A sus 34 años le preocupa que pueda unirse a la lista de cientos de activistas de derechos humanos, líderes comunitarios y excombatientes de las FARC asesinados desde que se firmó un acuerdo de paz en 2016, muchos de ellos por luchar contra el narcotráfico, la minería ilegal o por la restitución de tierras.	"Quienes trabajamos en estos temas de derechos humanos, defensa de aspiraciones colectivas, y más en una zona como el norte del Cauca, si no nos han amenazado tenemos toda la certeza de que algún día vamos a ser amenazados o incluso algún día nuestra vida puede correr riesgo", dijo Capaz a Reuters.	En esas zonas, como en otras de Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz y bandas criminales como el Clan del Golfo y Los Pelusos libran una guerra por el control territorial y las economías ilegales de las que obtienen millonarios ingresos, según fuentes de seguridad.	A esas estadísticas se le suman los 138 excombatientes de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo que firmó en noviembre de 2016 un acuerdo de paz para acabar con un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados.	"Es un panorama preocupante. Cuando se amenaza o se asesinada un líder, lideresa o defensora de derechos humanos, se ataca la democracia", dijo el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret. "Sin líderes sociales no hay democracia, de modo que es supremamente grave y no quisiéramos repetir este asesinato continuo de líderes sociales".	Si la indignación por el asesinato de líderes sociales aumenta podría crear obstáculos en las relaciones de Colombia con Estados Unidos y Europa, que ayudan a financiar la reincorporación a la sociedad de muchos de los 13.000 exmiembros de las FARC que dejaron las armas, además de programas de sustitución de cultivos de la materia prima de la cocaína.	La situación podría complicarse debido a que muchos de los casi 118.000 candidatos a las elecciones de octubre en las que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales y diputados son activistas sociales, según la Procuraduría General, que pidió a las autoridades garantías de protección a los líderes y defensores de derechos humanos inscritos como aspirantes.	Capaz, padre de un niño de nueve años, circula a diario por carreteras sin pavimentar a través de las verdes montañas del departamento del Cauca acompañado por un conductor y un escolta. Siempre lleva un radio de dos vías para informar a otros líderes indígenas y a las autoridades de un eventual ataque.	"La sensación de inseguridad es permanente, lo que hacen estos esquemas es aislarte de unas zonas de riesgo, de momentos de posibles de riesgo, pero lo que no hace es quitar el riesgo en su totalidad", concluyó sentado en una silla en el patio de la sede de una asociación indígena, mientras varios pollos cacareaban a su alrededor.	A sus 34 años le preocupa que pueda unirse a la lista de cientos de activistas de derechos humanos, líderes comunitarios y excombatientes de las FARC asesinados desde que se firmó un acuerdo de paz en 2016, muchos de ellos por luchar contra el narcotráfico, la minería ilegal o por la restitución de tierras.	"Quienes trabajamos en estos temas de derechos humanos, defensa de aspiraciones colectivas, y más en una zona como el norte del Cauca, si no nos han amenazado tenemos toda la certeza de que algún día vamos a ser amenazados o incluso algún día nuestra vida puede correr riesgo", dijo Capaz a Reuters.	En esas zonas, como en otras de Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz y bandas criminales como el Clan del Golfo y Los Pelusos libran una guerra por el control territorial y las economías ilegales de las que obtienen millonarios ingresos, según fuentes de seguridad.	A esas estadísticas se le suman los 138 excombatientes de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo que firmó en noviembre de 2016 un acuerdo de paz para acabar con un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados.	"Es un panorama preocupante. Cuando se amenaza o se asesinada un líder, lideresa o defensora de derechos humanos, se ataca la democracia", dijo el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret. "Sin líderes sociales no hay democracia, de modo que es supremamente grave y no quisiéramos repetir este asesinato continuo de líderes sociales".	Si la indignación por el asesinato de líderes sociales aumenta podría crear obstáculos en las relaciones de Colombia con Estados Unidos y Europa, que ayudan a financiar la reincorporación a la sociedad de muchos de los 13.000 exmiembros de las FARC que dejaron las armas, además de programas de sustitución de cultivos de la materia prima de la cocaína.	La situación podría complicarse debido a que muchos de los casi 118.000 candidatos a las elecciones de octubre en las que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales y diputados son activistas sociales, según la Procuraduría General, que pidió a las autoridades garantías de protección a los líderes y defensores de derechos humanos inscritos como aspirantes.	Capaz, padre de un niño de nueve años, circula a diario por carreteras sin pavimentar a través de las verdes montañas del departamento del Cauca acompañado por un conductor y un escolta. Siempre lleva un radio de dos vías para informar a otros líderes indígenas y a las autoridades de un eventual ataque.	"La sensación de inseguridad es permanente, lo que hacen estos esquemas es aislarte de unas zonas de riesgo, de momentos de posibles de riesgo, pero lo que no hace es quitar el riesgo en su totalidad", concluyó sentado en una silla en el patio de la sede de una asociación indígena, mientras varios pollos cacareaban a su alrededor.