o pasaron ni 12 horas desde que los ciudadanos se manifestaron en contra de la Alianza Público Privada (APP) Corredor Portuario, cuyo contrato fue adjudicado el pasado 17 de diciembre e incluye la construcción de la Quinta Avenida de Manga y la instalación de dos nuevos peajes en la ciudad, cuando se conoció una misiva del Juzgado Octavo Civil Municipal de Cartagena, en la que notifica que admite una tutela que busca suspender el trámite que da vía libre a este macroproyecto.	Es de resaltar que en esta solicitud el juez ordena al alcalde Pereira suspender el trámite, autorización y/o suscripción de la Alianza Público Privada como medida provisional hasta tanto tome una decisión de lo pedido. Además, le da un plazo de tres días para que rinda un informe acerca de los hechos contenidos en la acción de tutela y en los que se destaca el estudio que sustente la necesidad de estructurar la APP, y la copia y constancia de las publicaciones del proyecto.	Sobre esto, Pereira Caballero manifestó que defenderá legalmente su proceder, y destacó que esta no es la primera vez que admiten una tutela en contra del proyecto. “Se ejercerá el derecho de la defensa que me corresponde como representante del Distrito en lo que nos competa. Ya esta misma respuesta se ha hecho en distintas acciones que fueron presentadas por esta misma situación, las cuales resultaron improcedentes, ejerceremos la defensa dentro de la constitución y la ley, y entre tanto se debe cumplir la medida provisional de suspensión”, sostuvo.	Además, aseguró que es respetuoso de las decisiones judiciales y que mientras no existía decisión alguna, hizo lo que correspondía en nombre de la constitución y la ley, protegiendo los intereses del Distrito para que no se diera detrimento alguno. “Estoy convencido de los beneficios que trae el proyecto en materia de empleo y desarrollo para la ciudad, y somos respetuosos de estas decisiones. La acataremos una vez se nos sea notificada y todo el proceso quedará sometido a la decisión final que tome el juez de tutela”, dijo.	“En uno de estos se va a reconstruir el antiguo peaje Vikingos, ya que la acción judicial lo que obligaba era a construir un retorno para tener un mayor control y que el acceso de tráfico pesado no pase por las vías barriales, y el otro es el de la Zona Franca La Candelaria, que es un peaje en inmediaciones de la Variante- Mamonal Gambote, que es en el perímetro de la ciudad, que es un peaje de control para habilitar esa vía que va a conectar con las vías nacionales”, indicó.	Según Fidián García, uno de los demandantes, con la firma de la adjudicación del contrato de la APP se han violado varios derechos. “Hay un hecho fundamental y es que no se ha cumplido con el debido proceso con la socialización con las comunidades afectadas como Manga, Pie de La Popa, Barrio Chino y Martínez Martelo. El alcalde insiste en que sí hubo socialización pero eso es mentira, además que hay un hermetismo en todo este proceso”, dijo.