Avanzar hacia el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon el asesinato del activista LGBTI Guillermo Garzón Andrade, el pasado 15 de Noviembre en la capital de la República, a partir de los videos y demás elementos probatorios obtenidos por las autoridades, pidió la Defensoría del Pueblo al rechazar el homicidio y reiterar su llamado para que se respeten los derechos de esta población.	Algunas quejas allegadas a la Delegada para las Mujeres y Asuntos de Género dan cuenta que se trataría de una banda de asaltantes, cuyas víctimas son precisamente miembros de esta comunidad. En este orden de ideas, para la Defensoría resulta fundamental que se establezca si se trató de un crimen por prejuicio, ya que de 367 homicidios reportados por Colombia Diversa entre 2010 y 2012, 78 estarían directamente relacionados con esta causa.	A propósito de las cifras, mientras la ONG señala que el año pasado hubo 66 asesinatos de activistas y miembros de la comunidad, de los cuales 22 habrían sido cometidos en el departamento de Antioquia y 12 en Valle del Cauca, Medicina Legal reportó 40 crímenes, índice que en todo caso resulta alarmante para un Estado en el que la Constitución Política consagra como derechos fundamentales el nacer libres e iguales sin discriminación, y el libre desarrollo de la personalidad.	Vale la pena indicar que a la fecha, la Defensoría del Pueblo a través de su Sistema de Alertas Tempranas, ha emitido 13 documentos de advertencia (correspondientes a 11 informes de riesgo y 2 notas de seguimiento), en los que se han identificado factores puntuales de vulnerabilidad para los derechos de la población LGBTI en el marco del conflicto armado, a través de hostigamientos, persecuciones e intimidaciones. De hecho, la comunidad ha denunciado en varias oportunidades amenazas y situaciones de constreñimiento por parte de estructuras que se autodenominan como “Águilas Negras”, “Rastrojos” y “Urabeños”.	Además del asesinato de Guillermo Garzón, sobresalen crímenes como el de Fredys Darío Pineda, consultor de un programa de apoyo a la población desplazada a través de ACNUR y la Defensoría del Pueblo, ocurrido el 16 de febrero de 2008 en Apartadó; el de Álvaro Miguel Rivera, defensor de derechos humanos de las personas LGBTI y enfermos de VIH, el 6 de marzo de 2009 en Cali; y el de WaNda Fox, reconocida activista por la defensa de las personas trans en Bogotá, en hechos sucedidos el 25 de octubre de 2009 en la capital del país.