Se conecta de manera importante con los pactos por la Equidad, el pacto por la identidad y la creatividad, y desde una perspectiva de la Educación Superior con el pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. El resultado de dichos pactos se materializa de diversas formas en iniciativas de desarrollo territorial con enfoque regional, generando como resultado un grupo de sub-pactos con enfoque territorial sobre los cuales se cimientan las políticas de desarrollo propuestas.	Este enfoque representa un cambio, al hacer explícito el objetivo gubernamental de fomentar la migración económica del país, de la minería y los hidrocarburos, a economías basadas en la oferta de servicios, la creatividad y la productividad de sectores como el agrícola y cuyo más relevante efecto es la generación de empleo y reducción de las brechas sociales entre la Colombia urbana y la Colombia rural.	El enfoque en la reducción de brechas a partir del pacto por la productividad mantiene la estrategia adoptada por el gobierno anterior, que buscaba fortalecer las capacidades locales a partir de vocaciones territoriales. Si bien en el actual Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) no resulta claro el origen de las vocaciones establecidas para cada sub-región, la estrategia de desarrollo territorial diferenciado resulta acertada como medio para reducir la competencia entre regiones y, en contraste, genera oportunidades de cooperación para el crecimiento nacional. Es recomendable trabajar conjuntamente con los actores locales en el desarrollo de los pactos regionales, pues se evidencian similitudes muy marcadas entre ellos que no hacen explícito el rol de la innovación como estrategia de generación de valor.	Una propuesta puntual radica en la creación de un Sistema de Inspección, Vigilancia y Control (IVC). Esta nueva instancia propuesta tendrá el reto de reducir el volumen de empresarios y emprendedores que subsisten en la informalidad, aunque aún se espera de éste que garantice una reducción en los costos de transacción que son, en la mayoría de los casos, el más importante detonante de las prácticas empresariales informales.	Una propuesta adicional promueve la revisión de la política de formación en emprendimiento de los programas de educación media y post-media enfocándose, específicamente, en el contenido curricular. Esta medida resulta corta y requeriría incluir elementos adicionales como el estímulo de la creación o fortalecimiento de programas académicos de educación superior que fomenten el desarrollo de habilidades emprendedoras por parte de los estudiantes, así como la implementación de dependencias para la pre-incubación de iniciativas, tal como ya lo realizan diversas instituciones que han asumido éste esfuerzo por interés propio pero que requieren apoyo para escalarlo.	Como medidas adicionales se propone la profundización en la implementación de las directrices dispuestas en el CONPES 3484 de 2007, en el cual se establece el desarrollo de acciones como la implementación de la ventanilla única de trámites para facilitar la creación y cierre de empresas, la creación de estímulos tributarios para el fortalecimiento de los emprendimientos y las MiPyMEs, así como medidas para la flexibilización laboral, incluyendo el rediseño de la fórmula de cálculo del salario mínimo para reducir su carga parafiscal y fomentar la formalización laboral.	En relación con la política pública en emprendimiento propuesta en el PND (2018-2022), resulta importante que se operacionalice el alcance de dicha medida y cómo complementaría las disposiciones relacionadas con el fomento al emprendimiento ya existentes como las dispuestas en los Conpes 3484 de 2007, 3834 de 2015, 3866 de 2016, 173 de 2014 y la "Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015-2025", entre otras regulaciones.