El oficialismo denunció corrupción dentro de la Alcaldía de La Paz y en lo político ya se anotó un punto. Con sus acusaciones en contra del concejal Fabián Siñani, a través de la vinculación de su esposa, la abogada Maricruz Medrano con la empresa que maneja el relleno sanitario de Alpacoma y como apoderada del empresario que impulsa la construcción del World Trade Center en la curva de Holguín, desató una pugna interna entre los concejales de Sol.bo que terminó en una división. Ahora, el MAS apunta a la alianza Comunidad Ciudadana y le restriega a Carlos Mesa que ser socio de Luis Revilla lo arrastra a lo bueno y a lo malo de su gestión y le advierte que lo último puede embarrarlo.	Mesa no es vehemente cuando tiene la oportunidad de salir en defensa de Revilla, por el contrario, marca distancia de su gestión. “Yo no intervengo en un tema que tiene que ver en la administración del alcalde de La Paz, que tiene una responsabilidad de gestión de carácter público. Yo tengo una alianza con Sol.bo, una alianza de carácter político, y separo una cosa de la otra”, dijo.	En ese ámbito, el oficialismo sacó las uñas y aseguró todo lo contrario. El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, dijo en una conversación que sostuvo con este medio que el candidato a presidente de Comunidad Ciudadana es Carlos Mesa, “y Comunidad Ciudadana como alianza solamente gobierna la Alcaldía de La Paz. Y por eso, así como el expresidente Mesa reaccionó con mucha prontitud y rapidez el día que las diputadas Betty Yañíquez, Sonia Brito y Valeria Silva hicieron la denuncia, al relegar al concejal Siñani, “es correcto el pedido de las asambleístas del MAS, para que se refiera sobre lo que acontece en su principal alcaldía”.	La diputada Sonia Brito señaló que Revilla es el principal aliado de Mesa. Sostuvo que ha montado su candidatura sobre la estructura partidaria de Sol.bo. Por lo tanto, es inaceptable que no diga nada. “Definitivamente viene a ser responsable político de una gestión municipal que tiene en este momento serios indicios de corrupción y nos extraña muchísimo que mantenga un silencio, lo menos que podemos decir, cómplice”, reclamó.	Además, al ser consultada si es que el lodo de una gestión que tiene presuntos indicios de corrupción pueden salpicar a Mesa cuando él no forma parte de las decisiones dentro del manejo de la Alcaldía de La Paz, insistió en que “es imposible no ser socio solo para ciertos temas. Es para lo bueno y para lo malo. Cuando uno se alía con un partido, asume la corresponsabilidad política de lo que hace ese partido. Por lo tanto, lo bueno y lo malo le va a llegar y más aún cuando se llena la boca de una supuesta lucha contra la corrupción”.	Su colega y también denunciante Betty Yañíquez advirtió que Mesa y Revilla hicieron una alianza en La Paz, “son paceños” y recordó que cuando sellaron su pacto hicieron una caminata por las calles de esa ciudad. “Nos extraña el silencio sobre el mal manejo de la basura que desató un desastre ambiental, los negocios turbios entre amigos y familia, que no solo se convierte en un tema de estas diputadas, sino que fue ratificada, corroborada por la concejal María Cecilia Chacón, que es de su partido”.	En este caso, el senador opositor Oscar Ortiz se excusó de comentar si es que Mesa debe o no pronunciarse sobre este tema. “Sin embargo, me parece mal que el MAS mezcle la lucha política electoral, con lo que debe ser la resolución de ciertos problemas de la ciudad, en este caso La Paz, como el tema de la basura”.	La decisión del Gobierno es clara: “Vamos a dejar que la justicia avance en la indagación, la Fiscalía ha anunciado que citará al alcalde, a Siñani y a su esposa, dejemos que esto avance”, y ahí Canelas remarcó que “lo que le llega a los paceños no son buenas noticias. Cuando vemos acusaciones entre concejales, parece que las cosas no están claras y eso debe ocurrir”.	La denuncia de la exminista de Defensa apunta a un trámite de cambio de uso de suelos, que a su criterio favoreció al empresario Edwin Saavedra Toledo en la Curva de Holguín (zona de Obrajes, en La Paz) porque elevó exponencialmente el costo de su terreno y se realizó en meses cuando normalmente dura años.	Acotó que además se le otorgó a través de un ‘convenio’ y no un trámite “como el que cualquiera de nosotros debe realizar, una autorización para levantar hasta 65 pisos en una zona donde la altura máxima permitida es de seis. A esto se suma que la superficie de construcción de 146.000 metros cuadrados, planteada el 2013, se amplía a más de 354.000” con el argumento de que los criterios técnicos fueron aportados por el inversor privado de acuerdo a sus requerimientos particulares.