Esta afirmación es del doctor Félix Martínez presidente de Fedesalud, autor del capítulo de libro Poder político y mercado en las reformas a la seguridad social, que analiza la verdadera historia de la reforma de salud de 1993 y su desarrollo desde ese momento hasta hoy. Su significado es evidente: contrario a lo que ha afirmado el gobierno, las decisiones de refinanciarlo con la Ley de punto final es solo una primera etapa de las siguientes crisis financieras que se vendrán en este sistema creado por la Ley 100. Los problemas son de tal magnitud que sin negar la necesidad de inyectarle recursos de inmediato solo una seria reestructuración de este sistema lleno de filtraciones puede realmente resolver problemas estructurales del mismo.	El doctor Martínez parte de la historia que muchos ignoran. La Ley 100 fue el resultado de la llegada del neoliberalismo a Colombia que aplicó a la política social su desprecio por el Estado y la sobrevaloración del mercado. Pero la política de salud fue un apéndice de esta ley porque lo que realmente interesó al gobierno, fue el dinero de las pensiones del sector privado manejado hasta ese momento por el ISS. Pero las presiones de quienes no concebían la seguridad social sin considerar la salud llevaron a incluir la reforma a este sistema. Con el propósito de incentivar el estudio del trabajo mencionado se recogen algunos de sus puntos sustantivos que demuestran los problemas estructurales de la salud:	–La privatización del sistema de salud ha sido extraña porque se creó un mercado sui generis con gigantescas empresas sin dueños o con dueños que no son evidentes para el público (asociaciones de cooperativas y cajas de compensación), o empresas que crean los gobiernos y que no surgen de la iniciativa privada. Las empresas con capital privado terminaron siendo marginales.	–En la exposición de motivos de la ley 1122 de 2007 el Gobierno reconoció que las EPS se han negado a prestar servicios, lo que pone en riesgo o amenazan la salud del usuario; negligencia demostrada para cubrir las obligaciones para con sus usuarios; presiones y condicionamientos a los profesionales de la medicina y las IPS; selección adversa y selección de riesgo de los usuarios por parte de las EPS; menoscabo al derecho del afiliado a la libre escogencia de IPS, etc.	–El gasto en salud, mediado por el mercado, privilegió el consumo de medicamentos, insumos y equipos de alta tecnología, en clínicas y hospitales de alta complejidad, negocios que, por permitir márgenes de utilidad mucho mayores, presionan su inclusión, consumo y pago por los fondos de la seguridad social. Es más más rentable para la atención de dos pacientes hemofílicos que la atención básica de dos mil afiliados en un centro de salud.	–Estas entidades sin ánimo de lucro, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, adoptan comportamientos rentistas en los que no interesa la utilidad de la EPS sino la utilidad de los negocios derivados integrados verticalmente, como capitación con entidades propias, compra de medicamentos o insumos, servicios de ambulancias, lavanderías, celaduría y otros servicios generales.	–A los empresarios de las EPS no les importa quebrar la EPS; finalmente, después de exprimirla, el cascarón se lo dejan vacío y con deudas al Gobierno y este les ayuda a construir una nueva EPS que arranca sin deudas (una nueva chequera), a la cual exprimen nuevamente hasta agotarla, y así repiten el negocio.	–En este singular “mercado” de la salud, no solo el dinero no tiene valor, sino que el problema más sobresaliente es la inoportunidad en los pagos de las facturas y demás compromisos contractuales, fenómeno que, a pesar de la expedición de decenas de normas, los distintos Gobiernos no han logrado corregir.	–El gobierno permite que las EPS continúen operando y manejando billones de pesos de recursos públicos a pesar de no contar con un solo peso de patrimonio propio (o presentando “patrimonios negativos” en sus balances financieros durante muchos años). A estas entidades no se les aplica, la obligación de recapitalizar o la inevitable liquidación.	–La privatización del servicio público de salud en nuestro país, que dio lugar a sistemas intensivos en contratos, produjo altísimos costos de transacción, múltiples oportunidades de ilegalidad, lucro poco ético o delincuencia franca, es decir, el desconocimiento de la propiedad social de los recursos y la justificación de la apropiación de los bienes de un servicio público.	–Desde el punto de vista de la equidad y solidaridad, mediante el seguimiento de su implementación, se encuentra una lucha política y legal constante, durante los veinticinco años transcurridos desde la aprobación de la Ley 100, entre posiciones que buscan reducir desigualdades, discriminaciones y exclusiones, y posiciones que pretenden mantenerlas, justificándolas siempre con la “racionalidad económica”, que en realidad es una racionalidad política.	–Las eternas trabas burocráticas (directas o indirectas) para controlar el gasto por parte de las EPS ponen en riesgo la salud y la vida, y causan mayor angustia y dolor a los ciudadanos y sus familias que las originadas en cualquier otro servicio público, por ello el sector salud encabeza la proliferación de tutelas por violación de derechos de los colombianos.	–En el último año han sido inauguradas grandes clínicas de alta tecnología, tanto en Bogotá como en otras ciudades del país, con enormes anuncios en la prensa, en los cuales se deja claro a los ciudadanos que estas instituciones son únicamente para clientes privados de planes complementarios o de empresas de medicina prepagada.