La razón, más se tardó el citado alto tribunal en emitir el fallo SU-095 el pasado 11 de octubre de 2018, que nueve cabeceras en desconocer y no acatar la directriz emitida por los nueve magistrados, y procedieron a gestionar acuerdos municipales y consultas populares para frenar las tareas extractivas.	Registros del Ministerio de Minas y Energía (MME), indican que a la fecha, y desde que fue dictada la citada sentencia de la Corte Constitucional, los concejos de los municipios de Gachantiva (Boyacá), Puerto Guzmán (Putumayo), Salento (Quindío), Saravena (Arauca), Une (Cundinamarca), Yopal (Casanare) y Jericó (Antioquia) apelaron a los Acuerdos Municipales para frenar toda actividad minera y petrolera.	“El tribunal de lo contencioso, en varios fallos ante tutelas que han interpuesto varios municipios del país para que avalen los Acuerdos Municipales, ha dejado en claro que los entes territoriales deben acatar la sentencia 095 de la Corte Constitucional. Este fallo tiene que ver con todas las competencias relacionadas con el orden nacional”, subrayó el jurista.	La funcionaria recalcó que en el fallo de la Corte Constitucional, que unifica las sentencias con respecto a las actividades extractivas, es preciso en aclarar que no se puede impedir que haya minería en todo el país porque es la decisión de un solo municipio, y los recursos del subsuelo son de la nación.	Por su parte, Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), viene afirmando en varios escenarios que el momento coyuntural por el que atraviesa el país en materia de participación ciudadana y de las comunidades en producción de hidrocarburos ha abierto una puerta que refleja la importancia del diálogo entre los diferentes actores que intervienen en los procesos que realiza esta industria, con el fin de establecer una relación armónica en los lugares de influencia.