Después de que la Fiscalía imputara al actual director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Sergio Imana, y a ocho dirigentes, dentro de la investigación relacionada con la creación de la comunidad campesina Los Cedros, en San José de Chiquitos, resurge la demanda de reactivar la Comisión Agraria Departamental (CAD) -no funciona desde hace más de 10 años- y el Viceministerio de Tierras descarta dar curso a la petición regional.	Desde el Viceministerio de Tierras, el titular de esa cartera, Juan Carlos León, indicó que el Gobierno, a través de la Constitución Política del Estado, tiene un mandato donde hacen foco en que el saneamiento, administración y titulación de tierras fiscales son atribuciones privativas del nivel central. “Si el gobernador de Santa Cruz está seguro, que convoque y actúe, la ley nos da la facultad, al nivel central del Estado, a través del INRA, para proceder con el saneamiento, titulación, administración y distribución de tierras fiscales. Para nosotros está clara la figura”, aseveró.	Para José Luis Santistevan, abogado constitucionalista, las funciones de la CAD son supervisar la ejecución del proceso de saneamiento, dictaminar las áreas y superficies que se proponga distribuir el INRA, supervisar las políticas de tierras en el departamento y ejercer el control social sobre el abandono de la tierra, y por último elevar una terna para designar al director departamental.	Para el secretario general de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, el INRA se ha convertido en la entidad más oscura de la democracia, ya que no da información y obstruye la instalación de la CAD, cuya tarea de fiscalización, control y recomendación en tema de política de tierras se ha visto bloqueada. “Si bien es incumbencia del Gobierno central, este es un espacio consultivo para que no se maneje de forma arbitraria”, dijo.	Peña apuntó que la Gobernación tiene evidencias de un “enorme tráfico de tierras cobijado por el INRA que beneficia a funcionarios y dirigentes. El MAS hizo del INRA una oficina de reparto y tráfico de tierras para sus militantes. Esto lo vemos y lo hemos denunciado. Exigimos que se transparente”, cuestionó.	Cree que en dicha instancia, el INRA debe informar al Gobierno departamental -por Constitución cuenta con la competencia exclusiva en la determinación del uso de suelos- de qué forma se están distribuyendo las tierras en Santa Cruz. “Además, debemos conocer el estado del proceso de saneamiento y titulación de tierras y por qué en más de 23 años este proceso no concluye”, opinó.	Asturizaga considera pertinente una evaluación de todo el proceso agrario, no solo por el accionar del INRA, sino para establecer un diagnóstico que permita establecer si es oportuno continuar en un proceso permanente e indefinido de reforma agraria que atenta contra la seguridad del que produce, o de prever mecanismos razonables de verificación de la función económico social (FES) que conlleven incentivos a su cumplimiento.