En efecto, mediante Decreto Supremo 27691 el precio del barril de petróleo crudo sin IVA puesto en refinería se fijó en $us 27,11 en caso de que el promedio de las cotizaciones del WTI (West Texas Intermediate, por sus siglas en inglés) correspondientes al último año –menos un descuento de $us 6,29 /barril – fuera mayor. A este precio fijo se deben añadir una serie de márgenes de refinería, de compensación, de transporte, de almacenaje y de distribución mayorista y minorista) e impuestos (IVA e IEHD) para llegar al precio de la gasolina y diésel que usted, respetable lector, paga en los surtidores.	Esta regla de juego define el esquema de precios regulados para los hidrocarburos líquidos que uno observa en los surtidores a lo largo del país; esto es, del litro de diésel y de gasolina especial, entre otros. Cuando se compara los precios de este esquema con el precio internacional del barril de algún subproducto, más el costo logístico de importación, uno puede obtener el valor de la subvención estatal por este concepto.	Este año el mercado del diésel tendrá un volumen de aproximadamente 2 millones de metros cúbicos. La producción local cubriría algo menos de la mitad, por lo que se requerirá cubrir la diferencia con importaciones. Una historia similar sucede en el mercado de la gasolina, con un volumen de mercado de aproximadamente 1,8 millones de metros cúbicos y una producción que cubre aproximadamente dos terceras partes del mercado interno, por lo que se requerirá también importar. Estimaciones del Centro Boliviano de Estudios Económicos de Cainco (Cebec) indican que la política de subsidio a los hidrocarburos líquidos supera el 2% del PIB.	La virtud del esquema descrito es que estabiliza el precio de la gasolina y diésel en el mercado interno. Su defecto es que envía señales equivocadas y por tanto distorsiona el sistema de precios. Acostumbra a la población a un precio que no necesariamente refleja su costo de oportunidad. Genera también costos para quien los asume, en este caso, el Tesoro General de la Nación, que pudo haber asignado estos recursos escasos a otras políticas en beneficio de la población.	Pensamos que conviene encarar el problema desde distintas perspectivas: no solo profundizar revisando los incentivos para una mayor exploración, también se debe profundizar en el uso de etanol en coordinación con todos los actores (ingenios azucareros, YPFB, surtidores, casas importadoras de vehículos), introducir el biodiésel, profundizar el uso de vehículos nativos a gas natural vehicular y ser pioneros en el uso de transporte impulsado a energía eléctrica u otras con fuente renovable.