. En enero de 2018 el magistrado Luis Armando Tolosa de la Corte Suprema de Justicia negó una tutela que buscaba evitar que un juez tuviera acceso a correos electrónicos y otros documentos de la Revista Dinero. La decisión violaba una de las garantías esenciales del periodismo: la reserva de la fuente. Este derecho está garantizado en el artículo 74 de la Constitución, el cual dispone que “el secreto profesional es inviolable”. La decisión fue posteriormente revocada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.	La fuerza pública continúa robusteciendo las cifras de violencia contra la prensa en el país. Durante el 2018 la FLIP registró 31 ataques contra periodistas provenientes de miembros de la Policía Nacional. Seis de estos ataques fueron agresiones que se presentaron durante el cubrimiento de manifestaciones sociales y fueron perpetradas por integrantes del ESMAD.	Violencia en el Catatumbo. Este año la FLIP registró 53 ataques a medios y periodistas provenientes de bandas criminales, paramilitares y guerrillas del EPL y ELN. Son 20 agresiones más con relación al año pasado. En total fueron 41 amenazas y cuatro desplazamientos. Durante el paro armado que decretó la guerrilla del EPL en el Catatumbo, entre el 14 y 15 de abril, algunos integrantes de este grupo llamaron a las emisoras comunitarias de la región y bajo amenazas de muerte obligaron a las emisoras Café Estéreo (San Calixto), Tentación Stereo (El Tarra) y Manantial Estéreo (Convención) a leer dos comunicados sobre el paro y a cerrar inmediatamente.	Los medios de comunicación han cuestionado ampliamente al Fiscal General de la Nación por no denunciar la corrupción –de la que ‘supuestamente’ fue testigo–, vinculada con el escándalo de Odebrecht. En respuesta, el Fiscal atacó a los medios, sugirió que estos estaban siendo utilizados en una conspiración en su contra y se burló de María Jimena Duzán, periodista que ha hecho revelaciones en el caso y que ha dicho temer por su vida.	La Ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sylvia Constaín, presentó un proyecto de ley, conocido como #LeyTIC, que afectaría la autonomía de los medios públicos. El gobierno pretende crear una única entidad que regule armónicamente el sector de las TICs (radio, televisión e internet), en vez de tres como ocurre actualmente. Sin embargo, el regulador carece de autonomía del gobierno. Además, el proyecto deja una serie de funciones de regulación en cabeza del MinTic. Todo lo anterior viola los estándares internacionales en la materia.	El 6 de diciembre del 2018 el Estado ecuatoriano afirmó en una audiencia de la CIDH que el secuestro contra el equipo de periodistas de El Comercio no había sucedido en terreno ecuatoriano, que había sido al otro lado de la frontera. Lo dijo a escasos metros de los familiares de los periodistas asesinados. Minutos después, la Fiscalía de Colombia desplegó evidencia que demostraba que el secuestro había ocurrido en territorio ecuatoriano. También dijo que el asesinato no había “ocurrido por su función como periodistas”. Esto sucedió ocho meses después de que el Frente “Óliver Sinisterra” secuestrara y asesinara a los reporteros. Y los Estados aún discuten en qué lugar ocurrió el secuestro	El 18 de octubre 2018, Rafael Alejandro Martínez, alcalde de Santa Marta, interpuso 8 denuncias contra periodistas de Radio Magdalena y El Artículo.co. Las denuncias por los delitos de injuria y calumnia incluyen un total de 11 denunciados, de los cuales 7 son periodistas. Además, por los mismos hechos, Martínez interpuso 7 acciones de tutela contra periodistas.