La audiencia de hoy tenía la intención de hacer un seguimiento a la sentencia T-236 de abril del 2017 que condicionó el uso del herbicida para combatir cultivos de coca al cumplimiento de ciertas condiciones. Concretamente, a que la reanudación de la aspersión aérea se fundamente “en evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente”.	Este es un tema que, como se vio, está enmarcado por la visión de Rstado y de política antidroga que se tenga. En medio del debate, una realidad: el aumento de los cultivos de coca a 171 mil hectáreas en 2017, según las cifras de monitoreo de Naciones Unidas, Simci. En 2012, esa cifra fue de 60 mil hectáreas.	El presidente Iván Duque le pidió a la Corte que module la sentencia y que al hacerlo entienda que la expansión de los cultivos hace un daño al orden constitucional, al orden legal, al medio ambiente, a la seguridad territorial y a la protección de los derechos fundamentales. Y para ello pidió que se le dejen usar todas las herramientas teniendo un “estricto apego a la prevención, a la precaución”.	Santos planteo darles a los campesinos alternativas, no envenenarlos y de ahí su énfasis en la erradicación manual, con estímulos a los campesinos. A propósito de eso dijo que hay inconsistencias en el discurso de lucha contra las drogas porque desde noviembre no se gira recursos para la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito y se mantiene acéfala la oficina de sustitución de cultivos.	Según Catalina Botero, decana de Derecho de los Andes, no se puede aceptar cualquier argumento para acabar con el narcotráfico, como se pretende desde algunos sectores, y lo que se demostró en la audiencia es que hay una disputa sobre las consecuencias del uso del glifosato, respecto de los cuales la mayoría de los estudios se han hecho sobre efectos controlados.	Planteó una serie de pasos a seguir en la lucha contra el problema como abandonar la estigmatización de que es un tema ideológico, seguir dando la pelea global para acabar con el negocio y una política integral que ataque a todos los eslabones de la cadena, sobre todo a los duros, y una en favor del campesino.	Sobre los contrastes de discursos en la audiencia en la Corte Constitucional aseguró que la diferencia entre quien sabe, el ex ministro Alejandro Gaviria, y quien no, el fiscal Martínez Neira, es que el primero habla de ciencia y cita estudios científicos y el segundo “habla de la longaniza y la carne roja”.