Desde el 1° de enero de este año y hasta el 8 de octubre, la entidad ha acompañado a las víctimas de 58 desplazamientos masivos, y registra que 5.126 familias se vieron obligadas a dejar sus viviendas, para un total de 15.140 personas (ver gráfico), un 51 % de los que se presentaron en el mismo periodo de 2018 (89 eventos con 29.592 víctimas).	Y aunque la estadística de desplazados se mantiene muy lejos de los años pico, entre 1997 y 2014 cuando se generaron casi seis millones de víctimas según la Unidad de Víctimas, sí preocupa al Ministerio Público que no “haya un compromiso mucho más fuerte con comunidades que han sido desamparadas ante el resurgimiento de grupos armados, que lo único que hacen es victimizar a la población”, anotó Vernaza.	Además, desde la Consejería para la Estabilización y la Consolidación de la Presidencia se viene trabajando con los Planes de Desarrollo Territoriales para llevar desarrollo y presencia institucional a las comunidades, indicó el consejero Emilio Archila. Aún así, el peso de las economías ilegales ha impedido que los grupos armados despejen las zonas en las que hallan riqueza, mientras las poblaciones quedan en medio .