Mientras surgen más críticas a la máxima autoridad ejecutiva del Ministerio de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, por presunto desvío de más de Bs 71 millones de los recursos del Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas entre 2010 y 2013 (Fondo Indígena), el Gobierno evita señalar a la autoridad y apunta al directorio compuesto por organizaciones sociales del país.	La anterior semana, la Contraloría General del Estado (CGE) hizo conocer la demanda presentada el 26 de diciembre, al Ministerio Público, contra los ex directores ejecutivos, Elvira Parra, Daniel Zapata y Marco Antonio Aramayo, además de representantes legales y responsables de comisiones de administración y ejecución de 153 proyectos por daño económico al Estado de unos Bs 71 millones.	“El presidente (Evo?Morales) siempre quiere protegerla. Cuando hay signos de corrupción el Gobierno promete investigar como siempre, pero ‘siempre’ quiere decir a nivel inferior. Nunca se investiga desde el Ministerio para saber del procedimiento de los desembolsos y la prioridad de quien. Aquí hay un blindaje a la ministra”, dijo el titular de la Cidob, Adolfo Chávez.	Por su parte, el diputado suplente de Unidad Demócrata (UD) y exdirigente de los indígenas de tierras altas, Rafael Quispe mencionó que los responsables no solo son los directores ejecutivos del Fondo, sino los miembros del directorio que son dirigentes del Pacto de Unidad, especialmente la ministra Achacollo porque ella es la presidenta del Fondo. “El lunes me voy a querellar contra ella y ante el directorio”, declaró.	Por su parte, Aurelio Ambrosio, ex jefe técnico del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Collasuyu (Conamaq) y ex miembro del Fondo Indígena, lamentó que la Contraloría intente apartar del caso a la ministra Achacollo. “Es ella quien dirige las reuniones, propone la agenda, las fechas y hora de las reuniones. Es absurdo que se diga que nada tiene que ver. Tiene que ver con el mal manejo de los recursos. Debe ser parte de la investigación”, dijo.	Nemesia Achacollo aclaró que hay un directorio del Fondo constituido por 8 organizaciones nacionales como la CSUTCB, Conamaq, Cidob y interculturales, todos ellos con dos representantes. Además de representantes guaraníes, de las Bartolinas, la de los indígenas de Santa Cruz y moxeños de Beni. “Dirigimos pero no definimos. Define el directorio. Los proyectos son aprobados por sus organizaciones departamentales, las nacionales dan el visto bueno y pasa al director ejecutivo del Fondo Indígena”, se defendió la ministra que aseguró que se sumará a la demanda de la Contraloría, contra los presuntos autores.