Tal vez uno de los debates claves que se plantean por parte de los economistas del establecimiento, es el de su impotencia frente a las decisiones de las Cortes que en muchos casos priorizan el cumplimiento de derechos fundamentales sobre los intereses particulares de los inversionistas, puesto que las consideran un atentado contra el crecimiento y la sostenibilidad de la Nación.	La decisión del Consejo de Estado de mantener la medida cautelar apelando al principio de “precaución” hasta tanto no se tome una decisión de fondo sobre la explotación por fracking es vista por algunos como la “debacle”, en la medida en que consideran que en el mediano plazo implicará que el país se convierta en importador de hidrocarburos, lo que pondría en riesgo la sostenibilidad fiscal y el crecimiento del PIB.	Es triste pensar que la única alternativa para el crecimiento, no debe tener en cuenta ni la defensa de las comunidades ancestrales y sus territorios, ni la sostenibilidad del ecosistema y el medio ambiente, ni de los recursos hídricos (el agua) y, en general, la vocación productiva y democrática de los territorios, dizque porque el subsuelo es de la Nación.	Ecopetrol inicia el fracking para su producción de hidrocarburos en los Estados Unidos. Qué bueno, “el programa piloto” se inicia en un país desarrollado y desde allí podremos hacer el seguimiento sobre las consecuencias o no de su explotación, aprender de las exigencias que se formulan desde el punto de vista de las licencias ambientales y las tecnologías utilizadas, del debate con los ambientalistas y los estudios científicos sobre los efectos sobre las poblaciones que se encuentran en esas zonas de influencia.	Otra decisión: fumigar por aspersión los cultivos ilícitos. Conflicto entre las altas Cortes y las exigencias de los Estados Unidos en la lucha, ineficiente y fallida, contra el narcotráfico. Cada día es mayor el consumo en su país, más rentable la producción y venta de armas a los grupos irregulares, la demanda de precursores químicos, así como los muertos por la violencia creciente por la distribución de los “beneficios” económicos de este flagelo universal.	La Constitución del 91 generó equilibrios entre el poder de unos pocos y el cumplimiento de los derechos fundamentales. La reforma a la justicia es necesaria para fortalecerla y blindarla contra la penetración de intereses económicos particulares, politiqueros y de la corrupción. Lo increíble es que los hacedores de política y los economistas comprometidos exclusivamente con el capital no acepten, ni siquiera a manera de discusión, lo equivocado de nuestro modelo de desarrollo y de la dictadura de la producción de los commodities.