La prohibición de que el afiliado al sistema de pensiones no pueda trasladarse a Colpensiones, el régimen más favorable, cuando le falten diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez; dentro de un Estado social y democrático de derecho es totalmente arbitraria, ineficaz e injusta, que va en contra de los derechos de los colombianos y a favor de los nuevos ricos, que defienden el sistema privado, cual “Robin Hood a la inversa”, saqueando a los pobres para seguir enriqueciéndose ellos mismos y a los multimillonarios dueños de los fondos privados de pensión.Con palabras defienden a los colombianos, so pretexto de los costosos subsidios y del desfalco del erario, cuando con los hechos están es defendiendo sus propias arcas, que cada vez se desbordan de riqueza con el ahorro de los pensionados. Hablan cínicamente de desfalco, cuando un trabajador del sector privado o servidor público, ahorra durante su vida laboral para su propia pensión y como si se fueran a trasladar a Colpensiones, dejando los dineros en los fondos privados.	Juan Villa Lora se refiere, a las más de 15 mil demandas de colombianos para el traslado a Colpensiones, pero ¿acaso se ha tenido en cuenta los innumerables prisioneros de los fondos privados, que no tienen como pagar los honorarios de un profesional del derecho?, ¿o de los múltiples procesos, cuyas ilusiones son derrotadas por los indolentes magistrados en los tribunales, que en lugar de garantizar los derechos, revictimizan a las víctimas, exigiéndoles tener conocimientos profundos en el complejo tema de pensiones, olvidando que jueces, funcionarios públicos e incluso una exministra de Trabajo son víctimas también?	Publicidad. En completa competencia desleal, inventaron una supuesta “bomba pensional” para crear pánico económico y lograr la fuga del ISS a los fondos privados y hoy como el argumento no les funcionó más, han decidido modificarlo por el de la “bomba social” con el mismo fin: aterrorizar a los colombianos para que corran a sus fondos privados de pensión y esa es una presunta conducta punible, tipificada en el artículo 302 del Código Penal así: “El que divulgue al público o reproduzca en un medio o en un sistema de comunicación público información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas de una institución vigilada o controlada por la Superintendencia Bancaria o por la Superintendencia de Valores o en un Fondo de Valores, o cualquier otro esquema de inversión colectiva legalmente constituido…”. Pero aquí no pasa nada y en la Fiscalía menos.	Y continúan los argumentos falaces, de los defensores del jugoso negocio de los fondos privados de pensión; lavando la mente a cuanto periodista incauto o amordazado y cuanto colombiano se dejen engañar, so pretexto de los subsidios para los más ricos afiliados a Colpensiones; cuando ya la normativa ha limitado el acceso a las pensiones altas y cuando ya las reformas han modificado el porcentaje sobre el IBL, limitando dicha tasa a estos pocos cotizantes, de un mínimo de 55% a un máximo del 70%, según Ley 797 de 2003.	Se preocupa realmente por los adultos mayores el “Robin Hood a la inversa”, que más bien debería llamarse un total “Judas Iscariote, traidor del pueblo”, que está en contra de los trabajadores honestos, que luchan y se esfuerzan con sacrificio y compromiso laboral, para alcanzar algún día una pensión digna, que le cubra su mínimo vital y móvil. La respuesta obvia es un no rotundo.	Libertad para los presos de los fondos privados de pensión, sin condición alguna ni límites de ninguna naturaleza, pues acaso han tenido límites los fondos privados con los presuntos hechos jurídica y socialmente reprochables: del pánico económico generado con la noticia de la eliminación del ISS y la consecuente pérdida de los aportes; de la falsificación de documentos en la suplantación de firmas en las afiliaciones; de la falta de información sobre el derecho más favorable que abandonaban los afiliados; del abuso del poder dominante y la omisión con total mala fe en el suministro de información veraz, imparcial e idónea para tomar la letal decisión; del diligenciamiento irregular de los formularios de afiliación; de engañar con regalos o dádivas a los estudiantes cuando ni siquiera han incursionado en el ámbito laboral; de la omisión y el total prevaricato en la aplicación de la normativa sobre multivinculación; del engaño con la supuesta pensión a cualquier edad y en menos tiempo que en el ISS hoy Colpensiones.	Libertad para los presos del RAIS (Régimen de Ahorro Individual), cuya solidaridad es con los más ricos y dueños de los fondos privados de pensión; libertad para los funcionarios públicos y los trabajadores del sector privado presos de la ambición de los dueños y defensores de los fondos privados de pensión; libertad para los trabajadores que merecen una pensión digna, que les garantice una vejez con un mínimo vital y móvil acorde con sus esfuerzos laborales y profesionales.	Los ambiciosos defensores de los fondos privados sueñan con un país donde todos los trabajadores devenguen una mesada pensional de un salario mínimo o menos; el salario mínimo está muy bien para favorecer a los adultos mayores no cotizantes, en lugar de míseros subsidios y que sería posible, si controlaran y combatieran la corrupción, que alcanza los 50 billones anuales y que equivalen a más de 5 mil salarios mínimos entregados mensualmente en cada año.	Igualar las pensiones a un salario mínimo o menos se denomina suicidio económico, pues ¿quién moverá la economía si llevan al pueblo a la miseria? Eso sí que es puro castrochavismo, todos por igual y la tan temida expropiación. ¿No era el terror propagandístico contra Petro? Entonces, ¿cómo le denominan expropiar los ahorros pensionales de los trabajadores? Basta ya de los fondos privados de pensión en Colombia.