La Delegada Séptima de la Procuraduría General ante el Consejo de Estado, le solicitó a la Sección Quinta, mantener la nulidad del acto de elección de Ómar Mejía Patiño como rector en propiedad de la Universidad del Tolima, concepto emitido dentro del proceso de apelación que se adelanta en contra de la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima emitido el 31 de octubre de 2018.	En el oficio que fue entregado al Consejo el 15 de este mes, se explica que la nulidad se debe mantener porque el rector Mejía Patiño como primera autoridad ejecutiva asistió a un sinnúmero de sesiones convocadas por el Consejo Superior de la Universidad, CSU, espacios en los que se “han debatido y adoptado las más importantes decisiones para ese centro de estudio, entre ellas, las relacionadas con el proceso de elección de rector”.	Y aunque la defensa, tanto de la alma máter como la del directivo, argumentó que él no participó en las sesiones en que las que se abordó lo relacionado con la elección en propiedad, el Ministerio Público indicó que las “actas demuestran lo contrario, pues el rector Mejía Patiño aparece como asistente y no existe constancia de su retiro (...)”.	Su presencia se relaciona en las actas de las sesiones del CSU adelantadas entre el 4 y 27 de abril, al igual que la del 13 de junio de 2018, fechas en las que se decidió sobre la modificación de los estatutos y la reglamentación del proceso para designar rector en propiedad.	Otra de las observaciones de la Procuraduría es que Mejía Patiño fue designado para adelantar un trabajo bajo el derrotero de la “ética, integridad, imparcialidad e independencia, principios que fueron desconocidos por el demandado por participar de las decisiones para la escogencia de rector y después participar del proceso que él ayudó a diseñar”.	El Ministerio Público menciona que se generó un vicio en el acto de elección y precisa que “si este pretendía participar en la convocatoria ha debido retirarse de las sesiones en donde el Consejo Superior debatió el tema relativo al proceso”. Finalmente, insistió en que el directivo tuvo una “posición privilegiada” y estuvo “incurso en un conflicto de intereses”, pues ayudó en la estructuración del proceso que terminó con su designación en propiedad, “razón por la que el acto demandado deber ser anulado”. Tras este concepto se queda a la espera de la decisión que adopte el Consejo de Estado en la demanda de nulidad.