Con la dignidad con que enfrentó el hoy exministro Botero su primera moción de censura en el Congreso, le dio la cara por segunda vez al país, en lo que resultó ser otra andanada para torpedear la gobernabilidad del presidente. Guillermo Botero cumplió su deber en un país amenazado por el narcotráfico y no merece el vilipendio mediático sino el reconocimiento ciudadano. Una de las razones que se agitaron fue el suroccidente “bajo el yugo del narcotráfico y la minería ilegal”, pero los que nunca censuraron al gobierno que lo permitió por exigencia de las Farc, se ensañaron con el ministro que logró revertir el crecimiento de cultivos ilícitos. Fue una “encerrona”. El senador citante jugó con sigilo su “carta guardada” para recaudar votos y luego la destapó en el Senado con sesgo evidente, al punto que un medio tituló: “Mindefensa bombardeó niños en Caquetá, advirtió Roy Barreras”. Muy infame.	Solidaridad con las familias a las que les secuestraron sus hijos para usarlos como carne de cañón, pero los bombardeos no son el ejercicio alocado de unos militares botando explosivos sin ton ni son, sino acciones soportadas en el uso legítimo de la fuerza, precedidas de inteligencia y planeación con altos niveles de certeza y cumplimiento del DIH.	Los pájaros les tiran a las escopetas. La guerrilla secuestra menores -delito de lesa humanidad- y el Gobierno resulta en la picota por su infortunada muerte. Si se persiste en deslegitimar a las Fuerzas Militares, el país caerá en el “síndrome caucano” de los indígenas que acusan al Gobierno y exigen protección, pero impiden el ingreso de la Fuerza Pública y la agreden, mientras los narcoterroristas sonríen. En su afán de “comer ministro”, el senador desconoce competencias. El levantamiento de cadáveres es de la Fiscalía, y su identificación y el manejo de esa información de Medicina Legal. ¿Cómo la obtuvo cuando ya era documento judicial? ¿Cómo tuvo acceso a una investigación reservada y que no había concluido, como afirma Medicina Legal? Hay temas de fondo: Primero: el narcotráfico como determinador de la violencia donde están plantadas las 200.000 hectáreas de coca.	Tercero: la desarticulación del sistema basado en tres poderes autónomos. Además del “gobierno de las comunidades” y el “de los jueces”, asistimos al tránsito de un régimen presidencial a uno parlamentario, en que las diferencias políticas no se ventilan con argumentos sino tumbando ministros, y los intereses burocráticos insatisfechos bloqueando la gobernabilidad; apostando al fracaso del gobierno.