Cualquier tribunal que se precie de impartir justicia en un país que viva en democracia, caería de espanto al recorrer los vericuetos del caso llamado “terrorismo” por el MAS y el Ministerio Público. Un rótulo que habrá que mantener no solo por una cuestión formal, sino para recordar siempre el abuso de poder de un gobierno que ha alcanzado niveles de violencia de Estado, solo vistas en regímenes dictatoriales; y un control político de todos los poderes, en especial del judicial, que ha superado en ‘eficacia’ a las prácticas nefastas de todos los que le antecedieron en el mando del país.	El caso no solo está plagado de errores de forma y de fondo, que podrían ser atribuidos al poco conocimiento de leyes y procedimientos por parte de los funcionarios a cargo, tanto policías como fiscales, jueces y abogados de las partes. Lo más grave es la abierta y burda manipulación de todo un sistema hecho para administrar e impartir justicia, con el único objetivo de atender una urgencia política de la cúpula gubernamental: librarse del ahogo político que continuaban provocándole sectores opositores de peso en Santa Cruz. A esa cúpula y a los que cedieron a sus imposturas poco les importó matar para lograr su meta.	No lo digo en sentido figurado, ni es una suposición. A diez años de la matanza en el hotel Las Américas, provocada por un grupo de élite de la Utarc con mando centralizado desde la sede de Gobierno, sobran pruebas que confirman lo que parecía ser solo una sospecha generalizada. La prueba principal está contenida en las más de 44.000 fojas acumuladas en los hasta hoy 221 cuerpos procesales, cuyo desglose daría no apenas para una película de terror, sino para una serie de esas que nunca terminan. Allí da para partir del principio: la primera denuncia del Ministerio de Gobierno en La Paz, habilitando jurisdicción paceña en lugar del juez natural que estaba en Santa Cruz, se hace y presenta antes de los hechos pretextados como base para el caso: el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas y el asalto al hotel en el que matan a Eduardo Rózsa Flores, Michael Dwyer y Arpad Magyarosi	Solo ahí hay al menos tres pruebas fehacientes, que luego dar lugar a decenas de otras: sobrepasar al juez natural, fabricar un caso sobre un hecho no producido y al menos tres ejecuciones sumarias, a las que le siguieron la detención y torturas de Elod Toaso y Mario Tadic, que estaban junto a Rózsa, Dwyer y Magyarosi. Los capítulos de terror sumados a partir de allí ganaron nuevos protagonistas, víctimas y victimarios. Entre las primeras, sin duda, están los 39 acusados formalmente por el Gobierno de “terroristas”. Al menos uno de ellos pasó de victimario a víctima: Ignacio Villa Vargas, infiltrado del Gobierno en el grupo de Rózsa y que terminó declarándose culpable de complicidad en terrorismo.	De esos 39 acusados, 22 se presentaron a juicio, creyendo –a pesar de todo lo visto- en el debido proceso prometido por un abogado que luego se reveló como pieza clave a favor del Gobierno. No hubo tal debido proceso: de los 22, uno fue declarado interdicto, inhábil para defenderse; otros tres fueron separados por problemas de salud; seis se sometieron a juicios abreviados, siendo uno de ellos Villa Vargas y otros cinco admitiendo culpas bajo presión, con tal de recuperar su libertad, por “complicidad en alzamiento armado contra la soberanía y seguridad del Estado”; y 12 continúan soportando el proceso, de los cuales dos siguen presos en Palmasola y otros dos tienen detención domiciliaria.	Diecisiete de los acusados inicialmente fueron declarados en rebeldía. Todos ellos están exiliados. Uno fue detenido en Montevideo y estuvo a punto de ser extraditado a Bolivia, pero la justicia uruguaya negó el pedido del Gobierno de Morales por considerar que en nuestro país no hay garantías para un proceso justo. Bueno, lo que acá estamos cansados de saber, ¿o no? Todos con sus vidas trastocadas por un proceso absurdo, descalificado incluso por quien fuera el “fiscal estrella” del Gobierno en el caso, Marcelo Soza. Funesto personaje que goza hoy de asilo en Brasil, librado por el MAS de un juicio tras detallar el modus operandi del Gobierno y sentenciado luego, pero en rebeldía, por la extorsión de la que fue víctima la familia Matkovic Ribera.