En los 37 años desde la recuperación de la democracia en Bolivia, la Corte Electoral peor recordada por sus indisimuladas preferencias políticas es quizá aquella de finales de los años 1990, conocida como “la banda de los cuatro”. Manipulación abierta del voto, anulación de ánforas y, por tanto, alteración aberrante de resultados electorales eran parte de su conducta que le valió ese nombre tan singular, que parece describir a cuatreros del más desalmado western de principios del siglo pasado.	20 años después, y a contramarcha de la evolución de las instituciones fundamentales de las democracias del mundo por su confianza y credibilidad, en Bolivia se produce un retroceso en esta materia, porque la ciudadanía ha manifestado en reiteradas ocasiones su desconfianza en los vocales del ahora llamado Tribunal Supremo Electoral, responsable de la organización y administración de los comicios nacionales de octubre próximo. Fueron muchas y diversas las manifestaciones de esa falta de fe en tales administradores, pero ellos avanzan de espaldas al pueblo.	¿Por qué existe esta falta de confianza? Las primeras voces que pusieron en duda la imparcialidad del TSE salieron de la misma institución, a través de la renuncia de tres vocales nacionales y de más de medio centenar de técnicos probos y especializados en comicios, los cuales no fueron reemplazados hasta mucho después. La habilitación del binomio oficialista, aún en contra de la Constitución, es otra de las causas porque desconoce el voto de los bolivianos en el referéndum del 21 de febrero de 2016. La ciudadanía no perdona que los vocales electorales hubieran sido cómplices del desconocimiento de la voluntad popular. A ello se suma la falta de información oportuna y extraños acontecimientos como la presencia de la presidenta de este órgano en la casa de Gobierno, justo un día después de las elecciones primarias, entre otros hechos.	Es lógico entonces que existan protestas diversas y sostenidas desde noviembre de 2017, cuando el Tribunal Constitucional avaló la reelección de Evo Morales, yendo en contra de la Carta Magna. Es llamativo que quienes rechazan las manifestaciones sean el Gobierno del MAS y sectores afines al oficialismo (que es el favorecido con el desconocimiento del voto) y los miembros del TSE en una ‘coincidencia’ que profundiza la desconfianza.	En contrapartida está el MAS y sus movimientos sociales afines: algunos sectores de los gremialistas, alcaldes de provincias, entre otros, que anuncian su rechazo al paro cívico y amenazan con salir a las calles para garantizar la libre circulación. La tensión política que se genera puede desencadenar hechos violentos que todos lamentaremos.	Por eso, tanto a los que apoyan como a los que rechazan el paro hay que recomendarles que eviten el consumo de bebidas alcohólicas y que esta jornada transcurra con responsabilidad y paz. Después del martes, volveremos a ser vecinos de una misma región por la que, sin duda, todos trabajan en pos de bienestar y desarrollo. Y en el ámbito nacional, ojalá que el Tribunal Supremo Electoral no haga más méritos para ocupar en la historia el lugar hoy reservado para “la banda de los cuatro” de los años 1990.