Andrés Felipe Arias tenía todo a su favor para convertirse en una de las figuras públicas más encumbradas de Colombia, con la puerta abierta para llegar a la Presidencia de la República. Su varita mágica: Álvaro Uribe, quien lo veía como su sucesor natural. Buen estudiante, economista, ambicioso, decidido y autosuficiente, se convirtió en ministro de Agricultura en el gobierno de Uribe pero renunció para ser candidato presidencial por el conservatismo.	Controversiales actuaciones lo pusieron del otro lado de los buenos augurios al ser condenado por la justicia. La Corte Suprema le impuso 17 años de prisión por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, en el proceso Agro Ingreso Seguro. En plata blanca, benefició a grandes propietarios en detrimento de pequeños campesinos, por lo que la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó para ocupar cargos públicos por 16 años. La Fiscalía lo investigó y pidió enviarlo a la cárcel y la Contraloría le impuso millonaria sanción pecuniaria. Cuatro instancias públicas diferentes consideraron su actuación como delito. ¿Robó?, dicen que no. Amañó.	Arias estuvo envuelto en otro escándalo, el caso Carimagua, en el que buscaba favorecer a terratenientes y grandes empresarios entregándoles un inmenso territorio de 17 mil hectáreas en el Meta para sembrar palma de aceite, cuando estaba destinado a campesinos desplazados por la violencia guerrillera y paramilitar. La lluvia de señalamientos por favorecimientos indebidos y duros debates en el Congreso frenaron el proceso pero Arias se mantuvo en el cargo apoyado por las fuerzas políticas afectas a Uribe.	Cuando Arias supo que la Corte Suprema lo condenaría escapó a EE. UU., convirtiéndose en prófugo de la justicia aunque se declaró perseguido político buscando asilo. La justicia gringa no dio crédito a sus argumentos, lo encarceló y extraditó a Colombia. El Centro Democrático lo considera un héroe en desgracia y busca sacarlo de la cárcel -una cómoda guarnición militar- a como dé lugar. Los que creen que la justicia actuó en derecho lo miran como un simple delincuente de cuello blanco mientras el episodio crece como un novelón que podría ser recreado por Netflix para deleite del país del Sagrado Corazón. Pero el caso Arias va más allá de una puesta en escena: representa la lucha entre la majestad de la justicia y las posturas desafiantes de quienes la cuestionan porque no favorece sus intereses políticos, personales, o de grupos. Así se ha logrado minar la institucionalidad del país en los últimos años, atacándola desde diferentes flancos.