La encrucijada en la que está la Corte Suprema es esta: resulta que la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción, es miembro activo del Ejército y esa condición ha hecho que sea recusada en varios procesos como el que se adelanta contra el senador Álvaro Uribe, por lo que sus compañeros decidieron apartarla de esa sala y perdió la ponencia sobre el caso Uribe que ella debía redactar y presentar.	Dicen algunos magistrados que al momento de elegirla dieron por hecho que con el nombramiento ella renunciaría a su condición de militar, pero no fue así, y parece que tampoco contempla hacerlo. En la Corte ya se habla de revocar su nombramiento, el problema es que no saben cómo hacerlo porque nunca han tenido una situación similar.