Establecer la situación jurídica de cada uno de los privados de libertad de las 53 cárceles del país, es uno de los objetivos principales del Censo carcelario que se inició ayer en Santa Cruz, Tarija, La Paz, Cochabamba, Beni y Pando, donde existen 35 recintos que albergan al 80% de los más de 18.000 reclusos que hay en el país. Hoy, el censo continuará en esos departamentos y empezará en los restantes, Chuquisaca, Oruro y Potosí.	“El objetivo es identificar a posibles personas inocentes que no deban estar dentro de un penal y que lo estén injustamente”, afirmó el ministro de Justicia, Héctor Arce, durante el acto de inicio en el penal de Morros Blancos en Tarija, refiriéndose a una situación que quedó al descubierto con varios casos, el más ‘emblemático’, el de Reynaldo Ramírez, condenado a 30 años por un feminicidio en 2017 pese a que pruebas científicas lo absolvían.	La nota crítica la expresó el exdirector de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos, quien considera que el censo no aborda los problemas de fondo. “Sobre los cobros, extorsiones y torturas de presos sentenciados a preventivos, eso no dice el censo (...) es un jueguito para tomar cafecito, no va a lo estructural”, manifestó Llanos según la agencia ANF.	Entre las revelaciones que conoció la Defensoría en entrevistas a los reclusos, da cuenta de las situaciones paupérrimas en que viven y aspectos como las visitas conyugales, en las que se detalla que hay penitenciarías donde, al no haber áreas para las visitas de sus parejas, los reos “utilizan el patio tapados con colchas” y en otras “se turnan por hora para recibir en los cuartos visitas conyugales”.