Como ciudadanos contribuyentes, consideramos importante la defensa de los fondos públicos, por lo que compartimos con toda la ciudadanía en este documento aclaratorio, nuestras serias inquietudes al respecto. Solicitamos respetuosamente a las autoridades legislativas, que se refieran en el marco de los hechos denunciados por la Contraloría General de la República, de previo a adjudicar las obras para la construcción de la Sede de la Asamblea Legislativa como recién lo han anunciado, sobre los siguientes puntos:	¿Fue legal que el Directorio Legislativo 2012-2013, presidido por Víctor E. Granados, haya adjudicado ese proyecto por más de $2 millones, a pesar de la advertencia previa y por escrito del Centro de Patrimonio de que incumplía la ley 7555, y bajo riesgo de recuperar sólo $55 mil de una garantía de cumplimiento?	¿Por qué el Directorio Legislativo 2014-2015, presidido por Henry Mora, gastó recursos del fideicomiso por 10 meses tratando de legalizar el proyecto, cuyo límite de costo definido en el concurso ya había sobrepasado más de $22 millones? y al final verse obligados a desechar el primer proyecto por ilegal e incosteable.	¿Fue legal que el Directorio Legislativo 2014-2015 presidido por Henry Mora, haya adjudicado en el llamado “Acuerdo de Transacción” un segundo proyecto “a dedo” al mismo contratista? El contrato original por $2.058.000 se amplió en $5.265.000, cuando la ley de Contratación Administrativa limita cualquier ampliación a un 50% y nunca a más del límite del procedimiento de que se trate, en este caso $1.000.000 según el reglamento aprobado por ese mismo Directorio. Aprobaron además una rara indemnización por “tiempos caídos y ampliación del contrato”, y le adjudicaron la inspección que no estaba contemplada en el cartel del concurso. Todo bajo la excusa de que se trataba de una supuesta readecuación del primer proyecto, cuando en realidad se trató de otro proyecto totalmente diferente, aunque el “objetivo” fuera el mismo del contrato original.	¿Por qué el Directorio Legislativo 2015-2016 presidido por Rafael Ortiz, comprometió al Estado aprobando un préstamo al fideicomiso por ¢52 mil millones, sin ningún análisis sobre las condiciones del financiamiento ni la capacidad presupuestaria y fiscal para pagar ese endeudamiento? (en 2017 se han presupuestado ¢970 millones por año de alquileres y por el nuevo proyecto la Asamblea (o sea el Estado) deberá pagar una cuota de arrendamiento operativo mensual mínima de ¢621.565.880 durante 168 meses, o sea más de ¢7.458 millones por año, más un “balloon-payment” al año 14 (actas 086 y 088-2015)).	¿Por qué el Directorio Legislativo 2015-2016 presidido por Rafael Ortiz, aprobó en octubre 2015 el segundo diseño arquitectónico, mantenido en estricto secreto hasta el 10 de marzo 2016, cuando por fin lo enseñaron por orden de la Sala Constitucional? Este nuevo diseño no resolverá los problemas funcionales de la institución sino que más bien los agravará, después de un costo exorbitante a costa del pueblo contribuyente, y lo peor de todo SERÁ IRREVERSIBLE.	¿Por qué el Banco fiduciario pagó la suma ilegal que ahora ordena recuperar la Contraloría General, a sabiendas de la violación de las condiciones del cartel del concurso, simplemente porque el fideicomitente se lo ordenó, cuando el Artículo 645 del Código de Comercio obliga a que “El fiduciario deberá emplear en el desempeño de su gestión el cuidado de un buen padre de familia”?	¿Por qué la Contraloría General mantiene una política de extrema flexibilidad respecto de los fideicomisos de obra pública, según los indeterminados “principios de la contratación administrativa”, lo que ha propiciado esta cadena de desaciertos, teniendo que tolerar actos consumados como el denominado Acuerdo de Transacción, sin ejercer un verdadero control de los exiguos fondos públicos?	Si bien el primer poder de la República debe contar con una sede digna, funcional y representativa de la democracia, consideramos que un proyecto tramitado bajo estas condiciones tan cuestionadas, en caso de que se construyera, representaría los antivalores de nuestra democracia, sería no un orgullo sino una vergüenza para las futuras generaciones y una burla para el Estado de Derecho de Costa Rica. Solicitamos que se replantee su viabilidad de manera profesional en todos sus aspectos. Y al pueblo le solicitamos que se manifieste de todas las maneras posibles presionando para detener la construcción de una Casa del Pueblo absolutamente inconveniente e indigna de nuestra Patria.	Toda este interés extremo de pasar por encima a los procedimientos, a la lógica, a la decencia y a la buena moral a como de lugar, me parece muy sospechoso. Esto trae al recuerdo el sucio y descarado impeachment brasileiro contra Vilma Roussef, donde ni una sola alma se salva de estar embarrada en la más sucia trama de intereses personales.	Que mal estamos, los llamados a defender la patria, dilapidan sus recursos se envuelven en ilegalidades y por demás estar decir el buen gusto.El diseño planteado es sencillamente espantoso, un mamarracho horrible, quizá es lo que se merecen los diputados porque, lo que es ética, legalidad y buen gusto ya nos dimos cuenta que no tienen.	Excelente análisis el que nos brindan Don Gustavo y Doña Marité mis felicitaciones, los invito a que revisen el Expediente No.9596, Proyecto 9880 en el Archivo de la Asamblea, en donde se encuentra todo lo referente a la Construcción de la Sede de la Asamblea Legislativa, que desde el año 1991 quedaron listos, pagados y visados, los Planos para la construcción, con el VºB del Centro del Patrimonio, además de ser un diseño digno para la Asamblea no la mole de concreto que quieren construir actualmente.	Como costarricense contribuyente, y aún más como Autoridad Internacional, Arquitecto Experto en Infraestructura Pública y Salud,CFIA 2091, certificado por Organismos Internacionales, me uno a los miles de ciudadanos, en interpelar, y señalar ese acto de agresión, al Patrimonio Arquitectónico Costarricense, de pretender construir, y a tal magnitud de costo financiero, además con un trasfondo administrativo ILEGAL,un Edificio MONUMENTAL DE ESE TIPO, eso no debe permitirse, respetuosamente le pido al Directorio Legislativo,principalmente a su Presidente, Lic Antonio Alvarez Desanti, considerar su decisión, pues quedará en la historia Patria, como un eslabón negro.Pongo a la disposición de Uds,o de la gran lista de costarricenses que NO quieren que se realice ese magro acto constructivo, toda mi experiencia(30 años) y capacidad de investigación al respecto, para tratar de por lo menos atenuar esta situación, que obligaría al pueblo costarricense “de a pie”, a pagarlo, y soportarlo.	Sra Marité: Creo que además de la unidad de la mayoría de la opinión pública y de los comentarios y aportes de profesionales expertos en el tema, como es mi caso, una de las posibilidades directas, SERÍA LA DE ACCEDER, al Lic. Alvarez Desanti, más ahora que pretender ser Candidato a la Presidencia de la República, no le parece?.	Estimado Rafael Barahona: Me parece plausible la idea de acceder al Sr. Álvarez, pero dudo que sea posible. Ya me dirigí a su asistente personal y ni siquiera me respondió. La realidad es que una vez que los políticos de cualquier rango obtienen el poder, se cierran a escuchar a los ciudadanos. Solo hacen caso a sus asesores y subalternos.	Lo lamentable del caso es que estos argumentos ya eran de conocimiento de Henry Mora y de esta asamblea. Los cuestionamientos de fondo son aplastantes. Que dicen los diputados? Como le justifican al país semejante acto? Y que dicen los arquitectos de CR del nuevo proyecto? Según entiendo TODO el mundo objeta su diseño, solo los diputados lo avalan. Si esta es la asamblea legislativa que nos representa, lo propio es que renuncien.	Bravo! Este documento es muy valioso para poner los puntos sobre las íes. Ya debe detenerse este desperdicio de recursos que al final lo pagamos todos los contribuyentes. Si el pueblo cambia, el país cambia. No se trata de cambio de gobierno, los políticos no escuchan, eso siempre ha sido así. Esta denuncia evidencia que el pueblo es el que está cambiando. Felicitaciones a Marité y Gustavo por no levantar el dedo del renglón	El pueblo os lo demanda diputados, debeis dar cuentas de este monstruoso desaguisado hasta la última gota de ilegalidad o en su defecto ya estais fuera de orden por default. Recoged honrosamente vuestra integridad del suelo, os lo habeis ganado, nadie los empujó, ya no tenéis tiempo para argumentaren vuestra defensa que fue Fuenteovejuna, el pueblo, no, es la misma fuenteovejuna quien, os lo recuerdo, lo Demanda!