Fue desmantelada una red de explotación sexual infantil en la Guajira. La banda delictiva se hacía llamar 'La Mona' y estaba conformada por dos ciudadanos venezolanos y ocho colombianos que se dedicaban a ofrecer servicios sexuales con menores de 14 a 17 años de ambas nacionalidades. En un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Sijín-Dipro de la Policía Nacional, se pudo identificar la técnica de los delincuentes, quienes les ofrecían a los jóvenes dinero, alimentación y hospedaje en los municipios de Riohacha, Maicao, Fonseca y San Juan de Cesar, en La Guajira, a cambio de "comercio sexual", aprovechando el bajo nivel socioeconómicos de sus víctimas y familiares. Las autoridades lograron la captura de ocho personas quienes deberán responder por los delitos de proxenetismo con menor de edad y demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad.Según las investigaciones, los crímenes cometidos por esta banda les costarían entre 14 y 25 años de prisión. Sin embargo, se supo también que una de las menores fue drogada y amarrada para poder facilitar su participación en diferentes vejámenes sexuales, por lo que, la condena podría ascender a los 37 años de cárcel. Menores eran sometidos a prácticas sexuales aberrantes como disfrazarlos para satisfacer los deseos sexuales de clientes de la red criminal.	7 de octubre de 2019Por los hechos antes mencionados, fueron llevados a audiencias preliminares y a centro carcelarios los implicados en los que se encuentran dos mujeres identificadas como Yasmín Alicia Oñate y Yirlen Yaireth Oñate Ayala, quienes ofrecían su residencia a los menores a cambio de comercio sexual; a Ciro José Baquero Gómez y José Alfredo Acosta, que solicitaban a las hermanas Oñate para obtener los servicios sexuales de los menores a cambio de 40 y 60 mil pesos; a Liley Muñoz Vergara y Kevin David Martínez Correa, alias ‘Estrellita, quienes tenían en su poder a una niña de 13 años obligada a drogarse y ofrecer servicios sexuales; y a Feizer Javier Sancedo, alias ‘Petra’, de nacionalidad venezolana, y Ricaurte Mesa Argote, de oficio taxista, colombiano, quienes explotaban sexualmente a menores varones oriundos de Venezuela. Por este caso, se inició el proceso de extinción de dominio de los establecimientos que eran usados para cometer estos actos sexuales ilícitos con menores de edad. Un motel y dos hoteles que están avaluados en al menos $20.000 millones serían los afectados.