“Vestidos y alborotados nos dejó el presidente”, fueron las palabras que se escucharon en la plaza principal del pueblo, mientras se llevaban a cabo los actos protocolarios para dar cristiana sepultura a los más de 80 bojayaseños caídos el 2 de mayo de 2002, en los enfrentamientos entre paramilitares y las entonces FARC y cuyos restos fueron entregados a la comunidad después de años de análisis por parte de Medicina Legal.	Bellavista es uno de los principales corregimientos de Bojayá, que concentra más de 3000 personas que esperaban poner de presente al alto gobierno la falta de oportunidades, educación, salud, servicios públicos, además de concentrar sus peticiones en las denuncias hechas durante la eucaristía del domingo en honor de los muertos en la masacre del 2002.	“El Gobierno colombiano no ha sido efectivo en garantizar los derechos de esta población. Antes, por el contrario, nuevamente se percibe una actitud omisiva y complaciente con el accionar de los actores armados”, fue lo que expuso el representante tras señalar que, a pesar de que la Defensoría del Pueblo ha emitido dos alertas tempranas y cinco informes de consumación de Riesgos, la situación sigue siendo la misma.	Las peticiones de la comunidad, si bien las recibieron la Unidad de Víctimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la delegada de Medicina Legal y de la Fiscalía General, los afro y los indígenas de esta zona del país esperaban que llegara a un alto mando del Gobierno, sin embargo, lo que ocurrió es que las Embajadas de Noruega, Canadá, Francia y Estados Unidos, sí hicieron presencia y lamentaron no solo los hechos ocurridos, sino que recibieron con preocupación las denuncias hechas este domingo.