El asentamiento de 69 comunidades campesinas en el municipio de San Miguel de Velasco, ha puesto en debate la política de distribución de tierras en Santa Cruz. En este contexto, el Bloque Cívico Chiquitano reveló que en los municipios que conforman esa región, a la fecha, se asentaron más de un millar de comunidades campesinas llegadas del interior.	Siguiendo su intervención, dijo que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), viola el artículo 43 de Ley 1715, que establece que “la dotación será preferente en favor de quienes residan en el lugar”. El mismo artículo señala que “la dotación será preferente en favor de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias sin tierra o de aquellas que posean insuficiente”.	Pero recientemente la página web de esa institución informó sobre la entrega de 17 resoluciones de autorización de asentamientos a comunidades interculturales, siendo la superficie autorizada de 26.157 hectáreas con 4.937 metros cuadrados ubicadas en las provincias Chiquitos, Cordillera, Ñuflo de Chávez y Velasco en Santa Cruz, en favor de 539 familias.	Hugo Sosa, secretario de Obras Públicas y de Ordenamiento Territorial de la Gobernación de Santa Cruz, señaló que el territorio del municipio de San Miguel de Velasco tiene una vocación forestal, ganadera, y agrosilvopastoril, por lo que cuestionó la legalidad del asentamiento y su uso para la agricultura. Además, dijo que el INRA y el Gobierno, no enviaron ningún tipo de información sobre la dotación.	Incluso sostuvo que esa tierra posee un uso de suelo restringido. Agregó que el INRA debió solicitar el Plan de Ordenamiento Predial (POP), que otorga la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), que es la que determina si los predios sirven para ser utilizados. “Nosotros registramos toda esta información sobre el asentamiento que genera el INRA y la ABT, y no se ha hecho”, añadió.