Canadá es un país con una agenda política marcadamente progresista en asuntos ambientales, sociales, comerciales y políticos. Con el ánimo de conocer a profundidad algunas de las políticas públicas, instituciones y líderes que están llevando a cabo estas reformas, iniciamos una serie de charlas en la embajada de Colombia en Canadá, denominadas ‘Colombia-Canada Talks’.	El primer encuentro de estos diálogos fue con Patricia Fuller, embajadora canadiense para el cambio climático, y una figura innovadora y disruptiva en el ámbito de la diplomacia. ¿Qué es un embajador para el cambio climático? ¿Vale la pena que países como Colombia tengan uno? Las siguientes son algunas de las ideas que resultaron de nuestro encuentro.	El objetivo principal de un embajador para el cambio climático es representar al Estado en los espacios de discusión multilateral, en conferencias relevantes a nivel mundial sobre esta materia, y, adicionalmente, mantener una relación cercana con las empresas que están generando soluciones y alternativas para combatir el calentamiento global, como son los sectores de las energías renovables y la movilidad sostenible, entre otros.	Al tener un embajador para el cambio climático, Canadá garantiza que en los foros que se llevan a cabo en todo el mundo, el país tendrá un representante especializado que podrá presentar su agenda de reformas en esta materia: el impuesto al carbono en diferentes provincias del territorio; el compromiso de dejar de producir electricidad basada en carbón en el 2030 y el subsidio que se entrega a quienes cambien su vehículo por uno que no genere emisiones, entre muchas otras.	Le pregunté a la embajadora Fuller sobre la aparente contradicción entre el enfoque de sostenibilidad de Canadá y, a la vez, la autorización para que métodos de explotación como el fracking sean legales y ampliamente empleados en este país. Su respuesta fue contundente. Explicó que buena parte de la economía canadiense aún depende de la explotación de hidrocarburos y que hay provincias que se han especializado en estos métodos. Desde su perspectiva, lo importante es que haya una reglamentación “fuerte y clara” que no permita abusos y que esté sustentada en evidencia científica.