Tras realizar una maestría en Derecho Informático y Ciberseguridad en Barcelona, España, al volver al país impulsó la creación de la materia de Derecho Informático en la Universidad Católica de La Paz. Así, también vio la necesidad de realizar investigaciones académicas sobre su área de acción y detectó la necesidad de un diagnóstico sobre ciberdelincuencia considerando la escasa información al respecto en nuestro país.	La encuesta de Agetic sobre las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) de 2017, es la única referencia que se tiene referida a la materia. Algo similar pasa con este informe que tiene datos hasta ese año y es de los pocos estudios que se tienen. También tenemos otro informe con el que se ha elaborado un proyecto de ley de protección de datos.	Entre los hallazgos puedo comentar un hecho muy particular, que es un informe oficial de un juez que aprovecha que se le está pidiendo información sobre estos delitos para quejarse de que no tiene Internet en su juzgado, lo que devela una brecha digital en la administración de la justicia. También puedo mencionar un caso en que ante la consulta de si tenían algún documento sobre gestión de información o sistemas de ciberseguridad, nadie tenía idea de ello, hay mucho desconocimiento, y solo un juez intentó dar una respuesta sobre el sistema Ianus en el que manejan un código, pero que no tiene que ver con seguridad de la información.	Sí, hay un vacío, y eso repercute en algo que es clave para perseguir los ciberdelitos: cooperación internacional, pues desde otros países no nos consideran en sus convenios porque nuestra normativa actual solo contempla dos delitos informáticos y eso es insuficiente. En el Código del Sistema Penal que fue dejado sin efecto se establecía hasta seis ciberdelitos que se enmarcaban a las políticas generales públicas internacionales que nos podían haber habilitado para suscribir convenios internacionales de cooperación con otros países.