En el país, las empresas que ofrecen servicios de outsourcing se clasifican en: Information Technology Outsourcing (ITO), en el que se destacan los servicios de software, data centers e infraestructura; Knowledge Process Outsourcing (KPO) donde se halla parte de la telemedicina, investigación de mercados, análisis de información y servicios de educación remota; Business Process Outsourcing (BPO), estructurado por servicios de contact center, back office, finanzas, contabilidad, recursos humanos, entre otros.	No es difícil entender por qué en los últimos años llegaron a Colombia firmas mundialmente destacadas en el negocio de tercerización como por ejemplo la multinacional francesa Teleperformance en el 2009, la empresa estadounidense Sutherland Global Service en el 2010, la compañía India Genpact, la firma brasilera Stefanini IT Solutions, y la compañía Convergys de Estados Unidos; las cuales iniciaron operaciones durante el 2011.	Gracias a las empresas de outsourcing, se generó gran variedad de oportunidades laborales de las que se han beneficiado cientos de personas según los registros de Colombia Productiva y su Programa de Transformación Productiva (PTP), institución que viene acompañando este sector desde hace unos años y es fiel testigo de su crecimiento exponencial.	Pese a que a nivel mundial Colombia es visto como un país en potencia para los servicios de outsourcing, resulta paradójico que entre las empresas colombianas aún existe cierto margen de desconfianza al momento de tercerizar diferentes procesos. Para Carlos Sierra, Business Manager en Digital Ware, esto sucede por cinco falsos imaginarios relacionados con:	Es claro identificar que en el contexto colombiano no solo existen empresas trasnacionales ofreciendo servicios de tercerización de calidad que ayudan a la generación de empleo, sino que también hay empresas netamente nacionales con procesos iguales o mejores que los ofrecidos por las multinacionales, que sin duda le están aportando mucho al país.	Del mismo modo, para proteger a los trabajadores de posible abusos o tercerización ilegal, el gobierno estructuró un marco legal y normativo donde se encuentra la Ley de Formalización y Generación de Empleo -también conocida como la Ley 1429 de 2010 - en donde en su artículo 63 se expone claramente que	“el personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes…”