Dilian Francisca Toro, que buscaba establecer si en el departamento había una nómina paralela. El Ministerio Público no encontró pruebas de que hubiese contratación excesiva por prestación de servicios profesionales en el departamento.La investigación inició por una denuncia ciudadana, en la que se advertía además, que el fin de esa contratación era beneficiar a miembros del movimiento político de la mandataria.El proceso que fue abierto en abril de 2019, estaba orientado a descubrir si el departamento contaba con un número superior a tres mil contratistas en los niveles central y descentralizados. No obstante, la defensa jurídica de la Gobernación del Valle l	ogró demostrar que los contratos suscritos por prestación de servicios profesionales suman 1019 cargos, 595 para el año 2016 y 572 para el año 2017.La investigación arrojó que hay sustento técnico para definir los apoyos por prestación de servicios para el funcionamiento y cumplimiento del Plan de Desarrollo y sus metas, así como planeación y control en la contratación de personal de prestación de servicios de la entidad. De igual manera, la Procuraduría verificó el número real de contratistas y estableció que no hay contratos que superen los montos permitidos para cargos de secretarios de despacho, directores o funcionarios.