. La acusación también alega y busca la pérdida de más de $ 350 millones que representa el monto de los fondos involucrados en la violación.La acusación formal alega que a partir de noviembre de 2011 o alrededor de esa fecha y hasta al menos septiembre de 2015, Saab y Pulido conspiraron con otros para lavar el producto de un	. Según la acusación, Saab y Pulido obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir unidades de vivienda de bajos ingresos.Los acusados ​​y sus co-conspiradores supuestamente se aprovecharon del tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela, bajo el cual los dólares estadounidenses podrían obtenerse a una tasa favorable, al presentar documentos de importación falsos y fraudulentos para bienes y materiales que nunca se importaron a Venezuela y sobornar a funcionarios del gobierno venezolano para que aprobarán esos documentos. También alega que las reuniones para adelantar los pagos de sobornos ocurrieron en Miami y que	. Como resultado del plan, Saab y Pulido transfirieron aproximadamente $ 350 millones fuera de Venezuela, a través de los Estados Unidos, a las cuentas en el extranjero que poseían o controlaban. Este caso fue investigado por la División de Campo de Miami de la DEA con la asistencia de la Oficina de Campo de Miami del FBI y la Oficina de Campo de Miami de las Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Inmigración y Control de Aduanas. El abogado litigante John-Alex Romano de la Sección de Fraude de la División Criminal y el abogado adjunto Michael B. Nadler del Distrito Sur de Florida están procesando el caso.