Reorganizar este caos requerirá un gran trabajo de negociación y consenso entre el gobierno central y las organizaciones sindicales de trabajadores. Un gran acuerdo nacional. El camino que han seguido de imponer soluciones surgidas o pactadas en los centros de poder y al margen de los interesados no ha conducido ni conducirá a buen puerto.	Me consta porque me tocó vivirlo en mis tiempos de dirigente sindical en el sector público en los años finales de los setentas y principios de los ochentas del siglo pasado. Siempre peleamos por reajustes salariales a la base que compensaran la inflación y el incremento en el costo de la vida.	Generalmente la respuesta del gobierno era negativa o aceptando incrementar míseros centavos. Después del forcejeo acostumbrado, en medio de manifestaciones y huelgas, el gobierno accedía a un pequeño reajuste salarial a la base y un adicional en eso que ahora se denominan pluses, es decir, fueron inventando compensaciones salariales por riesgo profesional, anualidades, carencia de servicios, etc. Inclusive el bono escolar tuvo sus orígenes así.	Se dice que hay 121 pluses y no es que un empleado los goce todos, es que se fueron creando para diferentes profesiones, todos con el interés de evadir la concesión de un justo aumento a la base salarial. Es natural ahora que el gobierno haga lo posible porque se aprueben reajustes salariales muy pequeños a la base, pues estos repercutirán en los pluses. Un caso que ilustra este drama fue el resultado de las negociaciones de la huelga de los médicos de la CCSS a principios de los años ochentas, donde se estableció el llamado “enganche salarial”, una de las cosas más absurdas que se han dado en este país, donde lograron que los reajustes salariales a los empleados del poder central, fueran cuadruplicados para ellos, sin costo ni lucha alguna. Esto trajo como consecuencia que los gobiernos se limitaran mucho para otorgar reajustes salariales justos a los empleados del poder central, pues sabían que la ley les obligaba cuadruplicarlos para los médicos lo cual significaba un desembolso de lo más oneroso, perjudicando de esta manera a policías, conserjes.	Siendo promotor de la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO) me tocó ser Secretario General del Sindicato de Empleados de Desarrollo Comunal (SEDECO). Como es conocido, este movimiento comunal es regido bajo la ley 3859 creada en el gobierno de don José Joaquín Trejos Fernández y uno de sus artículos establecía que todos sus funcionarios debían ser nombrados a través del Servicio Civil. Sin embargo, durante el gobierno de Don Daniel Oduber Quirós, después de creado el Programa de Asignaciones Familiares,  comenzaron a utilizar parte de esos dineros para nombrar personal a plazo fijo y sin pasar por los controles del Servicio Civil, generalmente para recompensar servicios en campañas electorales lo que hoy es conocido como “pegabanderas”. Lo hacían a sabiendas que estaban violentando la ley  en un claro delito de prevaricato y por lo cual el sindicato tuvo que abocarse a dar una fuerte lucha para que se respetara la ley y también al resto del personal que si había tenido que someterse a los coladores que contempla.	Tampoco es secreto que eso que ahora denominan “gollerías”, es decir ventajas en la Convenciones Colectivas no establecidas en el Código de Trabajo, fueron en su mayoría pactadas  en negociaciones entre gobiernos del PLN y sindicatos dirigidos por militantes del Partido Liberación Nacional, como una forma de estimular la pertenencia de los empleados a los llamados “sindicatos democráticos” en contraposición a los llamados “sindicatos rojos”. ¿Por qué razón? Es sabido que los sindicatos que no pertenecían a la corriente liberacionista, tenían que recurrir a fuertes luchas, manifestaciones y huelgas para lograr algunas cosas para sus afiliados.	Lo cierto del caso es que son sucesivos gobiernos quienes han venido tejiendo una telaraña o más bien laberinto o alambique, del cual no encuentran ahora manera de salir. Seguramente a algún gobernante se le ocurra la idea de contratar una consultoría de muchos millones de dólares a allegados suyos para que resuelvan este problema. Eso agregará un punto más al tema de la corrupción. Ojalá alguna entidad  como la Universidad de Costa Rica asuman esta tarea, con los costos mínimos, como un aporte patriótico que se desprende de su misión.	Reorganizar este caos requerirá un gran trabajo de negociación y consenso entre el gobierno central y las organizaciones sindicales de trabajadores. Un gran acuerdo nacional. El camino que han seguido de imponer soluciones surgidas o pactadas en los centros de poder y al margen de los interesados no ha conducido ni conducirá a buen puerto.	Más o menos, su artículo mezcla verdades con mitos, dándole un dramático carácter de híbrido al megaproblema que enfrentamos todos los costarricenses: 20.000.000.000.000 de deuda interna: impagable y que nos lleva a un nuevo precipicio antes de seis meses. Claro que se puede desenrollar la madeja, únicamente se necesita fuerza de carácter. La solución es muy difícil porque la mayoría del sector aristócrata del sector público, no puede ceder porque están profundamente endeudados y no podrían honrar las deudas con un reajuste salarial, pero los lacayos del sector público no tienen ese problema. Me parece que “o privatizamos todo o nos quedamos sin país”