Indicó que, prácticamente, no se vienen abonando en este concepto, a pesar de las resoluciones de la Defensoría del Pueblo. “Esos documentos fueron a Hacienda, que los remitió, nuevamente, a la Procuraduría General de la República, que, en la mayoría de los casos, emite dictámenes en contra; ellos se sienten avasallados en sus derechos y ya están pensando en recurrir a otras instancias”, esgrimió la parlamentaria.	Explicó que la irretroactividad de la ley hace que, en muchos casos, no se pueda culminar el proceso con el pago de las indemnizaciones. “Muchos de estos expedientes ya tienen su dictamen favorable, pero un decreto no puede hacer que la ley sea retroactiva; entonces esa parte es lo que se tiene que destrabar para que el defensor del pueblo también cumpla con sus obligaciones en atender y hacer que el Estado cumpla con la gente”, esbozó.