De acuerdo con la veeduría, resulta extraño que el contrato hecho con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas tenga un valor de $9.600.000, teniendo en cuenta que esta universidad se encuentra domiciliada en Bogotá y que a esa suma se le deben descontar los costos correspondientes a impuestos, estampillas y otros gastos tributarios.	Según John Payares, miembro del colectivo ciudadano, “llama la atención que de las 64 personas inscritas solo se admitieron alrededor de 20 profesionales, los demás fueron descalificados por causas superfluas, como la falta de declaración juramentada de no incurrir en inhabilidades e incompatibilidades, la cual ya se encuentra en el formato de hoja de vida de la función pública, exigido en la misma convocatoria”, aseguró.	“Quisimos poner esa queja para que la Procuraduría nos acompañe en el proceso y no pase lo que sucedió con el caso de la Contralora Distrital (Nubia Fontalvo) que todavía tiene concejales implicados, este es un tema que la Asamblea todavía puede subsanar cancelando el proceso”, aseguró John Payares, miembro de la veeduría.	El presidente de la Asamblea Departamental de Bolívar, Ignacio Becerra, al ser cuestionado por estas acusaciones aseguró que, desde el pasado 22 de agosto, él mismo solicitó el acompañamiento de entidades como la Procuraduría, la Fiscalía y la Secretaría de Transparencia para el proceso de convocatoria pública, abierta y de mérito.	Enfatizó en que el contrato fue celebrado por el valor que se menciona debido a la capacidad presupuestal de la Asamblea y que no existe conflicto intereses de su parte porque aunque en efecto su hermana sea la alcaldesa del municipio de Córdoba Tetón, los encargados de elegir al contralor serán los diputados elegidos en las elecciones regionales del 2019, a las cuales él no está aspirando. “Por ese motivo incluso me declaré impedido para la elección del Contralor del año 2015”, afirmó.