La abogada Lorena Segovia recibió seis votos de la Corte, frente a los demás ternados; el camarista Pedro Mayor Martínez, quien tuvo dos votos, y el juez de Primera Instancia, Leonardo Ledesma, quien no recibió ninguno.La votación se realizó a viva voz y no secreta, a pedido del propio titular de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón, de modo a dar mayor transparencia a la elección y de esta manera evitar cualquier suspicacia o rumor de fraude. Durante el proceso previo de conformación de la terna, el mejor puntuado fue Pedro Mayor Martínez, con 370,04 puntos, seguido por Leonardo Ledesma, con 306 y en tercer lugar estaba Segovia, con 265 ,7 puntos.“Fue un proceso largo y complicado”, refirió Segovia en charla con la 970 AM. La elegida sostuvo que la Defensa Pública es esencial para lograr una sociedad más justa y pacífica. “El Estado garantiza que cualquier persona puede tener la capacidad de ingresar a la justicia”, refirió.	“Le pido al presidente Cuevas que renuncie ya a la presidencia, (…), cuando uno está procesado no se tiene el tiempo suficiente para ser a la vez presidente de la Cámara”, expresó la diputada de Patria Querida, Rocío Vallejo.Resaltó que la Cámara Baja ya está demasiado desprestigiada a estas alturas y que sería un gran acto de parte de Cuevas, el dar un paso al costado y dejar que asuma Robert Acevedo.Según la diputada Celeste Amarilla, el propio Cuevas prometió que dejaría la titularidad de la Diputados, una vez que se formule imputación en su contra. Sin embargo, eso no implicará perder su banca como pretenden los impulsores de su salida. Por su parte, la diputada Kattya González advirtió que que Cuevas necesariamente tendrá que dar explicaciones por este caso en la sesión de este miércoles. Miguel Cuevas es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lesión de confianza bajo su administración en la Gobernación de Paraguarí.	El intendente de CDE, Miguel Prieto, señaló en conferencia de prensa que optaron por desvincular a los planilleros, atendiendo que no hay dinero en caja para pagar los salarios a los funcionarios municipales. “No queremos violar el derecho de nadie, pero optimizaremos los recursos”, dijo y señaló que “después de agosto ya no vamos a tener para pagar a los funcionarios, esto será un colapso”.La autoridad local dijo que constataron que muchos lo único que hacen en la comuna es “consumir oxígeno” y cobrar sus salarios. “Tenemos que solucionar a raíz el problema o declaramos so’o y que esto sea una joda”, respondió sobre los inconvenientes que tendrá por la masiva desvinculación. Adelantó que con el equipo jurídico está evaluando presentar una denuncia contra la concejal Perla de Cabral, en cuyo interinato (tres meses) fueron contratados 1.291 trabajadores. Así también la misma aumentó en G. 10.000 millones la deuda de la municipalidad con los proveedores.“Además de los planilleros, hay buenísimos funcionarios que mantienen viva la institución, pero también hay otros que no son planilleros pero que están corrompidos. El área Medioambiente está totalmente corrompida, al igual que Obras, Desarrollo Social, donde se roba mucho combustible por día, y Regímenes Especiales”, lanzó.QUIEBRA TÉCNICAPor su parte, Yolanda Paredes, jefa de RR.HH., dijo que ya se usó 50 % del presupuesto anual para el pago de salarios, por lo que la institución está en una quiebra técnica. “Lo primero que vamos a hacer es prescindir de los contratados en los últimos 6 meses. Los que tengan sillas que se sienten, está prohibido estar parados debajo de los árboles a tomar tereré”, dijo. “Vamos a tener que jugar con la plata que tenemos, jugar kamikaze. Vamos a hacer lo que corresponde. De dónde sacaremos el dinero tendremos que ver con el equipo de finanzas. Es una bola de nieve este asunto (cantidad de funcionarios), porque de lo contrario no llegaremos a agosto, estamos en una situación de emergencia y de completo caos. En agosto tendremos que cerrar la municipalidad si seguimos así”, añadió. Por otra parte, la asesora financiera Magdalena Montiel explicó que no corresponde ninguna indemnización a los rajados porque la mayoría está en etapa de prueba, porque en la Función Pública este periodo posee una duración de seis meses, según subrayó.	“Nosotros dictaminamos por el rechazo, porque el proyecto no regula nada, lo único que establece es que las instituciones educativas deberán tener un lugar donde se guarden los celulares”, explicó a la 970 AM el diputado Jorge Ávalos Mariño, integrante de la Comisión de Legislación, que emitió un dictamen en contra del proyecto. A criterio del legislador son las propias instituciones las que pueden encargarse de regular la utilización del teléfono mediante un reglamento interno y sin necesidad de esperar a la aprobación de una legislación. En tal sentido, el proyecto no estipula en qué momento del día se permitirá el teléfono, pues la palabra incluida es regulación y no así una prohibición absoluta. Para el diputado Ávalos Mariño, el proyecto está mal planteado por lo que es poco probable que prospere en el pleno de la Cámara Baja. Los senadores Abel González (PLRA) Patrick Kemper (Hagamos) y Stephan Rasmussen (Patria Querida) son los proyectistas.