r por no encontrarse ejecutoriada la medida de aseguramiento impuesta en su momento por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Santa Marta, de manera que no tenía competencia y era aplicable el artículo 105 de la Ley 136 de 1994, vigente y que no fue derogado con ocasión de la Ley 906 de 2004 (CPP), posición respaldada por la Corte Constitucional a través de sentencia C-576 de 2004”, expresa la decisión del Consejo de Estado.