a comunidad indígena Zenú de Membrillal tendría por fin su ‘tierra prometida’. Son 104 familias, más de 466 personas, las que serían reubicadas en un terreno de 14,5 hectáreas en inmediaciones de Bayunca. Ya el Concejo Distrital de Cartagena aprobó un presupuesto por 300 millones de pesos, que se sumarían a los aportes de la Gobernación de Bolívar y de empresarios de la zona de Mamonal, para adquirir un predio por $900 millones, donde puedan llevar una vida tranquila.	Esto, después de todo un proceso de restitución sobre el lugar que ocupan: la finca San Isidro de Membrillal, propiedad de particulares, a donde llegaron en calidad de arrendados. Con el traslado se acabaría el temor de ser desalojados de los predios privados, sin embargo, últimamente ha habido fricciones entre miembros del Cabildo Indígena, en parte, al parecer, porque alguno de ellos se estaría “oponiendo” a dicho traslado. Por lo menos así lo afirma Emerson Córdoba, abogado de los dueños de la finca San Isidro, quienes han acompañando el proceso y esperan que se cumpla una sentencia judicial, que ordenó desde 2017 que les sea devuelto el terreno. “Nosotros hemos sido condescendientes, esperando que salgan voluntariamente del inmueble”, manifiesta.	“Conocemos que hoy dentro del Cabildo hay una división, hay un representante legal que es Róger Suárez Castillo, y el anterior representante, por el cual la comunidad cayó en mora con el pago del arriendo y que nunca cumplió con la expectativa de compra del inmueble, que fue Leovigildo Castillo Suárez. Esa situación ha generado fricción entre ellos. Pero, al parecer, la posición hoy de Leovigildo es como de apoderarse del inmueble, algo que nosotros no vamos a permitir”, enfatiza el abogado.	Afirma que están buscando todas las medidas necesarias para que se dé la restitución, porque “al final hay una sentencia debidamente ejecutoriada y ratificada, a través de los diferentes fallos de acciones de tutela que ellos - miembros del Cabildo- presentaron en contra de nosotros para poder quedarse en el inmueble, entre tres y cuatro acciones de tutela, y ahora cursa una reciente”, sostiene.	La disputa de la que habla es entre Leovigildo, quien por muchos años fue capitán del Cabildo, y Róger, escogido como capitán el año pasado. “Leovigildo no es el capitán, ya Róger ha venido socializando el tema, conoce perfectamente el lote donde van a ser reubicados, las condiciones en las que está, lo que le van a brindar a ellos como comunidad, pero este señor Leovigildo, como quiera que fue apartado por los inconvenientes entre ellos, hoy está haciendo una especie de oposición de esta nueva Junta Directiva, por lo que quiere conformar una nueva junta, quiere formar un conflicto cuando ya hay una solución. Porque fíjate que el Concejo de Cartagena ya aprobó una partida por 300 millones de pesos para que el Distrito los aporte como parte del inmueble, donde los van a ubicar en mejores condiciones”, asegura el abogado.	Córdoba añade que “se espera que el Distrito desembolse, al igual que las entidades comprometidas, y se firmen las escrituras, y que los miembros del Cabildo puedan trasladarse”. Expone que la nueva Junta Directiva del Cabildo, así como todo el proceso, es acompañado y avalado por el Ministerio del Interior, de la Personería, la Procuraduría y de todas las entidades que garantizan estos procesos. “Lo que está haciendo Leovigildo le está trayendo consecuencias a él mismo porque al final se darán cuenta de que lo que él estaba haciendo era una situación errada y totalmente distante a lo que ha venido haciendo Róger como capitán, que considero que ha hecho una buena labor, porque, gracias a su labor y su gestión, hoy la comunidad Cabildo Indígena Zenú de Membrillal tendrá en un predio que se va a entregar un lugar propio, algo por lo que ellos luchan hace mucho tiempo”, puntualiza.	En una última acción de tutela, Leovigildo Castillo, quien desconoce la autoridad de Róger como capitán del Cabildo, pide que se haga una Consulta Previa sobre el eventual traslado y las condiciones del nuevo terreno. Sin embargo, en una contestación, Róger afirma que las 467 personas que integran el cabildo están plenamente enteradas de las condiciones de habitabilidad que posee el nuevo sitio. “No estamos de acuerdo con que un miembro de esta comunidad se rehuse a acatar las normas y los fallos judiciales perjudiquen a toda una colectividad que a la fecha necesita y desea la colaboración del Estado”, se lee en la contestación.