De ese modo se pudo comprobar que el que fuera el primer presidente del nuevo TSE, Wilfredo Ovando, es ahora responsable de la unidad de transparencia de la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) en Cochabamba, así lo refiere su declaración jurada de noviembre de 2018 y las planillas de esa entidad.	“No solo eso, yo también soy, desde hace 23 años, docente de la Universidad San Simón de Cochabamba y, tras salir del Tribunal, me reincorporé de inmediato a mis funciones como docente; pero sí, soy también responsable de transparencia”, admitió la exautoridad electoral. Sus excolegas, Marco Ayala, Fanny Rivas y Dina Chuquimia también incursionaron en la administración pública; mientras que los exvocales Wilma Velasco, Ramiro Paredes e Irineo Zuna se dedicaron a actividades particulares en este tiempo.	En el caso de Dina Chuquimia, figura como parte del Consejo de la Magistratura en una declaración jurada de agosto de 2017. Admitió que fue parte de esa entidad en la unidad de relaciones públicas, pero que fue temporal y que, desde el año pasado, trabaja en la universidad de El Alto como docente. “Yo siempre he trabajado como funcionaria pública y tengo el deseo de volver”, aseguró luego de recordar que también presentó su candidatura a un cargo en las elecciones judiciales en 2017.	Lo mismo sucede con la exvocal Fanny Rivas, quien tiene una declaración jurada como funcionaria del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Santa Cruz, el 19 de diciembre de 2018. La exautoridad electoral pidió no declarar porque está dedicada a otras actividades y en esas oficinas también dijeron que ya no trabaja en la misma.	Marco Ayala, que también fue vocal, presentó su renuncia al TSE el 28 de mayo de 2015 y en julio de ese mismo año, casi dos meses después, presentó su declaración jurada como parte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Cuando EL DEBER logró contactarse con él dijo que se dedica “al arte y la cultura” y sin decir más cortó la comunicación. En contacto con esa entidad, confirmaron que trabajaba “hace años” en esas oficinas. Los anteriores vocales electorales renunciaron tras duras observaciones de organismos internacionales a la administración de las elecciones subnacionales, en las que fueron eliminados todos los candidatos de Unidad Demócrata en Beni por la publicación de una encuesta de intención de votos que no estaba autorizada.	En el caso de los vocales que estaban en funciones y que renunciaron, solo se tiene el reporte de José Luis Exeni que estuvo vinculado a la Vicepresidencia del Estado a través de una consultoría para el Centro de Investigaciones Sociales (CIS), en diciembre del pasado año. Esa entidad confirmó que se trató de una consultoría externa.	Según el decreto 1233, referido a la presentación de la declaración jurada, cada funcionario debe presentar en tres oportunidades: el primer día hábil del ejercicio del cargo; cada año en el mes de su nacimiento; y cuando dejan el cargo hasta 30 días calendario computables desde el primer día de su desvinculación. Los exvocales siguen figurando como parte del TSE en el portal de la Contraloría General del Estado (CGE).	En el caso de los exfuncionarios, de 87 acefalías que tiene el ente electoral, EL DEBER revisó una lista de 20 personas que se desvincularon de ese Tribunal; de ellos, al menos tres están trabajando en otras oficinas del Estado. Del resto, las declaraciones continúan en el portal de la Contraloría como si siguieran de funcionarios electorales.	La que fuera jefe de sección de Presupuestos del TSE hasta el 23 de abril, Carla Aparicio, ahora trabaja en el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalizacion y su declaración ante la CGE es del 30 se abril de 2019. Estas oficinas quedan en la Casa Grande del Pueblo. Una de las secretarias de Cámara que tuvo el TSE renunció en febrero y a finales de marzo presentó su declaración jurada en la Procuraduría General del Estado (PGE). Ayer, EL DEBER la contactó y ella pidió no colocar su nombre, porque ya se había mencionado cuando ocurrieron los problemas en el TSE y ahora prefiere desarrollar sus funciones sin conflictos.	En el caso de Luis Fernando Pereira Stambuk, que era director Nacional del Servicio de Registro Cívico (Sereci), existen dos hechos curiosos. En octubre de 2017 era director del INE y renunció poco después de conocerse los datos estadísticos que abrieron las puertas al pago del segundo aguinaldo. Después de ese episodio apareció en el Sereci y renunció cuando se produjo la crisis de las autoridades electorales. Aunque el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, dijo en su carta que, tenía el anuncio de la renuncia de Pereira, esta se produjo el 23 de abril y la misiva se conoció una semana después.	Ante el panorama, los políticos lanzaron sus ataques y justificativos. Los diputados del MAS, Lino Cárdenas y Edgar Montaño, afirmaron que la presencia de exvocales o exfuncionarios en entidades del Estado solo refleja el nivel técnico que tienen y que pueden ser útiles en el sector público. Cárdenas aseguró que principalmente los abogados tienen espacios en cualquier estructura del Estado.	Pero el diputado Wilson Santamaría afirmó que los exvocales fueron recompensados por cómo sirvieron al Gobierno en las elecciones pasadas y que sorprende que estén en funciones de cuarto nivel. “Nadie dice que no trabajen, pero luego de esas funciones llegar como empleados de cuarto nivel, no parece muy halagador para ellos”, graficó el diputado.	La vocal Lucy Cruz, que es representante presidencial ante el TSE, es la que tiene el mayor patrimonio, pues cuando asumió su cargo declaró 530.000 y tres años más tarde llegó a 1.231.500, según su última declaración jurada que presentó ante la Contraloría el 30 de abril de este año.