La fiscalía anticorrupción del Viceministerio de Transparencia imputó formalmente a Sergio Abraham Imana Canedo, director departamental del INRA y a Nilo Aguirre Perciño, funcionario de dicha entidad estatal, por la ilegal dotación de tierras, de la antigua propiedad San Panuma, incautada por el Estado por el bullado caso Jacob Ostreicher. Los delitos son "incumplimiento de deberes" y "tráfico de tierras".Dicha imputación, a cargo Karla Barrón Hidalgo de la Fiscalía Especializada de Persecución de Delitos de Corrupción,  es concerniente a la adjudicación de predios agrícola ganaderos a 20 supuestas familias campesinas sin tierra. El caso trata de la comunidad Los Cedros I, inherente a solo 1.000 hectáreas del total de las 4.529 hectáreas de San Panuma, ubicado a 100 kilómetros de San José de Chiquitos."Existen los suficientes indicios (...)que el imputado Sergio Abraham Imana Canedo sería con probabilidad autor de incumplimiento de deberes  y Nilo Aguirre Perciño, con probabilidad autor del delito de Tráfico de Tierras", señala el documento, fechado el 3 de mayo, al que tuvo acceso El Día. Pormenores del caso. Los Cedros I, forma parte de las tres comunidades junto a: Cedros II y Los Cedritos, conformadas  luego del proceso de asentamiento realizado el pasado 16 de mayo de 2018, luego de una resolución de dotación de tierras para al menos 90 familias campesinas supuestamente 'sin tierras'. Según denuncias de Anacleto Aguirre Gómez, uno de los cuatro beneficiarios, dicha dotación de tierras a la hora de los hechos no fue tal, debido a que el abogado Nilo Aguirre Perciño, funcionario del INRA, encargado de hacer el proceso de entrega de los predios, les pidió primero abonar 500 dólares mas a cada familia, como concepto de una comisión para beneficio del  INRA. "Paulino Castro, Idonea Pacara, Martha Herrera y mi persona como beneficiarios, hemos sido impedidos de tomar posesión de la dotación de tierras, debido a que nos hemos negado a dar esos  500 dólares de comisión", informó Anacleto Aguirre, al dar a conocer los motivos de su denuncia en contra del INRA. A raíz de esa denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, es que se abre una investigación y la misma constata irregularidades en el lugar. Según el abogado Alvaro La Torre que patrocina a los afectados, da cuenta que tal dotación de tierras no benefició a campesinos sino  recayó en algunos dirigentes y familiares, desnudando así como el caso de Nilo Aguirre, hasta su hermana aparece ocupando el predio. Además, luego de un año transcurrido, el INRA nunca fue a verificar si estaban en el sitio las 90 familias asentadas el pasado 16 de mayor de 2018. Tampoco se establece, conforme a la resolución el parcelamiento y distribución de tierras no solo de Los Cedros I; lo mismo ocurre en Los Cedros II y Cedritos que en total, el asentamiento abarca a 3.000 hectáreas. "Este señor Anacleto Gómez, la víctima fue alejada violentamente, sin poder tomar posesión de su parcela. El INRA hasta el día de hoy no ha subsanado el tema. El otro hecho es que dicha zona tiene vocación ganadera en un 60% y el INRA no ha verificado esa situación", informó La Torre. Realizada la verificación. Según La Torre, en la inspección realizada por la Fiscalía en el proceso investigativo, se estableció que en las 1.000 hectareas de Los Cedros I, no existe la dotación de 50 hectáreas por parcela para cada beneficiario, lo cual demuestra que la distribución fue inexistente, además de la no verificación del INRA de dicho proceso. "En esta investigación el proceso se ha abierto también a otros funcionarios del INRA como ser Gustavo Arellano Morales (abogado) y Cesar Octavio Coronado López (Asesor Legal", detalló La Torre. Hasta el cierre de esta edición, todavía el Juzgado Anticorrupción Tercero Cautelar de Santa Cruz a cargo del Juez, Martín Camacho, no ha convocado a la correspondiente audiencia cautelar para conocer y ordenar la situación legal de Imana y Aguirre.1 Añopasó desde que el INRA asentó campesinos en predios incautados por el caso Ostreicher.