Gisela López está en el ojo de la tormenta política. La ministra de Comunicación decidió publicar una encuesta de intención de votos en una separata oficial y ahora la oposición ha pedido al Tribunal Supremo Electoral que quite la personería jurídica al MAS y aparte de la candidatura presidencial al binomio Evo-Álvaro. El TSE se ha tomado su tiempo para responder. En una sala plena interminable, ha pospuesto el tratamiento del tema el miércoles y el jueves de esta semana. López, en cambio, accedió a responder a un cuestionario enviado por WhastApp.	Lo primero que debo aclarar es que la encuesta no ha sido contratada por el Ministerio de Comunicación como falsamente acusan los senadores denunciantes. Es una encuesta que ya había sido difundida por diferentes medios de comunicación con el afán específico de informar y la tomamos de ahí. La información que se difunde desde el Ministerio de Comunicación tiene el fin de informar a la población sobre aspectos de coyuntura o información de Gobierno, acción que está amparada en el precepto constitucional de la democratización de la información. Es decir que el fin que se persiguió ha sido meramente informativo.	En realidad no existe la promoción de un candidato. Las elecciones generales están previstas para octubre, el Órgano Electoral emitirá la convocatoria respectiva y el calendario electoral en mayo. Debemos inferir que ese calendario recién emitirá la fecha de presentación de las candidaturas, entiendo que para junio. En consecuencia, no se puede hablar de la promoción de ningún candidato a estas alturas del tiempo. Reitero, la publicación no ha sido para promover a ningún candidato, ha sido meramente informativa.	La oposición y sus voceros están tratando de hacer caer las elecciones primarias. Están desesperados por eso. Se debe recordar que para las elecciones subnacionales de 2015, cuando en Beni se difunde una encuesta se lo hace con el calendario electoral exclusivo para esa elección que estaba en curso y además lo hace la propia organización política que estaba prohibida de hacer. En este caso, la convocatoria y el calendario de las elecciones generales no han sido aprobados por las autoridades correspondientes y, además, el MAS no ha pagado ni ha difundido ninguna encuesta que esté prohibida. Esa es la profunda diferencia con lo que pasó en 2015.	En realidad me refiero a todos esos políticos del pasado que, por no tener una propuesta clara para ofrecerle a Bolivia, optan por difamar y algunos se escudan además en su inmunidad y lo develan en sus denuncias penales, porque saben que se trata de denuncias falsas. Cuando digo gonistas me estoy refiriendo a aquellos que militaron y trabajaron con Goni, que fueron vicepresidente, prefecto, viceministro del entorno cercano del genocida Sánchez de Lozada, y hoy están atacándome en redes sociales. Los separatistas son los que en el año 2008 intentaron separar Bolivia, los que operaron un golpe de Estado cívico prefectural. Hoy esos separatistas, que apoyaron cercanamente esas acciones, son senadores y algunos son gobernadores, y me están denunciando falsamente.