Para llevar a buen término estas pruebas piloto, las compañías involucradas en el proceso deben contar con una correcta zonificación y delimitación de los ecosistemas estratégicos a intervenir. Gracias a esto, será posible determinar los lugares en donde pueden ejecutar el proceso, brindando mayor seguridad jurídica a los operadores y así evitar potenciales revocatorias de autorizaciones ambientales por la ocupación de espacios restringidos como los páramos u otros ecosistemas protegidos.	Aunque el fracking ha tenido promotores y detractores en todo el país, se debe mitigar la falta de información y/o desconocimiento que existe sobre la misma, así como los señalamientos, debido a la falta de mecanismos legales y de regulación para su desarrollo en el territorio nacional, los cuales han bloqueado su avance.	El derecho ambiental brinda unas herramientas amplias para el desarrollo de los pilotos. Este marco normativo es muy completo, empezando por las mismas licencias ambientales que son las que permiten este tipo de tareas. Además de proporcionarle a la autoridad ambiental los elementos para poder hacer un debido control de los efectos, consecuencias o riesgos, también brinda la fórmula para realizar el control y seguimiento, con lo que permite mitigar de manera significativa los efectos. Con las herramientas que poseen las autoridades, es suficiente para poder desarrollar lo piloto de fracking.	Depende de la preparación y de los pasos que se requieren dar al momento de hacer el EIA, ya que este es la herramienta que desarrolla el operador del proyecto para poder convencer a la autoridad ambiental que cuenta con todas las medidas para poder prevenir o mitigar los impactos que se derivan de los proyectos piloto.	Por otro lado, es importante involucrar a los miembros de la comunidad para el desarrollo de estos proyectos, socializar los impactos derivados de esta técnica e invitarlos a participar de manera directa y activa para definir de manera conjunta soluciones a la problemática y preocupaciones de las comunidades de las regiones aledañas.	El reto que enfrentará el derecho ambiental en Colombia será entregar el correcto entendimiento, aplicación e interpretación de la regulación ambiental por parte de las autoridades a nivel nacional y regional, mientras fortalece el conocimiento técnico y legal de sus funcionarios para la entrega de permisos y licencias ambientales de nuevos proyectos de exploración de YNC a través del fracturamiento hidráulico.