El proyecto aprobado prohíbe la casa por cárcel cuando haya “acuerdos restrictivos de la competencia; tráfico de influencias de servidor público; enriquecimiento ilícito; prevaricato por acción; falso testimonio; soborno; soborno en la actuación penal; amenazas a testigo; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio” en “en los delitos que afecten el patrimonio del Estado”.	Cabe aclarar que esta iniciativa es diferente al llamado Estatuto anticorrupción – de autoría de la Fiscalía – que fue aprobado este miércoles en primer debate. Si bien el proyecto del ente acusador también contempla la medida de endurecer las condiciones de reclusión de los condenados, no es la norma que salió originalmente de la mesa anticorrupción.