“Emitimos un decreto de fideicomiso de Bs 2.210 millones a 20 años plazo. Este crédito será para proyectos de inversión pública con alcance físico mayor al 50% y con planillas pendientes de pago. Algunos gobiernos departamentales, regionales y municipales, se han comprometido a obtener créditos internos y externos, pero sin garantizar su contraparte. Solo garantizaban el primer desembolso y los otros estaban sujetos a las transferencias. Lamentablemente, con el precio del petróleo, las transferencias no han sido como recibían antes”, dijo ayer el presidente Evo Morales.	De acuerdo a la explicación de la ministra de Planificación, Mariana Prado, para acceder al crédito, los gobiernos subnacionales deben presentar su solicitud de priorización a ese ministerio, para que sea transferida al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Posteriormente, una vez evaluada la solicitud y definidas las condiciones financieras, se firmará el contrato de préstamo.	“Estos recursos deberán destinarse al pago de proyectos de inversión pública que estén en ejecución. Lo que se busca es apoyar a las obras que están realizándose y que han tenido alguna dificultad de flujo financieros. Por un lado, este fideicomiso financia contrapartes que deberían ser desembolsadas por las entidades territoriales, referidas a proyectos administrados por entidades de la Administración Central (Administradora Boliviana de Carreteras, FPS, Ministerios, etc.)”, explicó.	El secretario de Economía y Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, indicó que la caída de ingresos lo sufren todos los gobiernos subnacionales por la disminución de los precios del petróleo. En el caso cruceño, de Bs 211 millones que recibía el 2007, en el mes de marzo, obtuvo apenas Bs 3,9 millones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).	“Esto se hace para que no caigan las inversiones, ni se reduzcan ni se posterguen. Es una manera de ir apalancando los recursos y viabilizar la ejecución de los recursos externos. Nosotros vamos a pedir el dinero porque contamos con capacidad de endeudamiento. Entre 2006 y 2014, redujimos algo del 50% de la deuda que teníamos”, explicó Parada.	El analista económico, Carlos Schlink, expresó en este sentido, que si no se inyectan recursos a las entidades públicas que tienen deudas con las empresas privadas por las obras terminadas, el “enfriamiento económico” que vive el país “podría agravarse, porque es evidente que el sector privado por sí mismo, ya no puede soportar la falta de liquidez”.	La nueva normativa se hace conocer el día en que se publica un censo realizado por Captura Consulting, a encargo del Observatorio Urbano (OBU) de Cadecocruz, que revela un estancamiento del sector de la construcción. Sostiene que el mercado inmobiliario está en franca desaceleración y que un 66% de las personas encuestadas, indicaron que no piensan comprar una casa en los próximos tres años.	“El sector de la construcción mostró una dinámica positiva en los últimos 13 años en un entorno de dinamismo de la demanda interna y de la actividad económica boliviana.El sector registró en promedio, un crecimiento de 8,5% entre 2006 y 2017, muy por encima del 1,5% observado entre 1994 y 2005. Entre 2006 y 2017, el sector no mostró contracciones. Por el contrario, se experimentó un crecimiento sostenido. La actividad constructora creció en 3,3% hasta el tercer trimestre de 2018”, manifestó.