El excongresista y líder político de Atlántico era procesado por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado, por su presunta relación con grupos paramilitares en el Caribe, y por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares.	Después de una revisión por parte de los magistrados y de la Procuraduría, en representación de las víctimas, “la Sala le ordenó ampliar su propuesta para que expresara de forma clara, concreta y programada el aporte a la verdad plena, la justicia, la reparación y la no repetición, ya que su contribución a la verdad debía comprender otros hechos no esclarecidos en la justicia ordinaria”, expresó la JEP en un comunicado.	La Procuraduría General de la Nación advirtió que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no puede ser utilizada para burlarse de los procesos en marcha o incumplir las penas impuestas, por lo que pidió no admitir en esa jurisdicción al “hacker” Andrés Sepúlveda, condenado a 10 años de cárcel por espionaje en contra de los integrantes negociadores de la Paz en la Habana, Cuba.