Es frecuente escuchar que la democracia está en crisis e inclusive se afirma su decadencia. Yo por el contrario, quizás ingenuamente, creo que la ciudadanía apenas va despertando a una idea más profunda de lo que es el gobierno del pueblo. La inequidad y el abuso de los poderosos han provocado esta reacción.	Más allá de las consideraciones jurídicas acerca de la eventual ilegalidad de la firma de la APP ‘Corredor Turístico y Portuario’ por parte del alcalde encargado, un análisis sociológico y político de este atropello, nos indica que las autoridades siguen amparándose en la interpretación falaz de los textos jurídicos, para desconocer la evidencia de la voluntad popular.	Por estos días más que nunca, amplios sectores de la sociedad civil han recalcado el carácter de encargo con que el alcalde ejerce su autoridad, vale decir, el burgomaestre no fue elegido por el pueblo, y tal vez por eso no interpreta el rechazo popular a la condena que el proyecto referido le impone a la ciudadanía en cuanto al pago de peajes por 30 años, más para financiar un proyecto cuyos alcances son dudosos.	Pocos proyectos en el último tiempo han tenido tal rechazo como el de marras. La gente de Manga, de Martínez Martelo, del Barrio Chino y los cartageneros en general han protestado y se han movilizado para dejar constancia de su insatisfacción; sin embargo, el alcalde se ampara en la falacia del término “socialización” y en las publicaciones en el Secop que ordena la ley, para burlarse del clamor popular.	El Gobierno Nacional que deslegitima las movilizaciones de las últimas semanas, hace mutis por el foro frente a este abuso. La vicepresidenta que fungía como ada madrina y redentora de la ciudad, a la que Pedrito debía rendirle cuentas de cada uno de sus pasos, guarda un silencio que se parece demasiado a la complicidad.