. Durante este tiempo realizó recomendaciones a diferentes planes y programas del Ministerio, según sus obligaciones contractuales.Entre estas recomendaciones hay unas para el Plan de Acción que se deberá ejecutar por la Subdirección de Seguridad y Convivencia para la vigencia fiscal 2019 para las zonas de mayor conflictividad. Sus recomendaciones fueron: tener en cuenta la ley de Orden Público recientemente aprobada por el Congreso, tener una línea estratégica de apoyo a actividades de convivencia para las zonas priorizadas en el marco de esta ley y que se incorpore un presupuesto destinado a proyectos de iniciativa social en estas zonas; buscar cooperación internacional y esfuerzo integral del Estado para Antioquia, Chocó, Valle y Nariño, donde hay mayor número de alertas tempranas de la Defensoría, para restablecer la garantía de derechos a las víctimas y proteger a la población.No se hicieron conceptos o respuestas a derechos de petición, consultas o solicitudes -como lo indicaba su contrato	- porque asegura que no hubo durante su periodo contractual, pero indica que propuso que la Subdirección de Seguridad y Convivencia tenga un área de apoyo jurídico que emita conceptos que integren la interpretación normativa para disminuir las peticiones de las autoridades. Esto se haría pidiéndole al Departamento Administrativo de la Función Pública la creación de un comité interno que reestructure y cree la Coordinación de Doctrina y Conceptos y la creación de una plataforma donde puedan ser consultados.Sobre el apoyo jurídico que debía brindar al despacho del viceministro Juan Manuel Daza en la realización de actividades donde se gesten iniciativas de convivencia ciudadana, asegura que revisó el acta No. 10 del comité directivo de Fondo de Seguridad y Convivencia sin encontrar reparos y dijo que podía ser firmada por las partes que intervinieron.Respecto al	y legales en materia de restablecimiento de la convivencia ciudadana, indicó que no tuvo en el periodo contractual la necesidad de hacer este tipo de actividades.También estaba obligada a asistir a reuniones, talleres, conversatorios, conferencias y foros que guardaran relación con la asistencia a las entidades territoriales en materia de prevención y atención pacífica de los conflictos sociales y dijo que sostuvo una reunión con el Subdirector de Seguridad y Convivencia para entender el funcionamiento del área encargada en el Ministerio de la orientación de políticas públicas en materia de Seguridad y Convivencia.Sobre el apoyo que debía brindar en el fortalecimiento de los mecanismos e instrumentos jurídicos en relación a la interlocución entre el nivel nacional y territorial para atender las problemáticas relacionadas con el orden público, explicó que brindó apoyo conceptual al Viceministro revisando la normatividad del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana para establecer qué municipios podrían ser tenidos en cuenta en el comité que se adelantó el 20 de diciembre.Las recomendaciones que hizo fueron: que el Viceministro realice una juiciosa evaluación de los proyectos que a la fecha tiene viabilizado el Fonsecon.; que los entes territoriales que se beneficiaron de obras que terminaron en liquidación judicial, no sean tenidas en cuenta en el próximo comité del Fonsecon, al igual que los que no hayan cumplido a cabalidad con las obligaciones contractuales, como lo indica la ley. Es una carta de 5 puntos, todos en el mismo sentido.Por último indicó que revisó la propuesta del Subdirector de Seguridad y Convivencia para crear una nueva línea de inversión en el Fondo de Seguridad y Convivencia. Su recomendación fue no aprobar los Centros Sacúdete hasta que no sea aprobado el Plan de Desarrollo.Todas las cartas están fechadas "diciembre del 2018" pero ninguna tiene fecha o firma de recibido