Comentábamos en un artículo anterior, que de todos los ‘pactos’ previstos en el Plan de Desarrollo, el más novedoso es el que se refería a la ‘Transformación digital de Colombia’, ya que busca conectar al Gobierno, a las empresas y los hogares con la sociedad del conocimiento. Aunque sus metas son ambiciosas, y es posible que no todas se puedan alcanzar en este gobierno, destacábamos que es el primer Plan con una visión integral sobre el tema.	Observábamos que aunque la transformación digital es un asunto transversal, que debería pasar por todas las reparticiones de la administración pública, a través de los diferentes ‘pactos’ del Plan, desafortunadamente el proyecto de ley lo trataba en diferentes partes del mismo, como si fuera un tema vertical, centrándolo en el Ministerio de las TIC y no lo relacionaba con los temas de competitividad, emprendimiento e innovación, salvo en lo que tenía que ver con la economía naranja.	En efecto, autorizaba a la Presidencia de la República para crear una instancia de coordinación para la transformación digital a nivel transversal y suprasectorial, cuyas decisiones fueran vinculantes. Sin coordinación con lo anterior, buscaba consolidar la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCCTI) como soporte a la productividad empresarial y a la competitividad territorial, y para ello proponía transformar el Comité Ejecutivo del SNCCTI en una instancia supraministerial. Además, establecía que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en coordinación con entidades del SNCCTI, debía aclarar los roles y competencias de las entidades miembros del sistema.	Comentábamos, además, que el Gobierno no tenía una idea muy clara de la reforma institucional que deseaba realizar. No creaba un órgano único de coordinación, le daba a los consejos funciones supraministeriales y suprasectoriales, sin precisar el alcance de las mismas, con el agravante de que, en el caso del SNCCTI, esos roles supraministeriales no se las daba al órgano directivo de este Sistema, que es el Consejo, sino al Comité Ejecutivo del mismo.	El Congreso, en el artículo 177 de la ley que aprueba el Plan de Desarrollo, corrige estas deficiencias en lo que tiene que ver con la competitividad e innovación, pero deja como rueda suelta lo referente a la transformación digital. En efecto, creó el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación para articular, a través de la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación, al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, al Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, a la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual, al Consejo Nacional de Economía Naranja, al Sistema Nacional Ambiental y demás órganos e instancias relacionadas con competitividad, productividad e innovación, y coordinar la elaboración, implementación y seguimiento de la agenda Nacional de Competitividad e Innovación.	Estableció que la coordinación general y Secretaría Técnica de la Comisión estará a cargo del Dapre, y otorgó facultades extraordinarias al gobierno por seis meses para suprimir, fusionar o modificar consejos, comités y demás instancias de dirección o coordinación que requieran normas con fuerza de ley (Artículo 334). Quizás, a través de estas facultades podría revistar este vacío para incluir lo referente a la coordinación institucional en materia digital.