El procurador del Estado, Héctor Arce, respondió que "es evidente que la justicia en Bolivia está en crisis y el Gobierno de nuestro presidente Evo Morales ha planteado soluciones", en referencia a la convocatoria a una cumbre judicial y otro tipo de medidas, pero recalcó que “nadie está por encima de la ley en Bolivia”	La autoridad boliviana sostuvo que "hemos tenido en nuestro país magistrados elegidos por voto popular que no han cumplido funciones ni respondido al voto popular”. Velásquez y Cusi salieron de esa elección, y ratificó que “hay magistrados que se han referido a que consultan sus fallos en prácticas que no se circunscriben en aspectos legales".	“Pobre de aquel juez, vocal o fiscal que se oponga al Gobierno, es inmediatamente perseguido. Es decir, en Bolivia, los procesos judiciales no se ganan en derecho y justicia, se ganan por injerencia política", denunció Cusi, mientras que Velásquez dijo que tuvo que renunciar agotada por el proceso que le siguió la Asamblea Legislativa Plurinacional, con mayoría del MAS, y señaló que la independencia judicial no existe en el país.	Complementó que “en Bolivia los procesos judiciales no se ganan por derecho y justicia, sino bajo el criterio del tráfico de influencias. El abogado que tiene lazos con el poder es el que gana el caso”, afirmó Cusi, durante la audiencia pública sobre Bolivia que se celebró en la sede de la CIDH, en Washington.	“Si fallas en mi contra, verás lo que pasa", ese es el mensaje que el Gobierno de Morales desde la "arrogancia del poder" lanza a los jueces, aseveró Cusi y denunció que "las redes de extorsión y mafias" que se tejen desde el Ejecutivo para influir en las decisiones judiciales e "imponer su voluntad" con presiones a los jueces.