La dupla Duque–Carrasquilla completa 11 victoriosos meses en su proceso de liquidación del Estado colombiano. Comenzaron por la Ley de Financiamiento, siguieron con el Plan de Desarrollo y lo ratifican en las proyecciones de la política fiscal hasta 2030. Para realizarlo, cada semana se inventan una cortina de humo, que es útil a sus intereses y a los de grupos políticos que caen en la trampa.A este dúo no se les puede exigir algo diferente, porque esa es su ideología. Ambos se formaron en el Banco Interamericano de Desarrollo, una institución creada para gestionar negocios privados con recursos de deuda de la población latinoamericana. Tanto aprendió Carrasquilla de este esquema, que se inventó un negocio operado desde Panamá con una empresa ficticia, que terminó en un detrimento del patrimonio público por $ 583.975 millones, según la Contraloría.	-Publicidad.- Entre 2019 y 2030, los ingresos del Gobierno Nacional Central van a caer de 16,6 % a 15,7 % del PIB. El recaudo tributario pasará de 14,4 % a tan solo 14,5 % del PIB ¡en más una década! y el gasto total del gobierno pasará de 19 % a 16,7 % del PIB en el mismo periodo, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo que presentó el gobierno. Esto es, sin lugar a dudas, un pacto de mercachifles para acabar con la función del Estado en la economía, bajo prácticas cuestionables.	que era “inmoral despojar a la Nación de un activo rentable social, ambiental y económicamente (…) [que] será recordada como la crónica de un despojo anunciado”. Hoy, el presidente -sin sonrojarse- anuncia la privatización de ISA y de más de 10 electrificadoras regionales, que serán convertidas en el cajero automático de la Nación. El 16 de mayo de 2018, en campaña, anunció que quería “ser el presidente que mantenga Colpensiones y que lo convierta en una herramienta para llevarle los subsidios a quienes más lo necesitan y no a las personas de más alto ingreso”. Hace unas semanas, su secuaz, Carrasquilla, anunció que a Colpensiones la acaba el mercado o una reforma emprendida por él.	Lo más grave de esta situación es que hay -no pocas- voces felices con la idea de la reducción del Estado. Defenderlo es una labor complicada, porque es ineficiente y corrupto. Paradójicamente, quienes lo han convertido en esto son las mismas personas que hoy viven de él, montando negocios particulares con los recursos públicos. Por impopular que sea, algunas voces se deben levantar en defensa de la función que le dio la Constitución de 1991, de “dirección general de la economía”, interviniendo en “la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados”. No es una frase sin sentido; es resultado de la demostración histórica del desarrollo de las naciones.	Intervenir en la economía no es una posición ideológica, sino la única manera de lograr orientar el crecimiento económico, que permita producir con alto valor, pagando salarios altos y mejorando el bienestar de la población. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Japón, Italia, China, Canadá y Alemania, lo hacen. Sudán, Burundi, Malaui y Mozambique, no.