Después de casi cuatro horas de audiencia y sin valorar los descargos, la jueza Cuarto de Instrucción Cautelar Anticorrupción, Melina Lima, dispuso que el diputado Amílcar Barral, UD, tenga detención domiciliaria con cuatro prohibiciones; mientras que su asistente Henry G.Q. fue derivado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Los abogados adelantaron apelaciones y calificaron como excesivas las decisiones de la juez.	“Es un exceso la decisión judicial, porque vulnera derechos y garantías de mi defendido, como la inviolabilidad establecida en el artículo 151 de la Constitución Política del Estado al haberse aplicado restricciones desproporcionales que perjudican las labores del legislador e incluso pueden derivar en su destitución”, declaró el abogado Ricardo Maldonado. Amilcar Barral y Henry G.Q. fueron acusados de extorsión, cohecho pasivo propio y uso indebido de influencias, Barral como autor y su asistente en grado de complicidad. Frank Zabaleta, abogado del exalcalde Edgar Patana, saludó el fallo judicial y desmintió que su defendido esté construyendo celdas, tal como lo acusa el diputado.	“Toda construcción que se haga debe contar con las autorizaciones de las autoridades y los delegados del penal”, afirmó cuando fue consultado sobre la denuncia en su contra. Mónica Irusta, abogada de Henry G.Q., presentó el incidente de detención ilegal porque su defendido estuvo en poder de la Fiscalía por más de 24 horas como manda la Ley. La jueza Lima no valoró las incongruencias que había en el caso e hicieron notar los abogados, como las declaraciones de los mismos imputados sobre los montos, las fechas y la acusación fiscal. Para ir a su casa, Barral tendrá que pagar una fianza de Bs 50.000 y demostrar domicilio.