La adjudicación y autorización de asentamientos a 66 nuevas comunidades indígenas, campesinas e interculturales en tierras fiscales saneadas en San Miguel de Velasco (Santa Cruz) no solo levanta polvareda por el procedimiento consumado en la posesión, sino también desnuda una compleja realidad. En Santa Cruz, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos León, a tiempo de refutar las acusaciones de ilegalidad en la distribución, reveló que hay organizaciones productivas migueleñas que pretenden, de forma individual, adjudicarse tierras en áreas fiscales no disponibles y admitió que hay beneficiarios que bajo la nominación de ‘traspaso’ negocian tierras con súbditos extranjeros, especialmente colonos menonitas y brasileños.	En este último punto, León señaló que hay beneficiarios que bajo el nombre de ‘traspaso’ venden sus parcelas a terceras personas, generalmente ‘palos blancos’ de extranjeros. “Tenemos varias demandas y proceso penales en curso, más de 90, en contra de gente y exdirigentes, algunos supuestos empresarios, que pretenden engañar a la gente falsificando papeles, documentos y certificaciones en las comunidades. Es más, el INRA nacional está fortaleciendo el área jurídica para hacer respetar las tierras fiscales. Estamos avanzando en hacer respetar las leyes”, dijo.	Previo a la confesión, León desmintió las afirmaciones de ilegalidad en la dotación vertidas por autoridades municipales y cívicas de la provincia Velasco y de Santa Cruz. Aclaró que la distribución se dio en el marco de las competencias administrativas del INRA y cumpliendo el ordenamiento jurídico vigente. Además, subrayó que la tierra distribuida a las comunidades está dentro del área fiscal disponible identificada en el proceso de saneamiento en San Miguel.	Hizo notar que de las 66 comunidades beneficiadas, 18 son afiliadas a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y son personas de San Miguel; 34 pertenecen a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, donde hay personas del lugar y migrantes del interior; y 14 son interculturales. La superficie dotada abarca 127.965 hectáreas y 2.485 son las familias beneficiadas.	“Hemos logrado frenar los intentos de invasiones. Lamentablemente en las diferentes reuniones que hemos tenido con los directores del INRA de turno no hemos llegado a acuerdos. Cuando las gestiones se encaminan de buena manera, se caen cuando tenemos que llegar a una resolución final”, explicó Carlos Saucedo, titular de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de San Miguel, que cuenta con 105 integrantes y disponen de unas 50.000 hectáreas.	Los productores indicaron que el año pasado, luego de una reunión que sostuvieron con el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, técnicos del INRA se trasladaron una semana a San Miguel para verificar los trabajos en todos los predios, pero luego de levantar las actas, aseguran que no hubo avances.	El alcalde del municipio de San Miguel, Óscar Dorado, indicó que no cuentan con cifras respecto a la dotación de tierras y que uno de los errores que cometió el INRA y que hace ilegal la resolución de adjudicación es que en esas tierras ya vive y trabaja gente originaria de San Miguel.	La afirmación de Dorado es respaldada por Ana Acero, una de las propietarias de las tierras donde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el INRA realizaron la entrega de resoluciones de autorización de asentamientos humanos a comunidades indígenas, campesinas e interculturales. Dijo que ingresaron a su predio sin permiso.	La Gobernación de Santa Cruz ve un manejo político discrecional y electoralista en la adjudicación y distribución de tierras en San Miguel y cree que no se respeta la Ley del Plus vigente, que establece que en el área de dotación la vocación de suelo es ganadera y forestal reglamentada y no agrícola.