En estos casos el remedio suele ser peor que la enfermedad. Este parecería ser el caso de la proposición que fue incluida en el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo y pensando en incentivar la producción de contenido audiovisual nacional mediante la obligación de que se incluyan en plataformas digitales con el pretexto de incentivar la producción local de calidad y su exportación.	Si bien la propuesta suena muy atractiva, podría resultar contraria a los intereses de Colombia y de la propina industria. Veamos primero el tema en contexto. Los servicios OTT (Over The Top) se refieren a contenidos, aplicaciones y desarrollos que se soportan en internet y a los cuales acceden los usuarios finales a través de conexiones móviles y de banda ancha, lo que incluye motores de búsqueda, medios sociales, videos transmitidos on line, comercio electrónico, videojuegos, mensajería, entre otros, que cada vez son más utilizadas y demandas por la facilidad y flexibilidad en el acceso.	Es lo que sucede con plataformas virtuales, que ponen contenido en directo y además ofrece la posibilidad se ver programas y transmisiones en diferido.Se diferencian de la televisión porque, mientras que ésta es de difusión amplia, los servicios de VOD son de unidifusión, y entonces no son servicios de telecomunicaciones, sino de internet.	Las empresas líderes del sector VOD han puesto sus ojos en Colombia y las inversiones ya llegaron al país. Por ejemplo, hace algo más de seis meses, Netflix anunció el lanzamiento de seis producciones colombianas cuyo alcance de transmisión es global. También se inició el proceso de compra de los derechos de la obra de nuestro Nobel Gabriel García Márquez, que además incluirá la participación de diversos artistas nacionales.	Obligar a las plataformas a incluir de manera forzada implicará que las producciones nacionales se encarezcan al tener un comprador obligado lo que favorecerá a los jugadores fuertes pero lastimaría o incluso eliminaría a los pequeños al no tener capacidad de respuesta en la creación de contenidos de manera constante y que cumplan con los requerimientos establecidos.	En esta misma línea, la OECD en el estudio “The impact of local content requierements” demostró que este tipo de política pública podría llegar a tener efectos negativos en las economías de los países que lo establecen, ya que hace perder, a los países que la adoptan, competitividad, los aísla y afecta la innovación.	Imponer esta medida genera incertidumbre jurídica, menoscaba el interés de empresas extranjeras en el país y crea un precedente innecesario de desconocer los compromisos internacionales que el país ha suscrito. Por otro lado, obligor a incluir contenido colombiano limita la posibilidad de las producciones nacionales de llegar a otros mercados pues las plataformas se concentrarán en la promoción dentro del país, porque les toca.	A cambio de “forzar” la compra de contenido que podría ser relleno, el Congreso podrían crear incentivos para que pequeños o nuevos jugadores que ya vienen trabajando en proyectos audiovisuales en el país tengan herramientas y posibilidades de producir contenido de calidad global. Algo similar con lo ocurrido con la Ley del Cine hace unos años, que ha dado frutos con el aumento en la realización de películas merecedoras de reconocimiento internacional. Algunas de ellas ya se han incluido en algunas de las plataformas digitales mencionadas.	Un buen ejemplo es el de Brasil, que luego de imponer de cuotas en televisión de pago, llegaron a la conclusión de que estas produjeron efectos negativos en el mercado OTT y de seguir, no lograría los efectos deseados para desarrollar una industria nacional de contenidos de calidad a precios competitivos.