¿Cómo se detectan casos de corrupción como el de Odebrecht si los estados financieros no reflejan la realidad económica de la empresa? ¿Cómo se garantiza la correcta aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), si los activos no están adecuadamente valorados? ¿Cómo se crea un mercado secundario para las garantías mobiliarias, si no hay confianza en el valor asignado a los intangibles? ¿Cómo asegurar que los valores de los inmuebles incluidos en las escrituras públicas, son reales?	La respuesta a estos interrogantes tiene un denominador común. A través de avalúos fidedignos y fielmente realizados sobre los inmuebles de las personas y los activos de las compañías, tales como marcas, patentes y demás intangibles que estén involucrados en su operación, los colombianos pueden tener seguridad sobre el valor de sus propiedades,	Aunque la respuesta puede parecer obvia, lo cierto es que, solo a partir de 2013, con la Ley del Avaluador y la creación del Sistema de Autorregulación en materia valuatoria, el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), quedó facultado para supervisar tanto el modelo, como a las Entidades de Autorregulación de Avaluadores (ERA) que lo implementan, y sancionar a las personas que realizan avalúos o peritazgos de valor sin contar con el correspondiente Registro que los acredita como avaluadores y que los deja bajo la tutela disciplinaria de una ERA.	La confianza del mercado sobre el sistema se basa en que la SIC verifique que las entidades autorizadas como ERA, además de cumplir los requisitos formales para autorizarlas, prevengan el conflicto de interés, para que se garantice la idoneidad del avaluador y que este cumple con la normatividad vigente, independientemente de la ERA a la que pertenezca.	La SIC tiene en sus manos la oportunidad de asegurar que las ERA, desarrollen correctamente las funciones a su cargo, atenuando el riesgo social que la actividad representa. Lo que está en juego no son solo los activos, sino la posibilidad de tener alertas sólidas para la lucha contra la corrupción, la efectividad de la Ley de Financiamiento y del Plan Nacional de Desarrollo.	Por ejemplo, para estas últimas, el avalúo de los activos fijos y los activos productivos, debe obedecer a la realidad de mercado, ya que, si se presenta el efecto de subvaloración, implicaría un menor recaudo de impuestos por eventuales tributos calculados sobre renta presuntiva. Pero si se sobrevaloraran, pueden dar lugar a una distorsión en los niveles de riesgo y cupos de endeudamiento.	En el caso del Plan Nacional de Desarrollo, los avalúos adquieren una dimensión que no tenían en ninguna de las cartas de navegación de los gobiernos anteriores. Pasaron de estar enfocados en los proyectos de 4G y las obras de infraestructura, a ser fundamentales para el desarrollo de la economía naranja y la actualización catastral del país.	Al dimensionar estas cifras, la actividad de un avaluador cobra mayor importancia en aras de garantizar la idoneidad de las personas que tienen a cargo esta responsabilidad, la seriedad de las ERA que los autorregulan y el papel de la SIC en la protección de los usuarios de avalúos, lo que en ningún caso puede ponerse en riesgo, por la competencia entre las ERA.