Tras haber aumentado su tamaño en 1,8% y 2,6% en los dos años anteriores respectivamente, según el Latin American Consensus Forecast (LACF), lo hará en 3,1% este año y en 3,2% en el siguiente. En tanto que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) estima que en el presente ejercicio alcanzará el 3,4% y en el siguiente 3,5%.	Adicionalmente, el modelo probabilístico que emplea el Banco de la República conocido con el vocablo inglés fan chart, o ‘gráfico ventilador’ en español, indica que, como van las cosas, el país se encaminaría hacia un crecimiento del 4% después del año 2020. En contraste, el resto de nuestros vecinos, sin excepción alguna, en 2019 tendrá crecimientos inferiores a los observados en 2018.	De acuerdo con pronósticos del LACF, Brasil continúa en terreno positivo, pero con apenas un mediocre 0,9%. México con 0,6% y Perú con 2,6%, ambos con fuerte sesgo a la baja. Argentina contrayéndose en -2,8%. En Chile, antes de conocerse los lamentables acontecimientos que la golpean, se esperaba un 2,6%. Y Venezuela sigue en picada, cayendo este año un -27% adicional.	Por otros lados, la situación no es mejor. Lo más probable es que China no crezca este año más allá del 5,8%, la cifra más baja de las últimas tres décadas. A pesar de los excelentes indicadores en materia de desempleo de Estados Unidos –3,5%, la tasa más baja de los últimos 50 años–, y de Reino Unido –3,8%, que reflejan una condición de pleno empleo–, su desaceleración resulta así mismo ostensible. La eurozona va rumbo al estancamiento, arrastrada por Alemania, su tradicional fuerza motriz, cuya industria, su más importante fuente de prosperidad, se halla en contracción. Y Japón, que sigue sin poder levantar cabeza.	Sobre el particular, Nouriel Roubini, el economista que se hizo célebre por haber predicho con notable presión la crisis financiera de 2007- 2009, afirmó recientemente que “(…) la próxima recesión probablemente sea causada por choques de suministro negativos permanentes de la guerra comercial y tecnológica, sino - estadounidense. Y tratar de deshacer el daño mediante un estímulo monetario y fiscal interminable no será una opción”. Es posible que no se llegue a semejante escenario, pero lo más seguro es que al menos la economía global, en su conjunto, prosiga durante algunos años en una senda de lento desenvolvimiento.	De otra parte, al tiempo que no pocos analistas empiezan a proclamar el fin de la era de la inflación en el mundo rico, lo cierto es que lo que no ha desaparecido, en especial en Europa y Japón, es el fantasma de la deflación, lo cual constituye un gran dilema para sus bancos centrales, casi todos con tasas de interés reales negativas y atrapados en una suerte de trampa de liquidez, en economías con balances fiscales en extremo frágiles.	Volviendo a Colombia, terminado el primer semestre de este año con un crecimiento del 3,05%, en el segundo semestre este tendría que alcanzar el 3,75% si se pretende llegar en año completo al 3,4%, como lo pronostica la Ocde, según se mencionó antes. Falta ver si el entorno global lo permitirá.	Ahora bien, a fin de garantizar la sostenibilidad del crecimiento –o sea que no sea ‘flor de un día’ como ha solido acontecer en la historia reciente de parte del vecindario–, la cual es requisito esencial a fin de traducirlo en genuino bienestar, la estabilidad macroeconómica es presupuesto insustituible para lograr dicho cometido.	Tres son los ejes de dicha estabilidad: las políticas monetaria, financiera y fiscal. En cuanto a la primera, fundamentada en la independencia del banco central frente al Gobierno, el esquema de inflación objetivo y el régimen de flotación cambiaria, su robustez y credibilidad no tienen parangón en la Nación. En materia financiera, la solvencia y la solidez del sistema son ampliamente reconocidas nacional e internacionalmente. Pero en el ámbito fiscal la tarea necesaria para su consolidación está pendiente.	En apenas cinco años la deuda neta del Gobierno Nacional Central pasó de 37,1% a 50,2% sobre el PIB, principalmente como resultado del desplome de la renta petrolera. El saneamiento de las finanzas pública representa un reto monumental, y exige acuerdos entre el Congreso y los partidos, el Gobierno Nacional y los territoriales, y los sindicatos y el empresariado.