Hasta que salgan los resultados de las auditorías a los 42 contratos ganados por un grupo empresarial que comparte accionistas en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), la denuncia contra cuatro funcionarios presentada por el Ministerio de Gobierno, y que fue aceptada el lunes por la Fiscalía, sigue los pasos de la denuncia que recibió por carta el ministro de Gobierno, Carlos Romero.	A principios de diciembre del año pasado, un ciudadano, que firmaba como gerente de una empresa de mantenimiento aeronáutico y que se refería al ministro como ‘compañero’, denunció una serie de irregularidades en la Uelicn, entre la que se encontraba una serie de pagos a cuatro funcionarios y familiares. Esa es la base de la demanda por “cohecho activo” que ha presentado el abogado del Ministerio de Gobierno y el caso que más llama la atención es el de una funcionaria que figuró como responsable de elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia, cuyo hijo recibió una transferencia de Bs 120.000 de parte del representante legal de la empresa Horizontal de Aviación.	En el documento base de contratación de 2013, el primero que gana Horizontal de Aviación, se establece que “el proveedor deberá proporcionar y mantener un sistema de control de los bienes y logística (Software) para apoyar misiones de la FTA Diablos Rojos; debiendo migrar los datos históricos de cada aeronave a dicho sistema de control de componentes mayores y menores”. El supuesto pago denunciado a Romero en la carta y que coincide con el monto de los expedientes está registrado en 2016.	Para la diputada Rose Marie Sandoval, que realizó cinco pedidos de informe sobre las licitaciones en esta unidad antes de que Romero decidiera la intervención, aún no está claro si la empresa instaló un nuevo sistema informático o si se sigue utilizando el que instaló la ayuda estadounidense antes de dejar el país en 2013.	Los otros funcionarios que supuestamente recibieron cheques de la cuenta del representante legal de la empresa que más contratos de mantenimiento ganó de la Uelicn se descargaron de los pagos al decir que era para la protocolización de los contratos (un trámite que se hace ante notarios y no ante la Uelicn) y para la compra de insumos. En este punto, el documento base de contratación también establece que “la empresa adjudicada deberá adquirir, transportar y almacenar las partes o repuestos, y consumibles (pinturas, aceites, anticorrosivos, pegantes, alambres, etc.) de los proveedores nacionales e internacionales a valores de mercado”. A renglón seguido establecía que “los costos de estos serán cubiertos por la Unidad Ejecutora de Lucha Contra el Narcotráfico para los mantenimientos no programados y mantenimiento programado mayor”, es decir, que la Uelicn era la que debía pagar a la empresa adjudicataria por estas compras y no al revés.	Eso, la compra de derivados del petróleo y de repuestos es otro de los puntos de la denuncia de la carta. Según lo anotado allí, la importación de los repuestos para helicópteros y avionetas de Diablos Rojos y aviones Hércules C-130 de Diablos Negros se las realizaba a través de la compra a una de las cinco empresas del holding (generalmente a Centerline Services) y eran importadas a través de los usuarios de Aduana primero de las Fuerzas Armadas y luego del Ministerio de Gobierno. Por ello, Sandoval ha pedido un informe sobre la importación de estas piezas a la Aduana y aún espera por los datos.	Ayer, un abogado del Ministerio de Gobierno confirmó que de momento son solo cuatro personas las denunciadas por estos hechos, pero prefirió no dar más detalles porque no estaba autorizado. El lunes, se produjo el relevo de Vivian Kharen Flores como cabeza de esta unidad desconcentrada del Ministerio de Gobierno. Según declaró en conferencia de prensa el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, Flores fue apartada del cargo porque también es parte del proceso de investigación jurídica y administrativa.