En los últimos días, el gobierno del presidente Iván Duque ha dictado varias medidas que buscan darle a Alcaldes y Gobernadores más herramientas para que la protesta, que es un derecho reconocido por la Constitución, no se convierta en disturbios y violencia, que puedan poner en peligro a los manifestantes o a terceros.	La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, habló sobre estas medidas y sobre lo que el Gobierno espera ocurra hoy. Reiteró el respeto del Gobierno por la protesta pacífica, pero señaló que es claro que hay intereses políticos que motivan la protesta, pese a que muchas de sus justificaciones no corresponden a la realidad.	“Hay varias cosas. Lo primero, efectivamente la protesta es un derecho. La Constitución Política la prevé como un derecho a una manifestación pacífica. Entonces, eso quiere decir que si hay hechos de violencia o actos de vandalismo, debe la Policía Nacional intervenir para garantizar el restablecimiento del orden público. Es muy importante que cada alcalde esté al tanto de los riesgos y de cómo avanzan las marchas y cómo se desarrollan ellas. Es importante que entiendan cuáles son las facultades que les da la norma”.	“La competencia del orden público le compete a cada alcalde. Los gobernadores, por su parte, deben velar para que se cumplan las normas requeridas para conservar el orden público. El presidente de la República, además, expidió dos decretos, uno sobre el cierre de fronteras y otro que reitera a los alcaldes las competencias y los instrumentos normativos que tienen para poder garantizar el orden. Cada alcalde, previa evaluación y teniendo en cuenta los principios de proporcionalidad y de necesidad, puede tomar medidas como restringir la circulación, el uso de algunos lugares públicos, decretar el toque de queda, restringir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Recordemos que hay una medida del orden nacional que restringe el porte de armas de fuego”.	“Es claro que hay unas motivaciones políticas. Hay unos sectores de la oposición que se han sumado a esta convocatoria y que tienen unos argumentos políticos. Hay fines de reinvindicación de algunos sectores de la población, pero además con lo que ha ocurrido en otros países como Chile o Ecuador, se ha generado una gran preocupación en muchos sectores. Por eso, el gobierno ha salido a decir que se han tomado todas las medidas del caso y que ha habido una anticipación y a desmentir la convocatoria, es una convocatoria que no obedece a la verdad y darle un parte de normalidad a los colombianos de que el jueves puedan marchar, quienes quieran hacerlo sin violencia y el resto de la población tenga garantizada su normalidad”.	“Lo que a nosotros nos corresponde es decir que las autoridades han tomado las precauciones necesarias para evitar alteraciones de orden público y la violencia, y pedirle a los ciudadanos que rechacen la violencia y colaboren con las autoridades y si quieren marchar lo hagan de forma pacífica, quienes no estén de acuerdo con las marchas también puedan tener normalidad para continuar con la vida del país”.	El senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, indicó que “hay agentes extraños que pueden tener un tufillo politiquero infiltrado en la marcha, pero no se puede generalizar, hay causas muy justas, como la del páramo de Santurbán, los estudiantes deben reconocer los esfuerzos del Gobierno pero están en su derecho de pedir más”.	A su turno, desde el Partido Conservador, el senador Juan Diego Gómez, manifestó que “quiero hacer un llamado a los ciudadanos, no para evitar que salgan a marchar, sino para que lo hagan de manera pacífica. Hago parte de una generación que quiere la paz, que cree en ella, una generación hastiada de la violencia, de la polarización, de la estigmatización. No permitamos que unos pocos se infiltren y terminen por enlodar los reclamos legítimos de quienes se manifiestan”.	La representante a la Cámara, Juanita Goebertus, sostuvo que “el partido Alianza Verde ha convocado a la ciudadanía a marchar de manera pacífica, no violenta, en defensa de la implementación del acuerdo de paz, por una política de seguridad territorial humana, con protección de los derechos humanos, que le apuesta a un régimen tributario justo”.