El uso de los recursos de la industria petrolera ha sido motivo de discusión por décadas, en especial en países africanos, en razón a la corrupción rampante que ha caracterizado a más de un gobierno de esa región, poniendo incluso en tela de juicio la transparencia en el manejo de los recursos por parte de empresas del sector petrolero y minero.	El EITI exige la divulgación de información de las empresas que son parte de la iniciativa, desde el punto de extracción hasta los ingresos que recibe el gobierno por la actividad; cómo se adjudican y registran los contratos de exploración y producción, quiénes son los beneficiarios reales de dichas operaciones, cuáles son las normas legales y fiscales que los regulan, cuánto se produce, cuánto se paga, cómo se distribuyen esos ingresos, y cuál es la contribución a la economía, incluyendo el empleo. Toda la cadena de valor.	El gobierno colombiano decidió adherirse al EITI en 2007, y en 12 años de trabajo pasó de ser una política de la administración de turno, a un compromiso de Estado. Similar ha ocurrido con las compañías: 21 empresas con actividades de exploración y producción de petróleo y gas, conglomeradas en 13 grupos empresariales que representan el 92% de la producción de hidrocarburos del país (Equion, Ecopetrol, Cepsa, Masarovar, Perenco, Parex, Drummond, Oxy, Chevron, Gran Tierra Enegy, Canacol, Frontera Energy, Hocol). Sumando las empresas mineras que operan en Colombia, son 34 las compañías que forman parte de esta iniciativa, que cada día crece más.	Otra gran noticia es que nombraron a Colombia como nuevo representante y vocero de Latinoamérica y el Caribe ante el Consejo Internacional de la iniciativa. Los otros países de América Latina y el Caribe que hacen parte de EITI son: Argentina, Ecuador, México, Guatemala, Guyana, Honduras, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Perú.	Lo es porque reafirma el compromiso de las empresas de la industria petrolera con los más altos estándares, en este caso, en materia de ingresos y aportes a los gobiernos nacional y departamental. Y es relevante porque el sector representa el 6% del PIB y solo en 2018, el petróleo aportó $20 billones al país en impuestos y regalías. Qué mejor que se trate de recursos de empresas auditados por EITI, que promueve su gestión abierta y responsable a nivel internacional.	Es decir, el otro lado de la moneda. Entre 2005 y 2015, por ejemplo, el sector petrolero aportó $200 billones en impuestos al gobierno nacional, incluyendo recursos por regalías. Este debería ser el EITI 2.0. para Colombia. Un desafío exigente y posible, con el liderazgo del gobierno y apoyo de la sociedad civil.