Tras el mandato del presidente Evo Morales de sancionar una ley para obligar a los trabajadores a jubilarse con el fin de crear nuevos empleos, tanto autoridades del Gobierno como de la Central Obrera Boliviana (COB) dan cuenta de que en los próximos días someterán a un análisis y estudio técnico la propuesta, que ya había sido expuesta en 2017. En ese entonces, no se le dio mucha importancia.	“Hemos rechazado la propuesta del presidente Morales. (Ese proyecto de ley) tiene que estar claro y tener un sustento. Y los trabajadores tienen que consensuar para que no haya descontento. Vamos a convocar a un ampliado, que será en los primeros 15 días de febrero, pero primero tenemos que reunirnos con los ministros para discutir y dar, luego, una información precisa a las bases”, manifestó el secretario de Organización de la COB, Nicanor Baltazar.	En Santa Cruz, el ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD-Santa Cruz), Rolando Borda, explicó que el tema tiene que venir acompañado de una revisión de la fórmula establecida en la Ley de Pensiones, que calcula un monto de pensión, distribuyendo el capital acumulado por los asegurados hasta los 110 años. “Eso es imposible. Tenemos que ver una fórmula para una jubilación digna porque hay una jubilación de hambre y por eso nadie quiere jubilarse”, sentenció el dirigente.	Estos aumentos representan un costo de Bs 20,2 millones para las rentas de los jubilados y Bs 51,5 millones para la Renta Dignidad; lo que equivale a un total de Bs 71,7 millones adicionales por mes al Tesoro General del Estado (TGE) y recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), respectivamente.