El gabinete sustituye el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas por la institución pública descentralizada Fondo de Desarrollo Indígena, donde elimina la participación de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), a la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc) y a la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (Cpem-B) del Consejo Consultivo que constituye el Decreto Supremo 2493. Los guaraníes están en apronte.	El naciente Fondo, cuya fuente de financiamiento son los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y donaciones, va a gestionar, financiar, ejecutar de manera directa y fiscalizar programas y proyectos para el desarrollo productivo originados desde los municipios y autonomías indígenas y de otros que sean de prioridad sectorial y estrategia nacional.