Lo que queda claro es que el auge de la economía digital (o sea, toda la dinámica económicaque resulta del aprovechamiento de la tecnología) trae consigo desafíos que el país debe enfrentar no solo desde lo jurídico, sino desde la capacidad instalada del Gobierno. Cálculos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) indican que la economía digital aporta un 20 por ciento al PIB global y al menos un 7 por ciento al PIB nacional (hay quienes dicen que esa cifra se queda corta).	El caso de la plataforma Rappi es un claro ejemplo de que si bien el domiciliario es un usuario de la aplicación, esa persona está realizando una actividad económica que se traduce en ingresos para la compañía; hablar de seguridad social, una póliza de aseguramiento y mejores condiciones de quienes hacen esta labor es determinante en una solución que trascendió en número de descargas a nivel internacional.	Y en el radar de los debates por resolver, en la era de la economía naranja, está –por ejemplo– la regulación de Uber en un momento en el que Bogotá reclama diversas alternativas de transporte. Esa plataforma, como sucede con otras similares, funciona por la legitimidad que le ha otorgado el uso masivo de usuarios que la aprovechan a pesar de los riesgos de su ilegalidad.	Las plataformas que quieran llevar a cabo esta actividad económica deben obtener un permiso del Gobierno (se completaron 17 autorizadas desde hace tres años cuando comenzó la regulación). Aunque se han bloqueado más de 3.500 páginas ilegales, todos los días se abre una nueva plataforma desde algún dominio anónimo para intentar morder la torta del mercado.	Por supuesto que también existen retos frente a la necesidad de hacer transformación digital de las empresas en Colombia que aún no sistematizan sus procesos, no almacenan información en la nube o no tienen plataformas de pago. Ese es un reto que debe superarse no solo en Bogotá, sino en las regiones donde, incluso, aún quedan desafíos en materia de conectividad.