Este porcentaje corresponde en su mayoría a Sociedades Anónimas (S.A.) que por Ley están obligadas a constituirla y en minoría por Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) que no están obligadas, con lo cual es evidente que este órgano de gobierno se constituye más por “obligación” que, por el convencimiento de su efectividad, demostrada en varios estudios.	En la investigación titulada “Evaluación de la Junta Directiva en Empresas Familiares, una Herramienta de Medición Integral” se concluyó que este organismo tiene un impacto positivo en los resultados económicos de la empresa en el 75.8% de los encuestados, sólo el 8.1% estuvo en desacuerdo y el 16.1% respondió que es indiferente.	En el análisis conjunto con destacados miembros de junta de empresas latinoamericanas, trabajaron los expertos: Gonzalo Gómez Betancourt, PhD en Management, consultor e investigador en temas de empresa familiar y gobierno corporativo; Mónica Vegalara, abogada y coach certificada, y Vytis Didziulis, PhD en manejo, gestión y política energética, profesor y consultor.	Inician este análisis partiendo de la premisa según la cual “en Latinoamérica tenemos un problema cultural arraigado en las organizaciones, lo hemos denominado la “enfermedad de la Dueñez”. Consiste en creer que, por ser dueño o accionistas mayoritario, siempre se tiene la razón y además el derecho de dirigir, controlar y por supuesto ostentar el poder, que en la mayoría de casos está en una sola persona.	Para Gómez, afirmaciones como la anterior se dan por el desconocimiento que existe de las múltiples funciones que tiene la junta directiva, entre las más importantes están: definir objetivos, estrategias corporativas, financieras y asegurar que se alcancen; supervisar la empresa incluyendo el control interno y rendición de cuentas; definir las políticas generales; supervisar el desempeño, enfatizando situaciones de conflicto de interés; evaluar y aprobar transacciones que tienen un impacto significativo en la rentabilidad; evaluar el desempeño y el plan de sucesión del CEO y de los altos directivos.	A las anteriores razones, Vegalara agrega que “más allá de ser un requisito legal para las sociedades anónimas, con el cual se busca mayor transparencia en las organizaciones, son muchos los estudios que confirman que una junta con miembros independientes, generalmente conlleva beneficios en rentabilidad, en eficiencia y en una mejor toma de decisiones”.	Para los analistas consultados, los empresarios tienden a considerar que las responsabilidades de un consejo asesor son mucho menores que las de la junta directiva y es importante aclarar que las funciones son las mismas, la gran diferencia radica en que mientras los miembros del consejo asesor no tienen responsabilidades legales ni responden con su patrimonio frente a un problema de la organización derivado de una mala decisión, los miembros de junta directiva sí. Por lo que en Colombia los consejos asesores básicamente se limitan a hacer aportes sobre los temas planteados, hacer recomendaciones, pero no toman decisiones ni ejercen control en las organizaciones.	Frente a la opción de contar con un consejo asesor, Vegalara comenta que depende de la complejidad de los negocios, de la estructura de la propiedad y del financiamiento de las organizaciones. “Mi recomendación es no acelerarse a conformar una Junta, si se trata de una empresa pequeña o mediana que está en proceso de crecimiento, constituir inicialmente un consejo asesor puede ser un camino de aprendizaje y acompañamiento a la gestión empresarial”, dice.	Para Gonzalo Gómez, las juntas directivas fracasan porque se crean como organismos aislados y no como una parte fundamental de la implementación de un gobierno corporativo eficiente. Mónica Vegalara comenta que desde su experiencia como miembro de junta ha visto la frustración de muchos empresarios que constituyen una junta directiva, influenciados por recomendaciones de otros o por la misma publicidad.