tres suboficiales y un soldado profesional en el año 2014, hoy 5 años después, ni la justicia penal militar, ni la justicia ordinaria ni los órganos de control los han declarado responsables, lo que para estas personas, su caso fue un ‘falso positivo judicial’ con el que quiere proteger a altos mandos, quienes serían los que dieron las órdenes de sacar las 400 llantas y enviarlas a una bodega de Bogotá con fines aún desconocidos.	Dentro de las pruebas en contra de los uniformados, figura la declaración de un testigo, que fue ubicado por labores de contrainteligencia, sin embargo, dice la defensa de los acusados, que cuando quisieron entrevistar al testigo, el coronel que sabía de la ubicación de dicha persona se negó a entregar información argumentando que se trataba de un caso de seguridad nacional y se acogía a la ley de inteligencia que le permite reservarse determinada información.	Luego de 5 años de la denuncia por la desaparición de las 400 llantas, de acuerdo con los sindicados, hoy no se conoce a donde fueron a parar, no hay responsables y por el contrario el Ejército pagó un contrato superior a los 4.000 millones con actas que tienen firmas falsificadas del contratista y del almacenista.