El ordenamiento jurídico colombiano prevé la adecuada cooperación interinstitucional entre las diferentes entidades estatales, inclusive si estas pertenecen a diferentes ramas del poder público. En ese sentido, varias autoridades administrativas cuentan con funciones jurisdiccionales. Este ejercicio, a más de contribuir con una eficiente administración de justicia, alivia y descongestiona a la rama judicial, provee una atención de los asuntos de forma especializada, y garantiza al ciudadano la satisfacción de este importante derecho de una forma adecuada.	En la SIC, muchas de las propuestas que hoy escuchamos en materia de justicia ya son una realidad, pues se cuenta con herramientas en línea para presentar demandas, salas con tecnología para celebrar audiencias virtuales, trámite de expedientes y notificaciones electrónicas, así como un robusto sistema informático al servicio del ciudadano, lo que hace su reclamación expedita y lo menos onerosa posible.	En aras de fortalecer esta cooperación y mantener ese diálogo interinstitucional, la SIC y el Tribunal, siendo autoridades de la rama ejecutiva y judicial, respectivamente, celebraron el pasado 11 y 12 de julio su V Encuentro, en dónde, en un ambiente académico y distensionado, pudieron contrastar visiones sobre temas como marcas, garantías, publicidad engañosa, y otros que afectan directamente a todos los ciudadanos -consumidores y empresarios-.	Este ejercicio, que ya completa su quinta entrega, es un importante y silencioso testimonio de que en Colombia la justicia sí funciona, la cooperación interinstitucional es una herramienta valiosa, y la gente puede contar con especialidad y celeridad en sus reclamos, además de una doble instancia que vela por sus intereses y derechos, en especial los del consumidor.	En ese mismo sentido, la experiencia de la SIC en este oficio de administrar justicia especializada se ve enriquecido por la visión de los magistrados, en consecuencia, jueces de la SIC y magistrados, quienes en este intercambio bilateral, afinan sus conceptos y garantizan una uniformidad doctrinal, el cierre definitivo de los asuntos, y la efectividad y eficiencia en la administración de justicia.	Los temas dirimidos por la SIC guardan relación con los asuntos que son de su competencia tales como protección del consumidor, competencia desleal y propiedad industrial, sin embargo, esperamos poder avanzar en lograr funciones jurisdiccionales en la protección de datos personales, derecho fundamental y transversal en una agenda de siglo XXI.