Así, entonces, se reconfirmó la información que los pobladores aportaron luego del hallazgo los documentos de identidad de las víctimas en la misma escena de los hechos: carnés, cédulas, tarjetas profesionales, documento de inscripción electoral quedaron esparcidos entre los cuerpos sin vida, los cuales presentaban tiros de gracia. Uno de ellos, un poco aparte de los demás, si presentaba una amplia herida en el cuello.	“Se trata Diego Alejandro Cerquera Picón, de 21 años, estudiante del Sena y de la universidad Corhuila, donde cursaba octavo semestre de ingeniería industrial, llevaba una semana laborando en Fundipros, en una pasantía. La otra persona, quien movilizaba a los demás en una camioneta Nissan Frontier, era Roosevelt Saavedra Solarte, quien era oriundo de la capital del Huila”, explicaron periodistas de dicho departamento, donde la noticia causó conmoción porque Cerquera Picón era el hijo de un exconcejal del municipio de Palermo.	Luego, se corroboró que las otras dos víctimas eran Carlos Mario López, un ingeniero agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, de 31 años de edad, y el suboficial jefe de la Armada colombiana Diego Hernán Torres, a quien se le encontró un carné que lo acreditaba como integrante activo de la fuerza pública colombiana.	Luego del hallazgo, y del trasladado de los cadáveres a Medicina Legal, en el municipio vecino de Miranda, el Gobierno Nacional adelantó, a puerta cerrada, un consejo de seguridad con el mando militar, donde se tomarán medidas para evitar que se presenten esta clase hechos, más cuando es la segunda masacre, en menos de una semana, que se registra en el norte del Cauca.	“La hipótesis que cobra más fuerza es que a ellos los asesinaron porque sospecharon que realizaban labores de inteligencia, más cuando a uno de ellos les encontraron documentos que lo acreditaba como integrante de la fuerza pública. Es que es el segundo caso de estas características que sucede en este municipio, a principio de octubre fueron asesinados dos fotógrafos y un funcionario de la Sijín de la Policía cuando se movilizaban por el área rural de este municipio”, indicaron líderes sociales de Corinto.	Y es que ahora el norte del departamento es un escenario de guerra entre las disidencias del Ejército de Liberación Nacional, EPL, o Los Pelusos e integrantes de las Dagoberto Ramos de la Farc, grupo que se apartó del proceso de paz. La razón: en este punto están las más extensas plantaciones de marihuana del suroccidente Colombiana, además, complejos para la elaboración de cocaína.	De ahí que la guerra entre estos grupos termine por crear zonas vedadas hasta para fuerza pública, donde son los violentos los que imponen su ley. Por eso, y la única forma de llegar, es como lo hizo el Ejército esa noche martes luego de la masacre de cinco nativos en Toribío: con artillería pesada.	Mientras tanto, Giovanni Yule, vocero político del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, expresó que pese a presencia de numerosos batallones del Ejército en área del departamento, el gobierno no ha podido ofrecer garantías de seguridad a las comunidades indígenas, ni campesina “Todo obedece a un antecedente histórico como a la poca presencia del Estado en la región”, acotó el líder nativo.