Luis Fernando Camacho, presidente cívico, terminó desbordado por cientos de miles de personas y cerró el evento prometiendo una vía hacia el federalismo, algo que no estaba en la agenda previa, además de dar un ultimátum al Gobierno para que desaloje comunidades sobre tierras fiscales y áreas protegidas hasta el lunes, caso contrario lo hará el propio comité. “Con esto hemos recuperado el control de nuestra tierra, hemos acabado con la ocupación con fines electorales”, dijo.	Si hubo alguien que marcó el ritmo del cabildo, ese fue el humorista Pablo Fernández. Ofició de maestro de ceremonia y desde el principio le explicó a la gente de qué se trataba esta reunión: “Esta tarde se van a poner de acuerdo en cómo defender nuestra tierra”, dijo, a las 17:27 y convocó a todos a cantar el Himno Cruceño y luego el Nacional.	La primera invitada a hablarle a la gente fue la activista Alejandra Serrate. “Estamos reunidos para rechazar la dictadura”, gritó y el público comenzó a cantar el canto de tribuna que insulta a Evo Morales. Ella lanzó la primera pregunta del cabildo: “¿Juran por su patria y su fe, rebeldía y desconocimiento ante un posible fraudulento cuarto mandato del binomio ilegal conformado por Evo Morales y Álvaro García Linera?”.	“Piensan que porque el verde se ha perdido no vamos a pelear más. Nada, están equivocados porque la queremos más que antes”, siguió. Después contó que en marzo el INRA apareció por San Miguel con dotación de tierras para 11.000 colonos, la misma cantidad de habitantes que hoy tiene el municipio migueleño. Aseguró que al repeler la colonización en marzo los protegió de los incendios, por eso San Miguel es el único pueblo sin quemas.	Luego fue el turno del manifiesto de los indígenas que vienen marchando desde San Ignacio. Pese a que Marcial Fabricano, expresidente de la Cidob, estaba en la tarima, el portavoz fue el presidente cívico de San Ignacio, Rony Justiniano. Advirtió que la tierra es entregada a “gente que viene del interior del país y que no saben trabajarla”.	Media hora antes de la intervención de Camacho, fue el turno de Waldo Albarracín, rector de la UMSA, cabeza del Conade, contraparte del Comité pro Santa Cruz en La Paz. Tuvo mucha interacción con el público cruceño. Cuando dijo que esta convocatoria es ética y democrática, no obligada como las del Gobierno, el pueblo le respondió coreando “Evo dictador”.	Cuando dijo que el 21-F era un símbolo de la dignidad del pueblo boliviano, cantaron “Bolivia dijo No”; y cuando le pidió a Morales que gobierne obedeciendo al pueblo y desista de su candidatura, volvió el canto de tribuna ofensivo. Antes de irse, anunció un segundo cabildo, esta vez en La Paz, para el 10 de octubre. “Santa Cruz ha dado un ejemplo de dignidad al país”, dijo.	Luego vino Wálter Égüez, en representación de las juntas vecinales. Aseguró que Morales odia a Santa Cruz y que el 20 de octubre el pueblo le dará la espalda a Morales. Uno de los momentos más emotivos lo marcó Alan Suárez Núñez, hermano de Pablo, el primer bombero muerto en la Chiquitania: “Vamos a decirle al injusto, al mentiroso y al asesino que no va más”, gritó. La última en hablar antes de Camacho, fue Eva Sara Landau, a nombre de los refugiados políticos. “Si hubiéramos estado unidos, si hubiéramos actuado a tiempo, bajo un liderazgo firme...”, se lamentó.	Camacho recibió un micrófono caliente. Antes de entregárselo, Fernández comenzó a gritar “federalismo” y la gente lo siguió. El presidente del Comité arrancó cumpliendo una promesa: no hubo mención a ninguna candidatura -ni propia ni ajena- y llamó a la gente a darle un voto castigo a Evo Morales el 20 de octubre, pero eligiendo entre los ocho “legalmente habilitados” en la papeleta. No hubo ni mención a la posibilidad de paro cívico indefinido, el motivo que gestó el cabildo. Camacho también le bajó el tono a la posibilidad de desconocer un cuarto mandato de Morales, lo condicionó al fraude y llamó a los presentes a cuidar su voto quedándose en la mesa hasta el escrutinio.	El fuerte del Cabildo estaba en la temática de la tierra y así quedó en claro en la segunda parte del discurso de Camacho. Dio cinco días de plazo al Gobierno para abrogar la ley 741, que permite chaqueos menores a 20 hectáreas sin mayor trámite y el decreto 3973, que autoriza las quemas controladas. Dijo que, si no se reciben respuestas, ambas leyes serán desconocidas en el departamento.	Luego avanzó hacia los asentamientos. Ahí el plazo fue más corto, hasta el lunes a las 12:00. “¿Están dispuestos a impedir y desalojar las dotaciones de asentamientos humanos ilegales en tierras fiscales y áreas protegidas que han sido ejecutadas por el INRA y que no han cumplido todos los requisitos de ley?”, preguntó. De no cumplir el ultimátum, un minuto después del mediodía del lunes, “se procederá a cumplir con el mandato del cabildo”.