La policía antidisturbios rodeó la asamblea legislativa de Hong Kong y se enfrentó a un grupo de varios cientos de manifestantes que se quedaron atrás el lunes después de la marcha pacífica del domingo que, según los organizadores, atrajo a más de un millón de personas, es decir, a una de cada siete personas de la ciudad.	Las protestas sumieron a Hong Kong en una crisis política, al igual que meses de manifestaciones a favor de la democracia en 2014, presionando a la administración de Lam y a sus apoyos oficiales en Pekín. Los cánticos resonaron por las calles de los rascacielos el domingo pidiéndole que renunciara. "¡Extradítate a ti misma, Carrie!", decía un cartel.	El proyecto de ley sobre las entregas ha generado una oposición inusualmente amplia, desde empresarios y abogados que normalmente están a favor del poder establecido hasta estudiantes, figuras a favor de la democracia y grupos religiosos que temen una mayor erosión de la autonomía jurídica de Hong Kong y la dificultad de garantizar incluso las protecciones judiciales básicas en la China continental.	Pero muchos acusan a China de injerencia generalizada en muchos sectores, negando las reformas democráticas y restringiendo las libertades, interfiriendo en las elecciones locales y las desapariciones de cinco libreros con sede en Hong Kong, a partir de 2015, que se especializaron en obras críticas con los líderes chinos. Todos ellos fueron detenidos posteriormente en China, y algunos aparecieron en aparentes confesiones forzadas emitidas en Hong Kong.	Un periódico oficial en China, donde el Partido Comunista tiene influencia sobre los tribunales, dijo que las "fuerzas extranjeras" estaban tratando de herir a China creando caos en Hong Kong. Añadió que el proyecto de ley era una legislación razonable que "fortalecería el estado de derecho en Hong Kong y haría justicia".