El Consejo Superior de la Universidad de Cartagena, en sesión ordinaria del 14 de octubre de 2016, luego de estudio y revisión de la propuesta de creación de la unidad de salud de la Universidad de Cartagena presentada por miembros de la Junta de la Caja de Previsión, decidió no aceptar y no aprobar la propuesta en razón a que se aparta del campo misional de la universidad que es prestar un servicio educativo oportuno y de calidad.	Por otra parte, con relación al cumplimiento de la Ley 647 de 2001, Acuerdo 28 BIS de octubre de 2001, y el Acuerdo No. 23 del 20 de mayo de 2009, por el cual se pretende la modificación de los estatutos de la Universidad de Cartagena y la creación de la Unidad de Salud para esta institución, la norma legal no contiene un mandato imperativo que determine una obligación a cargo de la Universidad de Cartagena, en la forma que pretende el demandante”, precisó el fallo.	Una Unidad de Salud es competencia y resorte de la autonomía universitaria y por ello el Consejo Superior negó dicha propuesta y dio prelación la naturaleza misional de la institución educativa la cual es la prestación del servicio de educación, pues las prestaciones medico asistenciales de empleados, trabajadores y docentes de la institución se hacen a través de las diferentes EPS a las cuales se encuentran afiliadas.	La Caja de Previsión Social es una entidad con autonomía administrativa y financiera, y su sostenibilidad como prestadora de salud no depende de la institución educativa. En efecto, el Artículo 4 del Acuerdo 01 de la Junta Directiva de la Caja de Previsión Social determina que “La Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena, es una unidad administrativa especial, con autonomía administrativa, financiera, patrimonio propio deslindado de los bienes y rentas de la Universidad de Cartagena”, esto, en concordancia con la Ordenanza No. 33 del 1 de Diciembre de 1966, que creó la Caja de Previsión.	La afiliación a la prestación social en salud de los empleados públicos de entes universitarios autónomos se rige por el principio del artículo 153 de la Ley 100 de 1993 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia que lo ha ratificado. No existe directriz alguna en materia de afiliación o desafiliación a ninguna entidad prestadora de salud, entre éstas la Caja de Previsión Social, de parte de la Universidad de Cartagena, pues la institución no interfiere con la libertad de afiliación en el Régimen de Seguridad Social.	Durante su vigencia la Ley 334 de 1997 determinó que el 20% de lo recaudado era para atender los aportes de seguridad social de sus empleados, lo que dentro del principio de la libre escogencia determinado por la Ley 100 de 1993 y la Ley 647 de 2001, como se ha explicado, corresponde a todas y cada una de aquellas entidades prestadoras de servicio de salud (no únicamente a la Caja de Previsión Social) donde sus empleados bien decidan recibir los servicios de salud que constitucionalmente le corresponde. Los órganos de control que auditan los recursos de estampilla consideraron que este porcentaje hace parte de la contrapartida de la Universidad de Cartagena, para pagar la seguridad social.