La preocupación no es en vano. Según la Defensoría del Pueblo, “La violencia contra los líderes recrudeció tanto en homicidios como en amenazas. Los homicidios pasaron de 126 en 2017; a 178 en el 2018, lo cual significa un aumento del 27% en asesinatos”, a pesar de que este organismo había emitido hace un año una alerta temprana solicitando una acción decidida del Estado para controlar una situación que venía empeorando desde el 2016.	Las estadísticas son frías y en Colombia nos hemos acostumbrado a las noticias diarias sobre masacres y homicidios, además de que se trata de justificarlas estigmatizando a las víctimas. Como cuando el anterior Ministro de Defensa afirmó que los asesinatos de excombatientes eran líos de faldas, o el actual Consejero para el Posconflicto dijo que eran enfrentamientos entre personas que estaban dedicadas al delito. El asesinato del bebé de seis meses, hijo de una pareja de excombatientes, demuestra, tanto la falsedad de esas generalizaciones como la sevicia de los asesinos. Lo más grave de esta violencia es la impunidad de los victimarios, porque es una carta abierta para que continúen derramando sangre. Es cierto que hay avances, pero insuficientes. El primero, el Estado reconoció la sistematicidad de los asesinatos y actos de violencia; es decir, que no son casos aislados y aleatorios, sino que responden a un patrón definido de debilitar las organizaciones sociales de base, reprimir los reclamos por sus derechos y evitar la restitución de las tierras expropiadas.	También es un avance que la Fiscalía haya logrado identificar a algunos –todavía muy pocos– de los autores materiales de los asesinatos y atentados, como el reciente contra líderes afro en el norte del Cauca. Pero, como en este caso, nadie cree que inexpertos muchachos de 17 años tengan la capacidad ni los recursos para planear y ejecutar el atentado. ¿Quién les dio las armas y las granadas?