En virtud del alto desempleo de los jóvenes, ubicado entre 20% y 25%, la ANIF propone que los menores de 25 años puedan ser contratados con una remuneración mensual del 75% del salario mínimo como aprendices, para que en un año empiecen a recibir el 100%. Su director estima que con la medida el empresario gana porque tiene mayor mano de obra capacitada y el empleado también, porque va a tener una oportunidad de trabajar y mostrar sus habilidades.	La propuesta lleva a preguntar si se trata de un mal chiste que entraña un cinismo supino, por venir de una entidad que se caracteriza por realizar estudios serios y que representa un sector de la economía muy respetable y dinámico. Recientemente, la Superintendencia Financiera informó que las utilidades entre enero y junio del 2019 de las compañías del sector financiero alcanzaron la suma de 10,7 billones de pesos, lo que permite anticipar que su monto en todo el año va superar las del año anterior que algunos medios ubicaron en 24 billones. Utilidades originadas no solo por el gran diferencial entre las tasas de colocación y de captación sino, en buena parte, por los cobros en la prestación de servicios a los clientes que, en algunos casos, resultan realmente injustificados, como en los relacionados con la disposición del dinero por sus propietarios.	Nadie niega que deben adoptarse fórmulas para romper la tendencia en el crecimiento del desempleo. Lo que no es lógico y repugna a la razón es que el sacrificio en la búsqueda de esquemas para superar el problema se haga a costa de quienes apenas se integran a la sociedad como asalariados calificados. Por el contrario, el costo de la capacitación para desarrollar una labor específica debe asumirlo quien la contrata. El proceder en otra forma podría desencadenar un efecto de deterioro tipo dominó en el monto del salario de todos los trabajadores.	La mayoría de quienes cursan estudios superiores, los financian con un gran esfuerzo económico familiar y, en muchos casos, endeudándose también a nivel personal durante su etapa formativa, aspirando a que en el momento de su culminación puedan vincularse a actividades laborales que les permitan asumir con decencia un mejor vivir o al menos percibir lo básico para sobrevivir y cubrir las deudas contraídas. El nuevo egresado tiene unas habilidades personales generales que le permiten desempeñar un trabajo asociado a su especial profesión o técnica. Podría alegarse que existe deficiencia en su formación por las debilidades que presenta la educación en el país. Sin embargo, en este punto es donde el país debe poner sus ojos, para buscar soluciones drásticas. No es recortando el primer ingreso laboral del profesional, sino buscando mejorar la educación superior, en especial, la pública.	En esta cruzada, el sector privado también debe poner su grano de arena. Por ejemplo, el mismo centro de estudios debería dedicar parte de sus invaluables esfuerzos a valorar el impacto que produciría el destinar al menos un 25% de las utilidades del sector financiero a soportar el mejoramiento de la infraestructura y las herramientas de formación científica y tecnológica de las universidades y centros técnicos oficiales.