Entre cinco y seis demandas por el momento, según explicó a Efe el "procurador especial" de Venezuela, José Ignacio Hernández, quien fue designado en el cargo por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, a quien casi 60 países reconocen como presidente interino. La minera canadiense Crystallex, los compradores del bono Pdvsa 2020 y, recientemente, la petrolera estadounidense Conocophillips son algunos de los acreedores más conocidos que reclaman activos de Citgo.	Conocophillips: el resultado de la demanda de la minera canadiense contra Venezuela impulsó a la compañía estadounidense, que pidió a finales de noviembre a un tribunal que los activos de Citgo sirvan también para pagar una expropiación equivalente a 2.000 millones de dólares en el país caribeño ocurrida en 2007.	El Gobierno de Maduro no toma en cuenta los actos del Legislativo debido a que fueron declarados nulos, casi desde su instalación, por no acatar una sentencia del Tribunal Supremo que fue emitida por un supuesto fraude en la elección de tres diputados. Desde 2017, Venezuela ha presentado retrasos en el pago de la deuda contraída por estos bonos, y un grupo de acreedores puso a Citgo en el punto de mira.	Este año, el Parlamento declaró que la deuda contraída por estos bonos era ilegal, luego de que el jefe de la Cámara, Juan Guaidó, se autoproclamara presidente interino de Venezuela al considerar ilegítimo a Maduro y tomara el control de Citgo, gracias al apoyo que le ha dado Estados Unidos. Los bonos se encuentran en este momento en "default" porque se incumplió con un pago de 913 millones de dólares en capital e intereses que correspondían a octubre pasado y que la gestión de Guaidó no tenía cómo pagar.	Según explicó a Efe Hernández, los demás casos de demandas contra Citgo son similares y están relacionados con la deuda contraída por el Gobierno chavista, estimada por el Parlamento entre 150.000 y 160.000 millones de dólares. Pese a ello, ninguno de los acreedores ha podido tomar el control de Citgo.	El Gobierno de Estados Unidos, que ha dado un espaldarazo a Guaidó, ordenó en agosto pasado el bloqueo de las propiedades estatales de Venezuela en ese país y esta medida ha impedido el avance de Crystallex contra el complejo refinador. Además, el pasado 24 de octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la licencia general Nº 5-A que prohíbe por 90 días a los tenedores del bono Pdvsa 2020 ejecutar la garantía que les otorga la mayoría accionarial de Citgo.	El Gobierno venezolano no se ha pronunciado sobre el caso específico del bono Pdvsa 2020, pero sí ha acusado a Guaidó, Estados Unidos y Crystallex de "robarse" Citgo. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, acusó directamente a Guaidó de liderar una "organización criminal", y ha rechazado por "insólita" la decisión del tribunal de EE.UU. de autorizar el embargo de Citgo por parte de Crystallex.	Rodríguez señaló el pasado 1 de octubre al procurador especial designado por Guaidó como la "mente criminal" de la trama y sostuvo que fue nombrado en el cargo "para impedir" que el Gobierno de Maduro "defienda" los activos de Venezuela en el exterior. "Para eso fue colocado él allí y para imponer esa falsa tesis antijurídica de que puede confundirse a la República con cualquier otra persona jurídica. ¿Para qué? Para ir contra los activos, que es lo que está ocurriendo en este momento", dijo.	La oposición venezolana culpa a Maduro y al fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) por la actual situación de Citgo con los acreedores. "Las expropiaciones y acciones irresponsables del régimen pusieron en riesgo el patrimonio nacional", dijo Guaidó en Twitter en julio pasado. Pese a todo esto, los riesgos potenciales sobre Citgo siguen, dijo Hernández, que además indicó que la solución es el "refinanciamiento de las obligaciones que están siendo cobradas o intentando cobrarse" en contra de la compañía.