La disposición, adoptada mediante instructivo enviado a todos los departamentos de Policía del país, se origina en la solicitud de la Procuraduría para garantizar el respeto de los derechos de los vendedores informales para ser registrados, censados y reubicados en sitios donde tengan la posibilidad de ofrecer sus productos, así como para velar por el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos.