Aguilar también publicó en su cuenta de la red social Twitter una decisión de la CIDH que solicita a Ecuador que «adopte medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal» de Pabón, Hernández y González, «particularmente valorando e implementando aquellas más apropiadas a las circunstancias personales de cada uno de los beneficiarios y que permitan crear las condiciones que aseguren y respeten sus derechos».	Aguilar afirmó que en su dictamen la Comisión también hizo una reflexión sobre el daño irreparable de los derechos políticos de Pabón, e instó al Estado a respetar su condición de prefecta en funciones, pues si se le priva del cargo -como consecuencia de la prisión- se afectarían irreparablemente sus derechos.	Durante las movilizaciones y protestas de octubre hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo, bloqueos de carreteras, destrucción de propiedades públicas y privadas, cortes del suministro de agua, y daños a instalaciones de producción de petróleo y una serie de actos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación, hechos sin precedentes en la historia del país andino.