Es la apuesta total del Gobierno Nacional. En el artículo 185 del recién aprobado PND, se establece como obligación, que la demanda compre, sí o sí, energía a los proyectos de generación renovable. La obligación se establece a través de los contratos de largo plazo. Además, garantiza que las inversiones con el pago de las tarifas.	Además, se enredaría el sector energético porque se presentaría una sobrecapacidad instalada. La demanda pico según la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) para el 2022 y 2023 son entre 13.000 a 14.000 megavatios (Mw), de ahí no pasa. Con el anuncio se podría llegar a una sobrecapacidad instalada casi de 22.000 Mw. Es decir el país quedaría con 8.000 a 9.000 Mw de sobra, que de todas maneras hay que pagarlos. Y los dineros saldrían del bolsillo de los usuarios.	Con el articulado metido como capítulo especial, de cierta manera altera el panorama de la operación de energía. Además de la modificación de límites (25% al 35%) para que entren dos jugadores clave del sector, incluyeron en la tarifa $4 por kilovatio hora que deben pagar los estratos 4, 5 y 6, incluidos los sectores industrial y comercial.	En el 2012 se crearon unos fondos como el Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone), el Fondo de Energía Social (Foes) y el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización en las Zonas Rurales Interconectadas (Faer) para atender la crisis que se estaba presentando en Electricaribe. Ahora la pregunta es: ¿por qué el Gobierno no usa esos recursos? Qué mire cuánto le entra a Electricaribe por esos conceptos de recaudo y establezca realmente cuánto deben aportar los estratos 4, 5 y 6.	La asignación de riesgos no fue la mejor. Estos los asumía la demanda y no el generador. Así, con qué incentivo iba a comprar la demanda, si lo que esta asumiendo son más riesgos. Entre un contrato, que pague lo contratado, en un comparación con el que ofrecía la subasta, que era pague lo generado, no se pueden valorar los dos productos de la misma manera.