Hablemos las cosas claras. Utilizar eufemismos no soluciona nada, maquillar un negocio reñido con la ley, no resuelve el problema. Hablar de la venta de prendería usada es referirse a un negocio que tiene que ver con el contrabando, que no debería existir en Bolivia ya que su importación legal al país está prohibida, como también su comercialización en el mercado interno.	A muchos les parecerá que vestir “ropa americana usada” de bajo precio es bueno (cuántos lo hacen por usar “ropa de marca”) ignorando que ese gustito puede traer problemas de salud ya que la ropa del enfermo o el muerto al que perteneció no fue desinfectada como se hacía cuando se la importaba legalmente (requisito que no cumple el contrabando).	Cuando en 2006 el gobierno emitió el D.S. 28761 prohibiendo importar ropa usada desde el 21 de abril de 2007 “indefectiblemente”, suspendiendo su comercialización a partir del 1 de marzo del 2008 “indefectiblemente”, el apoyo empresarial fue unánime. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), que en 2005 desnudó la magnitud de dicho negocio con el estudio “Impacto de la Importación de Ropa Usada en Bolivia”, aplaudió las medidas esperando recuperar un mercado de 40 millones de dólares/año para la industria textil boliviana.	Sin embargo, pudo más la presión de los ropavejeros que lograron extender el plazo de venta por un año (D.S. 29463) y luego hasta el 1 de abril del 2009 (D.S. 29521) pese al reclamo de los confeccionistas que veían cómo su mercado tristemente era avasallado por la competencia ilegal y desleal del contrabando.	“Lo barato cuesta caro”, dice el adagio: cuando se compra mercadería de contrabando se premia la ilegalidad, se beneficia a unos pocos delincuentes que -moviéndose en las tinieblas- alientan el comercio en ferias y otros lugares de expendio afectando la economía formal donde se paga tributos aduaneros, impuestos internos y se respeta los beneficios sociales.