El Comité Nacional de Bioseguridad cuenta con 60 días, computables a partir del 17 abril, para evaluar a través de procedimientos abreviados, dos tipos de soya transgénica para ser empleadas en la producción de biocombustible.Norma vigente. El Gobierno aprobó el decreto supremo 3784, por el cual autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad, evaluar en los próximos 60 días, dos eventos de soya transgénica para destinarse a la producción de biocombustibles.El artículo único de la norma establece: "de manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y soya evento intacta, destinados a la producción de aditivos de origen vegetal - biodiesel".Críticas de la FAO.	La aprobación de la norma se da en momentos en que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a través de su representante en Bolivia, Theodor Friedrich, calificó de fatal, la decisión del Gobierno boliviano, de apostar a los biocombustibles, con lo cual no se ayuda a la seguridad alimentaria, al medio ambiente, ni al cambio climático.El Representante de la FAO, de origen alemán y experto en agricultura de conservación señaló respecto a la apuesta al modelo de los biocombistibles que "esa es una decisión fatal; no ayuda a la alimentación del país, no ayuda al medio ambiente, no ayuda al cambio climático, es una decisión que realmente no creo que debería apostarse". Friedrich advirtió que las consecuencias de habilitar tierras para los biocombustibles conllevan la degradación del medio ambiente, mayor afectación de las áreas forestales y más cambio climático.La disposición transitoria del decreto establece que para dar cumplimiento al presente decreto supremo, en un plazo de hasta sesenta días calendario computables, a partir de la publicación del mismo, el Comité Nacional de Bioseguridad, deberá aprobar los procedimientos abreviados.El Gobierno respalda su decisión al artículo primero del decreto supremo 24676 del 21 de junio de 1997, que aprueba el reglamento 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el Reglamento sobre Bioseguridad, con sus respectivos anexos que forman parte integrante del mismo. "Que la Ley 1098 del 15 de septiembre de 2018, establece el marco normativo que permita la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de aditivos de origen vegetal, con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de insumos y aditivos, y diesel oil, precautelando la seguridad alimentaria y energética con soberanía", señala la parte considerativa.IBCE habla de injerencia.	El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) a través de su gerente general, Gary Rodríguez, calificó de "injerencista", la posición del representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Bolivia, Theodor Friedrich por calificar de fatal, la decisión del Gobierno boliviano de apostar a los biocombustibles."El señor de la FAO no conoce tanto nuestro país que lanza una aseveración temeraria e injerencista, criticando una política de Estado, cuando somos soberanos en las decisiones que más convenga al pueblo boliviano, para disminuir la importación de diesel y gasolina fósil que han significado 1.250 millones de dólares por importación disminuyendo nuestras reservas", afirmó.Rodríguez calificó de desafortunadas las declaraciones de Friedrich, por considerarlas fueron a título personal de "un empleado de la FAO, que se ha expresado de manera indebida en Bolivia, criticando una política de Estado que tiene que ver con los biocombutibles, con el bioetanol desde el año pasado y los bicocombustibles desde este año".