En el año 2008 decenas de jóvenes de Soacha, Cundinamarca, fueron reportados como desaparecidos por sus familias. Para infortunio de sus madres, el Ejército colombiano los registró como caídos en combate en Cimitarra, Santander, y Ocaña, Norte de Santander. Ese es el caso, quizás, más emblemático de lo que en una época aciaga de la historia de Colombia se llamaron “Los falsos positivos”.	Aunque a las Fuerzas Militares no les gusta esa denominación, se trató del asesinato de miles de civiles que nada tenían que ver con la guerra irregular que vivía el país. A la luz del Derecho Internacional Humanitario, a estos casos se les conoce como ejecuciones extrajudiciales; y en el Derecho Penal Colombiano como homicidios en persona protegida.	Hace pocos días, el influyente diario norteamericano The New York Times publicó un artículo escrito por el periodista Nicholas Casey titulado “Las órdenes de letalidad del Ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales”; que prendió las alarmas sobre el regreso de esa práctica perversa que dejó muy mal parado al expresidente Álvaro Uribe Vélez.	El resumen de la publicación está en el primer párrafo: “El comandante del Ejército de Colombia, frustrado por los vacilantes esfuerzos de la Nación para preservar la paz, les ha ordenado a sus tropas que dupliquen la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla; y posiblemente acepte un aumento de las bajas civiles en el proceso, según consta en órdenes escritas y entrevistas con altos oficiales”. Agrega, además, que todo fue acordado en una reunión de altos militares en enero pasado.