El área metropolitana cruceña, la más poblada y de mayor extensión del país, además de presentar una notable complejidad social, cultural y urbana, presenta como debilidad estructural significativa la carencia de un mecanismo formal de gestión integral del territorio que ha venido urbanizando y poblando desde hace varias décadas, el que ha ganado notable intensidad en la última.	Lo que hoy se entiende como área metropolitana cruceña es a la mancha urbana continua o territorio urbanizado disperso en 8 municipios: Santa Cruz de la Sierra, Warnes, Cotoca, Porongo, La Guardia, El Torno, Colpa-Bélgica y Okinawa, espacios territoriales con áreas urbanas y rurales en diversa proporción. Dada la relativa autonomía de Montero, resulta muy forzado incluir a este municipio por ahora.	El que no haya sido posible constituir un mecanismo de gestión metropolitano es producto de varios factores, responsables indirectos del proceso de expansión indiscriminada de la mancha urbana cruceña, hoy superior en extensión al conjunto de las demás ciudades del país. Como se señaló hace tres años: no hubo cañada, río, riachuelo, laguna, curiche o reglamento urbano que impidiera la satisfacción inmediatista de los diferentes intereses involucrados, tanto privados como públicos. El resultado: más de 60 mil hectáreas fueron urbanizadas en 7 municipios, ofertando más de un millón de lotes en el área metropolitana, fuera de las zonas urbanas consolidadas, que suman 45 mil ha. En conjunto, ello ha generado una mancha urbana metropolitana muy superior a las 100 mil hectáreas.	En ese marco, además de las diversas y crecientes dificultades que vive la metrópoli, el gigantesco territorio metropolitano pone en riesgo la sostenibilidad estructural de las gestiones municipales metropolitanas, principalmente en el caso de los municipios vecinos, una vez que la ciudad presenta densidades manejables, aunque inferiores a las óptimas, según indicadores del BID. Dada la situación y los desafíos anticipados, nadie duda de la importancia crítica de articular los gobiernos municipales involucrados y construir un mecanismo de gestión de alcance metropolitano.	En ese marco, Santa Cruz de la Sierra, que representa más de tres cuartas partes de la población metropolitana cruceña, a través de su gobierno municipal ha decidido promover ese mecanismo, con la participación mancomunada de los municipios vecinos. El primer obstáculo, curiosamente, es la propia legislación boliviana, que al respecto de gestión metropolitana no solo resulta ser impracticable sino que ha demostrado serlo. El rotundo fracaso del “Kanata”, el intento cochabambino de constituir una “región” metropolitana, dejó en evidencia la profunda falla de conceptualización y enfoque de la normativa vigente.	Son tres las dificultades estructurales que definen esa impracticabilidad: primero, la “sobredemocratización” de cada región metropolitana, al plantear un consejo metropolitano en cual un municipio con el 80% de la población y recursos económicos del área metropolitana tendría el mismo peso decisional de los otros municipios, cada uno con el 10%, 5% o 1% de la misma, suerte de igualitarismo que implica grandes riesgos para municipios como el cruceño o el cochabambino; segundo, la “subalternización” municipal, al determinar al gobernador como presidente del Consejo Metropolitano, lo que, además de afectar la autonomía municipal, compromete la gobernabilidad efectiva de ese consejo; y tercero, la “desurbanización” del concepto, al concentrarse la normativa en lo político y territorial e ignorar las diferencias de gestión entre la manchas urbana articulada (área metropolitana propiamente dicha) y las zonas rurales de cada territorio municipal. De esas tres debilidades, las dos primeras son las más críticas, una vez que la tercera podría fácilmente superarse a nivel de gestión.	Las condiciones que impone la legislación vigente vienen a contrapelo de los principios que mueven a la conformación de áreas y regiones metropolitanas en el resto de América y el mundo, y han sido, hasta ahora, el principal factor desincentivador para que las tres metrópolis bolivianas se administren como tales. Aunque resulta inevitable-además de necesaria-la participación del Estado en la gestión de regiones metropolitanas, en todas las legislaciones internacionales conocidas son los municipios los que deciden sobre la misma y, cuando existe un municipio de escala significativa en relación al resto, se le reconoce su jerarquía de diferentes maneras: sea asegurando la presidencia del órgano metropolitano o estableciendo una distribución representativa en el mismo que no le imponga riesgos y más bien, le motive a apoyar a los municipios de menor escala demográfica o económica, propiciando la gobernabilidad y efectividad necesarias.	Quedando descartada, al menos por ahora, la conformación de una “región” metropolitana, por esa impracticabilidad ya comentada, la propuesta del municipio de Santa Cruz de la Sierra, de articularse con todos los municipios del área metropolitana “Gran Santa Cruz”, viene a llenar ese vacío de gestión. El nuevo mecanismo se instrumentaliza jurídicamente a través de leyes municipales de integración, articulación y complementación, que se concretizan a través de convenios y pueden actuar sobre todos los aspectos de impacto e interés metropolitano. En este sentido, los municipios, motivados por necesidades, desafíos y proyectos comunes, pueden aprovechar positivamente la experiencia, escala y recursos de la ciudad capital, mientras se van consolidando, beneficiándose en el proceso, tanto el municipio central como los municipios vecinos.	Esta alternativa, inteligente y pragmática, que no violenta las autonomías municipales ni los principios de una gestión metropolitana efectiva, además de jurídicamente factible, se presenta como legítima y pertinente en cuanto respeta los criterios y buenas prácticas internacionales de gestión metropolitana. Una vez concretizada, permitirá definir y establecer lineamientos de gestión compartidos, plausibles de concretizar al no existir riesgos de imposiciones, intervenciones o distorsiones motivadas por intereses ajenos a los vecinos y municipios involucrados. Con ello, los habitantes de la “Gran Santa Cruz” podrán analizar, planificar y construir su futuro como cualquier área metropolitana del mundo, a través de sus representantes directos: los gobiernos municipales.