Este año la definición del salario mínimo se dará en un entorno político y social muy diferente al del año pasado. En 2018 la Administración se anotó dos victorias: un aumento del 6 por ciento -el aumento más alto en términos reales en 25 años- y logrado mediante concertación, evitando la definición por decreto, algo que solo se ha logrado 6 veces en los últimos 20 años.	Aunque el propio presidente Iván Duque ha manifestado que este año no presentará ninguna reforma laboral ni de pensiones, circulan en el debate público propuestas sobre salarios y contratación laboral, así como iniciativas de origen parlamentario sobre primas y jornada laboral. El partido de gobierno Centro Democrático presentó en el Congreso su propio paquete de medidas para los trabajadores, que aún no cuentan con el pleno aval del Gobierno.	La lluvia de propuestas no debe sorprender a nadie. Las altas tasas de desempleo- que ya están en los dos dígitos- son uno de los lunares más evidentes del desempeño económico de la administración Duque. Para muchos analistas el aumento del 6 por ciento del salario mínimo para este año, sin estar atado a un aumento en la productividad, no sólo encareció los costos laborales, sino también pudo frenar la generación de más puestos de trabajo.	Al gobierno Duque le convendría que de la negociación del salario mínimo saliera un resultado similar al año pasado: un aumento alto y producto de la concertación. Más allá del balance de la jornada de paro de este jueves 21, este resultado le brindaría a la Casa de Nariño poderosa munición para un mensaje de más ingresos a los trabajadores y de capacidad de diálogo social y de construir consensos.	Por otro lado, por más impopular que sea, aumentar el salario mínimo más cerca de los dos dígitos impacta la necesaria generación de empleo formal y golpea en especial a las pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores. La ruta hoy hacia un salario mínimo por consenso debe sortear un complejo ambiente político y unas válidas preocupaciones económicas.