Las pesquisas llevaron a que se descubriera un esquema ficticio para evadir el control del Estado y legalizar en el papel 29 toneladas de oro entre 2009 y 2014. Por ejemplo, la comercializadora CI Metales recurría a diversas maniobras para extraer oro ilegalmente en diferentes partes del país y ponerlo en el mercado internacional a cambio de millonarios dividendos.	El reporte de la Fiscalía da cuenta que el oro ilícito salía de los yacimientos clandestinos que acaban con los recursos naturales y era comprado por distintos proveedores. “18 de ellos fueron identificados en los controles tributarios y, en la verificación de la razón social y las direcciones de funcionamiento, se constató que no existían y serían casas de familia, chatarrerías y, en pocas ocasiones, pequeñas compraventas”, dijo.	Del mismo modo, se comprobó que la comercializadora, además de reportar la adquisición de oro a estos 18 proveedores, registró transacciones por cerca de 20 millones de dólares a un resguardo indígena de Guainía, cuyos integrantes desconocen esos movimientos financieros y las elevadas sumas. Tan así que Guainía pasó a ser un departamento productor de oro que aporta el 0,71% del metal sin ser una zona aurífera.