Poner orden. Así, en dos palabras, podría describirse la importancia de una reciente sentencia de la Corte Constitucional, que a comienzos de marzo se pronunció sobre varias acciones de tutela, relacionadas con pensiones. La decisión del alto tribunal tiene que ver con reliquidaciones de las mesadas de jubilación de once ciudadanos, que en su momento fueron aceptadas por el Consejo de Estado.	Concretamente, éste último le dio validez en segunda instancia a las peticiones de recalcular el ingreso base de liquidación, tomando en cuenta factores adicionales a lo dicho por la Corte en un fallo del 2013. La discusión tocaba a personas que estaban cobijadas por el régimen de transición que entró en vigor tras sancionarse la Ley 100 de 1993. El efecto práctico es que así se superaba el tope de 25 salarios mínimos establecido por la ley.	No menos importante, es el martillazo al Consejo de Estado, cuya actitud estaba rayando en lo desafiante. En pocas palabras, el máximo órgano de lo contencioso administrativo había adoptado la línea de que la jurisprudencia de la Corte Constitucional no había que seguirla necesariamente. Al respecto, esta última señaló que ninguna otra corporación puede apartarse de lo que diga la institución que interpreta la Carta Política.