La más reciente actuación especial de la Contraloría General de la Nación reveló 16 hallazgos fiscales por 8157 millones de pesos y un balance poco alentador sobre la gestión de la Sociedad de Activos Especiales en la administración de los bienes que se encuentran extintos o proceso de extinción de dominio.En total fueron 27 hallazgos administrativos, de los cuales 16 tienen incidencia fiscal y están originados en la falta de gestión de la SAE en la recuperación de los recursos obtenidos por concepto de la productividad de los bienes del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) que administra.El órgano de control señaló que “si bien es cierto, la SAE ha implementado mecanismos de control y seguimiento con el objeto de minimizar los riesgos en la productividad de los bienes inmuebles, estas no han sido efectivas ni suficientes, por cuanto se determinó que aproximadamente 2655 millones de pesos se están quedando en manos de terceros y no están ingresando al Frisco”.La Contraloría concluyó tras la actuación especial que “la gestión de la Sociedad de Activos Especiales es inefectiva respecto de la administración de los bienes inmuebles con medidas cautelares”, y detalló algunos aspectos que fueron materia de control.Según la entidad, existen bienes respecto de los cuales se ha perdido la titularidad por falta de diligencia y cuidado de la SAE en su administración, como en el caso de los inmuebles con Ficha Comercial Inmueble FMI 080-38313, 080-28092 y 080-48254 de la zona de El Rodadero, en Santa Marta; 370 -328529 ubicado en Cali; y 50 N-20079500 de Bogotá.También determinó que los sistemas de información dispuestos por SAE, para el procesamiento y control de la información de bienes inmuebles y sus bases de datos no cumplen a cabalidad con los criterios de seguridad, calidad y cumplimiento.Así mismo, evidenció que, pese a que la SAE ha removido a depositarios que han incumplido con sus obligaciones, “los bienes correspondientes continúan bajo su administración, debido a la falta de retoma física por parte de esta entidad, situación que pone en riesgo los recursos de la productividad, toda vez que el ocupante continúa cancelando los cánones de arrendamiento al depositario removido”.Explicó que de una muestra seleccionada de depositarios provisionales removidos por la SAE (6), se encontró que todos ellos adeudan recursos al Frisco hasta mayo de 2019, por un valor de 5502 millones de pesos. “Esta situación obedece a una gestión deficiente en el cobro y recuperación de los recursos en manos de depositarios removidos, como resultado de debilidades en el seguimiento y monitoreo que realiza la SAE”, indicó la Contraloría.También resaltó que la SAE no tiene un inventario actualizado sobre la administración de los bienes del Frisco, así como que tampoco ha sido efectiva ni eficiente en las acciones de cobro de cartera, posterior a la expedición de la resolución que presta mérito ejecutivo, dejando en mano de algunos depositarios los recursos percibidos por la productividad de los mismos.Frente al estado de los inmuebles administrados, la Contraloría señaló que una de las herramientas que utiliza la SAE para realizar las ventas de los inmuebles con medidas de extinción de dominio, es a través de la Central de Inversiones S.A. (CISA); y determinó que varios de estos inmuebles que se encuentran “transferidos” a esa entidad, presentan situación de abandono, llevando meses y hasta años desocupados, sin generar productividad.