El contrato de arrendamiento con los propietarios del lote, que fue firmado por $120 millones por mes, incluyendo el servicio de agua, solo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, dado que el primero de enero de 2020 hay cambio de Gobierno y la administración actual decidió no comprometer vigencias futuras.	Pereira detalló que en las reuniones de empalme con el alcalde electo, William Dau Chamatt, se estableció la importancia de renovar el contrato debido al fallo judicial que obliga al traslado de la cárcel de mujeres para preservar la vida e integridad de las internas, al igual que al personal administrativo y visitantes.	“Al ser el único inmueble que cumple las normas técnicas de la Uspec y el Inpec y cumple con las condiciones de uso de suelo, el contrato de arrendamiento tendría una continuidad por parte de la nueva administración. Este ha sido un proceso que ha contado con un acompañamiento permanente de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, quien han sido garantes del cumplimento de las normas”, dijo el alcalde Pedrito Pereira.	Es de recodar que más de cinco veces el Distrito ha intentado fallidamente trasladar la cárcel de mujeres a otros sectores como Ternera y Turbaco. Esto en cumplimiento al fallo de tutela T-126 de 2009 de la Corte Constitucional, que ordena tomar medidas necesarias debido a los problemas de infraestructura que presenta San Diego.