Queremos resaltar dos coyunturales. El primero es que las empresas de transporte se han convertido en entidades financieras porque los generadores de carga pueden pagar hasta en 180 días a las empresas de transporte, y estas deben pagar un anticipo del 60% o 70% a los propietarios de los vehículos y, por ley, después de entregada la carga tienen cinco días para pagar el restante. Entonces, las empresas de transporte están financiado la operación, lo que ha llevado a que busquen créditos y se endeuden. Pero lo más alarmante es que el 10% de las empresas habilitadas para prestar el servicio de carga en todo el país, están en ley de insolvencia por esta causa.	Según al Comunidad Andina, en la decisión 837 que modificó la 399 este año, debe haber igualdad de condiciones para todos en la región, pero eso no está pasando. Un ejemplo puntual es que cuando un transportador colombiano pasa a Ecuador y va a una estación de servicio, muchas veces no le venden combustible o, si lo hacen, se lo cobran al doble que a los ecuatorianos, sin ninguna razón.	Pero además, los vehículos de Ecuador están cinculando con dos tanques de combustible, mientras que en Colombia eso está prohibido, y los utilizan para abastecerse en su país de origen y utilizarlo durante todo el viaje, gastando menos. Pero lo peor es que hemos tenido denuncias de que el combustible que saben que no van a utilizar lo están vendiendo dentro de nuestro país, en Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Putumayo.	Adicionalmente, mientras que las tractomulas colombianas solo pueden pasar a Ecuador para llegar a Tulcán, en la frontera, y ahí descargar la mercancía para que un vehículo ecuatoriano haga el resto del recorrido, en Colombia sí se permite que los automotores de Ecuador vayan hasta el destino final. Eso implica sobrecostos de descargue, almacenamiento y averías para los colombianos.	En cuanto a la documentación, si la tractomula está vacía, al pasar a Colombia no se les piden documentos, en el caso contrario sí. Y cuando se lleva mercancía, a los colombianos se les exigen nueve documentos en físico, mientras que a los ecuatorianos, cinco. Pero además, cuando van a dejar cargas en Ipiales, generalmente no se les exige tramites en migración. Por lo que consideramos que se están creando restricciones al libre tránsito de la carga transportada por empresas colombianas.	La desigualdad en las condiciones es una discusión de hace muchos años, pero lo cierto es que la situación se ha venido agravando, lo que ha dado lugar a que ya se hayan presentado riñas entre los transportadores y estamos haciendo este llamado porque no podemos permitir que esto explote en algún tipo de problema de orden público.	Seguimos a la expectativa de que salga la reglamentación de este programa e insistimos en que la reposición de vehículos de carga se debe hacer de manera escalonada, para que se incluya a las empresas de transporte como beneficiarias y que los pequeños propietarios, a su vez, puedan comprar vehículos más nuevos, pero no cero kilómetros, para que los puedan costear.	Consideramos que solo así se va a lograr hacer la reposición y que el Gobierno va a tener que evaluar la propuesta cuando se de cuenta que el programa no está dando los resultados esperados, porque muchos de los pequeños empresarios no tienen el músculo financiero para pagar un camión completamente nuevo.