La diversificación de las actividades criminales se acompaña de la especialización de las operaciones por parte del crimen organizado, que muchas veces reproduce la forma de operar de las empresas legales, en donde la interdependencia de los diferentes actores de la cadena productiva es fundamental para la buena operación de los negocios.	Por esa razón, la neutralización de las estructuras criminales debe acompañarse de estrategias de política pública, antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, con el fin de impactar los recursos económicos de las sociedades del delito, ya que estas organizaciones subsisten en la medida en que generan ingresos y tengan capitales para operar.	Delitos como el contrabando, la corrupción o la evasión fiscal (por mencionar solo algunos de los 66 delitos fuente del lavado de activos consignados en el Código Penal) afectan de manera directa la competencia legal, los costos operativos de las empresas, el rendimiento de los sectores, la inversión social, la estabilidad financiera de las familias, la generación de empleo y en definitiva, el desarrollo del país.	Hoy, casi seis años después, la Unidad de Información y Análisis Financiero está liderando la tercera ENR con el objetivo de elaborar un diagnóstico actualizado sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia, para desarrollar nuevas propuestas de política pública que quedarán plasmadas en un próximo documento Conpes.