El pobre argumento es más o menos este: la concesionaria obtuvo un contrato mediante el pago de sobornos que hizo su socia mayoritaria, Odebrecht. Por ende, según este razonamiento, pueden ser objeto de expropiación los proveedores, prestamistas y trabajadores. Reconocerles cualquier pago es dirigir recursos públicos a quienes han servido a una empresa criminal.	Que la Nación les pague lo que la concesionaria les debe es contribuir con nuestros impuestos o con deuda pública a enriquecer a trabajadores y empresarios corruptos. Dejar de pagarles es, por el contrario, conveniente: no solo es justo, sino que castiga a quienes actuaron con mala fe buscando rentas criminales. Es una extinción de la riqueza obtenida violando la ley y el interés público.	Quienes reclaman a la concesionaria Consol lo adeudado, pusieron sus recursos para que esta los invirtiera en la obra, y es allí donde está la plata. La concesionaria debe a profesionales, trabajadores, empresas de ingeniería, bancos y proveedores. Si sus títulos son inválidos, ficticios, una correcta liquidación podrá depurar lo que no contribuyó a la obra y claro que perderán esos recursos.	La obra, que ya se completó en más de la mitad de lo que era responsabilidad de la empresa, es un activo de la Nación, de todos los colombianos, que sí se recibió y que prestará un servicio por décadas. Los peajes por el uso de la vía construida los recibirá el Estado a perpetuidad.	El mayor daño potencial está en atender la airada petición de quienes piden que no se pague un crédito conjunto, sindicado en la jerga financiera, que recibió la concesionaria de parte de los establecimientos financieros: lo adeudado a los bancos supera el billón de pesos, siendo siete de ellos los mayores acreedores.	No pagarlo constituiría la mayor expropiación sin indemnización en la historia de Colombia. Si no se pagan, quedándose la Nación con la carretera, no se castigaría a los dueños de los bancos como pretenden los populistas, sino que se dañaría a los ahorradores, afectando seriamente la confianza del público que requiere la protección estatal a la actividad financiera.	Pagar lo justo, lo adeudado e invertido en la carretera es lo que toca. Negociar rápido y bien esos pagos es lo que sirve al interés público, pues permite destrabar el crédito para financiar las urgentes obras de infraestructura que requiere Colombia, y hace posible que la actividad financiera siga contribuyendo al desarrollo.	Colombia es de los pocos países en América Latina con un sistema económico que protege el ahorro individual de la confiscación estatal y permite la libre actividad financiera. Ceder al populismo antiempresa nos nivelaría con los regímenes que en la región han minado sus economías destruyendo valor, alejando la inversión e impidiendo el progreso.