“Es inaceptable que la Alcaldía de Medellín, los municipios del área metropolitana y la Gobernación de Antioquia, ante este desastre humanitario, consideren no acatar las decisiones bajo el argumento que el juez de tutela no puede ordenar obras públicas, como si la ley de presupuesto fuera un obstáculo para impedir la vergüenza institucional que traduce la situación”, aseguró el fallo.	La Sala Penal de la Corte ordenó la instalación inmediata de una mesa de trabajo para buscar soluciones a la crisis humanitaria que padecen las personas recluidas en centros de paso y estaciones de policía del área metropolitana del Valle de Aburra e insistió en la construcción de una nueva cárcel.