Morales mantuvo a Bolivia fuera del incipiente Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina (Prosur) impulsado por gobiernos conservadores, y en los dos últimos años, persistió como uno de los más firmes aliados de la administración de Nicolás Maduro en Venezuela, diferenciándose de la mayoría de los países sudamericanos.	En lo económico, analistas coinciden en que la caída del valor de las exportaciones, entre otros factores, impediría al próximo Gobierno mantener el fuerte ritmo de inversiones públicas que fue el motor de la economía en los casi 14 años del «proceso de cambio» en Bolivia, uno de los países más pobres del continente.	El milagros se basa en haber logrado mantener destacados índices macroeconómicos, en especial la tasa más alta de crecimiento de la región en la última década, inclusive en años de depresión de los mercados internacionales y de caída de los precios de materias primas como minerales y gas natural, que exporta el país.	«El MESCP se convirtió en la antítesis del modelo neoliberal; con el modelo boliviano, el Estado tiene una participación activa en la economía y fomenta programas estratégicos para mejorar las condiciones de vida de la población», resumió el ministro de Economía, Luis Arce, en el cargo desde el primer día del Gobierno de Morales salvo un año que se ausentó por problemas de salud.	Arce explicó, en una reciente conferencia en la universidad pública de Santa Cruz (este), que el MESCP surgió en respuesta al modelo neoliberal que en las dos décadas anteriores a Morales había agravado la pobreza y la dependencia de Bolivia, con crecimiento nulo algunos años, aumento del desempleo y exclusión de muchos sectores de la «lógica del mercado».	Según el ministro, el modelo boliviano se desarrolló sobre las bases de aprovechamiento de los recursos naturales, apropiación del excedente económico mediante la nacionalización o devolución al control estatal de empresas que habían sido privatizadas en décadas anteriores, (como las de hidrocarburos, electricidad y minería) redistribución del ingreso, y reducción de la desigualdad social y la pobreza.	«Algunos opinadores y opositores critican el supuesto gasto no productivo de los bonos, pero se ha demostrado que la redistribución del excedente ha aumentado la capacidad de consumo de la población, ha hecho crecer el mercado interno al punto que éste es ahora el motor del crecimiento, más que las exportaciones», dijo Arce.	«Yo recuerdo el año 2014, cuando caen los precios de los hidrocarburos, baja el precio del gas, todos decían se acabó, el Evo se cae; ese mismo año Bolivia retoma la punta en el crecimiento económico, crecemos más que el resto de los países y hoy tenemos una economía que está creciendo más que el resto de América Latina y somos la envidia de muchos países», añadió el ministro.	Destacó que, en 13 años, el MESCP ha generado un crecimiento promedio anual de 4,9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), que pasó a precios corrientes de 9.000 millones de dólares en 2005 a 40.500 millones en 2018, equivalentes a un PIB per cápita de aproximadamente 4.000 dólares.	Las cifras oficiales muestran que entre 2005 y 2018 la pobreza extrema en Bolivia se redujo del 38,2 por ciento al 15,2 por ciento de la población, en tanto que la pobreza moderada bajó de 60,6 por ciento a 34,6 por ciento, en ambos casos las tasas de disminución más altas del continente.	Entre esas inversiones en curso, que se destacan en la herencia económica de Morales, hay decenas de proyectos de producción e industrialización de gas natural por al menos 10.000 millones hasta 2025 y la industrialización del litio de los salares altiplánicos (oeste), en sociedad con empresas alemanas y chinas, con unos 4.000 millones de dólares.	Quedan además contratos firmados para la conversión del principal aeropuerto del país (Viru Viru) en un centro internacional de conexiones y la construcción de un megapuerto fluvial de acceso a la hidrovía Paraguay-Paraná, además de casi concluidos los estudios finales del corredor ferroviario bioceánico Brasil-Bolivia-Paraguay que demandaría inversiones de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares.	Aseguró que no privatizará empresas públicas, más bien las fortalecerá, y continuará la política de inversiones estatales en infraestructura e industria, en el marco de una «diversificación económica» e incentivos a la inversión privada con ajustes en el sistema tributario para «alivianar la carga impositiva» y fomentar la creación de empleos.