El lunes, TPA, la consesionaria privada que administra el puerto de Chile, conminó a la ASP-B (agente intermediario de los servicios portuarios a la carga boliviana) a consensuar una ‘normalización’ tarifaria y la aplicación de su manual de servicios, por el trabajo que presta a la carga de importación boliviana. Le dio una semana de plazo, hasta el 5 de agosto, para buscar acuerdos, con la advertencia de aplicar las tarifas máximas.	“Revisada parcialmente esa posibilidad de aplicar un manual, se hace referencia a un incremento tarifario de más de un 240% para los servicios a la carga boliviana. Esta situación no la conocemos oficialmente; por lo tanto, no la compartimos, porque el trabajo en puerto debe ser coordinado entre EPA (Empresa Portuaria d Arica, entidad estatal) y ASP-B cualquier decisión, para evitar conflictos”, manifestó el gerente de ASP-B, David Sánchez.	Consideró que si se aplica este nuevo manual de servicios con los incrementos tarifarios “el problema puede influir en los despachos en puerto, retrasos, conflictos sobre todo para el transporte boliviano”. Además, señala que con la aplicación del manual, se vulnera flagrantemente el tratado firmado entre ambos países en 1904, que garantizaba la presencia de un agente aduanero (ASP-B). El manual estaría desconociendo a ese agente.	“Por el anuncio que han manifestado con elevar las tarifas, como transportistas nos preocupa que la operativa esté afectada. Nos alarma porque andamos condicionados en cuanto a la operación en las faenas de carguío y descarguío. Venimos tropezando con esto, desde hace mucho tiempo. Este tema tiene que ser solucionado a través de los Estados. Se tiene que conversar para tratar el manejo portuario”, manifestó.