Para el Ministerio Público, se produjo un daño económico de Bs 700.000, que es la suma de la compra de este material. Oliva, que fue cautelado por los delitos de contratos lesivos al Estado, además del arraigo nacional debe tener dos garantes personales y está obligado a presentarse una vez al mes ante el Ministerio Público. Tras la audiencia, el gobernador dijo que no tiene nada que ocultar y recurrirá esa decisión.	Por su lado, el secretario de Justicia de la Gobernación tarijeña, Iván Vaca, en la jornada de ayer expresó su preocupación porque las normas básicas en materia penal establecen que la responsabilidad penal no es solidaria ni es delegable, sino que cada accionar, como en este caso el proceso de contratación, es potestad del servidor público de acuerdo con su participación.	Además, cuestionó el accionar de la Fiscalía porque, según Vaca en la gestión de Oliva se iniciaron distintos procesos penales contra el ex gobernador masista Lino Condori, pero el Ministerio Público no aplica el mismo argumento que tiene en el proceso de Adrián Oliva de que la MAE tiene responsabilidad solidaria y excluye al exgobernador del MAS.	Por su lado, el diputado del MAS Lino Cárdenas pidió ayer a la justicia actuar con solvencia contra los casos de corrupción que se denunciaron en la Gobernación de Tarija y cuya principal autoridad fue arraigado por la compra irregular de cemento para una obra concluida. Según Cárdenas, ese caso es una muestra “tangible” de las irregularidades que hay en la administración departamental de Tarija.