Y es que al proyecto de ampliación del Rafael Núñez le apremian dos situaciones: una, el crecimiento del tráfico de pasajeros que en los últimos 3 años aumenta en más 400 mil pasajeros anuales; y dos, el término de la concesión que tiene la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. (SACSA), actual operador, que vence en un año (23 de septiembre de 2020) y ello implicaría que el terminal se revierta a la Aerocivil, sino se renegocia la concesión.	¿Pero qué pasa si no se aprueba la ampliación del Rafael Núñez y tampoco se da viabilidad al nuevo aeropuerto? o ¿qué pasa si no se amplía el terminal de Crespo y se le da viabilidad al nuevo aeropuerto? El problema es cómo atender la creciente demanda sin que el Rafael Núñez se sature o que el fin de esa operación encaje con la entrada en funcionamiento del eventual del nuevo aeropuerto.	Las respuestas se esperan de la ANI que hasta ahora se ha limitado a decir que las dos iniciativas están en fase a evaluación y aunque los originadores de las dos iniciativas (en etapa de factibilidad) esperan que las decisiones se den antes de cerrar el 2019, el temor es que una dilación afecte la competitividad aeroportuaria de la ciudad.	“Si solo contamos con inversión privada no se da cierre financiero para dos aeropuertos simultáneos o en paralelo, si es financiado 100% por privado no se puede partir el tráfico de Cartagena para poder soportar inversiones como las del nuevo aeropuerto (estimada en 800 millones de dólares). No solamente hay que tener pasajeros, hay que tener carga y otras actividades y dividir el tráfico supondría plantear otras formas de financiación que no serían 100% privada”, concluyó.