La democracia en nuestros países de América se encuentra en vilo, su significado se ha ido desdibujando, se ha convertido en un espejismo detrás del cual se esconden intereses que van en contra de cualquier principio democrático. Así entonces, asistimos con pasmo a un ejercicio que se queda en la simulación.Como ustedes saben, la idea de democracia emerge asociada al ideal de participación, de ciudadanía, de trabajar en pos de alcanzar objetivos comunes, siempre en beneficio de la comunidad. Sin embargo, ese ideal se ha ido tergiversando y su significado, se ha ido vaciando, se ha manipulado hasta convertirse en un ambivalente y peligroso lugar común.	Publicidad. Cuando me refiero a la violencia estructural, estoy hablando de aquella forma sistemática de afectar las condiciones de bienestar de una comunidad al negarles u obstaculizarles acceso a condiciones básicas de salubridad, educación, libertad, alimentación. Este tipo de situación, privilegia a un sector de la sociedad, mientras que vulnera a otro. Esta dinámica se caracteriza por generar diferencias en términos de raza, clase y género con lo que crea tensiones internas, fuerzas en constante ebullición. Este tipo de violencia, es invisible para la mayoría, porque se ha constituido en la norma, en algo natural, parte de la forma de ser de un país y por eso mismo se hace imprescindible visibilizarla, para comprender los fenómenos de violencia directa que tienen como fin impedir los movimientos populares de defensa y los intentos de organización independiente de las clases dominadas. En esa medida, es posible indicar que este tipo de violencia directa, es de naturaleza represiva (gubernamental o paraoficial). En el caso de Colombia y de otras naciones, estas dos manifestaciones de violencia, han derivado en una respuesta de naturaleza reivindicativa por parte de comunidades históricamente marginadas y victimizadas. De esa anulación política, social y económica producida por la violencia estructural y reforzada por la violencia represiva emergen los movimientos guerrilleros. Si bien, el objetivo de los mismos fue generar presión, por medio de las armas, es decir de la violencia, para revindicar sus derechos fundamentales frente al Estado, éste uso, no la conciliación o el dialogo sino la violencia represiva como estrategia para preservar una idea de orden conservador. Esta postura es coherente con el poder. De acuerdo con Carlos Pereyra (1974), “El punto de vista dominante tiende a minimizar los fenómenos de violencia generados por el propio poder. La idea de “orden” aparece como una máscara para ocultar la imperiosa necesidad que tienen los sectores hegemónicos y gobernantes de recurrir a la violencia para mantenerse como tales”. Sobre esto, el mismo Pereyra sostuvo:	“Se llega al extremo de considerar que se vive una situación de “estabilidad política” y un “estado de paz social” cuando la violencia es ejercida solo desde arriba, a pesar de que se suceden con mayor o menor intensidad los asesinatos, las torturas y la persecución policiaca. De manera congruente con lo anterior, el punto de vista dominante otorga un gran despliegue publicitario a cualquier acto terrorista y todo sucede como si la vida social transcurriera en cabal armonía…” (p.27)	Lo anterior, es palpable en Colombia donde las cifras de violencia estructural y represiva continúan siendo significativos. A continuación, dos ejemplos actuales de cada una de ellas, obtenidos de la Defensoría del Pueblo. Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 28 de febrero de 2019 han caído asesinadas y asesinados 462 liderezas y líderes de derechos humanos y sociales. Las muertes sistemáticas de los líderes y liderezas sociales y de derechos humanos tienen su origen en uno de los aspectos determinantes del acuerdo de paz, que se refiere al tema de la tenencia de la tierra en Colombia. Con el fin de trabajar en función de este aspecto, en 2015 el gobierno Santos firma el Decreto 2363	, en un esfuerzo del Gobierno nacional para consolidar la nueva institucionalidad que responderá a los retos del posconflicto en lo concerniente al desarrollo del campo y la implementación de los acuerdos suscritos en el marco del proceso de paz”. A partir de ese momento, los campesinos, víctimas de la violencia represiva de diversos actores, comienzan a ser exterminados por iniciar procesos de reclamación de tierras. Con el cambio de gobierno, los actos violentos contra los reclamantes incrementaron de forma notable. A pesar de ello, el cubrimiento por parte de los medios de comunicación con mayor visibilidad no incluye ninguno de estos dos hechos dentro de su agenda. Con esto introduzco el segundo aspecto que me propuse analizar sobre los factores que afectan nuestras democracias, la manipulación mediática. De acuerdo con Osorio Matorel (2018) “Los medios de comunicación son productores y difu­sores de información sobre los actores y los fenómenos sociales que han sido permeados por relaciones de poder dentro de una sociedad”. Pero qué sucede cuando estos medios dependen o son adquiridos por grandes conglomerados económicos, ya sean estos nacionales o internaciones, que tienen el suficiente poder político para incidir en el ejercicio democrático. Resulta evidente que pierden autonomía, pierden independencia, porque finalmente el dinero impone un enfoque ideológico que incide sobre los temas que se abordan y en la forma cómo se plantea ese abordaje. Y es precisamente eso lo que sucede en el caso antes indicado, que al ser hechos que afecta a un sector históricamente marginado, campesinos e indígenas, el enfoque no es equitativo. Sobre esto, se pronunció Mario Morales, director del Observatorio de Medios de la Universidad Javeriana, “el asesinato de líderes sociales no forma parte de la agenda mediática. Esa es la principal falla. No hay una investigación propia, ni seguimiento. No se ve más allá del registro”.  Por otra parte, las zonas donde el fenómeno tiene mayor impacto, no son de fácil acceso, por lo cual, en la mayoría de los casos, la noticia se difunde sin datos precisos, sin rostros o testimonios reales, sin tras escena, lo que hace que sean noticias distantes, lo que no genera empatía. A esto se refiere Gloria Castrillón, directora del proyecto Colombia 2020 de El Espectador “Los medios fallan en quedarse en el conteo de muertos sin analizar las causas, móviles, consecuencias. Hay pocas historias, solo números y registros”. Esta forma de presentar estos hechos, que son producto de la violencia estructural, no es gratuita, tiene una intención y es la de generar la impresión, por una parte, de que no es realmente importante, que son hechos aislados y de otra, que, al no estar en el centro de las noticias, realmente no existe el hecho, es invisible o más fácil de manipular de acuerdo a la conveniencia de un conjunto de intereses.	Es innegable que los medios a nivel nacional tienen un impacto en la manera como los hechos son presentados y por consiguiente como la realidad es percibida por la ciudadanía, esto tiene siempre un objeto, que puede ser útil para implantar en la sociedad una manera de ver y de experimentar la realidad. Si los medios están viciados por intereses económicos y políticos, sirven como herramienta ideológica para crear una narrativa que ayude a consolidar un proyecto económico y político. Esto ha sido palpable en los últimos procesos democráticos en Colombia. En el caso del referendo impulsado por la Casa de Nariño anterior, para refrendar el acuerdo de paz, los opositores al mismo, se valieron de toda suerte de estrategias de medios para implantar en la ciudadanía una variada cosecha de mentiras y temores que lograron su finalidad, el triunfo del NO a la paz, lo que condujo a una crisis que puso en vilo la continuidad del proceso. La estrategia, volvió a ser usada en la última elección presidencial y una vez más resultó eficaz, triunfo el miedo y los enfoques políticos y económicos tradicionales que se alinean con los intereses capitalistas representados por el FMI, el Banco Mundial, las multinacionales, las transnacionales y un largo etcétera.	Lo cual me lleva al tercer punto de mi análisis, la influencia de las grandes corporaciones en los procesos democráticos. Colombia ha suscrito cerca de 16 tratados de libre comercio en los últimos 8 años, no todos beneficiosos para el país. Tratados que comenzaron a surgir en el gobierno neoliberal de César Gaviria y que han minado el crecimiento y la competitividad de las industrias y empresas colombianas, muchas de ellas terminaron quebrando al no poder competir con productos extranjeros. Así mismo, no es un secreto que la totalidad de los gobiernos de Colombia han permitido la explotación de recursos naturales del país en detrimento del campo colombiano y del medio ambiente. Aunque la narrativa desde el Estado y desde los medios adscritos a los intereses económicos y políticos antes descritos avalan y alaban la presencia trasnacional, lo cierto es que el interés en que el país sea parte del aparato global, solo es beneficioso para un puñado de intereses particulares que se benefician económicamente de este tipo de acuerdos. Para Pedro Ramiro y Erika González, investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) Paz con Dignidad. “En el último siglo y medio, mientras ha ido avanzando el capitalismo global y los Estados-nación han venido cediendo parte de su soberanía en cuanto a las decisiones socioeconómicas, las empresas transnacionales han logrado ir consolidando y ampliando su creciente dominio sobre la vida en el planeta. Especialmente, en las tres últimas décadas, ya que el avance de los procesos de globalización económica y la expansión de las políticas neoliberales han servido para construir un entramado político, económico, jurídico y cultural, a escala global, del que las grandes corporaciones han resultado ser las principales beneficiarias”. Un ejemplo concreto de la incidencia negativa de las multinacionales en los procesos, no solo democráticos, sino sociales y culturales de nuestras naciones es Odebrecht, cuyos tentáculos, bien se sabe, han permeado los gobiernos de varios de nuestros países. A la par, la mayoría de estas compañías, en especial las que se dedican a controlar sectores estratégicos de la economía como la energía, finanzas, telecomunicaciones, salud, agricultura, el agua, etcétera incluyen en los contratos con los Estados, clausulas legales que los obligan a pagar multimillonarias sanciones económicas, por incumplimiento, lo que, en el caso de nuestros países, implicaría la quiebra económica, con las consecuencias evidentes.	Así entonces, es posible que un país elija democráticamente, sin estas presiones a un gobierno progresista, para que implemente procesos económicos diferentes o transformaciones políticas de fondo. La respuesta la encontramos en Venezuela o Cuba, países que se atrevieron a desafiar el pensamiento neoliberal, a cambiar el modelo económico y sobre quienes se ha desatado una inclemente guerra comercial, mediática y económica que ha sumido a los ciudadanos de estos países en la desesperanza, la miseria y la inquietud.	No comprender eso, creer que propiciar la invasión de inversión extranjera, sin garantías, sin regulaciones, sin proteger los recursos naturales vitales como el agua o la calidad del aire, con la ilusión de ser parte del primer mundo, demuestra mezquindad por parte de los nuevos gobiernos ultra conservadores quienes con tal de ganar beneficios para sí mismos están comprometiendo el futuro y la viabilidad de nuestros países.