La Defensoría considera indispensable que no se permitan actividades que afecten la salud de la población, el patrimonio natural del Estado y el patrimonio cultural del país, por lo que se llama consideración de dichos aspectos por parte de la SETENA y se proceda así a proteger, efectivamente, nuestras riquezas patrimoniales, protegidas por la Constitución Política, normativa internacional y las leyes nacionales.