Hace unos días pasó lo que muchos decían que no podía suceder porque sería un desastre. Hablo de la decisión del Comité de la regla fiscal de fijar en 2,7 por ciento del Producto Interno Bruto el déficit público para este año, una cifra tres décimas más alta que la que se había pronosticado para garantizar el cumplimiento de la Regla.	Si el párrafo anterior sonó enredado, este es para Dummies. La regla fiscal fija límites al desequilibrio de las finanzas públicas a lo largo del tiempo para que en el 2022 el déficit estructural sea como máximo 1 por ciento del PIB. La norma funciona como un cinturón de seguridad para que el Gobierno no gaste de manera irresponsable, no se dispare la deuda pública y no se despelote la economía. El Comité fija cada año cuál debe ser el déficit correspondiente para llegar paulatinamente a esa meta.	¿Dónde radica la preocupación? En que al fijar una meta superior a la cifra que se había pronosticado previamente, se estarían relajando los estándares y podríamos perder el rumbo. Al respecto hay que hacer dos comentarios. El primero es que el pronóstico inicial de 2,4 por ciento de déficit era solo eso: un pronóstico. Lo que hizo el Comité fue fijar la meta para este año, que podía haber coincidido o no con el pronóstico. El segundo es que una de las consideraciones clave para fijar una meta mayor que el pronóstico son los costos que está teniendo que asumir el Estado colombiano para atender a los más de un millón de inmigrantes venezolanos que han llegado recientemente al país.	En ese sentido, la decisión del Comité luce razonable. En la medida en que esa migración es un hecho imprevisto, que las finanzas públicas deben enfrentar, suena sensato ajustar la meta del déficit. Cálculos de Fedesarrollo indican que el costo de atender las necesidades básicas de los inmigrantes pudo ascender a una cifra entre 0,2 por ciento y 0,5 por ciento del PIB el año pasado, lo que sugiere que fijar una meta de déficit tres décimas por encima del pronóstico inicial no parece descabellado.	Sin embargo, subsisten dos problemas. El primero consiste en que, como el objetivo de tener un déficit estructural de 1 por ciento del PIB en el 2022 no ha cambiado, incrementos de las metas del déficit en los años previos significan que el ajuste fiscal posterior deberá ser mucho más drástico que lo que estaba pronosticado. Eso significa que el aire fiscal que el Gobierno recibe hoy, le hará falta al final del cuatrienio.	El segundo problema consiste en que tal vez ni siquiera esas metas sean viables. En la medida en que la migración venezolana ha seguido aumentando y la situación al otro lado de la frontera no tiene visos de mejorar, habría argumentos para seguir relajando las metas fiscales en los próximos años, lo que nos pondría en la mira de las calificadoras de riesgo, salvo que la comunidad internacional se meta, de una vez por todas, la mano al dril para ayudar en la atención de los venezolanos, lo que cada vez parece un sueño más difícil de alcanzar.