Conforme con la demandante, se estaban incumpliendo normas contenidas en las leyes 388 de 1997 y 1682 de 2013, así como en el Decreto 190 de 2004 (POT) y en el Decreto Distrital 543 de 2016 y el Plan Maestro de Movilidad. Dicho argumentos fueron desestimados por la autoridad judicial, que declaró improcedente la demanda y ordenó su archivo.