La semana pasada el Presidente Duque en su empeño por potenciar el desarrollo empresarial como fuente de crecimiento económico y generación de empleo, suscribió 12 pactos sectoriales , en línea con el anuncio que la Vicepresidente, Martha Lucía Ramírez le hizo al país hace dos meses. Y fue justamente ella quien durante las últimas semanas lideró el proceso de construcción colectiva de compromisos tanto del sector público como de los empresarios.	La apuesta del Gobierno ha sido el diálogo público-privado para trabajar por la eliminación de barreras al aumento de la productividad. Esto, en complemento a la agenda que de manera disciplinada ha venido adelantándose en el marco del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, cuyo Comité Ejecutivo se ha reunido sin falta cada mes durante el último año.	El Gobierno estima impactos globales en tres indicadores clave: producción, exportaciones y empleo. Se anunció que, durante el cuatrienio, los 12 sectores que ya suscribieron pactos aumentarán su producción en COP 13,4 billones (más de un punto del PIB de la nación) y sus exportaciones en 53 % (de 6.703 millones a 10.279 millones), generando así 866.000 empleos adicionales a 2022.	Uno de los aspectos a destacar del ejercicio es que el Gobierno fijó desde el inicio unas reglas de juego, entre las cuales está la necesidad de hacer seguimiento a partir de indicadores concretos como los mencionados. Igualmente, relevante es la solicitud que hizo el gobierno a los sectores de abstenerse de solicitar subsidios para que, en su lugar, las medidas priorizadas sean transversales con foco en provisión de bienes públicos claves.	De hecho, algo que no se mencionó en el evento de suscripción de los pactos, pero que es meritorio y digno de reconocimiento, es que se optó por postergar la firma de pactos con sectores que han insistido en que el Gobierno nacional adopte medidas incompatibles con dichas reglas de juego.	Las metas sectoriales que se ha estimado llevarán a los impactos agregados en producción, exportaciones y empleo, incluyen acciones como: la sustitución de 50 mil hectáreas de cultivos ilícitos con cacao, la definición y reglamentación de una política pública de economía naranja, la consolidación de una fuente única de información sobre el sector forestal, la generación de incentivos para la formalización de prestadores de servicios turísticos, y la lucha contra el contrabando y la competencia desleal en el sector moda, entre otros.	Frente a estas últimas, es de resaltar que los pactos incluyan dichas medidas. En un país con niveles de informalidad empresarial de 60 % a 75 % (según la medición) y donde prácticas como la evasión y el contrabando están a la orden del día, es fundamental que la política pública combine esfuerzos para eliminar prácticas que por la vía de la competencia desleal afectan el desarrollo de negocios formales que, en condiciones normales, podrían crecer y generar empleo. Ya hay firmados 12 Pactos por el crecimiento y se prevé hacerlo con otros sectores. Lo que sigue, para garantizar su éxito es hacerles seguimiento, con transparencia y responsabilidad.