Los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dieron por cerrado el caso de las encuestas del MAS publicadas en tres medios escritos en diciembre de 2018 y el vocal Antonio Costas sugirió que este caso debía ser analizado bajo la ley Safco si los responsables de la difusión son funcionarios públicos, en alusión a la exministra de Comunicación Gisela López, quien admitió que la publicación la hizo el Gobierno.	“Para que nosotros valoremos también el segundo componente de esta denuncia y apliquemos alguna sanción a la organización política, esta debe estar representada por alguno de sus dirigentes, si no indudablemente esta publicación tendrá que entrar en el ámbito de la ley 1178 y nosotros no tenemos competencia para la sanción en ese ámbito. Corresponderá si así la evaluación del informe técnico y del informe legal correspondiente de emitir a la instancia de control sobre el uso de fondos públicos”, dijo el vocal cuando fue consultado sobre el pago realizado en diciembre.	Según su explicación, lo que se publicó en tres medios fue un afiche de unas encuestas y que hacían referencia a las elecciones generales, proceso electoral que en este momento no está fiscalizado. Dijo que en este momento hay una elección primaria y no presidencial, por tanto el TSE no puede pronunciarse por un proceso que aún no fue convocado.	Luego dijo que el ente electoral y las cortes electorales departamentales tienen a dirigentes y delegados políticos acreditados y que deben ser estas personas las que presenten las demandas ante este órgano del Estado, lo que no ocurrió en el caso del diputado José Carlos Gutiérrez, que acudió como “persona natural” con la demanda.	Gutiérrez, que adelantó que hará conocer a organismos internacionales la resolución del TSE sobre la encuesta, dijo que envió una carta a su excolega legislador para que se realice una auditoría a la gestión de Gisela López y que recorte los gastos de propaganda del Gobierno. Canelas recibió con una sonrisa ese pedido y dijo que no todos los pedidos de los opositores deben ser tomados en cuenta porque existe una alta carga de politización.