Wiston Ortiz, vicepresidente de la Federación Nacional de Avicultores y presidente de la Asociación de Avicultores Parrilleros (Avipar), indicó que de acuerdo con los datos de sus afiliados, estos centros ilegales se ubican en las zonas productoras de pollo del departamento y que a pesar de que algunos son clausurados por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), al día siguiente vuelven a funcionar. Ortiz remarcó que esta situación se debe a la precariedad en los controles que realiza el Senasag que solo contaría con dos técnicos para verificar la situación sanitaria de la producción de unos 10 millones de pollos al mes.	En cuanto a la labor técnica del Senasag, Ortiz hizo notar que no se está realizando un buen trabajo debido a la cantidad vigente de estos mataderos ilegales que no respetan las normas sanitarias del sector y que ponen en riesgo la salud de la población. En cuanto a los bajos precios, Ricardo García, un pequeño productor avícola, lamentó que en la cadena productiva las empresas incubadoras no se solidaricen y sigan comercializando pollitos bebe en grandes cantidades sin importarles generar una mayor sobreproducción. Ortiz detalló que las empresas incubadoras están cobrando por cada pollito entre Bs 3,80 y Bs 3,70, mientras que los productores están vendiendo el kilo vivo entre Bs 5 y Bs 5,20.	“No es posible que el Senasag no realice algún tipo de control para frenar la inundación de estos pollitos que no hace otra cosa que seguir dañando al sector que está trabajando a pérdida”, indicó Ortiz. Sobre el tema, Javier Suárez, director nacional del Senasag, sostuvo que las medidas de presión de una parte del sector aví- cola son políticas y las denuncias sobre el trabajo técnico-sanitario del Senasaga no son correctas. Suárez sostuvo que en el país hay 3.533 granjas y que solo un 17% de las mismas falta ser registrada.	“El año pasado en Santa Cruz se clausuraron 42 mataderos clandestinos, por lo que es falso decir que no estamos realizando nuestro trabajo”, dijo Suárez, a tiempo de subrayar que en algunos casos son los propios productores los que por distintos motivos recurren a estos centros ilegales, por los que sugirió no usar esos servicios y en el mejor de los casos denunciarlos.	Una productora que prefirió no dar su nombre por temor a represalias, explicó que cerca de su granja hay dos granjas clandestinas que fueron cerradas por el Senasag, pero que a los pocos días volvieron a operar. “En estos lugares los pollos están a la intemperie, no están vacunados, cuando llueve se ensucian con barro. La alimentación no es la adecuada y la presencia de otros animales como perros y gatos provoca peligrosas infecciones, pero como nadie controla esto se va convirtiendo en algo normal”, señaló la productora.	Según datos del Senasag, a diciembre de 2018 la producción mensual de pollo terminado fue de 19 millones un 5% menos que 2017, mientras que la de pollito bebé fue de 19,8 millones, un 6% menor que 2017. Al respecto, Suárez señaló que el consumo nacional por mes del alimento oscila entre los 16 y los 17 millones de pollos, por lo que hablar de un excedente de cuatro o cinco millones de pollos no es correcto.	Ortiz criticó que se maneje de forma alegre las cifras y se trate de negar que el mercado interno ya es insuficiente para la producción y que antes de hablar de una exportación a gran escala, y no solo los 30.000 kilos que se destinan a Perú, se deben mejorar los costos de producción que llegan a los Bs 8,20, cuando en Argentina es Bs 5 el kilo vivo, lo mismo que en Uruguay	En un recorrido por los centros de venta de la ciudad se pudo evidenciar que el precio del kilo de la carne de pollo al consumidor final sigue en picada, pues se lo está ofreciendo en Bs 7. En el viejo Abasto las vendedoras ofrecen el alimento gritando y tratando de llamar la atención de los compradores. Frente a esta situación, Ortiz reiteró que seguirán impidiendo el paso de los camiones que estén transportando pollos al interior del país, hasta que los ministros del área no atiendan sus demandas.	Sobre la propuesta de un encuentro con el Gobierno el 24 de enero, Ortiz indicó que hasta el momento no recibieron ninguna invitación oficial, por lo que las presiones van a continuar. Otro aspecto que cuestionan los avícolas son los supuestos despidos que se estarían dando en el Senasag, al respecto Suárez, negó que en esa entidad se hayan producido despidos y aclaró que se realizó una reestructuración y traslado de personal a las nuevas oficinas de Montero, Yacuiba y Riberalta, que están más cerca de municipios con vocación productiva. “Lo que hace el Senasag es una reestructuración obedeciendo a la ley 830, hubo una reestructuración y reubicación de funcionarios, no hubo ningún despido”, dijo Suárez, que detalló que se están contratando 60 funcionarios nuevos.