En esto coincidió Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, quien añadió que “sí aumenta el número de personas a quienes se les tiene que hacer la retención, pero es importante decir que esto no implica que más personas paguen impuestos. En principio, esos dineros que se les retienen son de los ciudadanos y se les debería devolver, pero no es común que suceda”.	En cuanto al recaudo esperado, el Ministerio de Hacienda proyectó, en su momento, que todos los ingresos por parte de personas naturales implicarían recoger $3,3 billones este año. Sin embargo, de allí se deben descontar unos $800.000 millones que llegarían por concepto de impuesto al patrimonio, con lo cual el impuesto de renta le dejaría al país $2,5 billones en el 2019.	Lo primero tiene que ver con la eliminación del sistema cedular para depurar los ingresos que reciben los contribuyentes, de tal modo que en una sola ‘fórmula’, se liquiden los impuestos a pagar por las rentas de trabajo, de pensiones, de capital y las no laborales. En tanto, lo segundo responde a la imposición de tarifas levemente superiores a quienes reciben mayores recursos mes a mes, de tal modo que tributen más.	Puntualmente, se reconfirma que los aportes voluntarios a fondos de pensiones y cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC) no pagarán impuestos hasta por $85 millones, pero si estos son retirados antes de tiempo, serán sometidos a una retención en la fuente mayor (pasó del 15% al 35%).	Vale recordar que si bien en la reforma no quedaron incluidos estos cambios, el Gobierno prestó atención a las alertas hechas por los fondos privados de pensiones, quienes aseguraron que los recursos allí invertidos de forma voluntaria superaban los $20 billones, por lo cual su tributación haría que estos fueran retirados de masivamente.	Según Ayala, “al contrario de lo que venía figurando antes, una persona independiente que tiene dos personas a cargo por más de 90 días tenía derecho a unas deducciones, y en la ley de financiamiento las limitaron. Se supone que la norma anterior estaba intentando estimular la contratación y el empleo, pero lo que aparece es todo lo contrario”.	En el borrador de decreto del Minhacienda también se detalla que el Gobierno busca darles claridad a los funcionarios diplomáticos, consulares y administrativos de la Cancillería. En este sentido, los recursos recibidos por concepto de primas especiales y de costo de vida que reciben estas personas no estarán sometidas a los límites de deducción que sí tienen las rentas de trabajo de todos los demás trabajadores en Colombia.