El caso FIS-SCZ 1903104 ingresado al Sistema Integrado de Registro Judicial el 20 de febrero de 2019 y tipificado como incumplimiento de deberes y de materia penal, a la que tuvo acceso EL DEBER, detalla como denunciante a Cliver Rocha, actual director de la ABT en el que hace foco en ocho exfuncionarios que ocuparon distintos cargos.	Según el documento, Rocha detalló cómo los distintos actos irregulares en la Unidad Operativa de Bosques y Tierra de San Ignacio de Velasco (UOBT-SIV), que estaba a cargo de N.R.S.C, generó la aprobación indiscriminada de los Planes de Desmonte igual o menores a 20 hectáreas (PDM-20). Estas irregularidades según el informe contó con el apoyo de la exfuncionaria de la ABT y agente auxiliar M.L.P.M, que habría sido la encargada de falsificar los datos de los Certificados Forestales de Origen (CFO).	Rocha hace notar que para dar curso a los CFO, el profesional de apoyo técnico de la UBT-SIV, al momento de emitir el informe técnico legal, F.M.V, no hizo ninguna observación y que junto a la abogada de la ABT, G.A.M.R, otorgaron legalidad a dichas autorizaciones.	Según la declaración de Rocha esta situación irregular no fue atendidas por R.K.P, exdirector nacional de la ABT, que no habría tomado en cuenta la solicitud de retiro o de rotación de N.R.S.C., mientras que M.D.A.S, autoridad competente Sumariante Nacional de la ABT, no habría realizado los debidos procesos internos de los funcionarios observados, lo mismo que M.R.V, que fue jefe nacional de Fiscalización y Control en 2016, 2017 y 2018.	Por lo antes expuesto, desde la ABT solicitaron a Iván Ortiz, fiscal de la Unidad Anticorrupción, sancionar a los exfuncionarios por la supuesta comisión de los delitos de uso indebido de influencia, beneficio en razón al cargo, resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, falsedad material, falsedad ideológica y conducta antieconómica.