Así lo estableció la Corte Constitucional al condicionar un artículo de la Ley de Infraestructura, el cual establecía que cuando una “autoridad administrativa, judicial o estatal terminara de forma anticipada un contrato público-privado (APP), el Estado debía reconocerle al contratista el valor actualizado de los costos, las inversiones y los gastos ejecutados, incluyendo los intereses, al momento de la liquidación del contrato.