La Central Obrera Boliviana (COB) ha impuesto la figura del “silencio sindical” a todas las organizaciones afiliadas. Significa que estas no podrán elegir nuevos dirigentes ni realizar congresos hasta después de los comicios nacionales de octubre de 2019. La determinación desafía la historia de lucha por la democracia, que embanderó esta institución durante los años de la dictadura, y muestra que el ejemplo de prórroga en el poder por intereses sectarios está cundiendo peligrosamente.	La resolución fue aprobada en el último congreso nacional de la COB, realizado en febrero. El argumento decía: “Por ser año electoral político, el comité ejecutivo decreta el silencio sindical a partir de la fecha y, por ende, se suspende todo congreso nacional de las confederaciones, federaciones, centrales obreras departamentales y regionales”. Significa, no solo que los trabajadores mineros, campesinos, de salud, educación, fabriles, etc. están impedidos de renovar dirigentes en los plazos definidos por sus propios estatutos, sino que tampoco pueden deliberar en congresos ordinarios o extraordinarios, hasta que se termine el periodo electoral.	La Constitución, en su artículo 21 (inciso 4), señala que los bolivianos tienen derecho “a la libertad de reunión o asociación en forma pública o privada, con fines lícitos”, por lo que la decisión del comité ejecutivo de la COB, de acallar a sus bases prohibiendo los congresos, vulnera la Carta Magna, a vista y paciencia de sus dirigentes y del mismo Gobierno.	La COB expresó su respaldo al Gobierno del MAS y encabeza el Conalcam, en el que participan otros movimientos sociales que están bajo la misma línea política. Durante varios años, organizaciones como la Cidob, Conamaq y otras denunciaron que el Gobierno promovía el paralelismo sindical, después de lo cual se consolidaron dirigencias afines y funcionales al MAS.	Con esta medida, la COB actúa verticalmente para evitar el surgimiento de dirigentes que puedan convertirse en la piedra en el zapato de Evo Morales y de Álvaro García durante su carrera electoral. Ese propósito, que es absolutamente sectario (porque beneficia a un partido y a dos personas que quieren ser reelectas aún a pesar del voto mayoritario de los bolivianos), va contra la posibilidad de que los trabajadores de cualquier sector puedan reivindicar sus derechos, cuando estos son conculcados por el Estado, y también vulnera el derecho democrático de elegir libremente a sus dirigentes al término de su mandato.	En la historia de Bolivia solo las dictaduras lograron acallar a los sindicatos. Por eso es insólito que sea la organización matriz de los trabajadores la que ahora ponga una mordaza a sus bases, reflejando con ello el miedo que tiene el MAS a perder en octubre, ahora pretenden blindar a sus candidatos, a costa de derechos fundamentales de todos los trabajadores del país.