En 2015 se definió que, para darle participación a los transportadores locales, era necesario abrir la puerta a un tercer operador. Luego de varios intentos fallidos para encontrar interesados mediante licitación abierta, el Distrito decidió que la empresa gestora, Transcaribe S.A., asumiera este nuevo rol. Esto significó que Transcaribe no solo debía gestionar el proyecto sino comprar buses, organizar su operación, contratar conductores, mantener la flota y aportar al Fondo Unificado de Desintegración y Operadores para financiar la chatarrización.	Los recursos para chatarrizar se giraron sin novedad durante los primeros años, pero la inestabilidad política local afectó tanto al Distrito, como a Transcaribe operador, toda vez que el Distrito no ha girado los recursos necesarios para la correcta operación del sistema desde la vigencia 2018. Mientras tanto, los operadores Transambiental y Sotramac han cumplido con su parte contractual.	No chatarrizar, junto a otros factores como el transporte ilegal, impiden que el sistema continúe ampliándose, e implica que no opere con eficiencia porque no suma usuarios a la velocidad esperada. Por ello, se afecta la tarifa técnica, esto es, los costos operativos por kilómetros recorridos que se requieren para mantener saludables las finanzas del SITM, los cuales deben ser menores que la tarifa cobrada al usuario. No obstante, es muy preocupante que la tarifa técnica haya superado la tarifa al usuario por casi un año. Al calcular la tarifa técnica para 2020 Transcaribe corroboró lo que más temía: un aumento de la misma por encima de los 800 pesos. Esto no solo es impensable en la actual coyuntura de protestas ciudadanas, sino por la vulnerabilidad de miles de familias dependientes del SITM. El alcalde saliente ha confirmado que los recursos para poner al día al Distrito con Transcaribe se encuentran proyectados en el presupuesto de 2020. No obstante, el Concejo ha rechazado en cuatro oportunidades la aprobación de recursos de chatarrización mediante endeudamiento. La negativa del Concejo más los embargos a las cuentas distritales ponen a los cartageneros a tener que pagar, vía tarifa, los platos rotos de esta descoordinación institucional. No hemos podido ponernos de acuerdo para tener un SITM sostenible y con tarifas justas.