Ni por un momento hubiera imaginado que el título de la canción Escándalo, del español Raphael, podría reflejar con tanta precisión lo que viene sucediendo en la Academia Nacional de Policías (Anapol), luego de desmantelarse una organización criminal dedicada a la manipulación de exámenes de admisión, alteración y tráfico de notas al más alto nivel, involucrando a autoridades policiales jerárquicas, subalternos y personal civil, quienes idearon ‘paquetes’ opcionales a elección de los padres de familia para garantizar el ingreso de sus hijos a este instituto de formación policial. El más difundido fue el denominado ‘Combo 12’ –consistente en la asignación de máximas calificaciones en un total de 12 pruebas y cuyo costo fluctuaba entre 10.000 y 14.000 dólares–, que entre otros beneficios aseguraba la aprobación de los exámenes de conocimiento, físico y médico, la aceptación y publicación definitiva en medios escritos.	La red de corrupción operaba en niveles que iban desde los responsables de evaluar áreas de salud hasta educación física y conocimientos, donde se suplantaban exámenes y adulteraban notas en complicidad con las empresas contratadas, los encargados del cobro de dinero a los potenciales interesados, para finalmente llegar a los oficiales con mayor antigüedad, que determinaban qué aspirantes debían ser admitidos.	A raíz de estos acontecimientos que enlodan la imagen de la Policía, la Fiscalía de La Paz dispuso la aprehensión y reclusión de cuatro altos jefes –rector y vicerrector de la Unipol, el ex inspector general de la Policía y el asesor jurídico de la Anapol–, investigados por los presuntos ilícitos de cohecho pasivo, uso indebido de información privilegiada e influencias, incumplimiento de deberes y asociación delictuosa. A esta lista se suman la Dra. Fanny Mollendo, responsable de valoración médica y en cuya cuenta bancaria se halló un millón de bolivianos; un oficial, además de los representantes legales de las empresas encargadas de las pruebas.	Las indagaciones deben continuar hasta esclarecer definitivamente estos hechos dolosos, que socavan la imagen y credibilidad de la Anapol, pues se ha puesto en tela de juicio la confianza y veracidad de los procesos de selección y evaluación de postulantes, haciendo entrever que no sería la primera vez que se dan tales prácticas. De ahí que el proceso irregular descubierto debe también convocar a los 261 aspirantes, de un total de 351 –en cuyos trámites se detectaron irregularidades–, que habrían realizado pagos, dado que con su asentimiento cometieron cohecho pasivo (soborno) penado por ley. Pero, principalmente, por precautelar el ingreso de postulantes probos e idóneos a la carrera policial, pues sobre ellos recaerá la noble y digna función de servicio a la sociedad en el mantenimiento del orden interno, público y de seguridad ciudadana, la prevención y alerta temprana de acontecimientos que violentan la seguridad social.	Lo cierto es que nuevamente la entidad policial se encuentra en el ojo de la tormenta, golpeando duramente al Estado Mayor e involucrando a oficiales de alto rango que, por acción u omisión, permitieron que el lastre de la corrupción actúe impunemente en el interior de una institución que irónicamente debería ser la encargada de erradicarla. Pareciera ser que “donde se pone el dedo salta el pus”, en una Policía sumergida en una profunda crisis plagada de denuncias de corrupción y escándalos al más alto nivel, pero principalmente subyugada al manoseo político.	Cambiar esta realidad exige llevar adelante transformaciones estructurales internas y la ejecución de procesos disciplinarios, pero fundamentalmente la sana e inevitable autocrítica producto de un examen honesto, moral y ético que oriente la firme convicción y compromiso de lucha sin cuartel contra el flagelo de la corrupción enraizada en la institución verde olivo.