En el inmenso campo de las ideas y los conceptos, hay ciertas contradicciones o incompatibilidades que, por su sutileza, no siempre distinguimos. El liberalismo en su más amplia expresión, por ejemplo, apuesta por la libertad del individuo sobre cualquier otra cosa. La teoría del Estado, por otra parte, establece a éste —aunque sea liberal— como tutor y una especie de protector de los individuos que viven y se desenvuelven en su jurisdicción territorial. Entre un concepto y otro hay ciertos matices teóricos y prácticas que no engranan, y es que si, por una parte, un individuo actúa a su antojo, y esta acción atenta contra su vida, el Estado debe reprimir su acción. Hay aquí, entonces, una discrepancia entre lo que establecen la libertad del liberalismo, por una parte, y la libertad de un Estado liberal, por otra. Yéndonos a un extremo, la situación puede ilustrarse con mayor precisión con el problema del suicidio. Cuando un sujeto decide quitarse la vida, el Estado tiene el deber de reprimir aquella acción por estar en contra de la vida.	La breve reflexión del párrafo precedente es oportuna porque, hace un tiempo, un grupo de intelectuales de varios países —entre los que estaban por ejemplo el Nobel de literatura Vargas Llosa y varios exmandatarios europeos— ha establecido que un primer paso hacia la erradicación del tráfico ilegal de estupefacientes, puede ser la legalización de algunas drogas. Pero el asunto no es sencillo. Ante un problema como éste, que trasciende el plano moral y se inscribe en el de la salud pública, cabe preguntarse, entre otras cosas, si el uso recreativo de drogas no tan agresivas -como la marihuana- no conduce al menoscabo progresivo de quienes las ingieren. ¿Qué sucede con el alcohol y los cigarrillos que día a día son consumidos por millones? ¿Por qué es legal ingerir nicotina y no un elemento más natural y no tan procesado, como la marihuana? Las leyes que en el mundo prohíben las drogas están basadas en argumentos científicos y médicos, que establecen con contundencia que el consumo de narcóticos produce deficiencias físicas en el corto, mediano o largo plazo. Entonces, la legalización progresiva de algunas drogas en algunos lugares, tiene que ver más con una presión política incontenible por parte de grupos afines a los estupefacientes, que con un reconocimiento auténtico de que éstos no son tan ofensivos para el cuerpo humano.	Ahora bien; visto el problema desde la perspectiva de la lucha contra el crimen organizado, el asunto evidentemente deja de ser científico o moral para ser meramente político. Desde los años 80, los EEUU han encarado el narcotráfico de una forma más o menos sistemática y agresiva, y desde entonces, junto con las NNUU, han ido emitiendo informes en los que indican que los países en vías de desarrollo -Bolivia entre éstos por supuesto- no hacen frente al problema con suficiente valor. Pero hace falta ser inocente para no saber que los Estados cuyas democracias son inestables -Bolivia entre éstos por supuesto- no pueden atender el problema debido a la cortedad de sus brazos gubernamentales. ¡EEUU y las NNUU ya debieran saberlo!, y debieran abstenerse de reprocharlos; más bien debieran atender al restablecimiento pleno de las democracias y enfrentar una lucha que no encienda violencia ni guerras urbanas, como sucede en México.