Según confirma Editorial Nuevo Amanecer, la aduana nicaragüense comenzó a bloquear el ingreso al país de las materias primas a partir del 6 de septiembre de 2018, “sin ninguna justificación legal o administrativa”, y el 8 de julio del mismo año permitió solamente la entrega del 20% del papel retenido y una parte de otros insumos.	“Estamos conscientes de la importancia de El Nuevo Diario como medio de comunicación clave en la cobertura periodística de varias etapas relevantes en la historia reciente de Nicaragua”, indicó el rotativo que a finales de julio pasó de tener formato de periódico estándar al de tabloide de solo ocho páginas para hacer frente a la crisis.	El pasado mes de marzo, el Gobierno nicaragüense ya se había comprometido a liberar una gran cantidad de papel, tinta y otras materias primas que pertenecen a los medios de comunicación independientes, gracias a un acuerdo alcanzado entre el presidente Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Todo esto, en el marco de las negociaciones para superar la crisis del país que fueron finalizadas por el mandatario de manera unilateral el 30 de julio.	La persecución gubernamental hacia los medios de comunicación en la nación centroamericana también ha llevado a la cancelación de varios programas de televisión y a la ocupación por parte de la Policía Nacional de las instalaciones de un canal local, así como al saboteo en la señal de al menos dos estaciones de radio.	Así mismo, el asedio y de los militares ha forzado a irse al exilio a por lo menos 90 periodistas, esto según publica la Fundación Violeta Barrio de Chamorro que desde abril de 2018 hasta agosto de 2019, registró uno 1.080 casos de violación de la libertad de prensa que incluyen desde agresiones hasta asesinatos, pasando por censura y amenazas.