Naciones Unidas, 29 Nov. (EUROPA PRESS).- La ola de protestas que vivió Ecuador en octubre se saldó con al menos nueve muetos y unos 1.500 heridos, un «alto coste humano» que ha lamentado la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cuya oficina ha hecho público este viernes un informe en el que cuestiona el uso de la fuerza por parte de policías y militares.	La derogación de los subsidios al combustible por parte del Gobierno de Lenín Moreno desencadenó el 3 de octubre unas manifestaciones que se extendieron hasta el día 13 y durante las cuales el presidente llegó a decretar el estado de excepción. Por invitación del propio Ejecutivo, una misión del Alto Comisionado investigó los posibles abusos entre el 21 de octubre y el 8 de noviembre.	Las posibles detenciones arbitrarias figuran entre las preocupaciones de la oficina de Derechos Humanos, en la medida en que habría habido arrestos masivos y, en algunos casos sin pruebas. Según los datos del Gobierno y la Fiscalía, el 80 por ciento de estos arrestados quedó en libertad posteriormente, en la mayoría de los casos sin cargos.	El Alto Comisionado también ha expresado sus dudas sobre el uso de la fuerza en el marco de las protestas, tanto por parte de la Policía como de las Fuerzas Armadas, desplegadas a raíz del aumento del nivel de alerta. En este sentido, y por lo que relatan víctimas y testigos, pudo haber un uso «innecesario y desproporcionado» de la fuerza.	A pesar de que la Fiscalía y la Policía han iniciado 17 y 31 investigaciones, respectivamente, el Alto Comisionado ha instado a analizar caso por caso las circunstancias de todas las víctimas, así como a revisar los protocolos internos de las fuerzas de seguridad para verificar que cubren los criterios internacionales.	Las críticas de la oficina de Bachelet también se extienden a parte de los manifestantes, acusados de incitar a la violencia y de ejercerla. Así, ha lamentado los casos de ataques contra ambulancias, la destrucción de propiedades y los cortes del suministro de agua, entre otros incidentes evitables registrados durante los disturbios.	El Alto Comisionado ha apelado al diálogo «para prevenir nuevos conflictos y construir una sociedad inclusiva, intercultural y pacífica», llamando a atender las causas subyacentes a la reciente crisis social. Considera que cualquier medida económica y fiscal debería tener en cuenta a las poblaciones afectadas, especialmente si estas ya están en una situación desfavorable.