Seguí por las redes el video en que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez respondía unas preguntas a Vicky Dávila, de la W Radio. Reparé con atención el estilo enfático de sus respuestas, afirmaciones categóricas que repiten el ya conocido discurso de la extrema derecha, basado en meras especulaciones sin el menor fundamento real.Primero se refirió a los proyectos de reforma que en su parecer amerita el Acuerdo de Paz, resaltando la importancia de acabar la sinvergüenzura de la conexidad entre el narcotráfico y el delito político. Quien la escuche puede pensar que eso es cierto, que el Estado y las Farc-EP pactaron semejante disparate, lo cual no es más que una absoluta falsedad.	En ninguna parte del Acuerdo se lee tal cosa. Otra cosa que el odio del uribismo hacia la paz y la reconciliación los lleve a calumniar de todos los modos posibles lo pactado. La experiencia del plebiscito del 2 de octubre de 2016 mostró lo perversa que llega a ser esa práctica. Basada en esa invención, la vicepresidenta dirige su verbo hacia donde le interesa realmente.	Sin titubear afirma que el señor Santrich, después de firmados los Acuerdos, sigue metido en el negocio del narcotráfico. Que el sobrino de Iván Márquez va y cuenta todas las relaciones que tienen su tío, Santrich y otros con el negocio del narcotráfico, pero que como aquí se inventaron un sistema judicial que solo dilata, no se hace en verdad justicia.	Vamos por partes, ¿qué prueba tiene Marta Lucía de que Santrich narcotraficaba antes de firmar los acuerdos? Estoy seguro de que absolutamente ninguna. Simplemente lo vocifera a los cuatro vientos. No existe ninguna sentencia judicial que lo afirme, y menos investigaciones penales serias al respecto. La vicepresidenta calumnia públicamente por un medio de comunicación.	¿Y qué prueba tiene de que lo haya seguido haciendo? Es de conocimiento general, que cuando la Jurisdicción Especial para la Paz solicitó al fiscal general las pruebas existentes contra Santrich, Néstor Humberto Martínez salió con un chorro de babas. Los gringos igual. Si la vicepresidenta no puede probar que lo hacía antes, menos puede asegurar que lo ha seguido haciendo.	Ahora bien, ¿con fundamento en qué asegura que el sobrino de Iván Márquez fue y contó lo que ella dice que contó? ¿Tiene los testimonios en su poder? ¿Puede exhibirlos? También estoy seguro de que carece de ellos. Simplemente, como todo uribista, su exministra de Defensa se encarga de repetir cien veces la mentira para que se convierta en verdad.	Lo que queda clarísimo es hacia dónde se encamina, a difamar y desprestigiar la JEP, con el fin de que nadie crea en sus investigaciones y fallos, para que todo el mundo acepte de manera sumisa que el presidente Duque puede desconocer sus sentencias, y obrar en cambio como le interesa a quienes temen que la verdad sobre el conflicto llegue a conocerse un día.	Porque ese es el verdadero objetivo de la diatriba vicepresidencial. Agigantar la idea de que la JEP bloquea la justicia y por eso debe ser rechazada. Al presidente Duque no le temblará la mano para extraditar a Santrich, hay que ver cómo se saborea afirmándolo, como el pirata que habla del tesoro de sus sueños. La pregunta de la entrevistadora la regresa de repente a la realidad.	¿Se atrevería el Presidente a extraditar a Santrich por encima de un fallo de la JEP que disponga lo contrario? Ligeramente avergonzada de la exhibición pública de su delirio, Marta Lucía habla del respeto a la institucionalidad y a la justicia. De paso revela su carta secreta. El Congreso examinará detenidamente la sentencia de la Corte Constitucional sobre la JEP.	Es decir, habrá proyectos uribistas de ley fundados presuntamente en el fallo de Corte, que apuntarán a transformar la JEP, a permitir con visos de legalidad, el desconocimiento flagrante de sus decisiones. Por eso su seguridad de que Santrich se irá. Porque todos los colombianos, según ella, se opondrán a un fallo de la JEP que impida que se lo extradite.	La trama está al descubierto. Tenderle una trampa a Santrich, comprometiéndolo en un negocio ilícito, dejando de paso seriamente cuestionado al nuevo partido Farc, para poder sacarlo de la política, y además valerse del caso para denigrar de la JEP, de su legitimidad, y asegurar la impunidad total a los verdaderos criminales contra la humanidad durante el conflicto.	Sinceramente creo que Jesús Santrich obra equivocadamente en muchas cosas, lo cual no me releva del deber de denunciar la infamia oculta tras su caso. Entiendo perfectamente también la ira de Marta Lucía contra la JEP, ministra de Defensa durante el Plan Patriota, cuando el gobierno Uribe impuso la práctica del vale todo contra los terroristas de las Farc y la gente que los apoyara.