No es sorpresa porque el cerco que se cerró por cuenta de los hallazgos contra Márquez y sus secuaces en relación con el negocio del narcotráfico, no les daba a estos mucho margen una vez optaron por no someterse al escrutinio de la justicia por los actos delictivos cometidos después de la firma de los acuerdos. No era de esperar que aceptaran ponerse a disposición de una justicia que no fuera la JEP.	Pero es un desafío en la medida que esta formalización de la retoma de las armas es otra mecha que dispara fuego contra todos los esfuerzos que día a día se hacen para darle cumplimiento a los acuerdos que permitieron la creación del partido Farc y la dejación de las armas a más de ocho mil excombatientes que permanecen inermes y en el esquema que se pactó con el Estado, y que está honrando el presidente Duque a pesar de sus desacuerdos con el contenido de lo firmado por Juan Manuel Santos.	También es una afrenta contra los antiguos compañeros, tanto los que representan hoy la dirigencia del partido Farc, como los de las bases conformadas por excombatientes que han confiado en el Gobierno y no han acompañado a la disidencia que prefirió quedarse o regresar al monte, al servicio de mafias de toda índole.	En tal sentido, le enaltece la contundente condena a la conducta de sus antiguos aliados y se recibe con alivio el gesto digno de petición de perdón que ha dirigido a los colombianos Rodrigo Londoño, presidente del partido Farc, en rueda de prensa ayer en compañía de los senadores y representantes de esa nueva y legítima organización política. El empeño de los dirigentes de ese partido en mantenerse dentro de la línea de los acuerdos se recibe con satisfacción por todos los colombianos que anhelan la paz; y en tal sentido, el Gobierno debe redoblar los esfuerzos para asegurar no solo la ejecución de lo pactado, sino también la protección de todos los que se niegan a sumarse a las disidencias.	Aun cuando los violentos que encabezan Márquez, Santrich y Romaña seguramente harán daño, el país y la comunidad internacional reconocen que representan una reducida facción de facinerosos sin legitimidad alguna. Resulta ofensivo que se atrevan a esgrimir razones políticas y que pretendan apropiarse de superadas ideologías como excusa para justificar que su marcha a la clandestinidad es el retorno a la lucha contra la opresión, cuando salta a la vista que no es más que la huida de los brazos de la justicia, que estuvo al borde de someterlos por los crímenes cometidos después de celebrados los acuerdos.	No es de extrañar que en esta nueva etapa veamos alianzas entre ellos y los carteles locales, mexicanos y venezolanos, frente lo cual el Gobierno tendrá que hacer las gestiones ante otras naciones para aunar esfuerzos contra esas organizaciones criminales que tienen la vocación de dañar más allá de nuestras fronteras.