Otras de las razones presentadas por la Junta de Acción Comunal, es que a la edificación se le han reconocido presuntas ilegalidades en su construcción, pues según ellos, no se respetó lo ordenado por la ley AntiSpace (1796 de 2016). “Para esta licencia sólo se aportaron planos arquitectónicos elaborados por su arquitecto, sin aportar planos estructurales, pretendiendo trasladar a esta estructura sin garantías las 150 internas que hoy habitan en el penal”, expresaron.	“En ninguna parte del suelo industrial se autoriza el uso del suelo “servicios complementarios” al que se refiere la Alcaldía de Cartagena en su concepto de viabilidad del uso del suelo en esta zona para Centros Reclusorios, el artículo 12 ítem 60 en el que “fundamentan” la posibilidad del uso es el de DEFINICIONES del PBOT, donde no se asignan suelos algunos”, sostuvo el líder.	“No es cierto, como se ha venido afirmando por la Alcaldía Distrital de Cartagena, que las comunidades residenciales están ubicadas por fuera de los 200 metros de perímetro de Suelo de Expansión urbana con vocación industrial. Con una simple imagen de una herramienta al alcance de todos podemos evidenciar que dentro de esta área hay muchas comunidades como la Urbanización Huellas de Juan Pablo II, Brisas de Galicia, Urbanización Horizonte, además parques industriales como donde se ubica Juanautos y Zona Franca Parque Central”, concluyó.