La Sala Penal del Tribunal Superior de Cali ordenó al periódico caleño El País distorsionar la cara de un hombre involucrado en un accidente de tránsito hasta tanto el afectado dé su autorización. Dicho ciudadano interpuso la tutela en mayo, pues consideró que su buen nombre se vio afectado como consecuencia de la publicación de un video en el que se aprecia su rostro como protagonista del accidente. En primera instancia, el juez al que acudió negó sus pretensiones; ahora, en la apelación, el Tribunal Superior le dio la razón y le ordenó al periódico acceder a la solicitud del demandante.	De inmediato cundió la alarma entre las agremiaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión, porque si se adopta esta jurisprudencia, los medios estarían en la obligación de pedir a las fuentes su autorización para publicar la información que los involucra. Se trata a todas luces de una decisión que en la práctica se puede considerar como una censura previa, tal como lo expresó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Roberto Rock.	No se trata solamente de defender los intereses de los periodistas. Los medios de comunicación son “el perro guardián” de las sociedades democráticas. Es decir, su papel es alertar a las comunidades frente a los abusos de poder de los gobernantes; advertir sobre el mal uso de los recursos públicos, e informar, de manera imparcial, acerca de aquello que ocurre en su entorno y que puede alterar su tranquilidad. Además, una sociedad suficientemente informada puede tomar mejores decisiones.	En nuestro país, el artículo 20 de la Constitución Nacional establece como un derecho fundamental la libertad de expresión e información, y advierte que no habrá censura. Este no ha sido obstáculo para que desde diferentes instancias se trate de imponer cortapisas al trabajo de la prensa: a través de sentencias judiciales, de demandas y de leyes que no tienen nada que ver con ejercicio del periodismo y de presiones a directores y periodistas; pero también se ha llegado a la amenaza y al asesinato.	También es preciso reconocer que hay personas y entidades que utilizan los medios de comunicación o las redes sociales para propagar injurias o distorsionar la verdad en su favor, pero para enfrentarlos existen herramientas legales al alcance de los ciudadanos. Mediante estos mecanismos se pueden imponer sanciones penales o económicas a quienes hagan uso indebido de la prensa para favorecer sus intereses o para destruir la honra de otros.