El sábado pasado se puso fin a un episodio negro del Gobierno de Evo Morales. En horas de la tarde se entregó a la Policía Pedro Montenegro, un narcotraficante que logró ingresar a los más altos niveles de la justicia y la Policía Boliviana con una efectividad asombrosa, al punto que fue condecorado por la propia institución del orden.	Antes se debe precisar que la permeabilidad del Estado boliviano hacia organizaciones delincuenciales no solo es con el narcotráfico sino también con otros grupos y actores con poder que han tenido éxito en desafiarlo, como los contrabandistas, los cocaleros, los loteadores y los fabricantes de medicinas falsas, entre otros. Por tanto no es un asunto con un grupo en específico sino que se trata más de un modo de actuar, de un modo de ser del Estado.	Por eso, el caso Montenegro no es una simple anomalía, un acontecimiento falaz en un Gobierno que presume de corrección y transparencia; no es un episodio externo y, por tanto, subsanable con solo voluntad política y declaraciones contundentes. No lo es, porque la penetración del narcotráfico en el estado es el resultado de un largo proceso, donde se han combinado ambición de poder, soberbia en el estilo político, ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y una curiosa forma de entender la democracia.	Hoy el Gobierno se encuentra ante el desafío de defender a la sociedad de las mafias, de todo tipo, no solo las de narcotráfico, insisto. Para ello debe construir una agenda que dé paso a mecanismos de rendición de cuentas efectivo y transparente, lo que implica construir independencia de los poderes Legislativo, Judicial y Electoral y aceptar la crítica que viene desde los espacios de la sociedad civil.