Esta es una situación que debería aclararse no sólo en estas nueve localidades, sino en todo el territorio nacional. No se puede negar que, aún en las regiones con larga tradición minera o petrolera, un porcentaje de los habitantes rechazan esas actividades por diferentes razones que incluyen insatisfacción por la falta de empleo y la preocupación por el impacto ambiental.	Pero la Corte ya ha manifestado que los caminos democráticos para dar el debate de la prohibición no pasan por los acuerdos municipales. Es claro que a las empresas mineras y petroleras no les conviene llegar a municipalidades con altos niveles de rechazo. A ellas les cae la responsabilidad de establecer vías de diálogo con las comunidades y persuadirlas de los beneficios. Pero prohibir por los concejos ya no es una opción legalmente aceptable.