por parte del gobierno nacional, la Fiscalía General y el Consejo Seccional de la Judicatura en temas como mayor presupuesto, cumplimiento de unos acuerdos colectivos suscritos en el año 2017, el reconocimiento y pago de la bonificación, garantías para el ejercicio de la actividad y ahora los bajos recursos incluidos en el presupuesto nacional.