Hoy la situación es distinta, las lluvias caídas el pasado fin de semana (4, 5 y 6 de octubre) en el departamento terminaron por apagar las llamas contra las que lucharon las Fuerzas Armadas, Policía, Bomberos, brigadistas y voluntarios, además de representantes de 196 instituciones y organizaciones de entre 15 países que se movilizaron ante los incendios.	Diversos actores pedían a Evo Morales que declare Desastre Nacional para permitir la ayuda internacional, algo que al final no ocurrió, decisión que fue apoyada, según dijeron ministros de Estado y otras autoridades de Gobierno, en que era algo que no correspondía porque el Estado estaba en capacidad de responder a la situación.	El mes de julio cerró con una cifra de 2.858 focos de quema, un número que dejaba en riesgo de incendio al 70% del departamento, así lo dijo Cinthia Asín, desde la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación, que añadió de que en lo que iba del año, se habían registrado más de 10.000 focos de calor y se habían atendido, hasta ese momento, 57 emergencias por incendios forestales.	Incluso, dentro de la opinión de los pilotos peruanos que vinieron para ayudar en las tareas, lo que pasaba en Bolivia era algo que nunca antes habían visto pues se operaba en lugares en los que había fuego y se los mitigaba, pero uno o dos días después, nuevamente se registraban llamas en esos mismos puntos.	Indicó que, en septiembre de 2015, el Ejecutivo aprobó la Ley 741 de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias, lo que permitió la quema de hectáreas sin autorización previa y, al año siguiente, el reporte de los focos de calor se duplicó, de 15.000 a 31.000.	Cabe recalcar que el DS 3973 fue promulgado el 9 de julio de este año,un mes antes de que se descontrolaran los incendios. En la primera semana de agosto de 2019 se registraron 2.351 focos de quema en Santa Cruz, una cifra elevada si se la compara con los 2.858 que hubo en todo ese mes en 2018.	La afirmación de Asín es contraria a lo que sostuvo en reiteradas ocasiones el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, que ve en este decreto un favorecimiento al sector ganadero y agroindustrial mediante el desmonte y la quema "controlada" de bosques, y que de ninguna manera es la causante del desastre que se dio.	La medida asumida por el Gobierno tuvo repercusión internacional pues la Cámara de Diputados de Paraguay, apuntó al D.S. 3973 como la responsable para que se hayan dado los incendios que también afectaron al territorio paraguayo y por el que se pidió una indemnización al Estado boliviano en favor del país vecino.	Mientras que Enrique Bruno instó a los alcaldes de los municipios afectados y a las autoridades competentes a unir esfuerzos para evitar rebrotes de fuego. Considera que esto se puede dar con un trabajo de información y concienciación entre los pobladores para que no quemen pues "ahora no es el momento".