Un punto más que se incluye en esta ley estatutaria es que se le notifica a quienes estén en las marchas que “no se permitirá el uso de cualquier elemento que pueda ser empleado para atentar en contra de la integridad física de los miembros de la fuerza, terceros y el patrimonio público y/o privado. Su uso implicará la imposición de sanciones señaladas en la presente ley”, indica.	José Anderson Arboleda Lamus, representante Estudiantil ante el Consejo Superior de la UIS, considera que este proyecto es la regulación excesiva del derecho a la protesta y a la manifestación por un Estado que se está volviendo totalitarista.#Añade que se trata de una clara violación al libre desarrollo de la personalidad. Además, con este proyecto se restringe el derecho a la libertad de protesta y de expresión.#Afirma que se ha demostrado que la mayor parte de los problemas que se han visto en las movilizaciones, no las han hecho personas con la cara tapada.	Por su parte, Paola Silva, abogada de la UIS e integrante de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, considera que a veces se quiere centralizar el tema de la protesta social con la capucha, pero la capucha ha sido utilizada históricamente en dos aspectos: uno para salvaguardar o por seguridad y dos, es un elemento utilizado con todas las expresiones artísticas y culturales, tal y como ocurrió en la movilización programada el pasado 31 de octubre, donde todos llevaban máscaras. Y esto iría en contra del derecho a la protesta social, que es un conjunto de múltiples derechos que son fundamentales.	Además, la Fuerza Pública deberá acudir a los sitios en donde se esté desarrollando la protesta con los siguientes elementos: una ambulancia por cada 300 miembros de la fuerza pública que deban intervenir para recuperar el orden público; y, un equipo de bomberos contra incendio por cada 500 miembros de la fuerza pública que deban intervenir para recuperar el orden público.