Patricia Linares, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, reconoce que aún hay mucha gente que tiene “desconfianza y reserva” del tribunal que preside. Más aún con las tormentas que se han desatado en las últimas semanas, que se iniciaron con la detención del fiscal Carlos Bermeo y han continuado con las objeciones presidenciales y el llamado de la Comisión de Acusaciones por presuntas irregularidades en la contratación de la entidad.	A las críticas sobre las presuntas anomalías en los contratos, respondió publicando en su página de Internet la relación de monto, nombre, fecha y funciones de los contratos que suscribió el año pasado y los que han firmado este año. “Están en todo su derecho en hacer propuestas, incluidas las de las reformas, están en todo su derecho, pero desde un lenguaje democrático”, dice Linares en clara alusión a sus detractores.	“Eso no es tan raro ni tan ajeno a este tipo de procesos, las primeras fases son supremamente difíciles. Es más fácil afuera, que se mira con más serenidad, más objetividad y sin estar afectados por el dolor que puede suponer haber sido víctima directa o indirecta, que vio el horror que suponen los crímenes de guerra o de delitos de lesa humanidad, en un contexto que ha mantenido esa situación durante más de medio siglo. Por eso no es extraño que haya mucha desconfianza, mucho miedo a qué es lo que va a pasar. (Afuera) analizan de manera objetiva cuál es el contenido y el alcance, las características del modelo y es un modelo que ofrece que no haya impunidad, verdad plena y reparación integral a través de justicia restaurativa”.	“Que nos den tiempo. Que nos den los recursos y cuando hablo de recursos no me refiero a los financieros, sino normativos. Por eso la insistencia de tener una ley estatutaria. Nosotros podemos funcionar y hemos funcionado porque así lo dispone la Constitución en su artículo quinto transitorio que tenemos que funcionar aún sin las normas especiales, pero va a ser más difícil y cada día más difícil. Entonces, que nos den la oportunidad de tener esos recursos normativos para avanzar y serán nuestras decisiones las que van a permitir que la gente vea que en realidad no hay impunidad”.	“Estamos hablando de medio siglo de guerra, 10 millones de víctimas registradas, miles de comparecientes, hasta hoy hay postulados a la jurisdicción alrededor de 12 mil, luego no puede esperar la ciudadanía que tengamos decisiones en un mes o dos meses. Estos se construyen, por ejemplo, a través de grandes casos. A un solo caso, que es el 001, que la gente conoce como el de los secuestros, están hoy vinculados más de nueve mil víctimas y más de mil comparecientes. Cualquier tribunal parecido que haya operado en el mundo, en promedio se ha demorado entre cuatro y cinco años para la primera decisión. Si usted se va a la CPI, esta se tomó diez años para la primera decisión. No se trata de que nos vamos a tomar el mismo tiempo, pero sí a finales de este año yo creo que pudiéramos tener las primeras decisiones y ahí la gente va a poder estar tranquila al observar que sí se van a aplicar sanciones”.	“En el mundo jurídico una ley estatutaria es de mayor jerarquía que una ley ordinaria y si usted tiene en la estatutaria una norma que le dice equis audiencia es reservada, pues, basta que lo diga y nadie lo discute. Mientras que si usted no tiene esa norma especial, de mayor jerarquía, el juez tiene que hacer toda una construcción a partir de las fuentes de derecho que establece la Constitución y esto hace que los distintos actores del proceso puedan sentir inseguridad jurídica, porque van a decir: esa es su interpretación de todo esto y pueden acudir a un recurso, a un derecho de petición, a una tutela y eso va dilatando algo que podía estar ya resuelto de manera definitiva aplicando la ley estatutaria”.	“Mi único propósito con esa nota fue llamar a la necesidad de un lenguaje democrático para seguir avanzando en exponer diferencias. Había una serie de hechos objetivos, tangibles, que van desde el lenguaje hasta expresiones gráficas que ponen en entredicho no solo el mandato de la JEP, sino la idoneidad de sus magistrados, la idoneidad de todas las personas al servicio de la Jurisdicción y que en un ambiente exacerbado, como el que se está produciendo por razones políticas, sobre las cuales no nos pronunciamos, pues eso puede tener cierto tipo de riesgo. Le hice un llamado muy respetuoso al expresidente, hoy director del partido de Gobierno, para que nos ayudara a propiciar un lenguaje sereno, democrático, no para que no digan lo que quisieran decir”.	“No se trata de darle ejemplo a nadie. Lo que nosotros desde el comienzo acordamos y así está establecido en el reglamento interno es que vamos a acudir a todas las prácticas de transparencia para que la ciudadanía y las víctimas, la comunidad internacional que ha apoyado tanto este proceso, tenga la tranquilidad de saber qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos y cómo eso se materializa en la contratación que corresponde”.