A principios del 2016, en los pasillos de las Naciones Unidas en Nueva York se respiraba un aire triunfal con la entrada en vigor de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Motivos no faltaban, a pesar de que el mundo seguía viviendo los estragos de la crisis económica global, había una luz de esperanza con la adopción de un plan global, con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que abarcaban las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la social y la ambiental.	Desde su entrada en vigor, se ha hecho evidente que alcanzar las metas planteadas requiere menos retórica y más políticas públicas efectivas que contribuyan a reducir la desigualdad. Y esto inevitablemente implica una inversión importante de recursos. Sin embargo, cuando los ciudadanos de distintos países se movilizan demandando mejoras en la calidad de la educación y la salud pública, pensiones decentes para las personas mayores o que se financie una verdadera transición ecológica, con frecuencia se enfrentan a la misma respuesta: la falta de recursos.	Si en el pasado esta respuesta lograba zanjar la discusión, hoy en día existe una mayor conciencia de que, incluso en los países más pobres, existen opciones que pueden explorarse para generar los recursos necesarios para enfrentar la miseria y la desigualdad. Una de ellas es buscar que las empresas trasnacionales paguen los impuestos que les corresponden.	Esta competencia les ha traído grandes beneficios económicos, que a las multinacionales no les basta. El sistema fiscal actual también les permite fijar los precios de las transacciones entre sus subsidiarias, garantizando que los beneficios sean gravados en los países donde los impuestos son más bajos y no donde realmente tiene lugar la actividad económica. Así, globalmente,	Estas prácticas no hacen más que perpetuar la desigualdad. Si las empresas multinacionales no pagan lo que corresponde, no hay fondos para programas sociales, servicios públicos o infraestructura. Además, la carga de la recaudación fiscal tiende a recaer sobre la ciudadanía de pie, normalmente en forma de impuestos regresivos al consumo, como el impuesto sobre el valor agregado (IVA).	Mientras que algunos expertos fiscales, abogados corporativos y responsables políticos buscan mantener las discusiones fiscales a puerta cerrada, la buena noticia es que cada día incrementa el interés de la sociedad civil organizada en estos temas. A nivel regional y global, una red de ciudadanos, instituciones académicas, organizaciones feministas y activistas ha comenzado a movilizarse en contra de las injusticias fiscales. Se está construyendo un nuevo discurso que aborda las fallas del sistema fiscal, proponiendo soluciones efectivas y viables para una fiscalidad más progresiva que combata los niveles históricos de desigualdad en que vivimos	del sistema fiscal internacional, ahora con el respaldo del G20 y del G7. Se busca que las empresas multinacionales no sean consideradas como una multiplicidad de filiales independientes, sino como lo que realmente son: empresas unitarias que se benefician de un mercado global gracias a la integración de actividades que realizan en distintos territorios. Aunque no todos los países en desarrollo están representados en los debates, el nivel de participación actual representa una mejora sustantiva. En la primera ronda de negociaciones solo participaron las naciones ricas y un puñado de grandes países en desarrollo.	Hoy tenemos una oportunidad histórica para construir un sistema tributario más justo, que funcione en beneficio de todas las personas y no sólo para un grupo de accionistas privilegiados. Los gobiernos de los países en desarrollo deben hacerse oír en el debate global. Nosotros, las ciudadanas y ciudadanos, debemos seguir presionando, puesto que, sin justicia fiscal, no hay desarrollo. Jugando con el famoso eslogan de campaña que ayudo ganar a Bill Clinton en 1992, repitamos: ¡Son los impuestos, estúpido!