Para empezar, el Gobierno debe aprender a navegar en la esquizofrenia y, en lo que sea posible, salir de ella: por cuenta del pacto con las Farc, tenemos un orden jurídico, una institucionalidad, una doctrina estratégica y táctica, una estructura de despliegue en terreno y un presupuesto pensados para “la paz” y una realidad de conflicto armado.	Tercero, procurar legitimidad absoluta. Ese será el flanco que van a atacar todos los interesados en que la Fuerza Pública no sea eficaz y eficiente en la lucha contra violentos y criminales. Es indispensable resolver de manera correcta la interrelación entre el derecho interno, derechos humanos y el derecho internacional humanitario, de manera que militares y policías tengan definidas las reglas aplicables en cada caso concreto.	Quinto, atacar a fondo la corrupción. Más allá de que es verdad que difundir casos de corrupción, algunos ficticios, es parte de la estrategia para debilitar a la Fuerza Pública, no es menos cierto que sí hay problemas de malos manejos. La corrupción, como las violaciones a los derechos humanos, mina la legitimidad de las Fuerzas y les hace perder apoyo ciudadano. Hay que identificar a los corruptos y expulsarlos sin contemplaciones.	Séptimo, hay que reconocer y enfrentar la creciente dimensión internacional del conflicto. Los colombianos que operan en esa coalición con Venezuela son responsables de los crímenes de traición a la Patria consagrados en el Código Penal. Colombia debe evitar caer en provocaciones y, al mismo tiempo, construir la capacidad disuasiva que evite una agresión.	Finalmente, hay que tomar conciencia de que seguiremos azotados por la violencia mientras en nuestro país el narcotráfico tenga la fuerza que tiene. Hay que reconstruir un consenso mínimo para atacar a los narcos y desmontar los incentivos perversos que hay para el narcotráfico en el pacto de Santos con las Farc.