La magistrada Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, entregó una declaración sobre el anuncio de Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez, de que volverán a las armas, y señaló que desde la JEP se dará un mensaje de prioridad al proceso de expulsión de los que promueven esta ilegalidad y el nacimiento de un nuevo grupo armado en el país.	El mensaje de Linares, que calificó de equivocada la decisión del rearme, era uno de los más esperados tras la divulgación de la grabación de ‘Márquez’ que ha desatado una ola de reacciones desde diferentes sectores. Sin embargo, se esperaba que anunciara una medida más contundente en contra de los guerrilleros.	La magistrada, no obstante, informó que actuará apegada a la ley estatutaria de la JEP. En ese sentido recordó que ese marco normativo establece “la pérdida de todos los beneficios, incluida la permanencia en el sistema, si se produce el rearme. Esta es una causal de exclusión de los comparecientes que se aplicará inequívocamente a quienes hayan incurrido en esa conducta”.	Por eso, y de manera extraordinaria, los integrantes de la Sala de Reconocimiento de verdad, responsabilidad y de determinación, y los de la Sección de apelación entraron en sesión para analizar en qué estado están los procesos de los incidentes de incumplimientos que hay abiertos en contra de ‘Iván Márquez’, Seuxis Paucias Hernández (‘Jesús Santrich’), Hernán Darío Velásquez (‘El Paisa’) y José Manuel Sierra (‘Aldinever’), y así proferir decisión lo más pronto posible, de acuerdo a la instrucción manifestada por Linares.	Lo que entrarán a analizar los magistrados es cómo y cuándo se produce ese rearme para así tomar las decisiones amparados en lo que les dice el artículo de 20 de esa ley que habla de la exclusión del sistema a quienes incumplan de manera intencional la comisión de nuevos delitos que afecten los bienes jurídicos, la vida o integridad contra personas o bienes jurídicos del Estado.	En ambos casos, habría también causal de exclusión ya que el citado articulo establece que aquellos que perderán el tratamiento especial en la JEP, que cometan conductas asociadas con cualquier eslabón de la cadena de producción de los cultivos ilícitos y sus derivados. También la ley prevé que se perderán los beneficios si se comprueba que se dedican a la extorsión.