La Ley de Participación Popular (1994), una de las medidas estructurales de mayor impacto social en la historia de nuestro país, logró que los gobiernos municipales y las universidades públicas reciban recursos provenientes de la coparticipación tributaria (de Renta y Aduana) en 20 por ciento y 5 por ciento, respectivamente. El Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) se creó en 2002 a través de una ley que disponía del 15,5 por ciento de la coparticipación de los gobiernos municipales para atender gratuitamente a las madres y niños, hasta los cinco años de edad, y reducir la mortalidad materna e infantil. Posteriormente se creó el Seguro de Salud para el Adulto Mayor (Sspam), que atendía gratuitamente a los mayores de 60 años.	Actualmente está vigente el Seguro Integral de Salud a través de la Ley 1069, que reemplaza a la Ley 475, que a su vez sustituyó al SUMI y al Sspam agregando la atención a las personas con discapacidad. El mal cálculo que hizo el actual Gobierno ha ocasionado la quiebra de este seguro, porque sus recursos económicos ya no alcanzan y los municipios, encargados de pagar las prestaciones a los hospitales, no lo hacen desde hace varios meses. Esta deuda afecta a los hospitales, que se ven imposibilitados de cubrir sus gastos con las consecuencias que todos conocemos.	Es importante responder aquí a criterios equivocados de que “el municipio transfiere sus recursos a la Gobernación” o al tercer nivel de atención. Lo que hace es pagar las prestaciones del seguro integral a los hospitales con el dinero de todos los bolivianos transferido por coparticipación, mientras que la Gobernación no recibe un solo centavo para atender los hospitales de tercer nivel.	Si analizamos la situación actual del sistema público de salud que atiende a los asegurados por la Ley 1069 y, además, a la población que no cuenta con ningún seguro, sin recursos humanos ni equipamiento por la irresponsabilidad del Gobierno, al no haberse ocupado de la salud durante estos 13 años de gestión, no puede haber otro diagnóstico que no sea el de crisis estructural y de colapso total.	En lugar de ocuparse del sistema en crisis, por una decisión política electoral, el Gobierno lanza su propuesta de crear el Sistema Único de Salud (SUS) a como dé lugar, sin tener una ley de respaldo como los otros seguros y sin contar con el presupuesto que garantice su viabilidad, mintiéndole una vez más a la población con el apoyo de la millonaria campaña mediática que lanza en busca del voto en las próximas elecciones.	El tema del SUS ya no está en el ámbito del análisis técnico, porque nadie que entienda de salud pública y de economía de la salud puede aceptar esta descabellada propuesta. Esto ya es un tema político que tiene que ver con el futuro del país y la forma de esperarlo: con Estado de derecho o con dictadura; con salud y educación o con el saqueo de nuestros recursos; con la ética y la verdad o con el engaño y el fraude.