como es el caso del tributo de indios, “una contribución personal que los indios debían pagar al Rey en reconocimiento del señorío”, según la descripción de Clímaco Calderón. Se abolieron las restricciones impuestas por la monarquía sobre el comercio exterior con países distintos a España, así como el carácter colonial, extractivista, del régimen tributario, pero las fuentes de recaudo probaron ser más difíciles de cambiar.	Desde entonces fue ganando importancia, convirtiéndose en la principal fuente de recaudo del orden nacional hasta mediados de la década de 1980, cuando comenzó a compartir esa condición con el IVA. El impuesto predial, uno de los ejes de las finanzas municipales, se remonta también a las primeras décadas del siglo XX.	La variante que se consolidó fue, en cambio, el impuesto sobre la renta de las sociedades, que grava los ingresos de capital de una manera tosca, tratando por igual a los grandes y pequeños accionistas. Sin embargo, el impuesto sobre la renta de las sociedades es más fácil de administrar que su contraparte personal, un factor que ha contribuido a su preponderancia.	Hasta mediados del siglo XX el recaudo tributario del orden nacional no había sobrepasado el 4% del PIB y todavía en 1983 apenas rondaba el 6% del mismo indicador. En especial debido a la consolidación del IVA, una tendencia ascendente en el nivel de tributación nacional se configuró desde mediados de la década de 1980, probablemente el alza más marcada en la historia republicana: el recaudo pasó a representar el 14% del PIB en el año 2000, porcentaje que más o menos se mantiene desde entonces. Hoy en día la carga tributaria está algo por debajo del nivel registrado en países similares en términos de ingreso per cápita y muy atrás de los países desarrollados.	Pero esa estimación no se deriva de datos sobre el recaudo efectivo ni sobre las utilizadas observadas, sino que es un ejercicio hipotético de un grupo de expertos seleccionados sobre lo que pagaría una empresa de tamaño medio en su segundo año de operación, suponiendo que no hay evasión ni traslación impositivas.	La Ley 1819 de 2016 y la Ley de financiamiento de 2018, por ejemplo, se aprobaron en medio del proceso de paz con las Farc. El Acuerdo de la Habana abogaba por una reforma redistributiva ambiciosa. Pero, en realidad, ¿quién ganó y quién perdió con esas reformas? La lección puede ser que pensar con el deseo y la verbosidad de los documentos políticos no son suficientes para alterar la correlación de fuerzas entre los factores reales de poder.	. El impuesto sobre la renta personal es un instrumento internacionalmente probado para el efecto, pero lo que hay en Colombia dista mucho de las mejores prácticas. Y mientras en Europa y Estados Unidos cobran fuerza las propuestas en favor del impuesto a la riqueza, aquí el impuesto al patrimonio está en retirada (fenece en el 2021).	Desde sus inicios, los departamentos han permanecido fiscalmente enclenques y, comparados con el nivel nacional y el nivel local, son el eslabón más débil de la cadena. Un grado limitado de autonomía tributaria, acompañado de transferencias más igualadoras, parece deseable en este caso, pero los impuestos al consumo de cigarrillos y licores o los actuales gravámenes sobre los juegos de azar, por ejemplo, son poco idóneos para ese propósito.