l anuncio del posible aumento de $600 en la tarifa de Transcaribe para el 2020 en caso de que no se pague por lo menos parte de los $66 mil millones que el Distrito le debe al sistema para el funcionamiento de una porción de la operación que incluye pago a proveedores, chatarrización, entre otros asuntos, se convirtió en un trago amargo colectivo.	La ciudadanía rechaza firmemente la posibilidad de un incremento, el que sería el más alto en la historia del sistema, y que sería una realidad en caso que el Distrito no se ponga al día con Transcaribe operador, el que asumió desde 2015 y con el que tiene una mora que cada día aumenta y que viene desde el 2017.	Tras esta advertencia hecha por el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll Durango, la única salida es que, además de los recursos por $8 mil millones que está gestionando la Alcaldía para pagar la deuda a proveedores, el Concejo Distrital apruebe en sesiones extras un crédito por $20 mil millones para la chatarrización, lo que permitiría la salida de dos rutas del Transporte Público Colectivo (TPC) y la entrada de 19 buses padrones de Transcaribe con una capacidad de 90 pasajeros cada uno, y aliviaría las cargas al masivo, aumentando la demanda y lo que resultaría en un equilibrio de la tarifa técnica y la que paga el usuario.	En su momento, y tal como está plasmado en la edición del 9 de noviembre de 2018 de El Universal, fue sacado del orden del día el segundo debate que se le haría al proyecto de acuerdo 121, que buscaba otorgarle facultades al alcalde para celebrar operaciones de crédito público hasta por $20 mil millones como fuente de financiación al proyecto de Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM).	David Caballero, concejal ponente del proyecto, explicó en ese entonces que se solicitó la exclusión del debate del orden del día, ya que se hicieron algunos requerimientos al gerente de Transcaribe. Para Caballero debía esperarse el tiempo reglamentario para que la comisión encargada del estudio del proyecto recibiera las respuestas del caso.	“En ese momento manifestaba que teníamos que tocar tres aspectos: la estructuración tarifaria, la revisión de la distribución de costos y beneficios, porque a mi juicio se asignó un grueso de todos los que son los costos y los riesgos del negocio a la administración pública y no a los operadores; y por último un análisis de esos costos ocultos, porque hoy hay problemas con los tiempos de viaje y con la calidad del servicio en la medida en que se va ampliando”, manifestó el cabildante.	Como se mencionó anteriormente, la Alcaldía está en pro de darle $8 mil millones a Transcaribe operador, de los cuales el Distrito ya dio $3 mil millones y se espera que en las extras del Concejo se apruebe otra incorporación de $3 mil millones, y que por último en octubre entregarían otros $2 mil.	“Estas son situaciones que se han derivado de la consecuencia de haber convertido a Transcaribe en operador y sin cumplir los compromisos que se debían estipular anualmente en los presupuestos de los años anteriores. La administración tratará de, así como tantas situaciones complicadas que ha encontrado, tratar de resolverlas y que se cumplan los compromisos que se incumplieron en los años anteriores (...) Igualmente, respetando la autonomía del Concejo, se puedan aprobar los recursos para la chatarrización, porque el haber convertido a Transcaribe en operador le originó esas obligaciones al Distrito de tener que buscar estos recursos.	“En lo que compete lo estaremos haciendo, igualmente la oportunidad de aclarar que tengo un impedimento aprobado por la Procuraduría, por lo que se designó alcalde ad hoc para el asunto de tarifas, por ende no podré hacer ningún comentario, pero vamos a trabajar buscando la solución, como lo hemos hablado con el viceministro de Transporte y con Transcaribe”, dijo Pereira.