La Procuraduría Provincial de Cartagena determinó que el alcalde no acató lo ordenado en los fallos del 31 de julio de 2017, que lo conminaban a brindar información amplia y suficiente a un grupo de ciudadanos que exigían conocer el trámite dado a su solicitud de pensión, y qué procedimiento debían seguir para constituir su bono pensional.