Siete años después de la promulgación de una normativa que ha puesto a Bolivia como referente en la región para frenar el acoso y la violencia política hacia las mujeres, aún el gran desafío está en su implementación para garantizar que todas ejerzan sus cargos sin ninguna clase de presión para desistir.	En otros casos no permiten que sus hijos o los esposos de esas autoridades sean parte de las actividades de la comunidad, simplemente no les avisan dónde sesionarán o no las dejan entrar con la finalidad de presionarlas para renunciar o para firmar algún documento con el que no están de acuerdo.