demostró que los operadores eran idóneos y tenían la experiencia en el manejo de dicho programa. La Investigación penal del ente acusador inició en el primer trimestre de 2016 frente a la denuncia de una ciudadana que acusó a la gobernación de aparentemente ejecutar una serie de convenios sin cumplir con los requisitos de ley para que las	se encargaran del PAE en las 149 instituciones educativas de los 34 municipios no certificados del departamento.“Es importante señalar que al inicio de esta administración no existía una cobertura total a la población no asegura del PAE y por esta razón se celebraron unos convenios con entidades sin ánimo de lucro para responder a las necesidades de los pequeños de los colegios no certificados del departamento. Estas entidades eran entidades idóneas entre otras cosas porque eran de las pocas a nivel nacional que están certificadas para poder hacer atención del programa de alimentación escolar. Adicional a esto se logró demostrar que este programa fue perfectamente supervisado por la secretaria de salud del departamento sino también a través de una firma externa” aseguró Diana Lorena Vanegas, directora Departamento Jurídico Gobernación del Valle del Cauca.La administración advirtió que aunque fueron halladas inconsistencias durante la distribución de los alimentos,