El primero fue el alcalde de San José de Chiquitos, Germaín Caballero, quien reconoció que no existe una precisión documentada sobre las supuestas irregularidades en la labor del INRA, pero que es ‘vox populi’ que la entidad sea observada por una serie de anormalidades en la distribución de tierras y en la ocupación de áreas de aprovechamiento forestal para actividades agrícolas.	“Se acordó con el INRA el trabajo en mesas técnicas para ver las condiciones de asentamiento. Hubo reuniones que no prosperaron. Todo quedó en las mismas condiciones y quedan cuestionamientos sobre ocupaciones en San Miguel y San Ignacio de Velasco en zonas inapropiadas. Son elementos que el INRA no logró corregir o probar las observaciones de las autoridades”, aseveró Caballero.	La situación se torna preocupante para el alcalde del municipio de San Ignacio de Velasco, Moisés Salces. “Aquí no se autorizó nada, ni hubo la coordinación necesaria. La auditoría técnica es urgente”, expresó el ejecutivo, a tiempo de agregar que actualmente se tienen conflictos entre autoridades, organizaciones interculturales y los ‘sin tierra’.	Mientras que el burgomaestre de San Miguel de Velasco, Óscar Dorado, dijo que había un compromiso del INRA y del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para realizar auditorías y analizar asentamientos, pero no se cumplió. “El INRA otorgó 69 resoluciones de asentamiento en 130.000 hectáreas de nuestro municipio a gente que no es de la región y encima en predios ocupados, no reconocimos ni una sola. En nuestro pueblo ya teníamos 53 comunidades reconocidas”, resaltó.