, que nace en el centro del país y luego fluye hacia la del Amazonas en el norte. A la par de generar energía, la presa permitiría irrigar 164.000 hectáreas de producción agrícola, abastecería de agua potable a la ciudad de Santa Cruz y disminuiría el riesgo de inundación en la zona situada aguas abajo de la presa, según el exministro de Energía Luis Alberto Sánchez.	Tras pasar por tres tribunales distintos, un juez denegó la acción legal argumentando que “los accionantes no se pueden considerar afectados cuando no existe una normativa, un proyecto, mal podrían alegar una afectación sin considerar la conclusión de los estudios que debe ser tramitada por ENDE como acto previo a la consulta”.	El primero, el estudio final de diseño que establece el área afectada, fue realizado por la empresa Eptisa pero no se ha publicado hasta hoy. El segundo, la evaluación de impacto ambiental, tiene un estatus incierto. En agosto de 2017, se lo adjudicó a su filial ENDE Corani SA, sin que un año y medio después se sepa si ya se concluyó.