Algunos optan por esta última opción, aun sabiendo que deben pagar un porcentaje, que según Manuel Alfonso Carrillo, gerente de la inmobiliaria Avacol, es, en el caso de venta del inmueble, de 3 por ciento sobre el valor de la transacción y oscila entre 6 y 8 por ciento para arrendamiento más seguro.	Sus obligaciones van en dos vías, con el Estado y frente a sus clientes. En el caso del Estado, su primera tarea es solicitar la matricula inmobiliaria, lo que da la figura de legalidad y, a su vez significa tranquilidad para los arrendadores. Claramente debe estar constituida legalmente, y contribuir con el pago de los impuestos.	En cuanto a los clientes, María Clara Luque, presidenta de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) cuenta que “se debe cumplir lo pactado en el contrato de mandato con el propietario del inmueble; y lo acordado en el contrato de arrendamiento, con el arrendatario. También debe atender y asesorar a las dos partes, pues debe cumplir con el Código de Ética”.	Los contratos tienen unos parámetros de ley que se deben asegurar, y es fundamental que la inmobiliaria resuelva cualquier duda y deje claro para todas las partes, por ejemplo, temas como la comisión, los gastos que cada uno debe cubrir, a qué se comprometen antes de la entrega del bien y luego de esta, entre otros aspectos.	Así como garantizar que el inmueble esté en buenas condiciones. Es decir, tiene que hacerle saber al propietario de cualquier arreglo o mejora que necesite el lugar. Si es el caso, incluso, recomendarle una remodelación para actualizarlo y así poder recibir un mejor canon de arrendamiento e incrementar la valorización de su patrimonio.	“Los inmobiliarios también tienen la obligación moral de asesorar de la mejor forma los casos específicos como los de la separación de una pareja, los temas tributarios en transacciones en venta y arriendos e incluso la asesoría financiera para elegir la mejor forma de pago y las condiciones de los créditos hipotecarios” agrega Luque.