En consecuencia, estudiantes de instituciones públicas y privadas alzaron su voz para que el caso no quede impune.  También, se manifestaron para que el Gobierno cumpla los acuerdos firmados en diciembre de 2018 y para que el derecho constitucional a la protesta sea respetado, teniendo en cuenta denuncias de abuso policial durante movilizaciones pasadas.	“habría sido el beneficiario de 333 cheques por $10.495.100.000, los cuales habrían sido girados por él con cargo a una cuenta corriente a nombre de la Universidad Distrital. Ese dinero no habría sido retornado ni a la universidad, ni al instituto, y tampoco habría sido invertido, en la ejecución de convenios y/o contratos relacionados con el objeto misional del Idexud”.	Aparentemente, Muñoz utilizó una tarjeta de crédito para gastarse el dinero con los recursos de los estudiantes para compras de carácter personal, como ropa, accesorios de lujo, servicios de televisión por cable, hospedajes en hoteles, pago de aplicaciones digitales (Netflix), restaurantes, viajes a otras ciudades que no estaban relacionados con su función, y hasta prostíbulos.	Por esos hechos, el Ministerio Público citó a audiencia el 2 de septiembre a Muñoz Prieto por tres cargos disciplinarios calificados como presuntas faltas gravísimas cometidas a título de dolo, pero no asistió, por lo que la diligencia quedó reprogramada para este martes 15 de octubre, donde se escucharán los alegatos de conclusión. Esto significa que se conocerá el fallo de la Procuraduría que determinará si condena o absuelve disciplinariamente al exfuncionario.	La W Radio aseguró que el acuerdo con la Fiscalía haría que Muñoz nombrara a varios concejales y exconcejales. En un documento al que tuvo acceso la emisora, pero que no se reveló, aparecerían las siguientes personas: funcionarios de la misma universidad y de políticos del Gobierno Distrital (concejales, congresistas, directores de entidades nacionales, alcaldes locales, funcionarios de Fonade y del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), y funcionarios de la Corporación Autónoma Regional) que firmaron convenios con alcaldías locales de Bogotá, entidades descentralizadas del Distrito y entidades del Gobierno Nacional.	“Entendemos la necesidad de hacer un escenario de comunicación entre todos los estamentos de la universidad, en ese orden de ideas, nos hemos acercado con los estudiantes a través de una instancia institucionalizada por el Consejo Superior Universitario, que es la una mesa de diálogo en la que hemos hablado con los estudiantes y profesores”.