Recriminó a los magistrados por la crisis judicial, esbozó la apertura de la Constitución Política del Estado (CPE) para reformarla y así ejecutar “una profunda revolución dentro de la justicia boliviana” a través de un referéndum. Todo eso hizo ayer el presidente Evo Morales durante el acto de inauguración del año fiscal 2015 organizado por la Fiscalía General y ante las miradas del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge von Borries, y del titular del Tribunal Constitucional, Efrén Choque.	“Yo me voy a quejar con el pueblo y el pueblo que defina mediante un referéndum una profunda revolución dentro de la justicia boliviana. Si hay que hacer una reforma a la Constitución, hay que hacerlo mediante un referéndum”, sostuvo Morales, allanando así la posibilidad advertida por analistas durante la campaña electoral 2014: cambiar la Carta Magna con algún motivo y habilitar la reelección indefinida para los gobernantes.	La propuesta concreta para el Órgano Judicial será anunciada el 22 de enero, cuando el jefe de Estado asuma su tercer mandato, según anticipó él mismo después de la alocución del fiscal Guerrero, a quien el presidente apuntó para encabezar la ‘revolución’ de la justicia que desea. El gobernante cuestionó los resultados logrados por los primeros magistrados electos en la historia del país, producto de cambios legales impulsados por su partido, el MAS.	El acto central del Ministerio Público estaba previsto para las 16:00 de ayer, pero por la llegada del presidente Morales, el fiscal Guerrero adelantó el evento para las 10:00. Cabe resaltar que el mandatario no asistió la semana pasada a un similar acto del Órgano Judicial, algo que diputados del MAS atribuyeron al malestar del Gobierno nacional con dichas autoridades.	El consejero de la magistratura Wilber Choque también dijo estar dispuesto a someterse a un referéndum para concretar los cambios que no lograron en estos tres años. Agregó que el Consejo de la Magistratura no logró la institucionalización de los jueces y vocales, lo cual deriva en un menor rendimiento del servicio de los juzgadores.