En Santa Cruz, la semana pasada tuvimos el segundo anillo y otras vías principales bloqueados por los micros y trufis. Los transportistas sacaron sus vehículos a obstruir la principal vía, sin que les importe el perjuicio que causaban: la demora de decenas de miles de personas, gente que no podía llegar a trabajar y niños expuestos porque no lograban estar en las escuelas. Además, argumentaban que lo hacían por el pueblo y, como si fuera suficiente, se descargaban con una disculpa. El daño también lo sufrieron ambulancias, impedidas de salir de los atolladeros del tráfico.	Los transportistas cruceños salen a bloquear y a perjudicar por un interés sectorial. No quieren que se ordene el tráfico, quieren seguir entrando al centro de la ciudad, aunque dejen de ser necesarios; no aceptan el BRT porque la ganancia de los pasajes tendrá que ser compartida con el municipio y con la empresa que proveerá el servicio de las tarjetas; quieren el monopolio del autotransporte y no las concesiones que deberían evaluarse cada 15 años. En síntesis, no quieren cambios, quieren seguir teniendo a los usuarios como rehenes de un sistema que no es eficiente, que ignora a estudiantes y ancianos, que cuenta con unidades viejas y peligrosas.	Es muy parecido lo que ocurre en La Paz. La Alcaldía de la sede de Gobierno creó un sistema de transporte público municipal, que se llama PumaKatari, que es cómodo, apto para todos, incluyendo a las personas con capacidades diferentes y que hasta wifi tiene en su interior. Al anunciarse la incorporación de nuevas unidades de la comuna (más pequeñas) y nuevas rutas, los dueños de minibuses salieron a bloquearles el paso a pedradas, hiriendo a usuarios y rompiendo parabrisas. Ayer bloquearon la sede de Gobierno. Lo hacen porque no quieren competencia en el circuito que ellos dominan.	El poder de este sector ha estado históricamente amparado por partidos políticos. Incluso fueron incluidos en las planchas de candidatos, lo que les permitió llegar a los concejos municipales y al Poder Legislativo nacional. ¿Para qué? Para defender y dar legalidad a sus intereses sectoriales. Sin duda representan a un sector cuantitativamente importante de la sociedad boliviana, sobre todo si se considera el crecimiento de la economía informal. No obstante, esa presencia numérica no les da derecho, ni hoy ni nunca, de someter a las principales ciudades del país a una tiranía insoportable.	Al saberse actores importantes de la economía, lo que se espera de ellos es que mejoren la eficiencia de su servicio, lo que pasa por pensar en el usuario, modernizarse y especialmente hacer propuestas para que el tráfico deje de ser insoportable. En ese sentido, si sus planteamientos son convenientes para todos, por supuesto que van a tener el apoyo ciudadano y será una apuesta de ganar-ganar. Para ello será clave que cambien de actitud, que dejen de ver el bloqueo y la violencia como el único método para cambiar la realidad.