El Congreso de la República acaba de aprobar la creación de la Oficina de Apoyo Técnico Presupuestal (OATP) con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). Algunos medios presentaron la creación de esta oficina como otra iniciativa para permitirle al Congreso influir en la asignación de partidas especificas del presupuesto una vez eliminada la llamada ‘mermelada’. Esta apreciación es totalmente equivocada.	La OATP es una institución que funciona en varios países de la Ocde, donde la más conocida es la muy respetada ‘Budget Office’ (Oficina del Presupuesto) del Congreso de Estados Unidos. Esta oficina funciona, en la práctica, como un brazo técnico del Congreso en temas económicos, en particular para el análisis del presupuesto y de las reformas tributarias. Esto permite que el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo en temas económicos este más nivelado y se puedan dar verdaderas discusiones sobre los supuestos del presupuesto y las reformas tributarias y su impacto esperado en el recaudo y en la economía.	Así por ejemplo, de estar está oficina ya en funcionamiento en Colombia estaría analizando a fondo el Marco Fiscal de Mediano Plazo que acaba de presentar el gobierno y le estaría haciendo un informe a los miembros del Congreso sobre el mismo. Haría una evaluación de los supuestos macroeconómicos que la respaldan, de la dinámica esperada de los recaudos fiscales para lo que evaluaría el impacto de las diferentes medidas contenidas en la Ley de Financiamiento, de la evolución de las obligaciones de gasto del Gobierno, como las pensionales, para verificar cómo se estima su dinámica, entre otras cosas. Todo este análisis ayudaría al Congreso de la República a hacerle seguimiento a la gestión económica del gobierno y aportaría con estos análisis a informar a la opinión pública.	Hay quienes se oponían a esta iniciativa por diversas razones. En el Ejecutivo, cuando planteamos esta iniciativa en el 2017, algunos consideraban que esto solamente haría más difícil la relación con el Congreso. Esta visión es equivocada, pues precisamente se trata de modernizar al Congreso y un elemento fundamental, además de las herramientas digitales, es mejorar la calidad del análisis de los proyectos que presente el Ejecutivo para permitir decisiones mejor informadas. En este sentido el apoyo irrestricto del MHCP para su aprobación muestra que en esta ocasión primaron las instituciones.	En el Congreso algunos se opusieron, pues temían que la OATP tomara decisiones por los congresistas al recomendar aprobar o no propuestas contenidas en los proyectos de ley. O peor, que si los congresistas votaban en sentido contrario a lo aconsejado por la OATP podrían entrar en problemas con los órganos de control. Estos temores son totalmente infundados, ya que la OATP jamás recomendará aprobar o rechazar nada de forma específica, únicamente evaluará la certidumbre de los supuestos utilizados y a su juicio, cuál será el impacto de cada propuesta. Obviamente, el Congreso siempre tendrá la última palabra en todo lo que en su seno se apruebe.	Finalmente, hay quienes temen que esta oficina se convierta en otra fuente de burocracia y de favoritismos. Por ello, en la Ley quedaron explícitas las calidades académicas y de experiencia que debe tener el director de la OATP y, algo crucial, quien será elegido por un concurso adelantado por universidades con facultades de Economía con al menos 50 por ciento de profesores con doctorado y su nombramiento será por término fijo, 2 años, y solo reelegible por un periodo. Además, este director tendrá pleno control sobre los nombramientos de sus colaboradores que deberán tener el perfil técnico que se requiere para llevar a cabo sus funciones.	Este largo proceso, de casi cuatro años para lograr su aprobación fue posible gracias al compromiso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el sólido impulso de su presidente, Luis Alberto Moreno, quien es un firme creyente en sus beneficios y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que adelantó el proceso de socialización del proyecto con el Gobierno y el Congreso, que es un hito en la modernización del Congreso. También es de destacar el impulso que le dio durante dos años al proyecto el senador Rodrigo Lara. Toda esta labor se realizó con un grupo de consultores que tuve la suerte de coordinar. Entre ellos estaba el actual viceministro técnico de MHCP, Luis Alberto Rodríguez, quien primero como consultor y luego en el actual gobierno, tuvo un papel preponderante para que todos los actores reconocieran el valor de esta iniciativa y se pudiera llevar a buen puerto.