Muchas de las ciudades europeas son un buen ejemplo de movilidad urbana. Gracias al esfuerzo de los gobiernos locales y nacionales, estas urbes ofrecen distintas opciones de transporte a sus ciudadanos: metro, tren ligero, tranvía y buses. Todas estas opciones se integran y permiten movilizarse fácil y eficientemente por el área metropolitana. Esa movilidad entrega bienestar a sus habitantes y se convierte en un mecanismo de igualdad social. En Colombia, donde mucho se habla de estrategias para reducir la desigualdad, debería tomarse en serio una política de movilidad urbana.	La realidad colombiana en este frente deja mucho que desear. Gran parte está dominada por distintos modos de transporte ilegal e informal: taxis colectivos, motos y bicitaxis y/o colectivos en muy mal estado que prestan el servicio a barrios marginados y no marginados. El transporte formal está compuesto de buses y busetas que tampoco brindan las mejores condiciones. El mayor avance reciente han sido los sistemas integrados de transporte masivo existentes en algunas capitales, los cuales han terminado colapsados y con poca cobertura. Como resultado, la movilidad termina siendo costosa e ineficiente porque los ciudadanos gastan gran parte de su ingreso y tiempo para ir de un lugar a otro.	Como otras inversiones públicas, la que se hace en sistemas de transporte termina ejecutándose con retrasos, problemas de ingeniería y poca transparencia. Ni siquiera la capital del país ha escapado a esta situación y, a pesar de contar con capacidad técnica y financiera, no ha podido construir un metro después de muchos años de discusión.	Los malos manejos también involucran la operación y el mantenimiento de los sistemas integrados de transporte urbano que se han establecido en el país. Muchos de ellos tienen problemas en el financiamiento de la operación y mantenimiento de sus equipos e infraestructura. Una política de reducción de desigualdades debería ser la movilidad urbana eficiente y a un precio razonable. Los sistemas de transporte urbano están inventados y muestran que las distintas opciones son complementarias, no se trata de privilegiar una en contra de otra. Se requiere que los gobiernos locales asuman su responsabilidad en la materia y, con apoyo del Gobierno nacional, financien las obras de infraestructura, mientras que la operación y el mantenimiento debe contar con recursos locales que garanticen su sostenibilidad en el tiempo. Esta es una inversión socialmente rentable al considerar los beneficios sociales que otorga la movilidad urbana adecuada a los residentes.