.Aunque el secuestro extorsivo fue una práctica histórica de las FARC-EP,1 fue desde la década de los noventa que este fenómeno criminal experimentó un crecimiento exponencial, con el fin de apoyar el crecimiento militar de la organización armada. Esta práctica estuvo acompañada de innovaciones en las técnicas para la ejecución de los secuestros, como las “pescas milagrosas” y “la asociación con bandas criminales”, las cuales reportaban mayores utilidades económicas para la organización por “economías de costo”.El informe también de cuenta de que la extorsión fue una de las principales políticas financieras de las FARC–EP que respondió a los principios rectores que determinaron el funcionamiento general de las finanzas de las FARC-EP. De un lado, la extorsión fue regionalizada al depender de las dinámicas económicas locales y sus limitaciones, así como de los montos que los Frentes y los Bloques fijarán. También estuvo sometida al principio de centralización financiera.Es por ello que cuando se trataba de extorsiones dirigidas hacia grande empresas o contratistas, las negociaciones y el control sobre los ingresos recaía en las instancias superiores de los Bloques o en el Secretariado. Comparada con otras formas de financiamiento, las prácticas orientadas a presionar, persuadir y atemorizar a las víctimas, con el fin de obtener los pagos exigidos, no significaron para las FARC-EP los costos propios de los grandes y constantes despliegues de violencia directa como sucedía, por ejemplo, con el secuestro.Incluso,	.El segundo informe presentado por la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz describe y analiza la presunta participación de agentes del Estado en la victimización de defensores de derechos humanos, a partir de las investigaciones que cursan en el ente acusador. En informe describe que entre 1985 y 2016, la Fiscalía General de la Nación abrió ciento ochenta y cuatro (184) investigaciones por este delito. El primer registro identificado corresponde a hechos presentados el 28 de septiembre de 1985 en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca) y el último registro corresponde a denuncias sobre una serie de actos de acoso y hostigamiento en contra de una organización no gubernamental que se han prolongado hasta el 2016.La mayoría de las investigaciones corresponden a hechos ocurridos entre 2000 y 2008. No obstante, también se observa un número importante de casos en 1987, 1997 y 2013. Con respecto a las 139 investigaciones que cursan bajo la Ley 600, 32 investigaciones (23%) no han contado con un impulso procesal efectivo que permita su avance y se encuentran en etapa de investigación previa. Adicionalmente, 44 casos (31.6%) están en etapa de instrucción; 3 casos (2%) en etapa de juicio y 60 casos (43%) tienen sentencia.