política, Perú terminó el día con dos presidentes. Martín Vizcarra, en el poder con apoyo popular y de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Nacional, y Mercedes Aráoz, quien fue nombrada por el Congreso de forma interina, tras la disolución del Poder Legislativo ordenada por el mandatario, después de tres años de un grave choque de poderes.	Miles de peruanos se volcaron a las calles para respaldar a Vizcarra y saludar la suspensión del Parlamento dominado por el fujimorismo y señalado de ser el centro de la corrupción en el país andino. “Estoy asumiendo temporalmente la presidencia de la República respondiendo a que Martín Vizcarra ha fallado al no haber cumplido con tres artículos constitucionales; y según el artí- culo 117 ha incurrido en causal de grave infracción constitucional”, señaló en un discurso leído Mercedes Aráoz luego de jurar. Sin embargo, militares y policías resolvieron anoche respaldar a Vizcarra como presidente constitucional.	El diario La República informó que el comandante general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, llegó a Palacio de Gobierno junto los comandantes generales del Ejército (Jorge Celis), Marina (Fernando Cerdán) y Fuerza Aérea (Rodolfo García), a fin de dialogar con el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el premier, Vicente Zeballos. Tras la reunión, la Presidencia del Perú emitió un comunicado a través de la red Twitter.	El decreto supremo citó el artí- culo 134 de la Constitución, que establece que el presidente está facultado a disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros, y que éste debe contener la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso, las mismas que deberán realizarse en los cuatro meses siguientes a la disolución.	Fue una jornada marcada por el enfrentamiento. “He decidido disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias” anticipadas, dijo Vizcarra en un mensaje al país por televisión, al agudizarse un choque de poderes y cerrarse las vías de entendimiento entre el ejecutivo y legislativo. La gota que rebalsó el vaso de agua para Vizcarra fue la negativa del Congreso a suspender una polémica designación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional.	Vizcarra había lanzado el domingo un ultimátum al Congreso al anunciar que lo disolvería si ayer le negaba un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistra dos, con lo que buscaba impedir que ese alto tribunal sea copado por la oposición. Como consecuencia de la denegatoria del voto de confianza, renunció el primer ministro, Salvador del Solar.	En su reemplazo Vizcarra nombró a Vicente Zevallos, su ministro de Justicia. Una disolución del Congreso en Perú no ocurría desde el 5 de abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000) dio un “autogolpe” y asumió plenos poderes con el apoyo de las fuerzas armadas. En esta ocasión, en cambio, Vizcarra se amparó en la Constitución para dar este paso.	El disuelto Parlamento no tardó en reaccionar, suspendiendo por un año a Vizcarra para ejercer el cargo de presidente. La suspensión fue aprobada por 86 votos de un total de 130 legisladores. El Congreso declaró la “incapacidad temporal” de Vizcarra y nombró en su lugar como presidenta interina por un año a la vicepresidenta Aráoz.	“Es mi deber como ciudadana, mujer, madre y vicepresidenta asumir este mandato. Lo más fá- cil habría sido renunciar. No me corro a mis responsabilidades por más difíciles que sean las circunstancias”, dijo Aráoz, quien calificó como “inconstitucional” la disolución del Congreso. Mientras tanto, Vizcarra convocó a nuevas elecciones parlamentarias para el 26 de enero, según decreto publicado en la gaceta oficial.	“Estamos ante un golpe de estado, me hace acordar al 5 de abril del 92. Espero que las Fuerzas Armadas y la Policía no se presten a esta patraña”, dijo el legislador socialdemócrata Jorge Del Castillo, ahora aliado del fujimorismo, sobre la disolución del Congreso. Del otro lado, la líder izquierdista Verónika Mendoza encabezó en Lima una marcha de más de 2.000 manifestantes en respaldo a la decisión de Vizcarra.	Vizcarra pidió el voto de confianza luego de que el Congreso archivara su proyecto de adelantar elecciones a abril de 2020, lo que implicaba recortar un año su mandato y el del Legislativo. La propuesta era apoyada por el 75% de los peruanos, según encuestas. Los legisladores opositores no desean elecciones anticipadas, pues arriesgan su holgada mayoría en momentos en que sufren gran desprestigio, según sondeos.	El Tribunal Constitucional está encargado de interpretar la Carta Magna y funciona como última instancia judicial en recursos de amparo, como el presentado para que Keiko Fujimori recupere su libertad. La líder opositora está en prisión preventiva desde hace 11 meses por el escándalo de Odebrecht y el fallo sobre su recurso será anunciado próximamente por el tribunal.	La crisis política persiste en Perú desde que hace tres años el banquero Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) venció ajustadamente a la populista Keiko Fujimori. Aunque perdió la presidencia, el partido de la primogénita de Alberto Fujimori ganó una abrumadora mayoría en el Congreso con la que mantuvo contra las cuerdas a Kuczynski hasta forzarlo a dimitir en marzo de 2018, cuando lo sustituyó Vizcarra, su primer vicepresidente.	Miles de peruanos celebraron este lunes en los exteriores del Palacio Legislativo la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones legislativas realizada por el presidente Martín Vizcarra, con vivas como “sí, se pudo” o “Perú, te quiero por eso te defiendo”. Con carteles y banderas rojiblancas en mano, miles de jóvenes, adultos, sindicatos y colectivos civiles, llegaron hasta la céntrica avenida Abancay “emocionados” por celebrar lo que para ellos “es lo mejor que le ha podido suceder al Perú”.	Así lo señaló a Efe el ciudadano Miguel Márquez, de 60 años, que llegó “emocionado por los cambios que va a haber” tras la medida constitucional. La disolución del Congreso de Perú por el presidente del país, fue tomada ayer con efusiva alegría por la población y por los partidarios del gobernante y vista como un golpe de Estado por la oposición liderada por el fujimorismo, que controla el extinto Parlamento con mayoría.	El Partido Aprista, gran aliado político del fujimorismo, comparó la decisión de Vizcarra de disolver el Congreso con el “autogolpe” de Estado perpetrado por el expresidente Alberto Fujimori en 1992. Hace 27 años, Fujimori, que cumple 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, disolvió el Congreso con el despliegue de tanques en las calles de Lima, intervino la Fiscalía y el Poder Judicial y ordenó secuestros selectivos, en lo que se denominó un “autogolpe” donde concentró poder y siguió en el cargo.	La disolución del Congreso fue celebrada por los congresistas de centro e izquierda que apoyan a Vizcarra y que son minoría en el Congreso, al punto que algunos de ellos se unieron a las masivas celebraciones que se dieron por todo el territorio de Perú, al conocer la decisión del mandatario. Pese al rechazo del fujimorismo y el aprismo en el Congreso, Martín Vizcarra se mantiene en el poder con apoyo en las calles con miles de peruanos que respaldan el golpe al Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones legislativas.	La grave crisis institucional de Perú, con la pugna insoluble entre el ahora disuelto Congreso y el Gobierno de Martín Vizcarra, se juega en una zona de estrechos márgenes legales cuya interpretación convierte la muy posible disolución del Congreso por parte del Ejecutivo en un golpe de Estado o en un legítimo recurso constitucional.	Las posiciones encontradas entre los poderes del Estado, con las profundas implicaciones políticas y sociales que tiene para el país, están siendo objeto de especulaciones e interpretaciones dispares de leyes, reglamentos y prácticas, tan opuestas como la postura del presidente Martín Vizcarra y el Congreso dominado por la oposición fujimorista y sus aliados de derecha y extrema derecha.	El mecanismo de cuestión de confianza en Perú permite al Gobierno a presentar una propuesta de reforma legal o política de Estado ante el Congreso que si no es aceptada obliga a la dimisión en bloque del Ejecutivo y a formar nuevo gobierno. Si esa situación se produce en dos ocasiones durante una legislatura, como sería el caso en esta ocasión, el presidente queda automáticamente habilitado para disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones legislativas.