Según el Ministerio de Trabajo a partir del Servicio Público de Empleo (SPE) con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2018, de los 2,7 millones de jóvenes de entre 16 y 28 años el 8,5% se encuentra desocupado, un porcentaje alto si se lo compara con el desempleo urbano que afecta a las personas mayores y que el mismo se ubicó en el mismo periodo en un 4,27%, siendo según el Ejecutivo el más bajo de la región.	Al respecto, Emilio Rodas, viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, explicó que para hacer frente a esta situación desde 2012 vienen trabajando con un Programa de Apoyo al Empleo (PAE) que tiene el apoyo económico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us 40 millones y que en el periodo 2012-2017 beneficiaron a 19.580 jóvenes de los cuales, luego de una prueba de tres meses, el 61% fue contratado por las empresas.	Rodas explicó que el programa busca ser una alternativa para los jóvenes que están buscando su primer empleo y que la primera experiencia indica que los privados al final de una prueba de tres meses, tiempo en que su salario es cancelado por el Estado, los contratan y son incluidos al mercado laboral. La autoridad hizo notar que entre mayo y septiembre de 2018, 1.025 jóvenes lograron entrar al mercado laboral, de los cuales el 73% fue contratado por el sector privado.	“La calidad laboral no tiene que ver con la cantidad, sino en cómo al trabajador se le da las condiciones necesarias para llevar adelante su actividad y cómo los beneficios y la protección social son respetados por los empleadores, además de que el salario percibido le permita cubrir todas sus necesidades básicas y a su vez proyectar otras”, sostuvo Mercado.	El analista Julio Linares, indicó que los datos del INE no reflejan la verdadera situación de los asalariados del país y menos de la población económicamente activa que de acuerdo a sus datos el 81% en 2017 se encontraba en el sector informal, es decir que no sabe de aguinaldos, vacaciones o el pago de horas extras.	El analista puntualizó que la precarización laboral no solo se da en al ámbito privado, sino también en el público, en donde el Estado es el empleador y que a pesar de que en la actualidad, en promedio, los trabajadores públicos ganan más que los privados, las condiciones laborales no son de las mejores debido a que la inestabilidad laboral, ligada a los intereses políticos, no es de las más proteccionistas para los trabajadores públicos.	A su vez, Rodolfo Eróstegui, consultor externo de la Fundación Jubileo y de la Organización Internacional del Trabajo, indicó que a pesar de los años de bonanza y de los reiterados incrementos salariales la calidad laboral no ha mejorado, sino que debido a las nuevas legislaciones laborales más rígidas ha generado un escenario negativo para los trabajadores.	Otro aspecto, según Erostegui, que daña la calidad laboral es la presencia de las empresas chinas que no respetan las normativas laborales agudizando la precarización del trabajo y por último el analista remarcó que cerca del 80% de los trabajadores que están en el sector informal no tienen beneficios sociales y sus derechos no son respetados.	Sobre los programas laborales impulsados por el BID, Eróstegui indicó que fueron contraproducentes debido a que a los jóvenes que ingresan a estos programas el Estado les paga un salario mínimo nacional que hasta antes del incremento salarial era de Bs 2.060, esto según su opinión fue aprovechado por algunos privados que vieron la posibilidad de imitar los montos de pago y así de esta manera precarizar el valor del salario.	Sobre el aumento del trabajo informal que está al margen del asalariado y por ello es el más vulnerable, Paniagua manifestó que es un punto en el que se debe trabajar más para reducir la brecha entre los que trabajan bajo dependencia y gozan de la protección laboral, de aquellos que están al margen de esa protección legal y social.