El alto tribunal acogió los argumentos de las partes que solicitaron la muerte política del exjefe guerrillero. En la diligencia pública del pasado 4 de junio, que no tardó más de una hora, Daniel Silva Orrego, quien actuó como demandante, dijo que la acción en contra del exjefe de las Farc estuvo basada en su no posesión como senador ante el Congreso de la República, que se surtió durante julio pasado y los ocho días posteriores.	El demandante argumentó que, si bien el excombatiente alegó que supuestamente no había garantías de seguridad en la implementación del acuerdo de paz, éste recordó que fue Iván Márquez quien decidió entregar su esquema de seguridad a la Unidad Nacional de Protección (UNP), por lo que, como base fundamental de su demanda, solicitó al director de la entidad una certificación sobre lo ocurrido con Márquez.	Así las cosas, Silva Orrego trajo a colación el argumento dado en su momento por la UNP de que “desde el 17 de marzo de 2017 se le asignaron medidas de seguridad al demandando, consistentes en doce hombres de protección, cada uno con pistola, cinco vehículos, una moto, dos armas de apoyo de largo alcance y dos fusiles. Un mes después que debía tomar posesión, voluntariamente renunció al esquema de seguridad”.