titulaba “235 procesos por violencia sexual contra menores”, haciendo énfasis en los casos abiertos por el Bienestar familiar en Cartagena. En el país, habrían abierto 9.569 casos de los cuales el 64% son casos por violencia sexual. La Fiscalía reportaba 288 casos de asesinatos entre enero y mayo del 2019. A esto hay que sumarle la explotación sexual comercial, el trabajo infantil y la mendicidad. Al leer estas cifras no deja uno de preguntarse en qué clase de sociedad estamos viviendo que permitimos que eso siga ocurriendo. Qué clase de seres humanos somos los colombianos que violamos nuestros niños y llegamos a matarlos.	Solo el 10% de los casos de violencia sexual se judicializan según la directora del Icbf. Así que no tenemos ni la más remota idea de las dimensiones de este flagelo que afecta la moral y la autoestima de estos pequeños. Tampoco sabemos en qué clase de adultos se convierten. Pero el panorama no es bueno.	El abuso sexual infantil no ocurre solo en poblaciones marginales sino que abarca todas las clases sociales. La información del aumento de casos que hay se debe a que recién ahora las personas involucradas se están animando a denunciarlo. El ámbito más frecuente donde se produce el abuso es el contorno familiar, lo que hace su abordaje más problemático. Cuánto más cercano a la familia es el acto de abuso, más difícil es para el niño denunciarlo y las secuelas emocionales son mayores, dejando una discapacidad permanente que no remite con el paso del tiempo ni con un tratamiento adecuado.	Pero no olvidemos que somos una cultura que castiga a sus niños con golpes hasta matarlos, quemándolos con agua caliente y hasta amarrándolo como animales. Las consecuencias las vivirá la sociedad tarde o temprano. La baja autoestima, la auto-agresión, la depresión y otros trastornos afectarán la vida del joven que fue abusado. Pero además el niño abusado se vuelve abusador y completa el círculo que afectará su familia en el futuro.	Los infantes son usados como mercancía en las calles, ya sea para pedir limosnas o para prostituirlos. Mientras, nuestros congresistas ignoran la problemática. Hace unos días en una citación para debatir la violencia sexual infantil en la Cámara de Representantes, estos fueron abandonando la sala al punto de quedar solo 15 de los 168 a dos horas del debate. Debería darles vergüenza. Mientras en campaña promueven la cadena perpetua para violadores y abusadores, a la hora de legislar no le prestan ni dos horas a los intereses de los niños colombianos. Una sociedad que no protege a sus niños es una sociedad enferma. Toda forma de violencia contra la infancia debe ser castigada, y ser trascendente en el diseño de políticas públicas.