Lo anterior si se tiene en cuenta que la principal conclusión del reporte es que, actualmente, desde las regiones los ingresos corrientes mantienen una tendencia creciente, rige una política de austeridad en el gasto de funcionamiento, se ve una capacidad de endeudamiento y, además, estos cuentan con un pasivo pensional controlado.	“El rubro grueso de ingreso más importante fueron las transferencias ($28,6 billones, es decir, 37,4% del total), que son recursos que el Gobierno Nacional recauda en forma de impuestos y contribuciones nacionales, y que con criterios de redistribución, les gira a departamentos y municipios para ayudar a financiar la inversión”, reza el informe.	“El primer caso se explica porque los gobiernos regionales, por ser su último año de administración, comprometieron todos los recursos para ejecutar en la vigencia 2019 y aparentemente pueden en déficit, pero el balance general da cuenta de que tienen recursos en bancos. En el caso de superávits, tampoco quiere decir que sea algo bueno, porque pueden tener recursos en caja, pero no los ejecutan”.	De hecho, esto se reflejó en los indicadores de responsabilidad fiscal del reporte del Minhacienda, en los cuales se encontró que, al cierre del año pasado, 31 gobernaciones y 29 alcaldías capitales tenían capacidad legal de endeudamiento, en tanto que tres departamentos y una capital excedieron el límite de gastos de funcionamiento del nivel central.	Otro de los resultados encontrados estuvo relacionado con la deuda pública de las instituciones territoriales, que, el año pasado, totalizó en $10,1 billones, “de los cuales 43% corresponde a los departamentos y 57% a los municipios capitales. El 78% de la deuda total es contratada localmente y el 22% con acreedores internacionales”.	El manejo fiscal apropiado y los mayores ingresos les permitieron a las entidades territoriales recibir el visto bueno del Ministerio de Hacienda, que si bien hizo observaciones (ver nota anexa), concluyó que “la estable situación financiera de las administraciones centrales territoriales permitió incrementar el gasto de inversión y, por esa vía, contribuir a la reactivación de la economía nacional, que venía desacelerándose desde 2014”.	“Utilizar eficientemente los recursos del SGP es indispensable para mejorar la prestación de servicios públicos vitales para el desarrollo regional, especialmente en las áreas de educación, salud, y agua potable y saneamiento básico. Gastar bien los recursos del SGP permite ofrecer servicios públicos de calidad a la población. Por ello, en cumplimiento del Decreto Ley 028 de 2008 (Estrategia de Monitoreo, Seguimiento y Control - EMSC), en el año 2018, el Minhacienda, contribuyó a fortalecer el apoyo a los gobernadores y alcaldes en las acciones orientadas a mejorar la administración de dichos recursos”, señaló el reporte.	Como gran conclusión, “vale advertir la importancia que tiene para las finanzas públicas del país como un todo, la preservación y el mejoramiento del espíritu disciplinado que caracteriza a la generalidad del nivel subnacional en la captación y el manejo de los recursos públicos, como un instrumento que en el mediano y largo plazo debe reflejar el avance de los órganos del Estado en el cumplimiento de su función como proveedor y prestador de bienes y servicios de calidad, y como garante de los intereses y derechos de la comunidad en un ambiente de eficiencia y transparencia que confirme su carácter legítimo en el régimen democrático”.