En el video de la captura del fiscal Carlos Bermeo, de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, se aprecia el momento en que recibe un fajo de dólares con los que supuestamente se lograría su ayuda para incidir en la NO extradición de Jesús Santrich. Por ahora la JEP ha dicho que esa unidad no tiene qué ver con decisiones de extradición.	Casi al mismo tiempo con estas capturas, la JEP había sido cuestionada por contratos otorgados a fin de año a ex viceministros del gobierno Santos. La denuncia la hizo la senadora Paloma Valencia. Antes, otros escándalos habían salpicado a la directora administrativa, Martha Lucía Zamora, por entregar presuntamente permisos irregulares a exjefes de las Farc.	La primera en reconocer que la JEP debe recuperar su confianza es su presidente Patricia Linares, quien además le pidió Giovanni Alvarez, jefe de la Unidad de Investigación y Acusación, que contrató a Bermeo, que asuma su responsabilidad. Este a su vez pidió hacer públicas las hojas de vida de todos los funcionarios de ese tribunal.	Los dos escándalos recientes en la JEP han servido para que sectores del Centro Democrático salgan a pedir acabar con la JEP, con calificativos fuertes como “una cueva de Rolando”, expresión que usa José Félix Lafaurie. José Obdulio Gaviria pide inclusive que la Secretaria de Estado piense seriamente en aplicar sanciones (tipo Venezuela) a los magistrados de la JEP.	Para María José Pizarro, representante a la Cámara por la coalición Decentes, es legítimo hablar de corrupción en el país, “incluida la de la Fiscalía”, pero también hay considerar que la JEP no es solo el caso Santrich, sino muchos otros como los de las víctimas del conflicto en los que debe avanzar.