Desde la caída del precio del petróleo en 2014, la deuda que tiene el país con organismos multilaterales se disparó, hasta el 2018, a un 72,3%. De acuerdo al Banco Central de Bolivia (BCB) para el 2014 el país debía $us 3.901 millones a siete organismos. Esta deuda trepó a los $us 6.725 millones el año pasado ($us 2.824 millones). Hasta el 66% de los recursos que el país debe externamente está en manos de estas instituciones.	Para analistas consultados, el incremento de la deuda se debe a la dificultad que ha tenido el Estado para poder cubrir sus gastos debido a la caída de su principal fuente de ingresos: la exportación de gas. En ese contexto, aseguraron que el Gobierno trata de cubrir los continuos déficits fiscales con endeudamiento. Incluso una parlamentaria denunció la poca transparencia en los recursos que contrajo el Estado.	Consultados sobre el nivel de deuda, desde el Ministerio de Economía indicaron que el endeudamiento público es destinado a inversión pública, claro y expreso objetivo de la política de endeudamiento implementada en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, motivo por el cual entre el periodo 2005-2018 el Producto Interno Bruto se cuatriplicó, ya que el ingreso de los bolivianos subió de $us 9.500 millones a más de $us 40.000 millones al 2018.	Desde esa entidad estatal hicieron notar, que antes del 2006 la deuda pública externa respecto al PIB superaba los límites fijados por organismos internacionales. Por ejemplo, este ratio llegó al 52% en 2005. Sin embargo, gracias al manejo responsable, la deuda pública externa se redujo al 24,9% con respecto al PIB.	Explicaron que las cifras lanzadas por la legisladora son nominales y que “toda vez que en tanto no sean desembolsados, no representan una obligación de reembolso de capital o intereses con el acreedor, situación que está en el marco de las buenas prácticas de la gestión de deuda y que es la que toman los organismos internacionales”.	El economista Germán Molina dijo que el incremento de la deuda se debe a que la política económica del Gobierno se centra en el aumento del gasto público para impulsar el crecimiento; es decir, el uso de recursos internos, generados por las exportaciones de gas, para financiar proyectos en sectores como energía e infraestructura.	Desde el Ministerio de Planificación indicaron que este tipo de créditos se caracterizan por la flexibilidad que tiene el Gobierno para asignar estos recursos a proyectos previamente priorizados, que requieren completar su financiamiento con fuentes externas. “Entidades como el BID, no están dispuestas a otorgar créditos que se destinen al gasto corriente”, afirmaron.