La Corte Constitucional dijo no, por vicios de forma, a la Ley de Financiamiento presentada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, luego de una votación de 6 contra 3. El plan importaba en la medida en que se convertiría en la fuente de recursos que lograría recaudar 7,1 billones de pesos, de los 14 billones faltantes del Presupuesto General de la Nación de 2019.	La ponencia del magistrado Alejandro Linares para declarar inexequible la reforma (tumbarla) tuvo el apoyo de los togados Alberto Rojas Ríos, Diana Fajardo, Antonio José Lizarazo, Cristina Pardo y José Fernando Reyes. En contra de la decisión votaron Carlos Bernal, Luis Guillermo Guerrero y Gloria Estela Ortiz, presidenta de la Corte.	La determinación se dio a pesar de los conceptos técnicos emitidos por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), el Consejo Gremial y Fedesarrollo, que pedían tener en cuenta el impacto económico que tendría la no aprobación de esa reforma, y que, según Carrasquilla, es la piedra angular para crecer más del 3 %.	Habría otra posible salida. El artículo 215 de la Constitución Política otorga facultades al Presidente en caso de que “pueda perturbarse o haber amenaza de perturbación” del orden económico, social o ecológico del país. En un periodo no superior a 30 días por cada uno de esos temas, el Presidente, junto sus ministros, puede dictar decretos con fuerza de Ley.	Este es un plan que para algunos sectores no es el mejor escenario. “Es pertinente abogar por el libre mercado y orden constitucional y volver a presentar la reforma, igual o modificada, cuanto antes, pues declarar el estado de emergencia económica mandaría un mensaje de desconfianza”, dijo Sergio Soto, director de Fenalco Antioquia.	Esto porque, entre otros, la iniciativa buscaba gravar ingresos mensuales de 35 millones de pesos con tarifas del 35 % hasta el 39 %; sumó un IVA del 19 % plurifásico a toda la cadena productiva de gaseosas y cervezas; además del impuesto al patrimonio para ciudadanos que tengan, en esa materia, un rubro igual o mayor a los 5.000 millones de pesos.	Carrasquilla ya había tasado el golpe financiero al país de la siguiente manera: 1,5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), cada año; además de que el alza de la economía colombiana no estaría bajo los presupuestos del 3 % presentados por el Gobierno. De hecho dijo que podría costar unos 1.000 billones de pesos en 10 años. Cálculos que para Acosta, resultaban “carentes de rigor”.	Finalmente, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que “para efectos de los empresarios, inversionistas, de los generadores de empleos del país, los emprendedores, las personas que han decidido acogerse al régimen simple, que se están formalizando, es muy importante que las normas que se habían expedido puedan ser reemplazadas por nuevas que nos aseguren que el régimen tributario sigue siendo estable”.