Un llamado de atención hizo la Defensoría del Pueblo para garantizar el ejercicio del derecho a la participación efectiva de las víctimas del conflicto armado, pues un proceso de verificación y análisis que realizó sobre el funcionamiento de las mesas departamentales y municipales encontró una serie de falencias frente a lo dispuesto sobre la materia en la Ley 1448 de 2011.El organismo recordó que en agosto pasado la Comisión de Seguimiento y Monitoreo (Csmlv) presentó al Congreso de la República el Quinto Informe de Seguimiento a la Implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.A propósito de dicho informe, la Defensoría del Pueblo considera pertinente llamar la atención sobre el ejercicio del derecho a la participación efectiva de las víctimas del conflicto armado, con base en el resultado de un proceso de verificación y análisis sobre el funcionamiento de las mesas departamentales de Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander y Casanare, así como a las mesas municipales de Morales, Tumaco, Caldas, Convención y Tauramena.La Defensoría del Pueblo encontró la falta de documentación y sistematización de procesos relativos a la elección y funcionamiento de algunas mesas municipales de participación, particularmente en Morales, Tumaco, Tauramena y Convención, así como de los empalmes entre los diferentes periodos.De igual manera señaló que hay una brecha en el ejercicio del derecho a la participación entre el orden departamental y el municipal frente al número mínimo de sesiones anuales, “las cuales son de mayor frecuencia en el nivel departamental, como se evidencia en los territorios señalados”, explica la Defensoría del Pueblo.Otra falencia que halló la Defensoría del Pueblo en el funcionamiento de las mesas regionales de víctimas es “el incumplimiento reiterado por parte de las entidades territoriales en los procesos de valoración y respuesta a las observaciones que presentan las víctimas en la formulación de los Planes de Acción Territorial (PAT)”.RecomendacionesDe lo evidenciado en el informe presentado al Congreso de la República, si bien la Defensoría del Pueblo destaca el avance en el cumplimiento progresivo de las garantías de carácter material (como es el caso de la disposición de recursos para la elección y funcionamiento de las mesas) “hace un llamado a los entes territoriales, puesto que, después de transcurridos tres periodos, la mayoría de alcaldías y gobernaciones de las regiones priorizadas por la Defensoría del Pueblo para el presente informe no han comprendido que no basta con este tipo de garantías”.Agregó el organismo que la realización efectiva del derecho a la participación requiere necesariamente que los entes territoriales valoren y respondan cada una de las iniciativas u observaciones que presenten las mesas a los Planes de Atención Territorial y demás tipos de planes o programas, situación que ha resaltado la Corte Constitucional mediante el Auto N.° 373 de 2016 de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004.Precisamente en dicho auto el tribunal Constitucional señaló que “(…) la Sala encontró la falta de implementación de los mecanismos dirigidos a evaluar el grado de incidencia de las propuestas, sugerencias y opiniones presentantes, así como mecanismos de respuesta ágil y oportuna frente a las solicitudes de las víctimas (…)”.En el informe que presentó en agosto pasado el Csmlv (integrada por la Procuraduría, la Defensoría y la Contraloría) al Congreso de la República acerca del monitoreo a la Ley de Víctimas, indicó que la misma está desfinanciada y que por tanto el esfuerzo fiscal requerido para el financiamiento en el periodo comprendido entre 2018 y 2021 debería ser de aproximadamente $129,29 billones, lo que supera el valor estimado por el Gobierno Nacional en $28,4 billones. Según la Csmlv, esta situación evidencia que el plazo de ejecución actual y los recursos disponibles resultan insuficientes. Si se toma como referente el valor ejecutado para esta política pública en 2017, que fue de $13,5 billones, se calcula que para cumplir con los requerimientos de la Ley se requieren cerca de 10 años adicionales.En 2018, la Unidad para las Víctimas alcanzó una ejecución del 95,3% de su presupuesto asignado, que fue de $1,8 billones, de los cuales $697.000 millones corresponden a recursos de funcionamiento y $1,1 billones a recursos de inversión.De esta suma, el 93% fue destinado en proyectos de inversión y al Fondo de Reparación a Víctimas, del cual salen los recursos para el pago de las indemnizaciones a las víctimas. Solo el 7% restante se destinó a la operación y gastos de funcionamiento.