Los asesinatos de la reclamante de tierras, María Del Pilar Hurtado el pasado 21 de junio frente a su hijo de 9 años en Tierra Alta, y de la abogada y defensora del medio ambiente, Yamile Guerra Suárez, el 20 de julio en el departamento de Santander, al noreste del país, son los más recientes casos de asesinatos de líderes sociales.	"En ese mismo periodo tenemos casi 982 amenazados. ¿Quién está matando a nuestros líderes sociales? Los matan los grupos al margen de la ley de todos los espectros. Grupos sucesores de los desmovilizados de las autodefensas, también ELN, EPL y disidencias de las FARC y grupos y bandas criminales como Los Puntilleros", declaró en conferencia de prensa, Carlos Negret, Defensor del Pueblo de Colombia.	Por su parte, Edgar Zuluaga, líder social campesino que busca que se garantice el acceso a la tierra a quienes más la necesitan, denuncia que ha recibido amenazas de muerte. "A usted le da miedo ya defender los derechos de su comunidad, le da miedo lo que pueda pasar con su vida", cuenta Fernando Ramos sobre dichas amenazas.	"Digamos no me da miedo, me da temor. Porque si a nosotros nos diera miedo no seguiríamos resistiendo, no seguiríamos luchando para que este país se mejore. EL miedo lo obliga a uno a echarse para atrás. Pero si nos da temor porque nuestros hijos, nuestras mujeres pueden correr peligro de aquí a mañana y nosotros lo que queremos es un país en paz", comentó Édgar Zuluaga, líder social Campesino.	La mayoría de estos asesinatos son selectivos y quienes se atreven a defender los derechos de las comunidades más vulnerables que están en zonas de explotación de minería ilegal, de siembra de cultivos ilícitos o de tierras en disputa entre los grupos armados ilegales, son amenazados o masacrados, según la Defensoría del Pueblo.