En Costa Rica, alrededor del 80% de nuestros estudiantes reciben su educación en instituciones públicas. Esos niños, niñas y adolescentes provienen de familias muchas de ellas de escasos recursos, y ven cercenado su derecho a estudiar y a prepararse para un mejor futuro ante las constantes huelgas y paros. Además, ponen en peligro otros programas sociales como por ejemplo la alimentación en los comedores estudiantiles, el pago de becas y el trabajo de miembros de la familia, que deben atender el cuido.	Ante esta disyuntiva, el Colectivo Mujeres por Costa Rica considera que las luchas legítimas por los derechos laborales no pueden poner en riesgo el principio histórico y constitucional de la educación como eje y motor de nuestro desarrollo. Este acuerdo social excepcional debe permanecer, pues nos ha permitido avanzar, pese a las adversidades internas y externas, como país civilista, democrático, generador de alternativas para el desarrollo pleno de las personas y sustentado en la resolución pacífica de los conflictos. No es casual que en este año 2019, el índice de Democracias del Mundo nos ubicara como una de las 19 democracias plenas del planeta, un reconocimiento que solo se asigna a países con larga trayectoria civilista y democrática.	Bajo el interés también de resguardar el derecho que tiene todo ser humano a la educación y haciendo uso del deber que tenemos las personas adultas de velar por el interés superior de la persona menor, nos pronunciamos sobre la imperiosa necesidad de resguardar y proteger la educación como un servicio público estratégico, esencial, continuo y de calidad, sustentado en lo siguiente:	1. La educación como derecho humano. Nuestro país ha adquirido ese compromiso al adherirse a diversas declaraciones, convenciones y acuerdos de las Naciones Unidas desde hace ya varias décadas. Esa condición se concreta mediante acciones tales como el acceso universal, el fortalecimiento de la calidad educativa, el respeto a la equidad y a la igualdad, necesarias para el desarrollo pleno de cada estudiante y su adecuada incorporación al mundo del trabajo, la vida en comunidad y al ejercicio de una ciudadanía responsable y con bienestar.	2. La continuidad del proceso educativo y la no suspensión de lecciones.  La educación como derecho humano requiere de procesos educativos continuos y de calidad, acordes con las transformaciones que el país, el mundo del trabajo y los desafíos globales imponen. Hoy más que nunca debemos proteger y privilegiar la educación como nuestro activo más importante para garantizar las condiciones de igualdad y equidad que impidan el incremento de la pobreza.	La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la importancia de la continuidad del proceso educativo del estudiantado.  En ese sentido, la resolución No. 2014-11339 del 11 de julio 2014 relacionada con el ausentismo docente por motivo de capacitaciones, es muy clara al indicar: