La Policía Nacional incautó este lunes varios elementos de uso privativo de la fuerza pública que presuntamente serían entregados a grupos armados ilegales en la subregión del Urabá antioqueño, según informaron las autoridades.“En desarrollo de operaciones de contrainteligencia desplegadas con el objetivo de garantizar la aplicación de normas para la transparencia y la legitimidad, se tuvo conocimiento sobre un vehículo de la institución que se dirigía hacia la zona de Urabá”, señaló en un comunicado la séptima división del ejército, encargada de Antioquia.	-Publicidad.- Asimismo, explicó que el conductor, que es funcionario no uniformado de la Policía, inició el recorrido desde la ciudad de Bogotá con el fin de descargar el material en el municipio de Carepa. Sin embargo, en un puesto de control fue requerido el vehículo y se produjo el hallazgo de morrales y camisetas con las marquillas de la institución, camufladas entre muebles y enseres de hogar.	El Clan del Golfo nació ligado a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) realizada entre 2003 y 2006. Un año después del desarme paramilitar, alias ‘Don Mario’, quien había comandado el Bloque Centauros de las Autodefensas huyó hacia el Urabá antioqueño con aproximadamente 150 hombres con el propósito de controlar las rutas del narcotráfico.	Gómez también aseguró que, tras la salida de la exguerrilla de las Farc de las zonas históricamente ocupadas, se han producido enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las AGC, pero en cercanías del municipio de Juradó del bajo Atrato en el Darién chocoano para ocupar corredores estratégicos.	En ese sentido, los líderes de la región han asegurado que como tal no existe un grupo armado con un objetivo de controlar territorios, ni de permanecer, sino que son mercenarios que han convivido con los habitantes en Urabá: exintegrantes del ELP, de las Farc, de las AUC y del Ejército, que son contratados por ciertos sectores de los empresarios ganaderos, palmicultores y bananeros.	“Entonces, prácticamente son sicarios a sueldo que trabajan para estas personas”, indicó el investigador. Por su parte, los habitantes de la zona han dicho que las AGC no están detrás de este “ejército antirrestitución”, ni de los asesinatos a líderes de restitución de tierras, puesto que, les han dejado claro que lo único que no admiten es que en el proceso de la restitución lleven a la fuerza pública al territorio.