Quisiéramos hacer algunas precisiones frente a la columna del pasado 2 de enero titulada “La palabra que no sirve”, la cual incluye una serie de imprecisiones que conducen al lector al error. Nuestro interés es que tanto el diario, como el columnista y la opinión pública tengan una visión clara de este proceso.	Es así como con suficiente anticipación, y siguiendo la ley, tramitamos la modificación de la licencia ambiental ante la ANLA, obteniéndola en abril de 2018. Igualmente, dentro del plazo de ley para asegurar el propósito, comenzamos las gestiones ante la Dimar para obtener el permiso de concesión en playas marítimas y terrenos de bajamar, que es otro requisito para el permiso de ocupación de espacio público, finalmente otorgable por la Secretaría de Planeación.	En relación con el permiso de Dimar, una vez este fue emitido el 7 de diciembre de 2018, identificamos imprecisiones de fondo y de forma en su alcance y, cumpliendo con nuestra obligación fiduciaria, que es a la vez nuestro derecho, usamos los instrumentos legales allí dispuestos, e interpusimos un recurso de reposición, para solicitar su corrección. Buscando lograr el mejor entendimiento en este aspecto, el 3 de enero de este año, visitamos esa entidad para aclarar nuestra posición y agilizar el proceso.	Una vez obtenidos estos dos últimos permisos, iniciaremos las obras que estimamos tomarían 11 meses, para luego desmontar las torres existentes, en unos 3 meses adicionales. Desafortunadamente este plazo excede la fecha inicialmente prevista para finalizar los trabajos, pero ello no obedece a un incumplimiento de los compromisos adquiridos, como se puede interpretar de la columna antes mencionada, sino a los procesos administrativos ajenos a ISA que han tomado mucho más tiempo del previsto.