Uno de los hallazgos fiscales, en cuantía de $1.920 millones, corresponde al presunto daño patrimonial que ha significado la poca efectiva gestión de la ANT para recuperar los recursos no pagados por los arrendatarios de los predios ubicados en las islas del Rosario y San Bernardo, donde a 31 de diciembre de 2018 se evidencia una cartera de más de 90 días y hasta 8,53 años de morosidad.	El equipo auditor encontró evidencia de que el contrato Interadministrativo 872 de 2017, suscrito con la Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos COLVATEL S.A. E.S.P, con el objeto de contratar la organización, inventario, descripción y digitalización conforme a la normatividad exigida por el Archivo General de la Nación y a la parametrización de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), habría sido pactado a la medida de los intereses del proponente.	Los auditores advirtieron expresamente que si bien la contratación directa es justificable para los contratos interadministrativos, es claro que en el estudio previo no se evaluó cual era la modalidad de contratación más adecuada para este tipo de servicios, sobre todo cuando el objeto planteaba una tarea compleja: ordenar 5.111 expedientes de procesos agrarios, contenidos en aproximadamente 831 cajas.	En tercer lugar, la fecha límite establecida para la ejecución del contrato, el 30 de diciembre de 2017, coincidía con los días que le restaban a la vigencia presupuestal, sin que las partes evaluarán si el tiempo era suficiente para atender las necesidades de la ANT, señaladas en la sentencia T-488 de 2014 y el Auto 040 de 2017 de la Corte Constitucional.