El acuerdo firmado en 2017 para reglamentar la publicidad exterior visual en Cali indica que los anunciantes en las vallas ilegales son deudores solidarios y deben asumir los costos del desmonte de las mismas, en compañía de los propietarios de las estructuras y de los dueños de los predios donde se ubican. Pero esto, al parecer, ha sido poco importante para quienes buscan votos de cara a las elecciones locales del próximo 27 de octubre.	En un recorrido de PUBLIMETRO por 42 de las 76 vallas que el censo del Departamento Administrativo de Planeación Municipal catalogó en septiembre de 2018 como ilegales y solicitó su desmonte o reglamentación, se pudo evidenciar que varios aspirantes a la Gobernación, Asamblea, Alcaldía y Concejo están promocionando sus imágenes en los elementos publicitarios que violan las normas de la ciudad.	El primer lugar es para Jorge Iván Ospina, candidato a la Alcaldía de Cali, quien aparece en al menos cuatro vallas ilegales pertenecientes a la empresa Metrovía S.A.S. Le sigue Clara Luz Roldán, aspirante a la Gobernación del Valle del Cauca, cuya imagen pudo verse en dos vallas ilegales de la misma empresa. En una de ellas comparte espacio con el diputado Juan Carlos Garcés Rojas, quien espera su reelección en la Asamblea Departamental.	En una valla ilegal de Metrovía S.A.S. aparecen juntos Duberney Polanía y Carlos Pinilla, candidatos al Concejo y a la Asamblea. En otra valla irreglamentaria, de la empresa Easy Trading, hay propaganda de Francined Cano, aspirante a la Alcaldía de Cali. Otras que también burlan las normas tienen como anunciantes a la Beneficencia del Valle, al Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca (Infivalle) y a la Industria de Licores del Valle, todas entidades públicas descentralizadas del departamento.	Aunque han pasado 20 meses desde que se firmó el acuerdo para regular la publicidad exterior visual y 14 desde que se venció el plazo para que los empresarios desmontaran o reglamentaran sus vallas, al menos el 80% de estos elementos publicitarios continúan en los mismos sitios. Un informe de Planeación Municipal con corte al 30 de junio de 2019 indicó que únicamente 14 vallas ilegales habían sido desmontadas y nueve de ellas, trasladadas.	El paso a seguir a partir de junio de 2018 era que la Alcaldía iniciara el desmonte de las vallas a través de la Subsecretaría de IVC, con base en los censos y reportes de Planeación Municipal. “La administración es extremadamente respetuosa del debido proceso. No podemos, de manera arbitraria, ejercer coerción. Primero toca citarlos (a los propietarios de vallas ilegales), hacer unos descargos y darles un periodo probatorio. Luego sí se pueden tomar las medidas físicas de ir a desmontar”, explicó Juan Bernardo Duque, subdirector de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico.	Sin embargo, más de un año después de que se cumplieran los seis meses de transición por el nuevo acuerdo, IVC no tiene ningún registro de operativos propios relacionados con desmonte de vallas. Un documento que esta subdependencia le proveyó a PUBLIMETRO con corte al 20 de agosto explica que durante 2019 se han desmontado 17 vallas ilegales por parte de sus propietarios, aunque los nombres de las empresas infractoras no coinciden por completo con los proporcionados por Planeación Municipal.	PUBLIMETRO tuvo acceso a las notificaciones que Planeación Municipal les dirigió a los empresarios de vallas el pasado 20 de agosto para recordarles cuántos elementos irreglamentarios deben desmontar o adecuar. Según esa información, la empresa más infractora es Metrovía, con 22 vallas para desmonte y 57 con registro vencido; le sigue Crear Publicidad, con ocho vallas ilegales y cuatro vencidas; Después están Pautame, Mas Medios, Media Art, City Ads, Graffiti Producciones, Vallavision y Publilatina, cada una con menos de tres vallas para desmonte.	El 31 de julio pasado, el concejal Carlos Andrés Arias presentó un proyecto que pretendía modificar 14 artículos del acuerdo que rige la publicidad exterior visual desde diciembre de 2017. Aunque dicho proyecto se cayó porque el segundo periodo ordinario del Concejo terminó y no hubo tiempo para discutirlo, proponía ampliar las posibilidades de reglamentación de vallas e instalación de pantallas electrónicas.	Entre los cambios estaba disminuir la distancia mínima que debe haber entre una valla y otra (de 160 metros a 100 metros), habilitar las vías locales de los barrios para la instalación de estos elementos publicitarios y quitar el blindaje que tenían el Bulevar del Río y la Plazoleta Jairo Varela contra la instalación de publicidad exterior visual mayor.	“El nivel de legalización de vallas irreglamentarias no ha sido el adecuado. Les dimos seis meses (a los empresarios) y ya van casi dos años en los que no se ha avanzado mayor cosa… Por eso era el ajuste del acuerdo”, explicó el concejal Carlos Andrés Arias, quien presentó este proyecto de su autoría y no como intermediario entre la Alcaldía y los concejales, como sucedió con el primer acuerdo regulatorio.	Las modificaciones propuestas fueron compartidas con la ciudadanía antes de tener la viabilidad del área jurídica de la administración municipal y de los departamentos administrativos de Planeación y Hacienda, lo que causó molestias en estas dependencias. “Este proyecto de acuerdo es catastrófico. Si se vuelve a presentar, la idea de la administración es tumbarlo con los argumentos que ya tenemos”, aseguró el subdirector de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico.	Por su parte, empresarios de publicidad exterior pidieron que estas modificaciones fueran resultado de un trabajo en el que todos participaran. “Desde la creación del primer acuerdo hemos estado solicitando la conformación de una mesa técnica para que podamos debatir lo que más nos beneficie no solo a nosotros sino a la ciudad. El nuevo proyecto de acuerdo es un desastre y está fabricado para los intereses de una sola compañía, que curiosamente es la que tiene más pauta de los candidatos”, dijo Andrés Lozano, gerente comercial de Publilatina.