La Unidad fue creada luego de la firma final del acuerdo de paz. En este caso, se hace un rediseño de la Fiscalía para enfrentar el posconflicto, que no solamente es la seguridad ciudadana, el impacto al crimen organizado y la renta ilícita que puede estar en los grupos al margen de la ley.	En el rediseño, la unidad especial queda dentro de la estrategia o al lado del Fiscal General, que implica que debemos ser transversales a la delegada de finanzas criminales, el crimen organizado y la seguridad ciudadana esto teniendo un primer objetivo, que es esclarecer los homicidios de excombatientes lo que nos llevó a establecer una estrategia.	En Norte de Santander tenemos una unidad en Cúcuta, en Putumayo estamos en Puerto Asís, en Norte del Valle tenemos asignación en Buga, tenemos todo lo que tiene que ver con Antioquia con sede en Medellín, también hay itinerante en Córdoba y por último en Meta. En esas zonas no solo estamos esclareciendo homicidios de excombatientes también lo que hacemos es establecer quien ordenó el homicidio de los exguerrilleros.	En la unidad tenemos claro que el ‘Clan del Golfo’ tiene responsabilidad en ocho asesinatos, las disidencias de las Farc tiene 24 homicidios, es la principal estructura al margen de la ley que revictimiza a los excombatientes, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) tiene siete casos, el Epl o los denominados ‘Pelusos’ tiene cinco, organizaciones tipo c (grupos armados organizados que operan a nivel local), 7, y la Fuerza Pública tiene dos.	Esclarecer los homicidios de los excombatientes no es fácil. Nuestros homicidios no suceden en la vereda cerca, por lo general quedan en las veredas del “nunca jamás”. Sin embargo tenemos un rango de esclarecimiento de uno a cuatro meses. De resto debemos entrar al territorio a verificar quienes son los responsables.	Lo que podemos decir es que tenemos una estrategia con fiscales que le notifican a la UNP. La entidad debe informar si el excombatiente amenazado tiene un esquema de seguridad, en caso de tenerlo se pide que verifiquen el riesgo que tiene, y si no tiene esquema lo ideal es identificar el riesgo y si es necesario sacarlo de la zona.	No. Hay una violencia generalizada por estos grupos al margen de la ley. Por ejemplo en El Tarra, allá fueron 10 personas muertas, eso ocurrió en julio de 2018. Cuando nosotros miramos la calidad de las personas que fallecieron, nos quedó un saldo de un líder social, cuatro excombatientes y cinco personas de la comunidad. A esto no se le puede decir que hay algo sistemático.