Quito, 3 oct (EFE)- El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó este jueves el estado de excepción, en momentos en que los transportistas bloquean carreteras en varias zonas del país en rechazo a las medidas económicas anunciadas por el Gobierno en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).	"Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional", dijo Moreno desde el palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo.El anuncio lo hizo en momentos en que arrecian las manifestaciones, especialmente en la capital ecuatoriana, en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles, entre otras medidas económicas."Los derechos se exigen sin perjudicar a los que verdaderamente son fundamentales para el progreso del país, la generación de trabajo, la educación, la libre movilidad, la seguridad de las personas", señaló el gobernante.Reiteró la apertura al diálogo y dijo que en su Administración siempre estarán "dispuestos a ceder espacios que no comprometan, bajo ninguna circunstancia la ética y la moral, la transparencia con la que se ha conducido siempre este Gobierno", dijo.Según la ministra de Gobierno, María Paula Romo, el estado de excepción es para garantizar el normal desenvolvimiento del país, donde hoy se registraron varias marchas de protestas, algunas de ellas violentas.Según Romo, en esta jornada se han registrado once detenciones por las manifestaciones que comenzaron a la madrugada cuando entraron en vigor los nuevos precios del diesel y de la gasolina conocida como "extra", la de mayor consumo en el país.El pasado martes, Moreno firmó un decreto para eliminar desde hoy los subsidios al diésel y a la gasolina "extra", con lo cual el precio estará ahora en función de los valores internacionales.Y en ese sentido, los escenarios que se prevén denotan que el galón de diesel podría pasar de 1,03 dólares a 2,27, mientras que la gasolina extra, de 1,85 a 2,30 dólares.Largas filas de vehículos se registraron el miércoles en las estaciones de servicio pues los conductores intentaban abastecerse de combustible antes de que subieran los precios a la medianoche, cuando ya cambiaron los valores.A las manifestaciones de los transportistas se sumaron organizaciones sociales, indígenas y estudiantes universitarios que rechazan lo que tildan de "paquetazo".El paquete de medidas anunciadas por el Gobierno responde a las necesidades de liquidez de Ecuador, que el pasado marzo obtuvo de diferentes organismos internacionales una línea de crédito de más de 10.000 millones de dólares. El acuerdo con el FMI, que aportó 4.200 millones, venía acompañado de una serie de demandas para reducir el gasto público e incrementar los ingresos del Estado, lo que ha despertado la indignación de los sindicatos y sectores desfavorecidos. EFE	La larga, tensa y convulsa jornada que vivió el país ha dejado un montón de heridas políticas abiertas por resolver, una gran incertidumbre sobre qué va a pasar en el futuro inmediato y pocas certezas sobre la situación legal y las consecuencias políticas de muchas de las decisiones que se tomaron.Solo quedó clara y patente la alegría y la sensación de alivio que la gran mayoría población peruana expresó espontáneamente en las calles después de que el presidente anunciara la disolución del Congreso, un organismo cuyos representantes son odiados y despreciados a partes iguales por la mayoría de la población.¿QUÉ PASÓ EN PERÚ?Vizcarra disolvió el Congreso y convocó elecciones legislativas para el próximo 26 de enero aplicando una norma constitucional que le habilitaba a disolver la cámara si ésta le negaba un cuestión de confianza al gabinete presidido por Salvador del Solar.El presidente se pronunció así después de que el Congreso procediera a elegir un magistrado para el Tribunal Constitucional pese a que la moción de confianza estaba expresamente vinculada a ese proceso de elección de jueces, muy cuestionada por las formas y los plazos que se emplearon en su tramitación.Para el presidente, los congresistas negaron en los hechos con este acto el pedido de confianza, pese a que luego dieran formalmente en otro trámite parlamentario su respaldo a la propuesta gubernamental.El Congreso, dominado por el fujimorismo y sus aliados de derecha y extrema derecha, respondió en rebeldía y acusó al mandatario de violar la Constitución por haber disuelto indebidamente la cámara.Con la ausencia de casi cincuenta diputados que aceptaron la disolución, la facción restante votó una resolución para "suspender" por "incapacidad moral" a Vizcarra y nombraron en su lugar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como "presidenta en funciones".¿COMO SE LLEGÓ A ESTA SITUACIÓN?Esta crisis es el punto álgido de un conflicto abierto entre el Gobierno y el Congreso desde las elecciones generales de 2016, que dejaron un parlamento dominado con abrumadora mayoría por el partido fujimorista Fuerza Popular y la Presidencia en manos de Pedro Pablo Kuczynski.Fuerza Popular utilizó su poder en la cámara para presionar al Gobierno y para intentar "gobernar desde el Legislativo", lo que suscitó el rechazo de la población.El escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht en el país terminó por costarle el cargo a Kuczynski y llevó a la asunción de su vicepresidente Vizcarra, quien encaró el cargo con la misión de enfrentar la corrupción que afecta gravemente a todo el país.Así, Vizcarra promovió una serie de reformas que lo enfrentaron con el Congreso, identificado como un organismo penetrado por la lacra de la corrupción y que por acción u omisión boicoteó varios intentos para modificar normas y tomar medidas contra los corruptos.Para solucionar el bloqueo político, Vizcarra propuso en julio un adelanto electoral para renovar tanto la presidencia como el Congreso, propuesta que sin embargo fue archivada sin debate por la Comisión de Constitución del Parlamento, ampliamente dominada por los fujimoristas.De forma simultánea, los congresistas opositores iniciaron un procedimiento exprés y poco transparente para renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional.La cuestión de confianza que planteó Vizcarra y que se debatió hoy era precisamente para evitar esa maniobra.¿QUE PUEDE PASAR AHORA?La incertidumbre es muy amplia. Ninguna de las partes reconoce a la otra y todo parece indicar que terminará en las manos Tribunal Constitucional, que tendrá que dilucidar en último término si Vizcarra hizo bien en interpretar como denegado el pedido de confianza dadas las acciones tomadas por el Congreso.Mientras, no parece que haya interés en desalojar a los congresistas que permanecen en el Congreso.Tampoco hay sensación de inseguridad ciudadana, ni temor a una intervención militar. Los medios de comunicación han actuado toda la jornada con total libertad y lo siguen haciendo y nadie ha sido detenido. Vizcarra convocó ya elecciones para renovar el Congreso y le dio fecha, tal y como señala la Constitución peruana. EFE	“He decidido disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas. Esto es un acto constitucional”, señaló Vizcarra en un mensaje televisado luego de que el Congreso decidiera votar por la elección del Tribunal Constitucional a pesar de un pedido en contra del Ejecutivo.El mandatario enfatizó que el cierre del Parlamento que dispuso “está dentro de las facultades contenidas” en la Constitución y que “busca dar un fin a esta etapa de entrampamiento político que ha impedido que Perú crezca al ritmo de sus posibilidades”.Señaló que espera que “esta medida excepcional permita que la ciudadanía finalmente se exprese y defina en las urnas y mediante su participación el futuro de nuestro país”.Vizcarra se dirigió al pueblo peruano para decirle que en su país se “está haciendo historia y este momento lo recordarán las siguientes generaciones”.“Cuando lo hagan espero que recuerden la magnitud de esta lucha, que es contra uno de los males endémicos que tanto daño le ha hecho al Perú y que no le ha permitido crecer como se merece y como nos merecemos todos los peruanos”, indicó en referencia a su política de lucha contra la corrupción.El gobernante aseguró que los peruanos “seguirán encontrando en este presidente a un mandatario profundamente respetuoso de la Constitución y dispuesto siempre a dar la lucha ante la corrupción”.Vizcarra tomó la decisión después de que el Congreso lo desafiara y eligiera a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional (TC) sin discutir la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo para intentar detener ese proceso.La decisión del legislativo, que domina el partido fujimorista Fuerza Popular, se tomó en medio de una jornada caótica, que a primera hora incluyó la presentación del pedido de confianza por el primer ministro, Salvador del Solar, quien poco antes se encontró con las puertas del hemiciclo cerradas.Vizcarra había adelantado este domingo que si el Congreso no procedía de inmediato con la cuestión de confianza solicitada, o continuaba previamente con el controvertido proceso de elección, el Gobierno actuaría “con la Constitución” y disolvería la cámara.Sin embargo, a pesar de las protestas de los legisladores de izquierda y liberales, el presidente del Congreso, el empresario Pedro Olaechea, llevó a voto la candidatura para integrar el TC del jurista Gonzalo Ortíz de Zevallos, quien es su primo hermano.Esta candidatura obtuvo el mínimo de 87 votos exigidos, aunque luego la legisladora izquierdista María Elena Foronda denunció que fue suplantada y su votación apareció como favorable, por lo que anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía.Tras este proceso, Olaechea anunció que la votación para elegir a los otros magistrados del TC seguiría durante la tarde de este martes, y dedicaría la jornada vespertina de este lunes a discutir y votar la cuestión de confianza.Precisamente los diputados se encontraban en pleno debate sobre este tema cuando se conoció la decisión del mandatario, lo que generó que la discusión culminara de forma abrupta. Al poco, un grupo de diputados contrarios a Vizcarra lanzó un proyecto de destitución presidencial por “incapacidad moral permanente”.	El gobernador de Rio de Janeiro Wilson Wiltzer acusó a Paraguay de ser el principal proveedor de armas que ocasionan un "genocidio" en Brasil. El mismo dijo que pedirá a las Naciones Unidas que penalice a nuestro país, así como a Colombia y Bolivia, otros de los acusados por el controvertido político carioca.	Las declaraciones las hizo el domingo último durante la presentación de lo que será el arranque desde el 3 de octubre próximo, de una nueva edición de Rock in Rio. “Estamos con todas las acciones para retirar las armas y trabajando ahora junto a las Naciones Unidas para llevarles realmente la causa del genocidio de Río de Janeiro, que no es por el gobernador”, declaró Witzel a periodistas en la Cidade do Rock, donde se celebra el festival musical Rock in Río. De acuerdo con Witzel, el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas “puede tomar esa decisión de sancionar a Paraguay, Bolivia y Colombia en lo que tiene que ver con las armas. Y los países que a su vez venden armas para esos países tiene que ser prohibidos o va a continuar esta masacre”, subrayó. “Es una situación sangrienta la que vivimos en las comunidades de Río de Janeiro. Hay que cerrar la frontera para las armas”, agregó. Witzel es un exjuez y exfusilero naval defensor de una política de combate directo al crimen en las favelas, con represión, fue blanco de fuertes críticas esta semana por la acción policial que el pasado 20 de septiembre terminó con la vida, por una bala perdida, de una niña de ocho años que estaba en el interior de una furgonetaA pesar de que la muerte de la menor levantó de nuevo las voces de movimientos y líderes sociales contra la política de extrema represión adoptada por Witzel en materia de seguridad pública, el gobernador reafirmó su postura y extinguió esta semana una medida que buscaba incentivar la reducción de la violencia de la Policía.El decreto altera una ley de 2009 que ofrece compensaciones financieras en sus salarios a los policías como premio por la reducción de diferentes estadísticas criminales excluyendo de la medida la norma que incentivaba a los uniformados que se esforzasen por reducir el número de civiles muertos en operaciones policiales. En consecuencia, los diferentes cuarteles de policía podrán recibir los incentivos salariales si reducen indicadores criminales como número de homicidios o de robos sin importar si en sus áreas de actuación aumenta el número de civiles muertos en operaciones policiales.