El exmandatario, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores (PT), fue trasladado ayer por agentes de la Policía Federal para prestar declaración por su supuesta implicación en el escándalo de desvíos en la petrolera estatal Petrobras, lo que generó un duro intercambio de acusaciones entre simpatizantes y detractores del exjefe de Estado.	El fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima, responsable de la investigación del caso Petrobras, agregó que el exjefe de Estado recibió de esas mismas cinco empresas cerca de 10 millones de reales (unos 2,5 millones de dólares) como pago por conferencias que dictó tanto en Brasil como en el exterior.	El senador Aécio Neves, uno de los principales líderes opositores del país, afirmó que "Brasil merece saber la verdad" sobre Lula, al tiempo que el jefe del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en la Cámara baja, Antonio Imbassahy, señaló que lo ocurrido ayer "es el principio del fin" del Gobierno de Rousseff. Aludió así al proceso con miras a la destitución de la mandataria que tramita la oposición en el Congreso y que está suspendido por "errores de procedimiento" detectados por la Corte Suprema.	El PT, en cambio, consideró que la operación contra Lula supone una "escalada golpista" para "desestabilizar" a Rousseff, reelegida en 2014 para un segundo mandato en unos comicios en los que derrotó a Neves por escasos tres puntos porcentuales. Lula salió en defensa de su ahijada política: "Nadie quiere que ella gobierne, porque están sitiando la libertad de esa mujer".