El sur del departamento de Bolívar, ha sido considerado desde los años noventa como una zona altamente afectada por los grupos armados al margen de la ley como las FARC y ELN, que expandían sus actividades criminales por los municipios de San Martín de Loba y Pinillos, afectando gravemente a la comunidad. Por ejemplo, en el caso de Pinillos, el 29 de abril de 1999, una columna de hombres de ELN entraron al pueblo y quemaron la tanto la Alcaldía como el palacio de Justicia, según el relato de Teodofilo Serpa, quien por más de 45 años ha vivido y trabajado en el predio La Esmeralda en compañía de sus dos hijos y su esposa, a quienes hoy la Agencia Nacional de Tierra entregará el título de propiedad. A través de historias como esta, queda clara la vulnerabilidad de estos territorios y de sus habitantes, lo que a su vez justifica la importancia que tiene para el gobierno nacional intervenir estos territorios y ayudar a las poblaciones.	La Agencia Nacional de Tierras, como máxima autoridad de tierras de la nación, concentra su misión en la ejecución de la política de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, emanada del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de administrar los predios baldíos de la nación y brindar seguridad jurídica sobre la tierra. Es en esta labor, que la Agencia Nacional de Tierras recibió, por parte del INCODER, 176.000 expedientes pertenecientes al histórico de los procesos de adjudicación de baldíos que se encontraban en curso o tramite.	De acuerdo con la información obtenida, se extrajo aproximadamente 33.000 expedientes que se encuentran en la etapa denominada “pendiente de formalización” y que corresponde a las solicitudes que ya cuentan con una Resolución de Adjudicación, pero que se encuentran pendientes de notificación, comunicación y/o registro. En este sentido, actualmente se viene trabajando en el registro de 8.100 predios que se encuentran en esta situación y de los cuales 4.381 registros han presentado avance. Esto se realiza con el fin de disminuir la informalidad rural ocasionada ante la falta de registro de resoluciones de adjudicación. De igual manera, esto permite acatar la orden proferida por la Corte Constitucional en la Sentencia T-488 de 2014 y reiterada en el Auto de seguimiento 040 de 2017.	A partir del marco descrito, se firma el Convenio de Asociación No. 904 de 2018 entre la Agencia Nacional de Tierras y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) cuyo propósito, en su segundo componente, es el de “(…) la depuración e impulso de procesos de adjudicación de baldíos de la nación que cuenten con actos administrativos definitivos, pendientes de notificación y/o formalización y/o actualización en áreas rurales seleccionadas, mediante la implementación de estrategias de sinergia institucional y relacionamiento de actores involucrados en la dinámica territorial que permita una gestión más efectiva del impulso de los procesos.” La operación de dicho convenio se viene adelantando desde agosto de 2018, buscando impulsar procesos formalización en 330 municipios de 20 departamentos del territorio nacional.	Esta labor ha permitido disminuir los índices de informalidad de la propiedad rural y la actualización del catastro, además, el poseer una tierra con legalidad brinda a las familias campesinas grandes beneficios. En otras palabras, el título de propiedad otorga a las familias campesinas, ahora propietarias, la incorporación paulatina a todos los beneficios que pueden surtir las demás entidades estatales, así como también a beneficios económicos, en función de la vocación de los suelos como factor de producción legal.