El gobierno interino, a través del Ministerio de Desarrollo Rural, solicitó formalmente a la Fiscalía y la Asamblea Legislativa (ALP) que se reactive el proceso para juicio de responsabilidades del exministro Hugo Salvatierra, padre de la senadora Adriana Salvatierra, por la entrega irregular de tractores que dejó al Estado un daño económico de 581 mil bolivianos.	Una auditoría realizada en 2007 detectó presunto incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica atribuida a Salvatierra que, junto a algunos de sus colaboradores, supuestamente entregaron 12 tractores a una población cruceña, pero esa maquinaria nunca llegó a su destino, ni cumplió con la finalidad para la que fue comprada.