Hace semanas el Parlamento británico fue anticipadamente cerrado y dispuesto en receso por Boris Johnson, primer ministro y jefe de Gobierno del Reino Unido. Con dicha medida el Poder Ejecutivo impidió que la oposición deliberase sobre las álgidas negociaciones del Brexit en vísperas de un nuevo vencimiento para concretarlo y, ante dicha determinación del Gobierno, no hubo multitudinarias protestas en las calles de Londres, tampoco resistencia ni desacato al receso adelantado por parte del partido y líderes de la oposición, no se efectuó un nombramiento parlamentario de un nuevo y paralelo primer ministro y, mucho menos, la cúpula militar tuvo que manifestar su respaldo público a uno de los “dos Ejecutivos”.	Todo lo contrario sucedió el día Lunes 30 de septiembre, cuando a horas seis de la tarde, hora de Lima, el presidente Martín Vizcarra anunció la emisión de su Decreto de disolución del Congreso y convocatoria a elecciones anticipadas para su renovación, a partir de lo cual los congresistas continuaron con su sesión desconociendo la validez de su disolución, y más bien procedieron a declarar en vacancia temporal a la Presidencia de la República, activando la sucesión presidencial y posesionando a la segunda vicepresidente como la nueva presidente del Perú, todo ello en medio del pueblo levantado en protesta en las calles de la capital y demás ciudades del país, y bajo la velada amenaza de desalojo policial o incluso militar de los parlamentarios de su propio hemiciclo, hasta que finalmente la cúpula de generales de las fuerzas militares manifestó su público respaldo y subordinación a uno de los dos presidentes, en este caso a favor de Vizcarra.	¿Cómo entender estas reacciones diametralmente diferentes para una misma medida, cual es la suspensión anticipada del Legislativo por parte del Ejecutivo, y que fueron adoptadas en el marco de las disposiciones constitucionales vigentes de ambos países?, ¡En el Reino Unido como un movimiento más en el juego político-constitucional, y en el Perú ocasionando una auténtica crisis constitucional!	Por sorprendente que parezca, la respuesta pasa por una cuestión de “genética constitucional” de los pueblos, siendo el ADN británico, uno forjado a través de ya varios siglos y que se ha venido a denominar como “parlamentarismo”, de manera que el ejercicio de la censura y remoción de ministros e incluso del jefe de Gobierno por parte del Parlamento, o la disolución de éste por parte del Ejecutivo, es algo natural e innato a su clase dirigente y pueblo en general; Instituciones político-constitucionales que, pese a su gran sabiduría y prestigio en el plano teórico, han fracasado estrepitosamente cuando son trasplantadas a una nación con una “genética constitucional” diferente, como lo ha sido en este caso el Perú, cuya tradición constitucional es, como el caso también de Bolivia, la del llamado “presidencialismo latinoamericano”, de suerte que nuestros políticos y pueblo llano, e incluso nuestros intelectuales, no pueden conjugar el juego político que implican éstas instituciones propias de otro sistema constitucional y, como resultado de ello, en vez de redituar sus virtudes, terminan prodigando ingobernabilidad y auténticas crisis de Estado para estas naciones.	Conclusión clara y evidente: el Perú, Bolivia, y todos los países latinoamericanos, no somos el Reino Unido; de manera que la adopción de Instituciones político-constitucionales del Parlamentarismo, genera en los cuerpos nacionales latinoamericanos, auténticas convulsiones reactivas a agentes completamente extraños, siendo la causa específica de la actual y prolongada crisis de Estado en el Perú, la incorporación en su Constitución, de figuras distintas a su “genética constitucional” que no es otra que el presidencialismo latinoamericano, y que es más bien en su perfeccionamiento, y no en su negación, el lugar donde se podrá prodigar los deseados beneficios de la gobernabilidad democrática que nos conduzca más pronto al ansiado desarrollo y superación de la pobreza.