En la periferia advierten sobre la presencia de grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo los ha identificado como grupos posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). En las calles no dudan en señalarlos como ‘paras’; mientras que otros, a través de la historia, los han catalogado como ‘la mano negra’, ese brazo ultraderechista al que culpan de la limpieza social. Y es que este término se traduce en asesinatos selectivos contra personas consideradas como indeseables, que comprenden, generalmente, poblaciones estigmatizadas socialmente.	A pesar de las alertas de la Defensoría y de las advertencias de los habitantes de estas zonas, Jairo García, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, expresó en días pasados que el tema se viene analizando desde hace varios meses por las autoridades, pero que hasta el momento no se ha encontrado ninguna evidencia, ni de inteligencia, ni de investigación judicial, que sugiera la presencia permanente de grupos armados ilegales en estas localidades de Bogotá. Asimismo, afirma que en la ciudad lo que sí existe es delincuencia común:	. El tema es igual de preocupante en Usme, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal, tal y como las anteriores alertas lo han señalado. Pero además de las crecientes amenazas, organizaciones y la misma Defensoría han reportado homicidios a defensores en la capital, aunque las cifras oficiales del Distrito no registran casos (ver infografía).	Para atacar este tipo de problemas y atender a quienes estén en riesgo, la Secretaría Distrital de Gobierno asegura que cuenta con la Ruta Distrital de Atención y Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Francisco Pulido, subsecretario de Gobernabilidad y Garantía de Derechos de la Secretaría de Gobierno, explicó a PUBLIMETRO que con esta medida se “buscan implementar medidas transitorias –hasta tanto la Unidad Nacional de Protección (UNP) adelanta el estudio del nivel de riesgo e implementa medidas que permitan mitigar el riesgo– para que no vayan a resultar vulnerados los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de los defensores”.	De esta manera, la ruta brinda medidas preventivas, como rondas policiales, charlas de autoprotección implementadas por la Policía Metropolitana de Bogotá de manera articulada; también ofrece medidas transitorias como apoyo de traslado o reubicación intraurbana, transporte interno, acompañamiento psicosocial y jurídico, orientación administrativa, articulación interinstitucional con otras entidades, y otras que puedan estimarse pertinentes sin que sean propiamente medidas de protección. Esto quiere decir que desde el Distrito no se implementan hombres armados, vehículos blindados y chalecos, entre otros, porque esas serían medidas de protección propiamente implementadas por la UNP cuando hay un estudio de nivel de riesgo validado como extraordinario o extremo.	Con esto, se hace referencia, principalmente, a la venta de droga, que en las Alertas Tempranas de la Defensoría aparece como un tema de narcotráfico y no de microtráfico. Es decir, estas alertas advierten sobre un comercio ilegal de droga en grandes cantidades. El mismo defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, ha señalado públicamente que en zonas como Ciudad Bolívar es tal el problema de la comercialización de drogas, que ya no se puede hablar de microtráfico.	“siempre se debe hablar de narcotráfico, porque el microtráfico es una forma de coger a la persona que consume, porque lleva pequeñas dosis, pero la venta de droga nunca se ha hecho a pequeña escala, siempre se hace a gran escala, y en los barrios se hace a través de ‘ollas’”.	La Unidad de Investigación Periodística de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, en alianza con El Espectador, realizó un trabajo denominado Microtráfico, un negocio con menores, en el que se advierte que “en los barrios periféricos y populares de las ciudades de Colombia, los menores de edad son reclutados por redes criminales para que alerten sobre la presencia de la fuerza pública, empaquen droga y hagan parte de la comercialización de sustancias psicoactivas. A cambio, reciben objetos de valor como celulares o ganancias sobre sus ventas”.  No cumplir con lo pactado, puede costarles su vida o la de sus familiares. Lo que sí demostraría que hay un problema de tráfico de drogas a gran escala.	Con este panorama, y con las zonas de riesgo identificadas, ¿las medidas de las entidades involucradas son suficientes? ¿Se está minimizando la violencia que se vive en estos barrios? ¿Cuáles son los grupos que existen en estas localidades de Bogotá y cómo operan? ¿Cuál es la diferencia con otras ciudades y otras regiones del país? ¿Cómo viven los habitantes de estas zonas con la violencia tocando a las puertas de sus casas? ¿Cuál es el riesgo para los defensores de derechos humanos que quieren seguir luchando por sus barrios?