, no debe soslayarse el rol de la Justicia argentina sobre la expresidenta y futura vicepresidenta.La futura administración deberá designar a los responsables que estarán a cargo de organismos públicos como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), que son querellantes (partes acusadoras)	en varios de los casos de corrupción que incumben no sólo a Fernández de Kirchner sino también a sus hijos y a muchos exfuncionarios de su gobierno.Son 11 los procesos que hoy tiene que enfrentar la vicepresidenta por hechos de corrupción. Hasta esta semana eran 13, pero la Cámara Federal revocó dos (uno relacionado a la obra pública y otro a la importación de gas natural licuado)	o si los mismos jueces no avanzan con los casos. De más está decir que el foco también estará puesto en quien ocupe el Ministerio de Justicia.Pero quizá aún más importante sea estar atentos a lo que suceda en el Tribunal de la Capital Federal, en donde tres de los 12 jueces federales (que llevan adelante los casos de corrupción contra los dirigentes políticos)	a Cámara Federal anuló procesos y excarceló no sólo a exfuncionarios kirchneristas sino también a varios empresarios ligados a la familia Kirchner.Por otro lado, comenzaron a moverse en los tribunales casos judiciales que llevaban años “dormidos” y que involucran tanto a funcionarios de la gestión de Mauricio Macri como a su familia.	Rusia hace pruebas con submarino nuclear capaz de generar impactos intercontinentalesUno de los casos es el del exministro de Energía Juan José Aranguren, acusado por “negociaciones incompatibles con la función pública”, ya que se habría beneficiado con la compra de hidrocarburos a la petrolera Shell, empresa en la que había sido director ejecutivo de la filial argentina en el período 2003-2015.