Cada ministro de Justicia llega al cargo con su propuesta de reforma debajo del brazo. Lo intentó Gloria María Borrero en los pocos meses en los que estuvo al frente de la cartera tras la designación del presidente Iván Duque Márquez y se prevé que Margarita Cabello, su reemplazo, haga lo propio. Su decreto de posesión saldrá hoy, según fuentes de la entidad que señalan que el tema desde ya se está moviendo y que se estructurará de la mejor manera para no ser un fracaso en el Congreso.	En concepto de Hernando Herrera, director de la corporación Excelencia a la justicia, una verdadera reforma debe destacarse por ser más ágil en los términos para producir las sentencias y que se aligere la congestión judicial evitando la morosidad o el tiempo máximo para resolver conflictos. A su juicio, esto se lograría mediante una reingeniería de los Códigos Penales y Procedimentales “para eliminar tanto recurso inservible que a veces termina es dilatando la acción judicial”.	“Pensamos dentro de un marco que los magistrados y los jueces están para aplicar y fallar en derecho no para prestar servicios electorales en lo que tiene que ver con estas facultades electorales que no han dignificado a las Cortes, sino que muchas de las veces lo que ha hecho es deteriorar su imagen por los conflictos internos para elegir a estas personas”, expone el jurista.	Agrega a su premisa que es bastante el desgaste que se lleva en recibir una terna, estudiarla, aceptarla o devolverla, luego escuchar a los candidatos, debatir sobre las propuestas de los aspirantes y tomar una decisión es un tiempo valioso que los magistrados y sus equipos podrían estar empleando en su función principal que es la de administrar justicia.	Gómez piensa más en que primero ha de resolverse la prontitud en la resolución de procesos de cara a que se convierta en un sistema que beneficie a los ciudadanos. “La justicia tiene serios problemas de oportunidad. La transparencia en los jueces es muy precaria, no hay controles, tenemos un aparato de justicia que es un aparato burocrático”, detalla.	Añade que al detenerse en lo que él considera asuntos menores, como el de la política, hace que piense más en el “que dirán” de parte de los otros poderes. De allí que el grueso de su propuesta apunte a una reforma de la ley estatutaria de la administración de la justicia y hacer más operativa la carrera judicial.	Pese a las ideas que han llevado los ministros de turno siempre el Congreso ha sido visto como un palo en la rueda para que avance o no una reforma. Dilaciones, falta de quórum o agendamientos son algunas de las maniobras que se han visto por parte de los legisladores para no dar un debate que exige a gritos el país.	Herrera considera que los congresistas no le han querido jalar al tema de la reforma “porque no encuentran provecho o beneficio” en las propuestas que han presentado los jefes de esa cartera. Otro de los aspectos es que no ha habido un consenso partidista interpartidista en los aspectos fundamentales de la reforma propuesta.	“También uno de los aspectos clave en este punto son los tiempos con los que a veces se presentado la iniciativa y que no permiten el suficiente análisis en temas que son complejos y tan discutidos como lo son cada uno de los elementos que conforman el sistema de la justicia”, concluye.	“Las universidades no están permeadas ni por temas de corrupción ni tampoco afectadas en su institucionalidad, por eso sí se puede ver con buenos ojos que las facultades de derecho intervengan y determinen cuál puede ser la mejor persona para ejercer uno de estos cargos. También podemos pensar los colegios de abogados ya que todos son buenos en ello”, anotó.