En la acción pública que transita en la Corte desde el 21 de agosto, el defensor busca que se declare inexequible el paquete de iniciativas y disposiciones que aseguran la prestación eficiente del servicio de electricidad en la región Caribe, hecho que a juicio de los mandatarios departamentales, puede enredar jurídicamente el proceso contra Electricaribe y debilitar los beneficios que busca el Plan de Desarrollo.	El artículo 313, señala: “Sobretasa por kilovatio hora consumido para fortalecer al Fondo Empresarial en el Territorio Nacional” y establece la creación de una sobretasa nacional de $4 por kilovatio/hora consumido, hasta el 31 de diciembre de 2022, que deberá ser pagada por: i - usuarios del servicio de energía eléctrica de los estratos 4,5 y 6, ii - sectores industrial y comercial, y iii - usuarios no regulados del servicio.	El artículo 316, sobre “Términos y condiciones de las medidas de sostenibilidad”, detalla los términos y las condiciones para que la Nación pueda tomar una o más cuentas por cobrar de Electricaribe, como contraprestación por asumir el pasivo pensional de la compañía. En este sentido, la Nación podrá constituir un documento Conpes, que determine el monto de las cuentas por cobrar y los mecanismos para actualizar dichos montos hasta la fecha en la que la Nación asuma de manera efectiva los pasivos pensionales y prestacionales de la empresa.	Para el Defensor del Pueblo, los artículos 315 y 316 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), contravienen la prohibición del artículo 355 constitucional, “puesto que establecen la transferencia de recursos estatales en favor de una empresa con carácter privado, transgrediendo reglas desarrolladas por la Corte Constitucional para la entrega de dichos recursos a los particulares”.	En otras palabras, la entidad establece que “los dineros con los que la Nación cubra el monto total de las obligaciones asumidas, no tendrán una repercusión directa en la calidad, continuidad y expansión en la prestación del servicio de energía eléctrica, en favor de la población de la Costa Caribe, sino que su finalidad directa será la de pagar obligaciones que corresponden al giro ordinario de las actividades de Electricaribe S.A. E.S.P.”.	El artículo 315 sobre, “Sostenibilidad del servicio público mediante la asunción de pasivos”, que tiene cuatro parágrafos, autoriza a la Nación para “constituir patrimonios autónomos o una o más sociedades por acciones para que se encarguen de administrar y atender el pasivo pensional”; “para la gestión y el pago del pasivo pensional y prestacional, la Nación constituirá el patrimonio autónomo (Foneca) cuyo objeto será recibir y administrar los recursos que se transfieran”. El articulo autoriza a la Nación a asumir de “manera directa o indirectamente” el pasivo pensional y prestacional de Electricaribe, que corresponde a la totalidad de las pensiones y cesantías.	El artículo 313, señala: “Sobretasa por kilovatio hora consumido para fortalecer al Fondo Empresarial en el Territorio Nacional” y establece la creación de una sobretasa nacional de $4 por kilovatio/hora consumido, hasta el 31 de diciembre de 2022, que deberá ser pagada por: i - usuarios del servicio de energía eléctrica de los estratos 4,5 y 6, ii - sectores industrial y comercial, y iii - usuarios no regulados del servicio.	“La demanda debería ser contra Electricaribe por los perjuicios, los daños, las pérdidas económicas, y tantas cosas que a lo largo de 10 años nos ha tocado resistir y sobrevivir. Ante esta acción hemos solicitado al defensor una espacio para que escuche nuestros argumentos y proceda a retirar esta demanda al PND”, dijo.	“La búsqueda del operador no ha sido fácil, se ha demorado. Nos habíamos puesto la meta de que el 4 de octubre ya estaba escogido y no vamos a cumplirla, porque ya se está solicitando que se amplié este plazo hasta finales de diciembre, porque los posibles interesados están solicitando más información, pero lo que sí está claro es que esta incertidumbre no genera la confianza necesaria para que esos operadores se atrevan a apostarle a la región Caribe y a Colombia como un sitio donde tiene que invertir ocho billones de pesos”, indicó.	Por su parte, Mónica Fadul, directora de Fenalco, expresó que desde el gremio “llamamos la atención en su momento, oponiéndonos a la sobretasa que pagarán los estratos 4,5 y 6, y comercial e industrial , frente a un servicio que tiene más de tres años de deterioro, pero sin perjuicio de ello, no es menos cierto que en el Plan de Desarrollo se contempla todo un esquema de facilitación para la escogencia del nuevo operador, lo cual es tan necesario como urgente”.