La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) ha puesto a casi todos los ciudadanos bajo sospecha al emitir la resolución administrativa 063/2019, que dispone una nueva normativa para las instituciones de intermediación financiera (bancos, cooperativas, fondos de inversión, etc.) de manera que “detecten riesgos de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y delitos precedentes”.	Se trata de 130 operaciones que estarán bajo la lupa de la Unidad de Investigaciones Financieras por considerarse sospechosas para esta entidad, que es dirigida por Teresa Morales. Por ejemplo, será indagada una persona que presente objeciones cuando, en la ventanilla de un banco, le pidan que justifique el dinero que tiene; también pondrán en la mira a quien pague anticipadamente sus créditos, sin sustentarlo previamente.	La Unidad de Investigaciones Financieras debe ser un organismo estrictamente técnico. En su página digital define su misión como de prevención, detección e implementación de medidas de control contra el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito. Sin duda, es un objetivo muy importante en la sociedad, pero penosamente ha tenido un sesgo político, que distorsiona el carácter esencial de ese rol para el país y la transparencia de las operaciones económicas a todo nivel, máxime cuando hay denuncias públicas hechas por un ex fiscal general del Estado de que hay sectores de la economía donde se está produciendo lavado de dinero.	En cambio, se ha hecho investigación de la fortuna de Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, Carlos Mesa y otros opositores al Gobierno de turno. Y a la vez hubo casos de funcionarios gubernamentales o personas que trabajaron para el Estado, como Rómer Gutiérrez Quezada, que fue detenido con 100 kilos de droga fuera del país, y que en Bolivia se desempeñaba con soltura como asesor de un concejal municipal, porque nadie lo ponía bajo sospecha. Similar situación se ha visto en Beni, donde una ex- funcionaria de la Gobernación y un exalcalde están acusados por tráfico de sustancias controladas, pero sobre ellos no hubo prevención ni detección de movimientos bancarios. ¿Dónde estaba la UIF en esos casos?	Es comprensible que la fiscalización a las cuentas de los ciudadanos y de las empresas deba estar adecuada a normas internacionales, que son cada día más estrictas, pero no se puede entender que ahora enfoquen la mira en el ciudadano común, poniéndolo bajo sospecha. Una práctica común de los ciudadanos es hacer prepagos o pagos adelantados en los créditos que contraen con el sistema bancario para evitar pagar mayores intereses. Ese hábito, por demás legítimo y en derecho, ahora será prácticamente penalizado porque quien lo haga será sospechoso y por tanto investigado. ¿Hace realmente falta hostigar de esa manera a las personas que contraen créditos y hacen lo imposible por cumplir con sus obligaciones bancarias adelantando incluso el pago de sus cuotas?	Las nuevas normas son de cumplimiento obligatorio para todos los funcionarios del sistema financiero, quienes también tienen que enviar todos los datos referidos a transacciones de los clientes. Tal situación no sería problemática si hubiera confianza en que esa información será utilizada de manera técnica y sin afanes políticos, pero genera incomodidad y hasta molestia cuando no solo porque hay muestras del uso que tuvieron cuando algún ciudadano incomoda al poder, sino también porque vulneran la privacidad de las personas.