El nombre de Winston Julio Rodríguez Daza figura en la lista de los denominados ‘capos narcoarrepentidos’ que en el año 1991 se acogieron a un histórico decreto que conllevaba su entrega a la justicia y el cumplimiento de una pena menor con la condición de no ser extraditados a Estados Unidos.	Su nombre volvió a ‘sonar’ luego del operativo practicado la semana pasada en la estancia El Paraíso, de la provincia Moxos, en Beni, donde se hallaron 166 kg de droga, una avioneta y armas, y que, según denuncia del diputado Tomás Monasterio, está relacionado con el ‘clan Rodríguez’ que estaría implicado con actividades del narcotráfico.	Entonces se ‘desempolvó’ que el ‘arrepentido’ Winston Julio Rodríguez Daza, según diligencias elaboradas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y la Fiscalía antinarcóticos, fue aprehendido durante un operativo practicado en una estancia en San Joaquín en 2018, donde se incautó un cargamento de 205 kilos de cocaína y armas.	Por este caso, el 18 de marzo de este año, la Fiscalía de Sustancias Controladas de Beni presentó acusación formal contra Winston Julio Rodríguez Daza por el delito de narcotráfico para ir a juicio oral en el tribunal de los jueces Kenny Álvaro Rivero, Arnold Vaca y Juan Carlos Iglesias, que asumieron conocimiento, aunque aún no fijaron fecha para el inicio de las deliberaciones.	Esto se da en un contexto en que la Felcn, a través de certificaciones del INRA, dio a conoce que la hacienda El Paraíso pertenece a Melina Davieds, hija de la exconcejala de Santa Ana Mayerling Rodríguez, que a su vez es hija de Winston Julio. Asimismo, se conoció que Carlos Davieds Rodríguez, también hijo de la exconcejala, tiene orden de aprehensión por narcotráfico y se encuentra prófugo.	Durante el operativo donde se aprehendió al ‘narcoarrrepentido’ en San Joaquín el año pasado, la Felcn reportó la incautación de al menos dos inmuebles, así como de enseres. Lo que llamó la atención a los agentes de la Felcn, según los informes, es el descubrimiento de una caja fuerte en el dormitorio de Winston Julio Rodríguez Daza.	El procedimiento se dio en medio de la escandalosa actuación de la jueza Ana Karina Flores Áñez, que dio medidas sustitutivas a Rodrí- guez e invalidó las actas del operativo antidrogas al dar curso a un incidente por defectos absolutos, tras el cual emitió una resolución que dispuso la nulidad de las actas de registro de requisa del inmueble y de lo incautado, así como del acta de prueba de campo y del secuestro de los 205 kilos de cocaína. El Ministerio de Gobierno inició una acción penal contra la jueza de San Joaquín por prevaricato e incumplimiento de deberes y la judicatura finalmente la destituyó del cargo.	Para conocer más detalles sobre la situación jurídica de Winston Julio Rodríguez Daza y los casos en que los hijos y nietos de este aparecen sindicados por narcotráfico, EL DEBER se comunicó con la fiscal departamental de Beni, Nuria Gonzales Romero, quien prefirió no referirse sobre ‘el clan Rodríguez’ y sus supuestos vínculos con el narcotráfico ni la supuesta amistad que, según el diputado Monasterio, tendrían con autoridades del Gobierno. Nuria Gonzales aseguró, sin embargo, que la propiedad El Paraíso fue incautada y que hay una investigación que recién empieza. Dijo que “no puede generar conjeturas” porque la investigación está en curso.	Asimismo, EL DEBER consultó a autoridades cívicas y políticas del departamento de Beni, y aunque algunos manifestaron conocer a Winston Julio, aseveraron que no sabían sobre sus actividades. Sin embargo, el común denominador que se tuvo de la mayoría de los consultados eran evasivas para hacer comentarios respecto al ‘clan Rodríguez’	El 11 de junio de 2004 en Santa Ana del Yacuma, el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) le secuestraron tres avionetas marca Cessna, con matrí- culas CP 1540, CP 1854 y CP 1073, respectivamente. La confiscación se materializó a denuncia del brasileño Getulio Victorio de Carvalho y otros, en sentido de que las mencionadas aeronaves (cinco en total) fueron robadas de sus propiedades en el estado de Mato Grosso (Brasil), y que supuestamente estaban siendo utilizadas en Bolivia en actividades de narcotráfico.	La investigación se dilató y la Fiscalía mantuvo una pulseada procesal con la justicia de Beni, que, mediante una jueza, restituyó las aeronaves a Bernardo Winston Rodríguez Ardaya y a otro sujeto. La Fiscalía finalmente sobreseyó al encausado por falta de pruebas, pese a que en las pruebas de narcotest a las avionetas, en dos de los aparatos se detectaron micropartículas de droga que no resultaron concluyentes para sostener una acusación