El 24 de enero de 2019, el país recibió con emoción y expectativa la creación, por parte del Gobierno Nacional, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el fin de contar con un ente rector en esta materia, y cuyo objeto sería, según el artículo 1 de la Ley 1951, el de fortalecer capacidades, promover el conocimiento científico y tecnológico, promover el desarrollo y crecimiento del país y “consolidar una economía más productiva y competitiva y una sociedad más equitativa”.	Desde la fase de diseño de su Ley de creación, diferentes actores del Gobierno Nacional como Colciencias, y miembros del congreso a cargo de su promoción y debate, recibieron innumerables propuestas por parte del sector académico, empresarial y la sociedad civil en general, que apuntaban a dotar a dicho Ministerio de las capacidades y competencias que se requieren, en un entorno como el colombiano, para que la ciencia, la tecnología y la innovación se pusieran al servicio de las principales problemáticas nacionales.	Dentro de muchas de las observaciones planteadas desde diferentes frentes, se incluyó la preocupación derivada de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1951: Este nuevo Ministerio, “para iniciar su labor no debe generar gastos adicionales de personal ni generales a los que al momento de su creación tenga presupuestado el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias)”.	Más allá de la discusión sobre la efectividad, impacto, y capacidades de Colciencias, la pregunta que se mantiene consiste en cómo crear una nueva entidad que sirva de eje articulador de todo el sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, a pesar del escaso presupuesto de Colciencias, y que al mismo tiempo, no se convierta simplemente en un “Colciencias 2.0” elevado al rango de Ministerio.	Habiendo analizado el proyecto de Decreto que precisa las funciones y estructura del nuevo Ministerio, y sin conocer su versión definitiva, pareciera que muchas de las recomendaciones realizadas a entidades como Colciencias, encargadas de su diseño, se han quedado refundidas, por decir lo menos, entre los elementos referidos a la estructura y forma de la nueva entidad.	Se requiere mayor claridad en cuanto la coordinación del sistema nacional de CTI con el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. En eso, ni este decreto, ni el recientemente expedido Decreto 1651 de 2019, parecen solucionar o aclarar el panorama frente al debate de vieja data en cuanto a la existencia (al menos sobre el papel) de los 2 sistemas.	Debemos superar el esquema de financiamiento por vía de convocatoria y empezar a explorar otro tipo de alternativas. Por ejemplo, ya que el país parece moverse en la dirección de enfoques como las políticas orientada por misiones, o las políticas de innovación transformativa, se hecha de menos el planteamiento de instrumentos para financiar la solución de retos y misiones en el ámbito regional.	Finalmente, el llamado general es a tomar en consideración las propuestas hechas desde diferentes ámbitos y entidades como Ruta N, la ANDI, la Misión de Sabios, la Universidad de Antioquia, y algunos miembros de la Red de Gobernanza de la Ciencia, Tecnología e Innovación, que pueden contribuir a aprovechar mejor la coyuntura para diseñar una nueva institucionalidad que responda realmente a las necesidades del país y sus regiones en el campo de la CTI.