Mientras el país está de fiesta, nuestros soldados y policías cumplen su misión constitucional de salvaguardar la soberanía y garantizar un bien público y derecho fundamental: la seguridad. Es posible que no lo logren plenamente, porque la seguridad total, hasta en Suiza, es un deber ser, pero también porque, a pesar de su valor y dedicación, los efectivos de la Fuerza Pública no son suficientes para la extensión territorial, el tamaño de la población y, sobre todo, la diversidad y peligrosidad de las fuentes de violencia, todas relacionadas con el narcotráfico, asociado a la violencia rural, como el microtráfico con la creciente inseguridad urbana.	Es el narcotráfico el enemigo número uno de la Fuerza Pública, protegido durante el gobierno Santos por unas negociaciones extorsivas con la principal organización narcoterrorista, que lograron impedir la fumigación aérea que estaba acabando con su negocio, necesario para financiar violencia, atizar el odio, la inconformidad y el caos, con el fin último de desestabilizar la democracia e imponer la “salvación” del Socialismo Bolivariano. Los hombres y mujeres que juraron ante una bandera proteger a los colombianos, libran una guerra peligrosa y permanente, contra un enemigo de mil cabezas, multimillonario, violento e interesado en deslegitimar a la Fuerza Pública para disminuir su capacidad de respuesta. Por eso el montaje mediático contra el general Martínez, con el apoyo de un periodista extranjero que escuchó lo que quiso escuchar, y unos expertos en DDHH que, sin visitar el país, entendieron lo que quisieron entender para revivir el estigma de los falsos positivos, que los hubo, más no como práctica institucional y, menos, como política de gobierno.	Por eso la persecución al general que dio de baja a Raúl Reyes y, sin disparar un solo tiro, liberó a una candidata presidencial, a tres extranjeros y varios miembros de la Fuerza Pública. Mientras la izquierda condenó al general Mario Montoya ante la sociedad, con el apoyo casi entusiasta de “algunos medios”, la JEP parece haberlo condenado de antemano, en un proceso con un tufillo a persecución y venganza. Por eso la exigencia de desmantelar el Esmad y la manipulación mediática de las exhumaciones en Dabeiba, calificadas de “falsos positivos”, porque “algún medio” lo afirmó. ¡No!; a otro perro con ese hueso. Las bajas en combate, verdaderas o falsas, se entregan a la Fiscalía y a Medicina Legal, no se entierran a escondidas en una fosa común.