Los jóvenes negros y de raza mestiza como Dos Santos tienen una representación desproporcionada entre las víctimas de homicidio en Brasil, el país con el mayor número de asesinatos en el mundo. Ahora, en medio de una ofensiva contra presuntos delincuentes defendida por el presidente Jair Bolsonaro, están muriendo cada vez más a manos de la policía.	No se hallaron armas, narcóticos ni ningún otro material ilegal en posesión de Dos Santos, un entusiasta de los autos y las motos que recientemente había comenzado a manejar para Uber. Por el contrario, parece haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, cerca de un puesto callejero de venta de drogas justo cuando se produjo una redada policial.	Entre los muertos hay víctimas como Dos Santos, sin vínculos criminales conocidos. A fines de septiembre, cientos de personas se reunieron en el norte de Río para llorar la muerte de una niña de ocho años que recibió un disparo, según los transeúntes, de un policía que falló cuando apuntaba a un motociclista. Su muerte, uno de varios niños presuntamente baleados por la policía este año, aún se está investigando.	Dos altos mandos de las fuerzas militares y policiales civiles de Río, responsables conjuntos de la seguridad en el estado, dijeron a Reuters que la policía no ha recibido ni emitido nunca órdenes de matar. Lo que ocurre, más bien, es que los agentes se topan con enfrentamientos más violentos por el aumento de casi un 50% en el número de operaciones, una respuesta al alza del crimen.	Río, un estado de 17 millones de personas que incluye la metrópoli costera del mismo nombre, es conocido desde hace mucho tiempo como un foco de conflicto entre bandas criminales y, a veces, policías de gatillo fácil. Ahora que Bolsonaro y un gobernador de ideas afines instan a los legisladores a ponerse aún más duros, las tensiones, la violencia y el número de muertos están al alza.	Reuters no encontró pruebas de que Bolsonaro, Witzel u otros líderes de derecha elegidos el año pasado en una ola de protestas populistas hayan ordenado a la policía que incumpla la ley o mate metódicamente a sospechosos criminales. El ministro de Justicia de Bolsonaro, Sergio Moro, dijo a Reuters que la administración no aboga por la violencia policial.	Entre enero y agosto de 2019, la policía de Río mató a 1.249 personas, según cifras oficiales, casi un quinto más que hace un año. La tasa asciende a cinco personas por día, el dato más alto en el periodo desde que el estado comenzó a mantener su base de datos actual en 2003. En contraste, 14 oficiales de policía han muerto en operaciones este año frente a los 24 muertos en servicio entre enero y agosto de 2018.	Al igual que Dos Santos, la mayoría de las víctimas de asesinatos policiales son de piel oscura, un reflejo de la composición socioeconómica y racial de los barrios pobres donde operan la mayoría de narcotraficantes y otras bandas criminales. Aunque los blancos ascienden a la mitad de la población en Río, representaron el 12% de los asesinados a manos de la policía a principios de este año, según datos del gobierno obtenidos por Reuters a través de una solicitud de libertad de información.	Después de una visita a Brasil en 2003, una relatora especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas escribió que estaba "abrumada por la información sobre violaciones de derechos humanos". Criticó al gobierno de Brasil, especialmente a algunas administraciones estatales, porque "no aceptan plenamente la existencia de ejecuciones extrajudiciales y sumarias".	Dos Santos murió a manos del 7º Batallón de la Policía Militar de Río, el más letal del estado. La unidad, uno de los 39 batallones en Río, ha matado a 1.055 personas desde 2003. Hasta agosto habían perecido 137 civiles este año en operaciones que involucran al Séptimo, 35 más que cualquier otro batallón en el estado.	Para entender su muerte y el reciente alza en el número de cadáveres, Reuters habló con funcionarios policiales y gubernamentales, expertos en seguridad, investigadores de derechos humanos y amigos y familiares de Dos Santos. La imagen que emerge, incluidos detalles exclusivos sobre la incursión de mayo en Sao Gonçalo, es la de un conflicto arraigado que empeora en medio de la agenda de orden público del nuevo liderazgo populista.	Tras una dictadura militar de dos décadas que terminó en los años 80, una nueva constitución otorgó la responsabilidad de la mayoría de las fuerzas del orden a cada uno de los 26 estados de Brasil. En lugar de reinventar sus fuerzas, los estados mantuvieron un formato militar para la policía encargada de la aplicación de la ley todos los días.	Los enfrentamientos forman parte del paisaje tanto como sus verdes laderas y la dramática yuxtaposición de ricos y pobres. Los tiroteos y el zumbido de los helicópteros policiales son una realidad cotidiana para muchos en un estado donde la planificación fortuita llevó a que las favelas y los barrios ricos coexistieran en una densa maraña urbana.	Sao Gonçalo, un suburbio en la bahía que siluetea la costa de Río, se convirtió en las últimas décadas en una de las áreas más violentas del estado. Otrora un centro industrial, se ha convertido cada vez más en una base para las bandas criminales que trafican drogas y armas a través de la bahía y roban cargas en la autopista aledaña.	"Sao Gonçalo es una favela gigante", dijo otro comandante reciente de la Séptima. El oficial, que ahora dirige otro batallón y habló a condición de permanecer en el anonimato, dijo que el crimen es tan común que se infiltra en la fuerza. "Tiene una población corrupta y los oficiales vienen de lo mismo".	Exasperados ya por la recesión y un amplio escándalo de corrupción, los votantes se movieron bruscamente a la derecha, eligiendo a Bolsonaro y otros conservadores populistas el año pasado. Bolsonaro era más conocido por sus comentarios incendiarios, incluido uno realizado el 2015 en el que dijo que la policía "debería matar más".	Después de asumir el cargo en enero, los dos políticos se embarcaron en un mandato de "ley y orden". Witzel viajó en un helicóptero junto a policías armados con rifles y publicó el video en internet, prometiendo "devolver la paz". En un artículo de opinión en un periódico local, dijo que el aumento de los asesinatos policiales "no es difícil de justificar".	Según Salema, la policía empezó a combatir este año una guerra interna dentro de la rama local del Comando Vermelho, o CV, una de las bandas de narcotraficantes más poderosas de Brasil. Después de que un jefe de CV matara en abril a un rival, los combates entre facciones se extendieron a las calles. Los tiroteos estallaron en Sao Gonçalo, donde cerraron escuelas, hospitales y rutas de autobuses.	La violencia se extendió pronto a otras partes de Río, lo que llevó a la policía a organizar operaciones para localizar a los responsables. En Mare, un barrio marginal cerca del aeropuerto internacional, un helicóptero policial realizó un sobrevuelo el 6 de mayo y comenzó a disparar, según los residentes locales.	Al final de la operación, la policía había matado a ocho sospechosos, incluidos cuatro que habían sido rodeados en una casa. Un residente de la vivienda dijo a los fiscales estatales que se escondió en otra habitación y escuchó la confrontación. Un fiscal, que habló a condición de mantener su anonimato, dio a Reuters detalles de su recuento.	Once días después, en Sao Gonçalo, integrantes del Séptimo batallón llevaron a cabo la operación en la que falleció Dos Santos. Como parte de sus esfuerzos por frenar la actividad de las bandas, la policía se fijó como objetivo un punto de venta de drogas en la barriada pobre de Chumbada.	Alrededor de las 16.40 -según el informe policial revisado por Reuters- al menos cuatro oficiales se acercaron al puesto de venta de drogas y se dividieron en dos equipos. Un equipo, compuesto por el capitán Renato de Souza y el sargento Andre Ricardo Mendes, se encaminó hacia el puesto. El segundo, formado por los cabos Erik Ribeiro y Alex Dias, tomó otra dirección.	Cuando comenzó la operación, Dos Santos había ido a una tienda en Chumbada a comprar ropa para una fiesta esa noche, según Mattos, su tía. Ella mostró a Reuters un recibo de la tarjeta de crédito por la compra, de 217,79 reales o unos 53 dólares, que según dijo provenía del teléfono de Dos Santos.	Ribeiro dijo a los investigadores que, durante el tiroteo, una persona cayó al suelo "cerca de una tienda". Otros dos huyeron en una motocicleta y varios más huyeron a pie. Otro hombre, con la camisa manchada por una herida de bala en el hombro, levantó las manos y cayó al suelo.	Renato Pérez, un jefe de la policía civil en Sao Gonçalo con conocimiento de la redada, dijo a Reuters que sospecha que Dos Santos fue allí a comprar marihuana. No presentó pruebas ni documentación para respaldar esa afirmación. Mattos, la tía, negó la afirmación y dijo que su sobrino no consumía drogas.	Mendes y De Souza, los oficiales que persiguieron la motocicleta, alcanzaron a los dos sospechosos en una calle cercana. Según el informe policial, uno de los hombres llevaba 65,2 gramos de marihuana y una pistola de 9mm con dos balas y su número de serie raspado. El otro portaba 49,7 gramos de cocaína y un walkie-talkie.	Los jóvenes negros y de raza mestiza como Dos Santos tienen una representación desproporcionada entre las víctimas de homicidio en Brasil, el país con el mayor número de asesinatos en el mundo. Ahora, en medio de una ofensiva contra presuntos delincuentes defendida por el presidente Jair Bolsonaro, están muriendo cada vez más a manos de la policía.	No se hallaron armas, narcóticos ni ningún otro material ilegal en posesión de Dos Santos, un entusiasta de los autos y las motos que recientemente había comenzado a manejar para Uber. Por el contrario, parece haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, cerca de un puesto callejero de venta de drogas justo cuando se produjo una redada policial.	Entre los muertos hay víctimas como Dos Santos, sin vínculos criminales conocidos. A fines de septiembre, cientos de personas se reunieron en el norte de Río para llorar la muerte de una niña de ocho años que recibió un disparo, según los transeúntes, de un policía que falló cuando apuntaba a un motociclista. Su muerte, uno de varios niños presuntamente baleados por la policía este año, aún se está investigando.	Dos altos mandos de las fuerzas militares y policiales civiles de Río, responsables conjuntos de la seguridad en el estado, dijeron a Reuters que la policía no ha recibido ni emitido nunca órdenes de matar. Lo que ocurre, más bien, es que los agentes se topan con enfrentamientos más violentos por el aumento de casi un 50% en el número de operaciones, una respuesta al alza del crimen.	Río, un estado de 17 millones de personas que incluye la metrópoli costera del mismo nombre, es conocido desde hace mucho tiempo como un foco de conflicto entre bandas criminales y, a veces, policías de gatillo fácil. Ahora que Bolsonaro y un gobernador de ideas afines instan a los legisladores a ponerse aún más duros, las tensiones, la violencia y el número de muertos están al alza.	Reuters no encontró pruebas de que Bolsonaro, Witzel u otros líderes de derecha elegidos el año pasado en una ola de protestas populistas hayan ordenado a la policía que incumpla la ley o mate metódicamente a sospechosos criminales. El ministro de Justicia de Bolsonaro, Sergio Moro, dijo a Reuters que la administración no aboga por la violencia policial.	Entre enero y agosto de 2019, la policía de Río mató a 1.249 personas, según cifras oficiales, casi un quinto más que hace un año. La tasa asciende a cinco personas por día, el dato más alto en el periodo desde que el estado comenzó a mantener su base de datos actual en 2003. En contraste, 14 oficiales de policía han muerto en operaciones este año frente a los 24 muertos en servicio entre enero y agosto de 2018.	Al igual que Dos Santos, la mayoría de las víctimas de asesinatos policiales son de piel oscura, un reflejo de la composición socioeconómica y racial de los barrios pobres donde operan la mayoría de narcotraficantes y otras bandas criminales. Aunque los blancos ascienden a la mitad de la población en Río, representaron el 12% de los asesinados a manos de la policía a principios de este año, según datos del gobierno obtenidos por Reuters a través de una solicitud de libertad de información.	Después de una visita a Brasil en 2003, una relatora especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas escribió que estaba "abrumada por la información sobre violaciones de derechos humanos". Criticó al gobierno de Brasil, especialmente a algunas administraciones estatales, porque "no aceptan plenamente la existencia de ejecuciones extrajudiciales y sumarias".	Dos Santos murió a manos del 7º Batallón de la Policía Militar de Río, el más letal del estado. La unidad, uno de los 39 batallones en Río, ha matado a 1.055 personas desde 2003. Hasta agosto habían perecido 137 civiles este año en operaciones que involucran al Séptimo, 35 más que cualquier otro batallón en el estado.	Para entender su muerte y el reciente alza en el número de cadáveres, Reuters habló con funcionarios policiales y gubernamentales, expertos en seguridad, investigadores de derechos humanos y amigos y familiares de Dos Santos. La imagen que emerge, incluidos detalles exclusivos sobre la incursión de mayo en Sao Gonçalo, es la de un conflicto arraigado que empeora en medio de la agenda de orden público del nuevo liderazgo populista.	Tras una dictadura militar de dos décadas que terminó en los años 80, una nueva constitución otorgó la responsabilidad de la mayoría de las fuerzas del orden a cada uno de los 26 estados de Brasil. En lugar de reinventar sus fuerzas, los estados mantuvieron un formato militar para la policía encargada de la aplicación de la ley todos los días.	Los enfrentamientos forman parte del paisaje tanto como sus verdes laderas y la dramática yuxtaposición de ricos y pobres. Los tiroteos y el zumbido de los helicópteros policiales son una realidad cotidiana para muchos en un estado donde la planificación fortuita llevó a que las favelas y los barrios ricos coexistieran en una densa maraña urbana.	Sao Gonçalo, un suburbio en la bahía que siluetea la costa de Río, se convirtió en las últimas décadas en una de las áreas más violentas del estado. Otrora un centro industrial, se ha convertido cada vez más en una base para las bandas criminales que trafican drogas y armas a través de la bahía y roban cargas en la autopista aledaña.	"Sao Gonçalo es una favela gigante", dijo otro comandante reciente de la Séptima. El oficial, que ahora dirige otro batallón y habló a condición de permanecer en el anonimato, dijo que el crimen es tan común que se infiltra en la fuerza. "Tiene una población corrupta y los oficiales vienen de lo mismo".	Exasperados ya por la recesión y un amplio escándalo de corrupción, los votantes se movieron bruscamente a la derecha, eligiendo a Bolsonaro y otros conservadores populistas el año pasado. Bolsonaro era más conocido por sus comentarios incendiarios, incluido uno realizado el 2015 en el que dijo que la policía "debería matar más".	Después de asumir el cargo en enero, los dos políticos se embarcaron en un mandato de "ley y orden". Witzel viajó en un helicóptero junto a policías armados con rifles y publicó el video en internet, prometiendo "devolver la paz". En un artículo de opinión en un periódico local, dijo que el aumento de los asesinatos policiales "no es difícil de justificar".	Según Salema, la policía empezó a combatir este año una guerra interna dentro de la rama local del Comando Vermelho, o CV, una de las bandas de narcotraficantes más poderosas de Brasil. Después de que un jefe de CV matara en abril a un rival, los combates entre facciones se extendieron a las calles. Los tiroteos estallaron en Sao Gonçalo, donde cerraron escuelas, hospitales y rutas de autobuses.	La violencia se extendió pronto a otras partes de Río, lo que llevó a la policía a organizar operaciones para localizar a los responsables. En Mare, un barrio marginal cerca del aeropuerto internacional, un helicóptero policial realizó un sobrevuelo el 6 de mayo y comenzó a disparar, según los residentes locales.	Al final de la operación, la policía había matado a ocho sospechosos, incluidos cuatro que habían sido rodeados en una casa. Un residente de la vivienda dijo a los fiscales estatales que se escondió en otra habitación y escuchó la confrontación. Un fiscal, que habló a condición de mantener su anonimato, dio a Reuters detalles de su recuento.	Once días después, en Sao Gonçalo, integrantes del Séptimo batallón llevaron a cabo la operación en la que falleció Dos Santos. Como parte de sus esfuerzos por frenar la actividad de las bandas, la policía se fijó como objetivo un punto de venta de drogas en la barriada pobre de Chumbada.	Alrededor de las 16.40 -según el informe policial revisado por Reuters- al menos cuatro oficiales se acercaron al puesto de venta de drogas y se dividieron en dos equipos. Un equipo, compuesto por el capitán Renato de Souza y el sargento Andre Ricardo Mendes, se encaminó hacia el puesto. El segundo, formado por los cabos Erik Ribeiro y Alex Dias, tomó otra dirección.	Cuando comenzó la operación, Dos Santos había ido a una tienda en Chumbada a comprar ropa para una fiesta esa noche, según Mattos, su tía. Ella mostró a Reuters un recibo de la tarjeta de crédito por la compra, de 217,79 reales o unos 53 dólares, que según dijo provenía del teléfono de Dos Santos.	Ribeiro dijo a los investigadores que, durante el tiroteo, una persona cayó al suelo "cerca de una tienda". Otros dos huyeron en una motocicleta y varios más huyeron a pie. Otro hombre, con la camisa manchada por una herida de bala en el hombro, levantó las manos y cayó al suelo.	Renato Pérez, un jefe de la policía civil en Sao Gonçalo con conocimiento de la redada, dijo a Reuters que sospecha que Dos Santos fue allí a comprar marihuana. No presentó pruebas ni documentación para respaldar esa afirmación. Mattos, la tía, negó la afirmación y dijo que su sobrino no consumía drogas.	Mendes y De Souza, los oficiales que persiguieron la motocicleta, alcanzaron a los dos sospechosos en una calle cercana. Según el informe policial, uno de los hombres llevaba 65,2 gramos de marihuana y una pistola de 9mm con dos balas y su número de serie raspado. El otro portaba 49,7 gramos de cocaína y un walkie-talkie.