La tormenta política que se desató este miércoles tras la moción de censura adelantada contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, terminó con la carta de renuncia del funcionario, después de que el propio presidente Iván Duque le dijera que lo más conveniente era que no se mantuviera en el cargo.	“Es mi deber como Ministro de Defensa tener una lectura adecuada de la coyuntura política, por lo que he decidido presentar la renuncia al cargo de Ministro”, señaló Botero en la carta que dirigió al mandatario colombiano en la noche de este miércoles. La respuesta de Duque no se hizo esperar y, a manera de agradecimiento, resaltó el trabajo adelantado por el hasta hoy funcionario.	A principio de este año las Fuerzas Militares, acompañadas del Ministerio de Defensa, hicieron el lanzamiento de los lineamientos de comando en derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho operacional. Al documento lo bautizaron Bicentenario, como un homenaje a los 200 años de la Campaña Libertadora y el evento se realizó en el Teatro Patria, en compañía de oficiales de diferentes fuerzas.	“Esta hoja de ruta en derecho humanos y derecho operacional, guiará en adelante el comportamiento de nuestras tropas para el cumplimiento de su misión constitucional con enfoque y desarrollo de áreas propias de las ciencias militares como lo son educación, disciplina, defensa, atención a grupos de especial protección constitucional y cooperación internacional”, dice la presentación firmada por el comandante del Ejército, Nicacio Martínez Espinel.	Tras la promulgación y divulgación del documento, no son pocas las veces que la frase derecho internacional humanitario ha sido pronunciada por los altos mandos, pero no haciendo referencia al documento sino a los escándalos que han protagonizado las tropas en este 2019 y que, aparentemente, llegaron a su punto más alto tras las revelaciones del segundo debate de moción de censura que le programaron al ministro Guillermo Botero en el Senado.	La denuncia que lo llevó a dejar la cartera llegó por cuenta del bombardeo al área campamentaria en la que se encontraba Gildardo Cucho, un disidente que pretendía reorganizar fuerzas en Caquetá. El senador Roy Barreras encendió las alarmas al decir que en el ataque murieron siete menores de edad (posteriormente desde la Fiscalía revelaron que eran ocho). El debate desató una tormenta política y descompuso la estrategia que había armado Botero para defenderse. Nadie le apostaba a que Barreras cuestionara el por qué se le ocultó al país la información de los menores fallecidos.	En el Congreso las explicaciones no fueron satisfactorias y pasada la medianoche del martes, y de manera inusual, se convocó a una declaración a las 7:00 de la mañana, que empezó a las 7:45, en la Escuela Superior de Guerra. Allí Botero dijo en su primer punto que “todas las operaciones militares están precedidas de una fase de planeamiento denominada ‘proceso militar de toma de decisiones’. Este proceso está acompañado en todas sus fases por el asesor jurídico operacional, figura que se implementó en todas las Fuerzas Militares desde 2008, por mandato de la Política Integral de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Defensa Nacional”.	Todo apunta a que, de acuerdo con la versión de Botero, es que el asesor jurídico operacional habría dado una especie de visto bueno blindando la operación de un eventual problema jurídico de trascendencia. El documento de los lineamientos de comando advierte que dicha figura fue fortalecida “para generar la capacidad en el asesoramiento de las operaciones militares en su preparación, planeamiento, ejecución, seguimiento y evaluación, a fin de afianzar la legitimidad del Ejército Nacional como ventaja estratégica”.	La declaración la dio en Sincelejo en un tono vehemente, que fue seguido de aplausos de los asistentes que celebraron el despliegue militar, más aún porque el día anterior, es decir el 28 de agosto, fue divulgado el video de Iván Márquez y compañía anunciando el retorno a la lucha armada. Para esa fecha y hora el reporte hablaba de nueve personas fallecidas.	Con el paso de las horas desde el Comando de Fuerzas Militares se informó que el número de fallecidos ascendió a 11 y al cierre del teatro de operaciones la cifra fue consolidada en 14. Ni Duque ni los mandos dijeron que entre los cuerpos se encontraban menores de edad, que en vida fueron reclutados por este grupo armado organizado.	De ese reclutamiento forzado ya había advertido el personero de Puerto Rico (Caquetá), Herner Carreño. El delegado del Ministerio Público contó en la mañana de este miércoles que tras las alertas que elevó no hubo actuación del Estado y, consecuencia de ello, los menores de edad fueron doblemente victimizados ya que primero los reclutaron y luego los mataron.	Tras los partes de victoria de Duque, Mindefensa y la cúpula, el turno de aparición en medios fue para el general Jairo Fuentes, comandante de la Fuerza de Tarea Omega, que reseñó que entre las armas halladas en las dos áreas campamentarias bombardeadas de la vereda Candilejas se destacaba, según él, un arma empleada por los francotiradores ya que contaba con una mira de precisión de hasta 1.200 metros.	En el reporte entregado a los medios locales se dijo, además, que tres mujeres que murieron tras la acción militar eran “del anillo de seguridad de Gildardo Cucho”. En el reporte dado a conocer tras el debate aparecen como víctimas Sandra Vargas y Diana Medina, ambas de 16 años, y Ángela Gaitán, de 12. De allí que llame la atención que el sujeto llamado a reorganizar la lucha armada en la región les confiara su seguridad a tres menores de edad.	El profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad Católica de Lovaina, Elquín Infante (así escrito), recuerda que en el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra se advierte que está prohibido el reclutamiento de personas menores de 15 años. “Pero Colombia también hace parte de la Convención de los derechos del niño y allí se dice que el país se compromete a no reclutar a personas menores de 18 años, esto es para el Estado, es decir, para las Fuerzas Militares”.	Desde la CICR se precisa que, según el DIH, “debe protegerse a las personas civiles contra ataques directos salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación’. Sin embargo, ni en los Convenios de Ginebra ni en sus Protocolos adicionales se define la conducta que constituye una participación directa en las hostilidades. Por ende, el desafío contemporáneo consiste en proporcionar criterios claros para distinguir no solo entre la población civil y las fuerzas armadas sino también entre los civiles pacíficos y los civiles que participan directamente en las hostilidades”.