Según la secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación, Paola Parada, el artículo 54 de la ley 530 de Patrimonio Cultural, establece que las gobernaciones pueden paralizar obras. Ya lo hicieron con una carretera, cuya construcción, el año pasado, dañó el patrimonio y además no habían contratado a un arqueólogo, como estipulan las normas.	Si se detecta que en el sitio de la obra hay material arqueológico, la empresa debe realizar los procedimientos para recolectar y registrar los hallazgos. Si se ocasiona un daño, es posible realizar una mitigación o compensación a los vecinos o comunarios, que consiste en la realización de un museo, construir infraestructura o un centro de interpretación.