Desde hace dos años y seis meses, la vida de Nancy Andia Juaniquina (37) depende de las hemodiálisis a las que se somete tres veces por semana en el Instituto del Riñón. En todo este tiempo nunca tuvo que preocuparse por conseguir recursos para costear el tratamiento, que está garantizado por la Ley 475, pero ahora estas prestaciones están en riesgo porque el Estado no está cumpliendo con el pago de los servicios a los centros privados.	Herland Vaca Díez, director del Instituto del Riñón, manifestó que hasta el año pasado la Alcaldía cruceña se hacía cargo del pago, pero ha dejado de hacerlo porque aparentemente esas prestaciones pasarían a ser cubiertas por el Sistema Único de Salud (SUS). Sin embargo, el Decreto Supremo 3769, promulgado el 9 de enero, devolvió esta responsabilidad a la Alcaldía, al instruirle hacerse cargo de las atenciones de terapia intensiva y de hemodiálisis en los centros privados cuando no haya espacio en los hospitales de tercer nivel.	Esta incertidumbre es la que embarga de angustia a pacientes como Nancy. “Estamos muy preocupados. El tratamiento es caro. Cada hemodiálisis cuesta Bs 611 y se requieren tres sesiones por semana para reemplazar la función renal. Si no hubiera este beneficio (Ley 475) tendría que reunir más de Bs 1.800 cada semana (Bs 7.200 al mes) solo para las diálisis, sin contar las eritropoyetinas, el complejo B, la vitamina C y otras medicinas que se necesitan. ¿Cree usted que un enfermo renal puede reunir más de Bs 7.200 al mes para su tratamiento? Si yo tuviera que cubrir estos gastos, ya estaría muerta”, dice la mujer, que se sustenta con un sueldo de Bs 1.000.	La presidenta del Concejo, Angélica Sosa, recordó que el viceministro Álvaro Terrazas, en una visita al Concejo, les dijo que desde el 1 de enero todos los servicios que corresponden al tercer nivel serían asumidos por el nivel central. En este sentido, Sosa pidió hacer las consultas a esas instancias. Empero, aclaró que la Alcaldía cumplirá con el pago de las deudas de 2018.