al superintenente Juan Pablo Liévano Vegalara, el Ministerio Público sostuvo que esta circunstancia amerita el inicio inmediato de las correspondientes investigaciones administrativas “previa práctica de visitas que conduzcan a adoptar las medidas que permitan subsanar las presuntas irregularidades en que hayan podido incurrir en desarrollo de su objeto social; y, de ser necesario, se adopte alguna de las medidas de intervención y se designe un agente interventor para estos efectos”.	Así mismo, recordó la obligación y el deber que tiene el Estado colombiano de supervisar el cumplimiento de las normas societarias, y el ejercicio del control administrativo sobre operadores públicos y privados involucrados en este proyecto, a través del monitoreo de las actividades que ejecutan las empresas dentro del giro ordinario de sus negocios.	, donde la inseguridad de los habitantes de aproximadamente 15 municipios es un aspecto que debe ser considerado prioritario y fundamental en la agenda de las entidades del Estado, y por tanto, se hace necesario “la adopción de medidas urgentes bajo estándares de debida diligencia a cargo de los organismos de control y supervisión, proporcionales al grado de riesgo y daño que representa Hidroituango”.