Una mirada atenta vigila cada uno de los pasos de los foráneos. En el Chapare cochabambino existe ahora celo por todo lo que pasa. No quieren extraños en su territorio, mucho menos que resurjan rumores de negocios ilícitos. En pleno trópico saben que los ‘ambulantes’ son quienes mueven el negocio del narcotrá- fico. No lo niegan, pero advierten a sus sindicatos que los afiliados serán castigados si encubren a los narcos que están asentados en la zona.	Además, la dirigencia cocalera instalará un plan de investigación para detectar a comunarios vinculados a lo ilícito. El Gobierno conoce estas acciones. La lluvia que cae en la comunidad de Chipiriri, en el municipio de Villa Tunari, en el departamento de Cochabamba, alimenta los cocales de la zona. Zenobio Aguilar tiene su cato de coca, que abarca 1.600 metros cuadrados de extensión. Cultiva la hoja cada tres meses y admite que desconoce el destino de su producto.	Él deja su cosecha en el mercado de Shinahota y de ahí son los intermediarios quienes deciden el rumbo de la coca. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC, por sus siglas en inglés), 23.220 toneladas métricas corresponden a los cultivos del Chapare. De esa cifra, un 90% se va al mercado ilegal; es decir, no pasa por el mercado de Sacaba. La hoja de coca de Chapare atraviesa por tres etapas antes de su comercialización. En la primera, el productor entrega las hojas en el mercado legal o a los intermediarios. La segunda es la negociación de los enlaces o los detallistas para vender la hoja. Por último, el producto, en su mayoría, llega al mercado ilegal. En ese mercado ilegal actúan los denominados ‘ambulantes’, que son personas que se mueven de una comunidad a otra y son quienes mueven el negocio del narcotráfico en el Chapare.	El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, explica que en las comunidades conocen quienes visitan y radican en sus territorios, por lo que pide mayor control social a los afiliados para evitar que los narcotraficantes operen en el trópico de cochabambino. “Si en una comunidad viven como 100 personas, no se puede satanizar a todas, pero sí estoy seguro de que existen malos compañeros, malos afiliados por algún interés, porque el hecho de encubrir una operación de lucha contra el narcotráfico, ya es penado por ley, eso nos preocupa (…) Estas personas están en un punto, en otro, usan vehículos y casas abandonadas. Ellos son ambulantes, pero este tema debe ser investigado por la Fiscalía”, detalla Cáceres, el zar antidrogas que antes fue dirigente cocalero en el Chapare.	El debate del narcotráfico en Chapare surge tras los hechos en la comunidad San Rafael, donde una turba de comunarios emboscó a un grupo de policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), que tenía la misión de desbaratar una banda que operaba con una avioneta en el lugar. Varios policías resultaron heridos y diez pobladores detenidos tras un operativo en el lugar. De esa cifra, solo uno corresponde a la comunidad. Los otros son los de nominados ‘ambulantes’. Ahora se busca al piloto de la aeronave, que aterrizaba y despegaba en un camino vecinal.	El vicepresidente de las seis federaciones cocaleras del trópico cochabambino, Andrónico Rodríguez, admite que se descuidó el control social en los sindicatos de Chapare, por lo que existen personas que ingresan a esa zona para cometer ilícitos. El dirigente, que, en la estructura jerárquica cocalera viene después de Evo Morales, señala que se hará una investigación para identificar a los afiliados que están encubriendo las actividades del narco. “Estábamos perfil bajo.	En los últimos cinco años todo funcionaba de manera pasiva, desde la elaboración de la Ley de la Coca; ahora, después de este escándalo en San Rafael volveremos a convocar a los secretarios de control social desde el sindicato, de la central y la federación”, remarca Rodríguez. El dirigente añade que los controles sociales de las centrales cocaleras tienen la obligación de concertar las tareas de racionalización en los lugares donde se identificaba cocal excedentario. La presencia de dirigentes en estos operativos era para evitar posibles enfrentamientos entre los cocaleros y los policías. Además, estos controles tienen la obligación de anunciar si es que existen pozas de maceración o laboratorios de purificación en las comunidades.	En San Rafael se encontraron 15 pozas de maceración y un laboratorio. Las pozas estaban cerca al río y algunas estaban al lado de las casas de la comunidad. Cáceres sospecha de esos vecinos y los amenaza. Se les quitará su cato de coca en caso de que se compruebe que ayudaron a las actividades del narcotráfico. La autoridad señala que se pedirá a los controles sociales que hagan una inspección para verificar si existen ilícitos en los sindicatos. La carretera que une Santa Cruz con Cochabamba atraviesa por todo el Chapare. Por la vía se ve comercio de todo tipo, menos de coca.	El turismo es notorio, hay muchos hoteles y hostales. Los cocales están más adentro. Son arbustos de casi un metro, casi el doble del que se cultiva en los Yungas de La Paz. Sus hojas son más grandes y por eso se la comercializa por casi el doble que el de la hoja paceña. Muchos de los productores desconocen el destino de su coca. Ellos solo dejan en los pequeños mercados que se instalaron en el trópico. Son como 26. Uno de ellos está en Shinahota.	Está casi vacío y los taques (bultos) de coca están amontonados en un tinglado. Pocos afiliados llegan a dejar su producción. Ellos venden cada taque en Bs 1.500 en el mercado de ese municipio, y a veces dejan en manos de intermediarios la venta. Un enlace compra a un productor un taque entre Bs 1.000 y 1.200. De ahí lo comercializa en Santa Cruz, casi en Bs 1.500. Nadie detalla quién compra esa producción ni en qué es utilizada. Los vendedores de coca al detalle y los intermediarios están autorizados de comercializar entre ocho y diez taques de coca al año. Esta medida es a propósito de una resolución ministerial que beneficia a todo el que tiene su licencia de comercialización o su carpeta de productor de coca.	Un intermediario o un detallista puede ganar Bs 25.000 al año vendiendo coca legalmente. Sin embargo, se conoce que esta cifra se triplica si la producción va a lo ilícito. Leonardo Loza es dirigente cocalero de Chimoré, otro poblado de Chapare. Admite que existen “malos compañeros” que avalan el narcotráfico en sus comunidades, pero se une a la versión del viceministro Cáceres. Está seguro que existen “ambulantes” que operan en diferentes comunidades. La tarea es identificarlos y luego entregarlos a la justicia.	“Para eso se tiene que trabajar con los compañeros. Ellos saben quiénes llegan y quiénes no son del lugar. Por eso hay malos compañeros que ayudan al negocio ilegal. Se tiene que reforzar el control social o ver cómo pueden hacer mejor su trabajo”, detalla. Llegar a Isinuta, la puerta de ingreso al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), es fácil. Lo difícil es quedarse ahí. Los pobladores examinan a los visitantes con sus miradas. No hablan, pero esa mirada intimida. Más allá está el camino a lo ilícito. Se llega hasta la frontera con Beni y los cocales ilegales están más allá del camino.	Cáceres admite que en esa zona, que llega hasta Ichoa, existe la presencia de narcotraficantes. El conductor del vehículo advierte que es inseguro llegar más allá. “Hay pues pichicata (cocaína) y si te ven extraño no sé qué te pueden hacer”, advierte. La producción de cocaína en Chapare es un secreto a voces. No se sabe la cantidad, pero los comunarios lo aseguran y hay voces que coinciden que entre la inmensa vegetación tropical, donde las aves hacen su concierto día y noche, se esconden las mafias del narcotráfico. Instalan pozas de maceración o laboratorios y se afectan reservas naturales con plantaciones ilegales de coca.	El Gobierno quiere erradicar ese ilícito y trabaja con la dirigencia cocalera. La idea es identificar a los “ambulantes” para evitar que vayan de una zona a otra. Pero, además, se alistan duras sanciones para los afiliados que encubran al narco. Una primera medida fue sobrevolar la zona en helicóptero y verificar si existen plantaciones ilegales.	No todo es hoja de coca en Chapare. Los productores de cacao, banano, palmito y pescado piden al Gobierno ampliar los mercados de su producción a escala internacional y local. El director de la mancomunidad de municipios del trópico de Cochabamba, Víctor Cadima, destaca los esfuerzos gubernamentales para promocionar la producción alternativa en esta zona. Por ahora, las ferias son las estrategias más utilizadas para fomentar ese tipo de producción.	“Por ejemplo, en la producción de cacao la finalidad es el relevamiento y validación de información con el propósito de ajustar el documento del programa nacional del cacao. Acá el problema recurrente es la falta de asistencia técnica, la disponibilidad de plantines que no existe y la sanidad contra plagas, pero hay apoyo del Gobierno, a través del ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, para poder desarrollar mejores planes”, destaca Cadima.	En el ámbito de la piscicultura, en Chimoré se construye el mayor complejo piscícola del país. Se invierte Bs 196 millones y se producirá 3.000 toneladas anuales de carne de pescada. Una empresa brasileña es la encargada de levantar la construcción. “Hay muchas ferias del pescado que nos sirven mucho para comercializar nuestros productos. Se trabaja con el Gobierno para ampliar horizontes y eso es muy importante”, destaca Andrés Vallejos, dirgente piscicultor.