Los acontecimientos sucedidos en Colombia con los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros desmovilizados de las Farc, el insólito desacato y enfrentamiento al fallo de la Justicia Especial de Paz en el caso del excomandante Jesús Santrich y la denuncia del diario New York Times sobre la orden impartida a las fuerzas militares de obtener resultados sin importar los métodos son supremamente preocupantes.Esa orden del jefe del Ejército no es nada diferente a la que dio el presidente Uribe durante su mandato (2002-2010), cuyo resultado fue el asesinato de miles de jóvenes inocentes, haciéndolos pasar por guerrilleros de las Farc. Esos crímenes fueron acuñados bajo el nombre de falsos positivos, una fórmula gramatical mediática para esconder y no llamarlo por su nombre: crímenes de lesa humanidad. Estos aún están pendientes de ser juzgados por la Corte Penal Internacional y las familias de estos jóvenes aún esperan justicia, justicia con la que ha interferido el renunciante Néstor Humberto Martínez al no entregar las pruebas en poder de la Fiscalía, solicitadas por la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).	En septiembre del 2017, la fiscal Fatou Bensouda de la CPI se fue muy descontenta de la reunión con el fiscal general Néstor Humberto Martínez,al declarar a la prensa colombiana que “le habían solicitado pruebas al fiscal que demostraran investigaciones serias y contundentes contra los militares acusados de permitir falsos positivos y no obtuvo ningún compromiso a su solicitud”. Dichas declaraciones se produjeron a la salida de su reunión con el fiscal.	Publicidad. Estas y otras graves acciones no dejan dudas de que la democracia colombiana está en terapia intensiva, ya que impera un Estado fallido, pues el presidente Iván Duque y su gobierno se muestran incapaces de imponer el orden, la convivencia y llevar la tranquilidad y la paz en el país. Tampoco es insensato afirmar que el pueblo colombiano está sometido a una dictadura narcoparamilitar si tomamos en cuenta la ola de asesinatos, desapariciones y acoso contra las etnias colombianas y afrodescendientes, y el crecimiento impune de las bandas paramilitares.	Desafiando los acuerdos de paz de La Habana, el gobierno de Iván Duque y determinados sectores minoritarios del Congreso Nacional y del poder judicial han incurrido en graves violaciones en la implementación de los acuerdos, no solo que no los cumplen, sino que atentan contra el Estado de derecho. Violaciones a los derechos humanos han sido los asesinatos de 114 exguerrilleros y 31 miembros de las familias de estos, sumados a los más de 500 líderes sociales asesinados desde la firma de los acuerdos de paz. El gobierno no solo no toma medidas sino que pareciera no importarle lo que viene sucediendo.	Esta es una demostración de que Colombia es un Estado fallido. El gobierno no asume su papel y no toma medidas frente a estos horrorosos crímenes. Además, no cumple con los acuerdos internacionales firmados por el gobierno anterior, incluso los que han sido aprobados por organismos multilaterales como la ONU y la CPI. De hecho, incumplen los acuerdos de la Celac relacionados con trabajar para que América Latina sea una zona de paz, apoyando activamente a Estados Unidos en derrocar al gobierno venezolano y pese a la desmovilización y entrega de armas de las Farc-Ep, convertido en partido político. Tampoco responden positivamente a la disposición del ELN para establecer conversaciones que los conduzcan a la firma de un acuerdo pacífico y de reconciliación.	Es público y notorio lo presenciado por la opinión pública nacional e internacional en el caso de Jesús Santrich. La conducta del director del Inpec y del Centro Penitenciario La Picota no solo atentaron contra el Estado de derecho, violaron la Constitución al entrar en desacato con lo ordenado por la JEP y el fiscal interino al no ejecutar de manera inmediata su puesta en libertad. Lo más grave es mantenerlo durante horas en aislamiento, con serios problemas de salud, no autoprovocados como dieron a entender medios oficiosos, sino por una alta ingesta de medicamentos administrados para sedarlo, según ha trascendido por fuentes de la Clínica Mederi a donde fue trasladado en la madrugada del 18 de mayo. De hecho, más sospechoso aun cuando ningún familiar, ni su médico de confianza, ni los abogados han podido acompañarlo.	En acto teatral escoltado por tal vez más de 100 efectivos de la policía y oficiales del Inpec lo sacaron hasta la puerta de La Picota en silla de rueda y fue la libertad más corta de la historia universal, fueron menos de tres minutos, todo para cumplir con la JEP, pues llegó la orden de la Fiscalía de detenerlo, bajo supuestas nuevas pruebas de la DEA. Luego, lo llevaron al interior de La Picota y más tarde fue trasladado al búnker de la Fiscalía.	¿Fue una maniobra fabricar pruebas o investigar las “nuevas” aportadas por la DEA para tener argumento e inculpar a Santrich? Esta es la pregunta que se hacen los colegas periodista pues de acuerdo a la entrevista que sostuvieron con el exfiscal Néstor Humberto Martínez el tema está muy enredado y nada claro.	En la entrevista en la noche del 18 de mayo, el exfiscal accedió a sostener una entrevista con varios colegas, ahí dijo: “La Fiscalía General de la República nunca recibió la carta rogatoria para colaborar con la justicia americana para que agentes extranjeros y que según él actuaban como particulares, desarrollaran el operativo donde aparece Santrich en un video”. Por tanto, si bien no quiso calificar de ilegal esta acción, según él “para no obstaculizar la indagación solicitada por la JEP y que las autoridades judiciales investiguen lo sucedido”, ahí hay algo raro.	Aunque al final de la entrevista y ante la afirmación de la colega periodista de que en el operativo relacionado con Santrich no hubo carta rogatoria de solicitud de permiso, el señor exfiscal le respondió: “Usted lo tiene muy bien entendido”. Ella le respondió: “A ese punto quería llegar señor fiscal, porque en este caso, aunque usted no lo dice, hubo una dosis de ilegalidad en el procedimiento”.	Ante el tácito reconocimiento del exfiscal de que no hubo solicitud de permiso, se colige que el operativo era ilegal, como señaló la periodista. El hecho era muy grave porque entonces el operativo lo hizo la DEA sin autorización y sin conocimiento de las autoridades colombianas, le dijo ella. Y él le respondió: “las operaciones que realizan las autoridades judiciales en el mundo de entrampamiento corresponden a realidades, que este caso específico, le puedo decir que la Fiscalía General de la Nación, no tenía conocimiento y por eso no participamos en ese operativo”.	Como se aprecia, totalmente justificativo, sin afirmar ni negar, defensivo y reiterativo en afirmar que la Fiscalía no tenía conocimiento y no participó en el operativo, lo cual resulta muy sospechoso. La actitud tan defensiva y reiterativa del exfiscal pero también tan absolutamente conservador, deja mucho que pensar, pues lo que cabía era que afirmara que si la DEA no tenía permiso, entonces actuó ilegalmente. Es también sospechoso ese temor a señalar a la DEA. ¿O el fiscal sí conocía del tema, pero no quería oficializarlo, pues era claro que se trataba de una maniobra, o en boca de ellos era un falso positivo? Y ahora está aflorando el tema de que la JEP está sacando de la tenebrosa realidad.	Precisamente la Jurisdicción Especial de Paz señala que las leyes internacionales establecen que las autoridades extranjeras para recabar pruebas en otro país deben contar con el permiso de las autoridades de dicho Estado. Es aquí donde está el debate. ¿Quién autorizó y quién supo de este ilegal operativo de la DEA en territorio colombiano? ¿El exfiscal nunca ha dicho quién entregó el video o sí? Es una incógnita.	En este tema hay algo más grave. ¿Quién le entregó al fiscal general el video, por el cual este ordenó la detención del dirigente de las Farc y lo mantuvo encarcelado por 13 meses sin antes investigar y comprobar la veracidad de lo que expone el video? Un video puede ser totalmente editado y suplantado los diálogos y en eso son expertos los servicios especiales estadounidenses, además en un jurado y un servicio judicial que se respete un video no es una prueba legal. El trabajo de la Fiscalía es investigar y agotar todos los recursos antes de proceder a una detención, de lo contrario se viola el Estado de derecho del ciudadano y más en este caso, pues Santrich está cobijado por los acuerdos de paz y solo la JEP puede juzgarlo.	El testigo de la DEA, según trascendió públicamente, se trata del sobrino del dirigente de las Farc-Ep Iván Márquez, quien residía en Venezuela y que según diversas fuentes señalan fue reclutado por dicha agencia, trasladado a Estado Unidos, donde le cambiaron su identidad y le han garantizado el suficiente financiamiento para vivir tranquilamente en Estados Unidos. ¿Es confiable ese testigo o no es más que una operación política coordinada entre sectores del actual gobierno colombiano y el de los Estados Unidos para con la detención de Santrich enlodar a las Farc, continuar vinculándola al narcotráfico, extraditarlo y con ello provocar la ruptura de los acuerdos de La Habana?	¿Por qué Santrich es el escogido? Pues muy sencillo, porque fue uno de los principales miembros de la delegación de las Farc en las conversaciones de La Habana, que mantuvo firme y exigente posición en los debates sobre estratégicos temas como la negativa del gobierno de convocar a una constituyente, que garantizaba convertir los acuerdos de paz en una política de Estado y no de gobierno. Por eso hoy este gobierno está incumpliendo los acuerdos, que además tienen que ser sometidos al poder legislativo y judicial donde los adversarios de la paz tienen mayoría.	Simultáneamente los medios difundían la noticia de que el presidente Duque se encontraba en el aeropuerto militar de Catam y que declararía al país en conmoción interior y que ello obedecía a que Jesús Santrich sería extraditado a los Estado Unidos, según tuiteó el senador Álvaro Uribe. Sin embargo, obviamente ante el gran revuelo que se armó, adoptaron la decisión ya conocida. Duque salió declarando que respetaba la decisión de la JEP. No obstante, hay que decir que los dos minutos en libertad y la vuelta a prisión de Santrich fueron un verdadero show.	La opinión pública colombiana e internacional debe saber que con el escenario descrito solo es una parte de los horrores que están sucediendo en Colombia. Además, queda demostrado que el gobierno de Estados Unidos, el senador Álvaro Uribe Vélez (enemigo jurado de la paz en su país) y el gobierno de Iván Duque están esencialmente dedicados a pisotear, eliminar y destrozar los acuerdos de paz de La Habana. En definitiva, la extrema derecha colombiana y su oligarquía tenían el estratégico objetivo de desarmar y desarticular a la guerrilla de las Farc-Ep y lo logró. El cuento de la democracia y de que ellos podrían competir electoralmente quedó en una enorme y utópica mentira.