que impulsan invasiones de tierras y apeló al diálogo como la vía para la resolución de conflictos.Ángel Varela, dirigente del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), hizo alusión a este discurso y sostuvo que hace tiempo plantearon un diálogo con Mario Abdo Benítez, pero el mismo no llegó a atender su solicitud ni les brindó una respuesta concreta.A raíz de este silencio del mandatario, aseguró que los campesinos lo consideran como “mentiroso y doble filo”, cuestionando su falta de interés para atender al pedido que habían realizado hace un tiempo atrás.Sobre este punto, Varela indicó que ya presentaron varias notas en el Palacio de Gobierno para pedir una audiencia con el presidente de la República, aunque no llegaron a tener una respuesta ante dicho planteamiento.El dirigente campesino manifestó que las ocupaciones van a avanzar en Paraguay debido a que no se ha llegaron a estudiar los recursos para la comprar de tierras. Al respecto, detalló que hay más de 450.000 campesinos sin tierra en la actualidad.Destacó que los títulos de propiedad que se entregaron ayer son importantes, aunque considera que Abdo Benítez “mintió al decir que quería hablar con los campesinos”.Varela pidió al jefe de Estado que pueda sentarse a conversar con ellos a fin de buscar alternativas a este problema de tierras. Asimismo, planteó la posibilidad de crear un “Ministerio de la Reforma Agraria” para que se pueda contemplar el presupuesto requerido para la adquisición de inmuebles.El nuevo presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Horacio Torres, habla con la gente pero dice que no hay recursos, según mencionó el líder del Movimiento Campesino Paraguayo, lo cual cuestionó debido a que “si no hay recursos no sirve de nada”. “Varias ocupaciones oikóta Paraguaipe, pea ndojokomo’ai ha’e”, puntualizó el dirigente.	Este miércoles, en medio de una movilización ciudadana, los concejales de San Lorenzo sesionaron en la Junta Municipal, donde uno de los puntos tratados fue el pedido de intervención de la administración del intendente colorado Albino Ferrer.Finalmente, no corrió este planteamiento realizado por Nery Quiñónez y Federico Franco, ya que los ediles remitieron la solicitud a la comisión de Legislación para su previo dictamen. Así también decidieron dar un plazo de 72 horas al intendente Ferrer para que presente un informe y resolvieron conformar una Comisión Especial para controlar a los auditores externos que serán contratados para verificar la gestión.El colorado oficialista Nelson Peralta explicó que con sus colegas coincidieron que no podían aprobar un pedido de intervención meramente por denuncias realizadas con fotocopias simples, no autenticadas. “No se puede decir que está todo mal por simples fotocopias, que puede ser adulteradas. Sí tenemos calles destruidas, pero también como Asunción, entonces vamos a tener que intervenir a Mario Ferreiro también por los baches. Está todo bien, la administración fue aprobada por la Contraloría”, esgrimió en defensa del jefe comunal sanlorenzano.	Luis Cáceres, director jurídico de la Cámara de Diputados, confirmó que recibió el memorando del área de Administración y Finanzas, que relata el cobro indebido de algunos cheques que corresponden a aguinaldos proporcionales de antiguos funcionarios permanentes, que hoy ya no se encuentran en la entidad.La auditoría se abre contra el funcionario Óscar Ruiz Díaz, tesorero de la Cámara Baja, por presunto cobro indebido de G. 35.113.537.Si bien el monto fue devuelto previo a una firma de acta de compromiso, el 7 de febrero, Cáceres advirtió que no se apañará a nadie, según lo dispuso el también investigado Miguel Cuevas, presidente de la Cámara Baja.“Los que quieran tratarnos de ingenuos al no trabajar y querer cobrar cheques que no le corresponden, van a terminar siendo sumariados”, afirmó Cáceres.El funcionario salpicado por la denuncia todavía no se pronunció al respecto y ni siquiera se sabe de su paradero, según el director jurídico. No obstante, ya está separado del cargo. Además, se solicitarán copias de los cheques para saber si hay cómplices y confirmar quién fue el que cobró en ventanilla. En el transcurso de hoy se trasladará la denuncia al Ministerio Público.	El diputado oficialista Roberto González afirmó no estar al tanto de la cuestionada entrega de víveres realizada el día de ayer en el departamento de Cordillera, pero admitió que es posible que los kits hayan sido entregados a un político local de nombre Alcides, vinculado a su persona, para su redistribución.	El legislador perteneciente al movimiento Colorado Añeteté, refirió que efectivamente durante el día de ayer se entregaron kits para familias de escasos recursos en prácticamente todos los distritos del departamento, un promedio de 50 paquetes para los distritos pequeños y hasta 100 para los distritos de mayor población.Con respecto a los cuestionamientos por la politización de la entrega de los víveres a favor del oficialismo colorado, González adujo que no hay nada que esconder que la entrega se hizo a la luz del día.En otro momento fue consultado sobre su relación con el dirigente Alcides Dominguez, el diputado dijo que es un integrante de Añeteté, del distrito de Santa Helena, y que es posible que los kits hayan sido depositados en su domicilio, para su posterior distribución, precisamente por su condición de aliado partidario. Negó además tener conocimiento sobre el audio en que supuestamente ordena hacer desaparecer las imágenes que se difundieron en las redes sociales. "Estamos en política, cualquiera puede mencionar mi nombre”, apuntó. Además de las críticas por la forma en que fueron arrojadas las bolsas a una vivienda sin los más mínimos cuidados, también se atacó el carácter asistencialista de la ayuda, con fines proselitistas, sin tener en cuenta el problema de fondo.