La búsqueda de la verdad le obligó a pasar dos días en la cárcel de San Pedro, en La Paz. Carlos Quisberth trabajaba en el periódico paceño El Diario cuando explotó el caso del médico Jhiery Fernández, acusado de violar a un bebé sin pruebas y que luego de años en prisión se conoció que era inocente. El periodista pasaba días en la Fiscalía para obtener información, algo casi imposible.	En la labor periodística, acceder a datos en temas de corrupción, narcotráfico, malversación de fondos o contrabando parece cada vez más una labor utópica. Quisberth recuerda que cada día iba de un lugar a otro para conocer el fondo de la verdad. Él sabía que el médico acusado de violación era inocente, pero tenía que corroborarlo.	El poder manejado en la justicia lo obligó a buscar más fuentes, pero sin poder oficializar su versión. Dice que en casos complicados la investigación se determina en ‘reserva’, lo que obliga a que no publiquen o anuncien hallazgos periodísticos. Así, recalca que en casos de corrupción, narcotráfico o contrabando es difícil llegar a las fuentes para conocer una contraparte. “	El 8 de marzo de 2015 fui detenido porque supuestamente obstruía a la justicia y fui procesado y detenido en la cárcel de San Pedro sin la asistencia de un abogado. Estuve días retenido hasta que logré salir por la presión ciudadana y la de los gremios periodísticos, que protestaron frente a la injusticia”, rememora Quisberth, hoy trabajando en Página Siete. Los casos de corrupción salen a la luz a través de medios de comunicación. La prensa trabaja en versiones y luego procesa los datos. Pero acceder a la versión oficial es difí- cil, al final casi imposible. Lo mismo sucede en temas de narcotráfico, contrabando o malversación de recursos y bienes públicos. Marcelo Tedesqui es el editor de EL DEBER en La Paz.	Coincide en que es una tarea casi utópica llegar a una versión gubernamental en temas complicados que salpican la gestión pública. Detalla que la estrategia, en el caso del Gobierno central, es dilatar la respuesta con el objetivo de aplazar la publicación, algo que no sucede, ya que la noticia se publica argumentando que se buscó a la fuente y no respondió en determinado tiempo.	“En casos de corrupción es muy difícil llegar a la fuente oficial. Pasó varias veces y lo que se hace es dilatar la respuesta para intentar aplazar la publicación. Si bien se espera un tiempo, se hace conocer a la fuente la fecha de publicación y a veces así responden”, detalla Tedesqui.	Los obstáculos son infinitos para llegar a la información pública. El periodista Hans Franco, de la red Gigavisión, tocó puertas en la Asamblea Legislativa para tener una contraparte. No lo logró. El comunicador señala que se logró que un trabajador de la prensa limite la contraparte a simplemente la búsqueda de datos oficiales.	Pero ahora nuestra contraparte se limita a la búsqueda de la fuente y eso no es lo más adecuado en la labor periodística”, detalla Franco. El relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, aboga por un periodismo independiente y leyes de transparencia para combatir la corrupción en los estados.	El experto lanzó esa percepción durante el seminario internacional sobre el acceso a la información que se desarrolló en Montevideo, Uruguay, la pasada gestión. En el área de Economía sucede lo mismo, más aún cuando existen casos de malversación de fondos económicos. Fernando Rojas, del diario EL DEBER, ve a las fuentes oficiales de esa sección como inaccesibles cuando se intenta conseguir información delicada.	“En nuestra área, el Ministerio de Economía y Finanzas, el de Hidrocarburos, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Empresa de Telecomunicaciones (Entel) y desde que asumieron los ministros, tanto de Desarrollo Rural y Tierras como de Desarrollo Productivo, César Cocarico y Eugenio Rojas, respectivamente, nunca concedieron una entrevista a este medio pese a que se hicieron las gestiones correspondientes (...) La información se cierra en los temas (conflictivos) relacionados con políticas económicas y proyectos de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos”, afirma Rojas.	El diputado oficialista Víctor Borda considera que existen temas “delicados” y “reservados” que pueden dañar la imagen del Estado y que la información relacionada a esos aspectos no debería ser pública. Dice que pasó esa situación con la demanda marítima, que como estrategia fue cerrada para no dar a conocer aspectos a Chile. “Cuando se trata de asuntos de corrupción o narcotráfico la información debería ser pú- blica y de fácil acceso. En este Gobierno no se oculta a nadie y como ejemplo varios alcaldes del Movimiento Al Socialismo (MAS) están en la cárcel porque los medios de comunicación informaron de esos hechos. Acá no ocultaremos nada ni a nadie”, remarca Borda.	En Perú se descubrió la pasada gestión un hecho de corrupción que salpicó a autoridades de varios países latinos. El caso Lava Jato terminó con el poder de Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil y derrocó a Pedro Pablo Kuczynski en Perú. La periodista Milagros Salazar, del medio digital Convoca, explica que en su país se vive “un calvario” para llegar a la información relacionada a corrupción.	“No tuvimos éxito muchas veces. En una investigación de pesca ilegal a gran escala las autoridades negaron la información por considerar que los registros de desembarco por empresa estaban protegidos por el secreto estadístico, a pesar que se trataba de la explotación del principal recurso del mar peruano. Esto obligó a buscar otras fuentes que tenían acceso legal a la data, mientras llevábamos al Poder Judicial el reclamo legítimo de obtener esta información de interés pú- blico. Conseguir aquellos archivos fue lo más difícil. Hasta hoy, el Ministerio de la Producción no los entrega”, señala.