El daño está hecho y Santa Cruz vive un desastre de proporciones históricas, que deja un impacto de más de un millón de hectáreas quemadas en la Chiquitania, mortandad y destrucción masiva de fauna y flora, así como aire y agua contaminados con grave afectación a servicios básicos e integridad física de personas.	Queda claro que el análisis no parte solamente por echar la culpa a aquel que prendió fuego aquí o allá, sino a identificar el origen del problema comenzando con leyes promulgadas por S.E. a saber: ley 337 del 11 de enero de 2013, de ‘perdonazo’ a los desmontes y restitución de solo el 10% de área; la Ley 741 del 29 de septiembre de 2015, que da luz verde al desmonte por tala o quema hasta 20 hectáreas; la Ley 1171, del 25 de abril de 2019, de manejo y uso del fuego en la actividad productiva. Además, no obstante existir incendios forestales desde el 01 de julio de 2019, el presidente y ministros del área, dictan el Decreto Supremo No. 3973 del 09 de julio de 2019, que reafirma los desmontes para ampliar la frontera agrícola con quemas “controladas” en Santa Cruz y Beni.	Los hechos demuestran que a fines de julio ya se reportaban más de 300.000 hectáreas calcinadas; sin embargo, el 20 de agosto, el Ministerio de Defensa -con más de 700.000 hectáreas en cenizas- dice que el fuego está controlado. El 25 de agosto, con cerca del millón de hectáreas, el Gobierno decide aceptar ayuda internacional sin derogarse norma alguna, menos emitir Declaratoria de Desastre.	Pero agreguemos las siguientes declaraciones de Evo Morales en EL DEBER, el 20 de agosto de 2019: “Las pequeñas familias, si no chaquean ¿de qué van a vivir?”; mientras que en Los Tiempos el 21 de agosto de 2019, el ministro César Cocarico dijo: “Tiene que seguir habiendo asentamientos, de lo contrario nosotros no vamos a tener alimentos en el futuro”.	Si lo correcto es aplicar la Constitución Política del Estado, el art. 342 y siguientes, manda “el deber de conservar y proteger los recursos naturales y el equilibrio medioambiental, siendo el patrimonio natural de interés público, por lo que el pueblo tiene derecho a ser consultado sobre cualquier decisión que pueda afectar la calidad del medioambiente, debiéndose evitar, mitigar, reparar y resarcir inmediatamente cualquier daño, estableciendo responsabilidades ante la imprescriptibilidad de los delitos ambientales. El aprovechamiento de recursos naturales en cada ecosistema debe ser sustentable, utilizándose los suelos en base a variables biofísicas, socio culturales y económicas siendo la conversión de suelos en áreas no clasificadas para ello, calificada de infracción punible”.	“El que pueda entender, que entienda”, ya que las premisas fácticas y normativas que anteceden dejan expuestas acciones gubernamentales concretas que dieron lugar a asentamientos, desmontes y quemas indiscriminadas. Esta tríada denota la intención de cumplir con políticas públicas de expansionismo intercultural en el oriente, bajo el paraguas de ampliación de frontera agrícola y seguridad alimentaria. Error fatal, ya que se perforan derechos tremendamente sensibles como la estabilidad del medioambiente y protección de biodiversidad y ecosistemas únicos, donde los chaqueos no se justifican más. La irresponsabilidad es de tal magnitud que aparte de facilitar la depredación, no previeron un sin número de variables partiendo del hecho que el efecto de chaquear hoy, no es igual que hace 50 años, hasta el definir controles y sanciones efectivos, así como nuevos mecanismos de producción ecológica, intervención de municipios y comunidades en las decisiones y respeto al uso de suelo, factores determinantes que no se pueden dejar de lado.	El error fatal se da cuando sus efectos duelen, se palpan y son irremediables por un modelo económico depredador de patrimonios naturales, por ello a la obvia medida de pausa ecológica se tiene que agregar la Declaratoria de Desastre, Acción Popular, de Inconstitucionalidad y de Responsabilidades dejando sin efecto actos lesivos y pasando a futuro la factura de un inevitable cambio de Gobierno.