¿Hay algún criterio que se aplique en este propósito? Dice la Constitución de este Gobierno que las tierras fiscales deben ser entregadas a los “pueblos originarios”. Y punto. A partir de ese mandato un tanto ambiguo, las dotaciones de tierra que hace el MAS en Santa Cruz benefician a pueblos originarios… pero de otras regiones del país.	Una especie de “miti mae” al revés. Los pueblos originarios del lugar no son expulsados, como hacían los incas, sino invadidos, avasallados en sus propias tierras. Los roboreños protestaron, hasta ahora en vano, contra la invasión del Valle de Tucavaca por parte de “interculturales”, que hacen de adelantados de los cocaleros, como hacían los adelantados españoles para la llegada de los futuros dueños de las tierras conquistadas.	La política de tierras que usa el actual Gobierno con algunas regiones del país es demasiado parecida a la que aplicaba la corona española en sus colonias. Los masistas que han estado en la corte de Chapare gozan de privilegios. Vienen de la corte del rey cocalero. La ministra Nemesia Achacollo fungió de virreyna durante largos años, a cargo del sistema de asignación de tierras en Santa Cruz.	Llegó un momento en que esas asignaciones incluían tierras avasalladas por grupos de masistas, y desalojadas de manera parcial o total después de secretas negociaciones, con estilo de chantaje, en las que la señora hacía de rectora. Un tema del que nadie quiere hablar, por temor a represalias. No hay un censo sobre las tierras que fueron arrebatadas con este especial método. Los incas no llegaron a ese grado de sofisticación. No usaron métodos mafiosos.