Con ese dinero se cubren absolutamente todos los gastos, desde la alimentación hasta los programas de capacitación, de 121.971 reclusos que residen en los 135 centros de detención existentes. Sin embargo, la capacidad real que tiene el sistema penitenciario es de 80.236 cupos, por lo que la sobrepoblación es de 41.735 personas.	“En una concesión vial, por ejemplo, hay un aporte que pone inicialmente el Estado y otro que pone el privado, pero hay una fuente directa de ingresos que se llama peaje. En las cárceles no existe eso. No podemos decir que le pagamos la inversión al privado porque así se estaría contratando una obra. Por eso estamos en un proceso de flexibilización (de la norma) tendiente a buscar alternativas. Lo cierto es que no queremos terminar pagando más, porque si pagamos algo regularmente, puede que sea más caro que una obra pública”, dijo Espinosa.	Por esa razón, Espinosa destaca que es imperativo revisar la política criminal actual, ya que “el país asumió una posición de populismo punitivo, en el que pide frecuentemente que todo dé cárcel, cuando no siempre esa es la mejor fórmula. Un ejemplo es el altísimo porcentaje de mujeres condenadas por porte de drogas, que se llevan a prisión, sin que eso afecte a la industria criminal”, concluyó.