Coomeva EPS se pronunció este miércoles sobre el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, que mediante comunicado dijo que la empresa prestadora de salud tiene una deuda de 2.2 billones de pesos y pidió precisión en el sentido que la deuda es de $1.1 billones y que está cumpliendo con lo pactado.	Hay que recordar que la PGN solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud, Supersalud, que intervenga de manera inmediata la EPS Coomeva y que adelante acciones que garanticen la prestación del servicio a cerca de dos millones de usuarios que podrían estar en riesgo. Y que, además, tiene una deuda de 2.2 billones de pesos, lo que hace pensar que sus afiliados no cuenten con una atención adecuada en algunas IPS afiliadas en el país, quienes no están prestando el servicio para evitar que las deudas se le aumenten.	“Respecto al pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación que recomienda decisiones sobre Coomeva EPS es importante precisar que la cifra concerniente a su deuda no es de 2.2 billones, sino de 1.1 billones de pesos. De la misma manera, agradecemos al Gobierno Nacional los avances que hemos logrado en aclaración de cuentas para buscar en la Ley de Punto Final los reconocimientos de la deuda que el Estado tiene con la EPS y que se acercan a 1 billón de pesos”, dice en apartes del comunicado.	“Como se ha mencionado en diferentes escenarios e instancias, Coomeva EPS ha adelantado innumerables esfuerzos para continuar garantizando la prestación del servicio a sus usuarios. En cuanto al fortalecimiento patrimonial los accionistas de Coomeva EPS han realizado la capitalización más importante realizada en el Sector Salud en Colombia por 300 mil millones de pesos; una evidencia del compromiso y la voluntad decidida de la compañía por continuar mejorando la calidad de vida de millones de usuarios. Estas medidas que han sido reconocidas y acompañadas por la Superintendencia Nacional de Salud, han representado mejorías demostradas en los indicadores administrativos, financieros y de salud”, manifiesta.	Seguidamente anota que “no obstante, ante la compleja situación estructural del Sistema de Salud en Colombia, no es suficiente la voluntad institucional; se requieren acciones concretas para generar liquidez en todos los eslabones de la cadena de servicio y definir el manejo integral del componente No PBS (antiguo No POS), razón por la cual celebramos el compromiso y reconocimiento del Gobierno de dicha situación y su búsqueda de una solución a través de la implementación de la Ley Punto Final. Esperamos que esta implementación se resuelva pronta y efectivamente y de esta manera sacar adelante el modelo de aseguramiento en el país, ya que la insuficiencia de recursos y las pérdidas millonarias vienen siendo evidenciadas por la mayoría de las EPS, incluso aquellas que, por la baja carga de enfermedad, hasta hace poco presentaban buenos indicadores financieros. En este punto es importante destacar que, concerniente a la cartera del No PBS, se ha venido adelantando un proceso con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud y la ADRES para que, respecto a la cartera de los últimos 15 meses (alrededor de 300 mil millones), la EPS pueda recibir recursos antes de finalizar este año, contribuyendo con el pago a los prestadores y mejorar así́ la prestación de los servicios”.	Indica que “en lo concerniente a las quejas (PQR) recibidas por la entidad, se vienen realizando esfuerzos para su disminución; es así́ como de julio a agosto logramos reducirlas en un 7%. Esperamos, de la mano de la liquidez que resultará de las buenas medidas del Gobierno y las acciones de mejora permanentes de nuestros procesos, disminuir la cifra de manifestación a través del fortalecimiento de nuestro modelo de redes integradas, los contratos con IPS para el manejo de enfermedades catastróficas y algunas otras medidas que venimos ejecutando”.	“Estos esfuerzos se ven empañados por los embargos que la misma Procuraduría General ha denunciado por afectar recursos inembargables que ordenan dejar en depósitos judiciales y pago de abogados dineros públicos que corresponden al sistema de salud, congelando incluso recursos con los que la EPS debe pagar servicios tan sensibles como las prestaciones económicas (licencias de maternidad, incapacidades, etc.) o los transportes y viáticos que requieren usuarios para ser atendidos en ciudades diferentes a la de su residencia. Estos embargos, a la fecha y solo para Coomeva EPS, alcanzan la cifra de casi 125 mil millones de pesos”, precisa.