Montevideo (Mesa Américas), 6 sep (Sputnik).- El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) acusa a la catalana Fundació Pau i Solidaritat de irregularidades en proyectos de cooperación, «racismo» y deudas por más de 100.000 dólares, pero la organización no gubernamental rechaza de plano esas acusaciones, según declararon a Sputnik portavoces de ambas partes.	«Nos hicieron anticipar plata para los proyectos de cooperación que después no se pagaron. En cinco años nos deben 103.000 euros (113.696 dólares). Para ellos es una nada, (pero) para una organización como la nuestra que está tratando de sobrevivir es muchísimo. Además, ellos en las cuentas oficiales ante las autoridades catalanas dicen que pusieron 200.000 euros (220.770 dólares) en proyectos cuando nuestro sindicato recibió 98.000 (108.177 dólares)», dijo a esta agencia Lesbia Guadalupe Amézquita Garnica, abogada y dirigente de la central sindical.	«Nosotros hemos procedido siempre con la máxima transparencia. No tenemos constancia de que debamos algo. No sabemos ni la cantidad final, de qué forma se ha calculado y se ha contabilizado. Hasta finales de mayo hicimos transferencia de fondos a ese movimiento. Si ellos tienen dudas, nosotros agradeceríamos la posibilidad de tener un contacto con ellos. Seguimos abiertos», agregó.	En esas capturas se muestra que los reclamos fueron enviados a las siguientes autoridades: a 28 ayuntamientos, al Área Metropolitana de Barcelona, al Consejo Comarcal Vallés Oriental, a la Diputación de Lleida, a la Diputación de Barcelona, a la Generalitat de Cataluña, al Fons Catalá de Cooperaciò al Desenvolupament y a la Fundació Pau i Solidaritat.	«Nosotros empezamos a denunciar ante cada autoridad catalana que se habían apropiado del dinero que era nuestro. La Fundación nos decía que teníamos que anticipar fondos. Cuando nosotros reclamamos el pago, ellos lanzaron un portal de transparencia y dijeron que pusieron un montón de dinero más que nunca recibimos y que nunca tuvieron nuestros proyectos. Cuando denunciamos que esos montos no correspondían, tenemos el cruce de correos, nos dijeron que no lo iban a quitar», agregó.	«No sé quién se quedó con la plata. El tramado de la cooperación es muy complejo. Si yo, como Gobierno, me dicen que hay corrupción, abro una investigación. En cambio, lo que hemos encontrado en las autoridades catalanas es: «Cállense, ustedes no pueden hablar, no son catalanes, con ustedes no vamos a hablar». Aunque nosotros presentamos toda la evidencia de la corrupción, nadie nos atiende. Si no hay complicidad del Gobierno catalán con la corrupción, entonces es racismo», reflexionó.	«Más allá de los problemas obvios que nos generan pérdidas, que para nosotros son enormes, ellos pisotearon nuestra dignidad y nos hicieron ver que su percepción de la cooperación es el contrapuesto al que nosotros tenemos, y tampoco trabajaríamos con la institucionalidad catalana porque, al menos la actual, nos hizo sentir la desigualdad e indefensión al ser, operar y garantizar condiciones para un sistema corrupto y discriminativo hacia quienes, al menos en el caso nuestro, nos jugamos la vida día a día tratando de cambiar algo», agregó.	«A lo largo de 2018, se registraron algunas dificultades sobrevenidas con el socio local MSICG en relación con la justificación de la subvención otorgada por una única entidad subvencionadora (Diputación de Barcelona), la cual solicitó documentos adicionales que no pudieron ser obtenidos y que supuso la renuncia a la subvención otorgada y al cierre, por parte del socio local de toda comunicación directa con la Fundació Pau i Solidaritat (vía telefónica, vía correo electrónico)», agregó.	«Sin embargo, y a pesar de no haber podido comunicarse directamente de nuevo con el MSICG, la Fundació Pau i Solidaritat ha realizado el envío de fondos según el procedimiento habitual establecido en la gestión de proyectos. La Fundació Pau i Solidaritat continuará construyendo con los sindicatos con los que, a lo largo de su trayectoria ha impulsado la cooperación sindical, el trabajo, el conocimiento común y la solidaridad sindical», agregó.	Señaló además que en la región del Caribe, en Paraguay y en Centroamérica impulsó los procesos de autorreforma sindical, contribuyendo a establecer espacios regionales de cooperación sindical, en Brasil incentivando la «economía solidaria» como alternativa al modelo económico existente y en Marruecos para hacer frente al nuevo modelo de producción económica basado en la explotación laboral.	«En Guatemala, en los últimos años, se ha promovido el fortalecimiento del movimiento sindical, especialmente de las mujeres y de las organizaciones indígenas, para promover una sociedad basada en la justicia social, para garantizar su participación en los espacios municipalistas de decisión, así como también se inició una línea de formación y atención a las trabajadoras y trabajadores de las empresas transnacionales que operan en el país», agregó.