Los productores de caña de azúcar pertenecientes a la Federación de Cañeros Santa Cruz, que en su gran mayoría son pequeños agricultores, necesitan tener acceso a los créditos productivos para aumentar sus cultivos hasta en 10.000 hectáreas, por lo que este será uno de sus pedidos al Gobierno durante la Cumbre Sembrando Bolivia	Adelino Gutiérrez, presidente de la institución, manifestó que el productor siempre aspira a producir más y que si los pequeños agricultores con terrenos de 10 hectáreas tuvieran acceso a créditos, podrían aumentar la extensión sembrada hasta las 158.000 hectáreas (esta gestión se sembraron 148.000 hectáreas de caña), lo que representaría 50.000 toneladas adicionales de caña de azúcar.	“En la cumbre productiva también solicitaremos que se cumpla la Ley 307 del complejo productivo de la caña de azúcar, que establece la coparticipación del sector agrícola cañero en todos los subproductos derivados de la caña, ya que en la actualidad no recibimos nada por el alcohol, que es el principal subproducto”, expresó Gutiérrez.	El titular del ente gremial, explicó que si logra que se cumpla la Ley 307, los cañeros recibirán unos $us 3 más por tonelada de caña, llegando a percibir hasta $us 30, lo que contribuiría a sobrellevar mejor los costos que se han incrementado considerablemente en los últimos años e incentivaría la producción.	La presidenta de la Federación de Cañeros de Bolivia, Piedades Roca, señaló que el sector necesita seguridad jurídica y la apertura de las exportaciones, ya que no se puede producir si no se tienen los mercados asegurados para la venta en el tiempo requerido por los compradores y acceso a la tecnología, es decir, que el Centro Nacional de Caña, integrado por los productores, la industria y el Estado empiecen a dar sus primeros frutos.	La Cooperativa Unión de Cañeros (Unagro) solicitó un crédito al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bs 43 millones como refinanciamiento para pagar un saldo de la deuda (al Banco de Desa-rrollo Productivo-BDP) de 22 millones, y otro recurso por 21 millones para pagar los préstamos que el sector cañero ha contraído de otras entidades financieras privadas.