El bombazo que despedazó a 21 personas este viernes (20 cadetes de la Policía y aparentemente el conductor del carro bomba) deja un panorama desolador cuyo horizonte va más allá del dolor que produce la escena de los cuerpos destrozados. Peor aún, va más allá de nuestras fronteras nacionales.El comunicado emitido por el ELN en el que acepta y justifica el ataque a la Escuela General Santander pone las cosas en una situación que acepta el compás que ya evidentemente había buscado el gobierno del presidente Duque: acabar los diálogos para intentar, como se intenta desde 1965, la vía militar.	Una situación similar a esta, la de un golpe demasiado grande a las fuerzas armadas como para que pasara sin consecuencias de igual calibre, ya se había vivido en la negociación con las Farc cuando esta guerrilla mató a 10 soldados en una vereda en Buenos Aires, Cauca, lo cual obligó al gobierno Santos a reanudar los bombardeos que habían sido suspendidos.	Con la contabilidad monstruosa de la guerra, 27 muertos en un bombardeo de retaliación permitieron equilibrar la balanza, dándole nuevo espacio político al gobierno que tuvo la habilidad de moverse de forma tal que no permitió que el proceso se quedara sin salidas. La gradualidad de las acciones siempre le permitió un margen de maniobra, aun cerca al precipicio.	Pero esta vez es diferente. Un ELN parado en unas líneas dogmáticas sin asidero seguro en el mundo real y un presidente montado en un discurso partidista que cree en la tan probada como inútil vía militar, muy buena para ganar votos (pues la guerra siempre es más vendible que la paz) pero muy mala para gobernar un país que necesita salir del atraso y la corrupción, que muy bien saben ocultarse tras los cañonazos.	Por si le faltaran ingredientes al caldero, está el gobierno Trump tratando de derechizar la región, alineando a los vecinos de Venezuela para derrocar al “espantoso gobierno Maduro” y aislar a sus amigos. Muestra innegable de esto último se encuentra en el absurdo pedido del gobierno colombiano al gobierno cubano para que “entregue a los terroristas”, diciendo que “este gobierno no ha firmado ningún protocolo”, como si se tratara de pactos entre personas y no entre instituciones formales, para matricular a los cubanos como “protectores de terroristas” y de paso cerrar la posibilidad de cualquier mediación internacional a la situación.	Si poca era la disposición del uribismo para cumplir los puntos del acuerdo de paz con las Farc o para defender la vida de los líderes y lideresas sociales que matan como a patos en las regiones ante la lánguida mirada del presidente, menos va a ser posible ahora, cuando —como quedó demostrado en la “Marcha contra el terrorismo”— cualquier posición que no sea el apoyo ciego al gobierno será interpretada como “apoyo al terrorismo”.	Nos ha regresado este bombazo y la necedad del gobierno, como muchos querían, a los tiempos en que había que callar so pena del señalamiento de “guerrillero de civil” ante el menor disentimiento de la historia oficial. Para la muestra el botón del ministro de Defensa exigiendo ante micrófonos que no se le pidiera explicaciones sobre las omisiones y falsedades de la versión de los hechos pues “no es el momento”. ¿Cuándo será el momento?	De cuenta de esta bomba se recrudecerá, si no actuamos con fortaleza, la violencia paramilitar contra los líderes y lideresas sociales en busca de consolidar a sus candidatos en las elecciones regionales que vienen, así como el desplazamiento causado por el incremento en la ferocidad y recurrencia de los combates y bombardeos. Ya conocemos a qué sabe ese camino de “mano dura” que la última vez que se escogió causó un incendio que tardó 15 años en apagarse.	Se le dice terrorista al grupo armado que no tiene cómo comprarse un bombardero como manda “la decencia”. Pero, sépanlo, los muertos quedan igual de despanzurrados con una bomba de 500 lbs lanzada desde un Kfir o con un carro bomba con 160 lbs de explosivo. No se muere más decente ni es menos indiscriminado el espanto. Sáquense eso de la cabeza.	En nuestro conflicto interno, según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, el 82% de las víctimas fueron civiles, gente desarmada. Somos nosotros por tanto, si es que estos dos actores no tienen la grandeza histórica de construir un país en paz, los llamados a ejercer la presión para obligarles a volver a sentarse a la mesa. Es a nosotros, los desarmados, a quienes nos corresponde ahora, en estas horas oscuras, convocar a la razón, a la cordura, pues somos nosotros quienes hemos pagado con sangre este dolor inmemorial.