La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazaron ayer el anuncio de la diputada oficialista Susana Rivero de iniciar un proceso contra el periodista Humberto Vacaflor Ganam, por la publicación de una columna en la que la legisladora es aludida por su presunta participación en un negocio soyero y aceitero.	A ambas asociaciones les llama la atención que Rivero, que trabajó como fotógrafa para periódicos de circulación nacional, ignore que la Ley de Imprenta protege a los periodistas. Las autoridades que se consideren atacadas por la prensa deben presentar su queja o denuncia ante un tribunal de imprenta y no ante la justicia ordinaria. Este concepto quedó asegurado en la nueva Constitución, que garantiza a los periodistas su autorregulación.	Además, la Declaración de principios sobre la libertad de expresión, del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, señala que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad y más aún por los periodistas. Esta declaración es vinculante para el Estado boliviano a través del bloque de constitucionalidad.