Además se habría fundado en estudios que no eran técnicos para justificar la decisión.“Todo ello le ha representado grandes pérdidas a las arcas del departamento, ya que por ejemplo, el 51% de las rentas obtenidas debían ser destinadas a los servicios de salud y educación del departamento, pero no se tuvo en cuenta”, establecen los hallazgos del Tribunal.	Por estas razones, donde se evidencia que el exgobernador Bermúdez habría violado el principio de planeación y en respuesta a una demanda presentada por la procuraduría general de la nación, el Tribunal ordenó en primera instancia la nulidad del contrato que se suscribió en el 2003 entre el departamento y la unión temporal Licorandes.	Con el ánimo de determinar si hubo o no detrimento patrimonial para el departamento, el Tribunal compulsó copias a la Contraloría General de la Nación, para que investigue a fondo las irregularidades advertidas, “ya que lo pactado en el contrato de concesión y lo otorgado al departamento de Boyacá por concepto de utilidades fue tan sólo un 3%”, dijo en Caracol Radio el magistrado Luis Ernesto Arciniegas.	Con lo anterior, la salsa de decisión número 1 del Tribunal, le ordenó al gobernador de Boyacá actual, Carlos Andrés Amaya, que “en forma inmediata y sin dilación alguna inicie las actuaciones administrativas necesarias para determinar técnica y financieramente la forma de explotación económica del monopolio de licores que más le convenga al departamento de Boyacá, y que en un término no mayor a 6 meses, promueva el tramite respectivo ante la asamblea departamental a fin de obtener la autorización que ha de requerirse, para la celebración de un nuevo contrato”.