Chulumani vive el miedo y la incertidumbre en cada una de las esquinas de sus estrechas calles. La localidad, situada en Yungas de La Paz, está bajo resguardo policial y sin la presencia de sus autoridades. La campaña electoral -para cualquier partido político- es casi una tarea imposible por la apatía y la molestia de la población. El conflicto cocalero logró que los dirigentes de esa zona se declaren en la clandestinidad y que los actos proselitistas sean interrumpidos y mal vistos por los ciudadanos.	Jaime Mendoza se sienta en la acera de la calle Eloy Salmón, de Chulumani. Espera una movilidad para ir a su comunidad, que se llama Ocobaya. Jaime es cocalero afroboliviano y mientras aguarda el transporte que lo lleve a su localidad mira a los policías que resguardan el ingreso a la cuadra donde está el edificio municipal de Chulumani. Son 100 uniformados que están vigilando la edificación. El poblado yungueño sufrió ataques la semana pasada cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) intentó inaugurar su campaña, pero la dirigencia cocalera y pobladores de la zona no lo permitieron. Hubo agresiones de ambos bandos e intentos de incendio a domicilios y negocios.	“Nosotros hemos salido del sector, estamos resguardando nuestra seguridad porque ya no podemos confiar en la justicia. Sí hay compañeros que están en Chulumani, pero los dirigentes no estamos en el sector porque hay como 250 policías desplegados y policías vestidos de civiles para ir a capturar a los dirigentes”, remarca Apaza, que es acusado de causar los disturbios del 18 de septiembre.	El alcalde Vega es militante del MAS. El día de los hechos instaló un escenario en la plaza central de Chulumani y decoró el lugar con los colores del oficialismo. Poco duró el acto que daba inicio a la campaña masista, ya que dirigentes cocaleros y algunos pobladores lo evitaron. Hubo quema de sillas y parte del escenario, pero, además, incendiaron la puerta del negocio del burgomaestre y también atacaron su domicilio.	Sara Meneses tiene su tienda de abarrotes cerca de la plaza. Pregunta a todos los “extraños” que llegan a Chulumani por su visita. Tiene miedo que policías de civil arresten a pobladores. Además, Sara está preocupada porque el turismo se cae de a poco. “Los políticos tienen sus problemas y nos arrastran a nosotros a la desgracia Eso no es justo”, dice Meneses.	Los policías están en la cuadra donde funciona el edificio edil. Cintas de seguridad evitan el ingreso a esa calle. Hay negocios cerrados en ese lugar. Los uniformados evitan el ingreso por esa vía y consultan la razón de la visita a la Alcaldía. Piden credenciales y llevan el pedido al coronel, quien evita dar declaraciones.	Los policías que no están de guardia caminan por las estrechas calles del pueblo. Una mayoría va a la vía donde se concentra el comercio. Compran sandalias y poleras negras por el calor intenso que abraza a la localidad. Los negocios no cerraron, pero por las noches se quejan por la soledad que sufren los pasajes.	Amanda Chura vende hamburguesas y pollo frito una cuadra abajo de la plaza central. Antes de las 21:00 del lunes pasado no había vendido ni la mitad de su menú. Eso es algo raro, dice, ya que hasta las 22:00 en todas las jornadas cierra su local con todos sus productos vendidos.	Víctor Yana es el secretario general del Consejo de las Federaciones Campesinas de Yungas de La Paz (Cofecay), organización afín al MAS. El dirigente justifica la presencia policial en Chulumani y acusa a Comunidad Ciudadana y a la dirigencia cocalera de la zona por los hechos violentos. Por esos actos, ocho personas están diferentes cárceles de La Paz.	“Los dirigentes, a la cabeza de César Apaza, al ver que no han podido destrozar la casa de campaña (del MAS), se han ido en dirección a la Policía a romper todas sus instalaciones y quemarlas. Después, se fueron al domicilio del alcalde para incendiarlo. Eso es vandalismo y hay personas afines al partido de Carlos Mesa detrás de estos hechos violentos”, acusa Yana.	La única casa campaña en Chulumani es la de Comunidad Ciudadana. Está a una cuadra de la plaza y no funciona. Un cartel con la fotografía de Carlos Mesa y la bandera de la alianza adornan el inmueble, pero la puerta está cerrada. Las paredes de la localidad yungueña tampoco tienen mensajes políticos de ningún partido. La campaña está en pausa y parece no volver.	El edificio de la regional cocalera en Chulumani está desolado. Las oficinas están cerradas y solo una radioemisora local funciona en el último piso del inmueble. El silencio no es costumbre en ese lugar. Ahí llegan los cocaleros para reunirse y planificar acciones. Hoy, el portón del salón de reuniones tiene dos candados que anuncian la clandestinidad de los dirigentes.	“Nos informan que se reúnen en la plaza los simpatizantes del MAS. Ellos quieren intervenir Adepcoca con la Policía y un notario para hacer prevalecer su directorio político. En este momento nos preocupa que se intervenga la (oficina) regional”, lamenta Pinto, quien también declaró que está en “alguna parte del monte”.	Chulumani está bajo tensión. La efervescencia electoral se esfumó y la población solo quiere vivir sus días en paz. La presencia policial llama al miedo, ya que no existe la costumbre de ver tantos policías en el lugar. Algunos pobladores comparan este acto cuando militares llegaron al poblado yungueño en época de la dictadura para llevarse a dirigentes cocaleros. Aún no hay tregua.