Hay molestia en las dos partes por la retardación jurídica en el caso Porvenir. Tanto la defensa del exprefecto Leopoldo Fernández, como la parte querellante observan que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) congeló los recursos de casación que fueron enviados el año pasado y que hasta la fecha no existe una respuesta.	El 2008 fue el año de mayor tensión entre el Gobierno y la oposición, que se aglutinó en cinco departamentos: Santa Cruz, Beni, Tarija, Pando y Chuquisaca. A ese bloque se lo denominó la “media luna”. La consigna opositora era la conquista de la autonomía a lo que el Gobierno se oponía.	En Pando, campesinos de Riberalta y de otras zonas rurales iniciaron una marcha hacia Cobija. El 10 de septiembre, Fernández instruyó que cavaran zanjas para impedir el paso de los marchistas; una a la altura de Cachuelita (entre Filadelfia y Porvenir) y otra en Tres Barracas (entre los municipios de Puerto Rico y Porvenir).	En marzo de 2017, el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz condenó a Fernández a 15 años de cárcel y ordenó que no se computen los años de detención domiciliaria del sentenciado; sin embargo, en agosto del año pasado, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dispuso que a la pena del exprefecto se sumen los años que cumplió con detención domiciliaria. Este hecho molestó a la defensa de las víctimas.	La abogada de las víctimas, Mary Carrasco, denunció que existe retardación de justicia y calificó como un “exceso” el tiempo que el TSJ se toma para resolver ambos recursos de casación presentados por la defensa y la parte querellante. Además, la abogada explicó que los dos elementos del recurso presentado tienen como objetivo evitar que los años que sumó Fernández con detención domiciliaria no sean computables en la sentencia condenatoria.	“El que marchen un grupo de campesinos por sus reivindicaciones no ameritaba que se hagan zanjas y menos sufrir un ataque alevoso, como el del 11 de septiembre de 2008 (...) Otro elemento de nuestro recurso de casación es que no se puede convalidar la detención domiciliaria con un centro penitenciario. Ese elemento no existe en la ley y estamos invocando el principio de legalidad”, detalló Carrasco.	En contraparte, el abogado del exprefecto Fernández, Karlo Brito, explicó que la pasada gestión se analizó la sentencia que definió que los años del arresto domiciliario son convalidados a la sentencia y por eso se planteó el recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir el pronunciamiento.	Mientras, el aparato político dejó en manos de la Justicia este caso y esperan que sea cerrado tras 11 años de proceso. La jefa de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Diputados, Betty Yañíquez, que fue la jueza en 2009 del caso Porvenir, lamentó que este proceso no se haya cerrado después de 11 años. “Se está tardando mucho en la sentencia contra la gente involucrada, esto se debe a que los implicados presentan chicanas para que no avance, eso no se puede permitir”, remarcó la legisladora oficialista.