Preocupa ver cómo, cuando están en campaña, algunos líderes de partidos políticos pregonan la urgencia de reformar el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para el desarrollo productivo y social del país. Pero en el momento decisivo, se convierten en líderes de discrepancias y desinformación, construyendo murallas que afectan a los colombianos.	El proyecto de ley de modernización de las TIC, presentado por el Gobierno desde el año pasado, busca beneficiar especialmente a la gente más necesitada de zonas apartadas y rurales, mediante la focalización de inversiones para el cierre de la brecha digital, la generación de condiciones jurídicas e institucionales que aumenten la inversión privada y pública, ampliando la oferta de servicios y generen condiciones para que más compatriotas accedan a las TIC.	Revisé las propuestas de campaña de los candidatos a la Presidencia en las pasadas elecciones y encontré que muchos de sus planteamientos los refleja esta ley: i) cobertura universal de internet para hogares estrato 1 y 2; ii) políticas que promuevan inversión en infraestructura y conectividad; iii) ajuste institucional que reconozca la convergencia como realidad global, distribuyendo competencias entre el ente rector de la política y un regulador único, para mayor eficiencia en beneficio de los usuarios, y iv) unificación de recursos recaudados de los prestadores de TIC.	Si el proyecto recoge las mejores iniciativas de los excandidatos, y del gobierno, no entiendo por qué ahora no ayudan a impulsar su trámite. Este proyecto permite garantizar la libertad de expresión, ya que asegura presupuesto para los servicios de televisión, promueve el pluralismo informativo y cierra la brecha digital. Sobre la estructura institucional propuesta, sí podría haber ajustes que disipen cualquier duda frente a la libertad de expresión.	Han surgido dudas sobre la modificación de los contratos actuales y la ampliación del uso del espectro de 10 a 30 años. En primer lugar, las obligaciones de los concesionarios se mantienen. Sobre la ampliación del tiempo de uso, en las comisiones del Congreso se acordó bajarlo de 30 a 20 años, plazo que permitirá mejores condiciones para apalancar las enormes inversiones que harían realidad la tecnología 5G, el internet de las cosas, la inteligencia artificial, el big data, entre otras. Cabe indicar que no es una prórroga gratuita ni automática de los permisos vigentes a la fecha de ser aprobado el proyecto.	Se habla mucho de la subasta del espectro de 700 MHz, muy necesaria, pero con solo este elemento y sin la ley no se podría alcanzar la meta de acceso ni acelerar el cierre de la brecha. Lo que pasaría es que el país se demore hasta el 2045 en lograr lo previsto, afectando, en especial, a los colombianos más pobres.	Creemos –a diferencia de lo que dicen unos pocos– que el proyecto de ley impone condiciones rigurosas y exigentes para la asignación y renovación de permisos de uso del espacio radioeléctrico. En ese sentido, hace que se pueda desplegar infraestructura en comunidades alejadas y de bajos ingresos, como contraprestación por el uso del espectro y así mejore la eficiencia de recursos con las ‘obligaciones de hacer’, asunto también propuesto por varios candidatos en el 2018.