A dos semanas de haberse iniciado el proceso contra funcionarios, exfuncionarios y empresas vinculadas con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por supuesta corrupción, el departamento legal de la estatal petrolera no descarta que las investigaciones lleguen a cargos que están más arriba de los funcionarios de la Unidad de Comunicación Institucional.	El jefe de la Unidad de Procesos de YPFB, Willam Alave, manifestó que con el Decreto Supremo 101 del año 2009, cabía la posibilidad de que “los procesos y condiciones para la contratación directa de empresas públicas y empresas con participación estatal mayoritaria, deberán ser reglamentados por cada entidad pública bajo responsabilidad de su máxima autoridad ejecutiva y del directorio según corresponda”.	“Estamos investigando fundamentalmente la situación de asociación delictuosa, de cómo trabajaba la red. Ya vamos a entrar a futuro, al detalle de cómo se beneficiaban. Ahí vamos a ver en detalle muchas cosas, como la adjudicación de una licitación de medio millón de dólares cuando la empresa tenía apenas Bs 27.000 de capital”, afirmó.	Inclusive, el fiscal que investiga el caso, Leopoldo Ramos, convocó a Gerson Camacho, director nacional de Seguimiento a la Gestión Empresarial de Subsidiarias de YPFB, y a Alba Chirinos, jefa de Comunicación de YPFB Transporte, entre otras personas, quienes fueron mencionados por los imputados por haber firmado los contratos irregulares con empresas.