Preocupa, por ejemplo, leer en la resolución del 18 de enero del Consejo Nacional de la Democracia (Conade), compuesto por políticos de oposición, plataformas ciudadanas y comités cívicos, el pedido a gobiernos de países vecinos (algunos muy radicales) y a organismos internacionales, de que se aplique la Carta Democrática Interamericana en Bolivia. Este tipo de medidas afectan más a la población y, como efecto colateral, desestabilizan al Gobierno. En esta reunión de ‘hombres’ políticos, se trató de demostrar la unidad que no lograron en un partido único, mediante resoluciones que atentan contra la ciudadanía. ¿Cómo? ¿Al pueblo rogando (el voto) y con el mazo dando?	Aún si este temerario pedido no se materializa o no es procedente, no deja de ser peligroso y permite cuestionar la ética y el interés por el bienestar de la población que tienen estos candidatos. Peor aún en el caso del Comité pro Santa Cruz, que debería velar por los intereses de todos los cruceños, en lugar de refrendar esta solicitud.	La aplicación de la Carta Democrática, de acuerdo a los Arts. 20 y 21, inicialmente comienza con la exhortación al Estado, pero si eso no da frutos, se da curso a sanciones que afectarían a la economía del país y se sentirían en el bolsillo de todos los bolivianos, al afectar el intercambio comercial y preferencias arancelarias. Los principales afectados serían los exportadores de carne de Beni, los madereros de Pando, el empresariado y el agro cruceño, los agricultores de Cochabamba, los mineros de Oruro y Potosí, los habitantes del Chaco que no gozarían de los ingresos por la venta de gas; la población de El Alto, tanto en sus importaciones como exportaciones, etc. Toda la población boliviana se vería afectada con disminución de regalías y fuentes de empleo por la imposibilidad de exportar. Uno se pone a pensar: ¿Será que el electorado justificaría y aceptaría un castigo para sí mismo, a fin de eliminar un candidato?