La nueva presidenta de la Comisión Europea, la médica Ursula von der Leyen, madre de siete hijos, quien hasta hace poco tiempo era la titular del ministerio de la Defensa de Alemania, anunció que la máxima prioridad de su mandato, por encima de cualquier otra consideración, consistirá en velar por el establecimiento en dicha jurisdicción de políticas públicas comunitarias amigables con el medio ambiente.	En pos de ese cometido, trazó como elementos centrales de su programa de gobierno la creación de un nuevo impuesto fronterizo al carbono a la entrada del mercado del viejo continente (EU carbon border tax), el compromiso de convertir su territorio en carbono neutro para el año 2050 (carbon neutrality), al igual que la determinación del Reino Unido y la suscripción de un tratado o acuerdo ‘verde’ de inversiones (green deal on investment) antes de los primeros 100 días del ejercicio de su cargo.	De otro lado, el primer conglomerado minero del mundo, la compañía BHP Billiton, producto de la fusión entre la australiana Broken Hill Proprietary y la británica Billiton, fijará a partir del próximo año metas públicas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de sus productos, aún después de que hayan sido vendidos.	Luego de tal propósito, invertirá durante el siguiente lustro 400 millones de dólares en la investigación y desarrollo de nuevas respuestas al cambio climático, entre ellas la captura y almacenamiento de carbono y otras innovaciones, como la captura directa de este elemento desde el aire, y atará de manera rigurosa la remuneración de sus ejecutivos al cumplimiento de compromisos de índole ambiental.	Desde el ángulo de los más grandes fondos de inversión privados y públicos, la presión de sus administradores a fin de incorporar métricas ambientales en sus matrices de decisión es notoriamente creciente. Un caso emblemático es el fondo soberano de Noruega, al que sus ciudadanos le están demandando incluir en sus criterios de selección de su portafolio la calificación en materia de prácticas de manejo sostenible de los recursos naturales.	Cabe recordar el informe Burdtland de 1987, que lleva por nombre el de la entonces primera ministra noruega Gro Harlem Burdtland, quien definió el concepto de desarrollo sostenible como aquel que “satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades”.	Colombia ha empezado a avanzar en esa dirección, gracias a la reciente implementación del impuesto al carbono, el cual, aunque todavía incipiente, le otorga valor de mercado a las emisiones y a su reducción. Un ejemplo es la empresa Prodeco, que está adquiriendo un millón doscientos mil certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del proyecto BioRed del Pacífico, a un precio por tonelada de 4,8 dólares, a cambio del tributo, una modalidad de obras por impuestos, y cuyos beneficiarios directos son habitantes de esa región comprometidos con la conservación de bosques en pie, la reforestación y el abandono de la minería ilegal y los cultivos de coca.	Así las cosas, el ingreso del país a la Ocde, con la credencial de su tributación ambiental en desarrollo, una condición esencial para la membresía en este club privilegiado, constituye un paso decisivo para su acceso real y efectivo a los mercados de capital y de bienes y servicios más exigentes del mundo, pero a su vez los más apetecidos, comenzando por Europa.