Esta semana la Ley 1943 de 2018, conocida también como la Ley de Financiamiento, será discutida en la Corte Constitucional. El alto tribunal revisará entre mañana y el jueves las demandas por las que se podría tumbar la normativa y, bajo esa lógica, sus efectos fiscales. Desde el Gobierno se ha dicho que sería “un frenazo para la economía” y desde la Andi que sería “una catástrofe económica”, por lo que la Corte solicitó varios conceptos con el fin de determinar los posibles golpes que tendría esa decisión.	Desde el Ministerio de Hacienda se ha señalado que hay dos escenarios de riesgo. Según el ministro Alberto Carrasquilla, “nadie volverá a creer en una reforma tributaria ni Ley de Financiamiento”, y asegura que costaría cada año 1,5 puntos del PIB de crecimiento. El segundo efecto de alza en la economía, que estaba inherente a la reforma y desaparecería, también tiene un costo. “El efecto combinado de los dos escenarios hasta 2030 es el equivalente a un PIB anual, es decir, cerca de $1.000 billones”, asegura Carrasquilla.	A pesar de que la Corte no solicitó un concepto a la Andi, el gremio de los empresarios quiso aportar, y envió un análisis centrado en los efectos fiscales en términos de recaudo. Según este, en caso de que se declare inexequible, el recaudo tributario en 2020 caería $1,6 billones frente a lo previsto en las cuentas fiscales, lo que dejaría un recaudo de $156,9 billones, en lugar de $158,5 billones. Esto implica que sería equivalente a 14,1% del PIB en 2020, en lugar de 14,2%.	“Se ha estimado incluso que pueda ser cerca de $10 billones en los próximos diez años, esto sin tener en cuenta los beneficios que se pudieran derivar de un mayor crecimiento en la economía, que además deriva en mayores impuestos de renta o relacionados a la actividad económica” explicó Bruce Mac Master, presidente del gremio.	El ejecutivo del centro de pensamiento asegura que si se tumba la Ley se vería una caída de 0,8 puntos en los próximos tres años en términos de crecimiento del PIB. Además destaca que un efecto que ya ha sido positivo y ya se ha visto está en el crecimiento de la inversión.	La Universidad de la Sabana también presentó un concepto. La institución aseguró que en caso de inexequibilidad generará “inestabilidad jurídica para las empresas”, pues durante este año “se ha creado un número significativo de emprendimientos motivados en parte por la Ley de Financiamiento”, los cuales tendrían que modificar su planeación financiera.	Otro punto preocupa al Consejo Gremial, que también envió un concepto a la Corte Constitucional. En este documento, firmado por su presidente Jorge Enrique Bedoya, los gremios alertan sobre el riesgo en el que se pondría al régimen simple de tributación, y señalan que este es un mecanismo “que tiene como objetivo impulsar la micro, pequeña y mediana empresa, así como promover la generación de nuevos emprendimientos”, lo que incentiva la creación de empleos.