Los servicios de decoración son cada vez menores y la comercialización de flores naturales más esporádicas, por lo que las ventas han bajado, mientras se suma el pago del segundo aguinaldo y los incrementos anuales de los salarios. En este escenario, Rossy Aguilera que lleva 40 años en esta actividad asegura que como pocas veces está contra la pared y con la soga al cuello y que de seguir así tendrá que dar un paso al costado y cerrar lo que fue su proyecto laboral de toda una vida.	“Estoy asustada, porque hasta ahora, luego de llegar a un acuerdo con mis trabajadores, todavía no les pude cumplir con el pago del segundo aguinaldo. Estoy endeudada para pagar este beneficio social que es una locura y para abonar los $us 53.000 de una deuda injusta a impuestos. No tengo ahorros y si no sería por mi marido que me ayuda con los gastos estaría quebrada”, lamentó Rossy.	Sarita le puso un freno a su actividad textil, debido a que un acuerdo con La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), determinó que a Sarita y a las demás micro y pequeñas empresas (mypes), que exportaban a ese país recibirían el pago del 30% y el resto, una vez entregado todo el producto, le iban a pagar en un determinado plazo. El pago nunca se cumplió, según Sarita, debido a que Venezuela no contaba con divisas que junto con la burocracia le generaron un hueco financiero que no pudo soportar y prefirió retirarse y poner en el ‘congelador’ su emprendimiento de manufactura textil.	Con un poco más de aire, Sarita centró su esfuerzo para mantener a flote el servicio de alquiler de vehículo a las petroleras, para ello usó la estrategia de los empleados eventuales que le permite tener más oxigeno debido a que se ahorra el pago de los beneficios sociales, aunque los pocos trabajadores fijos que le quedan a la hora de pagar sus beneficios sociales siguen siendo un dolor de cabeza, debido a que sus ingresos bajaron, porque la actividad petrolera redujo su dinamismo optando por una política de austeridad y un contrato más moderado con las empresas que brindan servicios, de alimentación y transporte.	“Son tres años donde cada vez es más difícil trabajar. Para seguir adelante, hay dos opciones: endeudarse o reducir el personal, no se olvide que somos mypes; que no tenemos un capital importante para reinventarnos. El doble aguinaldo y los incrementos salariales son una traba que en muchos casos nos obliga a cerrar antes de ser sancionados por no cumplir con las normas”, dijo Sarita.	Según el estudio del Centro Boliviano de Economía (Cebec) dependiente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), La política laboral ha sido contraproducente para la creación de empleo formal e implica riesgos para nuevos emprendimientos. Contextualiza estas historias al indicar que el incremento salarial en las actuales condiciones: baja producción, menos ventas y caída de los precios, no puede ser rígido y generalizado.	El economista explicó que al ser fijo el porcentaje de la suba salarial, el mismo presiona a los emprendedores que ven reducir sus ventas, en donde los precios bajan afectando su productividad, algo que a criterio de Mendieta provoca un desequilibrio entre ingresos y gastos, haciendo difícil la permanencia de las mypes en el mercado.	Otro aspecto que señala el informe es que el Salario Mínimo Nacional (SMN) creció en un promedio de un 13,4% en el periodo 2006-2018, acentuándose entre el 2012 y el 2018 donde el SMN aumentó en un promedio de un 16% pasando de Bs 1.000 a Bs 2.060, mientras que el crecimiento de la economía del país en similar periodo en promedio fue de un 6,62%. En 2013 fue un 6,8% y 2014 con un 5,5%, los años de mejor desempeño del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en 2018 el mismo fue de un 4,7%.	En contrapartida, Mendieta hace notar que las ventas que se miden a partir de las recaudaciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) entre 2005-2015 tuvieron un aumento promedio de un 15%, para luego entre 2015 y 2018 no registrar ningún incremento y quedar en los Bs 10.580 millones (2015), mostrando una baja en 2016 (Bs 10.063 millones) para quedar en Bs 10.566 millones en 2018.	Sobre estos números, Jhony Mercado, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, indicó que es una realidad objetiva que no se puede desconocer y que el incremento salarial y especialmente el segundo aguinaldo son medidas políticas que no toman en cuenta el daño que generan en las micro, pequeñas y medianas empresas.	Ajena a las decisiones de la Casa del Pueblo, Heidi Erazo, propietaria de una pequeña empresa dedicada a la comunicación visual que hace 10 años está en el mercado, hace tres años tuvo que cerrar sus oficinas en La Paz, porque las cargas sociales pusieron en rojo sus números. Ahora, de los 20 operarios que tenía, solo quedan seis y mira con temor que dos de sus trabajadoras están embazadas, lo que va a significar un aumento en las cargas sociales, lo que puede quebrar sus anémicas finanzas