“Si está ley pierde vigencia por expiración de 10 años, el país enfrentaría retroceso en los derechos de las víctimas. 8 millones en total, además desaparecería la Unidad y Registro de Víctimas y esta institución está hecha para garantizar los derechos las víctimas”, argumentó en su momento Cristo ante el magistrado José Fernando Reyes Cuartas.