Con Internet aparece un modelo de comunicación con más partícipes potenciales y un creciente grado de intervención de las personas en la provisión de contenidos. Sin embargo, si bien la libertad de expresión como derecho es igual en el ciberespacio que en otros ámbitos de la comunicación, asistimos a afán regulatorio de los discursos y las plataformas en línea, que podría acarrear límites inesperados a los derechos comunicativos en muchas sociedades democráticas.	La Unesco, en el Informe 2017/2018 sobre Tendencias Mundiales en Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios, sostiene que, si bien nunca antes tantas personas habían tenido acceso a contenidos, la combinación de polarización política y cambio tecnológico ha facilitado la rápida propagación del discurso del odio, la misoginia y las “noticias falsas”.	Frente a estos desafíos, una importante cantidad de Estados está optando por la opción regulatoria: asignación de responsabilidades a los intermediarios de contenidos, criminalización de la desinformación y los discursos de odio, obligaciones de filtrado o bloqueo de contenidos, mayor penalización de la crítica política en redes sociales, sin verificar que, a menudo, estas regulaciones conducen a restricciones desproporcionadas para el derecho a la libertad de expresión.	David Kaye, Relator Especial de la ONU para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, en el informe sobre regulación de contenido en línea que presentó en el 2018, sostuvo que “los gobiernos tienen la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales, pero también deben actuar ahora a fin de asegurar que la capacidad de las plataformas de internet para proveer un espacio seguro para la libertad de expresión, no se vea socavada”. Para el Relator las peores amenazas incluyen la criminalización de la crítica en línea hacia los gobiernos, la religión u otras instituciones públicas.	Sin embargo, el tema no es sencillo. Las grandes plataformas de Internet hoy ejercen una especie de censura privada de la información:  la clasificación de contenidos en la red por los denominados algoritmos nos hace cuestionarnos acerca de los factores que condicionan los contenidos y las formas del debate democrático y el ejercicio de la ciudadanía comunicativa. “Las empresas de Internet proveen un espacio sin precedentes para la comunicación y el acceso a la información, pero también son los reguladores del discurso de nuestro tiempo”, dijo el Relator	Un estudio de Becerra y Mastrini (2017) sobre la concentración infocomunicacional en América Latina en el siglo XXI advierte, además que: “…el efecto de la inserción de las telecomunicaciones en los medios refuerza la tendencia a la concentración y a una configuración oligopólica con escasos conglomerados con proyección regional. Esta investigación constata que las diferentes industrias exhiben niveles de concentración incompatibles con el objetivo de promoción de la diversidad en la convergencia tecnológica”.	En el Foro de Gobernanza de Internet Latinoamericano, que se realizó en el mes de agosto en La Paz, Bolivia, varias organizaciones de la región lideradas por el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom) de Uruguay y con la adhesión de otras instancias, entre ellas el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica, se presentó  la propuesta de regulación de plataformas “	El texto propone una regulación “progresiva y asimétrica” de las plataformas de contenidos: redes sociales, motores de búsqueda y plataformas de intercambio de contenidos de terceros, con mayores exigencias para las que ocupan posición dominante en el mercado, por su incidencia en el debate público. Frente a la autorregulación corporativa vs regulación autoritaria o excesiva” las organizaciones latinoamericanas proponen un tercer camino.	La propuesta incluye recomendaciones sobre principios, estándares y medidas específicas para establecer formas de co-regulación y de regulación pública que limiten el poder de las grandes plataformas en Internet (tales como redes sociales y motores de búsqueda) para proteger la libertad de expresión de sus usuarios y garantizar una Internet libre y abierta.	La preocupación de quienes suscriben el texto es la creciente intervención de estos intermediarios en los contenidos en línea, mediante la adopción de términos de servicio y aplicación de políticas empresariales de moderación que se han constituido en formas de regulación privada de la libertad de expresión y de los derechos humanos en general. Pero también opta por una regulación democrática y equilibrada que proteja a las plataformas de las presiones ilegítimas de los gobiernos y otros actores.	Según reza la presentación “la propuesta busca ser compatible con los estándares internacionales de derechos humanos y tomar en cuenta las asimetrías existentes, alcanzando a las grandes plataformas de Internet sin ser un freno u obstáculo para la innovación, la competencia o el desarrollo de start-up, pequeñas empresas o iniciativas comunitarias, educativas o sin fines de lucro”. Lo que pretende es crear mecanismos de autoregulación, co-regulación y regulación pública.	¿A las puertas de las elecciones municipales cuánto hemos avanzado en la discusión pública sobre los riesgos de la desinformación deliberada en el contexto de los procesos electorales? El experto en derechos digitales y libertad de expresión, el británico Adrew Puddephatt, propone la implementación, en periodos electorales, de un sistema híbrido de regulación (o co regulación) que involucre al órgano electoral y las empresas de redes sociales. Es un avance en esa ruta el anuncio del Tribunal Supremo de Elecciones de emprender un programa de capacitaciones para combatir la desinformación, en alianza con Facebook y Twiter.