El excontralor es procesado, con ocho personas más, por conformar una red de corrupción que operaba desde la Contraloría, frenando investigaciones fiscales a cambio de millonarias sumas de dinero. La Fiscalía asegura que contra el excontralor hay pruebas, como interceptaciones telefónicas, contratos, recibos de consignaciones y documentación sobre las auditorías presuntamente adulteradas. Por eso, el ente investigador le solicitó en una apelación al juez de segunda instancia que tenga en cuenta estas pruebas, que según dice la Fiscalía, no fueron analizadas por el juez de garantías.