En las últimas semanas varios analistas han expresado inquietudes sobre la dinámica en el proceso de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso. Algunas de las preocupaciones están asociadas a la proliferación de propuestas de los parlamentarios, muchas inconvenientes, carentes de sustento, presentadas sin ningún tipo de estudio que las soporte y sin suficiente rigor en términos de coherencia con las demás políticas públicas o el diseño de un modelo de desarrollo económico que genere bienestar a los colombianos y nos inserte en la economía del siglo XXI.	En una columna reciente, el exministro Junguito prende las alarmas sobre un proyecto de reforma constitucional que avanza en el Congreso y que permitirá al parlamento disponer de hasta un 20% del presupuesto de inversión para ser asignado, discrecionalmente, en proyectos que los representantes y senadores tengan a bien aprobar, sin que para ello sea necesario el concurso del Gobierno Nacional. Esta reforma da al traste con la iniciativa del gobierno en términos de gasto que es y ha sido, una de las instituciones económicas más importantes en la gestión fiscal de la Nación y que ha permitido un manejo macroeconómico prudente en el país, lo cual nos ha hecho merecedores del grado de inversión.	Estos no son hechos aislados. Ya el debate en torno a la aprobación de la Ley de Financiamiento el año pasado, generó preocupaciones domésticas e internacionales sobre el compromiso del Congreso con la responsabilidad fiscal y el diseño de una política tributaria competitiva. La presentación de fórmulas de recaudo que poco tienen que ver con los sistemas tributarios modernos, las propuestas para presionar a sectores específicos, o la implementación de tributos cuyo único fin es recaudar por recaudar sin importar los efectos en el desempeño económico, dan cuenta de un Congreso desordenado, que pareciera ignorar el diseño de la política económica y está pensando más las elecciones, que en el desarrollo económico y la prosperidad del país.	Visto en su conjunto, lo que presenciamos es un cambio fundamental en el diseño institucional previsto en la Constitución de 1991, concebido para garantizar la iniciativa del Gobierno en el diseño de la política económica. En suma, es un cambio en el equilibrio de poderes que nos puede lanzar al vacío. El Congreso está dando un pulso por tomar el control del presupuesto y la forma en que se recaudan los impuestos en el país, sin un debate serio y a fondo sobre la conveniencia de hacerlo. Lo está haciendo además, sin asegurarse de tener las herramientas para ejercer esta función en forma responsable y sin que haya mecanismos de pesos y contrapesos o de rendición de cuentas para ello.	Como no hay mermelada y el gobierno pareciera no querer ceder a las demandas de algunos parlamentarios (o no poder hacerlo por falta de dinero), la solución que estos proponen es: nosotros diseñamos los impuestos que aseguren los recursos en el presupuesto que necesitamos y asignamos partidas a discreción, sin necesidad de pedirle permiso al gobierno.	Estamos jugando con candela y el gran perjudicado de todo esto es el país y el diseño de una política económica con visión integral y de largo plazo, que tenga en cuenta el interés general y asegure que el país avance ininterrumpidamente en mejorar el bienestar de sus ciudadanos. La falta de mayorías del gobierno en el Congreso, no nos permite ser optimistas respecto al desenlace de esta historia, y las calificadoras de riesgo y los inversionistas nacionales y extranjeros están tomando nota.