Las leyes que deben servir para la convivencia, si no son correctamente interpretadas dan como resultado la confusión, el abuso y hasta la muerte. Es lo que está sucediendo con los atropellos que hemos permitido contra la Constitución Política del Estado (CPE) con referencia a los asentamientos humanos, atropellos que nacen de una torcida interpretación de la misma, interpretación que luego es utilizada como herramienta política y de atropello.	Vamos por partes: La CPE no establece la ejecución de asentamientos humanos como competencia privativa del Estado en ninguno de los 24 incisos que figuran en el art. 298 (competencias privativas del nivel central del Estado). En el inciso 17, como es obvio encarga al nivel central una “política general sobre tierras y su titulación”, sin embargo, y mucho más allá de la definición de políticas, el gobierno central ha venido ejecutando como competencia privativa todo el proceso, desde las políticas hasta la ejecución misma de proyectos de traslado y asentamiento, al margen de los otros niveles de gobierno. En los hechos el gobierno central ha venido manejando el tema de los asentamientos humanos como si se tratara de una competencia privativa: No hace consultas con los municipios y ni siquiera con las gobernaciones, procediendo a crear y consolidar asentamientos sin tener la competencia privativa para ello.	O sea que quien define los usos del suelo urbanos y rurales y por tanto la ubicación, pertinencia y dimensiones de nuevos asentamientos humanos rurales o urbanos son los Planes de Ordenamiento y Uso del Suelo del Gobierno departamental y los gobiernos municipales. El Gobierno nacional no puede asumirse esas competencias como si fueran privativas, como lo ha venido haciendo con mas de mil comunidades campesinas creadas en estos años en Santa Cruz.	Pero además, la ley 3545 del INRA del año 2006 crea La Comisión Agraria Departamental, comisión que como encargada de supervisar todo el proceso, podría haber evitado las cientos de irregularidades que se han cometido. Pues bien, esa comisión no se reunió nunca en 10 años, y la única justificación que dio la Gobernación para semejante descuido fue el decir “es que nunca había quorum”. ¿Cómo es posible que la gobernación no haya echado el grito al cielo, e instruido paros, manifestaciones y huelgas para obligar al Gobierno a cumplir con su deber y respetar las leyes? Cuánta tragedia podríamos haber evitado si hubiese funcionado.