“Ante el caso más grave de corrupción en la historia del país, cualquier pago que se realice a concesionarios y contratistas de la Ruta del Sol II tendrá que sujetarse a las decisiones judiciales”, aseguró el Procurador General de la Nación (e), Juan Carlos Cortés González, ante el anuncio de la Superintendencia de Transporte de disolución de la Concesión Ruta del Sol S.A.S.	El Ministerio Público solicitó los antecedentes, soportes, documentos y demás sustentos que llevaron a tomar la decisión de convocar a la concesionaria al proceso de liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades; así como de las medidas adoptadas para proteger a los terceros de buena fe, ante lo que la Supertransporte llamó “situación crítica de orden financiero, jurídico y administrativo”.	A juicio del Ministerio Público decisiones de pago en estos momentos ponen en riesgo la efectividad del fallo de la acción popular que promovió la Procuraduría, donde la concesionaria y sus sociedades principales fueron condenadas al pago de $800 mil millones de pesos y a una inhabilidad de 20 años y se limitó el reconocimiento a terceros de buena fe hasta el saldo que tuviere disponible el proyecto en su fiducia. Agotados esos recursos, no procederían pagos adicionales con el presupuesto de la Nación.