Aún en la retina de muchos colombianos permanece intacto el recuerdo de las pechugas de pollo a $40 mil y la compra de un número indeterminado de tamales por $30 millones. Todos esos hallazgos producto del desangre en el que se convirtió el Programa de Alimentación Escolar PAE. Es más, los famosos tamales fueron contratados para ser suministrados en el Departamento de Santander por una empresa de grúas del Meta.	Para muchos, los hallazgos del organismo pueden ser normales; pero no es así, porque se trata de coadyuvar en la formación de los jóvenes colombianos y motivar su presencia en las aulas. Entre las anomalías más relevantes están: En un 37% la infraestructura de comedores es insuficiente, existe deficiencia en la dotación de los restaurantes y hay falta de seguimiento del programa; los recursos son insuficientes para la cobertura total del programa durante el año escolar; los menús no se adecúan a las costumbres y cultura de cada región; los complementos alimentarios no cumplen condiciones de calidad y porciones estandarizadas, entre muchas otras deficiencias.	El documento de la Contraloría también recomienda al Gobierno nacional aspectos que parecen sencillos como mejorar la calidad de los alimentos y el agua, incorporar a los planes alimentos propios de las regiones, aumentar los controles sanitarios a los operadores y capacitar a los manipulares en técnicas de inocuidad de los alimentos.	Los niños de Colombia reclaman una profunda reestructuración del PAE. Empezar con la obligación a los contratistas para que no tercericen las millonarias licitaciones sería una buena decisión. Pero también lo serían comedores limpios, manipuladores formados y recursos, para que los jóvenes estudiantes tengan el complemento alimentario desde el día que empiezan las clases hasta el último día en las aulas.