Velar por los derechos de los pueblos indígenas y tribales y de las minorías étnicas debe ser un compromiso de la Nación, sobre el particular no debe haber duda, más en un país diverso como el nuestro. Cosa distinta es de qué manera se garantizan esos derechos y en especial el de la consulta previa, mecanismo previsto en el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sin que genere inseguridad jurídica y se preste para abusos.	Aunque solo 23 de 194 países (8,4 por ciento) han ratificado el Convenio –quince de América Latina, dos africanos, uno del pacífico sur y seis europeos sin población indígena– ha sido un aporte importante a la humanidad, contribuyendo a preservar culturas ancestrales, principalmente en un país como el nuestro con 3,36 por ciento de población indígena y 10,4 por ciento afrodescendiente. Ello explica que Colombia haya sido de los primeros en ratificar el convenio, en 1991.	Llama la atención, sin embargo, que un país donde la población étnica representa menos del 14 por ciento del total de la población y, de este, un poco más del 3 por ciento es indígena, se tengan más de 10.200 consultas en proceso. Mientras tanto, países de la región como Perú y Bolivia, donde la población indígena representa un porcentaje mayor en relación con el total (28 y 40 por ciento, respectivamente), se registran 92 y 166 consultas en desarrollo, en cada caso.	Estas cifras sugieren que en el nuestro se abusa del mecanismo. No significa que no se hayan dado procesos convenientes de consulta previa, pero muchos se han convertido en una talanquera para el desarrollo de proyectos de interés general y en mecanismo de presión. Los ejemplos abundan, en los sectores de infraestructura y de energía, generando costos absurdos para el sector público y privado y una creciente e innecesaria inseguridad jurídica.	Una de las razones de esta situación es la inexistencia de una ley que precise el alcance de la consulta: las responsabilidades de los actores, el área de influencia o de impacto, rangos de costos, y tiempos y procedimientos razonables. Es absurdo que procesos de consulta cuesten sumas exorbitantes que muchas veces alcanzan los miles de millones de pesos. Recursos que las comunidades étnicas exigen manejar, en muchos casos, sin los controles adecuados.	Debido a ese vacío y a la ausencia de una ley, la Corte Constitucional ha decidido legislar, generando incertidumbre en lugar de claridad. Es así como las certificaciones del Ministerio del Interior sobre presencia de grupos étnicos carecen de valor, abriendo la puerta a que con la llegada de nuevos pobladores a una zona donde hay proyectos en ejecución o con varios años de haber sido realizados, se obligue a hacer otra consulta, un proceso interminable y con grandes sumas de dinero de por medio.	Es por eso que, desde hace más de seis años, distintos gremios del país han solicitado la expedición de una ley estatutaria que reglamente la consulta previa, para garantizar este derecho fundamental sin que se abuse de él. Solicitud que por muchos años cayó en el vacío por el desinterés y desidia de los más altos funcionarios y que, gracias a una instrucción al más alto nivel en el actual Gobierno nacional, pareciera apreciarse una luz de esperanza.	El país necesita una ley estatutaria que dé claridad en aspectos como (i) responsabilidades y definiciones de impactos y área de influencia; (i) plazos definidos; (ii) claridad en cuanto a que no hay poder de veto, dándole el tratamiendo adecuado a los casos de reasentamiento; (iii) rangos de costos según los proyectos y mecanismos que permitan realizar varias consultas al tiempo y por región, y (iv) definición de los temas que no serían susceptibles de consulta.	Mientras se avanza en este propósito, el Gobierno ha dado un primer paso al introducir en el Plan Nacional de Desarrollo una tasa para cubrir los gastos de los procesos. Clave será su reglamentación para que apliquen a los proyectos específicos, sean públicos o privados, con plazos perentorios. Y mientras se expide la Ley, es clave aclarar aspectos de la Directiva 10 de 2013 que reglamentó el Convenio para corregir falencias, sin afectar los derechos.	Los derechos de las minorías étnicas son de la mayor importancia, pero teniendo en cuenta el interés general de los colombianos. La consulta previa no tiene por qué obstaculizar el desarrollo del país. De ahí la urgencia de una ley estatutaria. El reto es uno: poner orden en las consultas previas.