El Gobierno Departamental de Santa Cruz exigirá la anulación de la resolución de autorización de asentamientos humanos a comunidades indígenas, campesinas e interculturales en el Municipio de San Miguel de Velasco realizada el 21 de marzo por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).	El secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, durante su participación en el congreso cívico realizado ayer en San Miguel de Velasco, indicó que, de acuerdo con ley, la tierra tiene que ser primero para las personas que residen en el lugar, para las comunidades y pueblos indígenas que no tienen suficiente.	“Esa dotación es ilegal, ya que la ley del Plus (Plan de Uso de Suelo) establece que para dotar esas tierras tiene que haber una certificaron de asignación de uso de suelo otorgada por la Gobernación. La Gobernación no ha dado ninguna certificación para ese asentamiento ilegal. Vamos a exigir que se anule ese asentamiento”, dijo Peña.	El pasado miércoles el director nacional del INRA, Juan Carlos León, en conferencia de prensa en Santa Cruz, aclaró que en el marco de sus competencias y cumpliendo el ordenamiento jurídico vigente, se emitieron las resoluciones de autorizaciones de asentamientos humanos a 69 comunidades campesinas indí- genas e interculturales en San Miguel de Velasco.	En esa oportunidad, León indicó que, en el ámbito técnico, las tierras dotadas están dentro del área fiscal disponible que fue identificada en el proceso de saneamiento relevado por el INRA en dicho municipio de la región chiquitana. León además aclaró que el INRA atendió un procedimiento administrativo de dotación de tierras requeridos por comunidades, cuyos demandantes no tienen tierras y que, en todo caso, será la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) quien en el ámbito de sus competencias atienda o no solicitudes de desmonte para realizar actividades agrícolas.