En marzo de 2.018 rendí testimonio en la Procuraduría General de la Nación de Medellín, para ser incluido como víctima del conflicto armado, no habiendo recibido respuesta, realicé un derecho de petición para que me informaran que había pasado.Anexe los documentos en medio magnético y rendí testimonio los cuales fueron remitidos a  Bogotá, después de un año, no había recibido respuesta si había sido incluido o no como víctima.	Publicidad. Le estoy remitiendo a usted, con el objeto que me colabore en la inclusión como víctima por parte de la unidad para la atención y Reparación Integral de las víctimas, fui secuestrado, torturado física , psíquicamente, y despojado de todos mis bienes, adicionalmente me produjeron daños en el sistema nervioso central y en el cerebro que me dejaron en incapacidad de laborar como profesional que soy, hechos que no fueron considerados al analizar mi caso, que generó que me demorara para solicitar la inclusión.	Igualmente el informó, que realice la denuncia ante la Fiscalía general de la Nación, en noviembre de 2.017 en la Fiscalía de Medellín, correspondiendo el caso a la Fiscalia especializada de Barrancabermeja, con radicado No radicado (NUC) 680816000136201800876, posteriormente realice una ampliación de la declaración que aclaraba los hechos totalmente, y envie la valoración preliminar de todos los daños en el mes de marzo de 2.018, en el mes de abril, al mes de haber enviado dicha información que anexo, empecé a recibir amenazas, que se agudizaron en el mes de noviembre y diciembre de 2.018, debiendo cambiar de empleo, de casa y otras medidas de seguridad que me toco tomar, esto generado por la filtración de la investigación de la fiscalía, porque Cómo se enteraron que  había hecho la denuncia por el robo de mis bienes, el secuestro y la tortura.	En el mes de marzo de 2.019 recibí una llamada de la Fiscalía de Santander, informándome que me iban a archivar el proceso, porque no encontraban méritos para realizar la investigación, si la denuncia de un secuestro con tortura y robo de bienes no amerita una investigación, entonces que tipo de delitos investiga  la fiscalía, se corrompió la investigación.	Entonces llevo más de un año, sin que el proceso avance, sin que se realice una sola investigación para analizar el paradero de mis bienes, si traspasaron ya las propiedades, es un estado de indefensión total, ni solicitándoles las pruebas y realizandoles un análisis detenido de los  hechos la fiscalía hace nada, al respecto me permito expresarle lo siguiente:	Mi historia sobre despojo, secuestro y tortura pensarían muchos que ha sido la peor tortura que he soportado y podría serlo, fueron 35 días de golpes, agravios, de que jugaran a la ruleta rusa con mi cabeza, de hacerme untar mis propios excrementos, de caminar descalzo varios kilómetros mientras te disparan con un fusil, de recibir descargas eléctricas, de oír la risa de tus victimarios y entender que solo existes por la voluntad y el estado de animo con que amaneciera alguno de ellos incluida Beatriz Eugenia Rentería.	Pero luego de quedar con una pérdida de la capacidad laboral del 78% debido a las golpizas y luchar por reponerme un poco física y emocionalmente quise buscar justicia acudí a la fiscalía general de la nación pensando en que la justicia ayudaría a sanar un poco no solo mi perdida material si no moral y familiar, un día para mi hijo mayor que tiene hoy 8 años el sueño de ser como su padre se desvaneció	“ y no tuve el valor de explicarle si no que simplemente se había vendido, así me empodere más buscando justicia, me dirigí a la entidad encargada que es la Fiscalía general de la Nación en Colombia; pero para mi sorpresa allí no me ayudaron si no que dieron continuidad a esta película de terror en menos de un mes de haber interpuesto y luego de luchar por cuatro meses para que apareciera la denuncia la fiscalía había filtrado la información a mis victimarios paramilitares y el capo Carlos Alberto Renteria Mantilla que regresaba de USA, quien a pesar de tener investigaciones graves con la justicia colombiana quedo en libertad; allí comenzaron las amenazas de nuevo por lo tanto tuve que dejar mi trabajo, abandonar mi profesión y vivir en la pobreza y la miseria.	Fui por derecho propio ante los diferentes organismos del estado para pedir protección o reparación en caso de violación de los derechos garantizados en la constitución los cuáles fueron todos violados pero la negativa en todos ha sido la constante. No tengo derecho a nada por términos legales además poco les importa, la indolencia y falta de humanidad es increíble en nuestros funcionarios.	Por eso Cuando no existen estas salvaguardias, la expresión “igualdad ante la ley”, en cuanto que se trate de aplicarla a nosotros, carece de sentido y es engañosa. Todos los derechos y prerrogativas que la ley otorga son monopolizados por las personas con recursos y apoyo en los círculos de poder y nosotros los que no,   no gozamos de ninguno de ellos.	Nada de lo que pueda hacer este estado fallido cambiará en modo alguno ese odio que siento, que solo podrá desaparecer cuando se eliminen la injusticia y la inhumanidad de la que he sido victima primero por mis victimarios y en segunda instancia por el mismo estado. Estado que genera grandes distancias entre el discurso de los derechos y su efectivo acceso a la justicia y a la ley.	En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el proceso de desmovilización de los «paramilitares» en Colombia, de 13 de diciembre de 2004, que puede considerarse como una de las versiones más recientes y autorizadas de la nueva jurisprudencia internacional sobre el derecho a la justicia, se afirma	que la comunidad internacional ha identificado una serie de lineamientos en materia de verdad, justicia y reparación que se nutren tanto de las experiencias vividas en distintas sociedades como de los principios de derecho reflejados en la obligación de los Estados de administrar justicia conforme al derecho internacional […] Las normas internacionales vigentes para los Estados miembros [de los tratados de derechos humanos y derecho humanitario], su interpretación a través de la jurisprudencia y los lineamientos recogidos por los órganos intergubernamentales, coinciden en identificar a la verdad, la justicia y la reparación como desafíos fundamentales e ineludibles en la reconstrucción de una cultura de paz, tolerancia, respeto a la ley y rechazo a la impunidad3.	Es una verdad de a puño que todo ser humano tiene derecho al amparo efectivo de la justicia judicial, nacional o internacional, para la protección de sus libertades y garantías fundamentales, y tal derecho implica el establecimiento de la verdad o la reconstrucción de la memoria, el castigo de los responsables y la reparación de las víctimas o sus familias, lo cual se me ha venido negando y aplazando en forma sistemática por la administración de justicia. Es un principio fundamental que la justicia sea adecuada, efectiva y rápida de acuerdo al daño sufrido.	Siendo así considero que la fiscalía no cumple con la tarea que le es propia, si los procesos se extienden indefinidamente, prolongando de esta manera, la falta de decisión sobre las situaciones que generan distorsiones, permiten a los victimarios manipular testigos amenazar a la victimas terminar de retirar los bienes hurtados y demás hechos que han venido ocurriendo una decisión judicial tardía, constituye en sí misma una injusticia. La cual después de casi dos años puedo decir que la sufro.