Importantes conclusiones resultaron del exitoso Congreso Colombiano de la Construcción celebrado en la ciudad. Quedó más que claro el papel clave que juega ese sector en la economía nacional, pues está conformado por una red que moviliza inversiones equivalentes a nueve puntos porcentuales del PIB, que ocupa el 14% de la mano de obra del país y sirve a toda la cadena industrial y comercial de la economía.	Por eso resulta trascendental que las autoridades hagan su mejor esfuerzo para no hacer más gravoso el ya difícil papel de proyectar, promover, construir y vender proyectos inmobiliarios en tiempos cuando la actividad edificadora se ha reducido cerca del 7%, tal como lo hizo ver la presidenta ejecutiva de Camacol Nacional, Sandra Forero, quien reveló que en el último año se ha reducido el área en construcción de 30 millones de metros cuadrados a cerca de 27 millones.	Otros frentes de esa inseguridad jurídica a nivel nacional son el “entramado de competencias en torno a temas ambientales, de planificación, de riesgo, entre muchos otros, que al final limitan las posibilidades de acceso a la vivienda y abren paso al desarrollo informal”; o la ineficiencia regulatoria que le genera un sobrecosto de 2,8 billones de pesos anuales al país “como consecuencia de la demora en los trámites y la debilidad institucional para el cumplimiento de procesos inherentes a la urbanización, construcción y comercialización de proyectos”.	Por su parte, el presidente Duque, en la clausura, denunció los peajes que se imponen a la tramitación y expedición de licencias de construcción, al igual que las mafias de la corrupción que se enriquecen con el manejo fraudulento de los usos del suelo y la extorsión cuando se construyen los planes de ordenamiento territorial.	Ese llamado de atención del presidente a toda la nación debe ser atendido también en la región, pues aun cuando no tenemos información confirmada sobre hechos actuales de corrupción como los denunciados por el primer mandatario, en el pasado sí han salido a relucir ante la opinión pública como conductas que también suceden en nuestros lares.	Si ello estuviera ocurriendo aquí, habría que parar tan malsanas prácticas ya, pues a la postración de la construcción en la ciudad por problemas que ya hemos comentado en estos editoriales, no pueden sumarse actos de chantaje que agravan artificialmente la recuperación de un sector tan intensivo en mano de obra y redistribución de riqueza a nivel local.