Un reciente informe de la Comisión Colombiana de Juristas revela que los departamentos que encabezan esta desafortunada lista son Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca. Entre los años 2016 y lo corrido del 2019 se ha presentado el asesinato de más de 430 líderes. La escalofriante cifra ratifica que Colombia se convirtió en un país de “altísimo” riesgo para ejercer este oficio.	Las investigaciones de este organismo, en las que también participaron otras organizaciones, concluyeron que detrás de los crímenes están personas y familias pertenecientes a sectores políticos y económicos, que sienten amenazada su posición de privilegio y que, históricamente, han transitado entre la legalidad y la ilegalidad. Allí están paramilitares, Bacrim, disidencias de las Farc, ELN, Ejército y Policía Nacional.	El caso más reciente sucedió, precisamente, en el área rural de Santander de Quilichao, en el Cauca. La líder social afrocolombiana Marcia Márquez, galardonada con el Premio Goldman o mejor conocido como Premio Nobel del Medio Ambiente, por defender su región de la minería ilegal, denunció que mientras adelantaba una reunión con líderes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, fueron atacados por hombres con armas y granadas; dejando dos heridos.	La poca celeridad en las investigaciones de los responsables en la muerte de líderes sociales en Colombia contrasta con las maratónicas indagaciones de la Fiscalía General de la Nación para determinar, por ejemplo, quiénes estaban detrás del vandalismo en las marchas de Bogotá y que grupos al margen de la ley se quieren enquistar en las universidades.