En esta semana culmina el proceso de inscripción de candidatos a las corporaciones públicas departamentales y locales, alcaldías y gobernaciones en Colombia, iniciándose formalmente un certamen electoral donde el pueblo ejerciendo su soberanía elegirá sus gobernantes. Es la oportunidad que brinda la democracia para que los ciudadanos evaluemos el proceder de quienes nos representan, que comparemos los niveles de desarrollo alcanzados con la calidad de vida que se lleva en cada uno de los entes territoriales donde residimos.	En Cartagena, quienes aspiran a la representación popular en el gobierno deben ser conscientes que la comunidad no resiste más engaños, que necesitamos contar con personas en la política que no negocien su autonomía administrativa como gobernantes y antepongan el interés colectivo al particular, solo así podemos emprender el camino a la transformación de esta comunidad.	A los ciudadanos nos corresponde analizar las hojas de vida de los aspirantes, la formación profesional, experiencia laboral, propuestas, personalidad, respaldos políticos, financistas y situación disciplinaria, la cual en Cartagena es un requisito indispensable dado el estado de interinidad causado por los fallos de los entes de control, elementos que permitirán tomar la decisión de sufragar. El Estado debería promover la divulgación masiva de estos datos en los medios de comunicación, revistiendo especial interés el análisis de los programas de gobierno con el fin de convertir el voto en un acto libre y soberano.	La estructura administrativa para Cartagena implementada por el exalcalde Gabriel García Romero, desmontada posteriormente, cuando debía convertirse en una plataforma para el progreso; la figura del alcalde de la calle creada por la exalcaldesa Judith Pinedo; los consejos comuneros de gobierno urbanos y rurales instituidos por el exalcalde Carlos Díaz; la Secretaría de desarrollo comunitario en el gobierno del extinto exalcalde Nicolás Curi, son algunos puntos importantes que se pueden rescatar como parte de la historia de las elecciones de alcaldes en esta urbe.	Un asunto de vital importancia para el elector sería conocer el equipo de trabajo con el que gobernaría el ganador de las elecciones, algo que no está reglamentado en nuestra legislación, pero que innovaría llenando de transparencia la justa eleccionaria permitiendo corregir esa penosa tradición de pagar favores políticos nombrando a neófitos en los cargos causando grave daño a la eficiencia de la gestión pública. ¿Quién se atreverá a dar esta información?