La aprobación de la norma, que a partir del 1 de marzo dará vida al SUS con 303 nuevas prestaciones de salud, avanza sin el consenso del Colegio Médico que observa el plan estatal, sobre todo la propuesta económica de $us 200 millones para este año y el anuncio del Gobierno de recurrir a préstamos para inversiones futuras que, según los galenos, no garantizan su sostenibilidad.	El documento fue aprobado en la madrugada del martes en la Cámara de Diputados, con pocas modificaciones. El diputado del MAS Édgar Montaño precisó que hay tres modificaciones realizadas a la ley. Primero, la cobertura, porque la ley 475 de prestaciones de servicios de salud integral del Estado solo daba cobertura a niños de uno a cinco años, y a mujeres y hombres después de los 60. “Esta nueva norma universaliza y beneficia a toda la población”, dijo.	“No estamos de acuerdo que se mienta a la población. Estamos asumiendo una actitud responsable ante una política electoralista del Gobierno. No garantizan la sostenibilidad financiera del Sistema Único de Salud, prueba de ello es que ahora se están endeudando. Por eso, le hemos entregado una propuesta para un seguro sustentable”, dijo Viruez.	Los representantes del sector reiteran que en las condiciones actuales los establecimientos de salud no pueden garantizar una atención con calidad y calidez. La falta de equipamiento, de recursos humanos y de hospitales en buenas condiciones de infraestructura, se traducen en congestionamiento de los servicios, por lo que las nuevas prestaciones, que no son otra cosa que un aumento en los productos de la Ley 475, vendrán a complicar la saturación de centros hospitalarios, dijo Viruez.	Para sustentarla se plantea cuatro fuentes de financiamiento.La primera es que se destine a la salud el 10% de los ingresos por impuestos y Aduana; la segunda, crear impuestos que desalienten las prácticas insalubres, como el tabaco y bebidas azucaradas y; la tercera, es el impuesto a la coca. Señala que los datos de la Unodc dan cuenta de que la producción de la hoja llega a 44.000 toneladas y que aplicando una alícuota se puede recaudar $us 90 millones. La cuarta fuente de recursos sería recuperar la disciplina fiscal, con medidas como controlar el gasto en adquisiciones y construcción de carreteras.	Plantean que el sistema esté bajo dirección de un consejo nacional de salud, con autonomía política, cuya gestión se ejercerá en consejos departamentales de salud, mientras que la función operativa estaría en los municipios. Explica que se optó por los municipios como operador de sistema porque son los órganos con más cercanía a la población. También prevé una separación entre el sector de la salud pública, que sería financiada por el Estado, con la seguridad social sustentada con aportes, la salud privada y la medicina tradicional.