El Ministerio Público indaga la posible falta de protección al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico y al manejo racional de los recursos naturales, ante la falta de un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) de las aguas residuales, instrumento ambiental aprobado por la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Armenia.	La decisión fue tomada por el mal uso de la tierra que le estaban dando los campesinos a adjudicatarios de la Hacienda Pisamal, predio que fue sometido a extinción del derecho de dominio por parte del Incoder Quindío, para su explotación pero que fue entregada en arriendo a un ingenio azucarero.