Señala la Fiscalía General de la Nación que Álvarez hacía exigencias económicas a funcionarios de la empresa de servicios públicos en Barranquilla, a nombre del contralor de la época, para supuestamente desembargar las cuentas de la compañía a cambio del 10% de los más de 7.745 millones de pesos que había en las cuentas.