Andrés Gareca (71) llora de impotencia. No puede creer que hace dos años haya pagado una multa de 1.000 bolivianos al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) por utilizar madera para improvisar una especie de reja al ingreso de su modesta casa. Don Andrés endurece sus avejentadas manos que sostiene un improvisado bastón de madera, y señala dónde se pretende instalar los pozos de exploración petrolera. Es en el ingreso a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en el departamento de Tarija, donde el Gobierno quiere consolidar un proyecto hidrocarburífero, a pesar de la resistencia que se montó en el magnífico lugar. El anciano sigue su lamento y se pregunta si la entidad que cuida las áreas naturales multará a empresas transnacionales que tienen en mente desmontar un hermoso e imponente espacio lleno de fauna y vegetación.	El Gobierno está seguro de que el proyecto exploratorio se desarrollará y lamenta que existan posiciones en contra, a las que tilda de políticas. El Ministerio de Hidrocarburos estima ingresos de 5.000 millones de dólares de renta petrolera con este proyecto en Tariquía, además de los empleos directos que beneficiarán la exploración hidrocarburífera.	Pero otro problema es que como el caso de Andrés Gareca hay muchos más. En Tariquía los comunarios son multados por utilizar madera para la construcción de sus casas. La presidenta del Comité de Defensa de Tariquía, Elizabeth Estrada, denuncia que el Sernap multa hasta con Bs 1.000 a las personas que sacan madera para fines de supervivencia. Ella niega que exista negocios con los troncos. “A muchos compañeros los multaron por utilizar la madera, pero no multan a la petrolera que vino a talar un espacio grande y que quiere contaminar nuestra reserva. Eso no es justo”, reclama.	El director del Sernap, Abel Mamani, señala que las multas son aplicadas en todas las áreas protegidas y que esta acción es amparada en normas nacionales. La autoridad evita hablar del caso de Tariquía y engloba a todas las reservas. “En todas las áreas protegidas está prohibida la tala de árboles y quien infringe la norma es multado”, señala. En Tariquía hay especies en peligro de extinción como el cedro y la quina.	José Medina tuvo el mismo problema hace un año. Sacó madera de un árbol y los guardaparques lo descubrieron. Le multaron con 500 bolivianos, ya que las multas son de acuerdo a la cantidad de troncos que se sacan, pero no pueden pasar más de Bs 1.000. “Nosotros no talamos, solo usamos parte de maderas para subsistir, para nuestras casas y por eso nos multan”, relata.	Cecilia Chavarría vive en la comunidad de San José. Ella denuncia que en esa zona hay tala de árboles de gran magnitud y que el Sernap no hace nada. Cuenta que son personas ajenas a Tariquía que ingresaron con el fin de explotar los troncos. “Se hizo la denuncia al Sernap y no hicieron nada”, cuenta.	Tariquía históricamente vivió olvidada, un lugar donde las distancias se miden por leguas, el año no avanza por días, sino que se mueve de acuerdo a la llegada de las estaciones, de las cosechas del maíz y de las fiestas religiosas; el trueque está más vivo que nunca y la muerte fue una amenaza constante por un simple dolor de barriga por la falta de ayuda médica.	En sus 246.700 hectáreas existen comunidades campesinas con casas de adobe y algunas de ladrillos, que, para ser construidas ,requirieron de una proeza humana y animal, porque cada bolsa de cemento o cada calamina fue introducida a lomo de mula., puesto que, hasta hace pocos años, a varias comunidades solo se entraba a caminando por la falta de camino.	El pulmón de Tarija está amenazado, dicen los comunarios de la zona. Tariquía es considerada la fábrica de agua más grande de Bolivia y el área con más vegetación en el país. Ingresar a la reserva natural es un episodio único. Existen tres ingresos para llegar al área: por el municipio de Entre Ríos, por la localidad de Padcaya y por Bermejo. Tariquía tiene 26 comunidades y todas, menos dos, están en contra de la exploración y explotación de hidrocarburos.	Don Andrés recuerda cuando el expresidente Víctor Paz Estenssoro, un histórico tarijeño, llegó a Chiquiacá Norte, por Entre Ríos, para socializar la iniciativa de convertir a Tariquía como un área protegida. Esa propuesta se hizo realidad en 1989 con la aprobación del decreto supremo 22277. Andrés no sabe cómo describir la felicidad de las comunidades ese día.	“El proyecto en el área de San Telmo Norte. Con sus dos pozos se asentará en algo más de 20 hectáreas, de las más de 247.000 que tiene la reserva de Tariquía y representa el 0,008%. Además, cuenta con un plan con medidas de mitigación, remediación y restauración, cumpliendo los altos estándares que tiene la regulación del sector hidrocarburífero. Pero también, el proyecto genera un impacto positivo con la generación de empleo para la población de Chiquiacá Norte, el desarrollo de sus mismos productos y en caso de confirmarse la existencia del reservorio, esto sería aún mayor para la comunidad, municipio, el departamento y todo el país”, destaca Sánchez.	En Tariquía ya no quieren el diálogo. Su posición está cerrada y no permitirán el ingreso de la petrolera brasileña, aunque admiten que los funcionarios se dan modos para entrar a la reserva. Los comunarios denuncian que personas con chalecos del Ministerio de Educación, bajo la excusa de temas educativos, ingresan al área y ya en la escuela de Chiquiacá se colocan el overol petrolero.	El principal temor en Tariquía es la contaminación de los ríos. No quieren que sus hijos consuman esa agua que será contaminada con la explotación hidrocarburífera. Los tres afluentes en la zona, Orozas, Chiquiacá y Tarija, están amenazados. Estrada vive en Chiquiacá Norte. Está cansada porque llevaba (hasta el último miércoles) nueve días al frente de la protesta que quiere evitar el ingreso de Petrobras. Sentada al frente de una fogata y abrigada, por el frío humedo de la zona, dice que la lucha no aflojará y lanza un duro mensaje: “Si tenemos que morir acá, lo haremos en defensa de nuestro territorio”.	Son cerca a veinte comunarios quienes cuidan el ingreso a Tariquía. A pesar de la lluvia están parados al ingreso de Chiquiacá. En medio de una espesa niebla, hay piedras y turriles como parte de la tranca. Dicen que no es un bloqueo, que solo es una vigilancia para evitar el ingreso de personeros de la petrolera o del Ministerio de Hidrocarburos. A un costado de la vía está el campamento, donde los movilizados duermen y comen. Más allá está una pequeña escuela y un tinglado, pero también una posta de salud. Las casas son pequeñas y humildes.	Los comunarios no quieren el diálogo y solo esperan que el proyecto hidrocarburífero sea cancelado. Eso no pasará, ya que el ministro Sánchez da por hecho la exploración. En la protesta, al ingreso a Chiquiacá, reaccionan por la declaración. Están preocupados y no saben cómo actuar. Son pocos y quieren el respaldo de otras regiones. Y por eso el departamento de Tarija se pronunció.	Varios niños juegan en Chiquiacá a pesar de la lluvia. Tienen juguetes improvisados, un palo es utilizado como espada, por ejemplo. Están abrigados y se mojan. Sus padres, sin embargo, dicen que se oponen a la actividad petrolera porque quieren proteger Tariquía no solo por el bien de sus hijos, sino, de todo el país.	Carlos Condori está en contra de la exploración petrolera en Tariquía. Tiene 38 años y vive en la comunidad de Chajlla, que es la última de la reserva natural y donde los ríos que pasan por esa zona hacen que la pesca sea espectacular. Él es de Chiquiacá y dice que no participó de la consulta que convocó el Gobierno para aprobar el proyecto hidrocarburífero en la zona. Aún así, en los papeles aparece como si estuviera de acuerdo, algo que no es cierto, denuncia. El ministerio de Hidrocarburos señala que las comunidades inmersas en el plan hidrocarburífero apoyan la exploración y dice que son pocas personas las que están en contra.	El día que llegó el ministerio de Hidrocarburos para realizar la consulta previa hubo mucha molestia en los comunarios. Elizabeth Estrada, presidenta del comité de defensa de Tariquía, también aparece como si apoyará la exploración petrolera en la zona. Denuncia que hubo falsificación de firmas la jornada de la consulta y que son pocos los que apoyan el proyecto de hidrocarburos.	“Muchos están amenazados, tienen miedo porque les dijeron que militares llegarán a la zona. Entonces dicen que es mejor apoyar al Gobierno antes de que existe control militar en nuestra reserva. Yo no apoyo la exploración petrolera, pero en los papeles aparezco como si apoyara. Eso es falsificación, ya que mi firma está en esos documentos”, denuncia Estrada.	El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, afirma que existe el pleno respaldo de las comunidades involucradas al proyecto de exploración petrolera y minimiza a las personas que están en contra de la incursión hidrocarburífera. La autoridad pide que se escuche los beneficios que traerá la iniciativa, que será comandada por la empresa brasileña Petrobras.	“El cien por ciento de las (comunidades) que se encuentran en el área de influencia directa del proyecto están de acuerdo, que con base en sus usos y costumbres aprobaron mayoritariamente la ejecución del proyecto a través del procedimiento de Consulta y Participación, en estricto cumplimiento de la normativa ambiental”, dice Sánchez.	Rodrigo Altamirano es un joven que vive en Tariquía. Está todos los días en la tranca que quiere evitar el ingreso de la petrolera y denuncia que muchas personas aparecen como si apoyarán la exploración petrolera. Pone como ejemplo que una señora de 90 años, que no puede caminar, figura en la consulta a favor del proyecto. “Eso no se hace. Hay mucha maldad detrás de todo”, relata.