La ponencia que se discute es la del magistrado Alberto Rojas quien aboga porque se mantenga la prohibición de la aspersión bajo esta modalidad. Sin embargo, los togados no llegaron a un acuerdo, las posturas estarían divididas y son cuatro magistrados los que acompañan a Rojas y otros cuatro que no.	De continuar ese empate (llamado así pese a que aún no hay votación oficial) el paso a seguir es llamar a un conjuez, medida que se hace mediante un sorteo. El elegido tendría unos 15 días para estudiar los puntos de vista, se convoca a una nueva sala plena y se conocería la decisión.	Lograr la aprobación del herbicida ha sido una de las propuestas más insistentes del Gobierno Duque que insiste en que es la única manera de frenar el avance de cultivos de coca ya que la erradicación manual ha costado la vida de militares que caen en los campos minados instalados por capos del narcotráfico para proteger sus sembradíos.	La sesión se citó como parte del seguimiento a la sentencia de una tutela de 2017 que evidenció la afectación a la que se veían expuestas las comunidades afrodescendientes e indígenas de Nóvita (Chocó) si se reanudaba la aspersión aérea con el herbicida. La tutela fue promovida por el personero del mencionado municipio, quien buscó que se ampararan los derechos a la consulta previa, a la salud, a la identidad cultural y étnica y a la libre determinación de los pueblos indígenas y afrodescendientes.	La teoría de Botero Nieto apunta a que el herbicida es el más barato, ataca tanto la hoja ancha como la angosta en los cultivos. “Eso es con lo que trabaja el campo colombiano. Eso no es ningún descubrimiento raro, acá se viene fumigando dos veces al año en la inmensa mayoría de los cultivos con glifosato. Debemos tener ese instrumento para asperjar”, añadió