El mismo día que Bernal llegaba a su festejo en Zipaquirá, el presidente Iván Duque cumplía el primer año de un cuestionado mandato. En su periodo, 198 líderes han sido asesinados. Cierto, esta no es una práctica exclusiva de esta gestión. Pero en la misma, el escenario parece agravarse. Recientemente, Francisco Maltés, representante de la Central Unitaria de Trabajadores, denunció que 200 sindicalistas han recibido amenazas de grupos paramilitares, principalmente de las Águilas Negras.	¿Y cómo olvidar a María del Pilar Hurtado, líder comunitaria asesinada en el departamento de Córdova, en julio pasado? La muerte de María se viralizó en las redes sociales, por el desgarrador video de su hijo de 12 años que clama desesperado por la vida interrumpida de su madre, botada en la tierra, entre matorrales y deshechos. A partir de este suceso, se organizó una masiva marcha de Defensa por la Paz, el 26 de julio. El presidente Duque quiso sumarse, pero se retiró por el rechazo común de los manifestantes.	Por ejemplo, la aplicación del Decreto 660, aprobado en abril de 2018, que promueve una protección colectiva, con participación de las comunidades colombianas; o la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, declarados en 2017 como una prioridad nacional, pues son una medida para atender la principal raíz del conflicto colombiano: la tenencia de la tierra.