-Publicidad.- El informe que presentó en previas esta semana la Contraloría General de la República sobre los costos irrecuperables de Hidroituango, ( 4 billones de pesos hasta ahora sin tener en cuenta lo que costará la reconstrucción), dejó mudos a los antioqueños y en especial a los furibundos paisas de las redes sociales que condenaban a todos los oprobios a quienes nos atrevíamos a cuestionar la magnitud de la equivocación cometida  con esa hidroeléctrica. El asunto ahora no es buscar culpables sino tener entereza para saber tomar la determinación de seguir o no seguir con un proyecto que según la Contraloria es inviable financieramente.	El país no sale de su asombro, pero los medios prefieren callar por no tener que repetir una vez más que estamos en manos de un gobierno inepto. Haber encubado durante meses en el despacho de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez y de la vice Juanita López el proyecto de ley mediante el cual se anulaban unas diez mil normas de distinto tipo y no haberse puesto en la tarea de comprobar, con una simple doble columna, las consecuencias mínimas de la anulación de las leyes o decretos, es una contundente demostración de la duquedesidia que se apoderó de todas las instancias del gobierno. Tener que objetar el mismo presidente la ley que presentó y aupó ( y que los congresistas menos que valoraron en su magnitud), es peor aún porque nos recuerda a los colombianos que este gobierno no le pega a nada.	En medio del furor antimarihuanero de los uribistas y sobre todo  para, de manera populista, aparecer como salvadores de la juventud y conseguir el apoyo de los cada vez más desautorizados padres de familia que no controlan ni educan a sus hijos, el gobierno dictó  un decreto reinterpretando un artículo de  la ley que estableció el Código de Policía. La Corte Constitucional acaba de anular ese artículo, lo que deja sin validez el decreto que autorizó decomisar la dosis mínima y sancionar a quien la porte en parques o calles del país. Pero como este es un país de santanderistas, y el fallo no dice expresamente que se cayó también (por extracción de materia) el decreto de marras que adicionaba el artículo, él sigue vigente y los policías continúan gastando tiempo en perseguir fumadores de marihuana.