Los escombros que dejó la suspensión de las obras de adecuación en 10 instituciones educativas en Tuluá y Buga pone en peligro a 13.500 estudiantes, denunció la Procuraduría. Ante esto, el órgano de control pide al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE- aplicar como medida de urgencia, en el término de un mes, la construcción de cerramientos en cada uno de los planteles.En busca de una solución, la Procuraduría llevó a cabo la primera Mesa Regional de Infraestructura Educativa en Tuluá, a la cual asistieron representantes de padres de familia y rectores de las instituciones quienes expusieron las dificultades y los riesgos que representan, tanto para la población estudiantil como para la académica, las condiciones en las que se encuentran las instituciones educativas, razón por lo que se se solicitó a las autoridades municipales tomar las medidas necesarias para reanudar las obras en el menor tiempo posible.La próxima sesión de la mesa regional se llevará a cabo para analizar la situación de los planteles educativos de Cali y Palmira, así como los municipios no certificados, en cabeza de la Gobernación del Valle del Cauca.