Aunque parece que el malestar uribista sobre los señalamientos a las Fuerzas Militares se dio a partir de los informes revelados por el diario The New York Times, lo cierto es que desde la llegada del presidente Iván Duque a la Casa de Nariño —marcado como el regreso del uribismo— se vienen adelantando jugadas para detener las versiones de los militares en el proceso por el esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado.	Precisamente, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el Ejército Nacional está implicado en 1065 casos en Desaparición Forzada, 2988 casos en Asesinatos Selectivos, 219 Masacres y 126 en Casos de Violencia Sexual; lo que lo configura como un actor necesario para la reconstrucción de la verdad para las víctimas en Colombia.	Para esto, ha sido de vital importancia la presencia de nueve (9) altos mandos: los generales (r) Rito Alejo del Río, Mario Montoya, Jaime Uscátegui y Henry Torres Escalante; y quienes solicitaron entrar: Iván Ramírez Quintero, Luis Roberto Pico Hernández, Miguel Eduardo David Bastidas, José Joaquín Cortés Franco y Hernando Pérez Molina.	Esta Fundación ha sido un ejemplo que ha desestimado el carácter de impunidad o de estigmatización de la JEP contra los miembros del ejército, debido a que han manifestado estar a favor de rendir testimonios que contribuyan con el esclarecimiento de la verdad. Contrario a las versiones o intentos de reforma a la JEP por parte del uribismo.	Otro de los casos que muestran que el ejército y el uribismo no estarían alineados con el tema de la JEP, tiene que ver con que para diciembre de 2018, ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, se han presentado militares a entregar versiones de batallones como Artillería No 2 (La Popa) de Valledupar (César), la Brigada Móvil 15, con sede en Ocaña (Norte de Santander); el Grupo Gaula Casanare (Yopal), la Cuarta División del Batallón de Artillería No. 4 “Jorge Eduardo Sánchez”, en Antioquia; el Batallón No. 15 Francisco de Paula Santander y la Tercera División del Ejército en el departamento del Cauca.	Esto deja abierto un malestar, del cual sectores políticos como los de la oposición, han afirmado que dentro de los intereses de las objeciones reposa el de extraditar a militares por encima de que estén contando la verdad. De hecho, Angela María Robledo ha ido más allá y ha advertido que pueden existir amenazas y atentados para los 80 militares que han ido a la JEP.	El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, ha anunciado que el 26 y 27 de mayo Humanidad vigente y la Corporación Jurídica Yira Castro presentaron un informe con 112 casos de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008 en el departamento de Antioquia, que dejó 154 victimitas. Las divisiones del ejército salpicadas son la I y VII y, también hay nombres como el del coronel. (r), Juan C Barrera, Óscar González, Luis R Pico Hernández y Mario Montoya Uribe.	El Colectivo de Abogados, hace hincapié en que estos delitos cometidos por las fuerzas militares no son descuidos, ni manzanas podridas como lo han querido presentar desde la versión oficial. De hecho, el informe busca señalar una dinámica de funcionamiento, que fue desplegada por una organización criminal al interior de unidades militares. Dichas etapas son: planeación, ejecución y encubrimiento.	Para el mes de noviembre de 2018, la Fundación Paz y Reconciliación — PARES había señalado que el acto legislativo por el que se modificó la JEP y que pretendía, entre otras cosas, que se nombraran 14 magistrados adicionales; representaba un grave riesgo la labor que desempeña la JEP alternado de “forma profunda la composición y equilibrio de esta Jurisdicción, específicamente en lo que respecta a la centralidad de las víctimas, su pilar fundamental”.	Para marzo de 2019, la Corte Constitucional declinó los intereses del uribismo con respecto a la creación de salas especiales. Precisamente, el alto tribunal encontró que el artículo 75 de la ley de procedimiento de la JEP es inconstitucional. Según José Fernando Reyes, magistrado ponente, la idea de una sala especial para militares representa un riesgo para el tratamiento igualitario de la JEP frente a todos los involucrados en casos en el marco del conflicto armado.	Publicidad Pedro Agustín Valencia Laserna se desempeña como Inspector General de la Dirección Nacional de Inteligencia. Fue nombrado por el propio Juan Manuel Santos el pasado 11 de septiembre del año 2012, para que -como dicen sus funciones- “se encargue de asegurar que las actividades de inteligencia y contrainteligencia se desarrollen con eficiencia y eficacia, […]