La migración interna que abandona el campo y hace crecer las ciudades es un proceso inmodificable, no depende de los discursos y tampoco se están aplicando políticas públicas para disminuirlo, ya que impedirlo, como demuestra la experiencia mundial, no es posible. Para enfrentar la tendencia debemos acepar que necesitamos políticas públicas, en el marco de una política de Estado y de la que necesitan participar los actores territoriales, públicos y privados.	El Gobierno central solo, por más esfuerzo que realice, no podrá lograr resultados. Con espíritu casuístico ha tratado de dar respuestas aisladas y coyunturales, sin analizar el volumen del fenómeno y dejando las causas sin modificarse. El volumen de la demanda de servicios básicos en el territorio requiere de recursos que el Estado no posee. Negar esta realidad hará imposible encontrarle la solución. Más allá de las formalidades, las declaraciones oficiales y las propuestas realizadas, estamos muy lejos de resolver el problema de la salud, por ejemplo; a pesar de la información, de los esfuerzos que se han realizado y los índices que se han superado, la salud pública boliviana no sale de terapia intensiva.	La dificultad mayor quizá se encuentra en el entrampamiento ideológico de una opción discursiva legítima, originaria indígena campesina, que al establecerla como antagónica de lo urbano, genera una ruptura de la visión integral del desarrollo que debe aceptar las dos dimensiones como un continuo. La población vive en un territorio, urbano y rural, y donde se encuentre, necesita ejercer y demandar a plenitud sus derechos. Se extrañan los servicios básicos en las zonas rurales, y los que existen en las áreas urbanas, tampoco son de calidad y dignidad para el universo de la población.	El mismo camino sigue el caso de los residuos sólidos urbanos y que se expresa como basura doméstica compuesta por materia orgánica, restos procedentes de la limpieza o preparación de los alimentos, junto a la comida que sobra más los restos de las podas. La gestión de residuos, proceso que engloba las actividades necesarias para hacerse cargo de un residuo, comienza con la recogida del mismo, su transporte hasta las instalaciones preparadas y su tratamiento intermedio o final. Ninguno de los 340 gobiernos locales bolivianos tiene resuelto el problema de los residuos sólidos. Como tampoco lo tienen en la aplicación del catastro, condición esencial para gestionar responsablemente un territorio. En ambos casos, si bien las competencias tienen un alto componente local, su trascendencia es nacional y corresponde a una exigencia de modernidad estatal de carácter urbano.	Y dejemos claro que el reto no es el crecimiento poblacional desproporcionado, que no existe. Crecimos un 2,74% entre 1992 y 2001, un 1,57% entre 2001 y 2012, y un 1,42% de crecimiento actual, según el INE; el reto es la migración interna indetenible por responder a una tendencia mundial y por ausencia de políticas públicas adecuadas; en 256 municipios con población menor de 20.000 habitantes, no existen hospitales de 2.º nivel ni oficinas públicas de servicios ni respaldo a la calidad de vida integral, ni desarrollo económico sostenible.