En el panel participaron los secretarios de Seguridad de las tres principales ciudades de Colombia: Andrés Villamizar Pachón, de Cali; Jairo García Guerrero, de Bogotá; y Andrés Tobón Villada, de Medellín. Además, Catalina Gómez, jefa de pregrado de Economía de Eafit y Sebastián Chaskel, investigador y director de Peace and Recovery de Innovations for Poverty Action (IPA).	Aunque los fenómenos de la criminalidad son similares en las tres principales ciudades del país, cada una tiene sus particularidades y contextos sociales que inciden en los procesos de la criminalidad. De esta manera llegaron a la conclusión que se debe pensar que cada acción y política que se implemente debe tener impacto independiente en cada ciudad.	Jairo García Guerrero, secretario de Seguridad de Bogotá, comentó que “a pesar de la reducción de los homicidios, que es el primer objetivo de política pública de cualquier ciudad o país, en este momento la obsesión ciudadana es el hurto, porque no es un hurto casual. Hay que empezar a trabajar lo que implican estas cadenas criminales, organizadas y sistemáticas. Hoy la percepción de seguridad en Colombia es un tema de la agenda pública”.	Por su parte, Andrés Tobón, secretario de Seguridad de Medellín, explicó que en la ciudad “la  preocupación y la situación de seguridad gira en torno a la presencia de las estructuras criminales. En Medellín y su área metropolitana hay presencia del 43% del total de las estructuras tipo B del país, que es un tipo de delincuencia organizada. No se trata de grupos de delincuencia común, sino de aparatos organizados de poder que tienen diversificada su acción delictual en el territorio”.	“Estos grupos están organizados y ahí está concentrada la capacidad del daño que tienen en la ciudad. Las rentas que tienen siempre es el microtráfico, sobre todo las estructuras tipo C, y las tipo B tienen una renta doble, el microtráfico, que nutren las plazas de vicio y de consumo en localías, pero también en narcotráfico trasnacional, porque son las que tienen capacidad de articular las rutas de las droga que vienen del Cauca, del norte; con la posibilidad de sacarla por Venezuela y México para llegar a Estados Unidos y Europa”, explicó el Tobón.	La situación de Cali, según Andrés Villamizar Pachón, secretario de Seguridad y Justicia, tiene cosas similares con Medellín y otras que son diferentes. “Cali es la capital de un área de tres departamentos: Nariño, Valle del Cauca y el Cauca, con parte del Chocó; que definen cerca del 45% de los cultivos ilícitos de Colombia”.	“A diferencia de lo que denominaría como una gobernanza criminal en Medellín, que han venido rompiendo en la administración actual, lo que tenemos en Cali es una problemática de anarquía criminal, de convivencia criminal, que se traduce en que tenemos una tasa de homicidios que es el doble de la Medellín y casi cuatro veces la de Bogotá”, indicó Villamizar.	Respecto a las estrategias que se deben implementar, Villamizar dijo que “lo ideal es un enfoque social de largo plazo, con un enfoque de seguridad de corto plazo. Un alcalde difícilmente tiene los incentivos correctos para invertir en políticas de largo plazo que ayuden a reducir la violencia, porque eso no se siente en su mandato, no da votos, ni popularidad”.	La principal conclusión a la que llegaron los funcionarios y expertos, es que las políticas públicas en seguridad deben garantizar la vida de los ciudadanos y las estrategias que se implementen deben ser integrales, para que comprometan la efectiva persecución penal tanto como la prevención de la criminalidad. Sin dejar de lado la atención a la primera infancia, la deserción escolar o el desempleo juvenil, factores que afectan la seguridad.