El registro estadístico de hace dos años sobre la guerra en Colombia daba cuenta de 8.376.463 víctimas en el tiempo que llevaba esa acción de violencia letal. Es la acumulación de muertos, desaparecidos, desplazados, secuestrados y todas las demás atrocidades propias de una confrontación donde no hay contención alguna en el ultraje a la persona humana, como expresión del odio encarnizado entre enemigos beligerantes.	Genocidio como el de Bojayá, o la ejecución extrajudicial de civiles mediante los llamados falsos positivos, o el exterminio de dirigentes políticos de la Unión Patriótica, o el atentado a un avión de pasajeros, o la muerte recurrente de candidatos presidenciales y de líderes sociales o sindicales, o la operación depravada de los hornos crematorios de Juan Frío en Villa del Rosario, fueron actos ejecutados por distintas organizaciones armadas ilegales y oficiales.	Conviene que predomine la verdad a fin de que las víctimas puedan tener certezas para el alivio de sus penas. La paz requiere ese soporte. Porque también refuerza el compromiso de no repetición de actos detestables y necesario en el proceso de reparación que debe tener cumplimiento a la medida de las desgracias provocadas por tanta aberración.