De acuerdo al Banco Mundial, la carga económica de la contaminación asociada con la mortalidad prematura y la morbilidad es entre el 5 % y el 14 % del producto interno bruto (PIB) de los países. En el caso Colombiano el Departamento Nacional de Planeación estima que la sola contaminación del aire urbano le cuesta a la economía el equivalente al 1,93% del PIB, es decir, en 2018 ese costo fue de 17,9 billones de pesos.	La situación podría ser más grave si en el país no existiera la normativa que exige que cada galón de ACPM comercializado tenga un porcentaje específico de biodiésel. En una lenta evolución de15 años, el porcentaje actual ha llegado al 10% y, a partir del primero de agosto será del 12%.	Una agroindustria que ha logrado la capacidad suficiente para atender cualquier nivel de mezcla que defina el Ministerio de Minas y Energía. Ello sin afectar la producción de aceite de palma destinada a otros consumos y sin tener que acudir a algún tipo de deforestación. Según la Federación de Biocombustibles, actualmente la industria solo demanda el 32% del aceite de palma que se produce en el territorio nacional.	Con el biodiésel, tenemos todas las condiciones para convertirnos en un referente mundial de la nueva economía del clima, la cual propende por un aprovechamiento óptimo de los recursos nacionales de energía renovable para impulsar el crecimiento de la economía, hacer frente a los riesgos climáticos y contrarrestar el deterioro de la calidad del aire.