Más allá de la interpretación recurrente y en ocasiones superficial que se ha hecho, sobre la relación entre el sector privado boliviano y el Estado, lo cierto es que esta no ha mantenido ni el equilibrio ni la sostenibilidad que debiera, especialmente por una cambiante institucionalidad, la ausencia de una visión de largo plazo y la poca comprensión que han tenido los diferentes gobiernos sobre la importancia de respetar y fortalecer los roles que a cada uno le corresponde cumplir.	La Constitución Política de 2009 fijó el marco normativo que define estos roles y sobre todo precisó la forma de relacionarnos, al establecer que “el Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada y garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales”. Este es el marco de nuestra relación, al que debieran circunscribirse las políticas públicas, sin embargo, la generación de los mecanismos y procedimientos que concreten estos principios, ha sido un proceso muy lento y no exento de dificultades, desencuentros y retrocesos.	Los esfuerzos que impulsamos a través de las mesas de diálogo, los numerosos proyectos y propuestas para construir espacios de articulación, no tuvieron siempre una contraparte efectiva y muchas veces, el Gobierno priorizó políticas regresivas y desequilibradas, especialmente en el ámbito salarial, impositivo y de seguridad jurídica, que generaron problemas mayores con los que aún estamos lidiando. En los últimos meses y, pese a la incertidumbre y la imposición del segundo aguinaldo, vimos señales positivas que mostraban un evidente cambio de visión expresado en casos concretos como el impulso a la agroindustria, el inicio del Mutún, la diversificación de los puertos de exportación, la gestión de nuevos mercados, entre otros. Estas medidas, que se acompañaron de mensajes y señales propositivas, priorizaron las alianzas público-privadas, suscitando gran interés en varios sectores, que avizoran la posibilidad de que se abra la oportunidad para atender temas no menos importantes como la política salarial, el contrabando, la informalidad, la protección a las inversiones y a la industria manufacturera, entre otros.	Lamentablemente, esta posibilidad vuelve a enfrentar escollos gratuitos con las declaraciones de funcionarios públicos, contradiciendo al propio presidente del Estado y sembrando dudas sobre la efectividad de las alianzas público-privadas, que son el mecanismo que hizo posible el proyecto del etanol, que ha viabilizado Puerto Busch y que tiene el mayor potencial para sacarnos definitivamente del círculo de la dependencia de los recursos no renovables.	El sector privado va a seguir manteniendo el compromiso de aportar con su experiencia, conocimiento e incluso sus esfuerzos de inversión, para que las diversas políticas públicas generadas por el gobierno, tengan un impacto positivo en la población, bajo el principio de respeto mutuo, pero también de claridad sobre los derechos y las obligaciones de cada uno.	Ojalá que desde el gobierno, se continúe con el impulso a las alianzas público privadas y que se modifique la idea que entiende la relación entre el Estado y el sector privado, sólo como contradicción y confrontación y no como un proceso virtuoso de complementariedad y articulación. El país necesita más que nunca que el Estado y las instituciones de la sociedad, trabajemos de manera coordinada y armónica para proveer no solo la estabilidad sino el desarrollo sostenible.