Esa es la visión de los analistas políticos Carlos Ramírez, Luis Andia y José Luis Santistevan, quienes advierten de que esa batalla será un largo camino que recorrerá la autonomía para que la población sienta la puesta en vigencia de ese modelo de descentralización. En criterio del politólogo Ramírez, las consultas en las que participarán hoy más de 3,8 millones de electores en Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Potosí y Oruro, además de otros cinco municipios del país, solo servirán para registrarlas en la historia de Bolivia y para mantenerlas en la agenda de la política nacional.	José Luis Santistevan, constitucionalista y asambleísta cruceño por Demócratas, observa una “cierta desesperación en el Gobierno central”?para imponer su modelo autonómico que centraliza las competencias y los recursos. “El único avance que tendrá esa región será el autogobierno, la implementación de la figura del vicegobernador y la elección por voto popular de los subgobernadores”, afirmó el legislador y recordó que ese mismo procedimiento lo realizaron Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, en 2008, cuando llevaron a referéndums sus estatutos. Después de siete años, solo Pando terminó la adecuación de su texto.	Luis Andia, politólogo cruceño, tiene otra visión. Resaltó la importancia de los referéndums y opinó que ese proceso es el inicio de un camino largo que debe recorrer la autonomía, no solo en los departamentos para la puesta en vigencia de sus estatutos, sino también en los municipios de Huanuni, Tacopaya y Cocapata, que decidirán sobre sus cartas orgánicas, y Totora Marka y Charagua, sobre la autonomía indígena.	Los estatutos autonómicos son observados por sectores cívicos y políticos que objetan la falta de participación ciudadana durante la elaboración, la subordinación al poder central para aprobar el presupuesto departamental, la exclusión de la elección de autoridades provinciales y que no menciona la iniciativa ciudadana para hacer viable una reforma del estatuto.	En el caso de Oruro, el ex diputado disidente del MAS Ever Moya dijo que el documento no contempla la distribución de los fondos económicos en el pacto fiscal tal como lo establece la Ley marco de Autonomía, no especifica el modelo de desarrollo para esa región, no garantiza la vocación minera y comercial y tampoco estimula a la industria