La ley, resultado de un histórico acuerdo alcanzado en noviembre entre casi todas las fuerzas parlamentarias, permite celebrar un plebiscito el 26 de abril para preguntarle a la ciudadanía si quiere una nueva Constitución y qué mecanismo debería redactarla: una convención mixta de parlamentarios y ciudadanos electos o una asamblea de personas escogidas únicamente para ese fin.	«La Constitución no es una vara mágica. Sí puede darnos el marco institucional adecuado para poder avanzar con las políticas públicas y la participación de toda la sociedad hacia un país con mayor capacidad de atender y satisfacer las necesidades de los ciudadanos», agregó Piñera, flanqueado por algunos de los líderes de los principales partidos.	La redacción de una nueva Carta Magna es uno de los principales clamores del estallido social que vive Chile desde hace más de dos meses, el más grave desde el retorno a la democracia y que ya se ha cobrado la vida de al menos 24 personas y ha provocado miles de heridos.	Para el sociólogo de la Universidad de Chile Octavio Avendaño, la convocatoria del plebiscito es «histórica», pero no va solucionar la grave crisis en la que está sumido el país: «La gente pide profundas reformas estructurales en salud, educación y pensiones, no medidas sociales puntuales y livianas. Sin esas reformas, difícilmente vamos a superar el estallido social».	La promulgación de la ley tiene lugar el mismo día que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un ente público y autónomo que ha monitoreado desde el inicio la crisis, presentó un informe en el que acusó a las fuerzas de seguridad de haber cometido «las más graves y múltiples» violaciones a los derechos humanos desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).