Llama la atención lo que dijo el presidente Iván Duque cuando anuncio su acatamiento al fallo de la Corte Constitucional que negó definitivamente las objeciones a la ley estatutaria: “Pero es necesario reflexionar sobre las herramientas que deben seguir abiertas para corregir las cosas que no están saliendo bien. Tenemos que continuar construyendo una paz con legalidad y sin impunidad”.	No quedó claro a que legalidad se refería, si a la legalidad vigente prevista en la Constitución Política y en los acuerdos de paz, que tienen rango constitucional, o a una nueva legalidad que ha venido defendiendo el Centro Democrático, que busca modificar los acuerdos de paz y de manera particular a la JEP. Dada la intensidad del debate, la mayoría de los colombianos pensamos que muy seguramente se refería a esta última y consideramos que ella no era viable. El hecho es que el Presidente desde el principio de su mandato ha estado buscado modificar los acuerdos y no ha podido. La presión mediática se ha ido del otro lado. Hay que buscar nuevas alternativas al tratamiento del tema, que pueden hacerse desde dos puntos de vista.	El primero se refiere a los aspectos ideológicos políticos y judiciales de los acuerdos de paz, en particular a la JEP. Rechazadas las objeciones a la ley estatuaria lo procedente sería buscar un acuerdo político para redactar una ley interpretativa que ponga fin a los temores que tenía el Presidente de que la ley de la JEP pueda acabar con la extradición, precise quiénes se pueden beneficiar de ella y respete la valoración de un delito que puede hacer un juez extranjero. Si se logra un acuerdo de esta naturaleza queda claro que las reservas que tenía el gobierno se habrían podido resolver fácilmente por esta vía sin incurrir en el intenso debate que se ha hecho. Lo que sí escapa por completo al control del gobierno son las acciones propias de otras ramas del poder público, como el trámite judicial que ha rodeado el caso Santrich.	El segundo se refiere a la tarea que tiene que cumplir el Gobierno para la implementación de los acuerdos y para honrar todas las obligaciones que se derivan de ellos. Aquí, a diferencia de lo anterior, se presenta un avance positivo desde el punto de vista institucional y de la política de estabilización que el Gobierno desea desarrollar. En primer término, se definió una hoja de ruta para desarrollar los principales temas del acuerdo que corresponden al Ejecutivo a través de una política de estabilización basada en una reforma rural integral, planes regionales sectoriales, planes para facilitar la comercialización de productos campesinos, sistema integral de seguridad, programas de sustitución de cultivos y reincorporación social y económica de las víctimas. Desde el punto de vista institucional, el Gobierno creó, bajo la dirección de Emilio Archila, una Consejería Presidencial para la Estabilización y la Coordinación donde se concentraron las funciones que estaban dispersas en varias entidades del Estado.