. “La adopción de la Ley Estatutaria para la aplicación de la JEP, después de ser aprobada por las entidades correspondientes, constituiría un paso esencial en la preservación y continuación del Acuerdo Final alcanzado. Asimismo, será un modelo para garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de conflictos en otros procesos de paz en el mundo”.	Cuba y Noruega, países garantes del proceso de paz que culminó con el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), también acompañamos en esta condición el desarrollo de la implementación de dicho Acuerdo en el marco de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).	En este contexto, en ocasiones anteriores hemos instado a las instituciones del Estado colombiano a garantizar la protección del Acuerdo Final y asegurar el estricto cumplimiento de lo acordado, incluyendo las disposiciones relativas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que fue diseñada y acordada con el objetivo prioritario de garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición.	La adopción de la Ley Estatutaria para la aplicación de la JEP, después de ser aprobada por las entidades correspondientes, constituiría un paso esencial en la preservación y continuación del Acuerdo Final alcanzado. Asimismo, será un modelo para garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de conflictos en otros procesos de paz en el mundo.	El Secretario General de la ONU, su Consejo de Seguridad, representantes de la Corte Penal Internacional, y la comunidad internacional en su conjunto, han expresado sus preocupaciones en este sentido, y velan por que una involución del Acuerdo Final de Paz alcanzado no se convierta en un precedente negativo en otros procesos de paz que tienen lugar en el mundo, cuando aún aspiran a que se convierta en un referente para futuras negociaciones.