El 20 de octubre próximo habrá elecciones generales. Según la convocatoria se elegirán presidente y vicepresidente de la nación y senadores y diputados. Se han presentado más de una media docena de candidaturas del más diverso matiz político y ya se ha iniciado la campaña preelectoral. Hasta aquí, todo parecería normal.	No faltan las encuestas que muestran distintos porcentajes en favor de los candidatos; y son causa de cuestionamientos entre los contendientes. Menudean, como sucede en toda pugna electoral, las críticas y las defensas, muchas veces con excesos que nada tienen que ver con la necesaria difusión de los planes y programas de gobierno. Pero de eso nada es alarmante ni poco esperado.	Lo que predomina ahora es la generalizada convicción de que en este proceso hay, de inicio, un vicio legal insalvable: una candidatura –la oficial– es contraria a la voluntad ciudadana. No a la reelección indefinida, fue la voluntad ciudadana expresada en el referendo convocado por el oficialismo el 21 de febrero de 2016. Pero no basta la denuncia de la ilegalidad, manifiesta, por cierto. Debería esperarse de los actores políticos una conducta consecuente: no cohonestar un proceso viciado y, por supuesto, dirigido por anticipado al triunfo del populismo.	Las opiniones, sin embargo, difieren. Algunos piensan que no aceptar elecciones en estas condiciones ilegales, sería dejar el campo libre para que el poder se perpetúe fácilmente. Pero no habrá menos decepción cuando, con todo el aparato oficial, las cifras de los votos sean volcadas ampliamente en favor del oficialismo. Es conocida la cínica afirmación de José Stalin: “No importa quién vota, sino quién cuenta los votos…”. Y vaya que eso si se ha repetido con inusitada frecuencia cuando las democracias están secuestradas. Habrá que recordar también los tiempos de la “democracia del cero votos” para la oposición y el 100 por ciento para el oficialismo.