En una escala de 0 a 100 (siendo 0 muy corrupto y 100 nada corrupto), el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional sitúa al grueso de países latinoamericanos con resultados menores a 50 puntos. Además, el costo de la corrupción puede representar el 2% del PIB mundial, hecho que limita las aspiraciones de desarrollo social y exacerba el descontento ciudadano. De hecho, en el origen de la ‘trampa del ingreso medio’ en la que está la región, según analistas, está la debilidad de las instituciones y la persistencia de altos niveles de corrupción.	Esta breve radiografía describe un escenario un tanto pesimista, pero como casi todo en la vida, siempre podemos ver luz al final del túnel. Y en este caso las nuevas tecnologías irradian cierta esperanza. Y es que la revolución digital no es solo una revolución de la economía, sino también del Estado. Bien gestionadas, las tecnologías, los datos masivos, la inteligencia artificial o los algoritmos tienen un enorme potencial para prevenir la corrupción y mejorar la eficiencia de las administraciones públicas.	Por ejemplo, la automatización de procesos, la digitalización de servicios, la optimización de sistemas de gestión pública y de rendición de cuentas pueden contribuir a minimizar las oportunidades de malversar fondos en la provisión de beneficios sociales, licitaciones públicas o inversiones en infraestructura. Son varios países de la región que están impulsando reformas agresivas para digitalizar sus gobiernos, abrir sus datos y mejorar la eficiencia y transparencia de sus administraciones públicas, caracterizadas por regulaciones complejas y trámites engorrosos que permiten abusos y sobornos.	Uruguay y México, por ejemplo, son ahora miembros del grupo selecto de los nueve países digitales más avanzados (el D9) que integraron en 2018. Panamá ha logrado progresos importantes en su transformación digital. Además, seis países de la región, encabezados por México y Brasil, están entre los 20 gobiernos con mayores datos abiertos. No alcanzamos, sin embargo, el grado de madurez digital comparable a líderes como Dinamarca o Estonia.	Más allá de optimizar procesos y prevenir la corrupción, la transformación digital del Estado tiene el potencial de cerrar las brechas que históricamente han separado a gobernantes y ciudadanos, incluso en democracias maduras, y de mejorar la gestión pública y garantizar transparencia, dos indicadores clave para la satisfacción de los electores.	En América Latina, una región cada vez con más jóvenes, más urbanizada y más conectada, la transformación digital ofrece innumerables oportunidades para adaptar las instituciones a las demandas de la sociedad civil y las aspiraciones de las clases medias. Pero si se analiza el grado de implantación digital en los estados –y en las empresas- queda un largo camino por recorrer. Es más, si paramos de pedalear, nos caemos en una carrera digital mundial que se hace cada vez más veloz y en la cual los demás países del mundo –Asia en particular- están invirtiendo cada vez más.	Se trata de tener estados más agiles, abiertos e innovadores. Para lograrlo, será necesario incidir en tres aspectos clave: la expansión del gobierno digital y la innovación pública; la mejora regulatoria y la simplificación de los trámites; y la promoción de la integridad pública y la lucha contra la corrupción. Con la intención de ahondar en este debate e impulsar la transformación digital de los estados latinoamericanos, expertos regionales y globales se reunirán en México el 11 de marzo, en un evento organizado por la CAF, que abordará el establecimiento de agendas digitales en los países de la región.	Las medidas técnicas y las iniciativas políticas son imprescindibles para contribuir a restaurar la confianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes, y también para reducir los sonados casos de corrupción a los que América Latina nos ha acostumbrado en los últimos años. Y también, posiblemente, logren contrarrestar la resignación latinoamericana ante la corrupción.