El país observa una ola de operativos y ruedas de prensa que denuncian la venta de productos farmacéuticos adulterados. Desde el último día de marzo hubo allanamientos, detenidos y sendos informes en los que las autoridades policiales y sanitarias expresan su indignación por la irresponsabilidad con la que se expendían estas sustancias. No está mal, pero no es suficiente. El expendio irregular de medicamentos no es de este año, ni del anterior, viene de hace décadas y, en todo ese tiempo, los llamados a ejercer control miraron a un costado y no se ocuparon de hacer respetar las normas ni de precautelar la salud de la población.	El 29 de marzo hubo un operativo en la localidad de Desaguadero (frontera con Perú) en el que encontraron dos fábricas artesanales en las que se adulteraban medicamentos, desde calmantes hasta antibióticos, pasando por píldoras para abortar y hasta somníferos. La banda criminal introducía contrabando de productos originales, para después utilizar a químicos que copiaban las fórmulas y además las adulteraban con sustancias como harina o bicarbonato. El resultado era distribuido por todo el país.	Lo que sí se sabe es que no hay un control permanente al expendio de medicamentos en el país. A diario, se los vende en ferias, mercados o almacenes. Además, cada día hay muchos pacientes que exponen al farmacéutico su dolencia y reciben el “consejo” respectivo, sin pasar por un médico. También es sabido que hay farmacias que no piden receta, a pesar de que el producto debe ser entregado solo con la presentación de prescripción médica.	Cómo será de grande el negocio de los medicamentos de contrabando y los adulterados que periodistas de EL DEBER encontraron venta de estos en la rotonda del Plan 3.000 y en La Ramada el día de ayer; es decir en plena emergencia y operativos de control. Los comercializadores desafían a la autoridad porque no le temen.	Este problema pone en evidencia que, desde otra arista, la salud de la población no es tomada en serio ni por el gobierno nacional ni por los subnacionales. Si de verdad importara, habría control más eficiente de la calidad de los medicamentos y de que no se cometan tantas irregularidades en la venta de los mismos.	Tampoco es justificable que la ciudadanía compre en los lugares no permitidos, porque al hacerlo está socapando e incentivando el contrabando y la ilegalidad. Ambas conductas hacen un peligroso cóctel que, a estas alturas, deja una sensación de que se salva quien puede. Los más afectados suelen ser los que menos recursos tienen y que optan por lo barato, aunque después cueste la vida.