Pues, así no lo crean, esa fue una de las anomalías por las que el gobernador de Santander, Dídier Tavera, tendrá que responder. La Fiscalía le formulará cargos al gobernador Tavera por un contrato del Programa de Alimentación Escolar. Se trata de un convenio firmado por más de treinta y cinco mil millones de pesos, y que tenía como finalidad suministrar alimento a 124.000 estudiantes de la zona.	Según la Fiscalía, a pesar de que se desembolsó la totalidad del dinero al contratista, las raciones alimentarias no llegaron adecuadamente a los colegios del departamento. Incluso, para justificar una serie de sobrecostos, el contratista registró compras de tamales por treinta millones de pesos y la adquisición de víveres a empresas ficticias.