El gobernador de Río de Janeiro (Brasil), Wilson Witzel, que reforzó la guerra contra el narco, solicitó a la ONU el cierre de las fronteras con "Paraguay, Bolivia y Colombia" para impedir el ingreso de armas y narcóticos responsables del "genocidio" en las favelas. "El propio Consejo (Seguridad ONU) puede reaccionar ante Paraguay, Bolivia y Colombia debido a (tráfico) de armas, se debe prohibir que esos países vendan armas ante el riesgo de que continúe esta masacre, esta situación sangrienta que vive Rio", aseguró Witzel. El gobernador del Partido Social Liberal (PSL), que asumió en enero pasado, tiene como estandarte de su gestión el programa Seguridad Presente, con el cual incrementó las acciones contra el narco en las barriadas humildes.Contexto. La responsabilidad sobre el eventual cierre de fronteras cabe al gobierno federal, del presidente Jair Bolsonaro (PSL) pese a lo cual Witzel expresó su intención de llevar el tema ante la ONU. "Intenté a través del Ministerio de Justicia que el ministro (Sergio) Moro venga conmigo pero si él no viene iremos solos porque Rio tiene que hacer su trabajo ante la ONU", comentó Witzel. "Ya tomé contacto con el Consejo de Seguridad para poder exponer allí lo que está aconteciendo en Rio y pedir que se tomen las medidas correspondientes en esos países (Paraguay, Bolivia y Colombia)", apuntó.Situación. El gobernador llegó a emplear la palabra "genocidio" para definir lo que ocurre en su estado. Antecedentes. El debate sobre la seguridad en Río se avivó luego de que hace dos semanas la niña Agatha Felix, de ocho años, falleció tras recibir un tiro de fusil en la espalda en una favela del Complexo do Alemao, en la zona norte carioca. Sus familiares aseguran que el disparo provino de un efectivos de la Policía Militarizada, mientras las pericias no confirmaron si el proyectil pertenecía a un arma de las fuerzas de seguridad.Witzel manifestó sus condolencias a los familiares a quienes les ofreció costear el velorio y una reparación económica al tiempo que ratificó los lineamientos de su política de seguridad. Importante. A pesar de que la muerte de la menor levantó de nuevo las voces de movimientos y líderes sociales contra la política de extrema represión adoptada por Witzel en materia de seguridad pública, el gobernador reafirmó su postura y extinguió esta semana una medida que buscaba incentivar la reducción de la violencia de la Policía. "No quiero festejar la muerte de nadie, por el contrario, queremos celebrar la vida y exactamente para que la vida sea celebrada es que vamos a tener que actuar de forma muy rigurosa contra el tráfico de armas y drogas en nuestro estado y en Brasil", opinó. 20 se septiembre pasado falleció una niña de ocho años por una bala perdida en un operativo policial.Sobre la normativa vigente en Río de Janeiro El decreto altera una ley de 2009 que ofrece compensaciones financieras en sus salarios a los policías como premio por la reducción de diferentes estadísticas criminales excluyendo de la medida la norma que incentivaba a los uniformados que se esforzasen por reducir el número de civiles muertos en operaciones policiales. En consecuencia, los diferentes cuarteles de policía podrán recibir los incentivos salariales si reducen indicadores criminales como número de homicidios o de robos sin importar si en sus áreas de actuación aumenta el número de civiles muertos en operaciones policiales. El número de civiles muertos en operaciones policiales ha crecido gradualmente en los últimos cinco años, hasta el récord de 1.249 entre enero y agosto de 2018, con un crecimiento del 16 % frente al registrado en el mismo período del año pasado, cuando la cifra ya era histórica (1.075), según estadísticas de la propia Gobernación.