Esta coyuntura política, sin precedentes en el Perú, arroja pocas certezas sobre la situación legal y los efectos políticos de muchas de las determinaciones adoptadas tanto por los órganos Ejecutivo como Legislativo, que mantenían una pugna férrea desde hacía tres años, iniciada durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en 2018 acosado por escándalo de corrupción de Odebrecht.	Según él, los peruanos confían en que “ese Congreso obstrucionista desde el primer momento, desde que Kuczynski asumió la Presidencia; ese Congreso que resolvió leyes en dos días como aquella que favoreció a Fujimori; ese Congreso que manejó a su antojo la Comisión de Ética desde la mayoría fujimorista y aprista, archivando procesos acusatorios contra varios de los congresistas; ese Congreso que le encarpetó la propuesta del Ejecutivo para adelantar las elecciones, deja de estar en funciones, lo cual era una cosa deseada”.	Explica además, que “tenemos a un presidente que interpreta el que se ha negado por segunda vez una cuestión de confianza de su gabinete y hace uso de una facultad que le otorga la Constitución, de disolver el Congreso que no significa cerrarlo, sino que convoca a una elección para completar el periodo parlamentario”, que va hasta el 28 de julio de 2021.	Es además, dice, un Congreso muy “deslegitimado desde el punto de vista de la opinión púbica, efectivamente este en particular, que tiene una mayoría absoluta opositora, Fuerza Popular, con 73 congresistas”, lo cual da a entender que ya desde su arranque en julio de 2016 ha habido dos gobiernos paralelos en Perú, el Ejecutivo y el Legislativo.