Nos estamos acostumbrando a las nuevas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. La aprobación de la ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fue otro intenso debate entre los dos poderes públicos. Sin duda, la administración está manteniendo, con mucho coraje, la política de no repartir mermelada. Pero ello se refleja en que los parlamentarios son más agresivos en intentar forzar la mano del gobierno en los debates del Congreso.	El gobierno presentó un proyecto centrado en los principios de legalidad, emprendimiento y equidad. Se hizo un esfuerzo especial por incorporar las necesidades regionales y atacar algunos de los cuellos de botella que tienen frenada nuestra economía. Se definen siete regiones geográficas que tienen mucha más relevancia y coherencia como eje de proyectos de desarrollo.	Muy importante es el énfasis que se le pone al tema de mejorar la productividad de la economía. Ello permitiría, como lo propone el documento, recuperar la capacidad de crecer al 4,5 por ciento anual para el final del cuatrienio. Fundamental, y muy positivo, es diseñar estrategias con enfoque regional y no departamental.	El proyecto inició su trámite legislativo con 183 artículos y concluyó con 336. Esto refleja la intensidad de la presión de los parlamentarios por incluir proposiciones que fueran de interés para sus regiones. No hay que olvidar que estamos en año de elecciones y, sin mermelada, los congresistas vieron en el PND la oportunidad de mostrar a sus electores algo de resultados de gestión. Sin contratos ni puestos, como los habían acostumbrado Santos-Cárdenas, el Congreso decidió colgarle a la ley orgánica del Plan temas que están fuera de lugar. A pesar de la firme resistencia del equipo de gobierno, en los cerca 1.100 billones de pesos del plan de inversiones se colaron iniciativas que nada tienen que ver con el espíritu de una ley de planeación.	Se logró evitar la peligrosa e irresponsable propuesta que permitiría el traslado masivo de los fondos privados de pensiones al régimen público, haciendo inviable el manejo de las finanzas públicas. Pero quedaron otros asuntos como normas para cubrir el déficit de Electricaribe, aranceles para la importación de textiles y confecciones, modificaciones al procedimiento tributario, asuntos relacionados con el catastro municipal o la metodología de fijación de los precios de los combustibles. Muchas de estas iniciativas no corresponden por unidad temática y deberían ser objeto de leyes diferentes. El mismo gobierno ha anunciado que piensa demandar algunas provisiones del texto aprobado. La Corte Constitucional debería evitar que el proceso de planeación se siga convirtiendo en un árbol de Navidad parlamentario.	El PND tiene que ser un documento solemne, en el cual se consigne un pequeño número de prioridades estratégicas que deben focalizar la acción del Estado en su conjunto. Ese es su valor irreemplazable. No puede convertirse, como lo quieren los parlamentarios, en una colcha de retazos llena de buenas intenciones, que en su mayoría no son coherentes ni permiten transformar la realidad.