«La Fiscalía General del Estado luego de la decisión de Patlova Guerra, jueza subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, de revocar la prisión preventiva solicitada por Paola P, Virgilio H y Christian G (…) analizará las acciones legales que tomará en atención a lo dispuesto en el tipo penal del Artículo 268 del Código Integral Penal, que sanciona el delito de prevaricato», dijo la Fiscalía en un comunicado.	El Artículo 268 del Código Integral Penal sobre prevaricato al que hace referencia el comunicado de la Fiscalía sanciona con prisión de tres a cinco años a quienes fallen contra la Ley en perjuicio de una de las partes, hagan lo que prohíbe la Ley o dejen de hacer lo que manda.	El comunicado añadió que la decisión de la jueza Guerra se dio a pesar de que la Fiscalía de la provincia de Pichincha (Norte) «expuso elementos de convicción respecto a que los procesados habrían participado en un presunto desconocimiento de la Constitución e intento de derrocar al Gobierno a través de actos violentos».	Durante las movilizaciones y protestas de octubre en Ecuador hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo, bloqueos de carreteras, incendios intencionales, cortes del suministro de agua, daños a instalaciones de producción de petróleo y una serie de actos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación, hechos sin precedentes en la historia del país andino.