Siete comisionados, un secretario ejecutivo y un staff de apoyo, cuyo número se desconoce, es el grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llegará al país y cuyos gastos serán cubiertos por el Estado boliviano que fue el que solicitó esta reunión, reveló ayer el canciller Diego Pary.	“Cuando un país se ofrece como sede o cuando un país acepta ser sede, tiene que pagar los servicios de interpretación, traducción de documentos, pagar pasajes de los comisionados, la estadía de los comisionados, proveer de servicios técnicos en los lugares necesarios. Son montos que fueron solicitados por la misma CIDH en parte”, dijo la autoridad a la prensa.	El canciller Pary reiteró que en la primera semana de trabajo, del 7 al 11 de febrero, los comisionados trabajarán de forma reservada, donde tendrían que organizar el trabajo de las audiencias. Recién a partir del 11 empezarían a recibir a los peticionarios, que deben ser ciudadanos de terceros países y no de Bolivia.	Pary dijo que ninguno de los peticionarios bolivianos podrá reunirse con los comisionados porque es la regla de la propia CIDH. Pero los partidos opositores ya enviaron cartas solicitando audiencia para hacer conocer el estado de los derechos humanos en Bolivia, el objetivo es hacerse escuchar, dijo el diputado Amílcar Barral, de UD.