Según la Defensoría del Pueblo, Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar están sirviendo como corredores logísticos para las estructuras armadas ilegales A menos de un mes de que la Defensoría del Pueblo emitiera una alerta temprana por la presencia de grupos armados en tres localidades de la ciudad de Bogotá, desde el Concejo de la capital se hizo un llamado para que se adopten, a la mayor brevedad posible, las medidas necesarias para hacerle frente a esta situación que aún no ha sido atendida. Precisamente por eso, de acuerdo con el concejal liberal, Armando Gutiérrez González, la semana pasada diferentes organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y líderes sociales, instauraron una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, porque la Alcaldía no ha tomado las acciones pertinentes frente a las alertas alusivas a la presencia de grupos armados al margen de la ley en la ciudad.De acuerdo con la Defensoría, Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar se encuentran en riesgo, porque algunos de los barrios de estas tres localidades están	sirviendo como corredores logísticos y de abastecimiento para las estructuras armadas ilegales, ya sea de grupos guerrilleros, paramilitares o estructuras de delincuencia común dedicadas al micrográfico, al tráfico de armas, extorciones, entre otras actividades ilegales. Así lo señala su más reciente informe, de acuerdo con el cual se encuentran en riesgo latente las poblaciones de mayor vulnerabilidad como los jóvenes, los líderes y las lideresas sociales, los desplazados tanto nacionales como venezolanos e incluso los comerciantes.“La Defensoría del Pueblo emitió la	en Bogotá, con el fin de que se adoptaran medidas de prevención y protección urgentes y efectivas para salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de la población civil de dicha localidad. Es urgente adoptar acciones contundentes para prevenir esta situación, por cuanto pone en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía, dado que ya son tres localidades las que se encuentran en riesgo inminente el día de hoy”, señaló la oficina del concejal Gutiérrez.Esta situación no solo ha sido registrada por la Defensoría; en diferentes organizaciones de las localidades afectadas ya se han adelantado denuncias por el aumento de amenazas y asesinatos de jóvenes en distintos puntos de estos sectores de la ciudad. Adicionalmente, se ha evidenciado la circulación de panfletos amenazantes, la proliferación de amenazas verbales de exterminio social y el incremento del tráfico de sustancias psicoactivas (SPA) en dichas localidades.Ante el preocupante panorama de violencia y asesinatos que atraviesa el país entero, desde la oficina del concejal Gutiérrez se le hizo durante el fin de semana un llamado a las autoridades pertinentes, para que adopten las medidas necesarias de manera urgente para salvaguardar la vida y la integridad de los líderes, lideresas, promotores de derechos humanos y de la ciudadanía en general.Las páginas del informe que la Defensoría emitió el mes pasado señalan que la población de riesgo en estas tres localidades es de alrededor de 1.400.000 hombres y 1.300.000 mujeres, y que las poblaciones que se encuentran en riesgo son las afrodescendientes e indígenas, quienes han sido “objeto de advertencia por ser líderes o lideresas de la población víctima del conflicto armado”, señala el informe. En su momento, apenas se hizo pública la advertencia de la Defensoría, concejales como Xinia Navarro, del Polo Democrático, motivó una solicitud para que se creara una Comisión Accidental para hacer seguimiento a dicho informe y determinar su impacto. “Es necesario que el Concejo de Bogotá pueda determinar con sus distintas bancadas la situación que se enuncia en el informe y que se invite a la Mesa de Víctimas a ese seguimiento, así como a los organismos de control y podamos determinar las causas del aumento de homicidios y amenazas en la zona (…) Hay que darle toda la credibilidad a la Defensoría del Pueblo, pero si es importante que el gobierno explique de manera pormenorizada cuál es la situación y podamos hacer un análisis juicioso del tema”, puntualizó en su momento la cabildante.