Pese a que la voluntad del Gobierno es clara, la Corte Constitucional ya había hablado del tema y se espera un fallo interpretativo________________ Uno de los temas en los que se ha enfocado el Gobierno es en el problema de los cultivos ilícitos.En reiteradas ocasiones el presidente Iván Duque ha puntualizado en que la siembra y producción se han convertido en el combustible nefasto que ha alimentado el conflicto en Colombia, sin contar con la presión internacional que ha ejercido, en distintos momentos, el gobierno de Estados Unidos.Ayer, desde Londres,	, pues “hay lugares del territorio que son de difícil acceso y donde muchos de los erradicadores están expuestos a minas antipersona o a francotiradores. Para enfrentar el problema de los cultivos ilícitos en el país es necesario combinar desde los programas que son de desarrollo alternativo, de sustitución, los programas voluntarios que también han venido cumpliendo, los programas de erradicación manual”.Y añadió que también “debemos contemplar la utilización de técnicas de aspersión con precisión con todos los mecanismos y mitigantes para no producir efectos dañinos de las personas”.“Creemos que este tipo de herramientas se necesitan y como nosotros lo hemos planteado, este no es un debate sobre un herbicida, ese es un debate sobre tener todas las capacidades para enfrentar con contundencia el narcotráfico, que es el combustible de los grupos armados ilegales en nuestro país”	el ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que será en la próxima reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes donde se definirá el futuro de la aspersión aérea.“Es difícil ponerle un tiempo. Yo creo que en el mes de julio eso debe quedar resuelto”, dijo Botero refiriéndose al tema de los protocolos. En julio se da la autorización. Una vez dada, hay que tramitar alguna licencia ambiental. Nosotros estimamos entre 12 y 16 semanas para arrancar en firme la aspersión aérea, hay unos protocolos para cumplir”, dijo el jefe de la cartera.En 2017 la Corte Constitucional falló una tutela a favor de la comunidad de Nóvita en el Chocó.	a regulación debe ser diseñada y reglamentada por un órgano distinto a las entidades encargadas de ejecutar los programas de erradicación de cultivos ilícitos, e independiente de esas mismas entidades”.Además, la regulación deberá tener en cuenta la evaluación del riesgo de salud y otros riesgos como aquel que afecta al medio ambiente “en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado. Este proceso de evaluación deberá realizarse de manera continuada”.La tercera exigencia del alto Tribunal es que el proceso que se inicie para tomar esa decisión deberá ser revisado si se alerta de nuevos riesgos “la legislación o reglamentación pertinente deberá indicar las entidades con la capacidad de expedir dichas alertas, pero como mínimo deberá incluirse a las entidades nacionales y del orden territorial del sector salud, las autoridades ambientales y las entidades que conforman el Ministerio Público”.La Corte también pidió que la investigación científica sobre el riesgo planteado por la actividad de erradicación, que se tenga en cuenta para tomar decisiones, deberá contar con condiciones de rigor, calidad e imparcialidad,La quinta condición fue que los “procedimientos de queja deben ser comprehensivos, independientes, imparciales y vinculados con la evaluación del riesgo”.Y por último la Corte pidió que, la decisión que se tome deberá fundarse “en evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente”. Todos estos aspectos deberán cumplirse en el Consejo Nacional de Estupefacientes antes de iniciar la Aspersión. Cumpliendo los protocolosEl mismo Duque sostuvo que antes de iniciar con la fumigación se está haciendo lo posible por avanzar en el cumplimiento de esos protocolos definidos por el tribunal.“El Gobierno nacional ha venido progresando en todas las líneas de precaución, en todas las líneas de análisis, en todos los exámenes técnicos, en todos los exámenes científicos, de manera que podamos lograr tener todas las herramientas a disposición”, dijo.Lea también:	Plan piloto en Nariño para sustituir cultivos ilícitos por caféLa Corte en este momento le hace seguimiento al fallo. En marzo hizo una audiencia pública en la que se buscaba determinar si el glifosato era perjudicial y en qué medida para la salud del ser humano. El encargado del estudio es el magistrado Alberto Rojas Ríos. En su momento,	la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU en su informe anual sostuvo que los cultivos de coca en Colombia tuvieron un incremento constantemente desde 2013, cuando existían 48.000 hectáreas registradas hasta llegar a las 171.000 en 2017.La Oficina de las Naciones Unidas para las Droga y el Delito (Unocd) sostuvo que desde mayo de 2017, cuando se puso en marcha el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, hasta abril los campesinos habían erradicado de manera voluntaria 35.317 hectáreas sembradas con matas de coca. Entre febrero y abril pasados erradicaron 606 hectáreas. Para el primer año de ese programa, la meta del anterior gobierno era erradicar 50.000 hectáreas, pero no se cumplió. En febrero, el gobierno de Iván Duque anunció que su meta de erradicación de cultivos ilícitos para 2019 son 100.000 hectáreas: 80.000 en forma forzada y 20.000 de manera concertada.Pese a los esfuerzos del Gobierno, el presidente de Estados Unidos, Donald, Trump criticó, a principios de año, a Duque asegurando que era “un gran tipo”, que se había comprometido a detener las drogas, pero “hay más drogas saliendo de Colombia ahora mismo que antes de que fuera presidente”.Pese a la declaración, más adelante, el secretario de Estado, Mike Pompeo, sostuvo que "el presidente Duque está haciendo un esfuerzo sincero para reducir los cultivos de coca en el país. Aunque el resultado todavía no está donde quisiéramos, se ha destruido un 60% más de coca en estos cuatro meses del año que lo que se había logrado destruir el año pasado en este mismo período".