La propuesta establece que “no se considerarán gastos redimibles las contrataciones de bienes y servicios que realicen los partidos políticos con miembros de sus comités ejecutivos superiores, ni a personas físicas ligadas por parentesco de consanguinidad o afinidad en línea directa o colateral, hasta el segundo grado inclusive, con cualquiera de los miembros de los comités ejecutivos electos por las asambleas superiores, según la escala en que esté inscrito”.	Tampoco se considerarán gastos redimibles las contrataciones que se realicen a personas jurídicas, cuya representación legal se encuentre ligada por parentesco de consanguinidad o afinidad en línea directa o colateral, hasta el segundo grado inclusive, con cualquiera de los miembros de los comités ejecutivos electos por las asambleas superiores, según la escala en que esté inscrito. De ser aprobada la propuesta en el Plenario Legislativo se aplicaría para las próximas elecciones presidenciales del 2022.