La bancada del MAS en el Concejo Municipal de La Paz envió una petición de informe al alcalde Luis Revilla para que explique todo sobre la propiedad horizontal que vendió la familia del expresidente Carlos Mesa, en pleno centro paceño, y que habría provocado daño al gobierno local. En paralelo y luego de ser convocado a instancias judiciales, el candidato de Comunidad Ciudadana lanzó un video en el que promete cambiar a jueces, fiscales y policías.	“Por qué se modifica la base imponible entre la primera venta y la segunda venta, la primera venta, aproximadamente la base imponible era de Bs 220.000; pero la segunda venta la base imponible está en Bs 118.000, esto no es posible porque el valor catastral de un bien inmueble no se desvaloriza sino más bien se valoriza”, denunció ayer el concejal Jorge Silva (MAS), luego de hacer conocer el informe que remitió al Ejecutivo.	EL DEBER intentó comunicarse con el alcalde Luis Revilla para consultar sobre esta petición, pero indicaron que estaba en reuniones y no pudo atender los cuestionamientos. Ningún funcionario se atrevió a arriesgar una respuesta. Sin dar el nombre, explicaron que hasta antes de la Ley Municipal 012 las transacciones se realizaban sobre la base de un acuerdo de partes entre vendedor y comprador. Según el documento presentado por los abogados de Mesa, el departamento se vendió por $us 55.000, pero la venta se anotó por $us 19.000. El lunes, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, recordó que en 2009 estaba normado el pago de impuestos por la Ley 843 y no había ningún vacío legal.	Dos días después de hacer sido convocado por la Fiscalía para que explique unos 15 movimientos bancarios, entre los cuales se encuentra esta venta de departamento, el candidato de CC se lanzó contra la Policía, los fiscales y jueces indicando que debían ser remplazados por profesionales calificados y no por padrinos políticos. “Desde el primer día lucharemos contra la corrupción y reformar a la Policía con capacitaciones anuales. Los jueces y los fiscales serán remplazados por gente nueva contratada por su capacidad y sus méritos, no por sus padrinos políticos”, afirma Mesa en un video.	Su abogado, Carlos Alarcón, dijo que en ese tema ya se explicó con suficiencia y en detalle, y quedó establecido que en ese entonces se tomaba en cuenta el valor catastral de los bienes en las transacciones que se planteaban. Sin embargo, según Canelas, el valor catastral en ese momento era de $us 29.000 y no de 19.000. Alarcón aseguró que el expresidente no vendió ninguna propiedad suya, sino que fue su familia y que él solo recibió el pago.	Al mismo tiempo se conocía de una denuncia en contra de la fiscal Makerlin Zambrana, quien habría trabajado en el Viceministerio de Coordinación Gubernamental, dependiente del Ministerio de la Presidencia hasta 2018, reportó ANF. La última declaración de bienes ante la Contraloría General del Estado de esta autoridad tiene fecha del 30 de noviembre de 2018 y figura ya como parte de la Fiscalía.	La Fiscalía tomó en cuenta el tercer punto del informe de la Asamblea que le manda a “remitir los antecedentes al Ministerio Público para que se investiguen los movimientos bancarios inusuales o sospechosos detectados por la instancia llamada por ley y se inicien las acciones legales que correspondan en el caso de las siguientes personas” y manda una lista final de ocho personas.	Varias de las personas que serán investigadas trabajaron con el expresidente y las autoridades detectaron movimientos bancarios. Carlos Mesa Gisbert, Carlos Morales Landívar, Carlos Alarcón Mondonio, Carlos Romero Mallea, Luis Carlos Mollinedo, Luis Humberto Landívar Pereira, Jorge Pereda Flores y Mario Moreno Viruez, exministro de Obras Públicas del Gobierno de Rodríguez Veltzé.