San José, 19 Sep (Elpaís.cr).- El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya Hayes, insistió a la comisión de Control del Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa en que las actuaciones de la institución para suscribir los acuerdos con el frente sindical siempre estuvieron apegadas a la legalidad.	El doctor Macaya Hayes fue enfático en que la institución siempre se enfocó en aplicar la Ley 9635, incluso fue la primera institución en iniciar su implementación con la publicación de una circular el 20 de diciembre del 2018.  Como parte de esa disposición institucional, se redujo el tope de cesantía de 20 a 8 años, se aplicó el impuesto al salario y adicionalmente, se adoptaron las disposiciones sobre prohibición y dedicación exclusiva, entre otros parámetros de la ley.	Tras la publicación del primer decreto que reglamentó la citada ley, la institución se abocó a analizar cada disposición para interpretarlas con precisión.  Con ese bloque de legalidad, se suscribió un acuerdo, el 20 de febrero, con las agrupaciones sindicales, sin embargo, al publicarse un segundo decreto, el 22 de mayo pasado, las condiciones de este decreto resultaron inconsistentes con la interpretación del pago de las anualidades y pluses pre-existentes a la ley, que se hicieron basadas en el primer decreto.  Esta situación desencadenó el conflicto entre la institución y las representaciones de los trabajadores.	La regla fiscal no aplica a los regímenes que administra la CCSS, toda vez que estos fueron eximidos por la misma ley, tal fue el caso del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el Régimen No Contributivo, posteriormente, en una resolución del 23 de noviembre del 2018, la Sala Constitucional aclaró que el régimen de Enfermedad y Maternidad también está excluido de esta regla.	Adicionalmente, el jerarca recordó que la Junta Directiva de la CCSS apoya el proyecto de Ley que se encuentra en la Asamblea y que busca regular las huelgas, al tiempo que detalló que el movimiento del pasado agosto tuvo un costo aproximado de ¢7 400 millones para la institución, en una semana de duración.