El 23 de enero de 2019 se juramentó Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela con el apoyo mayoritario de la OEA y apenas una semana después, el 28 de enero, los Estados Unidos de Norteamérica anunciaron un bloqueo comercial a la petrolera venezolana PDVSA incrementando la presión económica sobre el régimen de Nicolás Maduro con el propósito de removerlo del ejecutivo —según comunicados oficiales— en la búsqueda de estabilizar la nación y resolver la catástrofe humanitaria que ha desbordado al continente americano en los últimos años.Las sanciones de los EE.UU. a Venezuela prohíben la venta de crudo y productos refinados de PDVSA y sus empresas subsidiarias en la nación norteamericana excepto cuando la operación comercial sea pagada en una cuenta bloqueada inaccesible al régimen de Maduro con el propósito de evitar el saqueo de los activos del pueblo Venezolano. Los fondos captados serían regresados a Venezuela una vez se produzca el cambio oficial de mandatario en la república Bolivariana. Las sanciones aplicadas recaen sobre 3.5 millones de barriles de petróleo, llegan a los 18 billones de dólares (7 billones en activos y 11 billones en exportaciones) y ataca frontalmente el 70% de los ingresos del país vecino que acentuará la pobreza multidimensional porque se sabe muy bien que los más afectados serán la población civil.	Aunque las medidas económicas están encaminadas a reducir el músculo económico con el que Maduro logra sostenerse en el poder, los Estados Unidos han sido históricos cofinanciadores del mismo porque son los principales compradores del crudo venezolano y porque aun cuando la sanción económica fue aprobada el día de ayer, las multinacionales estadounidenses tienen hasta Marzo 29 de 2019 para cancelar las operaciones con PDVSA sin contar con la extensión preferencial que tienen Chevron Corporation, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford para terminar operaciones hasta Julio 27 de 2019 según el Miami Herald. De cierta forma esto quiere decir que por encima del interés benefactor de restablecer el gobierno venezolano está la intención de obtener un provecho económico para los Estados Unidos o al menos así lo han sido estos años en los que el primer socio comercial importador de petróleo bolivariano ha sido la nación norteamericana.	Cuando se le pregunta al asesor de seguridad nacional de los EE.UU. John Bolton sobre la posibilidad de una acción militar en Venezuela, responde con la proverbial y cínica expresión “todas las opciones están sobre la mesa”, mientras sostiene deliberadamente en su brazo derecho el cuaderno de apuntes con apenas dos apuntes: el primero anunciando la bienvenida a las conversaciones con Afganistán y el segundo indicando la opción de movilizar 5000 tropas a Colombia. Si bien el cuaderno con la nota sobre Colombia no significa una inminente confrontación bélica, sí permite dilucidar las medidas persuasivas de los Estados Unidos cuyo rasgo característico a lo largo de la historia se limita a proporcionar, soldados, armas y recursos para enfrentamientos militares que nunca ocurren en su propio territorio, que generalmente devienen en un derramamiento de sangre y destrucción completa de los países en conflicto y del cual el beneficiario mayor ha sido la nación norteamericana por la posesión de los recursos naturales extranjeros y los préstamos bancarios para reconstrucción de las mismas ciudades destruidas.	El gobierno de Iván Duque, que parece haber sido elegido para gobernar en Venezuela y no en Colombia se encuentra ad portas de convertirse en un títere (tremenda coincidencia) por enésima vez de la potencia norteamericana y llevar, a toda la nación colombiana, al borde de una guerra que no le pertenece y de la cual no obtendrá ningún beneficio. Su partido político de unidad nacional que sigue aferrado a la vieja confrontación ideológica del siglo XX le impide reconocer que el mundo ha cambiado y que la autoridad ejercida por la fuerza no es más que un espejismo. Me pregunto si los electores de Iván Duque han pensado en la catástrofe que se avecina y, si en alguna parte de su conciencia, entienden que las consecuencias del conflicto interno, la corrupción generalizada y la desigualdad social contadas en vidas sacrificadas de líderes sociales, campesinos, policías y oficiales del ejército se acumulan en su haber para dar cuentas en el final metafísico de los tiempos.