En los 13 últimos años de gobierno en Bolivia se ha impuesto a pasos calculados un capitalismo de Estado, habiéndose creado más de 37 empresas estatales, las cuales en muchos rubros disputan el mercado deslealmente con la iniciativa privada; no se rigen por las reglas de la oferta y la demanda, sino que operan con la influencia del poder gubernamental. Este tipo de estatales están subsidiadas desde su capital de arranque hasta el pago de salarios; en su mayoría no están reguladas por la Ley General del Trabajo.	No obstante, a esa política desfavorable a los privados, ha sucedido un fenómeno importante: el gobierno no ha podido controlar todo el desarrollo de Santa Cruz; y esto, debido a un factor fundamental, entre otros, y es que en la región cruceña se ha impuesto la libertad de empresa que se desenvuelve dentro la libre oferta y demanda, y con una tendencia a solucionar sus propios problemas y demandas, así como la búsqueda de mercados internacionales.	El Estado es un mal administrador, veamos algunos índices que nos hablan por sí mismos: Las pérdidas acumuladas 2013-2016 de ENDE fueron de Bs 8.700 millones; YPFB, Bs 2.777 millones; Comibol, Bs. 1.417 millones (Fuente: FMI 2017). La estrepitosa caída de competitividad de Bolivia pasó del puesto 58 en 2001 al 117 en 2016 (Fuente: GCIR). El debilitamiento de la Libertad Económica en Bolivia, de mayor libertad que estaba en el lugar 66 en 2001, cayó a 44 en 2017 (Fuente: Heritage Foundation).	Tres catalizadores para el desarrollo. Santa Cruz ha logrado un crecimiento equilibrado desde el sector primario al terciario, como también la complementación de la agricultura con la industria, el comercio y los servicios. En este contexto, tiene tres catalizadores importantes que atraen, conforman y agrupan fuerzas en el desarrollo estratégico con efectos multiplicadores sobre la economía de la región, a los cuales los denominamos clusters (empresas de un mismo sector industrial, que trabajan interrelacionadas y colaboran estratégicamente), que son: la construcción, sectores azucarero y soyero.	En los últimos años, la construcción ha sido alentada por una inusitada migración hacia Santa Cruz, que ha generado una gran demanda habitacional, a raíz de lo que el gobierno creo el Decreto 1842, por el que establece el financiamiento de viviendas de interés social. Sin embargo, el sector de la construcción está supeditado a la voluntad del gobierno.	Respecto al cluster del azúcar, pese a tentativas de desarrollar el etanol a fines de los 1985 y en 2005, no se lo pudo implementar y, recién, al cierre de la gestión pasada, intempestivamente el gobierno decide impulsar el combustible con el interés de evitar la importación de gasolina. El plan del gobierno es comprar el etanol de los ingenios azucareros a través de YPFB. El sector venía produciendo y comercializando alcohol con vista a ampliar el mercado a varias partes del mundo.	De otro lado, curiosamente, a inicios de la gestión en curso el gobierno impone a la agroindustria soyera a vender a YPFB parte de su producción de aceite, necesario para elaborar biodiesel; no obstante a que el gobierno sabe que la capacidad instalada de los ingenios de la industria soyera es utilizada en un 55% por falta de materia prima. Suspicazmente, el gobierno no quiere levantar el decreto que prohíbe la libre exportación de soya, con la justificativa de que primero debe abastecer al mercado nacional y vender con “precio justo”.	No estamos en contra del desarrollo del etanol y el biodiesel porque eso va a representar un salto cuali-cuantitativo en materia energética para el país: sin embargo, de cara a la política invasiva del capitalismo de Estado en la agroindustria cruceña, nos preguntamos si la era del etanol y biocombustible y la construcción servirá para intervenir en los tres catalizadores del desarrollo de Santa Cruz y coartar la libertad de la iniciativa privada.