Pese a no tener el éxito esperado, el Gobierno insiste en llevar adelante proyectos de los sectores hidrocarburífero, tecnológico y agroindustrial. En esta lista está la exploración en busca de petróleo y gas en el norte de La Paz, el desarrollo agroindustrial en esa misma zona: con la ampliación de una línea de crédito para el ingenio San Buenaventura y por último, los reiterados esfuerzos por mantener a flote a Quipus, la que tenía el plan de convertirse en una de las mejores empresas tecnológicas de América Latina. En estos tres proyectos el Gobierno ya ha invertido $us 853,7 millones, según cifras oficiales.	La insistencia por desarrollar estos proyectos, según economistas y expertos, consultados por EL DEBER, se debe a un solo factor: la cercanía de las elecciones generales. La mirada crítica de los consultados sostiene que, al correr la cuenta regresiva para la justa electoral, que se realizará el 30 de octubre, el Ejecutivo necesita mostrar que el país marcha por un buen rumbo económico. De su lado, desde el poder central rechazaron las aseveraciones.	Pese a los resultados negativos obtenidos con la perforación de Lliquimuni, en la que se invirtieron $us 530 millones, que incluyeron obras de acceso a la zona donde se ejecutó el proyecto, el Ejecutivo, sigue con la firme idea de transformar a La Paz en un departamento productor de hidrocarburos. De hecho, recientemente lanzó el proyecto Mayaya.	El especialista, asegura que el anuncio tiene mucho tinte político que busca mostrar que la empresa es exitosa -pese a que tiene números negativos en sus finanzas- y esperan subir en las encuestas. “Quieren salvar a una empresa (Quipus) herida de muerte con una aspirina, dicen que tendrán ingresos por Bs 12 millones cuando no pueden pagar sueldos”, dijo.	Pero el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Lino Cárdenas, y parlamentario del partido de Gobierno, rechazó las críticas a los proyectos estatales. En defensa de Quipus, el diputado explicó que la empresa no tiene fin comercial si no social. Hizo notar, que los proyectos se realizan por un mandato constitucional, que otorga al Poder Ejecutivo un rol protagónico en el devenir económico del país.	Para el parlamentario, bajo ninguna lógica se puede afirmar que los empresas o iniciativas estatales, son de carácter demagógico y que se llevan adelante en función al calendario electoral. “Las inversiones se vienen realizando desde que el presidente asumió por primera vez y seguirán cuando termine su gestión en 2020”, dijo.	Otro proyecto cuestionado es el del ingenio azucarero de San Buenaventura. Recientemente el Banco Central de Bolivia (BCB) aprobó un crédito de Bs 34 millones para que esa industria construya una planta deshidratadora para la producción de alcohol anhidro en el norte de La Paz. El ingenio le costó al Estado $us 263 millones.	El economista Germán Molina señaló que más allá del tinte político con el que se usan los proyectos, hay que entender que todas las inversiones hechas por el Gobierno son parte del plan económico gubernamental, que se centra en que el Estado sea el principal actor de la economía. Pero alertó que esta política se centra en ampliación de deuda, tanto interna como externa.	En base al PGE reformulado, la Inversión pública se incrementará de $us 6.510 millones programado para la presente gestión a $us 6.571 millones. Según el Ministerio de Economía, el 40% de la inversión pública se destinará al sector productivo, tanto al sector agropecuario, como a hidrocarburos, minería, energía, industria y turismo.	Recientemente Yacimientos firmó varios acuerdos entre contratos e intenciones de negocio. Destacan la firma de convenio de intenciones para la venta de un total de 60.000 toneladas de urea a empresas paraguayas. Y un negocio concreto fue un contrato para la venta de 2,2 millones de metros cúbicos día (MMm3/d) a la empresa rusa Acron por 20 años a partir de 2023, para el funcionamiento del complejo de fertilizantes Tres Lagunas, que se constituiría en el tercer destino de exportación, después de Brasil y Argentina.