Precisamente sobre uno de los incluidos en la investigación, el juez Paniagua, ayer se conoció una declaración jurada ante la Contraloría General del Estado, realizada el 26 de diciembre de 2018, que en la página 2, en la casilla de deudas (pasivos), registra que debe Bs 350.000, y que su acreedor es Pedro Montenegro Paz.	Otro de los investigados, el magistrado del Tribunal Constitucional, Gonzalo Hurtado, negó tener alguna relación de amistad con Montenegro e incluso ofreció videos de seguridad para que se compruebe que nunca le abrió las puertas de su oficina. “Jamás he ordenado la entrada de este señor al Tribunal Constitucional, menos lo he recibido en mi oficina”, afirmó.	Mientras tanto, el vocal del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Darwin Vargas Vargas, envió una carta al fiscal departamental de Santa Cruz en que señala: “Mi persona no tiene responsabilidad alguna en los hechos que se señalan, menos participar de hechos ilícitos relacionados a cualquier actividad ilegal o de favorecimiento a procesados por la justicia”. Además, se pone a disposición de las autoridades para ser investigado.