Una por una, muchas de las víctimas del conflicto armado más largo de Latinoamérica brindan testimonios brutales ante el nuevo Tribunal para la Paz, que es uno de los puntos más polémicos del acuerdo de paz alcanzado en 2016 entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).	El éxito del tribunal podría depender de si sobrevive a los intentos de los contrarios al proceso de paz para revocar los términos del acuerdo original y de su capacidad para emitir decisiones rápidas que resuenen entre la población de Colombia, donde el acuerdo con las FARC sigue siendo divisivo, la impunidad es la norma y la violencia en las zonas rurales, a manos de otros grupos armados, vuelve a estar en alza.	Una comisión de la verdad independiente explorará los motivos que provocaron el conflicto, qué atrocidades se cometieron y cómo pueden evitarse futuros derramamientos de sangre. Una unidad para los desaparecidos recopilará información sobre las cerca de 83.000 personas que siguen en paradero desconocido. Y el Tribunal Especial para la Paz investigará, juzgará y sentenciará los delitos de guerra más graves como secuestros, masacres civiles y reclutamiento forzoso de menores.	Es probable que los acusados que confiesen completamente sus delitos puedan salir impunes más allá de tener que disculparse y reparar a las víctimas _ una sentencia alternativa habitual en procesos de paz, pero no por ello menos difícil de asimilar para muchos colombianos que desprecian profundamente a los rebeldes. Quienes rechacen los hallazgos en su contra podrían ser sentenciados a hasta 20 años de prisión.	En una entrevista con The Associated Press, Linares dijo que centrarse menos en sanciones punitivas y más en encontrar la verdad es la mejor solución para un país donde el sistema judicial penal existente ha fracasado a la hora de emitir condenas hacia la inmensa mayoría de los delitos de guerra.	Este es un enfoque en el que Olga Esperanza Rojas está dispuesta a confiar tras pasar casi toda su vida adulta buscando respuestas a la desaparición de su marido. Por lo poco que ha sacado de testigos y rebeldes, sabe que su esposo, un soldado de 23 años y padre de dos hijos, fue detenido por guerrilleros cuando se dirigía a su trabajo. Pero a partir de ahí se pierde la pista. Durante años, Rojas compartió su historia en diarios y televisoras y llamó a las puertas de agencias públicas sin obtener respuesta.	Los críticos son menos optimistas acerca de que la guerrilla admita las atrocidades cometidas durante la guerra entre los rebeldes izquierdistas, el estado y los grupos paramilitares de derechas, y alegan que los procesos judiciales están armados para ocultar el recuento público total de sus delitos. Al contrario que en un juicio al uso, los exlíderes guerrilleros serán interrogados a puerta cerrada y su testimonio se revelará solo si coincide con los hallazgos de fiscales, víctimas e investigadores.	En un reciente programa de radio, un antiguo guerrillero negó que el grupo reclutase miembros por la fuerza, aumentando las dudas sobre su compromiso con la honestidad. “Si esta es la verdad que pretenden contarle a la JEP, deberán terminar cumpliendo largas penas de cárcel”, escribió Jose Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para América, en Twitter, refiriéndose al acrónimo en español del tribunal de paz.	El partido del expresidente Álvaro Uribe, el principal crítico del pacto con las FARC, prometió impulsar reformas como la creación de otra sala para juzgar a militares, una medida que según los observadores podría generar más desconfianza entre los rebeldes al temer que la corte pueda ser más indulgente con las autoridades que con ellos.	En su campaña electoral, el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, se comprometió a revertir algunas partes del pacto, y Cortright dijo que detectó “no un retroceso pero sí una especie de ralentización” en algunos aspectos de su aplicación. El gobierno de Duque advirtió que no hay fondos suficientes para cumplir totalmente con lo acordado.