En su resolución, difundida este jueves por medios locales, Zúniga advirtió al fiscal del caso, José Domingo Pérez, a la abogada defensora de Fujimori, Giulliana Loza, y a la propia Keiko, que deberán concurrir “bajo apercibimiento” de que la causa sea asumida por un defensor público, así como de recibir una sanción.	El fiscal consideró que existen nuevos elementos, como el testimonio del empresario Jorge Yoshiyama, quien afirma que Fujimori sí conocía sobre los aportes de Odebrecht, y las declaraciones de los empresarios Dionisio Romero y Vito Rodríguez, quienes afirmaron que entregaron a Keiko 3,65 millones de dólares y 200.000 dólares en efectivo, respectivamente, que no fueron declarados.	Tras rechazar esa decisión del TC, el fiscal Pérez señaló que la medida retrotraía todo lo actuado hasta octubre de 2018, cuando solicitó que a la líder opositora se le impongan 36 meses de prisión preventiva, por lo que el Poder Judicial debía programar una nueva audiencia para analizar ese pedido.