El reto de prevenir o contener su uso indebido en el país involucra la corresponsabilidad de las entidades públicas, los médicos y profesionales de la salud que participan en el proceso de prescripción, dispensación y administración de opioides, la industria farmacéutica fabricante e importadora de estos medicamentos, los dependientes de farmacias, los pacientes usuarios y sus cuidadores.