Pero un mal día aparecieron ingenieros contratistas con sus respectivas cuadrillas y, de un momento a otro, derribaron la modesta, pero funcional edificación de la Misión Médica. Cuando les preguntaban las razones de aquella demolición, respondían sonrientes: –No se preocupen ‘ñeros’, Dionisio lo convertirá en un todo un palacio–. Sin embargo, cuatro años después las ruinas del centro médico y 36 más, permanecen de hinojos, pidiendo clemencia celestial. Desafortunadamente una madrugada la señora Sara padeció intenso dolor de pecho y no hubo forma de sacarla del barrio: falleció sentada en su mecedora, esperando que amaneciera para conseguir transporte. Los médicos forenses diagnosticaron “infarto agudo de miocardio”, pero todos sabían que, al no recibir los primeros auxilios, la asesinó la corrupción.	Y es que la avaricia es más letal que la guerra: aún en los peores conflictos bélicos de la humanidad, los enemigos acuerdan respetar hospitales, clínicas y hasta al más humilde puesto de salud, declarándolos “intocables”; sin embargo, lo ocurrido hace cuatro años en Cartagena, ciudad eternamente saqueada, no tiene antecedente. La hecatombe se inició al final del mandato del alcalde Dionisio Vélez Trujillo y su secretaria de Salud, Martha Rodríguez Otálora. Cuando sintieron que el tiempo se les agotaba, demolieron, uno a uno, los 41 centros de salud con la promesa de que, en un santiamén, los entregarían nuevecitos y resplandecientes, incluso la directora del Dadis llegó a decir que Dionisio sería recordado por la increíble proeza de entregarle a los cartageneros, en solo dos años de mandato, salud de primerísima calidad. Y tenía razón, pero a la inversa: después del despilfarro del gigantesco presupuesto supuestamente destinado a la remodelación de 41 puestos de salud, hoy solo cinco están en pie, el resto semejan víctimas de un implacable bombardeo. Como lógica consecuencia, aumentando los casos mortales por infección respiratoria aguda, mortalidad materno-infantil, dengue, leishmaniasis, colocándonos en el mismo rango de Mozambique. ¿Quién responderá por los $37.810’000.000 que se evaporaron ante los ojos de los entes de control?