La mayoría de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se reúne por primera vez en Bolivia, serán abiertas al público, excepto algunas reservadas por decisión de los comisionados. Podrán acudir todos los sectores civiles del país pero sin alterar las sesiones en el Centro Internacional de Convenciones de Sucre, ubicado a cinco kilómetros de la ciudad. Las plataformas ciudadanas se alistan para participar de algunas citas con el fin de hacer escuchar su protesta en defensa del 21-F.	Beto Aztorga, de la agrupación ciudadana Otra Izquierda es Posible, adelantó que desde mañana tienen previsto desplazarse a la capital del país, donde llevarán pancartas y el grito de Bolivia dijo No. Intentarán entregar una carta a los comisionados en la que solicitarán que se pronuncien sobre la reelección indefinida. “Buscamos mostrar que hay ciudadanos en pie de lucha, que queremos la recuperación de la democracia y hacerles notar que en el país hay un descontento por la repostulación”, resaltó Aztorga.	Otro grupo de plataformas prevé reunir en Sucre entre 600 y 1.000 personas de todo el país. Marianela Aldayuz, representante de la coordinadora de Mujeres Fuertes de Chuquisaca, anunció que este sábado 9 habrá un congreso en el que se conformará una comisión para acceder a una audiencia para denunciar las vulneraciones de derechos y garantías constitucionales en perjuicio de los bolivianos. Dijo que también llegará una delegación de Argentina. “En el Congreso se programará vigilias con protestas pacíficas”, aseguró.	Eduardo Gutiérrez, de la plataforma SOS Bolivia, explicó que pretenden entregar una carta a los miembros de la CIDH para pedir que se pronuncien de manera oportuna con relación a la reelección indefinida. El activista adelantó que el miércoles 13 asistirán a la audiencia referente a la reelección presidencial en América Latina.	Por su parte, Alejandra Serrate, de Resistencia Femenina, manifestó que no participarán de las movilizaciones en esta ciudad, pero como parte de la sociedad civil asistirán a una audiencia de oficio que se dará el 14 de febrero, entre las 17:00 y las 18:00.En la ocasión se hablará de las buenas prácticas sobre prevención, investigación y protección a personas defensoras de derechos humanos en la región. También estarán en otros eventos que tienen que ver con la reelección presidencial en América Latina. Adelantó que se alista una presentación muy breve, para pedir respeto a los derechos humanos y políticos de los bolivianos.	El canciller Diego Pary, el ministro de Justicia, Héctor Arce, y el procurador general del Estado, Pablo Menacho, estuvieron ayer en Sucre para hacer una inspección del lugar y organizar la parte logística para garantizar las sesiones de la CIDH, que se realizarán entre el 7 y el 16 de febrero.	El ministro Héctor Arce destacó que el 171 periodo de sesiones es un evento de relevancia porque la CIDH es un órgano que defiende los derechos humanos que normalmente sesiona en su sede de Washington (EEUU) y algunas veces en otros países. Esta es la primera vez que se instala en Bolivia. Arce adelantó que la inauguración de las sesiones será el lunes 11 de febrero y contará con la presencia de las máximas autoridades nacionales.	Cada audiencia dura una hora, aproximadamente, y serán habilitadas dos salas que estarán presididas, cada una, por tres o cuatro de los siete comisionados. Comienza la intervención la sociedad civil solicitante sobre algún determinado tema en unos 20 minutos, responde el Estado denunciado en la misma cantidad de tiempo, y otros 20 minutos para las preguntas de los comisionados.	Yáñez aclaró que las audiencias públicas son abiertas y no requieren de acreditaciones. “Sería absurdo que alguna entidad del Estado quiera acreditar o restringir el ingreso, habrá control de verificación al ingreso con guardias legales y no se requiere de ‘policías sindicales’, que sería un papelón de mostrar al sistema interamericano que en Bolivia hay grupos irregulares”.