Bruselas, 23 May. (EUROPA PRESS).- Los gobiernos europeos se han mostrado este jueves divididos sobre la necesidad o no de regular las redes sociales para atajar la desinformación, una opción que la Comisión Europea valorará a finales de año si concluye tras una evaluación que Facebook, Google y Twitter no han hecho lo suficiente de forma voluntaria.	«Francia es favorable a que la reflexión se profundice para determinar una regulación europea adaptada» para las plataformas digitales, ha defendido el Gobierno galo a través de su embajador adjunto ante la UE, Fabrice Dubreuil, durante el debate público de los Veintiocho sobre cómo combatir la desinformación en el marco del Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte.	Austria también ha defendido la necesidad de «reabrir» la normativa europea. «Las plataformas online deben tratarse más como medios, no como actores neutrales como frecuentemente se presentan», ha esgrimido el ministro de Cultura y Medios austriaco, Gernot Blümel. «Necesitamos la divulgación transparente de los algoritmos que pueden tener gran relevante», ha remachado.	Tampoco Alemania ha descartado «valorar» la posibilidad de regular tras recordar que «los operadores de red tiene que asumir su responsabilidad y tienen que entender que también tiene responsabilidad sobre lo que divulgan en sus redes». «Habría que valorar la posibilidad legislativa», ha explicado la ministra de Cultura adjunta de Alemania, Monika Grütters.	El Gobierno británico ha recordado que «las plataformas se van a prohibir si no actúan de manera proporcional para limitar que se divulgue información errónea» en virtud del «nuevo marco normativo» en Reino Unido y ha apelado a la cooperación internacional para atajar la desinformación, fenómeno que «no lo puede abordar un Gobierno solo». «Reino Unido quiere seguir trabajando con los socios de la Unión Europea para luchar contra esta amenaza para todos», ha dicho.	Italia, Finlandia y Dinamarca se han posicionado en contra de regular, mientras que República Checa ha rechazado «revisar» el marco normativo actual y Portugal ha defendido «los pasos tangibles» que han dado las redes sociales hasta ahora y ha pedido no adoptar «ninguna legislación o medida normativa que pueda tener un impacto para la libertad de expresión».	Así, Italia ha alegado que «la solución legislativa no es quizá la mejor cura» y que su país ya cuenta con legislación nacional que permite «sancionar a quien calumnie», mientras que Dinamarca también ha considerado que revisar la normativa no es «la forma más adecuada de proceder» y ha abogado por «un enfoque más blando» centrado en promover la calidad del periodismo y la alfabetización digital.	Facebook, Twitter, Google y Mozilla se comprometieron a través de un Código de Conducta voluntario en octubre de 2018 a garantizar, por ejemplo, la transparencia sobre la publicidad política, incluida la posibilidad de hacer pública la identidad de los patrocinadores y la cantidad abonada por los anuncios y a diferenciarla claramente de la información.	La Comisión ha valorado los avances que han hecho las plataformas hasta ahora para «controlar» la publicidad política y atajar cuentas falsas pero ha afeado que Google y Twitter no han tomado medidas para identificar y exponer los anuncios que persiguen cambiar una opinión o comportamiento y que las redes sociales no hayan aclarado cómo han contribuido sus acciones a reducir la desinformación en la UE.	En todo caso, les ha pedido más esfuerzos para cooperar con los expertos de verificación de información «en todos» los estados miembro, así como con los medios tradicionales para «desarrollar indicadores de fiabilidad y transparencia de fuentes de información» y garantizar «un control independiente del funcionamiento de los algoritmos», así como el acceso para la comunidad investigadora de las bases de datos relevantes para detectar y analizar «mejor» las campañas de desinformación.