Un proyecto de ley que se convertiría en pieza clave para sincronizar las competencias entre nación y territorio para la explotación de los recursos del subsuelo, diferente a la futura ley de Coordinación y Concurrencia, será presentado en los próximos días al Congreso de la República. Sin embargo, el texto fue divulgado en el Congreso Nacional de Minería.	El autor de la iniciativa parlamentaria es el Grupo de Diálogo sobre Minería (Gdiam), y en entrevista con Portafolio, su directora Claudia Jiménez, explicó que el articulado pretende crear la categoría de municipio minero, en el desarrollo del artículo 320 de la Constitución Nacional, y se orienta a dotar a los entes territoriales de competencias exclusivas claramente definidas para el desarrollo de la actividad extractiva.	Así mismo de forma ordenada, responsable y técnica, garantizando que los beneficios para los municipios y sus comunidades sean superiores a los impactos de la explotación y el procesamiento de los minerales. Afirmó que “nada más lógico que los alcaldes que quieran apalancar parte del desarrollo de su territorio con la renta minera, tengan capacidad de decisión”.	La minería que el Gdiam quiere para el país debe ser incluyente. Los alcaldes de algunos municipios se sienten excluidos de la capacidad de decisión en cuanto a las actividades económicas que se desarrollan en sus territorios. Para un mandatario local el descubrimiento de un yacimiento minero puede ser una bendición o una maldición.	La mejor manera de convertir ese privilegio en una bendición es darle el espacio a los alcaldes para que puedan participar en las decisiones mismas que conlleva un desarrollo minero. Ofrecer los instrumentos para que pueda definir sobre el proyecto en alguna de sus etapas de ejecución, también sobre los impactos ambientales y sociales que inevitablemente tiene la minería.	Este planteamiento busca dar respuesta al problema del déficit de gobernanza territorial del sector y está soportado en el marco relacional entre la nación y las entidades territoriales, adoptado por la Constitución de 1991, la cual reconoce la existencia de una sociedad plural, establece la autonomía territorial y consagra la participación ciudadana como derecho fundamental.	El proyecto de ley da especial énfasis en la construcción y participación de la ciudadanía como parte del proceso de concertación entre la nación y los entes territoriales para que concurran en la adopción de las medidas necesarias para garantizar que cuando se acuerde realizar proyectos minero-productivos, sea con una visión incluyente, resiliente y competitiva, que genere valor social y propicie grandes transformaciones.	Esta categoría especial le permite a aquellos entes territoriales que quieran, voluntariamente o con ayuda del Gobierno Nacional, tener la competencia para organizar su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en lo que tiene que ver con el suelo y el subsuelo. Teniendo en cuenta las circunstancias económicas que poseen debido a que en su subsuelo tienen recursos naturales para producción.	Actualmente se presenta un forcejeo entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales para acceder a los recursos naturales que yacen en el suelo. La iniciativa le permitiría acceder a bonos verdes para que los recursos se queden en los municipios. Así mismo, que se puedan aplicar mecanismos como el de obras por regalías, para que estos recursos se queden en los municipios para el desarrollo de programas sociales. Además, que se establezcan algunas contribuciones fiscales de orden territorial para que las regiones vean los beneficios de tener en su territorio un desarrollo minero.	La aspiración es que el Gobierno Nacional tenga en cuenta en su ley de Coordinación y Concurrencia este insumo que el Gdiam está poniendo a disposición del país. Sería ideal que esta propuesta sea integrada en un único proyecto de ley. La intención es coordinarnos y no andar cada uno por su lado.	La tensión que existe entre la Nación y los entes territoriales es por la administración del subsuelo, y esto último significa entregar contratos de concesión, fiscalizarlos, monitorearlos y recibir las rentas. Los alcaldes han estado históricamente marginados en este proceso. Y lo único que reciben es el impacto grande por el desarrollo de esta industria extractiva. Es brindar las herramientas para que se tienda un puente institucional bilateral en coordinación y concurrencia entre el orden nacional y el orden territorial.