Nada alienta más a los corruptos que saber cuán fácil resulta quedar impune, por muy grave que sea el delito cometido a la sombra del cargo o poder que ostente en la entidad en la que trabaje. Por eso, la lucha contra la impunidad debería figurar como tarea central en cada anuncio de combate a la corrupción que suelen hacer las autoridades de turno. Un mal que suele beneficiar a los pecadores y escarmentar a los justos, como para que no haya duda de quién ganará en cada pugna entre el mal y el bien, por llamar a las cosas de una manera simple. La impunidad, en fin, vista como mal mayor.	No es el enfoque visto en la mayoría de las campañas anticorrupción que se anuncian con gran alarde. Por el contrario, la lucha contra la impunidad es rezagada por quienes ven en ella el riesgo de un boomerang: un arma más peligrosa que la promesa cansina de luchar contra la corrupción. Por eso el afán de controlar al sistema judicial, ya sea desde el poder político a través de normas y acciones de hecho, o desde el poder económico con dineros que circulan más rápido que las leyes. Por eso, también, la realidad que vivimos hoy: cada semana suman las denuncias de corrupción, a la par que aumenta el número de impunes.	Solo en las últimas semanas han sido titulares de portadas al menos una decena de casos de corrupción, entre los cuales los más escandalosos son la estafa denunciada en Cotas, las irregularidades señaladas en las licitaciones de la Unidad Ejecutora de la Lucha Integral contra el Narcotráfico y el robo en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a las que luego hay que añadir las cada vez más graves denuncias en contra de policías, sea a nivel institucional o personal. En todos ellos hay varios puntos en común. Uno de estos es el hermetismo inicial que acompaña al escándalo develado. Otro, la dificultad de llegar a la verdad de los hechos. Y uno más, las dudas sobre la actuación de las partes.	En el caso de la Uelicn, llama la atención que el hecho solo hubiera salido a luz y llegado al Ministerio Público tras la denuncia de una parlamentaria opositora, pese a que el ministro de Gobierno reconoció haber tenido conocimiento del mismo hace cuatro meses. Se trata de un evidente favorecimiento de un conglomerado de empresas, con un accionista en común, al que la Unidad adjudicó en los últimos cinco años 42 de sus 46 licitaciones, por un valor que asciende alrededor de 61 millones de dólares. Con un aditamento: las otras cuatro licitaciones fueron declaradas desiertas. Ya hay una investigación en curso para ver quiénes están involucrados en el favorecimiento. La duda es, ¿se llegará a la verdad?.	En el caso de la estafa a Cotas, por 7,7 millones de dólares según la denuncia verbal hecha por la cooperativa, también llama la atención un par de detalles que amerita explicación urgente. Uno de ellos es porqué Cotas demoró más de un mes en denunciar el hecho ante el Ministerio Público. Sus ejecutivos dijeron que fue porque trataron antes de recuperar los dineros, una apuesta muy arriesgada dada la suma millonaria del robo. El otro es porqué se resistió a señalar a los responsables identificados en la auditoría interna y especial que hizo tras la alerta de su gerente de Finanzas. Y el dato tal vez más curioso es porqué no ha hecho esfuerzos por defender al gerente que detectó el robo, sino más bien lo contrario.	Remarco este último dato, porque llega a ser asustador. Cotas no solo no ha defendido al gerente que posibilitó detectar el robo millonario, preso desde el 3 de marzo junto a tres hoy exfuncionarios de la cooperativa, estos sí plenamente identificados como algunos de los autores y cómplices de la estafa. A través de uno de los primeros abogados externos contratados para sustentar su querella, Soliz Von Borries, Cotas pide la detención no solo de estos tres últimos –uno incluso señalado como el ‘cerebro’ de la estafa-, sino también del gerente que detectó el robo. No tiene lógica, por mucho que se dé vueltas al asunto.	Este no es un dato menor. Lamentablemente, se repite en muchos casos, con un efecto negativo y desalentador en la lucha contra la corrupción y la impunidad de los corruptos, porque inhibe a futuros posibles denunciantes. ¿Quién, en su sano juicio, denunciará algo si sabe que corre el riesgo de pasar de denunciante a denunciado, y acabar preso? Mejor dejar pasar, dirán, mientras hacen de la vista gorda y callan. Hay mucho más para analizar en cada caso. Será para la próxima.