Hay que decirlo alto y claro, porque lo que hay detrás de esta sucesión de golpes a las altas cortes y al prestigio de la rama judicial es un plan muy bien pensado para declarar el estado de emergencia y habilitar las condiciones para convocar una nueva asamblea constituyente.La gente tiene rabia. Se ha dejado convencer de que la justicia no funciona y de que la única manera de corregirlo es convocando una nueva asamblea constituyente. Eso es falso. Lo que proponen no es una constituyente como un plan de reforma del Estado para la paz y la justicia. Lo que nos quieren imponer es una constituyente regresiva, que nos devolvería a los peores tiempos y cuyo primer objetivo es la acción de tutela como instrumento y la Corte Constitucional como institución.	Lo que nos corresponde ahora es defender la Constitución, no dejarnos distraer por el humo y los cañonazos. La nuestra es una Constitución extraordinaria. Es una Constitución humanista, que se pone abiertamente del lado de los que no tienen voz, y fue escrita y pensada en un periodo de profunda crisis y desesperación como una hoja de ruta para salir de ahí, para modernizar nuestro país, para empoderar el diálogo entre los ciudadanos, para ponerle controles al ejercicio de lo público, para demandar el respeto a los derechos fundamentales en tiempo real y para hacer respetar la dignidad de todas las personas. Es una Constitución magnífica, y es por eso que estorba. Demolerla no solo es regresar al pasado, es demoler toda la institucionalidad que hemos construido con tanto esfuerzo.	Santrich es un hampón y lamento que no puedan extraditarlo, porque estoy segura de que en Colombia su presencia no contribuirá en absoluto a la búsqueda de la verdad, pero su caso está siendo usado como una excusa para movilizar la rabia y la indignación, y dirigirla contra nuestros jueces. El Tribunal de Paz no podía avalar esa extradición porque no le entregaron las pruebas, y cada día vamos confirmando que no se entregaron esas pruebas porque no se surtió el proceso de legalidad. Romper con el principio de legalidad sí que sería romper con los principios fundamentales del	. Esa determinación nos puede causar una crisis en las relaciones con los Estados Unidos, de quienes somos sus mejores aliados en el continente, porque precisamente ha sido la justicia norteamericana la que más arduamente ha trabajado como socios para entrenar a nuestros jueces y fortalecer nuestro sistema precisamente en lo que atañe a las garantías procesales y el respeto a los derechos de los que son titulares todas las personas. Gracias a ese continuo apoyo, hoy en Colombia contamos, y la Fiscalía General de la Nación lo demostró con la recaptura de Santrich, con un sistema judicial fuerte y empoderado.	Ya es hora de que la justicia se despierte y reaccione de una buena vez, desde el derecho y con contundencia. Lo que se está imponiendo en Colombia es supremamente grave. Los criminales ya no asesinan jueces porque les sale demasiado costoso y se han dedicado al sicariato moral, es decir, a humillar, a arrodillar y a demoler el prestigio de los jueces y de las instituciones con sospechas, insinuaciones y mentiras hiperconstruidas. Esas mentiras se quedan en el aire, los medios las repiten y las repiten y nadie se retracta, ni se devuelve de sus insinuaciones. Hemos llegado a un punto insostenible: o la justicia sienta un precedente, o se deja arrodillar y se convierte en cómplice de los habilitadores de la violencia.