Es evidente que se refiere específicamente a modificar la Ley 160 de 1994, “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones”.	¿Sorpresa? Definitivamente no. Debe recordarse que Colombia fue parte del pequeño grupo de países que se abstuvo de firmar la Declaración de Naciones Unidas del 17 de diciembre de 2018, sobre los derechos de las campesinas y campesinos, y otros trabajadores rurales. Su propósito explícito es hacer un llamado a los países para que protejan tres derechos fundamentales de estos trabajadores rurales: a la tierra, al agua y a las semillas. A pesar de las protestas que esta decisión del gobierno Duque produjo en el país y que DeJusticia recoge, CITA, la respuesta del gobierno fue ratificar su decisión de abstenerse.	Coherente con lo anterior es la propuesta del Centro Democrático, partido de gobierno, que sin duda revivirá porque su objetivo es claro: cambiar de manera contundente el foco de la política agropecuaria del Estado colombiano, de la agricultura familiar a la comercial, ignorando esa profunda e inmensa deuda que tiene el país precisamente con la población que vive en el campo.	Para abrir el debate es necesario tener presente el artículo de Gustavo Gallón, “Una agresiva contrarreforma agraria” que señala el sentido de esta propuesta. Como él lo menciona y que para quienes hemos visto venir este tema no es nada nuevo, un punto neurálgico que incomoda desde hace tiempo a los terratenientes de este país es el artículo 67 de dicha ley que platea que “los terrenos baldíos serán adjudicados exclusivamente a familias pobres”.	Un tema importante de la ley 160 son las Zonas de Reserva Campesina cuyo objeto es “fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que las afecten y, en general, crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas”.	Mejor estrategia para el posconflicto, imposible, pero algunas de las ideas incluidas en la norma y en sus decretos reglamentarios obviamente alteran a quienes tienen una visión exclusivamente empresarial del campo. Por ejemplo: 1). “Regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos o colonos de escasos recursos. 2). Crear y construir una propuesta integral de desarrollo humano sostenible, de ordenamiento territorial y de gestión política. 3). Facilitar la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural. 4). Fortalecer los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural entre el Estado y las comunidades rurales, garantizando su adecuada participación en las instancias de planificación y decisión local y regional. (Decreto 1777 de 1996, art. 2). Estas obviamente desaparecerán si se concreta el nuevo proyecto de Ley que ya está en discusión en el Senado porque todo lo anterior será sustituido por todas las versiones posibles de las Zidres que como dice Gallón en su artículo”, habrá Zidres, aspirantes a Zidres y súper-Zidres.	Dónde quedan los 14 millones de campesinos distribuidos entre aquellos en zonas dispersas que según el Censo de 2014 son aproximadamente 5 millones de personas que viven en condiciones del siglo XVII; los residentes en municipios rurales que sobreviven, aquellos en municipios intermedios y población rural en grandes conglomerados, desprotegidos por el Estado. (MTC, 2015). ¿Será que su única forma de vida es ser empleados de tercera de esta agricultura empresarial que ya sabemos cómo incumple las leyes laborales? No es sino ver las brechas salariales entre el campo y la ciudad; la nula protección en pensiones que sufren estos sectores, la inexistente cobertura en accidentes laborales y todas las demás precariedades que sufren.	Por algo, el punto uno de la Habana, que tanto molesta a sectores de derecha, es la Reforma Rural Integral. Sin ese gran cambio no habrá paz, así de simple. Por ello hacer una contrarreforma rural, como anuncia el Centro Democrático, es de nuevo acabar con algo que el presidente Duque pregona sobre todo cuando se enfrenta a las presiones internacionales sobre la paz: “no habrá repetición”. ¿Está seguro, señor presidente?