La administración de Carla Bacigalupo, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), no ejecutó una millonaria póliza que corres­ponde a la garantía que la empresa Laya Construccio­nes SA debía abonar al Ser­vicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) en caso de incumplimiento de con­trato. A raíz de esto, la insti­tución no recibió la suma de G. 1.216.974.144, según el resul­tado final de la auditoría rea­lizada por el Poder Ejecutivo. Según Luis Cardozo, minis­tro auditor de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), este es uno de los pun­tos que deberían ser analiza­dos con mayor profundidad.	lourdes.pintos@gruponacion.com.pyPor más de dos años, Laya Construcciones SA fue la firma encargada del servicio de lim­pieza de la sede central y las sedes regionales del SNPP; sin embargo, en agosto del 2018, cuando Bacigalupo asumió como ministra, comenzaron los inconvenientes, según lo confirmó Carlos Ayala, direc­tivo de Laya.El SNPP dejó de recibir G. 1.216.974.144 por una garantía de incumplimiento de contrato no ejecutada por la administración de Bacigalupo.	Tras una auditoría realizada por el MTESS, se constató que esta empresa no contaba con seguros por accidentes de trabajo para sus funcionarios, por lo tanto se les dio un plazo para ponerse al día. Ayala ase­gura que realizaron las gestio­nes correspondientes y cum­plieron con lo establecido en el plazo fijado por las autoridades del ministerio; sin embargo, desde la entidad determinaron que la rescisión del contrato era inevitable a pesar de que la empresa ya estaba al día con todas sus obligaciones.Una vez que finalizó el acuerdo laboral entre ambos entes, desde el MTESS quisieron cobrar la garantía desig­nada para estos casos, pero la empresa afectada por las deci­siones internas del ministerio y la aseguradora determinaron que no corresponde el pago de la póliza porque la firma Laya no incumplió ninguna de las cláusulas y, por lo tanto, la res­cisión del contrato no fue por culpa de la misma.Según fuentes fidedignas, a raíz de las innumerables irregulari­dades detectadas y publicadas por La Nación, el presidente de la República, Mario Abdo Bení­tez, habría tomado la decisión de cambiar a Bacigalupo y su destitución sería oficializada en los próximos días.AUDITORÍA DEL EJECUTIVOEn el informe de la Audito­ría General del Poder Ejecu­tivo se menciona una serie de situaciones que deben gene­rarse para que la institución, en este caso el SNPP, pueda acceder al monto establecido en concepto de garantía. Uno de los requisitos es que la resci­sión del contrato sea por culpa del contratado.En su descargo, el MTESS sos­tiene que se realizaron todos los procedimientos para el cobro de la póliza como la comunicación de la reso­lución de rescisión de con­trato, tanto a Laya como a la empresa aseguradora. No obs­tante, resaltan que la firma en cuestión interpuso un recurso de reconsideración contra la resolución, el cual fue recha­zado por la Dirección Gene­ral de Asesoría Jurídica el 24 de octubre del 2018. A pesar de esto, siempre de acuerdo a lo relatado por representantes del ministe­rio, la aseguradora contrató a una empresa liquidadora de siniestros y esta sostuvo final­mente que el pago de la garan­tía al SNPP no corresponde. En respuesta, el equipo auditor se mantiene en la existencia de irregularidades, ya que sostiene que en las documentaciones remitidas por el MTESS no obra intimación alguna por el asegu­rado, por lo que el “siniestro” no ha quedado configurado.	cesar.larre@gruponacion.com.pyEn agosto pasado vencieron los insecticidas que ingresa­ron al país a finales de diciem­bre del 2018 y que estuvieron guardados en un depósito del Senepa por más de cua­tro meses, sin uso, por el mal estado en que se encontraban.En condiciones normales, el estado físico de este veneno es líquido y homogéneo, uti­lizable al abrirse el envase. Pero el producto que llegó del Brasil era pastoso y hetero­géneo; es decir, el insumo estaba en mal estado o degra­dado (alterado).Para poder utilizarlo se tuvo que realizar todo un proceso de homogeneización y frac­cionamiento, según men­cionó a La Nación la direc­tora del Senepa, María Teresa Barán. Es decir, la institu­ción tuvo que volver a proce­sar el producto debido a que la donación que nos vino del Brasil es inservible y en ese estado no era otra cosa que una peligrosa basura tóxica.El insecticida venció el 19 de agosto del 2019, según planillas oficiales, a las que tuvo acceso este diario. Sin embargo, el movimiento semanal del Senepa revela que hasta el 2 de setiembre se tenían 12.806 litros de mala­tión distribuidos en varios departamentos del país y al 9 de setiembre 11.601 litros, lo que da cuenta del uso del producto luego de su fecha de vencimiento.Recordemos que la donación consistió en 18 mil litros de malatión, que llegó al país en barriles de 200 litros.Resaltado uso de malatión por departamento, con fecha de vencimiento en agosto.INVESTIGARÁNLa titular del Senepa, María Teresa Barán, dijo que la ins­trucción era que el producto sea utilizado hasta el 30 de agosto y anunció la investi­gación del caso.“(…) Vamos a hacer las investi­gaciones para tomar las medi­das correspondientes porque nosotros bajamos la instruc­ción de que así sea, conste que podemos usar inclusive hasta dos y tres meses más después de estar vencido como cual­quier medicamento o cual­quier otra sustancia que tiene su período de gracia, que se puede seguir usando. Aun así, nosotros bajamos la línea de que hasta el 30 de agosto se usaba y lo que no se usaba ya se dejaba sin efecto para proce­der después a la destrucción”, aseveró.No obstante, intentó justifi­car señalando que a lo mejor factores climáticos incidie­ron en el uso tardío del pro­ducto. “(…) Para la fumiga­ción tenemos todo un criterio técnico, tiene mucho que ver el viento, las lluvias y a lo mejor algunos jefes de zona no pudieron usar hasta el 30 y usaron a lo mejor una semana más”, dijo.Memo sobre saldo de medicamentos y reactivos de las distintas zonas hasta el 2 de setiembre.No pudo precisar el costo del proceso de homogeneización ni la empresa que la llevó a cabo. “Tendría que hablar con el administrador para saber cuánto costó eso, pero tam­poco no fue mucho (…), lo que no recuerdo es si la empresa que le proveyó al Ministerio de Salud de Brasil fue la que abonó ese proceso”, expresó.El malatión se utiliza en rociados espaciales con máquinas pesadas, no para la fumigación casa por casa.Para fumigar un área de 60 manzanas se utilizan 16,4 litros de malatión puro que se mezcla con 13,6 litros de agua, totalizando 30 litros, de acuerdo a expertos del rubro.LA DONACIÓNSegún los antecedentes, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, hizo las gestio­nes con su par del Brasil para traer en calidad de prés­tamo el malatión por indi­caciones de la OPS. El orga­nismo internacional sugirió el préstamo porque en teoría la compra del químico por fondos rotatorios iba a llevar más tiempo.Pero finalmente, Brasil deci­dió la donación directamente del producto a nuestro país.Se aceleró la importación porque con el cambio de gobierno de enero de este año en el vecino país ya no iba a ser posible traer la “donación”.Apuraron uso de insecticidaEn las planillas oficiales del Senepa queda evidenciado el uso acele­rado del malatión para combatir el dengue en pleno invierno.Solo en las dos últimas planillas correspondientes a la primera semana de setiembre aparece una utilización de 1.231 litros. Al 2 de setiembre se tenían 12.806 litros de malatión distribuidos en varios departamentos del país y al 9 de setiembre 11.601 litros.Un claro ejemplo es el de Caaguazú, donde al 2 de setiembre se tenían 270 litros de malatión y al 9 de setiembre solo 20 litros.Otro es el caso del Alto Paraná, donde al 2 de setiembre se tenían 800 litros del veneno y al 9 de setiembre apenas 253 litros.El jefe de zona V Caaguazú, Agustín Vargas, dijo no haber recibido este producto, mientras que otros se llama­ron a silencio. Francisco Ortellado, jefe de zona XVIII Capital, dijo por su parte que llegaron a trabajar con malatión y que en agosto se intensificó su uso. Se confirma que aceleraron su uso (al menos en los papeles) porque el producto vencía en ese mes de agosto. La Nación intentó comunicarse con la encargada de suministros del Senepa, Fátima Agüero, y con el asesor técnico de la institución, Édgar Sanabria, pero no contestaron las llamadas ni los mensajes.	Lo más grave es que deja en desventaja al Paraguay, ya que se realizaron los trabajos y vinieron misiones de técni­cos extranjeros en el marco del plan acordado cumpliendo la contraparte con su compro­miso, y puede requerir los pagos en cualquier momento.La Fiscalía señala además que como el convenio se firmó en el exterior, Paraguay pierde ventaja ante eventualidades y deberá someterse a normas ajenas. Carece de jurisdicción estable para posibles litigios, por lo que se puede hacer en cualquier parte del mundo, advierte el Ministerio Público.Buzarquis busca zafar de la Justicia por el clavo de US$ 600 mil que le dejó al Estado para­guayo. Sin embargo, pruebas documentales no lo favorecen.En carpeta fiscal aparecen documentos que prueban que comprometió US$ 600 mil cuando tenía la alternativa de realizar gratis los mismos tra­bajos a través de una coopera­ción no reembolsable.Un mes y medio antes de fir­mar el convenio con Anas, el ex ministro apuraba al Minis­terio de Hacienda para gestio­nar la ayuda económica de US$ 800 mil por parte de la Cor­poración Andina de Fomento (CAF) para el “Programa de Rehabilitación y Manteni­miento de la Ruta Nacional Nº 9 Dr. Carlos Antonio López”. Los estudios eran los mismos planteados con los italianos.Si tenía a disposición una cooperación no reembolsa­ble, ¿para qué comprometer con US$ 600 mil al Estado?, es el cuestionamiento de la Fis­calía que Buzarquis no logra rebatir. El Ministerio Público se rati­fica en que hubo lesión por­que se firmaron obligaciones de pago vía convenio, docu­mentos que hasta la fecha siguen vigentes, por tanto Paraguay sigue atado a la obligación de pago.	cesar.larre@gruponacion.com.pyHijos, sobrinos y primos de funcionarios de la petrolera son los beneficiarios del con­trato firmado entre Samudio y la empresa Jobs el 20 de diciembre del 2018.La firma privada provee a Petropar personal, playe­ros y telefonistas, para sus estaciones de servicio, que en total son cinco en todo el país, según confirma­ron voceros de la estatal. La adjudicación con modali­dad de subasta a la baja elec­trónica prevé un tope de G. 24.255 millones para la con­tratación tercerizada.Además de playeros y perso­nal de call center, el acuerdo incluye la contratación de personal comercial junior, personal comercial senior y representante comercial. Los servicios son solicitados por la estatal de acuerdo a su necesidad.Se estableció que los pla­yeros y telefonistas per­ciban salario mínimo, el personal comercial junior G. 3.000.000, el perso­nal comercial senior G. 5.000.000 y el representante comercial G. 7.500.000.La Nación accedió a la nómina de contratados por la firma Jobs para prestar servicios en Petropar y pudo identificar en ella a varios familiares de funcionarios de la petrolera. A continua­ción, algunos casos.Rodrigo Leiva Espínola fue contratado el 5 de junio de este año como personal comercial junior; cumple funciones administrativas en Villa Elisa y su sueldo es de G. 3.000.000. Es hijo de Estela Espínola Torres, sin­dicalista-jefa en Petropar, quien percibe una remune­ración mensual por encima de los G. 15 millones.Natalia Benítez González fue contratada el 24 de enero, también como per­sonal comercial junior, para la estación de servicio en Mauricio José Troche y percibe G. 3.000.000. Su tío es Alonso González, jefe de Tesorería de la Planta de Troche, quien tiene un sala­rio de más de G. 10 millones.Carlos Jacinto Safstrand Espínola ingresó vía Jobs hace un mes y medio; figura como playero en la estación de servicio de Villa Elisa, con un salario de 2.192.839 más un adicional de G. 300.000. Es primo de Norman Williams Safstrand Ojeda, sindicalista y jefe del Departamento de Mantenimiento de Estaciones de Servicio en Petropar, con un salario aproximado a G. 9.000.000.Walter Alejandro Sosa Gon­zález es hijo de Marino Sosa Lezcano, enfermero de la estatal con un salario de más de G. 8.000.000. Fue contra­tado como personal comer­cial junior –con salario de G. 3.000.000– y figura con funciones administrativas en Villa Elisa desde el 1 de enero del 2019.	María Antonia Monges Gómez es hija de Felicita Gómez, quien cumple fun­ción de telefonista en la estatal y percibe un sueldo de más de G. 7.000.000. Fue contratada en febrero como personal comercial junior –con salario de G. 3.000.000– para la estación de servicio de Villa Elisa.Romina Mariel Galeano Ortigoza fue contratada el 10 de julio como personal comercial junior –salario de G. 3.000.000– y según plani­lla, presta servicio adminis­trativo en el centro. Pariente de Mauricio Galeano, sin­dicalista de la estatal, con un salario de más de G. 10 millones. Cuando le con­sultamos sobre su paren­tesco con la señorita, el gre­mialista alegó amnesia y se comprometió en confirmar el vínculo.La titular de Petropar derivó con el director de Comuni­cación de la institución, Felipe Oddone, eventuales consultas. “Por una cues­tión de orden estamos cana­lizando todo tema de prensa con él”, contestó Samudio vía Whatsapp.Este servicio de “apoyo en la gestión de recursos huma­nos temporales” en Petro­par lo venía realizando la empresa Dynamus Mar­keting Promocional SA. La estatal llegó a desembolsar más de G. 16.000 millones por el contrato plurianual con esta firma.Según los antecedentes, este servicio es comúnmente utilizado para contratacio­nes políticas e innecesa­rias. Inclusive la Contralo­ría General de la República (CGR), en reiterados dictá­menes, consideró irregular la tercerización.TRABAJA EN JOBS Y UBICÓ A HERMANAMaría Lis Prieto Romero y su hermana Jessica Elena.María Lis Prieto Romero, encargada de Búsqueda y Selección de Personal de la firma Jobs, también consiguió ubicar a su hermana menor, Jessica Elena, en Petropar.La mujer fue contratada para call center de la petrolera estatal el 12 de febrero de este año y percibe un salario mensual de G. 2.192.839, de acuerdo a la nómina proporcionada por la misma empresa privada.ARRAIGO FAMILIARGerardo Parodi Vargas.Un clan familiar arraigado en la institución es el de los Parodi Vargas. Se trata de los hermanos Gerardo, Ernesto y Pamela, muy bien acomodados en la estatal.Gerardo Parodi Vargas, polémico sindicalista, miembro del Sindi­cato de Trabajadores de Petropar (Sitrappar) y actualmente cum­pliendo la función de asesor de la presidenta Patricia Samudio, tiene un salario que ronda los G. 17 millones, según planilla de funciona­rios de la estatal. Mientras que su hermano Ernesto figura como jefe, con un sueldo de más de G. 12 millones.Recientemente fue incorporada al plantel de funcionarios como contratada Pamela Parodi Vargas, hermana de Gerardo y Ernesto, con salario mínimo.TRAS IDAS Y VUELTAS, PROVEYÓ LISTAEn un primer momento, Petropar se desentendió de infor­mar sobre los contratados por la firma Jobs. Se había excu­sado señalando que la información no era de carácter público, alegando que los contratados pertenecen a la nómina de una empresa privada. Una nota interna de la institución, de la Dirección de Gestión Empresarial a la Dirección de Transpa­rencia, da cuenta de ello. Finalmente, la Dirección de Transparencia de la estatal pro­veyó la información requerida por este diario.