La última vez que escribí sobre el tema de la cleptomanía en las FF.AA. (“¡A robar, marrrrr!, Portafolio 30 de abril 2018), provoqué la santa ira de los comandantes generales de las FFAA, el Ejército, la Armada y la FAC. Fue el primer comunicado conjunto, dirigido a un medio de comunicación, contra un columnista, en toda la historia de Colombia. Se rasgaron las vestiduras y el hoy embajador, General (r) Alberto Mejía, descalificó de tajo mis comentarios, los mismos que reitero ante la renovada evidencia de corrupción sistémica de los autodenominados “héroes”.	Hasta Mejía es cuestionado por encubrimiento (“Embajador, general y ¿corrupto?”. Salud Hernández Mora, El Tiempo, 31 de julio de 2019) por sus mismos exsubalternos, quienes ahora revelan que el señor embajador “oculta sus irregularidades con plata y favores tipo agregado militar, así como con llamados a calificar servicios, basados en calumnias y montajes de la contrainteligencia”.	En los últimos días varios generales de la República han sido salpicados con escándalos de adjudicaciones ilegales de contratos de suministro o de obras, corrupción y hasta obstrucción de la justicia y de las investigaciones de la Fiscalía. Todo está respaldado por investigaciones e interceptaciones de llamadas, en las cuales se repite el recordado estilo mafioso de los ministros samperistas del “miti-miti”. En una de ellas, por ejemplo, dice un interlocutor, que restando unos recursos les quedan “556 millones de pesos, y nos toca dividirnos y restarle lo del general Rodríguez y lo de la gente de acá”.	Entre tanto, políticos de la tal oposición, que estarían usando esto con fines electorales, se quedan calladitos. ¿Dónde están el senador Robledo, o el senador ‘Cuentabilletes’, o ‘Camaleón’ López? Tal vez tengamos que inferir que no se atreven a cuestionar a las FFAA, porque saben que, si llegan al poder, los necesitarán, como Maduro, Chávez, Ortega y todos los cleptómanos vestidos de civil, para aferrarse al poder y nunca soltarlo, mientras sus guardaespaldas saquean la petrolera o monopolizan la distribución de alimentos, como carroñeros en un programa de Animal Planet. La indigna Guardia Nacional Venezolana es el mejor ejemplo.	El ministro de Hacienda acaba de presentar el presupuesto de 2020, con un (nuevamente) sustancioso aumento para el sector Defensa. Y, como siempre, sin indicadores de gestión para justificarlo, porque la tal oposición dice que un ejército que derrota al enemigo está incurriendo en “falsos positivos”. Mientras tanto, los narcos se expanden, la minería ilegal prospera, los depredadores del medio ambiente roban baldíos y los ladrones de todo pelambre se han apoderado de las ciudades. Al mismo tiempo, muchos (no todos, Mejía, no todos) militares desvían los recursos que con tanto esfuerzo pagamos los contribuyentes y con tanto empeño recauda la Dian, para garantizarles un buen retiro a ellos y a sus familias, llenas de Yennys andando por las calles de Miami en Lamborghinis. Y no les importa, porque les dan ‘cuartel por cárcel’.	Está bien que exista la justicia penal militar, para actos de guerra y delitos relacionados con el servicio. Pero tratándose de delitos de corrupción, se les debe enviar a la justicia ordinaria, despedirlos con deshonor, despojarlos de sus grados y sus derechos pensionales y aplicarles la extinción de dominio a todo lo adquirido con sus robos.