El alcance del fallo, que negó el amparo de los derechos invocados por el accionante, tiene como alcance que la máxima Autoridad Ambiental del Tolima, cumplió a cabalidad con los preceptos constitucionales y normas del derecho ambiental, en especial la garantía de los principios de la función administrativa respecto de los trámites adelantados y en curso, entre ellos el Derecho de contradicción dentro de cada una de las actuaciones administrativas integradas en los trámites adelantados por el Ibal.