“Las riquezas del subsuelo hay que producirlas para generar equidad en el suelo”, afirma la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, quien en diálogo con Portafolio, afirmó que los sectores minero y petrolero deben tener la certeza que el Gobierno meterá aún mas a fondo el acelerador para dinamizarlos.	El precio por tonelada de US$40 es una señal de alarma. En las conversaciones con los productores de carbón ellos me han informado que están tomando medidas de eficiencia en los costos, que son las que se deben realizar como primera instancia. Así mismo, todo el plan que viene desarrollando el Gobierno, y que beneficia especial al sector de hidrocarburos y minería, es favorable para la industria carbonífera. Hay que observar la forma en la que sigue el comportamiento de la cotización y cuánto es la volatilidad en el precio.	Las compañías deben seguir trabajando en sus planes de eficiencia, y desde el Gobierno, con beneficios como la redacción en la tarifa de venta, deducción del IVA en el Capex de las inversiones o exención en el ICA, así como en el 4 x 1.000 que las empresas podrán deducir, se llevará a decrecer la tasa efectiva de tributación, lo que llevará a que la industria del carbón logre mantener el punto de equilibrio para hacerle frente ante la volatilidad del precio.	Sobre el mapa de tierras, las firmas podrán acceder de manera precisa a los títulos que quieren desarrollar. También va a ordenar el proceso de solicitud de áreas que es un dolor de cabeza para los inversionistas. En la actualidad, el proceso de titulación demora casi un año; con la nueva herramienta será de 90 días.	La sentencia 095 de la Corte Constitucional reitera lo que viene señalando la Constitución de 1991, que el proceso de ordenar el subsuelo le corresponde a la Nación, mientras que del suelo es del territorio. Pero la Carta Política no define el mecanismo. Así mismo, que los mandatarios locales no pueden recurrir a algún mecanismo para frenar las actividades extractivas. Una Ley de Coordinación y Concurrencia Nación - Territorio es la gran oportunidad que tiene el sector para sincronizar al Estado y los entes territoriales para el uso del subsuelo.	Desde que se dictó la citada sentencia en noviembre del año pasado, se han realizado mesas de trabajo con los gremios, las empresas, las comunidades y todos los grupos de interés que tienen relación directa e indirecta con las tareas extractivas. Se han recogido los diferentes puntos de vista para elaborar el articulado de un proyecto de ley que se presentará en la próxima legislatura.	Y lo segundo es que en los casos en que la entidad territorial expida el acuerdo, inmediatamente se procede a demandar ese acto administrativo, con sustento en la sentencia 095 de la Corte Constitucional. No es potestad de ninguna entidad del nivel territorial prohibir o limitar la actividad extractiva del subsuelo.	Además, se va a presentar una ley al Congreso modificando la consulta previa, pero para presentar esta norma también hay que hacerle consulta. Su articulado se está preparando y se espera que se cuestione entre el último trimestre del 2019 y el primer trimestre del 2020. Es un tema de vital importancia para el sector minero y petrolero.	La oportunidad de los YNC no la debe desaprovechar el país. Lo trazó de manera clara el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el cual estima que se pueden generar inversiones adicionales por US$5.000 millones anuales, eso es el 2% del PIB. Esto incrementaría en 40% la inversión extranjera directa. Así mismo, es importante desde el punto de vista de equilibrio fiscal. Y más allá está el tema de la seguridad energética. Tenemos apenas siete años de reservas petroleras, y las de gas son menores a diez años.