De esta forma, Gobierno y Congreso pondrán en la mesa a las aplicaciones de economía colaborativa y dictan que, cuanto antes, el país deberá contar con una política para que las plataformas y aplicaciones cubran a sus trabajadores, en lo relacionado con el sistema de seguridad social (cobertura en salud y pensión, y riesgos laborales).	Bien lo dice el artículo 348: “El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, en coordinación con los ministerios de Salud, Hacienda y de las TIC, diseñarán y formularán una política pública que permita, entre otros, caracterizar las condiciones de prestación de servicio, y las modalidades de protección y seguridad social que se puedan generar del uso de estas aplicaciones y plataformas”.	Para lograrlo, las ‘apps’ deberán entregarles a estas entidades toda la documentación necesaria acerca de cuántas personas laboran allí, qué tipo de vinculaciones tienen, cómo son las remuneraciones y los diferentes estudios que tengan a la mano, de tal modo que, en últimas, se realice una radiografía de la economía colaborativa en el país y se cubra a los empleados.	Según Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, de esta forma “se abre la puerta para regular la seguridad social a los trabajadores de estas plataformas, y ya hay muchos ejemplos en el mundo de que es posible garantizarla, y no derogar la presunción de laboralidad de este mundo. El reto es cómo aseguramos coberturas de protección social y estándares laborales”.	En esto coincidió Carlos Guevara, senador y presidente del Partido Mira, y experto en estos temas, quien agregó que: “Queremos identificar todo lo relativo al trabajo del futuro, revisarlo en el país, mirar las condiciones de estos servicios, porque acá hay más de 3.000 plataformas y la mayoría tiene modalidades de vinculación diferentes. Ese abanico de formas lo necesitamos conocer y así proteger al trabajador y garantizarle su seguridad social, riesgos laborales y aportes”.	No obstante, esta no es la única novedad que trae la ponencia de segundo debate del PND, documento que fue radicado con más de 40 artículos nuevos y que tiene en fila otras 4.000 proposiciones para el segundo ‘round’. En uno de los puntos ya incluidos se les daría vía libre a que las vías de cuarta generación (4G) que han tenido contingencias, puedan tener mayores tiempos de ejecución.	De acuerdo con Santiago Pérez, gerente general de la Concesión Pacífico Tres, “es muy bueno e importante que el artículo sea facultativo y es decir, que se podrán cubrir esos riesgos ampliando el plazo, pero yo anotaría que es importante quedar expreso que se respete el equilibrio económico del contrato y que, de concretarse, esto se haga de común acuerdo entre el Gobierno y el contratista”.	Esta idea había sido avalada en el primer debate en comisiones económicas, pero posteriormente, el Ejecutivo le quitó su aval, ya que le habría implicado un costo fiscal de unos $50 billones, sumado a que habría generado un remezón en el mercado de capitales, por cuenta de la salida de posiciones de los fondos privados, según comentó en su momento Asofondos.	El gremio había señalado que, de permitirse esta norma, se trasladarían unas 170.000 personas a Colpensiones, implicándole al Estado un alto costo y subsidiando megapensiones. Sobre esto, algunos congresistas no descartan revivir el artículo durante los debates, que, no obstante, necesita la ‘bendición’ del Ministerio de Hacienda para ser aprobado.	En las más de 600 páginas de la ponencia también se incluyó un artículo que reduciría el IVA del 19% al 5% a los combustibles, que les daría un leve alivio a los consumidores y un ahorro fiscal al Estado, pero también se añadió el cobro de un impuesto por la realización de la consulta previa en el país, proceso que deben surtir los proyectos antes de su ejecución.