, Maria Mercedes Perry. Esto, por la comisión de conductas punibles, especialmente la de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.La solicitud se produce tras identificar que, al parecer, la liquidadora emitió dos oficios sin soporte legal. Estos fueron utilizados para decretar dos embargos, uno de ellos del lote de 60.000 metros cuadrados en donde quedaba las oficinas de DMG en el norte de Bogotá.(Le puede interesar:	)“Así mismo, si de la actuación administrativa se desprende que terceras personas puedan resultar directamente afectadas por la decisión, se les comunicará la existencia de esta actuación el objeto de la misma y el nombre del peticionario, para que puedan constituirse como parte y hacer valer sus derechos”, dice la Supernotariado.