Desde hace más de tres semanas los incendios en la Amazonia boliviana han provocado la devastación de bosques, animales y medio ambiente de manera irreparable. A estas alturas, se conoce que se han consumido más de dos millones de hectáreas y han afectado de manera directa a las poblaciones indígenas asentadas en dichos territorios.	Las voces para expresar el estupor de lo sucedido han emergido de diversos lugares. Para comenzar desde las poblaciones directamente afectadas que, en medio de la confusión, expresan su impotencia; desde las organizaciones sociales quienes denuncian a los responsables y buscan las sanciones correspondientes; también se escuchó la voz de los ambientalistas, científicos y expertos que evalúan las consecuencias aún no contabilizadas del daño, de los activistas indignados y de las miles de personas que, a través de medios de comunicación y en particular de las redes sociales, comparten imágenes y videos de cómo el fuego consume un paisaje que parecía sobrevivir al tiempo y a las personas.	Las voces, por supuesto, también surgen desde la política en plena etapa preelectoral. Bajo el anuncio de suspender las campañas electorales como un acto de solidaridad, en realidad los actos de solidaridad se convirtieron en campañas, en particular con la presencia directa de los propios candidatos, mientras las militancias se dividieron entre quienes justificaron la tragedia como un hecho de la naturaleza y que era fácilmente controlable, y quienes arremetieron contra los culpables.	Pero la realidad siempre es más contundente que los discursos. Los datos muestran que las causas principales de los incendios fueron los chaqueos “descontrolados”, los cambios en el uso del suelo, generados por el incremento de la ganadería y la agroindustria, la expansión de los asentamientos campesinos autorizados por el INRA, la ineficiencia para el manejo ambiental.	El 8 de septiembre se publicó un comunicado que denuncia la ineficacia e inexperiencia de parte de las entidades estatales para enfrentar esta catástrofe y exige la abrogación de toda la normativa que viola los derechos de la Madre Naturaleza, que son en total cinco leyes y un decreto supremo (el 3874). Piden la declaratoria de desastre nacional y exigen a las autoridades nacionales y subnacionales, la atención inmediata, la protección de los derechos humanos y los convenios internacionales.