La oposición advirtió ayer que el Gobierno, a través del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, dirigido por el Ministerio de Justicia, creó la Comisión Interinstitucional de Acción Inmediata para perseguir alcaldías y gobernaciones que no están bajo su línea sin respetar la autonomía y le exige el sustento de una ley.	En ambas normativas se establece que el consejo está conformado por el Ministerio de Justicia, el de Gobierno, el Ministerio Público, la Contraloría General, la Unidad de Investigaciones Financieras, la Procuraduría y representantes de la Sociedad Civil Organizada, de acuerdo con lo establecido en los artículos 241 y 242 de la Constitución.	La ley Quiroga, en el mismo artículo 6, remarca que las entidades que integran este consejo son “independientes en el cumplimiento de sus atribuciones específicas en el marco de la Constitución” y el artículo 7 inciso 1 establece que su potestad es “proponer, supervisar y fiscalizar las políticas públicas, orientadas a prevenir y sancionar actos de corrupción para proteger y recuperar el patrimonio del Estado.	Se disparó la susceptibilidad y las críticas no se dejaron esperar en la oposición. El jueves, el senador opositor Yerko Núñez declaró a ANF que su creación es “peligrosa” porque se apropia de facultades del Ministerio Público y de otras instancias con la pretensión de someter a las alcaldías y gobernaciones que no piensen como el Gobierno.	El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Israel Centellas, consideró ayer que las atribuciones de la comisión afectan a la independencia del Ministerio Público y a las autonomías de los gobiernos subnacionales. “El Ministerio Público tiene que trabajar de forma independiente en todo lo que es la investigación de un delito y su brazo operativo es la Policía, (por tanto) entre ambas instituciones tienen que llegar a la verdad histórica de los hechos”, afirmó Centellas a ANF.	El diputado Wilson Santamaría, también opositor, recalcó que la creación de esta comisión debe tener un respaldo jerárquico normativo, donde se establezcan los límites y las reglas de forma muy clara. “Haberlo hecho como se hizo parece vulnerar las competencias de otras entidades del Estado y que hoy interviene alcaldías afines al MAS, pero que en cualquier momento amedrentará o perseguirá a las entidades que están manejadas por la oposición”. Sin embargo, anunció que la valoración legal concluirá el lunes “y entonces veremos a qué instancia recurrimos para recuperar la libertad e independencia que deben tener los órganos del Estado”.	Un criterio similar expresó el alcalde de La Paz, Luis Revilla. “Si desde los ministerios e instituciones están encuadrados en marcos legales, se habla de coordinación, pero cualquier acto que haga una institución pública se deje ajustar al cumplimiento de la ley. Habrá que ver si existe un marco legal para este tipo de acción. Que yo sepa no la hay”, dijo.	El líder de UN, Samuel Doria Medina, también dudó que exista una legislación que respalde estas actividades y, acotó, “dudo que esto no termine constituyendo un mecanismo político con el cual el MAS presione a las autoridades de la oposición o directamente las saque de en medio”. Sugirió que los alcaldes deberían reunirse por fuera de la FAM, “que se ha convertido en un brazo del ejecutivo”, comentó, para evaluar esta situación y dar una respuesta general.	En los procesos, cada una de las instituciones cumple su rol constitucional, y lo desglosó: “El Ministerio de Justicia recibe y procesa la denuncia a partir de las unidades de transparencia. La Contraloría sigue a la unidad jurídica para ver los procesos judiciales y coactivos. La Contraloría fiscaliza los procesos de contratación, incluso en curso. La Policía rinde las garantías y seguridad y si se hallan temas que generen indicios de corrupción, se convoca al Ministerio Público”. Así, sustentó que el Gobierno no invade competencias ajenas.	La comisión, recalcó, ingresará a la institución para hacer una labor de verificación. “No se perjudica el normal desarrollo de la misma, no se suplanta ni se suspende a autoridades, tampoco se congelan cuentas. Simplemente se hace una verificación de la situación jurídica, del trabajo de las unidades de transparencia, los procesos de contratación y si se encuentran elementos de corrupción son denunciados al Ministerio Público, que también es parte del Consejo, o se inicia un proceso con las autoridades encargadas por ley”. De esta forma, aseguró que no habrá injerencia.