Y el sentido de Estado, que se refiere al político que tiene claro hasta dónde se puede llegar, cuáles son los límites, y cómo crear políticas y programas que trasciendan en el tiempo y que sirvan a la sociedad en su conjunto, no es precisamente una cualidad de la que pudieron jactarse algunos de los que asumieron semejante responsabilidad, como alcaldes de Cartagena.	Habría sido más fácil responder este interrogante si todos los aspirantes hubieran participado en los debates –al menos en los de alto nivel–. En efecto, entre las razones por las cuales se institucionalizaron, está la de facilitar la apreciación sobre si los participantes tienen ideas claras y si merecen encarnar al Estado.	El problema surge cuando los debates se usan para agraviar al otro o a los otros competidores, o cuando no hay un mínimo de respeto por estos, y es cuando surge la idea de si los candidatos que van punteando en las encuestas tienen que exponerse al trato ofensivo de otro aspirante, y si es justificado marginarse del debate para no poner en riesgo el primer lugar en las encuestas.	Seguramente desde el cálculo electoral, no asistir a ningún debate puede ser una opción válida, especialmente en esas condiciones extremas; sin embargo, también puede ser producto del miedo a la exposición, o a que se descubra el vacío que hay en el candidato, porque también queda la idea de que los asesores de imagen, conscientes de las debilidades de sus patrocinados, los hayan querido ocultar del escrutinio público. Y si esto es válido desde el maquiavelismo inherente al mundillo político, no lo es frente al derecho que tienen los electores de conocer mejor a quienes están en competición por el ejercicio del poder.