Para el Estado es legítimo utilizar la fuerza contra los grupos que participan en un CANI “en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”. En ese marco, para los Estados es lícito usar unas armas y desplegar unos niveles de intensidad en el uso de la fuerza que no serían tolerables a la luz del derecho de los derechos humanos.	1. Como bien dice el CICR, “en la actualidad, en Colombia coexisten conflictos armados regidos por el DIH y otras situaciones de violencia gobernadas por el derecho interno y los derechos humanos”. Eso supone que hay que tener especial cuidado en evaluar la operación de la Fuerza Pública en cada ocasión y en definir con claridad el régimen jurídico y las reglas operacionales aplicables.	8. Abre el tremendo reto de, al mismo tiempo: a. Consolidar la reinserción de los desmovilizados de las Farc; b. Examinar los vínculos de algunos para verificar que su desmovilización sea real y que no sigan delinquiendo mientras que aprovechan los regalos del acuerdo con Santos (hay que resolver las dudas sobre si las “disidencias” son reales o estratégicas y si las “reincidencias” son o no parte de un plan); y c. Adelantar acciones contundentes contra los grupos que hoy participan en las hostilidades.