Para ambas partes queda también la Justicia, que puede dirimir cuál de las dos ha actuado correctamente en esta crisis institucional, en la que Vizcarra tomó la irreversible decisión de disolver el Congreso al considerar que no se había dado prioridad a la cuestión de confianza sobre la elección del Tribunal Constitucional como les había pedido a los legisladores.	El hecho de que la oposición intentara cerrar las puertas del Congreso al primer ministro cuando acudió a presentar la cuestión de confianza, y que se produjera un presunto fraude en la votación del primero de los nueve candidatos a renovar el Constitucional, también le añade argumentos legales complejos para dilucidar este asunto.	Pero precisamente falta por ver, también en los tribunales, si es válida la elección del nuevo miembro de este órgano, Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, después de que un juzgado aceptara a trámite, pero aún no resolviera, un recurso para anular la sesión que terminó con su elección.