Esta petición tiene lugar después de que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, anunciara la activación, a partir del 2 de mayo, de los Títulos III y IV de la ley Helms-Burton, provisiones que han estado congeladas desde su aprobación en 1996 debido a la presión de la Unión Europea.	Además, el Título IV restringe la entrada a EE.UU. de quienes hayan confiscado propiedades de estadounidenses en Cuba o "traficado" con éstas. Según el representante de los empresarios españoles en Cuba, la mayoría de los potenciales demandantes son compañías grandes "con intereses en España o en Europa", por lo que instó a Bruselas a que "tome una medida de reciprocidad y también las castigue oportunamente".	En cuanto a las empresas españolas pequeñas y medianas que operan en la isla, consideró "muy difícil" que se vean afectadas por la medida del gobierno de Donald Trump. Tanto España como la UE se han posicionado en contra de la reactivación de los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton. La medida "atenta contra los intereses de España y de otros socios europeos en Cuba, y deteriora las relaciones bilaterales entre países aliados, además de perjudicar seriamente el bienestar de la población cubana", expresó hoy el Ministerio de Exteriores español en un comunicado.	Cuando se aprobó la ley Helms-Burton en 1996, la UE denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), aunque suspendió el procedimiento dos años después tras alcanzar un pacto político con el entonces presidente Bill Clinton (1993-2001), que se comprometió a congelar cada seis meses la activación de esas medidas. Los distintos gobiernos estadounidenses siguieron cumpliendo con el trato hasta que la administración de Trump decidió hoy echarlo por tierra tras meses de amenazas.