“que las facultades conferidas en virtud de la mencionada Ley son indispensables para la eficacia de las investigaciones administrativas sobre la posible comisión de conductas de soborno transnacional, por lo que, cualquier posible limitación al recaudo de pruebas, podría restringir la efectividad de la lucha contra el soborno transnacional y el cumplimiento de los compromisos establecidos en la implementación de la convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”.