El representante Mauricio Toro explicó que las compañías tendrían un año para aplicar la ley_________________________________________“Aquí no se debería hablar de tamaños, sino que todos los pagos se hagan máximo a 45 días, independientemente del tamaño de la empresa exceptuando las grandes”, manifestó el representante por Bogotá, Mauricio Toro, de la Alianza Verde, a propósito del proyecto de ley sobre pago de facturas en plazos justos que radicó en el Congreso con legisladores de varias bancadas y que pasó a cuarto debate en la Comisión Tercera del Senado.La iniciativa reitera la necesidad de crear una corresponsabilidad, para que las grandes empresas entiendan que responsabilidad social no es solo pintar casas o descontaminar ríos, sino pagar en plazos justos a aquellas empresas que les están vendiendo sus productos y que los han hecho grandes. Según dijo, no se trata de atacar a las grandes empresas, sino de defender a las pequeñas y medianas, como dinamizadoras de la economía. EL NUEVO SIGLO:	Buscamos justicia en los pagos. Hoy estamos presentando un desbalance comercial, lo que quiere decir que las grandes empresas están usando su situación para someter a los medianos pequeños y micros a pagos injustos, donde les pagan por un producto o servicio entregado a 120 o 180 días. Una mediana empresa tiene que esperar meses por un producto que ya prestó y que le entregaron a esa empresa.Este proyecto busca que los pagos se hagan máximo a 45 días para que podamos solucionarle el problema de flujo de caja a las empresas pequeñas de este país.ENS:	Hoy las grandes empresas tendrían que empezar a pagar a partir de la promulgación de la ley con el régimen de transición que se va a dar. Lo que quiere decir que si el proyecto termina su tránsito y es firmado, tendrían un año las empresas para organizar sus métodos de pago, sus finanzas y sus prácticas para que empiece a operar el proyecto de ley. Sin embargo, como en la discusión de Cámara se incluyó en esta obligación al Estado, lo que tendría que hacer es organizar lo que está fallando para pagar a tiempo.ENS:	Hemos tenido bastantes audiencias públicas con los grandes gremios, por eso con este proyecto de ley están más de 11 gremios que reúnen a cientos de pequeñas y medianas empresas, incluso Acopi. Hablamos con los gremios que se oponen, como Fenalco y la ANDI, que defienden a la gran empresa. Y hablamos con la academia buscando que el proyecto de ley tuviera un consenso, que es el que fue aprobado.ENS:	Con el senador Álvaro Uribe tuvimos varias conversaciones frente al proyecto de ellos que tenía dos temas que nos generaba preocupaciones. El primero: crea un mecanismo de acuerdo de pago entre privados. Eso quiere decir que la gran empresa podrá someter al pequeño o al mediano para que firme un documento donde acepta que avala el mecanismo de pago, lo cual haría letra muerta el proyecto de ley. Eso se lo advertimos. Además advertimos que como difieren entre tamaños de empresa los tipos de pago, eso podría afectar a las corporaciones más pequeñas. Aquí no se debería hablar de tamaños, sino que todos los pagos se hagan máximo a 45 días, independientemente del tamaño de la empresa exceptuando las grandes. Lo hicimos saber, pero ellos continúan con el trámite del proyecto en Senado.ENS.	Hoy la Superintendencia tiene mecanismos sancionatorios para quienes incurran en unas prácticas de pago inadecuadas.Lo único que entraría a hacer este proyecto es a operar eficientemente este mecanismo con un beneficio y es que los empresarios podrán denunciar de manera anónima  a los malos pagadores para proteger su identidad, de tal manera que no se les dañe el negocio. Allí podrán decirle a la Superintendencia “tal empresa tiene prácticas abusivas de pago, está pagando mal, no me exponga y vaya a investigar, y si es así como Superintendencia sanciónelos”. Además en el caso que esto se vaya a conflicto, hoy los empresarios no pueden demandar porque las pequeñas y las micro no tienen con qué pagar un abogado. Esto lo que hace es que les daría el 20% del valor total de la factura que está en pleito como sanción por todos los gastos en los que tenga que incurrir un mediano o un pequeño microempresario, de tal manera que puedan demandar y luego reunir los costos si ganan el proceso.