El partido de gobierno ha dicho que Arias no es un delincuente sino un perseguido político del gobierno Santos y víctima de una justicia politizada. Ante este argumento, desde la otra orilla, se ha recordado que el ex ministro fue destituido por un procurador que hoy es embajador en la OEA y acusado por una fiscal hoy embajadora en Francia y cercana al gobierno.	La llegada de Arias ha abierto el debate en torno al trámite de un proyecto de ley de segunda instancia para que revise la condena de la Corte. Sería una reforma para que la posibilidad de revisión de condenas para servidores públicos como ex ministros y ex congresistas se haga de manera retroactiva.	Hoy existe la segunda instancia, en virtud de una ley de 2017 –el acto legislativo 01 de 2018--, pero la condena de Arias fue en 2014. Esa reforma creó, con ese fin, una Sala de Investigación, una de Juzgamiento en Primera instancia y dejó la revisión sentencias en la Sala Penal	El debate está abierto en torno de la segunda instancia para condenas definitivas del pasado, que será promovida por el Centro Democrático. Desde ya se le empieza a llamar la ley Arias y hay toda una discusión jurídico – política sobre la pertinencia, necesidad y viabilidad de que esa puerta se abra.