Un solo caso para ilustrar: nuestro territorio insular y su cobertura de servicios públicos básicos; comunidades abandonadas y a la espera de soluciones que nunca llegan... de pronto milagros como “la lu’” que así llamaron en Bogotá el momento de la llegada a Tierra Bomba del servicio de energía eléctrica y luchas jurídicas que hacen realidad por los mecanismos de las acciones populares o las tutelas la obligatoriedad de la presencia del Estado en la solución de las antiquísimas falencias en materia de servicios públicos: la última la sentencia de tutela de la Corte Constitucional 012 de 2019 sobre agua y saneamiento básico.	Hablamos de desarrollo, de turismo, pero nada de esto debe ser posible al margen de la integración y mejoramiento de las personas que habitan el territorio insular. Casos como el de Tierra Bomba con el fracaso del POT ante la incapacidad de expedir el plan parcial ordenado hace 18 años nos llevan a pensar en las estrategias para planear y ejecutar la infraestructura en servicios públicos requerida que garantice el bienestar de sus comunidades y permita la inversión y desarrollo sostenible y equitativo de la isla.	Pensar en energías renovables, distritos térmicos, eficiencias energéticas, territorio inteligente, acueducto y alcantarillado, servicio de aseo, aprovechamiento de residuos, transporte acuático de los mismos hasta su sitio de disposición final; estos elementos son fundamentales para lograr una ocupación y crecimiento de ese territorio de manera planificada, sostenible, competitiva y amigable con el medioambiente. Lamentablemente los intervinientes en estos procesos (prestadores de servicios públicos, usuarios y comunidad en general) al intentar abordar soluciones rápidas se enfrentan a un mar de los sargazos burocráticos y legales resultado de ese estar a espaldas del mar: que si la Anla, Cardique o el EPA, que si la Dimar, que si la ANI, que si Parques Nacionales, que si la ANT, que si Planeación Distrital y si se trata de un permiso o concesión para transportar agua o disponer le recolección de basuras el tema se complica: Ministerio de Turismo, MinTransporte, MinInterior y hasta el ICANH y el MinCultura. No existe un estatuto orgánico coherente y único que regule el tema costero, ni reglas claras a nivel nacional ni local y solo nos queda el recorderis a las autoridades obligadas en estos temas que los servicios públicos básicos constituyen derechos fundamentales o están conexos con los mismos y que corresponde al Estado garantizarlos. Todos: ¡Manos a la obra!