En la defensa de Piñera, enviada hace unos días al Congreso por su abogado Juan Domingo Acosta, se señala que "la Acusación no cumple con el mínimo estándar requerido para proceder a la destitución" del presidente porque, entre otras razones, hace imputaciones genéricas y no explica "cómo se configura la respectiva causal y la relación de causalidad entre el ilícito constitucional y la actuación directa del acusado".	La acusación contra un presidente requiere de mayoría simple de los diputados en ejercicio para que avance al Senado, donde se necesita la aprobación de dos tercios de los senadores en ejercicio. En caso de ser aprobada por el Senado, Piñera sería destituido y quedaría impedido de desempeñar funciones públicas por cinco años.	"Esto permite hacer una evaluación del desempeño del presidente de la República en esta crisis, pero la misma Constitución establece un cuórum muy alto para aprobar una acusación constitucional porque pone al país en una situación muy compleja", dijo a Reuters Francisco Soto, académico del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile.	En la defensa de Piñera, enviada hace unos días al Congreso por su abogado Juan Domingo Acosta, se señala que "la Acusación no cumple con el mínimo estándar requerido para proceder a la destitución" del presidente porque, entre otras razones, hace imputaciones genéricas y no explica "cómo se configura la respectiva causal y la relación de causalidad entre el ilícito constitucional y la actuación directa del acusado".	La acusación contra un presidente requiere de mayoría simple de los diputados en ejercicio para que avance al Senado, donde se necesita la aprobación de dos tercios de los senadores en ejercicio. En caso de ser aprobada por el Senado, Piñera sería destituido y quedaría impedido de desempeñar funciones públicas por cinco años.	"Esto permite hacer una evaluación del desempeño del presidente de la República en esta crisis, pero la misma Constitución establece un cuórum muy alto para aprobar una acusación constitucional porque pone al país en una situación muy compleja", dijo a Reuters Francisco Soto, académico del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile.