Para el Ejecutivo y el Congreso, el cierre de año se verá marcado por una nueva discusión en materia tributaria, teniendo en cuenta que el alto tribunal le dio una gabela de dos meses y medio para aprobar una nueva ley (sea la misma u otra diferente), de tal modo que comience a regir desde el 1.° de enero del 2020.	“la Sala Plena concluyó que asiste razón a los demandantes, en la medida en que la proposición con la que finalizó el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes se planteó de manera incompleta, dado que no incluyó el texto sometido a consideración de los representantes, y no cumplió con la publicidad necesaria”.	Así las cosas, tributos como el de patrimonio, el impuesto al consumo de 2% a inmuebles de más de $918 millones, el IVA plurifásico a cervezas y gaseosas y la sobretasa al sector financiero, entre otros, quedarían sin piso jurídico a partir del 1.° de enero del 2020, cuando ‘entre en vigencia este fallo’.	Y es que si bien se declaró inexequible la ley, el alto tribunal le dio hasta el 31 de diciembre de este año al Gobierno y al Congreso para que expida una nueva reforma, que puede ser la misma que tumbaron los magistrados o una diferente –que incluya modificaciones–, con el fin de que el país no quede en un limbo jurídico en el frente tributario.	“Estoy absolutamente seguro de que vamos a encontrar la manera de volver a la sostenibilidad de las finanzas públicas del país, porque es un serio golpe a la credibilidad de la política económica esta decisión. Me parece que vamos a tener que leer la sentencia con cuidado, con respeto y también con voluntad de arreglar los posibles problemas que nos haya creado. Es muy infortunado que esto haya sucedido (...)”.	En tanto, el senador Álvaro Uribe indicó que la decisión del alto tribunal permite darle tranquilidad a los inversionistas, debido a que “la Corte ha dicho que la reforma que se declara inexequible rige hasta el 1.° de enero próximo y eso quiere decir que lo que se ha hecho este año en materia comercial e inversión, se podrá declarar el año entrante, ya que se va a regir por esa ley inexequible. Sin embargo, hacia adelante confiamos en que se pueda tramitar una norma en la misma dirección, con estímulo a la inversión y eso les daría tranquilidad total a los inversionistas”.	El fallo de la Corte Constitucional borra de un tajo la reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque, que incluía cientos de artículos, entre los que estaban la creación del régimen simple, el impuesto al patrimonio, la normalización de activos de personas que no los hubieran declarado y la unificación de cédulas y el aumento de algunas tarifas en materia de impuesto de renta.	En el caso de que el Gobierno no logre tramitar el mismo proyecto que tumbó la Corte, todas estas exenciones dejarían de existir desde el próximo año, lo cual llevaría a que el Estado reciba unos $10 billones anuales, que habría dejado de percibir si las normas aún existieran. El efecto, según expertos, sería neto, ya que estos ingresos compensarían las pérdidas de las otras normas tumbadas.