Un reciente informe de la OIT señala que: “(…) a nivel mundial, solo 68 por ciento de las personas que superan la edad que da derecho a la jubilación reciben una pensión de vejez”. The Economist también se ocupó hace unos días del tema, y cita como ejemplo crítico un fondo de pensiones de maestros en Illinois, creado en 1939, donde los recursos cubren apenas 40,7% de las obligaciones pensionales.	La coexistencia de los dos sistemas está latente en las discusiones en nuestro país, en forma reiterada, donde se siembran dudas inclusive sobre el futuro de Colpensiones. Por desgracia, los recientes sucesos del entorno, particularmente los de Chile, que siempre fue tomado como modelo en este campo, pueden distorsionar el análisis serio de un tema que no da tregua.	Sorprende que en nuestro medio se hable de una reforma pensional sin modificar la edad de jubilación, a pesar de los evidentes cambios que ha venido experimentando la expectativa de vida. Son muchos los ejemplos acerca de la fuerte resistencia que genera la extensión de la edad para jubilarse; por esta razón, el proceso de implementación debe ser muy gradual en el tiempo, en la medida que la resistencia al cambio es inversamente proporcional a los plazos para su vigencia.	Sobre el tema de las pensiones los recuerdos en nuestro país no son los mejores. Cuando se habla del asunto, y más específicamente del sector público, es inevitable recordar los asaltos perpetrados por bandas criminales, algunas de la mano de pícaros con matrículas de abogados, como fue el caso de Foncolpuertos, donde los fraudes fueron multimillonarios. Tampoco se han visto con buenos ojos los reiterados intentos de más de un exparlamentario para que no se apliquen a sus casos las limitaciones en buena hora previstas en la ley.	También se han dado amplias discusiones sobre la conveniencia de gravar con el impuesto sobre la renta las pensiones. Quienes se oponen argumentan que no se trata de ingresos, con ánimo de enriquecimiento, sino de la devolución del ahorro acumulado durante la vida activa. Los que están a favor argumentan que el impuesto consulta la capacidad económica del contribuyente sin mirar el origen del ingreso.	En realidad, en nuestro país las pensiones han estado gravadas con el impuesto sobre la renta, pero a partir de unos determinados montos; actualmente, solo cuando exceden 1.000 UVT mensuales –más de 34 millones de pesos–. Sin embargo, solo para los contribuyentes del régimen ordinario, porque la reforma de 2018 gravó todas las pensiones recibidas por los contribuyentes del régimen Simple, que se supone son los de menores ingresos.