Tegucigalpa, 2 Dic (Sputnik).- La sentencia contra los autores materiales del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, cuya lectura tendrá lugar este 2 de diciembre, puede contribuir a que se comience a investigar la estructura criminal de donde partió la orden de matarla, dijo a Sputnik la hija de la activista, Berta Zúñiga.	Ese proyecto era considerado por la activista una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca, dijo a Sputnik Zúñiga, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que fundó su madre.La Sala Primera del Tribunal de Sentencia hondureño falló un año atrás en el primer juicio por el asesinato de la activista, determinando que el crimen fue cometido «con conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. [DESA]» con el objetivo de poner fin a la resistencia al proyecto Agua Zarca.	«El Estado tiene que comprometerse a seguir trabajando en esa línea, y no cerrar el caso solo por dar algún tipo de resultado, después de casi cuatro años de estar exigiendo que a alguien se le adjudiquen responsabilidades, a una persona o a una estructura criminal, por este hecho tan trágico», señaló Zúñiga.	En la sentencia, el tribunal deberá individualizar la responsabilidad y pena de cada persona condenada y ordenar las investigaciones que considere pertinentes sobre el crimen que se esclareció en el debate oral y público y podría incluir a otros actores que ordenaron y pagaron por el asesinato, según señala el Copinh.	La hija de la activista asesinada observó que, además de establecer la culpabilidad de personas que estuvieron vinculadas con el asesinato, como los ejecutores materiales, la sentencia muestra el vínculo con los intereses de DESA y que «hubo una orden de la empresa hacia esas personas, que simplemente fueron peones o personas contratadas y que además Berta Cáceres fue asesinada por su lucha».En mayo de este año, el Copinh señaló a esta agencia que a pesar de la lectura del fallo del tribunal realizada en noviembre de 2018, no existía «ningún documento oficial escrito en el que se corrobore ese fallo, la sentencia de culpabilidad contra estas personas (…), las partes no pueden recurrir a ese fallo. Esto no significa que esto sea irregular en Honduras debido a que el sistema de justicia es muy lento, pero en este caso, que tiene tanta trascendencia, demuestra la inoperancia del sistema de justicia».	La familia de la activista y el Copinh denunciaron durante el proceso reiteradas irregularidades en el desarrollo del caso, tanto contra la Fiscalía como con el Tribunal, y Zúñiga sostiene que la demora en la sentencia está relacionada a esto y al «irrespeto a los plazos que están establecidos en la ley hondureña, que simplemente están yendo en contra del camino de la justicia y a favor de la impunidad».	«Este camino no ha terminado aquí, hay una gran deuda con la justicia verdadera, y retrasar todo el proceso y dilatarlo ha sido la estrategia del Estado para quitarle presión a la causa por la justicia, esas son algunas de las irregularidades del proceso, la no aceptación de pruebas, de no inclusión de algunos peritajes que amarran a los autores materiales con la estructura criminal de asesinar a Berta Cáceres y a su lucha», señaló Zúñiga.Respecto a los presuntos autores intelectuales del crimen, hay un caso abierto, que también lleva retrasos, y es el que involucra al expresidente ejecutivo de DESA, David Castillo, actualmente en prisión preventiva.