La carta más importante de los últimos meses, la que no se podía perder, la que definía el futuro de Jesús Santrich, uno de los principales motivos de controversia entre la Fiscalía y la JEP y sobre el que la justicia de Estados Unidos está atenta, nunca llegó a su destinatario, el Departamento de Justicia de los EE.UU.	Todo comenzó con el auto 059 que la Jurisdicción Especial para la Paz expidió en octubre pasado para que a través de los canales diplomáticos se le pidiera al gobierno de los Estados Unidos las evidencias con las que ellos cuentan para pedir en extradición a Seuxis Paucias Hernández Solarte, el exintegrante de las Farc que se ha convertido en una verdadera papa caliente para el gobierno y la justicia.	En el documento de la JEP se establecía un plazo de 40 días para que se hiciera llegar esa información que sería analizada por la Sala de Revisión para determinar si se aplicaba la garantía de no extradición o, por el contrario, era enviado a los Estados Unidos para que responda por delitos relacionados por el narcotráfico ya que, de acuerdo con las autoridades, estaría concertando el envío de 10 toneladas de cocaína a ese país.	De parte de la JEP se revisó una y otra vez las radicaciones recibidas, pues no querían dar un paso en falso antes de pronunciarse al respecto sobre lo que en principio se consideró como un silencio por parte de las autoridades estadounidenses. Al final de la tarde, ese organismo emitió un comunicado en el que advertían que no se recibió el material probatorio solicitado dentro del plazo estipulado.	A su turno, las indagaciones y las consultas empezaron de parte de los delegados del Ministerio de Justicia sobre la no contestación. El entuerto tuvo un final inesperado, y que incluso sería cómico si no fuera tan grave, ya que el documento no llegó nunca a manos del Departamento de Justicia porque en algún punto de Panamá se extravió.	“4-72 se encuentra recopilando la información detallada que permita establecer con precisión el estado actual del envío, que va más allá de las fronteras nacionales y así poder suministrar al remitente la trazabilidad del mismo. En virtud de lo anterior 4-72 está obligado a garantizar la confidencialidad de la correspondencia, por lo cual, solo podrá remitir información del servicio prestado al Ministerio de Justicia en calidad de remitente del envío”, señaló la entidad.	A su turno, la JEP está haciendo una revisión de lo acontecido y analizando las consecuencias jurídicas del hecho. Entre la baraja de posibilidades está el hecho de que posiblemente, a raíz del infortunio, otorguen un nuevo plazo para que se alleguen las pruebas. De ser así, es innegable que la defensa de Santrich alegará e interpondrá recursos apelando al vencimiento de términos.	En principio, la razón por la que la JEP solicitó pruebas a la justicia estadounidense fue precisamente porque había dudas sobre la ocurrencia del hecho del que se acusa a Santrich. Sin las pruebas solicitadas en la carta, que eran vitales para el proceso, hay una alta probabilidad de que la extradición de Santrich no sea autorizada.	“Un episodio como este suscita toda clase de sospechas sobre la manera como el Ministerio de Justicia procedió. La ministra (Gloria María Barrero) no basta con que dé unas explicaciones, sino que debe renunciar. Este es un hecho muy grave y en este momento el imperativo es que se cumpla el procedimiento”, sostuvo Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático.	El también senador Rodrigo Lara (Cambio Radical) declaró que “es inverosímil, increíble e inaudito, que un documento de este tenor se haya podido perder, pero en especial la falta de profesionalismo en el Gobierno Nacional y no haber usado los causes de diplomáticos y de rigor. Se debe actuar con seriedad en este tipo de asuntos”.