)De esta manera, al parecer, los vehículos que debieron ser desintegrados todavía realizan actividades de transporte de carga y pasajeros, incumpliendo con las normas establecidas para este tipo de servicios conexos.Cabe destacar que la investigación se derivó de que, en noviembre de 2018, el Ministerio de Transporte envió una comunicación a la Superintendencia en la cual identificó empresas de transporte que expidieron manifiestos de carga a vehículos que tenían cancelada la matrícula.En su informe, la Supertransporte confirmó que se pudo establecer cuáles fueron las empresas desintegradoras en donde supuestamente se había adelantado la desintegración de esos vehículos, constatando que los propietarios de los vehículos ya habrían recibido el respectivo reconocimiento económico por parte del Estado colombiano.En adición a lo anterior, los días 24 y 25 de enero de 2019 el ente de control y vigilancia adelantó	.Los cargos formulados a las empresas según lo conocido por W Radio se fundamentan en la alteración parcial del servicio de desintegración vehicular; reporte de información en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) que no corresponde a la realidad; alteración del servicio en relación con la custodia en físico o en discos ópticos que contienen la información de la desintegración física de los vehículos; no reporte de información al RUNT; no aportar los documentos solicitados por la Supertransporte, entre otros.En caso de ser encontradas responsables, las empresas desintegradoras en mención podrían ser amonestadas o multadas hasta con 700 SMMLV por cada cargo imputado.Finalmente se expuso que de conformidad con los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 201, las personas que deseen intervenir en la investigación, solicitar y aportar pruebas, podrán hacerlo acreditando su calidad de tercero interesado, ante la Superintendencia de Transporte.