En esa misma línea se expresó otra de las representantes legales de Assange, Jennifer Robinson, que alertó del «espeluznante impacto» que tendrá en los periodistas y medios de todo el mundo el hecho de que «EE. UU. busque extraditar y procesar a un periodista de fuera de ese país, que no es ciudadano norteamericano, por haber publicado información verdadera sobre Estados Unidos».	El material filtrado por WikiLeaks incluye, agregó Robinson, «evidencias de crímenes de guerra, abusos contra los derechos humanos y corrupción». En otra audiencia preliminar celebrada el pasado 2 de mayo, el australiano ya rechazó su entrega a la justicia norteamericana, al insistir en su apuesta por un periodismo «que ha protegido a muchas personas».