El pasado 5 de diciembre la administración distrital radicó en el Ministerio de Cultura el nuevo Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico de Cartagena. Frente a esto, varios actores destacados en el proceso de discusión del PEMP han expresado su molestia alegando que, a pesar del compromiso con la ciudadanía de socializarlo primero, la Alcaldía optó por presentarlo inconsultamente ante aquella autoridad nacional.	Singularmente rechaza Camacol que no se hubieran realizado mesas de socialización con la comunidad y las empresas de la cadena productiva de la construcción, donde se dieran a conocer los documentos de la formulación del PEMP, para poder aportar conocimientos y el respectivo seguimiento, y que no se permitiera el acceso al contenido de la propuesta que fue enviada al Ministerio de Cultura, razón por la que han pedido al alcalde electo William Dau que priorice la revisión de los documentos presentados ante ese Ministerio y permita una participación de la ciudadanía en la definición de este importante instrumento de ordenamiento para la ciudad.	Incluso, el Consejo Gremial de Bolívar ha ido más lejos al solicitar que se retire el documento radicado y se socialice la versión final tal y como se había informado que se haría; esto, con el fin de “evitar el riesgo sobre la sostenibilidad del patrimonio al no haberse elaborado según las directrices del propio Ministerio y las recomendaciones de Unesco” en 2011.	Aun cuando la Alcaldía de Cartagena ha manifestado que hubo suficiente socialización este año y que la Secretaría de Planeación recogió todas las observaciones hechas por los gremios, asociaciones de vecinos, actores culturales, patrimoniales y ciudadanía en general, es evidente que existe un descontento ciudadano frente a dicha socialización. En tal sentido, registramos con complacencia la nueva etapa de socialización que se iniciará hoy y concluirá el 30 de diciembre.	Sin embargo, de poco servirá esta nueva oportunidad si la administración no tiene en cuenta los distintos enfoques de los grupos de interés que gravitan en el Centro, tales como el de los residentes, quienes describieron la propuesta como “un centro comercial al aire libre”; o el de gremios que manifestaron su inconformidad pues la propuesta actual “busca legalizar el desorden”, con lo cual se deja al mercado la libertad de elegir si un inmueble será utilizado para vivienda o comercio, justamente en contravía de los planteamientos internacionales que piden la protección del uso residencial e institucional, protegiendo el patrimonio de la presión y especulación inmobiliaria. Cabe también atender soluciones para los problemas actuales, como la sobre explotación de los inmuebles y del espacio público, y la gentrificación. Como aún hay margen para corregir, pues debe aprovecharse.