ace unos años las vidas de Luis Eduardo Torres Luna y Juliette Cruz no tenían mucho en común, excepto por algo: el deseo de tener una vivienda propia. Deseo que luego de algunos esfuerzos parecía convertirse en realidad cuando compraron con ilusión en el polémico proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) Aquarela, en Torices.	Sin embargo, su ilusión permanece desde hace dos años atada a la incertidumbre, y por el contrario a lo que inicialmente visionaron, terminó por convertirse en un karma para ellos y sus familiares, pues hoy Torres y Cruz no solo cargan con la frustración de no haber alcanzado su objetivo, que era mudarse a su nuevo hogar en octubre del año pasado, sino que además deben lidiar con los cuestionamientos de sus hijos cada vez que pasan por la torre de concreto a medio hacer, quienes en medio de su inocencia preguntan: ¿ahí es donde están haciendo nuestra casa? ¿Cuándo es que nos vamos a mudar?	Así como ellos, hoy, cuando se cumplen dos años desde que fueron suspendidas las obras, las 404 familias que permanecen vinculadas al proyecto (inicialmente eran 950), luchan día a día porque los entes de control los tengan en cuenta, con la esperanza de que algún día todo se resuelva y su sueño se vuelva realidad.	Las obras de Aquarela se iniciaron en marzo de 2017, pero desde octubre de ese mismo año el proyecto ha enfrentado cuatro procesos judiciales, entre los que se cuentan: una acción popular, una acción de nulidad, un proceso policivo y acciones penales por urbanización ilegal y daño a los recursos naturales, que conllevaron a que el 24 de octubre de 2017 se ordenara la suspensión de la obra, y a que haya la orden de restablecer 619,56 metros de espacio público que son ocupados indebidamente por la construcción.	Fue instaurada por el Ministerio de Cultura en contra del Distrito de Cartagena y Promotora Calle 47 por la presunta afectación a un Bien de Interés Cultural (Castillo san Felipe de Barajas), y en diciembre del mismo año terminó en una medida cautelar que suspendió las obras, limitando la continuación del complejo habitacional.	Debido a esta acción, en diciembre de 2017 el Consejo Internacional de Sitios y Monumentos (Icomos) para la Unesco visitó la ciudad y en julio de este año la Unesco advirtió que Cartagena podría perder su calidad de Patrimonio Histórico. Actualmente, el proceso se encuentra en etapa probatoria. Sin embargo, las medidas cautelares ordenadas se mantienen, pese a que Aquarela solicitó su levantamiento. Por su parte, Promotora Calle 47, responsable del proyecto, asegura que entregó las pruebas que demuestran el cumplimiento de las normas.	Al tiempo de la acción popular, la inspección de policía de la Comuna 2 inició otro proceso por violar las normas urbanísticas, que mantuvo la orden de sellamiento hasta octubre de 2018, cuando a través de un fallo de segunda instancia se levantó el sellamiento y se ordenó a la promotora restituir 619,59 metros cuadrados que son considerados espacio público, y una multa de $156 millones a los constructores. Ante esto, Aquarela instauró una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Distrito por este fallo.	Finalmente, por el proceso penal que adelanta la Fiscalía contra el curador urbano número uno de Cartagena, Ronald Llamas, el arquitecto Claudio Restrepo y el representante legal de Promotora Calle 47, Lucas Tamayo, por presunto delito de urbanización ilegal y daño a los recursos naturales, se tiene programada la audiencia preparatoria del juicio para el 25 y 26 de noviembre, mientras que la acción de nulidad que adelantada la Procuraduría por la presunta ilegalidad de la licencia todavía tiene programada la audiencia inicial.	De acuerdo con el fallo de la inspectora de policía de la Comuna 2, Aquarela tenía hasta el 26 de diciembre de 2018 para hacer la restitución del espacio público. Sin embargo, los constructores aducen que debido a que la medida cautelar se mantiene vigente, no tienen forma de cumplir lo ordenado.	Por el incumplimiento por parte de la constructora, el Distrito será el que adopte las medidas de restitución, pero esta sigue sin cumplirse. De acuerdo con el alcalde (e) Pedrito Pereira, se analizan dos opciones: adelantar un estudio por $210 millones para saber de qué forma restituir el espacio; o a través de la Secretaría de Infraestructura. Sin embargo, recientemente el procurador general Fernando Carrillo pidió al alcalde (e) Pedrito Pereira, agilizar el proceso.