Ya habían allanado una casa en la zona del cuarto anillo y avenida Busch y tocaba entrar al aeropuerto El Trompillo para ver las instalaciones de Diablos Rojos, el grupo de la Fuerza de Tarea que administra los helicópteros de la lucha antidroga, pero fueron detenidos en la puerta. De cinco minutos en cinco minutos, sumó una hora. Ronald Chávez, fiscal que investiga los hechos de supuesta corrupción en la Unidad Ejecutora de la Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), perdió la paciencia y, con una orden de allanamiento como escudo, ingresó hasta la caseta del recinto militar y exigió que se lo deje entrar o sería procesado por obstrucción a la justicia. “Solo cumplo órdenes superiores”, repetía un capitán, que discutiría por 15 minutos más antes de dejar que la comisión de policías y fiscales llegada desde La Paz siguiera con su trabajo.	Encabezados por el fiscal Chávez y la capitana Patty Sandoval, allanaron en primera instancia la casa donde funcionaba Horizontal de Aviación, la principal de cinco empresas que se adjudicaron todos los contratos de mantenimiento aeronáutico de Diablos Rojos y Diablos Negros. Encontraron una casa vacía, deshabitada, ya sin los letreros de las empresas. De allí, según Chávez, se incautaron de documentación y precintaron el lugar para futuras actuaciones.	Mientras la espera se hacía larga, Rose Marie Sandoval, diputada que investigó los casos de supuesta corrupción, aseguraba que la demora era una forma de obstaculización y que se intentaba ocultar cosas. Ella acompañó a la comitiva dentro del hangar de Diablos Rojos, donde encontraron a militares en pleno trabajo. Según cuenta Sandoval, los fiscales comenzaron a repartir citaciones entre los militares, dos que tenían ya previstas y otras cinco que elaboraron en el mismo hangar.	Consultado si los principales accionistas del holding seguían en el país, Chávez explicó que aún esperaban el reporte de Migración, pedido en La Paz hace más de una semana, luego de la última audiencia cautelar, en la que se dictó prisión para la exdirectora de la unidad desconcentrada del Ministerio de Gobierno, la tercera exfuncionaria presa por este caso.