Hoy en día, rescatando algunos aciertos y dejando atrás los errores, podríamos llegar a una síntesis de política económica con las Alianzas Público Privadas (APP). La APP es “un contrato a largo plazo entre una parte privada y una entidad pública, para brindar un activo o servicio público, en el que la parte privada asume un riesgo importante y la responsabilidad de la gestión, y la remuneración está vinculada al desempeño” (BID).	El objetivo de la APP es que la gente reciba mayores beneficios, el sector público ahorre y asigne mejor sus recursos y al sector privado se le permita recuperar su inversión y obtener una utilidad. Puede tratarse de nuevos activos o proyectos (en los que se incluiría el diseño y la construcción) o proyectos existentes en los que se transfiere a la parte privada la responsabilidad de actualizar y/o realizar mejoras y gestionar activos o servicios.	En una APP, dependiendo del tipo de proyecto, el sector privado participa en: el diseño o ingeniería, desarrollo o rehabilitación, financiamiento, mantenimiento y/u operación del proyecto. Se pueden dar a través de pagos por parte de los usuarios (peajes o tarifas reguladas); o de pagos por parte del Gobierno por servicios prestados por el privado que cumplan con la calidad del servicio pactado en contrato o simplemente por el servicio prestado por el usuario.	Una de las características más importantes o uno de los objetivos principales de las APP, es transferir el riesgo al sector privado para mejorar los resultados de mediano y largo plazo de un proyecto, a un costo menor para el Gobierno. Las APP están relacionadas en muchos casos con un monopolio natural, por lo que su regulación puede estar en el contrato de la APP o puede ser utilizada la regulación ya existente del sector. Como ejemplo de lo que se puede hacer con las APP, ensayo una clasificación que puede ser utilizada en Bolivia y que, de hecho, en algunas áreas ya se utiliza: transporte, agua y desechos, energía e infraestructura social.	En el caso de la infraestructura social es donde mayor innovación puede haber en nuestro país en lo que se refiere a bienes y/o servicios “sociales” mediante APP: escuelas y transporte escolar; infraestructura de salud (desde hospitales hasta postas) y ambulancias; recolección, tratamiento y/o disposición de residuos; construcción y operación de cárceles; regeneración de áreas o centros urbanos; proyectos de vivienda social, etc.	¿Cómo se financia una APP? Puede financiarse a través de una combinación de aporte de capital de la parte privada y de deuda del sistema financiero. Para minimizar el riesgo financiero, es muy importante que se brinde seguridad jurídica a través de una Ley de Alianzas Público Privadas. Existen recursos en los fondos de pensiones que sumados a los del sistema financiero (sin colocar), con todo el respaldo legal y técnico, se podrían “apalancar” para liberar recursos públicos, disminuir el déficit fiscal e incrementar notoriamente la inversión privada con relación al PIB, una de las más bajas de Sudamérica. Con esto se generan más empleos formales, aumenta la recaudación impositiva y otros beneficios para la sociedad, en una relación público – privada: ganar–ganar. Esto también se puede hacer a través de las entidades territoriales autónomas (gobernaciones y alcaldías).	Con un gobierno que no cree en la empresa privada y en la coyuntura actual, con un déficit fiscal récord y estando entre los dos países más ineficientes en el gasto público de Latinoamérica (BID), la propuesta de las APP es de vital importancia para un futuro nuevo gobierno que cambiará el rumbo económico, mejorará la situación real del ciudadano y aumentará la participación de los privados en la economía, desde cuentapropistas, pasando por agentes del desarrollo económico local, hasta grandes empresas y su consecuente generación de más y mejor empleo.