en algunos de sus casos e incluso de ser responsable de la muerte de personas en prisión preventiva.Morales aseguró que en "muchos casos" que la Cicig entregó al Ministerio Público hubo "violación de derechos humanos, personas que murieron en prisión preventiva e, incluso, problemas de empantanamiento (atascamiento) de contratos de infraestructura crítica para el país".Esos problemas, insistió el presidente, fueron presentados ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde agosto de 2017, cuando declaró persona "non grata" al comisionado de la Cicig, el fiscal colombiano Iván Velásquez.Sin embargo, ese proceso de resolución de controversias que entabló Morales con el secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, careció de respuesta hasta la fecha según el mandatario, quien aseguró que se pronunciará al respecto en la próxima Asamblea General de la ONU a finales de este mes.En una conferencia de prensa, Morales agregó que en su discurso en la asamblea también hará "un resumen de los logros del año concluido y los objetivos de ODS (de los) que hemos sido signatarios", pues "hay varios avances y retos" del país.El gobernante volvió a cargar contra los medios de comunicación por supuestamente "ocultar" esas críticas que tiene en contra de la Cicig y es por ello, apuntó, que está usando las tribunas que tiene "para poder hacer la exposición oficial de forma correcta, como nosotros lo creemos".Además,	y lamentó que pese a que su Gobierno "duplicó el presupuesto" a la Fiscalía hay una mora judicial de 1,5 millones de casos.Este retraso es producto del "abandono" de varias fiscalías "por haber beneficiado a una", dijo el presidente en referencia a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, el brazo de la Cicig en el Ministerio Público."La justicia no ha llegado a millones de guatemaltecos porque se descuidó el resto de fiscalías", insistió Morales, quien concluyó que en Guatemala "no necesitamos ese tipo de acuerdos", como el que sustentaba a la Cicig desde 2007 y hasta este martes.Durante estos 12 años, la Cicig y el Ministerio Público identificaron más de 70 estructuras criminales,	colaboraron en la judicialización de 120 casos de "alto impacto", presentaron un centenar de procesos de desafuero contra grandes funcionarios, sindicaron a más de 1.500 personas y unas 660 están procesadas.El 31 de agosto del año pasado, rodeado de militares, el presidente Jimmy Morales, que junto a su familia fue acusado de casos de corrupción, anunció que no renovaría el mandato de la Cicig al acusarla de una supuesta "injerencia en los asuntos internos" pese a que cuando asumió el cargo había manifestado en una carta a las Naciones Unidas su intención de renovar su labor hasta septiembre de 2021.