Aquella violencia que tuvo lugar, no solo sobrepasó las capacidades de los convocantes y de los cientos de miles que salieron, sino incluso de la propia Fuerza Pública. El repudio de la ciudadanía en su conjunto a los actos vandálicos, con la excepción de los que todavía esgrimen el absurdo e irresponsable argumento de que la sola presencia de la policía constituye una provocación,	El argumento de que “son solo unos pocos y que no representan a nadie” aunque pueda ser cierto, no es suficiente para explicarle a la ciudadanía que un puñado de personas en frente de cámaras, periodistas, marchantes y policías pueda dedicarse durante horas a dañar bienes colectivos. Esas acciones significan probablemente el retraso de proyectos sociales o de infraestructura urgentes como los que requieren varias de las ciudades seriamente afectadas. Las imágenes de los medios de comunicación mostraban la impudicia con las que los vándalos dispusieron de un tiempo amplio para una destrucción, que en nada tenía que ver con las legitimas demandas de quienes protestaban.	La actual administración cometió dos errores crasos. En primer lugar, esperó demasiado para hacer un anuncio público en televisión (hasta entradas las 10 pm) y mientras en las horas de la noche, existía un temor fundado por la forma como los desmanes parecían exceder a la Fuerza Pública, el presidente brillaba por su ausencia y parecían las autoridades locales las encargadas de la gestión.	Más allá del balance necesario sobre el paro, el gobierno debe reflexionar sobre la inminente necesidad de poner en marcha una plataforma de diálogo social que haga inviable cualquier manifestación de violencia. No habrá en este sentido ganadores y perdedores, pues no se trata de una contienda, sino de la necesaria interacción que le da sentido al pluralismo democrático.