Yo no estoy de acuerdo con la tesis de que lo peor del presidente Duque es que no gobierna. Pienso, por el contrario, que sí gobierna solo que sus actos de gobierno suelen ir en contravía de los intereses del país. Como ocurre de manera flagrante con su decisión de perpetuar la guerra contra el narcotráfico, a despecho no solo de la cosecha de sangre, corrupción, desintegración social y envilecimiento de la moral pública que propicia, sino de lo que está sucediendo en los mismísimos Estados Unidos de América con respecto a ella. Cierto, la firme defensa de la guerra contra el narcotráfico por parte de Duque está perfectamente coordinada con la que hace de la misma el gobierno de Washington. Solo que este último se enfrenta un creciente rechazo a su perpetuación, cuya manifestación más evidente se contabiliza en el número de estados que han legalizado la marihuana: 12, encabezados por el más rico y avanzado de todos: California, la quinta economía del mundo. Cifra que tiende a crecer porque el 62 % de los ciudadanos norteamericanos encuestados el año pasado dieron su sí a la legalización de la maría. Y porque también están a favor de dicha legalización Bernie Sanders y Elizabeth Warren, dos de los tres precandidatos demócratas con más posibilidades de derrotar a Trump en las próximas elecciones presidenciales. Todo esto ocurre en el país que en 1971 lanzó	Publicidad. Una multinacional a la que desde luego no cito en vano. El actual debate político en los Estados Unidos sobre el problema de la adicción a las sustancias psicotrópicas ha sacado a la luz el turbio papel de las megaempresas que se benefician de la prohibición de las mismas. La interdicción de la marihuana, la cocaína y la heroína habrá reducido su consumo pero al precio de abrir las puertas de este jugoso mercado a las llamadas drogas sintéticas o de diseño. Las que se fabrican en los laboratorios norteamericanos para atender una demanda en creciente expansión  debida a las dolorosas secuelas sicológicas y sociales del empobrecimiento de la clase media, la pauperización de la obrera y el desmantelamiento del Estado de bienestar. Una parte de esas drogas se fabrican y distribuyen clandestinamente, tal y como lo ha dramatizado	, la admirable serie televisiva protagonizada por un modesto profesor de química en apuros que descubre en la fabricación clandestina de dichas drogas su tabla de salvación. Pero quién se ha llevado la mayor parte de este pastel son empresas perfectamente legales. Como  Purdue Pharma, que a finales de la década pasada puso en el mercado el OxyContin, un opiáceo que llegó a tener ventas anuales de 1.000 millones de dólares. Solo que mientras los narcos adulteran la coca para multiplicar sus beneficios, los directores gastaron cientos de millones de dólares para promover que los médicos recetaran el OxyContin a diestra y siniestra y para que los políticos de Washington hicieran la vista gorda ante los riesgos que suponía un opiáceo tan poderoso. 48  de los 50 estados de los Estados unidos han denunciado judicialmente a la farmacéutica acusándola de fomentar la adicción empleando “infinidad de malas prácticas”. Y Mike Hunter, fiscal general de Oklahoma, ha acusado a Johnson & Johnson de ocultar los pacientes los peligros de los opiáceos usados para el tratamiento de dolores severos.	Estos hechos demuestran que las sustancias psicotrópicas no son inocuas, no como no lo son el tabaco y el alcohol, pero que la mejor forma de controlar los riesgos que supone su consumo pasa por su legalización y por la decisión de gobernantes y legisladores de asumir la adicción como un problema de salud pública y no como un delito. Gracias a que el OxyContín era legal se pudo supervisar y actuar legalmente contra la empresa que se enriqueció desmedidamente con él.