la norma trae un asterisco, y es que si la persona se notifica ante Colpensiones o el fondo privado al que está afiliado, y pasados seis meses no toma una decisión, el Estado, por derecha, le trasladaría sus recursos a Beps, con lo cual recibiría una renta vitalicia que se fijaría según el monto ahorrado.	Así lo dice un proyecto de decreto del Ministerio de Trabajo: “La Ley del Plan de Desarrollo buscó establecer un mecanismo para que estos recursos sean trasladados al mecanismo de Beps, de forma tal que sumados al incentivo económico del 20% reconocido por la Nación sobre los recursos trasladados, puedan ser empleados para la adquisición de una renta vitalicia de hasta del 85% de un salario mínimo”.	Si se da el caso de que los recursos trasladados no constituyen capital suficiente para dar una anualidad vitalicia, el afiliado podría realizar los aportes requeridos para completar ese monto. Sin embargo, si no logra esto tres meses después del traslado a los Beps, la persona podría solicitar la devolución de los ahorros.	Esto, en su concepto, “se debe a que las personas siempre van a preferir recibir el monto total a los Beps, independientemente de si reciben o no una asesoría adicional. Esto no tiene ningún sentido, sobre todo si se trata de más de cuatro millones de personas que no se pensionarían de aquí al 2055, pero que tienen un ahorro que les da, al menos, para recibir el Bep mínimo”.	Según cuentas hechas por el Ministerio de Hacienda, si se da el caso de que la mitad de los afiliados optan por los Beps –unas 230.000 personas–, el Estado pagaría el primer año (2022) unos $230.000 millones y, cada año, la cifra subiría, en promedio, en unos $40.000 millones.