Aseguró que desde que fueron presentados casos que implicaron a sectores políticos y económicos de Guatemala, se “incrementaron” campañas de “desprestigio, difamación y amenaza”, debido a que la Cicig “tiene la finalidad de perseguir estructuras que cooptan el Estado para lucrarse y se niegan a perder sus privilegios obtenidos de forma ilegal e ilegítima”.	También sostuvo que Cicig no ha abusado de la prisión preventiva, pues eso es algo que le corresponde a un juez dictaminar y también negó que la Comisión haya violado, junto al Ministerio Público, la presunción de inocencia al dar a conocer públicamente los casos en sendas conferencias de prensa previo a ser juzgados, pues “siempre se tuvo cautela de ser respetuosos al referirse a los individuos”.