En la llamada ‘Marcha llamada por la Paz y la Unidad de los Pueblos’ ciudadanos, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierdas de varios países hicieron un llamado a fortalecer la alianza de la izquierda mundial frente al "imperialismo" estadounidense y en contra de las sanciones impuestas por Washington al Gobierno venezolano y al de Cuba.	En la marcha participó el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, quien aseguró que están preparados para una "guerra absoluta" con Estados Unidos "en defensa de la patria y de la paz" e indicó que, en caso de una invasión de Estados Unidos a Venezuela, "el problema para ellos va a ser salir". "Aquí, nosotros hace 200 años echamos al imperio más poderoso de aquella época, y no estábamos tan preparados ni tan unidos", dijo el chavista en referencia a la guerra de independencia contra España.	En un borrador de su declaración final que, salvo imprevistos, será suscrita por unos 500 delegados el domingo el Foro de Sao Paulo -que este año tiene el lema de ´Por la paz, la soberanía y la prosperidad de los pueblos´- denunció las "agresiones sistemáticas contra la soberanía, autodeterminación y la integración" de los pueblos y alertó del "desarrollo de una guerra judicial" para encarcelar a líderes políticos y sociales de izquierdas en Latinoamérica. Este último punto en alusión a Luiz Inácio Lula da Silva, el expresidente brasileño, al que consideran un "preso político del capitalismo".	En este texto provisional las formaciones políticas y movimientos sociales de izquierda y progresistas de América Latina y el Caribe también se comprometen a luchar contra "el patriarcado, la xenofobia, el racismo, la criminalización de la migración y, en general, contra cualquier forma de discriminación por motivos étnicos, religiosos, de género u orientación sexual."	El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) y estudiantes venezolanos rechazaron la celebración del Foro al considerarlo un gasto innecesario frente a la crisis que vive el país sudamericano. Según PJ el evento le está costando al país más de 200 millones de dólares y le está dando recursos venezolanos a delegados que "vinieron al país a apoyar a un dictador que viola los derechos humanos".