Uno de los grandes desafíos en la construcción del Estado colombiano, por los tiempos en los que habíamos salido de las primeras cosechas de guerras civiles que cifraron el comienzo de la era republicana, fue el de hacer que Colombia fuera un Estado moderno. El proceso no ha sido sencillo, ha tenido más tropiezos que avances y cada uno de ellos ha estado marcado por la amenaza permanente de reversarse. Esto debido a que nuestro país, infortunadamente ha estado profundamente influido por las ideas conservadoras más retardatarias. Esto se hace visible en el rol de las mujeres en nuestra sociedad, si bien, como lo he tratado en otros artículos, existen avances, también es cierto que persisten múltiples prácticas que continúan afectando los índices de equidad.La equidad de género, que constituye uno de los puntos clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los que Colombia se comprometió en cumplir, sigue siendo uno de los puntos grises en la agenda del Estado. Según ONU mujeres: En todas partes del mundo, las mujeres y las niñas deben tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, y deben poder llevar una vida libre de violencia y discriminación. La igualdad y el empoderamiento de las mujeres es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también es un elemento esencial de todas las dimensiones del desarrollo inclusivo y sostenible.	En esa medida, hace falta continuar trabajando en función de que el país alcance verdaderos niveles de equidad y esto se logra al asegurar que se implementen las leyes existentes, así como de que se creen nuevas. En este contexto se encuentra la ley 581 de 2000, conocida como la Ley de Cuotas, que “reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional”. En dicha ley se estipula que el 30% los cargos públicos con nivel decisorio deben ser ocupados por mujeres. Esta ley debe cumplirse en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público y en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Sin embargo, habría que investigar, hasta qué punto se cumple su mandato, en especial en las regiones más distantes del país.	Lo cierto es que la ley necesita expandirse, porque es lo que se requiere para alcanzar la paridad que les garantice a las mujeres colombianas una participación real en todas las instancias del Estado. El cambio es posible, como lo ha sido en otros países de la región, como es el caso de Bolivia donde un 53 % de los miembros del parlamento son mujeres. Otros países que han dado pasos en esta dirección son Ecuador y Argentina con 38 % o México con un 42 %. En el caso de Colombia, los datos no son tan alentadores, ya que las mujeres ocupan un lacónico 23 % del Senado y solo un 18 % de la Cámara de Representantes. Esto, a pesar de que de acuerdo con el Dane somos un poco más de la mitad de la población con el 51 %, no obstante, nuestra injerencia decisoria en todos los espacios continúa siendo bastante precaria.	Y en otros cargos de diferentes tipos de poder, de 7.909 puestos reportados, las mujeres tienen 3.568, es decir, el 45 por ciento”.   A pesar de ello, no todas las entidades públicas suministran información y no en todas ellas hay mujeres que ocupen altos cargos. En decir, en varios casos, el 30% que exige la ley no se está cumpliendo. Sobre esto, indica la Defensoría del Pueblo, que, si bien más mujeres ocupan puestos de poder, la cifra no es cercana a la de los hombres.	Como se hace evidente, en los diversos informes sobre el tema, tanto nacionales, como internacionales el camino para lograr la meta del 50/50 por la que abogan los Objetivos de Desarrollo Sostenible es aún distante y con certeza plagado de tropiezos. Sobre esto, es claro que la ley de cuotas requiere una reforma que, por una parte, amplíe el porcentaje al 40 % y por otra, que presione a los entes de control, para que implementen medidas más eficientes para monitorear que la ley se cumpla y aplicar las sanciones correspondientes cuando esto no ocurra. Pero, sobre todo, se requiere que al interior de nuestra sociedad se obren cambios culturales profundos que normalicen la participación equitativa de las mujeres en todos los campos de empleo, tanto a nivel del Estado, como a nivel del sector privado. Esto parte de la implementación real de las políticas públicas existentes y de la creación de nuevas que nos encausen hacia ese fin y eso se hace posible si la sociedad en su conjunto se comprometa con su responsabilidad ciudadana, con su papel como agente de cambio.