El pasado martes se vivió un capítulo más este conflicto: los gobernadores Cristina Bautista y Rogelio Taquinás, y los comuneros Asdrúbal Cayapú, Eleodoro Finscué, James Wilfredo Soto, José Gerardo Soto, Dora Rut Mesa Peteche, José Norman Montaño ejercían una actividad de control al interior del Resguardo de Tacueyó, cuando fueron atacados por delincuentes que se movilizaban en dos camionetas.	“Había una alerta por la retención de dos compañeros, entonces la gobernadora y los guardias llegaron hasta La Luz, para verificar la situación y precisamente en ese momento se percataron que unos sujetos, en dos camionetas negras, transitaban por la zona, de ahí que intervinieran para verificar quiénes eran, pero estos no acataron la indicación de la guardia, lo que hicieron fue atacarlos con los fusiles que portaban”, narraron habitantes de la zona, quienes compartieron videos tras el ataque.	“Relativamente estamos solos frente esta nueva amenaza, no es cierto que nos opongamos a que la fuerza pública esté en nuestros territorios, acá hace presencia la Fuerza de Tarea Apolo, lo que cuestionamos es la falta de contundencia de las autoridades a la hora de combatir a estas organizaciones, que no tienen nada de connotación política, si no que son mercenarios de las economías ilícitas”, indica Joe Sauca, coordinador del área de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Norte del Cauca, Cric.	“Cómo es que salen esos cargamentos si están las autoridades en el área, ahí es que uno dice que el gobierno y su institución militar se han quedado cortos a la hora de controlar y el otro aspecto que explicaría lo que vivimos en los territorios es el incumplimiento de los acuerdos en el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito, esa tendencia a no cumplir lo pactado genera esta ola de violencia”, agrega Joe Sauca.	Y es que solo la Policía, este año, ha incautado alrededor de 30.500 kilogramos de marihuana en los diferentes controles que adelantan en las vías de acceso a la región. Cada dos días, integrantes de esta institución confiscan hasta tres cargamentos de este alucinógeno, muestra de la rentabilidad del negocio ilícito, el mismo que está alimentando esos planes de acabar con los nativos, quienes a su estilo, también combaten el narcotráfico.	Mientras se da ese panorama de guerra, hasta la fecha van 76 reportes de amenazas a integrantes y líderes del pueblo indígena, de los cuales 50 son mediante panfletos, 13 casos de mensajes de texto, dos llamadas telefónicas y seis amenazas directas o de manera personal, cuatro indirectas y una mediante grafitis.	“Que el señor presidente Iván Duque venga al territorio, que no solo esté en Santander de Quilichao, que asuma el reto de conversar con las comunidades indígenas, de trabajar como autoridad para detener este genocidio, que revise qué está pasando con su fuerza pública, porque con presencia de ella están funcionando las redes del narcotráfico, causando estas tragedias”, declara Aída Quilcué, mientras se adelantan las actividades para despedir a las nuevas víctimas de esta guerra.	“Acá el mensaje es claro, son estructuras delincuenciales al servicio del narcotráfico que quieren dominar territorio, atemorizar a los indígenas, pero demostramos que el Estado está en el norte del Cauca y que vamos a redoblar la presencia de la fuerza pública en la región”, fue la indicación del mandatario, al confirmar que 2.500 integrantes de la fuerza de Despliegue Rápido Fudra llegarán a municipios como Toribío.