La presidente de la JEP envió una carta al canciller en donde le manifiesta que “tal solicitud la hicimos con base en lo dispuesto en los artículos 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 18 del Reglamento de la Comisión, y en el marco de la función de monitoreo que efectúa la CIDH al proceso de paz en Colombia, tal como lo ratificó ella misma en el capítulo quinto de su informe anual 2017”.	En octubre pasado, el Ministerio Público llamó a juicio al exfuncionario de la justicia transicional para que explicara el motivo por el cual concedió permisos incluso después de que perdió su competencia para desempeñar funciones jurisdiccionales, es decir, el 15 de enero de 2018, momento en el cual empezaron a funcionar las Salas de Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.