Honorables senadores (as):Me dirijo respetuosamente a ustedes, con el fin de solicitar su apoyo y el de sus bancadas, para la aprobación del artículo 303 del PND, que ofrece una amnistía para los vinculados a AFP que quieran retornar a Colpensiones. Somos muchos los colombianos que fuimos afiliados al sistema privado de pensiones, mediante presiones ilegales, información insuficiente o falsa y falsificación de firmas. Como resultado, recibimos pensiones que no nos permiten sostenernos en la vejez. Ante lo cual, tenemos dos opciones: trabajar indefinidamente y, o perder los bienes adquiridos a lo largo de una vida de esfuerzo.	Sabemos que, en contra del artículo 303 del PND —que para nosotros más que una amnistía, es un rescate— se encuentra la oposición del sector financiero y sus cómplices, que propondrán argumentos para supuestamente proteger los intereses de los colombianos, pero que realmente estarán encaminados a no dejarnos escapar para no perder el dinero de nuestros ahorros, que para los banqueros no es otra cosa que una fuente de ingresos para su negocio.	Publicidad. Probablemente, bajo el lema de “divide y vencerás”, se planteará que, para que nosotros recuperemos nuestros derechos, sería necesario aplicar conocidas aspiraciones del gran capital y de ministros del actual gobierno, como son: el aumento de la edad de pensión, la disminución del salario mínimo y el incremento de los impuestos que más perjudican al grueso de la población. Esto, con el fin de hacer impopular nuestro “rescate”, y a pesar de que, de todas maneras, tienen la intención de implementarlas.	En contraposición, me permito recordar que, en Colombia, no existe una bomba pensional, como lo declararon el Dr. Juan Miguel Villa, actual director de Colpensiones, y su exdirector, el Dr. Mauricio Olivera. Pero sí una bomba social. Aunque no la anunciada por Asofondos para los adultos mayores del futuro —como clara estrategia para promocionar el negocio redondo de las AFP— sino la que las AFP generaron ya, para miles de adultos mayores del presente. Por otro lado, resulta inaceptable pretender que el cumplimiento de la regla fiscal dependa de la conculcación de los derechos de los trabajadores. En su lugar, sugiero se considere que, con genuina voluntad, se tomen disposiciones para recuperar los recursos que absorbe la corrupción —tanto en los sectores público y privado, incluido el financiero— que resulta francamente insostenible.	En este orden de ideas, cabe señalar que, por cuenta de las AFP, los afectados estamos viviendo una tragedia: decanos, profesores, investigadores con títulos de doctorado, ministros, políticos, abogados, médicos, enfermeras, profesionales técnicos, gerentes, jueces, etc. J. M. Villa informó sobre la existencia de quince mil demandas para retornar a Colpensiones. Sin contar a las personas que ya demandaron y obtuvieron fallos (a favor o en contra); las que quieren entablar demandas y no pueden, porque no tienen el dinero; y las que probablemente, por desinformación, todavía no saben que fueron engañadas. Eso, sin mencionar a aseadores, vigilantes y obreros, quienes se quejan de afiliaciones sin su consentimiento. Lo mismo que ocurre con universitarios a quienes Porvenir vinculó a través de la oferta de bonos promocionales.	Ante esto, surgen interrogantes que considero imperativo resolver. El propio presidente de la Anif, Sergio Clavijo, en entrevista en la W Radio, reconoció que estaba afiliado a Colpensiones, porque, según él, se sabe que es un sistema mejor. Por lo tanto, si él piensa así, cabe preguntar cómo las AFP lograron catorce millones de afiliados, doblando a Colpensiones, que solo tiene siete. Semejante prodigio en el área del mercadeo plantea incógnitas que merecen ser objeto de una investigación capaz de esclarecerlas. Sobre todo, cuando miles de ciudadanos se quejan por vicios de consentimiento y demandan ante los estrados judiciales. Les pido, por favor, su generoso apoyo para que esta investigación se lleve a cabo, no solo por parte de una institución científica seria, autónoma e imparcial, sino también, por las autoridades competentes.	Y, por lo tanto, creo que, en lugar de vetar a los congresistas que tienen interpuestas demandas para retornar al régimen público, como ya reclaman algunos, les permitan aportar su reveladora experiencia. Por lo pronto, los testimonios de quienes manifestamos nuestra inconformidad por estas irregularidades, señalan engaños que atentan contra el derecho a la pensión con el menoscabo de su monto, en perjuicio de un grupo de la población reconocido por la Constitución como vulnerable, como son los adultos mayores, quienes reciben, como premio a una vida de trabajo honrado y reconocidos méritos: normas jurídicas que los dejan atrapados en las AFP; muchos de ellos, fallos judiciales en su contra, con la consecuente pérdida de sus bienes y, como si de un circo romano se tratara, la indiferencia, la calumnia (los tachan de negligentes para exonerar a los culpables) y el escarnio. A este nivel de arbitrariedad y barbarie hemos llegado.