El 20 de abril de 1994, Ley 1551 de Participación Popular marcó un antes y después en la historia reciente del país. De manera pionera y paradigmática, hace 25 años atrás, se implementa una nueva forma de distribución fiscal, lo que implica una nueva gestión de Estado, de inclusión social y de participación ciudadana. Carlos Hugo Molina, el gestor más importante de dicho proceso, dos décadas y media después rememora, evalúa y avizora, la vigencia no solo de la norma sino del proceso que hoy sigue como la única experiencia parangonada con lo que podría ser un Pacto Fiscal, aspiración anhelada hoy por los bolivianos; mas no del Estado central. ¿Cómo se gasta la Participación Popular?C.H.M.: Todo surge en un contexto de lectura técnica. Bolivia junto con Haití, en el sistema interamericano, éramos los únicos países que no tenían municipalizado el territorio del Estado, donde los municipios eran radios urbanos. Es decir, el 42% de su población vivía fuera de esos radios urbanos, que por entonces, significaba al menos una exclusión de casi 4,0 millones de sus habitantes, que no tenían capacidad de elegir autoridades o alcaldes. Es que esos municipios tenían poblaciones mayores a dos mil habitantes.P. ¿Cuántos municipios se tenía en ese momento?C.H.M.: En el momento de la aprobación de la Ley habían 186 municipios, de los cuales solo 24 generaban economía. Lo que hace la Participación Popular es volcar esa realidad e incorporar a esos casi 4 millones de habitantes excluidos. Entonces, lo que hace la ley es incorporar primero el territorio, luego ciudadanía, modos de organización tal cual estaban, nos obliga a sincerarnos respecto a lo que había en el territorio en términos de recursos.  P. ¿Cómo se materializa y se desarrolla todo eso?C.H.M.: Se desarrolla en dos categorías: el fortalecimiento de la descentralización a través de los municipios, transfiriendo competencia y recursos. Bolivia sigue siendo, después de 25 años, dentro el sistema interamericano, el país que más transfiere recursos a nivel local. El 20% de transferencia de sus recursos sigue siendo el margen más alto de la región.Y el segundo tiene que ver con el presupuesto participativo. La única experiencia fue en Porto Alegre (Brasil), donde se  implementa dicho sistema por  el Partido de los Trabajadores; en cambio en Bolivia fue el único país donde se da a nivel de todos los municipios. Entonces, todo esto fue una ruptura con ese Estado anterior de 1994. P. ¿Qué hicieron para sustentar la redistribución?C.H.M.: El proceso, afortunadamente, tuvo la participación masiva. Por eso, de un día para otro de ser 186, amanecimos con 305 municipios. Todo ese proceso fue llevado adelante por todos los actores, con participación activa en todos los niveles territoriales, con corporaciones de desarrollo, el ministerio de haciendo tuvo que ajustar el clasificador presupuestario, entre otros. Fue un proceso dinámico y complejo.    P. ¿Con cuánto presupuesto arrancó?C.H.M.: Es difícil acordarse en este momento, pero la magia de la primera distribución fue que cada habitante recibía por igual a un promedio de Bs 27 por cada uno. El instrumento de compensación para municipios chicos, siendo gigantesco frente a los que no habían recibido nada para establecer equilibrios se crearon tres fondos: el Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo de Desarrollo Campesino y el Fondo de Inversión Social. Entonces fue un proceso de sinceramiento de la inclusión social, incorporando municipios anteriormente inexistentes.P. ¿Se establecieron desde ya las mancomunidades?C.H.M.: Esa fue una de las consecuencias naturales, porque al haber ya una continuidad territorial, ya era posible que un municipio contiguo a otro tenga la posibilidad de llevar adelante proyectos concurrentes. Entonces la mancomunidad se dio, por ejemplo, en el caso de los caminos vecinales, alrededor de espacios geográficos, cuencas de río o las vinculadas a parques naturales y procesos de desarrollo.P. ¿Carlos Hugo Molina es el gestor de esta historia de 25 años?C.H.M.: Definitivamente la Participación Popular es  un hito construido con la suma de una serie de actores anteriores de sectores sociales que iban demandando participación y las leyes como la Orgánica de Municipalidades de 1985, la ley Safco de 1992, entre otros, por las dos vías: de la manifestación popular y el Estado, concluyen con toda esta historia de 25 años.R. ¿Qué queda de aquí en adelante?C.H.M.: En política, en gestión pública así como en el amor: lo que se anota se ve. Fue una revolución silenciosa como dijo el Secretario General de la OEA en ese momento (João Clemente Baena Soares 1984-1994). Fue una modificación real y efectiva en la modernización del Estado, cuyo proceso que sienta las bases para lo que es hoy. Sin duda, en el campo social y político, el MAS lo hizo suyo. En perspectiva, lo que tenemos que ver es la compleja composición social de las ciudades, donde el 75%  de los bolivianos vive en ciudades y al año 2032 llegaremos al 90%. Eso significa que un millón de kilómetros cuadrados del país no va a tener gente, cuya tendencia es mundial y no hay forma de detener. En ese contexto, el desafío mayor que tiene que ver con economía de escala, de presión migratoria hacia los sitios urbanos y una demanda cada vez mayor de servicios. Esa es la problemática de nuevas ciudades intermedias, que implica redimencionar la mirada desde el Estado.      25 AñosDe Participación Popular, se constituye en  la matriz del modelo de redistribución recursos y competencias, real y concreto.