El Decreto Supremo 28571 establece que el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc) tiene como fuente de financiamiento, los recursos provenientes del 5% de las recaudaciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Pero los proyectos de inversión en beneficio del sector solo reciben la mitad de estos recursos. Los indígenas denuncian que ninguna de las partes de los desembolsos está siendo controlada y exigen una auditoría total.	El senador Carlos Romero (MAS) justificó que el Fondo Indígena destinó recursos asignados en años pasados a gastos relevantes en beneficio de los pueblos indígenas como, el saneamiento de tierras comunitarias de origen. “La asignación de recursos a las universidades indígenas también ha sido una larga aspiración de los sectores rurales para cualificarse”, agregó.	El viernes pasado, se realizó en la ciudad de Cochabamba, la Cumbre de Defensa del Fondo Indígena, donde participaron unas 100 personas. Allí, exigieron una auditoría de todos los recursos que se desembolsaron del fondo en los últimos años, incluidos la Renta Dignidad, la Unibol, el Fondo de Educación y para el Servicio Civil.	En el primer punto de sus resoluciones exigen a la Contraloría “la realización de auditorías externas, internas, técnicas y financieras, mediante una investigación pormenorizada de la totalidad del 5% del IDH desembolsado para el Fondo Indígena y la fiscalización de la Asamblea Legislativa, a través de la Comisión de Derechos Indígenas de la Cámara de Diputados.