Una de las acepciones de ‘botín’, según la Real Academia, es: “despojo que se concedía a los soldados, como premio de conquista, en el campo o plazas enemigas/ Conjunto de armas, provisiones y demás efectos de una plaza o de un ejército vencido y de los cuales se apodera el vencedor / Beneficio que se obtiene de un robo, atraco o estafa”.	Naturalmente que los cruceños no queremos ser botín de nadie ni tenemos por qué serlo. Hemos sido una ciudad de puertas abiertas y desde hace 70 años fuimos paulatinamente poblados, por campesinos, andinos principalmente, que venían a la zafra y de los que pasaron al comercio y optaron por establecerse en la región y convertirse en cruceños, porque les dio la gana, lo que nos pareció muy bien.	El clima, la tierra feraz, los grandes espacios que ofrece la llanura, el brazo del hombre y la inversión, han hecho de Santa Cruz lo que es: la zona productiva más importante de Bolivia, donde todo rinde por el trabajo humano, por la siembra, mucho más que por los bienes que están guardados bajo la corteza terrestre a la espera de ser extraídos.	Es al amparo de la Constitución del 2009, confusa de principio a fin, pero acatada, que están apareciendo políticas del Gobierno, que, más que poblar la tierra de agricultores, parecen querer tomarla como botín. Es decir que se sienten con derecho a hacer verdaderos trasplantes de poblaciones andinas en diversas zonas donde los propios lugareños no tienen ni un metro cuadrado de terreno. Para colmo, estos trasplantes tienen, como aconteció en Pando, una intención netamente política, cual es la de favorecerse con el eventual voto eleccionario de esas comunidades traídas del altiplano o los valles. Salvo que se pretenda hacer negocio con las tierras y venderlas baratas a foráneos, lo que no debería sorprendernos.	Esto no tiene nada que ver con la “función económica y social”, porque la totalidad de los traídos no conocen el carácter de la llanura, están acostumbrados a otro tipo de cultivo, y porque una vez establecidos en los predios que señala el INRA quedan abandonados a su suerte, es decir sin los recursos necesarios para realizar un trabajo agrario, ganadero o forestal.	Entonces son los municipios los que tienen que dotar a esos contingentes humanos, inicialmente de caminos, luego de servicios básicos como agua potable y luz, para no hablar de salubridad que la requieren permanentemente. Si los originarios del lugar, si los propios chiquitanos, “cambas sin tierra”, no tienen esos servicios básicos, no sabemos qué puede suceder si en una ciudad como San Miguel, que tiene 12.000 habitantes, se le encaraman en sus alrededores 10.000 más. Lo único que puede suceder es que el MAS gane las elecciones en la zona, lo que es una gran desgracia.	Que no se diga que en Santa Cruz hay trabas para los migrantes, porque todo está poblado de gente del interior, desde Yapacaní hasta Puerto Quijarro y desde San Julián y Cuatro Cañadas hasta San Javier y más allá. Para no mencionar lo que es el Norte Integrado. Y si se trata de la ciudad capital, basta con mirar y oír.	Nos gustaron mucho las preguntas que sobre el tema le hizo la periodista Gabriela Oviedo al viceministro de Desarrollo Rural y Tierras, señor Dorado, quien, a falta de respuestas, todo lo derivó, exaltado, a un presunto racismo camba, sin observar, como le hizo notar la periodista, que el racismo también podía estar viniendo del Gobierno.