La semana pasada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó el traslado de los cerca de cuatro millones de afiliados de Medimás hacia varias EPS que no estén sometidas a medidas de vigilancia por parte de la Superintendencia de Salud y que además cumplan las condiciones económicas y técnicas para la prestación del servicio.	"Vamos a continuar garantizando la prestación de los servicios a los usuarios, como lo hemos venido haciendo pese al anuncio aquel de la revocatoria. Nosotros nos permitimos decirle al país que seguimos prestando el servicio con las dificultades propias del sector. E interpondrá en el marco de los derechos constitucionales que tenga los recursos que correspondan", señala Elemir Pinto, contralor interno de Medimás.	“A la liquidadora Ángela María Echeverry, actual interventora se le enviaron decenas de denuncias para que persiguiera a los corruptos y a los dineros con los que hoy se podría activar la prestación del servicios de salud, pero ella no hizo nada y los verdaderos responsables, los antiguos dueños de Café Salud y Cruz Blanca hoy están felices porque no devolvieron un solo pesos de los 6,5 billones de pesos que se robaron”	Por su parte, el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Roberto Gómez, dijo que “el Ministerio de Salud debe clarificar de una vez por todas lo que está pasando con los recursos que esta recepcionando a través de ADRES, porque los damnificados de estos malos manejos son los usuarios y por supuesto los trabajadores”.	ya que se radicará en los próximos días más de 4.000 tutelas en el Consejo de Estado, cientos de juzgados y tribunales en todo el país pidiendo la revisión del fallo por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que no se produzca una masacre laboral y así se respete el derecho a la salud por parte de los afiliados a Medimás.