Hoy se cumple un año de la primera explosión en Oruro, hecho ocurrido el 10 de febrero de 2018. El próximo miércoles el segundo bombazo, que sacudió la capital folclórica del país cuando aún no salían del asombro de lo ocurrido, también cumplirá 365 días, sin que hasta ahora por ninguna de las dos detonaciones existan detenidos, una hipótesis clara de lo que pasó y por qué pasó, mientras los involucrados en este hecho lloran por los aniversarios fúnebres y sufren por las heridas que quedaron en sus cuerpos y en su corazón.	Hace un par de semanas el Ministerio Público emitió una resolución de sobreseimiento para liberar de responsabilidades a Juan Carlos Herrera Beltrán, que fue sindicado y encarcelado por la primera explosión en Oruro durante las fiestas de Carnaval de 2018. Su abogado defensor, Daniel Pita, manifestó que buscarán que se llegue a una sentencia absolutoria para que Herrera quede libre de toda culpa. “Él está cansado del proceso y desilusionado totalmente de la justicia”, manifestó.	Agregó que se realizarán las acciones legales para que el Ministerio de Justicia asuma la responsabilidad por haber tenido preso ocho meses a su cliente. El 10 de febrero de 2018 fallecieron la hija y la esposa de Herrera, además de otros seis familiares y quedó un saldo de más de 50 heridos.	Juan Carlos estuvo por más de ocho meses detenido preventivamente como sospechoso de haber provocado la primera explosión. Fue imputado por la presunta comisión de los delitos de feminicidio, asesinato y lesiones graves. El jueves 24 de enero, el fiscal departamental de Oruro, Orlando Zapata, informó sobre el sobreseimiento y expuso las hipótesis y los elementos que se han ido manejando a partir de su imputación formal.	La Policía y la Fiscalía, por separado, indicaron que la indagación sigue y es posible que se solicite que se amplíe la etapa de investigación por 60 días más, pero no dieron más detalles. “Queremos aclarar que la investigación continúa abierta y en el caso de surgir algunos elementos, podría ser convocado nuevamente el señor Juan Carlos Herrera”, explicó el fiscal.	EL DEBER llegó hasta la casa de Juan Carlos, que confirmó su decisión de aceptar su sobreseimiento por el caso de las explosiones, a pesar de que quería, en lo personal, rechazarlo. Asegura que él también es una víctima de aquella fatídica tarde, cuando perdió a sus seres queridos en la detonación que conmocionó al mundo. “Soy inocente, soy víctima del mal accionar de los brazos operativos de la justicia (Policía y Fiscalía).	He sido acusado sin pruebas veraces. Dijeron que era parte de un triángulo amoroso, según ellos me había involucrado sentimentalmente con mi cuñada. Luego indicaron que yo era un personaje oscuro y siniestro, una persona incapaz de mostrar sentimientos porque había estado en el lugar de la explosión viendo morir a mis seres amados y no haber visto expresiones claras de dolor en mi rostro”, explicó Juan Carlos e inmediatamente recordó que parte de las pesquisas señalan que él fue víctima del engaño amoroso de su esposa, razón que consideraron los investigadores suficiente para eliminar a su familia.	“Me tocó vivir en carne propia la exhumación del cuerpo de mi pequeñita y ver cómo le cortaban un pedacito de hueso en la necropsia. El examen demostró que sí era mi hija consanguínea, mi descendiente, la luz de mis ojos, que ya no estaba más entre mis brazos. Y así, una a una, se fueron cayendo las hipótesis de los investigadores y del Ministerio Público, estuve ilegalmente encarcelado por 8 meses”, cuenta.	Recordó que los investigadores de La Paz acusaron a su sobrino de ser el responsable de la segunda explosión, la del martes 13 de febrero de 2018, donde también murió gente y otros quedaron heridos. Sin embargo, asegura que los policías no contaban con que él se iba a presentar inmediatamente para demostrar su inocencia.	“Desde ahí adentro he clamado por justicia, mientras he visto morir en vida a mi señora madre, quien tuvo que despojarse de lo poco que tenía para darme un pan que comer y, sobre todo, para correr con los gastos de mis defensores, a quienes les debemos demasiado. El tiempo que estuve encarcelado mi taller de carpintería ha estado cerrado, he perdido a mis clientes, vendieron mis pocas herramientas para pagar las deudas bancarias. He perdido todo y quedé debiendo dinero a mucha gente que creyó en mí”, se desahoga y afirma que espera que Dios ilumine a los investigadores para que den con el responsable de la muerte de su familia.	En la Asociación de Víctimas de las Explosiones denuncian que el Gobierno los abandonó y sus miembros marcharon el viernes en protesta por la suspensión de la atención médica, así como por la falta de esclarecimiento. La organización aglutina a 52 víctimas de las explosiones. Piden la participación de expertos y de instituciones internacionales de defensa de los derechos humanos para investigar y esclarecer las detonaciones.