La entidad encontró que “el escenario en el cual se genera el nivel más alto en la afectación del recaudo en juegos localizados podría estar en un rango entre 44% y 50% anual, pasando de $345.000 millones a un valor que podría oscilar entre $195.000 millones y $172.000 millones”, detalla el Ministerio de Hacienda, en un borrador de decreto, que cita el estudio de Coljuegos.	Estos aspectos, según Evert Montero, presidente de Fecoljuegos, contienen el quid del asunto. El gremio no comparte la posición de que la caída del recaudo sería de casi la mitad. “Estimamos que si cae, sería por ahí el 20% (unos $70.000 millones), pero hay muchas medidas alternas que se podrían tomar para que no caiga tanto”, anotó.	Y agregó que “esta medida va a permitir formalizar a buena parte del sector, que no tiene la chance de que su negocio prospere por la alta carga impositiva y, adicionalmente, permitirá dinamizar el negocio porque habrá una ampliación de muchos contratos, es decir, se renovará parte del parque de maquinas y se viabilizarán otros juegos”.	En sí, el cambio de las reglas de juego consiste en dejar de lado el esquema de renta presuntiva que se le carga al sector de juegos de suerte y azar, que debe pagar aun cuando las máquinas no generen ventas. De acuerdo con el directivo gremial, “este es el único negocio al que le cobran impuestos por no vender, pero si vende más del límite establecido, se le aplican unas tarifas diferenciales, que supera el valor general.	El cambio puntual del PDN implica que, ahora, los operadores pagarán exclusivamente por derechos de explotación el 12% sobre los ingresos brutos, menos los premios pagados, siempre y cuando cumplan con unos mínimos de conectividad y confiabilidad, que tendrían que definir Coljuegos, y para lo cual tendría hasta mediados del 2020.	“Este es el único chance de que no muera la industria, porque en Colombia viene cayendo el número de máquinas y de contratos, y se vienen reduciendo los aportes. Si bien se reduce el recaudo por esta menor tarifa, se pueden netear las cifras, teniendo en cuenta que la menor carga aumentará las inversiones, y el recaudo, a través de la formalización y la regularización”, afirmó Montero.	La medida pretende frenar un mercado negro que mueve $1,5 billones cada año, si se incluyen juegos presenciales y online, de acuerdo con estimaciones de Fedesarrollo. Para el centro de estudios, el cálculo más cercano da cuenta que en el país “habría 49.036 máquinas en el mercado de segunda para el 2017”, que son las que mueven los dineros ilícitos, por un valor cercano a medio billón de pesos cada año.	La iniciativa es de autoría del representante a la Cámara, Mauricio Parodi, quien dijo que “estas prácticas ya han hecho carrera en el mundo y tienen que ver además con otras conductas delictivas como sobornos y lavado de capitales”. Así las cosas, se fijarían sanciones de entre uno y cinco años de cárcel a los responsables, además de multas que irían desde $82 millones hasta $330 millones.