El juez registrador de Derechos Reales, Alfredo Echeverría, fue enviado a la cárcel de Palmasola por el juez cautelar Martín Camacho luego de que una comisión de fiscales que llegó de La Paz, integrada por Luis Fernando Atanacio Fuentes, Eddy Junior Flores Quispe y Edwin Boris Enríquez Mercado, lo imputara por la supuesta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y manipulación informática.	El juez registrador de Derechos Reales fue presentado ante el juez y los fiscales fundamentaron que todo se inició tras una denuncia formal del actual viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Ernesto Jiménez. Citaron que durante la gestión 2018, se afectó al registro de propiedad de la Sociedad Comercial Capital Inmobiliario Ltda. (inscrita con la matrícula 7.01.1.99.0019097). pues se habría realizado la inscripción de dos gravámenes, y en el folio real estaría la cancelación de los gravámenes sin que fuera de conocimiento del afectado propietario, de iniciales D.M.C.	Para los fiscales, Alfredo Echeverría habría dispuesto la cancelación sin documento de desgravamen de respaldo, por lo que fundamentaron en audiencia que la primera cancelación es de una deuda por $us 80.000, mientras que la segunda es por deuda de $us 220.000 del 23 de febrero y del 17 de abril de 2018 respectivamente.	A través del abogado Joadel Bravo, Echeverría expuso que se le vulneraron sus derechos al detenerlo en su oficina sin existir flagrancia y por parte de fiscales que llegaron de La Paz “de forma arbitraria”. Mostró ante el juez que la misma causa por la que fue imputado, el 30 de enero de este año fue rechazada por la Fiscalía por no existir elementos de pruebas. La resolución es firmada por los fiscales José Centenaro y Víctor Hugo Justiniano. Para Joadel Bravo, hay un doble juzgamiento contra su cliente y expuso que el Consejo de la Judicatura, el 24 de octubre de 2018, rechazó la denuncia por no existir pruebas claras.