Al respecto dirigentes del Conade y de los comités cívicos de Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, expresaron «que convocaron a reunión de emergencia a todos los Comités Cívicos de Bolivia para contrarrestar la ofensiva de MAS en la Asamblea Legislativa, que intenta aprobar en sus dos estaciones, Cámara Baja y Cámara Alta, la Ley de Garantías, amnistiando a quienes ordenaron cercar la ciudad de La Paz y otras capitales, prohibir el ingreso de alimentos».	Por su parte, el líder del Comité Cívico de Cochabamba, Flores, manifestó: «Algunos del MAS como Salvatierra, Víctor Borda, Sonia Brito y otras, que deben ser sancionadas por el caso del Tipnis, se asilaron en la embajada de México en La Paz, habiendo asumido funciones sus suplentes, pero una vez que supieron retornaba la paz y tranquilidad salieron de la embajada sin visa de la embajadora, ni visa de ingreso a territorio boliviano. Adriana Salvatierra, Víctor Borda, Sonia Brito y otros, son ilegales, retornaron a curules, despojándoles a los suplentes que ejercían el mandato».	«Salvatierra, Borda, Brito y otras, con su presencia en las sesiones de las Cámaras del Legislativo, están viciando de nulidad las mismas, porque al asilarse en la embajada está claro que se pusieron bajo protección del gobierno y Estado de México y no debían salir sin previa autorización y visado y a través de inmigración recabar el visado de ingreso a territorio boliviano».	El Presidente del Comité Cívico de Cochabamba afirmó: «En el caso del Tipnis una exjuez en lo penal dictó sentencia en contra de dirigentes de la octava marcha, como premio la llevaron de fiscal y después como diputada, todos ellos (as) deben ser investigadas, los primeros por usurpación de funciones, sedición, y las segundas por haber cometido delitos de lesa humanidad en contra de indígenas del Tipnis, al igual que Sacha Llorenti, Álvaro García Linera, Héctor Arce Zaconeta, Carlos Romero Bonifaz, Juan Ramón Quintana».