Dora es madre de una adolescente que peregrinó por varios centros médicos con la intención de interrumpir su embarazo, producto de una violación de un familiar. Ninguna clínica privada, hace tres años, se animó a practicar el aborto, a pesar de que existe la sentencia constitucional 0206/2014 que lo avala en cuatro causales, una de ellas la violación. Al final, la mamá tuvo que llevar a su hija a un consultorio médico donde realizan los abortos clandestinos, arriesgando la vida de su retoño. Existe escasa información sobre la interrupción de aborto legal, el cual puede llegar a costar hasta 500 dólares en una clínica privada, según versiones de afectadas.	Según el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, los abortos legales se pueden realizar en clínicas privadas y hospitales públicos de tercer nivel, siempre y cuando el embarazo hay sido producto de cuatro causales: cuando la vida de la madre está en riesgo y el embarazo signifique peligro para su salud integral, cuando se detecten malformaciones fetales, cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto y cuando la gestante sea niña o adolescente. En los centros médicos desconocen esos detalles y ven al aborto como algo ilegal.	Este fallo constitucional, aprobado el 5 de febrero de 2014, establece que no será exigible la presentación de una querella ni la existencia de una imputación y acusación formal y menos sentencia para que se proceda con el aborto. Violeta Tamayo, del colectivo Pan y Rosas, denuncia que muchos centros de salud privados evaden la normativa y rechazan a las niñas o adolescentes que quieren interrumpir su embarazo a raís de una de las cuatro causales.	“Tenemos muchos casos, sobre todo mujeres, niñas o adolescentes que fueron violadas y acudieron a clínicas privadas para que les practiquen un aborto. No quisieron y pusieron muchas trabas, una de ellas verificar la violación a pesar de que la norma prohíbe que se presenten querellas, denuncias o imputaciones. Ese parámetro se debería analizar para evitar estas situaciones, que a la larga solo afectan a las víctimas”, señala Tamayo.	La activista detalla que en los centros médicos privados que practican el aborto de manera legal se llega a cobrar 500 dólares por la intervención. Esa cifra es inalcansable para familiar de escasos recursos, que prefieren acudir a los consultorios del norte de la ciudad de La Paz o del centro de El Alto para interrumpir los embarazos. En estos lugares se cobra entre 500 y 1.000 bolivianos, dependiendo del tiempo de gestación.	La historia de Ana (nombre ficticio) se estrella con esa ingrata exigencia económica. Ella vive en las laderas de La Paz y su familia tiene poco dinero. Ella prefirió que sus padres no sepan su situación. Fue violada por sus amigos en una fiesta y quedo embarazada. Caminó días por clínicas y hospitales y no le querían practicar el aborto. Ella no sentó ninguan demanda y esa fue el aexcusa de los centros médicos. Al final, tuvo que llegar a los consultorios clandestinos para interrumpir su desgracia. Puso en riesgo su vida por las condiciones insalubres con las que se practican los abortos. Hay centros médicos, como la clínica Cies, que brinda información sobre los abortos legales y transfiere asesoramiento jurídico y social para practicarlos.	El aborto clandestino en la ciudad de El Alto se salió de control. No hay seguridad y, al igual que en la ciudad de La Paz, estos negocios están camuflados en consultorios donde se practican supuestamente ecografías o test de embarazos. En estos lugares, las afectadas tienen que sufrir hasta maltrato, a pesar de que pagan mucho dinero.	Violeta Tamayo, del colectivo Pan y Rosas, lamenta que en El Alto no haya control en estos centros clandestinos. La activista relata que las niñas y adolescentes que acuden a estos lugares sufren maltrato por parte de las enfermeras y médicos. “Ellas pagan un monto de dinero y de paso son maltratadas. Eso es inadmisible”, cuenta.