Uno de los principales retos de la justicia ordinaria el próximo año es el que ronda la figura del recientemente nombrado fiscal ad hoc Leonardo Espinosa Quintero, quien fue elegido por la Corte Suprema para asumir tres de los procesos que se surten en el expediente por el escándalo de Odebrecht.	Tal acción es una hazaña tanto para la Fiscalía General de la Nación como para Espinosa Quintero. En efecto, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda hasta el momento no se ha enfrentado a los estrados judiciales, donde se destaparán las cartas de corrupción que sostuvo la constructora brasileña en Colombia, y el ente acusador no conoce a fondo la figura que él ocupará.	La gestión de Espinosa Quintero estará bajo la lupa de muchos sectores del país, debido a que debe actuar de manera imparcial e independiente frente a los designios de la Fiscalía y especialmente de su titular, Néstor Humberto Martínez, quien ha sido cuestionado por sus nexos con el Grupo Aval, accionista minoritario en el consorcio de la Ruta del Sol II.	Andrade estuvo bajo detención domiciliaria durante un año y, pese a que en las audiencias preliminares la Fiscalía ha dejado claro que no recibió dineros de la constructura brasilera, sí aseguró que hizo lobby ante ella, pues ha sido acusado reunirse supuestamente con exdirectivos de Odebrecht y con el exsenador Otto Nicolás Bula, con el fin de adjudicar el otrosí de la Ruta Ocaña-Gamarra-Aguas Claras.	Andrade y su defensa han denunciado que el proceso judicial en su contra se ha convertido en una persecución, amén de que se varias ocasiones han detectado la presencia de drones en los alrededores su casa, por lo que consideraron necesario pedirles a las autoridades estadounidenses que salvaguardaran su vida y la de su familia, dada su condición de ciudadano de ese país.	Otro caso de connotación nacional es el aval del preacuerdo que busca Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, actualmente recluido en la cárcel Modelo, de Bogotá, señalado de recibir dinero para gestionar ante la ANI la adjudicación de un contrato para la concesionaria Yuma, vinculado al tramo III de la Ruta del Sol.	En sus diligencias, la Fiscalía dejó al descubierto una serie de conversaciones que vinculaban al extranejero con miembros de organizaciones criminales de carácter internacional. Sin embargo, Gutiérrez desmintió ante los medios de comunicación que la razón de su estadía en Colombia se debiera a hechos delictivos. En 2019, un juez especializado determinará si tiene responsabilidad o no en los hechos.	Por otro lado, en los estrados judiciales también se moverá el caso de Edna, Uriel, Alirio y Norberto Mora Urrea, los hermanos que, a juicio de la Fiscalía, serían testaferros de la antigua guerrilla de las Farc y quienes en julio pasado pidieron pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sin que hasta ahora se conozca la respuesta a dicha solicitud.	Para el ente acusador, los cuatro estarían inmersos en una organización presuntamente dedicada al testaferrato y financiación de grupos terroristas y “buscaban dar apariencia de legalidad a algunos dineros provenientes de las actividades ilícitas del extinto Frente 53 de las Farc”, que para entonces estaría al mando de Henry Castellanos Garzón, más conocido como Romaña.	Mattos, de quien se dice que está en España, es solicitado por la Fiscalía para que responda por presuntas irregularidades en el reparto de una demanda que presentó la empresa Hyundai Colombia contra la coreana Hyundai Motor Company, que durante septiembre de 2015 le quitó al empresario la representación comercial de la marca en el territorio nacional.	Un caso que consternó a la opinión pública y que estará bajo la lupa de la justicia ordinaria durante el 2019 es el de las interceptaciones ilegales que se hicieron, a juicio de la Fiscalía General de la Nación, desde Cali e Ipiales, constatándose que la organización era promovida por altos exoficiales del Ejército, una exfuncionaria del Ministerio de las Comunicaciones.	Lo que le dio un giro inesperado a la historia es que la Fiscalía halló que los procesados, que se encuentran en etapa de juicio y cobijados con medida de aseguramiento, recibían adoctrinamiento militar de parte del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y a cambio suministraban conocimientos a ese grupo al margen de la ley.