La muerte de un interno en la cárcel de San Pedro de la sede de Gobierno, según la autopsia debido a un traumatismo encéfalo craneano y asfixia por sumersión, al ser introducido en un pozo con agua como sanción por no haberse presentado a la toma de lista, además de la supuesta golpiza a internos de ‘el bote’ de Palmasola, generaron cuestionamientos de parte de autoridades que defienden los derechos humanos y ex autoridades penitenciarias.	El fin de semana, el interno Omar Chuima (26), preso desde 2017 por tentativa de homicidio, fue castigado por no presentarse a una formación del control interno y de acuerdo con las reglas internas de los reos, como sanción, debió ingresar a un pozo con agua. Delia Illanes, directora de Régimen Penitenciario de La Paz, dijo que se puso en conocimiento del Ministerio Público este hecho para su respectiva investigación. Indicó que las sanciones físicas están prohibidas y que tienen instructiva de Régimen Penitenciario nacional de “no permitir ningún trato cruel inhumano y degradante, ni físico ni sicológico” en los penales.	María Inés Galviz, representante de Derechos Humanos en Santa Cruz, denunció ayer que en ‘el bote’ (sector de los castigados) ubicado detrás del Pabellón de Mujeres (PC2), un grupo de internos habrían sido “torturados” por agentes policiales durante una requisa entre las 2:00 y las 5:00 de la madrugada del lunes.	Galviz lamentó las condiciones en que están estos privados de libertad, en seis pequeñas celdas de 2x2 metros que en realidad son “cuevas”, dijo, en las que se hacinan entre 8 y 12 reos. “Incluso, algunos están encerrados en el mismo lugar donde funciona un baño”, dijo. También señaló que se reunió con el gobernador del penal, Nelson Pacheco, y con el director de Régimen Penitenciario de Santa Cruz, Dick Camacho, para instarlos a que las sanciones que se den sean de prohibiciones pero no de agresiones físicas.