Desde hace años cada congresista tiene a su servicio una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), la que puede estar integrada hasta por 10 personas, sobre la que “reina” a su antojo, siendo muchas veces usada en forma abusiva y sobre la que no hay certera vigilancia ni control estatal. La razón de ser de las UTL, en teoría, es que los parlamentarios tengan un soporte en la investigación y preparación de sus trabajos, ya como ponentes de proyectos, ora para dotarles de información sobre la labor que deben desarrollar en el trajín legislativo.	Los sueldos de los integrantes de las UTL le valen al erario 138.600 millones de pesos anuales, cantidad de dinero que llega al Estado vía impuestos pagados por los contribuyentes. Como contrapartida, en pocos frentes de la burocracia hay tantos abusos como en ellas, tantos procederes bochornosos de sus integrantes, laxitud sobre cuáles son las funciones que como funcionarios estatales tienen.	Las UTL son gran fuente de desprestigio tanto para el Congreso en particular, como para el Estado en general. Para la ciudadanía resulta una ofensa saber que mientras los contribuyentes hacen grandes esfuerzos para pagar oportunamente los impuestos, privándose muchas veces de cubrir significativas necesidades personales y familiares, el Estado use tales dineros en dotar a cada congresista de una “corte” para que pueda “pagar” favores electorales repartiendo “corbatas” entre sus aliados, válidos y “compadres” políticos, como ocurre en el Tolima.	Nadie ha podido explicar satisfactoriamente por qué los congresistas tienen en sus UTL a esposas, madres y familiares de alcaldes, a sus amantes, etc., devengando dineros del Estado en forma abusiva. De muchos miembros de las UTL se ignora qué hacen, en qué parte del país laboran, realmente a qué se dedican, qué horario laboral cumplen, mientras el Estado y las entidades de control de la Administración se hacen los de la “vista gorda”.