Contrario a lo que corrientemente se supone, la huelga no ha sido aceptada como recurso de presión contra patronos o contra políticas estatales. La historia de Costa Rica está llena de conflictos laborales que fueron descalificados por empresarios, medios de comunicación y políticos. El ejemplo más conocido es la gran huelga bananera de 1934, cuando midieron fuerzas la poderosa empresa United Fruit Company y los trabajadores bananeros; ese movimiento fue rechazado y duramente reprimido por las fuerzas del Estado. Antes de eso, las huelgas de 1920 por una jornada de trabajo de ocho horas fueron también despreciadas como un movimiento legítimo.	Luego de que se emitió el Código de Trabajo en 1943, la huelga tampoco se convirtió en un método válido. Por eso, la discusión sobre la huelga como derecho en la Asamblea Constituyente de 1949 despertó un acalorado debate justamente porque algunos constituyentes plantearon la meta de prohibirlas; en ese contexto, Luis Alberto Monge expresó que en lugar de restringir la huelga se debía solucionar las injusticias sociales que las promovían.	Uno tras otro, medios de prensa y clase política descalificaron las luchas de trabajadores en la segunda mitad del siglo XX, casi con palabras idénticas a las que se utilizan en estos días. Los sindicatos han corrido por caminos similares; muchos desaparecieron después de la guerra civil de 1948 debido a la persecución de sus líderes y casi quedaron extintos en términos de su posibilidad de organización en el sector privado.	Contrario también a lo que se da por supuesto, las huelgas no siempre han sido exitosas para doblegar al patrono o nuevos proyectos de ley que afecten a los trabajadores. Existen algunos casos recientes que son buenos ejemplos al respecto: la gran huelga del Magisterio Nacional de 1995 desarrollada contra una nueva ley de pensiones para los educadores resultó en un fracaso estrepitoso, a pesar de que el movimiento se extendió por semanas. Otro ejemplo lo constituye la pasada “huelga nacional” contra la polémica reforma fiscal del gobierno de Carlos Alvarado, que finalizó con la reforma aprobada, los maestros y profesores descalificados y, en general, con los empleados públicos estigmatizados como la mayor carga del gobierno y, por extensión, de los contribuyentes.	Con huelgas se consiguieron la jornada de ocho horas, los seguros de accidentes en el trabajo, la extensión del aguinaldo y otros derechos específicos. Y aunque no fueron huelgas, los movimientos de trabajadores en el periodo 1941-1943, que finalizaron con una gran marcha en San José el 1 de mayo de 1943, certificaron la base de apoyo a la exitosa Reforma Social que volvió a Costa Rica un país diferente en el contexto latinoamericano. De esa forma, la huelga ha sido determinante para la democratización de Costa Rica.	Las principales quejas vinculadas históricamente con las huelgas han sido la interrupción del libre tránsito y las que se interpretan como una afectación a servicios básicos como la perdida de días escolares y el impacto que producen movimientos así en servicios de salud y de seguridad social. Ciertamente, en esos espacios las huelgas son más fáciles de desprestigiar debido a que impactan directamente a sectores sociales vulnerables como los infantes y los enfermos.	Rodrigo Facio lo resumió muy bien como diputado a la Asamblea Constituyente de 1949 cuando sentenció: “Aun cuando se prohibieran las huelgas éstas no desaparecerán. Si se autorizan, tampoco por ello se van a multiplicar. Pensar de ese modo es ignorar que las huelgas son fenómenos sociales, ajenos a la Constitución y a las leyes, producto de situaciones de hecho”.