Hernández Sierra imploró en su solicitud la protección al debido proceso y el acceso a cargos públicos, pero el despacho judicial le dio la razón a la Procuraduría y consideró que “que no se avizora irregularidad alguna en el trámite del proceso disciplinario y recordó que la tutela es un mecanismo para la protección de derechos fundamentales que están en riesgo.	El documento que suscribió Hernández Sierra es por cerca de 11.415 millones de pesos. El expediente que abrió la Procuraduría busca establecer la existencia de posibles faltas en la celebración de un contrato directo de un convenio interadministrativo con la mencionada empresa que tenía como fin el “fortalecimiento de competencias comunicativas del idioma inglés en los docentes y estudiantes de las IEO del departamento de La Guajira”.	En este mismo proceso, el ente de control disciplinario pidió que se investigue al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, quien al parecer habría suscrito un negocio jurídico para el “fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés en el departamento”, que sería similar al objeto del contrato que habría dado origen al proceso contra Hernández Sierra.