Por estos días, suena en los medios de comunicación la amenaza de una pirámide que convoca a mujeres en diferentes lugares del país, escudándose en argumentos espirituales para captar dinero y sumar cada día un mayor número de personas. La Superintendencia Financiera de Colombia realizó, de manera oportuna, una advertencia esta semana sobre ese tipo de estafa e invitó a los ciudadanos a que no crean en las promesas falsas de este tipo de organizaciones. La Fiscalía General, por su parte, adelanta investigaciones para acusar a los gestores de este modelo piramidal.	Y, entonces, surgen inquietudes. En pleno siglo XXI ¿persisten los ingenuos que creen en este tipo de modelos de captación de dinero?, ¿cuál es el nivel de educación financiera de los colombianos?, ¿qué responsabilidad tienen los bancos en sus acciones para favorecer la inclusión financiera?, ¿qué eficacia tienen los esfuerzos del Estado para prevenir a los ciudadanos frente a este tipo de estafas?, ¿estamos formando a nuestros jóvenes en educación financiera?, ¿la justicia está sancionando con la rigidez necesaria a quienes cometen este tipo de delitos?	Sin lugar a dudas, en Colombia persiste en algunos segmentos de poblaciones toda una cultura de dinero fácil. De una parte, quienes prefieren arriesgarse a colocar un dinero con la promesa de grandes resultados en poco tiempo y, por otro, quienes viven el sueño de multiplicar sus ingresos sin mayor esfuerzo. En el fondo, las personas saben que su aporte tiene un alto componente de riesgo y que la posibilidad de perder el dinero es alta. Difícil creer que se trata de simple ingenuidad de la víctima. A pesar de esa circunstancia, las personas optan por arriesgarse en una especie de juego de suerte y azar con la expectativa de ganar y la aspiración de solucionar sus problemas económicos.	Vivimos en un país en donde el endeudamiento de los hogares, según el Banco de la República, asciende a 205,8 billones de pesos (lo que equivale a casi el Presupuesto General de la Nación) y en el que por cada 100 pesos que reciben los colombianos deben destinar 17,4 pesos al pago de sus deudas. De allí que se escuchen casos en los que la gente difiere el costo de su mercado semanal con la tarjeta de crédito, o peor aún pagan una tarjeta con el avance de otra. En Colombia se confunde la definición de gasto con el ahorro y aún son más quienes prefieren pagar arriendo para evitar compromisos con los bancos, antes que comprar su primera vivienda.	En ese panorama, las entidades financieras tienen una gran responsabilidad. Mirar con desdén a los jóvenes que obtienen su primer empleo o que comienzan un emprendimiento, cerrarles las puertas a los microempresarios o alejar a las personas de bajos ingresos ayuda a fortalecer las alternativas informales de préstamos (usureros) o a las captadoras de dinero (pirámides). Y ahí el Gobierno debe no solo sancionar con la rigidez necesaria, sino impulsar acciones preventivas para crecer en educación financiera.