De acuerdo con lo señalado por el órgano de control disciplinario, se trata de una medida cautelar de primera instancia, luego de unas investigaciones en las que se determinó que se habrían registrado algunas irregularidades en el trámite que debían adelantar los profesores y administrativos para el pago de sus cesantías.	Dijo que fue justo en ese proceso en el que se encontraron las irregularidades como certificados de libertad y tradición donde figuran datos exactamente iguales, con número de matrícula inmobiliaria diferente, promesas de compra venta suscritas con varios docentes sobre el mismo lote de terreno y sospechosas firmas de notarios en los documentos que figuran autenticados por estos.