La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advierte en un informe, que será presentado en una reunión que se realizará entre hoy y mañana en Colombia, que las empresas periodísticas bolivianas ingresaron en un preocupante ciclo de fragilidad financiera como efecto de ocho años continuos de presiones gubernamentales, de persecución tributaria a diarios y a sus anunciadores, y de permanente estigmatización al trabajo de periodistas y medios y de la imposición de servicios gratuitos de difusión.	El documento señala que desde 2010, el gobierno promulgó 13 leyes que responden a un esquema político e ideológico orientado a debilitar la palabra independiente de periodistas y medios. “En 2019, el presidente Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García, buscan una cuarta reelección en contravención a la Constitución Política del Estado (CPE) y a un referéndum que rechazó la modificación de la Carta Magna, en febrero de 2016”.	Además, el reporte advierte que la sistemática aplicación de leyes contra los medios de información generó en el país una pérdida elevada de ingresos económicos y obligó a cadenas de televisión y diarios privados a reducir personal en las redacciones, y áreas operativas, como medida orientada a preservar el trabajo periodístico.