El más reciente enfrentamiento entre discordancias de las Farc y el ELN, el cual dejó varios civiles heridos en medio del combate, incluyendo a varios menores de edad, abre nuevamente el debate y una profunda preocupación sobre la situación que ha sido casi imposible combatir: la crisis del Catatumbo, especialmente en el municipio de Teorama, en donde la fuerza pública ha hecho esfuerzos inmensos para recobrar el control del orden y contrarrestar la violencia por disputas territoriales entre ELN, ‘Los Pelusos’ y las ya mencionadas disidencias de las Farc, todo en medio de uno de los corredores más importantes y estratégicos para el tráfico de droga en el país.	La preocupación de los mandatarios locales de la región no se hace esperar, no sólo por la existencia de cultivos ilícitos y la disputa del control en la zona, sino por la injerencia ilegal que puedan llegar a tener estos grupos en las próximas elecciones territoriales, en donde por obvias razones buscarán intervenir en ellas a como dé lugar.	En solo el último mes ha habido cerca de 30 acciones violentas que comprometen no solo a civiles lugareños, sino también en donde se ven comprometidos derechos de migrantes, y no se trata nada más de los enfrentamientos armados entre estos grupos: hablamos de las constantes amenazas y, lo más grave, del uso reiterado de las conocidas minas antipersona.	En principio vale destacar que el gobierno nacional ha hecho estrategias para contrarrestar el fenómeno delictivo en la zona e imponer uno de sus principales ejes articuladores de gobernanza: la legalidad, circunstancia que no es nada fácil teniendo en cuenta los antecedentes históricos de esa región y el empoderamiento dado a la criminalidad en el gobierno Santos.	Es que los males de ocho años y las gabelas dadas a la delincuencia no se logran combatir en tan solo 12 meses, y mucho menos con una crisis económica bárbara, un estado quebrado y una tolerancia con el pillaje de manera tácita -o mejor, expresa- con las capitulaciones de La Habana, asunto que de entrada hace difícil la solución con tan grave mal ejemplo.	La situación que indica casi como si el Catatumbo estuviese sitiado es demasiado preocupante, pues el aumento de la violencia sobre menores, mujeres y población en general va en aumento, y no parece existir una estrategia clara de presencia institucional para pacificar la región. Toda esta preocupación nace de la ONG que dirige el señor José Miguel Vivanco mediante informe presentado al presidente Duque; lo que llama la atención es el momento para hacerlo, pues es como si de alguna manera quisiera indicarle una responsabilidad clara a la administración Duque, cuando la situación viene desde el gobierno Santos en aumento.	Sólo hay que revisar desde el año 2015, fecha en que se firmó la paz con las Farc, cuando se triplicaron las acciones violentas y todas sus formas de expresión criminal. Eso sí no lo advirtió el señor Vivanco en su momento, en especial cuando el aumento fue tan evidente y donde las cifras son aterradoras: cerca de 40.000 desplazados a la fecha según la ONG.	Los ojos institucionales vienen concentrándose en el problema desde hace mucho tiempo y el gobierno nacional desde luego tiene contingencias establecidas para contrarrestar el fenómeno criminal, qué bueno sería que la ONG que despotrica tanto del presidente Duque desde Washington estableciera las responsabilidades comunes del presidente Santos y todo su gobierno en tan grave situación. comparte