La Defensoría del Pueblo presentó denuncia formal contra la responsable del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del municipio paceño de Sapahaqui, de iniciales N.G.Z., quién de acuerdo a los indicios hallados por esta institución, habría incurrido en cinco delitos al no actuar según normativa, en el caso de una mujer con discapacidad auditiva que quedó embarazada tras ser víctima de una violación, y de su hija, una adolescente de 15 años, que habría sufrido abuso sexual por el mismo agresor de la madre.La denuncia fue presentada el pasado 24 de septiembre ante el Ministerio Público de Sapahaqui por la probable comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia, encubrimiento, omisión de denuncia y desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad y se solicitó el inicio de las investigaciones preliminares ante la afectación a la función pública y la vulneración de derechos de las víctimas.De acuerdo a la argumentación presentada, el 14 de agosto el padre de la víctima de violación presentó ante el SLIM una denuncia contra M.P.M.Q., por la agresión sexual de su hija, que presentaba siete semanas y un día de gestación, según informe médico. La responsable de la oficina municipal no consideró la situación y recién cinco días después presentó la denuncia del hecho de violación ante el Ministerio Público y no informó a la víctima sobre la interrupción legal del embarazo que procede en casos de violación como establece la Sentencia Constitucional 206/2014.La situación de la adolescente se conoció durante la intervención que desarrolló la Delegación Defensorial de La Paz en el marco del Plan 175 Al Encuentro con el Pueblo, quien en presencia de su abuelo indicó que el presunto agresor de su madre le había hecho toques impúdicos y que incluso, le habría ofrecido 200 bolivianos para mantener relaciones sexuales.Estos extremos, según se evidenció, no fueron considerados por la responsable del SLIM-DNA, quien no sólo no informó sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo, sino que tampoco proporcionó asistencia integral a las presuntas víctimas ni denunció el probable abuso sexual contra una adolescente, incurriendo desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, incumplimiento de deberes, incumplimiento de protección a víctima de violencia y en omisión de denuncia, respectivamente. A la fecha el presunto autor de la agresión sexual se encuentra en libertad y sin medidas cautelares.A esto se suma que en fecha 11 de septiembre la responsable del SLIM elaboró una nota dirigida a ella misma, en la que se lee “… pido que me colabore para conseguir la asistencia familiar para el menor que viene creciendo en vientre, señalo como progenitor y por tanto, obligado a reconocer al menor a M.P.M.Q.”, y lleva las huellas digitales de la mujer con discapacidad y de su padre, lo que se constituyen en actos irregulares que develan el probable encubrimiento de ambos hechos delictivos, situación que podría obstaculizar el avance de las investigaciones dentro del proceso penal abierto por este caso.Respaldada en esa nota, la funcionaria municipal no asumió las acciones correspondientes para que la víctima de violencia pueda someterse a la intervención legal del embarazo, por lo que la Defensoría del Pueblo recurrió a dos traductores de lenguaje y señas quienes coadyuvaron para informarle al respecto, logrando su consentimiento para interrumpir la gestación el pasado 20 de septiembre, después de más de un mes haberse presentado la denuncia ante el SLIM. /Urgentebo