“Desde el día cero entendimos la obligación de pagar impuestos. Así se construye país. Pero, para la pequeña y mediana empresa, esto es un calvario porque no hay respuestas específicas en cuanto a normas y criterios, así como las formalidades que se deben seguir para hacer efectivos los pagos”. El cofundador de Pisos Mamut, Antonio Laredo, es conciso para referirse al área impositiva boliviana.	Según su lectura, el sistema tributario precisa nuevos procedimientos; es decir, cambios que sean de fondo y no solo pinceladas de forma. La misma voz manejan distintos actores del sector privado que advierten la necesidad de adecuar la Ley de Reforma Tributaria (Ley 843), que en mayo cumplió 33 años de vigencia.	Desde el sector público las miradas no siguen una misma línea. Por un lado, el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, admitió que desde la creación del actual régimen no se crearon nuevos impuestos (hay quienes difieren en esta apreciación) y aludió que Bolivia está en la parte media de los países regionales de la presión tributaria (17,7%). “Ahora nosotros administramos el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) de una mejor manera que en tiempos neoliberales”, sostuvo la autoridad.	Sin embargo, la ministra de Desarrollo Productivo, Nélida Sifuentes, hace una apreciación distinta. Declaró a un medio nacional que coincide con el sector privado sobre hacer una reforma para dar paso a la formalización y permitir que la pequeña empresa permanezca en el mercado, a tiempo de señalar que un familiar abrió una empresa unipersonal de instalación de gas y que por efectos del tema impositivo tuvo que cerrar su negocio y que en otros casos escuchó que otras personas perdieron su casa.	Sifuentes exteriorizó que es necesario “revisar cuáles son los impuestos que afectan o de qué manera podemos un poco sustituir o ablandar” la carga tributaria (ya existen propuestas al respecto que son expuestas más adelante). El caso que mencionó no es aislado, según los sondeos realizados por EL DEBER y no es ajeno a ningún sector de la economía.	¿Otra situación? El docente universitario Homero Carvalho expuso que no puede dejar de emitir facturas porque necesita cobrar su sueldo, pero cuando consultó si podía descargar con facturas de supermercados, farmacias, o restaurantes le afirmaron que no, que solo podía descargar con seminarios, diplomados o algo relacionado con su actividad universitaria, en referencia al Número de Identificación Tributaria (NIT).	En el otro extremo, las grandes corporaciones también hacen sus observaciones. Para la dirigente industrial y titular del área financiera de Unilever, Tania Claros, el sector industrial se ve afectado por el estrangulamiento impositivo y la mala interpretación discrecional a la legislación con observaciones, multas e intereses, así como la falta de oportunidades de incentivos tributarios para ser más competitivos en los mercados internos y externos.	El sector privado propone que el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE, que obliga a pagar el 25% de éstas), pueda compensar el pago del 3% del IT (Impuesto a las Transacciones) hasta 24 meses, con el fin de incentivar mayores ventas y mejor rentabilidad. Y plantean la ampliación de compensación de facturas de créditos y débitos fiscales (13% del IVA) hasta 90 días.	Y hay quienes van más allá. El gerente de la Cámara de Industria y Comercio (Cainco) de Chuquisaca, Juan Manuel Dipp, sugirió al SIN la suspensión de gravámenes por 10 años a las empresas de la región, orientación que significaría no solo el fomento de nuevas industrias, sino que las compañías que ya están funcionando “tengan opciones para poder reinvertir y crecer. Eso es lo que nos interesa”.	En la Asociación de Bancos Privados (Asoban) reflejaron que tienen un impuesto especial sobre las utilidades: si pasan un ratio de rentabilidad les cobran un impuesto adicional del 25%. No obstante, esto es aprovechado como oportunidad para el ahorro y la eficiencia, por ello reinvierten e implementan mejoras operativas y de servicios.	El economista del Centro Boliviano de Estudios Económicos (Cebec), Pablo Mendieta, señaló que la actual cuestión tributaria responde a un contexto distinto al de hoy y que hay principios como el de capacidad contributiva, eficiencia y gasto que pueden mejorar la percepción y el efectivo pago de impuestos, pero para ello debe haber una reforma que no sea guiada por la coyuntura, sino por una decisión técnica que entienda que el presente exige innovación.	Para Pablo Ordoñez, socio de la firma legal Ferrere, en la estructura se crearon impuestos de menor impacto recaudatorio (a la moneda extranjera y transacciones financieras). “Una reforma fiscal es urgente. Hoy la situación de Bolivia es distinta a la de 1986. Hay propuestas inviables como la de eliminar el Régimen Simplificado (0,20% de recaudaciones, según datos de la Fundación Milenio), pero puede haber un régimen intermedio”, manifestó el jurista.	Lo que sí contempló el SIN en el último tiempo fue la regularización de personas y empresas que realizan negocios vía internet, entre ellos los que ofrecen hospedaje en redes sociales. Sin embargo, tal efecto no hace grandes diferencias en la base tributaria, según los consultados (vale recordar que el FMI refirió a Bolivia como ‘líder’ de la economía informal, con el 62,3% del PIB) .	Para responder a las inquietudes se buscó la voz de Mario Cazón, presidente del SIN, pero no hubo una respuesta a los contactos. Sin embargo, Eduardo Garcés, uno de los titulares regionales de la entidad señaló que ninguna norma es definitiva y que tiende a mejorar, pero dependerá del Poder Legislativo.	Este análisis se apoya en informes como el Doing Business 2019, del Banco Mundial, en cuyo ranking Bolivia ocupa el puesto número 186 de 190 países evaluados y esto responde a temas del número de impuestos y de las horas que conlleva el pago de tributos, las multas a los contribuyentes y el aumento de la informalidad.	En Bolivia se pagan 42 diferentes impuestos durante el año, mientras, el promedio de América Latina es de 27,1 impuestos y de los países desarrollados es de 11,2. En nuestro país las “horas persona” destinadas al cumplimiento de obligaciones tributarias suman 1.025 en el año, mientras que el promedio en América Latina es de 330 horas, y en los países desarrollados 159,9 horas al año (tiempo que equivale a 128 jornadas laborales al año de una persona a tiempo completo).	El año pasado, el aporte de los 100 principales contribuyentes al Fisco subió en 11,4%. Los primeros cinco lugares lo ocupan YPFB Corporación, YPFB Refinación, la Cervecería Boliviana Nacional (CBN), la Minera San Cristóbal y la telefónica Entel. El aporte de las empresas públicas asciende a Bs 8.427 millones, de acuerdo con datos del Viceministerio de Política Tributaria.