on el cierre de las sesiones extraordinarias del Concejo Distrital, varios sectores de Cartagena quedaron en una disyuntiva. Si bien por un lado es plausible que iniciativas como la creación de la Casa Museo Alejandro Obregón o la autorización para comprar los terrenos donde serán, por fin, reubicadas las familias del Cabildo Indígena Zenú de Membrillal (Caizem) hayan tenido el visto bueno de los cabildantes, por otro lado queda un sinsabor por aquellos proyectos en los que se ha insistido pero no logran materializarse, como el crédito público por 20 mil millones de pesos para atender las inaplazables inversiones a Transcaribe o el Plan Maestro de Educación, que pese al esfuerzo de entidades y expertos de sectores público y privado para crear una hoja de ruta para la educación en el Distrito se quedó estancando una vez más. Frente a este panorama se podría decir que no todo está dicho, habrá que esperar qué resulta de las sesiones ordinarias que se inician hoy y van hasta noviembre.	El ambicioso proyecto es la apuesta de la Alcaldía para dotar para los próximos catorce años (2019-2033) al sector de la educación pública de herramientas que permitan suplir las necesidades en cuanto a infraestructura y recursos. Este tuvo un proceso de construcción de tres años y contó con la participación de aproximadamente 2.500 cartageneros.	El proyecto busca otorgar facultades al alcalde de Cartagena para celebrar operaciones de crédito público hasta por $20 mil millones como fuente de financiación al Sistema Integrado de Transporte Masivo (Transcaribe), estos recursos serían usados para la chatarrización, lo que permitiría la salida de dos rutas del Transporte Público Colectivo (TPC) y la entrada de 19 buses padrones de Transcaribe con una capacidad de 90 pasajeros cada uno, y aliviaría las cargas al masivo, aumentando la demanda, lo que resultaría en un equilibrio de la tarifa técnica y la que paga el usuario.	Es de recordar que según lo anunciado por el gerente de Transcaribe, hay retraso sustancial en la desintegración del TPC, respecto del cronograma establecido en el Plan de Desarrollo Primero la Gente 2016 – 2019 (actual), para lo cual son necesarios dichos recursos que ayudarán a superar el déficit que enfrenta la entidad y que de no ser superarlo, el próximo año podría aumentar más de $500 el pasaje para mantener la sostenibilidad del sistema.	Desde el año 2016 se inició este proyecto de acuerdo “por medio del cual se autoriza al alcalde para la compra del terreno para la reubicación de las familias indígenas del Cabildo Indígena Zenú de Membrillal”, en estas sesiones extras, con 12 votos a favor y 3 en contra, finalmente se dio el visto bueno al proyecto, quedando pendiente solo la sanción del alcalde para convertirse en Acuerdo Distrital. El terreno escogido por los entes encargados y algunos miembros de la comunidad indígena, después de estudiar, visitar y analizar varios lugares, fue uno en el corregimiento de Bayunca. Sin embargo se conoció que la comunidad Caizem interpuso una tutela contra el Distrito y el Concejo para impedir la compra del lote en cuestión alegando que no se hizo la consulta previa con la comunidad.	El proyecto busca definir la realidad de las cargas laborales en el Distrito de acuerdo a las necesidades de la ciudad, lo cual conllevaría a la creación de algunas instancias que se requieran y suprimir las que no sean necesarias o darles un nuevo enfoque. Esto debido que el Distrito lleva más de 16 años sin hacer una reforma institucional, por lo cual el organigrama administrativo no responde de manera eficiente a las necesidades que tiene hoy la ciudad.	Aunque la reforma no es para sacar empleados públicos, por el contrario propone la revisión de contratos por OPS para determinar cuáles deben convertirse en cargos permanentes, algunas de las razones para la negativo fue que representantes de sindicatos de la Alcaldía, manifestaron su inconformismo por la falta de socialización de la iniciativa, pues los trabajadores de la administración no conocen su contenido y no se les consultó a los sindicatos; además, se mostraron en desacuerdo con aprobar este proyecto en época electoral.	El proyecto de acuerdo 178, busca destinar el 50% de la contraprestación portuaria del Distrito para la financiación del macroproyecto del canal del Dique con el cual se pretende garantizar el abastecimiento de agua para los acueductos de la región, incluido el de Cartagena; mitigar la llegada de sedimentos a la bahía de Cartagena, controlar las inundaciones en los centros poblados y la intrusión salina, y mantener la navegabilidad del canal.	Sin embargo, aunque los cabildantes del Concejo Distrital destacaron las bondades e importancia del proyecto, sentaron la posibilidad de que el Gobierno Nacional estudie otra fuente con la que el Distrito pueda hacer sus aportes al proyecto. Algunos de los argumentos que refirieron los concejales es que los recursos de la contraprestación portuaria son bajos, ($5.312 millones el ultimo año) y además son usados para la consecución de proyectos sociales.	“Entiendo que tengan dudas, que han manifestado en sesiones, pero el tiempo también corre y la idea es que se unifiquen conceptos, se pida la información definitiva que necesitan, para que se puedan dar estos recursos, no es más dinero lo que pedimos, sino que se respete lo que está en el Plan de Desarrollo. Esperamos que en ordinarias se puedan dar estas facultades al alcalde, este dinero va a una fiducia y se usan solo para desintegración”.	“Cartagena no tiene una reforma de fondo, la última fue hace 16 años por lo que pensamos que es inaplazable. Es necesario tener en cuenta que el estudio técnico fue hecho por cartageneros y tuvo un acompañamiento a costo cero porque es un estudio de la Función Pública y la Vicepresidencia. Así las cosas creo que el Concejo debería replantear y otorgar las facultades al alcalde”	“Nos sorprende la decisión del Concejo, porque la ponencia desfavorable no tiene unos argumentos sólidos frente al rechazo del PME. La discusión es preocupante porque el centro es el tecnicismo y nunca los jóvenes que van a los colegios públicos; el argumento de la financiación se soporta en que es una política pública indicativa, un plan estratégico para que cada gobernante asigne sus recursos”.	“Nos encontramos en desacuerdo con las decisiones tomadas por el Concejo Distrital al no aprobar estos proyectos. Tuvieron la oportunidad de heredar a Cartagena una Política Pública de Educación para los próximos 12 años, un canal del Dique que reviste de toda importancia por garantizar con su ejecución el suministro de agua potable para Cartagena, comprender la restauración de nuestras Islas del Rosario y San Bernardo y la competitividad de la ciudad (entre otros beneficios).	Que el proyecto de restauración del canal del Dique sea archivado por el Concejo Distrital emite el nefasto mensaje al Gobierno Nacional que aportaría $1.6 del total de $4.4 billones que a la ciudad no le interesa la ejecución de este, el denominado proyecto ambiental más importante de Colombia”.