, la responsabilidad de convocar al ajuste tarifario es de la Comisión de Regulación de Energía y Gas – Creg –; y en cuanto a la escogencia del nuevo operador de energía, corresponde a la Superintendencia y al MiniMinas, toda vez que son esas entidades las que deben organizar el componente logístico concertado con el actor popular, teniendo en cuenta que la decisión judicial –así no la compartan– debe ser acatada.	Las declaraciones dadas por el vocero del Movimiento Fuerza Ciudadana se basan en la orden del Tribunal Administrativo del Atlántico, que profiere: “la Creg, que antes de aprobar alguna modificación a la tarifa del servicio de energía prestado por Electricaribe, programe, establezca y evacue dos mesas de concertación en audiencias públicas en cada uno de los Departamentos afectados, en los cuales Electricaribe presta sus servicios, a fin de que se realicen audiencias de socialización en las que participen funcionarios de la Creg, alcaldes de los municipios afectados, comités locales de usuarios y el actor, para que allí se discutan todos los asuntos relativos a la pertinencia, eficacia, ventajas, desventajas y condiciones de las modificaciones tarifarias a adoptar”.	; la Procuraduría, será la encargada de rendir informes sobre el avance en el cumplimiento; los resultados de esas mesas de difusión y concertación con los usuarios del servicio de energía en la Costa, deberán ser analizadas a profundidad por la Creg a efectos de fundamentar o no la necesidad de modificar las tarifas por la prestación del servicio”.	y a cualquier otra entidad que resulte competente, que antes de escoger el nuevo operador de la Empresa Electricaribe, establezca otras dos mesas de concertación en cada uno de los Departamentos afectados, a fin de que en estas se realicen audiencias de socialización en las que participen funcionarios de la Superintendencia, de la Creg -y todas las parte implicadas-. Dichas autoridades, deberán programar, establecer y evacuar dos mesas de concertación en audiencias públicas en cada uno de los Departamentos”.	“Esperamos que se concrete un calendario para dar inicio a las audiencias públicas, en cada departamento del Caribe, con participación de los alcaldes y los vocales de control, en representación de los usuarios. Estas medidas cautelares pretenden que los subsidios se amplíen y que la empresa pase a ser de carácter pública, porque la empresa con participación de las entidades territoriales y los usuarios es la participación ciudadana, de manera que no se tomen decisiones sin escuchar a los usuarios de la región”, finalizó.