El propio presidente Vizcarra llegó al poder hace año y medio luego de la renuncia de Pedro Pablo Kucynski por haber recibido pagos de la constructora Odebrecht. Las investigaciones sobre los sobornos de esta empresa brasileña no solo tumbaron a Kucysnki sino que tienen en la cárcel a los ex presidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala. El dos veces presidente Alan García se suicidó cuando iba a ser detenido por el mismo caso.	Con todos sus exmandatarios vivos presos- incluido el exdictador Alberto Fujimori- los peruanos están hastiados de la corrupción. De acuerdo al Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional, el 65 por ciento de los peruanos cree que este flagelo ha aumentado en el último año mientras que el 96 por ciento cree que la corrupción en el gobierno es uno de los problemas más graves que enfrenta el país.	El gobierno Vizcarra ha impulsado una serie de iniciativas anticorrupción que han sido entorpecidas por el Congreso. Para romper el bloque político el mandatario propuso una reforma constitucional para adelantar un año las elecciones a abril de 2020. El Parlamento la rechazó e inició el proceso de conformación del Tribunal Constitucional con magistrados amigos.	Lo cierto es que ni la disolución del Congreso ni la renuncia de un presidente ni el escándalo de Odebrecht han frenado de manera notable el ritmo dinámico de Perú en años recientes. A pesar de una permanente pugna política, la economía peruana es una de las que más ha crecido en América Latina.	Los mercados le apuestan a la continuidad no solo del presidente Vizcarra sino del abanico de políticas económicas que Perú ha implementado en las últimas dos décadas. Todos los presidentes –hoy caídos en desgracia– mantuvieron los mismos fundamentos en su manejo económico: libre comercio, apertura, reglas claras para inversionistas, impulso a las exportaciones mineras, control de la inflación y el gasto.	No obstante, la inmunización de la economía frente a la política no es total. La incertidumbre generada por esta crisis llevó a la confianza empresarial al punto más bajo en dos años. Esto generará freno en las decisiones de inversión y en la actividad económica, por ejemplo en la infraestructura, que podría impactar los niveles de crecimiento.