Es difícil entender por qué un deterioro tan significativo no es motivo de un debate mayor. Pero a juzgar por las tímidas reacciones que genera, parecería que el país no le está prestando la debida atención a la realidad del mercado laboral que, para decirlo en pocas palabras, no va nada bien.	Las cifras son elocuentes. Según lo reportó el Dane la semana pasada, el desempleo a nivel nacional llegó a 10,5 por ciento en mayo, mientras que en las 13 áreas metropolitanas ascendió a 11,2 por ciento, con incrementos de ocho décimas y 1,1 puntos porcentuales, respectivamente. Aunque el deterioro viene desde mediados del 2016, los datos más recientes muestran una evolución inquietante que apunta a seguir por la misma senda.	Para comenzar, hay una reducción en la población ocupada, que se ubicó en 22,2 millones de personas, 287.000 menos que doce meses atrás. Pero salta la vista que la fotografía habría sido mucho peor, pues la cantidad de inactivos -gente que no está buscando trabajo- saltó en 596.000 individuos.	Lo anterior es síntoma de que sencillamente no hay oportunidades de empleo, siendo los oficios del campo los que más acusan el golpe, con 200.000 plazas menos. Tampoco le va bien a la industria o a las actividades inmobiliarias, en donde el personal empleado se redujo en medio punto porcentual.	Un reporte que concierne estrictamente a Bogotá muestra que el desafío es mayúsculo en el área manufacturera. Así, las empresas de 11 o más trabajadores redujeron su nómina en 30 por ciento, mientras las que tienen entre 2 y 10, lo hicieron en siete por ciento. Los únicos que aumentaron son los que trabajan solos, con un incremento del 26 por ciento, lo cual no es precisamente alentador.	Las señales de alerta son múltiples e incluyen elementos que merecen la debida atención de las autoridades. Sin duda se requiere un análisis más detallado de los números con el fin de identificar problemas puntuales y eventuales políticas que lleven a un cambio de tendencia. Pero, por ahora, el campanazo debería escucharse.