De acuerdo con los gremios, la mencionada póliza, que fue creada en 1992 con el objetivo de responder a los problemas de orden público del país, y que continúan afectando a los transportadores -tanto de carga como de pasajeros- no está cubriendo las necesidades de los mismos, las aseguradoras no pagan lo que corresponde y los trámites son ineficientes, entre otros problemas.	Cabe aclarar que la póliza es contratada a través una licitación por el Ministerio de Hacienda y administrada por esta misma cartera. Además, que el contrato actual con Aseguradora Solidaria vence en junio próximo, por lo que el proceso para adjudicar el contrato que regiría los próximos dos años está en marcha. El valor es de $39.000 millones.	Adicionalmente, en el momento en que ocurra el siniestro, el vehículo debe estar cargado, pero muchas veces los conductores están viniendo de descargar o yendo a cargar. En ese caso no hay aseguramiento. Y, finalmente, la cobertura es del 100% solo cuando hay un levantamiento armado avisado con anterioridad y es de conocimiento público, pero si no hay esa advertencia, el amparo es del 90% y el 10% restante va por cuenta el transportador”, explicó Cuervo.	“Hace 20 días mataron a un conductor en Santander y otro quedó mal herido, y eso no está contemplado en la póliza. Además, si un camión, por ejemplo, lleva una carga de 35 toneladas de café excelso que vale $400 millones, es la empresa la que debe responder a los generadores de carga por ese dinero perdido”, agregó Cuervo.	“Además, se exige presentar una constancia del comando de las fuerzas armadas en cuya jurisdicción se haya cometido el ataque, certificando cuál fue el grupo armado que lo causó. Y eso es muy difícil de conseguir porque dar ese certificado es reconocer que hubo errores de en la operación y les puede representar un llamado de atención”, concluyó Cuervo.