A raíz de los desórdenes en los que han terminado las más recientes manifestaciones realizadas por estudiantes en Bogotá y otras ciudades del país, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, le pidió al partido Conservador que lidere el trámite de una ley estatutaria en el Congreso que regule el derecho a la protesta, pero de manera pacífica.	De acuerdo con Guerrero, la protesta está perfectamente regulada: “estamos vinculados internacionalmente a una gran cantidad de instrumentos de derechos humanos que hacen parte de nuestro sistema interno por el bloque de vía de constitucionalidad. Además, la forma como funciona en nuestro sistema legal es peligroso, realmente lo que se ha hecho aquí y a través de una mediatización de conductas excepcionales que se dan en el marco de este tipo de protestas es darle una categoría de peligrosidad a las manifestaciones y hay que tener en cuenta que los desmanes se producen por situaciones específicas que no involucran a más del 5% de personas involucradas en protestas que, por regla general, son pacíficas”.	En opinión de Carolina Cepeda, docente de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, “creo que no es para nada viable, en la medida en que la protesta social es un derecho constitucional y hay un marco para esta, hay también un marco para la movilización en la Constitución, pero también, si se mira, por ejemplo, el Acuerdo de Paz que firmó el gobierno de Santos con las Farc, hay unos elementos que ayudan a entender cómo se hace la protesta social y cuándo actores como la Vicepresidenta y el senador “Manguito” dicen que tienen una propuesta para regular la protesta social más bien ellos están (podría decir uno) utilizando un eufemismo para decir que lo que están buscando es restringir la protesta social”.	El artículo 37 de la Constitución Política consagra que “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”. Por tanto, Germán Cortés, investigador de la Universidad Piloto de Colombia, considera que la propuesta de la Vicepresidenta “no reconoce de manera puntual los elementos que están contemplados en la Constitución Política en donde definitivamente aparece explícito el de la protesta como un derecho constitucional, entonces digamos que la propuesta de la vicepresidenta no solo es inconstitucional, sino también desconoce el histórico de los movimientos sociales en términos también de reivindicación de derechos fundamentales y, también hay que entender que tiene como objetivo deslegitimar al movimiento social”.	En este mismo sentido, Juan Manuel Charry, constitucionalista, considera que “los derechos fundamentales están definidos en la Constitución o los tratados internacionales y eventualmente el juez constitucional pueden reconocer derechos que no estén en las normas, pero no es un tema que reconozcan o que pacten el gobierno y las partes. Eso sería si uno dijera que la protesta social no es un derecho fundamental, pero está comprendida en el derecho a manifestación pública que ya está en la Constitución como derecho fundamental y podría regularse a través de la ley estatutaria correspondiente”.	Carolina Cepeda, docente de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, manifiesta que “no es una petición que surta efecto, pero que debería mantenerse en el debate público y ahí los medios de comunicación tienen un papel muy importante en la medida que puedan presentar esta demanda y no únicamente como un capricho, porque no es un capricho y no es una cuestión únicamente de los estudiantes, si uno habla con los indígenas, los campesinos, las comunidades Afro y con mujeres, la fuerza del Esmad no es bien recibida porque hay un abuso y un exceso”.