, que abría la puerta para que estas nuevas empresas cobraran por el uso particular de los acuíferos públicos, esto significaba que Aguas del Tunari podía cobrar por el agua que los vecinos obtuvieran de sus pozos, del río o incluso recogieran de la lluvia, y que si éstos no pagaban estaba autorizada a desahuciarles y quedarse con sus casas.