Se trata de fenómenos que están acompañando desde su inicio el estallido social chileno, que mantiene a multitud de ciudadanos manifestándose de manera mayormente pacífica en las calles en reclamo de un modelo socioeconómico más equitativo, pero que en paralelo ha dejado ya 23 muertos en distintos actos de violencia (incendios, atropellos y cinco de ellos presuntamente por la acción de agentes del Estado) y miles de heridos.	«La situación que está viviendo el país es extremadamente crítica en materia de seguridad, se está llegando a niveles de violencia que no se registraban en Chile desde el retorno a la democracia bajo ninguna circunstancia. Asaltos, saqueos, enfrentamientos en la calle entre ciudadanos, policías y carabineros absolutamente sobrepasados y desbordados», expuso Espina.	Los 54 saqueos afectaron a locales y establecimientos comerciales en distintas regiones del país, mientras que se reportaron también daños y vandalismo contra la sede del Congreso Nacional, ubicada en Valparaíso, algunas estaciones de metro, el diario La Estrella de Iquique (norte), las oficinas de un juzgado en Santiago, dos gobernaciones provinciales y dos municipalidades.