No es solo que los jueces ya no son confiables; tampoco es la sospecha y casi certeza de que los procesos judiciales son manejados en función de intereses y no en busca de la verdad; a todo eso se suma la crisis de recursos que atraviesa el Poder Judicial en Santa Cruz. El sistema está de mal en peor y hay evidencias de que lo están empeorando, en vez de arreglarlo.	En octubre del año pasado se despidió a 300 funcionarios: abogados, secretarias, oficiales de diligencia, etc. en Santa Cruz. Personal clave que hace funcionar el engranaje de la justicia en el departamento. Los echaron porque se habían terminado sus contratos, bajo la promesa de que serían sustituidos con prontitud. Nada de eso ocurrió. Los juzgados siguieron funcionando sin ese personal, con mucho más trabajo para los que se quedaron, con demora procesal y con gastos adicionales de parte de los litigantes.	A ello se suma el escaso presupuesto asignado al Poder Judicial de parte del Tesoro General de la Nación (el 1% según la presidenta de la Corte Superior de Distrito), que ha obligado a recortar el material de escritorio con que se trabaja en el Palacio de Justicia de Santa Cruz. No se sabe si esta situación es aguda solo en esta o en las otras capitales del país, lo cierto es que quien carga con la pesada carga, aparte de los jueces, es el litigante porque su causa se dilata y porque, a falta de diligenciero, debe sacar de su bolsillo para que se hagan las notificaciones y otros trámites.	En enero de este año, el ministro de Justicia explicaba que la justicia en el país tenía como debilidades la falta de normativa, la falta de talento humano, de tecnología e infraestructura. ¿Cómo podría haber una situación diferente si el escaso personal debe multiplicarse para cumplir muchas tareas y en el menor tiempo posible? ¿Acaso existe tiempo para capacitar a los recursos humanos para que sean más eficientes, aprendan a usar tecnología y que tengan mayor calidez con la gente desesperada que acude al edificio de la av. Monseñor Rivero? La ciudadanía está cansada de diagnósticos que hablan del pésimo estado del sistema.	La falta de recursos en la justicia da lugar a que haya menos eficiencia y más posibilidades de corrupción. Obviamente, así, en estas condiciones, quienes más soluciones tienen son los que cuentan con más recursos económicos, alejando a los más pobres y desamparados. La consecuencia es evidente en las cárceles donde hay internos que permanecen años sin condena o más tiempo del que dicta su castigo.