Por su parte, Venegas indicó al mismo medio que en el 2003 cuando fue a denunciar al P. Víquez “la persona que me atendió fue el (entonces) Vicario General, José Rafael Quirós, el actual Arzobispo de San José, Costa Rica. A él yo le conté los abusos que estaba viviendo, las consecuencias que había vivido en ese momento. Prometió protección y anonimato, que nadie en la parroquia se iba a dar cuenta de que nosotros éramos los que habíamos ido a denunciar”.	El medio indicó que la ausencia del P. Víquez “imposibilita a las autoridades judiciales notificarlo o tomarle declaración”. “Mientras, el tiempo corre y aumenta el peligro de que el caso prescriba en setiembre, cuando el denunciante cumpla 28 años de edad (como estipula la ley actual para casos de abusos sexuales a menores)”, señala.	El texto explica que cuando recibió la denuncia por primera vez en 2003, el entonces P. Quirós “informó al Arzobispo de San José, Mons. Hugo Barrantes Ureña. Respondiendo a esta queja y solicitud de quienes la interpusieron, el sacerdote Víquez Lizano fue removido del oficio de párroco y se decidió no iniciar ninguna acción que lesionara la buena fama de los menores afectados como en la conversación fue solicitado. A partir de ese momento nunca más tuvo oficios parroquiales”.	Además señala que quienes acusan al P. Víquez pidieron 200 mil dólares cada uno, una solicitud “que fue rechazada por el Arzobispo. Lo anterior consta en solicitud escrita por los señores Rodríguez y Venegas con fecha del 27 de julio de 2018. Esta solicitud les fue denegada y comunicada en reunión sostenida con ellos el 3 de agosto de 2018”.	El comunicado también se refiere a la invitación cursada a Mons. José Rafael Quirós para participar en el encuentro de protección de menores en la Iglesia que se realiza en el Vaticano del 21 al 24 de febrero. El Prelado desistió y en su lugar viajó Mons. Gabriel Enrique Montero Umaña, Obispo de San Isidro.	Jeison Granados, director de Radio Fides, emisora oficial de la Arquidiócesis de San José, explicó el 22 de febrero a ACI Prensa que “mientras el caso de Mauricio Víquez esté en proceso, Monseñor (Quirós) prefirió no asistir. Esa fue la principal razón. Él no quería ensuciar nada que tuviera que ver con Roma ni con el Papa por ese proceso que se lleva. Además a él lo han acusado de encubrimiento. Por eso no fue y le pidió al Obispo de San Isidro, vicepresidente de la conferencia episcopal, que asistiera él”.	“Por derecho tiene la posibilidad de conocer las actas, dentro de ellas va la prueba que el ofendido aporta al tribunal”, entre las cuales estaba la demanda penal interpuesta en su contra. “Él (Víquez) por derecho de defensa conoce la acusación cuando el abogado se las lee, no las tiene en sus manos. Esa es la razón por la que supo de los hechos, no porque se le entregue maledicentemente”, indicó el sacerdote.	En declaraciones a Radio Fides, el Obispo Auxiliar de San José, Mons. Daniel Blanco se refirió a la orden internacional de captura contra Víquez y dijo que “la posición de la Arquidiócesis es de confianza plena en los tribunales de justicia de país. Sabemos que estamos en un Estado de derecho y sabemos que la justicia va a prevalecer, confiamos plenamente en que se va a hacer justicia en este proceso”.	En un mundo globalizado, casi nada escapa al escrutinio del público. En los Estados Unidos, el periódico Houston Chronicle, publicó la noticia el 12 de febrero del 2019, que más de 250 predicadores de la iglesia Bautista del Sur (una de las más numerosas de esa nación), acusados de acosar sexualmente a más de 700 feligreses, continuaban ejerciendo sus actividades religiosas. La Conferencia Sureña Bautista (en inglés, Souther Baptist Conference), uno de los conglomerados más grandes del mundo en su ramo, luchaba para resolver el asunto. Parece que en todos lados se cuecen habas. [fuente: Google search, Southern Baptism Sexual Misconduct].