En la misiva además precisó que permitir que el Congreso realice modificaciones al presupuesto implicaría la aprobación de partidas indeterminadas, dado que los proyectos y programas que se financian con estos recursos se encuentran previamente inscritos en un banco de proyectos lo cual atentaría con el principio constitucional de planeación y legalidad del gasto.	Y anotó que una participación del presupuesto de inversiones por parte del Congreso, como la que se propone, podría quebrar la sostenibilidad fiscal de las finanzas públicas, lo que es una exigencia constitucional primaria en aras de garantizar la efectividad de los principios, los derechos y los deberes de todas las personas residentes en el país, además de permitir el cumplimiento de los programas del Gobierno.	En ese sentido, explicó que de esta manera se podrán lograr sinergia en las regiones para incorporar proyectos de impacto regional, algo que no sucede ahora con el mecanismo de menudeo por proyectos individuales. “El gran reto es que se cumpla con lo que se propondría en cada vigencia. Con eso lograríamos resolver el atraso en que se encuentra nuestra región Caribe”, comentó.	“Puede ser interesante otorgarlos con base en una decisión muy técnica, podría ser conveniente que sean hasta de un 5 por ciento del Presupuesto General de la Nación. Si esto fuera así, debe ser con una reglas muy claras a proyectos que propongan las bancadas regionales, pero tendría que ser con un cuidado enorme y no a los pupitrazos como se está haciendo ahora y con unas sumas tan excesivas”, puntualizó.