Mientras el Gobierno se ‘lava las manos’ asegurando que la malversación de recursos en el Fondo Indígena Originario Campesino (Fondioc) es culpa de las organizaciones indígenas y campesinas, dos pueblos, la TCO Sirionó de la comunidad Ibiato y la TCO Movima II del departamento de Beni, destaparon proyectos engañosos en sus territorios, pese a que se aprobaron millonarios desembolsos por parte de los directores del Fondo y de las autoridades nacionales.	El primer plan ‘fantasma’ es el proyecto de manejo de pasturas naturales para la implementación de un módulo de ganado bovino de carne y leche en la comunidad Totaisal de la TCO Movima II del municipio Santa Ana del Yacuma, que fue aprobado hace dos años por Bs 1 millón y del cual se desembolsaron Bs 246.969.	El desembolso entregado tenía que ser destinado al inicio del módulo, contratos de corte de madera, habilitación de oficina y compra de insumos para la oficina (computadora, impresora, material de escritorio, etc.) que hasta la fecha no fueron entregados, según testimoniaron el corregidor, Javier Luis Zelada; la responsable de la comisión del proyecto, María Denice Mole, y el titular de la ejecución, Miguel Ángel Cabrera.	La segunda obra abandonada es el proyecto de módulo ganadero en la TCO Sirionó, distante 70 km de Trinidad. Situada en un curichi y en pleno monte, en el lugar apenas se hizo un pequeño corral que parece de unos 20 años. Los indígenas, reunidos de emergencia, desvelaron las irregularidades en el manejo de recursos y testimoniaron el fracaso del plan y el abuso de poder de técnicos del Fondo Indígena y de la líder de la Cidob.	Para ejecutar el plan ya se desembolsaron Bs 200.000 del millón de bolivianos que se tiene previsto. La obra data de hace tres años. Lo extraño del caso es que la indígena elegida para administrar el proyecto no tuvo acceso a la cuenta y, por el contrario, un técnico del Fondo supuestamente retiró los recursos. En el Ministerio de Desarrollo Rural no se habla del tema.	Según el informe de la Contraloría, 153 convenios con organizaciones sociales están observados porque no han sido concluidos; recibieron el primer desembolso y los representantes legales no retornaron al Fondo para obtener el resto de los recursos, por lo que la entidad concluye que las obras no se ejecutaron. La auditoría establece que el daño al Estado es de Bs 71 millones entre las gestiones 2010 y 2011.	Hace meses fungía como representante legal y beneficiaria la candidata oficialista a la Gobernación de La Paz, Felipa Huanca, en el emprendimiento Ayni Productivo Bartolina Sisa, que supuestamente recibió el 80% asignado; con 4 proyectos se encontró la embajadora en Ecuador, Ruzena Santamaría, a cargo de Bs 2,5 millones, ambas dirigentes de la organización Bartolina Sisa de El Alto.