Finalmente, y después de años de insistencia, el Gobierno aprobó el uso de dos variedades de semillas genéticamente modificadas (transgénicas), para los cultivos de soya. La decisión se produjo después de pedidos, ruegos y también amenazas de los grandes, medianos y pequeños productores, que el domingo se habían declarado en emergencia, a través de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente.	En su argumentación, los agroempresarios señalaban que la prohibición de utilizar biotecnología en la siembra, hacía que la producción boliviana pierda competitividad frente a similares cultivos en Argentina, Brasil o Paraguay. Los vaivenes del clima (sequía seguida de inundaciones y viceversa), las plagas y otros eran causantes de millonarias pérdidas que, en el caso de los pequeños productores, podían significar la ruina total.	Si bien la Ley de la Madre Tierra prohíbe la comercialización y uso de semillas transgénicas, no es menos cierto que estas eran empleadas en varias parcelas de cultivo. No hay que olvidarse de la variedad Munasqa, que ya venía adaptada para desarrollarse en el suelo boliviano y que se usa desde hace años. Tampoco hay que perder de vista que gran parte de productos que ingresan al país de contrabando: como jugos, aceites, arroz y otros, procedentes de Argentina o Brasil ya tienen una base genéticamente modificada y se consumen sin que nadie diga nada. Por eso, es saludable que comience a haber un sinceramiento en el país.	Hay que subrayar que la aprobación se da para el uso de dos especies de semilla transgénica de soya, cuyo uso debe ser exclusivamente para la producción de biodiésel. Según información de expertos, estas variedades pueden generar mayor rendimiento por hectárea, son menos vulnerables frente a las plagas y tienen mayor resistencia a la sequía.	El uso de semillas transgénicas viene de la mano con la demanda de que se amplíe la frontera agrícola en el país, lo que demanda un minucioso análisis de las zonas que permiten expandir los cultivos. Por su parte, los agroproductores pretenden que el uso de transgénicos se amplíe a los cultivos de maíz, algodón y caña, considerados estratégicos para la soberanía alimentaria y para mejorar potencial exportador.	Hay muchas voces que rechazan las semillas transgénicas con varios argumentos. Por eso, es preciso que el uso de las mismas sea objeto de control permanente. No obstante, hasta el momento, Bolivia es una isla en el contexto productivo internacional, lo que tampoco es favorable si queremos generar mayor crecimiento y diversificar la economía.	La aprobación también muestra que el Gobierno ahora escucha a los empresarios del sector agropecuario porque los necesita. Ya no se puede tapar los ojos frente a la caída de las exportaciones de hidrocarburos ni se puede negar que la mentada industrialización en las empresas del Estado no ha dejado los resultados esperados. Es de esperar que este paso sea el inicio de un trabajo entre el Estado y los privados, que redunde en beneficios para todos.