La Sala Plena del Consejo de Estado determinó que el ponente de la acción popular contra el establecimiento de zonas francas en Mosquera (Cundinamarca) debe determinar si admite o no la solicitud de los ciudadanos Tomás Uribe y Jerónimo Uribe para ser tenidos en cuenta como terceros interesados en ese proceso.El ponente del caso había negado el requerimiento el 2 de mayo pasado, por considerar que ya se habían vencido los términos para solicitar ser tenidos en cuenta en el curso de esta actuación judicial, frente a lo cual los afectados con la determinación interpusieron un recurso de súplica, con la intención de que la Sala Plena les permitiera intervenir dentro del caso.Al resolver este nuevo recurso, la Sala sostuvo que cuando se niega la solicitud de un tercero para intervenir en el curso de una acción popular, cabe el recurso de reposición y no el de súplica, que fue el mecanismo al que se vieron obligados a acudir los Uribe Moreno.Así las cosas, para garantizar el acceso a la administración de justicia, la Sala Plena remitió nuevamente el expediente al despacho del magistrado ponente para que adecúe el estudio de esta solicitud al recurso reposición, lo que implica que dicho despacho tendrá la última palabra respecto a la posibilidad de que estos ciudadanos intervengan o no en la acción popular. Frente a esta decisión se presentaron dos salvamentos de voto.