«Hoy (miércoles) el secretario interino de Seguridad Interna, Kevin K. McAleenan, y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, anunciaron una regla que pone fin a las previsiones centrales y relevantes del Acuerdo Conciliatorio de Flores (…) lo que es importante es que esta regla permite poner fin al Acuerdo de Flores», dice el comunicado.	El Acuerdo Conciliatorio de Flores se refiere a un litigio iniciado en 1985 por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en favor de la entonces adolescente salvadoreña Jenny Lisette Flores, quien a los 15 años huyó de la violencia en su país para vivir con una tía en EEUU y fue detenida por las autoridades migratorias por no tener los papeles en regla.	La ACLU alegó que la detención indefinida de menores violaba la Constitución y las leyes migratorias, y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que falló en 1993 a favor de Flores, dando lugar a un acuerdo conciliatorio firmado en 1997 por el entonces Gobierno de Bill Clinton (1993-2001) y la demandante, que estableció las condiciones mínimas para el trato de menores migrantes no acompañados.	Esos estándares estipulan que las autoridades federales deben entregar a los niños a cualquier familiar o amigo cercano de la familia «sin demoras innecesarias», en lugar de mantenerlos bajo custodia, y que, de ser necesaria esta, debe aplicarse en las condiciones «menos restrictivas posibles» y en ningún caso por más de 20 días.	Para el Gobierno de Donald Trump el Acuerdo Flores en un «agujero legal» que alienta a los migrantes a viajar con sus hijos cuando cruzan la frontera, de forma de tener más posibilidades de ser liberados tras una breve detención en EEUU, para hacerse cargo de los niños, y correr menos riesgos de deportación.	«Este es otro ataque cruel a los niños, a los que la administración Trump toma una y otra vez como blanco de sus políticas contra los inmigrantes. El Gobierno, para empezar, no debería estar encarcelando niños, y ciertamente no debería intentar poner más niños tras las rejas por más tiempo», dijo en una declaración la consejera legal de ACLU, Madhuri Grewal.