.De acuerdo con la providencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se pudo demostrar que la víctima desarrollaba labores en favor de desplazados en los municipios de Zona Bananera y Puebloviejo, por lo cual fue amenazada en 2002 y asesinada tres años después.“La señora era una persona que requería protección, hecho que ameritaba que el Estado le otorgara medidas de protección especial, no obstante, estas fueron negadas, lo que dejó a la víctima en una situación vulnerable y facilitó que se produjera su asesinato, que de implementarse la medidas del caso se hubiera podido evitar”, destaca la sentencia.