La trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y la explotación sexual. Se trata de un drama que está golpeando el mundo y contra el que lucha la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés), los gobiernos y los familiares de las víctimas.	Bolivia no está ajena a soportar este drama, que el martes 30 tendrá mayor visibilidad al recordarse el Día Internacional contra la trata de personas. Para medir el tamaño del efecto en el territorio nacional, la capitana Gaby Coca, jefa de la unidad de Trata y Tráfico de Seres Humanos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), lanzó una voz de alerta: “Hemos identificado la última tendencia con la que operan los tratantes: el uso de las redes sociales. Estamos atacando por ahí para que la gente se informe. A través de internet se hacen ofertas llamativas de trabajo y cualquier persona necesitada puede caer en el engaño”, explicó.	El coronel Mario Medina Ordoñez, exjefe de la Unidad de Trata y Tráfico del Ministerio de Gobierno y actual secretario general del Comando de la Policía, dijo que lo más importante que se hizo es que el Estado ha puesto sobre el tapete esta problemática y que a partir de la Ley 263 del 2012 ha creado un sistema de lucha integral.	Según ese documento, en Bolivia la forma más reportada fue la trata con fines de trabajo forzoso, habiéndose reportado 89 casos en 2017. La segunda forma más registrada en este país fue la trata con fines de explotación sexual, con 54 casos en el mismo año. La adopción ilegal de personas ocupó el tercer lugar con 18 casos y, de forma marginal, la mendicidad forzada, con un caso reportado en 2017.	En la página web del Observatorio Contra la Trata y Tráfico de Personas está publicada la información elaborada en base a los datos de la Policía Boliviana, registrados a escala nacional durante la gestión 2018, por la División Análisis Delictual del Departamento Nacional de Estadística, dependiente de la Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones. En ella se revela que fueron presentadas 431 denuncias, de las cuales el 77% corresponden a delitos de trata de personas, el 15,6% a pornografía, el 3,4% a proxenetismo y el 3,4% está relacionada al tráfico de seres humanos (ver infografía).	“El problema con el que nos encontramos es que los procesos judiciales no son diligentes, hay que esperar demasiado tiempo y cuando algún caso llega a juicio, pese a tener toda la información que suministra la familia, el sospechoso es liberado porque jueces y fiscales minimizan los casos de tráfico y trata de personas. No está ayudando (el Gobierno) para que la búsqueda de estas personas sea real. Las alcaldías y las gobernaciones deberían tener un rol importante en el tema de los lenocinios”, exclamó Rita Hurtado.	Para definir la trata se puede recurrir al “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas y sus Formas de Explotación”, conocido usualmente como el Protocolo de Palermo, que la define como: “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.