En este país existe una «necesidad de escrutinio sobre las detenciones», que se presentan con bombos y platillos por las autoridades, debido a que «no se conocen los desenlaces de los procesos en los poderes judiciales, ni las decisiones de los jueces, y queríamos saber cuándo se logran sentencias o si existe otra resolución, y qué pasaba después de las detenciones».	Entre los detenidos figuran personajes presentados ante los medios como éxitos de la guerra contra el crimen organizado, como Omar y Miguel Ángel Treviño Morales, líderes del Cártel de Los Zetas integrado por exmilitares; Vicente y Alberto Esteban Carrillo Fuentes, hermanos del llamado «Señor de los Cielos», quien fuera el líder del Cártel de Juárez; Servando Gómez Martínez, fundador de los Caballeros Templarios; y Alfredo Beltrán Leyva, del cártel que lleva sus apellidos, entre muchos otros.	Otra dificultad de realizar el estudio, explica, es que «el trabajo de investigación es muy costoso y requiere de mucho tiempo y recursos, además de medios o instituciones que quieran apostarle a trabajos de calidad y de largo aliento, que muchas veces no coinciden con las expectativas de corto plazo de los editores».	De las 13 sentencias diez de ellas fueron por delitos menores de portación de armas con penas de uno a cinco años, como en el caso de Sandra Ávila Beltrán, apodada la «Reina del Pacífico», una por lavado de dinero, en el caso de Vicente Carrillo Leyva, y solo dos por delincuencia organizada.	Si el reciente operativo contra Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre pasado, hubiera ocurrido con éxito durante los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), «nada garantizaba que pudiera quedarse en prisión por delitos relacionados con el narcotráfico», concluyen las investigadoras.