Nuevamente el país se centra en el debate por una iniciativa que llegaría al Congreso y que parece tener nombre propio: Álvaro Uribe Vélez. Sin arandelas, la propuesta que el senador Rodrigo Lara pone sobre la mesa, busca que a un expresidente se le extienda el fuero ante procesos judiciales que surjan con posterioridad a su salida de la Casa de Nariño y que estén relacionados con el conflicto armado. Es decir, que los siga investigando la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de manera vitalicia.	La polémica se abre, no solo por el tufo de impunidad ante la posibilidad de que un expresidente sea difícil de juzgar y condenar. También porque Uribe está en este momento respondiendo ante la Corte por presunta manipulación de testigos. En octubre 8, con cubrimiento de medios nacionales e internacionales, llegó a cumplir una diligencia de indagatoria ante el alto tribunal, como no había sucedido con ningún exmandatario de Colombia.	Pero Lara negó que su planteamiento busque beneficiar a un expresidente en particular y aseguró que lo que busca es “colectivamente una fórmula que nos permita pasar la página del pasado, resolver los cabos sueltos del conflicto y dedicarnos a mirar hacia adelante”, puesto que los colombianos no quieren que sus representantes “vivan sumidos en permanentes pleitos jurídicos y políticos”.	La iniciativa de Lara tiene una lógica de fondo, según explica el parlamentario: “En el acto legislativo que reglamentó la JEP, del que fui ponente, quedó consignado que esa jurisdicción no podrá acoger a los expresidentes y eso los deja bajo la competencia de la justicia ordinaria, lo que no me parece equitativo. Creo que los expresidentes deberían contar con una fórmula que les dé el mismo privilegio de jurisdicción que quienes están en la JEP”, aseguró.	Lara insistió en que pretende abrir una reflexión y que, pese a que actualmente la competente para investigar a expresidentes es la Comisión de Acusación, no se casa con ninguna fórmula: “Debe existir un régimen especial para circunstancias relacionadas con el conflicto y por eso estoy invitando a un consenso nacional, a un gran acuerdo que nos permita encontrar la manera más sabia y justa”.	Además, la iniciativa también supondría un problema para las víctimas del conflicto. El académico añadió que acarrearía “una imposibilidad de encontrar en una acción judicial el acceso efectivo a la administración de justicia y con ello, a una investigación y juzgamiento contra el presidente investigado o acusado” y explicó que existe un precedente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Uruguay, en el que se prohibió, incluso con apoyo popular mediante referendo o plebiscito, “toda norma que creara autoamnistías en favor de un responsable de violaciones de derechos humanos dentro o fuera del conflicto”.	Por su parte, Bernardita Pérez, experta en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia, indicó que si la propuesta “tiene solidez argumentativa para mejorar el Acuerdo de paz y fortalecerlo, seguramente será bienvenida”. Sin embargo, acotó que no entiende por qué se refiere a los expresidentes “porque son tan pocos (actualmente hay cinco), que esta es una iniciativa que parece tener nombre propio”.	“Se deberían mantener las actuales reglas de juego, para que no se legisle ad hominem. Las investigaciones que le han hecho al presidente Uribe por la supuesta vinculación con el paramilitarismo han resultados ser absolutamente falsas y sin ningún fundamento, esos ya son casos juzgados, por tanto no creo que esa sea una razón para prolongar el fuero”, dijo.