La ley adoptada deja la puerta abierta a la confiscación de las propiedades de las comunidades religiosas de Montenegro si no pueden acreditar que fueron adquiridas o construidas antes del 1 de diciembre de 1918. Ese año marca la incorporación de Montenegro a Serbia y después al Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, antecesor de la antigua Yugoslavia.