, a título de compensaciones dentro del proceso de consulta previa.Esta compensación, cuyo propósito es el de reivindicar los derechos de las comunidades afectadas, abre la puerta a una pretensión económica que supera el billón de pesos, una vez la firma apoderada formule la demanda de reparación administrativa ante la jurisdicción contencioso administrativa. No obstante, cabe precisar que esta reparación económica inicial	.Cabe señalar que desde hace más de seis años, la firma de abogados representa en este litigio a los intereses de las comunidades Bocas de Uré, Centro América, Guacarí, Pueblo Flecha, Puente de Uré, Puerto Colombia, Torno Rojo y el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré.A través de una sentencia histórica emitida por la Sala Séptima de Revisión, la Corte Constitucional ordenó amparar “los derechos fundamentales a la consulta previa, a la salud pública y al medio ambiente sano” de las comunidades que se encuentran dentro del área de operación minera de Cerro Matoso S.A. En 2018, el alto tribunal ratificó su decisión y decidió que es de “competencia del Consejo de Estado resolver los asuntos relacionados con las indemnizaciones a que tienen derecho las víctimas”.