El municipio de Roncesvalles inició un proceso de cobro coactivo y embargo de cuentas en contra de la Empresa de Energía del Pacífico, Epsa, por una cifra cercana a los $116 mil millones, la medida jurídica se dio luego de que el Consejo de Estado revocara el auto que emitió el Tribunal Administrativo del Tolima mediante el cual dictó una medida cautelar sobre dicho cobro.	“El Municipio dentro de la Ley 57 de 1982 determinó que ese impuesto no era el adecuado e inició un cobro coactivo ante la empresa y las pretensiones ascienden a $60 mil millones, pero actualmente iniciamos una acción de embargo contra Epsa por $116 mil millones, porque (la ley) nos permite (solicitar) el doble por ese pago”.	Patarroyo recordó que el proceso de cobro inició en 2016, en ese entonces se le expuso a la empresa los argumentos de la liquidación del impuesto, no obstante, no se llegó a un consenso, razón por la cual se comenzó con el cobro coactivo, acción que fue respondida por la empresa con una acción jurídica en contra, que a la fecha no ha sido resuelta en primera instancia. No obstante, el Tribunal Administrativo emitió una medida cautelar en 2017.	“Las mismas fueron apeladas ante el Consejo de Estado y en fallo expedido el 29 de mayo de este año, revocó la medida cautelar y el municipio sigue adelante con el proceso, pues está en su legítimo derecho de cobrar impuestos, basado en la prevalencia del interés general sobre el particular”, precisó Patarroyo.	Al preguntarle por qué hay una diferencia tan marcada entre lo que se paga actualmente y la liquidación hecha por la Administración local, respondió que Epsa hace sus cuentas sobre un cálculo anual, “nosotros los estamos haciendo sobre un reporte que ellos (realizan) de la obra y la empresa ha generado más de $300 mil millones al año de recursos.	“(…) en la Ley no dice exactamente la normatividad que dicen ellos, sino que tiene por costumbre el pago anual y nosotros dijimos que el cálculo que estaba realizando no era el correcto ni el apropiado y entonces ellos alegan que (la fórmula del Municipio) es la incorrecta y esa es la discusión jurídica que tenemos en el Tribunal”.	El abogado reiteró que se está haciendo el cobro sobre un legítimo derecho y es una posibilidad de “equilibrar las cargas”. Cabe precisar que los $60 mil millones que se cobran es por el impuesto de Industria y Comercio de un solo año de operaciones, exactamente de junio de 2015 a junio de 2016.