La Contraloría General de la República investiga a la Gobernadora (e) de Córdoba, Sandra Patricia Devia, y los exgobernadores Alejandro Lyons y Edwin Besaile, por un presunto hallazgo fiscal de $45.083 millones de pesos, relacionado con un millonario contrato de investigación de ciencia y tecnología donde se pagaron unos $29 mil millones, a pesar de que no fue ejecutado, y donde apenas se han recuperado algo más de $4 mil millones.	El proyecto donde se dieron estas irregularidades, desarrollado a través del Convenio Especial de Cooperación No. 734 de 2013, corresponde a una investigación sobre el corredor agroecológico caribeño (Córdoba y La Guajira) en la cuenca del Río Sinú, ejecutado por la Corporación Áreas Naturales Protegidas -ANP y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal -CONIF-	El objeto de este proyecto, contratado en momentos en que ejercía el cargo de Gobernador el señor Alejandro Lyons, era hacer unas investigaciones sobre temas de agua, reforestación y mejoramiento de la cuenca del río, actividades que nunca se realizaron, por lo que la administración de su sucesor, Edwin Besaile, decidió a mediados de 2017 liquidar este contrato, por incumplimiento del mismo, y ordenar la devolución de los dineros pagados, con sus respectivos intereses.	Según la Unidad de Regalías de la CGR, “Frente a la liquidación del convenio especial de cooperación No. 734 – 2013, se observa un posible detrimento que se determina en que la entidad auditada (Gobernación de Córdoba) no ha realizado las gestiones pertinentes e indicadas para la recuperación de la totalidad de los recursos cancelados a los Cooperantes Corporación Áreas Naturales Protegidas -ANP y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal -CONIF-, establecidas en el acto administrativo No. 004 del 15 de agosto de 2017, generando una afectación al patrimonio del Estado”.	La investigación de la Contraloría tiene relación con el no reintegro del dinero que la misma Gobernación de Córdoba ordenó, dado que no se han hecho las acciones efectivas de cobro requeridas en este caso, explicó la Contralora Delegada Sectorial, Lina María Guarnizo Tovar, líder de la Actuación Especial de Fiscalización que realizó la Contraloría General de la República en Córdoba, durante el primer semestre del presente año.	En esta Actuación se revisaron los proyectos más cuantiosos suscritos por la Gobernación de Córdoba entre los años 2013 y 2015, financiados con recursos del Sistema General de Regalías, obteniendo como resultado 14 hallazgos administrativos*, 8 de ellos con presunta connotación fiscal por $69.507 millones (suma que incluye los $45.083 millones del hallazgo que involucra a los tres últimos Gobernadores).	Vale señalar que, por este mismo caso, la Contraloría adelanta desde julio de 2017 un proceso de responsabilidad fiscal por una cuantía de $4.050 millones, contra los exgobernadores de Córdoba Alejandro Lyons y Edwin Besaile, supervisores, interventores y contratistas entre otros, por presuntas irregularidades relacionadas con la intermediación del convenio (los contratistas o cooperantes subcontrataron algunas actividades a menor valor de lo presupuestado).	Por otro lado, la Actuación Especial de Fiscalización adelantada en el departamento de Córdoba por la CGR arrojó también un hallazgo con incidencia fiscal por valor de $9.628 millones de pesos, por irregularidades en el manejo de los recursos públicos en el proyecto de “Fortalecimiento de la cultura ciudadana y Democrática en ciencia, tecnología, e innovación a través de la investigación como estrategia pedagógica apoyada en la tics en el departamento de Córdoba”.	Para el desarrollo del proyecto, se firmó en diciembre del 2013 el convenio especial de cooperación entre la Gobernación de Córdoba y la Corporación Unificada de Educación Superior (CUN), que presenta a la fecha irregularidades relacionadas con los pagos de actividades no contempladas dentro del contrato, saldos sin comprometer, giros de dineros por presuntos conceptos injustificados, no soportados y no ejecutados, e intermediación innecesaria del convenio especial de cooperación.	Llaman también la atención dos proyectos relacionados con la construcción de escenarios deportivos en los municipios de Planeta Rica y Cotorra, por tratarse de obras de infraestructura de gran cuantía que se encuentran con un porcentaje de ejecución física y financiera del 100%, ya han sido entregadas, pero presentan gran deterioro y fallas estructurales que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios.	Sin embargo, la Contraloría encontró deficiencias en la calidad de la obra, así como obras sin funcionamiento e incompletas, pago de valores diferentes a lo contratado, y un deficiente desempeño de la interventoría, por lo que configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $4.054 millones de pesos.	Finalmente, se destaca un hallazgo fiscal por valor de $5.511 millones de pesos, correspondientes a los pagos realizados por la Gobernación de Córdoba al contratista del proyecto “Aplicación, aislamiento y mantenimiento de sistemas agroforestales como estrategia para la regulación hídrica, conservacion de suelos y mejorar la productividad de regiones deprimidas del departamento de Córdoba”.