Próximos a las elecciones de alcaldes en el país, suenan diariamente resultados de las encuestas de intención de voto, las posibles alianzas y estrategias partidistas y las cuentas políticas a nivel regional con las que muchos hacen balances ligeros de ganadores y perdedores. Lo cierto es que no es menor una apuesta democrática para elegir a más de 1.100 gobernantes de nuestros territorios y quienes tendrán, hasta el año 2023, la enorme obligación de transformar positivamente la cara de nuestras ciudades y municipios, y tomar decisiones acertadas que mejoren la cotidianidad de sus habitantes.	El punto de partida es el mismo. Cada cuatro años se ponen en evidencia los principales problemas que enfrentan las ciudades en materia de inseguridad, movilidad, vivienda, servicios públicos, salud, educación, etc. y bajo objetivos, en todos los casos meritorios, los candidatos construyen sus estrategias y debaten las posibles soluciones, donde el sesgo hacia la convicción del votante promedio prevalece sobre las soluciones en las que prevalece la gerencia, la visión técnica y las realidades del entorno urbano. En otras palabras, en campaña todo es válido, pero en la práctica de la gestión pública urbana debe primar la gerencia realista y coherente con un modelo de ciudad de largo plazo.	Los elementos de facto deben hacernos conscientes de lo que está en juego para nuestras ciudades a partir del 1 de enero de 2020, fecha en la que los nuevos alcaldes llegarán a ejercer. Un permanente proceso de urbanización de las regiones, cambios demográficos (como la reducción del tamaño de los hogares y la mayor incidencia de hogares unipersonales) y el innegable crecimiento del continuo urbano que sobrepasa los límites político administrativos nos obliga a pensar regionalmente. Además, la proliferación de asentamientos irregulares e informalidad urbana, el déficit habitacional existente, la insuficiencia en el acceso a agua potable y saneamiento básico, la carencia de infraestructura urbana y equipamientos sociales y la deficiencia estructural de espacio público, son parte de esa innegable realidad.	Todo esto requiere soluciones técnicas. Por eso la decisión de los ciudadanos debe decantarse emocional y políticamente y, así como se hace en la práctica del sector productivo, el elector debe reflexionar sobre la visión de la ciudad, los recursos disponibles, el desempeño previsto y con todo esto escoger al mejor gerente urbano.	Fortalecer la democracia implica elegir con serenidad y seriedad. Nuestras ciudades son el pilar del desarrollo del país y por eso pensar en tener buenos gerentes urbanos, más que alcaldes que gocen de popularidad, nos ayudará a alejar nuestras ciudades de seguir convirtiéndose en trampolines políticos o espacios de división. Así, por el contrario, nuestros centros urbanos serán verdaderos motores de crecimiento económico, movilidad social y de una vez por todas elevaremos la discusión de la importancia de las ciudades. A todos: un llamado a elegir alcaldes con capacidad de ser grandes gerentes urbanos.