La calificadora Standard & Poor’s (S&P) ratificó el grado de inversión de la deuda soberana de Colombia, pero anunció que podría rebajarla en uno o dos años. Aun cuando pocos comentarios se han hecho sobre el condicionamiento de la calificación, el tema es relevante porque se fundamenta en las perspectivas del balance fiscal y de los resultados del sector externo.	La calificadora es contundente: “(…) Los posibles retrasos o la incapacidad del Gobierno y el Congreso para aprobar e implementar reformas en los próximos años podrían llevarnos a reevaluar la efectividad institucional de Colombia en la aplicación de políticas pragmáticas y oportunas para sostener el crecimiento económico y estabilizar las finanzas públicas”.	La aspiración gubernamental era lograr la aprobación del mismo articulado de la Ley 1943, pero ya los congresistas anunciaron más de 200 propuestas de modificación del texto radicado, lo que servirá de acicate al sector privado para seguir por la misma senda. En ese contexto, el Gobierno puede enfrentar un dilema: correr el riesgo de crear un esperpento por la creatividad legislativa carente de sustento técnico o retirar el proyecto y volver a las reglas de juego previas a la Ley de Financiamiento.	A favor de este último escenario resulta crucial la recuperación de la renta petrolera, que ya supera los $20 billones por año y contribuye significativamente al cumplimiento de la regla fiscal en 2019 y 2020. Además, el Gobierno podría contar con recursos de la venta de activos que no fue necesaria en 2019 por el excelente comportamiento del recaudo tributario.	Respecto al sector externo, S&P manifestó la preocupación, compartida por todos los analistas, sobre el nivel del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Las proyecciones apuntan hacia el 4,2% del PIB al cierre de 2019, lo que se considera un nivel riesgoso en particular en el actual escenario de desaceleración económica global.	En el corto plazo las aguas están calmas, pues los flujos de inversión extranjera directa mantienen una buena dinámica y financian casi la totalidad del déficit corriente, el país cuenta con buen acceso a los mercados financieros, las reservas internacionales netas superan los US$50.000 millones y a ellas se suman los US$11.000 millones de la Línea de Crédito Flexible del FMI. Pero en el mediano plazo una posible recesión en Estados Unidos y algunas economías europeas podría afectar negativamente las remesas e incrementar la volatilidad de los flujos de capital, aumentando el riesgo de crisis de balanza de pagos.	En síntesis, el Legislativo debería entender las consecuencias que puede tener su creatividad en materia tributaria, que puede forzar al Gobierno a realizar ajustes alternativos a la reforma tributaria. En el frente externo deben fortalecerse los esfuerzos públicos y privados para superar la concentración de las exportaciones en minero-energéticos, como base para reducir los riesgos de mayor deterioro de la cuenta corriente.