En esta -señaló el director general de JA&A-, no se reconocen los aportes que genera la industria en las zonas en las que opera, factor que contribuye no sólo a la agudización de la resistencia en contra de esta actividad, sino que permite explicar por qué muchas de las grandes movilizaciones en contra de las tareas petroleras se originan en ciudades capitales y zonas alejadas del área donde se desarrolla.	Así mismo, el estudio resaltó que las regalías, una de las contribuciones más importantes del sector al país y las que, desde la creación del Sistema General de Regalías (SGR), son de carácter nacional, no son percibidas como vector que pueda apalancar el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes.	Así, quienes consideran que las empresas de petróleo y gas luchan contra la corrupción son 4,7% más propensos a considerar que la industria es positiva para el país, y 9,6% más propensas a estar de acuerdo con que se realicen actividades de exploración, producción y transporte de hidrocarburos en sus municipios.	“Finalmente, en una lectura muy simplista del asunto, las regalías son una disposición normativa. La generación de pleno empleo en regiones cuyo sector privado es débil excede la capacidad de la industria, y la contratación de bienes y servicios locales no es percibido como una contribución de la industria (de hecho, el 48% de ciudadanos en las regiones productoras creen que la principal razón por la que no quieren al sector es por la falta de contratación local)”,	Y fue más allá al indicar que el país está ad portas del inicio de los proyectos piloto de fracking, por lo que la industria debe moverse más allá de los aportes con las regiones e involucrarse en cuestiones superiores, que evidencien que están verdaderamente comprometidas con las comunidades y su progreso.