El tenor de la demanda por el control de tierra, planteada en el Cabildo del 4 de octubre, cambió. Ayer el presidente del Comité Cívico, Luis Fernando Camacho anticipó que el desalojo de los asentamientos ilegales en la Chiquitania será a través de diálogo, sin “bala ni machete”. En este contexto, informó que se detectaron 1.650 comunidades en toda la región y cuya legalidad será verificada por la comisión de tierras: conformada por la institucionalidad cruceña. El titular del ‘gobierno moral de los cruceños’, también planteó iniciar un proceso penal contra el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) por incumplimiento de deberes, por ignorar el llamado a conformar la Comisión Agraria Departamental (CAD) pese a recibir 115 notificaciones.	En una conferencia de prensa y sin el ambiente caliente del Cabildo - que incluso planteó la defensa de la tierra con sangre - Camacho fue cauto. Hizo notar que el desalojo se hará efectivo una vez que se recabe toda la información de los municipios, que comparten el vasto territorio chiquitano, y se verifique si las comunidades son legales o no.	Se llamó al director del INRA, Roberto Polo, para responder los cuestionamientos hechos por Camacho, pero no contestó su celular. Sí dio una respuesta Juan Carlos León, viceministro de Tierras y exdirector nacional de la institución. La autoridad minimizó lo expuesto por Camacho a quién desafió a que “de una vez haga la demanda”. Para él, la postura cívica obedece a un cálculo político y no técnico.