El contratista Iader Barrios inmerso en el escándalo de proyectos de vivienda de interés social en Tunja, Paipa, Yopal, Ventaquemada y Puerto Boyacá confirmó que interpuso una demanda que avanza ante un juez de Duitama contra las administraciones de Paipa y la capital boyacense por un total de $78.000 millones.Iader Barrios dijo previamente al diario regional “Boyacá Sie7e Días” que	.  “Esto obedece a que Paipa hizo un acuerdo municipal con fuerza para darle al Instituto de Vivienda la instrucción de intervenirme en 2016 sin surtir los casos administrativos, legales y extralimitándose dentro de sus funciones por ejemplo los dos proyectos de Tunja, los intervino al igual que en Ventaquemada, Yopal y Puerto Boyacá que yo tenía”, explicó el contratista a La W.Con respecto a la demanda contra la Alcaldía de Tunja, Barrios sostuvo que	.El contratista dijo que contrato un nuevo estudio de sismo resistencia con la empresa Ingeniería y Patología de Estructuras LTDA del reconocido patólogo Harold Muñoz en el cual se precisa que los estudios realizados al conjunto de Estancia de El Roble por parte de la UPTC “no satisface los requerimientos establecidos por el reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes”.(Le puede interesar:	)“El primer resultado tiene que ver con Estancia de El Roble, obedece a una revisión total a los estudios de la UPTC que no era competente y segundo sesgo ese informe. (…) El estudio evidencia que no hay peligro ni situación inminente de riesgo para los ciudadanos. El segundo es sobre Torres del Parque que se conocerá esta semana”, explicó.Reconoció que	junto a varios alcaldes, interventores, usuarios de Fonade y Ecovivienda.“Yo sigo vinculado porque yo fui el que pedí que nos investigarán a todos para que se sepa toda la verdad y no como la que manejó el señor viceministro de Vivienda que yo estoy privado de la libertad”, explicó.Es de recordar que por los proyectos de Vivienda Torres del Parque y Estancia de El Roble más de 1500 familias se han visto afectadas desde hace una década por las presuntas irregularidades cometidas tanto en su construcción como su contratación.