La Comisión de Paz del Senado de la República rechazó y manifestó su preocupación por los asesinatos durante los primeros días del año de los líderes sociales Gilberto Valencia De Suárez, Cauca, el primero de enero; Jesús Adier Perafán, de Caicedonia, Valle del Cauca, el 2 de enero; Wilmer Antonio Miranda, de Cajibio, Cauca, el 4 de enero; Wilson Pérez Ascanio, de Hacarí, Norte de Santander, el 5 de enero; y de Maritza Quiroz Leiva, de Santa Marta, el 5 de enero; así como del integrante del partido Farc Salomón Pulido, ocurrido el 6 de enero en el departamento del Meta; y del dirigente del partido Centro Democrático, José Rafael Solano González, ocurrido el 4 de enero en Zaragoza, Antioquia.	En un documento, la comisión expresa que “estos hechos enlutan el comienzo del nuevo año y se suman a la ya alarmante cifra de asesinatos y amenazas de diversos tipos contra líderes sociales y excombatientes de las Farc durante el último periodo, conforme lo evidencian informes oficiales de autoridades nacionales y organismos internacionales”.	Alertaron especialmente “sobre la grave situación de amenazas en territorios de los departamentos del Cauca, donde ya van 46 asesinatos, entre campesinos e indígenas; Choco, Caquetá, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Cesar, Meta, Nariño, Sucre y Putumayo, que ameritan un informe y un plan de choque eficaz de la Fiscalía General, el Ministerio de Defensa y otras instancias del Gobierno y el Estado colombiano”.	Exhortaron a las autoridades “a proteger a los líderes y comunidades amenazadas, a cumplir con las garantías constitucionales y con las medidas previstas en el acuerdo de paz para las comunidades campesinas, e impedir que bandas criminales y narcotraficantes copen y controlen los territorios en los cuales tenía presencia la exguerrilla de las Farc-Ep”.	A la sociedad la convocaron “a rechazar contundentemente estos actos de violencia, su impunidad, y a reclamar la defensa de la vida, la paz, la justicia y la solidaridad con los líderes sociales”. La Comisión de Paz reafirmó así su “deber y compromiso con la defensa de la vida de todas y todos los colombianos”.