De forma extraordinaria, así dice el artículo 9 de la Ley 1206 a la obligación que tendrán Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) de transferir al Tesoro General de la Nación (TGN) en conjunto Bs 700 millones ($us 100,5 millones) para financiar programas de interés social o de inversión.	“En el caso de YPFB, esta empresa, por muchos años ha captado un excedente importante de los ingresos por hidrocarburos (más allá del IDH y las regalías), que serían los beneficios; no se conoce claramente el destino de esos recursos, pero deberían ser para inversión en el marco de su política de nacionalización,en todo caso se puede inferir que cuenta con un fondo que podría financiar este tipo de operaciones”, puntualizó el economista.	Para el analista económico Carlos Schlink, el mencionado artículo, que le faculta al Ministerio de Economía retirar Bs 350 millones de YPFB y otros Bs 350 millones de ENDE para que el Gobierno pueda pagar la inversión pública, pone en riesgo la liquidez de ambas entidades. Además, según su criterio, significa que el TGN no tiene dinero para cubrir sus compromisos de inversión pública comprometida ni para solventar los bonos que prometió a la población.	Al respecto, Schlink indicó que este incremento ocurre por dos razones. La primera es por un mal cálculo de las instituciones públicas en sus saldos de bancos de la gestión 2018 y la segunda por un mal cálculo del Ministerio de Economía de los ingresos por impuestos o renta petrolera de la gestión 2019.	Asimismo, remarcó que esos recursos mal calculados no se pueden utilizar hasta aprobar la ley modificatoria “y la razón por la que tardan en aprobar es para que el Ministerio de Economía no incremente el déficit fiscal, provocando mayor burocracia y atraso en la ejecución presupuestaria de las instituciones públicas”, dijo el analista.