La Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014, de los cuales 2.200 fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.	Tras el revuelo que desató la publicación del diario neoyorquino y que llevó incluso a retirar la polémica directriz, "se desató una cacería impresionante. Nos preguntaban quiénes de nosotros eran los que habían hablado con los periodistas y como parte de toda esa cacería nos hicieron entrevistas", dijo uno de los uniformados a Semana.	El militar hace parte de un grupo de 14 que trabajan en diferentes partes del país y fueron llamados con carácter de "urgencia" el pasado 22 de mayo para que acudieran a la sede de la Segunda División del Ejército en la ciudad de Bucaramanga (noreste)."Cuando llegamos nos dimos cuenta que era para algo raro.	Para acallar los rumores, el comandante de la Segunda División del Ejército, general Mauricio Moreno, emitió un comunicado en el que afirmó que "las versiones publicadas en diferentes medios y redes sociales sobre supuestas indagaciones para identificar fuentes relacionadas con una publicación o sobre supuestos usos de polígrafos, no son ciertas y tampoco tienen fundamento de ninguna especie".	Un uniformado contó que recibió en su móvil "fotos de los seguimientos" a sus hijos menores de edad en el colegio y también de sus padres, mientras otro afirmó que mientras estaba en una operación le dejaron anónimos y esquelas en la puerta de su casa en los que le decían que lo iban a matar por soplón.