Como consecuencia de los pagos ilegales de la multinacional brasileña Odebrecht a diversos políticos y agrupaciones, se viene realizando una gigantesca investigación en Brasil y América Latina. La Operación Lava Jato (lavado a presión o a chorro) fue iniciada en 2014. Se la llamó así por los lavaderos de automóviles. El primer sitio allanado fue uno de esos locales en Brasilia.	En algunos países la investigación de Lava Jato es intensa; en otros, poco o nada. En Perú se indaga con dureza y en un marco de imparcialidad. Como resultado hay varios presos, entre ellos expresidentes. Es más, se tuvo que lamentar el suicidio de Alan García, uno de los acusados de haber recibido dinero de la empresa brasileña.	Últimamente, el exministro de Hacienda de Brasil Antonio Palocci -hombre de confianza de Luiz Inácio Lula da Silva- declaró que durante su Gobierno, Lula ordenó el desvío hacia campañas políticas en Bolivia y Perú de una buena parte de los 10 millones de dólares entregados bajo cuerda por Odebrecht al oficialista Partido de los Trabajadores (PT). Esto ahondó aún más la investigación en curso de las autoridades limeñas y ya ha prendido luces de alarma en La Paz.	Las expresiones de Palocci motivaron que opositores bolivianos exijan una investigación. Del lado oficialista se expresó que es la Fiscalía quien debe decidir sobre este tema. “El Ministerio Público tendrá seguramente las facultades de realizar cualquier investigación que sea adicional o necesaria”, señaló al respecto el ministro de Justicia y Transparencia Institucional. Lo curioso del caso boliviano es que aún antes de esta última acusación del antiguo hombre de confianza de Lula y con la Asamblea Legislativa Plurinacional como parte acusadora, la Fiscalía General ordenó la detención en Palmasola de dos ciudadanos bolivianos, sin que hasta la fecha se les hubiera iniciado juicio. Fueron acusados de formar parte de Lava Jato, el uno por recibir un dinero del exterior y el segundo por haber cobrado dos cheques de gerencia emitidos por un banco local. Allí se ha centrado la dureza gubernamental y luego nada; no se ha profundizado el tema ni buscado presuntos receptores de las cifras millonarias que se barajan. Sería bueno que ahora se amplíe la pesquisa, manteniéndola al margen de los criterios e intereses políticos.