No han sido pocas las vicisitudes presentadas alrededor de la JEP, casi desde la iniciativa de su creación hasta hoy, derivadas, en este caso, de comportamientos delincuenciales de uno de sus fiscales, que no puede dar lugar a generalizaciones.Con razón algunos sectores, basados en antecedentes históricos, consideraban que no era necesario crear una jurisdicción especial en materia de justicia transicional para procesar a los involucrados en un conflicto armado al que se le quería dar fin, ya que procesos tan serios y con buenos resultados —como los de Alberto Lleras en la década del 60 o de Barco frente al M-19— se consolidaron con la justicia ordinaria.	Publicidad. Tuvo problemas en sus primeros días, en los cuales no faltaban las acusaciones más o menos fundadas de clientelismo y burocracia excesivas, fallas que han venido siendo superadas. Pero los temas centrales son de otro orden. El fundamento esencial de la justicia transicional fue que ella sirviera para lograr la verdad de lo ocurrido en el conflicto —incluidos todos sus actores—, la no repetición, la justicia y la reparación de las víctimas.	Aun cuando hay que tener paciencia y darle tiempo, lo que se percibe es que numerosos acusados o aún condenados por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad se han limitado a pasar una “carta” diciendo que se acogen al sistema y han recuperado su libertad sin que se les haya exigido, como requisito previo, comprometerse a decir la verdad, lo que dejaría un cierto sabor de impunidad.	Algunos de ellos conciben la JEP como una cuarta o quinta instancia incluso para debatir las pruebas con base en las cuales la justicia ordinaria los ha condenado. Y las víctimas de esos delitos graves, hasta ahora, repito, lo que han visto es que sus victimarios ya están en libertad sin que se hayan iniciado en serio los procesos para conocer la verdad. Bienvenido el trámite para esclarecer el genocidio de la UP.	La primera consecuencia es crear una desestabilización en la arquitectura institucional, hecho que a hoy no ha tenido precedentes desde la Constitución del 91, ya que el presidente Duque lo que hace es revivir normas que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional disfrazándolas de inconvenientes, e intentando vía congreso y con sus mayorías parlamentarias modificar la esencia de los acuerdos de La Habana, desacatando los pronunciamientos de la Corte que tienen la garantía constitucional de cosa juzgada, así Duque lo niegue nos lleva a un choque de trenes.	A nivel internacional la credibilidad del Estado colombiano queda en entredicho una vez más, demostrando que nuestra clase dirigente no está en la capacidad de crear políticas de Estado, sino que su estatura política se limita únicamente a crear políticas de gobierno que no superarán los 4 años; en un tema tan serio para la comunidad internacional como son los procesos de paz, es impresentable que el Comisionado de Paz, Miguel Ceballos en sus declaraciones afirme que el actual gobierno no tiene obligación alguna de cumplir lo pactado en La Habana con las Farc ya que dicho acuerdo fue firmado en el gobierno anterior.	Afectando así la confianza que tuvieron todos los actores que acompañaron este proceso no solo desde la fase de negociación (países garantes, observadores y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas), sino también en la fase de implementación, por ejemplo, los países cooperantes que destinaron fondos para poner en marcha proyectos productivos que por cierto a hoy siguen en veremos.	Para el caso de los acuerdos de La Habana, la firma final se dio en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016, es decir que a partir del día siguiente el modelo de justicia transicional ya debería estar en una fase avanzada; lo cierto es que a marzo de 2019, casi dos años y medio después apenas se está intentado dar el marco normativo a la JEP y ahora sumando este nuevo palo en la rueda gracias a las objeciones del presidente Duque fácilmente se podrá dilatar un año más en discusiones.	En consecuencia, esto genera incertidumbre jurídica que afecta a los ex guerrilleros que se encuentran aún en las zonas veredales y reforzándoles el argumento a las disidencias de que “el Estado no les cumplió lo acordado en términos de justicia ni en la implementación”. Con este escenario interno y este antecedente de cambio de reglas de juego, se cierra la posibilidad de algún acercamiento de proceso de paz con el ELN y a futuro deja un mal precedente para cualquier grupo armado que quiera negociar con el Estado colombiano.	Lo que resulta absurdo, pues que después de 5 largos años de negociaciones que concluyeron con la firma del acuerdo final, un nuevo gobierno llegue a modificar todo lo acordado; sin lugar a dudas las Farc han sido una de las guerrillas más sanguinarias y violadoras de derechos humanos en América Latina, pero creer que faltando a la palabra del Estado se les va a castigar es un error, porque esto lo único que hace es generar un riesgo frente a la reactivación de una guerra que ya teníamos superada, parece que más que pensar en las víctimas del conflicto armado, este gobierno es un nostálgico de la guerra con las Farc.	Pese a todas las dificultades, y más allá de sus propios errores, el andamiaje de la JEP está en marcha y no deberían darse argumentos para que pueda alegar falta de instrumentos jurídicos para dar los resultados que ya el país comienza a reclamarle. En este orden de ideas, y a raíz del intenso debate generado por las posibles objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria ya avalado por la Corte Constitucional, es preciso medir muy bien las consecuencias políticas sobre la decisión que se tome.	Y no es una polémica menor. El precedente puede ser funesto para la separación de poderes y para el imperio de la legalidad que tanto defiende en abstracto el presidente Duque pero que en concreto no está dispuesto a “obedecer” en contravía de lo que reza el aforismo castellano. Son varios los casos que se van acumulando: el desconocimiento de los protocolos para el regreso al país de los negociadores del ELN, los principios de Naciones Unidas de no intervención en los asuntos internos de otras naciones en el caso de Venezuela y ahora una posible objeción por inconveniencia de la ley de la JEP.	Cuando se contempla la eventualidad de la objeción de una ley estatutaria que cuenta con sentencia de constitucionalidad, lo que se estaría rechazando es la supremacía de la Constitución y la cosa juzgada constitucional. Por esa vía se le daría un golpe al Estado social y constitucional de derecho y el país se abocaría al espinoso camino del desconocimiento de la Constitución para satisfacer las conveniencias políticas del gobernante. El presidente todavía está a tiempo de evitar una crisis constitucional de impredecibles consecuencias.