Como resultado de un proceso ejecutivo adelantado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Simití, las exfuncionarias habrían ordenado la entrega de $110.000.000 de pesos a un ciudadano, presuntamente, sin haber adicionado ni incorporado estos recursos al presupuesto mediante acuerdo debidamente aprobado por el concejo municipal, autoridad competente para ello.	La Procuraduría Provincial de Barrancabermeja precisó que el hecho de que el municipio hubiese llegado a un acuerdo extraprocesal con el ciudadano acreedor, no legitimaba a Cortez Díaz para disponer de recursos públicos sin cumplir los requisitos establecidos, y por tanto, no podría considerarse como legal un gasto que no se habría hecho conforme a las normas presupuestales vigentes.