El Gobierno del presidente Iván Duque le puso freno de mano al crecimiento exponencial de los cultivos de coca en Colombia. La confirmación de este hecho histórico proviene de un informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, según el cual las hectáreas cultivadas de coca en el país pasaron de 209.000 hectáreas en el 2017 a 208.000 hectáreas en el 2018.	El documento oficial revela que la producción de cocaína se redujo de 900 toneladas a 887 toneladas en este periodo. El reporte oficial añade que si bien los cultivos de coca son altos a nivel histórico, es la primera vez, desde el 2012, que se observa una reducción. El régimen de Donald Trump también reconoció que “desde agosto de 2018, se incrementaron los esfuerzos antinarcóticos de Colombia contra los laboratorios de cocaína y los traficantes de drogas, cuadruplicando la cantidad de equipos móviles que erradicaron el 56 por ciento más de coca por mes que en el Gobierno anterior”.	La política integral antinarcóticos de la presente administración, denominada Ruta Futuro, comprende la disminución del consumo y la oferta de drogas ilícitas, la desarticulación de las organizaciones criminales, la afectación de las rentas del crimen organizado y la transformación de los territorios rurales involucrados en economías lícitas. Sus principales resultados están a la vista. Entre agosto de 2018 y junio de 2019, se erradicaron 66.528 hectáreas de coca, destruyeron 5.072 laboratorios e incautaron 333 toneladas de cocaína.	Pese a los mencionados avances de la administración Duque, Colombia sigue siendo el primer productor mundial de cocaína, razón suficiente para no bajar la guardia, desechar los cantos de sirena que claman por su legalización e impedir que nuestro país se convierta en un narco Estado. En consecuencia, es preciso complementar la política antinarcóticos con la aspersión aérea con glifosato, que por fortuna hace parte de la renovada caja de herramientas contra los cultivos de coca del Ejecutivo.	Para lograrlo, los ministerios de Justicia, Defensa, Salud y Medio Ambiente deben cumplir todos a una, como en Fuenteovejuna, con los requerimientos de la Corte Constitucional en su Sentencia T 236 de 2017, que procuran mitigar el riesgo para la salud humana y la preservación ambiental de la aspersión aérea de cultivos de coca con glifosato en zonas distintas de los parques naturales y zonas con población indígena, que reivindican acciones diferentes de erradicación -voluntaria y forzosa- por decisión del alto Tribunal.	Así pues, es menester cambiar la decisión de suspensión temporal del Consejo Nacional de Estupefacientes y actualizar la licencia ambiental del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos, con base en una nueva regulación de evaluación continuada del riesgo de uso del herbicida, que incluya procedimientos de queja independientes e imparciales y permitan revisar las decisiones con base en evidencia científica de mitigación de daño a la salud y medio ambiente de las zonas asperjadas.