Para la Fundación Milenio, en su informe sobre el estado de la economía de Bolivia, el incremento del gasto corriente es una muestra de cómo el Gobierno no ha sido capaz de adoptar medidas de ajuste para reducir el déficit fiscal y, por el contrario, los gastos subieron un 6% y 5% en 2017 y 2018, respectivamente, cuando los ingresos crecieron un 3% en ambos periodos.	Sobre el tema, Linares sostuvo que los números demuestran cómo en estos años el Gobierno fue creando un aparato estatal en donde el incremento del pago en los servicios personales, que corresponde al salario para los trabajadores públicos, de $us 1.143 millones en 2015 se incremento a $us 5.411 millones en 2018.	“Un dato del Ministerio de Economía no indica que de 250.000 trabajadores públicos en 2007, a 2018 aumentaron a 440.000. Se ha duplicado la cantidad de personas que está trabajando con el Estado y que cada vez es más difícil de mantener, pues no se debe olvidar que el mismo fue creado en el periodo de bonanza y para mantenerlo se debe recurrir a la deuda interna y externa”, puntualizó Linares.	Sin embargo, al hacer las consultas al Ministerio de Economía, se envío un comunicado a este medio, donde se indica que el crecimiento del gasto corriente traducido en el Presupuesto General del Estado (PGE), se debe a la creación de ítemes en salud y educación y por los incrementos salariales que estuvieron por encima de la tasa de inflación, a tiempo de considerar que el mismo es sostenible.	Agustín Jiménez, expresidente del Colegio del Economistas de Bolivia, sostuvo que el porcentaje destinado al pago de servicios es muy alto, pero que esto se explica por la fuerte presencia del Estado a partir de la inversión pública que se traduce en el financiamiento de las mismas, en el pago de salarios y de otros gastos que no son de capital y que no están destinados a la inversión, por lo que es importante reducir el gasto fiscal .	A su vez, el analista Germán Molina, subrayó que en la Presidencia de Juan Evo Morales, los primeros ocho años se caracterizaron por un superávit, mientras los últimos seis por un déficit fiscal, que si se lo suma llega a un 41,2%, un porcentaje que de acuerdo con su lectura es preocupante y que para controlarlo se necesita frenar el actual gasto corriente.	“Se deben frenar los gastos superfluos como viajar en helicóptero, el pago de publicidades, la inversión en proyectos que no generan ningún beneficio y reducir la burocracia, que se traduce en un aumento constante en el pago salarial de los empleados públicos y que cada año es más costoso”, observó Molina.	“Es una buena noticia, tenemos un récord de inversión pública que llega a un 47 por ciento de ejecución, hasta el 31de agosto. Esperamos superar el 78 por ciento de ejecución anual del año pasado, por eso vamos a estar detrás de las entidades ejecutoras, porque eso se traduce en el bienestar para la gente”, indicó Prado.	A su vez, Gonzalo Chávez, analista económico, precisó que los defensores del déficit público ‘bueno’ sostienen que la inversión y el gasto excesivo del Estado, que en cinco años (2014 - 2018) superaron los $us 12.000 mil millones de dólares, se justifican por que evitan la recesión de la economía y que como además son recursos ejecutados en proyectos productivos y de infraestructura, tendrán retornos, sociales y económicos garantizados, en el mediano plazos. “En la práctica es difícil encontrar ejemplos que muestran rentabilidad de la inversión y el gasto público. ¿El Teleférico? ¿Casa del pueblo? ¿El museo personal? ¿Centenas de canchas de fútbol? ¿Los aeropuertos sin vuelos?”, se preguntó Linares.