Según la exposición del senador Rubén Medinacelli, el daño al Estado solo con estas siete empresas alcanzaba en ese entonces a $us 9.576 millones de época y que la apreciación del dinero llevaría a unos 20.000 millones aproximadamente en este tiempo, dijo el legislador. Según sus datos, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) no tenía ni generaba pérdidas, entonces era incomprensible que el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada la ofreciera a empresas extranjeras; por esta venta, el Estado perdió $us 26 millones. En la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), el Estado habría perdido $us 484,15 millones producto de varias irregularidades que promovió la empresa italiana que capitalizó Entel, que en un día distribuyó entre sus accionistas $us 400 millones como utilidad cuando ese dinero era para las inversiones.	Sobre el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Medinacelli explicó que todo el proceso está viciado porque la empresa brasileña Viacao Aérea Sao Paulo SA (VASP) recibió todas las facilidades a través de decretos para que se haga del 50,55 por ciento de las acciones y de ese modo se hizo propietario de la línea aérea; el daño econó- mico sería de $us 53,9 millones.	La Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) fue dividida en dos, la Empresa Ferroviaria del Oriente SAM y la Empresa Ferroviaria Andina SAM y capitalizaron los bienes como ferrocarriles y algunas propiedades, la valoración no tomó en cuenta los bienes, contratos y servicios; el daño económico alcanzaría a $us 86,64 millones. YPFB fue la que más pérdidas arrojó y Medinacelli graficó todas las manipulaciones que realizaron las autoridades de entonces para vender no solo los activos sino pasarles los campos de explotación y de exploración a valor 0 y que producto de esta manipulación la pérdida sería de $us 8.448 millones. Jaime Paz recordó que fue en su Gobierno que se descubrió el pozo San Alberto X2 con equipos de YPFB.	Los legisladores del MAS identificaron que el daño económico al Estado es el delito menor y que por esa razón las exautoridades deben ser procesadas. Pero tres abogados, Williams Bascopé, Rosario Canedo y Ricardo Maldonado, coincidieron, por separado, en afirmar que los supuestos delitos ya prescribieron. Maldonado dijo que los delitos pueden esperar hasta ocho años para ser denunciados. Bascopé dijo que existe norma internacional que protege a las personas. Canedo dijo que la propia Constitución establece la imprescriptibilidad de los delitos y que los acusados pueden demandar al propio Estado