La Sala Plena de la Corte Constitucional estuvo analizando la ponencia que presentó el magistrado Alejandro Linares, en la que pide tumbar parcialmente la ley. Pero las posiciones están divididas: tres magistrados creen que debe declararse legal, otros tres están en la orilla contraria y los restantes creen que, por lo delicado del tema, debe analizarse con calma.	Por eso decidieron que es necesario solicitar algunas pruebas para estudiar cuál sería el impacto que tendría para la economía si la Ley de Financiamiento llega a declararse ilegal en su totalidad. Sin embargo, algunos magistrados creen que si los vicios de trámite son evidentes, la Corte no tendría otro camino que tumbarla.