Horas después de ser capturado en la embajada de Ecuador, en Londres, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, luego de que el país suramericano le retiró el asilo y le suspendió la nacionalidad, son muchas las preguntas que quedan sobre el precedente que puede marcar para la libertad de expresión su eventual extradición a Estados Unidos, que quiere juzgarlo por piratería informática y que lo considera una amenaza para su seguridad nacional.	Para Ecuador, país que en la época de esplendor del presidente Rafael Correa le concedió el asilo, la presencia de Assange en la sede de su delegación diplomática se había convertido en una papa caliente, según se explicó, dadas las frecuentes violaciones que cometió el hacker a las limitaciones que el asilo imponía. No limpiaba los desechos de su gato, se quejaban desde Quito.	El asunto es muy espinoso, pues del proceso que le abran en Estados Unidos, en caso de que lo extraditen, dependerá, en gran medida, de lo que pueda suceder a nivel legal con los periodistas de las unidades investigativas que consigan y difundan documentos clasificados cumpliendo su deber profesional, en el largo debate de si esas filtraciones pueden ser consideradas periodismo.	Assange, de 47 años y quien había vivido refugiado en la embajada por casi siete años, fue detenido el jueves de la semana que termina por la policía británica, pasó su primera noche en una cárcel inglesa y se enfrenta a un largo combate judicial en Londres contra su extradición a Estados Unidos, que lo considera una amenaza para su seguridad y quiere juzgarlo.	Varios son los procesos que lo agobian. Uno por violar los términos de su libertad provisional en el Reino Unido, por el cual podría pagar un año de cárcel; otro, el de extradición hacia Estados Unidos, y el origen de todo: el de abusos sexuales que podría ser reabierto en Suecia.