Eisenhower Zapata miembro de la mesa nacional de víctimas, aseguró que tanto comunidades indígenas, líderes sociales, comunales de esta región y de otras que han tenido que emigrar de sus territorios, siguen siendo víctimas de intimidaciones y amenazas. Aseguró que algunos esquemas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), se han venido desmontando por falta de recursos.	"Existe una lista fuera de lo que tiene la Policía que corresponden a otros organismos de protección y esa lista equivale a mucha más gente, hablamos de caso 220 líderes que están siendo amenazados. Este fenómeno se agudizó desde el 2017 hasta la fecha y no es más que un incremento de las amenazas. También hay preocupación por la desfinanciación del gobierno nacional con la Unidad Nacional de Protección (UNP), por eso se han desmontando varios esquemas de seguridad, ellos dependen del estado para seguir cumpliendo su función", confirmó Zapata.	Expresó que las 65 denuncias que tienen registradas la Policía y la Fiscalía, dista de la cifra real de personas amenazadas, principalmente por miembros de bandas criminales y disidencias de grupos subversivos que operan en el Chocó y que, aunque las autoridades digan que no hay presencia en Risaralda, si tendrían injerencia sobre este departamento, como lo denuncia el miembro de la mesa nacional de víctimas.Comentarios