En esta zona del país hay tres puertos: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRB) constituida en 1993, Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBuen) entró en operación en el 2014 con una inversión de 238 millones de dólares; y, Aguadulce entró en operación en el 2016 con una inversión inicial de 650 millones de dólares.	Sobre los problemas logísticos hay varias situaciones que se deben resolver. Por un lado la infraestructura, la doble calzada Buga-Buenaventura de 117 kilómetros ha sido entregada parcialmente pero presenta hundimientos y taludes que generan constantes cierres en la vía. Y por otro lado está la inseguridad, las bandas de delincuentes tienen azotado este tramo en puntos como Medicanoa, Puentetierra, y los Tubos, entre otros, que obliga a que el transporte de carga tenga que incurrir en costos adicionales, además de restringir los tiempos de recorrido para transitar en horarios de menor riesgo.	En el otro extremo del nudo, están los problemas sociales. Es importante recordar el paro cívico de mediados del 2017 que tuvo una duración de 21 días, bloqueó el comercio exterior por estos puertos. Los bonaverenses reclamaban salud, educación, seguridad, obras, servicio de acueducto y alcantarillado. También denunciaron corrupción y despilfarro de recursos públicos. Fueron reclamos lógicos y justos a problemas históricos de la ciudad.	Sin embargo, mucho tiempo después se agravan los problemas sociales. Recientemente los medios han registrado balaceras en las comunas 3, 9, 11 y 12, asesinatos y personas descuartizadas, lo cual hacía recordar las famosas casas de pique. Y también han registrado casos de corrupción como el Lamborghini de la hija del jefe de control de carga de la Dian en el puerto, Ómar Ambuila.