La función preventiva que ha propuesto el Contralor General de República, Carlos Felipe Córdoba, a través de un proyecto de acto legislativo que cursa en el Congreso de la República, es una iniciativa de la mayor importancia que seguramente va a evitar en el futuro inmediato que se sigan adjudicando contratos públicos a dedo, sin los requisitos plenos y garantía de transparencia en el proceso de adjudicación. Y, por supuesto, va a evitar futuros despilfarros, sobrecostos en las obras de concesión y varias demandas económicas contra el Estado.	Esta es una iniciativa que no debería tener ningún tipo de oposición o crítica de ningún sector político ni gremial. Hay que dejar de tenerle miedo al control preventivo si se están haciendo bien las cosas. Hay que romper el paradigma de que, si hay más control, habrá menos descentralización funcional. Esa es pura carreta barata de quienes pretenden seguir manipulando y controlando las convocatorias y licitaciones públicas en este país. Dicen por ahí, que “cuando uno se roba algo, ve policías por todos lados”.	Se trata de ejercer un control fiscal preventivo cuando existan sospechas de alto riesgos en procesos de adjudicación y ejecución de contratos públicos. ¿Se imaginan los billones de pesos que se habría ahorrado el Estado en los últimos cuatro años, si la Corte Constitucional no le hubiese quitado este mecanismo de control preventivo y advertencia en los procesos licitatorios y adjudicación en los contratos públicos?	Además de lo anterior, este proyecto -que va para séptimo debate en el Congreso- busca unificar la competencia que tiene la Contraloría General de la República, con las contralorías territoriales, que hoy funcionan autónomamente. Hace unos años, el excontralor Edgardo Maya Villazón, había propuesto suprimir las 63 contralorías regionales y unificar la función del control fiscal del Estado en una única Contraloría General, que asuma la vigilancia fiscal y la auditoría sobre los recursos públicos de todos los niveles territoriales.