Por inasistencia a una audiencia, el gobernador Rubén Costas fue declarado rebelde por el juez Erwin Jiménez, motivo por el que la autoridad judicial emitió un mandamiento de apremio en contra de la primera autoridad política del departamento. Sucedió ayer, luego de una audiencia del juicio que le sigue la Contraloría General del Estado (CGE) desde 2012 cuando se acusó a Costas y a 10 de sus colaboradores —entre ellos los secretarios Roly Aguilera y Vladimir Peña—, por la aplicación del Estatuto Autonómico de Santa Cruz a través de una ley departamental de 2008, observada por el Gobierno, pues entonces no se reconoció la legalidad de dicho estatuto.	A las 10:15 de ayer, Jiménez suspendió la audiencia del juicio contra Costas por la acusación de resoluciones contrarias a la Constitución, dado que los acusados no asistieron. Entonces, el fiscal anticorrupción Osvaldo Tejerina y el director de la Procuraduría General del?Estado, Aimore Álvarez, solicitaron que se declare rebeldes a los ausentes; algo que se concedió.	“(El juez) ha dispuesto la pertinente declaratoria de rebeldía y ha emitido los mandamientos de aprehensión”, confirmó el fiscal Tejerina a EL?DEBER, luego de abandonar el Juzgado Cuarto de Instrucción en la Penal. “De manera coordinada, (Costas y los otros imputados) habían planeado no asistir a la presente audiencia sin haber justificado un impedimento legal”, afirmó el representante del Gobierno.	La respuesta fue rápida. Al mediodía, el secretario jurídico de la Gobernación, Luis Fernando Roca, presentó un instructivo escrito del juez, de fecha 14 de marzo, donde se dispone la suspensión de la audiencia señalada. “Es una maniobra jurídica y canalla porque el juez Erwin Jiménez ya había dispuesto la suspensión de esta audiencia con un memorial de excepciones de defensa (...); por tanto, hasta que ese juzgador no se pronuncie sobre esas excepciones, esta audiencia quedaba suspendida hasta nuevo aviso”.	En paralelo, el senador demócrata Óscar Ortiz anunció una denuncia penal contra Jiménez por los cargos de prevaricato y a resoluciones contrarias a la Constitución, pues se entiende que si el juez había suspendido la audiencia de ayer, esta nunca debió llevarse a cabo; y al haberse instalado, según Ortiz, se violaron los derechos y garantías constitucionales de los acusados. Toda la bancada de parlamentarios Demócratas apoya la medida en respaldo a Costas