Los colombianos hacemos parte del Estado Social de Derecho adoptado por la Constitución Nacional de 1991, de la que nos enorgullecemos todos los individuos y grupos sociales. La Carta Política establece principios y derechos que materialmente imponen límites a los poderes del Estado, entre ellos el principio de legalidad, el cual implica que los particulares y servidores públicos estamos sometidos a las reglas, mandatos y prohibiciones impuestos por la ley del Estado.	Este principio que es reconocido como una conquista desde el siglo XVIII, vincula aún más a los funcionarios de las instituciones que ejercen el derecho de castigar a las personas que resulten responsables de la comisión de delitos. En este caso me refiero a los representantes de la Fiscalía General de la Nación y a los Jueces Penales de la República, quienes tienen el deber de aplicar la ley penal y procesal penal vigentes.	La ley procesal penal colombiana le impone el deber a la Fiscalía, a través de sus representantes, de probar más allá de toda duda razonable, tanto la comisión de la conducta por la que ha decidido acusar a un ser humano, como su responsabilidad ante el Juez Penal de Conocimiento; es decir, que el principio de legalidad del procedimiento impone estos deberes tanto al funcionario que acusa como al que decide sobre la prosperidad o no de la pretensión de condena de la Fiscalía.	El asunto debatido en un juicio penal debe ser asumido y desarrollado de conformidad con las reglas impuestas en la ley procesal penal, y no de acuerdo con las creencias, prejuicios, opiniones o rechazo que puedan sentir la sociedad y los propios servidores judiciales frente a la naturaleza del delito o el impacto que éste genere en los grupos sociales. De ser así, nuestros propios servidores estarían desconociendo el principio de legalidad del procedimiento y con ello, el mismo modelo de Estado Social de Derecho.	No es a través de los medios de comunicación que se debe demostrar lo que exige la ley para condenar a una persona. Es en el solemne, sensible y serio escenario de la audiencia de juicio oral dentro del proceso penal, que deben practicarse las pruebas tanto de la Fiscalía como de la defensa en la presencia del juez, con las formas propias del procedimiento para que aquellas puedan ser valoradas con la sabiduría del fallador.	La carga de probar que impone la ley a la Fiscalía y el deber de proferir sentencia condenatoria cuando el funcionario acusador haya demostrado la ocurrencia de la conducta y la responsabilidad del acusado, significa que la decisión judicial correcta y legal es la que responde a esas reglas y deberes, y a lo que se evidenció en el juicio oral a través de las pruebas practicadas ante el juzgador.