Las protestas son alentadas desde organizaciones sindicales y de oposición, a las que se sumaron colectivos indígenas y universitarios, tras un discurso a la nación el martes en el que Moreno anunció, después de meses de espera, un conjunto de medidas para reducir el gasto público e incrementar los ingresos del Estado.	Después de meses en los que ha habido una ola silenciosa de despidos en el aparato del Estado para desinflar la administración dejada por su predecesor, Rafael Correa, Moreno anunció finalmente el conjunto de medidas a aplicar, que incluía el final de los subsidios a la gasolina, una subida de impuestos a las empresas más pudientes, la retirada de un día de salario y 15 de vacaciones a empleados de empresas públicas, entre otros reajustes.	Más allá de las protestas violentas de cientos de estudiantes universitarios que rompieron las vallas de seguridad que cercaban los alrededores del palacio de Gobierno, Carondelet, y se enfrentaron con policías, el parón de los transportistas ha bloqueado calles, paralizado las clases, y puesto obstáculos al normal funcionamiento del Estado ecuatoriano.	La ministra del Interior, María Paula Romo, comentó en una rueda de prensa que la paralización del transporte se cumplió "de manera parcial" y obligó al Gobierno a suspender las clases de escuelas y colegios para garantizar la seguridad de los estudiantes. En un mensaje a la nación, Moreno argumentó que "con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos", disponía el estado de excepción "a nivel nacional".	Según el decreto 884 firmado por Moreno, el estado de excepción se aplica a escala nacional en previsión de una situación de caos, y en él participan todos los organismos de gobierno incluidos la Policía y el Ejército, en este último caso, con "funciones complementarias" en el mantenimiento del orden público.	Las salidas a las calles de los ecuatorianos en este tipo de protestas solían ser desencadenante de serios problemas políticos en el pasado, aunque en los últimos diez años han sido poco frecuentes, sobre todo porque el anterior presidente Correa aplicaba mano dura y la legislación penalizaba duramente protestas bajo diferentes argumentos.	Por el momento es prematuro analizar si la ola de protestas crecerá como para amenazar al Ejecutivo de Moreno, que llegó al poder en 2017 con un nuevo tono dialogante y conciliador que lo diferenciaba de su predecesor. Ecuador entrará en año electoral en 2020, aunque el presidente siempre ha dicho que no se presentará a la reelección.