esde el 20 de diciembre, cuando la Procuraduría conoció que la Alcaldía Municipal de Turbaco había expedido el Decreto 00000121 con fecha del 13 de diciembre, donde se convoca a 10 sesiones extraordinarias al Concejo Municipal del municipio, las cuales se cumplirían del 17 al 26 de diciembre del presente año, y donde se iban a tramitar tres proyectos de acuerdo, entre esos el del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Turbaco (PBOT), Fernando Carrilo López, procurador General de la Nación, indicó que el POT juegan un papel fundamental para el desarrollo, por lo tanto hacerlo de manera correcta daba garantías de descentralización.	Vivian Eljaiek Juan, gerente General Andi seccional Bolívar, le manifestó a El Universal que pidieron al Concejo Municipal suspender las sesiones debido a que la Alcaldía de Turbaco no tuvo en cuenta al gremio para socializar el proyecto y que además recibieron denuncias sobre los cambios que quieren hacer, por lo que cuando comenzaron a investigar, descubrieron que el proyecto ya estaba siendo estudiado.	“En lo que le compete a esta agremiación, se ha conocido que la revisión del PBOT es en esencia una modificación cambiando los usos del suelo, especialmente el suelo industrial destinado para la ubicación del sector empresarial, esto sin siquiera tener estudios diagnósticos cuidadosos y sin cumplir de forma rigurosa las concertaciones con gremios y comunidad como lo exige la ley precisamente por reconocer el tinte prioritariamente social de un proceso de este tipo”, indicó Eljaiek, quien añadió que desde un principio pidieron hacer parte del proceso, pero no fue posible, por lo que no han podido conocer el detalle minucioso del proyecto y su sustento.	“Por ser un proceso de envergadura social, los mandatarios municipales que son representantes del pueblo para cumplir los designios de los ciudadanos, deben escuchar a los sectores económicos y a la población, porque no es solo una disposición de la voluntad, la misma Ley 388 en su artículo 25 dispone el debido proceso para la aprobación y revisión del POT, donde obliga a la consulta a la comunidad y gremios”, finalizó.	La Procuraduría pidió a la Alcaldía un informe en el que se indique el año en que se adoptó el PBOT inicial de Turbaco, las revisiones que se le han venido realizando por vencimiento de término de vigencia de sus contenidos. También solicitó las revisiones que se le hicieron por razones de excepción al interés público, o de fuerza mayor, o de caso fortuito y las modificaciones excepcionales de normas urbanísticas de carácter estructural.	El Universal trató de comunicarse con Antonio Alcalá, alcalde del municipio, para que nos contara algo sobre el proyecto, sin embargo, no fue posible. Por su parte, la Andi indicó que “desde el pasado mes de agosto presentamos petición formal al alcalde sobre el tema y aún a la fecha no ha sido atendida”.