Así lo anunció ayer en Bogotá la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, en una rueda de prensa en la que reiteró que la minga, como ellos denominan a sus protestas, es un derecho, al tiempo que rechazaron la estigmatización de la que son objetivo y el que sean llevados a la justicia.	En el documento, la Onic reiteró que “la movilización nacional y la minga nacional por la defensa de la vida, los territorios y la paz no caduca con la suscripción de acuerdos, sino que continúa y se fortalece para seguir tejiendo la unidad y la acumulación de fuerzas que permitan la transformación y la plena justicia social en nuestro país”.	Arias aseguró que hay comunidades indígenas que siguen movilizadas y que “tienen algunos bloqueos todavía en el caso del departamento del Meta, en el complejo petrolero de Puerto Gaitán. En el Putumayo también hay una gran movilización que ha anunciado bloqueos, lo mismo en el departamento de Nariño sobre la vía de Pasto-Tumaco”.	Lo pactado por las dos partes incluye recursos por alrededor de $800.000 millones (el 17% de lo que pedían las comunidades indígenas) y establece un plan de inversiones orientadas a las tres organizaciones sociales que participaron en la minga, los Consejos Regionales Indígenas del Cauca, Huila y Caldas, así como las organizaciones campesinas.	“Las inversiones están dentro de lo previsto en los temas económicos plurianuales del Plan Nacional de Desarrollo, que se encuentra en trámite en el Congreso de la República. El monto total definido para el conjunto de organizaciones que participan en la minga serán distribuidos en temas de vivienda, economía naranja, vías, proyectos productivos, entre otros ítems”, reza el acta de los acuerdos.