Para que Colombia sea una ‘economía digital’, meta que se ha impuesto el Departamento Nacional de Planeación, hay que darle acceso digital a 20 millones de ciudadanos. Hoy, la carencia de este les impide beneficiarse de innumerables aplicaciones que mejorarían su calidad de vida. La ley que hoy regula el sector es anacrónica, fue expedida antes de la época del internet. La ministra del MinTIC, Sylvia Constaín, para ampliar la cobertura, presentó un proyecto de ley que busca darle condiciones de mercado y modernizar el sector,creando un ente único, agencia dependiente del ministerio que regularía la televisión y el espectro digital.	Se ha dado una amplia discusión, lo cual es sano. Entiendo que se deben debatir las diferencias para lograr un proyecto de ley robusto que apoye al sector que va a impactar por muchos años el desarrollo económico del país. La oposición al proyecto se basa, fundamentalmente, en que se van a perder recursos para el Estado y que el ente único que se propone no tenga la suficiente independencia frente al Ejecutivo.	En lo primero, el balance requerido entre la necesidad de recursos fiscales y la rentabilidad para atraer la inversión deberían poder conciliarse por una comisión técnica. Se necesita reglamentar con realismo (no me refiero al mágico), pues hay menor apetito para la inversión en la región. Extender las concesiones de espectro de 10 a 20 años, si bien disminuye el ingreso fiscal, busca adecuarse a los términos de mercados similares, ya que lograr comprometer 30 billones de dólares –valor estimado para llegar al nivel de cobertura y de velocidad de descarga en banda ancha fija de los países de la Ocde– no será una labor fácil.	Entre tanto, la inversión del sector viene cayendo drásticamente. El operador más grande del país (Claro) asegura que invierte el 50 por ciento menos de lo registrado en el 2017. En cuanto al régimen jurídico, hay suficientes ejemplos en las entidades del Estado de esquemas que se han podido adecuar. Resulta difícil aceptar que este sea un obstáculo que no se pueda superar, si se ponen de lado consideraciones partidistas coyunturales y se entiende la importancia de darle prioridad a una ley que tiene parada la transformación tecnológica del campo colombiano.	El cierre de la brecha digital es imperativo como herramienta para luchar contra la inequidad. Se crean oportunidades laborales, se fomenta la capacidad de generar empresa y es indispensable para incentivar la innovación. La digitalización, un agente de cambio sin el cual Colombia no podría lograr competitividad a futuro, representaría un incremento significativo del PIB.	En Colombia, si se llega a retirar la ponencia del proyecto de ley presentado por el MinTIC, podría ser aplazado hasta la próxima legislatura. El país tiene ventajas comparativas que, de aumentar la competitividad, se podrían capitalizar con un notable beneficio para toda la población. No nos podemos darnos el lujo de dejar pasar esta oportunidad.