En medio de la polarización que desde hace un buen tiempo caracteriza la realidad política del país, es imposible pasar por alto lo ocurrido en la noche del martes en el Congreso. Y es que de manera unánime la plenaria del Senado aprobó un proyecto de ley que tiene apenas cinco artículos y cuyo inspirador es el senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático. Aunque todavía falta el paso por la Cámara de Representantes, suena difícil que esta se niegue a considerar la idea.	La propuesta en cuestión plantea la introducción gradual de una prima de cinco días adicionales de salario para los trabajadores de las pequeñas empresas, diez para quien están en las medianas y quince en el caso de las grandes. Los beneficiarios serán aquellos empleados que devenguen hasta tres salarios mínimos y medio, al igual que las personas que componen el servicio doméstico.	Aunque hay detalles adicionales, es evidente que el articulado representará un aumento en los costos laborales. El atractivo de mejorar lo que reciben cerca de seis millones de personas que estarían por debajo de la línea de corte, es suficiente para los congresistas, quienes, a la luz de las declaraciones hechas, consideran que esta es una manera de combatir la pobreza y elevar el estándar de vida.	Por tal razón, abundan las críticas en las redes sociales a quienes se atreven a señalar los inconvenientes de que el texto pase a sanción presidencial en la próxima legislatura. En una carta, el Consejo Gremial Nacional señaló que la disposición les implicaría a los empleadores giros adicionales por valor de 1,8 billones de pesos anuales.	A su vez, el Ministerio de Hacienda -que se había mantenido silencioso al respecto- afirmó que en el caso del sector público el beneficio cobijaría a casi medio millón de individuos que, en conjunto, recibirían unos 205.000 millones de pesos anuales. Dada la estrechez de las finanzas públicas, la entidad manifestó su oposición al proyecto, siendo igualmente ignorada por los parlamentarios afectos o no a la Casa de Nariño.	Lo ocurrido confirma que el populismo ya no se puede identificar con una sola bandera ideológica, sino que hace presencia en todas. No deja de ser curioso que Uribe, quien durante su mandato permitió que los asuntos económicos se manejaran dentro de la ortodoxia, así privilegiara a sectores específicos y le hiciera peticiones de flexibilidad al Banco de la República, ahora abraza otros principios.	Para comenzar, un desequilibrio mayor en las cuentas estatales aleja las posibilidades de mantener la casa en orden, un elemento indispensable a la hora de atraer la inversión. Además, vale la pena escuchar la voz de los académicos que alertan sobre un aumento de la informalidad y el desempleo si contratar a una persona resulta casi 9 por ciento más caro.	La pregunta que muchos se hacen es qué hará la administración Duque cuando llegue el momento de la próxima votación o de la definitiva. No hay duda de que decidir entre el manejo responsable de la política económica y oponerse a lo que impulsa el partido del Presidente de la República es toda una disyuntiva, pues las ramificaciones de irse por uno u otro lado serían amplias.	En tal sentido, es de esperar que el receso legislativo sirva para que vuelva la sensatez y se encuentre una manera de cortar lo que es un verdadero nudo gordiano. De lo contrario, se reafirmará la percepción de que la responsabilidad en el manejo de la economía colombiana empieza a ser menor, algo que puede tener consecuencias graves.