El débito automático es una acción administrativa mediante la cual el nivel central del Estado “le suprime recursos” a una entidad cuando esta incumple una ley, un decreto, un convenio intergubernativo o un compromiso, y estos recursos los deposita en las cuentas bancarias de la entidad beneficiaria, que previamente denunció el incumplimiento, impidiendo el abuso económico de parte de la entidad infractora.	En el caso de Tarija, la Asamblea Departamental emitió la Ley Departamental N°206 mediante la cual la Gobernación debe transferir el 8% de las regalías hidrocarburíferas a los municipios del departamento de Tarija; sin embargo, el gobernador Adrián Oliva desconoce esta norma y no la cumple, aduciendo o poniendo como pretexto que la Gobernación necesita esos recursos.	En el caso de los débitos automáticos, los municipios del departamento de Tarija, en aplicación de la ley departamental 206 y ante el incumplimiento de la Gobernación de otorgarles el 8% de las regalías, iniciaron el trámite establecido ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para que mediante esta entidad se depositen en sus cuentas los recursos establecidos en la ley.	Cuando se realiza el débito automático, Oliva pretende confundir a la población tarijeña indicando que el Gobierno central fue el que tomó la iniciativa de realizarlo, pero olvida decir que son los alcaldes quienes (cumpliendo los requisitos establecidos) exigieron al ente rector de las finanzas públicas el cumplimiento de las transferencias de los recursos de las cuentas de la gobernación a los municipios.	En palabras sencillas, los municipios afectados piden el cumplimiento de la Ley Departamental N° 206, aprobada en la Gestión de Adrián Oliva, quien pretende utilizar al Gobierno central como excusa para ocultar sus propios errores, mediando el pretexto que el departamento de Tarija se encuentra en una crisis económica sin precedentes.	El pueblo tarijeño está consciente de que la crisis chapaca, que ya se veía venir desde 2015, es producto de una mala administración. De otro modo no se puede entender cómo el gobernador Oliva, que es el que más recursos recibe, desconozca la norma. Solo para comparar, Tarija tiene un presupuesto cercano a Bs.1.700 millones, frente a los Bs 2.410 millones de Santa Cruz y de Bs 1.676 millones de La Paz; esto no es justo puesto que los gobernadores deben atender con esos recursos a más de 2 millones de habitantes cada uno, mientras que Oliva solo debe atender a 600.000 pobladores. Todavía decir que le faltan recursos no es nada justo.