Estamos convencidos de que el patrimonio arqueológico es la herencia que debemos salvaguardar para que las próximas generaciones conozcan con certeza de dónde venimos y cuáles han sido las raíces de nuestra cultura. Dicho esto, no podemos caer en el error de no tener claridad acerca de cómo es el tratamiento normativo y de trámites que se deben dar a los hallazgos y su manejo correspondiente con el fin de que no se retrase la ejecución de proyectos necesarios para cerrar la brecha social y económica del país.	Me parece importante resaltar la reciente expedición del Decreto 138 de 2019 por parte del Ministerio de Cultura que permite armonizar el desarrollo de proyectos de infraestructura necesarios para el país, sin poner en riesgo la preservación de nuestra heredad. Es claro que las obligaciones de las empresas cuando desarrollan un proyecto, no solamente deben estar circunscritas al tema ambiental, sino que deben incorporar con igual prioridad, los temas sociales y la protección arqueológica.	Es innegable que ante el desarrollo de proyectos por parte de las empresas, también se aumentaron las solicitudes de aprobación de trámites ante el Instituto Colombiano de Antropología Nacional e Historia (ICANH) y se presentaron indeseables cuellos de botella, así como diferentes interpretaciones para la obtención de los permisos correspondientes. Esto ha generado demoras, confusiones y acumulación de trámites. Se sabe que el mejor remedio para la tramitología y sus efectos colaterales es la transparencia.	En ese sentido, tal como lo establece el mencionado decreto, este problema se solventará con la plataforma tecnológica para una gestión eficiente de todos los trámites y así evitar la incertidumbre en el cumplimiento de los mismos y tener información clara y precisa para hacer un seguimiento exacto del avance del proceso. También, la mayor claridad frente al cambio de titularidad del Programa de Arqueología Preventiva, donde de manera similar a las licencias ambientales, los permisos arqueológicos pueden recaer sobre la persona jurídica que a su vez debe contar con profesionales idóneos para la ejecución de dichas actividades, es un gran avance.	Además, se destaca la modificación del trámite que autoriza por medio del registro del Programa de Arqueología Preventiva las intervenciones que se puedan efectuar durante el procedimiento de diagnóstico y prospección, lo cual reduce la cantidad de solicitudes y autorizaciones fragmentadas que se presentan ante el Instituto. Esto permitirá que el ICANH realice un seguimiento más continuo y en tiempo real del desarrollo de los proyectos.	P.D.: la protección de nuestro patrimonio cultural, ambiental y social deben ser una prioridad para el Estado y sus empresarios, por eso, bienvenidas las mesas de trabajo conjuntas con los diferentes grupos de interés para que este proceso sea producto de una construcción colectiva que la haga más rápida y transparente.