Buenos Aires, 23 dic (Sputnik).- La policía de la provincia argentina de Mendoza (oeste) reprimió el lunes, con gases lacrimógenos y balas de goma, una masiva protesta que reclama el veto a las reformas de una ley que habilita en ese distrito el uso de sustancias químicas en la actividad minera, dijo a Sputnik una activista presente en el lugar.	«Era una manifestación multitudinaria, con familias enteras, niños y ancianos de toda la provincia, con pobladores de los distintos departamentos para exigir que mantengan firme la ley 7.722, que es la que protege nuestra agua del cianuro, del ácido sulfúrico y otras sustancias toxicas, pero la respuesta fue a sangre y fuego porque (el Gobernador Rodolfo Suárez) nos mandó la represión», contó a esta agencia Nora Moyano, de la Asamblea por el Agua Pura del departamento de Las Heras.	En contraposición, los legisladores dicen que la ley establece que el uso de sustancias químicas quedará restringido a aquellas que aseguren la sostenibilidad del proyecto, estará limitado a productos cuya producción, importación y uso esté permitido en Argentina, y su aplicación, transporte, almacenamiento y distribución estará sujeto a las normas vigentes provinciales, nacionales e internacionales.	«Con la ley estaba en vigencia que toda declaración de impacto ambiental debía pasar por la legislatura de la provincia de Mendoza», advirtió Moyano, quien añadió que «esa parte la han eliminado y solo alcanza con la declaración de impacto ambiental, lo cual es, prácticamente, abrirle la puerta a la megaminería transnacional».	La mujer también recordó que la ley del agua de Mendoza y la ley nacional del Ambiente establecen, entre otras cosas, una pirámide jerárquica en la que por ley el agua debe ser, en primer lugar, para consumo humano; en segundo lugar para agricultura, y recién en último lugar para actividades industriales.	Luego de algunas provocaciones, comenzó un enfrentamiento entre manifestantes y policías en el que de un lado volaron piedras y del otro gases lacrimógenos, y que, según fuentes de seguridad, dejó un saldo de 19 policías heridos y 16 manifestantes detenidos, entre ellos una abogada de una de las organizaciones ambientales.	«Quienes tienen altas responsabilidades a su cargo, también deben escuchar el clamor del pueblo, es parte del delicado arte de gobernar y que no necesita llegar a situaciones límites para percibir cómo una determinada cuestión vivida por la gente», planteó el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Daniel Colombo, en una carta dirigida al gobernador mendocino.