Uno de los más importantes retos en la formulación de políticas públicas, dentro de una organización político administrativa, radica en la provisión de bienes púbicos. En derecho económico a los bienes públicos también se les denomina ‘meritorios’, y significa que son los que procuran satisfacer las necesidades de una sociedad. Por tal razón, es claro identificar que es el Estado quien los debe asignar.	Además, la función propia de los gobiernos ha sido uno de los temas dominantes en la economía, por lo menos en las últimas dos centurias. Las funciones del Estado han sido cambiantes, normalmente como respuesta a las fallas percibidas en las economías de mercado, que evidentemente han generado grandes desigualdades entre los miembros de la sociedad.	Por tanto, no solo el Estado establece las leyes básicas de la sociedad, vela por su cumplimiento y crea un marco en el cual las empresas puedan competir entre sí, también se ha generado el consenso de que los defectos y limitaciones del mercado le dan al gobierno una función económica importante, materializada en lo que se puede llamar, la ‘carta de navegación’, el famoso Plan de Desarrollo.	En el caso de Cartagena, su Plan de Desarrollo, concebido como un documento contentivo de políticas públicas, debe estructurarse de forma clara y seria, para proveer bienes públicos que permitan alcanzar deseables niveles de bienestar. ¿Cuál es entonces la principal meta de un Plan de Desarrollo para Cartagena? En mi concepto, el próximo Alcalde debe entender que los niveles de bienestar social en nuestra ciudad, no significan que proveer bienes públicos consiste en engrosar la burocracia local; peor aún, con posturas populistas que destruyan la iniciativa empresarial, o la contraria, enfatizar en que lo público es dañino y corrupto, y solo el sector privado es transparente y puede proveerlo todo dejándolos en plena libertad de hacer y deshacer. Ese dualismo maniqueo que divide entre buenos y malos, o entre corruptos y honestos, no nos permite planificar en consenso y de forma integral.	El Plan de Desarrollo Distrital, que debe ser estructurado por el próximo Alcalde Mayor, y adoptado por el Concejo, debe concebirse como el ‘acuerdo sobre lo fundamental’ del que hablaba Álvaro Gómez Hurtado, y donde definamos a corto, mediano y a largo plazo, lo que es mejor para la ciudad, pero desprovistos de egoísmos o sectarismos; no despotricando de lo público en infatuadas reuniones empresariales, ni fomentándose el odio de clases desde las barriadas de la ciudad cuando se pretende cautivar votos.