En la disputa de Prodeco (Glencore) contra el Estado colombiano y que resolvió en días pasados el tribunal de arbitramento del Banco Mundial a favor del primero, llama la atención en el contenido del fallo, las serias críticas que hace el organismo multilateral sobre la manera como procedió la Contraloría General de ese entonces.	“Es desafortunado que la señora (Sandra) Morelli, la máxima autoridad dentro de la Contraloría, haya encontrado adecuado realizar un pronunciamiento público relacionado con un expediente que era materia de investigación, y en el que esa funcionaria era la llamada a resolver el recurso de apelación, y por ende, a tomar la decisión final” señaló en uno de sus apartes el fallo del Ciadi.	Además de la mención con respecto al organismo de control y a quien manejaba sus hilos, el fallo del Tribunal Ciadi, indicó que la existencia de evidencia preliminar en el expediente, que sustentó la imputación de Prodeco, no justifica los comentarios públicos de la señora Morelli, lo que reveló no solo su conocimiento del expediente sino también su opinión de que (esta empresa) no estaba pagando las regalías en forma correcta y que por ello debía casi $50 billones.	“Teniendo en cuenta que esa opinión tenía que ver con el caso que la señora Morelli tendría que decidir mediante recurso de apelación, en su condición de máxima autoridad al interior de la Contraloría, pareciera que la señora Morelli ya había decidido en su mente al respecto, sin haber analizado en forma adecuada la defensa de Prodeco y sus argumentos en sede de apelación”, resaltó otro de los apartes del fallo.	El organismo de arbitramento del Banco Mundial también resaltó en el contenido de la sentencia que la determinación de la existencia y cuantía del daño realizada por la Contraloría en su decisión es “tendenciosa”, vulnera los principios básicos de razonamiento legal y lógica financiera, y es incompatible con el estándar de conducta que Colombia debe brindar a los inversionistas suizos bajo el Artículo 4, inciso 1 del Tratado de Inversión.	El fallo del citado tribunal de arbitramento explicó que la metodología usada por la decisión de la Contraloría “desconoció por completo” por el hecho de que bajo el Programa de Trabajos e Inversiones (PTI) de 2010, Prodeco asumió una obligación de incrementar la inversión y de expandir la mina (Calenturias), resultado en un aumento de la producción de carbón.	“Cualquier cálculo imparcial y justo de los daños sufridos por Colombia no son razón para desconocer este compromiso, especialmente porque los hechos probados muestran que no solo Prodeco alcanzó los niveles de inversión prometidos en el PTI 2010, sino que los excedió sustancialmente. Esos niveles de inversión condujeron a un incremento en la cantidad de carbón extraído, y eventualmente a un incremento en las regalías pagadas”, reza el fallo.	Según el Ciadi, la decisión de la Contraloría (2015) de declarar “perjudicial” el Otrosí (2010) al contrato de la mina Calenturias entre Prodeco e Ingeominas, obligando a la primera a pagar cerca de US$19,1 millones por supuesta responsabilidad fiscal fue una medida “no razonable” que violó el estándar de trato justo y equitativo establecido por el tratado de inversión suscrito entre Suiza y Colombia.	Con base en ello, el tribunal de arbitraje ordenó a Colombia a pagar a Prodeco el monto de US$19,1 millones (más intereses) además de reembolsar a Glencore y Prodeco más de US$2 millones en concepto de costas del arbitraje. El Tribunal sostuvo que Colombia (incluyendo a la Contraloría) debe abstener-