El domingo 3 de noviembre de 2019, El Tiempo, edición Caribe, pagina 4.1, notificaba a sus lectores de la Región Caribe lo siguiente: “el millonario negocio con agua que afectaba a 44 mil samarios”, para informarles “como la empresa Aguas La Roca se lucraba dejando sin el servicio de líquido a varios sectores de la ciudad”, (sic), de Santa Marta, por supuesto, la capital del Magdalena, la misma y legendaria ciudad que alguna vez tuvo tren, pero no tenía tranvía.	Y ahora, como en los mejores relatos de sus vecindades macondianas, Santa Marta tiene agua/ pero se muere de sed/, porque se la roban de a “3500 metros cúbicos por día, 104 mil al mes”, robo que le dejaba “pérdidas mensuales de 227 millones y al año de 2.500 millones de pesos a la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta”, un “delito miserable”, dice Malagón, el ministro del ramo que tiene que ver con el agua, vecino de las sedientas tierras guajiras, de quien esperamos todos, caribes, blancos, negros, mestizos, indígenas, les deje a los wayuu, sus hermanos, el agua nuestra de todos los días.	Que toda una “empresa”, criminal desde luego, de la magnitud de la montada para robarle a 44 mil samarios su agua y luego vendérselas no se haya detectado a tiempo, también debe ser motivo de investigación por los órganos de control que ahora dieron con la infraestructura técnica utilizada desde tiempo atrás, pues es poco creíble que sus “inversionistas” sean carretilleros con pimpinas, calabazos y latas, y no la red de comercialización, venta y distribución que “facturaba” para 44 mil consumidores, cuyo consumo/mes ascendía en promedio a 500 millones de pesos, sin incluir la utilizada para fabricar hielo y envasar agua que, según la investigación, era el objeto social de la fachada utilizada.	Que se roben los presupuestos públicos apropiados para construir acueductos, escuelas, vías, desarrollar proyectos productivos en las zonas rurales, sembrar ñame, cacao, aguacate, malanga, es de uso corriente, oficial y “legal” en Colombia, y de manera muy particular por estos pagos del Caribe, al igual que lo es la conformación de “carteles”, “fundaciones”, “asociaciones”, para robarse la plata de la salud en gobernaciones y alcaldías, vía enfermedades mentales, hemofilia, epilepsia, síndrome de Down, entre otras dolamas objeto del fraude, pero que se “constituyan” empresas para robarse el agua, venderla y distribuirla legalmente en una ciudad como Santa Marta, sí que constituye una “innovación” de última generación de estos delincuentes disfrazados de adelantados emprendedores e inversionistas samarios, cuyos émulos deben estar ya conformando sus respectivos carteles para acometer su explotación en otras jurisdicciones de esta desguarnecida Costa.