Agregó que esa norma “prohíbe que los padres utilicen los centros de acogida como depósitos” porque a veces dejan a sus hijos en los hogares y luego los quieren recoger; dijo que esa ley permite, asimismo, “la adopción nacional”, procedimiento para el que se redujo el tiempo del trámite; y por último “viabiliza los procedimientos de adopción internacional”.	“El presidente nos dijo: ‘No puede ser que los niños crezcan esperando una adopción que nunca llega porque hay trámites burocráticos, no puede ser que el Estado, jueces, alcaldes y la burocracia no se los permita’, y nos instruyó trabajar en la ley”, sostuvo. Detalló que, según datos del Ministerio de Justicia, 8.369 niños, niñas y adolescentes viven en centros de acogida de todo el país; de ellos 4.328 son mujeres y 4.041 varones.	Al respecto, el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) dependiente de la Gobernación paceña dijo estar abierto a cualquier investigación y anticipó que “los cobros indebidos” en los procesos de adopción a los que aludió la Defensoría del Pueblo no son tales, pues la Ley Departamental de La Paz 086 establece una escala de aranceles para estudios biosicosociales de adultos y cursos para padres y madres adoptivos, proceso previo al juicio por adopción.