En total son 18.369 cargos públicos que deben ser proveídos mediante votación popular y por eso el Estado, en su conjunto de instituciones que deben velar por unas elecciones limpias, tiene previsto un plan de contingencia para evitar que las mafias financien candidatos y se apoderen así de gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos desde donde, después, se adueñan de la contratación para cobrarse el dinero invertido en sus candidatos y desfalcar los recursos destinados para la inversión social, como ha sucedido con el Plan de Alimentación Escolar, PAE, que se convirtió en una de las mayores fuentes de corrupción.