La determinación se dio luego de la recusación que hizo la defensa del procesado, dado que, a su juicio, no tiene competencia para conocer del proceso de su defendido, porque el excombatiente de las Farc tendría fuero, esto tras la decisión que tomó el Consejo de Estado durante el pasado mes de marzo.	“En decisión del Consejo de Estado que se deniega la perdida de investidura demandada por la Secretaria de la Cámara de Representantes, eso está en contravía al habersele reconocido la condición de Representante ante la Cámara de Representantes, por lo que nosotros consideramos que existe una incompetencia funcional de la Fiscalía y los jueces ordinarios, se establece que los congresistas tienen un fuero constitucional que impide que cualquier otro funcionario tome cualquier decisión respecto al aforado”, argumentó Eduardo Matías, abogado de Santrich.	Al escuchar el argumento, la delegada de la rama judicial no se declaró impedida, por lo que fue recusada, añadiendo que durante la diligencia de legalización de captura, la juez de alguna manera sentó precedente sobre la medida de aseguramiento del excombatiente. Así las cosas, lo que expresó el abogado es que definitivamente la juez estaba predispuesta sin siquiera haber escuchado la solicitud de la medida.	Sobre este caso la JEP determinó no extraditarlo, dado que no se presentaron pruebas que determinaran que el delito se cometió después de la firma. Así las cosas, lo que determinó la justicia transicional fue hacer efectiva la garantía de no extradición, decisión que fue apelada por el gobierno de Estados Unidos y la Procuraduría colombiana.