El día de martes, campesinos y miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS) anunciaron públicamente que iniciarán el día jueves una marcha, que partirá desde el municipio de Pailón y se dirigirá hasta la capital cruceña. La protesta nace en rechazo a la ley que declara pausa ambiental, emitida por la Gobernación cruceña, que prohíbe los asentamientos en las zonas afectadas por los incendios en la Chiquitania.	Una acción preventiva y coercitiva acatando el mandato dispuesto por nuestra Constitución Democrática de Derecho, que dispone en su art. 9: “entre los fines y funciones esenciales del Estado Boliviano, está la conservación del medioambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras”. Consecuentemente, es deber del Estado y de la población conservar, proteger de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medioambiente.	Asimismo, todos los bolivianos tenemos el deber constitucional de resguardar, defender y proteger los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable, para preservar los derechos de las futuras generaciones; además, debemos proteger y defender que nuestro medioambiente sea adecuado para el desarrollo de los seres vivos (art. 342 C.P.E.).	Asimismo, una comisión de expertos internacionales anunció públicamente que el incendio forestal en la Chiquitania, tiene características de incendios de sexta generación, lo que significa que la situación se está volviendo cada vez más caótica e imprevisible, tanto así que en tan solo dos días, el fuego puede llegar a quemar unas 400.000 hectáreas con una intensidad de 100.000 kilovatios por metro (kw/m). Es reprochable que en nuestro país estos campesinos traten por la fuerza anteponer sus intereses al bienestar de la colectividad y de las generaciones futuras.