Mediante labores investigativas, la Fiscalía estableció que la Alcaldía de Coveñas, a partir del 28 de diciembre de 2017, realizó varios giros por un monto total de $7.639’043.659, de una cuenta del municipio —que se encontraba suspendida por solicitud del Departamento Nacional de Planeación (DNP)— a la cuenta la empresa Coraba, cuyo representante legal habría cobrado los dineros.Según lo evidenciado,	, dado que la cuenta de la Alcaldía, denominada Proyecto Fondo SGR- Municipio de Coveñas, tenía por propósito la “Construcción de obras de prevención y control de la erosión costera en el casco urbano de los municipios de Coveñas y Santiago de Tolú, departamento de Sucre, región Caribe”, pero la empresa Coraba, por su parte, radicó un contrato denominado “Patios Productivos”, por un valor de $14.000’000.000, para sustentar los presuntos giros irregulares.No obstante,	.----------------------------Los procesadosPor estas aparentes irregularidades, la Fiscalía obtuvo tres órdenes de captura que fueron materializadas este 5 de marzo luego de que los supuestos implicados se presentaran en compañía de sus abogados.Así, ante un juez de control de garantías de Coveñas, un fiscal de Administración Pública, adscrito a la Dirección Seccional Sucre, imputó cargos por los delitos de peculado por apropiación en concurso heterogéneo con falsedad material en documento público agravado por el uso, en contra de:	Los tres procesados fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario----------------------------Primera faseEs de recordar que por este caso denominado Espolones, siete personas más fueron judicializadas en el año 2017, por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, en concurso con interés indebido en la celebración de contratos.Los investigados que afrontan el proceso en libertad, son:	Leonardo Jalil David OrdosgoitiaEsta investigación fue motivada por las inconsistencias halladas en el contrato de obra pública Nro. 70-221-022-2013, suscrito el 28 de octubre 2013 entre la alcaldía de Coveñas, en cabeza de César Serrano Romero, y el Consorcio Playas Tolú-Coveñas, representado por los ingenieros Mizger Pacheco y David Ordosgoitia, el cual tenía por objeto realizar “Obras de protección y control de la erosión en la subregión costera del Golfo de Morrosquillo en los cascos urbanos de Santiago de Tolú y Coveñas”, por un valor de $14.246.216.714.En la primera fase de este proceso, los investigadores determinaron irregularidades como:La Alcaldía autorizó el pago del 50% del contrato como anticipo, es decir $7.123’108.357, configurándose el delito de peculado	.La obra no contaba con las licencias ambientales y los permisos de la autoridad portuaria, motivo por el cual la cuenta de la que se hicieron los giros de los otros $7.000 millones —segunda fase del caso referenciada anteriormente— estaba suspendida.Así, la defraudación total al municipio se estima en $14.762’152.006.