Lo que queda claro es que, si bien según el Gobierno hubo doble aguinaldo cuando la economía creció por encima del 4,5%, el pago de este beneficio en el sector público ha debido contribuir a este ascenso de los gastos corrientes, sumado a los incrementos salariales que fueron aprobados en las últimas gestiones.	Eso, pensado en la economía familiar, significa gastar más de lo que le ingresa a la familia para dar gusto a uno o a varios de los hijos. La ministra de Planificación del Desarrollo señala con optimismo que hasta agosto se ha registrado el 47% de ejecución presupuestaria de la inversión pública.	Lo ideal sería que ese nivel sea superior al 50%, teniendo en cuenta que faltan cuatro meses para fin de año y que la meta es llegar al 100%. Estaría mucho mejor si ese desempeño estuviera acompañado de muestras de austeridad de parte de todos los niveles del Estado. Es evidente que Bolivia no tiene la holgura económica de gestiones anteriores.	Si bien están las que generan recursos y son exitosas, hay otras que no terminan de despegar y, sin embargo, siguen absorbiendo dinero público. Es evidente que el nivel de gasto de cada ciudadano ha disminuido y es poco coherente que, incluso con ítems de nueva creación en salud y educación, el Gobierno no demuestre que es capaz de apretarse los cinturones, tal como lo están haciendo millones de ciudadanos.