La historia se remonta al 28 de noviembre de 1990 cuando desde un paraje conocido como Iturco se reportó la desaparición de Angel María Torres, Antonio Hugues Chaparro y Luis Napoleón Torres, cuyos cuerpos aparecieron el 2 de diciembre siguiente en las poblaciones de El Paso, Bosconia y San José de Ariguaní.	En ese entonces, tanto en la Justicia Penal Militar como en la ordinaria se abrieron los respectivos expedientes, pero se presentó un recurso de choque de trenes entre ambas jurisdicciones el cual fue resuelto a favor de la primera que el 6 de noviembre de 1991 se abstuvo de dictar medida de aseguramiento en contra de los oficiales.	Pese a la providencia, un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos presentó ante la Corte una demanda de revisión contra la decisión argumentando, entre otras cosas, “que el Estado en la obligación de garantizar un recurso judicial efectivo ante un Tribunal independiente e imparcial a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos”.	El 11 de diciembre de 2017 el máximo tribunal en lo penal acogió la demanda y entre las primeras pruebas que se ordenaron se le solicitó al comando de la Segunda Brigada del Ejército, que fungió como juez de primera instancia, y al Tribunal Superior Militar los procesos que bajo sus competencias adelantaron contra Duque Izquierdo y Fernández Ocampo. No obstante, dicha documentación fue entregada hasta el 23 de marzo de 2018.	El Tribunal Disciplinario que resolvió darle competencia a la Justicia Penal Militar sobre este asunto dijo que sí era un acto del servicio la actuación de los uniformados toda vez que sus actividades de comandante y jefe de Inteligencia “las desarrollaban las 24 horas del día (por tanto) se encontraban en uso de sus funciones oficiales en el momento en que ocurrieron los delitos por los cuales se les sindica”.	“Tal actividad delincuencial de tan extrema gravedad, no enseña una extralimitación de poder dentro del marco propiamente militar, destinada, por ejemplo, a lograr la integridad del territorio nacional, sino la deliberada infracción de la ley penal de naturaleza común, ajena al deber institucional”, dice un aparte de la providencia de Patiño.