Pero esta movilización espectacular en una ciudad que tiene 7 millones de habitantes no hizo variar la posición de Carrie Lam, la jefa del ejecutivo, que rechaza retirar la ley y que ayer no dudó en calificar las protestas de “disturbios organizados”. El texto suscita las críticas de los países occidentales y ayer el ministro británico de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, pidió a Hong Kong que “escuche las preocupaciones” de sus ciudadanos.