Todo indica que ahora sí el Congreso se apresta a debatir en plenarias el proyecto de ley de modernización del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, aprobado a finales del año pasado en las respectivas comisiones sextas. Tras el esfuerzo que significó sacar adelante la iniciativa que acogió el plan de desarrollo, sancionada el sábado en Valledupar, da la impresión de que en el Capitolio no hay mucho ánimo de cerrar con buen broche el periodo legislativo, pues varios textos clave languidecen en el orden del día.	Ojalá no sea así, al menos en este caso. El motivo es que la propuesta de progresar en las reglas del juego bajo las cuales opera un segmento fundamental, serviría para dar un salto que redundaría en beneficio de la economía colombiana. Justo cuando se hace más evidente la llegada de la cuarta revolución industrial, con todas sus posibilidades y desafíos, el país no se puede quedar con normas que fueron diseñadas cuando las circunstancias eran muy diferentes.	La necesidad de avanzar se apoya en varias verdades. Sin desconocer que hemos avanzado, no estamos a la vanguardia de América Latina en lo que respecta a conexiones de banda ancha, velocidades para descarga de datos o acceso al internet móvil. Aunque parezca increíble, en las mediciones internacionales con corte al 2017, Venezuela nos superaba en algunas categorías, para no hablar de naciones más prósperas.	Parte del problema está relacionado con los precios que se pagan aquí, los cuales resultan de un esquema de concesiones de espectro radioléctrico que busca maximizar el ingreso para las finanzas estatales. La necesidad de ‘amortizar’ el valor de la licencia se traduce en tarifas relativamente elevadas para el usuario, a lo cual se suma un programa de inversiones conservador.	Debido a ello, es positivo que la meta que se busque sea la de maximizar el bienestar social, sin desconocer la valoración económica previa. En lugar de un cheque a cambio de un permiso a diez años, ahora se busca extender este último a veinte años, con la posibilidad de que una proporción de la suma definida se pueda pagar en contraprestaciones sujetas a una interventoría técnica.	No hay duda de que el esquema resulta menos benéfico para el Tesoro Nacional, que en lugar de ganarse la lotería de tiempo en tiempo, se conformaría con una cifra menor. Sin embargo, en las cuentas hay que incluir el impacto positivo para el sector de industrias creativas y las mejoras en equidad y eficiencia, al cerrar la brecha digital que hoy golpea con dureza a las regiones más pobres.	Dicho de otra forma, el beneficio para el fisco sería mayor si se crean más empresas asociadas a lo que se conoce como la nueva economía, que paguen impuestos y generen empleo. A lo anterior se sumaría que millones de colombianos que habitan en las zonas apartadas podrán acceder a conocimientos y facilidades de las que hoy no disponen.	Curiosamente, este que es el plato fuerte del proyecto, se ha visto relegado a un segundo plano por la intención de unificar la Agencia Nacional de Televisión y la de Regulación de Telecomunicaciones. No hay duda de que ciertos privilegios y autonomía presupuestal se perderían, pero la idea responde al sentido común. De hecho, en la administración pasada se comenzó a hablar de la cantidad de actores con competencias encontradas que, lejos de ayudar, le ponen palos en la rueda constantes a la actividad.	Y aunque los defensores del statu quo que se amparan en el temor a la censura oficial elevan su voz, hay una racionalidad económica clara. Además, hay más garantías en un texto que se enriqueció con los aportes parlamentarios y que debería recibir la luz verde pronto. De eso dependerá avanzar más o menos rápido por este siglo XXI.