Considerado en su país un terrorista de ultraizquierda involucrado en el asesinato de cuatro personas durante los denominados ‘años de plomo’ en la década de los 70 y luego de huir de la justicia durante más de 40 años, Cesare Battisti fue finalmente entregado a las autoridades italianas tras su detención en nuestra ciudad.	La entrega misma de Battisti, de 64 años, ha ocasionado un remezón político para el Gobierno de Evo Morales, quien tuvo que acceder a la enorme presión política internacional pese a que el italiano estaba, según el defensor del pueblo, en territorio boliviano a la espera de un pedido de refugio político ante la Comisión Nacional del Refugiado (Conare). El Gobierno asegura que se lo había denegado.	Como se sabe, tras huir de Francia y México, Battisti fue detenido en Brasil en 2007 y fue liberado en 2011 durante el Gobierno de Dilma Rousseff, bajo el amparo de Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores (PT), por considerarlo un intelectual italiano de izquierda que había obtenido la nacionalidad brasileña y cuyos gravísimos delitos ya habían prescrito.	Con el ascenso de Michel Temer al poder en agosto de 2016, la situación de Battisti se complicó, y mucho más tras el triunfo del derechista Jair Bolsonaro, en octubre de 2018, quien anticipó que si llegaba al poder Battisti tendría los días contados en Brasil como un guiño para Matteo Salvini, vicepresidente, ministro del Interior de Italia y líder de la ultraderechista Liga del Norte. Un decreto de Temer y la orden de un juez brasileño en diciembre solicitando su detención y posterior extradición cerraron el cerco judicial sobre Battisti. El 18 de diciembre, Battisti ya estaba en territorio boliviano desde donde solicitó al Conare el pedido de refugio político. El Gobierno de Morales lo sabía y desde entonces se transformó en una papa caliente para la política exterior boliviana. Diversos sectores señalan que el mandatario boliviano negoció con Bolsonaro la entrega de Battisti a las autoridades italianas en el marco de un acuerdo que trasciende las barreras ideológicas y se explican por la fuerte presión internacional.	El caso Battisti provocó, de hecho, un cisma en el interior del Gobierno de Morales. El sector vinculado al vicepresidente Álvaro García Linera, a través de su hermano Raúl García Linera y de Hugo Moldiz, cuestionó la decisión de entregar a Battisti impulsada por el ministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz. La decisión señala además el desvarío que durante esta gestión tuvo el refugio de miembros de grupos armados como fueron, entre otros, el peruano Wálter Chávez, acusado en Perú por su vinculación con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y los paraguayos Ángel Acosta Centurión y Blas Concepción Franco, acusados en su país del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas.