Los resultados son tangibles. México ha reducido a más de la mitad la migración de indocumentados del lado estadounidense de la frontera en los últimos tres meses, producto de las medidas de contención implementadas en el marco de un acuerdo alcanzado el 7 de junio pasado con la administración de Donald Trump.	Esta importante caída en las cifras oficiales de migrantes irregulares, en su mayoría centroamericanos, que pasó de 144.266 a 64.000 entre mayo y agosto, lo mismo que un número de deportados récord de 52.700, confirma el endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.	Endurecimiento que se tradujo en mayores controles gracias al despliegue de 25.451 efectivos, con el fin de blindar las dos fronteras, la que comparte con Estados Unidos y con Guatemala, así como las rutas migratorias. Pero igualmente el gobierno de Amlo se comprometió a ofrecer protecciones humanitarias y ofertas de empleo a los migrantes.	Frente al tema, Sebastián Polo, analista político e investigador, explica que si bien se registra una reducción en cuanto a los flujos de migrantes irregulares, producto de medidas de control, explica que no es necesariamente por México, que ha sido un país que ha tenido una vigilancia de las migraciones sostenida frente al tránsito centroamericano.	“En realidad, Estados Unidos no quiere que el problema de los latinoamericanos sea su problema”, sostiene la experta, quien señala que por esa razón ofrece cuotas atractivas a los gobiernos, los presiona con imponerles aranceles y sanciones económicas, lo que a todas luces, dice, es “contraproducente”, pues el resultado final es el de exacerbar más el flujo migratorio.	Más bien, considera que lo que ha sucedido es que la reducción de migrantes va a la par con el volumen o las lógicas mismas de las caravanas migrantes, las que son costosas y la imposibilidad de llegar a un territorio como Estados Unidos, “con cada vez unos escenarios más difíciles para la migración”.	De otro lado, Polo señala que aunque México ha insistido en que no será un tercer país seguro para migrantes como lo ha propuesto Washington, puesto que eso implica un costo político y económico grande, recalca que este país también ha determinado, no solo un mayor control férreo en el muro, sino que está relacionado directamente con las lógicas propias de migración en el corto plazo.