La organización fundada en 1961 en Londres denuncia que el «hostigamiento jurídico de motivación política» revela que los departamentos federales de Seguridad Interior y de Justicia de EEUU «hacen cada vez más un uso indebido del sistema de justicia penal para disuadir a activistas, profesionales de la abogacía, periodistas y personas voluntarias» que defienden los derechos de los indocumentados.	A finales del año pasado estalló en la frontera sur de EEUU «una crisis de derechos humanos» que AI considera una consecuencia de las «políticas ilegales de asilo» de las autoridades domésticas, que están devolviendo a México grandes cantidades de personas a la espera de sus citaciones a cortes de inmigración.	Esas personas describieron de forma similar el modo en que las autoridades estadounidenses han utilizado la región de la frontera para «hacer redadas de carácter penal, abusando de su autoridad a fin de realizar registros injustificados, interrogar a quienes viajan sobre su situación económica y redes profesionales, y registrar sus dispositivos electrónicos, aparentemente para instruir causas penales contra ellas».	En lo que va de año, las autoridades estadounidenses han enjuiciado penalmente a nueve voluntarios de la organización «No More Deaths/No Más Muertes» por prestar ayuda humanitaria a migrantes y solicitantes de asilo en la frontera de Arizona con México, donde miles de personas han perdido la vida en las últimas dos décadas. (Sputnik)