El cuerpo policial está en el punto de mira por su presunta brutalidad en la dispersión de las protestas y han sido acusados de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos por diversos organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW).	Lo que empezó siendo un llamamiento de los estudiantes a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo, que ha dejado al menos 24 muertos y episodios de violencia extrema con saqueos, incendios, barricadas y destrucción de mobiliario público.	Aunque las manifestaciones han perdido fuerza, sigue existiendo descontento en las calles y la crisis parece lejos de solucionarse, pese a las medidas sociales del Gobierno y al plebiscito del próximo abril para decidir si se cambia la Constitución, redactada en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y señalada por ser el origen de las grandes desigualdades del país.