Todo fue inusual. Hace una semana el juez César Portocarrero remitió a la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, es decir al Gobierno, una orden para que los acusados del caso Porvenir: Leopoldo Fernández, Evin Ventura, Marcelo Mejido y Hernán Justiniano sean trasladados de La Paz a Cobija por tres días para una inspección ocular, que debió empezar ayer, pero no se cumplió.	La audiencia para el caso fue instalada ayer, a las 15:20, por Portocarrero en un pasillo del Palacio de Justicia de Pando. Y allí, a la manera de una rueda de prensa, con jueces, abogados y fiscales, todos de pie frente a los curiosos, oyó los alegatos de acusadores y defensores.	Para esa hora, Leopoldo Fernández sabía que no viajaría a Cobija, como había mandado el juez. “Se han inventado un pretexto burdo”, explicó por teléfono desde su arresto domiciliario en La Paz. Sus abogados, Karlo Brito y Alberto Morales, habían oído que Régimen Penitenciario decía que se canceló todo el operativo, porque no se había especificado dónde se iba a dejar a los presos de San Pedro al llegar a Cobija. Eso se decía.	Edwin Sarmiento, fiscal del caso, llegó en el mismo vuelo que los abogados de Leopoldo, pero no sabía nada de los detenidos. Aun así pidió, durante la prosecución del juicio en los pasillos, “que se celebre la audiencia de inspección ocular” sin los acusados. Brito y Morales calificaron el pedido de ilegal y requirieron la suspensión de la audiencia. Mary Carrasco, abogada de las víctimas de Porvenir, solicitó que se informe el motivo de la falta de los acusados.	Luego de un par de llamadas telefónicas, el juzgado estableció que los acusados no llegaron por un problema de Régimen Penitenciario. “El director nacional de Régimen Penitenciario presentó a las 9:25 un informe, indicando que no tiene el personal efectivo para el traslado de los acusados”, explicó la asistente de Portocarrero, citando un memorial entregado por ese despacho gubernamental.