En primera instancia la Procuraduría Provincial de Cartagena estableció que el funcionario no acató la orden del Juez Promiscuo de Turbana, que en julio de 2017 le ordenó responder en el término de 48 horas un derecho de petición a una excontratista de la ESE, que exigía explicaciones por el incumplimiento en el pago por la prestación de servicios a esa entidad hospitalaria.