Carlos Muñoz, socio fundador de Data Tools, explicó que se trata de una propuesta que se ha venido trabajando desde hace un año, con el objetivo de reposicionar al DATT a la vanguardia de las necesidades de la ciudadanía y para obtener un recaudo adecuado de los trámites que se hacen a diario.	Comentó que el deterioro del DATT se debe a que no ha contado, en los últimos años, con la concesión que tenía años atrás, “pero ya todos los tránsitos del resto del país se han modernizado con alianzas público privadas que les permiten ser muy competitivos. Mientras tanto, Cartagena ha perdido un mercado muy importante, porque gran parte de los servicios que prestaba el DATT han migrado hacia municipios que ofrecen tarifas muy económicas”.	Detalló que, en caso de que se dé la alianza público privado, el DATT se fortalecería en sedes operativas dignas y seguras, descentralización de servicios, mejor infraestructura para las inmovilizaciones con grúas, mejores patios; tecnología que facilite los trámites virtuales de los usuarios y controlar las ganancias para hacer mejores inversiones en la ciudad.	En cuanto al desarrollo de estos procesos, detalló que “están reglamentados por la ley de APP, mediante la cual presentamos una primera iniciativa de prefactibilidad; después vino la observación y recomendaciones; luego presentamos documentos para factibilidad del proceso y ahora estamos en la socialización, pero siguen más procedimientos para que la comunidad conozca bien el proyecto”.	Edilberto Mendoza, director del DATT, hizo saber que me preocupa que el alcalde Dau está demostrando falta de conocimiento sobre la verdadera situación del organismo de tránsito. Sin un operador, el DATT sería como un cuerpo sin cabeza, lo cual indica que se trata de un tema bastante delicado. Si no hay un organismo que apalanque financiera y operativamente, será inviable su funcionamiento”.	- Si bien la adjudicación de la APP estaría en manos de la próxima administración, una vez el actual gobierno apruebe los estudios de factibilidad, el Distrito estaría obligado a pagar lo que el privado ha invertido en estudios, así el próximo gobierno decida no contratarla. Según el originador, estos estudios ascienden a 1.500 millones de pesos.