La historia tiene que ver con una autorización que otorgó la Judicatura a una serie de bodegas que servían para almacenar los vehículos que eran embargados: desde 2014, llegaron a la Fiscalía y a la Judicatura cientos de denuncias que señalaban que los automóviles no eran devueltos, pese a que los propietarios ya habían resuelto sus líos jurídicos. Ante las reiteradas denuncias, la Fiscalía investigó y estableció que los vehículos embargados eran alquilados y hasta vendidos, sin que los dueños lo supieran.