“En el 2018 el costo de las reparaciones derivados de los atentados y las válvulas ilícitas en los sistemas de transporte fue cercano a los $157.000 millones de pesos, recursos que se hubieran podido invertir en programas sociales en las regiones de influencia”, señaló un vocero de Ecopetrol consultado sobre el tema.	“Es importante mencionar que en algunos casos las consecuencias de las acciones terroristas han trascendido hasta tal punto que las comunidades que obtienen el agua de dichas afluentes, se han quedado temporalmente sin el servicio de agua potable como es el caso del municipio de Tibú donde recientemente se tuvo que cerrar la bocatoma del acueducto como consecuencia válvula ilícita”,