, Urueta manifestó que “hay un hecho notorio, y es lo dado a conocer por Noticias Uno sobre una entrevista a un ex funcionario de Corficolombia, Jorge Enrique Pizano (q.e.p.d.), quien fungía como testigo en el caso de Odebrecht, en donde este asegura que el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, conocía sobre todas las irregularidades en el caso Odebrecht (desde 2015)”. Y cita la entrevista del mencionado medio.	Indicó además que “con fecha 21 de diciembre de 2016, se conoce en Colombia lo que estaba pasando con Odebrecht, pero no por la Fiscalía General de la Nación, ni por su director, el cual sabía lo que estaba pasando, pues los altos directivos de estas empresas reconocieron los delitos ante Procuraduría de Brasil, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Procuraduría General de la Nación”.	El veedor anotó que “posterior a la denuncia ante las autoridades internacionales, es cuando la Fiscalía General de la Nación toma el caso en serio y decide hacer una investigación (...) Llama poderosamente la atención que la Fiscalía, en menos de tres semanas de conocer la investigación por las entidades internacionales, ya tenía todas las pruebas y documentos para establecer la comisión de los delitos de la firma Odebrecht y de los servidores públicos implicados.	“La gran pregunta es: ¿cómo después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos da a conocer la investigación por el caso Odebrecht, la Fiscalía General ya tenía las pruebas? Nos indica y quiere decir que el fiscal tenía pleno conocimiento, sin embargo, no había dado a conocer la investigación”.	En su denuncia, Urueta reiteró que el fiscal Martínez Neira, desde su posesión, “sabía lo que estaba pasando con Odebrecht e incumplió con su deber objetivo de denunciar como funcionario público de alto rango, teniendo en cuenta que el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal establece el deber de denunciar cualquier conducta penal que deba investigarse de oficio, por lo cual puede estar cometiendo varias conductas delictivas, como el presunto prevaricato por omisión”.	Urueta recalcó que la solicitud es de medidas de protección, tanto para denunciantes como para testigos en el caso Odebrecht, porque “el tema representa peligrosidad para todas las personas involucradas de una u otra manera con el caso. Con base en el artículo 212 del Código de Procedimiento Penal, se debe dar la protección a los testigos en etapa de indagación e investigación”.	Puello le expuso que este “manifiesta ser miembro de una asociación sindical, defensor de Derechos Humanos y servidor público, y encontrarse en una situación de riesgo excepcional a causa de las denuncias realizadas por sus actividades como veedor y por las denuncias realizadas contra Néstor Humberto Martínez Neira respecto del caso Odebrecht.	Además, el 10 de enero, la Consejería Presidencial de Derechos Humanos solicitó a la Unidad Nacional de Protección y a la Fiscalía revisar la situación, adelantar las gestiones e investigaciones correspondientes y comunicar el resultado de las acciones adelantadas a Urueta. Ello en respuesta a una solicitud de protección que interpuso el veedor el 9 de enero. La misma solicitud cursa en la Defensoría del Pueblo regional Bolívar.	La razón fue “su posible participación y conocimiento, al igual que sus omisiones en lo relativo al contrato de concesión Ruta del Sol II, como abogado y asesor del grupo Aval, integrante del consorcio adjudicatario con la firma Odebrecht”. Igualmente hizo alusión a que en poder de Noticias Uno existen videos y declaraciones del fallecido Jorge Enrique Pizano, que dan luces frente a los hechos denunciados.	“Sin perjuicio de las reglas generales sobre protección a los testigos contempladas en el Código de Procedimiento Penal, si en la etapa de indagación e investigación la Fiscalía estimare, por las circunstancias del caso, que existe un riesgo cierto para la vida o la integridad física de un testigo o de un perito, de su cónyuge, compañero permanente, o de sus parientes hasta en el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, dispondrá las medidas especiales de protección que resulten adecuadas para proteger la identidad de los que intervengan en el procedimiento”, reza la norma.