Pretender hacer justicia, ante el clamor de la ciudadanía por la seguridad del país, no da derecho a realizar positivismo mediático. Los ciudadanos quieren justicia pronta y cumplida y quieren Jueces administrando justicia y no pretendiendo la creación de las leyes, pues esa labor ha sido asignada por nuestra Constitución a los Diputados en la Asamblea Legislativa.	La administración de justicia es una parte fundamental del sistema jurídico.  A través de ella se intenta dar solución a los conflictos de relevancia jurídica, mediante la interpretación y aplicación de los criterios y las pautas contenidas en las leyes y demás disposiciones generales.  A fin de cuentas, lo que interesa a las partes en conflicto no es el significado más o menos abstracto de la ley, sino el sentido concreto de la sentencia; del acto específico por medio del cual la administración de justicia dispone la solución de un litigio.	El Poder Judicial, sabe que su problema es la selección de los jueces; porque sabe que les confía un poder mortífero que, mal empleado, puede convertir en justo lo injusto, obligar a la majestad de las leyes a hacerse paladín de la sinrazón e imprimir indeleblemente sobre la cándida inocencia, el estigma sangriento que la confundirá para siempre con el delito.	El juez no sólo deber ser acucioso en el desempeño de sus funciones, sino que también debe abstenerse de las luchas políticas y económicas, a fin de que la justicia y la equidad sean la base de sus fallos.  La única actividad política que se le permite es el ejercicio del sufragio.	El juez inteligente, probo y experimentado requiere también de diligencia.  Mucho se ha dicho que la justicia deber ser pronta y expedita y que cuando es retardada o lenta no cumple su función.  Esto no quiere decir que los jueces deben resolver un número de casos que exceda a la dedicación propia y de sus auxiliares, dictando sentencias con ligereza, porque como bien dice Calamandrei: LA JUSTICIA HA DE SER DILIGENTE, PERO NO APRESURADA.	Se ha perdido de vista la nobleza tan grande de nuestra carrera de abogados, no se toma en cuenta que la profesión es muy difícil cuando se pretende ser un buen abogado y, por último, que la meta suprema por la que debemos luchar constantemente es por la obtención de la justicia.	El esfuerzo, a veces desesperado, de quien busca justicia,  no debe ser infructuoso, y así como la ley debe actualizarse, el abogado tiene que ser cada día más abogado, mejor jurista, mejor profesional, para luchar por un valor eterno que ha sido objeto del anhelo del hombre desde que habita la Tierra: LA JUSTICIA.	Observando la independencia de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, nos percatamos como este último y sus tentáculos, a saber: OIJ, Ministerio Público y TSE., han viciado esa independencia, cuando caemos en cuenta los ciudadanos, como el poder político influye profundamente las bases mismas de nuestra democracia. Que los pericos y mariachis tengan ciertas prerrogativas ante la justicia no es culpa de los jueces, si no de los magistrados, los cuales son nombrados precisamente por esos partidos. Ante ello, vemos una inmensa telaraña donde todos los hilos están interconectados. Tener claro tal situación, explica hasta donde hemos llegado. En dos platos, la judicatura en Costa Rica está atrapada y quien haga olas, pagará muy caro, su valor, atrevimiento y mal destino. Y eso, no se vale. Y hasta este ciudadano, podría ser salpicado de tal inmundicia.	Y agregaría, el poder mediático nacional (TV) aporta los faltantes condimentos a este complejo estado de cosas, donde la política y los oportunistas de siempre, caen o no en desgracia, de acuerdo a sus particulares conveniencias, según los roles y tiempos electorales, sin considerar que un sistema informático a la libre, cocina al gusto los resultados, como siempre.