, que resulta improcedente un impedimento si el funcionario no conoce directamente del asunto: “Es incuestionable entonces, que los motivos de impedimento y recusación, deben entenderse en relación con el funcionario que está a cargo del asunto. Sin embargo, en el sub judice tal condición no se cumple porque el Fiscal General de la Nación no ostenta dicha calidad respecto de la investigación frente a la cual se pretende su dimisión (…), este trámite lo dirige la Fiscalía (…). En Efecto, tal circunstancia la advirtió claramente el doctor Martínez Neira y se constata en la Resolución (…) expedida el (…) por quien fungía en ese momento como titular de esa entidad, el doctor Eduardo Montealegre Lynett (…). “Tal requisito de obligatorio cumplimiento impide a esta Corporación, como es apenas obvio. Adentrarse en el estudio de las causales específicas planteadas por la solicitante” (destacado propio, según sentencia del pasado 5 de diciembre de 2016 de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia).  No obstante, esta circunstancia, el Fiscal General de la Nación y la Vicefiscal General la Nación solicitaron a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia que, por razones de economía procesal, disponga que las actuaciones que ocasionalmente lleguen al despacho del Fiscal General en todas las líneas de investigación del denominado caso “Odebrecht”, se remitan directamente al conocimiento del Fiscal Ad Hoc que se designe, para impedir que – como en el caso de Juan Sebastián Correa- se suscite en el futuro una tramitología ineficiente de impedimentos y nombramientos para cada caso.