Por esto, el alto tribunal le ordenó a la Secretaria de la Mujer que lidere y diseñe de manera coordinada una política pública territorial en materia de manejo de higiene menstrual para todas las habitantes de calle. Así como también ordenó que se cree un plan de contingencia para que suministren los utensilios.	La Corte dejó claro que la gestión de la higiene menstrual se entendió como el derecho de toda mujer a usar adecuadamente el material para absorber los residuos de su periodo. Así como poder hacer uso de espacios privados donde las mujeres puedan desechar los residuos y mantener acceso a limpiar su cuerpo.