La Fiscalía de Sustancias Controladas de Santa Cruz emitió una resolución a la Dirección del Notariado Plurinacional (Dirnoplu), requiriendo eleve informes sobre el movimiento económico de transacciones, registros, certificados de contratos, ventas y reconocimientos de vehículos, inmuebles, propiedades y otros de 37 personas, entre las que figuran magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional, vocales, jueces, modelos, políticos, así como policías que forman parte de las investigaciones en el caso del extraditable Pedro Montenegro Paz.	En el requerimiento fiscal de la comisión integrada por Luis Enrique Rodríguez, Marcos Arce, Gerardo Balderas y Fernando Rioja, al que accedió EL DEBER, se pueden ver nombres completos y cédulas de identidad de las 37 personas de las que las notarías deben informar sobre sus movimientos económicos y transacciones que hicieron entre 2016 y 2019.	Al mismo tiempo se registra a una modelo, a quien se le incautó un vehículo; al exjuez Juan José Paniagua y otras personas. También figuran en el requerimiento el colombiano Enrique Villarreal Quintero, buscado y considerado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) como un capo del tráfico de drogas y el jefe de Montenegro, el mismo Pedro Montenegro, Gonzalo Medina, Fernando Moreira, el mayor de policía Kurt Germán Brun, el abogado Robin Justiniano, Mauricio Higa Rodríguez, la esposa de Montenegro y otros empresarios y civiles.	La mañana de ayer, el ministro de Gobierno, Carlos Romero; el fiscal general, Juan Lanchipa; el departamental, Mirael Salguero; y el director nacional de Dircabi, Marcelo Gutiérrez, de manera oficial entregaron la casa de la calle Barcelona N.º 7 del barrio Las Palmas donde vivió Pedro Montenegro, para que sea ocupada por la Fiscalía Especializada de Delitos de Narcotráfico, Legitimación de Ganancias Ilícitas y Pérdida de Dominio.	El fiscal general del Estado celebró la “coordinación permanente que tenemos con el Ministerio de Gobierno frente al crimen organizado”. El fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero, agregó que la posibilidad de utilizar esos predios y los vehículos ayudará a reducir los gastos de esa entidad, ya que no se tendrá que alquilar inmuebles para que funcionen las oficinas mencionadas.