En Colombia, durante varias décadas la labor de los ciudadanos, que asumen la tarea de defender los derechos humanos y civiles ha sido asociada, de manera mal intencionada con algún tipo de actividad ilegal, en la mayoría de los casos la narrativa promovida desde el Estado, los y las ha asociado con el rótulo de colaboradores de la guerrilla. Lo cual, ha promovido toda suerte de violencias contra ellos y ellas. De acuerdo con el documento,	: 1997 a 2001. Tomo II. El Estado colombiano y la comunidad internacional frente a la situación en Colombia, de la Comisión Colombiana de Juristas. “agentes estatales y algunos columnistas de prensa califican la labor de promoción y defensa de los derechos humanos como parte de una estrategia de los grupos guerrilleros contra las instituciones del Estado” Esta idea, que como indica la publicación nace del Estado y es difundida por los medios de forma irresponsable, poco crítica y peligrosa, ha sido el principal inspirador de la estigmatización contra nuestro trabajo y las consecuencias han sido, son y, al parecer, seguirán siendo dolorosas.Es ingenuo pensar que el asesinato inclemente, sistemático e impune de líderes y liderezas sociales y de derechos humanos, que todas las agencias internacionales, la prensa mundial, las mismas instituciones del Estado denuncian, sistematizan, documentan son producto de que estas personas estaban en “cosas raras” o que “se lo buscaron”. No solo es ingenuo, es perverso. Infortunadamente, los medios masivos de comunicación, en contravía de su función crítica y de control, funcionan como promotores del discurso del gobierno, ya que sus dueños son los grandes grupos económicos que, seamos claros, ponen los presidentes en este país. De esta manera, lo señala el documento: ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el posacuerdo, cuando indica “Los medios masivos en Colombia (prensa escrita, canales de televisión, la radio y la Internet), al ser controlados en alrededor de un 57 % por determinados grupos empresariales no son imparciales y están interesados en implantar una agenda que sea funcional a los intereses de sus dueños”. Esto explica el manejo que usualmente este tipo de medios le dan al exterminio de los líderes y liderezas sociales y de derechos humanos. Esto es grave, en la medida en que, al tener un amplio impacto en la opinión pública, los medios la manipulan para favorecer o implantar una agenda y un discurso y esto es peligroso, porque al no ser tratado el tema con la contundencia y la relevancia que amerita, el mensaje es que los asesinatos impunes, cobardes y viles de estos colombianos no son importantes.	Por otra parte, el último informe de la Fundación Paz y Reconciliación, revela que, desde la firma de la paz en noviembre de 2016, a mayo 6 de 2019 han sido asesinados de 262 líderes y liderezas en Colombia. Así mismo sostiene que las regiones con mayores casos reportados son Antioquia, Catatumbo, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba y Nariño. Por su parte la Defensoría del Pueblo expone que “hay un incremento significativo de las amenazas del 47 %, es decir, 982 amenazas registradas entre marzo de 2018 y febrero de 2019”. La misma entidad “verificó que 209 líderes comunales han sido sujetos de conductas vulneradoras como amenazas, homicidios, atentados o desaparición”.	Como es costumbre en Colombia la autoría de estos crímenes se mantiene en el nebuloso terreno de la presunción. Según el informe ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el posacuerdo (2018) “del total de los homicidios y desapariciones forzadas registradas se encuentra que, de los 257 (a octubre de 2018) casos registrados desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc-EP, en 118 casos (45,91%) se desconoce la autoría; mientras que en otros 35 (el 13,61 %) –por las características de los homicidios– es posible determinar que se trata de un grupo armado, aunque se desconoce cuál es. De otro lado, solo en 106 casos de violaciones al derecho a la vida (41,24 %) se presume el autor. De estos, 44 se atribuyen a grupos paramilitares (17,12 %); dentro de los ejecutores materiales de estos asesinatos se encuentran miembros de grupos locales considerados como de delincuencia organizada presumiblemente al servicio o con vínculos con organizaciones de alcance nacional, involucrados en tres de ellos. Les siguen los que fueron atribuidos a grupos conformados por desertores o disidentes de las Farc-EP 19 casos (7,39%). A continuación, se registraron los agentes de la fuerza pública como los presuntos autores de 14 violaciones al derecho a la vida (5,44%), de los cuales la Policía Nacional es el presunto victimario en tres y el Ejército Nacional es el presunto victimario en 11 violaciones. A la guerrilla del ELN se le atribuyen ocho violaciones al derecho a la vida (3,11 %). Finalmente, otras cuatro violaciones (1,55 %) se atribuyen a grupos de seguridad privada, dos casos (0,77 % del total) son atribuidos al EPL y 15, el 5,83 % del total, a civiles cuya pertenencia a algún grupo está por establecer y que fueron capturados”. (p, 30).	Sin duda, las cifras sobre estos delitos cambian según la óptica de quien las mida, lo que sí resulta cierto, es que el gobierno se mantiene en su política de inoperancia en lo que respecta a este asunto, ya que las medidas adoptadas hasta el momento han sido ineficientes, limitadas, cuando no mentirosas, porque de fondo no hay un verdadero interés en resolver los delitos cometidos o en evitar nuevos. ¿A qué se deberá esto? Es difícil precisarlo, porque como se evidencia en el informe ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el postacuerdo (2018), que, vale la pena indicarlo es patrocinado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo Aecid, Oxfam y la Embajada del Reino de los Países Bajos, los presuntos responsables son varios de los viejos actores de la violencia colombiana. ¿Cuál es la respuesta? Presencia real y permanente del Estado y sus instituciones, conectividad, fomento del tejido humano, del emprendimiento, sustitución de cultivos ilegales por lícitos, vías de acceso, educación, salud, apoyo al agro a través de subsidios, pero también con infraestructura y legislación que fomente la producción agrícola colombiana. Sin este tipo de inversión, el ciclo de violencia permanece.	El país debe comprender que estas personas, no quieren otra cosa diferente a tener las garantías mínimas que un Estado debe otorgar a todos sus ciudadanos. Esto no los convierte en enemigos de las instituciones, ni en colaboradores de un complot internacional o nacional para implantar el socialismo, ni nada de eso, los hace ciudadanos en pleno ejercicio de su derecho constitucional.