En noviembre de 2014, por ejemplo, el presidente Evo Morales anunciaba que se descontaría el 50% de sus haberes a los asambleístas departamentales que no asistan a los actos cívicos oficiales programados en cada una de sus regiones. Y hace poco, casi a mediados de este mes, se publicó una lista de diputados faltones que revelaba que seis de ellos tenían un porcentaje de asistencia inferior al 50%.	El caso que mejor conozco, por proximidad, es el del Concejo Municipal de Potosí. Aquí, los legisladores municipales se resistieron a marcar tarjeta porque, en su peculiar interpretación de las normas, consideran que no son servidores públicos pese a que cobran sueldo del Tesoro General del Estado, y uno tan alto que excede al del gobernador y los asambleístas departamentales.	Como no registran ingresos y salidas diarios, la única manera de controlar su asistencia es en el llamado de lista antes de iniciar las sesiones. Rara vez están todos y muchas veces, demasiadas, no alcanzan al quórum mínimo y las sesiones deben suspenderse. A fin de mes, casi no sufren descuentos porque siempre encuentran manera de justificar sus faltas.	Toda esta piara se formó en las urnas. Los legisladores son elegidos mediante voto popular y, por ello, creen que están por encima del resto de la humanidad. Por eso no aceptan que les controlen la asistencia. Por eso y porque, sin control, pueden cobrar sin asistir al trabajo, pueden cobrar sin trabajar.	Y mientras estos especímenes de la fauna política se ceban a nuestras costillas, en el país existen listas cada vez más largas de voluntarios que, por eso mismo, trabajan sin cobrar. Hay desde maestros de artes que transmiten sus conocimientos hasta los cada vez más gestores culturales, pasando por protectores de la vida como animalistas y ecologistas.