con una multa superior a los cuatrocientos millones de pesos, por no dar cumplimiento a la orden impartida de “cesar la facilitación y promoción de prestación de servicios de transporte no autorizados, a través de voceros o terceros, o de medios publicitarios o de difusión de cualquier índole (individual o masiva)”.La plataforma respondió al ente de control y vigilancia a través de un comunicado en el que manifestó:Aclaramos que Uber Colombia S.A.S atendió oportunamente la solicitud de explicaciones emitida por la Superintendencia de Transportes el día 6 de diciembre. De hecho, y para ejercer el derecho de defensa, la compañía solicitó información sobre las acusaciones y no recibió respuesta.Es lamentable que Colombia sea el único país de Latinoamérica en el que ni siquiera existe una hoja de ruta para reglamentar los servicios de movilidad colaborativa.Con relación a la Resolución 40313 de 2016, el Consejo de Estado señaló que su naturaleza no es de acto definitivo, sino de trámite. Eso significa que como tal no puede tener los efectos de una orden.La reciente decisión administrativa emitida por la Superintendencia de Transportes no está en firme. Uber Colombia S.A.S. oportunamente presentará los recursos de Ley.