Las cicatrices de la catástrofe ambiental por incendios forestales, aún activos, en la macrorregión de municipios chiquitanos de Santa Cruz, confronta a autoridades de Gobierno, del nivel departamental, productivas y que defienden derechos agrarios que proponen replantear el modelo productivo cruceño para presevar el patrimonio ‘verde’ de la región que cultiva el 73% de la producción agrícola de Bolivia. La propuesta salió a relucir en el foro radial Santa Cruz después del incendio organizado por el Grupo Multimedia EL DEBER.	¿Ampliar la frontera agrícola o mejorar los rendimientos? y ¿qué soluciones se plantean para mitigar el impacto ambiental? definieron la ponencia. Para el secretario general de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, el modelo productivo cruceño es exitoso, pero no es perfecto y necesita ajustes. No se trata de utilizar el tema de los incendios para satanizar un modelo de producción, peor aún cuando se mezclan temas culturales para culpar a alguien”, manifestó.	En la otra vereda, la viceministra de Medio Ambiente, Cinthia Silva, coincidió en reflexionar sobre el modelo de desarrollo productivo en Santa Cruz y en el país. Cree que hay que mejorar la productividad por hectárea y las prácticas de agricultura extensiva, combinando sistemas agrícolas, desde un punto de vista de manejo sustentable y de diversificación productiva. “Hay tendencia a asegurar que cada espacio sea más productivo, sustentable y rentable. Ese debería ser el camino para mejorar la producción a largo plazo. No se trata de talar los bosques”, enfatizó.	En criterio del director nacional de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), no es uno u otro, son las dos cosas juntas. Se tiene que ampliar la frontera agrícola y mejorar la productividad. “El modelo productivo que funciona en Santa Cruz no es el ideal. La línea central es ver cómo ampliando el área cultivada y la productividad mejoramos los estándares de calidad ambiental. Debemos discutir nuevos modelos productivos adaptados a las regiones. Son macroecosistemas donde hay que dar respuesta. Lo que proponemos es el manejo integral del bosque con sostenibilidad”, dijo.	“Estamos en retroceso. Siembro y produzco menos”. Así, el presidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores Campesinos del Oriente (Cappo), Isidoro Barrientos, refirió que en Pailón, Cuatro Cañadas, San Julián y otros zonas productivas del oriente no hay espacio para expandir los cultivos porque no hay monte. “El tema de ampliación de frontera agrícola no está bien diseñado y enfocado a la necesidad del productor. Por eso pedimos biotecnología, para producir más por hectárea. Dicen que los productores solo trabajan para exportar y no es así. Alimentamos al país y a los bolivianos”, apuntó.	Para el director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), Hernán Ávila, la ampliación de la frontera agropecuaria está definida y dirigida por el Gobierno en los programas de desarrollo rural que permite dotar tierras, autorizar chaqueos, quemas y desmontes de bosques y de áreas cuya vocación definida es forestal y no agropecuaria. Opinó que hay normas que se enfocan en ampliar las áreas agrícolas y pecuaria en desmedro de un recurso que es central para el futuro, los bosques. “Los servicios que el bosque brinda son difíciles de calcular. El modelo productivo está en colisión con las normas que protegen el medioambiente”, enfatizó Ávila, al cuestionar la idea de que todo tiene que crecer y ampliarse como si el planeta creciera. Este paradigma llevará a la destrucción de los recursos naturales. El Grupo EL DEBER hizo las gestiones para tener en el foro a ejecutivos de la CAO y del INRA, ambas entidades se excusaron.	Para los panelistas del foro, cuyo criterio es contrario al estatal, la crisis de los incendios denota el incumplimiento a las normas, con leyes y decretos para flexibilizar las restricciones ambientales, aplicadas bajo intereses políticos. Cuestionan los asentamientos, desde una perspectiva, que se han dado sin respetar la dotación a personas del lugar y en tierras de vocación forestal donde hoy se hacen trabajos agrícolas. Acusan a la ABT de incumplir sus competencias en extensión de permisos de desmonte. Exigen al INRA transparentar información relativa a los asentamientos, denotando sospechas de tráfico de tierras. Desde el viceministerio de Medioambiente y la ABT restaron valor a los cuestionamientos arguyendo que cuando se habla de permitir quemas se magnifica y se señala a las normas de ser culpables de los incendios. Ven que las versiones se escudan en situaciones que no son reales, aunque reconocen que hay que revisar las normas para adecuarlas a nuevos tiempos y que los actores consideren los factores para que el desarrollo integral del bosque sea una realidad. Consideran, además que hay que pensar en la adaptación y resiliencia al cambio climático generando más normas, pero fundamentalmente más prácticas en los actores productivos. Agregan que debe construirse un nuevo modelo de gestión integral y manejo de bosques donde los distintos sistemas interactúen y generen economía local y diversificación productiva de manera que comunidades y productores, de todos los niveles, puedan ser exitosos.	El Gobierno, según la viceministra de Medioambiente, Cinthia Silva, trabaja para fortalecer la prevención desde dos líneas de acción: sistemas productivos sustentables e integrales reemplazando el uso del fuego y la mejora continua en las capacidades de gestión de riesgos en todos los niveles de Gobierno. Entre tanto, la Gobernación cruceña reglamentará la pausa ambiental que prohíbe los asentamientos en las áreas afectadas, suspenden las quemas y desmontes, el cambio de uso de suelo y la caza y venta productos generados por los incendios.	A manera de síntesis, para el gerente general del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz, Félix Guarachi, el INRA y la ABT están trabajando por separado y eso se percibe porque se autorizaron asentamientos en zonas que no son de vocación apropiada. “No pueden cambiar el uso de suelo de protección forestal a agropecuario”, dijo. Recomendó al Gobierno, asignar en el POA 2020, un presupuesto sustancial para campañas de difusión y concienciación para sensibilizar de los incendios a la población. Destacó la pausa ecológica que lanzó la Gobernación.