Existe en el suroeste antioqueño una activa discusión sobre la instalación de una gran empresa minera en uno de sus municipios más emblemáticos: Jericó. Lo que allí se agita, incluyendo la negativa de los consejos municipales a dicha actividad, es de interés nacional. Casos como el que quiero comentar muestran la necesidad de acuerdos intergubernamentales estratégicos en función de análisis contextuales claros.	La minería ha sido importante en el crecimiento económico de Antioquia. En el siglo XIX ayudó a los comerciantes a diversificar sus inversiones y crear nuevas empresas. Sin embargo, las dificultades que esta actividad ha dejado en temas sociales y ambientales no son pocos. Por ello, su debida gestión se ha convertido en prioridad ineludible y asunto del mayor interés colectivo. La minería plantea hoy definiciones muy rigurosas de cargas y compensaciones sobre un territorio y su población para ser aceptable. El centro de la discusión en el suroeste se resume en la pregunta: ¿es posible consolidar la vocación agroindustrial del territorio, el turismo ecológico, paisajístico y cultural, teniendo al mismo tiempo explotación minera de cobre y oro? Y es que inversionistas internacionales se refieren a esta región como la ‘toscana colombiana’.	La multinacional AngloGold Ashanti lidera la opción de que son compatibles las dos perspectivas. En un reciente foro público se le plantearon preguntas para aclarar su posición como: ¿cuáles son los efectos ecosistémicos en flora y fauna?, ¿cuáles son los impactos en el recurso hídrico superficial y subterráneo y sus estrategias de gestión edáfica e hídrica, ¿cuál es el impacto sobre la calidad de vida de las personas vecinas a la mina y visitantes del municipio, ¿cuáles son los efectos que se darían por el uso de transportes y equipos técnicos en la construcción, sobre contaminación lumínica, acústica y vibraciones que se generan?	El agua es el elemento más sensible en las preocupaciones comunitarias. La explotación minera será de socavón, con la creación de una caverna a 700 mts. de profundidad de la planicie de Jericó y 200 mts. de la vertical del río Cauca y una tunelería desde el Cauca para llegar, de 6 kms. Sin duda, necesariamente se afectan no solo las tierras y las aguas en la parte alta, sino en todo el trayecto ladera abajo. El impacto en suelos y aguas que ocurriría sería desastroso, sino no hay claridad y protección, tanto en la superficie de la explotación como a lo largo de la ladera de la montaña y la pata de la misma.	Pero la pregunta de interés nacional que algunos plantean es: ¿no será que la mejor gestión minera es hacerla en territorios cuya vocación o potencialidades son claramente favorables a dicha actividad, al igual que el ambiente comunitario y, en consecuencia, los impactos son menores y las mitigaciones más seguras y posibles? Y además ¿mayores efectos en la calidad de vida de la población, al tratarse de la actividad prioritaria? ¿No podemos definir responsablemente un país minero y evitar tantas contradicciones sobre tal actividad?