Con la votación en la Cámara Baja de los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, Donald Trump se convirtió en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en someterse a un juicio político en el Senado, y en el cuarto en afrontar la amenaza de un 'impeachment'	Tras concluir sus pesquisas, el Comité Judicial de esa cámara anunció y aprobó dos cargos políticos contra Trump por abuso de poder y obstrucción al Congreso, ya que el mandatario ordenó a funcionarios de la Administración que desobedecieran las citaciones emitidas por los congresistas para que comparecieran a testificar durante la investigación.	Su caso se desencadenó después de que destituyera al secretario de Guerra Edward Stanton en 1867, lo que supuso una violación de esa norma, que impedía que ningún funcionario de alto rango fuera despedido sin la autorización del Senado. En un principió Johnson expulsó temporalmente a Stanton, pero después el Congreso intervino y ordenó que fuera restituido, lo que fue desobedecido por el presidente que lo despidió el 21 febrero 1868. Tres días después, la Cámara Baja aprobaba cargos políticos contra Johnson con 126 votos a favor y 47 en contra, argumentando que había violado la ley y desacreditado al Congreso. El 'impeachment' contra Johnson en la Cámara Alta se desarrolló a lo largo de once semanas entre marzo y mayo de ese año, y finalmente fue absuelto.	Desde comienzos de 1994, Clinton tuvo que lidiar con escándalos como el de Whitewater, una turbia trama inmobiliaria que lastró su Presidencia, y ese mismo año la exempleada del estado de Arkansas Paula Jones presentó una demanda contra él por acoso sexual. Durante ese tiempo, Clinton sostuvo que tenía inmunidad presidencial en casos civiles, pero en 1997 el Tribunal Supremo rechazó este argumento.	En enero de 1998, con el caso de Jones todavía abierto, Clinton negó bajo juramento que hubiera tenido una relación en la Casa Blanca con la becaria Monica Lewinsky, pero el escándalo no hizo más que crecer y meses más tarde tuvo que testificar por las acusaciones de que había cometido perjurio al haber mentido sobre su relación con la joven.	En julio de 1973, Nixon invocó el llamado 'privilegio ejecutivo' para negarse a entregar al Congreso las cintas de las llamadas telefónicas 'pinchadas', que los legisladores pensaban que vinculaban al presidente con el robo en las oficinas del Comité Nacional del Partido Demócrata, pero el Tribunal Supremo falló después que tenía que hacerlo.