El tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, encargado de dirimir el pleito entre la antigua concesionaria encargada de construir la Ruta del Sol II y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), determinó que el valor a pagar, tras declarar la nulidad del contrato, es de $211.273 millones.	Esta decisión se tomó pasados dos años desde que las partes firmaron un acuerdo para liquidar el contrato tras conocerse el caso de corrupción protagonizado por Odebrecht -principal accionista de la concesión- y, sin lugar a dudas, tomó por sorpresa a diferentes sectores, pues de acuerdo con la información que se conocía de los peritajes, faltaban por cancelar entre $1,2 billones y $2,6 billones.	De acuerdo con los registros oficiales, el avance de la obra que se entregó fue del 52% y se estima, según declaraciones de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, que a la fecha ya se han pagado $3,9 billones a los terceros de buena fe, lo que incluye a los trabajadores, los contratistas y a los financiadores.	En el caso específico de los siete bancos que participaron en el proyecto (Itaú, Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular y Banco AV Villas), ya se les había pagado $1,4 billones, por lo que, teniendo en cuenta el monto que falta por cancelar, de acuerdo con el fallo, se les terminarán reconociendo $1,63 billones.	Por ahora, no hay claridad sobre por qué la ministra Orozco había anunciado hace un par de semanas que estaba negociando con los bancos la posibilidad de que estos renunciaran al pago de intereses, ya que solo esa suma ascendía a los $230.000 millones, $18.727 millones más de lo que el tribunal consideró que se debía por la totalidad del caso.	Agregó que “la decisión de la nulidad absoluta es una decisión correcta y necesaria; y me parece a mí que, también, lo que quedará abierto a análisis es por qué en el pasado se tomaron unas decisiones totalmente contrarias a lo que era el sentido común, para que no se le abriera ninguna escotilla a ninguna empresa que hubiera apelado a la corrupción para ganar un contrato”.