Al Canciller Holmes Trujillo le gusta insistir en que vivimos en una época en la que la frontera entre lo interno y lo internacional se ha desdibujado, en la que ninguna nación es impermeable a las fuerzas que determinan el curso de la política internacional, ni puede ser indiferente a los grandes desafíos globales -salvo que esté dispuesta a asumir el enorme costo que eso entrañaría para su propio futuro. Una época, por otro lado, en que la proyección de cada nación en la escena internacional está significativamente condicionada por las dinámicas internas.	Acaso siempre ha sido así, con mayor o menor intensidad. Pero la insistencia del Canciller Trujillo en ese sentido define muy bien la coyuntura en la que, de modo particular, ha tenido que asumir la tarea de configurar y gestionar la agenda de la Administración Duque en materia de política exterior.	Las repercusiones de la crisis multidimensional que atraviesa Venezuela son una acuciante cuestión de política interna -por el flujo migratorio, por la presión fiscal y el desbordamiento de las capacidades nacionales y locales que produce la ineludible atención a los migrantes, por el santuario que grupos armados han encontrado en ese país, por el canal abierto a través de la frontera (formalmente cerrada y materialmente incontrolable) para el narcotráfico y otras economías criminales. Y su relevancia en la política interna colombiana no hará más que aumentar, incluso en el evento de que se produzca “más pronto que tarde” -como suele reiterar el Canciller Trujillo- la transición que permita iniciar la recuperación institucional, económica y social de Venezuela. Un proceso que, por su naturaleza, será rápido en desafíos y paulatino en resultados.	Por otra parte, la extensión histórica del área de cultivos ilícitos ensombrece la relación con Estados Unidos y estrecha forzosamente el margen de maniobra de Colombia en la interlocución bilateral sobre ese (y sobre otros asuntos). La contención del fenómeno, agravado por el aumento de la productividad, es además un imperativo para lograr los objetivos de estabilización y consolidación que se ha trazado el Gobierno Duque. Y tendrá que lograrla, en medio de circunstancias difíciles -incluyendo el ambiente interno poco favorable al uso del glifosato-, no sólo si quiere ganar espacio con Washington, sino porque de lo contrario, la situación interna podría devenir verdaderamente ingobernable.	Y así pasa con la implementación del Acuerdo con las Farc, convertida en punto de honor no sólo por sus artesanos (que gozan de la comodidad de no tener que enfrentar desafíos que hubieran debido anticipar), sino por un amplio sector de la ciudadanía (cuyas desbordadas expectativas serán siempre difíciles de satisfacer, no importa el esfuerzo que haga el Gobierno), y por una “comunidad internacional” que ha invertido en ello recursos (y también prestigio y no poca propaganda), y permanentemente reclama el rédito que estima corresponderle.