Era el jueves 1 de octubre de 1998. Ana María Romero de Campero llegaba a la casa con número 2374 de la calle Heriberto Gutiérrez, en el barrio paceño de San Jorge. En ese lugar, la periodista daba inicio a las actividades públicas del Defensor del Pueblo, entidad creada por ley un año anterior con ese título. La institución fue mediador en muchos conflictos, pero poco a poco se desploma por la mano política que en este último tiempo se inmiscuyó en temas relacionados a derechos humanos.	El primer conflicto en el que tuvo que interceder Romero de Campero fue la situación en la que vivían los migrantes bolivianos en Argentina. Los connacionales denunciaban maltratos de parte de sus contratantes, que en algunos casos eran compatriotas. Un segundo caso fue el de ciudadanos peruanos con refugio político, quienes se quejaban de persecución por parte de sus autoridades. Pero el problema más destacado en esa época fue la denominada guerra del agua, cuando varios sectores sociales se opusieron a la privatización del líquido elemento.	El Defensor del Pueblo fue parte, junto a la Iglesia Católica, de la mediación entre las organizaciones y el Gobierno de Hugo Banzer Suárez. Óscar Olivera, uno de los dirigentes de esa movilización, recuerda que Romero de Campero fue parte clave para llegar a los acuerdos, que se sintetizan en el paso atrás de las autoridades gubernamentales.	Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), recuerda que en la gestión de Romero de Campero predominó la facilitación del diálogo y la mediación de conflictos. “Las demandas a largo tiempo provocaron la exposición de varios derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud y a la seguridad de las personas”, remarca Carvajal.	Los temas más complejos fueron la erradicación de cocales en el Chapare de Cochabamba y el estado de sitio dictado en abril de 2000. “Pero es preciso señalar que al plantear sus reivindicaciones ante el gobierno, algunos sectores de la sociedad civil también afectaron varios derechos de la ciudadanía”, rememora la experta de DDHH.	En marzo, Romero de Campero cumplió su mandato y se designó como interina a Carmen Beatriz Ruiz, quien duró nueve meses al frente de la institución. Es acá donde el entonces defensor del pueblo sufre la primera agresión política al escoger de forma ilegítima a Iván Zegada, quien estuvo en el cargo apenas 16 días. Finalmente, el 11 de diciembre el Congreso eligió como defensor del pueblo a Waldo Albarracín Sánchez.	“Fuimos parte en la gestión de Carlos Mesa, el interinato de Eduardo Rodríguez Veltzé y la llegada de Evo Morales Ayma. Hubo conflictos tremendos, como los problemas con la Asamblea Constituyente y la masacre de Porvenir, en Pando. Pero siempre intentamos que el diálogo sea la herramienta más importante en las negociaciones”, recuerda Albarracín.	El exdefensor, ahora rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), explica que con la aprobación de la nueva Constitución el nombre de la institución pasa a ser Defensoría del Pueblo. En 2009, la entidad evitó emitir pronunciamientos públicos sobre el denominado caso Terrorismo. “Pero realizó seguimiento e intervenciones para evitar la vulneración de derechos durante las investigaciones, exhortando a que las instancias estatales cumplan con su mandato constitucional, en el marco del respeto a los derechos humanos”, relata Albarracín.	Fue en 2010 cuando la Defensoría del Pueblo empieza a desplomarse. Rolando Villena ingresa a dirigir la institución y de inmediato enfrenta un conflicto. Dos personas murieron en la localidad paceña de Caranavi producto de una represión policial que llegó al lugar para desbloquear la vía. Los pobladores se movilizaron exigiendo la construcción de una planta procesadora de cítricos.	“Ahí se demostró la imparcialidad y que no había dependencia política en las decisiones. Se hizo un informe defensorial y se apuntó al Gobierno y la Policía como responsables de las dos muertes”, destaca Villena, que había sido elegido con los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Legislativo.	Otro conflicto que marcó la gestión de Villena fue la también represión policial en 2011 a indígenas de tierras bajas en la localidad de Chaparina. El grupo marchaba a La Paz exigiendo que no se construya la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que partiría en dos el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).	La gestión interrumpida de David Tezanos Pinto estuvo marcada por polémicas y algunos aciertos. Dentro de la Defensoría del Pueblo ven que el exdefensor dejó atrás temáticas importantes como la situación de los pueblos indígenas, los derechos de la niñez y adolescencia, aspectos sobre el colectivo LGBT, los problemas de los adultos mayores y la actualidad de la lucha de género. Por el contrario, se avanzó con la población carcelaria, a quienes se les dio beneficios, como los indultos presidenciales.	En la institución existe una fiesta silenciosa por la salida de Tezanos Pinto. Muchos están de acuerdo, pero no lo quieren expresar públicamente. Otra fuente señala que solo existen seis funcionarios de carrera que fueron parte de las últimas tres gestiones: Ana María Romero de Campero, Waldo Albarracín y Rolando Villena.	“Sabemos que la Defensoría del Pueblo se destruyó en su interior. Hubo muchos despidos para colocar a gente allegada políticamente con David Tezanos y con el Movimiento Al Socialismo (MAS). Solo hace falta mostrar los cambios que se hicieron en las representaciones defensoriales departamentales. Hay personas vinculadas políticamente y totalmente con el MAS”, denuncia Albarracín.	Una de las debilidades de Tezanos Pinto fue designar en cargos de la Defensoría a personas vinculadas al MAS. Lo hizo con la representante defensorial en La Paz, Teresa Subieta, quien hizo campaña a favor de Evo Morales y Álvaro García. También el caso de Cochabamba, cuando se escogió a Nelson Cox, exviceministro de Justicia, como representante de la Defensoría. Esta persona renunció y volvió al Viceministerio de Justicia, pero dejó ese puesto una vez más y regresó a la Defensoría.	En el MAS no existe una posición clara respecto a la situación de la Defensoría. El presidente de Diputados, Víctor Borda, señala que el oficialismo no influyó en las decisiones de Tezanos Pinto y afirma que si el exdefensor fuera un “defensor del MAS” no se hubiera aceptado su renuncia. “Se decidió razonablemente y se reprochó que el exdefensor ventile así sus problemas”, remarca el legislador.