n pacto de cumplimiento de equilibrio de derechos, es decir, una fórmula de solución que atienda tanto los derechos colectivos, como los derechos adquiridos por los compradores y los constructores del proyecto. Eso es lo que tienen que lograr todos los involucrados en el caso Aquarela, bajo el liderazgo y la convocatoria del Ministerio de Cultura.	Con miras a “destrabar” esa situación, en la audiencia de conciliación, Juan Manuel González, abogado apoderado de Aquarela, sustentó los derechos adquiridos por la constructora con el debido licenciamiento del proyecto y la vigencia de sus licencias, y llamó la atención sobre la posibilidad de llegar a un pacto de cumplimiento que atienda los derechos de todas las partes.	Con ese norte, planteó la necesidad de preservar la seguridad jurídica de inversionistas y constructores, considerando modificar la licencia de construcción (acto administrativo vigente), para ajustarla a los cambios requeridos en la obra, preservando el desarrollo de la ciudad y considerando la situación de los compradores de vivienda en el proyecto.	La jueza 11 acogió la iniciativa de la firma constructora y ordenó al Ministerio de Cultura liderar y convocar al Distrito, a la Procuraduría General de la Nación, al curador urbano, al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), a la Promotora Calle 47 SAS y demás intervinientes en el proceso, a reuniones de trabajo en las que se logre un pacto de cumplimiento de equilibrio de derechos. Esa fórmula de solución deberá estar amparada en la legalidad y los estudios técnico-urbanísticos pertinentes.	“Es un pacto en equilibrio de derechos, porque están los derechos colectivos que el Ministerio de Cultura ha anotado que afecta la torre. Pero también están los derechos adquiridos por el constructor, que obtuvo legalmente todas las licencias y permisos del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena; y los derechos de las personas que adquirieron las viviendas”, explicó a	“En esa instalación, la constructora dejó clara la voluntad de llegar a un acuerdo para que se pueda realizar el proyecto sin afectar los intereses y la visión de ciudad. En este momento estamos a la espera de que el Ministerio de Cultura cumpla lo ordenado por la jueza y nos convoque de nuevo a las mesas de negociación”.	Destacó que “es necesario que el Ministerio de Cultura acate la orden de la jueza 11 y convoque a esas mesas de pacto de cumplimiento para que esta situación tenga una solución pronta en equilibrio de derechos, de lo contrario se puede ir a años, y este es un proyecto debidamente licenciado. No importa cuántas mesas se hagan, lo importante es que hay una nueva audiencia el 15 de febrero, a la que se deben llevar fórmulas de solución que atiendan los derechos de las partes”.	La vocera de la Promotora Calle 47 SAS advirtió que urge solucionar el sellamiento de obras que pesa sobre Aquarela. “Para nosotros es una necesidad dar una solución. De 942 familias que depositaron dinero en la fiduciaria, 404 han firmado promesas de compraventa y 265 han desistido del proyecto. Para nosotros defender esos derechos necesitamos llegar a una solución pronta con el Ministerio de Cultura, necesitamos llegar al acuerdo de pacto de cumplimiento que ordenó la jueza; estamos esperando la citación de las mesas”.