La expulsión se ha dado a través de un mecanismo legal aprobado por un decreto supremo que adoptó el Ministerio de Educación, que determina que en caso de que un maestro fuese imputado por la Fiscalía como posible autor de un acoso o violencia sexual a estudiantes, será excluido ‘ipso facto’ del sistema educativo boliviano.	“Es la medida más dura que hemos tomado, que generó una discusión muy fuerte con el magisterio, pero se ha visto que el interés del niño o de la niña está por encima de cualquier otro interés”, dijo Aguilar, quien detalló que desde que se implantó esta disposición, la justicia ha llevado a cabo 359 procesos judiciales contra profesores, de los cuales 107 fueron imputados por el Ministerio Público, 100 tuvieron acusaciones formales, 78 fueron a juicios orales y 27 recibieron sentencias.	A decir del ministro del área, Roberto Aguilar, este desfase se ha presentado, sobre todo en el sector rural, porque la demanda de este tipo de profesores ha subido a raíz de que muchos colegios han pedido impartir el bachillerato técnico y porque la mayoría de los maestros no tienen interés en ir a las provincias porque les resulta antieconómico.	“Ante la falta de maestros técnicos en las provincias, se ha decidido autorizar a técnicos especializados de manera excepcional hasta el 31 de diciembre”, dijo Aguilar y agregó que la demanda se cubrirá el próximo año con una promoción de profesores expertos en materias técnicas que saldrán de las escuelas superiores de formación que funcionan en Calahumana, de La Paz; Portachuelo, de Santa Cruz y Caisa, de Potosí.