“La Revolución Continúa” es el nombre que la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, escogió para su reunión anual, que se celebrará al final de la semana en Cartagena. Un nombre acertado, teniendo en que cuenta que la infraestructura está dentro de los muchos avances del país en las dos décadas transcurridas del siglo XXI.	En estos años, la extensión de la red vial nacional aumentó 76 % y la de dobles calzadas 36 %, la red primaria en estado “bueno y muy bueno” pasó de 62 % a 78 %, y los kilómetros de vías concesionadas de 16 % a 44 %. Adicionalmente, Colombia ocupó en 2018, el tercer lugar entre 135 países en marco regulatorio para Asociaciones Público Privadas, gracias a la Ley 1508 de 2012, que estableció un régimen jurídico para las Asociaciones Público-Privadas (APP).	De otro lado, la Ley 1882 de 2018, que hizo obligatorio el uso de pliegos tipo en el sector de la infraestructura, aumentó la competencia en los procesos de contratación pública. Después de tres meses de la entrada en vigencia de la ley, las licitaciones con más de dos proponentes aumentaron del 30 % al 86 % del total.	Pero como bien lo indica la CCI, la revolución debe continuar. El rezago del país se mantiene y Colombia ocupa el puesto 81 entre 141 países en el pilar de infraestructura del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, en tanto que en conectividad de las carreteras, se ubica por debajo del promedio de América Latina y de la OCDE.	Aparte de las vías 4G, el país está necesitando con urgencia conocer el programa 5G, así como un Plan Maestro de vías secundarias y terciarias que unan el territorio y permitan el desarrollo de actividades productivas en diversas zonas del país. Al respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo ha estimado que para rehabilitar la totalidad de la red vial terciaria se necesitan cerca de US$20.000 millones.	Por su parte, el sistema de transporte intermodal ha sido el sueño de varios gobiernos y, de hecho, ha estado en los planes de desarrollo de varias administraciones. Pero, lo cierto es que el país aún presenta una alta dependencia del modo carretero: más del 80 % de la carga es transportada por carretera. El Departamento Nacional de Planeación está trabajando un documento de política para promover la intermodalidad, y la facilitación del comercio a través del desarrollo de modos como el férreo y el fluvial que debería traducirse en reducción de costos y tiempos logísticos que mejoren la competitividad. Ojalá, en esta oportunidad, se logre avanzar.	La competitividad es un asunto de largo plazo que se construye poco a poco y, como tal, requiere de una política clara respecto a donde se quiere llegar. Las necesidades del país en infraestructura son múltiples y bien conocidas. La política, sin embargo, no lo es tanto, ni en términos de los proyectos estratégicos públicos ni tampoco de los privados.