Los países más competitivos tienen mayores ingresos, más equidad de oportunidades, y sus habitantes están más satisfechos con la vida. Por esta razón, cuando se creó el Sistema nacional de Competitividad e Innovación en 2006, el país se planteó una visión de competitividad al 2030 que incluye aumentar los ingresos, reducir la pobreza y la informalidad, y cerrar brechas regionales.	Por su parte, desde su creación en 2007, el CPC ha señalado la necesidad de enfocarse y acelerar para alcanzar estas metas. Este año, tras una década de estancamiento y caídas en los principales indicadores de competitividad, se observaron mejoras en los puntajes de los índices del Foro Económico Mundial (WEF), el Instituto Suizo para el Desarrollo de la Gerencia (IMD) y el Banco Mundial (Doing Business), escalando posiciones en el ranking de los dos primeros.	También se ampliaron significativamente las coberturas en educación y salud. En lo corrido del siglo la cobertura en educación secundaria pasó de 57% a 72%, en media de 29% a 43% y en superior de 26% a 52%. En salud, en 1995, 29% de la población estaba afiliada al sistema. Esta proporción fue de 95% en 2018.	Las buenas políticas públicas han redundado en un mayor ingreso per cápita que ha crecido 59% desde 2000, por encima del promedio de América Latina. Hoy la clase media supera a la población pobre. A comienzos de siglo, 1 de cada 2 colombianos era pobre, hoy lo es 1 de cada 4.	No obstante, esto no es suficiente. Para seguir avanzando, es necesario enfrentar problemas estructurales complejos que afectan negativamente la productividad, la inclusión y el desarrollo sostenible, y que, a pesar de ser bien conocidos, no han sido resueltos. La reflexión que se propone sobre estos temas prioritarios e inaplazables, intolerables, pretende hacer un llamado a la acción conjunta a los distintos estamentos del país: Gobierno, legislativo, sector privado, academia y sociedad civil.	Es intolerable no construir instituciones de calidad. Colombia cuenta con un sistema judicial ineficiente (en 2018 se evacuaron 83 de cada 100 nuevos procesos) e impone una alta carga regulatoria que impacta el clima de negocios y la confianza en el Estado (ocupa la posición 123 entre 141 países en el indicador de carga regulatoria del WEF).