El alto tribunal también se ha dejado llevar por consideraciones no jurídicas en lo concerniente a la fumigación de cultivos ilícitos, especialmente con motivo de la expedición de la Sentencia T-236 de 2017, que exigió condiciones imposibles de cumplir que impedían revertir la errada suspensión de la aspersión aérea de cultivos ilícitos ordenada por el Gobierno en mayo de 2015.	Igual ocurre con la proliferación y el desmadre institucional generado por el derecho y la interpretación constitucional de la consulta previa, que por ser de naturaleza colectiva no puede protegerse mediante acciones de tutela. La incertidumbre resultante es la causa de la demora o cancelación de trascendentales proyectos de infraestructura y minería para el futuro del país.	En opinión del abogado constitucionalista, Juan Manuel Charry, resulta inexplicable la interpretación de la Corte Constitucional según la cual sus sentencias producen efectos en el momento de su comunicación y contradictorio que lo haga “mientras existe la posibilidad de realizar cambios sustanciales a su texto, más aún cuando la razón de la decisión y muchas veces condicionamientos y modulaciones dependen de la parte considerativa de la misma”.	En consecuencia, luce oportuna la creación de un Observatorio Constitucional de jerarquía intelectual y moral, como el que propone el exministro Jorge Humberto Botero, que entre otros asuntos, evalúe la jurisprudencia de la Corte y la congruencia de sus comunicados de prensa, participe en litigios de notorio interés público y asuma la digitalización, estudio y difusión de las actas de la Asamblea Constituyente de 1991.