En criterio de la ANP, las declaraciones realizadas por responsables del gabinete político quiebran los principios constitucionales, ya que el Estado está obligado a garantizar el derecho a la comunicación y a la información. Aunque no se menciona nombres, claramente el pronunciamiento responde a las polémicas declaraciones realizadas por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien anunció el cierre de algunos medios de comunicación que en su criterio tuvieron la "osadía" de mentirle al país.