Las democracias burguesas como la de Colombia, particularizada por tratarse de una de un país dependiente, mejor decir neocolonial así muchos consideren en desuso el término, que sumiso gira en la órbita del imperio que más destrucción y muerte ha causado en la historia de la humanidad y cuyo orgullo es no tener aliados sino súbditos, con frecuencia se quitan la máscara de irreprensibles y dejan aflorar su talante de despotismos brutales.Ello sucede en momentos históricos en que sienten que las formalidades del estado de derecho del que mucho alardean sus beneficiarios resultan insuficientes para la dominación que ejercen. Cualquier sobresalto, sea una convulsión social, una amago de huelga general, un pequeño brote insurreccional o quien lo creyera, una sentencia judicial, produce en el bloque en el poder un nerviosismo tan grande que los lleva sin recatos a renegar de los “carísimos” valores que encomian en sus discursos. “No podemos sacrificar la democracia y los derechos del pueblo por una mera formalidad” arguyen sin pena, y toman el camino del medio. Es cuando declaran el estado de sitio, suspenden las garantías constitucionales, decretan el toque de queda, otorgan facultades judiciales al ejército, nombran “jefes civiles y militares”, declaran “teatros de operaciones” y acuden a la excepcionalidad del estado de conmoción interior.	Lo anterior, lo confesable, lo proclamado en aras de “salvar las instituciones”. Porque aparejado a ello y según la circunstancia y necesidad, con la clandestinidad previsible, sin remilgos emprenden el atajo de la guerra sucia, del terrorismo de estado. Es el asesinato de sindicalistas, la desaparición de miembros de la oposición y la creación de bandas de asesinos, no gratuitamente conocidos como “paramilitares”, que ejecutan los crímenes más odiosos para no comprometer el honor y buen nombre de la fuerza pública.	¿Y a qué viene lo anterior, tan conocido y manido de tanto como se lo ha documentado y denunciado? Viene a propósito de un nombre que en adelante será pronunciado con reverencia por los millones de hombres y mujeres amantes de la libertad y la justicia, aún si no fueren partidarios suyos: Seuxis Paucias Hernández Solarte, el otrora comandante guerrillero Jesús Santrich.	Porque ante el malévolo pedido de extradición hecho por la sórdida agencia antinarcóticos de los Estados Unidos DEA, montaje de narcos que no eran tales sino agentes suyos, toneladas de cocaína que no eran tales sino vulgar escenificación, y millones de dólares que no eran tales sino ardid para que grabado y filmado todo hicieran de prueba reina contra Santrich, este digno y enhiesto ha soportado más de un año de cautiverio en celda de aislamiento, afirmando su inocencia y denunciando la perversidad de su acusador el empleado de la DEA y de la CIA, el fiscal Martínez Neira.	Y ante ese artero pedido de extradición que la extrema derecha en el poder aplaudió rabiosamente secundada por la prensa y los entes dueños de vidas y honras la Fiscalía y la Procuraduría, solo quedaba esperar que el tribunal encargado de resolverlo, la Jurisdicción Especial para la Paz, alta corte creada en el acuerdo suscrito entre el gobierno y las Farc para conocer de los delitos cometidos durante el conflicto, decidiera. Y la JEP decidió. ¿Cómo? Como no podía ser de otra manera: negando tajantemente la extradición de Santrich, y ordenando su inmediata libertad. Y lo hizo en una seria y documentada providencia donde analizó en extenso los argumentos de la Fiscalía y de la DEA. Y sin ambages sentenció que pruebas no había, que lo aportado no era nada que se les pareciera, y además, que los Estados Unidos y la Fiscalía, se habían negado a enviarle las que decían tener y que esa Corte decretó en ejercicio de su soberanía constitucional.	¡¡Y ahí fue Troya!! No hizo falta una grave convulsión social ni un amago de huelga general. Sí una sentencia judicial y un grito del embajador norteamericano, para que la clase en el poder entrara en pánico, se declarara en emergencia, y exaltada esgrimiera las proclamas de uso y que tanto conocemos de las viejas dictaduras latinoamericanas. Hay que ante todo velar por “la supervivencia de la democracia amenazada”, “la defensa de las instituciones a punto de colapsar” pero por encima de todo, por sobre cualquier consideración legal, constitucional o judicial, no se puede permitir un desaire a los Estados Unidos.	Entonces, propio de esta democracia colombiana —la más antigua de América se regodean los detentadores de sus gracias—, la misma que tiene casi tantos desplazados como Siria, más desaparecidos que la Argentina de la dictadura militar y donde el asesinato de líderes sociales es suceso diario que ya no es noticia, en esta democracia el presidente de turno Iván Duque reaccionó ante el fallo favorable a Santrich con una alocución presidencial donde eran notorios el dramatismo y la tensión. Y a la manera de los encomenderos españoles frente a las leyes de Burgos que desde la metrópoli pretendía proteger a los pocos indios que quedaban en esta su colonia, enfático dijo “Se obedece, pero no se cumple.” Lo primero es la patria.	Y esa sentencia sí que se cumplió. Pero además, teñida de venganza y de odio en una forma que sorprende aún a amigos del gobierno. Venganza y odio contra el proceso de Paz, y muy especialmente contra Santrich. El revolucionario, músico, pintor, poeta e historiador. El hombre cuya invidencia no fue óbice para combatir ayer con las armas, y hoy luchar por el cumplimiento del Acuerdo, lo que incluye la diaria denuncia de la traición estatal. Del asesinato de sus camaradas, la burla de los proyectos productivos, la estafa de las 16 curules para las víctimas. Del fraude de la reforma agraria conseguida por las Farc como gran logro en el Acuerdo, su legado para el campesino desposeído.	Venganza. Eso es, venganza lo que ha habido contra Jesús Santrich. Entonces, a las 52 horas de ordenada la libertad inmediata por el alto tribunal, y a las cinco horas de un fallo de Hábeas Corpus del Tribunal Superior de Bogotá también de cumplimiento inmediato, el oscuro militar que dirige la prisión de la Picota, montó un tramposo operativo policial para la parodia de su liberación. No se veía por qué ese operativo si los cientos de seguidores que esperaban a su camarada a la salida del penal estaban jubilosos de recibirlo. El carcelero sabía por qué lo hacía. En una incalificable acción violatoria de la más elemental normatividad de derechos humanos, ordenó salir a los abogados de Santrich, y tomando desprotegido al prisionero, invidente, fatigado, esposado y sin haber recibido alimento en dos días, le inyectó una droga que lo dejó en estado de semiinconsciencia. Así, en silla de ruedas y rodeado de veinte “macancanes”, fue conducido a las puertas del penal hacia la libertad. Y allí, rodeado de doscientos policías que amenazaban a sus seguidores que lo vivaban, sin haber gozado un segundo de su libertad, le “notificaron” una nueva orden de captura. Y lo devolvieron al penal de donde nunca salió.	Eso fue solo el comienzo. El resto, en el breve lapso de 48 horas, fue una sucesión inaudita de maltratos, humillaciones, violaciones: montarlo de inmediato en un helicóptero con la falsa noticia de que lo extraditaban, la reclusión en una celda en el búnker de la Fiscalía, el internamiento urgente en un hospital por un conato de paro cardiorrespiratorio debido a la droga inyectada en la prisión; allí mismo y en estado de semiinconsciencia, hacerle una audiencia de “legalización de captura” de 10 horas, desconocerle el fuero constitucional que como parlamentario tiene, y un inicuo juez de bolsillo a pedido de un fiscal ídem, decretar que todo lo surtido con respecto a él, era perfectamente legítimo. Incluido el desacato de la sentencia de la Jurisdicción de Paz y del Hábeas Corpus del Tribunal.	Entre tanto, el presidente Duque —o mejor subpresidente como le llaman en Colombia— y el expresidente Uribe —o mejor presidente como el mismo titular le dice— celebran el imperio de la ley y de la justicia. Y dicen que los criminales no pasarán. Y que Jesús Santrich se irá extraditado a los Estados Unidos, diga lo que diga tribunal alguno. Ellos, precisamente ellos, quienes con su partido Centro Democrático y los demás aliados prohijaron, justificaron y dieron impunidad durante 25 años a la más horrenda máquina de terror que anegó en sangre los surcos de Colombia, desplazó a cuatro millones de campesinos y los despojó de cinco millones de hectáreas. Eso es más que maldad. Es el nuevo elogio de la locura.