La exministra de Aguas Alexandra Moreira, imputada por la crisis del agua que afectó a la ciudad de La Paz en 2016 y que fue sobreseída por la justicia en junio de 2019, reapareció en la escena política como secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), organismo intergubernamental constituido por ocho países miembros y que gestiona una reunión de cancilleres para combatir incendios en la Amazonia. La oposición califica la designación de “inaceptable”, mientras el oficialismo defiende a la profesional.	El cargo que ocupa la ahora diplomática tiene sede en Brasilia (Brasil). EL DEBER se comunicó con su despacho, pero una de sus asistentes indicó que la secretaria general de la OTCA solo atendía asuntos relativos a su función. Además, informaron de que todo requerimiento periodístico era atendido por el departamento de prensa. En esa oficina exigieron un cuestionario.	El senador opositor Arturo Murillo, UD, opinó que “si la representante de Bolivia es la exministra de la crisis del agua, seguramente nos irá muy mal en esa reunión de cancilleres. Calificó como una barbaridad y una irresponsabilidad que el Gobierno designara como su representante a una persona “tan ineficiente, que debió ser procesada y enviada a la cárcel por el daño que causó a la ciudad de La Paz y al país”.	El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), dijo que es “plausible” que una boliviana esté al mando de OTCA y que organice una reunión ministerial por un tema que afecta a la Chiquitania. “Ella es absolutamente confiable, hablamos de una persona muy preparada. Los bolivianos no valoramos la capacidad de nuestros compatriotas y estas personas son apreciadas en el contexto internacional”.	La crisis del agua afectó a 144 barrios de La Paz y a más de un millón de habitantes que quedaron sin provisión del líquido elemento en sus hogares. El mes pasado, un juez alteño envió a detención domiciliaria al alcalde paceño Luis Revilla por un derrame ocurrido en enero en una celda del relleno sanitario de Alpacoma.	Luego de esa decisión, el concejal paceño Isaac Fernández, de Sol.Bo, aseguró que el proceso por los casos Alpacoma I y II es político, ya que en 2016 cuando se produjo la crisis de agua, autoridades como Moreira se defendieron en libertad, pese a que los delitos eran los mismos, incumplimiento de deberes y atentado contra la salud pública. Murillo dijo que en el caso Alpacoma, está bien que Revilla sea indagado, pero también la Gobernación y el Gobierno. Borda dijo que no se puede comparar. “La crisis del agua no trajo consecuencias ambientales, Alpacoma, daños irreversibles, y hay corrupción”, argumentó.