La suerte del decreto expedido por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, que sanciona con multas basadas en el Código de Policía a las personas que sean sorprendidas consumiendo sustancias psicoactivas cerca a parques, colegios y espacios públicos donde acudan los niños, es incierta y podría ni siquiera aplicarse por reñir con normas superiores que ya rigen sobre el tema, según vaticinan abogados constitucionalistas.	Tal como lo había anunciado el fin de semana, el mandatario antioqueño presentó el decreto que contiene seis artículos en los cuales impone sanciones y multas a quienes sean sorprendidos por la Policía consumiendo estupefacientes en ciertas horas en perímetros educativas, parques y escenarios deportivos que sean de uso cotidiano por niños, niñas y adolescentes.	El numeral uno del artículo 1 señala que queda restringido el consumo de marihuana y demás sustancias psicoactivas, entre las 6:00 a.m. y el 8:00 p.m., en el entorno de 100 metros a la redonda de los establecimientos educativos que presten los servicios en los niveles de Buen Comienzo, preescolar, básica y media.	El numeral cinco lo impone en las ciclovías, de 5:00 a.m. a 8:00 p.m., y el sexto, en los demás espacios públicos que los alcaldes, como autoridad policiva de los municipios, consideren que afectan la salud, la vida o el libre desarrollo de la personalidad de niños, niñas y adolescentes.	Según el gobernador Pérez, “el objetivo de este decreto es defender los derechos de los niños, porque la misma Constitución dice que los derechos de ellos están por encima de los demás derechos y se fundamenta en lo sagrado que es el espacio público, que es un derecho de los niños a no estar expuestos a consumidores de drogas”, argumentó.	A pesar de la argumentación del gobernador, abogados especialistas en derecho constitucional no le ven futuro al decreto, pues consideran que el mandatario no tiene competencia para legislar sobre un tema del que ya la Corte Constitucional dictó una sentencia que derogó los artículos de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía), que sancionaban el consumo de alucinógenos en espacios públicos.	“De otro lado, la Corte hizo una interpretación, adecuada a la Constitución, de la norma que limitaba el uso de espacio público para el consumo de sustancias psicoactivas; la Corte entendió que no hay razones suficientes para restringir el consumo de sustancias en esos lugares y, por tanto, imponer restricciones viola la Constitución”.	El abogado constitucionalista de la Universidad de Antioquia Gustavo Osorio, señala que este debate se viene dando hace años en el país. Recuerda que incluso antes de la sentencia de la Corte, ya la Presidencia de la República había reglamentado, mediante decreto, el Código de Policía, pero cuando la Corte hizo la revisión, declaró inconstitucionales los mencionados artículos.	“Eso quiere decir que el decreto del Gobernador está en la cuerda floja, porque los decretos están subordinados a la ley. Es probable que muy pronto el Consejo de Estado reconozca que el decreto presidencial (1844 de 2018 sobre tenencia y porte de sustancias psicoactivas ilícitas) es inconstitucional, porque no se puede reglamentar una ley que ya no existe”, aseguró el jurista antioqueño.