Hoy la Sección Tercera del Consejo de Estado deberá pronunciarse acerca del recurso de súplica presentado por el Gobierno Nacional y decidir si levanta la medida cautelar sobre la normativa técnica del también llamado fracturamiento hidráulico, teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por las comisiones de expertos acerca de la implementación de los Proyectos Pilotos de Investigación Integral (PPII’s).	“Esperamos con optimismo que el Consejo de Estado tome una decisión que nos permita avanzar como industria y como país. El riesgo de perder la autosuficiencia está a la vuelta de la esquina e implicaría grandes costos para toda la nación”, señaló Germán Espinosa, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol).	El líder gremial resaltó que el horizonte de autosuficiencia en petróleo se encuentra en 6,2 años, mientras en gas es de 9,8 años, lo cual es precario, pero cuenta hoy con la posibilidad de ampliarse en caso de que se compruebe que los YNC tienen el potencial estimado, y que los riesgos que conlleva su desarrollo son “controlables y mitigables”.	“Hoy, no conocemos a ciencia cierta los efectos del fracking sobre la geografía colombiana. Esto último solo será posible si se llevan a cabo PPII’s, los cuales nos aportarán información veraz, confiable y transparente, sobre los aspectos ambientales, económicos, sociales y sobre la salud, de llevar a cabo esta práctica. Si se da la posibilidad de seguir adelante con los mismos, debemos trabajar unidos como industria, generar mayor pedagogía y continuar fortaleciendo la confianza con el territorio”, explicó Espinosa.	Por su parte Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), en la columna “Vaca Muerta, una lección para Colombia”, publicada en la presente edición de este diario, resaltó que Colombia podría perder la autosuficiencia energética y, de hecho, avanza hacia una difícil situación fiscal(...), al no haber permitido aún la fase exploratoria del fracking, para validar su potencial.	Cabe recordar que el Consejo de Estado suspendió en noviembre pasado y de manera provisional los actos administrativos por medio de los cuales el Gobierno Nacional fijó los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en YNC, a través del llamado fracking o estimulación hidráulica (Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y la Resolución n.° 90341 del 27 de marzo de 2014).	Para los togados, estos actos administrativos “muestra una orfandad de motivaciones en materia ambiental”, y resalta que en otros países ese tema es de la mayor transcendencia, “hasta el punto que este tipo de decisiones se han adoptado a través de comisiones de expertos que asesoran a los gobiernos para el efecto y de aplazamientos para adelantar los estudios pertinentes”.	A pesar del ambiente que rodea el tema del desarrollo de los YNC en el país, los ingresos por fracking ya están en las cuentas del Ejecutivo. Además de ascender a 7.500 millones de barriles de petróleo, es decir, cerca de 24 años adicionales de reservas, también entrarían a los remanentes 10 trillones de pies cúbicos en materia de gas natural.