La resolución, que tiene como principal objetivo controlar la distribución de estos líquidos para que no sean usados en ataques contra la vida, indica que son los alcaldes de cada una de las localidades de la ciudad quienes deberán llevar el registro de la compra y venta del ácido en la capital, así como deberán llevar registros de quiénes lo adquieren, qué establecimientos y en qué cantidad se vende.	En caso de que estos requerimientos no se cumplan, la secretaría dará lugar a sanciones de todo tipo. “Habrá desde multas hasta el sellamiento de los establecimientos. Así mismo, los alcaldes locales deberán desarrollar estrategias de control, en coordinación con las autoridades competentes”, explicó Hugo Zárrate, secretario de Gobierno de Bogotá.	El control será coordinado por la Secretaría y el Invima y se tendrá especial atención a la venta de sustancias corrosivas como el ácido sulfúrico, el clorhídrico, el muriático, el fosfórico, el nítrico y el hidróxido de sodio, las cuales se han identificado como las más recurrentes en las agresiones presentadas en la ciudad y el país.