Según el fallo del Tribunal Administrativo del Quindío, se ordena al gobernador de turno que ejerza acciones a través de la secretaría de Aguas e Infraestructura, también a la Asociación de usuarios del acueducto de Salento, ministerio de vivienda, Empresas Públicas de Armenia, Empresas Públicas del Quindío y otras entidades, para que tengan control del cauce del río Quindío y ejecuten las medidas a las que haya lugar para evitar la afectación del afluente por cualquier tipo de actividad.