Nuestras comunidades son pacíficas y por eso siempre se buscará la vía del diálogo, pero necesitamos que nos sean reconocidos los derechos que fueron adquiridos con la sentencia SU 133 del 28 de febrero de 2.017 de la Corte Constitucional, en la que se le ordenaba a la Agencia Nacional de Minería que garantizara las condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad, con medidas como la regulación de los explosivos y el favorecimiento para la venta del oro. “