La Corporación Cajamarca Despensa Hídrica y Agrícola, promotora de la consulta popular, representada por el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, demandaron que se declare la nulidad de tres contratos de concesión minera con Anglogold Ashanti (AGA) que datan desde el 2007, y que aún siguen vigentes en el territorio de Cajamarca.	Ante el posible accionar de la empresa minera con estas tres concesiones Robinson Mejía, líder de los comités ambientales, señaló que “la información es que están vigentes, con ellos se pueden tramitar permisos ambientales, pero sabemos que un mes después de la consulta de acuerdo a lo que ha dicho Anglogold, la actividad de exploración se suspendió, es decir que no estarían ejecutándose”.	En el año en que se firmaron las concesiones mineras para explorar y explotar minerales en Cajamarca, esta era una acción lícita, situación que ha dificultado la nulidad de todos los contratos, pero a partir de una nueva regla de ordenamiento jurídico, instalada por la consulta popular, estas acciones pasaron a ser ilícitas en el territorio.	Sobre ¿por qué la compañía seguía teniendo contratos con influencia en el territorio?, Mejía explicó: “Nosotros después de la consulta no paramos, seguimos haciendo monitoreo a esos títulos, antes eran 19 y lo que hizo la empresa fue renunciar a algunos, la Agencia Nacional de Minería aceptó, en otras la empresa se demoró más porque no quedaba a paz y salvo en impuestos (...) le seguimos la pista, e identificamos que la estrategia era renunciar a unos y concentrarse en La Colosa, integraron cinco títulos en uno, hay que recordar que querían hacer siete proyectos en esa zona”.	Los promotores han solicitado una medida cautelar mientras el Tribunal dicta una decisión, esto con el fin de que se suspendan los efectos de los contratos, que en dado caso de que la compañía minera llegara a intervenir con sus actividades los daños serían irreversibles; “es necesario que se acepte esta medida cautelar para salvaguardar el objetivo e interés de la acción”, acotó Mejía.	Cuando el tribunal tome la decisión de anular los contratos, que se suponen son los últimos que tiene la compañía en el territorio, las autoridades ambientales nacionales y Cortolima deberían impedir que se sigan dando permisos ambientales para la utilización de agua para la extracción minera, en especial en la Reserva Forestal Central del Tolima.