Puede ser que los capitales estén en proceso de salir de las economías emergentes, como lo señalan las estadísticas y las predicciones de los gurúes. Esas circunstancias hacen todavía más notable la operación anunciada ayer por el Ministerio de Hacienda, consistente en la colocación de 2.000 millones de dólares en bonos, una suma clave para cumplir con las obligaciones gubernamentales presupuestadas en el 2019.	Lo sucedido es llamativo por varias razones. De un lado está la venta de 1.500 millones de dólares en papeles a 30 años de plazo, con lo cual se reabre el mercado de deuda latinoamericana en aquello que los especialistas conocen como “la parte larga” de la curva de vencimientos. El saldo de 500 millones de dólares quedó a diez años de término, en condiciones muy parecidas a las que obtuvo México unos días atrás.	No menos importante es el apetito demostrado por los inversionistas. En la presente ocasión las órdenes de compra provenientes de más de 300 firmas institucionales sumaron 12.600 millones de dólares, lo cual quiere decir que la relación entre lo demandado y lo entregado llegó a ser de 6,3 veces, un múltiplo elevado.	Aunque en otras ocasiones han ocurrido situaciones similares, la verdad es que las circunstancias de los mercados financieros internacionales son muy distintas ahora. Junto al alza en las tasas de interés que impulsa el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, está una reducción de la liquidez, por cuenta del final de los programas de compra de papeles que se pusieron en marcha después de la crisis del 2008.	Además, la percepción de riesgo con respecto a las economías emergentes viene en franco aumento. Los tropiezos experimentados por Turquía y Argentina durante el 2018 dejaron un mal sabor en el mercado, que ahora es más selectivo. Ante el ánimo mostrado, es válido decir que Colombia mantiene su prestigio, lo cual no es poca cosa.	A pesar de ese éxito, no faltan los que plantean interrogantes. Cómo encaja lo sucedido dentro de la estrategia de financiamiento público para este año es algo que no está plenamente claro, pues la programación de ingresos y gastos que usualmente se conoce al comenzar el calendario, todavía no ha sido compartida por las autoridades.	Los interesados en tomarle el pulso a las cuentas estatales estarán pendientes de la manera en que evolucionan las acreencias del Gobierno central. Según las estadísticas del Banco de la República, el monto de la deuda pública en divisas llegó a 73.391 millones de dólares al finalizar octubre pasado, a los que se suman 55.815 millones de dólares del sector privado.	La inmensa mayoría de la suma mencionada pertenece a la categoría de largo plazo. No obstante, los especialistas tratarán de establecer si la relación de acreencias externas sobre Producto Interno Bruto muestra tendencia al aumento o no. Y es que después de que el dato saltó, cuando tuvo lugar la gran devaluación del peso entre 2014 y 2015, no hay mucha tolerancia para más aumentos. En el peor de los casos podríamos quedar mal en las comparaciones mundiales, algo que eventualmente llegaría a afectar la calificación que hoy reciben los títulos de deuda, los cuales cuentan con grado de inversión.	Aunque es de imaginar que el Ministerio tiene una buena respuesta ante las inquietudes que se le planteen, no estaría de más que opte por entregar la información a tiempo. Las declaraciones hechas hasta la fecha resaltan que el compromiso con la regla fiscal se mantiene, aunque los técnicos en el asunto preferirían hacer las sumas y restas del caso antes de emitir un veredicto definitivo. A fin de cuentas, de lo que se trata es de preservar la confianza recibida, para lo cual hay que mostrar las cifras, junto con la hoja de ruta completa del 2019. Tras los logros, vale la pena evitar las suspicacias.