El diputado José Carlos Gutié- rrez cuestionó a la ministra de Comunicación, Gisela López, que en entrevista con EL DEBER aseguró que “el MAS no pagó ni difundió ninguna encuesta prohibida”. Para el diputado, la denuncia que interpuso ante el TSE no se basa en las características de la encuesta, sino en la difusión, que sí está prohibida en el artículo 133 de la Ley 026 de Régimen Electoral.	El problema no es la encuesta y su contenido, el delito está en el uso de recursos públicos para su difusión. Si no contrataron a CiesMori, tal como dijo la ministra, nos tienen que decir quién lo autorizó. ¿Ellos tenían la autorización? ¿Van a responsabilizar a Mori? El Gobierno la dio a conocer, es decir el MAS, ahora la sanción es la suspensión de la personería jurídica del responsable.	En su demanda cita artículos de la ley electoral que señalan que el responsable de inducir al voto tendría privación de libertad e impedimento de ser funcionario, ¿A quién se refiere? Lo que afirmo lo hago con base en el artículo 135, inciso d, de la Ley 026 del Régimen Electoral, que dice: “La difusión de estos estudios de opinión en materia	electoral es prohibida si es encargada por entidades estatales de cualquier nivel o financiadas con fondos públicos”. De igual manera, el artículo 238, inciso k, señala que “la persona que induzca el voto mediante la promoción, contratación, autorización o difusión”, en contravención a la ley, será sancionada con privación de libertad (menor a tres años) e inhabilitada a la función pública por el mismo tiempo. No se ha aclarado quién pagó la difusión. En ningún momento el Gobierno precisó cuál de los ministerios lo hizo. Nos hacen suponer que es ella (López) la responsable. Pero eso no es preciso. Ella está poniéndole el pecho a las balas, por eso sale a victimizarse. Pero todavía no sabemos si la persona natural y jurídica que pagó es en realidad un individuo o una entidad. Nadie salió a aclarar esto.