Colombia tuvo su primera subasta de renovables el pasado 28 de febrero. Lo que sigue para el 22 de octubre de este año es la primera subasta del contrato de largo plazo, que se asignará únicamente a proyectos de generación de energía con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, principalmente, a proyectos vendedores de energía generada con fuente solar o eólica.	Este mecanismo quedó regulado en la Resolución 4-0725 de 2019 expedida por el Ministerio de Minas y Energía. Allí se definió el procedimiento a seguir para la realización del mecanismo, la forma cómo se asignará el remanente de la energía que no se asignó en la subasta y, también, determina qué comercializadores de energía pueden participar.	Hasta aquí lo que conviene resaltar es que hay dos mecanismos, uno es el de la subasta y otro, que puede o no llevarse a cabo, que es el mecanismo complementario. Pero aquí viene lo particular, y es que al parecer resulta menos complejo y hasta más económico participar como comercializador en el mecanismo complementario que en la subasta.	Esto significa que, por una parte, hubo un grupo de comercializadores que para participar en la subasta presentaron y asumieron los costos de una garantía de seriedad de la oferta y deberán entregar, también asumir y después trasladar, una garantía de pago, esto junto con la serie de documentos que ya presentaron para cumplir los requisitos y condiciones señalados en los pliegos por parte de la UPME.	Finalmente, ¿En qué quedó la demanda contra la norma, decreto 570 de 2018, que sustenta las 4 resoluciones de la actual subasta? Surge la inquietud porque esa norma es pilar o sustento de la subasta y en derecho hay una causal de nulidad denominada carencia de objeto por desaparición de las normas que sirven de sustento. Parece que conviene revisar su estatus judicial.