El Consejo de Estado confirmó la sentencia de 28 de marzo de 2014, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Bolívar que expone que tanto la Alcaldía como el Concejo Distrital, aprobaron el proyecto sin consulta previa o cabildo abierto, sin estudios previos y sin competencias plenas, que darían cumplimiento a presupuestos legales exigidos por las Leyes 388 de 1997, artículo 24, y 136 de 1994, artículos 24 y 34, entre otras, que fijan procedimientos e instancias a los planes de desarrollo su revisión y modificación, dando relevancia a la información previa, a la función social y ecológica, a la prevalencia del interés general, y a la prohibición de comprometer zonas protegidas y reglamentadas como la Isla de Barú y el corregimiento de Pasacaballos, áreas aledañas y comunidades.	El alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira recibió la notificación de la sentencia y señaló que “al declararse la nulidad de este acuerdo lleva a que la nueva administración trabaje en otra modificación excepcional y seguir con Fonade para que defina o liquide de manera consensuada y bilateral un POT moderno. “En mi administración se pudo lograr una liquidación parcial y estamos a la espera de las consideraciones para lograr la liquidación general”.	Por su parte, Jorge Mendoza Diago, expresidente de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB) sostuvo, “El daño ya está hecho, fueron doce años de afectación a una zona de sensible protección ambiental, en la que incluso se encuentra la desembocadura y la última porción del Canal del Dique, de por sí afectado por la sedimentación que ha puesto en peligro la Bahía de Cartagena. Los responsables de este exabrupto tan dañino para el ecosistema de Barú y zonas aledañas tendrán que afrontar las consecuencias que semejante acción ha generado”.