Recibió en el camino un fuerte respaldo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los gobernadores, los alcaldes y un electorado que respaldó su decisión de descabezar al Parlamento controlado por el fujimorismo. La Secretaría General de la OEA demandó que el Tribunal Constitucional de Perú (TCP) se pronuncie respecto de la decisión del mandatario de desactivar el Poder Ejecutivo.	En horas de la noche, a través de una carta difundida en su cuenta de Twitter, Araóz se dirigió al titular del disuelto Parlamento, Pedro Olaechea, para informarle sobre su renuncia irrevocable al cargo de segunda vicepresidenta de la República y a su flamante cargo de presidenta debido a que “se ha roto el orden constitucional” en el país.	Por su parte el abogado Ángel Sotomayor, de 60 años, manifestó también su acuerdo con la medida de Vizcarra, al considerar que el Congreso estaba “dominado por un grupo político que su jefa está en la cárcel” por el escándalo de la brasileña Odebrecht, en referencia a Keiko Fujimori, quien se halla en prisión preventiva.	Así lo anunció el legislador del izquierdista Frente Amplio Marco Arana en los exteriores de la Fiscalía, a la que llegó a pie y acompañado por su colega Wilbert Rozas, para presentar la denuncia que también se extendió contra el presidente del Congreso, Pedro Olaechea y la diputada Milagros Salazar por las acciones que tomaron el lunes para enfrentar “ilegalmente” la disolución de la Cámara.	“Aráoz no debió conspirar como lo hizo durante todas estas semanas contra el propio presidente de la República”, criticó Arana, quien tras la disolución del Congreso continuará en su labor como miembro de la comisión permanente, que es conformada por 29 legisladores y que no puede ser disuelta, según establece la Constitución.