Por cuenta de las turbulencias que sacuden a la economía mundial o de las penurias que enfrentan Argentina o Venezuela, son pocos los analistas que por estos días dirigen sus miradas hacia Colombia. A fin de cuentas, por aquí las cosas van relativamente bien, como lo comprueba la inflación bajo control o una tasa de crecimiento cercana al tres por ciento anual, seis veces más que el promedio de América Latina.	Que los capitales no nos miran con aprehensión es evidente al observar que los flujos de inversión extranjera directa crecieron 24 por ciento en dólares durante el primer semestre del 2019. En estas latitudes no soplan las políticas populistas de Andrés Manuel López Obrador, ni se antagoniza a la comunidad internacional, como lo viene de hacer Jair Bolsonaro ante los incendios en la Amazonia.	La semana pasada el turno fue de Fitch, la agencia calificadora de riesgo, que dio a conocer un escrito cuyo título se explica por sí solo: “Los riesgos fiscales de Colombia permanecen a pesar de los buenos datos de la primera mitad del 2019”. De acuerdo con la entidad, a pesar de que este año se cumplirían las metas establecidas con respecto al déficit del sector central, hacia adelante el panorama se ve más oscuro.	El principal interrogante es el efecto en los recaudos que traerá la aplicación plena de la Ley de Financiamiento aprobada en diciembre pasado por el Congreso. Como es conocido, la norma rebaja de manera sustancial no solo la tarifa de impuesto a la renta imputable a las sociedades, sino que permite la plena deducción del IVA que se paga en la compra de bienes de capital. Debido a ambos factores, los ingresos de la tesorería se reducirían en más de siete billones de pesos a partir del 2020.	Para el Gobierno ese faltante se cubrirá con una mayor dinámica de la economía y con la entrada en vigor de la factura electrónica que permitiría disminuir la evasión. Aunque algo de eso puede ocurrir, Fitch señala que supuestos como un crecimiento del 4 por ciento en el 2020 o una tasa de cambio revaluada parecen optimistas a la luz de la realidad actual.	Por ejemplo, el peso de la deuda pública como proporción del tamaño de la economía tiende a aumentar. La agencia calificadora calcula que tales acreencias subirán al equivalente del 43,7 por ciento del Producto Interno Bruto este año, cuando la media de los países que reciben la misma nota de Colombia es 36,3 por ciento. Si el Ministerio de Hacienda amplía la política de pagar obligaciones del ejercicio con emisión de títulos TES, los números empeorarían, aumentando la probabilidad de un castigo.	En el reporte en cuestión también se hace una advertencia adicional sobre el impacto negativo que tendrían los indicadores de gobernabilidad en caso de que las amenazas de las disidencias de las Farc se concreten en mayor violencia. Si bien las autoridades deberían controlar esa amenaza, el mensaje central es que podemos llevarnos una sorpresa desagradable, a menos que apliquemos la máxima de prevenir para no lamentar.