En fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Barranquilla estableció que los concejales, quienes se desempeñaban como miembros de la Junta Directiva de la corporación para la fecha de los hechos, se extralimitaron en sus funciones al entrevistar a los candidatos al cargo, cuando esa prueba debía ser aplicada por el concejo municipal.	El organismo de control señaló en el fallo que con base en el resultado de la entrevista los concejales tomaron la decisión de declarar desierto el concurso de méritos, con lo que violaron el debido proceso administrativo y negaron la posibilidad de interponer el recurso de reclamación a los interesados. El fallo fue apelado por los disciplinados.