Rocío Aguilar Montoya fue hasta ayer Ministra de Hacienda. Su paso por este importante despacho no fue ni inodoro ni incoloro ni insípido. Mujer de carácter recio, firme en sus convicciones y dispuesta a empeñarse hasta el fondo en el impulso de sus ideas, no podía sino generar amores y odios, la ley de los contrastes.	Su salida del Ministerio fue recibida con desazón y con alegría, así fuesen las posiciones de quienes están siguiendo los acontecimientos políticos. A ella hay que atribuirle el liderazgo en el emprendimiento del equipo de gobierno que acometió la dificultosa tarea de tramitar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y otras normas complementarias estructuradas con el impulso de la convicción de que el país tiene que sanear sus presupuestos y reoxigenar el aparato productivo para evitar un caótico desplome.	Fue la punta de lanza de ese esfuerzo de equipo, por lo cual se ganó la animosidad de los poderosos e influyentes sectores organizados en torno a la existencia y defensa de una panoplia de gravosos privilegios, conseguidos por la gracia del favorecimiento de gobernantes susceptibles a las carantoñas de los grupos de presión.	Su salida deja un vacío que le será difícil llenar al Presidente de la República. Quizá don Carlos encuentre quien le sustituya y quien tenga atributos de igual rango. Lo difícil vendrá porque en estos momentos el gobierno –concretamente, el presidente Alvarado- padece una lastrante crisis de liderazgo y sufre un acelerado desgaste en el capítulo de los apoyos políticos que el electorado le negó en grado suficiente en abril de 2018, y recibe las acechanzas de un tinglado de defensores del espeso statu quo de las gollerías decidido a estrangular la marcha de la administración, lo que no hace fácil hallar figuras de suficiente fuste.  Eso sin contar las sofocantes normas dirigidas a imponer una austeridad monacal en la función pública.	No sobra recordar cuán dificultoso le resultó a doña Rocío mantener la integridad de la línea de acción de esa Ley 9635 ante los afanes desviacionistas de más de un ministro o rector del sector descentralizado, disidentes disimulados de esa vocación por la disciplina fiscal, el orden y la contención del gasto. Quien quita si los invitados a reemplazarle no sientan temores de que les vayan a zafar la tabla sobre la que está la silla ministerial.