Expulsados de sus países de origen por el flagelo de la desocupación, la inseguridad y la represión política; discriminados, maltratados y deportados de los países que eventualmente los reciben, millones de migrantes latinoamericanos enfrentan la ferocidad de una globalización que los excluye por el solo hecho de ser pobres. Venezolanos, mexicanos, centroamericanos, también bolivianos, tienen el mismo rostro a la hora de salir de sus países en busca de un mejor futuro para sus familias.	Más de 30.000 de estos son menores, muchos de los cuales deambulan solos, lo que lleva a que sean víctimas de abusos de todo tipo contra sus derechos fundamentales. Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado que los migrantes son víctimas de atropellos por parte de organizaciones delictivas y de policías que abusan de su poder contra un sector que es claramente vulnerable.	Con claros tintes discriminatorios, el presidente Donald Trump avanza en su política represiva hacia los migrantes latinos, a los que ha acusado de ser factores de inseguridad y tráfico de drogas, una generalización insostenible dado el creciente aporte social, cultural y económico de los millones de hispanos en la historia de Estados Unidos. Bajo amenazas de aplicar sanciones comerciales contra México, Washington impuso un acuerdo para que su vecino ponga en marcha duras medidas contra los migrantes centroamericanos, mientras impulsa la construcción de un inmenso muro en la frontera entre ambos países con ilusoria esperanza de que se pueda detener la corriente migratoria que se dirige hacia Estados Unidos.	Está claro que se requiere un debate global para dar con sus causas más profundas y, de hecho, demanda la puesta en marcha de políticas que rompan con las actuales desigualdades sociales y desequilibrios comerciales que llevan a millones de personas a tener que dejar sus hogares. Nadie quiere dejar su tierra, sino es por necesidad.