Esta es la principal conclusión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que presentará el Estudio Económico de Colombia, en el cual se indica además, que el PIB del país se expandirá al 3,4% este año y un 3,5% en 2020, según sus más recientes estimaciones.	“Se prevé que el crecimiento del PIB repunte con el apoyo de la demanda interna. La inversión será un motor clave del crecimiento, ayudada por los proyectos de infraestructura, las recientes reformas tributarias y bajas tasas de interés. La inflación se mantendrá cerca de la meta del 3%, apoyando los ingresos reales y el consumo”, señala el reporte, conocido por este diario.	Asimismo, resalta que las políticas macro del país tienen allanado el camino para lograr reducir el déficit fiscal al 1% del PIB, en línea con la regla fiscal, pero que la volatilidad internacional actual debe mirarse de cerca, ya que podría impactar el crecimiento económico. No obstante, los mayores precios del petróleo y el carbón podrían impulsar la inversión, mientras que el turismo puede dar “una sorpresa”.	“Los motores tradicionales del crecimiento, esto es las industrias extractivas intensivas en capital y los favorables términos de intercambio, han alcanzado sus límites. Continuar mejorando los niveles de vida dependerá del aumento de la productividad, lo que exige una mejora de la regulación empresarial, un aumento de la competencia y una mayor apertura comercial”, afirma la entidad.	Incluso, en este último punto, la organización enfatizó que a pesar de la decena de tratados que ha firmado el país, la apertura comercial es baja y en eso ha influido fuertemente el incremento que ha habido en las barreras no arancelarias, sumado a que los costos de exportación de Colombia son elevados.	De acuerdo con el reporte de la Ocde, “el acceso a la financiación ha mejorado (...) y el crédito doméstico al sector privado ha aumentado”, y para seguir avanzando es vital “la introducción de una mayor competencia en el sector bancario, la eliminación gradual del impuesto a las transacciones financieras y la reducción de los requisitos regulatorios para que los bancos tengan que invertir en determinados instrumentos contribuirían a reducir el costo de la financiación bancaria”.	Incluso, por estos días que ya se comienzan a ventilar las primeras propuestas para ajustar el salario mínimo del 2020, la Ocde propone revisar este punto, de tal modo que permite “lograr un nivel más favorable al empleo, y la mejora de la calidad y relevancia de la educación y la capacitación”, que también “deberían formar parte de la estrategia” del Gobierno.	No obstante, esto es una titánica tarea que debe incluir el acceso a una educación y capacitación de alto nivel. “Si bien Colombia ha conseguido grandes avances en materia de educación, todavía queda un largo camino por recorrer para mejorar el acceso y la calidad, y para reducir las tasas de abandono escolar, sobre todo en las zonas rurales”, agrega la entidad.	En tanto, por el lado de la política social, Colombia sigue teniendo una deuda histórica en focalizarla. Bien lo dice el organismo cuando afirma que “las transferencias monetarias a la población más desfavorecida son escasas y una gran parte de los subsidios –como los relacionados con las pensiones y la vivienda– van a parar a la población más rica.	Esto coincide con varios programa que está ejecutando o planeando el Gobierno Nacional, particularmente con la priorización de los subsidios, a través del barrido que se hará con el Sisbén IV, y con la futura reforma pensional o de protección a la vejez, que –según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla– en algún punto eliminaría los subsidios para quienes reciben mayores recursos.