Lo que se busca en la defensa de la competencia es que haya un equilibrio y que esto repercuta en los actores de un determinado mercado. La competencia acarrea beneficios a consumidores en sentido de precios y calidad; a empresas porque incentiva a nuevos desarrollos e innovaciones; y al Estado porque, al existir reglas claras de participación, los inversionistas ven oportunidades. Entonces, todos se benefician.	Sí y se debe aclarar: hay dos mundos. El primero se refiere a sectores regulados donde existe una normativa asociada a las prácticas antimonopólicas y de defensa de la competencia (servicios públicos, telecomunicaciones o electricidad). Y el segundo es el sector no regulado de la industria y el comercio, donde existe el DS 29519, donde hay disposiciones para prevenir prácticas anticompetitivas o actuar en caso de que haya distorsiones. Lo ideal y lo eficiente es que haya una ley de competencia que determine claramente cuál va a ser la norma a aplicar o si habrá un solo órgano que encargado de regular todos los sectores de la economía. Con una ley de la competencia se puede ordenar esos marcos que están dispersos y hacerlos eficientes.	Se debe hacer un análisis. Hay que saber cuántos actores existen en un sector. Si es que son varios es posible que haya competencia, pero si no hay muchos puede que haya alguno con más poder y, eventualmente, esto puede generar prácticas anticompetitivas. También hay que ver si existen barreras de entrada a un determinado mercado; hay, por ejemplo, barreras tecnológicas o económicas.