Se trata de la demanda que se interpuso por parte del excontralor Edgardo Maya Villazón contra el artículo de la Ley de Infraestructura que le reconocería el pago de lo ejecutado a los contratistas cuando se anule un contrato, así se anule por alguna actividad ilícita. Actualmente la Corte revisa si lo deja en firme o no, pero no tendría relación porque no es una tutela.