Esta iniciativa se inscribe en las medidas de desescalamiento (reducción de la intensidad) del conflicto armado colombiano y tiene como antecedente el anuncio realizado en febrero por la guerrilla de las FARC de que no reclutarán a menores de 18 años, un año después de su compromiso de no aceptar en sus filas a menores de 17 años.	A todos los menores que salgan de la guerrilla se les considerará víctimas, y en el caso de los menores de 14 años en ningún caso pueden ser declarados penalmente responsables; mientras que a los que tengan entre 14 y 18 años se les aplicará en beneficio del indulto por rebelión y delitos conexos.	El comunicado de las partes no señala a cuántos niños y adolescentes afecta esta medida, aunque el jefe negociador de las FARC, "Iván Márquez", afirmó que son 21 los menores de 15 años que en estos momentos están en sus campamentos y que en los últimos dos años ya sacaron más menores de sus filas.	El "número dos" de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) insistió en que los menores que salgan de sus filas no podrán ser judicializados y que, antes de su salida, deberán ser informados de qué acusaciones pesan sobre ellos y ser indultadas, ya que si se les pretendiera hacer "comparecer ante fiscales o jueces, dándoles tratamiento de delincuentes, no saldrían de los campamentos hasta que una ley de amnistía les cobije".	Por su parte, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle declaró que el grupo insurgente se ha comprometido a entregar "toda la información para identificar y ubicar a los menores que aún están en los campamentos y colaborarán con la salida de éstos", proceso que contará con un mecanismo de acompañamiento integrado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).