El condenado exsenador Víctor Bogado (ANR, cartista) apeló el fallo por el cual fue sentenciado a un año de cárcel con la suspensión de la ejecución y ahora presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Resolución N° 523 dictada por la Cámara de Senadores el pasado 13 de mayo y por la cual se le retiró la investidura parlamentaria.	Víctor Alcides Bogado en su acción ante la Corte pide como medida de urgencia que se suspendan los efectos de la Resolución N° 523 y se le devuelva su banca de senador hasta que se resuelva la inconstitucionalidad. Sin embargo, al día siguiente de ser expulsado del Senado, la banca ya fue ocupada por el suplente Arnaldo Franco (ANR, cartista).	Cuando el debate sobre la pérdida de investidura parlamentaria se estaba dando, los preopinantes alegaron que Víctor Bogado incurrió en la violación del artículo 201 inciso 2 de la Constitución Nacional, que habla de que el uso indebido de influencias es una causal de expulsión de un parlamentario y que por esa razón se decidió por amplia mayoría sacarle la banca. Bogado alega que durante ese debate se le negó el derecho a la defensa.	Víctor Bogado dice que no pudo dar su versión de los hechos y que la condena que le aplicó el tribunal de sentencia todavía no se encuentra firme, por lo que no le pueden retirar su investidura. También hace mención de que no fue juzgado por tráfico de influencias y por todo esto pide que se le reincorpore al Senado.	Aparte de la acción planteada ante la Corte, la defensa de Bogado también presentó la apelación contra el fallo del 3 de mayo pasado cuando el tribunal de sentencia integrado por Elio Ovelar, Juan Carlos Zárate y Víctor Medina lo encontró culpable del hecho de cobro indebido de honorarios en calidad de cómplice de su “niñera de oro” Gabriela Quintana.	En su apelación presentada la semana pasada los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz solicitan a la Cámara de Apelación que se anule parte de la sentencia dictada el 3 de mayo pasado en que los jueces resolvieron excluir el delito de estafa por no haber encontrado los elementos para sustentar esta calificación.	“Se encuentran presentes los elementos subjetivos de la estafa (dolo directo de primer grado) y el elemento subjetivo adicional, que está probado con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial indebido; por lo tanto, la conducta es típica, y al no haberse demostrado alguna causal de justificación también es antijurídica”, señala una parte de la apelación y, en consecuencia, al final se solicita que los acusados sean juzgados también por el hecho de estafa, que fue desechado en el juicio oral.	La supuesta prescripción ya planteó el abogado al inicio del juicio oral y dijo que ya se sobrepasó el tiempo para ser investigado. Sin embargo el fiscal René Fernández se opuso a eso y explicó que hubo un error de parte de Casati al hacer el planteamiento. Los jueces terminaron dando la razón al Ministerio Público y de esa manera no corrió el pedido de prescripción de la causa.