Estas estadísticas deben empezar otra vez a preocupar. Mientras que en 2016, el año en que el Estado colombiano y las Farc firmaron el Acuerdo de Paz, esta modalidad de terrorismo sumó poco más de 50 incidentes, en 2018 esta estadística superó el centenar. Si el ELN y las demás bandas criminales detrás de estos ataques siguen el ritmo, al final de este año se habrían presentado una veintena adicional.	Con esa intensidad de los ataques el volumen de petróleo derramado de manera irregular en los ecosistemas del territorio nacional suma millones y millones en décadas de violencia. Tan solo en el OCC se han derramado más de 3,5 millones de barriles de crudo en diez años. Todo ese hidrocarburo ha impactado tanto los suelos como las fuentes hídricas y los peces, anfibios y aves en decenas de miles de kilómetros cuadrados en el Catatumbo, Nariño y Putumayo.	A las consecuencias ambientales del terrorismo contra la red de oleoductos- sin duda las más graves y permanentes- se suman el elevado costo de las reparaciones y demás acciones de emergencia que desatan estos constantes ataques. Solo en 2018, según fuentes de Ecopetrol, la cuenta de los arreglos y las válvulas ilícitas alcanzó los 157 mil millones de pesos.