El objetivo de esta red era impulsar las ventas de la farmacéutica en China, donde en 2012, el año anterior al escándalo, GSK obtenía cerca del 4 % de sus ventas mundiales, y donde la compañía ha hecho grandes inversiones, ya que cuenta en el país con 7.000 empleados, cinco fábricas y un centro de investigación.	Las primeras condenas relacionadas con el caso salieron en agosto de un tribunal de Shanghái, que sentenció a dos años de prisión al consultor británico Peter Humphrey y a su esposa Yu Yingzeng, estadounidense de origen chino, que trabajaron para Reilly, y fueron hallados culpables de “obtención ilegal de información privada”.