Hay muchos dichos populares que van de boca en boca a modo de consuelo, para evitar que los malestares o descontentos que provocan las injusticias de cada día sobrepasen el límite del aguante, sea personal o colectivo. “No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”, “la justicia tarda pero llega” o “el que hace la paga” son apenas algunos de muchos ejemplos que apuntan al mismo objetivo: aplacar la indignación, cuando no la ira, de quienes padecen abusos, atropellos y violaciones de todo tipo. Contenidas la rabia y la sed de justicia de los abusados, hay otra vez vía libre para que los abusivos retomen sus tropelías. Casi siempre, con yapa a su favor: los denunciantes suelen pasar de la repulsa a las condescendencia, aceptación y resignación, e incluso al sometimiento cómplice.	Algo de todo eso aflora hoy tras la noticia sobre la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de admitir la demanda presentada por Fabio Gadea en contra del Estado de Nicaragua, por la repostulación de Daniel Ortega a la presidencia de ese país, en 2011. Ortega impuso su candidatura violando el mandato constitucional de su país, con el aval de un fallo del Tribunal Constitucional nicaragüense que admitió el alegato de que la Constitución “limitaba” sus derechos políticos. La demanda de Gadea demoró siete años en lograr una respuesta de la CIDH, tiempo de gracia para Ortega que asumió otra vez el mando de Nicaragua. Y sigue asegurándolo, contra viento y marea, a un costo altísimo que se cuenta ya en centenares de muertes de civiles.	¿Qué sentido tiene este anuncio, a siete años de presentada la denuncia? ¿Quién borra o cómo se anula el estrago provocado por Ortega a lo largo de todos estos años? ¿Acaso hay posibilidad de imponer sanciones que tengan efecto retroactivo? ¿Quién devolverá a la vida a las más de 500 personas muertas en los últimos meses, a manos de las fuerzas represivas que comanda Ortega? ¿Cuánto costará y qué tiempo demandará resarcir los daños ocasionados en la institucionalidad democrática de ese país, sin contar los que han golpeado a la economía nicaragüense? Alguien ya dijo que cuando la justicia tarda tanto en llegar, ya no es justicia. Es un sana-sana tardío e inocuo. Un barniz para disimular tanto entuerto, tanta complacencia o indiferencia frente a abusos que minan la democracia.	Hay también muchas excusas dadas que tratan de explicar tanta demora. Una de ellas es que la CIDH tiene muchas demandas para considerar, y poco personal para trabajar en ellas. Exactamente la misma explicación que se da cuando se habla de retardación de justicia en Bolivia: las causas se cuentan por cientos de miles, mientras que los fiscales y jueces a cargo de administrarlas suman unos pocos miles. Los datos de la realidad acaban secundando o dándoles sostén a las excusas. Pero no son suficientes para explicar todo: hay también otros datos de la realidad que apuntan hacia otra dirección. La de la falta de voluntad política real, auténtica, para fortalecer las instituciones, llámense CIDH o poder judicial en cada país, dotándolas de todo lo necesario para que justifiquen su existencia.	¿Qué mayor aliciente que esa desidia para los abusivos que nunca duermen, que no cesan en sus atropellos, a sabiendas de que gozarán de impunidad? Lo ocurrido en Nicaragua con Ortega, ya lo sabemos, fue una “luz” para la cúpula que gobierna Bolivia. Alimentada por el mismo afán de poder absoluto y eterno, copió la estrategia de Ortega y la siguió paso a paso, con Tribunal Constitucional condescendiente de por medio y echando mano de la mayoría parlamentaria de la que goza en la ALP. No tuvo reparos en hacerlo, menos algún atisbo de miedo, porque constató que a Ortega le funcionó la fórmula. ¿Temor a un estate-quieto por parte de la CIDH u otro organismo internacional? ¡Claro que no!	Mientras tanto, en la CIDH las causas van a paso lento. Unos pasos que bien podrían ser acelerados si acaso hubiera voluntad política para encarar de manera oportuna y justa las demandas que les han sido presentadas desde diferentes organizaciones y ciudadanos de países de la región, afectados por una creciente apuesta antidemocrática hecha por los gobernantes de turno. Una acelerada posible, que solo depende de decisiones personales y de conjunto al interior de este y de otros organismos internacionales. Como personal es también la decisión del papa Francisco de sumarse a la tropa alineada a las cúpulas que hoy gobiernan Venezuela, Nicaragua y Bolivia, en contra ruta a la democracia.