En esta ocasión, el Plan Nacional de Desarrollo en discusión propone un ‘Pacto por una gestión pública efectiva’ que proyecta dos pilares complementarios: uno dirigida a la Transformación de la Administración Pública y otro centrada en hacer el Gasto Público Efectivo. ¿Será esta la fórmula que echará a andar la administración pública, dejando atrás la ‘bicicleta estática’?	Tiene sentido entonces, que dos de los cuatro objetivos de la Transformación se centren en los servidores, buscando en primer lugar “Elevar el nivel de profesionalización del Estado y fortalecer la excelencia en el ingreso al empleo público [para en segundo lugar,] Incrementar el nivel de desempeño de los servidores públicos y promover el acceso incluyente a la educación en administración pública” (ibid., p. 890).	Si bien es cierto que con recursos no se garantizan el éxito de una política pública, sin ellos sí se garantiza su fracaso. Por ello, orientar el presupuesto público a uno por resultados, hacer que la contratación pública sea más simple y óptima social y medioambientalmente, así como mejorar la administración del patrimonio y activos del Estado, son todos objetivos que bien vale la pena apoyar (ibid., pp. 896-900).	El reparo más importante que se le puede hacer al Pacto concierne a la visión corporativa que promulga sobre Estado. Nos referimos aquí a la intención de “reformular el rol del Estado como agente regulador” (ibid., p. 883), con la justificación de que su “Excesiva intervención [...] limita el dinamismo en todos los sectores de la economía” (ibid., p. 885). Aunque estas afirmaciones no vienen acompañadas de evidencia alguna, terminan en “la redefinición del Estado como agente dinamizador de la economía y el desarrollo del país [...] Un Estado simple pero eficiente y productivo” (ibid., p. 888).	El de reducir el carácter social del Estado a solo una de sus funciones esenciales, específicamente a la de promover la prosperidad general, olvidando las otras consagradas en el Artículo 2o de la Constitución Política de Colombia. Solo bajo este equívoco se podría desdibujar el Estado social de derecho en favor de un Estado corporativo por derecho.	Lo que en realidad hace falta es financiamiento para hacer del Pacto la fórmula que cambie la gestión pública. Ilustremos el punto. Con el fin de hacer operativas sus estrategias, el Pacto propone una serie de actividades que demandan recursos públicos. En consecuencia, el Plan Plurianual de Inversiones ha contemplado asignarle $7.268 millones para el cuatrenio (DNP, 2019, p. 1109)	Si la totalidad de los recursos de Transformación fueran utilizados en solo una de sus actividades, como el programa nacional de bienestar para servidores públicos, cada uno de los 877.482 trabajadores de la rama ejecutiva del orden nacional podría recibir durante los próximos cuatro años un único beneficio de bienestar equivalente a un valor de hasta $1.471 pesos (!), menos que lo que cuesta hoy un pasaje de transporte urbano.	En un apartado del Pacto se habla de “pasar de ‘la lonchera a la mesada’” (DNP, 2019, p. 898). Sin embargo, el irrisorio esfuerzo presupuestal evidencia que estamos frente a otro gobierno que no da recursos ni para la lonchera ni para la mesada. Hasta que el discurso político no se convierta en voluntad presupuestal, seguiremos siendo testigos de una administración que empuja el país desde una ‘bicicleta estática’.