Esta es la nueva denuncia de la Liga Contra el Silencio sobre lo que habría hecho Wilkins Chaparro, concejal de Sogamoso, que al mejor estilo de Pablo Escobar hace 30 años mandó a comprar todas las ediciones de Boyacá Siete Días para que no se supiera de su escándalo de violencia intrafamiliar.	conversó con Chaparro después de la sesión que abandonó tras registrar su asistencia. Le consultamos sobre las denuncias de violencia intrafamiliar, su actuación en el Concejo y si era el responsable de la compra masiva de periódicos. Dijo que había decidido no hablar con la prensa y negó todo sin acceder a una entrevista.	Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, en 2018 esa entidad registró 78.314 casos de lesiones por violencia intrafamiliar en Colombia, el 76 por ciento contra mujeres. En Sogamoso el número llegó a 482. Quizá el caso más sonado fue el del alcalde Sandro Néstor Condía y su esposa, Nubia Esperanza Pérez, quienes se acusaron mutuamente de violencia en el hogar y fueron	empezó a averiguar y confirmó que una camioneta negra, desde las cinco de la mañana, recorrió las calles de Sogamoso para comprar el periódico a los voceadores y en varios expendios. “A las siete de la mañana no había un periódico en la ciudad, por lo menos en la zona céntrica”, dice Medina.	En Sogamoso circulan entre 1.500 y 2.000 ejemplares diarios de este periódico, aunque no se sabe cuántos fueron comprados con la intención de ocultar la denuncia contra el concejal. Solo una de las fuentes consultadas, Germán Pineda, gerente de uno de los puntos de distribución de periódicos, dijo que la venta del diario fue “completamente normal”, y que incluso hubo alguien que lo llamó buscando el especial que el	Medina niega cualquier tipo de “persecución” contra el concejal y dice que el periódico solo hace seguimiento a los casos porque Chaparro ejerce un cargo público y ha sido protagonista de episodios que llaman la atención. “No estamos escarbando su vida privada. No tratemos de cortarle la cabeza al mensajero, el mensajero no tiene la culpa. Nosotros simplemente estamos llevando la información”, declaró.	“Lo tomé como jocosamente porque el concejal pretendía que los sogamoseños no supieran acerca de la información. A él se le olvidó una parte esencial que son las redes sociales, que se están manejando más que el periódico físico y hoy en día todo el mundo tiene un celular”, dijo Aguilar, el hombre que buscó el diario en la terminal. Él leyó la información en WhatsApp y en Facebook.	El presidente del Concejo Municipal de Sogamoso lo leyó porque el periódico le llega directamente a su empresa. La táctica de “mandar a recoger” los diarios en la calle la considera un “acto de censura” que, según él,  generó el efecto contrario. “Eso hace que la gente busque más la noticia, que la gente se pregunte e indague más”, dice.	no circuló en la región. “Alguien paró el camión llegando a Tunja y compró toda la edición del periódico. El periódico se imprimía en Bogotá y todos los días salía un camioncito a Boyacá”, eran alrededor de 12 mil ejemplares, recuerda Fernando Millán, quien era entonces director del medio e hizo l	Ese día el periódico incluía un aviso pagado por Amaya. “Siempre nos quedó la sospecha de que había un compromiso de una de las campañas en la compra de la edición. No había otro motivo (…) Nos parecía insólito que en el tema de la política se hubiera dado bloquear a un candidato con la compra de la edición de un periódico”, dijo Millán.	, Luisa Fernanda Isaza, coordinadora de defensa y atención a periodistas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), considera que hubo un interés en censurar la publicación. “Esto va en contra de la libertad de expresión no solo del diario sino de lo que se llama la doble vía de la libertad de expresión o la dimensión colectiva de la libertad de expresión, que también protege el derecho de los ciudadanos de conocer esa información”, dice.	Cuando Pablo Escobar, cabeza del cartel de Medellín, era una figura política y social, que pasó de un bajo perfil a la exhibición pública en los años ochenta, las informaciones y opiniones en la prensa empezaron a chocar con los intereses de las mafias. Entonces, “la estrategia de silenciamiento y amedrentamiento se hizo clara y explícita. Fue desde la compra completa de las ediciones de la prensa escrita en las que se les criticaba y la adscripción de periodistas venales a los carteles, hasta el hostigamiento, las amenazas y los asesinatos de periodistas adversos al narcotráfico”, recoge