La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras agrupaciones presentaron su solicitud en busca de una audiencia el jueves ante un tribunal federal en San Francisco. Los grupos presentaron una demanda el martes y ahora pidieron al juez que bloquee la orden de Trump mientras se escucha el caso. Una segunda demanda está pendiente en Washington, D.C.	Es la medida más enérgica hasta ahora del gobierno de Trump para tratar de reducir el número de personas que buscan asilo en la frontera. Surge al mismo tiempo en que ha estallado un revuelo político a raíz de tuits de Trump llamando a ciertas legisladoras de minorías étnicas a “regresar de donde vinieron”.	Hay ciertas excepciones: si alguien ha sido objeto de tráfico humano, si el país por el cual pasó el migrante no es firmante de uno de los tratados internacionales sobre el trato a refugiados (aunque la mayoría de los países occidentales son signatarios) o si el migrante buscó asilo en otro país y le fue negado.	Sin embargo, los activistas dicen que la medida es ilegal porque evade el proceso establecido por el Congreso para quienes piden asilo. Han comparado el caso con gestiones anteriores hechas por el gobierno de Trump para impedir que pidan asilo los que crucen la frontera ilegalmente, algo que fue frenado por los tribunales federales.	En la frontera norte, Estados Unidos y Canadá tienen un acuerdo de “tercer país seguro” que limita la posibilidad de que alguien que haya pedido asilo en uno de esos países pida asilo en el otro. Estados Unidos ha tratado de forjar un acuerdo similar con México y Guatemala, pero no lo ha conseguido.