La campana de alerta sobre un incumplimiento a la Ley de Garantías tocó ayer el auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, quien basándose en lo que ocurrió en las elecciones del año pasado dijo que a pesar de las restricciones que tienen en este periodo las entidades públicas territoriales suscribieron un total de 83.458 contratos bajo la modalidad directa por valor de $2,43 billones.El llamado de atención es pertinente pues desde el pasado 27 de junio la norma está activa de cara a los comicios regionales del 27 de octubre próximo.La Auditoría identificó que 672 contratos suscritos bajo la modalidad de contratación directa por más de $21 mil millones que presuntamente incumplieron la Ley de Garantías, razón por la cual el Auditor General de la República llama la atención a las contralorías territoriales para que tomen las acciones legales frente a los contratos celebrados por sus sujetos de control que incumplan la normatividad.La Ley 996 (Ley de Garantías), vigente desde 2005, ordena restricciones para los entes territoriales en la contratación y la realización de convenios interadministrativos durante los cuatro meses previos a una jornada electoral. Destacó el Auditor General, que en marzo de 2018, se le comunicaron al país algunas inquietudes relacionadas con la contratación directa que las entidades territoriales realizaron durante los días previos al inicio de la aplicación de la Ley 996 de 2005.Con ocasión del análisis efectuado por este organismo de control a la referida contratación, se pudo observar en aquella oportunidad una excesiva contratación previa a la entrada en aplicación de la referida 1. En efecto, entre el 1 y el 31 de enero de 2018, las entidades territoriales suscribieron un total de 131.531 contratos por valor superior a los $3.8 billones, de los cuales el valor de la contratación directa representaba el 86% sobre el total de recursos contratados en el periodo. Dichas cifras fueron superiores a las reportadas en el mismo periodo del año inmediatamente anterior (2017), en el que se realizaron 52.435 contratos directos por $1,6 billones.La AGR realizó un nuevo análisis de la contratación pública celebrada entre el 27 de enero y el 17 de junio de 2018, de acuerdo con la información reportada por las contralorías y sus sujetos de control en el aplicativo SIA observa y Secop I., recalcó Rodríguez Becerra.De la información evaluada, se observa que las entidades públicas territoriales en Ley de Garantías, suscribieron un total de 83.458 contratos bajo la modalidad de contratación directa por valor de $2.43 billones, de los cuales 61.873 contratos, en cuantía de $1.43 billones corresponden a contratos suscritos por Empresas Sociales del Estado - ESES, a quienes no les es aplicable las restricciones consagradas en la ley.En tanto que de los 21.585 contratos restantes, la AGR tomó una muestra de 3.300 de ellos por valor de $340 mil millones, muestra que corresponde al 15,3% de los 21.585 contratos y al 33,9% del valor de los mismos.Igualmente el Auditor advirtió que con el actuar de las entidades que incumplieron la ley se hace evidente el quebrantamiento del principio de transparencia y de planeación contractual, lo que sitúa en posición de riesgo la gestión pública en desatención a los principios que rigen la función administrativa.ContraloríasDados los hechos evidenciados por la AGR, concluye la Auditoria, que es preciso hacer un llamado especial a las contralorías del país con el fin que incluyan dentro de sus ejercicios auditores la evaluación de este relevante asunto. Pues, no cabe duda que si en la muestra evaluada por este organismo de control, consistente en la revisión de 3.300 contratos, se encontró que en 672 casos se incumplió la referida ley, frente al número de los contratos restantes (18,285) reportados en el “SIA Observa”, pueden existir muchos más eventos en los que se hubiera podido omitir su cumplimiento.Finalmente, en razón a las nuevas elecciones territoriales a realizarse el próximo 27 de octubre, se hace un nuevo llamado a las Contralorías Territoriales para que estén atentas a la restricción que dicha ley establece frente a la suscripción de convenios interadministrativos en los cuales se involucren recursos públicos.Por último, insistió Rodríguez Becerra en la necesidad de revisar la norma, y evaluar el grado de efectividad y conveniencia de la misma, por cuanto no está cumpliendo con la finalidad constitucional y legal para la cual fue expedida.En la pasada legislatura se aprobó una reforma a la Ley de Garantías para que a partir de las elecciones de 2022, gobernaciones y municipios durante este periodo puedan firmar convenios interadministrativos con entidades del Gobierno nacional.