A menos de tres meses para las elecciones generales del 20 de octubre, surgieron tres denuncias -institucionales y de políticos- por presuntas faltas electorales al pedir el voto a través de medios de comunicación, antes del plazo permitido por la Ley Electoral. La primera es contra el presidente y candidato del MAS, Evo Morales; la segunda es contra Óscar Ortiz, de Bolivia Dice No; y la tercera, contra la Federación de Cooperativistas Mineros (Fencomin).	El primer caso se dio cuando Morales fue denunciado por los diputados opositores Wilson Santamaría y Rafael Quispe, de Unidad Demócrata. Lo acusan de aprovechar la entrega de un colegio, en el municipio cochabambino de Morochata, para ofrecer obras a cambio del 100% de votos a su favor. El hecho sucedió el 18 de junio. El acto fue transmitido por Bolivia TV, medio que también fue denunciado por la difusión del hecho de propaganda.	El segundo caso surgió en un monitoreo del Tribunal Supremo Electoral, que encontró un spot en el que supuestamente Ortiz pide el voto de la población. Ante ello, el TSE decidió remitir la denuncia ante el TED de Santa Cruz, para que derive el caso ante el juez electoral competente. La alianza roja tiene su domicilio legal en Santa Cruz de la Sierra.	Ante la denuncia, Ortiz negó haber pedido el voto a través del spot y aclaró que solo difundió su trabajo de fiscalización como senador. Vladimir Peña, jefe de campaña de BDN, preguntó por qué el TSE no hace nada contra la decena de spots de diversos ministerios que hacen campaña con el dinero de los bolivianos.	El tercero fue denunciado por Mesa en contra de Fencomin, por la difusión de un spot que hace alusión al pasado político de Mesa con insultos. La ley prohíbe la emisión de spots que atenten contra la honra, dignidad y privacidad de los candidatos. Un juez electoral de La Paz atiende el caso.