La orden dada por la Corte suprema de justicia tiene que ver con un conflicto de competencia que se presentó en medio del proceso que se lleva a cabo para establecer responsabilidades, tras las amenazas hechas a Gustavo Petro a través de la red social de twitter, para la época en la cual era candidato a la presidencia de la república en la pasa contienda electoral.	El juez tercero penal de control de garantías de Tunja, Carlos Eduardo Bohórquez se había negado a valorar la legalidad de las pruebas recopiladas en una Tablet, un disco duro y 2 computadores miniportatiles, dispositivos adquiridos luego de un allanamiento a la vivienda de Roberto Carlos Díaz Bedoya, en Bello (Antioquia), el presunto autor de las amenazas al político.	Según el ente acusador, las pruebas serían clave para esclarecer los responsables de las amenazas al político, y por eso necesitaban legalizarse antes del ‪19 de noviembre‬ del 2019. Debido a que el fiscal del caso se encontraba en Tunja, y para evitar un vencimiento de términos, solicito al despacho del juez Bohórquez evaluar la información, quien rechazó la solicitud argumentando que no era de su competencia adelantar el control de las pruebas en cuestión, y elevó el caso a la Corte Suprema de Justicia, para que determinara a quien le corresponde en este caso, el conocimiento del proceso.