López sostiene que ese cobro viola el artículo 359 de la Constitución Política de Colombia, por ser un impuesto y no una tasa, “este impuesto no está destinado a la inversión social o a cubrir un gasto público social, sino que está destinado a subsidiar financieramente al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios que a su vez financia y soporta 3 empresas, Electricaribe, Emcartago y Electrolima, que han sido tomadas en posesión por su negligencia, ineficacia y por ser el centro de corrupción. Se está legislando para tapar la corrupción de la multinacional española Unión Fenosa, que supera los 4 billones de pesos, dinero que le usurparon al patrimonio público”.	Para López, es claro que si Electricaribe esta en posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, “no le quita su calidad de empresa privada y por ende, solicitar a la ciudadanía que pague un impuesto para financiarla es consolidar al Estado como un intermediario de auxilios de empresas corruptas e inoperables”.