El pasado viernes la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el cese de la prestación del servicio de transporte de Uber. El ente de vigilancia encontró que la aplicación de movilidad había incurrido en actos de competencia desleal en contra de una empresa de taxis al prestar irregularmente el servicio de transporte público individual.	Si bien esta decisión de la SIC puede apelarse ante el Tribunal Superior de Bogotá, ratifica por enésima vez la imperiosa necesidad de que el Estado regule a Uber y a las demás plataformas tecnológicas de transporte. Por varios años la operación de Uber y otras aplicaciones similares es considerada ilegal y, a pesar de ello, millones de usuarios toman sus servicios diariamente.