El viacrucis comenzó a finales del siglo XX, cuando intentaron modernizar las estructuras del Estado impulsados por la sorda y ciega locomotora Neoliberal y su controvertida Ley 30 de 1992 o de ‘Autonomía Universitaria’, que ‘encadenó’ los aportes entregados por la nación al Índice de Precios al Consumidor (IPC), absolutamente estíticos e insuficientes: antes de que la controvertida ley entrara en vigencia, el Estado contribuía con las universidades públicas aportándoles el 73% de su presupuesto y, 25 años después, solo el 48%, dejándoles migajas para desarrollarse e invertir en infraestructura, investigación y capacitación docente, propiciando un lamentable rezago en el ámbito regional y mundial.	La Ley 30 obligó entonces a las universidades públicas a buscar recursos propios y, en ese camino, se camuflaron voraces y oscuros mercaderes que la prostituyeron mediante esguinces a la Ley 80 de 1993 (Estatuto general de contratación pública), contratando a dedo, eliminando trámites licitatorios y haciendo añicos la trasparencia y sus objetivos misionales.	Por eso saludamos el esfuerzo pacífico, respetuoso y sesudo de alumnos y docentes de las universidades públicas exigiendo trato justo y equitativo para garantizar así su funcionamiento sin afugias y su desarrollo con calidad, reclamando absoluta pulcritud en el manejo de sus sagrados recursos para no mancillar, ni un solo átomo, el sueño de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander y su invaluable patrimonio.