“Como máxima autoridad de tierras del país en la ANT nos corresponde salvaguardar integralmente la legalidad, como fundamento de la estabilidad jurídica y la garantía de que los predios de la Nación y el ordenamiento social de la propiedad deben ser manejados en forma rigurosa y con absoluta transparencia”, dijo en reacción al fallo Myriam Martínez Cárdenas, directora de la ANT, en un comunicado.	En el fallo, firmado por los magistrados Alberto Romero, Hoover Ramos y Rafael Albeiro Chavarro, se ordena remitir el caso a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, “con miras a que se adelanten las investigaciones a que haya lugar en contra de la señora Jueza y del señor Procurador Ambiental y Agrario que se vinculó dentro del trámite del proceso objeto de revisión constitucional”.