En estos momentos la economía está creciendo a una tasa muy similar a la que ha exhibido el último año. Se trata de un nivel un poco inferior al que preveíamos a inicios de año. Sin embargo, teniendo en cuenta el lento ritmo al que están avanzando la mayoría de países en América Latina y la alta incertidumbre en el entorno mundial, creemos que el desempeño es satisfactorio. En el segundo semestre el crecimiento va a estar en torno al 3,4% y para todo el año en el 3,2%.	El principal es la incertidumbre internacional, que se ha incrementado por las tensiones comerciales entre EE. UU. y China, y puede incidir en el desempeño de la economía por cuenta de una mayor volatilidad en los mercados financieros y posibles caídas en los precios de las materias primas. A nivel local, es importante consolidar el avance de la inversión como motor de la recuperación de la economía, así como cambiar la tendencia de la construcción, actividad esencial en el engranaje productivo. Otro reto clave es continuar en el proceso de ajuste fiscal, de manera que el país se afiance como un destino de inversión seguro y confiable.	Partiendo del rol de la banca como movilizador del desarrollo, son varios los retos que tenemos frente a un ambiente competitivo y dinámico. Innovar ha de ser el más frecuente desafío y, mejorar la vida de los colombianos ofreciéndoles los beneficios de la bancarización, nuestra mayor obsesión. Tenemos tres grandes retos. Uno, es la inclusión financiera, prioridad para mejorar la formalización de la economía y canalizar recursos a actividades productivas necesarias para promover el crecimiento económico; a la vez que disminuye la vulnerabilidad y eleva las condiciones de vida de la población de bajos ingresos. El segundo es la transformación de la vida de las personas, con una banca 4.0 que llegue a todos los segmentos de forma rápida, amistosa y consciente de su papel en el desarrollo. El tercero es la regulación, que permita el acceso de todos a los beneficios de la banca, pues el sector se enfrenta a dinámicas que cambian constantemente el escenario competitivo: por una parte, la banca compite hoy con múltiples jugadores tales como los gigantes tecnológicos, las Fintech, las compañías de mensajería y giros, la industria del retail, etc. y, de otro lado, están los cambios regulatorios que limitan la competitividad y la estabilidad de la industria y en consecuencia del país como la eliminación de comisiones y la sobretasa al impuesto de renta al sector.	Estamos a la espera de saber qué va a pasar con el proyecto de eliminación de cuotas de manejo a las tarjetas de crédito y débito y otras intervenciones de precio a los productos financieros. Ese será un punto clave que nos lleve a revisar el modelo de atención, pues los productos bancarios tienen atributos relacionados con el costo. Pero más allá de un proyecto en especial, esta Convención es el escenario para llamar la atención del legislador a que iniciativas como las que cursan en el Congreso actualmente, sean responsablemente estudiadas y de manera concreta se evalúen sus efectos en al menos los siguientes frentes: inclusión financiera, efectos en la economía, impactos en los sectores afectados indirectamente y la experiencia internacional.	En los últimos años el país ha realizado grandes esfuerzos para lograr un mayor acceso a servicios financieros. Esto se ve reflejado en las cifras de inclusión financiera (81,3%) y de cobertura (100%), según los criterios del Foro Económico Mundial. Parte de ese posicionamiento se debe al valor que pagan los consumidores por la oferta de servicios. Dichos costos están dados por dos grandes rubros que están implícitos en la actividad financiera: análisis de riesgo y costos de infraestructura necesarios para prestar adecuadamente los servicios. Prohibir su cobro genera, o que se encarezcan los otros servicios financieros, o que aquellos que no se pueden cobrar desaparezcan al dejar de ser rentables; lo cual solo genera el retiro del sector financiero (sector altamente vigilado y regulado) y su desplazamiento hacia una banca en la sombra de la población históricamente excluida de la formalidad (comunidades rurales y aquellas de bajos recursos), promueve el uso del efectivo y, por ende, ayuda al crecimiento de fenómenos indeseables como la evasión fiscal y la informalidad.	No debe olvidarse que los hogares colombianos financian, en promedio, $3,8 millones de sus compras anuales con tarjetas de crédito. Análisis realizados permiten concluir que medidas como la eliminación del cobro de cuotas de manejo implicaría una contracción en el consumo y el posible retiro de alrededor del 50% de las tarjetas que actualmente circulan en el mercado, con la consecuente baja en el consumo de hogares, afectando así principalmente los sectores del comercio como calzado, vestuario, alimentos, recreación etc. Dado que el consumo equivale casi al 70% del PIB, la reducción afectaría las perspectivas de crecimiento de los próximos años, con los consecuentes impactos en competitividad y generación de empleo.	Aunque el sector financiero está en transformación digital, para el presidente de Bancolombia el principal reto es el modelo de identidad digital única. “La economía y la forma de hacer negocios ha pasado de entornos físicos a eco- sistemas digitales. En ese contexto, la identidad digital es el nuevo pasaporte para acceder a servicios en línea y realizar transacciones digitales, con lo que es pieza clave para lograr eficiencias en los negocios y para la construcción de Estados modernos que facilitan la vida a sus ciudadanos. Esto es un paso obligado en la consolidación de un ecosistema digital completo. Este modelo permitirá activar procesos 100% digitales y ello traerá beneficios para mejorar la experiencia del cliente y favorecer la seguridad de los procesos de identificación y autenticación”.