Este cambio de discurso, no obstante, vino acompañado de un asterisco, y es que el gremio de los comerciantes mantiene reservas sobre varios puntos de la iniciativa, sobre todo por aquel que involucra a las empresas medianas. En su concepto, el proyecto debe permitir acuerdos privados dependiendo del sector, la región y las características de cada negocio.	Los ponentes estudiarán, entre otras, la posibilidad de excluir de este proyecto a las negociaciones que se realicen con el Estado y, en general, con el sector de la salud, pero también analizarán si incluyen que se puedan hacer negociaciones entre privados, las cuales no quedarían cobijadas con el plazo máximo de 60 días que pretende instaurar el articulado para pagar las facturas entre empresas (ver módulos).	Para el representante a la Cámara y autor del proyecto, Mauricio Toro, incluir este punto “llevaría a que el plan se vuelva un saludo a la bandera, e incluso lo convertiría en el proyecto de pago a plazos injustos, ya que llevaría a que se cumplan las obligaciones mucho más tarde de lo que sucede ahora”.	Además, dijo que la única opción que por ahora está fuera de discusión es la de sectorizar los tiempos para cancelar los pagos, “pues implicaría coger uno por uno los sectores y eso sería imposible, aunque puede que el tema se incluya durante los dos debates que faltan en el Senado”.	Si bien no aclaran si esto implicaría presentar un nuevo proyecto o modificar el actual, argumentan que tal y como está hoy, el articulado que ya se aprobó en la Cámara “no atiende los intereses de todos los actores de la cadena, ni tiene en cuenta las implicaciones macro y microeconómicas que se derivan de un proyecto de esta naturaleza”.	“El Estado no paga a tiempo, pero tiene un caso diferente, porque mientras que las empresas usan su posición dominante para pasar un pago a esos tiempos y los demás se ven sometidos a aceptarlo, la Nación lo hace por temas de burocracia, ‘tramitomanía’ y otros temas”, aseguró Mauricio Toro, autor del proyecto.	El representante Juan Carlos Reinales logró en la plenaria de Cámara que el régimen de transición para aplicar la norma fuera menor a la inicialmente aprobada. En el primer debate se logró un consenso para que la ley comenzara a operar dos años después de firmada, momento en el cual se pagarían máximo las facturas a 60 días y, dos años después, a 45.	Diversos actores del sector salud, incluyendo el Ministerio, han pedido que esta rama no se incluyan en la ley de pago a plazos justos. La cartera pidió excluir el sector, “ya que los tiempos que contempla no corresponden con las necesidades de la industria ni obedece a los diferentes procedimientos definidos para el pago de servicios de salud”.	Para el autor del proyecto, “esto haría, incluso, que se amplíen los plazos en lugar de reducirse, porque sería legalizar el abuso en un papel notariado. En Chile lo incluyeron, pero de hecho ahora buscan pasar otra ley modificando ese punto, ya que las empresas los empezaron a usar como una salida”.