Gran interés suscitó la publicación de la Sentencia C - 165 de 2019 proferida por la Corte Constitucional, y cuyo comunicado y rueda de prensa se dio el pasado 10 de abril. Esta sentencia resolvía una demanda de constitucionalidad presentada en contra de algunos apartados de la Ley 1778 de 2016 (corrupción transnacional), así como del Art. 59 de la Ley 1480 de 2011, norma conocida como el ‘Estatuto del Consumidor’.	El suspenso por la decisión del tribunal constitucional había suscitado toda suerte de interpretaciones destempladas, así como salidas en falso, incluidas fotografías y columnas en primera página de varios juristas, que lanzaron acusaciones infundadas respecto de cómo la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) era una entidad que desconocía sus funciones y vulneraba derechos, nada más alejado de la realidad. Tras esa celebración anticipada de los interesados en limitar las funciones de policía administrativa de las autoridades ejecutivas, el pasado martes 11 de junio la Corte Constitucional publicó la sentencia en comento, con la cual se resolvía la demanda presentada en contra del Estatuto del Consumidor, y se aclaraban las acomodadas lecturas que habían hecho los interesados en poner un manto de duda sobre la defensa del consumidor, tarea adelantada por la SIC.	La norma acusada faculta a la SIC para adelantar sus actuaciones de protección al consumidor, pues es la herramienta jurídica a través de la cual se recaban pruebas, se adelantan visitas administrativas, se inspeccionan libros y documentos y se soportan probatoriamente las sanciones que se imponen a aquellos que con sus conductas buscan defraudar, engañar y enriquecerse a costa del consumidor que debe pagar más por los productos, bienes o servicios, conducta que además incentiva las restricciones a la libre competencia.	Como colombiano y como consumidor celebro la publicación de la Sentencia C - 165 de 2019, la cual ratifica las funciones administrativas de inspección, vigilancia y control no solo de la SIC, pues esta decisión genera un importante precedente para todas las entidades que desarrollan actividades de policía administrativa, las que comprenden, entre otras, a superintendencias, inspecciones de Policía y secretarías de Salud.	La declaratoria de exequibilidad del numeral 4º (parcial) del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, garantiza el debido proceso y aclara lo que se viene haciendo en el entendido de que las competencias de la SIC (i) deben ejercerse a la luz de lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el Código General del Proceso, y (ii) no comprenden la realización de interceptaciones o registros ni otras actividades probatorias que, según la Constitución, se encuentran sometidas a reserva judicial.	En buena hora por la Corte Constitucional, por las ligas y la Confederación de Consumidores, por la Ley 1480 de 2011, pero, sobre todo, por el bolsillo de los colombianos. Esta sentencia, además, trae unos elementos muy importantes en lo que a protección de datos personales se trata, otra función que ejerce la SIC, y sobre la cual esperamos seguir trabajando. En el mundo de la economía digital, el consumidor se ha convertido también en un actor de una realidad de mercado gobernada por el comercio electrónico, en la cual convergen el derecho de la competencia, la protección al consumidor y los datos personales.