La W conoció en primicia una queja que fue radicada en la Procuraduría con la que se solicita que se adelante una indagación disciplinaria por la emisión de la resolución 082 de febrero de 2017, con la que se le dio el carácter de Vivienda de Interés Social (VIS), al polémico proyecto Aquarela, que se levanta cerca al Castillo San Felipe de Baraja, en Cartagena.Según se lee en el documento,	. Una de las irregularidades que se detalla en la queja, de unos 9 folios, es que García Tirado haya certificado un proyecto con una dimensión distinta a la real y además cuestiona que se haya usado el carácter de Interés Social para recibir exoneraciones, cuando se estaría frente a complejo habitacional que no beneficiaría a las comunidades que debe cobijar un proyecto VIS.“En la Resolución se indica que el inmueble objeto de certificado tiene un área de 5412 m2, área de construcción 8041m2. Sin embargo, se tiene que se trata de varios inmuebles, sobre los cuales acreditaron propiedad de dos de ellos con folios de matrícula (FMI) 060-296399 con área de 4596m2 y el otro con FMI 060-300584 con área de 115.20m2. Conforme lo anterior, sólo se acreditó la propiedad sobre un área de 4 711 m2 que no coincide con la certificada”, indica la queja.En el documento se cuestiona, además, que la ubicación del edificio sea la de un proyecto VIS	: “es sorprendente, que existan viviendas VIS, con el diseño y ubicación que toda la comunidad conoce, con locales y parqueaderos con beneficios tributarios. Con fundamento en lo expuesto, respetuosamente considero que se debe indagar sobre los antecedentes de la Resolución 082 de 201 7 expedida por Corvivienda y en consecuencia se adelanten las indagaciones disciplinarias que sobre el particular procedan”.Tras esta radicación de esta queja, por economía procesal, el Ministerio Público unirá esta indagación a una que ya tiene abierta contra al curador urbano Ronald Llamas, al Gerente encargado de Corvivienda, Alberto Vélez, y contra el al Jefe de Patrimonio, Alfonso Cabrera.