Uno de los detenidos el viernes en la comunidad de San Rafael pertenece a un sindicato de cocaleros del trópico de Cochabamba, pero fue liberado porque estaba en el lugar como ‘mirón’ y no participó de la emboscada contra efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), ocurrido el 2 de marzo en Chapare. Así lo informó ayer el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.	Por su lado, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que no solo las personas que están detenidas participaron del ataque, sino que son buscados otros cinco vecinos de la zona que actuaron en la emboscada. “Si son o no afiliados a un sindicato no nos interesa, el trabajo nuestro es identificar a toda persona implicada en la actividad del narcotráfico”, advirtió la autoridad.	Los políticos opositores criticaron los operativos en el lugar por dos razones: primero por el tiempo transcurrido entre el hecho y las detenciones de los 10 sospechosos y, segundo, ningún detenido es dirigente o campesino del lugar. Además, alarmó el hecho de que personas ajenas a una comunidad puedan campearse utilizando un camino vecinal como pista de aterrizaje improvisada, sin que conozcan los moradores de la zona.	El viceministro Cáceres explicó que el incidente se produjo el sábado, “cuando la fiesta de Carnaval está empezando en todo el país”, y agregó que ellos, como fuerza del orden, no podían ingresar a la comunidad de San Rafael que tiene una población de 100 personas, aproximadamente, porque todos estaban bebiendo y se prefirió evitar problemas. Dijo que él encabezó “la operación Halcón”, para evitar la violación de los DDHH.	Luego señaló que los detenidos estaban en vehículos por las calles de la comunidad, según el relato de los mismos vecinos. De ese modo explicó por qué los siete detenidos no son del sindicato. Añadió, sin embargo, que el campesino que tiene su cato de coca por la zona perderá todo su patrimonio, porque él no podía ignorar lo que estaba sucediendo en las proximidades.