Puede que una gran mayoría de colombianos se consideren bebedores ocasionales o sociales o que los consumidores de otras sustancias adictivas lo sean por recreación, pero no se puede politizar y banalizar un problema que sin duda afecta a toda la sociedad. En todo caso, las estadísticas no son concluyentes, porque la mayoría de las personas o las familias tienden a ocultar el problema hasta que este se vuelve inmanejable.Datos recientes del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), que es una dependencia del Ministerio de Justicia, señalan que el 70,4 por ciento de mujeres y el 68 por ciento de hombres consume con alguna frecuencia alcohol y el 11,7 por ciento de los escolares (entre los 12 y los 17 años de edad) ha accedido a la marihuana y otras sustancias. Además, en los últimos años se han detectado al menos 33 nuevas drogas naturales o sintéticas que están siendo utilizados por los jóvenes desde muy tiernas edades.	-Publicidad.- Los datos relacionados con los entornos escolares son dramáticos: el 84,4 por ciento de los escolares encuestados han probado por lo menos una vez en la vida las drogas. Más de la mitad de ellos (el 52 y medio por ciento, para ser exactos) ha consumido marihuana en el último año. Miren esta cifra tan desgarradora y dolorosa: el 12,4 por ciento de los colombianos que usan marihuana la probaron por primera vez antes de cumplir los diez años.	La segunda sustancia de mayor consumo es la cocaína. El 69,1 por ciento de quienes han usado coca son ya dependientes, consumidores habituales, adictos.  Los estudios más recientes reflejan un gigantesco incremento: el predominio de la marihuana entre escolares ha crecido 156,4 por ciento; el de la cocaína, 53,3; el del bazuco, 44,4 y el del éxtasis, 112,8 por ciento. (El Tiempo, 06 de marzo de 2019)	Publicidad. Las consecuencias del consumo se pueden apreciar en diferentes campos de la vida del individuo, desde las afectaciones a la salud (especialmente al hígado y el corazón), hasta los económicos: Los precios varían dependiendo del país. El valor de un gramo de coca puede ir desde menos de 10 euros (34.359 pesos) por gramo en América del Sur, a un promedio de 80 euros (274.876 pesos) por gramo en algunas partes de Europa. Pero en lugares como Australia el costo puede alcanzar los 200 euros (687.190 pesos); media botella de alcohol (aguardiente), puede ir desde los $25.000 a los $300.000 o más, dependiendo el tipo, la marca y el lugar donde se compre.	Un fumador promedio puede gastar $7.500 pesos en una cajetilla de cigarrillos diarios y $225.000 mensuales, la cuarta parte de un salario mínimo legal aproximadamente. En 2017 se calculaba que la industria tabacalera percibía ingresos operacionales por un billón de pesos, 16,8 por ciento más que en 2016. La atención médica a pacientes con enfermedades derivadas del tabaquismo puede ir desde los 800.000 mil millones de pesos al billón de pesos (en 2011 según cifras oficiales era de 1.628 millones de pesos).	El problema del consumo de sustancias nocivas y adictivas en Colombia es más criminal que romántico, decía el Viceministro de Justicia Juan Francisco Espinosa Palacios; de tal manera que, no puede banalizarse y limitarse al debate del ejercicio de unos derechos individuales que no son absolutos (libre desarrollo de la personalidad), porque afecta directa o indirectamente a toda la sociedad en muchos aspectos, una borrachera o una traba pueden destruir en un instante la vida de muchas personas.	Desafortunadamente y pese a ser un grave problema de un país productor de narcóticos y un “estado cantinero” como se ha descrito en múltiples ocasiones, no existen estudios a nivel nacional que den cuenta preciso del número de visitas y costos a salas de urgencias del sistema de salud, por razón del consumo de estas sustancias; empíricamente se tiene que en más de un 70% de los casos de accidentes viales, de riñas y agresiones, de suicidios, con lesiones personales u homicidios tienen una relación directa con el alcohol u otros psicotrópicos, no importan si el actor ha consumido una copa o 50, o apenas le dio una “pitada” o se fumó un paquete de marihuana o bazuco, o aspiro o se “chutó” con otro narcótico.	Y, atención a esto, muchos accidentes de tránsito o laborales, pueden derivarse incluso por el uso de medicamentos legales: si ante un estado gripal me tomo un jarabe para la tos que produce somnolencia y sin embargo, decido conducir u operar una máquina, un microsueño puede ser fatal para mí o para otros. Y en los envases del medicamento se previene esa posibilidad, de tal manera que asumo conscientemente el riesgo y después no puedo alegar factores atenuantes frente a una conducta culposa agravada. Y eso sucede con muchos medicamentos que tienen efectos secundarios en la capacidad física o psicológica de quien los ingiere; con mayor razón en sustancias cuyo fin es precisamente producir esos efectos.	Ahora bien, otro debate que existe tiene que ver con las políticas de gobierno para el control de narcóticos. Se dice repetidamente que la persecución criminal a esta industria ilegal ha fracasado, toda vez que en 40 años ha sido imposible erradicarla del mundo, sino que se ha extendido; sin embargo, también hay que cuestionarse que políticas laxas frente al fenómeno delincuencial tampoco han dado los resultados esperados. Por ejemplo, a partir del Acuerdo del Catatumbo de 2013 y su posterior inclusión en los Acuerdos de La Habana en 2016, en Colombia los cultivos ilícitos crecieron exponencialmente y el consumo interno se disparó a cifras aterradoras, teniéndose que el consumo de narcóticos comienza a más tempranas edades como se ve en las estadísticas de la ODC y de las Naciones Unidas.	Por todas estas razones y muchas otras que no pueden compendiarse en un escrito tan corto como este, consideramos que a los honorables Magistrados de la Corte Constitucional les faltó sindéresis y mayor responsabilidad en la sentencia que le devuelve los espacios públicos a los expendedores y consumidores alcohol, psicotrópicos y otros adictivos, invocando el derecho al libre desarrollo de la personalidad individual a costa de derechos colectivos, especialmente de niños y adolescentes que conforman el sector más vulnerable de la sociedad a la permeación de las dependencias por múltiples causas, entre ellas ver el consumo como algo normal en la sociedad (que es el principal factor que incide en el desmedido consumo de alcohol y tabaco).	De allí que limitar el debate a razones puramente políticas partidistas, simplemente banaliza un tema que debe ser de honda preocupación de los ciudadanos, en tanto afecta su entorno de desarrollo individual, familiar y social. No se trata de ser más o menos liberal frente al consumo de sustancias adictivas, sino de ser conscientes de las consecuencias que esa decisión acarrea por los efectos evidentes que de ella se desprenden.	Por último, es necesario insistir en la irresponsabilidad que conlleva la justicia mediática, la de comunicados y no sentencias de los jueces y magistrados. Ello solo trae como efecto mayor confusión y descrédito en el sistema judicial y su efecto no puede ser otro que una mayor desintegración del tejido social.