Se trata de evitar el regreso de una frontera física entre Irlanda del Norte británica y la República de Irlanda, que seguirá siendo miembro de la UE. En términos más generales, el texto establece las condiciones de divorcio, en particular en lo que respecta a los derechos de los ciudadanos y a los compromisos financieros, e introduce un periodo de transición hasta diciembre de 2020.