Recientemente se ha dado un nuevo episodio en que los diputados de la Asamblea Legislativa se retratan de cuerpo entero. Dice el dicho que la mujer del César no solo debe serlo sino también parecerlo, sin embargo, una buena cantidad de las personas que están en ese poder de la República ya ni siquiera lo parecen. Ya han perdido cualquier vergüenza a la hora de realizar actos que contradicen lo que pretenden hacer creer a los ciudadanos, a saber: que el proceso de elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia es por méritos y de una forma imparcial.	Nuevamente tengo que decir y dejar claro lo siguiente: No conozco y tampoco he interactuado con el señor Enrique Ulate Chacón, sin embargo, resulta increíble que lo quieran excluir de un concurso por un requisito que resulta absurdo solicitar a un juez de la República. Entiendo que el citado señor ya ha participado en otros concursos para Magistrado y que no había sido excluido de una forma tan burda. Lo acontecido para el concurso que pretende llenar una plaza de Magistrado propietario de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia es impresentable, pero que se puede esperar de los diputados de esta Asamblea Legislativa: ¡poco o nada!	El proceso de elección de Magistrados se ha convertido en un farsa política y jurídica. Hoy es este señor y mañana puede ser cualquier otro al que someten a un proceso que pretenden revestir de legitimidad y legalidad, sin embargo, está a la vista que los diputados terminan haciendo a un lado los atestados y los méritos de los concursantes y deciden con base en un interés de partido o de grupos de poder de la sociedad costarricense.	¿Para qué piden una declaración jurada en que los concursantes digan que no pertenecen a ningún partido político? Este requisito es la mayor de las farsas porque se trata de encubrir el hecho que los diputados de la Asamblea Legislativa eligen a los Magistrados por afinidad política o por negociaciones que se dan entre los grupos parlamentarios. Se trata de una tomadura de pelo encubierta que pretende generar una legitimidad política, total y completamente, irreal.	Y ya que estamos desnudando cosas, dicen que a lo interno del Poder Judicial se prestan para, especialmente, desacreditar a los candidatos que los políticos no quieren que queden. Así como lo escuchan, las luchas entre funcionarios judiciales llegan a tal extremo que compañeros de los propios postulantes se encargan de proveer información a los diputados y a los medios de comunicación, para hacer caer en desgracia las postulaciones que no son de interés para propios y extraños.	Si esto es así como lo cuentan, hemos caído en una de las dinámicas más nefastas que pueden darse en un régimen político. Antes decían que una República puede resistir la corrupción del poder Legislativo o del Ejecutivo, pero cuando enfrenta la corrupción del poder Judicial, eso es señal inequívoca de su decadencia y de su posible destrucción. Pues bien, tendremos que poner las barbas en remojo porque estamos llenos de ejemplos donde eso ha venido ocurriendo y lo que vemos es la fase de decadencia por la que están transitando muchos regímenes.	El nombramiento de los Magistrados debe ser de la mayor importancia en el régimen republicano. Algunos dicen que la figura de Magistrado debería desaparecer, sin embargo, mientras eso ocurre, si es que ocurre, debemos nombrar a personas competentes en esos puestos; los diputados deben tener claro su responsabilidad en este tipo de elecciones. Ya basta de tanta pusilanimidad legislativa, en estas cosas los colores partidarios deben quedar de lado y se debe elegir a quienes han demostrado idoneidad para el puesto.	“En virtud de la completa independencia de la función judicial frente a todos los otros detentadores del poder, tiene una importancia decisiva la forma de designación para el cargo judicial. La experiencia general socio-psicológica, según la cual el detentador de un cargo permanece obligado a la persona responsable de su nombramiento, contiene peligros específicos en el caso de la función judicial. Especialmente, cuando el nombramiento está determinado por consideraciones políticas, el favorecido está expuesto a la tentación humana de pagar su deuda desempeñando su cargo de forma condescendiente.” (Karl Loewenstein, Teoría de la Constitución, Ariel, 1983, p.297)