Obsesionado por lograr eficiencia y avanzar, como sea, en mostrar diferentes obras, el gobierno evita hacer estudios de prefactibilidad, no hace remilgos en los gastos y aprueba todo a tontas y locas. A decir del presidente Evo Morales, “le mete nomás”. Y, lo peor, es que casi nunca se hacen licitaciones. Todo es por invitación directa.	Por eso se construyó una fábrica de urea en el peor lugar posible y que produce a menos del 50% de su capacidad pese al precio sideral de 1.000 millones de dólares gastados; que se hayan erogado 700 millones de dólares en la planta separadora de líquidos que funciona a un tercio de su potencial y que se hayan derrochado 260 millones más en la planta de azúcar de San Buenaventura, que está paralizada.	Otro proyecto de grandes dimensiones es el del teleférico de La Paz que, según sus ejecutivos, implicó el gasto de 750 millones de dólares para instalar los 32 kilómetros de largo que tiene. La empresa austríaca Doppelmayr fue la encargada del proyecto, que terminó ejecutando el empresario venezolano Carlos Gill, también propietario del diario La Razón y los ferrocarriles del país.	El promedio pagado por el Estado a Doppelmayr y Gill es de 23,5 millones de dólares por kilómetro. El colega Rafael Archondo detectó, curioseando en portales noticiosos de México, que la empresa Doppelmayr pidió 19 millones de dólares por kilómetro para una obra similar a realizarse en la capital de ese país. Más aún, en la misma licitación, la italiana Leitner ofreció hacer el trabajo a 10 millones de dólares el kilómetro. El proyecto en México, como el de La Paz, también implica acceder a barrios que están ubicados en cerros, mientras los costos de expropiación son mayores a los de Bolivia.	El gerente del teleférico, César Dockweiler, ha dado una interesante explicación sobre esos montos para poder concluir que el precio en Bolivia es, en realidad, más bajo: le quitó los impuestos que la empresa tuvo que pagar. Con ello, dijo, el precio “real” es de 16,5 millones de dólares por kilómetro. Pero el mismo ejercicio habría que hacer para el caso de México. Y la diferencia en el precio sería la misma.	Pero las astutas explicaciones de Dockweiler no convencen, en realidad, por una razón muy sencilla. Los bolivianos nunca podremos saber si el país podría haber ahorrado millones de dólares en caso de haberse convocado a una licitación. Ya no se hizo. Todo fue con contratación directa. El grupo Doppelmayr-Carlos Gill puso los precios. Punto. Como decimos las personas de cierta edad, “a llorar al río”.