El magistrado Ríos propuso a la sala que se mantengan las seis condiciones fijadas en 2017 (sentencia T-236) para la fumigación área. Entre estas está la necesidad de que haya consulta previa con las comunidades étnicas; la demostración científica que pruebe que no hay daño para la salud de las poblaciones de las zonas cocaleras y una regulación del uso del glifosato a cargo de una entidad ajena a los que tendrán la responsabilidad de asperjar.