En charla con la radio 730 AM, Horacio Torres afirmó que si bien Carlos Soler era su gerente de Créditos, no tenía mucho acercamiento con él. Este es el principal sospechoso del esquema de coimas detectado en el Indert.“No estoy para ese tema. Esa no es mi temática”, alegó sobre el negociado que hacían los directores de su institución, siempre asegurando que nada tenía que ver en el esquema.Torres dijo que siempre revisaba el expediente cuando le acercaban la resolución, aunque en este caso justamente firmó sin leer unos documentos que le había dado Enrique Gómez de la Fuente, exdirector de Indert Chaco. Al decírsele que entonces está de adorno y por lo tanto debe renunciar, Horacio Torres indicó que siempre trabajó con buena intención y luego afirmó que no tiene mucho presupuesto en el Indert. Torres indicó que hace tiempo advirtió a Soler que lo iba a desvincular por bajo rendimiento y porque su dependencia no salía al campo a cobrar a los propietarios de los terrenos.“No puedo obligar a que me crean”, dijo ante los cuestionamientos y aseguró que informó de todos los detalles a la Junta Asesora del Indert, que se reunió durante la jornada del miércoles. “El síndico solicitó informes y estamos recolectando los datos para que envíe al Contralor”, acotó.El senador Enrique Bacchetta	que es tiempo de limpiar la corrupción de lndert y consideró que el titular del ente, Horacio Torres, debería renunciar, al menos por decoro.Una serie de audios reveló cómo autoridades del Indert pedían dinero para solucionar “problemas” que ellos mismos creaban a un adjudicatario de tierras en el Chaco. Las personas aparecen involucradas dentro del esquema están Enrique Gómez de la Fuente, exdirector del Indert regional Chaco, el ex gerente de Créditos del Indert, Carlos Soler, el presidente del Indert, Horacio Torres, el ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann, mencionado en uno de los mensajes de Whatsapp y hasta el estudio jurídico Andrés Gubetich Mojoli.	La familia del niño Renato Rojas Talavera de 2 años que falleció en el servicio de Urgencias del sanatorio Migone el pasado 20 de agosto recurrieron a la legisladores de la Cámara de Senadores para que sumen a la campaña Justicia para Renato que iniciaron en busca de respuesta sobre el desenlace que tuvo el paciente y para que los responsables paguen.El doctor Julio Godoy Ayala, abogado de la familia junto a la tía de Renato, Alejandra Talavera hicieron un llamado para que desde el Poder Legislativo insten a las instituciones involucradas en la investigación a que se cumplan las leyes y realicen su trabajo.Godoy lamentó que se postergó la entrega de la conclusión de la auditoría médica realizada por la Superintendencia de Salud y aseguró que no tienen muchas expectativas con relación al dictamen que dará la institución.“Esta es una causa común y nacional y que los senadores tomen carta en el asunto y estén en conocimiento de los hechos. Nos llama la atención que el superintendente al principio nos recibió bien y del viernes pasado postergó la entrega de la conclusión. Nos sentimos de capas caídas, estamos desesperados y no nos queda que reclamar justicia ante otros organismos”, explicó el abogado durante una conferencia de prensa.Destacó que el dictamen de la auditoría médica se tendrá finalmente por una intimación por parte de la Fiscalía y lamentó que no tuvieron acceso al expediente administrativo como sí ocurrió con el sanatorio.No descartó que accionen judicialmente ante las conclusiones que entregue la Superintendencia de Salud: “Vamos a refutar y rebatir por la total disconformidad con el actuar de los médicos”, agregó.“Venimos a pedir que se ponga a conocimiento la situación de la familia que no encuentra justicia, paz ni consuelo, se les está chuleando y la Fiscalía tiene todas las pruebas a mano y sigue haciendo diligencias, pasaron 40 días y no hay ningún imputado en el caso”, señaló Godoy. Algunos legisladores realizaron un acto de solidaridad colocando en su curules el logo de la campaña Justicia para Renato.	Implacable debe ser la justicia en la investigación del esquema de corrupción en el Indert, a criterio del titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Enrique Bacchetta (ANR-Añetete), quien asegura que esta situación de irregularidad es denunciada desde hace años. “Creo que Horacio Torres por decoro y delicadeza debería renunciar (…), hay que limpiar esa institución, la corrupción corroe y genera más problemas de los que ya tenemos”, dijo el legislador.Además de pedir la dimisión de Torres, el senador recomendó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tomar decisiones drásticas sobre la grave denuncia que salpica al Indert.Las personas aparecen involucradas dentro del pedido de coima son varias, entre ellas, Enrique Gómez de la Fuente, director del Indert regional Chaco, el ex gerente de Créditos del Indert, Carlos Soler, el presidente del Indert, Horacio Torres, el ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann, mencionado en uno de los mensajes de whatsapp y hasta el estudio jurídico Andrés Gubetich Mojoli.	“La Municipalidad retenía del salario de los funcionarios lo que corresponde al aporte e incluso para pago de créditos. Y este dinero nunca llegaba a la caja, ocasionando que muchos funcionarios sean demandados por deuda, porque se hacía la retención, pero ese dinero nunca llegaba a la caja”, indicó.Según el legislador, el intendente suscribió un acuerdo con la Caja Municipal para pagar la deuda, pero este acuerdo no fue homologado por la Junta. “Un acuerdo de este tamaño, que reconoce una crédito y no pase por la junta es una falencia muy grave”, expresó y detalló que este documento tiene algunas cuestiones llamativas, como por ejemplo, que se estarían pagando G. 1.500 millones en concepto de honorarios, pero no se explica claramente el motivo de este desembolso. PEDIDO DE INTERVENCIÓNLos concejales municipales Blas Delgado (ANR), María Gloria Valenzuela (PQ), Daniel Molinas (PLRA) y Nelson Medina (PLRA) presentaron el pedido de intervención por una serie de irregularidades que se evidencian en la administración de Armando Gómez y que implicarían el despilfarro de varios miles de millones de guaraníes. Entre las denuncias, figuran la falta de pago de salarios a funcionarios desde hace más de tres meses, malversación de fondos del FONACIDE destinados a la merienda escolar. También sindican a Gómez de haberse adjudicado G. 12.700 millones en obras que fueron aprobadas por la vía de la excepción y habrían sido declaradas irregulares por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).