Según la investigación entre los años 2016 y 2018, la señora Cuervo Jiménez habría ordenado de manera irregular que se exonerara del pago de violaciones de tránsito a más de 600 personas, al parecer por petición de los exalcaldes Londoño Restrepo y Cardona González, quienes buscaban favorecer a algunos de sus amigos y conocidos.