Las afectadas son Milagros Sulmay, usuaria de Ambuq EPS que padece anemia de células falciformes y requiere con urgencia un trasplante de médula ósea; y Karen Moya, de Coomeva EPS, quien padece la misma patología, pero presentó un aumento de presión intracraneal que le afectó la visión -progresivamente- hasta dejarla ciega.	Precisó que la última reunión de seguimiento y concertación a las medidas cautelares se realizó el 21 de noviembre de 2018 en la ciudad. Asistió la Cancillería, en representación del Estado, y las EPS involucradas, y “el compromiso de Ambuq fue el mismo que tiene desde enero del año pasado, que hicimos como tres reuniones”.	De acuerdo con el acta de esa reunión, Ambuq se comprometió a: gestionar y realizar examen de histocompatibilidad de Jesús David Villarreal (hermano de Milagros); una vez esté el resultado del examen de histocompatibilidad practicado a Jesús David Villarreal, asignar, de manera inmediata la cita de trasplante de la beneficiaria; solucionar el problema del proveedor del medicamento y, si es el caso, gestionar la actualización de la formulación con el médico tratante; y sensibilizar a los funcionarios de la EPS sobre la medida cautelar y, particularmente, ilustrarlos frente al caso de la beneficiaria.	“Además, el hermano de Milagros, al que tienen que hacerle el análisis de compatibilidad, también vive en San Jacinto del Cauca y tienen que traerlo con viáticos. No se está dando ni se ha dado. Ese examen lo estamos persiguiendo hace un año y dos meses, el que no lo hagan le atrasa el proyecto de trasplante de médula a Milagros, que no se ha materializado”.	Del caso de Karen Moya, el abogado manifestó que “en Coomeva cambiaron a la directora regional, pusieron una nueva, que estuvo en la última reunión. Entonces, cada vez que nos cambian de directora empezamos de cero nuevamente, porque la que llega no conoce; mientras se informa de lo que está sucediendo y se apersona del caso, se pierde tiempo”.	Lamentó que “Karen Moya, como definitivamente no tuvo el tratamiento a tiempo, ya perdió la visión. Su médico tratante dice que hay que rehabilitarla por la discapacidad de la pérdida de la vista, necesita unas terapias de rehabilitación para ciegos y se la iban a dar en la Fundación REI, pero eso no está confirmado. Iban a hablar con el instituto, a ver cómo operaban, porque es el único que se dedica a eso en la ciudad, pero no tienen contrato con este. La mandaron a consulta, controles, pero las terapias para que Karen pueda ser independiente por la discapacidad visual no las está recibiendo todavía, iban a hacer los trámites de contratación”.	Como señala el acta, los compromisos adquiridos por Coomeva en noviembre pasado fueron: autorizar la remisión de la beneficiaria a la Fundación REI para la valoración que requiere, respecto de la discapacidad visual que presenta; autorizar todas las terapias que la Fundación REI determine para su proceso de rehabilitación; y realizar la ruta de atención integral de la beneficiaria, a más tardar, para el 21 de diciembre de 2018.	Coomeva respondió que “la madre de la menor debe solicitar la cita de valoración directamente con el prestador autorizado (Fundación REI). Luego de dicha consulta, el especialista indicará las terapias a realizar y el tiempo de las mismas. Se le ha indicado a la madre de la usuaria sobre la solicitud de la cita para que la menor reciba el tratamiento requerido”.	De los 25 niños y niñas amparados por la CIDH han fallecido dos pacientes de Comfamiliar. Los otros, por EPS, están distribuidos así: tres en Mutual Ser, Comfamiliar, Medimás y Salud Total; dos en Salud Vida y Fiduprevisora; y uno en Sura, Comparta, Nueva EPS, Comfacor y Magisterio. Entre los dos pacientes en Fiduprevisora había una niña con cáncer de tiroides a la que ya se le cumplió el tratamiento a cabalidad y ahora permanece en controles médicos. Fernando Barrios, vocero de la fundación United for Justice, señaló que “Nueva EPS está cumpliendo a medias, es decir, da unas cosas y otras no. Les he dicho a ellos y a la Cancillería que cumplir a medias es lo mismo que no cumplir porque el tratamiento para un paciente con cáncer no admite interrupción”. En la mayoría de los casos, las EPS se comprometieron en la última reunión de seguimiento y concertación a “continuar brindando la atención y suministrando los medicamentos, de manera oportuna y eficiente al beneficiario”.