Por su parte, Medellín fue el ejemplo principal de la introducción de recursos públicos en este sector. El control de la compañía se les aseguró a los agentes privados quienes pusieron en operación la compañía hacia 1898. Precisamente, fueron Bogotá y Medellín las que aprovechando la disposición de recursos energéticos progresaron rápidamente en la industrialización.	A la par de que el sector iba en expansión, el gobierno nacional reguló la explotación y las concesiones de la fuerza hidráulica (Ley 113 de 1928), buscó controlar la tarifa del servicio (Ley 109 de 1936), definió este servicio como público y autorizó al Estado para que participara en su financiación (Ley 126 de 1938). También creó el Instituto Nacional de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico (Ley 80 de 1946) el cual financiaría las empresas que atendían zonas de menor crecimiento.	Aunque para los años ochenta se señaló que el sector estaba sobredimensionado, lo cierto es que en marzo de 1992 el gobierno nacional decretó el racionamiento de energía como una salida a la sequía que se presentó por el fenómeno del niño. Esta fue de las causas que se argumentó, entre otras, para adelantar un cambio estructural en el sector eléctrico.	Otros aspectos que se consideraron fueron el deterioro financiero y administrativo del sector, el cambio tecnológico que permitió que la generación eléctrica se volviera una actividad competitiva y los cambios estructurales adoptados en Colombia a comienzos de la década de los noventa orientados a la reducción del Estado y la promoción del mercado