La Sección Tercera del Consejo de Estado ratificó condena en contra de Ecopetrol S.A por el daño causado al propietario de 95 toros que murieron intoxicados tras una filtración de aguas contaminadas con crudo, que se produjo cerca de un oleoducto a cargo de la empresa petrolera en Turbaco, Bolívar.	Debido a lo anterior, el propietario solicitó asesoría técnica y funcionarios de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) realizaron una inspección ocular al predio en la que evidenciaron la existencia de aguas estancadas con presencia de una sustancia viscosa, además de varios cadáveres de bovinos, tres animales con brote generalizado en todo el cuerpo y alto grado de desnutrición, entre otros hallazgos.	En 2006, un médico veterinario, luego de analizar los cadáveres de algunos toros, concluyó que la causa probable de la muerte correspondía a intoxicación, por lo que el 20 de febrero de 2006, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) dictaminó que las aguas y el suelo de la finca ‘La Esperanza’ se encontraban contaminadas, y dejó constancia de la muerte de 45 animales.	Sin embargo, en junio de 2006, en el momento en el que la Secretaría de Gobierno y la Inspección de Medio Ambiente de Turbaco realizaban una inspección sanitaria en el lugar de los hechos, observaron a varios operarios de Ecopetrol que se encontraban haciendo reparaciones en la tubería, “poniendo camisas de protección precisamente en el área donde los animales ingerían agua”.	Tras esto, en marzo del 2014 el Juez Noveno Administrativo de Cartagena (Bolívar) le impuso a Ecopetrol el pago de 200 millones de pesos al inferir que la muerte de los animales se produjo porque bebieron agua contaminada con hidrocarburos, sentencia que fue ratificada por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 29 de agosto de ese mismo año.	Luego de conocerse los fallos en su contra, la empresa petrolera alegaba que estos hechos no le eran atribuibles, pues durante ese periodo no se habían presentado derrames de crudo. Incluso, la empresa aseguraba había sido necesario intervenir la zona para cerrar una válvula ilegal, sin llegar a producir ninguna afectación, entre otros argumentos.