El espacio público es de todos y para todos los ciudadanos. Ese es el deber ser. Lastimosamente, ciertos sectores de Ibagué; especialmente, aquellos que concentran mayor afluencia de personas en diferentes momentos del día, se han vuelto atractivos para la proliferación de quienes, por diferentes razones, invaden zonas comunes de libre movilidad.	Varios son los factores que atizan este fenómeno. Primero, los altos niveles de informalidad. La Capital tolimense, por años, no ha podido reducir este índice por debajo del 50%. Miles de personas madrugan a las calles del Centro a rebuscar y “guerrear” el mínimo diario para sostener a sus familias; que en la mayoría de los casos, son numerosas. Han estado en la calle por años, porque la calle les ha dado para vivir y no es fácil romper con ese arraigo.	En Ibagué, han sido fallidos los planes de reubicación. El que parecía “pomposo” centro comercial Andrés López de Galarza, donde se adelantó un plan masivo de reasentamiento, terminó abandonado y los vendedores volvieron a donde se sienten cómodos; aduciendo que no hubo el plan efectivo de mercadeo y que por allá no iba nadie a comprar.	El desplazamiento masivo, y ahora la presencia de decenas de venezolanos, hacen que el fenómeno de la economía informal en las calles de Ibagué haya disparado la ocupación de espacio público. Ahora, esta invasión se extendió hacia los centros comerciales de la calle 60. En estos lugares, también la invasión de vías públicas por parte de vehículos particulares, motocicletas y taxis obstaculizan la libre movilización de los ciudadanos que también tienen derecho.	El dilema radica en las siguientes miradas: Todos tienen derecho al trabajo y más en una ciudad donde escasean las oportunidades, pero las autoridades tienen la obligación legítima de mantener y garantizar el espacio público para miles de ciudadanos que necesitan movilizarse por diferentes espacios que, como dicta el sentido común, son de todos y para todos.