ras siete años de caos en la Alcaldía, entre destituciones e interinos, el período 2020 – 2023 podría significar el regreso a la estabilidad administrativa para Cartagena. Se acabarían los períodos cortos, volvería a haber una sola visión de ciudad durante cuatro años y el alcalde tendría plena facultad, además del tiempo suficiente para terminar los asuntos pendientes de los gobiernos anteriores.	El POT de Cartagena está vigente desde el 2001. En ese documento están delimitados todos los predios de la ciudad junto con sus usos. Permite diagnosticar con más facilidad el grado de desarrollo urbanístico de un territorio e identificar cuáles son necesidades y posibilidades; en otras palabras, sirve para decir cómo y hacia dónde debe crecer la ciudad.	Este documento se actualiza cada tres periodos y debía ser modificado durante la administración de Manuel Vicente Duque, quien contrató con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) los estudios previos que se requerían. Sin embargo, el exalcalde fue removido del cargo por investigaciones por corrupción y el POT quedó abandonado. La falta de una versión al día de este documento se ha prestado para toda clase de irregularidades, principalmente construcciones ilegales como Portales de Blas de Lezo II, y también ha provocado que sea imposible actualizar otros planes importantes para Cartagena.	Los productos que Fonade entregó fueron deficientes y un escándalo de corrupción acabó con el ente. La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (Enterritorio) lo reemplazó y es con ella que el Distrito deberá liquidar el convenio. “Ya enviamos el acta de liquidación total bilateral y estamos esperando que Enterritorio lo firme para acabar con el contrato”, explica el alcalde Pedrito Pereira.	El PGDR registra todas las amenazas ambientales y antropológicas que la ciudad posee, como inundaciones, problemas de suelo y fuentes de contaminación. A pesar de que la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo y Desastres se ha encargado de recopilar información con las Juntas de Acción Comunal (JAC) para una actualización futura del documento, no pueden publicar una versión definitiva hasta que el POT no sea actualizado.	El procurador general Fernando Carrillo Flórez exigió a los alcaldes dejar todo listo para que el PAE comience a funcionar desde el principio del año escolar 2020. El próximo alcalde de Cartagena deberá evitar que se vuelvan a cometer los errores de logística del pasado, que llevaron a que el programa se ejecutara de forma muy tardía en el 2018 y que la entrega de suministros se detuviera antes de tiempo durante el 2019. También es probable que deba reconsiderar la forma cómo se ha realizado la contratación, pues ha estado marcada por operaciones aparatosas y costosas, así como un escándalo de corrupción en el 2017 que acabó con la alcaldía de Manuel Vicente Duque.	Uno de los cuerpos de agua más importantes de Cartagena es también uno de los más contaminados. Los problemas del caño vienen desde los años 80, cuando su caudal fue desviado, y solo ha empeorado desde entonces: basuras, rellenos ilegales y sedimentación del lecho. Hasta ahora, se han destinado algunos recursos a campañas para limpiarlo, pero ninguna administración ha logrado resolver de raíz los problemas de este componente del ecosistema cartagenero.	Hay 12 centros de salud en Cartagena con obras paralizadas desde hace tres o cuatro años. Algunos de ellos todavía son terrenos baldíos. Dos consorcios, Compañía de Ingeniería Negocios y Servicios (Coinses) S.A. y Salud Heroica S.A., tienen que ser reactivados para terminar de construir esos puestos de atención.	La historia de dichos contratos tiene su origen en la alcaldía de Dionisio Vélez Trujillo (2013 – 2015), quien prometió construir e intervenir 39 hospitales, luego los redujo a 25 (la Fiscalía lo investiga por las irregularidades de ese proceso). Manuel Vicente Duque priorizó 12 y entregó seis. Pedrito Pereira Caballero se encuentra realizando los trámites para reanudar los contratos de los consorcios, pero uno de estos, Coinses S.A., tiene un futuro legal incierto.	De acuerdo con el alcalde Pedrito Pereira, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres adjudicará en diciembre el contrato para realizar este proyecto (encaminado a proteger a Cartagena de los efectos del cambio climático sobre el nivel del mar), cumpliendo con el cronograma establecido. En noviembre de este año deben estar listos todos los estudios y el siguiente alcalde será el encargado de velar porque todas las obras se ejecuten según lo programado.	El Concejo de Cartagena ya rechazó en dos ocasiones la aprobación de un préstamo bancario de $20 mil millones para chatarrizar los buses de Transcaribe que ya deben salir de circulación, pues consideraban que la propuesta presentaba irregularidades y era económicamente insostenible. La siguiente administración deberá resolver este asunto para garantizar el buen funcionamiento del servicio.	Han pasado ya 2 años desde que el proyecto Aquarela fue paralizado. Los copropietarios, los constructores, los abogados, los jueces y toda Cartagena siguen esperando qué es lo que se va hacer con el edificio, cómo se va a reparar a los compradores y qué tipo de sanciones podrían recaer sobre los investigados. Si bien el alcalde no participaría directamente en este proceso, tendría que prepararse para todos los embrollos legales que seguramente caerán sobre el Distrito cuando se dé un fallo.