Los miembros de la sala octava del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región concluyeron que quedó comprobado que Lula se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 236.000 dólares) que las constructoras Odebrecht y OAS hicieron en una casa de campo situada en el municipio de Atibaia (Sao Paulo), a cambio de favorecer a las empresas en contratos con la estatal Petrobras.	Por ese caso, el líder del Partido de los Trabajadores llegó a pasar 1 año y 7 meses en prisión, pero quedó en libertad hace cerca de tres semanas tras verse beneficiado por una decisión de la máxima corte del país, que revisó su propia jurisprudencia y consideró que un condenado no puede comenzar a cumplir la pena hasta que sean agotados todos los recursos.	La decisión del Supremo que benefició a Lula y a otros 5.000 presos encendió las alarmas en Brasilia, capital del país y sede de los tres poderes, y ha abierto un incipiente debate en el Congreso brasileño para buscar fórmulas que permitan la prisión después de segunda instancia a través de la vía legislativa.