Hace más de 25 años Rosaura Chacón vive en la comunidad El Naranjal-Don Bosco; en este transcurso vio consolidarse muy pocas obras en el lugar. La comunidad es parte del conflicto de límites entre Warnes y Montero. “¿En qué nos afecta el problema de límites?, pues en todo. Si se va a pedir obras a Montero, nos dicen que pertenecemos a Warnes, si se va a Warnes nos dicen que somos de Montero. Al fin y al cabo, nadie hace nada. Hace cuatro gestiones que estamos pidiendo ripiado, y nada”, denuncia.	Similar situación enfrentan los vecinos de Villa Esterita, una de las zonas en conflicto entre Saavedra y Montero. Un dirigente de la Organización Territorial de Base, (OTB), Cirilo Cruz, detalla que, por el conflicto, en muchas ocasiones los mismos vecinos tuvieron que aportar para tener obras. Citó como ejemplo que Saavedra les construyó tres aulas educativas y las restantes las tuvieron que edificar con donaciones de cemento y ladrillos de vecinos y algunas instituciones.	En el conflicto de Warnes y Montero, cada municipio creó su Comisión de Límites. El presidente de esta instancia de la segunda comuna, Willan Vaca, explicó que las obras son una forma de sentar soberanía ante el avasallamiento de su territorio por parte del municipio vecino, que aprueba urbanizaciones “hasta en la mancha urbana de Montero”. “Ellos vinieron a meterse a todas partes. Lo único que estamos haciendo es retomar la conducción de esos pueblos, que fueron avasallados y donde ellos han invertido unos cuatro pesos”, sostuvo. Por su parte, el alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, insistió en que la zona forma parte de su territorio por lo que seguirán un trámite legal para que sea reconocido por la instancia departamental.	Warnes, hace algunos años solicitó la delimitación con la Ley 2150 (ley anterior). Por su parte, Montero pidió capacitación para elaborar su propuesta en el actual marco normativo de la Ley 339. Aunque actualmente no hay ningún proceso de límites vigente en la unidad competente, que es la de Ordenamiento Territorial y Límites (OTL) de la Gobernación. En el conflicto Montero y Saavedra, tampoco se ha iniciado un trámite.	Un caso especial es el de San Julián y El Puente, siguieron el proceso con la Ley 339, pero no lograron conciliar. Weise explicó que se evidenció que no existía voluntad de ambas partes por lo que se tuvo que emitir una resolución conclusiva. Según la norma, al no existir ningún tramo conciliado, pueden repetir el proceso por única vez en la instancia departamental.	Weise aclaró que con esta anterior norma, no se podrá concluir ninguno de estos procesos porque existe una sentencia constitucional que establece que todos los procedimientos llevados con la 2150 carecen de la voluntad democrática, por lo que las autoridades municipales deben pedir su cierre y abrir el caso con la Ley 339.	Weise considera que pese a que la definición de límites permite realizar obras en los barrios o comunidades fronterizas, esto no es prioridad para los alcaldes, pues luego de seis años fueron recibidas cuatro solicitudes, “pocas” tomando en cuenta que en el departamento hay 56 comunas. “La Gobernación es conciliadora, no es un juez, no define límites. Quienes deciden cuándo iniciar y dónde está el límite son ellos”, remarcó al referirse a las autoridades y pobladores. Weise remarcó que para el trámite hay debilidades técnicas y falta de presupuesto.	Para el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Álvaro Ruiz, la delimitación sí es prioridad para los alcaldes, pero se postergan debido a problemas de coordinación entre las diferentes instancias que intervienen y a la cantidad de informes técnicos que se requieren. Agregó que otra limitante es el tema económico, citó por ejemplo al Gobierno Autónomo Municipal de Poroma (Chuquisaca) que destino más de Bs 70.000, junto al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre para el trámite.