“nadie va a volver a creer en una reforma tributaria ni ley de financiamiento dado que, cumplidos todos los requisitos, como lo han certificado los secretarios tanto de la Cámara de Representantes, como del Senado de la República, se cumplieron todos los procedimientos regulatorios y reglamentarios, si eso no se sostiene, nadie va a volver a creer”.	De igual forma, Carrasquilla le envió un concepto al alto tribunal, en el cual le detalla punto por punto los factores que perdería Colombia si esta reforma tributaria pierde su piso jurídico, tanto parcial como completamente. Por ejemplo, señaló que al Gobierno no le afectaría que se caiga la sobretasa de renta al sector financiero, e incluso la declara como “medida antitécnica y con bajo impacto fiscal”, de tal modo que	De otro lado, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, principal gremio de los empresarios en Colombia, coincidió con el Ejecutivo en la necesidad de mantener viva la reforma. En un documento, el dirigente gremial le aseguró a la Corte Constitucional que “una estimación gruesa del impacto de la inexequibilidad de la ley situaría el recaudo tributario de 2020 en $156,9 billones, cayendo $1,6 billones frente a lo previsto en las cuentas fiscales del país”.	Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, no se quedó por fuera de la discusión y, hace unas semanas, le envío al alto tribunal una comunicación en la que le pide mantener viva la Ley de Financiamiento, sobre todo porque su eventual inexequibilidad le pasaría factura directa al crecimiento económico de Colombia, en 0,8 puntos porcentuales cada año. Esto, en plata blanca, llevaría a que este año el PIB del país no creciera 3,6% (como cree el Gobierno), sino 2,8%. “Esta reducción generaría una pérdida de recaudo frente al escenario de exequibilidad de la ley, con el consecuente impacto en términos de sostenibilidad fiscal y el gasto público”, agregó el directivo.	“habría tres o cuatro magistrados que votarían la inexequibilidad plena, otros tres que han apoyado la exequibilidad de la ley, considerando que no se violó el principio de publicidad y consecutividad, y tenemos una posición intermedia, que no es mayoritaria, que pretende que se declaren inexequibles los artículos que fueron introducidos en el último debate del Senado”.	El principal argumento de los demandantes para interponer estos recursos ante el tribunal tiene que ver con que presuntamente hubo vicios de trámite, es decir, no se habría cumplido la ley de funcionamiento del Congreso, que reza que al estudiarse el proyecto debe publicarse en la Gaceta Oficial para que otra cámara lo pueda estudiar.