Hace unos días argumenté que el canciller Patzy no sabía de lo que hablaba cuando aseguró que en Bolivia un ciudadano común puede tener otras nacionalidades, cosa evidente si sos anónimo y no tenés responsabilidad de Estado, pero en el caso de una parlamentaria es diferente porque hay un choque de intereses que, en algún momento, necesitarán decisiones de su parte; la Constitución chilena exige “defender la soberanía” y seguridad nacional de Chile (véase el artículo 22 de ese país) y eso se contrapone a la Constitución boliviana, en sus artículos 267 y 108 numerales 1 y 13, que también obliga a defender la soberanía boliviana sobre esos territorios.	Ahí había un conflicto evidente, y lo que la señorita Salvatierra hacía era quejarse de maltrato para esquivar una decisión ética; ella es la segunda en la línea de sucesión del presidente y tenía, además, justo la nacionalidad que menos debía tener en ese caso, porque Chile y Bolivia mantienen una disputa a la que nuestro país no piensa renunciar y Chile no tiene las mínimas intenciones de ceder, sobre todo después de La Haya (aunque sostengo que en lo legal, ninguna alta autoridad elegida debiera tener doble nacionalidad).	Fui de los pocos que, desde los espacios periodísticos que me quedan, insistí con el tema, me parecía que debía insistir. Finalmente, tuve la razón cuando el 11 de febrero sostuve: “Aun no está todo dicho y que todavía no se ha investigado a fondo el tema y que, de comprobarse mi conclusión, significaría el inmediato alejamiento de Adriana Salvatierra como presidenta del Senado y quien sabe, como senadora”; si acaso no renunciaba, por supuesto.	Creo que se intentó caminar por el lado oscuro y politizar un tema que estaba claro: ella no podía estar en ese cargo y tener dos nacionalidades; ¡definitivamente no! Además, no estaban claras las cosas, las explicaciones eran contradictorias. Su padre dio una versión y ella misma dijo otra cosa; de esa manera se burlaba a la opinión pública que simplemente quería saber la verdad y que se resistía a aceptar lo que se estaba viviendo.	Habrá gente que la aplauda, lo harán quienes intentaron justificar lo injustificable dado que ese cargo no puede aceptar a nadie con dos nacionalidades, lo demás son versos; ella finalmente pidió disculpas “por la incomodidad que el tema generó”, es decir, es consciente de que estaba en falta y eso es lo malo de este asunto: sabiendo, desde la primera denuncia, que no era posible hacerlo, insistió, porque así es el poder (cualquiera) en su interés de salirse con la suya, solo porque puede. Es esa costumbre de hacer lo incorrecto a sabiendas; supongo que pensarán que “a lo mejor la gente se acostumbra”.	Y no se trata de que una nacionalidad sea mejor que la otra; sino que, en ciertas situaciones, hay una cuestión ética que debe rodear al servidor público, se trata de lo legal y de lo ético, nada más; se trata de que los servidores públicos entiendan que no están más allá o lo que es peor, “sobre la ley” y el sentimiento popular. No me meto en los argumentos de la señorita, sobre si lo hecho es o no un acto de desprendimiento ni si primó el interés y expectaticio sobre la Presidencia, eso es lo de menos, y hace a su conciencia que demoró en decidirla a hacer lo correcto; esto es sencillo, la señorita hizo lo que debía hacer. Tardó en entenderlo, pero ya está, las cosas se hicieron como corresponde.