Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó cargos contra empleados de la Corporación Universitaria IDEAS, quienes adelantaron los trámites pertinentes para ofrecer y dictar clases de Derecho a internos de la cárcel La Picota, en el centro penitenciario, sin tener los permisos requeridos. Después de cinco años de estudio los alumnos perdieron su dinero.Los afectados con la decisión y los delitos imputados fueron:	Catalina Tapias Pedraza, presidenta Consejo Universitario. El ente acusador le endilgó falsedad en documento privado.Los hechos están relacionados con las irregularidades que se habrían presentado al permitir que se desarrollara el programa de Derecho en la penitenciaria La Picota de Bogotá, en ejecución del convenio 074 del 28 de mayo 2011, suscrito entre la Corporación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), sin contar con la autorización del Ministerio de Educación Nacional.Durante los años 2011 a 2013, el Ministerio de Educación no otorgó permisos a la Corporación IDEAS para dictar la clase del citado programa fuera de sus instalaciones, y aun así las realizaron en La Picota. Tampoco se podía realizar un convenio institucional como se firmó.Se evidenció que los reclusos estudiantes pagaron por la carrera y asistieron a las clases. En total fueron 17 personas afectadas que perdieron cada uno entre 30 y 35 millones de pesos, porque debido a las irregularidades presentadas se graduaron pero el Consejo Superior de la Judicatura negó las tarjetas profesionales por no cumplir los requisitos.