En una de sus actuaciones más recientes al respecto, la Superindustria formuló pliego de cargos a Rappi por presunta vulneración de los derechos de los consumidores en aspectos como información, publicidad engañosa, promociones y ofertas, información pública de precios, cláusulas abusivas, derecho de retracto, reversión del pago, calidad y comercio electrónico.	Vale la pena aclarar que la destinación de los recursos percibidos por las sanciones impuestas por la Superintendencia por este concepto, según el parágrafo 3 del artículo 61 de la Ley 1480 del 2011, van en un cincuenta por ciento al presupuesto de la entidad y el otro cincuenta por ciento tiene como destino fortalecer la red nacional de protección al consumidor.	Respecto a los pagos de las multas, actualmente la SIC tiene en proceso de cobro a 475 fallos para poder recaudar el dinero, no obstante, frente a Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor se han presentado 58 recursos de apelación y 61 a la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones.	En lo que tiene que ver con pagos por violaciones a la libre competencia el porcentaje de pagos es aún más bajo, pues de las 50 empresas sancionadas a la fecha, solo el 22 por ciento de estas han honrado la obligación interpuesta por la SIC abonando un total de $12.557 millones de pesos.	Entre las empresas que más dinero deben por esta razón están Ponce de León y Asociados Ingenieros Consultores (En liquidación judicial), con 15.624 millones de pesos; Manufacturas De Cemento, con 9.473 millones de peso; Constructora Arkgo, con 8.003 millones de pesos y Constructora Inca, con 6.003 millones de pesos.