La desaceleración económica mundial deja su huella en Bolivia y el sector agropecuario, asentado mayoritariamente en el oriente del país, es uno de los espacios en los que más se siente el efecto en este momento. El contexto internacional plantea un escenario y se suman condiciones desfavorables para los productores, que van desde la situación climática hasta el escaso respaldo de políticas de Estado.	Solo por poner dos ejemplos, los soyeros temen una pérdida de 160 millones de dólares para este año, como efecto de los bajos precios internacionales –situación agravada por la guerra comercial entre China y EEUU– además de los daños a cultivos causados por el clima, que afectaron en $us 125 millones adicionales. Se suma el desacuerdo entre productores e industriales, que impide fijar precios favorables para todos y la prohibición para exportar el grano.	El sector cañero también está golpeado. En 2018 se incrementaron los cultivos de 137.769 a 150.310 hectáreas, pero también hubo un bajón de precios y los productores no logran recuperar las inversiones. Es dramático conocer testimonios de gente desesperada que piensa alquilar su tierra, porque trabajarla ya no le rinde frutos. El año pasado se cerró con la esperanza puesta en el etanol como biocombustible, pero la producción no fue vendida como se esperaba. Hace solo un mes, había gran cantidad de alcohol anhidro almacenado porque YPFB había incumplido con los volúmenes de compra acordados y tampoco se había hecho la promoción prometida de la nueva gasolina. Es de fecha reciente la disposición de añadir etanol a la gasolina especial y venderla al mismo precio, a fin de consumir lo que los industriales cañeros habían producido.	Hay que recordar que el sector agropecuario nacional es donde más empleo se genera y que cualquier afectación repercute en la cadena productiva de la que dependen cientos de miles de familias. Si hubiera una mirada menos cargada de ideología, el Gobierno podría apostar por la protección de su sector productivo. ¿Cómo? Liberando las exportaciones, que hasta ahora se mantienen con cupos para varios productos en una política que no parece tener un sentido claro. En tiempo de vacas flacas, las decisiones del Ejecutivo tendrían que estar orientadas a generar incentivos para la producción y medidas radicales contra el contrabando, pero ni lo uno ni lo otro es evidente.	En un año electoral, el partido en función de Gobierno parece estar más entretenido en permanecer en el poder a toda costa que en proteger a su población, haciendo gestión, en lugar de campaña. Urge tomar en serio la economía y eso pasa también por nombrar ministros conocedores de la realidad, a los que más les importe ser eficientes que demostrar su capacidad de levantar quintales de azúcar o de trasladar a sindicatos enteros a áreas protegidas del oriente, con el propósito de ganar votos para el MAS. La realidad económica se está complicando y los efectos llegan de a poco. Ojalá el Gobierno defina políticas que atenúen lo que está pasando en la realidad, fuera de los discursos populistas.