Y, además, se sumaron naciones caribeñas como Antigua y Barbuda, Granada y San Cristóbal y Nieves, que criticaron tanto el papel de las Fuerzas Armadas como la forma en la que asumió el poder Áñez, en lo que consideran que fue un «golpe de Estado» contra el expresidente Evo Morales, quien renunció el 10 de noviembre y ahora está asilado en México.	Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), han pedido la derogación del decreto aprobado por Áñez porque consideran que permite a las Fuerzas Armadas violar los derechos humanos con «impunidad.» La embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños, expresó la «preocupación» por ese decreto y por el «uso excesivo de la fuerza» que han empleado militares y policías en Bolivia para reprimir las protestas, que se han incrementado desde que Morales tuvo que renunciar al cargo.