En tanto, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo y exdirector del DNP, señaló que “lo que salió fue una iniciativa que se trabajó en Planeación desde hace varias años, enmarcada en el contexto de proceso de acceso a la Ocde, donde se buscó entender los procesos de mejores prácticas de regulación.	Y agregó que “la segunda parte para resolver el problema es que esto genera, por un lado, inseguridad jurídica, pero además dificulta la comprensión de la regulación, entonces se comenzó a incorporar el análisis de impacto normativo (AIN), es decir, analizar a fondo de cómo emitir una norma, revisar si es necesario hacerlo y estudiar su costo-beneficio”.	De acuerdo con un informe publicado hace unos meses por la Andi, “en Colombia la incertidumbre jurídica sigue siendo una de las principales limitantes de la competitividad. Hemos tenido reformas tributarias recurrentes, la legislación laboral está sujeta a permanentes cambios, en las consultas previas no hay claridad en los procedimientos, las consultas populares han venido aumentando, la regulación empresarial es volátil y hay cambios normativos frecuentes”.	Sin embargo, entre ese grupo se incluyó –entre otras– la Ley 600 de 2000 (antiguo Código de Procesamiento Penal), bajo la cual se están procesando varios casos, motivo por el cual el presidente Iván Duque rechazó la norma por inconveniente. Este error llevó a que la ley quede en stand-by unos meses, mientras el Legislativo tramita las objeciones y la vuelve a enviar a sanción presidencial.