En lugar de pagar para rescatar las piezas históricas y entregarlas como parte de pago, se decidió declarar todo el tesoro como patrimonio cultural. Esto retrasa las órdenes que había dejado el gobierno de Juan Manuel Santos, que había ofrecido entregar parte del tesoro para su venta como parte del mecanismo para extraerlo del sitio del naufragio.	Esto implica un cambio para la APP con Maritime Archaeological Consultants, de Suiza, que originó el proyecto. El Gobierno y la empresa analizan maneras para mantener el proyecto, pero sin dividir el tesoro. Una de las preocupaciones es cómo se pagaría la extracción o si, por el contrario, no se hará.