Es así que expertos señalan que el Gobierno busca continuar manteniendo los gastos y la inversión pública a través de estos préstamos, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas, afirma que Bolivia tiene la segunda deuda más baja de la región, respecto al Producto Interno Bruto (PIB), por lo que no representa ninguna amenaza.	De acuerdo a los datos del Banco Central de Bolivia (BCB), a julio de 2018 la deuda llegaba a $us 9.746 millones, creciendo en 12 meses a $us 859 millones. Asimismo, los principales acreedores son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con $us 3.170 millones y la República Popular de China con $us 952 millones.	El economista Julio Linares, señaló que a julio de 2019 se tiene la deuda más alta de la historia de Bolivia. De la misma forma, indicó que los préstamos con respecto al PIB, crecieron del 17% en 2017 al 24% a julio de este año, lo que llama la atención es la celeridad con que este indicador está subiendo. “Nos hemos endeudado a un ritmo acelerado a partir de 2015 cuando han mermado los ingresos por los hidrocarburos. Esto se da porque estamos manteniendo los gastos y ahora para sostenernos tenemos que prestarnos dinero”, explicó Linares a tiempo de agregar que se debería disminuir el gasto corriente y la inversión pública.	Por su parte el presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine, comentó que la deuda externa junto a la deuda interna, ya superaron el 50% del PIB, además de que los préstamos están siendo dirigidos para gasto corriente y mantener el dinamismo económico. Situación que se tornará peligrosa con el tiempo.	El Gobierno afirma que la deuda representa solo un 24,6% del PIB, porcentaje por debajo de los límites fijados (50%) por organismos internacionales como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), por lo que considera que sigue siendo sostenible a diferencia de gestiones anteriores a 2006, cuando el endeudamiento externo superaba el 50%. También dice que Bolivia cuenta con la deuda más baja de la región con respecto al PIB, después de Brasil (17,5%), mientras que países como Uruguay (74,2%), Chile (63,7%) y Argentina (61,6%) superan el 50%.