El 7 de noviembre del 2018 el Centro Democrático, en cabeza de Álvaro Uribe y Gabriel Velasco, presentó el proyecto de ley 202 del Senado titulado ‘Prima a la canasta familiar’, mediante el cual se propone el establecimiento de media prima legal para los trabajadores del sector privado y trabajadores oficiales que devenguen hasta tres y medio salarios mínimos legales. Se especifica que esta prima no es constitutiva de salario.	Establece una prima diferenciada y más favorable para micro y pequeñas empresas y deberá ser cancelada por el empleador en dos pagos así: la mitad máximo el 30 de marzo de cada año y la otra mitad a más tardar el 30 de septiembre de la misma anualidad. Unos pocos días después de presentado el proyecto, concretamente el 20 de noviembre de 2018 la Comisión VII de Senado lo aprobó en primer debate. Y hace unos pocos días el 18 de junio del 2019 al final de la presente legislatura, la Plenaria de Senado lo aprobó en segundo debate. Queda pendiente para la legislatura que se inicia el próximo 20 de julio su discusión en la Comisión VII y Plenaria de la Cámara de Representantes.	En la exposición de motivos se hace un recuento histórico de los antecedentes legales de las primas salariales legalmente vigentes y se justifica de manera explícita el establecimiento de la ‘Prima a la canasta familiar’ como una forma de apoyar la consolidación de la clase media que, a juicio de los senadores proponentes, se debilitó en los años 2016-2017 al pasar de representar el 33,4% del total de la población a un 31,5%.	El proyecto argumenta que: “Lo anterior, refleja la importancia de avanzar en la consolidación de la clase media trabajadora y de generar más oportunidades para esta. Se debe tener en cuenta que la clase media es frágil porque su ingreso es volátil y no resiste cambios bruscos en las variables macroeconómicas, dado que se encuentra en una confluencia frente a los beneficios que recibe la población en pobreza y clase alta. En general la clase media es la que más tributa impuestos relacionados con consumo, por cuanto es la que más consume, a la vez es la que más paga impuesto de renta por ser el más numeroso grupo de contribuyentes efectivos y por otro lado es la que menos incentivos tributarios reciben, y no recibe subsidios que reciben los pobres”.	El proyecto de ley es de corte populista, refleja un interés electoral por parte del Centro Democrático, y resulta ser inconveniente desde el punto de vista del empleo, el ámbito fiscal y la competitividad, además de ser altamente inequitativo. Beneficia a una población que no es la más vulnerable, pues es muy claro que las personas a las que más afecta la inflación son las que ganan menos de un salario mínimo, y son precisamente las que se encuentran en la informalidad. Como lo destaca la literatura económica, los subsidios se deben extender a los más pobres. Además, los mayores costos laborales generan mayor dificultad para la contratación formal y un incentivo para la menor contratación de trabajadores, generando informalidad y desempleo. Hace muy bien por el país y por la estabilidad macroeconómica el Ministro de Hacienda al oponerse a dicho proyecto.