No son pocos los retos que enfrenta la economía colombiana actualmente. Sin embargo, el de la productividad sigue golpeando directamente al crecimiento y con él, la posibilidad de mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los ciudadanos. Según datos del informe del CPC, la productividad en Colombia cayó 17 por ciento en lo corrido del siglo.	La agenda de acciones claves- cuya adopción el Consejo Privado sugiere al Gobierno- contemplan varias reformas de alto calado como la del mercado laboral y del régimen de pensiones. De hecho, el informe considera “necesario emprender estas reformas estructurales aplazadas”. Si bien estas iniciativas se encontraban en los planes del Ejecutivo para su discusión, tuvieron que ser postergadas para el próximo año ante la caída de la Ley de Financiamiento en la Corte Constitucional.	Crecen las urgencias para abordar los ajustes necesarios tanto para actualizar la normatividad laboral anticuada que hoy rige Colombia como para avanzar en una reforma pensional estructural. La informalidad laboral en nuestra economía continúa en altísimos niveles alrededor del 60 por ciento mientras que el porcentaje de colombianos lo suficientemente afortunados para gozar de pensión es peligrosamente bajo. Los esfuerzos que promuevan la formalización laboral así como que desincentiven la informalidad no pueden escatimarse.	No será fácil para el presidente Iván Duque tomar la decisión de impulsar en 2020 ambas reformas a través del Congreso. No sólo por el inmenso costo político que tendrá que asumir en los debates, sino también porque cobijan asuntos muy sensibles para la vida de los colombianos. A lo anterior se suma las dificultades que ha enfrentado el Ejecutivo en construir mayorías sólidas en el Legislativo para la aprobación de sus iniciativas.	Este paquete de recomendaciones incluye asimismo iniciativas, cuya demora en abordar con compromiso, atentan contra nuestra productividad. La reforma a la institucionalidad ambiental, un plan de vías terciarias, la modernización tecnológica de la Dian y la actualización de la política de protección a la libre competencia ameritan ingresar ya a la agenda de discusión económica del Gobierno.	En la presentación del informe del CPC, el presidente Duque envió varios mensajes que vale la pena destacar. El más acertado es el que conecta los esfuerzos para mejorar la competitividad de la economía nacional con la búsqueda de la equidad social. Si bien es evidente, no sobra reiterar que una mayor competitividad se traduce y se construye desde mejores políticas sociales y de inclusión social.	El comercio exterior es otra área de estudio del informe nacional de competividad que amerita acciones clave. Las exportaciones colombianas continúan desafortunadamente atadas al sector minero energético a pesar de las constantes apuestas a la diversificación productiva. Acciones en varios frentes como el de las medidas no arancelarias, los trámites para exportar, y buscar más valor agregado en bienes y servicios, son necesarias.	Colombia ha mejorado su posición en dos de los ranking internacionales más reconocidos en competitividad global: el Foro Económico Mundial y el Instituto para el Desarrollo de la Gerencia. El gobierno Duque ha tomado decisiones en varias áreas en línea con mejorar nuestro desempeño. Pero la tarea continúa y la agenda de acciones del Consejo Privado de Competitividad son una hoja de ruta al que el Ejecutivo debe atender.