Al respecto, Londoño, precisó que hay casos como los de las concesiones Bogotá-Girardot o Bogotá-Sogamoso que ya cumplieron con lo que se pactó cuando se hicieron los cálculos financieros. “Si lo que se hizo en la proyección se cumplió y se le pagó al concesionario lo que invirtió en la obra o lo que debía ganar, debe devolvérsele al estado y reducir así el costo de los peajes”.	“Necesitamos esa política pública. No puede ser que dependiendo de cada concesión se fijen las tarifas de los peajes”, dijo. Agregó que el costo del peaje debe tener relación directa con la calidad de la infraestructura y el tipo de transporte y que estos deben estar a una distancia mínima de 50 kilómetros uno de otro.	El proyecto para unificar el recaudo de peajes electrónicos sigue todavía estancado. En noviembre del 2017 el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) firmaron la resolución que les dio vía libre a estos mecanismos para que operaran de forma interconectada. El 9 de marzo del año pasado se expidió una resolución que fijaba un período de 12 meses para tal fin.