Es muy curioso que 28 años después de la apertura económica, en Colombia todavía haya promotores de la protección arancelaria para defender su mercado en una economía globalizada. Más curioso es que el Congreso de la República compre ese argumento y aumente por ley los aranceles a las importaciones de textiles y confecciones.	A todas luces, seguir cerrados es contraproducente en un contexto de globalización y expansión de la cuarta revolución industrial. El proteccionismo reduce la competitividad de las exportaciones, porque incrementa los costos de producción y genera un rezago creciente frente a los efectos que la revolución tecnológica está induciendo en la organización global de la producción.	Con su decisión, el Congreso debilita la institucionalidad del país. Los aranceles establecidos en la ley del Plan Nacional de Desarrollo claramente invaden las facultades asignadas por la Constitución al Poder Ejecutivo en los artículos 150 y 189 y genera el riesgo de inducir a otros sectores a presionar la adopción de medidas similares.	La medida era innecesaria, pues el Estado brinda a todos los sectores productivos instrumentos para defenderse de la competencia desleal y mejorar su capacidad de insertarse en la economía globalizada. Los mecanismos de defensa comercial contenidos en los acuerdos de la OMC se han aplicado en Colombia en diversos casos, incluyendo la cadena textil-confección. El actual gobierno ya impuso cinco derechos antidumping en diferentes sectores y una medida de salvaguardia.	Además, son numerosas las medidas adoptadas por el gobierno en favor de la cadena textil-confección: instrumentos para mejorar la productividad, mecanismos de financiación, fortalecimiento del capital humano, combate al contrabando, aprovechamiento de los TLC y acceso a mercados sin acuerdo comercial (ProColombia tiene un área dedicada exclusivamente al sistema moda), e incentivos a la innovación. Una exposición pormenorizada de esas medidas está contenida en la carta del ministro José Manuel Restrepo enviada al Congreso el 29 de abril de 2019, mostrando la inconveniencia de los aranceles por ley.	Un hecho importante es que la cadena textil-confección no está aislada del resto del mundo. Alrededor del 60% de sus insumos son importados, por lo que sufrirá, en carne propia, las consecuencias de los aranceles. A su vez, la cadena produce bienes finales e insumos para otras industrias y servicios que serán afectados negativamente; los consumidores sufrirán un aumento de precios del vestuario del orden del 25% y los sectores encadenados perderán competitividad. Además, habrá otro efecto no deseado con el fortalecimiento del contrabando.	Es evidente que los aranceles por ley, además de inconvenientes, son innecesarios. Con ese panorama, lo mejor que puede ocurrir es que prosperen las demandas de inconstitucionalidad de estos aranceles, que tomemos conciencia de la necesidad de frenar la desinstitucionalización que estamos viendo y que asumamos el reto de aprovechar todos los instrumentos de política que está implementando el gobierno para mejorar la productividad y la competitividad de la economía y no para lograr protecciones especiales. Solo así podremos seguir soñando con hacer parte del mundo que está entrando aceleradamente en la cuarta revolución industrial.