, que identificaron a uno de los cabecillas, conocido como ‘El Barbado’, quien logró incrementar su patrimonio en más de 5 mil millones de pesos y era el encargado de la comercialización del oro hacia Ecuador y Perú.Este sujeto era socio y propietario de cuatro minas auríferas ilícitas, en las que según estudios realizados por los peritos policiales (ingenieros ambientales y químicos forenses), afectaban el medio ambiente produciendo un alto grado de contaminación a las fuentes hídricas, la biodiversidad y a las mismas comunidades que residen en las riveras de los ríos, debido a las sustancias que utilizan para la extracción, pues para producir un gramo de oro, son necesarios	5 gramos de mercurio. Además, la investigación pudo establecer el modus operandi de los integrantes de esta organización, quienes utilizaban vehículos de transporte público, a los cuales adaptaban compartimentos secretos para trasladar el oro extraído ilícitamente desde Barbacoas hasta Pasto.Cuando el oro se encontraba en Pasto, era entregado a otro eslabón de la organización,  conocido como	, quien aprovechaba su reconocimiento como comerciante (exportador mayorista) y propietario de la empresa fachada ‘Gold Metales de Nariño', la cual era utilizada para dar apariencia de legalidad a la comercialización del oro.Los capturados tendrán que responder por los cargos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concierto para delinquir y delitos ambientales (contaminación ambiental y explotación ilícita de yacimientos mineros). Siete de los capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento y uno con detención domiciliaria.Simultáneamente a las capturas, se realizó el proceso de extinción del derecho de dominio a 18 bienes de las personas indiciadas, en los departamentos de	, adquiridos con las ganancias de estos ilícitos, como vehículos de alta gama, casas, un apartamento y una hacienda lujosa, entre otros.o por su presunta participación en una serie de contratos suscritos con la Secretaría de Integración Social entre 2010 y 2011 mediante empresas de su grupo familiar. Dichos contratos habrían tenido un costo cercano a los $160.000 millones durante la administración del entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas. Esta investigación se abrió en el despacho de la magistrada Patricia Salazar, quien en su momento consideró que existían pruebas suficientes para responsabilizar a Torrado por el delito de tráfico de influencias. En su momento, la Corte solicitó a la Alcaldía de Bogotá el Informe Final de la Comisión de Seguimiento a la Contratación de Bogotá, buscando determinar las presuntas irregularidades en que pudo incurrir el parlamentario