La ruta autorizada por la policía hongkonesa limitó a dos kilómetros la ruta solicitada por los organizadores, el Frente Civil de Derechos Humanos, que había pedido un recorrido el doble de largo, aunque varios manifestantes desafiaron a las fuerzas de seguridad y continuaron hasta la comisaría central, las oficinas del gobierno local y la oficina de enlace con el gobierno chino en la urbe.	Además de éstas, las otras demandas incluyen el cambio de denominación oficial como “revueltas” (y por tanto, sujetas a persecución legal) de las protestas reprimidas violentamente por la policía el 12 de junio, la retirada de cargos contra los detenidos en relación con éstas y el establecimiento de una comisión de investigación sobre los “abusos de poder” por parte de la policía.	La propuesta de ley de extradición, actualmente en suspenso, abría la puerta a que Pekín pudiera acceder a “fugitivos” refugiados en territorio hongkonés, pero asociaciones de lucha por la democracia y los derechos humanos, así como numerosos abogados, sospechan que serviría de mordaza para acallar voces críticas y disidentes chinas radicadas en las excolonia británica.