El presupuesto y la ejecución de los recursos de las instituciones públicas deben obedecer a una acción planificada y realizarse conforme a las normas establecidas para tales efectos, tanto nacionales como institucionales. No obstante, la administración de la Universidad de Costa Rica no ha procedido de este modo en lo relativo al pago anticipado de algunos proyectos del Fideicomiso BCR-UCR 2011. En la modificación presupuestaria número 7-2018 se determinó que había realizado un pago al Banco de Costa Rica, sin contar con la aprobación del Consejo Universitario, como se consignó en el acta de la sesión número 6248 de dicho órgano colegiado. Las razones por las que la administración procedió a efectuar ese pago no quedaron claras. Ante esta situación el Consejo acordó en esa misma sesión: “Solicitar a la Oficina de Contraloría Universitaria realice un estudio del procedimiento efectuado para la cancelación del Fideicomiso con el Banco de Costa Rica, correspondiente al edificio de la Facultad de Odontología, con el fin de clarificar si lo actuado por la Administración se apega a la normativa. Este estudio deberá presentarse ante este Órgano Colegiado a más tardar el 31 de enero de 2019”.	Independientemente del interés que la administración le haya puesto a lo solicitado por el Consejo Universitario y de la respuesta de la Contraloría Universitaria al citado encargo, la omisión de la aprobación por parte del Consejo Universitario resultó evidente, lo cual hizo pensar que en adelante se respetaría la normativa, particularmente la Norma presupuestaria G-4.1, de la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, mediante el documento adjunto al Informe de Ejecución de Presupuesto 3 (Amortizaciones e Intereses de deuda del Fideicomiso BCR de julio a setiembre 2019) remitido por la Universidad a la Contraloría General de la República con corte a setiembre de 2019 y mediante oficio R-6168-2019 se pagaron anticipadamente otros proyectos de fideicomiso (dichos pagos se hicieron mediante la nota de débito 69583 del Banco de Costa Rica) por una suma alrededor de cinco mil ochocientos veintitrés millones de colones.	Ante los actuales cuestionamientos internos y externos sobre el manejo de las finanzas de la Universidad de Costa Rica y la falta información disponible a lo interno de la Universidad, cabe que nos preguntemos si estos fueron debidamente aprobados por el Consejo Universitario o si la administración procedió como en el primer caso.	Ante esta situación y considerando la obligación de las autoridades universitarias de cumplir con todo tipo de normativa, propongo que la administración informe con transparencia y de forma expedita, a las instancias correspondientes y a la comunidad universitaria, sobre este tipo de operaciones financieras que dejan dudas respecto del procedimiento seguido. Por ello, resulta pertinente que la ciudadanía universitaria se interrogue: ¿Qué montos se han pagado por comisiones? ¿Qué sentido tiene efectuar operaciones financieras crediticias a largo plazo si se cuenta con los recursos propios  para invertirlos en las respectivas obras?