La Fiscalía General de la Nación continúa en su lucha contra quienes desde el sector justicia incurren en actos de corrupción. En procesos diferentes en las últimas horas fueron adoptadas cuatro decisiones contra funcionarios judiciales por, presuntamente, realizar actividades contratarías a la ley.Los procesos son:1. Acusado en Medellín un fiscal seccionalEn audiencia pública la fiscal Blanca Oliva Velásquez Nieto fue acusada como presunta responsable de los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, cohecho propio, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.De acuerdo a la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, Velásquez Nieto habría cometido irregularidades que beneficiarían a integrantes de la organización delincuencial Los Rastrojos. El material probatorio recaudado evidencia cómo la fiscal investigada no habría imputado ni solicitado medida de aseguramiento en un caso.Un segundo caso de aparente corrupción por parte de Velásquez estaría relacionado con la presunta sustracción cinco folios pertenecientes a un expediente donde se investigaba a un integrante de Los Rastrojos. Asimismo, habría recibido dinero a cambio de archivar el proceso. La funcionaria no asistió a la diligencia y presentó excusa médica.2. Condenado exfuncionario de la Rama JudicialEl Juzgado 20 Penal del Circuito de Bogotá con función de conocimiento condenó a 88 meses de prisión (7 años y 4 meses) a Javier Yesid Español Palacios quien se desempeñó como funcionario de la Rama Judicial en el centro de servicios judiciales de Paloquemao (Bogotá).El material probatorio evidenció cómo el funcionario al parecer asignaba de manera selectiva las audiencias y los despachos a los que serían enviados determinados procesos, presuntamente buscando que las decisiones judiciales terminaran por favorecer a los procesados.Español Palacios fue condenado por los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público agravado por el uso, y cohecho impropio.3. Imputación a fiscal de Planeta Rica, CórdobaEl fiscal José Gregorio Camargo Hernández fue imputado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable del delito de prevaricato por acción y prevaricato por omisión.El fiscal investigado habría archivado un proceso contra una persona procesada por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones, por considerar que el capturado era inimputable. A lo anterior se sumó el que Camargo Hernández no legalizó la incautación del arma que llevaba el detenido, a quien además dejó en libertad. Camargo Hernández no aceptó los cargos en su contra.4. Imputación a investigadora del CTI en Santa MartaLa Fiscalía General de la Nación imputó en Santa Marta el delito de acceso abusivo a sistema informático en contra de Diocelina González Camacho, funcionaria del CTI.González Camacho es investigada por presuntas irregularidades en el acceso y consulta de los sistemas de información de la entidad, contenidos en el SPOA, sin tener designada tal función dado que se desempeñaba como perito dactiloscópico en la capital del Magdalena. La imputada no se allanó a los cargos.En la actualidad la Fiscalía investiga, por actos de corrupción, a 274 personas de la rama judicial, 224 eran funcionarios cuando inició la investigación y 50 exfuncionarios.