"En dicha reunión, la dirección general de Sanidad Militar propuso la suspensión del proceso de licitación pública a través de acto administrativo por siete días, con el propósito de que la Procuraduría revise las respuestas dadas a las observaciones, en busca de la transparencia y mayor tranquilidad en el proceso", dijo Sanidad Militar en un comunicado.	El Ministerio Público, como parte de una acción de vigilancia y seguimiento, advirtió en su momento a la Dirección de Sanidad que las autoridades administrativas están obligadas a cumplir con los procedimientos de selección objetiva y "no pueden restringir la posibilidad de recibir varias ofertas con mejores precios, que cumplan con los fines del Estado".	"Al evaluar los pliegos de la licitación evidenció que se abre la puerta al pago de medicamentos por encima de los precios máximos de venta regulados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos e Insumos Médicos, originando posiblemente sobrecostos que se financiarían con recursos públicos de la seguridad social en salud", explicó la Procuraduría.