Así lo consigna la Comisión de Excelencia Militar en un informe entregado al jefe de Estado que también descarta que haya casos recientes de "falsos positivos", como se conocen a ejecuciones extrajudiciales de jóvenes cometidas por militares en la década pasada para presentarlos como guerrilleros muertos en combate, y de esta forma obtener de sus superiores permisos, condecoraciones y ascensos.	En su momento Duque explicó que la decisión de crear la Comisión a raíz de las dudas generadas en "algunos sectores", en referencia al artículo del periodista Nicholas Casey, del The New York Times, en el que se revela una directriz que insta a duplicar el resultado en las operaciones militares, abriendo una puerta para que en el país se retomen los "falsos positivos".	La Comisión aseguró en una de sus conclusiones que "específicamente desde enero del 2019 hasta la fecha, no ha hallado queja, denuncia o noticia indicativa de la posible reproducción de este fenómeno atroz de los 'falsos positivos', cuya no repetición es un propósito nacional y de Estado que debe ser materia de la más continua y estricta vigilancia".	Frente a la protección de líderes sociales, la Comisión aconsejó que "los sistemas de medición de resultados operacionales deben incluir criterios expresamente vinculados al Plan de Atención Oportuna (PAO), en orden a la prevención, protección individual y colectiva de grupos amenazados (…) para continuar avanzando en la seguridad y protección de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas".	De estos, 2.200 casos fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado y es la columna vertebral del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC el 24 de noviembre de 2016.