Con alguna lógica podría pensarse que los requisitos para la adjudicación de un campeonato de fútbol están intrínsecamente vinculados con la celebración de los partidos, como la infraestructura, el tamaño de los estadios, la disponibilidad de hoteles, comunicaciones, entre otros. Pero la caprichosa exigencia de la exención tributaria lleva a recordar que la Fifa actúa como un superpoder, donde cualquier injerencia del Estado sobre el fútbol amenaza con la descalificación de la Federación del respectivo país. Quiere, además, el monopolio de los impuestos, en la medida en que cobra tasas por la realización de cada partido.	No es fácil entender que el tema tributario prime sobre elementos fundamentales, como es el tamaño y la comodidad de los estadios; quizá para fortuna de nuestro país, porque en ese aspecto definitivamente estamos en desventaja. Nuestra imponente capital, con más de ocho millones de habitantes, depende de un viejo Campín, donde escasamente se acomodan 37.000 espectadores; en los estadios de Medellín y Barranquilla caben alrededor de 48.000, y 42.000 en el de Cali, mientras que solo en el Gran Buenos Aires, los argentinos cuentan con al menos siete estadios que se acercan o exceden los 50.000 espectadores. Para no hablar de las facilidades de movilidad: de acuerdo con las cifras de Inrix Research, publicadas recientemente, Bogotá tiene la ‘distinción’ de ser la ciudad del mundo donde los conductores perdemos más tiempo en los atascos de tráfico; más de tres semanas al año en ir y venir al trabajo.	Las noticias de prensa atribuyen al Presidente de la Conmebol frases como: “Para que Argentina sea sede, su gobierno debe comprometerse a liberar de impuestos a la organización, algo que los colombianos ya hicieron”; “Si este requisito se cumple, y en la carta del presidente colombiano Iván Duque ya está comprometida esa gestión, es un requisito a favor. Estamos esperando que acontezca lo propio con Argentina”, añadió el dirigente.	Tal parece que los miembros de la delegación colombiana a las reuniones de la Conmebol, entre quienes seguramente hay funcionarios del Gobierno, ignoran que en Colombia –como en todos los países– los impuestos solo pueden ser decretados y eliminados o suspendidos por el Congreso de la República, si son del ámbito nacional, y que los municipios y departamentos gozan de autonomía en materia de los tributos de las regiones. Seguramente, también ignoran (¿u olvidan?), que en la Copa América, organizada por Colombia en el 2001, la Federación Colombiana de Fútbol pagó 501 millones de pesos de impuestos por la realización del evento, según información que fue pública, después de un embargo que se realizó a las cuentas de la entidad por parte del gobierno caleño. Se afirmaba en ese entonces, que el Alcalde, John Mario Rodríguez, habría exonerado del pago del gravamen al certamen futbolístico, lo cual originó, además, el embargo de sus cuentas personales.