De acuerdo con el Ministerio Público, Caicedo Omar y Vargas Corvacho habrían cometido falta gravísima, consagrada en el Código Disciplinario Único, por violar los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa en el contrato 281 del 2 de abril de 2014, consistente en la construcción de cuatro pozos profundos de 68 metros lineales para el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Santa Marta, en el marco del decreto de calamidad pública del 27 de marzo de 2014, y con una inversión superior a los 1.000 millones de pesos.	La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública asegura que en ese contrato de obras no se aplicaron “los principios de igualdad y selección objetiva, transparencia y economía que rigen la función administrativa y la contratación con recursos públicos, en tanto no se garantizó (…) la idoneidad del contratista para la construcción de las obras, ni la selección de la oferta más favorable para la entidad, a través de la exigencia de requisitos de experiencia específica, capacidad financiera y de organización proporcionales y adecuados a la naturaleza y el precio del objeto contractual, ni mediante la consagración y calificación de requisitos técnicos y de calidad (programación de obra, características mínimas de los equipos a utilizar), aspectos que favorecieron la escogencia de un contratista no idóneo, que terminó incumpliendo con la ejecución de las obras”.	Es preciso recordar que actualmente Carlos Caicedo Omar es precandidato a la Gobernación del Magdalena y para ello inscribió un comité para la recolección de firmas que avalen su postulación a ese cargo de elección popular, además, se le adelantan actualmente varios procesos penales por presunta corrupción en contratación de obras de infraestructura de salud, educación y recreación en Santa Marta y responde en otro proceso de la Fiscalía Especializada contra Violaciones de Derechos Humanos como presunto determinador de homicidios en la Universidad del Magdalena.