Según publica ADN Paraguayo, ambos están en la playa de Palmas do Arvoredo, en el municipio de “Governador Celso Ramos”, en una zona de condominios y apartamentos de lujo, de acuerdo con los datos obtenidos en internet.“Que trabajen lo pobres”, este fue el mensaje que había dado Roberto González Vaesken en un video que se hizo viral en las redes y que fue grabado a pocos días de que el mismo asuma el cargo de gobernador.	Y al parecer no fue un mensaje nada más, mientras los ciudadanos deben trabajar un año para tener vacaciones el titular del gobierno regional en menos de 5 meses ya se adjudicó dicho beneficio, junto a su esposa Darcy González, quien está a cargo de la Secretaría de Acción Social.Atendiendo con las fotos que viene posteando Darcy en su perfil de Facebook, la pareja y sus familiares están en una playa de condominios y apartamentos de lujos en el litoral catarinense, en el Sur del Brasil.El municipio se denomina “Governador Celso Ramos” y una de sus playas exclusivas es “Palmas do Arvoredo”. Es una zona de arena blanca, muy poco afectada por la contaminación que se ven en otras playas del mismo litoral como es Camboriú.Atendiendo con los datos, la zona es frecuentada por personas pudientes, o sea que tienen poder económico.En las fotos que publicó Darcy se puede ver que el lugar donde la familia del gobernador, y donde pasó la fiesta de Año Nuevo, es lujosa.Se pueden ver las fotos de los condominios cerrados y apartamentos que son lujosos, y deben tener un alto costo especialmente en la denominada temporada alta, para las vacaciones. Pero al parecer varios funcionarios de la Gobernación del décimo departamento están siguiendo el “ejemplo” González Vaesken, y están de vacaciones. Los responsables de diferentes reparticiones no atienden sus celulares y en la institución indicaron que “salió” y no tiene hora de regreso.	La Entidad Binacional Yacyretá (EBY), bajo la administración de Nicanor Duarte Frutos, excluye a la única fábrica automotriz paraguaya de un llamado a licitación para la adquisición de patrulle­ras para la Policía Nacional. Aparentemente, las especi­ficaciones de los vehículos a adquirir estarían direc­cionadas a dos reconocidas marcas internacionales, según lo denunció Jorge Samaniego, presidente del Grupo Reimpex.	El llamado fue publicado a principios del mes de diciembre del 2018 y es por un monto total aproximado de US$ 1 millón, corres­pondiente a cuarenta uni­dades de camionetas del tipo pickup. El empresa­rio solicitó por medio de varias notas la modifica­ción de las bases y condi­ciones, además de una reu­nión con Duarte Frutos, pero hasta el momento no obtuvo respuestas.“Las especificaciones son muy rígidas, en el sentido que no son flexibles para todas las pickup disponibles en el mercado y absolutamente a la marca JAC, que fabrica Reimpex, de industria nacio­nal, no le permiten partici­par”, mencionó en entrevista con la 970 AM.Samaniego dijo que la empresa cuenta con vehícu­los que tienen las condicio­nes necesarias para competir en la licitación y que el pro­pio Gobierno lo puede com­probar porque ya adquirieron sus unidades. Lamentó que la EBY haga “oídos sordos” a sus reclamos.“Nosotros no pedimos ganar la licitación, nosotros pedi­mos la oportunidad de com­petir. ¿Qué le hace a la patru­lla de la Policía Nacional que sea 3 cm y medio más largo o más corto? ¿Qué le hace que el motor sea de menor cilin­drada, pero más potente y más económico? ¿Cómo la industria paraguaya auto­motriz no va participar de las compras del Estado?”, cues­tionó.Acerca de considerar o no la posibilidad de que se tra­tara de una licitación hecha “a medida”, dijo que la misma está preparada para que par­ticipen solo una o dos mar­cas de las siete que son muy reconocidas en el mercado nacional y le excluye definitivamente a la única que fabrica en Paraguay. “Yo no entiendo por qué el silencio de Yacyretá, porque hemos enviado nota y también hemos solicitado audiencia con el señor Nicanor Duarte. Yo me considero una persona importante para Paraguay porque soy el presidente de la única y gran industria auto­motriz paraguaya que tene­mos, por lo tanto debíamos ser escuchados. Por lo visto este señor tiene el manejo de su entidad y la oportunidad de no incluirme”, finalizó.	El diputado Teófilo Espínola insistirá en tratar el proyecto que plantea crear un registro único de beneficiarios sociales, ya que son varias las instituciones que brindan ayuda pero nadie lleva un informe general sobre los favorecidos. La idea es no repetir y a la vez variar el tipo de asistencia según lo que cada uno haya recibido.	El titular de la Comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda, Teófilo Espínola, anunció que ni bien se reinicie el periodo parlamentario insistirá en estudiar el proyecto de ley de registro único de beneficiarios sociales.En tal sentido explicó que lo que se pretende con este planteamiento es contar con un registro que sea útil a todas las instituciones, en el cual se detalle si un ciudadano recibió algún tipo de asistencia, como el programa de Tekoporâ, una casa o algún tipo de ayuda.“La idea es construir una trazabilidad en la evolución de ese compatriota, a ver en qué medida va alejándose de la condición de vida que está llevando, a ver si con la asistencia del Estado de qué forma pueda tener una mejor condición de vida”, comentó Espínola en contacto con la 970 AM.También resaltó la importancia de no repetir y de llegar al que en realidad todavía no recibió nada, es decir, si una persona accedió a una parcela de tierra y luego la vende, el Estado ya no está obligado a volver a dársela, pero corre el riesgo entregarla de nuevo a la misma persona al no llevar dicho registro.“Ese es el objetivo, que todas las instituciones tengan la base de datos, el historial de asistencia de ese compatriota, entonces, si a una familia se le otorgó tierra, que la próxima se le ayude a producir”, dijo Espínola. Si la idea prospera permitirá una mejor aplicación de las políticas públicas contra la pobreza, entre ellas, las Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad (TMC), aplicadas exitosamente en al menos 19 países de América Latina incluyendo Paraguay, con programas como Tekoporâ, Ñepytyvô, Abrazo, entre otros.	La organización protectora de animales “Salvando Hocicos” publicó en su cuenta de Twitter una serie de capturas de pantalla que muestran cómo se organizó una pelea de gallos en el barrio Kokué Guasu de la ciudad de Areguá.Las imágenes corresponden a las historias de Instagram de una usuaria identificada como @ingrid_diaz34, quien compartió fotografías del “ring” en el que se disputan los encuentros además del lamentable estado en el que quedó uno de los ejemplares luego de una disputa.Según puede observarse en los screens, esta mujer respondió a algunos de los cuestionamientos que le hicieron sus seguidores. Uno de ellos la reprochó diciéndole: “pobres animales, ¿no pensás en ellos?”, a lo que ella contestó: “Esto es negocio, papá. Ellos están entrenados para pelear. Si pensamos en ellos por eso cuando ya no pueden les sacamos”.Por su parte, otro usuario de Instagram le dijo: “Qué clase de persona sos en serio, esto es negocio, no me gustó para ser sincero”, mensaje que tuvo como respuesta: “Este tipo de negocio papá. Para comer también se les mata”, exhibiendo a la par un fardo de billetes de G. 100.000.La pelea de gallos es una actividad ilícita dentro del país, esta prohibido. 《URGENTE》Se debe tomar medidas	3 de enero de 2019 La organización de peleas de gallos es una práctica común en distintos puntos del país, sobre todo en ciertas localidades donde la falta de un control estricto por parte de las autoridades y la complicidad de los pobladores hacen que se convierta en un negocio rentable que genera buenos ingresos económicos, todo a costa de las apuestas ilícitas.El hecho atenta abiertamente contra la	“la incitación a los animales para atacar personas u otros animales, exceptuando los perros de la policía u otros organismos de seguridad, legalmente autorizados”.Aquellas personas que lleguen a incumplir alguna de estas disposiciones serán sancionadas con apercibimiento o con multas, pero sin perjuicio de otras sanciones civiles o penales que pudieran corresponder.Para aquellas infracciones catalogadas como “muy graves”, la Ley N° 4840/13 establece multas que pueden ir de 501 a 1.500 jornales mínimos (o sea, de G. 40.707.252 a G. 121.878.000). El gran problema que existe en lo que respecta a las peleas de gallos es la falta de un ente de control que se encargue de dar cumplimiento a la ley y evitar las prácticas de este tipo, atendiendo a que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) se encarga de todo lo que compete al cuidado y preservación de especies silvestres.