La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que “en las próximas horas” el Gobierno nacional estaría sancionando la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz, JEP, tal y como se lo ordenó la Corte Constitucional al reiterar que el trámite de las objeciones presidenciales en el Congreso de la República se habían hundido.	Precisó que por ahora se seguirá con el trámite de una enmienda constitucional en tal sentido, “vamos adelante con la reforma para evitar que los delitos sexuales a niños y niñas sean revisados por la JEP, es un acto legislativo que va en trámite. Igualmente, queda pendiente definir el beneficio o garantía de la no extradición para los terceros que ofrezcan verdad, eso sería proyecto de ley, pero será en Consejo de Ministros que se defina”.	Castellanos Garzón está vinculado al caso 001, conocido como de secuestro, y ha incumplido una citación de la JEP y postergado otra, “sin que hasta la fecha haya aportado las pruebas que justifiquen su desacato a las órdenes judiciales, ni haya permitido hacer el estudio de riesgo que comprobaría su situación de seguridad”, señala la Sala.	En el caso 001, “Retenciones Ilegales por parte de las Farc-EP”, Castellanos Garzón fue citado a rendir versión ante la JEP el 20 de marzo de 2019. Un día antes de esa diligencia, su apoderado pidió fijar una nueva fecha, argumentando amenazas de seguridad para el compareciente y su familia, y alegando que no había “seguridad jurídica” para avanzar en el proceso.