Tan sorprendidos como indignados se mostraron familiares de algunos de los desaparecidos en el holocausto del Palacio de Justicia (noviembre de 1985) tras las declaraciones de los fiscales asignados al caso, en el sentido de que durante la toma y recuperación del máximo escenario de la justicia no hubo desapariciones forzadas.	Al jalón de orejas que le dieron a Sarmiento se sumó la orden de que saliera a “aclarar lo dicho” y en varias intervenciones a medios manifestó que el ente investigador no puede concluir que no hubo desaparecidos en el holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985.	Pero la tormenta ya estaba desatada y los familiares de las víctimas se siguen preguntando cuál era la intención de una declaración de esa magnitud por parte de un funcionario investigador que tiene a su cargo uno de los casos más sensibles de la historia reciente del país y que marcó un hito en la lucha del Estado frente al terrorismo.	Jorge Franco es el hermano de Irma Franco, la integrante del M-19 que hizo parte de la toma al Palacio de Justicia y cuyos restos nunca han aparecido. Su familiar recuerda que el Estado fue condenado por ese caso, de allí que se pregunte “¿de dónde esa afirmación de la Fiscalía?”.	El asalto por parte de la entonces guerrilla del M-19 al Palacio de Justicia le ocasionó la muerte a lo más granado de la jurisprudencia nacional: 11 magistrados de las más altas calidades intelectuales fueron asesinados, entre ellos Alfonso Reyes Echandía, por cuya memoria el Palacio ahora lleva su nombre.	También murieron 48 personas, entre civiles e integrantes de la Fuerza Pública que hicieron parte del operativo para la recuperación del control de la sede del órgano judicial más importante del país, tras la llamada operación Antonio Nariño por los derechos humanos, como fue denominada por parte de la cúpula del M-19.	Jorge Molano, abogado de la familia Rodríguez, dice en la recusación que se basa en que hubo un prejuzgamiento en el caso tras las declaraciones de Sarmiento. “Inquieta el tratamiento que ustedes -dice Molano en su escrito- que han dicho investigar los hechos del Palacio de Justicia durante numerosos años, hoy con ironía, sarcasmo, burla y ataque a la dignidad de las víctimas, manifiesten que entre las víctimas de desaparición forzada se encuentra “Pepito Pérez”, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el sistema de justicia interno y la sociedad conocen que nunca se ha demandado por la desaparición de esa persona, razón por la cual la burla de este funcionario es indignante”.	En el memorial se trae a colación la sentencia de la Cidh que la próxima semana tendrá una audiencia privada de revisión a esa providencia para saber qué ha hecho el Estado para continuar las pesquisas frente a este episodio. Esa diligencia se cumplirá el próximo 6 de septiembre en la Universidad Externado de Colombia, sede Bogotá, aunque Colombia había propuesto que se realizara en las instalaciones de la Cancillería, propuesta denegada ya que desde la Cidh consideraron que no era un “escenario neutral” para hablar del caso.	Este cambio de estrategia también incluiría la propuesta de que el caso ahora pase a ser de manejo exclusivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, lo que a consideración de analistas sería una oportunidad más para que desde los sectores que atacan ese órgano se continúe con la campaña de desprestigio en su contra.	Fuentes consultadas, que entregaron su declaración con la condición de que se mantuviera la reserva de su identidad, insistieron que si el expediente queda en manos de la justicia transicional en uno o dos meses se iniciaría una presión mediática y en redes sociales en contra de la JEP para que muestre los resultados que la Fiscalía no ha dado en décadas.	“Basta recordar que la JEP abre un caso o porque hay un compareciente que sea sometido y que quiere decir la verdad, o porque hay un informe de víctimas o de la Fiscalía que active la competencia de la JEP, o porque el Tribunal ha decidido priorizar el caso. Ninguna de estas tres circunstancias se ha dado”, expone Ortegón.	“Como es una orden de carácter internacional esperamos que eso dé pie para que esta propuesta que ha dado la Fiscalía sea revocada y cumpla sus deberes de investigar”, concluye la abogada. Esta orden sería la que profiera la Cidh en su sesión de la próxima semana en Bogotá. Sería mediante una resolución de cumplimiento en la que se ratifique que el caso le compete a la Fiscalía.	Tras la recuperación del Palacio de Justicia por parte de las tropas, se empezó a hablar de 11 personas desaparecidas. Con los años, los restos de seis de ellas fueron hallados y entregados a sus familiares. Las cinco personas de las que aún no se sabe su paradero son Irma Franco (integrante del M–19), Carlos Rodríguez (administrador de la cafetería, Gloria Anzola, David Suspes y Norma Constanza Esguerra.	Entre los interrogantes que surgieron tras las polémicas declaraciones del equipo de fiscales es si ello daría pie a que se revisaran las sentencias proferidas en contra de militares por estos casos. Al respecto, Jomary Ortegón sostiene que no sería así, ya que las palabras de los fiscales no desvirtúan ninguna de las pruebas en las que se basaron en las investigaciones y en las que se basó la Cidh para proferir sus decisiones.