l Juzgado Décimo Primero Administrativo Oral del Circuito de Cartagena, tras una consulta elevada por el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, el pasado 20 de noviembre, determinó que sí es posible restituir el espacio público de 619,5 metros cuadrados ocupado indebidamente por una torre del proyecto de viviendas de interés social Aquarela.	“En un auto del 31 de enero de este año, el despacho negó el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas en providencia del 6 de diciembre de 2017, en consideración de que estas no pueden ni deben ser levantadas hasta que no se tome una decisión de fondo en esta acción popular; como se reitera son para evitar que se siga construyendo el proyecto, por tanto es preciso aclarar que la orden dada en la acción popular no tiene nada que ver con la decisión policiva, puesto que se tratan de procesos diferentes.	“Con las consideraciones expuestas, se da alcance y claridad a la orden emitida en el auto del 6 de diciembre de 2017 y por tanto es el Distrito de Cartagena de Indias, a través de la dependencia o funcionario competente, el que debe hacer cumplir lo ordenado en el fallo policivo del 9 de octubre de 2018, confirmado por la Secretaría del Interior el 26 de octubre de 2018”, notifica la juez.	Con esto, se plantea que el proceso policivo y el constitucional son de naturaleza distinta y autónomos y que las órdenes emitidas en el uno no son extensivas al otro. La medida cautelar estaba impartida para evitar la intervención (continuación del proyecto inmobiliario), y la orden de demolición dentro del procedimiento para la restitución del espacio público, cada una obligatoria, pero en su propio ámbito.	“A raíz de algunas especulaciones de que el particular no podía cumplir el fallo por una medida cautelar del juzgado, decidimos escribirle al juez y acaba de emitir un auto donde indica que una cosa es la acción judicial y otra es el proceso policivo, de tal manera que reitera que se debe cumplir la medida de restitución del espacio público y si el particular no la cumple la debe hacer el Distrito”, dijo.	Aunque el Distrito contempló contratar a la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SIC) para que diera opciones de restitución, teniendo en cuenta que hay una orden policiva que obliga en primera instancia a los constructores a devolver el espacio ocupado y en el caso de la omisión de estos, le tocará hacerlo a la Alcaldía de Cartagena, pero la época electoral y su Ley de Garantías habían frenado esta iniciativa. Sin embargo, expertos de la Secretaría de Infraestructura determinaron que el método viable para la restitución es la demolición.	“Al consultarle a la Secretaría de Infraestructura, me recomendó que el mejor método es la demolición, y consideré que no era necesario ningún tipo de contratación, de tal manera que no hice otro proceso porque en mi concepto ya no necesito ninguna contratación para que me digan lo que me dijo Infraestructura y es que hay que demoler”, expresó el mandatario.