En el documento judicializado, al que accedió EL DEBER, Gil dijo que una proveedora vendió a Cotas “60.000 cajas para televisión por cable (decodificadores), las cuales tenían un costo en Bolivia de $us 30”, pero que Cotas “facturó, cada caja, por $us 120 puesto en los almacenes” de la operadora, es decir, con un aparente sobreprecio de un 300%.	Las afirmaciones asoman en la investigación que hace la Policía y el Ministerio Público por el hurto de $us 7,7 millones realizado en la cooperativa, en el programa Cotas en Cuotas, un proyecto con el que los socios adquirían productos relacionados a los servicios que da la telefónica a crédito. El único requisito, era llenar una solicitud y pagar en el importe en 24 tarifas que se añadían a sus facturas. Pero exfuncionarios de Cotas realizan solicitudes falsas y desviaban los equipos al mercado informal, en complicidad con una las empresas que figuraba como proveedora.	Tomando en cuenta las cifras que mencionó Gil, Cotas habría pagado $us 7,2 millones por estos equipos, es decir, con un supuesto sobreprecio de $us 5,4 millones. En un recorrido EL DEBER por tiendas que venden equipos electrónicos en la zona de La Ramada se corroboró que los precios de este tipo de dispositivos van de $us 43 (Bs 300) a $us 129 (Bs 900), precio minorista. En los comercios indicaron que la cifra puede bajar si la compra es grande.	Según el testimonio de Gil, este tipo de transacciones, y otras compras, se realizaban con empresas que daban precios inflados, que Cotas pagaba con el aval de sus principales ejecutivos. EL DEBER también se contactó con una de las empresas que aparece en el documento judicializado, sin embargo, indicaron que no darían ninguna declaración.	Desde la cooperativa, a través de en un comunicado, señalaron “que Cotas no va a someterse, específicamente, a dar respuestas mediáticas e interminables a las cambiantes declaraciones judiciales de un delincuente confeso (en alusión a Gil)”. “Hacerlo, sería acogerse a una estrategia distractora para desvirtuar las investigaciones y alimentar una controversia innecesaria”, afirmaron desde Cotas. En esa línea, la cooperativa agregó que “todo lo que él afirma en sus declaraciones carece de absoluta credibilidad, consistencia y asidero. “Cotas no tiene nada que aclararle a Hubert Gil”, indicaron desde la operadora.	“Hemos pedido bajo conminatoria para que nos remitan todos los contratos a la petición que hemos hecho, o si no ya estaría cometiendo un delito”, señaló. Dorado precisó que tiene copias de algunos contratos, con sobreprecios por la compra de equipos en los servicios de Tv Cable, asesorías técnicas y otro tipo de gastos sospechosos, en los que incurrió la cooperativa.	El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que su institución solo recibe aportes “legales” de Cotas, aprobados por los socios. “Ni siquiera los aportes que están aprobados por la Asamblea están llegando a tiempo, han pagado solo hasta enero, son aportes desde hace muchos años y solo van a cubrir gastos administrativos del Comité”, especificó al descartar que se hubiesen destinado recursos para movilizaciones del 21-F.