Se incrementó número de eventos de desplazamiento masivo frente a 2017, pues de 51 de estos se pasó a 95 el año pasado _____________Atendiendo lo establecido en la Ley 24 de 1992, la Defensoría del Pueblo presentó al Congreso el informe anual sobre la situación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en 2018, lapso durante el cual señala se vio impactada de distintas maneras la garantía y satisfacción de los derechos fundamentales por situaciones derivadas de la  implementación del acuerdo de paz, las economías ilegales, especialmente los cultivos ilícitos, entre otros. A continuación algunos de los datos que ponen más a pensar.Lea también:	Más de 8 mil desplazados en 2019: Defensoría1. Se registró un total de 178 homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales, lo que denota un incremento del 27% con respecto al año anterior (2017: 126 homicidios). De los 178 casos registrados para 2018, 164 corresponden a hombres y 14 a mujeres.2. Los homicidios de defensores y líderes se presentaron en 27 de los 32 departamentos. Los sectores más golpeados son los voceros comunales, comunitarios, campesinos y autoridades étnicas, que concentran el 85% de los homicidios (152 casos de 178).3. El 70% de los homicidios de defensores y líderes se concentra en siete departamentos: Cauca, con 35 casos; Antioquia, con 23 casos; Norte de Santander, con 18 casos; Putumayo, con 14 casos; Valle del Cauca, con 14 casos; Caquetá, con 11 casos, y Nariño, con 10 casos.4. De los 178 asesinatos de líderes y defensores, 30 pertenecían a comunidades indígenas y siete a comunidades negras.5. Las amenazas, los desplazamientos forzados, los atentados y los homicidios constituyen las principales formas de victimización ejercidas por los grupos armados contra las autoridades étnicas. Esta situación impide el ejercicio del derecho al gobierno propio.6. En 2018, la época electoral coincide con una especial concentración de homicidios de líderes sociales: el 41% (71 casos) de los registrados con posterioridad a la emisión de la Alerta Temprana 026-18 (162 casos) tuvieron lugar en los meses de la contienda electoral presidencial.7. Las elecciones regionales también podrían configurar un incremento en el riesgo. Esta hipótesis se sustenta en la caracterización de los líderes con mayores niveles de victimización en 2018, los cuales están asociados a la defensa de la tierra y del territorio y de los derechos de poblaciones vulnerables.8. Se evidenció un incremento significativo en las quejas por amenazas de muerte: de 1.209 quejas recibidas en 2014 se pasó a 2.911 en 2018 (incremento del 50%). El grupo poblacional más afectado son las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, que interpusieron 1.133 quejas.9. El registro de quejas por amenazas contra la vida e integridad personal identifica como lugar de los hechos en primer lugar el Valle del Cauca (164 quejas). Le siguen Bogotá (124), Bolívar (92), Cauca (77) y Magdalena (45).10. Se identificó un incremento en el número de eventos de desplazamiento masivo frente a 2017, pues de 51 de estos se pasó a 95. Estos últimos afectaron a 33.127 personas (9.721 familias), siendo Norte de Santander, Nariño, Antioquia y Chocó los departamentos más golpeados.11. Catatumbo fue la zona con el mayor número de eventos de desplazamiento con 29 episodios masivos, que afectaron a 11.871 personas (3.614 familias), seguida por la costa nariñense con 21 eventos, que ocasionaron el desplazamiento de 8.332 personas (2.453 familias). 12. Para los pueblos indígenas desplazados es inquietante la desintegración familiar y la ruptura de las prácticas socioculturales. Los casos más preocupantes son los de los pueblos jiw, nukak, embera y yukpa; y los pueblos desplazados asentados en Bogotá, tales como los embera chamí, embera katío, nasa, sikuani, uitoto, wounaan, pijao, yanacona, inga, zenú, siona, eperara, camentasa y cuambiano o Misak.13. Al revisar la financiación de políticas de atención al desplazamiento de los gobiernos territoriales, se hace visible que los municipios categorías cinco y seis no pueden garantizar educación, salud rural, vivienda, tierras, generación de ingresos, infraestructuras en agua potable y saneamiento básico rural.14. Del total de casos de mujeres, el 26% manifestaron ser víctimas del conflicto armado interno. Las situaciones victimizantes más informadas fueron el desplazamiento forzado, la violencia sexual y la amenaza, con porcentajes ampliamente superiores a otros hechos.15. Resultan preocupantes los porcentajes de mujeres de grupos étnicos que reportaron haber sido víctimas del conflicto armado. Específicamente, el 21% de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado atendidas fueron afrodescendientes y el 5,1% indígenas.16. Se evidenció el incremento del riesgo para las mujeres en las zonas de frontera, en donde la violencia sexual se asocia a las dinámicas de control de distintas economías ilegales y a otros delitos como la trata de personas con fines de explotación laboral o sexual. La combinación de una serie de fenómenos presentes en estas zonas, como la existencia de grupos armados, el narcotráfico, la minería ilegal, la migración irregular, la cultura de la ilegalidad, entre otros, ha generado impactos para las mujeres.17. Según la modalidad de violencia contra las mujeres registrada en 2018 el 63,5% tiene que ver con violencia psicológica, el 48% violencia física, el 29% violencia económica, el 25,5% violencia sexual y el 20% violencia patrimonial.18. A pesar de la reducción en los índices de violencia como resultado de la aplicación del acuerdo de paz, el conflicto armado en Colombia persiste debido a la presencia y a las acciones desarrolladas por grupos armados ilegales que ejercen el control en diferentes sectores de la geografía nacional.19. A partir de las alertas tempranas se tiene conocimiento de riesgos de vulneración de derechos en los procesos de retornos de comunidades campesinas en los Montes de María (El Carmen, San Jacinto, Córdoba Tetón, San Onofre, Ovejas), Bajo Magdalena, Canal del Dique, zonas costeras de Sucre y Córdoba (Cedro Cocido, Santa Paula y Las Tangas), Magdalena Medio y los departamentos de Risaralda, Quindío, Guaviare y Caldas. En dichos territorios persisten intimidaciones y amenazas contra reclamantes de tierras, representantes de organizaciones de población desplazada y víctimas líderes.20. Las dinámicas migratorias del país han cambiado, especialmente por la crisis que se vive en Venezuela. Colombia se ha convertido en un destino de recepción y tránsito de población migrante con necesidades de protección internacional. Esta situación ha tenido efectos que se evidencian en vulneraciones a los derechos humanos y en las barreras de acceso a los mismos, como identidad, salud y seguridad social, educación y trabajo. Esto ha generado una situación de crisis humanitaria en las zonas de frontera internacional, así como en las ciudades y municipios de asentamiento y paso de esta población.