Tras “14 años de nuestra revolución, el ‘mejor regalo’ que recibo del gobierno de facto es una orden de aprehensión, injusta, ilegal e inconstitucional. No me asusta, mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una #Bolivia libre y soberana”, expresó el exmandatario en Twitter el mismo día del aniversario de su victoria electoral en 2005.	El Gobierno interino de Jeanine Áñez presentó en noviembre pasado contra él una denuncia en la fiscalía en La Paz por delitos como terrorismo, al acusarle de incitar a la violencia contra el Ejecutivo provisional desde su asilo en México, país al que llegó en primer lugar como asilado tras salir del Bolivia el pasado 11 de noviembre.	No obstante, la guía de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) -organismo que depende del Ministerio del Interior y se encarga de estudiar las peticiones- remarca que entre los derechos de las personas que obtienen esa condición está “no ser devueltos, expulsados o extraditados al país donde su vida, integridad, libertad o seguridad estén en peligro”.	Morales dimitió el pasado 10 de noviembre denunciando un golpe de Estado para derrocarlo, tras publicarse esa misma jornada un informe previo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que advertía de “graves irregulares” en las elecciones del 20 de octubre en las que fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo.