La discusión sobre los yacimientos no convencionales (YNC) y la técnica del fracking se aviva de manera cíclica. Pero lo cierto es que es un tema en el que Colombia viene trabajando desde hace una década; en sus beneficios y riesgos, en sus aspectos técnicos y regulatorios. En los últimos meses, el debate resurgió, acompañado de opiniones de diversa índole, algunas con sustento y otras no. El debate dio, además, un giro, pues se tornó político en donde lo popular es ser ‘antifracking’. Un error tratándose de un tema técnico y científico.	Atendiendo las inquietudes de distintos sectores, el gobierno del presidente Duque, entre sus primeras acciones, convocó a una Comisión de Expertos multidisciplinaria para analizar de manera integral el estado de los YNC en Colombia y, en especial, si el país cuenta con la regulación apropiada, si los riesgos son identificables y prevenibles, si las empresas que han previsto desarrollarlos tienen experiencia y son serias; si el país está preparado para iniciar la fase exploratoria. Y nació con la intención de generar consensos alrededor del tema, ahí radica su mayor valor.	No ha sido fácil. Hay quienes persisten en poner el fracking –una técnica cada día más utilizada en el mundo para extraer petróleo y gas– en el plano político, mediático y de las redes, los titulares taquilleros, y el análisis superficial buscando confrontarnos entre todos los actores. Se nos olvidan los intereses comunes, que todos somos usuarios y beneficiarios de los hidrocarburos, y el principal objetivo que compartimos como colombianos: el desarrollo del país y de sus recursos naturales no renovables de manera ambiental y socialmente sostenible.	Y es que no estamos hablando de cosas distintas. El Gobierno, la Contraloría General de la República, el Congreso de la República, las altas cortes, y ahora la Comisión de Expertos, todos, coincidimos en este propósito. Todos, incluida la industria, somos conscientes de que existen riesgos –como en toda actividad humana– y todos coincidimos en que es necesario hacerlo bien, con las mejores prácticas, con la vigilancia de la institucionalidad, y el seguimiento de las comunidades y de los interesados.	Es por eso que debemos ponernos de acuerdo en lo fundamental: dar el primer paso, abrirle la puerta a la investigación científica, a través de los proyectos pilotos de investigación (PPI) recomendados por la Comisión de Expertos, por medio de operaciones concretas en campo, bajo la regulación existente y las licencias ambientales en curso. Los cuatro pilotos de industria, que se desarrollarían en el Valle Medio del Magdalena y la Cuenca Cesar Ranchería, nos darán información completa y transparente en materia de uso y calidad de las aguas subterráneas y superficiales, fluido de retorno, sismicidad, uso y manejo de químicos, calidad del aire y ruido, entre otros aspectos.	Los resultados de los primeros pozos exploratorios servirán para construir una línea base ambiental, serán utilizados para evaluar la efectividad de la regulación vigente en Colombia y aportarán los elementos técnicos y ambientales suficientes para determinar cualquier ajuste normativo y regulatorio a futuro, si fuera el caso. De ahí la importancia de avanzar con celeridad.	Esto sin contar que está en juego la autosuficiencia energética del país, es decir, que produzcamos los recursos que consumimos –por ejemplo el gas natural, fundamental para la generación de energía–, de lo contrario nos veremos obligados a importar gas y crudo de países que sí usan fracking y además reciben sus beneficios. La historia de la importación ya la vivimos en la década del 70, con altos costos para los hogares, la industria y el país. No la podemos repetir.	Los cuatro pilotos señalados, una vez pasen a fase de desarrollo, producirían 450 mil barriles diarios adicionales y autosuficiencia en gas por 25 años. Además de inversiones por 5.000 millones de dólares al año e ingresos para el Estado de 36.000 millones de dólares, generarían miles de empleos directos e indirectos en las regiones de operación. Además de un impulso a los encadenamientos productivos y el crecimiento económico regional.	La invitación es a trabajar en conjunto para avanzar en la fase exploratoria y el desarrollo de los yacimientos no convencionales, así como lo han hecho otros países, incluida Argentina, que pasó por esta misma discusión hace una década, y hoy ya ve los frutos del desarrollo de sus YNC. Para esto, y ante las recomendaciones y preguntas que surjan del informe final de la Comisión de Expertos y del realizado el año pasado por la Contraloría, no tenemos duda de que la solución es la pronta implementación de los pilotos de industria.