“Este atentado no tiene justificación alguna y está siendo calificado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como un acto terrorista. No puede haber ninguna manifestación de perdón o amparo con un grupo que ya reconoció la autoría de este acto criminal”, dijo el comisionado tras la explosión del carro bomba en la Escuela de Policía General Santander en Bogotá, el pasado jueves 17 de enero, que dejó 21 muertos.	“El Gobierno Nacional no puede permitir que los responsables de este acto terrorista regresen a las filas del Eln y se internen en las selvas de Colombia para huir de la justicia. Su único destino debe ser comparecer ante los jueces de Colombia. Hacer algo distinto no es ético y no responde al llamado de los colombianos que se manifestaron ayer (el domingo). No hay protocolo que ampare el terrorismo”, indicó el funcionario.	“La cooperación judicial entre Cuba y Colombia incluye la extradición como una vía para llevar a la justicia a los responsables de este crimen, que ha sido calificado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) como un acto terrorista”, concluyó el comisionado.	El canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo desde su cuenta de Twitter que “Cuba jamás ha permitido ni permitirá que su territorio sea usado para la organización de actos terroristas contra ningún Estado” y que “ha cumplido estrictamente su papel como garante y sede alternativa de la Mesa de Diálogos de Colombia entre el Gobierno y el Eln”. Pese a estas declaraciones, el Gobierno de Cuba no ha aclarado si extraditará o no a los integrantes del Eln.	Son en total 11 puntos, que están firmados por delegados del Gobierno y del Eln. Uno de esos puntos señala que en caso de una ruptura se debe organizar un cese de operaciones militares durante 72 horas. Ese despeje militar se realizaría en una zona que previamente pactarían los delegados del Eln para ingresar por ahí al territorio colombiano. También se contemplaba que el Gobierno o los países garantes proporcionaran los medios de transporte necesarios para tal fin.	Otro punto indica que “las coordenadas del cuadrante de dichas áreas serán entregadas por el Eln a los países garantes y al Gobierno colombiano con 48 horas de antelación al cese de operaciones militares”. Al llegar al país, el helicóptero o medio de transporte que lleve a la delegación deberá estar en tierra durante una hora después del aterrizaje.	Dice Ceballos, el alto comisionado del gobierno de Duque, que dichos protocolos no aplican para el actual gobierno porque fueron políticas pactadas por el anterior. Sin embargo, Frank Pearl, uno de los negociadores de paz de Santos, señaló que estos acuerdos son una política de Estado y no una política de Gobierno.