Asimismo, añade que, ante la situación generada por la propia víctima, al ente investigador no le era exigible una conducta diferente que la de imponer la medida restrictiva de la libertad con fundamentos en los indicios graves recolectados y que sugerían su participación en el delito de peculado por apropiación a favor de terceros.	Finamente, el Consejo de Estado falló y señaló que se debe revocar la sentencia del pasado 13 de agosto de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena y, en su lugar, se dispone a declarar probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y, en consecuencia, se niegan las pretensiones de la demanda.