“A pesar de que muchos sectores de la población han salido de la pobreza, el modelo chileno sigue mostrando fuertes vulnerabilidades para estas poblaciones, serios problemas para el ingreso a la universidad, un sistema de pensiones que es regresivo y adicionalmente, presenta pocos logros en abrir el sistema político a fuerzas diferentes a las que han gobernado desde la transición democrática”, asegura.	Según el Panorama Social de América Latina, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en 2018, el 1% de los hogares de mayores ingresos acapara más de una cuarta parte de la riqueza en Chile. El 50% de las familias menos favorecidas tiene solamente el 2,1% de la riqueza total del país.	“Chile se convirtió en el laboratorio de los economistas ortodoxos para implementar allí todas las políticas de libre mercado que solo se imaginaban en los textos. Privatizó los servicios públicos, la educación, la salud y las pensiones. Esos servicios, en manos de privados, solo estaban disponibles para quien los pudiera pagar”, argumenta.	“La generación chilena de hoy dejó atrás el miedo generado por la dictadura, la generación de hoy despertó y evidenció ese modelo, creado en un gobierno autoritario y que no fue del todo desmontado por los gobiernos siguientes, ya no funciona ni es aplicable al país. La riqueza debe distribuirse mejor y debe haber mayor inversión social”, refiere José David Moreno, historiador y Docente de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.	En palabras del Director de Posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle, Chile debe emprender reformas para hacer su modelo económico mucho más incluyente. Ello implica una dosis saludable de intervención estatal en todos los sectores, para que el sistema funcione para todos y no solo para los conglomerados empresariales de la salud, la banca, los servicios públicos, las farmacéuticas, etc.