Quizás más que garantizar en grado extremo la autonomía del Banco Central, la pretensión que se incuba en un proyecto de ley para restringir al Consejo de Gobierno la facultad de remover al presidente de su junta directiva a cuando incurra en “incumplimiento grave y manifiesto de sus deberes”, se trasluce el afán de dominar los contenidos y el rumbo de la política económica y financiera del país desde el instituto emisor, con despecho de lo que el Presidente de la República visualice y defina como las tareas a acometer por el Banco Central.	Este objetivo de distanciar de la Casa Presidencial y  “blindar” al BCCR y a su rector es perseguido hace rato, casualmente por las corrientes de pensamiento promotoras del desmembramiento de las potestades del presidente de la República en el sentido de armonizar en un solo esfuerzo de acción política sus líneas de pensamiento –por lo demás expuestas en campaña electoral y avaladas por el voto mayoritario- y derramarlas por todo el aparato estatal. Dominando el  Central desde su presidencia, se asegura el control de buena parte de los contenidos de la política del Estado. Se comprende el interés del Jefe de Estado en que su pensamiento, el pensamiento que expuso al electorado que le votó, encuentre acogida en el BCCR. Por ejemplo, creer en una mayor liberalidad en la administración del sistema monetario a fin de lograr otros objetivos ajenos a la inflación, como la producción y el empleo. Podría darse el caso de que ya entronizado,  el rector bancario no sea un fiel intérprete del pensamiento del mandatario y termine –por ello- defenestrado mediante la aplicación de la discrecionalidad que al respecto permite la ley actual. Y eso, piensan algunos, atenta contra la independencia del ente emisor. Promueven, por ello, eliminar este portillo.	Es absurdo, es un contrasentido político, sustraer al Banco Central de la posibilidad de que el Presidente de la República lleve hasta él su concepción de lo que debe hacer el Instituto Emisor para dar cabal cumplimiento –en el área que le compete- a la plataforma programática que el Jefe de Estado presentó al electorado en campaña y que mereció de éste el mayoritario aval en las urnas. El bisturí disociador contenido en el proyecto de ley 21033 llega al grado de despojar al Ministro de Hacienda como miembro del directorio del BCCR, de su derecho a votar, como si la prerrogativa de votar atentase contra la autonomía.	El Banco Central no es un ente disperso y aislado en una estratosfera ajena al conjunto de la institucionalidad del Estado. Ni el BCCR ni ninguna entidad del Estado ha de pretender independencia y lejanía de las políticas estatales que se definan en la Presidencia de la República. Máxime en el caso del Banco cuyas competencias en lo monetario y lo cambiario derraman efectos mucho más allá de la inflación y las tasas de interés, en particular en algo tan sensible como el empleo. Por ello es tan importante como necesario que haya una visión de conjunto, armónica, cohesionada, en la línea de acción de todo el aparato estatal, el Central incluido, para impulsar las políticas públicas.	La potestad del Consejo de Gobierno –y en particular la influencia del Presidente de la República en la toma de sus decisiones- debe preservarse en lo concerniente al nombramiento del directorio del Banco. En sus manos radica la responsabilidad de escoger directores con idoneidad académica, con probada ética y fortaleza moral,  distantes de los intereses particulares que puedan ver en el BCCR la cantera de decisiones  proclives al favorecimiento de grupo de poder sectario.