La política de seguridad alimentaria de Bolívar determina que nuestra agricultura tiene carácter tradicional, y agrego que se desarrolla en un estadio de premodernidad. Según datos de 2016 de Minagricultura, solo el 2,5 % del sistema de siembra en Bolívar es tecnificado; el 97,5 % de campesinos siembra manualmente, el 79 % ha recibido jamás asistencia técnica. Solo el 3,2 % ha accedido a crédito del Banco Agrario, mientras que el 86,1 % siembra con recursos propios, que en no pocas ocasiones tienen origen en el “pagadiario”. De esta manera es imposible la agricultura.	Un paso estratégico podría ser la implementación de la ley 1876 de 2017 que ordena la expedición de Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria, como fórmula de acompañamiento a los productores en el acceso al conocimiento, las tecnologías y ayudar a su articulación con la institucionalidad, mejorar su competitividad y la comercialización de sus productos.	El plan ha debido ser expedido en diciembre de este año según la ley; sin embargo, el Gobierno nacional ha dejado huérfanos a los departamentos en la materialización de este propósito. En julio de este año, la Agencia de Desarrollo Rural anunció la inversión de $6.000 millones para acompañar la elaboración de los Planes, lo cual era importante atendiendo la debilidad técnica e institucional que acusan la mayoría de secretarías de agricultura del país. De eso no se ha visto nada.	Con esfuerzos propios el departamento adelanta la estructuración del Plan y proponemos un programa de masificación del crédito y la extensión agropecuaria en el marco de un convenio con Banco Agrario. La agricultura no es posible sin crédito y asistencia técnica. Hemos insistido en la creación de una alianza de capital público privado para desarrollar el concepto de la Agrologística y proyectos especiales. Esperamos dejar sembrada esta semilla.