De acuerdo con lo señalado por el personero de la capital, Jorge Galofre, el directivo docente transgredió los principios que rigen la contratación estatal, aduciendo que existieron graves irregularidades en la ejecución de los contratos 007, 008, 009, 010 y 011 del año 2017 que tuvieron como finalidad mejorar la infraestructura de la institución.	“El disciplinado actuó con desconocimiento de los principios que regulan la función administrativa y contratación estatal, en especial el principio de responsabilidad, el cual exige a los funcionarios públicos que manejan recursos oficiales la correcta destinación de los mismos y el cumplimiento de los fines y cometidos estatales, disponiendo para ello de un control y salvaguarda absoluta de los mismos”, señaló el representante del órgano de control.	La Personería de Montería consideró que la conducta del rector fue cometida a título de culpa gravísima por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, en el mismo fallo establece que toca esperar la decisión de la Procuraduría Regional de Córdoba, ante la cual el rector presentó recurso de apelación.