El proceso, que tuvo acompañamiento del Gobierno nacional y los entes de control, garantiza recursos por más de $ 140.000 millones en inversiones de tipo social. Las consultas previas responden a una orden de la Corte Constitucional que dispuso la consulta a las comunidades para la entrega de la licencia ambiental, la cual ya se tramita ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.