Imagínese por un momento la angustia de una joven venezolana que llegó a Cartagena embarazada, pensando en un mejor futuro para su hijo tras la falta de oportunidades en su país y la desaparición cobarde de su pareja. Quiso encontrar un trabajo formal, pero al sentir que las tripas se le removían por el hambre, decidió rápidamente instalarse en un semáforo a limpiar los vidrios de los carros. Con las pocas monedas que gana, apenas le alcanza para pagar el alquiler de un cuarto en la zona suroriental.	Cuando rompió fuente, por fortuna descansaba en su habitación y con la ayuda de varios vecinos la llevaron en un taxi a la Clínica Maternidad Rafael Calvo. Allí, el personal médico la atendió sin reparos, y su bebé (niña), aunque nació con un peso por debajo del ideal, hoy está en casa con su madre. Así como ella, en 2017 fueron 455 los niños y niñas de venezolanos nacidos en Cartagena; en 2018 la cifra se elevó a 553. Y hasta agosto de este año ya iban 1.331 hijos de venezolanos.	Mucho se ha escrito de esa paridera, en noticias y columnas, algunas polémicas como la de Claudia Palacios al titular “Paren de parir”. Pero hoy vengo a hablar de otro tipo de paridera, la de los profesionales de la salud de la Clínica Maternidad, quienes suspendieron sus servicios porque no les pagaban desde diciembre de 2018. Fueron muchas voces de rechazo las que se escucharon porque los anestesiólogos pararon la semana pasada para exigir el pago que asciende a $800 millones, mientras las madres con menos recursos no sabían a dónde ir a dar a luz. Las historias de ellos nadie las cuenta, sus deudas, sus relaciones personales rotas por un préstamo que no se pudo pagar, el colegio y universidades de sus hijos. ¿Quién habló de sus necesidades mientras con amor y profesionalismo, por un largo tiempo, atendieron a todas las madres que llegan de urgencia, sin un papel, a dar a luz? Nadie se preguntó cómo iban a pasar ellos la Navidad sin un peso. Pero ahora, que ya cansados de tanto esperar un pago, salieron con carteles a las calles a decir que no aguantan más y que la clínica cerró sus puertas, es que se le va a prestar atención a esta situación. Los 240 trabajadores que forman parte del personal de la clínica lograron un acuerdo con las directivas para continuar atendiendo a la población pobre no asegurada, migrantes y usuarios del departamento de Bolívar y la ciudad. Ojalá les cumplan. Son unos $50 mil millones los que las EPS le deben a esta clínica, y de esos, 11 mil millones debe Comfamiliar y 5 mil millones el Dadis. Se llegan a acuerdos de pagos que no se cumplen. Es hora de que el Gobierno nacional meta en cintura como se debe a las EPS que al no pagar, ponen a parir a muchos más de los que creemos.