Proyectos que fueron catalogados como de prioridad nacional por el gobierno Duque, como las reformas política y de justicia, así como las objeciones a la ley que reglamenta la Justicia Especial para la Paz (JEP), fueron rechazados en el Congreso. La mayoría de iniciativas por las que votaron cerca de doce millones de colombianos para combatir la corrupción o murieron ya o hacen agua en su trámite.	Por ejemplo, la iniciativa de limitar a solo tres los periodos que puede permanecer un senador o un representante en el Congreso ya está hundida; el llamado proyecto antimermelada, para el manejo de parte del presupuesto, tiene sus días contados; la obligación de hacer públicas las declaraciones de renta y de impuestos y reportar los conflictos de intereses de los congresistas no tiene ambiente para su aprobación y la semana entrante recibirá cristiana sepultura.	Al proyecto de acto legislativo que quita al delito político la conexidad con el narcotráfico le falta un debate en la plenaria del Senado y a la reforma a la distribución de regalías para devolverles más a los departamentos y municipios productores le falta un debate en la plenaria del Senado en su primera vuelta.