Probablemente el mayor reto social y fiscal que enfrenta la sociedad colombiana es la reforma pensional. Solamente dos datos para entender la dimensión del problema que enfrenta no solo este gobierno, sino el país: el 68% de los colombianos que trabajan no pueden construir una pensión digna para su vejez y el 69% de los adultos mayores no tienen ingresos mínimos para tener al final de su período productivo, los medios para vivir dignamente esa última parte de su vida.	Pero hay un elemento adicional que es imprescindible tener en cuenta: en todos los países, especialmente en los latinoamericanos cuya desigualdad no mejora y sigue siendo vergonzosa, es una realidad que se deben considerar dos sistemas: el contributivo, en el cual los trabajadores aportan, y el no contributivo, financiado directamente por el Estado para atender a la población que no puede construir una pensión. Cómo se financian los dos es un aspecto crítico especialmente cuando el peso de los impuestos es tan bajo como el de Colombia, y cuando lejos de aumentar, disminuye como lo propone actualmente la Reforma Tributaria en discusión.	El Gobierno ha dado toda clase de mensajes contradictorios. Primero con respecto al tiempo, porque al principio anunció que era una gran prioridad y que este año se presentaría al Congreso de la República, y ahora claramente ante la urgencia de sacar adelante la Reforma Tributaria ya la aplazó para el año entrante. Segundo, con respecto al contenido, porque de la reforma neoliberal del minhacienda se pasó a la populista del presidente Duque y a la parcial de la mintrabajo. La noticia que se filtró del Gobierno acentuaba los lineamientos de la reforma pensional modelo Chile, aumentándole la cotización a los trabajadores, lo que hizo ese país en plena dictadura de Pinochet, liquidando el sistema de reparto y de paso Colpensiones y fortaleciendo los fondos de ahorro individual.	Además, el Ministro de Hacienda por si alguien tenía dudas, después de que Álvaro Uribe rechazara lo que salió a la luz pública, insistió que en con la nueva reforma cada colombiano tendría la pensión equivalente a lo que ahorrara. De esta manera quedaba descartada la solidaridad como parte del nuevo sistema pensional. Nadie distinto a un convencido del mercado sobre el Estado se atrevería a semejante propuesta en un país como Colombia, con un índice de Gini de 0,52.	Pero las últimas palabras del presidente Duque se apartan totalmente de las anteriores y son claramente populistas, lo que quiere escuchar la gente, pero que demuestran su total desconocimiento de la gravedad y sobre todo de la complejidad de una reforma pensional. No le gusta, afirmó el Presidente, subir la edad para tener derecho a pensión y menos aún elevar las cotizaciones.	Para completar, la mintrabajo parece concentrar sus intereses en ayudarles a los viejos pobres. Es decir, parecería que se concentraría en el régimen no contributivo en el cual Colombia solo puede mostrar vergüenzas. Loable, pero esto es solo una parte del problema, porque si no considera la baja proporción de jóvenes trabajadores que no pueden participar por sus bajos e inestables ingresos en los sistemas contributivos, ellos engrosarán las filas de viejos pobres hasta que el problema se vuelva más inmanejable de lo que es actualmente.	Populismo de alguna manera, también. Queda en el aire si esa ayuda a los ancianos pobres no se está pensando como una redistribución de esa clase media a los pobres. Es decir, tomar los recursos del Fondo de Solidaridad creado para garantiza pensión mínima a quienes no cumplen los requisitos, y que los fondos de pensiones no les permiten usar, para darles ‘algo’ al mayor número de viejos muy pobres. Una falsa forma de aumentar la cobertura del sistema pensional. Pero señora ministra, los colombianos no somos tan bobos como ustedes creen.