“Es una protesta contra la política de desmonte ambiental que ha sido puesta en práctica desde el 1 de enero. Ahora vemos las consecuencias, desde el incentivo a los incendios, los mayores en los últimos diez años, hasta la demora en reaccionar con las manchas de petróleo en el nordeste”, resaltó Thiago Almeida, representante de la campaña Clima y Energía de Greenpeace.	El Ejército se sumó este martes a las labores de remoción y descarte de residuos del derrame, aunque desde hace un mes actúan en la región miembros de la Policía Federal (PF), fiscales del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama, regulador), técnicos de la petrolera estatal Petrobras, bomberos, Defensa Civil, oenegés y centenas de voluntarios.