Citar a los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, así como el excomandante de las Fuerzas Militares, general retirado Fredy Padilla, para que intervengan en el proceso que les sigue a varios uniformados por las ejecuciones extrajudiciales (mal llamadas falsos positivos), le pidieron a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) las Madres de Soacha, es decir las progenitoras de los 19 jóvenes asesinados y presentados como guerrilleros abatidos en combate.La solicitud se hizo ayer cuando la S​ala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP adelantó una audiencia pública en la que los familiares de las víctimas presentaron sus observaciones a las 31 versiones rendidas por comparecientes de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander, en el marco del Caso 003, llamado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.Según la JEP, en este caso se han recibido 155 versiones de comparecientes, se han acreditado 314 víctimas, se han presentado 17 informes de organizaciones de víctimas y han participado directamente 16 víctimas y ocho organizaciones defensoras de derechos humanos.En la solicitud se señaló que las declaraciones de Uribe y Santos son necesarias para esclarecer los hechos que se registraron entre diciembre de 2007 y agosto de 2008, cuando los jóvenes fueron engañados con una oferta de trabajo y trasladados hasta Ocaña, Norte de Santander, para ser entregados a militares adscritos al batallón de Infantería Francisco de Paula Santander.Posteriormente, según las pruebas documentales y testimoniales recolectadas, los jóvenes fueron asesinados y presentados como guerrilleros abatidos en combate.“En el caso de los expresidentes, si bien estos conservan su fuero especial, la JEP debería por lo menos exhortar para que comparezcan a rendir cuentas”, manifestaron las madres.Los familiares reclamaron ante las omisiones en las que han incurrido los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública que se sometieron ante la JEP.Por ejemplo, Jackeline Castrillón, hermana de Jaime Castillo, aseguró que los militares no han contado toda la verdad, pues consideró que han evadido toda la responsabilidad, echándole la culpa a sus subalternos y manifestando que todo se hizo a sus espaldas.“Creemos que no están aportando verdad plena”, señaló Castrillón, anotando que los uniformados han incurrido en una actitud “muy cínica, de no arrepentimiento, no aceptan y dicen que todo sucedió a sus espaldas”.Debido a esto consideran que la JEP debe tomar una decisión de fondo frente a esta situación puesto no se puede creer que los máximos comandantes no tuvieran ningún conocimiento de estos casos.Luisa Ángela Garzón, hermana de Eduardo Garzón, dudó “que se conozca toda la verdad. Solicito, por favor, que cuenten parte de la verdad, que digan lo que hicieron”.