Si se coincide en que la racionalidad es una virtud que tienen las personas para determinar qué es lo mejor en cualquier actividad, es muy difícil comprender ciertas conductas, individuales o colectivas, que por falta de previsión, ausencia de coherencia o la ceguera que da el sectarismo, terminan desatando fracasos, siempre dolorosos. Ciertamente, todo proyecto o conducta política, si no parte de la lógica, terminan en ostensibles desengaños, pues no cumplen con la necesaria determinación de qué es lo más conveniente y factible para un país.	Lamentablemente, cada día que pasa, se comprueba que en nuestro país, prevalece la ausencia de racionalidad en el manejo del Estado. Se antepone el interés sectario al de la sociedad. Es decir, en favor de un sector en desmedro de otros. Y, lo que es peor, se eligen, aun a sabiendas de que están siendo violadas, elementales reglas de convivencia democrática. Un claro y dramático ejemplo de lo anterior fue dictar un decreto que dio lugar a quemas –dizque “controladas”– para favorecer exclusivamente a un sector claramente alineado con el oficialismo poco previsor o inspirado en el ”métale no más”.	Es que no es racional, una conducta que solo se orienta a favorecer a los partidarios, en desmedro de la naturaleza, en este caso de los bosques de la Chiquitania, que es parte de la Amazonia llamada el “pulmón del mundo”. Todo radica en un afán de captar adeptos –pretendidamente agradecidos– para las elecciones en las que participa el candidato oficial desconociendo la constitución y la voluntad ciudadana.	Es cierto que en el pasado también hubo casos de irracionalidad en la administración del Estado, pero nunca fueron de la magnitud que la que se repite en estos casi quince años de experimentos populistas. En verdad, ahora que se ha puesto en evidencia la absurda imposición de políticas, medidas y acciones inmorales, multiplicadas en este periodo electoral, nos duele a los bolivianos, que se destruya un tesoro natural por intereses espurios. Y, como ese dolor despierta la rebeldía, se apela a la fuerza para imponer los designios perversos que no reparan en el mal que ocasionan.	Pero hay más: El gobierno defiende abiertamente a regímenes totalitarios: el del dictador venezolano Nicolás Maduro y el de Ortega–Murillo de Nicaragua; también empeñados en eternizarse en el poder. Así se pone al país en la reducida lista de naciones en nuestro continente que ponen en peligro su futuro. Es que solo el respeto mutuo entre gobernantes y ciudadanos, la observancia de las bases de la democracia, la separación e independencia de los poderes del Estado, podrán abrir el camino a la paz y al desarrollo económico, político y espiritual de la Nación.