n fallo de la Corte Constitucional dado a conocer el pasado lunes, puso sobre la mesa la responsabilidad de los entes territoriales en la garantía del derecho al buen manejo de la higiene menstrual (MHM) de las mujeres, entendiéndolo como un asunto inherente a su dignidad humana y a su vez de salud pública.	“La Sala Novena de Revisión recabó que la dignidad humana está estrechamente ligada con el derecho de las mujeres a la gestión menstrual y tiene una relación estricta con unas condiciones materiales mínimas de existencia y a una vida libre de humillaciones”, precisó la Corte en la sentencia T-398 de 2019, que en su decisión exhortó a los gobiernos a diseñar o actualizar políticas públicas que puedan atender esos requerimientos.	El panorama de Bolívar en torno a ese tema se vio reflejado en el más reciente estudio de la Fundación Plan sobre higiene menstrual, en el cual a corte de 2018 se registraron alarmantes datos sobre el precario acceso que tienen las niñas, especialmente las residentes en zonas rurales, para adquirir productos relacionados a la higiene femenina.	Con respecto a eso, la Secretaría de Salud de Bolívar, encabezada por Verena Polo, declaró que actualmente el manejo que se le da al asunto es desde un programa de protección y prevención relacionado a la salud sexual y reproductiva, que se lleva a cabo a través de campañas institucionales de la mano con las secretarías de los municipios.	“Lo que buscamos a través de ‘Marea Roja’ es eliminar aquellos estigmas que existen alrededor de la menstruación y usarla como estrategia para el empoderamiento de las niñas”, afirma Beltrán, que también asegura que el fallo de la Corte da paso a que el tema se ponga en la agenda y se puedan crear lineamientos que faciliten el acceso hacia estos productos de higiene femenina, y también al reconocimiento de este proceso como algo natural en las mujeres.	Una de las realidades está asociada a las precarias condiciones de saneamiento básico en las que se encuentran algunas instituciones educativas, las cuales no cuentan con suministro de agua potable; por otra parte está el ausentismo escolar promovido por la vergüenza que sienten algunas niñas cuando les llega el período, y por último el manejo de desechos de los productos utilizados, ya que muchos de ellos terminan siendo arrojados a fuentes hídricas.	Lo anterior se complementa con cifras de la fundación Plan que revelaron que el 55% de las chicas presentan dificultades para acceder al agua potable y el 74% reconoce que sus días de sangrado afectan considerablemente el desempeño de sus actividades cotidianas. También se constató que una de cada tres faltó a clases a causa del período.	“La menstruación de la mujer no debe ser tratada como una mera cuestión médica o patológica, sino como un asunto de dignidad humana, del ejercicio de los derechos de las mujeres y de superación de situaciones de pobreza extrema, como la que viven las mujeres habitantes de calle”, dice el fallo.	Claudia Anaya, secretaria de Participación y Desarrollo Social del Distrito, afirmó que desde la dependencia actualmente se trabaja con todos los habitantes de calle independientemente de su género y que se cuenta con una oferta institucional para que quienes quieran salir de ese estilo de vida, pero que aún, dada la prontitud del fallo, no se contemplan medidas para garantizar la salud menstrual de las habitantes de calle.