La agonía es de todos, grandes empresarios y personas individuales que tributan por sus negocios o por el ejercicio de sus profesiones. De acuerdo con datos oficiales, los impuestos que pagan los bolivianos constituyen el 25% del Presupuesto General de la Nación, estamos hablando de 56.844 millones de bolivianos, cifra que año tras año es ascendente.	Uno de los factores que determina esa mala evaluación tiene que ver precisamente con el tema tributario, ya que en Bolivia se han contabilizado 42 impuestos diferentes, cuando la media en la región es de 27. Cada ciudadano debe invertir más de 1.000 horas anuales para cumplir sus obligaciones impositivas; es decir, tres veces más que en América Latina.	Ese es el contexto de un dato verdaderamente alarmante, el 62% de la economía boliviana es informal, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, lo que quiere decir que es ilegal (no paga impuestos ni cumple leyes laborales o económicas). Quizás Bolivia sea uno de los países donde más se trabaja ‘en negro’ (al margen de la ley). Las oficinas de Impuestos Nacionales no ayudan a cambiar esta realidad.	Quienes acuden a sus oficinas para actualizar información sobre la tributación no reciben información oportuna ni adecuada; es por eso -se quejan los ciudadanos entrevistados por EL DEBER- que les imponen cuantiosos pagos por declaraciones correspondientes a años pasados, porque no les dijeron a tiempo que hagan correcciones, sino que dejaron que se abulten las multas y los intereses.	En contrapartida, hay un sector informal que trabaja sin restricciones y menos fiscalizaciones. Comerciantes de línea blanca o negra, de ropa usada, de varios productos que ingresan de contrabando que terminan enriqueciendo a sus gestores, mientras se asfixia al que quiere ser legal, al que se esfuerza por tributar y aportar al país. Los contrastes no son comprensibles desde ningún punto de vista.	No en un país que debería estar apostando por fortalecer a la empresa privada para que sea generadora de empleo y de riqueza para ser redistribuida. En cambio, hay una nueva élite que vive a sus anchas, a costa de humildes trabajadores que aceptan cualquier salario con tal de tener un ingreso y que no aportan al erario nacional.	El sistema tributario nacional debe actualizarse, se debe democratizar el cobro de impuestos incorporando a nuevos actores y dando incentivos para que quienes trabajan en la informalidad se sientan motivados a legalizar sus negocios. No se puede castigar a quien quiere cumplir las normas. Favorecer la aparición de comunidades ilegales es una bomba de tiempo que tiende a disminuir los ingresos que necesita Bolivia; además, puede generar conflictos cuando algún Gobierno pretenda legalizar la economía