La última medición oficial sobre la situación del mercado en el país mostró que, para febrero del 2019, la tasa nacional de desempleo se ubicó en 11,8 por ciento, cifra que es un punto porcentual superior al registro del mes de febrero del 2018, completando por tercer mes consecutivo aumentos anuales de tal magnitud y ubicándose entre los cambios negativos más profundos del indicador en las últimas 32 mediciones.	Múltiples causas pueden explicar ese desempeño, pero lo cierto es que esos resultados son una señal que requiere atención y un accionar conjunto y coherente entre todos los niveles del Estado y los sectores. Para el ramo de la construcción, en el mismo periodo se han creado anualmente 99.000 nuevos empleos directos, siendo el segundo sector con mayor creación de puestos de trabajo, compensando el notable deterioro en otras ramas productivas. La explicación ha sido un incremento en el inicio de obras en proyectos que en los últimos años avanzaron comercialmente y solo recientemente iniciaron su ejecución. Estos positivos resultados requieren de una dinámica de actividad edificadora sostenible, en la que, en línea con la perspectiva de recuperación económica, se sigan generando nuevas plazas.	En un país que soporta 7 de cada 10 pesos de su Producto Interno Bruto en el consumo de los hogares, el empleo es un pilar fundamental. El sector de la construcción aporta 1,5 millones de empleos en más de 80 diferentes oficios de todo nivel de cualificación y experiencia, siendo a su vez un sector que absorbe la población migrante y atiende las necesidades de trabajo prioritarias de diferentes grupos sociales. También genera amplios encadenamientos sobre los demás ramos y la ocupación.	Hay que tener en cuenta que por cada empleo directo en el sector se crean 1,4 empleos adicionales en los demás sectores productivos de la economía, y que, por cada billón de pesos adicionales de inversión en edificaciones, además de mover 29 sectores comerciales, industriales y de servicios, se aumenta en 3 billones el producto nacional y se generan 50.500 nuevos puestos de trabajo (Salazar, 2017).	Por eso, no se puede pensar en acciones que pongan en riesgo la dinámica de la construcción. La recuperación prevista de la economía y los esfuerzos en materia de política de vivienda social suponen un terreno positivo para mejorar gradualmente el desempeño del sector, pese a que en ciertos segmentos de la actividad edificadora persisten bajos niveles y riesgos que harán lenta su recuperación.	Sin embargo, a nivel local, las decisiones administrativas que pongan en riesgo las licencias urbanísticas, la adopción de planes parciales y que limiten la gestión de suelo para el desarrollo formal de proyectos constructivos pueden ser una amenaza cuya nefasta consecuencia dista de ser un efecto colateral de la gestión pública, y, por el contrario, se convierte en una responsabilidad común que demanda plena sanción social.