Lo que preocupa al Ministerio Público son los casos de los departamentos de Cesar, Norte de Santander y Sucre, así como los municipios de Buenaventura, Ipiales, Palmira, Tumaco y Valledupar, que según informó el Ministerio de Educación, al 8 de enero no habían definido cómo efectuarán la prestación de dicho servicio.	Este no es el primer llamado del ente de control, durante noviembre de 2018, la Procuraduría exhortó a los mandatarios de las 96 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) a cumplir con sus obligaciones para la prestación del servicio de alimentación escolar, con el fin de evitar que se presenten nuevamente demoras en el inicio de la operación del programa.	Según el reporte del Ministerio Público, durante 2018, solo 38 ETC iniciaron la entrega del complemento alimentario desde el primer día de clases. En más de la mitad del país la operación del PAE comenzó dos o tres semanas después, y en algunos casos, las demoras superaron los 2 meses, situación que obligó a la Procuraduría a recurrir a acciones de tutela para garantizar la prestación del servicio.	“El Ministerio Público vigilará la oportuna prestación del servicio de alimentación escolar y adelantará las acciones necesarias dentro de su competencia para velar por la garantía de los derechos a la educación, la salud, la alimentación equilibrada de los más de 5 millones de niños, las niñas y los adolescentes beneficiarios del PAE”, dice la Procuraduría.