En principio, la Constitución de Puerto Rico indica que el secretario de Estado asumiría la gubernatura. Pero dado que el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, fue uno de los más de diez funcionarios que renunció en la polémica por el chat filtrado, el gobierno de la isla recaería en la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Se convertirá en la segunda mujer gobernadora del territorio.	Durante el pasado fin de semana, Rosselló compartió un video en Facebook en el que anunció que no buscaría la reelección en 2020 ni seguiría al frente de su partido, partidario de convertir al territorio en un estado de Estados Unidos. Sin embargo, su resistencia a renunciar avivó más el descontento de los puertorriqueños y provocó una enorme marcha el lunes en una de las principales carreteras de la capital.	La polémica ha llegado mientras la isla intenta reestructurar parte de sus 70.000 millones de dólares de deuda y gestionar una recesión que ya dura 13 años y que ha originado un éxodo de casi medio millón de personas al territorio continental estadounidense en la última década. Muchos puertorriqueños están resentidos por los recortes de pensiones, cierres de escuelas y otras medidas de austeridad.	La crisis económica se debe en parte a gobiernos anteriores _incluido el del padre de Rosselló, Pedro_ que gastaron de más, estimaron ingresos mayores a los reales y pidieron prestados millones de dólares mientras la isla se iba endeudando más y más. El estado se declaró en quiebra en 2017. El Congreso aprobó un paquete financiero y una junta federal supervisa las finanzas puertorriqueñas.	Rosselló, un graduado del MIT con un doctorado en genética, dedicó buena parte de su mandato a combatir las medidas de austeridad y pedir fondos federales después de que María devastara la isla en septiembre de 2017, causando miles de muertes y más de 100.000 millones de dólares en daños.	Casi dos años más tarde, unas 30.000 viviendas siguen teniendo lonas en lugar de tejados, los cortes de electricidad siguen siendo habituales y Puerto Rico ha recibido menos de un tercio de los aproximadamente 40.000 millones de dólares prometidos por el gobierno de Estados Unidos. Rosselló se quejó este año de que recibía un trato injusto y una actitud hostil por parte de algunas autoridades estadounidenses.