De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento sobre la Protección de los Jerarcas del Poder Ejecutivo y Dignatarios (Decreto Ejecutivo 39.449 MP-SP), indica: «En casos justificados podrá brindarse protección a funcionarios del Poder Ejecutivo que se encuentren en una condición de riesgo comprobado. Asimismo podrá brindarse protección a aquellas personas que si bien ya no se encuentran ejerciendo como jerarcas del Poder Ejecutivo, en razón de dicho cargo, se encuentran en una condición de riesgo comprobado. La condición de riesgo comprobado será así determinada por la Unidad Especial de Intervención».	Por su parte, Nogui Acosta renunció luego de que trascendiera que un negocio familiar adeudara diez millones de colones por el impuesto al valor agregado (IVA) al Ministerio para el que servía. Además, la empresa registra una moratoria de 15 millones de colones por cuotas obrero patronales a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).