La llegada de 2500 militares al Cauca se podría ver afectada luego de que las organizaciones sociales, sindicales e indígenas del departamento se levantaran de la mesa de trabajo que adelanta el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, en materia de construcción de la política pública para la protección de los derechos humanos.	“Las organizaciones sociales hicimos un análisis sobre la crisis en la región en materia de derechos humanos y las respuestas que el Gobierno anunció, a raíz de la violencia en zonas como el norte del departamento, y en ese ejercicio nos dimos cuenta que es éticamente imposible seguir con un diálogo de una política pública en la materia, mientras que a nuestros compañeros los están asesinando”, dijo Delgado.	Y es que las dos masacres presentadas la semana pasada en Toribío y Corinto, así como el asesinato de dos comuneros en menos de 24 horas en dicha región, llevó a las organizaciones sociales, como Asoinca, CUT, Cric, entre otras, a declararse en asamblea permanente para consultarle a las comunidades cómo participarán en el paro nacional del próximo 21 de noviembre.	“Que pare la violencia, es necesario que entre todos defendamos la vida, que trabajemos por un país en paz y avanzar en la consolidación de los acuerdos de paz, por eso no hablamos más con el actual Gobierno, porque vemos que primero anuncia un incremento militar para la región y luego una serie de medidas sociales que poco impactan, en nuestro criterio, a las realidades de nuestros territorios”, agregó el vocero de la mesa territorial de garantías del Cauca.	Esa misma postura la expuso Joe Sauca, coordinador del área de derechos humanos del Cric, al indicar que tanto los sectores indígenas, como campesinos y otros, no creen que la solución a la ola de violencia que se vive en el Cauca sea un incremento en la Fuerza Pública de la región.	“Históricamente el departamento ha estado militarizado, que hoy pongan más pie de fuerza, es distinto. Cuando esto pasa, en los territorios se agudiza la violencia, mire el caso de la masacre de Karina García, donde murieron además dos compañeros indígenas. El Gobierno hizo un consejo de seguridad, anunció 1500 soldados, pero uno se pregunta si llegaron o no llegaron porque las muertes continuaron en la región como las dos masacres posteriores a la presentada en Suárez”, puntualizó Joe Sauca.	El lunes festivo, el presidente Iván Duque, junto a los ministros de Defensa e Interior, así como la cúpula de Policía y Ejército, adelantó un consejo de seguridad en Popayán, en donde reiteró su compromiso con el departamento del Cauca, con obras y proyectos en materia social para impactar positivamente en todas las comunidades.