El grupo de trabajo hace notar que fue en 2018, dos años después de la entrada en vigor de su ley sobre responsabilidad corporativa, cuando Colombia concluyó su primer caso de cohecho internacional con una multa de 1,3 millones de dólares contra una empresa de aguas, filial de una empresa española a la que no se identifica, y que en la actualidad hay 20 que están siendo investigadas. Por eso habla de "avances alentadores".	La Ocde dice esperar que las investigaciones que la Fiscalía está realizando sobre personas físicas den lugar a una "intensificación de la persecución del delito". Se muestra también confiada en que las medidas adoptadas para que los revisores fiscales asuman la obligación de denunciar los actos de cohecho internacional puedan favorecer la detección y la sanción de ese delito, aunque puntualiza que habrá que mejorar eso con "mecanismos contra el lavado de activos".	El grupo de trabajo sobre los sobornos internacionales se creó en 1994 para la supervisión de la convención de la Ocde sobre ese tipo de infracciones que hasta entonces estaban cuando menos toleradas por la mayor parte de los países en nombre de la competencia. En la actualidad hay 44 países que se han comprometido con esa convención, y que están sometidos a evaluaciones regulares.