El australiano, quien permanece detenido en Reino Unido desde el pasado 11 de abril luego de ser arrestado en la Embajada de Ecuador en Londres, donde se refugió durante siete años para eludir a la justicia estadounidense, ahora enfrenta la extradición al país norteamericano, o a Suecia, que lo reclama por una presunta agresión sexual a dos mujeres.	La justicia estadounidense presentó la semana pasada, 17 nuevos cargos contra el fundador de Wikileaks por la gran filtración de 2010. Ese año, la página web irrumpió con fuerza cuando publicó 750 mil documentos clasificados, relacionados con la seguridad estadounidense, gracias al exanalista de inteligencia militar Bradley Manning, hoy Chelsea Manning, quien fue indultado por el expresidente Barack Obama.	La arremetida judicial emprendida por el Gobierno estadounidense contra Assange y que podría costarle penas de hasta 10 años de prisión, se basa en acusaciones de violar la Ley que data de 1917 durante la Primera Guerra Mundial para castigar a los espías y traidores, lo que plantea un debate acalorado sobre su rol como periodista versus espía.	Bajo esa lógica, señala que se entiende que algunos sectores quieran vincular al activista australiano a la labor periodística, “en la idea de protegerlo con las prebendas que tiene la labor por el aporte que le dio al periodismo en el descubrimiento de este tipo de actividad, pero en sana ética, no es periodista y quedarse en las filtraciones tampoco es periodístico”.	“La función de la prensa es informar y el escudarse en la razón de estado o en la seguridad nacional para ocultar ciertos hechos frente a los cuales la ciudadanía o la opinión publica tienen el derecho de saber qué ocurre a su alrededor, opaca la necesaria transparencia y la rendición de cuentas, supuestos baluartes de la democracia, gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en palabras de Abraham Lincoln”.	Y en esa medida, agrega, que utilizar estrategias como la vetusta ley de más de un siglo por parte del gobierno estadounidense, “resulta por supuesto un atentado a la libertad de expresión con arreglo afines, es decir una ley que coarta la posibilidad de que los ciudadanos conozcan actividades o hechos que comprometían gobiernos o la estabilidad de los gobiernos, y que involucra a los ciudadanos de forma directa”.