Según el Gestor de Proyectos de Infraestructura (GPI), los retrasos registrados en el proyecto, cuyo contrato fue firmado en el 2015 y cuya construcción arrancó en enero del 2017, han obedecido “a la dificultad de obtención del contrato de crédito”, por lo que el cierre financiero se ha dilatado en varias ocasiones.	Además, respecto a la financiación, en el segundo semestre del 2018, se confirmó la aprobación de un crédito por hasta $500.000 millones, con un plazo de 17 años, por parte de la Financiera de Desarrollo Nacional, con lo que se cubriría un 20% del costo del proyecto y se avanzaba hacia el cierre financiero.