A juicio de la Procuraduría, “el actuar presuntamente irregular del senador también se hizo presente en la adición de Ocaña – Gamarra al contrato de concesión No. 001 de 2010, es decir, aparentemente fue entregada sin el lleno de los requisitos legales, y al parecer, el investigado influyó en los funcionarios públicos encargados de gestionar y viabilizar el otrosí No. 6 de marzo de 2014”.