El ente de control instaurará una acción popular en conjunto con los gobernadores de Antioquia, Bolívar, Sucre y Córdoba para que las labores en pro de la comunidad sean de obligatorio cumplimiento. En Medellín se cumplió la primera audiencia sobre Hidroituango, citada por la Procuraduría General de la Nación. Es la primera vez desde que ocurrió la emergencia que, en un mismo espacio, se reunieron diversas voces para dar a conocer los avances y labores desde diferentes perspectivas.Veintisiete personas tuvieron la oportunidad de expresarse, pero tal vez, quienes más difícil la tuvieron fueron Jorge Londoño de La Cuesta, gerente de EPM y Federico Gutiérrez, a quienes la comunidad interrumpió en reiteradas oportunidades, expresando su malestar porque consideran que le han incumplido a los damnificados.Tuvieron que pasar 10 meses y la audiencia para que el jefe del ministerio público conociera la compleja situación que viven las comunidades aguas abajo de la hidroeléctrica. Según Fernando Carrillo, procurador General de la Nación "la afectación de los derechos de la comunidad lo teníamos claro, pero no sabíamos que estaba tan en grado sumo", sentenció el funcionario. El ministerio público advirtió que a la comunidad "hay que creerle" y por eso, en conjunto con los gobernadores de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar interpondrá una acción popular para que todas las labores en pro de los afectados sean de obligatorio cumplimiento. El fin de esta acción es darle herramientas legales a la comunidad para que verifique y haga uso de ellas si considera que sus derechos no están siendo protegidos.  Por su parte, Epm aseguró que se ha invertido cerca de 65 mil millones de pesos en la atención de las comunidades afectadas por la hidroeléctrica, de estos recursos 17 mil millones han ido a los apoyos económicos. En infraestructura, aseguran que ya están listos los puentes peatonales, y que se instalarán cuando se levante la alerta roja sobre Puerto Antioquia y Puerto Valdivia.En educación la inversión es de 210 mil millones de pesos en lo que tiene que ver con mejoramiento de infraestructura y apoyo a la movilidad de los estudiantes y docentes hacia las instituciones. En gestión del riesgo 17.500 personas han sido capacitadas a través de 433 talleres, se han instalado 58 sistemas de alertas tempranas, además se han entregado 130 mil elementos. Novecientos millones de pesos se han invertido en salud y 252 familias han recibido atención integral.