Tras la polémica suscitada en Córdoba, por el fallo de tutela que retornó al cargo al alcalde de Tierralta, Fabio Otero, quien está  investigado por presuntas irregularidades en el orden público que habrían derivado supuestamente en el asesinato de la líder María del Pilar Hurtado, el pasado 21 de junio. La W buscó reacciones por parte del juez segundo penal del Circuito de Montería, Edwin Rodelo Tapia, quien aseguró que su decisión fue en derecho.“Mi decisión está más que en derecho. Lo que si no comparto es que se atropelle a nadie, yo le doy la razón a quien la tenga, sea quien sea, hasta el peor de los criminales tiene derechos y garantías fundamentales y es lo que siempre he venido reconociendo y de pronto me he ganado cuestionamientos por esa situación pero respeto mucho el marco constitucional”, precisa el juez.Frente a lo establecido por la Procuraduría General de la Nación, que calificó la acción como una “maniobra fraudulenta”, debido a que la tutela habría tenido un reparto en seis oportunidades en un lapso de 9 minutos entre cuatro despachos judiciales  hasta quedar en el juzgado que se quería, el juez desmiente  lo señalado, al afirmar que dicha tutela solo llegó una vez a su dependencia.“Llegó solo una vez y el que tuvo conocimiento primero fue el doctor Pedro Berrocal, quien es el secretario del despacho, y él le dio el trámite correspondiente que hay  a un funcionario que sustancia. Ese funcionario hizo la sustanciación correspondiente, luego lo sometimos a revisión entre el sustanciador, el secretario y yo.  Además, tengo amplio conocimiento constitucional y sobre legislación internacional, sobre todo en materia de Corte Interamericana de Derechos Humanos, le di aplicación a lo pertinente”, manifestó el juez.Agregó que “veo con bastante preocupación y voy a pasar un oficio porque me vengo quejando desde hace mucho tiempo que en materia de 906, los procesos más controversiales, los que presentan más problemas, la mayoría se me vienen asignando a  mí. Entonces, sería bueno que se tomaran los correctivos y que estuviera un procurador en los procesos de asignación”.Finalmente, sostuvo que, el sistema encargado de la asignación de procesos estaría presentando algunas inconsistencias “es decir que el sistema tiene algunos problemas de funcionamiento desde hace mucho tiempo. Aquí estuvo una señora comentando que en el proceso de asignación de la segunda instancia de la impugnación de una tutela demoró una hora en el centro de asignaciones, porque el sistema estaba caído, luego rebotaba”.Al tiempo, negó conocer al funcionario judicial Alejandro Beltrán, quien está suspendido e investigado justamente, por las presuntas irregularidades en la asignación de la citada tutela que hizo retornar al cargo al  alcalde de Tierralta, el pasado 30 de julio.Cabe indicar que, el fallo del juez fue impugnado por la Procuraduría, y sobre el caso decidirá la sala penal del Tribunal Superior de Córdoba.