Tras 211 días que han transcurrido desde que el presidente Iván Duque nombró su cúpula militar, un hecho marcó un giro en el timón por parte de su gobierno hacia la ruta de la seguridad democrática. Este suceso trajo consigo, entre otras cosas, una espesa incertidumbre en torno a las prácticas que se desprenderían del Ejército frente a las posibles violaciones de derechos humanos.En la opinión pública se volvió a hablar de ejecuciones extrajudiciales, que los medios de comunicación decidieron llamar ‘falsos positivos’ hace más de una década. Aunque para los más escépticos ese panorama era lejano, por medio de revelaciones se empezó a conocer que en Colombia se estaba asomando el fantasma de la práctica de incentivos y resultados; un proceder que en el pasado dejó cerca de 10.000 personas asesinadas que fueron presentadas como combatientes y que no lo eran.	Publicidad. Dos nombres han sido los más predominantes en torno al escándalo al interior de las FFMM: el comandante del Ejército Nacional, Nicacio de Jesús Martínez Espinel y el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Tal como ya lo había advertido el director de la Fundación Paz & Reconciliación — PARES, León Valencia, la polémica está dada de manera estructural en las FFMM tras la doctrina militar belicista que, en vez de encaminarse a ser una política en clave de posconflicto, le ha apostado a las lógicas de la seguridad democrática.	De esta forma, la presencia de Martínez Espinel en el ojo del huracán se volvió costumbre. El más reciente escándalo que pesa sobre sus ‘cuatro soles’ tiene que ver con el malestar que ha generado en las altas cúpulas del Ejército el hecho de que en la prensa se esté conociendo información alrededor de las prácticas que buscan doblar las cifras de resultados de 2018 a 2019 bajo la directriz de “hacer lo que sea para generar resultados”.	En la revista Semana se reveló la existencia de unos formatos que tienen la firma de altos oficiales del Ejército —de puño y letra— en los cuales se constata el compromiso de duplicar los resultados. Es decir, en el formato que debían llenar los uniformados debían precisar los resultados obtenidos en 2018 y proponer el doble para 2019. A su vez, los lineamientos que rigen la directiva de los formatos debían consagrar tres variables: bajas en combate, capturas y desmovilizaciones.	Es decir, no conformes con los resultados que les están generando las amenazas y presiones ejercidas a quienes se atreven a contar sobre prácticas en torno a las ejecuciones extrajudiciales o sobre sucesos de corrupción, ahora están ofreciendo dinero o permisos para que internamente los uniformados den con los nombres de quienes estén “filtrando información”.	Pese a las últimas revelaciones de la revista Semana, para Martínez Espinel “los resultados desvanecen las especulaciones”. Sin embargo, aún suscitan más incertidumbres que certezas, no solo sobre las prácticas sobre formatos de resultados o actos de corrupción en las FFMM; sino que también alertan a la opinión pública las disposiciones y acciones que se están tomando para limitar que se conozca información sensible a la luz pública.	Paradójicamente, llama la atención que se conociera del general Eduardo Quirós —a cargo del Comando de Apoyo de Contrainteligencia (CACIM)— la siguiente frase: “El que me traiga quiénes son los que están filtrando la información de lo que está saliendo en la prensa le damos 100 millones de pesos o seis meses de permiso”.	En un principio, Martínez Espinel había negado que el pasado 22 de mayo se había llevado a cabo una citación a altos oficiales en la Segunda División en Bucaramanga, tal como en su momento lo dio a conocer Semana. En dicha ocasión sometieron a los uniformados a interrogatorios por medio de pruebas de polígrafo, para poder dar con los nombres de quienes están suministrando información a la prensa; información que ha servido de insumo para denunciar casos como los de los formatos de la duplicación de resultados, en el marco del fantasma de las ‘ejecuciones extrajudiciales’.	Según Martínez Espinel durante la rendición de cuentas del Ejército en el Teatro Patria de Bogotá, «Nosotros hemos dado órdenes e instrucciones de respeto por los derechos humanos. Este es un Ejército transparente (…) hay personas que quieren magnificar algunas cosas que no se han dicho y no se han hecho es diferente, pero nosotros estamos dentro del marco de la ley, cumpliendo lo que la constitución nos dice con total y absoluto respeto por los Derechos Humanos».	Sin embargo, en la actualidad se hace necesario recalcar alertas como las del informe de ‘The New York Times’ sobre subir el número de ataques, capturas, rendiciones y muertes en combate que provenían de la comandancia del Ejército de Colombia, cuando paralelamente, se empezaba a implementar el ‘plan de guerra’ encabezado por la cúpula nombrada por el presidente Duque.	Recordar estos hechos es importante, entre otras cosas, debido a que en dicho informe hay múltiples polémicas sobre las directrices que buscan resultados a toda costa, de hecho, registran ordenes desde el Ejército que dicen “Hay que lanzar operaciones con un 60-70 por ciento de credibilidad y exactitud”, lo que deja una estela de duda sobre la forma en qué procederá el Ejército y la legitimidad que le van a dar desde la Fuerzas Militares; ahora sumado a las prácticas para restringir información de lo que sucede en torno al Ejército Nacional.	De esta forma el subdirector de la Fundación Paz & Reconciliación, Ariel Ávila Martínez, catalogó la situación del Ejército bajo el actual mando de la cúpula. Para Ávila es necesario que el presidente Iván Duque haga un cambio de cúpula o que los generales se retiren de su cargo. Para el analista es inaceptable que esta cúpula continúe aun cuando por mes; se conoce un escándalo de tamañas dimensiones.