La mirada de las autoridades y de la ciudadanía están puestas en las 108 familias que compraron apartamentos en 16 edificios levantados ilegalmente por la familia Quiroz, y que ahora están bajo incertidumbre luego de que el Distrito anunciara en boca del alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, que ocho de estas estructuras deberán ser demolidas tras los resultados de un estudio patológico y de sismorresistencia que les aplicaron y que revelaron que hay riesgo de colapso.	Estas 20 propiedades son: Brisas de San Antonio, Brisas de Chipre, Blas de Lezo III, Villa Patri II, Villa Sofi, Villa Sofi 2, Villa Sofi 3, Villa Sofi 4, Villa Sofi 5, Villa Sofi 6, Villa Country, Urbanización Parque Residencial Country, Campestre III, unidades de La Troncal, Villa del Este, unidades de Villa de la Victoria III, Marsella de Chipre, Bella Mary, El Campestre y Villa Natalia II.	Ha pasado más de un año y aunque el Distrito aseveró que se tomarían las acciones necesarias en el marco de sus funciones para proteger la vida y la integridad de las personas, conservar el orden público, así como ejercer el control urbanístico a través de las medidas administrativas y de policía a que haya lugar, estas misiones no se han realizado con contundencia y pensar en estudios estructurales es algo que no se daría en el corto ni mediano plazo.	"Han censado a los que se han dejado. Son edificios que tienen más de ocho años de construcción y hay una acción judicial que pretende buscar lo mismo que se hicieron con los otros 16. Sí se ha hecho un censo e inspecciones regulares a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, pero no se tiene la misma obligación judicial como la de los edificios que ahora están en la mira (...) Ellos -copropietarios- interpusieron una acción similar a la de los anteriores edificios y ya el Distrito contestó la demanda", precisó el mandatario.	Por otro lado, tras el llamado de El Universal, las familias de estos edificios se han negado a hablar sobre la situación. Por otro lado la Superintendencia de Notariado y Registro anunció hace mese que trabajando el cierren los folios de matrícula de estos apartamentos que están en los edificios ilegales.	“Iniciamos actuaciones administrativas porque en el registro público de la propiedad no podemos darle publicidad a documentos falsos, entonces la Superintendencia de Notariado y Registro está definiendo la realidad jurídica de estos bienes y lo más seguro es que se puedan cerrar folios de matrícula inmobiliaria y reglamentos de propiedad horizontal”, dijo Supernotariado.