desde el 22 de enero de 2010 hasta el 31 de agosto de 2015. Renunció al puesto poco después de que la interventora del Fondo, Lariza Fuentes, estableciera un presunto daño económico de Bs 102 millones. En febrero de 2015 ya el Contralor General del Estado detectó un posible daño económico de Bs 71 millones.