La Ley estipula que si dentro de los 120 días, desde que se presenta el escrito de acusación no se ha iniciado el juicio oral y el tiempo de retraso se le atribuye al Estado, el imputado puede acogerse al beneficio de libertad por vencimiento de términos. No obstante, sigue vinculado al proceso y debe seguir asistiendo a las audiencias previas y dentro del mismo juicio oral.	En este caso, el juez acogió la solicitud de la defensa ya que consideró que el retraso por el que no se ha iniciado el juicio oral fue atribuible al Estado y sobrepasó los 120 días estipulados, debido a que la audiencia preparatoria que estaba programada en octubre no se pudo desarrollar porque las cámaras de la Penitenciaría El Bosque se dañaron para la audiencia virtual y no hubo guardianes que pudieran trasladar al imputado al Centro de Servicio Judicial, es decir, el INPEC como entidad del Estado falló en ese sentido.