Madrid, 30 Nov. (EUROPA PRESS).- La construcción por parte de Etiopía de la Presa del Gran Renacimiento, un proyecto hidroeléctrico de enorme envergadura iniciado en 2011, ha desencadenado una disputa diplomática entre el país y Egipto, dos de las principales potencias africanas, por su impacto en el reparto de las aguas del Nilo.	Las obras están siendo llevadas a cabo en la región de Benishangul-Gumaz y, una vez finalizadas, la presa será la más grande del continente con 1.800 metros de largo, 155 metros de alto y un volumen total de 10,4 millones de metros cúbicos, según recoge la empresa Salini Impreglio en su página web.	Así, implica la construcción de una presa principal con dos centrales eléctricas en su base que generarán 15.000 gigawatios por hora de forma anual. El proyecto tiene además un aliviadero con capacidad para 15.000 metros cúbicos y una presa auxiliar de cinco kilómetros de largo y 50 metros de alto.	Las autoridades etíopes han sostenido que el proyecto, que está siendo construido en un tramo del Nilo Azul ubicado cerca de la frontera con Sudán, es un asunto de soberanía nacional e incluso ha defendido que es beneficioso para toda la región, si bien ha hecho saltar las alarmas en El Cairo, históricamente dependiente de las aguas del río.	En el epicentro de la disputa diplomática entre Adís Abeba y El Cairo, que en ocasiones se ha tornado muy tensa y con cruces de declaraciones que han hecho temer un conflicto, está la lucha por los recursos hídricos, clave en toda la cuenca del Nilo, que abarca un total de once países africanos.	Estos países, junto con Egipto, Sudán y Sudán del Sur, están integrados en la Iniciativa de la Cuenca del Nilo (NBI), en la que Eritrea figura como observador. La organización tiene como objetivo compartido «alcanzar un desarrollo socieconómico sostenible a través de la utilización equilibrada y el beneficio de los recursos hídricos de la cuenca».	Así, casi todas las aguas en Burundi y Ruanda –y más de la mitad en Uganda– se produce internamente, mientras que en el caso de Egipto –más del 90 por ciento– y Sudán –más del 70 por ciento– llega desde fuera de sus fronteras, y principalmente de Etiopía, lo que explica las preocupaciones de El Cairo por el proyecto.	El anuncio sobre la construcción de la presa fue realizado en 2011 por el entonces primer ministro etíope, Meles Zenawi, en un momento en el que Egipto estaba sumido en una crisis en el marco de la ‘Primavera Árabe’, que derivó en la huida de Hosni Mubarak y las primeras elecciones democráticas en la historia del país.	Tras la misma, los ministros de Exteriores de Egipto, Etiopía y Sudán acordaron trabajar para lograr un acuerdo integral y sostenible antes del 15 de enero de 2020, según un comunicado conjunto de Egipto, Etiopía, Sudán, Estados Unidos y el Banco Mundial, publicado por el Departamento del Tesoro del país norteamericano.	Posteriormente, en 1906, se firmaron dos pactos que limitaron el acceso de Congo al agua del Nilo y dieron preferencia a los países río abajo, especialmente Egipto. Uno de ellos, firmado por Reino Unido, Francia e Italia, recoge la «salvaguardia de los intereses de Reino Unido y Egipto en la cuenca del Nilo, especialmente en lo relativo a la regulación de las aguas del río y sus afluentes».	A ello se suma un acuerdo en 1929 entre Egipto y Reino Unido que contempla un reparto de las aguas y da a El Cairo el derecho de supervisar el flujo del río en los países río arriba y vetar cualquier proyecto de construcción que pudiera afectar sus intereses, un documento clave en la disputa diplomática actual.	El último de los acuerdos fue firmado en 1959 entre Egipto y Sudán para el uso de las aguas del Nilo, con una cuota muy superior para las autoridades egipcias, además de autorizar a El Cairo a construir la presa de Asuán –cuyas obras se iniciaron ese año– y a Jartum de levantar la presa de Roseires, en el Nilo Azul.	El Ministerio de Exteriores de Etiopía hizo referencia a esta situación en una nota diplomática recogida por la agencia de noticias Reuters y fechada el 1 de octubre de 2019, en la que recalcó que «la propuesta de Egipto es un esfuerzo de mantener una autoproclamada distribución de agua de la era colonial y un poder de veto en todo proyecto sobre el sistema del Nilo».	Por ello, la situación y la decisión de Etiopía de iniciar de forma unilateral la construcción de la Presa del Gran Renacimiento han puesto en duda el marco normativo de dicha época colonial y han forzado a Egipto a sentarse a negociar un nuevo modelo que podría abrir la puerta a un sistema más participativo para todos los países de la cuenca.