Según el reporte periodístico, varios parlamentarios “emiten cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las importaciones para los combos CLAP (programa de alimentos subsidiado del Gobierno señalado de corrupción), con el objetivo de que esos organismos absuelvan o dejen de investigar a empresarios como Carlos Lizcano, subalterno de los ya sancionados Alex Saab y Álvaro Pulido”.	La investigación de Armando.info asegura que los diputados han entregado documentos a la Fiscalía colombiana -que acusó el año pasado a Saab por evasión de impuestos y a quien se investiga por sus vínculos con el Gobierno de Maduro- una carta que exime a Lizcano y a su empresa, Salva Foods, de cualquier relación con el empresario sancionado. Salva Foods, dice el portal, es la compañía que maneja las tiendas CLAP en Venezuela.	Los diputados señalados por este caso son: Luis Parra, presunto coordinador del grupo; Adolfo Superlano, José Brito del partido opositor Primero Justicia (PJ); Conrado Pérez Linares, Emilio Fajardo, también de PJ; Richard Arteaga y Guillermo Luces, de Voluntad Popular (VP); y Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos, de Un Nuevo Tiempo (UNT).	En la presunta carta también aparece la firma del presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano, quien se encuentra exiliado desde hace varios meses. Del documento existen irregularidades sobre la fecha y el momento en que fue aprobada la misiva, pues en la comisión no hay registros de que hubiese una sesión el día que supuestamente fue aprobada la carta por los parlamentarios.