Las Fuerzas Armadas se han convertido en un actor clave para el desarrollo nacional del Estado, apoyando no sólo a la implementación de las políticas de cambio en el marco de la «Revolución Democrática y Cultural», sino también en la unidad del Estado y la estabilidad del Gobierno, bajo esta coyuntura, la política de defensa adquirió un lugar de relevancia en la Agenda Política.	Si bien las FF.AA., han concentrado sus operaciones en seguridad interior, defensa civil y acción comunitaria sin descuidar su seguridad externa, se erigen como un guardián del desarrollo nacional, siendo por excelencia una institución pilar fundamental del Estado, su política de defensa entendida en sentido amplio se compone de tres dimensiones: La primera corresponde a la dimensión estratégica, referida a las acciones y medidas institucionales decididas e implementadas por el Gobierno Nacional para prevenir o enfrentar situaciones de riesgo, conflictos o amenazas de origen estatal interno o externo contra la soberanía, la integridad territorial y la capacidad de autodeterminación del Estado, que requieran el empleo en forma disuasiva o efectiva de las Fuerzas Armadas.	La segunda dimensión considerada es la política militar, por último, la dimensión internacional de la política de defensa, también denominada «Diplomacia de la Defensa», contribuye a los objetivos de la política exterior del Estado, asimismo, las Fuerzas Armadas están orientadas a optimizar la defensa civil y la contribución al desarrollo nacional, apoyando la inclusión socio-económica de los sectores más postergados.	Los militares bolivianos, desde el 2006, participaron junto al Estado desde la Nacionalización de los Hidrocarburos, van coadyuvando en las políticas públicas en favor de las poblaciones más vulnerables: la distribución de planes sociales como alfabetización, bono escolar «Juancito Pinto» y el subsidio a la vejez denominado «Renta Dignidad». Apoya a la infraestructura productiva nacional, mediante la construcción y mantenimiento de obras civiles en áreas rurales y de frontera, el apoyo a las campañas de salud e incluso la contribución a la política de precios del gobierno mediante la producción y comercialización de alimentos para reducir el valor de los mismos en el mercado.