esde que el Ministerio de Salud declaró el pasado 3 de abril que la Alcaldía de Cartagena no podría seguir construyendo y remodelando las Unidades Primarias de Atención (UPA) y los Centros de Atención Permanente (CAP) de la ciudad hasta que no titulara los predios donde están construidos, aun faltan algunos por legalizar, como los de las UPA de El Pozón, Arroyo Grande, Puerto Rey, Punta Canoa y Arroyo de las Canoas. Estos tres últimos en particular son terrenos baldíos.	Alrededor de 19 centros de salud en Cartagena han estado cerrados desde el 2015, funcionando a medias o sin inaugurar. Algunos llevaban décadas operando, como la UPA de Daniel Lemaitre, antes de que empezaran las obras. “Los principales inconvenientes son de titulación y de autorizaciones del Ministerio de Salud. Vamos a seguir consultando a los organismos de control encargados para sacar adelante estas obras”, afirmó el alcalde Pedrito Pereira Caballero a El Universal.	En zonas como el noroccidente de la ciudad, que comprende barrios como Canapote, Torices y Paseo Bolívar, los pacientes son atendidos en puestos de salud improvisados en propiedades privadas o acuden a los establecimientos cercanos que todavía funcionan, pero estos no son suficientes. El panorama se ha complicado aún más en los últimos dos meses, debido a las intervenciones de los CAP de La Esperanza y La Candelaria.	“Ante cualquier urgencia que tengamos, nos toca salir corriendo a Canapote”, dice Uvaldo Puello, un habitante del barrio Daniel Lemaitre. La UPA que le prometieron a su comunidad desde el 2015 sigue inconclusa y cerrada al público. “Es un elefante blanco del que se ha construido menos de la mitad”, afirmó el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) Policarpo Caraballo. “Se arrendó la casa de una vecina y se trasladaron algunos servicios de la UPA allí”, señaló Caraballo a El Universal.	La UPA de Daniel Lemaitre existe desde 1978 y funcionaba, con deficiencias, hasta que se iniciaron las remodelaciones en el 2015. Cuando la administración del alcalde Pedrito Pereira trató de reanudar las obras, descubrió que el Distrito no tenía titularidad sobre los predios; desde mayo de 2019, el terreno le pertenece a la Alcaldía. Policarpo Caraballo, por su parte, solo tiene la esperanza de que las obras se reanuden “dentro de los próximos tres meses”.	De acuerdo con Funcicar, esta UPA está completada en un 44 % y faltarían entre seis u ocho meses para terminar las obras. Según el presidente de la JAC, el edificio se encuentra casi en ruinas e invadido por una familia. Cuenta que las láminas de zinc de la obra se desprenden con la brisa, poniendo en peligro la vida de los habitantes del barrio.	Durante el proceso de socialización del presupuesto de las obras para el CAP de La Candelaria en la administración de Dionisio Vélez, la comunidad se percató que los predios del centro de salud no estaban legalizados. Harold Maquilón, presidente de la Asociación de Usuarios del barrio, recuerda que la JAC interpuso “recursos ante la Personería y hasta el Ministerio de Salud, pidiéndoles que no comenzaran a remodelar el inmueble hasta que se realizara el trámite”. Esos terrenos no se ha legalizados en los casi 50 años que llevaba funcionando el centro de salud.	Los llamados de atención surtieron efecto y en La Candelaria no ocurrió lo que en Daniel Lemaitre, Los Cerros o Nelson Mandela, donde hay puestos de salud que llevan cuatro años sin funcionar. Sin embargo, la falta de mantenimiento y la alta demanda (recibía pacientes de otros sectores) llevaron al CAP al colapso.	Romero Castillo afirma que, según le informaron, el CAP debería volver a ofrecer servicios dentro de un mes, como máximo. “Cuando eso ocurra y los predios se legalicen, volveremos a pedir que remodelen el centro de salud como lo prometieron en el 2015: con ampliación de la planta baja, tres pisos y un área de hospitalización”.	Junto con la Clínica San José de Torices y la UPA de El Líbano, el CAP de Canapote se ha convertido en uno de los centros médicos con mayor demanda de los ciudadanos de la zona noroccidental de la ciudad. Recibe los pacientes de barrios y corregimientos como La Boquilla, Manzanillo del Mar, Daniel Lemaitre y La Candelaria, pero está funcionando a la mitad de su capacidad. “Y se va a congestionar más ahora que cerraron el CAP de La Esperanza”, advierte Ludis Julio, una vecina del sector.	El CAP de Canapote le pertenece al Distrito desde septiembre de 2018. Según el presidente de la JAC José Díaz Pupo, “hace falta un esfuerzo organizado de la comunidad del barrio” para poner las obras en marcha otra vez. Su diagnóstico es pesimista: no solo considera que nada pasará hasta que los habitantes del barrio hagan más presión sino que no ve “indicio alguno de que se vaya a invertir dinero en el CAP en un futuro próximo”.	Díaz relata que la construcción del centro de salud de Canapote comenzó durante la gestión de Nicolás Curi (2005 - 2007), Judith Pinedo (2008 - 2011) continuó las obras y lo completó en, aproximadamente, un 90 %. Campo Elías Teherán (2012 – 2013) lo inauguró en ese estado y Dionisio Vélez inició las remodelaciones en 2015 que le dieron las deficiencias en la planta física y el aspecto destartalado que tiene hoy. El CAP solo ofrece servicios de primeros auxilios y una sala de maternidad en mal estado.	En el 2015, el entonces alcalde Dionisio Vélez firmó tres contratos por aproximadamente $94.000 millones para realizar estudios, construcciones y remodelaciones de 39 hospitales de la Red Pública Primaria de Salud del Distrito. Un informe de Funcicar indica que los problemas no tardaron en aparecer: el costo de las intervenciones sobrepasaba el presupuesto estipulado; los consorcios y la Alcaldía acordaron priorizar 25 obras, pero la ejecución de muchos proyectos no avanzó más allá de las primeras fases. Durante la administración de Manuel Vicente Duque, se estableció que los recursos seguían siendo insuficientes y se prometió entregar 12 centros de salud, pero solo se terminaron seis, en Pontezuela, Arroyo de Piedra, Fátima, Caño de Loro, El Socorro y El Líbano. Desde el 2015, los contratos fueron reanudados en tres ocasiones, pero permanecen suspendidos desde el 2017 pues el Distrito no cuenta con el dinero suficiente para pagar las obras y la deuda contraída durante la administración de Dionisio Vélez.