Hace dos días, en el otro lado del continente surgió una denuncia, que traspasó las fronteras de Inglaterra, la madre de un niño con autismo ha demandado a un colegio por ponerle un chaleco reflectante en el recreo, para que todo el centro escolar supiera que el menor padecía este trastorno del neurodesarrollo. La progenitora tachó este accionar de la maestra y del colegio como una “discriminación brutal”.	Esa es también la realidad de las personas con capacidades diferentes (Síndrome de Down, autismo, Asperger, trastornos visuales, motores y auditivos), en nuestra región. Por esto, los padres luchan por la inclusión en el sistema educativo regular, lo que, según ley nacional, es un derecho inalienable. Asimismo, abogan por el cambio de actitudes, comportamientos y prácticas de los demás.	Según una investigación de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica), en el país existen 113 centros de educación especial a los que asisten 8.644 niños con necesidades educativas especiales; cifra que representa solamente el 3% de los 291.081 niños con discapacidad calculados por el Ministerio de Educación.	Al ser éste un grupo de personas de los más invisibilizados en nuestras sociedades, “el desafío de los padres comienza en el momento en que el niño soñado y esperado llega con una condición diferente. Una vez asimilado el hecho irreversible, comienza un largo peregrinaje de especialista en especialista, viendo cómo es posible ayudar a que esa criatura progrese. Sin embargo, cuando las cosas parecen ir bien dentro de casa, es hora de integrarlo a la sociedad; ahí comienza otra dura batalla, cuando las personas miran al niño (a) con lástima, asombro y no falta quien también trate de disimular e ignorar para no incomodar”, remarca la coach de vida y pedagoga, Valeria Nazer de Parada.	Lamentablemente, tanto los colegios particulares como los fiscales tienen dificultades al momento de aplicar la Ley Educativa que establece la inclusión de las personas con discapacidad en la educación regular. Por ello, los padres de niños con capacidades diferentes, no descansan en su cruzada. Y esa debe ser tarea de todos, enseñar inclusión en el hogar y en las escuelas.	En 2013, mediante ley 357 de 13 de abril, se abrogó el Decreto Supremo No. 04017 y se reinstituyó el 12 de abril como Día de la Niña y del Niño en el Estado Plurinacional de Bolivia. Este cambio surgió a iniciativa de la Red Parlamentaria por la Niñez y Adolescencia con el objetivo visibilizar la situación de las niñas bolivianas, sus necesidades y cuidados específicos que requieren para alcanzar su derecho a la igualdad y equidad de género.