Aunque la Procuraduría formuló pliego de cargos al alcalde de Ibagué, Guillermo Jaramillo, y al exgerente de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado – IBAL S.A. E.S.P., José Alberto Girón, por presuntas irregularidades en el contrato que busca ampliar la cobertura del servicio de agua potable en la ciudad, el mandatario reveló un video y los documentos correspondientes en el que queda en evidencia que el proyecto si contaba con los permisos de ley.	En el vídeo, grabado en junio de 2018, Jorge Enrique Cardoso Rodriguez, director general de Cortolima afirma que “el proyecto de Acueducto Complementario de Ibagué sí tiene licencia ambiental, tiene plan de manejo y tiene varios permisos otorgados”, agregó que todo quedó compilado en una sola Resolución que da cuenta de la legalidad del Proyecto.	El alcalde Jaramillo también explicó que el aAcueducto Complementario de Ibagué tiene plan de manejo y plan ambiental desde 1997. "También tenemos actualizada la autorización del Ministerio de Vivienda, la obra nunca se ha detenido, siempre ha estado andando”, agregó que la ejecución de la obra ya va cerca del 80% y para "antes de que termine esta administración vamos a entregar la obra más importante del municipio, que dejará agua para los próximos 30 años a Ibagué".	A Jaramillo Martínez, la Procuraduría le cuestionó una presunta omisión al ejercer los deberes de dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar la prestación del servicio público de agua potable y coordinar las actividades con la Empresa IBAL S.A. E.S.P., en relación con las obras objeto del contrato No. 202 del 29 de diciembre de 2017, al no ejercer presuntamente de manera eficaz el control de tutela.	Así mismo, el órgano de control advirtió que la construcción del acueducto complementario de Ibagué es un proyecto de connotación y vital importancia para el municipio, adoptado como una estrategia del plan de gobierno del mandatario territorial y, en desarrollo del control de tutela, podía intervenir de manera eficaz y evitar la suspensión de las obras por orden de la autoridad ambiental. La presunta falta del exgerente de la IBAL fue calificada de manera provisional como gravísima a título de culpa gravísima, mientras la conducta reprochada al alcalde de Ibagué se consideró de manera preliminar como grave a título de culpa grave.