El preacuerdo incluye un decálogo con los ejes prioritarios de la actuación de ese Gobierno progresista de coalición y que, además de atender a la crisis en Cataluña, se centrará en «consolidar el crecimiento y la creación de empleo»; «combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad».	Trabajará también por la regeneración y la lucha contra la corrupción. Protegerá los servicios públicos, especialmente la educación incluyendo el impulso a las escuelas públicas de 0 a 3 años, la sanidad pública y a la atención a la dependencia; revalorizará las pensiones conforme al coste de la vida; asegurará la vivienda como derecho y no como mera mercancía; apostará por la ciencia como motor de innovación tecnológica; recuperará talento emigrado y controlará la extensión de las casas de apuestas.	Las políticas feministas suponen otro ámbito de actuación prioritaria. El acuerdo habla de garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista, la igualdad retributiva, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, el fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la elaboración de una ley de igualdad laboral.	El preacuerdo se compromete también a «revertir la despoblación» y dar un «apoyo decidido a la llamada España vaciada» y a ejercer la justicia fiscal y el equilibrio presupuestario porque «la evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero».