Madrid, 15 Oct. (EUROPA PRESS).- La Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD) ha propuesto atribuir el número corto 017 al servicio de atención telefónica ‘Línea de Ayuda en Ciberseguridad’, con el objeto de sustituir al número gratuito de nueve cifras que hasta hora utilizaba el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) para prestar este servicio.	El cambio del número actual en funcionamiento (900 116 117) por una numeración más sencilla, que ha recibido el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tiene como meta principal que el 017 sea reconocido fácilmente por la población, en lugar del número de nuevas cifras que existe en la actualidad.	«El objetivo de esta línea de ayuda es centralizar los servicios de atención telefónica que ofrece Incibe relativos a dudas o consultas sobre ciberseguridad, privacidad, confianza digital, uso seguro y responsable de Internet y de la tecnología, bajo un número gratuito, que está disponible todos los días del año, en horario de 9 a 21 horas», recoge la propuesta de la Secretaría.	Así, se trata de un servicio «de alcance nacional, gratuito, confidencial y accesible», dirigido a los menores y su entorno (padres, educadores y profesionales que trabajen en el ámbito del menor o la protección online ligada a este público), a los ciudadanos usuarios de Internet en general y al colectivo de empresas y profesionales que utilizan Internet y las tecnologías en el desempeño de su actividad y deben proteger sus activos y su negocio.	Pese a valorar positivamente este cambio, la CNMC propone algunas mejoras como habilitar la posibilidad de que el número 017 pueda utilizarse adicionalmente para la prestación del servicio mediante mensajes cortos de texto y mensajes multimedia, habida cuenta su rápida difusión en caso de precisar informar al público de un incidente o una amenaza en ciberseguridad.	También sugiere obligar a los operadores a no mostrar en las facturas las llamadas al 017, dado el carácter confidencial del servicio, y extender la obligación de acceso al servicio a todos los operadores de redes que interoperan con el servicio telefónico disponible al público, dado que las medidas adoptadas en ciberseguridad no son un asunto exclusivo de los operadores del servicio telefónico y máxime tratándose de un servicio de interés social.