Todo parece indicar que aun cuando la Ley 1864 por la cual se tipifican como delitos ciertas infracciones electorales, que fue expedida en 2017, poco es conocida entre la opinión pública y, singularmente, por los candidatos a distintos cargos de elección popular, los gerentes de campañas y los financiadores de estas, sí observamos que las conductas violatorias de los mecanismos de participación democrática se siguen cometiendo como si nada hubiera cambiado.	Antes de la referida Ley 1864, la abundancia de conductas atentatorias contra la transparencia electoral podían explicarse, en parte, por la ausencia de normas de contenido sancionatorio con implicaciones penales. Así, la compra del voto, la trashumancia electoral, la elección de candidatos inhabilitados, entre otras, gozaban de impunidad porque no había normas que las elevaran a delito.	No puede ser que tanto los partidos y movimientos políticos, como un buen número de candidatos, aún asuman el riesgo de someterse a una elección popular a sabiendas de la posibilidad de una futura decisión de inhabilidad, con lo cual ya no sólo infraccionan las normas electorales, sino que además incurren en el delito de ‘Elección ilícita de candidatos’, por el cual quien sea elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal incurrirá en prisión de 4 a 9 años y multas cuantiosas.	En la misma línea, no es de recibo que algunos líderes politiqueros persistan en ‘negociar’ la votación de sus amigos, familiares o vecinos, cuando se exponen a la condena por el delito de ‘Tráfico de votos’, que supone el ofrecimiento de los sufragios de un grupo determinado de ciudadanos a cambio de dinero o dádivas con la finalidad de que dichos electores consignen su voto en favor de determinado candidato o partido, lo cual genera prisión de 4 a 9 años, más las correspondientes multas onerosas.	No se queda atrás la cuestionada financiación de campañas por parte de empresarios ilegales o por empresarios aparentemente legales, quienes no parecen estar enterados que también ya es una conducta típica punible denominada ‘Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas’, por la cual el gerente de una campaña que permita la consecución de recursos provenientes de fuentes ilícitas, se expone a prisión de 4 a 8 años y multas cuantiosas, penas que se hacen extensivas también al respectivo candidato y a la persona o personas que aporten los recursos ilegales o irregulares.