La demanda llegó al alto tribunal en marzo pasado, momento que era controversial debido a que un policía le impuso un comparendo a Steven Claros, un joven bogotano que debía pagar 800.000 pesos por haber comprado una empanada en la calle. El argumento del oficial para imponer la multa era que estaba promoviendo al vendedor ambulante.	Por esto, la Universidad señaló que “resulta inconstitucional, porque no dimensiona el asunto del trabajo informal en el espacio público como un problema de política pública, la cual es un Estado social y democrático de derechos, debe ser diseñada de manera participativa a los actores involucrados y requiere de programas de intervención sostenible en el tiempo que ofrezcan opciones de trabajo decente para los trabajadores”.