Kremer publicó en 2002 junto a Seema Jayachandran el artículo ‘La deuda odiosa’, en la revista Finanzas y Desarrollo del Fondo Monetario Internacional, en el cual sostuvieron que un país puede negarse a pagar deudas odiosas de dictadores y déspotas y destinar esos recursos a superar la pobreza. Pero por tratarse sólo de una opinión, no incidió en el tratamiento que el FMI otorga a esas deudas, cuyo cobro sigue presionando mediante draconianos ajustes.	Por deuda ‘odiosa’ se entiende la deuda soberana contratada sin el consentimiento de los ciudadanos, y que no los beneficia. El concepto surgió en 1898 tras la guerra hispanoamericana, cuando Estados Unidos negó el pago a España de la deuda contratada por el gobierno colonial español en Cuba y que se pretendía fuera heredada por el nuevo gobierno independiente apoyado por Estados Unidos.	Es importante además destacar la condonación de la deuda de Alemania en 1953 en el Acuerdo de Londres con una reducción del 62,6% de la deuda contratada tras las dos guerras mundiales. Ello fue diferente de lo impuesto en el Tratado de Versalles, cuando se obligó a Alemania a pagar cuantiosas sanciones y este Acuerdo de Londres buscaba evitar el revanchismo y fortalecer un aliado para luchar contra el comunismo.	El gobierno griego produjo en 2013 un documento de 721 páginas que estima dicha deuda alemana en 184.000 millones de dólares, en tanto que el economista francés, Jaques Delpla, declaró al diario Les Echos que ese reclamo alcanzaba un monto de 580.000 millones de dólares, suma que más que duplica los 270.000 millones de dólares de la actual deuda griega.	Kremer y su colega mencionan las deudas contratadas por regímenes dictatoriales como Marcos en Filipinas, Mobutu en el Congo, el Apartheid en Sudáfrica, Sani Abacha en Nigeria y Somoza en Nicaragua, la mayoría de las cuales las han pagado los gobiernos que los sucedieron y solo lograron recuperar cifras mínimas respecto del total de recursos que esos regímenes fugaron a sus cuentas en paraísos fiscales.	Tras la caída del régimen de Saddam Hussein en el 2003, la deuda externa de Irak se estimó por el Banco Mundial y el Banco de Pagos Internacionales, en 127.000 millones de dólares y los ministros de finanzas del G-8 declararon la suspensión del pago de esa deuda, considerándola ‘odiosa’ y exigieron a Alemania, Rusia y Francia anularla, como condición para poder participar en los contratos de la reconstrucción de ese país.	Llama la atención que sea el país de residencia del banco quien sanciona y no la del país desde donde se fugó el dinero, y cabe suponer que ese monto no corresponde a los salarios del general. Y esto explica en mucho las protestas de los jóvenes de Chile contra la herencia de la dictadura.	Y, ademas, cabe preguntar por qué los bancos en donde se depositaron dineros fugados por los dictadores no los abonan a la deuda del país en mención y, como eso no se hace, llegamos a la paradoja de que el dinero saqueado a los países sigue depositado en un banco o paraíso al mismo tiempo que el pais sigue pagando las deudas a esos mismos bancos, sacrificando los recursos para la prestación de educación, salud y justicia. ¡Una injusticia aberrante!	Los Papeles de Panamá ofrecieron pruebas contundentes de los dineros fugados a diversos paraísos fiscales, pero su efecto no ha pasado de la legalización de parte de esos activos. Solo el anterior gobierno ecuatoriano se negó a pagar la porción de su deuda externa calificada como ‘ilegitima’ por la Comisión de Auditoría de la deuda externa de ese país.