El segundo informe del Instituto Kroc¹, institución acordada por el Estado Colombiano y la extinta guerrilla de las Farc-Ep para hacer seguimiento al estado de la implementación de los acuerdos de La Habana y que contribuya a su respectiva materialización, da cuenta de que el punto dos de los acuerdos de paz es el menos implementado hasta el momento, situación que pone en riesgo el proceso y la sociedad misma.	El punto dos —participación política: apertura democrática para construir país— acordado en la pasada agenda de paz en La Habana se constituye en un reto para devolver la legitimidad perdida a un sistema político corroído hasta la raíz por la corrupción (que desfalca más de 50 billones de pesos al año), por la manipulación de las instituciones en políticos del bloque dominante atornillados en los espacios donde se toman las decisiones, donde las instituciones del Estado funcionan cada una por su lado cuando se trata de ampliar el horizonte democrático de la sociedad y donde los sistemáticos asesinatos por razones políticas contra líderes sociales (ascienden a 566 desde 2016 hasta la fecha) y miembros del partido Farc (85 miembros desde la firma de paz²) continúan en aumento.	Por su real importancia para construir una mejor sociedad, por la potencia transformadora que contiene este acuerdo hacia la participación, la democracia y la toma de decisiones es que el tercer mandato uribista —representado en el inexperto Iván Duque—  intenta boicotear su efectiva implementación desde todas las esferas estatales y sociales, donde este sector político de la clase dominante está presente: poder ejecutivo, legislativo, judicial.	Burlando a las víctimas del conflicto, el Centro Democrático logró hundir el proyecto de ley que daba vida a las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz y con ello acabó con la posibilidad real en el corto plazo, que quienes sufrieron el rigor de la guerra en carne propia pudieran estar presentes en el Congreso de la República. De la misma forma, han logrado frenar la reforma política, para no dejar iniciar la llamada apertura democrática, algo elemental en un Estado que constitucionalmente se dice ser social y de derecho.	A pesar de las múltiples barreras que le han puesto a la implementación de los acuerdos de paz, se han logrado ganancias históricas, de esas que ni siquiera la misma Constitución Política Nacional logró materializar: se habla del Estatuto de Oposición, creado mediante la ley 1909 de julio de 2018 y que permite hacer oposición política como derecho y con una serie de medidas y garantías. De la misma manera, este acuerdo permitió que se cree el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia mediante el decreto 885 de mayo de 2017³, órgano asesor y consultivo del gobierno nacional, que entre sus grandes principios motores es que “la política de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización es una política de Estado, permanente y participativa”	Nadie dijo que disputar la implementación de los acuerdos de paz iba a ser fácil, sobre todo cuando se trata de un documento que contiene en sus letras la potencia transformadora de una sociedad hacia la paz con justicia social, los cimientos de una nueva institucionalidad que se guíe por las garantías de derechos sociales, económicos y culturales de las mayorías del común, aspectos que no conoce aún está Colombia y que el bloque de poder dominante se niega a reconocer. Es una franca disputa entre una ciudadanía del común, un movimiento social y popular activo y una colectividad política diversa que sabe del valor histórico por el que atraviesa la nación y de la oportunidad de dejar atrás una guerra que dejó miles de muertos, desplazados y tierras usurpadas, contra los sectores más conservadores, fanáticos y corruptos del país que quieren dar continuidad a una salida militar del conflicto y perpetuarse en el poder.