El entonces alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, cerró el 2018 con alegría: había logrado el respaldo del gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda en cabeza de Jonathan Malagón para concretar una solución de fondo ante la urgencia de la ciudad: tener agua potable para los samarios. El apoyo del gobierno quedó en firme con una carta que recibió el 28 de diciembre de 2018, firmada por el viceministro de Agua José Luis Acero en la que le confirmaba el compromiso con la capital de Magdalena. Duque cumplía seis meses de gobierno y a Martínez le quedaba por delante un año para cumplir con una promesa que venía desde su antecesor Carlos Caicedo. A partir de 2021, el gobierno le entregaría $ 20.000 millones anuales durante 10 años para invertir en la ciudad.Sin embargo, Andrés Rugeles, el alcalde encargado por el Presidente Duque para reemplazar al suspendido Rafael Martínez, parece haber llegado con otros planes distintos a los acordados. Las órdenes que ha empezado a dar son contradictorias con las de su colega de equipo de gobierno y máxima jerarquía en tema de aguas, el ministro de Vivienda Malagón.	Rafael Martínez fue suspendido a finales de marzo por supuesta corrupción en la contratación de obras de los puestos de salud. El 2 de abril el presidente Duque nombró a su secretario de Transparencia como alcalde encargado y el 4 de abril, en medio del Taller Construyendo País realizado en Aracataca, Rugeles volvió a plantear la posibilidad de revivir el acueducto regional del que viene hablando la ciudad desde 2013, cuando el entonces presidente Santos y Germán Vargas Lleras pusieron sobre la mesa el proyecto por primera vez. A través de una alianza público privada, el gobierno pretendía construir un nuevo acueducto y entregar su funcionamiento. En total se necesitaban $ 3.2 billones, y cuando Santos iba de salida de la Presidencia, dejó el proyecto a punto de iniciar, pero sin la plata que necesitaban para sacarlo adelante.	El presidente Duque recibió ese chicharrón, e inmediatamente anunció que no tenía los 1,5 billones que Santos había comprometido. Sumado a esto, el procurador regional de Magdalena, Jorge Eduardo Escobar, impulsó una acción popular en contra de la APP del Acueducto Regional asegurando que las aguas del río Magdalena, con el que se pensaba abastecer a la ciudad, están altamente contaminadas. La acción popular provocó unas medidas cautelares por parte del Tribunal Administrativo de Magdalena prohibiendo invertir cualquier recurso en el proyecto.	Apenas se conoció la decisión, el ministro Malagón, el viceministro del Agua José Luis Acero y el alcalde de Santa Marta Rafael Martínez se pusieron a trabajar para buscar una alternativa. De esas reuniones de trabajo surgió la mencionada carta del viceministro Acero dirigida al alcalde Ramírez en la que le confirma los 200.000 millones que entregará el gobierno desde 2021 hasta 2031.	Aunque Martínez había logrado nuevos recursos del gobierno, necesitaba comenzar a implementar las alternativas cuanto antes, y no podía esperar hasta 2021. Por eso buscó en el concejo de la ciudad a su mejor aliado, quienes lo respaldaron para utilizar las vigencias futuras, unos $ 890.000 millones que quedaban a disposición casi de manera inmediata. Sin embargo, cuando todo estaba listo, Martínez fue suspendido, el alcalde encargado Rugeles revivió la APP del Acueducto regional de Santa Marta y decidió pasarle la lupa al trabajo durante tres años de administración.	Rugeles llegó a la Casa de Nariño a ocupar la Secretaria de Transparencia con el respaldo del clan político samario Díaz Granados y de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez. La desconfianza que ha mostrado hacia la gestión del alcalde Martínez, a pesar de contar con el aval del gobierno nacional, lo ha llevado a presentarle un requerimiento al contralor general Felipe Córdoba para que revisara e interviniera las vigencias futuras que dejó comprometidas Martínez.	Sin embargo, el propio procurador regional Escobar, y a pesar de conocer cómo el ministro de Vivienda y Martínez trabajaron para encontrar alternativas ante las medidas cautelares del Tribunal Administrativo de Magdalena, le aseguró al procurador Carrillo que los recursos de vigencias futuras destinados a dichas propuestas realmente iban para la APP del Acueducto Regional, algo que muchos en Santa Marta no entienden, pues aseguran que no es cierto. Inmediatamente Carrillo le abrió indagación preliminar a Martínez, a los concejales y a la gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta por desacatar las medidas cautelares.	Con el panorama como está se hace inocultable el choque de trenes entre el alcalde encargado Andrés Rugeles y el ministro de Vivienda Jonathan Malagón. Mientras el primero trabajó para darle prioridad al tema del agua en Santa Marta tras la suspensión de la APP Acueducto Regional, el segundo parece haberla revivido a pesar de las medidas cautelares. Y el Procurador Carrillo, que hace un año pedía con urgencia priorizar los recursos para darle solución al problema, ahora investiga los planteamientos del gobierno y del alcalde suspendido.