La mayoría de los jueces sostuvo que un procesado que colabora con la justicia es como un “auxiliar de la acusación”, pues aporta pruebas contra otro que debe presentar por último sus alegatos, lo que no ocurrió en la mayoría de los casos de la Lava Jato, que llevó a prisión a decenas de empresarios y políticos.	La decisión tomó por sorpresa a los fiscales de la Lava Jato, un proceso que tuvo como juez principal al ahora ministro de Justicia, Sergio Moro, y ya había sido puesto en duda por mensajes en los que se sugiere que el magistrado dirigió la investigación, algo estrictamente prohibido por ley.	Esa acumulación de aparentes vicios procesales fue denunciada por la defensa de muchos presos, que ven en la acción la posibilidad de recuperar la libertad. “Es una decisión muy importante para corregir los abusos de la Lava Jato”, declaró Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), que tiene en la cárcel por esa operación al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.	Otros, no obstante, llegaron a afirmar que la corte ha puesto en peligro no solamente el combate a la corrupción, sino también a las instituciones democráticas. El jurista Modesto Carvalhosa afirmó que el “objetivo” del Supremo es “anular las condenaciones” y convertir a Brasil en “una dictadura de corruptos, criminales y delincuentes”.