La famosa política barranquillera, Aída Merlano Rebolledo, representante a la Cámara entre 2014 y 2018, y electa senadora para el período 2018-2022, no pudo asumir este cargo acusada de fraude electoral después de haber sido capturada en flagrancia el día en que se celebraron los comicios para Congreso de la República, en el que logró recibir algo más 73 mil votos.	En el allanamiento, que sorprendió al país aquel 11 de marzo de 2018, pero especialmente a destacados dirigentes políticos de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena, la Fiscalía halló más de $260 millones en efectivo, armas de fuego, cédulas de ciudadanía y reveladores documentos que supuestamente describían cómo operaba la maquinaria que facilitó el fraude electoral. Tales pruebas comprometerían a notorios políticos costeños.	El proceso penal en primera instancia culminó hace tres semanas con una sentencia condenatoria a 15 años de prisión. Pero la fuga de este martes sucedió precisamente a la hora en que Merlano Rebolledo debió cumplir una cita de la Fiscalía en la cárcel El Buen Pastor, con la que estaba en conversaciones para una eventual colaboración presumiblemente con miras a obtener una rebaja de pena.	No es posible imaginarse que un grupo pequeño de personas planearon, organizaron y ejecutaron semejante plan de fuga, ni que solo concurrieron a los hechos las personas que se ven en los reveladores videos. A todas luces se trata de una operación a gran escala, en la que debieron participar expertos de distintas profesiones u oficios.	Los escándalos por fugas en manos de personal del Inpec no pueden volverse costumbre. Hace solo unas semanas, el 18 de junio, el país se consternó con el escape aún no explicado de la polémica exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, quien aprovechó el receso en una audiencia penal para no retornar al reclusorio.	La entidad no está funcionando bien, y eso es un hecho notorio, lo cual no quiere decir que así son las cosas en el sistema carcelario, sino, precisamente, para todo lo contrario. Es indispensable que el Ministerio de Justicia y los organismos de seguridad ofrezcan explicaciones a los colombianos, pero, sobre todo, qué medidas adicionales se van a tomar para que situaciones graves y vergonzosas como las de este martes en el consultorio del tercer piso del Centro Médico La Sabana, no vuelvan a suceder.