La Fiscalía General de la Nación arrancó con la imputación de cargos a 4 de los 10 capturados por presuntamente hacer parte de una red de corrupción liderada por el contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga.Según el ente investigador, la alcaldesa de San Carlos, Luz Marina Marín Daza, a quién se le imputan los delitos de prevaricato y cohecho por dar u ofrecer, habría mediado para que el contralor de Antioquia, y el subcontralor, Rubén Darío Naranjo conformaran una sociedad para la explotación de una mina en ese municipio del oriente antioqueño.La fiscal delegada explicó que en enero 22 de 2018 se constituyó la sociedad de la mina Calizas Portugal SAS. De esa sociedad hacen parte el contralor de Antioquia Sergio Zuluaga, el subcontralor Rubén Darío Naranjo y el esposo de la mandataria local, John Alberto García Duque. El fin era que en contraprestación ambos funcionarios permitieran que se enterraran los hallazgos fiscales que encontraran las auditorías.Otro de los imputados fue el alcalde de Jardín, William Enrique Rendón por los delitos de cohecho por dar y ofrecer e interés indebido en contratos. Los hechos tendrían relación con un contrato de cuatro millones de pesos con una empresa de propiedad de la familia del subcontralor de Antioquia, Rubén Darío Naranjo.Según la investigación, el mandatario local habría cotizado una integración para funcionarios de su administración, por un valor de 30 mil pesos por persona. Dice el ente investigador que el mandatario local usó dinero en efectivo y un tercero para pagar ese dinero con el fin de evadir impuestos.El señor César Zapata, alcalde de la Pintada deberá responder por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en contratos y peculado por apropiación.La Fiscalía manifestó que entre 2017 y 2019 el mandatario local habría celebrado nueve contratos con dos empresas: siete con Transportes Los Farallones y 2 con Inversiones Naranjo, de familiares del subcontralor de Antioquia, Rubén Darío Naranjo.Estos contratos tendrían un valor total de 180 millones de pesos, lo que llamó la atención de las autoridades es que muchos de estos no eran publicados en el SECOP y violaban los topes de mínima cuantía. El modus operandi era fraccionarlos en varios contratos y de esta manera evitaban el rastreo, además tenían una duración máxima, cada uno, de 20 días.Finalmente, Héctor Cano, gerente del Hospital Santa Margarita de Copacabana fue imputado por cohecho para dar u ofrecer, celebración indebida de contratos y prevaricato por acción.En la investigación, que arrancó en 2017, la Fiscalía pudo establecer que hubo dos contratos con la señora Sara Isaza Lema, sobrina del subcontralor de Antioquia, Rubén Darío Naranjo, por prestación de servicios.En todos los casos, según el ente investigador, los funcionarios buscaban que se alteraran los resultados de los hallazgos fiscales que pudiesen tener incidencia penal.En este caso en particular, la Fiscalía pudo establecer que sí hubo hallazgos de tipo penal en las auditorias de 2017, sin embargo, esta transacción evitó que el ente de control compulsara copias de estas irregularidades.