No se sabe si es castigo o temor. Lo cierto es que una ciudad como Roboré, con más de 10.000 habitantes (de acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2012) no debería tener la actual carencia de seguridad ciudadana. Un sheriff y un fiscal, solo dos veces por semana, son el resguardo de esa localidad. Los soldados de la Quinta División del Ejército hacen patrullaje los viernes y sábados para que los espacios públicos cumplan horarios prestablecidos. El antecedente de este estado de las cosas se remonta a noviembre del año pasado.	Los pobladores de ese municipio denunciaron que el INRA había dado luz verde para el asentamiento de un sindicato de colonos en un área protegida y estos, a su vez, habían talado un área del bosque seco chiquitano (único en el continente por las características que tiene). Ante los oídos sordos de las autoridades estatales, los habitantes de Roboré bloquearon la carretera y, frente a la intervención violenta de uniformados, algunos de los que protestaban quemaron el edificio de la Policía.	A los uniformados destinados a Roboré les dieron la orden de replegarse y nunca más volvieron a cumplir funciones en ese municipio. Nótese que el inicio y el final de la historia tienen al Estado nacional como responsable, lo que no exculpa a los vándalos que quemaron el edificio policial, los cuales no pueden quedar en la impunidad. Sin embargo, que seis meses después no hubieran retornado los efectivos policiales, parece ser un castigo a que los ciudadanos se hubieran rebelado a la disposición de entregar tierras en áreas protegidas.	Pasaron varios meses hasta que la seguridad ciudadana fue restablecida. Lo mismo ocurrió en la zona de San Germán, en San Julián y en más municipios del país. Son conductas incomprensibles de parte del Estado, ya que los ciudadanos de Roboré son tan importantes como los de cualquier urbe del país.	Merecen que su seguridad sea garantizada por el Estado y el Estado tiene la obligación de sentar presencia en todo el territorio nacional. Señalar que los delitos más frecuentes en ese municipio son violaciones sexuales y casos de violencia intrafamiliar deberían sería una excusa más que suficiente, si es que al Estado realmente le interesara acabar con ese flagelo que golpea a familias y a mujeres, en particular. La presencia institucional de la Policía es una asignatura pendiente para el Ministerio de Gobierno.