Para Fedesarrollo, en cabeza de Luis Fernando Mejía, la decisión de la Corte generará un efecto negativo en cuanto a las expectativas y decisiones que tiene el país frente a la inversión, puesto que fomentaría un impacto adverso a nivel macroeconómico. Así lo dejó ver en un concepto emitido al alto tribunal días atrás.	Los cálculos de Fedesarrollo en su momento dieron cuenta que con este nuevo panorama el Producto Interno Bruto (PIB) para 2020 ya no sería del 3,5 %, como se venía pronosticando, sino del 2,7 %, es decir, que el crecimiento económico tendría un impacto negativo del 0,8 %, lo que, a juicio de Mejía, pondría en riesgo la sostenibilidad fiscal.	Para el Gobierno las cifras tampoco eran descabelladas, pues el ministro Carrasquilla expuso dos escenarios que relaciona la seguridad jurídica, debido a que “nadie va a volver a creer en una reforma tributaria ni ley de financiamiento”, pues la ley aún no cumplía un año de entrada en vigencia cuando ya se está tumbando.	El segundo escenario que expuso el jefe de la cartera económica fueron los efectos de crecimiento inherentes a la Ley de Financiamiento, pues estos, a su juicio desaparecerían. “Ese segundo efecto de crecimiento también tiene un costo y si sumamos, el efecto combinado, año tras año, hasta 2030, eso nos da el equivalente a un PIB anual de Colombia. Perdemos el 10 % de nuestra capacidad de generación de ingreso de un tanganazo”.