El 1º de mayo de 1948, en su mensaje ante el Congreso, el presidente argentino Juan Domingo Perón rechazó los rumores acerca de que pretendía modificar la Constitución Nacional en la parte referida a la reelección. El artículo 77 especificaba que el mandato era de seis años para presidente y vice; solo podían ser reelegidos tras el intervalo de un período. Perón negó querer ser reelecto. Expresó que la reelección inmediata “sería un enorme peligro para el futuro político de la República”. Sin embargo, cuatro meses después se inició la reforma, que concluyó en la Constitución de 1949 y se cambió el artículo 77, que pasó a ser 78, el que simplemente expresaba: “el presidente y el vicepresidente duran en sus cargos seis años y pueden ser reelegidos”. En 1951 Perón se convirtió en el primer mandatario argentino reelecto; ciertamente su meta era seguir así indefinidamente pero el alzamiento militar de 1955 truncó sus planes. El resto de la historia es conocida. Años después Perón retornó de su exilio y fue presidente nuevamente, esa vez mediante voto popular indiscutido. Falleció en pleno ejercicio de su mandato en julio de 1974.	Poco pueden sorprender ahora los malabares de Daniel Ortega y Evo Morales con este antecedente. Es un hecho que, desde hace mucho tiempo, el caudillaje latinoamericano ha pretendido estar por encima de la ley o modificarla a su antojo con el fin de perpetuarse. Casi siempre la cosa ha terminado mal, pero la historia no desalienta a los caudillos de turno. Ellos siguen insistiendo en permanecer al mando, inclusive burlando la voluntad popular. Tal cosa sucedió en Bolivia, donde luego del rechazo mayoritario del 21 de febrero de 2016, un tribunal complaciente sacó de la galera la idea del “derecho humano” a ser reelegido. Y lo hizo ante el silencio cómplice de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la propia Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo actual Secretario Luis Almagro ha dado muestras de vergonzosa duplicidad.