Se abre un nuevo episodio en la batalla por la tenencia de tierra en la Chiquitania. Hoy vence el plazo dispuesto por el Cabildo cívico, para que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) proceda al desalojo de asentamientos ilegales, que vinculan a las quemas y desmontes que se realizan desde agosto y que, a su vez, derivaron en los incendios que aún afectan la flora y fauna de esa región.	De acuerdo a lo aprobado el viernes a los pies del Cristo Redentor, el INRA tiene hasta las 12:00 de hoy para que haga el desalojo de estos asentamientos, o “caso contrario se procederá, a las 12:01 a verificar la ilegalidad y hacer cumplir el mandato de este Cabildo”. Por esto, Ronny Justiniano, vicepresidente del Comité Cívico Provincial, informó que hoy comienzan a definir los mecanismos legales y logísticos para hacer cumplir este clamor popular.	La Comisión de Tierras, bajo la tutela de los cívicos provinciales, consiste en la instalación de reuniones ‘itinerantes’, es decir de un municipio a otro, en las que se expondrá información sobre denuncias de avasallamientos. Así sucederá hoy, según Justiniano, cuando Luis Fernando Camacho, presidente del Comité pro Santa Cruz, se traslade a San José de Chiquitos para reunirse con Avelino Román Taborga, presidente cívico, y Ulises Pessoa, presidente del Concejo Municipal.	José Ernesto Serrate, presidente del Bloque Cívico Chiquitano, sostuvo que la comisión debe trabajar en la logística del desalojo, además de gestionar una auditoría de estas comunidades ante cada municipio, ya que estiman que hay al menos 2.000 nuevos asentamientos en la región. Sin embargo, dice que reciben denuncias de que se encuentran casí vacías ya que se abren con fines políticos (electorales) y de especulación de tierras.	Otro de los reclamos que plantean elevar al Gobierno es que las nuevas comunidades significan el incremento del presupuesto municipal y departamental, y sin embargo, no hay una restitución de los recursos ya que se siguen asignando desde el Gobierno la misma cantidad de recursos en base al Censo de 2012.	Dijo que el mandato es errado porque el INRA da cumplimiento a las leyes vigentes en la regulación y asignación de tierras para la producción. Afirma que los asentamientos humanos “se dieron en tierras fiscales disponibles” o que son fruto de recortes por falta de cumplimento de la Función Económica Social (FES).