“Toda actividad religiosa y espiritual de las bolivianas y bolivianos y sus organizaciones religiosas y espirituales se constituye en fuerza viva del proceso de cambio”, reza el texto introductorio del proyecto de ley de libertad religiosa. Este fragmento es citado por el pastor Luis Aruquipa, miembro del Consejo Nacional Cristiano (CNC), para afirmar que este proyecto quita la identidad de iglesia y los convierte en organizaciones afines al MAS.	“En base a ese texto tendríamos que defender como una organización viva el proceso de cambio. Nada raro que posteriormente los dirigentes que apoyan esta ley se sumen a la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam). Pero la Constitución separa la iglesia del Estado. Es decir, nosotros debemos ser apartidistas”, afirmó.	El pastor Fabricio Roca, integrante de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia (Andeb), cuestionó la representantividad de Aruquipa, al que apuntó de tener un interés partidario porque es aliado del candidato a la presidencia Víctor Hugo Cárdenas (UCS) y denunció que antes de oponerse al proyecto, firmó en favor del mismo como representante de iglesias mormonas. “Son políticos los que están detrás de esto”, ratificó.	La activista Pamela Flores, de Plataformas Unidas, manifestó que respaldan el rechazo de las iglesias a esta ley porque ven que apunta a controlar los diezmos, pese al compromiso del oficialismo de respetar su autorregulación. Indicó que tampoco se debe poner ‘en una misma bolsa’ a los evangélicos con los yatiris porque esas prácticas son cuestionadas en la biblia.	El titular de Diputados, Víctor Borda (MAS), tras su reunión con Andeb, garantizó que “en ninguna parte está la obligatoriedad del Estado de controlar recursos, aportes o diezmos de la iglesia”. Para el pastor Roca, la rendición de informes anuales no es nueva, pero una cosa es rendir un informe y otra es solicitar permisos, que dijo no ocurrirá. “Solo las iglesias piratas se pueden oponer a rendir cuentas”, añadió.