Nunca ha existido un escenario normal. Margarita desde el principio y de manera sistemática incumplió los términos del acuerdo de visita, con el único fin de alejarme a mi y a la familia paterna del crecimiento de la niña (es más, Margarita no deja a mi hija ver a sus tíos, abuelos y primos paternos desde hace más de tres años).	La Fiscalía entonces solicita al Colegio Nacional de Psicólogos una opinión profesional sobre el Dictamen de la Dra. Galán, el de Medicina Legal y los dos conceptos aportados por Margarita. (Conceptos de la Dra. Franceschi y Dr. Ramírez) el cual emite su opinión profesional desechando la valoración de la Dra. Galán por carencia de rigidez científica y también de los dos “conceptos” adicionales.	Y es que precisamente María Elvira este caso se hace público cuando resulta más que evidente que el problema es que no hay una valoración de las pruebas. Aquí se inicia un proceso penal, con base en un concepto psicológico sin ningún rigor, que es apoyado por profesionales que resultan no serlo, en donde la Fiscalía un día pide la preclusión y al otro con los mismos elementos mi condena; del cual se deriva una sentencia en materia civil que está siendo también objeto de investigación por parte del Consejo Superior de la Judicatura, una historia de terror en donde mi hija ha sido manipulada y es la victima mayor.	DIEGO PARDO CUELLAR[1] Tiempo transcurrido entre la evaluación de la sicóloga que dio origen a esta situación (marzo 20 de 2015) y el inicio de la acción penal (agosto 20 de 2015) o sea, cinco (5) meses después. Durante ese lapso de tiempo Margarita me permitía seguir viendo a la niña. La notificación de la demanda penal llega en el momento en el que el régimen de visitas de DPC se ampliaba y le permitía compartir fines de semana completos con la niña