a sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar que le ordenó al Distrito, a la Secretaría de Planeación, alcaldías locales, inspecciones de policía, curadurías urbanas y al Ministerio de Vivienda que en un plazo de seis meses adopten los correctivos de vigilancia y control para la expedición de licencias de construcción en Cartagena, no pasó desapercibida por la Alcaldía Mayor.	El alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, le expuso a El Universal qué estrategias aplican desde hace dos años para el control urbano, especialmente el Plan de Normalización Urbanística, que surgió tras un apretón que le hizo al Distrito el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, luego que se desplomara el edificio Portales de Blas de Lezo II, que cobró la vida de 21 obreros.	Aunque el seguimiento desde el Ministerio Público es frecuente, a través de mesas de trabajo en las que participan la Alcaldía, curadurías, Fiscalía, entre otros organismos, y que los balances de resultados son periódicos, la Alcaldía expuso las acciones tomadas en lo que va de julio, todo centrado en el Plan de Normalización Urbanística (PNU):	“El Distrito viene trabajando con la Procuraduría General de la Nación en un Plan de Normalización Urbanística, donde hemos establecido una serie de temas para el control de las construcciones ilegales. Nosotros reportamos los informes de todas las actividades que se vienen desarrollando en ese sentido, con el acompañamiento de la Procuraduría, de tal manera que seguiremos trabajando en esta estrategia. Además de estar comprometidos con el control urbano, nos importa mucho todo lo relacionado con asuntos ambientales, por lo que está en marcha la estrategia del Ecobloque, algo que el mismo procurador ha resaltado.	“La Procuraduría solicitó que se informara si se han adoptado medidas de seguridad frente a las amenazas de los inspectores de policía de Isla Fuerte y el Islote, frente a lo cual la Secretaría del Interior informó que se han realizado Consejos de Seguridad con el CTI, Fiscalía y Policía, al igual que se activó la ruta de protección de esas personas y se elevó una solicitud ante la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, señala un informe de una reciente reunión del PNU.	Como resultado de una acción popular impulsada el 8 de junio de 2017 por la Procuraduría General de la Nación, tras la supuesta vulneración de los derechos colectivos de los ciudadanos por parte del Distrito, a través de la Secretaría de Planeación, la alcaldías locales, inspecciones de Policía, curadurías urbanas y el Ministerio de Vivienda, entes que no habrían regulado e inspeccionado el cumplimiento de normas urbanísticas en obras en construcción, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó que en un plazo de seis meses adopten los correctivos de vigilancia y control para la expedición de licencias de construcción en Cartagena. Según la sentencia, que amparó los derechos colectivos a la seguridad, la salubridad pública y previsión de desastres, cada ente debe “realizar, facilitar, impulsar, corroborar, elaborar, financiar, ejecutar y finalizar los proyectos que sean necesarios para la vigilancia y control en la expedición de licencias de construcción y las construcciones urbanísticas, para que cumplan con toda la norma”.