Se sabe que la no contundencia del Estado y las complicidades y tolerancias, han sido causa de la no adopción o falta de efectividad de las medidas y planes para detener y revertir el proceso depredador, y que solo respetando el territorio, la ley y la ciencia, podremos adaptarnos al aumento del nivel del mar, las tormentas, sus lluvias y las marejadas en este tiempo de crisis climática.	Son pocos los alcaldes que han coordinado y dirigido acciones permanentes de control y vigilancia en todo el Territorio, como ordena el artículo 65 numerales 6 y 7 de la Ley 99 de 1993. Por eso destaco la activación del Ecobloque y el esfuerzo del alcalde (e) por cumplir y con mística hacer que todos los obligados cumplan protegiendo los ecosistemas que nos cobijan y soportan. Un camino a sin retorno.	La impunidad del daño continuado y la displicencia de la Fiscalía al no perseguir y sancionar la asociación delictiva del comercio de escombros y los rellenos convertidos en “lotes”, requiere derrotar el enfoque facilista y prevaricador de ignorar las estructuras criminales que imponen la ocupación formal o informal del territorio, y con sus abogangters, cambian el uso del suelo y mutan el bien público a privado.	Alerto que entre Tierrabaja y Puerto Rey el negocio con el suelo soberano es ofensivo y la deforestación del bosque descomunal y punzante. Indigna la indiferencia por miedo, complicidad o por la “confianza legítima” del invasor, justificación que alegan también los de la margen derecha del anillo Vial o los del delta de la ciénaga en Marlinda o Villagloria. Los cabecillas son “presuntos indeterminados” y sin sanción por doquier agreden las aguas y la piel de la Virgen violada.	Necesitados de contener los daños y el riesgo, el irrespeto a las zonas protegidas, la ocupación ilegal y las consecuencias ambientales en el ecosistema de manglar y las rondas hídricas, con el liderazgo de la Procuraduría, se determinó la realización en noviembre de una Cumbre de Poderes que resuelva de fondo la permisividad e ilegalidad consentida y construya una metodología eficiente que derrote el delito e imponga el respeto social al capital natural. El artículo 10 del plan de Desarrollo así lo ordena.