Tras la publicación de las cifras relativas al desempeño de la economía colombiana en el primer trimestre del 2019, han aumentado las preguntas de los especialistas con respecto a la situación del país. A fin de cuentas, las proyecciones que hablaban de un crecimiento superior al 3 por ciento anual no se cumplieron, dejando en más de uno un sabor agridulce: vamos mejor que el promedio de América Latina, pero estamos aprisionados en una dinámica mediocre.	Para entender lo ocurrido, los interesados en el asunto deberían dedicarle un tiempo a ver la presentación del informe sobre inflación que hizo un par de días atrás el gerente del Banco de la República. En su exposición, el funcionario realizó un análisis profundo no solo sobre el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor, sino respecto a otros asuntos clave.	El parte de mayor tranquilidad fue, precisamente, el correspondiente a este capítulo. A pesar del irregular comportamiento del renglón de regulados que comprende las tarifas de servicios públicos, del fuerte aumento en el salario mínimo real, o del salto en la tasa de cambio, el Emisor considera que las alzas están bajo control y que no deberían presentarse dolores de cabeza en este frente, al menos en los próximos meses.	Más llamativa quizás, acabó siendo la disección respecto a lo ocurrido con la economía entre enero y marzo. Una afirmación sorprendente fue que si bien el dato entregado por el Dane habló de una mejora del 2,8 por ciento anual en el PIB, cuando se utilizan series desestacionalizadas y se corrigen los efectos del calendario, la expansión llegó solo al 2,3 por ciento, lejos del 3,2 previsto por el equipo técnico del Banco.	Quienes leen entre líneas no pasaron por alto un par de datos. De un lado, el comportamiento de la inversión en el arranque del año estuvo muy debajo de los cálculos gubernamentales, pues el ascenso llegó a menos del 1 por ciento. Del otro, la cartera de créditos avanza a un ritmo muy lento y la comercial, apenas sube 0,3 por ciento en términos reales.	Lo anterior sugiere que la reactivación en el ánimo empresarial, que acabó siendo la piedra angular de la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso en diciembre, no se está dando. Según el esquema presentado en su momento por el Ministerio de Hacienda, la menor tasa de impuesto de renta para las sociedades, junto con la posibilidad de descontar el 100 por ciento del IVA que se pague en la compra de bienes de capital, debería hacer crecer la inversión de forma significativa.	Aunque es verdad que el calendario todavía no llega a la mitad, por lo cual es temprano para emitir juicios definitivos, aquí se enciende otra luz. En caso de que el sector privado no se comprometa con un número muy elevado de nuevos proyectos, el país se podría quedar con el pecado de los menores recaudos tributarios y sin el género que traería una avalancha de iniciativas que cree un círculo virtuoso.	El campanazo de alerta debería escucharse, sobre todo cuando en el tablero de control de las autoridades aparece un inconveniente más: un déficit externo elevado que llegaría al equivalente del 4,3 por ciento del PIB este año. Ese guarismo supera en un punto porcentual al observado en el 2017 y puede poner nerviosas a las firmas calificadoras de riesgo.