La muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, que investigaba el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita (AMIA) y apareció en el baño de su casa con un disparo en la cabeza, cumplió ayer cuatro años, con la investigación estancada en la justicia pese a que el asesinato ya es la hipótesis oficial.	Con el asunto enfangado y convertido en un campo de batalla política por sus profundas implicaciones, la falta de certezas y de rumbo de la causa puede llevarla al cajón, ya rebosante, de los misterios que han surgido desde el ataque terrorista en Argentina, que dejó 85 muertos y sigue impune.	Pocos días antes de su muerte, Nisman había acusado públicamente a la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015) de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado por intereses geopolíticos y comerciales, pero en la víspera de sostener en el Congreso su polémica denuncia –sus críticos argumentan que era endeble y carecía de pruebas–, el fiscal fue encontrado muerto.	Uno de los puntos a los que se dirigió la investigación es el asistente del fiscal que le dio el arma, Diego Lagomarsino, procesado y con una tobillera de localización desde que la justicia asumió la tesis del asesinato, que siempre ha sostenido que su papel se limitó a facilitarle la pistola a Nisman cuando este se la pidió.