Dichos procesos consisten en la revisión de aspectos comerciales, contables, económicos, financieros, medioambientales, fiscales, laborales, y legales, con el fin de determinar el estado de la persona jurídica, el valor a precio de mercado del patrimonio de los accionistas, así como la identificación de pasivos ocultos o contingencias en las áreas objeto de la revisión.	El resultado de los procesos de debida diligencia y valoración de empresas, es determinante para el vendedor toda vez que le otorga herramientas para fijar el valor, al que estaría dispuesto a vender, así como para el comprador, respecto del valor que estaría dispuesto a pagar, teniendo en cuenta el estado de la empresa y los diferentes hallazgos o riesgos evidenciados en el proceso de debida diligencia.	Los resultados de la verificación de los anteriores puntos permitirán: i) Definir si la empresa utiliza bases de datos en cumplimiento de las normas vigentes; ii) El alcance con el que puede ser utilizada la información de los titulares (aspecto relevante respecto de las bases de datos de clientes), o iii) El nivel de exposición a las sanciones definidas por la Ley 1581 de 2012, que pueden consistir en multas hasta por 2.000 SMLMV, suspensión de actividades relacionadas con el tratamiento de datos hasta por 6 meses, cierre temporal de las operaciones relacionadas con el tratamiento, el cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el tratamiento de datos sensibles.	La planeación respecto de la recolección de los datos personales para su tratamiento, es uno de los puntos indispensables que deben tener en cuenta las organizaciones en sus primeras etapas de estructuración con el fin de garantizar que las mismas sean un activo valorable y no se convierta en una desventaja al momento de venderla.	Una sólida estructuración de un negocio desde el punto de vista de la Ley de Protección de Datos, implica el desarrollo de un análisis detallado respecto de las diferentes finalidades y usos que tendrán las bases de datos con el fin de estructurar entre otros aspectos, autorizaciones útiles para el desarrollo del objeto social que permita agregar valor en las negociaciones.