Es natural que en medio de los debates que generan las iniciativas legislativas, surjan conceptos a favor y en contra. Opiniones, en el escenario ideal, enmarcadas en una deliberación con argumentos coherentes y objetivos, resultando en un ejercicio democrático constructivo. Ahora, cuando encontramos con cuestionamientos sin sentido, espoleados por intereses de personas que buscan mantener la balanza a su favor, nos hallamos en una dinámica deshonesta y pérfida.	Por no cumplir su propósito, he cuestionado constantemente el uso que se le ha dado al Cargo por Confiabilidad, figura creada por la CREG en el 2006 como una remuneración que pagamos los colombianos para que, en momentos críticos, tengamos garantizado el suministro de energía eléctrica. Varios informes de la Contraloría General confirman que existe un vacío jurídico al no precisarse la obligación de las generadoras a invertir en activos que permitan la generación en épocas de escasez.	Hace 15 días radiqué en el Senado el Proyecto de Ley 146, en el que propongo que la naturaleza del dinero del Cargo por Confiabilidad se defina como de carácter público, para garantizar su correcta ejecución y transparencia, y se someta a la vigilancia de los entes de control y de la Fiscalía General de la Nación.	Deformando el propósito y espíritu de este proyecto, el señor Hemberth Suárez, en su columna titulada “Co-administración del cargo por confiabilidad”, publicada en este medio el 29 de agosto, afirmó de manera imprecisa algunos aspectos de nuestra propuesta que merecen aclaración. En primer lugar, un control fiscal posterior, vital ante la actual falta de vigilancia y control de los recursos del cargo, no se traduce en “coadministrar”. Como segundo punto, vigilar no es “meterse” en las finanzas de los inversionistas privados, es supervisar la ejecución de los recursos que pagamos los colombianos vía tarifa, que suman más de $25 billones.	Resulta necesario precisar que dichos recursos son privados en su origen por ser detraídos del bolsillo de los usuarios para el cumplimiento de una finalidad pública, por lo tanto, es el mismo Estado el llamado a velar para que sean destinados al cumplimiento de su propósito. Es deber del Estado controlar estos dineros cuya destinación está reglada, así que es necio sostener la naturaleza privada de un dinero que a todas luces deviene de la potestad impositiva del Estado. Si la transparencia y vigilancia de los recursos puede: “...generar incertidumbre y mayor percepción del riesgo para los inversionistas, lo que finalmente desincentivaría la inversión en generación de energía eléctrica” como escribe el señor Suárez, entonces no estamos frente un sistema viable ni sostenible. Da tristeza que profesionales respetables como el señor Suárez sirvan de punta de lanza para personajes que les gusta administrar recursos públicos, pero detestan rendir cuentas.