La rectificación de datos en las declaraciones juradas de bienes, como las que realizó Vania Lanchipa, hija del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, están permitidas desde 2012 cuando se emitió el decreto 1233 que autoriza esos cambios. El subcontralor del Estado, Edino Clavijo afirmó que al menos un 20% de los funcionarios públicos incurren en errores en sus declaraciones y las mismas pueden ser corregidas.	“Justamente, en la Contraloría no vamos a decir que es muy frecuente, pero que sí hay cierta recurrencia; podríamos hablar, incluso, del 10% o del 20% de casos donde los servidores públicos, por la premura que tienen en cumplir con la presentación oportuna de su declaración jurada, por un descuido, por errores de fecha, de números, cuantías y demás es que realizan las certificaciones de su declaración jurada con errores”, reveló la autoridad.	Las afirmaciones se produjeron después de que se conociera el caso de Vania Lanchipa, quien declaró el 31 de enero de este año, que es propietaria de un patrimonio de Bs 4.176.545. El 17 de mayo presentó la rectificación con Bs 1.392.181. El fiscal general salió en defensa de su hija y aseguró que fue un error porque el patrimonio declarado pertenece a sus tres hijas.	El decreto mencionado fue emitido en mayo de 2012, por lo tanto, Clavijo cree que hay la normativa suficiente para subsanar los errores y no es necesario esperar la declaración anual que exige el Estatuto del Funcionario Público. En palabras del subcontralor, la rectificación no significa dolo y no se puede hablar que exista un delito del servidor público.	Según el parágrafo primero del artículo 10 de ese decreto, “se podrá rectificar la información del Formulario Único de Declaración Jurada de Bienes y Rentas con la presentación de otro Formulario Único de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la misma fecha. La rectificación no invalida la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas que se rectifica”.	El problema de las declaraciones juradas de las autoridades se presenta recurrentemente. La diputada Norma Piérola (PDC) recordó que, en 2012, denunció al presidente Evo Morales por omitir en su declaración jurada de bienes que debió mencionar como propietario de dos vehículos y que, incluso, representó para ella un ataque desde el mismo Órgano Ejecutivo.	Se trató de la declaración del mandatario sobre dos vagonetas que poseía y una casa en Cochabamba. En ese entonces, el vicepresidente Álvaro García Linera aclaró que los avalúos que sufrió la propiedad de Morales ocasionaron la variación y se tomó en cuenta, por primera vez, los regalos que recibía el mandatario en los actos de masas a los que asiste.