La versión oficial y facilona presupone que el catalizador fue la subida del billete del metro de Santiago. El presidente, Sebastián Piñera, decidió aumentar el coste de ese medio de transporte –que ya es muy caro en comparación con los ingresos–, provocando que los estudiantes empezaran a entrar sin pagar. Eso derivó posteriormente en una sucesión de actos de vandalismo contra estaciones de metro y autobuses urbanos que terminaron en la declaración del estado de emergencia y la instauración del toque de queda.	En realidad, lo del metro fue la gota que colmó el vaso. Gran parte de la población está harta de un modelo de educación y sanidad privatizadas que ha fracasado con estrépito. Es un modelo muy estadounidense, en el que se paga por todo, y todo es carísimo. Muchos chilenos consideran que una minoría se está quedado con todo y el resto debe vivir con las migajas sin ver los frutos del crecimiento económico. El 70 por ciento de la población no gana más de 660 dólares al mes y con ese salario llegar a final de mes supone un ejercicio de equilibrismo.	Afloró la sensación de que la élite se está quedando con todo y se les perdona todo. «Una minoría goza de las bonanzas del desarrollo económico, concentra los privilegios, zafa de la cárcel después de coludirse o compensa con clases de ética sus evasiones fiscales», comenta la periodista radiofónica Mirna Schindler. Eso explica perfectamente la magnitud de las caceroladas y otras manifestaciones pacíficas.	Chile tiene una doble cara. De puertas para afuera es la «Suiza latinoamericana», con datos macroeconómicos estables, cuentas saneadas, orden y modernidad. Pero esa fachada oculta otro escenario bien distinto, con mucha miseria, un sistema de protección social casi nulo y una enorme desigualdad social. La cifra oficial de pobreza es del 8,6 por ciento, pero en realidad, si se computan sólo los ingresos del trabajo y las pensiones contributivas, alcanza el 29,4 por ciento.	Las evasiones masivas en el metro fueron la punta de un enorme iceberg que esconde bajo sus aguas no solo salarios miserables y pensiones indignas, sino también una educación de mala calidad, una salud precaria, bajas médicas por depresión y los escándalos de corrupción Pacogate y Milicogate que salpicaron a miembros de los Carabineros –la policía conocida popularmente como los «pacos»– y del Ejército.	«Cuando llegué a Chile hace 20 años te decían que no había corrupción, que esto era un oasis… Pero en los últimos años se han destapado mil casos de políticos pagados por las grandes empresas para hacer leyes a medida. No era oro todo lo que relucía. Y la gente se hartó», cuenta Carlos, un periodista español que vive allí y trabajó en varios medios locales.	La violencia forzó al presidente a declarar durante 15 días el estado de emergencia, que limita el derecho de reunión, primero en la capital, Santiago, y luego en otras regiones y ciudades del país, como Valparaíso, Concepción, La Serena, Coquimbo, Iquique y Puerto Montt. Esa decisión facultó el despliegue de 9.500 soldados con vehículos blindados.	El militar al mando de la Jefatura de Defensa Nacional, el general de división Javier Iturriaga, no dudó en decretar el toque de queda desde las siete de la tarde, una medida extraordinaria que no se imponía en Chile desde los tiempos de Pinochet. La imagen de las tanquetas del Ejército apostadas delante del Palacio de La Moneda recuerda los negros años del plomo de Pinochet y ha puesto muy nerviosos a muchos santiaguinos. Ante la respuesta de las calles, Piñera renunció a subir el precio del metro, pero eso no desactivó la espoleta de la bomba civil.	Todo es un fallo sistémico, porque el Estado dejó de proteger al ciudadano de clase baja y media-baja; lo abandonó a su suerte, fomentando así sentimientos de ira, rabia y frustración acumuladas durante años. Ni los socialdemócratas Ricardo Lagos (2000-2006) ni Michelle Bachelet en dos ocasiones (2006-2010 y 2014-2018) se atrevieron a desmontar un modelo socioeconómico muy controvertido.	Además, Piñera tiene un gabinete muy técnico, que sólo mira los números y no posee ninguna sensibilidad social. Justo hace unos días, dos importantes ministros, el de Economía, Juan Andrés Fontaine, y el de Hacienda, Felipe Larraín, hicieron comentarios absolutamente frívolos e inoportunos sobre el precio del billete del metro y las flores. Las palabras de ambos demostraron una falta total de empatía e incendiaron a una opinión pública ya de por sí demasiado caliente. Esos ministros, educados en las escuelas de negocios de Chicago, no quieren darse cuenta del drama cotidiano de quienes sobreviven con 350.000 pesos (480 dólares) al mes y a dos horas de transporte de su trabajo.	«La clase política está jugando ahora a la unidad. Pero parece que es demasiado tarde –añade Carlos–. Nadie les cree. Escuchar las demandas ciudadanas significaría dar un giro de 180 grados al programa de Piñera. Cuesta creer que vaya a aprobar medidas que atentan contra su credo ultraliberal. No se lo tolerarían ni sus correligionarios. Entre sus huestes hay mucho nostálgico del pinochetismo y de la mano dura».  (Sputnik)