Al menos hasta el 15 de los presentes, todos los caminos conducen a Sucre. A partir de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sesionará en la capital y hacia allá se dirigen plataformas, cívicos y partidos políticos de oposición con la esperanza de ser escuchados por el organismo de la Organización de Estados Americanos encargado de velar por los derechos de las personas. Buscan que frene la decisión del presidente Evo Morales de repostularse en octubre a la presidencia amparado en una sentencia constitucional basada en una interpretación de un artículo de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, una especie de Constitución de la comisión. Ya hay una audiencia pública fijada. Será al final de la tarde del miércoles 13 y, según Waldo Albarracín, asistirán el Conade y algunas plataformas, pero otras más se tejen de forma reservada, no serán públicas y se desarrollarán entre el lunes y martes de la semana entrante.	A ellas aspiran los comités cívicos, que ayer hicieron llegar una carta solicitando el encuentro para “hacer conocer el desconocimiento del voto” ciudadano expresado en el referendo del 21 de febrero de 2016. También las plataformas ciudadanas que este fin de semana se reunirán en la ciudad blanca para generar un manifiesto que será entregado a la comisión y definir medidas de presión contra el Gobierno para el tercer aniversario del referendo. Las plataformas han solicitado a la CIDH una audiencia de 10 minutos para ser escuchadas.	Los partidos opositores también tienen la esperanza de ser oídos. Ayer estuvieron por la ‘culta Charcas’ Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, el binomio de Comunidad Ciudadana, que hizo coincidir su gira sureña de presentación del binomio con la presencia de los comisionados. Sin embargo, según Víctor Hugo Cárdenas, candidato presidencial de Unidad Cívica Solidaridad, el encargado de tramitar la audiencia opositora será Óscar Ortiz, candidato presidencial de Bolivia Dice No. Su candidato a vicepresidente, Edwin Rodríguez, dijo desde Santa Cruz de la Sierra que “la CIDH en Bolivia debe dar una opinión cuando menos. De repente no está en agenda pero es lo más urgente. No es posible que la repostulación de Evo Morales sea una copia de lo que ocurrió en Nicaragua. Que la CIDH reciba al pueblo pero no a los masistas, que seguro querrán copar las audiencias”. Antes de llegar al país, la comisión hizo pública que aceptaba una impugnación a una sentencia constitucional nicaragüense que invocaba los derechos políticos para permitir a Daniel Ortega repostularse a la presidencia sin restricciones de mandato. La petición había sido presentada en 2011 y pueden pasar meses o años aún para que se analice el fondo de la misma.	“Tenemos una línea de trabajo que está determinada por nuestro reglamento. Cuando un país nos invita a celebrar las sesiones, nuestro reglamento nos señala que no toquemos los temas del país, a fin de no crear una expectativa de confrontación. Vamos a tener a la sociedad civil en unas reuniones para recoger sus opiniones, pero esa es la metodología”, dijo Esmeralda Arosemena, vicepresidenta de la CIDH.	El pedido de Rodríguez no será atendido por protocolo. La Comisión no eligió Bolivia, sino que fue invitada a venir por el Estado boliviano. Esta invitación fue apreciada por los comisionados, y Francisco José Iguiguren, comisionado encargado de Bolivia, aseguró que la CIDH estaba buscando desde hace tiempo tener sesiones fuera de Washington. En ese sentido, garantizó que habrá una audiencia pública con la “sociedad boliviana y latinoamericana”.	Él también aclaró que no se pueden pronunciar sobre la situación interna de un país, “pero sí escuchar”. Señaló que esta escucha se puede realizar el miércoles por la tarde, durante la sesión abierta, sin perjuicio a otras reuniones particulares que serán de carácter privado. Por la agenda apretada de la comisión, lo más probable es que estas reuniones se den entre el lunes y el martes.	Iguiguren, ante la exigencia de que se pronuncie sobre la situación boliviana, señaló que una vez pisaron territorio patrio, no lo puede hacer. Señaló que la comisión ya conoció el pedido de opositores sobre el respeto al voto del 21-F, durante el anterior periodo de sesiones y que está “absolutamente informado” de lo que ocurre en Bolivia, porque durante el año pasado visitó el país para reunirse con diferentes autoridades del Estado, dos expresidentes (Tuto Quiroga y Carlos Mesa) y “con organizaciones de jóvenes que iban a maniferestar su preocupación”.	Con Bolivia fuera de agenda, esta sesión de la Comisión tendrá como protagonistas las crisis de Venezuela y Nicaragua, aunque sus comisionados se esfuerzan en negar que así será. “Vamos a tener 30 audiencias, en lo particular pienso que Venezuela no es el único país donde se violan los derechos humanos”, dijo Ernesto Vargas, comisionado colombiano.	De hecho, en la agenda de audiencias, hay casos que cubren desde Canadá hasta Argentina, pero Nicaragua y Venezuela tienen sesiones especiales para ver distintas violaciones a derechos humanos. El otro punto que dominará la reunión de Sucre y que fue puesto en agenda por la misma comisión, es la situación y seguridad de los promotores de los derechos humanos en la región.	La prensa no parece ser la única que fija su atención en Venezuela y Nicaragua. También lo hace Luis Almagro, secretario general de la OEA. A través del Twitter, envió su apoyo a la comisión, con una hoja de ruta marcada. “Hoy dialogué con comisionados y secretario ejecutivo de la CIDH sobre la situación de DDHH en Venezuela, Nicaragua y otros países del continente. Reitero mi respaldo a la labor de la Comisión que lleva a cabo el 171 periodo de sesiones en Sucre, Bolivia”, escribió.	El procurador general del Estado, Pablo Menacho, que es el encargado de la recepción de los comisionados a nombre del Estado dijo que estos días el trabajo consistirá en la revisión de agendas y asuntos internos, desde el lunes comienzan las sesiones de trabajo de las comisiones y desde el miércoles las audiencias públicas.	El abogado Arturo Yáñez comentó que cada audiencia dura una hora aproximadamente y se habilitarán dos salas presididas cada una por tres o cuatro de los siete comisionados que integran la Comisión Interamericana. El protocolo indica que comienza la sociedad civil solicitante con el uso de la palabra sobre algún determinado tema en unos 20 minutos, responde el Estado denunciado en 20 minutos y otros 20 minutos para las preguntas de los comisionados. Salvo las medidas cautelares, los diferendos no se resuelven de inmediato.