Respecto a las indagaciones en Cartagena contra aspirantes a cargos populares, en las que la ciudadanía exige celeridad para evitar que la ciudad sea atrapada nuevamente por la interinidad, esto fue lo que respondió Carrillo: “Hay que cambiar las costumbres. Hay que lograr impactar con el voto. Yo no duermo pensando en Cartagena, con relación a la acción de la Procuraduría y en la efectividad de las sanciones. Y uno dice: ‘cómo logro que desde un organismo de control haya un antes y un después en la forma como se hace la política’, y ese es el propósito. Pero es que es insuficiente lo que hacemos desde la Procuraduría, independientemente de todo lo que hayamos hecho, porque es la ciudadanía la que tiene que votar bien y tiene que votar limpio, y cambiar las costumbres electorales. Y tiene que demostrar que las empresas criminales electorales son cosa del pasado. Puedo prometer que en lo que tenga que ver con mi competencia, vamos a tener decisiones ágiles, pero respetando el debido proceso a los disciplinados. Esperamos que en aquellos procesos donde ya se haya surtido la etapa de cargos y descargos, podamos tomar esas decisiones disciplinarias”.	“Sería una locura pensar en otro tipo de opción, en este momento desestabilizaría otra vez la ciudad. Ojalá los cartageneros tomen una decisión de escoger a una persona que cumpla todos los estándares éticos necesarios para liderar esta ciudad y que el primero de enero llegue una persona que recupere esa confianza”, justificó.	Respecto a los presuntos hechos de corrupción en contratos expuestos en los audios revelados por la W Radio, señaló que hasta ahora solo puede referirse a las decisiones tomadas. “Lo que hay para mostrar son las decisiones tomadas. Una, la solicitud de suspensión de un contrato de más de mil millones, y hoy -viernes- la Gobernación mediante una resolución aceptó suspender ese proceso. Un proceso que tenía problemas en la fuente de financiación, violación de los principios de la contratación. El jueves anuncié que tras la investigación de nuestra policía judicial se descubrió un eventual detrimento patrimonial en el caso del acueducto de El Carmen de Bolívar por casi $1.600 millones y eso nos va a llevar a la apertura de una investigación disciplinaria. En el caso particular de contratación, por esas denuncias allí hay dos resultados concretos. Además, estamos indagando desde el punto de vista disciplinario qué mérito hay para abrir investigaciones, pero hasta el momento solo podemos contar esas dos decisiones en materia de contratación”, explicó. Añadió que los casos de corrupción no solo se dan en La Heroica. “Son prácticas tradicionales en Colombia, lamentablemente, no solo en Cartagena. El problema de las denuncias en abstracto es que no funcionan. Con pruebas es que uno logra resultados. Haremos audiencias en Cali, Cartagena, Barranquilla, Valledupar y Bucaramanga para recibir denuncias. En la ciudad será el jueves, en la Universidad de Cartagena”.	En cuanto a algunos señalamientos en su contra por situaciones con el grupo Sarmiento Angulo, que hacen ver que Odebrecht no habría recibido un tratamiento imparcial por parte de la Procuraduría, se defendió y señaló que este ente de control es el que mayores resultados positivos ha obtenido en este caso de corrupción.	“Estoy dispuesto a soportar cualquier tipo de críticas que tengan fundamento en la ley, y donde el cuestionamiento de las actividades de la Procuraduría sea contrastado con los hechos. He podido demostrar que en este caso se ha querido hacer ver por algunos que hubo conflicto de interés. El conflicto de interés según los estándares del club de políticas públicas al que pertenece Colombia, lo define simplemente diciendo que es cuando aparece de alguna manera ensombrecido el cumplimiento de un deber público por un interés particular. Y lo que yo he demostrado es que no hay ninguna institución en Colombia que haya afectado tanto el bolsillo de los protagonistas de la corrupción de Odebrecht como la Procuraduría General. Les hago la siguiente cuenta: me posesioné el 16 de enero de 2017 y encontré archivado el proceso de Odebrecht, estaba prescrito. Cree un grupo anticorrupción e inmediatamente procedimos a reabrir las investigaciones contra esos hechos de corrupción. Lo primero que hice fue interponer una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en defensa de la moralidad pública y los recursos públicos, y logramos el fallo judicial más importante en América Latina contra Odebrecht. El Tribunal de Cundinamarca, en ejercicio de la acción popular de la Procuraduría, le puso una indemnización de 260 millones de dólares, unos 800 mil millones de pesos a la compañía y sus socios colombianos en diciembre del año pasado.	“Luego, intervenimos en el proceso arbitral y un fallo del laudo arbitral de agosto le negó las pretensiones por una demanda de nulidad absoluta de la Procuraduría por objeto y causa ilícita. Además, es un fallo emblemático en el derecho mercantil y en un tribunal de arbitramento, porque por primera vez pone la corrupción como un factor fundamental para declarar la nulidad absoluta de un contrato. Esa fue un pretensión que se negó. Ellos aspiraban a que se les reconocieran 3.5 billones de pesos, más los 800, da 4.3 billones. Yo me opuse también al pago a los bancos, que fue una jugada que nosotros objetamos porque nos parecía que pondría en entredicho la integridad del laudo arbitral, que equivalía a 1.2 billones de pago a los bancos. Eso suma 5.5 billones de pesos gracias a acciones de la Procuraduría. Creo que esa es la prueba de que hemos protegido los recursos públicos y la moralidad pública; y seguimos. Hay algunos a los que les incomoda la presencia de la Procuraduría, esto tiene segundas instancias. El fallo del Tribunal está en el Consejo de Estado, va a ver una demanda internacional en un tribunal arbitral en donde nos quieren sacar también, y yo considero que es mi deber como procurador seguir al frente de lo que hemos conseguido.	“No voy a abandonar en este momento la nave cuando lo único que hemos conseguido son victorias contra Odebrecht y sus socios colombianos, que les incomoda que sea tan larga la cuenta, por supuesto que es obvio. Ustedes recuerdan que Odebrecht trató de conciliar con el Gobierno colombiano, en algún momento dado en una reunión en la Presidencia con el fiscal, el contralor. Primero dijeron -Odebrecht- que el monto del soborno de ellos era solo 11.5 millones de dólares; después se demostró que eso no era así. La Contraloría llegó a demostrar que podrían ser hasta 50. Ellos llegaron a ofrecer hasta 30 millones de dólares. Lo que conseguimos en el Tribunal de Cundinamarca fue una indemnización de 200 millones de dólares. Casi seis o siete veces más de lo que ellos ofrecieron para poder hacer negocios en Colombia”, explicó Fernando Carrillo.	“Tenemos un proyecto en el Congreso, donde queremos consagrar la responsabilidad penal a las personas jurídicas, porque la gente dice por qué no pasó en Colombia lo que pasó en Perú. Pues primero porque a los fiscales peruanos los ejecutivos de Odebrecht sí les contaron toda la verdad. Segundo, porque la posibilidad de quitarle la personería jurídica a esa compañía la da solo un mecanismo como la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Donde hay responsabilidad penal de las personas jurídicas, se le hubiese podido quitar la personería jurídica a Odebrecht, negar los beneficios tributarios, que ahí está el famoso contrato de transacción de beneficios tributarios que estamos poniendo también en entredicho, porque no tiene ningún sentido haberle dado beneficios tributarios a una empresa totalmente corrupta. Lo tercero, era la inhabilidad, que se logró también en el fallo del Tribunal de Cundinamarca. Y lo último, la expulsión del país. Esas cuatro medidas se hubiesen podido lograr si nosotros tuviéramos incorporado en Colombia el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es lo que estamos incorporando en un proyecto de ley en el Congreso”, relató el alto funcionario.Remató respondiendo la pregunta a si teme ser atacado por los procesos que lleva. “Ese es el costo de ser protagonistas contra la corrupción. Y eso es normal y estamos preparados para sufrir todo tipo de ataques. Está sobre la mesa todo lo que hemos logrado a nivel de sanción, incluso de funcionarios de elección popular, que ese ha sido un flanco en donde se ha querido minar la acción de la Procuraduría. Estamos listos para seguir adelante, me falta poco más de un año de gestión al frente de la Procuraduría y no vamos a bajar la guardia, para seguir demostrando que la Procuraduría es una institución sólida, el bastión más sólido que tienen los colombianos en la lucha contra la corrupción”.	Respecto al caso de Aida Merlano, el procurador dijo lo siguiente: “Fuimos los primeros en las aciones disciplinarias y pérdida de investidura de esta. Por eso no es solo que haya investigaciones, que esos votos o esa silla vacía se dé únicamente en la Cámara de Representantes, sino que esos eran votos para obtener una curul en el Senado y por eso interpusimos un recurso de apelación ante la Corte Suprema de no permitir que operara la silla vacía. Estamos convencidos de que el espíritu y la filosofía de la silla vacía era sancionar al partido que le abra espacio a una persona que como ella incurrió en actos de corrupción y delitos electorales; y por eso creemos que la sanción adecuada es que opere la silla vacía. Esperamos que la Corte acoja nuestros argumentos. En primera instancia no lo hizo y por eso presentamos un recurso de apelación el jueves. Creo que después de la fuga y lo que representa todo este entramado de corrupción de la fuga, que es bastante sofisticado, queda claro que eran actos de corrupción y por eso debería operar como argumento adicional la silla vacía. Hay muchas personas que hicieron parte de esa organización y pueden rendir testimonio. Ojalá se animaran esas víctimas de ese entramado de corrupción electoral a contarles a los organismos de control la próxima semana en la audiencia en Barranquilla”.	Otro de los temas cruciales para Cartagena de los que habló Carrillo fue el edificio Aquarela. “La Alcaldía de Cartagena necesita tomar decisiones a nivel de conceptos y peritajes técnicos para que se pueda demoler el edificio Aquarela. Están enredados con la contratación por la Ley de Garantías. Solo falta un dictamen técnico que perfectamente lo pueden hacer los técnicos de la Alcaldía y no tener que esperar a que termine el año, llegue un nuevo alcalde y probablemente embolate lo que es un proceso bastante claro en el sentido de cómo afectó el patrimonio cultural de la ciudad; de cómo representa una amenaza global contra la intangibilidad de ese patrimonio y que lo que hace falta es un dictamen técnico que espero que lo pueda hacer la ciudad de Cartagena antes de que acabe el año”, indicó.