Es evidente que vivimos en un mundo hiperconectado en el cual la información se difunde en cuestión de segundos gracias a las bondades tecnológicas brindadas por la internet. Muchas plataformas ofrecen la posibilidad de comunicarnos de manera inmediata sin importar la distancia, aun cuando la adicción a las redes haya provocado la separación espiritual de quienes tienen cercanía física.	Es común que en los grupos sociales se diseñen chats para facilitar la difusión de mensajes. El canal es exitoso, pero tiene algún grado de peligro; uno muy evidente, la proliferación de noticias falsas lacerantes de la integridad moral; el otro, desconocido por muchos, extremadamente peligroso, el tráfico de material pornográfico que involucra menores de 18 años.	Esta práctica, con independencia del criterio moral, religioso y mientras no incluya niños, niñas o adolescentes, es permitida y representa el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, de hecho, tiene orígenes en lo más profundo de la historia de la humanidad, mediante la realización de esculturas y pinturas, aunque realmente la pornografía tuvo su auge con la aparición de la fotografía a partir del año 1824.	Cuando de menores de 18 años se habla, el reproche criminal es severo y abarca comportamientos insospechados. Pues, no solo será responsable de este delito quien fotografíe, filme, grabe o produzca representaciones reales de actividad sexual que los involucre, sino también quien lo divulgue, ofrezca, venda, compre, porte, almacene, transmita o exhiba este producto para uso personal o intercambio. No está de más decirlo, la pena de esta conducta oscila entre 10 a 20 años de prisión.	La razón de ser de la penalización de estos comportamientos es la protección de los bienes jurídicos a la libertad, integridad y formación sexual, tema de especial relevancia, cuando se refiere a personas que no han cumplido la mayoría de edad. Mi preocupación surge por la consulta reiterada sobre el particular, debido al flujo permanente de este material mediante las plataformas digitales, la mayoría de las veces, no con finalidad erótica, sino con fines jocosos, por iniciativa de quienes desconocen esta acción delictiva, la cual representa una forma de explotación sexual.	Este es un tema del cual poco se habla, ni se denuncia, incluso la situación pasa inadvertida. Sin embargo, es importante que la comunidad comprenda el daño y sus consecuencias. La invitación es sencilla y contundente: propugnar por anular este tipo de intercambios, no solo porque representa la exposición a una sanción, sino, principalmente, para procurar la defensa y respeto de los derechos de estas personas quienes por ningún motivo pueden ser protagonistas de actividades pornográficas en las redes o fuera de ellas.