Esto se refleja en que casi dos tercios de las 1.341 carreras vigentes, es decir el 64%, se concentran en las pocas áreas de Educación, Ciencias Económicas, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales. El 20% de la oferta se dedica a carreras en el Área de Educación y el 16% abarca al Área de Ciencias Económicas, mientras a Ciencias de la Salud y a Ciencias Sociales le corresponde un 14% a cada una.	Según el informe, esto refleja que “la preparación de los recursos humanos para insertarse con éxito en la sociedad del conocimiento y la cuarta revolución industrial ha sido lenta. En 2018, solo el 37% de las oportunidades educativas universitarias disponibles en el país son del área de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por su acrónimo en inglés).	“Y en ellas persisten notables brechas de género en matrícula y graduación. Además, la distribución territorial de la oferta de servicios ha dejado para las regiones fuera del Valle Central pocas carreras y en general, tradicionales. Así, aumentos de cobertura en la enseñanza superior en los próximos años implicarán nuevas estrategias que incluyan como ejes la innovación en la oferta y su expansión en las regiones periféricas del país, con opciones de diplomados universitarios y alternativas para-universitarias”, recomienda el informe.	En cuanto a los esfuerzos realizados en la regionalización, el informe concluye que “el rápido ajuste de la regionalización universitaria pasa por cambios en la gestión de las sedes, la gobernanza institucional y la oferta académica. Desde el punto de vista de la gestión, reproducir a pequeña escala, en las regiones, la estructura administrativa de las sedes centrales, fórmula adoptada por varias de las universidades públicas (como la UCR, la UNA y el TEC), restringe su capacidad de respuesta. Esto se debe a que encarece la gestión, prolonga los procedimientos burocráticos y crea conflictos de comunicación y delimitación de responsabilidades.”	Para solventar esto, el informe sugiere “tener un concepto administrativo más ligero y versátil de las sedes regionales, que aproveche la tecnología y comparta recursos entre las universidades presentes en una región. Por su parte, sería conveniente especificar mejor los criterios para abrir y localizar las sedes, así como ampliar la gestión desconcentrada, lo cual implica revisar el nivel de autonomía de las sedes y eliminar su sometimiento burocrático a las estructuras centrales”	Sobre los desafíos de la regionalización para los próximos años, el informe plantea que se debe “reflexionar sobre la posibilidad de diseñar más programas itinerantes, que reconozcan los problemas de demanda derivados del tamaño de la población y el mercado de trabajo local, los cuales conducen a una rápida saturación. Igualmente, es preciso analizar la conveniencia de promover la especialización de las regiones en determinadas carreras, con el propósito de garantizar que todas sean beneficiadas por la atracción de estudiantes y docentes del resto de las zonas, y así evitar la rápida pérdida de demanda de carreras.	Señala que “es clave fortalecer y ampliar la experiencia ya obtenida en esta línea por las universidades públicas. En el caso de las universidades privadas, dos desafíos adicionales en la gestión regional son: la necesidad de mejorar el perfil académico de los administradores de las sedes y procurar la transparencia sobre el quehacer de estas, pues, como ocurre en el ámbito nacional, sigue siendo totalmente opaca”.	Sin embargo, el panorama nos es tan oscuro en la educación superior, pues el informe destaca que un 6,4% de la población nacional reportó que asistía a la educación universitaria en el 2009, esto es 1,2 puntos porcentuales más que a inicios de la década. Entre la población de 18 a 24 años el porcentaje de asistencia es de 25,8%.	La investigación sostiene que “dicho estancamiento (en cobertura y títulos) ha implicado una desmejora comparativa en la situación del país: La brecha de cobertura con respecto a los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) creció de seis puntos porcentuales a finales de los noventa, hasta alcanzar 16,5 puntos porcentuales en el 2017. Esto sugiere que Costa Rica podría haber alcanzado el tope de cobertura de su mercado natural en este nivel”.	Por otro lado, la investigación arrojó que la educación pública de nuestro país tiene una eficiencia superior al promedio de países de la OCDE, pues el 50% de las personas que ingresan a la universidad en modalidad presencial, consiguen graduarse. Si se consideran las personas que se cambian de universidad para graduarse, ese indicador se eleva al 62%.	Además señala que “en el caso de las universidades estatales, son la base de la innovación científica y tecnológica que se gesta en el país. Con setenta centros especializados y poco más de 1.300 investigadores e investigadoras, representan la mayor proporción de la escasa inversión nacional en investigación y desarrollo (alrededor de un 0,4% del PIB)”.	1° La creciente necesidad de establecer, entre universidades públicas y privadas, espacios consolidados de interacción, donde la convergencia en torno a altos estándares de calidad de la educación constituya un propósito de acción claro y realizable. En este sentido cabe destacar, como bases para este nuevo esfuerzo, las acciones de coordinación de larga data que realizan las instituciones universitarias públicas, así como otras, más recientes y con alcances más limitados, en el caso de las privadas. Las reuniones de rectores (as) de universidades publicas y privadas efectuadas en los dos últimos años, y los compromisos alcanzados en ellas, apuntan en la dirección indicada.	2° Generar y divulgar mayor información del desempeño de las instituciones de educación superior (Unesco, 2009). Costa Rica tiene un déficit en este ámbito, sobre todo en el sector privado, donde la única estadística confiable con que se cuenta es el número de universidades autorizadas para funcionar, su oferta académica y el número de títulos que otorgan por año en cada carrera. Esta información es insuficiente para conocer el aporte que estos centros de enseñanza hacen al país y no permite determinar la calidad de sus resultados. El Estado crea las instituciones públicas y autoriza el funcionamiento de las privadas, pero una vez que éstas entran en operación, es poco el seguimiento que les da. Las universidades públicas, que desde su fundación recopilan gran cantidad de registros administrativos, producen informes anuales sobre su gestión y rinden cuentas a la Contraloría General de la Republica sobre el uso de los recursos públicos que reciben, pero está pendiente el reto de estandarizar un conjunto de de indicadores básicos, que ofrezcan una visión ordenada de su desempeño.	3° En la relación entre oferta y calidad, las asimetrías son relevantes. De 1.139 programas académicos impartidos en conjunto por el total de instituciones de educación superior universitaria, las 62 carreras que a octubre del 2010 habían sido acreditadas representaban solo un 5,4%. Con 18 universidades adherentes, 62 carreras acreditadas, 21 re acreditadas y varios reconocimientos internacionales ganados (hasta noviembre de 2010), el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes) enfrenta el reto de ampliar sustancialmente su cobertura de universidades afiliadas y carreras acreditadas. Al interior de las instituciones de educación superior se requiere fortalecer la cultura de evaluación y, en general, avanzar en la aplicación de mecanismos para mejorar la calidad. En la educación privada es indispensable avanzar en el mandato constitucional sobre el derecho del Estado a la inspección.