El término ‘indignación nacional’ ha sido usado en múltiples ocasiones a lo largo de los últimos años en Colombia para describir la rabia de la opinión hacia un hecho determinado. Dicho sentimiento volvió a aflorar ayer, tras saberse que por una descoordinación imposible de justificar, no se logró conciliar en el Capitolio el texto de un proyecto de ley presentado por la Fiscalía, el cual preveía acabar con el beneficio de la casa por cárcel para los corruptos, entre otras disposiciones.	Más allá de las acusaciones de unos y las excusas de otros, el hundimiento del articulado pone de nuevo al Congreso en la picota pública. Tras los once millones de votos obtenidos por la consulta popular en contra de la corrupción, que tuvo lugar el pasado 26 de agosto, más de uno llegó a creer que así los siete puntos propuestos en aquella ocasión no hubieran superado el umbral, las diferentes bancadas reaccionarían para endurecer diferentes normas y responder a las expectativas.	Como ese no ha sido el caso y ninguna iniciativa ha logrado completar el trámite parlamentario –todavía hay tres propuestas en tránsito–, comienzan a escucharse voces que plantean escenarios como el cierre del Legislativo. Y aunque algo así no tendría ni pies de cabeza, los riesgos son altos. Uno obvio es que alguien haga carrera apoyado en proponer la eliminación o el cierre de instituciones impopulares, a punta de golpes de opinión.