Su objetivo: explicar a sus interlocutores que el país centroamericano, que alberga un importante centro financiero, está decidido a “cambiar completamente” su imagen desde la llegada al poder del presidente Laurentino Cortizo en julio. “Quisimos venir para decir alto y claro que el proyecto de nuestro gobierno no sólo se limita a las palabras, sino también a acciones muy concretas”, dijo Mouynes, asegurando que ya han hecho de la “transparencia” una prioridad.	Mouynes se comprometió a que la legislación fuera aprobada a finales de año y recordó las medidas ya adoptadas por su gobierno, como la eliminación de “casi 600.000 empresas de las 800.000 registradas en Panamá” que no cumplían con los criterios internacionales”. “También hemos aprobado legislación que permite que los abogados sean sancionados y les exige que proporcionen información financiera cuando se les solicite”.	La delegación panameña también se reunió con el ministro francés de Cuentas Públicas, Gérald Darmanin, para convencerlo de que retire a su país de otra lista negra de paraísos fiscales, esta vez de Francia, en la que fue puesta en 2016 tras el escándalo de los papeles de Panamá, tras haber sido retirada cuatro años antes.