La Sala Disciplinaria, en fallo de segunda instancia, encontró probado que Besaile Fayad y Lyons Muskus no ejercieron su deber de vigilancia y control sobre los actos de sus secretarios de Salud, que ordenaron pagos por 4.988 millones de pesos para cubrir terapias de rehabilitación a 2.181 menores de edad en condición de discapacidad, entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, sin que mediara relación contractual entre la gobernación y Funtierra Rehabilitación IPS.	“El fallo también encontró justificada la tesis de que la gobernación no se encontraba en una situación de urgencia que le impidiera planificar y adelantar el correspondiente proceso de contratación, teniendo en cuenta que conocía la necesidad que se venía presentando en los últimos años frente a la prestación del servicio y la reiteración de las tutelas”, dijo la Procuraduría.