", que investiga una trama de corrupción que habría movido unos 4.000 millones de dólares en una década. En total fueron emitidas en esta fase 62 órdenes de prisión preventiva, temporal, conducción coercitiva así como otras de búsqueda y aprehensión en cuatro estados brasileños: Sao Paulo y Rio de Janeiro (sureste), Bahia (noreste) y Santa Catarina (sur).	El escándalo develó un esquema de corrupción por el cual las mayores empresas constructoras de Brasil se organizaron en un cartel con el que se aseguraban contratos con la petrolera controlada por el Estado a cambio del pago de sobornos. Parte del dinero habría llegado también a políticos del PT y partidos aliados, pero hasta ahora no hay ninguna acusación formal contra ellos.