Para la mayoría de los colombianos, el debate en torno al déficit máximo permitido por la regla fiscal suena lejano y abstracto. Sin embargo, cuando se explica que el saldo en rojo de las finanzas públicas será mayor ahora, por cuenta de la ola migratoria proveniente de Venezuela, las reacciones no se hacen esperar y sacan a flote respuestas de tipo emocional.	Esa es una consecuencia de lo ocurrido la semana pasada, cuando después de varios aplazamientos y diálogos informales, los expertos que examinan los insumos técnicos que aporta el Ministerio de Hacienda, determinaron la brecha máxima permitida en las cuentas estatales. Tras el análisis de los documentos entregados y un debate particularmente intenso, la administración Duque logró que la camisa de fuerza le fuera relajada, con lo cual no tendrá que ajustarse tanto el cinturón, como parecía inevitable unos meses atrás.	En términos prácticos, eso quiere decir que el déficit del Gobierno Central podrá llegar al equivalente del 2,7 por ciento del Producto Interno Bruto este año. Ese guarismo, es tres décimas más alto que el que estaba vigente, por lo cual se habla de tres billones de pesos de espacio adicional (en cifras gruesas, un punto porcentual es equiparable a diez billones de pesos).	La verdad es que cuando se aplica la fórmula con lo que acabó sucediendo en el 2018 –y no con lo que proyectaba el Marco Fiscal de Mediano Plazo–, el agujero debería ser menor (2,2 por ciento del PIB), por lo cual la desviación autorizada asciende en realidad a medio punto. Y esa mayor holgura regirá hasta el 2023, aunque con márgenes descendentes. En cualquier caso, el presente Gobierno tendrá más espacio de maniobra al momento de gastar, así el faltante entre ingresos y erogaciones muestre tendencia al descenso.	Como se mencionó arriba, el argumento utilizado es el costo de los recién llegados que, dependiendo del cálculo en cuestión, oscilaría entre dos y siete billones de pesos anuales. En Colombia, se aceptaron razones similares a las presentadas a mediados de la década en Europa, con ocasión del arribo sorpresivo de cientos de miles de refugiados sirios. Por esa época, varias naciones del Viejo Continente se alejaron temporalmente de las metas fiscales establecidas.	Dicha consideración ya había sido hecha por el Fondo Monetario Internacional y la Ocde, que a comienzos de marzo señalaron que la emergencia migratoria era una razón válida para aceptar un déficit mayor, sin abandonar el objetivo de que el faltante disminuya a lo largo del tiempo. La salida que no funcionó fue usar una cláusula de escape, debido a vacíos en la ley que estableció la regla fiscal en el 2011. Eso llevó a que la responsabilidad recayera en los integrantes del comité consultivo, conformado por nueve expertos.	Ahora, lo que está por verse es la reacción de los mercados a la noticia del viernes. En principio, estos deberían mantener la calma, pues la curva que apunta hacia una brecha del 1 por ciento del PIB en el 2024 muestra una pendiente razonable. Queda por verse lo que digan las firmas calificadoras de riesgo que, en el peor de los casos, podrían rebajarles la nota a los papeles de deuda.	Para que eso no suceda, es obligatorio mantener la credibilidad en la política económica. Eso quiere decir que las nuevas metas deben respetarse y que cualquier intento de meterle mano a los parámetros que determinan cuál debe ser el tamaño del agujero fiscal en un año específico, no pueden variarse de la noche a la mañana. Más grave todavía, sería cambiar integrantes del comité asesor, una advertencia válida en un Ejecutivo que sacó la escoba para barrer a personas que estaban en las juntas directivas de las empresas estatales, sin importar sus méritos. Una cosa es la flexibilidad fundamentada y otra querer que la regla fiscal sea de caucho.