En charla con radio Ñanduti, el procurador Sergio Coscia dijo que además de los 63 millones de dólares, Juan Arrom y Anuncio Martí exigen que le sean cubiertos sus tratamientos sicológicos, que una calle de Asunción lleve sus nombres y que en la casa donde afirman haber sido secuestrados se instale un museo contra la tortura.El monto solicitado además es para 22 familiares de los supuestos secuestradores. El monto se divide en US$ 20 millones para Juan Arrom y otros 20 millones para Anuncio Martí, más la suma de US$ 1.000.000 para cada uno de sus familiares.La demanda contra el Estado Paraguayo se funda en supuestos hechos de violación a sus garantías judiciales, tortura y desaparición forzada por parte de agentes estatales. Coscia indicó desde San José de Costa Rica, donde se realizará la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desde el 2008 al 2017 no se hizo casi nada para defender a Paraguay. "La demanda está hace mucho tiempo, en el 2008, en la era de Fernando Lugo se admite la denuncia. Ahí se debía intentar que no pase de la comisión a la Corte. Ahora, en la instancia final se está tratando de remontar", contó.Arrom y Martí se fugaron de Paraguay y consiguieron el estatus de refugiados políticos en Brasil, antes de ser condenados por el secuestro a María Edith Bordón Vda. de Debernardi.	En charla con la 650 AM, el cuestionado ex defensor adjunto del Pueblo esgrimió que nadie puede hacer justicia por mano propia, independiente al delito que cometió la otra persona. El mismo es uno de los testigos de los ciudadanos que demandan al Estado paraguayo la suma de 63 millones de dólares.“Efectivamente ocurrió el hecho concreto. Anuncio Martí y Juan Arrom fueron torturados por los policías. Hay elementos concretos, como el lugar donde fueron encontrados: la casa de un policía que estaba en servicio, y quiénes fueron los policías. Es un hecho objetivo, no podemos negarlo”, remarcó.Señaló que en la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se analizará si ambos tuvieron responsabilidad o no en el caso de María Edith Bordón Vda. de Debernardi. Aunque reveló que posee sus dudas al respecto y resaltó que los sujetos aún no fueron condenados por el secuestro, por lo que debe primar la presunción de inocencia. Desde la época del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, el abogado Raúl Marín es recordado por	Una gran brecha en Salud Pública es la derivación de pacientes al sector privado para la atención de mayor complejidad como el servicio de terapia intensiva. Solo en enero el MSP ya utilizó los recursos destinados para la tercerización solo en terapia para recién nacidos. El sistema de salud requiere el doble de unidades de terapia con las que cuenta actualmente.	En el primer mes del año, Salud Pública prácticamente ya destinó el presupuesto anual destinado para tercerización de servicios, específicamente en derivación de pacientes a terapias en el sector privado. Solo en la derivación de neonatos a terapia intensiva del sector privado ya se gastó USD 1 millón de dólares, confirmó el doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud.Esta situación es delicada y muestra la brecha enorme que existe en Salud Pública, admitió el titular de la cartera sanitaria. “Hoy tenemos como 300 camas de terapia y necesitamos 600 y una forma de paliar esta necesidad es derivando a otros centros pero el limitante no es solo infraestructura ni equipos, es recursos humanos”, afirmó.Destacó que la habilitación de terapia en Misiones permitirá cubrir una gran necesidad del sur del país y no necesitar el traslado hasta la capital para que un paciente grave sea atendido.“Estamos trabajando para disminuir esa brecha y un ejemplo es la terapia en Misiones ya en pleno funcionamiento a pesar que tuvimos dificultades con deserciones de última hora lo que impidió completar la grilla de profesionales sumado al periodo de capacitación del personal que llevó más tiempo del previsto”, agregó Mazzoleni.La capacitación de profesionales en especialidades médicas y cubrir las áreas en los centros de referencia en distintos puntos del país es uno de los desafíos de su gestión, afirmó por lo que se busca incentivos para los profesionales y que opten por quedarse en zonas donde se requiere el servicio de profesionales formados.En el Hospital Distrital de San Ignacio, Misiones fueron habilitadas cuatro unidades pediátricas y seis neonatales, todas de cuidados intensivos. Mientras que en el Hospital Regional de San Juan Bautista, Misiones ya están operativas cuatro camas de terapia intensiva para adultos y tres de reanimación.	Para don Aníbal Lindstron, hermano del finado ganadero Luis Lindstron, toda su familia estuvo siempre secuestrada por la banda criminal. “Hay integrantes de la familia que continúan extorsionados, por eso estamos alejados, estamos en una situación muy mala, la seguridad no existe”, comentó Aníbal Lindstron a la 730 AM. Señaló que estos delincuentes solamente molestan a la gente trabajadora y que lo último que buscan es defender o favorecer a los más necesitados. “Han llamado, entonces el miedo sigue, eso uno vive noche y día, con eso se vive, escuchar la palabra secuestro ya le da escalofríos a uno, le deja sin dormir ya”, afirmó Lindstron y enfatizó que el EPP sigue amenazando con secuestrar a miembros de su familia. Luis Lindstron fue asesinado en la mañana del 31 de mayo del 2013 en Tacuatí Poty, departamento de San Pedro. Los criminales rociaron a balazos la camioneta en la que iba el ganadero, quien perdió el control, chocó contra un árbol, descendió e intentó huir.Sin embargo, los malvivientes se aproximaron a él y lo dispararon a quemarropa hasta cerciorarse de su muerte. Cinco años antes, el 31 de julio del 2008, Lindstron había sido secuestrado por este mismo grupo criminal, en la zona de Kurusu de Hierro, Concepción. Luego pedidos de rescate y un video de prueba de vida, los delincuentes lo liberaron el 12 de septiembre de ese mismo año, sin embargo, nunca volvió a vivir tranquilo.