La Procuraduría Provincial de Montería busca determinar “la gestión de la administración frente a la ocupación de predios por parte de un sector de la comunidad, así como el manejo que dieron a las presuntas amenazas de que fue víctima la lideresa, representante de la comunidad que habría invadido algunos lotes en el municipio”.	Como parte de la investigación, la Procuraduría “ordenó la práctica de pruebas para que la Alcaldía de Tierralta, la Unidad Nacional de Protección, el Ejército y la Policía entreguen información de las acciones emprendidas ante la presunta invasión de los predios, la identificación de sus propietarios, la aparición de un supuesto panfleto con amenazas y los pasos seguidos para establecer su veracidad”.