La sentencia en única instancia expedida el 30 de mayo, se da tras aceptar las objeciones presentadas por el mandatario José Manuel García, pues la Sala considera que el cabildo actuó “sin adelantar los procedimientos y lineamientos que ha establecido la ley para estos eventos, sin tener en cuenta que su competencia para regular el suelo no es absoluta”.	Esto teniendo en cuenta que el Concejo tiene carencia de iniciativa propia para expedir el acuerdo, pues las decisiones sobre el uso del suelo deben hacerse mediante el Esquema de Ordenamiento Territorial y “no de un acuerdo que parcialmente se refiere al uso del suelo”, a lo que se le suma que el EOT debe ser iniciativa de la Administración municipal.	Asimismo, la Procuraduría señala que si bien el Estado es el propietario del subsuelo, en ningún momento puede considerar o tener por establecido que “de manera exclusiva y soberana puede tomar decisiones respecto a la exploración y explotación de los recursos del subsuelo”, pues debe propender por la aplicación de los “principios de concurrencia y coordinación”.