El ente tendrá que establecer si el exsecretario pudo incurrir en una falta disciplinaria "al presuntamente pedirle al representante legal de la empresa Agroinsumos S.A.S, que entregara dos sumas de dinero, la primera de 25 millones de pesos, y la segunda de 15 millones de pesos, para evitar que se adelantara una actuación administrativa por el incumplimiento del contrato No. 2418 de 2017, que al parecer tuvo el suministro de productos adulterados", explica un comunicado.