No solo se les dijo que no debían salir de estos territorios, sino que además se les prometió que se normalizaría la situación en estas zonas, integrándolas como veredas, corregimientos o centros poblados. Para esto anunció un decreto con la normatividad para garantizar la estabilidad de quienes creyeron en el proceso de paz, dejaron las armas y permanecen en la legalidad.	Frente a las demoras, fuentes de la Presidencia confirmaron a Caracol Radio que, desde antes del 15 de agosto, cuando acabó la figura jurídica se viene debatiendo esta normatividad, que está lista. El decreto reposa en el Departamento Administrativo de la Presidencia y está en revisión de la Secretaría Jurídica, sin que aún se vislumbre cuando será sancionado.	Las fuentes consultadas confirmaron que la demora tiene que ver principalmente con una puja que se dio al interior del Gobierno, entre el ministro de Defensa, Guillermo Botero y el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, principalmente por el futuro de los anillos de seguridad para los excombatientes en estos espacios, donde operan los Batallones de Operaciones Terrestres, los Comandos Conjuntos Estratégicos de Transición y el Programa Carpa Azul.	La puja la ganó el ministro de Defensa y en la norma, según pudo establecer Caracol Radio, la administración de los terrenos donde opera la fuerza pública quedo a cargo de la oficina de la Estabilización como quería Botero, a diferencia de como pasa en el resto de los batallones del país.	En cuanto al traslado de 6 antiguos espacios territoriales, que se requieren por problemas con los predios, porque quedan en zonas de reserva natural, entre otros, tampoco es claro que va a pasar, porque el decreto que está listo excluyó esta parte, pese a que hay gran expectativa porque en la norma incluyera esta precisión.	Llama la atención que desde la firma del acuerdo de paz se ha registrado la muerte de más de 130 excombatientes según el último informe del partido Farc, ninguno de ellos dentro de estos Espacios Territoriales, un tema que siempre el Gobierno destaca en los informes de la implementación, pero que ahora se pone en riesgo.