Según este organismo de control, el entonces personero Arbeláez, para la época de los hechos contrató bajo la modalidad de prestación de servicios a un tecnólogo en formación de proyectos para apoyar diferentes estrategias y componentes de esta entidad del Ministerio Público por un período de cuatro meses por un valor de $9.200.000.	Sin embargo, una vez culminada la ejecución final del contrato, se habría hecho una prórroga a la vinculación de la contratista Wendy Yolany Guzmán Rojas, sin un argumento de peso con una adición de $3.220.000, en donde se habría cumplido su respectivo pago, sin que presuntamente las obligaciones contractuales se llevaron a cabo en su totalidad.	“Una vez culminada la ejecución inicial del contrato, de manera injustificada y sin motivar evidencias o razones de hecho se elevó un acta en adición en tiempo y valor al contrato de prestación de servicios multicitado, transgrediendo al parecer principios de planeación, economía consagrados en la ley 780 de 1993”, reseña la Contraloría.