En la discusión del alcalde Peñalosa y Vargas Lleras sobre que debía ser primero, si la ampliación de la calle 193 a la 245 en la colapsada autopista norte o la que está ejecutando Accenorte entre la 245 y La Caro en Chía, tiene razón Peñalosa cuando afirma que si el trancón es en Bogotá nadie entiende la decisión del anterior gobierno de haber entregado de nuevo esa concesión a un grupo económico que excepto unos cambios menores en la composición accionaria de lo que era Devinorte, para el gobierno hubiese sido más rentable no haberla concesionado, ya que la justificación del aumento de un carril en sentido norte y dos en sentido sur lo habría hecho el Invías a un costo muchísimo menor.	Según las cifras del contrato de concesión, por valor de $1,2 billones y 24 años, el citado concesionario recibirá el 66% del valor del recaudo del peaje, que asciende a un valor anual hoy de $90 mil millones y a Bogotá le entregan el 34% restante, hoy de $40 mil millones.	Los costos de las obras de ampliación de 4 kilómetros y tres carriles, más otras obras complementarias, no llegan a los $50 mil millones y los gastos de operación y mantenimiento a 24 años no superan los $100 mil millones. Entonces, la pregunta es por qué razón se conceden tantos años de concesión si estos se pagan con dos años de recaudo.	Con la parálisis de la ampliación de la carrera séptima en Bogotá, se interrumpe también la ampliación de la séptima entre la 245 y La Caro en Chía y no se sabe para donde irán los $150 mil millones que se iban a destinar para esta inversión que también es prioritaria.