Saudy Villalba es una madre que lleva casi dos años exigiendo que su hijo no vuelva a Uruguay donde su padre exige sus restitución luego de que regresaron a Paraguay huyendo de la situación violenta en la que vivían con su expareja.Por cuestiones laborales vivieron allá y la mujer decidió volver y buscar refugio en su país, se inició una proceso judicial por la tenencia del niño y hoy la justicia determinó que debe volver a Uruguay con su padre.“Fui víctima de violencia, mi hijo estaba sufriendo trastornos psicológicos y volví buscando refugio y ayuda y el padre presentó una demanda para que mi hijo vuelva allá con él”, explicó la madre en contacto con Universo 970.En enero se cumplirán dos años del retorno al país de ambos y en principio se resolvió que el niño quede con la madre luego de haberle tomado declaración y que este haya afirmado la intención de quedarse a vivir en su país.Se apeló la resolución y pasó a Cámara de Apelaciones que sin fundamentos, según el relato de la madre, decidió que el niño regrese con su padre a Uruguay pese a que el niño no quiere volver.“Presentamos una acción de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia y fue rechazado in limine y hoy nos citaron a una audiencia al padre, a mi hijo y a mí y el padre no se presentó alegando un desperfecto mecánico en su vehículo”, explicó Villalba.La mujer afirmó que con esto se demuestra las malas intenciones del padre. “Esto es totalmente inapropiado, la jueza determinó que se escuche a todas las partes y la audiencia pasó para otro día, necesitamos que se tome medidas porque mi hijo está traumatizado, no quiere volver”, indicó.Lamentó que no se tenga en cuenta el interés superior del niño ya que manifestó que no quiere volver al Uruguay y además aquí tras casi dos años ya tiene su círculo familiar y social en el que se siente a gusto. “Esto es revictimizarlo mil veces, necesito que no atraviese más por esto, clamamos justicia”, puntualizó Villalba.	Así lo dio a entender la ministra de Interior finlandesa, Maria Ohisalo, en una respuesta por escrito publicada este jueves en la página web del Parlamento finlandés, con la que contesta a una interpelación del diputado del partido ultraderechista Verdaderos Finlandeses Jari Ronkainen."Ni el Ministerio del Interior ni el Gobierno intervienen en la tramitación de las solicitudes individuales de asilo o de permiso de residencia ni en el contenido de las resoluciones", afirma la ministra en su respuesta.Ohisalo asegura que su Ministerio es responsable de las políticas y la legislación sobre inmigración y asilo, pero no se inmiscuye en la tramitación de casos concretos, algo que es competencia exclusiva de los funcionarios del Servicio Finlandés de Inmigración.La ministra no quiso dar detalles sobre la situación legal de los tres refugiados paraguayos ni sobre el modo en que llegaron a Finlandia, alegando que todos los procesos de asilo son confidenciales por ley para garantizar la seguridad de los solicitantes.Esa obligación legal de confidencialidad -insistió- no se puede incumplir aunque la prensa nacional o internacional divulgue información sobre un caso en particular."En consecuencia, el Gobierno no puede tomar postura sobre las decisiones individuales tomadas por Servicio Finlandés de Inmigración", afirmó.Las autoridades nacionales están tratando de que Finlandia revoque el asilo y extradite a Arrom, Martí y Colmán para ser juzgados por el presunto secuestro en 2001 de María Edith Bordón, quien fue liberada en 2002 tras el pago de un rescate.Una de las iniciativas para lograrlo es el anunciado viaje de un grupo de senadores a Helsinki con el objetivo de exponer a legisladores, jueces y fiscales finlandeses la situación judicial de los tres prófugos, aunque ese viaje fue postergado "sine die" el pasado 28 de octubre.Además, las autoridades protestaron oficialmente ante Finlandia por su decisión de conceder asilo político a los tres refugiados.Estas protestas llevaron al diputado ultraderechista Jari Ronkainen a interpelar al Gobierno finlandés y exigir explicaciones por dar refugio a tres personas acusadas de haber cometido varios delitos. "A este paso la población de refugiados en Finlandia será como los fugados de Alcatraz. Parece que cuanto mayor es el crimen cometido, más probabilidades hay de obtener asilo en Finlandia", escribió en su perfil de Twitter.	El político colorado recordó que el artículo 104 establece que los funcionarios y empleados públicos están obligados a prestar su declaración dentro de los 15 días de haber tomado posesión del cargo y al mismo término al cesar en el puesto. De esta manera, la declaración de Riera podrá verse en el portal de la Contraloría, donde ya figuran las del senador liberal Blas Llano, del ministro de Hacienda, Benigno López, y Pedro Correa.	La senadora Desirée Masi asegura que las protestas por las cuales Contrataciones Públicas suspendió la licitación de máquinas electrónicas no son recientes. Se preguntó si la Justicia Electoral llegó a no a responder a estos cuestionamientos y en qué plazo lo hizo, ya que ahora el titular Jaime Bestard promete contestar en un día.	Antes de que se desate un nuevo escándalo por las urnas electrónicas, senadores del PDP se reunieron con el titular del TSJE, Jaime Bestard, para conocer cuáles eran los oferentes, pro qué había protestas y qué opinaba la Justicia Electoral al respecto.En la ocasión cuestionaron al TJSE el ajustado cronograma del proceso licitatorio, en el que prácticamente no se contemplaba un tiempo para posibles oposiciones y la respuestas a las mismas. “Sabemos que hace rato se está protestando, pero lo que no podemos ver en la realidad es cuál fue la protesta, cuál fue la contestación del TSJE, cómo y en qué plazo contestaron”, expresó Masi.Aclaró que no existe ningún impedimento para que las listas desbloqueadas se apliquen con las papeletas, pero advirtió que será un proceso muy engorroso. La suspensión del proceso para el alquiler de 15.000 máquinas electrónicas por 23 millones de dólares para las elecciones municipales 2020 se dio en respuesta a una protesta presentada por la empresa Smartmatic International. El siguiente paso es la contestación del Tribunal Superior de Justicia Electoral, cuyo titular, Jaime Bestard, prometió responder hoy mismo, no obstante, el plazo máximo es de siete días.