La mujer fue judicializada por el delito de  constreñimiento al sufragante en seis oportunidades. Los hechos están relacionados con las presuntas presiones a contratistas para apoyar a un congresista. Según la fiscalía la mujer presionó a varios contratistas de la gobernación, amenazándolos con no renovar, prorrogar o adicionar los contratos si no votaban por el candidato a la Cámara de Representantes, Jair Arango, quien se lanzó para las elecciones del 11 de marzo de 2018.