En la actualidad, observamos una coyuntura muy retadora para las universidades estatales de nuestro país. La realidad nacional, así como el contexto regional inmediato e internacional indirecto, constituyen un incentivo para reafirmar el compromiso que es consustancial de estas instituciones: trabajar por y para la sociedad. Este compromiso nos convierte en protagonistas de los esfuerzos conjuntos por sacar adelante el país, y la naturaleza misma de las instituciones universitarias es, quizá, una de las que más valor le da a esta promesa.	No dudo, entonces, que en las comunidades universitarias surja efervescencia por aportar a una sociedad en un momento delicado de su historia. Incontables han sido los aportes históricos de la academia en varios de los hitos más importantes de la nación, y la coyuntura presente no es, ni será, la excepción.	Es siempre oportuno recordar que la educación superior es un factor de movilidad social, pues a partir de ella miles de familias han visto transformada su calidad de vida, y han encontrado en sus hijos e hijas la esperanza cumplida de un futuro con mayores oportunidades. La educación facilita el desarrollo del talento y su potencial; expone a criterios diferentes, nuevos puntos de vista, inquietudes, realidades complejas y diversas, y especialmente al diálogo y la discusión constructiva. El fortalecimiento de la educación superior pública es, por lo tanto, una manera de asegurar que los cambios sociales puedan darse a partir de la exposición al conocimiento y a distintas realidades.	La excelencia académica también es nuestro compromiso permanente. Es gracias a este constante esfuerzo de mejora continua que en nuestras instituciones tenemos incontables ejemplos y aportes sustantivos a la salud pública, a la infraestructura nacional, a la comprensión de problemas sociales, al acercamiento internacional y a la preservación de los recursos naturales, por mencionar algunos.	En un país como el nuestro, orientado a convertirse en una sociedad del conocimiento, la inversión en educación tiene una relevancia estratégica que debe guiar las decisiones nacionales actuales y futuras. La academia puede proveer el conocimiento basado en la evidencia y la investigación profunda que se requiere para la toma de decisiones, y por ello no debemos claudicar en los esfuerzos por trasladar este conocimiento a todos los sectores, bajo la dinámica dialógica que ya caracteriza a nuestras universidades, y que se nutre mutuamente con los conocimientos y saberes de la colectividad.	Los retos que enfrenta la educación superior pública son muchos. Sobre ella penden amenazas que ponen en peligro el acceso a la educación de miles de jóvenes en condiciones socioeconómicas vulnerables; amenazas que ponen en duda su pertinencia para el desarrollo social. También existen desafíos internos, entre los cuales garantizar la sostenibilidad presupuestaria de las universidades no es uno de los menores, sin repicar las campanas del reduccionismo tecnocrático que constriñe el horizonte de comprensión de la complejidad social.	Frente a la perniciosa desigualdad que ofende y desgarra, las universidades estatales han emprendido acciones para garantizar oportunidades de acceso, permanencia y graduación. Estas medidas, que hacen de las universidades estatales instituciones modélicas en el contexto nacional, y que despiertan la admiración internacional, se han tomado a partir de principios de equidad y solidaridad.	No hay duda de que nuestro país requiere de una reactivación económica que conduzca a empleos dignos y salarios decentes, a contrapelo de las tendencias globales que acentúan la desigualdad, provocan exclusión y precarizan las condiciones de vida. La educación superior puede potenciar aún más su impacto sobre el bienestar de la comunidad, (1) si flexibiliza las vías de acceso a sus instituciones y (2) si juega un papel innovador en las condiciones de empleabilidad de poblaciones vulnerables.	Reformas como las propuestas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con la supuesta finalidad de fortalecer las políticas nacionales en educación pública, sugieren mecanismos que promulgan la equidad, pero no contemplan la intrincada realidad social y económica de miles de estudiantes, ni los complejos mecanismos para garantizar la equidad de oportunidades. Así, “un aumento regulado pero sustancial de las tarifas de universidades públicas” no es un verdadero aporte a la equidad, sino una recomendación que profundizaría las brechas de desigualdad que ya afectan a nuestra población.	Hay que enfatizar que las universidades estatales deben ser proactivas y anticipar por sí mismas las trasformaciones internas que deben realizar, tanto en la gestión académica como la gestión administrativa – las cuales son una unidad articulada -, pero sin subordinar sus propósitos a fines políticos externos, frecuentemente desbordantes de oportunismo y demagogia, ni a la letra de informes que desconocen la complejidad nacional y se asemejan más bien a fórmulas tecnocráticas descontextualizadas.	Más prometedores son aquellos objetivos de desarrollo que han sido formulados y adoptados por la sociedad global por cuanto expresan una preocupación universal. Por ejemplo, nuestras instituciones se han adherido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y junto con los esfuerzos nacionales, han evidenciado sus aportes y reafirmado su compromiso profundo y consecuente con contribuir a erradicar la pobreza, fomentar la prosperidad y el buen vivir, y proteger el planeta y todas las formas de vida.	Nuestras instituciones se inspiran en esta agenda, y reafirman su compromiso con el trabajo integrado y pertinente para desarrollar una agenda inclusiva de cooperación con el fin de contribuir al logro conjunto de los ODS. El verdadero reto de la educación superior pública es incidir, aún más, en el bienestar de la sociedad.	Pero debemos acercarnos a las comunidades con mayor profundidad y consecuencia, para evidenciar la cercanía que ya existe, y seguir construyendo saberes compartidos que a la postre deriven en mejoras para el bien común. Esto pasa por defender la inversión en la educación superior pública, pues sin ella no sería posible la formación de profesionales al servicio de la comunidad, ni la adquisición de equipo tecnológico para realizar investigación pertinente de alta calidad, ni la capacidad de becar a nuestra juventud para estudiar en nuestras propias instituciones o bien llevar a cabo estudios avanzados en las mejores universidades del mundo.	El Consejo Nacional de Rectores debe permanecer firme y unido ante las intervenciones que agentes externos pretendan hacer en nuestras universidades, inmiscuyéndose en asuntos que, por razones constitucionales y de incumbencia epistémica,  no les competen. La autonomía universitaria no es un fuero que proteja privilegios; es una garantía de que la educación superior se mantendrá íntegra a pesar de los vientos políticos o las presiones externas. La autonomía no pretende aislar, sino resguardar uno de los más importantes pilares de una sociedad madura y una cultura avanzada: la libertad del conocimiento.