Hay un punto de inflexión muy marcado en la política y, particularmente, en el nivel de apoyo al Gobierno más largo de la historia. Ese es el momento posterior al referéndum del 21 de febrero de 2016, que sometió a consideración del electorado si se debía o no modificar el artículo de la Constitución que pone un candado a una posible habilitación del presidente o de otras autoridades para una segunda reelección consecutiva. Solo si se cambiaba ese artículo, por autorización del voto soberano, se habría levantado ese veto constitucional. Como un 51,3% del electorado lo rechazó, el intento de la habilitación de Evo Morales y de Alvaro García Linera quedó anulado por la vía más legítima, que es el sufragio.	Como no se dio por vencido, el Gobierno anunció al día siguiente de conocerse los resultados del 21-F que habría un “segundo tiempo”. Es decir, que insistiría con la habilitación por otras vías que no son tan legítimas como el voto popular. Fue así que, en noviembre de 2017, los magistrados de un cuestionado Tribunal Constitucional fallaron a favor de la habilitación del binomio, amparándose en un polémico artículo del Pacto de San José sobre derechos políticos de los gobernantes. Un año después, en diciembre de 2018, los vocales del Tribunal Electoral sellaron la decisión judicial.	Las consecuencias de estas dos determinaciones son delicadas, ya que el valor del voto de millones de ciudadanos resulta haber pesado nada respecto a la posición de cinco o diez personas que han habilitado para otra reelección al presidente y al vicepresidente. Aunque Evo Morales y García Linera postulen y ganen las elecciones de octubre, estarán seguidos en el futuro por el incesante cuestionamiento a su falta de legitimidad como gobernantes. Es más, si desestimaron el voto del referéndum nada garantiza que acaten el dictamen de las urnas, más aún si les es desfavorable. La duda ya está instalada por lo ocurrido después del 21-F, al que los gobernantes pretenden enterrar.	El mayor daño de este incumplimiento del mandato popular es a la democracia y a la confianza en el Gobierno. Luego vienen otros costos políticos. Por ejemplo, desde entonces Evo Morales dejó de tener los niveles de aprobación que le daban antes las encuestas y tampoco pudo ser contundente en actos electorales, como los comicios judiciales y las primarias. Los más de 400.000 votos de sus militantes no son comparables con los 2.682.517 que votaron por el No.	También hay un enorme costo social y económico, considerando que después del referéndum se cumplieron tres paros cívicos, una huelga nacional y prolongados bloqueos. Pero el efecto más relevante es el cambio del humor social. Después del 21-F la población perdió el miedo a movilizarse y a reclamar sus derechos, lo que seguro se volverá a repetir en la jornada de hoy. Entre tanto, las elecciones de octubre posiblemente confirmarán la decadencia del respaldo al Gobierno más largo de la historia.