Es cierto que la misma normativa que rige la elaboración y difusión de encuestas es por sí misma criminalizadora de esos instrumentos de medición de la opinión y las preferencias, como son los estudios de opinión o encuestas, tanto para las empresas que las hagan como para los medios que las difundan.	No obstante, no deja de sorprender la más reciente decisión del Órgano Electoral, que el jueves reciente impidió la difusión de la encuesta de intención de voto, realizada con una muestra de más de 14.000 casos (las encuestas de empresas especializadas en esta materia suelen utilizar entre 2.000 a 3.000 casos).	El argumento del OEP fue que la encuesta no cumplía el artículo 135 de la Ley de Régimen Electoral referido al financiamiento del estudio, además señaló un presunto error en la muestra y el incumplimiento del número de entrevistas realizada (se programó 14.472 entrevistas y se hicieron 14.238). En el medio, está el no poco relevante dato de que la encuesta mostraba una disminución de la ventaja porcentual entre los candidatos Evo Morales y Carlos Mesa en comparación con encuestas anteriores.	Al margen de las explicaciones que los responsables de la encuesta hicieron llegar al OEP, lo que se produjo en los hechos fue una censura previa que sembró más dudas acerca de la imparcialidad del OEP. Llama la atención la celeridad con que los vocales actuaron en este caso, frente a casos anteriores en los que esos miembros parecían no tener demasiada prisa en atender demandas.	Las críticas coinciden en que cuando se trata de favorecer al partido en función de Gobierno, el OEP actúa de una manera. Y recuerdan que, en diciembre de 2018, el Ministerio de Comunicación difundió en diarios nacionales una encuesta de intención de voto que perfilaba a Evo Morales en primer lugar de la preferencia. El artículo 136 de la Ley del Régimen Electoral sanciona con la cancelación de la personería jurídica a la organización política que difunda resultados de encuestas electorales. El OEP se declaró en esa ocasión incompetente para actuar en el caso y no pasó nada.	Asimismo, durante la última semana de agosto, una organización no autorizada por el Tribunal Electoral para realizar encuestas, hizo un estudio y lo divulgó sin mayores inconvenientes. Curiosamente, esa encuesta le daba a Evo Morales una distancia muy grande respecto del segundo mejor ubicado. En este caso, el OEP tampoco se pronunció ni impidió la difusión de tal encuesta.