Desde fines de octubre del año pasado cuando el Consejo de la Magistratura despidió a casi 300 funcionarios del Palacio de Justicia, la mayoría abogados secretarios y oficiales de diligencias, no se designó a sus reemplazantes provocando saturación, recarga del trabajo de los jueces y dejando al borde del colapso al sistema de la justicia en Santa Cruz.	A esto se suma que desde esta gestión el Consejo de la Magistratura endureció los controles a los juzgados, que a diferencia de las anteriores gestiones redujo la asignación de materiales como papeles, bolígrafos y otros enseres que a diario se necesitan para el desarrollo de una eficiente atención al mundo litigante que cada vez protesta.	En instancias del Consejo de la Magistratura se hizo conocer que los consejeros cumplieron con las convocatorias para los nuevos funcionarios judiciales, seleccionaron e incluso entregaron las listas de los postulantes para que los vocales del Tribunal Departamental de Justicia en sala plena designen, como dice la norma, pero que eso no ocurrió y se desconocen las causas.	En contrapartida la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, Miriam Rossel, expresó que muchos factores primaron para completar las designaciones de funcionarios. Entre ellos, la vacación judicial de un mes, la inauguración del año judicial y la incorporación de nuevas autoridades. Expresó que en estos días se designará a los funcionarios, ya que muchos fueron objetados por contar con antecedentes penales y administrativos, pero que ya se dará solución aclarando que las actividades en los juzgados nunca se paralizaron y que con una nueva visión se avanza en la administración de justicia.	Entran desde 5 a 12 causas por día. Hay días que tenemos entre 4 a 9 audiencias. No tenemos secretarios, nosotros tenemos que hacer de todo y no nos queda otra que llamar a pasantes, pero de nuestro bolsillo sale para pagarles y cubrir sus pasajes y alimentos, aunque por esto nos controlan y del Consejo nos cuestionan, entonces qué quieren que hagamos. Son ‘gallos’ para mandarnos comisiones que vienen de Sucre, nos controlan los términos, estricto cumplimiento de rol de audiencias, pero no hay personal ni las condiciones, pero a ellos eso no les importa. Hay veces que yo llego a las 6:00 y me voy a las 23:00 para poner al día las cosas y nadie reconoce nuestro esfuerzo. Estamos al borde del colapso”, indicó un juzgador en su escritorio repleto de expedientes.	Otro juez dijo que los vocales están incurriendo en incumplimiento de deberes al no designar. “Despidieron casi a 300 secretarios en octubre y no les pagaron dos meses de sueldo, ni aguinaldos, cuando eso ya estaba presupuestado. Ahora vamos por casi dos meses y sigue presupuestado y dígame dónde va esa plata”, apuntó el juez.	Respecto al material escaso que le asignan al mes, otro juzgador señaló: “Aquí cada rato nosotros necesitamos hojas de papel para todas las actuaciones. Antes nos daba el Consejo 5.000 hojas. Ahora solo 3 paquetes con 1.500 hojas al mes. Nos dan ahora 4 lapiceros de Bs 1 al mes, esto es una burla, ya es el colmo y no les da vergüenza”, añadió.	Una jueza, casi al borde de las lágrimas, contó la realidad de su trabajo día a día. En materia familiar el 2018 nos entraron 701 demandas nuevas. En lo civil 289, en lo penal 604 que inician con detenidos. Esto significa unas 604 audiencias cautelares y hay que sumar las que ingresan como inicio de investigación que son 1.594, de las cuales también se imputa casi una tercera parte, es decir 490. Solo en materia penal se atendió 1.000 audiencias y entre 2 a 3 cautelares por día y a ello hay que sumarle las audiencias de asistencia familiar y civil. Hay que resolver entre 30 memoriales por día en familia y más de 15 en lo civil. Dan un máximo de tres paquetes de hoja, bolígrafos nos dicen que no hay”, retrató así la administradora judicial, situación en la que debe sobrevivir.	Frente a la realidad expuesta por los juzgadores, que pidieron mantenerse en el anonimato para evitar posibles represalias en su contra, la titular del Tribunal Departamental de Justicia en Santa Cruz, se sinceró. Le dijo a EL DEBER que es verdad que el Consejo de la Magistratura cesó a un 60% de los funcionarios de todos los juzgados porque ya cumplieron hasta 5 años, sobrepasando el periodo establecido.	Rossel afirmó que las acefalías se vinieron llenando poco a poco y no es como se dice de que falta un 90%. Respecto al material, reconoció que el ramo judicial no percibe ni el 1% del Presupuesto General del Estado. Destacó la promesa y la felicitación del presidente Evo Morales, que al inaugurar el año judicial dijo que mejoraría la justicia.	Rossel aseveró que pese a todos los problemas se está dotando material a las provincias y a la capital, y que pronto se implementará el expediente electrónico en todo el país y se dejará atrás el manejo de papeles. Mientras esto sucede, abogados y víctimas, siguen sufriendo los problemas de un sistema judicial que insiste en que cambiará.	Los juzgados en material civil y familiar serán separados definitivamente, o sea, sacados del Palacio de Justicia, para que funcionen en un nuevo inmueble de la calle Independencia. Lo ideal es que en el Palacio de Justicia funcionen todas las salas de los vocales, así como los tribunales de sentencia, presidencia del Tribunal Departamental de Justicia y del Consejo de la Magistratura. Las autoridades consideran que urge la necesidad de descongestionar el ‘gigante de cristal’ de 20 pisos.	Creo que uno de los caminos de solución es la descentralización de la justicia en Santa Cruz, porque desde Sucre tienen una visión sesgada de lo que es Santa Cruz, máxime si esa visión va acompañada de una acción tendiente a que colapse. Cuando se pierde la vergüenza no se guardan ni siquiera las apariencias y la ‘masificación’ de la justicia cada vez es más evidente. La justicia del MAS no funciona.