El Directorio de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) informó al relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, sobre los impactos del esquema de asfixia financiera, la persecución tributaria y administrativa del gobierno impuesta a los medios periodísticos con línea editorial independiente.Se recibe un 'castigo'. Durante una reunión realizada en Sucre, sede del 171 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes de los principales medios impresos y una agencia de noticias de Bolivia explicaron el impacto de las políticas gubernamentales en las frágiles finanzas de medios y el alto riesgo de cierre por la sistemática presión ejercida desde 2010. Los medios de información bolivianos, a diferencia de otros sectores, reciben un castigo a través de 13 leyes y decretos que despojan de ingresos por la difusión de campañas gubernamentales sin pago por el servicio. La medida contraviene el parágrafo III del artículo 46 de la Constitución Política del Estado (CPE) que “prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución”.Otros medios afectados. Según la ANP, desde 2010 se promulgaron leyes y decretos que arrebatan de entre 30 y 40 por ciento de ingresos por concepto de publicidad. Las pérdidas también afectan a cientos de radioemisoras y canales de televisión privados.2010 Año en el que se promulgaron leyes y decretos que perjudicaron a la prensa.Piden que Ochoa sea juzgado en Ecuador  Ayer en Sucre, los representantes de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Fundamedios (Ecuador) e IPYS (Perú), organizaciones que forman parte del proyecto regional Voces del Sur, resolvieron solicitar al Gobierno boliviano que resuelva en derecho la negativa para la concesión del estatus de refugiado al exsuperintendente de Comunicación del Ecuador, Carlos Ochoa, y lo devuelva a las autoridades de su país para que responda por delitos cometidos en ejercicio de funciones públicas. Las organizaciones de prensa y de defensa de la libertad de expresión afirmaron que no existe ninguna causa para que Ochoa pueda ser considerado un perseguido político pues en el Ecuador debe responder a un juicio por falsificación de documento público, uso del mismo documento falsificado para sancionar fraudulentamente a 11 medios de comunicación y malversación de fondos públicos al ordenar la impresión de 300.000 ejemplares de la Ley de Comunicación que contenía alteraciones a la norma, presuntamente perpetradas por Ochoa.