A medida que el tráfico por la vía Panamericana retorna a su flujo usual y el ritmo de las actividades cotidianas regresa a la normalidad en el departamento del Cauca, comienza el debate en torno a si la administración Duque hizo lo correcto o no al llegar a una solución negociada, tras 27 días de paro. Si bien la minga indígena sigue vigente y se declaró en asamblea permanente hasta nueva orden, es de imaginar que la visita presidencial de hoy a la zona servirá para distensionar más el ambiente.	Tras el humo blanco del fin de semana, los defensores del acuerdo destacan la voluntad del Gobierno de suscribir algo que pueda cumplir. Así se rompe con la tradición de prometer una cosa y la otra, a sabiendas de que simplemente se estaban ‘pateando’ los problemas hacia adelante. La firmeza mostrada en la mesa permitió que frente a las pretensiones de compromisos valorados en 4,6 billones de pesos, una cuenta que representa el 17 por ciento de esa cifra a lo largo del cuatrienio, sea vista como manejable.	En el escenario ideal, la suma, que se agrega a los diez billones de pesos propuestos por el Plan de Desarrollo, debería servir para que las comunidades ancestrales mejoren su nivel de vida. Las mediciones confirman que los descendientes de los pueblos que habitaban estas tierras cuando sucedió la conquista, muestran un rezago importante en niveles de ingreso, salud o escolaridad, frente al promedio de los colombianos.	Sin embargo, no faltaron las críticas desde diferentes sectores. La más sorpresiva provino desde las propias toldas del Centro Democrático, pues una serie de trinos dejaron en evidencia que al expresidente Álvaro Uribe no le gustó el resultado. Según el dirigente, habría sido mejor prolongar el corte de la carretera antes que llegar a un entendimiento que se logró en medio de los bloqueos, aun si el riesgo era la violencia.	Por lo tanto, vale la pena alabar que en la Casa de Nariño primó la cordura. Aun así, tanto Iván Duque como los integrantes de su gabinete deben derivar lecciones de lo ocurrido, pues este capítulo no fue el primero, ni será el último, y menos en un país en donde soplan con fuerza los vientos de la protesta social. Así la guardia esté arriba, hay que subirla más, lo cual requiere buenos sistemas de información y una respuesta coordinada, si se trata de prevenir antes que lamentar.	La admonición es válida a la luz de lo que viene. En dos semanas está convocada la movilización de los cafeteros, afectados por el desplome del precio internacional del grano. Si bien hay un programa de apoyo gubernamental en marcha con el fin de garantizar un precio mínimo de 700.000 pesos por carga, los fondos disponibles se acabarán pronto, en caso de que la realidad del mercado no cambie, algo improbable por ahora.	Ampliar el tamaño de la bolsa no será fácil, dada la estrechez de las finanzas públicas. La tozudez de los números se estrellará con los manifestantes, quienes seguramente registrarán que tanto las universidades públicas como los indígenas, lograron una mayor tajada del presupuesto gracias a su capacidad de convocatoria. Encontrar salidas razonables de ahora en adelante, será uno de los principales retos del Gobierno. Pero no será fácil.