En octubre del año pasado, el exsuperintendente Pablo Felipe Robledo fue llamado como testigo del ente acusador. Robledo aseguró ante el juez que “un sinnúmero de correos electrónicos muestran cómo estas empresas estaban todas controladas por el señor Jorge Arturo Moreno Ojeda y habían diseñado una estrategia" para lograr millonarios contratos.	La defensa de Moreno, quien sigue en Estados Unidos, asegura que la Fiscalía no ha demostrado que hubiera delito y que uno de los testigos principales del caso administrativo -Orlando Barrios Giraldo, cabeza de una de las empresas de seguridad- se retractó de sus señalamientos contra Moreno y aseguró que estos supuestamente fueron inducidos o presionados por funcionarios de la Superintendencia.