En los últimos días, Ecuador se sumó a Perú y Chile como países que han empezado a ejecutar restricciones para la migración que está llegando desde Venezuela. Esto, de alguna forma cierra la puerta a la llegada de muchos de estos ciudadanos de la vecina nación, lo que para los expertos supone un gran desafío para Colombia.	La medida que introdujo el Gobierno de Lenín Moreno no supone una prohibición, pero como explica Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, “la imposición de esta visa, que de humanitaria no tiene mucho, obliga a que los migrantes tengan documentación, con ciertas características y con cinco años de vigencia.	Además, se exige un formulario que vale US$50. No hay que perder de vista que hoy en día es muy difícil conseguir esos papeles y un pasaporte en el mercado negro cuesta entre US$2.000 y US$5.000, lo que hace que se convierta en una barrera para una gran mayoría de venezolanos”.	Ante esta situación, los expertos coinciden al afirmar que, ante las restricciones, Colombia se va a convertir en un destino mucho más probable para la migración. “La gente va a seguir saliendo, y al final va a ir a parar, por cercanía, vecindad y demás, a Colombia, es decir, ahora no se repartirá entre toda la región”, apunta Mauricio Reina, investigador asociado a Fedesarrollo.	Por su lado, Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada en la Escuela Schar de Política y Gobierno de la Universidad George Mason, en EE. UU., señala que “el hecho de que Ecuador se una a Perú o Chile entre los países que imponen restricciones dirigirá, sin duda, a más personas hacia Colombia”.	Sin embargo, Correa-Cabrera va más allá y apunta a que sumado a “mayores presiones económicas y sociales en países como Colombia”, también va a tener un impacto importante en fenómenos como la delincuencia: “Atraerá una mayor participación de redes de traficantes de personas que se organizarán mejor para ofrecer sus servicios a los venezolanos, al tiempo que los colocará en mayores condiciones de riesgo, desviándolos hacia rutas más peligrosas”.	Esta opinión la comparte Olga Sarrado Mur, vocera del ACNUR para la situación de Venezuela, quien resalta que “nos preocupa que las nuevas medidas impuestas por algunos países de la región para la entrada de refugiados y migrantes venezolanos tengan un impacto negativo en su seguridad. Apoyamos los esfuerzos de varios Gobiernos en la región para regularizara esta población”.	Estas personas están migrando por necesidad y no por gusto, por lo que lo único que se consigue es fomentar la irregularidad”, al tiempo que dejó claro que el país no irá en ese camino, pues “el Gobierno ha decido no sólo flexibilizar la normatividad migratoria, sino trabajar en estrategias que permitan incorporar esta población a la sociedad”.