Son tantas las ocasiones en las cuales el sistema de salud en Colombia ha sido sometido a un tratamiento de emergencia, que resulta explicable que la terapia de turno sea vista con algo de escepticismo por los actores del sector. Aún así, vale la pena destacar la audaz estrategia impulsada por la administración Duque, conocida como el acuerdo de punto final, esbozado inicialmente durante la campaña presidencial y concretado con la expedición de la ley que acogió el Plan de Desarrollo.	En términos prácticos, el esquema consiste en hacer un corte de cuentas respecto a las billonarias acreencias existentes y proceder a pagarlas. La idea de hacer borrón y cuenta nueva es clave si se trata de darle otra vida a un modelo que arrastra un pesado fardo del pasado y que requiere de ajustes para ser viable.	Pero antes de llegar a ese punto es indispensable meterles el diente a los pendientes. A lo largo de los últimos años, la norma que opera en abstracto es que no todo lo que se factura acaba cancelándose, por lo cual los diferentes eslabones de la cadena se ven debilitados. Desde EPS hasta hospitales, pasando por médicos y proveedores, la lista de damnificados es larga.	En consecuencia, lo que se pretende hacer es reconocer como públicas a buena parte de las deudas incurridas que corresponden a labores no cubiertas por el POS de antes y hoy por el plan de beneficios. En total se habla de 6,7 billones de pesos, que no es una cantidad menor. De esa suma el 78 por ciento corresponde al régimen contributivo y el saldo al subsidiado.	Para dar muestra de buena voluntad, el Gobierno giró por estos días cerca de medio billón de pesos de facturas a cargo de la extinta Caprecom a lo cual se suman unos 222.000 millones de pesos que corresponden a lo que se conoce como glosas transversales. No hay duda de que esa primera inyección de fondos le dará aire a múltiples entidades que venían experimentando dificultades serias de liquidez, además de demostrar que el Ejecutivo habla en serio.	Sin embargo, lo clave es lo que viene ahora. Esto consiste en depurar los pasivos para establecer cuánto recibirá cada actor que está a la espera de una transferencia. El reconocimiento, debidamente aceptado por los involucrados, servirá de base para la emisión de bonos públicos que serán la fuente de pago. Un elemento fundamental es el saneamiento a cargo de las entidades territoriales, pues los departamentos que hoy son parte del problema necesitan volverse parte de la solución.	Si todo sale bien, el cambio sería notorio. Para comenzar, un buen número de entidades que hoy están al borde de la quiebra tendrían una nueva oportunidad para salir adelante, por cuenta de la mejora en su situación financiera. Eventualmente, el impacto redundará sobre el usuario, pues no solo retornará la capacidad de invertir en atención e instalaciones, sino que ya no habría excusa para no recibir pacientes o negar tratamientos.	No obstante, resulta definitivo reconocer los riesgos. El más grande de todos es que no se corrijan los errores del pasado, lo cual obliga a depurar el plan de beneficios y contar con reglas de juego claras. Dicho con franqueza, el sistema no será sostenible financieramente si la avalancha de tutelas que acogen procedimientos discutibles no se detiene. Tampoco habrá avances en caso de que al público no se le trate con equidad y justicia.	Lo anterior requiere un esfuerzo gerencial mayúsculo que debe partir de una reglamentación precisa y usar sistemas de información ágiles. Continuar con zonas grises equivale a sembrar la semilla de futuros dolores de cabeza que le pondrían presión adicional a las finanzas públicas. En resumen, hay que hacer lo necesario para este punto final no se convierta, a la vuelta de unos años, en un punto seguido.