Adolfo Chávez, el dirigente que lideró la VIII y IX marchas en defensa del Tipnis en 2011 y que luego se distanció del Gobierno central, anoche quedó libre tras permanecer en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) por 48 horas en calidad de aprehendido en el marco de la investigación del ahora ex Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) por supuestas irregularidades en el manejo de Bs 902.008 destinados a proyectos.	Según el abogado defensor de Chávez, Otto Richter, la jueza de turno, Romy Peredo, no solo dejó en libertad a Chávez, sino que también anuló los obrados del Ministerio Público porque no le hicieron la notificación ni le tomaron la declaración en su lengua materna, que es el tacana, por lo que ahora, en caso de reapertura del proceso, se deberá hacer todo el procedimiento y con la asistencia de un intérprete para el procesado para que entienda con claridad la causa que enfrenta.	Tras esa determinación, la interventora del ex Fondo Indígena, Clarisa Fuentes, reclamó por las medidas judiciales porque impiden recuperar el daño económico que provocó el mal manejo de los fondos que administró Chávez, además explicó que en la etapa de notificación y el descargo de pruebas, el exdirigente de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob) lo hizo en castellano y no en su lengua nativa. Anunció que apelará el fallo judicial e iniciará procesos contra la jueza Peredo por ese proceder.	La audiencia cautelar estaba programada para las 10:00, pero se suspendió porque la jueza Segundo de Instrucción en lo Penal, Iris Justiniano, se excusó de llevar el proceso aduciendo parentesco con uno de los abogados defensores y, de esa manera, el caso pasó a la jueza de turno, Romy Peredo.	La cautelar fue sin presencia de los medios de prensa, pero fuentes que participaron de la audiencia relataron que la jueza preguntó a Chávez que si entendía de qué estaba acusado y obtuvo una respuesta negativa. Precisamente ahí fue que Richter reclamó por el accionar de los representantes del Ministerio Público y reclamó para que se cumpla el artículo 120 y el parágrafo II en el que se establece el derecho del ciudadano a ser juzgado en su idioma.