Esta realidad común en toda América Latina gracias al poder que los organismos multilaterales han tenido durante décadas en los distintos gobiernos y centros de pensamiento amerita un análisis muy de fondo, en momentos en los cuales la incapacidad de generar desarrollo con equidad tiene a la población en las calles.	No obstante, las decisiones económicas y en general de política pública se han venido tomando desde una sola mirada lo que las convierte en dogmas que no se discuten. Tal vez el caso más relevante en estos momentos es el que tiene que ver con las decisiones sobre el alza del salario mínimo para el 2020 en Colombia.	La tesis neoclásica defendida también por los gremios de la producción es que subir el salario mínimo, eso sí más allá de lo mínimo, genera desempleo porque como afirma Mauricio Olivera, “… si el costo aumenta demasiado, las empresas dejan de contratar, lo que puede generar desempleo, o en el caso en que las personas necesiten trabajar, informalidad”.	Lo primero que debe anotarse es la necesidad de respaldar esta tesis con cifras, con investigación que muestren claramente su valides. Simplemente afirmar que el aumento del desempleo en 2019 es el resultado del incremento del 6% en el salario mínimo en este año, no es aceptable entre otras porque el desempleo viene aumentando desde antes.	Sin embargo, por qué no se plantea que quienes deberían asumir ese costo en principio deberían ser los empresarios reduciendo no el empleo sino sus utilidades porque entre otras, con los mayores ingresos de los sectores pobres que son los que reciben ese incremento, van a comprar más lo que les compensaría ese costo con mayores ventas y utilidades.	La razón por la cual esta alternativa no se plantea es por el dominio de la tesis neoclásica que congela el debate y que excluye cualquier posibilidad de pedirle al empresariado que contribuya realmente y no de manera marginal a mejorar los ingresos de los millones de colombianos que reciben si acaso un salario mínimo.