Así lo explicó Roberto Junguito, exministro de Hacienda, al manifestar que al tumbar la ley “no se daría una crisis económica, pero sí tiene grandes inconvenientes como incertidumbre sobre la inversión y las decisiones. Además, traería una desaceleración en el crecimiento económico del país, inestabilidad fiscal e incertidumbre”. Por eso, según Junguito, “lo más deseable”, era que se mantuviera la Ley de Financiamiento.	Pese a la decisión, para las calificadoras de riesgo no es tan catastrófica la determinación que tomó el alto tribunal. Richard Francis, director de calificaciones soberanas de Fitch Ratings, antes de que se conociera el fallo, aseguró que de tumbarse la ley, tal como sucedió, el panorama no era tan catastrófico.	“La ley fue algo más o menos neutro, la incertidumbre sería algo negativo, pero tal vez no tan dramático, en comparación con muchos países de América Latina, Colombia está bien, hay más incertidumbre en México, con el cambio de Gobierno, así que Colombia está mejor ahora; si se piensa en comparación a la región no es tan negativo”, insistió el analista, cuya calificadora tiene una nota de BBB con perspectiva negativa para el país.	“Para el Gobierno lo más urgente en este momento es darle continuidad a ese marco jurídico y tributario que tiene el país, empezando porque se hicieron cambios estructurales muy importantes y que es necesario defenderles su continuidad. Tenemos una institucionalidad que se respeta y por lo tanto tenemos que modificar nuestra agenda. La Ley de protección a la vejez se tiene que posponer unos días”, aseguró el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.