"Estos estudios son el resultado de una decisión judicial que se ha cumplido imparcialmente. Los exámenes se han hecho solo en ocho de los 16 edificios y un año después de la orden, cuando tenían 6 meses para hacerlo. Por eso tomaremos las acciones jurídicas correspondientes", expresó Javier Doria, representante de las víctimas.	"Estamos a la expectativa pues el Distrito no ha convocado a una reunión o notificado frente a la posible demolición. Esto ha creado terrorismo en las víctimas, pues la medida no incluye solamente a los propietarios, sino a los vecinos. Vamos a interponer demandas de reparación directa porque es una situación que ha sido dilatada, puntualizó Paredes.