En diálogo con Portafolio, Santiago Ángel, presidente de la citada empresa, explicó que esta nueva etapa la inician con la radicación ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) optimizando su diseño, basado en ingeniería de alta calidad y en el diálogo comunitario.	El montaje, programado para tres años, tiene una inversión estimada de US$1 millón por día. Es decir, para llegar a los US$1,2 billones. La proyección en impuestos y regalías es cercana a los US$100 millones por cada año durante la vida del complejo minero. Los esfuerzos realizados por la empresa han permito ya una inversión social entre el 2016 y 2018, de más de $30.000 millones. Además se generarían cerca de 5.000 empleos.	Este proceso para analizar el estudio de impacto ambiental surtirá su etapa técnica, así como la de discusión y socialización. Tomará varios meses. Caminaremos al ritmo que la normatividad y las autoridades lo permitan. Estamos tranquilos y dispuestos a realizar las reuniones que sean requeridas porque nuestro interés es el de tener un proyecto con todas las salvaguardas y garantías para su desarrollo.	Con respecto a la cercanía del proyecto al páramo de Santurbán, tenemos dos medidas. La línea más agresiva, que es la 1:100.000 del Instituto Von Humbolt, registra que estamos a kilómetros de distancia. Y con referencia al índice de altura estamos a una distancia que supera los 460 metros. A esto se suma, que el proyecto se convertirá en un guardián más del páramo. Adelantaremos todos los compromisos a que haya lugar para tal fin.	Tomamos la decisión estratégica de radicar también todos los estudios sobre el tema de los acuíferos, áreas sensibles, fauna y flora. Si se va debatir el tema del páramo, que mejor que tener a disposición información para tomar las decisiones técnicas que se deban hacer. Es parte del debate técnico que se debe dar para una discusión abierta y transparente.	Como resultado se han venido realizando labores para la recuperación ambiental y el monitoreo del agua en las áreas rurales de California para eliminar y descontaminar más de 360 toneladas de arenas contaminadas con mercurio, proveniente de las operaciones mineras informales en la zona, en las rondas de las quebradas locales.	"Se acordó el inicio de un ambicioso proceso de formalización de mineros de California basado en los principios de una minería legal, sostenible que garantice la protección del agua y el medio ambiente. Respaldando el principio de la legalidad: más de 200 mineros de California han participado y están avanzando en su proceso de formalización, con el apoyo de Minesa y otros actores gubernamentales y no gubernamentales en una propuesta para desarrollar pequeña minería con los estándares técnicos y ambientales para garantizar la sostenibilidad de un proyecto de los mineros de California; una solución para más de 200 familias que estarán involucradas en una actividad minera legal en donde los mineros se involucran como socios y fuerza laboral”.