l transporte informal e ilegal en Cartagena está a la vista de todos, inclusive, del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, al que parece que el asunto se le salió de las manos. Los problemas con este servicio informal va desde la inseguridad de los pasajeros hasta las constantes infracciones de tránsito que cometen sus conductores. Sobrecupo en algunas ocasiones y puertas traseras abiertas con sparrings “colgando” de ellas, son las infracciones más frecuentes de este medio de transporte que además, en muchos casos, anda sin las adecuadas revisiones técnico-mecánicas y sin documentos vigentes de los seguros obligatorios.	Debido a la falta de acciones para controlar esta situación, ayer la Superintendencia de Puertos y Transporte dio a conocer que mediante Resolución No. 10975 del 15 de octubre de 2019 formuló cargos contra el organismo, abriendo de esa manera una investigación formal que se inició con dos quejas presentadas por la Asociación de Administradores y Propietarios de Taxi de Cartagena (Adprotac).	“Adicionalmente se ha abierto la investigación por no haber generado un estudio estadístico que demuestre el impacto de la ilegalidad en Cartagena lo cual ha hecho que la ciudad no pueda ser tenida en cuenta en planes de choque nacionales. También se evidenció un vertiginoso crecimiento en el transporte público terrestre individual de pasajeros por fuera de la ley”, sostuvo Valderrama Rojas.	“Somos disciplinados en cuanto a todos los acatamientos que nos hacen los órganos de control, nuestro compromiso siempre ha sido atender y cumplir con estos requerimientos, sobre todo porque en lo que va de este año llevamos más de 1.000 comparendos que se han impuesto en la ciudad”, afirmó Gissell González Álvarez, directora encargada del DATT y actual subdirectora jurídica del tránsito.	“En caso que como resultado del proceso administrativo se declare que existió una violación a las normas del sector transporte, el organismo podría ser sancionado hasta con setecientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a $579.681.200, por cada cargo, según lo establecido por los artículos 45 y 46 de la Ley 336 de 1996”.	Por otra parte, en la Encuesta de Percepción Ciudadana del año pasado, se conoció que el 49% de las personas que se movilizan en transporte informal manifestó estar satisfecho con el servicio; una cifra que le hace sombra a la satisfacción del transporte legal, como Transcaribe, que se ubica con un 53%.	Pero... ¿Cómo explicar tanta acogida? En la ciudad la amplia demanda que tiene el transporte ilegal está justificada en que hay muchas rutas abandonadas por el transporte público. Además los problemas en la malla vial y la inseguridad, hace que algunos transportadores formales se nieguen a prestar el servicio porque resulta muy dificultoso llegar a algunos sitios. Según información suministrada por el DATT, este año se han impuesto 1.002 comparendos contra personas que son sorprendidas fungiendo como taxistas en carros particulares, mientras que en el 2018 fueron impuestas 839 sanciones.	“Asimismo, como medida para contrarrestar la prestación de servicio no autorizado o transporte ilegal de pasajeros, el DATT continúa con la suspensión y cancelación de la licencia de conducción a personas que incurren en esta contravención al Código Nacional de Tránsito. Este año van 63 licencias de conducción canceladas a conductores reincidentes en la prestación de servicio no autorizado y se llevan a cabo 215 procesos administrativos para suspender igual número de licencias o de corroborar que son reincidentes se procederá a su cancelación”, indicó la entidad en un comunicado.