En los últimos días, el Presidente ha dado entrevistas a varios medios de comunicación, al igual que algunos de los ministros de las carteras más relacionadas con la protesta. Este esfuerzo por comunicar mejor sus esfuerzos hace parte de la estrategia que ha puesto en marcha el Presidente para contrarrestar las críticas que se le vienen haciendo por temas como las reformas laboral y pensional y la falta de recursos para las universidades públicas.	La medida más importante es la expedición de un decreto (que hasta el cierre de esta edición no se había firmado) en el cual se autoriza a alcaldes y gobernadores a decretar toques de queda, restringir la circulación de personas en el espacio público y prohibir el porte de armas, así como la venta y consumo de bebidas alcohólicas, si consideran que hay una situación de orden público que lo amerite.	En efecto, Carlos H. Trujillo, ministro de Defensa, señaló que de cara a la jornada de paro se activó el puesto de mando que tiene como fin coordinar las acciones de todas las entidades del Estado y que desde el viernes se han realizado seis reuniones, dos de ellas con presencia de Iván Duque.	Patricia Muñoz, analista política, señala que el mensaje del Gobierno da lugar a una doble interpretación. Por un lado, algunos pueden considerar que estas son medidas necesarias para que el paro no sea infiltrado por personas que saboteen o inicien actos de violencia, pero otros pueden considerar que son desmedidas en relación a los paros anteriores.	“En un afán por desvirtuar la marcha se ha creado un ambiente de pánico de que el país va a desaparecer, que habrá actos de barbarie, un poco a la luz de lo que ocurrió en Chile o Ecuador, donde efectivamente hubo desmanes. El Gobierno considera que está en el deber constitucional de evitarlo”, agrega Jaramillo.