La intervención de la plaza de mercado de Natagaima sigue siendo un problema mayúsculo para la Administración municipal. Por cuenta de la violación al sellamiento temporal que había impuesto la Secretaría de Salud a esta galería, el Departamento y el alcalde Jesús Alberto Manios, interpusieron denuncias ante la Fiscalía contra los comerciantes que vulneraron esta medida.	“La Alcaldía informó a los comerciantes sobre la medida, pero ellos no acataron. Ya tenemos formalmente la denuncia que se hizo ante la Fiscalía y ya esto deja de ser competencia sanitaria y pasa a ser penal. Ahora, frente al proceso contra el alcalde, él ya envió un oficio con todos los soportes indicando porqué no ha podido cumplir la medida y se salió de la manos”, explicó la funcionaria.	Sobre el proceso sancionatorio, Manios aseguró que ha remitido a la Secretaría de Salud suficiente material que demuestra que no hubo negligencia del Municipio para mejorar las condiciones de la plaza y que, de hecho, ya estaba todo listo y se hicieron las solicitudes de desalojo voluntario para iniciar las obras.	“Tenemos los argumentos del porqué no se ha podido hacer esa intervención tan necesaria, pero donde también hay móviles políticos debido a la cercanía de las elecciones. Tarde que temprano tendrá que hacerse la intervención y será el próximo gobierno el que tendrá que asumir los diálogos. Por ahora, las soluciones jurídicas son claras”, puntualizó.	“La fuerza mayor, producto de los actos vandálicos y los riesgos que esto supone para nosotros y nuestras familias, es un elemento importante para determinar el cierre de este contrato. Estamos manejando las diferentes perspectivas jurídicas, financieras y técnicas, con el acompañamiento de los organismos de control, para hacer un cierre donde no se comprometan las finanzas del Municipio ni la integridad de nosotros y los ciudadanos de bien”, dijo.	El mandatario explicó que ha intentado agotar todas las vías para ejecutar el proyecto, pero no por esto va a poner en riesgo su integridad ni la de su familia, pues, según relató, ha sido objeto de amenazas y durante los enfrentamientos de hace unas semanas, algunas personas ingresaron a su vivienda, robaron pertenencias y destrozaron el restaurante propiedad de su abuela.	“No estoy obligado a lo imposible y si ellos no quieren dejar hacer las obras, pues lo mejor es parar el contrato. No estoy dispuesto a perder la vida ni a que alguien termine dándome un balazo, como me lo hicieron saber y como lo evidencian los hechos vandálicos. Desafortunadamente esas personas que se autodenominan representantes generaron todo este caos y violencia y tendrán que responder, ser investigados y juzgados porque sacrifican una gran obra. No pueden desconocer la ley”, comentó.