Los países que cuentan con recursos naturales minero-energéticos tienen grandes retos al poderlos gestionar de tal forma que puedan reducir los impactos ambientales, potencializar la sociedad con otras actividades, lograr trascender la venta de materias primas a productos con valor agregado, controlar las externalidades que se generan por la explotación de los recursos minero-energéticos y poder determinar estrategias que permitan a los explotadores de estos recursos disminuir los problemas ambientales, retribuir socio-ambientalmente a las áreas de explotación con la perspectiva de generar desarrollo sustentable y calidad de vida.	Es así, como en muchos países que poseen y explotan sus recursos minero-energéticos han generado una serie de instrumentos de política pública conocido como regalías que permiten que las empresas o compañías que se benefician de la explotación de estos recursos paguen por esta explotación la cual debe ser reinvertida en la región de explotación con el fin de recompensar, disminuir y mitigar los daños ambientales y sociales generados.	En Colombia, el sector minero energético es una actividad que contribuye al producto interno bruto, a las exportaciones del país y la inversión extranjera directa. Debido a las características propias del sector y a la directriz de la Constitución Nacional se deben pagar regalías de acuerdo al recurso explotado y que son administradas por el Ministerio de Minas y Energía, buscando distribuir estos recursos de manera más amplia y equitativa en pro de generar programas y proyectos que favorezcan especialmente a las regiones donde se explotan estos recursos.	En el caso de las actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI), se destina el 10% de las regalías para proyectos en estas temáticas en cada uno de los departamentos del país buscando incrementar las capacidades, mejorar la competitividad regional y la relación entre ciencia, tecnología, sociedad y sector productivo, contribuir al progreso social, sostenibilidad y bienestar de la población generando soluciones basadas en el conocimiento.	Desde el año 2012 se han logrado financiar más de 200 proyectos que han logrado impactar de forma positiva las inversiones en ACTI del país. La figura 1 muestra la tendencia desde el año 2011 de las inversiones en ACTI y el porcentaje de aporte de regalías reportadas por el OCyT en su último informe del año 2019, que permiten evidenciar que el año de mayor inversión en ACTI como porcentaje del PIB es el año 2013 con un valor del 0.75% y con el aporte también más alto de regalías que fue del 16.07% y en el caso de investigación y desarrollo (I+D) en ese mismo año es del 0.27% del PIB y el mayor aporte en regalías que fue 6.9%.	La figura 1 igualmente determina el comportamiento de la inversión en ACTI e I+D para el período 2011-2018 evidenciando la importancia de las regalías para mejorar el comportamiento de varios indicadores en la medida que se realiza una buena gestión de las mismas se impacta de forma positiva la tendencia de los principales resultados dirigidos a la inversión en ACTI donde es claro que en los años con mayores inversiones en regalías también se logró un aumento en la inversión en ACTI.	Sin embargo, debido a su baja ejecución y en algunos casos una formación y competencias limitadas en temas de ciencia, tecnología e innovación por parte de algunas de las entidades territoriales comienzan a impactar el indicador de nuevo hacia la baja, lo cual implica que los hacedores de política pública y tomadores de decisiones deberían tomar medidas teniendo en cuenta que la meta del gobierno para este cuatrienio es lograr el 1.5% como porcentaje del PIB en ACTI.	Por ello es importante, lograr mantener el valor del fondo de regalías, facilitar la gestión de los proyectos reduciendo su complejidad y facilitando la evaluación y análisis de la ejecución, fortalecer las competencias de las regiones del país con menos proyectos y recursos ejecutados con el fin de que puedan optimizar el uso de estos recursos y formulación adecuada de proyectos, mejorar la infraestructura y competencias del recurso humano en regiones con limitaciones en ciencia, tecnología e innovación y realizar evaluaciones de impacto que permitan evidenciar la efectividad del instrumento y el cumplimiento de los objetivos.