El relato político electoral oficialista es que solo el gobierno puede mantener la estabilidad económica, y tanto el crecimiento del producto como las mejoras sociales. Para el discurso del poder, cualquier propuesta de política pública alternativa es una vuelta al pasado neoliberal. Es el retorno a la inestabilidad, incertidumbre y la recesión económica.	La estrategia propagandística del oficialismo es mantener viva la amenaza del retorno de la víbora neoliberal de esa manera el antídoto, que son ellos, se revaloriza eternamente. En este contexto, se presenta al modelo económico del proceso de cambio como la única alternativa, sino que se delimita los temas y alcances del debate, que, por supuesto, la discusión tiene un carácter dicotómico: pasado vs futuro, estatismo vs privatización, bonos vs eliminación de estos beneficios, devaluación vs no devaluación, o de una manera más genérica: neoliberalismo hambreador vs populismo iluminado.	Plantear los problemas de manera polarizada y tajante anula la posibilidad de los matices o de terceras opciones o posibilidades de complementariedad de políticas públicas. Así mismo se anula completamente los aspectos aspiracionales de la población, se suprime cualquier horizonte de futuro o de nuevos sueños porque, según el gobierno, la historia ha terminado. Además, esta estrategia de congelar las ideas confunde medios o instrumentos de políticas públicas con fines u objetivos de desarrollo. Veamos algunos ejemplos.	Devaluar o no devaluar la moneda nacional de ser un instrumento que busca competitividad del aparato productivo o ayuda a la estabilidad financiera, por ejemplo, se convierte en un objetivo en sí mismo del desarrollo y el único camino a seguir. El instrumento se convierte en meta. La experiencia internacional muestra que la competitividad de la industria nacional depende no solamente del precio del dólar sino de varias otras variables como: acceso al crédito, la búsqueda de mercados, la innovación tecnológica, el precio de la energía y otros. El tipo de cambio es solamente un instrumento para alcanzar objetivos no siendo el único. Por lo tanto el debate debe ser sobre política industrial y no sobre la modificación de una variable como el tipo de cambio, que, dígase de paso, en las circunstancias actuales no tendría ningún efecto tocarla.	En la misma dirección de confundir medios con fines, está el tema de propiedad pública vs privada. Cabe recordar que el objetivo que tienen las empresas, independientemente de su tipo de propiedad, es generar valor económico y social para la sociedad. Son las firmas, de diferente tamaño, las que generan riqueza, bienestar. Atribuir al cambio de propiedad (estatizar vs privatizar) condiciones inmanentes para un desempeño positivo o desastroso de una empresa muestra desconocimiento que el Estado o sector privado son construcciones institucionales complejas.	De una manera más conceptual, lo público o privado, para que funcionen, dependen de reglas de juego formales (legislación) e informales (usos y costumbres), de arreglos institucionales. Desde una perspectiva macro, para un mejor funcionamiento de una empresa privada o pública se requiere garantizar derechos de propiedad públicos, privados, colectivos, y hacer cumplir los contratos; es decir, un poder judicial eficiente e independiente.	También son fundamentales las instituciones públicas reguladoras de las empresas con poder de mercado, ya sean estas estatales o privadas. Desde una perspectiva más microeconómica, las empresas, independientemente de su propiedad, requieren de: liderazgos constructivos, eficiencia administrativa, gobiernos internos (gobiernos corporativos) transparentes y competentes, gerencias profesionales, sistemas de innovación estratégica, mecanismos de control vía mercado o Estado. Por lo tanto, el objetivo en una políticas de desarrollo no es solo la propiedad de una empresa y sino crear las condiciones mencionadas para que las compañías generen valor económico y social.	Otro ejemplo de trampa política que también confunde instrumentos con objetivos es el falso dilema de pagar o suspender el segundo aguinaldo o los bonos. El objetivo estructural del desarrollo es generar riqueza con responsabilidad social y medioambiental, y promover el empleo digno y sostenible. Lo anterior tiene que ver con la innovación tecnológica, la productividad y competitividad de los factores de producción de la empresa, incluyendo el trabajo. Por lo tanto, las políticas de desarrollo productivo deben estar centradas en crear las condiciones y las políticas para alcanzar las metas señaladas. Una forma de lograrlo puede ser mejorando la participación de los ingresos de los trabajadores o repartiendo bonos para grupos vulnerables, y así crear demanda agregada, pero estas transferencias son los medios o instrumentos no los fines en sí mismo, como es planteado en la actualidad. Por ejemplo, los bonos, como el Juancito Pinto, deben mantenerse pero se deben conectar a sistemas que aumenten la productividad, fomenten el emprendimiento entre jóvenes y produzcan cambios cualitativos en el capital humano.	De manera más general, las elecciones de octubre no pueden ser colocadas como un plebiscito de aprobación o desaprobación de ciertos instrumentos de la política que económica actual o del modelo económico vigente en la actualidad. Tanto objetivos e instrumentos del desarrollo deben ser replanteados. Todo elección es un momento de innovación colectiva, es una oportunidad de abrir horizontes de esperanza y buscar objetivos diferentes y alcanzar nuevos sueños.