Falta solamente una semana, antes de que se venza el plazo constitucional para que el Congreso le dé su aval al proyecto de ley que acoge el plan de desarrollo de la administración Duque. Todavía está en veremos cuándo comenzará el debate formal en las plenarias del Senado y la Cámara, cuya responsabilidad es revisar los 349 artículos que contiene la iniciativa. Dado que el texto de la ponencia fue radicado el viernes y los parlamentarios han estado ocupados en el trámite de las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, disminuyen las probabilidades de un examen detallado de la iniciativa.	Ojalá ese no sea el caso, pues hay reformas de gran envergadura que merecerían un análisis detallado. Ese es el caso de la propuesta que tiene relación con el esquema de fijación de precios de los combustibles, el cual estaría a punto de sufrir una cirugía mayor. Lo más destacable es que el IVA que se paga por cada galón de gasolina o diésel bajaría del 19 al 5 por ciento, algo que sobre el papel le representaría un alivio al bolsillo de los consumidores.	La intención es ir mucho más allá y parte de cambiar un esquema que no funciona bien. Durante la época de bonanza de precios del crudo se adoptó un modelo que buscaba evitar las variaciones abruptas en las cotizaciones internacionales de los hidrocarburos. La idea original era que si había un alza súbita, el consumidor no tuviera que asumir el golpe de un solo envión, sino que un fondo de estabilización registrara un déficit que se compensaría con las caídas, para que al final de cuentas el saldo neto llegara a cero.	El funcionamiento del mecanismo operó relativamente bien, hasta que una decisión de la Corte Constitucional acabó con la posibilidad de generar excedentes, pues el tribunal estableció que el valor interno de los carburantes no podía superar al externo. Debido a ello, comenzó a crecer una brecha que hoy vale 14 billones de pesos que deberán ser asumidos por el presupuesto nacional. En caso de proseguir por esa senda, el rojo seguirá subiendo y más en momentos como los actuales en los que el petróleo muestra avances importantes de un mes a otro.	Por lo tanto, la intención del Ejecutivo es darle paso a un sistema más transparente, que, en la práctica, equivaldría a liberar los precios. Eso quiere decir que tal como ocurre en decenas de economías del mundo, los combustibles oscilarían reflejando lo que se pague por ellos en los mercados globales.	No obstante, para que el cambio sea aceptado por el público se requiere que exista un colchón. Este es el de la rebaja del IVA que, al día de hoy, representaría un menor valor de unos 700 pesos por galón. En el mejor de los casos, a lo largo del próximo semestre el margen daría para que el consumidor no pague más que ahora al momento de llenar el tanque de su vehículo.	Aunque no faltan quienes se preguntan por qué el Estado renunciaría a una renta que le produce dos billones de pesos anuales, la respuesta es que ese ingreso no sirve de mucho si se va a financiar un déficit de cuatro billones. En resumen, resulta mejor perder esa plata y evitarse un gasto todavía mayor.	No obstante, el peligro es quedarse con el pecado y sin el género. En caso de una disparada en el valor del barril de crudo, el Gobierno de turno puede verse tentado a volver a los subsidios de siempre para evitar el descontento popular, perdiendo la posibilidad de recolectar parte de los mismos a través del IVA. Por eso hay que cuidar que el remedio no sea peor que la enfermedad.