El fallo es una respuesta a la acción de tutela instaurada por la Procuraduría Provincial de Cartagena, en cabeza de María Cristina González Franco, en contra de la Alcaldía de Cartagena, el Ministerio del Interior, el INPEC, la dirección de la cárcel de San Diego y la Defensoría del Pueblo por la vulneración a los derechos a la vida, integridad personal, igualdad, tranquilidad y dignidad humana de las reclusas, personal administrativo y de guardias de seguridad que laboran en el penal.