Brasil prohibió las quemas en campos y forestas para tratar de poner fin a los incendios en la Amazonia, una medida recibida con escepticismo ante la magnitud de un fenómeno que provocó una crisis diplomática y que muchos atribuyen a la deforestación producto de políticas económica del presidente Jair Bolsonaro en favor de productores agropecuarios y madereros.	El país vive su temporada seca, pero los especialistas afirman que el aumento de los incendios se debe principalmente al incremento de la deforestación impulsada por la industria maderera y las actividades agropecuarias, en particular la ganadería para la exportación de carne a China y la expansión de cultivos de soya, alentadas por la política desarrollista de Bolsonaro, contraria a la protección ambiental y favorable al cambio climático.	“Es muy difícil creer que (el decreto) tenga algún impacto inmediato en el terreno. Quien quema sin licencia, no lo va a respetar”, dijo Rodrigo Junqueira, portavoz del Instituto Socioambiental (ISA), una entidad científica no gubernamental volcada en proyectos sociales y ambientales. “La certeza de impunidad es la gran chispa que da inicio a los incendios”, afirmó por su parte el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).	WWF señaló que “la mayor parte de la deforestación ocurre en tierras públicas, áreas protegidas, reservas indígenas. Al cruzar esos datos con las áreas de focos de calor detectadas en los satélites, la superposición confirma que las quemas son utilizadas como parte de ese proceso de limpiar la tierra. Son quemas ilegales”.	“Hay personas engañadas, personas pobres involucradas, pero siempre al servicio de otras, que son las que realmente promueven la deforestación y la apropiación ilegal de tierras”, sostiene. “En Rondonia y en toda la Amazonia hay grupos organizados, estructurados, que se dedican al ‘grilagem’ y están conectados con grupos de otros lugares. Muchos son madereros y actúan donde la tierra está siendo ocupada ilegalmente. Donde hay ‘grilagem’ hay aserraderos”, detalla.