“Las ambiciones eran demasiado altas, la idea en sí tampoco era muy realista desde un principio. El municipio dejó solas a las trabajadoras sexuales. Se necesita un poco más de apoyo, de presencia, de vigilancia. No digo un control total público”, añadió la que fue relatora nacional sobre la Trata de Personas y Prostitución Forzada.	La gestión de “un negocio de prostitución seguro y financieramente sólido” solo por las trabajadoras sexuales parecía “ideal” cuando en 2017, el ayuntamiento aceptó poner en marcha el primer “burdel municipal” del mundo controlado por una fundación formada por prostitutas, My Red Light, en la zona de De Wallen de Ámsterdam.	La situación financiera del burdel “es insostenible”, los escaparates apenas tienen clientes durante el día, hubo al menos cuatro víctimas de tráfico de mujeres que trabajaron en el lugar y varios casos de abusos que no fueron denunciados adecuadamente a la junta directiva, lo que le costó una multa de 25.000 euros.	“Quien dice A, también dice B. Este proyecto puede seguir adelante pero con un enfoque más empresarial, sin pretender que las trabajadoras sexuales lo hagan todo. Hay que nombrar a un nuevo empleado para que se encargue de la administración. Hay que hacer borrón y cuenta nueva y no exigir el dinero de la multa”, recomienda Dettmeijer.	Lyle Muns, trabajador sexual y miembro de la junta supervisora de My Red Light, considera “positivo” este informe porque propone cambios políticos en relación a “los procedimientos de señalización en casos de sospechas de trata de personas”, pero también pone de relieve “la importancia de que las empleadas se sientan bien, que estén involucradas en el proyecto”.	Los operadores de los ventanales de la prostitución en el resto del distrito no apoyan la idea de que el Ayuntamiento intervenga en las cuentas de este burdel porque lo consideran “competencia desleal” y critican la recomendación de no cobrar la multa de 25.000 euros a este negocio porque “es saltarse las leyes”.