El chavismo bloqueó con fuerzas policiales y militares el Parlamento opositor venezolano, mientras que la Justicia manejada por el oficialismo elevó a 14 los legisladores imputados por presunta sedición y alzamiento armado, en una nueva escalada de la crisis en la que, según Amnistía Internacional, se estarían cometiendo crímenes de lesa humanidad contra disidentes.