El trabajo de control y seguimiento a las EPS que viene haciendo la Superintendencia Nacional de Salud ha permitido durante el último año que el ente de control tome decisiones drásticas frente a la permanencia o no en el sistema de algunos aseguradores, que venían históricamente incumpliendo con sus obligaciones frente a sus pacientes y frente a toda la red de prestadores de servicios de salud.	Producto de estos controles, la Supersalud ha sancionado, intervenido y ordenado la liquidación de varias EPS que no cumplían con los requisitos mínimos para garantizar un servicio adecuado para sus usuarios. Estas EPS liquidadas tenían fallas en la capacidad de atención a sus pacientes, presentaban un gran número de reclamaciones relacionadas con prestación de servicios de salud, no tenían una adecuada red de prestadores y no tenían los indicadores financieros adecuados que les permitieran en el corto, mediano y largo plazo su permanencia en el sistema.	Sin duda estas medidas son necesarias. Si una EPS no puede garantizar la salud de sus usuarios no puede estar en funcionamiento, sin embargo, no basta la liquidación de la entidad. Existen tres aspectos a considerar luego de la liquidación y tienen que ver con las garantías de continuidad en los tratamientos para los pacientes, las garantías de sostenibilidad para la EPS receptora de los usuarios y el cumplimiento de las obligaciones que la empresa liquidada tiene con la red de prestadores.	Si miramos el tema de la garantía de continuidad en los tratamientos de los pacientes -que es lo más importante-, es necesario la articulación de la información de la EPS saliente con la EPS receptora. El traslado de los pacientes debe ser lo menos traumático posible, al paciente se le tiene que garantizar la continuidad de sus tratamientos, algunas enfermedades como el cáncer no dan espera y de la oportunidad del tratamiento depende en muchos casos el éxito del mismo.	Por otra parte, a la EPS receptora de los usuarios hay que garantizarle los recursos necesarios para la atención de los mismos. Muchas de las quejas hacia las empresas liquidadas tienen que ver con barreras de acceso a los servicios de salud y debe haber un sinnúmero de pacientes con tratamientos pendientes que debe asumir el nuevo asegurador con recursos propios y que debieron ser asumidos por la empresa liquidada. En el frágil equilibrio de nuestro sistema de salud cualquier condición puede poner en problemas a quien viene haciendo su tarea de manera responsable y adecuada y los costos en salud asociados a inoportunidad en la atención son altísimos.	Por último, las liquidaciones se asocian a un tema crítico y es la gran deuda que tienen las empresas liquidadas con los hospitales y clínicas. Los prestadores no aguantan más deuda, las carteras hospitalarias van en aumento y cada liquidación representa un deterioro adicional para la ya débil economía de los prestadores de salud. Las deudas a los hospitales suman billones de pesos y en el corto plazo las liquidaciones lo único que hacen es agravar la situación.	El trabajo que se está haciendo desde la Supersalud es meritorio, sin embargo, ordenar nuestro sistema de salud no va a ser fácil, son muchos años de descontrol y de permisividad frente a aseguradores que no han hecho la tarea de manera adecuada y que han llevado la salud de los colombianos a una crisis de la que hay que salir. Ahora, después de la liquidación, hay que garantizarles a los pacientes, a los aseguradores que quedan y a los hospitales y clínicas los recursos necesarios para seguir adelante.