La investigación se inició gracias a la información entregada por varios ciudadanos, quienes aseguraban sentirse afectados. El modus operandi incluía llegar a sectores populares con aglomeración de público ofreciendo, vinculando y comercializando a nombre de una óptica, servicio de salud visual, para lo cual debían de cancelar entre 20.000 y 30.000 pesos para acceder a la consulta.