Es así que un estudio del Banco Mundial indica como ejemplo que si Colombia le hubiese dado prioridad a su infraestructura a mediados de la década de 1990, como lo hicieron otros países como Corea del Sur, Nueva Zelanda, Turquía, y Malasia, que en cuatro años mejoraron su infraestructura, habría logrado tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, de 3 puntos porcentuales por año.	Pareciera que un cuarto de siglo después nos estamos poniendo al día. Y es así por la decisión del Gobierno anterior, de poner en marcha el programa Cuarta Generación de Concesiones Viales, 4G, considerado por muchos como uno de los más ambiciosos en la historia de la infraestructura del país, comparable quizá al liderado por el presidente Rojas Pinilla en la década del 50. En el caso de las 4G, se trata de una inversión cercana a 50 billones de pesos, con más de 8.000 kilómetros de vías, de las cuales 1.370 son en doble calzada y 159 túneles.	Pero no todo es color rosa, como lo evidencian los hechos y señala la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Al inicio del actual Gobierno, de 29 proyectos, 23 estaban parados por dificultades en su cierre financiero, problemas de entorno y seguridad, y temor de muchos funcionarios de tomar decisiones por los escándalos de corrupción. Era necesario “recuperar la credibilidad en el sector y sacarlo adelante con transparencia”, de acuerdo con la Ministra.	En un reciente especial periodístico, Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, señala que a la fecha, de los 29 proyectos, 17 tienen cierre financiero, seis tienen avance de obra del 50 por ciento, y se espera que dos entren a operar en lo que resta del año.	Pareciera haberse optado por otras modalidades de transporte -aéreo y marítimo- para cumplir ese propósito. Es necesario, por ejemplo, priorizar la doble calzada Popayán-Pasto y Pamplona-Cúcuta e impulsar nuevas conexiones con los vecinos, como la vía Tumaco-Esmeraldas, en Ecuador. Y volver a soñar con la Vía Panamericana: una vez concluida la autopista de Medellín a Turbo, faltarían 87 kilómetros para conectarse con Panamá, es decir, con Centro y Norte América.	Los hidrocarburos se han convertido en una fuente determinante de ingresos para el país. Entre 2005 y 2015 aportaron al fisco 200 billones de pesos. Corresponderá hacer un análisis de las lecciones aprendidas de esa última bonanza, pues a lo largo de los años estos recursos no siempre se han invertido bien ni de la manera más estratégica.	La renta petrolera no debe ser utilizada como plata de bolsillo de la Nación ni de las regiones, ni para proyectos de bajo impacto. Debe contribuir a la competitividad del país y de las regiones; y lo más indicado para lograrlo es invertir de manera estratégica en infraestructura de transporte vial.	Es más, si realmente queremos diversificar más la economía y los ingresos fiscales, apuntalar el turismo y la agroindustria, y no depender tanto del petróleo y sus derivados en la canasta exportadora -que representó 40% en 2018- debemos volcarnos con decisión a la conquista de los mercados internacionales, sino para qué los Tratados de Libre Comercio, TLC.	Ello se debe, de acuerdo con ANIF, a que “el 53 por ciento de nuestra producción está a 1.000 kilómetros del puerto más cercano al norte y a unos 500 kilómetros del puerto más cercano hacia el occidente”. Además de remontar dos veces 2.500 metros de altura de cordilleras.	Lo anterior para enfatizar que el país no debe bajar la guardia en materia de infraestructura de transporte. Si queremos crecer económicamente y diversificar nuestras exportaciones, sin sustituir las ventas externas de hidrocarburos, debemos seguirle apostando a la infraestructura. Y el momento no podía ser mejor, pues el país cuenta con una Ministra de Transporte que además de ejecutiva y honorable, sabe como pocos de comercio exterior.