El miércoles fue relanzada la cadena de emisoras radiales que dependen de las Fuerzas Armadas de Bolivia. En principio, son una decena en diferentes regiones del país, pero está previsto que la cifra aumente con 18 nuevas para las áreas rurales y que, además, se instale un canal nacional de televisión, así como la Agencia de Noticias del Ejército. El hecho sorprende porque se da a conocer en pleno año electoral y después de que estos medios de comunicación estaban prácticamente abandonados y sin atención especial durante pasadas gestiones.	También llama la atención la afirmación del director de Comunicación del Ejército, Víctor Quintana, que dijo que esta puesta en marcha de un conglomerado de medios implica una fuerte inversión, cuyos montos no han sido precisados hasta el momento. Esta cadena radial se sumará a la Red de Radios de los Pueblos Originarios y coordinará los contenidos con ella.	El artículo 244 de la Constitución Política del Estado señala que las FFAA tienen la misión de “defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido, y participar en el desarrollo integral del país”.	Sus funciones están claramente definidas, aunque en los últimos 13 años se ha utilizado a sus efectivos para otras, como pagar el bono Juancito Pinto y hasta para hacer pan en tiempo de escasez. Lo remarcamos, porque es al menos llamativo que se utilice presupuesto (aunque sea el que está destinado a las FFAA) para implementar medios de comunicación, cuando ya el Estado tiene radios, canales de televisión, agencia de noticias y hasta un diario en los que se deberían difundir mensajes de interés cívico y nacional, pese a que ahora tienen contenido político favorable al partido en función de Gobierno, dejando a un lado –casi por completo- a otras voces que no son afines al poder.	Es inquietante que este lanzamiento se realice en año de elecciones, porque genera desconfianza acerca del uso político partidario que se le puede dar, utilizando el dinero de todos los bolivianos, que bien podría ser invertido en salud, educación y tantas otras necesidades que tiene el país, o en una lucha más eficiente contra el contrabando, cuando está visto que ese delito no ha podido ser controlado.