Los 21 contratistas judicializados en esta oportunidad serían responsables de un detrimento patrimonial superior a los quince mil millones de pesos. Tales afectaciones se habrían concretado luego de la celebración de varios contratos para la limpieza de arroyos y reservorios. Las investigaciones adelantadas permitieron establecer que para concretar el ilícito los implicados habrían adulterado documentos privados; además, de omitir el cumplimiento de los requisitos de ley en la suscripción de los referidos contratos.	En la primera fase, la Fiscalía imputó cargos contra seis exempleados de la misma Corporación. Se trata de su exdirector Olaf Puello Castillo, y a la exsubdirectora, Katherine Martelo Fernández, quienes fueron enviados a la cárcel. Los otros imputados fueron cobijados con medidas no privativas de la libertad. Estos seis se encuentran en etapa de juicio.