Mientras los bosques siguen ardiendo, crece la inquietud acerca de lo que pasará en la etapa posincendios. La incertidumbre asoma tras la desolación que dejan las llamas. Una de las mayores preocupaciones tiene que ver con lo que pasará con las áreas que quedaron en cenizas, si habrá un real esfuerzo por reparar el daño o si se “aprovechará” la coyuntura para hacer una repartija de parcelas, sepultando para siempre la esperanza de contar con pulmones verdes para Bolivia y para la humanidad.	Tras observar la falta de coordinación entre los diferentes niveles del Estado (Gobierno central, Gobernación y municipios) queda la percepción de que la falta de institucionalidad es la principal enemiga de los ecosistemas lastimados; que el afán de producir y ganar a corto plazo, sumado a la angurria de poder, constituyen un peligroso cóctel que perjudica a todos, aunque algunos pretendan sacar tajada de esa falsa idea de ganancia.	hos. La Comisión Agraria Departamental (CAD) es un ente regulador de los asuntos que tienen que ver con la tenencia y manejo de la tierra; debería aglutinar a todos los niveles de gobierno y a todos los actores que tienen que ver con esta materia; sin embargo, sus integrantes no logran reunirse hace años y todo por problemas políticos. El presidente ha optado por tener relación directa con grandes empresarios, pequeños y medianos productores, así como con las comunidades campesinas, pero no trabaja con el nivel departamental porque está gobernada por la oposición política. Quizás si la CAD se hubiera reunido, se habría podido prever lo que se venía, pero no.	Ahora que hay casi dos millones de hectáreas quemadas, existe el temor de que sean ocupadas y que se comience a producir en ellas, dejando en el olvido que fueron bosques, que tenían un ecosistema que permitía mantener cierto equilibrio medioambiental. Y en este peligro hay que señalar a todos: los grandes agroindustriales, las comunidades que son trasladadas por el Gobierno desde el occidente, etc. Por supuesto que ese sería un crimen contra el presente y futuro del país.	Hay miedo y también escepticismo respecto a lo que puedan decidir las autoridades del Estado. Si bien se aprobó una ley departamental de pausa ambiental, es real que esta no podrá cumplirse sin coordinación y sin la participación efectiva de instituciones que dependen del nivel central: el INRA y la ABT.	El fuego fue iniciado por los chaqueos, sumado a factores climáticos. No se puede hablar de una sola responsabilidad, sino de muchas: de los productores grandes, pequeños y medianos; de los colonos que llegaron sin saber cómo producir la tierra; de las autoridades que reaccionaron de manera tardía; así como de la vulneración del Plan de Uso de Suelo y de tantas otras irregularidades.	El clamor ciudadano obligó al Gobierno a gestionar ayuda internacional. Que ese mismo grito sea el que impida que las acciones posincendio sean irresponsables y cortoplacistas. El tema ya debería estar en la agenda de los aspirantes a presidente, gobernadores y alcaldes. Lo que se haga y decida en este momento lleva la carga de responsabilidad de la calidad de vida de generaciones. Es tiempo de anteponer la responsabilidad al interés sectorial. Que Dios permita que el poder aprenda la lección después de tanto dolor colectivo.