No debería pasar inadvertido lo dicho por el Fiscal General de la Nación la semana pasada, con ocasión de un debate en el Congreso en torno a un proyecto de ley que busca fortalecer la seguridad ciudadana. La información entregada por el funcionario muestra un panorama inquietante respecto al comportamiento del crimen en Colombia.	El mensaje central es que el país no se puede cruzar de brazos. Hay un deterioro de múltiples indicadores que debería interpretarse como un sonoro campanazo de alarma. El riesgo de una verdadera emergencia es real, pues en medio de la conflictividad social y el aumento del desempleo, el delito vuelve a encabezar las preocupaciones de la ciudadanía. Sin lugar a dudas, el deterioro observado acaba afectando a la economía, pues no solo el ánimo de los inversionistas se resiente, sino también el comportamiento del consumo.	Las cifras son elocuentes y comienzan con el hurto, que es el azote más notorio de todos. De acuerdo con los datos oficiales, el robo de bicicletas está creciendo a tasas del 35 por ciento, el de autopartes al 25, el de celulares al 30 y el conocido ‘cosquilleo’, al 18 por ciento. La Policía Nacional considera que cada vez es más frecuente el uso de la violencia por parte del ladrón de turno, quien no duda en disparar o acuchillar a sus víctimas indefensas.	Los especialistas en el asunto dirán que las causas del fenómeno son múltiples. Sin embargo, hay un elemento que salta a la vista y es la reincidencia criminal. La Fiscalía afirma que de 86.000 personas imputadas en el 2018, el 58 por ciento tenían antecedentes o, para usar la expresión coloquial, eran ‘repitentes’. Los aberrantes casos de individuos que registran más de medio centenar de entradas a la cárcel, muestran que un arresto casi que equivale a un riesgo ocupacional para quien se dedica a quitarles a la fuerza los bienes a sus semejantes.	Debido a ello, no queda más que aplicar el sentido común y ponerle tatequieto al asunto. Tampoco existe una opción distinta a la de reaccionar en lo que corresponde al microtráfico y el narcomenudeo, que se ha convertido en una verdadera pesadilla, tanto en ciudades grandes como en municipios intermedios y pequeños. La estadística de que el 7,5 por ciento de los niños en edad escolar han probado la cocaína al menos una vez, muestra el tamaño del desafío.	Semejante amenaza obliga a precisar definiciones para que los delincuentes no les hagan un esguince a las normas. Un mensaje importante es sancionar con severidad el suministro de drogas a menores, cuyas noticias criminales subieron 45 por ciento en dos años. Es clave ampliar la lista de estupefacientes penalizados, cuyo universo crece.	Por otro lado, hay que meterle el diente a la ciberdelincuencia, cuyas manifestaciones se asemejan a una epidemia, pues las denuncias subieron a una tasa anual del 56 por ciento. La proliferación de redes sociales y la telefonía celular son un caldo de cultivo que sirve para que aumente la extorsión y la estafa, además de violaciones a la intimidad, una práctica sin sanciones en la actualidad.	Todo lo anterior confirma que el país está en mora de reaccionar con mayor contundencia, dado el deterioro reciente. Hay motivos de esperanza, como lo muestra la reducción reciente en homicidios o el hecho de que una proporción mayor de los asesinatos termine en la identificación y detención de sus autores. Pero la batalla continúa y el enemigo es poderoso. Lástima que ni siquiera en esto, las fuerzas políticas en el Congreso se puedan poner de acuerdo.