Londres, 8 Dic. (EUROPA PRESS).- La demanda de un segundo referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea no ha logrado la preeminencia esperada en la campaña de las generales británicas del próximo jueves y su supervivencia ya no depende de su poder de convicción en la calle, sino del improbable fracaso de los conservadores del primer ministro Boris Johnson en su acometida por obtener la mayoría absoluta.	Pese a las ventajas que parecían ofrecer unos comicios en clave de Brexit que, crucialmente, constituyen la última oportunidad para quienes aspiran a revertir el veredicto del 23 de junio de 2016, la viabilidad de una nueva consulta se halla intrínsecamente subordinada al saldo que Johnson recabe este jueves: si obtiene los resultados que los sondeos anticipan para los conservadores, el viaje habrá terminado para las pretensiones de ‘People’s Vote’ (‘Voto Popular’).	El ansia que en los últimos tres años había logrado reunir a cientos de miles de personas en las sucesivas marchas convocadas por la plataforma ha quedado progresivamente silenciada en la cuenta atrás del 12-D, huérfana de liderazgo ante la tibieza laborista y el paulatino hundimiento de los liberal-demócratas, una formación que preconiza la controvertida revocación automática de la salida.	La resonancia de la apelación directa de Johnson, con un sencillo ‘Materialicemos el Brexit’, el magnetismo de su consistente superioridad en las encuestas y la perjudicial ambigüedad de la oposición en la materia completan el tríptico que ha condenado el anhelo del segundo plebiscito al ostracismo electoral: mientras el ‘premier’ ha hilvanado su retórica exclusivamente en torno a la ruptura, Jeremy Corbyn ha intentado desviar al máximo la atención de la misma, consciente de que supone uno de los flancos más vulnerables de su cuestionada misión hacia el Número 10 de Downing Street.	Esta polarización de los principales partidos deja a los defensores de la continuidad en tierra de nadie, si bien el declive durante la campaña responde también al descabezamiento precipitado por los serios enfrentamientos que desde hace meses mantienen los promotores de la iniciativa. Sus disputas públicas han menoscabado la causa de la permanencia y una labor que había surgido como movimiento cívico ha sufrido para adaptarse a la realidad de partidos de una contienda electoral.	La fractura estuvo parcialmente originada por visiones estratégicas contrapuestas entre el frente que defendía actuar de inmediato para precipitar un nuevo referéndum y quienes abogaban por simplemente allanar el terreno, a la espera de que las circunstancias fuesen favorables para garantizar una convocatoria que, en última instancia, tendría que amparar el tejido político.	Adicionalmente, los personalismos y la falta de compromiso del Laborismo a favor de continuar en la UE han contribuido a la asfixia de una reivindicación que este jueves afronta el todo o nada: solo si los ‘tories’ no alcanzan la hegemonía habría una ventana de oportunidad en Westminster, puesto que las fuerzas que respaldan la consulta podrían imponerla como condición para aprobar la ley necesaria para materializar la ruptura.	Esta es la tesis que sostiene la compleja operación de voto táctico promovida en todo el país. Más que provocar un cambio de gobierno, su propósito pasa por privar a los conservadores de la mayoría absoluta, una aspiración para la que han tirado de un intrincado entramado digital y una sofisticada ofensiva en las redes sociales para hacer saber a los votantes qué opción elegir en sus respectivas circunscripciones para impedir que Johnson obtenga el único resultado que le valdría para acometer sus planes.	En este caso, el plebiscito ofrecería, con toda probabilidad, la elección entre su propuesta de Brexit o la continuidad en la UE. Dada la adhesión unánime de los candidatos ‘tories’ al documento firmado con Bruselas el pasado mes de octubre, resulta impensable que abandonar sin acuerdo constituya una alternativa, puesto que incluso los euroescépticos más recalcitrantes de la derecha británica han dado su bendición a la fórmula patrocinada por el líder.	La ventaja de este escenario es que, a diferencia de 2016, la votación podría ser vinculante. Hace tres años y medio, el veredicto tuvo un innegable peso político, pero carecía de validez legal, puesto que lo único esbozado en las urnas era el principio del Brexit, sin hoja de ruta para ejecutarlo. Una consulta que incluyese un documento formal, por el contrario, disfrutaría de una legitimidad irrefutable y, crucialmente, aplacaría al frente anti-UE, que obtendría garantías reglamentarias ante un escenario que, inevitablemente, consideraría una traición.	No en vano, la posibilidad de que el Laborismo logre formar gobierno semeja remota, de acuerdo con el consenso demoscópico, si bien si Corbyn consigue lo imposible, el referéndum sería una realidad. Así, la oposición ha prometido renegociar el pacto de Johnson y someterlo a votación popular, con la opción de la permanencia como alternativa y, todo ello, en seis meses, un plazo tan ajustado que expertos constitucionales lo han considerado virtualmente inviable.	El mínimo necesario para convocar un plebiscito serían 22 semanas, según The Constitution Unit, un grupo de estudio del University College London que revela la imposibilidad de apurar plazos, debido a la obligación legal de garantizar un cumplido escrutinio de un proceso cuya imparcialidad debe quedar fuera de duda. La mera legislación requeriría de once semanas durante las que habría que resolver cuestiones peliagudas, como la pregunta, quiénes votarían, o qué normas imperarían.	La Comisión Electoral, paralelamente, adquiriría un papel fundamental para asegurar, entre otros factores, que la cuestión a consulta es comprensible para el electorado, una tarea que llevaría hasta doce semanas y que tendría que quedar completada antes de que la Cámara de los Comunes autorizase el referéndum. La campaña, por su parte, duraría diez semanas, de acuerdo con la normativa vigente, incluyendo seis para constituir los bandos oficiales de la contienda, ya que, a diferencia de unas elecciones ordinarias, el protagonismo no sería para partidos políticos establecidos.