Hace unos días, los domiciliarios de la aplicación Rappi protagonizaron varias protestas en Bogotá en las que reclamaban atención ante inconformidades en sus condiciones laborales. Los ‘rappitenderos’ exigían mayores pagos por cada entrega, seguridad social y mejores condiciones durante las esperas. La compañía se defendió reiterando que se trata de una plataforma que simplemente une a dos tipos de usuarios: el que demanda la adquisición de un bien o servicio con el que tiene un tiempo libre para comprarlo y llevarlo hasta ese comprador.	Por su parte, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, reconoció la legalidad de los contratos laborales de la aplicación pero dejó entrever su preocupación por la necesidad de formalizar estos empleos generados. En el marco de todo el debate, el Gobierno propuso un proyecto de ley para regular este tipo de plataformas y promover un esquema de formalización, contemplando incluso el pago por horas. Todos estos hechos dejan en evidencia que ante el auge de la economía digital hay que hablar de desafíos y no solo de crecimiento.	A los colombianos nos enorgullece que plataformas como Rappi se constituyan en un referente internacional de innovación e inversión, que Uber haya llegado para solucionar una ausencia de alternativas de transporte en ciudades como Bogotá, o que Grin haya encontrado en las patinetas una opción eficiente para desplazamientos cortos. Sin embargo, los negocios digitales también traen consigo unas nuevas dinámicas que deben reglamentarse, tanto para el beneficio de los ciudadanos como para el progreso de las plataformas mismas.	A un año de que se cumpla el cálculo del Foro Económico Mundial de que se perderán 7 millones de empleos por cuenta de la transformación digital y en un momento en el que la economía digital aporta más del 20 por ciento del PIB mundial, Colombia registra alrededor de 25 millones de personas conectadas a internet móvil (el 62 por ciento con conexión 4G, o sea de muy buena calidad) y un total de 32,7 millones de personas conectadas a internet fijo de banda ancha. El Índice de Economía Digital de la Comisión de Regulación de comunicaciones (CRC) ponderó al país en 34,9 en una escala de 0 a 100 y a diario se escuchan opciones de emprendimiento con componente tecnológico.	El auge de la economía digital es un hecho y pretender atajarlo es ir en contravía de una tendencia mundial hacia el progreso. El reto de los países y, en particular, de Colombia debe ser el de impulsar el crecimiento, pero garantizando que se asuman desafíos que afectan a la ciudadanía, tales como la seguridad en el uso de las patinetas, el aseguramiento y la seguridad social de los usuarios que reciben ingresos de las plataformas por ofrecer un servicio, la propiedad de la información de los clientes, el pago de impuestos y, en general, la formalización de las actividades comerciales allí establecidas.	Los primeros que piden reglas claras son los emprendedores, desarrolladores y fabricantes porque de esa certeza depende su capacidad para encontrar nuevos inversionistas para su negocio. Por esa razón, satanizar a quienes proponemos un debate serio no aporta y por el contrario obstaculiza la llegada indudable de la economía digital al país.