Partamos de un hecho fáctico. Ingresar a un juzgado en Bolivia es como viajar en una máquina del tiempo hacía muchos años en el pasado. El cuadro es sombrío, a primera vista aparecen columnas de expedientes cubriendo las paredes que hacen las veces de las pinturas rupestres en una caverna oscura. Por algún rincón yace una que otra máquina de escribir Olympia, que aún brindan su auxilio para los proveídos simples, alguna computadora prehistórica que no está conectada a nada. En el mesón y frente al usuario, encontramos libros forrados en papel madera y plástico que, como las viejas tablillas romanas registran los movimientos diarios (que giran sobre sí mismos), las demandas nuevas (que se hacen viejas) y donde la justicia se convierte en legajos de papeles amarillentos y desgastados.	Paradójicamente, en los últimos años, nuestro Gobierno a la cabeza del presidente Morales, viene implementando una revolución tecnológica en el país a través de la democratización en el acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) que han llegado a los lugares más recónditos de Bolivia. Se han multiplicado los telecentros comunitarios, se ha empoderado a maestros y estudiantes con ordenadores personales, hay una gigante red de fibra óptica, por primera vez en nuestra historia tenemos un satélite y estamos implementando una fuerte agenda de ciudadanía digital y Gobierno electrónico, a fin consolidar nuestra soberanía tecnológica. Por ello podemos afirmar que casi no existe un ciudadano que no desarrolle su vida cotidiana sin la ayuda de las TIC. ¿Entonces por qué la administración de justicia vive tan alejada de esta nueva realidad? y ¿qué estamos haciendo ante ello? Analicemos algunas respuestas.	En primer lugar, un estudio de los diferentes planes para reformar el sistema de justicia coincide en que se trata de un sector cuyo modelo mental predominante es conservador y colonial. Lo que también se deduce del lenguaje oscurantista de los juristas (plagada de “otrosíes” y “ut supras”), de sus rituales pomposos e innecesarios (vedados al ciudadano) y de su interpretación formalista de la letra muerta de la ley que retrasa la solución de controversias. Ambiente hostil a las TIC que, por el contrario, simplifican y transparentan en tiempo real los diversos aspectos de nuestras vidas.	Parcial, porque el ingreso de la tecnología y la informática en la Justicia, no solo implica el registro y seguimiento de un caso, sino la creación de un verdadero expediente digital, la universalización de la notificación digital, la interoperabilidad de los sistemas de justicia, la accesibilidad del ciudadano a ellos en tiempo real y de forma sencilla, la celebración virtual de audiencias y conciliaciones, la implementación de un nuevo modelo tecnológico en la gestión del despacho judicial y fiscal, entre muchos otros aspectos.	Atendiendo a esta realidad y las necesidades impostergables de acceso a la justicia, el Gobierno nacional aprobó la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha contra la Violencia hacia Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, que consideramos es la piedra angular donde se erigirán los grandes pilares para la implementación de la tecnología en la administración de justicia.	Gracias a esta iniciativa nos encontramos trabajando en la implementación de la Oficina Gestora de Procesos Judiciales que, sin estar conformada necesariamente por abogados, administrará el sistema informático de gestión de causas para su procesamiento y seguimiento, que también realizará el sortero virtual y ciego de procesos judiciales y gestionará la notificación electrónica. Asimismo, se empleará el registro digital de declaraciones, resoluciones judiciales y otras actuaciones, incorporándose además la grabación audiovisual de audiencias, lo que dará mayor transparencia, seguimiento y sobre todo accesibilidad a los ciudadanos.