De acuerdo a las investigaciones, dichos delitos eran cometidos mediante el cobro de dinero a los residentes y pequeños comerciantes de este sector de la ciudad. Quienes no pagaban los montos de hasta un millón de pesos eran amenazados de muerte por lo que debía desplazarse de sus viviendas y negocios.	Durante las audiencias de Control de Garantías ante un juez penal municipal, el ente investigador les imputará cargos como presuntos coautores responsables de los delitos de extorsión agravada, desplazamiento forzado en concurso con fabricación, tráfico, y porte de armas de fuego, accesorios, partes, y municiones, y fabricación, tráfico, y porte de estupefacientes.