La sala disciplinaria dijo que se había logrado probar que ambos funcionarios no ejercieron su deber de vigilancia y control sobre los actos de sus secretarios de Salud, quienes ordenaron pagos por valor de 4.988 millones de pesos para cubrir terapias de rehabilitación a 2.181 menores de edad en condición de discapacidad, en el periodo comprendido entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, sin que mediara relación contractual entre la gobernación y Funtierra Rehabilitación IPS, la cual está representada legalmente por Tania Otero.	Por el momento se desconoce quién seguirá rigiendo los destinos de Córdoba, pues desde hace un año está en calidad de encargada la comunicadora Sandra Devia Ruíz, quien justamente forma parte de la terna que envió el partido de la U al Gobierno nacional para que haga la elección de un funcionario de esa colectividad política.