Frecuentemente, la ejecución de las políticas económicas y fiscales tienen efectos colaterales, deseables o indeseables, pero en muchos casos poco estudiados y debatidos, y a menudo ignorados. Por ejemplo, en relación a la política monetaria, las medidas adoptadas por los bancos centrales para resolver las crisis financieras tienen efectos redistributivos intrageneracionales (hay ganadores y perdedores) e intergeneracionales (los receptores de ayudas se benefician a costa de las generaciones futuras) que se ignoran.	Así, las llamadas ‘crisis de balance’ de los bancos, en las cuales el valor de los activos –en su mayoría préstamos hipotecarios, personales y corporativos– caen de valor y, en el agregado, llegan a ser menores que el valor de los pasivos y el capital de los bancos, resultando en su insolvencia, llevan a intervenciones de política económica que buscan: (i) elevar de nuevo el valor de los activos, (ii) forzar a los accionistas a aportar más capital, o (iii) a los gobiernos a tomar la totalidad o parte del capital de los bancos (bailout o rescate fiscal) para restaurar el equilibrio.	Los bancos centrales intervienen tradicionalmente en las crisis reduciendo las tasas de interés del financiamiento a los bancos comerciales, dando liquidez al sistema y buscando reducir las tasas de interés de la economía (aun a niveles negativos) para abaratar el manejo de los inventarios de préstamos fallidos, facilitar la refinanciación de créditos de los deudores a un menor costo, atraer compradores de esos activos bancarios con valor reducido o implementando políticas de ‘expansión cuantitativa’ (quantitative easing o QE) vía la compra directa de activos privados, todo ello buscando resolver la crisis y restaurar el crecimiento del crédito. La compra directa de activos privados se ha denominado el ‘cambio de efectivo por basura’ (cash for trash), rescatando a los accionistas de los bancos y alimentando el resentimiento de los jóvenes y el resurgimiento del ‘socialismo’, como está ocurriendo en EE. UU. con la figura de la joven representante Alexandra Ocasio-Cortez (D. McWilliams, ‘Cash for Trash’ was the Father of Millennial Socialism, FT, march 2-3, 2019).	Todo esto es bien conocido, pero el resultado de aumentar el valor de los activos tiene el efecto de favorecer a aquellos individuos ricos en activos, por lo general el segmento de ciudadanos de mayor edad. Así, resulta indeseable que se favorezca a la generación de los viejos por encima de los jóvenes, que no han acumulado aún activos. Este ‘efecto riqueza’ resulta en una transferencia intergeneracional que empeora la distribución del ingreso, elevando los precios de la finca raíz y otros activos, haciendo más remota la compra de vivienda para los trabajadores jóvenes con ingresos salariales estancados, sin acceso a rentas o dividendos, y de paso violando uno de los principios en que se apoya la independencia de los bancos centrales de no tener impactos distributivos significativos no autorizados por el legislador (P. Tucker, Unelected Power: The Quest for Legitimacy in Central Banking and the Regulatory State, Princeton, 2018).	El cuanto a los efectos no buscados de la política fiscal, está la gigantesca recompra de acciones por parte de las corporaciones que se beneficiaron de la reducción de impuestos en EE. UU. Si bien las recompras de acciones precedieron a las reducciones recientes de los impuestos de las empresas, estas adquirieron una dimensión nunca vista, disparando las alarmas por los posibles efectos negativos sobre la inversión, la competencia, y la distribución de la riqueza. En el curso normal de sus negocios, las compañías con excesos de liquidez pueden hacer cinco cosas: reinvertir en su negocio, comprar otra empresa o activos, pagar deuda, aumentar los dividendos a sus accionistas o recomprar sus propias acciones. A pesar de las buenas utilidades hasta el 2008 y las ganancias récord del 2017, las empresas han reducido, en promedio, sus inversiones del 20% de sus utilidades entre 1959 y el 2001 a la mitad, entre el 2002 y el 2015 (en gran parte por el impacto de la crisis financiera). Las recompras de acciones han explotado, alcanzando más de US$5 trillones en la década del 2008 al 20018 en EE. UU. (J. Tepper, The Myth of Capitalism: Monopolies and the Death of Competition, Wiley, 2019). Estas recompras han generando un clamor porque se busque impedirlas o penalizarlas. Los argumentos a favor de imponer restricciones apuntan a la consolidación de posiciones oligopólicas, a la inconveniencia de favorecer a los actuales accionistas y al efecto de reducir la liquidez del mercado de capitales o a deslistar de la bolsa a dichas empresas, limitando las opciones de inversión, entre otras. Las razones en contra señalan que no se debe interferir en la asignación y reasignación de recursos de firmas que no pueden hacer buen uso de esos fondos, siendo preferible llevarlos hacia otras empresas y sectores con oportunidades de inversión más atractivas. Sin embargo, la reforma fiscal de Trump se vendió bajo el falso pretexto de que estimularía la inversión y la repatriación de utilidades, no su canalización a través de mayores dividendos y apreciación del valor de las acciones de los actuales accionistas.	En conclusión, los dos casos mencionados indican que casi todas las decisiones de política económica tienen efectos distributivos directos o indirectos, que favorecen a un grupo de ciudadanos sobre otro, y a una generación sobre la otra. Estos efectos, generalmente, no se discuten y examinan cuando se toman las decisiones, pero tienen un impacto económico y político importante hoy y mañana. Por eso, una ‘evaluación de impacto’ de las leyes y regulaciones es una buena práctica, en la cual se evalúa quién gana y quién pierde, cómo afectan estas decisiones la distribución del ingreso, la competencia en los mercados, el medio ambiente. Estas son las consideraciones y debates que nuestros honorables Senadores deberían tener, en vez de ‘mentarse la madre’ unos a otros y otras.