Así las cosas, para el demandante, “privar a una persona de conducir por 25 años no solo evita que cometa determinado tipo de acto ilícito o que produzcan los efectos no deseados por el legislador, sino que también lo priva de ejercer derechos y realizar acciones que son benéficas para él, su familia o la sociedad en su conjunto”.	Según Otálora, por una falta menor, durante 25 años, una persona no podrá movilizar a su familia a ningún lugar por lo que tendrá que gastar plata en taxis y estará condicionado al transporte público, no por lo que signifique subirse en un bus, sino por el tiempo que este demandará allí, además que tampoco podrá conducir hasta su lugar de trabajo, entre otras cosas.	La plataforma Uber ya lo hizo, y se declaró inhibida pero el Ministerio de Transporte consideró que con relación al tema demandado “no existe desigualdad como tampoco desproporcionalidad al establecerse como sanción la cancelación de la licencia de conducción por 25 años: es tan gravosa la conducción de vehículos en estado de embriaguez como lo es la irresponsabilidad al conducir y trasladar personas de un lugar a otro sin las medidas de seguridad ordenadas en la normativa”.