La imagen de municipio más rico del país quedó en duda cuando la semana pasada el alcalde Percy Fernández envió una carta al presidente del Estado, Evo Morales, prácticamente pidiendo auxilio para que le garantice créditos de entidades gubernamentales y de organismos internacionales destinados a la inversión en ocho importantes proyectos de infraestructura para la ciudad. Esta actitud del burgomaestre propició críticas del exconcejal Carlos Manuel Saavedra, que ve inacción para no molestar y tener contento a su socio mayor (Evo Morales); aunque la misiva fue bien recibida por el primer mandatario, que prometió sendas reuniones de al menos cuatro de sus ministros para buscar la aprobación de los préstamos.	El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, dijo que debido al cambio de gabinete se pospuso el encuentro que debió ser esta semana. “El ministro de Gobierno, Carlos Romero, que es el encargado de coordinar con Santa Cruz, convocará la próxima semana a los ministros de Economía, de Obras Públicas de Medioambiente y de Planificación”, aseguró Siles. Pero, también salen a luz los cuestionamientos por la serie de competencias, en este caso económicas, que son de carácter nacional que deben asumir las gobernaciones y los municipios. En el caso de Santa Cruz de la Sierra la mayor parte fue destinada a la atención de salud, los cuales se remontan a 2013.	Jorge Landívar, secretario de Gestión y Coordinación Institucional, explicó que de acuerdo a la ley 475, el descuento del 15,5% de coparticipación tributaria les merma Bs 180 millones por año, cifra que cubre los servicios de salud en clínicas privadas que acogen a pacientes que no pueden atender los hospitales de tercer nivel (que son competencia de la Gobernación).	Lo que ahora propone la comuna capitalina es que con ese porcentaje se apoye al primer y segundo nivel, que son su competencia. Para la construcción de avenidas pavimentadas y canales de drenaje, y también para la construcción de edificios escolares y guarderías, y la conclusión de la quinta municipal, la comuna pide fideicomisos al Gobierno, los cuales son específicamente para las obras en ejecución, requiriendo al menos Bs 200 millones.	Dentro de estas demandas, la comuna también pide la participación de la Policía y de la Fiscalía para consolidar los traslados de los vendedores ambulantes hacia los nuevos mercados. En cuanto al nuevo relleno sanitario, cuya primera fase lleva el 25% de ejecución, también se necesita pavimentar las vías urbanas que llevarán al basurero. Para ello se precisan Bs 115 millones.	El plan maestro de drenaje de la urbe está presupuestado en $us 800 millones, aunque la primera a fase es de solo Bs 280 millones, para ello es necesario que el Gobierno dé la priorización. Para la implementación de la etapa inicial de movilidad urbana, con la adecuación del primer anillo para que circulen los buses de tránsito rápido (BRT por sus siglas en inglés), es necesario contar con Bs 157 millones.	Siguiendo con la movilidad urbana, esta vez para construir las tres estaciones o terminales de transferencia del transporte intermunicipal e interprovincial, son necesarios Bs 33 millones. Asimismo, también se toma en cuenta el embalse, para el futuro, de Tarumá, para captar aguas del río Piraí las cuales beneficiarán a la región metropolitana. Este proyecto aún no tiene presupuesto. Según Landívar, son alrededor de Bs 785 millones lo que suman estos proyectos municipales.	Santistevan asegura que, a través de la Ley Marco de Autonomías, han pulverizado las competencias de gobernaciones y municipios las leyes de salud; la Avelino Siñani (de Educación), de deportes, de seguridad ciudadana, de impuestos, de juegos de azar y la ley 767 del 12% Impuesto Directo a los Hidrocarburos, pues todas les quitan recursos o les hacen transferencias.	“Mediante la norma de salud, Bs 800 millones de la Alcaldía fueron para pagar ítems, siendo que es obligación del Gobierno hacerlo, que cuando pretende implementar el Seguro Universal de Salud (SUS), el alcalde hizo saber que no hay dinero para ello, pues ya le cercenaron 15,5% de la coparticipación tributaria”, explicó el analista.	Carlos Manuel Saavedra critica que la comuna asuma enteramente proyectos que son responsabilidad del Gobierno. “Si la comuna se para firme y exige que el Gobierno cumpla con el pacto fiscal y que asuma sus competencias no es necesario endeudar a la ciudad. El Estado reparte recursos a las regiones en base al censo de 2001, es decir, no toma en cuenta el censo de 2012 para la redistribución”, reclamó el exconcejal destituido de Santa Cruz Para Todos.