La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de no extraditar y ordenar la libertad del exnegociador por las Farc de los acuerdos de paz Jesús Santrich, así como su posterior recaptura por decisión de la Fiscalía General de la Nación, coloca en grave riesgo la implementación de los acuerdos de La Habana, ante la insistencia del Centro Democrático para que el gobierno nacional declare el Estado de Conmoción, que permite por vía administrativa al presidente decretar la extradición a los EE. UU. del exjefe guerrillero. Sin embargo, eso no es todo. También entre las propuestas planteaban que se convocara una asamblea constituyente que tendría como propósitos reformar la JEP, derogar lo acordado en La Habana y abrir la posibilidad de revivir la propuesta de la reelección presidencial, para que el senador Álvaro Uribe Vélez, obsesionado por el poder, pueda presentarse nuevamente como candidato presidencial.La amenaza contra la paz, que viene desde sectores de extrema derecha, la polémica generada y revelada por el diario The New York Times, relacionada con una directriz del Ministerio de Defensa y los altos mandos militares, exigiéndole a las tropas mayores resultados en sus operaciones en contra de las organizaciones armadas al margen de la ley, reviviendo una nueva etapa de los falsos positivos, que dejaron más de 5.000 víctimas civiles inocentes, hoy en la impunidad; así como los asesinatos sistemáticos contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y reclamadores de tierras, motivan que la sociedad civil, defensora de los acuerdos de paz firmados con la guerrilla de las Farc, que pusieron fin a un conflicto de más de 60 años, construya escenarios como la naciente plataforma ciudadana por la paz en el Valle del Cauca, que tiene como propósito defender el acuerdo de paz y el derecho de las víctimas a que se les otorguen las 16 curules en el Congreso de la República, acordados en los diálogos de paz y negadas por los enemigos de los acuerdos en la pasada legislatura.	en el Valle del Cauca, cobra gran significación por el compromiso expresado por sectores políticos de la región, organizaciones sociales, la academia, sectores gremiales y del gobierno departamental que ha reiterado su compromiso con la implementación del posconflicto a través de la construcción de la paz territorial mediante el apoyo a proyectos productivos que beneficia a víctimas del conflicto armado y a los guerrilleros reinsertados de las Farc; como escenario ciudadano para defender los acuerdos de paz con las Farc, frente a las presiones de sectores radicales del Centro Democrático, que insisten en hacer trizas esos acuerdos, abriendo el camino para una nueva etapa de guerra; desconociendo los acuerdos que cuentan con el seguimiento de la máxima instancia a nivel internacional, como es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que en su último informe llama la atención al gobierno nacional por los retrasos en la implementación de los acuerdos, especialmente en lo relacionado con la reforma rural integral y la sustitución de cultivos; el creciente número de asesinatos contra líderes sociales, la falta de compromiso del Congreso para crear las circunscripciones especiales de paz para las víctimas y la necesidad de que el gobierno nacional garantice la labor de los defensores de los derechos humanos haciendo mayor presencia institucional y con mayor inversión social en los territorios más azotados por el conflicto, por la reactivación de la confrontación armada en algunas regiones del país.