El pueblo tiene derecho a conocer la intención y programas de los partidos y de los candidatos para decidir el futuro. El país se encuentra inmerso en la campaña electoral para elegir al Presidente, Vicepresidente, senadores y diputados en los comicios fijados para octubre próximo. Una de las exigencias tiene que ser la promesa de respetar la Constitución Política del Estado, el ordenamiento legal y cumplir el mandato del pueblo que surja de las urnas.	¿Podrá el oficialismo hacer una promesa de esta naturaleza?, y si la hace, ¿alguien la creerá? Desde la oposición ¿se comprometerán a un desafío de esta naturaleza? Estas interrogantes que en cualquier proceso electoral serían indispensables, y hasta sobrentendidas, en este momento en Bolivia se convierten en base para que los ciudadanos adopten una decisión y entreguen su voto sabiendo que es lo que se espera, y conscientes de que está en juego el proceso democrático. De las decisiones que adopte el pueblo dependen muchas cosas, entre ellas la vigencia de las libertades y derechos individuales y colectivos. La democracia es un concepto amplio que implica una forma de gobierno y de organización del Estado, en la que además, se respeten los mecanismos de participación ciudadana directa o indirecta. Acudir a las urnas es una herramienta valiosa de la democracia. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos inquebrantables establecidos en el contrato social, que es la Constitución Política y el ordenamiento jurídico. Pero, además, la democracia implica respeto, reglas claras y principios éticos.	El Organismo Electoral Plurinacional está preparando los comicios y ha generado justificada desconfianza, al haber presionado la salida de vocales independientes y marginado a técnicos de los sistemas digitales. El pueblo ha asistido a elecciones, referendos y consultas disciplinadamente y con su voto ha legitimado el proceso democrático. Pero el voto o las consultas no son sinónimo de democracia. Si los partidos y candidatos no gozan de igualdad de oportunidades y medios, el proceso es indigno. Valerse de los bienes y recursos del Estado para impulsar determinada campaña electoral es un delito y dejar pasar estos hechos implica complicidad.	Bolivia, probablemente se haya constituido en el país que en las últimas dos décadas ha tenido más en elecciones y referendos. Se elegido en las urnas hasta a jueces que han perdido la elección frente a los votos nulos y blancos. La frecuencia con la que los ciudadanos hemos acudido a las urnas, es señal efectiva del interés de la gente y de su vocación participativa que no se la debiera defraudar.	Todavía están pendientes varias deudas con la ciudadanía, entre ellas la profundización de la democracia, la seguridad jurídica, la credibilidad y transparencia en la gestión de gobierno, además del respeto institucional y la lucha contra el narcotráfico. De todas maneras, Bolivia ha logrado avances importantes gracias al instrumento de las urnas, que se ha constituido en el principal escenario donde se dirimen las pugnas por el poder. Las principales causas de la confrontación, los desacuerdos y los riesgos de enfrentamiento, han sido mitigados y en algunos casos conjurados, por la voluntad ciudadana emergente del voto.	Sin duda esta práctica democrática ha hecho posible solucionar gran parte de las controversias de mayor riesgo para la unidad del país, y traducen el sentimiento del pueblo boliviano que prefiere la consulta popular antes que la imposición por la fuerza. El pueblo boliviano quiere vivir en democracia. Este convencimiento obliga a que los líderes políticos y la ciudadanía en general, reflexionen sobre la importancia de las urnas, pero también sobre la necesidad de que este instrumento vaya acompañado de otros valores implícitos en el concepto de democracia. Se trata de principios que el pueblo debe defender y tienen que ver con el respeto a las libertades y derechos consagrados en la CPE.