Hace un cuarto de siglo la negociación y firma de tratados de Libre Comercio era una rutina: Los temas estaban predeterminados y los textos negociados aprobados eran similares, pues bajo el principio de nación más favorecida’ los países están obligados a conceder ‘trato nacional’ a las empresas extranjeras y toda concesión que se otorgue a un país debe ser homologado con la concesión de ese mismo privilegio a los demás socios del sistema.	Tras la negociación del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con México y Canadá por parte de los presidentes Bush padre y Salinas, con el primer Ministro Mulroney, vino la campaña electoral en Estados Unidos y los sindicatos que forman la base del partido demócrata se oponían argumentando que México no garantizaba las libertades sindicales y que el texto no protegía el medio ambiente. Luego, Clinton adicionó al tratado un protocolo laboral y otro ambiental, pero los mismos no formaban parte integral del tratado.	Adicionalmente, los parlamentarios estadounidenses habían advertido que no prorrogarían los beneficios unilaterales que Colombia tenía en el marco de Acuerdo Preferencial (ATPA), los cuales, de hecho, le habían sido suspendidos cuando el país fue descertificado. Además la ratificación en el congreso estadounidense se demoró por exigencias de protección a los líderes sindicales y por la falta de representación política de la población afrocolombiana.	Ocurre que en el marco de la Tratados de Libre Comercio que Colombia firmó con otros países, se han presentado alrededor de 20 demandas contra el Estado colombiano, las cuales ascienden a 9 billones de pesos, en casos como el reclamo de afectación a la inversión de la empresa canadiense que pretendía hacer explotación minera en el páramo de Santurbán, la cual quedó prohibida por la protección legal sobre dicha zona. Para proteger el interés nacional, la Corte Constitucional le pide al Gobierno asegurarse de que el tratado garantice que el país no quede en desventaja en eventuales demandas.	La Corte se refiere a asuntos puntuales que no implican modificaciones importantes en el texto, pero declara que la versión suscrita podría generar problemas de constitucionalidad, relacionados con “la afectación de la reciprocidad, igualdad, la seguridad jurídica, y la confianza legítima, que tienen los inversionistas nacionales en Francia o Israel”. Se trata de llegar con la contraparte a declaraciones interpretativas conjuntas, y “aunque esas aclaraciones no requerirán nueva aprobación en el Congreso ni nueva revisión de la Corte, quedó claro que las mismas son necesarias antes de proceder a la ratificación del tratado”, según lo expresó la Presidenta de la Corte Constitucional.