Luego de que se conociera que la venta de Electricaribe se hará en febrero de 2020 y no en diciembre de este año como se había planteado inicialmente, las dudas y preocupaciones de gobernantes, gremios y la misma ciudadanía no se hicieron esperar, sin embargo para aclarar lo que se viene la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, aseguró en rueda de prensa que los seis inversionistas interesados en Electricaribe siguen firmes en el proceso de subasta y que hasta que no se logre la venta el Gobierno Nacional garantizará la prestación del servicio público.	“Los seis precalificados que presentaron sus sobres el 31 de mayo y que fueron calificados en julio han tenido una interacción permanente, por eso es que nos atrevemos a hacer esta prórroga, eso es un buen indicador y nos muestra que el interés se mantiene, ellos mismo fueron los que manifestaron la preocupación por las normas tributarias ya que partiendo de ellas deben hacer sus cálculos”, indicó Avendaño.	De acuerdo con la superintendente la decisión se tomó con base en un análisis que tanto el equipo de la compañía como el Gobierno Nacional han venido haciendo desde la declaratoria de inexequibilidad de la Ley de Financiamiento, por lo cual se aplazó el proceso hasta tener una certidumbre de las normas tributarias que estarán vigentes, que sería a final de año cuando el Congreso defina si aprueba o no la ley que ya está en trámite para que así los interesados puedan a principio de año terminar de hacer sus análisis y ofertas.	“Como está la ley en este momento tienen un impacto en la valoración de la compañía, porque no habría reducción en renta ni habría lugar a las megainversiones, y esto nos deja con una diferencia en la valoración aproximada de $500 mil millones, y los inversionistas tendrían que castigar este valor en las ofertas que nos hagan. Lo que nos interesa es tener certeza sobre las normas tributaria aplicables al proceso y a la valoración que los inversionistas estén haciendo”.	Avendaño agregó que espera que la Ley de Financiamiento quede expedida antes de finalizar el año, para que así cada proponente tenga aproximadamente un mes para analizar la situación con sus juntas directivas y enviar los sobres de ofertas el 20 de febrero y tener las subastas el 26 de febrero por la compañía completa y el 28 de febrero por Caribe Sol y Caribe Mar, una subasta en la mañana y otra en la tarde.	“Hemos mantenido la posición de que el gobierno garantizará la prestación del servicio público en la Costa Caribe, en la figura de intervención. Si tenemos un fracaso en la venta se mirarán las alternativas al interior de gobierno, de pasar a un esquema diferente a la intervención para garantizar la prestación del servicio, es una opción que hemos considerado pero todo está puesto en garantizar el éxito de ese proceso”, precisó.	“El Gobierno Nacional está comprometido en garantizar los recursos para la operación, como hemos hecho en los últimos tres años, así como también los recursos para inversión, los $860 mil millones ya surtieron los trámites, la compañía terminó de contratar los primeros $125 mil millones del primer Conpes, los $735 mil millones restantes se van a contratar y se van a mantener en ejecución, que terminará el nuevo operador”.