De hecho, Juan B. Pérez, presidente de la entidad, señaló durante la última rendición de cuentas que solo el año pasado, se decomisaron “3.152 elementos de juegos de suerte y azar que operaban sin autorización de Coljuegos, 2.813 máquinas electrónicas tragamonedas ilegales, 172 módulos de apuestas deportivas, 155 sillas de bingos y 12 ruletas ilegales. Además se bloquearon con apoyo del Mintic y el Centro Cibernético de la Policía, 2.616 páginas de apuestas por internet que operaban sin autorización”.	Gran parte de dichos aparatos son reciclados por las mafias y usados para recaudar dineros de manera ilegal, y según los expertos, el cálculo más cercano da cuenta que “habría 49.036 máquinas en el mercado de segunda para el 2017, después de descontar las máquinas que han sido incautadas por Coljuegos”.	No obstante, el mercado negro le quita al Estado cerca de $230.000 millones cada año, que vienen siendo $1,1 billones por concepto de derechos de explotación no recibidos, si se toma en consideración que todas las máquinas operarían cinco años, que es el tiempo máximo de los contratos de concesión.