El máximo jerarca de la CCSS recordó que en aquella oportunidad suscribieron un documento, en el cual se coincidió en la interpretación sobre el bloque de legalidad que había, en ese ese momento, relacionado con la aplicación de Ley 9635 o Ley de  Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y su reglamento.	El presidente de la CCSS, dijo que unos de los avances obtenido tras el acuerdo suscrito en febrero fue precisamente, la decisión que adoptó la Junta Directiva de tomar las medidas necesarias para hacer valer la autonomía constitucional en materia de política y gobierno de los seguros sociales, dado que -conforme a lo ya resuelto por la Sala Constitucional en otra oportunidad- la regla fiscal no debe aplicarse a la institución.	Esta decisión del máximo decisión se respalda en un criterio de la Sala Constitucional y de la Procuraduría General de la República en esta materia, las cuales, exceptúan a la Institución de la responsabilidad fiscal y en los recursos dispuestos para los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del No Contributivo (RNC).	«Hay un mandato constitucional que nos otorga autonomía de la aplicación de la regla fiscal y hay una necesidad práctica de atender a la población y que exige que nosotros podamos tener la flexibilidad en nuestro presupuesto para poder atender a esa población como se merece y como lo dicta la propia Constitución que le garantiza a todo costarricense el derecho a la salud», aseveró Macaya.	Según el jerarca, la decisión del Máximo Órgano Institucional tiene como fin primordial garantizar el derecho constitucional a la salud de todos los costarricenses con calidad y oportunidad, por lo que, una eventual limitación del presupuesto institucional ante la restricción financiera solicitada por el Ministerio de Hacienda podría poner en serio riesgo la ejecución de una serie de proyectos de infraestructura de gran trascendencia para la población costarricense.