Colombia firmó un acuerdo para dar continuidad a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, luego de que en las últimas horas se generara una polémica por rumores de que el Gobierno había pedido que se suspendiera la presencia de esta en el país.	Según la Cancillería, la negociación estuvo regida por el criterio de renovar el compromiso de Colombia con la promoción y la defensa de los derechos humanos a través de la colaboración con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, y el deseo de actualizar las disposiciones del acuerdo de 1996 para que este se ajuste a la realidad actual del país.	El nuevo acuerdo reconoce que el Gobierno de Colombia mantiene una política de cooperación y colaboración con los mecanismos internacionales de derechos humanos y pone en consideración la vinculación de Colombia a los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, así como los avances para la formulación de un Plan Nacional de Derechos Humanos.