El último informe de la Defensoría del Pueblo muestra que en el primer semestre de 2019 se han registrado 35 casos de desplazamientos masivos de población que afectaron a más de 8.200 personas, especialmente en Nariño, Norte de Santander, Córdoba, Antioquia, Chocó, Magdalena, Valle del Cauca y Cauca.El organismo alerta que de continuar la tendencia al final del año se llegará a la cifra de 99.En Chocó, los grupos armados ilegales han confinado más de 11.300 personas de 54 comunidades. A nivel nacional, el total de afectados por este fenómeno, que obliga a las personas a encerrarse en sus propias casas y corregimientos, sin poder salir de ellos por temor a ser blanco de los grupos ilegales, es de más de 14.700 personas.Felipe Vernaza Pinzón, defensor delegado para la población en Movilidad Humana, le pidió al Gobierno mucha más atención a esta problemática.EL NUEVO SIGLO:	El panorama es muy difícil, básicamente porque la presencia de grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Eln, que han llegado al territorio, han generado una dinámica de terror en la población étnica generando grandes situaciones de confinamiento.Estamos muy preocupados porque no se le ve una atención específica para tratar de controlar la presencia de estos grupos que generan constantemente confinamientos y amenazas a la sociedad civil.ENS:	Básicamente aquí tenemos todas las rutas de las economías ilegales, que se dividen en dos: por un lado el tema de cultivos de uso ilícito y por el otro el tema de la economía extractiva ilegal de oro. Sumado esto a una falta de presencia institucional con la cual no nos referimos exclusivamente a la Fuerza Pública, sino a las autoridades locales que no pueden llegar con sus funcionarios e instituciones a los sititos donde más los necesita la comunidad.ENS:	A ellos los amenazan para que no se puedan desplazar. Ante esa situación se confinan y no salen a trabajar ni a buscar el pancoger. Estamos hablando de comunidades étnicas y eso tiene una gran afectación.En el transcurso del año se han evidenciado, una tras otra, situaciones de confinamiento y no hemos tenido una respuesta efectiva por parte del Gobierno.ENS:	Consejos comunitarios negros y comunidades indígenas que están en este territorio. La comunidad más vulnerable en ese territorio es la comunidad indígena que es la que menos cohesionada está. Los consejos afros, aunque son muy vulnerables, tienen un mayor trabajo en ese territorio. Los indígenas en Colombia son fuertes en otras zonas, pero en el Pacífico son débiles, las más frágiles ante estos eventos.	Aquí el problema está en que aunque se han hecho advertencias mediante el sistema de alertas tempranas y mediante solicitudes a diferentes agencias del Gobierno, no se ha logrado avanzar en ese punto y la causa es que la principal respuesta que tenemos es de la Fuerza Pública, pero ellos llegan al territorio, pasan 15 o 20 días y se van. En ese momento entra de nuevo el grupo amenazando a las personas, por cosas como darles agua a los soldados.Eso los pone en situaciones muy graves. Para poner un ejemplo, solicitamos al Gobierno que se genere un subcomité de prevención para atender todo el andén Pacífico y todavía no lo hemos podido concretar.ENS:	No. Esta es una iniciativa que viene acompañada con muchas comunidades que le han puesto la cara a la situación. Hay que destacar que la gente le ha metido el hombro al tema tratando de buscar alternativas.Es difícil, porque con la comunidad se puede trabajar, con la Alcaldía, pero uno cómo llega a hablar con estos grupos ilegales. Ellos no aceptan estas situaciones. Hay posturas muy fuertes.Hemos logrado como momentos temporales tratando de hacer acercamientos iniciales, pero eso no ha sido suficiente en estos procesos de confinamiento. Tanto así que todavía hay población indígena confinada. Eso todavía nos preocupa en gran medida porque no se ha logrado.Yo no puedo desconocer que la Fuerza Pública en algún momento ha hecho algunos esfuerzos, pero eso no es suficiente. Necesitamos que haya una acción de todo el sistema, que las diferentes instituciones actúen.ENS:	No. Se ha identificado que hay siembra de artefactos explosivos. Si no es por la presión de los enfrentamientos, es por salir a zonas minadas.Aquí no hemos tenido avances de verificación por parte del Ejército ni como parte de una presencia humanitaria de verificación de esas zonas para poder decirle a la comunidad que hay zonas libres de minas.Nos preocupa que pareciera que habláramos del Chocó y no se ve una acción efectiva del Estado. Es como si dijeran “sabemos que allá hay problemas”, pero no vemos una intensión muy fuerte. A pesar de que la Fuerza Pública nos acompaña, no ha sido posible traer la institucionalidad. Hasta que eso no se logre va a ser crítica la situación.Hay que recordar que los municipios del Chocó, donde han ocurrido todos estos confinamientos, son de sexta categoría. Entonces pensado unas dinámicas de presupuesto, están obligados a sacar un presupuesto para atender a la población. Estamos hablando de $4 millones que se van en tres días en alimentación. Estamos hablando de 11.000 personas confinadas. Esa es una situación que requiere la presencia de todo el Gobierno nacional.Campos minadosENS:	Continúa el fenómeno, pero es difícil establecer una cifra. Normalmente estos reclutamientos no son reportados por los familiares.Estos grupos se han concentrado, para realizar una cohesión fuerte con las comunidades, en reclutar a los hijos de los presidentes de la JAL o de los comuneros de los consejos comunitarios o de los gobernadores indígenas. Debido a esto las cabezas visibles de la comunidad manejan un silencio absoluto, porque están preocupados por sus hijos.Hay un código de silencio muy fuerte en el territorio.ENS:	Lo que pasa es que el confinamiento es una dinámica nueva, pero no quiere decir que no haya desplazamiento. Después del esfuerzo que se hizo con el proceso de paz, teniendo en cuenta que era el grupo mayor generador de violencia, pasamos en 2017 a 51 desplazamientos masivos, 2018 a 99 y en 2019 llevamos 35. Si comparamos esos años, en 2018 a esta fecha teníamos 31 desplazamientos masivos y ahora tenemos 35. Si no se toman medidas vamos a superar los 99, que fue gravísimo en su momento. Aquí lo que reportamos es que no solamente hay desplazamientos masivos, que era la principal preocupación, sino que además los grupos armados obligan a la gente a no moverse para que no sean tan visibles.ENS:	No hay un verdadero acompañamiento del Gobierno en cuanto al retorno, cuando han existido desplazamientos.Si uno se fija, a la ley de víctimas le quedan dos años; y de todos los procesos hay 600 identificados, pero solo han cerrado seis y le faltan dos años para acabarse. Adicionalmente, el acompañamiento de retornos ha sido bajísimo. Este año tenemos 8.223 personas.Acciones en el territorioENS:	La administración del Estado no debe ver las alertas tempranas de la Defensoría como una crítica al Gobierno, porque no lo son. Este es más un elemento de prevención que nos ayuda a generar una acción específica.Es necesario generar las acciones necesarias en territorio. A veces desde Bogotá se toman acciones con muy buenas intenciones que no son coherentes ni relevantes con la situación que padecen las personas.Si se va a concretar al equipo institucional de la UNP, no tiene sentido que se sigan manteniendo para estos territorios acciones como botón de pánico, el celular y el chaleco antibalas, porque el botón no funciona, el chaleco los hunde en un barco si naufraga.Lo mejor es establecer dinámicas con las comunidades, como un radio que les dé una comunicación en zonas alejadas y pueda brindar condiciones de seguridad. Es pensar cómo las comunidades han vivido y cómo el Gobierno les puede ayudar a fortalecer y llegar allí.Volteen a ver al Pacífico que está sufriendo por falta de presencia estatal; no este Gobierno, sino de gobiernos atrás, cada vez es peor y es la población más vulnerable la que sufre.