el reportero Hugo Mario Cárdenas López, el municipio de Suárez, norte del Cauca, bien podría ser catalogado como la capital mundial de las paradojas: es rico en fuentes hidrográficas, pues está bañado por los ríos Cauca, Ovejas, Inguitó, Asnazú y Marilópez, Damián, Marilopito, y las quebradas El Chupadero, La Chorrera, Los Pasos, Los Morados, La Laja, El Danubio y San Miguel, pero no tiene agua potable. Sus tierras albergan la hidroeléctrica La Salvajina, pero pagan la energía más costosa del país. Jamás se sintieron tan inseguros como cuando instalaron una base militar en su territorio. Y nunca fueron tan pobres como el día que el mundo supo que estaban parados sobre el oro.	, los han mantenido sometidos a poderosos protagonistas foráneos que en vez de reconocer su ancestralidad los han mantenido forzados a abandonar sus propios territorios. Explicó: “hemos estado en este territorio desde 1636 haciendo agricultura, la pesca y minería artesanal ancestral, en condición de esclavitud. Lo que hoy nos está pasando es el precio que tenemos que pagar por la dignidad, la libertad y la vida de un pueblo sometido, y no vamos a desistir”.	En estas condiciones, una nueva reacción cívica de los líderes comunitarios de esta zona del norte del Cauca se produjo por cuenta del último panfleto recibido el día viernes 12 de julio según el cual supuestos grupos paramilitares les daban 72 horas a los Consejos Comunitarios de Suarez y líderes de La Toma para abandonar el territorio, plazo que venció el pasado lunes.	A lo anterior se suman los hechos del 4 de mayo de 2019, cuando por lo menos 16 dignidades afros de ACONC, así como del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y de la Asociación de Municipal de Mujeres de Buenos Aires (Asom), fueron atacados por un grupo armado mientras estaban reunidos en la finca La Trinidad, de la vereda Lomitas, en Santander de Quilichao, hechos en los cuales resultaron heridos dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección.Víctor Hugo Moreno	-Publicidad.- Entonces, la tarde del pasado lunes 15 de julio en la vereda Yolombó, se realizó una asamblea comunitaria y rueda de prensa convocada por el Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de La Toma, la Asociación de Consejos Comunitarios de Suárez y ACONC, con el fin de denunciar nacional e internacionalmente la situación de riesgo vital que padecen los habitantes de estas aldeas.	); Víctor Hugo Moreno Mina, consejero mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), Esley Ibarra, del Proceso de Comunidades Negras (PCN); la procuradora provincial de Santander de Quilichao, Ana Rocío Suárez; el defensor del Pueblo regional Cauca, Rossi Jair Muñoz Solarte; Luis Armando Vargas, del Palenque de Derechos Humanos y las personeras municipales de Suárez y Santander de Quilichao, María Ximena Paz Muñoz y Gladys Carmenza León Larrahondo.	También estuvo presente César Lizardo Cerón, representante legal del Consejo Comunitario Mesetas y candidato a la Alcaldía de ese municipio, quien fue víctima de un atentado el jueves 16 de mayo en la vereda El Hato Santa Marta del corregimiento de La Toma, por su calidad de docente y promotor del Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de uso ilícito. Igualmente, Juan Pablo Salazar, representante legal de la Asociación Campesina Asocordillera de Suárez, filial de Fensuagro y la Marcha Patriótica, quien propuso que “Abrazarnos es la solución”.	Pero, es de recordar que la situación de agresión que pone en riesgo las vidas de los líderes, las comunidades y sus derechos al territorio, la identidad, la participación y el desarrollo en el marco de sus propias aspiraciones culturales, viene desde hace muchos años por efecto de las luchas contra la minería ilegal y la entrega inconstitucional de títulos mineros otorgados sin consulta previa, inclusive, por aquellas realizadas desde la construcción del proyecto hidroeléctrico La Salvajina, que causó despojo y desplazamientos a miles de grupos familiares de la zona y que nunca fueron reparados, por lo cual en la actualidad los Consejos Comunitarios adelantan procesos de restitución de sus derechos.	Al ser consultados los motivos de la persecución social que sigue vigente en estos sectores del municipio de Suárez, se evidenció que principalmente se debe a la exigencia al Gobierno nacional de la implementación de medidas como el reconocimiento legal y fortalecimiento del gobierno propio a través de la Guardia Cimarrona, contenida en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz.	Otras medidas hacen referencia a la reglamentación de la Ley 70 de 1993, al cumplimiento de más de 300 acuerdos firmados desde 1986; a la recuperación de los territorios ancestrales y su titulación colectiva, a la consulta previa libre e informada ante la industria minera, la reparación colectiva como víctimas del conflicto armado y la minería ancestral como sustento de vida, entre otras.	Víctor Hugo Moreno Mina convocó a una movilización simbólica, argumentando que “estamos cansados de presentar denuncias ante autoridades competentes que no muestran resultados eficaces; las amenazas no pueden seguir haciendo parte de nuestro paisaje natural con las cuales se pretende aumentar la discriminación y los señalamientos”. Dijo enfáticamente que los que se busca es “consolidar nuestros territorios como zona roja, pero para nosotros, para que salgamos de los territorios, les dejemos el camino libre y que otros sigan llegando, mientras siguen creciendo los monocultivos, los megaproyectos, el establecimiento de grandes empresas mineras… Por eso no aceptamos que lleguen a nuestras casas a decirnos que nos salgamos de ellas. No estamos dispuestos a seguir engrosando los cordones de miseria de las grandes ciudades adonde nos quieren hacer llegar como desplazados, como ha ocurrido en épocas anteriores”.	Rossi Jair Muñoz Solarte, defensor del pueblo para el departamento del Cauca sostuvo que la institución ha emitido una serie de alertas tempranas para el municipio de Suárez, que no pueden ser controvertidas. La Defensoría produjo 86 en el año 2018 y en 2019 van 27 alertas tempranas y ratificó el informe oficial según el cual se han amenazado 983 líderes sociales y 479 han sido asesinados en los últimos tres años.	La personera municipal de Suárez, María Jimena Paz Muñoz afirmó que más de 70 % de la comunidad del municipio de Suárez es víctima del conflicto armado y pidió con urgencia que aquí se instale una Fiscalía local, porque todas las situaciones que ameritan trámites ante esta entidad se deben realizar en otras ciudades, con consecuencias graves para las comunidades como la posible alteración de los escenarios de los hechos y se pone en peligro la vida de los denunciantes en los desplazamientos por fuera del municipio. Ante esto, concluyó que Suárez merece la presencia del Estado.	Francia Márquez, la reconocida activista de las luchas contra la minería aurífera ilegal en Colombia que recibió en 2018 el Premio Goldman, considerado el Premio Nobel en temática ambiental, fue la más contundente en su exposición al afirmar que “este es un Estado racista y no queremos más falsos positivos judiciales”.	Además el gobierno, a través del Ministerio del Interior, ha demostrado ser una institución racista donde nos certifican igual a como se certifica una marca de zapatos… todavía nos ven como animales… y no les basta con negarnos, nos mandan a matar, o permiten que nos maten… a partir de estas actitudes oficiales fuimos declarados “objetivo militar” por las Águilas Negras.	Estamos en un proceso de restitución cuya columna vertebral es la devolución de los territorios que nos robaron, territorios que nosotros y nuestros ancestros pagaron con su trabajo centenario en condición de esclavitud… Eso implica declarar la nulidad de los títulos mineros que la Corte Constitucional suspendió pero que no los declaró nulos…”	En estas circunstancias, Francia Márquez decidió estudiar derecho para entender lo que estaba pasando y en segundo semestre supo que los derechos fundamentales se pueden tutelar y que la consulta previa es uno de ellos. Presentó la tutela. Fue negada en primera instancia porque La Toma supuestamente no era una comunidad negra con un título colectivo y así lo ratificó en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia. Francia, entonces, solicitó revisión de la Corte Constitucional, que el 14 de diciembre del 2010 tuteló sus derechos fundamentales a la consulta previa, al debido proceso y suspendió todos los títulos,	Luego recordó: «Desde hace muchos años mediante diversas estrategias nos vienen despojando: antes nos sacaron de las tierras planas porque tenían intereses en ellas para sembrar monocultivos de caña y nos arrinconaron a las zonas montañosas, ahora nos están sacando de esas zonas de ladera porque tienen intereses en la minería y el agua… Vean, quienes se han equivocado son otros, no nosotros y se ha equivocado el Estado colombiano por sus intereses económicos sobre nuestras tierras… Y nació una anti-campaña diciendo que somos nosotros los despojadores, por ello las amenazas…”	Finalmente Márquez denunció que el Estado es cómplice de lo que está pasando aquí: “el jueves pasado se evidenciaron aquí grupos armados con distintivos de la AUC… No queremos que la barbarie se repita, necesitamos las investigaciones necesarias: aquí tenemos dos bases militares en el territorio y la gente vio a los paramilitares armados recorriendo estas vías, pero no los vieron los militares que patrullan la zona”.	Por último, Francia calificó como un falso positivo judicial la captura de dos jóvenes hermanos del municipio de Buenos Aires, realizada por unidades del CTI de la Fiscalía y la Dijin de la Policía, quienes fueron señalados de participar en el atentado del día 4 de mayo en la vereda Lomitas de Santander de Quilichao, pues, según ella, al parecer no son los responsables del atentado del 4 de mayo, y las autoridades no encuentran a los autores intelectuales.