Es usual que todo macroproyecto para el desarrollo de la ciudad genere ardua polémica. La oposición que se le ha hecho históricamente a las iniciativas que suponen grandes cambios en el urbanismo, nunca han sido pacíficas en el ‘Corralito de Piedras’. Baste recordar la cruda oposición que se le hizo al Centro de Convenciones Cartagena de Indias –que por cierto cumplió el pasado 12 de diciembre cuatro decenios del inicio de obras–, para comprender que no es fácil proponer y ejecutar grandes obras públicas en nuestro terruño, aunque después nos percatamos que fueron afortunados aciertos.	La diferencia sustancial entre este megaproyecto con otros desarrollados en la ciudad radica en que su origen deviene de una APP de iniciativa privada, sin aportación de recursos del Distrito, pues el recaudo para su construcción, operación y mantenimiento se hará principalmente con el cobro de peajes a los vehículos que se desplacen por el corredor.	Por lo anterior, la objeción sustancial que se percibe proviene de la negativa a que se soporten las inversiones y costos con recursos provenientes del cobro de los cuatro peajes actuales y dos adicionales de control. También, singularmente por los representantes de las asociaciones de vecinos de Manga, del Pie de La Popa y otros, para quienes el proyecto no fue suficientemente socializado por la Alcaldía y sus generadores.	Es evidente entonces que, en la práctica, no hay una negativa a que el proyecto se realice, pues no se desconoce la importancia que tiene el Corredor Portuario para el desarrollo de la ciudad e, incluso, para el ‘desembotellamiento’ de Manga y barrios vecinos. El asunto se centra, por lo visto, en la fuente de financiación y en la socialización del proyecto.	Si la ciudad no puede detenerse y dejar pasar el tiempo sin que trascendentes obras públicas se emprendan y ejecuten, todos tenemos que estar abiertos a proyectos que pongan a Cartagena a tono con los tiempos y con las necesidades de movilidad y un mejor urbanismo. En tal sentido, tenemos que ser agudos para ver cuáles alternativas de financiación son factibles, contando incluso con el apoyo del Gobierno Nacional, pues es claro que megaproyectos como el de la APP que hoy se discute no pueden ejecutarse sólo con recursos del erario distrital.	Por lo mismo, instamos a las partes, al alcalde electo y a los demás actores a que se sienten a discutir cómo puede hacerse factible tan importante proyecto y qué debe ser corregido, incluido lo ambiental, pues la solución no puede ser que se engavete por otra nueva falta de entendimiento.