En los últimos años, el creciente parque vehicular en Bolivia ha dado lugar a diversas discusiones por los efectos negativos que se ven reflejados en la contaminación del aire y, relacionado con esto, el uso de combustible fósil como gas natural, gasolina y diésel, además de la disputa sobre el uso del espacio público y la congestión en calles y avenidas. Del otro lado está la idea de un servicio de transporte público eficiente, pensado en la gente, con uso de energías más limpias, que reducen el impacto en la salud y en el medioambiente.	Ha crecido exponencialmente. Santa Cruz es la ciudad que más ha crecido en cantidad y densidad, lo cual ha generado mayor necesidad de infraestructura vial proauto y la ciudad ha entrado en un círculo vicioso donde a mayor cantidad de autos, mayor cantidad de vías. Esta espiral trae como consecuencia directa y a corto plazo el colapso vial.	El transporte público en Bolivia ha sido históricamente administrado por gremios que solo buscan el beneficio personal y el crecimiento de su sector, quedando de lado aspectos relacionados con la mejora del servicio, es por eso que se pueden observar buses viejos y contaminantes, cada vez de menor tamaño y que crecen en volumen debido al modelo piramidal que deja beneficios para los dirigentes.	Solo se han visto pequeños sectores de transportistas que están apostando por modernizar su flota, más no sus sistemas de servicio, lo cual deja beneficios a medias y no garantiza sostenibilidad. El reto es cambiar el sistema. La modernización del sistema de transporte público va más allá de solo transportar gente, permite cumplir el derecho social de movilizarse con todos sus cobeneficios.