La directiva y los representantes del Comité Cívico están en su legítimo derecho de convocar al paro, pero no estoy muy seguro si este tipo de acciones beneficia a la gente que ellos dicen cuidar. En principio, uno de sus intereses debería ser luchar por mejores niveles de vida, el desarrollo económico y que la gente tenga mejores condiciones en Santa Cruz. Parecería que el paro forma parte de la estrategia de la nueva directiva, para buscar legitimarse con un discurso duro, ganar un poco más de fuerza en la interna. Recuerdo que el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, está acostumbrado al efectismo mediático que después no tiene buenos resultados.	Hace poco anunció a toda Bolivia que el presidente de Colombia, Iván Duque, estaba redactando la opinión consultiva para la CIDH, desde luego que eso le valió algunos titulares, pero después no se supo más nada. Quizá pensando en el bienestar de los cruceños, sería bueno que Luis Fernando Camacho, dejara de manejar tantos recursos en paraísos fiscales y traerlos para Santa Cruz y Bolivia.	Ese es uno de los problemas que conllevan estas medidas de fuerza que no ayuda a la convivencia social. Hay otras maneras de expresar el descontento. Las elecciones fueron convocadas y están en puerta, por eso no entendemos si buscan el boicot de los comicios porque no existe el tiempo material para llevar a cabo un cambio en el Órgano Electoral, ellos lo saben, pero sería más irresponsable que irrespeten el derecho de otras personas que, independientemente de cómo votarán, tienen la necesidad de asistir a sus fuentes laborales.	Creo que hay una cosa que son los objetivos declarados, que ni ellos mismos se creen, como la exigencia de la renuncia de los vocales, y hay otro objetivo implícito a más corto plazo en el interior del comité, como dije anteriormente, para ganar una imagen de dureza, pero que termina reñido con los intereses de la mayoría de los cruceños. El Órgano Electoral, con los elogios recientes de la OEA con relación a su acreditación ISO, y con el presupuesto solicitado está en la tarea que compete y establece la CPE. Estamos en pleno proceso electoral, y todo eso lo sabe el presidente cívico y él tiene otro tipo de intereses que declara, más o menos como sus impuestos.	Las garantías están claras, no necesitan que las pregunten ni que las digamos. El resultado de las elecciones generales será respetado, el tema sería lanzar la pregunta al otro lado. Si hay ejercicios que coquetean con el boicot electoral, cuando todo está en marcha, habrá que preguntar a ellos (a los cívicos) si esto no es una preparación para el desconocimiento del resultado, en el sentido de que en caso de que nos les guste la decisión del voto popular ellos no acepten ese resultado.