La economía nacional no está tan bien como se la pinta en los discursos oficiales. De las palabras que prometen convertir a Bolivia en una potencia mundial a la realidad cotidiana de sus habitantes y de su industria, hay una distancia importante que tiene que ser asumida para encarar el futuro sobre bases reales.	Una revisión de indicadores económicos permite ver que hemos pasado de la bonanza (favorecida por los precios internacionales de las materias primas) a un declive importante; de las cifras positivas a las negativas. Es cierto que está pasando en todo el continente; sin embargo, lo que llama la atención es que se sigue gastando a manos llenas en el Estado, como si no se tomara real conciencia de la coyuntura presente.	De 2008 a 2014 exportábamos más de lo que importábamos, llegando a un superávit de $us 3.233 millones en 2012. No obstante, desde 2015 las cifras se pusieron en rojo y el déficit comercial llegó a $us 1.302 millones en 2017; hasta mayo de 2019, el déficit comercial supera los $us 700 millones, mientras las importaciones siguen creciendo. Los exportadores piden incentivos para que el panorama no sea tan oscuro. Entre tanto, el contrabando sigue en auge y los comercializadores de estos productos que ingresan ilegalmente al país se siguen enriqueciendo sin tributar.	Las ventas de hidrocarburos superaron los $us 6.600 millones en 2014; pero cayeron a menos de la mitad en 2018. El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y las regalías bajaron de $us 24.391 millones en 2013 a 11.934 en 2018; esto significa menos ingresos para los gobiernos subnacionales, que se reflejan en menor inversión pública y en dificultades diarias para cubrir obligaciones en salud, por ejemplo.	Los ingresos son sustancialmente menores, como lo demuestran las cifras oficiales, pero los gastos no parecen haber disminuido de manera coherente con la nueva realidad. En tiempos de ‘vacas gordas’, Bolivia llegó a tener superávit fiscal (ahorros que engrosaron las Reservas Internacionales Netas), pero desde el año 2012 el déficit se hizo presente. El saldo en contra del Estado en 2018 alcanzó los $us 3.257 millones y este año la cifra será mayor, según las previsiones del Presupuesto General del Estado.	El horizonte no es alentador. En materia de hidrocarburos, los esfuerzos exploratorios no están dando los resultados que el Estado espera y están en declive la mayoría de los campos explotados en este momento. A ello se suma que acaba el contrato de venta de gas a Brasil y las negociaciones de nuevos acuerdos implicarán ajustar los precios, lo que significa menos ingresos para Bolivia.	En el sector privado lamentan la falta de incentivos a la producción y exportación, así como un régimen de incrementos salariales que ha afectado los costos de producción, ha deteriorado la calidad y la generación de empleo. En el país, seis de cada 10 empleos están en el sector informal, lo que significa que no respeta salario mínimo ni da garantía de estabilidad, ni permite dignidad para el obrero.	El Estado debe sincerar la realidad de la economía nacional y eso pasa por hacer ajustes en todos los niveles de Gobierno, adoptar medidas de incentivo a la producción privada y también por dejar de alimentar a empresas estatales que han sido deficitarias durante años. Un buen estadista es el que es capaz de mirar a largo plazo y de gobernar pensando en el bienestar de su pueblo a largo plazo, no es que busca resultados inmediatos o impactos electorales que pueden terminar costando caro a todos los bolivianos.