.- El Consejo Nacional de Rectores (Conare) y la Comisión Institucional de defensa del FEES ante las informaciones que se han difundido en medios de comunicación y en algunos sectores políticos, referentes a la multitudinaria marcha universitaria en defensa del derecho a la educación universitaria pública y el acuerdo entre el Gobierno de la República y las universidades estatales, alcanzado el pasado martes 22 de octubre, para recuperar el uso pleno de los 70 mil millones de colones que la ex Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, trasladó del gasto corriente a gasto de capital de los recursos del FEES, comprometiendo seriamente el funcionamiento de las universidades estatales, manifiestan:	Haciendo una interpretación inconstitucional de la cláusula V, del acuerdo del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2020, el Ministerio de Hacienda, el 30 de agosto, presenta el proyecto del presupuesto nacional, donde desvía la suma de 70 mil millones de colones de los recursos FEES, de gasto corriente de las universidades estatales a inversión de capital, lo que representa un serio perjuicio en contra de las instituciones universitarias, a su autonomía y a su capacidad de auto gobierno y auto administración, establecida en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política.	Entre tanto, se presentaron mociones por parte de varios diputados ante la Comisión de Hacendarios, para rectificar dicho desvío de fondos FEES. Gracias a este esfuerzo, el 16 de octubre se acordó disminuir parcialmente el gasto de capital en 35 mil millones de colones para que las universidades públicas lo pudieran utilizar para sus gastos corrientes. Esto representó una solución parcial, pero insuficiente para asegurar el funcionamiento de las universidades.	Como resultado de esta situación, a la que se suma la coyuntura en donde sectores mediáticos y políticos han generado un ataque sistemático a la educación pública, en particular contra las universidades estatales, pretendiendo así debilitar su institucionalidad y su imagen, las Federaciones de Estudiantes de las cinco universidades públicas acordaron de forma libre e independiente realizar una marcha universitaria, el martes 22 de octubre, la cual fue expresión de unidad y civismo, motivada por la defensa al derecho de la educación universitaria y al régimen constitucional de la autonomía universitaria. La iniciativa de los estudiantes fue asumida por el Consejo Nacional de Rectores, los Consejos Universitarios e Institucional, sindicatos y comunidad universitaria.	El acuerdo firmado entre el Gobierno de la República y las universidades estatales, el martes 22 de octubre, en una reunión donde participaron rectores, representación de las Federaciones de Estudiantes, Ministro de la Presidencia y Ministra de Educación y en calidad de testigos: José Carlos Chinchilla Coto, presidente del Consejo Universitario de la UNA, Enrique Sánchez Carballo, diputado del Partido Acción Ciudadana, Karine Niño Gutiérrez, diputada de Liberación Nacional y Paola Valladares Rosado, diputada de Liberación Nacional se debe entender en tres dimensiones importantes y complementarias:	El acuerdo resuelve la crisis operativa y funcional de las universidades estatales, a la que las sometía el Ministerio de Hacienda, debido a la inconstitucional asignación de los recursos del FEES para el año 2020. En ese acuerdo el Gobierno de la República aceptó y respaldó formalmente la propuesta de las universidades de modificar la clasificación económica de algunas partidas presupuestarias, tradicionalmente consideradas como gasto corriente para considerarlas como gasto de capital. De esta manera, se asegura su funcionamiento normal, ofreciendo todos los servicios docentes, administrativos y estudiantiles que requiere la Universidad.