Un juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia contra el exdirector de Inteligencia del DAS Laude José Fernández Arroyo, como presunto determinador y autor de una serie de escuchas ilegales.Durante las audiencias concentradas, el fiscal del caso imputó los delitos de: concierto para delinquir agravado, violación de datos personales e interceptación ilícita de comunicaciones, cargos que no fueron aceptados por el procesado.Parte de la evidencia contra Fernández Arroyo fue obtenida con ocasión de las auditorías a las salas de interceptaciones de la Fiscalía ordenadas desde el despacho del Fiscal, en septiembre de 2018, dentro de la investigación contra el coronel en retiro Jorge Humberto Salinas Muñoz, judicializado por su supuesta participación en una red de interceptaciones ilegales.En las verificaciones, el grupo de policía judicial del CTI constató que el coordinador de la Sala Diamante de la entidad, Luis Carlos Gómez Góngora; y el fiscal Fabio Augusto Martínez Lugo, habrían ordenado irregularmente controlar las comunicaciones de directivos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), como el capitán Julián Pinzón; del presidente para Colombia del Grupo Enel, Lucio Rubio Díaz; el abogado Felipe Jaramillo y otros empresarios.Los indicios recaudados darían cuenta que Laude José Fernández Arroyo, como representante de una empresa que ofrecía servicios de inteligencia corporativa y asesoría estratégica en litigios, habría cooptado a los mencionados funcionarios y a otras fuentes humanas para que accedieran a las comunicaciones de personas que sostenían disputas judiciales con sus clientes.En ese sentido, Fernández Arroyo, al parecer, recibió información privilegiada producto de las escuchas ilegales, fotografías y datos íntimos de las víctimas de las interceptaciones y sus familias, y presuntamente les dio un manejo indebido para sacar provecho económico. Situación que configuraría una clara violación a la ley que protege el tratamiento de datos personales.El material en poder de la Fiscalía General de la Nación también permitió conocer que el hoy procesado, a través de su engranaje criminal, era enterado del avance de las indagaciones en su contra, de tal manera que se anticipaba a cualquier procedimiento.