.Porque eso es lo que dice el Código Civil Colombiano, que se promulgó en 1887, un año después de la Constitución de Núñez, y que es hijo legítimo del Código Civil que sancionó Napoleón Bonaparte en 1804, norma que consolidó a la revolución francesa y contribuyó a eliminar los atávicos estamentos feudales.	Es decir, desde 1887, los ríos y las aguas que corren por cauces naturales, así como sus playas, son bienes de uso público, tal como lo son las carreteras, las calles y los parques. Los bienes de uso público son inalienables, no se pueden enajenar, e imprescriptibles, su condición no se extingue. Por lo tanto, jamás se podrán adquirir por los particulares.	Con relación al dominio de las aguas y sus cauces, el código establece en su artículo 83 que, sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, no solo son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado, el cauce natural de las corrientes, el lecho de los depósitos naturales de agua, y las playas de todo orden, que —como vimos— ya estaban contempladas en el Código Civil; sino que introduce en esa categoría a	Este decreto de tan solo diez artículos, es fundamental, pues los dueños de los predios son los que tienen mayor responsabilidad e influencia en la conservación del medio ambiente, ya que ellos utilizan directamente la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos como el principal elemento para el desarrollo de sus actividades agrícolas, pecuarias y forestales, o como fuente de materias primas o recurso para la producción	Las disposiciones de este decreto han sido desconocidas por los particulares e inaplicadas por las autoridades, por más de 40 años. En el 2015 el gobierno nacional decidió integrar en una sola norma, conocida como el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible a todos los decretos presidenciales expedidos y vigentes, y ahí fue que	Este decreto contiene precisas normas con relación a la conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los bosques y los suelos, pero resaltamos solo dos obligaciones que, de haberse cumplido; o mejor, que de haberse hecho cumplir, habrían cambiado radicalmente la actual situación de desgaste ambiental que padece toda la nación:	s “a mantener en cobertura boscosa dentro del predio, las Áreas Forestales Protectoras. Se entiende por Áreas Forestales Protectoras: a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia. b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua”.	Las consecuencias de haber engavetado la norma sobre las obligaciones de los dueños de los predios rurales, o el no haberla puesto en práctica, por parte de los organismos del Estado, ocasionó que no se incorporaran tales obligaciones, por parte de las corporaciones regionales dentro de los Planes de Manejo y Ordenamiento de las Cuencas Hidrográficas Pomca (antes Ponch). Esta omisión ocasionó —a su vez— que tampoco se incorporaran a los POT, PBOT o EOT de los municipios Colombia, con consecuencias ruinosas para el ambiente colombiano.	Para mayor infortunio, tampoco se tuvo en cuenta dicha norma, de manera plena y contundente, en las diferentes políticas que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha formulado en los últimos años, aun cuando, algunas de dichas políticas, como la de Gestión Integral del Recurso Hídrico, la menciona como antecedente normativo, pero no desarrolla programas o proyectos que apunte a revertir la hecatombe ambiental ocasionada por la inobservancia inveterada de dicho decreto.	A manera de ejemplo, podemos señalar que, en el valle geográfico de nuestro departamento, no se advierte por parte alguna, el cumplimento de las obligaciones de los dueños de los predios rurales con sus obligaciones ambientales, y la gran mayoría de los ríos y lagunas no tienen los 30 metros de protección boscosa.	o por nuestro departamento, tiene sus riberas desprotegidas en un 90%, pese a que en el año de 1985 se expidió el decreto departamental 1409 “por el cual se expide el estatuto de los usos no agrícolas del suelo en el departamento del Valle del Cauca”, el cual, en sus artículos 18, 21 y 24, definió la importancia de los cauces superficiales de agua y fijó para los ríos categoría 1 (caso río Cauca) con caudales iguales o mayores a 10.00	Igual acontece con el mandato, de que todo predio rural mayor de 50 hectáreas, debe tener el 10% en cobertura boscosa y que se incumple de manera ostensible y notoria en todo el departamento. En nuestro ejemplo sobre el valle geográfico, pese a que, según los datos de Asocaña, el promedio del tamaño de la propiedad privada entre los proveedores de caña, es 62.2 hectáreas, no se advierte por parte alguna la cobertura boscosa, que hoy está reducida a menos de 2.832 hectáreas, meros relictos de las 60.000 hectáreas de Bosque Seco Tropical que engalanaban —décadas atrás— el paisaje de nuestro paraiso vallecaucano.	No obstante esa cruel realidad, este poderoso decreto continúa vigente aunque virginal, dispuesto a proteger el medio ambiente, esperando que las autoridades y grupos de presión, llámense estos, ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, corporaciones ambientales, gobernadores, alcaldes, contralorías, procuradurías, academia, medios de comunicación, jueces de la república u opinión pública en general; despierten de su letargo y propicien la fuerza necesaria para activar el cumplimiento del decreto	ue “Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal	Cabe anotar que el efecto ambiental del acotamiento de las rondas hídricas, es esencial para el desarrollo sostenible del país y para salirle al encuentro del cambio climático. Los efectos patrimoniales de dicho acotamiento son cruciales para la defensa de los bienes públicos y del patrimonio común de los colombianos, y el deslinde —que es impostergable— corresponde a la Agencia Nacional de Tierras, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del decreto 2363 de 2015, puesto que es responsabilidad de esta entida