La segunda parte del acuerdo hace referencia a medidas que buscan hacer más eficiente el gasto en la salud, presionado por factores claves como el ingreso de nuevas tecnologías y el mayor costo de medicamentos y procedimientos, entre otros, y agravado por las dificultades en el acceso oportuno a los servicios que aún padecen muchos colombianos.	El saneamiento de las diferencias existentes en las cuentas del sector salud está aún sujeto a reglamentación y a procesos de auditorías. Según datos del Ministerio, esto implicaría la revisión de una deuda que asciende a $5,2 billones en el régimen contributivo, y a $1,5 billones en el subsidiado. Por su parte, la Asociación de Clínica y Hospitales de Colombia argumenta que la cartera total por servicios prestados asciende a $10 billones, con corte a diciembre del 2018, de los cuales, el 59% es cartera morosa. Los puntos de encuentro aún están distantes y el acuerdo exigirá un cruce de cuentas basado en transparencia, rigurosidad y, sobre todo, confianza, que tanta falta le hace a nuestro sistema de salud.	En cuanto al mejoramiento progresivo de la efectividad del gasto en salud, a través de la implementación de estrategias para optimar la inversión de los recursos, se propone el establecimiento de límites o techos al gasto en servicios por fuera del Plan de Beneficios, el control de precios de medicamentos, y procesos de compras y negociaciones centralizadas, entre otras. Si bien son medidas bien intencionadas, se debe insistir en soluciones estructurales que articulen la red de prestadores de servicios para el logro de un modelo de atención integral centrado en la condición de salud de las personas, que logre mejores desenlaces clínicos y que tenga un control efectivo del gasto.	Igualmente, después de 26 años de aprendizajes del sistema, se debe lograr su sostenibilidad con una distribución más precisa y equitativa de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) asociándola a grupos de poblaciones por edades, enfermedades de alto costo y otros factores de riesgo. Este acuerdo es el primer paso para contar con un sistema de salud sostenible, pero se exige un trabajo permanente entre el Gobierno y los actores del sistema, que identifique a tiempo nuevos desequilibrios y prevenga las amenazas de uno de nuestros mayores logros sociales, la salud como derecho fundamental de todos los colombianos.