“Por lo que vi, la familia de Carlos Mesa ya es un evasor confeso ¿por qué digo esto?, (porque) su abogado (Carlos) Alarcón dijo que la familia, los hijos del padre van a pagar si es que falta impuestos, reconoce que no han pagado”, afirmó el presidente Evo Morales cuando fue consultado sobre cuánto preocupa al MAS el crecimiento en las encuestas de su rival político. Morales también atacó al aliado de Mesa, el alcalde Luis Revilla, al advertir que habrá una investigación para encontrar responsables del deslizamiento en la zona de la Inmaculada Concepción, que se produjo hace dos semanas en La Paz.	El contraataque del expresidente y candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Mesa, no se dejó esperar y a través de un tuit respondió a Morales al recordarle que dirige “un Gobierno penetrado por el narcotráfico”. “Evo Morales (@evoespueblo), paralizado por la evidencia abrumadora de la penetración del narcotráfico en su Gobierno y la Policía, ofende a mi familia y a la memoria de mis padres y su compromiso con Bolivia de manera canallesca. No admito su cobarde calumnia y lo desmiento categóricamente”, escribió.	El enfrentamiento fue el corolario de una serie de declaraciones de ambos bandos que comenzó el 30 de abril, cuando la diputada Susana Rivero (MAS) reveló que el excoronel Gonzalo Medina, acusado de vínculos con el narcotráfico, depositó en las cuentas personales de Mesa la suma de $us 30.000 y lo vinculó con este caso. Luego Mesa explicó que se trató de una transacción comercial de venta de un departamento en un edificio céntrico de La Paz, que realizaron sus padres, y en la que él ofició como depositario del dinero que iban a pagar por esa propiedad. Según apuntaron parlamentarios del MAS, la explicación fue confusa y las cifras variaron durante la semana; ya que primero se habló de $us 30.000, luego de $us 19.000 y después de $us 55.000.	A la polémica se sumó el Senado, que emitió un comunicado indicando que “los herederos de don José de Mesa” deben hacerse cargo de una deuda impositiva pendiente. “Es evidente que el abogado recomendó a su cliente don José de Mesa evadir el pago del impuesto municipal a las transferencias señalando, en la minuta, un precio menor al precio real de venta e incluso menor al precio del valor catastral.	El candidato a vicepresidente Gustavo Pedraza descalificó las declaraciones de Morales por considerar que un jefe de Estado debe cuidar su investidura cuando se refiere a dos ciudadanos destacados. “El presidente no puede ocuparse de insultar a una familia honorable como lo está haciendo con los padres de Mesa; el matrimonio De Mesa, que ya ha fallecido, donó su patrimonio cultural al Estado, que tiene un valor aproximado de un $us 1 millón, y el presidente se da tiempo para insultarlos y decir que son evasores de impuestos.	Un presidente no puede referirse mal, ni puede insultar, creo que esa frase es una expresión de abuso de poder, es una expresión de demasiada prepotencia”, expresó Pedraza. Saúl Lara, convertido en principal portavoz de CC, también se refirió al caso y recordó que el Gobierno intenta criminalizar la candidatura de Mesa con distintas estrategias. Explicó que primero la acusación fue por supuestos vínculos con el narcotráfico y no pudieron probarlo; luego dijeron lavado de dinero, pero tampoco se probó. “Ahora cambian a defraudación de impuestos e insultan a su familia”, cuestionó. “Primero salió una diputada (Susana) Rivero y no logró nada; después salió el ministro de Comunicación y como no logró asentar nada tiene que salir el propio presidente para asumir una postura de la situación que es insostenible”.	Cerró el abogado Carlos Alarcón, quien en un programa dijo que la familia Mesa podría honrar las deudas impositivas que se deriven de este caso, recordando que el fondo de toda esta acusación tiene dos puntos principales: el primero, que es tratar de enlodar ya no solo al candidato, sino a toda su familia y no se detienen ni siquiera ante los fallecidos. “Están desesperados en su guerra sucia, tienen que hacer bajar de la preferencia electoral al expresidente Mesa y no lo están pudiendo conseguir hasta ahora; y porque tienen que desviar la atención de los verdaderos hechos y responsables de quien se llevó los $us 4,5 millones de coima en el caso Camargo Correa en Bolivia”, afirmó.	Durante el encuentro con periodistas, ayer en la Casa del Pueblo, Morales aprovechó el mismo escenario para referirse al derrumbe que afectó a La Paz hace dos semanas, y dijo que en conversaciones con los vecinos a los que entregó viviendas en estos días, pudo constatar de que el lugar no era estable y que los vecinos realizaron varias gestiones ante el municipio que les permita dar solución a su problema. “Los técnicos de la Alcaldía les dijeron que era estable, que no va a pasar nada. Por ahora estamos con temas humanitarios, después habrá una investigación sobre los responsables”, advirtió. El burgomaestre paceño y principal aliado de Carlos Mesa evitó pronunciarse sobre la advertencia del Gobierno. El miércoles, concejales del MAS pidieron un informe sobre la venta del departamento y la supuesta evasión de impuestos, pero hasta el momento no lo dio.