Por segunda vez, integrantes de la cúpula policial que acompañan la gestión del presidente Evo Morales resultan enlodados por presuntos actos de corrupción generados a partir del ingreso de postulantes a la Academia Nacional de Policías (Anapol). En 2012 un caso parecido le costó el cargo y un proceso al excomandante Jorge Santiesteban y a autoridades de la Universidad Policial. Entre la noche del jueves y ayer fueron detenidos el ex inspector general de la Policía, Juan José Lizeca y el rector de la Universidad Policial, Vladimir Quiroz, por permitir “licitaciones amañadas” de empresas que calificaron los exámenes de ingreso al centro de formación de la fuerza del orden.	En mayo de 2012 el Gobierno destituyó a Santiesteban por el ingreso irregular de 54 cadetes a la Anapol, supuestamente a cambio de pagar un monto de dinero. Como un dejavú, la historia se repite y fue el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien confirmó ayer las detenciones de dos altos jefes policiales que formaron parte de esa máxima instancia de decisión.	Romero había admitido esta semana que era posible que el caso llegara a “instancias superiores, por lo menos a nivel de la Unipol y de los niveles de Supervisión”, pero ayer tuvo que enfrentar a los medios desde Chapare e informar que todo esto iba más allá. Además de los generales Lizeca y Quiroz, están también detenidos el vicerrector, coronel Vicente Quinteros; y el asesor jurídico de la Academia de Policías, teniente coronel Héctor Hugo Illanes.	Todos ellos fueron sometidos durante el viernes a interrogatorios en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y esperan para hoy, en el mejor de los casos, la realización de sus respectivas audiencias cautelares que determinarán si asumen defensa en libertad o con algún tipo de detención, domiciliaria o en un centro penitenciario.	De hecho, el ministro Romero, al referirse al caso específico del general Lizeca, señaló que las causas de su aprehensión las determinará la investigación del caso, pero aseguró que “cuando menos”, la inspectoría no cumplió adecuadamente sus deberes porque “no hizo una buena supervisión. Estamos ante empresas fantasmas y que formaban parte de una red criminal, un proceso de contratación aparentemente viciado. No descartamos que puedan aparecer otros elementos. Por ello, tendrá que presentar sus descargos, como a la Felcc y la Fiscalía para presentar pruebas en su contra”.	Insistió que no existe ningún elemento que lo pueda incriminar. “Accedimos al cuaderno de investigación y no hay un solo hecho que lo incrimine”, sin embargo no quiso responder si es que Lizeca sabía que se cobraba dinero a postulantes de la Anapol para ser admitidos. “Eso debe ser aclarado por medio de una declaración, y lo va a hacer. No puedo anticipar criterio al respecto”.	Cuando este medio preguntó al director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, coronel Johnny Aguilera, si es que la investigación podría apuntar a ex jefes policiales incluso de mayor rango, respondió que la Policía, “más allá de llevarse por la jerarquía, indaga las actividades delictivas a partir de la recolección de elementos básicos de la corrupción. La informalidad en los contratos y los mecanismos de control, ventajas indebidas a determinadas empresas, la no exigencia de requisitos. Todos estos confluyen y ponen en evidencia a quienes debían vigilar el cumplimiento de estas cláusulas”.	Y precisamente, esas consideraciones apuntan a los altos exjefes. “Hablamos del primer nivel, que se ha encargado de la contratación de empresas calificadoras”. El jefe policial detalló que no hubo problemas en la idoneidad de los exámenes, porque incluso se aplicó un sistema biométrico y controles estrictos. El negocio se montó en la calificación, “ahí se permitió que las pruebas sean tocadas”, dijo Aguilera y apuntó a que los generales habrían llevado “una licitación amañada de las empresas que se encargaron de esa fase. Algunas personas podrían entender que hicieron actividades administrativas, pero el conjunto de ellas, deriva en responsabilidades de orden penal que ahora se indagan”.	Precisamente, tras una audiencia cautelar que comenzó el jueves, tuvo un cuarto intermedio y se reanudó ayer, un juez determinó enviar a la cárcel de San Pedro a Luis F.D.J y Juan D.G.M., ambos representantes legales de las empresas Anstrangung y Sipcoes, que se adjudicaron la elaboración de exámenes de ingreso a la Anapol y la Escuela Básica Policial (Esbapol) 2018.	La investigación policial establece que hubo un pliego de especificaciones dirigido a dos instancias de evaluación: La primera, concentrada en calificar la salud de los postulantes, estaba a cargo de un teniente coronel. La otra que evalúa conocimientos, estaba a cargo de un coronel, el subdirector de la Anapol y asesor jurídico de la Unipol. Ellos llevaron a la firma de un contrato con las empresas a través de las especificaciones.	La firma de los contratos se sustentó en informes de aprobación de algunas autoridades superiores al rector, quien dio luz verde al proceso tras recibir ese aval. Luego, otra instancia denominada CMI debía controlar que los postulantes den el examen y vigilar que la empresa seleccionada por el estamento superior, cumpla con lo requerido. Hasta ahí llegó la indagación y ya involucra a altos mandos policiales.