Un dirigente político vinculado a Colo­rado Añetete, Joa­quín R. Núñez, quien por nota se presenta como pre­sidente de una Coordinadora Nacional del Partido Colo­rado Añetete, dirigió una carta al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, para pedir la incorporación de 8 jóve­nes como funcionarios en diversas dependencias de ese ministerio. La intención va totalmente a contramano del Ejecutivo, que por decreto decidió poner fin a los despil­farros en el Estado.	En una nota remitida el 2 de julio pasado al titular de Salud, pidió el nombramiento en esa cartera ministerial de las siguientes personas: Fredy David Núñez, en el cargo de administrador del Hospital Distrital de Capiatá; Viviana Marín Luján, como técnica de comunicación en el Hospital Distrital de San Lorenzo; María Inés Mareco, como farmacéutica en el hos­pital distrital de Capiatá, y Cinthia Carolina Marmori, como enfermera en el hospi­tal de San Pedro.El político también solicitó la designación de César Ignacio González como radiólogo en el Hospital Regional de Ciu­dad del Este; Fátima Céspe­des Ibarrola, como auxiliar administrativo en el Hospi­tal Distrital de Capiatá; Pedro Aranda Fernández, como ase­sor jurídico del Hospital Dis­trital de Capiatá; y Esteban Ariel Navarro, como odontó­logo en el Hospital Regional de Caaguazú.NUNCA SE RECHAZADe acuerdo a lo manifestado por el titular de la Coordina­dora Nacional, sus pedidos son constantes y nunca han tenido ningún rechazo. “Es una nota que fue presentada ya hace rato, pero todavía no tiene respuesta (la del 2 de julio). Siempre nos han res­pondido muy bien cuando se pide ayudar a los jóvenes. Fue­ron presentados los títulos, los antecedentes policiales-judi­ciales, todo completo”, indicó ayer el político al ser consul­tado sobre el tema.“Yo siempre le ayudo a la gente en mi calidad de presidente de la Coordinadora Nacional del Partido Colorado, a enfermos, a jóvenes que quieran traba­jar, como cualquier persona que quiere hacer un favor a la gente”, agregó.Según afirmó, los incluidos en esta oportunidad son todos profesionales que quieren trabajar. “Entre ellos están licenciados, abogados; gente para distintos lugares, no son solamente para un solo lugar”, precisó.SIN CONCURSONo obstante, más allá de las buenas intenciones del diri­gente, el caso muestra con absoluta claridad cómo se manejan los nombramien­tos en el sector público: sin concurso y sin más currí­culum que la adhesión a los políticos de turno. Mientras tanto, profesionales de alta formación no tienen oportu­nidad de acceder a los cargos ni por más documentaciones o experiencias que tengan en sus respectivas ramas. La incorporación de per­sonal en forma directa es una práctica que comenzó con la asunción del nuevo gobierno. Responsables de casi todas las reparticiones de los poderes del Estado han sumado, con jugosos salarios, a filas del sector público a parientes, amigos, hijos y hasta a parejas.	El fiscal del Guairá Uli­ses Giménez, quien investigó casos de envergadura como el megaa­salto del PCC a la coopera­tiva Carlos Pfannl en el 2018, posee una costosa camioneta que sería mau proveniente de la frontera con el Brasil y en la cual el agente del Ministe­rio Público se desplaza por la ciudad de Villarrica rutinariamente.	prensa.gen@gruponacion.com.pySe trata de una camioneta de la marca Jeep tipo Cherokee Limited, del 2011, cuya pro­cedencia se desconoce y que está bajo posesión del fiscal Giménez hace unos 3 años.Esta situación pudo ser con­firmada por un equipo de prensa del Grupo Nación, que inició una investigación tras recibir denuncias de pobla­dores de la capital guaireña, quienes están cansados de los supuestos abusos de poder atribuidos al representante de la Fiscalía.El agente fiscal Ulises Gimé­nez se encuentra muy ligado al poder, teniendo en cuenta que es tío del actual inten­dente de Villarrica, Gustavo Navarro (ANR-Colo­rado Añetete), quien a la vez es muy allegado al ex gober­nador del Guairá e irregular ocupante de una banca en el Congreso Nacional, Rodolfo Friedmann (ANR-Colorado Añetete).USABA VEHÍCULO COMO SI FUERA LEGALDurante una semana de seguimiento, el equipo de prensa pudo constatar que efectivamente el fiscal Ulises Giménez y su familia utilizan el vehículo irregular como si estuviera en regla.Ante la consulta sobre el ori­gen de su vehículo, el fiscal confirmó tal sospecha. Asu­mió que compró al ver que era una oferta tentadora. Contó que realizó un primer pago de G. 10 millones para señar el trato, ya que el mismo rodado estaba en el interés de otra persona. Comentó que luego realizó otros pagos hasta completar G. 40 millones. Sin embargo, aseguró que la camioneta le fue entregada sin ningún comprobante de compra.Pero allí no termina la cues­tión. Luego de haberse can­sado de usarla por un período de tres años, el fiscal Gimé­nez decidió poner a la venta la camioneta.Desde del equipo de prensa del Grupo Nación se pusieron en contacto telefónico con el fis­cal para cerrar la adquisición de la misma, quedando para el día siguiente el encuentro, pero finalmente Giménez participó de un juicio oral y público, por lo que no se pudo concretar la reunión.Tras la conversación, el equipo periodístico se tras­ladó hasta el domicilio del fiscal para apreciar la camio­neta, como así también verificar la patente y la cédula verde presuntamente falsifi­cada. También se pudo cons­tatar que el hijo de Giménez utiliza un vehículo proveniente de un hecho de intento de secuestro, ya que el fiscal es depositaro judicial del móvil hace más de 5 años.Luego de conversar una vez más con el agente del Minis­terio Público, el mismo soli­citó hablar en privado con el periodista del Grupo Nación. Ante este pedido, la sospecha inmediata que surgió fue que el fiscal trataría de alguna manera de convercer de que no estaba metido en algo irre­gular.Fue así que el fiscal declaró que estaba pasando por un mal año, agregando que tenía un proceso abierto en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el cual estaba a días de tener una sentencia. Quiso justifi­car además que sus propios conciudadanos actúan con maldad.CLONACIÓN DE DOCUMENTOSSegún datos del Registro del Automotor, la chapa y cédula verde del rodado pertenecen a la empresa Francisco Vierci y Cía. El Lic. José Eduardo Berton, gerente administrativo de la firma, confirmó al grupo periodístico que la camioneta adquirida por la empresa cuenta con varias diferencias físicas en comparación al vehículo que se encuentra en poder del fiscal de Villarrica; es decir, se refuerza la presunción de la clonación de documentos. Toda esta situación lleva a muchas dudas y preguntas, principal­mente, sobre “roscas” que articulan mecanismos para propiciar esta clase de hechos. ¿Quiénes, instalados en el poder, permiten que ocurra tan campante e impunemente todo esto?	(0962) 287 014Ríos Ayala convirtió el muni­cipio prácticamente en una empresa familiar, haciendo caso omiso a la Ley Nº 5.295 “Que prohíbe el nepotismo en la función pública”, para los ordenadores de gastos.Su hijo Esteban David Ríos Isasi es nada más y nada menos que su secretario privado y percibe un sala­rio mensual de G. 6.711.256, según la planilla de funcio­narios al mes de mayo de la institución.Su hermana Beatriz Soledad Ríos Ayala fue contratada como asesora de la Direc­ción de Tránsito con un sala­rio de G. 5.500.000. Este mes de julio no le fue renovado el contrato, de acuerdo al direc­tor de RRHH de la municipa­lidad, Reinaldo Aveiro.Rodolfo Alcides Sander Ríos es primo del intendente y se desempeña como auxiliar en el taller de la comuna. Su sueldo es de G. 2.000.000.Mónica Giselle Cabrera Aquino es su sobrina y fue contratada como cajera municipal. Su salario men­sual es de G. 3.100.000.Hasta sus cuñados, yerno y su consuegra fueron favo­recidos con un sueldo de la municipalidad.Rodney Ramírez Pereira, pareja de la hermana del intendente, Soledad Ríos, ocupa el cargo de direc­tor de Educación, Cultura y Turismo, con un salario mensual de G. 5.500.000.Claudio Gayoso Coronel es otro cuñado del intendente, pareja de su hermana María Elena Ríos. Es el encargado de la Cuadrilla de Aseo Urbano de la municipali­dad y cobra mensualmente G. 3.000.000.Su yerno Luis Marcelo de los Ríos Ayala, pareja de su hija Larissa Ríos Isasi, es el encar­gado del Departamento de Agroganadería y su salario es de G. 3.405.628. El hermano de este, José Basilio, también fue contratado en la comuna, donde cumple funciones en el Centro de Operaciones de Emergencias.Elena Beatriz Cardozo de Galeano es suegra de David Ríos, hijo del inten­dente. La mujer es jefa de Organización Intermedia del municipio y percibe un salario mensual de G. 3.800.000. Un equipo periodístico de La Nación se trasladó hasta la Municipalidad de Villa Hayes a fin de tener decla­raciones del intendente, pero este no se encontraba. El jefe de RRHH se comprometió a gestionar la respuesta, pero luego se excusó alegando que se encontraba en sus “activi­dades académicas”.	Una decena de fun­cionarios, algu­nos en cuestión de meses, recibieron aumenta­zos después de ubicarse en estratégicas posiciones tras la creación del Ministerio de Tecnologías de la Infor­mación y Comunicación (Mitic), volviéndose directo­res y duplicando sus salarios, llegando en algunos casos a remuneraciones similares al de cargos de máxima jerar­quía como el de un ministro o viceministro.	nicolas.almada@gruponacion.com.pyEste grupo de personas se compone por ex funciona­rios de la antigua Secreta­ría Nacional de Tecnologías de Información (Sena­tics), Secretaría Nacional de Información y Comu­nicación para el Desarro­llo (Sicom) y de comisiona­dos de instituciones como el Ministerio de Justicia, la extinta Secretaría Nacio­nal de Vivienda (Senavitat) y Dirección de Contratacio­nes Públicas, que llegaron al Mitic de la mano de las actuales autoridades.El ministro Alejandro Peralta Vierci y su vicemi­nistro Miguel Martin ins­talaron en la novel cartera estatal a sus leales funcio­narios, dotándolos de cargos financiados mediante jugo­sos salarios, con funciones no muy diferentes a las que venían cumpliendo en sus puestos de origen, pero que obviamente les ofrecieron mayor rédito monetario a sus bolsillos.Antes de la creación ofi­cial en noviembre del 2018 del Mitic, Miguel Martin armó en la Senatics su pro­pio equipo con funcionarios comisionados de otras insti­tuciones: Vanessa Napout, Luis Riveros y Mariana Ber­gonzi, quienes finalmente migraron al nuevo ministe­rio y fueron ubicados en car­gos de directores generales.Por otra parte, desde la Sicom, con el voto de confianza del ministro Peralta Vierci, lle­garon los funcionarios Juan Talavera, Natalia Cáceres y Adolf Sauer, ocupando altas posiciones de la escala jerár­quica y siendo beneficiados con aumentazos.Todas estas personas con­formaron la plana mayor de la fusión de dos secreta­rías que evolucionaban a la envergadura de un minis­terio, pero faltaban algu­nas piezas para consoli­darse como tal. Entonces llegaron los funcionarios Rodrigo Sánchez, Alejandra del Puerto y Leticia Bordón.Es así como se terminaron de ocupar los más altos cargos del Mitic con personas fie­les, confiables y que de cuya lealtad tanto Martin como Peralta Vierci no podían dudar, por lo que al situarse finalmente en sus nuevas categorías fueron automá­ticamente dotadas con envi­diables mensualidades. Pero las evoluciones salariales de funcionarios datan en algu­nos casos de antes de la crea­ción del Mitic.SALTO ECONÓMICOEl informático Luis Rive­ros fue trasladado desde el Crédito Agrícola de Habi­litación, donde percibía un salario de G. 7 millones a la Senatics alcanzando los G. 9 millones en agosto del 2018 y finalmente ya en el Mitic, en el 2019, unos G. 16 millones, ocupando la Dirección de Inclusión Digital. Es decir, que en 5 meses casi duplica sus ingresos, gracias a su cargo de confianza.Mariana Bergonzi (abo­gada) fue comisionada de la Dirección de Contrataciones Públicas, donde percibía un salario de G. 10 millones, al Mitic para ocupar la Direc­ción de Asesoría Jurídica, donde empezó a ganar G. 19 millones.Vanessa Napout (abogada), comisionada del Ministerio de Justicia donde registraba un salario de G. 5,3 millones, empezó a facturar en Mitic unos G. 13,2 millones, gracias al puesto de directora de Pla­nificación que le fue otorgado.Juan Talavera (abogado) cuando estaba en la Sicom cobraba G. 9 millones, pero al ingresar al Mitic fue bene­ficiado con la Dirección General de Gabinete y con un salario de G. 14,2 millones.Natalia Cáceres (abogada) cobraba en la Secretaría Nacional de Vivienda y el Hábitat (Senavitat) G. 14,8 millones, pero al ser comi­sionada al Mitic alcanzó los G. 22,7 millones mensuales, gracias al cargo de directora de Gabinete Ministerial.De la mano de Natalia Cáce­res llegaron otros 4 funcio­narios (traslados y comisio­namientos) también de la Senavitat. Adolf Sauer, fun­cionario bachiller, ganaba en la Senavitat G. 8,3 millones, cuando llegó a la Sicom su sueldo aumentó a G. 15 millo­nes, pero finalmente llegó a los G. 19,7 millones en Mitic, ocupando el cargo de direc­tor de Planificación sin nin­gún título universitario.A esta lista se suma Rodrigo Sánchez (abogado), quien en Senavitat cobraba 12 millo­nes. Al ingresar a la Sicom registró una remuneración de G. 16 millones, para luego ubi­carse en la Secretaría General del Mitic y cobrar la mensuali­dad de G. 19,7 millones. Cerrando la lista encontra­mos a la funcionaria Ale­jandra del Puerto, quien en Senavitat ganaba G. 7,5 millones. Una vez comisio­nada al Mitic, fue instalada en la Unidad de Asuntos Internos y Anticorrupción y premiada con un sala­rio de G. 10,2 millones. Por último, también por comi­sionamiento, Leticia Bor­dón (Lic. en Administración) pasó de facturar G. 5,6 millo­nes en Senavitat a unos G. 9,2 millones en Mitic, ocupando la Dirección de Administra­ción y Finanzas.