Una oscura red de traficantes de exámenes de ingreso a la Academia Nacional de Policías (Anapol) ha sido desbaratada en los últimos días con graves consecuencias para la imagen de la Policía Nacional. Esto porque las vinculaciones de los delincuentes comprometen a dos exmiembros del Alto Mando policial, al vicerrector y al director jurídico de la institución.	A tal punto ha llegado el escándalo, que el propio presidente Evo Morales instruyó la anulación de los exámenes de admisión por sospechas bien fundadas de que se había pagado por los resultados de aquellas pruebas. Las primeras investigaciones señalan que ciertos padres pagaron entre 10.000 y 20.000 dólares para garantizar el ingreso de los postulantes a la Anapol.	Otros que han sido implicados en este caso son los dos representantes legales de las empresas encargadas del proceso de revisión y un médico que debía certificar el buen estado de los postulantes. El Ministerio Público investiga a dos empresas fantasmas implicadas en los cobros irregulares y la adulteración de los exámenes de unos 350 postulantes a la Anapol. Llamativamente, las firmas no cuentan con oficina conocida, sino con una dirección solo en papeles.	El caso ha provocado un sismo en el interior de la Policía, institución que sufre una corrupción endémica que el actual Gobierno de Morales no ha logrado resolver. El uso discrecional del poder público por parte de los policías ha llevado, entre otros factores, a generar bolsones de corrupción que afectan el servicio de la seguridad pública en su conjunto. La maniobra detectada en Anapol confirma el ‘matrimonio’ entre algunos familiares de los postulantes, autoridades policiales y empresas que prestan servicios casi sin control estatal.	Un dato no menos relevante es que los mecanismos institucionales destinados al control estatal del proceso sencillamente no funcionaron. La Inspectoría General de la Policía y la Contraloría General del Estado brillaron por su ausencia a la hora de fiscalizar lo que pasa en un organismo del Estado, a fin de evitar la acción de estas organizaciones criminales.