Fue Héctor Arce, procurador del Estado, quien empezó la campaña contra los tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ligia Velásquez, Soraida Chánez y Gualberto Cusi, a quienes se los acusa de paralizar el funcionamiento de la Ley del Notariado. Todo empezó en junio, y en casi seis meses, activistas coinciden en que en el proceso los derechos humanos de los acusados, se “tambalean”. Se identificaron al menos tres supuestas vulneraciones.	La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, detalló que desde el inicio del proceso contra los magistrados se “vulneraron” al menos tres derechos. “No se tomó en cuenta el debido proceso, que es algo fundamental; el derecho a la defensa; y sobre todo los derechos del señor Cusi, que está enfermo y que no respeta su estado de salud”, expresó la activista.	Los magistrados suspendidos paralizaron la aplicación de la Ley del Notariado por supuestas transgresiones constitucionales. Esto provocó la furia de Arce, quien sugirió el inicio de un proceso contra Velásquez, Chánez y Cusi. El MAS en la Asamblea Legislativa hizo caso al pie de la letra a la iniciativa del procurador.	Primero se procesó a las dos magistradas, luego se incluyó a Cusi. A los tres se los suspendió de sus cargos, decisión que se asumió en Diputados. Luego, el caso pasó al Senado, donde en un principio se tenía previsto sancionar a las autoridades con la privación de libertad, pero en medio camino se decidió modificar la ley de juicio de responsabilidades para que la instancia legislativa no asuma el rol de la justicia ordinaria.	La presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz, Amparo Carvajal, denunció que “hay muchas vulneraciones” a los derechos humanos en el proceso. Pidió a los legisladores “respetar” el debido proceso, porque “no se puede enjuiciar a personas por pensar diferente al partido de gobierno. Ya se reconoció que este juicio es político, y con esa afirmación se ratifica que no hay un debido proceso contra los magistrados”, afirmó.	En esa línea, la activista de derechos humanos Olga Flores indicó que desde un principio se prohibió a los magistrados el derecho a la defensa. “Se aceleró el juicio a medida de las directrices que envió el señor Álvaro García. (Los magistrados) no pudieron defenderse en la Cámara de Diputados y ahora son juzgados en el Senado, vulnerando el debido proceso, algo fundamental en la democracia”, consideró.	En el MAS no ven que se estén vulnerando los derechos de los acusados. El senador Isaac Ávalos más bien culpó a los magistrados de haber intentado dar “un golpe a la democracia” con la paralización de la Ley del Notariado. “Los derechos humanos se respetan en todo el país. Con la Ley del Notariado se agilizan los trámites, y eso ayuda a la democracia. Para el funcionamiento de la norma es un golpe a la democracia”, recriminó el legislador.	La situación de Cusi es un tema aparte en este juicio. Su estado de salud -padece de tuberculosis crónica- marcó las líneas en el proceso. En un inicio se decidió excluirlo y procesar solo a las magistradas, pero en Diputados lo incluyeron y ahora enfrenta el proceso con un delicado cuadro clínico.