Arias fue extraditado el pasado viernes a Colombia. El tratado de extradición entre Colombia y EE. UU. está vigente. Lo que ocurre es que no es aplicable para Colombia, por cuenta de unas decisiones de la Suprema altamente cuestionables. Desde entonces, las extradiciones a EE. UU. se hacen con base en el código de procedimiento penal.	La no retroactividad de la ley es un principio general de derecho. Pero ese principio se invierte en materia penal cuando la ley posterior es favorable. La ley penal es retroactiva en todo la favorable a sindicados y reos. Si la Suprema no quiere reconocer la doble instancia como un derecho, al menos debería aplicar el principio de favorabilidad en materia penal.	Dice la sentencia que el Ministerio de Agricultura debió haber hecho una licitación para ver quién adjudicaba los subsidios para la construcción de distritos de riego y no firmar un convenio con el IICA, un organismo de la OEA, como hizo. Por eso condenó a Arias por “celebración indebida de contratos”. Ministros de Agricultura anteriores habían celebrado 132 convenios similares. Ninguno de esos ministros fue acusado jamás. El único fue Arias.	AIS tuvo 382.611 beneficiarios. El problema se presentó con 14 de esos subsidios, todos ellos para construcción de distritos de riego, cuando grandes productores subdividieron los predios para beneficiarse de más subsidios. Todos y cada uno de quienes subdividieron llegaron a conciliaciones con el Estado, aprobadas por jueces, y devolvieron la totalidad de los montos de los subsidios recibidos, indexados y con intereses. El Estado no perdió un solo peso.