La situación del distrito de riego Triángulo del Tolima sería tema de discusión el próximo 21 y 22 de mayo, fecha en la que se espera abordar con funcionarios del Gobierno nacional puntos como el plan agrícola y productivo que se tiene proyectado, el estado de la obra y el nivel de cumplimiento del plan de manejo ambiental.	El secretario de Desarrollo Agropecuario del Departamento, José Édgar Bonilla, explicó que las comunidades solicitarán que se entre a concertar la siguiente fase del distrito, que sería la ejecución de los canales prediales, “otro tema que se va a discutir allí, es la utilización del recurso hídrico por parte de aquellos propietarios circunvecinos a los canales ya construidos a los principales”.	Además, se buscará conocer detalladamente la aplicación del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, 3926 “especialmente la hoja de ruta que establece la finalización del Triángulo del Tolima en 2025, cosa que no compartimos y en la que la Gobernación del Tolima ha hecho mucho énfasis en las reuniones del Consa (Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura) y en donde hemos manifestado al Ministro (de Agricultura) Andrés Valencia, la necesidad del Triángulo del Tolima”.	En la jornada que está planteada para dos días y que se desarrollará en el corregimiento de Castilla en Coyaima, se pretende conocer la posición del Gobierno nacional, por ello, se espera contar con la presencia de Minagricultura, la Agencia de Desarrollo Rural, Igac, Agrosavia, ICA, Ministerio del Interior, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, asimismo, Cortolima, la asociación de usuarios del Triángulo del Tolima y representantes de los cabildos indígenas de la región.	Entre los hechos que se argumentan está que el proyecto que se planteó como una oportunidad para las comunidades indígenas y campesinas del sur “ha generado impactos negativos que se están observando en cambios regionales (...). Se transforma el territorio y por consiguiente, el uso del suelo, en ese sentido, el Estado debe garantizar la protección de las comunidades vulnerables y afectadas negativamente con el proyecto”.	Asimismo, se explica que los habitantes de Ataco, Chaparral, de los diferentes asentamientos y comunidades rurales aledañas al ‘Triángulo’, al igual que, de la ladera de los ríos Saldaña y Amoyá han visto afectada su economía y cultura, pues al parecer con la llegada del proyecto desaparecieron especies nativas como el bocachico, peje, capaz, nicuro, sabaleta, dorada, patalón, entre otras “afectando el medio ambiente, el equilibrio ecológico y hasta el mínimo vital de ciudadanos en estado de vulnerabilidad social”.	La demandante de la misma forma hace referencia a que desde hace tiempo las comunidades afectadas por el estado de “abandono” del proyecto han solicitado que se “adopten medidas técnicas, administrativas, presupuestales, contractuales y todas las que sean necesarias, a fin de mitigar, proteger, hacer cesar la amenaza y vulneración de los derechos colectivos (...)”, riesgo derivado del estado actual del proyecto.	En cuanto al Conpes 3926 anunciado por el Gobierno nacional, se señala que a pesar del compromiso de la destinación de $670 mil millones para culminar la fase III, existe intranquilidad pues se da un plazo de ejecución de siete años, tiempo que no sería el adecuado ya que el distrito “necesita una pronta intervención de lo contrario podría terminar en un “detrimento patrimonial y un monumental ‘elefante blanco’”.	Entre las solicitudes está que ordene al Ministerio de Ambiente, ADR, Minagricultura, Anla, Cortolima, informar las medidas y gestiones administrativas adoptadas hasta la fecha para proteger, prevenir la vulneración y cesar la amenaza a los derechos colectivos, de la misma forma, explicar claramente la existencia de planes de contingencia que garanticen el suministro de agua a las poblaciones, el estado actual de las obras y un reporte de la inversión del 3 % del valor del proyecto para la adquisición de áreas protectoras estratégicas y de la inversión del 1% del valor del proyecto en actividades de recuperación, preservación y vigilancia de las cuencas del río Saldaña. Y entre la pretensiones está que se declare a Minambiente, la ADR, Minagricultura, al Departamento del Tolima y Cortolima responsables por omisión de la vulneración de los derechos colectivos y sociales en el marco del proyecto.