“Desde 1997, el ejecutivo ha tenido la facultad de verificar la pertenencia o no de actores armados a un grupo, preocupa al gobierno que esta indeterminación de esa facultad afecte tanto procesos presentes como el de las Farc, como un eventual proceso con el Eln, porque si es la JEP la que termina determinando quiénes son miembros o no de un grupo armado a su vez tendrían que juzgarlos”, manifestó Ceballos.