Los cruceños somos rehenes de un sector corporativo, el de los transportistas. Se oponen a la Ley Municipal de Movilidad Urbana, piden que sea abrogada, pero no proponen nada a cambio. Están cuidando sus intereses, no quieren que les toquen sus micros, no quieren que les alteren el desorden actual del tráfico de la ciudad. El precio del desencuentro entre ellos y el municipio lo paga el ciudadano.	La Ley de Movilidad Urbana plantea el funcionamiento de buses de transporte rápido (BTR), modernos, con capacidad para 90 pasajeros, que funcionarán inicialmente en el primer anillo y después en otras vías de la ciudad. Los dirigentes del Sindicato de Micros Santa Cruz, que aglutina a todos los dueños de buses de la urbe, rechazan esta norma, porque compraron nuevos vehículos para dar comodidad a los usuarios, pero dicen que esas inversiones pueden quedar diluidas, ante la obligatoriedad de emplear buses BTR.	A los dirigentes de este sector tampoco les gusta la modalidad de concesión de rutas que se plantea. Hasta aquí, el municipio entrega trayectos en concesión y son los dirigentes de las líneas de micro los que disponen quién trabaja en el lugar, cuántos vehículos prestan servicio, con qué frecuencia, cuánto cobran por el derecho a circular en esa zona, etc. He ahí que ahora tenemos caos en la ciudad, micros que salen con lentitud para alzar la mayor cantidad de pasajeros, pero que después corren y ponen en riesgo a los usuarios, generando caos urbano. Los que se oponen a la nueva norma no quieren perder sus privilegios.	El problema es que hay críticas, pero no hay propuestas. El sindicato asegura que ya hubo consensos y que la Alcaldía no los cumplió. La norma ya está aprobada y debería velar por el bien de la ciudad y de sus habitantes; si esto pasa por afectar a un sector corporativo, tendrá que hacerse respetar a la autoridad. No puede ser que el bien de todos esté en manos de unos pocos que cuidan sus propios intereses.	Los dirigentes están bloqueando a diario la ciudad en horario pico. Además, amenazan con radicalizar medidas e incluso cerrar el ingreso al vertedero de Normandía. Seguramente, son conscientes de que con estas medidas atentan contra la libre circulación, establecida como derecho en la Constitución y contra la salud de la ciudadanía, delito establecido en normas nacionales.