i) hacerse una regulación por el órgano especial y distinto a las entidades encargadas de ejecutar los programas de erradicación de cultivos; ii) se deben evaluar todos los riesgos en materia de salud y el medio ambiente; iii) se deben emitir alertas sobre los mismos mediante un seguimiento continuo; iv) debe haber una investigación científica que tenga todas las condiciones de rigor, calidad e imparcialidad, v) se deberán vincular los procedimientos de queja a la evaluación de riesgo y, vi) en todo caso, ha dicho la Corte, deberá haber certeza sobre la ausencia de daño para la salud y el medio ambiente.