Paúl Enrique Franco Zamora será nombrado en los próximos días como magistrado titular del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), una vez que se oficialice ante esta instancia la renuncia de su titular Orlando Ceballos presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Franco es abogado, con una maestría en derecho constitucional y derecho procesal constitucional. Fungió como letrado y abogado del TPC; fue fiscal interino de La Paz en 2015 y actualmente es letrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).	En las elecciones judiciales de noviembre de 2017 obtuvo 24.397 votos frente a los 33.600 que consiguió Ceballos en Chuquisaca. El presidente del TCP, Petronilo Flores, informó que una vez se oficialice la renuncia del exmagistrado Orlando Ceballos, denunciado por violencia familiar o doméstica por su pareja aunque luego la retiró, la Sala Plena decretará la acefalia y convocará a Franco.	Flores indicó que aún no conoce formalmente la renuncia, ya que según normativa esta debe ser presentada primero ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), debido a que el acceso al cargo es a través de voto popular. Aseguró que se enteró de la dimisión de Ceballos a través de los medios de comunicación. Para parlamentarios de oposición el nuevo nombramiento no garantiza ningún tipo de independencia. El senador Edwin Rodríguez de Unidad Demócrata (UD), manifestó su descontento ya que Franco fue uno de los candidatos impugnados por su partido por haber cumplido funciones en instancias del Gobierno.	Pese a esto, se impuso la mayoría parlamentaria. “Este se- ñor Franco no garantiza ninguna imparcialidad, nos liberamos de un magistrado masista, como Ceballos , para poner a otro defensor y servidor del MAS” puntualizó. Para Lourdes Millares (UD), el nombramiento es legal porque tener un cargo en el TSJ no lo inhabilita, sin embargo, recordó que Franco fue candidato en las elecciones judiciales, en las que el MAS utilizó todos los mecanismos para “garantizar que los candidatos respondan a su partido”.	Frente a esto, el diputado y presidente de la Brigada Parlamentaria Edgar Montaño, del MAS, sostuvo que las acusaciones de la oposición responden a un complot destinado a desestabilizar los principales tribunales del país, pretendiendo mostrar que no existe seguridad jurídica. Calificó estas afirmaciones de ‘infundadas’ y de estar destinadas a desprestigiar al Gobierno.