Ni la humareda física, ni la que nace de la combinación del bombardeo propagandístico del régimen y sus trifulcas con sus competidores, pueden seguir velando que las causas más profundas y ciertas de la expansión y continuidad de los incendios tiene, en lo económico, una estrecha relación con el diseño y aplicación del programa y proyecto del régimen, que pretende hallar en las exportaciones agrícolas y ganaderas un paliativo firme para el deterioro de la producción y venta de gas.	Uno de los atractivos más apetitosos de este cambio de eje es que los grande productores y exportadores han solidificado una alianza con los menores, que presiona abiertamente por la expansión de su frontera productiva y el uso de la tecnología que ambos utilizan. Esta coalición social coincide además en instrumentalizar a su favor la migración de familias campesinas de escasos recursos que desboscan y chaquean, inicialmente para autoabastecerse y, luego, para obtener recursos monetarios, imposibles de lograr con la agricultura, pero que fluyen a través de la comercialización de las tierras colonizadas. Después de la venta la migración se expande y reinicia lo que hizo previamente.	El primer eslabón de la ampliación del mercado de tierras son compradores nacionales, partícipes de la alianza ya descrita, quienes tienen más medios, experiencia y contactos para revender con beneficios mayores, las tierras “ganadas” a reservas naturales y territorios indígenas, a demandantes extranjeros. De esa manera, funciona otra fuente de ingresos que permite afrontar las debilidades y oscilaciones de una producción agropecuaria muy propensa al déficit. De allí que tal acuerdo no reconozca fronteras de clase, culturales, étnicas, regionales, ni políticas.	Por eso, cuando el presidente del Estado parece condolerse cuando trata de convencer de que el fuego es el único recurso de los campesinos pobres para sobrevivir y, de incrementar la producción de alimentos, en la Chiquitania, como justifica su ministro de Tierras, agregando que el orgullo y la soberanía nacional sufrirían, si se hace una declaratoria de Desastre -en versión del canciller-, toda la estructura de justificaciones rechina y va mostrando con mayor fuerza su falsedad original.	Ayuda mucho a que la lógica económica y sus derivaciones políticas se vayan desnudando, la verificación de que, la extensión y persistencia de incendios, ante la débil y a veces inexistente resistencia estatal, este año han atacado con preferencia inconfundible, y en una magnitud, nunca antes registrada, a bosques de reservas naturales y territorios indígenas.	Por otro lado, nuevos aportes de expertos sobre el manejo electoral del Presupuesto consolidado muestran que lo destinado este año a los ministerios “políticos” suma de 6.909 millones de Bs (casi 1.000 millones de dólares) y cómo se está violando la ley de Riesgos 602 , elaborada por el gobierno del MAS, tanto en lo organizativo estatal, como en la asignación de recursos y que esa es una razón adicional para entender la resistencia gubernamental a reconocer la situación de desastre y a utilizar los mecanismos que supone para reasignar fondos y partidas presupuestarias.	Tanto desastre acumulado, no ha de doblegarnos. Más bien, como lo plantea una de las instituciones “El proyecto colectivo sigue (reposando en) la fuerza surgida entre fuegos y cenizas: la participación ciudadana”. Sobreponiéndose a la queja y la frustración, toca recrear, reconstruir y renacer, venciendo a las poderosas fuerzas anudadas en su pacto por ganancias y poder, a cualquier costo.