Desde el año 1994, existe en nuestro país una ley que protege a los animales, se llama Ley de Bienestar Animal y, se promulgó bajo el número 7451. Dentro de esta ley, se indica en su artículo uno, los valores que rigen la presente ley y se establece en su artículo primero, que se debe tomar conciencia que los actos crueles y el maltrato contra los animales lesionan el principio de dignidad humana, asimismo que se debe fomentar el respeto por los seres vivos y que la empatía hacia los animales que sufren dignifica a las personas, valores todos que indica la ley deben ser enseñados a las personas menores de edad, en las familias y en las escuelas.	Ahora bien, producto de distintos movimientos sociales que tomaron fuerza con apoyo en noticias sobre conductas humanas que han dañado animales, en el mes de junio de 2017, se reformó la ley de Bienestar Animal y se crearon nuevos tipos penales para “proteger” a los animales, la pregunta que uno se hace es, si de verdad es necesaria la existencia de un delito para proteger a los animales, y si la existencia de ello provoca o no, la violación del principio de Ultima Ratio que rige el Derecho Penal.	Sé que el título del presente artículo de opinión puede sonar contestatario, incluso repulsivo para muchos de los que abogaron ante la Asamblea Legislativa para la reforma de esta ley, sin embargo, la idea del mismo, es presentar una visión distinta que sobre la protección de los animales, se ha decidido con la última reforma legal y si ella conlleva en realidad una protección real de la vida animal o si se trata una vez más, de un derecho penal simbólico que al final en nada va a ayudar a los animales.	Se debe indicar que el Derecho Penal, al igual que muchas ramas del Derecho, se rige por principios propios que lo dotan de contenido y que incluso establecen límites sobre él, este es el caso del principio de ultima ratio, conocido también como principio de mínima intervención o de accesoriedad, la Sala Constitucional sobre este principio y con relación a la reforma de esta ley, en el voto 2016-13553 de las 11:30 horas del 21 de setiembre de 2016, indicó:	En el caso de la reforma a la Ley de Bienestar Animal, ley 9458 publicada en la Gaceta Número 120, el 26 de junio del año 2017, se introdujeron tres delitos concretos, el contenido en el artículo 279 bis) que habla de la crueldad contra los animales, y que castiga con prisión de	, a quien cause un daño a un animal doméstico o demesticado, que conlleve un daño persistente a la salud, o implique la pérdida de un sentido, un órgano o un miembro, incluso habla el tipo penal de que se cause un sufrimiento o dolor intenso o agonía prolongada. La misma pena se le aplica a quien realice actos sexuales con un animal y finalmente a quien le saque las vísceras a un animal, salvo cuando se trata de investigación.	También se creó una contravención, mediante el artículo 405 bis) donde se sanciona con 20 a 50 días de multa, a quien le cause lesiones injustificadas a un animal doméstico o demesticado y/o que lo abandone a su suerte. Finalmente la reforma legislativa, define que se debe entender por animal doméstico o demesticado, indicando que por animal doméstico se entenderá “todo aquel que por sus características evolutivas y de comportamiento conviva con el ser humano” y se entenderá por animal domesticado “todo aquel que mediante el esfuerzo del ser humano ha cambiado su condición salvaje” (Ley 9458).	En el primer tipo penal, lo que yo extraigo que se tutela es la integridad física de un animal doméstico o domesticado, así como su integridad “sexual”, el punto c) del artículo 279 bis) es más oscuro, porque prohíbe la vivisección, o sea la disección de una animal vivo, lo que nos haría pensar también en la tutela de la integridad física, pero esta se pierda cuando los fines de la misma lo son la investigación. De qué tipo de investigación estamos hablando, no lo dice claramente el tipo penal. El segundo delito contenido en el artículo 279 ter, tutela la vida del animal domestico o domesticado, la cual también sede cuando se le cause la muerte con fines de alimentación personal o familiar, de quién, no indica, por lo tanto de cualquier persona. Y el tercer delito, contenido en el 279 quinquies, castiga a quien propicie o ejecute peleas entre animales de cualquier especie; parece que se tutela nuevamente la integridad de los animales.	Ahora bien, estoy completamente a favor de que el Estado proteja y sancione a quien maltrate o muestre crueldad hacia los animales de forma consciente y sin ningún tipo de causa de justificación, lo que no me parece válido -criterio externado desde un punto de vista meramente académico-, es que se sancione con ni siquiera un día de prisión a una persona que cometa las conductas antes descritas.	Para mí resulta claro que no se está  tutelando el bien jurídico medio ambiente, cómo lo asegura la Sala Constitucional en el voto 2016-13553 ya mencionado, que sustenta que el artículo 50 constitucional da pie a la sanción penal para este tipo de conductas. El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, es un bien jurídico que es primordial para el desarrollo de la humanidad, y por ello es necesario su protección, incluso a través de la herramienta más violenta que tiene el Estado como lo es el derecho penal. Pero esa protección tiene que estar limitada precisamente a esas conductas más lesivas, que atenten contra los bienes jurídicos de mayor relevancia social, reconociendo como tal el medio ambiente, pero considero que no se está tutelando el bien jurídico medio ambiente con los delitos introducidos en la reforma a la ley de bienestar animal.	, es decir, habla de beneficios para los animales, y no de derechos, por cuanto, no me resulta ajena la tendencia incluso a nivel internacional, en donde se considera que los animales son sujetos de derechos, lo que pasa, es que vista así, la protección de los animales, riñe con el mismo artículo uno de la ley, que indica que el valor que protege es el de la dignidad humana, por cuanto considera que los actos crueles y de maltrato contra los animales lesionan este principio. Entonces, resulta claro que los animales no se protegen por ellos en sí mismo, sino porque esas conductas de maltrato, crueldad contra los animales, resultan perjudiciales para la dignidad humana. Y esto tiene que ser así, porque sino no se comprendería cómo, se permiten las granjas de animales para el consumo humano, que según PETA, tratan con muchísima crueldad a los animales, como ejemplo denuncian las condiciones de una granja de cerdos en Alemania, donde se muestra como permanecen encerrados en un lugar sin luz, enfermos, esperando la hora de su muerte para hacer salchichas, denuncias de este tipo inundan la red.	Y sin embargo si se lee el artículo 279 quáter del Código Penal, que también se introdujo con la reforma en comentario, se dice que estas penas no se le aplicaran a las pesqueras y acuículas, reguladas por Incopesca, tampoco a las agropecuarias o zootécnicas o ganaderas o veterinarias regulads por la ley General del Servicio Nacional de Salud Animal. Es decir, que el maltrato animal está bien, o no constituye delito si se trata de granjas de animales para consumo humano o cuando dicho maltrato tenga fines de investigación.  Y esto sólo puede resultar coherente, si se entiende que lo que se tutela es la dignidad de las personas, que se ve afectada por actos de brutalidad o crueldad animal. Porque si lo que se pretende es reconocer derechos a los animales, entonces, debería reconocerles a todos y no sólo a los gatos o perros, mascotas, etc.	Ahora bien, siendo la protección animal necesaria, entendiendo de que se trata de un bien jurídicamente relevante para los humanos, la pregunta es sí esta protección amerita la intervención del derecho penal. Muchísimos autores, apuestan por la tutela penal del maltrato animal, puesto que según la literatura consultada, la protección animal es de vieja data, en Alemania por ejemplo, la reconocieron hace más de veinte años, igual en España se les protege desde el año 2010 (Muñoz Conde, Manual de Derecho Penal Medioambiental, 2015). Sin embargo, en mi criterio, esta conducta aunque es muy reprochable, no puede ni debe ser tutelada por el Derecho Penal, una pena de hasta dos años de prisión, por causar la muerte a un animal, no resulta para nada lógico, ni proporcional al resto de sanciones que contiene nuestro código penal, y menos si se evidencia que los dueños de las grandes granjas de consumo animal, por el mismo maltrato o trato cruel, no recibirán ninguna pena. Se debe agregar también que la amenaza de una sanción penal, no disminuye la comisión de delitos, que resulta muchísimo más efectivo, realizar campañas de prevención, que sobre este tema, podrían realizarse desde las escuelas, que amenazar a alguien con la imposición de una pena de prisión, lo que evidencia, que esta reforma no tendrá el efecto buscado, antes bien, solamente apaciguó los reclamos populares que se dieron en ese momento histórico de nuestro país.	En conclusión, al ser el derecho penal, la ultima herramienta a la cual debe recurrir el Estado, considero que este tipo de actos por demás reprochables, deben ser sancionados a través de otra rama jurídica como lo puede ser el derecho administrativo, y por lo tanto no deben existir delitos o tipos penales que envíen a una persona a la cárcel por actos de este tipo.