“Profunda tristeza, gran vacío, el desmonte está listo, solo hay una montaña de escombros, la amenaza de riesgo terminó y ahora la pregunta es que va a pasar con las 36 familias que vivíamos ahí. Tenemos esa preocupación y lo único que queremos es justicia y que paguen las personas que hicieron este daño tan grande”, aseguró	Agregó que están a la espera de los procesos, porque no volvieron a recibir subsidios y están en apuros económicos: “el viernes tuvimos reunión con el fiscal que está llevando el caso, el ya leyó el expediente y ahora nos piden un abogado penalista, que es un gasto extra para nosotros. En la superintendencia de industria y comercio se radicó el proceso pero no hay avances”.