Como parte de la política del Gobierno actual de defender la legalidad y de combatir la corrupción, la lucha contra la evasión tributaria debe ser una prioridad. El no cumplimiento de estas obligaciones es violatorio del principio de equidad, pues mientras los ciudadanos cumplidos soportan la carga tributaria, los evasores no lo hacen en la misma proporción al financiamiento del Estado.	En este sentido, la Ley de Financiamiento es acertada en atacar algunas modalidades de evasión. Una primera medida establece la obligación de declarar, bajo la gravedad de juramento, que el precio contenido en las escrituras de venta de bienes raíces constituye la totalidad del precio pactado por la venta. Así se busca evitar que pagar parte del precio se pague “por fuera” de la escritura, modificando la base real de los impuestos. De manera complementaria, a partir del 1 de enero de 2019 no serán constitutivos de costo de los bienes raíces aquellas sumas que no se desembolsen a través de entidades financieras. Es decir que lo que pague el comprador en efectivo no será reconocido tributariamente como parte del costo de adquisición, lo que en el futuro, al momento de la venta del bien, significará un mayor impuesto en la venta. Sin duda esta medida es un desincentivo a las transacciones en efectivo y un gran incentivo para declarar las operaciones por sus valores reales.	Las personas o entidades que hayan sido parte en negocios con propósitos de evasión o abuso y quienes custodien, administren y gestiones activos en vehículos utilizados con propósitos de evasión o abuso, serán responsables por los impuestos dejados de recaudar. Se busca que las personas no se escuden en la limitación de la responsabilidad de las sociedades para hacer operaciones de evasión o abuso. Además, se pone en cintura a los administradores de productos utilizados con propósitos evasivos o de abuso. Esta disposición apunta en el sentido correcto para combatir la evasión, sin embargo preocupa su aplicación en casos en que las autoridades consideren que existe abuso tributario. Clasificar una conducta como abusiva depende de la valoración de factores subjetivos, por lo que esta sanción puede resultar desproporcionada.	Al margen las discusiones sobre las medidas, se trata de pasos en la dirección correcta para combatir la evasión. Sin embargo, es urgente profundizar la política en contra de estas prácticas, como un complemento a la lucha contra la corrupción. En este sentido, debe recordarse la recomendación de la Comisión de Expertos Tributarios de 2016 de crear un centro de estudios para calcular la evasión, identificar sus focos y establecer metodologías para medir el impacto de las medidas para luchar contra ella. Así, las medidas contra la evasión responderán a una política coordinada, estudiada y medible.	En su columna en El Tiempo del pasado 12 de diciembre, la Vicepresidente hizo un llamado a una cruzada común contra la corrupción, anunciando que el Gobierno está comprometido a adoptar las mejores prácticas internacionales para combatir este flagelo y señalando la promoción la cultura de la legalidad. Es clave que Vicepresidencia incluya en la agenda de la corrupción la lucha de la evasión tributaria, y en este sentido asuma la coordinación de entidades como la Dian, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía para poner en práctica las medidas legales existentes para combatir la evasión.