En segundo lugar se encuentra “el trabajo parcial para jóvenes y adultos mayores”. Esta iniciativa también ha sido debatido durante los últimos meses, pero su creador fue Anif. Sergio Clavijo, presidente del centro de estudios, le pidió en su momento al Gobierno analizar la posibilidad de “permitir un ingreso diferencial para los jóvenes, a quienes se les pagaría 75% de un salario mínimo”.	De otro lado, a los marchantes no les gusta la idea de regular el salario por horas. Esta idea ha sido abanderada por Fenalco y la Mintrabajo la comparte. En entrevista con El Tiempo, Arango dijo que la reforma laboral que anunciaba busca “respetar derechos adquiridos, que se pueda contratar de muchas maneras y para muchas cosas, y contratar por horas”. Sin embargo, como el Gobierno no está trabajando en ninguna ley de este tipo, la propuesta queda en el aire.	Asimismo, quienes protestarán también lo harán por la eliminación de las horas extras nocturnas y los dominicales compensados, que nunca ha sido propuesto por el Gobierno, pero sí por Fenalco. Otro punto es “la diferenciación entre salario mínimo urbano y rural” que, al igual que en el punto anterior, fue presentado por el gremio de comerciantes.	En décimo lugar aparece la “privatización de Ecopetrol, ISA y Cenit, electrificadoras regionales y empresas donde la participación accionaria del Estado sea inferior al 50%”. Este punto es parcialmente cierto, pues si bien la venta de las tres primeras firmas está plenamente descartada, sobre las segundas, el Gobierno ha modificado varias leyes para hacer más expedito el trámite de venta de acciones en las empresas donde tiene participaciones minoritarias.	Por su parte, los temas 11 y 12 del derrotero de la marcha son ciertos. El primero tiene que ver con la subastas del espectro radioeléctrico, que sí está llevando a cabo el Ministerio de las TIC y planea adjudicar el próximo mes. El segundo es “el incremento desmedido” de las facturas de energía, para financiar el salvamento de Electricaribe, que propuso el Ejecutivo y que fue aprobado por el Congreso en el Plan de Desarrollo.