El mayor reto, según el análisis, consiste en mejorar la “inversión y el clima para los negocios”, puesto que los proyectos viales que se han desarrollado bajo APP tienen un problema reputacional que aún persiste, que ha perjudicado la imagen del modelo y cuyas medidas de resolución aún no son claros para saber si serán efectivas.	“Entendido que Colombia es un país capaz de atraer participación privada y que ha logrado poner en marcha un programa tan ambicioso, es normal que se hayan registrado problemas con el desarrollo de infraestructuras, esta situación no es exclusiva de las APP, sino que es una cuestión de política pública. La mejor receta para evitar cometer errores es preparar bien los proyectos y separar la decisión de inversión haciendo un análisis de valor por dinero para identificar si un proyecto sí es susceptible de convertirse en APP”,	Por su parte, Louis Klein, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, destacó que la manera de diseñar los contratos es susceptible a ser mejorada y que el nuevo reto consiste en optimizar la elaboración de los contratos, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con la etapa de pre construcción.	“Tenemos ideas, por ejemplo, sobre los esquemas de terminación anticipada, que están en discusión, para saber cómo hacemos para terminar una concesión en la etapa de pre construcción o en las iniciales, cómo calcular una retribución para el concesionario y proteger a los inversionistas y especialmente a los deudores”, dijo Klein.	Las mejoras en el marco regulatorio incluyen una mayor transparencia en la contratación pública y mayores posibilidades para que los gobiernos regionales y municipales, así como las empresas estatales, participen en esas asociaciones. No obstante, la organización espera que esos cambios conduzcan a una nueva generación de APP en infraestructura social, con proyectos como escuelas, hospitales y cárceles.