Para toda sociedad que busca el desarrollo, es indispensable construir una conciencia colectiva sobre la importancia de la iniciativa privada, la empresa, la generación de excedentes y el capital, no solo desde el punto de vista económico, sino sobre todo social y político. A lo largo del tiempo, ha sido frecuente el discurso que penalizó estos valores, ya que se los relacionó con la inequidad y la percepción errada de que se debe generar igualdad, aunque sea jalando a todos hacia un menor nivel de bienestar.	Esta lógica condujo siempre a castigar el éxito y sancionar el fruto del trabajo del emprendedor, estableciendo políticas impositivas excesivas desde el Estado o condicionando la propiedad privada, limitando la inversión y las oportunidades para los ciudadanos. Afortunadamente, en la mayoría de las sociedades contemporáneas, la propiedad y el sistema de mercado se conciben como un acuerdo social, un sistema de reglas, para hacer que los recursos cumplan un rol valorado en la comunidad.	Lo privado emerge como respuesta de la propia sociedad para disminuir la confrontación, para facilitar la cooperación y para promover el mejor uso de los recursos, que, por definición, son limitados. Al lograr esto, generamos un sentido de función social en la propiedad privada, creamos empleos y pagamos impuestos que permiten a los gobiernos financiar sus funciones centrales como seguridad, educación y salud.	La propiedad privada facilita la asignación de responsabilidades exclusivas y está tan ligada a la naturaleza humana como la libertad. En contraste, los bienes comunes tienden a descuidarse, traen problemas de administración porque confronta diferentes intereses de cada uno de los dueños del bien común. Además, como en la propiedad común no hay nada individual, tampoco existe el derecho de disponer de nada, lo que conlleva a la lógica de usufructuar lo más antes posible, conduciendo a la sobreexplotación. De más está decir que, sin el derecho a disponer, carece de todo sentido invertir.	La propiedad privada funciona como un mecanismo para encauzar el interés personal, preponderante en la naturaleza humana, hacia un fin socialmente valioso. Las decisiones de los agentes económicos responden a su interés personal para producir riqueza, lo que los lleva a asociarse de facto, dividiendo el trabajo, creando demanda y el pago por insumos y servicios, como el empleo.	Esta individualidad suma a la construcción de un orden espontáneo que explica una característica fundamental de las economías modernas, que es la consecución de un fin mayor y la mejora de lo común. De ahí que el sostenimiento de la propiedad privada como valor sustantivo, y del impulso a la construcción de una cultura empresarial como parte de un modelo de desarrollo y bienestar social, no solo resultan adecuados, sino imprescindibles, especialmente en un país como Bolivia, que hoy precisa darle sostenibilidad y permanencia a un ciclo de crecimiento que se está desacelerando.	Como empresario privado, tengo la firme convicción de que la defensa y promoción de estos principios y valores debe ser parte de las bases con que se construya el nuevo pensamiento nacional, de donde emergerá el nuevo hombre y la nueva mujer bolivianos, dueños de su destino, creadores e innovadores, pero también poseedores de un fuerte sentido de comunidad y de patria.	Precisamente este es el eje de orientación sobre el que diseñamos nuestra visión de país, una mirada en prospectiva que entregaremos como un aporte institucional al debate público, en un tiempo en el que la superficialidad de la confrontación política amenaza con hacernos perder la perspectiva de lo que realmente es importante para las presentes y futuras generaciones.