Al excavar una fosa común, un equipo de arqueólogos encontró un cadáver que tenía junto a sí, en la mano izquierda a la altura de la cintura, un juguete de colores vivos, diseñados como una flor. Se buscaba una fosa común donde se tenía la seria sospecha de que la dictadura franquista había enterrado unas 250 víctimas fusiladas, que estaban debajo de un parque infantil.	Tras los estudios, descubrieron que los restos pertenecían a Catalina Muñoz, de 37 años. Era madre de cuatro hijos y cuando la fusilaron, el menor tenía nueve meses y era el propietario del sonajero. ¿Cómo llegó hasta la tumba? Cuando arrastraron a Catalina de su casa, llevaba el sonajero en el bolsillo del delantal. Ahí se quedó y ahí apareció después de más de 80 años.	El caso es tan dramático, tan impresionantemente dramático, que pone la piel de gallina. Catalina fue acusada: La juzgó un consejo de guerra en el que el alcalde de Cevico y otros dos vecinos declararon que iba a manifestaciones, que la habían descubierto lavando sangre de la ropa de su marido, que daba vivas a Rusia y mueras de la Guardia Civil, que dijo: “Todavía vamos a vencer y os vamos a hacer tajadillas”.	Este sonajero fue noticia, pero no impactó en las autoridades. Debería ser la tea que demanda justicia y arde libre. Lo absurdo es que la ‘Memoria histórica’ que supuestamente debe desenterrar y denunciar los crímenes del franquismo, está debatiendo si los restos del tirano, se quedan o no en el Valle de los Caídos, monumento al triunfalismo de una dictadura asesina de miles de españoles. Es tiempo de que se desvele la capa que cubre los crímenes de esa dictadura. Que el sonajero sea el ruido estremecedor que despierte el alma de los justos y demande que se aclaren los asesinatos y desapariciones.	En Bolivia, todavía no se sabe dónde están los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, aún se desconoce qué ha pasado con los desaparecidos de la dictadura de Banzer, García Meza y otros más. Para que la democracia sea verdaderamente integradora es imperioso limpiar el pasado. Demandar a los que ahora, aún vivos, saben de los archivos del Ejército que permanecen cerrados, a pesar de algunos esfuerzos de parte del Gobierno, pero no son suficientes.