El documento también solicita al presidente Iván Duque, al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, al alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, así como al director de la Policía, Óscar Atehortúa, que corrijan la forma de actuar de la Policía incluyendo al ESMAD.	Igualmente, solicitan que se garantice la no repetición de estos hechos, y qué por medio de una mesa de trabajo se ocupe de estudiar las cuestiones relacionadas con el uso de la fuerza por parte del ESMAD y de la Fuerza Pública en general, salga un informe sobre las actuaciones de este cuerpo de policía.	El informe, según los tutelantes, deberá ser conocido por el Gobierno Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, representantes de distintos sectores de la sociedad que hacen uso del derecho a la protesta, las plataformas de derechos humanos y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia.	Por otro lado, también piden eliminar riesgos asociados al uso de armas potencialmente letales en labores de intervención a protestas en donde ocurren hechos violentos. “Entre otras cosas, con la prohibición de proyectiles de energía cinética tipo bean bag y la restricción del uso de otras municiones de este estilo en casos en que no esté en peligro directo e inminente la vida o integridad personal de un agente de la Fuerza Pública o una tercera persona”.	Por último, pusieron de presente el uso indiscriminado del traslado por protección (artículo 155 del Código Nacional de Policía) y el traslado para procedimiento policivo (artículo 157 del Código Nacional de Policía) con el fin de intimidar y evitar la movilización, entre otros, dentro de los cuales se han identificado prácticas que pueden dar lugar a desapariciones forzadas, tratos crueles e inhumanos, y violencias con impactos diferenciados de género sobre poblaciones sujetas a especial protección constitucional.