La súplica no funcionó. Así podría resumirse lo sucedido ayer en la sala plena de la sección tercera del Consejo de Estado, cuando la ponencia que proponía revocar una medida cautelar adoptada el 8 de noviembre del 2018, acabó siendo derrotada. Como consecuencia, la decisión de fondo quedó aplazada hasta que el alto tribunal tenga más elementos de juicio, sobre un asunto de gran complejidad.	El tema en cuestión es nada menos que el polémico fracking y lo que estaba en juego era la posibilidad de permitir la aplicación de un decreto expedido en el 2013 y una resolución del 2014, que fijaba el marco para el uso de técnicas no convencionales en la exploración y explotación de hidrocarburos.	En su alegato, la administración Duque argumentó que se autorizara la aplicación de las normas, con el fin de darle paso a los proyectos piloto que recomendó una comisión de expertos, cuyo informe se conoció en abril. Dicha postura es lógica, pues se trata de recabar evidencia que les servirá tanto a la industria extractiva, como a los órganos de control, a la justicia y a la opinión en general.	Sin embargo, los consejeros de Estado optaron por otra línea. Esta consiste en esperar un estudio encargado a profesores de la Universidad Nacional, que deberían entregar su concepto en unas semanas. La lectura, el análisis y las vacaciones de la rama judicial, hacen pensar que habrá humo blanco solo en el 2020.	Lo que está en juego no es poca cosa. En caso de que el veredicto definitivo le cierre la puerta al fracturamiento hidráulico, el riesgo para la estabilidad de la economía colombiana es inmenso. No hay que olvidar que el petróleo representa el 40 por ciento de las exportaciones y que los yacimientos actuales están en proceso de declinación.