A propósito del cierre del área de urgencias de la Clínica de Maternidad Rafael Calvo, comentamos ayer en esta sección, sobre cómo el esquema complejo de nuestro sistema de salud contribuye a que sus dueños ocultos se queden con buena parte de esos sagrados recursos, con la garantía perpetua de la impunidad.	Como por composición de la Ley 100 de 1993 cada institución de salud es supuestamente autónoma, no puede el Distrito obligar a priorizar el pago de los médicos, demás empleados de clínicas y hospitales, lo que lleva a formular el interrogante sobre quién está decidiendo a quién se le paga, cuánto y cuándo.	Frente a esto, y ya en el caso concreto de la Maternidad, causa gracia el llamado de clemencia que en su momento hicieron al gremio de galenos que suspendieron servicios, señalando que la organización sindical tiene una posición dominante que vulnera los derechos a la vida de madres e hijos, desprotegiendo a la población no asegurada, migrantes y usuarios de la región. Esta afirmación, que ya fue corregida, pues además de desatinada constituía un verdadero descaro, sugería que los médicos son insensibles y culpables de lo que pase a los usuarios, y que deben trabajar a pesar de que no les paguen, cuando la pregunta es, ¿por qué no les pagan con los millonarios recursos que se mueven en el sistema? ¿Por qué existen instituciones de salud que sí están al día con sus empleados y atienden con regularidad sus demás obligaciones? ¿Por qué prestatarias de servicios médicos locales son ejemplo a nivel nacional, si son nutridas por fuentes similares o equivalentes de recursos que percibe la Maternidad?	Quienes manejan políticamente el sistema de salud colombiano han logrado someter la voluntad de médicos y ayudantes. Los abusos a los que se acostumbraron estos apóstoles de la salud con tal de sentirse seguros de contar con la promesa de ingresos mensuales fijos, los ha llevado a tener que combinar sus vidas entre escasas horas para la familia y el reposo, pero muchas para el ‘multiempleo’ que supone trabajar en varias clínicas para subsistir con lo que alguna de estas pague, aunque tardíamente.	¿Tiene sentido mantener abierta una institución que no es capaz de pagar la justa retribución a sus empleados? ¿Pueden seguir sus directivos jugando con esa patología extraña por la cual los médicos han aceptado que denigren de su dignidad de profesionales a cambio de pírricas y demoradas remuneraciones? ¿En qué momento a quienes manejan el sistema se les volvió natural que estos profesionales de la salud tienen que sobrevivir con pagos aplazados por meses, de lo que otros profesionales sí perciben a tiempo? ¿Se puede seguir jugando con la calidad de vida de nuestros médicos porque están obligados a sacrificar sus existencias por el juramento hipocrático? ¿Hasta cuándo estará claro que no sólo la salud y la vida de los pacientes, sino también el mínimo vital de los médicos y profesionales afines es también un derecho fundamental que el Estado y los empleadores están obligados a respetar?