Desdibujadas. Así han quedado las actividades que el Ejército Nacional programó para celebrar sus 200 años. La recreación de la gesta libertadora por los mismos pueblos que las tropas patriotas recorrieron hace dos siglos se ha visto opacada por cuenta de una seguidilla de escándalos que tienen en la mira de las autoridades penales y disciplinarias a cabos, sargentos, coroneles y generales.	Los delegados ya empezaron a actuar. A mitad de semana hicieron una revisión en la Inspección del Ejército y recopilaron pruebas que están bajo reserva. Desde el órgano de control se dice que esa actuación tenía como objetivo recabar material para determinar si hubo o no actuaciones de parte de esa unidad frente a denuncias anteriores en contra de los generales implicados.	La próxima semana los trabajos serán simultáneos en Bogotá, para continuar con los casos de Fajardo y Quirós, y en Medellín a donde trasladarán a los funcionarios que ya tienen en su poder el material del caso del general Jorge Horacio Romero, quien fue retirado de las filas, o como se dice en el argot militar: llamado a calificar servicios.	“Cuando se corrompe el jefe, de ahí para abajo podría corromperse la tropa”, describe Hugo Acero, experto en temas de seguridad al analizar lo que ha sucedido en las últimas semanas, ya que al tema de los generales hay que agregarle el episodio aún confuso del coronel Elkin Argote quien andaba en Bogotá con alias ‘Gárgola’, uno de los capos más buscados del sur del país y jefe de la banda ‘La Constru’.	A esto hay que sumarle las capturas de los doce suboficiales detenidos por, presuntamente, cobrar y pagar cuantiosas sumas para ser trasladados de unidades militares a unas que es implicaran evitar ir a patrullajes en la selva o en el monte y a cambio de eso obtener puestos en oficinas con horarios fijos. Esto se conoce como cambio de arma.	Las audiencias se iniciaron el miércoles, pero debido a varias confusiones y yerros por parte del fiscal designados continuaban este fin de semana. La imputación ante el estrado no fue tan clara como en un principio fue propuesta por el ente acusador, lo que le valió al representante del búnker en el despacho judicial un fuerte llamado de atención por parte de sus superiores pues la investigación que lleva varios meses puede irse al traste.	“Esa es la base de la democracia. No se pueden considerar como decisiones tibias, de pronto la tribuna querrá sanciones ejemplarizantes, pero sin saber qué fue lo que pasó y sin que se pueda defender la persona eso sería ir en contra del estado de derecho que es uno de los pilares de cualquier democracia”, apuntó.	Pocos hablan del tema, pero hay quienes advierten que es un secreto a voces. En grupos de WhatsApp y en algunos círculos cerrados mencionan constantemente al excomandante de las Fuerzas Militares, general Alberto Mejía, como el presunto responsable de la crisis institucional. Con vídeos muy bien elaborados, presentaciones falsas de supuestos informes de inteligencia y en audios no mayores a un minuto de duración, Mejía es señalado de cometer presuntos actos de corrupción y que los mismos han sido tapados por otros generales de su misma línea.	Del tema también se comenta en círculos de la reserva del Ejército, pero no sale de ahí, ya que no presentan pruebas contundentes ante las respectivas autoridades. En la institución no se han preocupado por investigar quién está detrás de estos montajes y de la propagación de estas cadenas que continúan minando la moral de la tropa.