en la que un juez decidiría si avala o tumba el acuerdo firmado entre el excongresista y el ente acusador por cuenta de un trámite administrativo. Se trata de la escrituración de un lote que entregó como parte de su reparación al Estado.El hecho hace referencia a un predio ubicado en el departamento de Córdoba y que está avaluado en más de 3.000 millones de pesos, el cual fue	. Sin embargo, el problema radicaría en que la SAE entregó la administración del lote a un tercero.El ente acusador abrió investigación contra los funcionarios que tomaron la determinación de entregar el lote y así establecer si se trata de un error administrativo o de una conducta premeditada para afectar el acuerdo con el ex congresista.Ahora la Fiscalía	para que pase al fondo de reparación de las víctimas reconocidas en este proceso penal.El exsenador liberal firmó un preacuerdo en el que se reconoce su participación en los delitos de tráfico de influencias y cohecho (sobornos) a cambio de una pena de cinco años y seis meses de prisión. En la negociación se fijó una condena de cinco años y seis meses de cárcel.