Poco duró la celebración de los colombianos con el fallo de la Corte Constitucional el 18 de julio en relación con las fumigaciones aéreas con glifosato en el país. Lo que al principio parecía una ratificación de la sentencia T-236 de 2017, que impuso condicionamientos para poder reanudarlas, después de haber sido suspendidas en 2015, terminó siendo en esencia una aclaración del sexto punto, en el cual se establecía que el Gobierno debía demostrar con evidencia científica, objetiva y concluyente la “ausencia de daño” que tenían las fumigaciones aéreas para la salud humana y el medio ambiente.Los mensajes del presidente Duque para que los jueces “modularan” sus fallos anteriores, surtieron efecto y el nuevo veredicto, aclaró que esas condiciones “no son absolutas” y que la evidencia científica no equivale a demostrar que existe certeza absoluta sobre la ausencia del daño, ni equivale a demostrar que la ausencia de daño es absoluta, o que “la actividad no plantea ningún riesgo absoluto”.	Publicidad. El ahora Bayer–Monsanto, productor del glifosato, lleva años contratando investigaciones científicas para demostrar lo inofensivo de su veneno sin lograrlo, por el contrario en el 2013 Monsanto se vio obligado a retirarse del mercado europeo, y recientemente el estado de California ha emitido una advertencia sobre su uso, al tiempo que Bélgica, Francia, y los Países Bajos, han puesto freno a su venta y aplicación.	Estudios en todo el mundo han demostrado presencia de glifosato en leche materna y altos porcentajes de residuos de glifosato y otros agrotóxicos en el agua que se bebe en áreas donde se aplica. En 2013, un estudio encontró residuos de glifosato en la orina del 45 % de los ciudadanos muestreados en 18 ciudades europeas.	Mientras tanto el gobierno colombiano, se apresta para el reinicio de las fumigaciones aéreas, las cuales habían sido suspendidas en el 2015, a raíz del informe de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la OMS, que concluía que el glifosato, el ingrediente activo del herbicida RoundUp, es “probablemente carcinogénico para los seres humanos”.	Hasta la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, inició la campaña de expectativa de lo que llamó: Plan Colombia 2.0, y en mayo de este año en el marco de la reunión entre la vicepresidenta Martha Lucia Ramírez y el secretario de defensa de EE-UU, Patrick Shanahan en el Pentágono, se confirmó el suministro de armas y equipos para la lucha antidrogas; las comunidades campesinas saben muy bien que las fumigaciones no vienen solas. Desde agosto de 2018, se conoce que el gobierno de los EE.UU., esta “listo para reiniciar el programa de fumigación en cualquier momento”. A pesar de que el mismo Departamento de Estado indicó hace cinco años, que la erradicación aérea se estaba volviendo ineficaz.	La experiencia colombiana demuestra que la llamada lucha contra las drogas patrocinada por la Casa Blanca desde principios de los años 90 hasta 2003 cuando el Congreso de EE.UU. autorizó el uso de sus recursos para el verdadero objetivo que era, combatir a la guerrilla y a la oposición social y política; fue un rotundo fracaso.	En el lapso de más de 20 años en el que se rociaron con glifosato 1.790.000 hectáreas, no solo no se redujo significativamente la extensión de los cultivos de coca en nuestro país sino que aumentó la cantidad de clorhidrato de cocaína que se exporta desde Colombia al mundo y el consumo interno de la pasta base de cocaína.	Detrás de la guerra contra las drogas están las ganancias de Bayer-Monsanto y de los contratistas del Pentágono que efectúan las fumigaciones. En el año 2007 cuando se presentó el mayor volumen de fumigación aérea de cultivos ilegales, fue uno en los que la producción de coca en Colombia más aumentó.	Con esta adquisición, Bayer espera tener unas ganancias de 1.200 millones de dólares anuales a partir de 2022, y su nuevo poder evoca la frase de Henry Kissinger, en la década del 70: “Quien controla los alimentos, controla a la humanidad”. Hoy también podríamos afirmar con millones de afectados en el mundo: “Monsanto nos enferma y Bayer nos medica”.	Bayer cuenta con antecedentes en la producción de productos utilizados en las cámaras de gas de los campos de concentración nazis durante la II Guerra Mundial, y Monsanto fue la empresa que aportó al gobierno norteamericano el llamado Agente Naranja, del cual se usaron 76 millones de litros en la guerra contra Vietnam, que dejó unos 500.000 niños afectados.	Hoy Bayer domina el mercado farmacéutico, el cual supera las ganancias por ventas de armas o el del negocio de las telecomunicaciones, mientras que más de 2.000 millones de personas se ven privadas de su derecho a la salud en el planeta; y Monsanto controla el 41 % de la producción de semillas y el 90 % de las semillas modificadas genéticamente, al tiempo que produce el glifosato.	Las diversas luchas sociales en contra de estos fenómenos, los paros campesinos como el del 2013, que obligó al Estado a “congelar” la ejecución de la resolución 970 del ICA (Ley Monsanto), que prohibía a los campesinos almacenar sus semillas, han sido respondidas con persecución y asesinato contra los líderes sociales en Colombia. Casi el 40 % de activistas sociales asesinados a nivel mundial son colombianos, y la mayoría luchan contra las políticas mancomunadas entre gobiernos neoliberales y multinacionales.	Esto tiende a agravarse, Bayer-Monsanto necesita nuevos mercados para RoundUp, y en ese contexto, es obvio, que los programas de sustitución voluntaria, la reforma rural integral, que incluye el reconocimiento de títulos de propiedad, carreteras de acceso al mercado, y otros servicios, que le permitirían al campesino desarrollar proyectos de cultivos alternativos y comercializarlos; no se lleven a cabo, y que en su lugar se planee ejecutar un “Plan Colombia 2.0” soslayando cualquier otra evidencia.