Además de la condena de 15 años por delitos electorales contra la exrepresentante a la Cámara, Aida Merlano, la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar al senador Arturo Char, el representante a la Cámara Laureano Augusto Acuña y la diputada Margarita Ballén, por la relación con el ilícito que tiene tras las rejas a Merlano.	Los nombres en la empresa criminal que, según la Fiscalía, montó Merlano y que lo ratificó la Corte con su condena, no son desconocidos pues en las audiencias de imputación de cargos a los vinculados con esta red, ya habían salido a la luz, incluso muchos de ellos ya están ante los estrados judiciales.	“La organización contaba con una estructura administrativa -como parte de la campaña- con personal destinado al manejo de nómina y listados de los coordinadores, sus líderes, sufragantes, didactas y punteadores, así como el control del dinero entregado a los líderes para compra de votos y demás gastos que ellos generaba, como el pago de transporte, refrigerios, comida, papelería etc”, dice el documento.	Según el fallo de la Corte, dicha sede política contaba con seguridad privada de Merlano Rebolledo. Sus tres escoltas tenían armas de fuego sin permiso oficial de su tenencia o posesión, por lo que las autoridades no descartaron en escatimar que esto es una “organización delictiva a fin de asegurar los bienes y dineros de los cuales se ejecutaban las operaciones masivas de compra de votos”.