En enero pasado, la propia CIDH había emitido un informe en el que declaró la responsabilidad del Estado colombiano y dictó recomendaciones para la reparación de las víctimas, tras lo cual no le dio más prórrogas para el cumplimiento y decidió enviarlo a la CorteIDH para que este determine su responsabilidad.	Esta será la primera vez que ese tribunal se pronuncie sobre la situación de las periodistas en contextos de conflicto armado y la primera en la que estudie la responsabilidad de Colombia en un caso en el que el foco está en la violencia sexual, según explicaron la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes en el caso.