Los bombos y los platillos no paraban de sonar el 23 de marzo de 2019 en Siria e Irak, pero también a miles de kilómetros, en Estados Unidos: las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), una alianza armada liderada por kurdos y apoyada por la Casa Blanca, anunciaban el fin del autoproclamado califato.	Atrás quedarían cinco años de un vasto dominio territorial del autodenominado Estado Islámico (EI), que poco a poco fue perdiendo fuerza y cesó del todo con la caída de Baguz, una localidad del este de Siria en la frontera con Irak, que hasta ese momento era considerado el último bastión del grupo yihadista. Y aunque el EI perdió quizás la más importante de las batallas, se resiste a rendirse en la guerra.	El fin del llamado califato está lejos de representar la extinción del Estado Islámico como organización terrorista –catalogada así por la Organización de Naciones Unidas (ONU)-. Ahora las fuerzas iraquíes luchan contra la reorganización clandestina sus miembros, quienes, tras la pérdida total del territorio, buscan nuevas formas de supervivencia. Y en Mosul, la ciudad del este de Irak en donde el EI proclamó en 2014 su control sobre un territorio del tamaño del Reino Unido, lo saben más que nadie.	La victoria sobre el califato impulsó al Estado Islámico a movilizar a sus seguidores y crear nuevas células terroristas. Pero también motivó a Los Halcones -una unidad de inteligencia nacional entrenada por estadounidenses- a intensificar sus operativos. Los arrestos de sospechosos de pertenecer a la organización se han vuelto el pan de cada día en esta región.	Una vez detenidos, la ley iraquí otorga a la unidad antiterrorista diez días para interrogar a los sospechosos, que han venido siendo vigilados durante meses. Con suerte, se obtendrán confesiones que ayuden a desarticular las todavía vivas redes yihadistas. Pero algunas de esas detenciones resultan arbitrarias y sin juicios justos, como lo denuncia la ONU.	Es poco lo que las familias saben de aquellos sospechosos de pertenecer al Estado Islámico después de que son arrestados. Y no solo tienen pocas esperanzas de obtener información, también de sobrevivir. Saben que su ser querido se enfrenta a un destino similar al de muchos otros terroristas sospechosos: morir ahorcado.	Haber perdido el control sobre el territorio y que ciudades como Mosul hayan dejado de ser un refugio seguro para los yihadistas no garantiza el fin del grupo extremista. El autodenominado Estado Islámico sigue representando una amenaza, pues como grupo cuenta con milicias distribuidas en diversas partes y podrían desarrollar ataques en cualquier momento. Y las montañas se convirtieron en el lugar adecuado para establecer las nuevas bases de la organización.	En zona rural de Qarachogh, 100 kilómetros al sur de Mosul, los yihadistas aprovechan la ausencia del Ejército para desaparecer en el macizo, mientras que los campesinos de la zona denuncian que incendian sus campos sembrados como forma de extorsión. Desde hace unas semanas en el norte de Irak, se han incendiado miles de hectáreas de trigo y el EI ha asumido la responsabilidad.	Entre tanto, decenas de niños, la mayoría hijos o hijas de combatientes caídos del Estado Islámico, son expulsados con sus familias de sus vecindarios. Muchos se quejan de un país que castiga en lugar de reconciliar y advierten que la condena a los hijos de los terroristas llevará a la región a crear una generación que un día querrá vengar a sus padres.