Estas son algunas de las inquietudes que la Superintendencia de Industria y Comercio considera que no han sido atendidas por la aplicación de domicilios y es la razón por la cual realizó una apertura de cargos a la compañía. Es decir, abrió una investigación formal por incumplimientos en “las órdenes impartidas” por la autoridad a través de la Resolución No. 40212 de 28 de agosto de 2019.	Los argumentos contemplan no tener un canal de Peticiones Quejas o Recursos (PQR) para los consumidores, la falta de claridad en los términos y condiciones sobre la solidaridad entre Rappi y los comercios proveedores ante algún requerimiento, así como en los precios que pueden variar a través del tiempo, sin darle garantías a los consumidores de su estabilidad.	Además, Rappi dice que el servicio al cliente se ha robustecido con un equipo de al menos 1.200 personas “que gestiona todas las solicitudes las 24 horas de los 7 días a la semana”, lo que implica la solución de 85 % trámites en menos de 24 horas “un tiempo que en la industria está en cerca de cinco días”.	Para Juan Guillermo Ortiz, director jurídico de Ortiz Abogados, la respuesta es negativa: “la novedad de las plataformas que conectan usuarios con proveedores de productos y servicios, no debería ir más allá de la conectividad misma, de manera que deben ser estas quienes se ajusten a los parámetros legales vigentes y no las normas quienes se adecuen a estas (las plataformas)”.