¿Qué más tendrá que ocurrir en Bolivia para que el hartazgo ciudadano explote toda la ira contenida por los despropósitos vistos una y otra vez en la conducción del país? Suman ya tantos atropellos, sin que sus autores y cómplices sean castigados, que parece realmente que estamos curados de espanto. Salvo excepciones (que van en aumento, pero son aun insuficientes), hay un acobardamiento peligroso frente a los abusos, violencia e impostura en los que persiste la cúpula que gobierna Bolivia, favorecida hoy no solo por sus adeptos originarios, sino también por nuevos aliados que ha sabido cooptar a punto de prebendas y jugosos favores económicos, o de pateaduras reales y figuradas.	La emergencia que vive nuestra Chiquitania, víctima de un desastre ambiental de impacto aun no cuantificado en su verdadera dimensión, nos devuelve a esa realidad. A la realidad de un país que hace aguas –o que se incendia, para estar a tono con la emergencia- por el autoritario manejo de sus recursos, tal como ha quedado en evidencia en la Chiquitania. No se trata solo del más de un millón de hectáreas consumidas por el fuego, con toda la pérdida en flora y fauna que ello implica. Se trata también de la destrucción artera de ecosistemas únicos en el mundo, vitales para la sobrevivencia de una de las pocas culturas vivas que conserva Bolivia, a su vez el mayor tesoro que del oriente boliviano.	Nada de todo esto tiene valor para la cúpula del poder político, como lo ha demostrado al violentar normas de protección y leyes que resguardaban la riqueza natural y cultural de toda la región chiquitana. Las ha reemplazado por otras que le han dado vía libre para el uso y abuso de las tierras, áreas de reserva y parques nacionales, alentando la ocupación y explotación de las mismas a través de asentamientos forzados e impuestos con el afán partidario de consolidar el control geopolítico de la Chiquitania. Lamentablemente, con el respaldo de no pocos actores locales, tanto de la política como del empresariado. Ediles que han alentado los asentamientos, dirigentes del agro que alientan el chaqueo y otras prácticas nefastas y contrarias a un desarrollo sostenible, en armonía con la naturaleza.	La emergencia en la Chiquitania se ha encargado de desenmascararlos a todos. Alcaldes que no frenaron los asentamientos, ni los chaqueos, ni declararon emergencia, como era menester hacerlo. Autoridades y funcionarios de la Gobernación a los que les faltó vigor y coraje para asumir el liderazgo que la emergencia demanda, cuando no indiferencia ante las demandas de los alcaldes que sí trataron de prever y evitar el desastre. Pero sobre todo ha vuelto a poner en mayor evidencia la inoperancia, cuando no el desprecio y la absoluta falta de empatía con el oriente, de un gobierno cuyos mandantes no se cansan de alardear sus imposturas, menospreciando la magnitud del desastre en la Chiquitania.	Ya lo dijo clarito Eliana Torrico, entre otros ciudadanos que sí han decidido gritar S.O.S al ver el drama en el que se debate la Chiquitania: ese menosprecio, que se traduce entre otras acciones en la negativa de declarar emergencia nacional, no hace sino corroborar la sospecha generalizada de que Morales y su gobierno son los principales responsables del desastre ambiental que afecta también a la Amazonia. Una responsabilidad que Morales y su gente están tratando de ocultar al mundo, ante el cual se han vendido muy bien como los “grandes defensores” de la Madre Tierra. Principales, pero no únicos, insisto en remarcar. Hay muchos cómplices, por obra u omisión. Amerita hacer una lista de actores cuyos despropósitos criminales han contribuido a la destrucción parcial de la Chiquitania.	En esa lista ya trabajan los miembros de la Plataforma del Medio Ambiente y de la Vida, quienes además han adelantado tareas presentado sendos memoriales al INRA y a la ABT, pidiendo acciones concretas y recordándonos a todos el derecho y el deber que tenemos “para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente”.