Días atrás, visité junto al senador Óscar Ortiz la ciudad de Buenos Aires y pudimos sostener varias reuniones con residentes bolivianos en Argentina: estudiantes, trabajadores y emprendendores. Dialogamos sobre su situación, la indefensión en la que muchas veces los dejan las autoridades de Bolivia y las oportunidades que deberían generarse en el país para los que sueñan con retornar.	De los problemas que los aquejan, muchos son generados por erradas medidas gubernamentales en Bolivia, como la politización del servicio exterior, que ha llevado a la designación de agentes no capacitados para la labor diplomática, sobre todo en el nivel consular, que es el más relacionado con los asuntos concretos de los residentes bolivianos. Agentes que son utilizados para campaña electoral, debilitando la gestión.	También se ha ido dificultando el transporte terrestre de los connacionales por el norte argentino, con una multiplicación de controles a medida que la producción ilegal del Chapare se expande por la región. Aquí, de nuevo, la responsabilidad recae sobre el gobierno boliviano y su tolerancia al narcotráfico, que lleva a que paguen justos por pecadores. Otro manejo irresponsable, que preocupó a los compatriotas que viven en Argentina, fue el de la crisis sobre la atención de salud que enfrentó al gobernador de Jujuy y al presidente Evo Morales, donde –como primera reacción- el Palacio Quemado y la Cancillería subieron la tensión de manera innecesaria.