El dolor físico y moral se siente en cada paso dentro de un hospital público de Santa Cruz. Los políticos hacen discursos sobre la “salud gratuita, con calidad y calidez”, pero sus palabras se diluyen en la pesada realidad que palpan los ciudadanos más pobres, los que no tienen para costear un médico privado y menos para ir a buscarlo fuera del país. Esos enfermos no comprenden que la atención en los nosocomios públicos esté en emergencia y que se posterga en el acalorado y político debate acerca de quién paga qué deuda ni el que plantea: “Si no me firman el SUS, no les doy nada”.	La Gobernación y los directores de hospitales dicen que la Alcaldía y el Gobierno central les deben más de Bs 100 millones y que este déficit puede provocar el cierre de servicios. El municipio argumenta que esa deuda no le corresponde porque es un viejo compromiso y que en los nosocomios no se hicieron los trámites en el tiempo adecuado para saldar las cuentas pendientes que datan de hace años. El Gobierno central pone condiciones para desembolsar recursos.	Los médicos están enfrascados en un debate con el Ministerio de Salud que más tiene que ver con la seguridad social (la Caja Nacional de Salud), pero a la hora de las medidas de presión afectan a los ciudadanos que carecen de prestaciones sanitarias de este sistema de corto plazo, que son los más necesitados y más pobres.	Ya se sabe que las competencias de salud están divididas: el Gobierno central debe pagar los ítems y no ha creado suficientes para este departamento; la Gobernación debe cubrir los costos de equipamiento del tercer nivel y también es cuestionada por los trabajadores, mientras el Gobierno Municipal tiene a su cargo los establecimientos del primer y segundo nivel, con serios cuestionamientos también de parte de los sanitarios. Parece que los mandamases de estos gobiernos creen que la construcción de hospitales es suficiente para cumplir su responsabilidad, sin ver que una infraestructura sin suficiente personal no sirve de nada.	La salud del pueblo permanece relegada por todos. Ni siquiera organizaciones de la sociedad civil, como el Comité pro Santa Cruz, se dan cuenta de que el asunto demanda urgentes soluciones de fondo: como un replanteamiento de las normas y de la asignación de recursos. Sería importante que la presidenta del Concejo, la ministra de Salud, el gobernador, la dirigencia de los médicos y hasta el presidente cívico opten por buscar atención (sin preferencias de ningún tipo) en los hospitales públicos; sería fantástico que sepan en carne propia lo que es hacer filas desde la madrugada por una ficha de atención o en busca de una cirugía o una cama.	Santa Cruz tiene una tasa del 2,2% de crecimiento poblacional, mayor que la nacional, de alrededor del 1,4%. ¿Por qué cuesta ver que esta región absorbe la mayor cantidad de migración del país y que necesita más recursos y esfuerzo de todos los gobiernos para darle calidad de vida a sus habitantes?	Lo menos que puede esperarse es que, más allá de los debates políticos y los intereses sectarios, se busque una solución de fondo al problema y que pase por un acuerdo nacional, si implica cambiar las leyes para adecuarlas a la realidad, debería hacerse. Si los gobernantes dicen estar interesados en el bienestar del pueblo, que lo demuestren con hechos y con la emergencia con la que debe abordarse la crítica y dolorosa situación de la salud pública.