a última vez que un alcalde de Cartagena culminó su período administrativo correspondiente a cuatro años en el poder fue en el 2011. Desde entonces el fantasma de la interinidad no ha abandonado el Palacio de La Aduana, y se ha manifestado a través del nombramiento de once alcaldes distintos en ocho años, arrojando una vergonzosa media que sugiere que un alcalde en la ciudad tan solo puede durar un año en el cargo.	Tal situación ha puesto en boca del país a Cartagena, que en este período ha sido el epicentro de numerosos escándalos de corrupción. El más recordado quizá sea el del Plan de Alimentación Escolar (PAE), que en 2017 acaparó toda la atención por cuenta de la insólita compra de pechugas a $40 mil por parte de su operador.	A su vez, otros casos que han tenido alto relieve mediático han sido el de las investigaciones al exalcalde Dionisio Vélez por presunto detrimento patrimonial en contratos de obras para puestos de salud; y el proceso que cursa contra Yolanda Wong por haber entregado a Edurbe contratos que, presuntamente, no cumplían con el lleno de los requisitos legales.	A educación le fueron asignados $70 mil millones distribuidos de la siguiente manera: $57 mil millones para obras de reconstrucción y reparación de 66 instituciones educativas, y $13 mil millones para renovación de redes eléctricas, aparatos eléctricos y la dotación de espacios de aprendizaje como sillas, tableros, aires acondicionados y equipos tecnológicos.	Los millonarios contratos fueron adjudicados a las empresas del Consorcio Salud Heroica y Coinses, las cuales también se encuentran investigadas junto con el exalcalde por un presunto caso de responsabilidad fiscal que habría generado un detrimento de $37.810 millones, debido a que las obras, cinco años después, aún no han sido terminadas.	A través del acuerdo 003 del 9 de mayo de 2017, el Concejo Distrital autorizó un préstamo por $112 mil millones de pesos para el desarrollo de diversos proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo ‘Primero La Gente’, cuyo contrato con la entidad bancaria fue finalmente celebrado en diciembre de ese año, bajo el encargo del exalcalde Sergio Londoño Zurek.	Los $112 mil millones de pesos fueron distribuidos de la siguiente manera: $60 mil millones para el megaproyecto de protección costera, $20 mil millones para la construcción de viviendas de interés prioritario, $15 mil millones para la intervención de caños y canales de la ciudad; otros $15 mil millones para mejoramiento integral urbano, y $2 mil millones para la recuperación del cerro de La Popa.	El primer contrato, suscrito por un valor de $8.427.924.090, fue realizado con la Fundación Red Colombiana de Comercialización y Desarrollo Comunitario (Redcom), la cual se encuentra ubicada en Pasto, Nariño. Posteriormente, la licitación le fue entregada al Consorcio Proescolares 2016, que también obtuvo el contrato en 2017 bajo otro nombre.	Pechugas a $40mil, $39 millones en canela y $2 millones 500 mil en panes, prendieron las alarmas sobre una nueva olla de corrupción que se destapaba en la ciudad, que tuvo como consecuencia la apertura de investigaciones contra el exalcalde Manuel Vicente Duque; el exsecretario de Educación Germán Sierra Anaya; el ‘zar’ del PAE, David Camacho Benítez; la representante legal del consorcio, Sandra Mercado; la supervisora de la Alcaldía, Mayris Gómez; y la representante legal de la Fundación Redcom, Gladys Muñoz.	La licitación para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en las instituciones oficiales del Distrito durante el año 2015, fue una de las más cuantiosas de los últimos ocho años. El contrato en aquel entonces fue entregado a la empresa Seguridad Oncor, la cual figuraba como único proponente. La misma historia se repitió en el año 2016, y en 2017 la empresa volvió a ganar la licitación contra otros dos oferentes, que al final no cumplieron con los requisitos habilitantes.