El Fiscal de conocimiento estableció que los dos candidatos contrataban buses de servicio público para el traslado de los electores desde diferentes ciudades del país, para que realizaran la inscripción de sus cédulas en la sede de la Registraduría de la localidad en mención, a pesar de no haber nacido, habitado, tener negocios, asiento, profesión u oficio en el municipio.	Según los investigadores, el precio del voto oscilaba entre 50.000 y 500.000 pesos, los cuales serían entregados después de las votaciones. Además, les eran financiados el transporte, la alimentación y hospedaje. También está documentado en el expediente que ofrecían materiales de construcción, tales como tejas de zinc, tubos, cemento y ladrillos a cambio del voto.	“El hecho de esa captura que involucra a los dos candidatos en contienda, no es motivo para que se suspendan las elecciones en el municipio de El Rosario. Sin embargo, es lamentable que se haya presentado esa situación. Me imagino que la gente de esa localidad, no se siente muy bien de tener que salir a votar por dos candidatos que se encuentran en la cárcel”, precisó el funcionario.	Añadió que “estamos en una democracia y en el caso de estos dos candidatos, es cierto que ellos están siendo acusados, pero hay un debido proceso y simplemente, la Justicia dirá si son culpables o no. Pero lo cierto es que el proceso electoral, seguirá y uno de ellos será elegido este domingo como alcalde de El Rosario”.	“Se trata de una situación muy perjudicial para el municipio, puesto que en caso de que esto ocurra, habrá necesidad de hacer unas elecciones atípicas. Desde afuera se juzga, pero no se sabe si las pruebas son contundentes o no, para que el juez las tome y pueda concluir en algo”.