El 1 de octubre, Lía Sánchez Agüero y Jorge Vizcaíno Porras, de Territorios Seguros, solicitaron al Departamento de Grandes Contribuyentes del Ministerio de Hacienda la lista de esas empresas que declaran cero ganancias o pérdidas.  Les fue negada con el argumento de que se trataba de información confidencial.  Los dos ciudadanos tuvieron que acudir a la Sala IV y poner un recurso de amparo porque se trata de información de interés público.  Dicha Sala acogió el recurso y resolvió el 9 de noviembre que esa negativa violaba el derecho de acceso a la información pública, lesionaba el numeral 30 de la Constitución Política.	El 3 de diciembre fue dada a conocer la lista, justo en el límite impuesto por la Sala IV. Pero, lo más interesante fue que salió a la luz pública el día después de aprobada la Reforma Fiscal en la Asamblea Legislativa.   Los comentarios de algunos opositores al llamado Combo Fiscal, permiten visualizar el trabajo tan minucioso y pensado que se tomaron en dicho ministerio para confeccionar la lista pues no detalló los montos adeudados.	Con la resolución de la Sala IV, la esperanza era que en el Ministerio de Hacienda recibieran las solicitudes de la ciudadanía con un poco más de disposición; no digamos amabilidad ni que los acogieran con café y galletas como invitados especiales.  No, simplemente, si existía ya ese precedente pues era lógico que cualquier petición parecida, se atendiera sin nuevos recursos.  Sin embargo, no fue así.	El 19 de noviembre, exactamente diez días después de la resolución de la Sala IV, el Movimiento de Territorios Seguros realizó una nueva solicitud en la Dirección de Grandes Contribuyentes para saber la lista de los que sí tributan; el 4 de diciembre, el Ministerio de Hacienda respondió que requería más tiempo. La respuesta del movimiento ciudadano fue presentar otro recurso de amparo pues sus integrantes consideraron que dicho ministerio estaba violando su derecho a la información pública.	“resultan plenamente aplicables para el caso de los impuestos, pues no cabe duda que la evasión fiscal, el no pago oportuno de los impuestos y otras prácticas indebidas desde el punto de vista ético y jurídico, socavan las bases del Estado social de Derecho, toda vez que con ello se impide que la Administración Pública financie con ingresos corrientes los gastos corrientes que conlleva la prestación servicios públicos de calidad; además, contribuye a agravar la situación fiscal del gobierno central. Por consiguiente, todo lo relativo al nombre de los contribuyentes y los responsables, al monto que pagan por concepto de tributos, así público y constituye información pública; información que en manos de los ciudadanos constituye una importante herramienta para el ejercicio de la democracia participativa en una materia que afecta a todo el colectivo social”.	publica una nota acerca de las gestiones del diputado José Ma. Villalta. Cual mendigo de información, va de la Sala IV al despacho de Rocío Aguilar y de recurso en recurso.  La ministra del encubrimiento tenía hasta el 25 de febrero para dar a conocer la lista de las empresas que recibirían amnistía tributaria según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pues el adversado Combo Fiscal incluía una amnistía tributaria para favorecer a grandes evasores y deudores, dicha ley no planteó que esos datos fueran secretos o confidenciales.  Por lo tanto, el diputado había solicitado la lista de los beneficiados, la liquidación completa, lo que dejaría de recaudar el fisco por el perdón y olvido de las deudas, multas y sanciones.  Lo que recibió Villalta, fue un material incompleto pues la ministra, amparada en los artículos 115 y 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se negó a suministrar la información.	El 8 de febrero de 2019, Priscilla Piedra, directora general de Hacienda, le otorga amnistía tributaria a dicha empresa de manera que Hacienda hubiera podido recaudar 25 millones de colones en lugar de los 11 millones. Este es otro ejemplo de una funcionaria de Hacienda que actúa por encima de la ley, como si se tratara de lo más ético y normal.	Falta la cereza que corona el pastel: el 17 de mayo sale a la luz pública el nombramiento de Edna Camacho como representante en el BID; sí la misma, la esposa de Javier Chaves de ALDESA, empresa en la que estuvo ligada Rocío Aguilar.  El nombramiento lo avaló Carlos Alvarado pero lo realizó la ministra de Hacienda.	Magistral informe Patrio, le felicito es usted alguien muy valiente y una periodista excepcionalmente dedicada y con una ética inquebrantable. Periodistas como usted y medios como éste que de verdad informan al pueblo son los que de verdad debieran ser los predilectos.Dios le bendiga y le ayude a mantener la valentía y la columna vertebral qué tal dedicación y mística requieren.	Es muy importante para la ciudadanía el contar con un artículo como el que nos ocupa para que nos quede bien claro y bien detallado el proceder del Ministerio de Hacienda a cargo de Rocío Aguilar, que se ha desempeñado parecido a la llamada «guardería de políticos corruptos del exfiscal que hoy sentado en el banquillo de los acusados arremete contra el poder judicial el mismo que le dió un puestazo y le permitiera disfrutar de una jugosa pensión.»Volviendo al caso de Rocío además de otorgar un premio a los evasores fiscales con la amnistía tributaria «al parecer ha empleado todas las artimañas para ocultar información sobre asuntos fiscales» y peor aún, a pesar de que los tribunales le han enmendado la plana hay indicios de que desafiantemente no responde fielmente con lo solicitado, obligando a tener que recurrir a los tribunales reiteradamente.Tal parece que cobra vida la expresión: «el pueblo nombra a sus propios verdugos»