El gobierno Duque no atribuye algún valor político, jurídico y ético al denominado protocolo secreto (adjunto) del acuerdo de negociación diálogos de paz gobierno colombiano-ELN que había sido firmado por el anterior gobierno. Sin embargo, Noruega y Cuba, dos países garantes de las negociaciones, se han declarado a favor del documento (protocolo secreto) y velan porque dichos compromisos se cumplan y para que las actividades se ejecuten de conformidad con sus obligaciones internacionales. Algunos expertos subrayaron la importancia del principio de la buena fe y actuación leal en las negociaciones o principio de protección de la confianza legítima, principios básicos que regirían la creación y el cumplimiento de obligaciones jurídicas.Las decisiones de iniciar un diálogo de paz, por un periodo de tiempo determinado, teniendo prevista una estrategia de salida, están orientadas hacia el desarrollo sostenible y se centran en los individuos como principales protagonistas. Ello implica que se respeten y fomenten todos los derechos humanos y las libertades fundamentales durante el diálogo y las consultas. En consecuencia, el incumplimiento por una de las partes de una obligación derivada del principio de respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho, se traduce en una clara violación al plan de negociaciones, de la Constitución y de toda norma moral o legal.	Y la primera pregunta que se nos plantea, naturalmente, es: ¿qué valor tiene un protocolo denominado secreto —dentro de los denominados diálogos formales de paz y que a menudo reposan en una esquina llena de polvo de los archivos de documentos— ante un atentado terrorista suicida con coche bomba que tiene por objeto socavar la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley? Uno se pregunta cómo se puede hablar del valor jurídico o político del denominado Protocolo secreto cuando en esta cobarde y vergonzosa acción cometida contra quienes no pueden defenderse se incumplió gravemente el régimen de cesación del fuego y se violaron sin escrúpulos los derechos humanos de hombres y mujeres y, en consecuencia, se quebrantaron gravemente la libertad y la dignidad humana. Se transgredieron de manera flagrante el principio de soberanía y de integridad territorial de Colombia, en particular se vulneró la confianza legítima y las reglas sobre la legislación antiterrorista, así como del principio “neminem laedere”.	Reiteramos que toda solución pacífica y negociada para un futuro acuerdo de paz que se asienten en principios de derecho internacional, en las resoluciones de la ONU acerca de la cuestión, incluyendo los protocolos secretos (arreglos facultativos, adicionales), o una etapa en el camino hacia una solución de esta naturaleza, es, de manera absoluta e inequívoca, incompatible con el uso de la violencia, el extremismo y el terrorismo.	Créanlo, estimados lectores, el diálogo es fundamental para la paz, pero el respeto del derecho y el respeto de los derechos humanos también lo son y no hay que separarlos. Los diálogos de paz sin mecanismos de control sin “reglas de juego” claras y sin posibilidades de sanción efectivos a los infractores convierte a la democracia en papel mojado, y nosotros queremos algo mejor. La palabra y la firma se convierte en papel mojado cuando los derechos humanos fundamentales no se respetan o se violan de modo flagrante sistemático y masivo; no podemos hacer la vista gorda ante los actos inhumanos de violencia y de atrocidades terroristas indiscriminadas que afectan, principalmente, a la población civil no combatiente. Sin lugar a duda, existen muchas vías para lograr una solución general y definitiva al problema de este conflicto prolongado sin comprometer los principios de la justicia internacional y todos los principios en los que se basa la labor del Consejo de Seguridad, la de las propias Naciones Unidas, así como las relativas a la ejecución o el incumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La lucha contra las organizaciones terroristas exige la mayor firmeza y no se puede permitir que se produzcan negociaciones basadas en la buena fe y la confianza mutua o se hagan concesiones mientras prosiguen los atentados terroristas contra sus ciudadanos o sin identificar y castigar a los culpables de tales actos. Muchas gracias por su atención.