Este lunes la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronunciará en segunda instancia respecto del fallo del Tribunal de Justicia y Paz de agosto de 2017 en contra de los exjefes paramilitares que comandaron el Bloque Central Bolívar de las AUC. Dicha decisión había sido apelada, entre otros, por la defensa de la exsenadora Piedad Córdoba, puntualmente por el secuestro del que fue víctima.	Córdoba fue secuestrada el 21 de mayo de 1999 en Medellín y liberada 15 días después. Durante audiencias ante magistrados de Justicia y Paz se refirió que el secuestro fue ordenado por Carlos Castaño tras conocer una serie de grabaciones telefónicas que le entregó el entonces subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, José Miguel Narváez.	A lo largo de las sesiones, la propia dirigente hizo saber que “su filiación política para el momento de su secuestro se concretaba en la defensa de los derechos humanos, desde el Senado, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos” y que de allí se pudo derivar el delito del que fue víctima.	Eduardo Carreño, abogado defensor del Colectivo José Alvear Restrepo, también apeló la indemnización que le otorgaron a Córdoba. “No estamos de acuerdo con la indemnización que se le reconoció de 10 salarios mínimos mensuales por perjuicios morales que se le causaron, por cuanto el perjuicio moral en este hecho fue supremamente grave, pies a la familia conllevó incluso a su desplazamiento, puntualmente al exilio por cerca de seis meses”, dice el jurista.