Un mecanismo del Gobierno nacional, donde las empresas tienen la posibilidad de pagar su impuesto de renta a través de la ejecución de proyectos en las zonas más afectadas por la violencia, está tomando enorme fuerza: grandes empresas, con la aprobación del Gobierno, pusieron en marcha los primeros proyectos, en los que harán una inversión cercana a los doscientos cincuenta mil millones de pesos.