Los impuestos parafiscales, a diferencia de los tributos directos, como el IVA, que pagan todos los contribuyentes, son gravámenes que se le cobran a un sector específico de la economía para ser retribuido con servicios al mismo. Por ejemplo, la contribución cafetera es un impuesto que pagan los cafeteros (seis centavos de dólar por cada libra exportada) y que, en teoría, se retribuyen a los productores a través de los servicios que les presta la Federación.	Con esto, el Fondo Nacional del Café se convirtió en el ejemplo a seguir para la creación de los demás fondos del sector. Entre los aspectos que copiaron está que las contribuciones de los cafeteros, dineros públicos, terminan siendo administradas por una sola empresa privada: la Federación de Cafeteros. Este esquema es cuestionable desde una perspectiva económica por varias razones, mencionaré dos.	La primera, ¿por qué si la contribución cafetera es un impuesto, no lo maneja el Gobierno? Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura. Esto se vuelve más relevante cuando los recursos de la contribución cafetera no son suficientes y le ha tocado al gobierno de turno, con dineros públicos, sostener a los cafeteros. Es decir, para qué transferir el manejo de recursos públicos a un ente privado.	La segunda, es más una inquietud de tipo neoliberal –quedamos pocos–, ¿por qué darle el manejo de los recursos parafiscales a una sola entidad, que es asignada a dedo por el gobierno? ¿Por qué no tener varias alternativas que compitan por el manejo de los recursos de un sector? De esta manera, el usuario, el que paga, escoge donde están mejor administrados sus recursos. Esta recomendación fue la que se impuso en los años 90 en la formulación de Gaviria/Hommes, cuando se determinó que para el manejo de las pensiones –otro impuesto parafiscal–, el usuario podría decidir quién iba a administrar sus contribuciones, como resultado de esto hoy existen los fondos privados y Colpensiones, del Gobierno.	Los contribuyentes a los Fondos Agropecuarios no gozan de esta libertad –la Ley la redactó Ocampo–. Sería mejor un esquema que permitiera la competencia entre fondos, con lo cual, si un productor no estuviera de acuerdo con la abultada burocracia, con el alto sueldo del presidente o con las inoficiosas oficinas en el exterior podría retirar sus recursos y llevárselos a otro fondo, a uno más austero o que preste mejores servicios. El esquema actual no lo permite.	Los caficultores nunca decidieron de manera individual si querían o no destinar sus recursos a crear la Flota Mercante Grancolombiana, y hoy, mas de 22 años después de su liquidación, aún tienen que pagar cada año 55 mil millones de pesos de su contribución, para las pensiones de los 700 extrabajadores de la Flota. Algo no esta bien. Lo peor de este esquema es que parece una ley natural. Si uno nace cafetero, le toca sostener a una compañía privada, la Federación de Cafeteros, toda su vida. Ese esquema que ya cumplió su ciclo, hoy es ineficiente y su ineficiencia se debe a que no tiene competencia. Si el gobierno está pensando en reformas de fondo para el manejo de los fondos agropecuarios, está es una.