Después de que el país se enterara que las autoridades desconocían el paradero de Seuxis Hernández, alias ‘Jesús Santrich’, se encendió un acalorado debate alrededor del control y eficacia de los organismos judiciales para impedir que las personas a quienes investigan puedan huir de una posible condena. Si bien Santrich gozaba de libertad, hay que recordar que tiene en su contra una solicitud de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos y debía rendir indagatoria en los próximos días ante la Corte Suprema de Justicia.Pero el caso de Santrich no es el único, y en Colombia existe una larga lista personas que al verse contra las cuerdas por la justicia decidieron emprender la fuga para defenderse desde el exterior o desaparecer completamente del mapa:	El ministro de Agricultura de Álvaro Uribe se fugó del país en julio de 2014 después de que la Corte Suprema de Justicia lo condenara a 17 años de prisión por peculado a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales dentro del escándalo de Agro Ingreso Seguro, un programa de subsidios ideado para promover la productividad en el campo pero que fue malversado y favoreció a prestantes familias. Desde entonces, Arias, quien era considerado el heredero de Uribe antes de terminar huyendo de la justicia, emprendió una ardua defensa desde Estados Unidos, en donde está preso actualmente, para demostrar su inocencia y no ser extraditado de vuelta a Colombia.	El alto comisionado para la paz de Uribe, quien además fue uno de los cerebros de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia entre 2003 y 2006 y también participó en otras desmovilizaciones de algunos frentes de las Farc, terminó investigado por la justicia colombiana por irregularidades durante la dejación de armas del Bloque La Gaitana de las FARC en el año 2006. Tiempo después, a través de las declaraciones de otros desmovilizados, se descubriría que todo el acto fue un montaje y que los supuestos guerrilleros no lo eran. La Fiscalía inició la investigación y Restrepo, médico psiquiátra de profesión, decidió huir de Colombia.	Entre 2007 y 2010, esta abogada de la Universidad Javeriana fue directora de Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU). Desde su cargo se convirtió en una aliada de los Nule, a quienes ayudó para entregarles jugosos contratos. Después de su renuncia se destapó el conocido escándalo del carrusel de la contratación y la Procuraduría le puso el ojo. Un año después, fue inhabilitada por 11 años (que después sería reajustada a 20 años) para desempeñarse en el sector público. Un juez le dictó medida de aseguramiento que, posteriormente, sería revocada. Desde 2014 se desconoce su paradero.	Henry Castellanos Garzón, alias ‘Romaña’, se unió a las FARC desde la década de los ochentas. Hizo parte del Estado Mayor del grupo subversivo y, al momento de la firma del acuerdo de paz, era una de las cabezas visibles. Tan pronto empezó a tambalear el cumplimiento de lo pactado, fue uno de los primeros cabecillas en quejarse públicamente y levantó muchas críticas al negarse a acudir a los llamados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Aunque en un principio se mantuvo en la esfera pública, tuvo que salir de Tumaco acorralado por las disidencias que iban detrás del negocio del narcotráfico en el pacífico colombiano. Romaña huyó hacia los llanos orientales, en donde comenzó un nuevo proyecto productivo que incluso el entonces fiscal Martínez reconoció.	Sin embargo, a los pocos meses dejó de asistir a las comparecencias en la JEP, solo enviaba cartas a través de sus abogados. Al día de hoy se desconoce el paradero del exguerrillero y el tribunal de paz, en días previos, solicitó a la Unidad de Protección y al Ministerio de Defensa reportes de su situación de seguridad y las razones por las cuales ha incumplido sus compromisos con la justicia.	Al igual que Romaña, el exjefe de la columna Teófilo Forero de las FARC, Hernán Darío Velásquez, alias ‘El Paisa’, se ha mostrado reacio de colaborar con la Jurisdicción Especial para la Paz. El Paisa desapareció del Espacio Territorial de Miravalle, Caquetá, en donde impulsó innovadores proyectos como un tornillo hidroeléctrico, después de la captura de Jesús Santrich en 2018.	En su momento, acusó haber recibido amenazas en contra de su vida y que, en razón a las mismas, no podía comparecer. Sin embargo, a la fecha, no se sabe nada sobre su paradero pese a que varios de sus excompañeros en armas, hoy en la legalidad, lo han instado a no darle la espalda al acuerdo de paz.	Quizá el caso más mediático de los previamente expuestos. El pasado sábado, en horas de la noche, el exjefe guerrillero abandonó su esquema de seguridad mientras se encontraba en una zona de reincorporación en del departamento del Cesar. La información fue confirmada por Pablo González, director la Unidad Nacional de Protección, a través de un comunicado. Hoy mucho se especula sobre su paradero. Según inteligencia del Ejército, se habría ido para Venezuela a encontrarse con Iván Márquez, aunque nada de esto es seguro.	Santrich había estado en el ojo del huracán en meses previos debido a su posible vinculación con delitos de narcotráfico por lo que fue privado de su libertad y pedido en extradición por la justicia de Estados Unidos. Esto desató una avalancha de comentarios y posiciones entre los defensores del acuerdo de paz y sus opositores.	Fue nombrada como directora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en 2007. Duró aproximadamente un año en el cargo. Renunció después de que se realizaron denuncias públicas acerca de seguimientos e interceptaciones telefónicas que realizaba el DAS a periodistas y miembros de la oposición. La Fiscalía, en 2010, la imputó con los cargos de falsedad en documento público, concierto para delinquir, peculado por apropiación y violación ilícita de comunicaciones. Hurtado decidió refugiarse en Panamá y recibió asilo político por parte del presidente Ricardo Martinelli.	En 2015 regresó a Colombia y se entregó a la justicia. Ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia la condenó a 14 años de prisión ya que, según la alta corte, Hurtado fue la encargada de idear las chuzadas ilegales y planear campañas de desprestigio en contra de los detractores del gobierno de Álvaro Uribe.