De acuerdo con Echeverri, a partir de ese marco, las normas laborales han sido objeto de la interpretación de la Corte Constitucional que “ha creado diferentes protecciones para grupos poblacionales con características especiales, ampliando el alcance de la Ley 361 de 1997, al darle integración social, no solo a las personas en situación de discapacidad severa o profunda, sino extendiéndola a la salud por Debilidad Manifiesta”.	“El 57% de las empresas dice que ha tenido casos de protecciones reforzadas en los dos últimos años, es decir 15,5% por empresa anual y más del 80% debía terminar esos contratos y que no fue posible e implicó costos adicionales. Es decir que el 60% de las empresas en Colombia no puede terminar el contrato de esas personas con la estabilidad reforzada”, agregó Echeverri.	“El 67% de las empresas generaría más empleo formal si no existieran estas cargas reforzadas y en el caso de las compañías de más de 250 empleados es de 73%. Eso sumado a que 52% de las empresas ha detectado el uso de documentación falsa, exageración de síntomas o manipulación indebida para lograr una protección”, señaló.