La suma del detrimento patrimonial se discriminó así: $2,9 billones a raíz de las “mayores inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto”; y $1,1 billones por concepto de los recursos dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación de la hidroeléctrica en las fechas planeadas originalmente.	Alonso Salazar respondió que no ha sido notificado y que no conoce los argumentos. “Estoy dispuesto a presentar todas las explicaciones necesarias de mis actuaciones. Como alcalde me correspondió la firma del acuerdo con la Gobernacion para que EPM ejecutara el proyecto. No participé en la ejecución del proyecto. Estoy tranquilo”, anotó.	Juan Esteban Calle señaló que está presto a atender “los requerimientos de los órganos de control y las autoridades con la tranquilidad de conciencia, la satisfacción y el orgullo de haberle servido a la compañía y a la sociedad. Soy muy optimista con relación a la terminación y entrada en operación de Hidroituango, convencido de que el país necesita la energía limpia y competitiva del proyecto”.	La Contraloría consideró, con base en el informe de actuación especial de control excepcional, realizado por la Contraloría Delegada de Minas y Energía y las pruebas allegadas, que las mayores inversiones realizadas en Hidroituango no se encuentran justificadas, “pues obedecieron a la necesidad de atender situaciones que se presentaron como consecuencia de graves problemas en la planeación y en la ejecución del proyecto, atribuibles a la improvisación y a la falta de seguimiento”.	La situación descrita llevó, además, a que a la fecha la hidroeléctrica no esté produciendo energía. Esas mayores inversiones no justificadas, acotó el organismo, destruyeron el valor del proyecto, tal como fue concebido desde su línea de base, generando de esta forma un daño al patrimonio del Estado en la modalidad de menoscabo o pérdida.	Tras culminar el proceso de notificación de este auto de apertura, el despacho de la contralora delegada citará a versión libre a los presuntos responsables, y decretará y practicará las pruebas a las que haya lugar. Después de este trámite, la Contraloría procederá a tomar la decisión que en derecho corresponda: archivar o imputar. Según Córdoba, el trámite puede durar entre un año y medio y dos años