A propósito de la conmemoración de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y los hechos de guerra que se desataron a nivel internacional después de la reacción del gobierno del presidente George W. Bush, cabe una analogía para identificar causas de la creciente violencia contra candidatos a cargos de elección popular, líderes sociales e indígenas y otros participantes de las campañas políticas en las zonas donde persiste el conflicto después de la dejación de las armas por las Farc, en cuanto a las semejanzas de lo ocurrido en las naciones en las que hubo un vacío de poder.	En efecto, lo que ocurrió en Irak, Afganistán o Libia, otrora países con un férreo control dictatorial en manos de tiranos como Sadam Husein, el emir Mula Omar y Muamar el Gadafi, respectivamente, que al tiempo de ser derrocados, lejos de cumplirse el anhelo de ver restaurados el orden y la convivencia pacíficas, sus pueblos entraron en una espiral de caos y descontrol de la cual no solo no han podido salir, sino que ha servido de caldo de cultivo a la delincuencia internacional, organizada en formas de terrorismo, tráfico de estupefacientes, explotación ilegal de recursos mineros, y de armas, entre otras manifestaciones de alta criminalidad.	En suma, estos y otros casos globales han probado por enésima vez en la historia, que el vacío de poder que surge después de la caída de un caudillo negativo que ha ostentado por largo periodo un dominio omnímodo, cuando no se produce una sucesión pacífica y organizada hacia un nuevo gobierno, la profundización del daño y el dolor en la población se exacerba ante la ineficacia de los Estados cuando no asumen sus competencias, dejando abandonadas las periferias y concentrando su gestión solo en las grandes ciudades.	Ese vacío se llena con una “institucionalidad” paralela, perversa, que se nutre del delito pero que gobierna con el miedo, sometiendo a los habitantes que quedan atrapados en “su jurisdicción” territorial, bajo la advertencia de que cualquier intento de sublevación o del ejercicio de libertades que se no se les reconocen, tendrá nefastas consecuencias.	Guardadas las proporciones, algo similar, decimos, ha pasado entre nosotros, en los territorios lejanos de Bogotá, en donde tras el repliegue de los excombatientes con ocasión de los acuerdos entre las Farc y el Gobierno, los espacios desocupados por esa vieja guerrilla los han llenado agentes del crimen ante la demora en la presencia territorial del Estado.	Se valora el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno Duque y los funcionarios que tienen a su cargo los programas de reincorporación a la vida civil de los exmilitantes de las Farc, pero es evidente que se requiere mayor eficiencia, ya no solo con la presencia de las fuerzas militares y de policía, sino, necesariamente, con inversiones y soluciones en servicios sociales que demuestren la primacía del Estado, su eminente poder pero, sobre todo, su insustituible capacidad de proveer prosperidad a los más débiles.