El ministro de Justicia, Héctor Arce, informó el miércoles que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (NNUU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, enviará una comisión a Bolivia para constatar los abusos a los derechos humanos que se registran en el país, por parte de grupos radicales que están en contra de los resultados de las elecciones generales y la victoria del presidente Evo Morales.	"La Alta Comisionada comprometió enviar una misión a Bolivia para constatar los abusos a los derechos humanos, la incitación a la violencia racista de grupos opositores y comités cívicos, así como la exacerbación del odio e intolerancia, como parte de los atentados al orden constitucional", indica un boletín institucional del Ministerio de Justicia.	Según el boletín de prensa, la autoridad también puso en conocimiento de la Alta Comisionada y de su equipo técnico, la situación de desestabilización de la institucionalidad democrática en Bolivia originada a partir del proceso electoral del 20 de octubre, que es impulsada por el candidato perdedor Carlos Mesa y por grupos conservadores y opositores al gobierno de Morales, quien resultó ganador de dichos comicios en primera vuelta.	En ese marco, Arce explicó a Bachelet que el escenario de desestabilización fue sostenido con fines políticos pese a que el Gobierno boliviano dio una muestra indiscutible de su transparencia solicitar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) la realización de una auditoría integral al cómputo electoral, medida que recibió el apoyo de más de una veintena de países.	El ministro de Justicia, Héctor Arce, informó el miércoles que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (NNUU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, enviará una comisión a Bolivia para constatar los abusos a los derechos humanos que se registran en el país, por parte de grupos radicales que están en contra de los resultados de las elecciones generales y la victoria del presidente Evo Morales.	"La Alta Comisionada comprometió enviar una misión a Bolivia para constatar los abusos a los derechos humanos, la incitación a la violencia racista de grupos opositores y comités cívicos, así como la exacerbación del odio e intolerancia, como parte de los atentados al orden constitucional", indica un boletín institucional del Ministerio de Justicia.	Según el boletín de prensa, la autoridad también puso en conocimiento de la Alta Comisionada y de su equipo técnico, la situación de desestabilización de la institucionalidad democrática en Bolivia originada a partir del proceso electoral del 20 de octubre, que es impulsada por el candidato perdedor Carlos Mesa y por grupos conservadores y opositores al gobierno de Morales, quien resultó ganador de dichos comicios en primera vuelta.	En ese marco, Arce explicó a Bachelet que el escenario de desestabilización fue sostenido con fines políticos pese a que el Gobierno boliviano dio una muestra indiscutible de su transparencia solicitar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) la realización de una auditoría integral al cómputo electoral, medida que recibió el apoyo de más de una veintena de países.