Smurfit Kappa, una de las empresas papeleras más grandes del mundo, es dueña del 10% de la superficie de Salento. En más de 3700 hectáreas, la multinacional ha extendido sus cultivos de pino y eucalipto cuya madera se utiliza para producir papel y cartón. Si este terreno se trasladara a Bogotá, por ejemplo, ocuparía 33 veces el Parque Simón Bolívar o toda la localidad de Kennedy.	Salento es el municipio más grande del Quindío, el departamento más pequeño de Colombia. Hasta finales del siglo pasado, sus habitantes vivían del cultivo de café, papa, plátano, mora, frambuesa, tomate de árbol y hortalizas, así como de la producción de carnes y lácteos. Hoy, el panorama es distinto en el campo. La megaminería, razón por la que el país ha alzado la voz en defensa de este territorio, es apenas una amenaza en comparación con el daño ambiental que desde hace décadas vienen causando los monocultivos.	Además de las grandes extensiones donde el bosque ha sido reemplazado por pinos y eucaliptos, hay otras tierras en las que se ha motivado la siembra de aguacate Hass. Las principales beneficiadas son dos multinacionales agrícolas de Chile y Perú, que entraron al país durante los últimos años con la venia de organizaciones como	Néstor Ocampo, un ambientalista que lleva 28 años liderando caminatas por las montañas del Quindío, ha sido testigo de la manera en que los intereses económicos se sobreponen a la protección de la tierra. “He visto cómo acaban con la vegetación nativa para establecer los monocultivos de aguacate, pino y eucalipto”, dice el ambientalista, director de la	“Las multinacionales papeleras y aguacateras encuentran aquí lo necesario para desarrollar sus negocios: vías, infraestructura, agua y suelos de origen volcánico, que son muy apetecidos debido a sus características físicas y químicas. Uno deja de pasar seis meses por una vereda y se encuentra otro paisaje cuando regresa: han tumbado todo para sembrar aguacates. Fumigan con glifosato para que no crezca nada alrededor”, añade Néstor.	El señor Jaír Torres, que ha dedicado tres décadas a recorrer la zona rural del departamento conduciendo un jeep, puede enumerar las modificaciones como si se tratara de un juego de ‘encuentre las diferencias’: las carreteras que se han pavimentado porque conectan los puntos de explotación maderera con las vías principales, los antiguos cafetales que ahora son plantaciones de aguacate, las zonas donde el bosque ha desaparecido para darle paso a los cultivos comerciales de Smurfit Kappa y el color de la vegetación que cambia con los fumigantes en campos donde lo que debería ser verde ahora es de color ocre.	Basta con prestar atención en la carretera que conduce de Armenia a Salento para darse cuenta de que el paisaje tiene características distintas. Al lado izquierdo se ve la vegetación que, de manera natural, va encontrando posibilidades de vida en ese ecosistema. Al lado derecho, imponentes eucaliptos sembrados de manera estratégica triplican en tamaño a sus vecinos del frente.	en el que un representante de Camposol, en reunión con el alcalde, la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Navarco y el campesino que elevó la queja, decía que se trataba de un “mal entendimiento” y que el control se había iniciado por “problemas con algunos animales que han ingresado al predio”. El representante aseguró que el acceso estaría habilitado para los vecinos, “solo que se está registrando el nombre y cédula para un tema de control”.	Entre la comunidad, y sobre todo entre los líderes defensores del territorio, quedó sembrada una gran duda: ¿por qué una empresa privada y extranjera anunciaba ejercicios de control territorial? Podría sumársele otra pregunta: Si el cerramiento de los caminos obedecía al paso de animales que no conocen límites, ¿de qué manera se podría solucionar pidiendo los nombres y números de cédula de los campesinos?	La concejala Orfa Correa, del Concejo de Salento, cuenta que la escuela de la vereda Navarco pasó de tener 15 niños a atender solo a tres. Los padres de familia vendieron las fincas y se mudaron. “Quedaron solo el celador y los trabajadores de Camposol. La Gobernación muestra la llegada del aguacate Hass como un logro, pero no es así. Estamos perdiendo la autonomía del territorio”, dice la cabildante.	Servido en una ensalada o triturado en un guacamole, un aguacate pareciera no hacerle daño a nadie. En el mercado internacional ha posicionado a Colombia como uno de sus cinco mayores productores. En las montañas de Salento y de los otros municipios donde sus cultivos se han extendido, este producto es un problema.	“Además de este alto consumo y del desplazamiento de los campesinos, el cultivo de aguacate ha generado daños en la diversidad biológica y la contaminación del agua por el uso de abonos y pesticidas”, explica el ambientalista Néstor Ocampo. Los agroquímicos terminan en el río Quindío, que surte de agua a más del 60% de la población del departamento: Circasia, Armenia y La Tebaida.	Algo similar sucede con los pinos y los eucaliptos. Los quindianos han visto cómo el grupo Smurfit Kappa, que opera en la zona a través de su filial Reforestadora Andina S.A., ha talado y quemado bosques desde hace más de 30 años para instalar sus especies maderables. La afectación ambiental se ve y se escucha. En las zonas donde se han hecho extensivos estos cultivos no vuelan mariposas ni se oyen cantos de aves.	“Estos cultivos matan la capacidad del suelo para generar vida. La Corporación Autónoma Regional del Quindío ha sido la punta de lanza de los intereses de Smurfit Kappa porque le ha permitido hacer lo que quiera en nuestro territorio sin sancionarla por sus desastres ambientales. Pareciera que esta entidad no trabaja para los quindianos sino para las multinacionales”, dice Néstor.	Los caballos y las mulas que se caen porque no soportan el peso de la madera que les ponen encima son escena repetida en Salento y en los demás municipios donde la multinacional papelera realiza sus extracciones. En los sitios a los que aún no pueden acceder los camiones, la tracción equina es usada como transporte. El maltrato animal hace parte de la lista de abusos por la que los ambientalistas han denunciado a Smurfit Kappa.	“De todas las actividades capaces de generar empleo a nivel local, la actividad plantadora es probablemente la peor opción”, dice el manifiesto. Y añade que la meta de las empresas forestales es producir ganancias para sus accionistas, no generar empleo. “Sin embargo, utilizan este falso argumento para justificar socialmente su emprendimiento”, asegura el documento.	Del paisaje de la zona rural de Salento también hacen parte grandes extensiones con pequeños arbustos de aguacate que apenas están afianzando sus raíces. Se ven pinos jóvenes con su silueta de cono muy cercana al suelo, en etapas previas al crecimiento que convierte sus troncos en fuente de extracción de pulpa de papel. Aparecen otros árboles más grandes cuya disposición y cercanía dibujan perfectas líneas verticales que aniquilan la multiplicidad de formas que se pueden apreciar en un bosque.	Alrededor de cada nuevo árbol de aguacate hay un círculo con vegetación muerta que indica la aplicación de glifosato para que ninguna planta distinta ponga en jaque los nutrientes. Se trata del mismo herbicida del que la Organización Mundial de la Salud ha advertido sus posibilidades cancerígenas para los humanos y con el que el gobierno de Colombia espera reanudar las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos.	“A principios del siglo pasado nos deforestaron el bosque altoandino. Después introdujeron trucha en el río Quindío y eso acabó con los peces autóctonos. Luego llegó Smurfit Kappa y nos desestabilizó el ecosistema con sus siembras. Ahora llegaron los aguacateros, que con sus agroquímicos matan las abejas y contaminan el agua”, dice el artesano Alejandro Arango, que lleva 27 años viviendo en Salento. “Que se vayan las multinacionales y nos dejen tranquilos”, agrega.