En entrevista en el programa El Pueblo es noticia, del canal estatal, ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero aseguró que los datos de la orden de aprehensión contra el narcotraficante Pedro Montenegro Paz fueron eliminados del sistema de Interpol en Bolivia y apuntó a los funcionarios policiales de esa unidad como responsables. Por otra parte, las palabras con las que desde el Gobierno se atenuaba el cambio del excomandante general Rómulo Delgado, ayer quedaron atrás, y Romero lo acusó de haber filtrado el audio de su conversación con el jefe nacional de la Felcn, que fue lo que destapó el caso que terminó en la detención de Gonzalo Medina.	Romero recordó que la orden de captura fue emitida en 2015 y un año después, una decisión judicial la anuló, pero el Tribunal Supremo la repuso. A llegar a esa parte, aseguró: “Luego que fue repuesto (el mandamiento de captura y extradición) por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, había sido eliminado de los datos de la base de datos de Interpol Bolivia”.	En tal sentido, dijo que no se ordenó antes la captura de Montenegro porque los datos no existían en el sistema. Dijo que este fue el motivo por el que ha ordenado la investigación de los exdirectores de esa unidad policial. “¿Quiénes son los responsables del sistema? Son los funcionarios de Interpol acreditados por la Policía Boliviana, en este caso en Santa Cruz, por eso he instruido una investigación en el marco del proceso judicial a los funcionarios de los últimos cuatro años”, remarcó.	El ministro anunció que, en el marco de las reformas en la Policía, se desarrolla una serie de medidas, entre las cuales resaltó la creación de una base de datos manejada por la Policía en la que se encontraran registrados todas las personas con órdenes de aprehensión, detención o con orden de captura a nivel nacional o internacional. “Vamos a contar en 15 días con un registro de las personas buscadas por narcotráfico, para empezar, y esta será libre y de acceso público”, refirió.	Luego enumeró varias otras medidas como la creación de una plataforma multimedia y la aplicación de un registro de denuncias contra los efectivos policiales. También, a través de la Oficina de Control Interno (OCI) se plantea una estructura con un dispositivo civil que fiscalizará la conducta y accionar de los agentes.