Carrillo consideró que “las condiciones para la paz se precisaron en el acuerdo y en las normas adoptadas para su desarrollo por ende la interpretación de las mismas debe ceñirse estrictamente al orden jurídico y no admite extensiones, ni flexibilizaciones. Pretender aumentar el régimen de condiciones benéficas para quienes se acogieron al acuerdo de paz no es procedente, y pone en riesgo la sostenibilidad de la paz”.	En el segundo argumento, el Procurador señaló que la garantía de no extradición no es un derecho fundamental o absoluto de aplicación inmediata, es simplemente un beneficio procesal que está sujeto a las condiciones establecidas por la ley, que a su juicio, no puede sobreponerse a la misma. “No sobredimensionemos esa garantía”, sostuvo.