Debe tenerse en cuenta que un aspecto sustancial del punto 3.4.2. fue desarrollado en el Acto Legislativo 5 de 2017 y el Partido Político que ahora pide “solemnidades” participó ya en las elecciones más pacíficas de las cuales Colombia tenga memoria en 60 años y ahora está representado en el Congreso de la República.	Igualmente, el Gobierno ha venido no sólo anunciando, sino efectivamente ejecutando lo previsto respecto de garantías de seguridad para los excombatientes que se mantienen en la legalidad y, de manera muy dedicada, para los miembros del partido Farc, en especial con el punto 3.4.7 a través de las medidas de protección y seguridad para ellos, otorgadas a través de la Mesa Técnica de Seguridad que preside el Consejero Archila.	Entre otras muchas acciones en ese sentido, el Gobierno ya cuenta con un plan de seguridad para las elecciones de octubre, como se explicó en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que ya sesionó y, además, en la Mesa, dónde participan también representantes Farc, se inició el diseño de las acciones particulares que se precisarán para los candidatos de esa colectividad.	No sobra recordar que el Gobierno está focalizando su acción en los territorios más golpeados por la violencia, contrarrestando el uso de las armas mediante la ejecución de los planes con enfoque territorial que responden a las expectativas de seguridad, desarrollo y legalidad de la población. En efecto la ejecución de los PDET es manifestación y garantía del rechazo al uso de las armas en la política.	Finalmente, es de resaltar el compromiso del Gobierno con la protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, no sólo como implementación del punto 3.4.2 del Acuerdo, sino principalmente como cumplimiento del deber constitucional de proteger a todos los habitantes del territorio nacional en su vida, bienes y honra, entre otros, con el Plan de Acción Oportuna (PAO) que el Gobierno puso en operación.Comentarios