El año 2014 en el que se promulgó la nueva Ley de Inversiones No. 516, el economista Armando Méndez afirmó que la reciente norma jurídica lejos de atraer inversiones extranjeras a Bolivia, se ciñe al viejo modelo de economía planificada, antes que a las leyes que rigen el libre mercado y la libre competencia en el contexto de la actual globalización económica.	En efecto, Méndez lamenta el caso en los siguientes términos: “nos guste o no, la Constitución Política del Estado en su artículo 311 determina que el Estado ejercerá la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación. Por tanto, la ley denominada de Promoción de Inversiones se inserta en esta fundamental determinación, razón por la que esta norma comienza reiterando que Bolivia se declara como una economía planificada por el Estado. El Estado orienta la inversión. Esto nos debería recordar el fracasado modelo de planificación, tanto en la ex-URSS como en Cuba”.	Es necesario que el gobierno de Bolivia garantice la seguridad jurídica, el respeto por la libertad de empresa, un nivel de compromiso real con las inversiones extranjeras y nacionales que son motores de la economía, y a la par, una materialización de un sistema impositivo en el que las empresas informales caminen en sintonía con aquellas formales y se logre así incrementar la renta interna de manera equilibrada en todo el país.