El nombre del documento dista de ser atractivo o incitar a la lectura. Sin embargo, no hay duda de que analizar el texto del Marco Fiscal de Mediano Plazo, cuya versión correspondiente al 2019 fue presentada ayer, se ha vuelto un ejercicio obligatorio. El motivo es que no hay otro reporte periódico que ponga en blanco y negro la realidad fiscal de la economía colombiana de manera detallada.	La versión actual tiene la particularidad de ser la primera de la administración Duque y, por ende, de Alberto Carrasquilla en esta reencarnación. A fin de cuentas fue el hoy Ministro de Hacienda quien estuvo detrás de la ley que hizo obligatorio el examen anual de las cuentas públicas y su proyección a diez años, cuando ocupó la misma silla durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.	Debido a esa circunstancia, abundaban las preguntas entre los analistas respecto a la voluntad del Ejecutivo de mantener la casa en orden. La respuesta, a primera vista, es tranquilizadora, pues no solo se reiteró la confianza respecto al comportamiento de la economía, sino el compromiso de respetar la Regla Fiscal, que implica cerrar de manera notoria el saldo en rojo del 2018, volviendo a la senda original definida por un comité de expertos independientes. Así, la flexibilización en el déficit que se hizo recientemente para acomodar el costo de la migración venezolana, acabó siendo ignorada en lo que puede ser visto como un exceso de ortodoxia.	Aunque habrá discusiones sobre los supuestos utilizados para proyectar los números, el mensaje de que no habrá sorpresas es fundamental. Tampoco es menor la afirmación de que la Ley de Financiamiento de diciembre pasado fue la última reforma tributaria del cuatrienio. En consecuencia, todo depende de que el modelo de rebajarle la carga impositiva a las empresas funcione, para que crezcan la inversión y el empleo y comience a girar un círculo virtuoso.	Un elemento insustituible es la labor de la Dian, en cuya efectividad descansa el aumento de los recaudos. La idea es que mecanismos como la factura electrónica, la incorporación de más personal y la modernización informática se traduzcan en menores índices de evasión. La evidencia de otras naciones latinoamericanas como México y Chile lleva a pensar que aquí pueden darse avances trascendentales. Igualmente, está el garrote de los castigos penales o la zanahoria del régimen simple para atraer más contribuyentes.	Aun así, no se puede pasar por alto que el próximo año y los siguientes hay un alto componente de ingresos esperados, diferentes a los tributarios. En el trasfondo hay un programa de venta de activos públicos importantes, lo cual llevará a la eterna discusión sobre si se justifica o no vender los muebles para pagar el mercado.	Otra afirmación que causará polémica es la estrategia de ajuste del gasto estatal que, sobre el papel llevaría a ahorros de más de 35 billones de pesos de hoy hasta el 2030, algo que se conseguiría de manera paulatina. De un lado, está la focalización de las erogaciones gubernamentales, del otro la sustitución de pasivos de alto costo, y uno más consiste en la modernización y eficiencia de la administración. No hay duda de que tales propósitos son encomiables y merecedores de elogio.	Sin embargo, la pregunta de fondo está en la credibilidad de lo anunciado. La aseveración de que “el panorama fiscal está despejado” suena convincente y está respaldada en cuadros en los que todas las cifras concurren. El problema es que no basta con tener buena voluntad para conseguir resultados, sino que hay que demostrarles a los escépticos que los presupuestos se cumplen.