A través de un comunicado, el gremio en cuestión recalcó que desde hace años sus asociados y los trabajadores del volante en general, vienen siendo objeto de todo tipo de atropellos a sus derechos, mientras los empresarios se quedan con la mayor parte de las ganancias, evadiendo incluso sus obligaciones con la seguridad.Aun con leyes vigentes tales como el salario mínimo, las ocho horas laborales diarias y el aporte al Instituto de Previsión Social, durante una serie de controles recientes por parte del Ministerio de Trabajo, se comprobó que al menos 77 choferes trabajan sin recibir estos beneficios establecidos en la legislación vigente.De los 77 conductores encuestados, 39 no cuentan con seguro del Instituto de Previsión Social (IPS), 62 trabajan más de 8 horas, 19 choferes no cobraron el aguinaldo correspondiente del año 2018 y 26 de ellos cobran menos del salario mínimo. También 38 choferes afirmaron que no tienen vacaciones y otros 9 alegaron que aún no cuentan con antigüedad para acceder a las vacaciones y aguinaldo.Para el gremio, estas estadísticas dejan al descubierto las pésimas condiciones laborales de los conductores de buses y el inescrupuloso manejo de los propietarios, que acumulan riquezas a base de la explotación a sus empleados.Tanto la FUTT, como la Central Unitaria de Trabajadores solicitan que continúen los controles para formalizar el sector, y que no cedan a las presiones de los empresarios del rubro. Los choferes encuestados durante el procedimiento pertenecen a las siguientes empresas: Ciudad de Paraguarí, Buenaventura SRL, Tebicuary, El Tara, Salto Cristal SRL, Osiris Group SA; Rio Paraguay, 36 Construcciones y Cardozo Hermanos. La lista continúa con Juan y Diosnel SRL, La Carapegueña, Lago Ypoa, Manuelita, Mario Decoud e Hijos, Quiindyense, San Buenaventura y Yacyretá.	Los pacientes con enfermedades lisosomales o raras buscan visibilizar la realidad que viven diariamente y que se conozca más sobre cuáles son las patologías, los síntomas y los centros de referencia de atención para que las personas reciban un diagnóstico y tratamientos oportunos. Apuntan a contar con mayor apoyo social y servicios de salud integral para mejorar la calidad de vida.	Los integrantes de la Asociación Paraguaya de Pacientes con Enfermedades Lisosomales (APPEL) iniciaron la sexta edición de la campaña de sensibilización sobre enfermedades raras, entre las que se encuentran los males lisosomales y que se conmemora el último día de febrero de cada año.La intención es que se conozca más sobre las enfermedades poco frecuentes por lo que buscan una mayor difusión sobre los síntomas y cuáles son los centros de referencia de atención especializada en el país para una detección temprana y la posibilidad de recibir un tratamiento oportuno. También buscan visibilizar el gran impacto de la enfermedad y los retos diarios a los que se enfrentan los pacientes que tienen alguna de estas enfermedades crónicas sin acceder a un tratamiento adecuado y oportuno.Este año la campaña lleva el lema “Servicios de salud integral+Apoyo Social = Calidad de Vida y la APPEL organiza una serie de actividades que se desarrollarán durante estos días con jornadas de sensibilización y apoyo integral, actividades en la vía pública y mesas informativas que se instalarán en varios hospitales públicos de referencia.La fecha de recordación fue elegida considerando que es un día raro de por sí ya que si no es un año bisiesto, la fecha queda para el último día del segundo mes del año.Las enfermedades lisosomales son de origen genético, causadas porque el cuerpo no produce lo suficiente de una determinada enzima y, por ello, no puede descomponer una sustancia que debe ser procesada por la misma. Consecuentemente, estas sustancias se acumulan en las células en diferentes órganos y sistemas, provocando los síntomas y complicaciones en la salud, afectando la calidad de vida, y en algunos casos, poniendo en riesgo la vida de los afectados. Algunas patologías lisosomales son: Gaucher, MPS, Pompe y Fabry.En el país existen cerca de 60 personas que padecen estas enfermedades y actualmente, el país cuenta con un Programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades Lisosomales a cargo del MSP. Los centros de referencia de atención y tratamiento de enfermedades lisosomales son los hospitales de Clínicas, Nacional de Itauguá, Pediátrico Acosta Ñu, Regional de Ciudad del Este y Regional de Encarnación.	En una rueda de prensa en la sede de la Vicepresidencia de la República en Asunción, la ministra del ramo, Nilda Romero, explicó que el proyecto "Mujeres Emprendedoras de la Agricultura Familiar" servirá también para fomentar el "empoderamiento económico y político" de esas mujeres.Ese objetivo se conseguirá, según indicó la directora general de cooperación internacional del Ministerio y una de las impulsoras de la iniciativa, Miriam Monzón, gracias a que el dinero será "administrado por las propias mujeres organizadas en comités".En concreto, se facilitarán 800 millones de guaraníes (unos 132.000 dólares) que se repartirán entre 80 comités de mujeres rurales de los departamentos centrales de Cordillera y Caaguazú, conformados previamente por mujeres que estén en "situación de vulnerabilidad".Monzón aseguró que, cada comité será el encargado de administrar el dinero y facilitar los microcréditos de 1 millón de guaraníes (165 dólares) a cada una de sus miembros, para que implementen un pequeño negocio productivo relacionado con el mundo agropecuario.El dinero deberá ser devuelto en el plazo de un año al comité con un interés del 1 %, para que este pueda ser utilizado para financiar la iniciativa de otra mujer de la comunidad.Además, la ministra señaló que, antes de otorgar el dinero, las mujeres reciben una "capacitación" del Ministerio en "habilidades blandas como el autoestima, el liderazgo y el conocimiento de sus derechos", para después elegir los proyectos que quieren desarrollar, para lo que también recibirán una "formación técnica".En caso de que el proyecto de alguna de las mujeres no fuese lo suficientemente rentable y no pudiesen hacer frente a la devolución del préstamo, Monzón explicó que, aunque "la no devolución supondría la expulsión del comité", estos podrán abonar el dinero de forma anticipada para que siga rotando, y ofrecer a la mujer afectada que "lo devuelva poco a poco".Ello, añadió, porque los comités funcionan bajo el concepto de "solidaridad" ya que las integrantes conocen la situación específica de cada una de ellas.Las autoridades realizarán un "seguimiento" de los comités durante dos años y, pasado ese tiempo, esos entes podrán "decidir", según la ministra, "qué hacer con el dinero que nunca vuelve al Ministerio", aunque puntualizó que solo podrá utilizarse para "emprendimientos productivos".En ese sentido, señaló que en un proyecto similar que se implementó en años anteriores, "varios comités se constituyeron en cooperativas", consolidando una fuente de empleo y emancipación de las beneficiarias.Esa experiencia anterior, que alcanzó a 5.500 mujeres en 10 departamentos del país, también dejó resultados negativos de algunos comités que "no lograron salir adelante", por lo que el actual proyecto prevé realizar un "diagnóstico" de la situación de 120 comités participantes en aquella iniciativa, formados por 1.200 mujeres de los departamentos de Ñeembucú (sur), Alto Paraná y Canindeyú (este).Esa evaluación servirá para ofrecer a esas mujeres "otros programas" complementarios impulsados por el Ejecutivo de cara a "reforzar sus capacidades de organización y emprendimiento", especificó Monzón. En total, el costo del proyecto asciende a 500.000 dólares, financiados por el Gobierno de Marruecos.	ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.El alcance de la protección para los testigos que se presentan a declarar ante la CorteIDH incluye solo a los Estados, no así a terceras personas como en su caso, indicó. Por ende, dijo no haber encontrado algún impedimento para formular esta denuncia de manera particular.“Sería muy cómico que una persona tenga la inmunidad para atacar, agraviar, injuriar, mancillar el honor y la reputación de cualquier persona en un foro como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, expresó Aquino a la emisora radial.Aprovechó la ocasión para volver a desmentir las acusaciones vertidas por Cristina Arrom señalando que no formó parte de ningún operativo ni investigación y que en aquel entonces (enero del año 2002) se encontraba realizando una serie de conferencias, primeramente en Washington (EE.UU.) y posteriormente en Francia, lo cual pudo probar con respaldo documental.“Cuando escuché que las hermanas (Arrom) dijeron mi nombre, al regresar al país lo que hice fue presentarme a la Fiscalía, eran como 3 o 4 fiscales. Presenté un cúmulo de evidencias como boletas de hotel, pasajes, invitaciones a las conferencias, copias de pasaportes, informes de migraciones, etc”, refirió.Al ver todas las pruebas que confirmaban esta versión, el abogado Diego Bertolucci, representante legal de las mismas, le había pedido disculpas por lo ocurrido, según recordó el ministro, lo cual daba cuenta de que las acusaciones en su contra era infundadas.“A los 17 años ella volvió a decir toda esta historia sabiendo que no es cierto, ella sabía perfectamente lo que pasó”, afirmó el ministro de Inteligencia. La exigencia de Esteban Aquino es la aplicación de la máxima pena por difamación, calumnia e injuria, con una compensación de G. 850 millones. Posteriormente y a las resultas de esta querella, el mismo no descarta llegar también al ámbito civil y exigir una reparación económica mucho más elevada.