Para el académico, Kenneth Burbano, prohibir protestar o disentir de las autoridades es propio de las dictaduras Los derechos a la reunión y manifestación, integrados con las libertades de protesta, expresión y la opinión, cuyo ejercicio debe ser pacífico, son cimiento de la democracia.Así lo consideró Kenneth Burbano, director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre.EL NUEVO SIGLO:	Suelen resultar afectadas las personas en su movilidad, en el uso del transporte público, en su trabajo, pero son cargas que hay que soportar en forma transitoria ante derechos de mayor entidad democrática como la protesta.Cuando en el Estado de derecho se prohíbe protestar o disentir de las autoridades, está erosionada la democracia. Eso es propio de las dictaduras.ENS:	La mejor opción es el diálogo y la concertación entre las autoridades y los manifestantes, como por ejemplo comprometerse a no bloquear los carriles destinados al transporte público o no obstaculizar ciertas vías alternas. El error está en que ante estas situaciones la respuesta de las autoridades es la disuasión, el uso de la fuerza y no la persuasión.ENS:	Son situaciones distintas. La primera, quienes marchan y protestan pacíficamente no pueden ser constreñidos ni atacados. Y la segunda, quienes se infiltran o se meten en las marchas y destruyen bienes o lesionan a las personas, estos son delincuentes.El Congreso de la Republica debió expedir a 20 de junio de 2019 la ley estatutaria sobre reunión y manifestación y no lo ha hecho. El Código de Policía dejó de regir en esta materia por una demanda de inconstitucionalidad que presentó el Observatorio Constitucional de la Universidad Libre.Ahora, respecto a los actos de vandalismo, se debe aplicar el Código Penal en el que están tipificadas varias conductas referidas a estos casos. Se debe judicializar a los responsables. Sorprende que en la mayoría de situaciones quienes cometen destrozos no son capturados, pero se priva de libertad a estudiantes y los jueces declaran ilegales esas capturas. Ahora lo que no se puede hacer es criminalizar la protesta.ENS:	La obligación de proteger la vida y bienes de los ciudadanos está en cabeza de las autoridades por mandato constitucional. Eso no le corresponde a quienes protestan.Lo preocupante es que las redes sociales y algunos medios de comunicación parcializados atribuyan la causa y la responsabilidad de esos hechos criminales a quienes participaron y convocaron al paro del 21 de noviembre y sus siguientes jornadas. Son miles de personas las que ejercieron y continúan ejerciendo ese derecho en forma pacífica, pero lo que se reprodujo masivamente fue el actuar de unos cuantos delincuentes. Eso crea zozobra, miedo e intenta deslegitimar las protestas.ENS:	Quien cometa delitos debe ser sancionado, sin que su nacionalidad sea un agravante.Ese entorno de xenofobia hacia los venezolanos es cruel, degradante e insolidario, en la medida que miles de colombianos, durante décadas, huyendo del conflicto armado se fueron a Venezuela. En varios países hay estigmatización para los colombianos. Eso no es aceptable.ENS:	Hay errores y aciertos. Errores: no reconocer a los promotores del paro como especiales interlocutores; y en cuanto a los temas, dejar de lado o descartar temas esenciales como el cumplimiento del acuerdo final de paz y el desmonte o modificación del Esmad. Aciertos: está generando acercamientos, ha instalado mesas y busca la participación de las regiones. Se requiere diálogo directo y una Mesa Nacional de Dialogo amplia, plural, con más ciudadanía.