Así mismo, indicó que vienen tres meses donde las seis compañías habilitadas tendrán la oportunidad de entrar al cuarto de datos para que analicen toda la información financiera, técnica y operativa de la tarea que desarrolla Electricaribe. Además, podrán acceder a las presentaciones de gerencia y a realizar visitas de campo.	A finales de septiembre realizaremos la primera subasta por uno de los dos mercados y diez días después (en la segunda semana de octubre) la segunda subasta por el otro, y, en dado caso, por la compañía para la operación total. Si el cronograma no presenta cambios, la designación de los dos operadores, o de uno solo, sería para finales de octubre.	El Expediente Tarifario que se radicó ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en septiembre del año pasado, por parte de Electricaribe, consideraba solamente las inversiones para el total de la compañía. Pero con el ejercicio de separación, se cree que estas ahora son mayores, sobretodo porque existirán necesidades de servicios que deberán duplicarse. Esto por que habrán dos compañías independientes que tendrán que montar de forma separada la infraestructura y sistema comercial, así como operativo y de control.	El monto de recursos para el Plan de Inversiones a diez años para las dos compañías es superior a los $8 billones. Es lo que se ha presentado a todos los posibles interesados. Y se les ha manifestado que es el compromiso que deben asumir dentro del contrato de adquisición de los activos.	Es importante recordar que la raíz de los problemas en la operación de Electricaribe ha sido precisamente la falta de grandes recursos de inversión por parte del anterior operador para tener al día la infraestructura, en redes y todo el sistema físico, así mismo en el control de pérdidas, para ofrecer un adecuado servicio.	La mejora en el servicio de energía en la Costa Caribe no va ser de la noche a la mañana. Esto es fundamental, más por la naturaleza del negocio. Solo basta con mirar los insumos que se requieren para poner al día la infraestructura, ya que para su consecución requieren tiempo. Hay muchas que se deben mandar a hacer con especificaciones particulares.	Gracias a los $860.000 millones aprobados en los distintos Conpes para inversión, se han comenzado a realizar los procesos licitatorios para iniciar los trabajos requeridos, por lo menos a materializar en el primer año, de los diez que se proyectaron para estas tareas. Para el mes de julio ya se han desembolsado $125.000 millones y son el fruto de un proceso licitatorio que adelantó Electricaribe en los últimos tres meses y que le ha permitido hacer las primeras intervenciones en redes.	Se necesita tener un operador idóneo que no solo tenga la capacidad financiera, sino también operativa y técnica para gestionar de manera efectiva y eficaz en este tipo de mercado. En el contrato está estipulado que debe suscribir con la Superservicios un programa de gestión. Esto con el fin de realizar una vigilancia especial por parte del Estado para que se materialicen todas las inversiones requeridas y en los tiempos programados. Así mismo, para darle un seguimiento a que se están realizando los trabajos con calidad.	El argumento del no pago es desvirtuable. Primero, la principal razón para no hacerlo, y no solamente para el caso de Electricaribe, es la mala prestación del servicio público. En esto se escudan los usuarios y no atienden la obligación. Segundo, la falta de gestión social en las comunidades que requieren unas particularidades en los procesos de cobro y acercamiento de la compañía, pero además se suma la ausencia de inversiones en infraestructura para que esta sea sólida.