Conexiones fraudulentas, tráfico de llamadas y hurto de cables y canecas, la mayor preocupación de Andesco En un dolor de cabeza se ha convertido para las empresas de servicios públicos el hurto de agua, energía, gas y tráfico de llamadas, que según Andesco, el año pasado arrojó por $442.480 millones.De acuerdo con  información oficial conocida por EL NUEVO SIGLO, con los actos vandálicos y el hurto de medidores de energía, acueducto y gas y canecas de aseo; el robo de cables de cobre telefónico y de energía, lámparas de alumbrado público, transformadores de potencia, tubos de cobre y tapas de alcantarillas, también se pone en grave peligro la vida de pacientes en centros asistenciales por los intempestivos cortes de energía.De acuerdo con la Asociación,  las acciones criminales no solo afectan la calidad de vida de los ciudadanos afectados en eventos tan claves como la privación de servicios en una conexión a un respirador artificial en el caso de un paciente de extrema gravedad o una incomunicación por Internet, televisión y voz o la ausencia de tono en una llamada de emergencia.También los actos vandálicos provocan graves riesgos de accidentes y caídas en verdaderas trampas mortales, cuando son hurtadas las tapas de alcantarillas y en los escapes de gas natural por los hurtos de las válvulas y conexiones con el consecuente riesgo de intoxicación y explosiones.En 2018 por las acciones criminales registradas en todo el territorio nacional contra las empresas de servicios públicos fueron afectadas directamente más de 1.200.000 personas que no solamente sufrieron en carne propia las consecuencias sino que en la mayoría de los casos tuvieron que correr con los gastos de reposición de los medidores de energía, acueducto y gas.Dijo la agremiación que el hurto de elementos de infraestructura de servicios públicos y el fraude por robo de agua, energía, gas y tráfico de llamadas genera importantes pérdidas económicas a las empresas operadoras de los servicios y afectan su prestación y por ende perjudican a los usuarios.Pero además, explica que las conexiones ilegales y fraudulentas que toman el bien: agua, energía, gas o tráfico de llamadas, no permiten la expansión a otras zonas de los servicios o demerita la prestación en aquellos sectores que lo tienen.De acuerdo con la Asociación, en materia de elementos de hurto, las empresas de telecomunicaciones sufren afectaciones en las líneas de acometidas, debido a la pureza del cobre, al igual que se registran importantes afectaciones en los armarios y cajas distribuidas en toda la ciudad.En cuanto a las empresas de energía, Andesco indicó que sufren afectaciones en los transformadores de un circuito y el cable correspondiente sin cortar el servicio, lo que impone alta tecnificación. También se presentan afectaciones en cables completos de un circuito, mientras que la empresa de Gas Natural afronta acciones criminales en los tubos de cobre y en las válvulas de las acometidas.Mientras tanto, las empresas de acueducto sufren hurtos en medidores y registros de corte en las cajas de los medidores y tapas de las válvulas; en materia de alcantarillado, se registran acciones delictivas contra las tapas de pozos de inspección, alcantarillas y sumideros y las empresas de aseo afrontan afectaciones en los contenedores y en las canecas metálicas.En cuanto a los elementos de fraude, afirmó que se registra que las entidades de telecomunicaciones afrontan llamadas a través de operadores no autorizados, especialmente, larga distancia; utilización de armarios para llamadas a cargar a otro usuario y piratería en señal de televisión.Por su parte, a las empresas de energía las afecta derivaciones no autorizadas para conexión a un predio comercial; no autorizadas en zonas subnormales, conexiones ilegales que ejecutan los vendedores ambulantes y adulteraciones en los medidores y la entidad de Gas Natural afronta derivaciones de acometidas sin medidor.Así mismo, las empresas de acueducto no son ajenas a las acciones de fraude y en forma permanente descubren derivaciones no autorizadas para conexión a un precio comercial; derivaciones no autorizadas en zonas subnormales y también en ventas ambulantes, mientras que el servicio de alcantarillado presenta adulteración de aforos y las de aseo, también manipulación de aforos.Por todas estas acciones criminales, señaló Andesco, el año pasado más de 1 millón 200 mil personas fueron afectadas, al tiempo que se registraron $62.480 millones estimado en pérdidas de infraestructura por hurto y por defraudación alrededor de $380 mil millones.De acuerdo con la información oficial las pérdidas estimadas en telecomunicaciones y en televisión por hurto de infraestructura, sin incluir el fraude ni la piratería, viene escalando en forma alarmante desde 2004, cuando se registraron pérdidas superiores a los $320 millones.PropuestasAndesco propuso a las autoridades crear una Alianza contra el Fraude, partiendo del conocimiento y control de la cadena de comercialización de los materiales hurtados, en varias regiones de peso y por supuesto que involucraría directamente a las empresas.Precisó que actualmente se cuenta con este tipo de Alianza en el Eje Cafetero, en Santander y Norte de Santander y en el  departamento de Antioquia.Las alianzas permiten tener contacto directo con la Fiscalía General de la Nación y los comandos de los departamentos de Policía  para poner en conocimiento  como son las modalidades que se han detectado en materia de hurto de infraestructura, especialmente, de cable telefónico y de energía y hurto de medidores.Reiteró  la Asociación que es necesaria la capacitación con jueces  con funciones de control de garantías, con jueces de conocimiento, con fiscales y con agentes, patrulleros, suboficiales y oficiales de la Policía con aportes económicos por parte de las empresas afectadas por el hurto de infraestructura y por el fraude.Insiste que es  necesaria una agresiva campaña mediática en facturas, con circulares, sinfines y propaganda en los medios de comunicación: prensa, radio y televisión.Ante las dramáticas cifras en pérdidas, la Asociación solicita al alto gobierno crear grupos élites para la persecución de estos delitos, haciendo referencia que así como hay grupos especiales para enfrentar los hurtos de combustibles, gasolina y petróleo, en instalaciones de hidrocarburos, informática y financiera, entre otros, para poner freno al grade detrimento económico .También solicita a la Fiscalía General crear una Unidad Especial de Delitos contra los servicios públicos, similar a la que viene operando para enfrentar los delitos informáticos.En materia de prevención, las empresas, “insisten en la necesidad de continuar con campañas soportadas en la optimización de las líneas de denuncia y de los esquemas de recepción de las mismas, vinculando a la comunidad en la denuncia de todo tipo de actos que atenten en contra de la continuidad y calidad de la prestación de los servicios públicos domiciliarios”.Agrega  que “es de vital importancia que entre todos, empresas, ciudadanos, autoridades, fiscales, policía judicial, medios de comunicación: prensa, radio, televisión, portales de internet, hagamos un frente común para disminuir los índices delictivos contra los servicios públicos, buscando así mejorar los niveles de seguridad y alcanzar menores interrupciones del servicio y reducir significativamente las pérdidas a las empresas prestadoras”.