La Fiscalía General de la Nación, solicitó el pasado 15 de mayo medida de aseguramiento en centro carcelario para tres de cuatro personas procesadas por presunta corrupción en Córdoba, en el gobierno del cuestionado Alejandro Lyons.La medida sería en contra de Manuel Salas, Lilia Pineda y Lina Pérez, éstas últimas funcionarias de la Gobernación de Córdoba.La investigación se fundamenta en la no ejecución de un contrato de más de 2 mil millones de pesos que buscaba brindar apoyo en la prevención de factores de riesgo a la población vulnerable del departamento.El contratista Edson Sánchez, se allanó a los cargos imputados por el ente acusador comopeculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento privado.Por lo anterior, la Fiscalía solicitó el beneficio domiciliario.Entre tanto, Manuel Salas y Lina Pérez, son procesados por los presuntos delitos de peculado por apropiación en beneficio de terceros en calidad de cómplices y contrato sin cumplimiento de requisitos legales (coautoría).Lilia Pérez, quien para la época de los hechos era la supervisora del contrato, es investigada por los supuestos delitos de falsedad ideológica en documento público en calidad de autora, contrato sin lleno de requisitos legales (coautora) y peculado por apropiación (coautora).Según lo indicado por la Fiscalía, el millonario contrato se suscribió con la Secretaría de Salud de Córdoba, cuando estaba al frente de la cartera Alfredo Aruachán.La diligencia judicial continuará el próximo lunes a las 2:00p.m. en el Palacio de Justicia de la ciudad de Montería, con la intervención de la bancada de la defensa.