impulsado por la Fiscalía y los promotores de la Consulta Anticorrupción. La iniciativa acaba con la casa por cárcel y la reclusión en establecimientos especiales para las personas condenadas por delitos de corrupción y aumenta las penas para los delitos de concusión, cohecho y prevaricaro. Este proyecto busca inhabilitar para contratar a las empresas que hayan hecho parte de estructuras corruptas	y garantizar que los convenios interadministrativos deban hacerse conforme a las normas de contratación estatal. Frente al polémico artículo 28 que castiga con cárcel las filtraciones de información secreta por parte de servidores públicos, se añadió un parágrafo que garantiza el secreto profesional y la reserva de las fuentes, en el caso de los periodistas. El proyecto ahora deberá ser conciliando antes del 20 de junio