El uso discrecional de la detención preventiva de parte de los jueces del país vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos y pone en riesgo a la sociedad, ya que, pese a que existen criterios para aplicarla de forma excepcional, las autoridades judiciales la utilizan de manera "arbitraria" por las facultades que se les concedió en las modificaciones a las garantías de las medidas cautelares, que hacen que ahora, en la práctica, la carga de la prueba deba ser demostrada por el acusado y no por la Fiscalía, y constituya una prisión anticipada, señalaron expertos y analistas en derecho.