Esta orden fue notificada al ministerio el pasado 24 de abril, en la cual se informó que contaba con seis meses para ello, es decir el 24 de octubre tenía que tener lista la resolución definitiva, con el fin de eliminar las barreras de acceso al IVE y se garanticen las condiciones de salud, seguridad y salubridad.	En cumplimiento de este mandato, la cartera de salud publicó el pasado 9 de octubre el borrador de la resolución, donde se imparten instrucciones para garantizar la atención de la IVE en el marco del sistema de seguridad social en salud, de acuerdo con los alcances definidos por la Corte Constitucional.	Finalmente aclaró que el Ministerio de Salud le “solicitó a la Corte Constitucional ampliar en 60 días el plazo para la expedición de la regulación, con el fin de estudiar y responder todos los comentarios de la ciudadanía en torno a este tema y hacer las modificaciones que se estimen necesarias”.	Teniendo en cuenta que las tres causas en las que es legal el procedimiento son -si el embarazo fue producto de un acto sexual o acceso carnal no consentido; malformación incompatible con la vida del feto y riesgo inminente para la vida y la salud física y mental de la mujer- estas son algunos de los puntos que trae el borrador de la resolución.	Las personas que desean acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo tienen derecho a acceder a una valoración integral y oportuna del estado de salud sobre el posible riesgo que llegue a representar el embarazo para su vida o su salud. La atención debe incluir una valoración del estado de salud físico y mental, y debe conocerse con precisión los procedimientos, tratamientos y medicamentos requeridos.	Además, se debe obtener de manera inmediata el certificado expedido por un profesional de la medicina o de la psicología, según sea el caso, para proceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En caso de que el embarazo sea consecuencia de violencia sexual, se puede acceder de manera urgente y gratuita a todas las demás atenciones en salud previstas para las víctimas de violencia sexual, incluida la Interrupción Voluntaria del Embarazo si así lo decide al persona.	Cualquier forma de coacción o presión en contra de la persona en la toma de la decisión, ejercida por conocidos o por parte del personal de salud, asistencial, administrativo, humanitario, misional o de terceros, deberá ser informado ante las autoridades competentes para su investigación, esto es, y según sea el caso, ante las oficinas de control interno disciplinario, la Procuraduría Genera de la Nación, los tribunales de ética, la Policía Nacional o la Fiscalía Genera de la Nación.	Con respecto al derecho a la intimidad, la Resolución destaca que la decisión de una persona de interrumpir voluntariamente su embarazo –en las condiciones de la sentencia C-355 de 2006- pertenece a su esfera íntima o privada y, en consecuencia, no se trata de un asunto de interés público o general, pues es una decisión que le incumbe solamente a ella.	Ante ninguna circunstancia, se deben suscribir pactos individuales o conjuntos para negarse a practicar la interrupción del embarazo ni acogerse formatos o plantillas de adhesión que incidan en que las entidades hospitalarias no cuenten en su planta de personal con médicos dispuestos a prestar los servicios para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, según la resolución.