El conversatorio de evaluación de la Ley 1152, que pone en vigencia el Sistema Único de Salud (SUS), concluyó ayer con un pedido de los municipios cruceños de que se mantenga el Fondo Compensatorio de Salud (Comsalud) para que se cubra el déficit por prestaciones de la anterior ley y para que pueda existir un soporte financiero en caso de que los recursos falten. Al menos 35 municipios han quedado con deudas por prestaciones de la Ley 475, lo que suma más de Bs 271 millones de cuatro gestiones.	El primer trimestre de aplicación del SUS en los municipios cruceños fue analizado en el conversatorio organizado por la Secretaría de Salud, a través del Servicio Departamental de Salud (Sedes), que concluyó con un documento que fija el norte para avanzar en dicho sistema y asegurar su sostenibilidad, el mismo se hará llegar al Ministerio de Salud. Fueron dos jornadas en las que se habló sobre el aspecto financiero y administrativo, y sobre cobertura.	En el primer punto de las conclusiones se pide que, a través del Sedes, se hagan las gestiones para que se reactive el Comsalud, que era el fondo del cual los municipios podían ‘echar mano’ cuando el gasto en las prestaciones garantizadas por la Ley 475 excedía el 15,5% de la coparticipación tributaria.	El director del Sedes, Marcelo Ríos, explicó que el año pasado en la modificación de esta norma, se eliminó dicho fondo y se habilitaron los pagos intermunicipales (que facultan a los municipios a cobrar a sus pares por atender a sus pacientes), lo cual tampoco se aplica del todo porque los trá- mites son complejos.	En palabras de Ríos, al eliminarse el Comsalud al menos 35 municipios quedaron con déficit, que hasta ahora ha podido ser saldado porque no hay el mecanismo para hacerlo. Los datos reportados por los municipios afectados muestran que hay deudas por las gestiones 2015, 2016, 2017 y 2018, que suman Bs 271.377.091.	A decir de Ríos, los municipios consideran que para avanzar en el SUS es necesario reactivar este fondo, con lo que se busca saldar las deudas y que haya un fondo al cual recurrir cuando los gastos excedan el 15,5% de la coparticipación, que son los recursos con los que los gobiernos municipales deben garantizar las prestaciones en el primer y segundo nivel de atención. “Necesitan ese respaldo financiero porque la Ley 1152 manda a los municipios aumentar la población beneficiaria del seguro (de 5 a 59 años) y estos ya no cuentan con ingresos por consultas como lo tenían antes y deben garantizar la gratuidad con sus propios recursos. La situación es compleja”, asegura Ríos.	Si en algo es clara la Ley 1152 es en las responsabilidades sobre quién debe pagar las prestaciones en cada uno de los niveles a los beneficiarios del nuevo sistema, pues establece que en el primer y segundo nivel deben ser cubiertas por los municipios y en el tercero, por el Ministerio de Salud, destacaron en el encuentro.	En una nota de prensa divulgada por dicha cartera, se informa que el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, comunicó que el Gobierno nacional invirtió Bs 142 millones en la implementación del SUS, hasta el momento. Del total, Bs 21 millones fueron transferidos a las gobernaciones para el pago de salarios a personal del tercer nivel, Bs 92 millones para la adquisición de productos de salud (insumos y medicamentos adquiridos por hospitales) y Bs 29 millones al pago de clínicas por la compra de servicios.