La Fiscalía de La Paz presentó un recurso para excluir a los ejecutivos de la empresa brasileña Petrobras, procesados desde el 2005 por el entonces diputado Evo Morales, en el juicio conocido como Petrocontratos. La oposición considera que es una acción propiciada por el Gobierno para lograr que el contrato de gas con el vecino país, que vence en diciembre, sea renovado.	El MAS considera que es una decisión independiente de la justicia, y que “hay que aceptarla”. Desde la Fiscalía de La Paz se explicó que es una determinación por falta de pruebas, pero que eso no significa que la investigación se cierre definitivamente, sino que se puede retomar en cualquier momento.	En 2005, el ahora presidente Evo Morales, cuando todavía era legislador, inició el proceso penal por los petrocontratos en contra de los expresidentes que firmaron contratos con firmas extranjeras: Gonzalo Sánchez de Lozada, que aún es procesado en ausencia; Jorge Quiroga y Carlos Mesa, que fueron excluidos en dos distintos momentos.	Además, se querelló contra los ejecutivos de las firmas extranjeras. El fiscal general que ejercía el cargo en 2011, Ramiro Guerrero, dividió el caso. Una parte, la que estaba destinada contra los expresidentes, se quedó en Sucre. La otra, contra los ejecutivos, radicó en La Paz y se procesó por el delito de contratos lesivos al Estado.	El sustento acusador era que los convenios no se aprobaron en el Congreso, y eran dañinos para el país. La semana pasada, el fiscal Willy Rojas presentó al Juzgado Tercero Anticorrupción paceño un recurso de rechazo de denuncia, con lo que quedó extinguido el proceso, pero solamente para los ejecutivos de Petrobras, entre ellos Decio Oddone, quien todavía es un alto ejecutivo de la empresa petrolera brasileña.	El documento de ninguna manera termina con el proceso porque, además, se supo que amplía la responsabilidad de otros implicados, pero sí excluye del juicio a los ejecutivos brasileños. Para el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, el oficialismo demostró en distintas acciones judiciales que la Fiscalía actúa con independencia, sin ninguna interferencia.	“Aunque sea de nuestro total desagrado, tengo entendido que hay un requerimiento debidamente fundamentado por parte de la Fiscalía que en base a la primera fase de la indagación, estableció que no existe responsabilidad y eso debe ser aceptado nos guste o no”, insistió el diputado Borda. Empero, resaltó que esta resolución puede ser impugnada si se evidencia que no se evaluaron los elementos correctamente.	Además, destacó que la medida se adopta en un momento en el que “hay que renegociar, tratar de ampliar el contrato por la venta de gas que se vence en diciembre. Es lógico que tener al director general de Petrobras, el ingeniero Oddone, imputado y buscado por la justicia en Bolivia es realmente contraproducente. De todas formas, me parece que la medida es tardía”. Asimismo, advirtió de que no cree que el Ejecutivo esté convencido plenamente de sobreseer a los ejecutivos de Petrobras.	El senador opositor Arturo Murillo (UD) comentó que queda claro que el MAS solo se dedica a buscar discurso para justificar los atropellos que comete. “Ahora hacen todo esto para renovar contratos y no tener problemas con ese país. Sin embargo, entendemos que solo se los saca a ellos y no a los implicados bolivianos. Eso muestra una discrecionalidad, seguir persiguiendo a algunos y liberar solo a los brasileños, una aberración”, lamentó.