En medio del complejo clima de opinión pública que vive el país, quizás resultaba ilusorio esperar que la discusión en torno a los informes presentados por el Dane, el viernes pasado, respecto al comportamiento de la pobreza en Colombia, se diera de manera constructiva. Para los enemigos del Gobierno, el reporte sirvió para decir que dimos marcha atrás, mientras que sus defensores le echaron la culpa a la administración Santos. Y como siempre, no faltaron los dardos en contra del Dane.	El motivo, en el caso de la entidad, tuvo que ver con las líneas de corte. Resulta fácil responder en tono de burla a la afirmación de que el límite que define la pobreza es un ingreso mensual individual de 257.433 pesos, cuando en realidad lo apropiado es entender que para un hogar de cuatro personas la división es a partir de 1’029.732 pesos mensuales, una suma que es mayor en las capitales y menor en las áreas rurales.	Dicho monto sirve para adquirir una canasta básica de bienes y servicios, alimentarios y no alimentarios, y su determinación sale de un estudio en el que intervienen técnicos independientes, que periódicamente hacen reajustes. Como toda frontera, es arbitraria, pero su trazado se adapta a los criterios que usan instituciones como el Banco Mundial o la Cepal. El reajuste del año pasado acabó siendo inferior a la inflación, entre otros motivos porque los precios de los alimentos se comportaron con moderación.	Más que centrarse en la foto del 2018, lo que muestran las cifras es que la pendiente que refleja la caída en la pobreza empezó a aplanarse desde mediados de la presente década. No es coincidencia que los menores avances sucedieran cuando la economía empezó a crecer a una velocidad más baja, como consecuencia del fin de la bonanza de cotizaciones de los bienes primarios que exportamos.	Un Producto Interno Bruto que se expande de forma más lenta, incide sobre el desempeño del mercado laboral. Y los expertos en estos asuntos saben que la mejor manera de aumentar el bienestar general de la población es que los índices de ocupación suban y la informalidad disminuya. Es verdad que ciertos programas gubernamentales les sirven a sectores específicos de la población, pero la clave principal para que la gente tenga más plata en el bolsillo, no es otra que un trabajo digno.	La misma circunstancia ayuda a entender por qué la desigualdad subió, tras una serie de descensos. Los datos disponibles muestran que los ingresos del 20 por ciento que está en la base de la pirámide bajaron, mientras que los del 20 por ciento más rico ascendieron, con lo cual la distribución de la torta empeoró.	Ello se nota igualmente en el caso de la pobreza multidimensional, que se construye con base en cinco dimensiones y una quincena de indicadores que van desde la educación hasta el acceso a la salud, pasando por la calidad de la vivienda habitada. Aquí también se presentó un retroceso de casi dos puntos porcentuales, que se hizo más evidente en el campo.	Más que rasgarse las vestiduras por lo sucedido o sacar el espejo retrovisor, vale la pena señalar que seguimos siendo una sociedad dispar, en la cual hay una enorme brecha entre la Colombia urbana y la que no lo es. De la misma manera, es muy diferente la angustiosa fotografía de Quibdó o Ríohacha, frente a la de Manizales o Bucaramanga, que están en los extremos de mayor y menor pobreza, respectivamente.	Y lo más importante es recordar que la dinámica de la economía y la capacidad de generar empleo, son la clave de un mayor bienestar general. Como consuelo nos queda que nos ha ido mejor que al promedio latinoamericano, pues en la región la pobreza subió tres puntos porcentuales desde el 2012. Sin embargo, eso no puede ser motivo de satisfacción, pues mal de muchos…