El temor de los habitantes de Bojayá a que grupos armados ilegales vuelvan a perpetrar una matanza como la de hace 17 años está más latente que nunca cuando su gente se apresta a dar sepultura definitiva a quienes perdieron la vida en una de las masacres más cruentas del conflicto armado colombiano.	El pueblo de Bojayá, enclavado en las selvas del Chocó (oeste), aprovechó la despedida de las víctimas de la masacre del 2 de mayo de 2002 para alertar al Gobierno, a la ONU y a la comunidad internacional de la presencia en la zona de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.	"Tenemos una situación de temor latente y Bojayá está a la expectativa, teme que otra tragedia como la del 2 de mayo se presente en cualquiera de nuestras comunidades. Por eso lo que le pedimos a los distintos actores (armados) es que se alejen del territorio, que no los necesitamos acá", dijo a Efe José de la Cruz Valencia, miembro del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá.	Alexis Rojas, vicepresidente de la junta directiva del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), que agrupa 124 consejos comunitarios menores, explicó a Efe que vivir en esta región es más difícil desde que el Gobierno suspendió las negociaciones de paz con el ELN el año pasado.	Este domingo, los cerca de cien féretros de víctimas de la matanza fueron trasladados al polideportivo de Bojayá para un acto público en el que estuvieron el representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, y embajadores europeos.	Por su parte, Brunori, cuya Oficina apoyó el proceso de identificación de las víctimas después de años sepultadas en fosas comunes, dijo que "Bojayá, y la resiliencia de sus víctimas, es un ejemplo para Colombia y el mundo de la apuesta por la paz a pesar de la tragedia inmensa que provocó el conflicto armado".