Aunque desde el 2013, en Colombia se logró ponerles un tope máximo -de 25 salarios mínimos- a las megapensiones que se pagan con recursos públicos, los intentos por revivirlas más allá de esa línea persisten, tal como ocurrió en reciente oportunidad, cuando la Corte Constitucional tumbó 11 tutelas en las que el Consejo de Estado autorizaba el reconocimiento de jubilaciones por arriba de ese límite.	El ahorro por ponerle freno a esas mesadas onerosas, que a pesar de ser pocas, causan un hueco en las finanzas públicas, ya muestra un efecto positivo. La medida empezó en julio de 2013, luego de que la Corte emitiera la famosa sentencia 258, que limitó el pago de pensiones que tenían que ser subsidiadas con los dineros que aportan los colombianos a través de los impuestos.	Según cuentas de la cartera de las finanzas públicas, el ahorro a futuro (calculando el promedio de años en los que recibirían pensiones de más de 25 salarios mínimos), a valor presente, suma 2,6 billones de pesos, lo que alcanzaría para financiar las 13 mesadas del año de 241.512 pensionados que reciben un salario mínimo (el 34,3 por ciento de los jubilados de Colpensiones con salario mínimo).	En las cuentas de los ahorros por aplicación del tope a megapensiones entran las principales entidades reconocedoras de pensiones en el sector público. Así, en la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP), cuando se emitió la sentencia de la Corte, había 271 beneficiarios que tenían asignaciones mensuales superiores a los 25 salarios mínimos.	Por ello, en los siete años que lleva la norma, el ahorro ha sido de 68.591 millones de pesos, según las estadísticas de la entidad. Otro caso que muestra las abultadas cifras de ahorro por aplicación de la sentencia 258 es el del Fondo de Previsión Social del Congreso (Fonprecon), que maneja pensiones altas.	"Para mantener a salvo estos recursos, la entidad tuvo que hacer frente a tutelas interpuestas por 208 pensionados, 600 solicitudes de inaplicación y, actualmente, se tramitan más de 70 demandas en las que se pretende, por parte de los excongresistas, el restablecimiento de su mesada pensional por encima del tope de 25 salarios mínimos", indicó la entidad.	A las megapensiones se llegó, en parte, por un esquema de aseguramiento pensional que ponía a cada entidad del sector público a administrar sus pensiones (en virtud del carácter patronal). Esto llevó a la creación de una multiplicidad de regímenes, lo cual, a su vez, originó un alto desequilibrio entre los aportes realizados por los trabajadores y los empleadores, y el monto de las pensiones reconocidas.	En consecuencia, el Estado iba asumiendo la diferencia, casi en su totalidad. Muestra de ello es que para que hoy, cuando ya no existen regímenes especiales de pensión, una persona se pensione con el salario mínimo, requiere ahorrar 200 millones de pesos, lo que implicaría que un beneficiario de una mesada de 25 salarios mínimos (sin nada subsidiado) tendría que acumular 5.000 millones (200 millones por 25).	Si se tratara de un hombre que, por la ley, se pensiona a los 62 años, suponiendo que haya comenzado su vida laboral a los 25 años, significa que trabajó 37 años. Lograr aportes de 5.000 millones en 37 años requiere de una cotización mensual de 11'261.261 pesos.	Pero la persona empleada formal, de 25 salarios mínimos (21 millones de pesos), cotiza para pensión cada mes el 16 por ciento de su sueldo (12 por ciento lo pone el empleador y 4, el empleado), es decir, 3'360.000 pesos, de los que 2'520.000 aporta el empleador y 840.000, el trabajador.