No existe ningún otro ejercicio gubernamental en el cual quede en evidencia cómo los deseos de una administración tienen que pasar por el cedazo de las realidades fiscales. Así volvió a comprobarse ayer, cuando el Ministro de Hacienda radicó en el Capitolio el proyecto de ley que contiene el presupuesto de la nación para el 2020.	De la suma referida, la gran mayoría se irá en transferencias, ya sea para las regiones o con el fin de asumir gastos inevitables de salud y pensiones. Algo menos de una sexta parte adicional se la lleva la nómina, mientras que al servicio de la deuda le corresponden uno de cada siete pesos.	Al final de cuentas, la inversión acaba siendo la cenicienta del paseo, con 40,3 billones asignados, uno por ciento menos que en el 2018. Pero incluso en este acápite la flexibilidad es reducida. Con esfuerzos se podrá mantener el énfasis en el sector de infraestructura, al tiempo que unos cuantos programas sociales podrán ampliar su cobertura. No obstante, buena parte de los sueños de la campaña se estrellan contra la realidad de la falta de plata.	Debido a ello, es previsible que la presión de los parlamentarios será grande a la hora de decidir sobre partidas específicas. La época electoral hará que más de uno trate de lucirse en su región para impulsar a determinados candidatos a alcaldías y gobernaciones. Tampoco estarán ausentes los ministerios que buscarán congresistas amigos que les ayuden a aumentar asignaciones que nadie considera suficientes.	Esas circunstancias harán complejo el debate. No obstante, la experiencia sugiere que el Ejecutivo al final de cuentas sacará adelante buena parte de la versión dada a conocer el lunes, entre otros motivos porque la Constitución prevé que si no se cumplen los plazos perentorios establecidos, está la opción de un decreto presidencial.	Lo anterior no quiere decir que la discusión debería ser un mero trámite. En las democracias más respetables no hay asunto que merezca un análisis más concienzudo que el presupuesto. A fin de cuentas, este consiste en traducir los anuncios políticos en hechos reales. Al mismo tiempo, el ejercicio sirve para poner de presente realidades que sirvan como antecedentes para la consideración de otras iniciativas.	Ese es el caso de la bomba pensional, cuya existencia es innegable. Para el año que viene, el pago de las mesadas a los jubilados demandará 43,3 billones de pesos, 12 por ciento más que en el 2019. No se trata tan solo del faltante de Colpensiones, sino de los regímenes de militares y maestros, en los cuales hay que hacer ajustes.	Por otra parte, hay que hacer votos para que aquellos que ahondan en las cifras miren no solo los gastos propuestos, sino los ingresos estimados. Tal vez el mayor signo de interrogación con respecto al presupuesto presentado es el alza esperada del 6,8 por ciento en los recaudos tributarios, a pesar de que múltiples especialistas señalan que la ley de financiamiento aprobada en diciembre pasado debería llevar a una caída neta en lo que se recoge por renta.