Rufo Chacón, de 16 años, habló también de las difíciles condiciones de vida en su estado natal Táchira, donde fue herido a principios de mes durante una manifestación contra la falta de gas de cocina. A la pregunta de qué le gustaba comer, sonrió y dijo que el chocolate y el helado son sus favoritos.	La historia de Chacón sobresale, incluso en un país con lo que parecen innumerables casos de privaciones y sufrimiento. Las imágenes del chico con un rictus de dolor y agarrándose la cara ensangrentada a causa del impacto de perdigones de la policía fueron difundidas ampliamente en las redes sociales y causaron horror entre muchos venezolanos acostumbrados a años de penurias económicas y conflicto político.	El incidente puso de relieve las preocupaciones sobre el uso de tácticas severas por parte de las fuerzas de seguridad para sofocar el descontento mientras el dirigente opositor Juan Guaidó, apoyado por Estados Unidos, intenta derrocar al presidente Nicolás Maduro, que tiene el respaldo de Cuba y Rusia, entre otras naciones.	El viernes, Estados Unidos anunció sanciones contra cuatro funcionarios de la unidad de inteligencia militar de Venezuela debido a la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, un oficial naval venezolano presuntamente torturado cuando estaba detenido por el Estado. Las restricciones, que se suman a medidas similares contra Maduro y un centenar de funcionarios venezolanos, congelan los activos que los sancionados tengan en Estados Unidos y prohíben a los estadounidenses hacer negocios con ellos.	El respeto a los derechos humanos en Venezuela está bajo mayor escrutinio después del incisivo informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que visitó el país en junio. El gobierno venezolano dijo que el informe estaba sesgado y que hacía caso omiso a los antecedentes de violencia de la oposición, cuyo intento para organizar una rebelión militar fracasó el 30 de abril.	Esta semana, las autoridades venezolanas dejaron en libertad a una joven clarinetista que estuvo encarcelada durante seis semanas tras ventilar su frustración con el gobierno de Maduro en las redes sociales. Karen Palacios estuvo detenida en una prisión militar y fue acusada de incitar al odio, de acuerdo con una ley aprobada por la Asamblea progubernamental en 2017.