Sobre el papel, reafirmar ese congelamiento o echar para atrás la medida, no tendría efectos de manera inmediata. A fin de cuentas, Colombia todavía extrae hidrocarburos del subsuelo utilizando los métodos de siempre: pozos verticales que buscan depósitos con petróleo o gas a través de rocas porosas. En algunas ocasiones se han inyectado líquidos a presión con el fin de liberar depósitos en el subsuelo, nada más.	Bajo dicho escenario, las reservas actuales que entran dentro de la categoría de “modestas” empezarían a agotarse. En el caso del crudo, y al ritmo de producción actual, estamos hablando de 6,2 años, mientras que en lo que atañe al gas el horizonte es inferior a los diez años. No hay duda de que hay innovaciones que pueden prolongar un poco ese periodo, pero ante la falta de nuevos yacimientos, veremos un declive porque no se le puede sacar más jugo a la misma naranja.	Por lo tanto, hay que mirar el futuro con ojos abiertos. Si Colombia pasa de ser exportador a importador neto de combustibles, el golpe para la economía nacional sería descomunal, un impacto que se extendería al bolsillo de millones de hogares. Basta tener en cuenta que los despachos de petróleo y productos derivados representaron el 41 por ciento de nuestras ventas externas, al cierre del primer semestre del 2019.	Más allá de tomar partido por lo que es popular, es de esperar que los magistrados se inclinen por la línea de la prudencia y apoyen lo que señaló cinco meses atrás la comisión de expertos convocada para tal fin, en el sentido de adelantar proyectos piloto para evaluar si es conveniente avanzar o no. Solo con todos los elementos de juicio valdrá la pena adoptar una determinación definitiva. Pero ese no es el caso, todavía.