El debate y las discusiones en Colombia sobre los pros y los contras del fracturamiento hidráulico masivo en roca generadora a través de pozos horizontales, más conocido como fracking, adquiere cada día dimensiones muy importantes y trascendentales, prácticamente en todos los sectores de la sociedad; convirtiéndose en un nuevo movimiento social, donde partidos políticos, en general; congresistas, diputados y concejales en particular; al igual que innumerables comunidades de todos los rincones del país, organizadas en comités, corporaciones, fundaciones, colectivos, entre otras agrupaciones por la defensa del territorio, de la vida, del agua y de los recursos naturales, y muchos sindicatos, encabezados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), han dicho no al fracking y no a sus proyectos piloto de prueba.Los exdirigentes de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), quienes durante nuestra vida laboral y sindical luchamos por la defensa de los principios básicos de la política petrolera, como lo es la autosuficiencia de hidrocarburos y combustibles, a precio preferencial; blindando a la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) de su posible privatización, desmembramiento y escisión, manteniéndola 100% Estatal, y luchando por una mayor participación de los colombianos y colombianas en la renta petrolera, a través de liquidaciones significativas de regalías y de una importante participación de la nación en la producción de hidrocarburos, mediante Contratos de Asociación, con suministro interno, terminación y transferencia del patrimonio y activos, garantizados; y evitando los leoninos Contratos de Concesión que firma la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con los cuales se ha puesto en grave riesgo la autosuficiencia, el suministro interno, la soberanía nacional y el desarrollo económico y social del país; manifestamos mediante la firma de esta notificación, que nos unimos al movimiento ciudadano de no al fracking y no a sus proyectos piloto de prueba, pues consideramos que atenta contra los principios constitucionales de prevención y precaución.	-Publicidad.- Bajo la ilustración y el rigor de nuevos conceptos, bien sustentados por científicos, y los recientes hechos naturales ocurridos donde se ha practicado el fracturamiento hidráulico masivo en roca generadora, como lo es el uso desmedido y desproporcionado de agua, arena y químicos en concentraciones tóxicas, para fracturar hidráulicamente, en un solo pozo, miles de metros de roca radioactiva y rica en minerales pesados, que son extraídos a superficie a través de su perforación horizontal, ratifican nuestra desconfianza propositiva contra esta técnica, pues no cabe la menor duda que los efectos negativos para la naturaleza, sus fuentes hídricas, la fauna, la flora y la vida, son irremediables y de compleja mitigación.	El desconocimiento científico en Colombia de las aguas subterráneas, al no existir laboratorios para su estudio; la posición geográfica de territorios inundables como el magdalena medio, y frágiles geomorfológicamente como la cordillera oriental; inmersos en el vértice de tres placas tectónicas activas; las condiciones geológicas adversas de sismicidad; la presencia de sistemas complejos de fallamientos naturales inversos y de cizalla; y la multiplicidad de fallas naturales ciegas o inferidas, muy cercanas entre sí, nos garantizan la interconexión de las fracturas inducidas por la industria, con las fallas naturales, generando una migración espontánea de hidrocarburos a superficie y a los yacimientos convencionales de los campos maduros, cuyos pozos carecen de integridad; produciendo, por un lado, la aparición en superficie de rezumaderos masivos y con flujos de gran intensidad, que contaminarán los caños, quebradas, ciénagas y ríos del territorio intervenido, como el presentado en septiembre de 2016 en Campo 23; por otro lado, se generarán recargas e incrementos exponenciales de presión en pozos viejos, mal abandonados o por abandonar, como lo ocurrido en marzo de 2018, en el pozo Lisama 158; y finalmente, en las fallas naturales inferidas, se generará un nuevo nido sísmico de poca profundidad (encima del ya existente, considerado el segundo más activo del mundo), al activarse el “sistema tipo válvula”, producto de las altas presiones hidrostáticas de fracturamiento, que superarán las presiones litostáticas locales, como ocurrió en el año 2014 en el Campo Quifa, con el Proyecto STAR de combustión in situ; y como ocurre actualmente con la reinyección de agua residual en el Campo Rubiales (información disponible en las páginas del SGC y la RSNC).	Sumado a lo anterior, el gobierno de Iván Duque, quien en su campaña dijo, el 11 de abril del 2018, en Bucaramanga: “En mi gobierno no se hará fracking. Esta técnica no será practicada”; tampoco nos ha manifestado qué se hará con los ripios de perforación, ricos en isótopos radioactivos (como el uranio 238, torio 232, radio, radón y otros), y en minerales pesados (como el bario, bromuro, cromo, cadmio, níquel, entre otros), que serán extraídos en forma masiva desde más de 4 kilómetros de profundidad (por cada metro de roca generadora perforada, se obtendrán 42 galones de ripios), y que serán expuestos en superficie a través de más de 30 piscinas por pozo (por ello se requieren más de 8 hectáreas para cada locación de perforación). Vale la pena aclarar que las rocas generadoras del magdalena medio se extienden por 7.500 kilómetros cuadrados, siendo yacimientos regionales, más no locales como La Cira Infantas (62 kilómetros cuadrados), donde se han perforado más de 5.000 pozos. Si el fracturamiento hidráulico de las rocas generadoras a través de pozos horizontales se implementa con éxito comercial en el magdalena medio, como lo ha contemplado Iván Duque en su P.N.D, ¿cuántos pozos serán perforados a lo largo y ancho de la cuenca? Posiblemente más de 200 mil; para los cuales se requerirá más de 2 billones de galones de agua, más de 100 millones de toneladas de arena, y se extraerán más de 150 mil millones de galones de ripios radioactivos y minerales pesados que quedarán expuestos en más de 6 millones de piscinas, lo cual generará un desplazamiento masivo de las comunidades y atentará contra la seguridad alimentaria de la región y del país (información de múltiples tesis de grado realizadas en la Universidad Industrial de Santander-UIS).	Los ex dirigentes de la USO, abajo firmantes, por respeto y cumplimiento de los principios constitucionales de prevención y precaución, ratificamos claramente nuestro mensaje: “nos oponemos al fracturamiento hidráulico masivo de roca generadora a través de pozos horizontales–fracking”, por lo anteriormente expuesto, y porque se atenta contra el patrimonio nacional, ya que los únicos beneficiarios, con gigantescas ganancias, serán las multinacionales petroleras; quienes tienen la tecnología; y a su favor, un contrato de concesión leonino, a través del cual se ha configurado un saqueo descarado de nuestra riqueza, pues en la gran mayoría de los que se han firmado, no habrá participación para el país en la producción (en algunos el 1%, y en solo uno el 2%); además, según como está contemplado en los contratos de concesión, se benefician con un descuento del 40% en las regalías (a lo sumo pagarán el 4,8%); y adicionalmente, se beneficiarán de 229 prebendas tributarias, perdonándoseles en impuestos más de 10 veces lo que pagan en regalías (las que descuentan del impuesto a la renta según el Concepto Dian 015766 de 2005), haciendo que en términos reales no paguen más del 2,8% de tasa de impuesto a la renta, según información de la página de la Dian.	Las expectativas de empleo, riqueza, desarrollo, autosuficiencia energética y prosperidad, anunciados por el gobierno y las multinacionales, son solo sofismas de distracción y engaño, pues no es cierto que se tengan reservas para solo 5 años, pues de 52.000 millones de barriles descubiertos, solo se han extraído 8.800 millones de barriles (el 17%); mientras que el promedio de extracción mundial es del 40%, lo que indica que si extraemos un millón de barriles diarios, tendremos crudo para 32 años, llegando al factor de recobro promedio mundial. Esta misma mentira nos la metió Andrés Pastrana, para lograr bajar las regalías del 20% al 8% (Art. 16 de la Ley 756 de 2002), y la participación del país en la producción del 50% al 30% (modelo 70/30 aprobado por la JD de Ecopetrol en 1999). Tampoco es cierto que el fracking nos garantice el suministro interno, porque, por un lado, el contrato de concesión les da libre disponibilidad de los hidrocarburos extraídos, y por otro lado, si los exportan les devuelven el IVA; además, si lo venden en el mercado interno para refinación, se les debe pagar a precio internacional (en dólares), y en boca de pozo, lo que le representará a Ecopetrol y a los colombianos, lo mismo que el tener que importar la materia prima, como lo contempla la actual fórmula de precios de los combustibles, donde todos pagamos la devaluación del peso, así el precio de crudo baje, y sin estar gastando divisas para importar el 100% del crudo ni de los combustibles. Además, no es cierto que el crudo extraído de las rocas generadoras sea para cargar la refinería de Barrancabermeja, pues su dieta es con crudos de 24 grados API, y los crudos de las rocas generadoras supera los 40 grados API. Finalmente, no generarán mucho empleo, pues en Colombia no hay expertos en Fracking (si en fracturamiento hidráulico, que no es la misma cosa), ni tenemos transferencia de tecnología, pues esta se paga en dinero, la cual no supera los 100 mil dólares por bloque, según como está contemplado en los contratos. Lo que sí es cierto, es que en solo 20 años, con el fracking, las multinacionales extraerán para sí, lo que se ha extraído en 100 años (información oficial de la ANH y EcopetroL S.A, radicada en 2017 en el Congreso de la República bajo los numerales: 041416, 041587, 7455, 9060, 11060 y 11232).	Por último, frente a Ecopetrol decimos lo siguiente: esta es una empresa que el gobierno y las multinacionales están poco a poco acabándola, privatizándola, vendiendo sus activos, como ha ocurrido con la venta del 11,51% de sus acciones, la venta de los Terpeles, sus termoeléctricas, sus gasoductos, sus participaciones en otras empresas como ISA, y ahora la venta de CENIT (oleoductos y poliductos), que es la espina dorsal económica y financiera de Ecopetrol, pues el transporte es el talón de Aquiles de la industria petrolera; y a Ecopetrol ese negocio le genera el 45% de sus utilidades, que por transferencias, representa el 75% de lo girado por la empresa al Estado, dejando claro que es Ecopetrol quien aporta el 88% de la renta petrolera que recibe el País, y que ese aporte representa el 30% del presupuesto nacional. Seguir vendiendo activos de Ecopetrol, ceder a particulares y multinacionales los campos maduros con menos del 5% de Factor de Recobro, es pegarnos un tiro en el pie y atentar contra la autosuficiencia petrolera, pues el país se quedará sin reservas remanentes para el futuro, lo cual el Fracking, como ya se expuso, no lo garantiza; y Ecopetrol, con el nuevo contrato concesionario de la ANH, no volverá a heredar campos o reservas, pues las concesionarios podrán pedir prórrogas hasta el agotamiento del yacimiento.	Creemos que Ecopetrol se debe fortalecer, que sea una empresa 100% estatal, que lidere en Colombia una transformación hacia una transición energética, garantizando su estabilidad económica, técnica y administrativa; pero igualmente, garantizando la estabilidad a los trabajadores/as, acabando con la tercerización; se debe reformar la Ley 756 de liquidación de regalías y el Acto Legislativo 05 de 2011, recuperando el 60% de regalías pérdidas, y devolviéndosela a las comunidades como manera de compensación; y se debe derogar el Decreto Ley 1760 de 2003, eliminando la Agencia Nacional de Hidrocarburos, devolviéndole la administración del subsuelo a Ecopetrol, con un nuevo contrato de E&P, como lo hizo desde 1974 hasta el 31 de diciembre de 2003 (Decreto Ley 2310), con el contrato exitoso de Asociación (50/50), que llevó al descubrimiento de los campos de Chuchupa, Castilla, Chichimene, Rubiales, Caño Limón, Cusiana, Cupiagua, etc, que hoy representan el 80% de la producción del país. Igualmente, Ecopetrol debe volver a asumir la administración y giro de las regalías, quitándoles ese botín a los políticos corruptos; así como la responsabilidad social ante las comunidades, como lo hacía con las oficinas de relaciones con la comunidad. Si hacemos esos cambios en política petrolera, desaparecerá la estigmatización y resistencia civil que hoy tiene la industria petrolera, y consolidaremos en los territorios petroleros, una paz cierta y duradera.	La transición energética integral no es solo la sustitución de una fuente energética por otra, como lo quieren las empresas transnacionales energéticas. La transición integral será de acuerdo con las condiciones y los contextos sociales, políticos, económicos y ambientales del país y del mundo, para avanzar en el cambio del modelo energético extractivista, hacia un nuevo modelo minero energético, en paz con la naturaleza, con la vida y las comunidades.