Luego de la detención de Pablo Ricardo Quiñones Solarte, en el barrio Ciudad Córdoba de Cali el 19 de abril de 2018, el Gobierno de España remitió una nota verbal a las autoridades colombianas pidiendo la extradición del connacional a quien acusan de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.	Sin embargo, antes de que se tomara la decisión, un hecho llamó la atención del magistrado Eugenio Fernández y fue un oficio dirigido al alto tribunal proveniente del Cabildo local indígena Zenú Tierra Santa en el que se pedía que Quiñones fuera llevado ante el cacique gobernador para que ser juzgado.	El abogado del procesado también insistió en esa petición en aras de frenar la comparecencia de Quiñones ante el magistrado juez Santiago J. Pedraz Gómez, titular del citado juzgado español. Este despacho documentó que el colombiano en agosto de 2015 envió a través de una aerolínea un primer cargamento de flores, pero que no contenía estupefacientes para dar apariencia de legalidad a la empresa que representaba.	Varios despachos después, un cargamento de cocaína logró llegar a suelo europeo, pero fue decomisado por las autoridades holandesas y se responsabilizó del mismo a Quiñones quien se movía entre ese país y España, por lo que fueron las autoridades de este último país quienes hicieron el trámite ante sus homólogos colombianos para que respondiera por los delitos ya mencionados.	Al respecto la Corte señaló que no se tiene por acreditado la pertenencia de Quiñones al mencionado resguardo indígena Zenú del Alto San Jorge Sur del departamento de Córdoba, tampoco se estableció que las conductas investigadas ocurrieron en el territorio del pueblo indígena y no hay evidencia de que el citado resguardo cuenta con sus propias autoridades y con un sistema de justicia ancestral adecuado para garantizar los derechos de los sujetos procesales y de la sociedad.	También se pidió información ante el Grupo de investigación y registro de la dirección de asuntos indígenas, rom y minorías del Ministerio del Interior para que aportaran información al respecto. La cartera política fue contundente y precisó que en las bases de datos institucionales “la denominada Comunidad Tierra Santa no se registra como parte del Resguardo Zenú del Alto San Jorge, y así mismo, el ciudadano Pablo Ricardo Quiñones Solarte no figura como integrante del Resguardo Indígena Zenú del Alto San Jorge o Cabildo Indígena alguno”.