Van 12 días de paro mé- dico y la medida no logra los resultados que los galenos esperan. Casi dos semanas en que los enfermos están obligados a postergar sus requerimientos y soportar sus dolores porque los centros médicos y los hospitales públicos tienen sus consultas cerradas; solo hay atención en emergencias y allí no hay capacidad suficiente para dar abasto a tanta necesidad.	¿Cuántas cirugías se desprogramaron, estudios clínicos, tratamientos y otros servicios por el paro indefinido? Los incendios copan los titulares de los medios de comunicación, pero esta falta de exposición no esconde una realidad que es sufrida por quienes tienen menos recursos económicos, las personas que carecen de dinero para pagar una consulta privada y, peor, un tratamiento de mayor complejidad.	El sistema sanitario privado es costoso en Bolivia. En este problema no hay un solo responsable, sino dos: el Colegio Médico Nacional y el Ministerio de Salud. Los primeros por optar recurrentemente por la misma medida de presión y el Gobierno por no hacer los mayores esfuerzos para resolver el problema en un proceso natural de negociación en el que se busque ganar-ganar, lo que significa demandar y ceder.	A los médicos habría que decirles que la respuesta solidaria que la ciudadanía tuvo con ellos a fines de 2017 tenía otro contexto y razones que involucraban a más que ese sector. Una medida tan radical, en tiempos de necesidad y cuando el corazón de la población está en la solidaridad con las víctimas de los incendios, lejos de tener respaldo, tendrá el efecto contrario.	Los desacuerdos entre los médicos y el Gobierno tienen que ver con los siguientes puntos. Primero, los galenos demandan institucionalización de cargos para otorgar ítems de nueva creación; el Gobierno dice que no se puede echar de los hospitales a los funcionarios que recibirán esos ítems y que ahora son pagados por alcaldías y gobernaciones.	En tercer lugar, demandan que el nuevo Seguro Único de Salud (SUS) tenga sostenibilidad con medicamentos y equipos. Cuarto, exigen participar en la elaboración de la Ley del Cáncer, que ya fue sancionada en la Asamblea Legislativa. Quinto, demandan la abrogación de la Ley 1198 que dispone el uso de aportes a la Caja Nacional de Salud para la construcción de 67 centros de salud.	Sexto, piden que la salud sea un sector estratégico, de manera que cualquier nivel del Estado pueda contratarlos si se detecta la necesidad. Si el interés del Ministerio de Salud y del Colegio Médico es la población y sus requerimientos sanitarios, deben demostrarlo con hechos, especialmente en una etapa de crisis como la que vive el país.