Ni reforma ni control externo. Ni purgas esporádicas ni cambios de pantalla. Nada podrá cambiar la putrefacta realidad de la Policía boliviana, que no es otra cosa que el reflejo de las clases política y social que hoy la critican. Nada que no pase obligadamente por el que debe ser el primer paso de una larga caminata hacia la democratización de la seguridad pública, una tarea pendiente desde hace décadas, como bien lo sabe el ahora ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.	Él era entonces responsable del Observatorio de Democracia y Seguridad, y logró una importante repercusión en los medios con el libro, que fue destacado también por la entonces defensora del Pueblo, Ana María Romero. Yo misma entrevisté un par de veces a Quintana sobre el tema, y recuerdo el impacto dejado por la investigación.	Uno de los más importantes, por el respaldo de datos históricos y científicos, fue la clara y dañina “manipulación e intervención política y clientelar a los que están sometidos” los organismos de seguridad, identificada como una de “las manifestaciones externas” de lo que Quintana llamó entonces “pacto pragmático de reciprocidad”, entre las cúpulas que se alternaban en los mandos de poder político y policial.	Lo hizo respaldado en hallazgos al repasar la historia de la Policía, marcada “por su subordinación permanente al poder político de turno”, a cambio de usufructuar de beneficios (o más bien, ganancias mal habidas) generados por “un poder paralelo e informal, promovido y tolerado por el sistema político”. Todo esto, con impacto nefasto en la sociedad. Esto solo a modo de un apretadísimo resumen de una investigación a fondo que Quintana parece haber olvidado.	¿Solo una percepción, después de semejante investigación, que no fue lo único hecho por él en el Observatorio? Es verdad que pasan más de 15 años, pero es difícil creer en el olvido de trabajos hechos sobre un tema del que nunca se desvinculó. Tal vez recordar la investigación y sus resultados resulte hoy algo incómodo a quien ya no es más investigador social, sino parte de ese juego político que apuesta hace décadas al “pacto pragmático de reciprocidad”.	Y más aun: para ver si ocurre el milagro de la repentina recuperación del sentido común, o al menos de la vergüenza, entre los que hoy tienen el poder para iniciar una verdadera democratización, ya no solo de las fuerzas de seguridad, sino de todas las que son parte de la sociedad.	Un Estado de derecho cuyo restablecimiento depende mucho de un buen gobierno de la seguridad democrática, como bien apuntaba la investigación de Quintana. Una seguridad democrática que implica “la restitución del imperio de la ley en relación al uso de la fuerza pública, la construcción de un nuevo marco conceptual y la renovación de patrones de gestión (…) y transparencia de las instituciones que forman parte del sistema”. Pero bueno, soñar no cuesta nada. Y hay que seguir creyendo que ese ideal es posible.