La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $37.810 millones de pesos contra el exalcalde de Cartagena Dionisio Fernando Vélez, la exdirectora del Departamento Administrativo Distrital de Salud – DADIS, Martha Cristina Rodríguez de Gaviria, el contratista Compañía de Ingeniería Negocios y Servicios -COINSES S.A., y los contratistas integrantes del Consorcio Salud Heroica S.A. y el Consorcio Interventoría Hospitales Cartagena.La decisión, proferida por la Gerencia Departamental de la CGR en Bolívar, tiene que ver con el daño fiscal que se dio con la ejecución de dos contratos de obra y uno de interventoría de 2014, relacionados con la construcción, adecuación, ampliación, remodelación y dotación de las instituciones de salud del Distrito de Cartagena, en ese momento.Los hechos que generaron la apertura de este proceso de responsabilidad fiscal hacen referencia a la existencia de un detrimento patrimonial a las arcas del Distrito de Cartagena de Indias en cuantía de $9.716 millones para el Contrato 001-2014, suscrito entre el Departamento Administrativo del Distrital de Salud – DADIS y el Consorcio Salud Heroica S.A.Y de igual manera, en cuantía de $25.770 millones para el Contrato No. 002-2014, suscrito entre  el DADIS y la Compañía de Ingeniería y Servicios S. A. COINSES S.A., debido a que una parte de las obras quedaron inconclusas y, otra, a pesar de ser terminadas y tener los suministros de equipamiento médico, no prestan el servicio de salud, para las que fueron proyectadas.También, se determinó un daño patrimonial en cuantía de $2.324 millones para el Contrato de Interventoría No. 001-2014, suscrito entre el DADIS y el Consorcio Interventoría Hospitales Cartagena S.A.Lo anterior, sin desconocer los presuntos sobrecostos que se pueden dar por la extensión en el tiempo de los contratos por arriendo de bienes inmuebles donde funcionan parcialmente los servicios de salud a la comunidad de las unidades que fueron demolidas y/o están siendo remodeladas, debido a una deficiente planeación.En total, la CGR estableció un presunto detrimento patrimonial a las arcas del Distrito de Cartagena de Indias en cuantía de $37.810 millones.Para el organismo de control es claro que si bien los 2 contratos de obra iniciaron su etapa de ejecución el 24 de octubre de 2014, la cual tenía un término inicial de ejecución de 14 meses, no han sido culminadas, imposibilitando así la atención oportuna y con calidad de los servicios de salud de las comunidades beneficiarias con las obras contratadas.Objeto de los contratos cuestionadosEl día 26 de septiembre de 2014, la Dirección del Departamento Administrativo de Salud de la Alcaldía del Distrital de Cartagena, celebró los siguientes contratos:*Contrato DADIS No. 001 con el Consorcio Salud Heroica S.A. por $29.893.305.679; cuyo objeto era realizar la revisión y ajuste de los diseños prototipo, de los estudios de ingeniería y la construcción y/o adecuación y/o ampliación y/o remodelación y dotación de las instituciones de salud del Distrito de Cartagena - Grupo I, II.*Contrato DADIS No. 002 con la Compañía de Ingeniería y Servicios S. A por $64.061.606.984, cuyo objeto era realizar la revisión y ajuste de los diseños prototipo, de los estudios de ingeniería y la construcción y/o adecuación y/o ampliación y/o remodelación y dotación de las instituciones de salud del Distrito de Cartagena III y IV.*Y Contrato de Interventoría No. 001 de 2014, con el Consorcio Interventoría Hospitales Cartagena S.A., por $6.158.654.900, cuyo objeto era, la interventoría técnica, administrativa y financiera, de los contratos DADIS 001 y DADIS 002 de 2014.Presuntos responsables fiscalesEn este caso, la Contraloría General de la República vinculó como presuntos responsables fiscales a:*DIONISIO FERNANDO VELEZ TRUJILLO	, en su calidad de Alcalde Distrital de Cartagena al momento de la firma de los contratos 001 y 002 de 2014.Si bien la suscripción de los contratos estaba delegada en la Directora del Departamento Administrativo del Distrital de Salud – DADIS, la Contraloría considera que, tal como lo establece el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, “En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual…”*MARTHA CRISTINA RODRIGUEZ DE GAVIRIA