Ayer parecía que iba a ser un día normal para Gabriela Zapata Montaño, expareja de Evo Morales. Dejó a su niña en el colegio y luego hizo sus labores cotidianas. Se citó con un amigo y mientras paseaban por la zona de San Miguel, en La Paz, dos vehículos le cerraron el paso a su motorizado y la obligaron a bajar. Pidió ayuda, pensaba que era un secuestro. Pero no. Eran las 10:30 y a esa hora empezó su calvario.	Policías de Inteligencia la subieron a un carro y la llevaron a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la zona Sur paceña. Ahí permaneció 14 horas, hasta que a medianoche la imputaron por enriquecimiento ilícito y otros dos delitos. Ella se acogió a su derecho a guardar silencio.	La expareja de Evo estuvo tres horas en el vehículo que la llevó a instalaciones policiales. Luego, la llevaron a diferentes ambientes, donde se esperaba la llegada de un fiscal, que tardó ocho horas para llegar a tomar declaraciones a la empresaria. Ella se acogió al derecho del silencio porque, según su abogado, Walter Zuleta, “no había qué declarar”.	Su defensa explicó, cerca a la 1:00 de hoy, que la Fiscalía imputó a Zapata por enriquecimiento ilícito, enriquecimiento en detrimento del Estado y una causa que pertenecía a una de sus exfuncionarias. Zuleta acotó que el fiscal del caso, Edwin Blanco, presentó versiones de los periodistas Carlos Valverde y Amalia Pando como pruebas.