Sin embargo, el panorama de delitos electorales en distintos puntos del país tiene todas las alarmas encendidas por parte de las autoridades, y es que hasta el 15 de octubre el Ministerio del Interior había recibido 3.958 denuncias recolectadas a través de la Unidad de Reacción Inmediata para el Proceso Electoral, URIEL.	De acuerdo con Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, los delitos electorales que más conocen en la organización están la compra de votos, el ofrecimiento de bienes y servicios por parte de funcionarios públicos para favorecer determinados candidatos, constreñimiento al elector, presión para que los funcionarios voten por un determinado candidato o la imposición de jurados de votación para presionar la contabilidad de los votos.	Por otro lado, la Fiscalía anunció que tiene abiertas investigaciones a 559 ciudadanos por el delito de suplantación de identidad. En este mismo sentido, el Consejo Nacional Electoral, CNE, explicó que tras comparar la información con el archivo nacional de identificación y la base de datos de las huellas digitales para verificar la plena identidad de las 3.683.499 personas inscritas en todo el país, se encontró que algunos suplantaron las cédulas de ciudadanía de personas fallecidas.	El Consejo Nacional Electoral, CNE, informó que detectó en Santander 94.633 casos de trashumancia electoral. Según el CNE, de las 202.570 cédulas inscritas en los diferentes municipios del departamento para las elecciones locales, la corporación dejó sin efectos la inscripción de 94.633 por presentar irregularidades. Es decir, el 46% de los documentos inscritos en el Departamento.	El caso más llamativo de riesgo de trashumancia se registró en Floridablanca, donde la Procuraduría advirtió que de 25.065 cédulas que hasta el momento se habían inscrito en ese municipio del área metropolitana, 7.519 registran un potencial riesgo de trashumancia electoral. Es decir, el 30% de las inscripciones corresponderían a trasteo de votos para los comicios del 27 de octubre.	Según la MOE, cinco municipios del Tolima tiene algún nivel de alerta para las elecciones debido a que en ellos confluyen riesgos indicativos de fraude y riesgos por factores de violencia. Se trata de Coyaima, que está en riesgo extremo; Ibagué y Rioblanco aparecen en riesgo alto, mientras que Líbano y Honda se encuentran en nivel medio. En las elecciones de hace cuatro años había siete municipios en riesgo, dos de ellas en estado extremo.	Variaciones atípicas de participación electoral: “como que el número de inscripciones de cédulas sea altamente irregular”; el aumento de los tarjetones no marcados o anulados, “asociado a una práctica fraudulenta habitual”, son algunas de las variables que se consideran a la hora de evaluar el nivel de riesgo de estos municipios, según explicó Alejandro Sánchez, coordinador de la MOE en el Valle.	“Que ya aparezca más del 20 % de la población nueva a votar es muy extraño. Por ejemplo, si uno toma el censo electoral anterior en Palmira (266.000 personas), lo compara con la población (312.000 personas) y le suma el número de inscritos nuevos (61000), quedan más votantes que habitantes en Palmira. Lo mismo pasa con la población de Ulloa (5300 personas), donde se inscribieron 1000 personas nuevas, es decir, casi el 21,7 % de la población apareció de pronto para votar. Situaciones similares suceden en Bolívar, pero también en El Dovio, Riofrío, Dagua y Roldanillo”, explicó Sánchez.	Un informe de la Procuraduría indicó que se preveía riesgos de trashumancia en Arroyo Hondo, Córdoba, San Cristóbal y Soplaviento. A esto se suman los municipios de Santa Catalina , Mahates, , Clemencia, El Guamo, Magangué, Mompox, Hatillo de Loba, Margarita, San Fernando, El Carmen de Bolívar, María la Baja, Arjona, Turbaná y Turbaco.	En su mapa de riesgo electoral la Misión de Observación Electoral reveló que hay 50 municipios en riesgo extremo por factores de violencia electoral, entre los que aparecen dos municipios de Bolívar: San Jacinto del Cauca y El Carmen de Bolívar. Estos dos municipios bolivarenses también están en la variable de 40 municipios en riesgo extremo por confluencia de factores indicativos de fraude y por factores de violencia.	En el más reciente comité de seguimiento electoral en Cartagena, participaron todas las autoridades electorales y fuerzas del orden, entre las que contaron la Registraduría Nacional, la Procuraduría, Policía Nacional, Armada Nacional, Fiscalía General de la Nación, Secretaría de Educación, Secretaria General, Oficina de Gestión del Riesgo, MOE, así como representantes de los partidos políticos, para revisar la situación del departamento y la ciudad de cara a la jornada electoral que será el domingo 27 de octubre.	Otro informe, hecho público en los últimos días por la Gobernación de Antioquia, reveló que por la posible vulneración de derechos humanos existen 18 municipios con riesgo extremo y 14 en riesgo alto, a lo que se suma que Ituango, Toledo, Angostura y Granada tienen un riesgo extremo por fraude electoral.