a Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmó en segunda instancia la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 24 de agosto de 2018, en la que ordena al Distrito, a la Concesión Vial de Cartagena S.A. y al Establecimiento Público Ambiental (EPA), garantizar un buen estado y uso del Corredor de Carga. Esto debido a que los demandantes, Oscar Eduardo Borja Santofimio y Gustavo de Jesús Guardiola Osorio, afirman que el “Corredor de Acceso Rápido a la Variante de Cartagena”, concesionado entre el Distrito y la Concesión Vial, se encuentra en mal estado como consecuencia de la contaminación por barro.	Y es que la Sala sostiene que en el “Corredor se encuentran varios parqueaderos y patios de contenedores al aire libre, cuyo piso no está pavimentado y está compuesto por un material como la tierra; como consecuencia de ello, en época de lluvias se genera lodo y barro, los cuales son arrastrados por los vehículos hacia la vía y, cuando la pluviosidad es muy baja, el viento arrastra material particulado por el aire”, situación que amenaza con afectar la calidad del ambiente. También expone que “a pesar que estos hechos se presentan desde hace varios años, el Distrito, el EPA y la Concesión Vial, en el marco de sus competencias, no han adoptado una solución definitiva y efectiva frente a esta problemática”, por lo que se vulneran los derechos e intereses colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. Además, se amenaza el derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano.	Al quedar en pie lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Bolívar, la Concesión Vial deberá realizar de manera periódica las acciones necesarias para resolver la problemática sobre contaminación de barro y lodo en el Corredor. Por su parte, el Distrito y el EPA tendrán que crear y diseñar conjuntamente un plan para ejercer las funciones de vigilancia y control a los establecimientos públicos comerciales y/o parqueaderos y patios localizados a lo largo de esta importante vía. Este plan debe incluir una visita a la zona para fin de identificar los parqueaderos que no cuenten con las licencias de funcionamiento y todas las demás exigencias para desarrollar esa actividad económica. De acuerdo a los resultados de la visita, una vez identificados los parqueaderos que carezcan de asfalto o concreto en el piso, explorar la posibilidad de llegar a acuerdos con los propietarios o administradores a fin de que lleven o adelanten esa actividad en un tiempo prudencial. Posterior a ello, realizar el seguimiento respectivo, de ser necesario iniciar o impulsar de manera inmediata los procesos sancionatorios correspondientes. También se solicita la integración de un comité, el cual estará integrado por el magistrado ponente, los demandantes, el alcalde de Cartagena o su delegado, el representante legal de Concesión Vial, el director del EPA y el Ministerio Público.	que está de acuerdo con la sentencia, ya que desde hace 12 años viene solicitando al Distrito la intervención de los parqueaderos en el Corredor de Carga y hasta la fecha esto no se ha logrado. “Las administraciones distritales han sido totalmente de inercia en este tema. La Concesión es una entidad civil que no tiene el poder de conminación para que los patios y parqueaderos adecuen sus terrenos, pero nosotros hemos pasado una cantidad de oficios al Distrito y al EPA para que intervengan y ha sido imposible que tomen cartas en el asunto”, indicó Osorio. Agregó que respecto al mantenimiento de la vía que ordenó el Tribunal, la Concesión sí viene realizando las adecuaciones de manera permanente. “Nosotros tenemos la responsabilidad de limpiar la vía y eso lo hacemos de forma constante”, dijo.	El director del EPA, Álvaro Vargas, manifestó que el ente sí ha venido realizando controles a los parqueaderos, incluso ha suspendido a varios y a otros les ha impartido algunos requerimientos. Por su parte, el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, indicó que procederá a dar cumplimiento al mismo una vez sea notificado. Aclaró que esta es una acción que tenía trámite judicial de tiempo atrás y de la cual se esperaba la decisión de segunda instancia.