“Ello da cuenta de un importante aumento en la carga de trabajo del sistema de justicia penal, ya que se trata de casos que se construyen desde cero y, por tanto, requieren de mayores gestiones de parte de todos los intervinientes, en comparación con los imputados detenidos por órdenes de detención pendientes”, explicaron desde la Fiscalía.	Si se apunta a la localización geográfica de los ilícitos, la mayor cantidad se registraron en la región Metropolitana, a la que pertenece Santiago de Chile, la de Valparaíso y la del Biobío, a la que pertenece Concepción (sur), tres zonas donde se concentró en casi un mes medio de transcurrida la protesta la mayoría de manifestaciones.	La Fiscalía ha abierto 2.670 investigaciones penales contra las fuerzas de seguridad por presuntas violaciones a los derechos humanos, entre las que se encuentran lesiones por armas de fuego, torturas, violencia sexual y la comisión de graves lesiones por el empleo de escopetas de perdigones y balines de goma, que entre otras cosas han provocado más de 200 lesionados oculares.	La crisis social cumplió este viernes seis semanas y no hay visos de una pronta resolución. Las marchas, que comenzaron siendo multitudinarias y en las que se reclaman una mayor redistribución de la riqueza y servicios básicos gratuitos, han ido perdiendo fuerza con el paso de los días, aunque sigue existiendo descontento en las calles y episodios de violencia con saqueos, incendios y destrucción de mobiliario público.