Una tensión habitual suele manifestarse en toda sociedad organizada cuando parecen enfrentarse, por una parte, el derecho que tienen los ciudadanos a protestar en el espacio público, incluso paralizando la movilidad de las urbes, y por la otra, la restricción del derecho a desplazarse del resto de habitantes que no participan en estas movilizaciones.	La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el particular tiene dicho que “... las restricciones al ejercicio del derecho de reunión y libertad de asociación son graves obstáculos a la posibilidad que tienen las personas de reivindicar sus derechos, dar a conocer sus peticiones y promover la búsqueda de cambios o soluciones a los problemas que les afectan (...) En una sociedad democrática el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación...”.	Por lo mismo, cuando la protesta social es reprimida se ponen en entredicho conceptos clave como el de democracia, derechos humanos o legitimidad, en la medida que quienes la restringen hacen uso de la estigmatización de los asociados, protestantes o marchantes para justificar el uso de la fuerza o la prohibición de autorizaciones para su procedencia, lo cual no hace sino generar la denominada criminalización de la protesta, cuyo objetivo es la judicialización de los conflictos sociales para librarse del diálogo comunitario, que es la negación de la funcionalidad de la política.	Por fortuna, nuestro país sigue esta línea constitucional; lo que en la práctica se manifiesta con una legislación que sólo exige a los organizadores de las marchas que notifiquen a la autoridad municipal qué día y el recorrido de estas con el fin de que se adopten las medidas razonables para proteger el ejercicio de este derecho, si se habrá de ejercer en calles, parques y demás espacios públicos.