El análisis no puede desconocer que la demanda de una nueva CPE no es de este siglo, comenzó en 1990, con la Primera Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad y se fue reafirmando en los años siguientes, poniendo en evidencia los desequilibrios sociales y económicos que imperaban en el país. Entre 2003 y 2006 era imposible desoír ese clamor, que ya se había convertido en una lucha ciudadana.	La Constitución Política convirtió a Bolivia en un Estado Plurinacional, reconociendo a 36 naciones de pueblos indígenas y originarios, así como sus lenguas como lenguas oficiales del país. Asimismo, se instituyó un Estado Autonómico, que fue fruto de una lucha incesante de varios departamentos (liderados por Santa Cruz) y a pesar del oficialismo que rechazaba este modelo en un principio y que después lo adoptó, pero bajo sus propios parámetros.	La Autonomía delega competencias al Gobierno central y a los subnacionales; muchas de las cuales fueron cuestionadas porque devolvían al mando nacional lo que las regiones habían conquistado; pero esta situación se agrava cuando es evidente que el Gobierno central dispone que los recursos de gobernaciones y alcaldías sean destinados a tareas definidas por el centralismo y cuando hay ministerios que hacen obras que deberían estar en manos de los mandos locales y departamentales.	Una muestra muy evidente de que la Carta Magna no ha sido respetada tiene que ver con el artículo 168, el que establece que las autoridades solo pueden ser reelectas por una vez, después de que el guardián de la Constitución, el Tribunal Constitucional, permitió que este postulado sea pasado por alto y que se privilegie otro que concede un dudoso “derecho humano” al presidente y al vicepresidente para que vuelvan a ser candidatos, esta vez de manera indefinida.