El cartel se habría configurado para alterar el precio de reconocidas marcas de papel higiénico que comercializan estas compañías como Scott, Súper Suplex, Suave, Joya, Súper Popular, Elite, Familia, Popular, y en otros productos como Kleenex, servilletas Favorito, y habría sido iniciado por Familia y Kimberly desde el año 1998 y luego se habrían vinculado las demás compañías, quienes presuntamente fijaron precios hasta el año 2013.	La fijación de los precios del papel higiénico así como de los otros productos se habría dado de dos maneras, según la resolución, las compañías habrían fijado de manera directa los precios fijando el precio mínimo y el precio máximo para la venta del producto. La segunda modalidad que habrían utilizado es la fijación indirecta de precios, concertando los porcentajes de descuentos a los canales de comercialización (tiendas, grandes superficies, etc.)	En Colombia, solo ocho millones de hogares, es decir, cerca de 30 millones de colombianos usan papel higiénico, según estadísticas del Dane. Casi 25 millones no tienen acceso económico para adquirir el producto por ello la importancia de desmantelar el presunto cartel, aunque desde el año 2013 la presunta cartelización finalizó, según indicó el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo.	Las cinco empresas que hoy enfrentan la investigación tienen el 88% del mercado de papeles suaves en Colombia, que comprende además de papel higiénico otros productos como servilletas, toallas de cocina, y pañuelos para cara y manos. Familia tiene el 43% del mercado, seguido de Papeles Nacionales con un 19%, Kimberly 17%, Drypers 6% y Papeles y Cartones del Risaralda 3%.	Precisamente, la delación de estas compañías llevaron a que la Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC adelantara visitas de inspección en varias empresas del sector en el mes de julio de este año, en donde recaudó material probatorio como documentos, testimonios y correos, que hoy conllevaron a la formulación de cargos.	Contra la decisión de la Superintendencia no procede ningún recurso y, en el caso de que termine comprobándose de que sí hubo una práctica anticompetitiva, las multas podrían ir hasta los $61.600 millones en el caso de las empresas, y $1.232 millones en el caso de las personas naturales. Por su parte, de las empresas que se acogieron al programa de colaboración, el primer delator tendría una exoneración del 100%, el segundo del 50% y el tercero del 30% de reducción de la sanción.	En este hecho de presunta cartelización, tres de las compañías serían reincidentes, pues cabe recordar que en el reciente caso destapado por la SIC sobre un presunto cartel de los pañales, a las empresas Familia, Kimberly y Drypers, también les fue formulados pliego de cargos. De esta investigación también hace parte las empresas Tecnosur y Tecnoquímicas.	La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), a la que busca ingresar Colombia, ha señalado que los carteles son las “más escandalosas violaciones de las normas de competencias y perjudican a los consumidores en muchos países a través del incremento en los precios y de la restricción de la oferta, haciendo los bienes y servicios completamente inaccesible para algunos compradores”.