Para analizar el discurso y las promesas de las campañas, El Universal creó Paredón, una sección en la que se le hace fact checking a los candidatos. Cada semana podrá leer una entrega en nuestra versión impresa y en la edición digital podrá consultar el seguimiento diario y leer notas adicionales ingresando a www.eluniversal.com.co/elecciones/2019.	Después de que se anunciara que el pasaje de Transcaribe podría subir $600 si la Alcaldía no pagaba sus deudas con el sistema, el candidato del Centro Democrático, Fernando Araújo, publicó un video en el que propuso una tarifa diferencial de Transcaribe para estudiantes, deportistas, adultos mayores y personas en situación de discapacidad.	Además, Transcaribe también posee un Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), el cual se utilizaría en aquellos casos donde la Alcaldía no aportara los recursos suficientes para asegurar su funcionamiento, sin embargo, como señala Ripoll, "el fondo duró mucho tiempo en ser implementado y solo fue firmado hasta el pasado mes de marzo, por lo que no tendrá recursos hasta el 2020".	Así las cosas, la propuesta de una tarifa diferencial va más allá de la voluntad política de los candidatos y pasa por el tema económico. El Distrito, que es operador del sistema, debe crear un plan presupuestal para financiar el subsidio de las tarifas, que parte de la identificación de la población beneficiaria.	Una posibilidad puede ser el FET, pero aún no cuenta con el monto necesario para ejecutar el proyecto; destinar recursos del presupuesto que el Distrito tiene destinado a subsidios, aunque tendría que hacer recortes en otros programas sociales; o incluir en la tarifa de los demás pasajeros el subsidio de los beneficiarios, lo que significaría un alza en el precio del pasaje.	“Construiremos una gran autopista elevada desde la entrada del barrio El Pozón hasta un deprimido que se construirá en las inmediaciones del Cerro San Felipe de Barajas, para no afectar su visibilidad y entorno”. Esta es una de las propuestas de la candidata por el partido ADA, Minerva Romero, quien afirma que tal obra se haría con una inversión privada. La idea, aunque visionaria, lastimosamente no está acorde con la realidad presupuestal del Distrito ni tiene un punto de equilibrio financiero que lo haga atractivo para privados.	Jorge Mendoza, expresidente de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, va más allá y señala que “es una cosa traída de los cabellos”. Según explica, tratándose de una obra pública, solo se podría financiar directamente con recursos del Distrito o a través de medidas como peajes, sin embargo, la inversión de un proyecto de tal magnitud difícilmente podría ser recuperada.	En comparación, el viaducto del Gran Manglar tiene unos 5 kilómetros y costó más de $600.000 millones, lo que equivaldría a más del 40% del presupuesto distrital del 2019. Los kilómetros adicionales solo elevarían esas cifras, y más si se tiene en cuenta el alza del dólar. A esto hay que sumarle, además, que para ejecutar este tipo de proyectos es necesaria la compra de predios y posibles demoliciones de algunas edificaciones.	La candidata Minerva, para financiar este viaducto, tendría que lograr que el proyecto sea declarado como de interés nacional, como hizo Enrique Peñalosa con el metro de Bogotá, para jalonar recursos del Estado. Lastimosamente, la situación fiscal del país no juega a favor de la candidata, el país tiene otras prioridades de inversión y técnicamente no hay cómo argumentar la necesidad de una construcción de esta envergadura.	Desde que se expidió la Sentencia T-426 de 1992, la Corte Constitucional ha venido construyendo conceptualmente el MVA como un derecho fundamental “que protege de forma especial a las personas en situación de necesidad manifiesta”.Además, este subsidio no es nuevo y ya se ha aplicado en otras ciudades como, por ejemplo, Bogotá, Medellín, y Bucaramanga.	El candidato a la Gobernación de Bolívar, aspira a que el barrio El Pozón se convierta en el municipio número 47 de este departamento o así lo hizo saber en abril de este año a través de una columna de opinión publicada en diversos m edios cuando recién arrancaban los vientos electorales.	Sin embargo, según el abogado y especialista en derecho contencioso administrativo, Milton Pereira Blanco, la sola propuesta es un “error”. Manifiesta que, aunque el barrio El Pozón cumpliría con los requisitos formales para ser un municipio de conformidad con la norma vigente esa solución no garantiza que salga de las condiciones de vulnerabilidad en la que hoy se encuentra.	No obstante, para Padauí la condición de municipio “le permitiría a El Pozón acceder por derecho propio a los recursos del Sistema General de Participación en materia de salud y educación, podría disponer de las regalías que el Sistema Nacional concede para cada municipalidad, tendría acceso directo y más eficiente a un recaudo propio de tasas contributivas e impuestos prediales y de industria y comercio”.	En contraposición a lo expuesto por el candidato, Jorge Cárcamo, especialista en estudios políticos y máster en gestión pública, quien asegura que tales condiciones no son garantía de un mejor bienestar para el barrio, el cual, de ser declarado municipio, “enfrentaría el inconveniente de financiar una carga burocrática costosa: alcalde, concejales, secretarios y muchos cargos más”. En otras palabras, falta mucho trecho para llevar a cabo esta propuesta teniendo en cuenta que en el departamento de Bolívar ya hay municipios que requieren recursos en vías, acueducto y alcantarillado y obras públicas para su desarrollo.