La presencia de las plataformas digitales –equívocamente llamadas redes sociales- en nuestras vidas cotidianas, ha vuelto a manifestarse –potentecon el efecto de la difusión del audio de 7 minutos y 35 segundos, en el que una mamá relata su angustia y pánico, por la actitud de una pareja que, siente, amenaza la integridad o libertad de su hija, una niña que viaja con ella en una cabina del teleférico de la ciudad de La Paz.	La narración, vívida y perturbadora, en la voz por momentos quebrada de la madre, da cuenta que esa pareja ejecuta, primero, la llamada “ingeniería social”, es decir la captura de información clave de una fuente inocente, en este caso la niña, que responde sin malicia a las preguntas que realiza el varón sobre dirección de la familia, colegio, horarios de movimiento y otros datos similares, mientras la mamá no sabe cómo sin caer en la impertinencia o la grosería, detener el flujo de datos que proporciona su hija para, a continuación, disparar frases sugestivas y amenazantes (“Yo y él hemos estado presos por trata y tráfico”), a cargo de la mujer de la pareja.	Al día siguiente el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felc-c, pronuncian los informadores la sigla) comunica que mediante imágenes captadas en las estaciones ha identificado a la pareja, “de unos 40 a 45 años” y suelta, sorpresiva e inmediatamente, su apreciación de que tales personas “no denotan una actitud de carácter agresivo”, textualmente, según la información periodística.	¿Qué significa exactamente la opinión del coronel Director, en el cuadro preciso de las circunstancias del hecho? ¿No se trata de un mensaje de descalificación de la denuncia, más aun, cuando la Felcc está convocando a que la mamá se presente a formalizar denuncia? No cabe aquí, ni en ningún otro lado, especular sobre qué tenía en la mente el jefe policial cuando lanza un juicio de valor que, objetivamente, pone en duda la seriedad de una denuncia.	Pero, sin margen a cábalas o insinuaciones, el jefe de todas las investigaciones no está asumiendo, el momento en que dispara sus opiniones, que su institución está en el ojo de una tormenta, cuando se han filtrado y cada día se filtran más informaciones de una penetración, o copamiento de puestos claves de la Policía, por parte de asociaciones criminales globalizadas que manipulan las investigaciones y las decisiones judiciales prácticamente a su antojo.	Tampoco asume que cuando una persona sin antecedentes, ni influencias, se presenta en reparticiones policiales, con evidencias irrebatibles sobre que es víctima de un delito y presenta pruebas duras de la identidad del agresor, como una filmación del hecho, lo más probable que le digan es que el denunciante debe averiguar el lugar y momento donde se encuentra agresor y, solo en ese momento, llamar a la Policía para que ella lo aprehenda.	Ciertamente, no le toca a él, ni al denunciante, decidir la culpa o inocencia de los imputados, que pueden o no, ser víctimas de un mal entendido, o culpables reales de una acción dolosa porque, sin discusión, debe cumplirse el principio constitucional de que “nadie es culpable, mientras no se pruebe lo contrario”.