Los tiempos no alcanzan. Una hora de reunión de representantes de plataformas con Paulo Abrao, secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), bastó para que cambiaran de estrategia. Ahora, tratarán de reunir medio millón de firmas en un mes para tratar de convencer a los presidentes Iván Duque (Colombia) y Jair Bolsonaro (Brasil), de solicitar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una opinión consultiva para saber si la reelección es un derecho humano signado en el artículo 23 del Pacto de San José, la carta de derechos por la que se rigen los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que ha sido ya utilizado por presidentes centroamericanos para lograr su repostulación y que, desde el 28 de noviembre de 2017, fue incluida por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia como justificación para habilitar a Evo Morales y a otras autoridades a reelecciones continuas, más allá de lo que indica la Constitución.	A las 14:30, mientras una lluvia torrencial enfriaba Sucre cancelaba clases y vuelos, Eduardo Gutiérrez ingresó a un céntrico hotel capitalino acompañado de siete personas a reunirse con Abrao. Entre ellos se encontraba Gary Prado Araúz, abogado de varios procesados por el caso de supuesto terrorismo, que tenía un pedido particular: que acumulen los más de 15 pedidos de intervención sobre este juicio que ya lleva casi 10 años, para que de una vez pueda pasar a la Corte IDH y pueda comenzar su trámite, que estima que puede durar otra década más.	Al salir de la reunión, Prado decidió acatar el pedido de confidencialidad de Abrao, ya que se trataba de una reunión reservada, pero Gutiérrez decidió explicar los resultados de la reunión. El representante de la plataforma SOS Bolivia dijo que Abrao les había explicado que los plazos de la comisión son extensos, que tienen una gran carga procesal que les impide dar la celeridad que la oposición boliviana requiere para tratar de evitar que Evo Morales y Álvaro García Linera sean candidatos en octubre a una tercera reelección (segunda bajo la nueva Constitución) y cuando le consultaron si era más rápida pedir una opinión consultiva a través de los garantes de la Constitución, los presidentes de Colombia y de Brasil, les explicó que ante un pedido directo de un país miembro, el caso podría ser tratado en dos o tres semanas después de la solicitud.	Según explicó Gutiérrez, existe una preocupación de la Comisión Interamericana porque ya son varios presidentes de países miembros que utilizan esta figura para lograr una nueva repostulación más allá de los límites constitucionales, pero no se pueden saltar los procedimientos. En el caso de una demanda tramitada por un candidato opositor a Daniel Ortega, en Nicaragua, solo el trámite de admisión demoró ocho años y, pese a que la elección se celebró en 2011, el proceso fue admitido por la CIDH una semana antes de llegar a Bolivia. A partir de este hecho, se abre un periodo de consultas entre partes que entre tres y ocho meses deberá llegar a una decisión de la comisión. Si es favorable al demandante, pasará a ser conocida por la Corte IDH y su decisión podría igualmente demorar años. Todo ese proceso se quiere evitar recurriendo a Duque o Bolsonaro, cuyos países fueron garantes de una negociación entre el oficialismo y la oposición que en 2008 pactaron la Constitución por fuera de la Asamblea Constituyente y aprobaron el texto final en el Congreso.	Gutiérrez cree que 500.000 firmas serán suficientes. “Si el Gobierno cree que tiene legitimidad con los 450.000 votos de las primarias, reuniremos medio millón de firmas para pedir a los presidentes de Colombia y Brasil para que respalden esta opinión consultiva”, dijo. Prometió que en las protestas del 21 de este mes ya estarán disponibles los libros.	Abrao tenía una agenda repleta de reuniones con representantes de la oposición. Esperaba a una comitiva encabezada por Óscar Ortiz, senador y candidato presidencial; a senadores y diputados de Unidad Nacional y a miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, pero la lluvia dilató el programa. La reunión recién se concretó alrededor de las 21:30.	Los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quispe, de UN, que llegaron a tiempo, entregaron documentos a Abrao y a Esmeralda Arosemena, nueva presidenta de la CIDH. Según explicó Santamaría, dejaron un memorial para tratar de agilizar la denuncia de incumplimiento del referendo del 21-F, presentada en 2017, además de dejar una copia de las actas de los resultados oficiales de dicha consulta. En su opinión, eso refuerza la protesta de los opositores, ya que en los casos centroamericanos no cuentan con el candado constitucional de la voluntad popular expresada en el voto.	Ortiz logró concretar la reunión alrededor de las 21:30, tras media hora, informó que presentó a Abrao y Arosemena unos 700 folios de pruebas de lo que considera el grave deterioro democrático provocado por Evo Morales en el país. Reconoció que los tiempos de la comisión son extensos, sin embargo, indicó que pidieron que traten el tema en el próximo periodo de sesiones y que se pronuncien de manera oportuna, es decir, antes de las próximas elecciones.