La obsesión del Gobierno, su partido y el fiscal de desconocer y modificar la institucionalidad de la paz, reagrupó las fuerzas políticas y sociales defensoras del Acuerdo y su implementación, dejándole claro al uribismo que las mayorías que aprobaron lo nuevo no se doblegarán. La amenaza y agresión verbal a las Cortes Suprema y Constitucional y el desprecio a la Justicia Transicional fortaleció el país plural de quienes defendemos indignados la presión indebida de chuzadas y cancelación de visas a magistrados y congresistas.	En medio del clima de asesinatos de líderes sociales, 80 de ellos de las Farc, la independiente decisión de la sección de Revisión de la JEP desbordó la copa. Soberbio y derrotado, Martínez Neira tiró la toalla y el Presidente enojado estabilizó la crisis aferrado al futuro resultado de la apelación del Procurador al fallo. Anticipó que le cumplirá al Tribunal de New York y a la DEA extraditando a Santrich y convocó a los partidos a una reforma para atajar a los narcos y fortalecer la extradición. Uribe y su círculo en minoría claman por una Constituyente: reformar la Constitución y modificar la rama judicial, una sola Corte que puedan controlar.	Campeón en usar la puerta giratoria, el exfiscal, abogado de Carlos Mattos, Sarmiento Angulo, Odebrecht, según, renunció por su “conciencia y devoción al estado de derecho” y llamó a la “movilización social por el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz, en el marco de una justicia especial que exhale confianza”. Acusado de corrupto por muchos, el embajador de EEUU lo exaltó como “patriota”, y porque juntos, absolutistas, desprecian la independencia de la JEP y las Cortes.	La crisis se originó por eso, pidieron pruebas para valorar la conducta y la fecha, pero con displicencia la Justicia de EEUU y el Fiscal no las enviaron. Como Tribunal, la sala de Revisión al fallar concluyó que no es que no exista la conducta, sino que por falta de pruebas no pudo evaluarse al igual que la fecha del hecho. La decisión dividida no definió el fondo: la responsabilidad penal. Guardianes de la Paz lo que cuestiona y pide la sala es que se investigue porqué “la Fiscalía no aportó la solicitud de asistencia judicial de los testigos que debía tramitar la autoridad extranjera, (…) omitiendo su deber de velar por el respeto a los derechos fundamentales y la soberanía nacional”. Allí fue Troya porque para los “patriotas”, en la cooperación antidroga, la acusación goza de presunción de legalidad. ¿Y la de inocencia dónde queda?