Los problemas de la Ruta del Sol 2 parecen no detenerse. El contrato que se inició en 2010 para arrancar obras en 2011 y así conectar a Puerto Salgar (Cundinamarca) con San Roque (Cesar) ahora está en el debate de cómo será su culminación pues la Superintendencia de Transporte declaró la disolución de la sociedad Ruta del Sol S.A.S y la convocó a proceso de liquidación ante la Superintendencia de Sociedades, a razón de una situación crítica de orden financiero, jurídico y administrativo. Esto con la intención de favorecer a los terceros de buena fe en un proceso de seguridad jurídica.	La causa de disolución se fundamenta en que la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) suscribieron el 27 de febrero de 2017 un acuerdo de terminación y liquidación del contrato de Concesión 001 de 2015, que se traduce en Ruta del Sol II encargada del corredor Puerto Salgar-San Roque.	La sociedad (Ruta del Sol S.A.S) está compuesta por 4 inversionistas, constructora Odebrecht con un 25%, Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S con el 37%, CSS Constructores SA, propiedad de Carlos Solarte (acusado por irregularidades en el contrato Tunjuelo Canoas) con un 4,99%, y Episol, filial de Corficolombiana (Grupo Aval), empresa que tuvo como presidente a José Elías Melo Acosta, procesado por el pago de sobornos para la adjudicación de la Ruta del Sol Tramo 2, con el 33%.	Ahora, como en días pasados lo informó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se trabaja en la estructuración de la Troncal, un nuevo proyecto vial que estará dividido en 2 concesiones y que permitirá concluir las obras pendientes del sector II de la Ruta del Sol, que va desde Puerto Salgar (Cundinamarca) hasta San Roque (Cesar).	Además está prevista la terminación de cuatro variantes que quedaron inconclusas y la construcción de 14 variantes adicionales en el tramo troncal Puerto Salgar – San Roque, así como la inclusión de nuevas obras con impacto en la movilidad local y de beneficio social en general, que no se contemplaron en el contrato inicial.	Uno de los debates es el pago de unas deudas que suman $1,2 billones de capital más $230.000 millones en interés a Itaú, Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco de Bogotá y Banco AV Villas. Con esto, el Gobierno trabaja en un acuerdo conciliatorio para el saldo de los dinero, sin embargo, antes del 6 de agosto, este deberá ser avalado por la Procuraduría General de la Nación. A la vez que el Gobierno deberá colocar $1 billón en Títulos de Tesorería (TES) para solventar la deuda con los terceros de buena fé (los siete bancos).	Al declarar la solución convocó a la liquidación, la remito a la Superintendencia de Sociedades y es ahí donde van a elegir un liquidador para que haciendo el estudio de los activos y pasivos de la empresa se pueda empezar a pagar todas las deudas de acuerdo a un orden legal.	Tenemos el control con la sociedad y respecto a eso podemos tomar estas decisiones, estaremos evaluando si hay unas actuaciones adicionales y puntuales que tengan que ver con el ejercicio de nuestras funciones. Pero sí hay algunas consultas que inclusive rayan al orden penal, las cuales no somos nosotros lo llamados a presentar estas denuncias, será el Gobierno Nacional quien tomaría esta decisión.	Lo primero que hay que decir es que ellos están siendo notificados y tienen la oportunidad de presentar un recurso de apelación, y ya queda ejecutada la decisión, en ese caso nosotros estaremos dando noticia de ello a la cámara de Comercio para que quede asi registrado y hace que públicamente quienes vayan a contratar con ellos sepan que es una sociedad en liquidación.	Yo la verdad no veo con mucha claridad qué argumentos podrían tener, pero tienen el escenario jurídico por la ley, nosotros estamos notificando y estamos dando la oportunidad para que presenten los recursos de ley, sólo tiene recursos de reposición y una vez yo evalúe el recurso verificará si me mantengo en la decisión o lo que corresponda.	Yo la información que tengo la obtuve porque una vez yo llego al Gobierno encuentro que esta sociedad fue sometida a control y la única razón que yo necesitaba para poder tomar esa decisión era tomar la información de primera mano, tenemos censas pruebas de diferentes frentes y con base en ello tomó la decisión final y convocó a la liquidación	Los contratos de concesión se dividirán en Puerto Salgar – Barrancabermeja y Barrancabermeja – San Roque y tendrán un solo proceso de licitación. La longitud del primero es de 259 kilómetros y se estima que su costo aproximado será de $1,96 billones, mientras que la longitud del segundo es de 271 kilómetros y su inversión de $1,63 billones aproximadamente.	Para Ruta del Sol S.A.S la historia no terminará, pues, hay dos procesos que vienen marchando en estos momentos, uno un tribunal de arbitramento donde se ha demandando la nulidad del contrato, la otra es una acción popular presentada que ya tuvo decisión en primera instancia y fue a favor del estado, la autoridad presentó su recursos y se está esperando la decisión final, así lo explicó la Superintendente.