El artículo 306 de la Constitución Política del Estado señala que “el modelo económico boliviano es plural” y que “articula las diferentes formas de organización económica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo”.	En los últimos 13 años se ha potenciado el rol del Estado en la economía nacional. Se constituyeron empresas públicas, muchas de ellas compitiendo con otras del sector privado y, en varios casos, con resultados que no han sido los esperados. También hace siete años se mantiene fijo el tipo de cambio, pese a que la fortaleza del boliviano ha perjudicado a los exportadores. Las empresas no tradicionales también han sido limitadas por cupos para exportar y por una banda de precios que limita la ley de oferta y demanda. Si bien el objetivo es lograr abastecimiento del mercado interno, mantener esta política ha significado una reducción de las posibilidades comerciales fuera del país.	Al comenzar la gestión del presidente Morales se establecieron como principios constitucionales la protección de la Madre Tierra, el empoderamiento de los sectores indígenas y también se plantearon restricciones al uso de biotecnología en la producción agrícola. Sin embargo, ante el nuevo contexto económico, varios de esos principios han ido modificándose. De los años de bonanza, se pasó a una crisis mundial y ahora se tiene un contexto más difícil de de menor crecimiento y precios más bajos de los comodities. ¿Qué ha cambiado? Por ejemplo, ahora el Gobierno autoriza a las petroleras a hacer exploración petrolera en áreas protegidas; si bien se habla de una consulta previa a los pueblos indígenas, ésta no siempre se da e igual así avanzan los planes prospectivos. Recientemente, se ha dado luz verde al uso de transgénicos en el agro.	Sin embargo, se mantiene la banda de precios para los alimentos, no se liberan las exportaciones de productos agrícolas y se mantiene el tipo de cambio; también hay una presión tributaria, excesiva burocracia y políticas salariales que atentan contra el empleo. Mientras tanto, varios sectores cuestionan que hay inseguridad jurídica (a pesar de que la CPE lo prohíbe); las inversiones extranjeras son escasas y se mantienen las empresas del Estado, aunque muchas no generan utilidades o sean deficitarias.	Es importante que el Gobierno sea franco con el ciudadano respecto a la realidad económica actual y que sincere la política económica. Ya no es posible la incoherencia entre discurso y accionar. El interés de todos los bolivianos es vivir bien. Las familias no viven de argumentos, sino de liquidez en los bolsillos. Decir y comportarse con honestidad es un paso que los bolivianos agradecerán.