La Procuraduría General de la Nación vinculó a una indagación al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, y le solicitó suspender el contrato de bilingüismo por más de $11.900 millones, por posibles irregularidades precontractuales.El órgano de control también vinculó a la gerente general de la Empresa de Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones (Nui Telco S.A.S.), Mayret Zorayda Niño Moreno, para determinar la existencia de presuntas faltas disciplinarias ante una posible vulneración del ordenamiento jurídico y supuestas irregularidades en la formación, adjudicación y celebración del contrato interadministrativo No. 00740 del 22 de marzo de 2019.La Procuraduría en su petición al mandatario alertó sobre una supuesta selección subjetiva del contratista, teniendo en cuenta que en los documentos precontractuales no se evidenciaron las razones de conveniencia y oportunidad para que la sociedad fuera seleccionada. Para el órgano de control el presupuesto oficial del contrato al parecer no tendría sustento en un estudio de mercado y análisis de costos de las características específicas del objeto y las prestaciones a contratar, y en la oferta presentada por Nui Telco tampoco estarían discriminados los costos por actividad.En relación con la experiencia acreditada por la sociedad de economía mixta contratada, se advierte que es su amplia experiencia en temas de proveer conectividad a internet en establecimientos educativos e implementación de nuevas tecnologías, más no en la realización de actividades de formación docente, material educativo, componente intercultural, objeto del contrato interadministrativo suscrito por la Gobernación de Santander y la empresa Nui Telco S.A.S.”, precisó el Ministerio Público en su comunicación al mandatario.La Procuraduría también indaga por presuntas irregularidades en la contratación con ejecuciones presupuestales programadas para el año 2021, sin que al parecer se hubiera evidenciado la autorización del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de vigencias futuras.