No se vislumbra una solución al paro que adelantan los indígenas en el Cauca desde hace 17 días y, por el contrario tiende a agravarse con el anuncio de la ONIC de que el fin de semana será a nivel nacional y la insistencia del Gobierno central de no negociar mientras persistan las vías de hecho.Al mismo tiempo siguen registrándose explosiones y otros sucesos, como la retención o secuestro de un uniformado (que ya fue liberado), lo que frenó la negociación por unas horas.A ello se suma que los líderes de la Minga organizada por el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, quien también persisten en su exigencia de que el presidente Iván Duque se reúna con ellos en un resguardo, ayer pidieron el cambio del equipo negociador del Ejecutivo, que es liderado por la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, por “uno de más alto nivel”.La ONIC hizo un llamado “extensivo a todo el movimiento social colombiano a activar la Minga en todo el país”. Y agregó que “es hora de actuar como un cuerpo, todos somos hojas de un mismo árbol”.Luis Fernando Arias Arias, consejero mayor de la ONIC, recalcó “hacemos este llamamiento por el contexto de desmonte de los derechos de los pueblos, por el inminente riesgo en el que está la paz, la contra reforma que está en el Congreso contra los pobres, pero también por el cuidado y defensa de la Vida y el Territorio, por ello, no podemos seguir inermes frente a esta masacre del Movimiento Indígena Social y Popular en Colombia”.Según plantearon, a partir de este fin de semana las comunidades se ubicarán en puntos estratégicos como la Delfina, Valle; sur del Tolima, sobre la troncal del Caribe, entre los departamentos del Cesar y La Guajira, Nariño y también estarán en la Orinoquía.Además confirmaron que miles de nativos se están movilizando hacia los puntos definidos para sumarse a la Minga, no sin antes recordar que “la protesta será indefinida y mediante la cual se preparan para el gran paro nacional del próximo 25 de abril”.Mientras esto ocurría, un grupo de congresistas, encabezados por Feliciano Valencia, intentaron un diálogo con el presidente Duque para pedirle una pronta solución a un paro que deja más de $30 mil millones en pérdidas al comercio, transportadores y agricultores.Sin embargo, solo pudieron dialogar con el consejero Jaime Amín, quien como ya lo había hecho la ministra Gutiérrez en el Cauca, reiteró que se buscará un acuerdo tan pronto termine el taponamiento de la Carretera Panamericana.Más explosionesY, mientras se movilizan miles de indígenas por la vía hacia Buenaventura y se concentran en los puntos acordados por los líderes de la protesta, ayer se registraron dos nuevas explosiones a un lado de la Panamericana, cerca de una estación de gasolina. El estallido solo causó daños menores en instalaciones cercanas, no víctimas, por cuanto a esa hora no había personas en el lugar. Las autoridades indicaron que preocupa la situación porque no se sabe a quién iba dirigido el atentado.Mientras tanto una brigada de la Compañía Energética de Occidente CEO que realizaba trabajos operativos en la zona sur del departamento, fue atacada con arma de fuego en las últimas horas. El hecho se registró cerca de la subestación Sajandí en el municipio de Patía. Los trabajadores que se movilizaban en la camioneta resultaron ilesos.La Fiscalía General de inmediato ordenó “actos urgentes”, tendientes a establecer los móviles y los responsables de una explosión en inmediaciones de una estación de servicio en el municipio de El Bordo.Investigadores judiciales y expertos antiexplosivos adelantan las labores investigativas preliminares en el lugar de los hechos, entre otros, para aclarar los hechos.Asimismo, el fiscal Néstor Humberto Martínez, reiteró que durante las protestas indígenas se han cometido una serie de delitos que tienen severas sanciones en el Código Penal.Según Martínez, aparte del secuestro, el bloqueo de vías, el uso de explosivos y el porte de armas de las Fuerzas Militares, también ha habido utilización de menores de edad en la Minga y por eso se ha iniciado todo un operativo para identificar los responsables de estos hechos. “Se están utilizando a menores de edad, de hecho hemos capturado a dos menores y ya se restablecieron los derechos con respeto de ellos, pero estamos identificando quienes son los determinadores del uso de niños que constituye un grave delito de tipo penal en Colombia”, señaló Martínez.