Este caso se remite al 14 de mayo de 2014 cuando la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) suscribió un convenio con este municipio para el financiamiento del proyecto construcción de un salón múltiple para la central de comunidades originarias de Lomerío “Cicol” por un costo aproximado de Bs 1.373.277.	La fiscal asignada al caso, Rosé María Barrientos Ruiz, agregó que el contrato fue modificado el 25 de agosto del 2015, para el tiempo de entrega de la obra, habiendo aumentado 42 días al plazo del contrato original para la entrega definitiva de la obra. Sin embargo, el 3 de julio del 2015, a requerimiento del alcalde, se habría ejecutado, ilegalmente, la boleta de garantía de cumplimiento de contrato otorgado por la empresa, por Bs 96.129.