Los funcionarios, que a nivel local suman más de 20 personas y en el país más de dos mil 300, reclaman ante el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado y Registro, una reforma en las asignaciones presupuestales de la entidad, que para los empleados fue suprimida a través de la ley 55 de 1985, además de una nivelación salarial.	“Que nos devuelvan el presupuesto que a la entidad le han quitado, de un 100% nosotros únicamente manejamos como entidad un 28%, el 72% se lo está llevando directamente el Ministerio de Justicia, el Inpec, la Fiscalía y el Bienestar Familiar”, acotó Rafael Eduardo Cortés, directivo del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Fe Pública (SintraFep).