. La presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha generado una ola de demandas de los diferentes sectores, particularmente de las plataformas, de los cívicos y de los partidos de oposición que esperan que la comisión no solo los escuche, sino que se pronuncie en torno al pedido de la no repostulación de Evo Morales. La comisión ya adelantó que no se pronunciará ni decidirá nada sobre la situación del país. Ante una crisis institucional del Tribunal Supremo Electoral, cada vez más evidente, y la falta de credibilidad en el sistema político del país, la CIDH aparece como uno de los organismos que pueden canalizar la voz de quienes piden respeto a la democracia, el voto y los derechos humanos en Bolivia. La realidad muestra la necesidad de escuchar y actuar. De hecho, la comisión recibió 1.618 solicitudes de medidas cautelares en 2018, más del doble que el año anterior.	La Alcaldía de ese municipio acaba de inaugurar las obras del Primer Puerto Seco del Norte Integrado, para convertir este punto en un megacentro de recepción y comercialización de granos. A eso se suma el anuncio de condonar los impuestos durante 10 años a los empresarios que construyan condominios, hoteles, edificios y otras obras de envergadura. Este ofrecimiento se convierte en un atractivo para los capitales que buscan el desarrollo inmobiliario, más aún en la zona norte de Santa Cruz. Una ciudad intermedia como Montero, cuyo crecimiento poblacional es importante debido al flujo migratorio, tiene muchas condiciones favorables para fortalecerse; sin embargo, será importante que también se mejore la infraestructura, los servicios, la seguridad, las políticas medioambientales y otros aspectos que hacen al desarrollo sostenible de una ciudad, a fin de que en el futuro no se esté pagando la factura de un crecimiento desordenado y de exclusión social.