La jueza Melina Lima, que llevó adelante la audiencia cautelar por el caso Odebrecht-Lava Jato en contra de los empresarios Humberto Landívar Pereira y Roberto Saavedra Rengifo, fue alertada por los abogados de la defensa que el informe presentado por la comisión mixta de la Asamblea Legislativa, que investigó el caso Lava Jato-Camargo Correa, era ilegal. Además, denunciaron que la Fiscalía imputó a sus clientes sobre la base del reporte del legislativo, sin haber realizado ningún otro acto investigativo que incrimine a los dos empresarios que ahora están presos en Palmasola.	“Los informes en los que se ha basado la Asamblea Legislativa no son válidos en Brasil porque las investigaciones fueron irregulares; en consecuencia, estas publicaciones de prensa están diciendo que las pruebas en las que se habría basado la Asamblea, que nunca han sido puestas en nuestro conocimiento, al parecer están cuestionadas”, refirió la abogada Audalia Zurita durante la audiencia.	Por su parte, el abogado Ernesto Vásquez, que en esa misma audiencia planteó un incidente ante la juez, refirió que la Fiscalía no realizó ningún acto investigativo y que solo basó su acusación en el informe que la Asamblea Legislativa remitió al Ministerio Público. También reclamó por qué los fiscales no realizaron ninguna investigación y abrieron una causa apenas con un indicio discutible.	La Cámara de Diputados envió a la abogada Yadira Cardozo como su apoderada y la misma descalificó las observaciones que realizaron los abogados defensores en el incidente que plantearon. Afirmó que los indicios de culpabilidad eran claros y que no ameritaba mayor trámite. En ningún momento se refirió a la validez del documento emitido en Brasil sobre Lava Jato.	El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), admitió que el documento de la Asamblea no fue referencial sino un indicio sobre el que basaron la investigación. Dijo que los investigados deberían procurar demostrar su inocencia y no debatir sobre los indicios que se presentaron con el informe de ‘Castillo de Arena’ que fue declarado ilegal en Brasil en 2015.