Esta semana se comienza a discutir en las comisiones económicas del Congreso la Ley de Financiamiento o Ley Tributaria que se pondrá en marcha desde 2020, luego que, como es bien conocido, la aprobada por el Congreso fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, con el argumento de vicios de trámite al no haberse publicado oportunamente en el Diario Oficial el articulado aprobado en la Plenaria del Senado antes de ser discutido en la Cámara de Representantes.	A pesar de dicha declaratoria de inexequibilidad, la realidad es que esta siguió viva, dado que su vigencia, según lo expresado por la Corte, solo expirará a finales del 2019. Ello permitió al Ministro de Hacienda presentar de nuevo el proyecto anteriormente aprobado, sobre el cual el Congreso debe decidir formalmente antes de finalizar el actual periodo de sesiones. El proceso de aprobación, que, en principio, parecía una simple formalidad ha comenzado a enredarse, dados los pronunciamientos de directivos de los partidos políticos. El jefe del Partido Liberal, Cesar Gaviria, expresidente y economista de profesión, en su entrevista publicada en El Tiempo el 3 de noviembre se quejaba que el Ministro de Hacienda estableciera que “no podemos tocar ni una coma al proyecto sobre financiamiento”, y argumentaba que esa era, a su juicio, una interpretación muy rara de las normas con las que constitucionalmente funciona el Congreso y afirmaba que el Partido Liberal no votará el proyecto tal cual se presentó.	La realidad histórica, cabe recordarle al expresidente, es que una experiencia similar se vivió a inicios de la Administración Betancur en 1982 cuando el gobierno presentó una reforma fiscal en el marco de una Emergencia Económica que tumbó, en ese entonces, el organismo judicial competente, argumentando que no se podía legislar en materia impositiva por medio de una Emergencia. El gobierno procedió, como lo está haciendo ahora el presidente Duque y su Ministro de Hacienda, a presentar al Congreso el mismo proyecto declarado inexequible y logró su aprobación en esa misma legislatura. De otro lado, el ex vicepresidente y abogado Germán Vargas Lleras, orientador de Cambio Radical, en su artículo titulado ‘La Reforma Tributaria’ publicado en El Tiempo el pasado domingo sugiere que el proyecto de Ley de Financiamiento presentado por el Ministro de Hacienda debe ser enmendado e indica que cree que en el Congreso hay voluntad política para expedir una ley que verdaderamente persiga los objetivos de contribuir al crecimiento económico y la inversión. El exvicepresidente sostiene, además, que las tasas de tributación son confiscatorias. Con base en dichos argumentos procede a sugerir seis cambios de envergadura que comprenden la eliminación del impuesto al patrimonio a personas naturales, no aumentar el impuesto a los dividendos y unificarlos en un 5%, eliminar el impuesto al consumo o IVA para la venta de inmuebles, convertir el gravamen a los movimientos financieros en una retención recuperable, y desgravar el componente inflacionario de rendimientos financieros percibidos por las personas naturales. Si bien es cierto que estas medidas pueden contribuir al crecimiento y la inversión también pueden tener un impacto adverso en el recaudo y la estabilidad fiscal que siempre ha sido objetivo económico prioritario. Vargas Lleras no parece tener en cuenta debidamente que la carga tributaria efectiva en Colombia es relativamente baja y que las necesidades de gasto social y de inversión inmensas. Lo esencial es lograr un consenso y para ello los jefes políticos y el Congreso deben analizar concienzudamente y sin politiquería los argumentos técnicos del Ministro de Hacienda.