El artículo 268 del Código Integral Penal sobre prevaricato, que la fiscalía quiere imputarle a la jueza, castiga el delito con prisión de tres a cinco años para quienes fallen contra la ley en perjuicio de una de las partes, hagan lo que prohíbe la ley o dejen de hacer lo que manda.	En las movilizaciones y protestas de octubre hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo, bloqueos de carreteras, incendios intencionales, cortes del suministro de agua, daños a instalaciones de producción de petróleo y una serie de actos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación, hechos sin precedentes en la historia de este país andino.