La imagen del abogado Jhasmani Torrico golpeando e insultando a un hombre, mientras le reclamaba el pago de una deuda a un tercero que asistía a todo, junto a otros jóvenes partícipes de las agresiones, se hizo viral el año pasado. Estaba en boca de todos, inspiró memes al por mayor y cuando muchos creyeron que acabaría apenas como una anécdota más en el inventario de los escándalos olvidados, he aquí que el hombre resurgió con más golpes, no de puños, sino de palabras. Detenido por la Policía y sometido a juicio seguido por el Ministerio Público, Jhasmani demostró no tener reparos en seguir golpeando duro.	Lamentablemente, parece que impactó más el video que destapó el escándalo, que todo lo dicho después por Jhasmani, al que tampoco le han faltado apodos cinematográficos, como ese de “abogánster” o “abogado-torturador”. Dichos que tienen peso en el proceso que él enfrenta, y que deberían pesar también en el debate obligado y pendiente sobre el sistema judicial boliviano. Lo digo a sabiendas de que algunos dirán que no tenemos que dar oídas a lo que dice alguien cuestionado por actuar fuera de la ley, pero ¿quién mejor que uno del clan, consorcio o mafia para hablar de los entuertos de un sistema que opera muchas veces en la sombra y al que es difícil llegar para ponerlo al descubierto?	Por eso es importante prestar atención a cada palabra dicha por Jhasmani, mientras esté en juicio. Por ejemplo, a las dichas al periodista de Red Uno que lo entrevistó hace unos días, minutos antes de una de tantas audiencias a las que está siendo convocado. En una breve, pero esclarecedora entrevista, el abogado contó cómo “operaba” su consorcio, en el que había no solo abogados, sino también “unos veinte fiscales, más jueces y policías”. “Dependiendo del caso, del delito, de la complejidad o la presión social –dijo-, a veces se cancelaba para cesación, a veces para sobreseimiento, a veces para resolución de rechazo o simplemente para que en audiencia el fiscal no se oponga, como tiene que hacerlo”.	¿Cuánto se pagaba?, le preguntó Red Uno. “De mil para arriba…”, respondió Jhasmani. ¿Bolivianos?, siguió el periodista. ¡No, pues, dólares!, devolvió Jhasmani. Y añadió: “por bolivianos nadie hace nada; además, no alcanza para nada”. Además, no había límites en “el trabajo” del consorcio, como lo califica Jhasmani: homicidios, asesinatos, violación, violación a menores… y así por delante. Según él, solo hizo su “trabajo”. Un trabajo por el que, además, “muchos me agradecerán”. Cada respuesta fue dada sin vueltas, sin dorar la píldora, sin artificios. “Con desparpajo”, dijo la Red Uno. Con cinismo, añadiría yo. Pero sea lo uno o lo otro, con una seguridad que obliga a tomar en serio todo lo que declaró.	En primer lugar, porque lo dicho ahora por Torrico coincide con un secreto a voces que ya hace años circula por los corredores del sistema judicial. Recuerdo en este momento lo que me dijo un abogado conocido, al que encontré en las puertas del Palacio de Justicia: “A partir de esta puerta, no hay amigos; hay negocios”. Negocios con la justicia, con la ley, con la libertad, con las condenas. Que lo digan los acusados en el caso Ròzsa, llamado por el Gobierno y la Fiscalía como “caso terrorismo”, que denunciaron extorsión económica. Un extremo confirmado por el propio exfiscal estrella del caso, Marcelo Soza. Y otros más que tiemblan solo de pensar en lo que les puede pasar si lo admiten públicamente.	Aquí no se trata apenas de los pequeños y no tan pequeños cobros, por todo y por nada, a los que se enfrentan a diario los litigantes, sea de casos menores o no. Desde fotocopias de documentos personales, hasta certificados forenses o gasolina para que se movilicen los funcionarios judiciales o policías. Se trata de cobros mayores por “favores” mayores, a los que alude Jhasmani: condenas, cesaciones, etc. En muchos casos, utilizando procesos o procedimientos previstos por ley, como el de juicios abreviados, que también parecen tener precio: en efectivo y en años de condena. Grave, ¿no? Tanto, como dijo Jhasmani: “si sigo hablando, se quedarán sin jueces ni fiscales…”