La sentencia 095 se produce en el marco de la consulta popular que convocó el Concejo Municipal de Cumaral (Meta) para prohibir las actividades petroleras. Pero, el alto tribunal en el contenido de su fallo analiza las competencias de los entes territoriales para ocuparse de regular la actividad de exploración y producción minera y petrolera.	La sentencia subraya de forma genérica que ningún ente territorial puede vetar, ni prohibir las actividades mineras o petroleras. Este es un tema que tiene que ver con el subsuelo y los recursos naturales renovables, los cuales no son asuntos de la exclusiva competencia del municipio, ya que son de la Nación. Su desarrollo (como lo dice el Artículo 288 de la Constitución) debe concertarse bajo los principios de subsidiariedad, y coordinación y concurrencia Nación-Territorio.	La Corte Constitucional ya había señalado en una sentencia del 2016 que los municipios eran soberanos y autónomos para regular los temas del subsuelo. Y que si los entes territoriales son los dueños del subsuelo, pueden regular el uso de ese espacio. Esa sentencia la recoge el alto tribunal en la sentencia 095 y deja en claro que los municipios no son soberanos y lo que debe haber es concertación.	La jurisprudencia de la sentencia 095 deja en claro que un ente territorial no puede invocar fórmula jurídica que esté encaminada a ocuparse del tema del subsuelo para prohibir la actividad minera o petrolera. El fallo hace referencia a que los Acuerdos Municipales, los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), los esquemas de ordenamientos y las consultas populares no pueden ser invocados por los municipios para frenar las tareas extractivas.	En Antioquia hubo dos Acuerdos Municipales significativos. El de los municipios de Urrao y Jericó. En el 2017, de manera simultánea en varios municipios de este departamento aprobaron los Acuerdos Municipales. Los textos, una vez fueron sancionados por el respectivo alcalde, se enviaron a la Gobernación. El gobernador los objetó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Esta misma situación pasó en el Tolima, Huila y Casanare. Los tribunales administrativos tumbaron los acuerdos con el argumento que los municipios y los cabildos no tienen la autonomía para regular el tema de forma soberana.	El Consejo de Estado, en varios fallos ante tutelas que han interpuesto varios municipios del país para que avalen los Acuerdos Municipales, ha dejado en claro que los entes territoriales deben acatar la sentencia 095 de la Corte Constitucional. Este fallo tiene que ver con todas las competencias relacionadas con el orden nacional. El caso más claro ha sido con el Acuerdo del municipio de Urrao. Subraya que debe acatarse en su integralidad la sentencia 095 de la Corte Constitucional, y que de lo contrario incurriría en una posible sanción disciplinaria y penal. El consejo de Estado afirma en un fallo, ante una acción por desacato que interpuso un grupo de ciudadanos contra los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, por no cumplir una acción de tutela proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el caso de Urrao, que este tribunal obró en derecho ya que está acatando la sentencia 095 de la Corte Constitucional. De lo contrario incurrirían en una posible sanción disciplinaria y penal.