Para contener los desbordes del poder y los desequilibrios sociales, la Constitución de 1991 fijó el norte: el interés general prima sobre el particular, la propiedad privada tiene una función social y ecológica, y con rigor nos ordenó a todos proteger la diversidad e integridad del ambiente, los bienes de uso público y los de interés colectivo. También para ese fin fortaleció la rama Judicial, el Ministerio Público y la Fiscalía, penalizó más el delito ecológico y la sanción administrativa.	La autoridad se ejerce sin rigor y el “garantismo” es tal que hasta el confeso es presunto y si el delito no se reprime el ambiente no se cura. Se atropella la Constitución y subvalora la necesidad climática. A algunos fiscales y jueces el daño o la apropiación del capital natural no les duele. Si duele y hay sentencia no se ejecuta o la Administración lo hace sin prisa. Ejemplos que desestimulan cunden.	Propongo cambiar esa tendencia educando con la acción: represión, reconstrucción y cátedra. Cine, TV, radio, redes sociales enseñando, entre otras, qué es la soberanía, tan mancillada estos días. El ciudadano tiene que saber lo que sucede en el territorio y obligarse a defender la diversidad del ambiente. No es hacer noticia, es concientizar.	Exhibamos a los violadores de la ley, a constructoras que se lucran negociando escombros. Por ellos y las identificadas volquetas continúa el relleno y la descomposición social hija de la impunidad. La certeza de que nada pasará arrolla la voluntad del Ecobloque y de quien gobierna. ¿Quién paga la invisibilidad del cartel en La Boquilla y Tierrabaja?	Mientras aquí talan, venden o concesionan el agua como suelo, en la zona costera del mundo los conceptos de adaptación y resiliencia son ya esenciales. Las comunidades en las islas del Pacífico sur reforestan y siembran manglares para disminuir el calor del agua, protegerse de la erosión y el aumento del nivel del mar. ¿Qué hacen al respecto los Consejos Comunitarios?