Que el presidente reconozca que el narcotráfico y el contrabando son generadores de violencia en el país es un hecho que no pasa desapercibido; al contrario, llama poderosamente la atención y genera mucha inquietud porque quienes operan este ilícito forman parte de una transnacional muy peligrosa. Evo Morales lo dijo en la novena Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana, el martes en Trinidad. No solo eso, remató que la problemática de Beni es precisamente el tráfico de estupefacientes.	El escándalo disparador de estas afirmaciones es el caso de narcovínculos en la Policía, los que no se reducen al exdirector de la Felcc y al oficial que trabajaba en la misma unidad, ya que de un tiempo a esta parte han sido varios los uniformados encontrados trasladando droga o haciendo ‘volteos’; en este momento, solo por el caso de nexos con el presunto traficante Pedro Montenegro, hay cuatro uniformados procesados y detenidos.	Ni qué decir de crímenes que nunca se esclarecen, muchos de los cuales se sospecha que son ajustes de cuentas entre mafiosos. En Oruro, hay unos 16 policías investigados por vínculos con el contrabando y otros 80 subordinados bajo la mira de la Fiscalía por la misma causa. Es más, hasta un viceministro se queja de que algunos miembros de la institución verde olivo favorecen a los que internan mercadería ilegal, en desmedro de las FFAA.	La cumbre realizada en Trinidad ha sido una de varias en los últimos años. Hay que reconocer que fruto de estos eventos se instalaron cámaras de vigilancia en las principales ciudades, se estableció la construcción de las Estaciones Policiales Integrales (EPI), se acordó el uso del 10% de los recursos de gobiernos subnacionales para luchar contra la inseguridad y se dotó de helicópteros de vigilancia a Santa Cruz. Lo que queda pendiente es tanto o más importante que lo mencionado y tiene que ver con la refundación de la Policía Nacional.	En este momento tenemos a una institución en la que el ciudadano no confía por las irregularidades que salen a la luz; lo peor es que los señalamientos ahora hablan de vínculos con el narcotráfico y con el contrabando, precisamente las dos actividades ilícitas que el presidente considera que son el origen de la inseguridad ciudadana.	Es tiempo de que se tome el toro por las astas, que el Gobierno demuestre que puede controlar lo que está ocurriendo en esta institución importante que debería velar por la tranquilidad de todos los bolivianos. Que no ocurra en este país lo que los mexicanos no pueden controlar: la colusión de uniformados con el tráfico de drogas. Aún estamos a tiempo, pero para hacerlo se necesita actuar con honestidad, castigar con severidad y ejercer tanto control que no quede ningún resquicio por el que el crimen organizado pueda colarse en la institución verde olivo.