Sin contrapropuestas sólidas, una parte de la dirigencia del transporte público, rechaza la Ley de Movilidad Urbana, que ha sido promulgada el viernes por el alcalde Percy Fernández. Dejaron pasar varios meses y no ofrecieron planteamientos para enriquecer la norma; las ideas fueron surgiendo cuando el proyecto iba tomando forma y después se convirtieron en presión para no cambiar nada. Su jugada es lógica porque cualquier transformación en el sistema actual implica un costo millonario para los dueños de líneas y de micros.	Hoy, como el viernes, pretenden bloquear las vías del primer anillo para hacer sentir su poder. La población cruceña hace sacrificios para llegar a trabajar o a estudiar. La pregunta es ¿por qué se lo permiten?, ¿dónde está la Policía que mira de palco el abuso de gente que obstruye el libre tránsito?	Por otro lado, la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, admite que estos procesos demoran años “por la búsqueda de consensos” con los sectores afectados. Frente a eso, si el interés es resolver dos problemas estructurales de Santa Cruz de la Sierra, ¿por qué seguir en la búsqueda de acuerdos con sectores que no quieren cambiar nada y que pretenden seguir generando caos y afectando a más de un millón y medio de ciudadanos?