La primera frase en un reciente articulo del The Economist sobre La siguiente Revolución Capitalista (Noviembre 17-23, 2018), señalaba “Que el capitalismo ha sufrido una serie de enormes golpes a su reputación en la última década. El sentimiento profundo es de un sistema sesgado en beneficio de los dueños del capital a costa de los trabajadores”. ¡No lo podría haber dicho mejor una publicación abiertamente Marxista!	La realidad es que solo hasta ver las consecuencias electorales del malestar generalizado que existe sobre cómo está operando el sistema económico capitalista han reaccionado los economistas , con una explosión de investigaciones y publicaciones y un mea culpa de porque no dispararon las alarmas mucho antes. Por fin hemos despertado para denunciar las causas de la corrupción del sistema que sin duda ha generado incrementos de riqueza y bienestar desde la revolución industrial del siglo XVIII. Si esas fallas no se corrigen, se pone en riesgo la viabilidad y aceptación del capitalismo por parte de los electores, empujando a los países en brazos del populismo de derecha o el comunismo de izquierda.	Cuando uno reflexiona sobre la esencia del capitalismo de libre mercado se encuentra con tres pilares fundamentales: la propiedad privada de los medios de producción, la libre iniciativa y el respeto de los derechos individuales, y la libre competencia. Es sobre este último tema al que me refiero en esta nota.	Dos posibles enfoques al tema de la competencia incluyen buscar que la política antitrust se oriente exclusivamente en la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores o, alternativamente, adoptar un enfoque más amplio y más político sobre los efectos de la excesiva consolidación corporativa y sus efectos corrosivos sobre la democracia. Este último foco jugará un papel importante en las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el 2020, entre otras, con la candidatura de la senadora Elizabeth Warren, quien con el Senador Bernie Sanders, han advertido que “la concentración amenaza nuestros mercados, la economía y la democracia” (Discurso On Reigniting Competition in the American Economy, junio 29, 2016).	La primera fase del combate contra los monopolios en EE. UU. a finales del Siglo XIX se apoyó en el Sherman Antitrust Act de 1890, que ha sido uno de los pilares para controlar las prácticas anticompetitivas de los oligopolios, carteles y monopolios en Estados Unidos. Esta brevísima Ley, definió como delitos dichas prácticas (la monopolización y las trabas al comercio, y junto con la Ley Clayton de 1914, se establecieron penalidades criminales por el uso de prácticas anticompetitivas. Sin embargo, solo hasta la presidencias de Teddy Roosevelt y Taft se aplicaron con gran efectividad la leyes y el sistema judicial para desmantelar los monopolios y limitar el poder de los llamados robber barons, poniendo al gobierno como defensor de la competencia y limitando el completo laissez faire, combatiendo el gigantismo empresarial que explota su poder de mercado en contra de los consumidores y busca eliminar competidores para consolidar su poder monopolístico. Estas leyes también han sido un arma de doble filo al usarse para combatir los sindicatos por interferir con el libre comercio interestatal.	La figura de esta primera ola antitrust fue el jurista Louis Brandeis -juez de la Corte Suprema de EE. UU.- quien favoreció la descentralización económica y el crecimiento orgánico de las empresas y lideró la oposición al imperio ferroviario de Morgan (new Haven Railroad consolidó 336 empresas) hasta que el Departamento de Justicia intervino en 1914 y ordenó desmantelarlo. “La concentración económica extrema lleva a un aumento de la desigualdad, alimentando el apetito nacionalista y los liderazgos extremistas. Deberíamos haber aprendido que el camino al fascismo y las dictaduras ha sido allanado por los fracasos de la política económica en servir las necesidades de las mayorías” (Tim Wu, The Curse of Bigness: Antitrust in the New Gilded Age, Columbia, 2018).	Desde Adam Smith la teoría económica siempre ha favorecido el standard utópico de la competencia perfecta, en el cual desaparecen las utilidades extraordinarias por la libre entrada de nuevos competidores. Por el contrario los monopolios y oligopolios buscan restringir la entrada, reducir el producto y maximizar, proteger e incrementar las utilidades extraordinarias. El matemático francés Augustin Cournot (1801-1877) demostró que los comportamientos oligopolísticos elevan las utilidades a medida que el número de empresas se reduce. Después, la escuela estructuralista afirmó que las empresas y la competencia en mercados más concentrados ganaban mayores utilidades que empresas en sectores con más firmas y/o más competencia. Este enfoque fue el que prevaleció en la época del activismo antitrust, sobretodo en Estados Unidos, que llevó a las órdenes judiciales de desconcentración. El tema de la concentración del poder económico y el potencial rol de los conglomerados en debilitar las democracias ha llevado a recordar del papel que jugaron en la subida del nazismo al poder.	Los poderosos monopolios industriales en las industrias del acero, caucho, carbón, armamentos, ferrocarriles, etc. y , quizá el caso más escandaloso, el de la industria química - donde Alemania era el líder mundial - con el cartel de I.G. Farben favorecieron y se beneficiaron del fascismo, y a la vez facilitaron al gobierno su control y rápida movilización bélica, al estar el control de la economía en manos de un pequeñísimo grupo. La concentración industrial en Alemania durante los años 1915-30, permitida por la total ausencia de legislación antitrust, facilitó la rápida consolidación del poder político. No en vano los directivos de I.G. Farben (fabricantes del nefasto gas Zyklon B que se usó para masacrar a millones de inocentes civiles) llevó a que sus ejecutivos fueran condenados en los juicios de Nuremberg por crímenes de lesa humanidad.	La ocupación americana de Alemania y Japón y las lecciones de las consecuencias funestas para las democracias de los monopolios llevó a desbandarlos en ambos países, y a que resurgiera en Estados Unidos y Europa una segunda fase de activismo antitrust en la post-guerra. Este entusiasmo anti-monopolizó duro de 1950 a mediados de los 1970s con el triunfo del nuevo laissez faire de la eEscuela de Chicago.	Desde entonces, en los últimos cuarenta años, las economías avanzadas y en particular los EE. UU. se han embarcado en un experimento que ha recreado las condiciones de hace un siglo (la llamada Gilded Age), con el grave peligro de repetir los peores errores del Siglo XX precedidos por un aumento de la concentración y una radicalización política creciente. La influencia nefasta del poder económico en la democracia de los Estados Unidos se ha reforzado con una funesta decisión de la Corte Suprema (Republicana) en el fallo del caso de Citizens United en 2010, que permite el uso ilimitado de recursos financieros de las empresa en las campañas electorales.