En 1999, con ocasión del conflicto de límites geográficos, Nicaragua adoptó medidas comerciales contra Colombia, que en la práctica equivalían a un embargo comercial. Colombia demandó ante la OMC y Nicaragua se defendió argumentando que las había adoptado por seguridad nacional. Se aprobó la conformación de un tribunal de arbitramento, pero la Cancillería se le atravesó al entonces Ministerio de Comercio argumentando que la actuación de un tribunal internacional para dirimir un conflicto comercial, en medio de la disputa de límites geográficos, podía molestar a Nicaragua.	Estados Unidos y la Unión Europea se acercaron a Colombia para pedirle que se abstuviera de seguir el caso, pues no era conveniente para el sistema multilateral de comercio abrir la caja de Pandora de la excepción de la seguridad nacional (que un tribunal definiera los contornos entre los cuales se pudieran adoptar medidas restrictivas al comercio amparadas en la seguridad nacional).	Los tiempos cambian. El arma de guerra económica favorita del presidente Trump son los aranceles, y la puede usar sin pedirle permiso al Congreso; para darle una apariencia de legalidad frente a la legislación internacional, los cubre con el velo de la seguridad nacional. De esa manera justificó los aranceles ilegales para la importación de acero y aluminio, y con esa justificación amenaza subir los de importación de carros y sus partes. Seis países demandaron esos aranceles ante la OMC.	Estados Unidos ya les ha advertido a sus socios comerciales que no acepta la jurisdicción de la OMC para juzgar medidas restrictivas al comercio adoptadas por seguridad nacional. Ningún tribunal internacional se puede meter con la seguridad nacional de EE. UU. Recientemente, le quitó la visa a la presidenta del Tribunal Penal Internacional porque quería juzgar los excesos de soldados gringos en Afganistán, las sanciones a Venezuela y Rusia están justificadas por amenaza a su seguridad nacional, el embargo comercial a Cuba también, etc.	Un tribunal de arbitramento acaba de abrir la caja de Pandora en una disputa comercial entre Rusia y Ucrania. Rusia prohibió el tránsito de mercancías ucranianas por territorio ruso, amparado en la seguridad nacional. Este tribunal lo dijo claro con todas sus letras: la OMC tiene jurisdicción para juzgar si una barrera al comercio ha sido adoptada por motivos de seguridad nacional. Además, estableció un test: demostrar de manera objetiva que los intereses esenciales de la seguridad se vean amenazados por un conflicto o amenaza de conflicto armado.	Con esa sentencia se le mojó la pólvora al presidente Trump. No hay posibilidad de que los aranceles ilegales al acero y al aluminio pasen el test de la seguridad nacional de la OMC, lo mismo que los eventuales aranceles a los carros. Pero Trump tiene un rehén de alto valor estratégico: el tribunal de última instancia de la OMC, que está compuesto por siete miembros, y EE. UU. se ha opuesto a llenar las vacantes de cuatro de ellos. En diciembre ese fuero quedará con dos miembros y será su parálisis definitiva, pues cada caso tiene que ser llevado por tres árbitros. Así, los aranceles ilegales de EE. UU. jamás llegarán al tribunal de última instancia.	Nuestras exportaciones de acero a EE. UU. se desplomaron porque Colombia cayó en la red de países cuyas ventas amenazan la seguridad nacional de ese país. Según el test establecido por la OMC, estamos en un “conflicto armado latente” con EE. UU. Un buen trabajo de diplomacia comercial, podría eliminar esa barrera comercial, como lo hicieron Argentina y Brasil.