se adoptó un concepto de abogacía de competencia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio que fue radicado por el Ministerio el 27 de septiembre de este año y tuvo respuesta el 4 de octubre, en donde la entidad vio que este es un mecanismo viable y que no le encuentra incidencia negativa a la libre competencia en el país y que hace 10 recomendaciones para aclarar, incluir y eliminar el tratamiento diferencia en el pago de los años de los operadores	“con las condiciones como están vemos que se puede impedir la participación de Telefónica en el proceso, cuestión que nos preocupa porque se estaría generando una discriminación pero que además puede resultar en una concentración de espectro por el agente que tiene posición de dominio en el mercado, todo esto por no revelar el valor de reserva ni el índice base de la misma”.	“Compartimos las preocupaciones sobre la calidad del servicio que se va a exigir en las localidades en las que se debe desplegar el servicio, por parte de los operadores y en el caso de los reemplazos de los territorios, estos deben tener las mismas características equiparables para prestar un servicio, pues de lo contrario podría también afectar la oferta económica en unos lugares más que en otros”, apuntó.	“El objetivo de esta subasta es la maximización del bienestar social, el Gobierno debe recordar que los precios base de la subasta deben estar alienados a esta finalidad, para que los recursos de los operadores puedan destinarse a realizar las inversiones para conectar a más colombianos, pero nos preocupa la exigencia en la cobertura que se debe tener en las áreas pues con la tecnología que se tiene requerirá hacer un mayor despliegue de infraestructura lo que hará mayor la inversión”, indicó.