En las primeras audiencias sobre este escándalo, Guatibonza no aceptó los cargos, sin embargo, el juez del caso decidió dictarle medida de aseguramiento con el beneficio de detención domiciliaria. Guatibonza está en líos porque desde la empresa de la que es dueño y representante legal, A&G Seguridad, se dedicaba a realizar interceptaciones ilegales, comúnmente conocidas como ‘chuzadas’.	El fiscal del caso reveló, durante la audiencia de imputación de cargos, que en medio de las investigaciones se evidenció que unas empresas de consultoría y asesoría en seguridad, entre ellas la de Guatibonza, estarían ofreciendo, tanto a nivel nacional como en Ecuador, la interceptación ilegal de comunicaciones privadas y transmisión de frecuencias de radio.	Ante el estrado se dijo que esta organización podía recuperar mensajes de Whatsapp, tener la ubicación de equipos telefónicos en tiempo real, además que ofrecían protección de blindaje para que no fueran interceptados. Así mismo, relató que ofrecían la obtención de los contactos de los celulares que iban a interceptar, descargar audios de comunicaciones, correos electrónicos y páginas web.