Este proceso se refiere a tres activos estatales que fueron transferidos a fines de los años 90 a manos del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada: las fundiciones de estaño y antimonio de Vinto y el centro minero de Colquiri. Según un comunicado, el procurador Pablo Menacho reivindicó los derechos de los trabajadores mineros, tanto asalariados como cooperativistas, que fueron vulnerados por la empresa boliviana Comsur, luego denominada Sinchi Wayra. /MAM.