Por considerar que los hechos tenidos en cuenta para el ingreso del condenado exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, a la JEP respondieron a un interés y beneficio personal, son de naturaleza común y no tienen un vínculo directo o indirecto con el conflicto armado interno, la Procuraduría General de la Nación presentó recurso de apelación contra la decisión que aceptó el acogimiento del exfuncionario.Suárez Corzo fue condenado en 2011 por la Corte Suprema de Justicia a 27 años de prisión por el homicidio del excontralor departamental Alfredo Enrique Flórez Ramírez e igualmente es investigado por el crimen del coordinador de veedurías ciudadanas Pedro Durán Franco.El Ministerio Público en su recurso pidió la revocatoria de la decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, por considerar que los hechos tenidos en cuenta para el ingreso de Suárez Corzo a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) respondieron a un interés y beneficio personal del exalcalde, son de naturaleza común y no tienen un vínculo directo o indirecto con el conflicto armado.En su recurso de apelación la Procuraduría afirmó que Suárez Corzo debe seguir cumpliendo la pena impuesta por la justicia ordinaria, y, como consecuencia, le corresponde a la JEP rechazar la solicitud de sometimiento.Cuestionó el análisis de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP sobre los hechos que motivaron la condena por el homicidio del excontralor departamental Flórez Ramírez, así como los que rodearon el homicidio del exveedor ciudadano, caso que fue trasladado a la Sala de Verdad para que cumpla con los compromisos ante esta instancia.Reiteró que la competencia de la Corte Suprema de Justicia como juez transicional es excepcional, y que es la JEP la llamada a evaluar, caso a caso, la relación con el conflicto armado de las investigaciones o condenas proferidas por la justicia ordinaria.Para la Procuraduría, este caso sobrepasa la naturaleza del fenómeno de la parapolítica, teniendo en cuenta que los procesos adelantados en la justicia ordinaria probaron que las alianzas entre grupos armados ilegales y el exalcalde tenían como único fin un beneficio de orden político y personal, lo que desborda la competencia de la JEP, según lo pactado en el acuerdo del fin del conflicto.El de Suárez Corzo es el primer caso de parapolíticos en el que el Ministerio Público solicita el rechazo del acogimiento a la JEP.Con la admisión de Suárez Corzo, quien está privado de la libertad desde 2011, ya son dos parapolíticos en ser admitidos en esta Jurisdicción creada por el acuerdo de paz para sancionar bajo la sombrilla de la justicia transicional los delitos más graves que ocurrieron en el conflicto armado, pues es abril pasado le abrió la puerta al exparlamentario David Char, quien según la Corte Suprema había forjado una alianza con el frente José Pablo Díaz, adscrito al paramilitar Bloque Norte con el fin de asegurar su elección al Congreso.En reciprocidad, Char se habría comprometido a favorecer, desde el órgano legislativo, los intereses del grupo armado ilegal. Adicionalmente, la Corte acusó a Char Navas de haber incurrido en el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.En abril pasado la JEP dio a conocer un listado de cerca de 40 políticos condenados por parapolítica pidiendo entrar a su jurisdicción porque, según ellos, las situaciones en que se vieron involucrados hacen parte del conflicto armado.