Después de conocerse el atentado que sufrió la líder social de los Montes de María, Mayerlis Angarita Robles, en la ciudad de Barranquilla el pasado domingo 19 mayo; la incertidumbre sobre la protección a líderes y lideresas sociales crece.Asimismo, crece la crítica y la exigencia hacia el gobierno nacional, pues en su discurso el presidente Iván Duque ha expresado un rechazo categórico a estos sucesos, sin embargo, en términos de acciones; las garantías siguen siendo vulneradas de manera impune.	Publicidad. Asimismo, hay amenazas que no son registradas, bien sea por el grado de riesgo e intimidación de la cual son objetos los líderes y lideresas sociales, los defensores y defensoras de derechos humanos y, los habitantes de la comunidad que adelantan trabajos en pro del territorio; como también porque sus casos no hacen parte de la agenda mediática.	Recordemos que, según las investigaciones adelantadas por la Fundación Paz y Reconciliación – Pares, los perfiles de líderes y lideresas más victimizados; son los de aquellos que adelantan procesos como reclamantes de tierras, quienes participan en procesos políticos, quienes hacen parte de Juntas de Acción Comunal (JAC) —específicamente quienes adelantan procesos en contra a economías ilegales y, defensores y defensoras de derechos colectivos que están ligados a comunidades indígenas y negras.	En Puerto Asís, departamento de Putumayo, el 7 de mayo nuevamente Jani Silva y Hugo Miramar fueron víctimas de hostigamientos y amenazas. Silva y Miramar son líderes de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de La Perla Amazónica (ADISPA); organización que se ha caracterizado por adelantar trabajo en favor de la paz, específicamente sobre programas de sustitución voluntaria.	El pasado 8 de mayo, en Jiguamiandó, en el departamento de Chocó se dio a conocer que las AGC están intimidando y amenazado a 12 indígenas de la región. Esto según versiones recogidas en región por parte de la Misión Intereclesial de Justica y Paz; integrantes de las AGC estaría recogiendo información sobre pobladores de Alto Guayabal, Ibudó, Nuevo Cañaveral, Bioquera y Jaibia-Coredocito.	En la región temen por la vida de los pobladores, pues a pesar de que algunas comunidades cuentan con medidas cautelares otorgadas por la CIDH y por el Juez de Restitución de Tierras de Quibdó; no son garantía frente a los hostigamientos de integrantes de las AGC que estarían operando en Belén de Bajirá.	Hiupa señaló que el 9 de mayo José Ever Arce Watiqui y su hermano Nicolás Arce Watiqui fueron amenazados por hombres armados que arribaron hasta sus residencias. Los hermanos Watiqui son miembros del resguardo Unificado Chamí del municipio de Pueblo Rico, además son docentes de una institución educativa de la región.	De esta forma hombres armados abrieron fuego contra la camioneta blindada en la que se transportaba. Cabe recordar que Mayerlis Angarita trabaja con alrededor cerca de 900 mujeres por medio de un Colectivo que lleva por nombre ‘Narrar para Vivir’, que desde hace años tiene presencia en 15 municipios de Montes de María. Mayerlis, justamente escribió ese día una columna de opinión en la Revista Semana.	Desde la Casa de Nariño se da la espalda a los líderesUno de los aspectos que llama la atención sobre la precaria forma de atender la crisis de derechos humanos que atraviesa la protección a líderes y lideresas en Colombia, tiene que ver con que hace cuatro meses, el procurador Fernando Carrillo anunció la convocatoria de una ‘Mesa por la Vida’ en Apartadó, quién pensaba en articular a los distintos jefes de las carteras ministeriales para atender la situación de violencia y tomar acciones territoriales que hicieran posible mitigar esta realidad.	En este atentado se encontraban Clemencia Carabalí, Carlos Rosero, Víctor Moreno, Sofía Garzón y los escoltas heridos. Para este momento, el gobierno nacional rechazó con ahínco los atentados en el departamento del Cauca, sin embargo, pese a que discursivamente parecían atender las exigencias de los líderes y las lideresas; la ausencia del presidente para las interlocuciones es una constante.	Sobre la falta de voluntad del gobierno nacional, es necesario recordar que después del atentado, se programó una reunión en Santander de Quilichao el pasado 11 de mayo con las comunidades, Francia Márquez, una misión de verificación de la ONU y la Comisión de Paz del Congreso; a la que el presidente de la República no asistió.