El Consejo de Estado declaró responsables al Ejército y la Policía por los hechos ocurridos el primero de diciembre de 2001, en el que grupos paramilitares, actuando en connivencia con agentes de la Fuerza Pública, cometieron una masacre de 15 personas que viajaban en un bus intermunicipal, a la altura del Páramo de La Sarna (Boyacá).	La Corporación señaló que “la masacre de La Sarna constituye una grave violación a los derechos humanos, un crimen de guerra y de lesa humanidad, en el que hubo anuencia y participación de agentes del Estado”. Además puntualizó que estos hechos constituyen un crimen atroz, es decir, uno de los más graves atentados contra el género humano.	En el fallo, el alto tribunal reconoce el carácter primario de los derechos humanos y analizan pruebas de contexto como elementos principales de las sentencias emitidas en las masacres de la Rochela, Puerto Alvira, Frías, Planchón y de Pichilín. A partir de estas, se determinó la forma en que los paramilitares actuaron en el país y el uso que dieron a las masacres como medio para cumplir sus propósitos ilegales.	Al referirse a la responsabilidad del Estado, el alto tribunal determinó que no hace falta que las víctimas hayan informado sobre una amenaza específica o sobre el riesgo que luego se concretó en la masacre, toda vez que el contexto violento, la presencia de patrones circunstanciales y la sistematicidad, debieron activar la obligación de debida diligencia en la protección de los derechos fundamentales por parte del Estado.	Así mismo, se constató por medio de testimonios y de sentencias penales en firme, la participación activa de un miembro de la Sijin y una persona adscrita al grupo D2 del Ejército y las estrategias de miembros de las Fuerzas Armadas, para permitir la operación paramilitar en la zona y la connivencia con los perpetradores para su huida.