La Iglesia Católica, como ya lo ha hecho en varios ocasiones, lanzó duras críticas contra el borrador del Ministerio de Salud, con el argumento de que puede abrir la puerta para que se despenalice la interrupción voluntaria del embarazo en todos los casos y porque le impide a los médicos ejercer su derecho de objeción de conciencia.	Aunque el ministro Juan Pablo Uribe convocó a una rueda de prensa a primera hora de este jueves para explicar que el borrador no pretende “legislar” como lo afirma la Iglesia, sino que recopila normas que ya existen para cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional, hay varios puntos de la resolución que siguen provocando controversia entre quienes respaldan y se oponen a que se permita la interrupción voluntaria del embarazo.	Sandra Mazo, coordinadora Nacional del movimiento ‘Católicas por el derecho a decidir’, recordó que la objeción de conciencia se predica de las personas naturales y no de las instituciones. “Este derecho fundamental no es institucional o colectivo sino individual. La persona (el médico) debe tener razones de peso, sinceras y profundas, para no realizar el procedimiento”.	Lo que dice la resolución del Ministerio de Salud sobre este tema es que los médicos pueden declararse como objetores de conciencia si la realización del procedimiento está contra sus más íntimas convicciones. La objeción de conciencia tiene un carácter individual, por lo tanto, los centros médicos como colectividad, no se pueden declarar como tal.	El objetivo principal por el que la Corte Constitucional exigió al Ministerio de Salud recopilar un marco regulatorio en torno a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es que “ aún existen todo tipo de trabas y barreras para que las mujeres que solicitan la IVE puedan acceder de manera oportuna y en las condiciones adecuadas”.	Mazo, por otra parte, también se mostró en desacuerdo con el presidente de la Conferencia Episcopal. “Todos tienen el derecho a dar su postura sobre el tema, sin embargo, hay que recordar que Colombia es un estado laico y las posturas particulares religiosas no pueden imponer su creencia a algo que es una política pública”, resaltó.	Según el documento, el término máximo para llevar a cabo el procedimiento por parte de las instituciones prestadoras de salud, en caso de que no se pueda realizar en la misma visita de consulta inicial, es de cinco días calendario contados a partir de dicha consulta. No habrá limitación del tiempo de gestación para una IVE.	En los centros médicos no se deben realizar juntas médicas de revisión o de aprobación por auditores asesores legales o cualquier otro colaborador que ocasionan tiempos de espera injustificados para la práctica de la IVE; ni se deben suscribir pactos individuales o conjuntos para negarse a practicar la interrupción del embarazo.	En los tres casos se requiere solo una certificación médica por parte del médico o psicólogo. En caso de violaciones, basta con que la conducta constitutiva de la causal haya sido denunciada ante la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional o ante cualquier otra entidad con competencia para dar inicio a la investigación.