El tribunal electoral terminó procesado y con muchos de sus miembros en detención preventiva, mientras se investiga un supuesto fraude en los comicios del 20 de octubre. La ley suspende de forma transitoria otras normas con tal de acortar plazos, como la que establece las primarias para que los partidos elijan a sus candidatos, que no serán necesarias.	El Ejecutivo provisional de Áñez denunció a Morales ante la Fiscalía por delitos como terrorismo, cuyas penas en Bolivia van de 15 a 20 años de prisión, y sedición, que está penada con 1 a 3 años de cárcel, acusándolo de promover la violencia en Bolivia desde su asilo en México.