"Confiamos plenamente en el papel de las Fuerzas Armadas y de Policía en la construcción del proceso de reconcilación nacional", dijo Gallo, quien afirmó que los cinco senadores de la FARC se retiraban para no enfrascarse en discusiones porque entendían "que el acuerdo recientemente firmado todavía requiere de avanzar en el camino de construcción de la reconciliación y el entendimiento en un marco de convivencia".	En la otra orilla, el partido de Gobierno, el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, hizo una vehemente defensa de las Fuerzas Armadas y del "honor militar", tarea en la que tuvo el apoyo de senadores de otras fuerzas no precisamente alineadas con el Ejecutivo, como los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical y el de La U.	Después de más de tres horas de debate en el pleno del Senado se procedió a la votación en la que por 64 votos a favor y solo uno en contra se dio vía libre al ascenso de los generales del Ejército Martínez Espinel, Luis Fernando Navarro (comandante de las Fuerzas Militares) y Ricardo Jiménez Mejía (jefe del Estado Mayor Conjunto).	La controversia por el ascenso de Martínez comenzó el pasado 18 de mayo con un artículo del diario estadounidense The New York Times (NYT) que reveló la existencia de una directriz del Ejército que ordena a la tropa incrementar sus resultados operacionales, lo que pone en riesgo la vida de civiles.	En el artículo, el periodista Nicholas Casey señaló tras revisar órdenes escritas y entrevistar a altos oficiales que el Ejército puede estar ejecutando "otra encarnación" de los "falsos positivos", eufemismo para referirse a las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por militares para presentar mejores resultados a sus superiores y obtener por ello permisos y condecoraciones.	La Fiscalía General de la Nación ha investigado cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014, de los cuales 2.200 fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.	Una de las más fuertes críticas fue la senadora Aída Avella, del izquierdista partido Marcha Patriótica, quien sugirió a Martínez retirarse de la lista de candidatos al ascenso."Como mujer, como madre, como persona que se ha reunido con madres que buscaron sus hijos que fueron víctimas de falsos positivos (…) pido que por favor se respeten los derechos humanos, que no quede la menor duda en este Parlamento (…) de que todas las personas que vamos a ascender hoy respeten los derechos humanos y la Constitución", subrayó.	El senador Antonio Sanguino, de partido Alianza Verde, que también acabó retirándose de la sesión, resaltó que el Congreso tiene la responsabilidad de "utilizar el mecanismo de ascenso" para "adoptar la garantía de no repetición de hechos como los 'falsos positivos', como una oportunidad para elevar el prestigio de las Fuerzas Militares y el honor de quienes han de comandarlas".