Quillacollo no es un municipio ‘estrella’, es un municipio ‘estrellado’. Con una población cercana a 140.000 habitantes, es una de las 14 ciudades intermedias no capitalinas con más de 50.000 habitantes. Su democracia es frágil y su gestión edilicia es crónicamente deficiente. Campea la corrupción real o imaginaria. La judicialización es la respuesta. En febrero pasado, se reportó la existencia de 90 procesos penales en contra de exalcaldes y algunos funcionarios.	El desgobierno se instaló el año 2005, para escalar de manera insospechada el 2018, a partir del cual hemos conocido a cuatro alcaldes. El pasanaku edil, de siglas y transfugio itinerantes, logró uno de los récords en la historia de la democracia municipal boliviana. En 14 años Quillacollo ha tenido 11 alcaldes.	El MAS tiene la mayor cuota de responsabilidad en esta crisis larvada desde las elecciones del año 2005. Como partido hegemónico, Quillacollo era un trofeo de guerra irresistible. En diciembre de 2004, el MAS presionó para la renuncia de H. Cartagena, ex alcalde de Unidad Cívica Solidaridad, mediante denuncias y amenaza de juicios por corrupción. Logrado su objetivo, hasta 2009 tuvo cuatro alcaldes, que tuvieron que lidiar con la conflictividad y disputas internas en el seno del partido de Evo Morales.	¿Qué ocurrió? En ambos casos, la composición del Concejo Municipal llevó al empate, (oposición y el MAS con 5 concejales), una sigla solitaria ofertaba el voto de oro por la gobernabilidad. En esas condiciones, el MAS bloqueó por aire, mar y tierra, hasta lograr su objetivo. Su estrategia combinó judicialización, bloqueo institucional y financiero desde el Gobierno central y de sus bases en la calle, sin descartar la cooptación y el chantaje.	Becerra, victorioso en 2010, terminó acorralado por la presión por “pegas” de sus seguidores y la desestabilización del MAS. Se pasó al oficialismo, que prometió hacerle la gestión más llevadera y estable. Ofertó un generoso flujo de recursos (Evo Cumple y del Gobierno central). Mientras, fue creciente el resentimiento del electorado anti-MAS que lo impugnaba. En 2014, pagó la factura, perdió su respaldo.