«No es un derecho constitucional la portación y tenencia de armas, sino que es un asunto cuya potestad regulatoria le corresponde al Estado»,  declaró la Sala Constitucional al pronunciarse sobre el proyecto 20.509, el cual regula la Ley de armas y explosivos con el objetivo de delimitar la tenencia legal e ilegal de armas; aprobado en su segundo debate este martes, con 43 votos a favor y 3 en contra.	La Sala reitera una vez más que es una potestad del Estado disminuir la cantidad de armas y que tiene la obligatoriedad de establecer más requisitos y mayores controles, porque esto incide en las políticas públicas de seguridad nacional. Como bien lo dijo el Magistrado Fernando Cruz en esta misma resolución: no es con más armas que lograremos la paz social, no es con más armas que se controlará la violencia social y la individual», enfatizó la legisladora Hidalgo.	De esta manera, se consolida una reforma necesaria para contribuir a paz social de nuestro país con una medida acorde a la cultura pacifista costarricense y de cuantiosos estudios y experiencias nacionales e internacionales que demuestran que a mayor presencia de armas, mayor grado de peligrosidad en los conflictos, incluso más allá de los problemas asociados a la delincuencia y el narcotráfico.	En el caso de las personas jurídicas, el Departamento podrá inscribir el número de armas que considere necesarias a la finalidad de que se trate. La inscripción de las armas permitidas se dará por un plazo de tres años, dicha inscripción se podrá prorrogar por períodos iguales, previo cumplimiento de los requisitos que establezca la ley y el reglamento.	Además, de las personas con antecedentes penales o policiales por los delitos contra la propiedad, violencia doméstica, delitos contra la vida, delitos contra la libertad, e infracción a la ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas, crimen organizado y cualquier otro delito donde medie la violencia.”	La iniciativa también regula que las armas largas podrán ser utilizadas únicamente en la práctica de actividades deportivas y en campos de tiro debidamente acreditados, así como en las actividades de caza permitidas según el ordenamiento jurídico vigente, previa justificación del solicitante, respecto al tipo de armas específica que estaría utilizando para el tipo de cacería a realizar.