En Brasil el juez Sergio Moro lideró la campaña contra el expresidente Luis Inacio Lula da Silva y lo acusó de corrupción en la investigación del caso Lava Jato y Petrobras. Incluso le atribuyó que recibió un apartamento, sin comprobar la tenencia de documentos de propiedad del inmueble. La maquinaria mediática del Brasil consideró al juez como un héroe. Moro logró que a Lula da Silva lo condenaran nueve años y seis meses en una cárcel en Curitiba. Lula da Silva debido a esa condena no pudo presentase en la última elección presidencial.	El 16 de junio, el periódico digital “The Intercept”, dirigido por Glenn Greenwald, experiodista de The Guardián que publicó secretos de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos en 2013, comenzó a publicar grabaciones entre Moro y los fiscales de la investigación en Lava Jato, las que ponen en duda la imparcialidad del juez en el proceso. Así mismo la Revista JAVA reveló grabaciones de las conversaciones de Moro con los fiscales a los que les envió mensajes, que dejan en evidencia la parcialidad de los fiscales y el susodicho juez.	El actual presidente, Jair Bolsonaro, premió al juez Moro nombrándolo ministro de Justicia; sin embargo, debido a la gravedad de las acusaciones Moro deberá someterse a investigaciones como las que él inició y renunciar al cargo de ministro de Justicia. En The New York Times la periodista política Carol Pires escribió: “Al menos debe separarse de ese ministerio hasta que se investigue su conducta”. El País de España denunció: “Basta echar un vistazo a su trayectoria para comprobar que las investigaciones están direccionadas principalmente contra el Partido de los Trabajadores (PT)”. Greenwald afirmó que solo reveló el uno por ciento del material que recibió.	Moro al aceptar el Ministerio de Justicia del gobierno de Bolsonaro, puso en riesgo su imagen de imparcialidad, al hacerlo apoyó a un presidente cuyas convicciones son incompatibles con la ética y las normas de una Justicia justa. Un juez al aceptar ser ministro se subordina a un presidente que no reconoce que hubo dictaduras militares en Brasil; que justifica la tortura y de contera admira a Pinochet. La posición del hoy ministro contradice los principios que juró defender como juez, debido a que renuncia a la “ética jurídica” y pone bajo sospecha su función como juez. En Ecuador, Brasil, Venezuela y otros vecinos la corrupción de la justicia revela una cáfila de jueces y fiscales corruptos. También debemos mencionar a la exfiscal Luisa Ortega de Venezuela y su esposo el diputado Germán Ferrer, que huyeron hacia Colombia por estar “Ferrer acusado de participar en una red de extorsión que su esposa la fiscal ignoraba ex profeso”.