El ente de control logró demostrar que el funcionario profirió la Resolución 118 de 2014 mediante la cual se adoptó y aprobó el Plan de implantación, un instrumento de planeación que busca mitigar los impactos negativos que puedan generar nuevos desarrollos urbanos, así como la regularización de una estación de suministro de combustible que hacía parte integral del proyecto urbanístico, en un predio que conforme al Plan de Ordenamiento Territorial, estaba ubicado en un suelo donde no estaba permitido el manejo de “productos químicos o combustibles de alto riesgo”.