Esto, debido a que durante los trámites del PGN de cada año, solo el Gobierno tiene la propiedad de definir qué proyectos se viabilizan y cuáles no, y los dineros que se destinan para cada uno de estos, dejándole al Congreso la tarea de ‘notario’, como lo aseguran cada año algunos parlamentarios.	“la posibilidad de dar una mayor participación al legislador en esta materia suele ser vista con escepticismo, en la medida en que se piensa que los congresistas electos atienden primordialmente el interés de sus electores, incrementando gastos específicos, en lugar de atender el interés nacional por lograr y mantener una posición fiscal sostenible, lo que justifica la imposición de restricciones formales al poder de la legislatura para introducir cambios”.	Si se tomara como ejemplo el presupuesto nacional del 2019, que el Congreso aprobó por $259 billones, se encuentra que allí quedaron avalados $46,8 billones para el renglón de la inversión. Así las cosas, de estar en firme esta reforma a la Carta Política, al Congreso se le habría permitido usar aproximadamente $10 billones, es decir, un promedio de $31.000 millones para cada uno de los parlamentarios.	En una reciente columna escrita para El Tiempo, Carlos Caballero Argáez, exministro de Minas y excodirector del Banco de la República, dijo que esta iniciativa“cambia de tajo el manejo presupuestal y las normas que se incluyeron en la reforma de 1945 y, muy especialmente, en la de 1968 (...). En plata blanca, (se trata) de la autorización para que el Congreso cambie el presupuesto de inversión sin el visto bueno del Ministerio de Hacienda”. También dijo que	“En este, como en muchos otros casos, ‘mejor deje así’, pues la pérdida de eficacia presupuestal sería mayor y la corrupción simplemente quedaría patentada. Dicho monto del 20% del presupuesto de inversión que asignaría el Congreso es mayúsculo frente a los ‘auxilios parlamentarios’ que se robaban en la supuesta creación de entidades educativas en la época de Lleras Restrepo”, afirmó Clavijo a finales del año pasado, cuando el proyecto aún pasaba su primera vuelta legislativa.