Este hecho generó una reacción coincidente entre los opositores, que consideran que Bolivia se encuentra ante una eminente dictadura y dudan de que el oficialismo reconozca los resultados de la votación si pierde en las elecciones del 20 de octubre, como ocurrió con el referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría votó por el No a una nueva reelección, y pese a eso, Morales se habilitó como candidato por una sentencia constitucional.	“Para el caso de empresas públicas, las proyecciones pueden ser realizadas considerando el análisis de convenios, datos históricos disponibles y punto de equilibrio, principalmente”. El documento manifiesta que la proyección debe incluir productos, bienes y servicios “a ser generados”, así como la programación de las acciones de mediano plazo y considerar gastos de funcionamiento y de inversión que trascienden la gestión 2020.	El jefe de campaña de Comunidad Ciudadana, Ricardo Paz, dijo que en otros países esa planificación puede considerarse una iniciativa de un gobierno responsable, y apostó a que el MAS se amparará en ese argumento, pero afirmó: “Están en otra lógica: aferrados al poder, su propósito único es la repostulación a como dé lugar, y actúan en consecuencia”.	Paz consideró que “no existe la intención democrática de producir una alternancia democrática. Morales y su gente tienen un sentido autoritario. Será muy difícil que entreguen el poder por las buenas. Pero una cosa es lo que quieren, otra lo que pueden, y no creo que puedan contra la voluntad del pueblo boliviano”, aseveró.	Incluso, Barrientos aseguró que “este proceso electoral es una pantomima, un show, un maquillaje de democracia porque, en el fondo, estamos ante un régimen igual al de Venezuela. Para el 21-F fueron invertidos Bs 180 millones y el pueblo dijo que no podían volver a postularse. Violaron una vez el voto, qué nos garantiza que no lo volverán a hacer”, reflexionó.