En medio de las discusiones han surgido informaciones que merecerían un análisis más detallado por parte de los parlamentarios involucrados en la discusión. Ayer el propio Alberto Carrasquilla reiteró que el plan de gastos de la administración Duque se encuentra plenamente financiado, motivo por el cual se podrán honrar todos los compromisos establecidos.	De acuerdo con el Minhacienda, las cuentas son así: 159 billones de pesos llegarán de ingresos corrientes, 81 billones de ingresos de capital, casi 20 billones de rentas parafiscales y recursos propios, y 11 billones adicionales de fondos especiales. Sobre el papel, las cuentas cuadran y el déficit se mantendrá dentro del límite que establece la regla fiscal.	Gracias a lo anterior, se podrán destinar 40 billones de pesos a la inversión pública, 33 billones a gastos de personal y 65 billones para pensiones y salud, entre otros propósitos. Es muy probable que frente a las asignaciones planteadas en un comienzo se hagan unas restas aquí y otras sumas allá, pero las grandes prioridades serán las mismas.	Mientras llega ese momento, los analistas posiblemente se detendrán en algo que no estaba en el radar de la mayoría. Tal como lo explicó Carrasquilla, la previsión es que de los mercados financieros se obtendrán 47,6 billones de pesos. De esa cantidad, 28,4 billones corresponden a préstamos que se vencen y el saldo de 19,2 billones de pesos provendrá de nueva deuda.	Si a lo anterior se agrega que el Ministerio de Hacienda abrió la puerta de pagar ciertas obligaciones con títulos de tesorería y que la lista de cuentas pendientes que serían sujetas a cancelarse con bonos aumentaría, no faltará quien haga sonar la alarma. La semana pasada, la firma calificadora de riesgo Fitch señaló que Colombia se ve peor que aquellas naciones que reciben la misma nota que la nuestra.