Los departamentos o distritos especiales en donde más hubo acciones de tutela relacionadas con el derecho de la consulta previa fueron La Guajira, con 25; Antioquia, con 21; Bogotá, 20; y Bolívar con 13 tutelas por consulta previa. Lo anterior incluye a Cartagena, ciudad con muchos corregimientos y zona insular conformada por comunidades afrodescendientes.	Así lo dijo Corte Constitucional quien advierte que las entidades más demandadas en las reclamaciones de consulta previa en 2018 fueron: el Ministerio del Interior, con 21.6%; la Unidad Administrativa Especial Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) con 14,6%; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con 6,4%; y el Ministerio de Educación, con 4,1%.	La consulta previa es un derecho fundamental que protege a los pueblos indígenas y tribales. La Corte Constitucional ha establecido que la consulta previa procede siempre que concurra una medida legislativa, administrativa de otra índole que involucra la afectación directa de un grupo étnico. Dada la diversidad de estos grupos y su presencia a lo largo del territorio nacional, este derecho fundamental es objeto de reclamación permanente ante jueces constitucionales.	Solo en 2018 el derecho a la consulta previa fue invocado 171 veces en tutelas radicadas ante la Corte Constitucional, y en los seis primeros meses de este año se recibieron 92 casos. En un alto porcentaje de las tutelas en las que se solicitó la protección del derecho a la consulta previa, también se pidió el amparo de derechos al debido proceso, derecho de petición, igualdad, identidad cultural y ambiente sano.