La extracción ilícita de minerales sigue convertida en una de las amenazas ambientales y de seguridad más importantes que enfrenta actualmente el país. Un informe del Ministerio de Minas, la embajada de los Estados Unidos en Colombia y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito muestra que esta actividad criminal alrededor del oro tiene arrasadas unas 52 mil hectáreas de tierra.	Además, el informe identificó esta extracción aurífera de aluvión en cinco ríos de la Amazonía, así como en tres parques naturales- Puinawai en la Amazonía, Paramillo en Antioquia y Córdoba, y Farallones en el Valle del Cauca. El 41 por ciento de estas actividades de oro de aluvión se están desarrollando en zonas de comunidades negras.	La minería ilegal debe ser combatida con toda la fuerza del Estado y el mapa que muestra este estudio no hace más que ratificar esta urgencia. La extracción ilícita de minerales, en este caso el oro, es una actividad criminal que no solo destruye el ambiente, sino también impacta comunidades vulnerables.	Acierta el gobierno de Iván Duque al identificar el patrimonio ambiental del país como un activo estratégico dentro de su política de seguridad nacional. Grupos armados criminales y organizados llevan varios años explotaciones ilícitamente de oro y otros minerales y deben ser combatidos al mismo nivel que el narcotráfico. Al mismo tiempo, el Estado debe continuar tendiendo la mano para que muchos mineros se pasen a la legalidad.	Según cifras oficiales son 10.000 los mineros formalizados desde que entró en vigencia el Plan de Desarrollo, y la meta es llegar a los 27 mil. Con la legalidad y la formalización vienen la seguridad, la adopción de normas ambientales y otras prácticas. Seguridad y formalización son dos caras de la misma moneda en el enfrentamiento de la minería ilícita.