“Quien haya sido declarado responsable fiscalmente es inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesa cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable”, señaló.	El ente de control manifestó que las inhabilidades de los candidatos que resultan electos tiene un grave efecto económico para el país, muestra de ello es que cerca de 64.000 millones de pesos le han costado a Colombia las 95 elecciones atípicas a alcaldías, concejos, JAL y algunas consultas realizadas en los últimos ocho años.