Desde las primeras horas de la mañana de este viernes 1 de noviembre el Instituto Nacional Reforma Agraria (INRA) Santa Cruz está tomada. Los indígenas de la Chiquitanía que protagonizaron la X Marcha y los movimientos ciudadanos, ambientalistas,  realizaron una toma, considerada de ‘pacífica’.Los motivos expuestos son; apoyo al movimiento cívico y ciudadano del país  que pide la renuncia del actual presidente Evo Morales y el pedido de nuevas elecciones sin “Evo ni Mesa”;  por otro lado, por las denuncias de que se habrían reactivados nuevos focos de calor en el municipio de Roboré, sobre todo en la zona del valle de Tucabaca.  Por su parte, los indígenas encabezan la toma, en demanda de que el gobierno de respuesta a la exigencia de una nueva política de redistribución y dotación de tierras en toda la Amazonía, Chiquitanía y Chaco, donde actualmente las tierras fiscales y áreas protegidas están siendo flagrantemente avasalladas por colonizadores, por empresarios extranjeros y por la expansión del agronegocio de los grandes terratenientes de Santa Cruz.Joaquín Orellana, presidente de la X Marcha Indígena, explicó que los funcionarios del INRA primero que no acataron el paro cívico y de paso siguen trabajando emitiendo resoluciones de dotación de tierra de manera ilegal y de avasallamiento sin consultar a los pueblos indígenas. “Mas allá que ha habido un decreto y una Ley. Los funcionarios han procedido a hacer las resoluciones de dotación en contra de su pueblo. Lo que realmente no han respetado el paro y lo que es peor, por encima de nuestros derechos están dotando tierras a gente foránea, colonizadores e incluso a empresarios del agronegocio”, precisó.  En tanto los ambientalistas, en contacto con El Día,  pidieron evitar dar su nombre por las represalias y amenazas de persecución política al que están expuestos con el  actual gobierno. Sin embargo, exteriorizaron que la toma pacífica del INRA, tiene el objetivo de cerrar la atención de dicha repartición gubernamental y exigir que pare con sus acciones contrarias a los pueblos indígenas y los impactos ambientales que provocan las dotaciones ilegales de tierra.