Viernes 9 de agosto de 2019. Abro el diario, mi fiel compañero en el café de la mañana, y al menos cinco noticias contenidas en dos páginas me recuerdan un drama recurrente y pendiente de solución, pese a la sobredosis de leyes prescritas cada una como si fueran el mágico remedio para tamaño mal. Una narra el drama de una adolescente de 17 años que huye de casa, denunciando los ultrajes sexuales a los que la sometió su padre desde que ella tenía ocho años. Otra da cuenta de la muerte violenta de una mujer de 54 años, a manos de su marido, “por un problema pasional”. Una tercera informa la captura del abogado “protector” en la Aldea Padre Alfredo, denunciado por violar al menos a dos huérfanas del hogar de acogida, una de 11 y la otra de 17 años. Otra, muy breve, dice que una joven de 17 años fue rescatada en Tipuani, donde la explotaban sexualmente. Y, por último, hay una nota de seguimiento al doble feminicidio denunciado en una mina de Potosí, que da cuenta de la aprehensión de cuatro hombres señalados como autores de la violación y el asesinato de las hermanas Marisol y Elizabeth, de 20 y 18 años de edad.	Nunca un primer párrafo, entre tantos artículos que llevo compartidos con ustedes, resultó tan extenso. Puede ser una comparación arbitraria, nada científica, pero recurro a ella para ir dejando evidencias del estremecedor aumento que se percibe en las cifras de la violencia hacia las mujeres, adolescentes y niños. Y vaya paradojacruel: este recuento coincide en fecha nada menos que con el Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de las Agresiones Sexuales y en contra de la Violencia Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes. Sí, justo este 9 de agosto se vivió en nuestro país la segunda jornada del día especial instituido por Ley 3773, del 12 de noviembre de 2017. ¡Qué manera de celebrar la fecha, sumando cruces en vez de velas, y en el cementerio y no en el salón de fiesta!	Muchos dicen que “al menos hay una buena noticia” entre tanto drama, ya que el aumento en las estadísticas nos estaría mostrando que hoy las víctimas se animan a denunciar más que antes a sus maltratadores. Siento discordar con esa lectura, a la que hasta hace poco daba fe. No hay nada que celebrar. El aumento de las cifras simplemente está mostrando que la violencia hacia la mujer, los niños y adolescentes se está naturalizando de tal forma, que nos está llevando a creer que, a mayor número de hechos denunciados, mejor estamos. Si la lucha contra todas las formas de violencia estuviera teniendo impacto, los casos estarían yendo en picada y no en aumento. Así de claro.	Urge replantear no solo el problema, sino también las lecturas que estamos haciendo de la realidad que nos muestran esas estadísticas de la muerte. Sin ello, jamás saldremos de este círculo vicioso que tiene su epicentro no apenas en la cultura machista, reforzada absolutamente en todoslos niveles de nuestra sociedad y, sobre todo, en las estructuras de poder. En ese epicentro también está el culto a lo que habría que llamar “solidaridad de papel”, reflejada en la entusiasta aprobación de leyes, a las que mal les damos valor y no se cumplen. Solo a nombre de las mujeres, adolescentes y niños, hay al menos siete leyes, además de lo dicho por la Constitución: las números 0045 (y su DS 762), 243, 348 (la más citada), 548, 603, 3773 y 1173. Todas ellas aprobadas entre los años 2010 y 2019.	¿Tantas leyes, para qué? ¿Acaso se cumplen? Insisto: solo han servido hasta hoy, salvo rarísimas excepciones, para cultivar la solidaridad de papel. Lo dicen las propias cifras, no es un invento mío. Solo una para ir avanzando en un nuevo y urgente debate: de las 113.269 denuncias de violencia contra las mujeres presentadas y procesadas entre 2015 y 2018, apenas 1.284 recibieron conclusión condenatoria, según el informe 2019 de la Coordinadora de la Mujer. Eso representa el 1,1% del total de las causas. En los hechos, nada. No hay justicia. Así que, en vez de más leyes, discursos y marchas, demandemos a los poderes del Estado dejar de lado la solidaridad de papel y actuar en consecuencia.