Quedan tan solo cuatro semanas para el fin de la legislatura este 16 de diciembre y se aprieta el tiempo para la discusión y la aprobación de la nueva reforma tributaria. A pesar de que el Gobierno radicó el texto de la llamada ley de crecimiento el pasado 22 de octubre, la idea es presentar hasta esta semana la ponencia ante las comisiones económicas del Congreso de la República.	La intención inicial del Ejecutivo era radicar el texto idéntico de la ley de financiamiento que tumbó la Corte Constitucional y aprobaron las mayorías parlamentarias el año pasado. De esta manera el mensaje enviado por el Gobierno, apoyado por los distintos gremios y el sector empresarial, era de estabilidad jurídica y continuidad normativa.	No obstante, era mucho esperar que los congresistas resistieran la tentación de ejercer su derecho constitucional de introducir, debatir y modificar las iniciativas radicadas por la Casa de Nariño. Tanto los resultados electorales de los comicios regionales del pasado 27 de octubre, como el agitado ambiente político de las últimas semanas en el Congreso, han fortalecido las voces que quieren empujar al Gobierno a negociar una nueva reforma tributaria con todas las de la ley.	Medidas como el impuesto al patrimonio, los beneficios tributarios a las empresas condicionados a la generación de puestos de trabajo, el oneroso e ineficiente impuesto a la venta de inmuebles de segunda de más de 920 millones de pesos y la renta presuntiva se contarían dentro de los puntos a debatir y susceptibles de cambio con respecto a la hundida ley de financiamiento.	Claramente se ha perdido tiempo valioso para una discusión más profunda y detallada de este nuevo marco de impuestos para la economía. El entorno político tras la caída del ministro de Defensa y el paro nacional convocado para este 21 de noviembre no es el mejor para la llegada rápida a consensos. En especial cuando de impuestos se trata.