Sin embargo, como el precio de exportación es menor al que rige para Colombia, entonces el productor hace una cesión y con eso se les paga a los exportadores para que todos terminen vendiendo al mismo valor, de tal manera que sea lo mismo comercializar en el exterior y en el país.	Hace años, esa cesión era de entre $80 y $100 por kilo, es decir un 5% por ciento del precio. Pero el monto de la cesión empezó a subir hasta el punto que en enero de este año llegó a $600 el kilo (600.000 la tonelada), casi el 30% del ingreso del productor, y eso ha generado una crítica situación para los palmeros.	Los productores dicen que el monto de la cesión se ha incrementado porque han aumentado mucho las exportaciones. Hace un tiempo se exportaba el 30% de la producción nacional y hoy se despacha el 50%. Eso significa que hay que dar más compensaciones y, por ende, se requiere una cesión superior.	Como este negocio fue detectado hace unos años, el Gobierno impuso una medida que indicaba que ninguna empresa podía importar y exportar al mismo tiempo. Pero, ‘hecha la ley, encontrado el atajo’. Esta restricción fue esquivada mediante la creación de empresas dedicadas a importar y otras especializadas en exportar, que aunque figuran como si fueran de distintos dueños, se sospecha que pertenecen a la misma persona o familia.	Fedepalma le expuso la situación al presidente Iván Duque en una reunión realizada a comienzos de este año, en la que le plantearon que los importadores también tengan que pagar la cesión que hasta ahora han pagado solo los agricultores nacionales para compensar a los exportadores. Es decir, que todo aceite de palma que se comercialice en el mercado nacional (local o importado), tenga que pagar cesión. Esta figura no puede ser demandada ante la OMC porque no es un arancel y tampoco es discriminatoria. La solución contribuiría a ‘nivelar la cancha’, dijo un vocero gremial a Portafolio.	Esta propuesta, que ya fue incluida en el texto del Plan Nacional de Desarrollo, indica que una vez entre en vigor no pagarían cesión solo las 800.000 toneladas de palma nacional que se venden en el país, sino que entrarían otras 300.000 que ingresan del exterior. De esa manera, el valor de la cesión bajaría de $600 a $400 porque habrá más gente pagando. El otro efecto es que dejaría de ser negocio importar.	Por su parte, los importadores que han realizado este tipo de operaciones no solamente rechazan las acusaciones sobre la supuesta perforación del esquema, y han acudido al propio Gobierno de Ecuador para que presione a su homólogo colombiano e impida que se frenen las importaciones de aceite de palma de ese país.	Además de lo anterior, el Consejo Directivo del Fondo Palmero y el Gobierno han planteado una segunda solución que consiste en que cuando un mismo agente del mercado sea exportador e importador, solo estará exenta de cesión la diferencia superior entre el aceite que ingresa al país y el que coloca en el mercado internacional. Igualmente, cuando la exportación es mayor que la importación, la compensación también se recibiría solo sobre la diferencia con las importaciones que hace esa empresa.	La información conocida por este diario indica que al interior del sector, incluyendo al Gobierno, hay una discusión sobre si quienes han actuado en condiciones ventajosas están cometiendo un delito o se trata del aprovechamiento indebido del instrumento, ya que este no tiene explícita la prohibición de realizar este tipo de operaciones.