-Publicidad.- La mirada huidiza parece extraviarse en la nada de la nostalgia y antes de fijarse en el grupo de personas reunidas frente a su casa, se pierde entre las ramas cargadas del palo de guanábana que delimita el cerco del otro lado de la angosta y polvorienta carretera veredal, sobre cuyo cielo azul planean los gallinazos.	Gonzalo* con su pelo empezando a blanquearse y arrugas en su frente castigada durante muchas jornadas de trabajo en la finca, habla pausadamente, como sin ganas, mientras agradece a los funcionarios de Restitución de Tierras del Cauca, el que les hayan concedido ayudas económicas para mejorar su vivienda y algunos proyectos productivos. Espera reiniciar en mejores condiciones las rutinas en la finca interrumpidas abruptamente, -como lo recuerda, ante los periodistas, funcionarios y vecinos presentes-, que sucedió aquella tenebrosa mañana de julio de 2000, después que el 30 de mayo de 1999, un comando del Eln secuestró de más de 150 personas en el templo católico de La María, ubicado en Ciudad Jardín, un barrio de gente acomodada de Cali. Su búsqueda, por los Farallones de la cordillera occidental, se había extendido al norte del Cauca, incrementado los patrullajes, vuelo de helicópteros, y en los corrillos, en los noticieros de radio, televisión regional y en periódicos como: El Tabloide, de Tuluá, El Liberal de Popayán y El País, de Cali, ya se mencionaba sobre la presencia y crímenes de paramilitares en la región	Publicidad. Así arrancaba la crónica que en 2016 empecé a escribir después de escuchar testimonios de algunos habitantes de Lomitas Cauca, quienes sufrieron el trauma de la ocupación en su territorio de un comando del Bloque Calima de las AUC que a mediados de 2000, se apoderó de la sede de la Junta de Acción Comunal y de las fincas de dos familias instalando su campamento y sitio de reunión de la comunidad. Desde ahí les impusieron normas de comportamiento, y en camiones carpados llevaron amordazados y vendados a numerosos habitantes de la región acusados de colaborar con la guerrilla, para torturarlos antes de matarlos, abrirles el abdomen para rellenarlo de piedras y arrojarlos a las aguas del cercano río Cauca.	Ignoraba numerosas investigaciones que habían adelantado: la Fiscalía y Gicovi, un grupo interdisciplinario de docentes y estudiantes de varias facultades de la universidad Santiago de Cali, que la habían difundido en un video y revista, más diversas crónicas y noticias publicadas en Verdad Abierta, El Liberal de Popayán, El País de Cali, El Tiempo y El Espectador de Bogotá, entre otros medios; pero seguí adelante con el intento de dar mi versión.	Cuando dispuse de variado material de consulta y al remontarme a sucesos del pasado, encontré similitud en la fórmula adoptada en diferentes épocas por elites regionales en el poder, en asocio con miembros de las fuerzas armadas. Así sucedió cuando los chulavitas y pájaros, la mayoría provenientes de la policía durante la Violencia de los años cincuenta ayudaron a los gamonales conservadores a ampliar sus cercos a costa de los minifundistas liberales masacrados y desplazados. Décadas después, reaparecería la receta con otros aliños, cuando los pioneros capos de la coca, a raíz del secuestro de Marta Nieves, la hermana de los Ochoa Vásquez del cartel de Medellín, crearon los paramilitares del MAS, con parte de guardaespaldas, sicarios y miembros de la policía y el ejército que estaban en su nómina, para que además de perseguir a los secuestradores del M19 y a sus familias, les ayudaran a espantar, mediante amenazas y asesinatos, a los minifundistas que se negaban a venderles predios vecinos para ampliar sus haciendas dedicadas a la ganadería intensiva y extensiva, cría de toros de lidia, caballos de paso, mansiones campestres de recreo y estaderos y restaurantes y demás negocios para lavar el dinero de negocios ilícitos.	Diez años después, a mediados de los noventa, con Álvaro Uribe en la gobernación de Antioquia, la fórmula se iba reciclar al convertir a las cooperativas Convivir, inicialmente armadas con machetes, escopetas y radios de comunicación, en las poderosas AUC, con los hermanos Carlos y Vicente Castaño, Mancuso, don Berna, entre otros como máximos cabecillas y dotadas con ametralladoras, rifles de precisión, vehículos de toda clase y hasta helicópteros y aviones particulares y del gobierno para desplazarse, primero por los departamentos de Antioquia y Córdoba y después por todo el país, incluido el suroccidente colombiano a donde llegaron desde 1999 como Bloque Calima.	Así, y después de varias lecturas sobre la historia y evolución de estos grupos irregulares, como los llaman en los boletines oficiales, concluir que en últimas, todos estos sucesos retornando cíclicamente en el tiempo, tenían que ver con la historia reciclada de la violencia en nuestros país ligada a la lucha por la acumulación de tierra y poder local y regional, por parte de poderosos grupos emergentes que escudados en banderas políticas y hasta religiosas y con la excusa de combatir a las guerrillas, se han servido de grupos armados clandestinos bautizados con sonoros remoquetes como: chulavitas, pájaros, Mano Negra, MAS, AUC, AUG, Rastrojos, Urabeños, Águilas Negras, etc, para sembrar el terror en poblaciones pequeñas y el campo que rodea sus propiedades, contando con la colaboración y miembros a todo nivel de los organismos de seguridad del Estado (Ejército, Armada, FAC, Policía, DAS, etc) y algunos funcionarios de las administraciones nacional, departamentales y municipales, sin olvidar a los notarios y registradores de Instrumentos Públicos quienes comprados por cuantiosas sumas ofrecidas por los nuevos ricos, les ayudaron a legalizar las tierras adquiridas mediante, presiones, desplazamiento y violencia.	Esta característica del accionar histórico y reiterativo de los grupos paramilitares en sus diferentes épocas y denominaciones me lo vino a confirmar el documento de la Comisión Nacional de Memoria Histórica dado a conocer en Popayán y Santander de Quilichao, los días 23 y 24 de julio de 2018. En este libro de más de 700 páginas, algunos desmovilizados de las AUC acogidos a la Ley de Justicia y Paz, en declaraciones voluntarias narraron como inicialmente llegaron cerca Tuluá, por gestión de narcotraficantes del norte del Valle, encabezados por Don Diego y El Alacrán Loaiza, quienes en sus propiedades eran asediados por el abigeato, el secuestro y la extorsión ejecutadas por las guerrillas de las Farc y el Eln; y además no podían ampliar sus haciendas gracias a la oposición de las organizaciones de campesinos, caficultores e indígenas, que defendían sus territorios y por las buenas no querían venderles.	Entonces mediante “jugaditas legales” sacaron a Gustavo Álvarez Gardeazabal de la Gobernación del Valle, quien estorbaba sus planes, llamaron a máximos jefes de las AUC, como Carlos y Vicente Castaño para que de Urabá y Córdoba les mandaran una avanzada de expertos paramilitares quienes que primero se instalaron en el centro del Valle del Cauca, “rompiendo zona con todos los fierros”, en tierras por donde andaba el ELN secuestrando, extorsionado y robándoles el ganado. Después que en 1999 y financiados por Don Diego, adelantaron las primeras incursiones y masacres, en los municipios de Tuluá, San Pedro, Riofrío, Pradera, entre otros, el clamor creció meses después, a raíz del secuestro masivo de La María, cuando jefes de las AUC también se reunieron clandestinamente con ricos empresarios, hacendados, comerciantes y políticos de la elite legal de los departamentos del Valle y del vecino Cauca, hacía donde estaban desplazando sus industrias y fundando otras acogiéndose a los beneficios tributarios de la Ley Paéz, y quienes no veían otra salida para contener los desmanes de las guerrillas, que implementar la misma fórmula aplicada cuando las AUC llegaron al Urabá para retomar la región acolitados por las fuerzas armadas al mando del general Rito Alejo del Río. A esta petición se sumó la solicitud del narcotraficante Gordolindo, quien tenía viviendo a su madre y varias propiedades cerca a Santander de Quilichao, y además se ofreció a financiar durante un año, a los hombres que les enviaron desde Córdoba y Urabá, para distribuirlos entre Timba y La Balsa, en el municipio de Buenos Aires, y en Lomitas, vereda de Santander de Quilichao.	Pero estos vínculos entre narcotraficantes, militares activos, retirados y paramilitares tenían su historia remontada años antes, no sólo en lo referente a sus andanzas criminales en el centro del Valle del Cauca, sino también en el vecino departamento del Cauca, cuando en 1991, en la hacienda El Nilo, en Caloto, con ayuda de un oficial y varios policías acantonados en Santander de Quilichao; y en abril de 1991, en Los Uvos, municipio de la Vega, al sur del departamento, por acción de unos militares ejecutaron dos cruentas masacres con un saldo de 21 y 17 asesinados, respectivamente…	Volviendo al 2019, dos meses después que a Francia Márquez y a directivos de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca en la misma vereda Lomitas les hicieron un atentado frustrado por los escoltas y a los pocos días los incluyeron en la lista de amenazados de muerte por las Águilas Negras. ¿No les parece que con la continuación del asesinato y amenaza de líderes sociales esta historia sigue el mismo libreto con distinto actores?	Tal parece que seguimos girando como corcho en el remolino de la violencia institucionalizada que le conviene a la camaleónica y delfinesca clase dirigente colombiana, amalgamada con el narcotráfico y la economía ilegal para mantener paramilitares a la sombra aprovechando la confusión reinante y la ausencia del Estado en amplias regiones del territorio. Son golpes selectivos, muy bien estudiados por quienes desde la ultraderecha, a la sombra aprendieron a “combinar todas las formas de lucha”, que tanto le criticaban a las guerrillas. Son un para-Estado que hace el trabajo sucio.