La situación de los privados de libertad es un problema pendiente de encarar de forma integral. Ellos pasan sus días en cárceles inmundas, pequeñas y denigrantes. Entre 2010 y 2016, en la gestión del defensor del pueblo, Rolando Villena, se hizo un informe de las cárceles y carceletas de Santa Cruz, dejando ver que ninguna, en los 56 municipios cruceños, reunía condiciones de habitabilidad, no había políticas integrales de rehabilitación, terapia ocupacional ni convivencia.	La cárcel de Palmasola y las demás son una bomba de tiempo, que explotó en 2013, con la matanza de más de 30 personas, lo que desnudó sus vergonzosas condiciones. Desde hace años, este penal es sinónimo de hacinamiento, falta de clasificación de delitos, conformación y reinado de grupos de poder, mala atención sanitaria, alarmante retardación de justicia, inexistencia de planes de terapia ocupacional o rehabilitación. Lo que hay es voluntad de algunas iglesias o de entidades sociales y de derechos humanos.	Hoy, como cada año o cada cierto tiempo, la dirección de Régimen Penitenciario y la Defensoría del Pueblo vuelven a hacer un diagnóstico que se repite hasta el cansancio: las cárceles son una bomba de tiempo. Pero las acciones conjuntas tardan en llegar o se realizan algunos parches, como cuando el papa Francisco hizo su visita a Palmasola. Lo que amerita hoy es la atención a la situación de las personas privadas de libertad, que, si bien han cometido un delito, deben ser sancionadas, de acuerdo a la ley, aunque el Estado debe también garantizarles las mínimas condiciones de una vida digna, porque se merecen una segunda oportunidad.