La medida fue tomada luego de que la Fiscalía concluyera que el uso del dinero administrado por el grupo de dirigentes no representa un delito de daño económico al Estado, porque son fondos privados. De esa forma, la denuncia por delitos de malversación de fondos y apropiación indebida de bienes, entre otros, fue rechazada.	El diputado cuestionó que los cinco fiscales encargados del caso no hayan tomado en cuenta todos los antecedentes sobre el caso. “Hay un convenio que ha suscrito de forma ilegal sobre el cual no se han pronunciado. Hay un informe de vías Bolivia que ha establecido que en 2016 no había convenio vigente y sin acuerdo igual se ha procedido a la retención de recursos”.