Más de 800 mil hectáreas de bosques y pasturas destruidas por el fuego, además de casi mil novecientas personas afectadas por el mismo en 35 comunidades de once municipios de nuestra Chiquitania, marcaron el último parte oficial visto antes de sentarme a escribir este artículo. Un desastre medioambiental de proporciones alarmantes, cuyos efectos no han sido aun dimensionados en su real magnitud. Dudo mucho que llegue a serlo, si esa medición queda en manos de las autoridades públicas. La razón es simple: a ninguna de ellas le conviene que se conozca el tamaño del daño causado por un incendio del que no se le puede echar la culpa a la naturaleza, y sí a los pirómanos de pensamiento, palabra, obra y omisión que abundan en nuestro país.	No se me había ocurrido echar mano de la palabra pirómanos para abordar este doloroso tema, hasta leer las declaraciones del responsable de la Autoridad de Bosques y Tierras, la ABT. “A cualquier pirómano quemador irresponsable que esté jugando con el fuego y poniendo en riesgo la vida de la gente y la biodiversidad de los bosques, lo vamos a arrestar”, dijo Cliver Rocha. Pensé de inmediato: tendrá que comenzar por los pirómanos intelectuales y sus cómplices, la mayoría de ellos ocupando cargos en los tres niveles de gobierno, curules en la Asamblea Nacional y en las departamentales, y otros en función de representantes de organizaciones corporativas, sindicales o privadas. Todos ellos, de una u otra manera, responsables de normas y leyes que alientan la piromanía sin límites. Y lo peor para el director de la ABT: tendría que comenzar por ordenar su propio arresto.	Así de claro. No hay por dónde perderse, aunque el denso humo provocado por un nuevo y gran incendio sirva de pretexto para decir que no estamos viendo con claridad la causa o las causas que lo provocan. Digo un nuevo incendio, porque no es el primero. Todos los años se repite la historia. Ya en 2010 hubo una gran emergencia por las quemas que solo ese año destruyeron tres millones y medio de hectáreas en Santa Cruz, como consta en el informe de la Gobernación cruceña. Pese a ello, el 29 de septiembre de 2015, el Gobierno aprobó la Ley 741 autorizando el desmonte de hasta 20 hectáreas en Santa Cruz y Beni “para el desarrollo de actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias”. Ojo, “sin la presentación de Planes de Ordenamiento Predial o de Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierra”, “en forma expedita y simplificada”.	Esa ley de 2015 modificó el artículo 5 del Decreto Supremo 26075 del 16 de febrero de 2001, que condicionaba el desmonte a la aprobación del PAO y a un plan específico según el Reglamento Especial de Desmonte y Quemas Controladas en áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelo. O sea, eliminó la única barrera que había para tratar de controlar las quemas. Una práctica que, dígase de paso, debería ser eliminada si acaso queremos cortar de raíz una de las principales causas de los incendios forestales. A esa medida se suman luego muchas otras aprobadas por el Gobierno, con el aval abierto o camuflado de más de un sector económico, alentadoras de la piromanía que amenaza a acabar con lo más valioso que tenemos en el departamento y en el país: nuestros bosques y ríos. Por si acaso, incluyo en esta lista la ampliación de la frontera agrícola y otras prácticas más.	Contrario a lo que creen algunos, veo tras el pretexto de “soberanía alimentaria” o apoyo a las pequeñas o grandes propiedades agropecuarias, un objetivo geopolítico de la cúpula del MAS, ya señalado antes por Sergio Antelo. Por detrás de los pirómanos de hecho, que van cerilla en mano activando el fuego, están los de pensamiento que visan no apenas la destrucción de los recursos naturales, sino la quema irreversible de un acervo cultural al que la Naturaleza le es condición indispensable. Así que si queremos combatir en serio los incendios forestales que azotan a la Chiquitania, identifiquemos y sancionemos también a los autores intelectuales de lo que bien puede ser llamado ecocidio y hasta genocidio.