Una accidentada audiencia la que se vivió en la tarde de este jueves en la que se definía la medida de aseguramiento en contra del capitán del Inpec David Alexánder Álvarez Cárdenas, procesado por el caso de la fuga de la excongresista Aída Merlano Rebolledo. El despacho judicial consideró que el uniformado era acreedor de una medida de aseguramiento en prisión y no accedió a la petición de que fuera detención domiciliaria.	Así las cosas, se convierte en el primer capturado en ser enviado a prisión por la fuga de Merlano, ocurrida el pasado primero de octubre, fecha desde la que no se tienen pistas del paradero de la excongresista conservadora condenada a 15 años de prisión por delitos electorales, según sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, en la que además se pidió investigar a varios barones electorales de la Costa.	Álvarez se convierte en el primer detenido en ser llevado a prisión por este caso que ya cobró las cabezas del director del Inpec, general William Ruiz, y de la directora del penal, Diana Muñoz. Los otros dos detenidos, Aída Victoria Merlano, hija de la prófuga, y el dentista Javier Guillermo Cely se defenderán en libertad por decisión proferida por la jueza 12 el pasado martes.	Con todo y retrasos la sesión inició a las 4:30 de la tarde con la exposición del delegado de la Fiscalía, que enfatizó que para el día de la fuga de Merlano Rebolledo el capitán Álvarez estaba de vacaciones y que, pese a ello, dio la orden de que se hiciera el traslado de la excongresista conservadora a la cita odontológica.	Trajo a colación el delgado de la Fiscalía una serie de testimonios de otros uniformados que señalaron bajo la gravedad de juramento que era evidente el trato preferencial que Álvarez le prodigaba a Merlano, después de que la excongresista había anunciado una demanda en contra del uniformado por, según una queja que interpuso, en la que aseguraba que era víctima de los malos tratos.	Para la Fiscalía, si Álvarez permanecía en libertad puede obstruir la justicia e influir en los testigos, por lo que lo consideró un peligro para la comunidad, por cuanto hay peligro de continuación de la actividad delictiva. Añadió que existe el riesgo de que no comparezca a los posteriores llamados que le haga la justicia. La petición fue avalada por el delgado de la Procuraduría.