Desde que estos recursos se distribuyen a los gobiernos municipales y de gobernaciones hay muchas falencias sobre su control y por ende su ejecución. Lejos de servir para mejorar las precarias condiciones de las instituciones públicas del país terminaron en manos de empresarios o seccionaleros cercanos a las autoridades de turno, beneficiados con licitaciones amañadas y sobrefacturadas.	Los intendentes y gobernadores que malgastaron estos recursos deben ser castigados no solo con el peso de la ley sino también de forma moral por los votantes. Si la ciudadanía no reacciona al menos con una sanción moral para los bandidos, también es cómplice de la corrupción. Los sinvergüenzas no merecen estar al frente de la institución y se le está dejando la cancha libre al otorgarle impunidad por robar y mal utilizar el dinero que corresponde a los estudiantes.	Esta lista de municipios que no cumplen con la debida rendición de cuentas de los fondos que se les transfiere no debe pasar desapercibida. El desafío es que en cada ciudad se haga un celoso seguimiento de cómo se están administrando estos recursos y dónde terminaron lo que se desvió de su verdadera finalidad. La única forma de avanzar con una mejor educación que nos permita, a su vez, avanzar hacia una sociedad mejor es controlando de cerca el usos del dinero público y sancionado a los responsable de la mala utilización de los fondos.