Colombia se ha distinguido entre los países emergentes y, en particular, en el ámbito de América Latina por la calidad de la tecnocracia a cargo del manejo de la economía, la continuidad de las políticas macroeconómicas entre gobiernos de diferente orientación política y por sus organizaciones económicas públicas y privadas, como el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera, centros de investigación como Fedesarrollo, Anif y el Cede de la Universidad de los Andes, así como por sus gremios económicos representativos del sector privado. En síntesis, por la institucionalidad económica de la nación.	En el desarrollo de la institucionalidad económica colombiana, un paso de especial trascendencia se dio con la Constitución de 1991 que transformó el Emisor en un banco central independiente, al establecer que una junta directiva compuesta por cinco directores independientes, el Ministro de Hacienda y el Gerente del banco, nombrado por estos, sería la autoridad en materia monetaria, crediticia y cambiaria. Si bien es cierto que la continuidad de la política económica entre administraciones siempre tuvo al Gerente del Banco de la República como el gran interlocutor, la labor de garantizar la continuidad de la política macroeconómica y de ejercer la coordinación de las funciones asignadas a la junta del Emisor, particularmente la de controlar la inflación con los objetivos de la política económica general a cargo del Gobierno, se fortaleció con la organización del Banco de la República como banco independiente a partir de 1991.	Una de las precauciones que tuvieron los legisladores al disponer que el Ministro de Hacienda hiciera parte de la nueva junta directiva del Banco Central, creada a partir de la reforma de 1991, junto con los miembros independientes y el Gerente del Banco fue la de buscar que las diferencias de opinión entre el Gobierno y el Banco sobre el manejo de la economía se dirimieran y conciliaran internamente en el seno de la junta del Banco. Esta también dispuso que dichas diferencias, en caso de resultar insalvables, podían consignarse explícitamente en las actas de la junta directiva e incluso hacerse público el disenso. Las decisiones posteriores de publicar las actas de la junta han hecho más transparentes las opiniones de la esta.	Aunque es cierto que en estos 28 años se han producido algunos enfrentamientos públicos notables entre los miembros de la junta directiva y el Ministro de Hacienda, hasta ahora no se habían ventilado públicamente en foros privados ni en la prensa las diferencias de opinión entre el Gerente del Banco y el Ministro de Hacienda. Lo sucedido la semana pasada en la Convención Bancaria fue desafortunado, pues existen y se han usado tradicionalmente canales más apropiados y discretos como las reuniones en el Ministerio de Hacienda o Fedesarrollo para debatir y conciliar diferencias sobre los temas económicos entre los economistas profesionales.	Los eventos gremiales son escenarios útiles para presentar los programas económicos del Estado y para recibir opiniones sobre estos por parte del sector privado y otros asistentes a estas reuniones, pero no para ventilar diferencias entre las cabezas económicas del gobierno. El mensaje de esta columna e un llamado para mantener y fortalecer la institucionalidad económica de la nación, que hemos venido construyendo con éxito desde hace muchos años.