Es una muy buena noticia la aprobación de un nuevo sistema de regalías por parte del Congreso de la República; uno que al tiempo en que incrementa los recursos para las regiones productoras de petróleo y gas, mantiene los que ya están recibiendo las no productoras. Es decir, todos ganan. Gana, además, el medio ambiente y los municipios más pobres, pues recibirán un porcentaje adicional de estos recursos extraordinarios.	El sistema anterior fue concebido con la mejor intención; eran otras las circunstancias. En 2011 los precios del petróleo eran tales que las regalías alcanzaban no solo para las regiones productoras sino para distribuir en todos los departamentos del país. Pero los precios cayeron, a las empresas les tocó ajustarse y la producción y las regalías cayeron. Entre 2012 y 2016, las regalías pasaron de 9,3 billones de pesos en 2012 a 5,4 billones de pesos.	Esa nueva realidad, en la que las regiones productoras pasaron de recibir el 80% de las regalías directas a menos del 20% coincidió con una desaceleración de la industria por la caída en los precios, con un impacto descomunal en las regiones productoras; menos inversión, menos contratación de mano de obra y de bienes y servicios a nivel local. Un doble malestar, por menores regalías y menos oportunidades de desarrollo regional. Malestar que se acrecentó al evidenciarse que no se habían cumplido los objetivos que se había planteado, de priorizar proyectos estratégicos, a las regiones más pobres, y blindar el sistema contra la corrupción.	Era necesario entonces reformar el sistema, empezando por una distribución más justa y equitativa hacia las regiones productoras, pues si no hay producción, no hay regalías. Pues bien, gracias al liderazgo del Gobierno Nacional y en especial de la Ministra de Energía, y del respaldo mayoritario del Congreso de la República, se aprobó un nuevo sistema, que se espera garantice, además, una ejecución más expedita de los recursos.	El nuevo sistema incrementa los recursos totales para las regiones productoras del 11 por ciento al 25 por ciento, destina el 1 por ciento a la conservación ambiental y la lucha contra la deforestación e incrementa los de ciencia y tecnología del 9,5 al 10 por ciento. Además de mantener la inversión en las regiones no productoras, que representa el 34 por ciento, y el 7 por ciento existente para la estabilización del reciente acuerdo de paz.	Se trata entonces de un sistema que busca incentivar entornos más favorables para la exploración y producción de hidrocarburos y minería, sin perjudicar a las regiones no productoras, al tiempo de hacer más ágil y eficiente la inversión de los recursos. Esto último se logra eliminando los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, Ocad, que probaron ser, además de burocráticos, poco efectivos para una mejor asignación.	Para lograr la nueva distribución, sin embargo, fue necesario echar tijera a los gastos de funcionamiento y de manera particular, al Fondo de Ahorro y Estabilización. Decisión nada fácil pese a que este cuenta con recursos superiores a 12 billones de pesos, pues privilegia el uso inmediato de la mayoría de los recursos de las regalías en lugar de ahorrar para las épocas de vacas flacas, en una industria que es proclive a la volatilidad en los precios.	Lo que hay entonces son lecciones aprendidas para hacer las cosas bien y el primer paso es acertar en la ley reglamentaria del acto legislativo que modificó el sistema, y que debe ser presentado y aprobado en 2020, para que empiece a regir en 2021. En esta Ley deben desarrollarse de manera precisa los mecanismos de asignación, de priorización de proyectos estratégicos de país y de región, y unos controles efectivos a la corrupción.	En resumen, la decisión del Gobierno Nacional y del Congreso, de invertir la mayoría de los recursos de regalías en vez de ahorrarlos para incrementar las asignaciones a las regiones productoras sin reducir los recursos de inversión de las que no lo son, es una decisión acertada. Pero no producirá los efectos positivos esperados sin una buena reglamentación y sin una clara consciencia del costo de oportunidad de estos recursos.