En el caso de Tunja, la Universidad invirtió 5.459 millones de pesos a través de Interbolsa y pretendía que el Estado le devolviera el dinero. Sin embargo, el Tribunal en otra decisión señaló que en Colombia existe libertad económica y que las comisionistas realizan inversiones libremente, por lo que el Estado no interviene en esos negocios y por tanto no tiene responsabilidad.	Ellos eran trabajadores de Interbolsa y argumentaban que se quedaron sin empleo por cuenta de la omisión del Estado en vigilar a la comisionista lo que finalmente llevó a su liquidación. En primera y segunda instancia se negaron las pretensiones con el argumento de que no hubo fallas del Estado y que los demandantes “tenían a su cargo la posibilidad de decisión y disposición de información para asumir los riesgos que de ello se desprendieran”.