Faltan pocos días para que el presidente Iván Duque sancione el texto de la ley que expide el Plan de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’, a ser ejecutado durante el presente cuatrienio. La iniciativa, tasada en 1.096 billones de pesos, incluye recursos por 352 billones del presupuesto nacional. El resto debería venir de otras fuentes que no necesariamente dependen del control del Ejecutivo.	Más allá de las dudas que puedan existir sobre el cumplimiento de los propósitos planteados en las bases de la estrategia, es indudable que la aprobación de la propuesta es un triunfo del Gobierno. Tras haber corrido el riesgo de un hundimiento, el articulado salió adelante con menos carreras que en otras ocasiones, sin que la administración hubiera usado los mecanismos tradicionales para ‘aceitar’ la maquinaria.	Aun así, el resultado no está exento de críticas. Más de uno se pregunta cómo un proyecto que comenzó con 183 artículos acabó con 337, muchos de los adicionales incluidos por petición de los ministros. La sensación de que los funcionarios no hicieron bien la tarea inicial se combinó con la impresión de que, como nunca antes, los parlamentarios tuvieron la sartén por el mango. Ello llevó a que varias propuestas inconvenientes y de corte francamente populista, acabaran saliendo adelante.	Tal es el caso del aumento en los aranceles a las confecciones, introducido con el ánimo de proteger a la industria nacional. A pesar de los argumentos en el sentido de que existen los mecanismos para defenderse de las prácticas desleales en el comercio internacional, resultó más fácil en el Capitolio arrogarse facultades con tal de ganar votos. La última palabra la dará la Corte Constitucional, cuya labor será ardua, dada la extensión del texto final y la cantidad de materias disímiles abarcadas.	Otra historia es la de aquellos acápites en los que se les hace un ‘favor’ a los intereses especiales. Ese parece ser el caso del cambio en las reglas de juego para las máquinas tragamonedas, que le puede costar a la salud unos 200.000 millones de pesos anuales, debido a la eliminación de la base más confiable para la liquidación del derecho de explotación de las mismas.	Aparte de lo malo y lo feo, también hay cosas buenas. Dejar en cabeza de la cartera de Vivienda los programas de vivienda rural es lógico, al igual que un esquema para bajar el costo de las sentencias contra del Estado. El nuevo modelo para los precios de la gasolina puede cerrar una vena rota, aunque hay el riesgo de quedarse con el pecado de que revivan los subsidios y sin el género de los recaudos del IVA.	Mientras las dudas se despejan, queda la reflexión sobre los excesos que se cometen cuando la ley del plan es usada para adelantar reformas que merecerían discusiones detalladas. Aunque no es la primera vez que eso pasa, en la presente oportunidad se superaron los límites previos. Eso no debería ser motivo de orgullo, pues aquello de que el fin justifica los medios, es criticable.