El sofisticado mecanismo delictivo que durante una década funcionó dentro de la emblemática Petrobras comenzará a revelar su trama política con el pedido de investigaciones que realizó el fiscal general de Brasil a la Corte Suprema, órgano que autorizó a indagar a 49 funcionarios públicos involucrados en la maniobra que causó daño por más de $us 4.000 millones entre 2004 y 2014.	Entender cómo se desviaron miles de millones de dólares mediante la manipulación de licitaciones, e identificar a los responsables en una larga lista de encumbrados empresarios, directivos de la estatal y políticos es un largo camino que la Procuraduría empezó a desandar a partir de las confesiones de algunos implicados a cambio de reducciones en sus condenas.	La Fiscalía General pidió un resarcimiento de más de 1.500 millones de dólares por enriquecimiento ilícito de varias compañías, que contempla indemnización por daños a la petrolera, además de una reparación económica al Estado y multas. Las empresas presentaban presupuestos sobredimensionados para ganar las licitaciones en las obras de la petrolera Petrobras