Un aspecto más del articulado es que la norma que expresa que quedará prohibido la presencia de encapuchados durante cualquier tipo de marchas, es decir, no solo en las grandes movilizaciones y al respecto se indica que “no se permitirá la presencia de encapuchados o de personas que empleen cualquier mecanismo que impida su identificación en el desarrollo de la manifestación o en los comunicados que sirvan como medio de invitación a participar en marchas”.	Un punto más que se incluye en esta ley estatutaria es que se le notifica a quienes estén en las marchas que “no se permitirá el uso de cualquier elemento que pueda ser empleado para atentar en contra de la integridad física de los miembros de la fuerza, terceros y el patrimonio público y/o privado. Su uso implicará la imposición de sanciones señaladas en la presente Ley”, indica.	Los manifestantes que sean identificado como violentos y los saboteadores de la manifestación podrán ser enviados a lugares especializados de reclusión para iniciar la imposición de las sanciones correspondientes, además se señala que podrían enfrentarse a sanciones económicas, pedagógicas o pérdida de beneficios educativos y pagar multas que van desde los 5 hasta los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes o también podrían ser obligados a prestar servicio social, a pedirle perdón a la ciudadanía por las faltas cometidas durante la manifestación, participar en campañas educativas y desarrollar actividades de limpieza en las calles y los bienes públicos afectados durante la protesta.	Finalmente el proyecto obligaría a los promotores de la protesta a adquirir una póliza de seguro especial que cubra la totalidad de los daños que eventualmente sean causados durante las marchas, se crearía un fondo especial para indemnizar, por una sola vez, a los comerciantes que resulten afectados por las movilizaciones sociales.