En este país donde un escándalo tapa el anterior, la fuga de Santrich distrajo la atención sobre las cifras de homicidio del año pasado. No digo que el escape del mafioso y la responsabilidad de las cortes en el mismo no amerita debate. Sin duda es necesario. Pero sería un grave error no analizar a profundizar lo que está pasando con las muertes violentas en el país. Difícil encontrar un asunto más importante. Por eso vuelvo sobre el mismo, con nuevas reflexiones.	Empiezo por resaltar que la tasa de homicidios es mayor que los 24.4 por cien mil habitantes que señala el informe Forensis de Medicina Legal. En efecto, si para el 2018 Colombia tiene 48.835.324 habitantes, tal y como lo afirmó el DANE esta semana, los 12.310 asesinatos de ese año equivalen a una tasa real de 25.5 homicidios por cien mil, 1.1 puntos superior a la de Forensis.	Les siguen Santander (11,8), Cundinamarca (14,1), Casanare (14.2), Córdoba (15.5), Sucre (16,8) y Magdalena (17.2). Los departamentos más violentos son Arauca (59,1), Valle del Cauca (47,8), Putumayo (46,5), Caquetá (41,5), Norte de Santander (39,2) Quindío (37,6) y Cauca (37,5). Ahora bien, ni siquiera al interior de los departamentos la violencia es igual.	En Boyacá, por ejemplo, con una tasa casi europea de homicidios, tiene municipios como Pisba, con tasas de 233 por cien mil. En Nariño, cuya tasa de homicidios es de 23,8 por cien mil, algo debajo de la nacional, hay municipios como Mallama con 68.2 y Tumaco con 126,5.	El examen geográfico nos muestra que la violencia homicida es local y que, por tanto, es indispensable examinar municipio por municipio las causas de la violencia. La respuesta institucional, en consecuencia, debe ser también georrefenciada. Ahora bien, lo que sí es posible sostener, y debo insistir en ello, es que al cruzar la tasa de homicidios con su localización geográfica se constata la presencia de narcocultivos y minería ilegal, por un lado, rutas de narcotráfico, por otro, zonas de desmovilización que hoy son objeto de disputa entre grupos armados ilegales. La discusión sobre economía ilícita, minería ilegal y narcotráfico, por tanto, no es neutra en materia de violencia.