En el reporte, la Agencia señaló que las pruebas se las suministró una persona que tiene acceso a la investigación contra Martínez y que “nuevos documentos de la fiscalía colombiana muestran que Martínez Espinel firmó en 2005 por lo menos otros siete pagos cuestionables. Los documentos fueron proporcionados a la AP por alguien que solicitó no ser identificado porque teme sufrir represalias”.	La AP cita a José Miguel Vivanco, director del programa para América de la organización Human Rights Watch, cuando, el año pasado, recordó que “hace una década, soldados en toda Colombia atrajeron a civiles a lugares remotos bajo pretextos engañosos como promesas de trabajo, los asesinaron, les colocaron armas en sus cuerpos sin vida y luego los reportaron como combatientes enemigos muertos en acción. Uno no puede evitar preguntarse si alguna de las escarapelas en sus uniformes, o los ascensos a lo largo de carreras ‘exitosas’, corresponde a los asesinatos de civiles inocentes cometidos hace más de una década”. Hasta ayer, al cierre de esta edición, no se conocían pronunciamientos oficiales sobre esta nueva denuncia.	Ante las críticas a las políticas que se estarían implementando en las Fuerzas Armadas y que, según una investigación del rotativo estadounidense The New York Times, son similares a las que propiciaron la aparición de los llamados “falsos positivos” durante el gobierno del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe, el mandatario Iván Duque anunció la creación de una Comisión de Excelencia Militar.	El mayor general Nicacio Martínez, comandante de las Fuerzas Armadas, expresó a un medio nacional que “nosotros tenemos planes muy bien diseñados, unas directivas muy bien elaboradas, exigimos siempre a nuestros hombres el respeto por los derechos humanos, sabemos qué hacer y qué no. Quien haga lo que no le corresponde, tiene que someterse disciplinaria o penalmente a la ley”.