El documento que revela la decisión del órgano de control cuestiona “una posible transgresión de los investigados a los principios de economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal y de eficacia de la función administrativa, ante las deficiencias presentadas en la implementación y ejecución del proyecto que pretendía el mejoramiento de la vía	La Procuraduría asegura que ese proyecto registra un presunto “presupuesto desfasado” y faltas técnicas que no permitieron su ejecución como estaba proyectado porque fue soportado “en estudios y diseños desactualizados, elaborados en 2008 y 2009 para ser ejecutados a partir del año 2013, sin tener en consideración la ola invernal de 2010 y 2011 que cambió las condiciones físicas de la carretera” y con un presunto “presupuesto desfasado”.	Además, el Ministerio Púbico reprocha a la mandataria y a su antecesor por la presunta “falta de oportunidad y eficacia para regularizar la ejecución del Contrato 617 de 2013, previsto inicialmente a 35 meses; atender la advertencia sobre las acciones para hacer frente a posibles incumplimientos del contratista, y la falta de observancia de los planes de mejora presentados ante el	A juicio de la Procuraduría, el exgobernador Luis Miguel Cotes debe ser imputado porque no se cumplieron los fines del proyecto, contratado en su administración, por las presuntas deficiencias en la planeación contractual, además, la actual mandataria Rosa Cotes estaría siendo acusada en su condición de ejecutora del proyecto y garante de la correcta vigilancia y ejecución del contrato, sobre el que presuntamente no emprendió las acciones necesarias para que la ejecución de la obra tuviera resultados reales y efectivos.