El contratista ha solicitado 3 prórrogas que han sido otorgadas con la autorización de la Interventoría y aceptadas por la Secretaría de Hábitat. Sin embargo, la entidad ha iniciado el respectivo proceso de incumplimiento, durante el cual se han impuesto obligaciones al contratista como las de cubrir los sobrecostos que han generado los retrasos.