Ante este escenario, Sánchez llamó a un adelanto electoral –celebrado el 28 de abril– en el que su partido (PSOE) se afianzó como la primera fuerza política tras una campaña de guante blanco entre las formaciones de izquierdas, que dejaron de confrontar entre ellas para movilizar al electorado ante la ultraderecha.	España había sido hasta 2019 uno de los pocos países europeos libres de ultraderecha, pero eso cambió con la irrupción de Vox –formación antinmigración que entre otras cosas aboga por eliminar leyes contra la violencia de género– en las elecciones generales de abril, el auge de Vox se contuvo por debajo de lo que pronosticaban las encuestas, aunque eso no impidió su entrada en el Congreso.	Esos comicios afianzaron el liderazgo de Sánchez, pero no deshicieron el nudo gordiano de la política española, incapaz de encontrar estabilidad después de que la crisis económica hiciera saltar por los aires el sistema de partidos, propiciando una mayor fragmentación y la ausencia de mayorías claras gracias a la entrada de nuevos actores.	Ese fracaso se produjo a pesar de que Sánchez lo tenía todo de cara, ya que incluso los independentistas catalanes de ERC estaban dispuestos a facilitar su investidura. Lo único que necesitaba era un acuerdo con la formación izquierdista Unidas Podemos (UP), liderada por Pablo Iglesias, dispuesta a construir un Gobierno de coalición junto al PSOE.	Sin embargo, las conversaciones quedaron paralizadas el 19 de diciembre, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló que Oriol Junqueras –exvicepresidente catalán y líder de ERC– debió recibir inmunidad como eurodiputado tras su elección en mayo, algo que fue impedido por el Tribunal Supremo, que lo mantenía en prisión provisional.	Este lunes la representación del Estado presentó un escrito en el que –al contrario que la Fiscalía– se muestra favorable a que Junqueras pueda abandonar la prisión de forma provisional para acreditarse como parlamentario, aunque también solicita presentar un suplicatorio al Parlamento Europeo para que se retire la inmunidad del líder catalán.	A la espera de que se produzca una reacción de forma oficial por parte de ERC, diversos medios locales reportaron que la decisión de la Abogacía del Estado contentó a los independentistas, que en los próximos días podrían anunciar un acuerdo para abstenerse en la investidura de Sánchez, lo que con toda probabilidad garantizaría el éxito de la misma.	Una vez se produzca ese anuncio –si es que finalmente se produce, ya que todo el proceso de negociación está marcado por la incertidumbre– Sánchez se lanzará a una sesión de investidura a la carrera, posiblemente en la primera o segunda semana de enero, para evitar cualquier eventualidad que le vuelva a arrebatar una investidura que 2019 le negó, pese a ganar dos elecciones. (Sputnik)