El trato con Metrocali era que el sistema de transporte integrado iba a ser exclusivo, que no se iba a competir con nadie porque los microempresarios se volverían socios de los operadores y los buses viejos se iban a chatarrizar. Además, se había dicho que más o menos en el 2012 la infraestructura, que estaba compuesta por unos 70 kilómetros de troncales, estaciones, patios y demás, estaría lista.	Lo que pasó es que le pidieron a los operadores que arrancaran en el 2009 aunque el avance en infraestructura era del 20% o 30%. Entonces se empezó a trabajar en una parte de la ciudad y todavía conviviendo con los buses antiguos. De hecho, se empezó a operar con el 50% de los buses planeados, aunque estaban comprados.	Al empezar no hubo la cantidad de pasajeros esperados y no se cubrían los costos. A los concesionarios se les dijo que se les iba a pagar un valor por kilómetro recorrido, y que eso saldría de la tarifa, pero que cada año se iba a recalcular en función de los costos y de la cantidad de usuarios.	En ese momento, los operadores ya no tenían con qué pagar los préstamos a los bancos con los que habían comprado los buses y GIT Masivo, que es el operador con mayor participación, del 33%, al que le había adjudicado 300 buses y llegó a operar 280, empezó a bajar la cantidad, porque cuando un bus se dañaba no tenía con qué repararlo.	Para las autoridades no era claro el cálculo de la formula de la tarifa a pesar de que el contrato lo dice, que debe ajustarse cada año y contempla la posibilidad de que se requiera subsidio, por la diferencia de lo que se le cobra al usuario y lo que cuesta la operación.	En teoría, el tiquete bastaba para cubrir los costos siempre y cuando hubiera el número de pasajeros, pero como eso no pasó, había que recalcular la tarifa, y aplicando la fórmula del contrato la tarifa era muy cara, por lo que la alcaldía debía tomar la decisión de subsidiar esa diferencia, o cobrarle al pasajero. Además, de garantizar las condiciones para que el número de pasajeros aumentara y el déficit se redujera.	Durante el 2015 solo sacaron a una de las empresas pequeñas de las 15 que quedaban, hoy siguen operando diez con unos 700 buses después de diez años. Además, en ese año la infraestructura se empezó a construir, pero se retrasaron. Entonces, por esos incumplimientos, tres de cuatro operadores decidieron demandar. En enero de 2016 entregaron el estudio de la tarifa y se concluyó lo mismo, que la diferencia se le debía cobrar al usuario o se tenía que subsidiar.	En enero de 2019 se llegó a un acuerdo para que nos empezaran a pagar la tarifa licitada y la compensación se decidirá si se confirma el laudo arbitral. Pero como ahora están pagando la tarifa de forma correcta, las condiciones han mejorado y por eso hemos podido mejorar el servicio.	Producto del primer fallo del laudo, con otro operador se acordó la entrada de 100 buses, que sería este año, y con otro operador acordaron 50 buses. Entonces el sistema va a tener 150 buses adicionales este año, más la recuperación de unos 100 o 150 que los operadores actuales teníamos en mal estado producto de la crisis.