“Está cometiendo el delito de fraude a resolución judicial que podría llevar a entre 4 y 8 años de prisión, pero lo segundo es que está incumpliendo la orden de un juez que le estableció la prohibición de utilizar las redes sociales y medios de comunicación. En ese caso, la Fiscalía puede solicitar ante el juez una audiencia y pedir que sea enviada a la cárcel”, dijo.