Si se contrata a o no un estudio para definir el futuro del proyecto de viviendas de interés social Aquarela, específicamente sobre la restitución de 619 metros cuadrados de espacio público que según la Inspección de Policía de la Comuna 2 ocupó indebidamente esta obra, es un asunto que no es decisivo para la Alcaldía, teniendo en cuenta que un dictamen de la Secretaría de Infraestructura precisó que la opción para recuperar este espacio es la demolición de la torre de 25 pisos que fue levantada por la Promotora Calle 47 S.A.S.	Aunque el Distrito contempló contratar a la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SIC) para que diera opciones de restitución, teniendo en cuenta que hay una orden policiva que obliga en primera instancia a los constructores a devolver el espacio ocupado y en el caso de la omisión de estos a la Alcaldía de Cartagena, la época electoral y su Ley de Garantías frenaron esta iniciativa.	“La oferta de la SCI planteaba anticipos y eso es desnaturalizar una orden de prestación de servicio. Después se modificó la forma de pago y mis asesores me seguían diciendo que eso era una contratación directa y que no podía hacerse en Ley de Garantías. Al consultarle a la Secretaría de Infraestructura, me recomendó que el mejor método es la demolición, y considere que no era necesario ningún tipo de contratación, de tal manera que no hice otro proceso porque en mi concepto ya no necesito ninguna contratación para que me digan lo que me dijo Infraestructura y es que hay que demoler”, expresó el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira.	El mandatario precisó que esto responde a las críticas de reconocidos ingenieros de la ciudad, como lo es el caso del expresidente de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB), Jorge Mendoza Diago, quien a través de un comunicado señaló que: “Equivocada está la Alcaldía al sostener que la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar no tiene dentro de su seno a idóneos profesionales para ello. Hay especialistas, magisters e incluso PHD con muchos años de experiencia que han resuelto con éxito problemas mucho más complejos. Equivocada está también al sostener que la SCI está más habilitada o no presenta eventuales conflictos de intereses porque no es un organismo local”.	Respecto a esto el alcalde (e) señaló que es consciente de las capacidades de los ingenieros de Cartagena para definir el método de restitución y que por eso recurrió a la Secretaría de Infraestructura con tal fin. Por último, aclaró que siempre ha tenido en cuenta a la SIAB a lo largo de su encargo, no solo en el caso de Aquarela, sino de otros que son trascendentales para el futuro de la ciudad.	Es de recordar que hace pocos días la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación en contra de Pereira Caballero por desacato, según el ente, por no contratar el estudio de sismorresistencia del edificio Aquarela que dará la solución para la restitución del espacio público ocupado indebidamente por la edificación, como lo ordena un fallo de la Inspección de Policía de la Comuna 2.	Respecto a esto, el alcalde recordó que la orden de restituir el espacio es para el particular, es decir, de la empresa a cargo del proyecto de vivienda, sin embargo, si esta no cumplía con la orden, la responsabilidad pasaría al Distrito, por lo cual se pretendía hacer el estudio a través de la SCI, pero este no se realizó debido a que entró en vigencia la Ley de Garantías.