“es decidir la pérdida de vigencia integral de un grupo de cuerpos normativos de carácter general y abstracto de rango legal, afectados por diversos fenómenos jurídicos de pérdida de vigencia, y derogar, expresa e integralmente, otro grupo de cuerpos normativos, de carácter general y abstracto de rango legal, identificados como depurables”.	El sector de Hacienda y Crédito Público sería el de mayor barrido, pues cuatro de cada 10 normas que se eliminarían con esta ley serían de dicha rama, seguido del sector Interior (11%), Transporte (8%), Justicia (7,9%), y Defensa, Función Pública, Trabajo, Educación, Planeación y Agricultura con el 31% restante.	Otro grupo de iniciativas vería su final debido al cumplimiento de sus objetivos, entre las que se encuentran una ley que ordenaba el pago de una deuda de la Nación contraída con el Estado soberano de Panamá, otra con la que se conmemoró el centenario de Colombia y una más que concedía recompensas en el año 1890.