Pasado cerca de un año desde que se conoció el escándalo de los ‘abonos chiviados’ de la Gobernación del Tolima, el exsecretario de Desarrollo Agropecuario, Juan Rodrigo Alvarado Moreno, quien era el ordenador del gasto en el época de los hechos se pronunció sobre de las investigaciones que actualmente cursan en su contra en la Procuraduría Regional del Tolima y en la Fiscalía.	Expresó que el objetivo de sus denunciantes era generar una polémica mediática para desviar la atención de la opinión pública y “tapar realmente el delito que fue la presunta estafa”, pues hasta la fecha a pesar de los llamados del Ministerio Público y el ente investigador, no se han aportado las pruebas que demuestren que el exfuncionario pidió dádivas en medio de una licitación de $340 millones.	, el exsecretario junto a su abogado Juan Pablo Espinosa señaló que los indicios encontrados hasta el momento apuntan a un presunto ‘cartel de la contratación’, pues una vez se revisó con lupa el proceso de licitación y adjudicación se encontraron varios datos que conectan a tres empresas que fueron oferentes y que tienen en común la venta de fertilizantes, al igual que, la queja por adulteración del producto.	El escándalo que envolvió a Alvarado Moreno se conoció en julio de 2018 cuando José Andrés Castañeda Martínez, representante legal de Agrosuministros de Colombia S.A.S., empresa a la que se le adjudicó la licitación de $340 millones para la compra de fertilizantes, denunció en medios de comunicación que el entonces jefe de la cartera Agropecuaria ejerció presión para obtener beneficios económicos sobre el contrato.	En ese entonces, el denunciante dijo que Alvarado Moreno lo buscó en varias oportunidades para pedirle dinero a cambio de no declarar el incumplimiento del contrato, afirmación que es negada por el exfuncionario pues asegura que fue hasta mediados de junio que conoció a Castañeda Martínez en una audiencia “antes no, ni (de forma) verbal, ni escrita”.	Sin embargo, el proceso de adquisición de los cuatro mil bultos de fertilizantes se hizo en diciembre de 2017, por lo que surge la pregunta sobre cómo se cerró el proceso sin que el ordenador del gasto ni el contratista se conocieran, ni siquiera en la audiencia de la subasta inversa.	Alvarado Moreno respondió que a la oferta se presentaron las empresas Kibutzim S.A.S., Ingefe S.A.S., Proceagro S.A.S., Agrosuministros de Colombia S.A.S., Vivero Tierra Negra S.A.S. y Márquez Asociados S.A.S., “en esta audiencia se otorgó mediante la apertura de los sobres a Agrosuministros de Colombia S.A.S., un comité evaluador (de la Gobernación) revisó las propuestas y se hizo un filtro documental inicialmente, dándole la viabilidad para que estas empresas presentaran la oferta”.	En ese entonces Ingefe S.A.S. se quedó con la licitación de $272 millones que tenía como finalidad comprar tres mil 780 sacos de fertilizantes para los productores de la ‘Despensa agrícola’ afectados por la ola invernal, bultos que se entregaron en su totalidad y que con el paso de los días generaron quejas y reclamos por parte de los beneficiarios, pues la mala calidad de los insumos ocasionó pérdida total de los cultivos, dicha adulteración quedó comprobada tras análisis de laboratorio del ICA.	Luego de la denuncia por fraude del exfuncionario ante la Fiscalía en contra de la empresa Agrosuministros, esta el 13 de julio lo contrademandó por constreñimiento ilegal, extorsión, falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir, concusión, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.	No obstante, a la fecha aunque se ha llamado a los representantes legales de la entidad, en varias ocasiones, para que amplíen la información y entreguen las pruebas, estos no han asistido. “Lo que queremos es que el señor aparezca para que nos aporte el audio, las fechas y nos dé los datos concretos de la supuesta extorsión que él (Alvarado Moreno) cometió, en contra de ellos.	En el campo disciplinario la Procuraduría abrió un proceso para establecer si el exfuncionario incurrió en una falta al presuntamente pedirle al representante legal de la empresa Agroinsumos S.A.S. que entregara dos sumas de dinero, la primera de $25 millones y la segunda de $15 millones para evitar que se adelantara una actuación administrativa por el incumplimiento del contrato.	Según Alvarado Moreno, ante los reclamos en Cajamarca procedió a solicitar el apoyo del ICA para determinar si el producto tenía fallas, una vez obtuvo los resultados denunció a Ingefe S.A.S. el 16 de mayo ante la Fiscalía. A la par, asegura que inició la misma indagación para los bultos que estaban en Rovira, por le que pidió en ese momento a la supervisora del contrato, a la funcionaria Hilka Vidal González, información sobre la calidad del producto que se había comprado.	Esto teniendo en cuenta que el 31 de enero de 2018, Vidal González recibió de Agrosuministros de Colombia S.A.S. a satisfacción los fertilizantes sin hacer algún tipo de observación sobre la calidad. Pero luego de estar por dos meses guardados en una bodega de Rovira se conoció que estaban adulterados.	“Cuando me doy cuenta que ella entre líneas no me estaba dando las respuestas que yo le exigía dentro de mis oficios, tomo medidas como ordenador del gasto dirigidas al ICA para que fueran a verificar en campo tanto en Cajamarca, como en Rovira y Rioblanco, (allí) es donde logramos verificar que los tres productos eran defectuosos y presuntamente venían del mismo origen”, explicó el exfuncionario.	Y añadió: “Quiero dejar la pregunta a la supervisora, siendo ella ingeniera Agrónoma cómo recibe a satisfacción unos productos que sin el análisis físico - químico del laboratorio que se podían determinar que estaban adulterados porque el empaque como lo evidencié posteriormente en una visita en abril, no tenía ni lote, ni registro ICA, ni fecha de vencimiento”.	Tras solicitar el informe de calidad, finalmente el 23 de abril la supervisora responde que en visita realizada con funcionarios del ICA se tomaron pruebas y se evidenció “el olor encontrado en las bodegas donde reposan los fertilizantes (que) es muy fuerte comparado al amoniaco, verificando de forma minuciosa se encontró que las costuras del empaque no es de igual color en la parte superior que inferior”, se describe en el informe.	Agregó, que sin pruebas sólidas no podía adelantar ningún proceso sancionatorio ni de denuncia contra la empresa, por ello, fue hasta el 21 de mayo que al recibir los resultados del ICA habría quedado en evidencia que la composición química de fósforo que debía ser del 15% fue de 5,3%, y la de potasio debía ser del 15% pero fue de 5,1%.	“El 22 de mayo sin conocer al señor Castañeda o reunirme con él, inicio los requerimientos al contratista para que me envíe el certificado legal del origen de los productos”. La respuesta de Agrosuministros en ese entonces fue que tercerizó la compra y que la empresa Abonemos O.C. del Sur S.A.S. había sido la que le vendió los productos.	Y señaló que la denuncia la hizo por la compra de Rovira como la que adelantada en la misma época para Rioblanco, en dicha población del sur, quien se quedó con la licitación también fue Agrosuministros de Colombia S.A.S allí se alcanzó a entregar el 60 por ciento de los bultos de fertilizantes y mil 200 fueron sellados por el ICA.	A la par del proceso en la Fiscalía, se comenzó el administrativo para declarar el incumplimiento por parte de la empresa, por lo que según Alvarado Moreno fue hasta en la audiencia de liquidación del contrato, a mediados de junio, que se vio por primera vez con el representante de Agrosuministros.	“Cuando pasó la primera audiencia para declararle el incumplimiento a (José Andrés) Castañeda, se compromete a devolver los recursos a la Gobernación del Tolima, resulta que al momento de hacer la transferencia electrónica el 18 de julio de 2018 el señor aparece consignando los recursos desde una cuenta corriente a nombre de la empresa Kibutzim S.A.S.”.	Yo adjunté todas las pruebas técnicas, documentales que necesitábamos para levantar el pliego de cargos ya que la supervisora no informó a tiempo mediante los requerimientos que le había hecho, le pongo unos oficios, buscando que ella me enviara este informe de supervisión (pero) al no tener respuesta efectiva, inmediatamente tomo cartas en el asunto y levanto todo el marco probatorio y con esto es que se levantan los pliegos.	Personalmente hice un informe de todo el material probatoria que había recaudado como secretario, ordenador del gasto y responsable del proceso, estoy hablando de las pruebas de laboratorio del ICA, de las pruebas físicas del ICA, las actas de sellamiento de los almacenes tanto en Rioblanco como en Rovira, aporté toda la prueba técnica que necesitábamos para levantar los cargos.	Yo quiero responder esta pregunta cuando las autoridades y los entes de control den su veredicto final, sin embargo, pienso que los pájaros le están disparando a las escopetas, como ciudadanos tenemos nuestro deber de sancionar y denunciar a los delincuentes ante los entes de control y por esto no podemos ser juzgados por la opinión pública.	En la segunda audiencia de la declaración del incumplimiento aparece Jonathan Manjarrez como apoderado de Agrosuministros y en la primera audiencia que se lleva a cabo en contra mía en un proceso disciplinario interno, que es liderado por Hilka Vidal por acoso laboral, por los oficios que yo como secretario le requerí en un delito como el que estamos evidenciando, aparece la señora apoderada por el doctor Jonathan Manjarrez, es decir, estamos actuando como juez y parte, le dejo esa pregunta a Hilka por qué utilizó al mismo abogado que estaba representando a la contraparte de la Gobernación en un proceso contra mí, sobre el mismo el tema.	Guardé silencio porque todo lo que diga puede ser usado en mi contra, soy respetuoso de las instituciones de la Procuraduría y Fiscalía para que llevaran a este nivel las investigaciones, en donde el señor no va a aparecer. Tengo tranquilidad que esta falsa denuncia se va a descubrir y voy poder tomar acciones jurídicas para el restablecimiento de mi nombre. Quiero que realmente las autoridades lleguen a fondo a esclarecer el real delito, porque aquí no es el secretario de Óscar Barreto pidiendo dádivas sino un supuesto cartel de contratación que trató de defraudar al Departamento.	El nombre de José Andrés Castañeda Martínez se volvió a escuchar en la licitación que adelantó la Gobernación del Tolima recientemente, para la compra de fertilizantes como representante de la Unión Temporal Agrotolima, en un contrato cercano a los $5 mil millones. Y de Ingefe S.A.S. en una participación en Unión Temporal para la licitación de mil millones de pesos para la compra de unidades productivas de gallinas ponedoras, porcinas y ganaderas.