Aunque hace 17 años se investiga la desaparición de un centenar de personas en la Comuna Trece de Medellín, la Fiscalía todavía no ha preguntado de quien es la casa a la que iban las víctimas a morir luego de la tortura. Por eso la JEP le llamó la atención y también a las autoridades de la ciudad por falta de colaboración.