El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pensaba que la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes separatistas por sedición tendría un efecto calmante sobre los sectores independentistas catalanes. Ahora es fácil comprobar que se equivocó y que los violentos disturbios que han vivido las principales ciudades de Cataluña, pero en especial Barcelona, le pueden costar muy caro ante la inminente cita electoral.	La agenda de los partidos catalanes pro-independencia no tiene como objetivo prioritario los comicios generales del 10N, sino la perseverancia en su ánimo de seguir presionando al Estado. La iniciativa «Tsunami democrático», que organizó las algaradas en las calles de Cataluña, y de la cual se acusa al propio presidente catalán, Quim Torra, en coordinación con los elementos radicales de los llamados CDR («Comités de defensa de la República») ha arrasado los planes de los gurús de la Moncloa.	Los sondeos publicados en las últimas horas reflejan que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez no solo no aumentaría el número de escaños, sino que podría incluso perder alguno y quedar por debajo de los 123 actuales. En un ambiente de crispación callejera y con la tardía reacción del Gobierno en poner fin a la revuelta, son los partidos «de orden» los que pueden salir beneficiados de la explosión de violencia.	Sánchez se encuentra en una difícil situación. Obligado a jugar el papel de autoridad que el poder legítimo le confiere, la campaña electoral y la eventual necesidad de contar con el apoyo de los partidos independentistas que le auparon al poder, le frenan para actuar con la determinación y fuerza legítima que desplegaría si su futuro no dependiera de los votos ajenos.	Su visita relámpago y casi clandestina a Barcelona para obtener la foto y el vídeo junto a policías heridos en las refriegas nocturnas de la ciudad, es una obligación para un primer mandatario, pero es también una necesidad para un candidato que intenta borrar la imagen de inacción ofrecida en las primeras noches de destrozos.	Pedro Sánchez, que exigió al presidente catalán una firme condena de la violencia, espera que los acontecimientos de los últimos días agudicen también la división entre los partidos políticos independentistas. De hecho, «Esquerra Republicana de Catalunya» (ERC) ha enviado señales para diferenciarse de la radicalización callejera, que han valido a sus líderes el escarnio y los insultos de los ultras del independentismo.	De aquí a las elecciones del 10 de noviembre es difícil que otro asunto pueda desbancar a la crisis independentista catalana y centrar la atención de los ciudadanos/votantes. En ello no van a colaborar los separatistas; más bien al contrario. Así, el propio Quim Torra ya ha anunciado que pondrá en marcha el procedimiento para excarcelar a los políticos condenados por el Tribunal Supremo.	Algunos sondeos – más o menos interesados, como todos – muestran también que el estancamiento del voto socialista va acompañado de la subida espectacular de los nacionalpopulistas de VOX, que podrían convertirse en la tercera fuerza política del país, por encima de Unidas Podemos y Ciudadanos. VOX pide la imposición del «estado de excepción» en Cataluña, en una iniciativa que, a pesar de las críticas de sus rivales por su radicalidad, no le resta apoyos, más bien al contrario.	El Partido Popular, de Pablo Casado, sería otra de las fuerzas ascendentes, como se veía incluso ya antes de los disturbios en Cataluña. La reacción moderada de Casado a la crisis de los últimos días estaría dando resultado y acercándole en expectativa de votos al propio PSOE. El PP no pide la aplicación del articulo 155 de la Constitución, que priva a Cataluña momentáneamente de las competencias de autonomía política, sino un paso previo, la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.	Más estruendoso en sus declaraciones y en sus peticiones es el partido Ciudadanos (C»s), de Albert Rivera. El único catalán entre los líderes de los partidos constitucionalistas exige la aplicación del 155, como ya se hizo tras la declaración ilegítima de independencia en 2017 en acuerdo con socialistas y «populares». C»s, cuya negativa a apoyar un programa moderado con el PSOE le costó una crisis interna y el abandono de algunas de sus principales figuras, no frena su sangría de votos y, siempre según los sondeos, puede convertirse en la principal víctima de las nuevas elecciones.	La ambigüedad sobre el asunto catalán no le juega una buena partida a «Unidas Podemos» (UP), que no abandona su idea de apoyar una consulta de autodeterminación en esa región española, algo que la Constitución no permite. La violencia de los independentistas en las calles catalanas ha puesto la lupa en esa ambigüedad. En todo caso, la crisis de UP y su pérdida de apoyo en la izquierda es el resultado de su negativa a votar positivamente la investidura de Pedro Sánchez. El gobierno socialista supo utilizar una negociación urgente y poco seria para dejar a UP como la formación responsable de abortar el nacimiento de un gobierno de izquierdas.	Para muchos no es tan extraño. Son los hijos y los nietos de la burguesía local los que componen el núcleo de la protesta tanto violenta como pacífica. Son los partidos que representan a esa burguesía tradicional los que protagonizan el enfrentamiento con el Estado. Los problemas de la mayoría de los catalanes que no están de acuerdo con la idea de independencia no cuentan con la atención de las autoridades autonómicas que también deberían representarles. (Sputnik)