Una de las características actuales de la comunidad internacional, es que la concepción de la soberanía absoluta de los Estados ya no rige las relaciones internacionales. En la actualidad, por la fuerza de los hechos –la globalización ha contribuido a ello-, se reconoce lo evidente: la interdependencia de las naciones. El ex primer ministro británico, Tony Blair, afirma que “la interdependencia –una crisis en un lugar cualquiera se convierta en una crisis en todas partes– deja en ridículo las opiniones tradicionales sobre el interés nacional.” (El País, Madrid 29.05.2006).	Es más, una publicación de la ONU informa que “hay diez principales tratados internacionales sobre derechos humanos. Cada uno de estos tratados ha establecido un comité de expertos encargados de supervisar la aplicación de un tratado por los Estados parte”. Esta acción, ineludible por cierto, es una muestra de que se debe sancionar a los que violan los derechos humanos. Pero nada es perfecto. Subsisten Estados infractores que se han camuflado en los organismos. Este es el caso de los Estados sometidos por el populismo depredador y por la deriva de la Cuba de los Castro.	Lamentablemente, el rasero para incorporar a un Gobierno como árbitro en casos de violación de los derechos humanos no es uniforme. Como ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos, integrada por 47 Estados miembros de la ONU electos, entre 2006 y 2019, estuvo el régimen de la Cuba de los Castro en cuatro períodos bianuales, Venezuela en dos, la última vez en la gestión 2015-2018 y, cuando no, Nicaragua. A estos hay que agregar a Arabia Saudita, Irak y otros.	Esto demuestra que el sistema de control internacional respecto de los derechos humanos es imperfecto. Se imponen los intereses políticos y las alianzas que benefician a los gobiernos que niegan las libertades democráticas. Peor aún, estos infractores, son defendidos por otros países, generalmente con la misma tendencia dictatorial. Justificar el desenfreno represor de las tiranías, equivale a lo que se conoce como apología del delito y, en estos casos, de lesa humanidad.