En la operación participaron la cancillería y otras agencias del Gobierno federal, mientras una delegación de alto nivel que encabeza el canciller Marcelo Ebrard negocia con EEUU la exigencia de contener la ola de indocumentados so pena de aranceles que serían impuestos a sus exportaciones a partir del 10 de junio.	Una metodología de seguimiento del supuesto lavado de dinero colocó alertas por el tráfico de personas migrantes, «específicamente caravanas de migrantes hacia México desde octubre del 2018 a la fecha», cuando se intensificó el ingreso de varios miles de inmigrantes, 85 por ciento de ellos centroamericanos y la gran mayoría hondureños.