La corrupción, en todas sus formas, perjudica el desarrollo económico y paradójicamente, cuando hay mayor crecimiento del producto, el robo al Estado puede aumentar. Crecer en base a obras e infraestructura públicas sin licitación, propicia grandes oportunidades para la apropiación de rentas económicas indebidas. La ciencia política habla de los buscadores de rentas, que son grupos o personas, dentro o fuera del Estado que, valiéndose de su posición de micro o macro poder, se apropian de manera legal o ilegal de recursos públicos.	En un lenguaje más coloquial, diríamos que la búsqueda de rentas se presenta cuando un grupo o persona busca cortar siempre una rebanada más grande de la torta económica sin preocuparse de que esta crezca. Ahora bien, si encima se aprovecha del poder político, para beneficiarse con un pastel más grande, estamos frente a un acto de corrupción.	La corrupción, en una definición bastante general, es el uso del sector público para obtener beneficios privados y capturar rentas. En buen español, eso significa convertir al Estado en la cueva de Alí y Babá y sus ciertamente más de 40 amigos, que debilitan las posibilidades de crecimiento y desarrollo de un país.	Las oportunidades de corrupción están en función del tamaño de la renta que administra el funcionario público que, a su vez, depende de su poder, de los grados de discrecionalidad que este tenga en el manejo de los recursos públicos, de los mecanismos de control exante y expost sobre estos y del desarrollo institucional. Un camino para bajar la corrupción es tener reglas claras, aparatos públicos eficientes e independientes del poder político y capital humano preparado, comprometido y bien remunerado. El voluntarismo del puño en alto no es suficiente ni creíble.	Meter la cuchara al dulce, como se dice popularmente, reduce los niveles de inversión doméstica y extranjera. La corrupción es la peor forma de la privatización, porque es la apropiación de lo público sin tapujos, es la captura de bienes o servicios públicos por parte de mafias privadas. También desde una perspectiva política, el secuestro y desconocimiento del voto popular, de la soberanía del pueblo, es una forma de corrupción.	Obviamente que esto significa que los empresarios honestos prefieren no abrir empresas para no verse sometidos a extorsiones o coimas. Sin embargo, cabe recordar que algunos países con elevados niveles de corrupción tienden a atraer a inversionistas de dudosa reputación. Así es que las economías en vías de desarrollo se convierten en tierra de piratas.	Por otra parte, la corrupción sobredimensiona los gastos e inversiones públicas. La triste historia de la “comisión” del 10 o el 20% infla el costo de las obras públicas, provocando ineficiencia en los sistemas económicos. Además, el soborno o la mordida reduce los ingresos del Gobierno y, por tanto, limita y empobrece la provisión de bienes y servicios públicos. Empresas con cajas dobles para evadir impuestos, elevados niveles de evasión fiscal, poca conciencia tributaria son apenas ejemplos que muestran la debilidad de las finanzas públicas y que se traducen en una oferta pobre de carreteras, escuelas u hospitales.	Reducir el problema de la corrupción a la dicotomía entre los buenos y los malos de la película, al enfrentamiento el hombre nuevo revolucionario versus homo neoliberalis cleptómano o del conocimiento o desconocimiento de la acción de los subalternos en la pirámide del poder, refleja una visión ingenua y a veces cómplice. La corrupción no se la controla solamente promocionando principios éticos o haciendo discursos contra ella, sino construyendo institucionalidad y sistemas eficientes que reduzcan los espacios para buscadores de rentas.	Se inicia la campaña electoral y se espera que los diferentes candidatos ofrezcan no solo discursos contra la corrupción, sino propuestas concretas y sistémicas para combatir este mal que está matando a nuestras sociedad. Y, obviamente, la propuesta debe ser multidimensional, es decir debe abarcar la justicia, la Policía, la institucionalidad, los procesos y reglas de juego, la economía y la gestión. Pero, sobre todo, debe ser un desafío colectivo de reconstruir el pacto ético de la sociedad.