Según datos de la medición Brújula Minera de 2019, el 39 por ciento de los encuestados considera que la actividad debería ser prohibida en todo el territorio nacional y 55 por ciento no la quisieran en su municipio. Para una industria legal, formal y con semejante contribución, estas estadísticas han sido fuente de preocupación por varios años.	No es la falta de voluntad de la mayoría de los actores la que ha impedido que Colombia zanje este debate. El gremio minero y sus empresas, los mineros pequeños, organizaciones como el GDIAM, universidades como el Externado, centros de investigación, expertos ambientalistas y funcionarios del Estado han financiado, participado e impulsado espacios políticos, académicos y sociales para encontrar los puntos de acuerdo.	Pero, en simultánea con esta discusión conceptual, el sector minero es una realidad tangible en los territorios y enfrenta varios retos. El primero es el de la claridad en las reglas del juego jurídicas. La llamada ley de “coordinación y concurrencia” es instrumental en la sincronización entre el Gobierno central y los municipios sobre la extracción de minerales.