y que buscaba frenar la minería en esta población, la gobernación del Quindío a través de un comunicado aclaró que la decisión, lo que hace es acogerse a la sentencia emitida por la Corte Constitucional, que establece que la competencia para regular los recursos mineros es del estado, tras estar en el subsuelo que le pertenece a la nación… El secretario Jurídico encargado del Quindío	, dijo que cuando el acuerdo municipal llegó a la gobernación del Quindío, como todos los acuerdos que se expiden en los municipios para la revisión de legalidad y constitucionalidad por parte de la secretaría Jurídica, se procedió a verificar si las disposiciones que adoptaba son concordantes con la Ley y la Constitución, pues teniendo en cuenta la sentencia de unificación 095 de 2018, de la Corte Constitucional, sobre las facultades de los entes territoriales alrededor de los recursos naturales no renovables, se decidió enviar dicho acuerdo al Tribunal Administrativo del Quindío para que este alto tribunal decidiera si el acto del concejo municipal de Salento iba en contra o no a la Constitución y la ley.	dijo que respetando la decisión del TAQ, lo que llama la atención es la posición de la gobernación del departamento, tras no tener articulación con los alcaldes, en lo que tiene que ver con la protección del territorio, pues aparentemente con esto, se defiende más las posibles regalías que puedan llegar, por encima del territorio.