Desde el inicio de la república, todas las acciones de nuestros gobernantes se dirigieron a no perder el Gobierno, destinando los recursos en administrar la cosa pública, siempre y cuando se genere impacto en la preservación del poder político. Harto de esta forma de gobernar, sustentada en un sistema de partidos obsoletos, el pueblo vota mayoritariamente para que desde 2006 se dé un cambio que incluya, entre otros, acciones concretas en favor de las necesidades públicas elementales, conteniendo la Constitución de 2009 la justicia como valor supremo y de máxima búsqueda material, así como la salud y educación de prioridad nacional.	El tema es que, luego de 13 años del anhelado cambio con el gobierno del MAS, los hechos demuestran en contrario que la inversión para curar este cáncer que llamamos Órgano Judicial, resulta paupérrima, así como insuficiente en salud y educación, con el agravante que los altos precios internacionales del petróleo entre 2010 y 2014, si bien dejaron ingresos anuales por venta de gas nunca vistos en más de 180 años republicanos, entre otros fueron invertidos en satélites, museos, palacios y otros elefantes blancos y dejaron postergados los cambios estructurales de las tres macro necesidades, ya recontra constitucionalizadas y que resultan la base y éxito de una sociedad homogénea y un Estado confiable.	Hoy, resurge el tema por el desprecio incomprensible a la cooperación de 30 millones de euros, por lo que precisamos tener las cosas claras. A este Gobierno, así como a los anteriores, les importa un bledo y no les conviene cambiar con nuestra plata o la ajena, el sistema judicial, mismo que ya no basta con reformar, sino que se debe revolucionar desde sus cimientos, recrearlo gradualmente y planear un nuevo sistema que materialice los fines dispuestos en la Constitución Política del Estad.	Para ello, se necesita tomar decisiones concretas contra la corrupción, a fin de lograr la independencia del Órgano Judicial, intención que debe trascender la infame voluntad de satisfacer intereses grupales y políticos partidarios, invirtiendo recursos en su transformación y cuya labor (que sencilla no va ser), no es un anhelo poético, sino que basta ver cómo un magistrado del TCP y otro del TSJ se declaran en favor del proceso político actual, afirmando lo indiscutible de las sentencias en desmedro del voto soberano, para ratificar la vergonzosa dependencia de éste órgano; así como constatar los fallos abominables y el víacrucis jurídico que pasa el justiciable para terminar desilusionado.	Se vienen las elecciones en octubre y el pueblo deberá demandar enérgicamente y con madurez democrática a los candidatos, cuál es su plan para revolucionar la justicia. Pero, ¿existe el candidato que se comprometa con esta transformación material?, ¿O es que a casi todos les sigue conviniendo políticamente esta justicia sometida, el pueblo sin valores y la limosna del gobierno para la salud?