El Gobierno de Bolivia decidió enjuiciar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por segunda vez desde 2013, esta vez por el usufructo sin compensación y por la titularidad de las aguas del manantial boliviano del Silala —ubicado en Potosí—, algo que el presidente Evo Morales ha calificado como un acto ilegal y abusivo.	“Hemos decidido como país pacifista (que) vamos a acudir a La Haya, para que Chile respete nuestra agua en el Silala, en el departamento de Potosí”, confirmó Morales, apenas 72 horas después del Día del Mar, cuando el mandatario recordó el avance conseguido con la demanda instaurada hace tres años contra el mismo país en pro de un acceso soberano al mar para Bolivia.	Pero hay quien piensa diferente a Muñoz en Chile. Un coro de opositores a la presidenta Michelle Bachelet subió la presión para que La Moneda retire a su país del Pacto de Bogotá de 1948, que tanto Chile como Bolivia suscribieron y que obliga a ambos a someterse a La Haya.	“Si insisten en la demanda, nos debemos retirar del Pacto de Bogotá, no podemos seguir trapeados por el ansia de hostilizar a Chile de Bolivia”, protestó el jefe de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), el senador Hernán Larraín, en declaraciones recogidas por el diario La Tercera. Larraín criticó en el pasado la dirección de la política exterior hacia Bolivia.	El diputado opositor e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, José Manuel Edwards, fue aún más contundente: “Quiero exigirle a la Cancillería que nos retiremos del Pacto de Bogotá”. Muñoz no se refirió a las exigencias de los parlamentarios de su país, algo que parece mostrar como diferencias internas en Santiago.	Con este panorama, Evo Morales pasó al ataque. “Ahora que Chile quiere confundir, con más razón, con más fuerza, con más documentación vamos a presentar la demanda ante La Haya”, insistió ayer para responder al canciller chileno, que el viernes mostró un mapa asociado al Tratado de 1904, con el fin de probar que el Silala es un río.