Más de seis años después de iniciado el juicio oral por el caso de supuesto terrorismo (en octubre se cumplen siete años de iniciada la causa) y a diez años de recordarse el asalto al hotel Las Américas (16 de abril de 2009), está a punto de aprobarse una disposición legal que coloca fecha de cierre para esta causa, que a lo largo de un decenio dejó tres muertos en el operativo policial, varios refugiados fuera del país, dos detenidos en el penal de Palmasola y más de una veintena de cruceños que siguen siendo parte del lento avance de las audiencias judiciales.	La Ley de Abreviación Procesal Penal, que aún es proyecto en discusión pero que ya superó la Cámara de Diputados y tiene más del 80% avanzado en la Cámara de Senadores, establece en su segunda disposición transitoria y en su primera disposición final, que una vez sea publicada la disposición legal los juicios orales en curso tendrán un plazo máximo de seis meses para concluir.	El proyecto de ley también señala que pueden ser responsables por la vía disciplinaria o penal, los miembros de los tribunales de sentencia o los jueces de sentencia que no cumplan con el plazo ‘fatal’ que esta disposición les pone a todos los juicios orales que se tramitan en el país, aunque también se agrega que se deberá aplicar el principio de retroactividad de la ley en todo lo que beneficie al imputado.	El diputado de oposición Tomás Monasterio, dijo que la disposición que salió de la Cámara de Diputados no pudo ser corregida por la determinación del Gobierno de seguir sin escuchar los argumentos jurídicos de la acción ilegal que se generará con esta disposición, ya que recordó que él y otros parlamentarios hicieron observaciones a la disposición, pero no fueron escuchados por el pleno.	“Se quejaban por la dilación del caso, ahora que planteamos una norma que busca acelerar los procedimientos y concluir con este caso, también se quejan. No entiendo”, agregó Montaño y precisó que si la ley entra en vigencia el 6 de agosto de este año, como reza la primera disposición final del proyecto, se puede tener sentencia del caso terrorismo en febrero de 2020.	“Si se insiste en la aplicación de esta disposición, tendremos que acudir a la justicia constitucional”, apuntó Prado y afirmó que la tramitación de esta causa fue constantemente ‘estirada’ por ‘malas mañas’ de los acusadores y del propio tribunal que los juzga. Además, recordó que hace dos años que se vienen leyendo extractos telefónicos, provocando una demora en la causa y el cansancio de los acusados.	“Ellos (la Fiscalía y el Gobierno) siguen alargando esta causa”, apuntó Prado y acotó que aún falta realizar la producción de una serie de pruebas de descargo, que como parte de la defensa deben ser consideradas por los juzgadores, ya que obviarlas implicaría violar el derecho a la defensa, que tienen cada uno de los imputados en este juicio por el caso de supuesto terrorismo.