En la llanura de Beni, dos visiones sobre el departamento compiten entre sí. Por un lado, la de su capital Trinidad, que tiene como centro de poder a la Gobernación Departamental, y en el norte, la de la provincia Vaca Díez, que tiene a las pobladas Riberalta y Guayaramerín como municipios que acumulan un tercio de la población y el electorado. Su núcleo de poder es la Subgobernación. Por esta disputa, las autoridades de ambas instancias explican por qué no se ha logrado constitucionalizar el estatuto de Beni, el último de los cuatro departamentos autonomistas en tramitar su norma básica.	En marzo, el subgobernador de Vaca Díez, Huanger Ávila Valera, del MAS, ingresó en huelga de hambre por falta de recursos. Dijo que el ‘centralismo departamental’ había bloqueado el desembolso de Bs 5 millones para proyectos de electrificación en comunidades campesinas y otro planes para turismo. Calificó este hecho de ‘asfixia económica’ y de una represalia a la lucha regional que encara desde 2015, por el incremento de escaños por población en la Asamblea Departamental.	“Desde 2018 nos tienen asfixiados económicamente. Dicen que no rendimos informes, luego que no cerramos bien un proyecto inscrito en el Ministerio de Planificación, cuando la Gobernación tiene más de 300 proyectos abiertos y le siguen dando. Le buscan ‘peros’ para no darnos recursos. Ellos no miran colores políticos, sino sus intereses”, afirmó Ávila.	Por su parte, el secretario general de la Gobernación de Beni, Said Zeitun, reconoce que hay un ‘malestar’ en la provincia Vaca Díez, pero lo atribuye a problemas en su manejo financiero. Dijo que el subgobernador no inscribió en el POA algunos gastos de administración en las gestiones 2016, 2017, 2018 e incluso 2019, por lo que no se desembolsaron.