Terminó una semana que dejó tres acontecimientos polémicos, que tuvieron más eco en los medios de comunicación que en los espacios institucionales donde deberían haberse resuelto si es que hubiera división de poderes en Bolivia y si es que la administración de justicia se hiciera en base a criterios de equidad y sin privilegios de ninguna naturaleza.	El primero fue el video en el que se ve al gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizo, tocando de manera impropia las nalgas de una mujer –aparentemente una funcionaria pública- en una celebración. Las imágenes son elocuentes. No obstante, esa autoridad las puso en duda y pidió disculpas por la difusión de ese contenido, antes que por el hecho en sí. Es más, el ministro de Justicia dijo: “No hay que ser tampoco demasiado exagerado”, cuando fue consultado al respecto. Dicho y hecho, una fiscal consideró que no hay materia para procesar al gobernador por acoso sexual, debido a que no se logra identificar a la víctima y que tampoco hay una evidencia de que ella sea dependiente laboralmente del personaje en cuestión.	Lo que la fiscal olvida es que la Ley 348 para evitar todo tipo de violencia contra la mujer, señala en su art. 7 la figura de la violencia sexual: “Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre segura, efectiva y plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer”. Pero este capítulo no fue tomado en cuenta por la fiscal. Otro caso se refiere al de Vania Lanchipa, abogada del Tribunal Constitucional e hija del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.	Ella presentó una declaración jurada de bienes en la que aparecía con un patrimonio superior a Bs 4 millones. Cuando esta cifra fue observada, por ser elevada, el progenitor de la jurista, es decir el fiscal, dijo que había un error y no pasaron ni 48 horas cuando el monto fue disminuido a la tercera parte en una nueva declaración jurada de bienes. ¿Cómo lo hizo? La corrección fue admitida de inmediato por la Contraloría y uno de sus responsables consideró que no hubo adulteración ni falsedad en lo declarado, por lo que desestimó abrir un proceso judicial.	El tercer caso fue protagonizado por el presidente Evo Morales, que ofreció obras a cambio de votos en Morochata, lo que vulnera las normas. La oposición asegura que cometió un delito electoral, pero él se apresuró a decir que fue una broma. A pesar de lo que dicen las reglas del juego, el Tribunal Supremo Electoral no inició el proceso correspondiente, ni para investigar el asunto. En otro caso reñido con las reglas que rigen los comicios, tampoco hay avance en las declaraciones por la inscripción irregular de votantes, que se registró en Riberalta. Lo anterior pone en evidencia la falta de institucionalidad que hay en Bolivia. Si hubiera división real de poderes, quizás los casos mencionados hubieran tenido otro desenlace.