La acción de inconstitucionalidad fue presentada hace tres semanas por los diputados Horacio Poppe, Gróver Huanca y Gina Tórrez, quienes iniciaron este proceso debido a las quemas que consumieron millones de hectáreas en la región cruceña, principalmente en la Chiquitania. Según los reportes oficiales, cuando faltan tres meses para que acabe la presente gestión, el fuego ya arrasó 3,5 millones de hectáreas de bosques y pastizales en Santa Cruz, cifra que se iguala al pico histórico de los últimos años, pues en todo el 2010 el daño alcanzó la misma superficie de hectáreas.	Las autorizaciones de quemas y desmontes están suspendidas desde el 27 de agosto, cuando la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) suspendió los trámites de desmontes y ratificó la prohibición de quemas en Bolivia, en apego a la decisión del presidente Morales de decretar una pausa ecológica por los incendios forestales en la Chiquitania, la que dispuso ese mismo día.	Asimismo, el 5 de septiembre el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, promulgó la ley que pone en vigencia la pausa ambiental en el departamento, con cuatro medidas: la prohibición de los asentamientos humanos en las áreas afectadas, la suspensión de las quemas y desmontes, la prohibición del cambio de uso de suelo y la caza y la prohibición de la comercialización de productos generados por los incendios.	Para Peña, en el país hay normas buenas, pero el Gobierno y sus instituciones hacen caso omiso de ellas. “Por ejemplo, en el tema tierras se debería respetar la vocación de uso de suelo y las tierras primeramente deberían ser otorgadas a los indígenas o personas del lugar, lo que en la práctica no ocurre”, precisó.	Las normas que suspenden las quemas no han logrado frenarlas, aunque sí hay una disminución considerable de los focos. El reporte del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (Satif) muestra que el jueves se registraron 268 focos de quema, cuando en agosto hubo días críticos en los que las quemas superaban las 700, por día. Por ejemplo, el 17 de agosto se registraron 760.	La secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación, Cinthia Asin, informó ayer de que las lluvias, sumado al trabajo de los bomberos y brigadistas, han permitido aliviar de los incendios forestales a tres municipios, que por meses estuvieron abatidos por el fuego. Sin embargo, Asin cree que no hay que bajar la guardia en la mitigación ni se puede decir que la situación del fuego en la región está controlada porque todavía hay 34 incendios activos en 13 municipios.	Sin embargo, persisten los incendios en 13 municipios, con 34 frentes. Concepción sigue siendo el más afectado, con 10 incendios; seguido por San Ignacio de Velasco, con 7; y San Antonio de Lomerío, con 3. El resto del fuego está en Ascensión de Guarayos, en El Carmen Rivero Tórrez, en Charagua, en Puerto Suárez, en San Javier, en San Miguel, San Ramón y San Rafael. En el informe aún figuran San José de Chiquitos y San Matías porque hasta ayer el fuego no había sido extinguido en su totalidad.	Sobre la afectación, la autoridad departamental indicó que ya van 3,5 millones de hectáreas quemadas (de bosques y pastizales) en lo que va del año, de las cuales 1,5 millones están en áreas protegidas. Esa misma cantidad de superficie resultó dañada durante toda la gestión 2010, que fue un año bastante crítico.	“La declaratoria de desastre es un tema de oportunidad. Cuando la Gobernación hizo la solicitud íbamos por 400.000 hectáreas afectadas, ahora ya vamos por 3,5 millones de hectáreas y seguimos haciendo el llamado porque el fuego sigue”, expresó Asin y agregó que, si se daba curso a la solicitud en su momento, se recibiría más ayuda técnica externa para atender oportunamente el desastre.