Uno de los puntos clave de la acusación contra los dos líderes sociales se encuentra en la manifestación del 20 de septiembre de 2017 frente a la sede de Economía del Gobierno catalán en Barcelona, donde se reunieron 40.000 personas con el objetivo de protestar contra un operativo policial que se desarrollaba en su interior para intentar detener los preparativos del referéndum unilateral.