En la última edición de la Revista Semana la periodista Vicky Dávila escribió una columna titulada “A mí también me pasó”, en donde narra un doloroso episodio de abuso sexual protagonizado por un familiar cercano, quien aprovechando su condición de adulto y la indefensión de una niña de 5 o 6 años ejerce su fuerza y poder de una manera tan absurda y salvaje, que 40 años después sigue haciendo daño a su víctima.	Creo, sin temor a equivocarme, que la valiente narración que hace Vicky de todo lo que sintió en ese momento y de cómo ha tenido que vivir durante más de 40 años con esa pesada carga, nos hace reflexionar sobre la necesidad de replantear las penas que actualmente existen para los violadores y considerar de manera muy seria la posibilidad de penas muchísimo más fuertes, y cuando hablo de penas muchísimo más fuertes hablo de considerar la cadena perpetua para los violadores.	Todavía nos duele mucho la muerte de Yuliana Samboní a manos de un monstruo que no solo la violó, sino que la asesinó y, no contento con esto, después trató de ocultar el resultado de su terrible maldad. Aún hoy, a través de una maraña de vericuetos jurídicos, este monstruo y sus posibles cómplices tratan de salvarse del daño ocasionado a los Samboní y a toda una sociedad que clama por justicia.	Desafortunadamente este no es el único caso. Hace pocos días en Guaviare, otra indefensa víctima fue violada, asesinada y su cuerpo abandonado en una caneca de basura. Otra víctima más de una sociedad que no ha sido capaz de proteger a sus niños y que permite que este tipo de situaciones se presenten.	Cartagena no es ajena a este flagelo. El año pasado fueron reportados en la Casa del Niño, el único hospital pediátrico de la Costa, más de 350 casos de niños abusados sexualmente. Casi que una víctima por día, una vida destruida cada día del 2018. Lo que es peor, pareciera que en el 2019 la situación está empeorando, el número de casos va en aumento y aunque no se sabe con exactitud, se calcula que los casos sin denunciar podrían ser muchísimos más que los que llegan en busca de ayuda.	El problema que tenemos que enfrentar es enorme. Por un lado, no sabemos qué va a pasar con las vidas de estos 350 niños y niñas violados durante el 2018 y por otro, no sabemos tampoco en qué condiciones se encuentran los 350 violadores de estos niños. Está comprobado que las conductas de abuso tienen un patrón de comportamiento repetitivo y estos victimarios podrían estar en este momento ad portas de atacar a otra víctima.	El país necesita volver sus ojos a la infancia, protegerla, cuidarla y educarla. Necesitamos blindar a los niños y niñas de cualquier tipo de abuso, no importa de donde venga, recordemos que en la gran mayoría de los casos el violador es una persona conocida, que tiene fácil acceso a su víctima y en muchas ocasiones pertenece a su núcleo familiar, educativo o espiritual más cercano, situación que hace aún más vulnerables a los infantes.