Después de décadas de discusión en medios académicos y por parte de la banca multilateral sobre el equilibrio necesario en una sociedad entre Estado y mercado, se ha llegado a un consenso amplio sobre la necesidad de que el Estado, particularmente en países emergentes, concentre sus recursos en los ‘bienes públicos’, denominados así en un sentido amplio y caracterizados en especial por el hecho de que su acceso no es garantizado necesariamente por el mercado, sin perjuicio de que coexista la producción y distribución de estos bienes de forma privada.	Este consenso incluye también el listado básico de los bienes públicos más importantes sobre los cuales el Estado debe garantizar el acceso. Sin pretender ser exhaustivos, son: educación en la infancia, nivel de educación primaria y media, acceso a la salud, acceso a paquetes tecnológicos básicos (principalmente semillas y asistencia técnica), inclusión financiera, infraestructura física que garantice equilibrio de oportunidades en acceso a la canasta energética (énfasis reciente en energías renovables) internet, telefonía móvil, carreteras terciarias, aeropuertos y puertos. Esta lista podría ser más desagregada, pero tiene unas características comunes: hace énfasis en el desarrollo del capital humano y busca eliminar barreras de acceso para el desarrollo de proyectos productivos de distintos sectores, la preservación del medioambiente (deseablemente el impulso al crecimiento verde) y la generación de condiciones de sostenibilidad de los negocios.	Es pertinente mencionar mecanismos de asignación de recursos que hemos venido utilizando en Colombia en los últimos años y que no tienen estas características. Baste citar los siguientes: el proyecto de ley de distribución del 20 por ciento del presupuesto público por parte del Congreso, instaura una disrupción definitiva de unas reglas del juego armónicas; la introducción de los Ocads como órganos regionales para asignar recursos de regalías ha mostrado la acumulación de recursos no asignados y severas controversias sobre la calidad de los proyectos a los que se han asignado estos recursos; la distribución masiva de subsidios a distintos productos agrícolas cuando se generan excedentes o cuando los precios caen severamente sin exigencias de mejora por parte de los agricultores en las condiciones de productividad; el financiamiento de la inversión requerida en el sector eléctrico en condiciones en las cuales el operador no respondió eficientemente y no se controló la cultura de no pago.	El rector de las finanzas públicas en Colombia ha sido el Ministerio de Hacienda y la planeación de proyectos de inversión liderados desde el DNP, que son organismos con tradición técnica. Baste recordar el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el proyecto de Ley de Presupuesto, la regla fiscal y los documentos del Plan de Desarrollo. De estos organismos debería provenir una propuesta de revisión sobre los mecanismos de asignación de recursos que sea consistente con las metas de mediano y largo plazo que se trace el país por consenso.