En 2014, la empresa contratista Army Security compró un dron en $us 60.000 al representante en Bolivia de un fabricante español y lo vendió en $us 90.000 a la Alcaldía cruceña, como parte del paquete del contrato que se adjudicó por Bs 3,7 millones para la dotación de un centro móvil de monitoreo (un camión equipado) y de un vehículo aéreo no tripulado para la Policía.	“Nos parece aberrante que la persona que ha comprado el dron en $us 60.000 a la empresa representante de la fabricante española en La Paz, unos minutos después lo haya vendido en $us 90.000”, disparó el fiscal, luego de declararse indignado por las decisiones de la justicia sobre este caso.	La alusión de Ortiz apunta directamente a Carlos Alberto Padilla, dueño de Army Security, que indicó que la factura que tenía por ese ítem, efectivamente, es de $us 60.000, pero que no había nada de irregular en eso. “Hay muchas cosas que hay que aclarar. Cualquier cosa, con mi abogado”, respondió. Joadel Bravo, su primer defensor, aclaró que ya no representa a Padilla y por tanto no puede hablar del caso.	Documentos que facilitó la Alcaldía cruceña contienen, entre otros papeles, una nota de entrega de Army Security del 26 de diciembre de 2014 en la que figura la firma de Padilla y se consigna el cobro de Bs 630.000 (aproximadamente $us 90.000) a la comuna. Algo que sustenta la observación del fiscal anticorrupción. No se conoce si la comuna estaba al tanto de estos precios.	Del mismo modo, Ortiz identificó a una compañía que, según él, participó de la adquisición del dron y que no figura en la documentación legal. “El que ha comprado el dron es de una empresa que se llama Sisteco y no aparece en absoluto en este proceso de contratación. Es un elemento nuevo que tenemos”.	Poco antes de la revelación de Ortiz, William Tórrez y Hugo Iquise, vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dirigieron la audiencia de apelación pedida por el fiscal en contra de Ernesto Peterson, exdirector de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía; Marisabel Barrero, ex responsable administrativa del área técnica de Seguridad Ciudadana; y Johnny Huari, extécnico de esa dirección.	Ortiz buscaba revocar el fallo de la jueza Albania Caballero, que dio medidas sustitutivas para los exmiembros de la comisión que revisó la adquisición del dron y del camión. Ninguno de sus argumentos convencieron al tribunal. “Así no se lucha contra la corrupción”, dijo el fiscal. Pero Robin Justiniano, abogado de los acusados, piensa diferente. Para él se hizo justicia al ratificar las medidas sustitutivas