Hoy en América Latina hay 185 millones de personas en condición de pobreza y 66 millones en pobreza extrema. El informe de este organismo multinacional identifica a Bolivia y a Colombia como los dos países de la región con tasas más altas de pobreza extrema: 14, 7 por ciento y 10,8 por ciento respectivamente.	Si bien América Latina ha experimentado desde 2002 una notable reducción en los niveles de pobreza, desde 2014 el ritmo del avance se ha detenido. Este freno es preocupante y Colombia no se salva de ello. Mientras que hace cinco años el porcentaje de la población pobre en la región alcanzaba el 27,8 por ciento, las proyecciones para 2019 calculan un aumento hasta el 30,8 por ciento.	Aunque factores como la bonanza de las materias primas han sido cruciales en la lucha antipobreza, no se pueden desconocer tanto la voluntad política de los gobernantes como el despliegue técnico de políticas públicas bien diseñadas. En momentos en que la contribución de los tecnócratas está en la mira de las críticas desde el descontento social, es justo incluir los logros- y también las falencias- del actual aparato institucional antipobreza dentro de estas contribuciones.	El freno en los logros de la lucha contra la pobreza en el país no es un dinámica que sea exclusiva del actual gobierno sino más bien una tendencia que se traslapa con el período que identifica la Cepal. El fin de la reciente bonanza así como el deterioro de las condiciones del mercado laboral, entre otros factores, quebraron esa tendencia a la baja en los indicadores e incluso se registró una leve alza.	La desigualdad está en el corazón de los estallidos sociales que se están presentando en varios países de América Latina. Aunque el abanico de motivaciones de las protestas en Colombia es amplio y variopinto, el temor de quedarse atrás es uno de los tributarios que contribuyen al descontento de la sociedad.	La buena noticia es que este gobierno, desde el Plan Nacional de Desarrollo, cuenta ya con una agenda seria y bien construida orientada a modernizar la política social. Por ejemplo, este paquete de políticas públicas incluye el rediseño de programas como Familias en Acción y el escalamiento de Jóvenes en Acción.	Dentro de las propuestas incluidas en la “cara social” de la reforma tributaria, que empezará a debatirse esta semana en el Congreso, está la devolución del IVA a los más pobres. Esta iniciativa está diseñada para impactar de manera directa los ingresos de los hogares más vulnerables y por eso merece una discusión seria y técnica en el Parlamento.