La muerte del excombatiente Dimar Torres, en Norte de Santander, a manos del Ejército Nacional, le genera inconvenientes al gobierno de Iván Duque. No era para menos, no sólo lo ejecutaron extrajudicialmente en un retén militar, sino que los uniformados pretendían esconder el cuerpo y enterrarlo como lo evidenciaron varios videos en poder de los organismos de seguridad del Estado y en manos de la comunidad que impidió que ese propósito se llevara a cabo.	En su último y más reciente informe, expertos en Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas condenaron el hecho, al tiempo que instaron al Gobierno colombiano a que respete las garantías de seguridad ofrecidas en el marco del Proceso de Paz firmado en el año 2016. Los expertos argumentaron que ignorar las garantías prometidas a los excombatientes, aumenta la posibilidad de que estos abandonen el Proceso de Paz y Reinserción y la posibilidad de que se unan a grupos disidentes o que vuelvan a tomar las armas para protegerse a sí mismos.	“Instamos al gobierno colombiano a que deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las Farc-EP y a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida. El aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal es perjudicial para la paz, el desarrollo y la estabilidad.	Desde que se firmó el Acuerdo de La Habana en 2016 van más de 120 excombatientes asesinados. En la cifra exacta no se han podido poner de acuerdo las autoridades y el propio Partido Político de las Farc. Uno de los asesinados, Enrique Corredor, excomandante del Frente 21, murió a manos de sicarios en Tuluá, Valle, y permanecía en una zona de ubicación.	En los últimos meses, hemos conocido muchas historias sorprendentes de reinsertados que están asumiendo la vida civil como un aporte al desarrollo de sus regiones donde decidieron rehacer sus vidas. Piden que la sociedad los acepte, que les dé otra oportunidad. Pero el Estado debe protegerlos, no sólo por el amparo de un Acuerdo de Paz vigente, sino por la condición de haber nacido en suelo colombiano.