En la decisión además se envió a prisión domiciliaria al exsecretario de Educación Diego Fernando Echavarría Giraldo y el representante legal del programa Computadores para Educar, Reinel Fernando Bedoya Rodríguez, procesados por presuntas irregularidades en la donación de 500 tabletas y un contrato de más de 300 millones para la instalación de un software a los equipos.