Incrementar ventas, colocar stock, captar clientes o incentivar a los existentes con el clásico ‘estímulo-respuesta’ no pierde vigencia y el formato de promoción empresarial es una muestra de ello. Si bien la coyuntura económica percibe a un empresario cauto, la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) exhibe que estas actividades van en ascenso.	Según estadísticas de esta entidad estatal, que autoriza cualquier actividad relacionada a promociones empresariales, esta práctica fue solicitada en 1.004 ocasiones en 2017, cifra que fue superada en 2018 con 1.117 requerimientos. En lo que va de este año van 551 solicitudes y con los eventos comerciales que están por venir se prevé dinamizar y aumentar los datos registrados.	Sin embargo, existen observaciones. Estas prácticas también se perciben en el sector informal y no son reguladas, así como falta de incentivos a pequeños empresarios. Según Nataly Cuéllar, profesional de Álvarez y Asociados Abogados, en este último caso debería darse el principio de proporcionalidad y advirtió que las empresas pueden caer en el error de desarrollar una promoción sin autorización que, sin importar el tamaño, puede acarrear una multa de 10.000 UFV.	En días pasados, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) de Santa Cruz suscribió un convenio de cooperación con la AJ para la prevención del soborno y corrupción de estas actividades, donde se comprometen a a coadyuvar a impedir, identificar y denunciar estos actos para que el sector privado también garantice la transparencia en estos asuntos.