Un censo en los 53 penales del país busca saber con precisión las condiciones en que viven los internos, la situación jurídica de cada uno y hacer un mapa acerca de los delitos por los que guardan reclusión. Hay más de 18.000 presos. Informes anteriores dicen que la mayoría tiene detención preventiva y que son los menos los que tienen condena. Lo que se espera es que este diagnóstico permita esbozar una solución de fondo, sobre todo, que ésta sea aplicada y demuestre que existe voluntad real de apagar esta bomba de tiempo que explota de tanto en tanto.	Gracias al Consultorio Jurídico que funcionaba en la cárcel de Palmasola, con el auspicio de la universidad Nur y el trabajo de juristas que estaban detenidos, se llegó a conocer dramáticos casos de personas que habían estado presas más tiempo del que establecía una condena por el delito del que se los acusaba; otras que ni siquiera sabían en qué estaban sus procesos porque sus papeles habían sido extraviados e incluso el de un joven que enloqueció en el penal. Sin duda, hay situaciones similares en otros recintos penitenciarios y este censo ayudará a identificarlas.	También se sabe hace años que Palmasola es el penal más hacinado del país. Tiene 5.686 internos. La cárcel de Montero no se queda atrás, pues tiene 437 personas que viven en habitaciones donde unos internos duermen encima de otros, porque los metros cuadrados son absolutamente insuficientes para dar cabida a todos.	A lo anterior se suma que son muy pocas las cárceles planificadas y hechas para funcionar como tales. A lo dotado por el Estado hace años se ha ido sumando infraestructura improvisada por los mismos internos, restando seguridad y dignidad a los seres humanos que las habitan. En los departamentos de Beni y de Chuquisaca, hay ‘carceletas’ que funcionan como recintos penitenciarios para purgar condenas largas.	La condición en que están los penales es solo una parte del problema. El mal mayor está en la justicia, no solo por la retardación en los procesos judiciales, sino también por el hecho de que enviar a la cárcel a los procesados es el camino más recurrente en las audiencias cautelares, cuando debería ser el último recurso. Ojalá que este tema termine para siempre cuando se promulgue la Ley de Abreviación Procesal Penal, que ahora se debate en el Senado.