La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) rechazó las declaraciones de la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, quien amenazó con procesar a los periodistas y “pseudoperiodistas” que, en su opinión, alientan el delito de sedición.La ANPB dejó establecido que la libertad de expresión y la libertad de prensa “están garantizadas” en el país por la Constitución Política del Estado, la Ley de Imprenta y normas de autorregulación como el Código Nacional de Ética Periodística.Además, el Estado se rige también, en materia de Derechos Humanos, y por efecto del Bloque de Constitucionalidad, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, que “garantiza el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en el continente”.“Es precisamente la Ley de Imprenta la que ha establecido que un periodista no debe ser procesado en la justicia ordinaria, si una autoridad se considerase atacada por la prensa, sino en un tribunal especializado denominado Jurado de Imprenta, lo cual está en concordancia con los artículos 21, 106 y 107 de la Constitución Política del Estado y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, se lee en el comunicado de la ANPB.El Principio 9 de la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión señala también que “el asesinato, secuestro, intimidación o amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.En consecuencia, agregó, la ANPB pide al Gobierno las garantías necesarias para el trabajo periodístico y que se abstenga de amenazar a los periodistas con procesos penales por delitos como la sedición, que no se ajustan al presente caso.Reiteró también su exhortación a que los actores del conflicto poselectoral busquen las vías del diálogo y del entendimiento en beneficio de la democracia y de la pacificación del país. /ANF