La trata y tráfico de personas es un problema de alta gravedad en Bolivia. A pesar de que existe una ley contra este delito, el país está en la mira internacional por ser una fuente desde donde se “exporta” ilegalmente a seres humanos con fines de explotación sexual, de “trabajo esclavo” y también en adopciones ilegales.	En febrero de este año, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) reportó que este problema está creciendo a escala mundial. Puntualizando la situación en Latinoamérica, el 80% de las víctimas es mujer: el 31% corresponde a niñas y el 51% a adultas. No obstante, llama la atención que en Bolivia hay más menores víctimas que adultos. Otra particularidad de nuestro país es que la principal finalidad es el trabajo forzado (89 casos), seguida por la explotación sexual (59 casos), adopción ilegal (19 casos), según cifras en 2017. Un simple recorrido por terminales de buses y por retenes del país permite visualizar centenas de letreros que hablan de la desaparición de personas.	Un informe del suplemento Séptimo Día, basado en documentos policiales de Chile y de Perú, da cuenta de que gran parte de los traficantes de seres humanos desde este país son bolivianos; que se utilizan redes sociales para captar a las víctimas, muchas de las cuales sucumben debido a su pobreza y necesidad.	El 28 de junio del año pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un informe de Trata de Personas. Señala que Bolivia descendió de categoría en el ranking de países a escala mundial, fundamentalmente porque “las autoridades no informaron que investigaron, enjuiciaron ni condenaron los delitos de trata, ni informaron que identificaron a las víctimas de forma proactiva y que las remitieron a servicios creados para ellas.	Los funcionarios no contaron con recursos ni capacitación en un nivel, y los servicios de protección para las víctimas continuaron siendo limitados. El Gobierno no informó sobre nuevos avances en investigaciones de presunta complicidad oficial y tampoco financió suficientemente el plan de acción nacional contra la trata de personas”, señala el documento.	En contrapartida, en la página web del Ministerio de Justicia se destaca que, a partir de la promulgación de la Ley contra la Trata y Tráfico de Personas, se ha construido una institucionalidad que permite luchar contra el flagelo, asimismo si en 2016 hubo 700 denuncias, en el artículo se considera que la “cifra no es alarmante comparada con las de otros países”. También relata la creación de oficinas y campañas desde varios ministerios para prevenir y contrarrestar el problema, así como la generación de alianzas internacionales con el mismo fin. Lo cierto es que cada mes hay nuevas víctimas: personas jóvenes a las que les destrozan la vida, muchas de ellas nunca más aparecen dejando dolor a sus familias.