Uno de los argumentos presentados por Trujillo para pedir la cancelación de dicha audiencia es que “la JEP es una institución del Estado colombiano con funciones jurisdiccionales transitorias que no se encuentra facultada para acudir a instancias internacionales, salvo por los conductos establecidos en la Constitución Política o en las Leyes de la República”. Es así como en ese mismo sentido en la misiva el canciller asegura que le corresponde únicamente al presidente Iván Duque el direccionamiento de las relaciones exteriores, incluyendo la representación e interlocución del Estado ante los organismos internacionales.	De acuerdo con Trujillo, la JEP hace parte de la arquitectura estatal, razón por la que no puede ser considerada como parte en un procedimiento que se surta ante la CIDH. Asegura que el Estado es un sujeto único de derechos, según las leyes internacionales. Sin embargo, en la carta se advierte que el Gobierno continuará honrando sus compromisos y mantendrá su apoyo a la JEP y a las instancias e instrumentos creados mediante la implementación normativa del acuerdo suscrito con la antigua guerrilla de las Farc el 24 de noviembre de 2016.	“La solicitud de audiencia temática la hizo la Jurisdicción Especial para la Paz precisamente con el propósito de contribuir con información de carácter general sobre los avances, retos y desafíos que presenta la JEP, después de un año de funcionamiento, en materia de protección efectiva a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el marco o con ocasión del conflicto armado interno que ha sufrido nuestro país”, dice la misiva de tres páginas.	A juicio de Linares con esta acción lo que la JEP busca es garantizar la no impunidad frente a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Del mismo modo, señaló que el propósito de la audiencia se enmarca en lo dispuesto en el Reglamento de la CIDH, que prevé la posibilidad de solicitar este tipo de audiencias para brindar “información de carácter general”.