Como país, si bien podemos registrar desde el siglo XIX el interés de los costarricenses por proteger el ambiente, avances dignos de satisfacción y orgullo nacional, ejemplos la Ley 65 de junio de 1888 que declaró inalienables miles de hectáreas con la intención de proteger el agua de los habitantes del Valle Central, o la creación de los Parques Nacionales, ciertamente hay muchas acciones y hechos de total actualidad que indignan al ciudadano ligeramente informado de lo que sucede en su entorno.	El galardón dado por Naciones Unidas a Costa Rica como “Campeones de la Tierra” (máxima distinción de tal organismo mundial a la labor ambiental), el discurso del Presidente Carlos Alvarado en la Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas y la alocución en redes del Ministro de Ambiente sobre la autoridad moral de Costa Rica en materia ambiental, puede llevar a algunos ciudadanos a enorgullecerse de la Costa Rica Verde, pero no son más que proclamas que pretenden esconder realidades de desastre y amenaza ambiental absolutamente actuales y en marcha no consecuente con la imagen que a nivel mundial se nos está dando. Esa posición de declarar verdades a medias es deshonesta, oportunista y engañosa.	Para nosotros, los que suscribimos la presente nota, no es prioridad el ranking mundial en materia ambiental; prioridad es que la política ambiental del país sea coherente con el derecho de las y los costarricenses a la vida, la salud, y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal y como lo establece la Constitución Política de la República.	Denunciamos a continuación, algunos eventos y acciones de política que no coinciden con el discurso triunfalista ante Naciones Unidas, y que nos obligan a demandar de los funcionarios públicos, especialmente de Usted como Presidente y de las y los señores Diputados, un cambio de rumbo y un compromiso innegociable con el ambiente y el patrimonio natural; y a nosotros como ciudadanos y ciudadanas a persistir como movimiento social de defensa ambiental, con una fiscalización permanente de sus actuaciones, y denuncia de aquello que consideremos una	violación al derecho de los costarricenses a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que proteja y garantice una mejor calidad de vida presente y futura. Hoy en día intereses económicos de las grandes corporaciones se imponen con mucha frecuencia sobre los intereses de bienestar social del ciudadano común. Le señalamos sólo algunas de estas amenazas al bienestar de los costarricenses	. Maniobras políticas derivadas de la presión de constructores, sobre todo de la Cámara Costarricense de la Construcción, para hacer desaparecer o anular la aplicación de la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos del SENARA, sustituyendo en la práctica ese instrumento por un decreto ejecutivo (Reglamento de Coordinación Interinstitucional Para la Protección de Recursos Hídricos Subterráneos), que no es más que el traslado de las competencias que hoy tiene SENARA para la protección del agua, sobre todo de los acuíferos, a entes que a lo largo del tiempo, han respondido más a intereses políticos y económicos que al bien común, como muchas de las municipalidades, SETENA, Dirección de Aguas, MINAE, INVU, etc. poniendo por tanto en peligro la principal fuente de agua que tenemos los costarricenses, como son los acuíferos. La amenaza de una privatización de los servicios de agua es latente. (	. Desacato o desobediencia de los diputados a una orden judicial, en el caso de la resolución Nº 2007-003923 de las quince horas y dos minutos del veintiuno de marzo de 2007 , que les ordenó reformar el artículo 28 de la Ley Forestal, en el sentido que se establezcan medidas precautorias antes de talar cualquier árbol, nativo o no, que juegue un papel ambiental importante, para así no violentar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política.. (L	. La falta de acciones concretas y efectivas para regular, restringir o prohibir agro químicos que han mostrado efectos nocivos e irreversibles para los seres vivos, por lo tanto para los humanos, como son los derivados del glifosato, sustancia considerada por parte de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial para la Salud, como de una alta probabilidad de ser cancerígena. A pesar de los múltiples estudios que demuestran la nocividad del uso excesivo de agroquímicos “Costa Rica continúa como uno de los países de la región centroamericana con los mayores índices de uso de plaguicidas” (	La falta de acciones efectivas y concretas que lleven a detener la expansión piñera y revertir el daño que produce en bosques, recurso hídrico, seres vivos, etc. Estudios recientes afirman que: “La expansión piñera está lejos de ser una actividad que genere bienestar y riqueza para Costa Rica. Aunque es una actividad rentable y económicamente viable, consigue esa rentabilidad a costa de los recursos humanos y ambientales del país”. (L	: El intento en la Asamblea Legislativa, vía proyecto de “Ley para el Desarrollo Social Mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica” (expediente No. 21.584), de derogar la Ley que declaró a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto. La desidia estatal para tomar acciones concretas y definitivas que lleven a detener la explotación ilegal de oro en Crucitas, lo cual ha llevado a que se continué impactando el recurso hídrico y el ambiente en general. (	El descuido de las áreas silvestres protegidas, incluidos Parques Nacionales, denunciado por guarda parques y que es resultado principalmente del recorte del presupuesto a las instituciones encargadas de velar por las mismas, que demuestra la falta de interés del gobierno por la protección del ambiente. Al mismo tiempo que se discute en la Asamblea Legislativa un Proyecto de Ley (expediente 20.407) que abriría zonas naturales protegidas estatales a concesiones y usos particulares, poniendo en riesgo la conservación, que es su principal razón de ser. (Léase:	El Decreto No. 41851-MP-MINAE-MAG que legaliza los pozos perforados sin permiso antes del 2010, Esta medida aplica para pozos perforados con maquinaria o equipo especializado ( no para pozos artesanales, de uso doméstico o menores a los 20 metros, que ya están exentos de Registro) por lo que no es más que tolerar y perdonar una actividad que se llevó a cabo ilegalmente y que conlleva a la extracción ilegal de agua subterránea de acuíferos, acercándonos más a la sobre explotación y posible contaminación de estos.  (	Señor Presidente, Señoras y Señores Diputados: Por todos estos motivos y muchos otros que sería extenso detallar, y con el respeto que ustedes se merecen, aunque sabiendo que justamente a ustedes entregamos nuestra confianza de un buen gobierno al servicio de todos los costarricenses, exigimos actúen consecuentemente a la crisis planetaria que hoy vivimos, a la imagen “Verde” que el Señor Presidente y su Ministro de Ambiente han hecho pública muchas veces y en especial con motivo de la última reunión en la Organización de las Naciones Unidas y de la PreCOP25 CR.	Exigimos, ahora, cuando aún hay tiempo, acciones y legislaciones que protejan el futuro de nuestros hijos, que no se vendan a quienes pagan la publicidad de sus campañas políticas, sino que se entreguen al mandato de la ciudadanía que paga sus salarios y pagará sus pensiones y a la responsabilidad que tienen de resguardarnos. En los discursos oficiales son muchas las palabras, necesitamos acciones coherentes y no regresivas, necesitamos que Costa Rica deje de lucir un maquillaje Verde, y desnude un Verde real.