El 27 de este mes elegiremos gobernadores, alcaldes, diputados departamentales, concejales y juntas administradoras locales. Estas elecciones son de la mayor importancia, no solo porque definen el manejo y la administración de los recursos y la gestión de las necesidades más inmediatas de las comunidades, sino también porque dibujan el mapa político que irá marcando las alianzas y coaliciones y los avances hacia la futura campaña presidencial.	Hoy el espectro político del país es sumamente amplio y a veces confuso, ya que la constitución del 91 buscó la apertura democrática hacia una mayor representación de fuerzas políticas, pero permitió también la creación de las micro- empresas electorales y la proliferación de listas, grupos y movimientos, que poco a poco se han venido reglamentando y fijando límites, pero sin embargo sigue existiendo un universo de pequeñas organizaciones dedicadas a ganar posiciones en ciertas regiones o instituciones.	Cuando un candidato o candidata, acepta el apoyo de partidos o movimientos políticos que representan en teoría ideologías muy diferentes y hasta opuestas en muchos casos, surge la inquietud, como va a tener un plan de gobierno coherente, y como va a poder ejecutarlo, cuando está representando a intereses tan distintos.	Esto empieza entonces a reflejar intereses de otro tipo y expectativas de participaciones no tan claras en la futura gestión administrativa y gubernamental, ya que el acercamiento al análisis de una problemática y por tanto las soluciones y programas deberían tener enfoques distintos dependiendo de los presupuestos políticos e ideológicos de un partido.	Igualmente la seriedad de lo expuesto en sus intervenciones y las bases que sirven para ejecutarlo, ya que muchos se limitan a plantear generalidades, sin sustento jurídico, de planeación o financiero, y es allí donde están los espacios abiertos, para los negociados, o para el desarrollo de políticas que no concuerdan con lo que la comunidad esperaba basada en los planteamientos generales que se habían trazado.	De todas maneras, la responsabilidad es ejercer el derecho y cumplir con la obligación ciudadana de votar, pensando que sus decisiones tienen gran repercusión en el desarrollo de su ciudad, departamento o comunidad inmediata, pero también están trazando el camino del futuro del país, y la orientación que esos liderazgos locales y regionales darán a las próximas elecciones nacionales.