Las restricciones a la compra de crudo de la petrolera estatal PDVSA que entraron en vigor a las 00H01 hora local (04H01 GMT) forman parte de una batería de sanciones que Estados Unidos ha impuesto, que tocan al propio Maduro, pero también a instituciones políticas y financieras en el marco de su campaña de apoyo a Guaidó.	El viernes, el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, prosiguió con su tenaz estrategia tocando al jefe de la diplomacia de Caracas, Jorge Arreaza. Ambos países rompieron relaciones diplomáticas después de que Estados Unidos reconociera a Guaidó, jefe del Parlamento, por considerar que el segundo mandato de Maduro, que comenzó el 10 de enero, es ilegítimo.	El sábado Guaidó advirtió a los militares que la espera para recibir su apoyo "no puede ser eterna", mientras que el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello celebraba con un mitin la llegada del plazo para la salida del país de la Organización de Estados Americanos (OEA), después de que Caracas anunciara su retiro.	Para de Alba, si todavía quedaba alguna operación entre PDVSA y cualquier empresa estadounidense o con compañías que utilicen el sistema financiero de Estados Unidos, "a partir del 28 no cabe duda de que las sanciones están en vigencia y cualquier compañía asume unos riesgos mayores de lo que asumiría antes de esa fecha".	Con la caída de producción, estas entradas de caja están en descenso en un momento en que el país ya atraviesa una crisis sin precedentes, con una hiperinflación prevista por el FMI de 10.000.000% este año y una escasez de bienes básicos que ha provocado la migración de más de 2,7 millones de personas desde 2015, según la ONU.	"Las sanciones han inflingido, y cada vez inflingen más, daños muy serios a la vida humana y a la salud, incluyendo un estimado de 40.000 muertes entre 2017 y 2018", determinaron Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, en un estudio publicado esta semana por el centro de estudios progresista CEPR, con sede en Washington.	Para estos expertos, que pronostican una caída de los ingresos procedentes del petróleo de un 67% en 2019, las sanciones entran en la definición de un "castigo colectivo contra la población civil". Según la ONU, siete millones de venezolanos (24% de la población) tienen necesidades prioritarias urgentes de asistencia y protección y un 22% de los menores de cinco años sufren desnutrición crónica.	Las sanciones de Estados Unidos comenzaron en diciembre de 2014, durante el gobierno de Barack Obama con una ley que apunta a personas responsables de violaciones de los derechos humanos en el país caribeño. En julio de 2017, ya bajo el gobierno de Trump, el Tesoro sancionó a Maduro, días después de la celebración de elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente con miras a imponer lo que denominó "un régimen autoritario".