Paralelamente al avance de las investigaciones, la Fiscalía identificó las sociedades y bienes que, al parecer, fueron utilizados por los contratistas para dar apariencia de legalidad a la millonaria defraudación al PAE en Santander o habrían sido conseguidos con los dineros desembolsados por la gobernación para cubrir la alimentación de los estudiantes de escasos recursos.	Trujillo Manrique, propietario de los bienes afectados con fines de extinción de dominio, aceptó cargos por celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y privado, y peculado por apropiación. Actualmente, está a la espera de la verificación de un preacuerdo suscrito con la Fiscalía