La emergencia en la central energética Hidroituango produjo una nueva disputa entre las entidades implicadas, a raíz del rechazo por parte de las firmas diseñadoras y asesoras del proyecto, frente a la decisión de EPM de trasladar los costos de la contingencia a la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P.	Entre las razones para esa decisión, expuso las conclusiones del análisis de causa-raíz elaborado por la empresa Skava Consulting, según el cual la hipótesis más probable para la obstrucción del túnel auxiliar de desviación, que provocó la emergencia, se debió a una “erosión progresiva de una zona de cizalla a nivel del piso, para la cual el diseñador-asesor no dispuso el tratamiento”.	En una carta, dirigda al gerente de EPM, Carlos Eduardo Isaza Aguilar, presidente ejecutivo del Grupo Empresarial Integral S.A., y Gabriel Jaime Cano Ramírez, representante legal del Consorcio Generación Ituango, declararon que “no aceptamos que al consorcio diseñador se le impute la responsabilidad por la ocurrencia de la contingencia, basándose en una hipótesis no probada y carente de rango cuantitativo”.