Fujimori no saldrá del penal de mujeres de Lima donde se encuentra recluida al menos hasta el jueves, cuando se formalicen los plazos legales y se publique la resolución adoptada por el Constitucional (TC), si bien la alegría y satisfacción entre los simpatizantes de la líder opositora peruana fueron inmediatas apenas comenzaron a filtrarse rumores sobre la decisión.	Aunque la anulación de la prisión preventiva era algo que casi todo el mundo en Perú esperaba y daba por hecho, lo que sorprendió fue la rapidez con la que los siete jueces del organismo, que votaron divididos 4-3 por la liberación, anunciaron una decisión que no se esperaba que se produjera como pronto hasta el viernes.	La medida del TC, como bien se encargó de señalar el presidente del organismo, Ernesto Blume, no implica que Fujimori haya sido «absuelta o condenada» del delito de lavado de activos vinculado con presuntos aportes ilegales de Odebrecht por el que es investigada y que la ha mantenido en prisión preventiva durante 13 meses.	Así, esta resolución solo implica que la líder fujimorista seguirá en libertad mientras se investiga, tal y como sospecha el Ministerio Público, si recibió dinero en efectivo irregular de la constructora Odebrecht para financiar sus campañas electorales en 2011 y 2016, y montó un entramado en el seno de su partido para ocultar y blanquear el origen de esa financiación.	Los argumentos que Blume aportó al presentar la decisión, que no se conocerán completamente hasta que la sentencia se haga pública, apuntan a que la prisión preventiva fue anulada porque se vulneró «el derecho fundamental» a la libertad de Fujimori pese a que la decisión judicial fue sostenida en primera instancia, en la cámara de apelaciones y por el Tribunal Supremo.	Pese a que Fujimori y sus colaboradores afirmaron una y otra vez desde que se iniciaron las pesquisas en su contra que los aportes a su campaña había sido todos debidamente registrados, procesados y documentados, una riada de recientes confesiones de empresarios peruanos obligó a la defensa a cambiar el argumento y reconocer «donaciones» secretas.	Dionisio Romero, presidente del directorio de Credicorp, uno de los principales grupos empresariales del país, fue el primero de una cada vez mayor lista de empresarios en revelar el pago de fondos para Fujimori y descabalgó así varias tesis que hasta ahora defendía la política, al probar que ella efectivamente sí controlaba la gestión financiera de su partido y que también recibía habitualmente dinero de forma irregular.	«No es casualidad que haya programado mi declaración en la semana decisiva que el TC (Tribunal Constitucional) está debatiendo mi libertad», señaló Fujimori, en defensa de la tesis que esgrime desde que está en prisión de que es víctima de una persecución política y de que la Fiscalía filtra constantemente declaraciones de testigos protegidos para complicar su liberación.