Santa Cruz es el departamento más poblado, con 3,2 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento anual del 2,4%. Aumentan los habitantes y también las personas que no tienen un lugar donde vivir, que están desplazadas o presas de alguna adicción. Entre ellas hay niños, algunos lactantes, cuya presencia lastima el alma.	En febrero de este año se dio a conocer el resultado de un censo realizado a personas en situación de calle. Se dijo que son 1.023 en la ciudad. Que el 22% está compuesto por menores de edad hasta los 18 años y que un tercio de ellos tiene entre 6 y 12 años. Son estadísticas frías a las que hay que ponerle rostro, contextualizar la vulnerabilidad en la que viven en los canales de drenaje, víctimas de abuso de gente mayor y hasta de malos policías, además del consumo de drogas desde temprana edad.	Entre las personas en situación de calle hay más hombres que mujeres, pero ellas conforman el 22% de esta población. Asimismo, aunque no está cuantificado, es cada vez más frecuente encontrar a ancianos, niños y adultos enfermos y en sillas de ruedas, expuestos al sol y al calor que ya supera los 35 grados de temperatura.	Según el mismo censo, el 76% de los encuestados ha confesado que consume algún tipo de drogas. En algunos casos también la proveen a ocasionales clientes. Este hecho determina que quienes trabajan vendiendo productos son tentados con este tipo de adicciones y terminan sucumbiendo a ella, como el caso de una comerciante de gaseosas, cuya hija -que antes la ayudaba en el negocio- desapareció sin dejar rastro, hace algunas semanas.	A cada cifra mencionada en este editorial hay que ponerle un rostro y pensar que se trata de un hijo o hija, de un hermano o de alguien amado. En realidad, hay que salir del círculo de lo personal para comprender que estamos hablando de una sociedad, que es la nuestra. Por eso, la interpelación debe ser colectiva. Al Estado, porque las acciones después del censo han sido tardías y se mantienen en proyectos antes que en hechos concretos. A ello se suma la falta de centros para rehabilitación, ya que los que existen son insuficientes y no siempre cuentan con las condiciones para sacar a las personas de la vía pública.	Tampoco se sabe de acciones de responsabilidad social empresarial para ayudar a esta población. Quienes asumen el problema como propio son organizaciones solidarias, que se han convertido en la única esperanza. ¿Cuántos médicos, ahora en paro, dedican unas horas de su tiempo para hacer chequeos voluntarios a quienes tienen infecciones por las mismas condiciones en que viven? No es el primer editorial que EL DEBER dedica a esta problemática ni será el último. Seguiremos insistiendo hasta que las autoridades se conduelan y reaccionen.