Y la nefanda sistematicidad que pide el Estado, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, para proceder con las medidas perentorias y efectivas para cortar de tajo y para siempre el exterminio de esos irremplazables colombianos, promotores comunitarios de la democracia y de la paz, la ratifica la cantidad de líderes sociales asesinados en los primeros días de enero de 2019.	No obstante que se han dado casos de dos por día, según las macabras estadísticas oficiales, todavía cree el Estado que no es tiempo de detener el exterminio porque no son “sistemáticos” esos crímenes, o porque los califican sus agencias como “líos de faldas”, o porque, según éstas, “se lo buscaron” los líderes sociales acribillados por causa de su labor comunitaria.	Y, como en su momento ocurrió con la UP, exterminado hasta el último de sus simpatizantes por motivos e intereses políticos; por apostarle, igual que hoy a una “alternativa electoral legitima”, producto de un sentimiento de paz que naufragó en la sangre de sus promotores; “por darle voz a los marginados” y sustancia a una democracia que no los quiere, excluye y elimina como parias.	En tanto aquí y en diferentes ciudades del mundo cada cierto tiempo se prenden velas de solidaridad con los cientos de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia, debemos encender los colombianos todos, empezando por el Estado, Gobierno, Presidencia, FFAA, nuestras conciencias, deberes y obligaciones, para apagar el exterminio de líderes sociales en Colombia.	Sentarnos a ver pasar cadáveres tras cadáveres de compatriotas asesinados, de líderes sociales, hombres y mujeres elementales; de luchadores de la paz y la convivencia asesinados, de colombianos asesinados doblemente por la indiferencia del Estado, del Gobierno, repugna y contradice la condición humana, el respeto y honra por la vida, el deber ser de la democracia, el imperativo constitucional de protegerla y garantizarla.