Puede parecer curioso, pero de acuerdo a múltiples indicios, es posible que el desfalco del Banco Unión por un monto superior a los $us 5 millones, haya causado más daño a la imagen gubernamental que las mucho mayores pérdidas, estafas, fugas y fraudes cometidos con los enormes contratos y contrataciones directas que ha suscrito el Estado en los últimos 14 años.	Los negocios y negociados resultantes de la construcción de carreteras, plantas de industrialización, equipos petroleros, fondos sociales hasta semáforos, bardas publicitarias u obras de riego, le dan abundante pasto a quienes condenan la intromisión económica estatal, en todos los planos y niveles: de la administración central, a gobernaciones, universidades y municipios. Es más raro que la discusión tenga tanto eco cuando la corrupción se detecta en empresas privadas, o en instituciones que no dependen del Gobierno.	Ocurre además que la investigación saca a la luz otros hechos como los que destaca este diario en su edición del miércoles 13 de marzo, que en resumen dice lo siguiente: “Un funcionario sindicalizado de Cotas percibe un salario de Bs 60.892 y está declarado en comisión hace 30 años. Obtiene de forma mensual un haber básico, un bono de antigüedad y una prima vacacional. Declarado en comisión en 1989 al ser elegido dirigente sindical, lleva 30 años sin trabajar, con goce de haberes”. En la misma situación están otros seis dirigentes sindicales”. Si en promedio los otros sindicalistas han estado ganando Bs 30.000 mensuales, significa que Cotas cancela,cada 5 años más de Bs 13 millones y medio (cerca de $us 2 millones) a 7 personas que no trabajan, con los aportes y pagos de los abonados y socios de la cooperativa cruceña.	Además, recalca que su sueldo “se lo dio Cotas y creció gracias a su antigüedad. El dato fue confirmado por el sindicato de Cotas, cuyos voceros acusaron al extitular de la institución de usar este caso como una cortina de humo para desviar la atención pública del robo de $us 7,7 millones que hicieron exfuncionarios con el programa Cotas en cuotas”.	En resumen, comprimiendo y simplificando las cosas, lo que ocurre en Cotas, donde se descubre una estafa de $us 7 millones, se destapa adicionalmente que existen dirigentes que, sin hacer nada ilegal y amparados en el derecho de reelegirse indefinidamente, pueden ganar de 20 a 30 salarios mínimos, inclusive sin trabajar un solo día. Resulta un eslabón más de situaciones comunes de altos ejecutivos de entidades que no funcionan, como la Gestora estatal de pensiones, o que lo hacen con enormes irregularidades. Lo mismo aplica a empresas privadas, entidades sociales y sindicales, a asociaciones deportivas, corporativas de diversa índole, incluyendo religiosas. Con modelos económicos, ya sean de mercado o estatistas, centralizados o regionalizados, de empresas o cooperativas, funcionan en nuestro medio, ingeniosos y muchas veces ‘legales’ esquemas para esquilmarnos colectivamente, provocando simplemente que maldigamos, la mayor parte de las veces, pero que, en muy pocas, hagamos algo para que se rindan cuentas, paguen los culpables sus fechorías o, sencillamente, dejen de seguir viviendo de nuestro sacrificio.