Lejos de disminuir su impacto, la mafia del contrabando parece empoderarse en la frontera con Chile. Que sus miembros hubieran atacado un puesto aduanero en Pisiga y que quemaran un vehículo, poniendo en peligro a los militares que custodian esa frontera, debería ser un hecho movilizador para todos los niveles del Gobierno. No es la primera vez que se produce un ataque y quizás no sea la última, habida cuenta de que los delincuentes que operan en la zona están armados y organizados.	Por esa frontera entran inmensos cargamentos de electrodomésticos, vehículos indocumentados, ropa usada y todo tipo de mercadería ilegal. Los contrabandistas tienen flotas de camiones y utilizan radares, drones, además de custodios armados que escoltan sus productos. No solo eso, en la Policía hay uniformados procesados por proveer claves de acceso a los contrabandistas, a fin de que circulen por el territorio nacional sin que nadie los moleste. Tales dispositivos valen fortunas, lo que es señal de que quienes controlan la operación de estas bandas, obtienen millonarias ganancias, las mismas que se reflejan en el comercio informal, que no emite factura, pero que explota recursos humanos en los mercados más céntricos de las principales capitales del país.	El contrabando opera afectando a la empresa boliviana. Las mercancías que llegan al país hacen competencia desleal a las industrias nacionales y a los negocios formalmente constituidos. Ejercer un mejor control es el clamor del sector privado nacional, pero parece una siembra en el desierto, porque hasta el momento el Gobierno no lo ha logrado.	Las acciones gubernamentales han ido cambiando progresivamente: pasó de la fiscalización de la Aduana y el Control Operativo Aduanero en las fronteras a la creación del Viceministerio Lucha Contra el Contrabando, dependiente del Ministerio de Defensa y con apoyo de militares. Las cabezas de estas instituciones señalaron, en más de una ocasión, que carecen de recursos modernos para enfrentar a una mafia que utiliza la última tecnología para lograr sus objetivos. Los choques periódicos, en los que los contrabandistas atacan e incluso matan, son la clara muestra de esa queja institucional.	A lo anterior, se suma la última denuncia del viceministro de lucha contra el contrabando: que hay dos clanes familiares que operan en la frontera con Chile, que tienen identidad boliviana y chilena, pero, además, que uno de ellos ha estado o está vinculado con el narcotráfico. Esto demuestra que la mafia organizada tiene actividades diversificadas: ingreso ilegal de mercadería, tráfico de sustancias controladas y también de seres humanos.	Está bien que el viceministro identifique a los clanes, pero la simple denuncia no basta si el Gobierno no demuestra que tiene la capacidad de detener y procesar a los cabecillas. No solo eso, también es preciso poner freno a la comercialización dentro del país de la mercadería ilegal; debe demostrar que es capaz de impedir que vehículos sin placa y sin documentos sigan circulando con impunidad en el trópico de Cochabamba y en otras ciudades intermedias del país.