Según trascendió, la tutela señala que se violó el derecho al debido proceso y la igualdad dado que en 2017, el Consejo de Estado señaló que solo hay responsabilidad extracontractual del Estado ante un atentado terrorista cuando el hecho estuviera dirigido contra un funcionario público u ocurriera en una entidad pública.	El Consejo de Estado en su fallo señaló que el Gobierno expuso a un riesgo innecesario a los socios, visitantes y trabajadores del club luego de que dos de sus ministros utilizaran de manera frecuente las instalaciones del inmueble, aun cuando había una alerta del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía que indicaba que por la época de los hechos podría ocurrir un atentando en un hotel del norte de la ciudad.	En ese caso, el Consejo de Estado señaló que “se abstuvieron de dar pronto trámite y verificación a la información recibida acerca de la inminencia de un atentado terrorista de gran magnitud en el norte de la capital de la República, a pesar de que fueron señaladas las instalaciones del club como posible blanco de esas intenciones. Se hizo notar, además, la eventual concurrencia del club en dichas omisiones”.