Lo primero que hay que decir es que la decisión del máximo tribunal redujo drásticamente los tiempos necesarios para que una iniciativa de esta naturaleza fuera debidamente discutida en los espacios tanto democráticos como técnicos. Incluso decanos y representantes de la academia enviaron una carta invitando a que se no se debatiera el proyecto.	Ojalá que de la carrera, por segunda vez, no quede solo el cansancio y los congresistas cumplan al pie de la letra los procedimientos del trámite legislativo. Ante la experiencia negativa de la primera reforma, en esta ocasión el cuidado debe ser máximo. Tampoco del afán se pueden terminar aprobando proposiciones inconvenientes. Por ejemplo, se está estudiando la posibilidad de incluir un impuesto a las compras por internet a través de plataformas internacionales, una idea que necesita más evaluación en momentos en que se necesita estimular el comercio electrónico.	Para lograr el mantenimiento de ese espíritu, el Congreso y el Gobierno deben impedir que el nuevo articulado se llene de adiciones y modificaciones que reflejan más los intereses particulares de los parlamentarios que una visión estructurada. Esto será muy difícil ya que el propio Gobierno, en medio de la actual coyuntura de descontento ciudadano, le colgó al proyecto de reforma tributaria el llamado “paquete social”.	Es justo decir que no todas las iniciativas incluidas en ese bloque de medidas de corte social son idénticas en cuanto a su viabilidad técnica y su poder redistributivo. Por ejemplo, mientras varios sectores critican la efectividad de los tres días sin IVA, la propuesta de devolverlo a los hogares más vulnerables, estimada en unos 2 billones de pesos, merece seria consideración ya que constituiría un alivio directo a las familias.	Un cuarto aspecto es el relativo a los incentivos tributarios a las empresas, calculados en unos 9 billones de pesos. Si bien la oposición lo califica como un regalo al sector privado, la dinámica de estos estímulos es un poco más compleja. Aliviar la carga de impuestos a los empresarios y definir estímulos para la inversión en algunos sectores está en el centro de la doctrina económica del presidente Duque.