Particularmente, en marzo de 2018, empieza este escenario de disputa entre Epl y el Eln en la región. Empieza desde que las Farc salen como grupo y ellos empiezan a buscar copar espacios que dejó la guerrilla.En ese momento, entre marzo y junio del año pasado, se genera un impacto humanitario altísimo. Creo que es el segundo pico de desplazamiento más alto que se ha dado en la región desde los años 90.Después de ese escenario de disputa, aparentemente, hacia finales de ese año, esa disputa se hace menos intensa en gran medida porque el Eln logró ganar más espacios que el Epl y empezamos a ver una nueva etapa de reacomodo de esa influencia y presencia de esos actores en la región.El Epl sufrió un repliegue hacia zonas del área metropolitana de Cúcuta y áreas de los municipios de Acarí y San Calixto, que habían sido unas zonas históricas en las que habían estado, y ahí empieza una nueva etapa de la violencia.Hay una disminución en los enfrentamientos y los combates que vimos el año pasado, pero empieza un aumento en otro tipo de violencias como los homicidios selectivos y también un interés particular de estos grupos armados por posicionarse en zonas más de frontera, como los municipios de Puerto Santander y Villa del Rosario e, incluso, zonas del área metropolitana de Cúcuta donde empiezan a presentarse dinámicas de homicidio y de economías ilegales, como el contrabando.ENS:	En este momento, hay tres escenarios críticos que están generando alarmas. Primero, las dinámicas en el área metropolitana de Cúcuta y más hacia la línea fronteriza, donde se están presentando unos homicidios, pero específicamente unas formas de violencia muy particulares, como el desmembramiento de cuerpos.Un segundo escenario continúa siendo las dinámicas de desplazamiento del Catatumbo. Hay una situación en los municipios de Acarí y La Playa con constantes combates entre el Eln y Epl, donde hay casi 800 personas en situación de desplazamiento después de la muerte de uno de sus líderes y por los combates.Un tercer escenario lo estamos viendo con la migración irregular desde Venezuela. Hay personas que al llegar a una zona de intenso conflicto, como la del Catatumbo, se están viendo involucradas en estas situaciones humanitarias y están resultando vinculadas o a los grupos armados o a las cadenas de economías ilegales, principalmente, del narcotráfico, haciendo parte de los cultivos ilícitos, raspando coca, trabajando en los laboratorios. Eso genera unas alertas en términos humanitarios porque es una población que viene con unas vulnerabilidades muy grandes y que, al llegar a una región con estas dificultades de orden público, se profundizan. En términos de migración, en particular, hay una alerta sobre la situación de las mujeres, niños, niñas y jóvenes por las dinámicas de la trata de personas.ENS:	Catatumbo es una de las regiones que han sido priorizadas para la implementación del acuerdo de paz. Esta es una de las zonas donde se ha visto más rezagada y con mayores obstáculos porque es una de las que más sufre en términos de orden público lo que dificulta los procesos, en particular, el de la sustitución de cultivos. Las comunidades tienen la expectativa de que el proceso PDET pueda hacerse real en la región.Otro ámbito de respuesta fue el que llegamos a ver desde el gobierno Duque. Es el despliegue de Fuerza Pública. Esta es una de las zonas en las que ellos han mostrado más avances en destrucción de laboratorios. Hay más operativos, hay un gran despliegue, pero esto también ha generado preocupación en las comunidades porque ellas siguen reclamando que la situación del Catatumbo si bien es de orden público y necesita una intervención en contra de los grupos, también se necesita una mejora en la calidad de vida de las personas que allí habitan.ENS:	Hay un primer nivel que son las necesidades humanitarias inmediatas. Otras son las necesidades históricas de la región. Las organizaciones sociales del Catatumbo no se cansan de decir que mientras no haya unas soluciones estratégicas y estructurales sobre las condiciones de vida de la población va a ser muy difícil la construcción de paz en el territorio. Estamos hablando de zonas con limitados o nulos servicios a salud, el acceso a la justicia es supremamente limitado, la educación se ha visto notablemente afectada por la situación reciente. Hay una alerta en la escolarización de niños, la cual se ha visto interrumpida por los escenarios de enfrentamientos, que hay en la zona. Son necesidades básicas del territorio que requieren transformaciones estructurales en términos de prestación básica de servicios y de oferta del Estado.