Cumplir la ley, respetar las normas establecidas y ceñirse a los valores éticos es un mandato jurídico, pero además es lo que dicta el sentido común, pero que parece extraviado en el país. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejó de aplicar su propio reglamento en el que se prohíbe de forma expresa el uso de bienes del Estado y el descuento por planilla a funcionarios públicos para promocionar la imagen de algún candidato. Cabe preguntarse ¿podrían en algún momento los vocales imponer estas prohibiciones a sus jefes políticos?	Si se analiza a fondo esta determinación nos encontramos con que va dirigida a quienes pueden utilizar estos bienes y están dotados del poder y autoridad para hacerlo. ¿Algún candidato opositor podrá movilizar y beneficiarse de estos bienes públicos? Tal vez aquellos que tienen relación con los alcaldes y gobernadores de la oposición, pero aspirarían a usar solamente algunos recursos limitados que existen regionalmente. Ese reglamento advertía que los servidores públicos de cualquier jerarquía están prohibidos de utilizar bienes, recursos y servicios de instituciones públicas en propaganda electoral, tanto en actos públicos de campaña o a través de mensajes pagados en medios de comunicación masivos o interactivos.	Pero el proceso electoral ya está en marcha. Asimismo, el Tribunal Supremo Electoral ya no regulará ni limitará en el periodo electoral la difusión de la gestión de Gobierno que realiza el oficialismo, amparado en una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). «Está reglamentada la propaganda y la campaña, y también ha discriminado el Tribunal Constitucional Plurinacional la diferencia de lo que es el informe de gestión. Nosotros habíamos reglamentado en el anterior proceso estos aspectos, pero ese artículo del reglamento ha sido expulsado de nuestro ordenamiento jurídico», según el vicepresidente del TSE, Antonio Costas. De esta manera el máximo de tiempo diario en el que los candidatos puedan figurar en medios de comunicación, en redes, canales de televisión y emisoras de radio de alcance nacional, de 10 minutos diarios, rige para la oposición; en diarios, un máximo de dos páginas diarias y una separata semanal de hasta 12 páginas, en tamaño tabloide; y en revistas, un máximo de dos páginas y una separata de hasta 12 páginas por edición.	Empero, estas medidas no alcanzan el presidente Evo Morales, cuyas fotografías y mensaje electoral está en toda obra realizada por el gobierno, en la propaganda de los ministerios y otras entidades por todo medio de difusión. Las disposiciones asumidas están enmarcadas en las atribuciones del TSE que además, lanzó la convocatoria a las elecciones nacionales para el 20 de octubre próximo, pidiendo respeto a los políticos, que en el último tiempo cuestionaron a los vocales y exigieron su renuncia. La convocatoria recuerda que las autoridades electas (gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas nacionales y subnacionales) deben renunciar a sus cargos hasta tres meses antes del proceso electoral para habilitarse a las elecciones.	No obstante, el Presidente y Vicepresidente también están al margen de esa exigencia, de acuerdo al artículo 238 de la Constitución Política del Estado (CPE). Los dirigentes de partidos de la oposición, las agrupaciones cívicas, las plataformas ciudadanas y diversas instituciones defensoras del proceso democrático, han criticado las maniobras «ilegales» así como la forma de actuar de los miembros del Órgano Electoral. Inclusive un pronunciamiento dio plazo hasta el 31 de mayo para la renuncia de los actuales vocales, caso contrario amenazan con medidas de presión. La respuesta de quien preside el TSE, María Eugenia Choque, fue simple, llamó a los frentes políticos a guardar respeto y consideración de cara a los comicios nacionales, aunque dijo que la institución entiende la posición que asumieron algunos sectores políticos contra el Órgano Electoral y sus decisiones. Choque enfatizó que los vocales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) actuarán como lo hicieron siempre.