Para Bustos, “sería absurdo que el sistema de negociación penal que se aplica a todos los ciudadanos y ha mostrado su efectividad no se aplicara en la Corte Suprema, donde quizás más se necesita para luchar contra la corrupción de cuello blanco en casos como Odebrecht, el ‘cartel de la toga’, concierto para delinquir o paramilitarismo, nuevos casos, entre otros que están condenados a quedar en la impunidad rampante”.	“El exparlamentario Musa Besaile, involucrado en el ‘Cartel de La Toga, como en el caso Odebrecht, como es de público conocimiento, inició un proceso de negociación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el cual se frustró. Sin embargo, sentó en todo caso las bases para otorgar beneficios especiales y significativos para aforados constitucionales procesados por ley 600, de los propios de la ley 906, por lo que la solicitud no se encamina a determinar la viabilidad de tal figura, sino que más bien en cambio se haya orientada a materializarlos y concretarlos de manera puntual y concreta, en cabeza de aforados subjudice”, explica Bustos.