Durante la instalación en Paipa (Boyacá) de la nueva Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, para el período 2019-2021, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, reiteró la intención del Gobierno nacional de extender la vigencia de la Ley 1448 de 2011, la cual finaliza en 2021, por medio de la cual el Estado se ve comprometido a reparar económicamente a los afectados en el conflicto armado.El consejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, dijo que “vamos a renovar la Ley de Víctimas y la vamos a presentar con mensaje de urgencia”, tras indicar que en materia de recursos para los afectados por el conflicto “ya existe gracias al fondo multidonante, US$1 millón para programas específicos y que permitirá realizar un gran número de reparaciones”.Por su parte el Director de la Unidad para las Víctimas señaló que “el foco de trabajo de esta Mesa Nacional es hacer incidencia en la política pública de víctimas de forma articulada con la Unidad en los escenarios de prevención, de atención, asistencia y reparación. Es un momento histórico porque esta es la Mesa que va a trabajar, muy de la mano con el Gobierno nacional, para lograr la tan necesitada prórroga de la ley que ha sido pedida por las víctimas”, expresó.Desde hace más de dos años representantes de las víctimas y algunos parlamentarios han puesto sobre la mesa la necesidad de extender la Ley 1448 porque ad portas de cumplirse su vigencia, son exiguas las cifras de reparación monetaria por parte del Estado a los afectados, hasta el momento a 1,2 millones de ciudadanos, a pesar de que en el registro oficial figuran 8’816.034 personas.Precisamente el pasado 10 de octubre la Corte Constitucional hizo una audiencia pública en donde escuchó a diferentes sectores en el marco de una demanda presentada contra la vigencia de la Ley de Víctimas por parte de dos exministros del  anterior gobierno, Guillermo Rivera y Juan Fernando Cristo, y un par de abogados, quienes argumentaron en su acción que “no puede extinguirse por una disposición de mera temporalidad dispuesta en su origen, como quiera que la finalidad transicional que allí se estableció, que ahora está constitucionalizada, aún no se ha logrado, y que ninguna norma posterior ha mejorado, suplido o absorbido su oferta de garantías de reparación para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos con ocasión del conflicto armado interno que vivió el país”.Un día después de esta audiencia el presidente Iván Duque anunció “he tomado la decisión, y le he dicho a la directora del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa, y a Ramón Rodríguez, director de la Unidad de Reparación de Víctimas, que debemos presentar al Congreso de la República un proyecto de ley con mensaje de urgencia, para que podamos extender la vigencia de la ley de víctimas por 10 años”.En  esa oportunidad el primer Mandatario explicó que “para este año 2019 garantizamos un presupuesto que puede llegar al orden de los $620.000 millones, para lo que tiene que ver con reparación de las víctimas; es la segunda cifra más alta de los últimos cinco años y la tercera más alta en más de 20 años”.