En el discurso que inauguró el último año de su tercer mandato, Evo Morales anunció la creación de una comisión para luchar contra la corrupción. Los opositores advirtieron que era una medida electoral. Desde ese momento, un exdiputado del MAS fue encarcelado por pedir coimas en la Agencia Estatal de Vivienda, un juez de Derechos Reales de Sucre fue detenido y el Viceministerio de Transparencia actuó en varios municipios. Héctor Arce, ministro de Justicia, asegura que todo es producto de una acumulación de institucionalidad en la lucha contra la corrupción.	Creo que la verdadera institucionalidad de la lucha contra la corrupción ha venido con el presidente Evo. Antes hubo algunos intentos que fueron vanos y no crearon institucionalidad. Recordemos el poder que, entre comillas, le dio el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada a Carlos Mesa, que quedó en nada. No se creó institucionalidad y hubo una periodista muy destacada que no tenía un cargo, un equipo, un denominativo y finalmente la gente la llamó la zarina anticorrupción y ese cargo no existe.	La verdadera lucha anticorrupción nace con el Gobierno del presidente Evo, en el año 2006, cuando hacemos una modificación de la ley LOPE y creamos un Viceministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que dependía del Ministerio de justicia. Más adelante, con la nueva Constitución, se aprueba la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Se empieza un periodo de implementación y de generalización de la lucha contra la corrupción.	Esto llega a su punto más alto cuando se aprueba la ley 964, en 2017, en la que se establece la presencia de la lucha contra la corrupción en todos los niveles del Estado, los cuatro órganos del Estado, las gobernaciones, municipios y hasta en las universidades. Ante la presión de algunos casos que han tenido ribetes de escándalo, creamos la Comisión de Acción Inmediata y, siguiendo la política del presidente Evo, que es cero tolerancia a la corrupción, se actúa, se verifica y se procesa sin ver quién está en frente, si es opositor o si es un alcalde nuestro. Con mayor razón si es un alcalde nuestro, se actúa con mayor severidad. Ha llegado un punto de inflexión en el que tenemos que dar la batalla final contra la corrupción.	La respuesta tiene que ser mucho más fuerte y es lo que estamos haciendo en estos días. Cuando usted ve todo el desarrollo económico del país, el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, se basan en varias cosas, entre ellas que se ha reducido al mínimo la corrupción, no existe corrupción en las grandes obras y eso nos permite desarrollar políticas sociales, somos un ejemplo en la región.	En muchos casos hemos visto que es más del 10%, en el caso Mochilas del alcalde José María Leyes se demostró que era mucho más del 10% lo que se pedía. Ocurrió también en la Agencia Estatal de Vivienda y en Riberalta. Esos son delitos contra del Estado, porque la empresa va a pagar esa coima e irá en desmedro de la obra y los perjudicados serán los ciudadanos. Es una situación inaceptable y hay que actuar con la máxima celeridad y encarcelar a los corruptos. Esto tiene también una función preventiva, para que la gente vea y no se involucre en actos de corrupción.	a corrupción es corrupción, así sean de cuñapeses de Bs 10 o de obras por Bs 100.000, no se la puede medir por la cuantía. La Ley 964, genera una serie de mecanismos cruzados, cada ministro nombra a los jefes de Transparencia de todas sus descentralizadas en consulta con el Ministerio de la Presidencia para colocar a gente idónea.	Hay un diseño institucional muy grande para prever hasta lo mínimo, alquiler de la silla, la compra de alimentos... Nosotros como ministerio tenemos la tuición para coordinar con las unidades de Transparencia y, por ejemplo, tienen dos días para notificarnos de alguna denuncia que recibe para que nosotros le hagamos seguimiento. Hemos creado un sistema que nos mantiene en línea para poder operar con las unidades de cada institución y además capacitamos constantemente a todos los niveles del Estado.	Creo que si hay una persona verdaderamente honesta, honrada, transparente en sus acciones es el presidente Evo. El caso Zapata fue montar una mentira absoluta, una treta, una situación inventada y se los hizo días antes del referendo para dañar un resultado. El tiempo se encargó de demostrar que el presidente en ningún momento incurrió en deslealtad, falta de honradez.	Nosotros, y esto lo digo con el mayor orgullo, jamás hemos interferido en la administración de justicia. En casos como esta violación grupal de Santa Cruz, damos la opinión de que debe haber una investigación seria, pero es una opinión que responde al sentimiento de la sociedad. Pese a lo que dice Jimena Costa, tenemos una justicia mucho mejor de la que había en el pasado y tenemos la autoridad para ver cómo actúa esa justicia, no se olvide que hubo un proceso en contra de los anteriores magistrados del Consejo de la Magistratura, por hechos de corrupción y fueron sancionados, suspendidos por la anterior Asamblea.	Arce está orgulloso del sistema que implementó para elegir a los notarios. Dice que se posesionó a 453 nuevos notarios elegidos a través de un examen que controlaron las universidades en comisiones en cada departamento, que se detectó a personas que trataron de traficar el examen y hay seis presos por esos hechos hoy. Dice también que ahora quiere hacer lo mismo con los jueces, pero en el Órgano Judicial no quieren. “¿No pueden el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo encargarle a las universidades un proceso limpio para institucionalizar por mérito a los jueces?”, se pregunta.	No hay voluntad de institucionalizar a los jueces. Para los notarios, en cada ciudad se ha hecho un consejo de cinco personas, dos representantes del Consejo del Notariado y tres representantes de la Universidad Boliviana. La universidad tenía mayoría y ha calificado a través de sus mejores docentes. Hoy en día, desde el Consejo de la Magistratura invitan a un representante de la universidad, un poquito para cubrir la imagen, pero no les veo la decisión de hacer algo inédito.	Bueno, nosotros damos opiniones que van en la línea de lo correcto y habría que consultarle a la ciudadanía si estaría de acuerdo a que se elijan así a los jueces. Estoy seguro que serían mucho mejores si se los eligiera por este mecanismo. Las universidades podrían mandar a los mejores alumnos para que sean los funcionarios de todos los juzgados y así se limpiaría la justicia.	Es una ley fundamental, esperemos que entre en vigencia en agosto y aliviane el sufrimiento de la gente. Hoy sufre la víctima de un delito y sufre el procesado, no hay justicia para nadie. Hay determinados artículos muy completos que trae esta ley y que van a revolucionar la justicia penal. Por ejemplo, la detención preventiva debe ser muy concreta, ya no se va a poder pedirla alegremente para tener a una persona años de años encarcelada.	Ahora hay un juicio y que fija una audiencia en marzo, y otra en agosto y no termina nunca. La idea es que las audiencias sean todos los días hasta que termine el proceso. Esta ley trae las nuevas tecnologías de información y ya incluso tenemos el presupuesto para implementarlo. Uno entra al juzgado y pareciera que retrocede 50 años. Ahora las notificaciones serán inmediatas a través de un correo electrónico certificado. Además, hay medidas de protección para los niños, para las mujeres, hay una oficina gestora que va a impedir que se suspendan las audiencias. En algunos departamentos, el 80% de las audiencias se suspenden. Eso no puede ser, no podemos hacernos la burla de la gente. La retardación es el peor mal que tiene la justicia boliviana.