uego de que el Tribunal Administrativo de Bolívar suspendiera la licencia ambiental que le otorgó Cardique a la empresa Serviaseo S.A. E.S.P. para construir un relleno sanitario en la vereda San Rafael, en la zona baja de El Carmen de Bolívar, el año pasado, los labriegos aseguraron que esa es otra batalla que le ganan a la empresa de servicios públicos.	En la acción popular, la Procuraduría General de la Nación pidió la suspensión de la licencia para la construcción del proyecto denominado Sin Pensar, porque considera que a las comunidades se les está vulnerando el derecho a tener un medio ambiente sano, al equilibrio ecológico y al aprovechamiento de los recursos naturales.	La decisión fue tomada luego de que el alcalde de El Carmen de Bolívar, Rafael Gallo Paredes, respondiera a través de una acción de tutela la solicitud presentada por la Organización para la Defensa de los Derechos de los Ciudadanos (ODDC) y de la misma Procuraduría Ambiental, en donde ratificó que según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de El Carmen, el lugar en el que se está construyendo el relleno no es zona de reserva para infraestructura de servicios públicos, entre esos rellenos sanitarios.	Pero esa no fue la primera acción popular, a finales del año 2017, cuando se inició la construcción del relleno sanitario, los habitantes de la zona manifestaron su inconformidad y preocupación debido a las repercusiones ambientales y sanitarias que ocasionaría al lugar, por tal razón la ODDC solicitó en febrero de 2018 la primera revocatoria a la Resolución 1452 de octubre de 2016 en donde Cardique otorgó la licencia ambiental a Serviaseo.	Sin embargo, la Corporación Autónoma Regional negó dicha solicitud basada en la certificación expedida por el actual secretario de Planeación de El Carmen, Richard Gianni, en donde certifica que la zona cumple con los requisitos para ser usada como relleno sanitario, a pesar de que Gallo Paredes expresó que dicha certificación fue equivocada, como también lo fue la que dio el secretario de la administración pasada, pues el exalcalde Francisco Vega Arrauth le había manifestado a Cardique que ese predio no estaba apto para un relleno.	Además de la certificación, según el estudio hecho por la Procuraduría Ambiental al certificado de tradición del predio en el que Serviaseo pretende construir y operar el relleno sanitario, encontró que en 2008 el Comité Departamental para la Atención Integral a la población desplazada de Bolívar declaró esa zona como ‘de inminencia de riesgos de nuevos fenómenos de desplazamiento’, es decir, tiene una medida cautelar.	Por tal razón la autorización para el levantamiento de dicha prohibición debía ser concedida por el Comité Departamental para la Atención Integral a la población desplazada de Bolívar. Sin embargo, al revisar el certificado de tradición, no aparece inscrito dicho levantamiento, lo que quiere decir, que no era posible la inscripción de la compraventa a favor de Serviaseo, y por ello el Ministerio Público argumenta que la licencia que otorgó Cardique no está conforme con el interés público o social.