No importaron ni un perno, pero igual cobraron más de 60 millones de dólares como si lo hubieran hecho. Con ese dato contundente abre Pablo Ortiz la noticia publicada por EL DEBER sobre el ‘odebretchtazo’ dado por un consorcio empresarial dominado por un accionista, único beneficiado con las 42 adjudicaciones de prestación de servicios hechas entre 2013 y 2015 por la Unidad Ejecutora de la Lucha Integral contra el Narcotráfico, la hoy famosa Uelicn. Al menos siete nombres de empresas figuran en el grupo que tuvo el privilegio de asegurarse que sus propuestas de trabajo y cotizaciones sean copiadas en los respectivos pliegos de especificaciones técnicos que lanzaba la Uelicn, revela la noticia.	Este nuevo escándalo de grandes proporciones corre el riesgo de quedar en nada, al igual que cientos de otros ya denunciados antes, en los que el denominador común es, además de la complicidad de autoridades y funcionarios públicos con empresarios y particulares, la errática –por decir lo menos- actuación de policías, fiscales y jueces responsables de la investigación de los hechos, la identificación de los autores intelectuales y materiales y, al final, su punición de acuerdo a ley. El riesgo es mayor en el caso de la Uelicn, dado el nexo directo que tiene con la Fuerza Aérea Boliviana y con el Ministerio de Gobierno, actores de peso en el Poder Ejecutivo. Y ya se sabe qué suele pasar con los casos que amenazan golpear a la cabeza del Gobierno: se diluyen hasta quedar en nada.	Para comenzar, porque ahora resulta que Horizontal de Aviación Bolivia S.R.L., cabeza del consorcio denunciado, “devolvió” la certificación que le permitió ganar las licitaciones, a un mes de la intervención de la Uelicn y nada menos que dos semanas antes de que haya la intervención fiscal a oficinas y domicilios de los accionistas de la empresa. Han tenido tiempo para ponerse a buen recaudo. Ya sabían, desde finales del año pasado, que iban a ser puestos en evidencia, debido al reclamo formal hecho por una empresa al ministro de Gobierno. Esta se quejó de estar impedida de ganar una sola licitación, dada la abierta preferencia de la que gozaba Horizontal. Y más, anticipó el dato más escandaloso: que la empresa no compraba nada y usaba más bien lo comprado por la FAB y el ministerio.	La queja solo llegó a ser escándalo público y a tener intervención fiscal, luego de que una diputada tomara la batuta del caso. Rose Marie Sandóval comenzó a presionar desde su curul, la prensa se hizo eco y no hubo otro camino que el de la intervención ministerial. Hoy ya está confirmado por Aduana que Horizontal y sus “hermanas” (como las llama Pablo Ortiz) no importaron ni un solo perno para realizar el mantenimiento de las naves de la Fuerza de Tarea Aérea Diablos Negros y Diablos Rojos, que usaron lo importado por el ministerio y la FAB, que impusieron hasta las especificaciones técnicas en los pliegos de licitaciones de la Uelicn y, por si fuera poco, hasta usaron repuestos dejados por la NAS, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Pese a ello, el consorcio cobró más de 60 millones de dólares. Dinero público.	Es mucho dinero, incluso para un consorcio de empresas poco conocidas. Demasiado para creer que fue desembolsado sin más y que solo benefició a los accionistas que figuran en las mismas. Demasiado para dejarlo en el olvido. Menos ahora que se sabe cómo operó el consorcio, quiénes participaron de los procesos de licitación, no solo directamente, sino tras bambalinas. Ahora solo falta que haya una actuación fiscal y judicial similar a la vista en el caso brasileño que inspira al periodista Diego Fonseca a volver verbo y adjetivo el nombre Odebrcht, que marcó la operación Lava Jato en Brasil. Una actuación que obliga a actuar con rigor, libre de la presión política vista ya en otros casos similares. ¿Es mucho pedir? Tal vez. Pero llegó la hora de exigir mucho, para ver si logramos algo.