«La educación en Chile fue dejada a manos de los bancos, ocasionando que se haya matado financieramente a toda una generación de jóvenes, que hoy en día tenemos deudas de miles de euros a las espaldas», lamenta Juan Pablo Rojas, portavoz de Deuda Educativa, una organización que presiona para el cambio de las políticas educativas.	Estudiar en Chile es caro, incluso en los centros públicos, que deben autofinanciarse. Cursar biología en una universidad pública cuesta, por ejemplo, unos 23.000 euros. Un grado de magisterio en Educación Infantil, unos 22.000 euros al cambio. Otra carrera, Odontología, 46.000 euros, o hasta 57.000 euros si se cursa en un centro privado, según un estudio de la Fundación Sol, que analiza la educación en Chile.	Por eso, centenares de miles de estudiantes se ven obligados a pedir un crédito para estudiar. «Dedico un 50% de mis ingresos para pagar la deuda. No es un gasto menor. Hay que afrontar, al mismo tiempo, pagar ese préstamo, la salud, que también está precarizada, y todo lo demás. Vivir en este país es complicado», asegura Tomás Ahumada, un joven con estudios de Arte Dramático que debe el equivalente a más de 9.000 euros en créditos de estudio.	«Hay que tratar de no enfermarse, porque una consulta te puede salir hasta por 50.000 pesos (unos 50 euros al cambio)», añade el actor. Es uno de los más de 870.000 beneficiarios del Crédito con Aval del Estado (CAE), el préstamo más popular en Chile, creado durante el Gobierno de Ricardo Lagos y establecido durante la administración de Michelle Bachelet, a partir de 2006.	Las grandes deudas afectan especialmente a personas que han cursado estudios con pocas oportunidades laborales, como es el caso de Ahumada. «Mi sector, el de la actuación y la cultura, está precarizado. No hay contratos. No hay remuneraciones regulares. Entonces tengo que trabajar en otras cosas, y en la medida que puedo, voy pagando. Voy a tardar 30 años en desembolsarlo todo. Terminaré de para a los 50, y entonces ya tendré que estar pendiente de la jubilación, pero el sistema de pensiones privado también está podrido. No hay por dónde afrontar este país», lamenta.	No pagar la deuda universitaria supone ingresar en una lista de morosos, conocido como Dicom, que supone, según sus detractores, una muerte civil. «Si yo quiero alquilar una casa, por ejemplo, no puedo hacerlo por estar en Dicom. Estoy obligado a vivir de prestado con amigos, o vivir con mis padres, que es lo que estoy haciendo en estos momentos», desvela Figueroa.	Asegura que es muy difícil encontrar un trabajo estable en su sector. «Acceder a un colegio o a una institución privada es muy complicado. La meritocracia no existe en este país, aunque seas muy bueno en lo que haces. Eso no sirve de mucho si no tienes buenos contactos. Si no eres de un apellido bonito, que suene bonito en barrio alto, o no conoces a alguien, vas a tener menos posibilidades».	Las entidades bancarias suelen amenazar con embargos a quienes no pagan el crédito. «Hoy en día, lamentablemente, debido a las altas tasas de endeudamiento, hay mucho joven que se está enfermando. Hay enfermos de depresión. Gente que ha pensado, incluso, en suicidarse. Gente que se ha quitado la vida por algo que se ha vendido como un beneficio social, pero que se trata de negocios, inventados por los mismos políticos para los bancos donde ellos después se van a trabajar. Es vergonzoso», critica el activista Juan Pablo Rojas.