El grave daño ambiental y la acelerada pérdida de selva en una zona de especial protección ecológica entre Calamar y Miraflores (Guaviare), fue identificado mediante labores de policía judicial adelantadas por la Fiscalía General en su ‘Estrategia de Investigación contra la Deforestación en la Amazonía Colombiana’.De acuerdo con las verificaciones, la construcción de una vía entre los dos municipios sin los permisos ni licencias ambientales, el paso continuo de vehículos pesados y los asentamientos posteriores a la tala y quema de bosques, incidieron en el deterioro del área protegida y en la afectación a las fuentes hídricas de la región.El alcalde de Calamar, Pedro Pablo Novoa Bernal; y el alcalde de Miraflores, Jhonivar Cumbe, habrían facilitado el avance de las obras en el corredor vial de 138 kilómetros y, al parecer, fueron permisivos frente a las irregularidades que se presentaron.Según el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la deforestación se triplicó en Guaviare durante el periodo de gobierno de los dos mandatarios locales. Pasó de 11.456 hectáreas en 2015 a 34.527 hectáreas en 2018. Varios de los focos de deforestación e incendios están relacionados con el área de influencia de la carretera ilegal.Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los alcaldes de Calamar y Miraflores (Guaviare) como presuntos responsables de los delitos de daño a los recursos naturales agravado e invasión de área de especial importancia ecológica agravada, en circunstancia de mayor punibilidad por la condición de funcionarios de los dos investigados.Durante la diligencia judicial, el juez de control de garantías de San José del Guaviare accedió a la petición de la Fiscalía, y decretó como medida cautelar el cierre inmediato de la vía y la prohibición del tránsito de vehículos pesados, incluidos los automotores de la Gobernación de Guaviare y maquinaria amarilla.El juez se abstuvo de imponer medida de aseguramiento contra los mandatarios. Las investigaciones y el proceso continuarán.A la audiencia fue citada la Corporación para el Desarrollo Sostenible para el Norte y Oriente Amazónico, en su calidad de autoridad ambiental y como víctima; sin embargo, los representantes de esta entidad no asistieron a la diligencia judicial.