Eso es lo que ocurre con la falta de conocimiento respecto a la gran mayoría de predios urbanos y rurales en el territorio nacional. Tal como lo deja claro un documento aprobado por el Conpes a mediados de esta semana, el país anda casi a oscuras en un tema crucial que afecta desde el cobro de impuestos, hasta los derechos de propiedad.	La radiografía no solo es preocupante, sino deprimente. De acuerdo con los cálculos oficiales, no existe información catastral actualizada en dos terceras partes de la superficie terrestre colombiana, mientras que en el 28 por ciento adicional faltan los datos más elementales. En consecuencia, las propiedades debidamente identificadas y al día en sus características, cubren menos del seis por ciento del área.	Por eso, es importante la determinación de la administración Duque, consistente en definir una estrategia para ejecutar una política pública de catastro multipropósito. Este último término es clave, pues la definición tradicional habla de un censo o inventario de los bienes inmuebles que pertenecen al Estado o a los particulares, “con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica”.	Ahora la idea es que esa fotografía no sirva solo para cobrar tributos, sino para establecer quién es dueño de qué y diseñar sistemas relacionados con acceso a los servicios estatales, desarrollo de infraestructura, gestión ambiental o explotación del subsuelo, entre otras alternativas. En último término, de lo que se trata es de construir la base de datos más completa posible, la cual se deberá integrar al sistema estadístico nacional para permitirles actuar a los gobernantes.	El tamaño del esfuerzo es enorme. Y es que con excepción de los catastros descentralizados de Bogotá, Medellín, Cali y Antioquia, todo lo demás está bajo la órbita del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que en la práctica es una cenicienta. Basta señalar que el presupuesto de funcionamiento e inversión de la entidad llegó a un máximo de 286.149 millones de pesos en el 2013, para caer a 160.103 millones el año pasado. No es de extrañar, entonces, que el nivel de atraso sea mayor ahora que cinco años atrás.	Con el fin de examinar la magnitud de la tarea, el Gobierno pasado adelantó un proyecto piloto en cinco municipios de diferentes características: desde Santa Marta, la capital del Magdalena, hasta Puerto Leguízamo, en el Putumayo. La experiencia demostró que la labor es mucho más compleja y costosa de lo que se pensaba. Como consecuencia, de los 2,8 billones de pesos en que se tasó el trabajo tres años atrás, ahora se habla de 5,28 billones, que no es una suma menor.	El propósito de la administración Duque es hacer la tarea escalonada. Para el 2022, la meta es actualizar la información catastral en 650 municipios que albergan unos 13 millones de predios, con la idea de llegar al 100 por ciento (1.102 poblaciones y 20 áreas no municipalizadas) en el 2025. En las localidades más prósperas la labor será responsabilidad de las autoridades locales, mientras que en otras la gestión estará a cargo de la nación.