El Gobierno boliviano ha promulgado hasta el momento seis leyes para proteger a las mujeres, niños, niñas y adolescentes de la violencia machista, con endurecimiento de las penas de cárcel incluida; sin embargo, los feminicidios no cesan y en lo que va del año ya se contabilizan 71, contando la muerte de una niña de 14 años a manos de su padrastro.	Si bien se reconocen avances jurídicos importantes, los entendidos consideran que el sistema de justicia no ha logrado aplicar la normativa por diversas causas; también sigue firme la estructura patriarcal que naturaliza la violencia, rematada por la indiferencia de la sociedad civil y de las autoridades con poder de decisión para enmendarla. Ante esta situación, colectivos de defensa de la mujer exigen al Gobierno la aplicación de un plan de emergencia que dé una respuesta ágil de los servicios públicos para frenar los feminicidios.	Eso revela que los procesos se estancan en la denominada ruta crítica (Felcv, Fiscalía y juzgados) en la que familiares de las víctimas viven su propio calvario por falta de dinero para iniciar los trámites, pagar abogados, etc., señaló Norma Yalila Casanova, presidenta del Colegio Departamental de Sociólogos de Santa Cruz.	“Las 240.000 denuncias de violencia por año no reciben el trato que dice la ley. Si todos nos pusiéramos en un estado de emergencia nacional, todas las estructuras trabajarían a favor de la mujer; ante la menor denuncia, deberíamos tener las casas de apoyo; tener la gratuidad para iniciar los trámites, pues cuando se eleva una denuncia, piden plata para llenar el cuestionario y la mujer no tiene un peso en el bolsillo; piden un abogado y la víctima no puede pagarlo”, describió Casanova.	“Nos rasgamos las vestiduras cuando hay estos feminicidios, pero no decimos nada de los aspectos que tendríamos que prevenir para evitar estas situaciones. Se han hecho avances significativos con el reconocimiento normativo de este grave delito, pero no es suficiente; No está funcionando el sistema de justicia y la ruta crítica para que los feminicidios sean sentenciados. Lo que tenemos es impunidad, y eso hace que los feminicidas tengan la libertad de seguir ejerciendo violencia”, indicó María Ángela Sotelo, de la Coordinadora de la Mujer, con sede en La Paz.	Para Tania Sánchez, directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización, si bien existe un marco jurídico amplio, el desarrollo de la sociedad no ha acompañado este avance, pues todavía existe una estructura patriarcal expresada en prácticas machistas que se visibilizan en el cuerpo de las mujeres. El gabinete de lucha contra la violencia se reunirá hoy con el presidente del Estado, Evo Morales, para presentar un plan de emergencia. “Pese a todos estos instrumentos (las leyes), la violencia y las muertes siguen. Tenemos que poner un alto. Hay que plantear una serie de medidas desde el Gobierno, pero también desde la sociedad debemos movilizarnos todos”, dijo ayer el ministro de Justicia, Héctor Arce.