La supresión de los datos personales en el entorno online, comúnmente conocido como ‘derecho al olvido’, consiste en la potestad que tiene cualquier usuario para solicitar borrar, bloquear o suprimir información personal en los buscadores de internet, que de alguna manera afecta el libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, o que podría considerarse como obsoleta, pues carece de sentido que se tenga acceso a ella después de mucho tiempo y ya no sirve a los fines para los que fue recabada y publicada.	El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publicó, el 13 de mayo de 2014, una sentencia que obligaba a los motores de búsqueda en internet a cumplir con las normas de protección de información personal que afecta a cualquier otra empresa, por lo que se estableció esa fecha, como el Día del derecho al olvido.	En la práctica, esto obligaba a los motores de búsqueda, como al gigante Google, a quien iba dirigido la sentencia en particular, a ofrecer a cualquier usuario el derecho a la supresión de sus datos personales en internet. Esto fue lo que, en efecto, pasó a denominarse el ‘derecho al olvido’.	En este sentido, y según el artículo 17 del RGPD (el original se puede consultar en el enlace: Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, el derecho al olvido se recoge de la siguiente manera: el interesado podrá invocar su derecho a suprimir los datos personales y el proveedor del servicio estará obligado a hacerlo en los siguientes casos:	- Cuando se trate de datos de menores de 16 años y que se hayan recogido sin la autorización del titular de la tutela del niño en cuestión en el ámbito, aunque suene redundante, online. El proveedor del servicio, que ejerce la función de procesador de datos, siempre que se den esos supuestos, tiene la obligación de borrar toda la información.	Si hace una semana el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fallaba a favor de Google para tener que eliminar enlaces solo en territorio comunitario, ahora, según el diario El País el Tribunal Supremo español ha fijado como jurisprudencia eliminar los resultados de búsqueda sobre personas que según sentencias judiciales sean erróneos o inexactos.