Santa Cruz volvió a hacer historia el viernes. El Cabildo superó todas las expectativas y demostró que hay un río de pie; que hay una voz que necesita ser escuchada y que retoma el protagonismo en la construcción de su presente y de su futuro. El Cabildo fue multitudinario; el presidente cívico afirma que hubo más de un millón de personas y, aunque es difícil hacer cálculos exactos, lo cierto es que los espacios físicos ocupados en esta ocasión fueron más extensos que en 2006.	Dos temas motivaron esta gran reunión a los pies del Cristo Redentor: por un lado, la bronca ciudadana por la destrucción de los bosques en el Chaco, la Chiquitania y la Amazonia del departamento; por otro lado, la defensa del derecho a que el voto de los electores sea respetado y la protesta porque eso no fue lo que pasó en el referéndum del 21 de febrero de 2016. La presencia multitudinaria hay que leerla como la imperiosa necesidad de expresar esa molestia con el estado de las cosas, la necesidad urgente de que cambie la forma en que se está gobernando el país.	En primer lugar, la contundencia de la manifestación, de los letreros, de los gritos y, finalmente, de las resoluciones, son suficientes para que el Gobierno comprenda de una vez que Santa Cruz no está dispuesta a tolerar que la pasen por alto a la hora de definir políticas de distribución de tierras. Es bueno que el presidente y sus colaboradores se den cuenta de que su actuación ha sido unilateral e irrespetuosa con los habitantes de este departamento, al relegar a las comunidades originarias para priorizar comunidades traídas desde otros lares del país. Es cierto que Bolivia es un solo país y que su suelo puede ser ocupado por cualquier boliviano, pero también es cierto que los discriminados fueron los cruceños y que es tiempo de modificar las estrategias gubernamentales.	El Cabildo defiende la tierra para los cruceños y también da ultimátums, tanto para la abrogación de las normas que permiten desmontes y chaqueos, como para el desalojo de los asentamientos ilegales. Esto último debe hacerlo cumplir el Estado nacional, porque relegar esa demanda puede dar lugar a violencia entre bolivianos y ese es un extremo que nadie quiere. El planteamiento es peligroso y es deseable que haya autocontrol para evitar excesos y enfrentamientos.	Durante el Cabildo, el presidente cívico pidió voto castigo para el MAS en las elecciones del 20 de octubre; mientras que la activista Alejandra Serrate planteó un juramento de desconocimiento del resultado electoral si este muestra que hubo fraude o si gana el binomio oficialista, argumentando que se trata de una candidatura ilegal. No obstante, aunque se esperaba, no hubo una determinación de control de voto o de una actuación ciudadana con mayor protagonismo para reforzar el sistema democrático el siguiente 20 de octubre.