Esas diferencias en acceso a los servicios financieros se replican entre las grandes ciudades y los municipios rurales y las zonas dispersas. Mientras en las primeras el indicador alcanza el 88,7 por ciento de adultos con un producto de este tipo, en los segundos registra un 55 por ciento. Es decir, mientras más ruralidad, menos inclusión financiera.	A pesar de los avances registrados, aún existen 6,3 millones de adultos sin ningún producto financiero en el país y cerca de 6 millones con cuentas inactivas. De estos, un tercio, 2,2 millones, viven en las zonas rurales y alejadas, donde solo hay 195 corresponsales por cada 100.000 habitantes.	Por eso, son más que bienvenidos los esfuerzos del Ministerio de Hacienda para implementar una nueva normativa para “elevar el uso de servicios financieros” para la “última milla”. Un decreto del Minhacienda cambiaría las regulaciones para corresponsales bancarios, productos de ahorro y de transacciones simplificadas, microcréditos y créditos de bajo monto.	Esta política de inclusión financiera está directamente conectada no solo con la formalización económica, sino también con mejores condiciones de vida para la población de bajos ingresos. En la última década, más de 12 millones de colombianos se vincularon al sistema financiero, disparando el indicador en más de 25 puntos porcentuales.	Las tareas del Gobierno en esta materia siguen siendo desafiantes. Al remezón en estos marcos normativos del microcrédito y de los corresponsales se suma la necesidad de llevar puntos de acceso financiero a los sitios más alejados, aumentar su actividad y desarrollar canales digitales innovadores. La “última milla” siempre es la más dura.