Recibió en el camino un fuerte respaldo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los gobernadores, los alcaldes y un electorado que respaldó su decisión de descabezar al Parlamento controlado por el fujimorismo. La Secretaría General de la OEA demandó que el Tribunal Constitucional de Perú (TCP) se pronuncie respecto de la decisión del mandatario de desactivar el Poder Ejecutivo.	Por su parte, la excongresista y vicepresidenta del Perú, Mercedes Aráoz, se pronunció ayer sobre su toma de mando y mensaje brindado ante un Congreso disuelto. Aráoz aseguró que el acto solo fue un acto político. “Lo que hice fue básicamente un acto político. Tuve que ser prudente en mis acciones de ese momento. Lo que intenté hacer fue decir que podemos resolver las diferencias mediante el diálogo”, declaró a la BBC.	Por su parte el abogado Ángel Sotomayor, de 60 años, manifestó también su acuerdo con la medida de Vizcarra, al considerar que el Congreso estaba “dominado por un grupo político que su jefa está en la cárcel” por el escándalo de la brasileña Odebrecht, en referencia a Keiko Fujimori, quien se halla en prisión preventiva.	Así lo anunció el legislador del izquierdista Frente Amplio Marco Arana en los exteriores de la Fiscalía, a la que llegó a pie y acompañado por su colega Wilbert Rozas, para presentar la denuncia que también se extendió contra el presidente del Congreso, Pedro Olaechea y la diputada Milagros Salazar por las acciones que tomaron el lunes para enfrentar “ilegalmente” la disolución de la Cámara.	“Aráoz no debió conspirar como lo hizo durante todas estas semanas contra el propio presidente de la República”, criticó Arana, quien tras la disolución del Congreso continuará en su labor como miembro de la comisión permanente, que es conformada por 29 legisladores y que no puede ser disuelta, según establece la Constitución.