En el ámbito internacional, este punto es de vital importancia porque Iván Duque, poco tiempo después de tomar posesión como presidente de Colombia, reconoció en el Foro de París sobre la Paz que el acuerdo de paz negociado con las Farc, “se realizó bajo el paraguas del Estatuto de Roma, cumpliendo además los parámetros de la Corte Penal Internacional” y por eso él, durante su mandato se comprometería con la implementación de lo pactado en La Habana.	James Stewart, vicefiscal de la CPI, indicó que la fiscal Bensouda "se ha referido siempre a la JEP, desde la perspectiva de sus propias responsabilidades de evaluar si las autoridades nacionales se están ocupando de los crímenes del Estatuto de Roma, como los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, de manera genuina”. Es decir, que desde la CPI siempre han vigilado que en Colombia la justicia ordinaria y la JEP se ocupen de los crímenes de lesa humanidad. Esto se debe a que, desde 2004, el tribunal internacional abrió un expediente contra Colombia por los pocos resultados en condenas a responsables de delitos cometidos durante el conflicto.	Para Stewart, en la CPI aceptaron que “las medidas de justicia transicional que Colombia decidió adoptar (en el acuerdo de paz) podrían, si fueran implementadas y aplicadas adecuadamente, cumplir con los objetivos de rendición de cuentas, disponibilidad de recursos para las víctimas y contribución a la disuasión de crímenes futuros, previstos en el Estatuto de Roma”. Por eso apoyan a la JEP como mecanismo de la justicia transicional.	Después de esto, el vicefiscal envió un mensaje al fiscal general, Néstor Humberto Martínez: “Notamos asimismo ciertas preocupaciones planteadas recientemente por el Fiscal General de la Nación, por ejemplo respecto a la importancia de llevar a los autores directos a rendir cuentas. En este sentido, es nuestro deseo que la Fiscalía y la JEP puedan establecer conjuntamente una distribución eficiente de trabajo y sinergias”.	Según lo estipulado en el Estatuto de Roma, que creó la CPI, la Corte entraría en competencia sobre los casos de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado si las autoridades colombianas no avanzan en los procesos. De demostrarse que algunos casos de crímenes de guerra quedaron en la impunidad, sería la Corte Penal Internacional la encargada de hacer justicia.