Los 99 féretros fueron llevados desde el polideportivo hasta el mausoleo por quienes hoy aún recuerdan a los que murieron el 2 de mayo de 2002 cuando un cilindro bomba lanzado por las FARC en un combate con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cayó en la iglesia donde se había refugiado parte del pueblo.	Pese al calor y a la humedad reinante en la región, algunos asistentes vistieron sus mejores galas para dar a las víctimas mortales el último adiós que les tocó retener por más de 17 años, hasta que con la ayuda de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos lograron que la Fiscalía identificara plenamente a los fallecidos.	Durante la homilía, el padre Sterling Londoño, de la diócesis de Quibdó, capital departamental del Chocó, volvió a hacer un llamado a las autoridades para que centren su atención en Bojayá, pues ayer la iglesia y organizaciones sociales advirtieron al Gobierno sobre el “inminente riesgo” de que ocurra una nueva masacre.	“Las víctimas de Bojayá representan la mayor negación a la que ha sido sometido el pueblo afro, indígena y mestizo, ante lo cual debemos insistir en la visibilización”, aseguró el sacerdote y añadió que “una víctima no necesita una opinión, necesita cobijo y el abrazo integral del Estado social de derecho”.	A este acto, que tuvo un carácter más íntimo, asistieron María Antonia Santos, hija del expresidente Juan Manuel Santos, que firmó el acuerdo de paz con las FARC hace tres años, así como el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, y la exconsejera presidencial para los derechos humanos Paula Gaviria.