Por otro lado, Bolivia es de los pocos países en el mundo que rechaza los mecanismos de compensación y/o bonificación para conservar los recursos naturales, en tanto la Madre Tierra/Naturaleza no es un bien de intercambio, es un ser vivo que se lo respeta, con quien se comparte y dialoga y su aprovechamiento no puede ser objeto de renta alguna.	Según esta posición, los llamados bonos de carbono u otros mecanismos que activan el pago para la conservación de los recursos naturales, facilitarían a los países que los financian sigan contaminando y generando relaciones de dominación respecto a gobiernos y organizaciones locales receptores de esos fondos, quienes se supeditarían a sus designios, donde el Estado boliviano perdería soberanía sobre los espacios objeto de tales políticas. Si bien este era un argumento válido en la neoliberal década de los 90, los cambios contextuales de los últimos 20 años han dejado tal argumentación desactualizada.	Es entonces difícil entender la política gubernamental energé- tica que impulsa la explotación petrolera en las áreas protegidas, la construcción de hidroeléctricas o las recientes normas que flexibilizan los desmontes para impulsar los agrocombustibles y la ganadería de escala ¿Cuál sería, en este escenario, el argumento para evitar que organismos o empresas financien la conservación de lo último que queda de los recursos naturales en el país frente a la loca carrera de la devastación y liquidación física de la Madre Tierra? Bajo una nueva interpretación de los argumentos que hicieron posible la adopción de la CPE y la Ley de la Madre Tierra, parece que el Estado se niega al ingreso de fondos para conservación de los recursos naturales en tanto obstaculizarían la actual lógica que se ha impuesto respecto a la Madre Tierra: prohibir su mercantilización para promover su destrucción.