“La investigación estableció que los costos que sirvieron de base del presupuesto realizado por la Alcaldía Local para la compra de las sudaderas, difieren con el estudio realizado por los profesionales del ente de control. La diferencia encontrada como sobrecosto equivale a un 23%. Tampoco se evidenció finalmente quién fabricó y confeccionó las sudaderas”,	. Sin embargo, agotaremos todas las instancias judiciales existentes con el fin de demostrar que se actuó conforme a las normas de contratación.• El contrato 141 de 2016 que es objeto de investigación cumplió lo establecido en la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y normas que la modifican. El mismo se realizó a través del SECOP, plataforma de contratación nacional, reconocida por blindar los procesos ante posibles fraudes o focos de corrupción, surtió cada una de las etapas establecidas en el Estatuto de Contratación, como lo son:	observaciones; respuesta a observaciones; publicación de pliegos definitivos; observaciones; respuesta a observaciones, presentación de propuestas, informe de evaluación preliminar, observaciones al informe de evaluación, respuestas a observaciones al informe de evaluación, informe de evaluación definitivo y audiencia de adjudicación.• Para fijar los precios de los elementos a adquirir se utilizó la metodología denominada	, avalada por la Procuraduría General de la Nación y la agencia nacional de contratación pública, Colombia Compra Eficiente.• El contrato tenía como objetivo beneficiar a una de los grupos poblacionales más vulnerables de la localidad y satisfacía una necesidad básica del mencionado grupo, como lo es la actividad física y los elementos para realizarla.• Vale la pena señalar que el documento denominado “	de regularidad del período auditado 2017”, con código de auditoría No. 109, PAD 2018, de la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local de mayo de 2018, estableció sobre los mismos hechos lo siguiente: “…teniendo en cuenta los argumentos presentados por el FDLT sobre la inaplicabilidad del descuento del 30% que contemplaba una de las cotizaciones tomadas para establecer el precio promedio y lo contemplado en el Boletín No. 1 de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá, se retira la incidencia fiscal y la presunta incidencia disciplinaria que ello conllevaba…”.Comentarios