y que vincula a la alcaldía de Armenia, a la gobernación del Quindío, a la Corporación Autónoma Regional del Quindío, a las Empresas Públicas de Armenia y a los ministerios de vivienda y ambiente da un plazo de 6 meses, para que se tomen las medidas necesarias que garanticen el saneamiento de las quebradas de esta capital, con proyectos apalancados con recursos de todas esas entidades, tras considerarse que se están afectando los derechos colectivos, quiere decir esto, que no se podrá seguir dando permisos de vertimientos directos a las quebradas si no hay previo tratamiento, como ha venido ocurriendo con el crecimiento descontrolado de las construcciones.	que Armenia como ciudad capital no cuente con un plan de contingencia claro para responder ante eventualidades, más aún cuando su crecimiento lo ha enfocado en la construcción… es por eso, que en medio de este panorama también deben caer responsabilidades sobre el comité gremial y la Cámara de Comercio de Armenia, que no proponen soluciones, sólo se han dedicado a vender la región sin dar garantías en la calidad de los servicios públicos a los propios y a quienes llegan a habitar la región.