El ejecutivo va a emprender una profunda reforma a los alivios que otorga a los colombianos para que esos recursos no se despilfarren y lleguen efectivamente a los ciudadanos menos favorecidos.__________________________Gran parte de los subsidios en el país son necesarios para atender a la población menos favorecida, pero un porcentaje importante de esos recursos nunca llegan a su destino o están mal distribuido. De allí la urgencia del Gobierno de emprender una profunda reforma al sistema de subsidios. De este cambio serán protagonistas el Departamento Nacional de Planeación y el DANE.Sin duda, Colombia está en mora de adelantar una revisión a fondo del sistema de subsidios, que anualmente requiere una inversión de más de $84 billones, equivalentes al 9% del Producto Interno Bruto del País (PIB) y se “devora” casi la tercera parte del Presupuesto General de cada año.De este total de los $84 billones que se destinan en subsidios,	$31.9 billones van para educación, $16.1 billones a salud, en pensiones $18 billones, para la formación de trabajo se canalizan 6,6 billones y en la atención de los subsidios de energía $3,8 billones entre otros rubros.Lea también: ¿Estaríamos ante el mayor desfalco a la educación?SocializaciónPero esta situación no es nueva ni es repentina ya que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha venido insistiendo en la necesidad de modificar los subsidios. El Gobierno, tal y como ya lo había advertido al presentar el Plan de Desarrollo, reitera en el proyecto de Presupuesto 2020 que el año entrante arrancará el Sisbén IV, que se constituye en una depuración de la población que recibe subsidios de energía, gas y de programas como Familias en Acción.En el mensaje presidencial radicado junto con el proyecto del Presupuesto hay un aparte especial sobre esta “estrategia de focalización efectiva del gasto”, que se señala que el	permite pensar “en una revisión de la focalización de recursos en programas de inversión”.Al respecto, el Gobierno advierte que los estudios realizados sobre la forma en que se determinan y distribuyen los subsidios públicos domiciliarios de energía, acueducto y alcantarillado y gas natural, así como los subsidios a programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, entre otros, y los apoyos a la actividad agropecuaria, como siembra y comercialización de fibra de algodón, almacenamiento de arroz, ingreso cafetero, etcétera, “muestran que existe margen para replantear el costo presupuestal asociado al actual esquema de focalización de los recursos”.Frente a los servicios públicos, pone de presente el Ejecutivo que en ningún caso las contribuciones cubren completamente el gasto de los subsidios, por lo que para subsanar el faltante debe recurrirse al Presupuesto, y esto redunda en que el sistema tenga un déficit que se acumula anualmente, “producto de la desproporción entre subsidios y contribuciones”.Lo grave de esta situación es que los subsidios representan	1,6 veces el presupuesto de inversión, promedian el 43% del Presupuesto General de la Nación y representan 5,2 veces el costo que tendría el Metro de Bogotá y además unas 7,3 millones de personas reciben subsidios sin que verdaderamente los necesiten y 300.000 colombianos que los requieren se encuentran por fuera del sistema y están en la absoluta indefensión.Entre los problemas que se han detectado están, por ejemplo, que	siguen recibiendo las ayudas del Gobierno, personas con buenos ingresos económicos e incluso beneficiarios con viviendas de altos precios.A esto se suman fallas en las transferencias que no son progresivas, están mal focalizadas y no están llegando a las personas que más las necesitan. DepuraciónAnte este panorama, el subdirector del Departamento de Planeación Nacional, Rafael Puyana, manifestó que adelanta el denominado Sisbén IV, que busca depurar los listados para llegar a las familias más necesitadas, teniendo en cuenta que a la fecha hay un rezago muy importante.Dijo que	y durante este tiempo puede estar generando el problema de que se están entregando recursos a personas que no necesitan la ayuda o los auxilios. Por ello, el Gobierno se comprometió que al cierre del año se podría tener ya un barrido definitivo de los municipios colombianos con el nuevo Sisbén 4.0.Entre tanto, Prosperidad Social, entidad del Gobierno que se encarga de desarrollar programas sociales para la superación de la pobreza, inició en Córdoba y Nariño el piloto de la llamada Estrategia Unidos, el cual se aplica en 24 municipios de Córdoba y en 53 de Nariño, para un total de 77 poblaciones y 70.988 grupos familiares.Este piloto implica acompañamiento familiar en la vivienda de los hogares seleccionados, actividad que desarrollarán 1.780 cogestores sociales. Los resultados que arroje el piloto permitirán el rediseño de la Estrategia Unidos,	. De este modo, se da cumplimiento al mandato específico que en ese sentido ordena el Plan Nacional de Desarrollo.De allí que una misión del Dane y Planeación Nacional comenzó a revisar con detenimiento el proceso de estratificación, para medir la situación de las familias y saber quiénes necesitan o no la entrega de las ayudas del Gobierno nacional en materia de energía y gas.Una de las conclusiones que queda es que el Gobierno nacional no va acabar con los subsidios, pero sí le hará una reestructuración a fondo, para hacerlos más eficientes.Lo que se viene con el PNDLa propuesta de la hoja de ruta para el cuatrienio en el Plan Nacional de Desarrollo, incluye el pago de aportes de salud por parte de quienes hoy están subsidiados, pero que ya superaron la pobreza; la puesta en marcha de la cuarta versión de la base de datos del Sisbén (Sisbén IV) para entregarles ayudas a quienes realmente las requieren; la desaparición de la clasificación por estratos del 1 al 6, y el apoyo a los hijos de quienes están en el programa Familias en Acción, después de terminar sus estudios, entre otros aspectos.En cuanto a los subsidios de salud, la meta es que e	comiencen a contribuir en el sistema de aseguramiento.En la actualidad, casi el 50% de la población recibe subsidios de salud, mientras que la pobreza ha bajado del 52% al 27%, desde el 2002.El régimen subsidiado se creó con la Ley 100 de Seguridad Social En Salud, en 1993, y su finalidad ha sido permitir a la población más pobre del país, sin capacidad de pago, el acceso a los servicios de salud a través de un subsidio estatal.