En la primera de las dos leyes promulgadas, el papa levanta el secreto pontificio en el caso de los procesos y las decisiones relativas a los delitos «de violencia y de actos sexuales cometidos bajo amenaza o abuso de autoridad, casos de abuso de menores y de personas vulnerables, casos de pornografía infantil, casos de no denuncia y encubrimiento de los abusadores por parte de los obispos y superiores generales de los institutos religiosos».	Esto significa, explica el director editorial de la comunicación vaticana, Andrea Tornielli, que «las denuncias, testimonios y documentos procesales relativos a los casos de abusos conservados en los archivos de los Dicasterios Vaticanos, así como aquellos que se encuentran en los archivos de las diócesis, y que hasta ahora estaban sujetos al secreto pontificio, podrán ser entregados a los magistrados instructores de los respectivos países que los soliciten».	«Recuerdo que, en la discusión, en la conferencia del pasado mes de febrero, se habló repetidamente del secreto pontificio casi como de un impedimento a la debida información dada a la víctima y a las comunidades. En mi opinión, esta decisión es histórica en el contexto de la institucionalidad jurídica del secreto pontificio y llega en el momento justo», señaló uno de los máximos expertos en la lucha contra la pederastia, el arzobispo maltés Charles Scicluna.	Para Scicluna, también secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y uno de los artífices de la cumbre de febrero, antes «la víctima no tenía la oportunidad de conocer la sentencia que siguió a su denuncia, porque existía el secreto pontificio. También otras comunicaciones eran obstaculizadas, porque el secreto pontificio es un secreto del más alto nivel en el sistema de confidencialidad del Derecho Canónico».	Algunas de las víctimas de los curas pederastas y ahora activistas aplaudieron la decisión, como el chileno Juan Carlos Cruz, quien afirmó en Twitter que la eliminación del «secreto pontificio en casos de abuso» es una «buena noticia para los sobrevivientes», ya que ahora «los abogados tendrán acceso a información que los obispos criminales querían esconder».	La irlandesa Marie Collins, víctima cuando era niña de abusos por parte de un cura y que formó parte de la Pontifica Comisión para la protección de menores creada por el papa Francisco y que la abandonó en protesta, al considerar que se estaban frenando sus actividades, aseguró en Twitter que «finalmente» se ha producido «un cambio real y positivo».	El catalán Miguel Hurtado, quien denunció por abusos a un monje de la abadía de Montserrat, aseguró en un vídeo enviado a los medios que la decisión de Francisco es «una buena noticia» porque se trata de «la reivindicación histórica de los colectivos de víctimas», y así «nunca más los casos de pederastia se van a tratar de forma secreta. Los obispos tienen que colaborar con la Justicia y tienen que entregar los documentos internos cuando se les pidan».