En concreto, el juez Roberto Gallardo instó al Ejecutivo local a impedir el funcionamiento de esas empresas de 'delivery', así como de toda las firmas que realicen la actividad de mensajería y reparto a domicilio que no cumplan con la normativa, "hasta tanto esté acreditada judicialmente la adecuación" a los requisitos legales.	El titular del Juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario número dos ordenó también al Gobierno porteño que diseñe y ejecute un plan de contingencia económica y social para todos los repartidores de esas firmas, cuya actividad ha crecido de forma exponencial en los últimos tiempos. Además, solicita que compense la "reducción de sus ingresos dinerarios" hasta tanto se normalice la situación objetiva y el encuadre legal de las empresas.	Esta decisión se da después de que el 6 de diciembre pasado el tribunal dispusiera de forma precautoria, a pedido de la Defensoría del Pueblo, organizaciones sindicales y diversas empresas, una serie de medidas por el grave riesgo a la seguridad en la vía pública y por la integridad de los conductores de bicicletas.