Al término de la audiencia en la que la Cidh sesionó en la Universidad Externado, sede Bogotá, en la que se le hizo seguimiento a la sentencia que esa instancia profirió en contra del Estado por las desapariciones presentadas en el operativo de recuperación del Palacio de Justicia, el abogado Eduardo Carreño, quien representa a las familias de las víctimas, dijo que uno de los puntos en los que se ahondó fue en la ausencia de la investigación por los hechos ocurridos el 5 y 6 de noviembre de 1985.	“Se reconoce que la investigación sobre la identificación de los cadáveres está limitada a lo que se encontró en la fosa común, que fue llevado por los mismos jueces penales militares y por la Policía nacional para ocultar toda evidencia en el proceso. Eso se evidencia en la entrega de restos sobre los que existía dudas en la identificación”, anotó el jurista.	Otra de las situaciones que señaló como intencionadas fue la presunta omisión de las autoridades de la época, de quienes dijo que ya sabían del plan de la guerrilla para asaltar el Palacio de Justicia y que no hicieron nada para salvaguardar la vida de los magistrados, de los funcionarios y de los visitantes que allí se encontraban.	Sobre las declaraciones entregadas por uno de los fiscales asignados a la investigación por estos hechos en el sentido de que no hubo personas desaparecidas tras la Toma al Palacio, Carreño señaló que en la audiencia se habló del tema por parte del fiscal titular que manifestó que hizo la aclaración pertinente y reconoció “que sí hay casos de desaparecidos”.