El pasado 6 de octubre, el Metro de Santiago -una empresa privada en cuya propiedad participa el Estado chileno- aumentó en 30 pesos el precio del tiquete, hasta situarse en 830 pesos (unos 1,2 dólares). El precio lo fija el llamado Panel de Expertos con base en varios indicadores, como la inflación, el costo de los suministros para su operación y el tipo cambio, entre otros, y es aprobado por el Ministerio de Transporte.	En protesta por el alza en los precios del metro, esta semana cientos de ciudadanos entraron sin pagar al sistema de transporte. Algunos dañaron los torniquetes de entrada para que los pasajeros pudieran entrar sin pagar. Fue una escena repetitiva que dejó, por lo menos, 40 estaciones destruidas y decenas de detenidos.	Iniciada la noche del viernes, la protesta callejera se radicalizó en algunos puntos de la ciudad y grupos violentos tomaron el protagonismo con enfrentamientos directos con los Carabineros. Barricadas, saqueos en comercios, la quema y destrozo de varias estaciones de metro, de autobuses y de mobiliario urbano, e incluso incendiando la sede de la multinacional eléctrica Enel.	El recrudecimiento de los disturbios determinó que el presidente de país, Sebastián Piñera, en la madrugada de este sábado, decretara el estado de emergencia para gran parte de Santiago de Chile. Esto significa confiar a un mando militar la seguridad de la zona. El general de división Javier Iturriaga del Campo fue designado como jefe de la Defensa Nacional para controlar la situación.	El militar designado al mando de la seguridad de la capital chilena desplegó a 500 militares para controlar los 16 ejes más importantes de la ciudad y patrullar las zonas conflictivas. A partir de las tres de la madrugada no se registraron situaciones violentas, pero hacia el mediodía, en varios puntos, grupos de personas organizaron varios 'cacerolazos' y salieron a las calles.	El reporte inicial de los disturbios del viernes fue de 308 detenidos y 167 personas heridas, de las que 11 son civiles y el resto agentes de Carabineros, cinco de ellos en estado de gravedad. También, 41 de las casi 140 estaciones del Metro de Santiago y 16 autobuses urbanos fueron quemados o siniestrados.	La situación ha encontrado su reflejo también en el debate político. Desde la oposición, el Frente Amplio criticó que las autoridades no vean que el problema de fondo no es el precio del metro, sino la inequidad del país y una sociedad injusta, por lo que defendió el derecho de protesta de las personas y exigió al Gobierno "detener la represión". Desde el Gobierno se criticó esta actitud de "irresponsable".	Con la continuación de las protestas este sábado, la declaración del estado de emergencia y la red de metro cerrada -en principio hasta este próximo lunes- las autoridades estudian suspender las clases el lunes y el martes como medida de precaución para evitar posibles altercados de grandes dimensiones y tratar de reducir en lo posible un potencial nuevo colapso de la ciudad.