esde abril de 2018, la ciudad ha escuchado por parte del Distrito que se aplicaría un segundo estudio patológico y estructural sobre 16 edificios que fueron levantados ilegalmente por la familia Quiroz y que, al parecer, muestran altos niveles de vulnerabilidad. Todo esto en cumplimiento a una orden que profirió el 30 de enero de 2018 la juez Tercera Penal con función de Control de Garantías, Yuri Ponce, durante una audiencia de medidas de protección solicitada por la Fiscalía para proteger a 108 familias que habitan estas estructuras.	Han pasado 16 meses desde que el Distrito anunció con bombos y platillos que los estudios arrancarían, pero hasta el momento solo se aplicaron evaluaciones a ocho edificios, situación que se torna más preocupante teniendo en cuenta que el plazo para la realización de esta labor, según el contrato de la Alcaldía con la Universidad Nacional, se venció el 8 de julio pasado sin obtener resultados satisfactorios, es decir, no se logró la ejecución total del contrato.	Otra de las preocupaciones es que para la aplicación de estos estudios los edificios debían ser evacuados, acto que se realizó gradualmente tras la resistencia de varios moradores, quienes argumentaban no tener a dónde ir si desalojaban sus copropiedades. Siendo así las cosas, el Distrito procedió a pagar subsidios de arrendamiento, también como cumplimiento a la orden del Juzgado Tercero, y la mayoría de los edificios fueron deshabitados para que arrancaran los estudios, pero cuatro de estas estructuras no fueron valoradas por los expertos de la Nacional debido a la finalización del plazo de ejecución del contrato.	Hasta el momento el Distrito no ha expuesto a moradores y mucho menos a la ciudadanía los resultados del diagnóstico patológico y de la norma NSR10 de sismorresistencia, por lo que algunas familias que salieron de sus apartamentos aseguran que no ven otra opción que regresar. Además, aseguran que se han enterado de muchos asuntos por terceros.	“La Alcaldía no se ha manifestado con los subsidios. Del año pasado nos deben tres meses y este año nos pagaron solo tres meses. Enviamos una petición por medio de la Defensoría del Pueblo para ver si nos daban la cara (...) El dueño de la casa donde está construido el apartamento dijo que quería regresar, así sea sin agua y sin luz, ya que no ve otra salida a esta situación.	“En la petición que realizamos, que fue hace más de dos meses, preguntamos por los estudios, que nos dieran una respuesta, porque ellos ya tienen el diagnóstico de nuestro edificio. Por aparte nos dijeron que el edificio no cumplía con nada y que debían demolerlo”, aseguró un morador de uno de los edificios de Blas de Lezo que ya fue evaluado, quien pidió reserva de su nombre.	Además, agregó que solo hasta hace cuatro fue que la Alcaldía asignó un vigilante, luego de muchos meses de haber sido evacuado el edificio. “No entiendo por qué pusieron el vigilante hasta ahora si ya es tarde para eso, ya que nos robaron y los amigos de lo ajeno se llevaron contadores, puertas y demás elementos”, agregó.	Por otro lado, el alcalde Pereira señaló que el pago de los subsidios se viene realizando con normalidad de acuerdo con el cronograma concertado con los beneficiarios y que en el marco del plan de acción adoptado por cuenta del estado de calamidad pública decretado para atender esta situación, se contrató una empresa de vigilancia y seguridad privada que tiene la responsabilidad de velar por la integridad de los inmuebles, así como de evitar el retorno sin autorización por parte de residentes previamente evacuados.	En una misiva enviada en marzo de este año al alcalde encargado Pedrito Pereira, la Universidad Nacional pidió por segunda vez al Distrito tomar medidas sobre algunos de los inmuebles construidos por los hermanos Quiroz y ordenar “evacuar inmediatamente los inmuebles que son objeto del presente contrato. Adicionalmente, considerando la situación de peligro que se percibe en el estado actual de los edificios estudiados a la fecha, también se sugiere tomar las medidas correspondientes para evitar que los propietarios retornen y ocupen los edificios que han sido inspeccionados”.