El fiscal general impulsa un proyecto de ley donde pretende tocar temas como al ciberseguridad, reincidencia en delitos y narcotráfico. Entre las críticas que le hacen al texto, se encuentra el apartado que afecta la dosis personal, ya que plantea dar de 4 a 8 años de cárcel a propietarios de establecimientos u organizadores de eventos donde se permita el consumo de sustancias alucinógenas. Análisis de la mesa de trabajo.