A raíz de lo anterior, según las Naciones Unidas, la participación mundial de las siembras de coca de Colombia se incrementó del 40 por ciento al 74 por ciento en este periodo. Ciertamente, el fracaso de la estrategia acordada con las Farc para combatir el narcotráfico es la mayor dificultad que ha tenido la ejecución de lo pactado.	El acuerdo promovió una nueva visión del problema de las drogas, que en 89 ocasiones diferentes a lo largo de sus 310 páginas denomina como de “cultivos de uso ilícito”, con lo cual circunscribe la ilicitud a su uso y no a su siembra, cultivo o producción. De esta manera, el acuerdo legaliza, de facto, los cultivos de coca, marihuana y amapola, que dejaron de ser narcóticos ilícitos sujetos al Código Penal, en contravía de los compromisos de Colombia en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.	En particular, las Farc no han cumplido con los compromisos contraídos con el Gobierno Santos, que los obliga a contar la verdad sobre “las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión”, particularmente en relación con la ubicación de los laboratorios, cristalizaderos, origen de los precursores químicos, rutas del narcotráfico de las drogas ilícitas producidas en Colombia.	El expresidente Juan Manuel Santos reconoció desde Madrid (España), en el Fórum Europeo realizado el 13 de mayo de 2018, que era “cierto que los cultivos ilícitos han aumentado en los últimos tres años y yo asumo esa responsabilidad”. Añadió que “hubo un incentivo perverso, porque los campesinos dijeron: aquí va a haber una sustitución voluntaria, entonces va a haber beneficios cultivando coca, pues vamos a sembrar, y se aumentó”.