A los peruanos no les importó que fuera Año Nuevo para salir a marchar en contra de la corrupción. Y es que su fiscal General, Pedro Chávarry, anunció el pasado lunes 31 de diciembre, a las 8 de la noche, la destitución de dos fiscales encargados de las investigaciones del caso Lava Jato– de la constructora brasileña Odebrecht– Rafael Vela y José Domingo Pérez.	Sin embargo, la presión ejercida por el presidente Martín Vizcarra, los medios y la sociedad civil hicieron que Chávarry, por primera vez, tuviera que retractarse de la decisión y los devolviera a sus cargos argumentando “la trascendencia e importancia de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht”.	Para entender la dimensión del escándalo es necesario tener en cuenta que el equipo tiene a su cargo la investigación a los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), quien huyó a Estados Unidos y enfrenta un pedido de extradición; Ollanta Humala (2011-2016), quien estuvo preso nueve meses con su esposa Nadine; Alan García (1985-1990, 2006-2011) quien buscó asilo en la embajada de Uruguay y le fue denegado; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) quien renunció en marzo de 2018 después de una serie de denuncias de corrupción en las que se estuvo salpicado.	Entre los investigados no solo están todos los expresidentes de la historia reciente de Perú. Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, excandidata a la presidencia e hija del exmandatario Alberto Fujimori, también tiene un expediente abierto sobre el escritorio de estos fiscales. Fujimori cumple un pedido de prisión preventiva de 36 meses mientras se realizan las investigaciones sobre la presunta financiación de Odebrecht a su campaña de 2011.	El anuncio no solo fue una jugada hecha cuando los ciudadanos estaban desconectados de los medios, pensando en la celebración del nuevo año, sino que se dio a pocos días de que Vela y Pérez retomaran las investigaciones de corrupción. Fue tal la indignación que la gente salió a marchar ese mismo lunes, en plena noche de Año Nuevo, rumbo a la sede del Ministerio Público en contra de la decisión de Chávarry y en minutos la etiqueta #FueraChávarry se convirtió en tendencia en redes sociales. Y no fueron los únicos. La República, diario del Perú, abrió con esa misma frase, mientras que el periódico El Comercio aseveró: “Vergüenza e indignación”.	“Lo interesante está en que hay una opinión pública muy fuerte en Perú, a diferencia de lo que pasa en Colombia”, así lo explica Néstor Julián Restrepo Echavarría, profesor investigador de la Universidad de Medellín. Para el analista Perú tiene claro que no quiere más corrupción y se demuestra con que cada vez se abre más el caso Lava Jato. “En Colombia no se ha visto tanto como en Perú”, asevera.	Este comienzo de año deja por un lado, en el paredón al fiscal peruano, y por el otro, muy bien parado a Vizcarra, quien acudió al Congreso para pedir que se declare un “estado de emergencia” en el Ministerio Público, intentando convertir en actos de gobierno la petición del pueblo: que no haya más corrupción.