La demanda por autonomía es uno de los temas de larga duración en la historia cruceña, que se puede estudiar desde el año 1825. Sin embargo, la lucha autonó- mica de principios del siglo XXI tiene características singulares, ya que se desarrolló durante la crisis del Estado boliviano entre los años 2000 y 2005.. La denominada ‘guerra del agua’ en Cochabamba y la expulsión de una empresa extranjera, permitió a los movimientos sociales, la izquierda y distintos sindicatos, articular un discurso contra la globalización, el imperialismo y el sistema neoliberal.	En el altiplano paceño los movimientos indigenistas con reivindicaciones étnicas, bloqueaban caminos y amenazaban con cercar La Paz, en reminiscencia a Túpac Katari. Mientras que en Santa Cruz, la dirigencia cívica y empresarial exigía un nuevo pacto con el Estado boliviano para reconocer las autonomías departamentales. Esa demanda centenaria cruceña había quedado frustrada en las dos décadas anteriores, en las que solo se había conseguido la autonomía municipal, de Santa Cruz para toda Bolivia. En el occidente del país la crisis se agudizó entre febrero y octubre de 2003, y los resultados fueron la violencia y la muerte.	Durante ese período, Evo Morales y Felipe Quispe se disputan la hegemonía de la oposición contra el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El tema de la venta de gas a Estados Unidos por Chile se convirtió en el centro de la demanda de los movimientos sociales, ya que el gas representaba la lucha por los recursos naturales, el antiimperialismo y la posibilidad de acabar con la capitalización que había marcado el primer gobierno de Sánchez de Lozada. La ‘guerra del gas’, consolidará la preponderancia de Morales.	El uso indiscriminado de la violencia llegó a tal extremo, que el 1° de octubre la dirigencia cruce- ña lanzó un documento en el que plantea que los bolivianos debemos ponernos de acuerdo y sentar las bases para la refundación de un país verdadero, multiétnico y pluricultural en el que todos no sintamos parte. Tras jornadas violentas y muerte de decenas de personas en El Alto, el entonces vicepresidente de la República, Carlos Mesa, sin renunciar a su cargo, se desmarca del presidente Sánchez de Lozada, que finalmente renuncia y abandona el país el 17 de ese mes.	Carlos Mesa asume como nuevo presidente y adopta para su Gobierno la denominada “agenda de octubre”, que tiene como principales puntos: el rechazo al modelo neoliberal; la recuperación de los recursos naturales y la nacionalización de los mismos; la necesidad de una nueva Constitución Política del Estado que reconozca a la mayoría indí- gena y ponga fin a la democracia pactada. Una reforma constitucional, incluyó el referéndum y la inicia tiva legislativa ciudadana, como instrumentos de democracia participativa.	El 22 de junio de 2004, la dirigencia cruceña liderada por Rubén Costas, convocó un cabildo donde planteó la “agenda de junio”, contra los bloqueos, el centralismo y la violencia. Exigió la convocatoria a un referéndum nacional sobre las autonomías departamentales e inició la recolección de firmas para llamar una consulta popular sobre las autonomías, antes de la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Se recolectaron más de 450.000 firmas, en una difícil relación entre la región y el estado central.	En enero de 2005, la subida del precio del diésel y las demandas autonómicas desembocaron en un paro cívico de 48 horas y una huelga de hambre de varios sectores. La convocatoria a un nuevo cabildo programado para el 28 de enero, llevó al presidente Mesa a bajar el precio del diésel, a aceptar la convocatoria de un referéndum por autonomías y a la elección de los prefectos por voto directo. El cabildo del 28 de enero instituyó la Asamblea Provisional Autonómica, conformada por todos los representantes elegidos del departamento: diputados, senadores, asambleístas departamentales, presidentes de concejos municipales y representantes de los pueblos indígenas, con el mandato de llevar a la práctica la autonomía. Así mismo, en febrero se entregaron las más de 450.000 firmas requeridas por ley para llamar un referéndum nacional.	La exigencia de la promulgación de la una Ley de Hidrocarburos, agudizó el conflicto nacional. Hormando Vaca Diez, presidente del Congreso, la promulgó el 17 de mayo de 2005, pero las presiones para adelantar las elecciones generales continuaron. La renuncia definitiva del presidente Mesa derivó en una complicada sucesión constitucional, marcada por la presión de los movimientos sociales, que no aceptaban a Vaca Diez como sucesor, por su condición de cruceño. Finalmente, fue nombrado presidente del país Eduardo Rodríguez Veltzé, titular del Tribunal Supremo de Justicia, quien llamó a elecciones generales y de prefectos para el 18 de diciembre del mismo año. Por primera vez en la historia de Bolivia, después de 180 años de vida independiente, los bolivianos de cada departamento pudimos elegir a los prefectos, una conquista cruceña para toda Bolivia.