Hace algunos años vi en televisión una noticia que me quedó grabada en la memoria. En ella se reportaba una entrevista realizada al entonces jefe de la cárcel local sobre un delincuente que había huido del recinto penitenciario. El responsable de la cárcel, probablemente ante el asedio de la prensa y la constatación de su propio descuido, respondió al insistente periodista: “bueno, el reo está un poco prófugo”.	Algo así está sucediendo con las leyes bolivianas, tanto en su formulación como en su cumplimiento: las promesas de la CPE expresadas en sus principales disposiciones, apuntan a la construcción de un Estado plurinacional, pero desde su aprobación hace más de diez años, han sido permanentemente opacadas por la legislación secundaria o, en muchos casos, ni siquiera han sido debidamente legisladas.	En el extremo, la Constitución directamente no ha sido cumplida, como ha sucedido con la prohibición de la reelección presidencial -pues el artículo 168 nunca fue modificado por decisión de la voluntad popular-. Por otra parte, estas medias tintas que tienden a relativizar las disposiciones legislativas también se expresan en la elaboración de los reglamentos que sirven para la aplicación de las leyes; o sea que no son un dato menor. Ese es el caso del conjunto de reglamentos recientemente aprobados y difundidos a la opinión pública por el Tribunal Electoral respecto al proceso pre y post comicios generales de octubre próximo.	Es absolutamente llamativo que no se consigne en el calendario electoral de la convocatoria a elecciones, la fecha de realización de la segunda vuelta electoral. Esta es una disposición constitucional y nadie -menos una instancia institucional- puede adelantarse a un resultado previo, como si de hecho no fuera a realizarse una segunda vuelta. Esta ausencia simplemente conduce a despertar suspicacias tanto en la ciudadanía como en los partidos opositores respecto a un posible resultado previamente consolidado.	Por otra parte, no son concebibles las contradicciones entre el organismo electoral y la Asamblea Legislativa Plurinacional o el Ejecutivo, por ejemplo, respecto al manejo normativo de la propaganda electoral. Según el Órgano Electoral, en cumplimiento a la Ley de Organizaciones Políticas, los medios de comunicación públicos y privados están obligados a la difusión gratuita de propaganda electoral (Art. 74).	Esta medida, asumida en el Reglamento, fue cuestionada por la Asociación Nacional de la Prensa, pues su aplicación como todos suponemos, produciría grandes pérdidas económicas a las entidades privadas de comunicación. En contrapartida, y atendiendo una reciente reunión de los medios privados con el presidente del Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha decidido discutir un proyecto de ley que liberare a los medios de asumir la responsabilidad de ceder espacios publicitarios gratuitos para la campaña electoral de los partidos. Más allá de la pertinencia o no de esta modificación, el punto es la discrecionalidad con que se pueden formular disposiciones, contradecirlas y modificarlas en un juego incomprensible entre las instituciones del Estado sobre la legislación nacional.	Por otra parte, los nuevos Reglamentos en franca contradicción con el art. 126 de la Ley de Régimen Electoral, tampoco se establecen sanciones específicas para servidores públicos que hagan campaña electoral con obras de la gestión pública. Esos son algunos ejemplos que siguen afectando a la precaria institucionalidad del Estado, e impactan en la necesaria confianza que debe generar un proceso electoral marcado por una deliberada indulgencia y flexibilidad en relación con las normas.