ue se cumpla la sanción de tres días de arresto y multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, impuesta a un directivo de Coomeva EPS, el 6 de noviembre de 2018, por ignorar fallo de tutela e incidente de desacato; es lo que solicitará el personero Distrital, William Matson, a las autoridades policivas.	La sanción la impuso el Juzgado Séptimo Civil Penal Municipal de Cartagena al coordinador nacional de cumplimiento de fallos judiciales de Coomeva EPS, Luis Alfonso Gómez Arango, por considerar que “incurrió en desacato del fallo de tutela de 1 de octubre de 2018, proferido por este Juzgado, dentro de la acción de tutela promovida por Nelson David Ríos Almonacid, contra Coomeva EPS”.	En el fallo que el mencionado coordinador no cumplió se ordenó “entregar a Nelson la autorización del procedimiento médico ventriculoseptoplastia con aplicación de prótesis (parche de goretex)”. A través de auto, el 10 de octubre de 2018 el Juzgado volvió a requerirle que cumpliera la orden emitida y que en las 48 horas siguientes al recibo de la comunicación informara qué gestiones había realizado para el cumplimiento del mencionado fallo. Gómez Arango hizo caso omiso.	Para que se materializara la sanción impuesta, el 5 de diciembre pasado el Juzgado Séptimo Civil Penal Municipal de Cartagena ofició a la Policía Metropolitana de Cali, ciudad en la que reside el directivo de Coomeva. Sin embargo, a la fecha, ni Gómez Arango ha cumplido la sanción ni Nelson ha recibido el servicio requerido.	“Al nacer me detectaron una comunicación interventricular (CIV). Es un defecto cardiaco congénito, presente desde el nacimiento. Cuando me revisaron en Coomeva, porque siempre he estado en esa EPS, el médico dijo que no había ningún problema, que esa comunicación interventricular se cerraría con el tiempo. Pasaron los años y a los 21 empecé a sentir taquicardia (ritmo cardíaco irregular o acelerado). Por eso he estado dos veces en urgencias y me hicieron exámenes. Pasé por todo un procedimiento y, luego de un cateterismo, a finales de agosto de 2018, determinaron que me tenían que operar para cerrar esa comunicación interventricular.	“Todo bien hasta ahí. No había tenido ningún problema en Coomeva. Cuando empecé a hacer las vueltas para la cirugía, el médico me dio la orden y me dijo que necesitaba la autorización de la EPS. Ahí se dañó todo. Me dirigí a Coomeva el 27 de agosto de 2018 y me dieron un comprobante que dice: “fecha de radicación 27 de agosto y fecha esperada de respuesta: 3 de septiembre”. Es decir, tenían seis días hábiles para contestar esa orden. Regresé el 3 de septiembre y no recibí ninguna respuesta. Simplemente me dieron un número de caso y me dijeron que estaba en trámite”.	El personero, William Matson, sostuvo que “ya se instauró tutela, se presentó desacato y la EPS no cumplió ni la tutela ni el desacato, entonces lo que estamos solicitando es la captura del gerente o representante legal de Coomeva, porque están prácticamente atentando contra la vida de esta persona y posiblemente vamos a tener que presentar quejas ante la Superintendencia de Salud, para que el nuevo superintendente, con base en las nuevas funciones que le ha otorgado la ley, lo sancione disciplinariamente y lo inhabilite hasta por un término de 15 años, para que no trabaje más con EPS”.	Señaló que el paciente en mención no es el único afectado por la negligencia de la EPS. “Es Nelson y muchos más, porque el problema con Coomeva es serio. Después de haber sido una gran EPS, se convirtió en una EPS que vulnera de manera sistemática los derechos fundamentales y particularmente el derecho a la salud, de sus usuarios, y eso no está bien.	“Coomeva ha venido incumpliendo tutelas y algunos desacatos, pero algunas personas solicitan que esperemos, que no los denunciemos, que hagamos otro tipo de gestión. En este caso, recomendé hacer efectivo el desacato y que asuman las consecuencias de su incumplimiento, porque no podemos permitir que se siga jugando con la salud de los colombianos. Hoy es este paciente, mañana somos nosotros o cualquier pariente”.	Los asuntos que más motivaron esos servicios fueron: negación de medicamentos e insumos, y autorización de procedimientos médicos, con 42 casos cada uno; y demora en los procedimientos médicos, con 35; seguidos de gastos de traslados para procedimientos médicos, 13; negación de incapacidades, 9; sentencias judiciales, 6; demora en asignación de citas médicas, 5; trámites de afiliación, 4; exoneración de pagos en salud, 3; y solicitud de asesoría en accidentes laborales, negación de procedimientos médicos, trámites de traslado y afiliación, un caso cada uno.	Ríos manifestó que “lo que me dicen los médicos es que eso va a ir empeorando porque no se está tratando con nada y tampoco se puede tratar con medicamentos, tiene que ser con cirugía. No entienden por qué el médico que me vio cuando estaba niño dijo que se me iba a cerrar, porque hay dos tipos de defectos cardiacos. Uno auricular, que es un soplo que está en las aurículas y se cierra con el pasar de los años; y el que tengo yo, que no se cierra porque es ventricular y por ende la sangre pasa con mucha más fuerza, y por lo tanto eso con el pasar de los años no se cierra”.	Reiteró que “los especialistas no entienden por qué no me intervinieron hace años, porque cuando un bebé nace con ese defecto, la operación se hace a los nueve meses de nacido. Si la persona no se opera, a partir de los 20 años, 22 o 23, depende de su organismo, empieza a presentar dificultades”.	El paciente manifestó su molestia por la actitud de Coomeva. “He sentido negligencia de su parte porque simplemente dicen que la autorización de la cirugía ‘está en trámite’. Y las respuestas que dieron en la tutela e incidente de desacato eran como si yo estuviera inventando mi padecimiento, como si no tuviera ese defecto cardiaco”.