Pero, según Zúñiga Pardo, desde 2012 existe una orden, en segunda instancia, del Tribunal Administrativo de Bolívar, según la cual 500 familias de las faldas de La Popa debían ser reubicadas, ya que el terreno donde habitan no está acto para adelantar mejoramientos de vivienda; y mucho menos instalación del alcantarillado, “pero si la Alcaldía lo instala estaría incurriendo en un desacato”, manifestó Zúñiga, quien aseguró que parte de esas 500 familias pertenecen a República del Caribe.	Kevin Reyes, gestor cívico de las faldas de La Popa, sostuvo que la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar “fue dictada sin antes haberse hecho un estudio en la zona. Aguas de Cartagena sí lo hizo en 2015 y salió favorable a la comunidad, por lo que se decidió elaborar el proyecto de alcantarillado. Después, Planeación emitió un certificado donde demuestra cuáles son las obras que se pueden hacer en ese barrio”.	Por su parte, el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, manifestó que “si hay diferencias entre organismos particulares, deberán resolverlas entre ellos. Nosotros simplemente estamos resolviendo una necesidad urgente, sin intenciones de transgredir la ley en ningún sentido. Sin embargo, siempre ponemos el interés general sobre el particular; y si hay alguna norma legal, judicial, que impida la obra, la averiguaremos. Hasta el momento, en las múltiples reuniones que hemos hecho sobre el tema, no la hemos encontrado y por eso proseguimos con el proyecto”.