La suma de dinero robada es de G. 1.130 millones. El local está ubicado en la Ruta 8 Blas Garay, Km 323, donde un grupo de desconocidos habría ingresado cerca de las dos de la madrugada, según el banco. Se percataron que algo sucedía porque la sede de monitoreo de la capital detectó el corte de la señal de la sucursal. En un control policial fueron detenidos João Carlos Ribeiro (33), de nacionalidad brasileña; Jhonatan Wanderson Da Silva (24) y Ulises Benítez Garcete (22). Más tarde Narciso Ramón Zena Noguera (40), lugareño, Aldo Osmar Stern Zena (25) y Jacob Rempel Loewen (44), este último colono menonita, fueron detenidos en el operativo llevado a cabo en las viviendas aledañas. Fueron incautados dos vehículos en medio de los allanamientos realizados por el fiscal Alberto Torres. Se trata de una camioneta marca Chevrolet, modelo S-10, color blanco y automóvil marca Volkswagen, tipo Novo gol 1.6, color rojo. En el interior de los mismos se encontraron pasamontañas, una escalera de metal, ropas varias y dos radio walkies. Pese a todas las diligencias realizadas, las autoridades aún no han podido recuperar el dinero hurtado.	“Aquí no se puede desconocer que el señor Zacarías Irún no es garante de la patrimonio de la Municipalidad, al no ser intendente municipal, siendo así no es administrador ni ordenador de gastos. El imputado en actos no posee la cualidad especial de autor que se requiere para estos tipos de hechos, considerando que en su persona no se reúne la obligación de proteger el patrimonio de la Municipalidad”, expresó Cabral.Agregó que este es el típico caso de la Ley penal, que exige circunstancias personales especiales, como la prevista en el Art. 32 del Código Penal, que expresa claramente “cuando no se dieran en el instigador o cómplice las condiciones, calidades o relaciones personales previstas en el Art. 16 que fundamenten la punibilidad del autor, la pena será atenuada con arreglo al Art. 67”.Cabral resaltó que la calificación jurídica de la conducta descripta por el Ministerio Público en la imputación, tiene una expectativa mínima de 2 años la prevista en la Ley, que obliga al juez otorgar medidas alternativas.“A LA FECHA NO HAY PELIGRO DE OBSTRUCCIÓN”Cabral significó además “que el peligro de obstrucción expresado por el Ministerio Público cuando formuló imputación en marzo de 2019, a la fecha resulta inoficioso. Estamos a un año del proceso y el imputado no se ha fugado sin que fuera impuesta ninguna medida cautelar hasta ahora, que se aplica medidas”Asimismo, aseguró que la “Fiscalía no arrimó los elementos que sustenten sus pretensiones, ni siquiera manifestó cuáles son los elementos de convicción que sustentan la existencia del hecho, siendo estos requisitos regidos por ley. Finalmente, refirió “que de la manera en que fue diseñada la imputación por el propio órgano acusador, la expectativa de pena por este hecho no supera los 2 años”.“Los operadores de justicia, llamase fiscales o jueces, deben garantizar a todo ciudadano procesado una meridiana seguridad de que la ley vigente en la República será aplicada sin temor alguno. Actualmente en el país se siente una aplicación de la ley de manera selectiva, el estado de derecho se encuentra quebrantado, cuando en algunos casos por la misma calificación jurídica se solicita medidas alternativas. Y en caso como el de mi defendido, solo por motivos populistas y falto de argumento jurídico se solicita prisión, prueba de ello, estos procesos”.	“No hemos bajado la guardia en la lucha contra la corrupción, al contrario, el Ministerio Público ha dado pasos históricos contra este flagelo que azota nuestros pueblos, deslegitima a las instituciones y socava nuestra democracia, con el impulso de numerosas causas penales emblemáticas que hoy están en un estado de notable avance y rumbo a desterrar el fantasma de la impunidad que frenaba nuestro desarrollo como sociedad”, destacó. Quiñónez indicó que no sólo se fortaleció la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, con la creación de 2 unidades más. También brindaron apoyo y respaldo tanto institucional como personal a los agentes fiscales y funcionarios que encaran la dura tarea de luchar contra la impunidad. “El crimen debe dejar de ser rentable para los criminales, al atacar la motivación principal de la actividad delictiva que es el dinero, estamos contribuyendo a que el “crimen no pague” y de esta manera desmotivar la actividad criminal”, agregó la fiscal general. Según los datos proporcionados por la Fiscalía General, se crearon 14 unidades especializadas contra el lavado de dinero, trabajando en conjunto con las dos ya existentes y potenciando las habilidades técnicas y herramientas para la investigación de estos delitos. La fiscal general comentó que se logró la incautación e inmovilización de bienes por más de 150 millones de dólares en el caso Messer, por más de 100 millones de dólares en la caso Cabeza Branca. Todos estos bienes hoy se encuentran administrados por la Senabico gracias a la acción del Ministerio Público.“La cooperación internacional es una herramienta clave en esta tarea por lo que mantenemos acuerdos y relaciones muy beneficiosas con países amigos. La delincuencia organizada no tiene fronteras, nosotros tampoco debemos tenerlas en materia de cooperación judicial” expuso, haciendo referencia al crimen organizado. Así también, pese a los recursos dilatorios se ha podido acusar en los diferentes procesos llevados adelante y someter a la justicia a supuestos responsables de hechos punibles. Además, se consiguió la devolución al Estado paraguayo de un total de 3.372.883.994 millones de guaraníes. A través de las Unidades Especializadas de Lucha contra el Narcotráfico y contra el Crimen Organizado cerca de 400 personas sean puestas a disposición de la Justicia, tanto las que pertenecen a las grandes organizaciones, como también a las del microtráfico.En el marco de la lucha contra el Narcotráfico, las distintas Unidades Penales, llevaron a cabo operativos trascendentales. Por citar el Caso Dominio en sus cuatro fases, cuyo resultado arrojó pérdidas considerables a grupos criminales organizados y el caso Sword, cuyo resultado tuvo la incautación de 302.449 kilogramos de cocaína y la detención e imputación de criminales y de efectivos policiales que daban cobertura a los grupos ilícitos. El combate a la piratería emprendido por el Ministerio Público logró la incautación de vienes por un valor superior a los 28.000 millones de guaraníes y también se ha obtenido un reconocimiento a nivel internacional otorgado por la Red Global Antipiratería por este logro. Así también, la Unidad de Lucha contra el Contrabando ha tenido una participación activa y significativa con incautaciones de productos ilegales por un valor superior a los 13.600 millones de guaraníes. Otro aspecto de relevancia crucial es la protección de nuestros niños y niñas de la pornografía infantil, la extorsión y el gruming. En ese sentido la Unidad de Delitos Informáticos ha realizado cerca de 25 operativos nacionales e internacionales, para identificar y someter a la justicia a los autores de tan graves hechos.Más de 150 víctimas en el país y en el extranjero fueron rescatadas, obteniéndose la condena de 20 procesados vinculados a la trata de personas. A través de la Unidad especializada antisecuestro y antiterrorismo se han conseguido importantes resultados a través de condenas, tanto por los hechos punibles de secuestro y asociación terrorista. “Aprovecho este momento para recordar a dos victimas del secuestro que siguen en cautiverio, Edelio Morinigo y Felix Urbieta con quienes seguimos estando en deuda como sociedad”, articuló Quiñónez. “Sin dudas un tema sensible y que indigna a nuestra sociedad lo constituye el abuso contra nuestros niños y niñas por lo que el Ministerio Público actúa de manera implacable para reprimir este tipo de conductas. Nos alarma la cifra de más de 2.900 denuncias de abuso en niños, registradas este año, hasta el mes de noviembre. Esta dolorosa realidad nos exige y compromete aun más como Estado”, afirmó. En el ámbito de la Violencia familiar se registraron más de 21 mil denuncias y con la creación de la cuarta unidad Especializada de Violencia Familiar en Asunción, el Ministerio Publico promete fortalecerse en la lucha contra estos hechos punibles, ya que sólo en la capital se registran 3000 causas abiertas.PRESUPUESTO 2020 “La cantidad de denuncias y causas ingresadas en el Ministerio Público crece exponencialmente cada año y sólo en el presente periodo se registraron cerca de 200 mil causas nuevas. Ante la alarmante situación presupuestaria en la cual nos encontramos, debemos extremar la eficiencia en la gestión de los limitados recursos que tenemos para encarar esa titánica tarea”, lamentó la titular de la Fiscalía General del Estado. La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, presentó su informe de gestión como cabeza del Ministerio Público. Manifestó que la cartera se encuentra en constante cambio positivo y permanente avance, pese a las numerosas dificultades que se presentan, principalmente por la falta de recursos. Quiñónez explicó que la situación presupuestaria no es un problema menor e informó que el Ministerio Público afrontará el ejercicio fiscal 2020 con un recorte presupuestario de 27.500 millones de guaraníes, el que se suma a un sostenido recorte en materia de gastos desde el año 2015 de más de 50.000 millones, completando la friolera suma de casi 87.000 millones de guaraníes que afectarán el trabajo de la institución. “No ha sido un año fácil, hay muchas fuerzas que se oponen al cambio, a la transparencia, a la justicia. Seguiremos recibiendo críticas de todo tipo, amenazas y hasta ataques, pero ello solamente comprobará una vez mas que nos encontramos en la senda correcta, el camino de hacer lo que esta bien y lo que nos manda la Constitución”, finalizó.	Desde el gremio de Distribuidores de Combustibles Asociados del Paraguay (Dicapar) instan a las autoridades a postergar la implementación del decreto que reglamenta la implementación del impuesto selectivo al consumo, hasta que sea analizado el impacto en los precios de los combustibles. El mismo debe entrar en vigencia a partir del 1 de enero del 2020.	Según los importadores, el aumento de los gravámenes sobre los carburantes solamente generará un impacto negativo en los consumidores, así como desencadenará un incremento de la inflación. El gerente de Dicapar, Guillermo Parra, indicó que están abiertos al diálogo con el Gobierno, a fin negociar los aumentos impositivos y analizar otras opciones para evitar un golpe a la economía nacional. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó el decreto el 19 de diciembre pasado. En el documento se establece un aumento a los impuestos sobre el precio de las naftas, entre 500 y 1.500 guaraníes, mientras que, para el diésel entre 100 y 500 guaraníes, desde el común hasta el más refinado.