Una banda que presuntamente en San Ignacio de Velasco se dedicaba a falsificar Certificados de Origen Forestal (CFO) fue desarticulada, y mientras duró su actividad, entre 2017 y 2018, entregó 396 CFO que generaron un daño de $us 6 millones, entre la venta de los certificados, la compra de la madera, su transporte y su comercialización en China.	Desde la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), indicaron que con el apoyo de la Fiscalía y la Felcc de San Ignacio de Velasco allanaron el martes una oficina perteneciente a la consultora Forestal Mainter Forest que se dedicaba presuntamente a falsificar y extender Certificados de Origen Forestal (CFO) para la comercialización ilegal de madera.	Carlos Romero, ministro de Gobierno, detalló que en el momento del allanamiento se aprehendieron a tres personas que tramitaban las certificaciones. Durante la cautelar realizada el miércoles ante el Juzgado Mixto Cautelar de San Ignacio de Velasco, el juez Miguel Borja determinó la detención preventiva para Matilde Zamudio y Elías Montero en Palmasola y, medidas sustitutivas de detención domiciliaria y presentación ante el Ministerio Público cada 15 días, y la presentación de dos garantes personales para María Lourdes Peralta, todos de profesión ingenieros forestales.	Según las investigaciones preliminares, estas personas entregaron 396 CFO que fueron utilizados para transportar ilegalmente 8.369 trozas de madera, con un volumen de 7.578 metros cúbicos, equivalentes al transporte de 396 camiones cargados con madera de varias especies. En este caso, principalmente de tipa y morado, especies valiosas para exportación, que tenían un valor de venta de unos $us 800 el metro cúbico puesto en aserradero, precio referencial de 2017 y 2018, fechas en la que se habrían utilizado los certificados fraguados.	En el allanamiento practicado en la consultora Forestal Mainter Forest, también se encontraron sellos del ex director departamental de Santa Cruz de la ABT y del ex responsable de la Unidad Operativa de Bosques y Tierra de San Ignacio de Velasco; es decir, presuntamente en el lugar se falsificaban además, resoluciones administrativas de autorización de Planes de Desmonte (PDM) y Programas Operativos Anuales Forestales (POAF).	Se pudo saber que las personas investigadas identificaban las autorizaciones forestales en las que los titulares estaban más interesados en la actividad agropecuaria y no en la comercialización de madera. Así al conocer de una autorización de POAF o de PDM en la que el propietario no extraería madera, tramitaban CFO con cargo a esas autorizaciones, para lo que falsificaban las firmas de los representantes legales en las notas de solicitud de CFO y las rúbricas de los representantes legales de los predios.	Sin embargo, Ávila lamentó que esta situación se originó a partir de los permisos de la ABT para el desmonte de predios de hasta 20 hectáreas de privados y comunidades campesinas. “Esta situación ha prostituido al actual régimen forestal”, criticó Ávila, que deploró que profesionales forestales y autoridades de la ABT realicen esa actividad ilegal.