Asimismo, el Ministerio Público investiga si la EPS podría haber utilizado recursos destinados a la prestación de servicios de salud para el pago de gastos administrativos, algunos de los cuales no tendrían sustento legal, como millonarias bonificaciones y honorarios. Otros gastos inexplicados habrían sido autorizados y pagados sin la auditoría a sus soportes contables, lo cual podría haber ocasionado la desviación de los recursos públicos destinados a la prestación del servicio de salud a sus afiliados.