El país está expectante frente a los avances de la mesa de concertación laboral, que debe definir el incremento del salario mínimo y del subsidio de transporte para 2020, para lo cual los negociadores tienen hasta el 30 de diciembre pues, de no hacerlo, le corresponderá al Gobierno definirlo por decreto.	En efecto, va siendo tiempo que, como en otros lares, cobren protagonismo en las mesas de concertación salarial las voces de los desempleados y de los trabajadores de la economía informal, quienes de una u otra forma resultan impactados por lo que ocurra con el trabajo formal y la aplicación de los salarios y prestaciones sociales. Abrirle un asiento a cada uno de estos sectores puede ayudar a ver el mundo laboral colombiano con una perspectiva más real.	Otros factores que tendrán que ser incorporados a las discusiones son aquellos devenidos de las impajaritables realidades que imponen los avances tecnológicos, que tienen relación directa con la productividad y la competitividad como factores que abren caminos tanto a más como a menos empleos formales dependiendo de si las naciones se adaptan de manera eficiente y pronta a los cambios que traerán la inteligencia artificial y demás tecnologías asociadas, que ya suponen la incorporación de programas que sustituyen la inteligencia humana en operaciones que se concretarán en la reducción de puestos de trabajo.	Si es natural desear que todos los trabajadores formales reciban salarios superiores al mínimo, es sensato mirar con la óptica del pragmatismo que un incremento más allá de los niveles que nuestras pequeñas y medianas empresas pueden asumir, pone en riesgo la preservación de puestos de trabajo y restringe la apertura de nuevas plazas, de manera que, buscar el equilibrio para que el incremento del mínimo no se refleje en el aumento del desempleo pero que, a su vez, preserve el poder adquisitivo del salario percibido en el tiempo, es un arte de filigrana que no hace envidiable estar sentado en la mesa de concertación.	Otro tanto a considerar es el del análisis de la productividad del país, que no ha mejorado lo suficiente, y es un renglón en el que tenemos que esforzarnos más, no solo para identificar los factores que no permiten un crecimiento acorde con los promedios de los miembros de la OCDE, sino para poner en marcha tantas propuestas sobre el tapete cuya discusión no parece del interés ni del Congreso ni del Ejecutivo ni de la academia, justamente cuando instituciones de prestigio internacional detallan que los países con alta informalidad son precisamente aquellos donde es más baja la productividad.