La resolución 018/2019 que permite el ingreso directo de bachilleres de pueblos indígenas a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), se encuentra envuelta en denuncias de corrupción de dirigentes indígenas que aseguran que el beneficio no llegó a sus comunidades, y de académicos que advierten que la lista de 1.750 jóvenes, presentada inicialmente por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), fue rechaza porque hubiera saturado sus aulas.	Sin embargo, Vare niega que haya enviado una lista de más de 1.000 estudiantes. Dijo que la primera no pasó de los 300 postulantes, pero los datos de la universidad cruceña lo contradicen. El vicerrector Oswaldo Ulloa ratifica que tras constatar la amplia cantidad de postulantes aprobada por las comunidades reunió a los decanos y tomó la resolución de pedir un reajuste a la Cidob.	Este año 6.385 estudiantes ingresaron a la ‘Gabriel’, tras aprobar la primera Prueba de Suficiencia Académica (PSA) a inicios de febrero. La propuesta de los indígenas representa el 27,4% de esa cantidad, es decir, la Cidob intentó hacer ingresar sin dar examen a más de la cuarta parte de los nuevos estudiantes.	Para Bienvenido Zacu Mborobainchi, líder guarayo, quien en 2002 encabezó la marcha por la Asamblea Constituyente, es posible que haya más de 1.000 bachilleres en las 50 organizaciones indígenas esperando por ingresar a la ‘U’, sin embargo, desde las comunidades se escuchan voces que hacen suponer que este beneficio se quedó en la ciudad.	Zaku, quien fue viceministro de tierras en 2006 y diputado por circunscripción indígena entre 2009 y 2014, explica que este beneficio no es nuevo. Surgió de un convenio firmado en 2002 entre dirigentes de la Cidob y la universidad cruceña. Se suspendió en 2014, debido a las pugnas por la presidencia entre Adolfo Chávez y Melva Hurtado, y fue reactivado en 2018, aunque sin reglamento.	La secretaria de Educación de la Cidob, María Ynes Justiniano Chivana, dijo que las acusaciones surgen de ‘personas que quieren perjudicarlos’. Indicó que las listas provienen de organizaciones como la Organización Indígena Chiquitana (OICH), la Coordinadora de Pueblos Étnicos del Oriente (Cepes) o la Central de Organización de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), entre otras, y que la Cidob se limita a organizarlas y remitirlas a la ‘U’.	Justiniano reconoce que los apellidos que aparecen en las listas no son los ‘tradicionales’ de los pueblos originarios como cuestiona Zaku. Por ejemplo aparecen apellidos como Quispe, Mamani o Condori, propios de comunidades de tierras altas; otros como Melgar, Gutiérrez o Roca, relacionados con los ‘karai’ (hombre blanco), e incluso se identifica de otros países, tal es el caso de Yun Xiang Gao. Al respecto la secretaria de Educación explica que es difícil que lleguen apellidos ‘puros’ de padre y madre indígena, porque se ha dado un ‘cruce cultural’. “Ya hay jóvenes con apellidos netamenta indígenas, hay una mescolanza”, dijo.	De la lista de más de 1.000 nombres a la que estuvo acceso EL DEBER se destaca también que en su mayoría los postulantes aspiraron a algún tipo de ingeniería; entre las más requeridas fueron Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil e Ingeniería Financiera. Otras carreras con alta demanda fueron Enfermería, Derecho, Bioquímica y Veterinaria.	Las versiones sobre el ‘tráfico’ de cupos de ingreso no son nuevas. En septiembre de 2018 el Congreso Universitario emitió la resolución 008/2018 que “instruye la realización de una auditoría especial” a esta modalidad de ingreso directo de bachilleres indígenas, y dispuso que se elabore un reglamento. Por esto, el presidente del Congreso Universitario de la Uagrm, Rolando López, calificó de ‘ilegal’ la resolución del ICU de marzo de este año, debido a que no cumplió con la solicitud de una auditoría planteada por esta instancia con representatividad de docentes y estudiantes.	Otras voces al interior de la ‘Gabriel’ le dan una lectura política; vinculan la ‘venta de cupos’ como un favor a delegados del ICU para que se mantengan al margen de las movilizaciones de diciembre de 2018 en contra de la reelección indefinida, pese a que el Congreso Universitario en diciembre había solicitado sumarse. Desde el ICU adelantaron que la cantidad de nombres presentados por los indígenas también causó preocupación.