Esta es, sin embargo, la misma dolorosa y repetitiva situación a lo largo y ancho de nuestro país: las EPS, con las consabidas excepciones, priorizan el negocio sobre el servicio, colocando barreras administrativas infranqueables a fin de no atender, oportuna y eficientemente, a los pacientes, quienes acuden esperanzados a la acción de tutela, pero sin resultados prácticos, pues sus fallos se quedan en letra muerta.	Este es también el drama humanitario que denuncian jubilados, pensionados y beneficiarios de la CPS U de C aquejados por graves enfermedades de alto costo. Afirman que de nada les sirvió entablar acciones de tutela y sus respectivos incidentes de desacato, pues se están muriendo, uno a uno, sin obtener los servicios requeridos para curar o al menos aliviar sus quebrantos de salud.	La realidad que cuentan sus pensionados es escalofriante: a la CPS U de C, por sus inmensas deudas contraídas y no canceladas, las distintas IPS no les reciben pacientes, quienes se ven obligados a acudir a los servicios de caridad, a prestamistas usureros o a mal vender propiedades familiares en el intento de salvar sus vidas.	Si estas quejas corresponden a la realidad, no es propósito de este editorial encontrar responsables a la denunciada debacle administrativa y financiera de la CPS U de C, otrora catalogada como una de las más eficientes EPS del país, pues ello es territorio de los organismos de control. Desde esta tribuna concierne señalar la indignación y el dolor al contemplar a esos seres humanos desguarnecidos, a quienes les estarían pisoteando sus derechos fundamentales, considerados inviolables.	Si es como lo denuncian, no es justo ni misericordioso invocar, por cuenta de los directivos de la Caja, los intríngulis administrativos, las reformas a su estructura jurídica o las interpretaciones sobre el destino de los cuantiosos recursos de la Estampilla ‘Universidad de Cartagena: Siempre a la altura de los tiempos’, pues lo cierto es que a estos exfuncionarios se les escapa la vida, muy a pesar de que les descontaron, y les siguen descontando inmancablemente, la cuota de su mesada, con la ilusión fallida de garantizar la atención en salud, sobre todo en la edad avanzada.	¿Qué tiene que decir la Junta Directiva de la Caja, de la cual el rector de la U de C es su presidente? ¿cómo fue que se llegó a esta situación? ¿pueden los jueces de la República hacer cumplir sus sentencias tutelares de la salud, la vida digna o la seguridad social?