“Ahora resulta que la reforma tributaria estructural nos la va a diseñar Ángel Gurría y la Ocde. No hay derecho a este subdesarrollo mental”. Eso decía, en diciembre de 2014, el entonces senador Iván Duque, en su cuenta de Twitter, sobre las recomendaciones que formulaba la Ocde sobre la economía nacional.	Esta semana, casi cinco años después, el ahora presidente Duque se reunió en la Casa de Nariño con Ángel Gurría, el mismo secretario General de la Ocde del que hablaba en su Twitter, y se mostró optimista con la aprobación que unas horas antes le dio la Corte Constitucional al ingreso de Colombia al organismo.	“Es gratificante que el Secretario General de Ocde, Ángel Gurría, destaque que Colombia va a tener este año un superávit fiscal y que diga que eso es un lujo para una nación. También, que el informe que nos entregó reconozca los avances del país en uno de nuestros pilares: La Equidad”, manifestó Duque.	Esa aparente contradicción es una muestra de lo que puede ser la relación del país con el ente internacional: a veces, cuando sea favorable lo que diga, será vista como una voz calificada de respaldo a la economía colombiana; cuando no, es probable que se convierta en una opinión incómoda e incluso una intromisión indebida en los asuntos del país.	El camino que tuvo que recorrer Colombia para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) fue largo. La historia se remonta a 2011, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos expresó ante la organización su interés por adherir a la misma. Tuvieron que pasar siete años y la evaluación de 22 comités para que en mayo de 2018 el Comité de Asuntos Comerciales de la organización diera su aval para la admisión del país.	Para Jaramillo, son una desventaja “las asimetrías que hay entre los otros países miembros y Colombia en el marco de cumplimiento de estándares sociales, respeto de derechos fundamentales y a la libertad sindical, que todavía suponen un desafío para poder estar a la altura de esos países que definen las buenas prácticas a las que está ingresando Colombia”.	Las recomendaciones que esta semana le formuló la Ocde a Colombia coinciden con una época de tensiones sociales en la región, principalmente en Chile, donde los ciudadanos exigen al gobierno eliminar medidas que internacionalmente son vistas como ortodoxas, pero que a nivel interno son consideradas lesivas de los sectores más pobres.	Frente a ese contexto, Iván Jaramillo afirma: “los criterios de gobernanza internacional lamentablemente privilegian la depreciación de derechos sociales y laborales, y desafortunadamente dan al traste con las reivindicaciones sociales que se han estructurado a lo largo de los años; esas recomendaciones de gobernanza global económica no pueden ser tomadas de forma ligera sin el suficiente análisis previo del desmonte de garantías y derechos construidos durante muchos años, que pueden redundar en reacciones sociales como las que se vieron en Chile y Ecuador”.	Los expertos coinciden, sin embargo, en que no es obligatorio que el país acate las recomendaciones de la Ocde. “Los países son libres de aceptar las recomendaciones y jugarlas a su interés. Pero es que uno no puede pretender ser parte de un club sin aceptar sus reglas, entonces poco a poco podría ir deteriorándose la relación”, explica César Ferrari.	Al respecto, Jorge Restrepo afirma que “el crecimiento económico sí ha venido acelerándose levemente; ha habido muy buenas noticias en materia económica en los últimos meses y creo que cada vez es más probable que se supere la tasa de crecimiento del 3%. Las predicciones que hace la Ocde tienden a ser menos pesimistas que las de otras organizaciones, pero es una proyección más que hay que tener en cuenta”.	Dentro del informe que presentó la Ocde sobre la economía colombiana, también se propone tomar medidas como la aplicación de salarios mínimos diferenciales, la contratación por horas, reducir los costos de contratación para las empresas y revaluar las cajas de compensación, propuestas que cuando se han planteado han provocado una enorme polémica.	Además, la Ocde solicitó la aprobación del proyecto de ley radicado por el Ministerio de Hacienda como reformulación de la Ley de Financiamiento, declarada inexequible por la Corte Constitucional la semana pasada. La entidad asegura que dicho proyecto es garantía de “confianza al futuro y de tranquilidad para los agentes económicos”.