La sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pasado 16 de diciembre, que ordena a la empresa Oleoducto Central (Ocensa) a pagar una indemnización por cerca de $11.000 millones a las víctimas por el atentado del ELN al tubo en el corregimiento de Machuca, municipio de Segovia (Antioquia), generó el malestar.	Reiteraron que la teoría que tiene consternado y con asombro al sector petrolero es que la CSJ insiste en que se ha debido prever que la población (en este caso Machuca) estaba a menos de 20 kilómetros, que la zona era montañosa, que el caudal del río era alto por el invierno y que por tal era completamente previsible que si se presentaba un atentado, el crudo bajaba por el río y que por el invierno el caudal del agua que llevaba el crudo incendiado, terminaría por afectar a la población.