La Municipalidad de Ciudad del Este, durante la larga administración de la familia Zacarías-McLeod, recurrió a varias acciones judiciales para pasar por alto una serie de leyes nacionales. Blindaron la institución de cualquier control externo y así lograron un mayor dominio en esta ciudad. El paquete de acciones judiciales incluyó la prohibición a la Patrulla Caminera (entonces Policía Caminera) de realizar controles sobre la Ruta 7, desde la cabecera del Puente de la Amistad hasta el Km. 10 de la capital departamental. La medida judicial fue concedida en el 2007; luego, en el 2014, se promulgó la Ley 5016/14, De tránsito y seguridad vial, que establece que, “la competencia en las rutas nacionales y departamentales, así como en los ramales y caminos vecinales que atraviesen los municipios, corresponderá a la Patrulla Caminera”.A pesar de que a todas luces la Patrulla Caminera tiene la potestad de realizar los controles en las rutas de Ciudad del Este, la intendenta interina, Perla Rodríguez de Cabral (ANR, cartista), reflotó la prohibición legal, ya extinguida, e intimó a los agentes de Caminera a abandonar los controles.Es más que evidente que esto responde estrictamente a una puja de territorio por coima. Por años, los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) manejaron un perverso esquema de extorsión en la zona céntrica de Ciudad del Este. Son los responsables de crear fila para luego pedir coima a los automovilistas para permitirles avanzar por calles alternativas hacia el Puente de la Amistad.Es nada más y nada menos que uno de los esquema que más dinero ilegal movieron en la Comuna esteña durante la administración de los Zacarías, y todos los responsables quedaron impunes, por la absoluta inutilidad de la fiscalía haragana y corrupta liderada por el inoperante fiscal adjunto de la zona, Édgar Moreno, quien debió intervenir de oficio ante las denuncias.Ahora, la intendenta, en vez de sanear la institución e investigar para desmantelar el esquema perverso, que aumentó la mala fama de la ciudad, está intentando que los policías municipales vuelvan a controlar el tránsito hacia el paso internacional.Estos habían sido desplazado por pedido de la interventora Carolina Llanes, quien comprobó fehacientemente la veracidad de las denuncias periodísticas. Para ratificar aun más la existencia del esquema corrupto, desde que la Caminera se hizo cargo del paso hacia el Puente, el tránsito se agilizó.Sin embargo, con toda desfachatez y caradurez, el director de la Policía de Tránsito, Fermín de León Rojas, se atreve a cuestionar la labor de la Patrulla Caminera. No tiene cara este sinvergüenza de salir otra vez a reclamar el retorno de sus corruptos subordinados.La labor del próximo intendente debe ser desmantelar todos los esquemas corruptos empotrados por años en la Municipalidad y mandar a la cárcel a quienes fueron responsables de la destrucción y el abandono de una de las capitales departamentales más importantes del país.