El primero está relacionado con la presunta inobservancia del principio de planeación en el proceso de contratación directa que dio origen al convenio 268 de 2016. El negocio jurídico tenía por objeto "aunar esfuerzos para promover en las víctimas del conflicto armado interno la generación de negocios productivos sostenibles como vehículo de construcción de paz y sana convivencia,	suscrito entre el municipio de Pamplona, Norte de Santander y la Corporación Vida & Progreso", y al parecer, no se habrían realizado los estudios de mercado ni el análisis de necesidades requerido para fijar el presupuesto del convenio. En el segundo cargo, el Ministerio Público señaló que Contreras Flórez presuntamente suscribió la Resolución No. 0653,	, esta no contaba con acreditación y reconocimiento de idoneidad exigido por la normatividad vigente y posiblemente tampoco tenía la autorización de la asamblea de socios para suscribir dicho convenio. También le reprochó al exmandatario el presuntamente haber autorizado tres pagos, uno por $44.989.728, otro de $ 44.989.728 y un último por $59.986.304, sin que al parecer existiera un proceso de verificación y control sobre la ejecución del contrato,	también se formuló pliego de cargos al Secretario General y de Gobierno de la alcaldía de Pamplona, para la época de los hechos, y supervisor del contrato, Jeiver Saith Acero Bastos. La Procuraduría Provincial señaló que el exfuncionario posiblemente incurrió en falta disciplinaria al presuntamente omitir sus funciones y no adelantar actividades que permitieran verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la etapa precontractual ni en la ejecución y finalización del convenio 268 de 2016. También le reprochó a Acero Bastos el que probablemente inobservara los principios de economía, moralidad, eficacia, igualdad e imparcialidad, que rigen la función pública, al presuntamente elaborar los estudios previos de fecha el 21 de octubre de 2016,	desconociendo la normatividad vigente y sin consignar de manera detallada las obligaciones que debía cumplir la Corporación Vida & Progreso, con lo que pudo haber omitido el artículo 355 de la Constitución Política. El órgano de control señaló que los investigados probablemente, causaron un detrimento al municipio en más de $139 millones de pesos.