Los planes del presidente Iván Duque para promover la inversión nacional y extranjera como uno de los más importantes pilares de crecimiento de la economía de cara a los próximos años, se vieron impulsados por una nueva reglamentación para extender el periodo de vigencia de las zonas francas que operan en Colombia.	Esta decisión, que responde a las necesidades de diversos actores del desarrollo productivo, quedó consolidada en el Decreto 1054 de 2019, el cual extiende la vigencia de las zonas francas –hasta por 30 años, en las permanentes y hasta por 15 años en las permanentes especiales–, garantiza seguridad jurídica a los inversionistas y ofrece estabilidad a este instrumento clave para atraer inversión, generar empleo y promover la inserción de Colombia en las cadenas globales de valor.	Las virtudes del modelo y sus resultados están claros. Ahora, tras la expedición del Decreto reglamentario, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo –con el respaldo de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas– evaluará las peticiones de prórroga del término de declaratoria de existencia de las zonas francas. Con la nueva reglamentación, los empresarios asumirán el compromiso de hacer una inversión mínima, la cual varía en función del tipo de zona y del tiempo de prórroga. Este plan debe ponerse en marcha a partir del primer año, una vez sea recibida la autorización del Gobierno y debe cumplirse para mantener el régimen franco.	La reglamentación también define requisitos de empleo, en el caso de las zonas francas permanentes especiales, las cuales deberán adquirir compromisos de generación de empleo directo y vinculado en función del sector y los años de prórroga solicitados. En las zonas francas permanentes, los requisitos de empleo directo corren por cuenta de los usuarios industriales, de servicios y comerciales, quienes tienen compromisos progresivos en esta materia en función de sus activos fijos reales productivos.	Además, el Decreto sienta las bases para establecer compromisos que el país requiere en innovación, sostenibilidad y desarrollo tecnológico. Esto significa que al menos el 8% de las nuevas inversiones que los usuarios operadores (o industriales) de las zonas permanentes y zonas especiales realizarán irán al desarrollo de actividades científicas, tecnológicas o de innovación.	Más facilidades para el comercio: el potencial que tienen las zonas francas para impulsar la exportación de bienes y servicios cada vez más sofisticados es evidente. Pero se requiere trabajar de forma conjunta con los múltiples actores del desarrollo productivo de todos los departamentos para fortalecer su capacidad como plataforma de comercio exterior. Un avance en esta dirección es la Mesa de Facilitación del Comercio para las Zonas Francas que comenzó a sesionar en mayo. En esta se establecieron (entre actores públicos y privados) compromisos para construir oportunidades de mejora y acciones a desarrollar en materia de aduanas y operaciones de comercio exterior.	Por otra parte, en la optimización del régimen franco han sido fundamentales las labores de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas para materializar el despegue de nuevas zonas francas. Desde el arranque del Gobierno, cuatro han sido aprobadas en Cauca, Nariño, Tolima y Bolívar con compromisos de inversión por $659.000 millones en los sectores de salud, agroindustria y energía.	El Gobierno busca que en 2022 las zonas francas generen 400.000 empleos. Sin duda, las condiciones para avanzar hacia esta meta están dadas, así como para que el modelo de zonas francas sea uno de los protagonistas del crecimiento económico, la sofisticación de las exportaciones y el apalancamiento de la innovación.