El argumento del dirigente gremial es que en esta Ley “está sustentada la esperanza del nuevo el crecimiento económico del país”, pues los enormes beneficios tributarios que dio a los empresarios van a estimular la inversión y, por lo tanto, el empleo. El mensaje implícito es que es necesario defender los supuestos efectos positivos de la Ley frente al activismo judicial de un tribunal que no los toma en cuenta.	La realidad es otra. La Corte si está realizando un análisis detallado de los impactos económicos que tendría una eventual declaratoria de inexequibilidad total o parcial de la Ley, que va más allá del estudio de los posibles errores procedimentales en el trámite de la Ley que han aducido quienes la demandaron. Pero lo está haciendo a la luz del principio constitucional de la sostenibilidad fiscal, y no de los intereses particulares de unos gremios.	La consulta fue formulada por el magistrado Alejandro Linares tanto a las autoridades (Minhacienda, DNP, Contraloría y Procuraduría) como a los principales centros de investigación (Fedesarrollo, Anif, CID, CEDE entre otros) y a las facultades de Economía de 6 prestigiosas universidades. En cualquier caso se tratará de una decisión informada y sustentada.	El enfoque de la Corte es acertado, No se trata de entrar en debates teóricos sobre el efecto de las gabelas tributarias sobre la inversión y el crecimiento económico, que tienen más de ideológico y de defensa de privilegios económicos. Así sucedió con la rebaja de impuestos de Trump que no generó un impacto significativo sobre el crecimiento.	Lo que pretende la Corte es un análisis, con hechos y datos, del impacto sobre el recaudo fiscal y las finanzas públicas. Pero desde la perspectiva del principio de la sostenibilidad fiscal, que hace unos años fue elevado al rango constitucional (artículo 334). Es lo que le corresponde hacer como guardiana de la Constitución.	Llama la atención, pero no sorprende, que los gremios, que en su momento fueron defensores de introducir en la Constitución el principio de la sostenibilidad para limitar el gasto público y sobre todo los subsidios a los estratos bajos, se olviden de ese principio cuando se trata de mantener un gasto público (pues las gabelas y beneficios tributarios son una forma de gasto) que es un beneficio para sus estados financieros.	ADENDA: Guillermo Perry fue uno de los más constantes defensores la estabilidad macroeconómica y ya no tendremos su autorizada opinión sobre estos debates. Con su inesperada partida el país pierde uno de los grandes formuladores de las políticas económicas de las últimas décadas, y sus amigos perdemos al compañero de tantos caminos y la posibilidad de seguir construyendo juntos tantos sueños compartidos.