Entre 2013 y 2018, una empresa privada rigió las licitaciones de mantenimiento de las aeronaves que se utilizan en la lucha contra el narcotráfico. A esa conclusión llegó la auditoría encargada por el Ministerio de Gobierno a la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), intervenida en febrero luego de múltiples denuncias de corrupción.	Según el informe de auditoría MG-UAI-IC 02/2019, al que tuvo acceso EL DEBER, “las especificaciones técnicas elaboradas por las unidades solicitantes, que forman parte indivisible del Documento Base de Contratación (DBC), presentan ciertas acciones que derivan en el favorecimiento de las condiciones para la adjudicación del servicio” hacia la empresa Horizontal de Aviación SAS.	Entre las irregularidades anotadas en el informe, se da cuenta de que los militares de la Fuerza de Tarea Aérea, que eran las unidades solicitantes del servicio, utilizaron como referente para realizar las especificaciones técnicas y la formulación de precio referencial, las propuestas de servicio de mantenimiento y cotizaciones realizadas por Horizontal de Aviación SAS, “no efectuando ningún tipo de cambio o modificación que se hubiese incluido en los procesos por parte de la unidad solicitante, aclarando que estos procesos fueron luego adjudicados a la misma empresa, vale decir, Horizontal de Aviación SAS”.	Esto sucedió con los contratos de 2013, 2014 y 2015, año en el que se realizó una adenda al contrato y se lo renovó por todo 2016 sin realizar otra licitación; y repitiendo el modelo en 2017, pero esta vez adjudicando el servicio a Horizontal de Aviación SRL, la misma empresa, pero esta vez afincada en Bolivia, con prácticamente los mismos accionistas.	En estos años, se realizaban dos tipos de contrataciones tanto en Diablos Rojos (helicópteros UH- 1H y avionetas Cessna) como en Diablos Negros (aviones Hércules C-130 y Beechcraft). En los primeros se contrataba el mantenimiento rutinario de las aeronaves y en los segundo se convocaba a las empresas para realizar mantenimiento no programado. Los montos oscilaron entre los Bs 30 millones y los Bs 60 millones.	En los seis años que trabajaron bajo este esquema, la colombiana Horizontal de Aviación SAS se nacionalizó con el ‘sufijo’ SRL y adquirió o fundó cuatro empresas más: Aeroend SRL, que también brindaba servicios de mantenimiento aeronáutico a las dos ‘diablos’ de la lucha contra el narcotráfico; Línea Central de Aviación, que contrataba todo el personal para Horizontal y Aeroend; Centerline Services, empresa constituida en EEUU que se encargaba de comprar y enviar todos los repuestos requeridos; y AM&M, empresa que también vendió equipamiento aeronáutico para helicópteros y aviones.	A la cabeza estaba Nilo Honor, un ciudadano peruano que ha sido citado para declarar en la Fiscalía de La Paz, pero no se ha presentado. El Ministerio Público allanó sus oficinas y viviendas en Santa Cruz de la Sierra, precintando dos helicópteros e incautándose de documentación, computadoras y dinero en efectivo. Aún la Fiscalía no sabe si salió del país.	La auditoría llegó a identificar a los supuestos responsables de estas irregularidades. Se trata de los comandantes de la FTA Diablos Rojos, teniente coronel Germán L. A., que ayer fue enviado a la carcel de San Pedro en una audiencia cautelar; teniente Coronel Fredy T.S., y, por el lado de la FTA Diablos Negros, el teniente coronel Guillermo Q.C., comandante de la unidad, y el capitán Alfredo H.C., comandante del Escuadrón de Mantenimiento.	Ellos fueron los encargados de formular las especificaciones técnicas y los precios referenciales de las licitaciones y, según la auditoría, copiaron las cotizaciones y propuestas enviadas por Horizontal de Aviación. Además, ajustaron los años de experiencia requeridos al perfil de las dos versiones de Horizontal de Aviación (la colombiana SAS y la boliviana SRL) y exigieron un certificado que solo tiene vigencia nacional (Operación de Mantenimiento Aeronáutico, expedido por la Dirección General de Aeronáutica Civil), pese a que la licitación era internacional.	Este favorecimiento fue lo que provocó que se desvele el caso. A finales de 2018, un gerente de una empresa con certificación internacional que se vio apartado de la puja del contrato, envió una carta al ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicándole toda la operación supuestamente montada por Nilo Honor, sus socios, los funcionarios de la Uelicn y los militares.	El Ministerio de Gobierno buscó al denunciante, pero solo encontró a un homónimo de nacionalidad peruana. Cuando los documentos cayeron en manos de la diputada Rose Mary Sandoval y la denuncia se convirtió en pedidos de informe, Romero decidió intervenir la Uelicn y realizar la auditoría que encontró estos ilícitos. Fruto de ello, hay tres funcionarias de la Uelicn en prisión y ayer se les sumó el primer militar, Germán L.A. Según el fiscal Germán Rea, además de estas irregularidades en la contratación, se detectó que el excomandante de Diablos Rojos tampoco realizó la supervisión adecuada sobre los requerimientos de lo solicitado para la contratación de los servicios de la empresa Horizontal de Aviación SAS. Rea anunció que en las próximas semanas serán convocados otros militares para indagar sobre su responsabilidad en el caso.