Con esto respondemos al mandato constitucional de una vida digna, dirigido no solo a las autoridades del Estado sino también a la sociedad civil. En este sentido, hacemos un llamado a la solución de la crisis humanitaria que se vive en las estaciones de policía, aún más crítica que las de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.	Las estaciones de policía son espacios de tránsito (de máximo 36 horas) para la retención preventiva, ya que no cumplen condiciones de habitabilidad. Sin embargo, según la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en Antioquia, actualmente hay 1.571 personas en su mayoría del municipio de Medellín, que pasan semanas y hasta meses y años en espera de ser juzgadas.	La Personería de Medellín y la Policía Metropolitana han denunciado condiciones graves de falta de alimentación y de lugares para dormir (duermen en pico y placa), ausencia de luz solar, frágil seguridad y la imposibilidad de tratar y controlar las enfermedades en estos centros. Los tratados internacionales firmados por Colombia imponen al Estado la obligación de garantizar 4 m2 a cada persona recluida.	La Corte Constitucional llamó a la crisis carcelaria un “estado de cosas inconstitucional” y ordenó aplicar la Regla de Equilibrio Decreciente en centros penitenciarios, que permite que por cada dos personas que salen, solo pueda ingresar una. En consecuencia, altos porcentajes de nuevos detenidos permanecen en las estaciones de policía sin ser admitidos en los centros penitenciarios.	El llamado es a salvaguardar el Estado Social de Derecho y retornar a la garantía de los derechos fundamentales, lo que también implica recuperar el carácter preventivo de la política criminal, con acciones dirigidas a mitigar las causas del delito, entre las que se encuentran las altas condiciones de vulnerabilidad social de amplios sectores de la población.