La revisión de esta medida fue pedida por Duque a la Corte Constitucional con el fin de "moderar" las seis condiciones de orden legal, sanitario y ambiental que ese tribunal fijó en la sentencia de 2017, un paso más en el proceso que comenzó en 2014 cuando ordenó hacer seguimiento a los posibles efectos que la aspersión del herbicida puede tener sobre la salud humana.