Casi el 11% de la población de Ruanda fue masacrada en tan solo 100 días en 1994. Entre 500 mil y un millón de personas, en su mayoría de la etnia tutsi, fueron asesinadas durante los casi cuatro meses posteriores a la muerte del presidente del país, Juvenal Habyarimana, cuyo avión fue derribado cuando sobrevolaba la capital.	Este oscuro episodio de la historia de Ruanda y de África, ha quedado grabado en la mente de la comunidad internacional, como un recordatorio constante de una tragedia que no se debe repetir en el mundo. Además, hay que extraer de ella lecciones que permitan avanzar en términos de justicia, verdad, prevención y castigo.	Si bien existen las mismas instituciones que operaron en ese entonces, como el Consejo de Seguridad de la ONU y Naciones Unidas, para que no se repitan matanzas como la de Ruanda, insiste en que “al final del día, la postura política y la división que existe a nivel internacional sigue prevaleciendo ante los intereses de las poblaciones que son afectadas”.	Luego de lo de Ruanda y la antigua Yugoslavia, recuerda que el Consejo de Seguridad de la ONU empezó a trabajar en 2000 en el concepto de “responsabilidad de proteger”, donde en casos muy específicos en los que se quieran promover las limpiezas étnicas o demonizar a la población, y que el Estado no tenga la capacidad de contrarrestarlos, la comunidad internacional pueda actuar al respecto, incluso haciendo el uso de la fuerza.	Y para la muestra un botón. Cita lo que pasó en 2017 en Myanmar, que tras décadas de discriminación y persecución a la comunidad rohingya, mayoritariamente musulmana, por parte del Estado, más de 700 mil personas huyeron al vecino Bangladesh luego de una campaña de limpieza étnica emprendida por los militares.	Nicolás Carrillo, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana, explica que los tribunales penales se encargaron de prevenir la impunidad, y justamente con esto, la repetición de los actos. Indica que también ha habido acciones más polémicas, sobre la llamada “responsabilidad de proteger”, aunque algunos llaman “intervenciones humanitarias” porque pueden tener motivaciones políticas, que incluso han generado una crisis mayor o peor, tras la actuaciones de terceros estados, como ocurrió en su momento en Libia tras la caída de Muamar el Gadafi.	Aunque destaca el esfuerzo de la comunidad internacional, que fue duramente criticada por su pasividad frente al genocidio en Ruanda, con “juicios penales que llevaron a la luz pública lo que sucedió e identificando responsables, hay que lidiar también con las causas de ese tipo de abusos, la matanza de tutsis puede tener causas en la misma época colonial”, estos mecanismos internacionales deben funcionar, pero se necesita un cambio en la sociedad.