes de América Central y de otros lugares, incluidos más de 4.780 niños y niñas, enfrentan condiciones potencialmente peligrosas e insostenibles después de que las autoridades estadounidenses los envían de regreso a México. El 7 de junio de 2019, Estados Unidos y México acordaron ampliar drásticamente el programa de devoluciones», señalan las ONG en un informe publicado este martes.	Las autoridades de México han incumplido su promesa de proporcionar visas de trabajo a los solicitantes de asilo en el programa de Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), lo que limita sus medios de subsistencia y los expone a la posibilidad de explotación, dice el informe.	Al 24 de junio, más de 15.000 solicitantes de asilo -en su mayoría, procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador- habían sido enviados de regreso a Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali con instrucciones de comparecer —a veces meses más tarde— ante tribunales inmigratorios al otro lado de la frontera en EEUU. Según las autoridades mexicanas, había entre ellos al menos 13 mujeres embarazadas, personas LGBT, así como discapacitados mentales y físicas, que enfrentan riesgos incluso mayores.	Human Rights Watch y Hope Border Institute exhortan al Departamento de Seguridad Nacional de EEUU «a poner fin de inmediato al programa de MPP y a dejar de enviar de regreso a México a solicitantes de asilo y a garantizar su seguridad, acceso a asistencia humanitaria y debido proceso durante todo el procedimiento de asilo». También llaman al Gobierno de EEUU a agilizar los trámites, evitar las detenciones de personas vulnerables y ampliar las oportunidades de representación legal en el sistema de justicia inmigratoria. (Sputnik)