Solo el Decreto Supremo 28168 ampara el derecho al acceso a la información pública, lo cual resulta absolutamente insuficiente. Bolivia forma parte del pequeño pelotón de países que no cuenta con una ley de acceso a la información, un instrumento fundamental para garantizar este beneficio no solo para mejorar el trabajo de los periodistas, sino para fortalecer el derecho de los ciudadanos a saber qué ocurre con los bienes y servicios estatales, tal como se prevé en los artículos 21 y 106 de la Constitución Política del Estado aprobada en 2009.	Un informe de la Unesco confirma que la mayoría de países de América Latina tienen leyes que garantizan el acceso a la información oficial, a excepción de Bolivia, Costa Rica, Cuba y Venezuela. Diversos intentos se han dado para legislar esta materia en la Asamblea Legislativa Plurinacional durante la gestión de Evo Morales, pero no por casualidad el país no tiene aún una ley que garantice el acceso pleno a la información pública.	Cuando los periodistas están indagando irregularidades en el manejo de la cosa pública, los funcionarios aludidos se amparan en el silencio o en la dilación para evitar dar explicaciones de sus acciones. Varios periodistas no pudieron contar con la contraparte (procedimiento fundamental del periodismo) en casos de corrupción, malversación de recursos y bienes públicos, narcotráfico y contrabando, por lo que se hizo más difícil acceder a la verdad de un determinado hecho o fenómeno.	Ojalá que en esta legislatura, especialmente el oficialismo del MAS, que controla la Asamblea Legislativa, se abra un nuevo debate sobre el acceso a la información en Bolivia y se incluya la aprobación de esta ley como una de las prioridades en el marco de la tan mentada renovación que postulan a propósito del actual proceso electoral.