Luego de que la W radio denunciara las múltiples irregularidades que se han presentado en los proyectos de infraestructura Educativa en relación con la empresa portuguesa Mota Engil,  El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa realizó una evaluación a 424 de los 531 proyectos de infraestructura educativa que se adelantan en 235 municipios, de 28 departamentos del país.En el diagnóstico la entidad encontró que 369 proyectos, que corresponden al 70% del total, presentan una situación de nivel de riesgo medio alto y alto en su ejecución. Los proyectos en esta situación equivalen a 8.453 aulas nuevas y mejoradas.Como ya lo Había anticipado la W se el Fondo logró identificar una concentración de contratos en dos firmas, una de ellas Mota Engil que ejecuta 252 contratos y la segunda 87, lo que representa el 63% de los 531 proyectos adjudicados.Los datos iniciales que se encontraron dejan ver que hay 12.421 aulas que están en proceso de construcción, 5.222 estaban en proceso de diseño y 5.918 tienen un promedio de avance de solo el 30%. El balance realizado permitió establecer que:* 162 proyectos, el 30% del total, se encontraban en un nivel de riesgo medio, es decir, con un atraso en su ejecución menor al 10% de lo programado. Los proyectos en esta situación equivalen a 3.968 aulas nuevas y mejoradas.* 57 proyectos, el 11% del total, se encontraban en un nivel de riesgo medio - alto, es decir, con un atraso en su ejecución entre el 11% y el 20% de lo programado. Los proyectos en esta situación equivalen a 1.346 aulas nuevas y mejoradas.* 312 proyectos, el 59% del total, se encontraban en un nivel de riesgo alto, es decir, con un atraso en su ejecución mayor al 20% de lo programado o con problemas de ejecución críticos. Los proyectos en esta situación equivalen a 7.107 aulas nuevas y mejoradas.Por último el gobierno nacional señaló que va revisa  cada uno de los contratos que se entregaron para infraestructura educativa “se hará una reestructuración de la forma en la que funciona el FFIE, sus pliegos, su forma de contratación para evitar estos procesos que perjudican directamente a nuestros niños y jóvenes, y a las Entidades Territoriales que entregaron sus recursos y hoy no pueden ver sus obras terminadas”.