Entre las pruebas del Imdri se presentaron 10 oficios en donde se expusieron los llamados del Instituto al contratista en primera medida frente a la parálisis de las obras, así como la solicitud de un plan de contingencia que le permita cumplir con las obligaciones exigidas, situación que también la dejó expuesta el consorcio interventor Deporpiscinas Ibagué en las bitácoras.	“En principio el contratista de obra ha incumplido su compromiso efectuado en el presente proceso de allegar el plan de contingencia para ponerse al día en sus obligaciones contractuales (...) el interventor en la bitácora constantemente le dejaba al contratista la necesidad del plan de contingencia, se evidencian llamados de atención porque la máquina mantenía averiada impidiendo el normal funcionamiento técnico exigido”, indicó Rodolfo Salas, abogado del Imdri.	“Dentro del proceso contractual se han venido surtiendo modificaciones al contrato a través de actas de comité de obra, donde modifican los alcances de obra y se suprimen actividades, como está consignado en el informe de la interventora, voy a solicitar pruebas y eso va a determinar si la entidad contratante ha obrado violando la ley, como quiera que un contrato no se puede modificar a través de actas de comité”, aseveró Sinisterra.	Asimismo el abogado indicó que un asesor del Imdri, teniendo en cuenta que la suma ascendente a $9700 millones presuntamente no alcanzaba, era posible dar lugar a modificaciones en el contrato mediante actas de comité; por lo que solicitó toda una serie certificaciones, donde se conozca la posición del Instituto frente al tema.	“Pido la prueba porque la entidad (Imdri) dentro de su criterio y a través de su profesional, ha señalado al contratista que debe ejecutar el valor del contrato y que si alcanza o falta plata se resolverá en su momento, tal orden es contraria a la ley porque lo señalado por el Consejo de Estado ha sido reiterado por la Contraloría General de la Nación, que al momento de ejecutarse un contrato estatal de obra debe efectuarse un balance técnico y económico para que las actividades contractuales si bien no se entreguen en su totalidad, se entreguen en un 100% bajo el principio de la finalidad contractual”, añadió el abogado.