Su importancia radica, entre otras razones, en promover la seguridad jurídica y solucionar un problema de fondo: las empresas en Colombia tienen una de las tasas más altas de tributación, que llega al 71,2 % del valor de las utilidades del sector privado (por renta, ICA, impuestos laborales e IVA, entre otros), aseguró el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Macter.	Además del pulso político, esta Ley ha estado en el centro de la polémica por las exenciones tributarias que contempla para empresarios del país. El Gobierno argumenta que esto permitiría una mayor capacidad de crear empleo y eso ayudaría a reducir esas cifras, que han venido en aumento en los últimos meses.	“Solo lo miran desde el punto de vista de la renta presuntiva y la baja de renta de los tres puntos a las empresas, pero se les ha pasado revisar la eliminación de IVA para los bienes de capital que representan 7 billones y lo que es peor, del pago del ICA también para los empresarios, es decir otros 7 billones de pesos”, explicó.	En su primera ponencia, presentó cuatro puntos sociales, referentes a la devolución del IVA a colombianos de bajos ingresos, los tres días sin IVA para ventas presenciales, la reducción en los aportes a salud en pensionados con salario mínimo del 12 % al 4 %, y un estímulo a las empresas para que contraten jóvenes.	El 14 de noviembre, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo: “el mensaje es claro: tenemos que insistir en lo que está bien. Este dato refleja que las medidas que incluyó la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso el año pasado y que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre, tienen que seguir en 2020. Por eso, debemos continuar en esta senda de expansión con las medidas que presentamos en la Ley de Crecimiento”.	Para el académico y analista político Isidro Hernández, el retiro del colectivo del Partido Liberal del apoyo a la Ley obedece a los altos costos políticos que los partidos han tenido a la hora de apoyar la reforma tributaria, en especial en el marco del paro nacional, que se inició el 21 de noviembre pasado.	Hernández cree que el Partido de la U será decisivo, entonces: “Dada la composición del Congreso, las cosas dependerían de la decisión del Partido de la U. El gobierno ya cuenta con los apoyos de Cambio Radical y, obviamente, el Centro Democrático. Si el partido de la U opta por no apoyar la reforma tributaria, el proyecto prácticamente se hundiría”, explicó.	Los partidos opositores han decidido mantener su determinación de votar negativo el proyecto. El representante David Racero, quien radicó una propuesta alternativa que resultó derrotada en votaciones, afirma que, los cambios que le hizo el gobierno tras el inicio del paro solo favorecen a los ricos y que allí radica su rechazo a apoyarla.	“Sigue siendo una reforma tributaria completamente regresiva, puesto que el corazón mismo del proyecto no se ve afectado. Sigue la política de disminución de impuestos, gabelas, excepciones a las grandes empresas, a los millonarios, mientras que a las clases medias y trabajadoras se les aumentan los impuestos (...) como congresistas de oposición, vamos a presentar nuestra propuesta de archivo, que es lo que está pidiendo la gente en las calles”, expresó.	También de la coalición opositora, la representante Katherine Miranda, del Partido Verde, informó que “he radicado la ponencia de archivo, ponencia negativa a esta reforma tributaria porque la considero inequitativa, porque considero que no se puede hablar de una reforma tributaria estructural cuando en este momento se les están dando tantas exenciones tributarias a las grandes empresas”.