Lo feo. Si algún problema serio tiene Colombia es el bajo peso de los impuestos sobre el PIB. Ya dejó de ser un tema de la oposición y la crítica proviene nada menos de la OCDE, club de ricos al cual para muchos es un orgullo pertenecer. Lo han dicho claramente: si Colombia no eleva los impuestos a quienes debe pagarlos y no elimina los auxilios a quienes no lo necesitan o no pueden justificar la benevolencia con que los trata el fisco, el problema de desfinanciamiento del gobierno es gravísimo.	La Ley de Financiamiento reduce el peso de impuestos de 14,5% que era en 2014 hasta llegar en 2022 a un poco más del 13%. Y cómo lo hace: subiendo muy poco a ciertos sectores pero entregándoles 1 punto del PIB, es decir 10 billones de pesos, a los empresarios entre 2019 y 2022, bajo la hipótesis de que así generarían el empleo que se requiere. Por ello algunos analistas, como Anif, han considerado que el verdadero nombre de esta Ley es de desfinanciamiento.	Como ya el país se dio cuenta de semejante estrategia sin ninguna prueba de que esta generosidad con los empresarios realmente incrementará su demanda de mano de obra ¿el gobierno sí cree que pasará fácilmente sin ningún cambio? Además, para todos es evidente que el gasto público es inflexible y que, de acuerdo con el último informe de la Contraloría, la deuda total del sector público sobre el PIB es suficientemente alta, 59%.	Lo malo. Algunas de sus propuestas como elevar el impuesto para viviendas de alto costo ya mostraron el daño a la dinámica de este sector que se ha paralizado con los efectos negativos sobre demanda de insumos, empleo y parálisis de estas actividades. Así mismo, el nuevo impuesto al sector financiero generó suficientes enemigos de manera que el trámite no será fácil.	La modernización de la Dian es otra de las grandes ventajas que deben mantenerse porque se ha anunciado muchas veces y sin embargo su rezago tecnológico por ejemplo y su mayor transparencia no se ha logrado del todo a pesar de haber tenido buenos directivos. Así mismo, se resalta que se haya retomado el impuesto al patrimonio y endurecido el pago de impuestos de los dividendos y la introducción de los mismos a las bebidas azucaradas.	Debido a esto, la primera lección que debería aprender el gobierno es que la caída de la Ley de Financiamiento no es una catástrofe, sino que es la oportunidad de crear una estructura tributaria que sea progresiva y efectiva, que reconcilie los objetivos de sostenibilidad de las finanzas públicas con objetivos sociales y de crecimiento económico.	Por lo tanto, los representantes no conocían lo que aprobaron y también ignoraban que esto podía tumbar eventualmente la ley. Esto debe ser la segunda lección: el gobierno debe ser el que mejor conoce y más respeta las leyes dado que no solo es el representante de la sociedad, sino también su reflejo.	Finalmente, quienes más piden que se apruebe con urgencia la Ley de Financiamiento son los grandes gremios económicos, siendo estos los más beneficiados con 10 billones de pesos en exenciones, pero ¿cuál es el deseo del resto de la sociedad colombiana? Y esta es la tercera lección: la democracia va más allá de los deseos de ciertos sectores y abarca a toda la población de Colombia, por tanto, la ley de financiamiento debe ser debatida por todo el país antes de su aprobación.