Hace unos días fue noticia nacional e internacional, el reconocimiento hecho por la Casa Blanca a la gestión del gobierno del Presidente Iván Duque por sus avances en la erradicación de cultivos ilícitos en el país -concretamente de los cultivos de coca- en el desmonte de las estructuras para el procesamiento de sus hojas, y en los decomisos del producto final, la cocaína.	En efecto, la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, ONDCP por sus siglas en inglés, publicó el informe de cultivos de coca en Colombia para el 2018, donde destaca que la tendencia creciente que venía desde hace más de cinco años en las áreas sembradas en coca en el país fue revertida gracias a la labor del actual gobierno.	Ya era hora de que el trabajo del equipo liderado por el Presidente Iván Duque, especialmente el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas por combatir el entramado criminal que entraña el narcotráfico, fuera reconocido por alguien -nada menos que la ONDCP, oficina adscrita directamente a la Casa Blanca-, cuando en Colombia no han cesado los ataques especialmente por parte de los opositores a un gobierno que se ha esforzado por no controvertir, sino por trabajar.	Según el informe, en 2018 el área cultivada se estabilizó en 208 mil hectáreas, en comparación con las 209 mil de 2017. Aunque esta cifra sigue siendo la segunda más alta de la historia en el país, es la primera vez que no hay aumento en el estimativo desde 2012. Esto se debe a la erradicación, que creció 56% respecto a 2017, y en 400%, frente a 2016.	Hay que recordar que durante el presente gobierno y a la fecha, han sido erradicados 66,528 hectáreas de cultivos ilícitos en el país; han sido incautadas 332 toneladas de clorhidrato de cocaína, con un valor estimado de $10.624 millones de dólares en el mercado de Estados Unidos; se han decomisado 45 toneladas de base de coca, 247 kilogramos de heroína y 303,5 toneladas de marihuana; y se han destruido más de 5.072 infraestructuras para la producción de drogas ilícitas.	Cifras que implican un gran esfuerzo en capital humano, representado en los más de 2 mil integrantes del los Grupos Móviles de Erradicación (GME), que suman esfuerzos con los casi 6 mil efectivos del Ejército Nacional, en una labor ingrata y no exenta de los peligros que implica pisar los callos de los narcos, o transitar por zonas sembradas de minas antipersona.