Sin garantías de seguridad estarían los jueces de Restitución de Tierras en Córdoba, para realizar diligencias judiciales en zonas consideradas como rojas en el sur del departamento y el Bajo Cauca antioqueño.Lo anterior fue denunciado ante La W por el juez de Restitución de Tierras, James Mauricio Paucar.“Los inconvenientes son en materia de seguridad, no tenemos los vehículos blindados para poder desplazarnos a los territorios a cumplir con nuestras funciones. Nosotros tenemos la competencia en el Bajo Cauca y todo Córdoba, para realizar procesos de restitución de tierras en los cuales tenemos que llegar hasta los predios donde se van adelantar dichos procesos”, estableció el juez.Así mismo, manifestó  que “la Unidad Nacional de Protección indica que enviemos informes, los cuales ya hemos pasado muchas veces y en una última oportunidad se hicieron unos informes cuando ellos cambiaron de operador y lo primero que hicimos fue que no recibíamos hasta tanto no tendríamos  una camioneta que cumpliera con las condiciones de seguridad y también de capacidad de gasolina porque nos están colocando un vehículo para dos funcionarios”.Según lo expuesto por el togado, desde la Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, se han dispuesto vehículos para que no se frenen los procesos. Sin embargo, dichos vehículos no reunirían las condiciones requeridas para las respectivas diligencias judiciales.“La Unidad de Restitución de Tierras nos ha facilitado algunos vehículos para poder desplazarnos pero no cumplen con las condiciones de seguridad tampoco. El año pasado en el municipio de Nechí, sufrimos un accidente porque veníamos con un conductor que no estaba capacitado para una situación de seguridad”, precisa el juez.De acuerdo con lo establecido, a raíz de las deficiencias en el mes de mayo del presente año cerca de seis diligencias fueron aplazadas lo cual afecta directamente a las familias víctimas de la violencia.Frente a lo denunciado, los jueces señalaron que esperan que  la situación pronto sea atendida por parte de la Unidad de Protección Nacional, para  garantizar el  normal desarrollo de los procedimientos que les han sido encomendados.