Me refiero quienes hacen la gestión en el Congreso para los juegos de azar, casinos, loterías y demás actividades relacionadas, que siempre obtienen condiciones especiales y favorables para el desarrollo de su actividad y que los hace lucir como un sector diferente que requiere de espacial tratamiento, por encima de la industria, la agricultura o cualquier otro ramo económico del país.	El primero tiene que ver con la excepción lograda por los juegos de azar en la Ley 1739 de 2014, en lo correspondiente al Artículo 52, que determina las condiciones de aplicación del Artículo 771-5 en el que se reconocen los costos, gastos e impuestos descontables realizados en efectivo, los cuales serían desmontados de manera gradual en un lapso de cuatro, plazo que se cumplió y ya no son deducibles a partir del primero de enero del 2019.	Pues bien, nuestros lobistas, desconocidos de mi parte, lograron un párrafo especial que los exonera de tal desmonte, con lo cual los juegos de azar sí pueden descontar del impuesto de renta todos sus movimientos en efectivo. Se asume que como las transacciones de los juegos de azar en su mayoría responden a transacciones en efectivo, esta actividad tiene excepción de incluir en el cálculo del impuesto de renta dichos montos, que son en esencia el eje central de su operación, lo que prácticamente minimiza los tributos que sobre la renta deben asumir.	Sectores como el agropecuario, donde gran cantidad de las operaciones comerciales se realizan en efectivo para la compra de cosechas en las plazas de mercado mayoristas y minoristas y a lo largo y ancho del territorio nacional, trabajaron infructuosamente durante el trámite de dicha norma y de la modificatoria de la misma Ley 1819 de 2016, que fue denominada ‘Reforma Tributaria Estructural’ –si no me falla la memoria– para lograr un tratamiento de excepción similar al de los juegos de azar, pues no tener como deducir del impuesto a la renta este tipo de transacciones significa un duro golpe a la rentabilidad y competitividad del sector, que, como siempre, será trasladado de alguna forma al consumidor vía precios.	El tema está en que los juegos de azar manejan dos componentes que hacen que se les concedan condiciones importantes. El primero es el de las loterías, manejadas por las gobernaciones, lo que les da una capacidad de lobby gigantesca con los congresistas y, el segundo, que desde hace años en el país se viene sosteniendo parte de la salud con los impuestos recaudados por loterías, chances y juegos de azar, con lo que el aporte social asignado a esta actividad se hace cada vez más fuerte.	El problema radica en que el país dio por sentado que se debe aceptar que el Estado es ineficiente, que la corrupción puede con todo y no hay ninguna institución lo suficientemente pulcra para analizar la eficiencia o ineficiencia del gasto público, por lo que resulta mejor dar prebendas específicas para garantizar recursos para ciertas áreas de vital importancia como la seguridad social o la salud.	Así, a todos los sectores les toca dedicarse al lobby para buscar condiciones favorables similares a las de otros ‘bendecidos’, antes que poder orientar sus esfuerzos a la mejora de la producción, la rentabilidad y la generación de riqueza, que, a la final, aportarían mayores tributos para atender las necesidades del país.	Si lo anterior se diera y el país contara con unidades investigativas serias acerca de la eficiencia del gasto, que pudieran ser proactivas y verificar la utilización de los recursos de manera tal que pudieran denunciar o suspender el gasto ineficiente en tiempo real y no posteriormente, podría la sociedad contar con más recursos y mejores servicios, sin tener que valerse del juego, el licor y los cigarrillos para financiar la salud o la educación.	Igualmente, no se entiende cómo cada cuatro años se presenta la parafernalia del Plan Nacional de Desarrollo, sin que nadie evalúe económica y socialmente los resultados efectivos del Plan anterior –o anteriores–, sus resultados, logros y pendientes. Esa desarticulación administrativa en la que nadie verifica los resultados, es la que hace tan ineficiente la labor del Estado y tan incrédula e indolente la actitud de la ciudadanía en sus instituciones.