En una semana tan agitada y llena de sorpresas como la de los últimos ochos días, son diversas las cuestiones en que se ve ocupado el pensamiento, y resulta difícil elegir un tema exclusivo para expresar la opinión. Cada asunto es a su vez tan complejo, que anunciar un criterio implica dedicar mucho más que una columna de 800 palabras.Sin embargo arriesgaré algunas ideas sobre temas importantes. Primero sobre el caso Santrich, que cada mañana nos trae nuevas sacudidas. Una semana atrás, cuando se conocía la orden de libertad para él, emanada de la Jurisdicción Especial para la Paz, las redes fueron invadidas con la noticia de que se decretaría la conmoción interior, y se ordenaría su extradición por decreto.	El rumor era impactante. Tanto que dio lugar a la profusión de opiniones contrarias y condenas a un gobierno que al parecer se convertía en dictadura. No era para menos, se trataba de aprovechar la renuncia del fiscal general y su vice, para considerar el hecho una crisis institucional que no podía ser solucionada sino mediante una medida excepcional. Para complicar la situación, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata de Santrich al fallar un Habeas Corpus.	Publicidad. Al final, el inventado problema se solucionó con una nueva orden de captura basada en un video aportado a última hora por la Fiscalía, el cual nunca fue entregado a la JEP pese a su solicitud formal  de todas las pruebas existentes sobre la materia. Un escándalo que se agravó cuando en entrevista radial, el fiscal saliente confirmó que esa prueba se había practicado sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley colombiana para esos casos.	Ante las cámaras de la televisión quedó claro que Santrich nunca fue puesto en libertad, es decir que las órdenes de la JEP y del Tribunal Superior de Bogotá fueron violadas en forma flagrante. Todo lo cual termina por dejar una percepción. Lo menos que cuenta hoy es el debate de si Santrich es inocente o no. Lo verdaderamente importante es la pelea entre las decisiones arbitrarias y el Estado de derecho, los procedimientos legales, el respeto a la Constitución.	Colombia se encuentra abocada a definir qué es más importante. Si la voluntad de vindicta de un senador y expresidente obsesionado por hacer trizas la JEP y el Acuerdo de Paz, o el imperio de la juridicidad y el respeto por las leyes. Uribe ha logrado posicionar en buena parte de la población colombiana, la idea de que lo que vale es amarrarse los calzones y actuar como un macho. Falta ver si el resto de la nación consiente ese delirio capaz de conducirnos al abismo totalitario.	En ese ambiente se esgrimen contra el partido Farc dos acusaciones irresponsables. La primera es la de que buena parte de él se encuentra reincidiendo en conductas punibles. Se lo señala de narcotraficante, se traen cifras de las hectáreas sembradas en coca, de toneladas de droga enviadas a USA y se habla de que el país está tomado por los narcotraficantes que son ese partido. Lo cierto es que desaparecida la guerrilla de las Farc, el narcotráfico creció como nunca antes.	Lo cual hace pensar, que un interés que debió pesar mucho en ciertos sectores del Establecimiento, para pugnar por la dejación de armas y reincorporación de las Farc, fue el de eliminar un obstáculo que impedía el crecimiento desbordado del negocio. Así como que la violencia que campea en los territorios no es más que la pugna por el control del tráfico multimillonario. Quien se oponga a él o a sus mafias perece irremediablemente.	La pobre actuación del gobierno actual en materia de seguridad rural, deja mucho qué pensar. Así como el interés de Uribe y su círculo más cercano por atizar nuevamente la confrontación armada. Las acusaciones diarias de María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, entre otros, sobre narcotráfico al partido Farc, recuerdan eso del ladrón que grita cojan al ladrón para huir tranquilo. Los narcos son los otros, por eso pujan por un Estado fallido, sin ley, donde reine a sus anchas el capo.