La afirmación la hizo la gobernadora del departamento, Sandra Devia, luego de conocer la investigación preliminar que abrió la Contraloría en su contra, al igual que a los exmandatarios Alejandro Lyons y Edwin Besaile por el convenio de cooperación 0733 de 2013 suscrito con la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal, cuyo representante legal es Luis Enrique Vega González.	La mandataria explicó que se trata del convenio 734 de 2013, denominado Corredor Agroforestal del Caribe Córdoba- Guajira, suscrito por el entonces gobernador Alejandro Lyons, por valor de 29 mil millones de pesos. “Cuando llegué ya estaba el contrato liquidado y lo que hice fue cobrar las pólizas. Ahora la Contraloria tiene que abrir las indagaciones preliminares que correspondan para poder encontrar a los resposnables fiscales de manera individual”, indicó la funcionaria.	El proyecto debió ser ejecutado por la Corporación Áreas Naturales Protegidas y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal y que en su administración a ella le correspondía básicamente solicitar a la aseguradora que devolviera los valores que corresponden al detrtimento patrimonial. “Hemos hecho todas las actuaciones en materia de cobro coactiovo entre 2013 y 2015 pero ellos no tienen con que pagar y no se hicieron todas las actuaciones en materia de pólizas”, reiteró la funcionaria, aduciendo que le corresponde a la Fiscalía establecer individualmente a los responsables en cada caso.	La idea era hacer investigaciones sobre temas de agua, reforestación y mejoramiento de la cuenca del río, actividades que nunca se realizaron, por lo que la administración de su sucesor, Edwin Besaile, decidió a mediados de 2017 liquidar este contrato, por incumplimiento del mismo, y ordenar la devolución de los dineros pagados, con sus respectivos intereses. Sin embargo, ese proceso coactivo no ha tenido mayor resultado, dado que los únicos dineros recuperados por la Gobernación de Córdoba corresponden a la devolución de $4.716 millones del valor de la póliza, que estaba establecida en un 10 por ciento del valor del contrato.	Devia insistió en que se trata de investigaciones preliminares, en las que ella aparece vinculada por ser la actual gobernadora de Córdoba, pero advirtió que ha hecho todo el trámite de reclamación con la aseguradora, la cual debe pagar el 20 por ciento que equivale a 40 mil millones de pesos, pero estos han apelado y ha sido necesario esperar que se surtan los trámites legales para garantizar el debido proceso.