Hay muy pocos motivos para que el Día del Niño Boliviano sea de celebración. El panorama general del estado en que se encuentran la mayor parte de nuestros niños es doloroso y desesperanzador. La desnutrición crónica, la pésima atención educativa, la familia disfuncional, los malos tratos, el trabajo forzoso, la pobreza extrema, los abusos sexuales, los deplorables servicios de salud, el consumo de drogas, la trata y tráfico de menores, entre otras desgracias y males sociales, impiden que este 12 de abril tengamos razones para conmemorar.	Según el último censo (2012), en el país tenemos más de 100.000 niños trabajadores de entre 7 y 12 años. Casi 300.000 adolescentes (entre 12 y 17 años) que también buscan el sustento diario en diversos oficios. Es decir, actualizando cifras, casi medio millón de menores de 17 años en Bolivia trabajan para poder subsistir o colaborar a la economía de sus familias. La situación de pobreza es una de las causas que provoca el lamentable trabajo infantil. Además, en muchas regiones, por enraizadas cuestiones culturales y costumbres ancestrales, esta anómala situación de explotación no solo es aceptada sino también fomentada. La Organización Internacional del Trabajo señala que “los gobiernos tienen la obligación de proteger a las niñas, niños y adolescentes del trabajo infantil, entre otras medidas, mediante el establecimiento de pisos de protección social que los resguarden de la pobreza”. Nada justifica que un menor de edad, en desmedro de su formación y crecimiento, tenga que cumplir roles de adulto y arriesgar su propia integridad física en actividades como la minería, construcción, manufactura, agricultura y otros oficios de alto riesgo.	El gobierno, a través del programa de transferencia monetaria condicionada (Bono Juancito Pinto de 200 Bs al año por cada niño), proclama que se ha incentivado la matriculación y permanencia de los niños en las aulas del sector fiscal. Sin embargo, esta medida de tinte populista, es apenas un maquillaje del ineficiente sistema educativo. ¿Cuántos libros podría el Estado comprar para cada niño con ese bono?, ¿cuántos ejemplares tendrían las bibliotecas, de cada colegio, si todos estos años se hubiera invertido el bono en libros?. La gestora cultural, Claudia Vaca, en su tesis para el magister en ciencias socioculturales de la universidad Alberto Hurtado, “Ethos lector. Santa Cruz de la Sierra - Bolivia: lectura y bibliotecas, contrapuntos con Latinoamérica” (2018), señala que “la reforma educativa no ha resuelto los problemas estructurales de calidad y rezagos en cuanto a ítems, demandas salariales y actualización pedagógica del magisterio, infraestructura escolar, merienda escolar, atención al nivel parvulario y sistema escolar de bibliotecas. Todos estos problemas resolverían la pobreza estructural de Bolivia y sus regiones, porque esta realidad impacta directamente en la persistencia de la pobreza de los habitantes, la transmisión del analfabetismo y la pobreza entre una y otra generación de familias”, remarca Claudia.