“Que la atribución reconocida al Ejecutivo para integrar la terna que debe presentar a la honorable Corte Suprema de Justicia para la elección de Fiscal General de la nación es una competencia exclusiva y autónoma del presidente de la República que debe ser ejercida en los estrictos y precisos términos consagrados en la Constitución Política y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia”, señala el decreto.