entre la Constitución y la norma impugnada porque la misma, de manera expresa establece que dicho beneficio será otorgado cuando haya crecimiento del PIB por encima del 4,5%, por lo que la norma generada por el Ejecutivo, no atenta el principio de seguridad jurídica, el derecho a la igualdad y a la propiedad privada como estima el accionante.