El Ministerio del Interior, en cabeza de Nancy Patricia Gutiérrez, precisó que atendieron la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo que advertía sobre el reclutamiento forzado en Caquetá, lugar donde ocurrió el bombardeo a un grupo residual, que a la postre le costó la cabeza al ministro de Defensa, Guillermo Botero.	Pese a los esfuerzos de la Ministra, la situación en esa zona del país sigue siendo crítica. En ese entonces, el órgano defensor denunció la grave crisis que padecen más de 10 veredas de la cabecera municipal de San Vicente del Caguán, así como en la Macarena, Playa Rica y la Cristalina (Caquetá), por cuenta de los homicidios selectivos, el reclutamiento de menores por parte de las disidencias de las Farc, y graves ataques a la Fuerza Pública y la Población Civil.	Las alertas de la Defensoría han sido claras, todas anuncian la presencia de actores armados en lugares recónditos del país, así como la falta de presencia del Estado. Pese a que hay Fuerza Pública, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, ha enfatizado que una posible solución puede ser la reinversión social.	Lo que exponía el documento, en ese entonces, es que en el lugar hacen presencia los frentes 7, 40, 1 y la columna Teófilo Forero de las Farc. Por cuenta de esta presencia se han llevado a cabo extorsiones, homicidios selectivos, además del tráfico y comercialización de droga que son trasladadas por Amazonas y Putumayo hasta llegar a Brasil.	Lo consignado en el documento suele ser una de tantas situaciones que padecen en el resto del país, pero lo que llama la atención es que alertaban y exponían ejemplos sobre el reclutamiento forzado de menores, situación que dejó en jaque al ministro, pues la hipótesis sobre la muerte de los ocho menores, es que cayeron por un posible reclutamiento.	“En el mes de abril de 2018, se reportó reclutamiento de tres adolescentes en el sector de Puerto Betania. Adicionalmente, se conoció sobre amenazas de reclutamiento forzado y posteriores desplazamientos forzados hacia el sector Las Damas y San Juan de Lozada”, quedó consignado en el documento enviado al gobierno en enero de este año.