¿Cómo entender que mientras unos padecen carencias, otros gozan de millonarias ganancias por los negocios del agua? ¿Qué hacer frente a esta situación? Contaré a continuación la historia de un municipio de Cundinamarca que, a escasos minutos de Bogotá y en pleno siglo XXI, paga el agua que consume gota a gota.Soacha es uno de los 117 municipios embaucados en los llamados	. Bautizados así por el nombre de su creador Alberto Carrasquilla, quién se ideó ese negociado en 2007 como ministro de Hacienda en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Idea que implicó modificar la constitución y las leyes para después beneficiarse como miembro de una de las empresas que posteriormente los promovió.	Estos bonos son un esquema de financiamiento amparado por el Acto Legislativo 04 y las leyes 1176 y 1151 del año 2007, creados para costear proyectos de acueducto y alcantarillado mediante operaciones de crédito público que en medio de unas condiciones tramposas y onerosas, comprometieran vigencias futuras del Sistema General de Participación, las cuales inicialmente ascendieron a nivel nacional a unos  $440.000 millones,	por $18.802.421.799 a una tasa de interés del UVR (IPC) + 11% efectivo anual a un plazo de 19 años y sin posibilidad de prepago o abono a capital. Contrato que incluyó, además, el pago de una comisión para ésta empresa por $246,311,726. Aunque legales este tipo de comisiones encarecen los créditos.	y sus empresas, ya que el desembolso y el mecanismo de pago modificó la base del capital aumentando el tamaño de la deuda. Incluso durante el periodo de gracia de cinco años, en los que se causaron y pagaron intereses, la deuda para Soacha pasó de $ 18.802 millones de pesos en 2010 a $ 21.165 millones en 2014.	Al igual que los otros municipios, Soacha asumió un contrato de adhesión con las peores condiciones del mercado y comprometió sus ya escasos recursos en un crédito público engañoso y riesgoso que por sus características y condiciones, resultó oneroso y bien podría eventualmente inducir al error o el desgreño administrativo, ya que su desembolso total fue inmediato y no estuvo atado a un proyecto, a unos estudios previos de viabilidad e infraestructura o un cronograma de cumplimiento basado en metas. En muchos casos, como lo señalan diversas instancias de control, estas condiciones desembocaron en errores (ineficiencia e ineficacia) porque estos créditos fueron vendidos a municipios con reducida capacidad técnica y administrativa para identificar las desventajas que implicaba este esquema de crédito.	El esquema de financiamiento montado por Carrasquilla entonces NO garantizó que los recursos del Sistema General de Participación (SGP) cumpliera con los fines para los cuales están definidos y llevó a que en 2018 la administración municipal tuviera que destinar 37 de cada 100 pesos de sus recursos para agua y saneamiento básico en el pago de un crédito que no concebía garantías técnicas para el cumplimiento de sus objetivos.	Dado el impacto negativo de este leonino contrato, las últimas dos administraciones buscaron morigerar el detrimento a las arcas municipales con la gestión de compra de cartera, primero con Findeter en 2014 y luego con Bancolombia en 2016. Lo cual significó en términos comparativos un cambio en las condiciones iniciales del crédito, un relativo alivio en la reducción de la tasa de interés y la posibilidad de abonar a capital. Aun así, el daño causado al municipio por los Bonos Carrasquilla ya estaba hecho. Según un documento realizado por	, el municipio pagó intereses por el orden de $11.312 millones tan solo en los primeros cinco años. Están aún por establecerse los intereses causados y pagados a Findeter y Bancolombia, conocerlos permitirá dimensionar el tamaño total de los intereses pagados como efecto colateral de la operación de crédito inicial. En síntesis y según el portal	Nuestro municipio es uno de los que exhibe las necesidades sociales más alarmantes del país y según el DANE (2014) registra las más altas tasas de desempleo (15,4%) y de pobreza (35,5%). Es un municipio que definitivamente vive en déficit por sus ya reducidos recursos y su cada vez más creciente población que hoy fácilmente desborda el millón de personas. Considerada con preocupación por su actual alcalde como una	anexo del Plan De Ordenamiento Territorial de Soacha (2018), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios señaló que la cobertura de alcantarillado a 2015 era de cerca del 69,29% de la población y en el estrato 1, se evidenciaba que 4 de cada 10 hogares aún no contaban con este servicio. Por su parte, en materia del servicio de agua, tiene una cobertura del 81,15% de la población y el municipio depende del Acueducto de Bogotá–ESP quien aporta la mayor parte del suministro con un 83,65% de la misma. Aporte que llega de una derivación de la línea Tibitoc-Tanque Casablanca desde la cual se atiende además a un gran porcentaje del sector de Ciudad Bolívar en Bogotá. En el estrato 1, encontramos que 3 de cada 10 hogares no contaban con servicio de agua. Además de estas carencias, su población padece de las más escandalosas tarifas en el servicio de agua y saneamiento básico que durante el año pasado registraron	Fue así como Álvaro Uribe y Alberto Carrasquilla (continuado por Santos y hoy por Duque) convirtieron el derecho fundamental al agua y el saneamiento básico de los municipios más pobres de Colombia en un negocio lucrativo en beneficio de una plutocracia corrupta que condena a sus pobladores a mayores niveles de escasez e insalubridad. Por esto fue que me opuse a los	con el propósito de adelantar las acciones jurídicas y políticas que propendan porque el municipio recupere el dinero gastado en el pago de los desproporcionados intereses de los créditos pactados bajo la figura de los Bonos Carrasquilla. Los creadores de este mecanismo de crédito y las entidades que lo permitieron deben dar la cara y retornar los intereses al municipio.	, amparada en el Decreto 28 del 2008, que la ciudadanía puede interponer ante la Superintendencia de Sociedades para exigir el cumplimiento de los propósitos que sustentan los recursos que estrictamente destina el Sistema General de Participación (SGP). Que en nuestro caso se evidencia en la no satisfacción a cabalidad de las necesidades de la población en materia de agua y saneamiento básico;	del equilibrio contractual, ya que con esta norma se busca atacar aquellas cláusulas que produzcan un desequilibrio injustificado en el contrato que genera perjuicio al usuario, en este caso al municipio que fue quien suscribió el contrato de adhesión para el préstamo. Se interpone ante la Superintendencia Financiera y el accionante es quien tenga la representación legal del municipio, en este caso el señor alcalde; y, finalmente,	que busque proteger los derechos colectivos de la ciudadanía a la prestación y acceso efectivo de un servicio esencial para la vida como el agua y el saneamiento básico, derecho que en últimas fue el que más se afectó durante el tiempo transcurrido sin ejecutar las obras luego de la firma de este contrato de adhesión, así como exigir la protección del derecho colectivo al patrimonio público afectado por el desgreño en las finanzas del municipio.	En términos políticos debemos trabajar por configurar la unidad más grande posible de ciudadanos alrededor de un proceso de educación (pedagogía), organización y movilización pacífica que acompañe e impulse las alternativas jurídicas que permitan recuperar y retornar estos recursos al municipio, tal como nos lo enseñaron los valientes estudiantes y maestros de Colombia el año pasado.	creado e impulsaré las acciones políticas y jurídicas que propendan por la recuperación de los recursos que tanto necesita Soacha y que fueron arrebatados por Carrasquilla y su combo. Sea la oportunidad para extender la invitación a la Alcaldía, al Concejo Municipal en pleno, a los partidos políticos y demás organizaciones sociales del municipio y el departamento a sumarse al comité y acompañar las acciones que este defina.