“Ese decreto no va a contribuir en nada para la reducción del crimen y la violencia en el país y tiene mucho potencial para conspirar contra la seguridad pública. Según todas las evidencias, más armas significan más crímenes”, afirma a Efe David Marques, coordinador de proyectos de la ong Fórum Brasileño de Seguridad Pública.	El profesor Yuri Sashione, especialista en Derecho y Proceso Penal, destaca ese aspecto y afirma que, bajo el pretexto de una mayor seguridad, el decreto puede destapar “el otro lado de la moneda, que es un muy peligroso, en un momento en el que se está enfrentando la violencia de género”.