El art.3º enlista 20 principios que llama “rectores”. En Derecho una “ley general” es elemental que defina los principios “generales” de la rama o sub rama del ordenamiento. Lo de “rectores” no es terminología usual. Y debería tratarse de los principios “propios” de la rama o sub rama, pues no tiene sentido enunciar principios que alcancen más de lo que se está regulando. Por otra parte, deben no solo estar ojalá todos, sino especialmente los más importantes de la rama.	. Corresponde a todas las funciones de todos los funcionarios públicos. La formulación que se hace se refiere a todo y ni siquiera es cierta semejante rigidez (solo puede hacerse lo expresamente autorizado). En el empleo público incluso se plantean serias dudas sobre la aplicación del principio de legalidad en su versión más exigente.	. Pretende precisar el fin de la sindicalización en el sector público, pero no logra mucho, al comprender toda clase de “beneficios” a obtener o conservar. De todos modos, no se regula el asunto, lo que se deja al Código de Trabajo, donde no se da una regulación adecuada válida para el sector público.	. No hay en el proyecto una determinación de cuál es el ordenamiento aplicable al empleo público. Según el enunciado de este inciso, pareciera que sencillamente (1) si no hay ley aplicable nos vamos directamente a los principios generales laborales (del Derecho de Trabajo) y que (2) esos principios se aplican todos literalmente, tal cual están en el derecho privado, todo lo cual es absolutamente inaceptable por ilógico.