Para nadie es un secreto que entre las principales preocupaciones de los colombianos están desempleo, inseguridad, cobertura en educación, calidad de la salud y, por supuesto, la corrupción. Todos con reclamos permanentes de diferentes sectores que exigen medidas urgentes y con amplias expectativas en el Plan de Desarrollo. Pero el más latente es el fenómeno más de la corrupción.	En el primer trimestre de este año, Transparencia Internacional presentó su informe anual sobre la percepción de la corrupción en el sector público en el 2018. La clasificación, que abarca un total de 180 países, se basa en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado mediante testimonios de expertos y actores del sector privado.	Según datos de Statista, Venezuela ocupa el peor puesto en percepción de corrupción en América Latina al ubicarse en el escalafón 31 y obtener una calificación de 18 puntos sobre 100, seguido de Nicaragua y Guatemala, que obtuvieron 25 y 27 puntos (ubicándose en el puesto 29 y 30, respectivamente). Al igual que en el 2017, Uruguay sigue liderando la región en materia de transparencia, al obtener el puesto 23 a nivel global y la primera posición a nivel regional, con una puntuación de 70 sobre 100. Colombia se encuentra en la media, al ocupar el puesto 18 de 31 países en América Latina con una calificación de 36 puntos sobre 100.	En ese panorama sobresalen tres aspectos: en primer lugar, el informe mide la percepción única del sector privado en un momento en el que ha quedado evidenciado que la corrupción no se presenta de manera exclusiva entre funcionarios públicos, sino también desde los empresarios. Es decir, la problemática aqueja las dos orillas. Y se podrían recordar decenas de casos recientes conocidos. Lo anterior significa que no solo en Colombia, sino en diferentes países de la región, la percepción de este flagelo podría profundizarse.	Un segundo aspecto que tiene igual importancia y que fue destacado en el análisis del informe es la relación entre corrupción y debilitamiento de la democracia, lo que se traduce en una afectación del Estado de derecho. Mayor percepción de corrupción hace reconsiderar las decisiones de los inversionistas sobre si apostar o no por un país, genera incertidumbre entre los empresarios que tienen planes de expansión y reduce la confianza de los ciudadanos en las instituciones y sus gobernantes.	Y, finalmente, comprender que la corrupción nace cuando el sistema falla. No se trata solo de invertir en educación o de promover la ética entre la ciudadanía. Sucede que en un Estado donde los trámites se demoran, aún hay que hacer fila para muchos procesos, o donde la vigilancia sigue siendo débil, pese al auge de la tecnología, entre otros, las puertas están abiertas a la corrupción.	Ese es un punto que debemos poner en la primera fila de prioridades como país. Debemos hacer que el sistema funcione en lo público y en lo privado. Hacer de Colombia un país con procesos eficientes, fáciles, sin intermediarios, virtuales, con ventanillas únicas y sin obstáculos, permitirá ganarle la batalla a la corrupción. Ese es el primer pacto que debemos hacer como país antes que reclamar acciones que apuntan a la consecuencia y no a la causa del problema.