El movimiento cívico nacional y representantes del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) se reunieron ayer en La Paz y definieron tres medidas de presión en demanda de la renuncia de los vocales electorales, y del binomio oficialista Evo Morales-Álvaro García Linera. La primera es una marcha con crespones negros el 6 de agosto en los desfiles de todo el país, la segunda es un paro nacional de 24 horas para el 21 de agosto y la última es un paro general indefinido el 10 de octubre, fecha en que se conmemora los 37 años de la recuperación de la democracia, pero que está a 10 días de las elecciones generales.	“Realizar el paro nacional indefinido a partir del 10 de octubre hasta la renuncia del binomio inconstitucional Morales-García y de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE)”, señala el segundo punto de un documento que fue firmado por los presidentes cívicos de seis regiones, los delegados del Conade y el candidato Víctor Hugo Cárdenas (UCS), que fue el único postulante a la presidencia que asistió al encuentro.	Para Salvatierra es contradictorio que una institución cívica que debe representar los intereses de la región, y que dice velar por la democracia, atente contra la misma al establecer un paro indefinido en visperas de la realización de las elecciones del 20 de octubre, perjudicando de esta manera la transparencia del proceso.	La semana pasada, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, expresó que al oficialismo le interesa que las elecciones sean lo más transparentes posibles, por lo que gestionan la presencia de veedores internacionales, y que más bien “son acciones como los paros cívicos, articulados con los partidos y las plataformas, las que se presentan como un boicot a las elecciones”.	Para Gustavo Pedraza, candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana, las movilizaciones no van a interrumpir al proceso electoral y sirven para que sea más transparente. Añadió que pese a que las elecciones se enmarcan en la Constitución, no sucede lo mismo con la candidatura de Morales. Para Vladimir Peña, jefe de campaña de Bolivia Dice No, es importante conseguir la renuncia de los vocales del TSE y hacer respetar el 21-F. No quiso valorar si un paro indefinido antes de las elecciones pone en riesgo el proceso. Consideró que habrá tiempo para analizarlo.	“Al final ellos (los partidos y candidatos) van a ser las primeras víctimas del fraude. Es un poco insólito que haya que estar lanzando mayores argumentos para que los partidos luchen por sus votos, luchen contra un fraude que se va a hacer contra ellos. Es mezquino que se conformen con una pequeña bancadita cuando los grandes beneficiarios van a ser los gobernantes”, criticó.	Además de las tres medidas y la conminatoria, los cívicos aprobaron un “cerco a La Paz” hasta lograr la renuncia de los dos candidatos del oficialismo. Aunque la dirigencia cívica paceña es la que deberá hacerse cargo de este propósito, siendo que en la sede de Gobierno hay tres cabezas del Comité Cívico y dos son afines al Gobierno.	“Después del paro de 72 horas nos prepararíamos para el paro general indefinido directamente”, dijo. El resto de las regiones deben preparar el paro de 24 horas para el 21 de agosto. Durante el debate, los delegados saludaron el paro que se realizó en Santa Cruz, cuyo presidente cívico, Luis Fernando Camacho, afirmó que la dirigencia cívica está unida y en condiciones de garantizar la movilización de la ciudadanía en todas las regiones.	Al respecto, el presidente de Comcipo opina que una vez que el binomio presidencial renuncie a sus candidaturas, los vocales dejarán sus cargos y por tanto será una acción tras otra. Luego, otros delegados propusieron que se convoque, en todos los departamentos, a personalidades regionales y esa preselección se mande a la Asamblea, en donde el MAS tiene dos tercios y puede viabilizar la designación de siete nuevos vocales.	En esta reunión, estuvieron presentes -por primera vez- dirigentes de los policías y de los militares del sector pasivo, como los coroneles Óscar Paz Aguirre, por los militares, y David Flores, de la Policía. Participaron para exhortar a los asistentes a planificar las movilizaciones y no caer en las estrategias que lleva adelante el Gobierno cuando hay medidas de protesta.	En Riberalta, el expresidente cívico y ahora candidato uninominal por el PDC, Cristian Ayala, explicó que en esta región sí se acatará el paro cívico, ya que hay una fuerte presencia opositora y de defensa del voto del 21-F; sin embargo admitió que a escala departamental los movimientos cívicos se ‘debilitaron’ y son afines al MAS.	Por su parte, Mitzuko Ishiuchi, presidenta del Comité Cívico de Pando, manifestó a medios locales que no había sido invitada a la reunión, y que por ende desconoce las determinaciones que asuman. “Es muy irresponsable tomar el nombre de las nueve casas cívicas de Bolivia, y decir que están reunidos todos. A nosotros desde que asumimos el directorio en julio de 2018 jamás nos cursaron invitación”, señaló.