En marcha se encuentra el proceso licitatorio para adjudicar un contrato de 65 mil millones que tiene como objeto modificar todo el sistema de monitoreo a las personas privadas de la libertad que tienen el beneficio de la casa por cárcel y que deben portar un brazalete electrónico. El jueves anterior se cumplió el cierre de evaluaciones técnicas y se prevé que esta semana se surta el proceso de evaluación económica.