El censo económico ya quedó en las bases del Plan de Desarrollo y fue avalado en un Conpes, en el que se asignaron unos $280.000 millones, distribuidos en las vigencias 2019 y 2020, de tal modo que en este último se contraten vigencias futuras, para ir a campo en abril del 2021.	Iremos a cada establecimiento de las empresas formal o informales, y estamos evaluando también la posibilidad de estudiar unidades móviles, como ventas ambulantes o multicanal. Ese censo busca, por primera vez desde 1990, saber cuántas empresas existen en el país de todo tipo, porque lo único que sabemos es lo que nos da el Registro Único Empresarial. Además, de microempresas, por ejemplo, sabemos lo que nos dijo el censo general del 2005, que miró los establecimientos económicos, pero muy por encima. Haremos el esfuerzo de ejecutar una muy buena tarea, de contar y de que el país entienda cómo funcionan los sistemas económicos informales, porque, si aún la mitad de la economía es informal, es por algo.	Estamos ya planeando este censo y, de hecho, tuve la oportunidad de ir a México y hablé con el director del Inegi (entidad estadística de dicha nación), porque ese país es líder en censos económicos, tanto así que lo hacen cada 5 años. Con ellos firmamos un acuerdo de cooperación para que las dependencias del Dane vieran de primera mano cómo funcionaba, y ya tenemos los mecanismos de gobernanza internos definidos, el modelo de planeación y los primeros presupuestos, porque el otro año tenemos que ir a precontar.	Es decir, tener la cartografía de la operación censal para tener rendimientos efectivos. Le diremos a los censistas que tendrán que censar un número de establecimientos determinado, y cuánto tiempo debe tardarse, tomando en cuenta ese preconteo. Ya no pasará como con el censo del 2018, al que se fue un poco a ciegas porque no estaba aterrizado ese marco.	El censo cerró operación el 2 de noviembre, y a partir de ese día, tenemos ese piso de 45,5 millones de colombianos. El censo ha tenido críticas muy fuertes frente a sus resultados en Bogotá, Cali y Soacha, y frente a las tres hemos dado argumentos de fuentes indirectas, que nos dan números similares a los del censo, y nos dan confianza de la información recopilada.	Hacia febrero, la base cruda se pasó a una plataforma pública de la Cepal, para poder hacer un análisis de consistencia demográfica, y entre tanto, trabajamos en la digitalización de los formularios de papel. De hecho, el fondo de población de Naciones Unidas nos propuso una agenda bilateral de un año, desde finales de junio hasta junio del 2020, para hacer todos los estudios poscensales y proyecciones de población en territorios pequeños. Eso nos dice que los resultados que se obtienen, tienen calidad. En tanto, ya revisamos los teléfonos con los que se hizo el censo y apareció gente que no teníamos registrada, por diferentes aspectos. Ya disponemos de la base cuatro y haremos la última etapa, de tal modo que a finales de junio entreguemos los resultados definitivos. La cifra final estará muy cerca de los 45,5 millones. No estaría acá sentado si fuera a decir que somos 49 millones, porque no es así...	Además, necesitamos un soporte logístico compatible para llegar al último rincón del país; ambas cosas requieren un presupuesto sobre el cual no hay que tacañear. Mi responsabilidad también es pensar que el próximo censo puede ser más barato, porque, hipotéticamente, no tendríamos que censar Bogotá, al empezar a ‘alimentar’ los datos de su población por vía de un registro administrativo.	Nuestro proyecto, una vez cerrado el censo, es iniciar la puesta de un registro estadístico base de población. Ya tenemos montados a Registraduría y al Ministerio de Salud, para que se garantice que las cifras de nacimientos y muertes se triangulen y todo llegue a ese registro. Es una nueva forma de hacer estadísticas, pero es lo que viene. No soy categórico en que siempre será censo o que se acabaron, pero qué mejor que decir que –de pronto– en el próximo censo, las cinco grandes ciudades no van a ser censadas. Ya estamos trabajando en esto.