Tres días después de anunciar que se presentará a las elecciones presidenciales de octubre, pero como candidata a la Vicepresidencia, Fernández se presentó en el tribunal convencida de que este juicio es un “nuevo acto de persecución” que solo busca colocar “a una expresidenta opositora” al actual Gobierno en el banquillo en plena campaña electoral, según expresó poco antes a través de Twitter.	Fernández está acusada de haber encabezado durante su mandato, que se extendió entre 2007 y 2015, una asociación ilícita y de cometer fraude en perjuicio del Estado por presuntas irregularidades cometidas en la concesión de contratos de obra pública al empresario Lázaro Báez (también procesado y ya encarcelado por otras causas) en la sureña provincia de Santa Cruz, feudo del kirchnerismo.