Desde hace semanas un grupo de funcionarios del Ministerio de Hacienda trabaja a marchas forzadas con el fin de poner en blanco y negro la estrategia de la administración Duque, respecto a las entidades en las cuales la Nación cuenta con una participación accionaria. El propósito es definir un esquema antes de final del año que permita ordenar el manejo de un portafolio de inversiones cuyo valor patrimonial es de 80 billones de pesos y que se caracteriza por tener muchas aristas.	Tal como lo señaló un documento Conpes aprobado durante el Gobierno pasado, hay una enorme dispersión entre objetivos, sectores y la porción del capital que salió de las arcas públicas en su momento. Lo anterior se traduce en diversos niveles de atención y supervisión, pues la lista incluye la presencia de entidades con objetivos similares o la propiedad de porciones minoritarias a las que nadie les presta atención, sin hablar de las joyas de la corona cuyos dividendos son claves para mejorarles la cara a las finanzas públicas.	Sobre el papel, hay varias líneas de acción que responden a la lógica. Por ejemplo, todas las sociedades que están relacionadas con el sector financiero deberían estar bajo un solo paraguas. De hecho, el propio Iván Duque señaló durante la entrega de las conclusiones de la misión de mercado de capitales que se creará una “holding” con 16 compañías, comenzando por 13 en las cuales el Estado posee el control.	A partir de ahí se podrían tomar decisiones orientadas a la eficiencia. Para citar un caso, hay cuatro fiduciarias, algunas de las cuales se podrían fusionar, más allá de la especialización que cada una posee. Eventualmente esa labor derivaría en que las cosas se hagan mejor y la rentabilidad que perciba el accionista mayoritario -la Nación- aumente.	También es válido emprender un programa de venta de aquellos porcentajes que no vale la pena conservar, en 66 empresas distintas. Participaciones de menos del 10 por ciento sirven poco, ante lo cual esto apunta a que Cisa reciba el encargo directo de encontrar compradores. Dados varios intentos previos que no llegaron a feliz término, será imposible salir de todo, pero valdrá la pena intentarlo.	De otro lado, habrá que repetir el ejercicio de analizar en dónde hay que estar y en dónde no. Para hablar con claridad, existen instituciones que son un brazo de la política pública y deben mirarse con ojos que incorporen criterios más amplios que el de los rendimientos. Ese es el caso de Satena que puede operar rutas aéreas que no son negocio, pero que conecta territorios de difícil acceso. El Banco Agrario, con su presencia en las zonas rurales, o Bancóldex, fundamental en la estrategia de comercio exterior, están dentro de la misma categoría.	Un segundo asunto es si se va a volver realidad o no la idea de usar parte de los recursos que salieron de la venta de Isagén, y que son administrados por la Financiera de Desarrollo Nacional, para darle caja al fisco. Esa salida sería criticable, tanto como la de convencer a una filial de Ecopetrol para que se quede con la mayoría de ISA, pues equivale a sacar plata de un bolsillo para meterla en otro.	Y el punto más complejo es si privatizar parte de la petrolera de mayoría estatal, pues cada punto porcentual dejaría más de un billón de pesos, al cierre de ayer. Eso serviría para cubrir el faltante del presupuesto del 2020, por ejemplo. Pero es dudoso que esa sea una forma responsable de manejar el patrimonio público.