Los 20 delincuentes más buscados en Santa Cruz, pueden estar ocultos, con sus identidades y apariencia cambiada, en cualquier lugar. Eso sucedió por ejemplo con Gustavo Santos Vargas Arias, quien, tras asesinar y descuartizar a una familia en vísperas de la Navidad de 2018, en Brasil, llegó el 10 de enero a Santa Cruz en busca de refugio y alquiló un cuarto en una vivienda del barrio Sucre, ubicado en la av. Tres Pasos al Frente, de la Villa Primero de Mayo.	“Me pagó por adelantado los Bs 400 del alquiler mensual y me dijo que llegó de La Paz, porque trabajaba en Santa Cruz en un taller de costura”, comentó Marcelino, propietario del inmueble. Los vecinos del lugar aún no pueden creer que durmieron al lado de un criminal y por temor se fueron a alquilar otra vivienda.	“Varias veces lo saludé; lo veía caminar por afuera de mi casa como cualquier otra persona normal. Nunca imaginé que se trataría de un asesino”, manifestó asombrado un hombre, que vivió al lado del sindicado. Para evitar que otras personas se expongan relacionándose con delincuentes sin conocer sus antecedentes, la división de Ciber Crimen y el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), dependientes de la Felcc han recolectado los datos de todos los casos del departamento de Santa Cruz y han elaborado el listado de los 20 más buscados. Estos prófugos están acusados de los delitos de asesinato, homicidio, secuestro, robo agravado, estafa agravada y otros.	El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Johnny Aguilera, dijo que la mayoría de los fugitivos pertenecen a peligrosas organizaciones criminales que ya fueron desarticuladas. “Cuando se desarticuló a sus bandas, estas personas, que mayormente eran los cabecillas, fugaron”, contó. Aguilera explicó que la carga procesal que tiene la Policía ha sido uno de los factores que impidieron la rápida aprehensión de estos acusados. Además, de que estas personas cambiaron de domicilio y hasta de nombre para evadir a la justicia.	La lista de las personas que perpetraron delitos contra la vida e integridad corporal está encabezada por Eduardo Castillo Vicente, quien junto a su hermano Hernando (ya recapturado) logró salir de manera irregular de Palmasola, el 8 de junio. Eduardo es acusado del asesinato de cuatro personas, que fueron halladas calcinadas en 2016, en la ruta a Camiri. Además, es sindicado de acribillar por encargo a una pareja de prestamistas en la localidad de Jorochito, en 2018. También aparece Octavio Justiniano Daza, acusado de matar a tiros al joven Álex Peña Toro, durante la fiesta de Carnaval, en San Matías.	Otros dos prófugos son, Ever Luis Flores Égüez y Danilo Inca Carreño, sindicados de acribillar a José Luis Velarde Charapa y abandonar su cadáver en la zona de Tuna, cerca de la localidad de Asunción de la Frontera, el 26 de febrero. Mientras que el brasileño, Liz Mario Álvarez es buscado por contratar a su compatriota, Odilson de Oliveira (detenido en Palmasola), para que asesine al jugador Pablo Antonio Peña (se salvó pese a ser herido de bala), en el estadio Oswaldo El Hage, de Puerto Suárez, el 16 de julio. Álvarez quería acabar con la vida de Peña, un futbolista local, porque su mujer lo había dejado para irse con él.	En los delitos contra la propiedad, el catálogo es más extenso, debido a que reúne a 15 personas. Los que lideran está lista son los hermanos Jorge Brayan y Alan Cristian Gómez Montero, que secuestraron durante 50 días a Mauricio Rivera Landívar, por encargo de una banda de narcos, que pedía -por su rescate- que se entregue a un familiar del plagiado, que asesinó en Perú a un serbio con frondoso antecedente por tráfico de armas y droga, en Brasil y Bélgica.	El prófugo alquilaba casas, luego falsificaba los documentos de propiedad y las vendía o daba en anticrético, haciéndose pasar por el propietario. Otra supuesta estafadora es Alexis Melissa Flores de Zeballos, quien a través de la empresa Minevar sonsacó fuertes sumas de dinero a una veintena de personas, bajo el compromiso de entregarle 200% de ganancias, lo cual nunca sucedió. Los famosos ‘tortoleros’ paraguayos, Hugo Marcelo Socal Tórrez e Isaías Joan García Gonzales (ambos exreclusos), robaron $us 57.000 y Bs 100.000 en cuatro hechos delictivos ejecutados en Santa Cruz.	Estos antisociales se hospedaban en hoteles costosos con el dinero que robaban y manejaban vehículos de carrera para aprovechar su habilidad como pilotos y así lograr huir de la Policía. Además, estuvieron en la lista de los delincuentes más buscados en Paraguay y son considerados ladrones internacionales. Alexander Villarraga Molina atracó a una pareja e hirió con tres disparos a la mujer, en la calle 21 de Mayo, el 14 de junio.	El antisocial, junto a su cómplice en moto, logró llevarse una fuerte suma de dinero que las víctimas habían retirado del banco. Yhony Valdez Iraola ingresó con dos amigos (detenidos en Oruro) a una vivienda del centro de la ciudad y redujeron a una familia para llevarse joyas y dinero de una caja fuerte, en el mes de abril. Mientras que el fugitivo, Jhon Gervasio Fernández fue filmado robando un equipo ecográfico de un consultorio médico del municipio Camiri, en julio de 2018.	Este catálogo lo cierran los funcionarios involucrados en la estafa millonaria a Cotas, identificados como Leonardo Suárez Paradaci, Claudia Cecilia Ibáñez Herrera, Valeria Rodríguez Callaici, Saúl Antelo Torrico, Widen Vaca Parada y Javier Vaca Díez Serrudo. Todos tienen orden de aprehensión en su contra. Mientras que, en la última subdivisión de delitos realizados por funcionarios públicos, está Noel René Sivila Céspedes, buscado porque, cuando Sivila era encargado de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) de San Ignacio, autorizó de manera irregular el desmonte de 20 hectáreas para exportar madera valuada en $us 6 millones a China.	El subdirector de la Felcc, Óscar Gutiérrez, pidió a la ciudadanía ayudar con la búsqueda de esta veintena de prófugos. Explicó que lo primero que debe hacer la población es identificar los rasgos físicos de las personas que consideran sospechosas y su identificación personal (aunque generalmente la cambian por otra falsa). Luego deben comunicarse con los números gratuitos de la Policía o dirigirse a una comisaría para brindar los datos.	“La responsabilidad social convoca a la población a trabajar de manera activa contra la inseguridad y parte de ello es brindar información de estos delincuentes” detalló. Así fue que se capturó el paradero del ‘descuartizador’ Gustavo Vargas quien, según el relato de los vecinos, supuestamente salía trabajar y se perdía uno o dos días. Luego permanecía la mayor parte del tiempo dentro de su cuarto, lo cual llamó la atención del encargado de los inquilinos, que tras investigar en internet se dio cuenta que Gustavo había matado a Jesús Reynaldo Condori Sanizo (39), a su esposa Irma Morante Sanizo (38) y al hijo de esta pareja, de 8 años, en San Pablo, Brasil.	El encargado hizo conocer a las autoridades sobre el paradero del prófugo y la Felcc logró capturarlo. Gutiérrez señaló que, dentro de la lista de fugitivos, existen peligrosos delincuentes que puede que aún se encuentren realizando actos ilícitos, por lo que aclaró que las pesquisas en su búsqueda continúan. Para Aguilera, la mayoría de los prófugos han migrado para evitar ser aprehendidos.	“Las personas que huyen de la justicia lo primero que hacen es irse a lugares donde existen poco control policial o en ciudades donde se sientan cómodos para rehacer sus vidas”, contó, como fue el caso de Gustavo Vargas, que para sus vecinos parecía un inquilino más en el barrio Sucre, y no sabían que había matado y descuartizado a tres personas.