La salvaguarda (incluida en el principio de acuerdo para el Brexit que alcanzaron Bruselas y Londres en 2018) se diseñó para evitar que se introdujera una frontera dura en la isla de Irlanda cuando Reino Unido abandone la UE, sea cual sea el acuerdo comercial que finalmente se logre entre Londres y Bruselas.	Los parlamentarios a favor de Brexit se opusieron al acuerdo de 2018, diciendo que la salvaguarda vincularía a Reino Unido con la UE pase lo que pase, dejando al país bajo la supervisión de los jueces de la UE e impidiéndole llegar a acuerdos comerciales en todo el mundo. El rechazo del Parlamento al acuerdo obligó a la entonces primera ministra Theresa May a dimitir de su cargo.	En primer lugar, habría una frontera reglamentaria en el Mar de Irlanda entre Irlanda del Norte y Reino Unido. Los productos procedentes del Reino Unido tendrían que ser controlados para asegurarse de que se ajustan a las normas de la UE, dado que Irlanda del Norte seguiría formando parte del mercado único europeo.	"Cualquier forma de controles y comprobaciones en la frontera y sus inmediaciones significaría el fin del comercio sin fricciones y, como tal, perjudicaría a la economía de toda la isla y representaría un grave riesgo para el proceso de paz", dijeron los legisladores de la Unión Europea en respuesta al plan del Reino Unido.	Reino Unido ha propuesto que el impuesto sobre el valor añadido y el impuesto especial sobre las mercancías que circulan entre Irlanda e Irlanda del Norte no se paguen o contabilicen en la frontera. Los responsables de la UE afirman que esto no puede funcionar si Irlanda del Norte sigue estando alineada con las normas del mercado único del bloque.	La salvaguarda (incluida en el principio de acuerdo para el Brexit que alcanzaron Bruselas y Londres en 2018) se diseñó para evitar que se introdujera una frontera dura en la isla de Irlanda cuando Reino Unido abandone la UE, sea cual sea el acuerdo comercial que finalmente se logre entre Londres y Bruselas.	Los parlamentarios a favor de Brexit se opusieron al acuerdo de 2018, diciendo que la salvaguarda vincularía a Reino Unido con la UE pase lo que pase, dejando al país bajo la supervisión de los jueces de la UE e impidiéndole llegar a acuerdos comerciales en todo el mundo. El rechazo del Parlamento al acuerdo obligó a la entonces primera ministra Theresa May a dimitir de su cargo.	En primer lugar, habría una frontera reglamentaria en el Mar de Irlanda entre Irlanda del Norte y Reino Unido. Los productos procedentes del Reino Unido tendrían que ser controlados para asegurarse de que se ajustan a las normas de la UE, dado que Irlanda del Norte seguiría formando parte del mercado único europeo.	"Cualquier forma de controles y comprobaciones en la frontera y sus inmediaciones significaría el fin del comercio sin fricciones y, como tal, perjudicaría a la economía de toda la isla y representaría un grave riesgo para el proceso de paz", dijeron los legisladores de la Unión Europea en respuesta al plan del Reino Unido.	Reino Unido ha propuesto que el impuesto sobre el valor añadido y el impuesto especial sobre las mercancías que circulan entre Irlanda e Irlanda del Norte no se paguen o contabilicen en la frontera. Los responsables de la UE afirman que esto no puede funcionar si Irlanda del Norte sigue estando alineada con las normas del mercado único del bloque.