Tres días después del cabildo del 4 de octubre la dirigencia cívica comenzó el trabajo para hacer cumplir las determinaciones asumidas. Una comisión liderada por el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se desplazó ayer a la Chiquitania para iniciar el proceso de verificación de asentamientos ilegales, dando cumplimiento a las medidas aprobadas. Sectores afines al MAS aseguran que con esto se busca la confrontación y que solo los sacarán en miles de ataúdes.	La comisión viajó a la Chiquitania tras concluir el plazo que establecieron (hasta las 12:00 de ayer) para que el INRA proceda a desalojar los asentamientos ilegales. La comitiva pretende reunirse con representantes de ocho municipios (Concepción, San Ignacio, San José, San Rafael, San Miguel, Roboré, El Carmen y Puerto Suárez). El primer encuentro fue en Concepción, con la intención de hacer un relevamiento de los asentamientos ilegales que tienen cada uno de estos municipios.	Esta medida surge de una de las preguntas que hizo el líder cívico en su discurso ante la multitud: ¿Están dispuestos a impedir y desalojar las dotaciones y asentamientos humanos ilegales en tierras fiscales y áreas protegidas, ejecutado por el INRA, que no hayan cumplidos todos los requisitos establecidos por ley? Y la multitud respondió que sí.	“Con su respuesta afirmativa, damos plazo al INRA hasta el día lunes 7 de octubre, a las 12:00, para que haga el desalojo de los asentamientos ilegales, caso contrario se procederá a las 12 y un minuto, a verificar la ilegalidad y hacer cumplir el mandato de este Cabildo”, remarcó Camacho.	Muchos esperaban que hoy comience un desalojo forzoso, pero los cívicos resaltan que harán cumplir el mandato del pueblo enmarcados en el diálogo. “Tenemos el listado de todos los asentamientos, estamos coordinando con los alcaldes para hacer un relevamiento claro. Vamos a proceder al desalojo con el pueblo; aquí no se trata de bala, machetes, ni palos”, remarcó Camacho.	Rony Justiniano, vicepresidente del Comité Cívico Provincial y presidente de la provincia Velasco, aclaró que en ningún momento se señaló que harán desalojos con violencia y que todo está siendo coordinado. El dirigente puso sobre la mesa el tema de que muchas de las comunidades ilegales no tienen vivientes. “Usted va a esas comunidades y no hay gente, porque no viven en el lugar, solo están es deforestando, chaqueando y se salen”, manifestó.	En criterio de Justiniano, mucha de esa gente que figura como campesinos fue trasladada con intereses electorales, pero no vive allí. “En San Ignacio de Velasco se ha dado el caso de una comunidad, que la ingresaron al POA, porque solicitaron un pozo de agua, pero cuando los funcionarios municipales visitaron el terreno solo había tres vivientes”, afirmó.	El presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Edgar Montaño, critica la forma en que se pretende hacer los desalojos, porque sostiene que los cívicos no tienen en sus manos la potestad para definir cuáles asentamientos son ilegales o legales. “Hay resoluciones muy apresuradas, al calor, a la euforia de un mitin político, de este cabildo como le vayan a llamar, esos son algunos excesos que no se pueden repetir”, indicó	Waldo Albarracín, del Comité de Defensa de la Democracia (Conade), convocó ayer a los paceños a participar del cabildo de este 10 de octubre, en La Paz, y que demuestren convicción democrática, como ocurrió en Santa Cruz. “Si los cruceños y cruceñas han tenido la convicción democrática de ir voluntariamente al cabildo para exigir democracia y condenar el incendio de la Chiquitania, por qué en La Paz no podemos demostrar esa convicción”, señaló.