La larga, penumbrosa historia de las violencias en Colombia, desembocando siempre en matazones y guerra, había tenido en la propiedad de la tierra, su tenencia, uso y despojo, uno de sus detonantes de más alto poder e incidencia en los sucesivos conflictos sociales, económicos, políticos y humanitarios que ha padecido nuestra nación.En esa tesis, muchos de nuestros historiadores, analistas y científicos sociales, centraron su quehacer investigativo a lo largo de años y produjeron documentos que recogen, con el rigor que demanda e impone la investigación social, un acervo lo suficientemente válido para el debate político, ideológico e histórico, que daría en fundamentar su papel en el desarrollo, crecimiento y sostenibilidad de nuestro modelo económico prevaleciente.	Y, consecuentemente, en consolidarlo como pilar de una economía en la cual la tierra determinaba, aún lo es, buena parte del crecimiento y desarrollo del país y servía de eje articulador de procesos productivos, agricultura y ganadería, que han marcado alto y en buena parte de nuestra historia económica la riqueza y productividad de aquella, sus estadios de desarrollo y, por supuesto, atravesado en todas las direcciones nuestra historia de violencias políticas, sociales, guerras y confrontación permanente.	Si bien, en ningún período de nuestro acontecer republicano la paz  había sido un blanco al que apuntara el interés prioritario de los distintos factores de poder en Colombia, ni jugara con el viento a su favor en el campo de las decisiones, posturas y acciones políticas un papel preponderante, no es menos cierto que en cuanto las confrontaciones originadas en el conflicto armado bordearan la lucha de clases, producto de la polarización entre poderes al interior del sistema, uribismo – santismo, afloraría el imperativo de asumir la paz como prioridad política y bandera de gobierno, como en efecto ocurrió en el mandato de Juan Manuel Santos, 2010 – 2018.	Es cuando el Gobierno se ve abocado a establecer una Mesa de Diálogo que diera en negociar y convenir las partes contendientes, Estado – Farc EP, un Acuerdo de Paz para poner fin al conflicto de más de cincuenta años que había mellado la institucionalidad y la soberanía, limitado el crecimiento y desarrollo económico, fracturado la convivencia social y puesto en entredicho la capacidad del sistema para superar una contradicción que, de no lograrlo por vía pacífica, acabaría por liquidarlo.	Y la mesa se sirvió y las partes se sentaron y dialogaron y negociaron y, ¡por fin!, acordaron la Paz, un suceso que partió en dos la historia de Colombia, reencontró a todos los colombianos en las coordenadas de la convivencia, de la esperanza y de un horizonte despejado para emprender la recuperación de una nación por tantos años nublada por los pavores de la guerra.	Y la paz, paradójicamente pasa, como en su tiempo la tierra, a desplazar a esta como agente detonante de nuestra cíclica tragedia de guerras y violencias devastadoras azuzadas por personeros y mentores de un modelo económico y político que funda y sostiene en la confrontación entre colombianos su permanencia y vigencia.