Me refiero a la adjudicación que hizo el alcalde (e) a KMA Construcciones del proyecto del Corredor Portuario y Turístico, generando la reacción de sectores y gremios, ONG, concejales, las JAC de Manga y el Pie de la Popa, y del alcalde electo William Dau, que cuestionó la firma, criticó el alto costo y le reiteró el rechazo social al peaje que por 30 años más embonaría con el que ahora en el Corredor de Carga (re) pagamos.	El Plan de Desarrollo 2018-2022 formuló requisitos para los proyectos de APP que modificaron la Ley 1508 del 2012, sustento del Acuerdo 016, que autorizó al alcalde para adelantar el proceso. Por eso el Concejo, antes de la adjudicación de la APP, expidió el Acuerdo 183 del 2019 y le revocó la facultad hasta la expedición de una nueva reglamentación para otorgar esa facultad. El alcalde objetó el Acuerdo por ilegal y lo envió al Tribunal Administrativo de Bolívar que dirimirá el conflicto. Además dicen que para firmar la vigencia del acuerdo 016 era hasta julio.	Discrepo que solo se requieren permisos, máxime que la tala autorizada en la resolución 948/04, cuestionada por Minambiente, no tiene validez al sustentarse en la Resolución 0473 de 1998, ya sin vigencia. Ahora dicen que la base legal es el decreto 1180 de 2003, que está derogado. Ramas secas de un tronco muerto.