Acosta enfatizó en que las cuestiones de forma no deben perderse de vista bajo ninguna circunstancia y opina que, de acuerdo con estudios internacionales, el efecto que trae la no aprobación de la Ley de Financiamiento es nulo y que, además, se le hace un favor al gobierno con su determinación.	“Por el lado del consumidor, de los hogares, se caería el tema del IVA del 9 %, lo que favorecería un poco el consumo, lo cual nos lleva al asunto macroeconómico: muchos han dicho, en especial los gremios, que prácticamente habría que cerrar el país, y eso no es cierto. Algunos sectores, desde luego, se van a ver afectados en algún grado en materia de inversión, especialmente algunas empresas que hicieron su inversión en términos de los beneficios tributarios que recibían”, explicó.	La importancia del tema llevó a que antes de que se conociera el concepto de la Corte Constitucional desde Fedesarrollo se plantearan algunas consideraciones técnicas con las que se concluyó que lo mejor, en términos financieros, era aprobar la ley. El centro de pensamiento, liderado por Luis Fernando Mejía, destacó la importancia de reforma tributaria, hoy declarada inexequible.	“Actualmente Colombia enfrenta grandes retos en materia fiscal. Con la desaceleración económica producto de la caída de los precios del petróleo, los ingresos provenientes del sector minero energético han sido menores a los observados durante el auge de los commodities. En este contexto, el propósito de la Ley de Financiamiento fue incentivar el crecimiento económico principalmente a través de una reducción en la carga impositiva sobre las personas jurídicas”, dijo Fedesarrollo en su análisis.	“Teniendo en cuenta los análisis presentados previamente, estimamos desde Fedesarrollo que la declaratoria de inexequibilidad de la Ley de Financiamiento generaría un efecto negativo adverso en la confianza, la inversión, así como una reducción en el crecimiento económico de 0,8 puntos porcentuales por año. Esta reducción generaría una pérdida de recaudo frente al escenario de exequibilidad de la ley, con el consecuente impacto en términos de la sostenibilidad fiscal y el gasto público. Por tal motivo, solicitamos de manera respetuosa a la Honorable Corte Constitucional la declaratoria de exequibilidad de dicha ley”, afirmó el centro de pensamiento antes de que se conociera la decisión oficial del tribunal.