En octubre de 2018, el nombre de José Irizarry, un exagente de la DEA asignado a Colombia se convertía en pieza clave para las autoridades de Estados Unidos que, en ese entonces, enfrentaban la salida de tres agentes en medio de pesquisas por supuestas faltas éticas, incluidas acusaciones de que uno entregó información secreta a cárteles de narcotráfico y otro utilizó recursos del gobierno para contratar prostitutas.