El país ingresa a un clima de tensión por las movilizaciones de los opositores en cinco departamentos por demandas regionales y en protesta por la candidatura a la reelección del presidente Evo Morales (MAS). En este escenario, que se produce a 11 días de los comicios generales, se suman sectores afines al oficialismo que, a través del denominado Pacto de Unidad, advierten con la lucha en las calles para impedir el retorno al poder de los “racistas, federalistas y derechistas”.	La semana comenzó con la tensión generada por los cívicos de Santa Cruz, que el lunes se desplazaron a la Chiquitania para identificar las tierras que fueron dotadas ‘ilegalmente’ por el INRA a los sectores campesinos, como lo estableció el Cabildo del viernes 4, que también propuso el voto castigo en contra del binomio oficialista.	También el lunes, pero en Potosí se inició un paro indefinido y se reforzó la huelga de hambre que mantiene la dirigencia del Comité Cívico Potosinista en la ciudad de La Paz para exigir mejores regalías por el litio y en defensa de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría de los bolivianos votó por el No a la reelección presidencial.	En La Paz hicieron la invitación para participar del cabildo convocado para las 17:00 en la plaza San Francisco, donde se estima que aprobarán medidas en defensa del 21-F, del control del voto, el respaldo a las demandas de los potosinos y sanciones para los responsables de los incendios en la Chiquitania. Las plataformas ciudadanas cochabambinas convocaron para un cabildo, mañana a las 19:00.	A esta concentración se sumarán las madres y mujeres que participan de una marcha en defensa de la Madre Tierra que partió hace cinco días desde Confital, informó Omar Sánchez, representantes de las Plataformas Unidas. En Tarija, en el sur del país, el Comité Cívico convocó una marcha para mañana en defensa de la democracia, conmemorando los 37 años de su recuperación en el país.	El exdefensor del pueblo Rolando Villena, miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), explicó que existen una serie de demandas regionales que serán abordadas en el cabildo del jueves en La Paz, como la del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) en defensa del litio, el respeto al voto ciudadano y en defensa de la Chiquitania.	El rector de la UMSA, Waldo Albarracín, dijo que reafirmarán el repudio a la repostulación del binomio oficialista, “que desconoce la voluntad de un pueblo expresada en las urnas del 21 de febrero de 2016”. A su vez, exigirán elecciones con un Órgano Electoral imparcial. “La Paz y el país en su conjunto se sienten dolidos con lo acontecido en la Chiquitania, por lo tanto en el cabildo se abordará la temática.	También exigimos la libertad de los presos políticos, y uno de los presos más emblemáticos y víctima del autoritarismo del Gobierno es el hermano Franclin Gutiérrez, cuya voz de pedido de libertad se va a escuchar”, apuntó. Los miembros del Conade, junto con representantes del Comité Cívico de La Paz invitaron a la concentración. Estuvo presente el presidente de Comcipo, Marco Pumari, quien dijo que llevan más de seis meses movilizados por el litio y se han visto obligados a instalar su huelga de hambre en La Paz para hacer visible su protesta. Hoy cumplen nueve días de ayuno.	Asimismo, acusaron a los grandes ganaderos, y agroindustriales por el desastre en la Chiquitania. “Los pueblos indígenas, originario, campesinos no permitiremos el retorno de los intentos divisionistas, ni racistas, ni discriminadores. Defenderemos la unidad del país”, es una de las determinaciones de las organizaciones, según dio lectura del voto resolutivo el secretario Ejecutivo de la Confederación Nacional de Comunidades interculturales, Henry Nina.	La ejecutiva de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, Segundina Flores, advirtió que tienen una “lucha armada, lucha en las calles y en las carreteras”. “No vamos a permitir que vuelvan los racistas, que vuelvan los federalistas”, afirmó. El pronunciamiento se produjo a raíz de las resoluciones del cabildo del Comité pro Santa Cruz, que determinó desconocer un eventual y fraudulento cuarto mandato de Evo Morales.