En medio de una tensión diplomática sin precedentes en la región latinoamericana, provocada a partir de la sistemática caída de los gobiernos progresistas (de izquierda) que se habían instaurado en los últimos 10 años en países como Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia y Uruguay, y con cada vez menos aliados, el hoy criticado, repudiado y no reconocido presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lejos de abandonar el poder, inauguró el pasado jueves 10 de enero en Caracas, contra viento y marea, un nuevo período presidencial (2019-2025) que le planteará varios retos, el más importante sin duda, es su legitimidad y la difícil situación económica que atraviesa el país, que está dejando a la moneda nacional casi sin valor y a su población sin un poder adquisitivo real.Venezuela no es ajena a esa crisis regional, especialmente agudizada en los últimos años del gobierno Chávez con la caída en el precio de los barriles de petróleo y después recrudecida con su muerte en 2013, el pueblo venezolano vive sumido en una crisis económica, social y política sin precedentes, con un éxodo cifrado entre 2.500.000 y 3.000.000 de ciudadanos fuera (de los cuales en Colombia alcanzan el millón de migrantes) huyendo de la miseria, el hambre y la falta de trabajo. La inflación bordea el 1.700.000% y podría llegar a 10.000.000% a finales del 2019, el Producto Interno Bruto decrece y la producción petrolera está en caída libre, todo lo cual configura una situación insostenible. La persecución a los dirigentes opositores y la terrible ausencia de libre expresión marcan lo que para muchos es, desde hace rato, una dictadura de partido y militares.	Nicolás Maduro pretende gobernar de espaldas a su realidad política, social y económica y de una comunidad internacional que lo rechaza cada vez más. La supuesta investidura, ante un Tribunal Superior de Justicia que es su partidario y que declaró en desa­cato a la Asamblea Nacional, fue una ceremonia patética.	El mandatario, quien se impuso en las elecciones presidenciales celebradas en mayo de 2018, en las que no participó el grueso ni la mayoría de la oposición y que solo él y muy pocos gobiernos de la región pretenden reconocer, se encuentra en una complicada situación diplomática. En víspera de la investidura, Washington anunció fuertes sanciones económicas contra empresarios cercanos al chavismo. Varios países del mundo —entre los que destacan Estados Unidos, los Estados de la Unión Europea y los miembros del Grupo de Lima, excepto México— anunciaron que no reconocerán el nuevo período presidencial por haberlo ganado de manera “ilegítima”.	Maduro, reacio a ceder en sus posiciones pero cada vez más asfixiado por las presiones internacionales, especialmente desde los Estados Unidos, aseguró en la última semana: “No hay posibilidad de que gobierno alguno diga ninguna palabra desde el extranjero para conocer, reconocer o desconocer lo que es la legitimidad constitucional y democrática del gobierno que voy a presidir. En Venezuela las decisiones no se toman desde afuera. Venezuela no es un país que esté intervenido”. Pero lo cierto es que, cada vez más deslegitimado, solo y sin apoyos fuertes, el régimen chavista ha visto, por primera vez en 20 años, lo que muchos han catalogado como el golpe más fuerte de la oposición al gobierno oficialista, cuando el pasado miércoles 23 de enero, en una multitudinaria jornada de protestas y manifestaciones en las principales ciudades del país vecino, el líder de la oposición y Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se auto proclamó como Presidente Encargado de Venezuela, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana que permiten al presidente de dicha corporación acceder al poder solo si se presentase un vacío de poder, o usurpación del mismo.	Por supuesto que la investidura del líder opositor Guaidó no pasó desapercibida en la comunidad internacional, puesto que a solo pocas horas del hecho histórico, numerosos gobiernos de la región y del mundo, se apresuraron a reconocerlo como presidente legítimo de Venezuela, desconociendo todo poder y potestad del oficialismo en cabeza de Maduro y de su segundo al mando, Diosdado Cabello. Esta legitimidad estuvo confirmada por Estados Unidos y su bloque de aliados, como lo son Colombia, y casi todos los países de la América Latina —a excepción de México y Bolivia— al igual que la Unión Europea y los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que solo reconocen en la Asamblea Nacional, la única institución legítima y digna de confianza en Venezuela, en detrimento de la chavista Asamblea Nacional Constituyente, ampliamente criticada y no reconocida en el mundo.	El aislamiento regional no es una situación nueva para Maduro, a pesar de que la retórica de países como Estados Unidos o el Grupo de Lima se haya intensificado. De hecho, en el último año el presidente venezolano se ha acercado a países como Rusia, China, Turquía e Irán. El aislamiento y el desconocimiento del gobierno, aunque es una herramienta legítima en el derecho internacional, no suele ser eficaz en la búsqueda de una transición política.	De hecho, el caso venezolano es aún más complicado, pues el chavismo lleva tiempo sin depender económicamente de sus vecinos. Venezuela lleva años preparándose para un relativo aislamiento hemisférico. Sus condiciones geográficas y recursos naturales le han permitido sostener su propia doctrina y régimen sin que la región pueda hacer mucho para evitarlo. Recursos naturales tan preciados como el petróleo, oro, diamantes, coltán y, presumiblemente, uranio están en la mira de socios eurasiáticos como China, Turquía, Rusia e Irán y esto está abriendo una nueva era en la economía del país vecino.	No obstante, aunque para Maduro la dependencia económica en la región sea cada vez menor, va a necesitar el apoyo diplomático para evitar, por ejemplo, que se le aplique la Carta Democrática Interamericana de la OEA, que con el ascenso de Jair Bolsonaro en Brasil y un cabildeo diplomático entre Colombia y Estados Unidos puede por fin concretarse. Es una opción que podría hacerse efectiva a partir del 10 de enero, fecha de la discutida posesión de Maduro, pero que dada la fecha actual, es una jugada que aún no han ejecutado los países miembros de esa organización. Pero así como Maduro tiene sus problemas, sus países amigos en la región tienen cosas por resolver internamente. Tanto Bolivia como Nicaragua viven sus crisis políticas y en este momento, y durante los siguientes meses, tendrán que concentrarse en mantenerse en el poder. No tienen mucho espacio para apoyar a Maduro más allá de su recurrente retórica, como la del también criticado presidente boliviano Evo Morales, quien siempre tilda de “pretensiones imperialistas” los intentos de restablecer el orden y las instituciones democráticas en Venezuela, porque sabe que eso conllevaría al derrocamiento de Maduro y del chavismo en el poder.	Las presiones internacionales y el pulso contra el Gobierno han conducido a Guaidó a tamaña decisión, que eleva aún más la magnitud de un pulso inédito: el presidente “de facto” Nicolás Maduro contra el presidente “encargado”. El primero con el apoyo de la revolución, de la cúpula militar, de las fuerzas represivas y de Inteligencia y de sus aliados Cuba, Rusia y China. Y el segundo, con el respaldo popular y la presión internacional, que en las próximas horas se elevará a cotas desconocidas.	A diferencia de Hugo Chávez, quien gobernó en tiempos de las vacas gordas y aprovechó el auge del petróleo y el alto rendimiento de las reservas venezolanas, a Nicolás Maduro, su heredero político, le ha tocado gobernar durante los años de las vacas flacas, con un petróleo mucho más barato y una capacidad técnica reducida debido a la fuga de cerebros. Sin embargo, por ahora estos son solo recuerdos de un pasado de florecimiento económico y sueños de un futuro incierto que no promete mucho debido a un presente funesto que refleja una inflación para Venezuela de hasta el 1.000.000% en 2018. Una cifra solo comparada con la situación que experimentó Zimbabue a finales de 2000 y Alemania en 1923.	Venezuela puede volver a los años cuando fue considerada una democracia fuerte, especialmente a partir del Pacto de Punto Fijo en 1958. Por supuesto que todos queremos que Venezuela sea un país fuerte y exitoso, volver a ver a la nación sudamericana y caribeña aumentar su producción y exportación de petróleo, diversificar su malograda economía, dar la bienvenida a turistas de todas partes del mundo, mejorar su infraestructura, producir sus propios alimentos y, sobre todo, integrarse totalmente en la economía regional. Aunque todavía el gobierno venezolano no reconoce que la crisis económica hace tiempo mutó a crisis humanitaria, la realidad es que en términos migratorios ya algunos expertos se han atrevido a decir que Venezuela representa la Siria de las Américas.	Sin embargo, a pesar de esas cifras de migrantes que desgarran el alma, la respuesta militar nunca deberá ser la opción. Por el contrario, la resistencia del régimen en los últimos años nos indica que a estas alturas de la crisis debemos pensar en el bienestar del pueblo y no en el gobierno, cuya prioridad es mantener el poder. Por consiguiente, Venezuela necesita realizar algunos cambios. Maduro puede continuar con su discurso del legado de Chávez, pero debe pasar a acciones concretas para que Venezuela logre la reconciliación con el mundo, pero sobre todo con Venezuela misma. Venezuela puede cambiar y el mundo cambiará con ella, pero no pasará de la forma contraria. La solución no es aislar a Maduro, la solución es integrarlo y llevarlo por el camino del cambio. Un cambio real que también signifique cambiar el rostro de su gobierno y promover la reconciliación con su pueblo a través de la tolerancia. Pero para eso hay que poner a la gente primero y en esta etapa esto se logra reconociendo que hay una crisis y aceptando la ayuda humanitaria necesaria: ¡primero la gente!