Petrobras es una bomba de corrupción y acaba de estallar en el rostro de la clase política brasileña, con altos costos para el Gobierno de Dilma Rousseff. La Corte Suprema de Brasil autorizó ayer investigar a 12 senadores y 22 diputados por el escándalo de corrupción en Petrobras, entre ellos a los presidentes de ambas cámaras, que integran la coalición del Gobierno de Rousseff. En una de las 21 investigaciones solicitadas, la mandataria es citada como beneficiaria indirecta de la red de corrupción, pero el procurador general de la República, Rodrigo Janot, alegó que no tiene competencia para investigarla.	El submundo de delitos que se enquistó en Petrobras asoció a algunas de las mayores empresas del país con directivos de la petrolera, en un aceitado mecanismo de sobornos para manipular licitaciones de la estatal, desvíos de fondos y lavado de dinero que movió unos $us 4.000 millones en la última década.