Entre los requisitos previos al uso del químico está la consulta previa con las comunidades indígenas, presentar una investigación científica que demuestre que el glifosato no causa daño a la salud, las pruebas deben ser presentadas a la Corte Constitucional, debe haber una regulación creada por entidades diferentes a las que van a fumigar, hacer monitoreo continuo de los efectos e incluir a las entidades de salud en el análisis de la información.