La organización ‘Defender la libertad, asunto de todos’ denunció 914 detenciones “injustas” por parte de la Fuerza Pública. La entidad, que convoca una red de Comités que han denunciado la detención arbitraria, el abuso policial y la criminalización de la protesta social en Colombia, sacó sus cuentas de las primeras 10 jornadas de Paro Nacional convocadas desde el 21 de noviembre.	En el segundo caso, las personas fueron conducidas bajo la figura de traslado por protección y traslado por procedimiento policivo, situación que está regida en algunos artículos de la ley 1801 de 2016, en la que establece que la persona solo podrá ser conducida cuando la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro.	Sin embargo, el informe da cuenta que al funcionar como una detención administrativa “se ha hecho un uso abusivo de esta facultad, y se ha utilizado como mecanismo de amedrentamiento y castigo a la ciudadanía que ejerce su derecho a la protesta, configurándose, en la mayoría de los casos, como detención arbitraria”.	Señalan también que en Bogotá 418 personas que fueron trasladas al Centro de Traslado por Protección fueron sancionadas con un comparendo policial, el cual se impone por alteración a la convivencia, en muchos casos, argumentando obstrucción al transporte. “Este mecanismo de multa, que supera los $196.720, se usa de manera indiscriminada y afecta el ejercicio de la protesta social”.	“La munición disparada por el ESMAD, si bien se encuentra dentro de las armas permitidas, su uso indebido ocasionó la muerte del joven, dado que, según normas internacionales, este tipo de armas solo pueden lanzarse a una distancia mayor a los 60 metros y solo a las extremidades inferiores, y no al rostro, como ocurrió, pues su riesgo letal está establecido en normas internacionales”, dice el informe.	“El uso de estos carteles vulnera los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre, la presunción de inocencia, así como a la intimidad y a la integridad. Es de recordar que la nación ya ha sido condenada por el uso de este tipo de carteles en protestas anteriores”, señaló el documento.	Además de esto, la organización señaló que las autoridades han “abusado” en pedir información personal de las personas retenidas ya que les han exigido tener acceso a su celular, para verificar la información relativa a redes sociales y mensajes personales, en aras de establecer una relación de ellos con la movilización y así justificar una supuesta vinculación con acciones delictivas. “Esto constituye una flagrante violación al derecho a la intimidad”.