La lucha por la defensa de la Montaña de Salitral es histórica. Hace más de treinta años la pionera organización por la defensa de los derechos de la naturaleza en nuestro país, la Asociación Ecologista Costarricense (AECO), impulsó una iniciativa para contener proyectos urbanísticos que afectarían sustancialmente ese pequeño pulmón desamparadeño. Mi tata, un inmigrante sancarleño, se incorporó a un comité local para apoyar esa lucha como queriendo redimirse del peso de la culpa por haber talado muchos árboles en las montañas de aquella  llanura norteña. Sus dos grandes preocupaciones eran que la “lava de cemento” arrasara con nuestras montañas y la contaminación con nuestros ríos (sus máximas: “los ríos se limpian solos” y “sembrar un árbol es un deber de todo ser humano”).	Hoy, cuando vuelve la amenaza sobre ese ecosistema, me permito retomar una vieja idea que expuse en un artículo que escribí en 1998 –la maternidad-paternidad de esta idea es secundaria, más bien pertenece a esos insignes luchadores por la defensa de nuestras montañas–. Así como nuestros visionarios estadistas del siglo pasado hicieron de la conservación una política de Estado (¡Cómo nos hacen falta políticas de Estado!) creando Parques Nacionales que alcanzaron a proteger prácticamente una cuarta parte del territorio nacional, hoy podríamos impulsar una ley para garantizar la protección de zonas con potencial ecológico, es decir, declarar legalmente a estas como Parques Ecológicos Cantonales.  Son muchas las propiedades grandes y medianas improductivas que se podrían gravar para financiar esta iniciativa, tanto para sufragar gastos de expropiaciones como de manejo.	Cada cantón debería contar, al menos, con un parque de este tipo. Un espacio natural que contribuiría a embellecer el paisaje urbano, crear ambientes más saludables, permitir que nuestra hermandad biodiversa de flora y fauna encuentre un rincón acogedor para reproducirse y nuestros hijos y nietos un lugar de esparcimiento y para aprender a valorar la riqueza natural. Como bien señalan los bio-arquitectos y defensores de los ríos, hay que “tropicalizar” las urbes.	Los galardones internacionales otorgados al país por sus esfuerzos conservacionistas y el reconocimiento como destino turístico ecológico de primer nivel, deben ser un acicate para mejorar las prácticas de protección y promoción de los recursos naturales. En este campo como en el de la descontaminación y el manejo de desechos sólidos nos queda mucho por hacer.  Es urgente acompañar los procesos crecientes de urbanización con políticas y acciones que protejan los pocos bioecosistemas con los que todavía contamos.	Declaremos la Loma de Salitral como Parque Ecológico de Desamparados e impulsemos una política de Estado en esa dirección. También esta Montaña es patrimonio de la humanidad. No solo los incendios están dando al traste con la vida en nuestro planeta. Hay que parar la “lava de cemento” y el espíritu mercantilista que la impulsa. Dejemos de cambiar oro verde por cuentas de vidrio.