“Ha establecido que los hechos fueron de alguna manera cometidos después de la firma de los acuerdos de paz. Es decir aquí hay una valoración de fondo por parte de la sala de inspección de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que esos hechos sí fueron realizados con posterioridad al primero de diciembre el 2016”, dijo Fernando Carrillo Flórez, procurador general de la Nación.	“Nosotros la solicitamos, nosotros consideramos que había mérito para ello pero pues las decisiones del poder judicial son decisiones pausadas. Nosotros entendemos la forma como ha abordado este problema y creemos firmemente que más adelante encontrarán los motivos para acceder a la petición que ha hecho la Procuraduría General de la Nación”, sostuvo.