Este estilo había sido usado ya en 2006 cuando debían ingresar a Lliquimuni, en el norte de La Paz, los equipos de perforación de la venezolana PDVSA. Entonces no se aplicó aquello de la “consulta previa”, prevista en las leyes, para que los aborígenes puedan aprobar o no el ingreso de empresas en sus territorios. Los aborígenes protestaron pero no frenaron a PDVSA, una empresa que, como por justicia divina, ha sido destruida por el chavismo.	Ahora, tras la invasión de Tariquía, el gobierno lanza sus muy eficientes comandos de propaganda. Anticipan, como adivinos, que en esa zona se podrán encontrar hasta 13 TCF de gas natural. Habría que patentar este sistema de predicción geológica capaz de adivinar lo que hay debajo de la tierra antes incluso de las pruebas con sismógrafos.	Hay otros métodos que usa el gobierno para invadir parques. El que usó para el Amboró, el Choré, TIPNIS, y otros, terminando en el Valle de Tucavaca, no requirió el uso de la policía. Usó otras fuerzas, que se llaman “interculturales”, nombre que se da a los que antes eran conocidos como “colonizadores”, que abrían la senda para el ingreso de los cocaleros.	Es decir que en esta política de invasión de parques nacionales que tiene el gobierno hay dos sectores privilegiados: el cocalero y el petrolero, en ese orden. El primero tiene que ver con la economía ilegal y el segundo con la legal, que el gobierno atiende en ese mismo orden de prioridades.	En ambos casos, en los proyectos cocaleros o petroleros, el destino de los pueblos originarios no tiene ninguna importancia. Cuando se estaba invadiendo la zona de Lliquimuni escribí una columna que se llamó “La Pachamama puede esperar”, que fue el motivo para mi expulsión de un matutino de cuyo nombre no quiero acordarme.