Según la magistrada Pardo, la Corte “buscó proteger a los terceros de buena fe y a los acreedores del contrato, pero excluyó (se condicionó) la posibilidad de hacer reconocimientos o devoluciones a los contratistas que hubieran actuado de mala fe en la comisión de un ilícito o acto a corrupción. La filosofía fue proteger a todas las personas de buena fe, pero no a las de mala fe”.	Esta decisión fue celebrada por Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), quien aseguró: “Estamos digiriendo el fallo porque solo se conoce el boletín, pero en principio estamos optimistas, muy contentos. Hay buenas noticias para el sector de la infraestructura, en cuanto preserva garantías jurídicas a los terceros de buena fe, en el evento de la nulidad del contrato. Esta es una noticia muy positiva de cara a la expectativa de los financiadores”.	El contralor, Felipe Córdoba, aseguró: “Agradecemos a la Corte por ayudarnos a cuidar el patrimonio de los colombianos, con fallos que respaldan la lucha contra la corrupción que tanto aqueja a nuestro país, y, sobre todo, por eliminar la posibilidad de hacer reconocimientos y devoluciones de gastos a inversionistas de mala fe”.	En tanto, para el procurador, Fernando Carrillo, “resultaba inexplicable y una vergüenza que el Estado, es decir todos los colombianos, tuviéramos que indemnizar a unos corruptos que operan como multinacionales del delito para defraudar las arcas públicas, como podría haber ocurrido con Odebrecht, una multinacional que tenía un código de ética que facilitaba prácticas que llegaban a ser delitos como el soborno o el fraude”.	Por su parte, Asobancaria afirmó que “celebra y apoya la protección a los terceros de buena fe que hacen parte del contexto de los proyectos de infraestructura en el país, respetando sus derechos y las condiciones pactadas. No obstante, se pronunciará de fondo una vez conozca en su totalidad el texto de la sentencia”.	“No hay ninguna razón para que el Estado tenga que asumir los costos de estas multas”, sentenció Pardo. Tras el fallo, los sectores de infraestructura y financiero ganan seguridad jurídica, y ahora se prevé que se reactiven los cierres financieros de las vías 4G, para que queden listos de aquí al próximo año”.