La desacreditación realizada por la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología (SPA), la doctora Graciela Escobar sobre la preparación de los médicos que no forman parte del gremio creó malestar entre los médicos especialistas que no están asociados, específicamente del Hospital de Clínicas. La preparación académica de años garantiza la calidad del servicio que prestan y no el pertenecer a tal o cual organización, respondieron.	Los anestesiólogos del Hospital de Clínicas manifestaron su desacuerdo con las declaraciones de la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología, la doctora Graciela Escobar quien dudó de la capacidad de los colegas que no forman parte del gremio. “Vienen desacreditándonos desde hace 10 años, diciendo que los médicos egresados formados acá no tienen capacidad; ellos crean miedo hacia nosotros los médicos anestesiólogos que formamos parte de la UNA”, afirmó.Destacó que la profesión es un proceso continuo de formación y por culpa de un grupo, que no quiso acceder a a través de concurso de méritos y aptitudes, declararon al Hospital de Clínicas como una zona de conflicto, donde por intereses diversos vetan a los egresados de la institución.Por su parte, el doctor Walter Delgado, Jefe del Departamento de Anestesiología de Clínicas y Jefe del Postgrado de Anestesiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, afirmó que las declaraciones de Escobar crean confusión y explicó que concretamente los egresados de la UNA, para acceder a la especialidad, primeramente deben concluir la carrera de Medicina, ser médico egresado, para posteriormente realizar la Especialidad en Anestesiología y Reanimación. Aclaró que todos los Especialistas Anestesiólogos de la UNA reúnen los estándares más elevados en cuanto a la parte cognitiva y procedimental requeridos para la especialidad.“La especialidad tiene una duración de 3 años, es un entrenamiento intenso con más de 4000 horas en 3 años, más de 3000l procedimientos anestésicos realizados. Los médicos tienen que estar capacitados y adquirir todas las habilidades procedimentales y también los conocimientos adecuados para posteriormente ser evaluados y de acuerdo a las competencias que adquirieron, emitir el título de “Especialista en Anestesiología”.Delgado afirmó que es la Universidad la que realiza la formación en Anestesiología, posteriormente los médicos pueden asociarse en cualquier tipo de institución; actualmente está la Sociedad Paraguaya de Anestesiología (SPA), la Sociedad Médica de Anestesiología (SMA) y están los que no quieren asociarse a ninguna de las dos.“Todos los médicos que tienen la titulación de la UNA tienen la capacidad de ofrecer servicios seguros de atención para todos los pacientes, de hecho que los médicos que están trabajando en el Hospital de Clínicas, todos son egresados de la UNA, realizan más de 3000 procedimientos anestésicos al año con absoluta calidad y seguridad, desde trasplante hepático, que es la más compleja, hasta procedimientos más sencillos”, afirmó en conferencia de prensa. Sobre la situación generada entre la medicina privada y el gremio de la SAP, encabezado por la doctora Graciela Escobar, se da por problemas de aranceles que afectó a la especialidad y sembrando la misma y de manera innecesaria, dudas respecto al grado de formación de los anestesiólogos y sobre todo los que se encuentran ejerciendo la profesión dentro del Hospital de Clínicas y que son egresados de la UNA, lo cual molestó bastante a los profesionales.Clínicas cuenta con 50 médicos anestesiólogos que realizaron el proceso pedagógico, avalado por la UNA. Garantizó que todos los médicos tienen los estándares más altos en competencias para realizar alguna anestesia segura y de calidad, y eso lo demuestra la cantidad de procedimiento que se realiza por año en el Hospital de Clínicas.	El letrado presentó una nota ante el Ministerio Público argumentando que a la misma hora debía participar de un Juicio Oral y Público.Los antecedentes del caso señalan que Gaona, quien está apartado de sus funciones como fiscal adjunto, fue denunciado el 12 de noviembre de 2018 por una alumna, quien cursaba el quinto semestre de la carrera de Derecho, en la ciudad de Quiindy. La agente fiscal Mora tomó el caso luego de que el abogado Almada recusó a la fiscal Teresa Sosa, quien imputó a Gaona. Por otro lado, Mora solicitó a la Dirección General contra la Violencia contra las Mujeres del Ministerio de la Mujer la realización de una evaluación preliminar a la señorita que presentó la denuncia.EL ACTALa denuncia en contra del fiscal sostiene que en febrero del 2018 la joven aguardaba el bus para ir a su casa, tras salir de la facultad.Allí apareció Gaona en su vehículo, y estaba acompañado por su asistente de cátedra, Antonio Salinas. El fiscal se ofreció a llevarle a la joven y esta accedió.La denunciante expresó que el fiscal comenzó a manosearla y que a la altura de la chipería Katy, a un kilómetro de la facultad, Salinas bajó supuestamente para comprar chipa. Ese momento fue aprovechado por el acusado para obligar a la alumna a practicarle sexo oral, refiere el acta. La joven abusada remarca que a partir de allí Gaona procedió de manera sistemática a extorsionarla, para evitar que denuncie.	Los agentes imputados son Cristian Manuel Amarilla, Moises Mario Cantero Moran, Aureliano Medina Brizuela, Máximo González Díaz, Isidro Alberto Villalba Duarte y Juan Gregorio Fretes Gómez, quienes eran los funcionarios policiales a cargo del resguardo de un taller mecánico ubicado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el cual se encontraban evidencias vinculadas a la causa Minotauro.En el taller había específicamente 5 camionetas, maquinarias y herramientas.A los efectos de trasladar las evidencias hasta Asunción, el taller fue verificado por personal policial asignado del departamento de Amambay, el 13 de febrero, y allí se encontraba todo lo incautado, que debía ser movilizado a la capital el 18 del corriente. Sin embargo, el viernes 15, funcionarios fiscales y policiales se constituyeron en el depósito y constataron que los vehículos, las maquinarias y las herramientas ya no estaban en el lugar y que asimismo el candado de acceso al referido lugar había sido forzado.Los representantes del Ministerio Público, requirieron al Juzgado el arresto domiciliario de los ahora imputados, considerando que los investigados se están sometiendo a la justicia, además poseen arraigo suficiente en el país por su condición de personales policiales de carrera, y que asimismo no han obstruido la investigación.​	En entrevista con la 970 AM, Costa manifestó que no se puede ejercer una ciudadanía activa sin acceso a la información pública porque esa es justamente la base para lograrlo, además de permitir controlar la gestión de las autoridades y conocer lo que se está haciendo con la cosa pública.De igual manera, sostuvo que algunos políticos “se llenan la boca” con términos como transparencia, información pública y participación ciudadana pero a la hora de la verdad se dan cuenta “que les duele y les pisa” la ciudadanía cuando se les pide información y no la quieren dar porque se van a estar descubriéndose sus “fatos y negociados”.“Estamos en un Estado de derecho cuyo principio fundamental es la transparencia”, afirmó, al tiempo de señalar que las autoridades deberían asumir que ser transparentes no va solo de boca para afuera sino “de gestión para adentro”.Costa asegura que el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez “sigue llenándose la boca de transparencia” pero, en contrapartida, se han ido viendo pequeños, medianos y grandes hechos que muestran que la transparencia “está muy lejos del ADN y la actitud de este gobierno”.Como ejemplo de la falta de transparencia en la gestión actual mencionó el	, recordó que el propio ministro de Hacienda, Benigno López, había asegurado en su momento que ya no se ingresaría a la función pública si no es a través de concursos, pero al final terminaron echando por tierra esas afirmaciones.“El Estado sigue siendo un gran coto cerrado para los amigos, para los que tienen poder o influencia, los que pueden extorsionar al poder desde otros ámbitos, entonces la ciudadanía queda como mera espectadora”, refirió Costa en relación a este tema. A su criterio, queda seguir insistiendo y sobre todo utilizando la principal herramienta que hoy día está disponible que es la Ley de Acceso a la Información Pública. “Hay que usar esta ley porque es una herramienta que ha supuesto un avance significativo en materia institucional para que el ciudadano pueda reclamar, pedir, solicitar, exigir información pública a las autoridades”, puntualizó.