Pero fue más que un paro. Desencadenó un conjunto de hechos políticos de suma importancia. Aunque la semana fue mostrando un languidecer acelerado de las protestas hasta las apenas mil y pico de personas en las calles del jueves pasado, Duque se apresuró a plantear una “conversación nacional” con el ánimo de revisar la política social del gobierno.	Y cuando las protestas morían, lo devolvieron a la vida con una carta, firmada por el comité nacional del paro, la izquierda, el santismo y el samperismo. Los firmantes demandan un “diálogo eficaz” con el Gobierno para “la concertación de acuerdos [verificables] sobre los problemas fundamentales del país”. Pretenden que el diálogo verse no sobre la implementación del acuerdo con las Farc, retomar negociaciones con el Eln, la reforma política, la política de seguridad, la reforma política y electoral, las medidas anticorrupción y el medioambiente. Es decir, casi todo.	Ocurre que esa pretensión es ciertamente antidemocrática. Ni los 250 mil marchantes ni el comité del paro son “el país”, ni los firmantes de la carta representan a “la ciudadanía” cuya voz quieren arrogarse. Como mucho, se representan a sí mismos y a sus organizaciones. Pero no al resto de colombianos, ni a los 48.5 millones que no marcharon, ni a los 19.6 millones que votaron en las elecciones del 2018. Son apenas el 1,27% de los votantes, el 0,51% de los colombianos.	Es antidemocrático e inconveniente reemplazar el debate en el Congreso por el diálogo directo con grupos sociales para la definición de la agenda, las políticas y programas que debe adelantar el Gobierno. En Colombia, las leyes se hacen en cuatro debates, en órganos distintos, con tiempos definidos entre cada uno. No es un capricho. La Constitución ha previsto un sistema deliberativo, razonado, plural y pausado para hacer y modificar las leyes. En el Congreso están representados 18 partidos distintos, todos ellos, menos las Farc, con probado respaldo ciudadano.	Y es una pretensión totalitaria que unas minorías, que además perdieron las elecciones, quieran imponer su agenda y sus posiciones a las mayorías silenciosas que no marcharon y a las mayorías que ganaron en las urnas. Y es una pretensión fascista que quienes están organizados corporativamente quieran reemplazar al Congreso y al gobierno elegidos popularmente. Y es fascismo puro y duro pretender gobernar por las vías de hecho, por la posibilidad de organizarse e ir a las calles, por la capacidad para perturbar el orden o por la violencia para enfrentarse a la Fuerza Pública.