Las 34 instituciones que atienden a personas en situación de calle en Santa Cruz tienen capacidad para albergar a 1.308 usuarios, pero solo cuentan con 872, es decir, existen 436 vacantes. Sin embargo, en las calles cruceñas viven 1.043 personas (el 76% admite que consume drogas), por lo que, en el hipotético caso de que todos quisieran rehabilitarse, faltarían 607 espacios y se precisaría ampliar la capacidad de infraestructura actual.	Estos son algunos de los datos que aporta el censo que entre abril y mayo se realizó a los 34 centros, información que junto a la del Censo de personas en situación de calle, realizado en 2018, servirán para trazar el Plan departamental que apuntará a ‘sacarlos’ de las calles e impulsar su rehabilitación, señaló Johnny Atila, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.	‘Darío’, otro rehabilitado señala que algunos centros son utilizados para gestionar recursos públicos, pero que el proceso de rehabilitación no es el ideal; mientras que, en el censo, algunos de los centros destacaron en sus servicios la incorporación de las familias, sus programas de vulnerabilidad en situación de calle y riesgo social, la orientación laboral y el apoyo sicopedagógico. Sin embargo, entre los puntajes más bajos, según el censo, están el tratamiento que se administra, criterios de admisión, procesos de evaluación, egreso y el seguimiento que se debe hacer.	Si se suman los usuarios de los centros (872) con las personas en situación de calle (1.043), se tiene a 1.915 personas, pero la capacidad de los 34 centros alcanza a 1.308, aunque en un escenario de mayor inversión en cada institución se puede llegar a 1.798 plazas. De los 34 centros, 21 son para adultos (18 para varones, 2 para mujeres y 1 mixto), mientras que 13, para menores de edad.	De los 872 usuarios (92% varones y 8% mujeres) que se rehabilitan actualmente, 50 son niños y niñas menores de 10 años; 179 son adolescentes de entre 12 y 18 años; 371 son jóvenes entre 19 y 30 años; 246 son adultos de 31 a 59 años; y 26 son adultos mayores de 60 años.	La fortaleza de estos centros es la forma de encarar los gastos, pues casi la mitad depende de sí mismos para pagar a su personal, y entre 8 y 15 dependen de sus propios recursos para costear gastos de material pedagógico, servicios de salud, pago de servicios públicos, gastos de alimentación, mantenimiento y otros.	A ello se suman el respeto a los derechos de los usuarios, y los aspectos legales y de estructura de los centros. Además, se tiene una regular coordinación con otras entidades, principalmente de salud (30 de los 34 centros), educación (14), Policía (16), Segip (11), Defensoría de la Niñez (11 de las 13 que atienden a menores), Gobernación (13) y 20 pertenecen a instituciones que trabajan con personas en situación de calle.