Una joven que viste bluyín desgastado y un suéter negro, recoge una pesada piedra y la lanza con toda la fuerza de sus frustraciones en contra de la Policía que custodia el Capitolio Nacional en Bogotá. Otros cientos de vándalos, en pequeños grupos, hacen lo propio contra el grupo de Esmad a quien superan, ampliamente, en número. Les tiraban piedras y losas que arrancaban con furia de la Catedral Primada a la que ya habían pintado con grafitis. Así fue el desenlace y al mismo tiempo el lunar de una protesta nacional que prometía ser pacífica y argumentaba estar en desacuerdo por varios de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo.	Vale decir que el artículo 37 de la Constitución del 91 declaró la protesta social como un derecho fundamental. La Carta Magna reafirma que “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.	De igual manera, garantiza el libre agrupamiento de diez o más colombianos frente a cualquier lugar y permite las manifestaciones masivas en desacuerdo por medidas del Gobierno nacional. Que no se deba estigmatizar la protesta ciudadana hace parte de los cimientos que sustentan el sistema democrático; pero es pertinente ante los graves actos vandálicos preguntarnos: ¿Por qué los organizadores de las marchas no condenan el vandalismo con la severidad y el rechazo que sí condenan las decisiones gubernamentales? ¿Cuál debe ser la responsabilidad política, jurídica y penal de los promotores de las movilizaciones colectivas que terminan en destrozos y daños al patrimonio público? ¿No es acaso la propiedad privada, afectada económicamente por el accionar vandálico, otro derecho fundamental en Colombia, también amparado por la Constitución? ¿Condenar el vandalismo y exigir respeto por la integridad de los ciudadanos y de los propios policías es estigmatizar la protesta social?	Cero y van tres protestas ciudadanas, en este año, que tenían como fin reclamar legítimos derechos, pero terminaron vulnerando otros derechos: las marchas universitarias con destrozos a medios de comunicación en Bogotá, la parálisis por taponamientos de la Vía Panamericana en el Suroccidente colombiano y la movilización nacional en rechazo al Plan Nacional de Desarrollo.	Ya sabemos lo que pasó! Ya es hora de medidas más contundentes en contra del vandalismo agazapado en las marchas ciudadanas; ya es hora de individualizar a los responsables y capturarlos; y ya es hora que los organizadores respondan, económica y jurídicamente, por la permisividad y el silencio ante el vandalismo con el que están terminando esas movilizaciones que iniciaron con un fin legítimo: reclamar, pacíficamente, por los derechos de los colombianos.