“El Estado y la sociedad tienen el deber constitucional de devolver la dignidad a aquellas mujeres sobrevivientes de crímenes atroces como la violencia sexual, mediante su atención inmediata, tanto a nivel físico, psicológico y emocional, para lo cual es indispensable que se les otorguen las herramientas, servicios y beneficios legales de manera digna y respetuosa, e impedir así su revictimización y apoyar la superación de la situación que desafortunadamente vivieron”, puntualizó el fallo.