Sus gritos esta vez estarán enfocados en tres asuntos: presuntos casos de corrupción en la Universidad Distrital de Bogotá, cumplimiento de acuerdos pactados el año pasado con estudiantes y profesores de universidades públicas, tras el paro de hace un año, y denunciar lo que consideran abuso de autoridad del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, el uso de la fuerza para disipar las protestas.	“Es favorable en el cumplimiento de los acuerdos suscritos el año pasado. Desde el 14 de diciembre de 2018, cuando se creó la Mesa de Diálogo para la Construcción de Acuerdos para la Educación Superior Pública, se han tenido seis sesiones y 56 jornadas adicionales con la participación de las entidades del Gobierno, la Defensoría, la Procuraduría, la Federación de Departamentos, rectores de las instituciones públicas y las plataformas estudiantiles y profesorales”.	“El Plan Nacional de Desarrollo incluyó los compromisos y los recursos acordados. Se han destinado $512.452 millones adicionales del Presupuesto General de la Nación para funcionamiento, inversión, pasivos y cooperativas de las 62 Instituciones de Educación Superior públicas. Además, del Sistema General de Regalías, la Educación Superior pública recibirá este año $750.000 millones para infraestructura y programas de formación doctoral”.	“El Gobierno respeta el derecho legítimo a la protesta, al disenso y a las manifestaciones pacíficas. Debe primar el diálogo y el debate. Sin embargo, rechazamos con contundencia los hechos violentos, cuyo fin último es el de generar zozobra y destrucción. El país debe rechazar los actos de violencia que dejaron pérdidas materiales y afectaciones importantes a la sede Icetex, a Bogotá y al transporte público. Consideramos necesario que los movimientos convocantes a las marchas y manifestaciones estudiantiles de esta semana no sean actores pasivos frente los hechos violentos”.	“Con respecto a las garantías para las marchas convocadas para esta semana, en Bogotá, donde se concentran principalmente, existe un modelo para acompañar y garantizar el legítimo derecho a la protesta. Además, el Ministerio de Educación ha propiciado reuniones de trabajo con la Personería de Bogotá, rectores y los funcionarios de las universidades públicas y privadas de la ciudad para que intercambien sus experiencias y se diseñen protocolos que acompañen el derecho a la protesta, a la articulación del trabajo institucional en torno a las marchas”.	“La Presidencia del Consejo Superior de la Distrital la ejerce el Gobierno Distrital de Bogotá, que en conjunto con el Ministerio de Educación tienen asiento y han acompañado desde 2016 las denuncias realizadas en ese órgano colegiado frente a la situación del instituto de extensión Idexud. A raíz de las quejas presentadas y remitidas a este Ministerio, se están adelantando las actuaciones previas a la visita institucional de Inspección y Vigilancia. Es importante resaltar que la Procuraduría ha avanzado en la investigación disciplinaria”.	Jennifer Pedraza, líder estudiantil, por su parte, señala que el Gobierno no ha cumplido. “En lo que tiene que ver con Colciencias, el acuerdo establece que de los saldos presupuestales se destinarán para Colciencias hasta $300.000 millones, pero el gobierno está incumpliendo”, argumentando que esta es una de las razones que llevan a una nueva marcha, que es la de este jueves. Sin embargo, en la entrevista, la ministra Angulo aseguró que respecto a los saldos apropiados no comprometidos, “destinaremos $78.500 millones en 2020 para la investigación en las Instituciones de Educación Superior públicas y para programas o proyectos de Ciencia y Tecnología”.