San José, 22 Ago (Elpaís.cr).- En Costa Rica existen en la actualidad cinco lenguas indígenas: Bribri, Cabecar, Ngöbere, Malecujaica y Miskito, ya que hay presencia de personas de este último pueblo (proveniente de la costa atlántica de Nicaragua y Honduras), y todas las personas que las tienen como su idioma natal cuentan con el derecho a que, cuando enfrenten un proceso penal, se les asigne un intérprete en su lengua, aun cuando también conozcan el español.	La labor de los intérpretes va más allá de una traducción literaria, pues tienen como rol facilitar a la persona indígena el entendimiento del proceso, para comprenderlo y hacerse comprender. Quien funge como intérprete debe basarse en el conocimiento que tiene de su cultura y su cosmovisión, así como del contexto en el que se dieron los hechos.	La fiscala adjunta de Asuntos Indígenas, Ariana Céspedes López, afirma que “garantizar ese derecho a las personas indígenas es una obligación que tenemos todas las personas funcionarias del Ministerio Público, como garantes de los derechos humanos y a fin de asegurar que todas las partes enfrenten el proceso en igualdad de condiciones».	Este Libro del Saber se compone de once páginas, en las que el personal fiscal puede encontrar conceptos básicos y alcances del derecho a intérprete dentro de los procesos penales*, así como el marco jurídico y de convencionalidad que se debe tomar en cuenta para garantizar el correcto avance de las investigaciones y el cumplimiento de este derecho esencial.	Además de este, la FAI ha confeccionado seis Libros del Saber, con las temáticas: Delito de usurpación en territorios indígenas, Uso tradicional de la pesca y caza en los pueblos indígenas, Administración de dineros y bienes por Asociaciones de Desarrollo Integrales Indígenas dentro de territorio Indígena y el quehacer de las fiscalías en la dirección de las investigaciones, Guía práctica sobre el peritaje cultural antropológico y Abordaje del delito de peculado cometido por miembros de las Asociaciones de Desarrollo Indígena.