, la que buscaba que las madres comunitarias tuvieran contratos directos con el Estado a término indefinido y garantizar los derechos a salud, pensión y riesgos profesionales, fue objetado Juan Manuel Santos, quien lo declaró inconstitucional. De esta forma se devuelve al congreso para que se debata el tema de sostenibilidad fiscal. Según el alto tribunal,	, por lo que debe ser subsanado.  Dentro de los argumentos que presentó el presidente para objetar la ley está que generaría un incremento en las finanzas públicas, ya que habría un aumento de $769 mil millones, al pasar de 6 mil a 61 mil madres comunitarias contratadas por el Estado a través del ICBF.De hecho, Santos recordó que el Ministerio de Hacienda, que es el encargado de las finanzas públicas, dio concepto negativo a esta ley por el impacto fiscal para el país.Otro de los argumentos que presentó el expresidente, Juan Manuel Santos, para objetar la ley es que se excluiría a otros tipos de entidades que prestan el servicio de atención integral a la primera infancia, como por ejemplo las Cajas de Compensación Familiar, ya que todo estaría a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.