Y es que si bien los debates de esta ley solo comenzarán a finales de julio próximo, por ley, el borrador inicial debe remitirse al Congreso durante la primera semana de abril de cada año, para lo cual los técnicos aún están ultimando detalles y cálculos, con el fin de definir la cifra exacta de las rentas y gastos del 2020.	De hecho, este diario también conoció una circular enviada a todas las entidades, por parte de Claudia Marcela Numa, directora del Presupuesto Público Nacional del Minhacienda, en la cual se detalla la necesidad de priorizar los gastos que se harían el próximo año, por cuenta de diferentes aspectos como la no consecución de todos los recursos con la ley de financiamiento y la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, entre otros.	“Para alcanzar las metas propuestas se requiere (…) de un estricto control del gasto para que la programación presupuestal del 2020, de un compromiso con las metas de reducción del gasto público en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND), y de revisión de los gastos y evaluación de su efectividad, de manera que la programación guarde consistencia con estas metas”, dice en la circular.	Y a renglón seguido detalla que para lograrlo, el Gobierno deberá “efectuar una rigurosa priorización de las asignaciones y mejorar la calidad en su ejecución. En especial, si se considera que la aprobación de la ley de financiamiento, si bien fue importante, no satisfizo enteramente las expectativas que se tenían, lo cual hace necesario austeridad, y manejo riguroso y responsable de los recursos públicos, propendiendo alcanzar la mayor eficiencia posible”.	Esto sin contar con la atención de los 1,5 millones de venezolanos que, para entonces, se calcula que hayan llegado a territorio colombiano, y para lo cual el Comité Consultivo de la Regla Fiscal le autorizó al país endeudarse por otros $3 billones este año, pero para el próximo solo le habilitó $1 billón adicional.