Los Ardila Lulle, quienes en aquel momento tenían 3 aeronaves, y la familia Sarmiento, quienes tenían dos, ya estaban lejos de ser los únicos en volar con lujo en el detalle. Para ese entonces, la exclusiva lista de propietarios de aviones privados ya incluía a los Santo Domingo con sus dos Gulfstream V de un valor de USD 50 millones cada uno y el hoy fugitivo de la justicia colombiana Carlos Mattos con un Gulfstream 200 que le costó no menos de USD 20 millones.	Así, llegó por primera vez en la historia un representante comercial de los jets Citation los cuales terminaron convenciendo a la junta directiva del grupo Éxito y el Grupo Nacional de Chocolate, las cuales compraron un Citation versión Ultra por un valor cercano a los USD 40 millones mientras que sus colegas de Bancolombia y Sura comparten un Lear 60.	La marca Beechcraft también tiene gran aceptación entre ejecutivos y empresarios colombianos y es la marca preferida de los ingenios azucareros, pues tienen King Air las compañías Castilla, Riopaila y Manuelita -un King Air 200-. Cementos Argos tiene un King Air y un Piper, mientras Pacific Rubiales un Citation III. El gusto por este tipo de jet llevó a cuatro amigos, entre ellos Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y Manuel Antonio Lince, a adquirir un King Air B90. Jesús Guerrero, de Servientrega, tiene un Phenom 300 de Embraer.	Los directivos de empresas como Fanalca, Tecnoquímicas, el Grupo Pichucho, Kenworth de la Montaña, Mediláser, Autoniza, Decameron, Belcorp, Flexospring, Hyundai Colombia, Cartón de Colombia y Colvanes, Nacional de Inversiones, Calima Motors, Drummond, el Grupo GHL, Chaid Neme, Corona, Cadena Melodía de Colombia, el Grupo Char, Distoyota, Hacienda Los Motilones, Aerodealer, Ésika y Colombina, también tienen aviones privados para sus desplazamientos.	Hoy la cantidad de matrículas de aviones privados en Colombia apenas asciende las 150. Sin embargo, la cantidad de aviones privados que vuelan en el país es mucho mayor porque persiste la preferencia de tenerlos matriculados en otros países por la inmensa carga tributaria que representa hacer estos trámites en Colombia.