“Hemos oficiado a la administración municipal porque adeudan recursos del servicio de fluido eléctrico y el arriendo, y hemos puesto en conocimiento esa situación a la Unidad Nacional y a la Defensoría del Pueblo, porque es obligación y está establecido en la Ley 1448 que los municipios sean los responsables de garantizar la atención que las víctimas ameriten”, dijo Galeano.