El caso sucedió el 27 de septiembre de 2018 luego de que el soldado profesional retirado salió de un prostíbulo ubicado en el sur de Popayán con Sandra, quien era una mujer en situación de prostitución de 37 años de edad, y después la llevó hasta una residencia ubicada al lado de la terminal de transporte.	Según lo relatado por el operador judicial, se comprobó que Mesa Arévalo llegó a Kasandra, un establecimiento de diversión nocturna, en la madrugada de ese día, y solicitó a Sandra un servicio, luego, la mujer les manifestó al propietario y a una amiga que salía con Juan Camilo Mesa Arévalo a una residencia.	“A través de una compañera de labores de la víctima, se corroboró que Sandra accedió a salir con el hoy procesado de este lugar al pactar en 170 mil pesos sus servicios, además de cancelar el valor por la salida de la dama del establecimiento, después ella, alrededor de las 11:20 de la mañana, se comunicó con la víctima y esta última le manifestó que estaba bien, que se había encontrado con un angelito”, relató el juez al exponer el fallo contra este ciudadano, quien al momento de los hechos, era un soldado profesional.	Después de esa hora, y sin que las autoridades colombianas determinen qué pasó, los propietarios y administrador de la residencia alertaron a la Policía luego que escucharan las voces de auxilio de la mujer y unos golpes a las paredes desde el interior de la habitación número cuatro, lugar tomado por la pareja esa madrugada.	“Se cuenta con la versión de los testigos, quienes aseguraron que subieron a ver qué era lo que pasaba, pero en un primer momento el sujeto no dejó ingresar a la habitación, de ahí que se alertara a la policía, luego los encargados de esta residencia ingresaron a la habitación, encontrando el cadáver de Sandra en el piso y tapado con una sábana, mientras que Juan Camilo Mesa Arévalo estaba acostado en la cama, con supuestas heridas en el pecho, además había mucha sangre en las paredes y el mobiliario”, agregó el operador judicial.	“Tanto el sujeto como Sandra fueron llevados al hospital San José, donde los médicos determinaron que ella ya no registraba signos vitales, mientras que el muchacho fue sometido a una serie de procedimientos médicos al verificarse que su vida no corría peligro, de paso, la Policía custodió a esta persona, para después capturarlo”, dijo la Fiscalía en las diferentes etapas de este proceso judicial, con el cual se sanciona ejemplarmente la conducta delictiva del femenicidio.	Una vez se confirmó la noticia de la muerte de la joven, quien era oriunda del municipio nortecaucano de Miranda, las autoridades adelantaron las acciones judiciales para recolectar la información suficiente para enjuiciar a este ex servidor de la patria, quien al final fue condenado a una pena de 41 años de prisión.	“Los resultados dados por el médico legista se establece que la causa de la muerte de Sandra fue por asfixia mecánica por estrangulamiento, además indicó que la humanidad de la víctima presentaba hematomas en diferentes partes, así como múltiples heridas abiertas en el rostro, en el pecho, en los brazos, al parecer causada con un arma tipo bisturí o cuchilla”, dijo el juez.	“Ella luchaba por su familia, esa era su meta, por eso labora en este oficio, de hecho, indicó esa madrugada a las amigas que después de ese servicio saldría para su casa para ver a sus hijos, que los extrañaba mucho, así era Risitas, como le decían a ella cariñosamente, una persona tranquila, sociable, amable”, reza una de las entrevistas hechas a las amigas de Sandra.	De igual forma, el operador judicial aceptó la amplia jurisprudencia que ya hay en el país frente al tema de feminicidio a la hora de catalogar este caso como tal, más cuando el victimario es un sujeto entrenado para el combate, aspecto clave a la hora de condenar a este ex integrante del Ejército.	“Se evidencia, más allá de toda duda, que a Juan Camilo Mesa Arévalo usó toda su fuerza para acabar con la vida de su víctima, que no permitió además que la víctima recibiera ayuda, mostrando un desprecio total por la condición de ella, sabía que estaba en un estado de completa indefensión, además sabía que se trataba de una trabajadora sexual, factores que permiten establecer que si es un femicidio”, acotó el juez a la hora de condenar a este ciudadano.	Para Claudia Yurley Quintero Rolón, defensora de los derechos de la mujer en el Cauca, que se materialicen esta clase condenas, por feminicidios de mujeres en situación de prostitución, es un logro que no va a resarcir el daño, pero si puede dignificar a tantas mujeres explotadas y prostituidas, revictimizadas y asesinadas.