Aunque en principio se trata de una controversia jurídica que se debe resolver en el ámbito de la rama judicial, es imposible negar la trascendencia de los hechos ocurridos  con respecto a la JEP y el Fiscal General y su eventual impacto sobre la estabilidad institucional del país. Esa es la razón por la cual los inversionistas fruncieron el ceño, ante la aparición de riesgos en el horizonte, que dos días atrás no existían.	La primera preocupación es lo que pueda pasar con la Fiscalía. En un país en donde el sistema acusatorio constituye un dique contra el crimen, es inconveniente la interinidad, por inevitable que sea. Acabar con la incertidumbre actual en un tiempo corto sería ideal, a sabiendas de lo complejo que es.	La segunda inquietud es política. El clima de polarización que se ha convertido en una especie de lastre para la toma de decisiones de todo tipo, incluyendo las empresariales, se puede acentuar. Esa es una señal inconveniente, sobre todo para un país cuyo ritmo de crecimiento es aún insuficiente. Pero todavía es el escenario de una constituyente, que algunos llegaron a proponer.	Una eventual descertificación nos devolvería a épocas que Colombia creía superadas. Eso para no hablar de las repercusiones internas en un país que enfrenta riesgos enormes en lo que atañe a su seguridad interna, el futuro del proceso de paz y la confianza de la ciudadanía, justo cuando calienta motores un proceso electoral.