Desde el punto de vista económico, Colombia presenta condiciones particulares, que deben contextualizar la discusión sobre el fracking. No se trata de un país que no ha desarrollado la actividad de hidrocarburos. No. Se trata de un país, que se ha beneficiado económicamente de su explotación, pero en el que, de mantenerse la tendencia decreciente de la producción de convencionales, este impacto positivo va a ir disminuyendo en los próximos años. Al lado, se calculan importantes reservas de no convencionales, cuya explotación podría compensar la caída prevista de la producción y los efectos económicos negativos, pero que involucra riesgos ambientales, y que por ahora está suspendida por el principio de precaución, hasta tanto no se tenga mayor información sobre los mismos.	Gran dilema para el Consejo de Estado. Es una decisión histórica la que tiene en sus manos: para evitar riesgos sobre el medio ambiente, dejar la riqueza en el subsuelo o, permitir extraerla y beneficiarse económicamente como país, pero con riesgos para el medio ambiente, los cuales se pueden mitigar, pero como en todo, no eliminar completamente.	El Marco Fiscal proyecta una reducción en la producción de petróleo de 30% y la UPME calcula que las reservas de petróleo y gas alcanzarían para 6.2 y 9.8 años, respectivamente. Por su parte, los diferentes estimativos sugieren que el país tiene reservas de no convencionales en ocho cuencas que podrían alcanzar hasta el triple de las reservas actuales de convencionales.	En promedio, en las últimas dos décadas, las ventas externas de hidrocarburos han representado 36% de las exportaciones totales. Es decir, el sector es un importante generador de divisas, lo cual permite financiar parte de las importaciones para satisfacer las necesidades de consumo e inversión de hogares y empresas. Dado que los mercados se equilibran, vía cantidades y/o precios, si el sector deja de ser un importante generador de divisas, eso se reflejaría en una divisa más cara y en una menor capacidad de importaciones, entre otras, de petróleo que necesitamos y no produciríamos. Si alguien identifica una actividad que en pocos años genere las divisas del petróleo que alce la mano y hable. No quiere decir esto que no se busque asiduamente una mayor diversificación económica y una menor dependencia del petróleo, lo cual además suavizaría los ciclos económicos, pero eso toma tiempo. En el campo externo, el sector atrae el 30% de la inversión extranjera directa, y la inversión es crecimiento, y el crecimiento es desarrollo y mejores condiciones de vida para los colombianos.	La contribución del sector de hidrocarburos a las cuentas fiscales también ha sido importante. Ésta se da por tres vías: la generación de ingresos tributarios de las petroleras, dividendos que traslada Ecopetrol a la Nación todos los años por ser dueña del 88.5% de la empresa y generación de regalías para las regiones. En las últimas dos décadas, los dos primeros representaron en promedio 14% de los ingresos corrientes del Gobierno. ¿Esto es mucho o poco? Miremos. En un año de precios del petróleo bajos, como 2016, estos ingresos fueron equivalentes a 40% de la inversión pública, 23% del gasto en educación, 20% del gasto en salud y cerca de dos veces el gasto en inclusión social y reconciliación. Esos porcentajes fueron 115%, 90%, 75% y 6.5 veces respectivamente en 2013, año de precios altos. Las regalías, representan en promedio un poco más de 20% de los ingresos de las regiones. De nuevo, si bien hay que buscar activamente una menor dependencia del petróleo, estos recursos son, aún en años de precios bajos, importantes para financiar la inversión pública y el gasto social y regional.	A estos beneficios económicos directos, deben sumarse los indirectos y restarse los costos ambientales que genera el fracking. Esa evaluación integral, que es la óptima, no es posible en Colombia, pues no se cuenta con información en la medida en que no se ha hecho fracking. Por eso los pilotos de investigación recomendados por la Comisión, que son diferentes a pilotos comerciales, constituyen una forma de recabar información en muchos aspectos para la medición de riesgos y, consecuentemente, para el fortalecimiento de la regulación y la institucionalidad, de manera a mitigarlos en la mayor proporción posible. En el tema económico es importante aprovechar al máximo los beneficios tanto a nivel nacional como regional. Como lo evidencian múltiples indicadores, a nivel local particularmente, la capacidad institucional es baja y hay espacios de mejora en el manejo de los recursos públicos. Por eso, la Comisión recomendó que en la fase de los pilotos se adelantara en los diferentes municipios un diagnóstico de la capacidad institucional para el manejo de los recursos públicos y se implementaran las recomendaciones de esta asistencia técnica para fortalecerla, antes de cualquier actividad comercial. De señalar también la importancia de aprovechar esa fase para diseñar un mecanismo de compensación directa a las comunidades a cargo de las compañías, independiente de las regalías, como en Reino Unido, de manera a hacerlas participes y beneficiarias directas del proceso.