Los profesionales médicos que se encontraban en el box de Urgencias en el momento en que la mamá de Renato pide ayuda no se ajustaron al compromiso de poner en práctica los principios y fundamentos éticos, respeto a la dignidad humana y solidaridad, indica parte del informe de Superintendencia de Salud. La familia afirma que el documento no es conclusivo porque no sanciona ni condena, solo recomienda.	Parte del informe de la auditoría médica realizada por la Superintendencia de Salud al sanatorio Migone señala que se visualiza, a través de las imágenes de circuito cerrado, “una falta de liderazgo en un área donde debe primar órdenes claras y sistemáticas con un nivel de respuesta inmediata. Ya que para la activación del código rojo desde el primer aviso de urgencia pediatrica pasaron varios minutos para ser activado por profesional que se encontraba de manera circunstancial en el lugar, existiendo otros profesionales de guardia presenten en ese momento”.Destaca que los profesionales de salud presentes en el box del área de urgencia “no se ajustaron al compromiso de poner en práctica los principios y fundamentos éticos, respetando la dignidad humana y solidaridad”.Señala que los profesionales que se encontraban en el box de médicos, al momento de la solicitud de ayuda realizada por al madre de Renato “no han actuado de forma empática que obliga a todo profesional de salud a realizar mínimamente los cuidados ante el reclamo y solicitud de ayuda. Se observa la falta de compromiso asumido al inicio de la carrera médica con el Juramento Hipocrático, debiendo todo profesional médico prestar ayuda ante cualquier llamado o solicitud de pedido de auxilio”.El informe firmado por la doctora Estela Quiñónez Meza, jefa del Departamento de Auditoría Médica fue entregado ayer en la Unidad Penal Nº 14 del Ministerio Público.La conclusión se basa en el análisis del expediente clínico, verificaciones in situ, estudios realizados, descargo de profesionales involucrados en al atención directa y video arrimado al expediente ya que en el vídeo no enfoca el área donde se realiza la atención personalizada del paciente.En cuanto al área de urgencia del Sanatorio Migone se concluye que la institución cuenta con protocolo de RAC - TRIAJE, implementado para clasificación de pacientes y que se ajustó a las normas con la clasificación de riesgo de paciente, RAC realizado al niño a su ingreso con clasificación tres - amarillo. El informe concluye que al momento de la verificación el centro asistencial contaba con Carro de Paro con precinta de seguridad para garantizar la custodia de elementos allí contenidos, tienen anexo listado de insumos y medicamentos con registro diario, protocolo para manejo de reposición de los mismos, utilizados en caso de urgencias o emergencias.El área de urgencias es compartida por niños y adultos, cuentan con un box referido como sala de aislado pediátrico y reposición donde fue internado.“Al momento de la verificación por parte de la auditoría médica del lugar de Urgencias en fecha 5 de setiembre de 2019 contaban con los insumos necesarios y equipos, incluyendo sistemas o paneles de gases medicinales y vacíos funcionando”, indica el informe.Entre las recomendaciones al sanatorio se menciona que este realice la readecuación del área de Urgencias, la designación de un Coordinador Médico responsable del Área de Urgencias y la implementación del protocolo para prescripción médica, escrita, legible y autorizada.Además, el informe sugiere a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependencia del MSP que realice una pericia sobre eventuales efectos adversos de los medicamentos utilizados en el tratamiento del niño Renato con ondansetron y ceftriazona. Desde la familia, afirman que el informe no es conclusivo y no están conformes debido a que no incluye sanciones ni condenas sino solo realiza recomendaciones además de inconsistencias en las declaraciones de la Doctora Laura Sena, pediatra que atendió a Renato quien afirma que el Doctor Antonio Arbo fue quien dio indicación de aplicar el ondansetron, vía telefónica, siendo que él solo indicó la aplicación de antibiótico.	“Quiero que comprendan que mi función es diplomática y este es un tema jurídico, me cuesta hablar porque está en otro ámbito”, aclaró el embajador paraguayo en Uruguay, Rogelio Benítez en entrevista con la 730 AM.Argumentó que Paraguay siempre estuvo en desventaja, tomando en cuenta que desde la audiencia preliminar Paraguay no tuvo participación ni acceso a todo el proceso.La notificación sobre el otorgamiento del refugio es del lunes 7 de octubre a las 18:56, después de haberse cerrado el Juzgado. Este aviso llegó a los correos de los abogados uruguayos contratados por el Paraguay para defender los intereses de nuestro país.Sin embargo, recién ayer por la noche, un día después, los abogados se percataron de este correo y cumplieron con comunicar a la Embajada paraguaya. Para entonces, los prófugos ya habían salido de Montevideo.“Comunicaron vía mail, yo nunca estoy pendiente a todas las horas cuando me notifica”, reconoció Enrique Falco Iriondo, uno de los abogados, quien conversó con radio Cardinal. Con este sencillo argumento se lavó las manos y aclaró que se debía iniciar un plazo para la apelación, algo que tampoco se dio y en contrapartida, los tres ya contaban con pasajes y hasta nacionalidad finlandesa.Cada abogado cobró 3.000 dólares, según confirmó el propio Rogelio Benítez, sin embargo, este dinero no fue suficiente para que al menos uno viva atento al correo, por lo que terminaron enterándose recién 24 horas más tarde. Precisamente anoche, Rogelio Benítez se encontraba en el aeropuerto de la capital uruguaya, pero en otros menesteres, en este caso, la inauguración del vuelo Montevideo-Asunción de la compañía Amaszonas.	El ministro sustituto de Cancillería, Enrique Insfrán, señaló en conferencia de prensa que Paraguay condena el otorgamiento del refugio en Uruguay y el levantamiento del código rojo de la Interpol. “Paraguay condena el otorgamiento indebido del refugio de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, así como asegurarles el traslado hasta Finlandia y no enfrentar a la justicia paraguaya”, indicó.El Gobierno decidió adoptar las siguientes posturas, según anunció la autoridad: pedir explicaciones al embajador uruguayo en Asunción sobre lo realizado en su país, convocar al embajador paraguayo en Uruguay, presentar una protesta diplomática ante Finlandia, formular protestas ante las Naciones Unidas y la Unión Europea ante la actuación de Finlandia. “Ellos no son perseguidos políticos ni víctimas del Estado paraguayo. El uso indebido del estatus de refugiados para proteger a criminales comunes es digno de absoluto repudio. Esto merma la absoluta confianza que debe primar en las relaciones bilaterales para perseguir el crimen”, señaló. El canciller criticó que incluso el Alto Comisionado de la ONU se ha extralimitado en el ejercicio de su competencia.	El abogado uruguayo contratado por US$ 3.000 por el Paraguay, Enrique Falco Iriondo, alegó que vio tarde el correo donde la justicia de su país le informaba que dispuso la libertad de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, por lo que cuando dio aviso al embajador paraguayo, los connacionales ya estaban rumbo a Finlandia.	Enrique Falco Iriondo, abogado uruguayo contratado por el Paraguay, dijo estar afectado por el fallo de la justicia de su país, que concedió el refugio y la libertad a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, quienes luego abandonaron Uruguay y fueron a Finlandia mediante un documento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que les permite el tránsito libre hasta su destino.“El lunes (7 de octubre) me notifican el fallo vía mail, no es que me llaman. Por eso recién me entero el día de ayer (martes 8 de octubre), ese mismo día supe que se fueron a Finlandia”, dijo en entrevista con la radio 730 AM.El letrado comunicó este fallo al embajador paraguayo en Uruguay, Rogelio Benítez, en la noche del martes, cuando los prófugos ya habían tomado su vuelo rumbo al país europeo. Consultado por qué no hizo un monitoreo permanente del caso, respondió: “yo nunca estoy pendiente todas las horas, no estoy con el correo todo el día abierto. Todos los días abro mi correo para contestar alguna demanda”.El abogado extranjero justificó además que fue contratado para trabajar en el proceso de extradición de los prófugos y que a eso se sumó luego el pedido que hicieron para obtener el estatus de refugiados. En esta segunda causa, la jueza encargada consideró que el Estado paraguayo no era parte del proceso, según alegó. El embajador paraguayo en Uruguay, Rogelio Benítez, indicó que Falco Iriondo cobrará 3.000 dólares por su gestión en el vecino país y que fue elegido a recomendación suya. Así también, otro abogado del mismo bufete percibirá la misma suma de dinero, sumando así ambos 6.000 dólares.