, que perjudica al núcleo familiar de las mujeres y no propiamente a las organizaciones criminales.Advirtió que el estado debería discutir sobre medidas distintas a la cárcel, dirigidas a  mujeres que han cometido delitos no violentos o que infringen la ley por primera vez, con ocasión de su vulnerabilidad económica, o en su condición de víctimas de varios tipos de violencia.Estas opciones podrían ser el	. "Deberíamos preguntarnos por el costo social que tiene la privación de libertad de estas mujeres y si la sociedad colombiana realmente es más segura teniéndolas en centros de detención, o si por el contrario estamos aumentando la vulnerabilidad de las personas que tienen a su cargo y el riesgo de que más personas se vinculen con la delincuencia”, afirmó Harnisch durante la presentación del informe auspiciado por el CICR, 'Mujeres y prisión en Colombia: desafíos para la política criminal desde un enfoque de género'.De acuerdo al mencionado estudio en el que se practicaron 1.100 encuestas en cárceles del país,	."Con su encarcelamiento se rompe el núcleo familiar lo que deja a los hijos expuestos al trauma de la separación, el estigma, y las presiones sociales y económicas que pueden llevarlos a vincularse a su vez con grupos delincuenciales, reproduciendo un ciclo de violencia permanente", advierte el CICR en un comunicado.“Esperamos que las medidas concretas que proponen los investigadores, de las que destacamos aquellas orientadas a remplazar la cárcel por trabajo comunitario, la suspensión de la ejecución de la pena para mujeres con roles de cuidado o provisión del hogar y delitos no violentos, o el aumento de las posibilidades para las mujeres de acceder a prisión domiciliaria, sean discutidas en las instancias de toma de decisiones de la política criminal y penitenciaria del país, de manera que se movilicen los cambios que urgen ser implementados", declaró Harnisch.