En la subasta de energía renovable realizada el 22 de octubre se adjudicaron, en conjunto con el mecanismo complementario, nueve proyectos para una capacidad instalada de 1.373 MW, con los cuales se esperan cubrir 12,05 GWh/día, es decir alrededor del 10% de la demanda regulada proyectada para 2022 –momento para el cual deberán entrar en operación los proyectos–, lo cual corresponde a la meta trazada en el Plan Nacional de Desarrollo.	El 83% de la energía adjudicada en esta subasta será eólica y el restante del porcentaje, solar. Para 2022, sumado a lo adjudicado en la subasta del cargo por confiabilidad y a las plantas de estas tecnologías hoy conectadas al sistema –según informe de XM–, tendremos 2139 MW que corresponden al 12% de la matriz actual. Los precios promedio obtenidos para la porción asignada en la subasta y lo asignado a través del mecanismo complementario de compra obligatoria, estuvieron un 67% y 33% por debajo del tope máximo promedio establecido por el regulador, resultando en 95,65 $/kWh y 106,66 $/kWh, respectivamente; los cuales, al final, sumando el CERE actual, representan un precio de compra de energía aproximados de 156,65 y 167,6 $/kWh. Tenemos que reconocer que estos precios fueron inferiores a los que esperábamos.	Sobre la subasta efectuada en febrero, se realizaron varios cambios que permitieron la asignación de energía, en la medida que facilitaron que tanto los vendedores (desarrolladores de proyectos de generación) como los compradores (comercializadores en representación de los usuarios) pudieran tener más herramientas para administrar los riesgos asociados a su participación en la subasta.	Entre los ajustes se destacan: la definición de una oferta por bloques horarios, el tipo de contrato pague lo contratado, la modificación de los indicadores de competencia, el traslado total vía tarifa y el precio en pesos para beneficio de los usuarios que no pueden gestionar mejor que los generadores el riesgo de la tasa de cambio; aspectos mencionados tiempo atrás por este Gremio. Así mismo, la administración de los contratos y garantías de manera centralizada por parte del operador del mercado proporcionó de cierta manera, mayor tranquilidad a los participantes.	Para que se concreten estos resultados, con la instalación y entrega efectiva de la energía, se requiere mejorar la capacidad y oportunidad de respuesta de los diferentes organismos tanto del sector como de entidades responsables de licencias, permisos u otras aprobaciones por lo cual es fundamental una cohesión y coordinación institucional alrededor de este propósito.	Los jueces y en general toda la rama judicial son un aliado clave para el desarrollo de los proyectos y desde ya estamos generando espacios para compartirles información sobre la ejecución de los proyectos y su impacto para la seguridad energética y el crecimiento económico de manera que los mismos vengan acompañados de las mejores decisiones. Esto, aunado a la armonización de los mecanismos de participación ciudadana que facilite los procesos de concertación y consulta previa con las comunidades.	Por su parte, el bloque de proyectos que se planean desarrollar en La Guajira, requiere adicionalmente solucionar asuntos como la utilización de puertos para la llegada de equipos, así como el despliegue de la infraestructura de transmisión eléctrica necesaria para la conexión con el resto del país. Esto será un gran apalancador para el desarrollo de la región, que tanto lo requiere.	Posdata: Muchos se burlaron del “Perder es ganar un poco” de nuestro técnico Maturana y aquí se ve con contundencia la claridad de su idea. La fallida primera experiencia de la subasta llevó al gobierno a realizar un proceso mucho más robusto en compañía de los empresarios del sector que como se puede observar terminó en un éxito rotundo. Hay que seguir trabajando y enfocando esfuerzos en la consecución de los proyectos y el levantamiento de las barreras existentes, para seguir cerrando brechas, cambiando vidas y aportando al desarrollo del país.