La Procuraduría, como parte de una acción de vigilancia y seguimiento, advirtió en su momento a la Dirección de Sanidad que las autoridades administrativas están obligadas a cumplir con los procedimientos de selección objetiva y “no pueden restringir la posibilidad de recibir varias ofertas con mejores precios, que cumplan con los fines del Estado”.	“Al evaluar los pliegos de la licitación evidenció que se abre la puerta al pago de medicamentos por encima de los precios máximos de venta regulados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos e Insumos Médicos, originando posiblemente sobrecostos que se financiarían con recursos públicos de la seguridad social en salud”