El exministro de Hacienda, Santiago Peña, mencionó a la radio 650 AM que se debe apostar por la transparencia y el acceso a la información, al referirse al pago de aguinaldo extra en las instituciones públicas, como el caso de Petropar. “Es fundamental que siga habiendo control ciudadano y de los medios. Cuando se distribuyen estos beneficios en las instituciones públicas generan una sensación de frustración tremenda”, resaltó.Recordó que en el 2016, la Cámara de Diputados aprobó una ampliación presupuestaria para el pago de aguinaldos extras. Esto no cayó bien en la ciudadanía y generó una sensación de frustración. Ante esto, el entonces presidente Horacio Cartes decidió prohibir desembolso de ese tipo, según rememoró. “Esta es una ventanita que se abrió (pago de segundo aguinaldo). Estábamos al tanto que se están pagando por diferentes conceptos. Comienza por una institución que genera sus propios recursos y luego se van replicando en las demás, ante la sensación de inequidad pública”, comentó. REUNIÓN CON TRUMPEn otro momento Peña mencionó que está entusiasmado por la reunión del mandatario paraguayo Mario Abdo con el presidente de los EE.UU. Donald Trump en la Casa Blanca, porque puede redituarnos en la apertura del mercado norteamericano a la carne nacional y ayuda en diversas materias. “Entusiasma la manera en que fue recibido porque fue una reunión muy amena, abierta y hay una buena sensación. No debemos desconocer que EE.UU. es la mayor potencia económica a nivel mundial”, indicó.Santiago Peña argumentó que no considera que el respaldo norteamericano le blinde al gobierno paraguayo. En cambio resaltó que los gobiernos de la región, y en particular el de Abdo Benítez, están “a una manifestación ciudadana de salir del poder, la ciudadanía tiene cada vez menos tolerancia”.ACUERDO DE ANDE Y ELETROBRASEn ese sentido resaltó que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) firmó un acuerdo con su par brasileña Eletrobras para la contratación de potencia de la Itaipú Binacional hasta el 2022. “Hoy todos estamos preocupados por el anuncio de la nueva acta. Todos queremos ver los detalles. Los expertos quieren saber la letra chica, que muchas veces no está en el comunicado”, subrayó.Resaltó así también que este es un tema muy sensible, recordando que casi le valió un juicio político al Presidente de la República por el negociado realizado en completo secreto con el Brasil.La ANDE prometió dar a conocer el contenido durante esta semana tras aprobar el área jurídica. Lo único que aseguró fue que no habrá variación en la tarifa.CASO RIERAPor otra parte dijo que aprecia y conoce hace mucho tiempo al senador colorado Enrique Riera, quien decidió apartarse del movimiento Honor Colorado para impulsar su figura de manera independiente. “Creo que va a seguir siendo un actor importante en política, mi aprecio y simpatía hacia su persona continúan intactos. No conozco los detalles de su alejamiento del movimiento. Él tiene una intención genuina de ser presidente del Partido Colorado y desde ahí probablemente intentar ser presidente de la República”, puntualizó.	“Prácticamente todos los municipios entran en un periodo de baja recaudación a partir de agosto”, se excusó Gómez al ser consultado sobre la falta de pago de salarios y a proveedores. El edil asegura que los ingresos mensuales no superan los G. 1.000 millones y necesitan el doble para cumplir con las obligaciones básicas. Por su parte, el concejal Victor Silvera y tres de sus colegas se reunieron con el diputado Pedro Alliana, quien les garantizó que el pedido de intervención será tratado en la sesión ordinaria de este miércoles. Manifestó que tiene la esperanza de que la designación del interventor se dé antes del final del año. Son quince las causales de intervención presentadas por la Junta Municipal. Entre los más resaltantes se encuentran la mala utilización del rubro de transferencia de capital al sector privado sin licitaciones públicas, presunta sobrefacturación de obras, contrataciones arbitrarias por la vía de la excepción, incumplimiento a la asistencia obligatoria del intendente a la sesión de la Junta Municipal, la firma de convenios sin autorización de la Junta Municipal y la emisión de cheque y orden de pago en blanco para la comisión vecinal Juan Pablo II. La comisión interventora está presidida por el colorado Basilio Núñez y la integran los diputados Sebastián Villarejo (PPQ), Jazmín Narvaez, Ramón Romero Roa, Hugo Ramírez, Cristina Villalba (ANR), Manuel Trinidad, Emilio Pavón y Arnaldo Rojas Feris (PLRA).	En charla con la radio 650 AM, la ministra Cecilia Pérez mencionó que no habrá indulto a fin de año porque hubo demasiados cambios de ministros y viceministros en la cartera de Justicia. “Se debe hacer un exhaustivo estudio para los beneficiados y no se llega para la fecha. Vamos a ver para el año que viene”, refirió. Así también indicó que en ese ministerio desean trabajar en la gestión de máxima seguridad, de modo a formar y discriminar a los funcionarios, de acuerdo al lugar donde va a trabajar el personal. "Nosotros tenemos una unidad de inteligencia penitenciaria que viene trabajando hace tiempo. Trabajamos de manera coordinada con la policía y los militares, cosa que no había sucedido en los últimos tiempos. Es un trabajo de 24 horas”, sostuvo además.	A pedido de los diputados Enrique Mineur (PLRA) y Basilio Núñez (ANR) fue convocado el procurador general de la República, Sergio Coscia, quien se encuentra reunidos con los integrantes de la Mesa Directiva.“Tenemos la triste realidad de que hay 650 funcionarios y obreros de Acepar que no cobran sus salarios, están en una situación de indefinición”, comentó Mineur.Sobre los motivos explicó que que Acepar se encuentra en un proceso de privatización inconclusa y que el año pasado él mismo presentó un proyecto para reencausar el orden funcional y permitir que el Estado vuelva a estar al frente del paquete fraccionario, pero que no consiguió resultados. El diputado adelantó que preguntará al procurador por qué no se está cumpliendo con los obreros pese a que cuentan con un bono que puede ser negociado en el mercado. El año pasado, las autoridades de la compañía brasileña se retiraron del país alegando la “falta de seguridad jurídica” para invertir en Paraguay, dejando cuantiosos daños económicos y el quiebre total de Acepar.