Países como Colombia, cuyas instituciones políticas están permeadas por intereses particulares, cuya dirigencia funciona orientada al beneficio propio o como medio para favorecer intereses privados, sean estos nacionales o extranjeros son vulnerables a diversas formas de explotación, sea esta legal o ilegal. El caso concreto al que quiero hacer referencia, tiene que ver con el megaproyecto Tribugá que representa una amenaza ambiental que el país no está en condiciones de asumir. Resulta desconcertante e indignante que esta iniciativa este incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, ya que no solo va en detrimento de los recursos ambientales del país, sino que además atenta contra la sostenibilidad de las comunidades, las cuales, como se sabe, han sido víctimas históricas del abandono y desprecio estatal.Y es que el Chocó ha sido víctima de una extensa historia de negligencia, explotación y despojo por parte del Estado colombiano. Prácticas que se han sustentado, en buena medida, en dos ideas que muestran el nivel de desprecio e ignorancia que este ha ejercido sobre ese territorio, por una parte, el componente racial que considera al indígena y al afro como una suerte de ciudadano de segunda categoría y, por otra, la idea de que un territorio geográfico de difícil acceso es improductivo o baldío y por lo tanto es considerado como poco apto para el desarrollo, entendido este desde su perspectiva más dañina, es decir la que se orienta de forma exclusiva en el lucro, como es el caso del puerto de Tribugá.	Porque resulta evidente que esto no es por el beneficio de los habitantes de esta región, nunca lo ha sido, menos lo va a ser en este gobierno. En esto coincido con el columnista Ignacio Zuleta cuando indica con vehemencia: “La filosofía detrás del proyecto Tribugá se apoya en el desfasado paradigma del “desarrollo y crecimiento”: extracción, explotación y comercio sin consideraciones con las poblaciones indígena, afro y colona, con un cínico desdén por las selvas y las riquezas marinas, y con mentirijillas de lo bueno que sería “para todos” hacer un megapuerto multipropósito” Así mismo lo sostiene Mauricio Cabrera Galvis en su columna de la revista Portafolio “Aun aceptando, en gracia de discusión, que los impactos ambientales se pudieran mitigar y que pudieran justificarse por los supuestos beneficios sociales y económicos del puerto en Tribugá, la verdad es que el análisis económico y financiero del proyecto muestra que este no sería rentable, salvo para los propietarios de los terrenos aledaños al puerto y la carretera, y que requeriría de enormes subsidios de recursos públicos para hacerlo viable”.	Por otra parte, resulta absurdo hacer una inversión de esta magnitud, causar un daño ambiental que posiblemente será irreparable, afectar a miles de ciudadanos, cuyos derechos ya de por sí han sido vulnerados de manera sistemática para construir un puerto y una carretera que serían subutilizados, como lo señala Cabrera Galvis “el país tiene ya, y además está ampliando, una gran capacidad portuaria que sobrepasa con mucho no solo la utilización actual, sino la prevista para las próximas décadas. En efecto, según la ANI, en los puertos del país se han invertido 2.558 millones de dólares, que incrementaron su capacidad, pasando de 286 millones de toneladas en el 2010 a 444 millones en el 2017, y se espera que al 2021 lleguen a 514 millones de toneladas. Frente a esta capacidad, el tráfico portuario marítimo en el 2018 fue de solo 197 millones de toneladas”. Con lo cual este proyecto en el Chocó resulta improcedente.	Como se indicó antes, uno de los argumentos de los promotores de esta idea, que avanza sin tropiezos en este gobierno, es que el puerto de Tribugá será en pos del desarrollo de la región, lo cual no es cierto, si así lo fuera resultaría mucho más positivo invertir en educación, salud, servicios públicos, resultaría más económico fomentar emprendimientos de naturaleza social, ecoturísticos, de aprovechamiento de los recursos para fomentar la sostenibilidad ambiental con energías renovables. Si se trata de impulsar el desarrollo del Chocó, el Estado debería centrarse en disminuir las brechas de desigualdad que en municipios como Nuquí son alarmantes. De acuerdo al Dane en este municipio el 19,7 % de la población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir, y el 41,1 %   solamente ha hecho primaria. Pero de eso no se trata, como tampoco de proteger un medio ambiente cada vez más afectado por cambio climático, cuyas consecuencias ya son manifiestas. Si este proyecto se ejecuta, si el Estado colombiano y el grupo de inversionistas que lo promueven lo llevan a cabo se afectarían 916 hectáreas de manglar, así como la migración de miles de ballenas que van a parir a las aguas del golfo, se destruiría el hábitat de 250 especies de algas, 42 tipos de esponjas, 875 de moluscos, 1.894 de anélidos, 863 de crustáceos, 223 de equinodermos, 1.212 clases de peces diferentes además de numerosas aves marinas. Estas cifras no significan nada para estos hombres de negocios, como tampoco para los funcionarios de este gobierno en cabeza de quien ocupa el despacho presidencial, pero bien pueden ser las cifras que sumen para hacer de nuestro país uno más vulnerable en términos ecológicos, económicos y sociales, las cuales han sido parte de nuestra historia de rezago. Es una lástima que los gobiernos de Colombia insistan en repetir una historia cuyo resultado siguen insistiendo en ignorar.