Bruce Mac Master, presidente de la Andi, aseguró que: “La inseguridad jurídica en las actividades que pudieran hacerse en el territorio de la ‘Línea Negra’ por falta de reglas claras, desincentivaría a los agentes económicos que desearen invertir, por los sobrecostos y demoras en la ejecución y entrega de las obras. Así mismo por la incertidumbre en la realización de los proyectos. Por ello, la Andi hace un llamado al Gobierno y al Congreso para que regulen íntegramente la materia”.	No obstante, indicó la preocupación en el desarrollo económico y social de actividades de diversos sectores es en la falta de reglas claras para el desarrollo de los procesos de consulta previa. Actualmente, agregó, no existe legislación que establezca mínimos elementales para este mecanismo, lo que hace que sea “la dificultad principal para adelantar inversiones en los territorios delimitados en el polígono”.	En tanto, una fuente del sector privado, que pidió reserva, aseguró: “Nos preocupa que sea la Corte la que determine la obligación de que todos los proyectos tengan que tener consulta previa”. Y anotó que “otra preocupación que existe es que en el decreto se dice que la ‘Línea Negra’ es objeto de ‘protección especial’. Como no se sabe bien qué significa esa protección, un tribunal o la misma Corte podría hacer una definición que vaya más allá de lo garantista”.	Las comunidades, por su parte, no están solas. A su favor declararon investigadores del centro de estudios Dejusticia, que argumentaron que “la multiplicidad de autoridades, competencias e instrumentos que operan sobre la Sierra (Nevada de Santa Marta) exige que para una adecuada gestión y manejo del territorio es fundamental la existencia de canales efectivos de coordinación”.	Y agregaron que estas consultas tampoco serían suficiente, por lo cual le proponen crear unos “espacios de planeación integral y estratégica del territorio”. A diferencia de las primeras, su idea busca crear “escenarios para discutir el modelo de desarrollo a implementar en el territorio y planear estratégicamente la utilización y conservación de los recursos naturales presentes en él”.	Este panorama tiene las alarmas prendidas sobre todo en el sector minero, si se tiene en cuenta que dentro de dicha zona hay dibujados casi 400 títulos –contando los vigentes y aquellos en trámite–, que se suman a otra decena de iniciativas de diferentes sectores que ya están en obras o a punto de comenzar.	El resultado de esta disputa quedará definido, en gran medida, según la interpretación que le dé la Corte al decreto firmado por el expresidente Santos, ya que allí no se determinó si los puntos sagrados definidos como territorios indígenas son aislados o conforman una zona conjunta, lo cual generaría una especie de polígono protegido.	De hecho, los representantes del sector privado ya preveían el efecto que tendría esta norma, que entró en vigencia el 6 de agosto del 2018 –horas antes de terminarse el gobierno pasado–, y por eso le enviaron una carta a Santos, pidiéndole no firmarla (ver recuadro). No obstante, contra viento y marea, Santos la puso en marcha, y hoy, solo un año después, se están conociendo sus verdaderos efectos.