Así lo asegura la ONG con sede en EE. UU. en un informe de 22 páginas en el que pone de manifiesto la difícil situación de muchos de los más de 221.000 venezolanos que se han radicado en el país andino, de los 1,2 millones que han pasado por él desde 2015.	Y atribuye la falta de respuesta por parte de las autoridades ecuatorianas, por un lado, a la falta de recursos para lidiar con el problema y, por el otro, a una serie de cambios que “parecen tener motivaciones políticas” y fueron producto de “incrementos en las llegadas, cambios de tendencia en la opinión pública o incluso brotes de xenofobia”.