Álvaro Uribe, el señor que se enteraba de todos los detalles de cuanto pasaba en La Habana durante la negociación con las Farc, aseguró desconocer que sus exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio se paseaban por los pasillos y oficinas del Congreso ofreciendo dádivas para su reelección. Por: Joaquín Robles ZabalaJoaquín Robles Zabala	El 5 de abril de 2003, dos meses y cuatro días después del consejo comunitario número 17, celebrado por el entonces presidente de Colombia en Corozal, Sucre, el exalcalde de El Roble, Eudaldo León Díaz Salgado, fue encontrado muerto en el sector Boca del Zorro. El cuerpo del exmandatario municipal presentaba signos de tortura y nueve orificios de balas en distintas partes del cuerpo.	El resto de esta historia la conoce el país: Uribe le echó tierra a las denuncias y meses después del secuestro y asesinato de Díaz Salgado nombró a Arana embajador en Chile. A partir de ese momento la gran mayoría de los involucrados en el crimen del exburgomaestre fueron perseguidos y asesinados a tiros.	Si Uribe hubiera respetado a la justicia y la normatividad jurídica como suele pregonarlo frente a las cámaras y micrófonos de algunos medios, se habría abstenido de nombrar embajador de Colombia ante el gobierno de otro país a un investigado por el secuestro y asesinato de un alcalde municipal, pero lo que quedó evidenciado en esa “jugadita” era la de alejar a su protegido de los focos de los medios, sacándolo del territorio nacional hasta cuando se enfriara la investigación y la amnesia colectiva cayera sobre él.	El paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, declaró por entonces ante la justicia sobre una larga lista de asesinatos por encargo cometidos por él a nombre del exgobernador Arana y los congresistas Álvaro ‘el Gordo’ García y Mario Uribe. Es decir, tanto Arana como García y Mario Uribe, de acuerdo con las declaraciones del paramilitar, habían contrato sicarios para asesinar a sus enemigos políticos y a todos aquellos líderes que se constituyeran en obstáculo en ese megaproyecto de refundar al país.	“Usted me conoce físicamente y acudo a su buena memoria al señalarle saludos de mano en una ocasión en el Centro de Convenciones de Santa Marta, tal vez también en la propia Universidad del Norte. Sin embargo, de esta segunda oportunidad no tengo certeza. Usted se dirigió a mí al momento del saludo diciéndome “profesor, ¿cómo está?”. No sé si esto tenga algo de importancia, pero según se comenta usted cuenta con una excelente memoria”, escribió el profesor Alfredo Correa de Andreis en una de las dos cartas que le hizo llegar al presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez tres meses antes de que Jorge Aurelio Noguera Cotes (entonces director del DAS y uno de los “buenos muchachos” del mandatario) ordenara su asesinato.	Cuando la noticia de su muerte se hizo pública y los medios de comunicación hurgaron en el asunto de las cartas, el presidente de la República negó categóricamente que las misivas hubiesen llegado a sus manos a pesar de que estas, como quedó registrado en varias notas de prensa, tenían el sello de radicado de la Presidencia y llenaron los requisitos exigidos para llegar a manos de mandatario de los colombianos.	En abril de 2015, un grupo de agentes de CTI, cumpliendo con el fallo condenatorio de la Corte Suprema de Justicia, dio captura al exministro de salud Diego Palacio, y días después ejecutó la misma orden contra el exministro Sabas Pretelt. Según el fallo del alto tribunal, los exfuncionarios del gobierno Uribe fueron condenado a seis años de cárcel por haber entregado dádivas a congresistas para que votaran la reelección del entonces presidente.	Pero el asunto real no es que estos funcionarios del gobierno de la “Seguridad Democrática” se hayan paseado por los pasillos y oficinas del Congreso repartiendo entre los senadores y representantes embajadas, notarias, consulados y otras prebendas. No. El asunto verdadero es que un señor que se enteraba de primera mano de cada uno de los movimientos de los guerrilleros de las Farc en La Habana, Cuba, no se haya enterado que a pocos metros de la oficina oval de la presidencia, sus ministros andaban comprando, con ofrecimientos de cargos y otras “mermeladas” la voluntad de algunos los miembros del legislativo para que su jefe permaneciera cuatro años más en la Casa de Nariño.