El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva salió de una prisión en Curitiba menos de un día después de que el Tribunal Supremo determinara que una persona sólo puede ser encarcelada después de agotar todas las apelaciones. El fallo de la corte también aplica para otros reclusos que apelan sus condenas, entre ellos políticos y ejecutivos encarcelados en una extensa pesquisa de corrupción conocida como Lava Jato. La pesquisa fue elogiada por trabajar para desmantelar la cultura de impunidad de Brasil, pero es cada vez más criticada por supuestamente ser utilizada con fines políticos.	La pesquisa comenzó en marzo de 2014 cuando se investigó a una gasolinera en Brasilia vinculada con intercambio de dinero en el mercado negro. Terminó desenterrando sobornos por un equivalente a miles de millones de dólares para contratos de construcción otorgados por la firma petrolera estatal Petrobras. Muchos de esos fondos ilícitos fueron a las arcas de partidos y el bolsillo de políticos.	El expresidente fue condenado de corrupción y lavado de dinero en relación con la compra de un departamento frente al mar en la ciudad de Guaruja, en el estado de Sao Paulo. Los fiscales alegaron exitosamente que el departamento fue prometido como un soborno de una compañía de construcción. Su exdirector general dijo que el departamento fue reservado para Lula.	Los jueces fallaron, con 6 votos a favor y 5 en contra, que los acusados sólo pueden ser encarcelados después de agotar todas sus apelaciones en el sistema de cuatro niveles del país, un revés a su determinación de 2016. Los críticos habían argumentado que el principal fallo del tribunal viola la Constitución brasileña, que estipula que nadie puede considerarse culpable hasta que se concluya el debido proceso.	El caso de Lula es el más conocido, tanto por su nivel político como por el hecho de que tiene apelaciones pendientes en las dos principales cortes de Brasil, pero el fallo también podría dejar en libertad a José Dirceu, un exjefe de despacho durante el gobierno de Lula y otros políticos prominentes atrapados en la pesquisa Lava Jato.	El fallo también afecta casos no relacionados con corrupción. Hay casi 5.000 reclusos que todavía apelan sus condenas. Sin embargo, la mayoría de los analistas dicen que esa decisión no beneficiará a los criminales violentos, ya que los jueces impusieron detenciones preventivas en sus casos, lo que significa que no es necesario una sentencia para encarcelarlos.