Precisamente, hace poco, Uber dijo que decidió dejar de hacer una inversión de US$40 millones en Colombia para construir su tercer centro de excelencia en la región “por falta de estabilidad regulatoria y apoyo institucional a la innovación (...) El nuevo centro iba a generar 600 empleos aquí”, resalta la firma.	Cabe mencionar que hace unos días, el representante Mauricio Toro, radicó en el Congreso una iniciativa que busca regular las ‘apps’ de transporte. Con esto, se eliminarían los cupos de los taxistas, las plataformas pagarían impuestos más allá del IVA, entre otras acciones que buscan equilibrar la ‘cancha’ entre los taxis y aplicaciones.	Entre las propuestas que han salido a flote en los últimos meses, que han armado debate, está la flexibilización laboral que permitiría regular el trabajo por horas. Para muchos, esto sería una alternativa para adaptar el mercado laboral a las nuevas realidades que ha traído la era tecnológica y sus diversas plataformas.	Aunque el Gobierno dio un gran paso para ‘destrabar’ a la industria con la publicación, por parte del Invima, de las guías para que los laboratorios se certifiquen y puedan hacer formulaciones magistrales a base de cannabis (siempre y cuando se tenga prescripción médica), los empresarios del sector aseguran que en promedio este proceso podría llevarle a un laboratorio ocho meses, en caso de que cumpla todos los requisitos.	No obstante, volviendo al tema de los cupos, si no se asignan para que las empresas los utilicen con fines comerciales, estas no pueden cultivar, proceso que además puede tardar más de tres meses, por lo que al no tener ‘material’ para trabajar, no pueden vender, y por ende, el flujo de caja de las firmas se vería afectado.	El proyecto de transmisión, entregado por la Upme al Grupo Energía Bogotá (GEB) en 2018, hoy se encuentra prácticamente empantanado por cuenta de las 24 consultas previas que tiene programado el Ministerio del Interior para recibir la aprobación de 187 comunidades entre afrodescendientes e indígenas para obtener la licencia ambiental y posteriormente iniciar el montaje de la línea Colectora I, y la entrada en operación de la misma.	Según el Plan de Expansión de Energía de la Upme, esta iniciativa está programada para entrar en operación en 2022, año en el que el Gobierno Nacional espera que estos complejos de renovación renovable ubicados en los citados departamentos, entreguen energía al SIN. Sin embargo, con lo que no contaba el Ejecutivo, más el Ministerio de Minas y Energía, es que por el desarrollo de las consultas populares, la entrada en operación de Colectora I, se podría ir más allá del 2024.	Esto quiere decir que aunque en 2022 se finalice la construcción de los proyectos de renovables en La Guajira y el Cesar, unos de los más importantes en esta materia por su capacidad instalada, no podrían aportar al abastecimiento de energía del país porque la línea de transmisión no estaría lista ese año.	De acuerdo con Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), las tareas que tiene pendiente el Gobierno en esta materia es revisar la reglamentación de la consulta previa a través de una ley para que el proceso sea más claro y tome menos tiempo. El directivo comentó que este es un tema que los gremios vienen hablando hace cerca de cuatro años, y a la fecha no se ha definido, y en principio, le corresponde al Mininterior.