Vivimos en un orden mundial en inflexión, en el cual las potencias dominantes nuevamente ejercitan sus rivalidades e imperativos geoestratégicos. Y cuando el mundo se aproxima a la reedición de la ‘Nueva Guerra Fría’, esta contraposición política, ideológica y militar, que duró 70 años, entre los Estados Unidos y la otrora Unión Soviética, en la actualidad Rusia, se puede entender mejor la situación en Venezuela. Las fracturas en el sistema internacional han incorporado un nuevo marco de referencia para América Latina: el declive de EEUU, el ascenso de China, la menor influencia normativa de la Unión Europea, el equilibrio militar de Rusia frente a Estados Unidos, el comportamiento multipolar de las potencias emergentes y la revalorización de los recursos naturales críticos, entre otros.	En este contexto, la conflictividad política de Venezuela, de aparente raíz endógena y constitucional es en realidad un conflicto de expresión exógena; de control y dominio efectivo de recursos naturales o incluso de manipulación y desinformación mediática provocada. Debido a que desde hace dos décadas Venezuela ya no forma parte de los países subordinados a los intereses de la potencia norteamericana, y por consiguiente la política exterior de Estados Unidos, se orientó a la permanente desestabilización hacia los gobiernos del malogrado ex presidente Hugo Chávez y del actual presidente Nicolás Maduro. Por tal motivo coincide este acto de reconocimiento del gobierno del presidente Donald Trump al autoproclamado presidente encargado de Venezuela Juan Guaido; con el reconocimiento del entonces gobierno del presidente norteamericano Bill Clinton, al golpe de Estado de abril de 2002, en el que el presidente Chávez fue sustituido por el presidente de la patronal Fedecamaras, Pedro Carmona, quien permaneció escasas 48 horas en el poder y con el aval de los Estados Unidos, disolvió el poder legislativo, destituyó a todos los diputados de la Asamblea Nacional y a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras autoridades constitucionales.	Este comportamiento de la potencia estadounidense, coloca en evidencia la doble moral de lo actuado frente al pasado y en la actualidad. Estados Unidos, ejerce hace dos décadas una presión sobre la política venezolana. En los últimos años, desplegó su diplomacia para que los países de la región y la Unión Europea se unieran a las sanciones de la Casa Blanca. La posibilidad de una solución militar mencionada por el presidente Trump ha generado protestas en la región, incluso dentro de los países más alineados con EEUU, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Al mismo tiempo, este tipo de amenazas de intervención militar sobre Venezuela, desacredita cualquier esfuerzo orientado a alcanzar una salida interna y pacífica en la República Bolivariana.	Para Trump, quien supuestamente es más afecto a las demostraciones militares de poder que su antecesor, una intervención de este tipo plantearía problemas imprevisibles no solo en la región, sino también en su propio país y en el mundo, por ser violatoria a la carta de Naciones Unidas que en su Art 2 inc. 4 establece que: Los miembros de la Organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.	El conflicto en Venezuela está lejos de resolverse, apelando a la intervención militar o a una forzada ‘crisis humanitaria’. Tampoco se resolverá cuantificando el número de reconocimientos de gobiernos y países al gobierno del presidente Nicolás Maduro y o al autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó. De hecho, el presidente Maduro fue elegido el 20 de mayo de 2018 en uso de su propia Constitución y juramentado tal y como lo establece su propio ordenamiento jurídico vigente.	Por lo que los actos de reconocimiento de gobiernos podrían incluso colisionar frente a convencionalismos de las relaciones entre Estados. Tal como lo establece la doctrina de Genaro Estrada, en la que, un Estado no debe pronunciarse sobre la otorgación de reconocimientos a gobiernos porque considera que es una práctica denigrante que hiere la soberanía de otras naciones , coloca a estas en el caso de que sus asuntos exteriores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos , quienes de hecho asumen una actitud crítica al decidir favorablemente o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. Finalmente será el diálogo, para que los venezolanos internamente diriman sus diferencias, en paz, rechazando la presión de potencias e intervención militar.