En su colegio de Gambia, un pequeño país africano con tantas personas como Medellín, la adolescente gordita que aún vestía el uniforme escolar y se lo pasaba en las salas de los tribunales atenta a los juicios, no tenía la más mínima duda sobre lo que esperaba hacer en la vida: llevar a los estrados a los dictadores de países africanos que no conocen ni por el forro los derechos humanos. Esa era Fatou Bensouda, la fiscal general de la Corte Penal Internacional que juzga el genocidio, los crímenes de guerra y contra la humanidad.Con su toga negra, la africana es desde hace siete años la imagen de la CPI. En el edificio de La Haya la reconocen por los coloridos trajes de su país mientras recorre los pasillos del moderno edificio, Time la nombró en el 2012 entre las 100 personalidades más influyentes del planeta y The Guardian decidió llamarla, “la cazatiranos”.	Es la primera mujer y la primera africana en alcanzar esa cima, recorriendo un camino desde su natal Banjul con paradas en Nigeria para estudiar Derecho en la Universidad Obafemi Awolowo y en Malta para convertirse en una experta en Derecho del Mar. A sus 58 años mantiene vivas sus raíces, el recuerdo de su familia en la capital de Gambia, su fe musulmana que permanece intacta, la poligamia de su padre, Gaye Nyang, ocasional promotor de combates de lucha libre, las dos esposas que se llevaban bien, su madre y sus hermanas mayores que fueron sus mentoras. Tres mujeres claves en su vida y en su carrera que en 20 años se catapultó desde la gerencia de un banco comercial al sector público hasta la secretaria jurídica de la República, fiscal general y ministra de Justicia del muy cuestionado presidente Yahya Jammed, acusado de violación de los derechos humanos, incluido hasta el asesinato de homosexuales.	Publicidad. A la esfera internacional Bensouda llegó como acusadora del Tribunal Penal Internacional para Ruanda creado en 1994 para juzgar el brutal genocidio de unos 800.000 miembros de la etnia tutsi, el 75 % de su población, por parte del gobierno hutu. Con este equipaje la llegada a La Haya no podía ser otra que a la recién creada institución judicial que emergió del Estatuto de Roma.	Casada con Philip Bensouda, medio gambiano medio marroquí, con él tiene dos hijos biológicos, uno de los cuales vive en Estados Unidos y una adoptada Sally, una familia de tres es para ella apenas razonable porque, según recuerda, en la suya eran más de una docena. Muy alta, con una figura imponente, quien es considerada el terror de los criminales, tiene una suave voz que modula con cuidado y unos gestos amables que contrastan con la mano de hierro.	En su cajón han estado siempre los casos más dramáticos de violación de derechos humanos, desde cuando se convirtió en la mano derecha del argentino Luis Moreno quien por ese entonces era el fiscal de la CPI, y de quien se quien se dice que recibió 22 causas que se quedaron engavetadas. A él lo sucedió en el 2012 cuando la CPI estaba celebrando diez años de fundada y tenía entre manos siete casos abiertos y siete en estudio preliminar.	Para asumir el cargo llegó vestida con chaqueta y pantalones de lino claro, con un llamativo collar de cuentas azules. Un elegante atuendo, alejado de los suelen usar las ejecutivas de alto rango. Un mes después fue condenado a 14 años de cárcel Thomas Lubanga, el líder de la Unión de Patriotas Congoleños, y uno antes lo había sido el también congolés Germain Katanga. Poco después el turno sería para Jean Pierre Bemba el vicepresidente del Congo y Laurent Gbagbo, expresidente de Costa de Marfil. El 11 de abril de este año fue arrestado el presidente de Sudán, Omar Hasán Ahmad al Bashir acusado de genocidio, pero el consejo militar dijo que no lo entregaría y que sería juzgado en su país. En el 2016 se cerró el caso del vicepresidente de Kenia, William Ruto, por “falta de pruebas”, mientras se da por fallida la persecución contra Kony, quien tiene 70 cargos, un paramilitar del Ejército de Resistencia del Señor, embarcado en una campaña para establecer un gobierno teocrático en Uganda.	En todos estos casos y en todos estos años ha quedado en claro la preocupación de Bensouda  por los crímenes de género y la violencia sexual padecida por miles de mujeres y niñas en las guerras. En la entrevista con The Guardian relató este episodio de cuando acompañaba a los investigadores del tribunal de Ruanda. “Una mujer que había sido esclava sexual durante el conflicto estaba llorando, por eso le dije: ´Lo siento, es que me toca hace estas preguntas…´ Ella contestó: ´No, no, no. No estoy llorando porque me hace esas preguntas. Estoy llorando porque alguien me escucha. Finalmente, alguien me escucha´”.	Fatou escucha pero es consciente de la falta de dientes de la CPI, que depende de los estamentos de las naciones, por no tener policía propia. Pero se defiende cuando se cuestiona que el área de trabajo se haya concentrado en las naciones africanas. “No puede decirse que sea una institución enfocada hacia los crímenes de África. Llevo con orgullo mi origen, pero ya estaba aquí cuando me eligieron fiscal jefe “, le dijo a El País.	Ha salido de la esfera africana. En países de otras latitudes como Afganistán, Georgia, Colombia, Guinea, Palestina, Honduras, Corea del Norte y Nigeria, ha abierto investigaciones preliminares. En el 2017 inició una formal sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, por el gobierno local, por talibanes, y por el ejército de Estados Unidos, bajo la presidencia de George Bush. Hace un mes, Trump le quitó la visa, y en marzo lo había hecho a los funcionarios involucrados en esa investigación. Estados Unidos no es signatario de la CPI y sus relaciones han sido complicadas. Una semana después de la sanción contra Bensouda, la CPI paró la investigación porque “es extremadamente difícil evaluar las perspectivas de asegurar cooperación significativa de las autoridades pertinentes para el futuro, ya sea con respecto a las investigaciones o a la entrega de sospechosos”.	Venezuela se suma a la lista por las acciones del gobierno de Nicolás Maduro durante las violentas manifestaciones del 2014. Una prueba se fuego por la cercanía de Fatou con Haifa el Aissamim hermana del vicepresidente de Venezuela Tarek El Aissami, y embajadora de Maduro ante la CPI desde el 2016.	La primera visita de Fatou Bensouda a Colombia fue en septiembre del 2017. Ya tenía entre su escritorio el caso de los falsos positivos y vino a supervisar las investigaciones contra 29 altos mandos de las Fuerzas Militares. También a mirar que la JEP cumpliera con los requisitos del Estatuto de Roma para no permitir la impunidad.  Las relaciones han sido fluidas. Con el acuerdo de paz firmado, y la justicia transicional empezando su camino, el papel de la fiscal de la CPI ha sido clave en el acompañamiento del proceso. En especial, cuando salieron al paso las objeciones del presidente Iván Duque. A La Haya han ido los varios actores a exponer sus puntos de vista, recientemente estuvieron con ella el Fiscal Néstor Humberto Martínez, el líder de Colombia Humana Gustavo Petro, acompañado de una marcha de distintas organizaciones desde Colombia, visibilizando el asesinato de los líderes sociales. En el confuso momento alrededor de la JEP posiblemente tendrá un papel por desarrollar la estudiante de Gambia que quería ser fiscal del mundo.