El Consejo de Estado, al resolver la apelación a un fallo emitido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pone en la picota pública a los mataderos clandestinos que sacrifican todo tipo de animales en condiciones no aptas poniendo en serios peligros la salud del consumidor, y evadiendo el pago de impuestos	El fallo aclara y reafirma las competencias y responsabilidades que le asisten al Invima y a la Policía Nacional para frenar la proliferación de plantas clandestinas de sacrificio de animales y el comercio ilegal de carnes, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos de consumo humano, que vulneran la seguridad y salubridad pública de los colombianos, informó Álvaro Urrea Presidente Ejecutivo de la Asociación Frigoríficos de Colombia.	Jorge Quintero Pimentel, presidente de la junta directiva de la Asociación Frigoríficos de Colombia, declaró que “aparte de las 524 plantas de beneficio, desposte y desprese registradas y autorizadas por el Invima hasta 2018, en el país operan centenares de mataderos clandestinos que no cumplen los estándares higiénicos y medio ambientales de ley.	“El INVIMA, sin lugar a duda, es la autoridad responsable de la operación del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos; y que en función de dicha responsabilidad se articulará con otras autoridades sanitarias y ambientales (Secretarías de Salud de las entidades territoriales) para coordinar los mecanismos de integración de los diferentes programas y acciones dentro del ámbito del sistema.	A la Policía Nacional, en definitiva y acorde a la normativa, le corresponde identificar todos aquellos sitios donde de manera clandestina o ilegal se realizan o llevan a cabo actividades de sacrificio, comercialización, transporte y, en todo caso, cualquier situación irregular en el proceso de desposte, desprese de carnes y derivados cárnicos dispuestos para el consumo humano en condiciones que ponen en riesgo la seguridad y la salubridad públicas.	La falta de vigilancia integral, inspección y control por parte de las autoridades (dispuesta en diferentes normativas), ha traído como consecuencia, la venta libre de los productos antes mencionados (al público en general o al por menor) sin ninguna clase de restricción o cortapisa por parte de las autoridades locales y entidades territoriales de salud.	Hay una omisión en la estructuración y puesta en funcionamiento de planes conjuntos de medidas de control (previstos en las diferentes normativas), por parte de los comités departamentales, regionales y de la Comisión Nacional Intersectorial para la Coordinación y Orientación Superior del Beneficio de Animales, destinados para el Consumo Humano en Colombia.	Existió, efectivamente, y aún persiste, la transgresión de los derechos e intereses colectivos atinentes a la seguridad y salubridad públicas (consagrados en el literal g del artículo 4º de la Ley 472 de 1998) de todos los habitantes del territorio nacional, y que fueron amparados por el a-quo en su decisión de primer grado”.	El Consejo de Estado insta a INVIMA y a Policía Nacional para que, en el marco de sus competencias y en observancia de la normativa analizada, continúen dando cumplimiento a las órdenes impartidas en la sentencia de primera instancia y, así mismo, adopten todas las medidas y gestiones que sean necesarias, para efectos de salvaguardar los derechos y garantías colectivas que son objeto de protección constitucional en la presente sentencia de segundo grado.”	Igualmente que “realice los diferentes estudios técnicos para efectos de establecer las dificultades que tenga dicho ente, en lo que al cubrimiento de la totalidad del territorio nacional se refiere, para que cese o disminuya, notablemente, la vulneración y amenaza a los derechos e intereses colectivos objeto de amparo; estableciendo u obteniendo un diagnóstico real y verídico sobre las condiciones necesarias para obtener la vigilancia y control con la cobertura deseada, en aras de generar una mayor efectividad en las citadas tareas.”	Finalmente a la Policía Nacional, como quiera que a esta le corresponde identificar todos aquellos sitios donde de manera clandestina se realizan actividades de sacrificio, comercialización, transporte y, en todo caso, cualquier situación irregular en el proceso de desposte, desprese de carnes y derivados cárnicos, dispuestos para el consumo humano, en condiciones que pongan en riesgo la seguridad y salubridad públicas que, en el marco de sus competencias y al tenor de los deberes que la normativa le imponen, le ORDENA “efectuar el cierre y/o clausura definitiva de todos aquellos lugares y establecimientos de beneficio animal ilegal que no cumplan a cabalidad con las exigencias sanitarias, así como, de igual forma, compulse copias para efectos de las eventuales investigaciones penales a las que haya lugar, en el ejercicio de sus funciones y deberes legales.	De acuerdo con lo anterior, el estado ha generado mediante este fallo, herramientas que deben ser aprovechadas por las instituciones y autoridades del sector para que de manera articulada trabajen contra el flagelo de la ilegalidad y garanticen a la población el consumo de proteínas de origen animal nutritivo y saludable.