Lo más importante es, quizá, que el proyecto vuelve a su esencia y es que las facturas entre empresas se cancelen en un máximo de 45 días. Y es que en los primeros debates, el tiempo se había ampliado hasta 60 días, con el fin de lograr un consenso con algunos congresistas.	Ahora, el texto quedaría así: “Se adopta como deber de todos los comerciantes y de quienes sin tener calidad de comerciantes ejecuten operaciones mercantiles, la obligación general de efectuar el pago de sus obligaciones contractuales, en un término que se pactará entre un mínimo de 30 y un máximo de 45 días calendario”.	Estos términos, según el proyecto, serían improrrogables y comenzarían a contar desde la fecha en que la empresa reciba las mercancías o en la que se termine la prestación de los servicios. En el caso de que las partes involucradas no pacten un tiempo fijo, “se entenderá que el plazo no será superior a 30 días calendario improrrogables”.	De otro lado, si se trata de una relación entre empresa grande (como contratante) y mediana (como contratista), las partes podrán extender el plazo máximo de pago hasta 60 días calendario, sin posibilidad de prórroga. Si se da que la primera hace un uso sistemático del tiempo límite para saldar sus obligaciones, se le considerará en “abuso de posición dominante”, lo que conllevará a sanciones monetarias.	De otro lado, se establecen varios ‘asteriscos’ en la norma. De este modo, la ley no aplicaría cuando las operaciones mercantiles se hagan entre grandes empresas, las que estén bajo el régimen de la contratación estatal (Ley 80) y todas aquellas que se realicen en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud.	La iniciativa aún tiene dos debates por surtir (en comisión y plenaria de Senado), pero en caso de ser aprobada, sería implementada en varias tandas. Así, a partir del 1.° de enero siguiente a la promulgación de la ley, y mientras las empresas se adaptan, el tiempo máximo de pago será de 60 días prorrogables. En tanto, pasado un año y medio, será de entre 30 y 45 días, como tope.	Esta agremiación, presidida por Bruce Mac Master, señaló hace unas semanas que tal y como se aprobó en segundo debate, el proyecto “no atiende los intereses de todos los actores de la cadena, ni tiene en cuenta las implicaciones macro y microeconómicas que se derivan de un proyecto de esta naturaleza”.	No obstante, agregó que los empresarios están de acuerdo en que esta medida se aplique en el caso de las micro y pequeñas empresas, y emprendedores. “Así mismo, reiteramos que estamos dispuestos a trabajar en una propuesta conjunta que atienda los intereses de todos los agentes de la cadena, al tiempo que tenga en cuenta las implicaciones de orden jurídico y macroeconómicas que se deriven de un proyecto de esta naturaleza”, anotó.