Los jurados, cuyas identidades se mantuvieron en secreto, acordaron el veredicto tras seis días de deliberaciones sobre un “alud” de pruebas, al decir de las autoridades, reunidas desde fines de la década de los 1980 para demostrar que Guzmán y su siniestro cártel de Sinaloa ganaron miles de millones de dólares con el contrabando de toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos.	Catorce delincuentes que cooperaron con las autoridades hablaron sobre la voluntad de Guzmán para usar la violencia en contra de sus enemigos. Entre ellos se encontraban sus lugartenientes en Sinaloa, un especialista en codificación informática y un proveedor colombiano de cocaína que se sometió a una cirugía plástica extrema para modificar su apariencia.	Un sinaloense describió cómo los trabajadores introducían cocaína en latas de jalapeños, en cargamentos que sumaban 25 a 30 toneladas de cocaína por valor de $500 millones anuales. Otro declaró que en ocasiones Guzmán actuaba como su propio sicario: una vez, para castigar a un sinaloense que se atrevió a trabajar para otro cártel, lo secuestró, golpeó, hirió de bala y lo hizo enterrar vivo.	Bajo esta acusación destaca la presunta relación de Guzmán con líderes del cártel del Norte del Valle y con otros distribuidores, además de 26 violaciones a las normas internacionales que prohíben la distribución de cocaína, heroína, mariguana y drogas sintéticas. El cargo también contempla la conspiración para cometer asesinato, la cual habría ocurrido entre enero de 1989, meses antes de la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo alias “Jefe de Jefes”, y septiembre de 2014, semanas después de la segunda aprensión de Guzmán.