El último censo arrojó que 1.043 personas viven en situación de calle en la ciudad y un segundo estudio determinó que hay 34 centros de rehabilitación (y que solo dos trabajan con metodología científica). Frente a esto, Santa Cruz puso en marcha un Plan Estratégico Interinstitucional para personas que viven en precarias condiciones en las calles.	El documento consta de 15 objetivos que se están trabajando paralelamente, entre los que destaca la elaboración de una propuesta de ley departamental que, entre otras cosas, permita que los niños (menores de 12 años) en situación de calle, que acepten voluntariamente ir a un centro de rehabilitación, puedan internarse por un tiempo definido, eso sí, evitando un enfoque represivo e invasivo.	Voluntarios que trabajan con niños en situación de calle señalan que actualmente, algunos menores han hecho una ‘forma de vida’ el ingresar a los centros de rehabilitación cuando lo precisan, ya sea por necesidad de restablecer su salud, por seguir a algunos amigos, por temporada de invierno o en un reiterado intento por rehabilitarse, pero que pueden retirarse de estos sitios cuando lo desean.	El tiempo definido para que los menores deban permanecer internados será determinado una vez se consensue una metodología científica uniforme para aplicar en los 34 centros de rehabilitación identificados en Santa Cruz, señaló Johnny Atila, de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que es una de las 54 instituciones que elaboró el plan.	Cumplir este objetivo es fundamental, señala Stello Cochamanidis, de la Federación de Fraternidades Cruceñas, puesto que se pretende “llenar los vacíos legales” que impiden la rehabilitación de los menores, considerando que los centros son de puertas abiertas y no se los puede obligar a permanecer en ellos, pero, se pueden buscar alternativas legales sin que se vulneren los derechos de las personas en situación de calle.	Además de la ley, otros dos objetivos se consideran indispensables para que sirvan como base para el cumplimiento de todo el plan: la creación de la Autoridad Coordinadora Interinstitucional (ACI), que ya se ejecutó (está presidida por Cochamanidis) y que se encargará de impulsar y fiscalizar el cumplimiento del plan; y el objetivo de consensuar una metodología científica (está en su etapa inicial) para implementarse en los 34 centros de rehabilitación.	Echenique considera que con el Plan Estratégico habrá mayor avance en la lucha contra el problema de las personas en situación de calle, de las cuales, el 76%, según el Censo de 2018, consumen alcohol y drogas. “Este plan nos permitirá trabajar en coordinación con todas las instituciones que abordan la problemática, pero lo más importante es la creación de una ley departamental para ayudar a estas personas que actualmente son invisibles ante las leyes de nuestro país”, afirmó.	Por su parte, Cochamanidis refuerza esta posición señalando que muchas veces las instituciones públicas se frenan al hacer su trabajo ya sea “porque su marco jurídico los limita y entre una institución y otra queda un vacío”, o también porque “nadie quiere hacerse responsable para no usurpar funciones o no hacerse responsables de lo que conlleva”.	Es por ello, que las instituciones civiles que componen la ACI, como la Federación de Fraternidades Cruceñas que tiene la presidencia, el Comité Cívico Femenino (1ra vicepresidencia), la Federación de Profesionales (2da vicepresidencia), la Asociación de Propietarios de Predios del Centro (Secretaría General), entre otras, han expresado su voluntad de trabajar coordinadamente con las instituciones públicas.