Hablo de falsificaciones de todos los tamaños. La de este domingo está entre las pequeñas, no por su costo, que es excesivo, sino por sus metas y por lo miserable de su ejecución. La votación de este domingo no elige, no define, no aclara y menos resuelve cosa alguna. Con el injustificado título de elecciones primarias se pone en escena un ritual mediante el cual sus programadores y protagonistas tratarán de crear la ilusión de que no perdieron el referendo de 2016 y que la fea cara, que a ellos les muestra la tendencia de casi todas las encuestas desde hace un año, en realidad les estaría sonriendo.	Quieren alardear de una enorme cifra de militantes –casi un millón, si es que son creíbles las cifras que publica el TSE–, comparadas con las pequeñas o muy pequeñas de sus competidores. Suponen que nadie se da cuenta de que los resultados de hoy no tendrán ninguna influencia en los de unas elecciones nacionales que, programadas para dentro de pocos meses, resultan muy pero muy angustiosamente lejos para el MAS, cuyo atractivo se escurre con la granizada de denuncias de corrupción e incapacidad.	Ninguna votación ocultará que solo existen binomios únicos, reflejo del caudillismo que campea en el sistema de partidos, que igual ‘triunfarán’ con un solo voto, ya sea de adherentes voluntarios o forzados en gran parte, como ocurre con el MAS, que no ha podido tapar las filtraciones que exhiben como una buena parte de funcionarios de la administración central están obligados a demostrar que cumplieron con una cuota obligada de votantes para no perder sus puestos y fuentes de sustento.	Lo único verdaderamente importante del triste espectáculo de estas primarias es que van consolidando una especie de tradición con las otras votaciones (no elecciones), como las judiciales, en las que se depositan votos, pero no se elige, porque esa función ya la cumplió el partido de gobierno o alguna de sus sucursales estatales.	Las grandes falsificaciones, intensamente marcadas por el 13.er aniversario del arribo del MAS al poder, son las afirmaciones, respaldadas por un aparato propagandístico que ha gastado no menos de Bs 5.000 millones en cerca de un quinquenio, tratando de convencer que encabezamos la lucha continental contra la pobreza, que se ha liberado a los indígenas, que nuestros avances en todos los planos asombran al mundo o que el lujo en que se sumergen nuestros gobernantes es un requisito para que puedan continuar sacrificándose.	Y, desde luego, está el torrente de cifras que cada 22 de enero nos regalan para que nos demos cuenta que vivimos una época dorada (¿de falsificaciones y falsificadores?), en la que habríamos invertido el año pasado, por ejemplo, Bs 5.600 millones en energías alternativas (¿dónde?, ¿en qué obras concretas?).	De todos modos, van cayendo, una a una, con la difusión de datos que nos recuerdan que somos el país latinoamericano en el que existe la mayor proporción de personas que padecen hambre; o que nuestros avances en materia de disminución de la pobreza están en el tercer puesto de la cola, comparados con los del resto de la región; o que los recursos que el Estado boliviano dedica a la satisfacción de necesidades básicas de la población continúan siendo demasiado escasos.	Para poder avanzar, estamos obligados a derribar la malla de embustes y no dejar duda pendiente sobre las falsificaciones con que buscan mantenerse, contra viento, marea, Constitución y soberanía popular, en puestos de mando que les están vedados por la ley, la historia y la decisión democrática popular. Parte de esta tarea es que la movilización ciudadana exija que se vayan los altos funcionarios de algunos aparatos clave de falsificación y usurpación, como el TSE, el TCP, la Defensoría, hipotecados sin remedio a la voluntad del régimen.