Nunca los colombianos perdimos tanto en tan poco tiempo. En la semana tal vez más negra de nuestra historia, entre el miércoles 6 de noviembre y el siguiente miércoles 13, el país prácticamente se quedó sin una de sus instituciones básicas, la Corte Suprema de Justicia, y todo un pueblo, Armero, fue literalmente borrado del mapa.	Cuando la nación no se reponía aún del dantesco holocausto en el que perecieron la mitad de los 24 magistrados, incluido el presidente del supremo tribunal, y casi un centenar de funcionarios, empleados y agentes del orden, también del más demencial y romántico desorden, el jueves amanecimos con la indeseable noticia de lo sucedido en las faldas del nevado del Ruiz.	Al amanecer, cuando los primeros pilotos volaron sobre el sitio de la catástrofe, en la llanura del Tolima, en lugar de la ciudad se encontraron con una larga mancha gris de la que emanaba un olor infernal a petróleo y azufre. Un frío extraño había reemplazado el calor habitual y reinaba un silencio de miedo.	Apenas lo interrumpía el bramar de las pocas reses que se salvaron. Los primeros reporteros y socorristas que avanzaron en helicópteros y por tierra hacia Armero se estrellaron contra unas escenas alucinantes. De entre las malezas y las sabanas, y de la espesa sopa de fango, emergían unos tambaleantes muñecos de barro, de irritados ojos rojos, con la cabeza trastornada por la magnitud de la absurda hecatombe que acababan de vivir. Vagaban sin rumbo, envueltos sólo en la tajante desnudez de su nueva miseria.	La escena parecía arrancada del séptimo día de la Creación, del milenario tránsito del polvo a la carne. Sin embargo, aquellas esculturas de limo hechas como a pegotazos daban más bien la impresión de pertenecer al desbarranque final de un apocalipsis. Cuando se les lavaba como a niños y el cascarón de barro les era quitado de su piel, recobraban un poco de aliento y de razón para murmurar una frase terrible: “Y nos habían dicho que no iba a pasar nada”.	Una semana después se informó que el alud se había llevado para siempre el 80% por ciento de las gentes de Armero y al cuatro por ciento de las de Chinchiná.  El total de muertos se estimó en 23 mil, el de heridos en seis mil y en 200 mil los damnificados, entre los que hay que contar a millares de seres que quedaron mutilados de por vida, a las viudas, a los huérfanos, a los empresarios arruinados, a los jornaleros sin trabajo y a la resaca humana de la que se nutrirá de sobra el incontrolable vendaval de la desesperanza y la abyección. Las pérdidas materiales, según el gobierno, se calcularon en 35.000 millones de pesos. Empero, estimativos hechos al vuelo superaban los 50.000 millones.	Años atrás la urbe fue llamada la Ciudad Blanca por sus innumerables sembrados de algodón. Ahora se enorgullecía de ostentar el récord de producción de arroz por hectárea en América Latina. Con la financiación de emprendedores empresarios del campo, un grupo de agrónomos y veterinarios experimentaba en importantes aplicaciones como el cruce de la raza cebú y los injertos de árboles frutales.	Acosados por la  desidia oficial, ellos eran sin embargo los mejores continuadores de la empresa revolucionaria que sembró en ese mismo valle, siglos atrás, la Expedición Botánica de Mutis. Hoy, de entre el ceniciento mare mágnum que cubrió a Armero, sobresalen los muñones de la costosa maquinaria con la que se cosechaban el arroz, el sorgo, la soya, el algodón, el maní…	En el otro costado de la cordillera, en Chinchiná, la creciente arrasó también millares de cafetos y un centro donde se ensayaban nuevas técnicas de elaboración del grano. En fin, la bola de nieve derretida, lodo y lahas (especie de colada que superan los volcanes) no sólo afectó una diez mil hectáreas, arrasó cinco mil viviendas y construcciones, inutilizó tres mil vehículos, decenas de kilómetros de carreteras, caminos y rieles, diez puentes, redes de conducción de electricidad, un tramo de oleoducto, cinco pistas de aterrizaje, tres hidroeléctricas, veinte centros educativos, dos hospitales, una emisora y una cárcel con todos sus presos y guardianes adentro, sino que agotó las energías del alma de los millones de colombianos que aún continuamos con vida.	Y es que en esta ocasión, el profundo abatimiento suscitado por tantos muertos y tanto estrago, tuvimos que agregarle la humillante sensación que deja el enterarse que este trago amargo se hubiera podido evitar. Claro que en los últimos tiempos, todo género de cataclismos tiende a convencernos de que los ciudadanos de esta nación navegamos a la deriva en un buque sin timoneles en el puente de mando.	Esta vez, en los escritorios de varios organismos oficiales se amontonaron diversas advertencias sobre el peligro que se cernía, desde la de Carlos Julio Arenas, quien descubrió en 1959 el cráter mortal que lleva su apellido; la cronología de las erupciones del Ruiz a lo largo de 14 mil años efectuada por el Instituto Geofísico de los Andes, hasta el pormenorizado informe de una decena de científicos extranjeros y nacionales. Este último análisis contenía una serie de recomendaciones, elaborada por el vulcanólogo estadounidense Darrel Herd, y que en su inmensa mayoría fue desatendido.	Ni se llevó a cabo una permanente vigilancia de los fenómenos que a diario presentaba el nevado, ni se garantizó la continuidad del trabajo de los expertos, y tampoco se colocaron los ocho sismógrafos necesarios para detectar los movimientos telúricos. El último sello burocrático que autorizaba por fin la compra de los sismógrafos, que no valían más de diez millones de pesos, sólo vino a ser estampado al día siguiente de la tragedia, cuando todo el mundo lamentaba la desaparición de 25 mil vidas.	El experto francés Haround Tazieff, luego de recorrer la zona del desastre declaró que también aquí se habrían podido aplicar las medidas por él formuladas durante una emergencia semejante en Costa Rica. “Según recuerdo, en vez de dos o tres mil muertos, que era lo que se preveía, en ese país hubo apenas uno”, declaró el ministro francés de Desastres Naturales.	Un nuevo alud, esta vez el provocado por la solidaridad de millones de colombianos y de gentes de todo el mundo, acabó de develar el caos deliberado y la vergonzosa desidia de las autoridades. No se acababan de bañar las lágrimas de la congoja con las de la alegría que causaba ver tantas pruebas de solidaridad –en medio de las cuales también se desnudó la falta de ayuda de unas cuantas naciones y causas-, cuando entre el frenético flujo de socorristas y auxilios revolotearon los increíbles buitres del saqueo y el vandalismo. De nuevo, como en el terremoto de Popayán, desaparecieron las carpas remitidas con generosidad desde el extranjero. Sin embargo esta vez el oprobio alcanzó límites aún más reprobables.	Varios periodistas se cansaron de llevar las cuentas de la bellaquería. No sólo se esfumaron salas enteras de cirugía, equipos de instrumentación quirúrgica, lotes de medicina y de alimentos, sino que incluso niños que se habían salvado del siniestro no se libraron en cambio de los aviesos propósitos de unos cuantos desalmados que resolvieron aprovechar la ocasión para separarlos de sus familias. Pero no escarbemos más en nuestra propia miseria para que no acabemos de renunciar a ese acto de fe que alguien llamó al hecho de ser colombiano.