De acuerdo con las estadísticas, el desempleo al cierre de junio llegó al 9,4 por ciento a nivel nacional, tres décimas por encima del registro del 2018. En lo que atañe a las trece ciudades y áreas metropolitanas más grandes, el dato se ubicó en 10,7 por ciento, cuatro décimas menos que un año atrás. Esa divergencia sugiere que las capitales principales enmendaron la plana que emborronaron otras urbes y las zonas rurales.	El principal factor de mejoría fue la construcción. Una hipótesis válida es que las administraciones municipales y regionales que concluyen su tarea el próximo diciembre, aceleraron el ritmo de las obras en los pocos meses que les quedan. Debido a ello, hay más cuadrillas de obreros y operarios trabajando, lo cual se expresa en 321.000 puestos más.	La más notoria es que el desempleo sería mayor, de no ser porque la tasa de participación es menor ahora. Dicho de otra manera, hay proporcionalmente menos personas que entran al mercado laboral y más que engrosan las filas de lo que se conoce como los inactivos. A la luz del impacto de la migración venezolana, tal evolución es sorprendente.	Por tal motivo, vale la pena tomar con un grano de sal el alivio de junio. La inercia todavía apunta a un deterioro que merece atención y exige eventuales medidas de choque. La razón principal es que los números muestran que hay un problema serio de demanda laboral que se traduce en la falta de vacantes o, peor, en la contracción de las nóminas.	El punto de inflexión viene de cuatro años atrás, cuando el desplome en los precios internacionales del petróleo le quitó aire al crecimiento de la economía colombiana. Debido a ello, es estéril el debate de tratar de asignar responsabilidades al Gobierno de turno, a sabiendas de que nos golpeó una avalancha de marca mayor.	Lo que es pertinente es mejorar la calidad del diagnóstico. Las investigaciones del Dane exigen la interpretación de equipos técnicos en los cuales deberían estar involucrados tanto Planeación Nacional como el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, aparte de varias universidades que cuentan con observatorios del mercado laboral. Como sucede con cualquier enfermo, aquí lo que se requiere es identificar en dónde se ubican los problemas más graves.	Junto a lo anterior, vale la pena insistir en la pertinencia de algunas decisiones. Varias trabajos académicos señalan que los incrementos acelerados del salario mínimo acaban destruyendo empleo. Como se recordará, el reajuste acordado en diciembre casi duplicó la tasa de inflación por lo cual más de un experto cree que el alza en costos es responsable parcial de los mayores índices de desocupación actuales.	Y aunque lo pasado, pasado, el tema vuelve a cobrar vigencia ante la posibilidad de que el Congreso apruebe una prima que implicaría un alza de sueldos. Ello exige que el Gobierno lidere la discusión, tanto para buscar soluciones como para evitar que las cosas se compliquen más, en caso de que el respiro de junio dure poco.