Esto genera “la búsqueda de la protección de los derechos fundamentales del buen nombre de mi defendido y la empresa que represento, esto por cuanto es el deber ciudadano como servidor público del concejal, realizar la protección de esos derechos y como ciudadano básicamente no lo ha hecho” explica Juan Manuel Ríos Castaño, abogado de la firma constructora.