El presidente Donald Trump ha arrasado a los líderes de la agencia y ahora está tratando de redirigir las atropelladas y brutales maniobras de su administración respecto a la inmigración. A lo largo de la frontera sur de EE.UU., el presidente ha forzado un proyecto de vanidad, El Muro, a fin de sofocar una conversación más sofisticada y bipartidista sobre la política migratoria.	El jueves en la noche, el Washington Post reporto que la Casa Blanca había intentado sin éxito forzar a los funcionarios de inmigración federales a transportar y dejar a los inmigrantes detenidos en las calles de las "ciudades santuario" en venganza a los oponentes políticos del presidente, incluida la presidente de la Cámara Nancy Pelosi.	Si bien el zar de Trump para la migración, Stephen Miller, es presuntamente el arquitecto de la política para las ciudades santuario y ha tenido un rol en la purga del Departamento de Seguridad Nacional, el presidente no dejó duda de quien considera que el público debe creer tiene la última palabra en política migratoria durante su mandato.	"Francamente, solo una persona la dirige. ¿Saben quién? Yo". Es una declaración interesante para analizar, teniendo en cuenta que los recientes e importantes debates sobre los horrores en la frontera sur han eclipsado un flujo continuo de excelentes informes sobre el grado en que la compañía del presidente, la Organización Trump, depende de trabajadores inmigrantes con poca -o ninguna- documentación.	Morales "ha tendido la cama de Donald J. Trump, ha limpiado su baño y ha sacado el polvo de sus trofeos de golf de cristal", señala el artículo. Le dijo al periódico que había cruzado a EE.UU. ilegalmente en 1999 y, al igual que otros empleados en el club, usaba documentos falsos para demostrar su autorización para trabajar.	En enero, el Times informó que una extrabajadora del club Bedminster, también indocumentada, dijo que su nombre había sido borrado de una lista de empleados del lugar cuando los administradores se dieron cuenta de que necesitaba evadir al Servicio Secreto de EE.UU. (que estaba realizando una revisión de seguridad antes de una visita presidencial).	Es solo otro de los recordatorios de la nube de conflictos de intereses financieros que se ha cernido sobre la presidencia de Trump desde su posesion. Anibal Romero, abogado en Newark, Nueva Jersey, especializado en derecho migratorio y civil, representa a 37 personas que fueron empleados indocumentados en las propiedades de Trump.	Elogia a sus clientes por tener el valor de enfrentarse a la compañía del presidente, pero le preocupa la falta de compromiso federal con sus angustias. "Me sorprende la evidente hipocresía de la retórica de Trump cuando sataniza a los inmigrantes a la vez que se lucra de ellos", me dijo Romero.