Por ahora es un clan sin una cabeza visible, pero aún siguen operando. Son 16 policías y dos exuniformados quienes se hicieron cargo de coordinar con contrabandistas el ingreso de mercadería ilegal por la frontera entre Oruro y Chile. Los tentáculos se expanden a efectivos de bajo rango, aquellos que son obligados a pagar dinero para ser destinados a puestos de control clave.	El tráfico de productos ilícitos sigue vigente y la red de policías se da modos para ayudar a los clanes familiares a ingresar al país la carga, según un informe de Inteligencia al que accedió EL DEBER. La Fiscalía confirma que hay uniformados que antes pertenecían al clan del excoronel Romel Raña, ahora detenido por contrabando y venta de destinos, que siguen operando en el límite transnacional y en puntos de vigilancia. La Policía pide seguir investigando estos casos. El documento indica que la travesía empieza en la frontera.	Las mafias de contrabandistas se dan modos para meter camiones llenos de mercadería ilegal que llegan al límite desde la ciudad de Iquique. Utilizan vías ilegales para ingresar al país, pero también pasan por localidades donde los comunarios son parte del negocio. Luego van por las carreteras del occidente sin ningún tipo de problemas debido al aval de policías, que sigue vigente. En cada puesto de control se puede “ganar” hasta $us 400.000 al año. Y en Oruro hay varios puntos hasta llegar a La Paz.	El informe de Inteligencia enumera a los oficiales que siguen operando con el contrabando en Oruro. La lista tiene un coronel, seis mayores, cinco capitanes y cuatro tenientes. Estos uniformados operan con dos expolicías de bajo rango (una mujer), quienes son el nexo con las bandas de contrabandistas. Además, hay 86 policías de bajo rango que son parte del negocio desde las trancas de control.	Este medio no publica los nombres porque los uniformados están sometidos a un proceso de investigación, pero se señala que todos fueron parte del clan del ahora preso ex coronal Raña. Según el documento, una mayoría de los policías fueron removidos de sus cargos, pero aún trabajan en el departamento de Oruro.	Según el fiscal de distrito de Oruro, Orlando Zapata, existen dos policías imputados y otros tantos serán convocados a declarar en las siguientes semanas. La autoridad fiscal confirma que esta red policial sigue vinculada al contrabando y que un 90% de los uniformados cumple su destino en la región orureña. La mayoría de los efectivos trabajaban en unidades de provincia y puntos como Challapata, Sabaya o Poopó, zonas rojas por el contrabando y el narcotráfico. “Este es un caso muy delicado.	Tenemos que tener precisión y objetividad para establecer el grado de participación de algún funcionario policial y, bajo los antecedentes, hemos logrado sacar dos imputaciones, una para un mayor de Policía y otra para otro un suboficial. El Órgano Judicial fijará día y hora de su audiencia de medidas cautelares. En el mismo caso, los próximos días saldrán imputaciones contra más gente que se encuentra involucrada en estos actos de corrupción”, remarca Zapata	La autoridad fiscal detalla que se logró establecer el grado de participación que tuvieron los imputados y los otros funcionarios policiales que serán incluidos en el caso. “Máximo en dos semanas sacaremos imputación con relación a más oficiales que trabajaron con el coronel Raña. Debemos mantener en reserva la identidad de estos policías y de un 90% que aún trabaja en de Oruro”, acota.	El nuevo comandante de la Policía departamental de Oruro, coronel José Pizarro, se limita a declarar que este caso está en manos del Ministerio Público y que la fuerza policial contribuirá en la investigación. “Este es un caso que está en plena investigación y hay ya un detenido”, indica el jefe policial. Mientras, el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez, empuja para que la investigación dé con las personas que siguen vinculadas con el contrabando.	La autoridad pone como ejemplo un último caso en el que la Policía no coopera en la lucha contra este ilícito. Rodríguez relata que en la madrugada del pasado domingo un grupo de contrabandistas emboscó en la ciudad de El Alto a un contingente militar que escoltaba un camión con mercadería ilegal que fue detenido en la frontera con Chile. Por efecto del incidente el camión protagonizó un choque en el cual intervinieron agentes policiales, quienes en lugar de ayudar a la captura de los promotores del ilícito arrestaron a los militares.	“Lo que deberían hacer ellos (los policías) es ayudar a las Fuerzas Armadas y detener a los que nos emboscaron y al due- ño de la mercadería ilegal, pero no han actuado así y han ido en nuestra contra para retener a los militares. Estamos preparando la queja sobre la forma en que actuaron”, denuncia Rodríguez.	El informe destaca que los policías siguen operando con estrategias conocidas, como el intercambio de números Pin. El texto detalla que cada camión continúa pagando por obtener el código y llegar a su meta. Esa señal debe ser entregada en cada puesto de control e incluso Tránsito ingresa al negocio ilí- cito. Un contrabandista puede pagar hasta 2.000 dólares por el código y otros montos dispersos en los peajes. Raña fue comandante de la Policía en Oruro y ahora está detenido en el penal de San Pedro de La Paz.	“Pedimos que se arme una comisión legislativa para que investigue estos hechos, para que ellos puedan ver que esta patraña que ha sido organizada por el actual Comando General, con apoyo del Comando General del año pasado”, detalla Morón. El documento revela las fotografías de los contrabandistas y de los efectivos involucrados, además de dar información sobre ellos y sus movimientos en Oruro. El informe pone al municipio de Sabaya como uno de los focos más peligrosos, ya que sus comunarios ayudan a que los camiones pasen con contrabando. Esa población es el inicio de la carrera ilegal, que puede acabar en Santa Cruz. Sin embargo, ven a Oruro como el centro de operaciones.