Atravesaron el umbral del penal de San Pedro y ese día se convirtió en el peor de sus vidas, está en su memoria como si hubiera sido ayer. Damián Condori, Elsner Larrazabal y Franclin Gutiérrez comparten una desdicha en común: haber sido detenidos y enviados a la cárcel.Casos. Les privaron de su libertad encerrándolos entre cuatro paredes, lo más doloroso alejados de sus familias; convivieron entre cientos de detenidos preventivos sin justicia, los menos con condena por delitos de asesinato, narcotráfico, violaciones y robos.Damián estuvo detenido durante dos años y dos días y Larrazabal seis meses y cinco días, en el sector de la Posta; mientras que Franclin hace más de siete meses está en Chonchocorito, el sector donde están los internos considerados más peligrosos. En un contrasentido los tres luchan para probar su inocencia, cuando el Ministerio Público debiera probar su culpabilidad con pruebas fehacientes de los delitos que ha tipificado en las imputaciones y garantizar que sus derechos no se les vulneren. El común denominador. Los tres son líderes políticos y cívicos que estuvieron al frente de diferentes causas; su mala suerte no fue por los delitos que los acusan, sino porque de militantes o afines del MAS pasaron a ser críticos y cuestionaron e hicieron públicas sus divergencias con el oficialismo y el Gobierno. Los tres casos estuvieron precedidos, además de un discurso y una posición contraria al Gobierno de movilizaciones masivas; de por medio represión de la Policía, aprehensiones de decenas de personas, en particular, en el caso de Achacachi y de los productores de coca de los Yungas. Para el Gobierno son delitos comunes los que han cometido, pero los líderes desbaratan esa teoría mostrando pruebas y presentando testigos, ni el Ministerio Público tildado de ser el instrumento de "persecución" ni la justicia sometida al Ejecutivo han valorado los documentos presentados como prueba de su inocencia, denuncian. En los tres casos se generaron hechos penales: un supuesto caso de corrupción, un presunto secuestro y una sospechosa emboscada con saldo de un muerto y heridos, por lo tanto, sin presumir de la inocencia sino de la culpabilidad para el Gobierno los hechos "delictivos" se sancionan con cárcel.  Condori después de su candidatura a la Gobernación se lo imputó por irregular manejo en dos casos del extinto Fondo Indígena, a Larrazabal se lo acusó de secuestro en las movilizaciones de Achacachi y a Gutiérrez tras su lucha por la coca de los Yungas y una anunciada candidatura fue detenido por una "emboscada" a efectivos de la FTC.