Según Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico refiere y conceptualiza la inmediación como «un principio del derecho procesal encaminado a la relación directa de los litigantes con el juez, prescindiendo de la intervención de otras personas. El tema de la inmediación se encuentra íntimamente ligado a la oralidad del procedimiento, ya que, cuando es escrito, las diligencias, inclusive la recepción de de las declaraciones ( testimonios, absolución de posiciones, informes periciales), se suelen practicar ante el secretario judicial o ante el escribiente del juzgado.»	La reformas procesales costarricenses: contenciosa administrativa hace más de una década y luego la laboral, contemplan una sanción gravosa para un proceso en el que el dictado de la sentencia se violente el principio antes definido. Por ejemplo en la Reforma Procesal Laboral, una de las causales para alegar en casación y que conlleva la sanción para anular el dictado de la sentencia y por ende repetir la audiencia de juicio, es la causal que contempla el numeral 587.- Por razones procesales será admisible cuando se invoque: 6.- Haberse dictado la sentencia fuera del tiempo previsto para hacerlo. (El subrayado es nuestro)	En materia procesal civil se ha definido este principio en el artículo 2.7. Inmediación. «Todas las audiencias serán realizadas por el tribunal que conoce del proceso, salvo disposición legal en contrario. Las sentencias deberán dictarse por el tribunal ante el cual se practicaron todas las pruebas. La utilización de medios tecnológicos que garanticen la relación directa con los elementos del proceso no implica ruptura del principio de inmediación.»	Sin embargo, aunque es determinante la inmediación al momento en que la persona juzgadora resuelve, el anular todo lo actuado y trasladar a las partes procesales – quienes al final son las dueñas del proceso y para quien se hace- , la sanción de repetir lo actuado vulnera el derecho constitucional y convencional a una justicia pronta y cumplida.	No se justifica bajo la aplicación de ningún principio procesal, para retrotraer un proceso a etapas superadas, con afectación del principio de justicia pronta y cumplida y del derecho de las partes a obtener una sentencia en un plazo razonable, por el simple incumplimiento de una disposición legal por parte de las personas juzgadoras. Estas normas, obviando que los preceptos e imperativos legales, deben ser interpretadas atendiendo a los principios procesales y constitucionales, pero fundamentalmente, atendiendo al interés de quienes piden justicia, es decir a las partes del proceso. En un sistema procesal influenciado por la oralidad es trascendente que la sentencia se dicte a la mayor brevedad posible para conservar los efectos positivos del principio de inmediación, en la memoria de la persona juzgadora. Sin embargo, no es admisible declarar la nulidad en un proceso en el que se señaló para audiencia oral, se practicó prueba, y que solo se anule por anular, pues en ese caso no se causa ninguna afectación al principio de inmediación si pasaron unos días más del plazo.	Con la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral , se buscó que efectivamente los juicios laborales se resolvieran celeremente, puesto que constituían parte de la deuda señalada en el Estado de Justicia. Sin embargo, imponer la sanción de la nulidad de lo actuado y la repetición del mismo aplaza el tiempo de resolución del caso en un plazo razonable. Constitucional de la UNED.	En un proceso laboral tramitado, sin ser una situación alegada por las partes la persona juzgadora resolvió: «No obstante, no dictó la sentencia respectiva, de lo cual se puso en conocimiento de la Inspección Judicial. Por tal motivo de acuerdo con el Principio de Inmediación de conformidad al artículo 435, 471 inciso 7, 473, 474 y 537 del Código de Trabajo que cita lo siguiente: … Expirados los plazos para el dictado, la documentación y la notificación a las partes de la sentencia, con incumplimiento del órgano, lo actuado y resuelto será nulo y el juicio deberá repetirse ante otro Juez, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y disciplinarias correspondientes. Únicamente se dejarán a salvo de dicha nulidad las pruebas y los actos o las actuaciones no reproducibles que se puedan apreciar válidamente en una oportunidad posterior., es que se procede con la nulidad de la audiencia recibida y en su lugar, se convoca a una ÚNICA AUDIENCIA ORAL … » El ejemplo antes señalado, es claro de un retroceso en la aplicación de los preceptos de tutela judicial efectiva y resolución en un plazo razonable.	Esta posición ya había sido plasmada en el voto Salvado de la RES. 000279-F-S1-2015 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, que en inteligencia de la instrumentalidad de las normas procesales dictaminó: «… las normas procesales son instrumentales al derecho sustantivo, y en esa línea de pensamiento deben entenderse como medios para concretar el derecho constitucional a la justicia pronta y cumplida, a obtener una sentencia en un plazo razonable. No pueden entonces interpretarse con tal rigidez, en abandono de esa instrumentalidad, tornándolas en fines últimos y en obstáculo para la decisión que demandan los justiciables, ya que, se reitera, implica retrotraer un proceso a etapas superadas (celebración de un nuevo debate y dictado de sentencia), con afectación no solo para el justiciable, sino para la administración de justicia y para el adecuado manejo de los recursos públicos. Además, sería contradictorio con el principio de conservación de los actos procesales.»	No quedará más que esperar cuál será la posición de la Sala Segunda al respecto y sobre todo la de las partes, quienes en su deber de lealtad en el tanto no se afecte sustancialmente la tutela al debido proceso, no deberían alegar este vicio como causal de forma, para señalar un vicio de nulidad de una sentencia.	Cuando se presenta una contraposición entre principios constitucionales, se debe usar el método de interpretación de las normas conocido como «ponderación», en el sentido de que cuanto mayor sea la afectación de un principio constitucional, mayor deberá ser la satisfacción del que se elige que prevalezca. En doctrina hay muchos ejemplos de este tipo de colisiones entre principios de rango constitucional. En el caso que expone la articulista, efectivamente se ve afectado el principio de justicia pronta y cumplida, no obstante, el principio de inmediación es parte fundamental de un principio más amplio que es el del debido proceso. Si en el desarrollo de un determinado litigio se viola el debido proceso, debe declararse nulo al acto que acarreó la nulidad y todo lo posterior. Y aunque se vea afectado el principio de justicia pronta y cumplida, así debe ser, puesto que no se puede dejar en pie algo nulo solo porque eso vaya a demorar aún más al proceso. Al revés! Lo correcto debe prevalecer, aún y si se demora más en terminar el litigio! Sin embargo, tal y como lo señala la Sala Primera en el voto que la articulista reproduce, tampoco se puede ser excesivamente rígido, hay que ver siempre cada caso en particular para saber si tiene sentido declarar nulo lo actuado o si ello es contraproducente para ambas partes…