La Procuraduría General de la Nación a través de su delegada para la Moralidad Pública, Olga Lucía Alfonso Velásquez, decidió revocar parcialmente el fallo absolutorio proferido en primera instancia por la Procuraduría Regional del Tolima, que absolvía al expresidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, Guillermo Eliécer Espinosa Reyes, por su presunta responsabilidad en el caso de Velotax.	La novela de Velotax inició entre los años 2010 - 2012. En dicho periodo bajo el acta 68, actuaba el Consejo de Administración de la Cooperativa, estamento del cual era partícipe José María Gómez y, que eligió a Pedro Pablo Contreras como gerente de la organización. Luego de una serie de presuntas irregularidades dicho Consejo decidió apartar del cargo a Contreras por medio de la acta 10A de octubre 15 de 2011, mientras se adelantaba las respectivas investigaciones.	Una vez Contreras se instaló de nuevo en el cargo, inició la puja contra el Consejo de la Administración que lo había removido, solicitando él y otros socios la instalación de una asamblea extraordinaria. Dentro de la dinámica, el 29 de octubre de 2011 se efectuó la sesión ordinaria del Consejo, donde se nombró una comisión con el fin de estudiar la viabilidad de tramitar la petición, en la cual se abordaría específicamente el caso Contreras.	“Debe advertirse que si se recurre la inscripción de un documento, como eran las actas No. 69 y 70, las mismas quedan suspendidas, y en consecuencia no pueden producir ningún efecto, hasta tanto los recursos sean decididos y se surtan las etapas correspondientes a su notificación y comunicación. Así las cosas, con las conductas anteriormente referidas la Cámara de Comercio de Ibagué vulneró lo dispuesto en el artículo 55 del Código Contencioso Administrativo, al inscribir aclaraciones de actos que se encontraban suspendidos. (...)Por lo tanto, la actuación de la Cámara de Comercio no corresponde a las normas legales, ni a las instrucciones impartidas por esta Superintendencia.	En primera instancia, la Procuraduría Regional falló de forma absolutoria contra Espinosa al darle validez a lo expresado por el expresidente argumentando: “El disciplinado sí cumplió su deber de vigilar la: actividad registral en términos macro, además que no era dable exigirle que resolviera de manera directa las solicitudes que en materia de registro se presentaran, pues a él solo le correspondía la facultad de dirección registral dando instrucciones como si lo hizo el disciplinado, al solicitarle a los jefes del área funcionalmente competente realizar los registros públicos de manera oportuna y con estricta sujeción a la Ley”.	Los elementos considerados por la Procuraduría General para el fallo de impugnación giraron en torno a que si bien, como se manifestó en primera instancia, Espinosa desempeñó la facultad de direccionar y dar instrucciones a sus subalternos, conocía plenamente de la situación de Velotax y omitió los controles y la vigilancia necesaria.	“La conducta reprochable al investigado en su condición de presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué (...) es la omisión de ejercer los controles y la vigilancia necesarios, así como proferir las instrucciones pertinentes, a los funcionarios de esa entidad a cargo de las labores materiales de registro público, con el fin de procurar la correcta, eficiente y oportuna inscripción de las decisiones relacionadas con la Cooperativa de Transportes Velotax Ltda, así como la resolución de los recursos impetrados contra dichos actos. Con la anterior conducta se incumplió con la función establecida en el Artículo 15 numeral 13 de los estatutos de la Cámara de Comercio de Ibagué aprobados con la reforma realizada por la Junta Directiva el 16 de febrero de 2010, que establece: “Dirigir el funcionamiento de los registros públicos y el cumplimiento eficiente de las funciones de la Cámara de Comercio, en coordinación con los funcionarios respectivos””, dice el fallo.	José María Gómez en diálogo con EL NUEVO DÍA señaló que lo que pretende él y el grupo de asociados denunciantes es que se sepa la verdad y que la CCI responda por los daños y perjuicios ocasionados, “aquí hay un grupo de asociados que necesita que se sepa la verdad y que exista la transparencia en la cooperativa y en la Cámara. Además solicitamos que se restablezca el Consejo de Administración definido con el acta 68 de marzo de 2011”.	Contra Sandra Ligia Pinzón, expresidente de la CCI, quien también había sido vinculada al proceso, la Procuraduría General decidió confirmar el fallo de primera instancia de absolución, argumentando que a la ejecutiva no se le podía vincular, ya que cuando se registraron los hechos ella fungía como subalterna y posteriormente en el cargo de presidente ya las anomalías se habían registrado.	El expresidente ejecutivo de la CCI en diálogo con EL NUEVO DÍA argumentó que el fallo es desproporcionado y atenta contra el sistema cameral: “El sistema cameral en su integridad está muy preocupado porque no es un fallo contra Guillermo Espinosa. Lo que pasó fue que no se contestó un derecho de petición a tiempo. Dentro de las normas que rigen el registro público establecen que los responsables del registro son los secretarios jurídicos, pero la Procuraduría me termina endilgando una responsabilidad por actos que deberían responder terceros”, dijo Espinosa.	El ejecutivo añadió: “Aquí hubo un desconocimiento de la norma de las cámaras, pero además hay una violación a los derechos constitucionales. La sanción es desproporcional porque aquí no hubo afectación de dineros públicos, en cambio con temas como los Juegos Nacionales no hubo sanciones de rigor, después que se demostraron detrimentos patrimoniales, en cambio sancionan a un presidente de la Cámara violando el debido proceso”.