En lo fundamental, los asambleístas habían pedido una priorización y reasignación de gastos así como un plan de contingencia ante el riesgo que no se concrete un ingreso de 2.000 millones de dólares previstos por el traspaso de la administración de empresas públicas a operadores privados, así como por la volatilidad de los precios del petróleo, entre otras razones.	El presupuesto general del Estado para el próximo año totaliza 35.469 millones de dólares, con ingresos estimados en 22.516 millones de dólares y egresos por 25.900 millones de dólares, por lo que la proforma considera un déficit global de 3.384 millones de dólares, equivalentes a un 3,1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país andino.