La actual situación en Venezuela es multifactorial, lo que implica que las dinámicas y relaciones que han creado esta noción de “crisis humanitaria”, “política”, “económica” deben ser analizadas a la luz de la evidencia para vislumbrar qué es lo realmente se esconde detrás de la narrativa que en las últimas semanas se ha querido imponer a fuerza de titulares de prensa. Así entonces, en este artículo pretendo exponer estos factores.Lo primero que hay que establecer es que, de acuerdo a los parámetros internacionales establecidos por la ONU, en Venezuela no hay una crisis humanitaria, como si la hay en Haiti, Libia, Syria, Mali, Irak, entre otros. Esto de acuerdo al académico	Por otra parte, un informe de la FAO (2017) no incluye a Venezuela dentro de los 29 países con crisis humanitaria. Esto que implica, que, si bien existen dificultades para obtener algunos productos alimentarios o de higiene, así como medicamentos, la situación no es crítica al punto de recibir la denominación ya discutida.	En esta misma línea se pronuncia Katu Arkonada, académico español, cuando manifiesta: Sin ninguna duda que en Venezuela hay ahora mismo una crisis económica impulsada por las órdenes ejecutivas de Obama y Trump declarando a Venezuela peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, con sanciones que han impedido la compra de alimentos y medicinas. Así mismo Arkonada, señala: Esa crisis ha provocado una migración económica a la que se ha pretendido disfrazar de exilio político, algo que los datos desmienten (entre enero y agosto de 2018 la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado recibió 3 mil 500 solitudes de asilo de venezolanos, por un total de 6 mil 523 solicitudes de refugio de ciudadanos hondureños, casi el doble).	Para de Zayas la base de la crisis venezolana radica en la baja de los precios del petróleo, que es la fuente más importante de ingresos del país. A la par de eso, también contribuyen en detrimento de las condiciones de vida de los ciudadanos las diversas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea. Estas sanciones afectan el aspecto alimentario, así como el de suministro de medicamentos. Este tipo de acciones afectan gravemente a los ciudadanos venezolanos y no son responsabilidad de Miraflores. En este sentido, un informe de la ONU de 2000 condena las sanciones económicas y las equipara a violaciones de derechos humanos. En otras palabras, las muertes ocurridas en Venezuela por falta de medicamentos o insumos médicos es directa responsabilidad de las sanciones económicas impuestas al país vecino.	Ahora bien, el problema radica en que los gobiernos del expresidente Chávez, así como los del presidente Maduro, al no estar dispuestos a gobernar en función de los intereses trasnacionales, de las multinacionales, de las entidades como el FMI o el Banco Mundial, ni a cumplir con las exigencias económicas del capitalismo feroz cuyos efectos sociales en Latinoamérica han sido nefastos, se han granjeado poderosas enemistades, a quienes en nada les importa el ciudadano común. Su propósito es lucrarse y exprimir los recursos de cada uno de nuestros países ejerciendo un colonialismo subterráneo, cuyo fin es, por una parte, explotar indiscriminada e irresponsablemente los recursos naturales de los países denominados en “vías de desarrollo” y por otro, usarlos como ejes de control geopolítico. De tal manera que cuando algunos gobiernos de la región no se muestran dispuestos a cumplir con los lineamientos arbitrarios de estas entidades, países, corporaciones, se despliegan contra ellos toda suerte de sanciones cuyos resultados afectan gravemente a la sociedad.	Lo que la llamada comunidad internacional está haciendo con Venezuela es un acto canalla, porque pretende sofocar a un gobierno elegido de forma libre por sus ciudadanos y en esa medida, se encuentran en una clara violación al capítulo 4, artículo 19 de la OEA que estipula: Ningún Estado o grupo de Estados tiene el derecho a intervenir, directa o indirectamente, bajo ninguna razón en los asuntos internos o externos de otro Estado. Este principio prohíbe la interferencia armada u otra forma de interferencia o intento de amenaza contra la personalidad de un Estado o en contra de sus elementos políticos, económicos o culturales.	En esa dirección también se pronuncia la resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU que expresamente prohíbe la “intervención armada y cualquier forma de intervención, interferencia o intento de amenaza contra la personalidad de un Estado o en contra de sus elementos políticos, económicos o culturales… La resolución también indica que “ningún Estado puede usar o apoyar medidas económicas o políticas para coercionar a otro Estado para así obtener la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos”. De tal forma que los países instigadores de los hechos recientes en Venezuela están en clara violación de esta normativa, la cual todos ellos se comprometieron a respetar y cumplir.	De acuerdo con la narrativa que se ha ido imponiendo, una de las causas para derrocar el gobierno de Nicolás Maduro se sustenta en que la suya no fue una elección legítima, sin embargo, Arkonada, indica: Las elecciones del 20 de mayo de 2018 fueron convocadas por el mismo CNE con el que Guaidó llegó a ser diputado. Hubo tres candidatos de oposición que sacaron en conjunto 33 por ciento de los votos y se siguieron las normas acordadas en la mesa de diálogo realizada en la República Dominicana entre el gobierno venezolano y la oposición, con el expresidente español Zapatero de mediador. De tal manera que esta supuesta crisis política es una fabricación con el fin de desconocer de manera arbitraria la decisión de la mayoría de venezolanos que optaron por reelegir a Nicolás Maduro como su presidente.	De igual forma, cómo se justifica la ausencia del ejercicio democrático, cuando desde 1998 se han celebrado diversos comicios electorales con acompañamiento internacional y verificación. Sobre esto, Arkonada señala: Desde 1998 se han producido cinco elecciones presidenciales, cuatro elecciones parlamentarias, seis elecciones regionales, cuatro elecciones municipales, cuatro referendos constitucionales, y una consulta nacional. 23 elecciones en 20 años. Todas con el mismo sistema electoral, considerado el más seguro del mundo por el expresidente estadunidense Jimmy Carter.	Así entonces, es claro que lo que hay de fondo con Venezuela es repetir la estrategia de la guerra fría cuyo impacto en la región está bien documentado. La historia de intervenciones en nombre de la “democracia” según un puñado de países capitalistas y de sus entidades financieras no trae más que violencia, de diversa naturaleza, contra los más vulnerables y esto no debe ser permitido.