Con este contexto, cabe agregar que en Colombia todavía no es obligatorio que los influenciadores hagan explícito si la recomendación de un producto se hace porque están obteniendo un pago a cambio o no. Por esto, según Barreto, han tenido reuniones y mesas de trabajo con varios anunciantes, que ahora componen un universo más grande por la publicidad digital.	A esto añadió que potencialmente en una segunda fase se revisaría si es viable construir un proyecto de ley en ese sentido o si es mejor que la Superintendencia emita las guías o recomendaciones “que al venir de la autoridad se vuelven obligatorias y vinculantes para que la industria las empiece a aplicar por esa vía”, dijo.	Respecto a este tema, María Claudia Martínez, asociada directora del área de protección al consumidor de DLA Piper Martínez Beltrán, dijo que teniendo en cuenta que hoy en día gran parte de la publicidad se realiza a través de canales digitales e influenciadores, es importante que se emitan guías o se regule la forma en cómo allí se publicita, pues usualmente las recomendaciones de estos tienen repercusiones en el consumidor.	Para Daniela Ovallos, nutricionista e influenciadora en redes sociales en esta materia, en caso de que se adopte esta medida, el mayor beneficio sería para los usuarios o consumidores porque tendrían pleno conocimiento de cuándo una publicación es patrocinada; es decir, tendrían total transparencia de lo publicando. Sin embargo, dijo que el engagement, las vistas, likes e interacciones podrían verse afectados porque en la mayoría de casos a las personas no les gusta ver contenidos que sean publicitados.	El funcionario también destacó que el CMA ha sido activo en criptomonedas, modelo que ha estado analizando la SIC. Además, aseguró que en la reciente decisión del caso sobre suministros para la Fiscalía, que fue sancionado por la Superintendencia la semana pasada, se utilizó el derecho comparado en el caso del Reino Unido sobre carteles en obras civiles y construcciones. De otro lado, Barreto dijo que entre 2018 y 2019 han impuesto multas por más de $111.000 millones por violaciones a la libre competencia en el país.