La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, aseguró que el Gobierno viene adelantado conversaciones con la alianza público privada (APP) encargada del rescate de la embarcación hundida para llegar a un acuerdo sobre el valor de la extracción, debido a que el pago no podrá realizarse con piezas del tesoro, como estaba previamente acordado.	“Lo que nos corresponde es continuar las conversaciones con el originador de la APP, que obviamente tiene una capacidad técnica. En esas conversaciones, que se iniciaron hace varios meses para saber cuánto nos costaría la extracción ya no se procedería a pagarle parte en especie, que era lo que había hecho posible la anterior APP, o sea, la APP cambia en su esencia”, señaló la vicepresidenta.	Por su parte, Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, señaló que la decisión de declarar el tesoro como patrimonio deja sin piso muchas de las reclamaciones internacionales como la de España, que solicitó no comercializar las piezas, al igual que Bolivia y otros gobiernos de América Latina.