Este mecanismo permite que las personas naturales no comerciantes, con al menos dos acreedores, con obligaciones incumplidas por al menos 90 días, o contra quien curse dos o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva se declaren en insolvencia. Las obligaciones en mora deben ser de al menos el 50% del total de los pasivos.	Teniendo en cuenta los datos oficiales, García señala que en seis años que lleva en funcionamiento la Ley, se han registrado casos de insolvencia en 19 ciudades y municipios, de los 1.101 que hay en el país. Estos se concentran en Bogotá (39%), Cali (32,14%), Medellín (6,42%), Barranquilla (6,26%), Cúcuta (6,08%), Valledupar (3,17%) y Villavicencio (1,85%).	Y si bien las 877 notarías colombianas están autorizadas para realizar este trámite, solo el 10% del total de los casos de insolvencia se han adelantado en una notaría, probablemente por la complejidad que tienen estos procesos frente a su actividad principal. Con esta función han operado únicamente en grandes ciudades como Cali, Medellín y Bogotá.	“Insolventarse es demostrar la voluntad de hacer los pagos, teniendo en cuenta que la situación económica no es la misma que cuando adquirió las obligaciones por razones que pueden ser ajenas a su voluntad como un divorcio o el paso a otro empleo, situaciones que pueden generar menos ingresos. El insolvente no es un delincuente”, insiste.