La Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) denunció el desmonte de más de 22.000 hectáreas de tierras fiscales a través de 2.096 resoluciones fraguadas que se realizaron en la zona de San Ignacio de Velasco. En ese sentido, indicaron que se ha iniciado procesos penales contra los responsables de estos hechos que se registraron entre 2015 a 2018.	Cliver Rocha, director ejecutivo de la ABT, informó que se abrieron dos procesos penales contra René Noel Sivila Céspedes, ex responsable de la Unidad Operativa de Bosques y Tierra (UOBT) de San Ignacio de Velasco, exautoridades de la institución y agentes auxiliares, por firmar planes de desmonte en tierras fiscales, cobrando al menos $us 300 por resolución. “No sabemos el alcance de la situación, inclusive podría acarrear tráfico de tierras y legitimación con desmontes ilegales. Ha existido toda una operación institucional de la anterior estructura que estaba a cargo de la ABT”, manifestó Rocha. El titular de la ABT indicó que fueron estafadas seis comunidades menonitas: Riva Palacios El Dorado II, Tajibo Santa Rita, La Conquista, La Roca, Valle Verde y Cañada La Roca.	Además de que se encontró documentación donde las autorizaciones concedidas fueron mal utilizadas para respaldar madera de origen no autorizado, llenando Certificados Forestales de Origen (CFO) con volúmenes falsos de madera para ser vendidas ilegalmente. Se estima que todos estos ilícitos generaron un movimiento económico superior a los $us 6 millones. Rocha también mencionó que en 2018, los afectados hicieron denuncias en la misma ABT, pero éstas fueron ignoradas por las autoridades de turno y solo se descontó un 20% del sueldo de Sivila a través de un proceso interno.	En tanto, Saúl Salazar, jefe de la unidad anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), informó que Sivila está siendo procesado por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, beneficios en razón de cargo, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y deterioro-destrucción de bienes y riquezas del Estado.	También indicó que actualmente el denunciado se encontraría prófugo y se presume que habría salido del país por la frontera con Argentina. “Se tiene los suficiente elementos de convicción para determinar que esta persona evidentemente habría realizado estos tipos penales”, dijo Salazar. Por su parte, Rossío Alcón, directora general de asuntos jurí- dicos de la ABT, indicó que Sivila está involucrado en otro caso, como es la aprobación de un Plan de Desmonte en la comunidad San José de la Embocada, donde se evidencia que no hubo inspección para verificar los datos presentados por los solicitantes, además que dichos datos están con volúmenes ‘inflados’. Jorge Ávila, gerente de la Cámara Forestal de Bolivia, repaldó las acciones de la ABT para sancionar las actividades ilegales.