Tres habitantes de la residencia universitaria en donde todo ocurrió le contaron a la fiscal en entrevistas el paso a paso del homicidio. Todos coincidieron en que a eso de las 6:15 de ese día escucharon unos ruidos en el segundo piso, justo en el cuarto de Juanita. Dos fueron a ver qué pasaba, intentaron abrir la puerta, pero alguien no lo permitió.	Llamaron a la Policía, convencidos de que era un intento de robo. Después subieron la dueña de la casa que arrienda habitaciones y un inquilino, estudiante de medicina, que rompió la puerta. Él fue el primero que se encontró con la escena, tumbó al asesino sobre la cama, lo desarmó y lo sostuvo mientras llegó otro residente.	Los dos testigos manifestaron que el presunto responsable nunca se resistió a que lo sometieran, rezó en un lenguaje desconocido y al final preguntó que cómo estaba Juanita. En las entrevistas, uno señaló que al sujeto le habían pedido la habitación por comportamientos contrarios a la convivencia. También insistieron en que víctima y victimario no tenían ningún tipo de relación.	A las 7:51 de la mañana de ayer entró el presunto responsable al edificio de la Judicatura. Esposado y con tres policías detrás ingresó a un cuarto contiguo a las salas de audiencia del primer piso, se entrevistó con su abogado y se preparó para lo que venía. Iba constantemente al baño mientras iniciaba la diligencia.	Mientras conseguían unos documentos de Medicina Legal, la jornada tuvo un receso hasta las 3:00 p.m., cuando se iniciaron las audiencias de imputación de cargos y definición de si le daban medida de aseguramiento. La fiscal le imputó homicidio agravado, condición que se dio por cometerlo en contra de una menor de edad que se encontraba en estado de indefensión. Insistió en que el joven actuó a sabiendas de las consecuencias.	Diferente opinó el defensor del presunto victimario, que con papeles en mano quiso demostrar que su defendido toma un medicamento antidepresivo. Aseveró que es posible que el joven estudiante de psicología no haya estado en sus cinco sentidos al momento de asesinar a la menor, por lo que hizo dos solicitudes: a Medicina Legal una revisión psiquiátrica de su cliente, y al juez, que se abstuviera de interrogarlo, pues estaba en estado de trauma, incapaz de responder si aceptaba o no los cargos que le imputaron.	El juez consideró que el procesado sí representa un peligro para la sociedad, tras escuchar atentamente a las partes. Resolvió enviarlo a la cárcel de varones de Manizales, pero con una solicitud de la defensa, que consiste en recomendarle al director del penal que tenga especial cuidado con la persona que llega, ya que tiene tendencias suicidas.	Con el examen psiquiátrico de Medicina Legal, el abogado defensor podría solicitar que el joven sea trasladado a una clínica de reposo. Si no sale como espera, el proceso continuará en un juzgado penal y terminará, si no acepta los cargos, en un juicio oral, explicó el representante de las víctimas. Pagaría entre 33 y 50 años de pena.