Madrid, 1 Jun. (Europa Press).- Hace diez meses que el Gobierno de República Democrática del Congo (RDC) anunció que el décimo brote de ébola en el país. Desde entonces, los esfuerzos para frenar la propagación del mortífero virus se han visto lastrados por los ataques constantes contra los centros de tratamiento y quienes tratan de contener la epidemia y la desconfianza de la población local.	Como resultado, casi 2.000 personas han resultado contagiadas y los fallecidos ya superan los 1.300. En su último informe, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que en la última semana se ha producido un descenso en el número de casos confirmados en comparación con la semana anterior, si bien advierte de que «esto debería interpretarse con cautela dado el complejo entorno y la fragilidad de la situación de seguridad».	También se han detectado «otros hallazgos iniciales alentadores» como un descenso de las infecciones hospitalarias, una menor proporción de muertes en las comunidades y un mayor proporción de contactos registrados. Sin embargo, como recuerda la OMS, ya en el pasado se han producido fluctuaciones semanales que no han terminado por confirmarse.	El brote, el peor al que se ha enfrentado nunca RDC, afecta a las provincias de Kivu Norte e Ituri, en el este del país. Los casos han ido en aumento desde marzo y «los altos niveles de inseguridad y la limitada participación de la población en la respuesta» impiden tener una visión de la «situación epidemiológica real», explica Luis Encinas, experto en ébola de Médicos Sin Fronteras (MSF).	Los ataques repetidos contra los centros de tratamiento y el personal que trabaja en la respuesta contra el ébola –ha habido 174 ataques de este tipo en lo que va de año, tres veces más que entre agosto y diciembre de 2018, en algunos casos con víctimas mortales–, han limitado las actividades de respuesta, además de dificultar la movilidad de los equipos para investigar y hacer seguimiento a contactos.	«Esto significa que aunque el número de casos nuevos que se registra es alto, el número real es probablemente superior», destaca Encinas, que agrega que además «casi la mitad de los nuevos casos actuales son muertes comunitarias –fuera de los centros de tratamiento– lo que significa que la gente muere en sus casas o en otros centros de salud, lo cual supone un riesgo significativo de transmisión y pone de manifiesto una vez más la persistente falta de confianza en la intervención».	«La inseguridad es lo que realmente está haciendo tan desafiante la respuesta a este brote de ébola y también tan impredecible», reconocía esta semana la directora regional para África de la OMS, Matshidiso Moeti. «Esta inseguridad lleva a una falta de acceso y eso es lo que realmente hace que aumenten los casos», resalta.	«Cuando la respuesta no puede llegar a la gente, no tienen la oportunidad de ser vacunados o de recibir tratamientos que salvan vidas si enferman», lamenta Moeti, que asegura que «esta respuesta contra el ébola es una de las emergencias sanitarias más complejas a las que se ha enfrentado el mundo».	El hecho de que los centros de tratamiento se hayan convertido en objetivo de ataques por parte de los numerosos grupos armados activos en esta zona del país también disuade a la población de acudir a ellos, ya de por sí reacia a hacerlo por los muchos rumores que circulan en torno a la enfermedad, entre otros que ha sido importada por los extranjeros.	MSF gestionaba dos de estos centros de tratamiento en Butembo y Katwa, dos de los epicentros del brote, pero tuvo que retirarse tras sendos ataques el pasado febrero. La vuelta «está sometida a un acuerdo con las autoridades sobre las actividades y que nuestro análisis concluya que es lo suficientemente seguro hacerlo, pero por ahora este no es el caso», subraya Encinas.	Mientras esto ocurre, MSF tiene listo otro centro de tratamiento en Goma, donde aún no ha llegado la epidemia, y apoya a los hospitales y centros de salud de las dos provincias para que «identifiquen y gestionen los casos sospechosos de ébola» lo que da a los posibles enfermos más probabilidades de sobrevivir si reciben tratamiento, así como en la atención sanitaria en general de la población. En el caso de Ituri, también ofrece apoyo a los centros de tránsito para supuestos casos de ébola.	Encinas tiene claro que «para acabar con este brote, necesitamos reconstruir la confianza entre la respuesta y la población». «Hay que escuchar las necesidades de las comunidades, restaurar su elección en lo que se refiere a gestionar su salud e implicarles en todos y cada uno de los aspectos de la respuesta contra el ébola», subraya.	En opinión del experto de MSF, «la atención frente al ébola debe integrarse en la atención sanitaria global en la región», en sus hospitales y centros de salud. Entre los beneficios que esto conllevaría, señala, está el que los pacientes serían diagnosticados con mayor rapidez, con más opciones de recibir tratamiento y de sobrevivir.	Además, facilitaría «la aceptación de la comunidad, ya que parece más adaptado al deseo de la población de que se les trate en sus centros de salud local» y no en otros alejados de su familia donde no pueden ser visitados, destaca Encinas, asegurando que el principal deseo de MSF es «trabajar más estrechamente con las comunidades».	En el marco de los esfuerzos por una mejor gestión de la respuesta, el ‘número dos’ de la Misión de Naciones Unidas en RDC (MONUSCO), David Gressly, fue nombrado hace unos días nuevo coordinador de la ONU para la emergencia del ébola, quien tiene previsto instalarse en Butembo, uno de los ‘puntos calientes’ del brote.	También se sigue trabajando para reducir los contagios en los hospitales que hace unas semanas suponían el 35 por ciento de los casos y que ahora se han reducido al 5 por ciento. «Esa cifra sigue siendo demasiado alta, queremos que llegue a cero», asegura el jefe del programa de emergencias sanitarias de la OMS, Michael Ryan.	Las campañas de vacunación continúan y, según la agencia de la ONU, el 95 por ciento de las personas a las que se les ofrece vacunarse aceptan –se trata principalmente de personal sanitario y de contactos–, mientras que el 90 por ciento de las familias acceden a entierros dignos y seguros, dado el alto riesgo de contagio durante la gestión de los cadáveres.