El Gobierno ha planteado con claridad su disposición a modificar a su antojo la fecha de las elecciones generales, la cual se estima que sea el próximo 27 de octubre. El argumento planteado por el oficialismo es que las mismas coinciden con las elecciones en Argentina, país donde residen cientos de miles de migrantes bolivianos que tienen doble nacionalidad y se verían dificultados para votar en dos procesos electorales.	Técnicamente hablando, el argumento luce razonable; sin embargo, el mismo parece traslucir un cálculo político a favor del partido político en función de gobierno, que vuelve a mostrar los riesgos que tiene para la democracia la manipulación de los procesos electorales por un Gobierno que ha disuelto la línea que separa a los poderes del Estado con el afán de perpetuarse en el poder.	El Tribunal Constitucional (TCP) dio cabida a las expectativas del MAS, mediante un fallo que reconoce el supuesto “derecho humano” del actual mandatario a ser elegido como cualquier otro ciudadano. Y ese es el único argumento válido para el oficialismo, en contra de la voluntad popular expresada en las urnas durante el referéndum del 21 de febrero de 2016.	Hay que recordar que el TSE aceptó las candidaturas del presidente Evo Morales y de su acompañante, Álvaro García Linera, desconociendo los resultados de esa consulta y contra artículos de la Constitución que niegan una tercera reelección consecutiva. Tras ello, convocó a elecciones primarias, que ahora son el argumento del MAS para decir que sus postulantes son legales.	En este escenario, los ciudadanos vemos azorados cómo el Ejecutivo ha conseguido que dos poderes del Estado fallen a favor del poder político del MAS, que pretende mantenerse en el mando del país a toda costa. Ahora, existe el temor de que el accionar de esos tribunales, que deberían ser imparciales, sigan favoreciendo al MAS. En ese sentido, el riesgo sobre la democracia es más que evidente. Así ocurrió en Venezuela y Nicaragua, donde los gobiernos manipularon la Constitución, las instituciones y los procesos electorales con el mismo fin: mantener un esquema de poder a espaldas de la voluntad popular. Frente a las maniobras, los ciudadanos mantienen en sus manos la defensa de la democracia, que es acechada de manera peligrosa.