En los Acuerdos de La Habana, el Estado contrajo una serie de compromisos para cumplirlos en el posconflicto. De su ejecución depende el desarme de los espíritus en la Colombia profunda y que haya futuro en extensas regiones condenadas desde siempre por el Estado central al abandono y, durante décadas, vapuleadas por la violencia. Implementarlos es difícil, pero es deber y obligación del Estado.	La opinión pública urbana y los medios de comunicación se han fijado, básicamente, en la JEP, en las objeciones a dicho Tribunal presentadas por el Presidente, en el asunto ‘Santrich’, en la oposición de un sector político a lo firmado en La Habana y ha quedado relegado lo más significativo, los compromisos del posconflicto con el sector rural y la Colombia profunda.	Para tal Instituto, hay áreas en las que el Estado está ejecutando compromisos, pero en otras debe redoblar esfuerzos, pues en su implementación hay retrasos como ocurre con el acceso a tierras, con el proveer de bienes y servicios públicos a los territorios más apartados y el garantizar la seguridad física de los desmovilizados frente a la ola de asesinatos de líderes sociales y las amenazas que sufren las comunidades que aceptaron la sustitución de cultivos ilícitos.	Infortunadamente, el Estado ha incumplido con los pagos ofrecidos a algo más de 99 mil familias que participan en la sustitución de cultivos ilícitos; muchas de ellas piensan volver a sembrar coca ante tal incumplimiento. El Instituto Kroc considera crítico definir qué sucederá en agosto con los espacios territoriales y quienes allí viven. A su vez, los procesos judiciales a desmovilizados no avanzan y la JEP luce lenta frente a los requerimientos de verdad, justicia y reparación dentro del marco establecido en el acuerdo.