“Bolivia falló en la lucha contra el narcotráfico, en el marco de los acuerdos internacionales para el control de las drogas”, sentencia el informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, elaborado por el Departamento de Estado de EEUU. La contundencia de la afirmación viene acompañada de cifras y mención de acciones realizadas por el Gobierno de Evo Morales. Es un fuerte llamado de atención y la respuesta política e ideológica parece no alcanzar frente a la inquietud internacional acerca de lo que el país está haciendo para enfrentar este problema transnacional.	En el capítulo referido a Bolivia, el informe señala que el Gobierno tiene un “inadecuado control de los cultivos de coca” y que este país es el tercer mayor productor de esta planta, que es base para la elaboración de la cocaína. Indica que, según las cifras de EEUU, en el país se siembran 31.000 hectáreas y señala que para la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Crimen (Unodc por sus siglas en inglés) hay más de 24.000 hectáreas sembradas; en ambos casos, hay excedentes fuera de lo legal. También hace referencia a que un grueso de esta producción no llega a los mercados autorizados y se desvía con fines ilícitos.	La Unión Europea no queda al margen de estas observaciones, ya que su embajador exhortó al Gobierno de Bolivia a cumplir lo que mandan las normas en cuanto a cantidad de cultivos de coca. El Gobierno cambió la ley y subió los márgenes de hoja de coca legales de 12.000 a 22.000 hectáreas y Estados Unidos afirma que esa decisión tuvo “insuficiente justificación” de parte de las autoridades.	Un dato que ha llamado la atención es que el ministro de Gobierno dijo que el consumo tradicional de coca es el que se produce en aproximadamente 18.000 hectáreas; sin embargo, la ley permite 22.000 hectáreas (4.000 más de las que se necesitan). La autoridad admitió también que hay coca que se desvía con fines ilícitos.	El Gobierno ha postulado una lucha contra el narcotráfico con “responsabilidad compartida”; es decir, donde también tengan un papel central los países donde hay mayor consumo de droga, como EEUU. En 2008 expulsó a la DEA de Bolivia y desde entonces tiene una estrategia nacional, con fuerte respaldo de la Unión Europea. La erradicación se hace a través de “control social” de los mismos cocaleros, quienes admitieron haber bajado la guardia en los últimos tiempos.	Son demasiadas evidencias de que el problema del narcotráfico no puede ni debe ser un tema político. Es un cáncer que crece a escala mundial, las mafias son transnacionales y demandan que el mundo luche también de manera coordinada contra este mal. La acción de Bolivia, eficiente o no, no es suficiente para librar al país del tráfico ilícito y, peor aún, de un eventual crecimiento del consumo interno y de la violencia que genera.