El Subcomité contra la tortura, tratos crueles y degradantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció la existencia de impunidad en casos de torturas cometidas en las cárceles de Bolivia por policías, personal penitenciario y delegados de los presos.Los hechos de tortura incluso terminan en muertes, sin que se lleve una investigación por parte de las autoridades.Según el informe del Subcomité fechado en julio de 2018, pero que se dio a conocer en los primeros meses de este año porque el Ejecutivo de Bolivia no autorizaba su publicación, "las víctimas no denunciaban a los perpetradores (oficiales de policía, oficiales del sistema penitenciario y autoridades del autogobierno) por temor a ser maltratadas o torturadas nuevamente, por riesgo de represalias contra ellas o sus familiares, así como por la falta de mecanismos eficaces de denuncias y de queja, entre otros".Un reciente caso se tiene con la muerte del interno del penal de San Pedro de La Paz, Omar Chuima Quispe (25), que falleció al salir del pozo de castigo. Omar no acudió a la formación del control interno y fue sancionado con el ingreso al pozo de agua de una de las secciones. Según el informe policial, Omar ingresó al pozo de manera voluntaria y al salir dio unos pasos y se desvaneció. La versión de algunos de los internos que vieron el hecho, había varios en un penal hacinado, es que uno de los policías lo empujó para que cumpla su sanción y Omar cayó de manera aparatosa al pozo con agua y se golpeó fuertemente la cabeza, convulsionó y apenas pudo salir del lugar, dio unos pasos y se desvaneció. Los testigos del hecho son múltiples, pero a nadie se le garantiza la integridad física dentro del penal si atestigua.En su informe, el Subcomité expresa preocupación por tres muertes violentas en el penal de Chonchocoro, "que a la fecha no habrían sido investigadas, ni en sede penal ni administrativamente"."El Subcomité insta al Estado parte a iniciar investigaciones de fondo sobre alegaciones de tortura y malos tratos presuntamente cometidas por los agentes de policía y personal penitenciario, así como establecer la responsabilidad de los superiores jerárquicos que instiguen, alienten, consientan o toleren dichos actos", se lee en el informe.De acuerdo a denuncias de los internos, que llegaron a ANF, la policía inflige graves palizas a los internos recién llegados y lo hacen con un palo con forma de bate de béisbol. Golpes en las nalgas, en el estómago y en el tórax.Y a esto se suma las torturas de los delegados y el personal de seguridad interna, conformada por los presos, llamado "disciplina", que extorsionan a los familiares de los presos nuevos para que paguen fuertes sumas de dinero que van de 1.000 a 2.000 dólares para que no le sigan maltratando.Esta situación en los últimos días aparentemente se ha paralizado por algunos controles que realiza el gobierno, pero de manera subterránea continúa y es de conocimiento de los efectivos de la policía destinados en las cárceles, sobre todo en San Pedro de La Paz, según las denuncias.El Subcomité reitera su recomendación anterior, que lo hizo hace unos siete años, sobre el Instituto de Investigaciones Forenses y la implementación del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) e insta al Estado parte a tomar medidas para que los informes forenses se ajusten al Protocolo y que permitan documentar posibles casos de tortura. Asimismo, el Subcomité recomienda que, de acuerdo a las obligaciones asumidas por el Estado parte de conformidad con los artículos 12 y 16 de la Convención contra la Tortura, se proceda a una investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura o malos tratos. "Esta investigación deberá tener lugar aún en ausencia de una queja formal", apunta.También lamenta que pasados siete años desde la primera visita que hizo a Bolivia, "no ha habido cambio alguno en la legislación pertinente (sobre el tema de la tortura que la considera mal tipificada)". El Subcomité reitera en particular la importancia de que el Estado, de manera urgente, "tome las medidas legislativas para adecuar la norma a los tratados internacionales sobre tortura ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia y para evitar cualquier riesgo de impunidad y garantizar la adecuada investigación y sanción de la tortura"./ANF