Con petardos y cantando estribillos, representantes de los colegios de bioquímicos, odontólogos y veterinarios bloquearon la calle 24 de septiembre en el ingreso a la Alcaldía. Por segunda vez estos profesionales que aseguran sumar unos 10.000, continúan exigiendo a la comuna se haga cargo del recojo de sus residuos patológicos (jeringas, gasas, animales muertos, etc.) porque se resisten a recurrir al único operador privado autorizado, Ecofi.	Abel Monasterio, presidente del Colegio de Odontólogos, precisó que la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos -cuya reglamentación salió a finales del año pasado-, ha puesto a la Gobernación a citar a los profesionales para exigirles cumplir con la licencia ambiental. Monasterio aseguró que es la Alcaldía quien debe proveerles el servicio de recojo de sus residuos y que no quieren recurrir al operador privado que les cobra Bs 250 mensuales, y de paso, denuncian monopolio, porque existe solo un ente autorizado.	A su vez el presidente del Colegio de Veterinarios, Erwin Villagómez, reconoció que están mezclando sus residuos patológicos con los domiciliarios. “Los depositamos en bolsas rojas para que los camiones de recojo de basura se los lleven, ¿qué más podemos hacer? Queremos que una empresa nos preste el servicio, a través del Municipio, y estamos dispuestos a pagar las tasas, pero no como se cobra ahora”.	Por último, anunciaron que van a interponer una acción de incumplimiento para que el municipio contrate a otra empresa para que haga el recojo, ya que se aduce que Vega-Solví no tiene la capacidad logística. Dicen que sus residuos no son significativos, un consultorio genera entre 15 a 20 gramos al mes y una clínica de dos a tres kilos por mes.	La normativa determina que los residuos peligrosos son responsabilidad de quien los genera, por lo que el municipio deslinda responsabilidad y responde que no tiene la capacidad logística para el recojo de los residuos patológicos de los 10.000 profesionales. La comuna levanta los residuos de los hospitales públicos y algunos centros que hace años así lo solicitaron, sumando un total de 400, a los que se les cobra Bs 1 por kilo.	Johnny Bowles, de Emacruz, remarcó que ya sostuvieron tres reuniones con ellos y que incluso, se había planteado la posibilidad de levantar un censo para ver la forma de coadyuvarlos y que los profesionales debieron facilitar los datos y no lo hicieron. “Hacerles el servicio de ir a recoger, pesar el residuo y transportarlo al nuevo complejo se hace inviable para los 10.000”, agregó.	Uno de los requisitos principales para que los profesionales obtengan la licencia ambiental es demostrar que gestionan sus residuos peligrosos y la norma dice que el recojo lo puede hacer un operador autorizado que puede ser público o privado. “Lo puede hacer el municipio a través de una de las empresas de aseo urbano o cualquier empresa que cumpla los requisitos”, apuntó Cinthia Asín de la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación.