La complicada vida política nacional muchas veces deriva en situaciones extremas que requieren decisiones históricas y de alta responsabilidad que pueden llevar alto riesgo, pero que son necesarias bajo circunstancias especiales, Es lo que ha ocurrido desde el momento en que la crisis política derivó en el peligro para la democracia, la institucionalidad y la soberanía del país entregada irresponsablemente a las corrientes impulsadas desde La Habana, Caracas y otras latitudes. A Ello se sumó el fraude electoral que fue la gota que desbordó la paciencia de la ciudadanía que exigió la renuncia de los anteriores gobernantes y el restablecimiento del respeto al ordenamiento legal.	Desde ese momento una secuela de hechos obligó a decisiones muy importantes y delicadas, entre ellas, la sugerencia de las Fuerzas Armadas a Evo Morales para que renuncie dada la delicada situación, hecho que derivó en la aplicación del procedimiento de sucesión constitucional dada la renuncia de los gobernantes y el abandono de funciones que efectuaron funcionarios tanto del Órgano Ejecutivo como Legislativo. La conflictiva situación generada por la violencia desatada por los grupos adictos al MAS se descontroló con actos terroristas, atentados a un gasoducto y una planta de combustibles, además de ataques a torres de energía eléctrica y de comunicaciones y otros excesos en los que participaron extranjeros, entre ellos miembros de las FARC.	La situación extrema obligó el gobierno provisional a adoptar una decisión también extrema y de alto riesgo como es autorizar la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad acompañando a la policía nacional que había sido rebasada en su capacidad para afrontar la situación. De esta manera, el pasado 10 de noviembre los militares salieron a defender a la población agredida, y para proteger el patrimonio nacional que ya había sido gravemente afectado. Para ese objetivo, se aprobó un decreto del gobierno provisional amparado en el Artículo 244 de la Constitución que determina que «Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y participar en el desarrollo integral del país». El decreto 4078, fue criticado por quienes interpretaban que se daba impunidad a los militares. Pero la norma estaba respaldada en la Ley Orgánica de las FF.AA. que autoriza en casos de emergencia el empleo de la fuerza proporcionalmente controlada. Una vez pacificado el país, los militares vuelven a los cuarteles a cumplir su misión de alerta, ya que la presidenta Jeanine Añez determinó abrogar el Decreto de referencia que establecía que los efectivos militares que participen de operativos de restauración del orden público quedaban libres de tener responsabilidad penal por el uso de la fuerza proporcional en situación de necesidad y defensa.	La presidente explicó que el decreto en cuestión ha sido un recurso constitucional que los gobiernos pueden aplicar cuando la seguridad del Estado o de la ciudadanía se siente amenazada. Añez agradeció a las Fuerzas Armadas porque gracias a su participación se evitó mayores desgracias. Pero el repliegue de los militares no significa que el país vuelva a quedar desguarnecido, El ministro interino de Defensa, Fernando López, explicó que «de todas maneras, los efectivos militares tienen la misión de cuidar las empresas estratégicas». Durante las negociaciones dirigidas a pacificar al país, el Gobierno fundamentó la necesidad de «la militarización» circunstancial para la protección de la ciudadanía y los bienes y recursos del Estado, por considerar que existía una amenaza de «manos terroristas extranjeras», cuya presencia en nuestro país fue demostrada. Cumplida su misión de emergencia los militares vuelven a sus cuarteles, pero permaneciendo alertas para el cuidado del patrimonio y soberanía nacional.