l día 20 de abril la Ley N° 1551 de la Participación Popular cumplió 25 años de positiva vigencia en la ampliación y profundización del sistema democrático en nuestro país. En realidad su origen se remonta a los primeros años de la democracia en los que la tarea fundamental era organizar, estructurar y potenciar los diversos niveles de institucionalidad.	En esa perspectiva y con esos objetivos surge la primera experiencia de concertación, la primera y única hasta ahora, realizada entre todos los partidos del sistema político boliviano tanto en función de Gobierno como de oposición. A mediados de 1992, como presidente, hice una solemne convocatoria para lograr elaborar en conjunto una agenda nacional de corto, mediano y largo plazo sobre temas centrales para la vida de la nación y el presente y futuro de su naciente democracia. Es decir, darnos una tarea a cumplir como país.	Luego de varias y fructíferas semanas de diálogo e intercambio de opiniones en el propio Palacio de Gobierno, se logró concertar y luego firmar el 9 de julio de 1992 un histórico acuerdo denominado Mariscal Andrés de Santa Cruz -conocido también como los acuerdos del 9 de julio- que recogía 10 puntos de una agenda nacional en los que a más de las leyes de partidos políticos, de elecciones y estructuración de una Corte Electoral de pleno consenso -bautizada después como de “notables”- Ley de Reforma Educativa, Ley de Reforma Constitucional, Ley de Reforma Judicial, se decidió incluir como punto de demanda particularmente urgente el de encarar la descentralización departamental y municipal del país.	Tan trascendental acuerdo fue muy bien recibido por la opinión pública como una señal de los nuevos tiempos que la democracia había traído al país. Desde el Gobierno nos pusimos manos a la obra en la estructuración de un nivel especial dependiente del Ministerio de Economía y Planificación denominado Etare, conformado por una nueva camada de jóvenes profesionales cuyos sueldos financiaba el Banco Mundial y cuyo objetivo era elaborar los proyectos de las leyes de descentralización departamental y municipal.	Etare hizo bien su trabajo. Hacia finales de mi gestión gubernamental, los dos proyectos de ley estaban prácticamente terminados, pero en un contexto político dominado por una mayoría parlamentaria de partidos centralistas y adversa por tanto a los intentos de descentralización regional. Así, el proyecto de ley de descentralización departamental luego de arduas discusiones fue rechazado por el Senado, con una intención clara de esperar el proyecto de descentralización municipal para bloquear con la aprobación de la autonomía municipal, la posibilidad de una descentralización departamental que, bajo el concepto de autonomía regional, era política y administrativamente demandada con vigor por las regiones. Decidí entonces, casi al cierre de Gobierno, no enviar al Congreso el proyecto de descentralización municipal que estaba listo, esperando con ello que no se consumara la velada amenaza parlamentaria de neutralizar lo departamental dando paso a lo municipal, como inevitablemente se hizo en la siguiente gestión que me sucedió en el Gobierno.