15% de la población de los 8.800.000 colombianos sobre los que supuestamente se dio esa prioridad”, dijo Carrillo.Pidió, que antes de que se vayan los gobernadores se debe hacer una rendición de cuentas, sobre cómo le han cumplido a las víctimas, qué pasa con las mesas departamentales, c	uál ha sido el porcentaje en el presupuesto para su atención, y qué importancia y prioridad tiene esto a nivel de la política pública en el campo departamental. En la presentación del informe de las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, integradas por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de	.Manifestó que este informe es más crítico que el presentado el año pasado, porque “hace un año teníamos la expectativa de que de pronto por la transición del gobierno (…) podríamos tener un horizonte mucho más claro”.Carrillo Flórez recordó la expedición de la Directiva 009 de 2019 en la que exhortó a los actuales gobernadores y alcaldes distritales, metropolitanos y municipales a planear y ejecutar los procesos de cierre de gestión y empalme de sus administraciones, y a presentar informes sobre los avances, logros y retos en la protección de las víctimas y la consolidación de la paz.Así mismo, invitó a abrir la discusión sobre la necesidad de incluir en los planes de gobierno los	indicadores y metas que tienen los actuales candidatos a alcaldías y gobernaciones.“Lo que está consignado en esa directiva es una especie de cierre de gestión de los que se van, para tener claridad respecto a lo que está pasando y lo que van a hacer en términos de esa transición del gobierno. No simplemente el programa de gobierno del candidato, sino el plan de gobierno del alcalde electo o del gobernador electo de cara al primero de enero del próximo año”, precisó.