La movilización en defensa del voto emitido en el referéndum del 21 de febrero de 2016 se cumplió sin la contundencia que deseaban los dirigentes cívicos y los del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia. Hubo marchas en Sucre, Oruro, Potosí y en algunas regiones de Beni; hubo bloqueos y paros parciales en Tarija, La Paz y Cochabamba. En contrapartida, se movilizó la Policía para evitar cortes de ruta y en las instituciones públicas se trabajó con normalidad.	A estas alturas no es creíble la hipótesis de que la ciudadanía olvidó que su voto (que rechazó que Evo Morales y Álvaro García Linera vuelvan a ser candidatos en una nueva elección) fue ignorado y desechado por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral. Tampoco se puede afirmar que, de la noche a la mañana, la población volvió a confiar en los rectores del proceso eleccionario, tan cuestionados por sus últimas actuaciones. La protesta por ambos hechos se mantiene latente, pero ha sido mal manejada tanto por los líderes como por los partidos de la oposición.	Es indudable que el único departamento que demostró capacidad de movilización en los paros cívicos ha sido Santa Cruz; a pesar de las críticas a la organización y el argumento oficialista de que aquí se obliga al acatamiento, en tres ocasiones los cruceños mostraron que son capaces de protestar pacíficamente y hacer escuchar su voz, que ha sido la voz del país. La decisión de no cumplir la protesta de ayer afectó, sin duda, la convocatoria nacional.	Desde 2017, el Gobierno nacional hizo sentir el peso de su poder haciendo que los órganos judicial y electoral emitan fallos favorables al interés particular de un partido político, el MAS, que ahora avanza a paso firme rumbo a octubre. Los funcionarios del Gobierno utilizan recursos del Estado para hacer campaña y nadie dice nada, porque parece que la ley se cumple para todos, menos para ellos.	Las autoridades deliberadamente soslayan los verdaderos problemas y van tejiendo argumentos de una verdad paralela. Simultáneamente, lanzan amenazas señalando que no dejarán gobernar a nadie más, que serán tan duros en la oposición que no habrá fuerza capaz de imponerse sobre ellos. El elector entonces se debate entre el miedo y la seducción de un país que no existe, pero que le pintan con desarrollo e industrialización.	Ese es el contexto en el que la oposición cívica articula sus protestas, con el agravante de que no existe un liderazgo sólido y contundente, capaz de aglutinar y encarnar el descontento ciudadano. Los partidos políticos tienen su propia agenda alejada del sentimiento popular. No se sabe si juegan a ganar elecciones o a obtener algún pedazo de la torta legislativa para seguir siendo oposición minoritaria en la siguiente legislatura.	En esa línea, quizás a los verdaderos defensores del 21-F les toca patear el tablero y reinventar la forma de protestar; dejar los viejos métodos que (contundentes a veces y otras no) no logran cambios, porque el proceso sigue y los vocales continúan sin resolver actuaciones que generan dudas en la ciudadanía.