“Entonces enjuicien a mi hija, ella ha debido violarles”, fue lo último que alcanzó a decir la madre de una adolescente de 14 años, vejada y torturada por cuatro sujetos cuando tenía 12; antes de caer desmayada en una fría sala de un juzgado de Sacaba, en Cochabamba. Eran las 22:00 del 20 de abril de 2018 y el único acusado con edad suficiente para cumplir la pena máxima por este delito -25 años- fue absuelto luego de ocho horas de deliberaciones. Entonces, aquella mujer a la que incluso una fiscal le inició un proceso por exigir justicia para su hija, se desplomó como cae un roble después de recibir varios hachazos.	No supimos más de la señora ni de su hija, dice por teléfono Ángela Nogales, activista del colectivo Mujeres de Fuego, que acompañó el sinuoso proceso, que duró dos años. El celular que tenía está apagado; el de su abogado, también. Ángela cree que la mamá se cansó. Quizá sentía que era imposible luchar contra un sistema en el que, por diversos factores, una evidencia puede ser desechada, aunque sea irrefutable. Tampoco pudo con la burla de los familiares del principal implicado, “se le reían en la cara”.	El tormento de la víctima de este hecho comenzó la tarde del 29 de abril de 2016. “Adriana” -como la llamaremos- salía de la escuela, cuando cuatro integrantes de una pandilla la interceptaron y arrastraron hasta unos matorrales. Allí la abusaron, golpearon con piedras y estrangularon hasta dejarla inconsciente. Creyéndola muerta, la abandonaron.	a las 21:30 del 31 de agosto de 2017, se halló culpable de feminicidio a Omar O. A. (enamorado de la joven), a quien condenó a 30 años de reclusión. Otros cuatro sindicados fueron sentenciados a similar pena, por asesinato y violación agravada. Cinco más fueron liberados, porque no se pudo probar su participación, mientras que 11 menores de edad fueron procesados en otro tipo de juicio.	Aunque “se hizo justicia”, desde la madrugada del 7 de junio de 2014, los planes de vida, de quien llamaremos Valeria, se frustraron. Hasta antes de aquella noche, estudiaba en la universidad. Ahora, con 25 años, prefiere quedarse en casa. “Sigue con sicólogo y vive con miedo que los liberen”, asegura la pariente.	Gracias a activistas, así como la presión por redes sociales; el 9 de junio de 2015, un juez encontró culpables de violación agravada a Jorge M. C. y Luis F. A., a quienes dio 25 años de cárcel. Mientras que Carlos F. C., quien era menor de edad cuando se cometió el delito, recibió cuatro años.	Entre otras cosas, la afectada siente que es ella la que debe probar que fue agredida y no así el presunto autor, quien en realidad debería probar que es inocente. Jessica Echeverría, una de las abogadas del caso registrado el 14 de diciembre, sabe eso muy bien, ya que casi a diario denuncia irregularidades en el proceso contra los cinco imputados, sin contar las agresiones que sufre su defendida por redes sociales.	La violación como tal tiene que ver con la discriminación contra la mujer. Desde niñas asumen roles de género y responsabilidades, que no deben ser tales. Culturalmente se acepta la violencia y se normaliza la agresión, vulnerando derechos. Cuando hay una violación grupal, surgen otros componentes terribles, como culpar a la mujer por lo sucedido: ¿por qué estaba sola?, ¿por qué ella se dejó? y otras expresiones.	Por eso hay muchas que no denuncian los abusos por miedo y porque no creen en el sistema judicial. Ahí está el caso de la chica (en el hecho ocurrido el 14 de diciembre), la han puesto en tela de juicio, en boca de todos y hasta se la ha puesto como agresora. Debiera bastar la expresión verbal de la víctima, de decir que no quería, para entender que es una agresión.