Cual inmensa telaraña, va creciendo la trama de vinculados con el presunto narcotraficante Pedro Montenegro. Jueces, magistrados, policías, un asambleísta, abogados y empresarios están siendo investigados por esos nexos que por ahora se ven sospechosos. Independientemente de los aludidos, el tema central es la porosidad con la que actuaron algunos conductores de instituciones para dejar entrar al crimen organizado.	A Montenegro se lo descubrió por una fotografía en Cartagena, durante un viaje pagado por él para los miembros de su comparsa, entre quienes estaba un capitán de la Policía y el hijastro del que era jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). A partir de ese momento, las revelaciones salieron a la luz, una tras otra y día tras día; en muchos casos, comunicados por los responsables de la investigación oficial, en otros por filtraciones que salieron de la misma institución del orden, en la que hay uniformados honestos que no toleran ver lo que ha ocurrido.	La pregunta que surge frente a semejante trama es si Montenegro es el único presunto narco que ha penetrado en las esferas de poder o si hay otros miembros del crimen organizado que han aprovechado la porosidad institucional demostrada. ¿Cómo se entiende que más uniformados, de alto y bajo rango, hayan sido capturados con droga dentro y fuera del país? ¿Qué explicación encuentra que documentos oficiales, como un auto supremo, hubieran tenido modificaciones de manera impune? ¿Hasta dónde llega la colusión?	Según informes de la Policía brasileña, la droga que incautaron en el operativo Monte Pollino (2015-Brasil) pertenecía a Montenegro (por eso este país pide su extradición) y estaba dirigida a Italia, para ser comercializada por una de las mafias más poderosas de ese país europeo, que manejan miles de millones de dólares por año. Es decir, se trata de grupos muy poderosos y peligrosos, cuyos tentáculos llegaron a varios países de Sudamérica, entre los que está Bolivia.	Una señal importante del Gobierno será extraditar a este hombre y hacer una limpieza profunda a las instituciones manchadas por los supuestos vínculos. Demorar la entrega de Montenegro, bajo el argumento de que primero debe pagar sus ilegalidades (recientemente creadas) en Bolivia, no es un buen camino, si desde el Estado se quiere demostrar que existe un honesto interés en luchar contra el narcotráfico en todas sus manifestaciones.