Por su labor, el hombre se convirtió en blanco de amenazas que recibió tras su desmovilización, por lo que fue necesario que se radicara en Bogotá para salvaguardar su vida y la de su familia. Sin embargo, en 2012 regresó a su tierra natal, con un esquema de seguridad que fue aportado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).	En este caso, el proceso llegó al alto tribunal y consideró que “los jueces constitucionales no pueden ser indiferentes ante la realidad de riesgo que atraviesan los líderes sociales en todo el territorio nacional, e imponer una carga desproporcionada a este grupo de personas, teniendo en cuenta el riesgo al que están expuestas sus vidas”.	En el caso concreto, la corporación advirtió que “la decisión de desmontar gradualmente las medidas de protección al actor, no se compadece con la situación actual de riesgo que viven los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país y que esta determinación le afecta directamente su derecho a la vida, la integridad y la libertad”.