Este 27 de septiembre, Venezuela no fue solo protagonista de una nueva jornada de sesiones en la Asamblea de la ONU en Nueva York. En su sede de Ginebra, la organización aprobó por 19 votos a favor, siete en contra y 21 abstenciones enviar al país una "misión internacional independiente de determinación de los hechos", para documentar durante un año posibles "violaciones de derechos".	Con este texto, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas buscaría investigar acciones como "ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014". Esta es la denuncia, según la oposición. Sin embargo, para el embajador del Gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Valero, la "resolución es hostil" y hace parte de una campaña dirigida por completo por Estados Unidos.	"Este pequeño grupo (el de Lima) sigue los instrumentos que el imperio estadounidense les entregó, estos son temas vergonzosos de la Administración del presidente (Donald) Trump", denunció Varela, que un día antes sostuvo que las sanciones de Estados Unidos son las que impiden plenos derechos humanos en Venezuela, en la línea de las últimas palabras del canciller Jorge Arreaza.	Un gesto que Borges aprovechó para pedir más: "Se necesita más (...) necesitamos aumentar la presión sobre las personas en las jerarquías militares y políticas y el círculo íntimo de Maduro para que sepan que no quedarán impunes". Un gesto que alude a los países latinoamericanos, pero sobre todo a la Unión Europea (UE), a quien ha insistido en ser igual o más duro que Estados Unidos, en lo referente a sanciones a funcionarios que podrían ir a suelo europeo.	Según Borges, el escenario entre la oposición venezolana y Europa podría pronto cambiar a su favor con el nuevo nombramiento del español Josep Borrell, como jefe diplomático de la UE. Si bien, desde este mismo viernes el grupo europeo no dudó en aplicar sanciones a siete oficiales de seguridad e inteligencia del Gobierno de Maduro, por supuesta implicación en “violaciones de Derechos Humanos”, y amenazó con imponer más medidas de este tipo para “fomentar una transición negociada”.	Una negociación entre Gobierno y oposición que a inicios de septiembre volvió a hacer aguas, después de que en enero Guaidó se alzara como líder de la renuncia del presidente Nicolás Maduro, bajo la figura de presidente interino, e invocara la Constitución para celebrar nuevas elecciones en Venezuela. El más reciente viaje de Michelle Bachelet al país, el pasado julio, no mejoró esta situación.	Ahora es Naciones Unidas quien pide que el informe de la alta comisionada, en el que denuncia graves violaciones de derechos y muertes por parte de las fuerzas de seguridad, sea la guía de una investigación con la que no está de acuerdo el Gobierno venezolano. Porque de base, ya rechazó dicho informe de "visión selectiva y abiertamente parcial", mientras sigue defendiendo que “estas controversias” deben solucionarse de forma “pacífica, democrática y constitucional, y sin ninguna interferencia extranjera”.