En septiembre del 2014, el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, declaró que la “bomba pensional en Colombia (está) a punto de estallar”. El mismo economista había señalado en el 2002, que la economía colombiana era un ‘titanic’ a punto de estrellarse. En ninguno de los dos casos se equivocaba este economista uniandino, máster de LSE y doctor de la Universidad de Oxford. Si hay un técnico local que conozca de estos temas, es él.	Un mes después, en octubre del 2014, el entonces ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, declaró que la “bomba pensional en Colombia ya estalló”. Y con ello, dio un adelanto de lo que sería la reforma pensional que Santos nunca presentó, seguramente porque estaba muy ocupado redactando el tal acuerdo y añadiendo mucha azúcar a la mermelada que esparció para imponerlo.	En agosto del 2018, el presidente Duque recibió la bomba y declaró su desactivación como una de sus prioridades. Tanto así, que el ministro Carrasquilla hizo sus primeras declaraciones en la asamblea de la Andi, apenas una semana después de su posesión. Los afanes de la Ley de Financiamiento, para salvar al ‘titanic’ que dejaron Santos y Cárdenas, hizo posponer el tema, y a finales del 2019 será la presentación de la reforma de “protección a la vejez”.	El pasado 16 de abril, Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones, declaró públicamente que “ni existe bomba pensional, ni hay megapensiones que desangren el sistema, ni son realidad tantos otros mitos que hay alrededor de las pensiones públicas”. Villa, un economista y máster en economía de la Universidad Javeriana, y Ph. D. en Políticas de Desarrollo de la Universidad de Manchester, se perdió ese debate, o no lo actualizaron antes de recibir la bomba.	Se perdió la parte de que su entidad recauda anualmente 15 billones de pesos y desembolsa 65 billones, por lo que los otros 50 billones salen del presupuesto general de la nación, y el volumen crece geométricamente porque la población envejece y porque estamos subsidiando altísimas pensiones a la pequeña élite que logra cumplir los requisitos.	Y ahora le añadirán a esa bomba, “con un movimiento sexy, una mano en la cabeza y una mano en la cintura”, la obligación de recibir ilegalmente a varios miles de personas pasadas de tiempo y que no obtendrán millonarias pensiones en el Rais, pero que sí tendremos que pagar los que creemos en el trabajo duro y en el ahorro propio.	Esto costará la friolera de 20 billones de pesos, según los estimativos más conservadores. Habrá que revisar quiénes en el Congreso promovieron este mico en la ley del Plan de Desarrollo. También, si hay personas como una Griselda, que admitió que en algún momento pagó a intermediarios 20 millones de pesos por lograr su traspaso, a pesar de no tener la edad legal para hacerlo.	Es urgente que el Gobierno presente la reforma lo más pronto posible. Y ella debe incluir: el aumento de la edad de pensión y de las semanas de cotización, el marchitamiento de Colpensiones, para que todo el mundo ahorre para su propia pensión, y el blindaje de los ahorros pensionales, para que ningún gobierno pueda echar mano de ellos cuando necesite caja fácil.