El abogado José Luis Santistevan explica que la Ley de Gestión de Riesgo N.º 602, en su art. 39, establece que cuando el daño supera la capacidad de respuesta del Gobierno, el presidente del Estado debe declarar desastre nacional, que abre el camino para recibir asistencia externa, tanto financiera como técnica.	Por su parte, el experto en relaciones internacionales Saúl Paniagua, explica que los siete países donde está asentada la Amazonia, entre ellos Bolivia, suscribieron en1977 el Tratado de Cooperación Amazónica, en el que se comprometen a preservar y conservar el espacio amazónico, que pasa a ser un patrimonio ecológico de la humanidad.	En este sentido, Paniagua cree que, habiéndose registrado un evento que pone en riesgo la biodiversidad y el ecosistema de la Amazonia, se debió activar las normas establecidas en dicho tratado a fin de recibir ayuda externa inmediata para proteger el espacio amenazado. Explicó que los países actúan sobre la base del principio del derecho internacional de cooperación. “No se necesita activar una ley. Basta con denunciar a la comunidad internacional que un patrimonio está siendo amenazado para que se active la cooperación externa”, dice Paniagua.