en un editorial de mediados de 2018.Y la nefanda sistematicidad que pide el Estado, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, para proceder con las medidas perentorias y efectivas para cortar de tajo y para siempre el exterminio de esos irremplazables colombianos, promotores comunitarios de la democracia y de la paz, la ratifica la cantidad de líderes sociales asesinados en los primeros días de enero de 2019.	No obstante que se han dado casos de dos por día, según registran las macabras estadísticas oficiales, todavía cree el Estado que no es tiempo de detener el exterminio porque no son “sistemáticos” esos crímenes, o porque los califican sus agencias como “líos de faldas”, o porque, según éstas, “se lo buscaron” los líderes sociales acribillados por causa de su labor comunitaria.	Y no solo es sistemático ese exterminio, es selectivo y es político, como que sobreviene con mayor intensidad en las coyunturas de procesos electorales o de renovación y consolidación en el poder de las facciones que históricamente se han opuesto a la paz o se niegan a aceptar y coadyuvar al fin del conflicto armado de más de medio siglo, el Acuerdo de Paz, del cual apenas si va quedando el nombre y la historia macabra de un nuevo genocidio.	Y más víctimas e iguales o parecidas condiciones, clima y territorios, para que sobrevenga otra vez la confrontación que tantos y jugosos dividendos políticos trae a los “señores de la guerra”, y a los colombianos desolación y ruinas y la eliminación física de quienes en calidad de voceros comunitarios, de luchadores de la paz, de líderes sociales, no profesan el credo de los vencedores y por tal hay que volverlos cenizas en las piras levantadas por los inquisidores del credo de la intolerancia y la exclusión.	Y, como en su momento ocurrió con la UP, exterminada hasta el último de sus simpatizantes por motivos e intereses políticos; por apostarle, igual que hoy a una “alternativa electoral legitima”, producto de un sentimiento de paz que naufragó en la sangre de sus promotores; “por darle voz a los marginados” y sustancia a una democracia que no los quiere, excluye y elimina como parias.	O será que, como en algún momento señalara el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, existe una multiplicidad de autores que deben ser investigados: “estoy pensando en Norte de Santander, Chocó, Cauca, Antioquia o Nariño, donde también parecen existir otras razones. En algunos casos, son opositores de proyectos agroindustriales o de la minería ilegal”.	En tanto aquí y en diferentes ciudades del mundo cada cierto tiempo se prenden velas de solidaridad con los cientos de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia, a la vez que atender la Fiscalía esta valiosa pista de la ONU, debemos encender los colombianos todos, empezando por el Estado, Gobierno, Presidencia, FF. AA., nuestras conciencias, deberes y obligaciones, para apagar el exterminio de líderes sociales en Colombia.	Una vela encendida, símbolo de solidaridad, de fe, de luz al principio y final del túnel se agradece por todo cuanto simboliza, pero basta un  breve soplo de olvido, de desmemoria, de falsa verdad, para apagarla y con ella borrar la interminable tragedia, la sangre incesante, la ruina y desolación de la vida y la existencia de nuestros líderes sociales, sueños e imaginarios de convivencia, solidaridad, inclusión política y justicia social, por la que este país se ha levantado en paz para construirla.	Sentarnos a ver pasar cadáveres tras cadáveres de compatriotas asesinados, de líderes sociales, hombres y mujeres elementales; de luchadores de la paz y la convivencia asesinados, de colombianos asesinados doblemente por la indiferencia del Estado, del Gobierno, repugna y contradice la condición humana, el respeto y honra por la Vida, el deber ser de la democracia, el imperativo constitucional de protegerla y garantizarla.