produjeron en el departamento de Jinotega, fronterizo con Honduras, y "en al menos tres casos, de los cuales dos ocurrieron en el municipio hondureño de Trojes, se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas de 2018". Frente a estos asesinatos en estas regiones remotas de Nicaragua y también en la vecina Honduras, Bachelet pidió al gobierno que investigue estos crímenes y sancione a los responsables, pero, estas denuncias fueron enseguida, descalificadas por la delegación nicaragüense durante la sesión que tuvo lugar en Ginebra, Suiza.	Ortega envió como representante del país al ministro asesor de la Presidencia para las Relaciones Internacionales, Valdrack Jaentschke, para ofrecer la versión oficialista y responder a estas acusaciones. En su intervención el funcionario arrancó mencionando que a Nicaragua no se le puede ver con espejo retrovisor, sino que hay que ver “la realidad actual”, que, en su opinión, es muy diferente al pasado. Para él, se respetan todos los derechos fundamentales de los ciudadanos.	Jaentschke expresó que la recolección de la información para elaborar el reporte se hizo bajo "criterios parcializados" en los que se omiten directamente "actos de terrorismo, asesinato, torturas, secuestros, extorsión y otros delitos de crimen organizado" de los que responsabilizó expresamente a los manifestantes. El Gobierno de Ortega, sigue eludiendo la premisa de que ha estado involucrado en violaciones a los derechos humanos y crímenes durante las truculentas protestas contra su administración, mientras cada vez un número mayor de ONG señalan lo contrario.	En el documento se pone en relieve especialmente el tema de las libertades. Bachelet dijo que el espacio cívico ha sido reducido considerablemente como consecuencia de la aguda crisis política en la que se sumió el país desde abril de 2018. La Alta Comisionada precisó que esta situación no ha mejorado al día de hoy.	A grandes rasgos, el informe ofrece un panorama de fuerte represión del Gobierno a la oposición. Pero también muestra las preocupaciones frente al muro de impunidad que se eleva en este país centroamericano bajo el contexto de las manifestaciones que son menos masivas, pero no cesan. El acoso a activistas y líderes comunitarios, indígenas y afrodescendientes que han sostenido posiciones críticas de Ortega, tampoco se detiene.