Hay que moderar las expectativas sobre lo que la CIDH pueda resolver respecto al 21-F. En el mejor de los casos, algo podría recomendar en su próximo encuentro en Guatemala, cuando en Bolivia esté ya avanzada la campaña para las elecciones presidenciales de octubre. Hasta ahora la habilitación del MAS ha despejado escollos y lo que se intente hacer para frenarla ante los organismos internacionales parece ser poco, considerando además que se ve más fuerte e influyente el lobby del Gobierno ante sus homólogos y las entidades extranjeras. No hay contrapeso ni equilibrio de fuerzas. Hábilmente, hasta ahora algunos organismos del exterior han optado por una escucha que no pasa de la cortesía, pero nada más. De todos modos, esto no implica que los ciudadanos dejen de recurrir a las vías necesarias para demandar el respeto a su voto.	Cotas ha enfrentado en los últimos 15 años al menos tres grandes situaciones de crisis de imagen. La primera fue a fines de los 90, cuando un movimiento de socios exigió apertura y transparencia. La segunda fue cuando algunos de sus directivos resultaron denunciados por el exfiscal Soza y por el Gobierno en el caso Rózsa. La tercera está en proceso y comenzó la semana pasada con la denuncia de un robo de 7 millones de dólares, que derivó en la suspensión de seis funcionarios. No alcanza para salir de la crisis una solución solo comunicacional. Cotas debe garantizar que este grave caso la lleve a revisar el blindaje del manejo de sus recursos, que finalmente son los de los socios, asegurar una sentencia penal para los involucrados, garantizar la recuperación de los fondos y revisar toda la gestión financiera de la unidad de negocios involucrada en el caso, sin contemplaciones y salpique a quien le salpique.