Bomberos voluntarios que luchan contra el fuego como pueden, expertos en incendios forestales impotentes por no recibir la logística adecuada, y un ejército de hombres que apenas lograr mitigar el siniestro pese a tener mejores equipos que los primeros, reflejan la poca coordinación que existe en las tareas de mitigación de las bravías llamas que se extienden sobre la Chiquitania.	Tal desorganización se evidencia a simple vista, cuando se recorre las calles del municipio de Roboré, que es la base de operación de donde sale toda la ayuda para contrarrestar el desastre. Para empezar, existen dos cuarteles generales. Uno en el casino militar donde personal del Ejército, y diferentes instituciones del Estado se acuartelaron para dirigir los operativos. Toda ayuda del Gobierno u oficial, se centraliza ahí.	Hasta este lugar llegan los voluntarios, como Yovani Torrelio, uno de los más de 40 bomberos que se apuntaron para apoyar a los expertos forestales de la Gobernación. Hasta ayer Yovani recién pudo conseguir una camisa naranja y un casco blanco para luchar contra las llamas que persisten en el Parque Forestal Paquió, ubicado por la comunidad Santa Rosa, colindante con Tucabaca.	Carlos Ragone, secretario general del municipio de Roboré, reconoce que existe una “debilidad en la organización” de las tareas de auxilio. Para él, las falencias se deben a los celos institucionales, y la poca preparación para encarar este tipo de desastres. “La coordinación fue débil, no ha sido efectiva, y la ayuda no ha llegado a tiempo”, reconoció.	En este contexto, Ragone dijo que es necesario que cada institución asuma su rol y respete las competencias de las otras. “Me da la sensación de que se espera que uno se tropiece. Pienso que es por un tema político de imagen, y quedar bien no importa si al otro le va mal”, dijo.	El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, justificó la centralización del apoyo que realizó el Gobierno y que todo tiempo de desastre se organiza de esa manera. Precisó que antes de la declaratoria de desastre departamental el comando de incidentes, que lleva adelante los trabajos de auxilio en la zona, fue manejado por el Gobierno. “Nosotros nos hacemos cargo el 18 de agosto y lo primero que hacemos es conformar el comando de incidentes en pleno centro de Roboré, y es ahí donde hemos decidido convocar a todos”, afirmó.	Sin embargo, Jorge Adriázola, responsable operativo de los Bomberos de la Gobernación de Santa Cruz, explicó que hasta la fecha el trabajo que realizan en la zona se hace en coordinación con voluntarios y personal del municipio de Roboré, pero que no han sido parte de las operaciones que realiza el Ejército, pese a que son especializados en incendios forestales. “¿Por qué no nos han llamado?, es una pregunta que todos los días nos hacemos”, dijo.	En su visita a Roboré el presidente anunció ayer una pausa ambiental en toda la Chiquitania afectada por focos de incendios. Con la medida se detienen la venta de tierras dentro de los municipios que fueron afectados por el desastre y también frenar nuevos asentamientos.“¿Qué significa esto? Prohibida la venta de tierras, segundo tema vamos a prepararnos para el posincendio”.	Morales hizo notar que la medida también implica frenar nuevas dotaciones de tierra en la Chiquitania. Lo expuesto por el presidente va en contracorriente a lo dicho en la víspera por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, que había informado de que la entrega de tierra en la Chiquitania, seguiría por una cuestión de seguridad alimentaria.	El gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra tiene listo un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones a las personas que quemen basura, pastizales u otros residuos en la capital cruceña. El proyecto fue presentado ante el Concejo Municipal, que lo derivó a la comisión mixta para su revisión.	El documento plantea sanciones económicas de hasta nueve salarios mínimos, equivalente a Bs 20.000, para los vecinos que sean encontrados realizando esta práctica que atenta contra el medioambiente. En el caso de las empresas, se plantea multas económicas de hasta Bs 40.000. Asimismo, se establece que el gobierno municipal podrá iniciar procesos civiles contra los infractores.