Los militares tienen licencia legal para actuar hasta 150 kilómetros de la línea de frontera y con esto pretenden frenar el ingreso de marihuana y cigarrillo de contrabando desde Paraguay; además de la cocaína proveniente de Bolivia que es un país receptor de vehículos robados. Estos comercios ilegales son fomentados por el crimen organizado del Brasil que actúa en la línea internacional con los dos países, aprovechándose de la frontera abierta.	El trabajo es coordinado por un centro de operaciones que recibe llamadas las 24 horas, mediante líneas habilitada para denuncias anónimas. Además harán intercambio de informaciones de inteligencia con agentes de otros órganos de seguridad, teniendo en cuenta que las personas involucradas en estos hechos están relacionadas a organizaciones criminales que actúan en la zona de frontera, con movimientos de aun país a otro lo que dificulta su combate.