Por engañar supuestamente a cerca de 732 estudiantes, la Fiscalía General de la Nación, acusó de los presuntos delitos de estafa agravada y fraude en resolución judicial o administrativa de policía a Elías Villalba, Luz Helena López y Carmen García Guzmán, directivos de la Universidad Indígena Intercultural Jacinto Ortiz - Unicjao en Montería.Según el ente acusador, dicha universidad empezó a funcionar de manera ilegal desde el año 2010 hasta el mes de junio de 2017, en la capital cordobesa, debido a que no contaba con los permisos requeridos para prestar el servicio educativo."Los señores Elías José Villalba González, Luz Helena López Noriega y Carmen García Guzmán, por medio de artificios o engaños durante más de 5 años utilizaron la resolución 0390 del 15 de octubre de 2013, expedida por el secretario de Participación Ciudadana fe Córdoba, quien reconoció personería jurídica a la entidad sin ánimo de lucro denominada Fundación Universidad Indígena Intercultural de Colombia, pero ellos aprovecharon esta situación para poder inducir en error a estos estudiantes de varias carreras, que contaban con los permisos y podían prestar ese servicio público", precisa la fiscal del caso.La Fiscalía agrega que, los directivos de la universidad empezaron a ofrecer programas como Derecho, Trabajo Social, Psicología y otros sin tener el registro único calificado que otorga el Ministerio de Educación Nacional.Para el ente acusador,  los procesados habrían obtenido provecho ilícito para sí o para un tercero ofreciendo programas sin autorización, afectando el derecho fundamental de la educación.Cabe recordar que, por esta situación en el año 2015, Unicjao fue sancionada por el Ministerio de Educación Nacional y en septiembre de 2016 se ordenó el cierre definitivo. Sin embargo, los directivos siguieron funcionando desconociendo dicha resolución. Al tiempo  la Fiscalía establece que aún  no se habría establecido el total del monto de los recursos económicos obtenidos por medio de matrículas de los estudiantes.Por estos hechos, los procesados no aceptaron cargos en desarrollo de la audiencia de acusación adelantada este 21 de junio en la ciudad de Montería. El caso está en manos del Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería, que fijó fecha para audiencia preparatoria el próximo 31 de octubre del presente año.