El Ministerio Público consideró que el juez debió valorar más allá del cumplimiento formal que exige la ley para conceder la libertad, que en este caso fue de las tres quintas partes de la condena a 21 años, la gravedad de los daños que ocasionó este peculado por apropiación agravado, como sí lo hicieron el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia.	En el documento de libertad, publicado por La FM, se lee que el juez le concede el beneficio de la libertad por haber cumplido “la pena acumulada de 253 meses y 24 días de prisión por el delito de peculado por apropiación (...) cuyo beneficio se materializará siempre y cuando el condenado no sea requerido por otra autoridad”.