En diciembre de 2018, Greta Thunberg, una joven sueca de 16 años sacudió la Cumbre Mundial del Clima con un llamado a la acción. “Algunos dicen que Suecia es un país pequeño, que no importa lo que hagamos, pero he aprendido que nunca eres tan pequeño como para no hacer la diferencia y que si unos pocos niños pueden conseguir titulares en todo el mundo solo por faltar a la escuela unas semanas, imagínense qué podríamos hacer juntos si realmente quisiéramos”, dijo la joven que a los 11 años realizó una huelga escolar por el cambio climático.	“Sí, necesitamos esperanza pero sobre todo, acción. Cuando actuemos, la esperanza estará ahí”, agregó. A miles de kilómetros de distancia de Suecia, sus palabras coinciden con los jóvenes colombianos que desarrollan proyectos de emprendimiento social en distintos ámbitos, y que desde varios rincones del país generan iniciativas para mejorar la vida de los que pasamos por este planeta.	Para ellos, para destacar su trabajo y empujarlos a no desistir se creó Social Skin, una iniciativa del Grupo Bolívar, bajo el liderazgo de su presidente, Miguel Cortés Kotal. Junto con aliados como Naciones Unidas, las universidades del Rosario, Javeriana, Nacional, Andes, Externado, Minuto de Dios, La Sabana, Tadeo, el Colegio de Estudios Superiores de Administración y Sergio Arboleda, así como iNNpulsa y el Ministerio de Comercio, se desarrolló la primera versión de un premio que destacó el trabajo de 21 jóvenes transformadores.	Los requisitos eran simples: ser jóvenes, contar con la energía para transformar el mundo y tener un proyecto de innovación social que funcionara activamente desde los últimos dos años. Los proyectos fueron expuestos ante un jurado compuesto por expertos en emprendimiento social, como Jozef Merkx, representante de Acnur en Colombia; Carolina Carrasco, del Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo; Johana Bahamón, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Acción Interna; Simón Borrero, fundador de Rappi; Ignacio Gaitán, gerente de iNNpulsa; Karen Henken, profesora de Práctica, Innovación Social y Emprendimiento de la Escuela Kroc, en la Universidad de San Diego, y Jen Timm, directora de consultoría Agora Partnerships.	Fueron siete categorías enmarcadas en las problemáticas globales definidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que reflejan grandes preocupaciones del país: Inclusión, reducción de desigualdades y pobreza; Salud y bienestar; Educación de calidad; Medioambiente; Ciudades y comunidades sostenibles; Trabajo decente y crecimiento económico sostenible, y Paz, justicia e instituciones sólidas.	La idea surgió de un grupo de investigación de la Universidad Nacional de Manizales. Mientras en el mundo hay un boom de estudios sobre energía solar, estos estudiantes decidieron explorar las posibilidades de generarla a partir de la tierra y poder llevar luz a muchas zonas del país donde no hay energía eléctrica.	Así apareció IWA, que en palabras de Paola Carmona, coordinadora del emprendimiento, es una tecnología que aprovecha el proceso de fotosíntesis de las plantas, mediante el cual generan sustancias como glucosas y, a su vez, producen electrones que quedan diseminados por el suelo. “Acto seguido, microorganismos presentes en la tierra consumen estos electrolitos y convierten el suelo en una red intrincada de corrientes eléctricas”, agregan en su página web.	Con esa información, el grupo integrado por Carmona, Cristian David Dallos, Estefanía Ríos y el profesor Julio César García, diseñó el circuito, construyó un invernadero e hizo pruebas piloto y productos como TerraBatt, una lámpara modular que podría dar luz a zonas que viven en la oscuridad. Con un metro cuadrado de plantas se iluminan tres bombillos.	Una sequía que estaba arruinando a los agricultores de Boyacá y “una idea loca” fue el punto de partida para que dos estudiantes se ingeniaran Comproagro, una plataforma web que elimina la cadena de intermediarios en el proceso de compra y venta de los productos agrícolas. Un emprendimiento nacido en Toca (Boyacá), que hoy beneficia a 21 mil familias campesinas de varios departamentos.	“Muchas veces no vemos la importancia que tienen los campesinos en nuestra vida”, dice Gina Alejandra Jiménez, una de sus creadoras. La comida está en la mesa y nadie se pregunta qué recorrido hizo, quién la cosechó y si esas personas pueden sobrevivir o no de ese trabajo. Un trabajo muy arduo a pleno sol y frío que ella, su hermano Brian Jiménez y su madre, Rosalba Vergara, conocen bien.	Por eso crearon esta web donde los campesinos pueden publicar, de forma gratuita, información de sus productos y ser contactados directamente por clientes, evitando el pago a intermediarios, que suelen quedarse con un alto porcentaje del trabajo del agricultor. “Así pueden recibir mayores ingresos por sus cosechas y tener mejor calidad de vida”, agrega Brian.	Los hermanos Jiménez, que no reciben ningún dinero por la gestión, además se encargan del pago del hosting de la página y ahora también dan trabajo a treinta madres cabeza de familia en un centro de acopio de más de cien productores, desde el cual les venden a almacenes de cadena hasta 12 mil kilos de cebolla, papa y tomate por semana.	A través de ella han conectado a 23 trabajadoras del servicio doméstico y siete de servicios generales con usuarios que los necesitan. Para estar en la plataforma no deben pagar, pero sí someterse a un filtro, con psicóloga, visita domiciliaria, antecedentes laborales y judiciales, a cargo de los coordinadores de la plataforma.	Así, en palabras de Daniela León y Juan Felipe Arias, comenzaron la Reduva. Inicialmente, entre estudiantes de la Universidad de los Andes, a los que se sumaron colegas de otras universidades con los que compartían la misma preocupación. “Creemos que, además de combatir la corrupción en las instituciones públicas, hace falta desterrar la idea naturalizada de que ‘el vivo vive del bobo’, y por eso nuestro objetivo es educar para desarraigar la corrupción de la comunidad”, explica León, estudiante de Economía.	Así se constituyeron como fundación en la Cámara de Comercio y trabajan con tres líneas de acción: talleres en colegios y empresas sobre corrupción; un área de productos de comunicación y educación, y otra de investigación académica y producción editorial, pero con énfasis en soluciones y propuestas de la mano de la tecnología.	Un ejemplo de su trabajo es una investigación en la que descubrieron fallas en el software del Simat, el sistema de matrícula de estudiantes del Ministerio de Educación. Pero lejos de quedarse en la denuncia, propusieron a la Procuraduría y a la Secretaría de Educación de Bogotá una mesa de trabajo donde se estudia la propuesta de mejora hecha por los estudiantes.