Asolicitud de la Fiscalía de Distrito de La Paz, un juez de El Alto ordenó detención domiciliaria para el alcalde paceño Luis Revilla, con permiso laboral para asistir a cumplir con sus funciones. El fallo se produjo en el marco del proceso que le sigue la Fiscalía por el caso del deslave en el relleno sanitario de Alpacoma de esa urbe. El 15 de enero de este año, un derrame del relleno causó el deslizamiento de 20.000 litros de líquidos en descomposición, conocidos como lixiviados, y 850.000 toneladas de basura.	Pese a que la defensa de Revilla dijo que la parte acusadora no presentó documentos de diagnóstico de respaldo y cuestionó que la acusación está basada solo en testimonios, pues la auditoría ambiental no fue concluida hasta la fecha, después de más de cuatro horas de audiencia el juez Rolando Chaca dispuso arresto domiciliario y arraigo para Revilla.	No es un caso aislado, sino que tiene la particularidad de que se trata nada menos que del alcalde de la ciudad sede de gobierno. Es uno más de los ya muchos y cuestionados fallos de una justicia que durante los años de este gobierno ha dado bastantes muestras de estar manejada por el poder político hoy dominante en el país.	Que Revilla está en la mira de la actual estructura de poder nacional no es nuevo. Tiene múltiples acusaciones y procesos. Pero que se ordene su detención domiciliaria es algo que no puede sino entenderse en el contexto de una justicia cada vez más sometida a otro poder del Estado, en una práctica que ya parece haber perdido incluso las formas y el disimulo. El objetivo es hoy anular políticamente al alcalde paceño, curiosamente en medio de un proceso eleccionario en el que Revilla es el aliado político del único candidato que, según todas las encuestas, está en condiciones estadísticas de hacer frente con alguna posibilidad de éxito al candidato oficialista; sin dejar de lado que estamos a pocos meses de las elecciones subnacionales en las que el edil paceño puede convertirse en un obstáculo para que el MAS obtenga el Gobierno Municipal de la sede de Gobierno.	Recientemente se aprobó la Ley de Abreviación Procesal y los canales de televisión están llenos de spots que pretenden hacer ver que la justicia está cambiando. Sin embargo, no deja de llamar la atención que a simple “sugerencia” del ministro de Justicia, en el Poder Judicial dispongan el inicio de proceso de ciudadanos cuestionados, eso solo como ejemplo de otras actuaciones similares que han restado credibilidad e institucionalidad a un órgano del Estado que debería merecer el respeto ciudadano.