Según el senador, es una forma práctica de disminuir los cultivos ilícitos que en la última medición llegó a las 209.000 hectáreas; de acuerdo con el congresista, la iniciativa irá acompañada de programas para que los campesinos que decidan sustituir cultivos puedan extraer y vender a buenos precios sus productos. Los líderes de los programas de sustitución aseguraron que este proyecto no servirá, pues la mayoría de terrenos donde existen cultivos ilícitos no tienen dueño o son terrenos baldíos. El Gobierno no ha fijado su posición.