Cinco años después los dos países llegaron a un acuerdo para resolver el problema sin necesidad de que interviniera la CIJ y como parte del arreglo el Gobierno colombiano se comprometió a entregar al país vecino un total de 15 millones de dólares para el desarrollo de la zonas de la frontera.	A mediados de 2015, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) acató la sentencia del alto tribunal que dos años después emitió un nuevo fallo en el que estableció que sería posible reanudar las aspersiones aéreas si una investigación científica, de forma "objetiva y concluyente, demuestra ausencia de daño para la salud y el medio ambiente".	Pese a la recomendación de la OMS, la Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre otras entidades, consideran que la evidencia científica no demuestra una relación entre el glifosato y daños en la salud, pero mantienen el herbicida como un factor de riesgo.	El informe anual de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp, por su siglas en inglés), mostró que en 2017 los cultivos de coca en Colombia alcanzaron un récord de 209.000 hectáreas, lo que el Gobierno de Duque atribuye a la suspensión de las aspersiones con glifosato.	Esa audiencia fue uno de los elementos tomados en consideración por la Corte para mantener las restricciones fijadas en la sentencia de 2017, que sin embargo dejó en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes valorar toda la evidencia científica y técnica disponible frente a la "minimización de los riesgos para la salud y el medioambiente" por el uso del glifosato.comparte