La ciencia y la tecnología constituyen elementos centrales de la socie­dad moderna; su desenvolvimiento y la aplicación de sus resultados están estrechamente ligados al desarrollo social y al crecimiento económico, a tal grado que representan factores claves de su posibilidad. Tan profunda es la imbricación de la ciencia y la tecnología con el desarrollo social y el creci­miento económico que no pocas personas ven en ellas el motivo básico de que la Revolución Industrial se llevara a cabo en Europa y no en otras latitudes.	En las culturas orientales, islámicas y americanas precolombi­nas, se dio también un avance del conocimiento sistemático, en muchos ca­sos sorprendentemente sutil y más sofisticado que la ciencia europea en sus inicios. No obstante, en esos contextos culturales la historia de la relación ciencia/sociedad siguió derroteros muy diferentes a los que conocemos en Occidente.	Esta institución cultural – la uni­versidad – tiene, por supuesto, sus antecedentes dentro y fuera de Europa; no puede afirmarse que su desarrollo haya sido lineal o progresivo; más bien lo contrario es cierto: la universidad cayó en descrédito en los siglos XVII y XVIII, y ello con­dujo a que las academias y sociedades científicas la sustituye­ran como espa­cios de crecimiento, conservación y transferencia del conoci­miento.	Gracias a los impulsos renovadores de Humboldt en Alemania y de – ciento diez años después – los estudiantes de Córdoba en Argentina, la universidad decimonónica se transformó en una institución cultural autónoma y esta autonomía se convir­tió, a su vez, en una condición social y política de grandes consecuencias. Como lo expresara Humboldt, la libertad de la investigación y de la docencia debía ser condición constitutiva de la institución universitaria, porque sólo en un espacio autó­nomo puede darse la búsqueda desinteresada de la verdad y el desarrollo generoso del conocimiento. A la sociedad debía intere­sarle la garantía de esa libertad, cuyos resultados serían, en última instancia, de su propio provecho. La uni­versidad promovió una intensa autoconsciencia corporativa en los científicos, atrajo la promoción del Estado y obtuvo un gran reconocimiento por parte de la sociedad.	La historia de la universidad no sucede en un vacío. El prejuicio de la torre de marfil no refleja las múltiples interacciones reales de la universidad con su sociedad, a lo largo de los siglos; de la autonomía universitaria tampoco puede derivarse, sin importantes distorsiones, la imputación a la universidad de alejamiento social y desinterés político. Por el contrario, la autonomía es condición de posibilidad del compromiso social – en términos amplios – de la universidad.	científico y académico es el escepticismo. Quizá no sea esta la más feliz de las expresiones para denotar que la dinámica de la academia tiene su fuerza motriz en la crítica metódica y la evaluación permanente. No hay en la ciencia autoridades ni verdades incuestionables ni eternas, pero tampoco se trata de desplegar una permanente cultura de la simple duda y la suspicacia, sino de practicar una evaluación sistemática y rigurosa. En la universidad no rigen (o no deben darse) la arbitrariedad política, del vaciamiento argumentativo, la indiferencia ante la calidad y la aversión al conocimiento que han devenido en la marca distintiva de la política de nuestros tiempos.	El círculo virtuoso en el cual se enmarca la formación profesional requiere de disciplina, disposición y, especialmente, de grandes virtudes para comprender y transmitir el conocimiento. A su vez, el pensamiento crítico y humanista que es aliciente para contar cada vez con más inquietudes para los procesos de enseñanza-aprendizaje, a los que se suman los fundamentales procesos de investigación y acción social que son un sello de nuestra institución.	En efecto, este año celebramos también los 45 años de promover la lectura crítica de la sociedad, a través de la acción social. Partiendo del principio de la concertación, nuestra institución está presente en prácticamente todo el país, colaborando con las comunidades en alcanzar el desarrollo anhelado por ellas mismas, y aprendiendo mutuamente.	Reitero que la autonomía universitaria no significa aislamiento; al contrario, es una forma de vínculo guiado por una razón social y un interés público. El compromiso de la universidad pública es para con la sociedad como un todo, en su diversidad y complejidad; no atiende solo necesidades inmediatas y utilitaristas. La academia no se conforma con la reproducción y difusión de discursos establecidos, ni se limita a dar acompañamiento técnico y especializado a proyectos definidos por otras instancias, públicas o privadas. Se trata de un proyecto permanente que se esfuerza para proponer información confiable y nuevas interrogantes, como oportunidades para el conocimiento y la transformación social.	La universidad pública costarricense se encuentra hoy ante uno de los más grandes desafíos de su historia, los cuales no se reducen solo a temas de naturaleza presupuestaria, sino a la creación de nuevas alianzas con diversos sectores sociales, sobre todo con aquellos que más han sido maltratados por la exclusión provocada por la unilateral acumulación de bienes económicos, sociales y culturales.	Esto implica reconocer el valor de nuestra presencia en esta compleja organización, en donde laboran miles de personas. Cada uno de nosotros es parte de un engranaje importante para su marcha futura, y por ello debemos examinar nuestras responsabilidades con suma rigurosidad, sin el espejismo de la autocomplacencia, sino con el arma – muchas veces incómoda – de la consecuente autocrítica.	Defender la educación superior pública es defender también nuestro país y su Estado Social de Derecho. En situación de crisis, se debilitan las reglas políticas, lo cual permite el surgimiento de manifestaciones autoritarias que invocan engañosamente un interés general, cuando en realidad defienden los intereses de pocos. Es esta una característica siempre presente en regímenes autoritarios: redoblar el discurso de la justicia y la democracia para acto seguido privar a la ciudadanía de sus derechos. En la expresión “ideología de género”, que se ha vuelto moneda en curso, vemos uno de los más elocuentes ejemplos de despojamiento de derechos.	Traigo este concepto a colación debido a la perceptible e infame tendencia de políticos y algunos medios periodísticos a exponer al hierro candente del oprobio a las personas o colectividades que reciben prestaciones sociales amparadas o dictadas por la ley. En este fenómeno confluyen muchas fuerzas políticas y sociales, cuyo evidente objetivo no es desacreditar a individuos, grupos e instituciones, sino difamar y debilitar el orden jurídico.	Al mismo tiempo, observamos una suspensión de una equilibrada y razonable hermenéutica jurídica, de manera que, por absolutización de una norma, se desvanece la posibilidad de distinguir la ordenación escalonada del andamiaje legal y una norma – por decisión política – adquiere la autoridad unilateral de subsumir a todos los otros elementos del edificio normativo. Vivimos un imperio de las normas inferiores y sus interpretaciones.	Igual suerte corren los derechos humanos: el concepto mismo es objeto de escarnio y, en algunos sectores políticos y sociales, ha trasmutado en un antivalor, con lo cual se oblitera la aspiración a vivir en un mundo en que se respete la dignidad humana y se reconozca el valor de la diversidad.