La Casa Blanca les prohibió rendir testimonio. Pero el embajador de Trump ante la Unión Europea lo echó a la hoguera declarando a la comisión investigadora del congreso que sí había habido un quid pro quo: ayuda a cambio de investigación a los Biden. Cuando los republicanos le preguntaron si lo había ordenado Trump, respondió que suponía, porque el presidente le dio instrucciones de hablar con Giuliany, y Giuliany hablaba en nombre del presidente. Eso no es una prueba reina.	La operación duró hasta que la Casa Blanca se dio cuenta de que los habían cogido con las manos en la masa: supo que había un soplón, y abortó la operación. Como la suerte va en dirección de los que tienen suerte, cuando el embajador ante la Unión Europea se atrevió a llamar a Trump por teléfono para que le dijera qué era lo que quería de Ucrania, él ya pudo decirle: “No quiero nada, no quid pro quo”.	Este proceso de destitución plantea un tema constitucional de envergadura: si el artículo 2 de la constitución le confiere al presidente el derecho a hacer lo que quiera, como afirma Trump. O como dijo en su defensa uno de sus abogados a una corte de apelación: la justicia no le puede poner la mano a un presidente en funciones, así haya matado a alguien.	El juicio en el Senado será político, no jurídico constitucional. Por eso los senadores republicanos, ante la ausencia del revólver humeante, votarán: No guilty. El tiempo nos dirá si el fallo del Senado lo disparará en la campaña presidencial. Según las encuestas, hoy la aceptación de Trump es del 43 por ciento, la misma que Obama I para esta misma fecha.	Ahora bien, la acusación de la Cámara trata a Trump como un presidente corrupto, y los demócratas harán todo para gravar ese mensaje en la mente de la opinión pública. Trump puede salir herido. Y si no firma la paz comercial con China, el Down Jones, que lo sostiene, se le puede venir abajo.