Rayos y centellas le han llovido al Gobierno de Ibagué, a Findeter y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial por la instalación de estoperoles y tachones en la carrera Quinta; precisamente, en la calzada de ascenso al Centro a la altura de la calle 31. Tal fue el inconformismo ciudadano que, en pocos días, las entidades públicas debieron reversar la medida y comenzar a retirar los segregadores viales de la transitada avenida capitalina.	El principal argumento fue la aplicación de normas que obligan a conductores a transitar a 30 kilómetros por hora en zonas residenciales y escolares. Allí, efectivamente, están ubicadas las Instituciones Educativas Liceo Nacional y San Simón. A ciertas horas del día, el tránsito de estudiantes y peatones es alto. En este caso puntual, ya existe desde el año 2008 una orden del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de construir un puente peatonal; decisión incumplida por todas las administraciones de turno.	El balance de la fallida operación en la carrera Quinta con calle 31: Dos accidentes de tránsito y el desmentido al secretario de Tránsito de Ibagué, José Alexis Mahecha por parte del viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos. Al comienzo, el funcionario responsable de la movilidad en Ibagué dijo en medios locales que la instalación era responsabilidad de la Agencia de Seguridad Vial y Findeter, pero el viceministro Ostos ratificó que la “intervención fue concertada, previamente con el Gobierno municipal”.	La estrategia de las “Pequeñas grandes obras” como se llama la operación de la Agencia de Seguridad Vial de instalar reductores, estoperoles, hitos y otros elementos viales no ha salido bien en algunos sectores de Ibagué. Es inconcebible pensar que a muy escasos metros a la salida o entrada de glorietas, como sucede en la del Éxito, hay que instalar reductores; cuando se debe parar o parar. También, es descabellado creer que en calzadas de ascenso, como sucede en la avenida Ambalá, se deben instalar reductores.	Es aplaudible, el marcado interés del Gobierno del médico Guillermo Alfonso Jaramillo de planear una ciudad incluyente, sostenible ambientalmente, agradable, con buena movilidad, con ciudadanos respetuosos de las normas y con menos accidentes de tránsito; aunque sectores críticos de su Administración califiquen de “terquedad” algunas de sus acciones. Ya los reversazos que ha debido tomar, nos han enseñado a todos que es bueno socializar medidas antes de implementarlas.	También es cierto que estamos lejos de la cultura ciudadana ideal que ayudaría a la movilidad y a la seguridad en las calles de la capital tolimense. Aquí los buses del servicio público urbano paran cada cuadra, los paraderos sólo sirven para exhibir anuncios y para resguardarse del sol y los aguaceros. Si al usuario no le paran frente al lugar donde va, le recuerda la progenitora al conductor.	Los peatones no son la prioridad en la ciudad; por el contrario, son el obstáculo de los conductores para llegar más rápido a su destino; las motocicletas ‘zigzaguean’ todo el tiempo y por eso se involucran en la mayoría de accidentes. Y ni qué decir de los pocos puentes peatonales: nadie los utiliza. O si no vayan al de la Octava con 19, o al de la Quinta frente a la clínica El Limonar; pareciera que es mejor aventurarse y arriesgar la vida, cruzando por debajo de ellos.