Los candidatos Tomás Monasterio, de Bolivia Dice No; María Renée Liévana, del MAS; Vania Sandoval, de Comunidad Ciudadana (CC), y Erika Oroza, por UCS; presentaron sus propuestas, a requerimiento de EL DEBER, en materias de salud, seguridad y lucha anticorrupción, en las que expusieron varios puntos en común, y pocas propuestas disruptivas, que los analistas ven como una característica también de la campaña, y que proyecta lo que pasará en la Asamblea Legislativa.	En salud, Liévana propone la entrega de centros de radioterapia departamentales con la finalidad de elevar la cobertura y dar continuidad al tratamiento gratuito a enfermos con cáncer; mientras que Sandoval, de Comunidad Ciudadana, plantea un “fondo nacional para enfermedades amenazantes para la vida”, con un fondo de tratamiento gratuito, a partir de 2021, para los 14.000 ciudadanos -en promedio por año- diagnosticados con cáncer.	Monasterio, de Bolivia Dice No, y Oroza, de UCS, coinciden en que la prioridad debe ser incrementar el presupuesto para salud; aunque Monasterio pone énfasis en impulsar un pacto fiscal que garantice la redistribución de recursos; mientras que Oroza plantea acogerse “a planes de preservación medioambiental que pagan por bonos de carbono”, con pueden generar unos $us 300 millones.	Para Marcelo Arequipa, politólogo, los candidatos proponen reformas que tienen que ver con perfeccionar lo que se tiene hasta ahora. Cree que “no es mala señal”, porque habla de que las organizaciones políticas no buscan transformaciones radicales y abre posibilidades de negociación entre las diferentes fuerzas políticas. “Estas señales dan cuenta que hay un puente entre ellos que, para temas urgentes como salud o justicia, hará menos complicado hacer acuerdos”, dijo.	En criterio de Iván Lima, abogado constitucionalista, la candidata del MAS “no propone ningún tema nuevo” y se adhiere a los informes de los ministerios; mientras que Sandoval propone un “mecanismo” para anular sentencias, lo que está prohibido por la Constitución Política del Estado. De Oroza destaca su intención de una reforma judicial, aunque espera que sea por la vía constitucional, mientras que de Monasterio observa que con sus propuestas reconoce la Ley de Abreviación Procesal Penal, aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa.	Impulsar un nuevo censo de población para que se aplique una redistribución de recursos acorde a las necesidades de la región, como ocurre en el departamento de Santa Cruz. Con más recursos se pueden evitar falencias en ítems de salud, y que se invierta en tecnología para modernizar los hospitales. Conozco de cerca esta necesidad porque cada vez participo en rifas de personas que sufren para pagar tomografías. Mientras que a la Gobernación (cruceña) cubrir los costos de salud le significa el 30% del total de su presupuesto. Por eso también es necesario un pacto fiscal, que deberá garantizar la redistribución de recursos en las regiones, previa a la realización de un censo que refleje la realidad poblacional de cada departamento del país.	En mis primeros días en el Senado voy a proponer una ley para la reducción del área de cultivo de la hoja de coca en el país, porque los volúmenes que se permiten actualmente están lejos de la demanda de consumo, así lo demuestran las cifras de organismos internacionales que muestran que una gran cantidad se va al mercado ilegal; instaurar una gendarmería departamental que permita a las gobernaciones patrullar en zonas conflictivas, y así coadyuvar en la lucha antidroga.	El sistema está corrompido. Hay que cambiar jueces y fiscales. He denunciado -por ejemplo- la existencia de un delincuente buscado por la justicia internacional, pero protegido por la justicia boliviana. Se propone una ley que beneficie a personas que presenten pruebas en casos de corrupción. No vamos a permitir que haya coimas. Queremos digitalizar los trámites, para que se reduzca la burocracia y se les haga seguimiento; así se garantizará su transparencia. Voy a presentar una ley para la reducción del área de cultivo de coca permitido, porque se desvía a lo ilegal”.	Consolidar el Sistema Único de Salud (SUS) para dar salud gratuita a más de cinco millones de personas que no cuentan con un seguro; entregar centros de radioterapia en Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz, con la finalidad de elevar la cobertura y dar continuidad al tratamiento gratuito a los enfermos de cáncer; crear un programa destinado a la construcción y equipamiento de maternidades, que estarán ubicadas en las principales ciudades intermedias, como Caranavi, Riberalta, Yacuiba y el trópico de Cochabamba para reducir la mortalidad materna e infantil; instaurar el chequeo médico obligatorio en el mes del cumpleaños de cada uno de los bolivianos, como medida preventiva para cuidar y salvar vidas.	Dar continuidad a las acciones que se llevan adelante en el marco de la Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Control de Cultivos de Coca; no permitir ni tolerar que el narcotráfico penetre en las estructuras de la Policía o Fuerzas Armadas; los servidores públicos involucrados serán procesados y castigados con el máximo rigor que prevé la ley; incrementar los operativos antidroga, para la interdicción al tráfico y micro-tráfico y castigarlos con el máximo rigor que la ley permita.	No se tolerará, ni socapará ningún hecho de corrupción, venga de donde venga; fortalecer la administración pública del Estado Plurinacional, basándose en los principios ético-morales del ama suwa (no robar), ama llulla (no mentir) y ama quella (no ser flojo); mejorar la eficiencia y efectividad del modelo de gestión que desconcentra en todos los órganos del Estado, empresas públicas, autárquicas y otras, las acciones de transparencia y lucha contra la corrupción.	El problema crítico del sistema de salud es que no da respuestas a los 5,8 millones de pacientes sin seguro de salud. El SUS, tal como está planteado, es un programa sin recursos técnicos ni financieros. Concentraremos la atención en el primer nivel de atención, epidemias y primera infancia, morbilidad y mortalidad infantil. Además, crearemos un programa de atención urgente a los pacientes con cáncer. Crearemos un Fondo Nacional Específico para Enfermedades Amenazantes para la Vida, lo que incluye la creación de un fondo de tratamiento gratuito, a partir de 2021, para aproximadamente 14.000 ciudadanos que son diagnosticados con cáncer anualmente en el país, y no cuentan con ningún tipo de seguro médico para poder llevar un tratamiento.	Cero tolerancia a la influencia del narcotráfico en el Estado; revertiremos su penetración en toda esfera del Estado, en las reparticiones policiales, fiscales y judiciales. Los periodistas con su trabajo de investigación han destapado vínculos de funcionarios con narcos. En estas condiciones no se puede luchar efectivamente contra el narcotráfico. Además, necesitamos planes de formación integral para niños y jóvenes para una vida sin drogas, y fomentar la prevención y rehabilitación.	Necesitamos con urgencia una la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública en la que me involucraré decididamente por mi experiencia como periodista. Auditaremos a instituciones como aduana e impuestos. Además, encararemos la anulación de normas inconstitucionales; habilitaremos mecanismos extraordinarios para anular las sentencias y resoluciones, que dejando de lado la Constitución, respondan a intereses del gobierno de turno.	Deben reconocer que el SUS fracasó. Fue una medida política porque se dijo que en 100 días se iba a resolver. Pero no es sostenible hay que modificarlo. Para eso se debe llevar adelante un seguro de salud sostenible y real. Por eso proponemos apelar a bonos de carbono que podrían generar unos $us 300 millones. Se trata de planes de preservación medioambiental que son financiados por organismos internacionales involucrados en esta causa. Se debe aumentar el presupuesto el área de salud en un 10%. Es decir, resolver el déficit en educación y salud. Otra propuesta es reducir la cantidad de ministerios; tenemos 20 en la actualidad y se deben reducir a 10. Si el sector público pierde empleos se debe incentivar al privado, proponemos además cero de impuestos a los pequeños empresarios que comiencen con su negocio propio.	Debemos comprender que la seguridad y el narcotráfico son temas transversales. Porque nosotros atacamos las consecuencias, pero no las causas. Si tenemos un Órgano Judicial eficiente, la seguridad se incrementa. La ley tiene que estar por encima de los gobernantes. Solo se combate la inseguridad cuando la ley está por encima de los gobernantes. Donde el estado de derecho se base en la eliminación de privilegios. Todo servidor público que daña la economía debe ser castigado con rigurosidad.	Se combate aplicando sanciones de acuerdo al delito que cometen los funcionarios públicos. Por ejemplo, si un servidor público comete un hecho de corrupción, se debe pagar con una sanción penal proporcional al daño ocasionando. Así la plata no faltaría. No debe haber impunidad como ocurre con en del caso Fondo Indígena.	Así lo explica, por ejemplo, José Antonio Quiroga, parte del equipo político de Comunidad Ciudadana (CC), para quien la difusión de sus propuestas y la conformación de alianzas territoriales como parte de la agenda de trabajo de la campaña. “Queremos presencia en todos los recintos. Vamos a controlar todas las mesas y espero que nos ayuden también en los reductos del MAS. Que no se cumplan las amenazas de chicotear a los disidentes”, afirmó.	Destacó la experiencia que ya tienen con la estructura de Demócratas en el control de votos durante el referéndum del 21 de febrero de 2016, en el que “monitorearon y garantizaron el respeto al voto”. De esta forma, Peña puse en relieve que llevan más de 13 años “haciendo resistencia al MAS”, lo que los diferencia de “opositores demagogos”. Añadió que hay susceptibilidad por un ‘fraude electoral’, ante los antecedentes de las denuncias de traslados de personas en Riberalta, Beni, y la incertidumbre que generan los vocales electorales sobre las determinaciones sobre la renuncia de algunos candidatos de los binomios que participaron en las primarias.