Según Fernández, el Sumaj Orcko era para los indígenas una "waka", un lugar sagrado "que no podía tocar nadie". Pero la riqueza del cerro fue explotada a gran escala a partir de 1545 con la llegada de los españoles, cuando se convirtió en la mayor mina de plata del mundo, además de otros minerales.	El San José fue hundido por una flota de corsarios ingleses el 8 de junio de 1708 cuando se dirigía a Cartagena de Indias cargado, según crónicas de la época, con cerca de once millones de monedas de ocho escudos en oro y plata que había recogido en la feria de Portobelo (Panamá).	El entonces dirigente compartió luego con las autoridades de la Nación Qhara Qhara la información lograda en su viaje y decidieron tomar "acciones", según Fernández. Lo primero que hicieron fue buscar papeles para sustentar el reclamo y acreditar que su pueblo habitó esos territorios mucho antes de la colonia, para lo que acudieron en Bolivia al Archivo y Biblioteca Nacionales de Sucre y la Casa de la Moneda de Potosí, entre otros.	También recurrieron a textos de "grandes escritores" como el peruano Waldemar Espinoza o el inglés Tristan Platt, que escribieron ampliamente sobre los Qhara Qhara. Fernández relató que también incluyeron una copia del Memorial de Charcas, una "acción popular" enviada en 1582 por caciques de cuatro naciones indígenas, entre ellas los Qhara Qhara, al rey español Felipe II protestando "por el respeto de nuestras tierras y por el tributo que exageradamente estábamos pagando".	"Entonces con todos esos documentos y la libre determinación de nuestro pueblo nos hemos personado a hacer las acciones diplomáticas ante el Gobierno de Colombia", explicó. El 28 de junio de 2018 los indígenas presentaron al entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, documentación que acredita que el tesoro del galeón San José "es de la Nación Qhara Qhara".	También reclaman que el Ejecutivo colombiano "reconozca la propiedad colectiva del galeón" y les permita "ser parte del equipo que va a hacer la extracción". Precisamente, lo último sobre el caso fue el anuncio del Gobierno de Iván Duque el pasado 6 de marzo de que prolongará la suspensión para contratar a la empresa que extraerá el galeón, ante el temor de que suponga perder patrimonio nacional.