Luego de conocerse que la falsificación de información en los Certificados de Origen Forestal (CFO) generó un daño al Estado de alrededor de $us 6 millones, desde la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) determinaron suspender el servicio de los agentes auxiliares, porque consideran que su trabajo no se apega a la norma vigente. Cliver Rocha, director nacional de la ABT, explicó que el agente auxiliar es un funcionario acreditado para trabajar con la ABT. El objetivo de su cargo es ayudar en la sostenibilidad de los bosques, por lo que su trabajo es más en el monte, porque ellos tienen que realizar la planificación del manejo forestal a partir de los instrumentos de gestión forestal.	“Para ello, estos agentes auxiliares deben estar en el campo, pero se han convertido en unos tramitadores fraudulentos que intentan corromper, ojo no todos, pues hay buenos profesionales, pero es algo que existe”, dijo Rocha. Ante este panorama la autoridad indicó que se va a suspender el trabajo con los agentes auxiliares debido a que ese ré- gimen no va más. En su criterio, el sistema está ‘podrido’ por todos los actores que participan y que para transparentarlo se debe buscar una nueva relación con los agentes auxiliares, en la que se cumpla con lo que establece la ley. Rocha reconoció que aún no se abordó a los ‘peces gordos’, pero que eso está contemplado y tampoco descartó la posibilidad de que haya funcionarios de la ABT implicados en este caso.	Al respecto, Óscar Nelson Justiniano, presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz, sostuvo que la investigación se debe ampliar a otros actores que necesariamente participaron en este hecho y no solo hacer foco en los profesionales forestales. Justiniano detalló que la justicia debe indagar a los dueños de la propiedad, tanto privada como comunitaria, a los agentes auxiliares, a los funcionarios de la ABT, a los rescatadores y comercializadores de madera y a las empresas exportadoras. “Es cierto que los agentes auxiliares llenan los certificados con una determinada información; sin embargo, son los técnicos de la ABT, los que la validan y tienen la obligación de que si algo no cuadra, deben ir al lugar y realizar una auditoría, para realmente convalidar esa información”, precisó Justiniano.	Para Rocha la posición de los forestales puede ser interpretada como una defensa corporativa que no permite avanzar y en cuanto a la posible participación de funcionarios de la ABT, la autoridad pidió a los representantes de los forestales que si tienen alguna información la den a conocer, para que de forma inmediata sean despedidos y puestos a disposición de la justicia. “Si saben algo que lo digan, pues su silencio puede ser interpretado como una complicidad”, remarcó Rocha.	A su vez, Justiniano subrayó que si realmente se quiere acabar con el foco de la corrupción, la investigación debe ser generalizada y abarcar distintos periodos, por lo que están dispuestos a ayudar en la investigación. Cabe recordar que por este ilí- cito dos personas ya fueron enviadas a la cárcel de Palmasola (Santa Cruz) y una tiene detención domiciliaria y que el principal sospechoso, según datos de la Policía se fugó y se encuentra en la Argentina.