Cuando se habla del movimiento indígena hay que volver los ojos sobre una verdad: las etnias nativas han sido victimas  del “bananeo” y la tomadura de pelo por parte de los gobiernos recientes. Las movilizaciones de los años 2005, 2009, 2014 y 2017, para mencionar tan solo algunas, terminaron con acuerdos de carretera frustrados. En los convenios incumplidos se prometía el oro y el moro, miles de hectáreas y mayores recursos para los programas sociales.También es cierto que la situación de los pueblos aborígenes se ha hecho más compleja por la multiplicación de los actores armados, el crecimiento de las áreas dedicadas a cultivos ilícitos, la penetración de la minería ilegal, la depredación de páramos,  bosques y acuíferos. Y sobre todo por la ausencia sempiterna del Estado.	Pero los indígenas del Cauca influidos por una dirigencia del CRIC crecientemente politizada,  se equivocaron  rotundamente al acudir a las vías de hecho para ventilar sus reivindicaciones. Los bloqueos de la Panamericana representan un proceder atrabiliario y violento, que vulneró sin consideración los derechos fundamentales de infinidad de colombianos. Compatriotas que durante aquella aventura  rayana en lo criminal,  fueron privados de posibilidades en materia de  desplazamientos, salud, educación, salarios, medios de subsistencia etc. Unos impactos que solo en la parte material, rondan en los doscientos mil millones de pesos.	Publicidad. Corresponde entonces preguntar quien pagará esa factura. Dirán que el Estado colombiano, pero se olvida que el Estado somos todos los habitantes del territorio pobres y ricos, empleados y desempleados, negros, blancos, mestizos e indígenas. El interrogante adicional que surge es ¿por qué los ciudadanos tenemos que cubrir aquellos  perjuicios que una parte mínima de la población, con total conciencia de su proceder, ha causado?	Aunque existan motivos de reclamo el movimiento indígena del Cauca liderado por el CRIC, lleva una dinámica autodestructiva. Está apresado por la intemperancia, la violencia e incluso el racismo. Tales actitudes alentaron la invasión de terrenos adquiridos a justo título por propietarios blancos y campesinos, han dado lugar a la pugnacidad contra afrodescendientes y mestizos, e incluso han propiciado ataques a las fincas compradas con esfuerzo por la comunidad guambiana o misak. Se materializa  así la locura del enfrentamiento entre hermanos nativos. La preeminencia ética dictada por los conocimientos ancestrales quedó atrás.	Pero este no es el único pecado cometido por los líderes de la minga caucana. También han permitido la politización del movimiento, llegando a exigir cambios normativos inmediatos en temas de impacto general  que en una democracia representativa corresponderían al Congreso.   A espaldas de los intereses colectivos hay un “amacice” notorio con ciertos dirigentes de la izquierda radicalizada. Petro y Alexander López se han transformado de hecho en Consejeros Mayores de la organización indígena. Su consigna es seguir templando la cuerda, convocar a la “resistencia”, buscar o inventar pretextos para que no ceda la agitación. Y claro, como consecuencia lograr que ellos “generosos”, asesores mantenga su vigencia en el tiempo y su movimiento seduzca a unos electores enardecidos.	En medio de esta turbulencia Iván Duque manejo el conflicto de manera prudente. A diferencia de sus predecesores evitó las presiones, el manoseo y todo lo que pudiera comprometer la dignidad del Estado. Y por el contrario dejó claro para la historia que la obtención de beneficios no puede pasar por el arrasamiento de los derechos  legítimos pertenecientes a los demás  seres humanos.	Paradójicamente la actitud mesurada y realista del Presidente lo convirtió en cabeza de turco, tanto de la derecha como de la izquierda radicales. Una de estas formaciones quería sangre y fuego contra la minga, la otra pedía claudicación total ante sus exigencias. La diferencia es solo aparente porque los dos sectores poseen agenda común. No les interesan la racionalidad, la sensatez, las soluciones, ni las instituciones democráticas. Su designio es llevar a la crisis definitiva, a la destrucción del Estado de Derecho ya que según consideran esa sería la manera expedita de acceder al añorado poder absoluto.	En los movimientos indígenas está comenzando a despuntar un elemento que merece especial consideración y del cual la opinión nacional deberían ocuparse. Es la creciente reivindicación de soberanía mediante acciones recurrentes de hondo valor simbólico. Si se tienen dudas piénsese en el apresamiento de militares por transitar como civiles dentro de territorios sometidos a la jurisdicción indígena; en la reivindicación del espacio aéreo sobre los resguardos; en la persistente exigencia de presencia de mediadores internacionales como la ONU para practicar diligencias judiciales en zonas habitadas por los nativos.	Dentro de esta lógica se inscribe también la posición adoptada frente al Presidente en Caldono anteayer. Ese día la minga decidió que sin importar la generosa disposición del mandatario elegido por los colombianos, ni las preocupaciones reales por su seguridad, él tenía que someterse en forma arbitraria a la voluntad, caprichos y conveniencia  de un poder superior representado por la  asamblea indígena. ¿Acaso no fue este otro intento de reafirmar la soberanía?