Tres años después de asumir el poder en 2006, Evo Morales llamó a una constituyente para reformar la Carta Magna y la reelección presidencial fue uno de los temas más debatidos. El nuevo texto entró en vigor en 2009 y dice que el presidente “puede ser reelecto por una sola vez de manera continua”.	Ignorando la opinión de los bolivianos, optó por desconocer el resultado argumentando que “ganó la mentira”. Su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), apeló al Tribunal Constitucional --dominado por jueces afines al gobierno-- y dijo que era un derecho humano ser reelegido al amparo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). Ese tribunal volvió a darle la razón.	Tras casi 14 años en el poder, Morales llegó debilitado a los comicios más cerrados de su carrera. La mayoría de las encuestas decían que ganaría en primera vuelta con un margen de entre 32% y 38% de los votos y que una segunda vuelta le sería adversa ante la posibilidad de que se uniera el voto opositor. Los analistas decían que a Morales le convenía ganar en primera vuelta y evitar el ballotage.	El 20 de octubre, día de los comicios, el país seguía expectante el conteo rápido y preliminar que daba a Morales un 45% de los votos frente el 38% de su principal rival, el expresidente Carlos Mesa, de la alianza de centro Comunidad Ciudadana (CC). Por entonces se tenía el 83% de las actas computadas y esos resultados proyectaban una segunda vuelta.	En paralelo, como un gesto que legitimaría la ventaja que ha defendido tener, Morales aceptó que la OEA haga una auditoria electoral que estaría concluida la próxima semana. A pesar de ello, las protestas no se calman. En paralelo, el mandatario convocó a sus bases a defender su voto y acusó a los opositores de tramar un golpe para derrocarlo.	Morales tiene en su haber el mandato más largo de la historia de su país, pero ahora tiene un frente complicado: la oposición política y la confrontación civil liderada por Luis Fernando Camacho, presidente del poderoso Comité Cívico de Santa Cruz, bastión opositor quien ha pedido la renuncia del mandatario y una comunidad internacional vigilante.	La sospecha de otra burla del voto encendió la protesta a pesar de su buena gestión económica de Morales. No obstante, también debilitaron al mandatario los escándalos de corrupción y acusaciones de abuso de poder que según los opositores se traduce en un control de los otros poderes: la justicia, el tribunal electoral y hasta los sindicatos más influyentes.