Como ya es sabido, por la naturaleza de mis investigaciones, mi vida está amenazada. Soy un periodista que ha indagado sobre el regreso del PARAMILITARISMO en Colombia y, por ello, mi nombre está reverberando en los Montes de María y la Alta Montaña en Sucre, donde se amedrenta a la ciudadanía con promesas de asesinato, si se sigue filtrando información de su situación actual hacia mi persona. Previamente, investigué sobre el caso ODEBRECHT, y apoyé la iniciativa para pedir la renuncia del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, lo cual desencadenó el seguimiento sistemático de mi familia.	La Fiscalía General de la Nación y la Fundación Para La Libertad de Prensa han emitido alertas tempranas dada la naturaleza de las circunstancias y las constantes amenazas que he recibido recientemente. La UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN también ha sido informada oportunamente de mi caso pero, a pesar de esto, ignoran mis acercamientos. Esta no es la primera vez que acudo a escribirles para que vigoricen las disposiciones de mi seguridad. Han pasado 120 días desde que se inició la reevaluación de mi situación y hasta la fecha no he tenido ninguna respuesta. La tutela que radiqué ante esta institución para instar la protección de mi vida fue negada, bajo el argumento de que estaban revisando las novedades de mi caso.	Preservar mi vida debería ser una prioridad fundamental para el Estado Colombiano. En ese sentido, mediante el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, radico este Derecho de Petición para solicitar de manera URGENTE, que se refuercen las medidas para proteger mi vida; en el momento, estas son insuficientes y contribuyen a que persista expuesto ante cualquier peligro. Demando la acción inmediata de la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN para que se reconozcan mis derechos.