El proyecto de Acto Legislativo Nº 355 de 2019 sobre Control Fiscal, iniciativa de la Contraloría General de la República, está haciendo su tránsito en el Congreso con cinco debates surtidos y a tan solo tres discusiones más para convertirse en reforma constitucional, lo cual estoy seguro que se logrará con el liderazgo asumido por el señor contralor Carlos Felipe Córdoba.	Este cambio normativo no sería objeto de preocupación si se tuviera la certeza de que quienes lo sucedan interpretarán la norma con el espíritu que anima al actual Contralor; sin embargo, estaremos -luego de su aprobación- ante una entidad con poderes omnímodos y que eventualmente podrá convertirse en trampolín político como sucedía en los 90 con los resultados nefastos que ya conocemos, por lo cual sería prudente dejar alguna inhabilidad para este efecto.	Se insiste que es diferente el control preventivo al previo, aunque las diferencias o límites entre uno y otro no están claramente delineadas en la propuesta. No sobra recordar que la Corte Constitucional defendió el control posterior como un instrumento adecuado al desarrollo armónico y al manejo eficiente de los recursos públicos. Por lo tanto, volver al control previo, bajo la figura de la prevención, sería un retroceso.	Con respecto a la centralización del control fiscal, incluso en temas de competencia de las contralorías regionales, pueden presentarse controversias que desdibujen la armonía necesaria. Por supuesto, hay casos de abusos de la función fiscalizadora por parte de algunas contralorías regionales; el remedio no puede ser su desaparición o acotamiento de sus funciones; lo que se requiere es una reingeniería de las mismas.	4. Finalmente, la reforma debería ir de la mano de una medida que garantice el respeto de las autoridades a los regímenes especiales aplicables a distintos sectores económicos. Aquí, destacamos que en la Constitución Nacional los servicios públicos domiciliarios tienen un régimen jurídico especial que es el pilar para el ejercicio.