Bolsonaro tomó el poder en enero con promesas para suavizar las regulaciones, y ha argumentado que la presión de los grupos a favor del medio ambiente y de los derechos indígenas está perjudicando a los agricultores y la industria minera. Dijo que demasiadas empresas han sido sancionadas injustamente por violar las reglas que han socavado la actividad comercial.	En una de sus primeras acciones como presidente, Bolsonaro privó a la Agencia Nacional Indígena del derecho a demarcar territorios indígenas. También trasladó el Servicio Forestal Nacional al Ministerio de Agricultura. Estas decisiones, que el Congreso todavía puede alterar, indignaron a los activistas y ambientalistas indígenas, pero agradaron al poderoso lobby agrícola de Brasil.