Los abusos sexuales siempre han sido un tema espinoso, polémico y ampliamente debatido a lo largo de la historia de la humanidad. Los seres vivos, en su obligación genética de procrear, son propensos a excesos en los que —si no cuentan con fuertes y arraigados principios éticos y morales inculcados en las familias— corren el riesgo de caer en tentaciones de la carne que hacen efectivas con los más débiles y vulnerables. Esto es, infantes, niñas y niños impúberes, y de allí en adelante básicamente mujeres de todas las edades y condiciones. Los objetivos los logran estos pervertidos, vía confianza, presiones, chantajes y por supuesto la fuerza y la violencia. La historia de la humanidad está llena de estos casos y, aunque hemos conocido a muchos poderosos de todas las épocas que han abusado de su majestad para acceder a sus víctimas, siempre han existido corrompidos que se valen no solo de la fuerza sino de artilugios, engaños y presiones para lo mismo.Hoy los motivos son los más diversos, y en pleno siglo XXI, cuando se proclama en los países el respeto al derecho y a la libertad, y más aún cuando la mujer ha logrado reivindicaciones políticas y laborales, sigue siendo víctima en muchas formas: acoso y violencia sexual, maltrato físico y moral, discriminación, ataques con ácido, mutilaciones, desfiguraciones, golpes y la muerte. Sólo que ahora, los crímenes no provienen de decisiones políticas sino de la brutalidad y los instintos bestiales de sus parejas; sus novios, sus esposos, sus compañeros permanentes, sus pretendientes. Las estadísticas son demoledoras: según el Instituto de Medicina Legal, solamente en 2017 fueron asesinadas a sangre fría en el país 204 mujeres, y la Fiscalía General habla de 345 feminicidios. Y, como a todos nos consta, prácticamente no pasa un día sin que noticieros, periódicos y redes sociales registren al menos un caso de feminicidio, maltrato o violación hacia nuestras mujeres.	Muchos son los casos que hemos conocido a lo largo de los años en que monstruosos seres, enfermos quizá o simplemente asfixiados en busca de placer sexual tardío o denegado, han tomado a mujeres, especialmente niñas y jóvenes en edades tempranas a los 13, 14 o incluso 6 o 7 años, y han abusado al acecho de ellas, sin siquiera una pizca de piedad o compasión, sabiendo tal vez que en esa misma situación pueden estar padeciendo sus propias hijas, sobrinas y hermanas. La mayoría de todos los relatos, desgarradores en su mayoría, indican casi siempre que las víctimas son cegadas de sus vidas, en un intento desesperado por salir de tal inefable situación. No es mi propósito en este escrito, en lo absoluto, de aunar en los casos más aberrantes que han sacudido a nuestro país en los últimos 20 años y sobre todo en los últimos 2 años pasados, considerando por supuesto el daño emocional que puede causar en las familias afectadas que puedan estar leyendo estas líneas, solo quiero que recordemos los más significativos y que de alguna manera han trascendido no solo en el escenario nacional y de opinión pública, sino también en cada uno de nuestros corazones. Nombres como Luis Alfredo Garavito (el mayor asesino serial y agresor de niños de la humanidad) apodado como “La Bestia”, Fredy Valencia (el Monstruo de Monserrate), Manuel Octavio Bermúdez (el Monstruo de los Cañaduzales) y el más reciente, Levith Rúa (La Bestia del Matadero), quedarán grabados para siempre en la memoria colectiva de la sociedad colombiana y lo que es peor, escritos en las páginas negras de la historia de nuestro país.	Empecemos por recordar a la dulce niña indígena Yuliana Samboni secuestrada, violada y asesinada a manos del tristemente célebre y conocido arquitecto Rafel Uribe Noguera en 2016 en un apartamento en Bogotá. Por este hecho, el confeso asesino afronta una condena de 52 años de prisión. Otro desgarrador episodio se presentó en el municipio de Fundación (Magdalena) cuando se conoció que un residente de esa población cuyo nombre obedece a Adolfo Arrieta, violó, torturó, incineró y enterró en el patio trasero de una casa a la menor Génesis Rúa de 9 años de edad. Este hecho conmocionó a todo el país, incluido el propio Presidente Duque, quien pidió que se le otorgara la pena máxima contemplada en nuestras leyes por tan flagrante crimen.	En noviembre de 2017, la joven estudiante del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Gabriela Romero Cabarcas, salió de su casa, tipo 8:30 de la mañana rumbo a su sitio de estudio. Infortunadamente, antes de cumplir con su cita académica, fue al encuentro de su posterior asesino y violador, Levith Rúa Rodríguez, expolicía sindicado con antecedentes de acceso carnal violento, y reincidente en el año 2010 (cuando estaba de permiso pero recluido en un centro carcelario) al intentar abusar a una joven en su municipio natal. El caso de Gabriela, fue quizá, el de mayor impacto social y que causó un boicot en todo el país especialmente en la opinión pública, porque su asesino, muy campante en las calles, negaba cualquier tipo de relación con ella, más cuando se había encontrado una serie de pruebas y evidencias que dejaban en claro cómo este sujeto habría incitado por medio de un falso trabajo, un encuentro a solas con la joven estudiante. Viéndose atrapado y acorralado, confesó no solo detalles desgarradores del fatal crimen, sino también dio el lugar exacto en donde los peritos de la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) podían encontrar los restos mortales de Gabriela.	La mayoría de los procesos por los casos citados con anterioridad, tienen una particular semejanza y es que se ha tratado siempre, por todos los medios, de dilatar las investigaciones de los casos, con el fin de que sus confesos asesinos no purguen en prisión las merecidas penas que las aguardan. Todos estos casos, calificados como feminicidios agravados por diferentes organizaciones tanto nacionales como internacionales, ameritan por supuesto que se aplique no solo la pena máxima para este tipo de aberraciones sino que además, se contemple la posibilidad de una reforma constitucional que acredite el uso de la pena de muerte y la cadena perpetua para estos degenerados. Porque nadie puede ser tan ingenuo de creer que luego de haber cometido semejantes atrocidades, estos bandidos van a salir regenerados de los centros carcelarios, siendo hombres de bien y útiles a la sociedad. ¡Pura paja! La misma cárcel se encarga, sin embargo, de hacerles pagar de alguna u otra forma todo el mal que en vida han cometido. No es para menos, pues merecen incluso la castración total de sus miembros, porque bien sea dicho, cualquier castigo es poco para lo que hacen estos delincuentes.	¿Qué puede afectar más a una mujer que ser violada? Qué podemos decir entonces de un niño o una niña accedidos sexualmente, seguro con violencia la primera vez y luego consuetudinariamente, hasta confundir su mente infantil al punto de no saber ya qué es bueno o es malo. Todos los días oímos de feminicidios, tráfico de personas, violaciones a niños y niñas por parte de padres, padrastros, hermanos, tíos y familiares cercanos y lejanos. Aunque resulta extraño que el tema haya sido de acontecimiento común, es peor aún que continúe siéndolo. En la mayoría de los casos los directamente afectados no dicen nada, y si dicen los mismos familiares tapan, esconden, protegen a los implicados, que siguen violando sin límites porque son enfermos, pervertidos sin cura que además transmiten desgraciadamente sus malignas ‘preferencias’. Por eso se hace imperativo que el ICBF, tal como es su responsabilidad, tan pronto conozca la ocurrencia de violaciones de menores, se involucre directamente en los casos, e independientemente de que existan denuncias formales, culmine hasta las últimas consecuencias las acciones conducentes a eliminar la posibilidad de que estos depravados repitan sus bárbaros procedimientos.	Para qué dio papaya, dice la gente. Si se emborracha y se viste de forma insinuante como una prostituta, luego no se puede quejar de las consecuencias. Los hombres no son máquinas, anotan, y si la mujer se embriaga y se les insinúa, y si se abre de piernas entre carcajadas, después no puede decir, en el último instante, “No, cambié de opinión”, porque ya es demasiado tarde y ella se expuso a esa situación. O sea: si la violan ella tiene la culpa, o, al menos, una importante cuota de la misma. Es asombroso que en pleno siglo XXI siga operando esta mentalidad tan errada y machista. Eso fue, dicho en breve, lo que alegó el padre de un violador. No es justo, afirmó, que a mi hijo se le acabe la vida por una acción de sólo 20 minutos. A pocos les parece preocupar que esa misma acción le acabara la vida a la víctima, a la mujer que fue violada, pero dejemos de lado ese punto por ahora. Lo cierto es que aquí hay una grave confusión de conceptos, y un peligroso desequilibrio de derechos.	En cuanto a los conceptos, digamos que si la mujer se viste de manera inadecuada, algunos podrán pensar que eso fue un error. Yo creo que una mujer tiene derecho de vestirse como le dé la gana, y que su aspecto no se traduce en un permiso para ser violada; pero aceptemos, en aras de la discusión, que la mayoría piensa que ella se equivocó con su ropaje. Que vaya siempre sola a un bar o discoteca, sobre todo de dudosa reputación también, según muchos, siempre es un error. Pienso, por el contrario, que una mujer tiene derecho de ir a donde quiera, al igual que un hombre, y eso no disculpa su violación. Por último, que se haya emborrachado hasta perder la conciencia, agregan, también es un error. Estoy de acuerdo con eso. Eso siempre es, sin lugar a dudas, un grave error. ¿Pero qué opinan de la violación? Sí, admiten esas mismas personas. Ese fue el error de parte del muchacho. Y aquí está la equivocación. Porque eso no fue un error. Fue un delito. Y no son la misma cosa.	Errores cometemos todos, pero no todos cometemos delitos. Y lo que hizo este joven fue un crimen. Que haya durado un minuto, o 20 o 60, es irrelevante, y lo justo sería que él pagara una condena proporcional a su delito. Esa confusión entre error y delito ocurre a menudo, y la gente olvida que, cuando se trata de un error, eso se repara con unas buenas disculpas. Un delito, en cambio, se castiga con una sanción o una pena de cárcel. Quizás ella cometió errores, pero no cometió delitos. Él sí. Entonces no confundamos una cosa con la otra. En cuanto a los derechos, pienso que una mujer tiene el mismo derecho de un hombre, de poder cambiar de opinión, en el instante que le dé la gana. Se puede arrepentir de lo que está por hacer y decir No. Y ese No es inequívoco. Insistir equivale a violar. Porque si un hombre tiene la opción de cambiar de parecer incluso en el último segundo, igual lo tiene la mujer. Y más ella. Porque él, en el peor de los casos, se privará de una experiencia sexual. Pero ella, en cambio, está impidiendo que la violen. Y eso tampoco es la misma cosa.	Mientras la sociedad no tome medidas radicales que eviten definitivamente estos aciagos hechos seguiremos en las mismas, insisto en que el Bienestar Familiar, al enterarse, así sea anónima o informalmente, inicie investigaciones de oficio y gestione ante la justicia las penas correspondientes que deberán llegar al aislamiento de por vida de estos miserables que, de seguir sueltos por las calles, continuarán impunemente atentando contra la inocencia, intimidad e integridad física de nuestros niños. Todos estamos expuestos a ser víctimas directas o indirectamente de esto, por favor abramos los ojos.	Desde una perspectiva constitucional, si atendemos a los fundamentos del ordenamiento jurídico colombiano y a los compromisos del Estado consignados en varios tratados internacionales, en teoría la mujer está protegida por el sistema y por las autoridades, pero ello no tiene expresión en la realidad cotidiana, ni en las costumbres, ni en los criterios sociales predominantes. Es menester que, además de las sanciones penales, mediante una profunda y persistente labor educativa se haga conciencia a nivel público sobre la dignidad de la mujer y acerca del prioritario objetivo de erradicar las prácticas que cercenan y hacen inútiles las normas e inane cualquier garantía formal mientras no se traduzca en un hábito colectivo, en una convicción generalizada y en una extendida cultura de respeto y consideración hacia el sexo femenino. Su dignidad, su vida y sus demás derechos básicos no pueden quedar expósitos en una sociedad civilizada.