Por su parte, Isidoro Barrientos, titular de Cappo, pidió a las autoridades del Gobierno nacional que permitan a los productores el acceso a la biotecnología y los ayuden en la refinanciación de sus deudas con las casas comerciales, ya que muchos agricultores ‘arrastran’ pérdidas desde hace tres años y dejaron de ser sujetos a reprogramación.	“Estamos uniéndonos, pequeños, medianos y grandes productores para buscar en Bolivia competitividad en cantidad, calidad y precio. Es momento de trabajar con la biotecnología tomando en cuenta que los países vecinos (Argentina y Brasil) producen con semilla genéticamente modificada, y lógicamente nos llevan la delantera”, dijo Deisy Choque, secretaria ejecutiva de la Fsutcpa 4PN.	En uno de los puntos (uno) más destacados, instan al Gobierno Nacional a que tome la decisión política que permita a los productores tener acceso al uso de semillas genéticamente mejoradas para los cultivos de soya, maíz, algodón y caña, y que, en el marco del Reglamento de Bioseguridad, se inicie el proceso de evaluación y aprobación de los eventos que necesitan los productores para mejorar su productividad.	Además (en el punto cinco), exigen a los ministerios de Relaciones Exteriores, Desarrollo Rural y Tierras, Salud, Desarrollo Productivo y Economía Plural, lo mismo que al Comité Ejecutivo del Sistema Universitario Nacional, que los profesionales acreditados ante el Comité Nacional de Bioseguridad, tengan una reconocida trayectoria y estudios en evaluación de riesgos sobre organismos genéticamente modificados.