Colombia descendió en la pobreza monetaria en los últimos años. Esta reducción no ha sido igual en todas las ciudades y en algunas hay una clara persistencia. Por ejemplo, mientras en el agregado nacional el porcentaje de población viviendo en estas condiciones pasó del 37,2% en 2010, al 26,9% en 2017, en Riohacha se mantuvo en el 46,9%. Una reciente investigación del Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) y el centro de pensamiento Guajira 360, entrega un análisis el cual reseñaré brevemente.	El estudio se inicia destacando que Riohacha, además de no aminorar su pobreza, ocupa los últimos lugares en desempeño económico. En 2016, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita fue de 7,9 millones de pesos, 44,5% del PIB per cápita nacional y el menor entre las 23 ciudades principales e intermedias del país. Aunque se necesita un mayor crecimiento económico para impulsar el desarrollo, su ausencia no justifica la persistencia en las precarias condiciones de vida de sus habitantes.	El trabajo concluye que el rezago en pobreza en Riohacha es producto de procesos económicos y demográficos lo largo de su historia. Las dotaciones iniciales del territorio y las condiciones en que surgieron los primeros asentamientos fueron determinantes en el establecimiento de instituciones extractivas en el territorio y estas, a su vez, se han convertido en un obstáculo para el desarrollo económico y social hoy.	Los autores encontraron una concentración de la pobreza en los barrios de la periferia, en los corregimientos y en la zona rural dispersa, en donde las necesidades insatisfechas coinciden además con un alto porcentaje de población indígena. Las zonas con más personas en condición de pobreza enfrentan trampas espaciales asociadas a la falta de acceso a servicios públicos, a la informalidad laboral y al bajo logro educativo. En la zona rural, la incidencia aumenta por la falta de acceso al agua potable y al saneamiento básico.	El documento propone una intervención integral para que, en el año 2030, Riohacha cierre la brecha en pobreza con el promedio de las principales ciudades del país. Se proponen inversiones en cuatro sectores: educación, empleo, vivienda y servicios públicos, con un costo de 372,7 millones de dólares, los cuales podrían obtenerse de recursos propios, regalías, cooperación internacional y Gobierno nacional. Por último, el trabajo cierra insistiendo que alcanzar el objetivo dependerá de fortalecer la gestión pública territorial, a través de más eficiencia en el gasto y en generar recursos propios. Esta tarea la deben enfrentar las autoridades locales con el apoyo del Gobierno nacional.