En la acción judicial, el ente de control alertó sobre el contrato que tiene el municipio con la Fundación Ecovida para albergar animales, que a juicio del Ministerio Público no suple la existencia de un coso municipal, ni garantiza la atención requerida por la fauna callejera enferma o lesionada, situación que afecta a los animales sin tenedor y pone en riesgo la salubridad pública.	El juzgado declaró al municipio como responsable de vulnerar el derecho colectivo a la seguridad y salubridad pública, y ordenó que, en un término de seis meses, se construya el coso municipal, se realice un censo de caninos potencialmente peligrosos, y se adelanten capacitaciones y promoción de la adopción de mascotas sin cuidador.