Por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, el municipio de La Paz denunció a los magistrados del Tribunal Constitucional (TCP) Gonzalo Hurtado e Iván Espada a quienes denunció ante la Asamblea Legislativa y espera llevarlos a juicio. Mientras en los estrados judiciales, el empresario Edwin Saavedra acumuló dos órdenes de aprehensión, uno por el caso Tersa y, el segundo, por el proceso de la Curva Holguín.	Ayer, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, aseguró que los asesores de la entidad revisaron minuciosamente el fallo 0228/2019, que firmaron las dos autoridades sobre la base de una norma abrogada, el decreto 24176 y la Ley 775 de Promoción de Alimentación Saludable que, según los abogados de la municipalidad, no tiene nada que ver con este caso.	En enero de este año, Teodoro Blanco Mollo y Simón Apaza Rojas presentaron una acción popular contra el alcalde Revilla, el ministro de Medioambiente y Aguas, Carlos Ortuño Yañez, y el dirigente Martín Quenallata por el derrame del relleno sanitario ocurrido a principios de año. Este fallo, según el fiscal departamental, Williams Alave, puede afectar la situación jurídica del alcalde.	Ayer, el fiscal Ronald Chávez explicó que en el caso Tersa son dos procesos, en La Paz se investiga supuestas irregularidades en los contratos que suscribió la Alcaldía paceña con la empresa Tersa, encargada de la recolección de basura; mientras que en El Alto se investiga el derrame del relleno y sus consecuencias.	Por el primer caso, el fiscal Chávez dijo que se emitió la orden de aprehensión en contra del empresario Edwin Saavedra, que fue citado en dos oportunidades en calidad de testigo; aunque ahora el empresario debía presentarse a declarar y no lo hizo, por lo tanto, será conducido hasta estas oficinas.	“Nos ha llegado las peticiones para que declare en Santa Cruz, pero no puedo delegar las tareas que tengo; además, él ha demostrado que puede viajar sin problemas y puede declarar en La Paz. Sus abogados presentaron una certificación de un médico particular, y no vemos que haya actuado el IDIF”, relató la autoridad.	Pero el abogado de Saavedra, Sergio Jiménez, explicó que su cliente sustentó con suficiencia la imposibilidad de declarar en ciudades como La Paz y que él está dispuesto a declarar en cualquier caso en la ciudad de Santa Cruz. Asimismo, aclaró que su cliente nunca fue accionista de la empresa Tersa y que tenía el cargo de presidente del directorio, como cualquier otro alto funcionario de una empresa.	La fiscal Silvia León informó también que el empresario debía presentarse ayer para declarar por el caso Curva de Holguín y al no llegar se emitió una orden de aprehensión que sería la segunda. En ambos casos, Saavedra fue citado como testigo, y que no se tomará su comparecencia en Santa Cruz.	El diputado Wilson Santamaría (UD) indicó que según el procedimiento constitucional, la demanda debe ser examinada por la comisión de Justicia Plural, a cargo de la diputada Valeria Silva (MAS), para definir si existen los elementos suficientes para enjuiciar a los magistrados. Sin embargo recordó que se encuentran en receso legislativo hasta el 15 de julio.