No obstante, también es importante revisar los casos en los que trabajadores pasan un caso de salud por la EPS, acuden como una urgencia o como una cita regular, se les asigna tratamiento y cinco años después se diagnostica como enfermedad laboral y hay que pasarle el caso a las ARL.	De acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo, entre 2009 y 2017 el sistema ha expedido alrededor de 2,7 millones de incapacidades laborales. Solo en 2017, ascendieron a 400.000 en promedio, el doble de los casos de 2009. Un dato relevante es que en 2018, el 74 % de las incidencias se presentaron en hombres y el 26 % en mujeres. Lo anterior, impulsado por la participación del género masculino en el Sistema de Seguridad Social, que está por encima del 60 %.	La edad es otro factor que también juega un papel importante, pues el 35 % de las incapacidades corresponden al rango de los más jóvenes: 20 a 29 años, 30 % entre 30 y 39 años y 20 % entre 40 y 49 años. Y los meses en los que mayor se registran son en junio y diciembre. El año pasado esas situaciones le costaron al sistema unos 200.000 millones.	Para este propósito, el gremio asegurador contrató un estudio con la firma Willis Tower Watson para identificar la concentración de actividades con riesgos y de altos costos para atender la prestación de estos servicios. “Aspectos como la dispersión geográfica, diferencias en ingresos básicos, entre otros, deberán considerarse en el estudio para determinar esto”, explicó Salazar.