En cumplimiento a la sentencia la Corte Constitucional, que ordenó amparar los derechos a la vida, la salud, el agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas que habitan la cuenca del río Atrato y sus afluentes, el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, implementó un plan de acción en esa zona del país.