El eslogan municipal “Santa Cruz Somos Todos” es declarado irreal por la politóloga María Angélica Suárez Ribera en su investigación de reciente publicación. Analizando las formas de participación social e institucional en el Gobierno Municipal, llega a esta rotunda conclusión. El ensayo de 181 páginas, como pocos en materia de gobernabilidad política, comprende tres capítulos: Teorías básicas de la democracia, participación ciudadana, constitucional y social; ámbito histórico, institucional-normativo y social de las formas de participación ciudadana, en el desarrollo histórico político del Municipio de Santa Cruz y el Municipio no somos todos, (los resultados).	María Angélica Suarez afirma que: “el 86% de las organizaciones sociales, participan en la gestión municipal. El 36% lo hace en el POA (Programa Operativo Anual), el 31% en la elaboración del presupuesto, el 14% no contesta, el 11% en la planificación y un 8% en otras formas de participación, en la gestión del Gobierno Municipal”. A partir de un riguroso trabajo de campo mediante dos cuestionarios dirigidos a organizaciones sociales y a autoridades y funcionarios municipales, el estudio llega a la conclusión de que el 74% de las instituciones y organizaciones sociales, no conocen el presupuesto del municipio cruceño. Las peleas entre los representantes de las instituciones y organizaciones sociales respecto a la doble representación y paralelismo dificultan la participación, señalan en su mayoría los encuestados. Los funcionarios municipales señalan que entre el 20 y el 40% de las demandas vecinales se quedan sin atender. La autora evidencia que las demandas sociales son atendidas en base al requerimiento o solicitud, presión y acuerdo y no a la planificación de las políticas públicas municipales. Lo que demuestra una falta de planificación y seguimiento de lo planeado de la gestión del Municipio.	Este aporte es relevante, en un momento en que el municipio cruceño enfrenta conflictos con diversos sectores, como los transportistas que dificultan la circulación vehicular. Organizaciones colegiadas, como los arquitectos de Santa Cruz, han hecho conocer sus observaciones al Plan de Movilidad Urbana, por ejemplo. Los hechos demuestran que las negociaciones con juntas vecinales, transportistas y ciudadanos en general fueron insuficientes. Cedure, a la cabeza de Fernando Prado, ha elaborado planes estratégicos de desarrollo urbano, a través de foros anuales, cuyos resultados no son tomados en cuenta, porque no se reflejan en la gestión municipal, por ejemplo. Estos casos demuestran, que el municipio no es participativo.	En los resultados de su trabajo académico, la autora concluye que la participación social de las organizaciones cruceñas actualmente no es efectiva ni eficiente en el Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz; no tiene preponderancia, ni es relevante en la generación de gobernabilidad, ni en la trasparencia de la administración municipal.	Al final la autora plantea algunas recomendaciones y propuestas, para mejorar la participación ciudadana, que es un bien social y colectivo que se va perfeccionando, mediante una permanente construcción. Santa Cruz de la Sierra merece un Gobierno Municipal que administre los recursos de manera participativa e inclusiva informando oportunamente a los ciudadanos.