“Condéneme a mí y liberen a mi hijo”. La blanca y escueta pancarta tiene escrito el mensaje de dolor y angustia de Ana Julia Benítez, una madre que lleva una marcha eterna e interna y un calvario espinoso en su corazón. Ese calvario tiene más de cinco años y ella va todos los días por ahí, suplicando ‘justicia’, ayuda, que alguien haga algo, aunque sus palabras tengan un eco muerto y vacío.	“¡Jóvenes inocentes privados de la libertad!”, dice aquella cartulina. Con su otra mano aprieta unas hojas arrugadas. Es la sentencia, aquella que no la ha dejado dormir: el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena impone nueve años de prisión contra Luis Miguel González Benítez, su hijo. Está preso. El delito: porte ilegal de armas de fuego. ¿Qué hizo?, es la pregunta.	“Entonces, unos tipos estaban atracando en La Candelaria, pero él no estaba atracando, ellos huyeron y él se quedó ahí. Lo cogieron a él. Ese revólver se lo pusieron, porque él andaba sin nada, hasta descamisado estaba”, dice y enseguida agrega: “El abogado que tenía le dijo que se declarara culpable. Otro abogado me robó 500 mil pesos, otro me dijo que se pudriera en la cárcel. Yo le pasé una carta a la Presidencia y a la Corte Suprema de Justicia. No he podido buscar más abogados, me cobran hasta $10 millones. Lo tenían preso en Sincelejo, pero lo pasaron para la cárcel de Chiquinquirá (Boyacá), no puedo ir a verlo porque no tengo plata”.	Que “el presidente Duque es un paquetazo”, que ha incumplido algunos acuerdos, las posibles reformas laborares, pensionales, en educación, tributarias, el salario mínimo, el asesinato de los líderes sociales, el reclutamiento de menores, la inconformidad general de millones de colombianos motivaron la marcha 21N contra el Gobierno Nacional. Hay quienes marcharon por sus propias causas. Como Ana Julia.	María Claudia camina, marcha y cuenta que su EPS no lo atendió bien, como debe ser, mejor dicho que “el tratamiento llegó tarde”, llegó cuando “ya habíamos sepultado a mi papá”. Sus gafas oscuras no ocultan la tristeza de sus ojos. El sol cartagenero arrecia, los gritos invitan al resto del pueblo a unirse, “porque la marcha es por todos”.	“Para empezar, fue una lucha” contra una nefasta enfermedad que mata a cerca de 30 mil personas al año en Colombia, y contra la EPS. “Nos dimos cuenta de la enfermedad un año antes (de la muerte) y prácticamente el tratamiento fue particular, porque la EPS nunca respondió. Cuando al fin pudimos conseguir unas quimioterapias, la manera en que le estaban haciendo las quimio fue lo que lo acabó”, sostiene su hermana y compañera de marcha.	Con la bandera de Cartagena arropando su torso y la de Colombia su espalda, Josefa Morelos Díaz cree que “marchar pacíficamente es una forma de decirle al Gobierno que estamos cansados de ver cómo caen nuestros hijos y hermanos. Por eso marcho, para decir: ¡Ya no más! Creo que estos últimos gobiernos han sido un fraude para el pueblo colombiano, sobre todo para los que somos víctimas del conflicto armado”. Lo sabe bien ella, sí, quién mejor que ella, si la guerra se ensañó con los suyos de forma cruel, despiadada, insensata. Es una de las 8’910.526 de víctimas del conflicto armado en Colombia. Pero también es consejera para la tercera edad en su localidad. “Yo he sido desplazada cuatro veces”, dice. El tono de su voz, a sus 74 años, es enérgico. Y bajo esas banderas hay una historia de resistencia. “El primero de los desplazamientos fue cuando tenía ocho años, después de que mataron a (Jorge Eliécer) Gaitán, mataron a mis padres en San Onofre, la gran violencia de los años 50. Luego quise regresar y me mataron a una abuela, volví a regresar y mataron a mi hermano. Y en 1997 me mataron a mi hijo, Óscar Luis Hurtado”, narra. Sí que tiene motivos para marchar y para querer que historias como la suya nunca más sucedan.	Después de los acuerdos de paz, ¿sabe a cuántos líderes sociales han asesinado en Colombia? Van más de 700. “En lo que va de este Gobierno van más de 192 líderes asesinados”. Quien habla es Lucy Sosa. El temor está latente y ella no es ajena al tema. “Yo soy parte del Mesa de Víctimas de Bolívar y estamos siendo amenazados. Hace un mes fui amenazada en mi casa, frente a mis hijos, llegaron unos tipos armados a amenazar, denuncié eso, pero no tengo sistema de protección ni nada. No ha habido ninguna respuesta, nos dicen que nos van a proteger pero no nos han protegido. Sí, me siento totalmente desprotegida (...)”, es su testimonio.	La gran pancarta que lleva también la carga Keiner María Almanza Blanco. “Soy defensora de los derechos humanos, hago parte de varias organizaciones, entre ellas hago parte de la mesa de garantías de los Montes de María. Yo soy víctima por un hermano desaparecido en El Carmen de Bolívar, Julio César Blanco. Ahora lo están haciendo pasar por un falso positivo. Un día regresaba del campo a la casa y nunca llegó. De eso han pasado 28 años”. Casi tres décadas de lucha, que siguen y que seguirán.	“En la búsqueda de él nos ha pasado de todo, secuestro, agresión sexual, tortura”, replica. Y les sigue pasando: “El 23 de marzo pasado le pusieron un artefacto a la camioneta del esquema de protección que tengo, es una protección que es a medias”. “Ya no tengo, ya no tenemos miedo”, gritan mientras sigue caminando y se pierde entre el gentío de la marcha.