A comienzos de esta semana, se publicó del Índice de Competitividad de Ciudades 2019, realizado conjuntamente por el Índice del Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, en el cual, básicamente, Bogotá, Cali y Medellín sobresalen como las ciudades que mejores condiciones de competitividad tienen en un estudio que mide las instituciones, infraestructura, sostenibilidad ambiental, salud, educación, entorno para los negocios, mercado laboral, sistema financiero, tamaño del mercado, sofisticación e innovación.	Hay que entender competitividad como la capacidad que posee un territorio para lograr crecimiento económico sostenido en el largo plazo, en relación con los recursos materiales como inmateriales que dispone y su posibilidad de proveer prosperidad a los ciudadanos. Por eso resulta tan importante medir aspectos como la fortaleza de las instituciones, la agilidad en los trámites, las vías, los puertos y aeropuertos que conectan a todo un país, el suministro de servicios básicos como la salud y la educación y, por supuesto, el ambiente favorable para los inversionistas.	En ese panorama, el Foro Económico Mundial, cada año, actualiza el Índice Global de Competitividad en el que Colombia se mantiene en el puesto 60, registra una calificación de 61,6, por debajo de Chile (primero de América Latina en la posición global 33), México (puesto 46), Uruguay (53) y Costa Rica (55). En términos generales, esa ubicación deja a Colombia en la mitad del ecosistema de competitividad: es decir, ni tan bien, ni tan mal.	Hay tres grandes aspectos en la agenda, en los que Colombia debe trabajar sin descanso: en primer lugar, la transformación del país en términos de infraestructura –lo que sucede en la vía Bogotá - Villavicencio es desolador–. Tenemos desconectada la zona oriente del país, sin una solución que se vislumbre en el corto plazo, con pérdidas millonarias cada día. Eso es apenas un reflejo de lo que ocurre, por ejemplo, con las vías secundarias que conectan los pequeños municipios y que en temporadas de invierno resultan caminos peligrosos para los ciudadanos.	Un segundo aspecto, no menos importante, es el de la generación de valor agregado: avanzar en la transformación digital para que las empresas en Colombia implementen plataformas de pago, sistematicen sus procesos, aprovechen los mercados internacionales y, por esa vía, impacten positivamente la productividad es determinante. Por supuesto, para lograr esa tarea hay que crecer en conectividad. Un país como Colombia, que se debate entre dos salidas al mar, no puede seguir dependiendo en las mismas proporciones de las materias primas.	Finalmente, el capital humano. Como Estado debemos hacer un gran pacto por la gente, que permita garantizarle al ciudadano el acceso a servicios básicos como salud y educación de calidad. Reducir las brechas para que más personas ingresen a carreras profesionales y tecnologías es fundamental para crecer en competitividad. Este es un aspecto que no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión, con un alto grado de rentabilidad para el país.	Agotada la discusión de estos tres aspectos, Colombia se convertirá en un país que pase de estar en la mitad de todos los rankings a una nación que apueste por la excelencia en los temas fundamentales. De manera automática, esa gestión afectará positivamente los indicadores económicos y sociales que para unos están estancados, pero para otros podrían estar peores.