Reiteramos la urgencia que tiene el sector de que haya seguridad jurídica e informes impecables en los temas ambientales de los territorios, para que después no sea esa la excusa para suspender las licencias como actualmente ocurre en Manizales, así como en las cargas impositivas, pues cualquier sobrecosto termina afectando por igual tanto a los empresarios como a los futuros compradores.”