Luego del complejo trámite de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP, del hundimiento de la reforma judicial y la reforma política y de la aprobación de varias leyes claves para el funcionamiento del gobierno como la ley de financiamiento, el presupuesto general de 2019, el presupuesto de regalías 2019-2020, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y la ley de reformas al sector de las TIC, cumplir con este compromiso es ahora la prioridad en lo que queda del periodo legislativo.	“Esta es una norma bastante gruesa, tiene varios mecanismos de lucha contra la corrupción, incluidos por la Fiscalía y por diferentes partidos, tiene dos orientaciones, en materia penal y administrativa, eso quiere decir que modifica algunos puntos de la ley 80”, explicó la ministra Gutiérrez al defender la concentración de la mayoría de los proyectos en el estatuto.