La Procuraduría General de la Nación, adelantará vigilancia preventiva y de intervención administrativa o judicial, para asegurar que el acuerdo al que llegaron TransMilenio y siete concesionarios del SITP respete el derecho fundamental de los ciudadanos a la movilidad, el buen manejo de los recursos y la calidad del servicio público del transporte.	Tras la instalación de una mesa de trabajo, que sesionó por más de 6 meses, sumado a la aprobación en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de un artículo que autoriza la modificación de los contratos, la Procuraduría dio por cerrada esta etapa y anunció el inicio de la vigilancia preventiva a los acuerdos que se plasmen en el otrosí que firmen las partes para mejorar la calidad del servicio; derivadas, en su mayoría, de la revisión de tarifas por kilómetro recorrido y vehículo para toda la flota, reemplazo del factor de calidad por un factor de evaluación integral, y en la ampliación de la vida útil de los vehículos, que actualmente es de 12 años.	El ente de control en comunicación dirigida a la gerente de TransMilenio, María Consuelo Araujo, planteó 22 interrogantes que los firmantes de un eventual otrosí deberán ponderar para garantizar la calidad del servicio, la eliminación de prácticas ya proscritas como la guerra del centavo y si existe un mapa de riesgo derivado de su aplicación, ente otras inquietudes.	El Ministerio Público aclaró que estas observaciones se hacen sobre el proyecto de otrosí presentado el 10 de abril de 2019 y no frente a los documentos en que se fundamenta y que lo llegaren a justificar. “Las respuestas a las observaciones y las preguntas formuladas deben ser atendidas por TMSA si lo estima pertinente, así como tomar medidas o realizar ajustes, siempre de común acuerdo y con la debida concertación de los concesionarios”.