l Pliego Petitorio de la gestión 2019 de la Central Obrera Boliviana (COB), contiene al menos 90 reivindicaciones pedidas al Gobierno. Este año, los trabajadores vuelven a considerar la modificación de la Ley General del Trabajo (LGT) y entre otras pretensiones, demandan 1.200 nuevos empleos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).	“El pliego único de la COB, relativo a los derechos laborales y derechos humanos, exige que los convenios internacionales, sentencias constitucionales, convenios colectivos, laudos arbitrales, decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales y otras disposiciones legales dispersas que favorecen al trabajador, sean unificadas y plasmadas en la nueva ley y su reglamento, reforzando el carácter protectivo de irrenunciabilidad de derechos beneficios y estabilidad laboral, etcétera”, determina el Pliego presentado al Gobierno.	“Pareciera que este actual CEN de la COB se está olvidando de esos artículos y está pretendiendo entrar al juego del Gobierno, de elaborar esa ley desde cero, para flexibilizarla más aún y para que los empresarios y el mismo Estado que ahora es empleador, tengan la facilidad de atentar contra el derecho de los trabajadores”, dijo.	Un experto laboralista recordó que la redacción de la ley laboral es un tema complicado porque la posición de la COB es radical. “Ellos quisieran por ejemplo, que el Ministerio del Trabajo tenga facultad coercitiva, como si fuera autoridad jurisdiccional para imponer sanciones, cerrar empresas o dar mandamientos de apremio. Otro tema es que el Estado pretende que muchos sectores caigan bajo el ámbito de la Ley del Funcionario Público. Hay un ‘empantanamiento’ permanente. Y si la balanza se inclina más a favor de la COB, ya nadie va a venir a invertir en el país”, expresó, manteniendo su nombre en reserva.	Por otro lado, el Pliego Petitorio le exige al Gobierno la recontratación del personal antiguo, contratos a plazo fijo e ingresos en planilla indefinida, con cargo a los 400 ítems ofertados por el presidente a.i. de YPFB, Óscar Barriga y 800 nuevos puestos del programa anunciado por el presidente Evo Morales “Semillero de Talentos”.	Un alto ejecutivo de la mayor empresa energética del país, señaló que hoy, la mesa de trabajo analizará este tema. En el año 2017, luego de una reunión con la Federación de Trabajadores Petroleros de Bolivia, Óscar Barriga dijo haber solicitado al Ministerio de Economía, varios ítems para el personal con contratos a plazo fijo de la empresa. La reunión se dio después de que los trabajadores petroleros advirtieran con medidas de presión por la reducción de personal que se aplicaba en YPFB en ese entonces, como parte de un plan de reingeniería.	La Mesa Social que se instaló el martes pasado, vio también el pedido de una política habitacional, mediante un plan social y solidario para la construcción de viviendas. En ese sentido, la COB propuso en la Subcomisión de Vivienda iniciada ayer, tres modalidades donde se pide subsidios para la compra de terrenos, construcción y refacción de viviendas para los sectores laborales que tienen menos de Bs 5.000 de ingresos.	“Tenemos reuniones regularmente por lo menos una vez al mes. Para nosotros, no es imposible, pero tenemos que ir ajustando algunos requerimientos específicos. No solo lo que solicitó la COB sino fundamentalmente, sobre la necesidad de la población que ahora es parte de este universo de aportantes de la formalidad en el país”, explicó el viceministro de Vivienda, Javier Delgadillo.	La idea de esta instancia es que todos los requerimientos de parte de las afiliadas a la COB, tienen que venir por vía Comité Ejecutivo y en segundo término, se priorizará, de manera genérica, como en toda la política de vivienda social, a las madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad y después de esos tres grupos, serán las familias de obreros, con alto número de dependientes.	En la Comisión Productiva, se pide inversión y apertura de nuevas empresas mineras; industrialización de la cadena productiva hidrocarburífera; reforzamiento de los trabajos de exploración gasífera; asignación de un porcentaje (no definido) de recursos económicos de parte de las gobernaciones y municipios, para el apoyo y la producción agropecuaria, y una nueva política arancelaria.