En fallo de primera instancia, el Ministerio Público estableció que "Bocarejo Suescún no ejecutó las acciones que estaban dentro de la órbita de sus competencias para asegurar el cumplimiento de los principios que regulan la contratación estatal, con lo que incumplió su obligación de dirigir y liderar ese proceso de licitación".	Al parecer, hubo falta de planeación en la etapa precontractual, ya que "la Secretaría de Movilidad no definió la destinación de 535 controladores semafóricos, compatibles con nuevas tecnologías y avaluados en más de $13.912 millones, que corren el riesgo de quedar almacenados sin que se aproveche su vida útil y el paso del tiempo los deteriore hasta el punto de perder todo su valor".	La Procuraduría señaló, además, que la Secretaría de Movilidad inició el proceso de licitación y lo llevó hasta la adjudicación del contrato sin tener diseñado el sistema de comunicaciones para el SSI, contemplado como soporte fundamental para su funcionamiento, lo que demuestra que existía una clara posibilidad de que se iniciara su ejecución sin contar con ese apoyo tecnológico.