Se cumplieron cuatro días desde que Morales renunció a la Presidencia y 24 de las elecciones del 20 de octubre, tras las que se denunció el fraude y se desencadenó una ola de protestas por todo el país en favor y en contra del ahora exmandatario, con un resultado de ocho muertos y casi quinientos heridos.	Las actividades en Bolivia no se habían interrumpido pese a las movilizaciones, sin embargo, desde el pasado viernes tras el amotinamiento de los policías en varias ciudades, los comerciantes cerraron sus negocios por temor a los saqueos, el transporte disminuyó, así como los transeúntes, lo que afectó a los vendedores ambulantes.	No es necesario medir con cifras del impacto de la crisis sobre las actividades laborales informales, solo es cuestión de caminar dos o tres calles por las ciudades de La Paz o su vecina El Alto y no ver ni un solo vendedor con su puesto improvisado en una esquina o algún malabarista o limpiavidrios en un semáforo.	«Yo abro un rato por la mañana o por la tarde y me voy porque esto está complicado. El otro día no pude abrir y eso es difícil porque de esto vivo y se acaban las cosas», expresó a Efe una mujer que tiene un puesto ambulante en la esquina de una calle.	Gary Rodríguez, gerente general de Instituto Boliviano de Comercio Exterior, dice ante la actual coyuntura que se debe crear «un gran pacto social productivo para tomar medidas que formalicen más la economía como disminuir impuestos, pero ampliar la base productiva, eliminar el contrabando, liberar las exportaciones y cuidar la deuda externa».	El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, dijo esta semana que ante los bloqueos muchos camiones que salen desde las regiones de Santa Cruz y de Cochabamba cargados con «alimentos perecederos con serios riesgos de perderse» está afectando a la economía interna y a la población.