A partir de mediados de 2016 aquellas personas que sean sorprendidas botando basura en la vía pública deberán pagar una multa de hasta Bs 828, el equivalente a un medio salario mínimo nacional y las que sean encontradas quemando residuos peligrosos, como los restos de medicamentos que tienen mercurio o las pilas, serán multadas con hasta Bs 66.240, el equivalente a 40 salarios mínimos nacionales.	Estas sanciones económicas son parte de las disposiciones establecidas en la ley de Gestión Integral de Residuos, norma promulgada por el presidente Evo Morales a finales de octubre y que debe comenzar a cumplirse a mediados del siguiente año, luego de que los gobiernos municipales y departamentales redacten reglamentos operativos para hacer efectiva la legislación.	La ley, que tiene como principio reducir la generación de residuos sólidos en el país, también establece que es delito penal verter los lixiviados (líquido que se produce por la descomposición de la basura) en los cursos de agua o instalar botaderos en áreas cercanas a estos afluentes. Los años de prisión van de uno a 10.	Manlio Roca, exsecretario de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, dijo estar a favor de la disposición que las autoridades nacionales a través del Ministerio de Aguas y Medio Ambiente han elaborado, pero observó que no existe la capacidad de la mayoría de los municipios de ejecutar efectivamente este trabajo.