Es un nuevo día en la capital cruceña, y como es usual, el sol quema desde temprano, el tráfico atasca las calles, y las televisiones dan parte de un nuevo conflicto político. El Gobierno nacional ha ordenado la implementación del Seguro Único de Salud (SUS) y las organizaciones del sector y la Gobernación cruceña salen públicamente a enfrentar la medida. Estallan acusaciones cruzadas, se instaura el tono amenazante y no tarda en dispararse el primer insulto. Otro cuadro más de la política nacional. ¿Quiénes son los responsables del precario sistema público de salud? Hoy los mencionados actores pasan a un segundo plano, y el lente enfoca en otra dirección.	Entra disparada una camilla por las puertas de emergencia del Hospital San Juan de Dios. Sobre ella, un hombre cubierto con sábanas blancas. Ojos rojos y moribundos. Un día y medio después de ser herido por la explosión de una garrafa de gas en una pequeña comunidad del municipio de Los Negros, ubicada a cuatro horas de Santa Cruz de la Sierra. Don Pedro, de cincuenta años, arriba al hospital con la esperanza de recibir la atención médica que no pudo ser proporcionada en su pueblo por falta de condiciones mínimas.	Hoy, con el cuarenta y tres por ciento del cuerpo quemado aguarda la noticia de una cama vacía para ser tratado. Las cinco camas habilitadas para quemados se encuentran ocupadas. Paciencia. Una hora después los resignados médicos toman la decisión de realizar las primeras curaciones en la camilla de ambulancia. A las tres y media de la madrugada, los residentes de turno y la médica de emergencia de Los Negros -que acompañó al paciente hasta la ciudad empiezan a hacer la limpieza del cuerpo entre los quejidos sordos del doliente.	Mientras todo esto ocurre en el interior del hospital, la ambulancia permanece estacionada esperan do afuera hasta que, pasadas cuatro horas, la única camilla de emergencias del municipio de Los Negros queda libre y es posible emprender el camino de vuelta. A ciento setenta kiló- metros, un pueblo duerme sin el personal médico para cubrir una posible emergencia.	La vida en los consultorios y pasillos del hospital San Juan de Dios no es fácil para nadie. Enfermos, familiares, médicos, enfermeras, personal de limpieza, camilleros, administrativos o guardias de seguridad, a cada cual le toca su parte amarga. Abierto al público desde el año 1834, el primer hospital pú- blico de la capital cruceña nació para cubrir las grandes necesidades de la población local más desfavorecida, huérfana hasta entonces de atención sanitaria. Popularmente bautizado con el nombre de “hospital de los pobres”, atiende en su mayo ría a un sector de la población sin seguro médico y con serias dificultades para pagar por tratamientos o curaciones de alto coste en clínicas privadas.	El San Juan de Dios fue dirigido en sus inicios por una orden religiosa católica, pasando con posterioridad a estar a cargo del Estado. Desafortunadamente, no es de extrañar que el hospital continúe al día de hoy encomendado muchas veces a la bondad divina -y a merced de la caridad- para mantenerse a flote. La insuficiencia de medios ha sido una constante desde que abrió sus puertas con una docena de camas; a pesar de contar en el presente con más de 200, la saturada atención es todavía tangible.	Los pasillos se convierten en habitaciones improvisadas que cobijan a familiares de enfermos, muchos de los cuales provienen del área rural, sin recursos para pagarse un cuarto en una ciudad costosa como Santa Cruz. Un escritorio puede servir para que un interno exhausto tome una pequeña siesta, pues después de treinta y seis horas sin parar de trabajar es difícil mantenerse en pie. Los médicos tienen que recurrir a la improvisación por la falta de material adecuado, para hacer un drenaje tubular se utiliza un guante de látex común, en lugar de una bolsa o un recipiente debidamente esterilizado. El equipo está integrado por 165 médicos y 153 enfermeras (además de 179 auxiliares de enfermería y otro grupo de 83 profesionales y técnicos envueltos en labores clínicas), apoyados por residentes e internos, que con valentía y algo de temeridad encuentran la fórmula para atender a un abundante número de enfermos.	“Hasta que no pague no puedo irme”, dice doña Catalina, de cuarenta y cinco años, originaria de Sacaba, Cochabamba, resignada pero sin perder la sonrisa. Mil ochocientos bolivianos, por los servicios del hospital y las medicinas recibidas durante los diez días de internación, la separan de su libertad. A pesar de tener el alta médica, el personal del hospital tiene prohibido dejar marchar a los pacientes sin que antes efectúen los pagos adeudados.	A pesar de ser un hospital público, los usuarios del hospital San Juan de Dios pagan por la atención médica, medicinas, análisis de laboratorio y días de internación, con excepción de aquellas personas que están contempladas en la Ley Nº 475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado: menores de cinco años, mujeres embarazadas y hasta los seis meses después de dar a luz, mujeres en edad fértil respecto a atenciones de salud sexual y reproductiva, ciudadanos mayores de sesenta años, personas con discapacidad. Para el resto, la ley no tiene contemplaciones, ¿O sí? Depende de si la unidad de Trabajo Social así lo determina. A sus oficinas acude doña Catalina para intentar el perdón de su deuda. Relata a los funcionarios que se gana la vida en campos de algodón, que su sueldo es escaso, que apenas tiene ahorros.	Los funcionarios cuestionan el por qué su hija no ha venido a ayudarla, que ese abandono podría ser un delito. Ella insiste, ruega, casi implora, cuenta que su hija hace lo que puede para conseguir el dinero, que estudia en la universidad por las noches y que trabaja todo el día para poder cubrir sus gastos. Ellos responden que van a analizar el caso, que vuelva luego. Paciencia.	El ritmo del hospital pone inquieta a doña Catalina, poco acostumbrada a estar postrada en una cama sin hacer nada. Desde su aburrido trono, ve como entran y salen médicos y pacientes. Observa que muchos de estos últimos tienen dificultades para comunicar al personal sanitario los síntomas que padecen, pues apenas hablan el español. Perfecto, ya tiene algo para pasar el tiempo, puede ayudar a traducir.	El perfecto dominio del quechua y del español le permiten ser de mucha utilidad en la sala en que está internada, sirviendo de puente de entendimiento entre enfermos y médicos. Pasan tres días y las negociaciones con Trabajo Social rinden sus frutos, mil bolivianos condonados. Doña Catalina consigue el dinero de algunos parientes y amigos y por fin deja el hospital.	Más de un médico se acordará de ella cuando se encuentre en una consulta trabada por el idioma. El colapso de los servicios del hospital está normalizado. Así lo reconoce un médico residente y un interno cuyos nombres han pedido mantener en el anonimato. Los problemas no solo recaen sobre los trabajadores del hospital, sino, principalmente, sobre los pacientes con una economía limitada.	La implementación del Seguro Único de Salud es inminente. En este año electoral el Gobierno nacional ha dado plazo hasta el primero de marzo para que los hospitales empiecen a atender a los nuevos asegurados. Para financiar el ambicioso proyecto que aspira a cubrir a 4,2 millones de personas que actualmente no poseen ningún tipo de seguro, se ha establecido un presupuesto inicial de 200 millones de dólares anuales del TGN y 215 millones de las nueve gobernaciones, según información dada por el Ministerio de Salud.	La Gobernación cruceña y las organizaciones sectoriales de la salud no afines al Gobierno nacional mantienen su escepticismo ante la propuesta, por considerar que no existen las condiciones necesarias –de infraestructura, insumos y personal– para su puesta en marcha y que la cantidad presupuestada no será suficiente; consideran que no han sido tomados en cuenta en la fase de planificación del proyecto y formulación de la reciente ley. La organización de médicos afines al Gobierno ha jurado defender incluso con su vida la implementación de este proyecto considerado estructural. Mesas de trabajo para las fotos, lluvias de cartas, poco diálogo y casi nada de acuerdo entre las partes, todo en un clima crispado y sobradamente politizado por otros motivos.	Mientras las noticias van y vienen de forma vertiginosa, el nerviosismo se ha instaurado ya en el edificio del hospital San Juan de Dios. Antes de plantearse el cómo resolverán las dificultades que con certeza acompañarán la implementación del seguro, el personal de salud se encuentra arduamente dedicado a solucionar la actual situación de emergencia. Emergencia, por la larga cola de espera fuera de un consultorio y la escasez de profesionales para una atención oportuna. Emergencia, por un tomógrafo roto hace meses.	Emergencia, por la falta de medicamentos básicos en las repisas de la farmacia. Emergencia, como indican unas letras despintadas sobre la puerta de la entrada a esta área del hospital. ¿Dónde está la salida? EL DEBER se ha comunciado telefónicamente con el director del hospital San Juan de Dios, Marcelo Cuéllar, y él, muy gentilmente se ha excusado, argumentando que sobre la problemática del hospital se comuncia directamente con la Gobernación, instancia con la que realiza las respectivas gestiones.