Una cultura de violencia impera en el país. Tanto gobernantes como gobernados viven una lógica de avanzar hacia el desastre y poner alto a los problemas solo cuando las crisis ya están desatadas. A diario en el país se produce alguna protesta y casi siempre se trata de un bloqueo; en algunos casos va acompañada de agresiones contra oficiales de la Policía o del municipio. Por lo general, se da una alteración del orden público que, bajo la bandera de reivindicar unos derechos, afecta los que tienen los otros ciudadanos.	El problema es complejo, porque muchas de esas protestas se deben a falta de políticas públicas para atender necesidades elementales; así fue en el caso de los padres de familia que cerraron una calle porque sus hijos no tenían pupitres en las escuelas. No obstante, hay otros sectores corporativos, que protegen grandes intereses, que salen a bloquear porque se los está afectando y no quieren que nada cambie. En este segundo caso citamos a los transportistas que se rehúsan a que haya un cambio en la movilidad urbana.	Es indudable, y los transportistas lo saben, que sacar todos los micros al primer o al segundo anillo en hora pico, es una medida que afecta más al ciudadano que a la autoridad a la que se quiere molestar. En estos casos en los que la protesta raya en el delito de obstruir el libre tránsito de las personas, ya hemos llamado la atención respecto a la ausencia de la Policía y la Fiscalía, unos para poner orden, los otros para evitar que se vulneren las normas existentes en el país. Es inaudito que estas instituciones, cuya obligación es preservar el orden público, miren de palco estos hechos.	El viernes hubo una acción de la gendarmería que desató una respuesta, ambas conductas fueron violentas. Los gendarmes decomisaron carros de venteros ambulantes y, cuando estos fueron a reclamar sus objetos y al no obtener la respuesta esperada, los comerciantes agredieron con piedras y palos a los agentes del orden. Sin duda, un tema complejo. Por un lado, están prohibidos los asentamientos de gremiales en lugares no autorizados y la política de ordenamiento tiene el respaldo ciudadano; sin embargo, no se puede negar que hay ocasiones en que la función de “ordenar” llega cargada de abuso de poder, lo que –sin duda- no justifica los golpes ni las heridas a los guardias.