La llegada de un técnico a la presidencia de Finagro le ha permitido a la entidad consolidar las cifras de financiamiento del campo colombiano. En el primer semestre, la cartera ha crecido 17% y la colocación asciende a $11,4 billones. Es más, el 2019 podría finalizar con recursos de crédito por más de $15 billones.	La dinámica ha sido muy buena. El crecimiento supera el 17%, es decir, varias veces por encima del crecimiento promedio de la economía en general. La cartera está creciendo más que el promedio de la del resto del sistema financiero. Esto muestra que ha habido una apuesta muy importante de la banca privada en llevar crédito al sector rural.	En financiamiento, hay un problema adicional, y es que la gente no tiene cómo garantizar el pago del crédito. El 60% de la tierra de los pequeños productores del país no tiene títulos de propiedad, es decir que no cuenta con una garantía real. En ese caso, los bancos no prestan.	El FAG es clave. Este es el mecanismo a través del cual el Estado le sirve de garante para respaldar el préstamo. Eso tiene un costo de 1,5% del valor del crédito. Hoy, el 98% de los préstamos a los pequeños productores agropecuarios están respaldados por la garantía del FAG. Pero es clave que el país titule la tierra.	Yo creo que es necesario subir la comisión del 1,5% a 2,5%. Eso significa que por un crédito de un millón de pesos a un producto le cuesta solo $15.000 anuales. Con la nueva tarifa se elevaría a $25.000 al año. Creo que eso sigue siendo bajo y en cambio sí tiene un efecto multiplicador para respaldar a más productores. Solo así haremos sostenible el mecanismo. Esta propuesta está en la mesa de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, para su análisis.	Todos los créditos a los pequeños productores, prácticamente son desembolsados por el Banco Agrario. Los de medianos y grandes productores son más atendidos por la banca comercial privada. Pero en este momento hay una mayor proporción de recursos, en monto, a los medianos y grandes. La de pequeños está entre el 14 y el 16%, el resto es para los medianos y grandes.	El número de deudores que han entrado al sistema ha aumentado, y eso muestra una mejoría en la inclusión financiera. Sin embargo, sigue existiendo una brecha muy grande entre la financiación urbana y la rural. En las ciudades, más o menos el 50% de los ciudadanos accede a crédito, mientras que en el campo apenas el 32%.	La cartera acumulada es de $25 billones. Eso significa que estamos cubriendo el 30% del PIB agropecuario. La meta es llevar la cartera al 50%, para ello necesitamos elevar el acumulado a unos $33 billones. Es un reto grande, pero creo que con los ajustes que estamos aplicando, es posible hacerlo.	Para hacer más incluyente la financiación del campo, el artículo 63 del Plan Nacional de Desarrollo planteó que Finagro transfiera recursos al Fondo de Microfinanzas que administra la misma entidad, por montos hasta el 20% de su patrimonio técnico, es decir, que en este momento se hablaría de casi $200.000 millones.	Efectivamente, la junta acaba de aprobar el traslado de los primeros $50.000 millones de ese total, para darles fondos a organizaciones de productores, fundaciones, cooperativas y asociaciones de productores que otorgan microcrédito en las zonas más apartadas del país. Estos recursos llegarán incluso a instituciones no vigiladas por la Superintendencia Financiera. También se puede aprobar operaciones de redescuento con Finagro, a estas entidades.