Madrid, 22 Jun. 2019 (Europa Press).- El incremento de los ataques de grupos yihadistas y la violencia intercomunitaria en el norte y en especial en el centro de Malí en los últimos meses ha generado inseguridad y unas necesidades humanitarias difíciles de atender y que podrían deteriorarse en los próximos meses, ahora que llega la estación de lluvias.	«En Malí, se ha establecido un clima de violencia en la vida cotidiana de los habitantes en el centro y el norte del país», resume el coordinador médico de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Bamako, Patrick Irenge, en declaraciones a Europa Press. En el caso de la región de Mopti, en el centro del país, «sufre incidentes de seguridad casi a diario», añade.	Esta misma semana, unas 40 personas murieron en un ataque contra dos localidades dogon en esta región, que vienen a sumarse a los 35 muertos el pasado 17 de junio en la localidad de Sobane, también dogon, y que las autoridades temen que sean una represalia a la matanza de más de 160 peul en un ataque ocurrido en Ogossagou el pasado mes de marzo.	La presencia de grupos islamistas en el país –tanto filiales de Al Qaeda como de Estado Islámico así como grupos autóctonos– ha exacerbado las disputas entre grupos étnicos en el país, enfrentando con cada vez más frecuencia a los peul, generalmente pastores nómadas a los que se ve como partidarios de los yihadistas, como el resto de comunidades, principalmente los dogon y los bambara, tradicionalmente agricultores.	«Lo más alarmante», asegura Irenge, «es que estos incidentes están afectando cada vez más a la población civil, creando un clima de inseguridad, miedo y desconfianza con incluso más consecuencias desastrosas». Además, la estación de lluvias acaba de comenzar y en Malí suele venir acompañada de «problemas como un pico en la estación de malaria, inundaciones, deterioro de las condiciones de las carreteras y con ello de acceso a las comunidades», explica.	A MSF le preocupa esta situación, habida cuenta de que, como destaca su coordinador médico, «en el centro y el norte de Malí, la gran mayoría de la población rural vive de forma muy modesta de la agricultura y la ganadería», por lo que la temporada de lluvias o de escasez son momentos particularmente «duros» para ellos.	También hay que añadir la carga que el cada vez mayor número de desplazados supone. Según la ONU, en el país hay más de 120.000 desplazados internos, una cifra que prácticamente se ha triplicado en el último año. Muchos de estos desplazados «han dejado todo atrás y subsisten en asentamientos improvisados o en comunidades de acogida, abandonados a su suerte y privados de la esperanza de un posible retorno», ilustra Irenge.	Así las cosas, la población afectada por la violencia y los desplazados tienen necesidades crecientes en materia de alimentos, atención médica, artículos de primera necesidad, alojamiento, protección y acceso a agua, pero, «desafortunadamente, la ayuda humanitaria es insuficiente porque resulta muy difícil desplegarla de forma regular, o casi imposible en las áreas más remotas», lamenta el responsable de MSF.	«Nuestro mayor temor es que la crisis continúa intensificándose, privando inevitablemente a cada vez más poblaciones de acceso a la salud y bienes de primera necesidad», reconoce Irenge, que alerta de que también existe un riesgo de falta de alimentos ya que la inseguridad ha afectado las actividades agrícolas de la población y los equipos de MSF están siendo testigos de «un incremento en los casos de desnutrición», que vinculan directamente con las dificultades de las familias para cubrir sus necesidades más elementales.	En materia de salud, uno de los síntomas más claros del deterioro de la situación es «la llegada tardía a los centros de salud de un gran número de pacientes, que esperan a estar gravemente enfermos antes de decidir acudir a la consulta», señala el coordinador médico. En lo que se refiere a las embarazadas, no tienen acceso a atención prenatal y «a menudo se ven obligadas a dar a luz en casa, lo que aumenta el riesgo de complicaciones y muertes».	«En algunas aldeas remotas, los niños nunca habían sido vacunados, lo que indicaría que algunas poblaciones no han tenido acceso a un equipo médico durante años», ilustra Irenge, que incide en que «también existe un drástico incremento en los trastornos psicológicos entre las personas que han sufrido o que han huido de la violencia».	«Tan pronto como se abre una ventana de seguridad, como una tregua temporal en un área específica, desplegamos un equipo que hará todo lo posible en ese lugar, incluidos, por supuesto, los valiosos tratamientos preventivos y las vacunas», aclara, destacando que en algunas ocasiones se realizan más de 180 consultas en un solo día.	El cometido de estos agentes de salud es atender casos de patologías simples como la malaria o la diarrea dentro de las comunidades, evitando así que los casos se compliquen ante la dificultad de acceso a atención sanitaria. Este personal comunitario también puede hacer seguimiento de embarazos «así como detectar la desnutrición y signos de enfermedades graves, a fin de remitir los casos a las estructuras competentes a tiempo».	«Este método de descentralización de la atención también se ha aplicado en comunidades nómadas que, debido a su forma de vida, tienen un acceso limitado a las estructuras de salud», añade Irenge. Además, MSF también está prestando especial atención a la vacunación «porque en situaciones de conflicto puede reducir significativamente la mortalidad infantil».