El embajador de Perú en La Paz, Benjamín Chimoy, afirmó ayer que mientras en Lima se resuelva un pedido de refugio, las autoridades peruanas protegerán a los abogados Wálter Zuleta y Williams Sánchez Peña, exdefensores de Gabriela Zapata. De esta forma respondió a la solicitud del Gobierno boliviano, que exigió reciprocidad por la extradición, en 2015, del empresario Martín Belaúnde.	Ante esa respuesta, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que su responsabilidad será poner al tanto del caso al nuevo ministro del Interior de Perú. “A la anterior autoridad le expusimos los antecedentes e hicimos llegar el informe de Migración, que acredita que Zuleta y Sánchez Peña abandonaron el país de forma ilegal”.	Asimismo, Romero mencionó que existe una polémica sobre el tipo y la categoría de alerta que emitió la Interpol tras la salida de los dos juristas. “Se activó la alerta roja cuando verificamos su presencia en Lima, ya portaba credencial de personas que tenían en curso el trámite de refugio, entonces en ese momento tramitamos para que se cambie a alerta azul, con la que el Estado en el que se encuentran puede expulsarlos en frontera, esta coordinación la hacen los abogados para permitir el retorno de las personas”, explicó la autoridad.	Desde La Paz, la defensa de Sánchez Peña hizo conocer un pronunciamiento que señala que el hecho de que el ministro Romero, el fiscal general y Paco emitan declaraciones sobre el tema y la denuncia de que Doria Medina hace gestiones demuestra que se trata de un tema político, lo que hace viable la concesión del refugio en Perú	Tras ser admitida la solicitud, corre un plazo de 60 días hábiles para que se dé una respuesta. El artículo 16 señala que si hay dudas, la comisión debe dar el beneficio de la duda, es decir, declarar procedente el pedido, y si se la rechaza, el artículo 17 establece el derecho a apelar del solicitante y que se reconsidere su caso.