El monseñor Juan Vicente Córdoba aseguró que el Ministerio de Salud no cuenta con facultades para reglamentar una sentencia de la Corte sin que exista una ley que deba ser reglamentada._________________________________________Un rechazo enfático sobre el polémico tema del aborto que se discute en el país manifestó la Conferencia Episcopal de Colombia a través de un comunicado. El monseñor Juan Vicente Córdoba envió una carta al ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, en la que asegura que en esa cartera olvida que no cuenta con facultades para reglamentar una sentencia de la Corte sin que exista una ley que deba ser reglamentada.En el borrador de la resolución emitida por el Ministerio de Salud se lee: “Para la Corte Constitucional el Ministerio de Salud y Protección Social es el competente para dictar las medidas que aseguren la suficiente y efectiva disponibilidad en el acceso a estos servicios”.“El borrador de resolución imparte instrucciones para garantizar la atención de la IVE en el marco del sistema de seguridad social en salud, de acuerdo con los alcances definidos por la Corte Constitucional, y señala las obligaciones de aseguradores y prestadores frente a la prestación de los servicios relacionados con la IVE, sin agregar nada distinto a lo ordenado por la Corte”, agrega el documento. Ante esto, el monseñor Córdoba señaló que en la misma sentencia de la Corte, citada por el Ministerio, el alto Tribunal ordenó al Congreso legislar dicho asunto y dicho cuerpo se ha "abstenido valientemente de hacerlo".El Ministerio "también olvida que no cuenta con facultades para reglamentar una sentencia de la Corte sin que exista una ley que deba ser reglamentada", señala el Episcopado. “Hay un exagerado poder o tiranía de las Cortes, se están tomando atribuciones tremendas”, señaló el monseñor.Según la Iglesia, “es imposible legal y lógicamente pretender que una resolución del Ministerio de Salud le dé el carácter de derecho fundamental a un delito penal. Aún si la Corte Constitucional así lo afirma de manera irregular”.Frente al proyecto, la iglesia manifestó que “pretende restringir el derecho a la objeción de conciencia de profesionales e instituciones cuyos objetivos y principios prefieren la conservación de las dos vidas antes que la muerte del indefenso”.Este es el comunicado completo: