El 13 de agosto de 1825, la Asamblea Constituyente dictó una ley que expresa de manera muy nítida la mentalidad y el sistema político administrativo que nuestro país asumía al fundarse. El artículo segundo de la citada norma, luego de adoptar la forma de gobierno representativa, estableció que el gobierno sería concentrado, general y uno para toda la república. Su traducción es un centralismo secante y vertical.	El modelo vertical centralizado, fue en lo sucesivo el diseño administrativo idóneo para asegurar los intereses de las elites económicas, que solo atinaban a sacarle el mayor provecho a la extracción de materias primas. Se pueden contar por docenas los intentos de modificar esta estructura socio administrativa, uno de los primeros fue el encabezado por Andrés Ibañez, otros episodios como la guerra federal, el referéndum favorable de 1931, las constituciones de 1938, y un larga lista de eventos históricos, pero que no lograron destrabar esa forma de manejar el Estado, desde lejos y sin participación.	La recuperación de la democracia en los 80 del suglo XX, permitió restablecer el debate que progresivamente caldeó el ambiente anti centralista, pues, como lo relata Carlos Hugo Molina, hasta inicios de las década de los 90, el señor Estado central, se encargaba de reparar grifos, cambiar focos o comprar las tizas, jeringas y gasas o para todas las escuelas y hospitales del país.	Carlos Hugo Molina, principal referente de la municipalización del país, nos recordó en un conversatorio universitario, que la Uagrm fue el laboratorio donde se sentaron las bases e hicieron los primeros estudios del proceso transformador que con la Ley de Participación Popular (20 de abril de 1994) y los reglamentos referidos al manejo administrativo, terminarían derrotado por primera vez al centralismo, y obligando la transferencia de recursos, competencias, generando con esto un nuevo escenario social y político conformado por más de 300 nuevos municipios.	Existen datos muy ilustrativos de la magnitud de ese cambio, por citar algunos: el municipio de Villamontes, que en 1993 había recibido 9.000 dólares, en 1996 recibió 476 mil dólares; Roboré que en 1993 recibió 1.000, en 1996 recibió 369.000 dólares; muchos otros municipios que nunca recibieron recursos comenzaron a percibir ingresos propios, o de la coparticipación tributaria con lo cual comenzaron a ejecutar obras de agua potable, escuelas, postas, riegos, y otras, pero con influencia directa de la sociedad civil, que tuvo en los presupuestos operativos, la planificación participativa o el control social, herramientas directas de incidencia. Otro buen ejemplo es el de La Guardia, doy fe que hace 30 años, era un pequeño caserío con toldos azules sobre la carretera, su transformación es extraordinaria, con un alcalde elegido por más de siete gestiones se ha transformado en un municipio modelo, aplicando las herramientas del municipalismo.	Luego de la elección municipal 1996, en 176 municipios de 314, habían alcaldes y concejales indígenas o de sectores excluidos. Progresivamente se fue gestando el cambio y nueva estructura estatal, al reconocerse las organizaciones naturales, y establecer escenarios de participación de la sociedad, del cual surgirán con fuerza los liderazgos de indígenas, campesinos y mujeres que llegaron a los actuales espacios de poder.	La Ley de Participación Popular fue abrogada por la Ley Marco de Autonomías, pero antes de eso ya se había convertido en un proceso, que descentralizó el poder desde la plaza Murillo hacía más de 300 municipios, fortaleciendo nuestra democracia, promoviendo reivindicaciones, fundando Estado donde no existía, impulsando el ejercicio pleno de la ciudadanía que hoy gozamos. Con los cambios mundiales y nacionales luego de la Constituyente, el contexto ya muy distinto al de 1994, al ser nuestro país preponderamente urbano, se deben establecer nuevos desafíos, como enfrentar problemas irresueltos como el de la basura, el medio ambiente, el centralismo municipal, falta de planificación, modernización tecnológica, forjar municipios con enfoque productivo o turístico, legitimidad de concejales y representantes del control social que bien podrían ser elegidos por voto directo, para evitar la recurrente cooptación. Lo cierto es que 25 años después, el proceso y los desafíos siguen, la participación es el agua en que todos ahora navegamos.