De acuerdo con el Gobierno, en 2018 la Inversión Extranjera Directa (IED) bruta creció un 27,2% con respecto a 2017; es decir, pasó de $us 1.221 millones a $us 1.553 millones. Sin embargo, para los analistas y las entidades privadas consultadas el monto podría ser mayor si se realizaran ciertas reformas que hagan de Bolivia una plaza tentadora para los inversores foráneos con capacidad de generar valor agregado.	Armando Méndez, expresidente del Banco Central de Bolivia, indicó que la ley denominada de Promoción de Inversiones hace notar que Bolivia se declara como una economía planificada por el Estado, en donde se decide en qué sectores se promoverán la inversión, así el Estado ejerce la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía; por ende, la Ley de Inversiones determina la exclusividad del Estado en cuanto a inversión en sectores estratégicos.	Ante esta situación, Méndez señaló que esta es una traba para la atracción de la inversión extranjera directa que busca dejar sus recursos en los países con amplios márgenes de libertad. Estos agentes, a decir de Méndez, buscan ventajas competitivas ya que sus decisiones se basan desde una lógica económica que les permita asegurar beneficios y reducir riesgos.	Wilfredo Rojo, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), coincidió con los anteriores enfoques al indicar que el gran cuello de botella es la actual Ley de Inversiones que está más orientada a proteger los recursos extranjeros destinados a las obras que lleva adelante el Estado, que a promover la inversión extranjera directa para el sector privado.	Jaime Dunn, analista financiero, indicó que son cuatro los factores que se deben cambiar si se quiere superar los $us 1.500 millones de IED y por lo menos acercar a lo que el año pasado, de acuerdo con la Comisión Económica para Amé­rica Latina y el Caribe (Cepal), captó Paraguay que estuvo por el orden de los $us 5.000 millones.	Los puntos que observa Dunn están referidos a la seguridad jurídica que a su criterio en los últimos años no es una garantía para la inversión privada extranjera o nacional, pues en reiteradas ocasiones se vulnera la CPE. Otro punto mencionado anteriormente, es el desempeño de la justicia y su independencia del Poder Ejecutivo, que para Dunn es determinante para que hayan nuevas inversiones extranjeras y no solo la reinversión de capital foráneo que ya está hace años.	“Por ley, el BCB cobra una comisión del 12,5% a esto se le debe sumar el de la banca privada que está entre el 2 y 3%. Entonces ese 15% de pago obliga a que la rentabilidad de esos capitales sea de un 25% para poder hacer ese descuento y llevar un 10%, una situación que muchas veces no sucede en el país”, explicó Dunn.	Desde el Ministerio de Planificación indicaron que para mejorar la inversión, no solamente extranjera sino nacional, se coordinará con los empresarios privados del país para que se sumen a los proyectos de infraestructura pública que tiene previsto realizar el Gobierno durante 2019. Desde esta cartera precisaron que en la actualidad los privados trabajan con el Ejecutivo en dos proyectos clave para el país, el desarrollo estratégico de Puerto Busch y el hub en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz.