Los economistas nacionales siempre se han preciado de que a diferencia de la mayoría de los países de América Latina, en los últimos 50 años Colombia nunca ha tenido que soportar una hiperinflación y, con solo una excepción, todos los años el crecimiento del PIB ha sido positivo. Esto es algo que debe enorgullecer país, pues es el único de la región que ha logrado mantener un equilibrio macroeconómico razonable durante todo el periodo bajo la conducción de un triunvirato institucional técnico y no político: Ministerio de Hacienda, DNP y Banco de la República. De esta manera la tasa de crecimiento económico promedio ha sido de las mejores, las de interés y de cambio presentan volatilidades razonables y la inflación está en un nivel cercano a la de un país desarrollado.	No obstante, el mundo está cambiando y los retos en las últimas dos décadas son mayores. Una economía cada vez más globalizada hace que las crisis de países lejanos se sientan con fuerza en nuestros mercados, y al tener que navegar en aguas más tempestuosas, los márgenes de maniobra de la política económica son menores.	La experiencia de la independencia del Banco Central ha sido un seguro contra los peores impactos de las crisis financieras de este siglo, al adoptar una tasa de cambio flexible y cerrar los grifos monetarios que en el pasado financiaban al sector público y empresarial. Por otra parte, la apertura de la economía y la atracción de capitales de corto y largo plazo abren más las posibilidades de crecimiento económico, pero nos obligan a ser más prudentes en el manejo del gasto público para generar el ahorro necesario que compense las oscilaciones de los términos de intercambio del país, que se acentúan por la dependencia de los productos básicos.	Esto fue lo que llevó hace unos pocos años a adoptar la regla fiscal. Se busca con ello que el Gobierno no se gaste como ingreso corriente los recursos extraordinarios que recibe cuando se elevan los precios del petróleo. En gran parte, por este entable institucional y de política económica se logró sortear con éxito la pérdida de 20 billones de pesos de ingreso fiscal proveniente del petróleo y una reducción del 35 por ciento del valor de las exportaciones. Pero los vientos recientes deben inquietarnos.	De un lado, el Gobierno no logró tramitar una reforma fiscal estructural y solo obtuvo la mitad de los recursos requeridos hasta el 2021. Y los rumores sobre una posible caída de parte o toda la Ley de Financiamiento, lo obligaría a recortar el gasto público de inversión. Por otro, la misma recuperación de la economía (3,3 a 3,5 por ciento, estimado para el 2019) deja ver la fragilidad de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que se estima llegue al 3,8 por ciento del PIB, de los más elevados de América Latina. En efecto, mientras no se logre potenciar y diversificar la oferta exportable, la reactivación de la demanda sí incrementa las importaciones. Y la financiación de este déficit se ha vuelto más difícil con la baja en la inversión extranjera directa. La combinación de un elevado déficit por encima del pronosticado por la regla fiscal y una caída en el precio del petróleo, producto de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, podrían generar la tormenta perfecta para que el país pierda la confianza de los mercados internacionales.	Si bien es una buena noticia la mayor inversión privada que debe traer la reducción del impuesto de renta corporativo, poco nos ayudará en el corto plazo. La reforma pensional sigue pendiente, la economía en vez de abrirse se está cerrando, como ocurrió en el caso de las confecciones, el entorno externo es frágil y la productividad sigue estancada. Por todo esto, la economía transita por aguas movedizas. Sin embargo, el país está tiempo de evitar que un vendaval económico lo tome desprevenido.