Hay leyes que establecen los procedimientos que deben seguirse con los acusados por cualquier delito. En principio, en la normativa nacional se establece la presunción de inocencia y en Bolivia, son muchísimos los ejemplos en los que se presume la culpa aún sin pruebas, especialmente cuando las causas son abiertas al calor de la política.	Otro de los postulados legales en el país se refiere a que el encarcelamiento no debería ser la norma, sino la excepción en casos específicos; pero a diario se ve cómo los jueces cautelares ordenan trasladar a los sindicados a cualquier penal del país. Y aquí hay que detenerse, porque el sistema también permite que quien pisa una cárcel debe pagar para obtener seguridad, para tener dónde dormir, para comer y para todo. Muchos de los presos sin recursos deben resignarse a vivir en condiciones casi infrahumanas, mendigando en los penales, durmiendo a la intemperie y quedarse mucho más de lo que dicta su condena.	También hay ejemplos de personas acusadas que, literalmente, han sido trituradas por el sistema judicial. Solo tras el caso de supuesto terrorismo se vio a un expresidente de Cotas subsistir con el 30% de funcionamiento de su corazón y, aun así, ser obligado a asistir a audiencias fuera de Santa Cruz; el general Gary Prado tuvo que ir en camilla y recostado a las sesiones judiciales porque el tribunal no admitía su estado de salud. En La Paz, el exprefecto de Pando recibió detención domiciliaria solo cuando se supo que padecía de cáncer y tras mucha insistencia de parte de sus abogados.	Otro ejemplo reciente es el del coronel Gonzalo Medina, acusado de tener vínculos con el narcotráfico. Su exabogado relató que tiene problemas de hipertensión y que está postrado en una celda con un tubo de oxígeno. ¿Estarán esperando quizás que muera en esas condiciones, antes de autorizar su traslado a otro recinto que no esté a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar?