La migración forzada es una realidad que no solo se vive en Colombia. Cifras indican que existen unos 68.5 millones de refugiados en el mundo. Las razones por las que migran las personas de sus hogares son diversas, pero casi siempre se dan con motivo a violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y acceso a la salud. Nuestro país ha sido testigo de diversas situaciones de desplazamiento tanto interna como de extranjeros.	Aquellos que alguna vez vieron llegar a los colombianos buscando alejarse de la guerra que nos azotaba (o azota), hoy en día cruzan las fronteras hacia el otro lado pretendiendo encontrar en Colombia lo que en su país les han quitado. A pesar de sus expectativas, se encuentran con un país que tiene muchas falencias y al que le cuesta mucho garantizarles los derechos que les han arrebatado. ¿Cómo hace un estado maltratado, que apenas empezaba a buscar alivio de una guerra de tantos años y que sigue atendiendo a los desplazados colombianos, para atender a muchos otros que llegan con las mismas necesidades?	Se ha pretendido establecer que los estados de la región que reciben a estos refugiados deben trabajar para proteger a las personas de la discriminación y xenofobia, de los discursos de odio, de las amenazas a su vida e integridad personal, violación sexual, abusos, explotación, trata de personas, desaparición forzada. Pero esto lo viene viviendo Colombia desde los tiempos de guerra. ¿Cómo se les garantizan derechos a los extranjeros refugiados si todavía no podemos garantizar lo mismo a los refugiados nacionales?	Pretendiendo ajustarnos a la normatividad internacional y a las pretensiones o exigencias de entidades como las Naciones Unidas, Colombia ha adoptado decretos que pretenden fomentar la protección y reconocimiento de refugiados. No obstante, es una norma enfocada a los refugiados extranjeros. Aquellos que van de un país a otro, sin tener en cuenta a los refugiados más importantes: los nuestros.