La Procuraduría General de Colombia pidió a la Justicia Especial para la Paz (JEP) que revoque la decisión de aplicar la garantía de no extradición a EE.UU. al excomandante de las FARC "Jesús Santrich" porque considera que los hechos de los que se le acusa tuvieron lugar tras la firma de paz.	El exjefe guerrillero fue detenido en Bogotá el 9 de abril de 2018 por la Fiscalía colombiana acatando los cargos de EE.UU. por narcotráfico, delito que, según la denuncia, cometió después de la firma de la paz, con lo cual su caso quedaría en manos de la justicia ordinaria y no de la JEP, tribunal transicional que juzga los crímenes cometidos en el conflicto armado.	Carrillo, que el mismo día anunció que apelaría el concepto favorable a Santrich, consideró a su vez que la Justicia Especial para la Paz "tenía potestad exclusivamente para verificar sólo la temporalidad de dichos hechos y no para extender su análisis sobre la materialidad de la conducta, ni mucho menos sobre la responsabilidad penal que de ella se derive".	Por todo ello, añadió que "el caso de Hernández Solarte debe continuar ante nuestra Corte Suprema de Justicia"."La Fiscalía General de la Nación cuenta con elementos probatorios suficientes que confirman la realización de dichas conductas en dicha fecha, claramente posterior a la firma del acuerdo de paz", que tuvo lugar en Bogotá el 24 de noviembre de 2016, explicó.	Con ese argumento, la Procuraduría solicitó a la Sala de Apelaciones de la JEP que ordene "el traslado de todas la pruebas con las que cuenta la Fiscalía General de la Nación para que con estas nuevas evidencias se reafirme que los hechos delictivos imputados cometieron con posterioridad al 1 de diciembre del 2016".	"El proceso de paz vale mucho más que episodios individuales como este, que puede que hayan sido el primero pero no van a ser el último, y eso lo digo un poco reiterando la necesidad del éxito del proceso de paz, que seamos capaces de 'desantrichizar' el proceso de paz", sentenció.	En opinión de la Procuraduría, "pretender aumentar el régimen de condiciones benéficas para quienes se acogieron al acuerdo de paz no es procedente y pone en riesgo la sostenibilidad de la paz". En esta línea, para evitar que la paz "se desmorone", Carrillo pidió el cumplimiento de las "reglas de juego establecidas en el acuerdo de paz, ese es el único reclamo de esta Procuraduría".