Trataré de ser lo más claro posible para que esta columna llegue al entendimiento de juristas y legos. El conflicto es connatural al hombre y a la sociedad, es por ello que, las soluciones representan especial interés para todos. La creación de normas es la alternativa comúnmente usada dentro del contexto del Estado de derecho; ellas están presentes para regular casi todos los momentos vitales, incluso después de la muerte (leyes de sucesión).	Las circunstancias más disruptivas son del resorte de medidas drásticas. El derecho penal es aquel en el que se define la acción delictiva y consecuencialmente, la sanción, esta última asociada a la privación de la libertad. El legislador, usando el poder que le delega el pueblo, selecciona bienes jurídicos dignos de protección y además estipula con nitidez la conducta que se estima transgresora -el delito-.	Por ser la herramienta más agresiva con la que cuenta el Estado, el derecho de las penas debe ser mínimo, la última ratio, es decir solo los hechos más graves ameritan tratamiento criminal, pues, es necesario aplicar otras opciones dentro de la civilidad, esta es una tendencia mundialmente aceptada y propia de la conquista de amplias garantías en pos de los derechos humanos.	Veo con preocupación la práctica de criminalizarlo todo, cuando es evidente que la solución no se encuentra en esa populista herramienta, por ejemplo, el aborto es un delito que no vio índices a la baja hasta que apareció la pastilla de anticoncepción de emergencia. Igual sucede con el punible de inasistencia alimentaria, el cual se tipifica cuando el obligado no tiene justa causa para evadir el pago de alimentos, situación en la que es más efectivo el cobro ante los jueces de familia y no desde la perspectiva punitiva.	Hoy se pretende, por iniciativa de los ministerios de justicia y deporte, convertir en crimen el suministro o formulación ilegal a deportistas, es decir, penalizar el doping, cuando el remedio se encuentra en la educación responsable y, si de sancionar se trata, la prohibición o suspensión del ejercicio profesional, por la vía disciplinaria, será suficiente.	Es necesario conformar un comité interdisciplinario de política criminal del que hagan parte no solo togados, el cual no sea reactivo, sino coherente y reposado, en el que se realicen estudios serios sobre la etiología del delito y las alternativas reales de prevención, para que no se improvise con salidas quiméricas que además desatienden el espíritu subsidiario del derecho penal, maximizando el espectro de penalización de conductas que encuentran tratamiento efectivo en otras formas menos invasivas.