Este resultado obedece, en buena parte, a la rigurosa investigación realizada por Andrés Otero, Yohir Ackerman y otros investigadores, que dejó en evidencia hechos de corrupción al interior de la justicia ecuatoriana, con la intención de aplicarle una millonaria multa a la petrolera, en favor de comunidades amazónicas, presuntamente afectadas por la actividad de explotación de hidrocarburos en la zona.	Esa misma compañía, Guidepost Solutions, llegó a Colombia en marzo pasado al adquirir a la colombiana Custom Information Services, y comenzó a prestar este tipo de asesoría basada en el monitoreo de proyectos y la detección de alertas tempranas de corrupción o deficiencia en el desarrollo de la actividad empresarial y de servicios.	“Estamos trabajando en tres áreas de investigación: apoyo en litigios e investigación concentrada en arbitramentos, procesos civiles, acciones populares y de clase, donde Guidepost ayuda a la empresa o a la institución estatal a entender lo que realmente pasó. Por ejemplo, en Colombia hemos tenido dos casos de empresas acusadas de tener vínculos con paramilitares, y nuestra tarea fue analizar todas las acusaciones. Logramos desvirtuar, con hechos, que esos testimonios o declaraciones no eran más que montajes de personajes que estaban buscando rebaja de penas ante la justicia”, añadió.	Un caso que se ha vuelto común son las protestas de comunidades sobre el desarrollo de alguna actividad económica en una zona determinada, oponiéndose a los proyectos y movilizando a una población, con el fin de bloquear proyectos de todo tipo. “Se trata de personas dedicadas a supuestamente defender los recursos naturales, sin argumentos ni conocimiento técnico. Nosotros lo que hacemos es desenmascarar a los reales enemigos de ciertas empresas o grupos de interés que buscan sacar provecho económico”, afirma Otero.	Lo que se ha detectado es que cuando una comunidad se siente afectada por una actividad económica de terceros, aparece una ONG que dice representarlos, pero que le vende el pleito a una firma de abogados internacionales que, a su vez, se lo traslada a otra organización internacional, que eleva las pretensiones y gana pleitos millonarios, por perjuicios que ni siquiera se han causado.	De acuerdo con Otero, lo importante es saber quién hay detrás de cualquier situación que busque frenar un proyecto. “Por ejemplo, puede ser un político o un competidor del mercado, que busca sacar a su más duro contrincante de la carrera por quedarse con el proyecto. Esto se da incluso con contratos que ya están en marcha”.	“La corrupción en el Estado genera incertidumbre empresarial. En Colombia, los inversionistas se abstienen de presentar proyectos para sacar adelante zonas deprimidas porque corren el riesgo, por ejemplo, de una demanda de restitución de tierras o una reclamación de la comunidad. Prefieren invertir su capital en otros sectores o en otros países”.	Otero dice que las empresas deben estar en capacidad de reponerse de un problema de deterioro de su reputación. “Tan es así que en septiembre próximo habrá una conferencia anticorrupción en Washington y la principal conferencista será la jefe de cumplimiento de Odebrecht.  Ella va a contar qué han hecho al interior de la empresa en los tres años que llevan limpiando su imagen. Los procesos penales contra los ejecutivos continúan, pero la marca como tal no es la responsable de las irregularidades. La corrupción no se le puede achacar al nombre de la empresa, sino a los ejecutivos que cometieron las faltas, y es a ellos a quienes se les debe castigar. A la empresa se le puede multar para compensar a los afectados”.