La radicalidad de las decisiones, reacciones y consecuencias obliga a valorar el poder, el gobierno y la democracia alcanzada. Ejemplo es el de Semana cuyo dueño, pasando por encima del director, -ambos hijos del poder-, expulsa su columnista estrella que pide explicación por la engavetada investigación sobre “las directrices del comandante del Ejército de duplicar bajas y capturas y no exigir perfección en las operaciones”. Coronell consideró incoherente -y lo es- que en la revista que siempre hizo graves denuncias, haya primado la “conveniencia política sobre el deber periodístico” y dejara que el New York Times fuera quien reaccionara ante las directrices que propiciaron los falsos positivos.	La denuncia disparó la ira del uribismo duro y la soberbia de la senadora que acusó de vendido al periodista, avivando el rechazo ciudadano y de los medios, en el posconflicto, al retorno de la (in)seguridad democrática. Y generó un fuerte editorial del Times que acusó “al gobierno de Duque y sus aliados de derecha de sabotear el progreso pacífico del acuerdo de paz”. 79 representantes a la Cámara –no castrochavistas- desde Washington pidieron, como el diario, la implementación del Acuerdo.	El peso del Sí y el No y su victoria le impide a Duque y a su jefe aceptar la incómoda independencia de los poderes y que en el país haya crecido un pluripartidista contrapoder ciudadano y unas líneas rojas que resisten y derrotan sus compromisos de campaña. Los pactos son posibles no las imposiciones.	La oposición a la JEP por el miedo a la verdad y el caso Santrich son dos ejemplos que desnudan deseos, intenciones y equivocaciones. Ninguno de los palos puestos por el gobierno y su partido han detenido la marcha de la Justicia Transicional. Con la sanción ayer de la ley 1957 se da seguridad en la JEP a los 11.805 comparecientes, “y entre ellos a los determinantes de los hechos más graves y representativos del conflicto armado”. Es decir, comandantes de la Farc, altos oficiales y civiles. El general Montoya, comparece por falsos positivos.	Desconocer las decisiones del Congreso y la Corte Constitucional objetando la Ley Estatutaria significó pérdida de tiempo legislativo, una equivocación y estruendosa derrota, originada en la desconfianza de lo que no se controla y la extradición a ultranza. Necesitando ir al futuro insisten en retroceder reformarlo todo y alejar un pacto sobre lo fundamental.