Una reparación directa por parte de la Superintendencia de Sociedades, buscará un grupo de víctimas de la captadora ilegal de dinero DMG. La demanda será por la pérdida de $100 mil millones debido a omisiones, acciones ilegales y falsedades.La acusación señala que las irregularidades fueron cometidas por la liquidadora de DMG, María Mercedes Perry.Según el abogado	en contra de la Superintendencia.De otra parte y a mediados de octubre, se supo que en el juicio que se adelanta contra los empresarios Luis Eduardo Gutiérrez Robayo y Juan Carlos Valencia Yépez, acusados de lavar millonarios activos a los cerebros de la pirámide DMG, declaró un testigo del caso.Los empresarios son acusados del delito de lavado activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.La acusación se centra en los bienes inmuebles que adquirió Guval -la empresa que era representada por los procesados- y que fueron adquiridas por DMG al parecer con la finalidad de legalizar dineros de la captación masiva ilegal.Durante el juicio un técnico investigador incorporó documentos relacionados con el funcionamiento de la pirámide DMG demostrando la forma como operó la relación de los procesados con ese grupo dedicado a captar dinero de las víctimas.Según la Fiscalía se utilizó a la compañía Guval para adquirir 473 bienes inmuebles, firmar promesas de compraventas y distribuir bienes a nombre de esa persona jurídica que en realidad pertenecían a David Murcia o al conglomerado empresarial.De acuerdo con los registros judiciales se calcula que más de 240 mil personas perdieron sus dineros tras invertirlos en DMG.Más denunciasPor otra parte en las últimas semanas habitantes de municipios como Fusagasugá, Ubaté, Cota, entre otros,