Acceder a la información pública continúa siendo un viacrucis en la labor periodística, pese a que la Constitución Política del Estado lo establece como un derecho civil ciudadano, y el Decreto Supremo N.° 28168, emitido en 2005, busca garantizar la transparencia. En el Día del Periodista Boliviano, los profesionales expresan las restricciones que hay en los diferentes niveles de Gobierno.	Desde la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP-Diarios) advierten de que el derecho constitucional de todo ciudadano para interpretar la información está bajo seria amenaza. “Muchos funcionarios del Gobierno central, de las gobernaciones y municipios vulneran este derecho al amedrentar a ciudadanos y a periodistas que realizan análisis de temas como deuda externa e interna, compras estatales, administración de recursos públicos, servicios públicos y cumplimiento de deberes y obligaciones”, señala el director ejecutivo, Franz Reynaldo Chávez. La Unidad de Monitoreo de la ANP-Diarios reporta que se hacen frecuentes los casos de funcionarios de Gobierno, legisladores y alcaldes que obstruyeron el trabajo periodístico.	Al menos un caso menciona que las entrevistas en algunos canales de televisión están dirigidas a generar una buena imagen del entrevistado, y excluyen la posibilidad de preguntas que lo incomoden. También se reportan agresiones verbales contra periodistas y medios que observan la administración de recursos públicos y por ello son tildados de cumplir una labor política.	Cuenta que muchos colegas se deben dar modos para filtrar datos de alguna parte para hacer conocer -principalmente- hechos de corrupción. García señala que se han dado casos donde se exige al periodista que revele la fuente, “y eso no se puede hacer, porque la Ley de Imprenta está vigente”. Otro que también hace duros cuestionamientos es Raúl Peñaranda, que remarca que “enfrentamos muchos problemas, se cierran todas las fuentes y se niega la información”. Peñaranda considera que hay una gran ‘presión’ del Gobierno a los medios independientes, sobre todo económica, porque utiliza la publicidad estatal, cuyos montos se negocian a cambio de una línea editorial. Lamenta que también recaen sobre los periodistas muchas amenazas de juicios.	“Creo que son dificultades en acceder a datos específicos, más que a entrevistas de manera directa con los ministros. Por una parte, hay una responsabilidad de mejorar los canales de comunicación, pero también es verdad que los periodistas piden la información al límite del tiempo, y esa combinación de factores hace que no se proporcionen las respuestas en el tiempo requerido”, expresó.	Canelas negó que se ejerza presiones o amenazas sobre periodistas o medios; o que se intente imponer una agenda, como sugieren algunos periodistas. Recuerda que en los últimos tres meses acudió una gran cantidad de periodistas a la Casa Grande del Pueblo y sostuvieron reuniones en las que se atendieron demandas posdata del gremio, por ejemplo, las referidas a la eliminación de la publicidad gratuita. “Las puertas del ministerio están abiertas, mi despacho está abierto para sostener cualquier reunión con periodistas que quieran dar una sugerencia, expresar su queja o presentar una denuncia con pruebas”, añadió. No se planea, de momento, ninguna ley para alivianar el peso de la burocracia en el acceso a la información.	Para el periodista y conductor del programa Pentágono, Mario Espinoza Osorio, el oficio trae desafíos constantes. Destaca que la credibilidad de la prensa sigue siendo su bien más preciado ante un aparato público que ‘no nos quiere’ y las fake news de las redes sociales. Añade, como autocrítica, que a los periodistas les gusta ‘que todo se regule’, pero no les gusta ‘regularse’. A su vez el periodista y director de ATB, Jaime Iturri, dice que se debe buscar la verdad a través del pluralismo de ideas.	“Ser lo suficientemente profesionales como para mostrar parte y contraparte”. Iturri destaca que la credibilidad de los medios se sobrepone a la de las redes sociales. El comunicólogo Rafael Archondo cree que hay dos fuerzas que inciden: la política informativa del Gobierno, cuyo impacto “tritura la disidencia”, y las redes sociales, que han tenido efectos emancipadores. “Mientras el Gobierno trata de disciplinar a los periodistas mediante la presión publicitaria, la internet liquida el oligopolio y deja oír la voz de decenas de activistas”, apuntó. Esa liberación también puede ir en contra de la profesionalización del periodismo.	El secretario ejecutivo de la Federación de la Prensa de Chuquisaca, Edwin Urizar, cuenta que alrededor de un 85% de los periodistas de esa región trabaja de forma ‘independiente’ y debe acudir a las fuentes por publicidad para ‘fabricarse’ el sueldo, lo que genera la susceptibilidad de que “no están ejerciendo de forma imparcial”.	El activista Federico Morón afirma que no es casualidad que los tres niveles de Gobierno hagan el menor esfuerzo en apostar por educación ciudadana y transparentar el acceso a la información, porque “necesitan a la población tonta y sin acceso a la información”, porque eso produce el mejor escenario posible para la corrupción.	El abogado Carlos Hugo Molina ve que la labor periodística es cada vez más exigente y complicada, por las dificultades naturales que hay en medio de un proceso polí- tico dinámico. También observa que enfrenta dificultades, porque en el país la información pública oficial no es abierta y hay que “buscarla y decodificarla en declaraciones o en documentos”, subraya.	Para el presidente electo de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, las relaciones de la prensa con el poder nacional y local ‘están tirantes’. Señala que son varios los episodios de enfrentamiento del alcalde Percy Fernández contra los periodistas. A su vez, evidencia más ‘apertura’ desde la Gobernación.	Sobre este tema, Herbert Herrera, corresponsal de ABI en Santa Cruz, indica que la relación con los poderes locales se sustenta en los reportes de sus unidades de comunicación. Ve un mejor flujo de la Gobernación, ya sea por redes sociales o conferencias de prensa. Eso sí, los periodistas saben que nunca se convoca para dar una noticia que no le interese al político que la da.