Las sospechas las tenía la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) desde septiembre del 2017, cuando les formuló pliego de cargos a Juan Pablo Fonseca, Andrea Rosas Díaz, Hugo Nelson Daza, Stella Téllez, Geimi Daza y Néstor Castelblanco y a las empresas Alimentos Daza, Comercializadora Disfruver, Best Colombian Fruits, Alimentos Spress y Namasté Foods.	El entramado fue tan bien calculado, que los directivos se compartieron, vía chats de WhatsApp y correos, el texto que debían enviar para reprochar los “precios bajos”, cosa que les funcionó, ya que 25 de los 30 segmentos que debían adjudicarse, quedaron desiertos, y se requirió abrir un nuevo proceso, que resultó más costoso y le daba menor cantidad de frutas para los refrigerios de los niños capitalinos.	Otra de las conductas irregulares que encontraron los investigadores tiene que ver con los cinco segmentos que sí se entregaron en la licitación, debido a que si bien hubo feliz término y la empresa FAC S.A.S. sí proveyó las frutas a los estudiantes de colegios públicos, recibió presiones durante el proceso para no hacerlo.