El presidente Evo Morales promulgó ayer la ley que valida la vigencia del Sistema Único de Salud (SUS), a implementarse a partir del 1 de marzo para beneficiar a unos 5 millones de bolivianos que no cuentan con seguro de salud. Con este paso, el Gobierno nacional avanza hacia la aplicación del nuevo sistema, pero sin el consenso del sector médico que alista medidas de presión desde el 6 de marzo y del rechazo de tres departamentos: Santa Cruz, La Paz y Tarija.	Morales, al referirse a los $us 200 millones que se destinarán para el SUS, comentó que el vicepresidente Álvaro García Linera se encargó de ver este tema. “El hermano vicepresidente informando me dice: ‘De este rubro, de otro rubro, ya estamos juntando, tenemos 150, 180’. Creo que una vez casi cerramos en 170 o 180, a ver de dónde más podemos conseguir plata, cortar, reestructurar el Estado. (...) Seguramente vamos a tener algunas dificultades”, expresó en el acto de promulgación.	En medio de una gran concurrencia, el mandatario afirmó que quienes rechazan el SUS son enemigos de la vida y de la salud. “Quienes rechazan esta ley son enemigos de la vida, quienes rechazan esta ley son enemigos de la salud, quienes rechazan esta ley son enemigos de la gente que no puede pagar siquiera consultas, ¿cómo podemos rechazar esta ley?”, manifestó.	Más adelante admitió que está convencido de que no será sencilla la implementación del SUS y por ello pidió mucha paciencia y tolerancia a la población y a los sectores sociales. Indicó que así como la ley de educación Avelino Siñani tomó al menos siete años para ver resultados, estimó que en cinco años se verán los del SUS. “De acá a poco tiempo va a ser muy importante (la ley del SUS), con paciencia y con mucha fortaleza, seguiremos aportando todos”, remarcó.	En ese sentido, anunciaron movilizaciones a partir del 6 de marzo, sin descartar paros. “Estamos de acuerdo con un seguro universal de salud para los bolivianos, pero cuestionamos que se aplique de una manera mentirosa y engañosa cuando en el sistema de salud no se cuenta con condiciones de infraestructura, equipamiento y recursos humanos”, dijo el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, y recordó que en varias oportunidades hicieron conocer la crítica situación del sistema de salud a las autoridades, pero pese a ello continuaron con su afán de implementar una medida “que no garantizará salud gratuita con buenas condiciones a la población”.	El principal escollo es el financiamiento, pues según cálculos del Colegio Médico se necesitan $us 400 por persona para el SUS y un total de $us 4.000 millones para su implementación en el país, considerando el gasto actual en salud y la atención de las 3,9 millones de personas sin seguro.	Según el viceministro, en el caso de La Paz las autoridades de la Gobernación no acudieron a las reuniones convocadas; sin embargo, el director de comunicación de la Gobernación paceña, Édgar Ramos, dijo que hasta ahora no llegó ninguna invitación formal desde el Gobierno. Según Ramos, la Gobernación adquirió un acelerador lineal con más de	Linares recurrió al informe de la Fundación Milenio y a datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para llegar a la conclusión de que a los $us 200 millones que se disponen para el primer año de implementación del SUS se le debe inyectar otros $us 200 millones si se quiere llegar con una cobertura óptima.	En su análisis, Linares hace notar que, de acuerdo, con el informe de la Fundación Milenio, el gasto del Estado en la gestión 2015 en salud -como porcentaje del PIB- fue del 4,7%, que está por debajo del porcentaje promedio para América Latina en ese año, que fue del 5,3% del PIB.	El analista agrega que “la OPS determina que para contar con una cobertura universal en salud, mínimamente el gasto en salud debe alcanzar al 6% del PIB, por lo cual, se requiere para la implementación del Sistema Único de Salud, un incremento en el gasto para este sector, que represente al menos el 1,3% del PIB; es decir, más del doble de los 200 millones de dólares con los que se plantea iniciar el SUS este año”. También ve improvisación en la implementación del sistema, pues, en su criterio, la ley (que amplía prestaciones de la ley 745) no otorga mayores fuentes de financiamiento para su sostenimiento y abandona a las alcaldías a su suerte, con el 15,5% de la coparticipación.