La  clase gobernante, al servicio de la económicamente dominante, se empeña en medio de lo que ya se perfila como la segunda gran recesión de este siglo en seguirse equivocando una y otra vez por el mismo sinuoso camino por el que transita desde la primera presidencia de  los Arias (1986-90 ) y adonde ésta que llamaremos oligarquía neoliberal de derechas se pierde en el bosque por aferrarse ciegamente a los vetustos árboles de la ortodoxia neoliberal y neo fascista, en simbiosis con el sector empresario, el Banco Mundial, la OMC y ahora con la OCDE, un una plataforma en trenza de vida útil que ya cumple cuatro décadas de reproducción, transformación reactiva e íntima coordinación integral estratégica. Veamos el “qué “ de la cuestión:	Sigue la clase gobernante empecinada en aplicar el “austericidio” a las finanzas públicas – con el objetivo de reducir o liquidar el Estado de Bienestar plasmado en la Constitución Política de 1949-, ahora de la mano de una alianza PAC-PLUSC-PLN. De ese talmúdico modo disminuye la demanda agregada total por bienes y servicios y deprime al estancado mercado interno, generando efectos pro-cíclicos en vez de rectificar el rumbo y adoptar políticas fiscales y generales anti-cíclicas reinstalando el papel del Estado como agente planificado y articulador de la sociedad civil y el mercado. De ese modo también se comprimen el ahorro y la inversión, lo mismo que el consumo nacional, todo lo cual se refuerza el círculo vicioso de la recesión económica, con escalada de las tensiones sociales, incluida la lucha de clases. Entre las medidas de austeridad fiscal están las reglas para la estabilidad presupuestaria que, entre cosas, congelan los salarios de los empleados por dos décadas e impone una camisa de fuerza sobre el crecimiento de los egresos, incluidas las inversiones productivas en infraestructura física y social (escuelas, centros de salud, etc.) cuando más se necesita que crezcan los egresos en esos rubros para estimular el empleo y levantar el consumo de bienes y servicios generales como un modo de reactivar el alicaído sector productivo empresarial o economía tradicional. Se sigue alentando y privilegiando el crecimiento del sector exportador, la apertura/liberalización y la inversión extranjera como motores económicos: más de lo mismo…	Refuerzo implacable del sufrimiento y la degradación social y familiar del 80% de la población subyacente e indefensa, con generación de un clima de pesimismo y un estado de inseguridad e inestabilidad, mientras la insensible clase dominante muestra rechazo y desprecio a cualquier iniciativa que huela a Justicia Social. Lo anterior está ligado y se desprende de la galopante desigualdad de las oportunidades y los ingresos, acelerada del 2007 a la fecha. Pasamos de un estado de bienestar y seguridad social a uno de gran malestar e inseguridad social. También se dispararon la exclusión, la pobreza, el desempleo y la informalidad del mercado laboral. El índice de Gini que  mide la desigualdad de ingresos en una escala de 0-100 se ubica en 0,514, uno de los altos de Latinoamérica y ¡entre los peores 9 del mundo!; que significa que el 20% de las familias más acomodadas acapara el 50,7% de los ingresos totales y el 20% más pobre sólo reúne un 3,9%.en general; un poco más del 25% de los hogares sufren pobreza o le andan muy cerca de hundirse en ella. No sorprende que en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, Costa Rica descendió entre todos los países del puesto 42 en 2003 al puesto 63 en 2018. Por su parte, las desigualdades y desequilibrios territoriales se entrelazan con las índices deteriorados de desarrollo social a escala nacional, particularmente en las zonas rurales y costeras. Por ejemplo, El coeficiente de Gini en las Regiones Brunca, Chorotega y Hurtar Atlántica es cercano al 0,53 y la tasa de desempleo se ubica en el 30% con niveles de pobreza aún más altos.	Mientras el hundimiento social costarricense se agudiza desde la Gran Recesión de 2007-08, el rumbo de la economía se le entrega a las fuerzas ciegas e incontroladas del mercado y la política monetaria del Banco Central, que refuerzan el dominio del sector especulativo que ha sido consagrado como intocable y ultra poderoso dentro del bloque de poder.	A la par, a fin de salir de apuros y tendencias recesivas que no permiten que la economía crezca por encima del incremento de la población, se lanzan medidas superficiales corto o nulo alcance de puramente paliativo de tipo crediticio centradas en la manipulación de tasas de interés y encajes. Esas medidas poco o nada alivian el sufrimiento y la exclusión social y menos alteran la distribución del ingreso en beneficio de las capas de medios y menores ingresos que componen el 80% de las familias, cuyo poder adquisitivo viene disminuyendo, con más notoria intensidad de hace tres años para acá, al par que soportan una distribución desigual de los ingresos: según datos oficiales del INEC los ingresos promedio de los hogares ubicados en el decil inferior (1 de cada 10 del total) apenas reciben el 5,5%de los ingresos (41.503 colones) en tanto los pertenecientes a los tres deciles superiores acaparan el 51% y cerca de 1,2 millones o sea 16,1 más veces que los más acomodados grupos por lo que los más empobrecidos tienen una capacidad nula para elevar sus niveles de consumo de bienes y servicios. Hay un 1% de familias del deci 1 que controlan el 20% de todos los ingresos,% siendo los más ricos. La población ubicada en los deciles intermedios anda cerca de los deciles inferiores, ya que están endeudados al tope por montos que superan el 60% de sus ingresos promedio provenientes de salarios estancados y hoy día a la baja. No extraña que sus ingresos hayan descendido un 4,63% a 444.086 colones, o sea: 21.938 colones menos que del año pasado al presente. A ello debe sumarse la creciente precarización de las fuerza de trabajo ocupada que llega a un 46% del total y cuyo poder adquisitivo es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas… Nadie puede pensar que esa baja capacidad adquisitiva vaya a neutralizar o a detener la veloz caída general del poder adquisitivo ni que favorezca la cacareada reactivación económica del sector productivo nacional, mucho menos ampliar el mercado nacional, para lo cual se requerirían medidas fuertes de redistribución del ingreso nacional y sobre todo potenciar las rentas del trabajo por encima de las del capital cuyos dueños gastan muy poca proporción de su dinero en la compra de bienes y servicios generales, rentas que, por cierto, guardan una proporción de 60 a 40 cuando hace treinta años ésta era de 40 a 60.	Aumento continuado del endeudamiento público y privado. El primero llega a la astronómica suma de 34.000 millones de dólares (56% del PIB) y el privado total de personas y empresas a 22.300 millones de colones, del cual 1.200 millones de colones es crédito personal para consumo, ascendiendo su monto a un nivel equivalente al  60% de los ingresos familiares… siendo el total colonizado en tarjetas de crédito para consumo de 6,2 millones de dólares y en colones el privado per capita llega a 4,3 millones de colones y el familiar a 8,5 millones, sin registrarse allí el informal de los prestamistas y que ahora viene reforzado por la entrada en el negocio de los narcotraficantes. El total de la deuda privada de personas físicas y jurídicas alcanza un total de 66% del PIB que sumada a la pública de 55% se remontan ambas a 121% del Pib=100%. La SUGEF ha informado que 126.000 empleados del gobierno central sólo reciben en promedio 190.000 al mes debido a su extremo endeudamiento. Muchos de los créditos personales con elevados intereses, segundos después de los de las abusadas tarjetas, son riesgosamente utilizados para inversiones productivas. El Banco Popular reporta que uno de tres clientes a octubre de este año posee préstamos para consumo que les comprometen un 75% de sus ingresos. Téngase en cuenta que el ingreso familiar promedio mensual apenas roza el millón de colones en tanto el de los trabajadores es la mitad de ese monto en promedio; y que elevadas tasas de endeudamiento familiar y personal promedio vienen a rebajar muchísimo el ingreso disponible para consumo y reduce el poder de mercado para las empresas productivas privadas. No extraña que el sector comercial sólo crezca en 0, 2% entre 2018-19. Lo anterior explica asimismo que la tasa de ahorro no supere el 16% del PIB, siendo la más baja en Centroamérica. La reciente reforma tributaria y fiscal no cambia este panorama con efectos de bola de nieve. Y ahora se busca bajar y facilitar las tasas crediticias, especialmente de las tarjetas de crédito, lo que hará que crezca la deuda privada mientras la pública y los pagos de sus intereses seguirán por igual al alza. En igual sentido de deterioro e incertidumbre se comportarán las demás variables macro económicas como el PIB per capita. Lo mismo que la demanda agregada ya que el consumo nacional que crecía a tasas del 5% sólo cinco años ahora lo hace al 1,06. Y esto hará que adicionalmente se reduzca la tasa de tributación y siga adelante la fiesta de la evasión y elusión, así como las de las exenciones y exoneraciones fiscales de los sectores más ricos y poderosos, la tasa acumulada de todas las cuales ser acerca al 15% del PIB…	En materia de política social resalta la completa desvinculación existente entre los programas de asistencia social para los más necesitados y la generación de empleo, reduciéndose al papel de instrumentos para la administración de la pobreza, de ahí que su financiamiento se considere gasto improductivo de corte paternalista, que no permite a las familias pobres superar la “ley de hierro” de la pobreza e indigencia que indica que cualquier aumento de los ingresos en esas dos esferas es gastado de inmediato en consumo sin alcanzar a generar ingresos adicionales disponibles vía el ahorro para invertir en renglones clave (formación laboral, salud, medios de trabajo, materias primas, etc.), para la generación de empleo, pequeños negocios y otras actividades productivas que apalanquen salidas exitosas de la pobreza y la degradación social de una a otra generación.	Un sistema de beneficios universales monetarios debe sustituir al actual y obsoleto de subsidios condicionados y degradante, además de inútil para otra cosa que no sea administrar la pobreza de una cuarta o quinta parte de la población. Debe pensarse y discutirse un sistema superior de Renta Básica Universal (RBU) más digno y eficaz para ayudar a todos los sectores que padece insuficiencia de ingresos para llevar una vida decente y más plena y digna. La RBU no es un subsidio condicionado otorgado ex post a los fracasados debido a hechos consumados, sino una renta ex ante asignada como derecho ciudadano y no como paliativo de la pobreza o el desempleo. Cubriría a los menores de edad con una cuota de más baja cuantía que la asignada a todos los adultos. No debe prolongarse la vía al IMAS y Asignaciones Familiares retornando a la idea original de don Pepe Figueres.	El nivel de inversión en investigación y desarrollo científico tecnológico y para apoyar la educación profesional y técnica así como orientada a fortalecer la formación y formalidad de la fuerza de trabajo nacional, es sumamente bajo, raquítico e insuficiente para transformar nuestras fuerzas productivas; y no puede contribuir a una reconversión laboral de cara al surgimiento de una economía del conocimiento y la información; lo cual resulta trágico para sel presente y futuro de las clases trabajadoras y populares.	El énfasis que pone la clase dominante en el papel del llamado “emprendidurismo” no pasa de ser una farsa y pose ideológica de pésimo gusto. Pues no hay disponible capital de riesgo en la banca para respaldar los emprendimientos, dada la exigencia de elevadas garantías de solvencia en forma de propiedad y garantías reales (como si el capital intelectual y social no lo fueran!) , razón por la cual los emprendedores son forzados a buscar socios capitalistas quienes se llevan la parte del león del negocio. Aparte de esas negatividadades, tómese en cuenta que el 80% de los emprendimientos fracasan al cabo de uno a tres años. Las pymes también deben superar ese “valle de la muerte”; y aunque con los emprendimientos son el 96% de todas las empresas en el país, sólo generan un 7% del empleo, en comparación con las grandes empresas y multinacionales que aportan el 93%. Así las cosas, apostar a los mini empresarios para salir de la recesión y generar más empleos, es caer en una vana ilusión o cuando más en una azarosa lotería…	Con una tasa tributaria de tipo africano de 13% del PIB es imposible financiar y sostener las actuales instituciones y políticas sociales, salvo mediante pernicioso  endeudamiento estatal. Y menos cuando la suma de la elusión, la evasión y el contrabando se aproximan a un 15% del PIB. Esto es un gran y redondo corrupto negocio para la clase capitalista dominante que en vez de pagar impuestos ahorra buena parte de sus ganancias y beneficios para especular yendo a invertir en la compra de títulos valores de la deuda pública, los que le multiplican sus rentas mientras las del factor trabajo se hunden. Hay, pues un verdadero “círculo virtuoso” en el tema de la baja tributación y el incesante aumento del déficit fiscal y la deuda pública interna y externa que se aproximan a un 60% del PIB, situación que, por cierto, se ve agravada por las grandes pérdidas de poderosas empresas públicas, como el ICE, A y A y CNP que inciden negativamente sobre el endeudamiento y la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores. La reciente reforma tributaria y fiscal no alterará dicho círculo ni va a ir acompañada de fuertes y efectivas medidas de reactivación económico con desarrollo social sostenible y con aumento del consumo privado, el, que en el último quinquenio bajó de 70 a 63-66% del producto; y muestra fuerte descenso en los últimos tres años, lo cual estimula las deudas reguladas por la SUGEF para consumo, el que en los últimos diez años subió 9 puntos para llegar a 37% del PIB. Todo un sistema irregular de encadenamiento recesivos y socialmente regresivos.	Ahora hay que preguntarse si el modelo económico, social, cultural y ambiental o ecológico-social existente que viene proyectándose desde mediados de los años de 1980, es viable en adelante como para sostener la democracia y una mejor calidad de existencia para la población y sus aspiraciones de mejoramiento integral. Veamos:	La interrogante nos remite directamente al terreno de lo político. Y allí el panorama es crítico pues se atraviesa una crisis de “transitabilidad” consistente en que una vez finalizado cada torneo electoral los partidos políticos prácticamente desaparecen y son los grupos de interés y alta presión fáctica de la clase dominante los que comienzan a gobernar de facto, con las cámaras empresariales y el poder mediático de la televisión, la radio la prensa y ahora de las manipuladas plataformas y redes digitales al frente en el manejo de la hegemonía: el factor clave que sostiene y hace prosperar al gran capital local y transnacional integrados al imperio anglosionista con sus comandos centrales en Washington, apuntalados por los organismos financieros internacionales. Pero esta franja hegemónica local no es homogénea sino altamente competitiva y resquebrajada en la defensa de intereses sectoriales de distintas fracciones de la clase dominante y de la clase gobernante posicionada en los poderes superiores del Estado; fracciones inestables y cambiantes reacias a organizarse y funcionar armónicamente; y que a su vez comienzan a recibir múltiples presiones “desde abajo”, desde las clases subordinadas y sus organizaciones así como del conjunto del movimiento social que no forma parte del sector público sindicalizado que también se moviliza y agita. Últimamente se ha visto emerger un movimiento religioso neopentecostal que introduce mucha inestabilidad política mediante dos fracciones parlamentarias de peso. El resultado es un paralelogramo de fuerzas encontradas y conflictivas que chocan entre sí y provocan una prolongada crisis de eficacia, legitimidad y parálisis o bloqueo constante del Estado y de todo el sistema político, así como del subsistema operativo de la administración pública en todos sus niveles jerárquicos, una crisis que llamaremos de tránsito o de transitabilidad orgánica que hace al conjunto del Estado navegar sin rumbos claros, en direcciones indefinidas e incoherentes, y que sobre todo lo priva de fluidez y articulación integran, de coordinación estratégica, visión y vida útil. Curiosamente, está dificultad de transitar por rutas definidas y de modo ordenado no desemboca necesariamente en una crisis de la hegemonía, ya que la clase dominante no pierde hasta ahora el control social y político fundamental de la sociedad, el Estado y la economía, en especial del sector financiero – bancario privado y público, ni de los mecanismos que garantizan su seguridad básica y la reproducción sistémica, todo ello bajo el aliento y protección de su estrecha alianza con el capital transnacional y el imperio anglosionista. Las clases dominante y gobernante deben pagar un buen precio por ese respaldo: deben permitir que las corporaciones transnacionales campeen libremente y exploten sin mayores obstáculos ni controles todos los recursos humanos y naturales del país según lo establecido por los tratados internacionales de libre comercio y acepten la desnacionalización a ultranza como realidad estructural, como sistema vivencial.	Bajo las anteriores condiciones de extrema dependencia y subordinación, los partidos políticos y los órganos del Estado pierden toda responsabilidad y representación respecto de la sociedad civil y la política pasa a ser un ejercicio mediático y teatral, un mero espectáculo entretenido a cargo del bloque de poder dominante y su poder mediático, totalmente vaciado de contenidos reales y relevantes, un epifenómeno circense. La democracia liberal se vuelve democracia de fachada. En ese punto y momento estamos.	Pero hay más. La fragmentación y desarticulación del sistema político (Estado, partidos, grupos de interés, asociaciones y movimientos sociales) y su desarticulación respecto de la sociedad civil y en buena medida del funcionamiento de los mercados con la consiguiente entrega del sistema económico-financiero al empresariado local y transnacional, con alineamiento de los bancos comerciales estatales, ha producido un estado de anomia o desregulación, que ha estallado en el ámbito de la sociedad civil en la forma de debilitamiento de la normatividad sociocultural. Esta anomia sociopolítica generalizada ha intensificado la criminalidad común y organizada, y la corrupción de alto vuelo entre todas las élites de la clase dominante; se ha convertido en un fenómeno sistémico, es decir, que la corrupción dejó de ser individual, dispersa, casual y esporádica, es decir hormiga y burócratica para operar en gran formato, elefante y político, institucionalisarse y establecer la ilegitimidad como norma común en las relaciones público-privadas. Más aún, incluso ha engendrado un estilo de gobernanza que trabaja desde la oscuridad al margen de la luz pública y por detrás y por encima de los poderes de la institucionalidad pública formal. Es lo que los anglosajones llaman un “deep state” o Estado Profundo. Lo vamos a denominar un Supra-Sistema de Corrupción Planificada o SSCP revelador de un desajuste de mayor profundidad y calado entre la superestructura político-institucional y jurídica, y la infraestructura socioeconómica en donde se alojan las relaciones sociales del dominio de clase, de una gran y grave envergadura en medio de  la crisis de transitabilidad, de liderazgo, eficacia y legitimidad. Sin duda, un gran desorden que nadie sabe cuándo y cómo acabará, y una amenaza de quiebra para lo que queda en pie tambaleante de la democracia de fachada, a manos de fuerzas desleales a la misma. Un estado de cosas así no es viable ya que la ciudadanía se rebelará a como pueda contra él en nombre de la ley y el orden, posiblemente depositando (falsamente¿?) sus esperanzas en un “hombre fuerte”. Ya sabemos lo que esto puede acarrear…	Demás está decir que el subsistema de los partidos políticos está hecho añicos. Son chinamos que se esfuman después de cada elección nacional y sólo a cargo un diminuto cuadro parlamentario y político-mediático como vocero de pura fachada. La Asamblea Legislativa funciona a medias al vaivén que le imprimen los lobbistas de los grupos de interés de la clase dominante; y el presidente con su gabinete por igual, casi como otro grupo de presión a cargo de la administración tecno-burocrática rutinaria del embotado Estafo. El poder judicial es un brazo del SSCP que administra un remedo de justicia en favor de una gobernanza de padrinos y amigotes de muy arriba.	Poder judicial transparente que administre justicia pronta, cumplida y apegada a la ley y la Constitución con una Corte democratizada y horizontal, sin el verticalismo elitista, autoritario y corrupto de la actualidad; y un Tribunal de Elecciones proactivo y garante de los derechos y procedimientos de la democracia representativa y participativa con campañas realmente libres, competitivas y transparentes en todo, incluyendo su financiación	Políticas fiscales en pro de la justicia y la solidaridad sociales sin responder a intereses y privilegios privados defraudadores del fisco, y que no se hallen en manos de la actual mafia tributaria y de hacienda, y un endeudamiento público al servicio de la transformación de la economía en un sistema sostenible y socialmente equilibrado en todos los sentidos, incluyendo el ecológico	Si la globalización es inevitable, ello no obsta para que no sea regulada democráticamente bajo un sistema de gobernanza mundial, ya que el país no puede resolver la mayoría de sus grandes problemas que han rebasado los marcos nacionales, por lo cual el plano de las relaciones exteriores debe ser clave y puesto en prioridad, más no sólo al servicio del comercio exterior y de los monopolios transnacionales que han tomado la economía en sus sectores más dinámicos y pujantes, para su propio provecho y han dado origen a una disfuncional “economía dual” escindida en un sector local estancado y casi moribundo, y otro sector exportador moderno donde se agrupan las más grandes empresas, en su inmensa mayoría poderosas y voraces transnacionales.