en el que se lee: “Si bien se trata de un delito común (…) la relación con el conflicto armado en este caso podría derivarse del móvil que determinó la intención del solicitante para tratar de encubrir con un manto de impunidad las alianzas delictivas celebradas entre políticos, empresarios y paramilitares del departamento del	Además, señaló que aunque no hay una fecha específica sobre el momento en el que se ofreció dinero a servidores públicos, se hace referencia a que fue antes del 1 de diciembre de 2016, “y por lo mismo, también respecto de este punible se cumple el presupuesto de la competencia de la JEP”.