Con este impulso, el gobierno de Macri emitió más de 40.000 millones de dólares de deuda en dólares bajo ley extranjera, incluido un bono de 100 años. Los fondos comunes eran una pieza clave en este reconstrucción. El gobierno dispuso decenas de normativas para incentivar la creación y la inversión en fondos cerrados y de retiro.	Moneda Asset Management y BTG Pactual adquirieron licencias para operar en el país con nuevas oficinas. Compass Group y Santander Chile diseñaron nuevos productos específicos sobre deuda argentina para responder el apetito de los inversores. Julius Baer, Credicorp y LarrainVial iniciaron conversaciones con ejecutivos locales para un posible desembarco. Y el banco Morgan Stanley trasladó de Nueva York a Argentina a su jefe de mercados de capitales de renta variable latinoamericanos, Manuel García Díez, ante un pipeline inicial de IPO que ascendía a 3.500 millones de dólares.	La destrucción del patrimonio en estos fondos equivale a los ARS 217.000 millones desde los días previos a las elecciones primarias del 11 de agosto. Los fondos más castigados fueron los llamados 'T+1', que tienen su cartera invertida en las letras de corto plazo incluidas en el plan del gobierno.	"En los últimos días hemos salido a contratar gente para la parte transaccional de nuestro negocio, que hoy está creciendo, y recibimos consultas de ejecutivos senior de banca privada desplazada de los principales bancos", cuenta Pablo Castagna, director de wealth management en Balanz Capital, uno de los principales agentes del mercado local.