“esperamos que los avances incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo permitan que al 2022 cerca de 170 municipios tengan un enfoque territorial con presencia de grupos étnicos o con algún ecosistema ambiental estratégico y que, además, se desmitifique la idea de que el catastro solo se relaciona con el impuesto predial”.	Otro aspecto para destacar de la política es que define la gestión catastral como un servicio público que se enfoca en los ciudadanos, con beneficios como la formación, la actualización y la difusión de la información de los bienes inmuebles públicos y privados. A estos se suman la gestión ambiental y –claro– el impuesto predial, entre otros.	El Conpes traza cinco líneas de trabajo para implementar la política. Una institucional, que busca revertir la desarticulación existente en el país, fortalecer al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) e incrementar la participación de entidades territoriales. En la implementación también estarán la Agencia Nacional de Tierras y la Superintendencia de Notariado y Registro.