En una conferencia de prensa junto a los procuradores Tom Miller, de Iowa, y Ellen Rosenblum, de Oregón, el fiscal general de California, Xavier Becerra, calificó la iniciativa del Gobierno Trump de "plan de energía sucia", en lugar de su nombre oficial: "Energía Limpia Asequible".Con esta decisión, la Casa Blanca revirtió el plan de Obama, diseñado para reducir las emisiones de dióxido de carbono de las centrales térmicas y forzar la transición hacia energías menos contaminantes."	", dijo el procurador Becerra, en un encuentro con sus homólogos en una playa de Santa Bárbara, California."No existe una justificación para anular una ley que habría reducido significativamente las emisiones y evitado miles de muertes prematuras por año. Si bien la Administración Trump puede carecer del coraje necesario, estamos preparados para enfrentar la crisis climática de frente", añadió.En el anuncio del Gobierno federal ese miércoles, el director de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, en inglés), Andrew Wheeler, indicó que con la nueva normativa se pone fin a la "guerra al carbón" lanzada por Obama.La norma federal de 2015 exigía reducir las emisiones de carbono de las centrales alimentadas con carbón un 32 % en 2030 respecto a los niveles de 2005 en EEUU, e instaba a las empresas de suministro eléctrico su adaptación hacia energías más limpias como el gas natural, la solar o la eólicaEn contraste a las palabras de Wheeler, el procurador general de Iowa dijo que el plan del expresidente demócrata hubiera funcionado muy positivamente en su estado, que, dijo, ya se ve afectado por el cambio climático, tanto por la sequía como por las inundaciones del río Misisipi.Miller destacó que actualmente su estado produce el 34 % de su energía a través de energía eólica y que espera en unos años que la totalidad de su energía sea eólica y solar	", sentenció Rosenblum.En junio de 2017, Trump anunció la salida de EE.UU. del Acuerdo de París, algo que no será efectivo hasta 2020, lo que supone el cese de todos sus compromisos climáticos para el país que suponía reducir para 2025 las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 26 y un 28 %, respecto de los niveles de 2005.