El abogado Marcelo Arrázola sostuvo que las instituciones públicas no pueden hacer ningún servicio para privados y que los peajes deben ser para reponer y hacer mantención de vías. “Si hay un acuerdo de partes tampoco debe ser gratuito porque quien trabaja en Vías Bolivia es un funcionario público y si hace un trabajo para privados debe retribuirse al Estado”, precisó.	Al respecto, desde Vías Bolivia indicaron que por el servicio cobran un 5% a la entidad gremial. La semana pasada, el ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, precisó que el Gobierno no fiscalizará la transferencia de dinero de Vías Bolivia a dirigentes de la Federación de Choferes 1.ro de Mayo, ya que se trata de fondos privados. La respuesta se dio ante el reclamo de los choferes y una auditoría interna en Vías Bolivia.	De acuerdo con la información enviada por Vías Bolivia al diario EL DEBER, la retención se hizo mediante resolución ministerial 082 del 13 de abril de 2004, durante la gestión del entonces presidente Carlos D. Mesa Gisbert, a título de racionalización de los peajes, se reduce la tarifa de 1,80 bolivianos a 1,60 bolivianos al transporte liviano público de la mencionada federación.	Los choferes de base de La Paz constituyeron un Comité de Emergencia para exigir a sus dirigentes rendición de cuentas sobre los depósitos que recibieron de Vías Bolivia en sus cuentas personales. “Queremos pedir muy encarecidamente a nuestro presidente, a todas las autoridades competentes en este tema que intervengan y que ayuden a más de 30.000 choferes afiliados a la federación. (...) El Gobierno tiene que ayudarnos a recuperar estos recursos y los responsables tienen que ir a la cárcel”, declaró a la agencia ANF Eddy Condori, dirigente del comité.