No han recibido muchos comentarios las conclusiones del reciente informe de la OCDE sobre el declive de la clase media en los países de la organización, a pesar de la alerta en cuanto a que cada vez es más difícil formar parte de esta categoría, la cual ha disminuido en relación con la denominada clase alta.	El tema no es de poca monta si partimos del criterio universalmente aceptado el cual sostiene que los países fuertes y con posibilidades de un futuro sostenible son aquellos que mantienen una clase media en constante crecimiento. Países con clases medias pujantes y mayoritarias son sinónimo de un fuerte desarrollo económico y social.	El problema que hoy se percibe es que hay menos capacidad de renta en las familias para su consumo y el ahorro, después del pago de impuestos y otras cargas decretadas por los Estados miembros de la OCDE, lo cual ha generado una disminución en la clase media, que ha pasado del 64% de la población en 1985 al 61,5% en 2015, cuando lo que se esperaba es que se incrementara.	Señala la OCDE que en todo caso hay que considerar que la clase media hoy tiene acceso a bienes y servicios que eran inimaginables hace apenas algunos años, razón por la que los gastos de consumo de los hogares de este segmento han aumentado más rápido que sus rentas, fenómeno en el que han contribuido un mayor gasto en vivienda, una educación cada vez más costosa, y los costos en servicios de salud, que han acrecido también por la prolongación del envejecimiento y una seguridad social que cada año demanda más recursos.	No puede negarse también las distorsiones que generan a las canastas familiares de este segmento de la población la adopción de modos de consumo que tienden a ‘imitar’ los de la clase alta. Basta mencionar los créditos que deben asumir padres de familias complacientes por nuevos modelos de vehículos, computadores personales, smartphones y artilugios equivalentes que demandan los miembros del hogar.	Cabe preguntar si las siguientes recomendaciones de la OCDE son válidas para Colombia: trasladar más la carga fiscal de las rentas del trabajo a las rentas del capital y las plusvalías, al patrimonio inmobiliario y las sucesiones. Así mismo, promover la construcción privada y la vivienda social pública con ayuda financiera al crédito o de desgravaciones fiscales a la compra de la vivienda principal.