El desastre está a la vista. Los incendios ya consumieron más de 4,1 millones de hectáreas en el país y 2,7 millones en el departamento de Santa Cruz, lo que constituye la mayor catástrofe climática de la historia de Bolivia con graves consecuencias para el medioambiente, para los bosques y animales, y para los pobladores que tienen a esos territorios como su hogar común.	Aunque no desde el principio, el Gobierno del presidente Evo Morales se puso al frente de los operativos para apagar las llamas y hasta se sabe que contrajo un crédito del Banco Central de Bolivia por Bs 1.400 millones, a fin de dar respuesta a la emergencia en los bosques de la Amazonia, el Chaco y la Chiquitania.	Pese a que se está utilizando la tecnología más avanzada del mundo (aviones, avionetas, helicópteros y un ejército de bomberos, militares y voluntarios), los incendios están lejos de haber sido sofocados, en gran parte por las condiciones climáticas adversas (sequía y vientos), pero también por la acción depredadora de agricultores que siguen chaqueando sus campos pese a la emergencia desatada en la zona.	El clamor de gran parte de la sociedad boliviana no ha logrado que el Gobierno ceda en su tesitura de no declarar “desastre nacional”, un mecanismo institucional que permitiría la llegada de más ayuda internacional, pero que el Ejecutivo quiere evitar para no mostrarse incapaz de resolver la crisis por su propia cuenta.	Entretanto, ya se habla de la etapa posincendio. La pérdida de bosques, flora, fauna y el daño a los ecosistemas son situaciones que hacen imperativo pensar en una planificación y gestión de largo aliento y con un vasto alcance. Los biólogos, agrónomos y otros especialistas han lanzado varias tareas a desarrollar. Hay quienes hablan de reforestación, pero también será preciso limpiar la contaminación de ríos y atajados, así como de restaurar el hábitat de miles de especies de animales y flora. No obstante, la tarea más importante tiene que ver con las políticas sobre el uso de la tierra.	Será tiempo de establecer, con sinceridad, cuáles fueron las causas del desastre. Hasta el momento se habla de la política de expansión de la frontera agrícola, la dotación de títulos de propiedad a comunidades llegadas desde otras tierras donde no existe la cultura de la producción agrícola, así como el irrespeto al Plan de Uso de Suelo, diseñado en el departamento.	El Gobierno dice que entregará viviendas y obras de infraestructura para los municipios y sectores sociales afectados. Son buenas noticias, pero insuficientes para tratar el problema. Se requiere analizar entre todos los actores cuál debe ser el modelo de desarrollo posincendio y llegar a acuerdos que permitan políticas para garantizar el bienestar y el desarrollo de los bolivianos en armonía con el futuro del planeta, nuestra única casa.