Sobre las razones de la invasión norteamericana contra Panamá, el 20 de Diciembre de 1989, al igual que sobre otras coyunturas políticas importantes, como la separación de Colombia en 1903, empiezan a tejerse una serie de falacias históricas mediante las cuales algunos sectores políticos quieren falsear su pasado dándole una envoltura heroica que no tuvieron. Las fuentes de esas falacias provienen de dos sectores contrapuestos: la oligarquía proimperialista y sus medios de comunicación, para quienes la invasión fue la «restauración de la democracia» perdida en 1968; la otra la constituyen sectores del Partido Revolucionario Democrático y el régimen militar, que intentan adornar el noriegato con unas luces antiimperialistas que no tuvo.	La corriente ideológica principal, idealiza al régimen político previo a 1968 presentándolo como una supuesta «democracia» interrumpida por un régimen militar odioso y odiado. La invasión del 89 se habría llevado al dictador y habría restaurado la democracia, según esa versión. La exaltación del régimen previo al golpe del 11 de octubre va de la mano con la supuesta democracia con que se describe al régimen post-invasión.	Cualquiera que escarbe un poco en los libros de historia y los diarios de la época puede darse cuenta que el régimen político panameño, anterior a 1968, aunque tenía elecciones periódicas como el actual, estaba compuesto por una corrupta institucionalidad al servicio de unas cuantas familias oligárquicas, serviles de los intereses norteamericanos, que decidían en el Club Unión la sucesiones presidenciales y las curules de diputados. Clase social que coqueteaba desde 1903 con la colonia zoneíta y que había intentado imponer los Tratado Tres en Uno.	Una oligarquía que había apoyado todos los fraudes electorales del Partido Liberal, hasta que Robles postuló a David Samudio, que pretendía una tímida reforma fiscal para que pagara impuestos el «club de los exonerados». Para impedirlo, se aliaron a su enemigo histórico, Arnulfo Arias, y desataron la crisis que culminó en el golpe de estado.	En una frase: el régimen anterior al 68 era tan corrupto, tan oligárquico, tan antidemocrático, tan antipopular, tan proimperialista, como el régimen actual. Así que, si alguien quiere conocer la verdad sobre esa «democracia», que murió el 11 de octubre, que asome la cabeza por la ventana y vea la «democracia» que impusieron los imperialistas yanquis el 20 de Diciembre del 89. Esa oligarquía, desplazada del gobierno por los militares, siguió gozando de las mieles del poder económico logrando amasar grandes fortunas bajo el auspicio de los coroneles.	Los sectores sociales y políticos de la derecha panameña se niegan a aceptar que el 20 de Diciembre del 89 hubo un genocidio en Panamá. Niegan el hecho o lo «justifican» insinuando que los muertos de la invasión eran «batalloneros», como queriendo decir «delincuentes». Y cuando ya no pueden argumentar más, sacan a relucir los asesinados por la dictadura entre 1968 y 1971, pero se les olvida el detalle de que esos otros muertos eran todos comunistas, revolucionarios de izquierda y que, entre ellos, no había ningún burgués, por supuesto.	El régimen militar tuvo al menos tres momentos diferenciados: el primero 1968-69, claramente represivo y antiipopular; el segundo, 1971-77, de carácter populista, nacionalista y keynesiano; el tercero, 1978-89, pero más claramente 1981-89 (después de la muerte de Torrijos), neoliberal y antipopular. Sí, el régimen militar bajo Manuel A. Noriega aunque tuvo rasgos heredados, no fue igual al de Omar Torrijos.	A partir de la década de 1980, nuestro continente y el mundo entraron en una nueva fase política caracterizada por la crisis económica, el fin del «boom» económico de la post guerra, el Consenso (neoliberal) de Washington, el triunfo de una serie de gobiernos reaccionarios en las principales potencias capitalistas y una ofensiva contra las conquistas sociales y económicas de los trabajadores. A Torrijos le tocó el inicio de esa transición, pero su propia y sospechosa muerte es parte del cambio de época en Centroamérica.	Noriega y su predecesor, Rubén D. Paredes, gobernaron cuando el signo de América Latina pasó a estar regido por el Consenso de Washington y el gobierno del ultraconservador Ronald Reagan y George Bush (padre). La cúpula militar panameña colaboró consciente y activamente en ese nuevo modelo económico y político, enterrando poco a poco las concesiones sociales y cambiando de la retórica anticolonialista de Torrijos a las genuflexiones proimperialistas de Paredes y sus amenazas a Nicaragua sandinista.	En la década de 1980 había tres objetivos centrales de la política norteamericana en Panamá, en coincidencia con la cúpula militar: 1. Que las elecciones de 1984 dieran la impresión de «retorno a la democracia»; 2. Que el gobierno surgido de esas elecciones aplicara un riguroso plan neoliberal; 3. Que la transición del canal se hiciera bajo control y seguridades para los intereses norteamericanos.	Los dos primeros objetivos se pretendieron cumplir con la imposición de Nicolás A. Barletta como candidato presidencial del PRD, el cual había sido funcionario del Banco Mundial. El tercer objetivo consistía en convertir la Guardia Nacional en un ejército (Fuerzas de Defensa) que sustituyera al ejército yanqui en el traspaso de 1999, objetivo en el que Noriega puso un empeño particular.	En 1983-84 hubo acuerdo completo entre el gobierno norteamericano y el régimen de Noriega en esos tres aspectos. La ley que creó las Fuerzas de Defensa contó con financiamiento del Pentágono hasta 1988. Se impuso a Barletta, primero en el PRD (del cual no era parte), y luego a nivel nacional mediante un fraude electoral escandaloso. El primer acto de gobierno de Barletta fue un decreto neoliberal que obligó a los empleados públicos a irse a una huelga general. Ahí empezó a torcerse la cosa.	La ola de huelgas que sacudió al país entre 1984 y 1985 no ha tenido parangón en la historia. La creación de la FENASEP y sus constantes Jornadas de Lucha; el surgimiento de COCINA, como coordinadora docente, salud y estudiantil con sus huelgas; y los paros nacionales de CONATO; con incontables movilizaciones diarias, pusieron en crisis el acuerdo entre el imperialismo yanqui y el régimen del general Noriega.	Las luchas populares contra el plan neoliberal del gobierno de «Fraudito», son el punto de inicio de la crisis que desembocará en la invasión, porque esas luchas paralizaron la aplicación de las medidas neoliberales y llevaron a la crisis de credibilidad del gobierno y del régimen militar. Pese a que Noriega sacrificó un peón, con la deposición de Barletta, se mantuvo su acuerdo con Estados Unidos los años subsiguientes. Todavía en marzo de 1986 se impuso a sangre y fuego una reforma neoliberal al Código de Trabajo.	A este punto, mediados de 1987, la fuerza de la movilización y la crisis de credibilidad del régimen llegó a tal grado que el imperialismo yanqui tomó dos medidas complementarias: 1. Solicitarle a Noriega que pusiera una fecha para su jubilación de manera que se disimulara que el «poder real estaba en los cuarteles»; 2. Empezar a construir una dirección burguesa de recambio, pero con la credibilidad de la que carecían los partidos tradicionales de la oligarquía, para lo cual apoyó la creación de la Cruzada Civilista, dirigida por los gremios empresariales.	Recién a mitad de 1987 es cuando empiezan las contradicciones entre el régimen de Noriega y el gobierno de Estados Unidos, las cuales escalan a inicios de 1988 cuando se formaliza la acusación contra Noriega por narcotráfico y cuando el Departamento de Estado ordena a Del Valle que intente destituir por la fuerza al general. Aquí ya se ha producido la ruptura definitiva del acuerdo que databa de 1983-84. Aquí es cuando sectores de la oligarquía que habían estado con los militares, como los hermanos Lewis Galindo, se apartan y crean el Grupo Modelo para lanzar la estrategia del recambio.	Para defender su posición Noriega también cambia y, de aliado dócil de Estados Unidos, pasa a levantar un discurso nacionalista y antiintervencionista. Pero ese ropaje «antiimperialista» no le sentaba muy bien al general que ya carecía de credibilidad en amplios sectores de la población por sus actos anteriores. Durante el crítico año de 1988, el régimen militar levanta un discurso que oscila entre confrontación y enamoramiento con el gobierno de Bush; se reprime a los sectores sindicales, a la vez que se crean milicias como los Batallones de la Dignidad, pero muy controlados por la oficialidad.	Los sectores independientes del movimiento popular estuvieron atrapados entre dos posiciones extremas encabezadas por fracciones opuestas de la burguesía que influían en la mentalidad de la gente: 1. El régimen militar que denunciaba la intromisión imperialista y la agresión creciente que presagiaba la invasión, pero que vulneraba los derechos económicos, sociales y democráticos; 2. La oposición nucleada en la Cruzada, que sólo enfatizaba el problema democrático, pero se hacia de la vista gorda ante la creciente agresión del Comando Sur y las sanciones contra el país.	La anulación de las elecciones de 1989 puso en evidencia las inconsecuencias del régimen: 1. Estas fueron pacíficas durante la campaña y conteo de votos, sólo se rompieron cuando Endara-EE UU se negaron a aceptar continuidad de Noriega en la Comandancia; 2.El mando militar usó policías disfrazados de «batalloneros» para apalear a la oposición en Santa Ana, tratando de cubrirse con que fueron los «comunistas».	El golpe de Giroldi, el 3 de octubre, demostró que el problema para EE UU no era solo Noriega, sino que había intenciones de invadir para destruir toda la institucionalidad precedente, creando un régimen político dócil a los dictados de Washington, que aplicara el esquema neoliberal, pero con apariencia «democrática» y se resolviera el tema del canal a manos seguras de acuerdo a los intereses yanquis.	La invasión y el comportamiento cobarde de Noriega y del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, salvo contadas y honrosas excepciones, demostraron la inconsecuencia de su discurso antiimperialista. Ninguno de los altos oficiales cayó en combate. Ni siquiera organizaron la resistencia. Los que combatieron, oficiales, suboficiales, tropas, batalloneros y ciudadanos, lo hicieron por su cuenta e improvisando. Ni si quiera se advirtió a la población.	Sobre las ruinas humeantes de El Chorrillo, sobre las fosas de cadáveres no identificados, y la economía destruida, en 1990, el gobierno norteamericano impuso el acuerdo político que dio nacimiento al actual régimen político panameño. Los dirigentes del PRD, de la Democracia Cristiana (PP), del Arnulfista (Panameñista) y del Molirena auspiciados por EE UU acordaron el reparto institucional sin mediar nuevas elecciones ni Asamblea Constituyente. Allí nació el régimen antidemocrático, oligárquico y corrupto que padecemos hoy en día.	El baño de sangre de diciembre de 1989 se vio seguido, en junio de 1990, con el llamado «Convenio de Donación», por el que Estados Unidos daría financiamiento al gobierno panameño a cambio de someterse a los planes dictados por Banco Mundial, el FMI y el BID. Ese detallado plan económico ha sido seguido al pie de la letra por todos los gobiernos que han pasado estos 25 años, no importa la camisa de qué partido político se pongan. Privatizaciones, despidos de empleados públicos, alzas de impuestos al consumo y baja de impuestos a los que más ganan, reformas a la seguridad social, descomposición de las escuelas y centros de salud del estado, etc.	La liquidación de la soberanía nacional en 1989, creo las condiciones para que los partidos del régimen de la invasión pactaran el nuevo título constitucional sobre el canal que permitió convertir a la vía revertida en una nueva «zonita» fuera del control del pueblo panameño y en manos de un puñado de oligarcas. De esa manera se le da el «uso menos colectivo posible», y los millones del canal son desviados a gastos superfluos de los que se benefician algunos empresarios, mientras la deuda social sigue creciendo.	Incluso con el gobierno de Pérez Balladares, los norteamericanos intentaron mantener una base militar disfrazada de combate al narcotráfico, el CMA. Fracasado ese plan han ejecutado con los sucesivos gobiernos acuerdos de seguridad, que les garantizan su presencia e intervención solapada, como: el Salas-Beker, el Plan Mérida y las bases aeronavales. Todo ello arropado por el Pacto de Neutralidad de 1977, que nos cubre «bajo el paraguas del Pentágono (Torrijos dixit), verdadero Hay- Bunau Varilla del siglo XXI.	Así que, los jóvenes de hoy, no piensen que la invasión fue un hecho del pasado que le sucedió a una gente por aquel tiempo. No. La invasión y sus consecuencias se siguen sintiendo cada día y la sufren las generaciones presentes: con el régimen corrupto, con la falta de empleos, con el desastre de los servicios públicos, con un canal ajeno alas necesidades del pueblo panameño.	Cito lo siguiente:…Hay que ser contundente en esto. El Tratado vigente hoy NO resuelve las causas del conflicto por la que Chiari ejecutó la ruptura de relaciones. La Invasión de 1989 da plena fe de ello; los Estados Unidos la sustentó en su derecho doméstico en la Claúsula DeConcini a un documento que ningun pueblo ratificó.Así, la sangre de los mártires de enero 1964 se confunde con la de los difuntos de la Invasión.Kevin Harrington…»