Estas recomendaciones, además de otras cinco presentadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (entidad que autoriza las modificaciones o eliminación de los trámites), hacen parte de la acción preventiva que la Procuraduría adelanta con relación a cerca de 40 solicitudes de personas que no han logrado convalidar sus títulos y que han manifestado perjuicios en los procesos de vinculación laboral o de remuneración para profesionales formados en el exterior.