Una de las preguntas que le hice fue cómo eligió la especialidad de dermatología. Me comentó que inicialmente le atraía la pediatría, pero que en sus años de internado se dio cuenta que sus colegas no vivían de forma tranquila, fundamentalmente, debido a procesos legales que tenían que enfrentar con relativa frecuencia. De igual forma, exploró y vio en la dermatología oportunidades y avances que inclinaron su decisión. En pocas palabras: tranquilidad, remuneración justa y, obviamente, inquietud profesional, determinaron su decisión.	Si uno analiza, el razonamiento del doctor es muy lógico. No obstante, la variable “tranquilidad” en la ecuación pondera más de lo normal. Es decir, cualquier persona en este país debería tener la suficiente certeza de que su profesión no implica riesgos para su salud mental y su libertad. En nuestras labores profesionales, ya sea como médico, carpintero, maestro, bancario, chofer, mecánico, todos tenemos que sentirnos plenamente seguros de que nuestro trabajo está protegido por el Imperio de la Ley y por procesos transparentes y justos en caso de necesitar ser sometidos a auditorías o demandas.	No cabe duda de que algunas profesiones implican mayores riesgos o responsabilidades: un carpintero que elabora una mesa no tiene la misma responsabilidad que un médico que trata a un niño enfermo. Un carpintero cuyo ayudante puede perder el dedo no tiene la misma presión que un médico cuyo paciente puede perder la vida.	Sin embargo, tanto el carpintero como el médico deben sentirse protegidos por el Estado y sus instituciones a la hora de rendir cuentas y, ambos, deben tener garantías de contar con procesos justos, transparentes y ágiles a la hora de someterse a la justicia, lo cual implica, entre otras cosas, defenderse en libertad y contar con presunción de inocencia.	Vivimos en un país donde todos somos o vamos a ser culpables de algo, y eso demuestra el arraigo que tiene la desconfianza en nuestros esquemas mentales, condenándonos a tener instituciones públicas y privadas sin visión, mediocres e ineficientes; muchas veces con procesos de atención o servicios que, contradictoriamente, marcan un camino asfaltado a la extorsión, a la coima, al mercado negro y a la irregularidad. Nos condenamos a tener lazos sociales de confianza y de servicio real solo con la tribu, que no es más que la familia, los amigos cercanos y pare de contar, porque incluso esta lista ya se hace generosa.	Pero podemos aprovechar las incongruencias de nuestros administradores de justicia, líderes políticos, empresarios y también las nuestras, para exigirnos y exigir una verdadera revolución moral que cambie los esquemas de razonamiento actuales, con los que enterramos muchas veces de forma arbitraria e injusta a personas, y con ellas, sus sueños y familias.	Donde vayamos, demandemos buenos servicios, procesos claros, critiquemos lo ilógico y lo torcido; si no entendemos preguntemos por qué y demandemos que la respuesta tenga sentido. Solo así es posible marcar una hoja de ruta hacia instituciones que brinden servicios de calidad, que no parezcan favores; hacia procesos judiciales limpios, basados en la ley y la jurisprudencia y no en el dinero y la picaresca. En definitiva, hacia un ecosistema donde haya menos razones para juzgar sin fundamentos y donde haya más razones para confiar y construir cimientos sólidos de progreso.