Y debemos hacerlo para levantar una voz unánime de repudio frente a las amenazas de este grupo delincuencial, para que Colombia logre avanzar hacia un país de ingresos medios, lo que solo se podrá, entre otros, a través del emprendimiento, la creación de empresas, el fortalecimiento del aparato productivo y, pieza clave en el proceso, la inversión extranjera.	Una senda en la que el Gobierno ha mostrado todo su compromiso, con el trabajo conjunto de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y el Consejo Nacional del Reincorporación (CNR), para mejorar las condiciones de vida en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en los cuales en el ultimo año se han invertido cerca de 10 millones de dólares en aspectos como saneamiento, mantenimiento y servicios públicos entre otros, así como cerca de 16 millones de dólares adicionales destinados a proyectos productivos que ya comienzan a dar sus frutos para las familias y comunidades de desmovilizados, compuestas, en su mayoría, por personas muy jóvenes reclutadas en la infancia para la guerra, y que en buena hora comienzan a construir su futuro lejos de armas y de conductas delictivas.	En este camino estas comunidades han sido respaldadas por los colombianos y por su Gobierno: 98 por ciento de los exintegrantes Farc han estado afiliados a salud, de los cuales 12.428 acceden hoy en día a los servicios a través del régimen subsidiado en su mayoría. También, y en cuanto a la entrega de los beneficios económicos lo pactado ha sido honrado, con una cobertura del 99 por ciento en bancarización, 98 por ciento en entrega de la asignación única de normalización de 2 millones de pesos por excombatiente, y en la entrega de la renta básica mensual, equivalente a cerca de un salario mínimo, por un valor superior a 30 millones de dólares en el último año, renta que fue extendida por el Gobierno del Presidente Duque hasta diciembre.	Todos estos avances se han logrado a través del trabajo de las autoridades nacionales y regionales, con el apoyo internacional, y con mecanismos como el Registro Nacional de Reincorporación que fijó pautas a seguir en materias de salud, educación, y desarrollo productivo, de manera que el proceso sea armónico y sostenible en el tiempo.	Como bien lo ha reiterado el Gobierno Nacional, su compromiso es y seguirá siendo, cumplirle a quienes eligieron la paz. Pero esta paz y estos beneficios no pueden ser para delincuentes. Debo decir que aún no he visto a nadie reconociendo públicamente sus crímenes, menos aún pidiendo perdón por ellos y ciertamente pagando una pena por ligera que esta sea.	Aun hay mucho por hacer, y vamos avanzando. Pero no es criticando, lanzando dardos a través de redes sociales y otras tribunas, incendiando el país con amenazas, tomando el atajo del dinero fácil y la ilegalidad, como lograremos construir una sociedad con mayor igualdad y oportunidades, sino a través de una paz con justicia que envíe el mensaje de que delinquir no paga.