La iniciativa, que consta de 26 artículos y que esta siendo socializada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), se convertiría en el Plan B de la citada entidad en caso que prosperen en el alto tribunal las demandas contra varias de las iniciativas del PND, en especial la del Artículo 18, relacionada con las contribuciones especiales a favor de la Creg, la CRA y de la misma Superservicios.	El borrador del proyecto señala: “Modifíquese el numeral 81.2 del artículo 81 de la Ley 142 de 1994 y adiciónense los siguientes dos (2) parágrafos al mismo artículo 81, los cuales quedarán así: Parágrafo 1. Las sanciones previstas para personas jurídicas no excluyen la posibilidad de que la Superservicios imponga sanciones a la persona natural que colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere conductas violatorias del régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios”.	Y, “parágrafo 2. La imposición de la sanción de multa no excluye la posibilidad de que el prestador sancionado sea obligado, el mismo proceso o uno separado, a restituir a los usuarios los beneficios que obtuvo derivados de la conducta sancionada. La forma de restitución será determinada por la Superintendencia en el mismo acto o dará traslado a la respectiva Comisión de Regulación para que ésta determine la forma en la que debe hacerse la restitución a los usuarios”.	“Las multas que se impongan estarán destinadas al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario”. Y, “la imposición de estas multas seguirá lo previsto en la Ley 1437 de 2011; en especial en el artículo 51. La imposición de la multa aquí prevista no exime a la entidad vigilada de suministrar la información solicitada por lo que se podrán generar sanciones sucesivas de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smlmv)”.	Además, la modificación a la sanción y la multa, se refrenda en el Artículo 16, del borrador. “Conductas u omisiones relacionadas con la falta de respuesta y respuesta inadecuada a peticiones, quejas y recursos interpuestos por los usuarios de servicios públicos frente a los prestadores de servicios públicos domiciliarios. Estas conductas u omisiones serán sancionadas con multa hasta cien Smlmv”.	“La base gravable de cada sujeto pasivo se determinará con respecto a los costos y gastos totales devengados de acuerdo con la técnica contable menos los impuestos”. Y, “la tarifa de cada contribución especial se determinará por cada uno de los sujetos activos de la contribución de manera independiente, tomando el valor del presupuesto neto de la entidad correspondiente en el año a financiar, incluidos la totalidad de gastos de funcionamiento e inversión”, reza el borrador del proyecto”.