Esta medida tiene como función principal evitar los daños posibles a la ciudadanía cuando el territorio esté azotado por fenómenos naturales o situaciones de emergencia. Esta establece mecanismos para que las diferentes instituciones puedan excusarse de utilizar la ley de compras y contrataciones del Estado para adquirir insumos, rentar maquinaria y contratar cualquier otro producto o servicio, esto para agilizar la adquisición de productos y servicios necesarios para cubrir la emergencia.	Recientemente, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd), encargada del macroproyecto de protección costera, con el que buscan mitigar la erosión causada por el mar desde el espolón Iribarren, en El Laguito, hasta el túnel de Crespo, presentó el cronograma de obras y contratación, que se darán bajo un estado de calamidad pública con un presupuesto de $160 mil millones de pesos. De estos, $60 mil millones fueron aportados por el Distrito y el resto por la Nación. Según lo establecido, las obras empezarían en agosto próximo.	el 26 de febrero de 2018, estando Sergio Londoño Zurek como alcalde (e) de la ciudad, se decretó por seis meses la calamidad en el sector de Playetas, en Barú, para que la Alcaldía tuviera mecanismos para hacer traslados presupuestales y ejecutar unos trabajos correctivos de mitigación del riesgo de una forma ágil. Para este trabajo, la Gobernación dio más de 15 mil millones de pesos.	La obra, que consiste en la construcción de un pedraplén que evitará que se consuma esta vía de acceso a Barú y se una la ciénaga del Mohán con el mar Caribe, lo que causaría una catástrofe ambiental, se entregó en diciembre pasado. Para esto fue necesario que se prorrogara el estado de calamidad pública, el cual se vence en febrero próximo, a pesar que la emergencia fue controlada hace varios meses.	faltando cuatro días para que se acabara el 2018, el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, decretó estado de calamidad pública con el que se permitiría que Cormagdalena dragara el canal del Dique. Esta decisión se tomó luego de escuchar a esta última corporación, que expuso unos estudios sobre el deterioro del cuerpo de agua, su alta sedimentación, que causaría un daño ambiental puesto que por el Dique circulan embarcaciones con crudo que podrían “atascarse”, situación que se agrava por la llegada del fenómeno de El Niño; y por lo que expuso Aguas de Cartagena, que aseveró que el abastecimiento para Cartagena estaría en riesgo, puesto que esta es la fuente principal de extracción de agua.	El método para el dragado será mediante dragas de corte y de succión en marcha, dependiendo de las características del sector y del sitio de disposición de los sedimentos. Para esto se requiere dragar para tener una sección hidráulica de ocho pies de profundidad con un ancho de solera de 60 metros y taludes variables.	uno de los casos que conmocionó a la ciudad fue el descubrimiento de edificios levantados ilegalmente por el clan Quiroz. A raíz de unos estudios estructurales aplicados en estos por la Universidad de Cartagena y como una orden del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, la Alcaldía decretó el 18 de enero de 2018 el estado de calamidad pública para atender esta emergencia y ordenó a las familias que habitaban estos edificios que los desalojaran.	Tras una audiencia de reparación de víctimas, la jueza Tercera Penal Municipal con funciones de Control de Garantías ordenó un segundo estudio por expertos sobre estos edificios, tras las dudas que surgieron en los resultados de la UdeC, manteniendo la orden de evacuación. Pasó el tiempo, se contrataron en abril los estudios con la Universidad Nacional y por esto el Distrito prorrogó el 8 de julio pasado el estado de calamidad pública, para que los expertos siguieran con la evaluación de los edificios. Se supo que solo 5 de los 16 edificios fueron examinados.