Un ejemplo claro es la reforma pensional. Un país que busca avanzar en equidad no puede permitirse que solo uno de cada cuatro adultos mayores reciba una pensión contributiva -aquella otorgada por haber cumplido con los requisitos de edad y semanas de cotización-, ni tampoco que sean típicamente los trabajadores de mayores ingresos quienes logran obtener este beneficio. De hecho, en Colombia, la mitad de los pensionados pertenece al 20% de la población de mayor ingreso, en tanto que en el 20% de menor ingreso, tan solo el 1% recibe una pensión.	Por otra parte, los trabajadores, muchos de los cuales no podrán acceder a una pensión, precisamente por las condiciones del sistema, terminan por falta de conocimiento, bloqueando los cambios que acabarían con los beneficios que obtiene una minoría privilegiada. El costo fiscal que pagamos todos los colombianos, de esta generación y las futuras, sigue aumentando conforme se aplaza la reforma.	Es importante incorporar en esta discusión las recomendaciones que recientemente presentó el equipo de la Misión del mercado de capitales, sobre la regulación de las administradoras y del régimen de inversiones de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantías: el régimen de rentabilidad mínima debe ser suprimido, para dar cabida a un arreglo de incentivos financieros alineado con el mejor interés de los afiliados a los fondos.	El presidente Duque puso la equidad como su prioridad y, en efecto, muchas políticas y programas de su gobierno están enfocadas en este propósito. Pero, sin duda, el mayor impacto se lograría tramitando con éxito en el Congreso la reforma pensional en la que todos están de acuerdo, pero ninguno ha podido llevar a cabo.