El sostenimiento de un modelo económico, que no termina de mostrase exitoso, no debería ser motivo para seguir manteniendo empresas que absorben recursos del Estado y que arrojan déficit económico. Hay que evaluar si estas entidades dejan más beneficios o más perjuicios para Bolivia, especialmente en un tiempo en el que la desaceleración no se puede seguir ocultando.	Según cifras oficiales, el mejor año para las empresas del Estado fue 2014, cuando sus utilidades (mayoritariamente por la venta de gas de YPFB) eran de Bs 7.371 millones de bolivianos. En 2018, hubo un decrecimiento del 52,16% que significó utilidades por Bs 3.526 millones. Si se toma como referencia el déficit de estas entidades, subió 132 millones de bolivianos en 2014 a 6.044 millones en 2018.	Lo cierto es que hay 50 empresas públicas operando en Bolivia. Los datos oficiales señalan que la más rentable es YPFB, seguida por ENDE. Pero los resultados no son tan alentadores en la mayoría. No obstante, en la Memoria 2018 del Ministerio de Economía se indica textualmente que este modelo de empresas es vital para sostener el ‘modelo económico social comunitario y productivo’, que implantó el Estado con la nueva Constitución.	Sin embargo, que las empresas públicas absorban miles de millones de bolivianos cada año no es el único aspecto a considerar. Se deben sumar los casos en los que estas entidades buscan competir con algunas ya consolidadas del sector privado. Por ejemplo, en el caso del ingenio azucarero de San Buenaventura, que además solicitó un millonario crédito este año, y que aspira a los mismos mercados que Guabirá, Aguaí o San Aurelio, en una coyuntura en la que cayeron los precios y hay un almacenamiento inquietante de productos que, dicho sea de paso, tienen cupos para exportar.	Otro es el caso de Lacteosbol y otras empresas del Estado que tienen la asignación del subsidio de lactancia, que antes era provisto por empresas del sector privado, las cuales también generan empleo y forman parte de la cadena productiva nacional y que ahora se ven obligadas a despedir personal y adoptar otras medidas de ajuste.