El motivo de la convocatoria no era otro que dar a conocer uno de los informes anuales que hace la entidad adscrita a las Naciones Unidas, en este caso el del panorama social de la región. Dada la coyuntura de descontento por la que atraviesa esta parte del mundo, el interés que despertó el reporte acabó siendo mayor que en otras oportunidades.	Como si lo anterior no fuera suficiente, hay retrocesos inquietantes. Según los cálculos preliminares del organismo, el número de personas en condición de pobreza llegaría a 191 millones en 2019, 27 millones más que hace cinco años. Aparte de que hay casos puntuales de gran deterioro como los de Venezuela, Argentina o Brasil, nada hace pensar que la tendencia general sea hacia la mejoría.	La combinación de una gran disparidad en la repartición de la torta de los ingresos y un aumento en la inseguridad económica que angustia a incontables familias ayuda a entender la insatisfacción que se expresa en las calles. No obstante, el problema es mucho más de fondo y tiene raíces que pasan por una cultura del privilegio que favorece a los de arriba, de acuerdo con la Cepal, pues “naturaliza las desigualdades, la discriminación”.	La baja en el desempleo ayudó a que los hogares más pobres mejoraran sus ingresos, al tiempo que las arcas estatales pudieron financiar programas de transferencias como Familias en Acción o Adulto Mayor, que les ayudaron a los sectores más vulnerables. Lamentablemente, el impulso terminó en 2014, cuando las cotizaciones de productos básicos como petróleo o soya comenzaron a bajar.	Esa impresión se apoya en las cifras. Los especialistas usan el coeficiente de Gini, creado por un estadístico italiano, cuyos valores mínimo y máximo son cero y uno, respectivamente. En el primer caso, todos los individuos de una sociedad determinada tendrían que recibir lo mismo. En el segundo, uno se quedaría con todo.	Como nada de eso ocurre en la práctica, hay que hacer los cálculos y establecer comparaciones. Islandia encabeza los listados globales con un valor de 0,24, mientras que el promedio de la Unión Europea es de 0,31. Por su parte, las naciones latinoamericanas están en 0,46. El dato es mucho mejor que el del 2002, lo cual daría pensar que el parte no es tan malo. Sin embargo, en los últimos cinco años el ritmo de avance se ralentizó.	La radiografía empeora radicalmente cuando se incluyen en las cuentas lo que dan las encuestas de hogares junto con los registros tributarios y se capta mejor al uno por ciento más rico de la población. De repente, el índice Gini se dispara a 0,6 lo cual deja a la región muy mal parada en el ámbito mundial. Vuelve a confirmarse así que el estigma de siempre persiste: muchos tienen poco y pocos tienen mucho.	En semejante contexto, Colombia no sale bien librada. Aparte de que estamos muy lejos de Uruguay –que consistentemente es el de mostrar por estos lares– superamos con creces el promedio de la zona. Tal como señala el académico Luis Jorge Garay, quien viene de publicar un libro al respecto en asocio de Jorge Enrique Espitia, nos encontramos en el grupo de los tres peores del hemisferio, a la par de Brasil.	Más grave aún es la concentración en la punta de la pirámide. Con base en las declaraciones de renta del 2017 los dos profesionales pudieron determinar que el 0,1 por ciento de los contribuyentes más ricos obtienen el 20 por ciento del ingreso bruto y el 10 por ciento se queda con el 51 por ciento.	Para comenzar, las tasas efectivas de tributación son muy bajas. Garay y Espitia calculan que oscilan entre 2 y 4,8 por ciento para aquellos que reciben las rentas brutas más altas, así la tarifa nominal diga otra cosa. El monto de las gabelas obtenidas por los contribuyentes hace dos años sumó ocho billones de pesos.	Si bien en lo que atañe a los salarios hay cierta progresividad –a pesar de un generoso esquema de exenciones– otras fuentes de recursos le pagan muy poco al fisco. Por otro lado, la clase media contribuye menos que en sociedades comparables, para no hablar de las tasas de evasión que son elevadas, al decir de quienes han analizado el asunto.	Juliana Londoño Vélez, que trabajó con el francés Thomas Piketty, afirma que “el Estado necesita más recursos y lo cierto es que Colombia recauda muy poco en impuestos, en comparación con países desarrollados”. Para esta doctora de la Universidad de California en Berkeley “debemos meternos la mano al bolsillo y contribuir a este esfuerzo colectivo por lograr un país con menor pobreza y mayor igualdad”.	Aparte de lo anterior, la manera en que se usa el presupuesto entra dentro de la categoría de lo escandaloso. No hay acápite en el gasto estatal que se lleve más dinero que el de las mesadas de los jubilados. El problema es que el 51 por ciento de los subsidios benefician al 20 por ciento más rico de la población y el siguiente quintil obtiene un 23 por ciento adicional.	En contraste, al 20 por ciento más pobre apenas le llega el 2,3 por ciento de esa suma. Debido a ello, Londoño Vélez dice que “debe reformarse el sistema pensional de manera que se aumente la cobertura y mejore la equidad, reduciendo la vulnerabilidad de los trabajadores informales y de los mayores de edad”.	Tan descarnado diagnóstico contrasta con la postura del comité del paro que inspiró las movilizaciones que comenzaron el 21 de noviembre. Al hacer pública su lista de exigencias con el fin de suspender el cese de actividades de sus agremiados, los dirigentes no dejaron dudas sobre su posición: “el Gobierno se abstendrá de tramitar la reforma al sistema pensional”, dice el punto cinco de su pliego.	¿Qué hacer, entonces? Marcela Meléndez opina que “esta es la oportunidad de una reforma tributaria que sea realmente progresiva. Creo que la gente quiere ver esto y no exenciones al sector empresarial ni días sin IVA, que es lo que al país no le conviene”. Y agrega que “la calidad del gasto es un reto, para que de verdad se traduzca en oportunidades iguales para todos. Pero lo primero es que haya recursos disponibles para hacer inversiones de verdad transformadoras en capital humano o infraestructura”.	Nora Lustig habla de la importancia de contar una educación de calidad que les llegue a los más jóvenes independientemente del lugar en que nazcan o el ingreso de su familia, como la mejor manera de igualar las oportunidades. También opina que el gasto focalizado en la población vulnerable es clave para no condenar a los más pobres a quedarse atrapados en la trampa de la miseria. Una economía sana, que crezca a tasas decentes, es una condición necesaria, pero no suficiente.	Otro elemento por considerar es que en más de una ocasión desigualdad y pobreza van de la mano. Así ocurre en el Chocó, que ocupa los últimos lugares en el territorio nacional, en ambas categorías, de acuerdo con el Dane, junto con La Guajira y Cauca. Y no está de más subrayar que el ingreso promedio de un bogotano, casi cuadruplica el de un chocoano, según la misma fuente. Puesto de otra manera, no solo se trata de acortar distancias entre ricos y pobres, sino de hacerlo entre el centro del país y buena parte del litoral Pacífico, entre otros lugares.	Ese es el motivo por el cual la Cepal habla de la firma de pactos, cuyo cumplimiento sea independiente del color del gobierno de turno. El problema es que para ello hay que tener voluntad de alcanzar consensos, algo que no parece posible en las actuales circunstancias en las cuales la polarización es la norma.