Aunque en la Corte no hay claridad sobre qué decisión tomar en el caso de la Ley de Financiamiento, ante la opción de que se caiga, el Gobierno tiene tres opciones: la primera, acudir al Congreso y presentar la reforma. La segunda, la expedición de un decreto que permita que los contribuyentes paguen anticipadamente su impuesto de renta, gozando de descuentos; esto garantizaría estabilidad en el recaudo de impuestos durante el primer semestre del año, pero tendría también que recurrir al Congreso para salvar la ley. Y la tercera es la presentación de un nuevo proyecto de reforma tributaria.