La entidad destacó que la EPS tiene una deuda de $2,2 billones, lo que hace que sus afiliados no cuenten con la atención adecuada en algunas IPS aliadas, quienes prefieren no prestar dichos servicios médicos, debido a la alta suma de dinero que se les adeuda o pedir anticipos más elevados.	En los nueve meses que lleva el 2019, la Procuraduría señaló que se han registrado 42.702 quejas, en su mayoría, relacionadas con "barreras de acceso para la atención de enfermedades de alto costo, falta de oportunidad y continuidad en procesos de atención en salud, realización de exámenes de apoyo diagnóstico, citas médicas de control con especialista y entrega de insumos y medicamentos", reza en el comunicado, donde también señalan que entre enero y junio de este año la cuantía de los procesos jurídicos contra la EPS asciende a $6.007.783.896.	Por su parte el Ministerio Público aseguró que "se han encontrado evidencias que permitirían establecer que la EPS estaría incumpliendo con las condiciones financieras establecidas, que no cuenta con una red de servicios médicos asistenciales en uno o varios niveles de complejidad, presenta un alto número de tutelas y embargos y tiene fallas en los programas preventivos".