281 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos se presentaron entre 2016 y 2019. Esto según el “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia” presentado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.En dicho boletín se informa que durante el actual Gobierno se han reducido los homicidios en un 32 % y se dio inicio a una tendencia para evitar este flagelo, especialmente, en los segmentos territoriales priorizados: Catatumbo, Antioquia-Chocó, Cauca-Nariño y Putumayo- Caquetá. Así mismo, se ha identificado que esta situación está focalizada en 45 municipios, o sea que más de 1.000 municipios colombianos están libres de ese flagelo.Los asesinatos en este periodo de tiempo afectan a esta población de la siguiente manera: la mayoría de casos, 99, son de líderes comunales con un 35,2 %; siguen los líderes comunitarios con 65 víctimas, el 23,1 %; los líderes indígenas con 42 casos, 14,9 %; los líderes campesinos con 23 homicidios, 8,3 %; los líderes de víctimas con 10, el 3,5 % y 42 casos de otros tipos de liderazgo, 15,2 %.En cuanto a factores de riesgo, de los 259 casos registrados durante los años 2016 a 2018 se comprueba que el mayor número de homicidios se relaciona con minería ilícita (202 casos). El segundo factor de riesgo es la presencia de grupos armados y acciones de terrorismo (178 casos) y le siguen las muertes relacionadas con dinámicas de cultivos ilícitos (58 casos).Este miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales aclararon que, con respecto a un reporte informado por un delegado de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el pasado 11 de junio con cifras sobre asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país, corresponde a un resumen del “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia”, el cual se se presenta todos los años en Ginebra por la Alta Comisionada al Consejo de Derechos Humanos.