La historia tiene tanto de largo como de ancho, e involucra, además, al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), entidad que tiene la tarea de determinar el precio de venta al público de cada una de las bebidas alcohólicas que se comercializan en el país, de tal modo que, con esa base, se fija cuánto gravamen deben pagar por su venta.	Como estos recursos van a programas de salud, educación y deportes de las regiones, el Jefe de Estado dio su brazo a torcer y le pidió al director del Dane, Juan Daniel Oviedo revisar la fórmula, y así lo hizo. Dos meses después, la entidad expidió una nueva metodología para calcular la base gravable de los licores, pero esta vez el descontento vino por parte de la industria.	“El Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo plantea aplicar una tarifa única por grado de alcohol para los licores y aperitivos, y otra para vinos y aperitivos vínicos, eliminando el componente que permitía cobrar más impuestos a los licores que son más costosos, medida que retrocede los logros alcanzados con la Ley 1816 (ley de licores)”, dijo la Federación de Departamentos en un comunicado.	Duque no tuvo otra opción que dar su brazo a torcer, otra vez, y del texto del PND salieron los artículos que modificaban esta norma, llevando la discusión a cero. Ahora, semanas después, el Ministerio de Hacienda busca terminar el debate de una vez por todas, por medio de un decreto ‘salvavidas’, el cual incluso comenzaría a regir desde antes de mitad de año.	La FND también está ‘peleando’ por los efectos que trajo la ley de financiamiento en el recaudo de las regiones, por cuenta de la decisión de los productores de cerveza de bajar el precio de venta sobre el cual se liquida el impuesto departamental al consumo de este producto. Por esto,