Mideplán será el “ente rector” (en verdad, el órgano rector). Como tal afectará a todas “las dependencias públicas bajo el ámbito de aplicación de la presente ley”. Recuérdese que el art.2º al definir los alcances del Proyecto excluye (a) a los entes públicos no estatales y (b) “a las personas que no participan de la gestión pública de la Administración” y que más bien incluye a las empresas-sociedad, en las que no se da el empleo público. Lo de personas “que no participan de la gestión pública”, en el entendimiento de los laboralistas (que son quienes de momento dominan todo esto) se refiere a casi todos los funcionarios públicos y son precisamente quienes según la RPL pueden suscribir (mediante sus sindicatos) convenciones colectivas. Excluidas esas personas, solo quedan 4 gatos. Un “sistema” para 4 gatos como que no, ¿verdad?	El “ente rector” (art.6º) de veras “dirigirá”. La lista de competencias es completísima. Hay varios problemas aquí, jurídicamente gruesos. Uno, no se hace un deslinde en materia de empleo público: qué corresponde al legislador, qué al Poder Ejecutivo (vía reglamento) y qué al “ente” rector. Otro, “políticas públicas y lineamientos generales” son categorías jurídicamente bastante imprecisas. En Derecho Administrativo lo que se conoce son las “directrices” (LGAP). Lo importante de esto es que las directrices no son “normas” y que está muy claro el régimen de las mismas (su obligatoriedad y las consecuencias del incumplimiento). Tercero, queda el tema de las autonomías garantizadas constitucionalmente, asunto que al Proyecto no parece desvelarle en nada, lo que no se vale hacer. Cabe recordar además que este país ha demostrado sobradamente en 40 años su incapacidad innata para formular verdaderas (decentes) “directrices”.