Que adelantar proyectos en Colombia no es fácil, es algo que prueban incontables ejemplos. A pesar de las giras que periódicamente hacen los altos funcionarios del Gobierno de turno con el fin de invitar a empresarios de otras latitudes para que prueben suerte en el país, los tropiezos abundan por cuenta de diversas circunstancias.	Los casos más notorios, debido a los recursos involucrados y el tamaño de la población afectada, se encuentran en Bogotá. La suspensión de facto de la licitación que permitiría la construcción del carril de TransMilenio por la séptima o de la iniciativa del parque San Rafael, tienen en vilo la generación de unos 40.000 empleos y la inversión de unos tres billones de pesos que, sin duda, impulsarían a la economía local.	Y si ello ocurre en el Distrito Capital, es fácil imaginar lo que pasa en lugares más apartados. Así lo comprueba el viacrucis de Elecnorte, una compañía que en el 2016 se ganó en franca lid un contrato que busca reforzar el sistema de transmisión eléctrica en La Guajira. El propósito del mismo es tender cables y construir torres a lo largo de 138 kilómetros con el fin de unir a Cuestecitas -al sur del departamento- con Riohacha y a esta última con Maicao.	De completarse la iniciativa, el riesgo de apagones o cortes involuntarios se reduciría de manera significativa. Según los cálculos de sus responsables, la entrada en operación de la nueva red beneficiaría a unas 50.000 familias en forma directa y a otras 200.000 de manera indirecta. Dentro de sus particularidades, está la instalación de más de 10.000 desviadores de vuelo, con el fin de no afectar a las aves migratorias que pasan por la zona o diseños para minimizar la afectación forestal.	La obra comenzó en marzo del 2019, tras un largo proceso de obtención de permisos y realización de consultas con las poblaciones afectadas. En total se adelantaron 144 consultas con diferentes comunidades wayú, además de los cuatro pueblos que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta (Koguis, Arhuacos, Wiwas y Kankuamos), junto con seis consejos en representación de los afrodescendientes del área.	Contrario a lo que alguien podría imaginar, no se trata de procesos generales, sino individuales. En cada caso fue necesario realizar al menos un taller de impacto, junto con una labor de identificación de las mitigaciones y la firma del respectivo acuerdo, que se remite al Ministerio del Interior. El diálogo hizo que las obras comenzaran sin tropiezo, alcanzando a la fecha un avance del 50 por ciento.	Sin embargo, tres tutelas llevaron a que el pasado 11 de junio se suspendieran las labores en la zona. Los demandantes, pertenecientes a nueve comunidades que viven fuera de la zona de influencia, son representados por una organización no gubernamental que asegura tener una treintena de derechos de amparo adicionales en el proceso.	Tal como están las cosas, resulta dudoso que el proyecto entre en operación en diciembre. Por tal motivo se abre un enorme signo de interrogación respecto a la terminación de un emprendimiento valorado en 330.000 millones de pesos, que les mejoraría las condiciones de vida a decenas de miles de personas. Esa es la realidad de un país en el cual la inseguridad jurídica y los riesgos al alza, dificultan el desarrollo de la infraestructura.