Lo preocupante es que estos dos grandes retos no son realmente parte sustantiva de las estrategias, ni del gobierno, ni de quienes tienen gran influencia en las decisiones económicas del país. Es más, para ponerlo de manera clara, pareciera que se aceptan como parte del panorama colombiano, tanto el crecer poco como ser una sociedad desigual e injusta.	Dos temas impiden abordar seriamente el compromiso de encontrar nuevas fuentes de crecimiento que le permitan a Colombia llegar de manera sostenible a niveles del 6 o 7 por ciento anual, que otros países han logrado. El primero: ahora resulta que empresarios, gobierno y economistas parecen muy contentos con el 3,3 por ciento que se espera este año, olvidando que con el crecimiento promedio histórico del 4 por ciento no logramos hacer los grandes cambios que requiere este país. Una posible explicación a esta reacción –con poca visión de futuro– es la prioridad que se le da al análisis de la coyuntura económica, sin comprender que por su complejidad el largo plazo empieza ya, y por eso debería ser la principal preocupación.	El segundo es el poco valor que se concede a la construcción de una verdadera base productiva en el país, de manera que no sigamos al vaivén de los precios internacionales de productos, en los cuales poco o nada incidimos por no ser potencia mundial en su producción. Simplemente, recibimos la bendición de las bonanzas o los costos de las caídas en sus precios. Sin embargo, en esta forma de desestimar sectores que realmente podrían dinamizar el crecimiento de la economía y, además, contribuir a la construcción de una sociedad menos desigual, se encuentra una explicación obvia: la incapacidad de nuestros gobernantes de cambiar esos privilegios históricos que pocos tienen.	Si internacionalmente se reconoce que Colombia es uno de los siete países que tiene las condiciones para responder por la creciente demanda de alimentos del resto del mundo, la pregunta que cabe es ¿por qué no se plantea claramente la verdadera reforma rural que pide a gritos el campo colombiano? La respuesta es tan obvia que duele: la tierra no se toca en este país, y menos, si es para redistribuirla. Sin esa reforma obvia, pospuesta por siglos, no habrá una verdadera base productiva que acelere el crecimiento colombiano. El poder político y la concentración de la tierra son las realidades perversas de esta sociedad. Es decir, en la agenda no entra la verdadera recuperación del campo colombiano en todas sus dimensiones, porque esto implica acabar con el feudalismo que impera en el área rural colombiana, aquel donde el absurdo acaparamiento de la tierra se mezcla con el crecimiento del microfundio donde se ubican millones de campesinos.	Pero no solo no se toca la tierra, sino que cuando se aborda, es solo para impulsar la gran agroindustria cada vez más subsidiada, como lo demuestra Salomón Kalmanovitz con los subsidios del Plan de Desarrollo de este gobierno para los grandes productores de agrocombustibles. Obviamente, un sector servicios más dinámico es una de las fuentes de crecimiento que se está consolidando, y algo se logre con el cuento de la economía naranja, si esa no se limita a darle más subsidios a quienes no los necesitan.	Pero la verdad dolorosa es que es más fácil lograr acelerar el crecimiento de la economía colombiana que reducir la desigualdad en nuestro país. Los primeros que negarían esta afirmación son aquellos con poder de decisión, que a estas alturas todavía creen que basta con crecer para que con las gotas que les lleguen a los pobres, se avance en igualdad. Ni con los progresos innegables que se han dado en reducción de pobreza y otros indicadores sociales se ha logrado evitar esa realidad que las cifras oficiales más recientes demuestran: somos una sociedad profundamente segmentada, con muy poca movilidad social, con dos tercios de población pobre o vulnerable, con una pequeña clase media y unos pocos ricos –muy ricos–, con una informalidad inmensa, y con unos sistemas de protección precarios, para solo mencionar pocos temas.	Solo cuando esa élite privilegiada asuma el compromiso histórico de cambiar esta penosa realidad, se podrá avanzar hacia el cierre de las profundas brechas que existen en todos los ámbitos económicos y sociales. Pero si los ricos siguen sin pagar impuestos; si la ley laboral se flexibiliza aún más con el argumento de que solo así se genera empleo decente; si los pobres tienen educación, salud y servicios pobres, pero sobre todo, si los sectores con poder siguen interviniendo en las decisiones del Estado para que los favorezcan, esta Colombia podría hasta crecer al 6 por ciento anual, pero los beneficios del desarrollo se seguirán concentrando en unos pocos. ¿Demasiado pesimista? Más bien realista.