El ministro de Gobierno, Carlos Romero, se sumó ayer al pedido de interrupción del embarazo para una menor, de 11 años, víctima de violación, solicitado por sus familiares y por la Defensoría del Pueblo en cumplimiento a una sentencia constitucional, que autoriza el aborto impune sin orden judicial, hecho que ha dividido la opinión pública, pues hay quienes apoyan la práctica del aborto y otros que se declaran en contra.	Dijo que no se le puede obligar a (la niña) quien recién está acabando la etapa de la niñez a asumir una responsabilidad inducida que ella misma no ha buscado. “Desde el punto de vista moral hay un debate, pero lo cierto es que una persona que apenas está creciendo y preparándose para enfrentar la vida y que es objeto de una violación, cobarde, cruel, no es una persona que debería ser obligada a asumir esa responsabilidad.	Precisamente, el representante del defensor del pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera, y familiares de la víctima solicitaron formalmente el jueves al hospital Los Pocitos, del Plan Tres Mil, dar cumplimiento a la sentencia 206/2014, que autoriza el aborto legal, sin orden judicial, y se encuentran a la espera de una respuesta.	Por su parte, la defensora de la Niñez y Adolescencia, Rossy Valencia, indicó que no es su competencia decir si la niña debe interrumpir su embarazo o no, pues su función es dar la asistencia sicológica necesaria a la niña y apoyarla en el proceso contra su agresor. “En esa resolución que tiene el defensor de pueblo (sentencia 206/2014) no implica la intervención de la Defensoría. Nosotros estamos atendiendo a la niña en el tema del abuso. Hemos hecho la representación ante el Ministerio Público”, refirió Valencia.