sta es la disyuntiva ante la que nos coloca la crisis terminal de la institucionalidad de seguridad ciudadana en Bolivia, expresada en el 83,3% de desconfianza de los ciudadanos en la Policía nacional, incrementándose la misma al 86,8% en el caso de la Fiscalía y al 87,3% en el caso del Órgano Judicial.	Esta falta de credibilidad del sistema de seguridad ciudadana se explica por los altos y generalizados niveles de corrupción institucionalizada, pero en el caso de la Policía además por una relación contradictoria con la ciudadanía al vincularla a ella por ser un servicio a la comunidad, pero al mismo tiempo distanciada por la llamada “orden de destinos”, mecanismo heredado de las dictaduras militares, las que por su naturaleza requerían de una fuerza policial sin vínculos con su entorno para asegurar su eficacia represiva. Por ello queremos entender que la “refundación de la policía”, no es otra cosa que un llamado a cumplir una vieja tarea pendiente: la construcción de una institucionalidad democrática de seguridad ciudadana.	Asumir este reto significa superar la visión reduccionista que circunscribe la seguridad ciudadana a factores de control y represión, asumiendo que la política de seguridad es un instrumento promotor del desarrollo humano sostenible que concibe al ciudadano como el foco central de la acción de desarrollo como beneficiaria, pero sobre todo como protagonista de él en tanto sujeto de derechos.	Por tanto los ciudadanos son los actores centrales en un sistema democrático de seguridad y la manera de asegurar esta centralidad ciudadana pasa por la desconcentración y descentralización de los organismos responsables de la seguridad ciudadana, constituyendo una fuerza policial comunitaria que nazca de la comunidad e interactúe con ella, siendo ello posible en nuestro caso si se transfiere esta función a las guardias municipales, las que fortalecidas y en una relación de confianza mutua con la ciudadanía cumplan un rol esencialmente preventivo educativo, con la desconcentración del mando hacia pequeñas unidades territoriales, articuladas con las organizaciones vecinales, adecuadas a las necesidades locales, con el uso intensivo de información georeferenciada de las zonas de riesgo y el uso participativo de mecanismos como las alarmas vecinales con tecnología de última generación, pero sobre todo estableciendo instancias de rendición periódica de cuentas a la comunidad por parte de la guardia municipal.	En esta misma lógica se podría descentralizar la seguridad vial urbana transfiriendo la misma a los gobiernos municipales, de manera que la Policía Nacional se transforme en una instancia altamente especializada en la investigación y el combate al crimen, pero sobre todo en una institución idónea y transparente, para lo cual no bastan las purgas, así sean masivas de oficiales cuestionados usualmente como resultado de algún gran escándalo como el que estamos viviendo estos días. Por el contrario, esos esfuerzos de purificación revelan la ausencia de una institucionalidad democrática en el ámbito de seguridad que contemple mecanismos externos de control y fiscalización.	El desafío político de construir una institucionalidad democrática de seguridad demanda un liderazgo decidido y comprometido, un compromiso que se demuestre sobre todo con el establecimiento de instancias independientes de la jerarquía policial y con participación de la ciudadanía para examinar denuncias y establecer las respectivas responsabilidades en casos de corrupción y de abuso policial, aspecto que debería acompañarse con la asignación de recursos suficientes al proceso de transformación institucional que pasa por el fortalecimiento de las habilidades de gerencia y manejo de conocimiento, junto a la necesaria tecnificación, capacitación y profesionalización pertinente.