Salento, el pueblo más grande del departamento más pequeño de Colombia, lleva alrededor de 20 años en la mira de multinacionales mineras que ya lograron radicar solicitudes de explotación en el territorio. Con el acuerdo, los concejales pretendían construir una barrera ante dichos intereses económicos para que no pudieran seguir avanzando. O, al menos, para que tardaran un poco más.	De acuerdo con el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá, el acuerdo fue invalidado porque se trataba de un recurso ilegal: “En octubre del año pasado, la Corte Constitucional estableció que los concejos municipales ya no tienen esas facultades porque el subsuelo le pertenece a la Nación. A mí ni siquiera me informaron: ese acuerdo llegó a la Oficina Jurídica y siguió al Tribunal Administrativo para su revisión”, explica el dirigente de los quindianos.	PUBLIMETRO pudo conocer el documento que la Gobernación del Quindío le envió al Tribunal Administrativo del departamento, firmado por el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Jurídica y apoderado del gobernador, Víctor Alfonso Vélez. En discordancia con lo que expresó Osorio Buriticá, el escrito sí contenía una solicitud expresa de invalidación del acuerdo municipal.	¿Quién tiene la razón? La concejala Orfa Liliana Correa explica que el cabildo local sí posee la facultad para establecer dicho acuerdo: “La gobernación se basó en la sentencia que dice que los concejos no pueden disponer del subsuelo, pero existe otra ley que permite hacer acuerdos municipales si hay amenazas latentes sobre el territorio. Tal vez nos faltó más comunicación. Ni siquiera enviaron el acuerdo al Tribunal para revisión sino que la solicitud fue que lo declararan inválido”, explica Correa.	Un informe de la Fundación Ecológica Cosmos, basado en datos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), muestra que entre los años 2000 y 2010 se tramitaron 17.479 solicitudes mineras en Colombia y se entregaron 7274 títulos que abarcaron 5,8 millones de hectáreas. Esta superficie equivale a 33 veces el tamaño de Bogotá.	“Las zonas mineras en Colombia se caracterizan por ser las más pobres, las más violentas, en las que hay mayor degradación ambiental y social, y mayor destrucción de la naturaleza. No hay excepciones. Nadie quiere eso para su territorio. Si permitimos que un solo proyecto de gran minería se consolide en la región, podemos olvidarnos del mundo que hemos creado aquí”, dice Néstor Ocampo, director de la Fundación Ecológica Cosmos.	En 2018, el país alcanzó un récord en el recaudo de regalías mineras, es decir, las contraprestaciones económicas que los titulares de concesiones mineras deben pagarle al Estado por permitirles la explotación de los recursos. Se recaudaron $2,5 billones, lo que representó un aumento del 20% con relación al año anterior.	A finales de los años 80, Salento y otros municipios del Quindío empezaron a dejar a un lado su vocación agrícola debido a la caída de los acuerdos internacionales que favorecían los precios del café colombiano. Los gobernantes, entonces, vieron en el turismo una gran alternativa para impulsar la economía de la región.	Años más tarde, lugares que siempre habían estado en el anonimato empezaron a convertirse en atractivos de talla mundial: el Valle del Cocora con sus imponentes palmas de cera, las palmas más altas del mundo y que solamente nacen en Colombia; las calles de Salento, llenas de casitas de colores y una variada oferta de artesanías, y el mirador Altos de la Cruz, donde los turistas se asoman para ver un paisaje que no tiene límites.	Si la minería a gran escala llega a Salento, bastará menos de una década para que este pueblo sea un recuerdo. Las palmas de cera, árbol nacional, quedarán solamente en el billete de $100.000,  que quizá tenga otro diseño para esa época. Las callecitas coloridas y el mirador podrán conservarse, como mucho, en las fotos de los turistas que alcanzaron a visitar este paraíso. Hasta las multinacionales papeleras y aguacateras, que hoy poseen más del 10% de Salento, terminarían desplazadas porque el suelo ya no sería fuente de vida para sus plantaciones.	En 2011, la Unesco declaró al Paisaje Cultural Cafetero de Colombia como Patrimonio Mundial.  De dicho paisaje hacen parte 858 veredas de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca cuyos habitantes han establecido relaciones especiales con el territorio alrededor de la producción de café. Los lugares que alcanzan este reconocimiento deben gozar de una mayor protección por parte de sus gobiernos, según advierte la Unesco. Por eso, entre otras cosas, no pueden permitir la minería a gran escala.	Sin embargo, la superficie de Salento que fue incluida en el Paisaje Cultural Cafetero por parte del Ministerio de Cultura y la Federación Nacional de Cafeteros corresponde únicamente a tres de sus 17 veredas: San Juan de Carolina como área principal y Palogrande y Llanogrande como área de amortiguamiento, es decir, sitios de protección que rodean el área principal. Juntas ocupan 3327 hectáreas, el 9% de la extensión del municipio.	Sebastián Rodríguez, expresidente de la Plataforma Municipal de Juventud de Salento y voluntario del Programa Nacional Vigía del Patrimonio Cultural, elaboró en 2016 un documento en el que explica que la superficie de Salento que pertenece al Paisaje Cultural Cafetero incluye ocho veredas. “La Federación Nacional de Cafeteros y el Ministerio de Cultura reconocen solo tres veredas, pero en el Esquema de Ordenamiento Territorial de Salento se constata que son más. Esa es una discusión que he tenido con estas entidades”, explica Rodríguez.	A pesar de esta reinterpretación, el área protegida por el pacto internacional no alcanza a ser ni la décima parte del municipio. “Hay otra figura de conservación que es el Distrito Regional de Manejo Integrado, que abarca el 87% de Salento. Esta figura incluye leyes que nos protegen de actividades como la explotación minera. Pero más allá de la lucha contra la minería, nosotros luchamos por todo nuestro territorio”, añade el vigía del patrimonio cultural.	Cuando se hizo pública la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío sobre la invalidez del acuerdo para proteger a Salento de la gran minería, la preocupación llegó hasta un grupo de jóvenes salentinos que aprovecharon las bondades de Whatsapp para crear un grupo e invitar a sus amigos a una marcha que se realiza desde hace tres años en el Quindío bajo la consigna de defender el agua, la vida y el territorio.	Así nació Re Evolución Salento, un colectivo que hoy reúne a más de 200 personas y que propone desarrollar actividades para fomentar el sentido de pertenencia en el municipio. En las reuniones semanales es posible encontrar jóvenes de colegios y universidades, que reparten el tiempo entre sus deberes académicos y las iniciativas para seguir luchando por la defensa del territorio.	“No solo nos queremos enfocar en el tema de la minería, sino buscar soluciones a otras problemáticas como el turismo descontrolado y los monocultivos de pinos y aguacates. Llevamos muy poco con este proyecto, pero ya sentimos el apoyo de mucha gente”, cuenta Sebastián Araque, uno de los líderes de Re Evolución Salento.	Juan Diego Rodríguez, otro de los jóvenes que han iniciado el activismo ambiental, dice que uno de los principales problemas de Salento “es que la gente mantiene muy desinformada y no le interesa saber qué sucede. Queremos motivar a todas estas personas para que hagan algo, que se ‘pongan la camiseta’ y actuemos”.	“No queremos que se sigan creando nuevos pactos, como lo ha hecho la Gobernación del Quindío. Queremos que el gobernador le pida disculpas al municipio por no haber defendido el territorio. Esto hizo parte de sus promesas de campaña. Debería disculparse y mostrar su compromiso mediante un acto jurídico”, dice Matías Malamut, líder de Re Evolución Salento.	Ahí ha habido un interés de personas que tienen alguna posibilidad política, entonces le están ‘echando candela’ a eso y dicen que el agua está envenenada, etc. Son pseudocientíficos, aprovechan dos libros que se han leído para decir algo sin peso científico. No existe una gobernación que le haya invertido tanta plata a la preparación para el cambio climático como lo hemos hecho nosotros, proporcionalmente hablando a los recursos. Acabamos de aprobar $14.800 millones por regalías para este fin.