El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sentó precedente con un fallo emitido, por una acción de amparo constitucional que interpuso la Defensoría del Pueblo contra la Policía Boliviana, que dispone que mujeres policías que se encuentren embarazadas deben ser excluidas de las órdenes de cambio de destino y gozar del derecho a la inamovilidad laboral por su condición, lo que implica que no pueden ser cambiadas de su puesto de trabajo o deben ser destinadas al lugar donde se encuentre su familia y donde sea su domicilio habitual, según un nota de prensa.La Sentencia Constitucional Plurinacional 0167/2019-S2, hecha pública recientemente, señala que ante la orden de cambio de destino que define la institución policial, “en el caso de mujeres policías en estado de gestación debe propenderse a su cuidado y atención especial, sin que el destino al que sean designadas, conlleve una variación en las condiciones a la cual estaban sujetas normalmente, situándolas ante un perjuicio evidente en su salud, seguridad física, moral y psíquica, trasladándolas a un lugar distinto en condiciones que agraven su situación”, ello implica que la Policía tiene la obligación de respetar la inamovilidad laboral de mujeres en situación de embarazo, hasta que su hija o hijo cumpla un año de edad.En agosto de 2018, la Defensoría del Pueblo presentó un amparo constitucional por el caso de una policía que en su condición de embarazo y a pesar de contar con dos informes emitidos por esa institución que señalaban que por encontrarse embarazada no debía ser cambiada de destino, fue transferida del Comando Departamental de Oruro al de Pando. La afectada, además de haber sufrido un cambio de lugar de trabajo arbitrario y de no recibir un trato acorde a su situación por parte de la Dirección Nacional de Personal ni de la Dirección Nacional Administrativa, hasta el momento de la presentación del recurso constitucional no había recibido los subsidios establecidos por Ley.Asimismo, el Tribunal Constitucional establece que los justificativos de orden administrativo no son un pretexto para no realizar el pago de los subsidios de ley de forma puntual a las mujeres policías que se encuentran en estado de embarazo, ya que los mismos están destinados a proteger y otorgar los medios de subsistencia necesarios en virtud a la contingencia de la maternidad, para así asegurar la vida y salud de la mujer y de su hija o hijo. /Radio Fides