Llama la atención que el gobierno del presidente Duque no haya divulgado con mayor energía ante la opinión pública el hecho de que el Plan de Desarrollo (PND), recientemente expedido, constituye, sin exagerar, una reforma de profundo calado al sistema de salud colombiano. Entreveradas entre los más de 330 artículos de esta ley, hay unas cuantas normas que, en conjunto, abordan de manera directa problemas estructurales. El Congreso, al aprobar la ley, y el gobierno al proponerla, parecen haber decidido coger ‘el toro por los cuernos’, frente a varios de los más intratables problemas de la salud en Colombia.	Un repaso rápido revela que esta nueva ley atendió el clamor unánime para que el manejo de los recursos por fuera del plan obligatorio de beneficios en el régimen subsidiado pasara de las regiones al Gobierno Central, ante la demostrada incapacidad de los departamentos para hacerlo; definió un procedimiento expedito para conciliar y pagar las deudas represadas del Gobierno para con los actores del sistema; introdujo una reforma radical a la operación del llamado No POS, acabando de un tajo con el engorroso e ilógico sistema de los recobros; dotó a la Superintendencia de Salud de nuevas facultades para impedir la llegada de dineros sospechosos a la salud; estableció un mecanismo financiero para premiar la calidad en los servicios de salud, poniendo fin al modelo que reembolsaba por igual a los mediocres y a los buenos, y, finalmente, fortaleció el principio de solidaridad al crear un sistema de contribuciones parciales para aquellos usuarios del régimen subsidiado que en algo pueden contribuir al sostenimiento del sistema.	No todas las fórmulas utilizadas en este paquete de disposiciones son necesariamente acertadas. Por ejemplo, quienes hemos defendido las comprobadas bondades del modelo de aseguramiento como eje articulador del sistema de salud, vemos con algo de preocupación que algunas de las normas incluidas en el PND podrían desdibujarlo, al fortalecer el pago directo desde el Estado a los prestadores, limitando la capacidad de las EPS para hacer una gestión del riesgo en salud de sus afiliados de forma sistemática y rigurosa. Pero estas preocupaciones y críticas pueden esperar para dentro de unos años.	Quizá, haya llegado la hora de declarar una moratoria a las reformas estructurales del sistema de salud, en el nivel legislativo. Ningún sector de la economía puede estabilizarse, prosperar y crecer si cada año está sometido a la amenaza de una reforma estructural, que crea incertidumbre sobre sus cimientos básicos y pone a sus participantes a preguntarse si su misma existencia y modelo de negocios será válido en el futuro próximo. Hoy, como sucede en todas las legislaturas, rondan en distintas etapas de avance, proyectos de ley sobre el sistema de salud que tiran por la borda 25 años de aprendizaje social e institucional y proponen saltos al vacío con base en argumentos ideológicos y no fácticos. El desgaste y la angustia por el riesgo de que se vuelvan ley paraliza los nuevos proyectos, espanta la inversión, ahuyenta el talento en el sector e impide la planeación de largo plazo, en todos los niveles, desde el regulador estatal hasta el más sencillo de los consultorios médicos.	Sancionado y expedido el PND del gobierno Duque, se podría más bien poner fin al agitado ciclo de más de una década de reformas de fondo a la Ley 100 de 1993, que comenzó con la Ley 1122 de 2007, siguió con la Ley 1438 de 2011, se profundizó con la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y culminó con el anterior plan de desarrollo, para no mencionar otras leyes puntuales que de manera rutinaria introdujeron modificaciones a las columnas básicas de ese complejo edificio que es nuestro sistema de salud.	Solo por comparar, la última gran reforma desde la ley al sistema financiero se hizo en el 2009. Durante esta década, el Gobierno, a través de reglamentaciones puntuales, ha dado impulso al sector, y algunas leyes se han ocupado de aspectos específicos. Pero la estabilidad normativa respecto de los lineamientos básicos del sistema ha permitido que el financiero sea hoy un sector sólido, que sabe gestionar adecuadamente sus riesgos, innova en tecnología y compite vigorosamente para prestar un mejor servicio a sus usuarios.	Si todos los actores del modelo de salud aceptan, a partir de ahora, la arquitectura básica del sistema, y se ponen a trabajar en mejorar su funcionamiento –en lugar de desgastarse en buscar una vez más la norma perfecta, en perjuicio de la norma buena y estable–, con seguridad en unos años tendremos un sistema de salud aún mejor. De hecho, algunos de los proyectos que por ahí se discuten son bien pensados y sensatos. Pero el problema es que el solo hecho de mantener al sistema de salud en un estado de revisión permanente de su estructura básica, de incertidumbre y agitación, impide la planeación de largo plazo, y los principales perjudicados son los pacientes. El proyecto de ley que todos tenemos debajo del brazo para llegar al mundo perfecto debería archivarse, bajo el convencimiento de que la búsqueda de esa perfección hipotética y futura hace más daño que los eventuales beneficios que de su aprobación se puedan derivar.	Esto no quiere decir que el Congreso deba renunciar al ejercicio de sus funciones. Con seguridad, un control político serio y permanente será de gran importancia para el mejoramiento del sistema. Y, sin duda, algunas iniciativas, como la creación de una jurisdicción especial de salud, que ha propuesto una representante vallecaucana, podría ser buena idea. Pero esta y otras ideas buenas no se refieren a la estructura básica del sistema de salud, sino a aspectos periféricos del mismo, y por lo tanto, no ponen en ascuas a todo el mundo, que es precisamente lo que sucede con las reformas radicales que procuran demoler un edificio social, construido durante cerca de tres décadas con enorme esfuerzo colectivo.	El gobierno Duque le cumplió al país con una reforma de fondo al sistema de salud. Las discrepancias que podamos tener sobre su contenido deberían cederle el paso a un compromiso en favor de una pausa legislativa, en los próximos años, y un trabajo focalizado en mejorar el funcionamiento del sistema.