Una declaración del presidente Evo Morales que negaba la presencia del empresario peruano Martín Belaunde Lossio; la declaración de un funcionario del Consejo Nacional del Refugiado (Conare), que dijo que el pedido de asilo ingresó a la Cancillería boliviana el 15 de diciembre, y las acusaciones desde Perú de políticos de ese país obligaron al canciller, David Choquehuanca, a leer un comunicado en el que terminó por confirmar la presencia en el país del empresario peruano prófugo y deslizó que posiblemente no acceda a su pedido de asilo.	Ayer, Choquehuanca citó a los medios, pero no aceptó preguntas en su conferencia de prensa y se limitó a dar una explicación oficial. En la misma dijo que Bolivia es signataria de convenios internacionales y promotora de acuerdos que niegan el refugio a personas o funcionarios públicos que tengan procesos o sentencias por hechos de corrupción.	Desde el vecino país, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren, afirmó que todas las declaraciones de las autoridades de su país ya están preparadas para aparentar una supuesta persecución, pero que en realidad no forzarán ninguna extradición por los nexos que tiene el empresario con el Ejecutivo de ese país.	Aunque el ministro del Interior peruano, Daniel Urresti, dijo que tienen toda la documentación para pedir la extradición de su compatriota, el exministro de esa cartera, Fernando Rospigliosi, reveló que incluso no existe ningún pedido de captura en Interpol y que la notificación existente es “verde” y significa que no hay pedido de captura.	Mientras la Fiscalía peruana prepara el pedido de extradición que será presentado a las autoridades bolivianas, el congresista Mesías Guevara prepara su viaje a Bolivia para hacer conocer todos los antecedentes del denominado caso “la centralita” del cual es acusado Belaunde. Este caso destapó el escándalo en Perú y provocó que la justicia ordenara prisión de 18 meses contra el empresario y este se fugó a Bolivia.