El organismo de control demostró que “de manera continuada, entre el 12 de agosto de 2014 y el 24 de enero de 2018, la entonces funcionaria se apropió de dineros públicos del Hospital Local San Pablo, por valor de $432’718.022 en beneficio propio, a través de operaciones financieras efectuadas en razón de sus funciones.	La apropiación de dichos dineros se evidenció en 42 pagos de sumas superiores a las autorizadas en el comprobante de egreso respectivo, para lo cual utilizó soportes de pago alterados o anulados, y giros de cheques o transferencias electrónicas que no estaban soportados, pues no correspondían ni a los valores consignados en los documentos, ni a los beneficiarios reales.	Explica la Procuraduría que la disciplinada incurrió en violación de varias normas contempladas en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la institución hospitalaria, que precisa las responsabilidades del tesorero pagador, entre esas la de “velar por la custodia y seguridad de todos los recursos económicos de propiedad de la ESE Hospital Local San Pablo (...)”.