Quien gane las elecciones del 27 de octubre en Cartagena no puede convertirse en un simple alcalde del montón. La ciudad necesita un gobernante capaz de encaminarla por senderos diferentes a los que la llevaron a su mayor desprestigio en la postmodernidad. Debe ser un personaje a quien se le abran las puertas sin necesidad de hacer antesala porque tiene reconocimiento y relaciones de alto nivel, alguien con suficiente criterio y experiencia como para cambiar el destino de la ciudad, mostrando don de mando, autoridad y seriedad.	Debe mostrar independencia en el ejercicio del cargo, rodearse de colaboradores eficientes y honestos, transformar una ciudad desigual en otra con mayores oportunidades para sus habitantes, y mostrar, con hechos, que llegó a gobernar con solvencia moral y no a formalizar alianzas con expertos en contrataciones amañadas. Vale igual para el Concejo distrital, sometido al escarnio público por el accionar presuntamente delictivo de la mayoría de sus miembros en su último período. El palacio de la Aduana y la corporación edilicia no pueden estar amangualados para beneficio particular o de grupo. Aquel deplorable episodio que llevó a la cárcel a varios cabildantes, al exalcalde y la excontralora distrital no puede repetirse y por el contrario debe erradicarse para que la ciudad y sus instituciones rescaten su prestigio mancillado.	Cartagena no necesita un milagro para salir del atolladero sino procesos ciudadanos que obliguen a un cambio definitivo en el accionar de la política y la administración pública. Por eso, ante el menor asomo de indelicadeza de quienes entren a regir los destinos de la ciudad a partir del 1 de enero de 2020, debe sobrevenir un rechazo generalizado que cuestione su mandato. Una ciudadanía libre, crítica y actuante debe ser el soporte de contrapeso al accionar de la corruptela y el mal gobierno. Un compromiso por la transparencia desde lo público y lo privado, lo individual y lo colectivo, es fundamental para ganar un estadio superior en el desarrollo de las costumbres políticas y ciudadanas.	Las crisis que parecen tocar fondo, como la que ha soportado Cartagena en años recientes, suelen generar cambios sustanciales. Ojalá algo así suceda en nuestro caso. Porque si la política se sigue ejerciendo como negocio que esquilma los recursos del común, los funcionarios se alían con empresarios para robar y la ciudadanía actúa como cómplice con su indiferencia o su anuencia, la desgracia nos seguirá arropando quién sabe hasta cuándo. Y entonces sí, se impondría la famosa ley de Murphy: ¡Lo que anda mal, tiende a empeorar!