En este caso, el Ministerio Público le cuestionó a Estupiñán Calvache el presuntamente no haber adelantado entre noviembre de 2016 y mayo de 2018 la supervisión del trabajo realizado por los miembros de su UTL, quienes, al parecer, adelantaron en Nariño diversas actividades en beneficio del congresista, sin que se hubiera constatado los soportes o respaldos entregados, más allá de la certificación de labores a satisfacción que se habría emitido como soporte para que los funcionarios recibieran su remuneración.