El representante del Ministerio Público, Christian Bartomeu, indicó que el padre de la niña Mía ya reconoció las prendas de la misma, por lo que todo apunta a que los cuerpos hallados hoy en Katueté (Canindeyú) pertenecen a la menor y a su niñera Mabel Blanca González.En el marco de esta causa, se encuentra imputado por coacción, coacción grave y extrañamiento de personas; el mecánico Eduardo Villalba. El hombre sería la pareja sentimental de Mabel González.El fiscal Bartomeu indicó que Villalba está con medidas de prisión y se evalúa su imputación bajo la figura de feminicidio.Los cuerpos fueron hallados en el sitio donde se encontraron por última vez la niñera de Mía y el mecánico. El mismo se comunicó 17 veces con la mujer para retomar una relación sentimental y luego ella aceptó verlo pero para dejarle en claro que no deseaba continuar con él.Las comunicaciones que mantuvieron el mecánico y la mujer, fueron la pista principal para que fiscalía y policía llegaran a la conclusión de que el hombre es el principal sospechoso del crimen.	Durante una conferencia de prensa, el abogado puso en duda el argumento de la declaración falsa, que motivó la imputación contra Javier Zacarías Irún, tomando como evidencias varios vehículos que ya fueron vendidos a terceros.“Los documentos acreditan que algunos vehículos que estaban a nombre de Javier Zacarías fueron vendidos por contrato privado, como suele ocurrir la transferencia formal no se da hasta cierto tiempo, pero definitivamente desde el momento en que uno transmite la posesión por contrato privado, este deja de formar parte de su patrimonio”.Preda dijo que si la situación de no incluir algunos vehículos que ya fueron vendidos puede enmarcarse dentro de la declaración falsa, la fiscalía estaría incurriendo en un grave error procesal, que atenta contra el estado de derecho.El abogado asegura que este error tiene su origen en el llamativo apuro de los fiscales en formular la imputación, sin recoger toda la información posible, a pesar de que cuentan con toda la información privada de Javier Zacarías Irún, entre los cuales figuran los contratos de compraventa y no forman parte de su patrimonio.Agregó que ante la no revisión de pruebas, se puede sacar conjeturar sobre la actuación de los fiscales en dicha causa, sobre su objetividad o que simplemente se congracian con los grupos dominantes. Otro punto severamente cuestionado por la defensa de los Zacarías tiene que ver con el pedido de reapertura de una investigación, lo que da a entender que no sabían lo que estaban investigando anteriormente, "ojalá la fiscalía tenga la valentía suficiente cuando tenga que corregir los errores", dijo.	La denuncia presentada por el abogado Luis Villamayor, está vinculada a la cuestión de la estación de servicio de Petropar ubicada sobre la Avenida Ñu Guasu y la detección de una supuesta filtración de combustible.La estación de servicio fue inaugurada en noviembre de 2017 y tuvo un costo total de G. 4.200 millones. En marzo de 2018, fue detectada la filtración de combustible, situación que fue subsanada rápidamente.Sin embargo, en noviembre de 2018 la nueva administración de Petropar, a cargo de Patricia Samudio, informó acerca de una supuesta nueva filtración. Lo llamativo fue que no se elevó ningún informe técnico al respecto.Esta situación hizo que el equipo de Petropar primeramente presupueste un gasto de G. 2.400 millones para la reparación. Pero, para sorpresa de todos, dos días más tarde sin mayor trámite ni estudio, aumentaron a G. 5.700 millones.La licitación fue adjudicada a una empresa internacional, coincidentemente con el mismo presupuesto, con una cifra mayor a lo que costó la construcción de la estación de servicio. La primera denuncia contra Samudio fue por supuesta lesión de confianza, que habría causado una millonario perjuicio al ente estatal.	El pasado sábado, vecinos de la zona observaron un inusual movimiento de obreros sobre la calle Poeta Rivera, entre Taruma y Encarnación, en el barrio Nazareth de Asunción, más aún porque ninguno de ellos portaba distintivos de la Essap, ni habían móviles del ente, pero que realizaban tareas inherentes a la empresa estatal.En total unas 12 personas estaban en plena tarea de perforar el empedrado para la colocación de caños que iban a unirse a la red cloacal de la Essap, según los moradores no solo era una obra sin autorización, también causaba inconvenientes a los frentistas, puesto que sus accesos se vieron perjudicados por el levantamiento del empedrado.Es así que denunciaron el hecho a la Essap y sus funcionarios se hicieron presentes para constatar la veracidad del mismo, durante las averiguaciones con los obreros, se hicieron presentes funcionarios del Sanatorio San Martin, quienes intentaron justificar lo ocurrido, seguidamente se dio participación a agentes policiales, por lo cual los obreros retiraron las cañerías y arreglaron el daño de la calle empedrada.Los representantes de la Essap solicitaron a los encargados del sanatorio la habilitación para la obra en cuestión, pero se encontraron con evasivas, el trabajo irregular pudo ser interrumpido a escasos seis metros del registro cloacal de la empresa estatal. La denuncia formal fue hecha en la Comisaría 7ma Metropolitana, en tanto que el sanatorio se expone a una importante multa por transgresión a la ley 1614/2000, que habla sobre conexiones sin autorización del prestador, en este caso la Essap.