A medida que avanza el calendario y se acerca el debate en plenarias de la ley que acoge el Plan de Desarrollo, suenan las alarmas entre gremios y observadores debido a la inclusión de propuestas de corte populista que implicarían costos inmensos. Ese es el caso de un artículo impulsado por un puñado de congresistas, principalmente del Centro Democrático, que logró ser aprobado en el debate a nivel de comisiones parlamentarias.	El texto en cuestión permitiría que quienes tengan cotizadas más de 750 semanas de aportes a pensiones puedan moverse de un régimen a otro, a pesar de que les queden menos de diez años para jubilarse. Desmontar durante cuatro meses esa talanquera que hoy obliga a escoger una senda con la suficiente anticipación, dispararía los pasivos estatales de manera significativa si hay un movimiento masivo de personas que hoy pertenecen al sistema de ahorro individual, hacia el de prima media.	Las cifras son elocuentes. De acuerdo con cálculos de Asofondos, habría un potencial de 384.438 individuos que se verían cobijados por la supuesta amnistía. No obstante, de ese universo cerca de una tercera parte serían los verdaderos beneficiados, pues tendrían la plena seguridad de completar las 1.300 semanas que se requieren para acceder a una mesada en Colpensiones y aspiran a un monto superior a 1,6 salarios mínimos mensuales.	El aliciente para dar el salto es enorme. Alguien de buen salario que no cuente con ahorros importantes acumulados en su cuenta, recibiría un cheque muy superior si opta por el esquema público. El problema es que el faltante tendría que ser asumido por el presupuesto nacional, que en la práctica le entregaría un subsidio considerable a gente que no lo necesita.	A la larga, la suma neta equivaldría a cerca de 50 billones de pesos de hoy. Dado que esa deuda quedaría a cargo de la sociedad en pleno, se estaría configurando una redistribución de recursos a la inversa: en lugar de Robin Hood que le quitaba dinero a los ricos para dárselo a los pobres, aquí sería al revés y aparecería la figura de ‘Hood Robin’.	Los promotores de la idea se escudan en el argumento de que en el pasado muchos no fueron bien asesorados a la hora de escoger camino. De hecho, hay miles de demandas en curso, algunas de las cuales han sido rechazadas por los jueces y otras no. También hay evidencias de esquemas fraudulentos, impulsados por abogados sin escrúpulos que buscan romper el espíritu de lo establecido por la ley 797 del 2003.	Por otro lado, están quienes sostienen que sacarles dinero a los fondos de pensiones le serviría a Colpensiones para solucionar su déficit de caja. En el escenario mencionado arriba, esta entidad recibiría de manera inmediata más de 21 billones de pesos, representados por los aportes de los favorecidos por la amnistía, lo cual le dejaría espacio al Gobierno para atender otras prioridades de gasto.	No obstante, caer en esa tentación sería una notoria irresponsabilidad. Un país que registra uno de los peores índices de inequidad del mundo, ahondaría todavía más su situación de desigualdad. Además, habría que pagar obligaciones que en valor presente llegan a casi 73 billones de pesos, lo cual comprometería la viabilidad fiscal de las próximas administraciones, para no hablar de la deuda a cargo de las generaciones que vienen. Tampoco se puede ignorar el trastorno potencial para el mercado de capitales, si hay que salir a liquidar inversiones a la carrera.	Por tales razones, es de esperar que el Ejecutivo se plante firme y convenza al Congreso en pleno del peligro que esta iniciativa representa, comenzando por su propia bancada. De lo contrario, los costos serán mayúsculos y recaerán en los colombianos más pobres. Más que estupidez, eso sería una verdadera maldad.