En esa ley, que es la que fija las reglas para que la JEP funcione y emita sus sentencias, hay artículos que no le gustan ni al Centro Democrático ni al gobierno como es la puerta que se abrió para que la JEP pueda juzgar los delitos sexuales contra menores de edad.	El otro está relacionado con el anterior: la decisión del gobierno de no acudir a las reuniones de la Comisión de Seguimiento, Impulso, Verificación e Implementación del acuerdo de paz (Csivi). El disgusto vino por una carta que envió el partido Farc a la ONU relacionada con el apoyo a la implementación de un punto del acuerdo de paz, el 3.42, que consiste en un Pacto Político Nacional promovido desde las regiones para que nunca más se utilicen las armas en la política.	Rafael Nieto, abogado y ex viceministro, recordó que la objeción de una ley por inconveniencia es de carácter político, pero al mismo tiempo puso de presente que al Gobierno le puede gustar o no el contenido de la sentencia de la Corte pero es una decisión tomada desde el punto de vista de la constitucionalidad de la ley.