«Una vez más queda en impunidad el delito ambiental. La usurpación de un bien público como lo es el agua subterránea según el artículo 31 de la Ley de Aguas. La tutela del agua subterránea es responsabilidad del Estado. Esta amnistía genera dudas sobre una posible omisión por parte del Gobierno de Carlos Alvarado se su responsabilidad legal sobre el resguardo de este bien que le pertenece a toda la población costarricense», concluye FECON.