Sin embargo, en el MFMP del 2019, el Ministerio de Hacienda hizo un ajuste metodológico y en lugar de calificarlas como tal, las puso dentro del grupo de los ingresos, junto con rubros históricos como el recaudo tributario, los reintegros o los diferentes fondos especiales que se han creado en el país.	Según el viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, este tema ya ha sido conversado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “desde el año pasado y estos ejercicios están ceñidos completamente a los manuales del FMI, puntualmente en lo relativo a las utilidades del Banco Central, y cómo se contabilizan. Pero allí también metimos temas nuevos de la deuda”.	Y si bien el funcionario aseguró que sí tienen “claro el panorama de cómo se hacen esos procedimientos” en cuanto a los ingresos del Emisor, confesó que no lo tienen tan detallado con el rubro de enajenaciones. No obstante, añadió, “que no lo hayamos hecho antes, no quiere decir que se deba aplaudir y hacer todo lo que hemos hecho siempre”.	En esto coincidió Sergio Clavijo, presidente de Anif, quien le dijo a Portafolio que “lo sustantivo al hacer las cuentas del MFMP es saber que la regla fiscal se refiere exclusivamente al Gobierno Central y antes de cualquier inclusión de utilidades o privatizaciones, hay que mirar cuál es su balance. El gran desafío en esta materia no es 2019, sino 2020 y ahí tenemos todos reservas”.	Además, dijo que todo “parece indicar que lo que ocurre es que se quiere incluir estos temas para lograr el sobrecumplimiento este año de la meta de déficit y ayudar para los próximos. No obstante, las calificadoras y agentes del mercado estamos mirando esta metodología y el sentido común de hacer el cambio, ya que la regla está enfocada en el Gobierno Central, pero ahora se les suman otras esferas y recursos de privatizaciones, que no son recurrentes y el Gobierno es consciente de esto”.	“Esto nos deja varias preguntas, primero, si lo va a acoger el comité de la regla fiscal y si este cambio está planteando dentro de sus consideraciones del comité de la regla fiscal. Esto, porque si bien pueden ser razonables, al final de cuentas es una modificación en la forma cómo se medía el déficit fiscal”.	Además, anotó, “también queda la duda sobre qué van a pensar las calificadoras de riesgo. Nuestra crítica no es que el ajuste no tenga justificación económica, pero es un cambio que debe analizarse, porque en la medida en que no se logre hacer o incorporar, todavía permanecen algunas incertidumbres del cumplimiento de la regla fiscal en los próximos años”.	Tanto Luis Fernando Mejía, de Fedesarrollo como Sergio Clavijo, de Anif rechazaron el proyecto de ley que cursa en el Congreso, con el cual se crearía una prima extra para personas con ingresos de hasta $2,5 millones, y la declararon como inconveniente por sus efectos en la inflación, el desempleo y la informalidad. Según cálculos del Minhacienda, esta prima beneficiaría a 1,8 millones de personas, y su costo para el Estado sería de unos $200 mil millones, en tanto que a las empresas les valdría $1,8 billones.