La comisión de fiscales de la unidad anticorrupción, a la cabeza de Iván Ortiz y Fanny Alfaro, tomó la decisión de ampliar la investigación sobre el centro de monitoreo móvil. La indagación será para saber si hubo legitimación de ganancias ilícitas y sobreprecio, y para establecer si el software cuenta con licencia de funcionamiento y de acumulación de información para la lucha contra la inseguridad. Por este centro de monitoreo y un dron la Alcaldía cruceña pagó Bs 3.896.500, es decir, más de $us 500.000.	La Fiscalía se aferra a los resultados de un peritaje. Busca conocer con certeza si el software, que costó Bs 2,45 millones, contaba con licencia del Estado para operar o era trucho. Además ampliará las pesquisas por legitimación de ganancias contra el gerente de la empresa Army Security, Carlos ‘Chichito’ Padilla, que se adjudicó el contrato municipal.	Joadel Bravo, abogado de Padilla, aseguró que su cliente fue afectado en su vida personal y en su profesión desde que el 9 de marzo fuera llevado a la Fiscalía, imputado por incumplimiento de contrato y otros delitos. Agregó que a su defendido, que está con medidas sustitutivas, prácticamente lo han desahuciado pues nadie le quiere dar trabajo.