Si pensábamos que la Corte Constitucional respondió fuertemente al presidente Iván Duque tras las objeciones de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tumbando el tratamiento diferencial para miembros de la fuerza pública y autorizándola a practicar pruebas en procesos de extradición, La W logró establecer que el verdadero golpe lo dio al hacer una precisión en el Código de Procedimiento Penal en el que