Cuando escuchamos frases de organismos internacionales que sustentan que Latinoamérica “es la región más violenta del planeta, fuera de las zonas de guerra” o que “uno de cada tres homicidios que ocurren en el mundo se registra en América Latina y el Caribe” nos sentimos preocupados, pues sin duda esto es parte de las conversaciones cotidianas que tenemos con familia, amigos y colegas de trabajo.	: coordinación y colaboración estratégica con las fuerzas de seguridad (propias o de ámbitos territoriales superiores como ser estatales / provinciales o nacionales); fortalecimiento supra-institucional a través de la mejora de los servicios y plataforma tecnológica de atención de emergencias; provisión de otras herramientas de tecnologías de información y comunicación modernas para la lucha contra el crimen; implementación de mecanismos de comunicación ciudadana eficaces que promuevan la participación de la ciudadanía, y otros.	. A este respecto, un estudio[2] muy relevante es el realizado en 2018 por Lucía Dammert, analista e investigadora internacional en Seguridad, quien analizó la situación de múltiples instituciones de seguridad pública de la región latinoamericana y pudo reconocer que aquellas que han desarrollado un proceso serio de adquisición de tecnología, en donde las estrategias de trabajo policial están basadas en evidencia, son aquellas que efectivamente pueden prevenir y controlar el delito con mejores resultados.	, misma que debe considerar edad apropiada y un facilidad para adaptarse al desarrollo tecnológico; en segundo lugar, el invertir en sistemas de información que al cruzar permita determinar con exactitud los delitos para definir acción y por último, reconoce que las TIC, son el mejor aliado para empoderar y mejorar la gestión policial, aumentar la responsabilidad de los cuerpos del orden y luchar contra la corrupción.