La propuesta contenida en los artículos 279 y 282 del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) es un error monumental. Existen razones de constitucionalidad e inconveniencia: el numeral 19 del art. 150 de la Constitución Política otorga esta facultad al gobierno, mientras que el art. 154 de la Constitución establece que los literales a, b, y e de este numeral 19, solo pueden ser reformados por iniciativa del gobierno.	Entre las razones de inconveniencia está, que a mayores aranceles, mayores serán las cantidades de contrabando que llegarán al país, en contravía con una de las justificaciones para solicitar el aumento de los aranceles, como lo es que el contrabando los está afectando mucho (a todos por igual). De aumentarlos, se incrementará el precio de los productos importados legalmente, generando más rentabilidad al contrabandista. Es absurdo que el grupo de confeccionistas con su solicitud, le mejore el negocio al contrabando. ¡Vaya paradoja!	De prosperar la solicitud en el PND, se afectaría negativamente a los grandes inversionistas nacionales y extranjeros que representan la modernidad y la formalidad en el mercado colombiano,pues los mayores confeccionistas del país realizan todas las operaciones empresariales: importan, exportan, confeccionan y comercializan en los mercados internos y externos. Subir los aranceles implicaría destruir su precaria rentabilidad, lo que seguramente disminuiría sus inversiones en Colombia e incluso los llevaría a suspender otras. Estaríamos destruyendo inversión. ¡Vaya paradoja!	De aceptar el Congreso el aumento de los aranceles a las confecciones, los hogares se verían muy afectados por el incremento esperado hasta de 25% en los precios de venta al público de la ropa, a la vez que el impacto estimado en el IPC, sería de 1%. Este afectaría más a las clases medias y bajas, cuya participación en el gasto en confecciones como proporción de sus ingresos es mucho mayor. ¡Vaya paradoja!	También se han promovido muchos mitos alrededor de la actividad de las confecciones: aducen que se han perdido más de 600 mil empleos. Nada más alejado de la realidad. Según las cifras del Dane, estas emplean solo unas 270 mil personas, curiosamente cifra muy similar a la generada por los comerciantes de confecciones. Otro mito es que las importaciones mayoritariamente pagan 15% de arancel: la mayoría de las confecciones de Colombia, que están por debajo de US$10 por kilogramo, ya pagan 40%.	Por la desprotección que sufriría la industria nacional de confecciones, la eventual entrega de este negocio a los contrabandistas, y por el impacto negativo en la inflación a los más vulnerables, respetuosamente, solicitamos al Congreso de la República excluir los artículos 279 y 282 del texto del proyecto de ley del PND.