En campaña, López Obrador prometió transformar México. Creó enormes expectativas y abrió un debate generalizado sobre las políticas públicas, el pasado y el futuro de México, las cuales son buenas noticias. Ha tomado algunas decisiones, la mayoría poco sabias, y ha prometido prácticamente todo lo que puede prometerse, incluyendo un sistema de salud universal al estilo escandinavo. Sin embargo, aunque ha consolidado un enorme respaldo popular, los proyectos que de hecho se han llevado a cabo aún son pocos, lo cual no es bueno para un país que tiene tantos desafíos como México.	López Obrador está haciendo el trabajo sucio de Donald Trump al permitir que México se convierta en el país de acogida de los centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos. Canceló la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, que estaba parcialmente construido, a un costo enorme para el presupuesto y el futuro de la capital; todavía no está claro cómo se ampliará y mejorará el viejo y saturado aeropuerto de la ciudad ni si se construirá otro aeropuerto para complementarlo, pero el impacto en los mercados fue significativo. Por otro lado, su decisión de aumentar el precario salario mínimo en todo el país y duplicarlo a lo largo de la frontera norte fue sabia y oportuna. Pero eso es todo.	Obtuvo la aprobación del congreso para la formación de una Guardia Nacional, con un mando militar de facto, que estaría a cargo de “prevenir y combatir el delito” en todo México. Prometió pensiones para los ancianos, becas para los estudiantes de preparatoria, asistencia financiera para las personas con discapacidad y, lo más importante, capacitación y prácticas profesionales pagadas para los casi tres millones de jóvenes mexicanos sin empleo.	AMLO también quiere construir un tren maya en la península de Yucatán, una nueva refinería petrolera en Tabasco —el estado donde nació— y un tren en el istmo, que competiría con el canal de Panamá. Está tratando de establecer un sistema paralelo de poder y gobierno en los 32 estados de México al nombrar a un delegado personal en cada uno. Por último, pretende eliminar el financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Como resultado, los fondos para programas sociales anteriores, como los dirigidos a las víctimas de violencia doméstica y las guarderías, han sido recortados y se entregarán directamente a los usuarios (en teoría).	Aunque la mayoría de estas propuestas son populares, también han generado preocupación. Se inspiran en la vieja política mexicana de clientelismo y remplazan mecanismos previos de gasto federal con transferencias directas a posibles votantes en el futuro. A través de designaciones autoritarias y personales, sortean el corrupto sistema federal, que se sustenta en gobernadores todopoderosos. También tienden a militarizar aún más la guerra fallida contra las drogas y el crimen organizado en México, que ha cobrado más de 250.000 vidas y ha dejado un saldo de alrededor de 40.000 personas desaparecidas desde 2006.	Es muy probable que muchos de estos planes no se concreten. Los ingresos del gobierno disminuyeron un 7,5 por ciento en enero; la economía se enfrió en octubre y apenas creció en el primer mes del año. Los nuevos gobiernos de México siempre necesitan tiempo para llevar a cabo sus planes. Algunos han tenido un gran impacto durante sus primeros cien días, como el de Carlos Salinas de Gortari en 1988-89 o el de Felipe Calderón en 2006-07; otros, no tanto. Siempre hay una curva de aprendizaje, sobre todo después de que salió del gobierno el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 2000. Pero en el caso de López Obrador, la incompetencia de su gabinete es un gran obstáculo para que sus promesas se conviertan en políticas. Además, el aumento de la violencia en todo el país garantiza que el proceso para este gobierno será aún más prolongado.	Así que no solo es una cuestión de las dificultades prácticas de repartir dinero de maneras con las que teóricos del libre mercado como Friedrich Hayek y Milton Friedman no habrían podido soñar, sino que también se trata de que no hay dinero que repartir. La mayoría de los economistas ahora están pronosticando un drástico declive en los ingresos y el gasto del gobierno este año, así como un descenso en las inversiones extranjeras y nacionales. Calculan que, en el mejor de los casos, el producto interno bruto crecerá un uno por ciento, quizá menos.	Enero también fue el mes más sangriento de México desde que se ha llevado registro de los homicidios. Diciembre no fue mejor. La presión de Estados Unidos para ir tras los cargamentos de cocaína de Colombia y el fentanilo de China, además del aumento en los cultivos de amapola en varios estados mexicanos, sugieren que la violencia no terminará. Esto, a su vez, seguirá asustando a los inversionistas y a los turistas.	López Obrador ha mostrado inclinaciones autoritarias y demagógicas, y en la actualidad prácticamente no hay contrapesos institucionales en México. Está ocupando las vacantes de la Suprema Corte con sus simpatizantes y la oposición política se encuentra en un estado de caos. La única oposición que existe son los mercados y los analistas políticos.	Con suerte, los pocos contrapesos que existen, así como las realidades económicas, asegurarán que no provoque mucho daño. Sin embargo, dada la naturaleza de su retórica, esto es poco probable. ¿Cómo reaccionará López Obrador cuando la realidad lo alcance y descubra que no puede cumplir sus promesas? Ese momento quizá llegue más temprano que tarde.