La irregular inscripción de votantes en Riberalta (departamento de Beni), por parte de una notaria de Pando, es un hecho que abre demasiadas interrogantes y ninguna respuesta que dé certezas por parte del Tribunal Supremo Electoral. En primer lugar, no se ha dicho nada sobre la cadena de mando a la que la funcionaria responde. ¿Cómo es posible que una persona disponga de los equipos biométricos, que deberían ser celosamente cuidados? El país supo del registro de votantes gracias a la denuncia de valientes vecinos de Riberalta y no precisamente a los encargados de fiscalizar este vital procedimiento.	La funcionaria entregó la máquina de empadronamiento un día después de la denuncia. La dejó y se marchó como si nada. No le tomaron las declaraciones ni se decidió ninguna medida cautelar en su contra, pese a que el delito electoral fue detectado in fraganti. Tanto en el Sereci de Pando como en las filas de los partidos opositores se cree que la notaria no actuaba sola, pero tampoco hay respuestas claras al respecto.	Este escándalo se suma a la crisis de credibilidad que se produjo hace una semana, cuando varios votantes legalmente registrados, fueron borrados del padrón electoral. Si bien se explicó que el hecho se debió a una “actualización” de datos, quedó flotando la sombra de la duda sobre la eficiencia y transparencia de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, llamados a administrar un proceso que ya está cuestionado.	En tal sentido, amén de la investigación y sanción individual a quienes hubieran cometido delitos electorales, es importante dar señales de transparencia a través de una nueva auditoría al padrón de votantes. El trabajo de fiscalización que hicieron los expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) se cerró en 2017 y es el documento en el que se apoyan los actuales vocales para hablar de transparencia. Empero, han pasado casi dos años y ha corrido mucha agua bajo el puente, por lo que urge saber de qué universo de electores estamos hablando, de la consistencia de datos con los números de cédulas, además de saber si las observaciones del organismo internacional fueron resueltas o no.	Para recordar, si bien la OEA estableció que el padrón tenía más del 98% de consistencia, también detectaron casi 50.000 cédulas repetidas; más de 90.000 personas que se habían inscrito con documentos que no eran válidos y más de 4.700 registros de identidad con números a la izquierda o guiones.