Seguramente ya se ha topado con una mirada reprobadora mientras regaña a sus hijos en el supermercado. O quizás lo haya chocado ver la agresividad de padres al borde de un ataque de nervios. En todo caso, debatir sobre el valor educativo y las posibles consecuencias nefastas de nalgadas o gritos es algo común entre los padres y profesionales de la salud y la familia.	A menos de una gran sorpresa, con un último voto del Senado, Francia se dispone a sumarse este 2 de julio a la larga lista de países que han prohibido las violencias educativas ordinarias. Hoy en día, 55 países han dado el salto, desde Suecia en 1979 hasta Kosovo la semana pasada.	El primer artículo, que será leído en el momento de celebrar los matrimonios en las alcaldías, se refiere a la definición de la autoridad parental en el artículo 371 del Código Civil, especificando ahora que "se ejerce sin violencias físicas ni psicológicas". El segundo introduce "la prevención de las violencias educativas ordinarias" en el Código de Acción Social y de la Familia, creando una obligación de formación para los cuidadores de niños. El tercero prevé que el Gobierno presente posteriormente un informe sobre la situación en la materia, "y evalúe las necesidades y los medios necesarios para reforzar la política de sensibilización, apoyo y asistencia a los padres y la formación de los profesionales afectados".	El texto no incluye ninguna sanción penal, puesto que los malos tratos a menores ya se castigan con penas de hasta 20 años de prisión, pero marca el fin del derecho de corrección, heredado del siglo XIX: "Me dicen que es sólo un texto simbólico, porque es educativo. Pero yo creo por el contrario que estamos en los albores de un enorme trabajo para explicar a los padres cómo educar a sus hijos sin humillarlos ni violentarlos", estima la diputada Maud Petit.	"Por fin, en Francia, habrá una ley que prohíbe toda violencia contra los niños. Ya no podremos hacer creer a la gente que golpear a un niño es educación, cuando pone potencialmente en peligro su salud y su desarrollo", se alegra Gilles Lazimi, médico, coordinador de campañas contra las violencias educativas ordinarias y miembro de la asociación StopVEO.	Según el médico, entrevistado por el diario Le Monde, se trata de un momento histórico que permite la erradicación de prácticas educativas "basadas en el miedo, el dolor y el asombro del niño". Además, la adopción de la ley hace que Francia se ajuste a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1990.	Pero para sus detractores, se trata de una intrusión intolerable en la vida privada de las familias, tal como lo expresó en primera lectura la diputada de ultraderecha Emmanuelle Ménard. Myriam Bendriss, vocera de la Fundación para la Infancia entrevistada por el diario 20 Minutes, explica que "la idea no es entrar en la intimidad de las familias, sino que esta ley debe permitir a las asociaciones desarrollar medidas de apoyo. Queremos poner en marcha herramientas que no estigmaticen ni culpabilicen a los padres, y promover las formaciones para una paternidad más benevolente. No hay una solución milagrosa, porque cada padre y cada hijo es diferente".	Aunque según ella, la sociedad francesa está evolucionando sobre este tema, no todos los franceses están convencidos de que una reprimenda o una nalgada traumatice a un niño de por vida. Según la Fundación para la Infancia, el 85% de los padres indican que todavía utilizan el castigo corporal o el abuso verbal.	En Suecia, pionera en la materia, el 70% de los ciudadanos se decían desfavorables a esta medida en 1979, contra sólo un 18% hoy en día. Sin embargo, varios denuncian esta visión de la paternidad que puede favorecer la aparición de "niños reyes" que imponen su propia ley. Educar sin violencia no es sinónimo de laxismo ni de ausencia de reglas de vida, responden los defensores de la ley.