El Ministerio de Educación Nacional tuvo conocimiento de quejas en las cuales se puso en conocimiento de esta Cartera, presuntas irregularidades relacionadas con las condiciones en que fue ofertado y desarrollado el programa académico de derecho al egresado Julián Bedoya Pulgarín, situación que eventualmente puede configurar una inobservancia a las normas que regulan la prestación de este servicio educativo (normas legales, estatutarias y reglamentarias internas).	En el informe, firmado por María Ángel Suárez Sánchez, coordinadora del Grupo de Mejoramiento institucional, adscrito a la Subdirección de Inspección y Vigilancia del ministerio de Educación, se lee que, en la práctica, le habrían perdonado las sanciones para que continuara los estudios hasta diciembre de 2007, fecha en la cual “	El plan de formación con el que debió desarrollarse todas las actividades académicas correspondientes al programa académico de derecho del estudiante (hoy egresado) Julián Bedoya Pulgarín, presuntamente, era el aprobado mediante Acuerdo 45 de 2015 y no el contenido en el Acuerdo 45 de 1997. Lo anterior, por cuanto el último reingreso, se registró en octubre de 2018, fecha en la que se encontraba vigente en el precitado Acuerdo 45 de 2015, el cual señala en el artículo 15:	Artículo 12. Requisitos para el optar al título. Para optar al título de abogado, el estudiante deberá haber aprobado la totalidad de los créditos del plan de formación, acreditar el conocimiento de una segunda lengua, haber presentado un trabajo de grado o monografía, o haber cumplido la práctica de judicatura; aprobado cinco exámenes preparatorios de grado; haber presentado la prueba "SABER PRO" en los términos establecidos por el Icfes, y realizar el curso de Protocolo Empresarial	Según el Ministerio de Educación, la prueba de suficiencia debía constar de un examen oral y otro escrito que debían ser practicados y avalados por los profesores de la asignatura conforme a las actas de las pruebas supuestamente presentadas por el señor Julián Bedoya. Esas actas fueron aportadas en la diligencia pero no fue posible constatar que los docentes que fungieron como jurado fueran los de las asignaturas evaluadas porque varios de ellos fueron evaluadores en más de una de las pruebas.	El Ministerio explicó que la visita de inspección surgió del informe de fecha 20 de agosto de 2019, del cual se dio traslado a la Institución para garantizar sus derechos a contradicción y defensa, y quien por conducto de su Rector se pronunció y aportó elementos de prueba mediante misiva radicada en el Ministerio el día 10 de septiembre de este año.Comentarios