Las marchas de estos días en Colombia pueden tener diversos orígenes, como muchos analistas han señalado: desde influencia externa impulsada por quienes están interesados en desestabilizar las democracias en nuestra región, como se pudo comprobar con los expulsados del país después de comprobar su participación en actividades de agitación y terrorismo, seguidos por quienes anunciaron que irían a las calles a hacer oposición, después de haber perdido las elecciones, en vez de reconocer que hay un gobierno legítimo, que ganó en unas elecciones transparentes y que por tanto el programa presentado es el que debe ejecutar.	Pero también hay una generación nueva que está actuando de forma diferente y acude a la calle con reclamos que pueden ser justos, pero que son una forma de juicio político y toma de cuentas a los gobiernos de muchos años, ya que el descontento con la situación del país corresponde a políticas y gestión no precisamente de los 14 meses de este gobierno. Ese reclamo corresponde a los cambios no logrados y a las expectativas no satisfechas por muchos años y gobiernos, pero también al desconocimiento de los partidos y del Congreso como canales de comunicación y representantes de la comunidad en una democracia representativa. Son marchas que trascienden a los del comité de paro y muestran una evolución de la democracia en la que los partidos tienen cada vez menor peso.	Igualmente, hay mucha mentira e inexactitud: se habla de una reforma pensional que no existe aún, y que el gobierno ha dicho discutirá en la comisión tripartita de políticas salariales y laborales, que además es de justicia y equidad presentarla puesto que solo 24% de las personas en edad de jubilación logran hacerlo y son ampliamente conocidos los estudios que muestran como los mayores subsidios llegan a las pensiones más altas, de tal forma que de 20 billones que cuestan los subsidios para las pensiones de prima media, el 65% o sea 13 billones van al 20% de mayores ingresos. Lo que se busca es mayor cobertura con esos recursos.	Se habla de imposiciones del FMI o de la OCDE, que no existen y que además Colombia no tiene negociado ningún empréstito con el FMI que le imponga condiciones. El gasto en educación ha aumentado como en ningún otro gobierno en más de 5 billones de pesos, llegando a 44 billones. El tema de la corrupción es otro de los estribillos, gobierno ladrón se oye decir, cuando este es el primer gobierno que lucha denodadamente contra este mal, incluso a costa de sus relaciones políticas y de la insatisfacción del congreso por la ausencia de negociaciones con contratos, puestos y partidas.	Los marchantes han destruido negocios, entidades públicas, infraestructura y bienes públicos que están al servicio de todos. Impiden el desenvolvimiento normal de los negocios, afectan a pequeños empresarios, comerciantes y de servicios que viven del trabajo diario y afectan también el desarrollo de las actividades de las empresas que generan empleo y riqueza y pagan impuestos. En esa forma no se logran mejoras sociales.