La humanidad no retrocede, avanza, pero en Colombia estamos volviendo al pasado que ya habíamos superado. Un nuevo atentado terrorista nos ha puesto a pensar en la época de Pablo Escobar; en el gobierno de Álvaro Uribe, que logró desterrarlos mediante inteligencia militar y el uso acertado de la fuerza; y en el posterior gobierno de Juan M. Santos, que al permitirlo todo, desestimuló los actos terroristas, sí, pero fortaleció a quienes los cometían.	El terrorismo es el arma preferida de la parte militarmente débil cuando pretende obtener del Estado concesiones imposibles, o cuando se siente acorralada. Enfrentarlo es un asunto muy complicado porque actúa en la clandestinidad, aprovecha cualquier descuido o vulnerabilidad, y puede pagar -o adoctrinar- a personas dispuestas a todo, hasta de inmolarse, como sucedió en el caso más reciente. Contra él solo hay dos posibilidades: la permisividad total, como Santos; o su combate frontal, como Uribe: no hay punto medio. Combatirlo suele llevar en el corto plazo a más terrorismo y a la pérdida temporal de libertades, pero, a la larga, es la única forma valedera de defender los valores en los que se cimenta nuestra civilización.	Esa es la disyuntiva que se presenta frente al fenómeno de las drogas: o se permite, o se combate. No hay punto medio. El nuevo gobierno no está dispuesto a mantener una paz a costa de que el narcotráfico se mueva a sus anchas: hay impedimentos de tipo moral, además de conveniencia nacional. No obstante, pretender enfrentar un fenómeno fortalecido durante 8 años de permisividad, no es nada fácil. El terrorismo es la respuesta.	El problema principal de Colombia no es de insurgencia, ni es político: es económico, y tiene que ver con el fenómeno de las drogas. Haber pretendido resolverlo llegando a acuerdos con los jefes de la guerrilla, sin haber resuelto el asunto de las drogas, condujo a lo que hoy se está viviendo. De nada sirvió que la guerrilla se ofreciera a colaborar, porque ellos no tienen la solución, ni el control de nada: ni siquiera de las rutas. Son simples oportunistas, intermediarios, en una poderosa red internacional que mueve mucho dinero, y que tiene mucho poder. Ese compendio de principios, que todos conocen y nadie objeta; y de buenas intenciones que cuestan mucho dinero y tiempo realizar, que es el acuerdo con las Farc, no es la paz, ni conduce ella por ser utópicas en un país como el nuestro.	Haber acordado -entre otras- dar un trato diferenciado a cada uno de los eslabones de la cadena de valor con erradicación manual y sustitución de los cultivos que ahora denominan ‘de uso ilícito’ (es decir, los cultivos ya no son ilícitos, si no, su uso; de ahí el incremento del área cultivada); y como un asunto de salud pública la drogadicción, al tiempo que se combate la producción, la comercialización y el lavado de dinero, no es nada nuevo. Y la respuesta ha sido terrorismo.