Inspirados en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas por el territorio, la vida y la dignidad, en las luchas por la tierra y territorio, quienes fuimos parte de la Asamblea Constituyente asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario con autonomías, que “promueva y garantice el aprovechamiento responsable de los recursos naturales”.	La Asamblea Constituyente tenía mandatos claros de defensa de la soberanía y la riqueza nacional, de constitucionalizar “el respeto y la protección de la naturaleza y de sus riquezas naturales, que durante milenios los pobladores de estas tierras practicaron y que nos legaron tierras vírgenes, fecundas sin contaminaciones y que hoy representan nuestras riquezas naturales”.	De ahí que se definió poner candados a los gobernantes para que no dispongan como suyos los recursos naturales, para lo que primero se definió quién era el propietario de los recursos naturales. En la Asamblea Constituyente se estableció: a) dominio y propiedad para el pueblo; b) administración para el Estado y uso; c) aprovechamiento para indígenas en sus territorios o concesiones privadas.	Lo importante era posicionar al pueblo como propietario de los recursos naturales en lugar del Estado. Con ese cambio, se buscaba “evitar lo que había pasado con administraciones públicas que privatizaron las riquezas nacionales (…) y esto derivó en la pérdida del control del excedente económico, la externalización de las riquezas, la reproducción de la pobreza y el debilitamiento de la soberanía económica y política del país”. Es así que los indígenas solo tienen el reconocimiento del uso, mas no de la propiedad de los recursos naturales y el Estado solo los administra en función al interés colectivo.	Lo segundo fue constitucionalizar las áreas protegidas como un espacio físico destinado a la conservación de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, para preservar el equilibrio del ecosistema, así como la biodiversidad, protección que se realiza en bien de los propios pobladores de la zona y de todos los habitantes del país, por lo que se considera como una obligación de todos protegerla y conservarla, ya que solo se puede usar para el consumo y satisfacción de las necesidades de los pobladores .	El haberse constitucionalizado que la propiedad de los recursos naturales y de las áreas protegidas es de todos los bolivianos, ninguna ley o decreto, a nombre de “extrema pobreza”, puede ordenar la exploración y explotación aprovechamiento de las mismas. Para poner un candado a los gobernantes de turno que continúen con la política extractivista de nuestros recursos naturales y en especial de nuestras áreas protegidas, mediante leyes o decretos, se constitucionalizó que comete delito de traición a la patria la boliviana o boliviano que viole el régimen constitucional de los recursos naturales.	Y para garantizar que la responsabilidad penal recaiga en los gobernantes que hicieron caso omiso al régimen de los recursos naturales, se estableció en la Constitución que el delito de traición a la patria es imprescriptible. De esa manera, el hecho de que los gobernantes vulneren el régimen de recursos naturales en su gestión, incumpliendo su deber de proteger, conservar los recursos naturales y el medioambiente, no implica que el día de mañana no puedan ser procesados por traición a la patria.	En resumen, ninguna ley, ningún decreto que utilice a los pobres para disfrazar la intencionalidad de favorecer a agroindustriales, en especial ganaderos exportadores de carne, para garantizar la soberanía alimentaria China o como en el caso de la exploración y explotación de las áreas protegidas por fines extractivistas, puede estar por encima del mandato constitucional de conservar, proteger los recursos naturales y el medioambiente, de ahí que los Decretos Supremos 2366 y 3973 como la Ley 741 vulneran el régimen de recursos naturales y son certificados de defunción a nuestro patrimonio natural y a nuestro medioambiente.