La Jurisdicción Especial para la Paz acreditó como víctimas a los militares que fueron secuestrados en la toma guerrillera a Miraflores (Guaviare) perpetrada por la guerrilla de las Farc el 3 de agosto de 1998. Junto con los militares, la misma categorización la recibieron los familiares de los uniformados que sustentaron un grado de parentesco.	Esta toma contra la base antinarcóticos de la Policía y una unidad militar fue perpetrada por guerrilleros del Bloque Oriental de esa guerrilla al mando del ‘Mono Jojoy’. Por cuenta del asalto subversivo, el Consejo de Estado condenó a la Nación al pago de más de 8.000 millones de pesos como indemnización por los perjuicios que sufrieron 28 víctimas del secuestro (soldados y policías) y tres lesionados.	“Durante el tiempo que se prolongó la retención, los uniformados se vieron expuestos a tratos crueles, degradantes, negatorios de la dignidad humana, entre ellos inasistencia médica, alimenticia, sanitaria, torturas físicas y sicológicas, ubicación en sitios humillantes como lo que un soldado llamó campos de concentración”, dice uno de los apartes de la sentencia del alto tribunal.