Una de las ventajas es que agilizará la monetización de bienes para beneficio de Colombia e incrementará los montos disponibles en el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad designada por el Estado para administrar bienes en proceso de expropiación.