Cada uno de estos países cuenta con particularidades que van desde el cobro de un impuesto por llamadas efectuadas a través del Whatsapp, el incremento de las tarifas de transporte urbano, la corrupción o la propuesta de una ley de extradición de ciudadanos de Hong Kong hacia China; medidas que en algunas partes han sido reversadas y no obstante, la inconformidad se sigue manifestando.	En nuestro país, para el 21 de noviembre, algunos sectores del país han convocado una marcha nacional como una forma de expresar las diferentes inconformidades que se tienen frente al gobierno nacional. Diferentes, igualmente, son los argumentos que se esgrimen por parte de quienes vienen adelantando las convocatorias. Todas ellas, amparadas en el derecho constitucional de la libertad de expresión y de opinión que nuestra constitución proclama.	Sin embargo, a la par con estas válidas formas de expresión ciudadana, se entremezclarán probablemente diversos tonos de protesta, algunos de los cuales, a través de los desmanes que se derivan aprovechando la concentración de ciudadanos, abusan del derecho concedido y manchan de espuria la protesta social. ¡Nuestro llamado para que esto no sea así!	Al ciudadano debe garantizársele de manera permanente y continua la tranquilidad y seguridad para realizar sus actividades personales y laborales, y la protesta de sectores de nuestra sociedad no puede ser factor de perturbación e inestabilidad de sus derechos y de los temores por la exposición de atentados contra sus bienes y su integridad personal como ha ocurrido en las últimas manifestaciones, que en su mayoría han terminado en actos de violencia que cada vez se intensifican en su gravedad.	Esquemas de diálogos para la concertación y definición de problemáticas son mecanismos que han funcionado de manera positiva en nuestro país y que no deben desestimarse en su uso y aplicación para los reclamos sociales, lo que evitaría acudir a escenarios, que si bien son protegidos constitucionalmente y por tanto de expresión válida donde los agresores de la paz utilizan dichas manifestaciones, para realizar sus actos de vandalismo desmedido.	El sector que representamos, empresarial transportador, si bien nunca ha sido participe de esta clase de iniciativas, y por el contrario, ha continuado prestando debidamente el servicio esencial del transporte terrestre de carga, nunca ha sido ajeno a las mismas en lo referente a las consecuencias que sobrevienen por las actuaciones de las personas que deciden tomar la violencia como la forma de expresar su inconformidad.	Sea esta la oportunidad para reiterarle al Gobierno nuestra petición de que la póliza de terrorismo sea integral para garantizar la protección de los conductores, vehículos y mercancías mediante la ampliación al 100% del cubrimiento de la misma. En la actualidad solo se hace el cubrimiento de un 90%, cuyo tomador y asegurado es el Ministerio de Hacienda, y como beneficiarios los terceros afectados.	De igual manera, se deben reducir los tiempos para hacer efectiva dicha póliza ya que en la actualidad tal procedimiento puede demorar hasta 3 meses, período durante el cual el propietario del camión tiene que reunir varios requisitos. Lo anterior significa que el afectado debe paralizar su trabajo por lo menos por dicho tiempo, cuando logra que el proceso llegue a feliz término.