Nadie niega la buena voluntad de quienes quieren proteger derechos de los trabajadores, pero a fuerza de emitir tantas normas alusivas, se está gestando en Bolivia un efecto perverso, un resultado contrario al esperado. Se han creado condiciones preocupantes de desempleo y perspectivas casi nulas de conseguir trabajo en ciertas áreas sensibles, debido al natural temor del empleador de terminar metiéndose en problemas en lugar de tener soluciones.	Los incrementos salariales, sumados al doble aguinaldo, han generado un alza real de casi el 14 por ciento, de acuerdo con datos elaborados por el Centro Boliviano de Economía (Cebec) de Cainco, lo que significa un encarecimiento de la producción, que no ha podido ser revertido por otras medidas de ahorro en el sector privado.	Un ejemplo de lo dicho se observa en el Proyecto de Ley 348/19 sobre reincorporación y restitución de derechos laborales que actualmente está en la Asamblea Legislativa para su aprobación. Sus cláusulas pretenden defender al trabajador, pero lo que lograrán es espantar a los empleadores, quienes no querrán hacer contratos de largo plazo, sino por lapsos cortos, para así no tener más dificultades con los trabajadores ni con el Ministerio de Trabajo, sobre todo en un momento de ralentización de la economía.	Ya en la actualidad, el exceso de legislación es dañino para el trabajador y para asegurar fuentes de empleo. Sea cual sea la condición del despedido, las autoridades se empeñan en que recupere su posición sin siquiera analizar con cuidado las razones por las que se lo alejó del espacio de trabajo.	Por ejemplo, en algunas empresas -por cambio de ‘rubro’ o por una reestructuración- se eliminan ciertas funciones, pero el Ministerio de Trabajo presiona para que el empleador restituya a las personas despedidas, aunque al volver a su fuente laboral ya no tengan más funciones que cumplir. Así se crea un mal precedente y, en lugar de generar competitividad y eficiencia, se alienta malas prácticas que afectan a la misma calidad de la producción, además de desalentar inversiones y la creación de mejores unidades de empleo.	Es incomprensible proseguir por la misma senda y llegar a extremos. El trabajador boliviano ya está sobreprotegido y eso, en lugar de beneficiarlo, lo perjudica y afecta fundamentalmente a los jóvenes que pretenden insertarse en el mercado laboral. Asimismo, perjudica a los empleadores, que muchas veces no pueden completar metas planeadas por el temor que les inspira contratar para luego no tener la libertad de despedir, un derecho que también debe reconocerse.	La Organización Mundial del Trabajo (OIT) ha estipulado que los temas laborales se vean siempre bajo condiciones tripartitas, en fecundo diálogo entre Gobierno, empresarios y asalariados. Este tripartidismo -pactado internacionalmente- no lo cumple la actual administración; de ahí el desaliento en un mercado tan crucial como el laboral. Y para colmo, la demagogia crece. Debe haber un cambio de mentalidad más realista e idóneo para que se coadyuve en la generación de fuentes de empleo y, con ello, al propio desarrollo del país.