La reunión fue a última hora. El primer llamado llegó a los líderes de varias veredas; luego, al resto de la población. Era el momento para que todos se enteraran que volvían las reglas impuestas por la antigua guerrilla de las Farc, pero ahora por las disidencias del frente 36 y 18. Ellos, ese día, el pasado 3 de octubre, se proclamaron los jueces, la ley. El Estado.	“Habíamos unas 200 personas, todos teníamos que asistir, incluso los niños tuvieron que suspender las clases, que porque hasta los más pequeños se debían acostumbrar y estar enterados de cuáles son las reglas en esa zona”, explicó uno de los habitantes de la vereda El Palmichal de Briceño, quien por razones de seguridad pidió omitir su identidad.	Duró menos de dos horas y la comunidad no tuvo otra opción que agachar la cabeza, aceptando, de facto, vivir con restricciones. No se puede transitar por las vías de 8 p.m. a 5 a.m., está totalmente prohibido cualquier contacto con el Ejército, habrá multa de 50 mil pesos para quienes no asistan a las reuniones o convites, a las personas chismosas o quien dañe una fiesta se le cobrarán dos millones de pesos y deberá hacer arreglos en las vías veredales, y ningún menor de 12 años puede usar teléfonos celulares.	“Hay cosas diferentes a cuando estaban las Farc. Ahora las multas son más altas, lo del contacto con el Ejército ya es más estricto, tanto, que ni las tiendas les pueden vender productos. Lo de los celulares nos dijeron que incluso pensaron prohibir totalmente su uso, pero cambiaron de parecer. Sí advirtieron que menor de 12 años que incumpla la norma, sus padres deberán responder”, explicó el líder comunal.	La intervención del Ejército, pese a las bajas de las disidencias, no cambió nada. La comunidad en Briceño le confirmó que sigue cumpliendo las “leyes” y que hay nuevo jefe. Al sector llegó un individuo conocido con el alias de “el Paisa” para reemplazar a los fallecidos y asumir el mando.	Briceño no es el único ejemplo de que en la región ahora las condiciones, las normas, las imponen las disidencias de las Farc. El país también conoció lo que ocurre en el departamento de Guaviare donde, los delincuentes liderados por “Gentil Duarte”, volvieron a prohibir el turismo en las zonas donde hay tesoros arqueológicos, restricciones que habían desaparecido desde la firma del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las Farc.	La región de Catatumbo en Norte de Santander, también parece tener una especie de microestado comandado por los ilegales. Pobladores de zonas rurales de municipios como Tibú, San Calixto, Sardinata y Hacarí también tienen orden estricta de las disidencias del frente 33 de las Farc de no transitar por las vías rurales en la noche, y quienes transitan en moto siempre deben llevar su cara visible.	Ante estos escenarios la pregunta que surge es si el Estado no aprovechó la oportunidad de llegar a los territorios que antes eran dominados por la guerrilla de las Farc luego de la firma del Acuerdo de paz, y por el contrario dejó que los ilegales, en este caso las disidencias, volvieran para retomar ese control.	Burbano añade que el Acuerdo “busca que esas zonas olvidadas puedan superar los rigores del conflicto armado y mejorar las condiciones de vida de sus pobladores. Si el control de la criminalidad no es efectivo y no hay inversión, se estimula la guerra y también la deserción. Es sin duda un asunto de falta de voluntad política”.	“Hay un reto gigante porque lo que se debe hacer con esos municipios es llevarlos al mismo nivel de desarrollo que el resto del país. En el Acuerdo de Paz está previsto que esa ejecución debe durar entre 10 y 15 años”, afirmó el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.	El funcionario recordó que en Antioquia hay 24 municipios Pdet y que, entre 2018 y 2019, se están invirtiendo $143 mil millones, de los cuales, $43 mil fueron destinados para obras sociales escogidas por las mismas comunidades, $10 mil en proyectos productivos y $93 mil en obras por impuestos en los que está vinculada la empresa privada.	Sin embargo, desde Briceño las voces de la comunidad, incluso desde la alcaldía (ver Polémica), aunque reconocen la voluntad que tiene el Gobierno, piden que las inversiones se realicen en corto plazo. Que llegue el Estado más allá de las armas, porque, por ahora, el sinónimo de autoridad se llama disidencias de las Farc.