En cuanto al dinero, que es necesario para todo, los principales retos son: la inversión en salud equiparable a la amplitud del Plan de Beneficios ‘ilimitado’ como lo establece la Ley Estatutaria. Debemos ser consistentes y lograr que la inversión sea óptima para la real garantía de los derechos, de manera igualitaria y sostenible en todas las regiones del territorio colombiano.	Eso significa que en Colombia la inversión en el corto plazo debería estar cercana al promedio de América Latina (7% del PIB), haciendo la salvedad de que ningún país de América tiene beneficios ilimitados como Colombia. El reto en el mediano y largo plazo es igualar al promedio de los países de la OCDE, que en el 2018 superó el 20% del PIB.	El autocuidado y el adecuado uso del sistema son elementos críticos de éxito frente a la calidad y los resultados de salud. Según la encuesta realizada en 2017 por el Ministerio de Salud, el 60% de las personas no tiene interés en el costo de sus intervenciones, el 20% no cotiza lo que debería, más del 20% cancela las citas, más del 40% no reporta novedades, cerca del 25% no hace ejercicio físico y solo el 40% asiste a programas de promoción de la salud.	Tenemos falta de control en los abusos de pacientes que venden sus medicamentos, usan a los jueces para conseguir órdenes exorbitantes como marcas de zapatos, lentes de sol, cantidades innecesarias de tarros de leche, pañales, etcétera. Así como formulación de medicamentos mucho más costosos, sin impacto significativo en el curso de la enfermedad con relación a los financiados por el sistema.	La política debe incluir un abordaje de los subsidios a la oferta, con uno de los mecanismos para fortalecer la red pública con recursos distintos de la Unidad por Capitación y lograr estímulos para la calidad en todos los niveles. Sin duda, la utilización de la innovación y tecnologías son parte de la respuesta.	Debemos ser más eficientes en todos los niveles. Por ejemplo, las actividades complementarias (PAC) y las intervenciones colectivas (PIC) a cargo de municipios deben estar articuladas con las individuales que coordinan las EPS con sus redes; las modalidades de contratación generan incentivos perversos hacia el no uso de servicios que además se pagan sin facturar; los modelos de prestación son en su mayoría intramuros a pesar de que los domiciliarios son mucho mejor percibidos y cuestan hasta un 30% de los hospitalarios.