Así lo informó la Vicepresidencia, que en un comunicado detalló que "lo declarado por la Sala Octava del Tribunal Superior de Barranquilla solo se refiere a una medida procesal antigua que en nada afecta el proceso contractual vigente en este momento" sobre el San José, hundido por corsarios ingleses cerca de Cartagena de Indias en el siglo XVIII.	Al respecto, el Gobierno manifestó que la decisión del tribunal "no hace referencia alguna a la interrupción de las negociaciones que se están desarrollando en estos momentos tendientes a buscar la mejor fórmula jurídica posible para que todos los bienes que se rescaten del Galeón San José permanezcan como propiedad del Estado".	Sea Search Armada reclamó en 1989 "el 100 por ciento de los bienes de valor económico, histórico, cultural o científico que tuvieran la calidad de tesoros para el caso de lo que se encontrara en la plataforma continental" o dentro de las coordenadas que habían quedado consignadas en un reporte confidencial de 1982.	Un juez de Barranquilla determinó en 1994 que los tesoros corresponderían en un 50 % a Colombia y en otros 50 % a la compañía estadounidense. Sin embargo, la Vicepresidencia aseguró que "dará pronta respuesta" a una petición de la SSA en la que la compañía dice que renunciará a los derechos que cree tener sobre los bienes del galeón "a cambio de una jugosa indemnización".	La licitación preveía un porcentaje de la valiosa carga de metales preciosos que llevaba el navío como parte de pago por ese trabajo. El Gobierno del presidente Iván Duque, sucesor de Santos, ha postergado en varias ocasiones los plazos para la contratación de la empresa que recuperará el galeón, el más reciente de los cuales venció el pasado 10 de marzo.	La vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, afirmó este lunes que el Gobierno no permitirá que el tesoro del galeón acabe en anticuarios del mundo. En ese sentido, manifestó que la premisa del Gobierno de Duque es "la defensa del patrimonio histórico de nuestra nación de indiscutible interés para la historia de la humanidad".	Por ello se está elevando consulta al Consejo de Estado para aclarar "algunas dudas legales surgidas sobre el desarrollo del proceso de contratación adelantado por el gobierno anterior". Colombia cuenta con una Ley, la 1675 del 30 de julio de 2013, que tiene por objeto "proteger, visibilizar y recuperar el Patrimonio Cultural Sumergido".	Según dicha ley forman parte de ese patrimonio todos los restos que estén en aguas colombianas, incluidas "las especies náufragas constituidas por las naves o artefactos navales y su dotación, sus restos o partes, dotaciones o elementos yacentes dentro de estas, cualquiera que sea su naturaleza o estado, y cualquiera sea la causa de la inmersión, hundimiento o naufragio".	Esa ley recoge sin embargo que "no se considerarán patrimonio cultural sumergido" las "cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, cualquiera sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas", así como los "bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como monedas y lingotes".