El juicio por los abusos sexuales cometidos contra cerca de 28 niños hipoacúsicos en el Instituto Próvolo de Mendoza contará con un intérprete de señas para los testigos, víctimas y para el empleado acusado, quien también es sordomudo, según informó el Ministerio Público Fiscal, citado por la agencia estatal de noticias de Argentina, Télam.	El juicio oral tendrá en el banquillo de los acusados al sacerdote italiano Nicolás Corradi, de 83 años (en prisión domiciliaria), su par argentino Horacio Corbacho de 59 años, y un jardinero, Armando Gómez de 49 años (estos últimos dos ambos detenidos de forma preventiva). Los acusados enfrentan penas de prisión de hasta 20 años en algunos casos y hasta 50 en otros.	Los tres fueron llevados el lunes 5 de agosto ante la Justicia mendocina, acusados de abuso sexual agravado por el acceso carnal, abuso simple y corrupción de menores. Los casos se habrían extendido entre 2004 y 2016, mientras las víctimas eran menores de edad que estudiaban y dormían en los albergues del instituto.	La causa ya tiene como condenado al monaguillo Jorge Bordón, de 51 años, quien confesó en septiembre pasado, durante un juicio abreviado, que fue autor de 11 abusos y tendrá que cumplir diez años de prisión. También hay imputadas en este caso: dos monjas fueron detenidas con prisión domiciliaria por el encubrimiento de los abusos.	Las causas en torno a los abusos en el Instituto Próvolo son tres. La que comenzó esta semana, otra vinculada a Kosaka Kumiko, la monja acusada de haber participado en episodios de vejámenes y corrupción de menores en el instituto, y una tercera, que todavía no fue elevada a juicio, e involucra a la exdirectora de la institución y a otra monja.	La causa llamó la atención internacional cuando se supo que Corradi se había enfrentado a acusaciones similares en el instituto Antonio Próvolo de Verona, Italia, y el papa Francisco había sido notificado de que el sacerdote italiano administraba un centro similar en Argentina. Un dato que pone en una incómoda posición al religioso, acusado ya en otros casos de encubrimiento.	Paola González, madre de una niña de 16 años que presuntamente fue abusada sexualmente en el instituto Próvolo, apunta directamente al papa: "dos años y medio después y hasta el día de hoy, él (papa Francisco) no ha pronunciado una sola palabra de apoyo a los sobrevivientes de Provolo, ni ha repudiado a ninguno de los miembros de la Iglesia que perpetraron tales abusos".	El documento, basado en más de un centenar de relatos que son parte de las experiencias de quienes integran la propia red, describe las coincidencias en cuanto a la metodología utilizada por los abusadores -curas y monjas de la Iglesia Católica- para cometer los delitos y asegurar la impunidad de quien los comete.	La segunda audiencia estuvo marcada por la espera de una resolución por parte del Tribunal. La defensa de los acusados solicitó que las presuntas víctimas declaren durante el juicio frente a ellos, a lo que se niegan tanto la querella como la fiscalía porque ya lo hicieron y consideran que implicaría condenar a los jóvenes a una especie de revictimización.