Bolivia se ha comprometido ante las Naciones Unidas al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas que este organismo internacional planteó en 2015 con miras al 2030 y que pretenden -en esencia- erradicar la pobreza, combatir las desigualdades, promover la prosperidad y proteger el medio ambiente. Los ODS están en estrecha alineación con el Plan de Desarrollo Económico (2016-2020) y los 13 pilares de la Agenda Patriótica (2025).	En estos casi 4 años de haber asumido tal responsabilidad con la ONU, la información oficial se muestra alentadora asegurando que se va por buen camino; y es que no todo es malo, ciertamente, pero tampoco es como se lo pinta. Información del gobierno señala que el Estado Plurinacional ha aportado a la Asamblea General de la ONU con la inclusión de la resolución que aprobó la creación del Día Internacional de la Madre Tierra (22 de abril) y con haber logrado el reconocimiento de los principios ancestrales andinos Ama Sua, Ama Llulla y Ama Quella para la promoción de una gestión pública eficiente y transparente.	Más allá de las certezas y dudas, y de las acciones efectivas y los discursos contradictorios con la realidad sobre el estado de avance de los ODS como país, lo que convoca nuestra curiosidad es la metódica que se habría empleado para su ejecución: Documentos oficiales señalan que habría sido el “enfoque integral” que, siendo honestos, resulta insuficiente para sustentar el pacto global con el que comprometimos la participación del gobierno, del sector privado y de la sociedad civil.	Colombia, por ejemplo, ha diseñado una “hoja de ruta” que parece bastante seria y que se explica desde el enfoque transformativo; y es que, alcanzar objetivos de desarrollo sostenible para garantizar servicios básicos alternativos, ciudades resilientes, medidas que minimicen los efectos del cambio climático y una justicia para todos, no es tarea fácil de resolver desde la individualidad de voluntades ni desde la autosuficiencia de un Estado todopoderoso; lo que requiere es una alianza institucional estratégica que sume actores públicos y privados con base en una fórmula metodológica innovadora.	El enfoque transformativo como se explica en el Libro Verde 2030, busca facilitar la transformación de los actuales sistemas sociotécnicos haciéndolos más sostenibles; cambio que demanda explorar múltiples formas de trabajo y alternativas de solución, razón por la cual la política transformativa abre espacio a la experimentación y el aprendizaje: “Considerando que la búsqueda de soluciones a los grandes problemas sociales, económicos y ambientales del país exceden el alcance sectorial y constituyen por igual un desafío para el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, así como para el sector productivo, la academia y la sociedad civil, la adopción de un enfoque transformativo constituye un camino posible para el trabajo interinstitucional, multinivel y multiactor, para avanzar hacia la transformación”.	El enfoque transformativo materializado en una política transformativa empleada también en agencias de ciencia e innovación de Suecia, Noruega, Finlandia y Sudáfrica, es la herramienta con la que ahora Colombia intentará alcanzar las metas de los 17 ODS. Esta política promueve la incorporación de cinco principios: Direccionalidad, participación, aprendizaje y experimentación, interdisciplinariedad y anticipación de resultados y efectos.	El gobierno boliviano ha anunciado para el 2020 la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología que ojalá active una política transformativa que permita democratizar y revitalizar la participación de actores socioeconómicos y técnicos aglutinados en nichos transformativos que rescaten el uso estratégico, social y sostenible de la producción de conocimiento, la innovación y la tecnología.