La Corte Constitucional revisará una demanda contra los artículos 32 y 41 del decreto que regula la tenencia y el porte de armas en el país. El argumento de los demandantes es que por estos dos artículos se ha dejado fuera del debate a las partes civiles, pues es una decisión que, en estos momentos, es exclusiva de las Fuerzas Militares.	Alejandro Matta Herrera y Daniel Porras Lemus, los mismos que tumbaron el artículo del Código de Policía que prohibía el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en espacios públicos, demandaron los artículos 32 y 41 del decreto 2535 de 1993. Para ellos, el articulado violaría los principios constitucionales de democracia participativa, autonomía de las entidades territoriales y el monopolio estatal de la fuerza.	El primer artículo demandado señala que la responsabilidad de la expedición y revalidación de los permisos de porte y tenencia de armas, así como para la venta de municiones y explosivos, es responsabilidad de autoridades militares en los lugares donde lo indique el Ministerio de Defensa. Y el artículo 41 señala que estas mismas autoridades que dan los permisos para que alguien tenga un arma, se deben encargar de suspenderlos y que las autoridades locales, o sea alcaldes y gobernadores, deben acudir a los militares para solicitar que se quite un permiso.	“Que todo el poder decisivo sobre las armas en el país recaiga en las fuerzas militares es la que los llevó a presentar la demanda”, dijo Matta, quien agregó que la normatividad en el país “ha hecho que los ciudadanos porten armas, pero no que decidan si está bien o mal”. Y añade que quieren generar una reflexión sobre el tema en espacios como concejos, asambleas y Congreso.	Este año, el Ministerio de Defensa expidió una nueva directiva para el porte de armas, en donde se destacan la creación de comités evaluadores para la entrega de permisos especiales regionales y nacionales, la consulta de antecedentes de Sijín y Dijín, Registro Nacional de Medidas Correctivas (comparendos por comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad), y consulta de procesos activos en Fiscalía.	Para los abogados Alejandro Matta Herrera y Daniel Porras Lemus, que los civiles estuvieran ausentes en el debate generó dos efectos. El primero, que desde las instituciones se dicten medidas que no tienen en cuenta el contexto de los territorios, pues “son de arriba hacia abajo”. Y el segundo, que, como el Estado pidió a los civiles armarse, esto llevó, en parte, “a los desastres en derechos humanos que ya conocemos”.