El 25 de marzo de 2019 el juez federal de EEUU, John L. Kane, falló, luego de más de dos años de análisis, que el Grupo de Cementos Chihuahua (GCC) actuó de mala fe con la Compañía de Inversiones Mercantiles (Cimsa) y determinó que la empresa mexicana pague al grupo boliviano $us 36 millones. Samuel Doria Medina, principal accionista de Cimsa, destacó la sentencia a tiempo de criticar el accionar de la justicia en Bolivia.	Explicó que se optó por la justicia de los EEUU la cual falló a favor del grupo nacional y que en caso de que los mexicanos no quieran cumplir con la sentencia pedirá a las autoridades estadounidenses el embargo de los bienes que la compañía mexicana tiene en EEUU, que estima en $us 1.000 millones.	El empresario nacional detalló que la disputa legal se debe a que el GCC actuó de mala fe al no respetar un acuerdo firmado en Nueva York en donde ambas partes se comprometían a no dar prioridad a terceros si es que se deseaba vender las acciones, algo que GCC no respetó al vender en 2011 al Grupo Gloria el 47% de las mismas.	“Eso fue observado por nosotros por lo que ambas empresas aceptamos recurrir a un arbitraje internacional en EEUU, en una segunda parte mantuvimos una reunión en Atlanta para argumentar y justificar los daños y perjuicios. Luego de estas presentaciones en 2015 la CIAC en Nueva York, falló a favor nuestro”, indicó Doria Medina.	Ante el fallo, GCC rechazó la validez del arbitraje y recurrió a la justicia boliviana para contener la acción legal. Doria Medina lamentó que los mexicanos se rodearan de abogados cercanos al Gobierno buscando anular el fallo. “Un integrante del Tribunal Constitucional en su afán de congraciarse con los mexicanos sacó un decreto constitucional con el objetivo de cambiar la Ley de Arbitraje”, dijo.