El expresidente de Bolivia (2005-2006) y actual embajador ante los Países Bajos fue uno de los líderes del equipo jurídico boliviano en la demanda marítima que presentó el Gobierno de Evo Morales en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justicia. El diplomático considera que el juicio planteado representó una acción importante del país, independientemente del fallo adverso. Eduardo Rodríguez Veltzé aceptó responder por escrito un cuestionario enviado por correo electrónico.	La corte de La Haya así lo reconoció, lo hizo en el contexto del fallo pronunciado en octubre del año pasado cuando desestimó la petición de Bolivia sobre la obligación de Chile de negociar con Bolivia un acceso soberano al mar. Pero también reconoció que ambos países tuvieron una larga historia de intentos de solución al enclaustramiento producido por la Guerra del Pacífico y precisó que la decisión que se adoptaba no debía entenderse como un impedimento para que las partes continúen en la búsqueda de soluciones a un asunto de interés mutuo y a través de negociaciones significativas. En suma, la solución de las diferencias sigue abierta a la voluntad de las partes para alcanzar acuerdos posibles, ese desafío es posible, pero requiere decisiones políticas y diplomáticas de ambos estados.	Por la vía de la negociación; ese es el camino que el propio fallo señala. Pero es imprescindible mayor reflexión sobre la política exterior, sobre los alcances de la demanda, los ingredientes históricos, jurídicos, diplomáticos, para mencionar algunos, así como el resultado obtenido, con autocrítica constructiva y, sobre todo, con proyección a nuevos rumbos posibles.	No, al contrario. La Corte Internacional de Justicia destacó que, independientemente del resultado, las partes podían encontrar una solución a través de negociaciones significativas para resolver un asunto de interés común. La experiencia de La Haya puso a prueba argumentos y razonamientos de diverso orden, desde aquellos históricos que tradicionalmente acompañan el sentimiento ciudadano, hasta otros que tienen relación con los desarrollos del derecho internacional y los factores de poder. Todos deben ser examinados con serenidad, pero no considero que las posibilidades de encontrar una solución hayan quedado sepultadas.	Bolivia está rodeada por cinco vecinos que tienen la calidad de países de tránsito a los océanos Pacífico y Atlántico. Puede trabajar con ellos, (particularmente con Chile que tiene obligaciones por el Tratado de 1904) las mejores condiciones para que el acceso desde y hacia los mares resulte competitivo o, por lo menos, próximo a las condiciones de los países costeros. Esa, por ejemplo, es una premisa prevista por la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Mar, de la cual Bolivia y sus vecinos (excepto el Perú) son estados parte y prevé mecanismos para alentar acuerdos bilaterales o regionales con los países sin litoral. Las opciones están abiertas, pero es imprescindible fijar las alternativas y prioridades en la política exterior y diplomática con mayor pragmatismo.	El Gobierno apostó por una línea de acción que fue oportunamente consultada, públicamente seguida y apoyada por diferentes sectores del país. En tanto, la controversia judicial, podía tener resultados positivos o eventualmente adversos, como efectivamente sucedió, pero solo se podía conocer el resultado intentándolo y avanzando en el propósito. No hacer nada también prolongaba la incertidumbre en la población y en las autoridades. Es una lección que merece reflexionarse por todos, más que para recriminación política y electoral, tenemos que mirar hacia el futuro con serenidad y pragmatismo.