"En el Bajo Cauca antioqueño se hace, se cultiva, se produce y se empaca la hoja de coca. Ese corredor arranca en los municipios de Tarazá, El Bagre, Nechí, Cáceres y Zaragoza. Ahí ese negocio ilícito de la hoja de coca y de la extracción ilegal sube a los municipios colindantes que son San José de Uré, Montelíbano y Tierralta", explica en una entrevista con Efe el defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret.	Esa región colombiana que atraviesa el río Cauca a su paso por el este del departamento de Antioquia y el sur de Córdoba se ha convertido en buena medida en paradigma del nuevo ciclo de violencia en que se está adentrando Colombia y en el que el crimen es casi el único rostro.	En toda la zona se multiplican las siglas de grupos armados: la última guerrilla activa de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN); dos grupos herederos de los paramilitares, "Los Caparrapos" y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), al que el Gobierno denomina Clan del Golfo, así como las disidencias de las FARC.	Por eso, considera que lo único que ha sucedido es que se han cambiado los brazaletes que portan a modo de identificación y "que en vez de decir FARC, dicen ELN o dicen AGC o dicen Caparrapos", aunque en ocasiones explican que sencillamente no llevan ninguno pero "andan afectando las comunidades de estos sectores".	Como desde hace décadas, el narcotráfico es el combustible del nuevo ciclo de violencia también en el Bajo Cauca. Sin embargo, Negret considera que las comunidades que viven allí como las que pueblan buena parte del resto del país y cultivan coca no lo hacen "porque quiere, sino porque les toca".