Mugabe, que asumió el poder al final del gobierno de la minoría blanca en 1980, culpó de los problemas económicos de Zimbabue a las sanciones impuestas por Occidente y llegó a decir que quería gobernar de por vida. Pero el creciente descontento con el fracturado liderazgo de la nación sudafricana y otros problemas provocaron una intervención militar, un proceso de juicio político en el parlamento y multitudinarias protestas en la calle exigiendo su destitución.	El anuncio de su renuncia, el 21 de noviembre de 2017 luego de ignorar los crecientes pedidos para su marcha, provocó salvajes celebraciones en las calles de la capital, Harare. Bien entrada la noche, los autos tocaban sus bocinas y la gente bailaba y cantaba en un espectáculo de libertad de expresión que habría sido imposible durante sus años en el poder y que reflejaba la esperanza por un futuro mejor.	“Las cosas están peor ahora. La vida no era muy buena, pero nunca había sido tan mala. Esa gente que lo sacó del poder no tiene idea de nada”, manifestó Silas Marongo, sosteniendo un hacha en la mano y uniéndose a otros hombres y mujeres que cortaban leña en los suburbios de la capital para hacer frente a los graves cortes de electricidad que empeoraron la situación económica del país.	El 21 de febrero de 2018, Mugabe celebró su primer cumpleaños desde su salida del poder casi en solitario, lejos de las fastuosas celebraciones del pasado. Pese a que el gobierno que lo derrocó con ayuda del ejército había declarado su aniversario feriado nacional, Mnangagwa, que además de su sucesor había sido su mano derecha, no lo mencionó durante un discurso televisado ese día.	A pesar del declive de Zimbabue durante su mandato, Mugabe se mantuvo desafiante, criticando a Occidente por lo que calificó de actitud neocolonialista e instando a los africanos a hacerse con el control de sus recursos, un mensaje populista exitoso en muchas naciones del continente que compartían el modelo de hombre fuerte en el poder y avanzaron hacia una democracia.	Mugabe gozó de la aprobación de sus homólogos en África, que decidieron no juzgarlo como sí hicieron Gran Bretaña, Estados Unidos y otros detractores occidentales. Hacia el final de su mandato, fungió como presidente rotatorio de la Unión Africana, un organismo conformado por 54 países, y de la Comunidad de Desarrollo de África Austral, con 15. Sus críticas a la Corte Penal Internacional fueron bien recibidas por los líderes regionales, que también pensaban que estaba siendo utilizado de forma injusta para atacar a los africanos.