En la vida de las personas, en los clubes, en el fútbol, en las fraternidades, en la organización de los pueblos indígenas y de los países hay reglas que rigen el funcionamiento ordenado y respetuosos de sus integrantes y es decisión de ellos la generación de las normas, para que sean cumplidas sin excepción. Me refiero al cumplimiento de las leyes.	A la ley se la entiende como resultado de la expresión de la voluntad del pueblo, que toma forma a través de la soberanía popular en el Parlamento y no está sujeta a ninguna clase de limitación. Debe quedar claro que la constitución de los pueblos también es producto de la soberanía popular en la Constituyente.	Por eso, a la ley y a la Constitución se someten todos los ciudadanos y órganos del Estado. En un país como el nuestro, que se denomina como “Social de derecho”, la Constitución, es una norma con reglas, principios y valores, que regula muchas materias, entre ellas los derechos fundamentales de las personas, y las leyes son las que desarrollan lo establecido en el texto constitucional.	“El periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”, eso significa que no pueden haber más de dos periodos constitucionales y, además, menciona que para hacer una reforma parcial de la Constitución podrá hacerlo la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes, pero esta ley de reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio; eso significa someterla a la voluntad popular para modificarla. Caso contrario, se mantiene el texto constitucional, al cual estamos sometidos todos los ciudadanos y los órganos del Estado.	Se ha pretendido cambiar este artículo, se convocó a referendo, el pueblo votó No; por tanto, sigue vigente el mandato constitucional de que nadie, bajo ningún argumento puede intentar siquiera postularse a un tercer mandato, porque la Constitución lo prohíbe. Creo firmemente que ningún ciudadano o ningún órgano del Estado puede estar por encima de la Constitución y de las leyes.