formulamos en torno de las inconsistencias contenidas en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial que la administración municipal presentó en sesiones extraordinarias convocadas por el alcalde. Ayer se conoció que el proyecto fue retirado, con lo cual la discusión pasa a manos del nuevo alcalde de Turbaco y los concejales del periodo 2020-2023. Tal decisión enaltece al alcalde Alcalá no solo porque el proyecto dejaba muchas dudas sobre el procedimiento implementado para su aprobación, sino también porque lo correcto es dejar semejante decisión en manos de quienes tendrán a su cargo por cuatro años los destinos de Turbaco, y no proceder a las volandas a aprobar el futuro ordenamiento del municipio en los estertores de la actual administración.	Y por los lados de Cartagena, la declaratoria de nulidad del Acuerdo 033 de 2007 por el cual el se modificó excepcionalmente el Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena contenido en el Decreto 0977 de 2001, sustentado básicamente en que ni la Alcaldía ni el Concejo Distrital realizaron los cabildos abiertos, los estudios previos y sin competencias plenas, pretermitiendo procedimientos e instancias exigibles para las revisiones y modificaciones de los planes de desarrollo, ponen a la ciudad en una coyuntura que le adiciona mayor incertidumbre al desarrollo urbano.	Con la decisión del Consejo de Estado quedan limitados los suelos de expansión industrial, la expedición de nuevas licencias de construcción, planes parciales, macroproyectos o cualquier reglamento urbanístico de los que se expedían con base en el Acuerdo 033. En suma, solo se podrá aplicar el POT de 2001, sin que se pueda contar con las modificaciones e interpretaciones a través de circulares que se expidieron con fundamento en el Acuerdo 003, pues han perdido vigor. Solo subsistirán aquellas situaciones consolidadas antes de que quedara en firme esta decisión de la corporación contenciosa administrativa.	Sin entrar a analizar aún lo que significó de bueno y de malo el Acuerdo 003 y sus desarrollos, a la realidad que veníamos denunciando desde estas páginas se agrega ahora esta nueva situación jurídica que no deja otra salida distinta a que la nueva administración distrital presente, mientras se elabora y aprueba el nuevo POT, modificaciones excepcionales que hagan frente a las realidades más apremiantes, para reducir en lo posible los efectos dañosos de una profundización de la crisis que padece el sector de la construcción.