Este compromiso nacional e internacional se materializó con la creación de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), una entidad de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la Ley 526 de 1999, con el objetivo inicial de prevenir y detectar el lavado de activos, y con el propósito superior de proteger la economía nacional de la penetración de dineros de origen ilícito.	Para ello, ha sido necesario establecer normativas en la materia, coordinar la implementación de sistemas de administración de riesgos en todos los sectores de la economía, diseñar y ejecutar políticas públicas antilavado, hacer un fuerte trabajo de prevención, articular el trabajo con todos los actores del sistema, e introducir tecnología de punta, big data y Analítica en la Uiaf.	Hablar de los 20 años de la Uiaf es referirnos también a los 20 años del sistema antilavado, porque, sin lugar a dudas, los avances que ha tenido el país en prevención y detección de estos flagelos se han dado gracias al concurso y al compromiso de todas las entidades públicas y del sector privado que han caminado de la mano con la Uiaf en estas dos décadas.	Estos avances han sido reconocidos por otras Unidades de Inteligencia Financiera, como por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En su último informe International Narcotics Control Strategy Report, Money Laundering, el Departamento de Estado dice que Colombia tiene uno de los sistemas antilavado de activos más rigurosos de Latinoamérica y cuenta con capacidad para detectar el delito.	Que sea esta la ocasión para invitar a la ciudadanía a cerrarle la puerta al delito. La responsabilidad en la construcción de un país ajeno al lavado de activos no es únicamente de la Uiaf; es una misión compartida, en donde las entidades del Estado, el sector privado y la sociedad juegan un papel fundamental. La transformación hacia una cultura de la legalidad depende de los pequeños actos, que día a día nos definen y de las elecciones que hacemos en beneficio del país.