, en el Centro de Recuperación Regional de Altamira. Y al primero al que la prensa ha ido a buscar este martes 30 de julio ha sido a Jair Bolsonaro. Sobre la masacre, el presidente brasileño se limitó a decir: "Pregunten a las víctimas de los que han muerto, a ver qué piensan ellos. Después de que contesten, yo les contesto a ustedes".	Lo que en apariencia piensan las familias son lágrimas. Algunas se acercaron a esta cárcel del estado de Pará (norte de Brasil), para poder velar a sus parientes reclusos y sobre todo exigir una explicación por lo ocurrido. Porque la versión oficial de los hechos es que un enfrentamiento entre el Comando Clase A y el Comando Rojo terminó con la decapitación de 16 presos y la muerte de otros 41 por el humo que se extendió en el complejo incendiado. Sin embargo, los familiares reclaman muchos más detalles de los que las autoridades estatales cuentan.	"Lo reconocí en la televisión (…) reconocí su cabeza y su cuerpo", narró a Reuters la hermana de uno de los fallecidos, mientras que el padrastro de otro exigía respuestas: "Tengo algunas preguntas sobre la forma en la que él fue asesinado. ¿Dónde está el Estado en este momento? ¿Dónde está? ¿Estas familias ahora quedan indefensas?".	Además de la llegada de familiares, la acción más visible de este martes 30 de julio ha sido la del Gobierno de Pará, que transfirió a otras prisiones del estado a 46 reclusos implicados en el motín y que pertenecían a alguna de las dos bandas rivales. Unas bandas que cometen robos y hasta se dedican al tráfico de drogas y de armas desde el interior de la prisión.	Según ha ampliado la Superintendencia del Sistema Penitenciario del Pará (Susipe), 30 de los 46 presos ya han sido trasladados por vía terrestre, mientras que otros 16, más peligrosos y supuestos líderes de la matanza, fueron desplazados por vía aérea. Entre ellos, diez serán recluidos en presidios de máxima seguridad de la capital de Pará, Belém, que cuenta a priori con un mayor control del Gobierno federal.	Y es que, en el historial brasileño de motines y muertes carcelarias, el de Altamira ha sido uno de los más graves que se recuerdan desde 1992. De forma inevitable, ha reabierto el debate sobre la situación penitenciaria y las condiciones en las que viven los reclusos, en un país que es el tercero en cantidad de presos en todo el mundo, solo por detrás de Estados Unidos y China.	El motín en Pará, que duró hasta cinco horas y tuvo a dos agentes como rehenes momentáneos, se suma a los ocurridos en mayo en cuatro cárceles diferentes de Manaos, estado de Amazonas, en los que murieron hasta 55 personas. Los reclusos, de acuerdo con la Susipe, contaban con "armas artesanales" compuestas por cuchillos y tenían el objetivo de "exterminar a integrantes de una facción rival".