Como se recordará, Hernández fue suspendido por dos meses después de que se conociera un video en el que golpeaba a un concejal de esa ciudad en medio de una discusión. El funcionario pedía que se le protegiera el debido proceso, la presunción de buena fe, la igualdad al trato, a elegir y ser elegido y a ejercer sus derechos políticos sin restricciones administrativas ya que para él, la suspensión iba en contra del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que “la Procuraduría no tiene competencia para restringir o limitar los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular”.