El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate, informó en la tarde de este martes que fue resuelto el pleito que el Estado colombiano en su conjunto sostuvo con la multinacional Glencore por cuenta de un contrato de explotación de carbón en la mina Calenturitas, ubicada en el Cesar.	Por cuenta de este fallo, Colombia tendrá que devolver 19.1 millones de dólares a la multinacional que aspiraba a que se le cancelaran 593 millones de dólares por daños y perjuicios derivados de un fallo de responsabilidad fiscal que la Contraloría emitió en enero de 2016 en contra de la multinacional.	La historia que desencadenó el fallo se remonta a febrero de 1989 con la suscripción del mencionado contrato entre Carbocol y Prodeco. Nueve años después se celebró el otrosí No.8 con el que se modificó el régimen de regalías con la promesa de aumentar las que la multinacional le iba a pagar al Estado.	Para 2010 la Contraloría abrió una investigación preliminar por presunto daño patrimonial por la disminución de la percepción de las regalías en favor del Estado derivadas de ese contrato y para mayo de 2011 el órgano de control abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra Prodeco, Ingeominas y el Ministerio de Minas.	Junto con la Agencia Jurídica la defensa de Colombia estuvo en manos de la firma Dechert LLP. “Nuestra estrategia de defensa estuvo centrada en que Colombia actuó de conformidad con el derecho doméstico y el Derecho Internacional, es decir, se argumentó que la Contraloría y la Agencia Nacional de Minería se ajustaron en todo momento a derecho”, acotó Gómez.	“Eso se ganó porque no se le ordenó a la Contraloría en no seguir investigando este tema. Imagínese que un tribunal le ordenara a ese órgano que no volviera a investigar en esos contratos, sería un golpe a la estructura del Estado muy delicado. Eso lo desechó por completo el Tribunal”, concluyó Gómez Alzate.