Después de que el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias fuera extraditado a Colombia para pagar 17 años de cárcel por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, el senador Álvaro Uribe se puso al frente y radicó el proyecto de ley que lleva el nombre de su exministro y que busca la doble instancia retroactiva, con el que pretende conseguir la libertad de Arias. El proyecto, que ha recibido el espaldarazo del presidente Iván Duque y las ministras de Justicia Margarita Cabello y del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, reabriría los expedientes de personas que ya han sido condenadas por la Corte Suprema de Justicia desde 1991. Una propuesta que ha generado un acalorado debate pues implicaría que aforados que cumplen alguna pena por parapolítica o corrupción, pueden salir de la cárcel y ser declarados inocentes.Aunque la doble instancia ya está en marcha en la Corte Suprema de Justicia para los casos de 2018 en adelante bajo el Acto Legislativo 01 de 2018, la bancada uribista quiere crear una nueva sala en el alto tribunal que revise los expedientes y salgan beneficiados además de Arias, estos cuatro funcionarios del círculo cercano del expresidente Uribe:	El exministro de Justicia fue condenado en abril del 2015 a pagar seis años y ocho meses de prisión después de que la Corte Suprema de Justicia comprobara que había entregado dádivas a representantes a la Cámara para que votaran a favor de la reelección de Uribe en el 2004, en lo que se conoció como el escándalo de la Yidispolítica. Aunque Pretelt siempre se declaró inocente e impugnó sin mayores éxitos la decisión de la Corte, el alto tribunal encontró además que se había aliado con exjefes paramilitares como Mancuso y Jorge 40 con el mismo objetivo. Pretelt fue dejado en libertad condicional el año pasado por haber cumplido tres quintas partes de su condena y haberse comportado de buena manera mientras estuvo preso. Aún le quedan tres años de prisión y la inhabilidad de 12 años que le impuso el entonces procurador Alejandro Ordóñez para ejercer cargos públicos.	La ex directora del DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe terminó condenada a 14 años de prisión por hacer interceptaciones y seguimientos ilegales a altos funcionarios como el magistrado Iván Velásquez, periodistas, congresistas y lideres de la oposición. La Corte Suprema de Justicia descubrió que la orden de realizar las chuzadas había llegado por el entonces secretario de Presidencia Bernardo Moreno. El alto tribunal la juzgó por los delitos de falsedad ideológica, peculado por apropiación, actos arbitrarios e injustos, concierto para delinquir y abuso de función pública. Desde el 2015 se encuentra en la Escuela de Carabineros de la Policía, donde fue visitada por primera vez por el expresidente Uribe quien ha defendido su inocencia. Hurtado siempre ha negado su responsabilidad e intentó incluso apelar su pena en la Corte el año pasado pero fue rechazada su solicitud pues la doble instancia, que ya se encontraba en marcha, solo aplica para casos después del 2018.	Desde su llegada a la Casa de Nariño como Secretario General en el 2004, Bernardo Moreno se convirtió en la mano derecha del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Era consultado para asuntos nacionales e internacional es de gran calado y por sus manos pasaron nombramientos de ministros y embajadores. En el 2009 fue salpicado por el exjefe de inteligencia del DAS Jorge Lagos de haber participado en el escándalo conocido como las “chuzadas del DAS”, después fue destituido e inhabilitado por el exprocurador Alejandro Ordóñez y en el 2011 condenado por la Corte Corte Suprema de Justicia a ocho años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones. El exsecretario de Uribe fue beneficiado con libertad condicional en el 2017 por su buena conducta en prisión y haber indemnizado económicamente a las víctimas.	Al igual que Sabas Pretelt, el ministro de Protección Social Diego Palacio del entonces presidente Álvaro Uribe fue juzgado a seis años y ocho meses de prisión por ofrecer sobornos y dádivas a congresistas para que aprobaran la reelección. Desde su condena, Palacio había intentado apelar la decisión de la Corte Suprema de Justicia y conseguir su libertad a través de tutelas en la Corte Constitucional pero ninguna de sus jugadas prosperó. Sin embargo, el año pasado consiguió que un juez le redujeran a solo cuatro años y nueve días su pena con lo que logró además su libertad por buen comportamiento, dar clases y estudiar durante su detención en la Escuela de Caballería del Ejército. El exministro Palacio, después de salir de prisión y bajo permisos especiales, decidió instalarse en el Congo y acogerse a la Jurisdicción Especial de Paz para revelar cómo la Yidispolítica estuvo ligada con el conflicto armado. Aún le queda una inhabilidad de 112 meses para ejercer cargos públicos.