De este modo, bancos, cooperativas, fiduciarias y demás entidades de esta rama tendrían una tarifa de renta de 36% en 2020, 34% en el 2021 y 33% en 2022, y a partir de ese momento pasarían a cancelar el mismo monto que las demás empresas, que para entonces sería de 30%.	El alto tribunal la declaró inexequible precisamente porque no tenía el visto bueno oficial, pero, como en este caso sí lo tiene, las cosas serían diferentes. “El Gobierno no apoya el artículo, pero considera que debe ser la Corte la que lo resuelva de fondo y, mientras tanto, que el Congreso decida”, explicó una persona cercana a la reunión.	Este no es el único punto que el Ejecutivo aceptó estudiar en esta iniciativa fiscal. También podría revivirse la normalización tributaria por un año más, de tal modo que por lo menos se recauden $500.000 millones, que se sumarían a los $1,1 billones que se recolectaron en la amnistía de este año.	En cuarto lugar, Gobierno y Congreso revisarán una por una las exenciones y beneficios tributarios que se crearon en la Ley de Financiamiento, con el fin de condicionar algunos a que las empresas generen más empleos. De otro lado, el gravamen al componente inflacionario de algunos productos financieros sería completamente eliminado.	Pero no son los únicos. Entre las proposiciones hay algunas ‘perlas’ como la que pretende eliminar el sistema específico de operación de la carrera administrativa de la Dian, la de subir del 40% al 50% el tope de deducciones y rentas exentas para determinar la renta liquida de las personas naturales, triplicar los impuestos a los cigarrillos y licores y hasta gravar con un 20% (sobre el precio de venta final) las bebidas azucaradas.	Asimismo, en los archivos del Congreso reposa una propuesta para que las personas puedan cambiarse de régimen de pensiones hasta los últimos cinco años antes de lograr la edad de jubilación, en lugar de los 10 años que aplican hoy. Otro grupo de iniciativas van dirigidas a cortar parcial o totalmente algunos beneficios que tienen las empresas. Así, por ejemplo, en la deducción de IVA por la importación de bienes de capital hay dos propuestas: eliminarla o limitarla hasta el 2022.