y la Procuraduría General *____________El asesinato de una mujer líder tiene un impacto devastador en las comunidades y en las familias que se quedan huérfanas de su liderazgo y enfrentadas a procesos que requieren, entre otras cosas, de un poder amplio de convocatoria, de un conocimiento profundo de los vericuetos institucionales y de contextos y antecedentes de muchos años que se van a la tumba junto con la dirigente muerta. Según la Defensoría del Pueblo, entre el primero de enero del 2016 y el 31 de diciembre del 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales y defensores de derechos humanos. El mayor número de muertes violentas se registró en el 2018, con 172. De estos últimos homicidios, 14 correspondieron a mujeres. En este escenario, desde el 2017 la Procuraduría General de la Nación ha llegado	a departamentos como Chocó, Cauca, Nariño, Bolívar, Putumayo, Vaupés, Meta, Caquetá, Tolima, Antioquia, Risaralda, Cundinamarca y Córdoba para conocer las problemáticas y hacer seguimiento a la ejecución de la política pública de víctimas, con un claro enfoque de género, para garantizar el cumplimiento de la ley y la restitución de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto.Mayerlis Angarita, una líder de los Montes de María, trabaja por las mujeres víctimas del conflicto en esa región, donde la Procuraduría General también acompaña varios proyectos. Los Montes de María están conformados por 15 municipios de Sucre y Bolívar. Es una región azotada por la violencia de los grupos guerrilleros y, posteriormente, por organizaciones paramilitares que cometieron más de 50 masacres en Macayepo, El Salado, Ovejas y Mampuján, entre otros. Mayerlis es sobreviviente de esa guerra. Cuando tenía 13 años un grupo armado ilegal desapareció a su mamá, y a los 18 años (en febrero del 2000) formó parte de la comisión humanitaria que entró a El Salado horas después de la masacre paramilitar… Vio las manchas de sangre de los campesinos que fueron desmembrados bajo los árboles de la plaza principal y compartió el horror de quienes lograron salvarse. Todavía llora cada vez que cuenta esa historia. “Entré y vi todo lo que hicieron en esos cuatro días… Esos, que yo no sé ni llamarles personas, ni seres, ni nada. La verdad es que uno no alcanza a imaginarse cómo el demonio se le mete a esa gente para que hagan algo tan horrible”, revive con angustia.Dice que aquella visita le sirvió para fortalecer su espíritu y para decidirse a crear una fundación que nació en el mismo año 2000 en San Juan Nepomuceno, con una socióloga amiga. Luego se unieron dos mujeres más. Narrar para vivir	entían la necesidad de contar lo que estaban viviendo. Tuvieron que vencer el miedo a la presencia amenazante de los paramilitares, quienes controlaban todos los movimientos en buena parte de los Montes de María. Su estrategia fue reunirse a cocinar en ollas comunitarias y, mientras pelaban el ñame o alistaban la leña, se fueron desahogando y reconstruyendo la memoria de cada masacre, cada víctima, cada día de terror y muerte. Les servía de terapia y, al tiempo, recopilaban los hechos con los cuales iban a acudir luego ante la justicia.Duraron cinco años en esa labor clandestina, frente a la mirada desconfiada de los paramilitares. “Nos reuníamos en las calles, en los patios, con la olla comunitaria. Decíamos que íbamos a hacer un proyecto de gallinas, que íbamos a hacer un sancocho, cualquier cosa…” En el 2005 salieron de la clandestinidad. Organizaron una asamblea y reunieron a 600 mujeres. Hoy son 840.Nuevas amenazasHan pasado 14 años desde aquella reunión. Buscamos a Mayerlis Angarita para visibilizar su historia. Consideramos que su caso, y los de las mujeres que la acompañan en la fundación, es ejemplo de resistencia frente a los grupos violentos y de amor incondicional por su territorio y por sus familias. Mayerlis tiene una infinita capacidad de trabajo y entrega. En diciembre, ya acabando el 2018, impulsó, junto con sus compañeras, la realización de la “Mesa de prevención y protección de las lideresas y defensoras de los Montes de María”, a la que acudieron 71 mujeres que representaban igual número de procesos. “La situación de Montes de María es muy difícil. Las mujeres de Montes de María hoy tenemos incremento de amenazas y de los riesgos para ejercer nuestro liderazgo. Aquí, además de tener minería ilegal, estamos rodeadas de los Úsugas y del Clan del Golfo, así como por la siembra de coca en ciertos sectores. Además, los grupos ilegales están prostituyendo y esclavizando a un número grande de mujeres venezolanas que han llegado. Es realmente incierta nuestra seguridad”, dice Mayerlis.La dirigente considera que es urgente implementar el Plan de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos. “Cada día que pase en el que el Plan no se implemente, perdemos una lideresa en el país”, sentencia Mayerlis, para quien la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo “han sido aliadas nuestras frente a las autoridades territoriales que no nos escuchan”. Por todas las vías, la comunidad de los Montes de María le ha advertido al Gobierno de la gravedad de la situación. Los medios de comunicación han informado que la comunidad de El Salado nuevamente está en alerta por las amenazas a los líderes, quienes recibieron mensajes intimidatorios por las redes sociales. Poco después, un equipo de periodistas investigó el origen de las amenazas y desde una moto les gritaron “Pilas, que los van a matar”. Ante este panorama, la Procuraduría General de la Nación solicitó la movilización inmediata de la fuerza pública y de la Unidad Nacional de Protección. También, que se implemente una política efectiva de protección diferencial con dimensión territorial, lo cual había exigido a propósito de la cifra de líderes y defensores asesinados durante el 2019. “Es inaudito e inadmisible que ante el llamado de los líderes en las regiones este baño de sangre no se detenga y que los 11 compromisos del Pacto por la Vida y la Protección de Líderes Sociales y Personas Defensoras de Derechos Humanos, suscrito el 23 de agosto de 2018 en Apartadó, Antioquia, sigan sin cumplirse”, advirtió el procurador, Fernando Carrillo Flórez, para quien es claro “el fracaso de los esquemas de protección personal y la necesidad de un cambio de fondo, más allá de la retórica y las buenas intenciones”.*Texto extraído del libro “El poder de la Ciudadanía. Veinte relatos de la Procuraduría General de la Nación”. 2019