Los tenderos del Colegio Miravalle de Bogotá respetan el orden de llegada de los estudiantes que se agolpan frente a la ventanilla: una maraña de cabecitas, brazos extendidos y chillidos que reclaman atención. Un niño compra un producto llamado Cifrut, una botella de plástico con un líquido amarillo que pretende ser jugo. Durante el recreo, en el Colegio Comercial del Norte, en Popayán, un niño compra Big Cola, que es similar a la Coca-Cola o la Pepsi.	Las ocho empresas más grandes de bebidas azucaradas en Colombia (Postobón, Pepsico, Coca-Cola, Coca-Cola Femsa, Bavaria, RedBull, AJE y Monster Energy) se comprometieron hace tres años a no distribuir productos de este tipo en las escuelas primarias de Colombia, pero los envases siguen allí. Y la escena se repite de un colegio a otro.	Según la Encuesta Nacional de Nutrición (2015), uno de cada seis niños entre 5 y 17 años tiene sobrepeso u obesidad en Colombia. La cifra aumentó 5,6 por ciento con respecto a 2010. Esto encendió las alarmas sobre los hábitos alimenticios de la población más joven. Según la Organización Mundial de la Salud, reducir el consumo de bebidas azucaradas entre niños ayuda a reducir los índices de obesidad infantil.	“No se está evadiendo”, dijo Torres. “Si dentro del portafolio de una empresa hay diferentes bebidas, y el mismo acuerdo de autorregulación dice que solo se puede comercializar una parte de ese portafolio, pues se entiende que la otra parte del portafolio, donde se encuentran bebidas azucaradas, no se puede comercializar”.	El acuerdo de autorregulación también se interpreta como la primera salva de la industria en su estrategia para impedir una propuesta de regulación estatal. Cuando salió publicado, el entonces Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, propuso incluir en la ponencia de la reforma tributaria de 2016 un impuesto a las bebidas azucaradas.	El acuerdo de autorregulación en Colombia “surgió en los inicios de la discusión del impuesto de las bebidas azucaradas”, dijo Gaviria. “Hizo parte de una estrategia para encontrar un espacio de apoyo, de favorabilidad en la opinión pública […]. Es una estrategia muy común de la industria decir ‘no me regulen que yo me autorregulo’”.	"No es una muestra aleatoria, sino una muestra por conveniencia. Pero creemos que es un buen indicador para lo que está pasando en la ciudad", dijo Valentina Rozo, la investigadora del estudio. “En ninguno de los colegios nos decían que se estuviera cumpliendo el acuerdo. Hay colegios que ya eliminaron de su oferta las bebidas azucaradas, pero lo han hecho por voluntad propia y no por una iniciativa de las empresas”.	El primer problema que Rozo encontró fue que los rectores desconocían el acuerdo; y los pocos que sí sabían —sólo 4 de 21—, no se enteraron por gestiones de la industria de bebidas o de la ANDI, sino a través de la prensa nacional, por investigaciones personales de los rectores en internet o gracias a información difundida por la corporación RedPapaz, que según su portal web, “tiene como propósito superior abogar por la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Colombia, y fortalecer las capacidades de los adultos y actores sociales para garantizar su efectivo cumplimiento”. Ni la ANDI ni las empresas contactaron a uno solo de los rectores entrevistados por Dejusticia para socializar el acuerdo y discutir su implementación.	“El acuerdo de autorregulación opera en la medida en que la industria deja de vender los productos a los colegios, sin necesidad de que el colegio haga parte, y de que se entere o no”, dijo Torres, de la ANDI. “Simplemente, cuando hay un vendedor directo y llega a expedir una factura frente a la compra, como todos los colegios están registrados con un NIT, el vendedor pone ese NIT y le sale bloqueado porque es una institución educativa. Las compañías que hacen parte de la Cámara no pueden vender esos productos a las escuelas porque no tienen forma de facturarlo”.	“Muchas veces hemos ido a ver los colegios donde nos dicen que se incumple el acuerdo, y nos encontramos con que hay una restricción de venta por parte de las empresas, pero es el dueño de la tienda el que va y compra los productos a otros lugares. No es la empresa directamente la que los vende”, dijo Luis Felipe Torres.	Según la industria de bebidas, si los colegios les compran a estos distribuidores, ya las empresas no son responsables del cumplimiento del acuerdo. Colmenares estimó que aproximadamente el 70 por ciento de los colegios de Bogotá les compra a distribuidores. Por lo tanto, si la industria y la ANDI no comunican el acuerdo a los colegios y a los distribuidores, y trabaja con ellos para cumplirlo, éste resulta inaplicable.	El punto que se incumple con más recurrencia es precisamente el más importante: distribuir en escuelas primarias solo agua mineral o tratada, bebidas que contengan más de 12 por ciento de fruta, o aquellas producidas a partir de cereales, como la Pony Malta, que contiene casi los mismos gramos de azúcar que la Coca-Cola.	visitó dos colegios en Bogotá y dos colegios en Popayán, la capital más poblada de los tres departamentos que sufren los mayores índices de obesidad en Colombia —San Andrés, Guaviare y Cauca—. En estos colegios se está dando un cambio en los productos que ofrecen las tiendas, pero no gracias a la autorregulación de la industria de bebidas, sino a la autorregulación de los rectores y tenderos.	“Yo resolví quitar la gaseosa. No sólo a los chiquitos sino a todos, porque cómo les voy a quitar a unos sí y a los otros no”, dijo Olga Lucía López, la rectora del colegio. “Pero nosotros tomamos la decisión. Jamás ninguno [de la industria] se acercó [a comunicar los acuerdos]”.	La tendera del Colegio Colombo Francés, María del Mar Fernández, decidió no vender más gaseosas y aumentar la oferta de jugos naturales. Nadie le dijo que no podía vender algún producto. Y se sorprendió cuando supo que se violaba el acuerdo de autorregulación al exhibir el logo de Coca-Cola en la nevera.	La rectora López leyó cada punto del acuerdo y dijo que sólo se cumplía el de la publicidad, aunque la nevera de Coca-Cola en la tienda es una forma de publicidad. Cuando leyó el cuarto punto, donde la industria de bebidas se compromete a promocionar hábitos de vida activa y saludables, la rectora López rió.	“Si no lo hace el Ministerio de Educación, no lo hace el Ministerio de Salud, mucho menos lo va a hacer la industria de bebidas, que tiene menos obligación social con la salud de los niños”, dijo. “A mí me preocupa que el gobierno deje en manos de esa industria la promoción de la salud. ¿Quién va a estar pendiente de que la industria cumpla con esto?”.	Esta dificultad de verificar el cumplimiento de los acuerdos fue señalada por el ex ministro Gaviria. “Nosotros insistimos en los mecanismos de verificación. Pero la verdad es muy difícil desde el Ministerio tener mecanismos de verificación de eso. Durante el primer año me reuní con la gente de Postobón y de Pepsi, y ellos insistían en que se estaba cumpliendo, pero después no pasó mucho más”, dijo.	“La industria nunca ha venido [a comunicar el acuerdo de autorregulación]”, dijo el rector Édgar Meneses: “No se ha cumplido esa parte”. Según Meneses, en los demás colegios públicos de Popayán se venden estas mismas gaseosas y bebidas.  “Por un lado están las políticas por lo alto, pero lógicamente eso nunca llega a las bases y nunca se cumple. Tiene que haber una responsabilidad de la industria”, dijo el rector.	En el colegio público Miravalle, en Usme, al sur de Bogotá, venden la bebida Cifrut, que contiene menos de 12 por ciento de fruta y por tanto no debería distribuirse allí. El tendero dijo que había logrado impedir publicidad en la tienda contra la insistencia de la industria, que ha intentado convencerle de que incluya nuevas gaseosas en su oferta.	“Yo me atrevería a decir que la industria [de bebidas azucaradas] no ha tenido ningún papel en el cambio de alimentación que hemos hecho en el colegio”, dijo el rector Castro. “Si Postobón tuviese la intención [de hacer un cambio], hubieran dicho, 'no, tranquilos, quédense con la nevera porque ustedes la necesitan para su agua, para su jugo natural, para eso que nosotros no hemos cumplido'. Pero no. Dicen: 'Como ustedes no adquieren nuestro producto, nos llevamos la nevera’”.	“Desafortunadamente yo no tengo conocimiento de primera mano de esta situación”, dijo Luis Felipe Torres, de la ANDI. “En estos casos hay mucha intermediación en la información para saber si realmente esa situación pasó o no. Ya tomamos atenta nota del colegio y entraremos a hablar con Postobón para conocer la realidad de ese caso”.	Daniel Rodríguez fue el único rector que dijo que todos los acuerdos de la industria se cumplían en su institución, el Colegio Argelia, en Bosa. Sin embargo, fue una iniciativa suya: “Yo hace tres años comencé con el programa de tienda saludable, entonces los proveedores se dieron cuenta de que yo aquí la tenía clara”. comparte