En reciente entrevista radial concedida por el exsenador Roberto Gerlein, claramente se refirió a la malsana maña en la política colombiana, imposible de negar, de la compra de votos, señalando que, en la práctica, por su extensión y el tiempo de existencia, es ya una costumbre ingénita en el trasegar electoral que no por ello deba ser aceptada.	En similar línea se ha pronunciado la Misión de Observación Electoral (MOE), a propósito de las elecciones regionales del próximo domingo, poniendo sobre el tapete que la compra de votos en “combos”, así como los ofrecimientos de contratos por parte de funcionarios y aparentes situaciones anómalas en algunos puestos de votación son las conductas de mayor cuidado, tal como se desprende de las denuncias para el caso Cartagena.	Singular sospecha ha despertado la detección de picos de inscripciones en algunos puestos de votación en los que potenciales electores se inscribieron en masa de forma sospechosa. Así mismo, y aunque no es para sorprenderse pues no se trata de novedades en el acontecer electoral de la ciudad -y de la región-, los combos, esto es, el pago a quienes se comprometen a votar por fórmulas para Gobernación, Alcaldía, Asamblea y Concejo por cifras superiores a los 100 mil pesos, se han detectado en esta contienda.	Si bien estas conductas son deleznables, pues no solo implican la corrupción del elector, sino que marchitan la legitimidad del sistema democrático y ciegan las esperanzas de que es posible que las cosas mejoren gracias a la elección popular de gobernantes, causa aún más preocupación el incremento en las denuncias sobre presuntos casos de coacción al elector, protagonizados por funcionarios que, contra expresa prohibición, participan activamente en favor de determinadas campañas políticas, exigiendo compromisos de respaldo con votos a personal contratado en los despachos oficiales y a personal vinculado por medio de órdenes de prestación de servicios (OPS), bajo promesa de enganche o continuidad de los contratos en la próxima vigencia.	Otra realidad que la MOE por fortuna ha puesto en evidencia es la relacionada con otras conductas de corrupción del elector que no suelen mencionarse, como son las que protagonizan personas de los estratos sociales altos, con lo cual se comienza a quebrar el mito de que esos actos solo se dan en los estratos bajos. Esta revelación es importante porque confirma que la compra y venta de conciencias, traducida a la realidad con la venta del voto, se ha insertado en la sociedad, en todos los estratos, como un cáncer de difícil extirpación.	En tales condiciones, no solo cabe deprecar de autoridades como la Fiscalía Seccional Bolívar y la Policía Metropolitana de Cartagena mayor acción en la promoción de las investigaciones con resultados contundentes como los que se vieron en las pasadas elecciones en el Atlántico, sino también instar a la ciudadanía cartagenera, y del departamento, a que tomemos conciencia que el primer paso para salir del subdesarrollo es asumir con responsabilidad el derecho/deber de elegir con verdadera libertad.