Son muchos los retos que tiene el Distrito para este 2019 en materia educativa. Por ejemplo, la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el transporte escolar de estudiantes, la problemática de infraestructura de la IE San Felipe Neri, en Olaya; el Fernández Baena y prestar un adecuado servicio de aseo y vigilancia.	El próximo lunes los profesores y administrativos regresarán a trabajar, de tal manera que las personas que no alcanzaron a matricular a sus hijos, lo harían a partir del 14 de enero. “El Distrito se acoge al programa ‘Educar para un nuevo país’, el cual se fundamenta en una educación formativa a través de la implementación de la Cátedra de Cartagena en Paz”, se explica en uno de los apartes de la resolución.	El artículo sexto de la resolución establece que antes de culminar el año anterior, el rector debió adoptar mediante resolución el calendario lectivo 2019, con su correspondiente planeación general, lo difundirá en la comunidad educativa, presentará informes bimestrales sobre su desarrollo y cumplimiento al consejo directivo y la asamblea de padres.	El alcalde (e) Pedrito Pereira Caballero indicó en su momento que el objetivo es garantizarle la alimentación a los niños, niñas y adolescentes de la ciudad apenas arranque el calendario escolar. Esto teniendo en cuenta lo que pasó en el 2018 con la contratación y las investigaciones que adelanta la fiscalía por presuntas irregularidades en la ejecución del mismo contra el exalcalde Manuel Vicente Duque, el exsecretario de Educación Germán Sierra Anaya y la coordinadora del PAE de la Secretaría de Educación.	Porque mediante el Decreto 1396 del 5 de diciembre de 2018, el Alcalde reasume las responsabilidades contractuales y de contratación del PAE en Cartagena, antes delegadas al secretario de Educación. Sin embargo, la supervisión de este contrato seguirá a cargo de esta dependencia, que pretende redoblar esfuerzos para garantizar la mejor prestación del servicio.	Algunas de las problemáticas de infraestructura más visibles en el 2018 fueron la del San Felipe Neri y la del Alberto Elías Fernández Baena. En el primero, después de varias discusiones, se logró la reconstrucción del colegio en sitio, lo que representaba nuevos diseños y cronograma, pero desde mitad del año pasado se gestiona la licencia de construcción para que arranquen las obras.	En diciembre la Curaduría Urbana Número 1 devolvió todo el proceso porque el contratista no presentó la documentación requerida y el tiempo se había agotado, por lo que el Alcalde (e) tuvo que tramitar de cero la nueva licencia. Aún no se tiene respuesta de la curaduría urbana sobre este trámite, pero, mientras eso se resuelve, la secretaria de Educación, Claudia Almeida, estipuló un plan alterno para sus estudiantes. Una parte de la comunidad estudiantil se trasladaría a la IE Nuestra Señora del Carmen (antiguo Departamental), donde se confirmó disponibilidad de salones, garantizándoles a los estudiantes el transporte gratuito desde Olaya hasta la sede.	Mientras que en el Fernández Baena debieron culminar las obras de reparación de los bloques 1 y 2, así como el área administrativa, a finales de diciembre. Con esto se espera que los estudiantes se reubiquen en estos bloques, donde repararon cubiertas, impermeabilizaron y arreglaron la batería de los baños. Mientras esto ocurría, la comunidad educativa fue reubicada en la Universidad Antonio Nariño. La ciudadanía espera que este año se invierta más en el mantenimiento de la infraestructura educativa. Finalmente, a principio del mes se abrió el borrador para la licitación pública que contratará la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial con conductor, para “el desplazamiento de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del Distrito”, por $5.381.142.667.	Las dos contrataciones que están listas son las de aseo y vigilancia. La primera fue otorgada a Centro Aseo Mantenimiento Profesional S.A.S. por $13.791.421.785; mientras que la de vigilancia fue entregada a la Unión Temporal O&A 1 por $27.029.008.321, conformada por Seguridad Oncor Ltda y Atalaya Security Group Ltda.