Normalmente la política pública, de la que se habla mucho como cliché populista y mediático pero sobre la que poco se hace o plantea, no conlleva a estructurar producciones, generar empleo o crear producciones sostenibles. Pero a falta de creación, la “buena copia” o “copia mejorada”, como la hicieran los japoneses para afianzar su desarrollo industrial, deberían dar buenos resultados si tomáramos aquellas con buena perspectiva.	Tal es el caso de la política de energía renovable de la Unión Europea, la cual fue adoptada originalmente en 2009 para los 28 países miembros con miras a sustituir buena parte de los combustibles fósiles y otras fuentes de energía poco amigables con el medio ambiente y generadoras de gases contaminantes, establecía un modesto compromiso de 10% de mezcla de biocombustibles con los combustibles fósiles para el transporte el cual entraría en vigor para todos los miembros a más tardar el 1 de enero de 2020, como en efecto entrará en vigor.	El “Paquete de Energía y Cambio Climático de la Unión Europea”, como se le conoció en aquel entonces, determinaba sus objetivos en la “Directiva de Energía Renovable” (RED, por su sigla en Inglés), cuyo precepto esencial era el de exigir a cada país miembro una reducción de Gases de Efecto Invernadero de 35% entre 2009 y 2017, por el uso de combustibles renovables, a diferencia de los que se hubieran generado con el uso de combustible fósil. Para garantizar la generación de biocombustibles posterior, a partir de 2018 se reconoce a los miembros una reducción de 50% para biocombustibles generados antes del 5 de octubre de 2015 y de 60% para los biocombustibles cuyo proceso de producción se haya generado con una fecha.	Como toda política seria, los objetivos y metas comenzaron a ser revisados y discutidos desde hace alrededor de dos años y, para su desarrollo e implementación futura, los países de la UE alcanzaron en 2018 lo que se conoce como el RED II, en el cual los objetivos y metas se proyectan hasta el año 2030. En líneas generales, la RED II establece un objetivo global de energía renovable vinculante de al menos el 32% para 2030, con un 14% como objetivo para el sector del transporte y con una posible revisión al alza para 2023.	Hasta allí la fórmula parece simple, pero involucra un mayor nivel de exigencia para cada país miembro en la medida que sus sustitución de energía por combustibles renovables esté más o menos ligada a la producción de alimentos, lo que impone un mayor esfuerzo a los países para no enfocar su esfuerzo en sustituir alimentación por energéticos.	Curiosamente en Colombia, el tema de uso de biocombustibles ha derivado en una disputa de costos y rendimientos entre Ecopetrol y los productores, en la cual el Estado ha tratado de priorizar el ingreso fiscal a costa del sacrificio de los productores de biocombustibles, dejando de lado, en parte, el beneficio medioambiental de enriquecer la mezcla en períodos y plazos definidos y concretos, y generando elementos de estímulo simultáneo a la generación de energía renovable y de alimentos, con lo cual se queda con la idea de renovación energética, pero sin los resultados óptimos.	Tal vez si se revisa en detalle lo hecho por los europeos, se puedan copiar los elementos más favorables de esta política, para que quienes trataron de diversificar su producción con fuentes renovables de energía y biocombustibles, no sucumban ante la incapacidad de generación de verdaderas políticas estables en el tiempo y ante la competencia de competidores cuyas políticas de subsidio a sus producciones, cómo el caso de EE. UU. solo pueden ser contrarrestados por medidas y derechos por subsidios, como han tenido que aplicarles Perú o Colombia, país, este último, que se quedó corto e imponiendo derechos solo del 9,35%, cuando el mínimo justificado era del orden del 22%.