Mediante una sentencia la sala penal del Tribunal Superior de Cartagena confirmó la condena de 10 y 4 años respectivamente, que el juzgado penal de circuito de Magangué había impuesto a Carlos José García Salcedo y José Manuel Viñas Martínez, por los delitos de peculado de apropiación y falsedad material en documento público impuesta mediante sentencia del 28 de noviembre del 2018, por la apropiación de más de $ 102 millones de pesos correspondiente a los recursos de la salud de ese municipio.	El proceso penal da cuenta que el día 5 de noviembre de 2014, el entonces alcalde de Magangué, dentro del trámite de pago de las acreencias sometidas a la Ley 550/99, ordenó mediante resolución, el pago del dinero a dos cuentas de inversión en salud a favor de Humana Vivir EPS, por valor de $102 millones. Se indicó que a corte del 25 de septiembre 2014, la cuenta pertenecía al inventario de acreencias válidas de acuerdo de reestructuración de pasivos Ley 550/99.	Asimismo mediante un contrato de cesión de crédito suscrito entre Carlos Enrique Cortés Cortés, representante de Humana Vivir EPS, como cedente; y el señor José Manuel Viñes Martínez, representante legal de la corporación Paz Verde, como cesionario; esa EPS cedió los derechos de crédito de la cuenta que tiene con el municipio de Magangué, a esa corporación, con un documento que supuestamente fue autenticado en la Notaría Tercera de Cúcuta, pero que resultó falso.	Pero a pesar de existir una orden de pago a favor de Humana Vivir EPS, el dinero fue consignado en la cuenta del Banco BBVA, perteneciente a la corporación Paz Verde, el día 11 de noviembre de 2014, por el valor mencionado anteriormente. Al día siguiente retiraron por ventanilla la suma de $53 millones; y un traspaso de fondos de la cuenta de la Corporación Paz Verde a la firma del señor Cortés Cortés. A los sellos y firmas notariales se les practicó experticio técnico, determinando que los mismos eran falsos. Se resaltó que Carlos José García Salcedo, quien es contador público, se desempeñaba como director financiero de Magangué, lo que le facilitó construir el entramado delictivo valiéndose de Viñes Martínez, quien “se prestó para participar en esta empresa criminal y beneficiarse de la apropiación de los recursos de la salud”, dice el Tribunal.	Viñes aceptó los cargos de peculado por apropiación, que a la postre le aplicó una menor condena tanto en la pena privativa de la libertad como en la de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas, la cual fue por el mismo término de la condena, es decir, de 4 años. A Carlos José García Salcedo la pena privativa de la libertad fue de 12 años, pero también fue condenado a la inhabilidad perpetua para el ejercicio de funciones públicas, así mismo le quedó prohibido celebrar contratos con el estado de manera directa o por interpuesta persona, igualmente de forma indefinida.