Los corregimientos y veredas de la Zona Norte del Distrito de Cartagena, otrora remansos de paz de gente humilde y trabajadora, donde reinaba la tranquilidad y la convivencia pacífica, que por años se han dedicado a la agricultura, la pesca, las artesanías y al turismo, hoy afrontan una triste realidad que llama al desespero.	No puede ser que la inseguridad, el hurto, el expendio y consumo de estupefacientes, el miedo, la intranquilidad y el desasosiego estén reemplazando las ancestrales reuniones en los patios de sus casas, por ejemplo. Incluso, denuncian sus habitantes que ya no pueden dejar pertenencias en jardines y terrazas, porque se los hurtan para la obtención de recursos para adquirir los alucinógenos que se han apoderado de buena parte de adolescentes y jóvenes.	Es evidente que de poco han servido las normas excepcionales de las minorías afrodescendientes raizales, que cuentan con mecanismos constitucionales protectores de las costumbres y prácticas ancestrales, pues en vez de contribuir a la consolidación de esos territorios como centros de preservación de esas tradiciones, la profundización del deterioro de la vida en comunidad resulta palmaria y, por el momento, incontenible.	Urge que las autoridades implementen un plan de choque en estas comunidades, contando con el concurso de sus organizaciones de base, dirigido a sensibilizarlas en el rechazo de las conductas mencionadas, con una inversión focalizada y estratégica que tenga en cuenta las peculiares características sociológicas de tan frágiles poblaciones, con énfasis en la atención de necesidades básicas insatisfechas.	Es necesario también que lo líderes de esas comunidades y sus asesores, especialmente de los consejos comunitarios y las JAC, revisen la naturaleza de sus liderazgos, y por qué el deterioro de estos poblados se profundiza, a pesar de que se han adelantado procesos de consulta previa que han dejado beneficios en estas.