Una delegación de Naciones Unidas ha visitado el país centroamericano y ha recomendado a las autoridades hondureñas que profundicen en las causas de los conflictos sociales y hagan un esfuerzo por comprender la desconfianza de la ciudadanía en la capacidad de las instituciones para así promover una economía justa e inclusiva.	En este sentido, Anita Ramasastry, miembro de este grupo de trabajo, ha afirmado al presentar un informe sobre la visita, que «el derecho de las personas y comunidades afectadas a participar en la toma de decisiones desde una etapa temprana es un requisito básico para crear un entorno propicio para una conducta empresarial responsable.»	«En los países donde la capacidad o la voluntad de las instituciones del Estado para proteger a las personas de los impactos negativos de las inversiones y las operaciones empresariales es limitada, las empresas deben actuar con sumo cuidado y ejercer la debida diligencia correspondiente para asegurarse de que no causan, contribuyen o se vinculan con abusos a los derechos humanos», ha destacado, Dante Pesce, otro miembro de la delegación.	«El Estado debe actuar ahora para poner fin a los ataques recurrentes, el hostigamiento y la intimidación de los defensores de los Derechos Humanos, los dirigentes sindicales, los pueblos indígenas y los representantes de las comunidades que denuncian las violaciones de las garantías fundamentales relacionadas con la actividad empresarial y los proyectos de desarrollo a gran escala», han apuntado.	Además consideran que es «esencial garantizar la independencia del sistema judicial para fortalecer la rendición de cuentas y el acceso a recursos para las víctimas de abusos de los Derechos Humanos por parte de las empresas». El grupo de trabajo presentará un informe final con recomendaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2020.