Para la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, esta decisión se tomó con el objetivo principal de proteger a los vigilados, ya que se debe garantizar la transparencia y la legalidad en todos los procesos en el sector: “acudimos al Consejo de Estado para poder actuar con total contundencia frente a hechos irregulares que afectan el emprendimiento y la legalidad”, puntualizó.	Por último, precisó el Consejo de Estado que, además de violar el principio de legalidad, (…) “pretender reconocer efectos a la Resolución 10800 para deducir de ella infracciones administrativas que materialmente son idénticas a las del decreto 3366, haría nugatoria la decisión judicial adoptada por la sección primera del Consejo de Estado y abriría las puertas a maniobras fraudulentas de la Administración, en detrimento de los derechos de los ciudadanos.” (…)