Los cuatro policías que el 29 de marzo allanaron sin orden judicial un domicilio en el barrio Villa Warnes, de donde se llevaron 35 paquetes tipo ‘ladrillo’ que presuntamente contenían algún estupefaciente, señalaron que en realidad era estuco. Sin embargo, eso fue manifestado seis días después, cuando el dueño del inmueble allanado ilegalmente denunció el hecho.	Ante esta situación, el jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Johnny Aguilera, señaló que se sospecha que los cuatro agentes hicieron lo que en la jerga policial se denomina un ‘cambiazo’, es decir, que cambiaron el contenido de los paquetes, para lo cual tuvieron un lapso de seis días.	Antes de conocerse el resultado del peritaje, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, indicó que los cuatro agentes habrían incurrido en los delitos de beneficio en razón del cargo, uso indebido de influencias y uso indebido de bienes del Estado, esto, en el sentido de que allanaron un inmueble sin orden judicial, vistiendo chalecos que los identificaban como agentes del DACI de la Felcc, cuando en realidad pertenecían al Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) y porque ejecutaron un operativo que no está dentro de sus competencias, además de que no lo reportaron a sus superiores ni a la fuerza antinarcóticos, pues no hay informes sobre el hecho.	Aguilera informó que los aprehendidos son el teniente Luis Fernando Rivera Arancibia, jefe del grupo y con un mes de permanencia en el CEIP; el subteniente Rolando Spencer Calle Varillo (dos meses en la unidad); el suboficial segundo Óscar Tatasca Martínez (dos años en el CEIP); y la policía Ruth Sarahy Rojas Maldonado (tres meses).	El jefe de la Felcc afirmó que se tienen indicios de la participación de los cuatro bajo los delitos antes señalados, pues el dueño de casa que denunció el operativo ilegal los reconoció, además de que los filmó y también aparecen en las imágenes de las cámaras de seguridad de su casa cuando sacaban los ‘ladrillos’.	Dentro del oficialismo surgió un debate interno que puso en evidencia criterios divergentes, lo que generalmente no llega a hacerse público. Diputados como David Ramos y Édgar Montaño abren la posibilidad de la conformación de una comisión que investigue el caso Medina, y sus implicancias con Carlos Mesa, mientras que Víctor Borda, Lino Cárdenas y Gustavo Torrico no lo ven pertinente.