Desde los tiempos de la campaña presidencial, el presidente Donald Trump manifestó su preocupación por el déficit comercial de Estados Unidos con China, valorado en 419 mil millones de dólares en el 2018. Resultante de importaciones originarias del gigante asiático por 539 mil millones dólares y de exportaciones de Estados Unidos a China por 120 mil millones de dólares.	En aquella época, Trump incorporó a Peter Navarro a la contienda electoral como asesor en política comercial. Navarro, doctorado en economía de la Universidad de Harvard, profesor de la Universidad de California y actual director de política comercial e industrial de la Casa Blanca, es un feroz crítico de Pekín y autor del libro titulado Las próximas guerras chinas, que la administración estadounidense parece seguir a pie juntillas.	En opinión de Navarro, “es hora de que nuestros principales socios comerciales, y en particular los competidores estratégicos como China se den cuenta de que la era de la complacencia estadounidense en el mercado internacional ha terminado. En el futuro, el presidente Trump perseguirá dos objetivos en nombre de la nación y el pueblo estadounidense. Primero, el comercio no solo debe ser libre, sino también justo y recíproco. En segundo lugar, el presidente Trump se reserva el derecho de defender aquellas industrias críticas para nuestra propia seguridad nacional”. Para Navarro, “los días de las prácticas comerciales desleales han terminado”.	El 8 de marzo del 2018, el presidente Trump inició un complejo proceso negociador con China, que sigue los lineamientos de Navarro de garrote y zanahoria, para lo cual invocó la sección 232 de la Ley de Expansión de Comercio de 1962 contra el acero y el aluminio, que le permite imponer aranceles por razones de seguridad nacional, sin pasar por el Congreso. El 22 de marzo del mismo año, el presidente Trump firmó un Memorando que analiza “las agresiones económicas” de China, así: a) mecanismos de transferencia forzosa de tecnología estadounidense a China; b) licencias que le impiden a las compañías norteamericanas beneficiarse del mercado chino; c) inversiones y compras que facilitan la transferencia de tecnología a empresas chinas, y d) apoyo a intromisiones cibernéticas de empresas chinas en las redes de supercomputadores de Estados Unidos.	En respuesta a estas violaciones comerciales, la Casa Blanca ordenó la imposición de aranceles punitivos al amparo de la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que luego fueron respondidos por parte de China en el sector agropecuario estadounidense. La semana pasada, el presidente Trump declaró la emergencia nacional y restringió el acceso de Huawei y otros conglomerados chinos a la tecnología estadounidense, que después suspendió por 90 días para presionar la aceptación, en ese plazo, de un acuerdo redactado por Estados Unidos, que compromete a China a reducir el déficit comercial en 200.000 millones de dólares en dos años y remover todas las restricciones tecnológicas y comerciales en su mercado.