de Laureano Molina Scarpetta, exalcalde de Oporapa para la época de los hechos y actual concejal de Pitalito; y de Vidal Vargas Lomelin, exalcalde de Saladoblanco (Huila) para la misma época, por los delitos de homicidio en persona protegida, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y terrorismo.Los hechos ocurrieron a mediados del año 2002 cuando miembros de la guerrilla incursionaron en Oparapa y la inspección de	.Los sindicados bajo la Ley 600 de 2000,serán escuchados por una fiscalía especializadas de Neiva,  para resolver su situación jurídica, con base en el material recopilado respecto del ataque armado cometido por cerca de 250 insurgentes de las compañías Uriel Varela, Jacinto Matallana, Arturo Medina y del Frente 13 de las desmovilizadas Farc, los días 10 y 11 de julio de ese año.Las víctimas fueron identificadas como Henry Monroy Rodríguez y Elvis Mario Paguatián Arteaga, uniformados de la Policía Nacional; y los habitantes de esas zonas, Margarita Hernández Rocha y Roberto Chaux Motta.A raíz de la compulsa de copias que hizo la entonces Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz, hoy Dirección de Justicia Transicional, se logró determinar que ambos sindicados habrían brindado colaboración financiera, logística y de inteligencia, a dicho grupo insurgente en aquella época, estableciéndose de esa manera su posible participación en la mencionada toma.Se les investiga por la muerte indiscriminada de dos civiles que no tenían que ver con el conflicto armado de ese entonces	, configurándose el delito de homicidio en persona protegida.En el caso del homicidio agravado, se les atribuye por la muerte de los uniformados y la tentativa, por el ataque en el que resultaron heridos otros policiales que salieron a repelerlo.Finalmente, el punible de terrorismo se les endilga puesto que mantuvieron en zozobra a la población y pusieron en peligro su vida, al igual que su integridad física y libertad.