Perú no puede salir del oscuro túnel político iniciado hace varios años. Denuncias de corrupción tienen a sus últimos presidentes detenidos o buscados por la justicia; además, desde 2016 tiene un poder compartimentado entre el Legislativo y el Ejecutivo, el primero que ya presionó al expresidente Pedro Pablo Kuczynski para que renuncie y que después se enfrentó al mandatario sucesor, Martín Vizcarra, desembocando en que este último disuelva el Congreso, y reciba como respuesta la declaratoria de vacancia de su cargo. Ayer, este país hermano amanecía con dos gobernantes.	En el marco de la Constitución, cuando el Congreso inviabiliza las acciones del Poder Ejecutivo, el presidente puede solicitar un recurso de “cuestión de confianza”, que es la demanda de que los legisladores confíen en las decisiones del mandatario y de sus ministros, sobre todo si sus planteamientos carecen de apoyo congresal. La “cuestión de confianza” pedida estaba vinculada a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.	No obstante, los parlamentarios no abordaron la cuestión de confianza y eligieron a dos miembros del Tribunal Constitucional, en un procedimiento dudoso. Ante este hecho, el presidente apeló a la facultad constitucional de disolver el Congreso. Mientras lo hacía en un discurso público, los legisladores aprobaron la “cuestión de confianza”, pero ya era tarde, porque la batalla política había comenzado.	Al saberlo, una parte de los congresistas debatió la declaratoria de vacancia presidencial, que finalmente terminó aprobada, y posesionó a una de las vicepresidentas como nueva mandataria de Perú. Fueron horas de incertidumbre en ese país hasta que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional expresaron su público respaldo al presidente Martín Vizcarra y no al Poder Legislativo. Entretanto, las calles se llenaban de manifestaciones, porque si algo había cosechado el Congreso era el rechazo ciudadano, con un 20% de desaprobación.	El principal componente de la crisis es el polémico rol de los parlamentarios opositores, especialmente los de Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori (hija de Alberto Fujimori y con detención, acusada de corrupción en la trama continental del caso Lava Jato; su padre también está tras las rejas). Estos legisladores son mayoría y obstruyeron al expresidente Kuczynski y al actual). Perú ha sido una de las economías con mejor desempeño del continente y no había sido tocada, pese a la inestabilidad política; sin embargo, el temor es que este último episodio disminuya la proyección de crecimiento del PIB.	Queda claro que Perú no es el primer país de Latinoamérica sumergido en una crisis profunda, que los valores de la democracia han sido utilizados a favor de intereses de partidos y de caudillos, y que esta manipulación se ha hecho efectiva desde las mayorías congresales, muchas veces divorciadas de la voluntad popular.