El objetivo de la Ley 1429 de 2010 es promover la creación de empresa reduciendo los costos de formalización y brindando garantías tanto de carácter fiscal como de acompañamiento integral en la estructuración inicial del negocio. Ley 905 de 2004 es la que estipula los criterios fundamentales para determinar si una empresa puede denominarse, micro, pequeña o mediana, el primer criterio es el número total de activos y el segundo es el número de empleados en la compañía.	Estas empresas llegan a beneficiarse bajo diferentes criterios como la edad de los creadores del proyecto empresarial, el objeto o razón social de la empresa, el grado de innovación y emprendimiento de la misma, entre otros factores que motivan a los nuevos empresarios a gestar sus ideas de negocio desde la formalización y el acompañamiento integral del estado en el desarrollo de los mismos.	En este marco estratégico se utilizan como herramientas: incentivos a la tasa, incentivos al capital, periodos de gracia, incremento de las garantías financieras que posee el estado y simplificación de trámites, estas herramientas se materializan cuando hablamos de beneficios como la progresividad en el pago de parafiscales y otras contribuciones de nómina, la progresividad en el pago de impuesto de industria y comercio y de impuestos en general, la progresividad en la matrícula mercantil y la renovación de la misma.	Se crea entonces un sistema que moviliza a los nuevos empresarios a la consecución de sus intereses empresariales con el apoyo del estado, para que en el desarrollo de este se cumplan también fines sociales como la creación de empleos, la entrada a mercados internacionales que desarrollen proyectos tecnológicos, la formalización de las empresas nacionales y demás que hacen parte del desarrollo y fortalecimiento del mercado interno.