El periodista boliviano sufre un calvario para acceder a información pública. Las diferentes instancias de poder no atienden las exigencias periodísticas, o las atienden mal o tarde y los periodistas se limitan a contar con una contraparte limitada, sobre todo engordada por declaraciones en conferencias de prensa o escuetos boletines de prensa.	En todas las regiones las entidades públicas, sean del Movimiento Al Socialismo (MAS) o de la oposición, tienen el mismo libreto: dilatar respuestas para intentar apagar la noticia, que por lo general incomoda a la entidad estatal. Incluso hay casos en que los trabajadores de la prensa sufren agresiones físicas y verbales de parte de las autoridades públicas o de sus agentes de seguridad.	En La Paz la situación se tornó caótica. La agresividad de parte del aparato político, generalmente de los ministerios, se volvió una costumbre. Un periodista no siempre puede acercarse a una autoridad, ya que de inmediato los agentes de seguridad o un funcionario se incomodan con el trabajador de la prensa. Y lo paradójico se da con las jefaturas de prensa o las unidades de relaciones públicas de las instituciones estatales, ya que juegan un papel contrario: son un muro en vez de ser el camino más fácil para llegar a la autoridad.	“Los obstáculos empiezan en las oficinas de comunicación. Existe demora en la respuesta ante la solicitud de una contraparte, en muchos casos no existe respuesta o quieren responder después de la publicación. También el acceso a documentación y la información no actualizada en sus páginas web”, describe Nancy Vacaflor, jefa de prensa de la Agencias de Noticias Fides (ANF).	Un caso sin antecedentes le sucede al periodista Luis Mealla, del diario La Razón. El comunicador quiere acceder desde hace un mes a una versión de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, pero la insistencia prácticamente lo derrumbó. El periodista denuncia que fue a las instalaciones del ente electoral, mandó solicitudes y hasta hizo público su pedido en el grupo de WhatsApp del TSE para llegar a la información.	Todo eso fue en vano. “Se volvió común que cierren puertas en varias instancias. Tener información propia es casi imposible en esta coyuntura”, reclama el reportero. Y es verdad. La información en el TSE se limita a la publicación de boletines de prensa en su medio digital, Fuente Directa. Los vocales electorales, en temas polémicos, prefieren evadir las preguntas.	El martes 15, la ministra de Comunicación, Gisela López, evitó hablar del tema tras ser consultada luego de una declaración en su despacho sobre las disputas políticas que generó la publicación en diferentes medios de comunicación de una encuesta a favor de Evo Morales y que fue pagada con recursos estatales.	La autoridad salió del espacio sin dar respuestas a los requerimientos. Son pocos los ministros que atienden a la prensa. Algunos lo hacen cuando salen de un evento o de la reunión de gabinete. Pero la mayoría evade a la prensa, más aún cuando en su área un tema delicado está en boca de toda la población nacional. Daniela Romero es editora de Seguridad de Página Siete. La periodista explica que en su área casi todas las fuentes niegan información, pero califica como las más difíciles a las Fuerzas Armadas (FFFA) y los juzgados, específicamente los jueces.	“En las Fuerzas Armadas un periodista solo puede llegar hasta el comunicador de cada fuerza y ni así uno consigue información que necesita. En el segundo caso, para obtener el cuaderno de investigaciones hay que recurrir a abogados de las partes, pues tener acceso al juez o jueza es muy difícil”, relata Romero. El periodista Marcelo Lobo, de Gigavisión, relata que en las fuentes de seguridad todo pasa por el envío de cartas a directores para solicitar información.	“Primero debe aprobar el director nacional, pero si él no está en funciones esa solicitud tarda semanas o meses. Es normal que hagan dilatar la respuesta con el fin de aplazar la noticia”, detalla el comunicador. Y es así. Ni en juzgados ni en las Fuerzas Armadas se consiguió una versión oficial para conocer su postura respecto al acceso a la información pública.	En radio sucede lo mismo. Eddy Andrade Valdez, radialista paceño, considera que el acceso a la información estuvo limitado desde hace mucho tiempo y por eso diseñó la estrategia de salir a las calles para tener contacto con la población y luego transmitirla a las autoridades para que hagan su trabajo. “Nuestra labor siempre fue para mostrar la desatención de la cual son objeto por parte de ciertas autoridades y, claro, de la burocracia. Muchas zonas (de La Paz) carecen de servicios y nosotros mostramos esas falencias”, comenta el periodista. Andrade Valdez recuerda que en una ocasión su producción llamaba desde estudios a una autoridad para lograr una contraparte, pero su jefe de prensa dilataba la respuesta, por lo que la difusión de la noticia tuvo que ser postergada hasta dos días después. En Cochabamba la situación no es menos difícil.	“No solo se trata del nivel central, también en la Gobernación y alcaldías. Es crítico en gobiernos del MAS, pero también hemos tropezado con la Alcaldía de Cochabamba, gobernada por la oposición. El caso de las mochilas chinas cerró las fuentes de información (...) Hay muchas dificultades. Lo principal es el maltrato.	Muchos de nuestros periodistas han pasado malos momentos con autoridades por hacer preguntas o solicitar información. También, altas autoridades nos han atacado, incluso públicamente, a través de sus medios del Estado”, reprocha Osorio. Reyna Bernal es periodista de Bolivia TV en Cochabamba. Relata que el caso mochilas chinas, que logró el arresto del alcalde José María Leyes, fue un episodio triste para el periodismo en esa ciudad.	La información era limitada y no había acceso a voces oficiales. Y lo peor, fue agredida en una cobertura por ser parte del canal estatal. “Estábamos haciéndole llegar a la población todo lo que acontecía en Cochabamba y, de pronto, algunos grupos de choque empezaron a agredirnos y quitar nuestras cámaras, nuestros micrófonos”, cuenta la periodista. En la ciudad de Santa Cruz la situación periodística no es más alentadora. Se sufre igual o más que en otras regiones para acceder a una contraparte. La periodista Beatriz Caballero apunta a la Alcaldía de Santa Cruz como la institución que más dilata la entrega de información.	“En las áreas que hago cobertura, Ciudad y Política, es difí- cil entrevistar al alcalde Percy Fernández en una temporada de caos en la ciudad, como el tema de mercados y de salud. También cuando existen casos en los que están involucrados menores, lograr la información en la Defensoría de la Niñez es muy burocrático. De la misma forma, entrevistar a los directores de hospitales públicos”, dice Caballero. La misma percepción tiene Beatriz Ávalos, editora del área Santa Cruz del diario EL DEBER, quien se enfoca en la burocracia de la Alcaldía cruceña para obtener información.	“Resulta que cualquier entrevista con un responsable de área, sea secretario municipal o director, primero debe ser gestionada ante la responsable de la Dirección de Comunicación (Dircom), la Sra. Arminda Dávalos. Si la jefa de Dircom no lo autoriza o no hace las gestiones para que podamos acceder a las fuentes, los periodistas nos quedamos sin la versión oficial”, reclama la periodista. Al respecto, Dávalos indica que la información de la Alcaldía cruceña “es abierta, pública y a disposición de todos los vecinos de Santa Cruz de la Sierra”. Sobre las denuncias de burocracia detalla que existe coordinación entre la Alcaldía, el Concejo Municipal y las direcciones para emitir la información pública.	“Tenemos dos órganos de una misma institución: el Concejo Municipal y el Ejecutivo Municipal. Si bien hay separación de funciones, competencias y atribuciones, el logro de más de 17.000 servicios y obras que crecen día a día es producto de una coordinación permanente y transversal. Para facilitar la labor operativa, las secretarías tienen sus propias estructuras; sin embargo, para cumplir las políticas públicas todos los niveles de las secretarías interactúan entre sí y, a la vez, respondiendo a la fiscalización del Concejo Municipal.	El periodista Paul Granillo coincide en que las fuentes municipales son de difícil acceso y que simplemente niegan las solicitudes. “Cuando se pide respuestas a diferentes denuncias se niegan a dar respuesta o, simplemente, ignoran las solicitudes”, reclama. En el área de Economía es el mismo calvario. Fernando Rojas, periodista de EL DEBER, señala que las fuentes econó- micas están “blindadas” y que nunca se logró una entrevista exclusiva con autoridades, pese a las gestiones.	“Te cierran las puertas y no permiten completar la información. Cuando se suscita un hecho noticioso donde la fuente de consulta es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Ministerio de Hidrocarburos y la estatal YPFB nunca se pueden obtener las respuestas respectivas”, reprocha el comunicador social. El Gobierno central intenta minimizar los reclamos.	El viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, explica que existen mecanismos para acceder a la información pública del Estado y pone como ejemplo el mecanismo digital Mi Plataforma, en el que se encuentran datos sobre proyectos de entidades públicas, como YPFB o la Agencia Estatal de Vivienda (AEV); sin embargo, los ministerios no cargan ningún tipo de información.	“La Plataforma de Acceso a la Información Pública es una herramienta informática que centraliza, administra y publica la información de proyectos priorizados de las entidades y empresas públicas del Estado, con la finalidad de facilitar el control social de la gestión pú- blica a través del acceso a la información. Las entidades y empresas públicas alimentan a la plataforma periódicamente con información general y específica de los proyectos priorizados”, destaca Jiménez. Y el dilema sigue. El acceso a la información en cualquier instancia aún es reservado y limitado.