Esta investigación comenzó en 2016 y ha sido retomada con la Administración de López Obrador tras la denuncia presentada por la exministra Rosario Robles, miembro del Gobierno de Enrique Peña Nieto y vinculada con el presunto desvío de más de 5.000 millones de pesos (unos 230 millones de euros) de fondos públicos, quien acusó al empresario de un delito de fraude y extorsión, según ‘El Sol de México’.