Este protocolo implica que la Secretaría de Movilidad autorizará áreas de calzadas vehiculares en las que se podrá desarrollar esta actividad y que el aprovechador tendrá que retribuirle al Distrito en dinero, en especie o mixto por utilizar el espacio público. De igual manera, se establecerán espacios para las estaciones de bicicletas.	A partir de este protocolo se espera que la Secretaría de Movilidad defina los costos que tendrá que pagar quien se aproveche del espacio público para el alquiler, el cual, en todo caso, debe observar los principios de seguridad vial, uso adecuado del espacio público, facilitad de uso de parte de los usuarios (en tarifas, inscripción y acceso), protección al usuario, gestión con las comunidades para mitigar los riesgos sociales del aprovechamiento del espacio público y datos abiertos sobre uso y desempeño del sistema.