“El común denominador de las denuncias y peticiones que recibió la Contraloría de los habitantes de la zona, río arriba y río abajo del proyecto, son las posibles afectaciones que están teniendo sobre sus actividades socioeconómicas, como la pesca, el barequeo, el comercio de arenas y la agricultura, cuyo impacto podría tener una cuantía significativa”, indicó Luis Carlos Pineda, contralor delegado para la Participación Ciudadana.	La Contraloría aseguró que las denuncias que se recibieron durante el recorrido que duró aproximadamente un mes en 15 municipios en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, fueron trasladadas a distintas entidades departamentales, nacionales y locales, así como a Empresas Públicas de Medellín (EPM), para que atiendan las necesidades y requerimientos de estas poblaciones.