Según el informe del ente de control, entre septiembre de 2015 y mayo de 2017, se hicieron acuerdos de pago que sumaron $638 millones 624 mil, valor destinado para la construcción; sin embargo, en la actualidad es una estructura que tiene una ejecución menor al 50%, en estado de abandono y deterioro progresivo, “en un sitio sin propiedad legal, con total ausencia de planeación, con falencias importantes en la ejecución técnica de la obra, se presenta un detrimento patrimonial”. A esto se suman $60 millones que se desembolsaron.	Inicialmente, la responsabilidad recae sobre la administración de 2014, es decir de Reyes Cortés Hernández, quien era el mandatario en la época de los hechos; sin embargo, Pava explicó que será la Dirección de Responsabilidad Fiscal la que luego de una indagación vincule a los responsables del detrimento de presupuesto de la Gobernación y el Municipio.