Como no proviene del voto electivo, único que otorga legitimidad, legalidad y autoridad, el Gobierno de transición ejerce el poder Ejecutivo en sustitución de quien abandonó su responsabilidad y huyó buscando refugio político fuera de fronteras nacionales por haber cometido «actos dolosos» (según informes de la OEA) que es mucho más grave que «fraude» electoral. El dolo significa planificación antelada a la ejecución con un objetivo malsano, generar múltiples víctimas, vulnerando la CPEP y normas legales, por ende, la sanción, por la gravedad del delito, es mayor, diez años de condena cual determina el Código Penal.	Está claro, que el Gobierno de transición no ejerce con plenitud sus competencias, está limitado a la convocatoria de los comicios, la celebración de los mismos y la obligatoriedad de garantizar la objetividad del proceso electoral. Si en el interín se delata la presencia de elementos sediciosos que incitan a la rebelión, o se detecta y captura a mercenarios, sicarios, que atenten contra la soberanía nacional, corresponde ampliarse su gestión.	Careciendo de previsiones legales garantistas que limiten la actuación del gobierno, es necesario este impedido de actuar política y administrativamente a su libre criterio. La función de control corresponde al Parlamento en el ámbito administrativo, por lo que es recomendable que en este periodo prevalezca el consenso, no por espíritu democrático; sino, porque así evitan la asunción de responsabilidades. El consenso permite eludir la parte individual que tomó cada uno en la decisión final.