A Jaramillo Martínez, la Procuraduría le cuestionó una presunta omisión al ejercer los deberes de dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar la prestación del servicio público de agua potable y coordinar las actividades con la Empresa IBAL S.A. E.S.P., en relación con las obras objeto del contrato No. 202 del 29 de diciembre de 2017, al no ejercer presuntamente de manera eficaz el control de tutela.