La seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, en la gestión pública, genera susceptibilidad. Días después de que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) hiciera público el despido de 150 funcionarios por denuncias de corrupción y activación de 100 causas penales vinculadas a tráfico de tierras, desde la Confederación Sindical Única de trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), el ejecutivo Jacinto Herrera, deja entrever que “lamentablemente en Ascensión de Guarayos, dentro de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) tituladas y donde no debiera venderse un metro de hectárea, hay algunos dirigentes que han vendido tierras a comunidades enteras, muchas del interior. Les venden y cuando “los hermanos indígenas” se enojan los sacan y meten a otras personas. Esto está comprobado. Es complicado”, dijo.	Denotó que no es posible que algunos dirigentes, personas que se hacen pasar por estos y otros que actúan a nombre de ciertos dirigentes estén traficando tierras en la TCO. Convocó a las autoridades llamadas por ley a frenar este ilícito. Según Herrera, en Santa Cruz, Beni y Pando se reportan denuncias verbales, sin pruebas. “Si hay denuncias con prueba, nosotros como control social, actuaremos caiga quien caiga”, afirmó.	En el plano institucional, según Herrera, la problemática y manejo de la tierra también genera recelo. “Lo más grave para nosotros es que el INRA termina de hacer el trabajo, los supuestos propietarios plantean contenciosos administrativos en el Tribunal Agroambiental y Constitucional les dan la tutela. En algunos casos, les dan protección a los grandes empresarios extranjeros que tienen de 20.000 a 30.000 hectáreas”, puntualizó.	A la pregunta de si está a favor o en contra de institucionalizar el INRA, Herrera respondió que el gran problema cuando es institucionalizado es que las autoridades hacen los que les da la gana porque se sienten dueños de la institución. “Ésa es la susceptibilidad. Cuando es interino y está haciendo algo mal o hay denuncias de corrupción se puede pedir cambios. Tiene sus pro y sus contra. Cuando es institucionalizado no se puede hacer ajustes”, sentenció, a tiempo de aclarar que la Csutcb jamás sugirió ni definió al director departamental ni nacional del INRA. Hizo notar que la designación es atribución del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y del presidente Evo Morales.	Para el exdirector del INRA y actual director regional de la Fundación Tierra, Alcides Vadillo, el manejo político en el tema tierra no es ninguna novedad. “Desde 1953 hasta hoy la tierra ha sido usada como prebenda a favor de los militantes del partido de gobierno y como un mecanismo de ocupación y control político del territorio. Esa es la razón por lo que ahora las tierras fiscales se encuentran en el centro de disputa entre poblaciones locales originarias del lugar y poblaciones ‘interculturales’ migrantes, no necesariamente campesinos (la mayor parte de ellos provienen de centros urbanos), que pretenden ocupar tierras forestales en la Chiquitania”, puntualizó.	A su criterio, la problemática de tenencia de la tierra es compleja y abarca varias dimensiones. La tierra es un elemento de producción, la base de la producción de alimentos para el mercado interno y externo y representa un15% del PIB (en lo económico). Es fuente de ocupación importante por el empleo y trabajo que genera (en lo social), está relacionada a la identidad y sentimientos de pertenencia (en lo cultural), constituye uno de los factores para la gobernabilidad y ha sido usada como un mecanismo de prebenda y ocupación política del territorio (en lo político) y, en lo ambiental, en el manejo sostenible de la cobertura vegetal y de los recursos suelo, agua y bosques.	“La administración de las tierras requiere criterios técnicos, eficiencia administrativa, transparencia en los procesos de saneamiento y distribución de tierras. No pueden continuar manejando las tierras rurales con un criterio político, eso sería como estar “armando una bomba de tiempo que les puede explotar en las manos”. Las autoridades del sector y del INRA deben actuar con la mayor responsabilidad y transparencia, refirió Vadillo.	Para la exdirectora del INRA Santa Cruz, Eliane Capobianco, tanto la estatal de tierras como otras entidades públicas, desde que el MAS gobierna el país, funcionan de manera discrecional de acuerdo a los caprichos de los movimientos sociales afines al partido en función de gobierno. En el caso del INRA, dijo que los funcionarios son rotados y cambiados continuamente y que es normal encontrarse con servidores públicos que desconocen el tema de tierra. “El manejo institucional no puede estar en manos políticas y de personas aprendices, debe primar lo técnico”, puntualizó.	Con respecto a la revelación del exdirector nacional del INRA en sentido de que activó más de 100 procesos penales a personas dedicadas a la venta de tierra, Capocabianco dijo no conocer el asunto, pero cree que al no tener estabilidad laboral o falta de conocimiento, muchos han incurrido en errores y corrupción.	Afirmó que el INRA no cumple la ley que establece que las tierras fiscales deben dotarse con prioridad a quienes residen en el lugar y no tienen tierra. “En San Miguel hemos visto lo contrario. Han destruido el funcionamiento de las comisiones agrarias departamentales y tampoco respetan la vocación del uso del suelo como sucedió en Roboré (valle de Tucabaca)”, dijo.	Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), su presidente Reinaldo Díaz, ve que el despido de funcionarios por indicios de corrupción y comercio ilegal de tierra hace denotar un compromiso para transparentar la gestión pública en el INRA. “Se está coordinando la entrega de títulos de predios productivos el próximo mes”, dijo.	Sobre los criterios expuestos por las exautoridades de INRA, el viceministro de Tierras, Juan Carlos León, indicó que la estatal tiene un manual operativo de contratación de personal donde se identifican las modalidades de invitación directa (son mínimas) y las convocatorias públicas (son la mayoría). Detalló que a medida que los procesos van finalizando el perfil de los funcionarios cambia y se necesitan nuevos conocimientos para afrontar los nuevos retos. “El 100% de los cargos tiene que cumplir con los perfiles establecidos en el reglamento de contratación de personal. Es evidente que se ha desvinculado gente de la institución, unos por cese de contrato, otros por renuncias voluntarias y otros por indicios de corrupción”, señaló.	En el ámbito de la transparencia institucional y lucha contra la corrupción, León dijo que, entre otras acciones, se han creado nueve unidades de transparencia en cada una de las direcciones departamentales e involucrado a las organizaciones sociales en los procesos para dar transparencia a la gestión pública. En la estructura organizacional, León aclaró que se ha creado una propuesta de Dirección General de Catastro para generar los ingresos necesarios para la sostenibilidad del INRA.