El alto Tribunal deberá definir si esta continúa funcionando como hasta ahora, si se cae, o, si debe regresar al Congreso para que este corrija los errores en el articulado de la Ley._____________La última palabra sobre la continuidad de la Ley de Financiamiento que fue aprobada hace un año por el Congreso de la República la tendrá la Corte Constitucional, pues en sus manos está si la declara exequible, inexequible o parcialmente inexequible. Esto quiere decir entonces que el alto Tribunal deberá definir si esta continúa funcionando como hasta ahora, si se cae, o, si debe regresar al Congreso para que este corrija los errores en el articulado de la Ley.En concreto, los magistrados están estudiando posibles vicios de procedimiento de la norma, o dicho en otras palabras, los “errores” que cometió el Legislativo cuando la tramitó.  Algunos de ellos tienen que ver con la socialización mediante la publicación en la Gaceta del Congreso o el trámite por el Senado y la sobretasa del sector financiero basado en el principio de la equidad.Las preocupacionesSon varios las voces que han salido en defensa de la Ley de Financiamiento. El Gobierno nacional, los empresarios y los líderes de algunos gremios han manifestado abiertamente que les preocupa varios aspectos. Por un lado, el Ministro de Hacianda, Alberto Carrasquilla ha dicho que si la Corte tumba la ley se habría dejado de recibir a 2030 el equivalente a un PIB anual, es decir, cerca de $900 billones. “Eso nos da el equivalente más o menos a un PIB anual de Colombia. Perdemos 10% de nuestra capacidad de ingreso de un tanganazo”, dijo. También alega que “nadie va a volver a creer en una reforma tributaria ni ley de financiamiento”. En tanto, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, afirmó el mes pasado que “no solamente sería nocivo para la estabilidad jurídica del país, sino también para la estabilidad económica”. Y que en esta Ley de Financiamiento se sustenta "gran parte de la esperanza del nuevo crecimiento de Colombia, de la incorporación de los informales a la formalidad y de los estímulos tributarios e incentivos para que muchos sectores de la economía puedan tener un mejor comportamiento”.