En su concepto, en el Congreso incorporaron a este nuevo tributo nacional otro que es “de carácter local como lo es el impuesto de industria y comercio consolidado, que incluye el impuesto complementario de avisos y tableros (ICA) y la sobretasa bomberil y, por ello, se produjo una injerencia indebida por parte del legislador”.	Para sostener esto, argumenta que si la Nación pasa a tener el control parcial de estos gravámenes territoriales, se “vulnera la autonomía territorial en materia fiscal, por cuanto deja en el limbo la protección constitucional (...), que los faculta para administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.	El apoderado de la entidad tributaria, por ejemplo, le dijo a la Corte que no están administrando los recursos que son de las regiones. Se trata “de recaudarlos y transferirlos bimestralmente a las autoridades municipales y distritales competentes, una vez se realice el recaudo, situación que, antes que generar una invasión a la autonomía territorial, lo que genera es un beneficio”.	En esto coincidieron los delegados de Palacio y del Minhacienda. El primero indicó que “los entes territoriales que administran el ICA conservan sus facultades de regular aquellos aspectos que no determinó específicamente el legislador”, mientras que el segundo fue más allá y defendió el Simple, argumentando que se garantiza que los recursos de las regiones seguirán quedando en sus manos, y no en las del Gobierno Nacional.