“Resulta inadmisible que el Inpec y los directores de los centros de reclusión de miembros de la Fuerza Pública, autoricen el ingreso a sus instalaciones de algunas personas, previa emisión de los respectivos actos administrativos y demás formalidades a que haya lugar, pero que lo nieguen sistemáticamente en el caso de otras respecto de quienes, legítimamente, se ha dispuesto tal medida”, indicó el fallo.	“Las autoridades carcelarias, militares ni de policía cuentan con competencias para controvertir una decisión judicial que se encuentra debidamente ejecutoriada y que fue precedida por una autoridad competente. Es obligación acatarla de manera que se garantice no solo la vida e integridad de la persona privada de su libertad, sino su derecho a la igualdad”, puntualizó la Sala Civil.