La receta que en 2018 dio la OCDE frente a las perspectivas de crecimiento favorable que ofrecía la economía, fue convertirlas en oportunidades para enfrentar los bajos niveles de productividad del país comparados con los de las economías desarrolladas, así como mejorar el acceso al empleo de calidad, y tomar medidas para reducir la creciente desigualdad social.	Parece ser que en Chile los sucesivos gobiernos no han hecho lo suficiente para reducir la desigualdad. Esto explica, por encima de cualquiera otra hipótesis, por qué el país modelo para Latinoamérica hoy esté en tal nivel de agitación que ha enfrentado a los chilenos con la palmaria realidad de que aún están lejos del primer mundo.	Ese mismo estudio económico de la OCDE, que propuso al país austral hacer esfuerzos mayores para lograr un crecimiento más inclusivo, señala que diversificar la economía y mejorar las competencias de su población para llegar a que más gente trabaje en empleos formales permanentes -que generen valor real-, son metas ineludibles, así como las inversiones en infraestructura, y el incremento del apoyo público a la investigación y el desarrollo, a fin de dinamizar la innovación y la competitividad.	Todo ello se veía posible en 2018 porque se tenía la confianza en que la reactivación económica mundial proporcionaría oportunidades para intensificar las reformas estructurales con el fin de que Chile pudiera alcanzar su pleno potencial económico y compartir los frutos de la riqueza de forma más equitativa entre su población. Pero pocos supieron ver lo que se cocía en las entrañas de esa nación.	Ver a un Piñera descompuesto, sorprendido por la agresiva reacción popular, pidiendo perdón a su gente por la incapacidad del gobierno para ofrecer soluciones a las demandas ciudadanas acumuladas por años, debe generarnos inquietud, pues es un hecho incontrastable que Chile es el país latinoamericano que más ha crecido en casi todos los niveles que miden el desarrollo social.	Esto nos obliga a pensar si Colombia pudiera padecer de explosiones ciudadanas similares a las que ya recorren países como Ecuador, Haití, España, Francia, Egipto o el Líbano. Si nuestra nación acusa situaciones como la desbordada corrupción, creciente desempleo o una inadmisible inequidad, ¿qué garantiza que no ocurra lo mismo en nuestro suelo?	Vale la pena que, antes de continuar con propuestas que chocan con el enojo y el desencanto que se respira a lo largo del planeta, el Gobierno y la clase dirigente, singularmente la política, hagan un alto en el camino y revisen cómo prevenir, con medidas que interpreten el sentir ciudadano, una encolerizada reacción que no canalice pacíficamente las reclamaciones de mayor justicia social.