“Buscan adueñarse de nuestro trabajo bajo la excusa de que no hemos invertido siendo que la Alcaldía es la que entrega los documentos de propiedad del servicio público. En los últimos cinco años hemos adquirido más de 2.500 vehículos 0 km y estamos endeudados”, dijo Guerrero al anunciar que, de igual manera, encararan una lucha jurídica.	El secretario municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, lamentó la medida y reiteró que la Ley de Movilidad Urbana no busca perjudicar a ningún sector, pero tampoco beneficiar a un sector por encima de los intereses de la ciudad. “A través de esta nueva ley vamos a regular el servicio del transporte público para el beneficio de los 2 millones de habitantes, porque en 40 años (los transportistas) no han tenido la capacidad para hacerlo”.