Entre dos y seis años de cárcel pagarán quienes sean condenados por dopar deportistas.Así lo propone un proyecto de ley presentado por los ministros de Justicia, Margarita Cabello, y del Deporte, Ernesto Lucena, que está agendado esta semana para empezar a ser debatido en la Comisión Primera de la Cámara.La iniciativa tiene ponencia positiva de los representantes Alfredo Deluque (Partido Social de Unidad Nacional, La U), Hernán Estupiñán (Partido Liberal), Juanita Goebertus (Alianza Verde), Jaime Rodríguez (Cambio Radical), Edward Rodríguez (Centro Democrático) y Juan Carlos Wills (Partido Conservador).El ministro Lucena explicó que “las políticas antidopaje en Colombia se habían quedado rezagadas con los instrumentos internacionales y después de un arduo trabajo junto a Minjusticia llegamos a la conclusión de que esta reforma es vital para el deporte colombiano, además compagina este momento con la recertificación del laboratorio de dopaje en Colombia que es uno de los más importantes de Latinoamérica”.Cabello indicó que “es necesario garantizar el juego limpio, proteger a todos los deportistas que actúan de manera transparente y actualizar las normas antidopaje, de acuerdo con las convenciones ratificadas por Colombia en este sentido”.Según la exposición de motivos del proyecto de ley, “el dopaje afecta la salud de los deportistas y los temas de sustancias prohibidas terminan siendo de salud pública, lo que ha llevado a los gobiernos y a las organizaciones deportivas a nivel mundial a actuar de manera conjunta en aras de crear todos los mecanismos necesarios para combatir este fenómeno”.Según la iniciativa, “hasta el momento el legislador colombiano no había considerado necesario acudir al derecho penal para la protección del deporte bajo el bien jurídico de la salud púbica y aquel se entendía ajeno a la comisión de delitos; era más bien considerado un espacio que escapaba al poder punitivo del estado lo que originaba unas conductas o comportamientos en el campo deportivo gozaran de impunidad”.En este momento, el Código penal de Colombia tiene un artículo que sanciona el suministro o formulación ilegal de droga para los deportistas siempre y cuando estas causen dependencia con una pena que va hasta los tres años.Lo que busca el articulado es ampliar esta norma, pues “ha quedado en desuso y no cumple ningún fin político criminal para el cual fue incorporado en la ley”. En otras palabras lo que se busca es incluir en la legislación colombiana el contenido de la Convención Internacional contra el Dopaje del Deporte que tiene tipificados los diferentes usos del doping y sus implicaciones en la salud de los deportistas.La iniciativa busca modificar el artículo 380 del Código Penal (Ley 599 de 2000), que de ser aprobado quedaría así: “Suministro o formulación ilegal a deportistas. El que en incumplimiento de la normatividad antidopaje formule, suministre, aplique o administre a un deportista profesional o aficionado alguna sustancia o método prohibido en el deporte, o lo induzca al consumo incurrirá en prisión de 24 a 72 meses y multa de 66 a 750 salarios mínimos”.Según la reforma, la pena se aumentará si “la conducta recae sobre un menor de edad, la conducta se realiza mediante engaño, el responsable tuviere cualquier carácter posición o cargo que le dé particular autoridad o poder sobre la víctima”.Según el Ministerio de Justicia, esta reforma es adecuada, necesaria y proporcional “para lograr los fines del estado en cuanto a la protección de la salud pública, y, por esta vía, del juego limpio la honestidad en el deporte por parte de todos los que intervienen en él”.Voceros de la cartera aclararon que esta reforma no obedece a ningún deseo de populismo punitivo, pues “no pretende simplemente mandar un mensaje a la sociedad y efectivamente sí busca castigar a los responsables de conductas que, de un tiempo para atrás van en aumento, tienen repercusiones de salud pública y deben ser atacados por el Estado colombiano, incluido el ámbito penal”.Por otro lado, en la exposición de motivos, los ministros Cabello y Lucena presentaron un concepto favorable del Consejo Nacional de Política Criminal. Según el organismo consultivo la norma vigente “ya no es una disposición que cumpla los fines de política criminal para los que fue incorporada por cuanto la mayoría de sustancias utilizadas para el dopaje ya no producen dependencia como lo exige la actual disposición”.El Consejo indicó además que en este momento está probado “que el deportista llega a las sustancias o métodos prohibidos a través de terceros como: entrenadores, dirigentes o traficantes de medicamentos dopantes”, por lo que considera que la nueva norma va bien encaminada.