La historia de la paz en Colombia bien podría llamarse como el poema de Julio Flórez, “Todo nos llega tarde”. Esta es una consecuencia de la tradición centralista de nuestro país y es lo que le ha restado preponderancia histórica a la confrontación violenta que ha afectado más a la periferia. Esto permitió que, durante décadas, Orden y Violencia hayan convivido, como lo demuestra magistralmente Daniel Pécaut en su libro homónimo.	como lo muestran los trabajos de Jesús Antonio Bejarano, Juan Carlos Echeverry, Alejandro Gaviria, Cecilia López y Carlos Esteban Posada. No obstante, las consecuencias de la paz habían sido menos investigadas. Las negociaciones con los principales grupos armados ilegales (Farc-EP, ELN y AUC) en los siguientes años colocó en el centro de la discusión pública los costos de esta violencia y los beneficios de la paz para Colombia. Por eso una definición negativa de la paz, como ausencia de violencia, resultó útil para tender los puentes entre causas del conflicto y consecuencias de la paz.	el conflicto genera una reasignación de los recursos, tanto públicos como privados, hacia servicios de seguridad y defensa, lo que va en detrimento de otras destinaciones que, en ausencia de conflicto armado, podrían ser de mayor provecho para el país. Estas distorsiones, en el caso colombiano, son todavía mayores cuando se consideran los recursos para atender a las víctimas y debilitar las economías ilegales que financian el conflicto. Por ello, reducir la conflictividad armada es una ventana de oportunidad para corregir ambos efectos. Esto es el dividendo de paz.	Varios estudios realizados entre 2003 y 2015 por entidades como el DNP, Cerac, Fedesarrollo, CID-Universidad Nacional, CEDE-Universidad de los Andes y Bank of America, se propusieron estimar las magnitudes de este dividendo para Colombia. Como cabe esperar, todos los estudios encontraron que el dividendo de paz es positivo. Más interesante es evidenciar que su magnitud cambia en función de los periodos, variables y metodologías consideradas.	Esto implica que el Acuerdo tiene un importante impacto local y regional pero un efecto menor al esperado a nivel nacional. No por ello hay que menospreciar lo que esto implica en el largo plazo pues, como lo muestra el libro Costos Económicos y Sociales del Conflicto en Colombia ¿Cómo Construir un Posconflicto Sostenible? del CEDE,	En segundo lugar, coincidimos con el análisis del Bank of America, en cuanto que el conjunto de manifestaciones de violencia asociadas al conflicto armado interno viene reduciendo su magnitud desde hace 12 o 15 años, de modo que el dividendo se viene obteniendo desde antes de la firma del Acuerdo. Esto significa que el efecto Acuerdo es menor al esperado.	En tercer lugar, y como el mismo ejemplo también ilustra, las huellas del conflicto con las Farc-EP siguen causando daño y se evidencia una persistencia de otros grupos armados ilegales (ELN, BACRIM y disidencias de todo tipo), motivo por el que luego de la firma del Acuerdo siguen presentándose efectos económicos negativos, aunque en una magnitud mucho menor.	Tal como Andrés Ballesteros demuestra en su Disertación Doctoral, Military conversion in post-conflict countries: Determinants, impact, and a case study on policy implications for Colombia, un nivel relativamente alto de gasto militar es un mecanismo de disuasión efectivo frente al rearme y reorganización de grupos insurgentes. Finalmente, la implementación del Acuerdo enfrenta serios obstáculos presupuestales, que es donde se refleja el compromiso de la política pública. Prueba de ello es que ya en 2017 la meta de financiamiento para la implementación de los puntos del Acuerdo se cumplió en un 79%, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.