El riesgo es algo inherente a nuestras vidas y este se acrecienta cuando se trata de crear o de generar empresa. El principal de ellos se refiere a la incertidumbre frente a las diferentes variables a los que se ven enfrentadas la empresas y de paso sus  propietarios, socios o accionistas.Dentro de los principales riesgos intrínsecos se encuentran la pérdida de recursos, riesgos operacionales y tensiones en las relaciones personales. Además, existen otros factores externos como la mayor o menor aceptación del producto o servicio, cambios en el mercado relacionados con el incremento de la competencia, variación de la demanda, entre muchos otros.	En el presente artículo no vamos a tratar los temas relacionados con el papel del gobierno corporativo en la sucesión, tampoco abordaremos el tema de los protocolos de familia y los acuerdos de accionistas. Nos enfocaremos entonces en las herramientas para proteger el patrimonio de los empresarios y de sus familias.	Si la empresa se va a registrar a nombre de una persona natural esta asume la responsabilidad de todas la obligaciones que se generen como consecuencia de su actividad económica; por lo tanto su propietario responderá no solo con los bienes aportados a la empresa, sino con todo su patrimonio; recordemos que el código civil lo define como la prenda general de los acreedores, pues el deudor garantiza el pago de sus obligaciones con todo su patrimonio, tanto presente como futuro y hacen parte de él precisamente los derechos reales y personales, los subjetivos inmateriales (	Por esta razón de entrada debemos decir que desde el punto de vista patrimonial esta sería la forma menos recomendable de constituir la empresa, máxime si la ley 1258 de 2008 permite la creación de sociedades simplificadas por acciones de un solo socio; en este caso los accionistas responderán sólo hasta el límite de sus aportes. Sin importar que la causa de la obligación sea laboral, fiscal, etc.	En cuanto a la cesión de cuotas tiene un carácter restringido pues dicha cesión implica una reforma de los estatutos de la sociedad y debe obedecer a lo pactado En el pacto de retracto. A pesar de que la función administrativa puede delegarse en un gerente, la administración de la empresa siempre estará en cabeza de los socios y esto tiene una relevancia muy importante en los aspectos de solidaridad que tienen este tipo de sociedades.	La responsabilidad de las diferentes sociedades difiere según el tipo de sociedad. En algunas, la responsabilidad de los socios se limita monto de sus aportes, y en otras, los socios responden con su patrimonio solidaria e ilimitadamente. En otras como en las sociedades en comandita, se puede presentar tanto la responsabilidad limitada como la ilimitada.	Por definición legal estipulada en el art. 353 del Código de Comercio, en las compañías de responsabilidad limitada los socios responderán hasta el monto de sus aportes. Sin embargo, en las sociedades de personas existe solidaridad tanto por los pasivos de obligaciones impositivas o tributarias en favor del estado, así como por las obligaciones sociales que se desprenden de las relaciones laborales.	Esto significa que los socios deben responder con su patrimonio por los impuestos que la sociedad le adeude al estado y por los salarios y prestaciones sociales de sus trabajadores, con excepción de las sociedades de responsabilidad limitadas, en cuyo caso su responsabilidad se limita al monto de sus aportes. Pero como la obligación es solidaria el socio se podría ver abocado a un embargo por la totalidad de la obligación, quedándole la facultad de repetir contra los demás socios atreves de un proceso ordinario para recuperar lo pagado en nombre de la sociedad.	En todos los casos los socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y consorciados, responderán solidariamente por los impuestos, actualización e intereses de la persona jurídica o ente colectivo sin personería jurídica de la cual sean miembros, socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y consorciados, a prorrata de sus aportes o participaciones en las mismas y del tiempo durante el cual los hubieren poseído en el respectivo período gravable.	Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los miembros de los fondos de empleados, a los miembros de los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, a los suscriptores de los fondos de inversión y de los fondos mutuos de inversión, ni será aplicable a los accionistas de sociedades anónimas y asimiladas a anónimas	“Son solidariamente responsables de todas las obligaciones que emanen del contrato de trabajo las sociedades de personas y sus miembros y éstos entre sí en relación con el objeto social y sólo hasta el límite de la responsabilidad de cada socio, y los condueños y comuneros de una misma empresa entre sí, mientras permanezcan en indivisión”.	Por su parte, el inciso segundo del artículo 252 del Código de Comercio establece que “en las sociedades por cuotas o partes de interés las acciones que procedan contra los asociados, en razón de su responsabilidad por las operaciones sociales, se ejercitarán contra los liquidadores, como representantes de los asociados, tanto durante la liquidación como después de consumada la misma, pero dichos asociados también deberán ser citados al juicio respectivo”.	“Por su parte, el inciso segundo del artículo 252 del Código de Comercio establece que “en las sociedades por cuotas o partes de interés las acciones que procedan contra los asociados, en razón de su responsabilidad por las operaciones sociales, se ejercitarán contra los liquidadores, como representantes de los asociados, tanto durante la liquidación como después de consumada la misma, pero dichos asociados también deberán ser citados al juicio respectivo”.	La disposición laboral comentada no distingue si la solidaridad prevista por ella tiene lugar únicamente durante la vigencia de la sociedad; en consecuencia no es viable entender que excluya su aplicación cuando la sociedad está disuelta, en liquidación o ya liquidada, siendo comprensible entender que dicha normatividad no se haya ocupado de distinguir una serie de situaciones que afectan a la sociedad, dado que esa materia está fuera de su campo.	Además, la institución jurídica de la solidaridad, para los fines del derecho laboral, tiene mayor justificación cuando la sociedad se encuentra liquidada y por tanto distribuidos los aportes que fueron hechos al momento de ser ella constituida o los efectuados durante la vida social de la compañía, puesto que la norma persigue proteger al trabajador de la pérdida de sus acreencias laborales, lo mismo que facilitar su cobro judicial, siendo evidente que en principio resulta más práctico demandar a un deudor solvente, dentro de los límites de responsabilidad previstos en ese precepto, que a varios que no tienen modo de responder por el crédito reclamado o respecto de los cuales se desconoce el patrimonio.	De esta suerte, resulta inaplicable en materia laboral o al menos de manera imperativa, el inciso segundo del artículo 252 del Código de Comercio que exige a los terceros acreedores de obligaciones derivadas de las operaciones sociales, de una sociedad en proceso de liquidación o ya liquidada, dirigir la acción contra el liquidador como representante de los socios, quienes además deben ser citados al juicio, pues ello equivaldría a desconocer la solidaridad prevista expresamente en el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo.	Tampoco es admisible entender…, que son aplicables armónicamente las disposiciones laboral y comercial aludidas, puesto que se desnaturalizaría la acción que se deriva de la solidaridad que permite al trabajador demandar a cualquiera de los socios pertenecientes a la compañía liquidada, si estuviese obligado a vincular a todos ellos en la demanda por el pago de sus acreencias laborales, en razón a que la solidaridad prevista en el ordenamiento laboral perdería su razón de ser.	Ante el conflicto de normas que se plantea entre el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo y 252 del Código de Comercio es claro que prevalece la norma laboral, que a más de ser sustantiva también tiene un contenido adjetivo que conforme ya se dijo ella faculta o da la acción al trabajador de perseguir a cualquiera de los socios comprometidos en la sociedad, vigente o disuelta, que le adeuda salarios o prestaciones laborales. Es aplicable entonces el principio normativo, contenido en el  artículo 20 del Código Sustantivo del Trabajo según el cual en caso de conflicto de leyes del trabajo y cualesquiera otras, se prefieren aquellas. “Pero, lo antes anotado no se opone a que el trabajador si lo prefiere dirija su acción contra el liquidador en representación de todos los asociados, con la citación de ellos al respectivo proceso, en el caso de las sociedades liquidadas, atendiendo lo previsto en el artículo 252 del Código de Comercio, pues tratándose de obligaciones solidarias el acreedor naturalmente puede dirigir su acción contra todos los deudores”.