-Publicidad.- Dicha operación tuvo lugar en el municipio de Suratá (Santander), en el año 2000, y fue liderada por el Ejército Nacional en contra de un grupo de guerrilleros de las Farc que se desplazaba desde la Zona de Distensión (en Meta y Caquetá) al Magdalena Medio. El hecho dejó un número indeterminado de víctimas fatales. Entre el grupo de guerrilleros había muchos niños y niñas reclutados, que venían en una marcha que llevaba más de seis meses.	«Yo fui reclutada cuando tenía 13 años y así lo expresé cuando fui a La Habana. Las Farc dijeron que ellos no habían utilizado niños en el conflicto, pero yo soy una prueba de que sí lo hicieron», manifestó una de las víctimas durante la presentación del informe a la JEP.	Publicidad. En sus relatos hablaron de la manera particular en que este reclutamiento afectó a las niñas: «éramos forzadas a planificar y el aborto también era algo que se tenía que hacer. Ellos tenían sus médicos y sus herramientas, pero era cruel y dejó a muchas niñas marcadas», dijo una de las sobrevivientes.	Ante la JEP las víctimas también denunciaron los abusos que sufrieron por parte de integrantes del Ejército: «Fueron muchos días de combate, ellos sabían que en el grupo había muchos niños. Hubo un grupo de 17 que se entregó, pero, aun así, los ejecutaron, solo una niña sobrevivió. Lo sé porque a mí me tocó ayudar a recogerlos», manifestó un adulto que pidió mantener su nombre en reserva.	Al finalizar la entrega, una de las víctimas dijo: «Entregamos este informe porque no queremos que se repita lo que vivimos, tanto las Farc como el Ejército cometieron vejámenes, así que queremos que se reabra el caso y que nos reconozcan como víctimas. Entregamos este informe porque le apostamos a la paz, si no fuera así, estaríamos en la delincuencia».	Uno de los mayores retos que tienen las instituciones en materia de prevención y protección de la niñez y la adolescencia frente a los riesgos generados por el conflicto armado y la violencia sociopolítica, es la formulación de una estrategia y de acciones consistentes y efectivas de prevención del riesgo y la eliminación definitiva de las prácticas de reclutamiento y utilización ilícita de NNA por parte de grupos armados al margen de la ley.	Las guerrillas, indica el informe del CNMH, han sido el mayor reclutador con 8.701, el 69% total de los casos. Los grupos paramilitares son responsables del 24% con 2.960 casos, los grupos armados post-desmovilización son responsables de 839 casos que corresponden al 7 %, y la fuerza pública con 3 casos.