De remate, se vulneró el principio de publicidad en la medida que el 87% de los contratos no fueron publicados a tiempo en el Secop, a pesar de que las normas disponen que la publicidad de los procesos contractuales debe darse máximo dentro de los tres días siguientes a la celebración del respectivo contrato. Ese “secretismo” contractual propicia el desconocimiento de lo que se contrata y la identidad de quienes resultan beneficiados de las adjudicaciones.	Otro defecto radica en la baja participación de proponentes, con lo cual se restringe el principio de pluralidad. A nivel global, menos participantes puede indicar que desde la confección de los pliegos de condiciones se concierta quiénes con nombre propio podrían resultar favorecidos, lo cual restringe la libre competencia y propicia prácticas restrictivas de mercado, siendo los principales afectados los profesionales de la construcción y los destinatarios de las obras públicas, con los sobrecostos consecuentes y la mala calidad de diseños, materiales y productos entregados.	Edurbe volvió a ser el campeón de la contratación en la anterior vigencia. Aun cuando lo que cobra esta entidad al Distrito puede ser menor que otros proponentes, lo cierto es que se ha desnaturalizado su objeto; de la misma manera, los resultados de muchas de las obras entregadas dan grima.	Hay que reconocer que en 2018 hubo 18 licitaciones públicas frente a 13 en 2017, lo cual es un avance. También destaca el informe la buena práctica de acudir, en 36 procesos, a la Tienda Virtual del Estado para las compras superiores a cinco mil millones de pesos, lo que permite adquisiciones de bienes y servicios más económicos y eficientes.	En verdad que frustra ver cómo los recursos públicos se manejan con un altísimo grado de ligereza, falta de planeación y transparencia, como si fueran propiedad de los funcionarios que los administran. A no dudarlo, la corrupción es el monstruo que devora la prosperidad colectiva y se yergue como el principal enemigo del desarrollo social.