La Cancillería colombiana informó que abrió investigación interna para determinar por qué la defensa de Colombia no fue presentada a tiempo ante el Grupo de Trabajo de detenciones arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el caso del abogado Alexandre Vernot, involucrado en el caso de Carlos Mattos y la multinacional Hyundai. El organismo internacional pidió al Estado colombiano su libertad.	De acuerdo a la Cancillería, el Estado colombiano presentó los argumentos que explican los fundamentos de la detención, pero estos no fueron examinados por el Grupo de Trabajo, debido a que no se cumplió el plazo dentro del cual debían presentarse y por esta razón se busca determinar responsabilidades individuales a que haya lugar por la omisión en el cumplimiento de dicho plazo y tomar las medidas disciplinarias correspondientes.	El Ministerio de Relaciones Exteriores asegura que el 5 de septiembre de 2019 el Gobierno Nacional recibió la comunicación del dictamen de la ONU en el que se señala que la detención de Vernot fue arbitraria y que la Fiscalía General de la Nación no fue objetiva en la investigación. También solicita indagar por las causas que habrían llevado a que se le violaran sus derechos.	Ante esto, el argumento de la Cancillería es que la detención del señor Vernot fue ordenada por autoridades judiciales competentes con el pleno cumplimiento de la normatividad vigente en Colombia. Agrega que la solicitud inicial de la Fiscalía fue avalada por un Juez y con posterioridad un agente del Ministerio Público aseguró que el señor Alexandre Vernot tenía plenitud de los derechos y garantías que el ordenamiento jurídico reconoce a un ciudadano vinculado a una investigación de carácter penal y por tanto no ha existido vulneración alguna al debido proceso.	Alex Vernot presentó ante la ONU una denuncia sobre su detención, calificándola de arbitraria y exhortó al organismo internacional para que actúe ante el Estado colombiano frente a este hecho. En su momento, el recurso fue interpuesto por Ignacio Álvarez, exRelator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien representa a Vernot.	Vernot, recluido en La Picota por orden de la juez 49 de garantías, es señalado por el ente acusador de haberle ofrecido dos millones de dólares al abogado Luis Durán a cambio de que modificara su testimonio en contra de Mattos. Por este presunto hecho se le imputó el delito de soborno en actuación procesal.	Sin embargo, para Vernot todo obedece a un montaje y la prueba que presentaron ante el estrado fue fabricada debido a que “se analizó si ese ataque cibernético fue el que permitió que el caso llegara al juzgado sexto y seis dictámenes del CTI dijeron que no fue así (...) Buscamos a los investigadores y nos enteramos que les pidieron desde el nivel central (de la Fiscalía), que cambiaran esos dictámenes y no lo quisieron hacer por lo que los sacaron de la Fiscalía”.