El ‘remedio’ no logra darle alivio a la enfermedad. A siete meses de su implementación, el Seguro Universal de Salud (SUS) sigue mostrando debilidades ante la falta de consensos con la dirigencia del sector salud, y la asignación improvisada de un presupuesto que se realizó de manera tardía, y que, según voces de expertos y de instituciones, resulta insuficiente para superar el estado crítico del sistema hospitalario nacional.	“No funciona el SUS porque la atención que dan los municipios en el primer y segundo nivel es insuficiente. Porque para el tercer nivel (a cargo de la Gobernación) se hicieron convenios intergubernativos que tampoco se cumplen. Porque ofrecieron 200 ítems y apenas entregaron 20. Porque no se pagaron las deudas y el dinero comprometido tampoco llega. Por eso el SUS se ve engañoso y como una simple propuesta electoral”, señaló Monasterio. Marcelo Ríos, director del Sedes, estima que el SUS llega con 10 años de atraso, desde la promulgación de la Constitución en 2009 que la declara “universal y sin exclusión”.	Ríos pone cifras al debate. Dice que en base al financiamiento anual que otorga el Ministerio de Salud, el gasto por persona es de $us 230 -hay 2,9 millones de personas con acceso a salud pública-, por lo que calcula que para los nuevos prestatarios, que se prevén en más de 5 millones de personas, se requiere adicionalmente $us 1.150 millones; sin embargo, el Gobierno anunció $us 200 millones de presupuesto para este año, es decir un 17,4%.	Ríos aseguró que hay una deuda histórica con Santa Cruz de 10.000 ítems, siendo que un informe de la cartera de salud establece que hasta agosto otorgaron 2.941 ítems a escala nacional, de los que llegaron 174 a la región. Recordó que el municipio cruceño adeuda a la Gobernación más de Bs 50 millones por prestaciones de servicio y que el Gobierno nacional debe un monto similar por las prestaciones del SUS en hospitales del tercer nivel que realizan desde marzo.	Gobierno niega prebenda Del lado del Gobierno la explicación pone la carga en el pasado neoliberal. En el día de la promulgación de la Ley 1152 modificatoria de la ley 475 de prestaciones de servicios de salud integral del Estado, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, supo que debía dar una explicación del “por qué no se aplicó este beneficio antes”, que justificó diciendo que recibieron una “economía en ruinas”, y que recién se dieron las condiciones para universalizar la salud.	En 13 años se transformó las posibilidades de salud en el país”, expresó. Consultado por EL DEBER, Alex Verduguez, jefe nacional de Planificación del Ministerio de Salud, descartó que el SUS surgiera sin planificación. Recordó que desde la promulgación de la Constitución ya se definió a la salud como un fin supremo, y que también está contemplada en la agenda 2020-2025 y en el plan sectorial de este ministerio.	Desde la nacionalización de los hidrocarburos se fue mejorando el desarrollo económico del país y finalmente se dio la oportunidad de dar el paso”, afirmó. Además, dijo que al asumir su función la ministra Montaño logró $us 30 millones adicionales para fortalecer los primeros niveles de atención, pese a que es competencia municipal. Para Verduguez lo fundamental es que el SUS ya se implementa y que es un proceso que requiere tiempo para perfeccionarse.	Las protestas del sector salud llevan mes y medio a escala nacional -desde el 19 de agosto-, y según su dirigente, Luis Larrea, se prolongarán al menos otros 30 días, hasta que el Gobierno atienda sus demandas, que son la institucionalización de cargos o la inclusión de profesionales en la Ley General del Trabajo.	Aunque la tensión entre ambos sectores se reactiva desde el anuncio de la implementación del SUS a mediados de 2018. Para Verduguez, la protesta de los médicos no se debe a una falta de socialización de la norma, y afirma que “los médicos de base no se oponen al SUS, sino que son una parte de la dirigencia que ve afectados sus propios intereses”.	Para Bernardo Pacheco, politólogo, la improvisación en la aplicación del SUS se hizo evidente al no lograr registrarse en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2019, que se definió en septiembre de 2018, lo que hace que se desconozca su fuente de financiamiento y la forma de su distribución. “Esto hace preguntarse cómo es que, si en varias gestiones no hubo recursos, luego aparecen montos para llevar adelante este seguro. No hay una claridad de dónde salen estos presupuestos extraordinarios”, indicó. Marcelo Arequipa, politólogo, enmarca el caso del SUS como lo que se denomina en gestión pública de decisiones “racional incremental”. Es decir, que se asumen en razón de la coyuntura y no de una planificación, o en otras palabras, que se van ‘acomodando sobre la marcha’. “Deja la impresión que no es mala idea, pero es ineludible ligarlo con la elección”, dijo.	Según el ministerio de Salud, entre marzo y septiembre se registraron 3.527.584 de personas a escala nacional; Cochabamba es la región con más registros (892.351); luego La Paz (850.418) y Santa Cruz (612.983). Hasta el 3 de octubre, reportan que destinaron Bs 53.551.849 a la central de abastecimiento de salud; 86.612.723 al Programa Nacional de Salud Renal; Bs 47.970.977 en la transferencia pago de haberes a gobernaciones; Bs 198.672.640 en otras transferencias a gobernaciones, y Bs 74.532.929 para equipamiento en salud, lo que representa Bs 461.341.118 o $ 66.284.643; es decir un 33,1% de lo comprometido. En haberes, reportan pagos pendientes en ocho gobernaciones por Bs 122 millones	De acuerdo a un informe de la Fundación Milenio, la población afiliada a un seguro social, en su mayor parte a través de un empleo formal, alcanza a 4.235.000, en tanto que la población que accede a un seguro público a través del Seguro Materno Infantil (SUMI), o el Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SPPAM), y el Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija (SUSAT) suma 2.966.000 de personas.	En cuanto a la distribución de los $us 200 millones para el SUS, señalan que $us 30,8 millones deben ir para el fortalecimiento integral de hospitales; $us 31,1 millones a enfermedades de alto costo (como el cáncer); $us 57 millones a recursos humanos y $us 79,5 millones a la atención de la salud (productos de salud).