El Índice de Desarrollo Humano comenzó a medirse en 1990, como resultado de los trabajos de Amartya Sen, premio Nobel de Economía, que llegó a la conclusión de que el desarrollo económico no se podía medir solo por el nivel de ingresos, sino que debía tener en cuenta variables como el acceso a la educación o el cubrimiento de las necesidades básicas.	Por ese motivo, el informe sobre el desarrollo humano, que elabora anualmente el PNUD y en el que evalúa la situación de 189 países, tiene en cuenta variables como las diferencias de género, la expectativa de vida, el acceso a servicios públicos y los años de escolaridad, entre muchas otras variables, además del ingreso per cápita.	Desde que se empezó a elaborar el informe, Colombia ha mejorado sostenidamente. En 1990, el Índice de Desarrollo Humano del país fue de 0.600 (entre más cerca de 1, mejor es el desempeño). En el año 2000 ya había subido a 0.662; en 2010, a 0.729, y en 2018, a 0.761.	La expectativa de vida pasó de 70,9 años en 1999 a 77,1 años en 2018 y el ingreso per cápita, de 5,495 a 12,897 dólares diarios, mientras que el número de personas en riesgo de pobreza multidimensional bajó de 8,3% en 2008, a 6,2% en 2018.	“Yo tengo una hija que tiene cuatro semanas de nacida. Cuando mi mamá nació, en 1960, los años de escolaridad promedio que tenía eran cuatro años. Mi mamá podía estudiar cuatro años en promedio cuando nació. Mi hija puede estudiar hasta 12 años en promedio. Se ha triplicado el número de años de escolaridad promedio que tiene una mujer en Colombia en una generación”, explica el director de Planeación.	Pese a estos avances, que no han sido solo resultado de un gobierno sino de unas políticas públicas sostenidas a lo largo de las últimas décadas, el informe del PNUD advierte que ya no son suficientes sino que debe trabajarse en otros factores que hoy por hoy pueden ser fuente de desigualdad.	“No es suficiente avanzar solo en el nivel de ingreso, en los años de escolaridad o en la esperanza de vida al nacer, indicadores en los que Colombia ha tenido avances contundentes, sino que también es necesario resolver otro tipo de desigualdades: por ejemplo, en 1990 no era importante si alguien no tenía acceso a un computador o Internet banda ancha. Hoy, si una persona no tiene acceso a banda ancha, puede ser más difícil estudiar o conseguir trabajo”, reconoce el director del Departamento Nacional de Planeación.	“Yo creo que el mensaje central es que esas tendencias tanto de cambio tecnológico como de cambio climático, sin una decidida y concreta acción pública, van a llevar a más desigualdad. La pregunta es, primero, ¿es necesario que los Estados respondan con políticas para frenar esas tendencias?, y segundo, ¿de qué manera? El cambio tecnológico sin inversión en habilidades para que todos lo aprovechen llevará a mayor exclusión; el cambio climático, si no tenemos una respuesta en política pública para poblaciones vulnerables, puede inducir a mayores desigualdades”, señala Luis Felipe Gómez Calva, director para América Latina y El Caribe del PNUD.	“Una de las cosas que el informe menciona es quizás una desconexión entre lo que observamos en los indicadores y lo que la gente percibe, sobre todo la gente joven. El 34% de la población en Latinoamérica y el Caribe está entre 15 y 35 años. La población joven percibe que hay incertidumbre respecto al futuro, y la idea de que hay cierta incapacidad de las instituciones para responder a esas necesidades. Esa preocupación, muy legítima, es discutida en el informe, que, precisamente, habla de cómo debemos medir mejor las desigualdades y qué otras dimensiones o manifestaciones de la desigualdad debemos tomar en cuenta para entender por qué precisamente la gente está en las calles”, señala Gómez Calva.