Luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio ordenara a Uber suspender su servicio en Colombia, la aplicación de transporte compartido apeló el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá y envió la siguiente carta abierta en primicia a EL TIEMPO con su posición frente a la decisión del regulador comercial.	Hoy es una opción tecnológica para más de dos millones de ciudadanos en Colombia y contribuye en la generación de oportunidades para más de 88.000 socios conductores, muchos de ellos discapacitados, mujeres y cabezas de familia, que han optado por una alternativa de autoempleo flexible para mejorar su calidad de vida.	El fallo, contrario a las pruebas, ley, jurisprudencia y conceptos de esa entidad, violó el debido proceso y los derechos constitucionales, ordenando el cese de prestación de servicio de Uber. Un fallo que afecta principalmente a usuarios y socios conductores, reniega de la tecnología como elemento vital para la movilidad de las personas, y que tiene la potencialidad de perjudicar todo el ecosistema digital en el país.	Por ese motivo hoy pedimos, más que nunca, que se generen espacios con todos los actores- Gobierno, Congreso, gremio de taxistas- con el fin de generar una hoja de ruta que avance en ese propósito, en un marco de respeto y convivencia. La viabilidad de todo un ecosistema de movilidad, no solo de Uber, está en riesgo si no se asume esta postura.	Respetando la ley tributaria colombiana, en el último año y medio Uber ha aportado más de 70.000 millones de pesos en IVA por prestar servicios de tecnología desde el exterior. Uber no es el problema, es parte de la solución. Los tiempos cambian y es fundamental que las normas de cualquier país en el mundo logren adaptarse a la forma en la que evolucionan las sociedades.	Hoy, lamentablemente, y por cuenta de este fallo, esa brecha es más grande. Crear una regulación específica que desarrolle y fomente el uso de alternativas de movilidad intermediadas por la tecnología y que, sobre todo, tenga como principio fundamental privilegiar el bien común de los ciudadanos es la tarea y respetar los derechos constitucionales de millones de colombianos.