La emergencia productiva y alerta roja declarada por el sector arrocero de Santa Cruz y de Beni -culpan el efecto de la baja del precio a la masiva internación ilegal del cereal- moviliza a la Aduana Nacional (AN), el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) que acordaron un plan de acción orientado a frenar el contrabando que asfixia al sector.	Con datos de la CAO, en la última campaña de siembra la frontera agrícola arrocera pasó de 95.000 a 100.000 hectáreas. En volumen, estiman una producción de al menos 280.000 toneladas que, hoy por hoy, se encuentran almacenadas en silos del norte cruceño. Justamente, el sector arrocero atribuye la caída del precio al estocamiento. Hablan de que el precio de la fanega (dos quintales y medio) en lo que va del presente mes, en promedio, cayó de $us 45 a 20.	Ayer, la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, informó de que personal de inteligencia de la institución detectó que el alimento básico en los hogares bolivianos es traficado principalmente, vía fluvial desde Brasil y por carretera, desde Argentina. De enero a mayo, según Ardaya, la administración aduanera se incautó de 30 toneladas de arroz internado ilegalmente, volumen que comparado con el año pasado puso en alerta a la Aduana.	Para el vicepresidente de la CAO, Erich Fleig, desde hace años, el sector arrocero se encuentra golpeado por la bacteriosis, la importación legal de arroz a bajos precios y el contrabando desde países vecinos alentado por las devaluaciones, principlamente, en Argentina y Brasil, “lo que genera una competencia ruinosa para nuestros productores del agro”, aseguró.	Según la Unidad de Estadísticas del IBCE, con base en información del INE, el promedio de importación legal de arroz durante los últimos tres años fue de 25.000 toneladas por un valor de $us 12 millones anuales. En 2018, la compra de arroz extranjero fue de 26.404 toneladas por $us 12 millones.