Teniendo en cuenta que, en medio de este proceso, aunque se involucra a los ministerios de hacienda y educación, pero estos no han asumido la responsabilidad, la gobernación aparece como respondiente y por eso el embargo de las cuentas por valor superior a los 20.000 millones de pesos, lo que claramente afecta la funcionalidad del gobierno seccional y por eso la solicitud de sustituir la medida, así lo explica el abogado Gustavo Adolfo García, asesor de despacho de la secretaría de educación departamental.	Al respecto el abogado Giovanny López, apoderado de los docentes en este caso sostiene que la medida es nociva para el departamento, pues los bienes de los que se están hablando en este caso, hacen parte del patrimonio de todos los quindianos, lo que no podría ofrecerse como garantía en medio de este proceso.