Guillermo Perry, exministro de Hacienda y miembro del Comité de la Regla Fiscal, habló con Portafolio sobre la ‘flexibilizacion’ de los compromisos fiscales del Gobierno y el cambio de presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Clemente del Valle, quien ha sido reconocido por su exitosa labor al frente de la entidad.	El viernes pasado el Ministro de Hacienda anunció que el Comité de la Regla Fiscal cambió las metas del déficit fiscal. Hay confusión al respecto porque algunos dicen que se aumentó el déficit. También se cree que se ‘flexibilizó’ la regla. ¿Nos ayuda a explicarles a los lectores en qué consiste la decisión?	El Comité tiene dos grandes responsabilidades cada año. Primera: certificar si se cumplió la regla fiscal en el año anterior. La meta establecida por el Comité para el déficit en el 2018 fue de 3,1% del PIB (menor a la de 3,6% del 2017). El Comité, después de verificar las cifras, certificó su cumplimiento.	El Comité fijó en 2,7% la meta para el 2019, vale decir que es un déficit menor en 0,4 puntos porcentuales al fijado (y cumplido) para el 2018. Y las metas pronosticadas para el 2020 en adelante son cada vez menores: 2,3% en el 2020, 1,8% en el 2021, en 2022 es 1,4% en el 2023 es 1,2% y 1% en el 2024.	Conviene aclarar que la meta fijada en la Ley de la Regla Fiscal, de llegar a un déficit estructural del 1% del PIB en el año 2022, no se puede flexibilizar ni cambiar sino a través de una reforma legal. El Comité ‘traduce’ esa meta en términos de la trayectoria del déficit corriente para cada año para llegar allá.	La importancia de pronosticar metas futuras, que deben ser incluidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Gobierno, es la de darle claridad a los inversionistas nacionales y extranjeros de que se seguirá haciendo el ajuste gradual que exige la Ley de la Regla Fiscal hasta llegar al déficit estructural del 1% del PIB en el año 2022, y que se mantendrá en ese nivel en adelante.	Un ejemplo: si la ley hubiera fijado el déficit permitido en el año 2015 en 3% del PIB, independientemente de lo que hubiera sucedido con la economía y el petróleo, cuando bajaron inesperadamente los precios del petróleo de más de 100 a menos de 40 dólares por barril a finales del 2014 y se cayeron los ingresos fiscales petroleros de 3% del PIB en el 2014 a cero en el 2015, el Gobierno tendría que haber reducido en un año el gasto público en esa misma cuantía para poder cumplir con una meta rígida de déficit. Y eso hubiera ocurrido justo cuando se estaba desacelerando la economía, llevándonos a una recesión profunda en el 2015 y el 2016.	Como las calificadoras de riesgo y los inversionistas han confiado en que el Comité aplica adecuadamente la regla cada año, y eso conduce en efecto a un ajuste gradual tanto de las cuentas fiscales como las externas, hemos logrado mantener el grado de inversión y acceso a endeudamiento externo abundante y barato tanto para el sector público como para el sector privado, a pesar de la caída en los precios del petróleo y la desaceleración económica colombiana.	Esto es algo muy distinto a lo que le sucedió a Brasil cuando incumplió su regla fiscal en el año 2013 y perdió el grado de inversión (y se precipitó en una recesión que luego se agravó por la crisis política) o a Argentina el año pasado por no tener un proceso de ajuste fiscal creíble.	Así es. La Ley de la Regla previó un período de transición largo (9 años: entre el 2013 y el 2022) para alcanzar la meta estructural. Me imagino que el Gobierno Santos lo propuso así para que no le tocara hacer todo el ajuste cuando cayeran los precios del petróleo, sino dejarle parte de la tarea a su sucesor.	El Gobierno nos pidió evaluar esta situación. El costo fiscal adicional hoy, causado por esa aceleración imprevista de la inmigración venezolana, ha sido estimado en cerca del 0,5% del PIB por año en diversos estudios y se prevé que sea temporal, tanto por el hecho de que eventualmente se reducirán los flujos de inmigrantes (aun cuando aún pudieran aumentar durante un par de años), como porque su actividad productiva tendrá, quizá, un impacto positivo en el crecimiento del PIB y de los recaudos fiscales a futuro.	Por eso en esta ocasión, además de las correcciones cíclicas que hubieran llevado a fijar la meta del déficit para 2019 en 2,2% del PIB, el Comité permitió un ajuste con un tope de 0,5% del PIB este año (y por eso la meta quedó en 2,7% del PIB) y unos menores en los cuatro años siguientes (0,4%, 0,3%, 0,2% y 0,1%) de modo que el déficit total tenga una tendencia claramente descendente y converja oportunamente a la meta de la Ley del 1% estructural en el 2022.	Como lo convenido por los accionistas y los estatutos determinan que los tres socios mayores deben ponerse de acuerdo en el procedimiento de nombramiento del sucesor y en la persona seleccionada, en la última reunión de la Junta pasada, después de aceptar la renuncia de Clemente, acordamos y anunciamos un procedimiento que involucra un reconocido head hunter para cumplir con ese requisito.