Basta un par de datos oficiales en salud pública para demostrar cuán extraviado está el Gobierno en sus políticas sociales. En el Presupuesto General del Estado 2019, destinó al Ministerio de Salud poco más de 17,4 millones de bolivianos. Y eso, cifra mejorada en 3,2 millones de bolivianos, asignados como partida adicional para demandas no satisfechas con la cifra de 14,2 millones de bolivianos aprobada inicialmente.	El mismo ejercicio de contraste se puede hacer con educación, y veremos que este sector padece del mismo mal que el de salud: bajas partidas presupuestarias en relación a las ya mencionadas para Defensa y Gobierno, que suman más de 73,3 millones de bolivianos. Es un contraste muy grande que deja en evidencia cuál es la ver dadera prioridad del MAS en el ejercicio del poder: favorecer y fortalecer los aparatos represivos del Estado, para su uso político partidario, en detrimento de las dos áreas vitales para el desarrollo social y económico de Bolivia, como son las de salud y educación. No es un dato menor.	Es el gran dato a tomar en cuenta al momento de evaluar lo hecho por el Ejecutivo en 13 años. Hago énfasis en el Gobierno central, aunque la crítica se aplica también en los otros dos niveles de gobierno, el departamental y el municipal, porque es el gobierno central quien controla casi el 90 por ciento de los recursos del PGN.	Y enfatizo ahora también mi mirada en salud, antes que en la educación, dada la emergencia que estamos viviendo otra vez en el país por las movilizaciones y paros que están cumpliendo los trabajadores en salud, a la cabeza de los profesionales médicos. Una emergencia que debe obligarnos a ver a fondo lo que está ocurriendo en el sector y que amenaza de muerte no solo a médicos, enfermeros y paramédicos, sino a cada uno de los más de doce millones de habitantes que tiene Bolivia.	Todos estamos expuestos a peligros que van más allá del arenavirus, el virus que ya se ha cobrado la vida de cuatro personas, tres de ellas trabajadoras en salud. Son peligros de muerte prevenibles, que se pueden evitar, sin tener que pensar o recurrir a estrategias complicadísimas o fuera del alcance y posibilidad del Ejecutivo.	Bastaría, en una primera etapa, revertir el orden de las prioridades presupuestarias referidas al inicio. Es decir, darle a Salud el presupuesto del que goza Defensa, duplicando con ello el dinero que tiene hoy y que le permitiría al ministerio responsable comenzar a reducir la brecha entre lo que posee y lo que necesita para garantizar, al menos en las coberturas mínimas, la asistencia médica que demanda la población.	Solo entonces, a partir de ese primer y simple cambio, comenzar a pensar en nuevas normas o sistemas de salud que visen a dar mejor atención en salud a los bolivianos. Todo, bajo una lógica coherente que exprese con claridad la apuesta social de quienes nos gobiernan. No es lo que estamos viendo en Bolivia.	El Gobierno sigue dando muestras de que va por el camino contrario, improvisando cambios y anuncios que hacen más a la propaganda partidaria que al interés de la población, como ha sido el SUS, implementado hace cuatro meses con un presupuesto de 200 millones de dólares, cuando el Colegio Mé- dico de Bolivia estima en 4.000 millones la cifra necesaria para que tenga impacto. Es como dar una aspirina a un paciente que necesita de un trasplante de órganos para seguir viviendo. Así, no habrá cura posible para este mal de salud que estamos padeciendo aquí.