Ante el caso de la notaria que empadronó a votantes pandinos en territorio beniano, las instancias regionales del Órgano Electoral salieron a ‘dar la cara’ y dar un informe de lo denunciado en redes sociales. Ayer por la tarde, el director nacional del director nacional del Servicio de Registro Cívico (Sereci), José Antonio Pardo, admitió que puede tratarse de un caso de traslado fraudulento de personas, y que quien debe investigar y determinarlo es el Ministerio Público.	“Queremos recalcar y afirmar a toda la población boliviana que el Sereci no va a permitir, no está permitiendo, la comisión de delitos de traslado fraudulento de personas. Nosotros estamos actuando inmediatamente, denunciando a la autoridad competente estos hechos y esperamos que la investigación nos permita identificar, si los hay, a los responsables, autores, partícipes o cómplices, de este evento aislado que sucedió en la ciudad de Riberalta el sábado pasado”, expresó Pardo, acompañado por el presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas.	Pardo hizo un recuento de los hechos, explicó que el sábado pasado se conoció el video “que denotaba la posible comisión de un delito electoral, que es el traslado fraudulento de personas”. Acotó que, tras la verificación ejecutada por personal de los Sereci de Beni y Pando, “evidentemente constataron” que una notaria operadora de Pando registraba en la localidad de Riberalta a ciudadanos para que voten en Pando.	Recalcó que la actuación de la notaria “es de carácter absolutamente personalísimo”, por lo que pidió que no se menoscabe el trabajo que realiza la totalidad de esta unidad en Pando. “No podemos controlarlos uno a uno, como si fueran personas que no tuvieran la capacidad de entender y razonar”, lamentó.	Pese a eso, la notaria no fue detenida. El director del Sereci de Beni, Adolfo Suárez, dijo a este medio que la abogada Nakashima debió ser conducida a una celda, porque se la halló en flagrancia. “Usted sabe que es un delito electoral el registro y el traslado fraudulento de los votantes. Cuando fuimos, la persona ya no estaba en el lugar”, dijo.	En ese punto el director Arab, quien había señalado que el delito solamente recaía en la funcionaria, posteriormente advirtió que “todos sabemos bien que la señorita no se ha movido sola”, por lo que se encuentran investigando a su entorno. “Ella no ha querido verter ningún tipo de información, ha declarado que se presentará en calidad de testigo ante la Fiscalía departamental. Necesita un abogado y nosotros no podemos privarle de ese derecho”, explicó.	En conferencia de prensa, se le preguntó a Costas sobre supuestos 400 registros que se encontraban en esa máquina, sobre este tema el vocal fue categórico al rechazarlo. “Es una especulación. No sabemos si es esa cantidad, se hará un peritaje en la computadora que ya está bajo custodia del Ministerio Público. Sabremos exactamente cuántos registros se hicieron en esa máquina”.	Recalcó que Nakashima “formaba parte de una brigada móvil. Y éstas son monitoreadas a través del sistema de supervisión” y recalcó que se hacen reportes diarios. “Si hay alguna situación o contingencia, equipos dañados o algún accidente, ya tuvimos uno con el deceso de dos personas y otro con daños materiales, se hace una supervisión y está garantizado todo el procedimiento”.	El senador opositor Yerko Núñez, denunció que tiene datos que apuntan a que los electores que se registran se les pagaba unos Bs 50 a cada persona que se inscribía y que después de las elecciones se les ofrecía cancelarles Bs 250. El Ministro de Comunicación, Manuel Canelas, lo instó a presentar y demostrar las denuncias que hizo públicas.