Además, recordó que el proceso surgió en la administración de Ismael Ñustes, alcalde que solicitó la medida sobre la licencia expedida a través de resolución en diciembre de 2009 y modificada en 2011, debido a que se consideró que no se habría cumplido con todos los requisitos en el proceso de expedición. En el documento del Consejo de Estado, se explica que se busca determinar si la autoridad ambiental quebrantó la normatividad con la expedición de la resolución 3281 por la cual se otorgó la licencia.	El alcalde Escobar agregó que el lugar escogido no es el más idóneo “es una finca de cordillera, que está rodeada de varias fuentes hídricas como la quebrada Santo Domingo, La Zorra, también, aguas de escorrentía, todas estas desembocan en el río Sabandija, ese es el gran temor que tenemos todos, que se dé una afectación de grandes a proporciones y que sería irreparable para el norte del Tolima”.	Otra de las precisiones incluidas en el documento del Consejo de Estado, es que la acción popular instaurada por la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria en 2010 en contra del Ministerio de Ambiente, Cortolima y el Municipio de Armero - Guayabal, mediante la cual se buscaba proteger los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano ante una presunta vulneración, “con ocasión del mal manejo del relleno sanitario”, en esta ocasión “no es el mecanismo para controvertir la legalidad de un acto administrativo”, motivo por el cual no se tuvo en cuenta en la solicitud de la medida cautelar.