bajo dos modalidades de engaño, una de ellas, supuestamente contactaban a personas naturales para solicitarles millonarios préstamos que luego se negaban a pagar.La otra modalidad era buscar personas con vehículos particulares, especialmente camionetas tipo 4×4, a quienes al parecer les proponían otorgarles millonarios contratos con petroleras para trasporte de personal; sin embargo para poder acceder al contrato primero debían realizar,	la organización criminal habría recaudado cerca de $1.500 millones."Los hermanos Chaparro Báez ejercían como representante legal y subgerente, respectivamente, mientras que el reconocido abogado del citado municipio boyacense era el representante legal de la empresa fachada", evidenció el ente acusador.En la audiencia de judicialización, tras sus capturas por parte del CTI de Tunja, el fiscal delegado de la Seccional Boyacá que adelanta el proceso	, el juez se abstuvo de imponerla y le concedió la libertad, pero continúa vinculado a la investigación.Entretanto, el abogado no admitió su responsabilidad y fue cobijado con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, por el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Duitama.