En una concurrida asamblea extraordinaria en oficinas de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), productores afiliados a la organización productiva, acordaron exigir un pago de $us 300 por tonelada a las industrias aceiteras. Además, se dio un ultimátum al Gobierno, hasta el miércoles, para que dé cumplimento a sus pedidos.	El presidente interino de Anapo, Fidel Flores, dio cuenta que la asamblea resolvió, como primer punto, exigir el pago de un precio ‘justo’ del grano de soya a la agroindustria local. Como segundo punto, se insta al directorio de Anapo a continuar las negociaciones con el Gobierno para conseguir la liberación de las exportaciones. “Todos los asociados se declaran en estado de vigilancia permanente... hasta que se dé cumplimiento al compromiso del presidente del Estado (Evo Morales) de disponer la liberación inmediata de las exportaciones del grano de soya”, puntualizó Flores.	También alertó que de fracasar estos pedidos existe un riesgo inminente de disminución drástica de la siembra de soya en invierno, situación que se podría alargar de manera indefinida, por lo que repercutiría negativamente en otros sectores como los avicultores, porcinocultores y lecheros. “Se les pide tomar sus previsiones”, advirtió el dirigente soyero.	También se encomendó al directorio solicitar medidas urgentes de reactivación financiera para aliviar las deudas que tienen con los proveedores de insumos, maquinarias y entidades financieras. Además, se exige la inmediata aprobación del reglamento previsto en el decreto supremo 3874 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y evento Intacta, además de viabilizar otras normativas similares para el uso de biotecnología en el cultivo de maíz y de algodón.	Marcelo Cruz, presidente de la Asociación de Transporte Pesado Internacional, manifestó su total respaldo a los productores, porque considera que sus pedidos benefician a toda la cadena productiva, donde ellos son parte de la logística de transporte del grano desde los campos de producción hasta los complejos graneleros y mercados de exportación.	Por su parte, Deysi Choque, ejecutiva de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de las Cuatro Provincias del Norte, afirmó que en máximo 10 días ya se debe solucionar totalmente esta situación, debido a que desde junio los proveedores de insumos comienzan a realizar la cobranza. También informó de que el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, se comprometió a eliminar la burocracia para que fluya el comercio internacional del ‘grano de oro’.	En esa misma línea, Isidoro Barrientos, presidente de la Cámara Agropecuaria del Pequeño Productor del Oriente (Cappo), comentó que la incertidumbre en los precios no debe pasar de la próxima semana. Hizo notar que sectorialmente han pedido un compás de espera a las casas comerciales mientras se resuelve la situación con la industria.	Desde la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Santa Cruz (Cadex), de la que son afiliadas las industrias aceiteras, el presidente Oswaldo Barriga, a tiempo de lamentar la decisión asumida por Anapo, advirtió que el imponer un precio, a conveniencia del sector, puede desordenar la economía del país como ha pasado desde que al actual Gobierno se le ocurrió fijar precios, cupos y restricciones a las exportaciones.	Hizo notar que la consigna de precio de Anapo obligará a la industria a vender los subproductos derivados del grano de soya -aceite y harina- más caro, afectando a la población y a los avicultores, porcinocultores y criadores de bovinos de carne y de leche que usan la harina en la dieta animal. “El agricultor no tiene que olvidarse que la industria procesa el grano y lo vende a precio de mercado global”, precisó Barriga.