El valor de la soya es tema de un delicado debate nacional y, sobre todo, regional. El llamado ‘grano de oro’ es uno de los bienes más valiosos para el sector agroindustrial del departamento. Es el producto no tradicional de mayor exportación y alrededor de su cultivo giran más de 100.000 empleos. Si se quiere, es el cereal que sostiene la economía del departamento más poblado del país.	La cadena productiva de la soya moviliza a decenas de miles de bolivianos y genera más de 400 millones de dólares por exportaciones de productos procesados. Además, la rotación del cultivo de la tierra permite que se produzcan otros cereales que son vitales para garantizar la seguridad alimentaria del país. No hay que descuidar la posibilidad de expandir los mercados internacionales, ahora que se libra la guerra comercial entre China y EEUU, pudiendo el gigante asiático requerir el fruto de la tierra boliviana.	El conflicto, que ha bloqueado a importantes vías del departamento, puede verse desde varios puntos de vista. Uno de ellos es el precio internacional de la soya, que ha disminuido sustancialmente desde hace un año. Esto repercutió en la caída del valor que los industriales pagan a los productores, que no compensa el esfuerzo del cultivo de la tierra, haciendo que muchos agricultores estén trabajando a pérdida.	Frente a esta realidad, hay voces como la del gobernador Rubén Costas que sostiene que los industriales ganaron mucho dinero en los últimos años (en tiempo de precios altos) y que no deberían dejar que los productores se hundan en tiempos de vacas flacas. Indudablemente, hay un desequilibrio que es causado también por políticas gubernamentales que parecen no comprender la realidad.	Los productores de soya no pueden exportar el grano debido a que hay un veto gubernamental. Los únicos que tienen autorizado el envío de su producto fuera del país son los industriales que procesan el grano de oro, lo que determina que los hombres del campo sean sus rehenes y estén signados por los precios que se les impone. Este desequilibrio es causado por el veto a la exportación del grano sin procesar.	Esta confrontación es lamentable y puede evitarse con una intervención adecuada del Estado, a través de normas que equilibren las fuerzas. Las políticas guiadas por la ideología no permiten que despegue el sector agroindustrial que es, en este momento, el único que puede salvar la caída de ingresos del gas y de los minerales. Esto demanda una mirada de estadista y de pensar en el conjunto, sin sesgos marcados por el poder.