Por su parte, el presidente de Analdex, Javier Díaz, alertó sobre el impacto que la medida tendría en las exportaciones de las empresas colombianas. “Una decisión de este tipo iría en contravía de lo suscrito por Colombia en los diferentes acuerdos comerciales vigentes en el marco internacional, y es posible que algunos socios comerciales presenten medidas retaliatorias frente a esta disposición, con un efecto claro en las ventas de la industria nacional”, explicó.	Este margen, que se genera porque el contrabandista no paga arancel ni IVA y compra el dólar en la calle, llevaría a una importante caída en las ventas del comercio formal y, por ende, de la producción nacional. Además, tendría impacto en la inversión extranjera y nacional, dado que podría frenar las aperturas de nuevos almacenes, especialmente en las ciudades intermedias, por la baja en la rentabilidad.	Los dirigentes gremiales insistieron en la necesidad de fortalecer a la Dian para que pueda ejercer eficazmente la labor de control al ingreso de este tipo de bienes. “La subfacturación y el contrabando técnico requieren una mayor capacidad de control y fiscalización por parte de la autoridad aduanera. Tecnología e inteligencia son elementos esenciales para controlar la subfacturación”, señaló Díaz.