El alto consejero presidencial para la discapacidad, Jairo Clopatofsky, explicó que la presunción de capacidad se entiende como que en ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para restringir el ejercicio legal de una persona, lo cual igualmente se acogerá para los derechos laborales de las personas en esa condición.	La ley le fija al Gobierno un plazo menor a un año y previo concepto del Consejo Nacional de Discapacidad, para que expida los lineamientos y el protocolo nacional para la realización de la valoración de apoyos, mientras que la reglamentación de los servicios de valoración de entidades públicas y privadas será expedida en un plazo no superior a 18 meses.	Esta ley se construyó con el aporte de la Mesa Técnica acompañada por el Consejo Nacional de Discapacidad, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad Administrativa para la Reparación y Atención Integral a las Víctimas, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, como Coautor del Proyecto de Ley.	Clopatofsky explicó que con la norma se cumple con lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 1618 de 2013 y las recomendaciones al Estado Colombiano que ha realizado el Comité de las Naciones Unidas que evalúa el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, entre ellos el de Capacidad Legal.	“Con la presente ley se reconoce y respeta los Derechos de los y las ciudadanas con Discapacidad en Colombia, observando los principios de dignidad, autonomía, independencia, autodeterminación y demás concordantes con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, permitiéndoles el goce y disfrute pleno de sus capacidades legales contando con todos los apoyos y ajustes razonables necesarios para lograrlo; esta nueva figura de apoyos suprime la de la interdicción del Código Civil Colombiano”, indicó.