En la actualidad, las compañías de la llamada economía colaborativa como Uber y Lyft clasifican a quienes trabajan para ellas como contratistas independientes, lo que les permite no tener que pagarles un salario fijo ni ofrecerles los beneficios que sí les corresponderían si fuesen empleados con contrato, como seguro médico y días de vacaciones o de enfermedad.	El texto aprobado por las dos cámaras de la legislatura estatal y que entrará en vigor el 1 de enero de 2020 introduce cambios legales que dificultan mucho que estas empresas puedan seguir considerando a quienes trabajan para ellas como contratistas independientes, y en muchos casos se verán forzadas a contratarlos.	Uber, Lyft y la empresa de entregas DoorDash ya han anunciado que dedicarán hasta 90 millones de dólares entre las tres para promover que la decisión final sobre esta ley recaiga en los votantes californianos mediante un referéndum el año que viene si no logran antes algunas enmiendas en el texto.	También Lyft respondió a la aprobación de la medida y consideró en un comunicado que “el liderazgo político de nuestro estado ha perdido una oportunidad importante para dar su apoyo a la gran mayoría de conductores de las empresas de transporte bajo demanda que quieren una solución sensata, que tenga en cuenta tanto la flexibilidad laboral como el salario y los beneficios”.