Según explica el Tribunal, la razón se debe a tratar de evitar el perjuicio que, de otro modo, «se causaría a los recurrentes y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan».	Dicha orden se hace en virtud de la Ley de Memoria Histórica, que el pasado mes de agosto fue modificada por el Gobierno para fijar que en el Valle de los Caídos solo pueden reposar los restos de personas fallecidas a causa de la Guerra Civil o de la posterior represión franquista.