Si lo que estamos viviendo en Colombia no fuera la banalización del debate entre gobierno y oposición, la confrontación pública no sería una mala cosa. Por el contrario, los esquemas de las democracias activas se expresan de múltiples maneras: en la discusión pública sistemática entre el partido o la coalición política que gobierna, los partidos o fuerzas políticas de la oposición, y, con mayor frecuencia en nuestros días, las fuerzas independientes o las terceras opciones dentro del espectro político.	Por estos días se exige que el primer mandatario atienda personalmente toda protesta. El gobierno no puede ir a las regiones como apagaincendios, especialmente cuando se trata de manipulaciones. Claro, la presencia es vital ante la postergación en la atención de los vulnerables o para subsanar la ausencia histórica del Estado, y absolutamente prioritaria en la atención de desastres. No puede darse a la grupa de la inspiración de radicalismos extremos. Este ciclo de construcción de convivencia va a generar grandes demandas sociales. Sabio es el proverbio alemán cuando señala que ‘toda guerra, deja al final tres ejércitos, uno de discapacitados, otro de viudas y un tercero de bandidos’. El gobierno debe actuar con gran discernimiento y sentido de la afirmación. Es el momento de convocar encuentros departamentales a todo nivel, no solo con las élites, para señalar el calendario operacional de los pactos que integran el Plan de Desarrollo, así como las garantías de transparencia que acompañarán su materialización oportuna.	He tenido la oportunidad de presenciar directamente la campaña de las elecciones españolas con fuertes tendencias polarizantes, una aparición de la extrema derecha en la arena política y una retracción de la derecha tradicional, una recuperación bien labrada y victoriosa de los socialistas, un retroceso de la izquierda radical, y un espacio deliberante para Ciudadanos, partido al cual, en el viejo dibujo del hemiciclo político, se le ubicaría en el centro. He vivido la campaña en Murcia, puesto séptimo en la escala de población entre provincias y comunidades, un buen laboratorio para entender que una fuerte confrontación en lo político, corrientes migratorias afro, magrebíes y suramericanas, la crisis del modelo de crédito hipotecario, las dificultades competitivas de la ‘huerta murciana’, no son obstáculos insalvables para lograr consensos fundamentales en diseños institucionales de largo plazo, construir un prospecto común de desarrollo para 20 años y firmar pactos de mejora salarial sostenida hasta el 2030.	Todos los días escuchamos informaciones sobre la situación de Cataluña y, sobre el daño, porque ya se produjo un daño a la imagen de España en el mundo con independencia de si eres ‘constitucionalista’ o ‘separatista’. También registramos voces sobre la fractura política española, sobre la corrupción y el veloz paso de la familia patriarcal a la nuclear y de esta última a la familia mono parental o multiforme, pero nunca escuchamos reportes o presenciamos despliegues con relación a la recuperación de la economía española, a la preservación de la seguridad en medio de la crisis o a los tremendos logros de esta nación en los campos deportivos, artísticos o científicos. Pues bien, veamos un par de ejemplos de magnitud y posibilidad adaptativa, que nos dan cuenta de la España en franca recuperación.	Hace poco más de una semana, se proclamó por la Asamblea Regional de Murcia, como resultado del acuerdo de todas los partidos políticos y movimientos locales representados en el legislativo territorial, el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, una especie de Constitución Regional. Dada la unanimidad política y el amplio respaldo social, el proyecto cuenta con los mejores augurios para su tránsito en la Asamblea Nacional y la consideración de las altas cortes. Un total de nueve capítulos y noventa y nueve artículos integran la que será nueva Carta Política, un marco institucional que guarda alta correlación con el sentido de la historia.	Uno de los aciertos notables del gobierno del presidente Duque en la primera fase de su gestión fue el acuerdo de concertación laboral para la definición del aumento en el salario mínimo durante el año en curso, un incremento por encima del índice de precios de 2018 con la consecuente dinamización de la demanda interna. Las cifras de crecimiento esperado muestran una mejora y eso no es mala noticia. No obstante, el gran problema de nuestro modelo de concertación laboral es que su prospecto no supera la coyuntura anual de la remuneración básica, dejando de lado el abordaje de temas que, en caso de acordarse con equilibrio, serían de gran recibo por la ciudadanía y los inversionistas internacionales. Tales los casos de la reforma pensional, el reconocimiento de la economía del cuidado, la eliminación de diferencias salariales entre géneros, la política nacional de bilingüismo y las políticas en pro de la formalización. He aquí el ejemplo a seguir. Los sindicatos y los empresarios de la región de Murcia, han firmado recientemente un acuerdo por el cual impulsan un marco de negociación laboral, en el que se pretende que los trabajadores con competencias básicas, cobren al menos una suma de 14 mil euros al año en 2030. La concertación ha escogido como el eje de la agenda 2030, la adopción comprometida y con cronograma detallado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en cuya gestación nuestro país tuvo tanta responsabilidad.