La actuación administrativa se inició con dos quejas presentadas por la Asociación de Administradores y Propietarios de Taxi de Cartagena (Adprotac), que denunciaron al organismo de tránsito de la ciudad por no disuadir ni sancionar la ejecución de servicios informales e ilegales de transporte público, por no ejecutar funciones de prevención y por no haber generado un estudio o estadística que demuestre el impacto de la ilegalidad en Cartagena, lo cual ha hecho que la ciudad no pueda ser tenida en cuenta en planes de choque nacionales.