Evidente. A menos que sea de la oposición, el acusado no pierde ningún derecho mientras no sea declarado culpable. Pero no es ese el problema. No se discute lo que manda la ley. El gravísimo problema de este Gobierno es la poca sabiduría, el poco tino, la nula delicadeza que tiene a la hora de seleccionar a sus colaboradores. El problema no es la inhabilitación legal de nadie. El problema es que el Gobierno no quiere a los mejores. Por eso no los busca. Lo grave es que a la hora de seleccionar no les ha importado nunca la corrección ni la calidad de sus acompañantes. Ninguno de los mediocres y ninguno de los presos que tienen entre sus colaboradores tenía sentencia ejecutoriada cuando los posesionaron. El desatino fue nombrar a los que llegarían a tener sentencia. Peor. En ocasiones pareciera que seleccionan precisamente a los expertos en determinados delitos para que conduzcan delincuencialmente algunas áreas concretas. Si no, ¿por qué encomendaron a Sanabria o a Nina tremendas responsabilidades, precisamente en el terreno de sus peores debilidades?	Dircabi es la institución que maneja todos los bienes de los narcotraficantes. Son fortunas inmensas que exigen absoluta delicadeza y una corrección extrema porque, o bien habrá que devolverlas a sus dueños, si el fallo los favoreciera, o bien pasarían a ser bien público, si son condenados. No vemos que preocupe mucho a este Gobierno ninguna de las dos posibilidades. No respetan los derechos de los justos, ni les quitan el sueño los de la sociedad civil. Han dilapidado como pipocas las movilidades de lujo y propiedades suntuosas, inmensas haciendas y ganadería incontable. Ahora, en lugar de demostrar que su intención es manejar con puntillosa honradez esa responsabilidad, dan la señal opuesta. Parece que no buscan conductores limpios, sino cómplices.	Si les importara la corrección, nunca hubieran dado el catering de BoA a la familia de un gobernante, ni hubieran firmado a escondidas contratos por miles de millones de dólares. Si fuera verdad que luchan contra el narcotráfico, nunca hubieran encomendado su control a Sanabria o a Medina. Si tuvieran algún respeto por la Constitución Boliviana, no hubieran armado los vergonzosos Tribunales Constitucionales que armaron. Si tuvieran la intención de que los resultados electorales fueran limpio reflejo de la decisión del pueblo, no nos hubieran arrojado en manos del tenebroso Tribunal Electoral. Si les importaran la educación, la salud, la justicia, la economía nacional o el desarrollo productivo, no hubieran nombrado a los ministros que tenemos, que claramente tienen otras prioridades.