Cuando la familia de la víctima llegó a la maternidad Percy Boland con la denuncia (de violación) interpuesta en la Felcv, para interrumpir el embarazo de la adolescente, de 14 años, el equipo médico que intervino, previa junta de especialistas, tomó la decisión, en palabras del presidente del Colegio Médico Nacional, para no desacatar el dictamen y tampoco faltar a la ética profesional, de inducir al parto a la menor y, de ese modo, salvaron la vida de ella y de la criatura que, en estos momentos, lucha por subsistir en la sala de Neonatología del centro asistencial.	A la adolescente en gestación de 26 semanas, se le suministraron medicamentos especiales que le provocaron contracciones en el útero, lo cual hizo que expulsara el producto con vida”, explicó Erwin Viruez. En cambio, el aborto, que es un tipo de interrupción del embarazo, tiene otros procedimientos: por ejemplo, se pueden aplicar métodos farmacológicos y quirúrgicos, como el legrado y la Aspiración Manual Endouterina (AMEU), que debe realizarse antes de la semana 22 de gestación. “Hay que destacar la labor de estos profesionales que actuaron en base a los principios del juramento hipocrático. Creo que lo loable del equipo médico fue salvar la vida de ambas”, manifestó.	La norma que regula el acto Todos los centros de salud del país tienen a mano el documento técnico Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 29894 en noviembre de 2015, como resultado del dictamen de la Sentencia Constitucional Nº 0206/2014, en el cual señala que los tres niveles de atención en salud pueden realizar la interrupción del embarazo por violación. Dicho documento también especifica que la Interrupción Legal del Embarazo debe darse hasta la semana 22 de gestación, con medicamentos, aspiración manual endouterina y legrado instrumental. (Ver tiqueado de la derecha). Para el presidente del Colegio Médico de Bolivia, no es suficiente contar con el Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual; cree que debe haber una norma específica que regule las responsabilidades de todos los actores de este complejo proceso.	Está incluida en el Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, pero sabemos, por la jerarquía de la norma, que una Sentencia Constitucional tiene más peso y contiene un vacío”, indicó Viruez y agregó que los abogados del Colegio Médico tocarán el tema con representantes legislativos, para abrir el debate. “Nos obligan a hacer un acto médico en el que puede haber complicaciones. Ningún acto médico está exento de riesgos. Puede haber un sangrado, una alergia y la paciente llegar a fallecer. ¿Quién será el responsable? ¿Será el Estado, serán las autoridades judiciales, será el médico?”, preguntó el galeno.	En la Defensoría de la Niñez y Adolescencia informaron ayer que un equipo multidisciplinario atendió a la madre adolescente, dio medidas de protección a la niña bautizada como Victoria, y derivó todas las acciones a la autoridad competente, un juez de la Niñez y Adolescencia. “Se han hecho informes sicológicos y sociales y se presentó una demanda ante los jueces públicos de la Niñez.	Ellos determinarán la situación de la niña”, dijo Roxana Ortiz, abogada de la Defensoría. Ante el interés de una tía por quedarse con la bebé, la jurista dijo que eso lo definirá la autoridad competente. Minerva Guerrero, jefa del departamento de Defensoría, dijo que, a la adolescente, que ya está en su casa, se le va a dar terapia sicológica con el fin de restablecerla del trauma que vivió.