La frustrada extradición de Seuxis Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, puso al descubierto las grandes tensiones que existen al interior de la JEP. Una confrontación de tal tamaño que los tres magistrados autores de la providencia favorable al exjefe guerrillero podrían estar en camino de ser investigados por prevaricato.  Lo anterior se deduce de los salvamentos de voto de las dos integrantes de la Sala de Revisión, quienes se apartaron de la opinión mayoritaria.Un buen entendedor registrará sin dificultades que los salvamentos suscritos por Claudia López Díaz y Gloria Amparo Rodríguez, constituyen una denuncia pública, una posible cabeza de sumario contra sus pares Jesús Bobadilla, Caterina Heyck y Adolfo Murillo. Según se conoce Gloria Rodríguez glosó la providencia anotando que la Sala no tenía “la facultad o competencia legal para disponer la libertad de Hernández Solarte, ya que la restricción o restablecimiento de ese derecho se afecta por una disposición normativa que habilita exclusivamente a la Fiscalía”.	A su turno la magistrada López fue más allá al reclamar que no se decretaron las pruebas indispensables para determinar la fecha del delito, mientras se desestimaron sin razón otras que habrían podido dar esa claridad. Para esta jurista adicionalmente, el pronunciamiento mayoritario de la sala significó arrebatar la competencia de un juez extranjero. Sus palabras adquieren contundencia cuando observa: que la mayoría de la sala “desnaturalizó la garantía de no extradición; ejerció de manera deficiente sus funciones probatorias; declaró la ilicitud de algunas pruebas y compulsó copias a ciertos funcionarios de la Fiscalía, sin una justificación probatoria y argumentativa suficiente…”	Publicidad. Los cargos formulados por la magistrada López sobre la actución de sus colegas llegan a ser muy serios cuando afirma: “La solicitud de los Estados Unidos y sus anexos contenía la prueba suficiente para establecer las fechas precisas de las conductas atribuídas del concierto para importar cocaína, intento de fabricar o de producir cocaína e intento de importar cocaína, relacionadas con el narcotráfico todas, y que son de carácter permanente, fueron posteriores al primero de diciembre de 2016”.	El calibre de las expresiones transcritas lleva a concluir que en la JEP hay un enfrentamiento, acaso guerra abierta, entre dos visones opuestas del derecho y la institucionalidad. Un enfrentamiento en el que por ahora llevan las de ganar quienes cuentan con mayoría a pesar de su liviandad jurídica y su sesgo ideológico. Una mayoría cuyos colegas menos numerosos denuncian con valor civil al considerarlos incursos en prevaricato y usurpacción de funciones.	Sobre la solidez de lo planteado por las magistradas disidentes es necesario mencionar que sus conceptos coinciden con opiniones de la Procuraduría conocidas el año anterior. Para el organismo las pruebas solicitadas por la JEP con relación a los soportes del pedido de extradición,excedían las competencias de la Justicia Especial ya que en nuestro ordenamiento legal el requerimiento del gobierno extranjero gozaba de la presunción de legalidad, y la valoración de las pruebas en las cuales se fundamentaba la acusación correspondía a las autoridades judiciales de Estados Unidos, es decir el país requirente.	Ahora bien, resulta sorprendente que los autores de la exoneración de Santrich se hayan atrevido a solicitar la investigación de los funcionarios de la Fiscalía que intervinieron para fortalecer el acervo probatorio. Estos servidores públicos son acusados por los magistrados aludidos de no haber respetado los derechos fundamentales del acusado ni la soberanía nacional.	La actitud de los togados que actúan así es prepotente, desafiante y hace pensar que en la JEP existe cierta corriente amiga de consolidar una especie de supra Estado judicial, con agenda internacional incluida. Una corriente proclive a disuadir y eventualmente triturar a quienes se aparten de su peculiar forma de ejercer la justicia.	Pero lo más grave del fallo relacionado con Santrich es el daño que el mismo entraña para la JEP. La confianza en ese tribunal se está resquebrajando; su imagen confiable e imparcial se esta desvaneciendo. Pareciera que el organismo toma partido por los victimarios, a quienes se daría patente para seguir delinquiendo. Esto mientras se ignoran las víctimas, no solo de las del conflicto pasado si no las nuevas, las generadas ahora por el narcotráfico creciente.	Afortunadamente la Jurisdicción Especial para la Paz está llamada a ser mucho más que sus integrantes individuales. El pobre criterio, jurídico, la falta de visión histórica, o la idología podrán manchar algunos de sus fallos, pero aún hay esperanza. Esperanza de que la presidenta de la jurisdicción Patricia Linares, quien durante este episodio ha actuado con prudencia, y el valor civil y la claridad conceptual de otros magistrados y magistradas puedan unirse para sacar la JEP del atolladero en el que se ha metido.