En cada caso, se presentaron brotes de violencia que iban más allá de lo habitual en este tipo de manifestaciones, y el temor suscitado explica hasta cierto punto la reacción del gobierno que ha anunciado mano dura contra cualquier hecho de violencia que se pudiera producir en el paro, y ha insistido en los riesgos de infiltración del mismo.	Sin duda, la posibilidad de hechos de violencia esporádica existe como en cualquier protesta, pero cada país tiene elementos contextuales muy distintos, y no hay mayores razones para pensar que la situación colombiana es insurreccional. La insistencia del Presidente y de varios ministros en el tema ha sido tal que terminó suscitando una verdadera paranoia, con varios efectos adversos para ellos:	galvanizar los sectores más combativos contra el gobierno que sienten que lo pueden acorralar, generar una desagradable sensación de estigmatización entre los más moderados que decidieron participar, e infundir miedo entre los que no apoyan el paro. De este modo, el gobierno toma el riesgo de hacer en la materia profecías autocumplidas.	Por otra parte, el paro llega a pocas semanas del debate sobre la moción de censura al ministro de Defensa Guillermo Botero. A los cuestionamientos generales sobre la política de defensa, se sumaron las denuncias sobre el bombardeo en el cual murieron varios menores de edad, al parecer reclutados por grupos armados de narcotraficantes en el Caquetá. Más allá de los hechos, el gobierno quedó mal parado por las acusaciones de encubrimiento y por la falta de compasión con las víctimas que se notó en la forma en que el presidente defendió a su ministro.	Finalmente, la misma manera de responder a las reivindicaciones de los promotores del paro con una estrategia de denegación, acreditando la idea de que ellos estaban exagerando o incluso mintiendo, tampoco funcionó bien. Ahí, el gobierno tenía argumentos e insistió en que varios de los puntos presentados por las organizaciones sociales no tenían razón de ser porque rechazaban reformas que nunca se habían presentado. Sin embargo, ellas no tuvieron que buscar mucho para sacar a relucir declaraciones de ministros (en particular del ministro de hacienda) sobre reforma pensional, el modelo de gestión de las empresas públicas, o incluso un proyecto de ley que ya está radicado sobre reforma laboral, además de foros y reuniones con gremios que muestran que hay discusiones bastante avanzadas en estas materias.	En otras palabras, lo que pudo ser una buena estrategia para atenuar la presión puso en evidencia cierta descoordinación y falta de control del gobierno sobre sus comunicaciones, dejando también la sospecha de que se conciertan políticas con los gremios que no son discutidas públicamente, e incluso que parece existir peleas dentro del gobierno sobre estos temas.