A pocos días del 27 de octubre, fecha decisoria para saber quiénes tomarán las riendas del Palacio de la Aduana, y de los municipios y el Departamento de Bolívar, es conveniente retomar las preocupaciones por el sistema de salud, cuando las Necesidades Básicas Insatisfechas de los cartageneros y bolivarenses son prácticamente las mismas, aun cuando se empeoran en corregimientos, veredas y caseríos, donde la pobreza es agobiante.	A manera de ejemplo, recordemos que en las encuestas de percepción ciudadana de ‘Cartagena Cómo Vamos’, realizadas en las tres localidades de la ciudad en el área urbana y rural, de todos los niveles socio económicos, se expresa la inmensa preocupación por los sectores de la Educación y la Salud. Escuelas, hospitales y puestos de salud desbastados por la corrupción o por la improvisación, donde no prestan servicios o lo hacen deficientemente. Sin duda alguna, esta terrible situación debería estar en el primer renglón de los próximos alcaldes y gobernador.	Si en Cartagena ya tenemos los insumos del Plan Maestro de Educación, que puede no ser perfecto y admitir mejoras en su concepción, pero que es preferible implementarlo a seguir tan mal como estamos, que es como parecen querer algunos por el solo prurito de que su origen es del liderazgo de fundaciones del sector privado, algo similar debe lograrse con el sistema de salud local y regional, con un plan de emergencia que aproveche los aprendizajes de las instituciones cooperativas y privadas que están haciendo las cosas bien en la prestación de los servicios de salud en el Departamento y el Distrito. Aprender de ellos, de cómo hacen para cumplirle a sus usuarios, es apenas una acción elemental.	Frente a indicadores que nos avergüenzan, es algo que no da espera. Por ejemplo, de las siete ciudades capitales principales del país, Cartagena es la segunda con mayor mortalidad matero-infantil. Además, de cada cinco embarazos, uno es de madres entre los diez y diecinueve años de edad. Y como si todo esto fuera poco, las muertes prevenibles en menores de cinco años por infecciones respiratorias agudas superan el promedio nacional.