Parece que las advertencias de la Procuraduría y la inclusión de esta conducta como un delito con pena de cárcel no intimidó a los candidatos y mucho menos a los partidos. En este punto es también importante exigir que los partidos políticos (aunque legalmente no estén obligados) no permitan que ingresen personas cuestionadas a sus listas, ya que ellos son los que avalan estas candidaturas	Los partidos que en el Tolima inscribieron más candidatos con inhabilidades son, en su orden, Cambio Radical, Colombia Renaciente y Alianza Democrática Afrocolombiana. La mayoría de los cuestionados hacen parte de listas a concejos y solamente uno de ellos es candidato a la Asamblea. Como un aspecto positivo se puede destacar que en esta lista no figuran aspirantes a las alcaldías ni a la Gobernación.	En épocas previas a elecciones, la Procuraduría religiosamente publica los nombres de aspirantes inhabilitados; lo mismo hacen los medios de comunicación que informan y exponen las hojas de vida de aquellos candidatos que registran antecedentes y que no deberían hacer parte de las listas a cargos de elección popular, pero, finalmente resultan elegidos, con el consecuente desgaste que implican las demandas posteriores que terminan en destituciones. En esta ocasión el Fiscal General encargado advirtió, además, que este ente de control investigará si existen delitos del tipo de elección ilícita.	Conviene recordar que en 2017 entró en vigencia la Ley 1864 que pretende fortalecer los mecanismos de participación democrática. Esta ley adicionó al Código Penal el delito de “elección ilícita de candidatos”, según el cual, “quien sea elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de doscientos (200) a ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Seguramente con buena intención, los legisladores creyeron que esto conseguiría un efecto disuasorio entre quienes tengan una sanción en su contra.	Parece que las advertencias de la Procuraduría y la inclusión de esta conducta como un delito con pena de cárcel no intimidó a los candidatos y mucho menos a los partidos. En este punto es también importante exigir que los partidos políticos (aunque legalmente no estén obligados) no permitan que ingresen personas cuestionadas a sus listas, ya que ellos son los que avalan estas candidaturas.