ucha gente se está preguntando en Cartagena ¿por qué fue posible la construcción del nuevo Puente Pumarejo en Barranquilla sin peajes?. Y no solo esta obra. También incluyen el nuevo malecón sobre el río Magdalena, que hoy es atracción turística y sitio obligado en La Arenosa. Los anteriores interrogantes han salido a la luz a raíz de la propuesta del nuevo corredor portuario de Cartagena, que incluye la Quinta Avenida de Manga, cuyo costo ronda los $1.9 billones.	La primera respuesta sobre el Pumarejo, está en que esta fue una obra de Estado. En 2015, siendo presidente Juan Manuel Santos, el Instituto Nacional de Vías - Invias- (adscrito al Ministerio de Transporte) adjudicó el 1 de abril al consorcio SES Puente Magdalena (formado por Sacyr Construcción Colombia SAS, Sacyr Chile y Esgamo Ingenieros Constructores) la construcción del puente Pumarejo sobre el río Magdalena en Barranquilla por un importe inicial de 615.000 millones de pesos (223 millones de euros) y un plazo de ejecución de 36 meses. El puente inaugurado el pasado viernes 20 de diciembre por el presidente Iván Duque, terminó costando 800 mil millones de pesos.	El puente es el más largo de Colombia con 2,28 kilómetros de tipo atirantado, en el tramo central dispone de un vano de 380 metros entre los pilones de 80 metros de altura, y en los accesos cuenta con vigas-cajón; la sección vehicular tiene de tres carriles, zona peatonal de 2 metros y un carril para bicicletas de 1.50 metros.	“El nuevo puente Pumarejo es una obra de gran magnitud considerada por el Gobierno nacional como uno de los proyectos de ingeniería vial más importante del país, pero a mucha gente se le olvida que en julio de 2018 fue inaugurado el viaducto del Gran Manglar entre Cartagena y Barranquilla, el más extenso de Colombia con sus 5, 5 kilómetros, y cuyo costo fue de 2.3 billones de pesos, duplicando al costo del Pumarejo; no hay que perder de vista que este fue un esfuerzo del Gobierno nacional dentro del proyecto 4G Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de La Prosperidad, luego entonces es un error decir que en Barranquilla sí, y en Cartagena esto no ha sido posible”, explicó el abogado experto en temas públicos Marlon Madiedo.	Otra de las obras que está dando de qué hablar en Barranquilla es el gran malecón Puerta de Oro, a orillas del tramo del Río Magdalena en esta ciudad. La obra ronda los $180 mil millones invertidos, teniendo en cuenta que la fase 1 costó más de $42 mil millones, la fase dos unos $110 mil millones, y el parque lineal más de$ 22 mil millones. Este proyecto fue incluido en el Plan de Desarrollo del alcalde Alejandro Char.	“En el caso del malecón no se trata de solo un parque lineal o paseo peatonal, sino de toda una transformación vial y urbanística de la cara ribereña de Barranquilla. Por eso no es comparable a las intervenciones de los paseos peatonales de Manga y Bocagrande, pero sí a la protección costera de Cartagena, y de ser posible al proyecto futuro de la Avenida Primera o del Bicentenario”, explica un consultor de contratación pública que pidió reserva de su nombre.	“Hay que tener en cuenta también que el presupuesto de Cartagena ronda los 1.9 billones de pesos anuales, mientras que Barranquilla supera los $3.68 billones solo para el año 2020, es decir que mientras Barranquilla tendrá para el cuatrienio 2020-2023 un presupuesto de casi $15 billones; Cartagena solo logrará 7.6 billones en el cuatrienio, y esa es una gran diferencia a la hora de comparar inversiones de infraestructura”, dice la fuente.	“La solución a muchas de esas falencias en los presupuestos débiles como el de Cartagena está en figuras como los proyectos por vía de los Órganos Colegiados OCAD; la búsqueda de recursos en el Gobierno Nacional, y lo que a mucha gente no le gusta las Asociaciones Público-Privadas o APP”, explica el experto.	“Una asociación público-privada (APP) se refiere a un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública. Usualmente, no incluye contratos de servicios ni contratos llave en mano”: Fuente World Bank Group.