A través de un comunicado, GCG le informó al mercado que los activos contenidos en la carta de intención son aquellos que “comprenden principalmente la mina de oro subterránea en producción existente, incluido el derecho a extraer en la parte inferior del área de licencia de Echandía, la planta de procesamiento de 1.200 toneladas por día existente y el área que abarca la mineralización de Deeps, todos ubicados dentro del área de licencia de minería referido como Zona Baja”.	A renglón seguido precisó la nota que se está organizando un informe técnico que se espera finalizar en noviembre el cual incluirá una estimación actualizada de recursos minerales. Además GCG retendrá su propiedad actual de las licencias mineras en las zonas conocidas como zona alta y Echandia. Y dejó en claro que GCG y BGC no son partes relacionadas.	“Las unidades que se emitirán de conformidad con la colocación privada y la colocación privada intermedia, respectivamente, estarán compuestas por una acción común posterior a la consolidación de BGC y una garantía de compra de acciones, y cada garantía se puede ejercer para adquirir un adicional de títulos comunes posteriores a la consolidación de BGC a un precio de 3 dólares canadienses por un período de cinco años a partir de la colocación”, detalla el comunicado.	En los últimos meses, la dificultad para adquirir insumos para la producción, como la dinamita, y las barreras para comercializar el oro de forma legal ha llevado a que mineros y funcionarios de la Gobernación de Caldas, así como representantes del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Minería (ANM) se sienten a la mesa en varias ocasiones, para trazar fórmulas de solución.	Para Paula Andrea López, jefa de la Unidad de Desarrollo Minero de la ANM, en Marmato existen varias dificultades porque al no ser permitido el sistema de cotas no se les vende dinamita a los mineros, entonces no tienen oro. Esa es la urgencia de gestionar esta ley diferencial para ellos, pues en la parte alta trabaja gran número de personas.