No es fácil tomar partido en este tema. Por una parte, está el sentido de justicia en mezcla con los sentimientos: ¿puede haber algo más horrendo que el crimen contra un niño? Es la cobardía en su máxima expresión, pues no solo se rompe la inocencia de una criatura cuya vocación es crecer para ser feliz, sino que el agresor se aprovecha de la situación natural de ingenuidad e indefensión del menor, con lo cual se trata de los crímenes más abominables. En consecuencia, el instinto lleva a considerar poca, incluso, la pena de prisión perpetua.	Si el fin de las penas no solo es sancionar la conducta de los infractores, sino también el de procurar su futura reinserción a la vida en sociedad, con esta pena no se logra este objetivo sustancial. Y si se esgrime que un agresor de niños es un enfermo irrecuperable, pues la única forma de saberlo es permitiendo la evaluación del sentenciado, tras lo cual los expertos tendrían que indicar si está preparado o no pare retornar a su entorno social.	Tampoco se ha comprobado que la amenaza de prisión perpetua disuada a los potenciales asaltantes de menores, quienes delinquen independientemente de la pena a la que puedan verse expuestos. En Estados Unidos, por ejemplo, donde existe la pena de muerte, no se ha demostrado una rebaja significativa en delitos como estos.	Más bien lo que se busca es evitar la reincidencia, con lo que retornamos a la discrepancia inicial, esto es, que desaparece con esta medida el objetivo de socialización del condenado. Este dato resulta aún más importante en la medida que ya las penas para estos delitos en Colombia rondan los 60 años de prisión, lo que en la práctica supone que quien resulte condenado lo será por toda su vida potencialmente activa, si tenemos en cuenta que el promedio de vida en el país es de 73 años de edad.	Si a esto se le suma los costos asociados a la implementación de esta pena perpetua, se debe considerar, conforme con estudio ordenado por el Gobierno, que el país terminaría destinando casi el doble de recursos en la manutención de los sentenciados por estos delitos, que en el bienestar de las víctimas que trata de proteger, estudio en el que se señala que la condena a perpetuidad es pena cruel en la media que el sentenciado pierde toda esperanza razonable de resocialización y de libertad, lo cual se agrava si, como es de público conocimiento, las cárceles del país funcionan como sitios de reclusión inhumanos y degradantes.	El tema no es pacífico pues frente a los potísimos argumentos jurídicos y de conveniencia para que no se implemente esta medida punitiva, también está el que privilegia la protección de los niños por encima de cualquiera otra consideración. El debate está abierto, y se enriquecerá en la medida en que más colombianos aporten argumentos.