Según datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), los campesinos e interculturales poseen 23,2 millones de hectáreas. La cifra representa un 27% de los predios titulados. Siguiendo la estructura de la tenencia, las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y los Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC), compuestos por indígenas de tierras altas y bajas, tienen 23,9 millones de hectáreas, el 28% del total. En la cola se ubican los empresarios y medianos productores que, entre ambos, cuentan con 11,8 millones hectáreas, un 14% de los 85,6 millones de hectáreas tituladas entre 1996 y 2018.	La tenencia de la tierra se volvió foco de conflicto en Santa Cruz, por el asentamiento de 69 comunidades, que conforman unas 2.400 familias, en 130.000 hectáreas del municipio de San Miguel de Velasco, ubicado en la mancomunidad de pueblos chiquitanos. En la comuna, las autoridades cívicas y municipales califican de ilegal el asentamiento por no cumplir el artículo 43 de Ley 1715, que sostiene que “la dotación será en favor de quienes residan en el lugar”.	Caballero considera que la política de dotación de tierras del INRA responde a un plan sistemático de ocupación de la región chiquitana, más con fines políticos que productivos. Recordó que entre 2013 y 2018, se registraron asentamiento en San José, en Concepción, San Ignacio y Roboré. En la mayoría de esos lugares se ocuparon áreas protegidas como la reserva forestal de Copaibo, Bajo y Alto Paraguá, y un área colindante a la reserva del Valle de Tucavaca, en Roboré. A la fech, según Caballero, hay más de 1.000 comunidades del interior dispersadas en todos los municipios de la Chiquitania	EL DEBER envió un cuestionario al INRA, pero hasta el cierre de esta edición no contestó. Pero en días pasados, en conferencia de prensa, el director de la institución, Juan Carlos León, negó la ilegalidad de la dotación de la tierra en San Miguel. Incluso aseguró que un 40% de la gente que recibió tierra en San Miguel es nativa del lugar.	En el país falta sanear un 13% de la tierra. Del 83% que está saneado, un 28% está a favor de las TCO de tierras altas y bajas porque hay 11 millones de hectáreas de tierras altas y 13 millones de bajas. El 27% de la tierra está a favor del campesino y los interculturales, y el 14% es la mediana propiedad y empresa agrícola.	Esto es extensión, no en la tierra, porque la mayoría de las TCO están en lugares alejados, Chaco, Amazonia. Casi un 40% está sobrepuesta en áreas protegidas, pero son avances importantes. Ahora lo que está en disputa son tierras fiscales, porque las demandas de los indígenas no fueron satisfechas, hay TCO a las que no se les reconoció ni un metro.	Son listas de personas que se están haciendo, no sé, en Cochabamba, Sacaba, el Chapare, en Yapacaní, en El Torno, en Camiri. Es gente de la ciudad a la que pusieron en listas de beneficiarios y se les está dando tierra, la dotación no es de campo a campo. Esto genera desconfianza y preguntas sobre ¿qué tipo de intereses se están moviendo?	El problema acá es la falta de transparencia con la que actúa el INRA. En la Fundación Tierra hemos planteado que los errores y la posible corrupción en la institución justifican una intervención. El INRA, tal como está, ha perdido toda credibilidad en el país. ¿Quién cree en el INRA?, nadie lo ve con un ente técnico e imparcial si no como un ente político, como una instancia que se mueve por intereses económicos.