Con la decisión de suspender de forma provisional por tres meses al alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, ya son cinco los burgomaestres de ciudades capitales a los que la Procuraduría General de la Nación les ha puesto la lupa en esta campaña electoral por presunta participación política.Los alcaldes de Medellín (Federico Gutiérrez), Sincelejo (Jacobo Quessep) y Popayán (César Cristian Gómez) están siendo actualmente investigados por el ente de control. El Alcalde de la capital del Cauca actualmente se encuentra también suspendido de sus funciones. A mediados de septiembre, el Ministerio Público decidió suspender por tres meses al entonces alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien posteriormente renunció al cargo.La Procuraduría investiga al Alcalde de la capital de Risaralda porque, al parecer, solicitó respaldos a las candidaturas de diversos aspirantes. Además, se investigan las denuncias presentadas ante el ente de control sobre una posible presión sobre otras personas para que respalden aspiraciones políticas de los candidatos.“Los elementos de juicio obrantes en el proceso permitieron inferir fundadamente que ante la proximidad de la jornada electoral del 27 de octubre del año en curso, existe un riesgo real de que el servidor público investigado pueda reiterar o continuar cometiendo el comportamiento objeto de reproche, en el sentido de insinuar y solicitar respaldo a contratistas de su administración para apoyar las campañas políticas, dada su jerarquía, poder de mando y disposición como jefe de la Administración y representante legal de Pereira”, dijo la Procuraduría. El órgano de control ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desplegó el comportamiento presuntamente irregular, y el perjuicio causado a la administración pública.En adición a los mandatarios municipales, el gobernador de Caldas, Guido Echeverry, también está siendo investigado. El Ministerio Público investiga una denuncia por supuestas manifestaciones políticas del Mandatario territorial, dadas a conocer en la audiencia de rendición de cuentas realizada en el municipio de Pácora, el pasado 21 de agosto. Por lo anterior, ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desplegó el comportamiento presuntamente irregular, y el perjuicio causado a la administración pública.Meses atrás, el procurador general Fernando Carrillo expidió la Directiva 08 sobre el cumplimiento de reglas de participación en política de servidores públicos en las elecciones territoriales de 2019, y la Circular 07, que hace recomendaciones para los procesos electorales de autoridades locales y territoriales, convocados para el próximo 27 de octubre. Señaló que todos los servidores públicos están sometidos a los límites establecidos en la Constitución Política y en las previsiones contempladas como infracciones o prohibiciones de las leyes 734 de 2002 y 996 de 2005.“Se recuerda que, por aplicación de las normas vigente, ningún servidor del Estado o el particular que ejerza funciones públicas, salvo que esté autorizado legalmente para esto, puede participar en conductas con ese fin”, afirma el Ministerio Público.El Ministerio del Interior reportó a principios de mes que, con el 12,23% de las quejas que llegan a la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), la participación en política de funcionarios públicos superó esta semana al trasteo de votos como la denuncia más presentada.