El establecimiento oficial -tanto el Gobierno central como el Congreso-, debería cesar en el empeño de cargar más a las entidades de compensación familiar (Cajas) de nuevas obligaciones que ni estaban llamadas a asumir cuando fueron concebidas, ni están en capacidad de atender so riesgo de desenfocarse en los objetivos naturales que les dieron vida.	Estas Cajas, que son entidades de carácter privado, sin ánimo de lucro, de redistribución económica y naturaleza solidaria, se concibieron para mejorar la calidad de vida de las familias de los trabajadores colombianos, por medio de la gestión y entrega de subsidios y servicios provenientes del 4% de los aportes de seguridad social que pagan los empleadores sobre el salario de los trabajadores permanentes. Los principales beneficios que prestan se reflejan en servicios en salud, educación, recreación, cultura, turismo, deporte, vivienda, crédito y microcrédito.	Las Cajas bien administradas han multiplicado sus ingresos corrientes gracias a atinadas inversiones de excedentes de sus recursos, que les dan una gran fortaleza patrimonial, con lo cual las personas a cargo de los trabajadores afiliados, especialmente sus hijos menores de 18 años y padres mayores de 60 años, se benefician directamente de planes y programas que se organizan u ofrecen.	Sin embargo, en sucesivos gobiernos, tanto legisladores como desde el Ejecutivo, han venido agregando nuevas cargas a las Cajas que tendrían que estar en manos del Estado, lo que se refleja en una afectación directa a programas sociales para los trabajadores que aquellas asumen por norma fundacional, y que ven reducidos sus presupuestos más las energías de sus directivos y empleados, que tienen que destinar parte de sus jornadas laborales, a actividades que no son, de suyo, propia de estas entidades.	De hecho, Asocajas, gremio que reúne a Cajas de Compensación Familiar del país, ha venido insistiendo al Gobierno sobre la amenaza que se cierne sobre la mitad de estas entidades, de desaparecer, pues con tantas nuevas cargas, no solo se viene desnaturalizando su configuración, sino que se hacen inviables financiera y administrativamente.	Por alguna razón, legisladores y funcionarios, que también tienen un apetito voraz por todo recurso que no sea del Estado, no tienen en cuenta que los dineros que ingresan a las Cajas no son impuestos para el funcionamiento del establecimiento sino para compensar a los trabajadores y su inmediata familia, con programas que hacen más ligeras sus existencias. Todo proyecto que tome recursos de las Cajas para otros programas que no sean de su naturaleza, va en detrimento de los trabajadores afiliados y sus familias.