“Este tratamiento tiene la potencialidad de ser discriminatorio pues el Ministerio de Defensa estaría acudiendo solo a los procesos de víctimas del Estado para asistir a los miembros de la Fuerza Pública, lo cual generaría una carga que las víctimas de los grupos armados no tendrían que soportar como es la posible intervención del ministerio a favor de los comparecientes miembros de la Fuerza Pública”, indica el texto de la demanda.