La investigación está a cargo de Karen Contreras Andrade, procuradora provincial de Santa Marta en calidad de encargada, que en un documento dejó explicito que el proceso busca "verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, identificar e individualizar a los servidores públicos presuntamente comprometidos y establecer si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad".