Los colombianos aún no entendemos cómo siguen matando a nuestros policías de la forma más vil y cobarde.Volvimos a ser víctimas del terrorismo, de aquellos que quieren destruir nuestras instituciones, de aquellos que hoy vuelven a silenciar las vidas de padres, hijos, hermanos, sobrinos o nietos que escogieron como profesión defender a todos los ciudadanos. Que escogieron por honor ser policías.	Del trágico atentado terrorista con carro bomba en la Escuela de Cadetes General Santander que dejó un saldo de 22 muertos y más de 60 heridos, se pueden sacar varias conclusiones: La primera es que el ELN -autor del atentado- no tiene voluntad de paz y su estructura militar sigue activa.	La segunda, es la ventaja que tiene el gobierno para actuar con prontitud y vehemencia con el fin de evitar futuros ataques y la tercera, es la obligación de la comunidad internacional de entregar a los jefes de la guerrilla del ELN para que respondan ante todos los colombianos y sobre todo, ante las víctimas.	Sin embargo, al ser una guerrilla mitad rural – mitad urbana, su estructura no responde a un cuerpo de mando por lo que su cohesión como grupo es débil o casi nula. El ELN se ha dedicado a secuestrar, extorsionar, volar oleoductos y sembrar el terror en todo el país, ni siquiera en los ceses de diciembre detuvo su accionar delictivo. Hoy en día todos concuerdan en que el ELN no tiene voluntad de paz.	La respuesta del gobierno no se quedó corta. En un acto coherente, le pidió a Cuba que entregara a los criminales del ELN ante la justicia colombiana, pues como dijo el presidente “no existen protocolos para legitimar un acto de barbarie como el que se cometió” Y es cierto. Los protocolos son una garantía para las partes en un proceso donde los actores son legítimos, no se pueden convertir en un blindaje para terroristas.