Pedro Montenegro Paz, que se entregó a las autoridades el fin de semana, quedó ‘amarrado’ al país desde que se decidió abrirle causas por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas. El Ministerio Público le abrió tres procesos a Montenegro.	El primero, por los tres primeros ilícitos que habría cometido al momento de cambiarse la identidad a Pedro Hoffman Sainz para deambular libremente por el país y fuera de él con ese nombre falso; y en el segundo, es investigado por lavar dinero ilícito del narcotráfico, explicó el fiscal departamental Mirael Salguero.	Respecto al tercer delito, trá- fico de sustancias controladas, la autoridad señaló que aún no se ha tomado la declaración al sindicado. Al finalizar las dos audiencias de medidas cautelares, las juezas que conocen estas acciones jurídicas decidieron enviarlo preventivamente al penal de Palmasola. Saúl Paniagua, abogado internacionalista, dijo que con los procesos abiertos en contra de Montenegro, su extradición sigue vigente, pero que esta se podría dar a través de una ejecución diferida, una vez se cumplan los procesos y las posibles condenas a las que podría someterse en nuestro país por los otros actos ilícitos de los que ha sido sindicado.	A su vez, un abogado que defendió su tesis sobre esta problemática, añadió que si se hubiera procedido de la forma planteada en la solicitud, Montenegro debió haber quedado detenido bajo el control jurisdiccional de un juzgado cautelar en Sucre y luego de los 60 días de espera, que están establecidos en el tratado de extradición con Brasil, Montenegro Paz debía ser enviado al país que lo solicita. Del mismo modo, un vocal judicial que prefirió mantener su identidad en reserva, confirmó que los procesos abiertos demorarán la salida de Montenegro hacia otro país y agregó que ante la posibilidad de que se dé esta situación, se tiene que aguardar una nueva decisión al respecto del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).	El presidente del TSJ, José Antonio Revilla, explicó que de acuerdo con el procedimiento, primero se solicita la detención preventiva con fines de extradición que en el caso Montenegro, el TSJ resolvió haciendo viable la misma el 2015, y una vez cumplida la detención, el país requirente debe formalizar la solicitud de extradición, lo cual aún no se dio. “Nosotros somos un Estado requerido, consiguientemente debemos esperar la activación procesal correspondiente del Estado requirente, que en este caso es Brasil”, aseguró Revilla y recordó que Montenegro presentó una acción de libertad que inicialmente le otorgó tutela, pero después fue revocada por el Tribunal Constitucional Plurinacional.	La jornada de ayer, Pedro Montenegro Paz fue sometido a dos audiencias cautelares. En ambas audiencias, Montenegro, que usó una gorra, chaleco antibalas y estuvo esposado, se abstuvo de declarar haciendo uso de su derecho al silencio. Por la mañana, la jueza Marianela Salazar determinó su detención preventiva en la cárcel de Palmasola por la comisión de los delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado.	El Ministerio Público, representado por el fiscal Iván Quintanilla, argumentó los riesgos procesales de que Montenegro esté libre, precisamente porque los delitos que le fueron imputados son atribuibles a que usaba otra identidad, la de Pedro Hoffman Sainz, con la cual incluso había salido del país para realizar viajes, como el de Cartagena, al cual invitó a otras 17 personas. En horas de la tarde, Montenegro fue puesto ante la jueza Lidia Alarcón, bajo la imputación de legitimación de ganancias ilícitas. Ariel Góngora, abogado de Montenegro, indicó que la jueza dio a la Fiscalía el plazo de 72 horas para demostrar si los bienes que se atribuyen a su cliente, son o no de él. Para mañana está prevista otra audiencia por el delito de tráfico de sustancias controladas.	El Consejo de la Magistratura activó control y fiscalización sobre la supuesta vinculación de jueces, vocales y funcionarios judiciales con Montenegro para hacer seguimiento y tener un informe que será considerado en Sala Plena el jueves, en la que se asumirá las determinaciones correspondientes. El consejero de la Magistratura, Omar Michel, aseguró que el sábado conocieron de esas supuestas vinculaciones y se espera el informe en detalle e individualizado de cada implicado y que se podría aplicar la transitoriedad como una medida preventiva.	A su vez, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, advirtió que, en caso de que existan pruebas, se procesará y retirará a los administradores de justicia vinculados. “Si hay autoridades judiciales involucradas deben inmediatamente ser procesadas. Estamos moralizando la justicia en el país. Yo no puedo presumir, porque no conozco los antecedentes, no puedo presumir mal de nadie; pero si existen indicios y evidencias en contra de autoridades, estas personas, y si hay elementos de prueba, deben defenderse como cualquier ciudadano y no manchar la administración de justicia”, afirmó el ministro Arce, según la agencia ANF.