Frente a los métodos tradicionales de solución de controversias, surgió desde hace algunos años en nuestro país, un programa de justicia restaurativa como eje transversal en el plan estratégico del Poder Judicial. Desde ese momento, se escucharon opiniones negativas de aquellos que no creen en la utilidad y conveniencia de este modelo de justicia. Para quienes lo impulsan y han realizado esfuerzos para fortalecerlo en la práctica, se constituye como un sistema complementario de aplicación de medidas alternas de resolución de conflictos en materia penal, penal juvenil, de ejecución y contravencionales.	En la actualidad, las relaciones sociales en general son mucho más complejas que hace unas décadas, ya que, han entrado al escenario importantes elementos a considerar, tales como   nacionalidad, género, etnia, religión, edad, condición económica y otros. Esto, sin lugar a dudas, se ha visto reflejado en las estadísticas, con un aumento en los índices de criminalidad, violencia y agresión. Observamos como prevalece entre la población un clima de inseguridad general, fenómeno que la sociología ha denominado como “la sociedad del riesgo”, donde siempre surgen nuevos peligros para la sociedad en sí misma y para las condiciones básicas de la existencia de sus miembros.	Esta situación ha tratado de contrarrestarse con políticas que pretenden aumentar la seguridad de los ciudadanos, que cada vez exigen más y mejores respuestas de los tribunales y del sistema penal. Existe un sentir en el colectivo, que se opone a los beneficios penitenciarios y a las modalidades de ejecución penal distintas a la privación de libertad, percibiéndolas como una amenaza y un factor que favorece la actividad delictiva.	La criminología y la sociología criminológica tratan de explicar estos fenómenos, describiendo la delincuencia como un concepto dinámico, que responde a los cambios sociales, económicos políticos, trasnacionales y tecnológicos. Existen también aspectos interrelacionados, tales como la estructura demográfica, el aumento de la población, la distribución de la riqueza, la urbanización, la industrialización, la vivienda, la migración, las oportunidades de empleo y los fenómenos de globalización, entre otros.	Ante esta realidad, la justicia restaurativa viene a señalar un cambio de paradigma, recalcando que el delito no es únicamente la infracción a la ley, sino que, es un acto que causa daño a las personas y a la comunidad, incluido el mismo ofensor autor del delito. De esta forma, viene a cuestionar la respuesta penal por ser mera retribución a la lesión de los bienes jurídicos, que se enfatiza en el castigo y en la exclusión social.	El punto de partida de las ideas de la justicia restaurativa, es tratar de dar respuesta al conflicto de manera integral y holística, para ello toma en consideración los derechos, intereses y necesidades de todas las partes involucradas.   Este modelo busca el restablecimiento del tejido social dañado, el fortalecimiento de las relaciones sociales, la reparación/restitución del daño a las familias, las víctimas y la comunidad.	Además, desde el punto de vista de la persona ofensora (autora del delito), promueve la reintegración e inclusión social en lugar del aislamiento, y, a su vez busca que se potencien las habilidades de la comunidad para responder con alternativas resocializadoras e incluyentes, mejorando con su colaboración la respuesta judicial y construyendo una cultura de paz que es responsabilidad de todos.	Precisamente, el eje central de la justicia restaurativa gira en torno a la responsabilidad y la equidad de las personas ofensoras y las víctimas, dando así un tratamiento diferente a la víctima, quien ocupará una posición de testigo, serán tomados en cuenta sus sentimientos, sus necesidades, los efectos e impactos del delito y todas las demás consecuencias. En el plano internacional, la Organización de las Naciones Unidas, ha tratado de encontrar un concepto para esta nueva forma de justicia para la solución de los conflictos y nos propone la siguiente definición, según la Declaración del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, número 12, (2002):	La justicia restaurativa es la respuesta evolutiva al delito que respeta la dignidad y la igualdad de todas las personas, favorece el entendimiento y promueve la armonía social mediante la recuperación de las víctimas, los delincuentes y las comunidades.(…) Es todo proceso en que la víctima, el delincuente y, cuando proceda cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito, participen conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un facilitador.	Esta propuesta de definición es bastante amplia y trata de comprender las relaciones, los contextos y las personas.  Nos ayuda a comprender que la justicia penal, de la mano con la comunidad, debe   consistir en esa reparación del daño, en términos de mayor eficacia, celeridad, mayor satisfacción de la persona víctima, de la comunidad, y lograr una menor reincidencia de la persona o personas ofensoras.	Definitivamente, una justicia que nos permita acercarnos cada vez más al ser humano en su contexto, a dejar de “etiquetar” cómo comúnmente lo hacemos, tratando de entender que todas las personas somos protagonistas en la construcción de la sociedad. Una “justicia con rostro humano” como se le ha denominado, donde toda la ciudadanía participe en la solución de los conflictos, de manera efectiva y real, a través del diálogo y de su capacidad de lograr acuerdos, favoreciendo el entendimiento y la armonía social.	se visualiza la justicia restaurativa como un complemento del sistema de justicia penal, no pretende la abolición y la sustitución de este, sino que intenta cumplir la protección de bienes jurídicos con fines preventivos: general y especial. Esto permite al estado mantener una dualidad de respuestas tales como los procesos ordinarios y las penas privativas de libertad, los procesos restaurativos son colaboradores[sic]sin embargo[sic]en algunos casos la sanción será necesaria.	c) La reintegración comprende el apoyo en la comunidad, es el reingreso de la víctima o de la persona ofensora a la comunidad. Las víctimas sufren con frecuencia revictimización y son estigmatizadas por la familia, las amistades y la sociedad. Se observa entonces [sic] qué tanto la víctima como la persona ofensora tienen derecho a acceder a todos aquellos programas que procuren una reincorporación a la sociedad para que de esa forma se aminoren las consecuencias del delito y del mismo proceso judicial.	En el mes de enero del presente año, entró en vigencia en nuestro país la Ley de Justicia Restaurativa, Ley número 9582, no obstante, fue en el año 2012, con un proyecto piloto en materia penal ubicado en el Primer Circuito Judicial de San José, que la justicia restaurativa inicia sus funciones en el Poder Judicial de Costa Rica. Este modelo ha demostrado que es más rápido y mucho más económico para resolver un asunto mediante la justicia ordinaria.