De igual forma, otras iniciativas urgentes han tenido que ser aplazadas porque no encuentran apoyo. El caso más relevante es la de las pensiones. El problema es viejo, pero ningún Gobierno se ha atrevido a proponer una solución, debido al costo político que representa y a la oposición en el Congreso.	Rosario Córdoba, presidente del Consejo Privado de Competitividad, ha dicho que un país que busca avanzar en equidad no puede permitirse que solo uno de cuatro adultos mayores reciba pensión contributiva, ni que sean los trabajadores de mayores ingresos quienes logren obtener este beneficio. No existe un subsidio más regresivo a cargo del presupuesto nacional que el del actual sistema pensional… El costo fiscal que pagamos todos los ciudadanos, de esta generación y las futuras sigue aumentando conforme se aplace la reforma”.	La Ley de Financiamiento que el Gobierno actual tramitó en el Congreso con el fin de obtener $14 billones y el Legislativo le pegó una trasquilada de $7 billones. Desde la tribuna populista a cualquier persona le suena bien que el Congreso se oponga a la aprobación de tributos por casi $7 billones. Sin embargo, la realidad es otra: esa peluqueada le está saliendo cara al país, pues el propio Congreso de la República ha dicho que el presupuesto general de la Nación, para el 2020, está desfinanciado en $14 billones.	Pero el populismo legislativo no se está aplicando en Colombia solo para frenar reformas estructurales. También se ha expresado mediante la imposición de restricciones a algunos sectores. El centro de Estudios Anif asegura que en los últimos cinco años se han ventilado propuestas populistas relacionadas con la idea de forzar la prestación de servicios gratuitos a los usuarios del sector financiero, lo que pone en riesgo la modernización de la actividad y la implementación de herramientas digitales. “Recientemente, el Congreso intentó debilitar la calidad de los reportes que generan las centrales de riesgo en Colombia”.