S.E. se ha burlado de la amnistía cuando hace poco la hizo aprobar, en un tris, en la Asamblea Legislativa, para Jorge Quiroga y Carlos Mesa, que no la necesitaban ni tenían por qué pedirla. Eso fue de trámite inmediato, cuando desde hace años que venimos reclamando una amnistía general en Bolivia y lo cierto es que no ha existido ni el menor eco de parte del régimen, salvo la pantomima referida, que no fue sino una mofa a las que está acostumbrado el jefe de Estado.	Sin embargo, no se puede aceptar que existan elecciones presidenciales en octubre y que un número indeterminado de ciudadanos, que supera el millar, esté en el exilio y un centenar en la cárcel. Los movimientistas, que no fueron blandos con la oposición, otorgaron amnistía general en épocas electorales. Y el régimen de facto del general Hugo Banzer lo hizo también con carácter irrestricto, así digan que todo se debió a que unas señoras se declararon en huelga de hambre. El hecho es que la amnistía se produjo tras más de seis años dictadura y que todos los opositores regresaron al país. Para quienes no recuerdan, este régimen lleva en el poder el doble de tiempo que el de Banzer.	Nos encontramos entonces con que el único gobierno que no ha otorgado amnistía, ni siquiera cuando se va a definir el destino de nuestra patria, es el del MAS. Justamente el partido que se ufana de defender los derechos humanos, de deplorar el pasado violento, tiene a la cabeza un jefe que es humanitario hacia el exterior, pero que internamente se vale de todo para asfixiar a sus enemigos.	No se trata, en modo alguno, de rogarle al Gobierno que perdone ninguna pena, porque eso es otra cosa, eso de perdonar a sentenciados se llama indulto y nadie lo pide. La amnistía es el olvido de delitos políticos. Llevar a cabo unas elecciones presidenciales cuando parte de los principales líderes de la oposición están en el exilio o perseguidos es algo deplorable. Eso de que existan exiliados o presos, no había sucedido en lo que iba del proceso democrático, hasta que S.E. llegó al poder.	Pese a que estamos a algo más de cuatro meses de las elecciones, existe el tiempo suficiente como para decretar una amnistía, que muestre, por lo menos en una pequeña medida, cierta imparcialidad. Esto cuando todos sabemos que el oficialismo está gastando cientos de millones del Tesoro en propaganda y que ha puesto al servicio de la candidatura ilegítima de S.E. toda la estructura estatal para tratar de asegurarle un triunfo en la primera vuelta. Lo anterior, sin mencionar a toda la judicatura nacional que cumple sus órdenes.	El art. 172, numeral 14 de la Constitución vigente dice que, entre las atribuciones del jefe de Estado está “decretar amnistía o indulto, con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional”. Ya sabemos que si S.E. presenta cualquier proyecto de ley ante la Asamblea, éste sale más que volando, porque se trata no de una consulta sino de una orden.	Así que con la facilidad con que hizo amnistiar a los ex presidentes Quiroga y Mesa que jamás la pidieron por absurda, S.E. debe decretar una amnistía política irrestricta, que es indispensable para dar una imagen democrática y hacer algo de justicia de cara a unos comicios que vienen amañados. Eso debe hacerse seriamente, como un beneficio que extingue la responsabilidad civil a los perseguidos políticos y permite su libre retorno al país.	Repetimos que en estos casos la amnistía no es personalizada sino plural. Se amnistía a un grupo político, a un conjunto de perseguidos, no a una persona en particular. Amnistía y no indulto es lo que se debe reclamar para todos los compatriotas hostilizados por el régimen. Y sus familias deberían movilizarse para que retorne la paz al país luego de más de una década de padecimiento.