“En Argentina hoy el que las hace las paga”, dijo el mandatario, que justificó la medida en que la justicia penal actualmente tiene procedimientos “muy lentos” para que el Estado pueda convertirse en titular de los bienes obtenidos por medio de actividades ilegales. Asimismo indicó que un proyecto al respecto está estancado en el Congreso desde hace tres años por las diferencias de parecer entre el oficialismo y el peronismo opositor.	Posteriormente, el ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó a periodistas que el decreto contempla un procedimiento ágil para que los fiscales puedan plantear ante el fuero civil y comercial federal “la recuperación de estos activos de las mafias, el narcotráfico, la trata de personas, los delitos de corrupción y la criminalidad organizada en general” que previamente han sido secuestrados en procesos penales.	En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que el decreto se enviará al Congreso para que sea respaldado y se mostró convencida de que “ningún diputado estará en contra” al apuntar que “todos los días se pierden millones de pesos... por la lentitud de los procesos penales y en ellos se decomisan bienes pero no se extingue el dominio” para que aquel que tenga “un título de propiedad deje de tenerlo”.	La medida se anunció en pleno año electoral. Macri, quien afronta una crisis económica y un incremento del desempleo y la pobreza, aspira a ganar las elecciones de octubre y renovar su mandato por otros cuatro años. El mandatario ha hecho de la lucha de la corrupción una de sus banderas.	El Senado aprobó en agosto de 2018 una iniciativa sobre la extinción de dominio impulsada por el peronismo opositor y resistida por el oficialismo, ya que no contemplaba la vía civil para iniciar un juicio y obligaba a que existiera una condena de primera instancia contra el acusado en sede penal para activar un proceso que permitiera recuperar lo apropiado ilegalmente. La iniciativa aprobada debía ser revisada por la cámara de diputados pero el proceso se estancó.