El 24 de noviembre de 2016 cayó uno de los mayores muros de la violencia y la intolerancia de la historia de América Latina y el mundo. Aquel día, el Gobierno de Colombia y las FARC, la guerrilla más antigua del planeta, firmaban un acuerdo de paz que selló más de 50 años de enfrentamientos armados que causaron miles de muertos, heridos, desaparecidos y desplazados.	Desde entonces, Colombia enfrentó el difícil camino para hacer justicia por los crímenes cometidos durante ese periodo, desarmar a los grupos beligerantes e integrar a las FARC al sistema democrático formal por lo que hoy son un partido político que compite por el poder en el marco de la ley y el Estado de derecho.	Ese proceso es interpelado hoy por un grupo minoritario y disidente de las FARC que ha decidido romper los acuerdos y volver a las acciones armadas. El núcleo rebelde está encabezado por los ex líderes guerrilleros Iván Márquez, Jesús Santrich y Hernán Darío Velásquez, todos requeridos por la justicia colombiana por incumplimiento de lo pactado.	Más de 7.000 insurgentes de las FARC fueron desarmados en estos tres años que lleva adelante el proceso de paz, por lo que se puede asegurar que la organización guerrillera está desmovilizada. Incluso el propio partido FARC, el mismo que está plenamente integrado al sistema político colombiano, ha rechazado esta afrenta de este grupo disidente minúsculo contra el proceso de paz.	La comunidad internacional en su conjunto debe arbitrar los medios suficientes y necesarios para apuntalar el proceso de paz colombiano porque no se trata de un asunto únicamente del país sudamericano sino de toda América Latina y del mundo en su conjunto. Los latinoamericanos hace rato que dijimos no a las armas que solo generaron muerte, dolor y luto, y hemos apostado como único camino a la democracia, la participación y las libertades.