Dos autoridades de Gobierno, los candidatos presidenciales y los políticos del Parlamento se acusaron mutuamente por los conflictos en Adepcoca. Los oficialistas negaron cualquier participación en la división de la dirigencia cocalera, mientras que en la oposición los acusaron de fomentar el paralelismo sindical que ensaya el Gobierno cuando no controla o pierde el manejo de algún movimiento social.	“Esperamos que sea una posición minoritaria de la dirigencia de Adepcoca que apuesta por las vías violentas. Hemos visto el fin de semana lo que ocurrió en ese enfrentamiento (en Trinidad Pampa) entre dos grupos familiares que, lamentablemente terminó con una persona fallecida y dos hospitalizadas, por eso sería mejor buscar causas de solución pacífica”, dijo el ministro de Comunicación, Manuel Canelas.	“Para ellos, la sola fotografía de un dirigente con un opositor es prueba suficiente para tildarlos de derechistas; pero cuando se publica una foto de algún narcotraficante con el presidente, ahí la excusa es que las fotos se toman todos. ¿Por quién nos toma el Gobierno?”, dijo el diputado Wilson Santamaría (UD), que fue acusado por Rada de recibir Bs 1.000 para realizar un acto judicial ante el Tribunal Constitucional.	Mientras en Villa Fátima, que es la salida hacia Yungas, el Gobierno autorizó un nuevo mercado de venta de coca, aunque ellos se empeñan en afirmar que son centros de acopio. Este mercado fue trasladado desde la zona de Chuquiaguillo y ahora ocupa cinco calles de compra y venta de coca.	Una alfombra de coca se extiende a lo largo de cinco calles y sobre la cual se comercializa la hoja con el aval del Gobierno que desplazó a personal de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin) que tienen la atribución de sellar las hojas de ruta que les alcanzan los comerializadores y cocaleros de la Confederación Nacional de Productores y comercializadores al Detalle (Conalprodc).