Con la propuesta de creación de Coratrato —la corporación del río Atrato— y como consecuencia del cumplimiento de la Sentencia de la Corte Constitucional, T622 que declaró al río Atrato sujeto de derecho en un fallo en el 2016, el Chocó está a las puertas de que se consolide un tercer gran ciclo del saqueo de sus riquezas mineras y de otro tipo, orquestada desde Antioquia con la multinacional minera Anglogold Ashanti.Una multinacional sudafricana que con sus redes de filiales tiene gran parte de las concesiones mineras en la cuenca del río Atrato, de cuya trama hacen parte empresarios y políticos antioqueños y chocoanos. Detrás de la iniciativa de Coratrato está un grupo de empresarios paisas que tienen nexos con varias multinacionales mineras y que son el poder detrás del trono en la gobernación antioqueña. Fueron por esos vínculos que Anglogold Ashanti Colombia recolectó 6.120 firmas para respaldar a la gobernación de Antioquia en el litigio contra el Chocó por Belén de Bajirá.	Por eso resulta interesante examinar algunos antecedentes históricos sobre el papel de algunos dirigentes paisas durante el gobierno de Rafael Reyes (1905-1909), quienes, además de arrebatarle al Chocó el territorio del Urabá, fueron fundamentales en el desarrollo del segundo gran ciclo del saqueo del oro y el platino del Chocó, dado que durante la administración de Reyes se promovió la inversión extranjera en sectores claves de la económica y uno de esos fue el minero.	Gobierno que en cinco años otorgó más de 850 concesiones mineras en el Chocó, y en ese proceso jugaron un papel clave las alianzas de empresarios y políticos antioqueños con el empresario norteamericano Henry Granger. El mismo día que el gobierno de Reyes anexó el territorio de la banda oriental del río Atrato hasta el golfo de Urabá a Antioquia le otorgó a este empresario la construcción del fallido ferrocarril Medellín–Urabá.	Granger fue un empresario que con sobornos y maniobras económicas y políticas logró ser de 1897 a 1905 el mayor propietario de minas en el Chocó. Fue propietario de más de 170 minas en las zonas más ricas de oro y platino del Chocó, empresario que en 1916, en un tortuoso litigio entre la Anglo Colombian Development Company y la Pacific Metals Corporation, terminó creando la compañía minera Chocó Pacífico y con ella se inició el segundo gran ciclo del saqueo de las riquezas mineras chocoanas. Una multinacional que estructuró un enorme poder económico de 1916 a 1974, que puso de rodillas a la gran mayoría de la clase política chocoana.	Dentro de toda esa trama histórica por el control de tierras y minas en el Chocó, Antioquia en un proceso sistemático de expansionismo de 1905 a 1914 le arrebató al Chocó 13.927 km² y Caldas logró anexarse a Pueblo Rico (hoy Risaralda). En nueve años estos dos departamentos intentaron varias veces desmembrar y dividirse el territorio chocoano. En 1934, un senador caldense, Gerardo Reyes, presentó un proyecto de ley que busco suprimir la Intendencia del Chocó, y repartir su territorio entre Antioquia, Caldas y Valle. Propuesta que fracasó por las protestas de los chocoanos. En 1935 por iniciativa de congresistas antioqueños y caldenses se presentó otro proyecto de ley con el argumento que como el Chocó no reunía los requisitos para ser departamento debería ser anexado a un departamento vecino.	Las aspiraciones de los antioqueños, caldenses y vallunos de repartirse el territorio chocoano continuaron en 1954 cuando el dictador Gustavo Rojas Pinilla pretendió desmembrar al Chocó y repartir de su territorio entre los tres departamentos vecinos. En la primera fila del banquete del reparto territorial estuvieron políticos de Antioquia, Caldas y Valle. Los históricos registros de los intensos de desmembración del Chocó por parte de sus departamentos vecinos son una síntesis de la maldición del oro.