Colombia se ha vuelto a estremecer a causa de las bombas: el 17 de enero, a las 9:30 de la mañana, un carro cargado con 80 kilogramos de pentolita irrumpió en las instalaciones de la Escuela General Francisco de Paula Santander al sur de Bogotá, dejando un saldo de 21 personas muertas, incluyendo al conductor, y 67 heridos, entre ellos varios extranjeros.La noticia logró conmover profundamente al país. El sonido aturdidor hizo recordar aquellas épocas oscuras de la guerra contra narcotráfico en la década de los 90 y los ataques de las guerrillas en los albores del siglo XXI, épocas en que la violencia era el pan de cada día en gran parte del territorio nacional. A medida que incrementaba el número de víctimas fatales, en su mayoría jóvenes que iniciaban sus estudios en la academia de policía, los medios de comunicación presentaban imágenes y testimonios desgarradores de testigos y familiares y en la opinión pública se generalizaba la pregunta: ¿quién es el artífice de tan despiadado hecho?	Desde el inicio las suspicacias se volcaron hacia la guerrilla del ELN, su largo historial criminal que tan solo en los 17 meses de negociación con el gobierno de Juan Manuel Santos dejó 400 acciones terroristas en 13 departamentos, dejando un saldo de 339 víctimas y más de 100 asesinatos hizo que se perfilara como el principal sospechoso. Dichas sospechas fueron confirmadas en horas de la mañana del 18 de enero, a menos de 24 horas de sucedido el atentado, por el Fiscal general y el Ministro de la defensa, este accionar se puede categorizar, cuando menos, como torpe, para un grupo guerrillero que tenía intenciones de reanudar los canales de diálogo con el nuevo gobierno. En horas de la noche el Presidente de la República aparecía en una alocución para anunciar el levantamiento de las suspensiones de las órdenes de captura de los miembros de la delegación del ELN en Cuba, así como la terminación de los beneficios que poseían y la activación inmediata de las circulares de Interpol, finiquitando así la mesa de negociación de paz.	Es evidente que un acontecimiento de dicha magnitud logra tocar las fibras más profundas y hace lanzar un grito pidiendo justicia por las vidas perdidas, justicia que muchas veces se confunde con venganza, sin embargo estos no son momento para dejar circular por nuestra sociedad los aires bélicos que engendra el odio; es más bien el momento para rodear la institucionalidad del estado, en especial a la policía, haciéndoles sentir toda la solidaridad y cariño, reflexionando como sociedad sobre la dignidad de la vida humana que no admite ambigüedades, pues no existen muertos de primera y segunda categoría, y haciendo sentir como ciudadanos, aprovechando las diversas manifestaciones que se han propuesto en las distintas ciudades, el clamor por la paz.	Es un riesgo enorme para el país echar por la borda lo avanzado en la mesa de negociación con el ELN, la oportunidad de volverlos a tener sentados con el gobierno para la construcción de un acuerdo es una posibilidad que tardaría muchos años, y muchos muertos, en volverse a dar. Claramente no se trata de anteponer la ilegalidad al imperio de la ley, como muchos lo sugieren en medio de la coyuntura, ni de renunciar a las presiones militares como forma de coacción para posibilitar el debilitamiento de las estructuras armadas, se trata de evitar, en la medida de lo posible, que se sigan sacrificando vidas de compatriotas que encuentran en la fuerza pública la oportunidad de realizar su proyecto de vida.	El diálogo es un ejercicio desgastante que implica tiempo, disposición y la capacidad de ceder en temas complejos para poder llegar a sanos puntos medios, no obstante se presenta como la oportunidad de oro para resolver un conflicto armado que lleva décadas desangrándonos y enseñarle a una sociedad tan violenta como la nuestra que las deliberaciones basadas en ideas y argumentos, y no la violencia, son la mejor opción para la resolución de nuestros problemas más apremiantes.