“Tenemos información de que hay compra y venta de puestos, lo dijo el mismo presidente (Evo Morales), pero no podemos probarlo y apenas lo demostramos; los responsables de semejante barbaridad irán a la cárcel”, así se refirió el vicepresidente Álvaro García Linera cuando fue consultado sobre los pagos que realizan los policías para beneficiarse con destinos privilegiados en las unidades.	“Los intereses personales de los comandantes de la Policía se sobreponen al interés de servicio hacia la población; como saben que estarán un corto tiempo, un año, no es de su interés iniciar este proceso de reforma”, dijo tajante la ministra y recordó que estas trabas vienen desde la gestión de la primera ministra de Gobierno de Evo Morales, Alicia Muñoz, que cambió la extinta PTJ por la actual Felcc.	Valdivia añadió que es algo evidente que no se lo puede negar y que hay intereses en los que predomina la falta de voluntad para agilizar los trámites y simplificar los pasos para mejorar el sistema de denuncias. Además, dijo que algunos policías no quieren modernizar sus sistemas porque saben que al introducir la tecnología se eliminarán las condiciones que les permiten recibir prebendas de los ciudadanos y, en algunos casos, de los litigantes que tienen relación con la Policía.	También dijo que el Ministerio de Transparencia cuenta con mecanismos y tecnología que permiten guardar la reserva de los denunciantes y que hicieron conocer esta disposición en los seminarios que se realizaron durante la elaboración del documento oficial. Afirmó que, internamente, el policía que denuncia es aislado y es enviado a un destino alejado de su familia y su centro de actividad, como represalia.