Quienes reconozcan su responsabilidad en delitos muy graves "tendrán un mínimo" de sanción "de cinco años y un máximo de ocho años" de privación de libertad. La jurisdicción especial "determinará las condiciones de restricción efectiva de libertad que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la sanción, condiciones que en ningún caso se entenderán como cárcel o prisión ni adopción de medidas de aseguramiento equivalentes". Cuando no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad habrá penas efectivas de cárcel de 15 a 20 años.