Quito naufraga en confusión desde el pasado jueves 3 de octubre y el saldo empeora. Ese día transportistas y opositores marcharon con carteles que rezaban “No al paquetazo”, haciendo referencia a las medidas económicas que tomó de manera súbita el Gobierno de Lenín Moreno para cumplir con los requisitos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y así tener el desembolso del préstamo de 4.200 millones de dólares que pidió para evitar la ruina económica. Transportistas, sindicalistas, indígenas y más salieron a las calles.	A la capital se la tomaron de a paso y a todo pulmón. Las huellas de los manifestantes se trocaron en zancadas y en una semana el país se detuvo: no había llegado el paro nacional del miércoles y ya las universidades estaban sin clases, los edificios públicos sin abrir porque toda la zona administrativa quedó enfrascada en marchas y el Ejecutivo tuvo que mudarse a Guayaquil para administrar. Hasta fue aplazada una audiencia preparatoria de juicio contra el exmandatario Rafael Correa por procesiones que encerraron las Cortes.	¿El saldo? Hasta el cierre de esta edición seis fallecidos, más de un millar de detenidos, 850 heridos –algunos policías– militares, patrulleros y periodistas retenidos por los indígenas en medio de las barricadas y un diálogo inexistente anunciado por el mandatario: mientras el gobierno afirmaba que conversaba con grupos de la protesta, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) negaba esos acercamientos y sentenciaba que la movilización no pararía “hasta que el FMI salga del Ecuador”.	Ante la insistente negativa a la solución que plantea Moreno, que penas cesó al medio día de ayer, las marchas parecían acorralarlo y la respuesta de su Gobierno fue el uso de la fuerza. Hasta Amnistía Internacional pidió cesar la represión mientras la Conferencia Episcopal y Naciones Unidas se ofrecían como mediadores.	Las mismas varas de madera que sostienen hoy los aborígenes acompañaron a sus ascendientes en 1990 durante el Inti Raymi: el primer levantamiento nacional para reivindicar sus derechos. Ese año se creó la Conaie y desde aquel tiempo se convirtieron en actores políticos. Por eso Jaime Breilh, exrector de la U. Andina Simón Bolívar, explica que la protesta actual responde a un acumulado histórico de temas no resueltos y una deuda del poder con quienes producen el alimento.	Al expresidente Abdalá Bucaram una serie de protestas en febrero de 1997 le arrebataron el mandato. Ante la presión indígena, el Congreso lo destituyó por “incapacidad mental” en una moción que tuvo 44 votos a favor 34 en contra y 2 abstenciones. Era el día 6 y Bucaram, el hombre que conquistó la presidencia en su tercer intento, descendió de las escaleras del Palacio de Carondelet y aseguró desconocer la decisión del Parlamento. Reclamaba mantenerse en el Ejecutivo.	Como él, su vicepresidenta, Rosalía Arteaga, preparaba un decreto para proclamarse gobernante y en el Parlamento juramentaban al presidente del Congreso Fabián Alarcón como mandatario interino. Esa noche, del 6 al 7, el país tuvo tres jefes de Estado. Los ánimos de Rosalía los desinflaron los diputados dos días después al considerar que también tenía una “incapacidad” de ejercer, mientras Alarcón estuvo en el poder por seis meses, hasta agosto, cuando hubo elecciones y entregó el cargo a Jamil Mahuad, otro periodo inconcluso de la historia ecuatoriana.	Mahuad, de ascendencia libanesa, tuvo que enfrentar una crisis financiera por la que los bancos cerraron o se declararon en insolvencia. Entonces, para enero de 2000, los indígenas se tomaron las calles y las Fuerzas Armadas le retiraron el apoyo: salió derrocado por un levantamiento popular y ese periodo lo terminó Gustavo Noboa, vicepresidente. Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la U. el Rosario, quien investiga sobre ese país, afirma que en los 90 hubo políticas neoliberales agresivas que llevaron a movilizaciones contra el poder.	En los comicios de 2002 ganó Lucio Gutiérrez, un exmilitar que apoyó junto a Conaie la rebelión contra Mahuad. A Gutiérrez también lo cercaron las protestas por su decisión de disolver el Tribunal Supremo y declarar el estado de excepción. Su respuesta a la movilización social fue la represión hasta que en abril de 2003 tomó un helicóptero desde la Embajada de Brasil, huyó y el Parlamento declaró el abandono del cargo.	Él pasó de la cartera de Economía al Ejecutivo y se convirtió en el único expresidente elegido por votación popular que pudo terminar su mandato desde 1997. Incluso fue reelegido para otro quinquenio. Esa estabilidad se explica porque los precios del petróleo estuvieron a su favor, gobernó con el Parlamento de su lado e implementó políticas proteccionistas que subieron su popularidad, a tal punto que su vicepresidente, Lenín Moreno, consiguió sucederlo. Luego, la relación se fracturó.	Cuando Juan Albán, profesor de la Facultad de Derecho de la U. San Francisco de Quito, explica la historia de su país, lamenta que el Gobierno pueda caer como consecuencia del “mal manejo” de la crisis. “No es sano para una democracia tan frágil como la nuestra que cambiemos de presidente. El escenario es similar al de las tres caídas anteriores, especialmente la de Mahuad”.