Estoy en condiciones de asegurar que el MAS va a aprobar una ley que cambie los plazos constitucionales y hará lo que tenga que hacer para posibilitar que Evo Morales se dé el gusto de modificar las fechas de la elección de octubre, bajo la excusa de que: “en Argentina se realizarán elecciones el mismo día”. Menos mal que Macri y sus opositores cumplen sus plazos en función de sus lógicas nacionales, si no, corremos el riesgo de que ellos decidan ‘adelantar’ una semana sus comicios, en consideración de las elecciones nacionales bolivianas y quedaríamos en las mismas (entiéndase el sarcasmo). El TSE envió el proyecto de ley el viernes.	En noviembre de 2018, muchos advertimos el peligro del discurso de Evo Morales cuando dijo: “Las leyes, las normas no pueden estar por encima del pueblo, las leyes hay que adecuar a las necesidades del pueblo boliviano”. Denunciamos la posibilidad de una acción abusiva e ilegal en cualquier momento, justo cuando a Evo Morales se le ocurra que “a nombre del pueblo” (entiéndase su partido o él mismo) las leyes deberán adecuarse en función de ‘su’ necesidad política.	Veamos, la votación en Argentina probablemente sea un 1% del padrón nacional, situación que no significa desprecio por los connacionales, pero se entiende que la ley se hace para el país y para los que en él vinimos y que los que están afuera deben someterse a ella; no es correcto destruir la credibilidad del sistema electoral en interés de unos pocos que, por las razones que fueren, solo comparten con nosotros fechas, bandera y un sentimiento que implica algo más que la nacionalidad.	Es así, aunque suene antipático. Los que vivimos en el país somos los que debemos someternos a la ley nacional, a la norma y a los plazos previamente establecidos porque así funciona la institucionalidad del Estado, un Estado que se asienta sobre bases y legislación generales y de cumplimiento obligatorio que hacen que el mismo sea viable y garantice seguridad jurídica. Lo que se está por hacer, actúa en detrimento de la fe del Estado y la poca credibilidad del sistema político electoral del sistema boliviano. No está lejano en nuestra memoria el daño que causó el Tribunal Constitucional cuando decidió meter su mano en el 21-F, para beneficiar a Morales.	Esta es una suma de hechos nada casuales. No creo que Morales decida el cambio de fecha por las razones fútiles (sin importancia) que argumenta, aseguro que lo hace porque puede, pero, sobre todo, creo que Morales está midiendo al país; está tentando su terreno de futuro, quiere asegurarse de que es posible dar pasos mucho más duros, mucho más ilegales, mucho más violentos.	El presidente sabe que el ciudadano promedio de este país cree en la democracia y escoge los caminos legales para resolver las cuestiones políticas, cosa en la que él y los que lo siguen, no creen; ellos tienen la lógica del Socialismo del Siglo XXI, que es la de que el poder no se suelta por las buenas y que, si es necesario quedarse por las malas, lo van a hacer y tras de ello van… de ser necesario. Van a cambiar la ley porque saben que el asunto es complicado y debe pensar que, si gana, corre el riesgo de que se esté ante una ‘elección anulable’, que es lo que se presentaría por la ilegalidad de violentar fechas y plazos. Tontos no son, abusivos y totalitarios, sí.