El presidente estadounidense, Donald Trump, está decidido a construir el muro con México durante la segunda mitad de su mandato, pero la declaración de una emergencia nacional en la frontera, su último artilugio político para sortear el escollo que representa el Congreso y obtener de manera inmediata los fondos necesarios, se encamina a una doble batalla judicial y legislativa de final incierto. De hecho, según analistas políticos y expertos en derecho, la muralla de Trump podría chocar en los tribunales y en el Congreso norteamericano con una barrera tan alta que su construcción podría demorar años o nunca avanzar, salvo que la Corte Suprema intervenga en favor de la Casa Blanca. Lo que en primer lugar deberá evaluar la Justicia es si realmente existe una situación de emergencia que justifique otorgarle al presidente poderes extraordinarios, algo que supone un avance sobre la separación de poderes que solo es admisible en casos muy excepcionales. Es decir, un tribunal deberá determinar si la declaración de emergencia es en este caso legal y constitucional. Un conjunto de 16 estados, encabezados por California, cree que no lo es y el viernes pasado plantearon una demanda en un juzgado de San Francisco en la que también le pidieron al juez una medida cautelar para evitar el desvío inmediato de recursos presupuestarios para la construcción del muro. Se espera que haya avances la semana que viene. Ese pedido de una medida cautelar sería la primera ‘valla’ para Trump en la disputa legal que comienza, aunque posiblemente no tendrá problemas en superarla. “	”, indicó a la Agencia Anadolu el experto Alejandro Garro, profesor de Derecho en la Universidad de Columbia. Pero el magistrado sí podría considerar injustificada la medida extraordinaria y fallar en contra de la emergencia nacional, lo que sin duda sería apelado por el presidente, por lo que la disputa pasaría de esa manera a una cámara federal de apelaciones, paso previo a su eventual tratamiento en la Corte Suprema. En ese caso, la pelea por la atribución presidencial de utilizar el argumento de una emergencia nacional en la frontera podría extenderse varios meses antes de llegar al máximo tribunal, explicó el especialista.“Trump tiene en este caso una estrategia confrontacional con enormes debilidades, porque la utilización de la declaración de emergencia para un asunto de política doméstica no tiene antecedentes”, consideró Garro. Desde ese punto de vista, la decisión que tomó el presidente de avanzar por esa vía es “dañina institucionalmente”, según el experto, ya que afecta la separación de poderes. La sensibilidad del tema y su gravedad institucional podría llevar a la Corte Suprema a intervenir en el caso, y ahí es difícil prever cuál sería la decisión final. El hecho de en el tribunal haya una mayoría de jueces conservadores, dos de ellos elegidos por el propio Trump, podría favorecer a la Casa Blanca, pero aún así es imposible arriesgar un resultado. Para Juan Carlos Hidalgo, analista político del Cato Institute de Washington, no hay duda de que el caso se resolverá finalmente en la Corte Suprema. Si los tribunales inferiores ratifican la declaratoria de emergencia del presidente, señaló a la Agencia Anadolu, “	”. La iniciativa presidencial es un tema con el que los jueces de la Corte Suprema no están de acuerdo, coincidió Garro, “porque tiene que ver con cuánto poder debe tener el presidente”. En ese sentido, se trata de una discusión de fondo, que va más allá de la construcción o no del muro fronterizo. Pero hay quienes ponen en duda que la Corte Suprema quiera verse involucrada en una discusión tan politizada. “Es una papa caliente”, dijo el analista político Mark Jones, especialista de la Universidad de Rice en Texas. “	”, comentó.Jones ve más probable que el tribunal supremo deje que el caso pase por las distintas instancias judiciales inferiores y algún juez admita una cautelar que frene la aplicación de la emergencia, con lo cual todo el proceso podría extenderse en el tiempo.“Probablemente hasta después de que termine el mandato de Trump”, señaló el analista de la Universidad de Rice.Pero a la par de la batalla judicial, es altamente probable que haya una pelea legislativa, opinan analistas políticos locales. El Congreso estadounidense, mediante una resolución o por ley, podría revocar la declaración presidencial de una emergencia en la frontera y despojar al mandatario de los poderes que esa emergencia le otorga. Claro que si el Capitolio vota en ese sentido, algo que es probable porque los Demócratas tienen ahora mayoría en la Cámara de Representantes y podrían en este caso inclinar la balanza en el Senado, el presidente Trump podría luego utilizar su poder de veto y cerrar la discusión.El Congreso, recordó Juan Carlos Hidalgo, necesitaría luego dos tercios de los votos para rechazar el veto presidencial. Y alcanzar ese número es, según el experto del Cato Institute, “prácticamente imposible dado el sometimiento que ha mostrado la mayoría de los congresistas Republicanos hacia Trump”. Mark Jones cree igualmente que la discusión debe ser interpretada en términos políticos, porque a su juicio esa es la finalidad con la que el presidente declaró la emergencia.En plena campaña por la reelección, observó el analista, “