La iniciativa, que nació del representante Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) tenía ponencia para el archivo, pero el articulado revivió en la Comisión Tercera de la Cámara y fue aprobado en primer debate a finales del 2018, gracias a una proposición firmada por los representantes Víctor Manuel Ortiz (Liberal), Jhon Jairo Berrío (Centro Democrático), José Carrasquilla (Liberal), Carlos Bonilla (Liberal) y David Racero (Decentes).	El proyecto es simple y consta de dos artículos. El primero busca quitar de tajo el cobro de lo que se conoce como cuota de manejo de las tarjetas débito y crédito que hacen las entidades financieras, mientras que el segundo pretende que los bancos no cobren a los ahorradores costos fijos por consultar el saldo en los cajeros, retiros, transferencias, pagos a terceros por internet y costos por consignación nacional.	Según Valencia, es muy bueno que bajen los costos administrativos, pero queda la sensación de que se desvía un poco la atención sobre los problemas financieros de Colombia. “El sector financiero no tiene líneas de préstamo especializadas y el Estado no tiene ningún mecanismo de líneas de crédito de primer piso para el desarrollo empresarial”, precisa.	Al respecto, Ortíz comenta que “el llamado en el sector es a que cada vez se use menos efectivo como medio de pago, pero eso debe ir acompañado de una política que motive a las personas a usar los canales electrónicos, pues con eso habrá más control fiscal, tributario y formalidad. Lamentablemente, acá la gente no lo hace por temas de costos”.	Del mismo modo, señala que la iniciativa para regular los costos de los servicios financieros tendría un impacto positivo en la economía a través de las compras. “El sector financiero se va a venir con sus argumentos y estudios de cuánto le cuestan las operaciones, pero aquí se trata del beneficio que la norma tiene para los usuarios del sector y los beneficios para la tributación del país”, puntualizó Ortiz.	En ese orden de ideas, dentro del proceso de fijación de tarifas financieras, las entidades argumentan una serie de variables que afectan el negocio. La principal razón se concentra en que hay unos costos en los que incurren con la generación y prestación del producto. También están las inversiones en tecnología y planta física.