La Orinoquía, la más rica despensa del centro del país, sufre con especial rigor los efectos de su cierre indefinido. Su economía presenta sensibles signos de resentimiento y eso no es justo para con una región que semanalmente pone en los mercados de Bogotá cerca de 10.000 toneladas de alimentos.	Esta crisis es producto de una emergencia invernal, es cierto. Lo malo es que, históricamente, la situación se ha convertido en una contingencia eterna, costosa en términos económicos y sociales para los habitantes de esa rica comarca que nace en el Meta y se extiende hasta el corazón de la Amazonía.	Con conocimiento de causa, la gobernadora del Meta, Marcela Amaya, ha dicho con razón que es necesaria la declaratoria de una emergencia económica, social y ambiental con efectos sobre los siete departamentos de la región oriental, con lo cual el Gobierno Nacional y las administraciones regionales tendrán un mayor margen de maniobra para adoptar las medidas de fondo que son urgentes y necesarias.	Las jornadas de normalización de crédito, anunciadas por el Ministerio de Agricultura, no dan espera. En el momento justo la administración del presidente Iván Duque opta por el establecimiento de líneas especiales de crédito con tasas de interés subsidiadas para la adquisición de insumos para la producción de alimentos, para el capital de trabajo y como incentivo para el acopio y almacenamiento de productos cuya salida hacia los mercados está bloqueada.	Más allá de un desafío para la ingeniería, planteada por tramos de una cordillera inestable que hoy ofrece peligro en no menos de 119 pasos críticos, esta nueva contingencia nos debe llevar a plantear otras soluciones integrales. Una de ellas se relaciona con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Riesgos en los que las entidades territoriales han tenido avances significativos, pero aún insuficientes.	Los recursos para la infraestructura vial deberán ser reorganizados y ajustados a la medida de las necesidades. Como buen punto de avance, el presidente Duque dispuso de $150.000 millones para el despeje del punto más crítico. Los expertos, entre ellos Confecámaras y Colfecar, tasan la atención integral en más de $8 billones.