Estamos convencidos de la necesidad que los poderes judiciales sean proactivos en la difusión de sus decisiones y en brindar información sobre su administración interna. Relevantes datos financieros, como los presupuestos, las contrataciones y los sueldos de todo funcionario, tienen que estar disponibles al público, así como información sobre el manejo de recursos humanos, sobre todo en áreas vulnerables a decisiones arbitrarias, como en el nombramiento, el ascenso y la disciplina de los jueces. Además, es aconsejable que todos los jueces y funcionarios judiciales hagan declaraciones juradas de bienes con cierta periodicidad. Toda esta información debe ser suficientemente detallada y debe ser publicada de una manera entendible.	La peor consecuencia de la corrupción judicial consiste en los altos niveles de impunidad que existen: la impunidad significa, sencillamente, que los delitos cometidos no son sancionados por una u otra causa. En buena medida, la impunidad es generada y amparada por la corrupción de los distintos agentes involucrados en el sistema judicial: policías, ministerios públicos o fiscales, jueces y responsables de las cárceles.	Una parte de la corrupción existente en el sistema judicial es producto de la falta de una ética pública que evite que los agentes del Estado incurran en actos de deshonestidad. Pero también hay muchos actos de corrupción que tienen su origen en una mala política legislativa, es decir, a veces son las propias leyes las que generan o inducen a la corrupción.	El fenómeno de la corrupción (ya sea en forma de tráfico de influencias, o en forma de obtención de favores ilícitos a cambio de dinero u otros favores) constituye una vulneración de los derechos humanos por cuanto que generalmente entraña una violación del derecho a la igualdad ante la ley, y en ocasiones, llega a suponer una vulneración de los principios democráticos, conduciendo a la sustitución del interés público por el interés privado de quienes se corrompen. Por añadidura, el fenómeno de la corrupción lleva aparejado un elevado coste social y económico	Si la percepción del público es que los órganos jurisdiccionales son corruptos, puede suceder que las víctimas no denuncien la violencia o se nieguen a participar en un caso, lo que a menudo conduce a que se retiren los cargos contra el autor. Hay ocasiones para abordar el tema de la corrupción desde el comienzo de la capacitación legal de los estudiantes de derecho, a lo largo de las carreras jurídicas, los procedimientos de selección de jueces y fiscales, los procedimientos de asignación de casos, la mejora de la trasparencia y comunicación de decisiones y costos judiciales uniformizados y bien publicitados.	“La corrupción judicial implica que la voz del inocente no es escuchada, mientras que los culpables son libres de actuar con impunidad”, agregó Labelle. El nuevo Informe Global de la Corrupción concluye que una judicatura corrupta erosiona la capacidad de la comunidad internacional para enjuiciar el delito transnacional e inhibe el acceso a la justicia y el resarcimiento por violaciones de derechos humanos.	La corrupción judicial suele dividirse en dos categorías: interferencia política en el proceso judicial por parte del poder legislativo o el ejecutivo, y el soborno. La importancia de una judicatura independiente no se puede resaltar lo suficiente. Todos salen perdiendo cuando la justicia cede ante la corrupción, en particular las personas de escasos recursos, quienes se ven obligadas a desembolsar dinero que no tienen para pagar sobornos.	El soborno a pequeña escala y la influencia política en la judicatura deterioran la cohesión social: instituir un sistema para los ricos y otro para los pobres divide a las comunidades. Si el dinero y la influencia son la base de la justicia, los pobres no pueden competir. El soborno no sólo hace inasequible la justicia; sino que arruina la capacidad del sistema de justicia de luchar contra la corrupción y de servir como modelo para la independencia y rendición de cuentas.	Esta nueva realidad ha hecho emerger problemas y contradicciones en el sistema judicial. Entre ellos, hay que resaltar la insuficiencia de los medios de investigación, persecución y enjuiciamiento, la ausencia de policía judicial y de expertos en contabilidad y finanzas, la complejidad de los delitos económicos, la capacidad obstaculizadora de las defensas penales para privilegiados, la falta de preparación técnica de estructuras judiciales acostumbradas a operar con ilícitos poco elaborados o el incremento de los macro procesos. Y, sobre todo, la falta de voluntad política para afrontar la corrupción, responsabilizar a los infractores y desplegar los declarados fines preventivos de las penas.	Esta situación está incrementando el enfrentamiento de los tribunales con los otros poderes públicos y con los poderes corruptores. La acometida contra la independencia judicial se está haciendo de modo directo, abrupto y sin subterfugios. Los niveles que ha alcanzado la investigación de los delitos de corrupción están agravando la crisis de la política de partido y del sistema de representación, lo que hace previsible el intento de politización de los procesos penales. Por ello, resulta necesaria la creación de este espacio que permita compartir datos y valorarlos para la defensa del interés general.	La corrupción supone una gravísima ruptura de las reglas del juego democrático. Significa el apoderamiento de los recursos públicos para el enriquecimiento de una minoría y, en ocasiones, para que unas fuerzas políticas obtengan una ventaja ilegítima en perjuicio de otras. Además, provoca el descrédito de las instituciones y la desconfianza de la ciudadanía hacia la vida pública.	Tradicionalmente los frecuentes problemas de corrupción que padecen los Poderes Judiciales en el Continente Latinoamericano han sido atribuidos a conductas desviadas de sus integrantes. La idea constante es que tenemos Poderes Judiciales corruptos fundamentalmente porque tenemos jueces corruptos. Muchas son las causas que se barajan para explicar esta situación: deficiencias en la educación legal, bajos sueldos, imperfecciones de los sistemas de designación, etc. Lo interesante es que cualquiera o todas ellas llevan necesariamente a concluir que con “buenos” jueces nuestros sistemas judiciales funcionarían bien.	Tal predicamento explica que una de las herramientas utilizadas para “extirpar” el fenómeno de la corrupción en varios de los sistemas judiciales de este Continente haya sido el acometer purgas, cada vez más frecuentes por lo demás, con el fin de reemplazar “funcionarios corruptos” por otros idóneos. Los casos paradigmáticos en tal sentido han sido los de Perú, repetidos en esta década, Ecuador, Honduras y, más recientemente, el de Venezuela. Ciertamente, se han intentado herramientas más sofisticadas de intervención para superar los problemas de corrupción, las que, al estar animadas por igual óptica, también se han centrado en el tema del personal del Poder Judicial. Conforme a ellas se han introducido modificaciones a la carrera de los funcionarios, especialmente en cuanto a sus mecanismos de ingreso y promoción, así como al control disciplinario, o se han generado instancias especializadas de capacitación judicial: las llamadas “Escuelas Judiciales”.	Y los jueces “capacitados” o escogidos bajo los nuevos mecanismos de selección, tampoco presentan grandes diferencias con sus antecesores. La contundencia de la evidencia en tal sentido, sin embargo, no ha llevado a ningún replanteamiento serio y profundo de las estrategias de reforma que les dieron inicio. Todo indica que tales estrategias, por más de la utilidad puntual que en algunos casos puedan presentar, no constituyen una solución real al problema de fondo que se desea enfrentar, al menos si son concebidas como estrategia única o principal. En nada ellas han cambiado la mala percepción pública que existe en América Latina sobre sus tribunales.	A nuestro juicio, los problemas son bastante más profundos que tenido la mala suerte de no poseer buenos jueces, o de adolecer de deficiencias en ciertos aspectos muy puntuales del diseño de nuestros sistemas judiciales. Al contrario, nos parece que el problema radica en aspectos de la estructura y funcionamiento de los sistemas judiciales en nuestro continente, lo que genera un entorno de incentivos negativos para las personas que se desempeñan en ellos. Tales incentivos distan mucho de fortalecer y premiar las conductas socialmente beneficiosas de los funcionarios judiciales sino, muchas veces, hacen exactamente lo contrario.	Tras lo afirmado está la idea de que cualquier sistema para la obtención de sus metas -y no se divisa razón alguna para que el Poder Judicial sea una excepción- no puede descansar exclusivamente en que sus integrantes sean excepcionales, sino debe ser estructurado para conducir a personas con habilidades y valores normales de forma tal que maximicen sus potencialidades. Los jueces no son dioses –ni podemos pretender que lo sean-, ellos reaccionan, como cualquier otro profesional, al contexto en el que se desempeñan. No por recaer en ellos la función de resolver los conflictos entre las personas, ni menos por serles encomendado aquella vaga misión de aplicar o “administrar” la justicia.	Los jueces no son más que abogados que optan, dentro de un conjunto de alternativas profesionales, por la de la judicatura. No cuentan, en la generalidad de los casos, ni con una escala de valores distinta a la del promedio de los abogados, ni con una formación diferente, ni con otros intereses o expectativas.	Los problemas de corrupción en los Poderes Judiciales, entonces, no deben ser vistos como problemas puntuales, circunscritos a malos funcionarios, sino como lo que realmente son: problemas generalizados, enraizados en la lógica misma en que ellos funcionan. La mejor prueba de ello es que los propios jueces no conciben como corruptas muchas de aquellas conductas que desde fuera juzgamos como tales o, al menos, como inapropiadas. Recibir en audiencia a una sola de las partes, realizar la ceremonia del “besa manos” para solicitarle un ascenso a un superior, son conductas que al interior del Poder Judicial no se estiman incorrectas, sino del todo adecuadas. La primera le permite al Juez –según ellos mismos- aumentar su información sobre el caso antes de fallarlo y, la segunda, a los superiores conocer mejor a sus subordinados antes de tomar una decisión que los afecta.	En términos más amplios, es posible sostener que se produce en este caso un conflicto entre dos culturas sobre lo que es o no admisible, conflicto que está inmerso en un proceso de cambios del cual, en buena parte, han estado excluidos los sistemas judiciales. Son precisamente esos cambios los que han llevado a la generación de consensos en nuestras sociedades respecto a que determinadas prácticas son negativas por lo que deben ser combatidas. Esas mismas prácticas en los Poderes Judiciales siguen siendo aceptadas.	En nuestro país se tiene la idea que el Poder Judicial es una especie de “sancta sanctorum” de nuestra cacareada pero disfuncional democracia. Nada más lejano de la realidad. Una Fiscalía General que se caracteriza por propiciar la impunidad, que comete errores que ni un estudiante de Derecho cometería en causas importantes, jueces cuestionados por diversas causas, funcionarios judiciales que conforman verdaderas mafias al interior del funcionamiento institucional, y así muchas cosas más,  como acabamos de comprobar recientemente con el caso del ex ministro del gobierno de Oscar Arias, en donde se condena al ex funcionario y no al ex presidente Arias, cuando ambos son culpables del mismo delito.	La víctima o denunciante, no se puede dar el lujo de invertir 6-9 años en un proceso, en donde muchas cosas se olvidan y a la hora de rendir testimonios, estos nunca van a concordar al 100%. Pero se le exije a la víctima el ser precisa y concisa. Sin embargo los tribunales (jueces) interpretan y paran las declaratorias a diestra y siniestra.	Pregunta, ahi alguna manara de defenderse de injusticia, Yo tuve un problema cundo me chocaron ( trancito vendido, un juez que decidio una luz en el otro carro costa quinientos mil colones, y gente que no quiere ir al INS desde que no tienen manera de probar con facture) luego de todo esto el Juez dice que revizara mi cazo de nuevo en un año, no pueden pasar recivos al INS, y me estorcional a que les paque en efectivo, Esto es el Juez. Estoy canzado de pagar abogados porque el Juez es el que esta coprometido. Como puede DENUNCIAR a este Juez corrupto.