Clíver Rocha, director regional de la ABT, expresó que su despacho todavía no ha fijado una posición sobre la ley, pero considera que tiene que ser compatible con las prescripciones constitucionales. Rocha cree que la norma es un eslogan de la coyuntura política, que no representa un plan integral de restauración de suelos degradados y de áreas protegidas.	Para el abogado constitucionalista William Herrera, la Comisión Agraria Departamental está creada en los papeles, pero no en la realidad, porque al Gobierno central no le conviene. “Habrá que ver hasta dónde la Gobernación puede hacer prevalecer su ley. Se verá quiénes están en favor de defender la madre tierra y quiénes solo manejan el discurso”, opinó Herrera.	Para Fernando Asturizaga, especialista en Derecho Agrario, mientras dure la situación de emergencia por los incendios, la medida de la Gobernación es plausible, pero puede caer en saco roto, sino se adoptan medidas efectivas, como la convocatoria inmediata a la Comisión Agraria departamental para recibir información del INRA y de la ABT, sobre el estado del saneamiento, titulación y distribución de tierras fiscales.