“exhortó al Gobierno nacional y al Congreso de la República para que se realicen los ajustes a la institución encargada de otorgar los certificados de presencia y afectación de comunidades étnicas, para que cuente con autonomía e independencia administrativa y financiera, necesarias para ejercer adecuadamente las funciones propias de la coordinación de la Consulta Previa”,	Así mismo, a través del citado fondo, la DCP dispondrá de los recursos necesarios para su funcionamiento, y cuyas fuentes son los dineros que habitualmente destina el Misterio del Interior contemplados en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para esta dependencia, así como la de un cobro por los servicios prestados.	La ‘Tasa por la realización de la Consulta Previa’ es el nueva fuente de recursos, creada por el artículo 161 de la Ley 1955 de 2019, por la prestación de los servicios de coordinación para el desarrollo de este mecanismo de participación, y por el uso y acceso a la información sobre presencia de comunidades.	“El hecho generador de la Tasa por la realización de la consulta previa lo constituye la manifestación del interesado a la DCP del Ministerio del Interior o quien haga sus veces en ejecutar un proyecto, obra o actividad y/o en la expedición de una medida legislativa y/o administrativa”, resalta el texto de la iniciativa; esto para cualquiera de las etapas de preconsulta y consulta.	Es por esto que, de esta forma, la DCP mediante acto administrativo liquidará, en cada solicitud, el valor de la Tasa por la realización de la consulta previa, teniendo en cuenta la resolución anual que expida el Ministerio del Interior para determinar el valor de los honorarios, viáticos y gastos de viaje.