Sucesivos hechos destapados en julio de 2019 motivaron que la Fiscalía investigue posibles malos manejos de presupuesto que suman cerca de 3.000 millones de pesos. En un caso, en la Cuarta Brigada del Ejército el dinero que debía ser utilizado en el mantenimiento de los vehículos de la institución fue desviado a gastos personales.	En Meta y Arauca fueron detenidas doce personas, entre funcionarios y exfuncionarios del ICA, ganaderos y un vacunador, que ingresaban ganado a través del río Arauca, desde Venezuela. Estos hechos habrían contribuido a que Colombia perdiera el estatus sanitario que otorga la Organización Mundial de Sanidad Animal, ya que parte del ganado que entró de contrabando sería portador de fiebre aftosa.	La banda fue detenida a principios de agosto de 2018. Estaba liderada por Olga Lucía Díaz, conocida como 'La patrona', quien tenía toda una red de colaboradores con 15 empresas ficticias que emitían falsas facturas para pedir devolución del IVA. Hacía facturas falsas para registrar bienes y servicios y disminuir la base gravable de los impuestos que debían pagar. El fraude le habría costado al Estado 2,3 billones de pesos y se cree que estaba operando desde hace 12 años.	Wilbert Hernández Sierra, gobernador encargado de La Guajira, fue suspendido por la Procuraduría por tres meses mientras investigan las posibles irregularidades en el contrato por más de $11.000 millones para enseñar inglés. La sospecha surgió porque en el contrato se contemplaba la enseñanza del idioma en 38 municipios, cuando La Guajira, solo tiene15.	En diciembre de 2018 la Fiscalía descubrió que una red, integrada por funcionarios de la Gobernación del Quindío, habrían desviado recursos para la primera infancia y obras de infraestructura, cuando Sandra Hurtado se desempeñaba como gobernadora (entre 2012 y 2015). Hurtado fue sancionada por 12 años para ejercer cargos públicos, está capturada y este mes la Fiscalía anunció que irá a juicio para responder por interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, prevaricato por acción, cohecho por dar u ofrecer, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir agravado.	El alcalde Carlos Solano Corena fue enviado a prisión de manera preventiva por estar implicado en presuntos actos de corrupción. Fue capturado en junio, señalado de que en el convenio por 1.700 millones de pesos con la empresa Aguas de Morroa, hubo documentos falsos, porque el contratista no tenía la idoneidad para prestar el servicio.	En noviembre de 2018, el CTI de la Fiscalía capturó a nueve personas implicadas en ‘el cartel de las libranzas’ en Sucre. Cinco de ellos pertenecían a la Secretaría de Educación Departamental. Este cartel hizo movimientos fraudulentos por más de 20 mil millones de pesos a bancos, cooperativas y particulares. Los funcionarios capturados hacían pasar colillas de pago de maestros para hacer créditos por libranzas.	En noviembre empezaron las audiencias para legalizar la captura de nueve funcionarios de la Universidad, por un desfalco de 16 mil millones de pesos. En investigaciones de la Fiscalía se encontró que la institución tenía 53 cuentas bancarias en diferentes entidades y todas estaban embargadas, y que se pagaban obligaciones que no estaban soportadas por contrato, ni cuenta de cobro.	En marzo la Fiscalía capturó a cinco presuntos integrantes de una red de corrupción y contrabando en Buenaventura. Entre los implicados están Ómar Ambuila, jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la Dian en Buenaventura, su esposa e hija. Esta red había permitido el ingreso sistemático de mercancía por el puerto de Buenaventura a cambio de millonarios dividendos.	En un operativo de la Fiscalía, en octubre de 2018 se capturó a la exgobernadora de San Andrés Aury Guerrero Bowie y al gobernador, Ronald Housni, por irregularidades en la licitación de contratos por cerca de 120 mil millones. Según las investigaciones, los mandatarios recibieron el dinero como soborno por parte de contratistas para financiar sus campañas políticas. En julio Guerrero fue condenada a 13 años de prisión por concierto para delinquir, cohecho y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.	La Fiscalía capturó en abril a María Cristina Palau, exdirectora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Establecimientos Carcelarios (Uspec), quien estaría involucrada con presuntas irregularidades en un contrato entre la entidad y el Fonade. Según las investigaciones, la presunta organización habría obtenido la adjudicación irregular de un contrato de interventoría de viviendas por 17 mil millones.