El menor de 15 años, vinculado a la presunta violación del 14 de diciembre en el motel Deluxe a una joven de 18 años, se defenderá en libertad, así lo dispuso ayer la jueza de la Niñez, Shirley Becerra, tras ordenar su cesación a la detención preventiva, imponiéndole el cumplimiento de requisitos establecidos en el Código Niña, Niño y Adolescente para asegurar su presencia y procesamiento hasta que se dicte una sentencia final.	El beneficiado con esta determinación debe presentarse ante el juez cuando sea requerido, tiene que someterse al cuidado de una persona de comprobada responsabilidad que no tenga antecedentes, abstenerse a concurrir a determinados lugares o reunirse con personas involucradas en el hecho, debe estar arraigado, tiene que permanecer en su domicilio bajo el cuidado de su madre, no puede tener comunicaciones por redes sociales o públicas, ni salir solo y tampoco participar de fiestas.	De incumplir una de estas reglas, se le revertirá la medida y será nuevamente privado de su libertad en un hogar, al que tiene que seguir asistiendo para su terapia sicológica y a la rehabilitación por el consumo de drogas. La decisión judicial, aplicada dentro de la ley especial de la ni- ñez, generó diversas reacciones, como la de la Fiscalía, que apeló la determinación judicial y la de los abogados de los involucrados en el caso (víctima y acusados), que cuestionan las demoras del Ministerio Público para motivar un desenlace en el caso del adolescente involucrado. Pero además de estas posiciones jurídicas, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, hizo pública la petición de un informe oral y escrito al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.	“Hemos tomado conocimiento de que se procedió a una audiencia de cesación de medidas cautelares de uno de los responsables del emblemático caso de violación grupal. Queremos expresar, públicamente, nuestro absoluto rechazo a esta situación”, manifestó Salvatierra. La legisladora cruceña estaba acompañada por la diputada Valeria Silva Guzmán, que respaldó a la familia de la víctima y dijo que pedirán detalles de cada uno de los pasos que siguió la investigación. “No compartimos que no se haya cumplido con las acciones legales”, indicó la senadora.	Antes del fallo, las fiscales y la abogada de la víctima se opusieron a la cesación, argumentando de que se trata de un caso considerado como vejamen. Pese a esto la jueza concedió la solicitud del implicado, al fundamentar que el Código Niña, Niño y Adolescente establece que en estos casos la Fiscalía debe presentar en 45 días una resolución conclusiva de acusación o sobreseimiento, aspecto que no se cumplió pese a que ya han pasado tres meses del hecho. El abogado de la víctima, Andrés Ritter, dijo que la cesación obtenida por el muchacho es una disposición enmarcada en las leyes, pero cuestionó la demora de la Fiscalía para actuar en este caso y consideró que por este incumplimiento “deben rodar cabezas”. A su vez Joadel Bravo, abogado del procesado Alejandro Saavedra Saavedra, calificó de correcta la resolución judicial, pero la consideró tardía. Al igual que Ritter criticó el trabajo fiscal y dijo que esperan la resolución de la apelación, a la negación a defenderse en libertad que planteó su cliente. Por su parte Aguilera y Castro, miembros de la comisión de fiscales, indicaron que respetan la decisión de la jueza, calificaron como complejo el caso.