En cuatro oportunidades, 28 de mayo, 20 de junio, 23 de julio y 26 de agosto, el personero de Puerto Rico, Caquetá, Herner Carreño, alertó sobre la presencia de grupos armados residuales o disidentes, que estaban reclutando menores de edad de la región. Las cartas fueron enviadas a diferentes comandantes del ejército de los batallones de la zona y al alcalde de esa población Hernán Armando Bravo Molina.	Hubo dos misivas más, fechadas el 2 y el 9 de septiembre. En esta última hace un “urgente llamado” para convocar al equipo de atención inmediata del que hacen parte el Icbf, miembros de la Fuerza Pública, comandante de Policía de Puerto Rico, el alcalde, el secretario de Gobierno y el comisario de familia para la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Carreño ya no está en el pueblo, salió huyendo por cuenta de las amenazas por sus denuncias, pero se pregunta qué habría pasado si las autoridades hubiesen actuado a tiempo y antes del bombardeo contra el campamento de alias ‘Gildardo Cucho’, en el que ocho menores fallecieron.	Desde el ataque, ocurrido en agosto pasado, se inicia una serie de irregularidades que no han sido esclarecidas. Según Carreño “una vez ocurrió el bombardeo convoqué de manera urgente y extraordinaria al equipo de atención inmediata para la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, pero pasaron ocho días y el alcalde no la convoca”.	Sin embargo, ante la gravedad de los hechos, al lugar arribó una comisión de la Defensoría y de la ONU preguntando por la situación, motivo por el cual, el mandatario local, organizó la reunión en la que Carreño expuso los casos de las tres menores que fallecieron en el epicentro del teatro de operaciones del Comando Conjunto de Operaciones Especiales.	El personero Carreño sostiene que de esa reunión se pactó que para el 18 de octubre se entregara un informe sobre las acciones que cada entidad ha realizado para prevenir el reclutamiento forzado de menores. “Llegó esa fecha y las únicas personas que hicieron presencia fueron el comandante de Policía, el secretario de Gobierno, la comisaría de Familia, el secretario de Desarrollo Social y yo, pero como no había quórum no se celebró esa reunión”, denuncia el delegado del Ministerio Público.	Aún no hay explicación del por qué, el Icbf, la entidad llamada a velar por la protección de los menores en el país, no acudió a la reunión. Solo se apresuraron a hablar con Carreño una vez estalló el escándalo denunciado en la moción contra el ministro de Defensa, Lorenzo Guillermo Botero, que desencadenó su salida del Gobierno.	Al igual que en Caquetá, el reclutamiento de menores por parte de grupos ilegales sigue siendo una problemática latente en varias zonas del país. La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) resalta que este fenómeno presentó un aumento al comparar el primer semestre de este año con el de 2018.	Carreño recuerda que la Constitución es clara en señalar que para el cuidado y protección de los NNA es responsabilidad de la familia, de la sociedad y del Estado. “Pero cuando la familia y la sociedad fallan, el Estado tiene que intervenir porque tiene unos compromisos internacionales de garantizarles los derechos”, sostiene.	El profesor universitario y magíster en Derecho Internacional, Elquín Infante, recuerda que en el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra se advierte que está prohibido el reclutamiento de personas menores de 15 años. “Pero Colombia también hace parte de la Convención de los derechos del niño y allí se dice que el país se compromete a no reclutar a personas menores de 18 años, esto es para el Estado, es decir, para las Fuerzas Militares”.