Pese a la férrea oposición que existe ante una eventual indemnización a Juan Arrom y Anuncio Martí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo se limita a analizar si los mismos fueron o no víctimas de tortura sin tener atribución en el caso de secuestro por el cual son acusados, según explicó la doctora María Elodia Almirón.	María Elodia Almirón, doctora en Ciencias Jurídicas y especialista en materia de Derechos Humanos, en entrevista con la 970 AM habló sobre la audiencia pública que se celebrará en San José de Costa Rica en el marco de la denuncia presentada por Juan Arrom y Anuncio Martí.Al respecto, explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) se encargará de analizar todas las pruebas que fueron presentadas por las partes (denunciantes y Estado paraguayo), posteriormente se pasará a la parte de los alegatos en la que escuchará a los involucrados en el pleito y finalmente se encargará de dictar la sentencia definitiva.Almirón resaltó que la presencia de autoridades nacionales -incluyendo la del presidente de la República- no tiene ninguna incidencia en el caso, pues básicamente lo que se requiere es la participación de los representantes legales del gobierno en la audiencia, dado que los mismos tendrán a su cargo representar al Estado paraguayo.Respecto al monto solicitado por Arrom y Martí en concepto de reparación económica (alrededor de US$ 63 millones), indicó que el tema pecuniario también se discute entre otros varios temas, aunque no es lo más prioritario. Como ejemplo, mencionó que las partes afectadas pueden pedir US$ 100 millones y la Corte Interamericana al final puede decidir darles solo US$ 20.000.“Allí se discute todo tipo de daños, uno de ellos es el daño material que puede ser cuantificable de acuerdo a los parámetros establecidos por la CorteIDH”, acotó la experta en Derechos Humanos.Sobre el mismo punto, Almirón sostuvo que no existen antecedentes de reparaciones económicas por “montos siderales”. En el caso de Paraguay, la cifra más elevada que se vio obligado a pagar el Estado fue por el incendio en el Instituto de Reeducación del Menor Panchito López, ocurrido en el año 2001, donde la condena fue de US$ 3 millones.La profesional del derecho aclaró que, en este caso en particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tratará los casos de secuestro de los que se acusa a Juan Arrom y Anuncio Martí sino más bien de las prácticas de tortura cometidas por parte del Estado paraguayo (a través de la Policía Nacional). Por ende, la competencia de esta instancia supranacional no abarca los derechos de los secuestrados ni el caso del secuestro en particular.“Es un debate que se ha instalado y es un tema muy sensible porque guarda relación con uno de los primeros secuestros cometidos en Paraguay (el de María Edith Bordón de Debernardi), pero ese tema no está metido dentro del debate procesal”, expresó Almirón a la 970 AM.Por lo tanto, se puede precisar que lo que se analizará en esta audiencia es si es que el Estado paraguayo respetó o no lo establecido en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos -también conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”-, la cual fue aceptada y refrendada por nuestro país y los demás Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).“Cuando hablamos de violaciones de derechos humanos no la cometen particulares sino sólo los Estados, a no ser que se hablen de instrumentos específicos. Se debe analizar la figura del Estado como el principal garante de los derechos fundamentales de las personas pero también como sujeto de derecho público que puede violentar en forma directa el ejercicio de los derechos fundamentales de los individuos”, explicó.Al ser consultada sobre la posibilidad de que, en caso de emitirse un fallo en contra del Estado, Paraguay decida denunciar a la CorteIDH o “salirse” del Pacto de San José, Almirón aclaró que esa decisión tendría que analizarse no solo a nivel del Poder Ejecutivo sino también en el Congreso Nacional. Entre uno de los procedimientos que se deberían llevar a cabo para concretar esa salida se encuentra la convocatoria a un referéndum para consultar el tema con la ciudadanía. Países como Perú, República Dominicana o Venezuela han llegado a recurrir a esta instancia luego de estar en desacuerdo con algunos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según recordó.	Un nuevo equipo para el estudio de resonancia magnética será instalado a mitad de este año, anunció el ministro Mazzoleni en entrevista con HOY. En una semana más estará disponible el tratamiento de radioterapia luego de fallas consecutivas del único equipo disponible en el sector público y en dos meses más será instalado un nuevo acelerador para garantizar este tratamiento oncológico. Mientras, aseguró que ya se tiene avances para la implementación de la Ley del Cáncer que aportará garantías reales de atención integral para los pacientes con cáncer.	La tercera es la vencida para el equipo de radioterapia del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) que nuevamente está fuera de servicio por tercera vez en menos de tres meses. Esto genera por un lado; la incertidumbre de los pacientes oncológicos y por otro, un gasto para la cartera sanitaria con la derivación para no interrumpir los tratamientos.El doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud afirmó que la reparación se hará en una semana más y en dos meses se tendrá un nuevo acelerador para poner en funcionamiento un segundo equipo mientras se buscarás los mecanismos para un tercer aparato y cubrir la demanda.En entrevista con HOY, el titular de la cartera sanitaria confirmó la decisión de la compra del equipo que tiene un valor de USD 1millón, recurso que será sacado del presupuesto y su instalación ya depende de los procesos de compra.Mientras se instala una solución definitiva, señaló que se mejorará le proceso de derivación de pacientes al sector privado. “La reparación es complicada porque es un dispositivo que no se puede comprar nomás, no son solo las trabas burocráticas son equipos complejos. Vamos a comprar un acelerador nuevo y en una semana más la reparación”, afirmó.Sobre los recursos agregó que se realizará una reingeniería administrativa y luego se analizará la reprogramación del presupuesto que será utilizado para esta compra. La sobrecarga de los equipos es una realidad que requiere de acciones inmediatas y a largo plazo debido a que al menos el país requiere de tres aceleradores de acuerdo al número de habitantes y evitar los daños ante la alta demanda de pacientes que deben ser absorbidos por el sistema sanitario.La instalación de un nuevo equipo para el estudio de resonancia magnética también está en espera a través de un convenio con el gobierno de Japón. “Habiendo tantas necesidades a veces cuesta un poco empezar y definir prioridades y lo urgente le saca lugar a lo necesario pero está previsto instalar ya un resonador para el INCAN, estimamos que para mitad de año ya estará disponible en el sector público. Mitad de año es una estimación prudente, estamos aguardando el proceso que tienen estas donaciones”, aclaró.Ley del cáncerLa implementación de la ley se encuentra en etapa de reglamentación que es la primera fase en la que se está trabajando y ya cuenta con avances para un marco específico de acción. Lo complicado, según Mazzoleni es lograr la articulación de los subsistemas de salud tanto del sector público como privado y a la par se lleva una agenda legislativa para que los recursos necesarios estén disponibles.“Es una ley muy ambiciosa y beneficiosa porque pretende garantizar el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y rehabilitación además de cuidados paliativos para el paciente, tendrá sus periodos de ajustes para que la financiación y fuentes complementarias estén disponibles”, agregó.	El jefe de Estado partió este miércoles a Costa Rica, donde mañana se conocerá el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la demanda entablada por Juan Arrom y Anuncio Martí contra el Estado paraguayo, por supuestos hechos de secuestro y tortura. Los prófugos de la justicia exigen el pago de 63 millones de dólares en concepto de indemnización por los daños causados supuestamente por policías de nuestro país.En tal sentido, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, dijo tras la partida de Abdo Benítez, que Paraguay no desembolsará un solo billete aunque la Corte llegara a fallar a favor de Arrom y Martí.“Ni un dólar para los secuestradores, esa es la posición política”, expresó Velázquez en conversación con los medios de comunicación Respecto a las consecuencias que pueda tener para el país, desacatar el fallo de un organismo internacional, Velázquez señaló que en caso de darse, se analizará más adelante.	Los doctores Esperanza Martínez y Jorge Querey, actualmente senadores del Frente Guasu, habían inspeccionado a los secuestradores Juan Arrom y Anuncio Martí. Los políticos aseguran que constataron serias lesiones en los denunciantes, pero no revelan el informe resguardándose bajo el “secreto profesional”. Alegan además que no pueden saber si fueron heridas autoinfligidas o fueron producto de una tortura.	Según la fiscal Alejandra Peralta, directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, las presuntas víctimas no permitieron que médicos de la Fiscalía constaten sus lesiones, sino que lo hicieron los actuales senadores del Frente Guasu.“En el Sanatorio Migone fueron atendidos por sus amigos porque nunca se dejaron ver por médicos del Ministerio Público. Simplemente presentan un informe que fue firmado por Esperanza Martínez, su marido Carlos Portillo, y otros que estaba ahí, como Jorge Querey. Ellos también son sus testigos”, había dicho.El senador Jorge Querey indicó a la radio 650 AM que era médico del Sanatorio Migone, donde con otros 12 doctores conformó la junta médica que inspeccionó a Juan Arrom y Anuncio Martí luego de que estos supuestamente hayan sido liberados de un secuestro que realizaron en su contra los propios organismos de seguridad.El legislador mencionó que constataron que ambos presentaban lesiones visibles e importantes en gran parte del cuerpo, pero no eran golpes internos. Sin embargo, evitó dar a conocer lo que dice el informe elaborado el 30 de enero del 2002.SECRETO PROFESIONAL“Nosotros como médicos normalmente no tenemos la autorización para divulgar un diagnóstico clínico, salvo la autorización del paciente. Forma parte del secreto profesional”, dijo. “Había lesiones importantes y demostrables, hay fotos y la doctora Esperanza Martínez tampoco divulga por el secreto profesional”, añadió.Querey remarcó que siempre asistió a este tipo de inspecciones y que incluso tuvo que atender a una figura del régimen de Alfredo Stroessner. “Hay cosas que la gente no sabe, yo le atendí a Pastor Coronel en un sanatorio privado. Mi juramento de médico ahí tuvo más importancia. Forma parte de mi función como médico y siempre participé en estos casos”, dijo.El doctor explicó que en estos casos, primero se realiza el interrogatorio al paciente, luego lo examinan y posteriormente se concluye entre lo que dice el atendido y los hallazgos que se hacen durante la inspección.Sostuvo que en el caso de Arrom y Martí no puede saber ellos si se autoinfligieron las heridas o eran lesiones por leishmaniasis, tal como argumenta la Fiscalía. Explicó que la ciencia médica no puede saber el origen de las laceraciones. “Nosotros políticamente no podemos apoyar los secuestros y delitos. Estamos también en contra de que el Estado haga uso indebido de la fuerza”, consideró por último respecto a la posición de su nucleación política.POSTURA DE ESPERANZAA su vez, la senadora luguista Esperanza Martínez emitió un comunicado, video incluido, donde expone su participación en la Junta Médica que examinó a los secuestradores el 30 de enero de 2002.La misma tampoco da detalles de la conclusión de los doctores que inspeccionaron a Arrom y Martí.A continuación su escrito difundido en las redes sociales de la legisladora:Por este medio quiero comunicar a la ciudadanía el rol que me ha tocado desempeñar el 30 de enero del año 2002, cuando formé parte de una Junta Médica integrada por 13 médicos, que tuvieron a su cargo el ingreso y la internación de los señores Juan Arrom y Anuncio Martí.Ellos fueron examinados por una Junta Médica integrada por 13 profesionales médicos, de la cual yo también formé parte en mi carácter, en ese momento, de presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos. Esta Junta Médica estuvo integrada por tres médicos peritos forenses, de los cuales dos lo hacían en representación de la Corte Suprema de Justicia: los doctores Domíngo Mendoza y Miguel Ferreira Galeano, un médico perito forense de la Fiscalía, el doctor Ricardo Morales, cinco médicos tratantes de planta del Sanatorio Migone, los doctores Carlos Meilicke, Fernando Herrero Usher, Juan Ramón Fabio, Eugenio Báez y la doctora Irma Ortíz. También acompañaron, en carácter de observadores, como fue mi caso, otros colegas del Círculo Paraguayo de Médicos, como fueron el doctor Jorge Querey, Héctor Lacognata, Enrique Bellasai, Edgar Jiménez y quien les está hablando.Nuestro rol esa noche fue examinar esa noche a los dos pacientes que ingresaron al Sanatorio Migone. Hicimos una Junta Médica y dejamos constancia de todos los hallazgos clínicos y del interrogatorio en un Informe Médico, que después de mutua conformidad hemos firmado los trece profesionales.Hoy el Estado paraguayo enfrenta un juicio iniciado por los señores Juan Arrom y Anuncio Martí, que se está sustanciando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Como soy una de las firmantes de este Informe Médico, también fui llamada a ser testigo en esta causa. Ya he declarado ante Escribanía Pública. Ese informe es parte del juicio y pertenece al proceso que está llevando a cabo la CIDH.Mi rol ha sido un rol profesional, ha sido en mi carácter de gremial como presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos. Cualquier otra interpretación no es acorde a la verdad. Estas son las únicas funciones que he tenido en este proceso, aquel 30 de enero de 2002: participar como médica clínica y como presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos.