Michelle Bachellet estuvo tres días en Caracas hace dos semanas, en una visita rodeada de interés, pero lejos de colmar las expectativas frente a un régimen que ha dado la espalda a las normas civilizadas aplicadas por la humanidad a partir de la Segunda Guerra Mundial. De aquella conflagración planetaria surgieron las principales instituciones hemisféricas encargadas de apuntalar las vías democráticas y ser barreras contra las dictaduras y la conculcación de los derechos humanos.	La visita de la ex presidenta chilena, ahora alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, derivó en un mensaje crítico al régimen dictatorial venezolano, cuando se disponía a abordar su vuelo de retorno. Sin que al régimen le doliera un poro (Maduro declaró que la visita le había parecido buena), Bachellet dijo que las condiciones humanitarias del país que la había recibido se habían deteriorado “de forma extraordinaria”.	La frase dicha no como verificación propia sino transmitidas por interlocutores de la oposición, no llamó la atención de nadie, pues lejos estaba de describir el sufrimiento de la sociedad venezolana, durante mucho tiempo pivote democrático y defensora de los derechos democráticos. Además, el efecto crítico de la frase fue atenuado con la sugerencia de que el empeoramiento era, en parte, causado por las sanciones impuestas al régimen por la administración Trump, que a principios de año alcanzaron a la ya escuálida industria petrolera venezolana.	Las virtudes de Venezuela como adalid de la democracia desaparecieron bajo la tormenta que trajo la instauración del Socialismo del Siglo XXI, corriente a la que se asocian el presidente Evo Morales y su partido, al lado de Nicaragua y un puñado de islas del Caribe. Está por verse si esta asociación causará alguna factura política en Bolivia, cuando empieza a tomar cuerpo la campaña por la elección presidencial de octubre.	En otras latitudes, la crítica que ganó más repercusión fue la del líder socialista democrático español Felipe González, quien reclamó a la funcionaria por no ser mucho más clara y exigente en la defensa de los derechos humanos en el país cuyo régimen ha ocasionado, hasta ahora, el éxodo de siquiera cuatro millones de venezolanos, el mayor de la historia de la región. Otros líderes tuvieron críticas más duras a la exgobernante, por convalidar un gobierno considerado como “usurpador” por más de 50 naciones que reconocen como presidente al legislador Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional.	La sensación que prevalecía era que Bachellet había quedado en deuda con las corrientes democráticas del continente. Con todo, se esperaba que la funcionaria refuerce las críticas al régimen cuando presente su informe escrito ante la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, el 5 de julio. El informe coincidirá con la fecha cívica nacional de Venezuela.