Tras una visita in situ al país caribeño y en medio de una fuerte polémica por la afinidad ideológica de la expresidenta de Chile con Maduro, el estudio resultó lapidario para el gobierno chavista. Más de 7.000 personas han muerto por ejecuciones extrajudiciales durante la represión a protestas sociales, otras 795 están detenidas por razones políticas y enfrentan torturas según el vasto informe elaborado por Bachelet y que aumenta la presión internacional sobre un régimen que ha dado muestras sobradas de autoritarismo y abuso de poder.	La gran pregunta, coinciden los analistas, es qué medidas adoptará la ONU con estas evidencias. El Gobierno chileno de Sebastián Piñera ha solicitado que el informe se eleve a la Tribunal Penal Internacional (TPI), el máximo organismo que puede procesar y juzgar a mandatarios que cometen graves delitos contra sus poblaciones y que merecen una inmediata intervención internacional.	La oposición, encabezada por el presidente de la Asamblea Legislativa, Juan Guaidó, ha convocado a la resistencia política para sacar a Maduro del poder y restituir las instituciones democráticas. Por lo pronto, el diálogo abierto en Noruega entre el Gobierno de Maduro y los opositores están estancado por la represión que continúa contra los disidentes. La muerte bajo torturas del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo fue otro hecho que sacudió al país y que generó un amplio repudio de la comunidad internacional.