En su rol como autoridad nacional de la competencia, mediante Resolución 30877 de 2019, formuló cargos en contra de ocho agentes del mercado y ocho personas naturales por presuntamente implementar una estrategia para coordinar, en todas las etapas de los procesos de selección pública investigados, la presentación de múltiples manifestaciones de interés y/o propuestas con el fin de incrementar la probabilidad de que alguna de las empresas investigadas resultara adjudicataria.	“Recientemente se tomó la decisión de abrir la investigación, ya que presuntamente se pudo haber afectado la libre competencia en no menos de 104 procesos de contratación pública, cuyo objeto estuvo relacionado con la construcción, el mantenimiento y adecuación de infraestructura del Estado”, aseguró Juan Pablo Herrera, delegado para la protección de la libre competencia.	La actuación administrativa de la Delegatura para la Protección de la Competencia inició con ocasión de una denuncia presentada por el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría Distrital de Hacienda y en el desarrollo de sus actividades investigativas identificó que, presuntamente, la conducta materia de investigación no se habría limitado únicamente al caso denunciado, sino que se habría extendido a 104 procesos de contratación estatal.	A los agentes del mercado multas de hasta cien mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (que son unos 82.800 millones de pesos), en tanto que las personas naturales vinculadas con los agentes del mercad pueden recibir multas de hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales (1.600 millones de pesos).