De acuerdo a la exposición de motivos del citado proyecto, se propone el cambio de naturaleza de los recursos del cargo por confiabilidad, creado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), al de carácter publico, con el fin de permitir su control y vigilancia por parte de los entes de control y la Fiscalía General, para garantizar su “correcta ejecución y transparencia”.	“Los recursos entregados por el cargo por confiabilidad a las generadoras se han destinado al cubrimiento de sus gastos ordinarios y al mantenimiento de la capacidad instalada, en el caso de las térmicas a enjugar pérdidas; dejando en segundo plano la expansión de esta. Esto, aunado a la carencia de una auditoría estructurada y constante, y a la ausencia de control de los recursos”,	“La misma Creg tuvo que fijar un precio y luego un piso (Resoluciones 178 de 2015 y 52 de 2016) para asegurar que las termoeléctricas que operaban con combustibles líquidos pudieran aliviar sus pérdidas, debido a que la concepción de la Resolución 71 de 2006 se hizo con base en un combustible que hoy está casi descontinuado (Fuel Oil 6)”, subraya la iniciativa.	“Si lo que se quiere es control y vigilancia sobre la utilización de los recursos por cargo por confiabilidad, no es necesaria la expedición de una nueva ley, porque en la regulación del sector eléctrico existen auditorías expertas en la regulación del sector eléctrico, que tiene por finalidad verificar la disponibilidad de los recursos de generación, que es uno de los propósitos del cargo por confiabilidad”, resaltó Suárez en una reciente columna publicada en este diario.	Agregó además que la ejecución de los recursos “va acompañada del control, inspección y vigilancia que ejerce la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), que tiene un grupo de expertos en regulación del sector eléctrico. De manera que pierde fuerza el argumento del proyecto de ley, cuando señala que es por falta de control y vigilancia”.