La decisión del gobierno de Daniel Ortega de cerrarle la puerta a la OEA, que enviaría una misión para cerciorarse de la situación de derechos humanos en Nicaragua, en el marco de la peor crisis política que vive en el país centroamericano desde abril de 2018, es una señal inequívoca de la radicalización del autoritarismo del líder sandinista.	Con la prohibición del ingreso, el pasado sábado, de una comisión de siete funcionarios de la Organización de Estados Americanos, Ortega desafía abiertamente al organismo hemisférico y a la comunidad internacional, haciéndose el de la ‘vista gorda’ a los llamados de reanudar el diálogo con sus opositores, suspendido en julio pasado tras dos intentos fallidos.	En opinión de Mauricio Reyes, profesor de la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, Ortega ha dado un gran paso para consolidar su autoritarismo, sin importar ya el modelo de democracia de superficie, con el que pretendía verse como un demócrata ante la comunidad internacional.	Hugo Fernando Guerrero, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle, observa que la posibilidad de un cambio de gobierno en Nicaragua será como consecuencia de un movimiento de la sociedad civil, más que la presión de la comunidad internacional, que si bien sirve, dice que no es efectiva, como ya se ha demostrado en Venezuela.