Quito, 9 dic (Sputnik).- Abogados y familiares de tres integrantes del movimiento político que encabeza el expresidente de Ecuador, Rafael Correa (2006-2016), acusados de rebelión durante las protestas de octubre en Ecuador, pidieron el lunes al canciller José Valencia la conformación de una mesa para concertar las medidas cautelares pedidas a su favor por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 6 de diciembre.	«Solicitamos a usted se conforme de manera urgente una mesa de concertación de medidas cautelares, integrada tanto por el Estado ecuatoriano (…) cuanto por los representantes de la abogada Paola Pabón, prefecta de Pichincha; del doctor Virgilio Hernández, secretario ejecutivo del Movimiento Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana; y del señor Christian González Narváez, coordinador Nacional de Acción Política del citado movimiento», dice la misiva enviada al ministro de Exteriores y a la cual Sputnik tuvo acceso.	El viernes, la CIDH pidió a Ecuador que «adopte medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal» de Pabón, Hernández y González, «particularmente valorando e implementando aquellas medidas más apropiadas a las circunstancias personales de cada uno de los beneficiarios y que permitan crear las condiciones que aseguren y respeten sus derechos».	El lunes, la CIDH dijo en un comunicado que para pedir las medidas cautelares tomó en cuenta la polarización que se habría agudizado en Ecuador, especialmente a raíz de las protestas sociales de octubre en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles decretada por el Ejecutivo, con la subsiguiente declaración del estado de excepción y numerosas vulneraciones a derechos humanos que presuntamente tuvieron lugar.	El comunicado enfatiza que aunque las autoridades de Ecuador han dicho que los procesos penales cumplen con el debido proceso, el Estado no aclaró que se haya efectuado un análisis sobre la alegada situación de riesgo a la vida e integridad personal, considerando el perfil y particularmente la gravedad de los alegatos sobre la existencia de serias amenazas contra Pabón, Hernández y González.	Durante las movilizaciones y protestas de octubre en Ecuador hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo, bloqueos de carreteras, incendios intencionales, destrucción de propiedades públicas y privadas, cortes del suministro de agua, daños a instalaciones de producción de petróleo y una serie de actos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación, hechos sin precedentes en la historia del país andino.	Datos del Ministerio de Gobierno dan cuenta que durante las jornadas de protesta 42 ambulancias fueron agredidas, 435 policías heridos, más de 400 agentes de la policía y militares retenidos contra su voluntad, y en varios casos sometidos a vejaciones y malos tratos, además de 26 unidades de Policía Comunitaria destruidas y 108 vehículos policiales afectados, algunos de ellos incinerados. (Sputnik)