La abogada Virginia Arias, defensora de la familia de las víctimas, señaló que el trámite de extradición demoró más de lo previsto por cuestiones burocráticas, ya que se debía esperar los informes de los nueve tribunales departamentales de justicia para descartar que Gustavo Vargas tuviera algún asunto pendiente con la justicia boliviana, pues de ser así, debía ser procesado y cumplir sentencia en Bolivia antes de ser extraditado. Eso repercutió en la investigación en Brasil, puesto que la justicia de ese país da tres meses a los investigadores, que requirieron un mes de ampliación.	Gustavo Vargas mató, según él porque le debían dinero, a Irma Morante Sanizo y a Jesús Reynaldo Condori la noche del 23 de diciembre en el taller de costura que la pareja tenía en San Pablo y donde Gustavo trabajaba. Al hijo de ambos lo tuvo con vida y dos días después, también lo mató, según su confesión. Descuartizó los tres cuerpos y los trasladó a una casa que había alquilado, con ayuda de otras dos personas a las que investigan por presunta complicidad.	Gladys Morante, hermana de Irma, la mujer victimada, llegó anoche a Santa Cruz procedente de La Paz junto a su abogada. Anteriormente, ella señaló que la familia de los afectados, cuyos restos fueron repatriados y enterrados en La Paz, espera que el autor del triple crimen reciba una pena de hasta 90 años de prisión, considerando que en el vecino país las penas son acumulativas.