La decisión del Tribunal indica en el sexto punto que deniega “la pretensión de reparación interpuesta por la sociedad R&T S.A. en contra del Distrito” y esa medida se da luego de una gestión de Caicedo Omar, iniciada en el año 2012, para que Santa Marta recuperara su soberanía tributaria a través de una lucha contra las concesiones, entre esas R&T que controlaba los impuestos desde el 2002.	Según el ente acusador, las denuncias tienen viabilidad toda vez que el supuesto soborno se habría pagado con cargo a contratos ficticios suscritos por la sociedad Recaudos y Tributos en medio de una sentencia (1082 de 2012) con la que el exmagistrado Pretelt le había dado la razón a R&T en la impugnación de un fallo del	“Pretelt fue quien conoció en la Corte la revisión de tutela que en primera y segunda instancia fallaron los jueces civiles de Santa Marta a favor de la concesión R&T, pese a la decisión que nosotros tomamos en el primer trimestre de 2012 para terminar esta concesión leonina que privatizó los impuestos de la ciudad, siendo eso algo contrario a la Ley. Vamos a continuar con esta lucha y con las denuncias que tengamos que impulsar para que Inassa, Metroagua y R&T indemnicen a Santa Marta porque ellos tanto como Pretelt están en deuda con la ciudad”, indicó Caicedo en su momento.	De acuerdo con Caicedo Omar, las presumibles acciones de los acusados le habrían costado a Santa Marta cerca de 70.000 millones de pesos, lo que hubiese sido peor de haber liderado la terminación del contrato que además le habría ahorrado a la ciudad cerca de 140.000 millones de pesos, que habrían sido invertidos en obras públicas por el alcalde que lo sucedió en el cargo, Rafael Martínez.