En dicho documento, el Gobierno dice que “de acuerdo con la última información reportada por la Contaduría General de la República, las cuentas por pagar por sentencias, laudos y conciliaciones ascienden a $7 billones. Dicha deuda ha presentado un crecimiento promedio anual del 28% entre 2010 y 2018, con lo cual su participación en el PIB durante el período pasó de 0,2% a cerca de un punto porcentual”.	Esta situación llevó a que el Minhacienda elaborara una estrategia, de tal modo que los intereses por mora que se paguen por estas sentencias ejecutoriadas (ya definitivas) no se cancelen a la tasa de usura, sino a la que registren los títulos de tesorería (TES) Clase B, que pretende emitir el Gobierno.	El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, lo dijo en su momento, cuando se refirió a la salida que tenían para cancelar pasivos por sentencias judiciales en contra de la Nación: “Vamos a tomar los datos de cuánto es lo que se debe, eso no baja de los $7 billones hoy en día y podría ser significativamente más alto”, aseguró.	Esto llevará a que la Nación se ahorre varios billones de pesos a corto y mediano plazo, y les permitirá a diversas entidades sanear sus cuentas pendientes, entre las que están el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, la Policía, el Consejo Superior de la Judicatura y el Instituto Nacional de Vías (Invías), entre otros.	En total, como se mencionó, la cifra total asciende a $7 billones, de los cuales el 66% corresponde al monto de capital que la Nación o la entidad tiene que pagar en virtud de la sentencia o conciliación y el 34% a los intereses no pagados con corte al tercer trimestre del 2018.