“Mientras otros actores al margen de la ley se disputan territorios que deben ser solo de los campesinos, al Estado, al parecer, le está quedando grande la defensa de la vida. No podemos justificar la muerte de líderes sociales ni campesinos, debemos fortalecer la paz, la restitución, la justicia y reparación, no permitir que la minería, narcotráfico y los cultivos ilícitos impulsen la muerte y la amenaza en las regiones”, expresó. Dice que se evidencian muertes selectivas, crímenes cometidos presuntamente por sicarios, “y alguien tuvo que pagar un seguimiento, un estudio y al sicario”, dijo el directivo de ASI.	“El Gobierno nacional debe garantizar el derecho a la vida y no permitir que campesinos y líderes sociales sean sometidos a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes como está contemplado en el artículo 12 de nuestra Constitución. Considero que en Colombia han vuelto los asesinatos sistemáticos frente a quienes hoy buscan recuperar lo que fue de ellos y en la actualidad les pertenece a pocos”. Considera que muy a pesar de que el Estado muestra que se está cumpliendo con la restitución de tierras, no se observan investigaciones para esclarecer quiénes están detrás de las masacres.