Las paredes están desportilladas y hay publicidad médica para servicios de ecografía o test de embarazo. En el segundo piso de una vieja casa en la zona Max Paredes de la ciudad de La Paz, el respeto a la vida está en duda. Hay tres jóvenes esperando. Sus miradas apuntan al suelo y no levantan la cabeza.	de farmacéutica y los ofertan a costo menor que en las farmacias. Los medicamen tos están en el piso, encima de un plástico. Hay desde aspirinas, Ibuprofeno y calmantes en pomada. La vendedora está atenta por si aparece la Policía o guardia municipal, y tiene todo listo para huir. Más allá está la calle La Tablada, conocida por vender materiales escolares durante todo el año. En esta vía existe también el comercio de medicamentos falsificados y de contrabando, pero lo llamativo es que venden con más demanda preservativos, dispositivos intrauterinos y fármacos referidos a la actividad sexual.	La enfermera habla con seguridad. Quiere atraer clientes que, en su mayoría, son mujeres jóvenes. Pocas van a estos lugares con sus parejas. El proceso puede durar entre 30 a 40 minutos, según la enfermera, quien asegura que no hay riesgos. Ella entra en confianza, pero antes analiza a las jóvenes que llegan al lugar.	, incapaces de acceder a un servicio conveniente. Sin embargo, según la agrupación Pan y Rosas, en Bolivia se registran 80.000 abortos clandestinos cada año. “Nosotras nos movilizamos demandando que el aborto no sea considerado un delito en el Código Penal y que se legalice para que sea integrado a la salud pública”, defiende Violeta Tamayo, líder del colectivo feminista.	Su familia es de escasos recursos económicos y su novio no quiere saber de tener una familia. Por eso llegó al precario centro de salud tras una recomendación de una amiga. Logró reunir 300 bolivianos y quiere resolver lo antes posible de lo que ve como un “problema”. “Mis papás me pueden botar de mi casa si se enteran que estoy embarazada.	, pero creo que es lo mejor. La verdad me da pena, pero quiero acabar con este problema lo más antes posible”, relata la joven. Frente a ella están otras dos adolescentes. Bajan la mirada y evitan diálogos. Están nerviosas. La enfermera llama a una de ellas y le indica que ingrese donde el médico. Lo hace a paso lento sin dudar y sigue sin levantar la cabeza. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz registró 69 clínicas que atienden diferentes especialidades; sin embargo, solo 21 cuentan con la licencia administrativa funcionamiento vigente. De los 48 centros médicos que tienen irregular su situación, seis cuentan con resolución de abrogación, es decir, que se cerraron por diferentes circunstancias. Existe un caso especial.	Es el de la clínica Paraná, donde surgió la denuncia de un aborto ilegal. Al respecto, el director del Sedes de La Paz, Freddy Valle, detalla que se procedió a la clausura del centro médico, pero se lo hizo porque no tenía los papeles en orden. En lo que va del año, en La Paz	Esta persona llegó a uno de los consultorios de las calle Tumulsa y ahí fue atendida por una pareja. Un médico y una enfermera, quienes le dijeron que podían “ayudar” con la situación de su bebé. En este caso el aborto no se ejecutó en ese lugar, sino que fue trasladado a una clínica luego de establecer todos los acuerdos con la adolescente y su madre. En ese lugar, la menor se sintió mal y comenzó a sangrar.	. Luego se procedió a la aprehensión del médico. Este es un pacto de silencio. Los contrabandistas y falsificadores de medicinas trabajan y coordinan sus acciones con médicos que practican abortos clandestinos. Ellos no quieren hablar, menos dar más datos. Las afectadas parecen gritar en silencio. Muchas de ellas terminaron con secuelas y otras no están en este mundo para contar esta triste experiencia.