“La Corte viene dando esa orden desde 2014 y particularmente en sentencias de 2016 como la C-389 de 2016, pero entonces, ¿qué es lo que el Congreso debe hacer? Debe crear un mecanismo en el que se garantice la participación tanto del gobierno local como de las personas en la decisión sobre la decisión de proyectos de minería e hidrocarburos en el territorio”,