El hombre, que tuvo una relación previa con la víctima y que supuestamente habría difundido el vídeo hace alrededor de un mes, se ha personado en el cuartel de la Guardia Civil en Mejorada del Campo, en Madrid, localidad en la que reside, pero ha sido puesto a disposición de la Policía, que investiga el caso.	También la Fiscalía de Criminalidad Informática solicitó este miércoles a la policía un informe sobre las circunstancias que rodearon el suicidio de la trabajadora de Iveco. De hecho, la policía ya investigaba la autoría, difusión y reenvío de estas grabaciones, al tiempo que la Agencia Española de Protección de Datos también ha abierto de oficio una actuación ante “la posible difusión sin consentimiento” de las imágenes.	El Código Penal castiga con entre tres meses y un año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad y aunque la víctima diera en su día su consentimiento a la grabación. Pero todo esto no devolverá a la vida a esta mujer, ni tampoco regresará al lado de sus hijos, los que han quedado huérfanos y sumergidos en el dolor y la tristeza.