Morales está en situación desesperada, su apoyo «de organizaciones sociales» son esporádicos y obligados. Ante la enorme cantidad de evidencia sobre fraude electoral, será inaceptable el dictamen de la OEA recomendando la «segunda vuelta», significaría olvidar los delitos cometidos por el TSE y por el Presidente, confrontados con la Ley del Régimen Electoral, incluido el incumplimiento al 21F y su inconstitucional postulación.	En las actuales condicionantes de rebelión del pueblo, las únicas salidas de la crisis son: Que la ciudadanía paceña, exija la renuncia de Morales por el descontrol territorial generalizado de los asuntos del Estado, por el descomunal fraude electoral y los delitos inmersos promovidos por el Presidente y vicepresidente y por carecer del respaldo institucional de las FF.AA. y de la Policía, que le incapacita a garantizar la seguridad, la estabilidad y gobernabilidad, como manda la Constitución.	Con respecto a las FF.AA., es preciso saber si el alto mando comparte o no los actuales postulados de la sociedad. La estructura militar existe porque somos los bolivianos que la sustentamos, pero: ¿seguirán desvirtuando su misión convertidos en instrumento de dominio y represión social del poder político temporal? o ¿Están dispuestos a restaurar su aureola de institución democrática?	La sumisión al gobierno, en lugar de la subordinación a la Constitución Política del Estado, envilece al mando militar, la dominación civil partidaria sobre las Fuerzas Armadas a través de la prebenda, es contraria al bien común. El control de las FF.AA. la ejerce el Régimen mediante el condicionamiento de la carrera profesional a las indicaciones de un partido. Un Comandante de Fuerza, así nombrado, no puede ser independiente e imparcial; pero en el actual caso de la desobediencia civil, los militares y la policía no deben ser subordinados por un gobierno que carece de legitimidad constitucional.	Por lo tanto, solo les cabe ser consecuentes y obedientes a la Constitución como definidor del poder que se les ha conferido sustentada en la voluntad del pueblo y articulada por el Estado de Derecho, ya no en la voluntad de un régimen político que cree estar por encima de la Ley.	Frente a un gobierno antidemocrático y racista, la rebelión del colectivo social puede detener sus ansias totalitarias y restituir el poder soberano a los ciudadanos. El pueblo de La Paz, Bolivia y las FF.AA. tienen gran responsabilidad histórica. No es importante lo que opine la OEA. El objetivo es la restitución democrática usurpada.