De acuerdo con los argumentos de Aristizábal, Cruz Blanca, intervenida desde el 2012 con 13 prórrogas, no logró que su situación mejorara y después del informe del agente especial designado hace un mes (Felipe Negret) “se encontró que todos sus indicadores eran peores a los que se habían dado a conocer, por lo que se consideró que de continuar se aumentaba el riesgo para los afiliados y, de paso, la estabilidad del sistema y el de los recursos públicos”.	Negret fue designado el pasado 4 de septiembre y concluyó que, por su crítico estado financiero, la EPS pone en riesgo la salud de los usuarios y los recursos del sistema. Hecho al que se le suma un elevado número de PQRD y de procesos sancionatorios y judiciales. “Por eso la salida más responsable es revocar su funcionamiento e iniciar la liquidación”, dijo el superintendente.	Como es sabido, Cruz Blanca tiene pasivos que superan los $354.255 millones, que superan los activos que apenas si alcanzan los $153.235 millones, además de haber tenido una disminución de 258.250 usuarios entre diciembre de 2015 y junio de 2019, lo que ponía en riesgo de manera significativa la estabilidad de esta entidad que, a la fecha, tiene un gran número de acciones de tutela por incumplimientos en los servicios.	De igual forma, Cruz Blanca “no cumplió con la cobertura para los servicios de baja complejidad de laboratorio clínico y de alta complejidad como oncología pediátrica; incumple con el 56% de los indicadores (9 de 16) del dominio de Experiencia en la Atención, como es el tiempo promedio de espera para la asignación de citas médicas, el tiempo promedio de espera para la asignación de citas de odontología general y el tiempo promedio de espera para la asignación de citas de pediatría, entre otros”, indica la entidad.