Ayer miles de estudiantes salieron a las calles de las principales ciudades del país a marchar en contra del gobierno. Las manifestaciones tenían por motivo el incumplimiento de los acuerdos del paro del año pasado- en opinión del movimiento estudiantil-, rechazar las intervenciones del Esmad y el caso de corrupción presentado en la Universidad Distrital en Bogotá.	Para muchos impactar la movilidad de las grandes capitales es un precio muy bajo que el resto de la sociedad debe pagar para garantizar ese derecho a la protesta. No obstante, el ejercicio de ese derecho no cubre ni legitima la violencia. Parece que los colombianos están inexorablemente condenados a tener que soportar los vándalos a cambio de la expresión válida de importantes grupos sociales.	Saldrán también este año 750 mil millones de pesos de las regalías a infraestructura e investigación en las universidades públicas. Al movimiento estudiantil le corresponde ponderar si el mejor camino es enfocarse en lo que se ha avanzado en los distintos puntos o en lo que, a juicio de los jóvenes, está en mora.