Este es un concepto no consagrado en nuestra Constitución, pero que es señalado como peligroso por quienes lo ven como la importancia sustancial de las expresiones ciudadanas --subjetivas por excelencia--, en favor de determinadas propuestas o decisiones de un gobernante, sin que importe la separación de poderes del estado de derecho, donde los pesos y contrapesos evitan los desbordes.	La idea del estado de opinión la agitó el presidente en 2005 cuando buscaba la reelección y tenía altos índices de popularidad. Y sale ahora luego de que el uribismo busca hacer ajustes a los acuerdos de paz, pero se ha encontrado con unas cortes que desde el estado de derecho han encontrado lo pactado con las Farc acorde con la Constitución o mantienen firmeza en sus fallos sobre uso del glifosato.	Para columnistas como Gustavo Gómez “un peligroso espejismo vende el expresidente Uribe: un sofisticado populismo que exacerba pasiones sobre razones”. Ya en 2009, Rodrigo Uprumny decía que la “fórmula suena bonita, pero en realidad es ambigua y peligrosa”. Y Luis Felipe Henao asegura en su columna que el Estado de opinión no es la evolución del Estado de Derecho, es su antítesis.