n nuevo proceso judicial deberá enfrentar el alcalde (e), Pedrito Tomás Pereira Caballero, pues la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación en su contra por desacato, por no contratar el estudio de sismorresistencia del edificio Aquarela, que dará la solución para la restitución de los 619 metros cuadrados ocupados indebidamente por la edificación, como lo ordena un fallo de la Inspección de Policía de la Comuna 2.	“Es lamentable, por decirlo menos, que no haya cumplido la orden judicial derivada de la acción popular de la Procuraduría de contratar a la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), porque ninguna autoridad local tenía el experticia técnica para un estudio de esa complejidad que requiere poner fin al caos y el peligro derivado de la construcción del edificio Aquarela”, continúa el ente de control.	“Es claro que se trata de un incumplimiento notorio a las órdenes del Tribunal Administrativo de Bolívar en el plan de normalización, lo que derivó en la apertura de una investigación por este desacato flagrante. La ciudad no puede quedar postrada ante estas maniobras tan dudosas. Como Procuraduría pediremos al Ministerio de Cultura y la Ungrd, que en ejercicio de sus competencias prevalentes, dispongan que se realice ese estudio por el riesgo de desastre y de pérdida de la calificación que tiene Cartagena como patrimonio de la humanidad. Es una fatalidad que se tiene que evitar y como Ministerio Público no lo podemos permitir”, concluye.	De acuerdo con Pereira, la orden de restituir el espacio es para el particular, es decir, de la empresa a cargo del proyecto de vivienda, sin embargo, si esta no cumplía con la orden, la responsabilidad pasaría al Distrito, por lo cual se pretendía hacer el estudio a través de la SCI, pero este no se realizó debido a que entró en vigencia la Ley de Garantías.	“Quiero recordar que la única autoridad que ha tomado una decisión definitiva con relación al edificio ha sido la Alcaldía. La restitución del espacio público debió quedar debidamente ejecutoriada, pero la orden no es a la Alcaldía, es al particular, quien debe restituir y es a él a quien se le debe exigir la restitución en primer término, pero los propietarios no han hecho la restitución amparados en una decisión judicial donde dice que no pueden hacer ninguna intervención, por lo cual la Alcaldía debía hacer la restitución y para eso se contrataría el estudio de la SCI, pero entró la Ley de Garantías y no se podía hacer una contratación porque la modalidad que ellos proponían vulneraba la ley”, dijo el mandatario.	El Distrito se amparó en su Secretaría de Infraestructura para definir el método necesario para restituir el espacio público, y esta determinó que el método es la demolición; sin embargo, se aclaró que antes de ejecutar la demolición deben aplicarse estudios especializados como estudios de suelo, estructural, sociales, de entorno, entre otros., lo cual fue informado a la Procuraduría a través de un oficio del 15 de noviembre.	“La Alcaldía sí ha cumplido, lo demostraremos dentro del proceso disciplinario si es necesario, con todas la pruebas de nuestra actuación. Es claro que de junio a octubre no era posible realizar una contratación de esa naturaleza y menos en la modalidad que nos exigía la SCI. Ahora el tiempo no nos alcanza, pero podemos hacer la restitución sin necesidad de contratar algo, sino a través de la Secretaría de Infraestructura”.