El órgano de control busca establecer la existencia de posibles faltas en la suscripción, mediante modalidad de contratación directa, de un convenio interadministrativo con la empresa Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones NIU TELCO S.A.S., para el “fortalecimiento de competencias comunicativas del idioma inglés en los docentes y estudiantes de las IEO del departamento de La Guajira”.	La Procuraduría Regional de La Guajira, tras conocer la noticia de que la administración departamental habría firmado el convenio horas antes de entrar en vigencia la Ley 996 de 2015, conocida también como Ley de Garantías; abrió indagación preliminar y ordenó la práctica de pruebas, entre ellas una vista a la empresa radicada en la ciudad de Cúcuta, sin que fuera posible su ubicación en la sede que registró en el OCAD Regional Caribe, - Órgano Colegiado de Administración y Decisión -, que aprobó la financiación del proyecto de bilingüismo en La Guajira con recursos del Sistema General de Regalías.	Ante estas evidencias, el ente de control ordenó el traslado del proceso a Bogota, la apertura de investigación y la suspensión, como medida cautelar, de Hernández Sierra para evitar la reiteración de la presunta falta disciplinaria o su participación en un nuevo proceso que pueda vulnerar los principios que rigen la contratación estatal, en época de vigencia de la Ley de Garantías; que aunque entró a regir desde el pasado 27 de junio de 2019, permite la convocatoria a licitación pública, selección abreviada o concurso de méritos.	La Procuraduría ordenó la práctica de nuevas pruebas, con el fin de verificar si la conducta del mandatario territorial (e) constituye falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habrían cometido, así como el eventual perjuicio causado a la administración pública.	Finalmente, la Procuraduría compulsó copias de esta decisión para que se investigue al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, quien al parecer habría suscrito un negocio jurídico para el “fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés en el departamento de Norte de Santander”, que sería similar al objeto del contrato que habría dado origen al proceso contra el gobernador (e) de La Guajira.