Es muy probable que usted, amable lectora o lector, esté leyendo esta columna en su celular. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Lectura, más del 70 por ciento de los colombianos afirman haber leído algún texto en soporte digital. También es posible que en unos minutos usted haga otra clase de consulta por el mismo medio. Una encuesta global de consumidores móviles reveló que dos de cada tres colombianos han revisado sus celulares 15 minutos después de levantarse, y que la mitad de los menores de 24 años lo hacen más de 50 veces al día.	Si bien en esas consultas hay mucha novelería, también hay actividades productivas, desde cosas simples como el pago de facturas hasta complejas como la educación en línea. Sin necesidad de entrar en discusiones sobre unicornios millonarios o emprendiemientos naranja, está claro que, actualmente, la conectividad es un recurso esencial para avanzar hacia el desarrollo económico.	Pues atérrense: a estas alturas, 20 millones de colombianos no tienen acceso a internet de banda ancha. Lo peor de todo es que esas carencias se concentran en los segmentos más pobres de la población, limitando sus posibilidades de avanzar y profundizando la desigualdad en el país. Según datos oficiales, mientras toda la población de estrato 6 tiene internet, solo dos de cada diez tienen acceso a ese servicio en el estrato 1. De hecho, los departamentos con mayores necesiadades insatisfechas, Chocó y La Guajira, son también aquellos donde un menor porcentaje de hogares tiene acceso a la red.	Alguno dirá que este es un problema generalizado de las economías latinoamericanas, pero no hay tal. Nuestros pares de la región han avanzado mucho más que nosotros en este campo. A modo de ejemplo, mientras en Colombia solo 45 por ciento de la población tiene suscripción a servicio de banda ancha móvil, en Brasil esa proporción es de 89 por ciento, en Argentina de 80 por ciento y en Chile de 69 por ciento.	Esto no siempre fue así. Hasta hace poco Colombia estaba a la vanguardia de las inversiones en tecnologías de la comunicación en la región. Sin embargo, en los últimos años nos fue dejando el tren como resultado de un entorno normativo anacrónico, poco propicio para estimular la inversión privada y para hacer un uso eficiente de los recursos públicos.	Ahora el país tiene la oportunidad de empezar a ponerse al día en este campo, si se aprueba la ley de modernización del sector TIC. El proyecto, que avanza a paso de tortuga en el Congreso, mejora el marco regulatorio, focaliza las inversiones para cerrar la brecha digital, define nuevos criterios para asignar el espectro radioeléctrico y fortelece los medios públicos. Por supuesto, habrá cosas que se puedan ajustar, pero estas metas generales son correctos y no dan espera.	Habrá que ver si antes del 20 de junio los congresistas permiten que el país dé este paso hacia la modernidad, o si van a dedicar las cuatro semanas de trabajo que les quedan solo a tratar de asegurarse el control del 20 por ciento del presupuesto de inversión de la Nación.