Para el Ministerio Público, Correa Henao se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, ya que el trámite y aprobación de dichas autorizaciones, era de conocimiento de la presidencia, las salas y las secciones de la JEP, a partir de la 15 de marzo de 2018, lo que también implicó el incumplimiento de los principios que rigen la función administrativa, en especial el de moralidad.	Así mismo, se estableció que el exfuncionario reflejó falta de seriedad en la toma de decisiones relacionada con los excombatientes de las Farc-EP, indebida gestión administrativa, y falta de análisis fáctico y jurídico en el otorgamiento de las autorizaciones de salida del país a personas sometidas a la JEP, con lo que generó desconfianza en la aplicación de los principios de verdad, justicia y reparación a las víctimas, que impone el acuerdo de paz.	La falta fue calificada como grave a título de culpa grave, y teniendo en cuenta que el investigado ya no se encuentra ejerciendo su cargo, se ordenó realizar la conversión de la sanción de suspensión en salarios, de acuerdo al monto devengado para el momento de la comisión de la falta, lo que para el caso señala un valor de $ 165.761.385