Estamos en una época de convulsión social no solo en Colombia y Latinoamérica, sino en otras regiones del mundo. Los resultados del ‘estallido social’ en países cercanos como Chile, sin desconocer la importancia de las reformas que ha propiciado para beneficiar a las personas de menores recursos, han sido desastrosos por la persistencia del vandalismo y la incertidumbre: caída del crecimiento económico, disparada del costo de bienes de primera necesidad, 100 mil pequeñas y medianas empresas en riesgo de cierre y 300 mil personas a punto de quedar sin empleo debido a que las tiendas en donde laboraban fueron dañadas por ejércitos de vándalos en el país austral.	En Colombia, quienes protestan y quienes no, tenemos la obligación de encauzar los inconformismos hacia construcciones positivas, rechazando a quienes solo buscan que el país retroceda. Sin duda, nuestra nación necesita transformarse, pero de la mano de una ciudadanía consciente de la responsabilidad que tiene de forjar un mejor país. Destruir la confianza y afectar el crecimiento es el camino rápido para afectar el bienestar de todos, principalmente de los más desfavorecidos.	También es necesario entender que atacar a la propiedad privada y al sector empresarial, 98% de la cual está conformado micros y pequeñas empresas, lo único que logrará es hundirnos en la crisis. ¿Son conscientes quienes condenan el empresarismo que éste es una de las principales fuentes, vía impuestos, de los programas de bienestar social? ¿Y que ahuyentar la inversión solo genera más desempleo y bajos ingresos?	Otro punto crítico en esta coyuntura es la defensa de las instituciones, por imperfectas que sean, y en lugar de debilitarlas el llamado debe ser a trabajar en fortalecerlas, porque son las que garantizan los derechos de los colombianos. Y, de esta manera, evitar que las inconformidades sociales sean caldo de cultivo para el populismo con sus nefastas consecuencias.	Existen temas innegociables en un estado de derecho para conservar el orden y la unidad: la observancia de los derechos fundamentales, el acatamiento de la ley y la preservación de la seguridad. Sin duda, hay que preservar la protesta social pacífica, pero este ejercicio democrático se deforma cuando se vuelve presa de soberbias encaminadas a poner en jaque al país a través de peticiones desbordadas y bloqueos persistentes que afectan el derecho al trabajo, la seguridad y la movilidad de la ciudadanía.	Es fundamental rodear al Presidente de la República quien con ponderación y actitud firme ha abierto una conversación nacional y ha insistido en preservar la institucionalidad y las garantías establecidas en la Constitución del 91, que es la Carta Política de la participación y de los derechos fundamentales, con las responsabilidades que ello implica.