Para la organización, es evidente la «incapacidad y falta de voluntad» de los dos Gobiernos «para proteger a los pueblos indígenas y a la biodiversidad, ante los incendios forestales en la Chiquitanía boliviana, en Santa Cruz de la Sierra, y los Estados de Acre, Rondina, Mato Grosso y Mato Grosso del Sur, en Brasil».	Solicitó a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y a la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas que «se pronuncien sobre la necesidad de adoptar medidas inmediatas por parte de la comunidad internacional para atender la emergencia y para formular medidas de carácter internacional para prevenirlas en el futuro».