El proyecto busca que las grandes empresas paguen en el menor tiempo posible a sus proveedores, que en su mayoría son pequeñas y medianas industrias. Hoy, los pagos pueden durar sin ser cancelados de cuatro a seis meses, y esta tardanza coloca en aprietos financieros y en bajo flujo de caja a las pymes. El proyecto ordena que ese pago se efectúe no más allá de 45 días.	Sin embargo, la ANDI envió un documento al Congreso advirtiendo que el proyecto es inconveniente para el desarrollo empresarial. Inmediatamente, Acopi y la Cámara Colombiana de Energía rechazaron la posición de la ANDI, al considerar que va en contravía del crecimiento de la pequeña y mediana industria, que representa el 92 % de la generación de empleo.