Porque el modelo actual es inoperante, rezaga las actuaciones del órgano de control fiscal. El control posterior y selectivo solo le permite a la Contraloría actuar sobre hechos cumplidos, dirimir responsabilidades cuando ya el recurso público, la plata de los colombianos para su salud, su educación, su infraestructura, se ha perdido casi que irremediablemente.	La ciudadanía exige legítimamente mayores y mejores resultados en la lucha contra la corrupción. En las actuales circunstancias es un clamor que no podemos atender cabalmente como es nuestro deseo. El sistema que nos rige no abre además los espacios necesarios al control social participativo por el que he venido abogando desde el primer día de mi gestión.	Tampoco es cierto que pretendamos sustituir la acción de la justicia. Nuestras decisiones seguirán sujetas al control jurisdiccional, solo que la reforma pone unos límites a los términos procesales. Señala que estos no podrán exceder el término de un año y ese plazo es razonable para cerrarle el espacio a la impunidad fiscal.	El control previo era vinculante, es decir, obligatorio para el gestor fiscal y ese ese sentido se convertía efectivamente en factor de coadministración por parte de la Contraloría. El control preventivo no es vinculante y es enteramente excepcional. Por eso insisto ante el país en que no invade la marcha de la administración, pero sí permite detectar a tiempo riesgos que hoy no podemos prevenir. Uno de sus puntos de apoyo es el control de advertencia y este control hará parte del Sistema Nacional de carácter público, con lo cual cualquier ciudadano podrá conocer nuestras advertencias de manera transparente.	Lo primero es que hay que aclarar que no se trata de un aumento burocrático de orden clientelista. Lo que se busca es fortalecer los equipos con personal calificado y especializado que hoy no tenemos o que es insuficiente. Nos faltan grafólogos, médicos, ingenieros de sistemas, analistas de datos y otros expertos que le dan integralidad al ejercicio auditor. Esas personas serán vinculadas mediante estrictos mecanismos de selección por méritos.	Una Contraloría General con mayores recursos podrá llenar los vacíos que deje la eventual acción ineficaz de las contralorías territoriales, pues podrá intervenirlas y entrar a fortalecer la vigilancia de los recursos en las regiones. Esa intervención se hará en aquellos casos en que la Auditoría General de la República, que certificará anualmente a las contralorías territoriales, encuentre que sus indicadores de gestión son muy pobres.	Creo que el estimativo que hizo en su momento el doctor Maya fue bastante cercano a la realidad. Mire, otra de las grandes limitantes que nos impone el control posterior y selectivo es que no podemos actuar de oficio, en la medida que lo quisiéramos para conocer todos los casos de corrupción que deberíamos atender. Adicionalmente, el régimen actual no abre el espacio suficiente para que los afectados denuncien.	Durante las últimas cuatro vigencias, la Contraloría General adelantó cerca de 6.000 procesos de responsabilidad fiscal por cuantía de $19,6 billones. Estamos hablando de un promedio anual de casi 5 billones. Si le sumáramos aquellos casos que no pueden ser conocidos de oficio o que no son denunciados, créame que la cifra sería muy superior.