Las pequeñas y medianas empresas han manifestado la falta de condiciones para el cumplimiento del pago del retroactivo del incremento salarial a sus empleados, plazo que concluyó ayer, según el Decreto Supremo 2346 del 1 de mayo. El empresariado grande hará los esfuerzos para cumplir, pese a la crítica por el breve plazo. Mientras que los funcionarios públicos del Estado ya gozan de su aumento desde el miércoles.	“El 90% de las microempresas (72.000) trabajan por producto que realizan. Un 10% (8.000) es el que va a tener problemas por el retroactivo que tenían que pagar hasta ayer. El Ministerio de Desarrollo Productivo tendría que tener alguna determinación de nuestra propuesta. Si no hay, nos veremos obligados a pagar. Pero ya los de La Paz han manifestado que están imposibilitados de pagar”, declaró Víctor Ramírez, presidente de Conamype.	Sin embargo, el Gobierno confía en que los empleadores logren pagar el retroactivo. El DS 2346 y la Resolución Ministerial 301/15, recuerdan que hay sanciones para quienes obvien el pago y no presenten sus planillas de desembolso hasta el 30 de junio con el aumento del 8,5% del salario.	“Vamos a tener que apelar a mucha creatividad para lograr que el pago del retroactivo se haga posible. Las consecuencias son muy duras para quienes no cumplan. Vamos a tener un informe del cumplimiento de la norma y cómo lo lograron. Tenemos la esperanza de que todos hayan podido apelar a las alternativas para conseguir recursos”, manifestó el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas.	El presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), Jorge Arias, coincidió en que estos incrementos, por ser una imposición, “a la larga no beneficia a nadie porque se corre el peligro de que las fuentes de empleo disminuyan ante la imposibilidad de muchas empresas de poder seguir atendiendo estos niveles salariales”