En diversas ocasiones las autoridades colombianas experimentaron la presión de la Legación Británica en Bogotá para lograr un comportamiento favorable a los intereses ingleses. Cuando el presidente Santander requirió al Congreso en 1823 que decidiera sobre las operaciones de Zea señaló que habían sido embargados los bienes de la República en suelo inglés y advirtió que existía la posibilidad de que el gobierno inglés optase por la fuerza para lograr el pago de las acreencias.	En 1894, el ministro del Tesoro Abadía Méndez solicitó al Congreso llegar a un nuevo arreglo pues a esa fecha la deuda inglesa de la independencia se encontraba en cesación desde hacia 15 años. Se buscaba asi evitar que Gran Bretaña tomara acciones como el bombardeo británico sobre Alejandría e invasión a Egipto en 1882 a consecuencia del incumplimiento en el pago de la deuda; lo mismo que le habia ocurrido a México, Nicaragua, El Salvador y Venezuela.	Avellaneda muestra que en ocasiones el arreglo de la deuda estuvo relacionado con la política internacional como en 1857 cuando el ejecutivo delegó a Francisco Martín para solucionar lo relacionado con el contrato Mackintosh y resuelto este litigio proceder a reestructurar la deuda inglesa de la independencia, que venía presentando problemas para su cumplido pago desde inicios de la década de 1850. Y conciliado el contrato Mackintosh y reestructurada la deuda de la independencia se buscaria de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos vincularse al Tratado de Neutralidad del Istmo de Panamá.	Por otra parte el Convenio de 1905 estipuló que el pago de la mitad de los intereses vencidos se efectuaría dependiendo de la evolución de un par de reclamaciones que Colombia tenía en contra de Francia y Estados Unidos y se buscaba asi interesar al Consejo de Tenedores de Bonos y al gobierno británico para obtener una solución favorable a los reclamos colombianos.