Con el cierre de la vía al llano se están presentando dificultades que tienen impacto en la estabilidad económica y el bienestar social de la población que habita en la región del Ariari-Amem, el Meta y la Orinoquía. El gobierno ha anunciado 67 medidas para hacerle frente a la situación, con un presupuesto cercano a los 150.000 millones de pesos: estas medidas están relacionadas con la rebaja del 50 % en el precio de los peajes, la disminución del valor de la gasolina a precio de frontera, así como la reducción de la tasa aeroportuaria, o los créditos a través del Banco Agrario, Bancoldex o Finagro. Desde nuestro punto de vista las acciones señaladas son insuficientes, circunstanciales y de carácter paliativo, teniendo en cuenta que no responden a estrategias de largo plazo para mitigar los impactos causados por el cierre de la vía y, adicionalmente, no atienden las causas estructurales de la emergencia socioeconómica vigente.Este panorama ha provocado incertidumbre, ya generalizada en la región y, peor aún, no se percibe una apuesta integral para superar el descalabro histórico en la gestión y mantenimiento de la vía. No desconocemos que atender la situación con alternativas como el transporte aéreo a través de la baja en las tarifas y costos aeroportuarios para mitigar los gastos de traslado para la población sean importantes; pero más allá de estas medidas se requiere verdadera voluntad política y compromiso tangible por parte del Estado, demostrando realmente compromiso para dar solución estructural a esta problemática.	-Publicidad.- El cierre indefinido de la vía hace que se disminuyan las posibilidades de comercialización y distribución de la mayor cosecha de arroz en el año. A ello se suma que los precios de sustentación de los productos agropecuarios tienden a la baja y para otros cultivos como el plátano, la yuca, la soya, el maíz, la leche, las carnes y toda variedad de frutas se ha generado una sobreoferta afectando negativamente los ingresos de las familias campesinas. Las casas comercializadoras de insumos por su parte, se aproximan con preocupación a los tiempos de vencimiento de su cartera.	A la fecha, los productores del Ariari-Amem, principal despensa de Bogotá y el centro del país, tienen que acudir a trochas y caminos inestables para transportar los bienes agroalimentarios. En municipios cercanos a Villavicencio como Acacías o Granada se empieza a sentir los estragos de la emergencia en sectores como el turismo y el comercio. Los hoteles, fincas agroturísticas, discotecas, restaurantes y centros de recreación se han visto seriamente afectados, lo que aumenta aún más el descontento de las comunidades al no encontrar salidas definitivas a la situación.	Publicidad. Ante esta situación, como habitantes, ciudadanos/as y Grupo de Defensores/as Ambientales del Ariari-Amem y en representación de más de 18 municipios del Meta y del Ariari-Amem, exigimos que haya una comercialización asegurada para los productos del territorio, independiente de las condiciones de la vía hacia el centro del país, para que de esta forma la producción agrícola de la región no se vea afectada por un hecho que ha dejado de ser coyuntural para convertirse en permanente. Cabe resaltar que la preocupación y el pronunciamiento que hacemos sobre las condiciones de infraestructura vial precisa sobre la celeridad y el seguimiento a las concesiones de la carretera, a los procesos de construcción y a las empresas involucradas en la ampliación, mantenimiento y habilitación de una vía tan imprescindible para la conexión con la capital y el resto del país. No es posible que una arteria tan importante lleve tantos años en construcción y se continúen presentando estos cierres de manera indeterminada y que mientras tanto el gobierno nacional anuncie asumir la deuda con el sector bancario ocasionada por el descalabro de Odebrecht, siendo el grupo Aval por ejemplo, uno de los responsables en la concesión y mal manejo de la vía.	Al mismo tiempo, estamos a la espera de soluciones más rápidas y eficientes dado que no observamos resultados de las medidas momentáneas ni las estrategias a futuro para atender esta contingencia. Es deber del gobierno nacional declarar la emergencia por desastre natural, para así agilizar la llegada de los recursos provenientes de las diferentes carteras ministeriales a la región. Instamos la presencia del gobierno nacional en cabeza de la Presidencia de la República y los Ministerios correspondientes de manera urgente para que atiendan con responsabilidad y de manera eficaz esta calamidad pública.	Ya nos hemos movilizado en una oportunidad por medio de una marcha pacífica en la cual reivindicamos nuestros derechos y exigencias. Sin embargo, no hemos tenido eco en el Gobierno Nacional para una respuesta oportuna a nuestras demandas. Solicitamos respaldo de los medios de comunicación difundiendo este comunicado con el objeto de dar a conocer públicamente el estado real de la situación. A las comunidades metenses y de la Orinoquía a no desfallecer y a seguir reclamando insistentemente medidas reales y veraces para la apertura de esta arteria regional en pro de nuestro progreso.	El grupo de diálogo regional defensor del Área de Manejo Especial de la Macarena es una articulación mixta de líderes/sas, defensores/as ambientalistas, representantes de organizaciones, instancias, asociaciones de mujeres, víctimas del conflicto armado, etnias, etc, de 13 municipios del departamento del Meta, quienes intervienen en diversos procesos territoriales de carácter público y gubernamental, para defender sus recursos naturales y frenar las amenazas que genera la locomotora minero-energética en la región.