Con esto, esa empres habría causado un daño patrimonial de $188 millones, según la Contraloría.Para el caso de Eduardo Gabriel Hernández Peña, el proceso que le adelanta la Contraloría data de 2017, por un contrato que le adjudicó en 2010 la Gobernación de Bolívar para aulas y baterías sanitarias escolares en varios municipios del departamento.	Las obras presentaron falla y en algunos casos nunca funcionaron para lo que habían sido planeadas, con lo que, según la Contraloría, se causó un daño patrimonial de $119 millones.Ante estos ruidos que rondan a las dos firmas del consorcio ganador, la Alcaldía de Cartagena señaló que estos procesos no inhabilitaban a las empresas y anotó que para la vigilancia del contrato de adecuación de los 30 colegios oficiales.