El dirigente observó que el Gobierno chileno concesionara el puerto Arica a una empresa privada porque considera que el mecanismo vulnera el Tratado de 1904. “Los puertos de Arica y Antofagasta, que fueron cedidos, en ninguna parte (del tratado) dice que debía manejarlos una empresa privada y ahora quieren poner la tarifa que ellos quieren”, cuestionó Cruz.	Consultado sobre el cobro de la ASP-B, cuestionado por la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), dijo que efectivamente la ASP-B hace una intermediación, pero requiere de personal experto en logística y diplomacia para resolver este tipo de diferendos. “No sabemos cómo funcionará hoy el sistema y las nuevas tarifas, estamos en incertidumbre”, agregó.	El secretario ejecutivo del transporte pesado, Juan Yujra, se mostró más conciliador. Solicitaron al Gobierno boliviano que negocie con la empresa TPA, porque consideran que no alcanza con decir que están violando los acuerdos bilaterales. Sostuvo que están esperando para ver si habrá incremento, y que si ello sucede se van a movilizar.	Desde la TPA indicaron que los clientes y usuarios deben tener la tranquilidad de que el puerto seguirá funcionando con total normalidad, sin afectar la calidad de los servicios ni su continuidad en lo que a TPA respecta. “De hecho, las mejoras operacionales que estamos implementando nos permiten contar con procesos más rápidos y eficientes”, afirmó el gerente general, Diego Bulnes.	EL DEBER tuvo acceso a una carta con los reajustes tarifarios (ver infografía) y llama la atención que dos de tres servicios bajarán de precio. Bulnes refirió que entre los cambios que implementaron está el despacho directo para cada contenedor de importación boliviana que arribe al puerto, lo cual permite una salida expedita y con tarifa cero.