Huele a madera. Hay trozos rojizos recién cortados alrededor de una casita abandonada. Es de madera, hule y calaminas. Quedan en pie siete de estas viviendas donde antes hubo 30 para igual número de familias acomodadas en medio del bosque, sin electricidad y sin agua potable. Dicen aquí que esa madera la trajo el río. Quién sabe. “Las otras familias parece que llegaron a un arreglo económico y se fueron”, cuenta Isaías Gonzales, un recolector de reciclabes que se niega a marcharse de este terreno privado llamado barrio Santa Rita y que, de no ser por su vecindad con la Quinta Municipal y el 4.º anillo, podría pasar por un asentamiento campesino de mitad del siglo XX.	Este es uno de los siete caseríos de Santa Cruz que anidaron sobre la franja del bosque de protección del cordón ecológico del río Piraí, una muralla vegetal de un kilómetro de ancho que —junto a los defensivos— ha protegido a la ciudad del azote del turbión desde 1983, año en el que la inundación atacó a más de la cuarta parte de la urbe.	Protectora natural, la cobertura boscosa del parque ecológico de 1.828 hectáreas es devastada —ahora mismo— por la expansión de barrios y un par de asentamientos más o menos recientes. Boris Salomón Lazcano, secretario municipal de Gestión Urbana, identifica tres bloques de ocupación: el primero, compuesto por el barrio Ambrosio Villarroel y por La Floresta; el segundo, que agrupa a los barrios Puerto Busch, Las Cabañitas, Parque de la Juventud y Santa Rita (que llama barrio, pero tiene características de un precario asentamiento); y el tercero, un asentamiento en la Unidad Vecinal PSU-5.	La casa de Isaías y sus alrededores son un claro en medio de los árboles. Así se la ve desde las imágenes satelitales que ofrece Google Earth. Pero es un claro pequeño si se compara con el que se ve alrededor de la Quinta Municipal, unos mil metros hacia el sur de Santa Rita. Ni ese asentamiento ni ‘la Quinta’ están fuera de la franja de 1.000 metros de orilla boscosa que exige la Ley del Plan de Uso de Suelo (PLUS) de Santa Cruz, hecho que derivó en un disputa legal (2013) que ganó el municipio a la Autoridad de Fiscalización de Control Social de Bosques y Tierras (ABT), en medio de ácidas críticas de ambientalistas.	“Las obras municipales jamás alientan a ningún vecino para contravenir las normas”, opina Salomón. La depredación de la cobertura vegetal de esta área (denominada Bosque de Protección 1, BP-1), se ve con mayor claridad si se visita el barrio Ambrosio Villarroel, donde se jactan de tener más 200 familias en viviendas hechas con ladrillo y cemento (pese a que la Alcaldía señala que viven en todos los asentamientos alrededor de 50 familias), donde se construyen a toda máquina lujosos chalets de dos pisos; el ‘progreso’ implicó barrer la servidumbre ecológica que había a menos de 100 metros del río.	“Queremos que hagan un estudio técnico del río porque necesitamos más defensivos”, pide Mery Bazán, vecina del Ambrosio Villarroel de más de 15 años, que no tiene dudas sobre la legitimidad de la casa en la que vive “ahora que se amplió la mancha urbana y quedamos dentro”. Sandra Velarde, secretaria de Planificación, aclaró que la ampliación no legaliza esas casas.	En La Floresta, más al sur del Ambrosio Villarroel, las casas sí que son lujosas. Varias de ellas llevan un letrero del municipio que dice: “Obra paralizada por clandestina”. La mayoría son viviendas de dos pisos, con diseño arquitectónico en una suerte de urbanización abierta. Según la Secretaría de Gestión Urbana, procesadas por irregularidades.	Para Luis Aguilera, director del Searpi, todos los asentamientos sobre el cordón ecológico son ilegales y deben ser inmovilizados (y en lo posible retirados) porque las leyes nacionales del PLUS, del Patrimonio Histórico y Natural, del Parque Metropolitano Piraí y la norma forestal así lo mandan, al tiempo que dan responsabilidades.	Para él, la ocupación de esta franja es una trampa hecha por la especulación y el déficit habitacional y puede llegar a dejar a la ciudad sin su protector natural y causar un desastre igual o peor al de 1983. Él dice que coordina con el municipio posibles soluciones y ve que una amenaza peor son algunas urbanizaciones de El Torno, La Guardia, Porongo y Warnes; e incluso asentamientos en Montero