“Ya presentamos la demanda de nulidad pidiendo la suspensión del proceso y se decidió que este miércoles no habrá servicio de defensores públicos en todo el país, con excepción de los que prestan servicios en URI, porque vamos a salir a protestar. Antes éramos más de 4.000 funcionarios prestando esos servicios y en la actualidad somos 3.300 porque han venido eliminándonos sistemáticamente”, aseguró Alejandro Arango, miembro de la junta directiva del Colegio Regional de Defensores Públicos del Magdalena.