Mientras que algunos gremios y empresarios aseguran que con la decisión que tome el Consejo de Estado sobre la exploración de Yacimientos No Convencionales en Colombia, está en juego la estabilidad fiscal y la seguridad energética del país, otros grupos argumentan que lo que está en juego es la sosteniblidad ambiental.	Luis Enrique Orduz, representante de la Corporación Podion, miembro de la alianza “Colombia sin fracking”, explicó que hay tres elementos básicos por lo que no se debe implementar esta práctica: por la sismicidad que desencadena; por la liberación de material radiactivo que está en el subsuelo y es liberado y por la conservación de fuentes hídricas.	Julio Cesar Vera, presidente de la Fundación XÚA Energy, dijo que Colombia cuenta con un marco normativo de 10 años y que esta práctica “se puede hacer bien, de la mano de las mejores empresas, sin escatimar ningún esfuerzo financiero y con un desarrollo que será responsable y con el uso de estándares técnicos y ambientales. Es una oportunidad de oro y no se puede desaprovechar”, dijo.	Asimismo, varios gremios argumentan que permitir el uso del fracking será clave para la sostenibilidad fiscal y la seguridad energética del país. Cálculos de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) indican que el uso de la técnica representaría para Colombia una oportunidad de generar ingresos fiscales por $1,5 billones anuales en impuestos, derechos económicos contractuales, dividendos y regalías.