El ministro de Gobierno Carlos Romero, deja en manos de la justicia definir la situación legal de la directora de Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI) Santa Cruz, Patricia Salazar, quien tiene un juicio por estafa agravada con victimas múltiples, la autoridad dijo que al no contar con sentencia ejecutoriada Salazar tiene vía libre para ocupar un cargo público y que el tema es de orden particular.“Lo importante es que se proceda con los bienes de los expolicías, Medina y Moreira,  el proceso penal no tiene sentencia y es particular”, dijo Romero.Para el expresidente Jorge Quiroga, la decisión de Romero encaja con la línea que siguió el Gobierno en los últimos años, puso como ejemplo a Felipe Cáceres quien está al frente del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, siendo un dirigente cocalero del Chapare.“Parece ser un requisito para este Gobierno tener problemas, denuncias ante la justicia lo que en una democracia es un demerito”, dijo Quiroga. /Radio Fides