Y el tema es del mayor interés pues, de conformidad con el Gobierno nacional, en 2020 se pondrá especial énfasis en bajar los índices de desempleo y que cada colombiano tenga mayor capacidad adquisitiva para cubrir las necesidades básicas personales y familiares, máxime si sabemos que no todos los ciudadanos están llamados a ser empleados, por lo cual es indiscutible que promover el trabajo independiente constituye una de las maneras eficientes de lograr la meta de pleno empleo.	Pero es un hecho que la carga impositiva a los trabajadores independientes es excesivamente alta y, por ende, inequitativa. Este segmento de la población trabajadora debe aportar a seguridad social sobre la base de cotización del 40% de sus ingresos; además, pasados ciertos montos, debe cobrar el IVA a sus clientes, y le es aplicada retención en la fuente y Reteica, con lo cual se reduce dramáticamente el ingreso real que perciben.	Si las centrales obreras se muestran disconformes con el incremento del salario mínimo para 2020, no es menos cierto que existe un desbalance entre un trabajador asalariado y un trabajador independiente, ya que al primero se le descuenta un 8% de su salario para el sistema de seguridad social, mientras que el independiente debe pagar casi el 30% de sus ingresos, sin contar con que no recibe ningún tipo de prestación social. Esa carga impositiva fiscal y parafiscal mayor que la de un asalariado, dejan claro que el Estado no ha considerado una política que estimule el trabajo independiente.	No es extraño que se escuchen voces como la de la senadora Claudia Lozano, quien sobre el tema afirmó que el “... modelo de prestación de servicios es una nueva forma de esclavitud en el siglo XXI. Las personas no tienen definidos sus horarios o responsabilidades en muchos momentos y no pueden acceder a vacaciones o prima como las personas de contratación directa”.	De remate, sin que aún se haya publicado el texto final de la Ley de Crecimiento, se ha revelado que se incrementaron las tarifas del Régimen Simple para el grupo 3, esto es, de “servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones liberales”, lo cual vulnera las reglas de juego con las que el Estado “vendió” a los independientes pasarse a dicho régimen. Si es así, no es de extrañar una estampida en retorno al régimen común antes del próximo 31 de enero.	Esta palmaria inequidad se debe, quizás, a que los trabajadores independientes no cuentan con influencias en grupos de presión que defiendan sus derechos ante el Estado y demás organizaciones; por ello, los independientes suelen ser sujetos de incrementos en las cargas tributarias que en promedio cada dos años imponen los gobiernos de turno.