Él, como cientos de miles de cubano-estadounidenses, no pierde la esperanza de lograr en principio una indemnización por "daños y perjuicios" por los bienes expropiados en la isla a su familia a partir de 1960, entre ellas, "dos centrales azucareras, quince fincas ganaderas, un banco y varias colonias de caña".	Ese grupo se suma, según el abogado Gutiérrez, que ha investigado el tema por treinta años, a unas 200.000 a 300.000 quejas de ciudadanos cubano-estadounidenses, que alegan propiedad de bienes y empresas confiscadas como Barcardí, los terrenos del aeropuerto internacional Jose Martí de La Habana, cultivos azucareros, aseguradoras, entre muchos otros.	Esta coalición y la Brigada 2506 emitirán este lunes un mensaje público al presidente Trump, en el que piden implementar el Título III y utilizar con mayor frecuencia el Título IV de la misma ley, que "le niega visas a aquellos empresarios internacionales que estén participando de inversiones ilegales en Cuba, con propiedades confiscadas".