El presidente Evo Morales aseguró que EEUU conspira en contra de su Gobierno y está detrás de las denuncias sobre presunto tráfico de influencias que habría cometido el Ejecutivo en favor de la empresa china CAMC, según la denuncia dada a conocer por el periodista Carlos Valverde. Morales dijo que “no perdonará" esta situación y que hará respetar la dignidad y soberanía del país.	Ante la consulta sobre si ha considerado la expulsión del encargado de negocios de EEUU en Bolivia, Peter Brennan, dijo que se evalúa esa posibilidad. “Vamos a evaluar, pero sí en nuestra gestión no vamos a permitir ninguna conspiración que venga de afuera, estamos documentándonos para hacer una evaluación oportunamente", señaló en una entrevista en el programa No Mentirás, de la red PAT.	Aseguró que la embajada americana planificó, junto a la oposición, el tema del supuesto tráfico de influencias con la empresa china CAMC para “ensuciar y desgastar" su imagen. “Ya tenemos información de la conspiración de afuera que es EEUU, no vamos a perdonar, no vamos a perdonar", remarcó Morales en radio Santa Cruz.	Las denuncias sobre tráfico de influencias surgieron luego de que el periodista Carlos Valverde revelara que Morales fue pareja de Gabriela Zapata -con quien tuvo un hijo que falleció-, ejecutiva de la empresa china que firmó contratos con el Estado por más de $us 500 millones. El presidente confirmó la relación, pero negó tráfico de influencias.	“Tengo documentación, eso es una conspiración externa, tres miembros de la embajada de EEUU se han reunido con (Carlos) Valverde el 11 de diciembre de 2015, dirigidos por el encargado de negocios de la embajada (P. Brennan), se han reunido con Manuel Suárez, que es el actor intelectual de mi expulsión del Congreso (enero de 2002), el era diputado del MNR", dijo.	Por su lado, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, descartó que el Ministerio Público inicie una investigación a los procesos administrativos que se aplicaron en la firma de contratos entre el Gobierno y la empresa china CAMC, a fin de establecer si hubo o no tráfico de influencias, en el caso que involucra a la gerenta de la firma, Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales