La oposición ciudadana a Evo Morales se juega una de sus últimas cartas para tratar de detener la repostulación del presidente en las elecciones de octubre. Hoy a las 14:30, justo en la acera del frente de la Casa de la Libertad, sobre la plaza 25 de Mayo, Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibirá a una comisión que en principio era de plataformas, pero que se amplió hasta resumir en siete personas a buena parte de la oposición no partidista: cuatro representantes de plataformas, dos indígenas (tierras altas y tierras bajas) y un abogado defensor del caso terrorismo, que en abril cumplirá 10 años.	Hasta el final de la tarde de ayer estaba previsto que este encuentro se desarrollara en el Centro Internacional de Convenciones de La Glorieta, situado a unos 12 kilómetros del centro de Sucre. Allí sesiona la Comisión y recibe a cuenta gotas a todo el que tenga algo qué denunciar sobre violaciones de derechos humanos. Ayer, por la tarde, se vio a abogados llegar hasta el barronco por el que se ingresa al centro y bajar hasta el enorme edificio semivacío en el que le reciben la denuncia. Hasta ahí llegaron un abogado y una aportante al sistema de fondos de pensiones, que tratan a través de la CIDH de evitar que el Gobierno ponga las manos sobre $us 17.000 millones en marzo. “Es un tema de derechos”, dice Amikar, un abogado, mientras su representante, bastón en mano, baja la extensa rampa de ingreso, sin saber bien cómo hará para subirla. Hasta allí también llegó una abogada peruana, que se apuró a entrar para asegurarse de ser atendida sobre un caso de esterilización forzada.	El que tramitó este encuentro con Abaro fue Eduardo Gutiérrez, miembro de SOS Bolivia. Desde el frente del hotel donde hoy se reunirá con Abrao y mientras algunos activistas cruceños, cochabambinos y paceños serigrafiaban poleras con el 21-F, Gutiérrez adelantó que le pedirán a la CIDH que no se tome los ochos años que se tomó con una demanda similar en Nicaragua, para admitir la demanda. “Tal vez si no hubieran demorado tanto no habría 400 muertos en el régimen de Daniel Ortega”, lanzó.	Gutiérrez cree que si, cuatro días antes de llegar a Bolivia, la CIDH admitió una demanda por la utilización de la Carta Interamericana de Derechos Humanos para asegurar la reelección indefinida, bien podría hacer lo mismo con Bolivia. Sin embargo, la comisión tiene protocolos y, al menos mientras esté en el país, ya anunció que no realizará ninguna declaración sobre Bolivia.	La audiencia para las plataformas logró abrir espacios a otros colectivos que no tuvieron la misma suerte. Este es el caso de los indígenas, que intentaron un espacio en la agenda de la comisión tanto a través de la Cidob contraria al Gobierno, como por medio de su institución continental para pueblos de la cuenca amazónica, Coica. Trataban de entregar un informe sobre supuestas violaciones a los derechos indígenas, entre los que se encuentran la presión sobre los pueblos en los parques Isiboro Sécure y Madidi, por la explotación de petróleo y la construcción de megarrepresas. Estos documentos serán entregados mañana por un representante de tierras bajas, Abdón Justiniano.	Gary Prado, abogado de varios de los acusados por el caso terrorismo, será el encargado de exponer sobre el juicio que lleva casi 10 años y podría extenderse aún más, mientras que los representantes de plataformas de Santa Cruz (Gutiérrez), Cochabamba (Angélica Gómez), La Paz (María Cristina Soto y Guillermo Paz), tratarán de que la CIDH recurra a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que diga si la reelección sin límites constitucionales se enmarca en los derechos políticos.	Luego de esta reunión, a las plataformas y a la oposición ciudadana solo les quedará la audienia pública del miércoles. Para ello llega hoy a Sucre Waldo Albarracín, que está consciente de que los tiempos de la comisión por lo general no coinciden con los tiempos políticos de los países. Asegura que es muy difícil que la CIDH se pronuncie antes de las elecciones de octubre, por todos los protocolos que debe cumplir, pero asegura que incluso un pronunciamiento después de los comicios es útil, porque obligará al Estado a tomar medidas para evitar las reelecciones sin frenos.