No nos gusta tener menos, perder a lo que estamos acostumbrados, ni mucho menos que nos lo quiten, y esto lo que ha pasado en América latina en los últimos años, causando que la gente se revele contra sus gobiernos, causando que no solo se luche por lo que se pierde, sino por los anhelos que se tienen.	El Grupo de Puebla la tiene clara: cuando baja el precio de los productos básicos como el petróleo, el carbón, la soja y el cobre, los ingresos de los países se reducirán, generando que los gobiernos deban apretar el gasto, reduciendo los subsidios a la población en bienes y servicios de gasto y consumo frecuente como la gasolina y el transporte, causando un efecto menor en el bolsillo de los hogares, pero un enorme impacto en la indignación de la población, porque pierden un derecho (beneficio) adquirido, desembocando un malestar social y seguramente movilizaciones sociales.	En un mundo tan conmocionado y con cambios tan dinámicos, es muy difícil distinguir entre derecho, beneficio y privilegio. Los ciudadanos tenemos derechos según el país donde nacimos y vivimos, y esto hace que las comparaciones, fuera de ser odiosas, sean completamente inútiles, porque el derecho a la salud que tenemos en Colombia, no lo tiene Estados Unidos.	Así, un derecho no es algo que nos merecemos, sino algo que tenemos. Por esto, los gobiernos del mundo entero focalizan más del 10% de su PIB al gasto público para cumplirlos, bajo los mejores modelos posibles de economías de escala, para poder cubrir los costos de estos servicios; un buen ejemplo de esto es la educación, donde para el Estado es relativamente “fácil” dar gratuidad en preescolar, básica y secundaria, porque se necesitan colegios y maestros con condiciones relativamente similares, pero cuando hablamos de educación superior, la situación es mucho más compleja, ya que se requieren profesores diferentes para cada carrera, haciendo mucho más costoso el proceso.	Cada derecho que el Estado provee debe ser financiado por todos: este debe asegurar el cumplimiento de los derechos, pero los ciudadanos deben financiarlo, y es aquí donde esta la gran confusión, porque son muchas las personas que creen que el gobierno tiene dinero para todo y que cada nuevo derecho, no debe costarle más a una persona, lo cual es simplemente imposible.	Por esto, cuando un gobierno crea un subsidio para desarrollar un sector o favorecer una población, como es el impuesto a los combustibles, debe financiar ese proceso y si en algún momento no tiene como hacerlo, al retirar el beneficio, la gente siente que se le está quitando un derecho, y esto es el arma política más poderosa del momento.	No todo lo que nos da el Estado es un derecho (acceso a la salud), ya que muchos subsidios son beneficios (subsidio en servicios públicos) y otros son privilegios (altas pensiones a pocas personas), por lo que los demócratas luchan por la igualdad, y los economistas luchamos por la equidad, porque cada beneficio y privilegio que paga el Estado, significa dificultades para financiar los verdaderos derechos que tenemos.