Con el fin de investigar la verdad histórica de los hechos, aclarar dudas y establecer responsabilidades del atentado criminal contra la Madre Tierra, debe crearse una comisión internacional de la verdad, conformada por expertos de la Organización de las Naciones Unidas. Estos incendios forestales, según evaluaciones preliminares, devastaron más de un millón de hectáreas con toda la flora y fauna, lo que viene a constituir un verdadero ecocidio nacional e internacional y el delito de traición a la patria (art. 124.I.2 CPE).	La ONU tiene que intervenir, ya que este crimen vulnera su Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra, que busca promover la educación, y la concientización, el respeto a estos derechos, y asegurar a través de medidas y mecanismos prontos y progresivos de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectiva, entre todos los Estados del mundo.	Que los incendios forestales, flora y fauna, hayan crecido exponencialmente es un hecho criminal sin precedentes, con el agravante de que se ha expandido no solo a gran parte del territorio nacional sino también internacional. La destrucción masiva y perversa del medioambiente tendrá consecuencias funestas para las actuales y nuevas generaciones, pues, aunque se considere a Bolivia país altiplánico en el mundo, tiene más de la mitad de su territorio de bosques tropicales e integra hidrográficamente la vertiente del Pacífico y tres cuencas: la cuenca cerrada del Altiplano, la cuenca del Plata y la del Amazonas.	La Madre Tierra es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común, según la Ley N° 71 de 21 de diciembre de 2010. Y adopta el carácter de sujeto colectivo de interés	La comisión internacional de la verdad debe integrarse por expertos ambientalistas, trasladarse a los diferentes lugares y constatar ‘in situ’ la gravedad de la situación, cuantificar los daños y diseñar políticas para contrarrestar los daños de los incendios y las secuelas del fuego. La comisión deberá investigar, recibir información, procesarla, depurarla y entregarla a la ONU para que se conozca la verdad (verdadera) y establecer responsabilidades personales e institucionales, y sancionar a los culpables.	Solo la verdad podrá rehabilitar la dignidad de las comunidades indígenas y poblaciones campesinas afectadas, y facilitar la posibilidad de reparar, en alguna medida, el daño causado. La Madre Tierra tiene derecho a vivir, a su regeneración, a continuar con sus procesos vitales, libres de alteraciones humanas, a mantener su identidad e integridad, a ser autoregulada e interrelacionada, al agua como fuente de vida, a la salud integral, libre de contaminación y desechos tóxicos, a no ser alterada genéticamente y a su restauración.	Aunque el derecho a la verdad no tenga un reconocimiento expreso en la Constitución boliviana, está protegido y deriva de la obligación internacional que tiene el Estado boliviano de proteger a la Madre Tierra. En el derecho comparado, por ejemplo, tiene una configuración autónoma, una textura propia, que la distingue de los otros derechos fundamentales a los cuales se está vinculado. También forma parte de los principios constitucionales de la dignidad humana, del Estado Constitucional de Derecho y de la forma republicana de Gobierno.	El pueblo boliviano y la comunidad internacional necesitan conocer las causas de esta catástrofe, y quiénes son los verdaderos autores y responsables de todo lo que el fuego se llevó, y debe hacerse esta investigación antes de que el primer aguacero borre el “cuerpo del delito”, y la campaña electoral intente consolidar la impunidad.