. También dio un plazo de dos años para que el Congreso cree una fórmula para calcular estos precios.Para la Corte “no había ninguna directriz o parámetro legal” para que el Ministerio de Minas fijara el valor de referencia. En esta demanda, la Procuraduría insistió que desde que se creó la norma no ha existido “un criterio legal para determinar la base gravable”.De igual forma el Ministerio Público propuso que la sentencia debía tener “efectos diferidos” de dos años con el objetivo de preservar el principio de confianza legítima de los entes territoriales que reciben ingresos provenientes de dichas sobretasas.