Las escenas de los tiempos más sangrientos de la guerra contra el narcotráfico en México regresaron el jueves cuando la policía encontró en Uruapan, en el estado occidental de Michoacán, un total de 19 muertos: nueve cuerpos colgaban de puente vehicular, al lado de una pancarta con amenazas; otros siete cuerpos estaban amontonados en una avenida cercana y tres más cerca de ahí. Algunos estaban desmembrados.	“Este tipo de violencia publica y teatral, donde no sólo matas sino que jactas de haber matado, es un forma de intimidar a los rivales y mandar un señal a las autoridades”, dijo el especialista en seguridad Alejandro Hope, quien agregó que este tipo de “impunidad cínica” ha ido en aumento en Michoacán.	El gobernador del Estado, Silvano Aureoles, señaló a través de su cuenta oficial de Twitter que había instruido al gabinete de seguridad “para que no bajemos la guardia y sigamos actuando con firmeza contra quienes se empeñan en quebrantar la ley y la tranquilidad de las y los michoacanos. Ni un paso atrás”.	En 2011, esa misma organización --que entonces tenía menos fuerza-- tiró 35 cadáveres en un paso vehicular en el estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México. En 2012, los Zetas abandonaron 49 personas decapitadas en una autopista en el norte del país y ese mismo año dejaron en un puente vehicular nueve cadáveres atados y 14 cabezas cercenadas cerca de un ayuntamiento.	Por otra parte, en el estado central de Puebla, una turba golpeó y colgó a cinco presuntos secuestradores, dejando algunos de sus cadáveres colgados de árboles. Los hombres fueron retenidos por unos 180 pobladores que protagonizaron un nuevo caso de linchamiento, actos de tomar justicia por propia mano y que, según denunció recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son cada vez más frecuentes debido a la inseguridad creciente y a la impunidad.