, advierte que “en desarrollo de la actuación especial se establecieron 2 hallazgos con connotación fiscal, lucro cesante (que es una forma de daño patrimonial) por 1.1 billones, y destrucción de valor por 2.9 billones de pesos”, lo que se traduciría en pérdidas por más de 4 billones de pesos.Según la Contraloría,	, pese a que las fallas e irregularidades en el proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia, fueron advertidas desde el 2013 en diferentes juntas y reuniones auditadas, según se lee:“La junta advirtió que existían riesgos de ejecutarse estas obras de aceleración, no obstante, el constructor decidió iniciarlas, aún sin contar con la modificación a la licencia necesaria (...) El constructor continuó con el proyecto sin seguir las sugerencias dadas por la Junta de Asesores y consultor externo y sin considerar dentro de la matriz de riesgos asociados el taponamiento u obstrucción de la Galería Auxiliar de Desviación”Cabe recordar que se esperaba que la planta de energía iniciara operaciones a finales de 2018,	. Según el informe de la Contraloría, la premura por entregar la obra, se impuso sobre la seguridad en la ejecución:“La Junta de Asesores en su momento consideró que los riesgos técnicos asociados con la aceleración no eran aceptables para un proyecto de esta envergadura, y, además, existía aún incertidumbre por las tareas restantes para lograr el desvío del río (...) Los manuales se hicieron después de 2013, cuando se tomó la decisión”.