La Gobernación de Santa Cruz acusa al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de incumplir y no respetar la vocación de uso de suelo en la adjudicación y autorización de asentamientos humanos a comunidades indígenas, campesinas e interculturales en San Miguel de Velasco, en Santa Cruz. Con datos oficiales, en dicho municipio chiquitano, se autorizó el asentamiento de 69 nuevas comunidades en tierras fiscales saneadas e inscritas en Derechos Reales a nombre del Estado.	Desde la Gobernación de Santa Cruz, el secretario general Roly Aguilera expresó su rechazo categórico al manejo político discrecional que, a su criterio, el Gobierno está llevando adelante a través de la dotación de tierras en el municipio de San Miguel. Tildó de electoralista la adjudicación de tierras y reparó en la acción ejecutada sin respetar las normas y las leyes vigentes en el propio INRA, que establece que primero se debe consultar y adjudicar a los comunitarios del lugar.	La autoridad denotó que se exigirá al INRA la entrega de la documentación del proceso de asentamiento y que, en caso de no dar curso a la solicitud, se llegará a la instancia de orden judicial porque se ha actuado y saltado de forma arbitraria y unilateral instancias departamentales y municipales en la dotación de tierras.	Conforme a la Ley del Plus vigente a escala nacional, la secretaria de Medioambiente de la Gobernación cruceña, Cinthia Asin, indicó que la vocación de suelo donde se ha dado la adjudicación de tierras es ganadera y forestal reglamentada, lo que significa que el INRA, de acuerdo con el artículo 43 de esa ley, debió considerar, primero, los requisitos para hacer esa adjudicación de asentamiento.	“Los requisitos fundamentales son respetar la vocación de uso de suelo, situación que no se ha dado. Hemos solicitado que nos remitan la resolución de adjudicación como corresponde por la vía administrativa. No descartamos la vía judicial, constitucional, penal, inclusive, si corroboramos que ha habido incumplimiento en la adjudicación de esas tierras. La vocación principal es forestal reglamentada, por lo tanto, no se puede deforestar ni realizar una actividad agrícola”, puntualizó.	La movilización se da previo al congreso de emergencia convocado por el Comité para el sábado. Será en la casa del cabildo indígena de San Miguel. El único punto a tratar será la dotación de 130.000 hectáreas de tierras a 69 comunidades campesinas, cuyos beneficiarios suman 2.472 familias, cada una con 50 hectáreas.	A juicio del viceministro de Desarrollo Rural y Tierras, Pedro Damián Dorado, citado por la estatal ABI, el accionar de las autoridades municipales y cívicos de San Miguel raya en el plano de la ilegalidad, la intolerancia y el racismo contra familias bolivianas que están ingresando a la zona para producir, sin afectar a las áreas protegidas.