En su reunión de ministros de finanzas en Francia, se alcanzó un “principio de pacto”, el cual, según Nicolás Carrero, director de Carrero Asociados, “busca establecer un piso de tributación a las empresas de tecnología que, si bien no tienen presencia física en los países, prestan servicios y reciben ingresos. Esto, para propiciar un mercado más competitivo y evitar que se transfieran utilidades a paraísos fiscales”.	Al respecto, Diego Molano, exministro de las TIC y el único colombiano en las negociaciones en la Ocde, explica que en el organismo ya hubo un acuerdo, y que el del G7 lo complementa. “No se acordó un impuesto, sino la hoja de ruta bajo dos pilares: que las tecnológicas sí deben pagar donde estén y sobre qué se hace esa tributación. Hay un consenso en que no es lógico que, por ejemplo, un teleoperador pague renta, uso del espectro e infraestructura, y venga una plataforma, dé servicios de voz, y no pague”.	Pese a los avances, auguran que no es tarea fácil. Según Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian, “en estos negocios transfronterizos es difícil saber en qué jurisdicción son los contratos. El lenguaje tradicional no cobija la realidad de estas actividades, donde los datos se generan en un lugar, son analizados en otra parte del globo, se preparan informes en otro lugar y se accede por internet desde cualquier sitio; las fronteras no aplican”.