De acuerdo con Camilo Prieto, director del Movimiento Ambientalista Colombia, “esta es una señal de cómo el Gobierno quiere pasar por encima de las decisiones judiciales y la evidencia científica disponible. Además, es una clara renuncia a la transición energética, porque dicen que necesitamos fracking, pero no plantean la posibilidad de que no se vaya a dar”.	En plata blanca, esto quiere decir que anualmente, el Gobierno Nacional podría contar con $14 billones adicionales –lo mismo que pretendía recaudar con la ley de financiamiento–, mientras que en un horizonte a 30 años, el país recibiría $324 billones, es decir, una tercera parte de todo el PIB de Colombia.	En su momento, la inclusión de estas líneas fue interpretada como una promoción implícita del fracking, aunque el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, lo desmintió: “La mención que se hace allí deja abierta la posibilidad de combustibles no convencionales; el país no ha tomado una decisión al respecto, hasta ahora está iniciando un proceso sobre el tema”.