En el proyecto de Presupuesto de la República presentado por el Ministerio de Hacienda, esos recursos del FEES se dividieron en tres grandes rubros, según su origen y destino: deuda pública, gasto corriente e inversión de capital, este último por un monto de ¢70.000 millones, lo cual limitaría la operación normal de las universidades públicas por ese monto, resaltó la Universidad de Costa Rica /UCR), en su página oficial.	La negociación con Casa Presidencial del 22 de octubre permitió el acuerdo político necesario para pasar, a partidas de inversión de capital, recursos que las instituciones universitarias usan para mantenimiento y equipamiento de sus edificaciones y el pago del fidicomiso UCR-BCR, dineros que antes no estaban considerados en ese rubro.  Por ejemplo, la Asamblea Legislativa tiene su fideicomiso clasificado como inversión de capital con el visto bueno de la Contraloría General de la República.	Al respecto el rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen Pennington, explicó que en las definiciones presupuestarias de las instituciones estas categorías referidas al mantenimiento de infraestructura no han sido consideradas por ninguna de las partes como inversión de capital, por lo que con Casa Presidencial se alcanzó un acuerdo político sobre esas definiciones técnicas.	El Presupuesto de la República seguirá su curso en la Asamblea Legislativa donde entrará a debate en el plenario el 1 de noviembre, luego de ser aprobado en la Comisión de Asuntos Hacendarios. El mismo debe ser votado en primer debate el 27 de noviembre y el 29 de noviembre en segundo debate.	El rector Henning Jensen señaló que en las universidades perciben que el país vive un proceso de erosión del Estado Social de Derecho y que hay un irrespeto a la Constitución Política, la cual pierde vigencia y tiene una relevancia disminuida. Ese fue el motivo principal de la manifestación de las universitarias públicas.