Si bien la comparecencia del general Mario Montoya en la Jurísdicción Especial de Paz –JEP- sin duda marca un gran precedente pues se trata del oficial de más alto rango postulado a este mecanismo de justicia transicional, la posibilidad de que ello se traduzca en verdad para las víctimas es bastante cuestionable. Abogados de víctimas y organizaciones sociales advierten un duro debate jurídico que podría tomar años.	Nada volvió a ser igual en la vida de José Alexander Castro luego de esa fatídica tarde del 23 de octubre de 2006. Promediando la una de la tarde de ese día recibió una llamada que lo devastó por completo. Desde Campamento, un pequeño pueblo escondido en las montañas del norte de Antioquia, un familiar lo llamó para contarle que su tío, Jhon Fredy Navarro Martínez; y su hermano, Humberto de Jesús Pulgarín Castro, yacían muertos en la placa polideportiva del corregimiento Cedeño, de Yarumal.	De inmediato reportó a sus jefes que no iría a trabajar ese día y quizás los próximos, pues debía viajar con urgencia desde Medellín, donde todavía reside, hacia Yarumal. Ahí comenzó su tragedia. Al llegar a este municipio, miembros de la Policía le contaron que sus familiares habían sido dados de baja en un combate que sostuvieron soldados del Batallón de Infantería No. 10 “Coronel Atanasio Girardot”, adscrito a la IV Brigada del Ejército con sede en Medellín, con miembros de la guerrilla del ELN, en la vereda La Concha, de Campamento, donde residían los dos occisos.	Las autoridades militares le contaron también que a su hermano y a su tío les habían encontrado al momento de su muerte material de guerra como un revólver calibre 38, dos granadas de mano tipo IM26, mecha lenta, cordón detonante y dinamita. “Asesinos, ustedes son unos asesinos”, fue lo que les respondió José Alexander a los militares una vez le entregaron los cuerpos. Su indignación no era para menos. Además del convencimiento pleno de que sus familiares no eran guerrilleros, amigos y vecinos de la vereda La Concha le contaron una versión de los hechos muy diferente de la relatada por los soldados.	“Ellos (los soldados) llegaron muy temprano a la vereda y rodearon la finca de mi tío (Jhon Fredy). Cuando él salió a su faena de ordeño, cosa que hacía todos los días, vio a los soldados y se devolvió para la finca, asustado. Ahí fue cuando lo cogieron y lo aporrearon”, relata José Alexander. “En la finca estaba mi hermano (Humberto). Los soldados revolcaron toda la casa, toda, buscando armas, panfletos, cosas de esas. Incluso, mi hermano tenía cuatro millones de pesos ahorrados porque su mujer estaba en embarazo y los soldados se llevaron esa plata”.	Los soldados, continúa su relató José Alexander, “se llevaron a mi hermano y a mi tío hacia la carretera que lleva hasta el pueblo. Ahí comenzaron a hacer tiros al aire, tal vez para simular un combate. Y ahí fue cuando les dispararon a quema-ropa. Luego consiguieron un carro para que se llevara los cuerpos hasta Cedeño. Ahí los dejaron tirados, a la intemperie. Cuando hablé con el fiscal en Yarumal me preguntaba cosas como: ‘¿hace cuanto que mis familiares pertenecían al ELN?’ y cosas así. Fue humillante. Las personas que más quería en la vida, campesinos, trabajadores, asesinados y presentados como guerrilleros. Fue muy duro”.	El regreso a Medellín no estuvo exento de dificultades. “Cómo les dije esas cosas a los soldados, pues ellos comenzaron a hacerme unos seguimientos muy extraños en Yarumal. Tanto que me tocó hablar con la Procuraduría Provincial (con sede en este municipio), contar allá lo que me había pasado, decirles que me estaban siguiendo y que temía por mi vida. Y fue la única institución que me ayudó gestionando con la Policía para que me escoltaran para salir del pueblo”.	Desde marzo de 2009 José Alexander es miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice-. Dice que allí encontró la mano tendida que no halló en las entidades del Estado como la Fiscalía. De hecho, fueron miembros del Movice los que le sugirieron que interpusiera una acción de tutela para que su caso pasara del Juzgado 22 de la Justicia Penal Militar -donde nunca avanzó- a manos de la justicia ordinaria, como en efecto sucedió.	Sin embargo, la decisión no significó acceso a justicia, a verdad, mucho menos reparación. Desde que fue asumido por la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, en 2009, el caso de José Alexander ha pasado por tres fiscales, “lo que significa que cada que cambian de fiscal hay que comenzar de cero. Es decir, el caso sigue en la impunidad. Cómo será que el comandante del pelotón responsable de los hechos, el Teniente Coronel, José Luis Contreras Manosalva, fue dado de baja del Ejército y nadie sabe su paradero”, explica José.	Ahora se abre para él un nuevo escenario para buscar justicia, reparación, pero ante todo la verdad que tantos años lleva buscando. Su caso fue admitido dentro del proceso que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adelantará contra un nutrido grupo de militares por casos de ejecuciones extrajudiciales. Hasta la fecha, según la Secretaría de la JEP, unos 2.159 miembros de la fuerza púbica se han presentando ante esta jurisdicción, de los cuales 2.019 son miembros del Ejército Nacional, 34 de la Policía y 16 de la Armada Nacional. Ello ha significado, a su vez, que unos 965 uniformados ya recibieron el beneficio de la libertad transitoria, anticipada y condicionada. De ellos, 944 son del Ejército Nacional, ocho miembros de la Policía Nacional y 13 de la Armada Nacional.	Su presentación ante la JEP despertó gran expectativa entre víctimas de ejecuciones extrajudiciales como José Alexander, pues se espera que sus declaraciones ayuden a esclarecer este oscuro capítulo del conflicto armado interno sobre el cual hay un gran manto de impunidad. “Cómo no va saber él qué pasaba con la tropa, si en el Ejército no se movía una aguja sin su orden”, dice José.	Según Human Rights Watch, entidad que ha seguido de cerca el tema de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, este Alto Oficial fue uno de los principales promotores de la política de otorgar estímulos a los militares que registraran más bajas en combate, razón por la cual las cifras de este flagelo mostraron notables incrementos en cada una de las divisiones y brigadas donde estuvo.	De hecho, un documento interno del Batallón de Ingenieros No. 4 “Pedro Nel Ospina”, denominado “órden del día No. 73”, de fecha del miércoles 5 de abril de 2006, que consigna las tareas cotidianas para esta unidad castrense, es enfático en reiterar “las políticas del Mayor General Montoya, comandante de las Fuerzas Militares”. Entre ellas se destacan la de “mantener la dinámica de guerra, evaluar los comandantes por sus resultados, recordar que las bajas es la mejor acción integral porque potencializa la moral de la tropa” y, la más llamativa de todas: “las bajas no es lo más importante. Es lo único (sic)”.	Al respecto, una documentación de casos realizada por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), muestra que entre 2002 y 2010 se reportaron en todo el país unas 5.763 personas presuntamente asesinadas por miembros de la Fuerza Pública, que luego fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate. De ellas, unas 1.440 muertes (el 25%) ocurrieron en Antioquia, siendo el departamento con el mayor número de víctimas de este atroz crimen.	El detalle radica en que, entre el 1 de enero de 2002 y el 15 de diciembre de 2003, mientras Montoya Uribe se desempeñó como comandante de la IV Brigada del Ejército con sede en Medellín, se denunciaron más de 200 casos de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia. Las denuncias por este atroz crimen superaron las 600 entre el 15 de diciembre de 2003 y el 28 de abril de 2005, tiempo en que se desempeñó como comandante de la Primera División del Ejército. Mientras que cuando fue comandante general del Ejército Nacional (marzo de 2006 – noviembre de 2008), las víctimas llegaron a más de 2.000 personas en todo el país, según el estudio de la CCEEU.	El pasado 17 de octubre, el general (r) Mario Montoya compareció ante la JEP para ratificar su sometimiento a este sistema de justicia transicional creado tras la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc. Si bien ello garantiza que el Alto Oficial comparecerá ante los magistrados de la Jurisdicción las veces que sea citado, particularmente para declarar en el Expediente 002 –ejecuciones extrajudicales-, el hecho está lejos de ser una noticia positiva para las víctimas y para las organizaciones defensoras de derechos humanos.	“De entrada, el general (r) Montoya dijo que se presentaba ante la JEP para demostrar su inocencia; es decir, no reconoce hechos y no acepta responsabilidad. Eso quiere decir que su caso llegará a la Sala de No Reconocimiento de la JEP y será la Unidad de Investigación la que recoja pruebas, lo acuse ante los magistrados y deberá ser vencido en juicio”, explica Sergio Arboleda, abogado representante de José Alexander e integrante de la organización defensora de derechos humanos Corporación Jurídica Libertad.	Lo anterior, asevera Sergio, si bien constituye un avance, también despierta preocupaciones “pues llevamos más de 15 años intentando que haya justicia en los casos de ejecuciones extrajudiciales y ahora imaginamos que tarderemos unos buenos años en un juicio adversarial contra el general Montoya, que sabemos que será difícil, complicado”. Igual percepción tiene Pilar Castillo, abogada de la Asociación Minga y representante de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.	“Nos preocupa que el general se presenta a la JEP, según él, para probar su inocencia. De ahí en adelante no podemos esperar mucho. Las expectativas de las víctimas se ven muy coartadas de entrada”, asevera Castillo, quien añade que “es preocupante que este señor haya acudido a la JEP más como una forma de blindarse contra la justicia internacional, que lo tiene en la mira, que para aportar verdad. Pero nos preocupa aún más que la justicia ordinaria, teniendo suficiente material probatorio contra este señor, no haya hecho ninguna imputación de cargos”.	La abogada recordó que la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia viene adelantando una investigación contra el general (r) Montoya Uribe por ejecuciones extrajudiciales, donde ya se reconocieron más de 100 víctimas y donde se ha acopiado abundante material probatorio que incriminaría al Alto Oficial, “y si bien la Fiscalía Primera citó a una audiencia preliminar en 2016, (general) Montoya pidió aplazamiento, luego cambiaron al Fiscal hace dos años, y el nuevo fiscal dice que está a la espera de resolver juridicamente qué hacer: si continuar con el caso o enviarlo a la JEP. Conclusión, el caso está en veremos”.	No es la única investigación que cursa en la justicia ordinaria contra Montoya Uribe. Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, recuerda que el Alto Oficial viene siendo investigado por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y por violaciones a los derechos humanos denunciadas durante el desarrollo de la Operación Orión, operativo conjunto de Fuerzas Militares, Policia, Fiscalía y Fuerza Aérea realizado entre el 16 y el 18 de octubre de 2002 contra milicias guerrillas en la Comuna 13 de Medellín.	Según Arboleda, ésta y las otras 22 operaciones miliares llevadas a cabo ese año, constituyen otro espinoso tema sobre el que, se espera, hable el general Montoya, pues en la planeación y ejecución de estos operativos participaron tropas de la IV Brigada del Ejército al mando del Alto Oficial. 16 años después de los hechos, las sombras y los interrogantes que rodean la ejecución de operaciones como Orión continúan siendo grandes y graves: ¿Participaron los paramilitares en su planeación, como lo manifestó en su momento Diego Fernado Murillo, alias ‘Don Berna’? ¿Cómo lograron instalarse los comandos del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) luego de la intervención estatal si era un territorio altamente militarizado? ¿Dónde están las personas reportadas como desaparecidas?	Las cifras son bastante dicientes: Los reportes de diversas organizaciones no gubernamentales coinciden en señalar que las acciones desarrolladas por los más de 1.500 hombres de la Fuerza Pública durante los tres días que duró la Operación Orión dejaron un saldo de 80 civiles heridos; 71 personas asesinadas por grupos paramilitares y 17 personas muertas por fuego de fuerzas estatales; así como 300 detenciones arbitrarias.	Pero las consecuencias más dolorosas de esta Operación vinieron después. Tras la expulsión de las milicias, el Bloque Cacique Nutibara impuso un régimen de terror que se materializó en la macabra práctica de la desaparición forzada. Según la Corporación Jurídica Libertad, existen reportes que dan cuenta de 91 personas desaparecidas forzosamente entre noviembre de 2002 y febrero de 2005. Sólo en el mes de octubre, cuando se realizaron los operativos militares, se reportaron 15 casos. “Pero se habla de que pueden ser por lo menos 300”, advierte Arboleda.	“Este caso es un gran desafío para la JEP porque, así como nosotros cuestionamos ese operativo, así como nosotros decimos que fue el inicio de un proyecto estratégico de control paramilitar, hay quienes defienden a capa y espada la Operación Orión”, dice la jurista, quien añade que “la JEP deberá analizar todas las pruebas e indicios que aporten las partes: las víctimas, las organizaciones, el Ejército”.	Ahora bien, hay que señalar que el panorama de la Comuna 13 es mucho más complejo ya que Orión no fue el único operativo realizado en el 2002 y eso deberá ser tenido en cuenta por la justicia para analizar las prácticas de vulneración sistemática de derechos humanos que venía cometiendo la fuerza pública en esa comuna. Los datos de las organizaciones de derechos humanos reportan que entre febrero y octubre de 2002 se realizaron más de 20 operaciones militares en esa comuna. A cada una se le asignó un nombre que era tomado de la primera letra del mes. Entre las más recordadas están las operaciones	Otro rincón de Colombia donde esperan que el general Montoya aporte verdad es en Bojayá, Chocó. Hoy, gracias a los testimonios de exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) postulados a la Ley de Justicia y Paz, se sabe que los 119 civiles que fallecieron la trágica noche del 2 de mayo de 2002 quedaron en medio de un intenso fuego cruzado entre la guerrilla de las FARC y el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC. Lo que aún no resuelve la justicia es cómo llegaron hasta allí los paramilitares si para ello, debieron pasar varios puestos de control de Policía y Ejército, estos últimos adscritos a la IV Brigada del Ejército, en aquel entonces comandada por Montoya.	Un informe especial publicado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pocas semanas después de la masacre, que reconstruye los hechos, recoge testimonios y plantea recomendaciones, también manifestó dicha preocupación al consignar que “de acuerdo a la información obtenida, el 21 de abril de 2002, un número no inferior a siete embarcaciones que transportaban un total aproximado de 250 paramilitares arribó a Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, y Vigía del Fuerte, provenientes de Turbo. Para realizar ese recorrido, las embarcaciones deben pasar los puestos de control de la Fuerza Pública ubicados en Punta de Turbo (retén permanente de la Marina que exige la presentación de documentación y una requisa), en la entrada de Riosucio, (retén permanente de la Policía Nacional) y en la salida de Riosucio hacia Bellavista, (retén permanente del Ejército). No se registraron incidentes ni detenciones en ese recorrido”.	Los testimonios recogidos por los funcionarios de ONU, dejaban entrever una estrecha relación entre los paramilitares y miembros de la fuerza pública: “varias declaraciones de pobladores de Bellavista y Vigía del Fuerte coincidieron en señalar que, desde la llegada del Ejército Nacional, la presencia de paramilitares se hizo evidente en los cascos urbanos. Cabe mencionar que muchos de ellos fueron vistos utilizando ropa y enseres sustraídos de las viviendas abandonadas de Bellavista”.	Asimismo, entre las conclusiones, el informe señaló que “para la Oficina es preocupante el hecho de que no hubiera habido actuación de la fuerza pública ante el paso de los paramilitares por los retenes y puestos de control en el recorrido que hicieron desde Turbo hacia Vigía del Fuerte. En estos casos la omisión del Estado puede constituir una violación a los derechos humanos y comprometer la responsabilidad estatal por las acciones de esos grupos ilegales”.	El informe aseveró también que “preocupan a la Oficina las declaraciones de autoridades civiles y militares que en el caso del Medio Atrato negaron tanto la existencia de combates entre paramilitares y guerrilleros, como la presencia de grupos paramilitares en la región (…) La evaluación de la responsabilidad estatal debe hacerse extensiva a los hechos del 9 y 10 de mayo, referidos a la llegada a Vigía del Fuerte de avionetas con miembros de las AUC y a las denuncias de reuniones celebradas allí entre paramilitares y miembros de las fuerzas castrenses. De ser confirmadas, estas actuaciones pondrían de presente una participación directa de agentes del Estado en las actividades criminales de un grupo armado al margen de la ley”.	Son precisamente estas versiones las que aguardan por verdad. “¿Qué esperamos las víctimas? Que ese señor diga la verdad, porque ese señor debe sabe muchas cosas. Cómo le dije, cómo no iba saber lo que estaba pasando si era el máximo jefe del Ejército, si era él que daba todas las órdenes. Yo, la verdad, no anhelo que ese señor pague 15 o 20 años de cárcel. No, yo espero verdad, por qué hicieron lo que hicieron. Esa sería la mejor manera de hacer justicia”, sostiene José Alexander Castro.