Al convertirse en el primer país en imponer un llamado “impuesto digital” del 3 por ciento a las empresas que obtienen ingresos de la prestación de servicios digitales a los usuarios, Francia ha provocado la ira de Donald Trump. El presidente estadounidense ha amenazado inmediatamente con aplicar aranceles a las importaciones francesas, como el vino o los automóviles. Pero Francia no está sola. El Reino Unido también detalló los planes para imponer un impuesto similar, del 2 por ciento, a los gigantes de la tecnología. Y la Unión Europea también ha estado pensando en un impuesto digital.	Estas medidas son una primera respuesta a las inequidades en el sistema tributario identificadas en diversos debates parlamentarios o por la sociedad civil, y cuyo resultado es una tasa de tributación baja o nula de grandes multinacionales, que irrita además a múltiples agentes en los países que han tenido que adoptar programas de austeridad. En el actual, las multinacionales pueden declarar sus utilidades donde quieren, usando precios de transferencia para estimar las transacciones que realizan entre sus diversas filiales, precios que no reflejan necesariamente los valores de mercado.	Estas prácticas financieras son muy complejas, pero su lógica es bastante simple. Declaran utilidades bajas en las filiales ubicadas en países con impuestos altos, haciéndolas comprar a precios artificialmente elevados las licencias sobre derechos de propiedad intelectual (patentes, marcas…) a las filiales situadas en territorios en los cuales pagan pocos (o ningunos) impuestos. El truco es aún más fácil para las empresas digitales o para las transacciones digitales en general. De hecho, el 40% de las utilidades obtenidas en el extranjero por las multinacionales de todo el mundo se transfiere a paraísos fiscales, según el economista Gabriel Zucman.	Esto significa, en concreto, que los países, tanto desarrollados como en desarrollo, pueden no recibir ingresos tributarios de las multinacionales que operan en sus territorios. En Estados Unidos, por ejemplo, 60 de las 500 mayores empresas, entre ellas Amazon, Netflix y General Motors, no pagaron impuestos en 2018, a pesar de que en conjunto ganaron 79.000 millones de dólares.	Francia y el Reino Unido no son los únicos que amenazan con avanzar solos. Incluso entre los países en desarrollo, aquellos lo suficientemente poderosos como para desafiar el orden mundial, como la India, han dado a la comunidad internacional un ultimátum: si no se reforma el sistema tributario internacional, lo harán por su cuenta. Sería una pesadilla para las multinacionales. Por supuesto, ellas prefieren el statu quo y nada sería peor que tener que hacer malabarismos con docenas de sistemas tributarios nacionales.	De ahí la importancia de la propuesta reciente elaborada por 129 países bajo la tutela de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que permitiría a los países estimar los impuestos a las multinacionales, con base tanto en las actividades que realizan en sus territorios, como de las utilidades que obtienen en todo el mundo. Esto significa que, por primera vez, las empresas multinacionales ya no serían consideradas como una multiplicidad de filiales independientes, sino como lo que realmente son: empresas unitarias que se benefician de un mercado global gracias a la integración de actividades que realizan en distintos territorios.	La solución que hemos defendido en la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa International (ICRICT, por sus siglas en inglés), que presido, es una fórmula global que garantizaría que los beneficios mundiales de las multinacionales y, por lo tanto, los impuestos asociados, pudieran repartirse entre los países con base en una combinación de criterios objetivos, como las ventas, el empleo, los recursos utilizados y los usuarios digitales. Un grupo de países en desarrollo encabezados por India, Colombia y Ghana está pidiendo que se introduzca un método similar. Esta es la única propuesta sobre la mesa que considera a los empleados como un factor relevante para la asignación de beneficios, lo cual favorecería a los países en desarrollo, ya que concentran una parte sustancial de los trabajadores de las multinacionales.	El ICRICT también apoya la propuesta de Alemania y Francia de establecer una tasa de tributación mínima mundial a las empresas. Cualquier multinacional que declare sus beneficios en un paraíso fiscal podría ser gravada en su país de origen hasta con esa tasa mínima. Esto reduciría su interés en transferir sus beneficios a paraísos fiscales. Esta propuesta beneficia en especial a los países más ricos, de donde provienen la mayoría de las multinacionales. Por lo tanto, los países en desarrollo solo deberían aceptar esa tasa mínima si los más ricos acuerdan un mecanismo que permita reasignar los beneficios de las multinacionales, y los impuestos asociados, de acuerdo con una fórmula equitativa.	Francia ya dijo que derogaría su impuesto una vez que se alcance un acuerdo al nivel global. De hecho, el tema volverá a surgir cuando los ministros de finanzas se reúnan en Chantilly, Francia, para la cumbre del Grupo de los 7 países industrializados esta semana. Esta reforma ya no es un simple debate técnico, sino político. El auge del extremismo en todo el mundo demuestra que hay que abordar las desigualdades dentro de los países y entre ellos. Esta es una oportunidad única. Los gobiernos no pueden desperdiciarla.