“Hemos tenido una proyección del documental hace dos semanas atrás. Se va a entregar copias a todos los diputados para que se siga socializando”, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda, quien a su vez manifestó que si hay alguna susceptibilidad respecto a quién lo realizó, cuánto se le pagó y como se lo adjudicó es importante “que la Contraloría haga una auditoría específica y técnica al Ministerio (de Comunicación) para transparentar el manejo”.	El documental en cuestión es El robo, cuando las leyes se las escribía en inglés, una producción de la consultora mexicana Neurona, basada en la investigación de la comisión parlamentaria sobre la privatización en Bolivia. Saltó a la palestra cuando se denunció que esta empresa extranjera se había adjudicado ocho contratos (entre ellos el documental) que sumaban Bs 12 millones y que los había pagado el Ministerio de Comunicación.	Similar opinión a la de Borda tiene la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, para quien ya se han remitido a la Contraloría los contratos y resta esperar un informe de la auditoría. Y complementó que el documental, que le costó al Estado Bs 783.000, “es un buen producto comunicacional que resume el trabajo de la comisión (parlamentaria de investigación) y es muy didáctico”.	El avance del documental estuvo hasta ayer en el muro de Facebook del director de la consultora Neurona, César Hernández, que lo promocionaba diciendo que en breve sería publicado. Luego fue eliminado de su red social. Tras el escándalo de los contratos en Bolivia, Okdiario (de España) informó que el equipo de Neurona, que ahora asesora a Podemos, partido de izquierda, también ha borrado de sus redes los trabajos que está haciendo en ese país europeo.	Para Alejandro Fuentes, director del Festival de Cine Fenavid, lo que ha visto del avance del documental bien le valdría invitarlo a participar. “Yo lo invitaría al Fenavid porque es un trabajo que se vende bien. Pero falta que muestren el documental completo, porque puede ser solo una buena promoción y que este no tenga la calidad que muestran, ahí está mi duda”. Para Fuentes el trabajo audiovisual sobre la privatización y la capitalización en Bolivia es netamente de archivo.	El candidato presidencial Óscar Ortiz, demandó que el Ministerio de Comunicación no se remita a decir que envió a la Contraloría los contratos, sino que “haga públicos los informes de adjudicación, porque en estos es que vamos a saber si todos estos contratos fueron con un solo proponente o hubo más de un invitado, ¿A quiénes invitaron? ¿Quiénes fueron de la comisión de calificación? ¿Cuáles fueron los criterios de calificación? ¿Fueron directamente asignados a dedo?, lo cual haría aún más problemático este caso. En el fondo lo que yo sospecho es que todo es una campaña de comunicación política-partidaria que no tiene nada que ver con la gestión gubernamental, para lo cual son los recursos públicos del Ministerio de Comunicación. Los están camuflando como si fueran campaña de información gubernamental”, refirió Ortiz.	El asambleísta Luis Felipe Dorado cree que el asunto en la Contraloría no va a progresar. “Quieren apagar el fuego con decir que ya se fue a la Contraloría, cuando sabemos que es masista, entonces ¿qué va a pasar? Nada, porque entre masistas no se pisan la cola, quieren tapar la corrupción y que se duerman los juicios en la Contraloría.