Una realidad innegable es la influencia que los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, tienen en la formación de la opinión pública. Estos inciden de forma inexorable en las creencias de los ciudadanos. A partir de la siembra de reiterados mensajes mediáticos en sus mentes, los llevan a unas “convicciones predeterminadas” y generan tendencias que pueden impactar negativa o positivamente en la comunidad.	Son innumerables los casos en los que el periodismo ha desenmascarado la conducta criminal de personajes que hubieran evitado su justa sanción, de no haber mediado la denuncia valiente de los informadores. Sin embargo, hay que reconocer que, en ocasiones, algunos actores de esta ocupación llevados por pasiones subjetivas, desvían el camino correcto de su rol y caen en la manipulación mal intencionada.	En las últimas semanas, las noticias y comentarios en los espacios hablados y escritos giraron alrededor del caso Santrich. Al margen de su condición de posible responsable por los delitos que le imputan, desde importantes cargos pontificaron sobre los hechos e incluso anticiparon, sin ser jueces, la propia sentencia de condena al inculpado. En similar forma, a raíz de recientes decisiones de las altas cortes, algunas altas dignidades oficiales, que deberían dar ejemplo de respeto a las instituciones, se han dedicado a hacer apología pública sobre el desconocimiento de las providencias adoptadas por la justicia. Por su parte, ciertos periodistas y comentaristas han hecho eco de estas apreciaciones de manera imprudente, sin medir los efectos nocivos de sus acciones.	En la participación en este ‘mal juego’, algunos lo hacen de mala fe, movidos por torcidos intereses politiqueros. Otros creen, ingenuamente, que están prestando un buen servicio a la sociedad. Lo cierto es que unos y otros no están sino perjudicando a la Patria. Este proceder reiterado construye el camino hacia el deterioro del ‘Estado social de derecho’ que rige en Colombia y, de persistir el mismo proceder irresponsable, con seguridad la llevará a un final imprevisible y doloroso para todos.	Imagine el lector por un segundo, que lo que ahora algunos de forma emotiva estiman como ‘lo correcto’, fuera el normal parámetro que rigiera en Colombia. Tendríamos un país en el cual no existiría diferencia entre las ramas del Estado. En los procesos judiciales se perdería la presencia del gran triunfo logrado en 1789 con la “declaración universal de los derechos del hombre y el ciudadano” que conlleva, entre otras, las garantías propias del debido proceso, la autonomía e imparcialidad de los jueces y fiscales, y la presunción de inocencia. Un escenario así sería el regreso a las oscuras épocas de la inquisición, las monarquías y los déspotas o a las, incluso recientes, de los dictadores.	Para evitar estas situaciones y poner límites a los posibles abusos, es que existe la división de poderes públicos independientes y el deber constitucional para quienes los ejercen, de no hacer nada diferente a lo que la misma ley les permite. Los juicios y las condenas en una sociedad civilizada deben respetar las normas que las regulan. Todos los actores que integran la organización estatal deben actuar dentro del marco de la Constitución y la ley para asegurar la integridad de la democracia. Solo en la medida en que los parámetros aquí mencionados sean acatados por todos los funcionarios y, además, los líderes y creadores de opinión eviten legitimar y promover su desconocimiento, el país podrá estar tranquilo para no caer en ejemplos dolorosos como el de nuestra vecina Venezuela.