Al resolver el caso, la Sala Octava de la Corte Constitucional reiteró que todas las personas tienen derecho de acceder a los tratamientos, medicamentos e intervenciones implícitamente incluidos en el Plan de Beneficios de Salud (PBS), y que esa garantía, a su vez, comporta la posibilidad de contar con un diagnóstico efectivo.	En el caso preciso, la Corte no avizoró que la negativa de la EPS se haya fundado en la edad de la paciente, ni en la imposibilidad sobreviniente de tener hijos, sino en razones de carácter técnico, pese a lo inicialmente afirmado por ella en el escrito de tutela, lo cual desvirtuó la vulneración a los derechos fundamentales alegada por la solicitante sobre el particular.	Por ello, concedió el amparo del derecho fundamental a la salud de la accionante, en su faceta de diagnóstico, y le ordenó a Sura EPS conformar una junta médica para que se emita una nueva valoración frente a las patologías relacionadas con el aparato reproductor de la mujer y, a partir de ahí, se inicie el proceso médico.