Estamos muy contentos, en esta oportunidad se tuvo en cuenta a la academia para empezar a transformar la reglamentación de los consultorios jurídicos.La Red de Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación de Universidades Públicas y Privadas de Bogotá que preside la Universidad Libre se siente muy, pero muy satisfecha de que se hayan tenido en cuenta todas esas manifestaciones y observaciones que se hicieron llegar en su oportunidad al Ministerio de Justicia y del Derecho.ENS:	En ese trabajo, que fue muy intenso, duramos más o menos dos años y medio. Solo en Bogotá participamos 25 universidades. Es importante decir que si a este proyecto de ley hay que hacerle algún ajuste tendrá que ser mínimo, porque allí está condensada toda la experiencia de todas las áreas que se puede ejercer el Derecho.ENS:	Sí, era una necesidad sentida por todos. Un estudio nos mostró por qué la gente no cree en los abogados y en la justicia. Luego de hacer ese análisis uno se pregunta: “Yo como abogado qué puedo hacer para cambiar esa percepción”.Los consultorios jurídicos son el escenario de práctica de los futuros abogados para que los estudiantes puedan practicar las competencias que reciben de las facultades de Derecho.ENS:	Obviamente había reglamentación, pero se quedó corta. Por ejemplo, antes se utilizaba la expresión ‘abogados de pobres’, pero en su momento ser abogado de pobre también tenía la connotación de lo que dice nuestra Constitución: personas vulnerables que requieren de especial protección.Todo lo que hay en el proyecto lo hacían antes las universidades de diferente manera. Entonces lo que estamos haciendo es reglamentarlo porque son prácticas que han sido exitosas. Ahora, esto no es la panacea para la justicia en Colombia pero sí va a mejorar la práctica en esos escenarios.ENS:	Hay cambios evidentes que plantea el proyecto. Por ejemplo, se amplió la práctica profesional temprana para los estudiantes a partir del sexto semestre pero pueden empezar a hacer representación legal a partir del octavo semestre.También la ampliación de la competencia, es decir que los estudiantes pueden actuar como abogados de esa población vulnerable en más jurisdicciones. Para asuntos civiles se amplió la competencia de 20 a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.El proyecto establece unas condiciones para que las personas que se atiendan realmente requieran el servicio.Otro cambio es en asuntos laborales. Seguimos con los mismos 20 salarios mínimos legales vigentes, pero hay mayor claridad en las actuaciones administrativas: antes en los procesos administrativos y de responsabilidad fiscal ayudábamos solo a funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, ahora es para personas que realmente no pueden pagar un abogado y por algún motivo están incursos en esos procesos disciplinarios.Se amplió también la competencia en asuntos de familia. Antes los estudiantes no podían ir ante los Comisarios de Familia. Ahora sí, porque nuestros estudiantes están en capacidad de hacerlo.En cuanto a la responsabilidad, antes el estudiante solo llevaba un proceso mientras estaba matriculado. Con este proyecto un estudiante no puede dejar tirado un negocio si no hay quién los sustituya.ENS:	Sí, claro, se beneficiará mucha más gente con la excelencia de los abogados que están a punto de graduarse. Una cosa muy interesante que trae este proyecto de ley es que todos los despachos judiciales en materia penal estaban exigiendo el acompañamiento de un docente tutor para que el estudiante pudiese hacer las audiencias.Ahora bajo ningún criterio los estudiantes pueden estar acompañados de ningún docente del consultorio jurídico: es que ellos van muy bien preparados, tenemos que darles la oportunidad de defenderse solos.ENS: