La primera y la más esgrimida es la revolución tecnológica que se ha producido y el papel creciente que han asumido las redes en la difusión de la información en tiempo real, lo que como consecuencia ha provocado una disminución en los ingresos de los medios de comunicación tradicionales, tanto por la disminución en el número de lectores (especialmente los menores de 35 años), como por la contracción en el volumen de ingresos derivados de las pautas publicitarias, en la medida en que pierden efectividad y penetración en grandes sectores de la población.	Lo anterior ha justificado un proceso de reestructuración en los medios de comunicación con despidos masivos, habitualmente con énfasis en los profesionales más capaces, más antiguos y de mayor experiencia y, en su reemplazo, la contratación de jóvenes periodistas, no por jóvenes menos capaces, a los que se les exige mayor productividad y entregar resultados y noticias simultáneamente para un conglomerado de medios, sin tiempo para profundizar en la noticia y, por supuesto, sin ninguna posibilidad de hacer periodismo investigativo sino simplemente mediático.	La segunda, es la relación cada vez más evidente entre la concentración de la propiedad y los intereses de ciertos grupos económicos que nombran los grupos ejecutivos y los consejos editoriales que definen la información que debe salir a la luz, pero más que nada, el contenido y el alcance de la misma. El público la recibe con limitaciones, es la masificación del mensaje para evitar el acceso integral a la verdad. El resultado de esa concentración y centralización de la propiedad es claro. Se crean fallas de mercado, con evidentes abusos y prácticas anticompetitivas como la firma de contratos de exclusividad en las pautas de publicidad o la limitación sobre el tipo de información que puede ser publicada.	Un tercer aspecto, es el financiamiento de las campañas políticas por los grupos económicos que, gústenos o no, crean compromisos no solo en el ejecutivo sino en el legislativo. No es aventurado afirmar que existe un “contubernio” entre el Estado, los financiadores y los propietarios de ciertos y poderosos medios de comunicación para definir las estrategias de la información y los límites de lo que debe llegar al público.	Todo lo antedicho limita el acceso a la información, crea límites perversos a la libertad de expresión, atenta contra la investigación periodística y nos condena al oscurantismo. Lo más débiles en la cadena son los que representan a la sociedad y hacen un periodismo independiente. La disculpa es el mercado, desafortunadamente imperfecto, oligopólico y todopoderoso. “Ergo”: desaparecerá todo aquello que no convenga a ciertos intereses.