Al lograrse la independencia, las tres cuartas partes de la tierra de la Nueva Ganada eran propiedad de la iglesia heredadas de los latifundistas, quienes al morir las confiaban a la iglesia. Por ese origen se llamaban ‘bienes de manos muertas’, adicionalmente porque no se podían comprar ni vender, y por ende no se destinaban a la producción. Es fácil comprender el obstáculo que esta situación representaba para la producción de alimentos y materias primas para la manufactura.	La iglesia no solo conservaba el monopolio de la educación y la orientaba al estudio de filosofía, teología, latín y moral; y no de ciencia y técnicas; y era obligatorio entregar el 10% (diezmo) de los ingresos de las personas en beneficio del clero, reduciendo así el nivel de ganancias de las personas y su capacidad de consumo e inversión.	y los debates que acompañaron esa decisión estaban marcados por el enfrentamiento entre quienes sostenían que la renuncia a ese ingreso podría agravar el déficit fiscal, y los impulsores de la reforma, quienes creían que la liberación de esas actividades aumentaría la producción y por ende la recaudación, como efectivamente ocurrió.	Es fácil comprender que la permanencia de estructuras que mantenían sometida la fuerza de trabajo a la esclavitud, y la mayor parte de las tierras monopolizadas por la propiedad de la iglesia, entidad que las mantenía improductivas y por fuera del circuito del mercado; y la extracción de rentas a favor de la iglesia deprimía la acumulación de capital necesaria al desarrollo.