abatidos en combate por la Brigada XVI en Casanare.Un juez condenó a la Nación por su responsabilidad en la ejecución extrajudicial. Según el falló en este caso existió el objetivo de eliminar a los testigos en medio de la investigación por el asesinato de dos campesinos a manos del Ejército en 2015.Torres y su hijo fueron amenazados por militares quienes les reclamaban por haber rendido testimonio en su contra. Ambos fueron asesinados pese a haber pedido medidas de protección y su familia tuvo que bandonar su finca en la vereda El Triunfo, zona rural del municipio de Aguazul.El juzgado ordenó a las entidades demandadas indemnizar a los familiares de las víctimas por los daños morales y perjuicios económicos por el desplazamiento forzado que sufrieron.