Por inconveniencia objetó ayer el presidente Duque el proyecto de depuración normativa que fue aprobado en junio pasado por el Congreso, por el cual serían dadas de baja cerca de 11.000 normas entre leyes y decretos que los impulsores de la iniciativa determinaron que eran obsoletas.No obstante, para el Ejecutivo la desaparición de algunas leyes como la 600, que regía el anterior sistema penal, provocaría un desbarajuste jurídico de grandes proporciones.El Gobierno indica en el documento con el cual devolvió al Parlamento con objeciones el proyecto No. 169/18 Cámara y 199/18 Senado, que en el caso de la Ley 600 esta norma “no puede desaparecer” ya que “actualmente se adelantan un gran número de investigaciones por parte de la Fiscalía”.Esta situación se presenta porque al entrar en vigor en 2005 la Ley 904 que estableció el Sistema Penal Acusatorio, los procesos que venían en curso se mantuvieron bajo la Ley 600 que respondía a un sistema escrito.“Según la Fiscalía General de la Nación a mayo de 2019 se tramitan aproximadamente 81.338 investigaciones en el régimen de la Ley 600”, destaca el Gobierno entre sus argumentos.También el Jefe del Estado objetó la supresión de un decreto del año 1953 que le dio vida al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). “No existe en el ordenamiento jurídico una norma posterior que justifique su existencia y funcionamiento”, advierte el Ejecutivo.Ello resulta particular porque de hacerse efectivo, la existencia del DANE quedaría en el limbo poco después de que realizó el Censo Poblacional de 2018 y que producto de su función todos los días alimenta al país con datos estadísticos necesarios.Una situación similar se presentaría con la Superintendencia de Sociedades Anónimas porque el proyecto aprobado por el Congreso elimina una ley del año 1931 en la que le da vida a este organismo, por lo que la Presidencia de la República hace caer en cuenta que no hay una “norma posterior que regule su funcionamiento”.También el Gobierno nacional objetó la eliminación de una ley del año 1962 que establece la periodicidad de los censos cada década. “Es indispensable que los censos se realicen de manera periódica para contar con una buena calidad estadística”, argumenta la Casa de Nariño.Corte advierteLlama la atención que durante el trámite de este proyecto de ley que fue presentado con la firma de varios partidos, el Ministerio de Justicia o la Presidencia no hicieron comentario alguno sobre la inconveniencia de algunos de sus apartes.Todo indica que las alertas en la oficina jurídica de la Casa de Nariño se dieron a partir del SOS que lanzó la Corte Suprema de Justicia por la desaparición de la Ley 600, frente a lo cual advirtió que se verían afectados 848 procesos o expedientes que se tramitan en la actualidad.La Corte indicó que todos los procesos contra aforados constitucionales se tramitan por Ley 600. Esto es 237 procesos en la Sala de Casación Penal, en segundas instancias o recursos de revisión o casación; 520 en la Sala Especial de Instrucción, básicamente contra congresistas o excongresistas, y 91 en la Sala Especial de Primera Instancia.La Corte señala en una misiva que sobre el particular hizo llegar a la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República que “el proyecto de ley que incluyó esta derogatoria, entre otras normas, no previó ninguna norma regulación o mecanismo de transición porque, además la Ley 600, contempla un sistema inquisitivo distinto al acusatorio de la Ley 906”.Un hecho que mostraría que al Gobierno casi le hacen un ‘gol’ con este proyecto de ley es que durante el Taller Construyendo País #34, realizado en Puerto Carreño, Vichada, el pasado 29 de junio, el presidente Duque al destacar 16 leyes aprobadas en 10 meses que “muestra que sí se pueden sacar normas en Colombia teniendo un relacionamiento transparente con el Congreso”, precisamente  mencionó el proyecto de depuración normativa que hoy objeta en varias de sus disposiciones.Duque indicó que “dijimos durante la campaña presidencial que teníamos que eliminar leyes inútiles, que teníamos que eliminar regulaciones inútiles que terminaban entorpeciendo el funcionamiento del Estado. En 10 meses logramos sacar adelante la Ley de Depuración Normativa que le quita vigencia a cerca de 10 mil normas inútiles que entorpecían el debido desarrollo de las instituciones, algo que también le hemos cumplido al pueblo colombiano”.