En 2011, un día como éste, mientras la marcha avanzaba rumbo a La Paz, sus protagonistas fueron salvajemente reprimidos. Policías fuertemente armados con equipos antimotines, no solo les rociaron gas, también los golpearon, los maniataron, los amordazaron y los sacaron del campamento que habían armado para descansar de una larga caminata. Los trasladaron en buses a un aeropuerto donde los tenían encerrados y fue la población civil la que ayudó a liberarlos.	Ese era el trato que los pueblos originarios de tierras bajas recibían del Gobierno que había dicho que los defendería por siempre. Tras semejante represión, nadie en el Poder Ejecutivo asumió la responsabilidad, a pesar de ser evidente que el hecho había sido planificado, que hubo presupuesto para alquilar los buses utilizados y comprar la cinta masking que se empleó para amordazarlos. La excusa fue que se había roto la cadena de mando.	Este año hay otra marcha. Los pueblos indígenas del oriente se vuelven a unir por la Chiquitania. Piden que el Gobierno declare desastre nacional por los incendios de los bosques, pero también denuncian que desde el Estado central se ha titulado más tierras a favor de campesinos colonizadores, muchos de ellos llegados desde las zonas andinas, que a favor de los pueblos originarios de tierras bajas, que son los que viven ancestralmente en esos espacios.	En suma, ellos tratan de existir para el Gobierno y para todos los habitantes de Bolivia, a fin de que les den condiciones para mejorar su calidad de vida, ya que en sus comunidades reina la pobreza, falta el agua, se quemaron sus cultivos y además van siendo arrinconados por asentamientos que sí reciben los favores del poder.