Según declaró a Caracol Radio la ministra de Trabajo Alicia Arango, de todo el presupuesto que anualmente destina el gobierno para subsidiar las pensiones, el 70% se destina a quienes reciben mesada superior a cinco salarios mínimos, equivalentes al 8,5% de la población beneficiada, y entre estos incluye a la elite con mesadas superiores a $20 millones, entre los que están congresistas, altos funcionarios del Estado, magistrados, etc.Solo el 30% de los billones destinados anualmente a subsidiar pensiones se va para el 91,5% de la población, que en su mayoría reciben uno o dos salarios mínimos.	O sea, el Estado en vez de subsidiar a los más pobres, como por lógica se haría en un país normal, lo hace con los más ricos, en una “democracia” donde en la propuesta de reforma tributaria el ministro Carrasquilla, siguiendo la política ‘trumpiana’, pretendía llenar huecos financieros aumentándoles el IVA a productos de la canasta familiar y, en general, a la aporreada clase media, que cada vez tiende más a la baja, mientras le rebajaba los impuestos a los más ricos, con la ilusión que estos destinaran el excedente a generación de empleo, olvidando que muchos, desde hace rato, para evadirlos, esconden gran parte de sus bienes y ganancias en Panamá y otros paraísos fiscales. Además,  numerosas de las industrias que se quejan del alto impuesto de renta y otros, a lo largo de sucesivas reformas tributarias han recibido grandes rebajas o exoneraciones mediante las zonas francas o económicas especiales, que les permitieron importar maquinaria y materias primas libres de Iva y otros derechos aduaneros.	Eso en el campo de impuestos, pensiones, etc., pero si vamos al de la justicia, el panorama sí que es peor, al ver la impunidad de la que gozan  los “ladrones honrados”, que desde los tiempos del “hombre de las leyes”, cuando los próceres de la independencia se repartieron los bienes de la	Desde estas posiciones privilegiadas han armado un andamiaje jurídico y penal de tal forma, que ellos y poderosos empresarios y mafiosos que los patrocinan, difícilmente puedan ser juzgados y condenados, en el caso de congresistas y altos funcionarios del Estado en la jurisdicción de la Comisión de acusaciones (absoluciones de la Cámara).	Si por el peso e inocultable de las pruebas llegasen a serlo, el efecto teflón les garantiza la inmunidad al calor de las duras condenas por los delitos que puedan cometer, y si por no haber podido dilatar los procesos con argucias leguleyas, amenazas o asesinato de testigos,  llegasen a ser apresados, desde las jaulas de oro de las prisiones especiales (con derecho a trago, fufurufas, celulares, etc.) o desde sus detenciones domiciliarias (gracias al dictamen de algún médico familiar o comprado) puedan seguir disfrutando de los miles de millones que se robaron y que a tiempo escondieron entre sus testaferros y cuentas en el exterior que las esperan seguir derrochando apenas cumplan las rebajadas condenas por haberse vuelto ‘juiciosos, estudiosos y escritores’ mientras estuvieron dizque ‘presos’.	En Brasil, el expresidente Lula fue juzgado y condenado; en el Perú, a raíz del escándalo de Odebrecht están investigados los expresidentes Toledo y Alan García, la jefa de la oposición Keiko Fujimori y debió renunciar el Fiscal General que intentó frenar la investigación al destituir a dos investigadores del caso. Sin embargo, en Locombia los pícaros se caen pa’ arriba y el Estado les queda debiendo.	Sin pena ni gloria, y a pesar de firmes indicios, fueron cerradas investigaciones contra las campañas presidenciales del 2010, expresidente Santos y Zuluaga. Este último acompañado por el entonces senador Iván Duque, por haber recibido dineros de Odebrecht, ‘haciéndose pasito’ entre ‘enemigos políticos’ del partido de la “U” y del Centro Democrático, o como se dice: “entre bomberos no nos pisamos las mangueras”..	En el caso del papel del Fiscal General Néstor Humberto Martínez la desmesura llega a su máxima expresión pues este personaje es de que los patean el córner, lo cabecean, meten el gol, corren a celebrarlo frente a las barras bravas y de una, con el estadio lleno se acerca al banquillo donde está dueño del equipo para que al instante le firme el multimillonario cheque por haberle hecho ganar el campeonato.	Este abogado estrella del grupo Aval y Corficolombiana, al servicio de estas empresas, les ayudó a estructurar los contratos, negoció la devolución de un billete que les cobraba Odebrecht como cuota compartida de los sobornos, como Superministro de Santos ayudó a tramitar la adición y agilización de nuevos contratos, y como fiscal orienta las investigaciones para que caigan los funcionarios de segundo y tercer nivel y los de la cúpula salgan sanos. Mientras tanto despista a la galería dándole bombo a otras investigaciones con pruebas o con indicios destacados en sucesivas ruedas de prensa y ordenando otras a testigos incómodos como el difunto Pizano, que por honrado insistió en ir al fondo y le tocó ir a él, pero al de la sepultura, agobiado por el tenebrosos andamiaje de poder maquiavélico y despiadado que le habían desplegado desde la Fiscalía al mando de su “amigo” Néstor Humberto Martínez.