. Y es que en datos fríos, en el país se ha registrado una recarga laboral que no ha permitido que se lleven acciones de justicia en muchos casos. Por ejemplo, un grupo de 153 defensores públicos tiene a su cargo, nada más y nada menos que 234.964 procesos de reclamos de las víctimas que dejó la guerra en Colombia, es decir, que si decidieran trabajar cada uno con un número igual de casos, a cada defensor le corresponderían un total de 1535 casos, que a la larga son imposibles de responder.	“Nos encontramos en una etapa sin precedentes en la historia de nuestra industria, etapa caracterizada por la resistencia generalizada a creer que en tan poco tiempo cambiarían las necesidades y los modelos de negocio establecidos a lo largo de décadas, se avizoran grandes cambios y espero todos estemos preparados”, señala el reconocido académico Richard Susskind, que es pionero en el estudio de la intersección entre la tecnología y el derecho.	La respuesta podría variar desde cada óptica, pero en definitiva sí queda sonando la idea de pensar si en un país como el nuestro, en donde la industria avanza a pasos agigantados, en donde la globalización ha llegado y los conflictos por leyes y normas con otro países se incrementó desde inicio de siglo; en un país en donde el número de víctimas por el conflicto alcanza los más de ocho millones y los procesos en contra de Estado por problemas con el acceso a los derechos fundamentales como la salud o la educación, muchos abogados, aún no son tantos.