Además, la comercialización ilegal del metal hace redondo el negocio. En operativos reciente adelantados por agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General, intervinieron dos empresas dedicada a la venta del oro ilegal a las cuales les dejaron ganancias en los 10 últimos años por cerca de $4 billones.	El Gobierno Nacional no se ha quedado cruzado de brazos, y a través de la Agencia Nacional de Minería (ANM) ha desarrollado acciones como el Registro Único de Comercialización de Minerales (Rucom), la resolución de capacidad económica para comercializadores, y la imposición de topes para la minería de subsistencia, entre otros.