La intervención del Ministerio Público se da en medio del proceso de apelación a la sentencia del 31 de octubre de 2018 por la cual se suspende provisionalmente el acuerdo N°031 del 19 de diciembre 2016 y se declara nulidad sobre el acto de elección de Ómar Mejía como rector en propiedad.	La Procuraduría explica que en las reuniones adelantadas entre el 4 de abril y 13 de junio de 2018, se modificaron los estatutos y la reglamentación del proceso para designar rector, por lo que el hecho de que Mejía asistiera a las sesiones así fuera solo con voz pero sin voto, le otorgó “una posición privilegiada en relación con los demás aspirantes que se presentaron al proceso de selección del nuevo rector en propiedad (...)”.