uego de las elecciones regionales que se realizaron el pasado 27 de octubre en todo el país, las administraciones salientes y entrantes iniciaron los respectivos procesos de empalme, los cuales son obligatorios y en condiciones normales no deberían suponer mayores traumatismos, por el contrario estos deben facilitar el ejercicio de las nuevas administraciones.	Sin embargo, en los municipios de Margarita y Tiquisio del departamento de Bolívar e incluso en Cartagena, las cosas no se han dado tan fácil. Poca disposición, cambio en las fechas y dificultad para acceder a la información son algunos de los principales obstáculos que impiden que la diligencia se desarrolle correctamente en estos lugares.	Ahora bien, teniendo en cuenta que el proceso de empalme está contemplado legalmente como una responsabilidad de gran importancia para el desarrollo territorial del país, ya que a partir de la información que allí se registra, los equipos de gobierno, la ciudadanía y los órganos de control, entre otros actores, pueden obtener información relevante y veraz, acerca de cuáles fueron los resultados y cuáles son los retos con lo que queda una entidad territorial. Es por esto que la Procuraduría inició la vigilancia en el desarrollo de estos y dio indicaciones puntuales a los actuales gobernadores y alcaldes distritales, metropolitanos y municipales de planear y ejecutar los procesos de cierre de gestión y empalme de sus administraciones, y a presentar informes sobre los avances, logros y retos en la protección de las víctimas y la consolidación de la paz.	Explica el Departamento Nacional de Planeación (DNP) que al no realizarse de manera adecuada este ejercicio de rendición de cuentas, se afecta la transparencia al no permitir identificar los logros y temas pendientes, en los aspectos estratégicos, administrativos, financieros, técnicos y humanos, con los que queda la entidad territorial al finalizar el anterior período de gobierno.	Por su parte, Fernando Grillo, director de Función Pública, explica que el empalme interviene en la toma de decisiones, ya que en el sector público las decisiones están basada en la información, pero esta debe ser información de calidad, de ahí que un buen proceso de empalme permite, en beneficio del ciudadano, que sus instituciones no se paralicen o cese la prestación de los servicios a cargo de las entidades territoriales.	Así las cosas, advierte el DNP que en caso que se llegue a presentar esta situación, y en el marco de la Directiva 019 de 2019 expedida por la Procuraduría General de la Nación, las nuevas administraciones deben poner en conocimiento de dicho organismo de control las dificultades que se lleguen a presentar con las administraciones salientes en desarrollo del proceso integral de gestión de empalme.	“El empalme es un proceso necesario y sano para el correcto tránsito entre gobiernos territoriales. Su éxito le conviene tanto al mandatario saliente como al entrante, en primer lugar, porque permite visibilizar los proyectos estratégicos que deja la administración y asegura su continuidad en el tiempo; en segundo lugar, porque le evita al mandatario saliente requerimientos posteriores y lo protege frente a eventuales investigaciones de orden disciplinario o fiscal; en tercer lugar, porque los mandatarios entrantes requieren conocer el estado actual de los asuntos políticos, sociales, presupuestales, administrativos, para iniciar su gestión adecuadamente”.	Desde el Gobierno Nacional se ha hecho una invitación a los mandatarios salientes y electos para que este proceso se realice al margen de ideologías y colores políticos, y se centre en el ciudadano y sus necesidades. De esta manera, si existen situaciones anómalas en el desarrollo del proceso de empalme, es importante recordar que se trata de obligaciones de orden legal y que los órganos de control están prestos para investigar y sancionar dichas situaciones”, recomienda Grillo.	Una situación similar se presenta en el municipio de Tiquisio, en donde la alcaldesa electa, Karen Contreras Acuña, aseguró que radicará un acta ante los organismos de control a nivel nacional y regional, porque el actual alcalde Fernando Carmona no ha iniciado el proceso de empalme, y por el contrario cambió la fecha a través de una resolución que no tiene una justificación fundamentada.