La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) emitió nuevos informes identificando a altos funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional que manejaron el auto supremo, emitido en 2015, que ordenaba la detención en todo el país del extraditable Pedro Montenegro Paz para su extradición al Brasil, pero al que no se dio cumplimiento a su tiempo debido a acciones dilatorias, que favorecieron al presunto narco.	En los informes documentales a los que accedió EL DEBER, los agentes antinarcóticos encargados de las investigaciones desde que estalló el caso Montenegro el 17 de abril pasado, concluyen que la Fiscalía de Sustancias Controladas debe convocar a prestar declaraciones al actual presidente del Tribunal Constitucional, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, además de una decena de funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos exmagistrados, letrados, por considerar que fueron responsables del manejo de las diligencias, específicamente de la resolución suprema de 2015 que ordenaba la detención en todo Bolivia de Pedro Montenegro y su extradición al Brasil para que responda por tráfico internacional de drogas.	Durante las pesquisas e inspecciones en oficinas, secuestraron una portátil de propiedad de J.C.J.L., que se desempeñó como auxiliar de Sala Plena del Tribunal Supremo desde 2012 a l 2017. En su computadora los agentes encontraron el auto supremo emitido en 2015, que fue subido al portal digital del Tribunal y que un juez lo validó para favorecer con otro fallo a Montenegro.	La Felcn, en otro informe, hace conocer a los fiscales de dos comisiones de Santa Cruz y de Sucre que el exauxiliar no es habido, pero que, de acuerdo a las investigaciones, sería compadre del Osvaldo Valencia que ocupó la presidencia del Tribunal Constitucional y que es parte de la investigación del caso Montenegro.	Sin embargo los agentes antinarcóticos en otros informes hacen conocer a los fiscales que el ex auxiliar, después de trabajar en el Tribunal Supremo, fue llevado al Tribunal Constitucional. Asimismo que, tras estallar el caso de Pedro Montenegro, este auxiliar fue retirado del Tribunal Constitucional y que ahora vive en Santa Cruz, ocupando un cargo en el sector público.