Según una alerta temprana de noviembre pasado de la Defensoría del Pueblo, al menos 22.132 campesinos e indígenas que habitan en las zonas rurales de esos tres municipios están a merced de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), herederas de los grupos paramilitares y enfrentadas a disidentes de la antigua guerrilla de las Farc.	En el caso de Hurtado, cuyo brutal asesinato y el desgarrador lamento de su hijo han estremecido a Colombia, la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia, dijo a periodistas que al parecer "estaría relacionado" con una venganza de un cabecilla del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, que es como las autoridades llaman a las AGC.	El director de la Fundación Social Cordoberxia, Andrés Chica, dijo a EFE que la mujer asesinada "no pertenecía a una organización social campesina pero sí tenía un liderazgo dentro de su comunidad en el marco de la invasión de un predio de propiedad del padre del alcalde" de Tierralta, Fabio Otero.	Por esas amenazas, "a Albeiro tocó sacarlo de Tierralta", dice sobre el presidente de Cordoberxia y secretario técnico del Consejo de Paz y Derechos Humanos de Tierralta, Albeiro Begambre, cuyo nombre apareció junto al de otros líderes sociales de la zona en un panfleto de las AGC que circuló el pasado 1 de junio.	El nuevo escenario de enfrentamiento que tiene bajo fuego cruzado a los líderes sociales se origina "a partir de la dejación de armas por parte de las FARC y la subsiguiente generación de un vacío de poder capitalizado por las AGC para consolidar el ejercicio de poder hegemónico sobre la población, el territorio y las economías ilícitas", advirtió la Defensoría.	En esa disputa sin fin por territorios en el sur de Córdoba que ahora libran las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y disidentes de las FARC, María del Pilar Hurtado es la víctima más reciente y engrosa la lista de colombianos asesinados a cuentagotas, la misma suerte que corrió el 7 de junio el exguerrillero de las FARC Jorge Enrique Sepúlveda en una zona rural de Tierralta.	El desangre se repite en varias regiones de Colombia y según un informe de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica, ya son más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes de las FARC asesinados desde 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz para poner fin a más de medio siglo de un conflicto armado que se resiste a desaparecer.