San José, 24 Oct (Elpaís.cr).- El ministro de la Presidencia de Costa Rica,Víctor Morales Mora, defendió, en la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa el marco de legalidad en el que actuó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tras la aplicación de la ley 9635 o ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.	El ministro Morales fue contundente en señalar que la CCSS ha realizado esfuerzos por ajustarse a la Ley 9635, la cual comenzó a aplicarse desde el mes de diciembre pasado con la reducción en la cesantía que pasó de 20 años a ocho años, el impuesto al salario, dedicación exclusiva, prohibición y anualidades.	Respecto al acuerdo firmado en agosto para finalizar la huelga, enfatizó que las actuaciones del gobierno y de las autoridades de la Caja hay que verlas desde la búsqueda de una solución política correcta orientada con los valores de la salud, la vida y el bienestar de las familias en apego al marco legal y soluciones viables.	Morales no titubeó en señalar que la construcción de acuerdos no es un símbolo de debilidad, por el contrario, es producto de un ejercicio de diálogo social y que, en este caso, concluyó con acuerdos y soluciones que terminaron con una huelga cuyo costo económico en una semana ya se estimaba en 7 mil millones de colones, además de la afectación para los pacientes.	Entre tanto, en la exposición planteada por Pilar Garrido, ministra de Planificación y Política Económica, explicó que la ley requirió clarificaciones en los decretos ejecutivos, no solo para su aplicación en la CCSS sino también en el sistema Integra que posee el Gobierno de la República, como lo han reiterado las autoridades de la CCSS.	La ministra fue enfática en que la CCSS actuó con base en la reglamentación disponible en ese momento. Dijo que no se previó el tiempo apropiado para reglamentación y ajuste de sistemas como si se han hecho con otras leyes. También consideró la complejidad en la transformación de los pluses, toda vez que la ley no indica textualmente que los pluses se convertirán en montos nominales.	Atribuyó a la inmediatez en la implementación de la ley una evolución de los reglamentos lo que los ha obligado afinar, aclarar y realizar ajustes que fueron incorporados en la legislación. Ocho meses se tardó, según la Ministra, para hacer el pago del aumento y efectuar los ajustes a los sistemas Integra 1 y 2 y eso fue un reflejo de lo que sucedió en otras instituciones como la CCSS.	Precisamente esa es la tesis que han defendido las autoridades del Seguro Social, en virtud de que las decisiones institucionales se adoptaron con base en el bloque de legalidad que había en el mes de febrero y que estaba constituido por la ley 9635 y su respectivo reglamento que señalaba que “Los cambios respecto al parámetro de cálculo de las anualidades serán aplicables a todos los servidores a partir de la entrada en vigencia de la Ley No.9635, en las nuevas anualidades que estos adquieran. Las anualidades ya recibidas previo a la entrada en vigencia de dicha ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 y el Transitorio XXV de la misma, mantendrán las condiciones en que se otorgaron y cuya base jurídica es el decreto AJ-F 013-2019 de la Dirección General del Servicio Civil que indica textualmente en su conclusión 3:	Sin embargo, tres meses después de ese acuerdo, se publicó un nuevo decreto contrario al documento suscrito con las agrupaciones sindicales, como lo han sostenido y explicado reiteradamente las autoridades institucionales. También surgieron otros dos decretos que allanaron el camino para la aplicación de la ley 9635 en el sector público.