Cabe recordar, que los tres relatores especiales enviaron el 16 de mayo de 2019 una comunicación oficial, transmitida por el canal diplomático regular, a través de la Misión de Colombia en Ginebra. El Gobierno recibió un cuestionario elaborado por ellos y, siguiendo la práctica usual, de inmediato se iniciaron las consultas correspondientes para recopilar la información necesaria para responderlo.	Para el Gobierno nacional, “la forma de proceder de los Relatores Especiales no corresponde con los criterios de actuación establecidos en el Código de conducta para los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. En particular, llama la atención sobre la ausencia de contrastación de los hechos en el mayor grado posible a partir de diversas fuentes, pertinentes y creíbles del Código de Conducta”.	“No puede ponerse en duda de que ese caso está siendo investigado en forma diligente por las autoridades. Ha sido de público conocimiento que la Fiscalía General de la Nación, los jueces, el Gobierno y las Fuerzas Militares han reaccionado de manera decidida y contundente contra los implicados, en cada momento en que ello ha sido legalmente posible dentro de los procedimientos que garantizan el debido proceso”, agrega el documento.