Eugenio Jiménez Rolón, presidente de la Corte Suprema de Justicia, hizo este lunes un balance de su gestión al frente del Poder Judicial. En ese sentido dijo que apuesta fuertemente por la lucha contra la impunidad.Afirmó que no sintió presiones políticas y resaltó que no existen expedientes cajoneados en la Sala Civil y Comercial, pero que no es lo mismo en las demás salas, por lo que siempre ordena la realización de auditorías para hallar a los responsables.“Si hay algo que puedo presumir es haber conseguido la transmisión de las sesiones del pleno de la Corte Suprema de Justicia. Conseguí el 80% de lo que propuse cuando fui candidato a este cargo”, refirió.Jiménez Rolón indicó que toma nota de las críticas de la Iglesia Católica y alegó que hasta se debe cambiar la mentalidad que se tiene para mejorar la justicia paraguaya, como por ejemplo desterrar la creencia de que existen atajos para conseguir una respuesta judicial.“Es imposible decir que en el país tenemos una justicia insobornable (...) no puedo negar que hay políticos que llaman a abogar por sus casos", indicó.	En entrevista con la radio 650 AM, el economista Ricardo Rodríguez Silvero confirmó que le solicitaron ser el asesor especial de la Itaipú Binacional. Esto se da luego de su renuncia a la comisión asesora que conformó la Cancillería con miras a la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú.“Lo que se quiere lograr es la transparencia total de tal forma a iniciar un proceso de auditoría internacional, poniendo énfasis en que los manejos de los recursos estén absolutamente bajo control”, explicó sobre el papel que le tocará desempeñar.Según un comunicado de la binacional, Silvero formará parte del proceso de fortalecer la Entidad Binacional en el cumplimiento de sus documentos oficiales, en términos de administración óptima de sus recursos y costos, poniendo énfasis en eficiencia, competitividad y transparencia así como, con la ayuda de las diversas direcciones y departamentos internos, proporcionar sobre la Entidad información actualizada e interdisciplinaria a las autoridades de las Altas Partes Contratantes y a la opinión pública.A finales de noviembre, el economista anunció que se apartaba de la comisión asesora de Itaipú, al alegar que esa instancia no sirve porque todas las propuestas que hicieron sus miembros a la autoridades nacionales no recibieron respuestas. Calificó al grupo como “timbre de panteón”, por su ineficacia.“Reiteradamente hemos puesto por escrito a Relaciones Exteriores (Cancillería) que canalice a la Presidencia de la República sendas posiciones con firmas de todos los que estaban de acuerdo, pero no recibíamos respuestas”, lamentó en ese entonces. Este lunes, Cecilia Vuyk, quien sigue integrando la Comisión Especial para la renegociación del Tratado C de Itaipú, manifestó que el grupo sigue sin hoja de ruta y celebró la llamada de atención de la Iglesia Católica a las autoridades, para que negocien con patriotismo.	Cecilia Vuyk, integrante de la Comisión Especial para la renegociación del Tratado C de Itaipú, mencionó a las radios Universo y UNO que es muy oportuna la reflexión de la Iglesia Católica respecto a la forma en que las autoridades deben manejar las hidroeléctricas binacionales, en beneficio del pueblo y no de unos pocos.“Es muy importante la denuncia de la carta de la Iglesia al pueblo porque es lamentable que hasta hoy Itaipú haya sido utilizada para beneficiar solo a un pequeño grupo a costa de atarnos de manos y pies a los paraguayos”, refirió.La experta indicó que con la crisis del acta bilateral quedó demostrado que el actual gobierno estaba negociando entre cuatro paredes y por debajo de la mesa una entrega de la soberanía nacional.“Tenemos que estar atentos. La única garantía de la recuperación de nuestra soberanía es que toda la ciudadanía participe. Una causa nacional para frenar la entrega y recuperar Itaipú. Por eso es muy importante la denuncia de la Iglesia”, indicó.Vuyk señaló que actualmente la comisión se encuentra en una situación de socialización de conocimientos y que actualmente no tiene a quién asesorar. “No tenemos una hoja de ruta en la comisión asesora. Lo que hay que implementar es una comisión negociadora, integrada por patriotas y no por personas vinculadas al negocio de Itaipú, con una hoja de ruta pública”, puntualizó. Luego de una fuerte homilía contra la justicia, monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé, leyó en la misa central del 8 de diciembre una carta de seis páginas mediante la cual se hizo eco del sentimiento popular e instó a renegociar Itaipú con patriotismo.	El juez expresó que en los documentos presentados por la fiscal Cano solamente se habla de cuatro casos específicos y que la denuncia se realizó contra personas innominadas, lo que hace que llame la atención la exclusión de Durand de la causa.“No se habla de ninguna persona, pero tengo entendido que hay indicios sospechosos y por eso hay algunas personas imputadas. Es el único excluido, solamente se habla de Dany Durand”, manifestó a la 730 AM. La fiscal formuló el caso en base a cuatro de las más de cuarenta denuncias que existen en el marco de la investigación.El ministro de la Vivienda cayó en muchas	que recién en el 2017 Dany Durand se deslindó de la empresa. Los documentos avalan esta segunda versión. Las denuncias fueron realizadas con anterioridad a la salida de Durand de Mocipar, empresa que se encuentra en el ojo de la tormenta al saltar cientos de denunciantes que aseguran haber sido engañados con los productos que ofrece.El mecanismo consistía en un sistema de pago en cuotas y posterior adjudicación de acuerdo al plan elegido. La promesa incluye vehículos y departamentos en buen estado y a un precio fijo y accesible, pero la realidad es totalmente diferente, de acuerdo a lo que cuentan los denunciantes. Fernando Román Fernández sería responsable en la comisión de los hechos punibles de estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Asimismo fue procesado Orlando Isidoro Benítez Barboza, también representante del Grupo Mocipar, quien habría incurrido en estafa. A través de sus representantes, el ministro