La Procuraduría colombiana abrió este miércoles una investigación al alcalde y al secretario de Gobierno del caribeño municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba, por las presuntas irregularidades en el manejo del orden público que derivaron en el asesinato de la líder social María del Pilar Hurtado el pasado 21 de junio.	En ese momento la mujer fue tiroteada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y la desgarradora escena que siguió y que fue captada en un vídeo que se multiplicó en las redes sociales, conmovió al país por el desespero y el dolor del niño que gritaba, pateaba piedras y preguntaba "por qué" mataron a su progenitora.	"Con el presente comunicado informamos a la opinión pública, de acuerdo a lo manifestado por su compañero sentimental (Manuel del Cristo Berrío Velásquez), nos deja constancia que la señora María del Pilar Hurtado Montaño no pertenece a ninguna asociación ni figura como líder social", indicó el despacho oficial en ese momento.	Sin embargo, el director de la Fundación Social Cordoberxia, Andrés Chica, dijo a Efe que la mujer asesinada "no pertenecía a una organización social campesina pero sí tenía un liderazgo dentro de su comunidad en el marco de la invasión de un predio de propiedad del padre del alcalde" de Tierralta.	Según una alerta temprana de noviembre pasado de la Defensoría del Pueblo, al menos 22.132 campesinos e indígenas que habitan en las zonas rurales de Tierralta y sus alrededores están a merced de las AGC, herederas de los grupos paramilitares y enfrentadas a disidentes de la antigua guerrilla de las FARC.	En el comunicado de hoy, la Procuraduría aclaró que busca determinar la gestión de la Alcaldía "frente a la ocupación de predios por parte de un sector de la comunidad, así como el manejo que dieron a las presuntas amenazas de que fue víctima la lideresa, representante de la comunidad que habría invadido algunos lotes en el municipio".	Por lo anterior, se ordenó que la Alcaldía de Tierralta, la Unidad Nacional de Protección, el Ejército y la Policía entreguen información de las acciones emprendidas ante la presunta invasión de los predios, la identificación de sus propietarios, la aparición de un supuesto panfleto con amenazas y los pasos seguidos para establecer su veracidad.