En una sociedad en la que se acaba de poner fin a un conflicto armado de larga duración, surge una valiosa oportunidad para comenzar a pensar en nuevos y más complejos retos de política pública. Abandonar el eterno debate entre paz y guerra brindaría la oportunidad de enfocar los esfuerzos del gobierno hacia acciones urgentes, como la presencia del Estado en las regiones, la reducción de la desigualdad económica y social, y el fortalecimiento de la infraestructura de transporte y comunicaciones para fomentar la productividad del campo y la industria.	Pero esto no ha pasado. Paradójicamente, el país parece haber perdido parte de su complejidad en la agenda de la política pública, y la visión del Estado sobre los problemas de una sociedad en progreso como la colombiana parece haberse simplificado en lugar de diversificarse. Hemos vuelto atrás sobre decisiones ya tomadas, y el choque entre las políticas que debieran ser de Estado y las políticas de gobierno pareciera no tener fin. Es lamentable que la agenda de los tres poderes públicos en los últimos tres meses se pueda resumir en tres letras. Más que una crisis institucional, estamos sufriendo de una polarización alimentada desde las esferas del poder, que nos impide pensar en lo que necesita Colombia como país sin los prismas dogmáticos y políticos que generan tanta miopía en la clase dirigente.	Entre los temas estratégicos a los que debe apostar Colombia resalta la política social. Ningún país logrará dar un salto cualitativo en su nivel de desarrollo en el largo plazo sin apostarle con fuerza a la calidad de su sistema educativo, así como al cierre de brechas entre la educación urbana y rural. No obstante, pareciera que la agenda de reforma educativa está bastante rezagada entre las prioridades del gobierno, como lo muestra el hecho de que el interesante acuerdo entre el Ministerio de Educación y Fecode del 16 de mayo pasó inadvertido para la opinión pública, y no fue adecuadamente promocionado por el Gobierno.	Se debe abordar, además, la necesidad urgente de una reforma pensional, que, al menos, se está discutiendo concienzudamente, pero hay que ver cómo se desenvuelve en la arena política, y una solución estructural al déficit crónico del sistema de salud. A esto debería sumarse un esfuerzo por reducir la desigualdad en la distribución de tierras, lo que incluye el financiamiento de un catastro rural que permita poner en cintura las propiedades improductivas de gran extensión.	El posconflicto surgió como una oportunidad para repensarnos como sociedad y comenzar a soñar la Colombia del futuro, ya sin el lastre que significaba la guerra. No hemos visto que esa oportunidad se esté aprovechando. El curso normal de los gobiernos es comenzar su periodo con los grandes proyectos transformadores, en vez de dejarse banalizar por los vaivenes políticos cotidianos. Ojalá que en los próximos tres años este gobierno comience a dejar de lado lo urgente, para priorizar lo importante.