A través del proceso, que se adelanta en Ley 600, la Fiscalía determinó que los dos comunicadores viajaron hasta Segovia para recaudar información que les permitiera narrar en una crónica los hechos sucedidos el 11 de noviembre de 1988, en lo que se conoció como la ‘Masacre de Segovia’, y que dejó 46 personas asesinadas y 45 más heridas producto de una incursión paramilitar de un grupo comandado por Fidel Castaño Gil.	Durante el recaudo de pruebas, el ente investigador determinó que estas personas fallecieron por “circunstancias que imposibilitan el ejercicio de la acción penal contra ellos”, según el fiscal del caso, quien agregó que el actuar de los milicianos del ELN, que hicieron efectivo la muerte violenta de Chaparro y Torres, no fue una decisión aislada sino que correspondió a órdenes impartidas por sus superiores en la agrupación armada ilegal.	“Aquí las milicias del ELN actuaron en acatamiento a su misión de combatir a las fuerzas del Estado y opositores a sus objetivos de lucha, con el convencimiento de que las víctimas eran miembros de inteligencia militar, a quienes por demás catalogaban como aliados de los paramilitares, otros de sus enemigos naturales en este extenso conflicto colombiano”