Édgar Patana, es arquitecto de profesión, y esos estudios le sirvieron para extender su poder en la cárcel de San Pedro, donde lleva recluido cuatro años y medio. Según varios reclusos consultados por EL DEBER en una visita realizada ayer, el exalcalde de El Alto fue quien midió, diseñó, proyectó y luego dirigió la construcción de un área que tiene al menos una decena de celdas que rinden mucho dinero.	Los internos explican que él es el ‘capo’, y lo acompañan también un secretario general y un vocal. Dentro del penal, quien logra esa designación es considerado tan poderoso como “el mismísimo rey del mundo”, ejemplificó una de las fuentes consultadas. Otro dijo que la cárcel es como la casa del jabonero, “el que no cae resbala, no solo los asesinos llegan aquí, a cualquiera le puede tocar”.	De entrada, el derecho de piso tiene un costo de al menos $us 1.000 para una persona acusada de un delito “digamos común”, relatan las fuentes. El trato para un violador es diferente, porque si uno de ellos llega a la población, “lo violan, así es su ‘bienvenida’”, relatan. Sin embargo, si es que tiene dinero, le dan la opción de quedarse en La Posta, pero el costo es más alto, al menos $us 2.000 y recalcan “al menos”. Quienes cobran estos montos son precisamente el delegado de cada sector y sus colaboradores.	El siguiente paso del recluso es definir dónde vivirá. Otra vez aparecen los delegados. “Ellos son los administradores de los espacios”, coinciden los reos consultados. También hay casos de personas que compraron sus celdas y, al hacerlo, adquieren un supuesto derecho propietario. Pero, la ley de la cárcel es implacable, y no respeta nada. Un reo relató el caso de un excompañero que adquirió dos celdas. “Lo trasladaron, con movidas, a un centro penitenciario del interior y chau, los delegados se quedaron con sus propiedades”, dijo.	El cálculo más discreto sobre cuanto demandaría comprar una celda es de $us 8.000. “Los que logran hacerlo tienen mucha suerte o mucha muñeca”. La otra opción es el alquiler, que mínimo tiene un costo de $us 200. La demanda es enorme. Consegui un espacio en La Posta es muy difícil.	Al año siguiente que Patana ingresó a la cárcel, según los relatos, inició el proyecto de ampliación. Una característica que tenía el “ala antigua” de las celdas en el sector es que las paredes son de venesta. El exalcalde proyectó, maquetó y guió la construcción de un nuevo piso, donde las celdas son de ladrillo y, en algunos casos, tienen hasta baño privado. “Se nota pues la diferencia”, comenta. Los delegados perciben también regalías por la alimentación. “Hay como tres pensiones en funcionamiento y todas ellas ganan muy bien”, dicen.	El 8 de mayo, el diputado Amilcar Barral denunció que Patana estaba negociando la venta de una celda para los exjefes policiales Gonzalo Medina y Fernando Moreira, quienes son acusados por indicios con el acusado por narcotráfico Pedro Montenegro. Esta semana, el legislador fue detenido acusado de extorsión y el denunciante fue precisamente Patana.	“Yo tenía gente que me mandaba información sobre la venta y construcción de celdas que hace el señor Patana como delegado de este sector, me mandaban mensajes, fotos por WhatsApp e incluso me llegó documentación de este caso que fue entregado a la Fiscalía”, declaró el legislador. El director de Régimen Penitenciario, Samuel Villegas, luego de que el ministro de Gobierno, Carlos Romero anunció que se realizará una intervención al penal, admitió que hay denuncias por cobros por la asignación de espacios, venta y alquiler de celdas y hasta por ingreso de visitas.	Villegas indicó que “hay muchas” situaciones irregulares. “Terminamos la fase investigativa para desbaratar algunos grupos de poder que se instalaron en el interior”, manifestó. Cuando se le preguntó sobre Patana, respondió que “no es él, únicamente, hay otros internos que están señalados y es a raíz de ellos que se indagó lo que sucede en San Pedro”.	El exalcalde Patana fue procesado y está detenido de forma preventiva desde diciembre de 2015 porque entregó de forma irregular 14 vehículos, donados por el Ministerio de la Presidencia, a distintos dirigentes vecinales alteños. El 8 de mayo de 2018 dejó el penal, luego de que el Tribunal Segundo de Sentencia de El Alto dispuso liberarlo con detención domiciliaria.