El desorden de nuestra ciudad es un espectacular caldo de cultivo para la injusticia, y los bolicheros tienen razón cuando dicen que es virtualmente imposible estar completamente en regla, pues nos consta cómo se extorsiona y se comercia con las patentes de expendio o las licencias ambientales de parte de ‘funcionarios’ que se le aparecen a uno en los pasillos de algunas oficinas municipales. Es decir, padecemos un desorden que no es solo fruto de la incapacidad de la gestión, sino que hay redes incrustadas en el aparato público que se ocupan de mantener ese lucrativo (para ellas) estado de cosas.	Desde el punto de vista del sentido común, es obvio que extender el horario de funcionamiento es una mala idea; sin embargo, toca poner el foco en lo siguiente: ¿hay gran diferencia entre no poder descansar tranquilo en casa a las 3:00 o a las 5:00? En los hechos, no la hay, en ambos casos hay una tremenda vulneración de derechos de las personas. El punto es otro, y es que no se vela por el cumplimiento de normas vigentes que podrían garantizar esos derechos. Por ejemplo, la ordenanza municipal sobre control de ruidos prohíbe emitir cierto nivel de presión sonora después de las 21:00. La norma se incumple por toda la ciudad, en barrios ricos y pobres. Si los boliches funcionaran respetando esta norma, la discusión por su horario de cierre no haría gran diferencia. Lo mismo con las normas que prohíben beber en la vía pública o manejar en estado de ebriedad.	Si se quisiera desregular la juerga, lo que se podría hacer es zonificar, es decir, crear ‘zonas rosas’ donde no haya viviendas y sí condiciones para servicios de entretenimiento y buena cobertura de seguridad. Pero, de nuevo, ¿quién hará cumplir esa zonificación si hoy lo que vemos es que las zonas residenciales están invadidas por rocolas, fraternidades, karaokes, etc. sin que las desesperadas y muy abundantes denuncias de vecinos encuentren auxilio?