Algo tan sencillo, sin embargo, se desacata con las conductas del ciudadano que desafía el mandato de la ley. De la ley nuestra, porque muchos de quienes viajan a otros países sí tienen especial prudencia a la hora de ceñir su conducta a lo que dictan las leyes y reglamentos. Aquí nos saltamos los altos y la luz roja, damos vuelta en “u” y estacionamos a capricho, lo que evitamos allí donde la autoridad tiene una manifiesta presencia y determinación de abrir procesos sancionatorios. Es un desafío que vemos y padecemos en todas vías públicas, nacionales y municipales, repetidamente con grave exposición de la integridad física de las personas cuando no a la pérdida de vidas. Conductores sin casco son abrumadora mayoría, retadores también a las reglas del buen conductor.	He estado por los hermosos espacios abiertos al disfrute del turismo nacional y extranjero en la Península de Nicoya, más precisamente en esas numerosas colectividades que enlaza la carretera nacional de Paquera a Cóbano y mucho más adentro, de una belleza singular que traza un conjunto de positivas perspectivas para el desarrollo.	Pero… cuidado con los precios de bienes de consumo y servicios, abusivos en muchos casos. El ferry Puntarenas-Paquera recibe al turista con el cobro de 1.200 colones por un granizado en vaso pequeño, y sin leche en polvo. Platos de menú en más de un establecimiento lo cobran arriba de 15.000 colones. La factura electrónica brilla por su ausencia, no en todos los sitios por supuesto. Un malicioso comerciante sonríe con las limitaciones físicas y tecnológicas de las autoridades llamadas a supervisar la aplicación de la ley 9635. Sencillamente las oficinas de Hacienda no tienen los equipos ni los vehículos ni el personal para atender la misión fiscalizadora de una región asignada y que va desde la punta de la Península hasta  los cantones de Corredores y Golfito.	Si don Rodrigo Chaves, recién incorporado como titular al Ministerio de Hacienda, pretende asegurar una aplicación justa y pareja de la ley, ha de empezar por proveer de las herramientas indispensables a sus oficinas regionales y de inculcar al personal las reglas fundamentales de supervisión ética de los contenidos de la ley.	No se trata de descargar todo el aparato policíaco a la mano del Ministerio de Hacienda sobre quienes ya tributan; es que además de velar porque lo hagan religiosamente, también está la razón de ser, el sentido y el significado de perseguir la informalidad. “Observar y defender las leyes de la República”, dice el juramento constitucional. Solo sí podrá ganar Hacienda autoridad moral.