El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y con él el gobierno del presidente Duque se salieron con la suya. Contra todos los pronósticos, en medio del rechazo ciudadano y la opinión adversa de los expertos, así como de reconocidos centros de pensamiento como Fedesarrollo y Anif, se las apañó para lograr los votos para la aprobación de reforma tributaria 2.0.	Esta, al igual que las otras, acentúa el carácter regresivo del Estatuto tributario, como lo constató la Comisión del gasto público creada por mandato de la reforma tributaria de 2016, “el esquema tributario colombiano no cumple con los principios de eficiencia y equidad característico de un sistema fiscal exitoso”, como lo manda la Constitución en su artículo 363. En este caso, como ocurría con las cédulas reales, aquí en Colombia se obedece la Constitución pero no se cumple.	Esta vez, sin embargo, les tocó ceder en algo para lograr su cometido. En procura de atemperar y apaciguar los caldeados ánimos, que se puso de manifiesto el 21N, se doró la píldora accediendo a incluir en la ponencia algunas concesiones menores. Como en la parábola del rico Epulón, a los pobres les tocará recoger las migajas que caerán de la mesa.	Como afirma el presidente ejecutivo de Tributar Consultores, Carlos Lizcano, la mal llamada Ley de financiamiento, que ahora se revive, “descarga toda su fuerza y contundencia sobre la clase media colombiana, la cual, bajo estas circunstancias, se convierte en una población vulnerable”. Y, como es consabido, en Colombia gran parte de esa clase media está en condiciones de vulnerabilidad, con un pie adentro y otro afuera de la clase media, en riesgo de volver a caer en la pobreza.	En este contexto, la propuesta del presidente Iván Duque, a última hora, en respuesta a la indignación de los marchantes desde el pasado N21 y de los cacerolazos, de introducir en la reforma tributaria 2.0 tres disposiciones que aliviarían la suerte de los más vulnerables no pasan de ser paños de agua tibia. Sumados todos estos beneficios, según la Dian, al cuantificarlos tendrán un costo fiscal de $3 billones para muchos, que contrasta con los más de $9 billones para unos pocos. Bien dice el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Luis Carlos Reyes, “estas son concesiones bien pequeñas para seguir justificando $9 billones en recortes tributarios a las empresas y personas de más altos recursos del país”.	El Gobierno nacional y el Congreso de la República deben tomar atenta nota, para profundizar el diálogo social propuesto por el presidente Duque, del llamado reciente de la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, en el sentido que “la superación de la pobreza en la región no exige solamente crecimiento económico; este debe estar acompañado por políticas redistributivas y políticas fiscales activas” y remata diciendo: “El llamado es a construir pactos sociales para la igualdad”, así de claro.