El Plan de Uso de Suelo (PLUS) es el instrumento técnico y normativo que determina la capacidad de uso de los suelos, sus categorías, subcategorías, unidades de uso, reglas de usos e intervención y las recomendaciones de manejo del suelo en el departamento, exceptuando el uso de suelo urbano dentro del área o radio urbano de los municipios y Territorios Indígena Originario Campesinos.	La ley define por primera vez que el patrimonio natural de Santa Cruz es el conjunto de bienes, recursos naturales y biodiversidad, formaciones geológicas, paleontológicas y funciones ecosistémicas que tienen un valor relevante ambiental, paisajístico, científico, social, económico o cultural existentes dentro de la jurisdicción departamental. La pausa ambiental busca restablecer el ecosistema y volverlo a su estado original, incluyendo la diversidad de las especies que estaban presentes en el lugar.	Este trabajo estará a cargo de la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural, que viene a ser el espacio territorial de conservación, con características naturales, funciones ecosistémicas, geológicas, históricas y culturales de importancia, con presencia o no de seres humanos, categorías de manejo y sus límites claramente definidos, sometidos a una administración especial, a fin de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del departamento.	La normativa prohíbe el cambio de uso de suelo, la quema y desmontes, así como toda actividad incompatible con la restauración de la fauna y cubierta vegetal, incluyendo los desmontes, salvo las áreas de categorías de uso de suelo aptas, según lo establecido en el PLUS, lo cual deberá acreditarse mediante certificado de asignación de uso de suelo. También prohíbe nuevos asentamientos humanos en las áreas afectadas y zonas de influencia, hasta que la pausa ambiental sea levantada; además, la caza de animales silvestres, su consumo y comercialización.	En la conformación del comité deben participar los municipios, por cuanto la Gobernación debe ejercer sus competencias de manera armónica con las entidades territoriales autónomas, que se encuentren en su jurisdicción y, de ser necesario, buscarán escenarios de encuentro, discusión y coordinación entre los dos niveles de Gobierno y la sociedad civil.