Después de que el expresidente Santos hubiera faltado a su palabra de reducir del 12% actual, al 4% el aporte de los pensionados al sistema contributivo de salud, y haberse conocido el proyecto de Ley que pretendía retenerle en la fuente, igual que a las rentas de trabajo, se desató una epidemia de paranoia entre estos. Era difícil de entender que los ahorros que millares de colombianos habían hecho en su juventud para cuidar de su vejez sin recostarse a nadie, estuvieran en la mira del poder ejecutivo.	Por fortuna el Congreso en ambos casos lo evitó. En el de los aportes a la salud, aprobó una Ley que los reducía al 4% para todas las pensiones, pero que el expresidente, habiéndolo prometido en campaña, se negó a sancionar. El presidente Duque ya posesionado, ofreció, sin embargo, reducir progresivamente el aporte, comenzando con las pensiones más bajas. Y en el de la retención, el Congreso la excluyó de la Ley de Financiamiento.	No obstante, la redacción de la Ley permite interpretar en una lectura rápida del Art. 34, que el gravamen se haría a partir de pensiones cuyo monto fuera igual o mayor a 87 UVT*, o sea, a partir de pensiones de $2.964.090. Para entender hay que remitirse necesariamente, al Art. 383 del Estatuto Tributario que en el Parágrafo 4to establece: “La retención en la fuente de que trata el presente artículo no será aplicable a los pagos recibidos por concepto de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes...”. Y al Numeral 5to del Art. 206 del mismo Estatuto que, “A partir del 1 de enero de 1998 estarán gravadas (las pensiones) solo en la parte del pago mensual que exceda de 1.000 UVT”.	Tal impacto emocional para ese significativo número de colombianos protegidos constitucionalmente, se pudo haber evitado eliminando del Art. 34 de la Ley de Financiamiento a la población exenta del tributo. Si se lee bien el inciso uno del Art. 34 de la Ley, y el 383 del Estatuto, se observa que incluye a los pensionados en el gravamen, pero luego en el Parágrafo 4to de este último, los excluye, y en el Art. 206 incluye a ‘la parte que exceda’ 1000 UVT.	Probado matemáticamente que las pensiones, en términos generales representan dinero ahorrado, que podemos interpretar como ‘trabajo ahorrado’ para vivir en la edad que ya no se puede trabajar, no es comprensible que el gobierno las mire como un botín, o como una carga, y no como lo que son, rentas de un capital acumulado. Se podrá pensar que no todas guardan relación con el monto ahorrado, como se concebían antes de Cesar Gaviria: un premio político, otorgado por los mismos que se han beneficiado. Sin embargo, a estas no se les puede dar el mismo tratamiento que a las que han sido producto del trabajo y el ahorro.