De acuerdo con lo señalado por el rector de la institución, Jairo Torres, en el proceso influyó la experiencia de la universidad en el estudio de impactos por actividades mineras y la alianza con la Universidad Tecnológica del Chocó, la conformación del equipo de investigación y la infraestructura del laboratorio para el proyecto.	“El objetivo del proyecto es dar esta respuesta a la sentencia T-622/16 donde se establece el río Atrato como sujeto de derecho, es decir, hay una afectación ambiental en la salud humana y hay que estudiarlo. La Corte dice que hay que intervenir en el problema y restaurar las áreas afectadas, pero para esto hay que estudiar la zona primero”, explicó el director del Laboratorio de Toxicología, José Luis Marrugo Negrete.	En este proyecto de investigación la Universidad de Córdoba está aportando en contrapartida 2 mil 700 millones de pesos y tendrá una duración de 30 meses. Además, como valor agregado, la comunidad quedará dotada con un laboratorio para el seguimiento a la minería y a la calidad de agua, explicó el docente investigador.	El proyecto, que ya se encuentra en ejecución, tiene una duración de tres meses. “Con este perfil determinaremos las condiciones socio demográficas de las comunidades. Hay un componente de saneamiento básico muy fuerte, en esta zona el saneamiento es muy precario, entonces también va ser parte de este perfil, porque el estudio de salubridad depende del estado de saneamiento que una persona tiene en su vivienda y en general en sus alrededores”, expresó Marrugo Negrete.