El informe de la comisión de activistas del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que recorrió el Tipnis en agosto de 2018, identificó daños ambientales por deforestación y persecución a indígenas por la defensa de su territorio. Ante esto, solicitaron sanciones al Gobierno por violaciones a los “derechos de la madre tierra”.	Para parlamentarios oficialistas, este informe carece de valor jurídico para imponer sanciones, y solo puede ser reconocido como “una opinión”. La iniciativa de crear este tribunal surgió en la Cumbre Mundial de la Madre Tierra, en Tiquipaya (Cochabamba), organizada por el Gobierno nacional en 2010. Posteriormente, al no contar con respaldo de la ONU, se estableció como ONG en Bonn, Alemania.