El gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra tiene listo el proyecto del reglamento de la Ley de Movilidad Urbana, que norma el nuevo sistema de transporte de la ciudad, el cual establece sanciones económicas, que van desde los 2.000 UFV, equivalente a Bs 4.600 (el UFV tiene un valor variable), por infracciones viales, no solo para los transportistas, sino también para los conductores particulares.	El borrador del reglamento ya ha sido enviado a los transportistas, que observan varios puntos, entre ellos el de las multas porque las consideran elevadas. Además, echan de menos que no se menciona nada con respecto a la concesión de las rutas y que se ‘habla’ de licitación para el cobro de la tarifa.	En cuanto a los conductores del transporte público, por ejemplo, no exhibir las tarifas establecidas es sancionado con multas desde los 3.000 UFV hasta los 5.000 UFV, y otras sanciones. Algo que llama la atención es que la multa por esta misma infracción en la ciudad de La Paz es de solo Bs 25.	Sobre este tema, Aldo Terrazas, el dirigente del Sindicato de Transportistas Santa Cruz, adelantó que la próxima semana el transporte urbano tendrá un pronunciamiento oficial con respecto al reglamento, pero indicó que se han visto sorprendidos porque parece más una norma sancionadora que reguladora. Precisó que se observa que las multas son bastante elevadas y que, incluso, esto puede dar lugar a que los conductores terminen pagando doblemente por una misma infracción.	El art. 42 establece que la tarifa del transporte público urbano será aprobada por el alcalde o alcaldesa del gobierno municipal, con base en la propuesta realizada por la Secretaría de Movilidad Urbana, en el marco de las normas, políticas y parámetros determinados por la Ley General de Transporte y con base en estudios técnicos que reflejen una estructura de costos e información de demanda actualizada. El art. 43 establece que dicha secretaría, por instrucción expresa del alcalde o alcaldesa, instruirá a la unidad competente que proceda a la realización o contratación de consultorías para la elaboración de estudios técnicos para la elaboración de propuestas de tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros. El alcalde o alcaldesa aprobará la Tarifa Máxima de Referencia (TMR).	El reglamento crea el agente vial, cuyas funciones serán las siguientes: orientar, participar y colaborar con la población en general, tendiente a la prevención tanto de accidentes viales, como de infracciones a las normas de tránsito. Además de cuidar de la seguridad y respeto del peatón y ciclista en las vías públicas, dando siempre preferencia a este sobre los vehículos; coadyuvar con otras autoridades en la conservación del orden público y la tranquilidad de la comunidad en materia de vialidad y tránsito vehicular; y cuidar que se cumplan y apliquen las disposiciones de esta ley y sus reglamentos en materia de movilidad, vialidad y transporte, así como informar y orientar a quienes transiten en las vías públicas. También deberán tomar conocimiento de las infracciones que cometan los conductores de los vehículos, concesionarios, ‘permisionarios’ y ‘subrogatarios’, a esta ley o sus reglamentos y, en su caso, emitir la infracción correspondiente y hacer constar dichas infracciones para determinar y aplicar la sanción correspondiente; y hacer cumplir a cabalidad las normas que se establezcan en esta ley, sus reglamentos y en otros ordenamientos aplicables.