suscribió, en enero y febrero del 2018 los contratos de prestación de servicios No. 01, 02, 03, 27 y 59, el contrato interadministrativo No. 001; de arrendamiento No. 001, y el convenio interinstitucional No. 2, con lo que habría incumplido, al parecer, lo establecido en la ley de garantías que prohíbe la contratación directa cuatro meses antes a la elección presidencial.