Ciudad de México, 20 sep (Sputnik).- El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, expuso a los familiares de 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014 que la «mala fe» en la investigación sobre el caso podría configurar un «crimen de Estado», dijo el jueves a Sputnik, Humberto Guerrero, uno de los abogados de las víctimas.	Una idea ilustrativa que el fiscal expuso a padres y madres de los jóvenes fue que «él tiene dudas de que la desaparición de los estudiantes fuera un crimen de Estado; pero está seguro de que la investigación realizada de mala fe, sí fue un crimen de Estado», dijo Guerrero, quien acompañó a los familiares en la reunión con el funcionario, celebrada en el Palacio Nacional el miércoles pasado.	En la reunión, en la que participó brevemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, la idea central de Gertz Manero fue que «la fiscalía no puede confiar en las bases de la investigación que dejó la anterior administración; y que se debe reconstruir lo realizado en las primeras horas de las indagatorias».	Gertz Manero, coordinador del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad del centro de análisis Fundar, que integra el equipo de defensa de las familias de los desaparecidos, dijo a esta agencia que «la estrategia de la fiscalía general no trata de tirar a la basura la investigación realizada hasta la fecha, sino convertirla en prueba, con elementos que evidencien una posible actuación de mala fe» de los más altos funcionarios federales anteriores.	Este nuevo enfoque de la fiscalía general autónoma apunta a reconstruir la investigación y determinar la responsabilidad del entonces fiscal Jesús Murillo Karam (2012-2015) y del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, autores de la llamada «verdad histórica», desde el primer momento de la desaparición de los estudiantes.	Gertz Manero señaló también que el voluminoso expediente de más de 150 tomos, construido sobre los hechos que comenzaron la noche del 26 de septiembre de 2014 y que continuaron el siguiente día en Iguala, estado de Guerrero (sur), 220 km al sur de la capital, «está demasiado sucio y debe limpiarse».	Las autoridades consideran que la construcción del expediente, desde las primeras horas, «está plagada de irregularidades, la evidencia apunta a que fue una investigación dirigida a obstaculizar el conocimiento de la verdad», enfatizó el jurista, experto en reglas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en trabajo con víctimas de graves violaciones.	Por su parte, el secretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, planteó en la reunión recuperar toda la información relacionada con los militares del 27 Batallón del Ejército en Iguala y los datos de inteligencia del desparecido Centro Información y Seguridad Nacional (Cisen), que se enlazaba con autoridades federales, estatales y municipales.