El conturbado proceso electoral que estamos viviendo en Bolivia con miras a los comicios generales del 20 de octubre y el drama que nos golpea desde hace meses por el ecocidio que amenaza devastar a la Chiquitania se han transformado en una mezcla letal que nos obliga, cuando menos, a detenernos un momento para pensar en las causas que nos han traído hasta este presente. Y cuando lo hacemos, nos topamos con una constatación que duele muchísimo: nada de lo ocurrido hasta hoy obedece al acaso, todo fue llegando con el descaro de los males anunciados. O sea, no fue por falta de aviso o de advertencia.	Comencemos por las elecciones generales. Nadie discute que debían de convocarse para el 20 de octubre de 2019, tal como lo establecen leyes y normas. Lo que no estaba escrito en la Constitución ni en otra norma o ley es el combo de artimañas de un poder central al que no le tembló la mano -nunca ha padecido de ese mal- al momento de violar leyes y hasta la mismísima voluntad popular, para imponer a capricho el binomio Morales-García. No estaba escrito, cierto, pero esto nunca significó la ausencia de señales que obligaban a desconfiar, por no decir tener certeza, de la abierta disposición del MAS de hacerlo así.	El oficialismo nunca ocultó su afán de prorrogar el mandato de Morales. No el del MAS, sino el de Morales y su cúpula. Digamos que la sociedad en su conjunto, o al menos unos sectores de la población, no lograron darse cuenta de ello. Pero los que no tienen excusa para no haberlo sabido son todos los actores políticos y las élites de la sociedad civil, sean estas económicas, activistas, intelectuales y más. ¿Por qué no actuaron en consecuencia a lo largo de los últimos años, y sobre todo en el trascurso de los meses previos al inicio del proceso electoral? A estas alturas del partido ya no valen las excusas de que “nadie sabe lo difícil que es enfrentar al MAS” en Bolivia. Ninguna excusa los exime de sus culpas.	Un patrimonio histórico y cultural reconocido universalmente por la Unesco, y fundamental en la historia de Santa Cruz. En este caso también sobraron las advertencias. Las hubo al menos desde los años ochenta, con el nacimiento de la Cidob, y le siguieron muchas otras a lo largo de estas últimas décadas, tanto de varias oenegés, como de la Nación Camba.	Hago hincapié en las de la Nación Camba, porque en ellas se incluían todas las amenazas, tanto las prácticas inescrupulosas de empresarios grandes, como las de los cada vez más numerosos y agresivos traslados y asentamientos masivos de familias afines al Gobierno. ¿Dónde estaba puesta nuestra atención mientras llegaban esas advertencias? Otra vez: a esta altura del partido, no podemos decir que nada oímos.	En este momento, hay tanta información sobre ambos problemas aquí expuestos, que ya no es posible ignorarlos ni tratar de desvirtuarlos. Duele profundamente constatar a qué punto hemos llegado, sea en lo que hace al proceso electoral, sea en lo que se refiere a la tragedia que azota a Chiquitos. Duele más porque fuimos advertidos, e ignoramos to dos los avisos. Es como para chicotearse hasta 2025. Pero bueno, algo habrá que hacer ahora, casi a destiempo, para tratar de enmendar errores, corregir olvidos y enderezar caminos. Mucha gente ya está trabajando en ello. Gran parte de esa gente, exponiendo sus vidas, literalmente. Otros lo hacen desde la articulación de acciones que permitan garantizar al menos el respeto al voto depositado en las urnas de aquí a dos semanas, y otros más, en la coordinación de gestiones no apenas para frenar y revertir el ecocidio en Chiquitos, sino también para sancionar a los autores intelectuales y materiales del desastre.