Según el vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Arnobis Zapata, cerca de 3 mil campesinos que equivalen a igual número de familias que se acogieron al Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS), retornarían a la siembra de coca tras los incumplimientos del Gobierno Nacional.De acuerdo con lo precisado por Zapata, ante la compleja situación varios campesinos han salido del territorio cordobés con destino a zonas como el Catatumbo (Norte de Santander)  y Nariño, a cultivar la hoja de coca para subsistir.Agrega que, el panorama es crítico en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, donde asegura que aún no han empezado los proyectos productivos anunciados desde hace ocho meses.“Si no tienen proyectos productivos no van a poder generar ingresos y si no generan ingresos tienen dos opciones, o desplazarse de los territorios o volver a sembrar coca. En estos momentos, le estamos haciendo el último llamado al Gobierno Nacional porque ya hicimos una movilización y el Gobierno adoptó unas medidas que  no han servido para nada porque todavía no se han implementado los proyectos productivos”, plantea Arnobis Zapata.Al tiempo establece que “hemos registrado entre 30 y 40 campesinos que se han ido al  Catatumbo y Nariño, a raspar coca, a buscar su comida por allá esperando los proyectos productivos. A la gente no se le puede pedir que no siembre coca porque el Gobierno incumplió con todo lo que había prometido. Estamos hablando de 3 mil familias que podrían volver a sembrar coca”.Como ultimátum, los campesinos dieron hasta mediados de septiembre para que el Gobierno Nacional, implemente los proyectos productivos en las citadas zonas golpeadas por la violencia en Córdoba.Frente a la grave denuncia, el coordinador del PNIS en Córdoba, Rafael Hoyos, manifiesta que “hay unas instancias para la implementación del programa, una que se llama Comisión Municipal de Planeación Participativa y cada dos meses nos estamos reuniendo, ahí participan los delegados de las comunidades, de las alcaldías y gobernación. Todos los delegados manifiestan continuar con el programa. Hay unas personas que han tenido dificultades con la entrega de documentos como el Sisbén, documento de predio, y digamos se ha suspendido, pero, no hay información  de que 3 mil familias estén pensando en retirarse del programa”.