Publicidad. En el efecto total de las mayores inversiones del proyecto, el 45% está asociado a un mayor valor de las obras principales del proyecto ($2.002 miles de millones), seguido de las inversiones en infraestructura con un 33% ($1.485 miles de millones) e ingeniería y administración con un 25,5% (1.134 miles de millones)Si bien se pagaron unos dineros para obtener unos derechos políticos (votos en la asamblea), EPM dijo que finalmente los recupera vía modelo financiero y distorsiona los costos del proyecto.	Esta destrucción de valor es aún más relevante si se tiene en cuenta que a la fecha no hay una hidroeléctrica terminada y aun sin terminarse se encuentra siniestrada lo que finalmente conlleva a su incapacidad para generar un Kwh, es decir, que no cumplió la finalidad para la cual se efectuaron estas inversiones, que debía suceder dentro de los cronogramas o plazos pactados.	A pesar de EPM tener la condición de ser socio de Hidroituango S.A. y también ser su contratista, cuando asume la calidad de contratista todas sus actuaciones deben adelantarse diligentemente y bajo el elemental principio de responsabilidad. En efecto, el actuar diligentemente se traduce en que todas las actividades que realiza un contratista en cualquier ámbito y más aún cuando ejecuta recursos públicos, debe hacerse de manera cuidadosa, esmerada, rápida, eficiente y provechosa para los fines que se persiguen.	Acorde con lo anterior, cuando se dice que tanto los funcionarios públicos como los particulares o contratistas que ejecutan recursos públicos, deben guiar sus acciones bajo el principio de responsabilidad, significa esto que, tanto unos como otros, deben orientar sus actuaciones siempre en defensa del patrimonio estatal, así como del interés general y orientadas al eficiente cumplimiento de los fines del Estado.	De otra parte, la CGR tiene conocimiento de las pólizas contratadas por EPM, y tiene claro, el valor máximo que podría recibir. En este sentido, debe decirse que no son comparables estos valores, ya que la CGR no tiene restricciones de deducibles, períodos máximos y valores máximos impuestos por la póliza y la aseguradora (máximo US$628 millones y un año de lucro por cada unidad), adicionalmente, el tener una póliza era su obligación, lo que no releva a la Contraloría para ejercer el control fiscal correspondiente.	EPM afirma que “en todo caso, hay que indicar que, en la medida que todos estos costos sean reconocidos por un tercero (la aseguradora) o por el dueño del proyecto (HidroItuango S.A. E.S.P.), tal y como está previsto en el contrato BOOMT, no pueden ser calificados como presuntos daños fiscales”.	Para la Contraloría, más allá de quien deba asumir este lucro, como lo menciona el parágrafo 1 del artículo 4 de la Ley 610 de 2000, “La responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad…” posición compartida por la Corte Constitucional mediante Sentencia SU 620 de 1996, razón por la cual la CGR no acoge la solicitud.	Como finalmente se evidenciaría, el constructor continuó con el proyecto sin seguir las sugerencias dadas por la Junta de Asesores y consultor externo y sin considerar dentro de la matriz de riesgos asociados el taponamiento u obstrucción de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) y adicionalmente, cuando se realizaron las excavaciones de los túneles, se presentó material Tipo IV por lo que se debía realizar una losa de piso, de acuerdo con la especificación técnica definida en los diseños de la GAD.	De acuerdo con la revisión documental de la información suministrada por EPM y a la visita realizada por la CGR al Proyecto, fue evidente la existencia de modificaciones contractuales – suscritas incluso antes de la contingencia-, en las cuales se reconoció dentro del Sub-Contrato CT-2012-000036 el pago de ítems nuevos, respecto de los cuales se definió su cantidad y precio con posterioridad a su ejecución y sin contar con estudios de mercado u otras alternativas previamente definidas que permitieran validar los valores expresados por el contratista	En este orden de ideas, es preciso señalar que el cronograma de obras principales debió estar acorde al del diseño de ingeniería de detalle, elaborado con base en los estudios técnicos que sustentaron la viabilidad de la inversión y que es la base para la selección de oferentes y para la posterior adjudicación de los contratos.	De acuerdo a la información entregada por EPM, como medidas remediales para subsanar los atrasos, se construyó un sistema auxiliar de desviación, se construyeron galerías para independizar obras subterráneas de obras exteriores y mejorar la movilidad en el proyecto y se tomaron medidas como modificar las jornadas laborales, entre otras, medidas que en su conjunto denominó “Plan de Aceleración”.	Todas estas estrategias adicionales tomadas tardíamente, con respecto al acercamiento de las fechas límites para el cumplimiento de los hitos del contrato, llevaron a realizar variaciones en los diseños del proyecto y en sus dimensiones, que, aunque tendrían un costo, el mismo no sería mayor que el costo por no entrar en operación en las fechas previstas, ya que esta era la razón de hacerlo, cumplir con estas fechas.	Ya en la aceleración, los costos se incrementaron en la medida en que durante la construcción fueron encontrándose inconvenientes que quedaron detallados en las diferentes actas de modificación bilateral del sub contratista encargado de las obras principales y que solo revelan el insuficiente rigor desde el punto de vista técnico de este plan de aceleración, el cual debía ser muy exigente para garantizar la entrada en operación sin poner en grave riesgo a una comunidad y unos recursos invertidos.	No obstante, EPM haber invertido como contratista, una suma de $1.003.758.301.984 para acelerar el proceso de terminación de la construcción de la presa y entrada en operación, con el objeto de no renunciar a sus ingresos futuros y no incumplir las garantías otorgadas, la Contraloría General de la República evidenció que a la fecha de esta comunicación no se cumplió el hito 8 del contrato BOOMT ni las actividades 362 y 364 del mismo, es decir la entrada en operación de las Unidades 4, 3 y 2.	Esta ineficiencia se materializó gravemente para la comunidad aledaña al proyecto y para el patrimonio público, con la contingencia presentada el 28 de abril de 2018, que trajo consigo el taponamiento de la galería auxiliar de desviación GAD, obra del Sistema Auxiliar de Desviación, que solo fue realizada para efectos de acelerar la entrada en operación.