l 2019 ha sido un año complejo para la justicia colombiana, esto teniendo en cuenta que varios de los vinculados a escandalosos procesos judiciales como el ‘Cartel de la Toga’ y el caso de Interbolsa han quedado en libertad por cuenta del famoso ‘vencimiento de términos’, una polémica figura que se ha convertido en el común denominador de varias de las investigaciones que cursan en el país.	“El proceso penal colombiano está compuesto por una serie de etapas que a su vez tienen plazos determinados en la ley. Cuando una persona es cobijada por una medida de aseguramiento privativa de la libertad, esta medida también tiene unos límites temporales, pues de lo contrario sería entendida como una condena previa. Cuando los límites máximos previstos en la ley para la vigencia de la medida se desbordan, se da la libertad inmediata”, explica el abogado penalista Enrique Del Río.	De acuerdo Del Río, la situación obedece a una falta de inversión económica en la rama judicial, en lo relacionado al capital humano y físico de la misma. “En realidad todos los días se otorgan libertades por vencimiento de los términos. Es casi un imposible categórico que se cumplan los plazos legales cuando la cantidad de procesos supera el número de fiscales, jueces e investigadores”, expresó.	“Lo que hay que analizar es que si no hay certeza de la culpabilidad de alguien no se puede salir a hacer un show mediático y capturar a la persona, porque seguramente va a salir si la Fiscalía no recolecta a tiempo los elementos probatorios”, aseguró Urueta, quien también afirmó que el no cumplimiento de los plazos que establece la ley, prácticamente obliga al juez de control de garantías a otorgar la libertad del sindicado.	Urueta a su vez destacó que en la ciudad ha habido procesos en los cuales la justicia sí ha actuado a tiempo, como lo es el caso de ‘La Madame’, a quien recientemente se le prorrogó su medida de aseguramiento intramural por un año más. Sin embargo, recalcó que se debe alertar que la Fiscalía se queda corta en otros procesos.	“Cuando vemos que hay delincuentes que salen de la aplicación efectiva de la justicia porque se vencen los términos, nos genera profunda indignación. Ha llegado el momento para que podamos con todas las fuerzas políticas en el Congreso garantizar que tomemos acciones para que eso no se siga presentando y fortalecer la justicia”, fueron las palabras del mandatario	De acuerdo con Erick Urueta, de Vejuca, la solución estaría en que se “inyectaran recursos a la rama judicial y se dote a la Fiscalía de los elementos técnicos y científicos para que pueda actuar con celeridad y dentro de los plazos indicados”, ya que en su criterio, sería descabellado e incluso inconstitucional eliminar la figura del vencimiento de términos, teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y debe respetarse la presunción de inocencia.	El caso que en 2016 desentrañó una red de corrupción que se gestaba en el Concejo Distrital, en marzo dejó en libertad a seis cabildantes investigados: Erich Piña, del Partido Liberal; Duvinia Torres y William Pérez de La U; Édgar Mendoza, del Partido Conservador; Américo Mendoza, de ASI; y Antonio Salim Guerra de Cambio Radical, quienes contaban con la medida de ‘casa por cárcel’. Cabe señalar que el año pasado, también quedaron en libertad por vencimiento de términos el exalcalde Manuel Vicente Duque, su primo hermano José Julián Vásquez, el exconcejal Jorge Useche y la excontralora Nubia Fontalvo.	El desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II que dejó un saldo de 21 muertos y 22 heridos en el 2017, supuso el inicio de un proceso judicial en contra de varios exfuncionarios del Distrito y contra el denominado ‘Clan Quiroz’, un grupo de hermanos señalado de levantar varios edificios en la ciudad con licencias ilegales. Sin embargo en mayo de este año, cuatro de los exfuncionarios investigados por los hechos: Pedro Buendía Elles, Jorge Luis Cudris, Gilberto Marrugo y Ricardo Castellar quedaron en libertad por vencimiento de términos, y más tarde, en julio, lo hicieron los hermanos Dagoberto y Emis Quiroz, también por el mismo motivo.	El más reciente caso de libertad por vencimiento de términos que impactó a Cartagena lo protagonizó el expresidente de Reficar, Reyes Reinoso Yánez, señalado por la Fiscalía de cometer los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedades ideológicas en documento público, en el marco del proyecto de modernización de la Refinería de Cartagena, lo que le costó a la empresa un detrimento de más de dos billones de pesos.