Hace exactamente un año, una pequeña protesta en Nicaragua hizo estallar una crisis sin precedentes que ha dejado al menos 325 muertos y centenares de prisioneros. Conversamos con el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, para hacer un balance.	Para recordar cómo se llegó ahí, conocer su perspectiva sobre la situación actual y analizar las perspectivas de salida de la crisis, BBC News Mundo conversó vía telefónica con el periodista, hijo de la expresidenta Violeta Chamorro, pero también exdirector del diario del FSLN de Ortega en la década de 1980.	La rebelión ha sido un fenómeno absolutamente impredecible. Antes del 18 de abril (de 2018) sabíamos que el régimen de Ortega no era sostenible porque estaba fundado en pies de barro: en una excesiva centralización del poder, en una excesiva corrupción; y que una alianza como la que le sostenía, con el gran capital, no era duradera sin instituciones democráticas y sin rendición de cuentas. Pero nadie podía predecir, ni imaginar el estallido social que se iba a producir.	Cuando se convocó a esa protesta del 18 de abril enviamos un equipo a cubrirlas, pero suponíamos que iba a ocurrir lo mismo que pasaba siempre: que las fuerzas de choques llegaban, sometían a los participantes en las protestas en el lapso de una hora y posteriormente se mantenía el control político y social del régimen sobre todos los espacios públicos.	Eran hechos que habían ocurrido muchas veces antes. ¿Por qué esto desencadenó al día siguiente esta rebelión? Yo creo que está directamente relacionado a la rebelión de los estudiantes universitarios. Los estudiantes universitarios, fundamentalmente los de las universidades públicas, explotaron en la noche del 18 de abril y a lo largo del día 19, 20, 21 y ese fue el motor principal de esta protesta.	El día 18 no hubo ni un muerto; hubo heridos, robos, agresiones. Pero el 19 ya hubo tres muertos y el 20 había siete más. Y el 21 y 22 la cifra sobrepasaba ya los 25. Es decir, hubo un baño de sangre desde los primeros días, y eso fue lo que provocó la crisis definitiva del régimen.	El gobierno nunca habló de intento de golpe de Estado en abril. Ese fue un relato que inauguró Ortega el 19 de julio, varios meses después, cuando había plena evidencia para los nicaragüenses, para la prensa internacional y para las comisiones internacionales de Derechos Humanos que en Nicaragua lo que se había desatado era una insurrección cívica, por ponerlo de alguna manera.	Fue una combinación de muchas formas de protesta, no armadas -porque esto no estaba dirigido por un movimiento armado ni tenía esa dirección- y con banderas políticas que estaban enfocadas en el cese de la represión, en la renuncia de Ortega y Murillo, por su responsabilidad en estos crímenes, y por otro lado en reformas políticas para llamar a elecciones anticipadas.	El representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el señor Guillermo Fernández, recuerdo que yo lo entrevisté y le hice la pregunta directa, y dijo: "Aquí no hay ningún indicio de que se haya producido algo parecido a un intento de golpe de estado lo que ha habido es un exceso de violencia estatal, policial y parapolicial".	La represión ha tenido varias etapas, como la ha caracterizado muy bien la CIDH. Primero fue la matanza, el uso excesivo de la fuerza estatal, policial y paramilitar. Eso tiene su momento más intenso en el mes de julio con la "Operación Limpieza" para desmantelar las barricadas y los tranques en los diferentes puntos del país.	Y en el mes de septiembre se impone lo que la propia CIDH calificó como un estado de excepción de facto: la prohibición que establece el Estado de la libre movilización, la prohibición de las marchas cívicas, y la conculcación de derechos constitucionales sin imponer un estado de emergencia, sin hacerlo por la vía del parlamento.	No es que la agresión contra la prensa empezó en diciembre, fue una escalada. La represión contra la prensa empezó antes del 18 de abril y se intensificó el 18 de abril. La primera semana de las protestas se produjo el asesinato del periodista Ángel Gahona, asaltos y agresiones contra reporteros y medios, el incendio de Radio Darío, la censura contra 100% Noticias, y eso vino escalando. Se contabilizan más de 700 agresiones contra la prensa.	Luego, la noche del 13 de diciembre, la redacción de Confidencial y Esta Semana es asaltada por la policía a medianoche. No había ningún reportero en ese momento, solo los guardias de seguridad, y se produce un asalto durante cuatro horas. La policía saqueó nuestra redacción y al día siguiente regresó a ocuparla de manera definitiva.	Pero lo más grave, lo que provoca realmente mi decisión de salir al exilio para proteger mi libertad y mi integridad física es lo que ocurre una semana después en el asalto contra 10% Noticias, el canal de cable dirigido por Miguel Mora, que es asaltado por la policía a eso de las 9:00 pm, y son capturados Miguel Mora, Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa y periodista, y Verónica Chávez, esposa de Miguel y periodista.	En entrevista con BBC Mundo, Abrāo destacó como el Estado nicaragüense se ha ocupado de impedir cualquier manifestación pública de protesta, lo que paradójicamente también ha resultado en que desde el 23 de septiembre del 2018 no se registran muertos en el marco de lo que él sigue considerando una de las crisis de derechos humanos "	Es decir, si el objetivo de la dictadura era callarnos nunca lo lograron, porque hemos estado siempre en línea el sitio web de Confidencial, y el programa de TV lo hemos seguido produciendo y transmitiendo ahora a través de las redes sociales, YouTube y Facebook, debido a la censura de facto que impusieron también contra Canal 12, el canal que transmitía los programas de televisión Esta Noche y Esta Semana.	La situación no ha mejorado porque se mantiene el estado de sitio de facto. A lo largo de estos tres meses se han producido nuevas capturas, nuevos secuestros de personas que simplemente salen a los espacios públicos a ondear la bandera azul y blanco. Ese es el peor crimen. La dictadura ha criminalizado el uso del símbolo nacional como si esto fuese un delito.	Es cierto que Ortega aceptó en el mes de febrero sentarse nuevamente a negociar con la Alianza Cívica y creo que fue el 20 de marzo que acordó con la Alianza Cívica y se comprometió a liberar a todos los presos políticos en un plazo de 90 días. Pero al día de hoy eso no ha ocurrido: se ha producido la excarcelación, no liberación, de unos 200 presos políticos; quedan más de 300 o 400 en las cárceles.	En estos momentos en Nicaragua no hay -excepto un guarda de seguridad que asesinó a una estudiante de medicina de nacionalidad brasileña- ningún perpetrador de crímenes de la represión que haya sido investigado o que esté siendo procesado. Ningún policía ha sido investigado o dado de baja por estos crímenes, y tampoco ningún paramilitar.	El tema de la impunidad es central para el futuro de Nicaragua, y lo que prevalece hoy en el país es un estado de sitio de facto. Nicaragua es un país que está absolutamente dominado por la policía, en el que no se permite el ejercicio del derecho constitucional de reunirse, de marchar y protestar.	No puede haber una negociación política en igualdad de condiciones si el pueblo está con censura, sin libertad de prensa y sin libertad de movilización. Por lo tanto yo creo que todavía no hay condiciones para llegar a la negociación de fondo sobre la reforma política y el adelanto de elecciones, y por el otro lado la investigación de los crímenes para que sean sometidos eventualmente a la justicia y no queden en la impunidad.	La economía nicaragüense está en proceso de recesión, que podría convertirse en depresión y llegar incluso al colapso de la economía. Hay una gran precariedad del sistema financiero: se ha perdido por lo menos un tercio de las reservas del Banco Central y hay una fuga permanente de depósitos del sistema bancario; los bancos han anunciado que no están en condiciones de financiar el próximo ciclo agrícola.	La única salida es a través de una negociación política porque esta no es una revolución armada. El único camino pasa por la negociación. La pregunta es si la negociación será con o sin Ortega. En estos momentos Ortega es un obstáculo para esa negociación, porque no está facilitando la reforma política para ir a elecciones adelantadas, y solamente llegaremos a ese momento cuando el régimen se sienta realmente al borde del abismo.	Hoy Ortega está apostando a que él es parte de una alianza regional con Cuba y con Venezuela, y mientras (el presidente de Venezuela) Nicolás Maduro mantenga una posición de fuerza frente a las demandas de cambio que está enfrentando, yo tampoco veo a Ortega cediendo. Ortega solamente va a ceder cuando las condiciones de presión nacional e internacional lo pongan en una situación extrema.	Ya está afectando a los más pobres. Hay 70.00, 80.000 refugiados y exiliados, la mayor parte de ellos en Costa Rica, y son en su mayoría personas de escasos recursos. Y también hay una pérdida de más de 340.000 empleos en Nicaragua. El punto es que no hay otra salida. El riesgo mayor que se corre en esta crisis es que por la desesperación y la presión que hay en el país se acepte un mal arreglo.	Cuando digo mal arreglo, me refiero a uno que le permita a Ortega preservar una alta cuota de poder a cambio de unas pocas concesiones. Hay premura y hay presión de los grandes capitales y los sectores empresariales para que se llegue a un acuerdo político para que la economía pueda respirar y se pueda recuperar. El problema es que un mal acuerdo político puede simplemente hacer que el país sea ingobernable en el futuro.	Nicaragua necesita una salida política integral, y esa salida política pasa por una reforma electoral, por adelantar las elecciones, sentar las bases para la justicia, desmantelar las bandas paramilitares y reformar integralmente la Policía Nacional. De lo contrario no importa si mañana Ortega deja la presidencia de la República y en una elección anticipada una coalición nacional puede ganar la presidencia. Ese no es el objetivo de lo que empezó en abril del año pasado.	El objetivo de la revolución de abril, de esta revolución pacífica, ha sido siempre la democratización y la justicia en Nicaragua. Y eso no sería posible nunca si el país sigue siendo ingobernable bajo el control de Ortega y de sus fuerzas paramilitares y del control político y económico que él mantiene en el país.