Para Cristian Gómez, presidente de la Asociación de Sordos de Bolívar (Asorbol), esa es la realidad en la que se encuentran miles de sordos que residen en Cartagena y que día a día tienen que enfrentarse con un sistema excluyente para quienes se comunican a través de la lengua de señas.	De esta manera, muchos sordos se ven obligados a asistir acompañados a sus citas médicas cuando estas son de carácter personal y a su vez mujeres sordas en estado de embarazo presentan dificultades para hacerse sus controles prenatales y expresar sus dolencias, por cuenta de que los centros de salud no cuentan con intérpretes especializados. “En Cartagena es muy pobre esa parte. No hay inclusión en la comunicación”, agrega Cristian.	En vista de estas dificultades, el Concejo, en el marco de la conmemoración del Día Distrital de la Persona Sorda, celebrado el pasado 28 de septiembre, anunció que se encuentra preparando una iniciativa para institucionalizar la política pública de convivencia y trabajo para las personas sordas, la cual busca favorecer a esta población mediante la vinculación de intérpretes en diferentes sectores y hospitales de la ciudad.	“La sordera es una discapacidad que no es visible. Y como no es visible, nuestros hermanos sordos pasan mucho trabajo, sobre todo para llegar a los hospitales y para poder decir qué patologías tienen. Es distinto a otros discapacitados que pueden tener la facilidad del habla”, expresó el concejal César Pión.	Pero la salud no es el único aspecto complicado para la población sorda. Otro de sus grandes inconvenientes tiene que ver con el acceso a la educación superior. Luis Miguel Vega, presidente de la Asociación de Sordos de Cartagena (Asorcart) y quien también se encuentra estudiando educación física en la Universidad de Pamplona, alega que ha tenido varios inconvenientes para contratar un intérprete en la entidad educativa. “Yo quisiera que todas las universidades leyeran la ley 1618 de 2013 y vean que hay un artículo donde se habla de la educación, de que nosotros los sordos necesitamos un apoyo de comunicación, que es el intérprete”, dice. Efectivamente, en el artículo 11 de dicha ley, se dice que las entidades territoriales certificadas en educación deben “proveer los servicios de apoyo educativo necesarios para la inclusión en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad”, lo que incluye la dotación de intérpretes, modelos lingüísticos y personal de apoyo en las aulas.	Esto, naturalmente, representa una desventaja en términos de empleo, un aspecto todavía mediado por diversos prejuicios en torno a las aptitudes de las personas con discapacidad auditiva. “Hay muchos sordos que están estudiando, por ejemplo, diseño gráfico y cuando los van a contratar les dicen ‘mejor trabaja para aseo’. Es decir, no los contratan de acuerdo a sus estudios porque piensan que no son capaces”, afirma Luis Miguel, quien es enfático en resaltar que son esos prejuicios los que les impiden acceder a mejores oportunidades laborales.	Para Cristian Gómez, presidente de la Asociación de Sordos de Bolívar (Asorbol), esa es la realidad en la que se encuentran miles de sordos que residen en Cartagena y que día a día tienen que enfrentarse con un sistema excluyente para quienes se comunican a través de la lengua de señas.	De esta manera, muchos sordos se ven obligados a asistir acompañados a sus citas médicas cuando estas son de carácter personal y a su vez mujeres sordas en estado de embarazo presentan dificultades para hacerse sus controles prenatales y expresar sus dolencias, por cuenta de que los centros de salud no cuentan con intérpretes especializados. “En Cartagena es muy pobre esa parte. No hay inclusión en la comunicación”, agrega Cristian.	En vista de estas dificultades, el Concejo, en el marco de la conmemoración del Día Distrital de la Persona Sorda, celebrado el pasado 28 de septiembre, anunció que se encuentra preparando una iniciativa para institucionalizar la política pública de convivencia y trabajo para las personas sordas, la cual busca favorecer a esta población mediante la vinculación de intérpretes en diferentes sectores y hospitales de la ciudad.	“La sordera es una discapacidad que no es visible. Y como no es visible, nuestros hermanos sordos pasan mucho trabajo, sobre todo para llegar a los hospitales y para poder decir qué patologías tienen. Es distinto a otros discapacitados que pueden tener la facilidad del habla”, expresó el concejal César Pión.	Pero la salud no es el único aspecto complicado para la población sorda. Otro de sus grandes inconvenientes tiene que ver con el acceso a la educación superior. Luis Miguel Vega, presidente de la Asociación de Sordos de Cartagena (Asorcart) y quien también se encuentra estudiando educación física en la Universidad de Pamplona, alega que ha tenido varios inconvenientes para contratar un intérprete en la entidad educativa. “Yo quisiera que todas las universidades leyeran la ley 1618 de 2013 y vean que hay un artículo donde se habla de la educación, de que nosotros los sordos necesitamos un apoyo de comunicación, que es el intérprete”, dice. Efectivamente, en el artículo 11 de dicha ley, se dice que las entidades territoriales certificadas en educación deben “proveer los servicios de apoyo educativo necesarios para la inclusión en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad”, lo que incluye la dotación de intérpretes, modelos lingüísticos y personal de apoyo en las aulas.	Esto, naturalmente, representa una desventaja en términos de empleo, un aspecto todavía mediado por diversos prejuicios en torno a las aptitudes de las personas con discapacidad auditiva. “Hay muchos sordos que están estudiando, por ejemplo, diseño gráfico y cuando los van a contratar les dicen ‘mejor trabaja para aseo’. Es decir, no los contratan de acuerdo a sus estudios porque piensan que no son capaces”, afirma Luis Miguel, quien es enfático en resaltar que son esos prejuicios los que les impiden acceder a mejores oportunidades laborales.	En varias oportunidades se ha tratado el tema de la discapacidad auditiva en el Concejo Distrital de Cartagena. Sin embargo, no fue sino hasta el año pasado cuando mediante el Acuerdo 001 de 2018, cuando se dio el primer paso hacia una política pública para esta población, con la declaración del Día Distrital del Sordo (el último viernes de cada septiembre). La iniciativa ha contado con el apoyo de dependencias como la Secretaría de Educación y la Secretaría de Participación y Desarrollo Ciudadano, que han aunado esfuerzos por la inclusión de las personas con discapacidad auditiva. “La población sorda de Cartagena ha demostrado su capacidad, su disciplina y compromiso. Han demostrado que las barreras y dificultades, en vez de limitarlos, se convirtieron en su mejor fortaleza y en la razón que les permite demostrar el poderoso potencial que hay en cada uno de ellos”, afirmó la secretaria de Educación, Claudia Almeida. A su vez, Claudia Anaya, secretaria de Participación y Desarrollo, aseguró que en el momento se encuentran trabajando con Transcaribe y otras entidades, enseñando la lengua de señas a los funcionarios de atención al usuario para seguir tratando de hacer de Cartagena una ciudad incluyente.