Los bajos niveles de inversión pública en obras, constituye uno de los factores principales de esta situación. Según datos de las ciudades del eje troncal recabados a través del Censo del Observatorio Urbano de Cadecocruz, de un total de 7.448 obras registradas, solo el 2% corresponde a obras públicas y el 98% a obras privadas. Esto muestra que los empresarios seguimos invirtiendo, apostando por nuestro país y nuestra gente, pues son cerca de medio millón de personas las que trabajan en la construcción en el país.	Entonces, los más afectados son las micro, pequeña y medianas empresas, ellos sí que van a sufrir bastante porque van a tener que contratar personal calificado e invertir en software para realizar todas las actividades que pide Impuestos Internos, sino le comenzarán a llegar las multas.El sector no está en contra de la normativa, pero no se están tomando en cuenta muchos aspectos que en vez de favorecer en la recaudación van a lastimar a las empresas y lo que va a causar es que haya mayor informalidad. Si lo que se busca es que la formalidad crezca, lamentablemente con esta normativa se va a tener el efecto contrario. Principalmente porque se está haciendo mucho más burocrática la entrega de información.	El sector que trabaja con la obra pública no puede estar más marcado, presenta planillas mensuales, libros de compra y venta, paga impuestos con seis a siete formularios. Donde hay algunos problemas porque existen muchos vacíos es en la normativa de la obra privada, en la construcción de un departamento, edificio o condominio.	Este es un respaldo para los trabajadores hasta que la Ley General del Trabajo pueda darle una cobertura real al sector constructor, esta ley del año 1946 es minera y fabril. El trabajo a destajo y otras características que tiene nuestro sector no existen en la mencionada normativa. En este sentido, lo vemos con muy buenos ojos, estuvimos presentes en la presentación, ayudamos en la normativa y haremos lo mismo para la reglamentación.	Hasta la fecha no. Ahora hay muy pocas obras municipales y de la Gobernación, y las del Estado vienen con empresas extranjeras, hay pocas obras y eso ha causado la desaceleración económica en el sector constructor. Al margen de que hay un Decreto (3548, de mayo de 2018) que señala que las obras se van a dividir en tramos, que se va a dar preferencia a las empresas nacionales, pero no hemos visto nada en concreto.	Una de las finalidades que tiene una Cámara, por ejemplo, es el hecho de formalizar el sector. Si alguien se quiere afiliar tiene que traer toda su documentación que indique quién es el dueño, qué porcentaje tiene, sus poderes, quién es el representante legal, quién tiene la responsabilidad técnica de la obra, cuál es su patrimonio. Las grandes obras que se están construyendo en Santa Cruz a nivel edificios, tienen un letrero con toda la información, son empresas formalmente establecidas. Las obras grandes tienen nombre y apellido.	Al respecto tenemos en nuestra agenda gestiones para normar la participación de las empresas extranjeras en las licitaciones nacionales, estableciendo la obligación de que tengan socios bolivianos al menos en un 30%, establecer la planilla de avance de obras como documento mercantil en el sistema financiero y lograr que la ABC permita una mayor participación de nuestras empresas constructoras, flexibilizando, por ejemplo, las exigencias vigentes en las licitaciones internacionales, principalmente en lo relacionado a experiencia y garantías.	Víctor Hugo Suárez Vaca Díez es ingeniero electricista, formado en Joinville-Santa Catarina (Brasil). Tiene un diplomado en Administración de Negocios y otro en Gestión Financiera y Proyecto de Inversión. Además de varias especializaciones técnicas en el sector eléctrico. Es gerente - propietario de Serebó S.R.L., empresa de servicio de construcción eléctrica, civil y mecánica.