Una suerte desafortunada parece haberse instalado en la Contraloría Distrital de Cartagena, toda vez que la interinidad del cargo de contralor no acaba. Y no será fácil que culmine, porque el proceso más reciente de convocatoria para proveerlo fue entutelado y frenado dejando a 13 aspirantes “colgados de la brocha”. Recuerda el sino trágico de la Alcaldía de Cartagena, que ha marchado dando tumbos en una seguidilla de periodos interinos. Quizá el contralor encargado actual esté haciendo las cosas bien, pero la ciudad amerita que haya un contralor o contralora en propiedad el año próximo y que se exhume el fantasma de la duda o el estigma que, al parecer, se ha posado sobre la entidad, y esta recupere su credibilidad, afectada por los ruidos que la circundan.	Hoy funcionan la Contraloría Distrital, la Departamental, y la gerencia de la Contraloría General, la primera para efectos distritales, la segunda para el departamento, y la tercera para ambos entes territoriales. Soy partidario de la fusión de las contralorías en una sola, vía proyecto legislativo, sin que se afecte, eso sí, a los trabajadores de planta de las entidades en mención.	Reconozco que la Contraloría Distrital ha realizado muchas investigaciones en las que como periodista, he ponderado el trabajo concienzudo y dedicado que han desarrollado sus funcionarios para arrojar resultados probos en materia del saneamiento fiscal. Pero, volviendo a lo primero, ¿qué es lo que hay detrás de los intríngulis de la Contraloría de Cartagena?, ¿a quién le interesa o no la suerte de la entidad de control?	El hecho, que copó la atención o la curiosidad de los ciudadanos, tuvo por un año a muchos de ellos tras la rejas o en casa por cárcel, como medida preventiva. La investigación aún sigue, y avanza hacia su fase de juicio. Algunos apuntan: “Hay culpables”, otros a que “ha sido puro show”.	Mientras los jueces desenredan esa madeja, y dan un veredicto sobre qué fue lo que pasó en 2016 en el proceso de escogencia para proveer el cargo en esa Contraloría, lo que sí deberá plantear el Concejo este año, como el que venga en 2020, es un proceso sin tacha. La tesis de la Fiscalía General de la Nación, es a que en torno al cargo se mueve un presunto entramado de corrupción que involucra puestos y recursos de la entidad, pero que al sol de hoy no se ha demostrado, no se ha podido, o no han querido hacerlo. El Concejo tiene el reto de adelantar un nuevo proceso de convocatoria para el cargo, apoyado en los entes de control que permita que la Contraloría marche por buen camino.