Hugo Banzer Suárez era presidente de facto desde 1971; prohibió las actividades políticas y sindicales; afirmó que llamaría a elecciones para 1980 y que, previamente, convocaría a referéndum por propuestas que “institucionalizarían” al país: reestructurar el Parlamento, reformas en los partidos políticos en cuanto a ideología y forma de pensar, entre otras que apuntaban a la realización de una Constituyente.	Hubo presión internacional para que las dictaduras occidentales llamen a elecciones libres, situación que generó respaldo nacional, incluyendo a sectores de las FFAA, por lo que en noviembre de 1977 se anunció elecciones generales; sin embargo, esto era inaplicable, ya que los líderes políticos, de todas las tendencias, estaban exiliados y prohibidos de retornar al país (349 de ellos registrados como “extremistas”).	En vísperas de la Navidad de ese año, en La Paz, mujeres del Comité de Amas de Casa de Siglo XX (Domitila Barrios de Chungara, Aurora Villarroel de Lora, Luzmila Pimentel, Angélica de Flores, Nelly de Paniagua), empezaron una huelga de hambre contra la dictadura, que tuvo gran repercusión. En enero de 1978 se decreta amnistía general e irrestricta, devolviéndose la vigencia a los partidos y a las organizaciones sindicales. Bolivia se encaminaba a su primer proceso electoral en 12 años.	Fueron nueve competidores: Alianza Democrática de la Revolución Nacional (ADRN); Unidad Democrática Popular (UDP); Frente Revolucionario de Izquierda (FRI); Movimiento Indio Túpac Katari (MITKA); Partido Demócrata Cristiano (PDC); Partido Socialista (PS); Unión Nacionalista del Pueblo (UNP); MNR-Pueblo que también postuló a Pereda Asbún y el Partido Ruralista Oriental (PRO) que tuvo la misma fórmula que PDC.	La dictadura no tenía pensado dejar el poder, y compitió en las elecciones que había convocado con Juan Pereda Asbún (bajo la sigla UNP), quien fue comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, ministro de Industria y luego ministro del Interior del propio Banzer, por lo que éste tenía alguien de confianza para sucederlo, y puso a disposición todo el aparato de poder.	El sistema de repartición de escaños por departamento, donde el ganador se llevaba el 80%, mientras que el segundo, el restante 20%, molestó a los competidores, quienes pretendían distribución proporcional de curules según votos obtenidos; se aplicó la papeleta individual y no la multicolor-multisigno. Los partidos, poco o nada pudieron hacer cuando la CNE ni siquiera los escuchó. Mientras el proselitismo proseguía, las irregularidades aumentaban, ya que, de la noche a la mañana, se creaban asientos electorales con excedentes en el número de votantes: Entre el 15 y 20% de inscritos por encima de la población con capacidad de sufragar, una constante en todas las regiones.	Además de las denuncias que mostraban a miembros de las FFAA realizando campaña abierta en favor de UNP, está el hecho de que todos sus rivales sufrieron violencia: Las proclamaciones de Siles Zuazo y Paz Estenssoro en Sucre, Trinidad y Santa Cruz, fueron atacadas con gas lacrimógeno y armas de fuego; se suspendió un acto del FRI en Arbieto (Cochabamba) por los ataques de las fuerzas del orden; lo mismo ocurrió con PDC de René Bernal (ex ministro de Defensa de Banzer) en Punata y Ucureña, donde sus adeptos sufrieron las consecuencias. El MITKA denunció amenazas hacia los campesinos paceños que apoyaban a Luciano Tapia y que, en la provincia Los Andes, se detuvo a personas por negar su asistencia a un evento proselitista de UNP.	El 09 de julio de 1978 se realizaron las elecciones en un ambiente anormal; pese a la masiva concurrencia de electores. Era notorio que, en los recintos de votación, sobraban las papeletas color verde de UNP y faltaban las de sus rivales; en regiones opositoras al régimen, las mesas de sufragio se instalaron a kilómetros de distancia, evitando que se vote en contra de Pereda; en ciertos lugares, militares obligaban a votar por el candidato en cuestión, violando el secreto del voto y la libre elección; en otras zonas, el escrutinio se realizó a puertas cerradas, cambiándose los votos e introduciéndose, en las ánforas, mayor cantidad de papeletas para UNP que personas inscritas, mientras que los delegados de los partidos rivales eran amenazados y golpeados.	Con custodia militar salieron de los recintos y llegaron actas y ánforas a las cortes electorales para el cómputo final. El ganador ya estaba, solo faltaba la votación: UNP tuvo 986.140 votos (50,90%); seguido por UDP con 484.383 votos, (25.00%); ADRN 213.622 votos, (11.03%); PDC, con 167.131 votos, (8.63%) en las primeras ubicaciones.	Ningún fraude es perfecto, y el cómputo final así lo demostró: resultaba insólito que existieron competidores que no obtuvieron ni un solo voto en varios departamentos y esa posibilidad, en un proceso electoral normal, no existe: Marcelo Quiroga no consiguió ningún sufragio en Santa Cruz, Beni y Pando; MITKA en Beni y Pando; FRI en Pando; MNR-P en Beni; PRO en Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Beni.	Eran 1.921.556 inscritos para votar; sufragaron 1.971.968 personas (1.937.341 votos válidos; 53.330 votos blancos y nulos), lo que hace una diferencia de 50.412 sufragios emitidos por encima de la cantidad de inscritos. Ante el monumental fraude electoral, casi la totalidad de los partidos políticos pidieron a la CNE que anule las elecciones.	En carta fechada el 18 de julio, el presidente Banzer y el Alto Mando Militar se dirigen a los principales líderes opositores (Siles Zuazo de UDP, Paz Estenssoro de MNR-PRA y René Bernal de PDC) para rechazar las denuncias de irregularidades en las elecciones, aseverando que las mismas buscaban deslegitimar el triunfo conseguido por UNP.	Pese al descrédito nacional e internacional, la dictadura todavía tenía “un as bajo la manga” para conservar el poder, y dos días después de la anulación efectuada por la CNE, Pereda Asbún da un “golpe de Estado” (nótese el término entre comillas) contra Hugo Banzer, argumentando ser el ganador de las elecciones y que había un plan subversivo de la “extrema izquierda”, asumiendo la Presidencia y decretando Estado de sitio en todo el país; para ello, las FF.AA. se movilizaron en todas las capitales y centros mineros.	Era el golpe de Estado número 187 de la historia nacional. El 24 de noviembre de ese mismo año, un golpe de Estado -realizado por sus propios colegas militares- retira a Pereda del poder, asumiendo David Padilla Arancibia, quien convocó a elecciones generales para 1979. No solamente los actores políticos y ciudadanos fueron determinantes, sino también las Fuerzas Armadas y la propia CNE.