Está mañana, el Monseñor Edmundo Valenzuela recibió en su despacho del Arzobispado de Asunción a familiares de las víctimas de secuestros en el Paraguay, quienes tuvieron un momento de oración y reflexión. Participaron de la reunión Fátima Cubas, Antonella Debernardi, Diego Zavala y Don Ramón Lindstron.“Desde el Arzobispado de Asunción, invitamos a todos a unirse en oración para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie a favor de las verdaderas víctimas y no de los secuestradores”, manifestó la institución religiosa.Los expresado por el Arzobispado es con relación a la audiencia pública de la Corte IDH, que se llevará a cabo este jueves en San José de Costa Rica. El presidente Mario Abdo Benítez y el canciller nacional, Luis Castiglioni participarán de dicha audiencia, en representación de todos los paraguayos.Juan Arrom y Anuncio Martí, huyeron del país un día antes del juicio oral y público, en el mes de agosto de 2003. Ambos están como refugiados políticos en el Brasil. Tanto Arrom como Martí fueron activistas del Partido Patria Libre (PPL). Un partido de izquierda extinto, de cuyo brazo armado surgió el autodenominado grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).Arrom y Martí demandaron al Estado paraguayo por supuestas torturas y privación de libertad; por eso exigen un resarcimiento de US$ 63 millones.La demanda se entabló en el 2012. Sin embargo, 15 años después, la CIDH a través de un informe recomendó al Estado paraguayo el resarci­miento por los problemas de salud que sufrieron ambos. Las recomendaciones del sistema interamericano fueron rechazadas por el Estado paraguayo.	Dos agentes que se encontraban libres de servicio, solicitaron permiso a la instancia superior para realizar un recorrido por el Mercado 4, en el marco de la búsqueda de Bernarda Benítez Brítez, imputada por homicidio culposo y que se fugó de la Comisaría 17 el pasado 28 de enero. Las uniformadas lograron individualizar a la mujer en uno de los pasillos del populoso centro comercial, en tanto que los agentes de la Comisaría 3 Metropolitana y con apoyo del Grupo Lince, se encargaron de la aprehensión, informó la comisario Martina Trinidad, jefa de la Comisaría 17 de Mujeres.Benítez se encontraba en aparente estado etílico e intentó oponer resistencia, pero fue reducida. En el transcurso del miércoles comparecerá ante el juzgado en la continuidad del proceso en su contra, por homicidio. La jefa policial espera que se fije un lugar de reclusión de manera inmediata, tanto por el homicidio culposo como por la pasada fuga. En cuanto al estado del bebe, la uniformada detalló que recibió asistencia de la Codeni en primer término que a su vez efectuó la entrega provisoria a una familiar que reside en el departamento de Cordillera.	Para la exministra de Defensa María Liz García de Arnold, el gobierno de Fernando Lugo tuvo responsabilidad al no evitar que la demanda de los prófugos por secuestro, Juan Arrom y Anuncio Martí, llegue a instancias internacionales y con altas probabilidades de condena al Estado. Incluso se puede considerar como causa de juicio político.	García de Arnold afirmó que solo basta con revisar los antecedentes de la acción promovida por los fundadores del partido Patria Libre, para llegar a la conclusión de que bajo la administración de Lugo como presidente y de Enrique García como Procurador General, la causa finalmente siguió su curso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.“Si después de todo ese tiempo que tuvo el Estado para defenderse y no pudo resolver esa situación, entonces hubo negligencia o sesgo”, dijo la exmnistra en contacto con Radio 1.000 AM.En caso de una condena al Estado, no le exime a este de emprender acciones internas por su cuenta, revisando puntillosamente las responsabilidades que derivaron en un fallo desfavorable, y tomar las medidas que correspondan en derechoIncluso habló de la posibilidad de un juicio político por defraudación, y atropello al patrimonio nacional, teniendo en cuenta que el la Corte sanciona a los Estados y no a las personas. ” Yo si fuese Abdo lo haría, como administrador de la nación tiene que dar respuesta, no puede quedar impune un acto así”, disparó.Este jueves la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, llevará a cabo la audiencia pública en el marco del proceso por supuesta tortura contra los paraguayos Juan Arrom y Anuncio Martí. Estos piden ser indemnizados por un valor de US$ 63 millones. En ámbitos oficiales dan como un hecho que la Corte IDH rechazaría el millonario pedido de indemnización de los condenados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi.	El abogado Jorge Rolón Luna, quien junto con su colega Diana Vargas había solicitado la intervención de la Defensoría de la Niñez por el reclutamiento de menores de edad en el Servicio Militar Obligatorio (SMO), denunció un intento de obstaculizar la investigación en curso y advirtió que el caso podría llegar inclusive a instancias internacionales.	.Dicha recusación fue planteada por algunos padres que habían decidido enviar a sus hijos a cumplir con este servicio militar y que, por algún motivo que él no supo precisar, decidieron pedir la no intervención de la agente fiscal.A este hecho se le suma la intervención de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez, quien -según indicó- decidió “sacar” la carpeta fiscal a Muñoz para que ya no tenga acceso a la misma.A su criterio, estas acciones tienen como finalidad entorpecer la investigación y evitar que se siga el curso de la misma, todo para evitar un fallo negativo contra las Fuerzas Armadas y contra el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que	para solicitar que se resguarde la integridad de los adolescentes incorporados al Servicio Militar Obligatoria (SMO)- sostuvo que su denuncia posee fuertes fundamentos jurídicos que difícilmente puedan ser rebatidos.Catalogó el viaje de Abdo Benítez a Costa Rica en el marco de la audiencia por el caso Arrom-Martí como “una cortina de humo para desviar la atención de otros temas importantes”, uno de ellos el de los menores de edad en el Servicio Militar. “Están evitando que se vuelva un papelón para el presidente porque su hijo está en el SMO siendo menor de edad”, reiteró el abogado a HOY. Rolón Luna advirtió que esta denuncia