El próximo contralor deberá, además de mantener la auditoría sobre los procesos administrativos de los próximos gobernantes locales y el gobernador, redirigir las investigaciones actuales, que a juicio de la Fiscalía General de Nación, fueron entorpecidos por Sergio Zuluaga Peña y Rubén Darío Naranjo, para su beneficio, con el pago de sobornos.