Basta observar superficialmente las condiciones de estos automotores para darse cuenta de que, una gran parte, tiene los asientos rotos, las ventanas sin vidrios y puertas con problemas. Los trufis que recorren los anillos van por la misma ruta: los pasajeros están obligados a ocupar un medio asiento o subir a la parte trasera incómoda e insegura. Y peores deficiencias tienen los motores, dado que la mayor parte de las unidades tienen muchos años de antigüedad y no cumplen con las mínimas normas de seguridad vial.	Una auditoría técnica realizada por la Secretaría de Movilidad Urbana de la Alcaldía cruceña confirmó esta realidad. El 80 por ciento de casi 8.000 buses que circulan por la ciudad tienen entre 20 y 39 años de antigüedad. El estudio encontró que los micros circulan con las llantas desgastadas (sin trillas), con vidrios rotos, problemas en las luces y que están registrados en otros municipios. Ya ocurrió que dos buses se incendiaron en pleno recorrido y uno estuvo a punto de sufrir el mismo accidente, lo que puso en riesgo la vida de los pasajeros. Además, el relevamiento detectó que entre un 15 y 20 por ciento de unas 130 líneas de buses tributan en otros municipios y no contribuyen al erario cruceño.	El problema no es exclusivo de Santa Cruz. En La Paz, han ocurrido graves accidentes con micros y minibuses con frenos rotos que causaron incendios y graves daños a personas e inmuebles. En las mesas técnicas que se abrieron por la seguridad vial, los transportistas se comprometieron a retirar todos los vehículos de más de 15 años de antigüedad, pero los datos muestran que no cumplieron.	Son esas las condiciones que ofrecen los dueños del transporte público, quienes además son los que más se oponen a las políticas de transformación vial urbana y aun así protagonizan bloqueos y marchas que perjudican a todos los ciudadanos. Por si fuera poco, retiran sus vehículos ante el primer temporal, dejando que los usuarios queden librados a su suerte.	Urge un mejor y mayor ejercicio de autoridad. En realidad, es preciso que se empiece a exigir condiciones a los dueños del transporte público, so pena de retirarles la concesión, así como es imperioso que las autoridades de la urbe les quiten el poder que han tomado y que impide avanzar a Santa Cruz.