a palabra ‘Marejada’ tiene dos definiciones en el Diccionario de la Real Academia Española: la primera, “movimiento moderado de olas de 0.5 a 1.5 metros de altura”; la segunda, “exaltación de los ánimos y señal de disgusto, murmuración o censura, manifestada sordamente por varias personas, que suele preceder al verdadero alboroto”.	“¿Por qué siempre esperan a que pasen las tragedias para emprender acciones?” Esa es la pregunta que desde hace una semana se hacen cartageneros y turistas tras el impactante suceso que cobró la vida de una joven en Cholón, la cual fue arrollada por un yate mientras se encontraba nadando en el lugar.	El hecho volvió a poner sobre la mesa la necesidad de ordenar el balneario turístico, que en los últimos años ha adquirido popularidad, más que por sus cristalinas aguas, por su ambiente de rumba, que cada fin de semana, según operadores turísticos, atrae a más de cien embarcaciones cargadas de visitantes.	El exceso de botes que se parquean allí y el riesgo que esto significa para los bañistas han sido cuestionados por parte de quienes visitan el destino. De hecho, en julio de este año, una periodista colombiana denunció públicamente haber resultado herida en una de sus piernas cuando disfrutaba de la playa en Cholón, también porque una lancha le pasó por encima.	Fue ese panorama, mediado por el inconformismo y las quejas sordas, la marejada que precedió a la tragedia de la joven barranquillera Valentina González, tras la que por supuesto, las reuniones y consejos de seguridad por parte de las autoridades involucradas, como Secretaría del Interior, Ministerio del Turismo, Parques Nacionales Naturales (PNN), Dimar y Capitanía de Puerto, no se hicieron esperar.	Operadores turísticos coinciden en que el principal problema que se debe atacar en Cholón es la informalidad, la cual va desde el zarpe mismo de las embarcaciones que se dirigen hacia la playa, que no siempre se dan desde muelles que cuentan con la debida autorización. La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación en torno a este fenómeno pidiendo mayor regulación por parte de las entidades pertinentes, dado que la informalidad perjudica el desarrollo de un turismo óptimo y realmente sostenible. “El accidente ocurrido en Cholón es un hecho que pudo haber sido evitado. Hoy día los precarios controles que se realizan a las lanchas de recreo que zarpan de muelles no autorizados, la inexistencia de un verdadero manual para los pilotos de las embarcaciones, la escasa señalización, entre otros factores, son los causantes de situaciones como la que tristemente vivió la joven Valentina. Cabe hacer un alto en el camino y cuestionarse frente a la visión y verdadera vocación turística del Parque Nacional Natural Corales de Rosario”, afirmó María Camila Carrascal, directora ejecutiva de Anato para la región.	El viceministro de Turismo, Julián Guerrero, que en estos días se reunió con las diferentes entidades, anunció que harían nuevas inversiones en señalización y delimitación de zonas, y precisó que no se trata de que estas antes no existieran, sino que se debe procurar que sean más claras para los turistas y prestadores de servicios.	“Estamos trabajando con la Dimar para hacer una identificación de las posibles áreas donde pueden ubicarse las boyas, y posteriormente, a través de PNN, vamos a hacer unas cotizaciones y a buscar los recursos para poder tenerlas en el menor tiempo posible”, aseguró el funcionario. Guerrero también afirmó que a pesar de que se intentarán coordinar todas estas acciones en el menor tiempo posible, lo cierto es que es complicado que lo de las boyas pueda materializarse antes del inicio de la temporada de fin de año, la cual está a dos semanas de empezar. Sin embargo, aseguró que se intensificarán la actividades de prevención para minimizar riesgos.	De acuerdo con Fidel Azula, operador turístico, alquilar una lancha para 15 personas, sin almuerzo ni bebidas tiene un precio aproximado de 1 millón 800 mil pesos, lo que ha hecho también que el destino sea propenso a abusos en las tarifas de los diferentes servicios que se prestan allá. No son pocos los casos en los que se han evidenciado estos sobrecostos. Limonadas a $40 mil, pescados a $80 mil y picadas a $600 mil han sido protagonistas de la triste realidad del turismo en este lugar. Respecto a eso, el secretario de Interior del Distrito, José Carlos Puello, aseguró que se han colocado más de 50 comparendos en el lugar por abuso de precios. “Hemos llegado a tal nivel de efectividad que los mismos vendedores nos avisan cuando se está cometiendo un abuso porque hemos logrado generar conciencia sobre este tema”, aseguró el funcionario. Puello también agregó que con miras al inicio de la temporada alta, será puesto a disposición un CAT (Centro de Atención al Turista) para que estos puedan informarse así como hacer sus denuncias y sugerencias.	La ciénaga de Cholón está en la Isla de Barú bajo la jurisdicción del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, y fue declarada como área protegida en 1977. “Cholón es un paraíso, en este sentido merece una reflexión la manera como está siendo explotado este destino. Como operador, nos enfocamos en promover este atractivo como un entorno natural y ecológico”, aseguró Fidel Azula, operador turístico. La secretaría de Interior aseguró que también se realizan campañas pedagógicas como “Si lo traes, te lo llevas”, para no contaminar la playa, y también control al aforo de la isla.	Hasta el momento han aflorado varias versiones sobre el caso de Valentina González, a raíz de que el piloto que conducía la embarcación que la arrolló fue puesto en libertad. En un principio se manejó la hipótesis de que la joven se encontraba practicando buceo cuando fue impactada por el yate, sin embargo, posteriormente su familia a través de un comunicado aseguró que Valentina en realidad se encontraba sobre un flotador en el mar. La Dimar afirmó que aún trabaja en la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, mientras realiza operativos para fortalecer la seguridad en el sector. Hasta el momento, 94 pilotos han sido sancionados por violar las normas de marina y 71 denuncias han sido interpuestas.