A través de un decreto el Gobierno Nacional ordenó la restructuración del Departamento Administrativo de la Presidencia, que incluye la modificación de las altas consejerías presidenciales. De acuerdo con esta reestructuración, las Altas Consejerías Presidenciales (que eran cuatro) desaparecen, así como algunas direcciones, por lo que se convierten en 16 Consejerías Presidenciales. Lo anterior con el propósito de que "todas las dependencias misionales tengan un mismo nivel jerárquico", según explicaron desde Presidencia. Además, con la eliminación de algunas direcciones se buscó simplificar la burocracia dentro de la Presidencia. En el decreto también se crea la Subdirección General del Departamento Administrativo para la Presidencia, que pasa a reemplazar la Dirección de Operaciones y se crea igualmente la Jefatura para la Protección Presidencial, aunque se aclara que la Casa Militar continúa con sus funciones. Entre las Consejerías que cambian de nombre está la del Posconflicto, que pasa a ser la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación; la Consejería de Seguridad que cambia a Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional; la Consejería para la Primera Infancia pasa a ser la Consejería Presidencial para la Juventud-Colombia Joven; la del Sector Privado y la Competitividad, que pasa a llamarse la de Competitividad y la Gestión Público-Privada; y la de Derechos Humanos que será ahora la de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales. Igualmente, se transforman a consejerías o se crean la Consejería Presidencial para la Innovación y la Transformación; la Consejería Presidencial para la Gestión y el Cumplimiento; la Consejería para la Participación de las Personas con Discapacidad; la Consejería para los Asuntos Económicos y Estratégicos; y la Consejería para Asuntos Políticos y Legislativos.Desde la Casa de Nariño se explicó que estas modificaciones en la estructura de la Presidencia de la República no significan un aumento en los costos de funcionamiento, pues la planta de personal se mantiene y se trató de una reforma "a costo cero".