El incidente se inició a las 2:50 de la mañana cuando un grupo de guardias nacionales sometió a un capitán de un puesto policial de Macarao, al oeste de la ciudad, desde donde se desplazaron en dos vehículos militares a un puesto de la barriada pobre de Petare, al este de la capital, donde se llevaron un lote de armas y secuestraron a dos oficiales y guardias nacionales de esa unidad, señala el comunicado.	Los militares luego se trasladaron al destacamento de Cotiza y a partir de las 4 de la mañana se enfrentaron con armas de fuego a cientos de guardias nacionales y policías, que estaban en los alrededores de comando militar, que les respondieron también con disparos, según relataron a The Associated Press vecinos del lugar.	El anuncio se realizó luego de la difusión de videos en los que un hombre, que se identifica como el sargento de tercera de la Guardia Nacional Alexander Bandres Figueroa, se dirige al “pueblo de Venezuela” e insta a sus compatriotas a que salgan a las calles para mostrar apoyo a su rebelión.	En Cotiza se podía ver a decenas de residentes golpeando ollas y sartenes, quemando basura y gritando “libertad” mientras levantaban banderas venezolanas. Algunos delgados hombres, con los rostros cubiertos, comenzaron a arrojar piedras a cientos de oficiales, estacionados frente al puesto militar, quienes les respondieron con gases lacrimógenos para tratar de dispersarlos.	“Lo ocurrido el día de hoy en Cotiza es el reconocimiento de la existencia de un gran descontento generalizado dentro de la FAN” (Fuerza Armada Nacional), expresó en un comunicado la directiva de la Asamblea Nacional al pronunciarse sobre el incidente y al exigir que sean respetados las garantías de los guardias nacionales.	En el escrito se ratifica que el Congreso está dando pasos para otorgar todas las garantías para que los militares que colaboren en el rescate de la constitución “sean respaldados por procesos de amnistía”. Legisladores opositores aprobaron la semana pasado un acuerdo para impulsar una ley de amnistía para militares, policías y demás funcionarios que contribuyan en restablecer la constitución, que aseguran fue violada.