Los únicos viajes que hacen las lanchas son en la mañana y en la tarde, y de lunes a sábado. Fuera de ese tiempo, si surge una emergencia de salud, los familiares del enfermo deben pagar entre 100 y 150 mil pesos para llevar al paciente al puesto de salud de Pasacaballos o a un hospital de Cartagena.	Ahora que pertenece a la comunidad se le han hecho mejoramientos físicos y se imparte enseñanza primaria y bachillerato, con alimentación para los estudiantes, “pero es esta la única presencia del Estado en este pueblo”, afirma Óscar Villeros, el presidente del Consejo Comunitario, quien agrega que falta una sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), un hogar para ancianos, servicio de gas domiciliario, un centro de atención a la primera infancia, pavimentación, alcantarillado y un nivel educativo excelente.	“Ellos –cuentan las amas de casa--, después de llenar los tanques de agua, les echaban ramas de captus y guamacho, para purificarla; pero era un agua que había que consumir rápido, porque a los tres días se abombaba (descomponía). Entonces, cuando se supo que en los acueductos le echan cloro al agua, resolvimos hacer lo mismo”.	Al parecer, nadie en el pueblo sabe cuánto hace que se decidió el uso de ese químico para purificar el agua, pero ya han pasado varias generaciones desde que se está usando y, hasta el momento, la única señal de sus consecuencias son las manchas blancas que algunos nativos tienen en la piel y que ellos identifican como el popular “paño”.	El Consejo Comunitario dice llevar más de diez años gestionando la construcción de un acueducto, servicio que pareció que se iba a solidificar en 2012, cuando el Gobierno Distrital inició una primera etapa y los gobiernos subsiguientes emprendieron dos más, pero la obra se detuvo inexplicablemente, después que se invirtieron 650 millones de pesos en lo que hoy es un elefante blanco.	“Estamos rodeados de agua, pero tenemos sed”, lamentan los del Consejo Comunitario, quienes dicen no explicarse por qué en Cartagena el servicio de agua potable cubre casi toda la ciudad, gracias al canal del Dique, que está muy alejado del acueducto, “pero nosotros que lo tenemos cerquita no contamos con un acueducto propio sino con el cascarón”.	La falta de las redes para el agua potable, también imposibilita que exista el servicio de alcantarillado. Hay muchas pozas sépticas como viviendas tiene el pueblo, cuyo potencial turístico y riqueza pesquera se ha visto empañado por la ausencia del Estado, que, además, podría aprovechar la vocación agrícola en la que se desempeña un significativo segmento de la vereda.	“Aquí no tenemos una educación de calidad. Y no sé si será porque los docentes no cuentan con las herramientas suficientes para desarrollar su trabajo. Algo de culpa podríamos tener nosotros, los padres de familia, quienes a lo mejor no estamos exigiendo como debiéramos, para que a nuestros hijos se les prepare mejor”.	José Carreazo Julio, un gestor comunitario de Pasacaballos, estima que “en eso de que los jóvenes no ingresen a las universidades, o dejen las carreras tiradas, juega mucho la autoestima, porque desde pequeños se acostumbran a ver en su familia y en su comunidad que todos están conformes con lo poco que tienen. Pocos apuntan al mejoramiento personal y colectivo. Se ve como normal el vivir del rebusque y de la baja remuneración”.	Carreazo Julio también sopesa que no siempre se debe señalar al Distrito como el único obligado a resolver la baja calidad de vida de los corregimientos del canal del Dique o de la bahía de Cartagena. “También están las empresas de la zona industrial de Mamonal, que, de una u otra forma, se sirven de esos cuerpos de agua, pero es poco lo que invierten en el progreso de esos grupos humanos”.	“Desde que las grandes embarcaciones, con su tecnología, vienen ocupando la bahía de Cartagena, los pescadores de allá se vienen para Barbacoa; y si antes éramos 150 pescadores, ahora somos 500. Por eso hay botes de Leticia que se devuelven sin nada, solo con el hielo que compraron para conservar el pescado”.	Los líderes afros tienen las esperanzas cifradas en las consultas previas, que deben asumir los proyectos empresariales que se ciernen en el área del Dique; y en una acción de tutela que fue instaurada en contra de la empresa Aguas de Cartagena, por las afectaciones que está sufriendo la ciénaga de Juan Gómez, en el corregimiento de Rocha, jurisdicción de Arjona.