Existe un vínculo entre corrupción y la vulneración de los derechos humanos: el 59% de los hechos de corrupción afectaron derechos económicos, sociales y culturales, el 39% derechos civiles y políticos, y el 2% derechos colectivos y del medio ambiente.Así lo revela el Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia,  una plataforma de curaduría de información, investigación y seguimiento del fenómeno de la corrupción en nuestro país, que presentó su más reciente informe “Así se mueve la corrupción: una radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016 – 2018”.	Los derechos económicos, sociales y culturales se asocian con el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda digna, al agua potable y servicios públicos de calidad, al deporte y a la cultura, principalmente. De todos ellos, los más afectados fueron los derechos a la educación (28 %) y a la salud (23%).	En cuanto a los derechos fundamentales, civiles y políticos, el 39 % de los casos identificados afectó el derecho a la vida, a la igualdad, la seguridad, la libertad de expresión, de culto, de acceso a la propiedad privada, de asociación y movilización, de acceso a la justicia y de derechos de participación en la vida civil y política del Estado.	En ese sentido, resulta preocupante el impacto cada vez mayor que tiene la corrupción en el goce efectivo de derechos humanos fundamentales y los datos obtenidos en el informe así lo demuestran: servicios de salud que dejan de prestarse, escuelas públicas que no terminan de construirse, proyectos de vivienda que terminan beneficiando a terceros y particulares, escenarios deportivos que culminan en “elefantes blancos”, son el reflejo y símbolo evidente de la corrupción y el grado de afectación que genera en la sociedad.	En cuanto al derecho a la salud, no debe olvidarse un caso como el desfalco de la EPS Saludcoop, una de las más grandes del país. Por gastos en viajes familiares y fuera de lugar, esta entidad prestadora de servicios de salud fue liquidada en 2016 por desviar recursos de la salud para otros propósitos.	Como lo registra el Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia, en 2013, año en que Alejandro Lyons ejercía como gobernador del departamento de Córdoba (2012- 2015), empezó lo que hoy en día se conoce como el Cartel de la Hemofilia, una organización dedicada a pagar los servicios médicos prestados a pacientes falsos de hemofilia, presentando diagnósticos y resultados de laboratorio falsos, en la que participaron auditores médicos, secretarios de salud y dueños de los entes prestadores de servicios de salud.	El trato se realizó con la participación del hermano de Edwin, el senador Musa Besaile (2014-2018). Siendo así, Alejandro Lyons entregó a Edwin Besaile la suma de $ 2 100 millones de pesos en efectivo procedente de regalías de salud (FGN, 2018), mientras que el exsenador Musa firmó dos letras de cambio en blanco por más de $ 4 000 millones.