La libertad de prensa, uno de los derechos fundamentales de la democracia, se encuentra en terapia intensiva. Nada que celebrar, advirtió ayer la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), mientras la organización de derechos humanos Voces del Sur señaló a los Estados como principales responsables de las amenazas contra la libertad de prensa.	RSF alerta que “estas presiones financieras no son nada desdeñables, no en vano Bolivia es uno de los países más pobres de Suramérica”. Además, “los periodistas que incomodan al Gobierno son víctimas de encarnizamiento judicial, como muestran los casos de Wilson García Mérida (desde 2016) y de Yadira Peláez Imanereico (desde 2017). A estos casos se suman las detenciones arbitrarias de reporteros, así como un alto grado de impunidad, lo que atiza la autocensura”.	El asesinato del columnista saudí Jamal Khashoggi y el del joven periodista de datos eslovaco Jan Kuciak, que tuvieron gran repercusión en los medios de comunicación, muestran la inconmensurable determinación de los enemigos de la libertad de prensa. Más de la mitad de los periodistas asesinados en 2018 fueron atacados de forma deliberada.	En su informe sobre la libertad de expresión en América Latina, VDS destacó que la violencia, la impunidad y el autoritarismo están afectando a la región de manera negativa, que sufrió el pasado año 734 agresiones a la prensa en ocho países analizados -Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela-.