En el documento, el procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Augusto Blanco y el procurador Provincial de Cartagena, Guiobaldo Flórez Restrepo explican que para prevenir el uso ineficiente de los recursos públicos que se van a invertir en la obra ($160 mil millones) es idóneo aplicar los principios de contratación estatal y permitir una licitación pública.	“Solicitamos se revise la decisión de contratar la ejecución del proyecto aplicando las medidas establecidas por el articulo 66 de la Ley 1523 de 2012, y que, en aras de brindar todas las garantías y dar tranquilidad a la ciudadanía cartagenera se realice una licitación pública en la que puedan participar todas las empresas que reúnan las condiciones establecidas en la misma”, expone el Ministerio Público.	El pasado 10 de enero en el Palacio de La Aduana, el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, entregó simbólicamente el aporte del Distrito por $60 mil millones para este macroproyecto al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd), Eduardo González Angulo. El dinero está en la cuenta de este ente desde el 28 de diciembre pasado.