Hoy, cuando faltan menos de cuatro meses para que se acabe el año y haya cambio de gobierno, el dique que protege a Cali de una inundación por el desbordamiento del río Cauca se ha liberado en un 77% y continúa con seis kilómetros habitados. Las cerca de 2000 familias que viven allí serían las primeras damnificadas en caso de que el río creciera y perdiera su cauce.	Según el gerente del Plan Jarillón, Juan Diego Saa Tafurt, el principal motivo de este retraso han sido las acciones legales que algunos vecinos del jarillón han interpuesto contra el municipio. “Hemos tenido dificultades con personas de la comunidad que han radicado tutelas. Mientras el juez las analiza, detiene las demoliciones”, explicó Saa Tafurt.	El funcionario enfatizó que la mayoría de estas acciones se han resuelto a favor de la Alcaldía. “De las 490 tutelas recibidas, solamente 58 han sido desfavorables para el municipio. Los jueces entienden que se están haciendo las cosas bien y que se les están garantizando los derechos a las familias”, agregó el gerente del Plan Jarillón.	Los últimos cuatro años han sido el periodo en el que la liberación y el reforzamiento del jarillón y las lagunas han tenido mayores avances. Entre 2004 y 2007, por ejemplo, la administración de Apolinar Salcedo logró liberar de asentamientos humanos 1,1 km del dique. Su sucesor, Jorge Iván Ospina, despejó 1,3 km. Entre 2012 y 2015, Rodrigo Guerrero liberó 0,4 km. Entre 2016 y 2019, Maurice Armitage ha despejado 8,4 km. En total hay 20 km libres, de los 26,1 km de longitud que tiene el jarillón.	Entre las cifras que comparte Saa Tafurt para mostrar el estado del proyecto están los 4859 hogares que ya no viven en las zonas de riesgo (55%), los 2284 techos demolidos (48%) y el 39% del terreno de las lagunas que ha sido liberado por ser un espacio no apto para asentamientos humanos.	Por otra parte, las obras de reforzamiento del dique que quedaron contempladas en el plan, debido a que el jarillón presentaba deterioros por el paso del tiempo y la presencia de hormigas arrieras, también han tenido algunos tropiezos. Si bien hasta el momento se encuentran contratadas las obras para reforzar el 89% del dique, solo se ha intervenido el 35,8%.	“Nos sacaron de la casa diciendo que no teníamos derecho a nada porque no llegamos a ningún acuerdo con ellos (la Alcaldía). De las 150 familias que han desalojado de Brisas del Cauca, hace poco llamaron a 15 para entregarles apartamentos. Creemos que fue una estrategia para que esas familias sirvieran de testigos, pues hay gente que lleva más de cinco años esperando y no le han resuelto nada”, dijo Viviana Ríos, exhabitante del asentamiento subnormal Brisas del Cauca.	El presidente de la Junta de Acción Comunal del asentamiento Samanes del Cauca, Yoider Gómez, que también fue obligado a desocupar su vivienda mediante un proceso de restitución del bien de uso público por no haber logrado ningún acuerdo con la administración municipal, aseguró que es falso que los líderes del plan estén buscando una concertación.	“Las concertaciones se hacen hablando con las comunidades. Ellos no concertaron para nada. Ahora pedimos que las cosas las hagan bien porque este alcalde llegó y acabó con todo. Las 57 familias que han sacado de Samanes del Cauca están en crisis económica, social y moral. Lo que necesitamos es que el próximo alcalde escuche a las comunidades”, dijo Yoider.	también han buscado apoyo en los vecinos del jarillón. “Jorge Iván me dijo que él no nos podía dejar aquí porque era un peligro, pero me aseguró que apoyaría una propuesta para que la comunidad tuviera un terreno para seguir realizando sus actividades de campo. También me prometió que en su gobierno no iba a haber ni Esmad ni fuerza pública, sino una concertación directa con las comunidades. Con Roberto Ortiz no he querido hablar porque en su campaña pasada dijo que las familias del jarillón eran unas invasoras y había que sacarlas. Luego se disculpó, pero quedé ofendido”, agregó el presidente de la JAC de Samanes del Cauca.	Ante este panorama, el gerente del Plan Jarillón se pronunció: “Me parece muy delicado que estén haciendo politiquería con el jarillón. Estamos hablando de la protección de la ciudad y de muchas vidas. El cambio de administración no va a frenar el proyecto porque este es un convenio firmado con el Gobierno Nacional. Estamos dejando todo listo para que la persona que llegue pueda continuar con las obras”, puntualizó Saa Tafurt.	El jarillón de Cali es un dique de 26,1 km de longitud, que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) construyó en 1958 para proteger a la ciudad de una inundación por un posible desbordamiento del río Cauca. Las lagunas El Pondaje y Charco Azul fueron adecuadas como apoyo al canal oriental para redistribuir el agua recolectada durante las lluvias y evitar inundaciones. En los años 80, estos lugares empezaron a ser ocupados por familias que levantaron allí sus viviendas.	Si están registradas en el censo que realizó el municipio en 2012 y cumplen con otros requisitos como no tener casa propia o no haber recibido subsidios de vivienda, las familias pueden recibir un subsidio de arrendamiento hasta que les asignen una vivienda de interés prioritario. Quienes tienen unidades productivas reciben una compensación económica, entre otras modalidades de retribución.