Con una recaudación de G 250 mil por día, un cuidacoche no está de acuerdo con el proyecto de bicisenda ya que el estacionamiento de vehículos era su pan de cada día. Afirmó que no puede cambiar de zona porque están todas ocupadas y que sin estudios ni preparación no tiene otra opción laboral.	Un cuidacoche que se encontraba en la cuadra de la bicisenda de Iturbe manifestó su disconformidad con el proyecto y afirmó que luego de 30 años, quedó sin trabajo ya que el estacionamiento de vehículos está prohibido en su zona.Manifestó a Paraguay en Bici su preocupación debido a que el cuidado de vehículos en la vía pública era su pan de cada día, que no cuenta con estudios ni otros conocimientos para conseguir otro tipo de trabajo, además contó que tiene un hijo con discapacidad.“Tengo que pagar luz que viene 450 mil guaraníes y agua 150 mil y estoy preocupado, ya no duermo más”, señaló el hombre que vive en el barrio San Francisco de la Costanera.Se quejó de que nadie avisó la implementación ni le dieron una opción de trabajo y que no puede cambiar de zona ya que todas están ocupadas por otras personas. “Para los pobres no hay trabajo”, agregó.Reflexionó sobre la implementación de la bicisenda y afirmó que el país no está preparado para esto al igual que otros países donde las calles no están en condiciones de espacio para tal proyecto. “En otros países las calles son grandes, acá ya ni espacio para estacionar hay y los estacionamientos se aprovechan de la gente y le cobran 20 mil guaraníes por hora”, puntualizó.La Policía Municipal de Tránsito se encuentra realizando los controles y ya hubo multados que estacionan sobre la bicisenda. Los infractores deben abonar la suma de G 325.000 y la remoción G 243.000.	A través de sus abogados Jorge Cantero y Oscar Said Bobadilla, Mereles (recientemente trasladado a la penitenciaría de Pedro Juan Caballero), replicó que no forma parte de dicha organización criminal, que sólo realiza trabajos contables para los hijos de Da Rocha.“Dentro de la cartera de clientes de AF Estudio Contable se hallan algunas empresas vinculadas a los hijos de Luis Carlos Da Rocha, razón por la cual el señor Mauro Mereles ha sido sometido a una investigación penal. Sin embargo los mismos poseen numerosas empresas cuya contabilidad son llevadas por otros contadores que ni siquiera han sido citados por el Ministerio Público”, remarca el derecho a réplica solicitado por el acusado, tras publicaciones periodísticas que lo sindican como una de las cabezas contables de la organización. “Los servicios prestados por AF Estudio Contable se limitan exclusivamente a actividades lícitas vinculadas a la actividad contable pública que se hallan reguladas por la ley y controladas por organismos estatales. Todos los trabajos realizados por el estudio contable se hallan respaldados por informaciones y documentaciones legales, proveídas por los clientes inscriptos como contribuyentes y clientes del Estudio, cuya facturación anual supera la suma de 6.000.000.000 han sido supervisados, verificados o auditados por auditores externos debidamente inscriptos y autorizados por la Sub Secretaría de Estado de Tributación”, agrega.“El patrimonio del licenciado Mauro Mereles se halla plenamente justificado y acorde con sus ingresos. el origen de sus bienes es demostrable y existe una plena correspondencia entre los bienes que posee con los ingresos que ha obtenido en los ùltimos años”. sostiene el escrito de los abogados Cantero y Said.	Villamayor reconoció que es necesario aumentar la inversión que se destina a las políticas antiviolencia en el fútbol paraguayo porque hace falta “sanear el deporte” en el país.En ese sentido, pidió la colaboración tanto de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) como de los clubes de la Primera División para erradicar la violencia de los estadios.Villamayor solicitó al presidente de la APF, Robert Harrison, la instalación de más dispositivos de vigilancia en los estadios y que se delimite los equipos que pueden competir en determinados campos, ya que “hay hinchadas que producen problemas”.Harrison manifestó este martes, tras la reunión del Consejo Ejecutivo de la Asociación, su voluntad de acabar con la violencia y de llevar a cabo un trabajo conjunto con Fiscalía, Policía Nacional y los clubes para combatir a los barras bravas.El ministro del Interior también agradeció la labor de algunos clubes como el Olimpia, que están ampliando su sistema de vigilancia para mejorar el sistema de identificación de las personas implicadas en altercados. “No pretendemos encontrar un culpable, sino una solución”, añadió Villamayor.Además de las iniciativas policiales, el ministro también anunció un programa de concienciación social, en colaboración con la Oficina de la Primera Dama, que tiene como objetivo dar “tratamiento a este fenómeno” que en ocasiones se escapa de la “capacidad policial”.“Si una persona decide ir a un partido de fútbol y se pone en la cintura una pistola debemos reconocer que algo no está bien y que no es solo un problema policial”, expresó Villamayor.La Fiscalía paraguaya imputó este martes a 39 personas, de las cuales seis son menores de edad, por su supuesta participación en enfrentamientos violentos durante dos partidos de esta temporada.Del total de imputados, 22 fueron identificados por las agresiones que registró la Policía Nacional en el encuentro entre Olimpia y Sportivo Luqueño del pasado domingo en el estadio Defensores del Chaco.Los otros 17 lo son por el enfrentamiento durante la disputa de un amistoso entre el Cerro Porteño y el Atlético Tucumán argentino el pasado 16 de enero en el interior del estadio Pablo Rojas. La Asociación Paraguaya de Fútbol y el Gobierno ya decidieron poner en marcha el año pasado una campaña especial para erradicar la violencia de los estadios, antes de que se disputara uno de los clásicos entre Olimpia y Cerro Porteño.	Una amistad peligrosa: Juan Arrom y Alcides Oviedo.En el 1989, tras 35 años de dictadura cae el régimen de Alfredo Stroessner, con lo que muchos grupos insurgentes que se habían organizado en la clandestinidad para pelear contra la dictadura, podían organizarse en plataformas políticas y eventualmente candidatarse a cargos electivos.Uno de estos interesados era Juan Arrom, quien a finales de los 70 terminó el colegio tras asistir a clases nocturnas y comenzó a frecuentar reuniones de organizaciones sociales y movimientos políticos de izquierda. En esta etapa de su vida cambió radicalmente su perspectiva.Años después se pasó escabullendo los controles del régimen, yendo de la capital a diversos puntos del interior, donde buscaba captar más gente para “conspirar”, tal como el mismo aseguraba. Entre los años 87 y 88, Arrom fue arrestado y pasó encerrado unos meses en la cárcel de Tacumbú por haber violado la celebre ley 209 de la Paz Pública.Ya tras la caída de la dictadura, este joven político comenzó a activar en organizaciones sociales y a frecuentar mitines para encontrar más adeptos a su causa.En un curso de Teología desarrollado en 1990 en la Universidad Católica, Arrom conoció a Alcides Oviedo, el líder del EPP que en ese entonces era seminarista. A partir de este encuentro, las visitas de Juan Arrom al Seminario Metropolitano comenzaron a hacer más frecuentes.	El año 1992 es sumamente clave porque se rompe la tranquilidad eclesial cuando son expulsados ocho seminaristas, entre los cuales estaban Alcides Oviedo Brites, Gilberto Setrini, Osvaldo Martínez y Pedro Maciel. El motivo fue por llevar al extremo una línea ideológica católica conocida como la Teología de la Liberación, que propone que la Iglesia no solo ayude a los pobres, sino que sea un motor de reestructuración política, económica y social para terminar con la pobreza.El planteamiento generó roces dentro de la propia Iglesia Católica. El propio papa Juan Pablo II criticó esta teología. “Cuando el mundo comienza a notar las fallas claras de ciertas ideologías y sistemas parece más incomprensible que ciertos hijos de la Iglesia en estas tierras persisten en la presentación de ciertos modelos cuyo fallo es patente en otros lugares del mundo. Ustedes, como sacerdotes, no pueden estar involucrados en actividades que pertenecen a los fieles laicos. Tengan cuidado, entonces, de no aceptar ni permitir una visión de la vida humana como conflicto ni ideologías que proponen el odio de clases y la violencia ”, dijo.Volviendo a la expulsión de los seminaristas, estos vieron derrumbar sus sueños de ser curas y comenzaron a buscar vías alternativas. Juan Arrom contactó en ese entonces con los echados para invitarlos a ser parte del movimiento Patria Libre, junto a Anuncio Martí. Las conexiones que tenían los exseminaristas tenían mucho valor, porque habían trabajado en parroquias e iglesias del interior del país y zonas carentes de Asunción. Al principio el partido político pretendía llegar al poder mediante los votos, pero en las elecciones presidenciales de 1993 su candidato Joel Atilio Cazal solo recibió el 0,09 % de los votos, quedando en el último puesto. Tras esto comenzó a cambiar el rumbo del partido, que siguió bajo el liderazgo de Arrom, pero al margen se creó un brazo armado a cargo de Alcides Oviedo. Este último grupo, que luego en el 2008 pasó a autodenominarse Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), se encargó desde el principio de realizar acciones criminales para conseguir dinero e instalar de paso la idea de la revolución.