La norma hace énfasis que las víctimas de este tipo de delitos deben primero agotar otras instancias como las pólizas de salud, medicina prepagada o el Sistema General de Seguridad Social en Salud, sin que ello implique ningún gasto ni erogación económica a su cargo o de sus familiares y que el Ministerio de Salud debe garantizar el acceso a los insumos, procedimientos y tecnologías que el médico tratante o el especialista necesite para atender a este tipo de pacientes.