, los derechos, deberes y garantías o a la primacía y reforma de la Constitución se hará a través de una Asamblea Constituyente, activada por voluntad popular mediante consulta popular. La convocatoria del referéndum se realizará por iniciativa ciudadana con la firma de al menos 20% del electorado; por mayoría absoluta de los miembros del Legislativo o por el Presidente del Estado.	Dicha determinación fue asumida porque el TCP alegó que se debe aplicar de forma preferente el artículo 23 del Pacto de San José —que en su inciso C se refiere al acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país— sobre el inciso tercero del artículo 238 de la Constitución Política del Estado, siguiendo el “