Lágrimas de cocodrilo ha vertido el Gobierno ante las desventuras de nuestra salud pública, convirtiendo la atención a la salud en un arma política para asestar golpes al enemigo, en este caso, los otros niveles de gobierno con los que por ley comparte la responsabilidad en el marco de esa autonomía tan odiada por ellos. Ese es el espectáculo al que estamos asistiendo con la propuesta del Sistema Único de Salud (SUS) aparecida a la hora nona (es decir, en el año 13) cuando la gestión ya termina.	Pero veamos los antecedentes. El SUS está en el art. 18 de la CPE, pero no se aplicó durante 13 años. La responsabilidad de organizar el servicio está claramente establecida en el art 37, que entre otras cosas dice: “El derecho a la salud gratuita se constituye en una función suprema y ‘primera responsabilidad financiera’ ...”.	Por otra parte, la salud según la CPE (art. 299) es una ‘competencia compartida’, quiere decir que se ejerce con los otros dos niveles de gobierno, pero –y esto es lo importante– la función rectora, de control y de definición de políticas nacionales corresponde al Gobierno central (art. 81 de la ley marco), funciones que el Gobierno central jamás ha cumplido, por lo que la responsabilidad de la crisis corresponde a este, quien hasta ahora no ha hecho la menor autocrítica, pues parece que ignoraba esa su función.	Pero hay otros dos temas que el Gobierno central quiere ignorar y que están a la base de la crisis terminal en que se debate la salud. Uno es que en el mismo art. 81, numeral 13, queda claro que el Gobierno central es responsable de los ítems para el personal, responsabilidad que ha incumplido olímpicamente y que está a la base de las más graves deficiencias: la falta de personal médico y auxiliar.	El otro acto abusivo ha sido el de encargar a los gobiernos departamentales la responsabilidad de edificios y equipamientos de los hospitales de tercer nivel sin asignar para eso un solo centavo, peor aun considerando que los gobiernos departamentales han sido excluidos de la coparticipación tributaria, y tampoco se ha dado cumplimiento al pacto fiscal, también establecido por ley, para que las gobernaciones puedan cumplir con esa función, compromiso que el Gobierno ha incumplido distrayendo vergonzosamente a los gobernadores en reuniones inútiles durante años.	Por todo lo dicho, y por las lagrimosas declaraciones del vicepresidente, que exige que entreguen la salud al Gobierno central contra lo que establece la CPE y la Ley Marco de Autonomías, queda claro que lo que quieren es dar marcha atrás en las autonomías y concentrar más aún el poder central para prolongarse indefinidamente en el poder. Eso no lo podemos permitir.