Según Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC y el Consejo Gremial, “la expectativa estará en conocer las cifras y los planteamientos iniciales, pero creería que una cosa es el salario mínimo y otra el paro; desde los empresarios lo vemos como dos cosas diferentes, pero todo dependerá de las forma en que lleguen las centrales obreras. Creo que hay que separar los temas y avanzar en la discusión”.	“Aquí todo lo malo es por el salario mínimo, en este país todo termina en el salario mínimo, no puede terminar en otra cosa, o sea los salarios de la gente que gana bastante dinero eso no importa. Qué pena, este Gobierno no está de acuerdo en que el salario mínimo es muy alto y haremos todo lo posible, dentro de las posibilidades fiscales, por sacar el mejor salario mínimo que se pueda”.	Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo en su momento que “este año seguramente vamos a tener que, entre todos, tener los cinturones más ajustados porque la prioridad tiene que ser la creación de empleo”, con lo cual se prevé que los empresarios lleguen con una cifra menor al 6%, que se aprobó un año atrás.	En tanto, Acopi –gremio de micro, pequeñas y medianas empresas– llega con una cifra a la mesa: “Nuestra posición como gremio empresarial sigue estando encaminada a un alza entre 4% y 4,6%, dado que un aumento más pronunciado ocasionaría una ralentización de la generación de nuevos puestos de trabajo, un aumento del desempleo en la población más joven y menos cualificada y un incremento consecuente al empleo informal”, dijo la agremiación en una carta enviada a la comisión (ver siguiente nota).	“El reajuste debe volverse a ceñir a la llamada ‘regla universal’ (inflación más productividad laboral). Esta última ha promediado crecimientos del 1% en el último quinquenio”, aseguró Sergio Clavijo, presidente de Anif. De llegar a darse la cifra que plantea el centro de estudios, el salario mínimo se elevaría de los actuales $828.100 a $865.400.	El modelo actual, que basa los debates en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, fue creada con el fin de “fomentar las buenas relaciones laborales con el fin de lograr la justicia dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social y de paso fijar de manera concertada la política salarial para garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y su familia”, según la norma que la creó.	La discusión de este año es sui generis por dos aspectos fundamentales: uno, que los debates se realizarán en medio de un gran paro nacional –que va para su tercera semana– y, dos, que, a diferencia de años pasados, la mayoría de voceros aún no se ha decantado por una cifra en concreto.	De hecho, en una carta enviada a la comisión, la agremiación afirma que: “Este año tendremos que ser más juiciosos y medidos con este incremento, si verdaderamente queremos reactivar el empleo, dado que el contexto internacional aunado al nacional por la incertidumbre de la Ley de Financiamiento nos deja en una línea delgada para realizar buenas maniobras”.	Y añade que “se debe tener en cuenta para el incremento del próximo año, variables como la meta inflacionaria (3,6%) y crecimiento económico (3,6%), dado que, de lo contrario, el alza salarial se traduciría en un aumento en el precio de los productos y en últimas en una contracción de la demanda interna”.