Así lo dio a conocer la directora general del Instituto Colombia de Bienestar Familiar (ICBF), Juliana Pungiluppi, quien dijo ayer en Cartagena que el mismo departamento ocupa el puesto 14 en casos de violencia por maltrato en contra de menores de edad en el país, con 149 procesos administrativos de restablecimiento de derechos abiertos por ese motivo entre enero y septiembre de 2019.	Explicó que “existe un círculo vicioso de violencia relacionado con el castigo físico que se debe terminar. Por una parte, entornos violentos incrementan el riesgo de que los padres utilicen el castigo físico, y por otra, los niños que son expuestos al castigo físico tienen un mayor riesgo de presentar un desarrollo cerebral atípico, menor desarrollo cognitivo y problemas en desarrollo socioemocional, salud mental y de agresión, al igual que menores niveles de prosocialidad. Esto los hace más vulnerables o propensos a ser impulsivos y manejar inadecuadamente sus emociones (por razones neuronales) y, potencialmente, a incurrir en comportamientos riesgosos como el consumo de sustancias psicoactivas o cometer actos delictivos”.	De otro lado, se identificó que “la principal razón para que las víctimas, o personas cercanas a una víctima, no reporten el caso, es que no creyeron que la violencia contra niñas, niños y adolescentes fuera un problema. Quienes sí lo consideraban, manifestaban temor a tener problemas si se atrevían a denunciar o porque sintieron que la victimización que sufrieron fue culpa suya. La suma de estos factores es conocida como ‘naturalización’ o ‘normalización’ de las violencias contra niñas, niños y adolescentes; y ha sido identificado como uno de los principales obstáculos para prevenir e intervenir”.