Pocas cosas son más persistentes que una mala idea. Ese es el caso de una iniciativa que avanza a toda marcha en el Congreso, según la cual los parlamentarios podrían definir el uso de hasta el 20 por ciento del presupuesto de inversión de la Nación. Algo similar había hecho parte de la fallida reforma política y había naufragado, pero ahora ha revivido y solo le faltan dos debates para convertirse en Acto Legislativo.	El proyecto ya se conoce coloquialmente en los pasillos del Capitolio como ‘mermelada 2.0’, como lo han bautizado sus detractores. Estos afirman que se trata de una reencarnación de un viejo instrumento con el cual el Ejecutivo negocia apoyos en el Congreso a cambio de darles a los parlamentarios la posibilidad de decidir sobre el destino de recursos del presupuesto.	No sería la primera vez que esto sucedería. Lo que hoy conocemos como ‘mermelada’ es solo una versión renovada de mecanismos como los auxilios parlamentarios o los cupos indicativos, criticados por unos y valorados por los mandatarios de turno para aceitar su gobernabilidad. Lo que está en juego en esta ocasión no es de poca monta: cálculos a mano alzada indican que cada congresista podría manejar en promedio unos 30 mil millones de pesos cada año.	Los promotores de la iniciativa rechazan esa interpretación, y afirman que lo que se busca es todo lo contrario: permitir que los parlamentarios puedan llevar proyectos de inversión a sus regiones sin tener que negociar nada con el gobierno. Los defensores de esta visión señalan que son los congresistas quienes mejor conocen las necesidades de sus regiones, y agregan que con un esquema como este se estaría implementando una versión traslúcida de la democracia, en la que el pueblo elige a sus representantes para que ellos les traigan los proyectos de inversión que sus regiones requieren.	Aunque a algunos les pueda parecer persuasiva esa argumentación, lo cierto es que este proyecto tiene más problemas que ventajas. El principal reparo, desde el punto de vista económico, radica en que la iniciativa rompe una larga tradición de manejo presupuestal que le ha dado el manejo del presupuesto al Ejecutivo. Esa asignación no es un simple embeleco histórico, sino que tiene mucho sentido desde la perspectiva de la política publica. El hecho de que cada gobierno pueda definir su presupuesto de inversión es coherente con la distribución de las funciones de los poderes del Estado, según la cual el Legislativo legisla y el Ejecutivo ejecuta, y para hacerlo debe poder afinar sus herramientas presupuestales. En ese sentido ha jugado un papel fundamental durante más de medio siglo el Departamento Nacional de Planeación, que se ha especializado en auscultar las necesidades regionales y formular los proyectos de inversión para atenderlas con un criterio técnico, alejado de intereses políticos.	Pero los problemas van más allá. En el ámbito político esta iniciativa refuerza el clientelismo, en la medida en que acentúa la lógica según la cual los votantes ven a sus senadores y representantes como unos simples gestores de recursos, sin importar sus posiciones ideológicas, sus iniciativas legislativas, ni sus propuestas sobre los temas de la agenda pública. El proyecto también multiplicaría las oportunidades para la corrupción, pues abriría mayor espacio a que los grandes contratistas regionales dediquen ingentes recursos para financiar las campañas de políticos cercanos, con miras a que el día de mañana les devuelvan los favores bajo la forma de jugosos contratos.	En ese sentido, el proyecto impulsaría aún más las empresas electorales unipersonales que tanto daño le han hecho a la democracia colombiana, debilitando, de paso, los partidos y las plataformas ideológicas y programáticas como una manera idónea de hacer política. El proyecto que avanza en el Congreso es inconveniente por donde se lo mire, tanto por los problemas que conlleva en el campo económico como en el político.