La zona del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, al noroccidente de Colombia, ha sido el escenario desde inicios del mes de junio de al menos 830 desplazamientos, registrados especialmente en seis veredas del municipio La Playa de Belén.Christian Visnes, director nacional del Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés), afirmó que los desplazamientos se deben a que el Estado y sus instituciones no han logrado tener suficiente presencia en territorios que eran ocupados por la exguerrilla de las Farc.Ante la desmovilización de las Farc, otros grupos criminales han buscado aumentar su presencia en la zona, lo que ha ocasionado la salida de personas, según indicó Visnes.“Hay una confrontación no solo entre la insurgencia y la Fuerza Pública sino también entre los grupos insurgentes en la zona”, detalló el director en Colombia del NRC.Visnes mencionó que, pese al aumento de las operaciones militares, la población sigue en riesgo ante los combates entre los diversos grupos que operan en la zona.También explicó que muchos de los desplazamientos son atípicos al no ser permanentes debido a que hay grupos de personas que huyen en las noches hacia sitios de refugio y luego, en el día, regresan a sus viviendas.“Uno no se puede imaginar cómo es movilizar a toda una familia con frecuencia. Los niños pierden clases, se exponen en los caminos y la pequeña estabilidad que tenían las familias se rompe completamente”, indicó Visnes.El directivo del NRC añadió que los lugares que la población elige como refugio para protegerse de los enfrentamientos no cumplen con las condiciones ideales de un albergue. Detalló que, por ejemplo, luego del desplazamiento en La Playa de Belén cerca de 250 personas se dirigieron a una casa con una sola unidad sanitaria, ubicada en un sitio que la comunidad considera seguro para resguardarse del conflicto.Visnes explicó que las comunidades que viven en medio del conflicto han identificado sitios como esta casa, en donde pueden resguardarse. Además relata que hay solidaridad entre la población, ya que incluso prestan sus viviendas a otras personas que necesitan protección.“El vecino siempre está dispuesto a ayudar en la emergencia. Esa casa es lo más cercano que tiene la población para protegerse (…) Pero no tiene las condiciones para hacerlo. Es claro que esto no es una solución duradera”, indicó Visnes.Debido a las condiciones precarias de los improvisados albergues, hay familias que deciden asumir el riesgo de regresar a sus hogares, aunque esto implique exponerse a quedar en medio de un enfrentamiento, indicó el directivo.“Las condiciones se vuelven insostenibles y prefieren asumir el riesgo de que una bala perdida los impacte antes de que sus niños se enfermen en estos sitios de refugio”, sostuvo.El director del NRC indicó que las poblaciones con frecuencia buscan protección en las noches, cuando hay más probabilidad de una confrontación armada cerca de sus lugares de residencia.Visnes valoró que los desplazamientos en el Catatumbo sean menos frecuentes que el año pasado, cuando 40.000 personas tuvieron que desplazarse, pero mencionó que el riesgo “sigue latente”.“Incluso hay riesgos que han aumentado. Hay poblaciones más vulnerables, como aquellas que son forzados a abandonar Venezuela y llegan al Catatumbo. Son poblaciones que se vuelven muy vulnerables”, mencionó el directivo.El representante nacional del NRC indicó que la zona del Catatumbo necesita de una asignación especial en el presupuesto de la nación y de inversiones a largo plazo que deben iniciar pronto y que incluyan la construcción de escuelas, refugios y de campañas de prevención y protección de la explosión de minas.Para Visnes, la zona necesita, además, de una adecuada implementación de los acuerdos de paz firmados entre el Estado y las Farc, así como el compromiso del Gobierno de proteger los centros de educación en medio del conflicto mediante, por ejemplo, la Declaración sobre Escuelas Seguras.La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) también ha denunciado la situación humanitaria en Norte de Santander y ha indicado que se debe a los enfrentamientos entre el ELN, el EPL y otros grupos armados organizados.Para la OCHA, otro episodio que generó temor en las comunidades y provocó su desplazamiento fue el asesinato de un líder social en la población Los Cacaos el pasado 1 de junio.La agencia de la ONU indicó que entre las personas desplazadas se encuentran 311 menores de edad y que, ante los enfrentamientos, cientos de personas se alojaron en casas de familiares y vecinos.“Durante el día, la mayoría de los hombres retornan a sus fincas para cuidar de los animales, mientras las mujeres y los menores se quedan alojados en las viviendas, las cuales no cuentan con las condiciones para albergar a las personas afectadas”, confirmó la oficina de la ONU.OCHA detalló que los más de 800 desplazados de sus hogares tienen limitaciones para movilizarse libremente debido a las prohibiciones que imponen los grupos criminales de la zona.“Estas limitaciones han causado dificultades para el desarrollo de sus actividades cotidianas de sustento diario, al igual que restricciones de acceso a alimentos, agua, saneamiento básico y medios de vida”, indicó OCHA.La agencia de la ONU mencionó que los habitantes de las veredas afectadas están expuestos a retenes ilegales, toques de queda y a la presencia de minas y de municiones sin explotar tanto en los caminos veredales como en los alrededores de las fuentes de agua, cultivos de pancoger (sembrados para el autoconsumo) y campos donde se recolecta leña para cocinar.La Unidad para las Víctimas del Gobierno de Colombia se pronunció sobre el desplazamiento ocurrido en La Playa de Belén e indicó que dispuso de un equipo humano y profesional para garantizar la atención de las personas afectadas.“En la Unidad para las Víctimas estamos atentos al seguimiento de la presente emergencia ocurrida en las veredas Alto del Buey, Candelaria, Capellanía, Miraflores, Los Cacaos y La Esmeralda, para garantizar la atención humanitaria y el retorno de los afectados por los enfrentamientos entre grupos ilegales”, informó Alicia María Rojas Pérez, directora territorial de la Unidad para Norte de Santander y Arauca.Los desplazados de Catatumbo son un reflejo de un fenómeno que históricamente ha afectado a más de 7.350.000 personas, que representan más del 15% de la población actual en Colombia, en una zona que clama una atención especial del Estado.