Eso fue lo primero que me vino a la mente cuando el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, recientemente respaldó la candidatura inconstitucional del presidente de Bolivia, Evo Morales, para un cuarto mandato, y cuando el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump se quedó callado ante el anuncio de la nueva candidatura de Morales.	Eso es exactamente lo que fueron hasta hace poco Venezuela y Nicaragua, hasta que el derramamiento de sangre obligó a Estados Unidos y otros países a prestarles atención. Antes de que eso sucediera, los gobernantes de Venezuela y Nicaragua pudieron llevar a cabo sus golpes en cámara lenta, desmantelando gradualmente las instituciones democráticas, mientras que el resto del mundo ocultaba la mirada.	Argumenta que la Convención es un tratado internacional y, por lo tanto, está por encima de las leyes nacionales de Bolivia. Para dar algún tipo de sustento legal a su argumento, Morales hizo que el Tribunal Constitucional de Bolivia —controlado por él— valide su derecho a postularse para un nuevo periodo en las elecciones del 20 de octubre.	Morales lanzó su campaña un día después de que Almagro visitara Bolivia y, en un sorprendente giro político, dijera que sería “absolutamente discriminatorio” privar a Morales de su derecho a postularse para un nuevo mandato. El gobierno de Bolivia y los medios de comunicación oficiales celebraron la declaración de Almagro como un respaldo total a la campaña de Morales.	Trump y las principales democracias de América Latina no han dicho prácticamente nada sobre el anuncio de Morales. Cuatro días después del comunicado, en el momento de escribirse este artículo, la jefa del Departamento de Estado para América Latina, Kimberly Breier, aún no había condenado la decisión de Morales en su cuenta de Twitter, a pesar de haber escrito más de 50 mensajes en ese lapso.