Si en algo coincidió una buena parte de los 300 asistentes al Cuarto Congreso Nacional de Plataformas, fue en la urgencia de mantener la cohesión, no solo interna, sino además con otras organizaciones cívicas, políticas, indígenas y activistas independientes, ante la cercanía de las elecciones de octubre, bajo una misma inquietud, la reelección presidencial.	Las movilizaciones estuvieron entre las decisiones más contundentes. La mesa de trabajo encargada propuso colocar mensajes democráticos en por lo menos 20 monumentos de las capitales de los nueve departamentos; manifestarse por el No a la reelección presidencial durante el desfile por el 6 de agosto; ante la ausencia de juventud, aprovechar el 21 de septiembre para organizar festivales de música por la democracia a la misma hora y en todos los departamentos. Asimismo, acordaron hacer bloqueos de 25 minutos todos los meses hasta octubre; apoyar todos los paros convocados -a partir del 9 de julio- para defender los resultados del 21-F; increpar a través de diversas acciones a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y a los representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP); por último, se aprobó por unanimidad declarar emergencia nacional y llamar a la resistencia civil, priorizando la unidad de todos los actores democráticos.	La mesa de trabajo de provincias decidió la conformación de un comité nacional de tierras altas y bajas para llamar a un congreso indígena y originario que, entre los puntos más notorios, defenderá los derechos humanos y los territorios indígenas y campesinos, previa coordinación con los dirigentes empoderados y afines con la lucha por el 21-F, ante la división de las distintas organizaciones indígenas y campesinas.