En Tarija, un policía filmó a un alto funcionario del Estado que estaba en un vehículo oficial, para documentar su estado de embriaguez. Pero lo de siempre, cuando se trata de un jerarca que milita en el partido oficial, se busca la manera de aminorar culpas o justificar sus despropósitos, además de procurar desviar la atención buscando quién puede servir como chivo expiatorio. Este es el caso del policía que ahora está siendo sometido a un proceso disciplinario.	Aunque ya no debería sorprender este modo de disculpar ofensas a la ley por una supuesta solidaridad partidaria –hay muchos otros casos– éste se basa en una falacia: “El representante de Derechos Humanos de Cochabamba, Edwin Claros, sostuvo que más parece una forma de tapar la irregularidad en la que incurrió el gobernador y amedrentar a quienes se atrevan a filmar a autoridades en hechos irregulares”.	Que la administración de justicia anda mal, no se cuestiona; pero la injusticia ya ha trascendido a instituciones públicas, en este caso a la que tiene la misión de cuidar la vida, la integridad, el honor y la propiedad de las personas; a la que no le está permitido acciones que dañen ciudadanos ni a uno de sus componentes, para justificar a un jerarca. Pero hay más: el escandaloso asunto de la embriaguez de un alto funcionario, generalmente es seguida por su destitución, o lo que moralmente corresponde: su renuncia.	En este afán, se intentó culpar a cualquiera. Y en la reciente reunión en Colombia de los países amazónicos, el presidente de Bolivia acusó al calentamiento global, al capitalismo y al consumismo, como los principales responsables de los incendios en la Chiquitania. Por supuesto que no dijo nada sobre el decreto de aprobación al avasallamiento de tierras. Así va eludiendo responsabilidades, buscando imaginarios culpables de un delito que provocó esta enorme tragedia.