Esta mañana un bus de la empresa Automotores Guaraní SRL que explota la línea 15, se incendió sobre la calle República de Colombia casi Estados Unidos, según el conductor, Juan Ayala, vio que salía humo de la puerta delantera, por lo que detuvo la marcha para revisar y efectivamente comprobó que el motor estaba en llamas.Con ayuda de los pasajeros y funcionarios de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, se logró apagar el fuego evitando su expansión, cuando los bomberos llegaron al lugar, la situación ya estaba prácticamente controlada.Si bien la situación no pasó a mayores, es la segunda unidad de la misma empresa que sufre una situación de esta naturaleza, el pasado 30 de enero un ómnibus fue totalmente consumido por las llamas en la misma intersección, sin que se reporten heridos, salvo daños materiales. En aquella ocasión, el fuego se originó también en el motor. El conductor comentó que tras este hecho, la empresa dispuso que todas las unidades sean enviadas a mantenimiento y en el primer recorrido tras salir del taller se produce este incidente.También en Itauguá Unos metros después de salir de la parada, otro ómnibus de la empresa Ñanduti SRL de la ciudad de Itauguá, comenzó a arder en la parte del motor, obligando al chofer a extremar recursos para paliar la situación Este colectivo de la empresa Ñanduti SRL, ni bien salió de su parada, comenzó a arder. Primer redondo del día y ya tuvo problemas.	Varios funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) están trabajando pero sin cobrar sus respectivos salarios a raíz de la falta de la firma de un contrato para el período 2019, según una denuncia realizada a nuestro medio. Se presume que el trasfondo de la cuestión sería la incorporación de gente de confianza del ministro Eduardo Petta.	Un funcionario del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias se puso en contacto con HOY para dar a conocer una situación que se viene registrando en la citada institución.Según manifestó, alrededor de 300 funcionarios de varias dependencias, incluyendo la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), se encuentran aún sin firmar el contrato correspondiente al período 2019.A esta situación se le suma el hecho de que varios trabajadores siguen sin percibir el aguinaldo de diciembre pasado y el salario del mes de enero, todo debido a la falta de un vínculo formal por escrito.El denunciante indicó que desde el MEC les habían propuesto firmar un contrato de solo 3 meses de vigencia (desde enero hasta marzo), sin brindarles una explicación ante el repentino cambio. En años anteriores, todos firmaban contratos de 12 meses, tal y como es costumbre en el ámbito de la función pública. Hay documentos que confirman que varios funcionarios ingresaron por méritos a la cartera educativa y que poseen contratos de 12 meses, lo cual finalmente estaría quedando sin validez ante este llamativo cambio, según afirmó a HOY.El ministro de Educación, Eduardo Petta, habría puesto como justificación que todo esto obedece a un “saneamiento” para regularizar la situación de los contratados que ingresaron al MEC sin concurso, sostuvo el funcionario.“No sabemos cuál es la idea de Petta, pero él tuvo desde agosto para hacer este control de quién está regularizado o quién está en infracción, pero ahora viene en febrero a notificarnos que vamos a firmar por 3 meses”, cuestionó.A su criterio, el ministro de Educación estaría buscando la manera de encontrar espacios para ubicar a su gente de confianza y por ello decidió plantear la cuestión de los contratos temporales. Un grupo de trabajadores ya acudió junto a la coordinadora de la UEPP para conversar sobre este tema y -según mencionó- desde allí les indicaron que primeramente se debe analizar el caso con la Secretaría de la Función Pública antes de darles una respuesta concreta.“Esto no puede ser así, estamos yendo a trabajar sin cobrar y encima nos están queriendo forzar a firmar este contrato de 3 meses”, sentenció el denunciante, quien pidió una pronta solución a la situación que les afecta.	Con ese encuentro, Paraguay y Bolivia pretenden facilitar los intercambios comerciales y convertirse en polos de desarrollo en la región.De hecho, Bolivia logró incrementar el movimiento de mercancías a través de la hidrovía Paraguay-Paraná en un 11 %, hasta un millón de toneladas, entre enero y julio de 2018, según informó en su momento el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).Esa vía fluvial está compartida por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay y permite la salida de los productos bolivianos hacia el Atlántico.Además, Bolivia y Paraguay tienen pendiente impulsar el corredor ferroviario bioceánico, una cuestión que ya trataron el pasado noviembre el ministro de Obras Públicas de Bolivia, Milton Claros, y su par de Paraguay, Arnoldo Wiens, durante un viaje de este a La Paz.Allí también conversaron sobre la construcción de un gasoducto para la provisión de gas natural boliviano al mercado paraguayo, así como la venta de gas licuado de petróleo (GLP).Al margen de los asuntos comerciales, Villamayor y Llanque también trataron hoy cuestiones relativas a la seguridad y la migración, ya que la proximidad entre los dos países facilite los movimientos migratorios y existen importante comunidades de ciudadanos migrantes en los dos países.Tanto el embajador como el ministro coincidieron en la buena relación que existe entre sus presidentes, el paraguayo Mario Abdo Benítez y el boliviano Evo Morales.Abdo Benítez, todavía como presidente electo, viajó a Bolivia en julio de 2018 para reunirse con Morales, con quien conversó sobre su interés de profundizar la cooperación y alianza estratégica de sus países.Por su parte, Morales acudió en agosto de 2018 a la toma de posesión de Abdo Benítez como presidente del país. Sin embargo, todavía no se ha producido ninguna visita oficial a ninguno de los dos países desde que el paraguayo asumió el cargo.	La diputada Kattya González defendió lo resuelto ayer en sesión extraordinaria de la Cámara Baja, donde el pleno aprobó por mayoría absoluta la destitución de Sandra McLeod, sin tener en cuenta la respuesta del TSJE que sigue pendiente, sobre la validez o no de la sesión de la Junta en la que aceptaron la renuncia de Sandra McLeod y designaron en su lugar a Celso Miranda.Al respecto discutió con el periodista Benjamín Livieres cuestionó que la Cámara Baja rompió la autonomía municipal al anular lo decidido en la Junta Municipal de CDE, donde siete de los 12 concejales aceptaron la dimisión presentada por McLeod.	“Eso no tenés que decidir vos, eso es de la Justicia Electoral, sos diputada, no juez, te cuento”, dijo Livieres a la legisladora González, en relación a si era o no válida la sesión de la junta, realizada el lunes pasado fuera de la sala correspondiente.Al respecto, González insistió en que a ella y a los 80 diputados les corresponde juzgar el proceso de intervención y que la decisión mayoritaria de 52 legisladores, fue la que encarriló un proceso que desde un principio no fue pacífico debido a la virulencia que se generó. “Esto culmina recibiendo el informe del grupo interventor que estuvo 60 días y ante la gravedad de lo planteado corresponde consumar la decisión que se dio a través de la destitución”, afirmó.