entro de unos pocos años, la facturación por basuras de los cartageneros podría ser “mucho más elevada”, según el personero distrital William Matson. Si la Alcaldía no logra desalojar y reubicar a las personas que habitan en el predio La Concordia, “se tendría que conseguir un lote mucho más lejano, aumentando los costos del concesionario encargado de la basura”, explica. El funcionario interpuso una acción preventiva para ese fin en el 2017, pero esta no ha sido fallada.	El lote de La Concordia está habitado hace varios años por una comunidad proveniente de Pasacaballos, a pesar de que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del 2001 estipula que debía ser el próximo vertedero de Cartagena luego de que el relleno sanitario Los Cocos alcance su capacidad máxima, lo que sucederá dentro de dos años.	Es muy probable que las advertencias del personero se cumplan. De acuerdo con Ramón Torres Espinosa, presidente de la Veeduría Ciudadana Ojo Pelao y expresidente de la Asociación de Agricultores de La Concordia, los pobladores se conformaron como Consejo de Comunidades Negras y, a través de esa figura, realizaron trámites ante la Agencia Nacional de Tierras para conseguir la titularidad del lote.	“El lote de La Concordia le pertenece al Distrito de Cartagena y en el POT está demarcado como la reserva de la basura que se producirá en la ciudad durante los próximos 30 años”, anota Francisco Martelo Vecchio, presidente de Caribe Verde, el consorcio que administra el relleno Loma de Los Cocos mediante concesión.	Martelo asegura que la presencia de los “invasores de buena fe” se debe a los descuidos de la administración local, que dejó de vigilar el lote y no ejerció su autoridad, y que la ocupación de La Concordia es un problema que ha crecido con el tiempo. “Hasta hace cuatro años, la operación de vertimiento se venía realizando de forma perfecta y ágil, pero la capacidad del relleno ya se está acabando y ahora tenemos que lidiar con las invasiones y con los recicladores”, explica.	La comunidad asentada en La Concordia asegura llevar ahí más de 15 años. Durante ese tiempo, se han dedicado a la siembra y a la cría de animales, y señalan que han recibido el apoyo de las autoridades distritales. “No estamos en desacuerdo con el desarrollo de la ciudad, pero pedimos que se haga sin afectar a las comunidades aledañas”, comenta Marlys Escamilla Ahumedo, presidenta de la Asociación de Agricultores de La Concordia.	Escamilla afirma que los habitantes de La Concordia eran campesinos de Pasacaballos. Algunos, como ella, habitaban en el casco urbano, pero se dedicaban a actividades agropecuarias a pequeña escala. A medida que las empresas de la zona comenzaron a comprar los predios aledaños, el espacio que los habitantes tenían para cultivar comenzó a reducirse. En el 2009, años después de haber encontrado un nuevo lugar donde instalarse, comenzaron a adelantar diferentes procesos para tener la titularidad del terreno. Para Marlys Escamilla, la comunidad de La Concordia no solo tienen titularidad sobre los terrenos, sino que además debería recibir ayuda económica de parte del Distrito a través de un plan que beneficie a toda la zona rural de Cartagena. “Invitamos al alcalde para que vea los frutos de los proyectos en los que las autoridades nos han ayudado y que sí se puede invertir en el campo”.	Ese mismo año, el lote comenzó su transformación en el paso obligado de los recicladores que se dirigían a Los Cocos y, en palabras de Martelo, en un “basurero a cielo abierto”. Aunque el presidente del consorcio no niega que sí hay agricultores dentro de La Concordia, para él, la permanencia de la comunidad dentro del terreno responde al interés de robarle al Distrito un terreno que, por su valor para la ciudadanía, no debería escriturarse a terceros.	Además de eso, La Concordia es una zona con un factor de riesgo: un pasivo ambiental. La empresa de basuras Tirsa S.A. depositó ahí 60.000 toneladas de desperdicios en el pasado y el material aún permanece allí. “Ese pasivo tiene que ser subsanado obligatoriamente y ya Cardique abrió un pliego de cargos contra el Distrito para que el proceso se haga efectivo”, señaló Martelo.	Los recicladores son un problema más, puesto que se entrometen directamente en el proceso de vertimiento de las basuras, exponiendo sus vidas y, en ocasiones, amenazando a los conductores de los camiones. Martelo explica que el “reciclaje” se ha convertido en un negocio clandestino y organizado en el que las personas acuden a mayoristas instalados cerca del lote y que intercambian la basura aprovechable por dinero o drogas. “La entrada al lote está cubierta de bolsas para reciclar donde estas personas guardan el material que comercian ilegalmente”, señaló.	El pasado 28 y 29 de agosto, la Secretaría del Interior, Caribe Verde, la Policía Distrital y la Procuraduría organizaron una serie de mesas de trabajo con los recicladores. Durante la jornada, se incautaron armas blancas y se expulsó a los intrusos, pero no se hicieron capturas formales y el problema resurgió. Según Martelo, la única forma de solucionar esta situación es mediante vigilancia policial permanente y la construcción de un muro que sirva como barrera, ideas que ya ha sugerido a la Alcaldía.