Ante la posibilidad de una enorme derrota política, el MAS aceptó introducir las autonomías en la Constitución, pero solo para desvirtuarla en muchas normas posteriores. El pacto fiscal, obligatorio por ley, instrumento que debía concretar las autonomías al asignar recursos a las competencias que se delegaban, nunca fue concretado y más bien fue una burla del centralismo contra las autonomías formalmente existentes. La sociedad cruceña parece que no entendió la importancia de esta herramienta e increíblemente no apoyó a la gobernación en su pelea. Quedaron así gobiernos departamentales pobres, sin recursos, pero con muchas competencias, como la salud y, por tanto, fácil de atacar políticamente, mientras el Ejecutivo presupuesta miles de millones para que el presidente haga campaña política permanente pisoteando todo tipo de autonomía.	En este contexto, es obvio que la atención de la salud en el tercer nivel no podía funcionar, con un gobierno que ni siquiera cumplía con su responsabilidad constitucional de proporcionar los ítems para el servicio. Pero he ahí que el Gobierno, responsable del desastre y de no haber cumplido con su responsabilidad hacia la salud durante 13 años, decide de un día para otro proporcionar salud gratuita a los ciudadanos, pasando por encima de las competencias que definía la autonomía, mediante ‘convenios’ que atropellan la CPE.	El dar un servicio gratuito de salud no solo es importante, es una obligación y una responsabilidad constitucional no cumplida durante 13 años, pero lo grave es que una vez más el Gobierno central quiere hacer cosas a costa de los demás niveles de gobierno, conculcando autonomías y concentrando más los recursos y las acciones en el nivel central. Esta vez, con el SUS, pretende centralizar la administración y gestión de los hospitales de tercer nivel, transgrediendo la Constitución con ‘convenios’ que no resisten el menor análisis.	Para la salud gratuita, no se necesitaba crear otro monstruo burocrático centralizado: bastaba que el Gobierno central asigne los recursos, lo que implica también los ítems a quienes por ley deben aplicarla. En este tema, flaco favor le ha hecho el gobierno municipal a la gobernación, exigiendo al gobierno central la devolución de fondos que se les había descontado y que eran para el tercer nivel y que manejaba la gobernación. Lo correcto era que esos fondos u otros, queden para el tercer nivel, el mas abandonado. Le faltó al gobierno municipal la solidaridad con su región. Por lo menos eso se entiende de la escasa información que se recibe.