En los últimos años hemos sufrido de una exagerada mediatización de los asuntos propios de la justicia y las autoridades. Esto ha hecho mucho daño al ejercicio del derecho, las garantías procesales, las investigaciones y a la opinión en general, la cual suele inclinarse más por las opiniones emitidas al pasar en micrófonos, cámaras e impresos sin mayor rigor o con intereses, lo que termina por confundir o sesgar relativizando asuntos muy importantes.	La balanza de la justicia y las facultades sancionatorias de las autoridades se deben equilibrar con actuaciones basadas en el debido proceso, las garantías, los hechos, las pruebas, y la producción y publicación de fallos y decisiones. Nos hemos acostumbrado a las ruedas de prensa, las entrevistas, los comunicados y las ligerezas propias de editorialistas que no conocen los temas de los que hablan, tienen o han tenido intereses o injerencias en los asuntos que pretenden “analizar”, o banalizan discusiones crucificando funcionarios pontificando desde el relativismo moral.	El compromiso de hacer prevalecer el Estado de Derecho es de todos, es así como los juristas deben tener un proceder ético y profesional, los jueces deben fallar en derecho y equidad y hablar a través de sus sentencias, las autoridades administrativas deben proceder con equilibrio y sostener sus decisiones en los tribunales, y los medios deben comunicar sin direccionar.	Es fácil ver como la filtración, la parcialidad, o el ambientar una posible decisión a través de comunicados y anuncios va inclinando la balanza más hacia lo político y mediáticamente rentable, que hacia lo jurídico y socialmente responsable. Es deber de jueces y autoridades proteger el bien más preciado de una sociedad democrática, que es el equilibrio y la libertad, no podemos seguir en una dinámica de relacionamiento basada en las noticias falsas, el daño reputacional, el chantaje o la influencia negativa en las decisiones con un amplificador mediático.	No me cabe duda que quienes escogieron el camino del derecho lo hicieron para comportarse éticamente, tampoco que aquellos que ejercen el servicio público y la judicatura lo hacen guiados por principios superiores, y que aquellos que escogieron el noble oficio de informar lo hacen con altos estándares profesionales. En suma, es deber de toda la sociedad hacer prevalecer el Estado de Derecho y aportar a las discusiones en un sentido responsable, apartándose de aquellas en donde no se domina el tema o en dónde se tienen conflictos de interés.	Las decisiones deben ser proferidas, comunicadas y acatadas, las opiniones emitidas sinceramente valoradas, y la intimidad y el buen nombre de las personas respetado. Así como el Estado no puede obrar con premura e irresponsabilidad, la sociedad no puede crucificar y mancillar la reputación de las personas a la ligera. El equilibrio y la buena salud de nuestra democracia pasa por nuestro autocontrol y respeto, por la libertad de expresión, por el derecho a disentir sin maltratar, no se necesitan leyes y sanciones para todo, pero tampoco se necesitan expertos y opinadores de ocasión para todo.