El país observó con profunda tristeza la muerte de dos trabajadores bolivianos en una mina chilena. La consternación no es solo por las vidas perdidas de un padre y su hijo, que se fueron a buscar mejores ingresos fuera del país; la amargura tiene que ver con los cientos de miles de compatriotas que se ven obligados a salir de nuestras fronteras porque lo que ganan no les alcanza para tener una vida digna o porque ven que en otras naciones hay condiciones más dignas que las que hallan en Bolivia.	El diario español Expansión hizo una radiografía de la migración boliviana, con datos de Naciones Unidas. Según el reporte, hasta 2017 habían más de 820.000 compatriotas viviendo fuera del país, aunque según el Instituto Nacional de Estadística, la cifra no supera el 0,8% de la población total nacional de 11,2 millones de habitantes. Las cifras de la ONU indican que la mayoría son mujeres.	El país que tiene más bolivianos es Argentina, seguido de España, Estados Unidos, Chile y Brasil. De acuerdo con el informe Perfil del Migrante, difundido en la página web de la Organización Internacional para la Migración de 2011, la motivación principal tiene que ver con las posibilidades de mejorar la calidad de vida, a través de mayores ingresos. Es así que el Banco Central de Bolivia informaba, a fines del año pasado, que las remesas alcanzaron los $us 1.370,1 millones, provenientes de España, un 42,3%; Estados Unidos, 16,9%; Argentina, un 10,5%; Chile un 9,8% y Brasil, un 8,5%.	Las cifras globales están compuestas de duras realidades individuales: familias obligadas a separarse, personas que exponen su vida y se arriesgan en otros países, además de discriminación, trabajos duros poco reconocidos, etc. que soportan los compatriotas fuera del país. Muchas de estas personas antes fueron desempleadas en Bolivia y migraron obligadas por la desesperación. Quizás es la misma angustia que sienten los ciudadanos que acuden a las agencias de empleo en busca de quién los contrate y que se encuentran con una realidad: ha caído la demanda de obreros, según el testimonio reflejado este fin de semana en un reportaje del área económica de EL DEBER.	Estas circunstancias tienen que ser asumidas en serio por el Estado. No es creíble que en Bolivia el desempleo es de poco más del 4%, cuando es evidente que hay un subempleo creciente en el sector informal, con el agravante de que las leyes no reconocen ni amparan a los trabajadores de ese sector.	Al Gobierno hay que demandarle un sinceramiento, políticas claras de incentivo al empleo, así como una alianza con el sector privado, para que sean frenadas las medidas que encarecen los costos de producción y que terminan deteriorando la calidad del trabajo para la mayoría de los bolivianos. El asunto también debe estar en los planes de Gobierno de los presidenciables.