Un informe técnico de auditoría, realizado por la Contraloría de Ibagué al Ibal para la vigencia 2018, evidenció un presunto detrimento dentro de la empresa por $106 millones 475 mil, esto luego de que se dejará de percibir este valor al no realizar el cobro de las acometidas domiciliarias de manera oportuna a sus usuarios.	Según estableció la Contraloría en una revisión realizada a las Órdenes de Trabajo de Acueducto y Alcantarillado (Oteas), donde se da cuenta de los cobros hechos a los usuarios por este tipo de procesos en la facturación, 738 de ellos, a corte del 31 de diciembre de 2018, se encuentran sin gestión de cobro.	El Ibal, en el documento, refutó lo expuesto por la Contraloría y aclaró que la empresa tiene el registro de que las Oteas fueron trasladadas al área de facturación, donde “efectivamente han realizado el cargue y cobro correspondiente a cada matrícula afectada, que tampoco se ajustan al periodo de cobros inoportunos”.