Para algo sirve controlar a la justicia y a los fiscales. Con ellos de su lado, el poder puede atacar a los opositores, detener a los inocentes, amedrentar a los rivales, arrinconar a los críticos. Así logra el régimen castrista estar 60 años en el poder. Así Stroessner gobernó 35 años en Paraguay y Trujillo otros 30 en República Dominicana. No es el único requisito para eternizarse en el poder (también se necesita disponer de las armas, entre otras cosas), pero es uno de los más importantes.	Mientras se acusa a la esposa del alcalde de La Paz, Maricruz Ribera, de que funcionarios de la Alcaldía se desempeñaron como voluntarios de su iniciativa Soy mi primer amor, el Gobierno central obliga a miles de funcionarios a participar en diferentes eventos a favor del MAS y del presidente Morales. Incluso deben pagarse, ellos mismos, sus pasajes y viáticos cuando son forzados a viajar al interior del país. Pero nadie es investigado.	Mientras Leopoldo Fernández está privado de libertad desde 2008, por supuestamente haber organizado una emboscada que provocó los hechos de Porvenir, sin que existan pruebas en su contra, el ministro Alfredo Rada está libre de cualquier investigación pese a que era titular de Gobierno cuando se produjo el asalto al hotel Las Américas, en el que tres supuestos terroristas fueron ejecutados sumariamente, según los informes de las autopsias.	Mientras Samuel Doria Medina está bajo arraigo por supuesta “traición” en el caso Focas, pese a que en ese asunto EEUU condonó una deuda con el Estado para que los recursos fueran usados con un fin social, sobre el ministro de Justicia, Héctor Arce, no pesa ninguna investigación, aunque bajo su supervisión una funcionaria entregó una computadora con información privilegiada a representantes de la empresa chilena Quiborax, que le hizo perder a Bolivia 42,6 millones de dólares.	Mientras Carlos Mesa está bajo amenaza de ser convocado por la Fiscalía por un acuerdo entre privados en el caso del supuesto aporte que recibió para el canal de televisión PAT, ningún fiscal se molesta en recordar que el presidente Evo Morales violó la ley al recibir un regalo personal del presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, en la forma del canal de TV Abya Yala.	Mientras el dirigente cocalero Franclin Gutiérrez, actual preso político, está detenido sin pruebas de ser el autor intelectual de la muerte de un policía en Yungas, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, no está bajo ninguna investigación pese a que sus órdenes pueden ser consideradas como las que terminaron desencadenando la muerte del viceministro Illanes.