La razón principal tiene que ver con que, por un lado, el Gobierno está buscando por doquier a una o varias empresas que asuman las tareas que hoy tiene a su cargo el Ejecutivo, y, por el otro –de forma paralela– se alista para darle vía libre a la asunción de una deuda histórica que se tiene con la empresa.	Acerca de estos últimos, el Presidente señaló hace unos meses que la cifra era de entre 1,2 y 1,3 billones de pesos, sin embargo, el decreto que se firmaría en las próximas semanas detalla que Electricaribe tendrá que actualizar los datos con fecha límite del 31 de diciembre del 2018.	Del monto total que la empresa le debe al sistema financiero, alrededor de 1,2 billones de pesos fueron prestados por el Grupo Aval y otros 550.000 millones corresponden al portafolio de Bancolombia, en tanto que la suma restante –5.000 millones de pesos– se les adeudan a otras entidades.	Entre tanto, en unas semanas comenzaría a operar el Foneca, que recibirá dineros de varias fuentes, entre las que están aquellos recursos que tengan origen en el proceso de vinculación de capital para la operación de la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa que reciba Electricaribe, así como los que se generen con ocasión del pago o liquidación de cuentas por cobrar.	Así lo estableció el Consejo de Ministros, a través del Conpes 3966, que le permite a la Superservicios contar con el concepto para contratar operaciones pasivas de crédito hasta por la suma de 735.000 millones de pesos, de tal modo que la firma pueda “realizar inversiones que permitan mejorar la calidad y continuidad del servicio, aumentar la capacidad instalada de los equipos y disminuir las pérdidas en su área de influencia”.	Asimismo, otra parte de los recursos necesarios se está recolectando de los estratos altos y las industrias y comercios del país, a quienes se les obligó a pagar, vía Plan Nacional de Desarrollo, una sobretasa de energía de 4 pesos por kilovatio hora, la cual tendrá que ser asumida por este grupo de personas y empresas hasta el 31 de diciembre del 2022.	Y aunque se preveía que estas se realizarían en menos de dos meses, la entidad confirmó hace unos días que el cronograma se amplió hasta la primera y segunda semanas de diciembre. La decisión se adoptó, luego de que varias compañías potencialmente interesadas le pidieran al Ejecutivo una ampliación del plazo para fijar sus propuestas.