Con la decisión de la Corte Constitucional sobre la fumigación con glifosato, el Gobierno ya cuenta con munición suficiente para avanzar decididamente contra los cultivos ilícitos, la producción de drogas y el microtráfico___________________________A partir de ahora el equipo del presidente Iván Duque podrá enfocar su política antidroga en la difícil tarea de reducir simultáneamente los cultivos ilícitos, la producción de drogas y el microtráfico.No es que no lo haya estado haciendo, pero para completar su arsenal requería tener la opción de asperjar aéreamente los narcocultivos, y la semana pasada la Corte Constitucional abrió esa puerta al dejar en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes la decisión de reanudar la aspersión aérea con glifosato basándose en la sentencia T-236 de 2017 y precisando que el principio de precaución para la fumigación aérea de narcocultivos no es absoluto, como venía interpretándose.Efectivamente, a través de un comunicado el Ministerio de Justicia aseguró el mismo jueves que, “como lo expone la Corte Constitucional, el Gobierno llevará al Consejo Nacional de Estupefacientes la propuesta de protocolo, para que dentro del cumplimiento de la Sentencia y del Auto, se pueda utilizar la aspersión aérea como una herramienta más en la lucha contra los cultivos ilícitos”, anotando que “una de las prioridades del Gobierno ha sido la protección del medio ambiente y la salud de los ciudadanos”.En marzo, durante la audiencia en la que la Corte recogió insumos para tomar su decisión, Duque señaló que esta no es una discusión sobre un herbicida, sino que la verdadera discusión es la amenaza que enfrenta el país por el crecimiento vertiginoso en los últimos años de los cultivos ilícitos, afirmando que el Gobierno nacional no es defensor de un herbicida, pero que requiere el uso de todas las herramientas.En esa ocasión, Duque conminó a la Corte a considerar las graves afectaciones que ocasionan los cultivos ilícitos y a entender que la expansión del área sembrada afecta el orden constitucional.Ruta FuturoEn esta materia, no es la primera victoria de Duque en relación con decisiones de la Corte.Aunque en principio se interpretó que el fallo permitía el consumo de licor y drogas en la vía pública, en junio la Corte Constitucional mantuvo la prohibición de la ingesta de dichas sustancias, en particular en parques y lugares aledaños a las escuelas, pero tumbó artículos que sobre el particular se habían incluido en el Código de Policía, por considerar que no era el Congreso sino los alcaldes de cada municipio o distrito los competentes para determinar en donde se debía reprimir ese comportamiento.	La Corte indicó que el decomiso y las multas por consumo de drogas y alcohol en espacio público no son medios justificables para buscar la tranquilidad y las relaciones respetuosas, “por cuanto existen otros medios de policía en el mismo Código que permiten alcanzar los fines buscados sin imponer una amplia restricción a la libertad”.Sin embargo, para el Gobierno el punto más importante del fallo es el que no está incluido en él: la sentencia no solo no tocó las normas que le dan sustento al decreto que prohíbe la dosis mínima, sino que le dio argumentos para avanzar en el programa Ruta Futuro para reducir el flagelo de la drogodependencia y el narcotráfico.“Más allá de la referencia a dos artículos, que ha sido expresada por la honorable Corte Constitucional, sigue vigente nuestro decreto, en virtud de otras normas, y siguen vigentes también leyes como la 745 del 2002, que nos dan la capacidad de defender a los niños y a las familias de Colombia, porque no queremos que la drogadicción sea el destino de muchas de las familias de nuestro país”, expresó el Mandatario el mes pasado.La Ruta Futuro fue presentada en diciembre como parte del compromiso del Gobierno con la legalidad, para ocuparse –según lo divulgó entonces la Casa de Nariño– de los problemas de consumo, lavado de activos, oferta de drogas, cultivos ilícitos, crimen organizado y transformación del territorio, con activa cooperación internacional y un componente fundamental: por primera vez se articulan más de 15 entidades del orden nacional, entre ellas las que integran el Consejo Nacional de Estupefacientes. El objetivo es uno solo: combatir un flagelo que durante años ha traído miseria, muerte, dolor y mala reputación al país.Lucha certificadaPor primera vez desde 2012 se frenó el crecimiento de los cultivos de coca en el país, indicó hace casi un mes el informe anual de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca.El informe señaló que los narcocultivos experimentaron una disminución leve, al pasar de 209.000 hectáreas registradas en 2017 a de 208.000 hectáreas documentadas en 2018. Además, la producción de cocaína pura también experimentó un descenso: de 900 toneladas métricas bajó a 887.De acuerdo la Ondcp (por sus siglas en inglés), el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia “siguen siendo altos, pero se están estabilizando”.El director del organismo estadounidense, Jim Carroll, destacó los esfuerzos realizados por el Gobierno del presidente Iván Duque. “Al trabajar de cerca con el presidente Duque, estamos viendo que Colombia avanza en el logro de nuestro objetivo compartido de reducir significativamente el cultivo de coca y la producción de cocaína”, dijo.El presidente Duque subrayó que el Gobierno logró revertir la tendencia creciente de los cultivos ilícitos en el país: “Como resultado de nuestra política para enfrentar con contundencia el narcotráfico, en 10 meses logramos romper tendencia de crecimiento de cultivos ilícitos, que venía desde 2012. Esto significa que, en la lucha contra este flagelo, detuvimos el aumento de siembra de matas y la producción de cocaína”.Días antes de la divulgación del informe, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, le había dicho al Comité para el Control de los Narcóticos del Senado estadounidense que “el presidente Duque está haciendo un sincero esfuerzo para reducir los cultivos de coca en el país. Desde que el presidente Duque asumió el cargo reactivó los equipos de erradicación”.A comienzo de este mes, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, anunció que la meta de este año es la erradicación de 25.000 hectáreas de cultivos de coca, precisando que en lo que va corrido de este año las familias vinculadas con el programa han sustituido 10.000 hectáreas.Archila comentó que el nivel de cumplimiento en la erradicación voluntaria es muy alto: puede llegar al 94%, con un porcentaje de resiembra de menos del 1%.En este contexto, el canciller Carlos Holmes Trujillo se reunió la semana pasada con Pompeo y Carroll, quienes expresaron su reconocimiento a la lucha antidroga, alejando la posibilidad de que la Casa Blanca descertifique a Colombia, como lo alcanzó a insinuar hace algunos meses el presidente Donald Trump por los extensos cultivos de coca.Como se sabe, la descertificación es un mecanismo que tiene Estados Unidos para sancionar a los países que según sus criterios no alcanzan resultados en la lucha antidroga, listado en el cual incluye a las naciones productoras y de tránsito de estupefacientes.La ley le da al Presidente de Estados Unidos tres opciones: certificar, negar la certificación o dar una certificación de interés nacional; en caso de una descertificación la ayuda no humanitaria al país afectado con la medida es retenida y Estados Unidos vota en contra en las instituciones financieras internacionales cualquier préstamo solicitado por este.En junio rondó el fantasma de una descertificación a Colombia, pues la compañía Bloomberg tras hacer una radiografía de la coca en el país, indicó que la estrategia del Gobierno del presidente Duque contra los cultivos ilícitos no ha dado los resultados esperados y que si en el reporte de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos estos aumentaban en 5%, el país podría correr el riesgo de la descertificación.No obstante, como ya se mencionó, dicho informe mostró una leve reducción en la extensión de los cocales.NarcotráficoYa se han mencionado varios sucesos relacionados con la lucha antidroga ocurridos la semana pasada. No menos importante que los reseñados fue la promulgación del acto legislativo que establece que, de ahora en adelante, conductas como el narcotráfico y secuestro no serán conexas con el delito político.La norma establece que en adelante y en futuros procesos de paz que realicen otros gobiernos, esos delitos no podrán tener beneficios como amnistías o indultos, promesa que había hecho Duque cuando estaba en campaña.Por supuesto, este frente va ligado a la necesidad de consolidar la extradición como una de las herramientas más importantes a la hora de enfrentar el flagelo de narcotráfico.En mayo, el presidente Duque sostuvo en Pasto que “es igualmente importante enfrentar el lavado de activos, acabar laboratorios, cristalizaderos, que tengamos mejor interdicción, que tengamos la posibilidad de sancionar ejemplarmente a los narcotraficantes y también que fortalezcamos la extradición como uno de los mecanismos para enfrentar a esos delincuentes”, enfatizando que el “país tiene que ser implacable con la reincidencia criminal, con la repetición criminal”.Agregó que “de lo que se trata es de derrotar el narcotráfico por el bien de nuestro país” y, “respetando la separación de poderes”, anunció su respaldo a la decisión de la Procuraduría de apelar el fallo que inicialmente le dio libertad a ‘Jesús Santrich’, porque “lo que ha debido ocurrir desde hace mucho tiempo era la extradición de ese ciudadano”.Y en este contexto, ayer hace ocho días, en el marco de la conmemoración de los 100 años de la Fuerza Aérea Colombiana, Duque les advirtió a las disidencias de las Farc que las autoridades están listas para perseguirlos en todo el territorio nacional.“Este año pudimos demostrarle a ese criminal ‘Rodrigo Cadete’ que ninguno de los líderes de las disidencias se podrá sentir en tranquilidad en nuestro territorio porque los vamos a derrotar donde quieran que estén”, sostuvo el Mandatario.