El órgano de control reprochó también el comportamiento de los exsecretarios General, César Cerchiaro, y de Educación de la Gobernación del Cesar, Juan Carlos Calderón, porque al parecer vulneraron el principio de transparencia y selección objetiva al suscribir el estudio previo del proceso de selección y firmar una resolución que adoptó el pliego de condiciones para el proceso contractual y el contrato No. 2013-02-0808.	En el caso del exmandatario departamental, la Procuraduría le cuestionó presuntamente no ejercer control y vigilancia en la etapa precontractual del proceso, y en la celebración del negocio jurídico, lo que habría permitido que el entonces secretario de Educación determinara como modalidad de contratación la licitación pública, cuando correspondía adelantar una selección abreviada, teniendo en cuenta que se trataba de acuerdo de voluntades para la dotación de vestido y calzado de los docentes adscritos al departamento.	Además, reprochó el presunto actuar irregular de la exjefe de la Oficina Jurídica, Mery María Romero Mestre, al adjudicar la subasta a través de la Resolución No. 003892 y celebrar el contrato 784, del 28 de diciembre de 2015, sin presuntamente tener en cuenta que el pliego, al parecer, tenía condiciones restrictivas y discriminatorias de la libre concurrencia de oferentes.