A través de un comunicado, Jared Genser, abogado internacional de derechos humanos, anunció que se sumó a la defensa internacional de José María Leyes, alcalde detenido de Cochabamba. La firma de Genser, Perseus Strategies, presentó una petición ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, solicitando que este órgano investigue la situación de Leyes y concluya que está siendo privado de libertad arbitrariamente y en violación de las obligaciones de Bolivia bajo el derecho internacional.	El jurista internacional también hizo referencia que a la esposa de Leyes, Ingrid Lazaneo, le prohibieron viajar desde el aeropuerto de Santa Cruz, en Bolivia, para asistir a una serie de reuniones sobre el caso de su esposo esta semana, en Estados Unidos. Inicialmente, la Policía de Migración le mostró a Lazaneo una pantalla que indicaba que no podía viajar porque “sus familiares están involucrados en un presunto acto de corrupción en el municipio de Cochabamba”.	Pero también fue detenida ilegalmente por cuatro horas sin orden judicial y sus maletas fueron inspeccionadas sin una orden judicial. Por su lado, el abogado defensor de Leyes en Bolivia, Humberto Trigo Guzmán, dijo que no existe ninguna orden judicial ni arraigo que impidan el viaje de la mujer, por tal motivo están averiguando quiénes fueron los responsables, para iniciar las acciones legales, dado que ven abuso de autoridad, violencia sicológica y privación de libertad.	Por su parte, la Alcaldía cochabambina presentó una demanda penal contra Leyes, por el caso denominado Mochilas III, informó ayer el secretario general de esa institución, Mario Olguín. “Está presentada ya la querella. Ya se ha presentado al Ministerio Público (...), es el caso que está con la denominación de Mochilas III”. Recordó que la denuncia principal fue presentada por la existencia de al menos 36 irregularidades e incluye a Leyes y 11 funcionarios municipales, además de los representantes de la empresa Velpa SRL. Al respecto el abogado de Leyes indicó que hoy tendrán una apelación de una cesación a la detención preventiva. “Esta es una cuestión netamente política”, calificó Trigo Guzmán.