La semana pasada se realizó el Congreso Internacional de la Industria Láctea, organizado por Asoleche, en el que quedó claro que existen al menos dos grandes desafíos para que este sector logre un estado de rentabilidad sostenible: impulsar el consumo de leche y derivados lácteos en el país, y lograr una verdadera articulación entre los diferentes eslabones de la cadena que apunten a una mayor productividad, lo anterior bajo la necesidad de redefinir la fórmula de precio regulado a partir de estructuras horizontales y de integración.	El consumo mínimo per cápita de leche en Colombia debería ubicarse, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 170 litros y actualmente está en 140 litros, una cifra muy por debajo de la media mínima. Países como Uruguay están entre 230 y 250 litros de consumo per cápita.	Hay que destacar que el Ministerio de Agricultura, en conjunto con Asoleche, ha emprendido una campaña en la que se busca incentivar su consumo y sus derivados, resaltando sus beneficios nutricionales y efectos positivos en la salud. Si bien este tipo de iniciativas han ayudado a que se incremente el consumo interno, lo cierto es que no ha sido suficiente para superar las expectativas y el país demanda campañas más agresivas para promover tanto el consumo como el acceso a nichos de mercado.	Aunque Camilo Herrera, presidente de la firma Radar, sostiene que las ventas en el 2018 ascendieron a 21,7 billones de pesos, el mercado ha empezado a diversificarse. De hecho, las nuevas generaciones crearon mitos respecto al consumo de este producto, abriendo espacios –por ejemplo– a bebidas de origen vegetal, las cuales no contienen los mismos componentes nutricionales de la leche para el adecuado crecimiento y la seguridad alimentaria.	A lo anterior hay que sumar otro aspecto: el Gobierno debe generar espacios de concertación entre los distintos eslabones de la cadena que permitan tener una mejor articulación y apalancamiento entre ellos, y que contribuyan a mejorar los costos de producción, generación de empleo, reducción de informalidad (que asciende al 43 por ciento), entre otras. Estas mesas de trabajo deben marcar una hoja de ruta para los próximos años, de tal manera que redunden en un sector mucho más competitivo.	Y un aspecto transversal como es el sistema de precios regulados que se aplica en Colombia y que tiene en serios riesgos a la competitividad del sector, en la medida en que impide la inserción de este mercado en la dinámica global. Esta fórmula debe ser redefinida, si tenemos en cuenta que los TLC que Colombia suscribió con EE. UU. y la Unión Europea implican que los productos lácteos estén libres de aranceles para el 2026 y el 2028, respectivamente. Esto significa que al mercado colombiano podrán entrar productos provenientes de estas regiones de forma ilimitada y a precios que marcan la pauta del mercado internacional, afectando gravemente la cadena láctea nacional.	Un dato final: el ministro Andrés Valencia anunció que el sector va a quedar excluido de la negociación del TLC de Alianza Pacífico con Nueva Zelanda, y aunque esta es una buena medida debe acompañarse de acciones para mitigar la liberación de aranceles. Lo anterior, teniendo en cuenta que los TLC suscritos por Colombia con EE. UU., la Unión Europea y Mercosur son ya un desafío para el sector, que exigen la toma de decisiones público privadas.