La Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que convoque de manera urgente la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y junto con la sociedad civil y las organizaciones que allí tienen asiento, se evalúen las amenazas y las acciones a tomar frente al asesinato de líderes sociales.	El pronunciamiento de la entidad se dio tras la condena que hizo el jefe del Ministerio Público, Fernado Carrillo Flórez, por el asesinato de siete líderes sociales y defensores de tierras en la primera semana del año en Colombia, que generado un ambiente de zozobra y de preocupación en el país.	“Es inaudito e inadmisible que ante el llamado de los líderes en las regiones este baño de sangre no se detenga y que los once compromisos del Pacto por la Vida y la Protección de Líderes Sociales y Personas Defensoras de Derechos Humanos, suscrito el pasado 23 de agosto en Apartadó – Antioquia, sigan sin cumplirse”, advirtió Carrillo Flórez.	El procurador fue enfático en asegurar que “los esquemas de protección personal y la necesidad de un cambio de fondo, más allá de la retórica y las buenas intenciones” fracasó, por lo que conminó al Gobierno y a los organismos de protección e investigación a adoptar medidas que prevengan nuevos hechos que enluten al país, y que permitan identificar a los autores materiales e intelectuales.	Asimismo, lamentó que al término de 2018 no se lograran alcanzar las metas en la reducción de atentados contra la vida de líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos, y que el país siga sin contar con una fuente que centralice y valide las cifras de esta tragedia.	En lo que tiene que ver con víctimas de los pueblos étnicos, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –Codhes- elaboró una línea de tiempo desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, que identificó más de 350 líderes y lideresas sociales asesinados. Sólo en 2018 el reporte fue de 53 líderes sociales étnicos asesinados (20 afrodescendientes y 33 indígenas).