Los elementos de juicio en el proceso permitieron inferir fundadamente que ante la proximidad de la jornada electoral del 27 de octubre del año en curso, existe un riesgo real de que el servidor público investigado pueda reiterar o continuar cometiendo el comportamiento objeto de reproche, en el sentido de insinuar y solicitar respaldo a contratistas de su administración para apoyar las campañas políticas, dada su jerarquía, poder de mando y disposición como jefe de la administración y representante legal de Pereira.	El ente de control ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desplegó el comportamiento presuntamente irregular, y el perjuicio causado a la administración pública. El investigado podrá solicitar ser escuchado en versión libre.