Durante la investigación adelantada por la Fiscalía se pudo establecer que la servidora pública había recibido dos coimas de 30 millones de pesos, cada una, con el fin de cubrir unos gastos dentro del proceso de expropiación que adelantaba el Inco. De la misma manera, se estableció que negoció la entrega del 15 por ciento del total del avalúo que se llegare a acoger como definitivo.Asimismo, se estableció que Acosta Tenorio mantenía permanente contacto con uno de los propietarios del bien inmueble a quien le informaba, no sólo de las actuaciones y decisiones que se adoptaban en el proceso, sino también de todas las contingencias sucedidas y la forma de proyectar estrategias tendientes al logro de su objetivo, que no era otro que acoger, como definitivo, un avalúo ilegal que contemplaba como valor indemnizatorio una suma que ascendía a los 16 mil millones de pesos.Investigadores del CTI de Buga, capturaron en octubre de 2016, por orden delJuzgado 39 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, a la mujer quien fue cobijada con medida de aseguramiento en segunda instancia.Los delitos por los cuales deberá purgar prisión, así como pagar una multa de 1.012 salarios mínimos legales mensuales vigentes son: cohecho propio y prevaricato por acción.