En medio de las discusiones y planteamientos sobre los efectos sociales surgidos con motivo del empleo generado por las plataformas digitales, pareciera prioritaria la forma como cada Estado regula este fenómeno, y la necesaria protección de quienes han encontrado en esta tecnología la solución a su condición de desempleo, o empleo informal.	Tras estudiar la materia, tenemos convicción al respecto de cómo los estados necesitan hacer definiciones expresas sobre la figura contractual implícita en estos modelos. No solo porque estamos convencidos de que se trata de una figura nueva y atípica, sino porque la claridad en este aspecto va a garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad tanto de los empresarios como del beneficio que sus compañías generan.	Nuestra exploración nos permite entender adecuadamente la compleja situación jurídica que se da al interior de la operación de una plataforma digital que genera trabajo. Rafael Pardo y Mario Fidel Rodríguez se refirieron al tema en una columna escrita en el diario El Tiempo, titulada “Los ‘rappitenderos’, un conflicto que va más allá del Mintrabajo”.	Estamos seguros de que la mayor parte de las miradas hacia este tema se han centrado en establecer si existe o no una relación laboral entre la plataforma digital y quien se vale de ella para trabajar. Pero, pocos se habrán percatado de la concurrencia de contratos que existen en esta operación.	Por ejemplo, el interés del establecimiento de comercio de vender; el interés del usuario de comprar; el de la plataforma de facilitar la interacción entre el vendedor y el comprador y, finalmente, el interés de la persona que está dispuesta a contactar la oferta y la demanda para ganarse una suma de dinero por esta labor.	Es frecuente escuchar a los directivos de este tipo de empresas manifestando que ha habido una distorsión respecto de la vinculación de las personas a la plataforma, pues sostienen el modelo fue concebido para que un mensajero trabaje 14 horas por semana. Sin embargo, abundan las personas que están en la calle a la espera de un pedido que les sea asignado y esta realidad demanda una pronta solución, con énfasis en la protección social del que trabaja y, por supuesto, con tareas complementarias a cargo del Estado.	Se ha culpado al modelo de negocio de las plataformas, cuando probablemente se ha desbordado la idea original de las mismas. Y pareciera aún más inconveniente poner restricciones a estas nuevas formas de trabajo, en especial lo referido a jornadas o aportes mínimos a la seguridad social, cuando se necesita precisamente flexibilidad para que cada trabajador contribuya al sistema según la magnitud de lo que se gane, propuesta que parece defender el gobierno del presidente Duque.	Paga la plataforma, quien asume la seguridad social de todos los que prestan servicios a través de ella. Si bien los dueños de la plataforma crean el instrumento que comunica la oferta y la demanda, no son los únicos beneficiarios de este modelo de trabajo (el comprador y el vendedor también se benefician).	Además, el negocio de estas plataformas no está constituido por las transacciones mismas, lo que hace que el parámetro no pueda ser lo que la persona gana, porque las plataformas no se lucran en función de ese trabajo. Aparte, quien trabaja debe contribuir en alguna medida a financiar su seguridad social.	Se paga acorde al modelo tradicional, es decir como aportes de trabajadores dependientes. La relación múltiple que se construye no configura una relación de trabajo subordinada en el sentido clásico del contrato de trabajo. Hay al menos 4 protagonistas. Pretender que la plataforma es empleadora es encarecer el costo del servicio y casi que acabar con el exitoso modelo.	En nuestra opinión, una vez se establezca la regulación a que se refiere esta investigación quedará totalmente claro que no se trata de informalidad. Todo lo contrario, se trata de nuevas formas de empleo que al estar debidamente reguladas adquirirán la condición de formales, podrán incrementar las cifras de empleo y reducir las de desempleo y finalmente incorporarse como un renglón significativo de la economía nacional.