“En este caso personas que ingresan ilegalmente hostigan y atacan la embajada de Cuba conspirando políticamente, luego admiten que recibieron dinero por esta acción y cuando se les pregunta quien ha pagado, acusan a periodistas de un medio de comunicación, luego dicen que fue un político, pero ratifican haber sido remunerados para participar en actividades políticas”, dijo Romero.	La Policía, en un operativo conjunto con Migración, intervino la Casa del Migrante de la Pastoral de Movilidad Humana en La Paz, donde los venezolanos se encontraban albergados. Los líderes de la movilización fueron identificados a través de fotografías tomadas el día de las protestas y resultaron aprehendidos. Seis de los 14 extranjeros fueron expulsados porque se determinó que sus documentos no contaban con el sello de salida de su país ni de ingreso a Bolivia. Los otros ocho están tramitando refugio político y permanecerán en territorio nacional hasta que se defina su situación, afirmó un funcionario del Gobierno, que prefirió mantener su identidad bajo reserva.	La versión oficial fue reprochada por el diputado Luis Felipe Dorado (UD) y por el abogado José Luis Santistevan. En criterio del legislador, el ministro violó los derechos humanos de los venezolanos al expulsarlos del país. “Si estas personas se encontraban de forma ilegal, la responsabilidad es del Gobierno”, disparó Dorado.