Continua diciendo el comunicado, “llamamos a las autoridades a hacer un significativo esfuerzo para enfrentar el patrón de hostigamiento y ataques dirigidos contra los representantes de la sociedad civil y a que tomen todas las medidas necesarias para enfrentar la impunidad endémica en torno a estos casos. En los primeros cuatro meses de este año, un total de 51 asesinatos de personas que posiblemente defendían derechos humanos o eran activistas han sido denunciados por la sociedad civil e instituciones estatales, así como por la Defensoría del Pueblo”.	Las estadísticas según la ONU vienen en aumento, pues el año pasado a la fecha se había asesinado un número inferior de líderes sociales. “Esta altísima cifra continúa una tendencia negativa que se intensificó durante 2018, año en que nuestro personal documentó el asesinato de 115 defensores y defensoras de los derechos humanos”, reitera el comunicado.	Finaliza el comunicado diciendo, “reconocemos las medidas adoptadas hasta ahora por el Estado para mejorar la protección de los y las defensoras de los derechos humanos. Tomamos nota de la creación de jueces especializados, como anunció recientemente el presidente Duque. Sin embargo, llamamos a las autoridades a que redoblen sus esfuerzos para ampliar y fortalecer las medidas tomadas hasta ahora para asegurar un entorno libre y seguro para el ejercicio del compromiso cívico de defensoras y defensores”.	“Los líderes sociales aseguraron que este es el reflejo de lo que sucede en el país pues aunque sus denuncias se han intensificado lo cierto es que el Gobierno no acepta la sistematicidad de los asesinatos en varias regiones del país”, dijo José Murillo, del Congreso de los Pueblos, uno de los líderes amenazados en el país.