Martín Duarte estaba tan contento con su trabajo como guardaparque que decidió estudiar una carrera entera para hacerlo mejor.La misión de este técnico agropecuario bogotano de 38 años era cuidar el Parque Nacional Sierra de La Macarena, un oasis rocoso en medio de las tierras bajas donde inicia la Amazonia colombiana y que se desprende del Escudo guyanés. Aunque Caño Cristales —su ‘río de los siete colores’— es un icónico paisaje que adorna folletos turísticos y vallas de aeropuertos en todo el país, solo hasta ahora los colombianos están comenzando a llegar a esta remota serranía gracias a que la seguridad ha mejorado.	En 2008, sin embargo, La Macarena era aún el escenario de fuertes enfrentamientos entre militares, guerrillas y otros grupos criminales. De hecho, era el epicentro de una de las principales estrategias —la de ‘consolidación territorial’— con que el Gobierno colombiano logró invertir la correlación de fuerzas con las FARC, empujándolos luego hacia una negociación de paz.	Publicidad. En esa época, igual que hoy, una de las principales funciones de los guardaparques era trabajar con las comunidades campesinas en los alrededores —e incluso dentro— de los parques. La pasión por esa parte de su trabajo motivó a Martín a estudiar psicología social comunitaria. Todas las semanas recorría en moto la hora que separaba su cabaña dentro del parque, en San Juan de Arama, de la Universidad Nacional a Distancia (UNAD) en el pueblo de Acacías, ambas en el departamento del Meta.	Duarte llevaba 13 años en el sistema de Parques Nacionales. Había comenzado en el parque nacional aledaño a Bogotá que protege el páramo de Sumapaz en lo alto de la cordillera. De ahí pasó al de Los Picachos, que salvaguarda los bosques de transición de los Andes hacia la selva. Finalmente, llegó a La Macarena tras separarse de su esposa y pedir el traslado para estar más cerca de su hija Stephanía.	Las circunstancias de la muerte de Martín aún son confusas. Lo que ha podido reconstruir su familia es que, al regresar a su cabaña tras trabajar con algunos campesinos de la zona, se topó con un grupo de hombres armados a quienes no conocía. Eran cuatro y llevaban a una mujer a la fuerza.	El sábado 2 de febrero de 2008, hacia las 8:30 de la noche, llamó a su tía Carmen Elena Triana, a quien visitaba con frecuencia en el cercano pueblo de Granada. “Elenita, estoy herido, vengan por mí”, le suplicó, su voz entrecortada y urgida. Aunque no se sabe con certeza, los indicios sugieren que desconocidos fueron a buscarlo y le dispararon en la espalda mientras trabajaba. Debieron quitarle el teléfono porque no volvió a contestar.	Un mes después, en un operativo liderado por el Gaula (una unidad antisecuestro de las Fuerzas Militares), fue rescatada Libia Camila Domínguez, una joven de 24 años por quien pedían un rescate de mil millones de pesos (300 mil dólares). Cuatro hombres fueron capturados, junto con un arsenal de guerra: un fusil AK-47, una subametralladora, dos granadas, dos escopetas y dos revólveres.	El juicio por el homicidio de Martín resultó tan traumático para la familia Duarte que dejó de ir a las audiencias, dolida por los constantes aplazamientos por motivos procedimentales. Para ellos, el caso se veía sólido y claro: Libia Camila testificó —vía teleconferencia para no encontrarse con sus captores— que, al día siguiente de haber escuchado un disparo en el bosque, uno de ellos le relató que habían tenido un problema con un ingeniero ambiental “bocón”. “Usted sabe que la están buscando y ese señor como que vio algo entonces pues le dispararon”, relató ella que le dijo uno de sus captores.	Aun así, el 28 de abril de 2014, seis años después del asesinato de Martín y pese a que la Fiscalía General de la Nación solicitó condenar a los cuatro sospechosos por homicidio agravado, un juzgado de Bogotá los absolvió por falta de evidencia contundente. “No se puede concluir que existe una prueba directa, seria, que logre desvirtuar la presunción de inocencia de los aquí procesados”, determinó la juezMartha Cecilia Artunduaga.	Aún hoy deben lidiar con vastos cultivos ilegales de coca y amapola, sembrados en potreros donde bosques fueron tumbados para darles vía. Con las dragas y retroexcavadoras sedientas del oro y el coltán escondidos. Con la galopante deforestación que busca, de manera deliberada, ‘desmontar’ la selva para vender maderas finas o apropiarse con artimañas de tierras públicas. O con las minas antipersonal sembradas para quebrarle la pierna a cualquier humano —o animal— que las pise.	“Es realmente muy injusta la carga de ser el Estado. Les asignamos funciones de control y vigilancia para enfrentar problemas de caza, turismo mal manejado o malos usos del agua, como si estuviéramos en Yellowstone. Jamás se pensó que —armados con un uniforme y un código de recursos naturales— tendrían que enfrentar guerrillas, paramilitares y grupos criminales”, dice Eugenia Ponce de León, abogada ambiental que dirigió el Instituto Humboldt y fue defensora delegada para el ambiente en la Defensoría del Pueblo.	Como muchas víctimas del conflicto, la familia de Martín quiere conocer, por encima de todas las cosas, la verdad. Si las 27 mil propuestas que enviaron las víctimas a la mesa de negociación de La Habana son un indicador, quienes más sufrieron la violencia privilegian la posibilidad de reconstruir sus vidas (34 %) y conocer la verdad (16 %), incluso por encima de la justicia (11 %).	Ellos tienen varias hipótesis, pero pocas certezas. Según se decía en la zona de La Macarena, dos de los detenidos absueltos eran guerrilleros de las FARC y los otros dos civiles. También creen que los secuestradores posiblemente eran guerrilleros nuevos en la zona, lo que explicaría que no tuvieran ninguna referencia suya.	Uno de ellos, Elisein Pinto, figura entre los 3170 presos (‘personas privadas de la libertad’ o PPL, en la jerga del Acuerdo de paz) que las FARC reconocieron en los listados que entregaron de sus combatientes. Tras las debidas verificaciones, el Gobierno lo acreditó como integrante de las FARC, con lo cual se hizo acreedor de los beneficios y las obligaciones del acuerdo.	Aunque ha pasado una década desde su condena, solo hasta ahora se pudo establecer su pertenencia con certeza, porque las personas no entran al sistema penitenciario colombiano por su condición de guerrilleros sino por delitos específicos. De ahí que el Estado muchas veces no supiera quiénes eran los integrantes de las FARC en la cárcel.	El segundo caso, el de Carlos Adolfo Plazas, es más complejo. Aparece en esos mismos listados, pero luego fue excluido el 22 de septiembre de 2017 por solicitud de las propias FARC, sin que sea muy clara la razón, en virtud de una provisión en el acuerdo que les atribuye la responsabilidad de elaborarlos.	Dentro de esa fórmula, los excombatientes de las FARC podrán recibir una pena más benévola por crímenes graves, como asesinato y secuestro, si cumplen tres condiciones ineludibles: reconocer su responsabilidad, contar la verdad que saben y resarcir a sus víctimas. Con este modelo, Colombia busca cumplir sus obligaciones legales y, al mismo tiempo, garantizar que se satisfagan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.	Para ello, el año pasado comenzaron a trabajar tres entidades que son la piedra angular de esa apuesta. La Jurisdicción Especial de Paz (comúnmente llamada JEP) se encarga de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves, mientras la Comisión de la Verdad reconstruye la verdad de lo que ocurrió en el conflicto y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas indaga por los más de 45 mil colombianos de quienes no se tiene ningún rastro, como el guardaparques Daniel Moyá en el Parque Nacional Los Katíos.	“Ante el horror de lo que pasó en la guerra, esto parece un tema menor, pero no lo es. A los parques nacionales los han minado, bombardeado, cultivado con coca, fumigado con glifosato [para erradicarla], les han echado mercurio, les han vertido petróleo, les abrieron vías ilegales, se comieron su fauna”, dice Eugenia Ponce de León, quien ha trabajado con guardaparques desde que inició su carrera hace tres décadas como abogada de Parques Nacionales.	“Los parques nacionales no solo han sido epicentro de la guerra, sino que albergan recursos estratégicos: mineros, energéticos, un potencial agroindustrial, de infraestructura. Pese al Acuerdo de paz, ese patrimonio colectivo de todos los colombianos está en condiciones de sufrir otra vez una victimización, porque continúan ahí esos intereses y esos recursos”, dice Rodrigo Botero, el director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) que fue jefe de la oficina regional de Parques Nacionales en la Amazonía durante diez años.	Su propuesta no sale del vacío. El propio Acuerdo de paz menciona la posibilidad de que la reforestación sea considerada como una forma de reparación a las víctimas y como un proyecto laboral para los excombatientes que se reintegran a la vida civil. Asimismo, el programa de sustitución de coca tiene un plan especial para erradicar las 8301 hectáreas de coca que hay sembradas en 16 parques (incluyendo 2832 en La Macarena). Por último, entre el mandato de la Comisión de la Verdad está esclarecer el impacto sobre los derechos ambientales de los colombianos.	Esas ideas, sin embargo, necesitan un nuevo impulso tras el cambio de gobierno y la llegada del presidente Iván Duque, que prometió implementar lo acordado pero en la práctica se ha mostrado inclinado a diluir su importancia histórica. Esa incertidumbre solo creció en marzo, con su decisión de objetar partes de una ley que regularía el trabajo de la justicia transicional creada por el acuerdo.	Si esa idea gana tracción y la JEP se decide a abrir un macrocaso, Colombia podría entender mucho mejor el papel contradictorio que desempeñó una guerrilla que, al mismo tiempo, se escondía en el denso tapete verde de la selva, imponía ‘manuales ambientales’ que restringían la caza o la tala, explotaba oleoductos y se financiaba a partir de economías criminales y depredadoras como el cultivo de coca y la minería ilegal.	“A Jairo se le dijo, quince días antes, ‘pare’ porque estaba haciendo un censo y midiendo las tierras con el único propósito —que fue el engaño— de legalizar las tierras y [que] pudiera Parques hacer cualquier negociación con los campesinos. Y el hombre no estaba haciendo eso: era un nuevo desplazamiento”, añadió, hablando de frente a la cámara, en un especial periodístico sobre el nudo de Paramillo.	Un año después de esa admisión, Yoverman Sánchez Arroyave —nombre real de ‘Manteco’— dejó sus armas como parte del Acuerdo de paz y se instaló en la zona de concentración de Gallo en Córdoba, para iniciar su proceso de reincorporación a la legalidad. Tras las dificultades logísticas de ese alejado paraje, ese grupo de excombatientes de las FARC trasladó el campamento a Mutatá, en Antioquia, donde comenzaron su nueva vida y donde Sánchez aún está.	Sin embargo, el empleo de minas —que ha dejado 11 000 víctimas directas (sin contar familiares)— es una de las verdades por la que las (desmovilizadas) FARC deberán responder ante la justicia transicional. El ‘Monitor de minas’ —el reporte anual de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas (ICBL) que mide el cumplimiento de cada país en la eliminación de estos artefactos explosivos contemplada en la Convención de Ottawa— los describía como “los más prolíficos usuarios de minas entre los grupos rebeldes del mundo”.	“No hubo ninguna llamada, no vinieron a hacernos una visita. ¿Saben qué pasó con la niña, que tenía 13 años? ¿Nunca se les ocurrió ayudarnos con un psicólogo a su mamá, su papá, sus hermanos? Ha sido una ausencia total del Estado”, dice Elsa Acero, sentada en la sala de su casa en el occidente de Bogotá. En la mesa que tiene enfrente hay una foto de Martín, sonriente, vistiendo su chaleco azul de guardaparques, en una lancha en el Parque Nacional Amacayacu.	“Nunca hubo indiferencia. Cuando hablamos de familias en sitios alejados, se nos ha salido de la mano darles una asistencia integral como quisiéramos. Tratamos de dársela a los funcionarios y contratistas, entre los que ya tenemos muchos casos contando a los que han sido amenazados”, dice Julia Miranda, directora de Parques Nacionales desde hace 15 años.