Río de Janeiro (Brasil), 5 dic (Sputnik).- La denuncia contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ante el Tribunal Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, por crímenes contra la humanidad, tiene carácter preventivo y quiere evitar una tragedia, dijo a Sputnik una de las autoras de la demanda, la abogada Juliana Vieira dos Santos.	«Siempre que el tribunal aprecia casos gravísimos, como el genocidio de Ruanda, vemos que existe una preocupación en saber cómo se llegó a esa situación, cuál fue el contexto; lo que estamos afirmando es que estamos en ese momento de incitación: hay una deshumanización (de los indígenas), un discurso que hace que la base de apoyo (de Bolsonaro) tome decisiones violentas… El desafío es que el tribunal mire no sólo situaciones límite, sino que pueda evitar una tragedia», explicó la abogada.	Para Vieira dos Santos, la petición tiene una especie de función «preventiva», pero remarcó que el mero hecho de incitar a la violencia contra un grupo determinado de la población ya es un crimen previsto por el TPI, y que hay numerosas evidencias de que Bolsonaro transformó en «política de Gobierno» el impulso a los ataques a tierras indígenas.	La jurista cita, por ejemplo, la negativa de Bolsonaro a delimitar nuevas tierras indígenas, el hecho de que la Fundación Nacional del Indio (Funai, el organismo que se encarga de proteger a las comunidades nativas en Brasil) haya sido prácticamente vaciada de contenido o que el Gobierno esté impulsando la aprobación de actividades mineras dentro de esos territorios.	Las dos entidades justificaron recurrir a esta corte internacional al considerar que en Brasil no habría un camino eficiente para profundizar en la denuncia; en este sentido, la abogada remarcó las dificultades crecientes que hay en su país para que las instituciones puedan realizar una investigación de forma independiente e imparcial.	Así, citó a modo de ejemplo las «sucesivas interferencias» en el alto mando de la Policía Federal por parte del presidente para proteger a su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, de la investigación en un presunto caso de corrupción, o el hecho de que el mandatario escogiera como Procurador General de la República a una persona «alineada con sus intereses», poniendo fin a la tradición que se venía respetando durante toda la democracia de que el jefe de Estado designara en ese puesto a alguien recomendado por el propio sector de fiscales brasileños.	Brasil apoyó la creación de esta corte a través del Estatuto de Roma, adoptado en 1998 al considerar que una corte penal «eficiente, imparcial e independiente» representaría un gran avance en la lucha contra la impunidad de los delitos internacionales más graves, según destaca la Cancillería en su página web. (Sputnik)