El retraso de operación del centro de confinamiento de ganado bovino El Tinto, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, continúa dando qué hablar. Esta vez, Scarlett Ortiz, propietaria de El Santafecino Importaciones y Servicios –empresa que se adjudicó la implementación de la planta procesadora de alimento balanceado para dicho proyecto estatal-, salió al paso para desmentir la versión del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario en sentido de que el proyecto no despega por incumplimiento de plazos establecidos en la entrega de dicha obra.	Denunció que la obligaron, con chantajes, a firmar ítems de obras extras, fuera de contrato, que no fueron canceladas. Habla de que de los Bs 6.257.383 del contrato de montaje de la planta de alimento aún le deben Bs 2.549.164 y de las obras extras $us 149.000. Sin embargo, desde el Gobierno negaron que tengan cuentas pendientes con la firma proveedora, pero no contestaron sobre las acusaciones de supuesto chantaje.	Hace dos semanas, en un acto de fiscalización al centro, el senador de Unidad Demócrata, Carlos Pablo Klinsky, cuestionó la postergación del proyecto que, a tres años de su entrega, no ha engordado ni una res y presenta signos de deterioro, tanto en sus instalaciones como en la maquinaria que alberga.	En base a la revisión del contrato, Klinsky mencionó que la orden de proceder para la construcción de la fábrica se hizo efectiva el 6 de diciembre de 2017. El 15 de enero de 2018 se amplió el plazo mediante una modificación del contrato y se puso como fecha final de entrega el 23 de octubre de 2018, pero la planta a la fecha no se encuentra concluida.	La fiscal Rose Marie Barrientos informó que ha sido designada para indagar presuntos actos irregulares en el caso El Tinto. Refirió que la investigación hace referencia a que el Ipdsa facilitó recursos económicos para la construcción de una planta para procesar alimento balanceado y que esa obra ya fue ejecutada por una empresa privada. “La razón del por qué no funciona es el foco de la investigación”, indicó.	La fiscal afirmó que hay dos versiones, el descargo de la empresa El Santafecino que asegura que la entidad pública le exigió más ítems de lo acordado en el contrato -las obras fueron financiadas por ellos- y que la planta no fue entregada porque cuando tocó hacer la prueba la institución pública no facilitó el grano para cumplir con ese cometido.