El artículo 251 de la Constitución otorga a la Policía “la misión especí- fica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. La Policía ejercerá su función de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con su Ley Orgánica y demás normas del Estado”. Durante 180 años de vida republicana la Policía se desarrolló con políticas de seguridad interna y orden publico represivo; centralizada en ciudades capitales, con capacidad operativa limitada, con una precaria profesionalización y tecnificación. Era una institución militarizada, burocrática y vertical.	Los cambios experimentados en la última década significaron el tránsito de una entidad represiva a una preventiva y comunitaria, con servicios desconcentrados y protectores de los derechos humanos. Se incorporó la tecnología preventiva para efectivizar la lucha contra la criminalidad. Durante la gestión del presidente Evo Morales incrementó un 50% el número de efectivos, pasando 25.500 a 38.280 efectivos, entre el 2006 y la actualidad. En 2006 se tenía un policía por cada 367 habitantes, ahora hay un efectivo por cada 295 habitantes. Hay un cambio de escala en materia presupuestaria, salarial y de equipamiento.	El presupuesto de esta institución se incrementó en más del 450% en la última década (de Bs 900 millones, en 2005, a Bs 3.500 millones, en 2018); si se suman los recursos IDH que destinan los gobiernos subnacionales, la cifra asciende a Bs 4.200 millones. En materia salarial, el presupuesto asignado se incrementó en más del 500%.	El sueldo del policía operativo pasó de Bs 890 a Bs 2.413, en 2018, se incrementó un 192%. En cuanto a equipamiento, si en 2005 se destinaban Bs 12 millones, en 2013 subió a Bs 41 millones, y el acumulado de los últimos seis años fue Bs 425 millones de bolivianos. Respecto al parque automotor, la Policía Boliviana recibió, en 12 años, 2.550 motos y 1.008 vehículos de patrullaje policial, muy por encima, de las 367 motocicletas y 116 vehículos que tenía entre 1993 y 2005.	La desconcentración de los servicios policiales permitió la construcción de 51 estaciones policiales integrales en las ciudades del país, con el apoyo de los gobiernos subnacionales, además se dotó de laboratorios para el peritaje policial y más de 3.000 cámaras de video vigilancia, drones y helicópteros con dispositivos de tecnología de última generación, hecho que ha permitido reducir los niveles de inseguridad y criminalidad.	También se implementaron proyectos estra tégicos, como el Sistema Integrado de Investigación Criminal, la policía electrónica y el BOL-110, con tecnología preventiva de sistemas de comunicación e información, que han permitido como lo señaló el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, que “hoy en día la gente puede mandar a sus hijos a los colegios y universidades sin amenazas significativas. No existen mafias ni cárteles de ramificación externa operando y Bolivia es el país que tiene los índices de criminalidad más bajos de América Latina”. Bolivia demostró los esfuerzos soberanos y los resultados del modelo boliviano de lucha contra el narcotráfico ante la comunidad internacional, que se plasman en la disminución de cultivos de coca y la pelea frontal contra el tráfico de drogas; se pasó de ser un país otrora productor a uno de tránsito, mayormente. La coyuntura que golpea a la institución policial.	La denuncia realizada por el Ministerio de Gobierno en las últimas semanas, sobre un caso que involucra a oficiales de la Policía con el narcotráfico, abrió el debate sobre el estado de la Policía Boliviana. Un debate que deberá servir para proyectar los respectivos ajustes, reestructuración y controles al interior de la institución, pero que no debe llevar a generalizaciones, escarnio mediático ni politización electoralista.	Estamos en tiempos de cambio en el país, con cero tolerancia e impunidad en hechos de corrupción o vínculos de servidores públicos o policías con el narcotráfico. Una muestra de ello es el caso Montenegro, persona sobre la que hay un auto supremo de pedido de captura y extradición a Brasil, debido a una acusación de narcotráfico.	Este caso fue denunciado por el ministro de Gobierno el 13 de abril y hubo ampliación de denuncia, presentación de querella y medidas ministeriales contundentes el 23 de abril. El caso Montenegro y los vínculos con servidores policiales se encuentra en plena investigación de la Fiscalía y la justicia. La coyuntura sobre este caso, permite visibilizar los cambios de la Policía Boliviana en la última década, pero también es una oportunidad para continuar fortaleciéndola, de cara a la agenda patriótica 2025, para que se constituya en el referente de confianza de la población con honestidad, profesionalidad, eficiencia y respeto por los Derechos Humanos.