«El órgano de control busca determinar la existencia de supuestas irregularidades denunciadas por el diario norteamericano The New York Times (NYT), sobre la presunta implementación de una política al interior del Ejercito Nacional que podría ser similar a la que desencadenó los llamados «falsos positivos'», indicó la Procuraduría en un comunicado.	El pasado 18 de mayo, el NYT publicó un artículo del periodista Nicholas Casey titulado «Las órdenes de matar del Ejército ponen en riesgo a civiles», según el cual documentos privados del Ejército a los que tuvo acceso el reportero, así como los testimonios de tres militares, dejaban ver un posible impacto en el incremento de muertes extrajudiciales de civiles.	Luego de una polémica que se generó en el país a raíz de la publicación, el pasado lunes el Comando del Ejército de Colombia anunció que retirará el documento presentado a las tropas en enero de este año, que contaba con la aprobación del Gobierno, mediante el cual se ordenaba aumentara sus resultados operacionales.	Entre 2002 y 2008 (durante el gobierno del derechista Álvaro Uribe), brigadas del Ejército en todo el país asesinaron de manera extrajudicial a miles de civiles para reportarlos como guerrilleros caídos en combate, en lo que se conoce como casos de «falsos positivos», con los cuales los militares recibían ascensos y beneficios.	Los tribunales colombianos condenaron a más de 800 miembros del Ejército por ejecuciones extrajudiciales, en su mayoría soldados y suboficiales, aunque las autoridades no han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre los altos mandos del Ejército y, por el contrario, han ascendido de rango a militares presuntamente implicados en ese tipo de hechos.