, Jaime Alberto Leal Afanador, y por 11 años a la exdirectora ejecutiva de la sede ubicada en La Florida (Estados Unidos), y a su vez, vicerrectora de Relaciones Internacionales para el año 2014 (E), Socorro Magdalena Pinzón Pulido, por incumplir el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses.El ente de control evidenció que Leal Afanador contrató a través de interpuesta persona a Daiana López Leal, con quien tiene parentesco en tercer grado de consanguinidad, en el cargo de directora del	Centro de Idiomas de la sede de la universidad en el estado de La Florida.Así mismo, determinó a través del material probatorio, que el rector y presidente de la Junta Directiva de la UNAD en La Florida, solicitó al cuerpo colegiado la aprobación de un auxilio educativo por valor de	para que Germán Posada Pinzón, hijo de la entonces directora ejecutiva, adelantara estudios en la Universidad de Harvard.La conducta del rector se calificó como falta gravísima con culpa gravísima para el primer cargo, y como falta grave con culpa grave para el segundo cargo.Respecto a Pinzón Pulido, la Procuraduría comprobó, en primer lugar, que percibió doble remuneración del erario público, al fungir como directora ejecutiva de la UNAD en Florida y, a su vez, como encargada de las funciones de vicerrectora de Relaciones Internacionales de la misma universidad, no obstante haberse indicado en la Resolución 6086 del 10 de diciembre de 2012, que no percibiría asignación salarial por su desempeño en este cargo.Para el Ministerio Público, pesar de que la disciplinada devolvió las sumas recibidas, tras la solicitud de la de la institución de educación superior, esta circunstancia no la eximió de vulnerar lo establecido legalmente.En segundo lugar se evidenció que la entonces directora ejecutiva contrató, por interpuesta persona, a su hijo Germán Posada Pinzón, como empleado de la sede de la universidad en	, en el cargo de gerente de desarrollo, con quien tenía parentesco en primer grado de consanguinidad.Las faltas de la exfuncionaria fueron consideradas provisionalmente como grave y gravísima a título de dolo.Entre las normas vulneradas se citó el artículo 355 de la Constitución y el artículo 273 de la Ley 5ª de 1992, que prohíben decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado.Así mismo se transgredió el artículo 128 de la Constitución Política que establece: que “Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria