POR JORGE TORRES ROMEROAlegando la necesi­dad de contar “en la brevedad posible” con la provisión de los equi­pamientos para el suminis­tro, instalación y amplia­ción de la red nacional de fibra óptica, el Ministerio de Tecnologías de la Infor­mación y la Comunicación (Mitic), a cargo de Alejan­dro Peralta Vierci, adju­dicó, firmó el contrato y ya realizó el primer desem­bolso en el llamado a lici­tación pública (Subasta a la Baja Electrónica-SBE) en un cuestionado proceso en que -según denuncia de un proveedor- se confeccionó el pliego de bases y con­diciones para favorecer a una empresa, puesto que se exigía la provisión de bie­nes específicamente de la marca Huawei, lo que atenta contra la libre competencia y, en definitiva, en violación a la Ley 2051 de Contrata­ciones Públicas. La licitación fue adjudicada el pasado 18 de diciembre de 2018, según Resolución Mitic N° 069 a la empresa Celexx SA, por un monto total de G. 71.820 millo­nes, unos US$ 12 millones. La otra oferente, SSD SRL, había ofertado el suminis­tro por G. 71.840 millo­nes. La adjudicación se dio a conocer el mismo día en que la Dirección Nacional de Contrataciones Públi­cas (DNCP) comunicó la finalización del proceso de investigación y el desisti­miento de la protesta pro­movida por la firma Bullers SA, contra el pliego de bases y condiciones.En su descargo a la protesta para justificar la adquisición, la convocante había argu­mentado entre otros pun­tos que los bienes de Ande y Copaco son de la marca Hua­wei, lo que condicionaba la compra, teniendo en cuenta que la telefónica estatal tiene 180.000 km de fibra óptica, Ande otros 120.000 km, la cartera del Interior 200 km y Hacienda 74 km.“Se requiere asegurar la completa compatibilidad, la calidad, el rendimiento y no perder funcionalidad. Tam­bién el personal técnico de las instituciones que realiza el soporte y mantenimiento de esa infraestructura ha sido capacitado amplia­mente en la administración y configuración, conociendo los pormenores de su fun­cionamiento”, señalaba una parte del escrito.SIN ARGUMENTOS TÉCNICOSSin embargo, según la empresa denunciante, la completa compatibilidad, la calidad y el rendimiento se pueden alcanzar con cual­quier otra marca, siempre y cuando se establezcan cri­terios adecuados de integra­ción, por lo que esto no debe­ría ser exclusividad de una sola marca.Agrega que la justificación del Mitic carece de argu­mentos técnicos y por tan solo dos ítems que represen­tan menos del 2% del pro­yecto, se terminó por adju­dicar el 100% a una sola marca, en este caso Huawei.En otra parte de la denuncia, señalan que las especifica­ciones técnicas del llamado a licitación “evidencian un direccionamiento”, lo cual limitaba la participación y en consecuencia la posibili­dad de obtener mejores ofer­tas en la adquisición para el Estado.A su vez, el Sindicato Nacio­nal de Trabajadores de Tele­comunicaciones (Sinattel) también se pronunció en contra del proyecto, puesto que, según sus dirigentes, se perderían los 180.000 km de la red de fibra óptica de la estatal. Los trabajado­res de la Copaco amenaza­ron con ir a una huelga si el Mitic o cualquier empresa privada pretende adminis­trar su red.YA SE ADJUDICÓ Y PAGÓ EL ANTICIPOTodos estos argumentos quedaron en la nada al concretarse finalmente la adjudicación y firma del contrato respectivo. En la página de la DNCP, se observa que luego de comunicada la adjudica­ción a los demás oferentes, el 18 de diciembre, había una premura para efectuar el primer desembolso de G. 14.400 millones, de los G. 71.820 millones adjudica­dos, por lo que la Unidad Operativa de Contrata­ciones (UOC) remitió una nota al director Nacional de Contrataciones Públi­cas, abogado Pablo Seitz, a fin de solicitar la aproba­ción y emisión del Código de Contratación para comprometer los recur­sos correspondientes, lo cual ocurrió en fecha 22 de diciembre de 2018. El desembolso, según las documentaciones del lla­mado, se concretó final­mente el pasado 16 de enero de 2019. De esta manera se concretó un millonario negocio cuyo contrato plu­rianual será financiado con recursos provenientes del Fondo Nacional de Inver­sión Pública y Desarrollo (Fonacide).	Actualmente rige una alerta meteorológica, ya que los núcleos de tormentas se desarrollan sobre el área de cobertura, por lo que no se descarta que puntualmente los mismo puedan generar fenómenos de tiempo severo en el transcurso de la mañana de hoy.Los departamentos afectados son Concepción, San Pedro, Caaguazú, este de Caazapá, noreste de Itapúa, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes y Boquerón, aunque podrían llegar a los demás restantes. Mañana lunes, predomina nuevamente el ambiente inestable, con lluvias durante la tarde. Hacia el final de la jornada, se prevé la incursión de un frente frío, el cual estaría favoreciendo a lluvias y tormentas eléctricas más generalizadas durante el final del día, persistiendo durante la madrugada y transcurso del día martes. Con el ingreso de este frente, los vientos rotarían del sector sur, por lo que se prevé un descenso de las temperaturas durante el transcurso del martes.	Durante este fin de semana continuará el operativo retorno de las familias a sus hogares en los bañados y la Chacarita. Las inundaciones dejaron un total de 8.260 familias afectadas, de las que más de 1.000 ya han comenzado por su cuenta la vuelta a sus hogares, según datos de la SEN.	El presidente Mario Abdo Benítez, dio el visto bueno a la "Operación Retorno" tras verificarse que el cauce del río, que superó los 6 metros, ha vuelto a su nivel habitual. El operativo se extenderá durante todo el fin de semana para que las familias puedan cooperar, y "la SEN trabajará también para apoyarlas", como dijo el titular de la institución, Joaquín Roa, en declaraciones recogidas hoy por la agencia estatal de noticias IP.Para ello, la SEN aportará tanto camiones como personal operativo, que además contará con el respaldo del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) para realizar trabajos de fumigación y eliminación de criaderos de los mosquitos vectores del dengue, que aparecen con las temperaturas altas y húmedas, como las que se dan en el verano paraguayo.A mediados de octubre, las fuertes lluvias primaverales dejaron los primeros afectados, unas 600 familias, que un año más tuvieron que salir de sus casas en los bañados, como se conocen a los barrios ribereños, para ubicarse en refugios o en plazas del centro de la capital.Con el pasar de los meses y la subida del río, hasta los 6 metros de altura, el número de damnificados también fue en aumento, con esa cifra final de 8.260 familias.Durante este tiempo, los afectados han vivido en refugios y viviendas construidas con paneles de madera y chapas, que ahora comienzan a desmontar para volver de nuevo a sus casas.Las estimaciones de la Dirección de Meteorología e Hidrología no descartan un repunte del nivel del río Paraguay en los próximos ocho meses, aunque no superaría los 4 metros.	Así lo manifestó Juan Pablo Fernández, del Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública, durante una audiencia pública donde el intendente de Lambaré, Armando Gómez realizó la rendición de cuentas del ejercicio 2018 ante sus contribuyentes.Según el activista, además de ser un ejercicio positivo de ciudadania, está previsto en la 5.590/16 que le otorga un carácter obligatorio a la rendición de cuentas anuales en cada municipio, “lastimosamente y como en muchas cosas que hay en nuestro país no se controla y como la ley tampoco tiene elementos sancionatorios, entonces algunos se hacen los ñembotavy”, criticó Fernández.Otra de las dificultades para el cumplimiento, tiene relación con la confrontación que puede darse, ya sea entre ciudadanos descontentos con la administración y las intendencias que quiere mantener ocultas sus acciones.Este ejercicio se replica en municipios como Lambaré y Mariano Roque Alonso, y “deben ser ejemplos para dar a entender que mas allá de las contradicciones en las ideas, se pueden sentar en un espacio común para llegar a un acuerdo y solucionar los problemas”, apuntó.No menos importante es la función de cada municipio, cuyas "autoridades están obligados a contar que están haciendo, de lo contrario se genera un secretísimo innecesario y a partir de eso nace la desconfianza y debilita a la democracia". En otro momento, Fernández reconoció algunos avances en el acceso a informaciones de interés público generadas desde los organismos del Estado, no obstante falta mucho camino por recorrer, tanto de los entes estatales como de la ciudadania propia, “el ciudadano tiene que involucrarse y salir a buscar la información y no esperar que le sirvan en bandeja”.