El 17 de enero será recordado por los colombianos como el día en que fueron asesinados en un vil atentado 21 policías en la Escuela General Santander de la ciudad de Bogotá. Allí cayeron víctimas del terrorismo jóvenes cuyas edades no superan los 22 años.Sin embargo, mientras el país tenía sus ojos en el atentado contra la policía, sucedían cosas que fueron opacadas por tan vil acto.	El jueves 17 de septiembre el senador Ernesto Macías, presidente del Congreso, contra quien cursa una demanda por pérdida de investidura en el Consejo de Estado, presentó en la sala quinta su defensa contra la demanda interpuesta por Fredy Alejandro Güiza, quien dentro de sus fundamentos argumenta que Macías se extralimitó en sus funciones al no declararse impedido ante la moción de censura contra el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien fue apoyado plenamente por el partido de Macías, el Centro Democrático.	No obstante, al sol de hoy se desconoce lo ocurrido en la audiencia y el único pronunciamiento al respecto viene del Ministerio Público que en su argumento a favor de mantener la investidura de Macías señala que “no se enmarca en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley”.	Tras desistir el pasado mes de marzo de su solicitud de licencia ambiental para explotar nueve millones de onzas de oro en inmediaciones del páramo, según informaron en su momento a causa de nuevas evidencias que apuntaban al deterioro del medio ambiente —aunque hay que recordar que en esas fechas las comunidades de Santander se preparaban para una marcha contra la explotación ya que el proyecto se encontraba muy cerca al área protegida—, el 17 de enero Minesa tomó la decisión de solicitar una nueva licencia de explotación.	En esta oportunidad buscan construir una mina subterránea de “bajo impacto” que se ubicará en la zona de influencia en los municipios de California y Suratá. Según Minesa esta nueva solicitud trae grandes cambios; por ejemplo, la reducción de la huella física en más de 14 hectáreas, el seguimiento a la calidad del agua con 81 puntos de monitoreo y la descontaminación de más de 360 toneladas de arenas contaminadas con mercurio provenientes de minería informal en la zona.	En horas de la tarde en Bogotá se cometió otro delito, un delito ambiental: el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ordenó la tala y traslado de 9 árboles en el parque del Japón, ubicado en la carrera 11 con calle 86, con el fin de construir una cancha sintética en el lugar.	Hasta este lugar llegaron al menos 150 efectivos de la fuerza pública entre policía y Esmad, una cifra excesiva para la realización de un proceso de tala y traslado de 9 árboles; sin embargo, alguien en la alcaldía consideró necesario utilizar al Esmad que, vale la pena recordar, es el Escuadrón Móvil Antidisturbios y no el encargado de atender situaciones como talas de árboles, protestas de comunidades y marchas en la capital o cualquier situación que involucre a más de 50 ciudadanos.	No podemos olvidar a nuestros héroes, esos que fueron asesinados, pero tampoco podemos pasar por alto lo que sucede en el país, que de igual manera atenta contra cada uno de nosotros. Los invito a marchar, a pronunciarse contra todo acto de violencia, no solo contra policías sino también contra líderes sociales, campesinos, indígenas y cualquier ciudadano del común que vea violentado su derecho a la libertad y la vida.