El pasado 24 de enero la Dra. Alicia Arango jefe de la cartera del trabajo declaró al país que en este 2019 no habría ni reforma pensional ni laboral.En dicho anuncio está implícito una motivación típicamente electoral dado la importancia que para el gobierno tiene no seguir bajando sus índices de favorabilidad, para poder asentar sus reales y los del partido de Álvaro Uribe Vélez, el  Centro Democrático, en las elecciones territoriales del próximo mes de octubre.	Sin embargo, en esa declaración se esconde de manera engañosa la reforma laboral y pensional que está implícita y desarrollada en lo que hasta hoy se ha conocido en las formulaciones del Plan Nacional de Desarrollo  del gobierno de Iván Duque “Pacto por Colombia pacto por la equidad”, que sí bien no es todo lo que el gobierno y los empresarios han planteado, pues siempre quieren más, sí son modificaciones significativas en estos asuntos tan caros para los trabajadores.	A lo largo del PND no hay una política pública de generación de empleo, más allá de lo que cada persona individualmente pueda desarrollar como emprendimiento. Un enfoque de derechos tales como los estándares del trabajo decente proclamados por la OIT están ausentes, es decir, ingresos dignos, libertades sindicales, diálogo social y plena seguridad social, son temas completamente ausentes y faltos de precisión en indicadores, metas y planes de inversión.	Y la gravedad de la reforma planteada en el PND, consiste en que en vez de formalizar según las líneas de trabajo decente de OIT, que es una necesidad imperiosa en el país para superar la informalidad y precariedad de más del 64 % en general y más del 85 % en el sector rural, proponen y así lo ha venido reiterando la ministra de Trabajo, unos pisos de protección social en salud, pensiones, riesgos laborales  y cajas de compensación familiar por debajo de los señalados en nuestro Código Sustantivo del Trabajo.	En el PND se establece que se pueden “legalizar” trabajos por debajo del salario mínimo, dado que es mejor y así lo anota también la Dra. Alicia Arango, que para ese 44 % de trabajadores que ganan menos de un salario mínimo lo que se debe hacer no es llevarlos hacia esos mínimos ingresos, sino reconocer esa “realidad” y pagar una seguridad social por debajo también de la mínima requerida. Eso es mejor que nada, afirman.	Si esa propuesta se llegase a aprobar,todo lo conocido como mínimo en materia laboral, podría ser aún más bajo,consagrándose la más perniciosa de todas las reformas laboralesYa con eso están aceptando su incapacidad como autoridad para una política de trabajo decente, para lo que firmaron también un “pacto” (un engaño), pero lo que es más grave, si esta propuesta se llegase a aprobar, implicaría que todo lo conocido como mínimo en materia laboral, puede ser aún más bajo, consagrándose la más perniciosa de las reformas laborales de todas las que hasta hoy se conocen. La ley 50 de 1990 y la ley 100 de 1993, para solo mencionar dos, palidecerían ante este perverso atropello del gobierno y el Ministerio del Trabajo contra los trabajadores y campesinos.	El PND establece unos pisos de protección social que hoy se aplican para personas sin vinculación laboral o en condición de pobreza, tales como salud subsidiada, beneficios económicos periódicos (BEPS) y microseguros, para aplicárselos a los trabajadores de menos de un salario mínimo y del sector rural, con lo cual los empleadores iniciarán con los actuales trabajadores formalizados así sean con un mínimo, a decir que se acogen a este esquema y no al de la seguridad social integral, abaratando sus costos laborales no salariales.	Así pues, en seguridad social ya no aportan al régimen contributivo desde la reforma tributaria del año 2013 y entonces el trabajador con salud subsidiada pierde las incapacidades y las mujeres todo lo relativo a la licencia de maternidad; en materia pensional con la aplicación de los BEPS, que son un sistema de ahorro del trabajador con un subsidio del 20 % a cargo de Estado el empleador se exime de la contribución del 12 % en el régimen contributivo perdiéndose la pensión de vejez y la sustitución pensional, y los riesgos laborales quedarían en un microseguro que no reconocería las incapacidades ni la pensión por enfermedad profesional. Y para rematar, el subsidio familiar también desaparecería para estos trabajadores.	De esta manera el gobierno sí hace reforma laboral y pensional en el 2019 mediante el PND con la gravedad adicional que se aparta de la normatividad da la OIT, de la cual Colombia es miembro y por tal debe aplicar esos estándares mínimos de protección social, pues se trata según la misma OIT es de elevar dicha seguridad social integral y no de rebajarla como lo plantea el PND.	Y por si fuera poco, con esta nueva “contratación laboral”, en la que quedaría incluida la figura del ” jornal” y trabajo por horas, los trabajadores no tendrían patrón y por tal se colocarían en trabajadores independientes o emprendedores, con lo cual sus derechos colectivos de asociación y negociación se “perderían” pues no tendrían patrón alguno.	Un engaño por decir que en este 2019 no habría reforma pensional ni laboral. Pero lo que es también muy grave y quiere no revelarse, es que la reforma desarrollada en el PND sería cuantitativamente más regresiva para los trabajadores que la ya aprobada en la ley de financiamiento y en el “aumento” del 6 % como el más alto de los últimos 25 años.	Según el viceministro de Hacienda un punto del salario mínimo vale $1 billón de pesos. Por tal si el gobierno les reduce los costos laborales no salariales al empresariado del 50 %, que es lo que vale la seguridad social, las cesantías, primas y vacaciones, pues le estaría regalando a esos empresarios $50 billones para los de salario mínimo, y de rebote el gobierno “formalizaría” significativamente la informalidad. Pero digámoslo también, se estarían pegando, más temprano que tarde” un tiro en el pie. ¿Quiénes demandarían bienes y servicios con esos pésimos salarios? Pero además estarán incubando un tsunami social, que puede cambiar muchas cosas, por decirlo pesimistamente.