De acuerdo a la actual legislación, las obras públicas no pueden ser entregadas mediante contratación directa, por lo que el proceder de los dos recientes alcaldes de Montelíbano (Córdoba) y varios de sus colaboradores sería ilícito, más aún, después de constatar que varias de las empresas o fundaciones escogidas no tendrían la capacidad para cumplir los objetos de los convenios o serían de papel, porque no existen físicamente o las direcciones suministradas eran falsas.	Ante la gravedad de los hechos advertidos y la contundencia del material probatorio, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los cuatro procesados; sin embargo, el juez con funciones de control de garantías de Montería consideró que estas personas seguirán vinculadas al proceso mediante el cumplimiento de medidas no privativas de la libertad que contemplan: