Perseguidos por la pobreza, la represión y la inseguridad, millones de latinoamericanos dejan sus países todos los días buscando mejores días para sus familias. Abandonan sus hogares desesperados porque las naciones que los vieron nacer están sacudidas por las crisis políticas, sociales y económicas y por la corrupción, que destruye ingentes cantidades de recursos imprescindibles para combatir la falta de empleo para los jóvenes y el hambre para los más necesitados. Hasta aquí la responsabilidad de los países expulsores de seres humanos.	El ejemplo más dramático, Venezuela, de donde parten unas 5.000 personas por día y ya van más de cuatro millones de emigrantes que configuran la mayor crisis humanitaria de los últimos tiempos, debido, entre otros factores, a la debacle económica y la represión impulsadas por el Gobierno de Nicolás Maduro.	Cuando pasan la frontera, los migrantes sufren un segundo drama que, en muchos casos, los lleva a la muerte, tal como lo vimos esta semana con aquel padre salvadoreño y su hija de menos de dos años muertos intentando cruzar el río Bravo con la aspiración de cumplir el sueño americano de tener una mejor vida.	La política dura contra los migrantes del presidente estadounidense Donald Trump, con claros tintes racistas y discriminatorios, es parte de una ola ultraconservadora que ve a los migrantes como chivos expiatorios de males económicos, políticos y sociales que están presentes en sociedades cada vez más desintegradas y fragmentadas. Pero también México que militariza el conflicto enviando más de 2.000 agentes para frenar las caravanas de centroamericanos que llegan a su país intentando pasar a Estados Unidos.