Pero no cumplir los fallos de tutela en los términos de ley genera los llamados desacatos. El incidente de desacato debe interponerse cuando se haya vencido ese término. No habrá desacato siempre que los alcaldes o los funcionarios demuestren que estaban adelantando las gestiones necesarias que permitieran el cumplimiento de lo ordenado mediante la acción de tutela.	“Es una situación compleja, yo creo que la ciudadanía debe enterarse, siempre se piden resultados y más resultados a la administración, pero no se enteran lo que vive el mandatario; a mí me parece que Cartagena necesita una situación estructural en materia jurídica, o en estos aspectos judiciales, no es posible que como mandatarios de turno tengamos que responder con nuestra libertad, por omisiones administrativas de hace varios años, y ¿cómo gobierna uno si todas las semanas me viene un desacato, por ejemplo, por el acueducto de Bocachica?; cómo sería en ese caso una contratación de aquí a diciembre sobre ese acueducto?”, expresó Pereira.	Así las cosas, los incidentes de desacato se siguen presentando y los jueces siguen fallando. En septiembre por ejemplo el juzgado trece civil municipal de Cartagena declaró en desacato a Pereira y a su secretaria de Educación, Claudia Almeida, por no acatar un fallo de tutela que ordenaba la intervención de la Institución Educativa Técnica de La Boquilla. Hace poco debió afrontar decisiones del juez séptimo laboral de Circuito de Cartagena; del juez segundo laboral de pequeñas causas, entre otros jueces que ordenaron su arresto por tres días.	“Hace poco se habló de personas expertas en instaurar derechos de petición y tutelas contra las entidades, había incluso un ciudadano considerado el rey de las tutelas y derechos de petición por el exagerado volumen de estas, eso es una mala práctica que hay frenar; independientemente de que exista el mecanismo de la tutela, creemos que un arresto de tres días no sirve de nada, no soluciona nada, tampoco llenar de acciones los despachos; es una línea delgada entre lo justo y lo injusto, yo creo que en últimas es el juez, quién también vive una zozobra con la avalancha de tutelas, quién debe decidir lo que es justo porque se trata de los derechos de la gente”, apuntó el abogado Marlon Madiedo, consultado por este medio.