Aunque ya sostuvieron una reunión con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, los reclusos del centro penitenciario de Pereira, han manifestado que continúan en cese de actividades a la espera de ser atendidos por el Gobierno Nacional, pues situaciones como el hacinamiento, los altos costos en el servicio de telefonía y la deficiente atención médica superaron, según ellos, los límites.