La Sección para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP avanza en el proceso de estudio de la solicitud de medidas cautelares, promovidas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que procura el cuidado, la protección y la preservación de 16 lugares del territorio nacional ubicados en Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre. En estas áreas habría cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada.Los 16 lugares por establecer se encontrarían en Medellín, Tarazá, Ituango, Valdivia, Cáceres, Yarumal, Nechí, Peque, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, Buriticá, Betulia y Puerto Berrío (Antioquia), La Victoria, Riosucio, La Dorada, Samaná y Norcasia (Caldas), Lebrija, San Vicente de Chucurí y Cimitarra (Santander), Aguachica (Cesar) y Sincelejo, Corozal, San Marcos y San Onofre (Sucre).En el marco de estas actuaciones, definidas desde el 14 de septiembre de 2018, la Sección vinculó a la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y estableció que para resolver la solicitud de las medidas cautelares debe contar con la mayor cantidad de información posible, acerca de la ubicación, condiciones y posibles riesgos de acceso y mantenimiento de cada uno de estos lugares.A la fecha, la Sección cuenta con información remitida por gobernaciones, alcaldías y la Fiscalía General de la Nación, entre otras instituciones, todas ellas vinculadas al trámite de solicitud de medidas cautelares, a través del auto 09 de noviembre de 2018. Sin embargo, la Sección consideró que esta información aún no es suficiente para avanzar en sus actuaciones.Por eso solicitaron al Gobernador de Antioquia, a EPM y a la empresa SOCYA entregar información sobre búsqueda de personas desaparecidas en municipios aledaños a proyecto Hidroituango.También solicita al Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez información sobre búsqueda de personas desaparecidas en esa ciudad, especialmente en la Comuna 13.Finalmente, abrieron un incidente de medidas correccionales contra los alcaldes de San Onofre, Nechí y Cáceres que desobedecieron una orden impartida en noviembre pasado