Si esa carretera nacional se construyó en jurisdicción territorial del Distrito por la modalidad de concesión otorgada por el Gobierno central, por la cual los usuarios de la vía pagan su ejecución y mantenimiento por peaje, ¿por qué razón, además del peaje que ya se paga por todos los propietarios de vehículos o conductores que usan la vía, ahora un tercero que no fue convocado a la celebración del contrato de concesión ni a la construcción de esa vía, como es el Distrito, tiene que asumir el costo de ese alumbrado público? ¿Cómo es que se le impone obligación a un ente territorial sobre los efectos de un contrato de concesión del cual no hizo parte?	¿Cómo un particular va a seguir cobrando un peaje por una vía que de un día para otro ya no está iluminada? ¿Y cómo el ciudadano va a pagar peaje por una vía concesionada que de buenas a primera se queda sin alumbrado? ¿Cómo así que el ciudadano que paga el peaje por el uso de una vía se encuentra con que el concesionario a quien le paga no garantiza la prestación de ese elemental servicio de seguridad nocturna, como es el alumbrado de la vía?	Pero si se mantiene el Gobierno central en que esa obligación le corresponde al Distrito, pues entonces es necesario que se dé un margen de espera antes de apagar las luces, pues al tratarse de vías nacionales, el alumbrado no está incluido en el actual contrato de concesión del alumbrado público del Distrito, que ahora se vería abocado a tomar sobre sí, también, el alumbrado de vías nacionales que pasan por esta jurisdicción.	Frente al riesgo que se cierne sobre los usuarios de esa vía, instamos a la ANI, al Distrito y a las concesiones del alumbrado público y de la Vía al Mar, a que se sienten a encontrar fórmulas sensatas para enervar la situación de manera provisional, en tanto el Distrito resuelve qué habrá de hacerse con el servicio de alumbrado para la ciudad e, incluso, sobre si acepta hacerse cargo de iluminación de las vías nacionales en su jurisdicción.