por parte de la Gobernación de Boyacá. Además, compulsó copias a la Fiscalía, la Contraloría y a la Procuraduría para que investigue al entonces gobernador de Boyacá, Miguel Ángel Bermúdez.Según el magistrado Luis Arciniegas para tomar la determinación se refirió al monopolio rentístico de licores en Boyacá haciendo un análisis detallado de la situación con ocasión en la firma del contrato encontrando que hubo una especie de auto habilitación de Bermúdez para conceder la explotación de ese monopolio rentístico.(Le puede interesar:	)“En lo que tiene que ver con la conveniencia y oportunidad de concesionar la explotación de ese monopolio a la conformación de esa Unión Temporal que se denominó Licorandes y a la operación del contrato encontrado serias irregularidades en el trámite del mismo, como quiera que en primer lugar no obtuvo la autorización de la Asamblea para tomar esa autorización”, explicó el togado.  En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Boyacá, pide al actual gobernador Carlos Andrés Amaya que	.De todo lo anterior encontró que efectivamente la concesión del monopolio de licores vulneró derechos colectivos, los que debían ampararse en salvaguarda de la moralidad administrativa y el patrimonio público.“No hubo un estudio de conveniencia y oportunidad de la concesión de licores, así como tampoco otro serio atinente a las condiciones de rentabilidad, riesgos, mercado, etc., que permitiera determinar las condiciones en que debería celebrarse ese contrato”, dijo Arciniegas.De la misma manera no pudo establecer la duración del contrato y las utilidades del Departamento hubieren obedecido a la mejor opción financiera en términos de mercado, tanto para el ente territorial, como para la salud y la educación del mismo.Así mismo, le ordenó al gobernador de Boyacá que inicie de manera inmediata las actuaciones administrativas necesarias para	y promueva, en un término no mayor a seis meses a la ejecutoria del fallo, el trámite respectivo ante la Asamblea Departamental a fin de obtener la autorización que había de requerirse, según las conclusiones del referido estudio y conforme al ordenamiento constitucional y legal en la materia.En tanto se adelanta lo anterior y una vez en firme el acto de terminación del contrato y restituidos los bienes inmuebles y muebles de la concesión pertenecientes al departamento, el gobernador de Boyacá podrá adoptar directamente las medidas contractuales necesarias y provisionales para explotar el monopolio de licores en la forma que más convenga a los intereses generales del ente territorial.“No obstante, la vigencia de dichas atribuciones no podrá superar el término estrictamente necesario para adelantar lo consignado precedentemente  y por un lapso no superior 12 meses a partir de la firmeza del fallo”, explicó Arciniegas.Así mismo, ordenó al concesionario la devolución inmediata de todos los bienes inmuebles (edificios, acueductos, redes, tanques de almacenamiento, etc.) y muebles (maquinaria, equipos herramientas, etc.) entregados por el Departamento de Boyacá, pertenecientes a las plantas de Tunja, Moniquirá y Frutenza.Finalmente, compulsó copias de los fallos de primera y segunda instancia a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General del Departamento de Boyacá y a la Procuraduría General de la Nación para que se investiguen los posibles delitos y faltas en los que pudieron incurrir quienes celebraron el contrato.