La declaratoria de inexequibilidad de la Ley de Financiamiento, por parte de la Corte Constitucional, no trajo los efectos catastróficos anunciados por el Gobierno. Después de presentada la decisión, los mercados financieros (dólar, acciones y títulos del gobierno) mostraron estabilidad, lo cual llama a una lectura más profunda de los efectos.	La gran afectada es la confianza inversionista, principalmente la extranjera, que ve en la inestabilidad jurídica un riesgo para constituir empresas, emprender proyectos y traer recursos de largo plazo al país. En el corto tiempo, hasta que se apruebe la nueva ley, todas las decisiones de inversión se van a paralizar, desde las pequeñas en finca raíz hasta los grandes proyectos que están por cerrar o en estructuración.	Al parecer lo que hizo la Corte fue lanzarle un salvavidas al Gobierno y aunque ahora este dice que presentará la ley tal cual está hoy, sería absurdo que no aprovechara para mejorar la situación fiscal; esto sin contar con que es bien sabido que se sabe lo que entra al Congreso, pero no lo que se aprueba, y más en materia de impuestos.	En los países desarrollados, la carga está sobre las personas y esto permite que las empresas generen riqueza y empleo, pero para nosotros esto está mal visto y preferimos darnos un tiro en un pie y asociarlas con los ricos, que son los malos. Pero no, los ricos son las personas, no las empresas, y por lo tanto es a ellos a los que debemos pedirles que paguen.