e acuerdo con Vigila Cartagena, un programa de veeduría de los recursos públicos integrado por Funcicar y otras organizaciones de la sociedad civil, un nuevo contrato de capacitación en convivencia ciudadana en la Alcaldía Local 2 (Localidad de la Virgen y Turística), cuya puesta en marcha le cuesta al erario $300 millones, no es procedente ya que no se especifica el número de beneficiarios entre otras presuntas irregularidades.	Dentro de las especificaciones técnicas a contratar se requerían 3 instructores por 35 horas, 2 trabajadoras sociales, un comunicador social, auxiliares en logística, arriendo de un salón, cien cartillas, mil lapiceros, 250 gorras, 250 camisetas, 2.500 refrigerios, 500 almuerzos, 2.000 bolsas de agua ‘Brisa’, 150 vestuarios de baile, dos viajes en buses sin especificar destino, entre otros.	A su turno el alcalde mayor Pedrito Pereira, consultado sobre el mismo caso, expresó sobre que: “Como es de público conocimiento las alcaldías locales son autónomas, descentralizadas; manejan un presupuesto autónomo, en cuanto a toda su gestión contractual; pero sin embargo nosotros hemos diseñado y hemos enviado unas políticas públicas de contratación a todas las entidades del Distrito, no solo a las del sector central, sino las descentralizado para que se actúe siempre propendiendo por la pluralidad de oferentes, atendiendo a los principios de contratación objetiva”.	“Hemos pedido que los pliegos estén ajustados a las normas, y sobre este caso la Unidad Administrativa de Contratación, a pesar de no tener la competencia sobre este proceso, le dirigió un oficio al alcalde local, para que dentro de su autonomía revisara las inquietudes que se estaban presentando, en eso estaremos muy atentos pero respetando la autonomía de las alcaldías locales”, agregó Pedrito Pereira, una vez se conoció que la contratación no se realizará.	El pasado 27 de julio fue declarado desierto otro polémico contrato que efectuaría la Alcaldía Local 2. Se trataba de un contrato cuyo objetivo era capacitar a 50 personas, pero que despertó la atención de entidades como Funcicar y Vigila Cartagena porque tenía dentro de las especificaciones técnicas a contratar, elementos que se alejan de su objeto, como 12 pasadías a Bendita Beach, en las Islas del Rosario, los cuales incluyen transporte náutico, y además, 12 tiquetes de ida y vuelta en avión con destino a Bucaramanga. La Procuraduría General inició una acción preventiva por ese proceso de contratación.