Nosotros (como oposición) tuvimos observaciones, las hicimos a tiempo, y lo cierto es que encontramos un acuerdo que ya está aprobado por el Congreso, que ya está aprobado por la Corte Constitucional, y el presidente ha dicho todo el tiempo: "vamos a honrar ese compromiso, sobre todo, por toda la gente que se desmovilizó y que ha venido cumpliendo con sus obligaciones".	Aquí hay que reconocer que encontramos unos hechos cumplidos y que uno de ellos es la participación de algunos miembros de las FARC en el narcotráfico; un hecho cumplido protuberante que encontramos fue la multiplicación de las áreas sembradas de coca y esto obviamente trae más conflicto, porque aquellas zonas donde está el mayor desarrollo cocalero del país son áreas muchísimo más violentas, donde coinciden los residuales de las FARC con los reincidentes de las FARC, con los grupos de criminalidad, con gente del Ejército de Liberación Nacional (ELN).	La verdadera paz de Colombia lo que requería y lo que sigue exigiendo es una decisión política seria para acabar con el narcotráfico, que es lo que no hubo en el Gobierno anterior, que con el pretexto de estar negociando la paz, bajó la guardia en la lucha contra el narcotráfico a sabiendas que no habrá paz mientras haya narcotráfico en Colombia.	R: Lo primero que se está haciendo es trabajar de la mano con aquellos campesinos de las áreas cocaleras para garantizarles proyectos productivos que les den un ingreso, un sustento legítimo, un sustento lícito y eso al Gobierno le cuesta un montón de plata y lo estamos haciendo, ¿para qué?, para ir quitándole espacio a la coca en muchos lugares del país.	En segundo lugar, incrementar el esfuerzo del Gobierno en materia de erradicación, ustedes saben que parte de las decisiones que tomó el Gobierno anterior fue suspender la fumigación de cultivos y esa fumigación, está demostrado, ha sido lo que más efectividad le ha dado a la lucha al narcotráfico en Colombia, y como se suspendió la fumigación pues hoy solamente tenemos el recurso de la erradicación manual.	Pero fíjese, cuando salen ellos a criticar lo que hace este Gobierno, se quedan callados frente a la reducción verdaderamente inexplicable que hicieron también de los grupos de erradicadores manuales, porque anteriormente había 115 grupos de erradicación manual y ellos los redujeron a 20 (…) lo que hemos hecho nosotros en estos pocos meses es volver a conformar 100 grupos de erradicadores manuales (…) porque para Colombia la amenaza más grande sin duda es el narcotráfico y es el narcotráfico.	Lo que está planteado por parte de la Corte Constitucional es que antes de utilizar el glifosato para hacer fumigación aérea hay que cumplir con unos requisitos y estamos buscando la manera de cumplirlos para poder combinar la erradicación manual con todo lo que haya que hacer adicionalmente y si toca también con fumigación pues habrá que hacerlo.	Este Gobierno, desde el primer día, desarrolló un trabajo con la Defensoría del Pueblo, con el Ministerio del Interior para lograr una mayor efectividad en detectar qué líderes sociales están en riesgo y poder reaccionar oportunamente para darles a ellos la protección adecuada; se estableció el Plan de Acción Oportuna, un decreto que sacó el presidente en el mes de octubre, se han reforzado los esquemas de seguridad de algunos de ellos.	Pero también hay que reconocer lamentablemente que en Colombia líder social es mucha gente: los miembros de las Juntas de Acción Comunal, las personas que están en la restitución de tierras, representantes de las víctimas, víctimas de las FARC, víctimas de los paramilitares también son líderes sociales. Todos ellos sumados son más de cinco millones de personas y es imposible ponerle un esquema de seguridad y un carro blindado a cinco millones de personas, por eso hemos pedido que cuando haya alguno que tenga amenazas, que tenga riesgos, lo avise para poder uno asegurarse que hay una reacción inmediata de parte del Estado.	R: Por supuesto que sí, porque para nosotros lo importante es (…) mostrar que aquí hay una institucionalidad que es superior al deseo de cualquier criminal de mantenerse al margen de la ley y por esa razón lo que ha hecho el presidente de la república es reivindicar la aplicación plena del acuerdo con las FARC; en ese acuerdo quedó establecido que cualquier actividad ilícita que se hiciera después de diciembre de 2016 debía ir a la justicia ordinaria y tendría obviamente todas las consecuencias del caso.	R: Lo que ha dicho el presidente Iván Duque es que nosotros estamos totalmente conscientes de que la JEP es una realidad, está ahí, existe y está aprobada por el Congreso, está ratificada por la Corte Constitucional; nosotros lo que procuraremos, siempre dentro de este respeto entre los poderes y la institucionalidad, es insistir en que la JEP, con todos los elementos de juicio que tiene ya a su disposición, con todas las pruebas que han aparecido sobre la vinculación de Santrich, ojalá proceda a darle tranquilidad a los colombianos de que aquí no va a haber impunidad sobre estos nuevos delitos.	¿Qué estamos haciendo nosotros?, trabajando en distintos frentes: Primero, hacer que la mujer tome conciencia de que no debe permitir ningún tipo de violencia ni agresión física, ni tampoco emocional, sicológica o económica, porque cuando una mujer acepta convertirse en un ser vulnerable evidentemente está mucho más expuesta a la violencia física, inclusive a la muerte.	Queremos que la mujer sea más consciente de la necesidad de tener autonomía y por eso estamos impulsando desde la Vicepresidencia la autonomía económica de las mujeres, el empoderamiento económico, que puedan ser emprendedoras, que les demos el acompañamiento, la financiación, que las hagamos parte prioritaria y preferencial de muchos de los proyectos que tiene el Gobierno.	Recordemos que muchos de esos venezolanos que han llegado al país son hijos de colombianos que se habían ido en el pasado. Hay gente que dice "por qué no cierran la frontera", porque tampoco es tan sencillo como eso. Si son hijos de colombianos, son colombianos también y por derecho propio regresan a su país del que se fueron sus padres hace 20 ó 30 años.