El Decreto Supremo 3578 establece el incremento obligatorio en cada transacción de compra de gasolina especial, diésel y gas natural vehicular para los transportistas, con el objetivo de jubilar a más de 80.000 personas del sector. Sin embargo, los transportistas emitieron un voto resolutivo desconociendo la medida, toda vez que -dicen- afecta a sus intereses y porque no ha sido consensuado con todos los afiliados.	Juan Yujra, secretario ejecutivo del Transporte Pesado de Bolivia, informó que se encuentran en estado de emergencia, debido a que el incremento los afectaría directamente y en beneficio de solamente un sector afín al Gobierno, ya que solo toma en cuenta a la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia y a la Confederación Nacional del Transporte Libre de Bolivia.