El diario capitalino aseguró que el polémico mandatario escribió: “Hoy es otro día triste para la democracia colombiana. El Procurador general ha vulnerado mis derechos políticos, sancionándome con tres meses de suspensión por haber cumplido con mi deber de advertirle a la ciudadanía sobre la vergonzosa compra de votos”, dice un comunicado.	“Como alcalde de Bucaramanga, estoy en la obligación de advertirles a todos los bumangueses, a todos los ciudadanos, que los politiqueros están comprando votos a $250 mil por casa. No voten por un alcalde politiquero, voten por un alcalde de los ciudadanos”, fue la intervención del alcalde, lo que habría generado la indagación disciplinaria.	“Me permito remitir el audio allegado a la Presidencia de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales, mediante el cual se difunden mensajes a través de medios de comunicación social, así como espacios de opinión pública, los cuales pueden constituir transgresión a las normas sobre la propaganda electoral, relacionada con la campaña que se adelanta para la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga”, dice la misiva.	En ese entonces, el órgano de control endilgó dos cargos al mandatario local: el primero por un presunto interés indebido en los procesos de selección, al parecer, en provecho de su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros, quien obtendría un beneficio económico si el contrato se celebraba con los representantes de la tecnología WastAway en Colombia.	Entre las pruebas que sustentan el cargo están el acuerdo de voluntades de corretaje, las impresiones de las conversaciones de Whatsapp de las personas que lo suscribieron y en las cuales Hernández Oliveros refiere que comentaba con su padre aspectos de la licitación, que luego eran informados a los participantes, y sobre las reuniones del alcalde sostenidas con los representantes de WastAway en Colombia, José Manuel Hormaza, Florin Volcinschi y Héctor Hernando Baquero, en particular los días 22 de abril y 24 de julio de 2016.	Por otro lado, en el segundo cargo se le reprochó al alcalde que presuntamente coaccionó a César Augusto Fontecha Rincón, director jurídico de la EMAB, para que aprobara la fianza entregada por la Unión Temporal Vitalogic RSU en el proceso de contratación IP 001-EMAB – 2017, y así fuera habilitada la oferta, no obstante que en el pliego de condiciones se exigía entregar una póliza de seguro.	Del mismo modo, reposa en el expediente la declaración juramentada rendida por Fontecha Rincón, quien manifestó que el mandatario local lo llamó, al parecer, para decirle que procediera en el sentido que él quería, es decir; que aprobara la fianza que la UT Vitalogic RSU había entregado para garantizar la seriedad de la oferta.	En este caso, la Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta en el primer cargo por supuesto interés indebido en la celebración de contratos como gravísima a título de dolo y del segundo cargo, por presuntamente ejercer coacción a fin de que el entonces director jurídico de la EMAB procediera en el sentido que él quería, como grave a título de dolo.