Recientemente un amigo me comentaba de una serie de situaciones que ha venido padeciendo con el Banco Nacional de Costa Rica. Desconozco si lo mismo sucederá con otras entidades financieras, sin embargo, me parece importante contar algunas de esas circunstancias por si existen personas que les ha sucedido circunstancias similares con esa u otras entidades financieras. En muchos casos el abuso se aprovecha de la obstinación de las gente, dado lo engorroso que puede ser lidiar con el automatismo de los funcionarios de estos entes bancarios.	La primera situación que me comentaba es la tendencia del Banco Nacional a no responsabilizarse de la actuación de sus funcionarios. En no pocas ocasiones una serie de trámites que interesan al Banco implican una llamada al cliente o en su defecto, cuando es al revés, una comunicación telefónica para resolver una queja o situación que lo ha afectado. Pues bien, hay funcionarios que después de indicar al cliente proceder de una forma y una vez que este ha hecho lo que mandaron, luego se desdicen y al cliente terminan cobrándole dineros generados por acatar las indicaciones hechas por el funcionario bancario.	Esto sucedió con una compra que hizo el amigo en cuestión en un supermercado grande de la capital. Resulta que había una oferta de pantallas de televisión y para comprarlas utilizó lo que ese Banco denomina el pago de cero intereses, pero como eran dos, solicitó que el cobro de cada pantalla se lo cargaran a cada una de las dos tarjetas de crédito que tiene con esa entidad financiera. El problema surge porque el cobro de las dos pantallas de televisión lo hicieron a una de las tarjetas de crédito, aspecto que generó una llamada para corregir el error.	Pues bien, el funcionario que lo atendió le indicó que iban a hacer la corrección. No obstante, le indicó que por la fecha era mejor pagar el monto mínimo de la tarjeta mientras se resolvía el problema y que no se preocupara por los intereses porque no se le iban a cobrar. El amigo mío así lo hizo y cuando le llegó el estado de cuenta posterior, adivinen qué, le habían cobrado los intereses por haber pagado solo el mínimo del pago que debía hacer. Pensó que había habido un gran error y cuando llamó le contestaron, sin el menor pudor, que el funcionario bancario con el que había hablado lo informó mal y que, ni modo, iba tener que pagar los intereses.	Después de eso y ya no por teléfono sino por escrito, tuvo que ponerse firme y reclamar la situación. Envió correos electrónicos hasta el Gerente General del Banco para que le resolvieran la situación y si no hubiese insistido con algunos funcionarios de mayor peso dentro de la entidad, probablemente, hubiese tenido que pagar los intereses que él no generó. ¿Cuántas personas habrá que han terminado pagando demás por una mala asesoría de un funcionario del propio Banco?	El otro caso no le pasó al amigo directamente sino a un familiar. Como cualquier otra persona, esa persona tenía una cuenta de ahorro con una tarjeta de débito con la que pagaba bienes y servicios, entre esos, los viajes que contrata a la plataforma de la transnacional UBER. Un día nota que en su cuenta aparecen rebajos de una empresa, supongamos que su nombre es ANDROMEDA S. A., ante esta situación, el familiar procede a notificar al Banco Nacional que no ha autorizado, ni comprado ningún bien y servicio con una empresa con ese nombre. Añade, que solicita expresamente que cualquier cargo a su cuenta de esa empresa, no sea ejecutado por parte de la entidad financiera. ¡Sorpresa!	La respuesta del Banco Nacional es que no puede hacer nada al respecto. En efecto, según el Banco, no puede impedir que Andromeda S.A. haga cargos a la tarjeta y aun cuando el dueño de la cuenta y de la tarjeta haya hecho la solicitud expresa; en otras palabras, Andromeda S.A. puede seguir emitiendo cobros contra la tarjeta y el Banco Nacional seguirá permitiendo la transacción en que se debita el dinero de la cuenta de débito de su cliente, pese al pedido manifiesto del dueño de la cuenta y a la información que se trata de un cobro indebido o de una estafa.	¿Por qué el Banco Nacional o cualquier otra entidad financiera no pueden hacer nada? Según lo conversado con mi amigo, el Banco Nacional alega que se lo impiden los protocolos usados en las transacciones internacionales con tarjetas de crédito; es decir, no puede bloquear a un comercio por más que se haya señalado que se trata de cobros indebidos o de una estafa del citado comercio. Y como si esto fuera poco, indican que a lo sumo, lo que pueden hacer es cerrar la cuenta y abrir una investigación por si hay otros clientes que hayan sido perjudicados también. Eso sí, en todo momento, tratan de decir que el culpable es el cliente por haber puesto los datos que la plataforma UBER solicita para pagar o, en general, los datos que cualquier comercio a nivel mundial solicita para hacer transacciones por internet.	Ante la situación, el familiar de mi amigo abre una cuenta nueva y traslada su dinero a esta. La cuenta vieja no la puede cerrar porque el Banco Nacional dice que para hacer la investigación requiere que la cuenta no sea cerrada, en consecuencia, la persona 2estafada se ve en la obligación de tener dos cuentas abiertas. Empero, la persona vuelve a sufrir los cobros de Andromeda S. A., pero ahora en la cuenta nueva que había abierto por recomendación de los funcionarios bancarios; en otras palabras, a pesar de que ya era conocida la situación, sufre el cargo indebido de la empresa estafadora y el Banco: si te vi no me acuerdo.	Para no hacer el cuento muy largo, el Banco Nacional no hace nada, se exonera de cualquier responsabilidad y culpabiliza al cliente por la situación de que le estén haciendo cargos indebidos a su tarjeta y cuenta bancaria. Asimismo, termina diciendo que se trata de una estafa y que por tanto lo procedente es hacer la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial y que ellos ya no tienen nada que ver con el asunto.	¿Cuál es el resultado real de toda esta situación? El cliente le aplican los cobros que la empresa Andromeda S.A. indebidamente solicita, en consecuencia, ese dinero deja de tenerlo en su cuenta y le es sustraído con la complacencia del ente financiero, a pesar que se le indicó expresamente que no debía de rebajar cobros que vinieran de esa empresa. Finalmente, el cliente tiene que iniciar un proceso totalmente imprevisible en sus resultados, con la esperanza remota que, algún día, le reintegren un dinero que nunca consintió su cargo o pago.	Y para colmo, la última situación, el cobro indebido de seguros por ese tipo de fraudes. Como si lo dicho no fuera suficiente, el Banco Nacional ignorando uno de los requisitos fundamentales de cualquier negocio jurídico o contrato, dicen que mandan una comunicación en el sentido que van a comenzar a cobrar un seguro contra fraudes y aquellas personas que no expresen, suponiendo que vieron la comunicación, su voluntad de no querer contratar el seguro, se les comenzará a cobrar el mismo. Para decirlo en sencillo y de manera simple: invierten lo lógica de la manifestación de voluntad del negocio jurídico o del contrato, en el sentido que la no manifestación de voluntad se toma como que se está de acuerdo en contratar el seguro.	En consecuencia, al querido amigo mío le comienza aparecer en su estado de cuenta el cobro de un seguro que él no contrató. Alguien podría decir que es por su bien, que el seguro es necesario ante la situación narrada en párrafos anteriores; sin embargo, el asunto no es así, para que a una persona le rebajen de su cuenta algo, debe existir una manifestación de voluntad de ella para que ello sea así, lo anterior es como invertir la carga de la prueba en materia penal o darle vuelta al principio de inocencia.	Lo que le ha acontecido a este amigo mío es terrible. No solo cargaron a su cuenta, sin su consentimiento, un dinero que el Banco rebajó; no solo los funcionarios del Banco no le resolvieron absolutamente nada; sino que el Banco Nacional tiende, al parecer, a no responsabilizarse de estas cosas y el cliente tiene que ir a un largo proceso judicial para ver si, finalmente, un juez obliga al Banco a reintegrar el dinero que desde un inicio se le dijo no debía ser rebajado por estar sustentado en un acto fraudulento.