El tribunal concluyó que la Contraloría había actuado de manera arbitraria en el juicio a Prodeco (filial de Glencore que explota el carbón de la Jagua), por responsabilidad fiscal en la renegociación de las regalías a favor del Estado, y obligó a Colombia a devolverle a Prodeco los US$19,1 millones de la sanción.	Prodeco denunció ante las autoridades el acto de corrupción en Ingeominas mediante el cual otorgó un contrato de concesión a unos particulares en un área diminuta dentro de la mina de Prodeco. Las autoridades se vendaron los ojos. Esos particulares, testaferros del director de Ingeominas (dice la Contraloría), le vendieron a Prodeco la concesión a un precio exorbitante.	Prodeco fue condenada por la Contraloría con base en un informe técnico que mostró que el cambio de regalías produjo detrimento para la nación. Para el tribunal fue un informe chambón, y lo fue: comparar las dos fórmulas de regalías usando los resultados de un año, en vez de hacer la comparación con los resultados probables en el horizonte de vida del proyecto.	“Con frecuencia me ha irritado ver la manera como algunos jueces empujan al criminal a revelar sus actos mediante fraudes, y cómo emplean el engaño y la desvergüenza”, escribió el filósofo Montaigne en el siglo XVI. En eso no ha cambiado la justicia. La Contraloría les embargó los bienes a los negociadores de Ingeominas, lo cual dio como resultado que ellos cambiaran su testimonio, dirigiendo el dedo acusador hacia su director. A cambio, les levantaron el embargo. La Contraloría fabricó así una prueba de soborno. “Justicia maliciosa”, dice Montaigne. Perdido el caso en la Contraloría, Prodeco apeló ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde el expediente está acumulando capas de polvo.	Las pretensiones contra Colombia por cuenta de los acuerdos bilaterales de inversión (como el del caso Glencore), ascienden a US$9.525 millones sin intereses, más del 10 por ciento del presupuesto nacional de 2019. Es una bomba de tiempo. En los acuerdos de inversión no existe una segunda instancia para la solución de disputas, e inhiben la acción regulatoria del Estado, pues permiten alegar que cambios en la legislación alteran las reglas de juego. La mayor parte de esas demandas se refieren a fallos de la Corte Constitucional, que cambian las reglas de juego y, por ende, las expectativas de inversionistas extranjeros.