Citando investigaciones de diferentes medios de comunicación como el diario El Mundo en España y otros documentos relacionados en el caso de corrupción de la Comunidad de Madrid contra Canal Isabel II, Robledo expuso que la Fiscalía y la Procuraduría han encontrado un desfalco en Triple A de más de 329 mil  millones de pesos, que salieron de las tarifas que fueron “pagadas por la gente de Barranquilla y de los municipios del Atlántico en los últimos 18 años”.	La directora de la SAE la Sociedad de Activos Especiales, María Virginia Torres y el nuevo gerente de Triple A, Guillermo Peña, pidieron en mayo del año pasado a la asamblea de accionistas una autoría que fue dilatada en un comienzo. La SAE expuso que en la empresa hubo “falta de objetividad en los procesos de contratación, no brindó información clara en los contratos”.	Sin embargo advirtió que “Barranquilla tiene la segunda agua más cara de Colombia. A los barranquilleros les aumentaron las tarifas de los servicios públicos muy por encima de su capacidad de pago, 11% la tarifa anual del agua y el alcantarillado el 10%. El buen servicio no solo es agua limpia, sino también precio justo”.	Denunció que la pérdida del agua potable tratada es de un 50 por ciento por fugas, lo que equivale 18 metros cúbicos por suscriptor y que no existe un manejo eficiente de las aguas servidas. “Los desechos del alcantarillado van a terminar al mar y a la ciénaga de Mallorquín”, evidenció.	Los exalcaldes de Barranquilla como Édgar George  en el periodo de 1995 a 1997, creó nuevo tipo de acción de socio operador entregando esta concesión a Aguas de Barcelona, contrato que siguió con la Alcaldía de Bernardo Hoyos de 1998 al 2000 y que el mandatario Guillermo Hoenigsberg del 2004 al 2006 demandó, pero la siguiente administración de Alejandro Char continuó hasta 2019.