Hugo Salmón, presidente del órgano deliberante, indicó que la ley tiene por objeto preservar el patrimonio natural; establecer restricciones administrativas de acuerdo al uso de suelo, para fines de restauración y conservación del patrimonio natural; evitar daños mayores a futuro; prohibir asentamientos en las áreas afectadas por los incendios y sus zonas de influencia; la prohibición de las quemas, desmontes, el cambio de uso de suelo (tierras de uso restringido, forestal, áreas naturales protegidas y unidades de conservación del patrimonio natural), además de la caza y comercialización de productos generados por los incendios.	Salmón indicó que la norma también contempla la creación de un Comité Interinstitucional especializado, denomiado ‘Bosque Cruceño’ y la Brigada Forestal Departamental. Para determinar las áreas afectadas y zonas de influencia, se hará un estudio integral de evaluación de daños, pues hasta los primeros días de septiembre el fuego arrasó con más de 1,5 millones de hectáreas de vegetación. El Ejecutivo departamental elaborará un estudio integral de evaluación de daños que comprenderá el análisis del grado de afectación de las áreas y el impacto ambiental.	“La ley comprende dos elementos básicamente: establecer la pausa ambiental en la zona damnificada por los incendios y un plan de reforestación de nuestros bosques. La pausa establece la prohibición del cambio del uso de suelo, la prohibición de las quemas en el lugar y cualquier tipo de asentamiento ilegal. Con esta medida, estamos tratando de precautelar nuestra flora, fauna y el suelo. Se crearán brigadas forestales, que se localizarán en los lugares más sensibles, donde haya peligro de incendios, para que actúen de forma inmediata”, manifestó el asambleísta Marco Mejía.