Como un hecho sin precedentes en la historia de los tratados comerciales del país, el Ministerio de Comercio decidirá los derechos compensatorios que le corresponden a una industria nacional que ha operado con desventajas de mercado frente a productos foráneos. La imposición de derechos compensatorios hace parte de la reglamentación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y se activa cuando un producto importado puede provocar la destrucción de la industria local, afectando el empleo y la producción nacional.	Esta alta posibilidad de desastre económico la están experimentando los productores del etanol desde mayo de 2017, momento en que se liberaron las importaciones de bioetanol de maíz procedente de Estados unidos. Esa dramática situación era previsible, considerando que la apertura a las importaciones de etanol, puso a competir a la industria local con las importaciones desde EE. UU. en condiciones de precio desequilibradas.	El crecimiento de las importaciones en este corto periodo de apertura, ha desplazado un 40% de la producción nacional, lo cual viene erosionando progresivamente los ingresos de los productores locales, en razón de que los precios del etanol de los Estados Unidos han resultado ser artificialmente bajos. En el primer semestre de este año, el precio promedio regulado que rige a los productores nacionales estuvo en 7.604 pesos por galón, cuando el del importado de Estados Unidos estaba en 5.681 pesos por galón.	Los hechos demostraron que la compensación transitoria del 9,36% fue enormemente infravalorada, pues en el periodo de su vigencia, contrario a lo que se buscaba, las importaciones se aceleraron y los precios bajaron; con el agravante de que el Mincomercio hizo caso omiso al porcentaje sugerido por la industria del 22,58%, el cual fue estimado dentro del estudio de Hughes, Hubbar & Reed.	En esa dirección, el Gobierno solo logró identificar 11 programas de subsidio para el maíz que afectan directamente el precio del etanol mientras que la investigación aportada por los productores ubicó 31 programas. Por esta y otras razones técnicas, el Gobierno dejó de considerar subsidios por valor de $ 3.751 millones de dólares. Subvaloraciones tan radicales no pueden ser justificadas con el hecho de ser este el primer ejercicio de cálculo que hace el Gobierno, sino que ha de extremar el rigor que garantice una compensación coherente con la realidad del mercado.