Con el PND 2006-2010 (Ley 1151 de 2007) nace el FEPC. Su administración es asignada al Ministerio de Hacienda y su objetivo es atenuar el impacto de las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo sobre el precio de los combustibles en el país . El Decreto 4839 de 2008 reglamentó su funcionamiento y estableció, dentro de sus fuentes de recursos, diferenciales por cuenta de un precio interno del combustible por encima del internacional. Es precisamente este elemento el que le da carácter de fondo a este mecanismo: acumular (desacumular) recursos cuando los precios de los combustibles en el país son mayores (menores) a los externos.	Así, se establece el diferencial de precios como una resta entre el Ingreso al Productor (IP) y un Precio de Paridad Internacional (PPI), y al multiplicarlo por el volumen vendido de combustibles se liquida la Posición Neta. En el caso de que el PPI sea inferior al IP los productores le transferirán al FEPC los recursos establecidos en la PN. Si el PPI es mayor al IP, será el FEPC el que reconozca una cuenta por pagar a Ecopetrol y/o Reficar. El cálculo de la compensación, pese a algunos ajustes en términos de forma, se mantiene hasta hoy.	Esto, porque para la CC se configura una “contribución parafiscal” al partir de la premisa que el usuario no puede decidir si quiere, o no, pagar ese importe, por lo que se debe soportar su funcionamiento a través de una Ley y no de un Acto Administrativo, como se tramitó inicialmente.	Esta decisión obligó al legislador a excluir el diferencial de precios del conjunto de recursos del FEPC y estableció su fondeo mediante rendimientos financieros, créditos del Tesoro Nacional y Presupuesto General de la Nación (PGN). Es decir, se configuró un instrumento que difiere de la naturaleza misma de un fondo y se asemeja más a un subsidio común -el FEPC no recaudaba por diferencial de precios, pero si transfería por ese concepto-.	En la Reforma Tributaria de 2014 (Ley 1739 de 2014), el Gobierno revivió esta figura. Sin embargo, nuevos y distintos vicios de forma llevaron a la CC en 2015 a declarar una vez más la inconstitucionalidad de esta (Sentencias C-726 y C-744 de 2015) y, con ello, a extender la insostenibilidad financiera del FEPC.	En términos generales, es evidente la dificultad normativa por la que ha atravesado el FEPC, lo que se traduce que entre 2013 y 2017 su fuente de financiación fuera específicamente deuda. Por lo tanto, la posibilidad de aprovechar la caída internacional de los precios del crudo entre 2014 y 2016, para acumular recursos el FEPC, se esfumó y significó un crecimiento inusitado de obligaciones por pagar al Ministerio de Hacienda.	Por lo anterior, urge que el Ministerio de Hacienda informe cómo funcionará el Fondo después de 2020, cuando la Nación haya asumido solidariamente todos sus compromisos, de acuerdo a la instrucción del PND vigente. No tiene mucho sentido que el FEPC continúe operando de la misma manera como lo viene haciendo -más allá que hoy en día ya existe un marco legal y normativo claro-, conforme los resultados en un par de años probablemente sean los mismos.	Lo anterior supone una necesaria pedagogía para que el país comprenda los beneficios de este tipo de estrategias de gestión de riesgos financieros y de mercado, en un contexto de alta volatilidad de los precios internacionales. Así mismo, se debe aprender de los errores del pasado y proveer un marco normativo y legal claro, que blinde al FEPC y evite que la Nación vuelva a ser su válvula de oxígeno, máxime cuando se reconoce la función social de estabilizar los precios.