La pasada no fue una buena semana. Dos noticias preocupantes ocuparon los titulares. El Consejo de Estado, invocando el principio de precaución, decidió mantener la prohibición de la fracturación hidráulica más conocida como fracking. Por otra parte, en el Congreso, está cerca de aprobarse un acto legislativo que reforma la Contraloría General de la República. Ninguno de los anuncios es bueno y deberían generar un mayor debate sobre los alcances de los mismos.	En el tema de generación de energía, los extremistas del ambientalistas han logrado, mediante activismo legal, entorpecer el desarrollo de todos los proyectos relacionados. Obtener licencias ambientales para cualquier propósito en Colombia es una odisea salpicada de ineficiencia, demoras y, en muchos casos, corrupción. Estamos en mora de reformar integralmente el régimen de las Corporaciones Autónomas, verdaderos fortines políticos que han frenado el desarrollo a nivel territorial. La explotación de petróleo es poco atractiva en nuestro país por el carácter aleatorio y caprichoso del licenciamiento necesario. Para los ambientalistas radicales, nada es suficiente. Dejan de cumplir su necesario papel como defensores de la naturaleza para convertirse en lo que algunos denominan como “ecópatas”, que no atienden ningún argumento, por científico y válido que sea. Ninguna forma de generación de energía les sirve.	Frenar la exploración y explotación por medio del fracking tendrá consecuencia en un futuro cercano. En el último censo demográfico, el 67 por ciento de los hogares tenían servicio de gas domiciliario. Pero nuestra reservas no son abundantes y este combustible es de gran impacto social. La reciente decisión judicial puede traer graves consecuencias energéticas en un futuro no lejano.	También resulta sospechosa la ágil aprobación del proyecto de acto legislativo que reforma el control fiscal. Avanza como una aplanadora la propuesta que crea la peligrosa medida de un control preventivo de la ejecución presupuestal. Esta idea recuerda los tenebrosos tiempos, anteriores a la Constitución de 1991, del control previo. La Contraloría era el más enorme fortín político con la capacidad de chantajear y sabotear la acción del Ejecutivo. En esa época los auditores cobraban por aprobar las cuentas y los Contralores Generales eran todopoderosos.	Para endulzar la píldora, se argumenta que el control preventivo será esporádico y selectivo para evitar que derive en el control previo sistemático. Pero, con el origen político de la elección del Contralor General, esta garantía es muy frágil. Si el Congreso elige de Contralor una figura que tenga aspiraciones políticas, seguramente utilizará su nuevo poder para ponerle zancadilla al gobierno de turno y obtener beneficios electorales. La posibilidad de que este mecanismo se convierta en un nuevo instrumento de chantaje político y corrupción es muy elevada.	El proyecto de reforma trae además un reajuste muy sustancial del presupuesto de la CGR. Más poder con más burocracia es una combinación letal. No es de extrañar que los parlamentarios, sedientos por la poca mermelada repartida en este gobierno, esperan que la nueva Contraloría sea la del desquite clientelista. Además, ni siquiera se eliminan las inútiles y corruptas contralorías territoriales.