Con el auge de la economía digital, las redes sociales han dispuesto de manera espontánea todo un ecosistema de posibilidades para que el ciudadano se exprese, critique, eleve su voz o cree toda una masa crítica que se traduzca en una especie de estado de opinión. En pocas palabras, con las redes sociales los usuarios fácilmente pueden pasar de simples espectadores a activistas desmesurados que terminan llenando las calles para llamar la atención de los gobiernos de turno.	La generación de valor agregado, soportado en el aprovechamiento de la tecnología, ya no solo se evidencia en el desarrollo de plataformas móviles, creación de fintechs o en programas de educación virtual. La economía digital ha transformado la forma de comunicación de los ciudadanos, generando una esfera de democracia donde los usuarios pueden calificar en tiempo real y de manera sincera, desde un restaurante hasta un gobierno. Además, pueden proponer ideas desde la comodidad de su teléfono para viralizarlas entre los millones de usuarios de las redes sociales y lograr incluso financiación para las mismas a través de plataformas de crowfunding.	Por supuesto que también preocupa la veracidad de la información que unos pocos pueden distribuir a través del ecosistema digital y las graves consecuencias de esta actividad sobre la toma de decisiones de un consumidor o de un ciudadano. Y ahí es donde los países reclaman una nueva regulación que se sintonice con la modernidad: unas normas que castiguen la manipulación y que contribuyan a superar los desafíos de la economía digital. También hace falta avanzar en educación para que los ciudadanos desarrollen el criterio suficiente para identificar una noticia falsa en las redes sociales, una fuente inexacta o contrasten una información.	Alrededor gira la economía, la política y otros aspectos estructurales de cualquier Estado. La novedad es que estamos ante una sociedad más exigente, crítica y que sabe que tiene el poder en sus manos con una simple publicación desde un teléfono inteligente. A esa ciudadanía hay que responderle con acciones concretas y una permanente exposición de lo público como garantía de transparencia. Ahí está el núcleo de la democracia digital.