La expulsión de Cesare Battisti tuvo más que ver con el pragmatismo político que con las leyes, los tratados internacionales y los protocolos. Así lo aseguran un abogado especialista en derecho para refugiados y dos internacionalistas, que observan que no se cumplieron los pasos para la expulsión del condenado en Italia a cadena perpetua por cuatro asesinatos en la década del 70.	Mientras los asambleístas del Movimiento Al Socialismo aseguran que fue todo legal, Andrés Zúñiga, que representó al refugiado colombiano Pacho Cortez y a los paraguayos Ángel Acosta Centurión y Blas Concepción Franco Aquino, explica que Battisti podría incluso llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en busca de una compensación por los pasos omitidos, algo ahora improbable, ya que está en la prisión de Oristano, una especie de Alcatraz italiana.	Según los datos que se tiene, Battisti solicitó refugio político en Bolivia en la segunda quincena de diciembre. Con ello, según los protocolos, no podía ser expulsado por ingreso ilegal. Al hacerlo, anotó un domicilio que debía mantener para ser notificado de la decisión del Estado boliviano a través del Consejo Nacional de Refugiados (Conare), así que no era difícil de ubicar. Pese a que, como lo indicó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, el Conare le negó el refugio, según explica Zúñiga, Battisti no solo tenía derecho a apelar, sino que no podía ser expulsado sin un proceso de extradición y mucho menos ser devuelto al país del cual se consideraba perseguido sin este proceso, ya que en los tratados internacionales existe la garantía de “no devolución”.	“Es una infracción grave al propio estatuto, al tratado internacional, a la Constitución y a la ley reglamentaria”, asegura Zúñiga, que representó otro caso incómodo para el Gobierno de Evo Morales, la fuga de los paraguayos Acosta y Franco, acusados en su país de secuestrar y asesinar a una hija de un expresidente. Según Zúñiga, el entonces presidente paraguayo Nicanor Duarte mintió a Morales mostrándole antecedentes de homónimos de los dos refugiados, para que el Estado boliviano le retire su protección. Al verse en riesgo de ser expulsados, ambos fugaron con ayuda de autoridades bolivianas.	Para el internacionalista Miguel Jiménez, el Gobierno tuvo una motivación más política que humanitaria para congraciarse con dos gobiernos de corte de extrema derecha, como el de Jair Bolsonaro (Brasil) y de Sergio Mattarella (Italia). Según Jiménez, se puso en entredicho la fe del Estado, su institucionalidad y la imagen de Bolivia como país en el que se respetan los derechos humanos.	Lo más extraño del caso es que las críticas a este irrespeto no viene de la oposición, sino del ala de izquierda internacionalista del Gobierno. Raúl García Linera, exguerrillero y hermano del vicepresidente, apuntó sus dardos bien arriba: “Hoy los intereses del Estado se pusieron por encima de la moral revolucionaria. Estamos entregando a un detenido que solicitó refugio, como vil mercancía, en un acto reñido con las normas”, dijo. Hugo Moldiz apuntó más bajo. El exministro de Gobierno sin nombrarlo, pareció desahogarse en la figura de Carlos Romero, el hombre que lo sucedió en el cargo tras dejar escapar a Martín Belaunde Lossio, un político acusado de corrupción en Perú que buscó refugio en Bolivia. Dijo que esta decisión generó una desazón en los círculos de la izquierda no solo nacional sino mundial y que de esta decisión no participó el presidente Evo Morales, pero sus efectos también lo tocarán.	Los incidentes con refugiados ya han costado dos cabezas de ministros de Gobierno: Alicia Muñoz y Rafael Puente por los paraguayos Acosta y Franco, y Moldiz por Belaúnde Lossio. Como buscando un culpable sin tocar a la cúpula, un dirigente del MAS en Santa Cruz, Rolando Cuéllar, tildó a Romero de ‘Judas’ y pidió su renuncia por la expulsión. Según una fuente de Palacio, el presidente Morales fue informado un par de días antes de la presencia de Battisti en el país, pero niegan que haya un trato con Bolsonaro para su expulsión. Sin embargo, el ala marxista del evismo no parece convencida de aquello, pese a que Morales ya demostró ‘pragmatismo’ en otros casos de peticiones de refugio que generaban molestias con presidentes vecinos.	La diputada Valeria Silva, que preside la comisión de política internacional, afirmó que el italiano no cumplió con el procedimiento interno de refugio y que en ese caso lo que procede es la acción policial que fue cumplida. Su colega Julio Huaraya, agregó que las autoridades de seguridad del Estado solo cumplieron con la ley.