El PT y otros partidos políticos implicados en el caso admitieron que han recibido apoyo financiero de las empresas investigadas, pero en todos los casos sostienen que esos recursos fueron debidamente declarados ante las autoridades fiscales y electorales. No obstante, según la policía, las empresas eran orientadas para entregar el dinero que los partidos recibían de la corrupción a modo de donaciones que quedaban registradas en forma legal.