Por un lado, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, convocó a cuatro días de periodo extraordinario en el Legislativo –que irá desde hoy hasta el viernes 20 de diciembre–, teniendo en cuenta que, al cierre de esta edición, se lograron depurar los impedimentos en la Cámara, pero en el Senado ni siquiera había empezado la deliberación.	Con estos respaldos, el Gobierno sumaría 70 votos de 55 requeridos en el Senado y 111 de 86 exigidos en la Cámara de Representantes, mientras que del lado negativo se encuentran los partidos de la oposición y los liberales, que, en total, no le dañan las cuentas a la reforma tributaria.	La representante por la Alianza Verde, Katherine Miranda, apuntó contra el ‘paquete’ social incluido en el proyecto: “El presidente Iván Duque nos vendió los tres días sin IVA, pero olvidó decir que estos están siendo cancelados en la mayoría de estados de EE. UU., y que la Reserva Federal dice que no promueven el crecimiento, ni aumentan las compras en los consumidores (...). Los invitó a que legislemos de verdad en favor de la ciudadanía”.	En el Congreso no ven posible que suceda esto y, al contrario, aseguran que hoy mismo puede aprobarse la iniciativa en varios bloques: uno con los artículos que no tienen proposiciones; otro que incluiría cambios con aval del Gobierno y uno más con planteamientos diversos, pero que no tienen el visto bueno del Ministerio de Hacienda.	Por ahora, está claro que uno de los ajustes que se le hará al documento tiene que ver con un artículo que tiene que ver con la extinción de la acción penal de evasión de impuestos, cuando los contribuyentes cancelen sus deudas. Sin embargo, según el fiscal general (e), Fabio Espitia, como está redactado, la norma le abriría la puerta al lavado de activos.	De otro lado, ayer se conocieron los nuevos cálculos de ingresos tributarios que traería la reforma tributaria con los cambios incluidos, hasta ahora. Según las cifras del Gobierno, en el 2020 se recogerían $13,5 billones, de los cuales más de la mitad provendrían de un mayor crecimiento económico, menor evasión de impuestos y el fortalecimiento de la Dian.	“Todo el futuro depende de un crecimiento económico y un control a la evasión que nunca hemos logrado antes”, dijo Juan Ricardo Ortega, exdirector de esa entidad, una vez se revelaron las cuentas actualizadas. En estas también se revelaron varios cambios en las cuentas con las que venía el Ejecutivo, frente a las cifras inicialmente presentadas.	En tanto, la devolución del IVA a los hogares más pobres valdrá $1,1 billones en 2021 (año en el que empezaría a regir) y aumentaría gradualmente. Finalmente, la reducción de aportes de los pensionados costaría $1 billón, desde el 2022, cuando entraría en vigor pleno, es decir, cuando los aportes serían del 4%.	En la respuesta, afirmó que “solicitarán categóricamente que se corrija en el debate de plenarias de Cámara y Senado la redacción de la norma, pues lo último que se quiere es que el tratamiento del delito de omisión de activos, fraude fiscal o evasión tributaria lleve a la impunidad de otro tipo de delitos”.	Alude Espitia que uno de los artículos genera problemas interpretativos de orden penal, debido a que “pueden presentarse eventos en los cuales, pese a la acreditación de pasivos inexistentes o activos subvalorados, no deba liquidarse un mayor valor del impuesto a cargo del contribuyente, condición que impediría determinar si estamos ante un delito de mera conducta (que se configura con la falsedad) o de resultado (que requiere una afectación efectiva al erario)”.