Los datos corresponden a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y fueron expuestos por su director ejecutivo, Clíver Rocha. “A todo pirómano, quemador irresponsable que esté jugando con el fuego y ponga en riesgo la salud de la población y los bosques, lo vamos a aprehender y lo entregaremos a las autoridades”, sentenció.	Una brigada de 60 efectivos (o más) de la ABT, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público se desplazará hoy a San José de Chiquitos, Roboré, San Ignacio de Velasco y El Carmen Rivero Tórrez para rastrillar las zonas afectadas e indagar hasta dar con los principales responsables, de acuerdo con Rocha. También hay 600 policías que coadyuvarán a estas labores y a la mitigación de los incendios.	“Es algo de todos los años y a estas alturas la tecnología nos permite saber sobre tiempos complejos. Hay que hacer una reflexión y no solo actuar en los momentos de desastre”, manifestó, a tiempo de agregar que otro crimen es la politización de estos casos que apuntan a la misma causa: la mano del hombre.	Rocha recalcó que hay una resolución vigente que estipula que las quemas de cualquier índole están prohibidas, pero al ser consultado sobre la derogación de las normas que permiten el desmonte y chaqueos en zonas productivas, este negó que se vaya a realizar tal acción, sino que en adelante se tomarán previsiones y, de acuerdo con los pronósticos de precipitación, serán autorizadas.	Ayer también se dieron la mano la Gobernación de Santa Cruz y el Ministerio de Defensa. Vale recordar que el mandatario cruceño, Rubén Costas, declaró al departamento como zona de desastre, lo que facilitó la cooperación del Estado, que se sumó a los funcionarios y voluntarios desplegados en las diferentes áreas de Santa Cruz.	La voz de tranquilidad fue compartida por el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, quien aseguró que la cantidad de quemas está disminuyendo, es decir, que no es la misma de días pasados, donde la desesperación invadió a la región chiquitana y al Chaco. Activar los planes de ayuda internacional no son prioridad en la agenda estatal; sin embargo, el apoyo por tierra y aire no deja de ser necesario.	El viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera, agregó que son 150 efectivos y fuerzas de la Quinta y Octava División del Ejército las que están movilizadas en las zonas afectadas y que los daños serán cuantificados en los próximos días. De momento se conoce que tres viviendas roborenses fueron calcinadas y serán repuestas. También se acordó llevar más medicamentos a los centros de salud.	Por otro lado, en San Ignacio de Velasco, unos 600 predios ganaderos, que abarcan una extensión de más de 3,3 millones de hectáreas, están en riesgo. En este municipio el hato ganadero registrado supera las 478.000 cabezas. Además, existen 85.000 equinos, 25.000 aves, 10.000 porcinos y 5.000 caprinos.	Los incendios también afectan a Beni, especialmente las zonas de Iténez y Mamoré. Abdón Nacif, presidente de la Federación de Ganaderos de Beni, señaló que hasta el momento unos 200.000 bovinos padecen por la falta de pastura y se tuvo que movilizarlos a otras propiedades. Según la ABT este sector del territorio nacional está bajo control.	Si bien se aplacó cierta parte de los incendios en Roboré, el burgomaestre Iván Quezada apuntó fallas en servicios de electricidad y dotación de combustible a las aeronaves que trabajan en el lugar. Mientras que el alcalde de San Miguel, Óscar Hugo Dorado, señaló que el problema se centra en la sequía y el racionamiento de agua para consumo humano y animal, también estiman emitir declaratoria de desastre.