En la mañana de este lunes, Amancio Rivas Fretes llegó hasta la sede de la Municipalidad de Lambaré para iniciar los trabajos de intervención por la supuesta malversación de fondos y el esquema de coimas que fueron denunciados por los concejales.En entrevista con la radio Universo, el interventor mencionó que este jueves se hará primero el corte administrativo y luego comenzarán los trabajos. En este caso se procederá a tomar la administración general del municipio por 90 días e implementar la auditoría por 60 días, para luego remitir el informe final a la Cámara de Diputados.Mientras se extienda la investigación, intendente liberal Armando Gómez queda separado del cargo. “Él estará representado por sus abogados. Es un ciudadano más en el municipio, por lo que puede acercarse sin problema a la municipalidad”, aclaró.El interventor señaló que se evaluará la continuidad de todos los programas y proyectos de la Municipalidad. Remarcó que una de las prioridades es el pago de salarios de los funcionarios; estos reclaman haberes adeudados hace cinco meses. Fretes mencionó que no posee todavía informes sobre la cantidad de dinero que cuenta el municipio.El elegido para este trabajo ya intervino los municipios de Puerto Cazado, Pirayú, Juan Manuel Frutos y Francisco Caballero Alvarez. También coadyuvó en los de Fernando de la Mora, Atyrá y Benjamín Aceval. ENLACE	“Nosotros no apadrinamos a nadie, en Lambaré no existe ninguna causal hasta el momento para la intervención, fue algo evidentemente político”, aseguró el senador del PLRA, Fernando Silva Facetti en contacto con Universo 970 AM.Recordó que el principal cuestionamiento fue la falta de pago a la caja de pensiones y que todas las administraciones comunales sufren el mismo problema, ya que cerca del 100 % de los recursos se destina a los salarios.“Vos podés separarle temporalmente a una autoridad electa sin tener hechos probados, pero esto atenta contra un principio constitucional que se llama presunción de inocencia”, subrayó.El senador liberal consideró que la realidad de todas las ciudades es una sola: la falta de coordinación entre las instituciones, pues pese a asfaltar las calles, la primera lluvia destruye las obras por la falta de desagües que hace colapsar el pavimento y romperlo. Opinó que se debería elaborar un plan mucho más grande que permita incluirle a la Essap y así evitar que los trabajos se echen a perder.	Óscar Orué, viceministro de Tributación, en contacto con La Unión, indicó que este año han sido detectados 84 casos de evasión por 400.000 millones de guaraníes, los cuales fueron remitidos a Fiscalía.Se trata de empresas maletines creadas exclusivamente para lavar dinero y evitar así abonar los tributos al fisco. Los implicados son empresarios no mediáticos, de acuerdo con el entrevistado. Por otra parte, la autoridad mencionó que desde el 1 de enero entran a regir los nuevos impuestos para las rentas (cuatro en total) y para el consumo (dos).Aseveró que serán reglamentados el impuesto a la renta empresarial (IRE), el impuesto a la renta personal (IRP), el impuesto a la renta de no residentes (INR) y la de renta de trabajo, tanto para los que están en relación de dependencia como los que no.En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), se deberá presentar la declaración del mismo de manera mensual. Además establece el aumento del 5% al 10% cuando es un alquiler para comercio. Ya no se devolverá el IVA al sector agroexportador. El Ministerio de Hacienda estima que con estos cambios tributarios planteados tendrá una recaudación anual extra de US$ 300 millones. Orué mencionó en ese sentido que se creará un fondo para capital humano e infraestructura, para destinar el dinero especialmente a salud, educación e infraestructura.	La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, mencionó a la radio Universo 970 AM que en el paquete de la reforma electoral se estudia el proyecto de ley para que las personas privadas de su libertad, sin condena firme, puedan ejercer el derecho al voto. Actualmente hay 15.600 personas en las prisiones, de las cuales el 70 % no posee condena (unos 10.920 reos). Estos últimos podrían sufragar de prosperar la iniciativa, en atención a que la Constitución Nacional únicamente establece que aquellos condenados no pueden sufragar. El problema actual es que el Código Electoral no establece los mecanismos para que los privados sin condena puedan votar.Pérez mencionó que implementar esta propuesta demandará un gran trabajo, porque es sumamente complejo. Por ejemplo se deberá establecer cómo votarán aquellas personas que son oriundas de una ciudad pero están presas en otra localidad. También deberán instalarse mesas especiales en los centros penitenciarios, porque los privados de libertad no podrán trasladarse a los locales de votación.La ministra reconoció que “ya no llegan” para las elecciones municipales del 2020, pero que podría evaluarse implementar para las presidenciales del 2023.Pérez también indicó que este sufragio permitirá que las causas se depuren lo más rápido posible en las cárceles y además realizar censos penitenciarios. Por otra parte, la entrevistada mencionó que no hay más espacio en la penitenciaría de Tacumbú para recibir a más reos y que en breve cerrarán la de Encarnación y la de Misiones para no permitir nuevos ingresos a causa del hacinamiento.