La decisión se tomó obedeciendo el auto proferido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta, en el que admitió una acción de tutela y ordenó la suspensión del proceso licitatorio, mientras el despacho decide sobre la procedencia de la garantía del derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades indígenas que habitan en la zona.	Se trata de las comunidades de Bunkwimake, Jiwa, Seykwnaamake, Katunsama, Kandumake, asentadas en la Cuenca del Río San Diego y en Atgumake en la Cuenca del Río Palomino. Sin embargo, Parques Nacionales aseguró que el 25 de julio de 2019 se protocolizó la consulta previa del proceso de licitación con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.	Según explicó, esta se adelantó con todos los requisitos de ley y con todas las autoridades competentes para garantizar el derecho fundamental a la consulta previa, con base en lo dispuesto del convenio 169 de 1989 de la OIT adoptado mediante la Ley 21 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente en la sentencia T-849 del 2014.	“Las dos autoridades lograron importantes acuerdos teniendo en cuenta los criterios y principios de la Ley de Origen que rigen a los cuatro pueblos indígenas, así como las normas aplicables a Parques Nacionales, los cuales buscan conjuntamente la protección del medio ambiente, el ordenamiento del territorio ancestral, la recuperación de los espacios sagrados y la conservación de los ecosistemas que permiten el equilibrio natural que garantiza la preservación de la vida”, señaló.	Así mismo, manifestó que la decisión del juez, tomada un día antes de la vacancia judicial, “causa un serio perjuicio al interés público, porque interrumpe el proceso de la licitación que debería adjudicarse en enero, para que continúe la prestación del servicio ecoturístico en el Parque Tayrona sin mayor traumatismo para la economía local y regional”.