Entre las normas transgredidas, la Procuraduría citó el artículo 397 de la Ley 599 de 2000 que establece que el peculado por apropiación se da cuando “el servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado (…) cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones”.