La Corte Constitucional ha intervenido, justamente, porque las fumigaciones son una zona gris. No hay medida más opaca que la de las aspersiones aéreas estatales colombianas. Aunque el uso del glifosato se oficializa en 1984, ningún gobierno colombiano ha fumigado con solo glifosato. No es comparable su modalidad de utilización con el uso de glifosato en la agricultura tradicional. No hay estudios científicos sobre, ni que apliquen a este experimento químico sin paralelo en el mundo.	Sin esa certeza científica absoluta y en caso de riesgos, rige el principio de precaución. Sin escudarse, el gobierno tiene la obligación de hacer pública: la formulación con la que nos fumigan; concentraciones y número de pasadas por hectárea; los municipios fumigados y a fumigar; los planes de manejo ambiental acordes con la diversidad de las regiones; los informes de seguimiento epidemiológico; los resultados -no de las hectáreas fumigadas- sino de las erradicados con esta medida.	Fumigar no es erradicar. No tener clara esta diferencia es parte del imaginario inculcado. Parece eludir al sentido común el hecho que, si en 1984 había 16.000 has [ONDCP]y hoy, 35 años después y tras fumigar millones de hectáreas con glifosato potenciado, se habla de más de 200.000 has ¿será gracias a este herbicida que usan cultivadores y Estado por igual? Los cultivadores para aumentar su productividad y los gobiernos como política.	Las mediciones oficiales recientes aducen que el aumento astronómico de la coca y la producción de cocaína se da a raíz de la desmovilización de las Farc. Pretendiendo desconocer estos 40 años de experiencia infructuosa (su origen y trayectoria), estas cifras se usan para desacatar las sentencias de las cortes en un antojo autoritario y más del sofisma de distracción que dio a luz las excepciones de drogas.