Para la Corte, “era deber del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario emitir resolución correspondiente con miras a obedecer la orden emanada de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia y no simplemente solicitar que se estudie la posibilidad de otorgar el cupo puesto que en materia de personas detenidas preventivamente, es el juez de conocimiento el investido”.	“No existen consideraciones legales y constitucionales en los que se fundamentó la concesión de cupo en alguno de nuestros Centros Especiales de Reclusión Militar a los señores Felipe Arias y Álvaro Pacheco, toda vez que ellos no tienen cupo en ninguna de las cárceles y penitenciarías para miembros de la Fuerza Pública de alta y mediana seguridad y pabellones adscritos al Ejército Nacional”, señala la providencia.