a espera continúa. El viernes pasado se encendieron las alarmas en la ciudad luego que el Distrito, en boca del alcalde (e), Pedrito Pereira, asegurara que ocho de los 16 edificios levantados ilegalmente por la familia Quiroz, y que fueron evaluados estructuralmente por la Universidad Nacional, deben ser demolidos por riesgo de colapso.	Esta conclusión se tomó como resultado de la exposición que le hicieron a la Alcaldía de los resultados de los estudios estructurales y de sismorresistencia que fueron aplicados sobre estas propiedades, que tienen incidencia sobre 108 familias en diferentes barrios de la ciudad como Blas de Lezo, Alto Bosque, Los Alpes, El Recreo y Escallón Villa. Los edificios: Villa Mary, Shalom, Portal de Blas de Lezo I, Portal de Los Alpes, Alpes 31, Tsalach, Villa May y Villa Vanessa.	Y es que esta advertencia del Distrito le cayó como un balde de agua fría a las familias afectadas, ya que se enteraron de la situación de sus copropiedades a través de medios de comunicación, y peor aún, hasta el momento la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres no los ha convocado para mostrarles los resultados, qué opciones tienen y qué va a pasar.	“Una gran incertidumbre ha generado esta noticia entre los propietarios de los ocho edificios que tendrán que ser demolidos, pues esta no ha sido socializada con ellos por parte de las autoridades del Distrito, es decir, las familias tuvieron conocimiento del concepto rendido por parte de la Universidad Nacional por los medios de comunicación, lo cual los tiene preocupados porque no saben cuál es el alcance del concepto técnico de la Nacional y eso genera una gran incertidumbre”, aseguró Javier Doria, apoderado de varias familias.	Este panorama es muy similar al que se vivió en Cartagena entre diciembre de 2017 y enero de 2018, meses en los que la Universidad de Cartagena, alma mater que hizo un primer estudio estructural a los 16 edificios, entregara el resultado de las evaluaciones aplicadas. En ese entonces, hubo prisa con las conclusiones por parte de la Alcaldía, falta de claridad de la administración hacia los propietarios y una histeria colectiva de estos últimos que llegó hasta el punto que una juez con funciones de control de garantías ordenara unos segundos estudios.	Similar a lo concluido por la Universidad de Cartagena, se conoció que la Nacional sustentó que los edificios no cumplían con la norma, que hay edificios con más pisos que sobrepasan la altura permitida en las normas urbanísticas, que no tienen aislamientos laterales, los balcones salientes carecen del anterior aspecto, no cuenta con espacios recreativos, entre otros puntos.	Mientras continúa la incertidumbre, la ciudad espera pronunciamiento oficial de entes como la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB) sobre la opción de demolición tras los resultados; sin embargo, este medio se comunicó ayer en dos oportunidades con el presidente de la sociedad, Álvaro Tatis, quien aseguró estar en reuniones, por lo que no se conoció una voz oficial.	Aunque los ojos están puestos en solo 16 edificios, hay otros 20 que según la Fiscalía General de la Nación también fueron construidos ilegalmente por los Quiroz, a los que les cerraron folios de matrículas. Lo último que se supo de estas estructuras es que la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres les haría un censo para identificar a las familias afectadas, mientras se determinaba si serían incluidos en futuros estudios estructurales.	“Ya escuchamos la información y nos dicen que estos edificios pueden tener colapso y ahora le queda la responsabilidad al Distrito de cómo se consigue dinero para demoler, no veo otra opción después del dictamen. En Cartagena, además de construir, hay que tener un presupuesto para hacer demoliciones. Esa responsabilidad quedó en la Secretaría de Infraestructura y vamos a ponernos en esa tarea, ya que primero tenemos que socializar con los copropietarios de los edificios y lo haremos a través de la Oficina de Gestión del Riesgo”, señaló