La CEJ hace notable referencia a Cristian Camilo Bellón Galindo, Dalila Duarte Martínez y Nilson de Jesús Mier, presuntos responsables del atentado a la estación de Policía del Barrio San José, en Barranquilla; así como Wilfran Quiroz, propietario de la constructora que expedía licencias ilegales en Cartagena y Juan Guillermo Valderrama, procesado por el homicidio de la chilena Amory Ojeda, en marzo de este año, en Bucaramanga.	Hace quince días, tal como lo publicó El Universal, la Juez 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, a solicitud de la Fiscalía, le prorrogó a Liliana Campos la medida de aseguramiento intramural por un año, debido a que se presume que la mujer estaría delinquiendo desde la cárcel de San Diego, donde está recluida.	Para Herrera Mercado estos casos llevan a cuestionar la figura de la libertad por vencimiento de términos, que, aunque es una garantía Constitucional ligada a la necesidad de definir la situación jurídica de los procesados y evitar la prolongación injusta de la detención, pone sobre la mesa un debate sobre el funcionamiento del sistema judicial y la necesidad de una pronta reforma.	Por ejemplo, Víctor Maldonado, procesado por el caso de Interbolsa; José Jaime Pareja, exsecretario de salud e investigado por el cartel de la hemofilia; Reyes Reinoso, expresidente de Reficar, y varios personajes del carrusel de la contratación, entre ellos José Juan Rodríguez, Wilson Duarte y Orlando Fajardo, han tenido esta situación latente en medio de sus procesos judiciales.