Este acuerdo también reglamenta los permisos para los avisos, vallas, pasacalles, pendones y otras formas de publicidad exterior, incluida la que se coloca en vehículos, permisos que se tramitan ante la Secretaría de Planeación y las oficinas de Control Urbano y Espacio Público, que deben supervisar el cumplimiento de los requisitos y condiciones para el uso de la publicidad política en épocas electorales.	Por malsana tradición, Cartagena ha padecido en cada debate electoral la profusión despiadada de publicidad política, con el consecuente caos visual y deterioro del mobiliario público. Esa inculta práctica se asentó en la forma de hacer política, precisamente porque no ha habido declaraciones de responsabilidad ni a personas naturales ni a jurídicas, con lo cual la tolerancia a esta usanza la convirtió en dañosa costumbre.	Pero las normas son claras en cuanto a los efectos por violación de las restricciones sobre publicidad exterior, incluida la política, lo cual supone responsabilidades no sólo contra el anunciante sino contra los propietarios de establecimientos, predios o vehículos en los que se coloquen avisos sin el cumplimento de los requisitos legales o reglamentarios.	El referido acuerdo también contempla que cualquier ciudadano puede denunciar la publicidad que se encuentre en sitios indebidos, tales como postes para redes eléctricas y telefónicas, puentes y cualquier otra estructura del Estado, o dentro de los 200 metros de distancia de los bienes declarados monumentos nacionales, o los que están prohibidos por acuerdos distritales, o en propiedad privada sin el consentimiento del propietario o del poseedor.	Es de resaltar la obligación legal que contrae el candidato o la campaña anunciantes, de desmontar toda publicidad política dentro de las siguientes 24 horas a la terminación de la jornada electoral que, en nuestro caso, es el 29 de octubre próximo, pues no hacerlo puede acarrear la imposición de sanciones que van desde 1,5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.