A la vez «se insta a todas las autoridades de gobierno y a la población en general a no generar procesos de criminalización de la migración a través de discursos tendientes al odio, a la discriminación, a la xenofobia, menos aún procesos de persecución judicial a personas solamente por la condición de ser extranjeros», subrayó.	La Defensoría también denunció  «26 casos sobre amenazas y/o agresiones a trabajadores de la prensa, entre los que resaltan la quema del domicilio de una periodista, la destrucción de medios de comunicación, la obstaculización del trabajo de medios escritos, radiales y televisivos, agravado por denuncias de limitación en cobertura del actual momento de conflictividad».	En este contexto exhortó a que «se adopten medidas apropiadas para prevenir cualquier daño contra los trabajadores de la prensa y que se debe respetar la libertad de prensa sin fronteras, en especial de las y los periodistas que se encuentran en calle haciendo cobertura dentro de las movilizaciones, no sólo por parte del Estado que debe otorgar garantías, sino de los sectores movilizados que deben respetar su trabajo».