Se debe dotar al sistema judicial de unas herramientas legales para desmantelar las estructuras económicas y políticas, y es que no solamente existen paramilitares ya que hay estructuras económicas que los apoyan y políticas que sostienen el actuar del paramilitarismo, y este es un medio de tipificar las conductas que de esto se deriva.Me parece que es justo teniendo en cuenta el Artículo 22 de la Constitución que establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. También en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de la Paz se estableció un compromiso para el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo, y eso no se ha hecho. Entonces se amerita que hagamos una reglamentación bien precisa.Creo que el Gobierno nacional además en cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Final debe poner en acto un proceso legislativo que trate también de frenar este fenómeno que vuelve a renacer con muchísima fuerza en el país.ENS:	Tenemos en cuenta un poco la Ley 599 de 2000 que es el Código Penal en cuanto a lo que es la apología del paramilitarismo. Es lo que hablamos precisamente en ese artículo, y que dice textualmente el que por cualquier medio realice enaltecimiento, justificación, apoyo, incitación, propaganda o del odio o la violencia contra defensores de derechos humanos, integrantes de movimientos sociales, políticos, minorías y grupos vulnerables o de víctimas del conflicto armado interno, incurrirá en pena privativa de la libertad.Este artículo se pone porque definitivamente hay quienes no les interesa que se siga asesinando a la gente y hay gente que por sus palabras y por sus discursos y por sus obras están enalteciendo y haciéndole una apología al paramilitarismo, que fue lo que pasó con la Unión Patriótica, que los mataban y decían ‘por algo los mataron’.Tanto que efectivamente el Estado tiene que pagar lo que en ese momento hicieron porque esto, como lo decía antes, no son estructuras solamente armadas sino que son estructuras financieras y estructuras políticas que avalan todo este tipo de cosas que dan como resultado la muerte y el nuevo genocidio contra los líderes sociales.De alguna manera la juridicidad también tiene que aportar algo, puede ser polémico y es para la discusión, por supuesto que es un proyecto de ley.ENS:	Hay varias cuestiones, por ejemplo, en el Magdalena el bloque Tayrona nunca se desmovilizó, simplemente sacaron nuevamente las armas. Tienen amedrantados a todos los ecologistas, nadie puede entrar a la Sierra Nevada, son declarados objetivos militares. Y todo el mundo sabe que están ahí, además todo el mundo sabe quiénes son pero nunca los capturan, no hay un proceso que avance, los tipos andan armados por la Sierra, reúnen a los indígenas, los amedrantan, hacen todo lo que quieran y nadie actúa.Pero también hay departamentos en los cuales el paramilitarismo no era tan notorio, como en Arauca, y ha llegado y esas son estructuras nuevas y además funcionan vestidos de negro con armas de largo alcance muy bien dotados. Caminan por las carreteras, todo el mundo los ve, el señor que lleva la vaca, el otro que va en el bus, el niño que va a la escuela. Todo el mundo los ve menos las autoridades.En el Cauca la situación es un poco compleja porque allí los indígenas todo el mundo sabe que están amenazados, pero además pasan, por ejemplo, camionetas de alta gama sin placas. Cómo puede andar un carro sin placas en un sitio como Caloto donde hay un fuerte militar en el casco urbano y a 5 kilómetros, o un poquito más, que queda la vereda de El Palo hay otro fuerte militar.El Ejército completamente armado, con tanques de guerra, cómo pueden pasar carros de alta gama sin placas, ahí van ellos por qué no los detienen. Entonces ahí hay una complicidad a mi manera de ver. Se lo hemos dicho al Ejército, a la Policía en las reuniones que tenemos, en las comisiones de garantías, y no hacen nada.