De 349 cuerpos que fueron exhumados de los cementerios informales de Orobajo (Sabanalarga), Barbacoas (Peque) y La Fortuna (Buriticá) solamente 25 fueron identificados, según informó, en la audiencia pública que realizó la JEP en Medellín, Timisay Monsalve, antropóloga de la Universidad de Antioquia encargada del traslado administrativo de estos cementerios que iban a quedar inundados por la presa Hidroituango.	Las respuestas de la antropóloga no complacieron a los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad ni al procurador, quienes indicaron que los procesos de prospección, exhumación e identificación de los cadáveres no se hicieron con los protocolos forenses necesarios para mantener la calidad de la prueba en casos de fallecimiento por violencia.	De acuerdo con el testimonio entregado por Monsalve a los magistrados, las prendas que vestían los cadáveres fueron lavados después de la exhumación para que los familiares, supuestamente pobladores de esas tres regiones, pudieran identificarlos, pero solo fue posible con 25 de ellos, los demás siguen guardados desde diciembre de 2017 en el Laboratorio de Antropología de la Universidad de Antioquia.	Dadas las dudas que dejó la intervención, los magistrados ordenaron una inspección técnica al Laboratorio de Antropología de la Universidad de Antioquia para establecer el estado de los 324 cadáveres que allí reposan, su conservación y la cadena de custodia de las pruebas, para lo que comisionó a dos magistrados auxiliares.