Después de que el Ministerio de Trabajo declarara ilegal el paro del Colegio Médico de Bolivia y anunciara sanciones a quienes acataron esta postura, la Fiscalía descartó que exista alguna orden de aprehensión en contra de los profesionales y las caras visibles de la protesta, quienes amparados en el artículo 53 de la Constitución (que respalda el derecho a la huelga en defensa de sus derechos) piden garantías para trabajar con las condiciones de bioseguridad adecuadas y la ampliación de ítems y equipos.	El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó este sábado que no hay ninguna denuncia en curso u orden de aprehensión contra el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, y contra el titular del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes), Fernando Romero. Sin embargo, en medio de esta coyuntura resurgió el recurso de Acción Popular en contra de los paros que los galenos realizaron en rechazo a la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) en enero de este año.	“Lo que existe, tengo entendido, es que se dé estricto cumplimiento a lo dispuesto en la tutela a la Acción Popular presentada. Esta instancia, en su proveído, conmina al Colegio Médico de La Paz y sus representantes a cumplir y observar el referido fallo, fue esa conminatoria que se les notificó”, explicó Alave a ABI. Esta situación también fue abordada desde el Ministerio de Salud. “Solo se mandó una notificación recordando que hay este tema. Solo es un recordatorio, no hay nada de juicios o algo parecido”, refirió una fuente de la entidad vía telefónica.	En este contexto, Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz, recordó que la sentencia de la Acción Popular estipula que el Ministerio de Salud, el Servicio Departamental de Salud y la municipalidad deben garantizar que los servicios de salud estén abiertos y que así sucedió en días pasados, por lo que no hay argumentos debido que los pacientes que llegaron a emergencias fueron atendidos.	En un documento al que accedió EL DEBER, el Sirmes resuelve y exige al Gobierno cumplir con dos tareas. La primera es el de ofrecer garantías laborales para no exponer la vida de los médicos (en referencia al fallecimiento de Ximena Cuéllar y Gustavo Vidales) debido a “condiciones carentes de bioseguridad”.	La segunda demanda se refiere a los medicamentos, insumos, equipos, ítems e infraestructura “para dar una atención medica digna a los pacientes que hoy por hoy no tienen este beneficio”. En este sentido y si alguno de los galenos es procesado, estos no descartan radicalizar sus medidas e ir a una huelga general indefinida y acudir a instancias internacionales, temas que definirá el lunes (mañana) la conformada Comisión de Defensa de la Salud. Estas medidas tienen el respaldo del Colegio Médico de Bolivia, según el presidente Erwin Viruez, quien expresó que la solución de este escenario está en manos del Ministerio de Salud.