El monto del desfalco suma un total de superaría 329 mil millones de pesos, una cifra cercana a lo que el distrito de Barranquilla recauda anualmente por el impuesto predial, que en 2018 fue de 357.600 millones de pesos o el gasto equivalente a lo que se gastaría en una consulta electoral en el país.	A partir de 1960 se crearon las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla y durante décadas fue decretado su cierre por varias emergencias sanitarias en la calidad del agua que prestaba a sus contribuyentes y que causaron graves enfermedades en niños incluyendo epidemias de gastroenteritis. Eso sin contar los numerosos pliegos de peticiones de sus trabajadores, quienes sufrieron por la continua falta de recursos para el pago de la nómina, según registró el Diario El Caribe en varios informes publicados en la década de los noventa, que actualmente reposan en el Archivo del Atlántico. La crisis en la empresa fue tal en manos de los dirigentes locales que tras varias peticiones del entonces presidente César Gaviria la comunidad exigía su privatización y que finalmente llegó desde España.	La revista Semana fue el primer medio colombiano que en 2016 publicó un artículo con las denuncias, en el que se refirió a los debates y a los despidos, que ocurrieron al interior de la empresa española.  Sobre todo, con énfasis en la salida de Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de la Junta Directiva de Triple A, quien apareció involucrado en los Papeles de Panamá, relacionado con tres sociedades offshore con sede en Hong Kong.	Destacan un episodio ocurrido en Cartagena donde Rodríguez Sobrino habría ingresado a una casa en el Centro Histórico portando unas bolsas y que finalmente él y sus acompañantes habrían salido sin las bolsas del lugar. Se especula que, en las mencionadas bolsas, llevaban los dineros para repartir sobornos y comisiones en la costa Caribe.	A raíz de la controversia Ramón Navarro Pereira gerente de Triple A presentó renuncia a su cargo en Barranquilla en octubre de 2016. Solo hasta marzo de 2018 Navarro fue capturado por el CTI en el norte de Barranquilla como presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, en concurso heterogéneo con administración desleal y falsedad en documento privado. Actualmente Navarro se encuentra en detención domiciliaria en la capital del Atlántico.	Según la Fiscalía desde el año 2000 los directivos de la entidad estuvieron “saqueando” los dineros públicos de la empresa con supuestos contratos de asesoría técnica con los cuáles se habrían pagado doscientos treinta y seis mil ochocientos cincuenta y tres millones setecientos noventa y seis mil cinco pesos 236.853`796.005, valor que actualizado con el IPC, al cierre de agosto del año 2018, superaría los  329 mil millones de pesos.	Investigadores de la Procuraduría y la Fiscalía revisaron los documentos de contabilidad de la Triple A y encontraron que ninguno de los servicios de asistencia técnica, operativa o administrativa, se estuviera realizando.  Por lo tanto esta desviación de recursos limitó el desarrollo de la empresa de agua y alcantarillado en Barranquilla.	“La administración de la Triple A pasaría a ser 100 por ciento pública las acciones de Inassa no han sido en este momento objeto de extinción aún. Empieza el proceso, están embargadas, y en ese embargo se ha entregado la custodia de las mismas al gobierno Colombiano, quien conjuntamente con el gobierno Distrital debe respondernos tanto a la justicia, como a los ciudadanos por el bien suceso de la empresa”, señaló el año pasado el exfiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.	Hay evidencia fiscal que demostraría una supuesta desviación irregular de recursos con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos las sociedades Canal Extensia S.A. -empresa del Grupo Español Canal Isabel II- y Slasa (compañía Panameña), que presuntamente recibieron los dineros en giros que llegaron a una cuenta de compensación en Miami (Estados Unidos). Esta maniobra financiera, al parecer, garantizaba que parte de los recursos quedaran entre los socios y un porcentaje fuera destinado para los gastos operacionales de Inassa.	El ente público  determinó medida de aseguramiento no restrictiva de la libertad, consistente en la prohibición de salir del país y multas de 20 salarios mínimos legales, contra ocho altos exdirectivos de la entidad de servicios públicos domiciliarios: Francisco Olmos Fernández Corugedo, (nacionalidad española) exgerente de Triple A; Luis Fernando Arboleda González, exgerente de Triple A; Carlos Alberto Ariza Duque, exgerente de Triple A; Ramón Navarro Pereira, exgerente de Triple A; Luis Alberto Nicolella de Caro, exgerente general de Inassa; Francisco Javier Malia Baro, (nacionalidad española), exgerente general de Inassa y Germán Sarabia Huyke, gerente de Inassa.	La directora de la SAE la Sociedad de Activos Especiales, María Virginia Torres, y el nuevo gerente de Triple A, Guillermo Peña, pidieron en mayo del año pasado a la asamblea de accionistas una autoría que fue dilatada en un comienzo. La SAE expuso que en la empresa hubo “falta de objetividad en los procesos de contratación, no brindó información clara en los contratos”.	Robledo explicó que Triple A goza de una credibilidad en Barranquilla describiéndola como una “mitología” del consumidor en torno a la empresa y los servicios que presta. No obstante reconoció que el cubrimiento mejoró en el servicio de agua potable y calidad del agua está en los estándares ideales de consumo.	Sin embargo advirtió que “Barranquilla tiene la segunda agua más cara de Colombia. A los barranquilleros les aumentaron las tarifas de los servicios públicos muy por encima de su capacidad de pago, 11% la tarifa anual del agua y el alcantarillado el 10%. El buen servicio no solo es agua limpia, sino también precio justo”.	El senador del Polo denunció que la pérdida del agua potable tratada es de un 50 por ciento por fugas, lo que equivale 18 metros cúbicos por suscriptor y que no existe un manejo eficiente de las aguas servidas. “Los desechos del alcantarillado van a terminar al mar y a la ciénaga de Mallorquín”, evidenció.	Los exalcaldes de Barranquilla como Édgar George  en el periodo de 1995 a 1997, creó nuevo tipo de acción de socio operador entregando esta concesión a Aguas de Barcelona, contrato que siguió con la Alcaldía de Bernardo Hoyos de 1998 al 2000 y que el mandatario Guillermo Hoenigsberg del 2004 al 2006 demandó, periodo que no terminó porque estuvo demandado, pero la siguiente administración de Alejandro Char continuó hasta 2019.