Este año se cumplió treinta años de la creación de la jurisdicción constitucional en Costa Rica. Fue en 1989 cuando en el régimen político y jurídico costarricense, apareció esta jurisdicción empotrada en la Corte Suprema de Justicia como una cuarta sala. Se trata de una figura e instancia que basa su preponderancia jurídica en una gran falacia de autoridad basada en la interpretación que unas personas hacen de la Constitución Política. Esa falacia encuentra en la dictadura del artículo décimo tercero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, su principal factor de resonancia y sumisión por parte del resto de abogados, jueces, legisladores, políticos y demás personajes relacionados con el Derecho.	En este aniversario se ha escuchado por parte de Magistrados integrantes de esa jurisdicción, que el pueblo costarricense debe estar agradecido por la existencia de la Sala Cuarta. Se ha dicho que su nacimiento ha constituido una revolución jurídica  y que todo fue diferente desde que comenzó a funcionar en el sistema político y jurídico de nuestro país. Los derechos se pudieron ejercer eficazmente con base en los mecanismos de garantía que existen y que encuentran en la jurisdicción constitucional a su principal impulsor y a su fundamental gendarme. La Sala Cuarta, entonces, es una de las mejores cosas que le ha sucedido a la sociedad costarricense.	Como no podía ser de otra manera, los diferentes actores vinculados con el Derecho en Costa Rica, han callado miserablemente y han hecho una genuflexión ante este dogma que se viene implantando desde hace años. Medios de comunicación, políticos, profesores de Derecho y demás personas vinculadas con el Derecho, se regocijan de la existencia de la Sala Cuarta; total, al fin y al cabo, al mejor estilo del medioevo, ello les facilita el trabajo a todos porque lo único que se debe hacer es estar al tanto de lo que los jueces constitucionales han sentenciado. ¡Magister dixit!	A diferencia de lo que se ha dicho, la jurisdicción constitucional ha sido sumamente perjudicial para el Derecho costarricense. El argumento ad verecundiam se ha convertido en el preferido entre los diferentes actores jurídicos, al punto que las sentencias de la Sala Cuarta ni siquiera son cuestionadas en coherencia lógica y tampoco en la racionalidad de sus planteamientos. Lo que diga el juez constitucional se asume como un acto de fe, como un dogma que debe ser repetido y afirmado sin cuestionarlo, al fin y al cabo es de aplicación erga omnes.	Los abogados ya no piensan porque les basta adorar la doctrina emanada de los sacerdotes constitucionales. Al igual que en la Edad Media, lo que digan los jueces constitucionales es elevada a la categoría de verdad absoluta o, al menos, a la de una verdad formal avalada por el ordenamiento jurídico. El Derecho costarricense se ha convertido en una rueda que gira sobre un único eje y que no avanza aunque parezca que se está moviendo. Los operadores jurídicos, como algunos suelen decir, parecen gangsters en una rueda que da la sensación de moverse pero que, en la realidad, permanece en el mismo lugar.	La dogmatización constitucional del Derecho costarricense lo está matando poco a poco. Dicen que muchas Escuelas de Derecho ya no enseñan y tampoco leen a los clásicos del Derecho y en especial los del derecho constitucional. Lo que importa ahora es leer las sentencias de la jurisdicción constitucional, ya que son esas sentencias las que permitirán ganar juicios con base en un argumento de autoridad constitucional. No importa si se trata de una única sentencia y no de una jurisprudencia, es decir, de una sentencia reiterada en el tiempo; de por sí, la dictadura del artículo décimo tercero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional obliga a todos con independencia de si es o no jurisprudencia.	A diferencia de lo que han dicho, la Sala Constitucional está matando al Derecho costarricense. El dogmatismo y la fe ciega en interpretaciones que constituyen auténticos fallos, nos están llevando a la oscuridad de la tumba jurídica; es decir, a un Derecho irreflexivo, carente de imposturas y lleno de idólatras que están dispuestos ha hacer lo que los sumos sacerdotes digan. Y aunque la prédica de los evangelios en forma de sentencias provea explicaciones metafísicas o teológicas desde la perspectiva jurídica, aquel que intente cuestionarlas será quemado en los estrados judiciales o en las diferentes instancias relacionadas con el Derecho, por la herejía de no someterse a la doctrina de los siete sacerdotes.	No espero que muchos abogados entiendan lo que aquí se dice. Quizás lo puedan entender aquellos que han ido más allá del mero estudio de la dogmática jurídica y han incursionado en la Filosofía del Derecho y en la Filosofía en general. Pero si acaso hay alguno que quiera entender lo que aquí se ha dicho, merece la pena que lean el ya viejo ensayo de Hans Albert denominado: Tratado de la razón crítica. Allí, sin mucha pompa y de manera llana, se brindan las bases epistemológicas que permiten entender los porqués de lo que hemos afirmado en estas líneas.