Hoy celebramos el Día Internacional del Trabajador en honor a los llamados ‘mártires de Chicago’, sindicalistas que en 1886 fueron ejecutados en medio de protestas que buscaban la reducción de la jornada de trabajo. Más de un siglo después, muchas cosas han cambiado para bien en las relaciones obrero-patronales, pero un elemento básico se mantiene, la libertad con la que estos se asocian en un vínculo altamente simbiótico. En ese contexto, la función actual del Estado no debiera ser otra que la de un facilitador para que empleados y empleadores ingresen y se desenvuelvan con facilidad en el mercado laboral.	Sin embargo, por razones eminentemente electorales, nuestro Gobierno lejos de ser un árbitro neutral y en una posición paternalista, concede a los trabajadores beneficios, como el doble aguinaldo e incrementos salariales excesivos. Lamentablemente, esto termina dañando a los supuestos beneficiarios ya que, como enseña la teoría económica elemental, genera desempleo y, demás está señalar que no existe sueldo más bajo que el que no se obtiene. Lo anterior está ampliamente documentado en la literatura existente.	Particularmente revelador es el estudio de Bernal-Verdugo, Furceri, y Guillaume del año 2012 auspiciado por el FMI, que analizó una muestra de 97 países durante el período 1980-2008, concluyendo que, luego de controlar por factores endógenos y causalidad inversa, existe una relación estadísticamente significativa e inversa entre flexibilidad laboral y desempleo. Esa es la principal razón por la cual las tasas de desempleo en las últimas décadas han sido considerablemente más altas en la Eurozona que en EEUU, país que tiene un escaso porcentaje de trabajadores sindicalizados, sueldos que se fijan entre partes y bajos impuestos asociados al trabajo. Aunque en Bolivia la tasa de desocupación en 2018, de acuerdo al INE, fue de solo 4,27%, dicha cifra esconde un empleo informal de 83% al año 2018, uno de los más altos del mundo de acuerdo a la OIT. En definitiva, medidas populistas como las descritas, terminan perjudicando a todos. A los empleados, con un mayor desempleo directo por despidos e indirecto por reducción en futuras contrataciones. A empresarios, al obligarlos a postergar proyectos de inversión, pasar a la informalidad o incluso dejar de operar. Al propio Gobierno, que ve reducirse el nivel de recaudación tributaria producto del aumento de la economía subterránea, la misma que de acuerdo al FMI alcanzaba un 45,98% del PIB al año 2018, una de las más altas del continente. Finalmente, y dado que estos aumentos de sueldos no se producen en un contexto de incremento del PIB, se da un efecto inflacionario, que termina diluyendo el alza en el ingreso real de los que acceden a tal “regalo”.	Cabe resaltar que, en los países vecinos, el Estado solamente establece los sueldos del sector público y no así del sector privado, en el cual se fijan por acuerdo entre partes. Por ende, en vez de intentar infructuosamente hacer caridad con dinero ajeno, sería más efectivo que elGobierno financie programas de capacitación o genere incentivos tributarios para que las empresas destinen fondos a la formación del personal, elevando la productividad del trabajo y permitiendo así aumentos salariales sostenibles en el tiempo. El Estado, cual buen maestro de ceremonias, solo debería crear y mantener una atmósfera adecuada para que los verdaderos protagonistas de este baile desplieguen sus mejores galas. Al fin y al cabo, todos sabemos que se necesitan dos para el tango, y solo dos.