Los diputados de la Cámara de los Comunes autorizaron por 358 votos frente a 234 que el texto auspiciado por el primer ministro, Boris Johnson, pase a su siguiente trámite parlamentario, la fase de comités, donde podrá ser enmendado antes de su aprobación definitiva, ya en 2020.Con una mayoría absoluta de 365 diputados, de un total de 650 en los Comunes, no cabe duda de que el Gobierno conservador de Johnson sacará adelante la legislación, que debe ser ratificada también por el Parlamento comunitario.El proyecto, que transpone al derecho británico el acuerdo negociado por el primer ministro con Bruselas en octubre, incluye una nueva cláusula que prohíbe que un miembro del Gobierno extienda el periodo de transición posterior al "brexit" más allá de la fecha acordada, el 31 de diciembre de 2020.Elimina además unas disposiciones anteriores que otorgaban al Parlamento cierto control sobre la negociación con la UE en torno a la futura relación comercial, que comenzará una vez el país esté fuera del bloque comunitario.El Gobierno también ha suprimido una cláusula en la que se expresaba el compromiso a no rebajar los estándares laborales adquiridos a través de la legislación europea, lo que Johnson asegura que abordará en otra ley diferente.Al inaugurar el debate previo a la votación, el líder conservador pidió a los parlamentarios unidad para materializar la salida de la UE, en cumplimiento del resultado del referéndum de 2016, en el que un 52 % frente a un 48 % de los británicos apoyaron el "brexit"."Este es el momento de actuar juntos" y de "escribir un nuevo capítulo en la historia del país", dijo, e instó a aprovechar las oportunidades que, según él, se presentan tras la salida del bloque europeo.Johnson, que obtuvo una mayoría absoluta en las elecciones generales del 12 de diciembre con su mensaje central de ejecutar el "brexit", pidió dejar atrás los calificativos de "Leave" (a favor de dejar la UE) y "Remain" (partidarios de permanecer) para fomentar la cohesión nacional.Instó a los diputados a permitir que "la calidez y el afecto natural que todos compartimos" con los países europeos ayuden a apoyar "un nuevo y gran proyecto nacional"."Este es el momento de actuar unidos como país con nuevo vigor, un Reino Unido lleno de renovada confianza en nuestro destino", dijo el jefe del Ejecutivo, que firmó copias de la ley para algunos de sus colegas.El Partido Laborista, el primero de la oposición, consideró que el pacto propuesto por Johnson ya "era malo" y con los últimos cambios "es peor", puesto que aumenta la posibilidad de una desvinculación sin acuerdo comercial en 2020 y debilita las protecciones de los derechos de los trabajadores, de los niños refugiados y medioambientales.El líder laborista, Jeremy Corbyn, que dimitirá a principios del año próximo, cuando tenga sucesor, tras su derrota electoral, avisó de que el pacto será utilizado para llevar al país "por el camino de la desregulación y hacia un acuerdo tóxico con (el presidente de Estados Unidos) Donald Trump". Tras esta votación, la primera del Parlamento surgido de las elecciones, las cámaras de los Comunes y los Lores entran ahora en el receso navideño y reanudarán su actividad el 7 de enero, cuando retomarán esta legislación.	La denuncia por la que se abrió la causa, presentada por el abogado Santiago Dupuy De Lome, apuntaba a que Fernández hizo las cesiones en favor de sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, para evitar los posibles embargos derivados de las causas penales que la involucran.El juez federal Luis Rodríguez, encargado del caso, sostuvo que estas operaciones se realizaron en marzo de 2016, antes de que la ex jefa de Estado (2007-2015) fuera procesada y embargada, por lo que decidió sobreseerla.“En esa fecha no solo no se encontraba procesada -ni se había decretado embargo alguno sobre sus bienes- sino que ni siquiera había prestado declaración indagatoria. Sí se encontraba convocada a hacerlo (el 26 de febrero anterior había sido convocada para el 134 de abril siguiente) en la causa conocida como ‘dólar futuro’”, señaló el juez en el fallo al que accedió la agencia estatal Télam.Cristina Fernández está imputada en múltiples causas que la investigan principalmente por corrupción durante sus dos mandatos presidenciales, que le valieron embargos por sumas superiores a los 800 millones de pesos (unos 12,7 millones de dólares).El pasado 2 de diciembre, a ocho días de jurar como vicepresidenta, se sentó en el banquillo de los acusados por una causa que investiga supuesta corrupción en la adjudicación de obra pública, instancia que aprovechó para denunciar un proceso de ‘lawfare’ (judicialización de la política) perpetrado en su contra por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019).La acusada reprochó las medidas judiciales en su contra, como la intervención de sus empresas, los registros en sus casas, embargos de sus cuentas y la intervención de la herencia de su fallecido esposo, el también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007). “Ni qué hablar de la persecución a mis hijos, a Máximo y a Florencia, que cometieron un delito terrible; ser los hijos de Néstor y Cristina Kirchner”, enfatizó en ese momento.	"La orden de aprehensión es injusta, ilegal e inconstitucional porque no procede legalmente. Sigo siendo presidente y por eso se debe cumplir con los procedimientos de la ley boliviana”, afirmó en una rueda de prensa en Buenos Aires.Argumentó que "la asamblea legislativa plurinacional no aceptó ni rechazó" la renuncia que confirmó el pasado 10 de noviembre, por lo que "según la Constitución" sigue siendo presidente hasta el próximo 22 de enero."Estoy demostrando que Evo sigue siendo presidente y entonces no procede esta orden de aprehensión”, señaló, antes de agregar que "la asamblea legislativa plurinacional debe aprobar por dos tercios el juicio por responsabilidades al presidente".El ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, compartió ayer en Twitter una fotografía del documento en el que se ordena aprehender a Morales y trasladarlo ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción para prestar su declaración informativa.El Gobierno interino de Jeanine Áñez presentó en noviembre pasado contra él una denuncia en la fiscalía en La Paz por delitos como terrorismo, al acusarle de incitar a la violencia contra el Ejecutivo provisional desde su asilo en México, país al que llegó en primer lugar como asilado tras salir del Bolivia el pasado 11 de noviembre.La denuncia se sustenta en pruebas como un vídeo en que se oye una voz atribuida a Morales, pero cuya autenticidad no ha sido demostrada por fuentes independientes.Esa voz incita a un dirigente cocalero en Bolivia, contra quien también hay una orden de arresto, a mantener el bloqueo a las ciudades para impedir ingresar alimentos.Morales llegó a Argentina el pasado el jueves procedente de México e inició los trámites para ser acogido como refugiado, y hoy afirmó que Buenos Aires es el mejor lugar para "operar". "Tengo tanto deseo de estar en Bolivia, en el norte. Pero la mejor forma de operar es desde Buenos Aires”, afirmó Morales, quien será el jefe de campaña de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), para los comicios que anunció el gobierno de Áñez y para los que todavía no hay fecha.Buenos Aires, 19 dic. (EFE).- El exmandatario de Bolivia Evo Morales afirmó este jueves desde Argentina que la orden de detención que emitió en su contra la Fiscalía boliviana "no procede legalmente" porque sigue "siendo presidente" del país, ya que la asamblea legislativa "no aceptó ni rechazó" su renuncia."La orden de aprehensión es injusta, ilegal e inconstitucional porque no procede legalmente. Sigo siendo presidente y por eso se debe cumplir con los procedimientos de la ley boliviana”, afirmó en una rueda de prensa en Buenos Aires.Argumentó que "la asamblea legislativa plurinacional no aceptó ni rechazó" la renuncia que confirmó el pasado 10 de noviembre, por lo que "según la Constitución" sigue siendo presidente hasta el próximo 22 de enero."Estoy demostrando que Evo sigue siendo presidente y entonces no procede esta orden de aprehensión”, señaló, antes de agregar que "la asamblea legislativa plurinacional debe aprobar por dos tercios el juicio por responsabilidades al presidente".El ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, compartió ayer en Twitter una fotografía del documento en el que se ordena aprehender a Morales y trasladarlo ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción para prestar su declaración informativa.El Gobierno interino de Jeanine Áñez presentó en noviembre pasado contra él una denuncia en la fiscalía en La Paz por delitos como terrorismo, al acusarle de incitar a la violencia contra el Ejecutivo provisional desde su asilo en México, país al que llegó en primer lugar como asilado tras salir del Bolivia el pasado 11 de noviembre.La denuncia se sustenta en pruebas como un vídeo en que se oye una voz atribuida a Morales, pero cuya autenticidad no ha sido demostrada por fuentes independientes.Esa voz incita a un dirigente cocalero en Bolivia, contra quien también hay una orden de arresto, a mantener el bloqueo a las ciudades para impedir ingresar alimentos.Morales llegó a Argentina el pasado el jueves procedente de México e inició los trámites para ser acogido como refugiado, y hoy afirmó que Buenos Aires es el mejor lugar para "operar"."Tengo tanto deseo de estar en Bolivia, en el norte. Pero la mejor forma de operar es desde Buenos Aires”, afirmó Morales, quien será el jefe de campaña de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), para los comicios que anunció el gobierno de Áñez y para los que todavía no hay fecha.	Los demócratas han hablado de someter a Trump a un "impeachment" desde que el presidente llegó al poder hace tres años tras una polémica campaña en la que, según la inteligencia estadounidense, recibió el apoyo de Moscú.Al principio del mandato, los demócratas tenían sus esperanzas de "impeachment" puestas en la investigación que lideró durante dos años el fiscal especial Robert Mueller para buscar nexos entre el equipo de campaña de Trump y el Kremlin, pero esta terminó sin resultados concluyentes contra el mandatario.Pero cuando los demócratas ya se habían resignado y veían los comicios de 2020 a la Presidencia como la única forma de sacar a Trump del poder, una filtración en septiembre desde el interior de la Casa Blanca sobre un controvertido favor que el mandatario pidió a Ucrania reactivó el proceso.Este miércoles, finalmente, sin un solo congresista republicano a favor, la Cámara de Representantes aprobó los cargos de abuso de poder (230 a favor, 197 en contra y una abstención) y el de obstrucción al Congreso (229 por el sí, 198 por el no y una abstención) en contra de Trump.Trump se convirtió así en el tercer presidente de la historia de EE.UU. en enfrentar un juicio político después de Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998, ambos absueltos.Richard Nixon en 1974 también enfrentó un proceso de destitución, pero renunció al cargo antes de que la Cámara de Representantes votara los artículos de "impeachment" en su contra.La filtración que animó en septiembre a los demócratas a impulsar el proceso de destitución fue la que protagonizó un agente de la CIA asignado a la Casa Blanca al informar a los servicios de inteligencia sobre una conversación telefónica de julio entre el presidente y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.En esa llamada, Trump presionó a Zelenski para que investigara a su rival político y exvicepresidente, el demócrata Joe Biden -actual precandidato de su partido a las elecciones de 2020-, y a su hijo Hunter por supuesta corrupción en ese país.La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, aseguró que el de hoy fue "un gran día para la Constitución pero un día triste para el país", y agregó que el actuar del presidente no les dejó otra alternativa que "presentar artículos de juicio político".Con la aprobación de los cargos en la Cámara de Representantes, el siguiente paso es el juicio político que debe celebrarse en el Senado, en el que los representantes demócratas actuarán de fiscales, los senadores de jurado y el juez será el magistrado jefe del Tribunal Supremo, John Roberts.Trump, por su parte, enviará a sus abogados para que le defiendan.Se espera que el juicio político arranque a principios de enero, pero la probabilidad de que Trump termine destituido es ínfima ya que, a diferencia de la Cámara Baja, los republicanos dominan el Senado con 53 legisladores frente a 47 y, además, las normas del "impeachment" requieren de una mayoría de dos tercios.Mientras los congresistas votaban los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, Trump subía a una tarima en Battle Creek (Michigan) para pronunciar un discurso ante decenas de miles de simpatizantes."A través de sus acciones depravadas de hoy, los locos demócratas de Nancy Pelosi se han señalado con una marca eterna de vergüenza", afirmó el presidente, que dedicó gran parte de su mitin a criticar a la oposición y defenderse de las acusaciones.Trump advirtió que "el Partido Republicano nunca ha estado tan afrentado pero unido como ahora" y avanzó que los senadores conservadoras "harán lo correcto" durante el juicio político. "Todo va a terminar pronto y con una gran victoria", añadió el presidente, al asegurar que el proceso que inició hoy supone "una marcha suicida para el Partido Demócrata".