En Norte de Santander ha ocurrido el caso más sonado del universo de crímenes. Un coronel del Ejército, identificado como Jorge Pérez Amézquita, es el señalado por la Fiscalía de orquestar un homicidio. Unas conversaciones por WhatsApp son la prueba reina que tendrá que afrontar el oficial, una vez sea llamado a audiencia de imputación, ya que por una estrategia de su abogada dilató la realización de esta diligencia.	El 9 de septiembre la defensora impugnó al juez de Garantías que presidía la sesión, aduciendo que era la Justicia Penal Militar la competente para hacer la investigación. El funcionario judicial escuchó a las partes y levantó sesión dejando en manos del Consejo Superior de la Judicatura la decisión. Esta semana ese órgano se pronunció diciendo que ellos no eran los llamados a dirimir, sino que eso le correspondía al superior jerárquico del juez de Garantías, es decir a uno de Conocimiento.	Camilo Fagua es miembro de la Dirección del Partido y sobre el caso de Dimar Torres explica que “hemos encontrado que había diseñado un plan por integrantes de la Fuerza Pública destinado a acabar con la vida de un firmante de la paz. No podría decir que en todos los 168 casos haya ocurrido el mismo patrón, pero sí ha habido evidencia que nos lleve a presumir de la existencia de un plan sistemático”.	Otro de los casos que más ha llamado la atención es el ocurrido con Alexánder Parra, cuyo cuerpo tenía seis impactos de bala, conforme reveló la necropsia que adelantaron los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal, cuya directora, Claudia García Fino, precisó que cinco de los impactos fueron hallados en la espalda y el otro en el brazo izquierdo.	Ahora lo que sigue es establecer la trayectoria de los proyectiles, al igual que la distancia desde la que fueron accionados. El informe de balística también arrojará luces sobre el tipo de bala empleada, lo que también conducirá a establecer la clase de arma que se usó en el asesinato que fue perpetrado dentro de lo que anteriormente se llamaba Etcr en Mesetas, Meta.	“Él había hecho varias solicitudes ante la UNP diciendo que la situación de riesgo nuestra es complicada, necesitamos que nos brinden esa seguridad, pero el Gobierno se hizo el de la vista gorda. Lo que se ve son unos paliativos de medidas que no atacan el fenómeno, en estos territorios en los que se piden se desmantelen las estructuras (paramilitares)”, sentencia Fagua.	Tras el crimen de Parra, la misma ONU rechazó el hecho y destacó que “era reconocido por su compromiso con el proceso de paz y su activo papel en la promoción de la reincorporación”. En ese pronunciamiento, el organismo multilateral también se extrañó por el hecho de que hubiera ocurrido dentro de un Etcr, “resguardado por la Fuerza Pública”.	Conocido el asesinato, el presidente Duque ordenó reforzar los anillos de seguridad de los espacios, pero Fagua no se muestra conforme con la medida y la califica como un error que ha venido cometiendo el Estado y, guardadas las proporciones, la compara con la propuesta lanzada esta semana de enviar más tropas al Cauca, donde hubo dos masacres en tres días. Dicho sea de paso, la ONU elevó su propuesta de enviar más soldados para resguardar el territorio Nasa.	Otra de las teorías es que los asesinatos obedecen a una especie de declaratoria de objetivo militar que recae sobre los exintegrantes de las Farc. La explicación radica en que grupos armados organizados, al ver el incumplimiento del Gobierno, tuvieron acercamientos con los reincorporados para ofrecerles que se unieran a sus filas.