Caracas, 18 nov (EFE).- El dirigente opositor venezolano Leopoldo López, preso desde hace nueve meses, decidió hoy no acudir a nuevas audiencias de juicio hasta que la Corte de Apelaciones emita un pronunciamiento sobre la recomendación de la ONU de liberarlo, una resolución que fue negada por un tribunal la semana pasada.	La solicitud, que fue realizada hace un mes ante el tribunal de juicio que lleva el caso de López, y negada por la jueza Susana Barreiros, por considerar que el Grupo de Trabajo de la ONU no está contemplado en los pactos internacionales, y por tanto no es vinculante, argumento que la defensa de López no comparte.	Ese día, tras una manifestación convocada, entre otros, por él, un grupo de personas arremetió contra oficinas del Ministerio Público en la capital venezolana en una jornada que se saldó con tres muertos y decenas de heridos y detenidos y que dio comienzo a una ola de protestas antigubernamentales en el país por más de cuatro meses.	López escribió en la red social Twitter que llegó al tribunal de Caracas “lleno de fuerza y fe” y que no claudicará en su empeño por seguir demostrando “las injusticias que sufren los venezolanos por un régimen corrupto, ineficiente y antidemocrático”, como se lo achaca al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.	Una vez que la jueza se pronunció, López autorizó a que hoy se le trasladara desde la celda que ocupa en una cárcel militar a las afueras de Caracas para continuar con el juicio que afronta, acusado de los delitos de instigación pública, agavillamiento (asociación para delinquir), daños a la propiedad e incendio.	Junto a otros líderes de oposición, entre ellos la exdiputada María Corina Machado, López convocó a una manifestación en el centro de Caracas el 12 de febrero pasado que tras culminar registró un ataque con bombas incendiarias a la sede de la Fiscalía, en una jornada que se saldó con tres muertos.	El presidente venezolano acusó poco después a López de recurrir a la violencia, afirmación que el líder de VP siempre ha negado al argumentar que su estrategia en busca de la salida de Maduro de la Presidencia respeta extremos constitucionales, entre ellos el derecho a la petición de la renuncia voluntaria.	Tras entregarse voluntariamente y acompañado de miles de simpatizantes el 18 de febrero, el juicio en su contra comenzó el 23 de julio entre quejas iniciales de sus abogados por la negativa de la jueza a aceptar en la audiencia preliminar la totalidad de las pruebas facilitadas por ellos para la defensa del político. comparte