Nosotros fuimos la primera entidad del Estado que cuando estaba finalizando el proceso de paz empezamos a medir algo que no se media cuando estábamos en la guerra con las Farc. ¿Qué ocurría? Que cuando nos asesinaban a alguien en las regiones, simplemente se cavaba y ya. El familiar no sabía nada, el de la Junta de Acción Comunal tampoco. Luego de la firma de la paz no ocurrió una avalancha, sino que se empezó a visibilizar la problemática del asesinato de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, generalmente en terreno. Entonces nosotros empezamos a hacer una medición desde el 1 de enero de 2016. Emitimos dos alertas tempranas: una en marzo del 2017 y otra en marzo del 2018.	Después de esas alertas tempranas en Colombia han caído 196 líderes. Es decir, 196 líderes murieron entre marzo de 2018 a mayo de 2019. Colombia se tiene que preocupar porque se asesine a una persona. Se tiene que preocupar porque asesinen a un líder, porque cuando esto ocurre se asesina también el contacto de la comunidad con el resto del mundo, se asesina la opción del uso de las vías democráticas. Cuando no hay líderes, no hay democracia.	La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas hace una medición de los casos que ellos alcanzan, dentro de sus recursos logísticos, a verificar. Y esos casos son ciertos y allá hay una diferencia sustancial porque mientras ellos tienen 6 o 7 oficinas en el país, nosotros tenemos 38. Nosotros somos un ejército de 7000 personas en terreno. Por cada caso de los 196 hay una carpeta que guarda toda la información sobre el caso. La otra narrativa que tienen los gobiernos para decir que son menos es porque a ningún gobierno le interesa que se asesine a nadie. Entonces, ellos se quedaron con la cifra de Naciones Unidas, que es menor.	El relator especial de la ONU para los líderes sociales dijo que el Gobierno debería tomar la cifra oficial de los líderes sociales que tiene la Defensoría. Yo mismo tuve mucha controversia con los exministros Cristo y Rivera (del gobierno de Juan Manuel Sanos) en relación con las cifras. Entonces, ellos se fueron el 7 de agosto y yo para ese momento tenía una cifra de 400 y más y ellos tenían una de 120 o más. Hoy ellos concuerdan con la cifra de nosotros. Mi pregunta es: ¿Por qué cambió la narrativa del 7 de agosto a hoy?	Claro, ellos fueron impulsores de la última marcha en defensa de la vida de los líderes sociales. Todo este tipo de reivindicaciones son importantes, pero sobre la sangre de los líderes caídos no podemos hacer política. El asesinato de un líder no es un tema de derecha, de izquierda o de centro.	Lo que nos debe preocupar es que hoy, en Colombia, de marzo 2018 a mayo 2019, hay 1351 líderes sociales a los que les puede pasar lo mismo. Los casos nuestros de asesinatos de líderes son, uno a uno, contrastados. La Fiscalía, en cambio, tiene notas criminales de todos los homicidios en Colombia.	Esta entidad ha hecho un buen trabajo en el esclarecimiento. Lo que pasa es que no es fácil. Los bandidos no están aquí, están afuera. Y el problema no es ponernos a discutir con el gobierno Santos o con el gobierno Duque, sino qué vamos a hacer para que esos 1351 no se vuelvan carne de cañón. De modo que ese el análisis que debemos abordar, la narrativa que debemos hacer, buscar cuáles son las medidas de protección.	Por primera vez un gobierno estudia y trabaja una política pública para la defensa de los líderes sociales y periodistas. Aspiramos a que antes de que se acabe el año salga a la luz esta política pública. Eso tiene que ir acompañado del Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social), porque política pública sin asignación de recursos no tiene nada que hacer.	Yo quisiera pararme un día frente al país y decir que ya no pasa nada. Recojo las palabras de Simón Bolívar: Colombia es un país con dificultades, y estamos hablando de hace 200 años. Pero lo único que nosotros no podemos perder, así como lo dijo el papa Francisco a los jóvenes, “no podemos perder la esperanza”.