Según la entidad, luego de que se denunciaran irregularidades en el contrato número 2401 de diciembre de 2013, celebrado con el consorcio Constrico, cuya representante legal es Amparo Medina y cuyo objeto era la construcción de estructuras de captación y línea de conducción del recurso hídrico de la quebrada El Tejar, hasta el acueducto comunitario Acuaboquerón.	El primer cargo por el que se le cuestiona a Triana y que se califica como una falta gravísima, es luego de que ejerciera como ordenador del gasto y viabilizara la ejecución de dicho contrato, esto, pese a que no existía de manera previa la licencia o plan de manejo ambiental, expedido por Cortolima.	Según lo expuesto por la Procuraduría, el acta de inicio se suscribió el 27 de diciembre de 2013; sin embargo, la concesión de aguas y el permiso de aprovechamiento forestal, se otorgaron en abril y junio de 2014, respectivamente, lo que para la entidad pudo haber transgredido los principios de economía, planeación y responsabilidad de la contratación estatal.	El otro cargo en cuestión, tiene que ver con las adiciones que se hicieron al mismo contrato, los cuales superan ampliamente el 50% del valor inicial del mismo y que violan la ley 80 de 1993, artículo 40, que indica “los contratos no podrán adicionarse en más de la mitad de su valor”.	Aunado a la situación la entidad también tuvo en cuenta las determinaciones hechas por los quejosos, uno de ellos el veedor Walter Martínez Barragán, quien hizo reparos a las obras ejecutadas en términos de calidad de las tuberías e instalación de las mismas, en las veredas Peñaranda y Cataima, zonas con fallas geológicas, misma diligencia que allegó en el 2017 la Veeduría Agua para Ibagué (VAPI), que también hizo reparos a las obras ejecutadas.