La Confederación de pueblos indígenas de Bolivia (Cidob) orgánica y la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (Coica) determinaron ayer, en Santa Cruz de la Sierra, la creación de un equipo jurídico nacional e internacional para la defensa y restitución de los derechos de pueblos indígenas y originarios. La medida se replicará en los nueve países que conforman la Coica.	Para Pedro Vare, presidente de la Cidob oficialista, la que congrega actualmente a la mayor cantidad de dirigentes, el encuentro no tiene representación orgánica y legítima de los pueblos. “Hemos avanzado con el proceso de cambio y lo continuamos haciendo con políticas de desarrollo sostenible en favor de los indígenas”, dijo.	En uno de los puntos, los participantes del evento acordaron la creación de la defensoría de derechos indígenas, que estará conformada por un equipo de profesionales abogados especializados en derecho indígena para la defensa y restitución de derechos de líderes y lideresas, derechos individuales y colectivos de pueblos y naciones originarias en procesos de consulta previa.	“Nos dan el plazo de 40 días para que lleguemos a un acuerdo y, en caso de no llegar a un consenso, el Gobierno tiene herramientas represoras para hacer una consulta forzosa”, denunció Chávez, que se encuentra en Ecuador donde se refugió después de enfrentar un proceso judicial por la rendición de cuentas de proyectos del Fondo Indígena.	De la misma manera, el representante de Ecuador y vicepresidente de la Coica, Tuntiak Katan, aseguró que “las consultas previas en los países de la región, lejos de ser libres e informadas, como establecen las leyes y tratados internacionales, son inconsultas, impuestas, maniatadas y no responden a los requerimientos y decisiones de los pueblos indígenas, imposibilitando el ejercicio de su autodeterminación, basada en su cosmovivencia”, explicó Katan.