Los representantes cívicos, Conade, plataformas ciudadanas y candidatos opositores, constituyen los actores sociales y políticos que coinciden con en el discurso de la defensa de la democracia política y el Estado derecho en el marco del 21-F; los vocales del TSE son los actores institucionales cuestionados, y los candidatos oficialistas, los actores políticos interpelados, cuales coinciden en que la repostulación es un derecho político que le asiste Morales Ayma.	Ahora bien, el 21-F ha dividido aguas entre extremistas y moderados del campo opositor. Mientras en el arco de los extremistas –cívicos, plataformas y determinados candidatos- la defensa de los resultados del referendo es innegociable; en el arco de los moderados -los candidatos opositores con mayor apoyo según las encuestas- es políticamente correcto apoyar las movilizaciones contra el TSE para evitar sufrir un desgaste tóxico, que no necesariamente implica un aumento de su caudal de votos, pero, al mismo tiempo, acatan la agenda electoral como buenos ciudadanos.	Sin más prólogos, mis dos preguntas: ¿es probable que los vocales del TSE renuncien tres meses antes de las elecciones, como efecto de los paros cívicos, movilizaciones y concentraciones, y que personajes notables ocupen su lugar? Respuesta: creo que no. ¿Es probable que los vocales del TSE no renuncien y continúen en sus labores, aunque sean observados por su lentitud para cumplir objetivos por un representante de la Unión Europea, y resistan una posible agitación social? Repuesta: creo que sí.	Mi conjetura. Si se considera que Santa Cruz es una región compleja en cuanto a su espectro ideológico-partidario, entre el MAS, CC y BDN habrá una disputa dura por quien obtiene más de un senador -de los cuatro correspondientes al departamento- y la mayor cantidad de diputados; las actividades programadas por el Comité Cívico desde el 9-J, apuntan a dos objetivos reales -el ficticio es la renuncia de los vocales-: poner en vitrina a los movilizados como potables candidatos a la asamblea plurinacional en el 2019, y gobiernos subnacionales en el 2020, y, desgatar al candidato oficialista -en la medida de lo posible- a través de la agitación social permanente. ¿Existe una deseo implícito de suspender las elecciones?, si así fuese, ¿a quién le otorgaría mayores beneficios?