Pensar que la ‘economía colaborativa’ es nueva y que surgió con la aparición de los emprendimientos de Silicon Valley como Airbnb, Craiglist, Netflix, o incluso Uber, sería un error. Desde 1978 el concepto de ‘consumo colaborativo’ ha existido, pero solamente hasta hace unos años el proceso evolutivo de esta tendencia ha estado marcado por la transformación tecnológica y su consiguiente aporte a la democratización de los medios digitales.	Como lo ha definido la academia, la economía colaborativa es un sistema económico basado en compartir bienes o servicios subutilizados, ya sea de forma gratuita o por un precio, directamente por los individuos de una comunidad. Sin duda, esto rompe con los esquemas tradicionales de cadenas de distribución y producción de bienes para satisfacer las necesidades. Por ejemplo, lo que antes se usaba como un vehículo sólo para ir de la casa al trabajo y visceversa, se ha convertido en una alternativa de movilidad costo-eficiente y, para algunos, en una de las soluciones a los problemas de congestión. Lo mismo pasa en el sector vivienda, donde una habitación o un apartamento completo puede ser puesto a disposición de los turistas por el tiempo que lo necesiten sin contratos engorrosos.	Para que una economía sea verdaderamente colaborativa debe haber impacto social y ambiental en el entorno. Este fenómeno es aún más evidente en el sector transporte, donde la saturación de vehículos en las ciudades ha afectado significativamente la calidad de vida de sus habitantes. En ese sentido, los servicios de transporte privado intermediados por plataformas (TPIP) -como Uber- tienen la vocación de convertirse en una solución a los problemas de tráfico vehicular y contaminación medioambiental, más allá de ser una fuente de ganancias adicionales para quienes se registran en la plataforma como socios conductores	Las economías colaborativas requieren empoderamiento y participación activa de los miembros de una comunidad para su correcto funcionamiento. Por eso es esencial que existan, por un lado, ciertas reglas de juego que definan el tipo de comportamiento que las partes deben tener y, por el otro, una serie de medidas que faciliten dicha participación. ¿Qué tal estuvo su experiencia?, ¿Hay alguna irregularidad que deba reportar?, son cuestiones sobre las que los participantes de una comunidad deberían reflexionar y dar cuenta con el fin de que el modelo sea eficiente y confiable. Por lo tanto, la responsabilidad de generar un ambiente de colaboración real también la tienen los miembros de la comunidad.	Uno de los puntos más complejos y controversiales de los negocios de la economía colaborativa radica en la idea equivocada de que debe haber una relación laboral entre quienes generan ganancias a través de las plataformas y las empresas que las gestionan, cuando se trata de relaciones independientes en las que hay autonomía y libertad para el manejo de los tiempos, entre otros elementos que lo hacen diferente.	Si bien el incentivo económico es fundamental para la sostenibilidad, el elemento de ‘colaboración’ hace que la naturaleza y el propósito de este tipo de economías sean diferentes a los de un negocio tradicional. Es decir, cada participante debe tener la libertad y la autonomía suficiente para decidir cómo administrar y controlar sus actividades, su tiempo y sus recursos. En ese sentido, la tecnología es solo una intermediaria que facilita el intercambio de bienes y/o servicios entre las partes.	No hay duda de que la evolución de las economías colaborativas ha implicado varios retos, especialmente para los formuladores de políticas públicas. Por eso, la definición de un esquema regulatorio adecuado requiere que estos actores comprendan la gran diversidad de modelos normativos ya existentes en el mundo y caractericen al universo de personas que generan ganancias a través de estas tecnologías	Lo cierto es que sí existe la necesidad de crear marcos normativos y éstos deberían ser compatibles con la evolución tecnológica y los nuevos modelos de innovación. Avanzar en la protección, sin desnaturalizar o sacrificar los emprendimientos que componen las economías colaborativas, es el desafío que ya varios gobiernos en el mundo -como Brasil México, Perú e incluso La Paz, en Bolivia, por mencionar algunos- han enfrentado y definido. Ahora es el momento de Colombia. En ese sentido, quienes hacemos parte de esta economía debemos aportar en la construcción de una regulación que fomente alternativas de consumo intermediadas por la tecnología, pensadas en el beneficio de los ciudadanos, la contribución al crecimiento de la economía del país y la generación de opciones de autoempleo.