La iniciativa, que sería aplicada a todos los funcionarios elegidos con voto popular, magistrados de las altas cortes y tribunales, ministros, superintendentes y directores de los departamentos administrativos, ha sido programada en la plenaria de la Cámara entre los últimos lugares, es decir, después del punto 12 del orden del día, por lo que hasta ahora no se ha podido discutir en su último debate.