"la Secretaría de Movilidad no definió la destinación de 535 controladores semafóricos, compatibles con nuevas tecnologías y avaluados en más de $13.912 millones, que corren el riesgo de quedar almacenados sin que se aproveche su vida útil y el paso del tiempo los deteriore hasta el punto de perder todo su valor".	La Procuraduría señaló, además, que la Secretaría de Movilidad inició el proceso de licitación y lo llevó hasta la adjudicación del contrato sin tener diseñado el sistema de comunicaciones para el SSI, contemplado como soporte fundamental para su funcionamiento, lo que demuestra que existía una clara posibilidad de que se iniciara su ejecución sin contar con ese apoyo tecnológico.	"Para nosotros lo que ha demostrado la investigación es que todo lo hicimos con la adecuada planeación, así que utilizaremos todos los recursos que la ley pone a nuestro alcance para que eso quede claro en la segunda instancia (…) Mientras tanto, seguiremos actuando con total diligencia, transparencia y con el ánimo de sacar adelante los grandes proyectos que pretenden mejorar la movilidad y la seguridad vial en nuestra ciudad"