“No creo que haya necesidad en este momento de hacer la venta”, dijo el mismo presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. Los precios del petróleo subiendo paulatinamente y Ecopetrol arrojando ganancias billonarias que le dejan al Estado casi $8 billones, son los argumentos que hoy presenta la compañía para poner a pensar al Gobierno si es conveniente vender por ahora el 8,5% restante de las acciones, hecho que dejaría a las arcas unos US$3.500 millones.Varios analistas, funcionarios del Gobierno, son partidarios de emprender la venta pero hay otros factores que no recomiendan llevar a cabo esta operación.Uno de los que se opone a la venta es el mismo presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. El directivo asegura que no ve la necesidad de que el Gobierno venda otra participación en la compañía, a pesar del concepto favorable del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.Bayón afirmó que tal venta podría tardar hasta dos años en completarse y que la compañía está generando valor para el Gobierno, que actualmente posee 88,5% de la petrolera.“No creo que haya necesidad en este momento de hacer la venta”, dijo Bayón durante una entrevista en Nueva York a la agencia	Bayón tampoco ve la necesidad de una venta de la filial de transporte de Ecopetrol, Cenit. La compañía generará mucho valor si los movimientos de Colombia hacia la producción no convencional tienen éxito, asegura.“Queremos aumentar los volúmenes de 1,1 a 1,25 millones de barriles. Los márgenes de Ebitda son muy buenos, entre 75 y 80%” dijo. “Esta es una muy buena parte del negocio. ¿Por qué querríamos venderlo?”, se preguntó.Bayón sostiene que no hubo presión política sobre la decisión de la compañía de emitir un dividendo especial este año, que se tomó debido a la sólida posición financiera de la compañía.El Gobierno es “extremadamente respetuoso” en sus tratos con la empresa y no le pidió que se endeudara para mantener los dividendos en 2015, agregó.Ecopetrol planea invertir entre US$12.000 millones y US$15.000 millones en los próximos tres años para impulsar la producción, incluidos US$500 millones para fracking, lo que depende de que el Gobierno apruebe las licencias.Por su parte, el Ministro de Hacienda ha señalado que el Gobierno nacional está contemplando vender 8,9% de Ecopetrol ante las necesidades fiscales que tiene el país y ante el escenario de que la reforma tributaria no consiguió los recursos necesarios para cubrir el déficit presupuestal. “Tenemos una autorización para vender una parte de la propiedad que es del Estado en esta empresa y sería de hasta un 8,9 % y obviamente está en discusión la manera de lograr llevar al mercado esa propiedad”	, indicó Carrasquilla. Los recursosDe acuerdo con el funcionario, el faltante y la necesidad de recursos es de una magnitud importante por lo que esto hace que este sea uno de los puntos que estén sobre la mesa de manera muy clara. “La autorización ya está para hacerlo y, obviamente, toca discutir el tema con el señor Presidente de la República, pero esos recursos están aprobados. Es decir, que esa operación está aprobada. Creo que el Presidente está de acuerdo”,	manifestó CarrasquillaA su turno, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, dijo que la posible venta de las acciones de Ecopetrol no afectaría las inversiones, los ingresos, ni las regalías. La funcionaria aclara que es el Ministerio de Hacienda el que deberá evaluar el beneficio económico de la enajenación.También el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, es partidario de la enajenación pero para las obras de 4G. La propuesta apunta a financiar la culminación de los corredores estratégicos de comercio exterior y parte de ellos no son propiamente vías de cuarta generación, sino tramos de carreteras que están desfinanciadas y que no hacen parte del programa 4G.Caicedo indicó que esta propuesta ya fue tratada con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, pero dijo que la palabra final la tiene el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.“Estamos explorando, obviamente depende de que hagamos las consultas pertinentes con el Ministro de Hacienda, la posibilidad de que se enajenen activos de la nación como por ejemplo una porción de Ecopetrol, o una porción de la empresa ISA, y se utilicen en la terminación de los corredores estratégicos”, manifestó el Presidente del gremio.InfraestructuraEn este mismo sentido coincide con el presidente de la Asociación de Instituciones Financieras (ANIF), Sergio Clavijo. El directivo gremial señaló que es importante que los recursos provenientes de la venta, que superarían los $10 billones, deben ser destinados a financiar los proyectos de infraestructura.“Estos recursos de la venta de Ecopetrol no deberían dilapidarse en gasto operativo del Gobierno Central, sino destinarse a fortalecer el capital de la Financiera de Desarrollo Nacional. Solo de esta manera será posible impulsar tantos proyectos de infraestructura que han quedado sin adecuada financiación”, dijo Clavijo.Según el gremio, ese sector se encuentra en declive en el país por varios factores, entre ellos el problema de Odebrecht y algunos recortes presupuestales que se realizaron durante la administración de Juan Manuel Santos. Por su parte el analista de bolsa, Ricardo Benítez, dice que	“esa política de estar vendiendo los activos para pagar deudas no es nada bueno porque estos se acaban, además hay que entender que Ecopetrol ha venido aportando durante muchos años entre el 5% y el 10% de los ingresos del Estado”.Desde el punto de vista del experto es mejor tener una	y no salir de ella por una necesidad de corto plazo.El exministro de Minas Amylkar Acosta señaló a su turno, en una de sus columnas sobre la venta de las acciones de Ecopetrol, que “de prosperar esta iniciativa, con tales recursos podrá enjugarse parcialmente el déficit, pero hacia el futuro serán menores los ingresos por concepto de dividendos. De darse esta venta, estos se reducirían en la misma proporción y lo que se estaría, entonces, es abriendo un hueco para intentar tapar otro. Este es el primer coletazo de la Ley de Financiamiento”.El economista José Roberto Acosta también opinó que no es conveniente esa propuesta, porque es una acción desesperada e improvisada para buscar los recursos que no lograron con la Ley de Financiamiento presentada al Congreso de la República. Fue enfático en que el Gobierno lo que está buscando en este año electoral es asegurar los recursos para la ‘mermelada’ con la que buscará mantener gobernabilidad en las regiones.