El desvío del cauce del Río Grande ya tiene encaminada una solución. Luego de realizadas sendas inspecciones por vía terrestre y aérea entre representantes de los ministerios de Medio Ambiente, de Defensa, Desarrollo Rural, la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), la alcaldía de El Puente, campesinos de la zona y el Searpi por la Gobernación de Santa Cruz, ayer los lugareños admitieron que actuaron ilegalmente y se comprometieron a retirar los dos diques que instalaron en el río.	Por su lado, Luis Alberto Alpire, secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, reiteró que en el tema de los recursos una opción es declarar en emergencia a la zona para que los trabajos que se tengan que realizar en el río y que no están contemplados en su POA se los incluya y así tener recursos.	“El espíritu del acuerdo es que se trabaje de forma inmediata en ‘aperturar’ los dos diques por parte de los campesinos, pues son riesgo inminente para una catástrofe. Las bolsas serán trasladadas a lugares donde existen boquetes o ingreso de agua. El canal ya fue cerrado por los productores de San Pedro”, agregó.	La Fiscalía citó a declarar este viernes a Ángel Copa, alcalde del municipio de El Puente. El burgomaestre espera que con su testimonio se logre esclarecer lo sucedido y que se encuentre el camino para llegar a un acuerdo en el que los campesinos de El Puente y los empresarios en San Pedro se sientan seguros ante la crecida del río.