La razón fundamental que argumenta la demanda es que, en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, que está vigente, se determinó un trazado para el metro según se consigna en el artículo 177, cuya primera línea era de mayor longitud, con más estaciones, es decir abarcaba más localidades. Por el contrario, el trazado que se le aprobó al alcalde Enrique Peñalosa es distinto al aprobado en la norma que incluía una mayor distancia y, en consecuencia, una razón, que, a juicio de los concejales, es contundente para que prospere una demanda ante la justicia del contencioso administrativo.También se expone en el documento de demanda que el trámite que se hizo ante el Concejo de Bogotá para la aprobación de las vigencias futuras, fue inadecuado como consecuencia de la utilización de un concepto de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda que no es una dependencia competente para pronunciarse sobre vigencias futuras ni tampoco para validar un cupo de endeudamiento según lo determinó el propio Consejo de Estado en un caso similar en el departamento de Casanare.La demanda compilada en más de 600 folios, también se fundamenta en la ausencia de los estudios de factibilidad al momento en que se aprobaron las vigencias futuras. De 23 aspectos que eran requisito indefectible para el trámite, solo había uno que la Administración presentó previo al trámite.“Pondremos en consideración del Consejo de Estado, que es la máxima corte en materia administrativa, que se valore la contradicción al ordenamiento jurídico que estamos exponiendo para que se suspendan los actos administrativos hasta que se tome una decisión de fondo”, declaró la concejal  Xinia Navarro.