Entre los hallazgos están la baja ocupación de los servicios hospitalarios y de urgencias, el aumento de los pasivos, la falta de contratación con las EPS de la región, la deuda a funcionarios y contratistas y, de forma crítica, el alto nivel de procesos judiciales en contra del centro asistencial, hecho que impide que los recursos que llegan al hospital sean invertidos en estabilizar el funcionamiento y mejorar los servicios.