El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, exhortó a los actuales gobernadores y alcaldes distritales, metropolitanos y municipales a planear y ejecutar los procesos de cierre de gestión y empalme de sus administraciones, y a presentar informes sobre los avances, logros y retos en la protección de las víctimas y la consolidación de la paz.	El jefe del Ministerio Público, en la Directiva 009 de 2019, sugirió a los mandatarios locales tener en cuenta el reporte del estado en el que se encuentran las políticas de construcción de paz y víctimas del conflicto armado, con énfasis en el conocimiento de los logros y avances que las administraciones salientes han alcanzado en su implementación, así como también los retos que han identificado.	El Procurador recomendó a los alcaldes municipales incluir un reporte del estado de los proyectos radicados en el OCAD Paz y del rol que desempeñó la administración en la implementación de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), sus decretos leyes étnicos y demás decretos reglamentarios.	El jefe del órgano de control exhortó a los mandatarios territoriales que finalizan sus períodos, a planear y ejecutar el proceso integral de cierre de gestión y a preparar el proceso de empalme, teniendo en cuenta la transparencia, el acceso a la información pública y la participación ciudadana, que se incluyen en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.	Entre los documentos relacionados en la directiva que deben tener una especial atención por parte de los servidores encargados de preparar y rendir los informes se encuentran la ‘Guía de Informe de Gestión’, la ‘Guía de Empalme’ y la ‘Guía de Rendición de Cuentas’, elaborados por el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Elaboración del informe final con los componentes de gestión administrativa y gestión del desarrollo territorial, a realizar entre julio y octubre de este año; sesiones de empalme entre las administraciones entrantes y salientes, a efectuar entre noviembre y diciembre de 2019 y, finalmente, entre enero y marzo de 2020 las nuevas administraciones procederían a la apropiación y uso de la información recibida.