Aunque no hay estadísticas históricas, magistrados consultados aseguran que en los últimos 20 años han sido recurrentes los fallos en las altas cortes para atajar los abusos de los contratos por prestación de servicios, usados por empleadores para evitar pagarles a sus trabajadores lo que les correspondería si tuvieran un contrato laboral.	Lo hizo al estudiar la demanda laboral de Lilia Fanny Hurtado Pardo, quien en 21 años tuvo 57 contratos de prestación de servicios con el Instituto de Seguros Sociales (ISS), hoy en liquidación. Su vinculación –mediante la que cumplió funciones de mecanógrafa, secretaria y administradora– se prolongó hasta el 2013, cuando fue despedida sin justa causa.	Por ese tipo de vinculación, el 8 de abril de 1999, cuando tuvo un hijo, no se le pagó la licencia de maternidad ni de lactancia, hasta que en mayo del 2000 la despidieron. Su caso se encontraba en una lista de 16 contratos que para 1998, según la Contraloría, eran vinculaciones permanentes disfrazadas de temporales.	Si bien la prolongación en el tiempo de un trabajo es un indicativo de que el empleo no debería darse por prestación, la Corte Constitucional ha reconocido que, incluso, en contratos cortos las entidades también podrían estar ocultando una vinculación laboral. Es el caso de María Eugenia Leyton Cortés, contratada por prestación de servicios en el Fondo de Vigilancia del Distrito en el 2015 –para atender la línea de emergencias– y despedida en el 2016.	El tribunal encontró que si bien su contrato podía ser temporal (porque las funciones eran para un programa específico del Distrito), como la trabajadora cumplió un horario y funciones subordinadas, su vinculación no respondía a una prestación de servicios, sino a un vínculo laboral por el que se le debieron pagar todas sus prestaciones.	Martínez se vinculó a esta empresa en el 2011, y en el 2012 le diagnosticaron un cáncer de ovario y de colon que la tuvo por fuera de la vida laboral un año. En el 2013 volvió a la empresa, pero al mantener dificultades en su salud, fue despedida en el 2017, sin autorización del Ministerio de Trabajo.	Por casos como estos, la Corte Constitucional recordó en diferentes fallos que “la garantía de la estabilidad laboral reforzada”, es decir, las limitaciones que tienen las empresas para desvincular a personas en condiciones especiales, es una exigencia que se les hace a los empleadores sin importar el tipo de vínculo laboral, aun si el contrato es por prestación.