¿QUÉ ES LA CORTE INTERAMERICANA? La Corte Interamericana de Derechos Humanos -abreviada como CorteIDH- es una de las principales instituciones dedicadas a la protección de los derechos humanos y es dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).Se considera como un organismo judicial autónomo y supranacional que cuenta con capacidad contenciosa o jurisdiccional ya que puede emitir sentencias obligatorias para los Estados.¿CUÁLES SON SUS ATRIBUCIONES Y OBJETIVOS?El objetivo fundamental de la CorteIDH es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”. En tal sentido, se encarga de velar por el cumplimiento de las disposiciones allí establecidas para que se logre el respeto de los derechos humanos.La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias; una función consultiva; y la función de dictar medidas provisionales.¿QUÉ ES LA FUNCIÓN CONTENCIOSA DE LA CORTE?Dentro de esta función, la Corte determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos aplicables al sistema interamericano.¿CÓMO SE PRESENTA UN CASO?De acuerdo con la Convención Americana, sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. En consecuencia, el Tribunal no puede atender peticiones formuladas por individuos u organizaciones.De esta manera, los individuos u organizaciones que consideren que existe una situación violatoria de los derechos humanos y deseen acudir al Sistema Interamericano, deben dirigir sus denuncias a la Comisión Interamericana, la cual es competente para conocer peticiones que le presente cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida que contengan denuncias o quejas de violación de la Convención por un Estado Parte.¿CÓMO SE COMPONE LA CORTE?La Corte se compone por siete jueces naturales de los Estados miembros de la OEA, que tienen un mandato de 6 años y pueden ser reelegidos por el mismo periodo de tiempo. La propia Corte se ha autodefinido como una institución judicial autónoma y como el órgano con mayor poder para asegurar la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.La composición actual de la Corte es la siguiente (en orden de precedencia):*Presidente: Roberto F. Caldas (Brasil).*Vicepresidente: Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México).*Miembros: Eduardo Vio Grossi (Chile), Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia), Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) y Patricio Pazmiño Freire (Ecuador).¿QUÉ ES EL PACTO SAN JOSÉ DE COSTA RICA?La Convención Americana sobre Derechos Humanos -también llamada “Pacto de San José de Costa Rica”- es un tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los Estados Partes.La misma establece que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son los órganos competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes de la Convención y regula su funcionamiento.¿QUÉ PAÍSES HAN ACEPTADO LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE?Los Estados que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.¿QUÉ SON LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS SOBRE CASOS CONTENCIOSOS?El proceso de elaboración de una sentencia comprende varias etapas que combinan la naturaleza escrita y oral. Una de ellas es la audiencia pública en la que se analiza un caso presentado ante la CorteIDH y que suele durar aproximadamente un día y medio. En dicha audiencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expone los fundamentos de la presentación del caso ante la Corte y de cualquier otro asunto que considere relevante para la resolución del mismo. A continuación, los Jueces del Tribunal escuchan a los peritos, testigos y presuntas víctimas convocados mediante resolución, quienes son interrogados por las partes y, de ser el caso, por los Jueces.Seguidamente, la Presidencia concede la palabra a las presuntas víctimas o a sus representantes y al Estado demandado para que expongan sus alegatos sobre el fondo del caso. Luego, le otorga a las partes involucradas la posibilidad de una réplica y una dúplica.Concluidos los alegatos, la Comisión presenta sus observaciones finales, luego de lo cual tienen lugar las preguntas finales que realizan los Jueces a las partes.¿CUÁNTO DURA EL PROCEDIMIENTO DE UN CASO ANTE LA CORTE?El promedio de duración del procedimiento de un caso contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría llegar a los 22 meses. Este lapso de tiempo se considera desde la fecha de sometimiento de un caso hasta la fecha de emisión de sentencia de reparaciones por parte de la Corte.¿SON SUSCEPTIBLES DE APELACIÓN LOS FALLOS DEL TRIBUNAL?No, los fallos del Tribunal son definitivos e inapelables.¿LAS SENTENCIAS DE LA CORTE SON VINCULANTES?Sí, las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes para los Estados Partes. OBS: información extraída de “	Con una recaudación de G 250 mil por día, un cuidacoche no está de acuerdo con el proyecto de bicisenda ya que el estacionamiento de vehículos era su pan de cada día. Afirmó que no puede cambiar de zona porque están todas ocupadas y que sin estudios ni preparación no tiene otra opción laboral.	Un cuidacoche que se encontraba en la cuadra de la bicisenda de Iturbe manifestó su disconformidad con el proyecto y afirmó que luego de 30 años, quedó sin trabajo ya que el estacionamiento de vehículos está prohibido en su zona que corresponde a las intercepciones entre Herrera y Fulgencio R. Moreno.Reinaldo Urbieta, manifestó a Paraguay en Bici su preocupación debido a que el cuidado de vehículos en la vía pública era su pan de cada día, que no cuenta con estudios ni otros conocimientos para conseguir otro tipo de trabajo, además contó que tiene un hijo con discapacidad.“Tengo que pagar luz que viene 450 mil guaraníes y agua 150 mil y estoy preocupado, ya no duermo más”, señaló el hombre que vive en el barrio San Francisco de la Costanera.Se quejó de que nadie avisó sobre la implementación ni le dieron una opción de trabajo y que no puede cambiar de zona ya que todas están ocupadas por otras personas. “Para los pobres no hay trabajo”, agregó.Reflexionó sobre la implementación de la bicisenda y afirmó que el país no está preparado para esto al igual que otros países donde sí las calles están en condiciones para el proyecto.“En otros países las calles son grandes, acá ya ni espacio para estacionar hay y los estacionamientos se aprovechan de la gente y le cobran 20 mil guaraníes por hora”, puntualizó.La Policía Municipal de Tránsito se encuentra realizando los controles y ya hubo multados que estacionan sobre la bicisenda. Los infractores deben abonar la suma de G 325.000 y la remoción G 243.000.	A través de sus abogados Jorge Cantero y Oscar Said Bobadilla, Mereles (recientemente trasladado a la penitenciaría de Pedro Juan Caballero), replicó que no forma parte de dicha organización criminal, que sólo realiza trabajos contables para los hijos de Da Rocha.“Dentro de la cartera de clientes de AF Estudio Contable se hallan algunas empresas vinculadas a los hijos de Luis Carlos Da Rocha, razón por la cual el señor Mauro Mereles ha sido sometido a una investigación penal. Sin embargo los mismos poseen numerosas empresas cuya contabilidad son llevadas por otros contadores que ni siquiera han sido citados por el Ministerio Público”, remarca el derecho a réplica solicitado por el acusado, tras publicaciones periodísticas que lo sindican como una de las cabezas contables de la organización. “Los servicios prestados por AF Estudio Contable se limitan exclusivamente a actividades lícitas vinculadas a la actividad contable pública que se hallan reguladas por la ley y controladas por organismos estatales. Todos los trabajos realizados por el estudio contable se hallan respaldados por informaciones y documentaciones legales, proveídas por los clientes inscriptos como contribuyentes y clientes del Estudio, cuya facturación anual supera la suma de 6.000.000.000 han sido supervisados, verificados o auditados por auditores externos debidamente inscriptos y autorizados por la Sub Secretaría de Estado de Tributación”, agrega.“El patrimonio del licenciado Mauro Mereles se halla plenamente justificado y acorde con sus ingresos. el origen de sus bienes es demostrable y existe una plena correspondencia entre los bienes que posee con los ingresos que ha obtenido en los ùltimos años”. sostiene el escrito de los abogados Cantero y Said.	Villamayor reconoció que es necesario aumentar la inversión que se destina a las políticas antiviolencia en el fútbol paraguayo porque hace falta “sanear el deporte” en el país.En ese sentido, pidió la colaboración tanto de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) como de los clubes de la Primera División para erradicar la violencia de los estadios.Villamayor solicitó al presidente de la APF, Robert Harrison, la instalación de más dispositivos de vigilancia en los estadios y que se delimite los equipos que pueden competir en determinados campos, ya que “hay hinchadas que producen problemas”.Harrison manifestó este martes, tras la reunión del Consejo Ejecutivo de la Asociación, su voluntad de acabar con la violencia y de llevar a cabo un trabajo conjunto con Fiscalía, Policía Nacional y los clubes para combatir a los barras bravas.El ministro del Interior también agradeció la labor de algunos clubes como el Olimpia, que están ampliando su sistema de vigilancia para mejorar el sistema de identificación de las personas implicadas en altercados. “No pretendemos encontrar un culpable, sino una solución”, añadió Villamayor.Además de las iniciativas policiales, el ministro también anunció un programa de concienciación social, en colaboración con la Oficina de la Primera Dama, que tiene como objetivo dar “tratamiento a este fenómeno” que en ocasiones se escapa de la “capacidad policial”.“Si una persona decide ir a un partido de fútbol y se pone en la cintura una pistola debemos reconocer que algo no está bien y que no es solo un problema policial”, expresó Villamayor.La Fiscalía paraguaya imputó este martes a 39 personas, de las cuales seis son menores de edad, por su supuesta participación en enfrentamientos violentos durante dos partidos de esta temporada.Del total de imputados, 22 fueron identificados por las agresiones que registró la Policía Nacional en el encuentro entre Olimpia y Sportivo Luqueño del pasado domingo en el estadio Defensores del Chaco.Los otros 17 lo son por el enfrentamiento durante la disputa de un amistoso entre el Cerro Porteño y el Atlético Tucumán argentino el pasado 16 de enero en el interior del estadio Pablo Rojas. La Asociación Paraguaya de Fútbol y el Gobierno ya decidieron poner en marcha el año pasado una campaña especial para erradicar la violencia de los estadios, antes de que se disputara uno de los clásicos entre Olimpia y Cerro Porteño.