La defensa de los hermanos Quiroz, detenidos durante la primera fase de la operación “Castillos de Arena” que destapó una red de construcciones ilegales en la ciudad, argumentó que el juzgado cuarto penal municipal con funciones de control de Garantías atentó contra el derecho a la libertad de sus defendidos a raíz de la decisión emitida el 2 de julio de 2019 que los dejó en libertad por vencimiento de términos pero condicionados a pagar una caución millonaria a fin de “garantizar que los sindicados signa compareciendo en el proceso”.	El Juez José Luis Otero Hernández sostiene que la acción de habeas corpus como medio excepcional de protección de la libertad “no puede desconocer los trámites judiciales dispuestos para el proceso penal, ni el juez constitucional encargado de resolverlo puede sustituir a los funcionarios encomendados del conocimiento de tales procedimientos ordinarios”.