todas las autoridades regulatorias del sector ejecutivo (CRC, la Creg, y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico) expedirán los actos administrativos que puedan emitirse conforme a las necesidades de regulación en aspectos de seguridad digital aplicables a prestadores de servicios públicos domiciliarios, “como propietarios y operadores de infraestructuras críticas nacionales, para establecer medidas encaminadas al reporte de incidentes de seguridad digital a las autoridades nacionales correspondientes”.	El eje clave de esta política pública pretende dar hoja de ruta para que todos los actores del país puedan sortear aspectos relacionados con seguridad y confianza digital. Las empresas y personas de a pie no estarán exentas de estos cambios. De hecho, el Conpes deja dos capítulos reservados para estos grupos. En el caso de las compañías, la política del Gobierno pretende crear un programa de desarrollo de competencias dirigido a los niveles directivos y ejecutivos de organizaciones privadas que les permita identificar, valorar y gestionar adecuadamente los riesgos de seguridad digital.	El plan, en general, se implementaría entre el 2020 y el 2021, y busca resolver varios pendientes que aún tiene Colombia a la hora de enfrentar los efectos de la Cuarta Revolución Industrial. Entre estos, el documento reconoce deficiencias en la gestión de riesgos de seguridad digital en las instancias encargadas de la ciberseguridad y la ciberdefensa a nivel nacional, así como insuficientes capacidades sectoriales.