Son una familia de drogas adictivas que bloquean las señales de dolor entre el cuerpo y el cerebro. Incluyen analgésicos de venta bajo receta como Vicodin y OxyContin así como la heroína, versiones ilícitas de fentanilo y otras drogas ilícitas. Hasta hace poco se los recetaba para calmar el dolor en enfermos terminales de cáncer o el dolor agudo postquirúrgico. Desde la década de 1990, se ha promovido en la medicina, con financiación en parte de las empresas farmacéuticas, un mejor tratamiento del dolor, y se consideró a los opioides parte de la solución.	Estudios recientes han cuestionado su eficacia para tratar el dolor crónico, y los CDC han dicho a los médicos que sean cautelosos a la hora de recetar estas drogas potentes a enfermos con dolor a largo plazo. Los expertos dicen que cuanto más prolongado es el tratamiento y más alta la dosis, mayor es la probabilidad de que el enfermo se vuelva adicto. Además, la multiplicación de recetas significa que los consumidores recreativos y los adictos tienen mayor acceso.	La demanda de Oklahoma contra varias empresas y subsidiarias farmacéuticas fue la primera en llegar a juicio. Antes de que comenzara el juicio en mayo, Oklahoma llegó a un acuerdo por 270 millones de dólares con Purdue Pharma, fabricante de OxyContin, y por 85 millones de dólares con Teva. Ambos acuerdos recibieron críticas de algunos legisladores estatales, quienes sostuvieron que les corresponde controlar el uso de los fondos. El acuerdo con Purdue establece que 200 millones de dólares irán a un fondo en fideicomiso destinado a financiar un centro de estudios sobre la adicción en la Universidad Estatal de Oklahoma en Tulsa.	En Oklahoma, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid dijeron al estado que el gobierno federal tiene derecho a parte de lo obtenido en el acuerdo con Purdue. Varios gobiernos locales se negaron a participar del juicio a Purdue para iniciar sus propias demandas, y otros han criticado el destino que se da a los fondos obtenidos.	A principios de los 2000 crecía la mortalidad provocada por los opioides, así como el robo de drogas de las farmacias. En 2007, Purdue pagó una multa de 634 millones de dólares y se declaró culpable de comprender los riesgos de adicción de la droga. Pero la crisis se profundizó. Las clínicas entregaban recetas sin control, sobre todo en Florida, y los traficantes conseguían drogas para venderlas por todo el país.	En los últimos años, las sobredosis de opioides se han convertido en la causa principal de muertes accidentales, incluso por encima de los accidentes de tránsito. Las tasas de muertes per cápita han sido las más altas en los lugares de mayor entrega de recetas. La región de los Apalaches ha sido la más afectada.	Sí. Los estados han usado bases de datos para rastrear las recetas y quienes las entregan, y han cerrado clínicas. El gobierno y algunas compañías de seguros han ajustado sus normas. Pero al disminuir la entrega de recetas, las tasas de muerte empezaron a aumentar, ya que más adictos consumían versiones ilícitas más fatales de los opioides. Los datos preliminares indican que la tasa de muerte se redujo levemente en 2018 por primera vez desde el inicio de la crisis.	El primer juicio federal, con demandas de los condados de Cuyahoga y Summit, Ohio, está previsto para comenzar el 21 de octubre. El juez Dan Polster quiere utilizarlo como referente, con fallos que se puedan aplicar en otros casos. Polster supervisa la mayoría de los casos de opioides y exhorta a las partes a llegar a acuerdos.	Cuarenta y ocho estados y alrededor de 2.000 gobiernos locales y tribales han demandado a empresas farmacéuticas con el argumento de que los fabricantes, distribuidores y vendedores de las drogas son responsables en parte de una crisis que ha matado a más de 400.000 personas en todo el país desde 2000, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). La cifra incluye más de 47.000 en 2017 y el año pasado.	De acuerdo con un informe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca de 2017, el costo de la crisis era de 500.000 millones de dólares en 2015. Esto incluye la caída de la productividad y los costos a los contribuyentes por servicios tales como ambulancias, tratamientos en las cárceles y cuidado de los niños cuyos padres murieron de sobredosis.