El documento registra además que hay 134 fallos por cumplir y 53 desacatos relacionados a acciones de cumplimiento y acciones populares, mientras que de 680 tutelas radicadas a corte de agosto de 2019, el 51.4% fueron falladas a favor del Distrito, el 29.4% en contra y el 19.1% aún no tienen un fallo proferido.	“Entendemos que son necesidades justas de los ciudadanos y que lo buscan a través de la acción judicial pero ya son medidas que comprometen la libertad del mandatario de turno porque las sanciones de desacato se dan por decisiones administrativas que no se han tomado por otros en épocas pasadas”, aseguró el alcalde.	La acción popular que solicitó el traslado del Mercado de Bazurto fue presentada en el año 2003 y posteriormente fue fallada a favor de la comunidad de los barrios Martínez Martelo y Barrio Chino que se veían afectados por la contaminación y malos olores que generaba el mismo. Sin embargo el traslado se encuentra paralizado por cuenta de la incertidumbre jurídica del lote donde se pensaba construir la central de abastos que lo reemplazaría.	En 2009 el Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena ordenó la clausura del relleno sanitario de Henequén y la construcción de un parque ambiental en la zona. La sentencia ha sido confirmada por el Tribunal Administrativo y en 2018 se declaró el incidente de desacato al alcalde Pedrito Pereira, situación que ya había afrontado el exalcalde Sergio Londoño por el mismo motivo.	En 2011 fue radicada, ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, una acción popular que pedía la reubicación de los habitantes de las poblaciones Marlinda y Villagloria, en el corregimiento de La Boquilla en cercanías a la ciénaga de La Virgen. La acción fue fallada a favor de la comunidad y además ordenó al Distrito iniciar un plan de reforestación y recuperación de los ecosistemas de manglar.	La sentencia T-149 de 2017 de la Corte Constitucional ordenó la reubicación de siete familias del barrio El Rodeo bajo la protección del derecho a una vivienda digna, ya que el terreno donde fueron construidas sus casas padece de diapirismo volcánico según expertos. Por este incidente han sido ordenados arrestos tanto para la Alcaldía de Cartagena como para la Alcaldía de Turbaco.	Para controlar la situación, Pereira afirmó que en diciembre del año pasado intentó conseguir un crédito para atender las acciones judiciales más importantes pero que por algunas características este no fue aprobado. De la misma manera puntualizó en que desde la administración “trataremos de ser responsables con el gasto y en el presupuesto del 2020 intentar cumplir en lo mayor posible con todas estas decisiones judiciales de obras que están pendientes, como calles, canales, parques deportivos y obras de protección”. A su vez llamó la atención a los actuales aspirantes al cargo a entender que “seguramente van a tener que atender un sinnúmero de desacatos que vienen de obras dejadas de ejecutar hace mucho tiempo” y que tal situación implica naturalmente una erogación presupuestal.