El senador colorado Javier Zacarías Irún criticó al diario ABC Color por acusar a un juez de venderse por 900 mil guaraníes, calificó de grave la divulgación de datos privados y repudió la operación realizada por la ministra de Seprelad María Epifanía González para investigar las cuentas del magistrado tras su fallo en una causa del legislador.	El senador Javier Zacarías Irún, en conversación con la 970 AM, señaló que su sobrina llegó a transferir 965.000 guaraníes a la cuenta del juez Marino Méndez por una cuestión vecinal. “Gracias a Dios se deja constancia del motivo de la transferencia. Fue por el arreglo del motor de agua, porque ella vivía en el mismo condominio de este doctor, con otras 18 personas más. El que se encargaba la administración era el juez”, explicó.El colorado acusó a la titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes de Paraguay (Seprelad), María Epifanía González, de haber orquestado “una ‘investigación’ de oficio, que no está permitida por ley si no hay alerta de ningún banco ni pedido del Ministerio Público, para ir tras un juez por el solo hecho de haber dictado una sentencia a mi favor”.“Para mí que ABC mienta ya es 'normal', pero no debería ser así. Lo grave acá es el atropello a la institucionalidad, que la Seprelad se preocupe por una suma de 965.000 guaraníes; esto es una persecución más a la decisión de un juez, un atropello a un organismo del Estado, una verdadera vergüenza. Ni en la época de Stroessner se hacía esto”, lanzó. Zacarías contó que indagaron la cuenta corriente del magistrado y únicamente encontraron una transferencia de su sobrina, por el importe de 965.000 guaraníes. “Eso fue el escándalo que derivó en la suspensión del juez”, ironizó. El pasado martes, en horas de la mañana, la ministra personalmente llevó el informe a la Corte Suprema de Justicia para que se le suspenda al magistrado en la sesión del Jurado de Enjuiciamiento, que se realizó a la tarde, de acuerdo con Zacarías Irún.	, a quienes se les garantiza derechos laborales”, destacó el senador liberal Fernando Silva Facetti. Los proyectistas Pedro Santa Cruz y Desirée Masi argumentan que urge brindarle a los guardaparques las garantías para cumplir sus funciones y que actualmente la normativa solo autoriza el uso de armas a guardaparques del sector público, pero no hace ninguna referencia al sector privado. La nueva ley estipula que el armamento será entregado después de una evaluación psicológica y que estas armas solo se utilizarán para rechazar hechos de violencia. En cuanto a los salarios, los trabajadores deberán percibir remuneraciones extraordinarias por exposición al peligro e insalubridad, teniendo en cuenta la manipulación de residuos sólidas. Serán merecedores además, de bonificaciones por responsabilidad del cargo antigüedad y desarraigo. Igualmente podrán acceder a la jubilación completa con 30 años de servicio activo y de aporte a la Caja Fiscal.	Miguel Carrizosa, representante de la Cadam, indicó que desde el gremio solicitan un acuerdo industrial automotriz con el Brasil e instan a tomar las medidas que sean necesarias para su concreción.El empresario argumentó que el Gobierno debe tomar una decisión en relación a la situación de los vehículos usados, para poder seguir exportando piezas nacionales países vecinos. A su parecer los rodados importados deben mantener sus especificaciones y componentes originales.Carrizosa mencionó en charla con 1080 AM que los autos usados son traídos únicamente hasta Iquique para llevar a otros países, porque Chile no permite la circulación en su territorio de estos móviles.“Acá tenemos que decidir si nos integramos a una realidad o si queremos seguir siendo un chapucero, basurero del mundo. Tenemos que aceptar el desafío de ser serios, que se cumpla la Ley del Consumidor, del Ambiente, la Ley de Seguridad y que nos desarrollemos comercial e industrialmente”, manifestó.Estimó que a futuro se podrán generar 50.000 puestos de trabajos formales si es que se concreta un acuerdo automotriz con el vecino país. “Vamos a integrarnos a la cadena industrial y eso es fabuloso. Uno tiene que pensar en grande, en la exportación, no quedarnos en nuestros pequeños intereses”, añadió. El titular de Cadam dijo que en el rubro emplean a 10.000 funcionarios formales, se tienen 300 sucursales en todo el país, se aportan G. 150 mil millones al IPS y G. 250 mil millones de impuestos.	El director de la Policía Municipal de San Lorenzo, Aldo Ricardo, explicó que el despeje de veredas que comenzó anoche con apenas seis casillas, es en respuesta a una resolución judicial que dispone liberar las veredas de Julia Miranda Cueto, Mariscal Estigarribia, General Caballero y Sargento Silva para el recapado del asfalto y para el reordenamiento del casco urbano.“Por orden del intendente estamos tratando de que se hagan cumplir las ordenanzas sobre las veredas y calzadas”, comentó Ricardo a la 970 AM y adelantó que existe un proyecto de estacionamiento para toda la ciudad, en especial para el microcentro. Respecto al canon que dicen pagar los afectados que reclaman el espacio, el director aclaró que la administración del intendente Alcibiades Quiñónez nunca cobró nada por uso de la vía pública y pidió que estas personas muestren algún recibo y intenten identificar a quienes les cobraron el supuesto tributo. Aclaró además que la Municipalidad de San Lorenzo proyecta la adquisición de un predio que funcionará como un Mercado de Abasto, en donde planean reubicar a los desalojados. Por su parte, el representante de los vendedores del Mercado de San Lorenzo, Cristian Arrieta, aseguró que desde el 2015 vienen buscando una solución, pero que existe poco interés de las autoridades, por lo que desde hoy realizan cortes intermitentes en las rutas.