El subcomité contra la tortura, tratos crueles y degradantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció la existencia de impunidad en casos de torturas cometidas en las cárceles de Bolivia por policías, personal penitenciario y delegados de los presos, reflejó ANF. Estos hechos incluso terminan en muertes, sin que se lleve una investigación por parte de las autoridades. Lo que dice la ONU. Según el informe del subcomité fechado en julio de 2018, pero que se dio a conocer en los primeros meses de este año, "las víctimas no denunciaban a los perpetradores (oficiales de policía, oficiales del sistema penitenciario y autoridades del autogobierno) por temor a ser maltratadas o torturadas nuevamente, por riesgo de represalias contra ellas o sus familiares, así como por la falta de mecanismos eficaces de denuncias y de queja, entre otros".En su informe, se da a conocer la preocupación de la ONU por tres muertes violentas en el penal de Chonchocoro, "que a la fecha no habrían sido investigadas, ni en sede penal ni administrativamente". Por ello insta al Estado parte a iniciar investigaciones de fondo "sobre alegaciones de tortura y malos tratos presuntamente cometidas por los agentes de policía y personal penitenciario, así como establecer la responsabilidad de los superiores jerárquicos que instiguen, alienten, consientan o toleren dichos actos".Por otro lado, de acuerdo a denuncias de los internos, que llegaron a ANF, la policía inflige graves palizas a los internos recién llegados y lo hacen con un palo con forma de bate de béisbol. Y a esto se suma las torturas de los delegados y el personal de seguridad interna, conformada por los presos, llamado "disciplina", que extorsionan a los familiares de los presos nuevos.Para el futuro. Finalmente el subcomité reiteró su recomendación anterior, que lo hizo hace unos siete años, sobre el Instituto de Investigaciones Forenses y la implementación del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) e insta al Estado parte a tomar medidas para que los informes forenses se ajusten al Protocolo y que permitan documentar posibles casos de tortura. Asimismo, recomendó que se proceda a una investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura o malos tratos.7 AñosSon desde el último informe que se realizó sobre las cárceles.