Mesa ha denunciado que la Policía es «una institución ninguneada, desmerecida, olvidada por el Gobierno de Evo Morales». Para Mesa, no se trata de un golpe de Estado, sino que la Policía se ha «sumado al pueblo boliviano: No está en disposición de reprimir a sus compatriotas y sí en cambio a sumarse a la defensa del voto popular».	En cuanto al Ejército, Mesa ha destacado que debe respetar su función institucional y constitucional. «No son el brazo armado de un partido político ni son el brazo armado del presidente», ha indicado, al tiempo que ha recordado la «traumática experiencia relativamente reciente» que en 2003 llevó a decenas de muertos cuando el Ejército fue desplegado para reprimir las protestas a favor de la nacionalización del gas, entonces lideradas por Evo Morales como sindicalista.	Por último, Mesa ha apelado a los militantes del partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS). «El Gobierno pretende convocar a masas masistas para que lleguen a la ciudad de La Paz y se produzca un enfrentamiento. No se presenten a la violencia, a generar una confrontación brutal que puede traer consecuencias insospechadas de sangre que no va a resolver lo que el presidente Morales no es capaz de resolver», ha argumentado.	Cuando se retomó, casi 24 horas después, concedían la victoria en primera vuelta a Morales, por lo que Mesa ha denunciado un «fraude gigantesco». Ambos llamaron a la movilización de los suyos, lo que ha derivado en disturbios. Al menos dos personas han muerto y más de 190 han sido detenidas en estas dos semanas.	En este contexto, Morales ha accedido a que la OEA, apoyada por países como España, México o Perú, realice una auditoría electoral de carácter vinculante. Mesa, en cambio, no la acepta porque dice que es fruto de un acuerdo unilateral entre el Gobierno y el bloque hemisférico sin tener en cuenta a la oposición.