La gran diferencia entre él, doctor en bioquímica y con una maestría en gestión de sistemas de salud, y el inmenso mundo de pacientes y contribuyentes de la Caja, es que don Román, por la posición que ocupa, debe tener muy en claro que el miedo acelerado no debe convertirlo en víctima de la estrategia de los terroristas. Ha de tener claro que éstos –con sus medidas de presión despojadas de todo sentido ético y de toda estima hacia la esencia y razón de ser de  los  servicios de salud- buscan llenarle de terror para confundir su estado de ánimo y arrastrarlo a la comisión de errores en la gestión del presidente de la Caja y de la cúpula que le acompaña en la administración. Cuidado si no, también, al Presidente de la República.	Y como don Román evidentemente carece de suficiente autonomía de vuelo, no hay más que concluir que él y los demás miembros de la cúpula –incluida la junta directiva donde están los portaestandartes del empresariado que hoy critica con sobrada razón estas controversiales actuaciones- contaron con el aval del Presidente de la República. Lo confirmó el Ministro de Trabajo, Víctor Morales.	Así se consumó una felonía  para con la institucionalidad, el estado de Derecho, el imperio de la ley. Sin duda, la “albinocracia” ha refinado procedimientos y ha hecho patente su habilidad estratégica y táctica a partir del miedo. El miedo como herramienta para domeñar a funcionarios débiles de carácter o ignaros de los deberes del cargo. Cuidado, si no soterrados eslabones de una cadena que está para saltar hacia otra versión política y social.	Los servicios de asistencia en salud pública, los ámbitos de liceos y escuelas, son los espacios en que ahora se juega el desafío al estado de Derecho. Para mayor potencia de golpe, están los artilugios estratégicos que proveen los cierres de vías públicas por allá y por acá, y los controles del acceso a los puertos.	Que las huelgas están prohibidas en hospitales y clínicas; que igual la violencia para impedir el trabajo de terceros; que los actos delictuosos contra personas o propiedades motivan los procedimientos para disolver sindicatos; que los seguros que administra la CCSS están excluidos de la regla fiscal; que el pago nominal de los reajustes en los salarios es un mandato de ley y que quien dispute su pertinencia –los sindicatos en este caso- han de ser los recurrentes –no la Caja- a procesos jurisdiccionales; que el ausentismo laboral injustificado tiene efectos pecuniarios que no deben ser asumidos por el patrono…. ¡Qué importa, pa’eso tenemos mayoría!	He dicho, y lo repito, que aquí hay un pulso ideológico y que al gobierno están tomándole la medida en su capacidad de resistencia y en su aptitud para articular la defensa de la institucionalidad. No se requiere mucho fósforo para sacar  conclusiones, vistos los hechos y comprobadas graves falencias políticas de quienes –apenas nominalmente- llevan las riendas del país.	Cierto, los males que hoy nos exasperan no son gestados por la incompetencia de este equipo de gobierno ni por la “curiosa o artificiosa” incuria del PAC. Pero sí se han agravado en estos años de orfandad política, de ausencia de liderazgos, de crisis de valores. ¡Cuidado si no vamos hacia el despeñadero!