Según la Cancillería, la negociación estuvo regida por el criterio de renovar el compromiso de Colombia con la promoción y la defensa de los derechos humanos a través de la colaboración con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos; y el deseo de actualizar las disposiciones del acuerdo de 1996 para que este se ajuste a la realidad actual del país.	El nuevo acuerdo reconoce que el Gobierno de Colombia mantiene una política de cooperación y colaboración con los mecanismos internacionales de derechos humanos y pone en consideración la vinculación de Colombia a los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, así como los avances para la formulación de un Plan Nacional de Derechos Humanos.	“Alentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas institucionales en materia de derechos humanos, incluido el impulso de la cooperación de Colombia con otros países, en temas como la elaboración, implementación y seguimiento de Planes de Acción en materia de derechos humanos, la elaboración de indicadores de derechos humanos y el desarrollo de portales electrónicos para la difusión y sistematización de recomendaciones de mecanismos internacionales, entre otros”, es uno de los compromisos que se incluyó en el nuevo acuerdo.