Gobierno y oposición cerraron un acuerdo por el cual las autoridades nicaragüenses se comprometían a liberar a una lista pactada de 250 presos políticos antes del 18 de junio. Tras una primera tanda de cien poco después de la firma, han transcurrido meses sin más avances, lo que llevó a la Alianza Cívica a suspender el diálogo en mayo.	No obstante, ha recordado que «aún faltan 89 hermanos que antes del 18 de junio deben gozar de libertad plena». Además, ha reclamado el cierre de los procesos administrativos y penales contra los excarcelados y exiliados «para garantizar su libertad plena». La mayoría han sido liberados con medidas de «casa por cárcel» y otras condiciones.	Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reconocido «un avance concreto por parte del Estado en el restablecimiento de derechos y garantías en el país», aunque ha demandado «que se haga efectiva la liberación completa de los y las manifestantes presas y la vigencia plena de los Derechos Humanos en Nicaragua».