La movilidad eléctrica a nivel internacional ha ganado un papel protagónico. Sus ventajas en cuanto a la ausencia de emisiones contaminantes en su operación, en adición al descenso de los precios de las baterías -especialmente en los últimos años-, sustentan a los vehículos eléctricos como la alternativa más viable para asegurar la reducción de la contaminación por el material particulado asociado a la combustión y que afecta gravemente la salud de los ciudadanos.	En el contexto anterior, desde Andeg vemos muy positivos los avances que se han dado en el país en relación con los planes de promoción y desarrollo del transporte limpio y sustentable, acorde con lo dispuesto en el documento CONPES 3934 de 2018, relacionado con la visión de crecimiento verde de largo plazo, el cual señala que “a 2030, 600.000 vehículos eléctricos harán parte de la flota total del país”.	También, con respecto al documento CONPES 3943, que señala la “política para mejoramiento de la calidad del aire”; y especialmente, destacamos los esfuerzos recientes del Gobierno Nacional a través de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica y la adopción de la Ley 1964 de 2019, por medio de la cual se promueve el uso de vehículos eléctricos en Colombia.	Consideramos que la articulación institucional de los sectores de transporte, energía y ambiente contribuirán al despliegue de la movilidad eléctrica en Colombia en beneficio de los ciudadanos, tal como lo señaló la semana pasada la Ministra de Transporte durante el 3er Encuentro de Movilidad Eléctrica del Consejo Mundial de Energía -WEC Colombia-, al destacar el compromiso del Gobierno en “fomentar la transición hacia la movilidad de cero y bajas emisiones”.	Al respecto, vemos con beneplácito que ciudades como Cali y Medellín hayan tomado la iniciativa de incluir buses eléctricos en sus sistemas integrados de transporte, Metroplús y MIO, respectivamente. Así mismo, Bogotá acaba de adjudicar mediante licitación la adquisición de 379 buses eléctricos para el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), los cuales comenzarán a operar en septiembre del próximo año. De hecho, en la capital del país, apenas el año anterior, en el marco de la licitación para la compra y operación de nuevos buses de la Fase I y II Transmilenio, fueron asignados 289 biarticulados y 172 articulados a gas natural, con lo cual, Bogotá ya avanza en movilidad sostenible.	La adopción de vehículos cero emisiones presenta un reto de política pública de cara a su inversión inicial, considerando los costos al momento de reemplazar la flota de vehículos contaminantes a vehículos con cero emisiones al aire. Es fundamental que en los procesos de incorporación de vehículos eléctricos en los sistemas de transporte se considere el costo total del valor de los vehículos y el costo de la operación y mantenimiento durante la vida útil, de tal forma que se tenga en cuenta integralmente la sostenibilidad financiera de los sistemas de transporte con vehículos eléctricos a largo plazo.	En adición, con el actual ritmo de descenso de los precios de las baterías y, por ende, de los vehículos eléctricos, el costo de adquisición de estos vehículos se sigue reduciendo. Vale la pena señalar a organismos como la Agencia Internacional de Energía que, en su reciente informe “Global EV Outlook 2019”, da cuenta de la importante tendencia de descenso en los costos de producción de los vehículos eléctricos. Similares hallazgos son reportados por Bloomberg NEF en su reporte “Global Electrified Transport Market Outlook”, el cual señala que para el año 2020 el costo de inversión de los vehículos eléctricos será tan solo 1,2 veces el costo de los convencionales.	Finalmente, con el fin de aprovechar las aprovechar las oportunidades de la movilidad eléctrica en el país, se requieren hacer algunos ajustes de articulación normativa: en primer lugar, se debe eliminar el sistema de cupos de importación de vehículos eléctricos para asegurar el cumplimiento de las metas de vehículos eléctricos a 2030, así como aprovechar la discusión actual en el Congreso de La República de la reforma tributaria para establecer el desmonte total de IVA a los servicios de recarga y actividades de construcción de infraestructura de conexión/recarga en transporte eléctrico masivo e individual, y evaluar la exención de la contribución en la tarifa de energía.	En segundo lugar, desde la perspectiva de regulación económica, se requieren tarifas binomias (que combine potencia y energía), así como cargos horarios, que faciliten señales de precio a los consumidores de movilidad eléctrica de cuándo es más favorable consumir energía. El despliegue masivo de vehículos eléctricos contribuirá a la mayor flexibilidad de los sistemas eléctricos en un entorno de gestión de demanda y transformación digital en los mercados de energía.