Para esto, se presentará un proyecto de ley que fortalezca estos entes regionales, ya no con recursos de la Contraloría General, sino con impuestos. El segundo cambio que se hizo del texto también permitirá que el actual Auditor siga en funciones, y solo cuando su periodo termine se implementarán los cambios para su elección.	La reforma, en cualquier caso, recibió el fin de semana un espaldarazo político importante por parte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. En su columna de El Tiempo, dijo que: “Se estima que por la vía de la contratación se pierde un 62% del total de los recursos que se fugan del presupuesto por corrupción. Pienso que un control como el propuesto sí permitirá por lo menos cauterizar en parte esta vena rota de la contratación”.	En resumen, Perry ratifica que el ente de control se convertiría en un Leviatán y le pidió al Congreso que “haga una pausa, archive el proyecto y estudie mejor la reforma, de tal modo que se ajusten aspectos sobre cómo nombrar al contralor, sus funciones y que se eliminen las contralorías territoriales”.	En esto difiere el presidente de Anif, Sergio Clavijo. En su concepto, con la reforma se volvería al control previo, mecanismo que “paralizaba las obras públicas y servía como elemento extorsivo para los gobiernos. No en vano la mayoría de contralores que ejercieron antes de la Constitución de 1991 terminaron en la cárcel, tras volverse ‘barones-políticos’, a través de tal mecanismo”.	No obstante, le da facultades a la entidad para “ejercer, directamente o a través de los servidores públicos de la entidad, las funciones de policía judicial que se requieran en ejercicio de la vigilancia y control fiscal”, así como la posibilidad de imponer desde multas hasta suspensiones a quienes no den información o