Cristóbal Saldías, delegado de Sabsa ante la Central Obrera Departamental (COD), explicó que en 2017 y 2018 desde Sabsa retiraron Bs 19,2 millones y Bs 22,7 millones, respectivamente, de una cuenta denominada previsiones y provisiones para futuras contingencias que tenía Bs 55,1 millones, monto económico, que de acuerdo con Saldías, pertenece a los trabajadores.	Sobre el tema, Milton Claros, gerente nacional del Sabsa, aclaró que durante 2017 y 2018 no fungía como gerente general de la empresa a tiempo de rechazar esas aseveraciones “máxime cuando los estados financieros fueron auditados a través de una firma especializada en cumplimiento a la normativa legal, trabajo realizado sobre la base de una revisión documental y la aplicación de principios básicos de auditoría”, remarcó Claros.	Sin embargo, Claros indicó que los estados financieros de 2017 reflejan una ganancia neta de Bs 32,6 millones y en 2018 de Bs 21,4 millones. Por lo que al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en concepto del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), de acuerdo con Claros, se pagó Bs 8,4 millones en 2017 y Bs 4,2 millones en 2018.	Espinoza explicó que en 2011 los trabajadores de Sabsa, en ese entonces en manos de la empresa española Abertis Infraestructura, iniciaron una demanda laboral por el pago de la diferencia salarial, y que estando en desarrollo el proceso; el Decreto Supremo 1494 de 2013 nacionaliza la empresa “y en su quinto artículo se establece que los pasivos financieros, tributarios, laborales, comerciales, entre otros, serán deducidos del monto de las acciones a tiempo de efectuar el pago señalado en el artículo 2 del presente decreto”, dijo Espinoza. “Con estos antecedentes, en 2015, el juez 1.º de Trabajo de Montero determina la sentencia 07/15 que dispone el pago de Bs 55,1 millones actualizado al momento de pago a los trabajadores, algo que hasta el momento no se realizó”, observó.	Sobre ello, Claros precisó que en el presente caso, no existe aún una resolución firme o que reúna la condición de cosa juzgada; es decir, el Tribunal Constitucional Plurinacional, como efecto de las acciones constitucionales interpuestas por el sindicato, ha merecido resoluciones de esta instancia que ha evidenciado una omisión al procedimiento y sus formalidades.	“Es así que Sabsa inició procesos penales que se encuentran actualmente en curso, los cuales cuentan con imputaciones formales, producto de los procesos de investigación realizados por el Ministerio Público. Es decir, que en esta etapa inicial, el fiscal sustentó la comisión de los hechos denunciados en contra de los trabajadores involucrados, quienes haciendo uso y abuso de determinadas prerrogativas sindicales, pretenden imponer sus caprichos”, sostuvo Claros.