El alcalde orureño por el Movimiento Ciudadano San Felipe, Édgar Bazán, tiene medidas sustitutivas por la construcción del puente distribuidor de vehículos; el edil de Tinguipaya (Potosí), por el MAS, Daniel Mamani pagó Bs 65.000 a las víctimas para evitar ser procesado, pues está involucrado en la muerte violenta de una mujer y el edil de Punata (Cochabamba), Henry Nelson Rojas, de Unico, está en la cárcel acusado de estafa.	En Santa Cruz también hay munícipes con denuncias. El alcalde electo por Demócratas en Portachuelo, Juan Carlos Borja, está prófugo y es buscado para que responda a las denuncias por supuesta falsificación de su libreta de servicio militar, mientras que el gobernador electo de Santa Cruz deberá acudir hoy, a las 15:30, al Tribunal de Sentencia Tercero para continuar con el juicio oral por el referendo autonómico.	La etapa transitoria se convirtió en un ‘dolor de cabeza’ para el alcalde electo por Demócratas del municipio Cercado de Cochabamba, José María Leyes, y para el nuevo gobernador tarijeño de la alianza UDA, Adrián Oliva, pues no tienen respuesta de la solicitud que hicieron esas entidades. En ese marco, Leyes anunció que hoy llegará al ejecutivo edil a la espera de la respuesta de su pedido y, de encontrarse con otra negativa, acudirá a los estrados judiciales para denunciar al alcalde saliente Armando Vargas por incumplimiento de deberes. “Iniciaremos una gestión a ciegas, no tenemos ninguna información de cómo está el municipio”, dijo Leyes.