Un plan para reactivar el transporte ferroviario en Colombia ha puesto en marcha el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).Esta estrategia,en la que el Gobierno invertirá un 5% de la cuota sectorial para transporte, unos $300.000 millones por año al 2022, incluye fases tempranas de operación del modo, lanzamiento del Plan Maestro Ferroviario, ley ferroviaria, estructuración de corredores nacionales y regionales y, finalmente, una senda que aumente la inversión pública y atraiga la privada, la cual busca lograr reducciones de costos de carga del 10%, y en el mediano plazo, con la consolidación de las operaciones, las reducciones estarían en el año 2030 entre el 25 y el 35%.Actualmente, de los cerca de 3.500 kilómetros de la red férrea colombiana, solo 245 kilómetros (concesión entre Chiriguaná y Santa Marta) están en óptimas condiciones y permiten, en promedio, el transporte de 50 millones de toneladas anuales, que corresponden principalmente a carbón, mientras que de los no concesionados, 850 kilómetros (entre La Dorada–Chiriguaná y Bogotá–Belencito) han estado bajo intervención de obra pública y han iniciado fases tempranas de operación de carga, desde el centro del país hacia la costa Atlántica y Boyacá.Adicionalmente, esta estrategia ha contado con recursos del Prosperity Fund del Gobierno del Reino Unido administrados por Findeter, de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y del Presupuesto General de la Nación (PNG), que hoy superan los $50.000 millones, con los que se apoya la estructuración de iniciativas del orden regional y nacional. Entre los regionales se destacan: El proyecto férreo de la región Caribe, el cual se estudia incluir en el Pacto por el Caribe, que potencialmente conectaría a Cartagena, Barranquilla, Santa Marta.	Una vez culminado, este año, el Plan Maestro Ferroviario, el Gobierno Nacional presentará un proyecto de ley que permita contar con un marco normativo actualizado, acorde con las necesidades y realidad del modelo de negocio de la operación ferroviaria y las garantías para la prestación de un servicio eficiente e institucionalmente robusto.