“En casos de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas, el Estado tiene la obligación de realizar una investigación ex officio (en virtud de su oficio), sin dilación, seria, imparcial y efectiva, elemento fundamental para la protección de ciertos derechos que se ven anulados por estas situaciones”, señaló la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena.	La CIDH detalló que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó el pasado 14 de diciembre del hallazgo de una fosa común en el cementerio Las Mercedes, donde -agrega- “se encontrarían los restos de por lo menos 50 personas presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales, ocurridas en el marco del conflicto armado interno, conocidos como ‘falsos positivos’”.	“La Comisión valora positivamente las acciones que están siendo implementadas por parte de la JEP, para avanzar en la búsqueda de la verdad de los hechos ocurridos” en el Caso No. 003, indicó la nota, según la cual ese proceso es denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.