Cada vez que llega la temporada seca en Santa Marta, alcaldes, gobernantes, ministros e incluso presidentes hacen un nuevo anuncio con la solución mesiánica para resolver el desabastecimiento de agua en la ciudad. Sin embargo, han pasado décadas sin que se haya podido acabar con el problema, que podría resolverse con un acueducto, como se ha planteado en varias ocasiones.En 2014, el entonces alcalde Carlos Caicedo de Fuerza Ciudadana, aseguraba que por fin Santa Marta se encaminaba a tener agua potable los 365 días del año. El río Guachaca sería la principal fuente de agua; sin embargo, la empresa Metroagua, que controlaba el negocio de abastecimiento y administración del servicio y pertenece al grupo Inassa, se le atravesó al proyecto con el que Caicedo pretendía obtener cerca de 400 litros por segundo.	Con el respaldo de Findeter, entonces presidida por Luis Fernando Arboleda —investigado por la Triple A—, quien llegó al cargo con el respaldo del entonces representante a la Cámara Eduardo Díaz Granados y además había sido gerente de Metroagua en el año 2000, en septiembre de 2014 decidieron contratar a la Universidad de los Andes para que realizara el trabajo de consultoría encaminado a los estudios y diseños de un plan para darle solución definitiva a la escasez de agua en Santa Marta.	Publicidad. Tres meses después Metroagua y Findeter, junto a los Andes, entregaron los resultados. Pero a la rueda de prensa se sumaron el clan Cotes, encabezado por el entonces gobernador Luis Miguel ‘El Mello’ Cotes, y el clan Díaz Granados con el representante a la Cámara Eduardo Díaz Granados y Carlos Francisco Díaz Granados, entonces secretario de Planeación de la Gobernación y hoy director de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena —CORPAMAG—.	Según los estudios, la propuesta de Caicedo de captar el agua del río Guachaca quedaba descartada por completo y sobre la mesa apareció un nuevo Plan Maestro: traer el agua del río Magdalena, a través de una alianza público-privada y entregada la concesión a una empresa que administrara el servicio. El proyecto, que posteriormente se conocería como el Acueducto Regional, tuvo el aval del Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos y la dirigencia regional. El propio vicepresidente Germán Vargas Lleras hizo el anuncio acompañado de su pupilo y ministro de Vivienda Luis Felipe Henao, y posteriormente el propio Santos, en febrero de 2015 le dio vía libre al proyecto “para que nunca más los samarios tengan que padecer de falta de agua”.	Pero por debajo de la mesa se consolidaba un importante negocio de un billón de pesos. Quien terminó fabricando, estructurando y radicando ante el Ministerio de Vivienda —ya encabezado por la exalcaldesa de Barranquilla Elsa Noguera— fue Inassa, filial de la española Canal de Isabel II y dueña de Metroagua, la misma que junto a Findeter mandaron a hacer los estudios con los Andes que recomendó hacer el proyecto.	Sin embargo, Rafael Martínez, sucesor de Carlos Caicedo en la Alcaldía de Santa Marta, no estaba dispuesto a seguir teniendo de socios a Inassa y Metroagua, algo que le disgustó al clan Díaz Granados, quienes tienen una pelea cazada con Caicedo y su movimiento Fuerza Ciudadana, que les arrebató el poder en la ciudad hace dos alcaldías. En agosto de 2016 comenzó un proceso para terminar el contrato que la ciudad tenía con la empresa Metroagua desde 1989. En abril de 2017 estalló el escándalo de Inassa en Colombia, lo que precipitó la decisión del alcalde Martínez de hacer un lado a Metroagua, y frenó el proyecto del acueducto regional Río Magdalena.	El presidente Duque recibió ese chicharrón, e inmediatamente anunció que no tenía los 1,5 billones que Santos había comprometido. Sumado a esto, el procurador regional de Magdalena, Jorge Eduardo Escobar, impulsó una acción popular en contra de la APP del Acueducto Regional asegurando que las aguas del río Magdalena, con el que se pensaba abastecer a la ciudad, están altamente contaminadas. La acción popular provocó unas medidas cautelares por parte del Tribunal Administrativo de Magdalena prohibiendo invertir cualquier recurso en el proyecto.	El nuevo ministro de Vivienda Jonathan Malagón y su viceministro del Agua José Luis Acero se pusieron entonces en la tarea, junto al alcalde Rafael Martínez, de buscar nuevas alternativas. En pocos meses tenían listas 7 propuestas con el respaldo del Gobierno Nacional: 1) Nueva planta de tratamiento en el curval (ya diseñada a fase 3. Tiempo de ejecución 10 meses que aportará 150 l/s. 2) Ampliación de la plata de tratamiento del Roble (ya diseñada en fase 3). Tiempo de ejecución 8 meses que aportará 150 l/s. 3.) Diseño y construcción de un transvase para sumar 400 l/s del Río Guachaca. En proceso de contratar pre factibilidad. 4) Obras de intervención en redes para reducir en el corto plazo las pérdidas técnicas y comerciales de aproximadamente el 70% y mejorar la distribución con presiones adecuadas. 5) Obras de intervención para mejorar el rendimiento de los pozos e invertir en la recarga de los acuíferos para maximizar su capacidad de extracción en los períodos de sequía, ya con diseños conceptuales. 6) Mediante convocatoria de concurrentes instalar en la ciudad una planta desalinizadora que produzca 2000 l/s bajo el modelo Israelí; para ello avanzan los estudios de prefactibilidad. 7) Reforestación de las cuencas de los ríos Guachaca, Manzanares y Piedra, mediante el fondo del agua ya creado. Para que las propuestas no se quedaran en el papel, Martínez apropió con el apoyo del concejo de Santa Marta $ 890.000 millones a través de vigencias futuras que quedaban a disposición casi de manera inmediata.	Pero Rafael Martínez fue suspendido de su cargo a finales de marzo, y Duque decidió nombrar el 2 de abril como alcalde encargado a su secretario de Transparencia, quien llegó a este cargo precisamente con el respaldo de los Díaz Granados, a pesar de que Fuerza Ciudadana envió una terna para reemplazar a Martínez al día siguiente de su suspención. Rugeles aterrizó en Santa Marta con la intención de revivir la APP del Acueducto Regional de la mano de sus aliados los Díaz Granados y tumbar todo el trabajo que había adelantado el ministro Malagón.	Como lo muestra la foto, Rugeles llegó el 3 de abril a la Alcaldía de Santa Marta junto a Eduardo Díaz Granados, el representante Hernando Guido, del mismo grupo; Manira Guerra de Díaz Granados, quien trabaja con su consuegra la gobernadora del Magdalena Rosa Cotes, también en la foto; y Eduardo Campo Vergara, cercano y protegido de Sergio Díaz Granados, quien es su asesor.	Es tanta la influencia que tienen los Díaz Granados dentro del gobierno que al siguiente día de la llegada de Rugeles también aterrizó el presidente Duque en la ciudad, en donde inmediatamente se reunió en la casa de José Ignacio Díaz Granados, y su esposa Manira Guerra –consuegros de la gobernadora del Magdalena Rosa Cotes—, quienes se ocuparon de invitar a los que tocaba.  José Ignacio es la cabeza empresarial de la familia que tiene importantes inversiones en banano, entre otras, y es hermano de Sergio Díaz Granados, actual embajador de Colombia en el BID y muy cercano al Presidente Duque. Al siguiente día el presidente encabezó el Taller Construyendo País en Aracataca, donde Rugeles no tuvo empacho en revivir el acueducto regional, a pesar de las medidas cautelares que tiene el poryecto por orden del Tribunal Adminsitrativo de Magdalena.	El pasado 25 de abril en el Hotel Irotma el Procurador Carrillo encabezó una rueda de prensa junto a Rugeles y el ministro Jonathan Malagón, quien perdió el pulso el alcalde encargado, anunciando que el acueducto regional es la solución para la ciudad, pero que antes es necesario hacer nuevos estudios, lo que significará no menos de cuatro meses más sólo en trámites precontractuales más los propios de la contratación de los estudios. Antes de la rueda de prensa, hicieron un balance de lo que se había hecho y Rugeles transmitió un mensaje que venía desde Presidencia: el gobierno está convencido de sacar el acueducto regional adelante, por encima de las alternativas que había alcanzado Malagón y Martínez.	Esto mismo se confirmó pocos días después, pero ni Rugeles ni el Gobierno Nacional saben de dónde van a salir los recursos para embarcarse en este nuevo proyecto, como además ya lo había dicho el presidente Duque hace 9 meses. Lo único claro es que el agua vendrá del río Magdalena, el mismo que “estaba contaminado”, según la Porcuraduría.	De izquierda a derecha: #1 Representante a la Cámara Carlos Mario Farelo, Cambio Radical; #3 Representante a la Cámara José Pinedo Campo, Cambio Radical; #6 Gobernadora del Magdalena Rosa Cotes de Zúñiga, Cambio Radical; #7 Representante a la Cámara Franklin Lozano, Opción Ciudadana; #8 Representante a la Cámara Kelyn Johana González Duarte, liberal.	Mientras que Rugeles llegó a Santa Marta para cogobernar con los Díaz Granados, el procurador Carrillo deberá ponerle la lupa al revivido acueducto regional. La Procuraduría le abrió una indagación preeliminar a Rafael Martínez por supuestamente querer destinar recursos de la ciudad en una APP que tiene medidas cautelares. Sin embargo, el alcalde encargado Rugeles está haciendo lo mismo, quien, junto al viceministro del Agua José Luis Acero, le apuesta todas sus cartas al faraónico proyecto del río Magdalena bloqueado con medidas cautelares por el Tribunal Administrativo de Magdalena. Andrés Rugeles está tratando de hacerles la tarea a los Díaz Granados con el apoyo de la Casa de Nariño en tiempo record, porque más tarde que temprano el presidente Duque tendrá que escoger el alcalde que termine el periodo de Rafael Martínez de la terna presentada por Fuerza Ciudadana.	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