La solicitud de Dau fue respaldada a través de una misiva que la vicepresidenta de la República, Martha Lucía Ramírez, le envió al alcalde Pereira Caballero, y al presidente del Concejo de Cartagena, Rafael Meza Pérez, en la que solicita revisar la conveniencia de una renegociación de la concesión del alumbrado público de la ciudad.	“La confianza ciudadana, la legitimidad institucional y el progreso de la ciudad requieren de procesos contractuales abiertos a la ciudadanía, con pluralidad de oferentes, y en este caso particular, es importante que este nuevo contrato se realice cumpliendo con los parámetros técnicos, jurídicos y administrativos que garanticen a la ciudadanía contar con un servicio de alumbrado público que sea moderno y confiable y con la selección del nuevo contratista de manera muy transparente y de cara a la ciudadanía”, expresó Ramírez en la misiva.	Dentro del documento, la vicepresidenta también resaltó que el estudio hecho por Findeter muestra otras alternativas para garantizar el servicio tales como hacer una ampliación del contrato con la empresa actual por un número de meses específico, o de llevar a cabo un contrato interadministrativo con alguna entidad que pueda operar y sostener el servicio durante varios meses.	“Lo que ha hecho este encargo es coger la alternativa en principio, técnicamente viable, y que tuvo la primera calificación por parte del consultor, y eso es lo que estamos haciendo, siguiéndonos por la consultoría que contratamos, y que ha indicado que la primera opción es la renegociación del contrato actual, para lo cual el concesionario ha presentado una propuesta”, sostuvo Pereira.	“Una prórroga de pocos meses no la recomendó en principio la consultoría, ya que para que se pueda dar habría que ajustar los temas tarifarios y el de la semaforización, pero además, eso no es una sola parte, nosotros no podemos hacer una prórroga de manera unilateral, ya que se necesitaría también el consenso del concesionario actual, atendiendo que ellos tienen una reclamación alta por un supuesto desequilibrio del contrato”, dijo el mandatario.	“Es una condición especial que mereció un análisis, en la medida en que aseguraría la continuidad en la prestación del servicio de alumbrado, sin tener que adelantar un proceso de selección en este momento, lo que en últimas resultaría acorde a los principios de eficiencia y economía, pues le permitiría al Distrito contar con una solución rápida y sin grandes procesos administrativos, así como igualmente permitiría a la administración cumplir con la normatividad vigente en la materia”, puntualizó en el documento.