El Ministerio Público de Santa Cruz recibió las dos primeras denuncias por presuntos delitos electorales. Por un lado, el alcalde de San Miguel de Velasco, Óscar Dorado, inició un proceso en contra de los responsables del traslado de personas de otros municipios para que se inscribieran para votar en San Miguel. Por otro, una dirigente indígena acusó a los trabajadores municipales de impedir la inscripción de electores. La Fiscalía tiene tres días para admitir o rechazar el caso.	El proceso comenzó el lunes 24 de junio. Ese día la gran cacique de San Miguel de Velasco, Aida Gil, acudió a la oficina del Servicio de Registro Cívico (Sereci) de la capital cruceña para sentar una denuncia en contra de funcionarios de su municipio por la comisión de los presuntos delitos de obstaculización de procesos electorales, previsto en el artículo 238, inc. h) de la Ley de Régimen Electoral.	“El motivo de la presente es para denunciar las irregularidades en las que incurren funcionarios municipales que están coartando el derecho a los hermanos de las comunidades indígenas y campesinas de inscribirse en el padrón electoral, ellos quieren cambiar de residencia para las elecciones generales”, dice la denuncia sentada por Gil.	Dos días después, el alcalde de San Miguel de Velasco, Óscar Dorado, se presentó ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz para presentar una acusación en contra del autor o los autores por traslado fraudulento de personas para que se inscriban en el padrón de votantes. No pronunció nombres.