De los países de la región que fueron pioneros en buscar alianzas público-privadas (APP), solo algunos llegaron a consolidar los planteamientos de este sistema colaborativo a su realidad y llevarlo a un adecuado grado de madurez, según el informe Financiamiento Privado de la Infraestructura pública mediante APP en América Latina, correspondiente al Banco Mundial.	En la entidad figuran Colombia, Brasil, Chile, México y Perú como ejemplos de la implementación de este enfoque de desarrollo y son tajantes en el motivo que logró despuntarlo: la mejora continua de sus marcos regulatorios e institucionales en un proceso iteractivo en el que las leyes son mejoradas mientras se aprende en la implementación de los proyectos. Este reto no es ajeno a la realidad boliviana.	Para el abogado Mauricio Becerra, socio de Becerra de la Roca Donoso & Asociados, la seguridad jurídica para los inversores es importante para impulsar e incentivar la iniciativa privada y recordó que en 2018 se emitió el Decreto Supremo 3469, con el objeto de establecer los preceptos y el contenido mínimo de los Contratos de Alianzas Estratégicas de Inversión Conjunta, con algunos matices en las participaciones público-privadas.	Sin embargo, Ramiro Moreno, socio del consorcio Moreno Baldivieso, expresó que “tenemos una norma, pero no es la mejor”, ya que, por dar un ejemplo, no es tan completa porque no contempla a reparticiones o empresas públicas regionales. Además, aseveró que la empresa privada no solo sería capaz de aportar capital privado, sino también aspectos técnicos y tecnológicos que son necesarios para que las empresas estatales sean más eficientes y rentables.	Por su parte, Fernando Bedoya, socio director de Würth, Bedoya y Costa du Rels Abogados, expuso las perspectivas y casos de países de éxito como Colombia, donde existe una ley destinada a la regulación de APP y cuya peculiaridad radica en que tanto el sector privado como el público pueden tener la iniciativa de fomentar el comienzo de una APP.	“En virtud a la naturaleza de esta modalidad de inversión es importante que al momento de redactar futuras normas que regulen esta figura, se las elabore en coordinación con el gremio empresarial con el fin de que la norma genere un marco legal adecuado y ecuánime”, sostuvo Iver von Borries, socio de Wayar y von Borries Abogados.	Desde el Centro Boliviano de Estudios Económicos (Cebec) observaron que el desarrollo de una norma, además de la voluntad política expresa, deberá hacer un análisis de entorno tomando como referencia distintos indicadores y subindicadores acompañado de un plan específico de mediano y largo plazo para la adopción de estas alianzas en sectores prioritarios, incluyendo fuentes de financiamiento.