para la cofinanciación y ejecución de los recursos para el proyecto del Sistema de Transporte Público Metro, así como también (...) efectuó las exigencias de la Ley 819 de 2003, a través del convenio de cofinanciación suscrito entre la Nación, el Distrito y la Empresa Metro de Bogotá”.Según el Tribunal, “en este caso las accionadas dieron cabal cumplimiento a los presupuestos normativos concernientes a la apropiación y ejecución de las vigencias futuras del mentado proyecto del metro de Bogotá, por lo que, como se explicó, no es del caso acceder a impartir la orden de cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 2.9.1.7.14.10 del Decreto 1068 de 2015”.