Al respecto, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, precisó que además de avanzar en la implementación del acuerdo final se avanza en la búsqueda de una administración de justicia que sea más cercana al campo colombiano y que corrija las situaciones que han afectado a la ruralidad durante 200 años.	“Son dos obligaciones importantes sobre la justicia tras la firma del acuerdo con el retiro del grupo guerrillero Farc: por un lado el Estado llega a territorios afectados por la violencia y la pobreza con la especialidad agraria y por otro con el fortalecimientos de la resolución alternativa de conflictos. Inicialmente, vamos a llevar centros de conciliación en temas de reforma agraria a las zonas de los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial)”	En la especialidad agraria, confirmó el Gobierno que se avanzará en uno de los compromisos previstos en el punto 1.3. de la Política de Paz con Legalidad del Gobierno del presidente Iván Duque, garantizando una cobertura territorial completa que permita el reconocimiento del derecho al acceso a una justicia ágil y eficaz con la creación de la especialidad agraria y rural.	Por su parte, en cuanto a la resolución de conflictos, se pondrá en marcha un proyecto piloto liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, y la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación con el apoyo del Banco Mundial, que se implementará en municipios PDET de zonas focalizadas, con mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y de resolución de conflictos de uso y tenencia de la tierra, para así garantizar un acceso a la justicia ágil y oportuna para la población rural en situación de pobreza.