Al presentar los pormenores de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, con la cual se busca cerrar la brecha social mediante inversiones en varios frentes, el mandatario enfatizó que "defender los valores de la legalidad en la construcción de la paz no puede ser desdeñado, ni señalado, ni cuestionado ni satanizado".	"Todos los colombianos queremos vivir en un entorno de paz pero requerimos que los que han cometido los peores crímenes en la sociedad reparen a sus víctimas, digan la verdad, tengan una justicia proporcional y, oígase bien, Colombia debe ser implacable con la justicia para los que reincidan en el camino criminal", sostuvo Duque.	De inmediato los medios colombianos tomaron estas afirmaciones como una respuesta al editorial del periódico neoyorquino que ayer manifestó que el Gobierno de la nación andina no está cumpliendo con algunos de los puntos del acuerdo de paz firmado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que pone en en peligro dicho proceso.	Para tratar de aclarar la situación, el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, indicó que se reunirá la próxima semana con representantes del New York Times. "Se tendrá una reunión con la junta editorial (del NYT) para analizar a fondo, de una manera tranquila, académica si se quiere, todo el curso del debate en Colombia relacionado con el acuerdo para que haya una mejor comprensión y claridad respecto de la política que aplica el presidente Duque", dijo Trujillo a periodistas a su llegada ayer a Valledupar.	Las ejecuciones fueron cometidas por miembros de la fuerza pública entre 1988 y 2014 al reclutar a jóvenes, en su mayoría desempleados e incluso discapacitados, a quienes ofrecían un trabajo que resultaba ser un anzuelo para llevarlos a diferentes partes del país en donde los ejecutaban y presentaban como guerrilleros muertos en combate para obtener beneficios.	La Fiscalía colombiana ha investigado hasta el momento cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" que involucran a unos 1.500 militares. De estos, 2.200 casos fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado y es la columna vertebral del acuerdo con las FARC.	Ortagus señaló en un comunicado que "una Colombia más fuerte, estable, que proteja los derechos humanos, sigue siendo un interés clave para EE.UU. y la región". En medio de la polémica también se pronunció el expresidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018), quien desde Bogotá le envió un mensaje al diario estadounidense.	"Quiero decirle al periódico The New York Times que la paz es irreversible. Puede que algunos se estén insultando, unos se digan paracos (paramilitares), otros se digan sicarios, pero la base de Colombia no va a permitir que esta paz se vaya para atrás", manifestó Santos ayer en la Universidad de Los Andes durante la graduación de 41 líderes sociales.