El tema fue tratado pedido del Partido Socialista Brasileño (PSB), que denunció una “omisión del Parlamento” en un asunto vinculado a los derechos humanos que, pese a haber diversos proyectos de ley en ese sentido, se mantenían hasta ahora todos trabados por las presiones de los sectores más conservadores de la sociedad.	No obstante, el presidente del tribunal, magistrado José Antonio Dias Toffoli, mantuvo el caso en la agenda del Supremo, pues el juicio comenzó a fines del año pasado y también porque, según explicó, el Parlamento “ha tenido más de treinta años, desde la promulgación de la Constitución de 1988, y aún no ha decidido”.	En la sentencia se aclaró que será permitido a los practicantes de todas las religiones manifestar su oposición a las relaciones homosexuales, siempre y cuando sea “de acuerdo con sus libros y códigos sagrados” y no se incurra en la discriminación, que podrá ser castigada, como el racismo, con hasta cinco años de cárcel.