Río de Janeiro, 29 ago (Sputnik).- El fuego ya está apagado en la reserva indígena Manoki, ubicada en el noroeste del estado brasileño de Mato Grosso (centro oeste), y aunque el humo todavía oculta al sol, es tiempo de reconstruir el bosque y la rutina de las 87 familias que allí viven, dijo a Sputnik un integrante de la comunidad, quien añadió que existe el temor de que vuelvan las llamas.	«La estrategia es devastar, desforestar y aprovechar la tierra porque aquí no existe fiscalización, está todo liberado en este país; la mata estuvo en llamas y la gente está preocupada y tiene miedo de que aparezcan más fuegos, toda esta región puede entrar en llamas y no sabemos si alguien nos va a dar respuesta», relata a Sputnik Giovane Tapura, integrante de la comunidad.	El tamaño del territorio, 250.000 hectáreas, hace que sea imposible de controlar para las casi 500 personas que hoy componen la comunidad que vive de la caza, la pesca y la cría de pequeños animales como gallinas y puercos, los cuales no sufrieron peligro alguno, como sí ocurrió con el bosque, que quedó chamuscado.	El sistema productivo es el mismo que se repite en todo el continente: los «invasores», como le llaman los indígenas a los estancieros, provocan quemas controladas para limpiar el terreno, reemplazar la mata original por pasto y prepararlo para la explotación ganadera o agrícola, en particular, para el sembrado de soja.	En ese contexto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decretó este jueves la suspensión de quemadas en todo el territorio nacional por 60 días, luego de 24 días de incendios que duplicaron la tasa anual y ante la sospecha cada vez más intensa de que el origen de la catástrofe está relacionada con una celebración conocida como «el día del fuego».	«Este año no fue un incendio común para deforestar sino que sentimos que el presidente incentivó esto y alentó a los hacendados a desmalezar y a cometer crímenes ambientales; el propio Gobierno incentiva eso y si bien siempre fue así, nunca pasó tanto como con este Gobierno», opinó el indígena, que confirmó que ya iniciaron reclamos en el ministerio público de Brasil y otros organismos.