La mayoría de los cruceños coinciden en la importancia de ordenar el transporte público de la ciudad y en que el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra debe hacer sentir el peso de su autoridad, frente a un sector que se resiste al cambio. También se espera que los pasos hacia este objetivo sean serios, que agoten los consensos y que no tengan improvisaciones.	Santa Cruz de la Sierra tiene 1,7 millones de habitantes. Por sus calles circulan más de 350 mil vehículos (más de la mitad de lo que tiene todo el país). De ese total, más de 7.000 son micros, hay alrededor de 5.000 mototaxis, mientras que casi 700 son ‘toritos’ (vehículos de transporte de tres ruedas). Además, hay abundancia de minibuses que ofrecen sus servicios en el área metropolitana del departamento.	La informalidad de la economía ha dado lugar a que el transporte público sea el refugio de desempleados y migrantes que llegan al departamento. Si en anteriores gestiones, el alcalde Percy Fernández calificó a los minibuses como “misiles” y los prohibió, ahora la realidad muestra que estos circulan libremente por las avenidas capitalinas.	El Gobierno Municipal determinó que 2019 es el año de la movilidad urbana, trazando como prioridad el ordenamiento del transporte público. Da la impresión de que hay prisa en el cometido y que eso está generando dificultades. Por ejemplo, se ha licitado la transformación del primer anillo para que circulen los buses de transporte rápido (BRT por sus siglas en inglés) y la obra ha sido adjudicada, pero recién se supo que carece de licencia ambiental y que el Concejo no ha aprobado una ley que dé luz verde a ese proyecto.	Al mismo tiempo, a poco de iniciarse las primeras obras, vecinos y defensores de los árboles iniciaron movilizaciones porque el documento base de contratación habla de la “extracción de 30 especies arbóreas que se consideren afectadas por su ubicación al momento de reducir el camellón central, para construir casetas de control de los BRT; reubicación de cuatro especies arbóreas que puedan sobrevivir, así como la colocación de plantines en áreas donde existió cobertura vegetal antes de la intervención”.	Por su lado, hay sectores del transporte público que también se declararon en apronte porque aseguran no haber sido tomados en cuenta en este reordenamiento ni en la elaboración de la ley de movilidad urbana. Son problemas que se podrían evitar si el Gobierno Municipal de la ciudad informara adecuadamente sobre los cambios que quiere hacer. Escuchar a los ciudadanos es la mejor forma de gobernar; cuando las medidas son unilaterales y se quieren imponer, es posible que haya rechazo. Si la autoridad recoge propuestas de los sectores afectados, tendrá mayores elementos para tomar las mejores decisiones, además de demostrar que toma en cuenta a los gobernados en una tarea de ordenamiento en la que todos deberían comprometer su esfuerzo por el bien de la ciudad.