El pasado 11 de marzo, una delegación de la ONU integrada por cinco personas, llegó a Venezuela para constatar la situación social y política del país y deberá presentar el resultado de la visita en un informe definitivo en junio. La comisión internacional, que continúa en el país, se reunió con representantes de Nicolás Maduro y con el presidente interino de la República, Juan Guaidó.	Luego de la visita a las cárceles de Uribana y Fénix por parte de la misión, los presos denunciaron ante el Observatorio Venezolano de Prisiones que las autoridades penitenciarias realizaron el “maquillaje” de esos penales para ocultar la situación. Los voceros de la ONG Foro Penal Venezolano también aseguraron que los encargados de las instituciones de Maduro no permitieron que los enviados de la ONU hablaran con los reclusos.	Bachelet refirió en su informe oral que su oficina pudo documentar numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados prochavistas en Venezuela. Además, expresó su preocupación por las detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como por los actos de amenaza e intimidación.	Liliana Ortega, directora ejecutiva del Comité de Familiares de las Víctimas, recordó que en los años 2017 y 2018 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó otros dos informes sobre Venezuela. Subrayó que los procesos en esa instancia internacional son graduales y que deben cumplir con una serie de protocolos.	“Una vez que se discuta el informe en junio de este año, puede que algunos elementos de gradualidad aumenten, como la designación de una comisión especial u otros mecanismos. No creo que estemos en condiciones de decir que sobre Venezuela hay una demora por parte de los organismos internacionales, más bien están avocados a la situación”, indicó.	Está previsto que en septiembre de este año se discuta ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe oficial sobre la situación en Venezuela. “La preocupación es que esto tiende a agravarse. Sin duda, mientras el Estado no disponga de sus herramientas de investigación, de reparación y de protección a la víctima, estos hechos tienden a agravarse”, dijo la representante de Cofavic.