Los tres jueces que han resultado afectados con decisiones del Departamento de Estado, relacionadas con sus visas, son Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, de la Corte Constitucional, que deben pronunciarse sobre las objeciones a la JEP, y Eyder Patiño Cabrera, de la Corte Suprema de Justicia. Patiño fue ponente del caso de la extradición del indígena José Martín Yama Guacanés, que no fue autorizada.	La de la embajada de EE.UU. que en un comunicado de este lunes puso de presente que no comentan sobre casos de visas individuales y que el Departamento de Estado tiene amplia autoridad para revocar visas basándose en información que indique que el titular de la visa puede ser inadmisible.	No es la primera vez que hay decisiones sobre el retiro de las visas americanas a personas de la rama judicial, del gobierno y del Congreso. Lo fue el presidente Samper por el 8 mil; los magistrados del cartel de la toga y hasta el ex fiscal Gustavo de Greiff. También el congresista John Jairo Cárdenas, que estuvo en el desayuno de la embajada y contó de las amenazas del embajador de ese país.	El tema está en la agenda de los medios y de los columnistas. El editorial de El Espectador reclama una protesta firme por parte del Gobierno Nacional ante una eventual presión de la embajada, pero María Isabel Rueda, en El Tiempo, cuestiona que cuando les quitan la visa los magistrados que reclaman independencia “salen corriendo para donde el Presidente para que llame al embajador de EE. UU. e interceda por él (o por ella)”.	La abogada Catalina Botero, decana de la Universidad de los Andes, dice que aunque el Departamento de Estado tiene potestad discrecional para otorgar visas, en el caso de los incidentes con las de los magistrados hay coincidencias que por lo menos son desafortunadas en contra de funcionarios que tienen un papel determinante en decisiones que tienen que ver con asuntos que interesan a EE.UU.