Para el presidente de Induarroz, Silverio Gómez, las preocupaciones deben ir más allá, pues se requiere un esfuerzo del Gobierno y los componentes de la cadena para garantizar la sostenibilidad del sector una vez se liberen los mercados y no haya arancel para su importación. Ya han pasado 7 de los 18 años que otorgó el TLC con Estados Unidos para llegar al arancel cero. Las claves: mantener la calidad, bajar los costos y aumentar la productividad.	Los cultivadores de arroz saben y tienen la seguridad de que su cosecha es comprada en su totalidad por la industria nacional. Es un modelo de agricultura por contrato que funciona bien desde hace años y con unas reglas acordadas que incluye que al cultivador se le paga en menos de 30 días y se les preste asistencia durante el proceso de siembra. En este momento, la industria alista su capacidad de infraestructura para atender los requerimientos en los Llanos. La industria envía una señal de confianza a los cultivadores por su seriedad y compromiso.	Puede ser la compra de más de 1,1 millones de toneladas en más de 200.000 hectáreas de siembra, 20.000 has menos que 2018 y 50.000 por debajo de hace dos años. Por el crecimiento de los cultivos en el Meta, Casanare y Arauca, buena parte de la nueva molinería se ha localizado en esa región, muy cerca de los cultivos. Y la industria sigue respondiendo por las compras en el resto del país: en el centro, en el que hay dos cosechas por el riego, se siembran unas 150.000 has cuya cosecha también se compra en su totalidad. En Santanderes hay unas 40.000 has y en el Bajo Cauca casi 65.000 has. En la Costa son alrededor de 22.000.	Deben saber que en unos años ese será el valor que recibirán. Todos, cultivadores, productores de insumos, molineros, gobierno y gremios deben ser conscientes de esa realidad: mantener la calidad, bajando los costos de producción y aumentando la productividad. El precio del arroz al productor debe guiarse por el precio internacional y la política pública del gobierno debe estar orientada a contribuir para reducir los costos de producción.	Hay que hacer una revisión muy seria de los costos de producción del arroz en el país si se quiere ganar competitividad, pues de lo contrario se compromete el futuro de la actividad. En eso se tiene un plazo de 10 años pues en el 2030 el arancel será cero. Sería triste que el arroz siguiera la ruta de desaparición del algodón. Y este es un trabajo en el que se ha hecho muy poco existiendo recursos: en 2012 cuando se firmó el TLC con Estados Unidos, el gremio de los productores comenzó a recibir el 50% del sobreprecio de la subasta para mejorar productividad que estaba en promedio para 2005/2009 en 5,1 ton/ha y entre 2014/2018 bajó a 4,60 promedio año. En el Centro estaba en 6,3 en el primer periodo y bajó a 5,9 en promedio en los últimos años. EE. UU. y Uruguay producen 8,5 ton/ha y Perú 7,2.	El Estado tiene que ayudar, pero no necesariamente con subsidios directos sino con inversiones en bienes públicos como vías y reservorios de agua en particular en los Llanos, lo que bajaría el costo de la tierra en Tolima y Huila. El crédito ágil y oportuno y el financiamiento de maquinaria son básicos. Pero los agricultores también deben preocuparse por mejorar y focalizar los recursos que reciben del gobierno y de la subasta del TLC con EE. UU.