Hace un año y medio cerca de 300 guerrilleros llegaron hasta el Caquetá con la promesa de cambiar los fusiles por proyectos productivos. El gobierno Santos prometió entregar 26 zonas veredales donde los combatientes de las FARC podrían vivir mientras entregaban las armas y se completaba la desmovilización. Sin embargo, cuando llegaron hasta Montañita, a una media hora de Florencia, a lo que supuestamente era la zona de Agua Bonita, se encontraron con un potrero. Los guerrilleros se estrenaron como obreros y en pocas semanas levantaron más de 60 casas: había nacido el pueblo ‘Héctor Ramírez’.	Publicidad. En el terreno que el gobierno le asignó a la zona veredal solo habían tejas de zinc tiradas en el camino y un par de retroexcavadoras apagadas. Decidieron organizarse de inmediato, y asignándose roles de trabajo pusieron en marcha la construcción de la Zona Veredal: las casas hechas de drywall tenían capacidad para 5 personas y descansaban sobre gruesas placas de concreto.	Con los meses el lugar fue cogiendo pinta de Pueblo. Llegó la electricidad, el acueducto, la televisión y por último las familias de los combatientes que desde entonces no pararon de llegar. Entre alianzas, financiación privada y ahorros colectivos, se montaron varios proyectos productivos con los que el trabajo y el sustento cobraba fuerte del sudor de sus habitantes.	Cada excombatiente cedió uno de los dos millones de pesos asignados por el gobierno cuando se movilizaron a las zonas veredales. Con la plata se garantizaron la siembra de piña, plátano, yuca y la crianza de pollos, pavos, tilapias, entre otros. Se encargaron nuevas tareas y crearon una economía en la que los recursos son repartidos por igual entre la comunidad. Así “todos disfrutan de lo que todos trabajan”.	Pero no la tuvieron fácil. Las fuerzas militares ya habían expresado su interés de construir otra base militar en el mismo terreno que fue concedido para el ETCR pero el dueño de la tierra en la que estaban parados, un expadre jesuita misionero de la región, decidió pararse del lado de los excombatientes y apoyarlos en el nuevo camino que ya habían emprendido.	Los entrenamientos militares quedaron atrás, pero la parte de la disciplina la mantuvieron intacta. A las 6 de la mañana todo el mundo debe estar despierto y listo para trabajar. Actualmente, por cada jornada de trabajo a la que un habitante se atreva a faltar, una multa de no menos de 20.000 pesos tendrá que asumir. El trabajo era enorme pero la ambición fue aún más grande. A menos de 2 meses de haber llegado a este lugar, los excombatientes lograron reconstruir una escuela infantil del sector a la que solo asistían 4 niños por las condiciones de abandono que tenía, hoy hay matriculados 25 niños. También construyeron la primera biblioteca fariana -la Alfonso Cano- que fue editorial de uno de los primero libros escritos por excombatientes y posicionaron el lugar como un atractivo de vivienda a la que cada vez más personas querían acceder. Y están construyendo la primera despulpadora del Caquetá, la misma con la que procesan la piña que siembran para agregarle un valor a la fruta.	El pueblo, bautizado Héctor Ramírez en honor a uno de los mayores líderes del bloque Sur de las Farc, empezó a volverse un atractivo de una ruta turística que antes no existía. Los fines de semana se llenaba de estudiantes, periodistas y aficionados tanto nacionales como internacionales que iban a presenciar lo que pensaron imposible en Colombia: un modelo socialista funcional. Con las personas llegaron más ideas. En 2017, al menos 10 colectivos artísticos y culturales se reunieron en el ETCR para llenar sus casas de colores en uno de los más exitosos festivales de muralismo que ha tenido la historia del Caquetá. Tuvo tanto éxito que se replicó en el 2018 y ya tiene otra fecha programada para agosto de este año, cunando se acabarán las zonas veredales, que van hasta el 15 de ese mes como lo confirmó hace algunas semanas el mismo consejero para la Estabilización, Emilio Archila.	A pesar del éxito, el futuro de Héctor Ramírez es incierto. En poco tiempo perderá el estatus de ETCR y no está claro si las autoridades les reconocerán a sus habitantes los méritos para consolidar una junta de acción comunal que les permita inmortalizar el modelo con el creyeron posible cambiar positivamente sus vidas y con el que creen que pueden cambiar positivamente a Colombia.