Que el país ha tenido un avance en su infraestructura vial en los últimos años, es notorio. En su más reciente libro, Asociación Público-Privada en América Latina. Afrontando el reto de conectar y mejorar las ciudades, la CAF realiza un recuento de experiencias con APP en cuatro países de América Latina, entre los cuales se encuentra Colombia. En el caso del país, destaca el cambio institucional y legislativo que se llevó a cabo a comienzos del primer gobierno Santos y que permitió emprender uno de los programas de autopistas de cuarta generación (4G) más ambiciosos del mundo. Igualmente, como parte del éxito de esta experiencia, en el texto la entidad destaca el compromiso político de la actual administración, así como su capacidad de coordinación con todos los actores relevantes.	Gracias a este esfuerzo, Colombia llegó a ocupar el primer lugar entre 32 países de América Latina, Asia y Europa en el índice Infrascope que desde el 2009 viene realizando The Economist Intelligence Unit, y el cual evalúa la capacidad de los países para gestionar inversión privada en infraestructura a través de las APP.	No obstante dicho progreso, buena parte de ese momentum se ha ido perdiendo debido, primero, al escándalo de Odebrecht y, luego, por el cambio de gobierno. La institucionalidad está debilitada y cuenta con poca capacidad para responder por el reto de construir la infraestructura que el país requiere para mejorar la competitividad, algo que va mucho más allá de las vías 4G. Si se piensa en términos de competitividad, lo primero que habría que hacer es conectar al país, esto incluye puertos y aeropuertos, transporte ferreo y fluvial, entre otros.	Sin duda, la revisión de los contratos de los más de treinta proyectos de concesiones 4G que están en operación es necesaria, pero no puede ser la única prioridad del gobierno. Además de llevar a buen término una gestión contractual adecuada y lidiar con los problemas de financiación que se han presentado en estos contratos, es indispensable fortalecer la capacidad de planeación a largo plazo.	De hecho, el país ya debería estar trabajando en la estructuración de los proyectos que siguen después de la construcción de las 4G y, dada la estrechez fiscal, estar pensando en cómo conseguir los recursos para financiarlos. Un ejemplo es la estructuración de un proyecto para la ampliación de El Dorado. La Aerocivil estima que para el 2030 el tráfico de pasajeros de este aeropuerto será de más de 67 millones de pasajeros, lo que representa un aumento de más del 100 por ciento, respecto a su flujo actual. Esto, sumado al crecimiento del comercio electrónico, que impone nuevos retos frente a la capacidad que existe hoy en infraestructura de transporte de carga aérea.	Es claro que no hay recursos para inversión pública en este tipo de proyectos, y es precisamente la razón por la cual las App de iniciativa privada, bien administradas, representan una gran alternativa. Es la forma de financiar con recursos privados lo que el país requiere. Pero, para poder aprovechar este mecanismo es necesario realizar un gran trabajo, que empieza por el fortalecimiento de la capacidad de las entidades involucradas para poder valorar los proyectos de iniciativa privada que se presentan.