No obstante, el mensaje enviado ayer por la Corte –que le dio luz verde a esta norma por unanimidad– se da justo cuando en el territorio nacional comienza la Semana de la Ocde en Colombia, evento en el cual se presentarán estudios del país sobre productividad, avances sociales y mejoramiento de la economía, entre otros.	De hecho, el secretario general de la organización, Ángel Gurría, llegará hoy en la noche al país y mañana temprano se reunirá con el presidente Iván Duque, la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y el director de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, entre otros, con el fin de que el Gobierno Nacional le presente los avances de Colombia en este proceso.	El Ministerio de Ambiente será responsable de 11 compromisos, de tal modo que Colombia acoja los instrumentos legales sugeridos por la Ocde, en temas como el fortalecimiento de los sistemas de información e indicadores, las buenas prácticas para la gestión del gasto ambiental y la evaluación de proyectos con un impacto significativo en el ambiente.	Además, habrá mejoras en propiedad intelectual y el país se compromete a mantener la separación entre permisos de entrada de medicamentos y tecnologías médicas, y los procesos de evaluación tecnológica y determinaciones de precio. También se informará sobre procedimientos nuevos y en curso en declaraciones públicas de interés de medicamentos y se implementará el Tratado de Facilitación del Comercio y del Estatuto Aduanero.	El frente laboral, de empleo y temas sociales incluye cuatro compromisos por parte del Mintrabajo y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Estos proponen reducir la informalidad laboral –que es cercana al 50% de la población trabajadora– y proteger los derechos de los subcontratados. En segundo lugar, el Ejecutivo asegura que aplicará la ley laboral; en tercero, se mejorarán temas de negociación colectiva y, en cuarto, se reducirán la violencia y los crímenes contra sindicalistas.	Son cinco las obligaciones con las que quedaría el Gobierno: Concretar el Plan Decenal de Justicia –para dar acceso a justicia a nivel local–; fortalecer el sistema de información judicial; tener transparencia y dar rendición de cuentas; contar con instituciones y marcos de acción anticorrupción e íntegros, y fortalecer la capacidad administrativa subnacional.	Este punto también será del Minambiente e incluye cuatro compromisos: 1. Aplicación de la política de productos químicos industriales y sus planes de acción relacionados; 2. Divulgación de datos no confidenciales como parte del marco jurídico de la política nacional de productos químicos industriales; 3. Adoptar las disposiciones pertinentes en la Política Nacional de Productos Químicos Industriales, como está planificado por Colombia; 4. Actualizar el progreso de la declaración sobre reducción de riesgos para el plomo.	El DNP estará encargado de concretar las mejoras de la política regulatoria en tres aspectos: que en Colombia haya consulta pública obligatoria siempre que se vaya a emitir una regulación, y que cualquiera que sea se conozca qué impacto tendría. El tercer factor tiene que ver con dictar reglas de gobernanza claras para los organismos reguladores. En este punto, el Gobierno ya ha avanzado al caracterizar la regulación y al eliminar, a través de una ley, normativas que ya perdieron vigencia o son innecesarias.	En este rubro hay cuatro compromisos: 1. Cambios en la estructura institucional y el marco legal para la gestión de pesca y la acuicultura; 2. Adopción de planes de reconstrucción y gestión de acuerdo con los principios establecidos en la recomendación del consejo sobre la reconstrucción de la pesca; 3. Ajustes en el monitoreo y aplicación, en términos de registro u concesión de licencias a pescadores y acuicultores; 4. Mejoras de la base de información sobre qué políticas están diseñadas para el sector.