El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, le solicitó a los ministros de Hacienda y de Salud la adopción de medidas urgentes que aceleren la claridad de cuentas y el pago de las acreencias que tiene el Estado con los operadores de la salud, las cuales ascienden aproximadamente a 11 billones de pesos.	El jefe del órgano de control señaló que es crítica la acumulación de cartera existente a la fecha, por lo que es urgente materializar los artículos de la Ley del Plan que aseguran la fuente de recursos para garantizar el derecho a la salud de los usuarios en el país, afectados en la prestación de los servicios por la falta de flujo de capital.	Teniendo en cuenta que esta situación ha sido agravada recientemente por problemas en el proceso de auditoría de recobros que han impedido los pagos regulares, el Procurador planteó la posibilidad de que el flujo de recursos se haga a través de mecanismos como la certificación de deuda y el trámite directo de auditoría a los recobros por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).	Al mismo tiempo, con la presupuestación y transferencia de recursos para los pagos por parte de la ADRES, la búsqueda de nuevas fuentes de financiación de los servicios excluidos de los planes de beneficios y la implementación de un plan de acción para reglamentar y hacer efectivo el flujo de recursos entre todos los actores del sistema de salud.