Se pretende por parte de ministro Carrasquilla reducir el tamaño del Estado y por esta vía reducir el gasto, el cual pasó de representar el 16.8% del PIB en 2013 al 15.6% en 2018 y ahora el Gobierno se propone reducirlo, una vez más, hasta el 15.4% en 2022. Pero, según las conclusiones a las que arribó la Comisión del gasto y la inversión pública, “el gasto público tiende a aumentar como proporción del PIB a medida que los países se desarrollan, reflejando la creciente demanda de servicios públicos”.	Y, como lo sostiene Jorge Iván González, uno de los integrantes de dicha Comisión, de acuerdo con la Ley de Wagner, el gasto público crece inercialmente como porcentaje del PIB en todos los países y Colombia no es la excepción. El gasto público, según la Comisión del gasto, está indexado de un año a otro a ritmos del 4% real anual. Es más, refiriéndose al proyecto de presupuesto, según González: “Lo peor que se puede hacer en este momento, si está aumentando el desempleo, es reducir la inversión pública”. Ello, además, le restaría impulso al débil crecimiento del PIB.	Es más, a juicio del presidente de ANIF, Sergio Clavijo, “tampoco lucen realistas ni fundamentadas las pretendidas contracciones del gasto público del MFMP 2019, requeridas para terminar de cumplir las metas de la Regla fiscal. Esto indica que el track-récord da poca credibilidad a este esquema, así algunos consideren que las ‘pataletas presupuestales’ del Ministro sean una garantía”.	En cuanto a los ingresos se refiere, el ministro de Hacienda viene haciendo cuentas alegres, como las de la lechera de Samaniego, que enseñó la vanidad de girar sobre el futuro cuando ni el presente está seguro. Veamos: se aduce que al reducir la tarifa efectiva que deben tributar las empresas se mejora la tributación neta 0.8 puntos porcentuales, elevándola al 14.7% del PIB para el 2022, de los cuales 0.4 puntos porcentuales serían atribuibles a “gestión fiscal” por parte de la Dian. Pero ello está por verse.	Y la otra cara de la moneda está representada por el costo fiscal de la Ley de desfinanciamiento, como la llama ANIF, que se calcula en $10 billones para el año entrante. Solo por concepto de la reducción de la tarifa del impuesto de renta se dejará de recaudar en el 2020 $1 billón, por el descuento del 100% del IVA en la compra de bienes de capital $6 billones por año y el descuento del 50% del impuesto de industria y comercio $1 billón anual.	Como lo sostiene el experto en economía Johns Hopkins: “La Ley de Financiamiento salió mal: si bien bajó los impuestos empresariales, como había prometido el presidente en campaña, lo hizo a costa de dos males: una larga lista de exenciones y tratamientos especiales injustificados y al recaudarse menos de lo que el plan de gobierno requiere, las cuentas públicas se descuadraron”.