Hace unas semanas expresamos nuestra preocupación frente al proyecto de acto legislativo presentado por el contralor General de la República, Felipe Córdoba, por el cual se reformaría el control fiscal, por contener un eventual retroceso en las realidades de lo que ocurrió con la figura del control previo en tiempos anteriores a la Constitución de 1991.	En aquel entonces, la presencia de delegados en oficias públicas, ejerciendo el control previo a las decisiones de los servidores oficiales, degeneró en prácticas que anidaron un contubernio del cual se desprendían actos de cogobierno entre los inspectores de las contralorías regionales y locales, con los funcionarios a los que se destinaba la vigilancia y control. La contracara es que algunas decisiones no se adoptaban por el temor que infligían los delegados a los empleados públicos que serían, después, sujetos de calificación disciplinaria. Y qué decir de casos sonados en los que se iniciaban investigaciones que después se archivaban a cambio de dádivas inconfesables, con todo lo cual las funciones de Contraloría perdieron legitimidad, lo que también contribuyó al movimiento de la séptima papeleta, que culminó en la convocatoria a la Constituyente reformatoria, entre otras instituciones, del control previo.	En su momento, también se discutió sobre la conveniencia de acabar con las contralorías regionales y locales, por el ineficiente servicio que prestaban en la lucha contra la corrupción y, aun cuando no siempre hubiesen actos espurios sino incluso por negligencia, impericia o imprudencia de los funcionarios investigados, por la exigua recuperación de recursos menguados por actos generadores de detrimento patrimonial.	Otro elemento que se debatió fue el daño que les hacía a las asambleas y concejos la potestad de elegir contralores en tales entes territoriales. El periplo que debían recorrer los postulados a esos cargos, solían terminar en la oferta de prebendas para asegurar las mayorías electoras en las corporaciones públicas, o acuerdos bajo la mesa entre los gamonales de la política provincial, para repartirse la piñata burocrática y subordinar las decisiones que se pudieran desprender de las investigaciones que se incoaran contra alcaldes, gobernadores, secretarios de despacho y demás servidores públicos, o para ordenar la apertura de preliminares para doblegar la voluntad de funcionarios insubordinados contra el sistema burocrático imperante.	Aunque se muestran loables valores como la prevención de delitos en proyectos de inversión con recursos públicos, mediante alertas tempranas frente a posibles irregularidades en proyectos en curso, lo que en palabras del contralor Córdoba permitirá “poder llegar a tiempo” para vigilar que los recursos públicos no se pierdan, los colombianos esperamos que al tiempo de la reglamentación de la reforma constitucional, se tengan en cuenta esas lecciones aprendidas, para que no quede en el ambiente que el acto legislativo aprobado en ambas Cámaras, se dictó para propiciar el retorno a tiempos de ingrata recordación.