Se trata de un documento dirigido al presidente de Colombia, Iván Duque, en el que funcionarios de países de Europa y América se unieron con el excandidato presidencial colombiano, Carlos Caicedo, para pedir que reconsidere las seis objeciones que le hizo a Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).	“A través de este manifiesto, la comunidad internacional solicita al presidente Iván Duque retirar sus objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y regresar al Estado Colombiano las garantías de cumplimiento de los acuerdos de paz”, publicó Caicedo en Twitter dando a conocer el documento.	La carta está firmada por el eurodiputado del Grupo Verde español y vicepresidente de la Asamblea Euro-parlamentaria, Ernest Urtasun; el presidente del Parlamento del Mercosur, el uruguayo Daniel Caggiani, y otros diputados de ParlaSur como Marcos Otheguy, Lilián Galán, Humberto Costa, Ricardo Canese, Cecilia Merchán, Julia Perié, Julio Sotelo, Mario Metaza, Gabriel Mariotto y Gastón Harispe.	En la misiva, los representantes de España, Argentina, Uruguay y Paraguay aseguraron conocer la postura del mandatario nacional de objetar “seis de los de los 159 artículos de la Ley Estatutaria, según documento presentado el día 11 de marzo del presente año, que se sustenta en consideraciones de inconveniencia; así como, su propuesta de reabrir un debate sobre los mismos en el Congreso de la República y ante la decisión de presentar un nuevo proyecto de acto legislativo abiertamente modificatorio del contenido del Acuerdo de Paz suscrito por el Estado colombiano y las Farc”.	“Primero, consideramos que su decisión de objetar la ley reglamentaria de la JEP, argumentando razones de inconveniencia, afecta gravemente a la Justicia transicional representada en la JEP, a los derechos que poseen las víctimas de obtener la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, y sobre todo a la implementación del Acuerdo de Paz”, indica el documento.	“Segundo, le exhortamos a garantizar que el Estado colombiano cumpla los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional y el Sistema de Naciones Unidas en el acuerdo final para el fin del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera. El funcionamiento de la JEP con el pleno apoyo de la institucionalidad no es discrecional del fuero presidencial, ni de ningún órgano del poder público; su legalidad estuvo sometida al control de la Corte Constitucional y encontrada ajustada al ordenamiento constitucional vigente”, reza la misiva.	Asimismo, en el escrito se anotó: “Tercero, expresamos nuestra profunda preocupación por el clima de incertidumbre jurídica que ha generado su decisión, ante las posibles afectaciones en la definición de la situación jurídica de los desmovilizados de la Farc y de los militares vinculados a la JEP, en virtud del Acuerdo de Paz”.	A párrafo seguido, los solicitantes apuntaron: “Cuarto, consideramos que su decisión de objetar entorpecerá la implementación de los acuerdos de Paz. Le recordamos que la Misión de Observación de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional ha emitido pronunciamientos en torno a la gravedad de la situación que se produciría de persistir las conductas tendientes al incumplimiento por parte del gobierno, específicamente en lo relativo a las obligaciones de justicia del Estado con las víctimas del conflicto armado, los desmovilizados y los demás actores o terceros que han decidido acogerse a la JEP”.	Finalmente, los funcionarios recordaron en el quinto punto que el pasado 13 de marzo, la Corte Constitucional acogió en fallo la constitucionalidad de la JEP, así como, la competencia de ésta para conocer sobre los casos relacionados con la extradición de excombatientes y con el juzgamiento de los militares acogidos a la Jurisdicción Especial para la Paz.