Dos denuncias por cuatro supuestos ilícitos pesan sobre la ministra de Comunicación, Gisela López, tras admitir la semana pasada, a través de Twitter, que fue el Gobierno el que financió la publicación de una encuesta de intención de votos en medios de comunicación, que muestra una tendencia a favor del presidente Evo Morales, para las elecciones generales de este año.	La denuncia formal ante la Fiscalía de La Paz la presentó ayer por la mañana el senador Arturo Murillo, por los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos; uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y la inducción del voto por difusión ilegal de propaganda y encuesta.	En respuesta, López subrayó que en dos años de gestión respondió al menos a 56 peticiones de informe escrito, seis de Murillo, al que tildó de misógino, y el resto de ‘su comparsa’. “56 Peticiones de Informe Escrito (PIE), 6 del misógino y el resto de su comparsa, informes orales e interpelación, todo en 2 años ¿Acoso político?”, escribió en Twitter.	Más tarde, se refirió a la segunda denuncia, y a alusiones que hizo Carlos Hugo Molina, parte del equipo político de Carlos Mesa en Santa Cruz. “¿Coincidencia? 3 hombres: 2 senadores, Ortiz y Murillo, y Molina, el operador político de Mesa, se unen para atacar a una mujer. No provocan miedo. Causan vergüenza ajena. El separatismo y el gonismo pelaron capucha. Van en diferentes fórmulas, pero comparten el mismo machismo”, añadió.	El 16 de diciembre se publicó en varios medios una encuesta favorable al jefe de Estado, por lo que el diputado de Demócratas José Carlos Gutiérrez presentó una denuncia ante el TSE, el 27 de diciembre de 2018. Al reclamo se sumó el vicepresidente de Demócratas, Ernesto Suárez, que recordó que en 2015, en una situación análoga, el TSE quitó la personería de la alianza Unidad Demócrata Beni, y lo inhabilitó, junto a 227 candidatos.