Con la expedición del decreto se reglamentan las condiciones para la celebración de este tipo de contratos, relacionados específicamente con proyectos TIC, los cuales simplifican la provisión de bienes públicos asociados a infraestructura. La norma define reglas en relación con la tipificación, estimación, mitigación y asignación de riesgos; la obsolescencia tecnológica; el tratamiento de la información, y la aplicación del mecanismo de APP atendiendo a las particularidades del sector.	“Este decreto es una herramienta fundamental para la evolución del sector TIC en Colombia, que hoy tiene como un gran propósito: masificar los beneficios de la conectividad y avanzar de manera ágil y efectiva en la transformación digital del país. Con la expedición de este documento, el Gobierno ya puede recibir propuestas del sector privado para realizar proyectos, de tal manera que el país no solo cuente con las iniciativas gubernamentales. Así es que el sector privado se convierte en un aliado para avanzar en nuestro propósito de equidad”, indicó la ministra TIC.	La elaboración de esta herramienta jurídica comenzó a finales de 2018, cuando las entidades involucradas comenzaron a avanzar en el proceso que permitió publicar un borrador del decreto en 2019, el cual fue sometido a comentarios de la ciudadanía y de expertos en el tema para enriquecerlo. En esta etapa, se recibieron 193 comentarios de 23 interesados. Posteriormente, el proyecto de decreto fue robustecido y ajustado, y se publicó nuevamente en septiembre de 2019 para garantizar la participación ciudadana en la construcción de la norma.