En principio, detallan que están a favor del control preventivo que se propone en la norma, pero aseguran que este debe alejarse de la idea de que se trata de control previo, ya que esto podría ralentizar las actividades de quienes contraten proyectos, debido a que tendrían que paralizar todos los procesos hasta tanto no se pronuncie el órgano de control.	“El CGN comprende la necesidad de la Contraloría de intervenir con anterioridad a la comisión del daño al erario (...). Por lo anterior, para garantizar la correcta interpretación de la norma, el considera de la mayor relevancia que en el texto del proyecto se establezca de manera explícita que el control preventivo y concomitante es excepcional y además, que no resulta vinculante para el gestor fiscal ni para la administración”, reza la misiva.	Sin embargo, van más allá y proponen que cuando se reglamente la ley, se incluya la creación de un consejo asesor, conformado por representantes del sector público y privado, que acompañe a la Contraloría “en la decisión de hacer uso de estas facultades excepcionales y en la toma de las demás decisiones que ello puede implicar”.	De otro lado, en cuanto al control jurisdiccional incluido en la iniciativa, para el Consejo Gremial se debería establecer un procedimiento especial, que, en últimas, requeriría el trámite de “un desarrollo normativo estatutario”, además de una norma que dicte reglas claras, “que permita el adecuado ejercicio del control por parte del Consejo de Estado”.	Otra de las alertas del CGN tiene que ver con el manejo y acceso a la información, para lo cual proponen que sea regulado de forma explícita, de tal modo que no se incumplan los preceptos de la ley de habeas data, y que la información solo se use en procesos de vigilancia y control fiscal.	En la carta enviada piden, además, que se elimine uno de los numerales del artículo dos, con el cual se le darían facultades de policía a la Contraloría, “teniendo en cuenta que podría tener un trámite más expedito al interior de la entidad, evitando incluso una inadecuada interpretación y aplicación de la norma que conlleve una transgresión al principio de separación de poderes en el uso de dichas facultades”.	Esta, sin embargo, no ha sido la primera vez en los últimos meses en la que se ha intentando ampliar la planta de personal de los entes de control. De hecho, en el artículo 115 de la Ley de Financiamiento, el Congreso aprobó que –entre otras entidades– la Contraloría no tendría restricciones en el crecimiento de los gastos de personal, que se fijaron desde inicio de siglo.