Cuando alguien ingresa en la cárcel de San Pedro, un grupo de presos lo secuestra y lo tortura mientras otro llama a su familia para exigir dinero. Después, deberá pagar también al «consejo de delegados» por tener una celda, por recibir visitas y, si quiere, por tener alcohol y drogas. Tendrá que hacerlo incluso el día que quede en libertad si quiere llegar con vida a la puerta de salida.	Las habitaciones se alquilan e incluso se venden. Es un negocio administrado por el «consejo de delegados», una instancia creada por los reclusos. Se ofertan celdas entre los 5.000 y los 20.000 dólares. Las más caras están en una sección llamada «La Posta», donde residen los prisioneros más adinerados. Hay más, como Álamos, Prefectura, Guanay, Chonchocorito o San Martín, conformadas por pabellones antiguos en los que se han construido improvisadamente habitaciones a las que se accede por zaguanes y recovecos.	Cuando un preso es nuevo, de inmediato debe «gestionar» el derecho de estar en un sector y luego en una sección, y para ello debe pagar por etapas. Los primeros pagos y la posibilidad de pisar un espacio no incluyen la celda, comida especial, seguridad o visitas maritales, por lo que se exigen desembolsos adicionales.	La Policía, según cuenta la mujer, solo controla el ingreso. En ninguna de sus frecuentes visitas ha visto a un uniformado en el interior de la instalación. El orden está en manos de la llamada «seguridad» de los internos. Los agentes solo entran en el área de los presos cuando hay situaciones extremas.	«La cocaína está campante en la cárcel de San Pedro», asegura el exdirector de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos, quien ha dirigido las cárceles bolivianas en diferentes ocasiones. «Te hacen drogadicto en la cárcel, porque te dan la droga y te endeudan (…). Entonces te conviertes en el robot de esas personas (otros prisioneros)», asevera.	Adán Zambrana, un exreo que estuvo tres años en esta cárcel por narcotráfico, cuenta que las drogas son más baratas que el alcohol. Un litro de alcohol doméstico que cuesta casi 2 dólares puede llegar a valer hasta 43 en San Pedro, mientras que la cocaína, marihuana o drogas sintéticas que se ofrecen con sigilo en los pasillos de la cárcel valen un poco más de un dólar, según diferentes fuentes.	Estos procedimientos tienen pasos que se han institucionalizado. Los llamados «delegados» primero verifican la ficha del recluso nuevo, valoran su delito para tasar un precio y luego pueden llegar a hostigarlo y golpearlo hasta que ceda a cambio de dinero. Los condenados por violación son los que peor trato reciben. «Los violan dentro y los golpean», asegura la mujer. Lo hacen para hacerles sentir quienes «son sus jefes».	Estas dinámicas dentro de San Pedro salieron nuevamente a la luz cuando las autoridades bolivianas, tras una redada en junio pasado, separaron y enviaron a otras cárceles del país a unos 36 reclusos acusados de tener privilegios como negocios, cobros de dinero y la venta de «seguros de vida», una garantía de protección por la que también cobraban.