En las últimas semanas, el presidente Donald Trump se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el tema del tráfico de drogas ilícitas. Primero, para señalar su descontento con los aparentes escasos resultados de su homologo Iván Duque en la disminución del tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos –un señalamiento que volvió a repetir esta semana–, y, segundo, para amenazar a México con la imposición de aranceles a los automóviles y el cierre de la frontera, si en el plazo de un año no se acaba el tráfico de drogas hacia su país.	Esta argumentación, justificativa de la producción y tráfico de cocaína y, a su vez, exculpativa de la sociedad, impide avanzar en la búsqueda de las reales causas del problema y por tanto de las soluciones adecuadas. Especialmente, porque no explica por qué a pesar de que muchos otros países que tienen la posibilidad de producir coca y cocaína, no lo hacen, dando lugar a que Colombia sea casi un monopolista.	Al respecto, es necesario recordar que a finales del siglo XIX y durante buena parte de la primera mitad del siglo XX, la coca se cultivó en diferentes países de manera legal y la cocaína se usó para fines médicos. En varios países europeos con buenas industrias farmacéuticas era legal importar desde sus colonias (Indonesia, Malasia, Sri Lanka y el sur de la India) las hojas de coca o la pasta básica llamada en ese entonces cocaína bruta.	Esta evidencia muestra que Colombia no tiene una ventaja comparativa especial en la producción de coca, la cual se puede cultivar en muchas zonas tropicales húmedas, y también muestra que muchos países que cultivaron coca y produjeron pasta básica, y que hoy cuentan con los recursos tecnológicos para refinar cocaína, no lo hacen.	Entre más controles estatales o sociales existan, será mayor el riesgo, y esto afectará su rentabilidad, e incluso la probabilidad de que este tipo de actividades se puedan desarrollar. Más aun, se puede llegar al caso, dependiendo del grado de controles existentes dentro de determinados grupos sociales, en que se considere que a pesar de que exista una demanda, no necesariamente se debe responder con una oferta.	Mientras Colombia se mantenga en el círculo vicioso que implica explicar el problema de las drogas con base en la necesidad de responder a una demanda, no podrá encontrar soluciones realistas, y terminará dependiendo siempre del vaivén de la política dictada por los países consumidores, que en la política mundial son mucho más poderosos y organizados.