El pasado mes de mayo de 2019 fue aprobado en primer debate por la Comisión Tercera Legal Constitucional el proyecto de ley número 181, presentado por un grupo de representantes a la Cámara, donde se destaca la participación y liderazgo del coordinador ponente del proyecto, doctor Fabio Fernando Arroyave Rivas del partido Liberal.Mencionado proyecto de ley tiene por objeto reglamentar el pago en plazos justos de las obligaciones mercantiles a los contratistas y proveedores de bienes y servicios mediante la adopción de normas y procedimientos que buscan protegerlos frente a condiciones contractuales gravosas utilizadas por las grandes empresas (contratantes), como lo son el pago extenso e injustificado de facturas a 90 y 180 días de entregada la mercancía o prestado el servicio al contratante.	El citado proyecto de ley tiene como sustento fundamental el desarrollo del principio de la buena fe contractual (artículo 871 del Código de Comercio colombiano) y la promoción de la libre competencia económica (artículo 333 de la Constitución Política de Colombia) para reglamentar los procedimientos de facturación y pagos en plazos justos en las relaciones comerciales.	El artículo 3 del proyecto ley en comento fija la obligaciones que tienen los contratantes de hacer el pago en plazos justos de la contraprestación económica a los contratistas y proveedores, fijando como días máximos para el pago los siguientes, los cuales serán contados a partir de la recepción de la mercancía o prestación del servicio:	Por su parte, el artículo cuarto del proyecto de ley establece las disposiciones mínimas que deberán ajustar los contratantes en sus procedimientos y políticas de facturación y pago de obligaciones mercantiles a sus contratistas y proveedores. Estas disposiciones mínimas van encaminadas a que en los plazos anteriormente señalados se deberá cumplir con cualquier clase de procedimiento pactado por las partes, como por ejemplo:	Adicionalmente, el artículo 5 del proyecto de ley de la referencia establece que en el evento en que el contratante incumpla con el pago de sus obligaciones mercantiles a sus contratistas y proveedores en los plazos señalados en el artículo 3 de la norma en comento, estos últimos están facultados para reclamar al contratante una indemnización por los costos que cobran debidamente acreditados, la cual no podrá superar el 20% del valor de la factura adeudada por el contratante. Lo anterior sin perjuicio de la facultad que tiene el contratista-proveedor de aplicar intereses de mora por el no pago de la factura dentro de los plazos justos.	Por último, el ambicioso proyecto de ley le otorga facultades a la Superintendencia de Industria y Comercio para sancionar a los contratantes que de forma reiterada incurran en el incumplimiento del pago de sus obligaciones mercantiles a sus contratistas-proveedores por no pagar dentro del plazo justo indicado en el artículo 3 del proyecto de la referencia.