Solo cuatro de cada 10 bolivianos que asistirán a votar en las elecciones del 20 de octubre aprueban la gestión del órgano encargado de llevar adelante los comicios. Según la encuesta realizada por CiesMori para EL DEBER, el 50% de los consultados no aprueba la gestión del Tribunal Supremo Electoral (TSE).	De los nueve departamentos que tiene Bolivia, solo en Cochabamba y Pando el índice de aprobación del TSE consigue números verdes. Curiosamente el departamento amazónico es la región que más respalda su labor y el que más en entredicho ha estado, con inscripciones irregulares de votantes en Beni, que intentaban engordar el padrón pandino. Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz son los departamentos más críticos con el TSE.	En las capitales de departemento más El Alto la desaprobación llega al 59%, mientras que en las zonas con menos de 30.000 inscritos al padrón electoral la confianza trepa hasta el 48%. Los profesionales millennials, de entre 25 y 35 años, son los que menos fe tienen a que las elecciones del 20 de octubre sean bien gestionadas. Esto coincide con el perfil del votante de Carlos Mesa.	El presente del Tribunal Supremo Electoral se ha visto en el ojo de la tormenta desde la renuncia de tres de sus miembros. La presidenta Kathia Uriona y los vocales José Luis Exeni y Dunia Sandoval decidieron dejar sus cargos por diversos motivos -enfermedad, romper el empantanamiento que había sobre si se debía aceptar la repostulación del binomio oficialista y dificultades para realizar su trabajo.	A eso se sumaron los despidos y renuncias de más de 80 funcionarios del Tribunal en mandos altos y medios, y la preocupación de uno de sus vocales, Antonio Costas Sitic, sobre las condiciones técnicas para llevar adelante el empadronamiento y las elecciones. El proceso de empadronamiento también tuvo problemas, sobre todo en la frontera entre Pando y Beni, donde incluso alcaldes están bajo sospecha de querer ‘traficar’ votantes de una región a otra.	Todo ello ha hecho que los vocales sean el blanco de las movilizaciones de los comités cívicos, que ya han llevado adelante un paro en Santa Cruz y se reunirán en La Paz durante esta semana para analizar otro nacional contra el TSE. Para el politólogo Franz Tórrez, los vocales también son parte de una estrategia política de la oposición: minimizar una posible derrota achacando a una mala administración de las elecciones.