El investigado fue capturado el jueves pasado por la Policía en el barrio Henequén de Cartagena, pues en su contra existía una orden de captura vigente, por su aparente relación con la organización delincuencial denominada Los Ronda, de la cual habría asumido su mando tras la muerte de alias Rey Ronda.	Otros de los casos que se achacan a Chávez es el relacionado con la muerte de los taxistas Luis Alfonso Soto Álvarez y Yaiser Pérez Estrada quienes habrían sido torturados y asesinados a mediados de octubre de 2016. Los cuerpos de estos dos hombres fueron encontrados descuartizados en costales que fueron arrojados al lago Tanga Mojada del barrio Henequén.	Con base en estos hechos la Fiscalía le imputó a Chávez De la Rosa cargos por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravada, desaparición forzada agravada, tortura agravada, concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, extorsión agravada, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones agravada, destinación ilícita de muebles e inmuebles, desplazamiento forzado y financiación de terrorismo. Todos fueron avalados por el juez del caso.	La gravedad de los delitos y el perfil criminal que se le atribuye a El Mente fueron suficientes para que la Fiscalía reclamara su reclusión en un centro penitenciario de máxima seguridad, petición que fue desestimada por el juez del caso quien consideró que esa determinación es competencia del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec).	Entre otras pruebas que hacen parte del proceso que se sigue contra El Mente están varias interceptaciones telefónicas que habrían puesto en evidencia no solo la manera de operar del capturado en cuanto al sicariato, sino también en la venta de estupefacientes y medicamentos, armas de fuego y partes de motocicletas.	Dos testimonios, uno de ellos el de un hombre reclutado por Los Ronda cuando era menor de edad, son claves para establecer la manera como operaba el implicado, quien además recurriría a la extorción de pequeños comerciantes, a la venta de estupefacientes y hasta el cobro por el uso del agua o por el acceso a la televisión por cable en algunas zonas, todo para obtener recursos que financiaran la organización ilegal y los cuales al mes superarían los 50 millones de pesos.