Al principio, el asombro era total porque en el caso de la Corte, nunca se pensó que las actuaciones de sus magistrados fueran a dejar tan herida de muerte la justicia criolla. Y en el caso de la EPS queda el sinsabor de cómo los delincuentes de cuello blanco pueden, con artimañas, burlarse del frágil sistema judicial colombiano. Eso es inaceptable y no tiene presentación.	Dos de los procesos de mayor repercusión en la justicia colombiana, el caso Salupcoop y el Cartel de La Toga, tuvieron nuevos e inesperados episodios durante la presente semana. Por vencimiento de términos fueron dejados en libertad el expresidente de Saludcoop, Carlos Palacino, y el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte.	Eran transferidos por el Gobierno a través de la Unidad de Pago por Capitación UPC; es decir, el valor que se le reconoce por cada afiliado. Las investigaciones determinaron que los millonarios recursos fueron desviados para compra de entidades, remodelaciones, patrocinios, bonificaciones, honorarios de abogados, arrendamientos, gastos de viaje e inversiones en el exterior.	El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, está llamado a juicio por el sonado escándalo del ‘Cartel de la toga’. La Fiscalía lo acusó desde marzo de 2018 por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada; cargos que el exmagistrado no aceptó y de los cuales siempre se ha declarado inocente. Permanecía recluido en la penitenciaría La Picota de Bogotá. Un juez le concedió la libertad porque se venció el plazo límite de 240 días para iniciar su juicio.	Por los dos casos, el Consejo Superior de la Judicatura anunció investigaciones contra los jueces, fiscales y abogados defensores para saber si incurrieron en faltas disciplinarias al ejercicio del Derecho. Para muchos, estas averiguaciones terminan siendo un saludo a la bandera y es poco lo que al final se conoce de sanciones contra los sujetos de indagación.	Aún la opinión pública nacional recuerda estos dos casos: Saludcoop y ‘Cartel de la toga’. Al principio, el asombro era total porque en el caso de la Corte, nunca se pensó que las actuaciones de sus magistrados fueran a dejar tan herida de muerte la justicia criolla. Y en el caso de la EPS queda el sinsabor de cómo los delincuentes de cuello blanco pueden, con artimañas, burlarse del frágil sistema judicial colombiano. Eso es inaceptable y no tiene presentación.