Si bien Bolivia carece de una Ley de Acceso a la Información Pública, el Estado es signatario de acuerdos internacionales en los que se garantiza que todos los ciudadanos, sin ninguna distinción, deben tener la posibilidad de recibir información de las gestiones que se realizan en la administración del Estado en todos sus niveles.	Tras estos convenios internacionales, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicó un mapa en línea que señala que en Sudamérica todos los países cuentan con una ley que garantiza el libre acceso a la información, con excepción de Bolivia, Venezuela y Surinam. Un anteproyecto sobre la materia fue debatido hace años en nuestro país, pero quedó pendiente y se habla de una reposición en los próximos meses.	La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco por sus siglas en inglés) establece que el libre acceso a la información señala la transparencia de la gestión pública; el combate a la corrupción; la eficiencia en el manejo de la labor pública, así como la participación ciudadana en la forma de decisiones de interés público.	No obstante, más allá del contexto legal, hay funcionarios públicos, electos o designados, que piensan que haber alcanzado un cargo de poder en algún gobierno municipal, departamental o nacional, les da la atribución de sentirse por encima del resto de los ciudadanos y con la capacidad de negar información sobre el curso de sus gestiones, de la administración de la cosa pública o de la elaboración de normas que rijan la vida de los ciudadanos.	En lugar de cumplir con la obligación de informar a detalle sobre sus acciones, tienden a disparar agresiones contra los periodistas y los medios que demandan datos o que los dan a conocer, aún a pesar de la falta de respuestas desde las oficinas públicas, debido a que hubo un esfuerzo y un compromiso de búsqueda de la verdad. Es así que abundan las críticas a periodistas y a medios; las agresiones verbales y las humillaciones públicas que no buscan sino distraer la atención de los temas centrales, a fin de no asumir las responsabilidades que les competen.	Hay que recordarles que el libre acceso a la información es un derecho humano garantizado por la Organización de Naciones Unidas. Negar datos y atacar a quien los divulga en una misión de responsabilidad con la sociedad, convierte a estos malos funcionarios públicos en violadores de principios básicos para la convivencia entre ciudadanos, quienes deben exigir transparencia institucional y fin de las prácticas oscuras que tanto daño le hacen a la sociedad.