El Gobierno ha actuado con magnanimidad con los soyeros. Les ha autorizado exportar 60 de cada 100 toneladas que produzcan. Se trata de una decisión basada en el muy patriótico principio de que, antes de exportar, los productores deben pensar en atender la demanda interna. Que ese principio no se aplique ni en el gas natural ni con la quinua son solo excepciones que hacen la regla.	Una economía seria se maneja con esta clase de parámetros. Nadie tiene que improvisar, nadie tiene que sacar los pies del plato. Las cosas deben ser como deben ser. Y punto. No se puede permitir que los soyeros destinen parte de su producción a operaciones de especulación o a marcas no autorizadas de aceites o tortas de soya. Eso sería un caos.	En el caso de la coca, felizmente, gracias a este mundo globalizado, son los países vecinos quienes detectan las violaciones cometidas y las frenan en seco. El control estricto que se hace en Bolivia para la soya, lo hacen los países vecinos para los subproductos procedentes de Chapare. Son países hermanos.	Pero en el caso de la soya, el Estado boliviano, muy responsable, garantiza al resto del mundo que ni un gramo, ni una molécula, de soya que pueda servir a un ciudadano de este país podrá ser exportada por los productores. Para eso están las autoridades elegidas por el pueblo, para hacer cumplir aquello que el pueblo exige.