Instituciones como la Procuraduria General de la República (PGR), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR), el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), las Municipalidades de Nicoya, Hojancha, Carrillo y Nandayure, la Cámara de Pescadores, Armadores y Afines de Guanacaste, la Cámara de Turismo de Guanacaste (CANTUR) y otras organizaciones, han hecho llegar su posición negativa a la Comisión de Asuntos Agropecuarios en donde se discute el  proyecto de ley 21.478, “Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón en Costa Rica”, presentado por los diputados Carlos Ricardo Benavides y Melvin Nuñez  Piña, con el apoyo de otros legisladores.	“En Fundación MarViva nos preocupa la falta de estudios técnicos pero también  compartimos la preocupación por la situación social y económica de Puntarenas. Sin embargo, es importante aclarar que el desencadenante de esta situación no fue la prohibición de la pesca de arrastre, porque según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), todos los sectores productivos en Puntarenas se han venido contrayendo desde hace 20 años”, comentó Katherine Arroyo, Gerenta de Incidencia Política de Fundación MarViva.