El área cultivada de arroz responderá este año, por primera vez, a un plan ordenado de siembras que garantice una oferta suficiente del grano para los consumidores y la sostenibilidad de la cadena de producción, es decir, que la actividad sea un buen negocio para cultivadores e industriales, sin afectar el precio al público.	Por eso, según lo planteado por los cultivadores en el Consejo Nacional del Arroz, en el cual participa el Gobierno a través del Ministerio de Agricultura, las siembras deben hacerse siguiendo criterios de productividad por regiones, de tal manera que no se desborde la oferta entre agosto y octubre, y se deprima el precio.	Es necesario que quienes vayan a sembrar arroz en este semestre tengan en cuenta lo siguiente: actualmente, el kilo de arroz paddy está por encima de $1.000, pero este no puede ser el valor de referencia de los cultivadores para la toma de decisiones de siembra, ya que eso no será lo que recibirá cuando salga la cosecha.	Nosotros montamos infraestructura que es usada por los productores para llevar su arroz directamente al consumidor. A los agricultores que se han integrado les ha ido bien, pues han tenido ingresos adicionales entre el 12% y 15% adicional, pero Fedearroz no tiene la capacidad para ofrecerles esta opción a todos. Nuestro objetivo no es ser los líderes del mercado. Por eso digo que el productor requiere de la industria y viceversa. Estamos entrando en un negocio como lo están haciendo muchos otros sectores.	En muchas cosas. El papel de Fedearroz es mejorar la potencialidad de las variedades. Incluso tenemos algunas con productividades superiores a las 10 toneladas por hectárea. Hemos hecho la tarea científica y diseñamos un sistema de producción denominado Adopción Masiva de Tecnología (Amtec). Todo eso ha llevado a disminuir costos, a aumentar la productividad y a producir la tonelada de paddy seco (arroz en cáscara seco) por debajo de los US$300.	A los consumidores les queremos decir que vamos a producir arroz suficiente para atender la demanda, sin que se afecten los precios más allá del ritmo del costo de vida promedio del país. Pero lo que sí no es posible es pretender que los precios bajen hasta el punto de provocar la quiebra de los cultivadores.