La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad de la JEP trasladó a las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil los informes presentados para verificar las condiciones de preservación y acceso a los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS. Lo anterior quiere decir que las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil podrán consultar dichos informes y tendrán 30 días para hacer observaciones sobre estos documentos, los cuales se publican en la página web de la Jurisdicción Especial para la Paz (	). La ciudadanía en general también podrá tener acceso a esta información.Tanto víctimas como organizaciones podrán hacer los comentarios y las observaciones que estimen necesarias. Uno de los propósitos es identificar las medidas que pueden adoptarse y así preservar los archivos de inteligencia del DAS que están relacionados con el conflicto armado. Y, además, garantizar que los protocolos de seguridad no restrinjan su acceso y consulta cuando se trate de información relacionada con la violación de los derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Esto permitirá cumplir los objetivos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) del cual hace parte la JEP.La Sala de Reconocimiento de la JEP, tras confirmar las medidas cautelares que se adoptaron en el 2018 sobre estos archivos, ordenó la conformación de una Mesa Técnica que determinara en qué condiciones están esos documentos y preservarlos. Esa medida se adoptó a raíz de la falta de claridad sobre el tipo de gestión documental que se ha desarrollado en torno a estos archivos. La Mesa Técnica fue instalada el pasado 30 de enero de 2019. Hasta la fecha ya se ha recibido información de las siguientes entidades que integran dicha mesa: Fiscalía General de la Nación, el Archivo General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional, la Procuraduría General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional – Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Migración Colombia, la Comisión Colombiana de Juristas, otras organizaciones de la sociedad civil y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.