Este último tiempo se han visto reverdecer los problemas de tierras en el oriente boliviano. Los conflictos en Roboré, San Miguel de Velasco, Concepción y Charagua, entre otros, se deben a la falta de coordinación entre los organismos agrarios nacionales y departamentales, así como la inacción de aquellos establecidos en la ley para atender este tipo de problemas.	Con la Ley INRA en 1996 se creó la llamada Comisión Agraria Nacional (CAN) así como sus referentes en el nivel departamental –las comisiones agrarias departamentales- encargadas de proyectar y proponer políticas agrarias de distribución y redistribución de tierras, así como atender conflictos agrarios. Con una composición plural de todos los sectores ligados al agro, esta Comisión fue el escenario de muchos acuerdos en el pasado cuando el saneamiento agrario no despegaba y en una época en la que se mataba gente por tierra. La CAN y las CAD no funcionan desde hace más de 10 años.	Con el saneamiento prácticamente acabado y una considerable cantidad de tierras fiscales disponibles para distribuirse, principalmente en el oriente del país y en Santa Cruz en particular, no solo el Estado Nacional no cuenta con una política clara de entrega de este vital recurso, sino que tampoco la Gobernación cruceña parece tener las herramientas para contrarrestar esta situación.	El INRA está haciendo un uso abusivo de la competencia constitucional sobre asentamientos humanos que tiene el Estado central, sin ninguna coordinación con la institucionalidad regional. Se habla de más de mil resoluciones de asentamiento autorizadas en zonas que hoy probablemente hayan sido ya destinadas para ser protegidas o asignadas a otros usos de parte de los gobiernos locales. La reacción social en varios municipios hace ver lo errado de esta política que ejecuta el INRA.	La ABT informa que en Santa Cruz se han deforestado en los años 2016-2017 más de 450.000 hectáreas, el 80% del total nacional, no atribuibles necesariamente a los nuevos asentamientos campesinos sino a los acuerdos Gobierno-empresarios de ampliar la frontera agrícola para la siembra de cultivos transgénicos que avanzan incluso sobre áreas no permitidas. No se conoce en estos casos que autoridades o defensores de la cruceñidad hayan protestado por esta situación.