Eran niños de kínder, que no tenían más de seis años. Vestían disfraces de animales y marchaban pidiendo cuidar a la naturaleza. Ocurría un día antes de la jornada en que se rinde homenaje a las áreas protegidas del mundo. Su manifestación estaba justificada por la fecha y por la tragedia en los bosques chiquitanos y amazónicos del país. Y, sin embargo, cual peligrosos protestantes, se les impidió el ingreso a la plaza Murillo, al lugar donde hace 210 años se proclamaba la libertad.	Los niños de kínder del colegio Inglés Católico de La Paz, seguramente no podrán borrar el recuerdo de policías con escudos y con pertrechos de represión que les bloquearon el acceso a la plaza principal de La Paz, ese lugar donde está el poder político, cerca del gran edificio que es la oficina de la Presidencia y de varios ministerios, así como de donde sesionan los legisladores.	Los niños no lo saben aún, pero la acción de los uniformados vulnera la misma Constitución Política del Estado en el artículo 21, donde se garantiza el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de reunión -sea pública o privada-, a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones. Esas garantías están establecidas para todos los ciudadanos bolivianos, ¿cuál puede ser el grado de peligrosidad de un grupo de niños de kínder?	Habría que concluir que prohibir el acceso a la plaza Murillo a un pequeño grupo de estudiantes ha sido un exceso indiscutible. Algunos militantes del Movimiento Al Socialismo señalan que esos niños estaban siendo usados políticamente y ese argumento cae por su propio peso cuando se constata que iban con sus maestras y en homenaje al Día Internacional de las Áreas Protegidas. ¿Es que le molesta al poder gubernamental que se eduquen los ciudadanos o que tomen conciencia del daño ambiental que se está causando a escala mundial?	Antes de los niños, el país ha sido testigo de otras acciones brutales de la Policía que custodia la plaza Murillo. Por ejemplo, la represión a personas con capacidades diferentes cuando pedían un bono estatal o la apertura de fuentes de empleo. La misma acción fue evidente cuando llegó una marcha de cocaleros de Yungas o cuando partidos y sus candidatos fueron expulsados sin mayores explicaciones, entre otros lamentables episodios.	Tales acciones hacen ver que ese lugar histórico, donde está el primer Palacio de Gobierno, el edificio de la Asamblea Legislativa, la Catedral Metropolitana está cerrado para los ciudadanos, pero no para quienes tienen el sello del poder político del MAS, que gobierna hace 14 años, tiempo durante el cual se fueron endureciendo las acciones para impedir que las protestas incomoden al presidente y a su entorno.	Ya se sabe que La Paz, como sede de Gobierno, es una ciudad en la que hay protestas a diario. También se sabe que hay movilizaciones agresivas y violentas que demandan que la Policía extreme medidas de seguridad para el presidente, ministros y demás servidores públicos. Lo que no es correcto es que esa acción tan agresiva, que el martes tuvo como blanco a niños de cinco y seis años, se realice sin discriminar, haciendo ver que la plaza Murillo se ha convertido en un lugar impenetrable.