La Ley Marco de Autonomías y Descentralización, promulgada en 2010, establece la conformación de un pacto fiscal. Esta ley señala que, en efecto, el Servicio Estatal de Autonomías, en coordinación con el Ministerio de Autonomías y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, elaborarán una propuesta técnica de diálogo para un pacto fiscal “analizando las fuentes de recursos públicos en relación con la asignación y el ejercicio efectivo de competencias de las entidades territoriales autónomas y el nivel central del Estado”.	El pacto fiscal tenía que concretarse “en un plazo no mayor a seis meses después de publicados los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda” de 2012. Sin embargo, con el fin de incumplir este mandato legal y evitar el pacto fiscal, lo primero que hizo el Gobierno central fue retrasar el Censo, habida cuenta de que el acuerdo fiscal dependía de la cuantificación poblacional.	Ante la presión social, en febrero de 2015, el Gobierno central presenta una propuesta técnica, siete meses después de publicados los resultados oficiales del Censo. Se habían conocido por primera vez en enero de 2013, pero fueron rectificados y reprocesados hasta julio 2014. En cualquier caso, en junio de 2019 no se ha concretado el primero de los cinco pasos de la propuesta del nivel central, que debe concluir con la aprobación del reglamento de funcionamiento y debates del pacto fiscal. Y como ya ha llegado la campaña electoral, es fácil concluir que pasará el 2019 y no habrá pacto fiscal. Al Gobierno central no le interesa esta reasignación de recursos públicos porque controla, según varios estudios económicos, el 88% del Presupuesto General del Estado y el 12% se distribuye entre los gobiernos subnacionales.	Sin pacto fiscal no puede haber autonomía plena; es decir, sin recursos económicos no se puede avanzar en el proceso de democratizar el ejercicio del poder político. El Gobierno de Evo Morales no se ha caracterizado por compartir el poder y muchos de los recursos conquistados por los gobiernos subnacionales han sido confiscados por el nivel central.	En general, mientras el Gobierno nacional enarbola la autonomía y practica el centralismo -puro y duro-, las entidades territoriales se hacen las autónomas y parecen cómodas con la simple elección de autoridades y delegación de competencias, pero sin recursos económicos suficientes. En el plano normativo existe el régimen autonómico, y en la tercera parte de la Ley Fundamental (arts. 269-276), denominada Estructura y organización territorial del Estado, se configura el modelo del Estado Plurinacional Unitario con Autonomías, y una división territorial del poder, donde los ejecutivos y legislativos de los gobiernos subnacionales son parte de la distribución y ejercicio del poder público porque se les reconoce cualidad gubernativa.	La Constitución boliviana define que “la autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones”. La autonomía supone distintos niveles gubernativos en el territorio: un gobierno nacional y varios gobiernos autónomos, con facultades ejecutiva, legislativa, reglamentaria y fiscalizadora. Este proceso está diseñado como la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial , con rango constitucional e igualdad jerárquica.	En los diferentes foros realizados, especialmente en Santa Cruz, se pone de manifiesto el estancamiento del proceso autonómico, sus desafíos y la necesidad de cambiar el chip centralista por el chip autonomista. En cualquier caso, urge teorizar cómo liquidar el viejo esquema centralista que no termina de morir y cómo avanzar en el nuevo modelo autonómico que no termina de arrancar.