Es indispensable que exista una división de poderes claramente alineada con el objetivo de salvaguardar el Estado de Derecho y proteger la democracia. El desafío de aquellos escogidos para redactar la Constitución de una nación es limitar el poder del gobernante. Esta es una labor para la cual se requiere atraer juristas imbuidos de un sentido particularmente balanceado de los deberes y derechos de los ciudadanos. No se puede exagerar la importancia que tiene una constitución para el manejo ordenado de una nación y para la preservación de la concordia dentro de la población.	Hay países como el Reino Unido o Israel, que han optado por no redactar una constitución. Tal vez su decisión se deba a que no pueden encontrar la forma de conciliar los diferentes intereses de sus ciudadanos y, al tiempo, lograr una arquitectura normativa en la que se separen los tres poderes y se delimiten sus áreas de influencia.	Por ello, me ha sido imposible imaginarme el raciocinio de aquellos que pretenden –en momentos de polarización, con un ánimo de confrontación y falta de capacidad de diálogo– llamar a la elección de una asamblea que reforme la Constitución y, en particular, la justicia. Debería ser motivo de preocupación para los líderes políticos, como lo es para muchos colombianos, que no exista temor a los efectos que tendría una decisión de tal impacto en el bienestar ciudadano.	Ya estamos viviendo las consecuencias de la reforma del 91. Esta creó una reorganización institucional con instrumentos democráticos y eficientes como la tutela, de la cual se ha abusado, llegando incluso a poner en entredicho su valor. Además, la Constitución vigente impulsó una muy necesaria descentralización que, desafortunadamente, no ha venido acompañada de un control apropiado o un seguimiento por parte del Gobierno Nacional.	Es evidente que la solución de resolver la problemática legislando no ha producido como resultado un sosiego institucional. No veo por qué lo va a hacer ahora. Einstein decía que “no hay razón para pensar que, haciendo lo mismo, se va a conseguir un resultado diferente”. Pareciera que nuestra clase dirigente no lo ha entendido así.	Puesto de la forma más escueta posible, el orden que se requiere es: (1) un poder Legislativo que elabore las leyes; (2) un poder Ejecutivo con potestad normativa que ejecute las resoluciones políticas, y (3) un poder Judicial que juzgue los delitos o las diferencias entre los particulares. Colombia ha sufrido la consecuencia de la insistencia de los actores de dichas instituciones, de invadir el terreno de lo que no le compete a su respectiva responsabilidad. Esto, adicionado a la dificultad de definir las potestades de la Corte Suprema, la Constitucional, el Consejo de Estado y ahora la Jurisdicción Especial para la Paz. Es hora de restablecer el equilibrio institucional.