La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 14 años al alcalde de San Luis, Antioquia, José Maximino Castaño Castaño (2008-2011), por omitir el control y seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales del proceso de selección del contratista para la construcción de 61 Soluciones de Vivienda de Interés Social Rural (VISR), por valor de $709.193.612.	La Procuraduría Provincial de Rionegro comprobó que Castaño Castaño como ordenador del gasto, cometió irregularidades en la convocatoria de la licitación pública 004 de 2011, para la construcción de viviendas en las veredas Alta Vista, El Popal, El Prodigio, La Linda, Santa Rosa y la Cristalina, porque omitió la publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) de los estudios previos y los pliegos de condiciones.	El ente de control demostró la responsabilidad de Castaño Castaño en tres cargos e impuso sanción disciplinaria por un concurso de faltas, calificando la de mayor relevancia, como gravísima, a título de culpa gravísima, porque desconoció los principios de transparencia, responsabilidad, economía y deber de selección objetiva en la contratación estatal, establecidos en la Ley 80 de 1993.