Los exministros habrían creado una supuesta firma denominada Televox SRL para importar a precios sobrevalorados los equipos de espionaje. Nicasio Bóveda y Alfredo Javier Bóveda Mongelós, supuestos representantes de la empresa, por su parte, fueron sobreseídos en la causa por contrabando, ya que se determinó que los equipos nunca ingresaron al país, aunque fueron acusados por producción de documentos no auténticos.	De Vargas y el también exministro de la Senad Luis Rojas, junto a otras personas, fueron acusados por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. El primero pagó G. 9.406.120.000, en 2012, y Rojas G. 1.250.000.000, en 2015, por equipos de espionaje a la firma “Televox SRL”, creada solamente para perpetrar las transacciones.