En medio de una profunda crisis política, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, se enfrenta a su hora más compleja, en lo que va de su gestión, al haber planteado un adelanto de las elecciones generales el próximo año, tras la negativa de la oposición a respaldar la reforma, tal cual él la había diseñado para combatir la corrupción.	Precisamente Vizcarra asumió el Ejecutivo peruano, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018 por los aportes recibidos de la empresa brasileña Odebrecht cuando fue ministro del exmandatario Alejandro Toledo, este con pedido de extradición de EEUU por otro escándalo con la constructora, y tras el destape de una mafia en el Poder Judicial.	La única salida que encontró entonces Vizcarra para dirigir el país fue impulsar la reforma en el sistema político peruano y en el judicial, dado que la judicatura también había adoptado unas conductas de protección a varios de los implicados en el escándalo de Odebrecht y en otros sonados casos de crimen organizado.	Desde el primer día en su Gobierno, Vizcarra afrontó las críticas del fujimorismo, que tenía a su líder Keiko Fujimori en medio de una investigación fiscal por presunto lavado de activos, así como del aprismo que intentó deslindar la responsabilidad del exmandatario Alan García en los sobornos hechos supuestamente por Odebrecht durante su segundo Gobierno (2006-2011).