En todo ese mundo están las plataformas móviles, las fintech, las aceleradoras de emprendimiento, los coworking, los mentores y hasta las nuevas líneas de financiamiento para este tipo de proyectos. Como si esto fuera poco, desde lo público se habla de la Economía Naranja como la generación de riqueza proveniente de las industrias creativas y, en parte, del mayor aprovechamiento de la tecnología.	Como era de esperarse, esa ola de crecimiento trajo consigo unos desafíos en materia regulatoria que aún no se resuelven y que cada día presionan más los principales actores de la industria tecnológica. Para no ir tan lejos, aplicaciones móviles del sector transporte como Uber, Cabify y Picap siguen esperando que tanto el Ministerio de las TIC, como el Ministerio de Transporte avancen de una buena vez en la reglamentación de unas normas claras para su funcionamiento; básicamente están pidiendo formalidad porque los impuestos ya los están pagando.	Lo mismo sucede ahora con plataformas como AirBnb o Booking que conectan espacios disponibles para hospedaje con potenciales turistas y que no necesariamente son hoteles. El gremio Cotelco ya se ha pronunciado en varias oportunidades frente a la urgencia de que el Gobierno reglamente el funcionamiento de este tipo de plataformas para promover la competencia sana en la industria turística, proteger a los usuarios y garantizar la estabilidad jurídica.	No se pueden quedar en el tintero aplicaciones como Rappi, Uber Eats o Merqueo que hacen domicilios en diferentes ciudades y que han inspirado a nuevas empresas tecnológicas de mensajería. Allí, el debate central en materia regulatoria gira entorno a las condiciones laborales de los domiciliarios o mensajeros, con aspectos como la seguridad social o su localización durante los tiempos de espera del servicio. Nada más necesario que ponerlas en cintura sobre la base de reglas claras que convengan a todas las partes.	Y también están las denominadas fintech o empresas de servicios financieros que aprovechan los canales digitales para su puesta en marcha. Estas últimas sí que reclaman una regulación transparente que establezca las reglas de juego en materia de captación de dineros, protección de los datos, prevención en el lavado de activos, tasas de usura, sistemas de identificación acertados y hasta garantías en el servicio. Aunque algunas propuestas, en ese sentido, han lanzado la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y la Superintendencia Financiera, queda mucho por hacer en la agenda normativa de los próximos meses.	Tal es la necesidad de avanzar en materia regulatoria que incluso en el Congreso de la República cursa un proyecto de ley para adoptar normas de pago en plazos justos que ayuden a emprendedores, no solo del mundo tecnológico, con sus flujos de caja. Recordemos que en Colombia hay empresas que pagan a 90 días. Con todo este panorama tan desafiante y si no fuera porque Colombia ya reglamentó las plataformas de apuestas por Internet (hay 18 funcionando con autorización de Coljuegos), uno podría decir que el país saca cero en regulación de la economía digital.