Ese 1 de octubre, Merlano Rebolledo salió a una cita odontológica desde la penitenciaria El Buen Pastor, donde estaba recluida cumpliendo una pena de 15 años impuesta por la Corte Suprema por delitos electorales, después de que se comprobara que usó un sofisticado entramado de corrupción electoral que le sirvió para alcanzar la curul que hoy es ocupada por Soledad Tamayo.	Cely compareció en audiencia señalado por la Fiscalía por complicidad en fuga de presos ya que, de acuerdo con el ente acusador, permitió que se consumara el plan de escape de Merlano Rebolledo con quien tenía un alto grado de cercanía, según la perfilación hecha por expertos basados en el vídeo en el que se ve a la hoy fugitiva en el consultorio del dentista, quien se defiende en libertad.	Ese día, antes de ingresar a la sala de audiencias, la joven Merlano Manzaneda dijo “mi mamá me conoce perfectamente, sabe que soy una persona fuerte, nada de esto va a quebrarme. Nadie va a quebrar mi voluntad. Saben el dolor que puede sentir una madre por ver su hija en estas condiciones”.	En esa misma diligencia el fiscal del caso pidió cárcel para Aída Victoria y para Cely argumentando, entre otras razones, que “estamos hablando de la burla de la justicia con el fin de evadir una condena es también grave. En la Costa tenía un caudal electoral, era una persona reconocida y muchas personas confiaron en ella”.	No corrió con la misma suerte el capitán del Inpec David Álvarez, comandante de Custodia y Vigilancia de El Buen Pastor, procesado por el mismo caso y de quien, al parecer, está recluido en el pabellón de funcionarios públicos de La Picota. En la diligencia judicial en la que se tomó la decisión de en qué lugar recluirlo, un grupo de guardianes de la entidad, vestidos de civil, impidió durante buena parte de la sesión la labor de los periodistas.	Álvarez terminó enredado porque firmó el documento en el que se autorizaba la remisión de Merlano a la cita odontológica y fue quien, al parecer, autorizó que el esquema de custodia de la interna solo estuviera compuesto por dos personas, uno de ellos el conductor del carro oficial que estuvo en el parqueadero del centro médico.	La fuga de Merlano también se llevó por delante al entonces director del Inpec, general William Ruiz, quien fue sustituido por el coronel Manuel Armando Quintero de quien se dijo estaría encargado por unas semanas, pero a la fecha no se ha designado titular para la entida encargada de manejar la política carcelaria del país.	A la salida del general Ruiz de la dirección de la entidad, le siguió la declaración de la ministra de Justicia, Margarita Cabello, quien dijo que el “Inpec había tocado fondo” y dio luces sobre la posible liquidación de la entidad. A partir de entonces, circuló una versión en la que se proponía que el instituto quedara en manos de la Policía y que debería llamarse Dipec, Dirección Penitenciaria y Carcelaria.	En principio se pensó que se trataba de un anónimo, pero se confirmó que la propuesta iba en serio por cuenta de una carta suscrita por el Cuerpo de Generales de la Policía en la que le pedían al presidente Iván Duque que no apoyara dicha iniciativa que respaldan 16 senadores y 30 representantes a la Cámara.	“Los sistemas de reclusión y las medidas alternativas producto de sentencias en procesos penales, deben obedecer a estudios serios y minuciosos análisis de la política criminal del Estado, que la Ministra de Justicia debe liderar con los demás integrantes del Consejo Superior de Política Criminal y con la asistencia de expertos en estos temas tan delicados para un país”, dice uno de los apartes de la carta.	El más reciente cerco en contra de Merlano llegó por cuenta de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía que incautó propiedades a su nombre, obtenidas, aparentemente, con recursos derivados de actividades ilícitas. De igual forma, investigadores del CTI y de la Dijín investigan una serie de viajes que Merlano Rebolledo hacia a Aruba de manera frecuente y exprés, ya que iba se iba muy temprano y regresaba el mismo día en la noche.