En 1988, la creciente demanda de litio indujo a que se invitara a la empresa estadounidense Lithco a negociar un contrato para la explotación del litio en el salar de Uyuni. Hubo, entonces, encendidas críticas, especialmente provenientes de sectores radicales, y la iniciativa no prosperó. Sin embargo, el siguiente año se prosiguió con las negociaciones y se suscribió un borrador de contrato. El resultado fue el mismo: “durante meses, hubo declaraciones, foros y seminarios, marchas de protesta, huelgas de hambre, bloqueos y una extrema convulsión social en Potosí”, lo que provocó el fracaso del proyecto. (Ver Walter Orellana Rocha. El litio: una perspectiva fallida para Bolivia. 1995).	Acaba de celebrarse con gran despliegue propagandístico, que el gobierno ha concertado la explotación del litio en Bolivia con una empresa china. La intención es inobjetable; claro, en principio, pues aparecen dudas, cuando se recuerda que la minería se agotó sin aportar a la diversificación de la economía nacional. Esto mismo está por suceder con la explotación del gas natural cuyas reservas van disminuyendo y que, ciertamente, al final se agotarán.	Por otra parte, la confesión de que se prefiere “entregar el litio a China y no al imperio”, muestra el trasfondo político y sectario que deforma cualquier buen proyecto. Es más: las triunfalistas predicciones de que Bolivia, por la gran producción de litio, tendría la capacidad de fijar el precio internacional de este metal, carecen de sentido. China ya es el primer productor mundial de baterías y vehículos eléctricos, en los que se usa el litio. No parece que su gobierno sea tan ingenuo que se exponga a que el precio del litio que usa en su industria sea fijado solo por su proveedor el metal. Esto sugiere que no es bueno predecir éxitos infundados, menos aún con intereses sectarios en un año electoral.