Aparentemente, después de todo, queda algún espacio para que el raciocinio -si es que no el temor- se imponga en alguna oportunidad para evitar que la leche se derrame, el conflicto explote y la sangre llegue al río. Al menos ese ha sido el último mensaje emitido por las autoridades municipales, después de que el ruido y la alarma crecieran incontenibles ante la filtración de un borrador de ley municipal que estipulaba multas de inclusive 66.000 Bs (30.000 UFV o unos 5.000 dólares) por faltas de tráfico o contravenciones a normas sobre el transporte de pasajeros.	La malhumorada disculpa de los encargados de aclarar que no se trata de un documento oficial sino “de un proyecto” les sirvió para caracterizar de “vergonzosa” la filtración del proyecto. El reproche parece casi inocente cuando se compara con el que adopta el gobierno central, achacando a candidatos opositores la ola de violencia en Yungas, desatada por normas y acciones de funcionarios estatales incluyendo a los de más alto rango, pero funciona en la misma lógica de no reconocer responsabilidades propias y deshacerse de ellas acusando a ajenos.	No hay problema alguno en pensar uno, dos o diez escenarios para una nueva norma o algún cambio en las reglas de juego a las que se somete a los ciudadanos; pareciera inclusive recomendable, abrir la mente al ejercicio intelectual. Pero, cuando la avalancha de problemas que acompañan el crecimiento de los conglomerados urbanos se enfocan hacia la “modernización o actualización de sanciones”, podemos estar seguros de que los resultados serán peores que los conflictos que se trata de resolver. Peor aún, cuando los escenarios que se imaginan proyectan sanciones que resultarían escandalosas, inclusive en países que nos aventajan con mucho en la escala de ingresos por habitante y en calidad de vida.	Santa Cruz de la Sierra albergará en poco más de una década a un tercio de toda la población del país y, si se cumplen los pronósticos demográficos y se mantienen vigentes las tendencias que impulsan este crecimiento explosivo, sus problemas en todos los órdenes resultarán mucho más desafiantes y, posiblemente, desesperantes que hoy. La solución represiva con castigos y penalidades desorbitantes -4.600 Bs por el imprudente uso celular al conducir, por ejemplo-serán tan eficientes como la pena de muerte que, aplicada en EEUU, China y otros países no desalienta el crimen (EEUU tiene hoy el 25% de toda la población encarcelada del planeta).	La escala de multas, por hoy suspendida, nos habla de una mentalidad atrabiliaria y de una ignorancia mayúscula en quienes juegan a normar o legislar y, en eso, son indiferenciables de los miembros del Parlamento nacional, que aprueban normas que desconocen o que ni siquiera han leído, porque deben obedecer a una disciplina ciega que tiene como recompensa un cierto novel de garantía de su propia impunidad, como la de sus jefes y asociados.	Si en algo puede aliviar el ardor que producirán a los funcionarios ediles, esta y otras observaciones sobre su manera de conocer, entender y procesar respuestas a los problemas del país, pueden decir que vivimos una era en que prolifera la peste de la imbecilidad de los conductores políticos, ya se trate del parlamento británico ante el Brexit, el presidente estadounidense frente a Irán, o el brioso Salvini con la inmigración.	El conflicto que se abrirá si se aplican multas irracionales, útiles solamente para dar migajas a la clientela política, excitar la corrupción o generar tragedias cotidianas, debe prevenirse mediante una seria, consistente y continua tarea de educación vial, de fortalecimiento de compromiso cívico y de comprensión colectiva de como nuestras transgresiones personales golpean a los demás. Sin eso, las multas serán motivo de muy justas broncas y reacciones y ninguna solución.