Los secretarios de Seguridad de las tres capitales del país (Bogotá, Medellín y Cali), en compañía de expertos académicos, realizaron un conversatorio en la Eafit sobre políticas públicas de seguridad urbana. Aquí analizaron experiencias de los gobiernos locales y dieron sus puntos de vista en referencia al panorama actual y referente a los programas de prevención y en la lucha contra el crimen organizado.Este conversatorio forma parte de la denominada agenda académica de la décima edición del Foro Ridge-Lacea, evento que reúne a diversos expertos nacionales e internacionales en economía y que es organizado por la Eafit.Los asistentes pudieron disfrutar de la participación del secretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar Pachón; su homólogo de Bogotá Jairo García Guerrero; y el también secretario del ramo en Medellín, Andrés Felipe Tomón Villada. Asimismo estuvo la jefa del pregrado de Economía de la Eafit, Catalina Gómez Toro, y el investigador y director de Peace and Recovery de Innovations for Poverty Action, Sebastián Chaskel.Guerrero, por Bogotá, explicó que “a pesar de la reducción de homicidios, que es el primer objetivo de política pública de cualquier ciudad o país, en este momento la obsesión ciudadana es el hurto. Pero no es un hurto casual. Hay que empezar a trabajar lo que implican estas cadenas criminales, atentamente organizadas y sistemáticas. Hoy la percepción de seguridad en Colombia es un tema de la agenda pública”.A su turno, Tomón Villada dijo: “Medellín tiene una preocupación y una situación de seguridad que gira en torno a la presencia de estructuras criminales. En Medellín y su área metropolitana hay presencia del 43 por ciento del total de las estructuras tipo B del país, que es un tipo de delincuencia organizada. No se trata de grupos de delincuencia común, sino que se trata de aparatos organizados de poder que tienen diversificada su acción delictual en el territorio”, explicó Andrés Tobón.Asimismo Gómez Toro, por Cali, señaló que “las estrategias de intervención en seguridad pueden ser a corto plazo, con los costos y lo que implica la asignación de recursos que son escasos, versus un largo plazo que es la intención al tratar de estudiar economía del crimen y cortar un problema estructural de raíz. Es pensar en oportunidades, en ingresos legales superiores a los ilegales, etc. Hacer una política de captura, pero ¿cómo voy a prevenir que se convierta en criminal?”.