Sin embargo, en el siglo XXI, la vigencia de nuevos derechos humanos también está en boga, especialmente si se tiene en cuenta el acelerado avance y desarrollo de la ciencia y la tecnología, especialmente de la información, lo que permite una mayor interconexión, así como nuevos y mayores retos en una interacción virtual y una sociedad cada vez más electrónica.	Si en el siglo XX se discutía el acceso a internet como un derecho humano, en el siglo XXI esta discusión ya está revaluada en relación con el nuevo paradigma, la protección de los datos personales. Las compañías más grandes del mundo son gigantes tecnológicos, su materia prima y su activo más importante es la información, y esa información tiene nombre y apellido, los datos personales.	Desde 2017, los ingresos de los principales gigantes tecnológicos sobrepasaron a la todopoderosa industria del petróleo con unas ganancias de hasta US$25.000 millones netos por cuatrimestre. Es por ello que hoy, no hay un tema de mayor interés para autoridades y reguladores que la protección de datos personales y su impacto en el desarrollo económico.	Es por ello que las operaciones de integración de estas empresas, los posibles monopolios y los retos que esto tiene para las agencias de competencia no son menores. Sin lugar a dudas, la protección de datos personales debe ser un punto de discusión en el ámbito de las organizaciones internacionales, los parlamentos, las cortes y los reguladores.	Colombia tiene un importante antecedente en el artículo 15 de la Constitución de 1991, que elevó este asunto a un derecho fundamental, el cual a su vez fue desarrollado en dos leyes estatuarias (1266 de 2008 y 1581 de 2012), asimismo asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la facultad de vigilar el cumplimiento de estas leyes, lo que es una feliz coincidencia, si se tiene en cuenta que esta es también la autoridad de competencia y de consumidor, lo que permite un enfoque holístico de la discusión, y una protección concertada de los derechos del ciudadano/consumidor en el marco de la libre competencia económica.	La discusión ya está madura para que tanto gobiernos y organizaciones aboguen por la protección universal de nuestros derechos en materia de datos personales, sobre todo cuando ya se conocen las consecuencias de su uso inadecuado, la influencia propagandística de la minería de datos, y los inmensos daños que causan tanto a la libre competencia económica así como a las elecciones democráticas.