Sus copropietarios aseguran que el Distrito no los ha respaldado a lo largo de un tormentoso proceso, que los obligó a desalojar sus apartamentos y de paso extinguir sus sueños de vivienda propia; la Alcaldía dice que hacen todo lo posible para encontrar una solución a los problemas estructurales de los edificios; y la ciudadanía comenta que en este polémico caso ha reinado la impunidad y las responsabilidades incumplidas.	Y es que esta historia se remonta al 2017, cuando por primera vez la Universidad de Cartagena aplicó estudios estructurales a los 16 edificios en riesgo: Villa Naevia, Villa Ana, Villa Vanessa, Tsalach, Innova, Calipso, Brisas de Blas de Lezo, Villa May, Portal de Los Caracoles I y II, Brisas de Los Alpes, Portal de Los Alpes, Alpes 31 y Brisas de La Castellana, todos construidos en Los Caracoles, Blas de Lezo, Escallón Villa, Chipre, Los Alpes, Alto Bosque y El Recreo.	En su momento los resultados fueron alarmantes, y señalaron que ninguno de los edificios cumple con la norma sismorresistente ni con las normas urbanísticas de la ciudad, que las estructuras eran vulnerables, que la mayoría tenía problemas a carga vertical y que causaba incertidumbre los materiales y los procesos constructivos aplicados.	Luego de esto, en el 2018, una juez con funciones de Control de Garantías le ordenó al Distrito un segundo análisis sobre 16 edificaciones, el cual fue contratado a través con la Universidad Nacional, que arrancó en agosto de ese año, y se extendió hasta el 2019, en el que solo se evaluaron ocho de los 16 edificios, los cuales estaban evacuados por las familias que los habitaban. Estos son: Villa Mary, Shalom, Portal de Blas de Lezo I, Portal de Los Alpes, Alpes 31, Tsalach, Villa May y Villa Vanessa.	“La Universidad Nacional, con sus ingenieros, socializaron los estudios e hicieron la presentación formal del análisis de los ocho edificios de una manera breve (...) Ya escuchamos la información y nos dicen que estos edificios pueden tener colapso y ahora le queda la responsabilidad al Distrito de cómo se consigue dinero para demoler, no veo otra opción después del dictamen”, dijo en su momento el mandatario.	“A un vecino lo llamaron y le hicieron entrega de los estudios. Ellos no nos han socializado nada, algo que nos pareció fuera de tono (...) Ellos han debido socializar y resolver las inquietudes, ya que hay cosas técnicas que no entendemos. Eso se lo dieron hace y hasta el momento no han dicho nada, pues entregaron su paquete y listo”, manifestó un copropietario del edifico Portal es de Blas de Lezo I, que pidió reservar su identidad.	En noviembre pasado la directora de Gestión del Riesgo y Desastres de Cartagena, Laura Mendoza Benett, manifestó que la primera semana de diciembre arrancaría el diálogo con las familias afectadas, y que estaban a la espera de un cronograma de la Universidad Nacional. “Se coordinó con la Universidad Nacional para realizarlo en diciembre. Haríamos tres jornadas, una por localidad, y se les notificará a las familias el cronograma, para que asistan. Igualmente, se convocará a la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Personería Distrital de Cartagena para que sean garantes del proceso”, dijo.	“La situación del convenio con la Universidad Nacional para la socialización había en principio una contradicción de quién tenía que hacerla. Ellos amablemente comentaron que la hacían, pese a que no estaba taxativamente contemplado que era una obligación de ellos en el contrato. Lo aceptaron, estaban dispuesto a hacerlo, pero nos han exigido un pago que estaba pendiente, es la realidad, y estamos buscando la manera de cancelarle el pago que se tiene de sus contrato para que ellos puedan hacer la socialización”, dijo el mandatario, quien agregó que adelantan gestiones para que esto se dé, pero que tomará tiempo, por lo que se supone que esta será otra de las tantas tareas que tendrá que resolver el alcalde electo, William Dau Chamatt.	“Se han realizado pagos a 150 familias que evacuaron los edificios. Estos se hicieron a través de la Oficina Asesora Jurídica, en razón de $900.000, $1.000.000 y $1.500.000, dependiendo del edificio. Esto comprende el segundo trimestre del año, de acuerdo a la orden judicial que establece el pago”, precisó Bernett.