Hace 10 años se promulgaba la nueva CPE, la única producto de una Constituyente. Lo relevante es el cambio del modelo de Estado, de la democracia representativa a la directa, como efecto del final de la partidocracia. Una CPE es un pacto social y es una carta de garantías, a 10 años de su vigencia ¿cuál es el balance en institucionalidad?	2. La violación a la soberanía del Pueblo, como único titular para reformar el texto, el 21-F fue desconocido por el tribunal protector del proceso de cambio y no de la CPE. Esto significa la ruptura de la democracia directa ejercida mediante referéndum. Significa la destrucción de las dos únicas formas de reforma, parcial y total, porque se dejó sin efecto artículos de la CPE que ponían límites a la reelección por una sola vez de los cargos políticos electos.	3. El modelo de Estado con autonomías fue violentado por la centralización del poder, en competencias y recursos; se centralizaron competencias exclusivas, concurrentes y compartidas, y se han transferido obligaciones del nivel central para ser financiadas con recursos de las regiones, el resultado es: gobiernos autónomos endeudados, pidiendo desesperadamente aval central para endeudarse más. El Estado autonómico solo es un concepto. El pacto fiscal no existe ni en proyecto.	4. El Estado plurinacional de 36 pueblos indígenas, con justicia ordinaria e indígena diferenciadas, tiene toda su institucionalidad destruida. La protección y autonomía de sus territorios fue sometida a la extracción de sus recursos naturales por encima de la garantía constitucional. La jurisdicción indígena no ha sido implementada. Su institucionalidad de representación en manos del poder político y la prebenda.	6. Los cambios de la CPE en materia de lucha contra la corrupción y el daño ocasionado en el ejercicio del poder, donde el daño económico al Estado no prescribe y se investigan los hechos ilícitos de manera retroactiva, ha sido violentada por la cooptación de instituciones medulares: Fiscalía, Contraloría y Procuraduría administradas por el Gobierno, violentando la independencia de los órganos y colocando al país en el puesto 29 de los 100 más corruptos de Latinoamérica. En materia constitucional, la ignorancia no sirve como prueba de descargo, el presidente, conforme al art. 172-1 de la CPE, jura cumplir la Constitución y las leyes.	En 10 años se ha vulnerado la naturaleza y la base fundamental del Estado, llegando al extremo de desconocer el derecho al sufragio como la máxima expresión de la democracia. Para garantizar la democracia directa se constituyó como poder del Estado el Tribunal Electoral, supremo árbitro electoral, hoy en estado calamitoso.