Más de 2.400 de los casi 8 millones de migrantes de esa nacionalidad ocupan aceras y calzadas, plazas públicas y lugares privados, en ocupación que deteriora los índices de seguridad, convivencia, costos de arrendamientos, formas de empleo y remuneración de quienes trabajan o residen en esta ciudad.Cifras recientes señalan que efectivamente los llegados de Venezuela permanecen en Risaralda y están en forma irregular ya que no han tramitado Permiso Especial de Permanencia (Pep) ante las oficinas competentes. Y es creciente el fenómeno considerando que del total de migrantes calculados en 8,2 millones para la totalidad de 2019, según estudios de Institución Brookings (centro de investigaciones estadounidense) y superando los 5,9 millones de venezolanos que hasta el principio de este año se calculó vendrían o pasarían por este país.	Publicidad. En la capital risaraldense, las autoridades buscan mecanismos para atender la llegada y consecuente demanda de más servicios en la ciudad. El propio alcalde Juan Pablo Gallo reclamó recursos desde el gobierno nacional, para poder brindar atención sobre las demandas de los migrantes. La personera municipal, Sandra Lorena Cárdenas, anunció actualización del censo de recién llegados de ese origen y planteó la coordinación institucional para ese fin con la Procuraduría Regional y la Defensoría del Pueblo, entre otras instancias llamadas a atender esta situación que ya está llegando a considerarse como una emergencia local. De hecho, el censo poblacional de los venezolanos fue ordenado a la Dirección Local de Emergencias, según informó la personería municipal.	Desde la presentación del informe administrativo “Pereira Cómo Vamos” el alcalde Gallo dijo que era necesaria la ayuda desde el gobierno nacional para enfrentar la situación generada en la ciudad por la gran cantidad de migrantes venezolanos y de colombianos retornados de ese país, dejando allí constancia de que la situación ha empeorado.	En instancias de contacto con las comunidades, como por ejemplo en la Secretaría de Desarrollo Social y Político, hay registro por denuncias de casos de enfrentamiento por lo que han llamado “brotes de xenofobia” hacia los migrantes por parte de algunos pereiranos. También en la Personería quedaron registros por el reclamo de atención formulada por Luz Neila Polo, abogada de los venezolanos que encabeza un grupo para liderar procesos de empleo de estos en ventas ambulantes organizadamente. Ahí el funcionario Fernando Fontal Bueno precisó que con unos grupos se ha avanzado y de los 2.400 venezolanos que estarían operando en la ciudad, la mayoría permanece en silencio y pretendiendo el anonimato, pero que ya el pasado 31 de agosto fueron identificados 1.100 personas con algunas actividades definidas. En estas instancias y dentro del Observatorio de Derechos Humanos, se ha detectado que Pereira es destino de los migrantes porque en las fronteras hay referencia explícita a sus bondades y en entrevistas se ha dejado expreso que a los venezolanos entrados por la Guajira, por ejemplo, les señalan a Pereira como ciudad donde pueden hallar trabajo y otras ventajas. “Les dicen que estamos dando auxilios, situación que no corresponde con la realidad. Eso contribuye al creciente número de venezolanos que llegan a la capital risaraldense”, explicó la personera Cárdenas.	Esto se relaciona con vinculación de los venezolanos a actividades de escolaridad y demanda de servicios de salud, en donde se exige la identificación “pero existe un buen número de ellos que llega a Pereira con su cédula e incluso hay registros de familias que llegaron con niños y menores de edad, sin ningún tipo de documentación”, explicó Fontal, funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social en la Alcaldía de Pereira.	Las autoridades han realizado recorridos por los sitios de la ciudad por donde los venezolanos se presentan con carteles, con billetes de la moneda bolivariana para canjear por pesos o limosnas para la supervivencia, tal como lo recordó la personera Sandra Lorena Cárdenas que revela el hallazgo de estas personas en actividades de mendicidad en general, en empleos informales y en la creciente ocupación de lugares públicos. Pero no solamente están sobre la red vial central, sino que se hallan en las comunas de río Otún, Ciudadela del Café o también reconocido como Parque Industrial.	Hoy se estima que el 95% de los casos de demanda por cupos escolares de niños venezolanos ha sido resuelto y ellos han sido incorporados a las instituciones del municipio en donde se radicaron sus familias. Y van más allá: la Defensoría del Pueblo tramita disposición para que todos los nacidos en esta coyuntura y llegados en estas circunstancias, sean nacionalizados para garantizarles todos sus derechos y atender sus demandas, afirmó la defensora del Pueblo de Risaralda, Elsa Gladys Cifuentes. “Los menores de edad, independientemente de su estatus migratorio, deben ser atendidos en salud y se les debe garantizar la educación. Hemos logrado que esos derechos sean asumidos por la administración municipal y departamental. Hoy podemos decir que Risaralda es un departamento modelo hablando del tema de trato humanitario que se le ha brindado a migrantes a causa de esta crisis”, dijo la defensora del Pueblo de Risaralda.	Pero aunque se atiende necesidades básicas por salud, educación y formas de convivencia, el impacto de la presencia venezolana en Pereira ha llegado no solamente a niveles de salarios y permanencia de locales en puestos de trabajo llevados en la informalidad. También incide en factores como el costo de los arrendamientos. Según Fedelonjas la llegada de migrantes hizo que se ocupara la casi totalidad del inventario de viviendas disponibles, especialmente entre los estratos bajos. Esa demanda de habitaciones, apartamentos o casas causó la reducción de canon de arrendamiento entre esos y el gremio de propiedad raíz en la ciudad advirtió que se ha copado en especial la posibilidad de arrendar casas con estructuras informales, donde se instalan grupos familiares de 10 o más personas por unidad de vivienda.	La competencia de precios permitió que algunas familias se treparan al estrato tres, con mejores condiciones de espacio y comodidades. “En vista de que costaba prácticamente igual, en los estratos 1 y 2, muchos colombianos decidieron cambiarse de estrato y mejoraron en ubicación y tamaño de sus viviendas”, dijo María Clara Luque, presidente de la lonja de propiedad raíz en Risaralda.	El tema es más grave con el campo de la seguridad ciudadana pues en el Centro de Reeducación Marceliano Ossa de Pereira fue detenido un menor sindicado como presunto homicida de un agente de Policía, atacado en el CAI ubicado en el Viaducto César Gaviria Trujillo y es no solamente uno de los casos más serios en los que han sido hallados migrantes venezolanos: Durante la Semana Santa fue evidente la aparición de muchos que entre la informalidad, rebuscaban dinero entre la concurrencia y al lado de la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza, un ciudadano denunció ante agentes de policía del lugar, acciones atentatorias contra la seguridad y la convivencia. Un hombre que circulaba entre los vehículos detenidos por el semáforo de la carrera séptima con 21, intentaba abrir a la fuerza la tapa de motor de un vehículo al que lanzó sus caramelos o dulces y exigía le pagaran o le devolvieran sus “mercancías”, impidiendo la circulación. Cuando le dieron monedas, sonriente dijo: “Chamo, y entonces cómo quieren que haga mi venta, chico”?	En los alrededores de El Lago, en el parque de la calle 24, mujeres y jóvenes adolescentes se trenzaban en disputa pública porque las niñas venezolanas les quitaban los “clientes” yéndose con cualquiera por $20.000 mientras ahí ya el rato estaba en $50.000. Dentro de locales tipo bar o para servicios de prostitución, específicamente en el barrio Corocito, las autoridades encontraron a más de diez mujeres venezolanas atendiendo clientes. En varios de los billares de la ciudad es evidente la presencia de varias gariteras que forman su escuadra y demuestran su territorialidad, con trabajos temporales a donde acuden menores de edad para recibir ayudas o atención de sus necesidades básicas, como ocurre en los alrededores de San Andresito, por la carrera octava entre calles 31 y 28.	El comandante de la Policía Metropolitana de Pereira reconoció que extranjeros y concretamente algunos venezolanos, han sido señalados como responsables de hurtos, como también se atendió un caso donde una familia habría sido traída a la ciudad irregularmente, para ser implicada en delincuencia. El coronel Gustavo Moreno habló de esa familia que intimidada, era sometida a encierro y presiones para cumplir actividades de microtráfico en Pereira.	El procurador regional de Risaralda Ernesto Amézquita Camacho reconoció que en la coordinación de instituciones podría estar la fórmula para atender las múltiples demandas que genera la migración venezolana en esta ciudad. Para eso anunció que están promoviendo mecanismos concretos para unificar criterios, trabajando en la misma ruta: “No puede ser otra que la de defender los derechos ciudadanos, garantizar que se cumplan los convenios internacionales y pactos que en materia de migración hagan respetar la Constitución, la Ley, las buenas costumbres y las buenas prácticas que se vienen implementando a través de las autoridades colombianas, generando una política pública en este buen propósito”, dijo.	La búsqueda de coordinación institucional para atender el problema del crecimiento de la migración de venezolanos, es una expresión franca de la solidaridad con la cual las autoridades colombianas y en general la población han encarado este tema. De hecho y tal como lo advirtió en su anuncio del censo de migrantes, el gobierno local no buscaría deportar a nadie o rechazar a los desamparados de Venezuela, sino aplicar formas humanitarias para mejorar la condición de los migrantes, según la personera Cárdenas. “Los venezolanos que llegan a Colombia tienen una condición de refugiados en razón a la difícil situación por la que atraviesa ese país. Infortunadamente la personas que llegan en situación irregular, es decir que no tienen el Permiso Especial de Permanencia (PEP), sí se ven en unas situaciones gravosas y los podemos ver en los semáforos pidiendo monedas, los vemos ejerciendo trabajo ambulante y para ellos es que tratamos de diseñar una política pública adecuada que permita la intervención”.	Advirtió el procurador que al brindarse la atención a los que así demandan, por su desplazamiento y condiciones precarias en que llegan, no se tratará de apenas brindar una atención humanitaria, sino también velar por los derechos de los colombianos y por la convivencia. “Pretendemos unificar criterios para hacer de la migración algo productivo y no un desgaste o una vena rota para los presupuestos de Estado, tanto en lo nacional, departamental o local. Es posible hacer productiva la migración porque todos los seres humanos tenemos algún oficio, profesión y práctica y por eso lo que se debe hacer es canalizar eso”, explicó el funcionario.