Cuando todo estaba encaminado para que la Ley de Movilidad Urbana sea modificada antes del inicio de obras para los Buses de Transporte Rápido (BRT, por sus siglas en inglés), sorpresivamente el tratamiento del tema fue pospuesto para el próximo lunes, es decir, para el mismo día en que arrancarán los trabajos, lo que ha generado susceptibilidades en el sector.	El miércoles pasado, cuando la comisión mixta del Concejo Municipal concluyó las mesas de trabajo con el transporte público urbano, este sector había logrado consenso en los artículos en los que estaba en desacuerdo, incluyendo -según la dirigencia del sector- que la concesión de las rutas y del servicio del BRT sean dados a los transportistas y que ellos también sean los encargados de contratar a la empresa para los cobros y no la Alcaldía.	Los transportistas esperaban que los cambios en la norma se hayan hecho ayer, toda vez que fueron convocados para la ‘sesión modificatoria’ para el viernes 10 de mayo, pero el jueves 9 les llegó la invitación para el lunes 13, a las 10:30. “Habíamos avanzado bastante. Se había llegado a un consenso y esperábamos acompañar a las autoridades de la Alcaldía en el inicio de las obras del primer anillo, pero ahora estamos nuevamente en emergencia porque no sabemos qué va a pasar.	No vamos a estar tranquilos mientras no se haga la modificación de la ley con los cambios consensuados, y mientras el alcalde no promulgue la norma”, indicó ayer el vocero del transporte pú- blico urbano, Mario Guerrero, pero agregó que no frenarán el inicio de las obras y que estarán atentos a que el Concejo apruebe los puntos consensuados con el sector. Guerrero señaló que quieren asegurar los cambios en la ley porque solo eso les dará seguridad jurídica para arriesgarse a contraer créditos para los nuevos modelos de buses, que exige el nuevo sistema de transporte.	El dirigente del Sindicato de Micros Santa Cruz, Aldo Terrazas, precisó que estaban contentos porque entre los artículos que hubo consenso para la modificación está el referido a la tarifa (art. 56), logrando incluir que la empresa para los cobros sea directamente contratada por el sector, toda vez que la ley aprobada en abril establece que el servicio sea tercerizado o asumido por el gobierno municipal.	La ley vigente establece que el gobierno municipal suscribirá contratos de concesión directa del servicio, pero se logró agregar que la concesión sea dada a los operadores tradicionales del transporte urbano masivo de pasajeros, es decir, al transporte público. Con respecto al tiempo de la concesión, Santistevan indicó que eso se tiene que establecer en el reglamento de la ley, pero que se pedirá que sea por 25 años, como lo indica la Ley Departamental del Transporte Terrestre.	“Ayer (por el jueves) tuvimos una reunión con otro sector del transporte y el lunes continuaremos con el trabajo. Cada sector del transporte tiene una inquietud diferente, sus requerimientos son distintos en función a sus necesidades y lo que hace la autoridad (Alcaldía) es velar por los dos millones de habitantes que hay en la ciudad, pues se busca mejorar la calidad del transporte público”.	Cuando EL DEBER insistió en la pregunta sobre si la concesión del servicio del BRT será dada al transporte público, Ribera respondió “que la ley determina que para las rutas del BRT se haga un contrato de concesión, tomando en cuenta a los operadores tradicionales que reúnan las condiciones para hacerlo”. En cuanto al sistema del cobro del nuevo sistema, Ribera indicó que lo importante es que se tecnifica el sistema de recaudo, es decir, se moderniza el cobro mediante la implementación de tarjetas, pero que el sistema vendría a ser mixto, pues el municipio es quien determina cuáles son las condiciones de operación y modo de cobro.