l pasado mayo 27, la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud al Hospital Universitario de Cartagena (HUC) se prorrogó una vez más. Esta es la tercera vez consecutiva que la medida ha sido renovada desde el comienzo del proceso en noviembre de 2016, con lo que se cumplen alrededor de dos años y medio desde que Fernando Trillo Figueroa fue asignado como agente especial interventor a cargo de la dirección del organismo.	El HUC no es el único centro asistencial intervenido en el país (hay 11 más), ni tampoco el que ha permanecido en ese estado por más tiempo: el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, por ejemplo, se encuentra en la misma situación desde el 2014. En el caso del HUC, el proceso se extenderá hasta el 27 de mayo de 2020, sin certeza de que ocurra otra prórroga. Otros, como la Entidad Promotora de Salud (EPS) Saludcoop de Bogotá y el Hospital San Francisco de Asís en Quibdó, serán liquidados dentro de unos meses.	Cuando el HUC fue intervenido en el 2016, la Superintendencia identificó cinco problemas importantes: un "elevado número de contratos de tercerización de servicios, endeudamiento creciente con operadores externos que participan de la prestación de servicios, alto número de trabajadores vinculados a través de contratos sindicales o empresas temporales, bajo recaudo de facturación y un pasivo de $87.281 millones", señaló un comunicado de Supersalud en ese momento.	Según una encuesta de satisfacción realizada en el 2018 por el hospital, el 99,12% de los pacientes se encuentran complacidos con la atención que reciben. En términos financieros, el HUC recaudó un 47% más en el 2018 que en el 2017 ($55.668.8 millones versus $38.458.3 millones). Durante el mismo período, el recaudo de la cartera vencida aumentó en un 26,1% ($45.698.1 millones versus $41.913.8 millones).	Además de eso, también hubo un incremento del 244,4 % en aportes no ligados a la venta de servicios de salud, los cuales provinieron del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (Fonsaet) y la Estampilla Pro Hospital Universitario, una medida declarada el 4 de septiembre de 2007 y que representa ingresos para el HUC por concepto de actividades industriales, servicios de telefonía móvil y facturas (para los estratos 3, 4, 5 y 6) de telefonía fija y gas.	Sin embargo, "el 25 de julio de 2003, fue tomado por la fuerza pública y, de inmediato, intervenido y clausurado por la Superintendencia Nacional de Salud", según narra Henry Vergara Sagbini, pediatra asociado al HUC hasta el año 2009, en el libro “Memorias: primeros tres años al servicio de la comunidad”.	Hasta el 2003, el HUC había acumulado una deuda aproximada de $40.000 millones por nóminas atrasadas, deudas contraídas con organizaciones estatales y costos operacionales; ya antes, en 1997, había clausurado parte de su planta física debido al déficit fiscal. La clausura del centro asistencial dejó un vacío importante en la prestación de servicios de salud en Cartagena y el departamento de Bolívar.	Durante el 2004, el exgobernador de Bolívar Libardo Simanca Torres impulsó el proceso de reapertura del hospital. Sus esfuerzos resultaron en la colaboración directa del Estado, lo cual puso fin a la intervención de la Superintendencia. Finalmente, el hospital fue reabierto en el 2006, pero los problemas fiscales regresaron, lo cual llevó a la intervención de 2016.	Creada por la Ley 1122 en el 2007, recibe el nombre formal de "intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar" y es una forma de salvaguardar la integridad de las instituciones de salud públicas cuando se ha comprobado que existen problemas que amenazan su permanencia, principalmente aquellos de carácter fiscal. Se asigna un agente especial interventor para que solucione los problemas de la institución y reporte sobre los resultados de su gestión mensual y trimestralmente. Al final de cada proceso, que puede durar entre seis meses y un año, un comité especializado de Supersalud se encarga de analizar las condiciones del centro asistencial y decidir si prorroga su ayuda o si lo liquida.