A tres semanas de la jornada electoral del 27 de octubre, hay alertas del ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y Ongs como la MOE y Paz y Reconciliación, que han identificado a Putumayo, Chocó, Norte del Cauca, Bajo Cauca Antioqueño, Catatumbo y el sur de Córdoba como zonas de alto riesgo. También, en menor grado, Guajira y Magdalena.	El control territorial de las economías ilegales, esto es, cultivos de coca y marihuana, laboratorios, rutas y minería por parte de grupos armados como ELN, el EPL, Autodefensas Gaitanistas, los carteles mexicanos de droga y las disidencias de las FARC son parte sustancial del coctel que detona la violencia en esas zonas.	El último reporte del Cerac señala que entre el 1º. de enero y el 9 de septiembre hubo un aumento sustancial de lo que ellos catalogan como violencia política con relación con el mismo periodo de 2015: 82% en las muertes --pasaron de 49 a 89--; el número de heridos casi triplicado: de 8 a 21 y los amenazados de 119 a 340. Los medios registramos en septiembre, casi a diario, el asesinato de líderes en Cauca, Catatumbo, Valle y Antioquia.	Por factores de violencia, el mapa de la MOE identifica 305 municipios --(50 en riesgo extremo, 85 en riesgo alto y 170 en riesgo medio—ubicados en los cuatro grandes corredores: la frontera con Venezuela, el suroriente en la Amazonía, el andén Pacífico, y el corredor que separa al Caribe del centro del país, desde Urabá hasta el Catatumbo.	Sobre la realidad local, Luis Fernando Trejos, profesor e investigador de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, advierte que las elecciones en el Caribe están en una encrucijada del sistema clientelar y no se va a ver amenazado en esta ocasión, salvo en el Magdalena, mientras –dice-- en el sur de Bolívar hay una especie de paz mafiosa.