“Mediante el Decreto Supremo 3985 de 17 de julio de 2019, se autorizó la suscripción del contrato de préstamo con la CAF, estipulándose que los recursos deberán ser destinados a proyectos de inversión pública, entre los cuales, destacan el equipamiento de unidades de radioterapia en cuatro ciudades y el financiamiento de cuatro proyectos de infraestructura caminera para fomentar la integración vial”, explicó esa cartera de Estado.	En junio y agosto pasados, el Gobierno central ya había pedido dos créditos para apuntalar su gestión, por un monto de $us 200 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos recursos, según las leyes 1187 del 13 de junio 2019 y 1207 del 5 de agosto de 2019, bajo un contrato de préstamo, es para “apoyo presupuestario”. Las leyes no describen el detalle del contrato suscrito previamente con el acreedor.	“Es decir, va a entrar a la bolsa grande y sería para que los ejecute el Ministerio de Economía. Claramente, esto está apoyando a la brecha del déficit fiscal porque tenemos menos ingresos que compromisos de gasto. Estamos en una situación complicada porque el déficit está acercándose al 10%. El proyecto no dice que los recursos irán a obras que impliquen perspectivas de desarrollo; sino más bien, serán para cubrir o atender este problema de alto déficit. Eso es lo que se ve en el proyecto. Y no se habla de qué se va a distribuir entre las regiones. Las disposiciones finales dicen que se va a destinar a proyectos de inversión, pero en realidad, el Ministerio de Economía no es una instancia que realice proyectos de inversión pública”, aseguró.	También, observó que lo que está afectando a la economía nacional y el Gobierno quiere resolver con estos préstamos, es el tipo de cambio congelado, que afecta a la competitividad y la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN), que desde 2014, se ha reducido de $us 15.123 millones a $us 7.656 millones hasta el 27 de septiembre; casi un 50% menos.	En la misma lógica, el economista Rolando Morales señaló que el déficit fiscal de este año es muy elevado (un 8% del PIB), lo que significa unos $us 3.200 millones. “Ahora, deben buscar cómo financiarlo. Pero además, creo que van a lanzar el segundo aguinaldo por las elecciones presidenciales y no tienen dinero para pagarlo”, destacó.	“La ejecución presupuestaria del 2019, al 31 de julio, las empresas públicas estratégicas, no pasan de un 34%. Eso quiere decir que no hay plata y hay un espejismo presupuestario. Este crédito de la CAF no identifica un proyecto específico. Son de libre disponibilidad, justamente para cubrir todos estos huecos financieros y este déficit que el Gobierno no ha podido cubrir con fuentes internas propias”, dijo.	El analista Carlos Schlink, cuestionó que el Gobierno central se preste esos recursos siendo que en sus declaraciones públicas, asegura que las finanzas van bien. “Pero por lo visto, no tienen dinero para financiar esta iniciativa o programa de inversión. El beneficio es solo para el nivel central, no beneficia a nadie más”, finalizó.	“El proyecto de ley tiene la firma del presidente Morales, que pide que nos prestemos $us 100 millones más. Justifica que es para apoyar la mejora en la gestión de finanzas públicas. Nos estamos prestando plata del exterior, como ellos criticaban. Pidiendo limosnas, para cubrir. Lo preocupante es que no hablan del tema de la Chiquitania. Además, si Evo no es presidente después del 20 de octubre, se va a tener que pagar ese préstamo con los recursos de todos los bolivianos”, declaró.