El Gobierno se estrella contra el sistema judicial por la temática del narcotráfico y solicita cambios normativos. El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, pide cárcel para los productores de hoja de coca que vuelvan a cultivar la planta en parcelas donde ya se erradicó el arbusto. La autoridad lamenta que los jueces liberen a narcotraficantes que fueron investigados y detenidos por la Policía Boliviana. Dice que son un 80% los liberados.	“Hay un vació legal, y soy sincero y digo que se necesita mejorar la Ley General de la Coca. Hay un vacío normativo, no es posible que nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Boliviana todos los años erradiquen, eso es plata de los bolivianos. Pero pasa un año o dos años y las mismas personas vuelven a plantar (coca); entonces, coca excedentaria no se justifica en nada, es coca ilegal, es materia prima para la elaboración de la pasta base de cocaína. Y digo que estas personas deben ser sancionadas penalmente, solo ahí parará y habrá solo coca tradicional”, remarca Cáceres.	El viceministro informa que en el Polígono 7, zona sur del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), se “arrasó” con la coca excedentaria. Añade que en esta zona existen beneficios con cato de coca para las familias y detalla que en el Tipnis se detectó de 15 a 18 hectáreas de nuevos cultivos.	Evo Morales había advertido en 2017 que los colonos estaban por profundizar su intención de cultivar hoja de coca más allá del denominado Polígono 7. “Los compañeros que están sobre la línea roja no pueden pasar eso, tienen la obligación de respetar. Cuando ya era presidente habían entrado, hemos sacado y, si quieren entrar, que denuncien y no lo vamos a permitir”, denunció el mandatario esa ápoca.	“Se han aprehendido 34.890 personas ¿todos creemos que estas 34.000 personas están en las cárceles? Falso. Aquí tenemos un problema serio con el Poder Judicial. Lastimosamente una mayoría, yo diría un 70% u 80% de estas personas, incluso (los capturados) con las manos en la masa que han sido detenidas, en par de meses estas personas son liberadas por estos malos jueces”, denuncia Cáceres.	En esa línea, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, lamenta que algunos jueces colaboren a personas vinculadas al narcotráfico y llama a al Órgano Judicial para que efectúe una “purga” en su interior. La autoridad menciona casos como el de Fabio Andrade Lima Lobo, hijo de una excandidata del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien fue favorecido en dos ocasiones -una en Beni y otra en Santa Cruz- por acusaciones de narcotráfico.	“Cuando una investigación produce pruebas, elementos y una autoridad judicial libera a esas personas, en vez de condenarlas, desautoriza todo el trabajo, frustra a las personas, de alguna manera impulsa la corrupción porque muchos dirán ‘de qué sirve el trabajo si después un juez, posiblemente transando económicamente, va a dejarlos libres’”, reprocha Romero.