El Movimiento Al Socialismo llevó a juicio en la Asamblea Legislativa a todo el periodo neoliberal. Ayer, cuando está a días de cumplir 13 años en el poder, el partido en función de Gobierno comenzó a desgranar un voluminoso informe de tres tomos y sus anexos, que suman 82 cuerpos, en los que se revisan todos y cada uno de los procesos de privatización y capitalización de empresas estatales entre 1985 y 2005, y en todos -aseguran- hallaron irregularidades. El presidente de la comisión que estudió los casos, el senador Rubén Medinacelli (MAS), dijo que ellos no podían calificar delitos y, por lo tanto, remitirán estos documentos al Ministerio de Justicia, a la Contraloría General del Estado y a la Procuraduría para que estas instancias califiquen si existen delitos.	Jaime Paz fue el primero en explicar su Gobierno y dijo que él se opuso a la capitalización porque significaba alimentar a la empresa privada desde el Estado y por eso optó por la privatización, aunque aseguró que en su gestión solo se privatizaron las empresas departamentales, con reglas claras, porque la venta de una determinada empresa debería volver a la región en infraestructura, en servicios de salud, educación o proyecto productivo. Recordó que fue en su Gobierno que se descubrió el pozo San Alberto X2 con equipos de YPFB, “lo que no ocurre hoy”, matizó.	Desde Estados Unidos, Mauricio Balcázar, yerno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, dijo que la capitalización permitió la sobrevivencia del Estado y recordó que en todo este tiempo el Gobierno investigó todo lo que ayudó la capitalización y nunca pudo encontrar nada. Ahora, añadió, están forzando los datos para encontrar delitos donde no los hay, “es un show que pretende tener ocupados a los candidatos y aunque diga que es una investigación apolítica, no hay nada más político que una investigación realizada en el Congreso (Asamblea)”, atacó el que fuera uno de los hombres fuertes del Gobierno de Goni.	El también exvicepresidente de Goni, Víctor Hugo Cárdenas, lanzó sus críticas desde Santa Cruz, donde se encuentra, y dijo que el MAS armó todo un show para perseguir a sus adversarios porque no sabe cómo detener a los candidatos que lo enfrentarán en los comicios de octubre. “Por eso arremete contra todo lo que pueda representar un peligro, pese a que los supuestos delitos con los que les acusan ya prescribieron”, retrucó.	La diputada Jimena Costa, que seguía de cerca la lectura del informe, dijo que extrañamente el informe no contiene ninguna observación al Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, aunque la investigación es a todos los gobiernos neoliberales, y también dijo que existe mucha similitud entre lo que sucedía entonces con lo que pasa ahora.	La investigación pretende demostrar, dijo Costa, que antes de Evo todos eran malos y que ellos son los buenos y pretenden distorsionar la historia. “Es cierto que el manejo de la empresa estatal era pésima, como ahora. Es cierto que todas las empresas fueron entregadas a redes de familias y amigos, como ahora. Todos esos antecedentes revelan que hasta el momento las cosas no han cambiado, cambiaron los tiempos, no las mañas”, dijo la legisladora.	“Y ahora, como el centro del foco ya no es Samuel, porque antes investigaron Fundapro, 21 años de neoliberalismo para culparlo y como ahora ya no es candidato, giran su atención hacia el candidato que parece que les puede ganar y es Carlos Mesa, entonces está claro de lo que quieren”, añadió Costa.	Medinacelli relató que por decisión del vicepresidente, Álvaro García Linera, se decidió que sean tres días de sesiones en las que se presentarán tres informes. Ayer fueron las privatizaciones de las empresas departamentales, principalmente. Para hoy se tiene previsto leer el informe sobre la capitalización y en el que están la mayor parte de los 55 acusados. Finalmente para mañana se leerán las consecuencias de los dos procesos para las arcas estatales y el daño provocado, aunque ya adelantaron que alcanzan los $us 22.050 millones.	El senador oficialista dijo que ellos como comisión no podían identificiar o establecer responsabilidades, pero que la comisión concluyó que todos los documetos deben pasar al Ministerio de Justicia, la Contraloría y la Procuraduría, estas tres entidades se ocuparían de calificar los delitos. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que la misma Asamblea apruebe otro tipo de informe y remita los antecedentes de todo el caso a la justicia ordinaria.	Al estar implicados expresidentes y exministros antes del evismo, el caso iría directamente a la Fiscalía General, ya que la anterior Constitución les garantizaba no ser juzgados por la justicia ordinaria, sino por juicio de responsabilidades. Para Balcázar, los tiempos para un proceso de esta naturaleza no le alcanzarán al MAS, que se sumergirá en la vorágine electoral antes de que las investigaciones lleguen a puerto.	La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, precisó que el alcance de la indagación va mucho más allá del supuesto objetivo de usarla para perjudicar a los candidatos opositores. “Se investiga un periodo de Estado, un modelo económico”. El exsenador y primer presidente de la Comisión Especial Mixta que investigó la privatización en Bolivia, Adolfo Mendoza, manifestó que las indagaciones no son solo un acto “testimonial” sino un “juicio político” en contra de los “saqueadores de la patria”. Mendoza dijo que este trabajo se equipara al que realizó Quiroga Santa Cruz en su tiempo.	Entre los señalados figuran varios ministros notables, como el ministro de la Privatización, Alfonso Revollo; algunos ‘superministros’, como Andrés Petricevic o Raúl Garafulic Gutiérrez; o el autodemoninado padre del decreto 21060, Juan Careaga. También figuran Samuel Doria Medina y su hermana Susana, expresidentes muertos como Hugo Banzer y Víctor Paz (le reclaman la relocalización) y prófugos como Gonzalo Sánchez (lo acusan de quedarse con minas a través de Comsur).