El diccionario de la Real Academia define “chapucero” como algo hecho “tosca y groseramente”. Ese es el adjetivo que merecería el propósito del Gobierno de buscar recursos de manera poco ortodoxa con el fin de cumplir las metas fiscales. Aunque todavía la estrategia no recibe la luz verde definitiva, varios funcionarios confirman que se están estudiando opciones que, en la práctica, rompen con décadas de tradición en el manejo juicioso de la hacienda pública.	Quienes mañana identifiquen las piezas del rompecabezas, dirán que en la ley del Plan de Desarrollo aparecieron las primeras pistas. Un artículo que pasó bajo el radar de los observadores facultó a la Central de Inversiones (Cisa), que actúa como colector de activos de la Nación, para que venda las participaciones minoritarias estatales a través de un convenio inter administrativo. Así se evita un proceso de rondas y se “terceriza” una operación.	El complemento de la estrategia se encuentra un poco más adelante y consiste en la modificación del texto por el cual se creó en el 2015 el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes), que acabó recibiendo la mayor parte del dinero proveniente de la privatización de Isagen. Dichos recursos son administrados por la Financiera de Desarrollo Nacional, con el fin de impulsar proyectos como las concesiones de cuarta generación o, en un futuro no muy lejano, el metro de Bogotá.	Parte de esos seis billones largos, sin embargo, se irían a otro destino, pues un decreto del Ministerio de Hacienda que está cerca de salir establece que el Fondes podrá efectuar inversiones en el capital social de empresas de servicios públicos mixtas u oficiales. Así se podrían vender las acciones que tiene la Nación en Colombia Telecomunicaciones, la operadora de Movistar, o en varias electrificadoras, entre otras.	¿Para qué sacar plata de un bolsillo a otro, en lo que técnicamente no sería una privatización? La respuesta es que sería una manera de incorporar recursos al presupuesto nacional y bajar el déficit fiscal. La jugada choca con las normas que usa el Fondo Monetario Internacional para establecer cómo se cubre un faltante entre ingresos y gastos corrientes y es probable que caiga mal en las firmas calificadoras de riesgo, pero da la impresión de que el Gobierno quiere usar esta salida “creativa” en lugar de apretarse el cinturón.	Si ese intento pasa el examen de los observadores, la segunda parte sería todavía más chocante. Una opción que se estudia es vender hasta el 51 por ciento que posee la Nación en ISA -valorado en algo más de 11 billones de pesos actualmente- para que lo compre Cenit, la filial más rentable de Ecopetrol. El argumento de que transportar hidrocarburos y energía son objetivos compatibles puede ser aceptado por algunos, pero aquí también se le ven “las orejas al burro”, como reza la expresión popular.	No hay duda de que el debate será intenso e involucrará la manera en que se manejan los asuntos en la empresa más valiosa de Colombia, cuyo objetivo central debería ser concentrarse en su negocio y subir sus reservas recuperables. Ello es muy diferente a sacarle las castañas del fuego a su principal accionista.	Los partidarios de las teorías de la conspiración, a su vez, podrán decir que ahora sí se entiende por qué unos meses atrás tuvo lugar una barrida en las juntas directivas de la FDN y Ecopetrol. Despejar esa impresión solo será posible si prima el criterio de la responsabilidad y se hacen las cosas bien, en la forma y en el fondo. Nada más, ni nada menos.