Los datos más recientes muestran que el desempleo en Colombia es el segundo más alto de América Latina, después de Brasil. El empleo vulnerable representa el 47% del empleo total, frente a los promedios de 35% en América Latina y 12% en los países de la OCDE, y el autoempleo supera en 11 puntos porcentuales la media de la región y es más de tres veces la de la OCDE. Por su parte, la informalidad laboral se mantiene en niveles altos, entre el 58% y el 64% dependiendo de la medición.	Lo anterior, resultado de factores que limitan la eficiencia y correcto funcionamiento del mercado laboral, como son los altos costos laborales no salariales (CLNS), un salario mínimo que no refleja la productividad laboral y las rigideces normativas sobre esquemas de contratación y despido que afectan la creación de empleo formal y, por esta vía, el acceso a la seguridad social.	La prima, de aprobarse, aumentaría los CSNL con un impacto negativo sobre el empleo y la formalidad. Según cálculos de la ANDI, estos costos se incrementarían en 4,2%, pasando de 62,4% actualmente a 66%. Adicionalmente, según la entidad, cerca del 77% del costo anual adicional por el pago de esta prima recaería sobre las empresas grandes y medianas, que son las mayores generadoras de empleo formal en el país.	Ahora bien, en el caso del mercado laboral, para mejorar las condiciones de los trabajadores de manera permanente, se requiere diseñar, promover y ejecutar estrategias que ataquen las causas estructurales de las rigideces y que no exacerben los problemas existentes. Una tarea que es responsabilidad de todos: del gobierno, del Congreso, de las empresas, de las centrales obreras, de la academia y de la sociedad civil.	Una tarea que empieza por flexibilizar y ajustar las normas que rigen el mercado laboral para que pueda hacerle frente a los retos de la nueva economía. Así mismo, una tarea que conduzca a garantizar que los incrementos del salario mínimo no superen la suma de la inflación y la productividad y que los CLNS se vayan reduciendo en el tiempo.