para facilitar la fuga del cabecilla del Clan del Golfo, Rubén Darío Ávila Martínez, alias Lorenzo, quien estaba condenado a 32 años de prisión por el homicidio del personero municipal de El Tarra (Norte de Santander). Los investigadores establecieron que el 18 de junio de 2014, y contradiciendo una orden directa del director del penal, la entonces funcionaria ordenó sacar de su celda a alias Lorenzo para que se reuniera en la Oficina Jurídica del reclusorio, con un falso  fiscal que después fue identificado como Oliverio José García Díaz. El interno aprovechó la oportunidad y huyó del lugar con la complicidad de otro miembro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). El 28 de septiembre de 2018, el particular García Díaz se presentó voluntariamente ante la Fiscalía y narró los pormenores de la fuga y de la participación de los funcionarios públicos en la evasión. Explicó que se entregaron 100 millones de pesos antes de la fuga y que luego se pagarían otros 50 millones de pesos. Esta última cifra no fue cancelada por Ávila Martínez, quien fue abatido dos años después por las autoridades militares en la misma región de Urabá. Al momento de su neutralización,	expedidas por autoridades judiciales de diferentes partes del país. Por hechos relacionados con la fuga del citado cabecilla criminal, también está acusado el ex juez segundo penal del Circuito de Apartadó, Antonio María Martínez Montero, quien ya fue condenado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, el 19 de enero de 2017, en otro proceso que se le adelantó por el delito de prevaricato por acción.