La impresionante celebración de los 70 años de la creación de la República Popular China confirma que esta milenaria civilización, es, actualmente, una potencia económica, tecnológica, comercial y militar de primer orden, que rivaliza, cabeza a cabeza, con EE. UU. En 1978, dos años después de la muerte del camarada Mao, Deng Xiaoping impulsó el modelo económico de “reforma y apertura”, que bautizó oficialmente “socialismo con características chinas”.	Los líderes chinos que lo sucedieron, Jiang Zemin, Hu Jintau y el actual mandatario, Xi Jinping, mantuvieron las reformas aperturistas en lo económico, que le han permitido crecer a una tasa promedio de 9,4 por ciento anual entre los años 1978 y 2018; convertirse en el primer exportador mundial de mercancías y de productos de alta tecnología; reducir la pobreza rural de 770 millones a 16,6 millones de personas; contribuir con el 28 por ciento a la tasa de crecimiento planetaria; aumentar la expectativa de vida de 35 a 77 años; reducir la mortalidad infantil de 200 por ciento al 6,1 por ciento; aumentar la escolaridad de 20 por ciento a 94,2 por ciento y disminuir el analfabetismo de 80 por ciento a 9,6 por ciento.	Pese a estos portentosos avances de los últimos 40 años, China, sorpresivamente, se auto clasifica como un ‘país en desarrollo’ en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) con sede en Ginebra, Suiza, para poder mantener los beneficios inherentes al trato especial y diferenciado de las economías más vulnerables del planeta.	En realidad, en China, los precios internos, los tipos de interés, la tasa de cambio de su moneda, el yuan, el sistema bancario e internet no responden a condiciones de mercado, y, por consiguiente, a la ley de oferta y demanda, sino que reflejan las políticas intervencionistas derivadas del estricto control de su economía centralmente planificada, dirigida hacia el socialismo y regida por el Partido Comunista.	A nivel internacional, preocupa la injerencia de China continental en el manejo represivo de las valientes protestas callejeras observadas en la región administrativa especial de Hong Kong, regida por el principio de “un país, dos sistemas”, que buscan impedir que China le ponga punto final anticipado al régimen de 50 años, acordado con los ingleses en el protocolo de devolución de la isla de 1997.