Impresiona cómo, con cada vez mayor fuerza, los burócratas de la multitud de agencias de la ONU establecidas aquí le están dando a Colombia el trato de virreinato. En su creciente intervención en los asuntos internos del país, esos personajes opinan de lo divino y lo humano, y su sesgo ideológico se impone en declaraciones que lanzan sin pudor tomando partido, cuestionando instituciones hasta con falsas afirmaciones y desconociendo nuestro ordenamiento constitucional.	Caso reciente fue la solicitud de un grupo de “expertos” en derechos humanos de la ONU al gobierno colombiano de dejar de “incitar a la violencia contra los desmovilizados de las Farc-EP”. Y ante esta solicitud que planteó una acusación gravísima absolutamente falsa, no pasó nada. Como habían hablado los virreyes, el Gobierno y el país se tragaron la injuria.	Los humos que se dan los burócratas de la ONU son fortalecidos por políticos, periodistas y diversas ONG que, para aprovechar sus sesgos ideológicos, buscan hacerlos ver como supra-autoridades dotadas de algún poder político superior. En realidad, ellos son simples funcionarios que pertenecen a misiones temporales de fondos, misiones o programas de la ONU que están aquí porque Colombia lo ha pedido o lo ha decidido -pues la ONU no tiene autoridad ni capacidad para establecerlas por su voluntad. Y como personas falibles, debieran ser evaluados por sus resultados, que en buena medida oscilan entre mediocres e inexistentes.	Colombia tiene y paga la mayor presencia de personal de la ONU en toda América Latina. El informe de Estadísticas de Personal de la ONU de 2018 registra para Colombia 736 funcionarios (con nombramientos para un año o más) de la ONU y sus agencias y organismos afiliados. Países del tamaño de Brasil y México tienen 350 y 280, respectivamente. Aquí la ONU tiene más burócratas que en las superpobladas China (294) o Indonesia (615), o que en naciones muy pobres como Bangladesh, Níger, Madagascar, Mozambique, Chad o Ruanda.	La presencia de la ONU en Colombia incluye 25 entidades entre programas y fondos, organismos afiliados, oficinas de la Secretaría y agencias especializadas. Una vez se abre una oficina aquí, difícilmente se cierra. No porque se necesite, sino porque para los burócratas internacionales Colombia es un excelente vividero. No hay justificación para la permanencia de oficinas sustituidas por la gestión del Estado colombiano como la de UN-Hábitat, la Onudi, ONU Mujeres o el Fondo de Población Unfpa. Ni qué decir del Pnud y el Unicef, que ya no traen al país recursos significativos pues somos un rico miembro de la OCDE.	Para acabar con este virreinato, Colombia debe exigirle a toda esa burocracia de la ONU que ha invitado que produzca resultados y cumpla su deber en línea con las prioridades que define el Estado colombiano, sin cruzar la línea de intervención en los asuntos internos cuando no les compete. La ONU es conocida en el mundo por su burocratización y sus dobles raseros, y el Gobierno debe evitar que esas situaciones se repitan aquí. Otros países que tienen mejor visión sobre la cooperación internacional logran, con la diplomacia del caso, que las agencias y oficinas de la ONU cumplan sus mandatos con rigor, dentro de los límites establecidos por la Carta de Naciones Unidas, y que cuando terminen su misión se vayan. Es hora de que Colombia actúe de igual forma.