El alto tribunal, en su sentencia C-742 de 2012, consideró que la protesta social tiene como función democrática llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre una problemática determinada y sobre los aprietos de ciertos sectores, con una única condición, que sea pacífica, sin violencia ni graves alteraciones del orden público.	Razón suficiente para que los difusos promotores y los desorientados ciudadanos, que a pesar de todo decidan salir a protestar a las calles el jueves 21 de noviembre, lo hagan, en todo momento y lugar, de forma pacífica. No podría ser de otra manera, especialmente en un Estado Social de Derecho como el nuestro, que todos debemos defender a capa y espada.	Los ciudadanos de bien deben sopesar cuidadosamente las verdaderas intenciones de los organizadores del paro nacional y la toma de las ciudades para no caer, como idiotas útiles, en una soterrada motivación local e internacional, centrada en la exacerbación violenta de la polarización ciudadana en contra del establecimiento colombiano y el gobierno del presidente Iván Duque.	Preocupa la convocatoria a estas marchas ciudadanas en el marco de un paro nacional, precisamente vinculado con “la toma de las ciudades” –que la Real Academia define como “la conquista u ocupación por la fuerza”–, con un claro perfil antagonista, fundamentado en la combinación de complejas tendencias hacia la politización de la movilización social, la manipulación ciudadana con elementos ajenos a la verdad sobre la problemática subyacente, radicalización del análisis subjetivo y de agria, e incluso, injusta crítica de las acciones del Estado, independientemente de su verdadero impacto.