Es un caserío llamado Capiguasuti. El bosque de espinas, el polvo o el aire caliente puede ocultarlo. Pero Capiguasuti está ahí, a cinco kilómetros del centro de Charagua. Basta con conocer a la abuela guaraní Rómula Jacinto (60) para saber que en las casitas de barro, madera y ladrillos que se ven acá viven 59 familias; que el agua llega pero que no es potable; y que conseguir una garrafa de gas es una proeza que cuesta hasta el doble que en Santa Cruz o en La Paz, pese a los ricos yacimientos de gas de su subsuelo.	Es que en dos semanas habrá un referendo por el Estatuto Autonómico Originario Guaraní Charagua Iyambae. Los que van por el Sí lanzaron su campaña hace nueve días en las comunidades rurales. Los que van por el No apenas han empezado esta semana en el centro de Charagua. Es cosa de ver. Desde el 21 de agosto, la movilización llegó a cada caserío. Capiguasuti existe, sus votos también; tanto como su pobreza, que por diaria casi se diluye en la costumbre.	“Yo no le entiendo a la política, no estoy muy al tanto, si va a empeorar o va a mejorar con el estatuto”, dice la abuela, que vive acompañada de dos nietos, su hija y su yerno, porque sus otros cinco hijos debieron mudarse a la capital en busca de trabajo.	“Nosotros nos medimos con el alimento para que alcance”, cuenta Rómula Jacinto, asombrosamente risueña. Piel tostada, delgadita, de pliegos en el rostro y de un sencillo vestido negro con flores, para hablar ella ha dejado un rato su oficio de hacer pan. Con sus ingresos y con los de su yerno llegan a juntar hasta Bs 1.000 por mes, lo que es poco menos de un dólar diario por cada una de las cinco personas que viven en su casita; algo que el Banco Mundial clasifica como ‘extrema pobreza’, desde el punto de vista del nivel de los ingresos.	La ironía que más duele acá es la del gas. Magaly Gutiérrez viajó hace poco a La Paz y, sobrecogida, vio cómo las redes de gas domiciliario recubren la sede de Gobierno y El Alto extendiendo el servicio a cada familia por una tarifa que varía entre Bs 12 y Bs 20 por mes, mientras que en su pueblo, Charagua, el municipio donde hay pozos productores, adquirir una garrafa es una hazaña que puede costar hasta Bs 40 dependiendo de la época.	Responsable de la ONG Cipca, habilitada para hacer campaña por el Sí al estatuto, Gutiérrez sostiene que una pequeña clase acomodada tradicional supo sacar provecho del modelo municipalista de la política y plantea que el estatuto puede convertirse en la respuesta para gestionar un modelo de desarrollo que genere riqueza para todos con base en la economía de los hidrocarburos.	“A partir de la aprobación del estatuto, a través de leyes podemos captar recursos directamente del Gobierno central, ya no por vía Gobernación. (...) Ahora hay un mecanismo de distribución de recursos de los hidrocarburos: 50-40-10. Para los productores, para los no productores y para los indígenas. A nosotros nos toca solo el 10% así”, explica Rubén Ortiz, uno de los jefes de campaña de la APG por el Sí. Para él está claro que con la aprobación del texto propuesto se consolidará un sistema de gobierno que permitirá atraer los beneficios del gas. Y con ese discurso machaca en los caseríos. Una y otra vez.	No todos creen eso. Hay quien ve que el estatuto no es la respuesta a la pobreza que azota a Charagua. María Antonia Arancibia, que es a la vez presidenta del Comité Cívico y delegada de la junta vecinal del Barrio Universitario, sostiene que el estatuto no ofrece soluciones para el desarrollo, que genera una “división racista” para el municipio que puede conducir a disputas.	Sobre el plan de la APG de gestionar más recursos para Charagua a partir de la autonomía indígena, la Gobernación de Santa Cruz dice estar de acuerdo. “Me parece bien que le pidan al Gobierno más recursos, ellos manejan el 86% del presupuesto total del país, la Gobernación solo el 1%, y nos transfieren competencias sin recursos como el caso de los hospitales, pago de prediarios, títulos de bachiller y almuerzo escolar para 170.000 niños”, responde Carlos Schlink, secretario de Hacienda.	“La autonomía indígena de Charagua fue planteada como una reivindicación política y económica. No es raro que busquen que así se generen condiciones para su desarrollo. Tampoco es raro que la Gobernación apoye que se pida más plata al Estado central porque ellos solo generan el 8% de los recursos que perciben, lo demás lo buscan en el ‘pezón’ del Estado central”, retruca Pablo Deheza, director de Autonomías.	Maribel Aldame, una joven madre soltera de 20 años, cuenta que no sabe del estatuto ni de la famosa caravana esa que pasó por el pueblo. Vive en una casita de barro en Güirakuputi, comunidad guaraní del camino. Comparte un cuarto de tres por tres metros con su niña de un año, su madre, Maribel Oliva, su padrastro y dos hermanitos. Un hacinamiento de cárcel boliviana.