Esta Constitución concedió al Estado un rol subsidiario en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización, y se ha convertido en el centro de las protestas sociales que vive el país desde el pasado 18 de octubre y que han dejado al menos 22 fallecidos.	“Este acuerdo es un primer paso, pero un primer paso histórico y fundamental para empezar a construir nuestro nuevo pacto social. Estamos seguros de que nos permitirá reencontrarnos y construir un mejor país, un país más justo, más inclusivo y, lo más importante, un país más unido”, dijo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.	En el plebiscito de entrada, además de elegir si quieren o no una nueva Constitución, los ciudadanos deberán pronunciarse sobre qué tipo de órgano debiera redactarla, una “convención mixta constitucional”, compuesta al cincuenta por ciento por parlamentarios y por ciudadanos electos para la ocasión; o una “convención constitucional”, en la que todos sus integrantes serían electos para este efecto.