Este viernes por la tarde, cuando los representantes del transporte anunciaron el fin del paro nacional que paralizó a Ecuador por 48 horas, este cronista se encontraba rodeado de campesinos que colocaban piedras para cortar una ruta que une la sierra con la costa ecuatoriana. "Analizando la situación caótica en la que se encuentra el país y habiendo cumplido con dar a conocer nuestro desacuerdo al Gobierno frente al Decreto 883 hoy se termina la medida de hecho", declaraba en un hotel de la capital Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip).Mientras que, en ese mismo momento, en la comunidad rural de Molleturo, el dirigente campesino Manuel Pacheco le decía a BBC Mundo que si el gobierno no derogaba el decreto 883, por el que puso fin a cuatro décadas de subsidio a los combustibles, ellos no terminarían con la protesta. "El presidente (Lenín Moreno) dice que el aumento del combustible no nos afecta, pero si nos tenemos que movilizar de Molleturo a Cuenca (capital provincial) el viaje nos sale dos dólares, ahora tendremos que pagar 5, pero si nosotros llevamos para vender una gallina, no nos van a pagar el doble", insistía Pacheco, mientras su gente seguía arrojando piedras a la vía.Ciudades aisladas. Tras las medidas anunciadas el martes pasado por el gobierno, en las que se destacó la eliminación de los subsidios a los combustibles, además de la baja de salarios y reducción de vacaciones en el sector público, Ecuador vivió jornadas de protestas en las principales ciudades del país.Los actores protagónicos de estas movilizaciones fueron los conductores del transporte público, aunque también se sumaron estudiantes, comunidades indígenas y militantes de corrientes políticas opositoras al gobierno.Algunas ciudades quedaron literalmente aisladas porque campesinos y transportistas en las zonas rurales bloquearon los accesos de entrada y de salida, y se desconoce qué pasará con estos bloqueos ahora que los sindicatos de choferes han levantado el paro."Yo sé que los transportistas quizás tienen más facilidades de hacer dinero, pero nosotros somos campesinos, vivimos de la tierra, prácticamente le damos de comer a la ciudad; si sube el diesel nos sube todo lo que consumimos", le dijo a BBC Mundo Fanny Figueroa, una mujer que participaba de un bloqueo en la comunidad de San Joaquín, a las afueras de Cuenca. Desde Cuenca a Guayaquil, en el sur del país, BBC Mundo debió cruzar -en moto- por toda la cordillera de los Andes para poder observar los cortes en una de las principales arterias del país.Si bien algunos bloqueos fueron hechos con vehículos, otros -como el de Molleturo- fueron provocados con rocas de las inmediaciones que necesitarán más que un anuncio desde un hotel de Quito para levantarse.Tarifas polémicas. Los transportistas no hablaron este viernes de un acuerdo con el gobierno, pero sí remarcaron que, de mantenerse el aumento de los combustibles, será necesaria una revisión de tarifas de los pasajes, y esto es justamente lo que preocupa a un gran sector de la población ecuatoriana.Alexander Ramírez, un transportista entrevistado mientras bloqueaba la salida de Cuenca en la comunidad de Sayausí, explicó a BBC Mundo que su taxi transporta carga y pasajeros en las zonas rurales, y que si un viaje promedio antes costaba dos dólares, ahora no bajará de tres."Nosotros transportamos lo que la gente produce hacia los mercados; obviamente ellos tendrán que subir estos productos para sus consumidores; todos resultaremos afectados: comerciantes, productores, consumidores", indicó Ramírez mientras taxis, camiones y buses interprovinciales hacían imposible entrar o salir de la ciudad.A su lado, el dirigente rural Víctor Bustán, rechazaba las aseveraciones del presidente sobre la reactivación económica que traería al país el fin de los subsidios y destacaba que el campesinado sería el más afectado por la medida."Son mentiras que esto va a mejorar la economía, es una toma de pelo que ya no creemos; los campesinos somos la última rueda del coche en este país donde los que tenemos un trabajo sano, honrado y productivo, estamos olvidados, y los que tienen trabajos de explotación al hombre y a la naturaleza, son los que están ensalzados".Normalidad en veremos. Ahora, tras la decisión de los principales impulsores de la medida de fuerza de levantar el paro, Ecuador se pregunta qué ocurrirá con los otros grupos que se movilizaron por todo el país en las últimas 48 horas.Bajando de la cordillera, en la comunidad de San Pedro, BBC Mundo se encontró con otro retén hecho de piedras que fueron, sin duda, sacadas de la tierra con una excavadora y colocadas en plena ruta.Arcángel Valverde, un líder campesino que comía de una olla improvisada con un grupo de compañeros, aún no sabía de la decisión de los transportistas, pero no parecía dispuesto a levantar las protesta muy pronto."Hemos visto que cuando sube el combustible todo se pone caro, por esa razón nosotros hemos tomado esta medida y nuestra pretensión es estar hasta el último; no nos preocupa ni siquiera que se movilicen los militares, porque esta es una zona estratégica para la lucha, venga quien venga, nosotros somos hechos a la lucha".Cuando el equipo de BBC Mundo llegó por la noche a Guayaquil, el sistema de transporte público se había reanudado y los taxis llevaban gente a los bares y restaurantes que volvían a abrir tras dos jornadas de paro y saqueos.Todo parecía haber vuelto a la normalidad en la segunda ciudad más importante del país.Si no fuera porque la nación andina continúa en estado de excepción, nadie sabe cómo impactará el aumento del combustible en los precios de los pasajes y los productos básicos, y todavía hay varias piedras en el camino.A que nos enfrentamos. El estado de excepción que rige en Ecuador para permitir a las fuerzas de seguridad garantizar los servicios básicos, en medio de las protestas contra las medidas económicas del Gobierno, es un recurso más habitual de lo pensado en esta nación, donde ha sido decretado en unas 100 ocasiones en la última década.El presidente Lenín Moreno emitió el jueves el decreto 884 declarando el estado de excepción en todo el país durante 60 días, a raíz del paro de transportistas y los desórdenes públicos motivados por la elevación del precio de los combustibles, en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida, que debe ser refrendada por la Corte Constitucional y sometida a la fiscalización del Parlamento, continúa en pie a pesar del anuncio de representantes del transporte de suspender la huelga.Esta medida a nivel nacional, aunque puede generar alarma social en otros países, en Ecuador se toma con cierta frecuencia."Es muy habitual en realidad, de excepcional no es nada, más bien es una medida que los distintos Gobiernos han aplicado con mediana frecuencia", explica Santiago Basabe, profesor de Política Comparada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).El analista pone como ejemplo que a lo largo de la Administración del expresidente Rafael Correa (2007-2017) se llegaron a declarar un centenar de decretos de excepción de diferente rango y varios de ellos a nivel nacional, como es el caso de ahora.El último que rigió se registró en agosto de 2015, cuando el volcán Cotopaxi entró en erupción, lo que según Basabe, "fue aprovechado por Correa para dictar una emergencia nacional" a raíz de convocatorias masivas de los sectores indígenas.Pero quizás el caso más sonado de un estado de excepción, recapitula el experto, tuvo lugar el 30 de septiembre de 2010 (30S), que inició como una protesta policial y derivó en disturbios con el arresto de 300 agentes, luego de que Correa considerara que se trató de un golpe de Estado encubierto."De esos 100 decretos (dictados por el expresidente) nunca se declaró inconstitucional ninguno, a pesar de que se dictaron medidas muy drásticas, como en el 30S, cuando hubo censura a la prensa", rememora Basabe destacando que solo pudieron reportar lo que sucedía los medios públicos.La Constitución ecuatoriana permite la adopción de estados de excepción en casos de desastres naturales, calamidad pública o desorden social, pero los expertos refieren que en muchos casos, responden a "situaciones políticas con o sin justificación".La medida puede incluir varias resoluciones y en este caso actual dispone la movilización nacional de entidades públicas, Policía y Fuerzas Armadas para controlar el orden, la suspensión del derecho a la libertad de asociación y reunión bajo el principio de proporcionalidad y una limitación a las aglomeraciones en espacios públicos, entre otras. Con todo, esta decisión no ha impedido que se produzcan violentos altercados entre manifestantes y fuerzas de seguridad.Para Jorge Benavides, decano de la Facultad de Derecho de la universidad UTE y experto constitucionalista, el estado de excepción "es la facultad que tienen los jefes de Estado para poder conjurar situaciones de peligro". La Corte Constitucional, subraya, ejerce un control posterior sobre la declaratoria, teniendo un plazo de 48 horas después de su emisión, aunque puede hacerlo de oficio en sesión extraordinaria. En paralelo, organismos internacionales de derechos humanos deben ser consultados sobre la materia, al igual que el Parlamento, que puede echar abajo la medida.Un decreto es el origen de las manifestacionesEl decreto 883 establece el alza significativa de las gasolinas extra y ecopaís, que pasan de costar 1,85 doláres a 2,39 por galón; mientras, el diésel subió de 1,03 dólares a 2,29, un aumento del 123 %. Esto, por la eliminación de los subsidios estatales a estos rubros, que regían desde hace más de 40 años.El paro se levantó, luego que los transportistas entregaran un petitorio a las autoridades, en el que exigen medidas compensatorias ante el alza de los combustibles y la liberación de varios dirigentes que fueron detenidos durante las manifestaciones. Además, se pidió la revisión de tarifas a los pasajes. Pese a que este sector, que fue el que dio inicio a las protestas, dio por terminada la medida de presión contra el Gobierno, en diferentes pueblos y ciudades se mantienen las manifestaciones contra lo que han denominado un "paquetazo".