Si bien la Cumbre de Gobernadores tuvo como tema central el tema de la niñez, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo, tuvieron un intercambio de palabras respecto de la Ley de Regiones, tema central del anterior encuentro en Barranquilla.Camargo le pidió al Gobierno “hacer realidad la recién firmada Ley de Regiones, que es un salto cualitativo en el objetivo de convertir las regiones en el eje fundamental en la construcción de un nuevo modelo de Estado. Un país de regiones, permitirá planear el futuro con sentido territorial y garantizar los derechos de nuestros niños, jóvenes y adolescentes, con recursos, integrados los equipos técnicos y humanos, planeando el desarrollo con varias miradas, otorgándole mayoría de edad a los territorios”.Y urgió a instalar, “en el menor tiempo posible la Misión de Descentralización. El centralismo no tiene cabida en la Colombia de regiones que hace ya bastante tiempo viene luchado por la mayoría de edad”.Ramírez le respondió a Camargo que “la posibilidad de construir región ya arrancó con un proyecto sobre construcción de vías que articularon los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Arauca, Boyacá y Casanare. Este es el primer pacto regional que va a servir para lo que se va a hacer por las regiones con la ley”. Y agregó que el Gobierno está comprometido con la Ley de Regiones, por lo que tiene su mención especial en el Plan Nacional de Desarrollo.Según lo ha dicho Ramírez en distintos escenarios, el presidente Duque está comprometido con la descentralización, destacando que en el Plan de Desarrollo “es la primera vez que hay un capítulo para las regiones, primera vez las regiones tienen ese presupuesto. Esto es todos ponen, son recursos que pone la Nación pero también los departamentos”.Como lo ha publicado EL NUEVO SIGLO, la Ley de Regiones es una iniciativa que permite la asociación de departamentos para que puedan manejar sus recursos y crear proyectos conjuntos lo que le quita al Estado central concentración de recursos que pregonaba con los OCAD y otros mecanismos que permitían la distribución del dinero de los municipios. La iniciativa permite construir regiones Administrativas de Planificación (RAP), con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio, con el fin de promover el desarrollo económico y social, la inversión y la competitividad de cada una de las regiones.