En lo fundamental, esos aspectos positivos son tres: (i) asigna recursos más eficientemente; (ii) promueve la competitividad y la innovación de procesos productivos y sus resultados; y (iii) tiende a generar de manera sostenible, la estandarización de la tecnología, como resultado de los emprendimientos y las innovaciones que se llevan a cabo.	A partir de esto, lo que requerimos es que operen los mercados en lo que hacen bien, pero hay que regularlos respecto a las actividades y esferas de acción donde ocurren fallas de mercado. Para ello se requiere de instituciones. Y una medida de ello –no la exclusiva por cierto- es la capacidad institucional, misma que está relacionada con la contribución de impuestos de la sociedad en función del total de la producción. Esto es, el producto interno bruto (PIB).	Se acerca, es muy similar, al monto promedio de este indicador en función de los países más desarrollados, agrupados en la OECD que es de 34%. Por cierto que en la región, el valor promedio es de 23% y el país que tiene más bajos los impuestos sobre el PIB es Guatemala –una de las naciones más retrasadas- con 12%.