Los gobernadores elegidos este domingo se encontrarán con un panorama administrativo más halagüeño que aquel que hallaron sus antecesores. No tendrán que hurgar todos ellos en la “olla raspada” que siempre simbolizó el desorden financiero y fiscal y tampoco estarán obligados a apelar irremediablemente a la socorrida fórmula de apalancarse con deuda pública para poder ejecutar sus proyectos.	Son reformas que se han afianzado en los desarrollos legislativos que tuvieron como punto de partida la aprobación de un Plan Nacional de Desarrollo con enfoque regional. Está ya en vías de reglamentación la nueva Ley de Regiones que, por primera vez en más de cinco lustros, responde a los mandatos de descentralización y autonomía emanados de la Constitución Política.	Se ha dado un progresivo reordenamiento en el Sistema General de Regalías y también en el Sistema General de Participaciones. Ya está abolido el límite del 50 por ciento que les restaba un considerable margen de maniobra a gobernadores y alcaldes para la utilización de los mayores recaudos generados en el bienio anterior.	Los recursos de inversión destinados a las regiones seguirán creciendo exponencialmente hasta alcanzar los $786,6 billones, de un total de $1.096 billones previstos en el PND. Eso significa que la participación será del 78 por ciento y que los recursos se incrementarán en casi un 40 por ciento en relación con el anterior.	En las mediciones estadísticas sobre la pobreza y la desigualdad se venía convirtiendo en un lugar común la afirmación según la cual no menos 20 departamentos están por debajo de las metas de la reducción de la pobreza. Esa es una verdad cada día más relativa, entre otras cosas porque los avances sociales no suelen ser reconocidos oportunamente. Con mayores herramientas para dinamizar la inversión social, las entidades territoriales comparten hoy el renovado objetivo de bajar la pobreza monetaria, que en 2018 llegó al 26,9 por ciento, a 21 por ciento en 2022.	Está en marcha una redistribución del Sistema General de Participaciones en salud que incrementará hasta un 88 por ciento los recursos para aseguramiento en salud de la población. Habrá recursos frescos para financiar los subsidios a la oferta de los municipios que sean zonas rurales dispersas y para cofinanciar la atención a la población pobre no asegurada.	Los esquemas asociativos que se han venido fortaleciendo al amparo de la Ley de Regiones, como las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP), producirán el advenimiento de una nueva era en la competitividad de los territorios. Será así porque el modelo no es excluyente y trae consigo nuevos opciones para el fortalecimiento de sus economías.	El índice Departamental de Competitividad (IDC), calculado por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, señalaba que, después de Bogotá, los departamentos de Antioquia y Caldas son las regiones más competitivas del país. Pero agregaba algo que juzgo de especial relevancia: que Chocó y La Guajira se perfilan como los departamentos con mayores oportunidades de mejora en la medición. Con los modelos asociativos esa opción se verá potenciada.	Las RAP vigorizarán la capacidad exportadora de los departamentos, que de hecho ha venido en franco ascenso. De acuerdo con los perfiles económicos preparados por el Ministerio de Comercio, la Región Amazonía-Orinoquía aumentó sus exportaciones, durante el primer semestre de este año, en más del cien por ciento, después de un descenso del 31,2 por ciento entre 2017 y 2018. La participación de la Región Caribe, una de las principales impulsoras de los esquemas asociativos, es superior hoy al 25 por ciento en la canasta exportadora del país.	La realidad fiscal de las regiones es sinónimo de estabilidad. Y lo será aún más cuando la Comisión de Finanzas Públicas, que ya está en vigor, redefina las fuentes de recursos tributarios de los departamentos y encuentre fórmulas para revisar la dispersión de impuestos sobre la que advierten con frecuencia los departamentos.