Agregó el alto tribunal que al existir este tipo de conflictos entre derechos económicos y los personales, donde se encuentren involucradas garantías de protección como es la salud de los niños, niñas y adolescentes, los concesionarios del servicio público de televisión deben comportarse como garantes de estos, sin que ello implique desconocer los derechos de contenido puramente económico.