Han pasado pocos días desde cuando el Ministerio de Hacienda emitió un decreto que incorpora casi diez billones de pesos al presupuesto del Sistema General de Regalías para el periodo 2019 y 2020. Tras la adición, que sale de los fondos no ejecutados durante la vigencia bianual previa y se agrega al monto ya aprobado, los departamentos y municipios tendrán a su disposición 34 billones de pesos, de los cuales una buena parte puede destinarse a proyectos propuestos por alcaldes y gobernadores.	El impacto potencial de esa cantidad de dinero es enorme. Sobre el papel, los recursos equivalen a casi la mitad de lo que el Gobierno nacional destina para la inversión pública. De acuerdo con cálculos oficiales, de cada cien pesos que han invertido las autoridades locales, cerca del 26 por ciento tiene como origen los fondos que pagan las empresas pertenecientes a los sectores de minería y energía.	Al respecto, vale la pena hacer memoria para recordar que una reforma constitucional aprobada en el 2011 se concentró en que las regalías se irrigaran por todo el territorio nacional. Fue en ese momento que el entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, acuñó la frase de “repartir la mermelada en toda la tostada”. Con el paso del tiempo el término se asoció a prácticas corruptas, pero su propósito original era que todas las regiones se beneficiaran.	Al cabo de algunos años, sin embargo, surgieron otro tipo de problemas. Al recortarle la tajada a las zonas productoras, desapareció el atractivo de los proyectos productivos en diferentes puntos de la geografía. El término más usado por los especialistas es que el sentimiento de pertenencia de un yacimiento o una mina disminuyó, pues la recompensa potencial de un mayor presupuesto se redujo de forma significativa.	La cosa también se complicó por la llegada del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad), un modelo tripartito que buscaba la colaboración en torno a un mismo propósito de gobernadores, alcaldes y la administración central. La idea era crear filtros institucionales, más rigurosidad técnica y esquemas de colaboración, para evitar los excesos que se vieron antes, cuando abundaron los ejemplos de dinero desperdiciado.	De tal manera, el texto radicado en el Capitolio también se mete con elementos operativos, aunque estos se conocerían en un proyecto de ley posterior. Sea como sea, la intención gubernamental refleja una promesa de campaña de Iván Duque, que se concreta en darles entre 30 y 50 por ciento de los recursos a las áreas productoras.