l futuro de los edificios Villa Mary, Shalom, Portal de Blas de Lezo I, Portal de Los Alpes, Alpes 31, Tsalach, Villa May y Villa Vanessa, levantados ilegalmente por la familia Quiroz, cada día es más claro, luego que este miércoles la Universidad Nacional le expusiera al Distrito los resultados de los estudios estructurales y de sismorresistencia aplicados a ocho de 16 edificaciones que se construyeron sin licencias de curadurías urbanas.	“La Universidad Nacional, con sus ingenieros, socializaron los estudios e hicieron la presentación formal del análisis de los ocho edificios de una manera breve (...) Ya escuchamos la información y nos dicen que estos edificios pueden tener colapso y ahora le queda la responsabilidad al Distrito de cómo se consigue dinero para demoler, no veo otra opción después del dictamen. En Cartagena, además de construir, hay que tener un presupuesto para hacer demoliciones. Esa responsabilidad quedó en la Secretaría de Infraestructura y vamos a ponernos en esa tarea, ya que primero tenemos que socializar con los copropietarios de los edificios y lo haremos a través de la Oficina de Gestión del Riesgo”, señaló el alcalde.	“Quedamos en empezar la etapa de la liquidación del contrato con la Universidad Nacional, que se tomará cuatro meses tal como lo ordena la ley, donde vamos a mirar todo el balance financiero, económico, cuánto queda, cuánto se devuelve, cuánto se amortizó del anticipo, en fin, todo ese equilibrio económico del contrato. Vamos a hacerlo lo más rápido posible”, dijo.	Es de recordar que en una misiva enviada en marzo de este año al alcalde encargado Pedrito Pereira, la Universidad Nacional pidió por segunda vez al Distrito tomar medidas sobre algunos de los inmuebles construidos por los hermanos Quiroz y ordenar “evacuar inmediatamente los inmuebles que son objeto del presente contrato. Adicionalmente, considerando la situación de peligro que se percibe en el estado actual de los edificios estudiados a la fecha, también se sugiere tomar las medidas correspondientes para evitar que los propietarios retornen y ocupen los edificios que han sido inspeccionados”.	Desde abril de 2018, la ciudad ha escuchado por parte del Distrito que se aplicaría un segundo estudio patológico y estructural sobre 16 edificios que fueron levantados ilegalmente por la familia Quiroz y que, al parecer, muestran altos niveles de vulnerabilidad. Todo esto en cumplimiento a una orden que profirió el 30 de enero de 2018 la juez Tercera Penal con función de Control de Garantías, Yuri Ponce, durante una audiencia de medidas de protección solicitada por la Fiscalía para proteger a 108 familias que habitan estas estructuras.	En un primer diagnóstico realizado en el 2017 por la Universidad de Cartagena, se arrojaron resultados alarmantes, como que ninguno de los edificios cumplía con la norma de sismorresistencia, ni con las normas urbanísticas de la ciudad. Además, que hay algunos que tienen problema de carga vertical. La UdeC reveló que había incertidumbre por el uso de materiales en los procesos constructivos, que no hubo supervisión técnica externa y que había edificios sin planos.