“Pedimos que se hagan las acciones que fueren necesarias, para hacer uso de los recursos e instancias legales para dejar sin efecto la mencionada declaración 0073/2018 a fin de restablecer el estado de derecho que debe regir en todas las actividades mineras. Asimismo y tomando en cuenta la importancia de la actividad minera en Bolivia,	Además, sostiene que la resolución comunal, así como la declaración del TCP, contraviene el artículo 369 de la Constitución Política del Estado, la ley 073 del 29 de diciembre de 2010 (Ley de Deslinde Jurisdiccional) en su artículo 10 parágrafo 2, inciso c), donde se establece que la jurisdicción indígena originaria campesina, no alcanza al derecho laboral, al derecho de la seguridad social, al derecho tributario, al derecho administrativo, al derecho minero, al derecho de hidrocarburos, al derecho forestal, al derecho informático,