La catástrofe ambiental por incendios forestales, aún activos en la Chiquitania, enciende y confronta ideas y acusaciones entre los actores que fueron parte del foro radial Santa Cruz después del incendio organizado por Grupo EL DEBER Multimedias. En este escenario se analizaron las causas del fuego, las normas que protegen el bosque y el suelo, la ampliación de la frontera agrícola, el alcance de la pausa ambiental y las soluciones a tomar en el mediano y largo plazo.	Las causas abrieron el fuego cruzado. La viceministra de Medio Ambiente, Cinthia Silva, atribuyó el origen del fuego al cambio climático asociado a la extrema y prolongada sequía en las zonas afectadas, a la propagación de incendios ocurridos en Paraguay y Brasil, y a la irresponsabilidad de algunos actores que incumplieron la normativa y restricciones vigente en cuanto a procedimientos y prácticas habituales de la época.	El secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, coincidió en el tema de déficit hídrico, como la causa que ha alterado y propagado la voracidad y magnitud de los incendios. Aludió que este año, en agosto, comparado con el histórico, la cantidad de focos de quema escalaron de 4.000 a 10.000.	Para Peña, el aumento de las quemas prueba la falta de control y de rigurosidad de las instituciones públicas -INRA y ABT- encargadas del tema tierra y de controlar los chaqueos. Acusó al INRA -su director no asistió al foro- de ser una institución carente de transparencia, que no hace respetar la ley de uso de suelo y con sospechas de ser promotora de tráfico de tierra.	En descargo del trabajo que lleva adelante la ABT, su director ejecutivo Omar Quiroga, dijo que viendo las cicatrices del fuego la mayor parte son pastizales y no bosque como se pretende hacer ver. Según él, los asentamientos que se han generado en la Chiquitania no tienen foco de incendios ni existe cicatrices de afectación por quemas.	Para el director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), Hernán Ávila, la principal causa es la ampliación de la frontera agropecuaria definida por el Gobierno y dirigida a expandir los programas de desarrollo rural que permite dotar tierras, autorizar chaqueos, quemas y desmontes de bosques y de áreas cuya vocación definida es forestal y no agropecuaria.	El presidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores Campesinos del Oriente (Cappo), Isidoro Barrientos, cree que la imprudencia e inconciencia en la práctica de quema ejercida por comunarios de nuevos asentamientos y algunos actores vinculados a la pecuaria originaron la propagación del fuego. “Venga de donde venga se debe dar con los responsables del siniestro”, puntualizó. Al foro se invitó a directivos de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), pero se excusaron denotando que están enfocados en las tareas de apoyo a los productores de los municipios afectados por el fuego.