De un lado, el fiscal general Néstor Humberto Martínez retoma sus reparos a la ley y le pide al presidente Duque que la objete. Entre otras razones asegura que la ley permitiría eximir de responsabilidad penal a quienes hayan cometido crímenes de guerra, frenaría las investigaciones contra agentes del Estado, y permitiría que no castigue por la justicia ordinaria a quienes después de la firma del Acuerdo de Paz cometan nuevos delitos como secuestro o narcotráfico.	Para Rodrigo Pardo, director editorial de Semana, este es un momento en el que más allá de lo que diga el texto de la ley de la JEP, hay unas connotaciones políticas sobre la justicia que vamos a tener hacia adelante y eso impone una revisión de fondo sobre el tipo de paz que queremos.