De igual manera, se aclara que las disposiciones contenidas en la resolución serán de obligatorio cumplimiento por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, los entes territoriales, las entidades administradoras de Planes de Beneficios, los prestadores de servicios de salud y demás entidades responsables de las intervenciones relacionadas con la promoción, mantenimiento de la salud, prevención y en general, que desarrollen acciones en salud.	Agrega que es muy importante mandar el mensaje que nada ha cambiado, que lo que le ordenaron al Ministerio de Salud era como resumir todas las responsabilidades que tiene y que se han establecido en las sentencias de la Corte para hacerlo más fácil para las EPS y las pacientes, pero de fondo la situación no cambia nada para las mujeres.	Sobre el particular, Diego Hernández, docente de Derecho de la Universidad Industrial de Santander, UIS, ratifica que la Corte Constitucional ha dado órdenes, en el sentido de que el Ministerio de Salud debe emitir una reglamentación aplicable a la EPS para que en el caso que una mujer decida hacer uso del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, sepa exactamente cuál es el procedimiento al que debe acudir.	De acuerdo con Hernández, la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho de contenido procedimental, es decir, más allá de que se reconozca por parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que las mujeres tienen ese derecho, la pregunta que queda es ¿cuál es el contenido que ese derecho debe tener? Entonces, lo que hizo el Ministerio de la Protección Social (que es la autoridad del orden nacional encargada de reglamentar los procedimientos de salud) fue expedir esa reglamentación que acoge la jurisprudencia de la Corte, desarrollándola en procedimientos que las autoridades de salud deben velar porque cumplan haciendo que sea mucho más fácil para una mujer que desea hacer uso de ese derecho (interrupción voluntaria del embarazo).	Sobre el constante rechazo de la iglesia a las sentencias de la Corte Constitucional sobre el tema del aborto, el Docente de la UIS, manifiesta que el temor de la iglesia es de vieja data y que tiene que ver con perder la capacidad de control que tiene sobre el cuerpo de las mujeres, pero ese asunto ya esta más que debatido en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es decir, ese control lo ejerce es la mujer directamente y es ella la que tiene que decidir si aplica los valores religiosos o los principios constitucionales.	“En esta ocasión el Ministerio de Salud justifica su actuar en el cumplimiento de la sentencia SU 096 de 2018 de la Corte Constitucional, que le reitera la orden de reglamentar el aborto. Sin embargo, olvida el Ministerio que en la misma sentencia se ordenó al congreso legislar el asunto y que dicho cuerpo se ha abstenido valientemente de hacerlo”, manifestó la iglesia.