Acabó al fin el exclusivo reino de la inconstitucionalidad ejecutado por Edurbe, entidad usada para intervenir el ecosistema y transformar el territorio público en privado. Cumplida la ordenación urbanísticas objeto de la Ley 62 del 1937, ignorando las leyes ambientales, años después le colgaron a ese ente la autorización excepcional de talar, rellenar, vender y escriturar zonas de bajamar y la ronda hídrica, exhibiéndose como propietario de orillas de caños, lagos y ciénagas, extendiendo el área de jurisdicción con el abusivo decreto 007/84.	Apartes conocidos no dejan duda de la justeza de la acción: (…) “Se constató –dice la Corte-que al tratarse de una norma preconstitucional expedida hace 82 años para la construcción específica de unas obras de utilidad pública, en unas áreas determinadas y con una fuente precisa de financiación, la misma no se encuentra produciendo efectos al operar el fenómeno de agotamiento de objeto”. Igualmente afirma que al perder la ley vigencia por agotamiento de la finalidad “la aplicación de una norma por parte de autoridad administrativa no equivale a dotar de ultractividad a una ley que perdió vigencia, pues dicha competencia es exclusiva del Congreso de la República”. Por las anteriores razones, “y por la ley no contar materialmente con la capacidad de seguir proyectando sus efectos jurídicos con posterioridad al agotamiento de su objeto, la Corte se declaró incompetente para pronunciarse de fondo y por la carencia actual de objeto se declaró inhibida.	Como parte del caos que con la Procuraduría la ciudadanía está venciendo para ordenar la Casa Común, ahora toca precisar a partir de cuándo se cumplió el objeto de la ley preconstitucional, derogada a mi modo de ver por el código de Recursos Naturales de 1974, la Constitución del 91 y las leyes 388 del 96, 99 del 93 y demás disposiciones de defensa de ambiente.