Carlos Mesa, candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, tuvo que interrumpir su agenda de campaña en Santa Cruz de la Sierra para salir a aclarar una denuncia en su contra, realizada por la diputada Susana Rivero (MAS) de haber recibido, el 16 de junio de 2009, un depósito de $us 30.000 realizado por el excoronel Gonzalo Felipe Medina Sánchez, hoy acusado de encubrir al narcotráfico.	En una somera declaración de prensa en la que no admitió preguntas, el expresidente se mostró indignado por la sindicación de estar vinculado a un acusado de tales delitos. Primero acusó al Gobierno de haberlo tratado de implicar por el caso misiles chinos, Quiborax, la inmunidad a los ciudadanos estadounidenses y ahora su relación con Medina. Luego, declaró su indignación: “Es una acusación que carece del más mínimo fundamento referida a una transacción de venta de un departamento absolutamente legal y transparente con todos los papeles en orden donde no hay posibilidad de hacer ninguna otra interpretación”, dijo.	Mesa se encontraba en Santa Cruz de la Sierra para participar de un encuentro con estudiantes y, en La Paz, Rivero daba una conferencia de prensa, en la que aclaraba que el documento era un reporte de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y que había sido reportado durante las indagaciones de Lava Jato, capítulo Bolivia, como una transacción sospechosa. “A la luz de todos los narcovínculos que se ha detectado y revelado lo que llama la atención es un depósito de $us 30.000 que hace Gonzalo Felipe Medina a Mesa, el mismo ciudadano que es investigado por narcotráfico”, dijo Rivero.	Esto parecía una respuesta a un tuit de Mesa del día anterior, en el que exigía a Evo Morales “transparencia y honestidad” en este caso “para dar a conocer el detalle de las investigaciones sobre la penetración del narcotráfico en la Policía Boliviana”. Luego de conocida la transacción, Manuel Canelas, ministro de Comunicación, le respondió que esperaba lo mismo de parte suya.	Mesa se comprometió que hoy presentará las pruebas de la venta en La Paz, pero Rivero lo pone en duda. Explica que la investigación a las cuentas del expresidente llegó hasta diciembre de 2009 y no se detectó otro depósito de Medina a Mesa y tampoco se reportó en Derechos Reales ninguna transferencia de inmuebles a nombre de Mesa entre 2008 y 2009.	Para la diputada, que encabezó la investigación congresal de Lava Jato, Mesa conocía a Medina, ya que el expolicía estaba señalado como cabecilla de Febrero Negro, tenía una denuncia por sedición en su contra y, en 2004, denuncias de los diputados masistas Gustavo Torrico y Antonio Peredo de ser parte de una red de extorsión.	Cuando se le consultó a Rivero cómo un policía acusado de sedición y señalado por dos diputados masistas llegó a ser director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en Santa Cruz, ella prefirió no responder y volcar la pregunta a Mesa: “¿Medina era ganadero, policía, abogado o narcotraficante? Solo investigué las cuentas de Mesa hasta 2009. Se verificó sus cuentas y las de su entorno, sus declaraciones de impuestos, lo que tiene a su nombre. No ha vendido nada, aunque diga lo que diga, no existe venta alguna en esa temporada, por eso esta transacción es sospechosa”.