Los camaristas Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín rechazaron la apelación planteada por la defensa de Ortigoza contra el tribunal de sentencia compuesto por María Luz Martínez Vázquez, Daniel Ferro Bertoletto y Víctor Hugo Alfieri en la causa que afronta por venta irregular de tierras en Canindeyú. El juicio oral y público en este caso está trabado desde 2017.	La Fiscalía sostiene que Ortigoza, durante su gestión entre los años 2011 y 2012 como titular del Indert, vendió un poco más de siete hectáreas de tierras de la Reserva del Mbaracayú. El Ministerio Público asegura que el supuesto perjuicio producido por la enajenación de la propiedad sería de unos G. 40.000 millones.	Ortigoza también está implicado en la supuesta venta de nueve hectáreas de tierras que eran propiedad del aeropuerto de Capitán Bado. También soporta otros procesos, como la compra de 5.000 hectáreas de tierra en el departamento de Cordillera de la firma San Agustín, hecho que causó un perjuicio de G. 48.000 millones al Indert. Es investigado también por la venta irregular de 52.000 hectáreas en Alto Paraguay, que derivó en un desfalco de G. 15.381.715.000.