Montevideo, 25 jul (Sputnik).- La Ley Integral para Personas Trans aprobada el año pasado en Uruguay, en medio de fuerte polémica, afronta una nueva prueba de sectores políticos conservadores que buscan derogarla a través de las urnas por considerar que otorga «privilegios», mientras sus defensores insisten en que asegura derechos de poblaciones históricamente vulneradas.	«Muchos han atacado a la población trans, diciendo que esta ley nos coloca en un lugar de privilegio, cuando la realidad es que la expectativa de vida de las personas trans es muy baja, que no pueden acceder al mercado de trabajo formal, que por temas de desarrollo de vida y discriminación tampoco pudieron sortear el sistema educativo y además sufrieron la expulsión temprana de la familia», dijo a Sputnik la licenciada en Ciencias de la Comunicación y activista trans, Josefina González.	Para el caso de menores que no obtengan el respaldo de sus padres o sus representantes legales, la ley establece que se podrá recurrir a mecanismos ya existentes, entre ellos los del Código de la Niñez y de la Adolescencia, que establece que el menor «en todo caso tiene derecho a ser oído y obtener respuestas cuando se tomen decisiones que afecten su vida» y «podrá acudir a los tribunales y ejercer los actos procesales en defensa de sus derechos».	«Han habido bancadas en los parlamentos de Brasil y Uruguay que las integran gente muy unida a estos sectores de la fe. En un punto deja de ser fe cuando se mezcla con la política, porque en vez de hacerle un bien al prójimo, terminan logrando a inaccesibilidad, anulación e invisibilidad de los derechos», agregó.	Un cuarto de los menores trans en Uruguay son expulsados de su casa, el 75 por ciento abandona sus estudios debido al acoso de docentes y compañeros, y solo 23 por ciento cuenta con un trabajo formal, lo que condena a muchos a la prostitución, según un censo del Ministerio de Desarrollo Social.