Las protestas en Colombia, como en Chile y otros países de América Latina tienen un elemento común: el llamado a un nuevo pacto social, una especie de Estado del Bienestar del siglo XXI en América Latina que reduzca las desigualdades y mejore la calidad de los bienes y servicios públicos para los ciudadanos.	De otro lado, se hizo sin que los ingresos fiscales aumentaran proporcionalmente, lo que llevó a una crisis fiscal sin precedentes a finales del siglo pasado. La lección de los costos de los desequilibrios fiscales y macroeconómicos la aprendimos dolorosamente y se requirieron varias medidas, tanto por el lado de los ingresos como del gasto, y el desarrollo de una institucionalidad para proteger la estabilidad fiscal y macroeconómica que se recuperó desde principios de este siglo.	Colombia necesita un nuevo Pacto Social que no es una nueva Constitución sino un desarrollo de la Constitución del 91. Ese Pacto Social debe responder a las demandas para mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos y sociales, de ampliar las oportunidades, de mayor efectividad del Estado y mayor cercanía a los ciudadanos, de menor corrupción.	Pero el nuevo Pacto Social también implica ponerse de acuerdo sobre quienes lo deben pagar. Ese Pacto Social requiere un Estado con mayores recursos y presencia en el territorio nacional y al mismo tiempo un Estado más efectivo, que no es posible sin un aumento de la tributación. Hacia allá debemos comenzar a perfilar el acuerdo social, el cual debe expresarse en una verdadera reforma tributaria estructural.