La Fiscalía expuso la tesis que desde el momento en que se conoció el rapto y feminicidio, Catalina y Francisco, con el fin de evitar la comparecencia de su hermano ante las autoridades, entorpecieron los actos de investigación por parte de los agentes del Gaula que asumieron las pesquisas horas después de conocida la denuncia por la desaparición de Samboní.	En las audiencias se señaló que fueron borradas varias conversaciones de la aplicación WhatsApp que contenían, aseguró la Fiscalía, diálogos en los que se evidenciaría que había una trama para ocultar el crimen perpetrado por Francisco. El tema escaló incluso a las autoridades de Estados Unidos a las que pusieron a analizar los teléfonos celulares de los implicados.	El análisis de la información extraída por la agencia ICE, una dependencia investigativa del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, fue sometido a valoración de un experto que halló que del celular de Catalina se encontró actividad de llamadas y de igual forma sucedió con el de Francisco. En ambos, además, se encontraron conversaciones que no generaron implicación alguna en los procesados, como bien lo dijo el juez.	“No se debe partir de la mala fe en el entendido de que lo eliminado era trascendente y valioso, como lo señala el ente acusador. Acá se debió demostrar qué fue lo eliminado, que lo destruido era un elemento material probatorio y no realizar meras conjeturas como se ha hecho en el presente caso”, insistió.	El cerco parecía cerrarse y el país enfiló baterías en contra de los Uribe Noguera a quienes condenaron desde las redes sociales “por encubrir a un asesino y violador”. Enardecidos y furiosos, tuiteros y usuarios de otras plataformas pedían “castigos ejemplarizantes” porque “con los niños nadie se mete”. La tribuna pedía cabezas y hoguera. En esos momentos de efervescencia y calor, los ochos años que contempla la legislación eran insuficientes para quienes promovían penas más altas.	De sobra lo sabía Francisco, abogado de profesión que presta sus servicios para uno de los bufetes de más renombre en el país. Por eso, el viernes, entre lágrimas y con la voz entrecortada, sostuvo que “este ha sido un camino en el que hemos aprendido muchas cosas, en el que gracias a Dios hemos sido absueltos (...) fue un hecho desastroso que afectó a ambas familias”.	Ese camino tuvo uno de sus momentos claves en la audiencia de acusación donde la delegada de la Fiscalía aseguró ante el estrado que Francisco y Catalina “llevaron en un taxi al presunto autor de la violación y homicidio de la pequeña a la Clínica Monserrat y pasaron horas eludiendo en todo momento la labor de las autoridades”. En ese centro asistencial le atendieron a Rafael las complicaciones de salud por un síndrome coronario agudo.	El ente acusador dijo que esa patología no era una emergencia vital, pero los médicos que lo atendieron señalaron ante el estrado, y bajo la gravedad de juramento, que “era de alto riesgo y que ameritaba atención prioritaria”. De allí que el juez haya enfatizado en su providencia que “no se entiende por qué la Fiscalía expuso esa teoría cuando los propios galenos dicen lo contrario”.	Los médicos que entregaron esa declaración fueron los doctores Jennifer Johanna Angulo y Leonardo Gómez Acuña, quienes coincidieron en que el diagnóstico obedecía a una patología vital con alto riego de morbilidad por lo que ese testimonio desvirtúa la tesis de la Fiscalía. Lo curioso del caso es que ambos testigos fueron llamados por la propia delegada del ente acusador que esperaba que respaldaran su planteamiento.	Sobre la apelación, Francisco fue enfático en señalar que no entiende cómo “en un país con más del 90% de impunidad no es lógico que la Fiscalía persiga a unas personas que desde el principio sabe que son inocentes, simplemente por continuar con una acusación temeraria llevan dos años y medio haciéndole perder recursos a muchas personas”.	“El despacho no encuentra asidero en ese cargo. La pregunta sería ¿en qué lo favorecieron? Los procesados fácilmente hubieran podido esconder a su hermano y hasta hubieran podido hacer lo mismo con el cuerpo de la menor, por ejemplo, llevarlo a un lugar desolado y arrojarlo, hasta alterar la escena del crimen, pero nada de esto ocurrió”, sentenció el juez.	Decisión que se resume en la línea final de la providencia: “Un fallo condenatorio no puede apoyarse en una estructura probatoria débil o fácilmente deleznable que comprometa de manera evidente los elementos básicos de juzgamiento, máxime que no se aportaron elementos importantes para probar que los aquí procesados fueron responsables de los delitos por los cuales se les llamó a responder”.