“Se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión”, cita el parágrafo tercero de la Ley 797 del 2003, que reformó algunas disposiciones sobre el sistema general de pensiones previstos en la Ley 100 de 1993.