Antes de que se prohibiera la exportación de la soya en grano nunca se la había exportado, sino en forma de torta o aceite de soya, según dicen las estadísticas. Desde que comenzó esta práctica de prohibir las exportaciones, curiosamente, comenzó la exportación, aunque no a cargo de los productores del grano. La prohibición había convertido a los productores en virtuales rehenes de los únicos que podían comprar el grano.	La periodista Amalia Pando ha denunciado que la diputada Susana Rivero, del partido de gobierno, hizo muy buenos negocios en esta situación, porque compró una de las más importantes aceiteras del país, Gravetal. Dice la periodista que ha surgido una oligarquía oleaginosa y masista, muy resbalosa, que controla el sector. No fueron los únicos beneficiarios de esta arbitraria decisión del Gobierno, que prohibió las exportaciones para “proteger la demanda interna”, aunque sabía que esa demanda podía ser cubierta con solo el 20% de la producción del grano.	Nunca se había dado una situación de escasez de soya en el país. Las granjas de pollos y de cerdos, que usan alimentos de soya, jamás hicieron saber que existiera escasez. Al contrario, en los últimos años se ha dado una sobreoferta de pollos y cerdos, hasta que el mercado se ocupó de nivelar la oferta.	Hay unos burócratas, muchos burócratas, que dicen estar ocupados en controlar el equilibrio de la oferta y la demanda, aunque en realidad los más eficientes son los agentes a cargo de la extorsión, una actividad paralela que surgió, quizá por generación espontánea, cuando comenzó la prohibición de exportaciones. Desde entonces, los soyeros se han endeudado, según denuncian los dirigentes de Anapo. Se calcula que todos ellos deben alrededor de $us 650 millones.