Fue el jefe de las negociaciones por parte de las FARC en La Habana. ´Iván Márquez´ reapareció hace poco más de un mes, tras estar en un paradero desconocido durante meses, en un video armado y rodeado de otros reconocidos excomandantes de la que fue la guerrilla más antigua de Latinoamérica. El modelo de Justicia Trancisional que él ayudó a construir, decidió expulsarlo por reincidencia.	Márquez estaba haciendo campaña para el Congreso en el departamento de Caquetá, una zona ubicada en el sur de Colombia, que ha sufrido el conflicto armado colombiano por décadas. El exjefe guerrillero desapareció, tras la captura de su compañero ´Jesús Santrich´, acusado en un proceso lleno de altibajos, de conspirar para enviar cocaína a los Estados Unidos.	Un proceso impulsado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y apoyado por la Fiscalía colombiana y en el que Santrich clamó su inocencia y dijo ser víctima de un montaje. Sin embargo, unos pocos días después de ser liberado, amparado por su condición de congresista, escapó de una zona de reincorporación cercana a la frontera con Venezuela.	El trasfondo de la expulsión de ´Iván Márquez´ es una sociedad colombiana polarizada en torno a los acuerdos. Un sector más conservador y cercano al expresidente Álvaro Uribe, del partido gobernante, cree que los acuerdos deben tener reformas de fondo y la implementación de los mismos, acordado por el premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, no avanza al ritmo esperado.	El último informe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, que cubre el periodo del 27 de junio al 26 de septiembre, resalta que “transcurridos dos años desde la conclusión del proceso de dejación de armas, es de suma importancia seguir enfatizando que la inmensa mayoría de los excombatientes siguen participando en el proceso de paz y desarrollando esfuerzos productivos en colaboración con las comunidades locales”.	En ese difícil contexto y más allá de los reincidentes, la Justicia Especial para la Paz sigue con su trabajo. Cerca de 10.000 guerrilleros siguen comprometidos con aportar su verdad, al igual que 2.200 miembros de la fuerza pública. Una verdad que podría configurar un nuevo relato del porqué de la violencia en Colombia.