Mientras usted, trabajador o empresario, viven diariamente el esfuerzo descomunal requerido para alcanzar un mínimo bienestar, un pequeñísimo grupo de especuladores financieros, políticos corruptos y técnicos inescrupulosos están dedicados día y noche (porque no se les puede acusar de vagos) en desfalcar los recursos del erario. Convirtieron al Estado en su fuente principal de riqueza, lo cual les da el poder económico para poner congresistas, presidentes, ministros y funcionarios, que actúan como comisionistas de sus negocios, en un carrusel macabro de usurpación.Iván Duque, siendo senador, el 23 de enero de 2017 denunció por “libre competencia” a Odebrecht, no al consorcio en el que también estaba el Grupo Aval. Dos semanas después, en tiempo récord, Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio (ficha de Germán Vargas Lleras), expidió la resolución 5216 decretando “la terminación del contrato” de Concesión de la Ruta del Sol 2, por los motivos requeridos por el senador. La SIC no tenía potestad y para esa fecha ya había suficientes pruebas de la corrupción, que hubiera llevado a establecer la nulidad absoluta del contrato. Pero la decisión de este funcionario costará al país $1,2 billones, el equivalente 11.428 casas de interés social.	La “travesura” de Robledo está en concordancia con la Ley 1882 de 2018, sancionada por el expresidente Juan Manuel Santos y los exministros Mauricio Cárdenas, Germán Cardona y Luis Fernando Mejía, en donde el Estado, en el caso que se dé una terminación anticipado de contratos, “deberá reconocer el valor actualizado de los costos, las inversiones y los gastos, ejecutados por el contratista, incluyendo los intereses”. Toda una artimaña legal montada para favorecer con recursos públicos a grupos financieros.	En el caso en mención, ambas decisiones caen de perlas a los intereses de Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del grupo económico, financiero y mediático más poderoso del país, principal socio de Ruta del Sol 2 y -además- prestamista de los 1,2 billones a pagar por todos, sin incluir $230.000 millones en intereses si se les da la gana cobrar, y adicionales a la demanda que Odebrecht tiene contra el Estado colombiano en un tribunal de España por valor de $3,8 billones.	Lo anterior hace parte de un sistema de pillaje a gran escala, para hacer ricos a un puñado por decreto. En la misma semana en que se supo que los colombianos debían pagar las pilatunas del Grupo Aval y Odebrecht, el presidente Iván Duque firmó un acuerdo de “punto final”, que aprueba recursos para el sector salud endeudando a la nación en $ 6,7 billones ¿adivinen con quién?	Enriquecerse con la miseria de la sociedad es legal en Colombia, aunque parezca inmoral, y mientras el país tenga niveles de corrupción similar a los de Zambia, como lo indica Transparencia Internacional, el desarrollo económico y el bienestar social son imposibles. Nuestra actuación debe pasar de la indignación a la movilización y, de allí, al triunfo electoral de partidos políticos que luchen por el progreso de las mayorías.