Al mismo tiempo, en una reunión que el Gobierno sostuvo con dirigentes de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), el oficialismo también se comprometió a entregar en 10 días una propuesta de ley corta, para reducir la exigencia de ceder publicidad gratuita estipulada en 12 leyes y, especialmente, en la de Organizaciones Políticas.	El encuentro entre los representantes de la ANP y los ministros de Justicia, Héctor Arce; de Comunicación, Manuel Canelas; además de los presidentes de las cámaras de Diputados, Víctor Borda y de Senadores, Adriana Salvatierra, se produjo en el salón Marcelo Quiroga Santa Cruz de la Asamblea, el lunes por la tarde.	El proyecto de ley de abreviación procesal penal, que será considerado el jueves en la Asamblea Legislativa, establece en su artículo 165, lo siguiente: “Los edictos serán publicados, sin ningún costo para las partes, a través del sistema informático de gestión de causas, en el portal electrónico de notificaciones del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio Público”.	El presidente de la ANP, Marco Antonio Dipp, admitió que la asociación expresó la inquietud por la suspensión de los edictos en algunos medios, sobre todo en los pequeños, que serán los más afectados en el país. Hay la intención de que esta aplicación de edictos digitales se la haga de manera progresiva. Esto será informado una vez que el Ministerio de Justicia concluya un estudio más técnico para la aprobación de la ley”, dijo.	Canelas, de forma separada, declaró a los medios que ambas partes acordaron, “en consenso, incluir una disposición transitoria, para que tome más o menos un año o año y medio el establecimiento de este cambio, mientras la gente se familiariza con el tema digital. Por lo tanto, desde finales de 2020, los edictos pasarán a plataformas digitales gratuitas”.	El documento aclara que la institución no se opone a la nueva legislación y al espíritu de gratuidad de la norma, pero lo que sí preocupa es la inestabilidad económica que generará en los medios. “El despacho de Justicia y los jefes de las cámaras legislativas aceptaron el análisis ponderado de las notificaciones judiciales en materia penal”.	Dipp declaró, al terminar el encuentro, que “son inquietudes que se han reiterado al Gobierno en los últimos años. Terminamos de diseñar una agenda que permitirá, espero, llegar a resultados favorables en no más de un par de semanas, una vez que logremos concertar términos de las leyes que requieren ser modificadas”.	Canelas fue enfático en sus declaraciones y resaltó que la solicitud de la organización que aglutina a medios impresos bolivianos para que se reduzcan los espacios gratuitos que deben ceder para promocionar de forma obligatoria 12 leyes será atendida. “Nos piden que modifiquemos y reduzcamos el tamaño porque supone un problema económico, tomaremos eso en consideración y en el lapso de 10 días les haremos una propuesta concreta”.	En el caso específico de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), Canelas admitió que tiene “umbrales muy altos de espacios gratuitos que deben dar los medios, no sólo los escritos”, a los partidos políticos y al Órgano Electoral. Luego ratificó que se refirió a cambios específicos en las 12 leyes y en la LOP, “no para anular la oligatoriedad, sino para reducirla” y complementó que esta no es una demanda solamente de la ANP, sino que “va mucho más allá se esa institución”.	Canelas recordó que la LOP establece que si hay cuatro páginas contratadas por los partidos, el medio debe dar un espacio equivalente de manera gratuita. “Es una proporción muy elevada, les explicamos que esta ley no salió del Gobierno o el Legislativo, sino del Órgano Electoral, que trabajó con seis expertos. Nos parece correcto y bajaremos sustancialmente esa exigencia”.	La Ley del sistema de seguridad ciudadana “para una vida segura”, se aprobó el 31 de julio de 2012 y exige la contratapa del cuerpo A una vez al mes. La Ley de derechos y políticas lingüisticas, la de personas adultas mayores, la de los derechos de los usuarios y consumidores, la de defensa de animales y la de protección a niños y adolescentes establecen espacios de difusión sin expecificaciones concretas, pero con cesión obligatoria de espacios. La ley contra la violencia hacia las mujeres una página al mes. La de personas con discapacidad, media página mensual, y la de gestión de residuos. La contratapa del cuerpo A una vez al mes. La última es la Ley de Organizaciones Políticas, que obliga a dar de forma gratuita la misma cantidad de propaganda contratada.