Una familia tiene ingresos de diez millones de pesos mensuales. La pareja es muy organizada y ha hecho el compromiso de no pasarse de esa suma, que se va en gastos corrientes, en el pago de la hipoteca del apartamento donde viven con su hijo y en cancelar la cuota del préstamo del vehículo que usa.	Surge un gasto adicional en el mercado, pero el marido, para no preocupar a la esposa, le dice al tendero del barrio que le dé un recibo por lo que siempre paga y el resto se lo garantiza con una letra de cambio, que exige intereses. Todo se ve muy bien, porque aparentemente el presupuesto usual no se incumplió. Pocos meses después, usa la misma estrategia para financiar unas vacaciones.	Sobre el papel, los integrantes del hogar que forma parte de este ejemplo hipotético sienten que las cosas van progresando porque parece, incluso, que el dinero sobra. La realidad es que las acreencias han aumentado sustancialmente, un motivo por el cual el esposo comienza a desvelarse, sin que su media naranja entienda por qué.	Guardadas proporciones, el Ministerio de Hacienda se está comportando de la misma manera. Así se desprende de varias decisiones adoptadas en semanas recientes, con base en lo dicho por la ley que acogió el Plan de Desarrollo. Como el marido de marras, la Nación está emitiendo bonos de tesorería no solo para recoger acreencias viejas, sino para asumir erogaciones del 2019. Gracias a esa estrategia, le quedará más fácil cumplir al final del año con la meta establecida para el déficit fiscal.	No obstante, a diferencia de la historia anterior, aquí no hay manera de esconder la realidad. El peligro es que las calificadoras de riesgo que se fijan no solo en el saldo en rojo de las finanzas estatales, sino también en la relación que existe entre la deuda gubernamental y el producto interno bruto, pongan el grito en el cielo. Es posible que si la estrategia se explica bien, pasemos el examen. Pero no hay duda de que estamos jugando con fuego.	A decir verdad, la idea original no era nada mala. Tal como lo señaló en su momento la comisión de expertos que emitió un informe sobre el gasto público a finales de la administración Santos, hay obligaciones particularmente onerosas. Ese es el caso de las sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones en las cuales se condenó al erario a pagar reparaciones, indemnizaciones o multas, tasadas en 8,9 billones de pesos, según lo calcula el Marco Fiscal de Mediano Plazo.	Como nunca han existido suficientes fondos en la tesorería para cancelar la suma total, lo que se venía haciendo era apropiar una parte en el presupuesto nacional, con la idea de disminuir el tamaño del problema. El lío práctico es que el saldo por pagar ocasiona intereses de mora, que hoy se acercan al 29 por ciento anual, a lo cual se agregan los nuevos fallos en contra que impiden que ese pasivo desaparezca.	Esa primera salida, habría comenzado a emplearse “creativamente”. El mecanismo ahora será usado para cumplir la promesa de campaña de limpiar las cuentas de la salud, en lo que se conoce como la estrategia del punto final. También se utilizará para asumir las sanciones por mora en el pago de las cesantías a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.	Y aunque en algunos casos hace sentido pagar menos, el peligro es que el mecanismo se desborde. La tentación de disimular el tamaño del déficit de esta manera, es grande. Pero podemos incubar un enorme dolor de cabeza, en caso de que se nos acuse de dejar la ortodoxia a un lado.