En ese orden de ideas, la deuda que aún le queda al país sería, en el mejor de los casos, de $1,4 billones y en el caso de que se determine que las obras valieron más, ascender hasta los $2,6 billones. Hoy, se estima que la fiducia del patrimonio autónomo del proyecto solo guarda $200.000 millones.	Por otro lado, es importante mencionar que el caso en el tribunal fue abierto en el 2016 luego de que la concesionaria demandó al estado por presuntos sobrecostos. Ese proceso tenía pretensiones de más de $700.000 millones, argumentando demoras en el licenciamiento ambiental y falta de gestión predial. Pero, a raíz de todas las aristas que han surgido en el camino, ese punto no se había vuelto a mencionar.