“Lo que hemos estado diciendo es que hay que modificar los documentos de política pública Conpes, particularmente en materia de infraestructura aeroportuaria, para que sean coherentes con la legislación que existe desde el 2012 con la ley de APP. Sobre todo, por la lógica financiera que hay detrás de la estructuración de estos proyectos”, dijo el directivo.	Entonces, según la lectura de Quiñones, “a pesar de que en principio se establece que el riesgo se le debe asignar a la parte que está en mejor condición de administrarlo, en cuanto a los cambios regulatorios, la regla general es que esa responsabilidad se le asigna al privado. Lo que consideramos incoherente”.	“Para financiar un proyecto los consorcios tienen que ir a los bancos a pedir créditos, quienes generalmente prestan el 70% del total de la obra. Pero si no se tiene claridad sobre los gastos que va a tener ese proyecto, los bancos consideran que hay una incertidumbre que, en últimas, puede poner en riesgo el pago de esos créditos”.	“Vamos da dar una discusión pero aterrizada a las experiencias. Los interesados quisieran que el Estado asuma cualquier riesgo regulatorio y nosotros vemos que no necesariamente tiene que ser así. En contratos anteriores, solo algunos lo tenían y de forma limitada. Además, consideramos que el hecho de invertir en ese tipo de adecuaciones puede aumentar la demanda, por lo que se compensa, y así, los privados pueden absorber ese riesgo”.