En medio de la tensión política que se vive en Santa Marta por una medida de aseguramiento que ordenó un juez contra el alcalde Rafael Martínez, por un proceso en el que también está involucrado Carlos Caicedo, los congresistas de la bancada alternativa enviaron una carta al Presidente de la República, al Director Nacional de la Fiscalía y al Procurador General de la Nación, denunciando persecución contra los dirigentes magdalenenses.	Martínez y Caicedo actualmente son procesados por presuntas irregularidades en contratación de obras en Santa Marta, y uno de ellos por homicidio, sin embargo, los congresistas firmantes del documento aseguran que hay “falta de garantías” en los funcionarios que tienen a cargo esos casos y por eso piden que sean trasladados a Bogotá.	“La situación es realmente preocupante, pues en verdad, lo que se observa es una grave y sistemática persecución judicial de carácter penal en contra de Carlos Eduardo Caicedo y Rafael Martínez, instrumentalizada por el director seccional de fiscalías de Santa Marta, Vicente Guzmán, quien no sólo llegó a esa designación, según advirtieron algunos medios de comunicaciones, por cuenta de su cercana amistad con el ex magistrado Francisco Ricaurte — hoy detenido por integrar presuntamente el Cartel de la Toga-- sino que además mostró su interés tortícero por cuenta de la grave denuncia que hizo el entonces juez octavo de garantías de Santa Marta, Gabriel Ospino Guzmán, quien en el mes de noviembre de 2017, no sólo negó la medida de aseguramiento pedida por la Fiscalía en contra de los precitados líderes políticos de Santa Marta, sino que además denunció que Vicente Guzmán, en el desarrollo de las audiencias para pedir la privación de la libertad, lo invitó a que fuera a su oficina, tal y como se publicó en medios de comunicación local”, argumentan en la carta los congresistas.	En el documento de ocho páginas también piden, como representantes de los movimientos políticos y de partidos declarados en oposición, que se protejan los derechos fundamentales y convencionales de Caicedo y Martínez, líderes del movimiento Fuerza Ciudadana, que ha anunciado recientemente sus candidatos a la Gobernación de Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta.	“Se solicita que todas esas diligencias sean trasladadas hasta la ciudad de Bogotá y por ende, que cualquier actuación judicial que se deba surtir se haga ante los jueces de garantías de esa ciudad. Igualmente, que se den las instrucciones del caso para que se ofrezcan verdaderas garantías en cada una de dichas investigaciones en contra de los citados ciudadanos”, expusieron.	Al procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, también se dirigieron pidiendo que “acompañe y defienda” los derechos de los dos investigados. En cuanto al presidente Iván Duque, los congresistas señalan que, en caso de ser necesario la definición de un encargado como alcalde de Santa Marta, tome la decisión en los precisos términos fijados por la Ley 1475 de 2011, sin dilaciones de ningún orden.