Se trata, según su comunicado, de un grupo de "militares y civiles patriotas" que no reconoce la legitimidad de Maduro como presidente, al igual que numerosos países, y por ello decidió "emprender una lucha" para "volver a la democracia".  Aunque lamentaron entonces haber fallado el blanco, advirtieron que seguirían su "lucha".	La Justicia anunció hasta 27 órdenes de aprehensión con notificaciones de alerta roja a Interpol mientras que el Ejecutivo chavista pidió a Perú, Estados Unidos y Colombia la extradición de casi una decena de señalados que, aseguran, se encuentran en esos países, pero un año después, no hay detenidos en el extranjero por este hecho.	Las autoridades detuvieron el 5 de octubre al concejal opositor Fernando Albán cuando llegaba de un viaje internacional. Tres días después, el Gobierno anunció que el político se había "suicidado" mientras estaba bajo custodia del Estado. La oposición y numerosos países condenaron enérgicamente a Maduro y lo responsabilizaron por este "asesinato".	El hotel en que supuestamente se alojaron los magnicidas fue tomado por los cuerpos de seguridad desde el 5 de agosto de 2018 y hasta ahora sigue cerrado para huéspedes. Maduro, que ha denunciado cerca de 30 planes magnicidas en su contra desde que asumió el poder en 2013, eventualmente trae a colación el del 5 de agosto para recriminar a la oposición lo que él considera planes desestabilizadores o antidemocráticos.