Un informe técnico legal encargado por la Gobernación de Santa Cruz puso en evidencia que en los municipios de Porongo, Colpa Bélgica y Portachuelo hay urbanizaciones que no cuentan con licencia ambiental aprobada y que carecen de servicios de saneamiento básico, por lo que ponen en peligro el medioambiente, especialmente los recursos hídricos que hay en el subsuelo y que, bien tratados, pueden abastecer a un millón y medio de personas.	Sin embargo, también se debe lamentar que las autoridades locales no hubieran preservado el sistema ecológico como prioridad, lo que lleva a concluir que hoy se intentará mitigar el impacto ambiental ya causado, con las consecuencias económicas, ecológicas y sociales que eso significa para quienes planifican, construyen y compran viviendas en esa zona.	De acuerdo con estudios a escala mundial, se establece que el 0,036% del agua en el planeta está en ríos y lagos; mientras que el 0,36% está en corrientes subterráneas. De esos reservorios dependen 7.000 millones de habitantes. Cuando se autorizan urbanizaciones sin que cumplan con el estudio de impacto ambiental, uno de los mayores problemas es que se lleguen a contaminar las fuentes subterráneas de agua dulce.	Si hablamos de que los recursos hídricos son cada vez más valiosos para la sobrevivencia de la humanidad a mediano plazo, lo menos que hay que exigir es que las autoridades sean responsables y consecuentes en lo que aprueban, porque con acciones y con omisiones están determinando el futuro de las generaciones que vendrán. Es tiempo de acabar con las gestiones aisladas de cada alcaldía.	Santa Cruz de la Sierra y otros cinco municipios conforman un área metropolitana que demanda planificación seria y responsable. No es justificativo que se amplíen las manchas urbanas para obtener más recaudaciones, porque el bien inmediato puede significar el daño a largo plazo. Es bueno que la Gobernación asuma su responsabilidad en la misión fundamental de preservar el medioambiente.