Sobre la situación actual que se presenta en Chile, aún no caben respuestas claras, entre otras, porque todos los analistas que miran con gran preocupación esta explosión social coinciden en asegurar que se requieren análisis profundos antes de entender claramente no solo las causas, sino las salidas. Lo que sí es necesario plantear son preguntas que de alguna manera ayuden a encontrar vías realistas para darle oxígeno no solo a Chile, sino a toda América latina que ha tomado como modelo a seguir lo que se hace en ese país.	Para empezar, es necesario reconocer que los gobiernos apoyados por los organismos internacionales entraron en una gran euforia cuando se redujo en las últimas décadas el alto nivel de pobreza en América latina. Fue un éxito que se le atribuyó no solo a la bonanza económica por los mayores precios de las materias primas que constituyen sus principales exportaciones, sino también a su política social focalizada y asistencial.	Las Transferencias Condicionadas mejoraron los ingresos de los más pobres y aumentaron coberturas en educación y salud, especialmente para niños y jóvenes. Las críticas que se hicieron como el hecho de reproducir los roles tradicionales de las mujeres de los sectores de ingresos bajos e impedir su entrada al mercado laboral, así como fomentar la informalidad laboral, cayeron en el vacío.	Obviamente, quienes superaron la línea de pobreza pasaron a otra categoría social, pero muy rápidamente los promotores de estas estrategias y del modelo económico en el cual el rey es el mercado decidieron que amplísimos sectores que fueron pobres ahora conformaban las clases medias latinoamericanas. Sí, algunos probablemente los menos pobres de los pobres sí lograron clasificarse como clases medias, pero definitivamente no la mayoría. Cada vez es más evidente que la reducción de la pobreza no convirtió a América Latina en una región de clase media, precisamente porque muchos no han logrado conseguir la estabilidad económica que les asegura no volver a caer en la pobreza.	En Chile cayó la pobreza hasta llegar al nivel más bajo de América Latina, 8% en 2017. No obstante, reconocer un 15% de población vulnerable establece que sus clases medias conforman el 65% de su población. Pero resulta que casi la mitad de ese grupo es clase media baja, 45% (Arzola y Larraín 2019, 2). Es decir, 2/3 de la población chilena no ha logrado superar el temor de volver a ser pobres y, por eso, han venido acumulando frustraciones y presiones económicas que los llevaron a explotar. Su reacción confirma que son vulnerables.	Dos preguntas: ¿el modelo económico vigente que sacó a tanta gente de la pobreza sí les ofreció la seguridad económica para ser verdaderas clases medias? O simplemente cambió la pobreza por la vulnerabilidad y nadie se tomó la molestia de reconocerlos, y entender su situación y sus necesidades. Además, la segunda pregunta: ¿será que el mercado sin la intervención del Estado los estranguló financieramente y los volvió vulnerables? Aun si una parte importante de los que superaron la línea de pobreza pueden considerarse de clase media.	Al escuchar los reclamos de esas grandes mayorías que han salido a las calles de Chile, es evidente que todo lo fundamental para una vida digna se le entregó al mercado: la salud, la educación y la protección social. La privatización de la educación ha dejado a una juventud endeudada sin posibilidades reales de trabajo digno y de ingresos suficientes para pagar sus estudios; la salud en manos privadas se volvió costosa y de difícil acceso; y las pensiones como negocio financiero, ya como un sistema maduro, demostró que solo otorga pensiones miserables.	¿Qué pasó con la responsabilidad del Estado a quien le corresponde garantizar los derechos universales de todos? No solo no ha respondido a esas demandas, sino que se dedicó a proteger al empresariado bajo la premisa de que son los dinamizadores de la economía, del empleo y de los ingresos, contribuyendo de esa manera a ahondar la desigualdad, otro de los grandes reclamos de la población. Como afirma su credo, el mercado es el mejor asignador de los recursos, pero se subestimó su incapacidad para ejecutar las estrategias sociales de manera que respondieran a esos criterios tradicionales que orientado históricamente este tipo de políticas: la universalidad, la solidaridad y obviamente la eficiencia.