La entrega de resoluciones de autorización de asentamientos humanos a comunidades indígenas, campesinas e interculturales en el municipio de San Miguel, provincia Velasco de Santa Cruz, consumada por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), activa rechazo y provoca tensión en esa población.	Según datos proporcionados por el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Pedro Damián Dorado, son 69 las nuevas comunidades beneficiadas con tierras fiscales saneadas e inscritas en Derechos Reales a nombre del Estado que beneficiarán a 2.472 familias, 18 comunidades indígenas con 34.000 hectáreas, 38 comunidades campesinas con 73.000 hectáreas y 13 comunidades interculturales con 23.000 hectáreas que tomaron posesión en la zona de San Juan de Lomerío del municipio migueleño.	El alcalde de San Miguel, Óscar Hugo Dorado, en un video de su cuenta de Facebook, aseguró que se han declarado en emergencia e indicó que no permitirán estas acciones sin coordinación ni planificación y denunció que detrás de la entrega de resoluciones que autorizan la dotación de 70.000 hectáreas de tierras para favorecer a 1.700 familias del occidente del país, está el exalcalde de San Miguel de Velasco y hoy viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Pedro Damián Dorado.	El alcalde migueleño asegura que las tierras deben ser primero para los lugareños que hace años que peregrinan para lograr sus títulos y no lo consiguen, siendo que San Miguel es un territorio ancestral declarado por el Ministerio de Autonomía en 2015. “Pedimos respeto al derecho de los originarios y estamos en emergencia, no permitiremos los asentamientos sin planificación, anunciando que habrá una reunión de la región chiquitana esta semana en San Miguel”, dijo.	En contacto telefónico, el viceministro Dorado manifestó que las declaraciones del alcalde migueleño y los datos que se manejan por las redes sociales sobre el estado del proceso de dotación de tierras en San Miguel de Velasco, es mentira, una falacia, un engaño y un amedrentamiento a la opinión pública. Negó posesión de asentamientos humanos en tierras privadas.	“No sé por qué los cívicos y las autoridades municipales protestan y se oponen cuando un indígena accede a un derecho constitucional de 50 hectáreas de tierras para su seguridad alimentaria. Cómo no se oponen cuando un extranjero desmonta, miles y miles de hectáreas en la provincia Velasco”, cuestionó el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario.