Grupos de activistas de Bolivia, Venezuela y Nicaragua se citaron en Sucre para analizar la situación de los derechos humanos en cada uno de los países. Sin buscarlos, cada uno de los tres paneles llegaron a una misma conclusión: será difícil salir de las crisis políticas que enfrentan si la enfrentan por sí solos.	El primer panel estuvo dedicado a Nicaragua y allí, activistas como Amaru Ruiz, se destacó que las denuncias de violaciones de derechos humanos había sido el insumo para que la comunidad internacional vuelque a ver qué estaba haciendo el Gobierno de Daniel Ortega con la población. El joven activista de la Fundación Río hizo luego un recorrido de cómo su país llegó a una situación de movilización casi permanente. Explicó que Ortega se deshizo primero de la oposición que le podía disputar el poder y que luego la que quedó se volvió funcional a su Gobierno.	Señaló que los empresarios no reaccionaron porque entraron en una lógica de “ganar-ganar” con el Gobierno y se volvieron partícipes de los negocios con el Estado. Solo reaccionaron cuando la población salió masivamente a las calles debido a una reforma de pensiones. Aún cree que se puede solucionar la situación con una salida negociada, pero en unas mesas donde los negociadores de la oposición no terminen presos.	No es la misma situación de Venezuela, donde Juan Quintana, Laura Loza y Juan Berríos expusieron un deterioro institucional que tardó 20 años en fraguarse, desde que Hugo Chávez subió al poder. Hoy la crisis política se transformó en una crisis humanitaria que ha pasado las fronteras continentales y que, calculan, tiene a más de tres millones de venezolanos en situación de migración forzosa y un Estado que ya no es capaz de proveer lo mínimo para vivir a sus ciudadanos.	No creen que la salida sea una intervención extranjera, sino unas elecciones libres y adelantadas que saquen del estancamiento actual. Eso sí, incluso así, necesitarán de la intervención de organizaciones internacionales que ayuden a estabilizar el país, porque si la situación política se arregla mañana, se tardará al menos tres años en solucionar los problemas de abastecimiento, recuperar el control estatal sobre el territorio y volver a poner en marcha una economía que el año pasado alcanzó una inflación de un millón por ciento.	Por el lado de Bolivia, Janisse Díaz, Toribia Lero y Ramiro Orías describieron una situación de cooptación de la justicia y de las instituciones democráticas que también había sido denunciada por los activistas venezolanos y nicaragüenses. Allá, según los panelistas, los ciudadanos no se movilizaron hasta que la situación era casi irreversible. En Bolivia, según Orías, todas las instancias para hacer respetar el voto del 21-F ya se agotaron y necesitan que organismos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pronuncien.