)Los hechos que investiga la Fiscalía se remontan a lo ocurrido en horas de la tarde del jueves 12 de octubre de 2017, cuando llegaron varios panfletos de un supuesto grupo armado al margen de la ley en contra de funcionarios de la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar, organización no gubernamental que tiene sus oficinas en pleno centro de Bogotá.Los panfletos amenazantes también llegaron a la sede nacional de la UP	, en los cuales intimidaban a diez miembros de la junta directiva nacional del partido, atribuyéndose la autoría de las amenazas a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).“Se les anunciaban un mal presagio en cualquier momento si los amenazados, todos miembros de la Junta Directiva Nacional, no renunciaban a sus cargos”, indicó a la Fiscalía el confeso exmilitante de la UP.Advirtió que en las amenazas se les daba un plazo hasta el 20 de octubre de ese año e incluso con la promesa de ejecutar acciones de hecho en las 72 horas siguientes si no abandonaban el país, y agregó que el propósito era	.“Inducida por el error, la Unidad Nacional de Protección (UNP) emitió actos administrativos dirigidos a prestar protección y seguridad a quienes carecían de dicho esquema, incluido el señor Jiménez Bastidas”, agregó.El procesado en virtud del preacuerdo se expone a una pena cercana a los tres años y seis meses de prisión.