A 100 días de su gobierno el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuenta con un índice de aprobación del 60%, según encuestas de prensa, pero organizaciones de la sociedad civil y académicos han advertido sobre los riesgos de las decisiones que está tomando en materia de seguridad, derechos humanos, desarrollo social y medio ambiente.A lo largo de estos primeros meses, numerosas organizaciones, principalmente las mismas que han encabezado las críticas a las administraciones anteriores de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, le enviaron cartas al gobierno de López Obrador en las que señalan que se han cometido acciones que van en contra de lo que fue prometido durante la campaña presidencial de 2018.Expertos consultados por la Agencia Anadolu coinciden en que existen acciones positivas, como la creación de la Comisión de la Verdad para indagar en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014, o la lucha contra la corrupción y la implementación de programas en contra de la desigualdad, así como la investigación sobre el tráfico de hidrocarburos.Sin embargo, matizan que en otros temas prioritarios AMLO comenzó con el pie izquierdo. Por ejemplo, en un programa gradual de retiro de las Fuerzas Armadas de labores de seguridad pública, en la garantía de autonomía de ciertos órganos, en la estrategia de seguridad y en la elección de personajes políticos cercanos a su gobierno para instancias relevantes como la Fiscalía General de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al igual que con la puesta en marcha de ciertos megaproyectos.“El presidente y su gobierno no han actuado conforme el marco constitucional y el legal, al menos en términos de lo que es el formular realmente las estrategias nodales desde su concepción de seguridad, a través del Plan Nacional de Desarrollo”, asegura el doctor Erubiel Tirado, del programa de Seguridad y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (UIA).“Ha dicho abiertamente que no le gusta que tengan autonomía algunos institutos; son los institutos que podrían no seguir la línea que se manda desde el poder ejecutivo, y preocupa que pensamos que sería distinto e incluiría la diversidad de formas de pensar en la democracia, pero nos damos cuenta que existe una red de bots que se dedican a atacar a las personas críticas del gobierno de AMLO”, dice Ixchel Cisneros, directora de El Día Después, organización fundada por el actor Gael García, la cual está dedicada a denunciar violaciones a los derechos humanos.SeguridadSegún Tirado, uno de los principales problemas en materia de seguridad es el despliegue de las Fuerzas Armadas en el país, sin que existan documentos programáticos legales que precisen la estrategia.“Tiene un déficit bastante severo y si nos vamos obviamente al desempeño de los elementos, está dejando mucho que desear en los índices delincuenciales y de violencia”, explica el académico de la UIA, quien hace referencia a su primera campaña en contra del tráfico de hidrocarburos en el país.“Si nos basamos en los resultados, en efecto se redujo el tráfico de hidrocarburos, pero en términos de inseguridad no se terminó de romper la red de complicidad tanto del sector privado como de los tres niveles de gobierno –ejecutivo, legislativo y judicial– que participan en esta red. La acción del Estado sin una planeación estratégica provocó más violencia”, precisa.Lo dicho por el especialista se ha presentado en las últimas semanas, principalmente en la región del bajío mexicano. De hecho, el domingo pasado hubo un ataque de un comando a un bar, en el que fueron asesinadas 15 personas, aparentemente por parte de una organización criminal rival.“Es paradójico que el gobierno tiene como una de sus banderas la distinción respecto al pasado, de condenar la estrategia calderonista y peñista que generó más violencia, pero ellos también la han generado. La manera en que están planteando cómo contrarrestar la inseguridad no es precisamente precedida de un esquema de planeación”, señala.Derechos Humanos y autonomíaCisneros, también integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, explica que en materia de derechos humanos se han generado “retrocesos”, como la cancelación de las estancias infantiles de seguridad social que pertenecen al Programa Bienestar de la Secretaria de Desarrollo Social, las cuales benefician a miles de madres que trabajan en el país.“Tendría que haber investigado primero y después cancelar o denunciar a las personas que cometen corrupción en las estancias infantiles del país, porque las estancias son para que cuiden a los hijos de muchos trabajadores”, agrega.Por otro lado, con respecto a la iniciativa de la Guardia Nacional, propuesta por el presidente para combatir la inseguridad, aseguró que si bien las organizaciones presionaron con campañas para que el mando no fuera militar, al final López Obrador pretende hacer su voluntad.“En estos 100 días diputados y senadores aprobaron la Guardia Nacional, y después de mucha presión se pudo quitar cuestiones sobre la estrategia militarizada de seguridad. Sin embargo (López Obrador) terminó diciendo que si él quiere va a nombrar a un militar, pudiéndose salir con la suya independientemente de cómo legislen los diputados y senadores”, expresa la experta.En las semanas pasadas, una de las polémicas más difundidas en la prensa mexicana fue el tira y afloja entre el presidente y las organizaciones. “No está bien que generalice y haga señalamientos a personas de la prensa y derechos humanos que han aportado al país. Han tomado el papel que debió hacer el Estado. Lo hicieron con Calderón, Peña Nieto, y lo están haciendo con AMLO”.En el caso de los órganos autónomos como la Suprema Corte, el instituto Nacional de Acceso a la Información y el instituto Nacional Electoral, la defensora asegura que el mandatario no tiene simpatía por estos, debido a que no tienen cercanía con su gobierno. Y señala que las tres candidatas para ministro de la Suprema Corte contempladas en su terna presidencial no son idóneas por su cercanía a él. “Ninguna de las tres es lo suficientemente capaz para el puesto, lo que le quita es independencia y autonomía a la Suprema Corte”.Medio ambienteDurante su campaña, López Obrador propuso una serie de megaproyectos, los cuales dijo que acatarían todas las vías legales y de consulta a los pueblos originarios.No obstante, para el doctor en ciencias Alejandro Olivera, “se han anunciado diversas medidas de protección al medio ambiente, como la cancelación de fracking o prohibición de siembra de transgénicos, pero no se ha materializado y se debe materializar a través de las autorizaciones existentes”.El científico menciona que uno de esos grandes proyectos anunciados por el presidente es el del Tren Maya, cuyo propósito es recorrer espacios naturales del sureste. Sin embargo, no cuenta con ninguna autorización ni con detalles técnicos, ni ha sido consultado con los pueblos originarios.“No hay un proyecto ejecutivo donde se evalúen los impactos ambientales”, señala el biólogo marino.Por otra parte, Olivera critica las consultas nacionales que ha lanzado el gobierno mexicano para la construcción de megaproyectos, pues “son carentes de información. Es engañar a la gente consultando sobre proyectos donde se desconocen los impactos ambientales. Es por eso que existen los procedimientos”.