“Considera la Sala que la decisión del Juez Constitucional de Primera Instancia, al conceder la acción de tutela y dejar sin efectos el artículo tercero del auto del 29 de noviembre de 2019, proferido por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa (...) es acertada, coherente y objetiva por cuando la decisión tomada por la Procuradora Primera Delegada para Asuntos Administrativos vulneró de manera grave el derecho fundamental al debido proceso”, dijo el Tribunal.	Según la decisión judicial, la suspensión provisional no es una medida discrecional sino reglamentada, por lo tanto, está sometida a condiciones objetivas, siendo una de ellas la existencia de una calificación de la falta disciplinaria como grave o gravísima, calificación en la que erró el ente y por lo cual anuló el pliego de cargos. Con la decisión, el 21 de junio, Hernández reasumió como Alcalde.