Si un vendedor lleva en el espacio público “trabajando” mas de 10 años, se considera que se le ha dado “Confianza Legítima”; es decir, que por 10 años las autoridades lo han dejado estar ahí y por lo tanto tiene el derecho de hacerlo, y si por algún motivo es detenido o se le decomisa la mercancía, las autoridades locales deben reubicarlo en condiciones similares de venta. Este es el país que nos han dejado varios fallos de la Corte Constitucional: donde si usted puede incumplir la normas por más de 10 años, tiene un derecho superior a los que las han cumplido. Esto es incomprensible.	Es entendible el hilo conductor del discurso de la Corte, porque si la Policía no ha detenido al presunto violador de la norma, la persona asume que no esta faltando a la ley. Más, esta línea de pensamiento no solo viola el estado social de derecho, sino que elimina buena parte del estado social de deberes: el respeto a la norma no debe recaer en la capacidad de la autoridad de cumplirla. Si esta línea de pensamiento continúa, veremos tenderos que dicen que llevan más de 10 años sin pagar impuestos, o conductores que nunca han tenido Soat y como nunca han sido requeridos, tienen este casi-derecho adquirido. Los derechos de los ciudadanos y de las empresas están dentro del marco de la legalidad, donde son equilibrados con los deberes, pero por razones más ideologizadas que ideales, las escuelas de pensamiento están superando a la realidad y la justicia, bajo la aparente premisa de proteger a quien menos oportunidades ha tenido, compensándolo con beneficios que desmotivan el mercado.	Las normas deben permitir el libre desarrollo del mercado y ser lo más parecidas para todos, pero bajo un pensamiento equivocado sobre el Estado de Derecho, beneficiamos (no defendemos) a quienes son mas vulnerables, como si debiéramos cargar por siempre el costo de la inequidad. Quizá, si esto fuese con unos tiempos definidos, donde el vendedor ambulante tiene dos o tres años para volverse formal y comenzar a hacer las cosas dentro de las normas y saliéndose de su ejercicio de competencia desleal, no solo se mejoraría el mercado, sino que se generaría más valor y empleo.	El derecho al trabajo no se pierde cuando se le exige a un ciudadano que deje de vender por fuera de la ley; esa línea de pensamiento es un exabrupto sin sentido, que motiva a que más personas se salgan del mercado formal, y que hagan que las personas compren productos legales en formatos informales, donde pagan al vendedor el valor de los impuestos y este no los declara, pasando de ser el buen vecino, a la persona – que sabiendo o sin saber – roba a sus clientes.	El país mejora a cada día, y aún tenemos la costumbre de buscar lugares donde podemos negociar el precio, pedir rebaja y ñapa, dejándonos continuamente la duda si nos estaban pidiendo mucho o si hicimos que un artesano, un vendedor, un tendero o un artista perdiera dinero, para que nosotros pudiéramos pagar menos. Colombia es un país formalmente informal, como lo expuse en un libro el año pasado, pero no podemos pensar que porque hemos sido así, debemos seguirlo siendo. No vivamos bajo la premisa de esa confianza legítima.