El ente de control busca determinar si el exgobernador pudo incurrir en falta disciplinaria al presuntamente omitir el deber de vigilancia y control sobre los acuerdos contractuales adelantados entre junio y octubre del 2014, por los secretarios de salud de la época, con la IPS Maxilofacial de Córdoba S.A.S, Mauricio Javier Bermúdez Ramos, la Clínica de Especialidades Odontológicas Oralcosta, y Odontológica I.P.S S.A.S.	Al mismo tiempo, se espera determinar si los secretarios de salud pudieron incurrir en irregularidades contractuales al reconocer y pagar 5 resoluciones a favor de la IPS FM Maxilofacial de Córdoba S.A.S, por valores superiores a los $1500 millones de pesos; una a favor de Mauricio Javier Bermúdez Ramos, por la prestación de servicios especializados a 37 pacientes con patologías no POS, por $ 430.759.439; una resolución a favor de Odontológica I.P.S S.A.S, por $308.624.907, y un último acuerdo, a la Clínica de Especialidades Odontológicas Oralcosta, por $ 535.598.582.	El órgano de control decretó, entre otras pruebas, la visita especial a la Gobernación de Córdoba con el fin de obtener documentos que soporten los trámites contractuales objeto de investigación, con el fin de determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que se dieron los hechos. Los investigados podrán ser escuchados en versión libre.