Y es que árbitros del tribunal de arbitraje del Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), institución adscrita al Banco Mundial con sede en Washington, estuvieron recientemente en la capital estadounidense escuchando los argumentos de Colombia ante la demanda de Naturgy –antes Gas Natural Fenosa– por la intervención del Gobierno a Electricaribe.	La apreciación del Gobierno es que los alegatos de Colombia fueron férreos y convincentes, al exponer claramente todas las razones y pruebas por las cuales se hizo la necesaria y legal intervención en 2017, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sobre la empresa prestadora del servicio de energía, según lo indicado por Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), que representa al país en este trascendental proceso.	La Andje sustentó que Electricaribe se encontraba en un estado financiero crítico que le impedía brindar un buen servicio de energía a los siete departamentos de la Costa Caribe, y por lo tanto fue imperioso hacer la intervención administrativa y jurídica en procura de garantizar el suministro eléctrico a la región, y por consiguiente frenar la crisis financiera que ya recalcitraba al sector eléctrico.	El director de la Andje, Camilo Gómez Alzate, manifestó que la contrademanda colombiana se funda en que el Estado ha tenido que canalizar muchos recursos a Electricaribe durante la intervención, para garantizar la prestación del servicio de energía los 2,7 millones de hogares usuarios de ese servicio en esta región, unos 10 millones de habitantes en la región.