Una vez más el sistema de prevención volvió a fallar. El feminicidio y triple infanticidio que sacudió a los cruceños la tarde del viernes, cuando se conoció que Wálter Ruperto Monasterio Villarroel había asesinado a una adolescente, a una niña y a dos niños, tal vez pudo haberse evitado si las normas establecidas en las leyes que luchan contra la violencia, hubieran sido cumplidas.	“Cuando mi hermana denunció fue como un caso más, nadie, ni nosotros, hicimos el seguimiento para que se acabe el maltrato sicológico y verbal al que era sometida mi hermana”, reconoció apesadumbrado Camilo Avelo, hermano de Guadalupe Avelo, la madre que perdió a sus cuatro descendientes en manos de su pareja.	Al parecer cuando se presentó esa denuncia en 2018, ninguno de los hermanos se imaginó el final fatal de los menores. Lo que establece la Ley 348, creada para garantizar a las mujeres una vida libre violencia, no se aplicaron en favor de Guadalupe, ya que pese a este antecedente tuvo que seguir viviendo con él porque no tenía donde irse con sus niños.	A juzgar por el artículo 35 de la Ley 348, se deberían haber aplicado seis medidas en contra del agresor denunciado y procesado: la desocupación del inmueble donde vivía con la agredida, no poder vender la vivienda, someterse a una terapia sicológica, quedar prohibido de acercarse a la mujer, no tener permiso para ingresar a la casa y finalmente, el hombre quedaba prohibido de amenazar a la víctima. Sin embargo, eso no sucedió y el sujeto, cometió el múltiple crimen y aún está hospitalizado.