Las imágenes son difíciles de olvidar: un grupo de personas, la mayoría con el rostro cubierto, atacó con palos y piedras la sede del Icetex en el centro de Bogotá hace poco menos de una semana. Antes de eso, se habían visto vídeos de otro grupo hostigando un bus del Sitp con pasajeros abordo, al punto de casi provocar su volcamiento.	Algunos de estos hechos estuvieron protagonizados por estudiantes de Bogotá, quienes por esos días se volcaron a las calles de la ciudad para protestar por casos específicos de corrupción al interior de la Universidad Distrital. Y otros, según denuncias de los mismos estudiantes, nada tuvieron qué ver con ellos y agregaron que se trató de personas externas que buscaban boicotear la protesta quienes cometieron esos hechos.	Después de que se conocieran de estos hechos, que el gobierno calificó de vandálicos, los estudiantes pusieron sobre la mesa denuncias de abusos de autoridad por parte de las autoridades y aseguraron que las marchas que habían convocado habían sido infiltradas para hacerles perder legitimidad ante las autoridades y la opinión pública, así que convocaron a una nueva convocatoria para rechazar esto.	Voceros de los estudiantes insisten en que este nuevo llamado se da a raíz de los desmanes ocurridos durante las manifestaciones de las universidades Distrital, Pedagógica, Javeriana y Nacional, y la falta de garantías del derecho a la protesta. Se prevé que la marcha se dé en las ciudades principales como Bogotá, Cali, Barranquilla y Riohacha, en donde la Universidad de la Guajira se ha declarado en paro desde hace tres semanas por problemas de financiación.	Julián Báez, miembro de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES), entidad que participó en las negociaciones sobre presupuesto con el presidente Iván Duque y el Ministerio de Educación en 2018, asegura que si bien el Gobierno Nacional ha cumplido con una serie de desembolsos y regalías para el funcionamiento de las universidades, lo invertido no ha sido destinado a las prioridades y necesidades de estas.	Y es que en octubre del 2018, tras más de dos meses de paro y 14 intentos de negociación, los estudiantes universitarios y el Gobierno Nacional acordaron que durante el cuatrenio de Duque se aumentará el presupuesto de la educación superior pública en $4,5 billones. De estos recursos, $1,34 billones de pesos serán destinados a la base de las Instituciones de Educación Superior públicas.	“Con respecto a la cobertura en educación de las instituciones de Educación Superior y la garantía de seguridad en las movilizaciones estudiantiles, aún no se ha hecho mucho porque desde que se creó la Comisión Permanente de Derechos Humanos del sector educativo para contrarrestar la represión del Esmad no se ha tenido solución sobre estos aspectos”, enfatizó Báez.	El universitario miembro de la UNEES también asegura que se ha aumentado los casos de amenazas, panfletos de grupos paramilitares, persecución a los profesores participantes de las manifestaciones y estudiantes sancionados. El gran incumplimiento que ha tenido el Gobierno, según Baéz, es el respaldo de los Derechos Humanos de los estudiantes.	Los hechos ocurrieron cuando un grupo de personas desconocidas pusieron una bolsa transparente en una caneca en la que se resguardan los estudiantes de los gases diciendo que iba a explotar. A los pocos minutos, el artefacto estalla, dejando heridas graves en una pierna y un brazo a un estudiante de la Pedagógica.	En Bogotá, la Universidad Nacional anunció que iniciará la concentración de estudiantes en la plaza Ché, al interior del claustro a las 11 de la mañana. Allí saldrán hacia la calle 26, luego salen a la carrera 30, la calle 53, y se encontrarán con miembros la Universidad Javeriana en la calle 45.