La acción de tutela es un mecanismo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, que busca proteger los derechos fundamentales de los individuos cuando cualquiera de estos resulten vulnerados. La acción procede en algunos casos en los que se violan de manera directa derechos de carácter fundamental, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o en aquellos casos en los cuales no hay ningún mecanismo idóneo para proteger un derecho fundamental.	La tutela es un mecanismo altamente efectivo para salvaguardar y proteger los derechos fundamentales de los colombianos. Derechos dentro de los cuales están el derecho a la vida y el derecho a la salud, y las tutelas buscan protegerlos, puesto que representan el mayor número de acciones que se presentan a los jueces de la República.	Son tan necesarias y efectivas las tutelas que, según datos de la Defensoría del Pueblo, en Colombia se presenta un promedio diario de 60 tutelas por hora por temas relacionados con el área de la salud. Este dato se respalda en las cifras emitidas por la Defensoría del número de tutelas presentadas el año pasado: 207.734. La cifra más alta registrada en el país desde 1991.	El mismo informe establece que en 1.019 municipios se presentó por lo menos una acción de tutela, es decir, que en el 91% de los municipios de Colombia los ciudadanos tuvieron que ir a los juzgados para amparar sus derechos o, lo que es lo mismo, que en todo el territorio nacional se violan derechos fundamentales como el de la salud y la vida.	El escenario pareciera que tiende a empeorar en el 2019 debido a que la crisis de la salud es tan grande y las condiciones del sistema tan complejas, que solucionarlo en el corto plazo va a ser muy difícil. Además, se podría estar abusando del mecanismo, sobre todo para exigir tratamientos que no tienen una validez científica o para solicitar elementos y servicios no contemplados en los planes básicos de atención. El sistema de salud tiene unos recursos limitados para unas necesidades de la población infinitas.	Otro factor a tener en cuenta y que podría agravar la crisis del sector tiene que ver con el más de un millón de inmigrantes venezolanos que han llegado al país, a los cuales en la actual política de puertas abiertas se les ha garantizado el derecho a la atención integral en salud sin tener el sistema un mecanismo de financiación que permita cubrir el costo de estas atenciones. Hoy en día son los hospitales de Colombia quienes enfrentan esta situación, sin tener un mecanismo de financiación claro para tal fin, con el riesgo de que colapse el sistema de salud por falta de recursos.	Ya se empiezan a ver las primeras tutelas presentadas por los hermanos venezolanos reclamando sus derechos a la salud y la vida y no hay aún un mecanismo para que el sistema pueda garantizar la financiación necesaria para poder atenderlos adecuadamente. Las secretarias de salud departamentales y municipales que son actualmente quienes financieramente hacen frente a estas atenciones, históricamente han tenido un presupuesto deficitario y no estaban preparadas para enfrentar esta crisis.	El panorama de la salud en el 2019 está siendo muy complejo y pudiese empeorar debido a las necesidades de los usuarios que demandan servicios de salud constitucionalmente amparados, a algunos aseguradores que no están cumpliendo con la tarea de garantizar servicios oportunos con calidad, a una red hospitalaria desfinanciada y en muchos casos con déficit de camas y servicios, y por último a unos nuevos actores que superan el millón de personas con necesidades históricas de atención en salud, a los que les ofrecimos unas garantías de sus derechos fundamentales, sin tener claramente definido cómo les vamos a cumplir lo prometido.