La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya está en Bolivia. Sus integrantes aterrizaron ayer en Sucre, pero bajaron del avión con dos maletas pesadas para el gobierno de Evo Morales: en una trajeron la declaración de admisibilidad de una petición del ex candidato presidencial Fabio Gadea Mantilla contra el Estado de Nicaragua por la repostulación de Daniel Ortega en 2011, que hace tropezar el argumento de que la reelección presidencial es un derecho humano, a la que se aferró el Tribunal Constitucional boliviano para autorizar al binomio oficialista. Y, por si fuera poco, en la otra, la comisión confirmó que recibirá en audiencia a los representantes de la oposición y de plataformas ciudadanas que se oponen a la repostulación, pese a que el Gobierno lo descartó.	El jurista fundó Aparicio, Arp & Associates LLC, una consultora con base en Washington DC, especializada en litigios internacionales, mediación y arbitraje en derecho internacional público y privado. “En 2011 el presidente Ortega decidió reelegirse por tercera vez y la Constitución de Nicaragua fijaba un límite de dos continuas”. En ese país no hay Tribunal Constitucional, sino una sala de la Corte Suprema “que como ocurrió años después en Bolivia estaba bajo su control. Esta instancia lo habilitó “con esta idea de que no hacerlo era una violación a sus derechos humanos, admitió su candidatura. Entonces, Ortega también controlaba el poder electoral, así que logró inscribirse y ganar”.	Poco después de esas elecciones la oficina de Aparicio se acercó a Gadea, un reconocido periodista en su país, y le planteó presentarlo como víctima. “Lo era porque incursionó como candidato presidencial a una elección bajo ciertos parámetros claros, uno de ellos que Ortega no podía postularse. Pero, con el cambio de las reglas del juego salió perjudicado”.	Advirtió que fue un proceso lento, casi nueve años, en los que ambas partes tuvieron que presentar fundamentos y pruebas, “y se demostró que los límites a la reelección no son una violación a la aplicación del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, es decir, al Pacto de San José de Costa Rica.	El abogado resaltó que los argumentos de ambos países fueron exactamente los mismos. De hecho el ministro de Justicia, Héctor Arce, acompañado por el entonces embajador de Bolivia ante la OEA, hoy Canciller Diego Pary, entregó el 13 de marzo del año pasado al secretario general de esa instancia, Luis Almagro, una copia legalizada de la sentencia constitucional que habilita a Evo Morales a una nueva repostulación. En sus palabras, remarcó que el caso boliviano no es el único en Latinoamérica, pues existen antecedentes de otros países que efectuaron la misma interpretación. También entregó a Almagro una copia de las sentencias y resoluciones constitucionales dictadas precisamente en Nicaragua, como en Costa Rica, y también en Honduras.	Tras su arribo a Bolivia, la delegación de la CIDH abrió la posibilidad de escuchar a las plataformas y opositores en Sucre, pese a que el oficialismo recalcó que eso no podía ocurrir. El vicepresidente Álvaro García Linera se manifestó orgulloso por esta presencia, “si hay sectores que quieren expresar su opinión se abrirá un espacio de audiencias, me parece bien, es una muestra de la libertad que hay en el país”. Los opositores anunciaron que enviarán delegaciones.