“La entrada en vigencia del decreto marca un hito histórico; este es un viejo anhelo de la infraestructura, ya que se había generado en algunas regiones un círculo vicioso entre política y contratación. Esto se acabó y, ahora, los entes de control tendrán que estar atentos para que se cumpla la ley”, agregó el directivo gremial.	Además, detalló que esta normativa también abre la posibilidad de que –en casos de irregularidades– se puedan abrir investigaciones penales, “porque se puede configurar un prevaricato o una celebración indebida de contratos, aunque también podría intervenir el Ministerio Público, abriendo una investigación disciplinaria, que termine en un proceso de destitución”, dijo Caicedo.	Y agregó que la entidad ya puso a disposición los documentos que fueron construidos en coordinación con las entidades del sector y representantes de los gremios y empresas privadas, “con el propósito de generar estrategias de selección objetiva, donde prime la competencia y la participación de un mayor número de proponentes en los proyectos de obra pública de infraestructura de transporte.	Según Colombia Compra, por el momento estarán habilitados los documentos estándar para los procesos de licitación de obra pública para contratar proyectos de infraestructura de transporte, es decir, para vías primarias, secundarias y terciarias; infraestructuras marítimas y fluviales; vías para atención a emergencias diferentes a contratación directa; infraestructura férrea y aeroportuaria; infraestructura vial urbana y puentes.