Una de las claves del gran éxito industrial y tecnológico de los japoneses, a partir de la década de los 60, fue haber invertido grandes cantidades de recursos en capacitación y en copiar la tecnología europea y americana en automóviles -que en esa época era la mejor- adaptándola, mejorándola y achicándola, de modo que en cuestión de 20 años las industrias del país asiático se convirtieron en las mayores y más competitivas fabricantes de tecnología del bienestar humano, dejando muy lejos en calidad , diseño y marketing a aquellos pesados y voluminosos aparatos que se seguían fabricando en Europa y Estados Unidos.	Muchos países han copiado el ejemplo que deriva de la experiencia japonesa y americana; sin ir muy lejos, Chile en los años 80 consiguió consolidarse como un país exportador, gracias a la transferencia de conocimientos y experiencias de países más desarrollados; inclusive nuestro país fue un ejemplo en estabilización económica, que le permitió exportar las recetas de su gran éxito en la lucha contra la inflación librada a finales de la década de los 80. Sin embargo, nos quedamos en el momento de la inflexión del paso de la estabilización al crecimiento económico. No podemos decir que faltaron iniciativas.	Veamos; uno de los errores para no generar y atraer inversiones a nuestro país ha sido, por un lado, la actitud excesivamente ‘recaudacionista’ adoptada por el Estado, en base a lo que pagan unas cuantas empresas privadas, que tienen permanentemente a los inspectores de la oficina de Impuestos y de la Unidad de Empresas en sus empresas, quienes desde allí obtienen una gran dosis de los ingresos de los impuestos de la nación. Por otro lado, se debe a la vigencia del impuesto especial a los hidrocarburos (IEHD), mediante el cual el Estado recauda -sin ningún esfuerzo- un tributo casi de carácter universal y que, en muchos casos, es tremendamente injusto, como en el caso del diésel que es un carburante que forma parte de la matriz energética de la agricultura y la agroindustria nacional, lo que lo hace un combustible muy caro y totalmente anticompetitivo. Cuántas veces se ha demostrado que es necesario tener una política impositiva que promueva la inversión, la producción y las exportaciones.	Cuántas veces se ha demostrado con cifras y cálculos matemá- ticos los beneficios que significaría -a los efectos fiscales- que durante uno o dos periodos se aliente la producción y las exportaciones bajando cierto tipo de impuestos; así, en el futuro se puede percibir el doble de recaudaciones, proveniente de los efectos multiplicadores de la inversión y el empleo.	Lo cierto es que nuestro país requiere contar con una política impositiva diferente, que no estrangule y se extorsione a los muy pocos que pagan, además que amplíe el universo de contribuyentes, eliminando regímenes especiales que solo provocan evasión y confusión impositiva; finalmente, que impulse a los sectores más dinámicos de la economía.	Por eso es que habría que seguir el ejemplo de los japoneses, de los americanos y europeos que avanzaron en sus políticas impositivas rebajando los impuestos para rescatar al sector industrial de la evidente recesión económica, y que se profundicen los acuerdos “de competitividad” con los sectores agroindustriales, textileros y de ropa.	Estos tres sectores, que abarcan 8.500 empresas y emplean a casi 200.000 personas, han sido los más perjudicados por los resultados de las errá- ticas políticas económicas que no aseguran el largo plazo y que generan inestabilidad jurídica a las inversiones nacionales y extranjeras, que hoy están prácticamente paralizadas generando unos índices de desempleo que infelizmente están afectando el consumo y la demanda interna.	Es una cuestión de actitud y de dejar de ser como “perros del hortelano”. Necesitamos medidas impositivas que nos ayuden a producir más y mejor, generando riqueza, distribuyéndola y deshipotecando el futuro de nuestros hijos. A veces, es mejor dar un paso atrás para avanzar dos hacia el frente. Hacemos “gala” de ser una de las economía más estables, a costa de financiar los gastos del Estado, con lo que pagan algunas empresas y muchos consumidores de hidrocarburos.