cesar.larre@gruponacion.com.pyHijos, sobrinos y primos de funcionarios de la petrolera son los beneficiarios del con­trato firmado entre Samudio y la empresa Jobs el 20 de diciembre del 2018.La firma privada provee a Petropar personal, playe­ros y telefonistas, para sus estaciones de servicio, que en total son cinco en todo el país, según confirma­ron voceros de la estatal. La adjudicación con modali­dad de subasta a la baja elec­trónica prevé un tope de G. 24.255 millones para la con­tratación tercerizada.Además de playeros y perso­nal de call center, el acuerdo incluye la contratación de personal comercial junior, personal comercial senior y representante comercial. Los servicios son solicitados por la estatal de acuerdo a su necesidad.Se estableció que los pla­yeros y telefonistas per­ciban salario mínimo, el personal comercial junior G. 3.000.000, el perso­nal comercial senior G. 5.000.000 y el representante comercial G. 7.500.000.La Nación accedió a la nómina de contratados por la firma Jobs para prestar servicios en Petropar y pudo identificar en ella a varios familiares de funcionarios de la petrolera. A continua­ción, algunos casos.Rodrigo Leiva Espínola fue contratado el 5 de junio de este año como personal comercial junior; cumple funciones administrativas en Villa Elisa y su sueldo es de G. 3.000.000. Es hijo de Estela Espínola Torres, sin­dicalista-jefa en Petropar, quien percibe una remune­ración mensual por encima de los G. 15 millones.Natalia Benítez González fue contratada el 24 de enero, también como per­sonal comercial junior, para la estación de servicio en Mauricio José Troche y percibe G. 3.000.000. Su tío es Alonso González, jefe de Tesorería de la Planta de Troche, quien tiene un sala­rio de más de G. 10 millones.Carlos Jacinto Safstrand Espínola ingresó vía Jobs hace un mes y medio; figura como playero en la estación de servicio de Villa Elisa, con un salario de 2.192.839 más un adicional de G. 300.000. Es primo de Norman Williams Safstrand Ojeda, sindicalista y jefe del Departamento de Mantenimiento de Estaciones de Servicio en Petropar, con un salario aproximado a G. 9.000.000.Walter Alejandro Sosa Gon­zález es hijo de Marino Sosa Lezcano, enfermero de la estatal con un salario de más de G. 8.000.000. Fue contra­tado como personal comer­cial junior –con salario de G. 3.000.000– y figura con funciones administrativas en Villa Elisa desde el 1 de enero del 2019.	María Antonia Monges Gómez es hija de Felicita Gómez, quien cumple fun­ción de telefonista en la estatal y percibe un sueldo de más de G. 7.000.000. Fue contratada en febrero como personal comercial junior –con salario de G. 3.000.000– para la estación de servicio de Villa Elisa.Romina Mariel Galeano Ortigoza fue contratada el 10 de julio como personal comercial junior –salario de G. 3.000.000– y según plani­lla, presta servicio adminis­trativo en el centro. Pariente de Mauricio Galeano, sin­dicalista de la estatal, con un salario de más de G. 10 millones. Cuando le con­sultamos sobre su paren­tesco con la señorita, el gre­mialista alegó amnesia y se comprometió en confirmar el vínculo.La titular de Petropar derivó con el director de Comuni­cación de la institución, Felipe Oddone, eventuales consultas. “Por una cues­tión de orden estamos cana­lizando todo tema de prensa con él”, contestó Samudio vía Whatsapp.Este servicio de “apoyo en la gestión de recursos huma­nos temporales” en Petro­par lo venía realizando la empresa Dynamus Mar­keting Promocional SA. La estatal llegó a desembolsar más de G. 16.000 millones por el contrato plurianual con esta firma.Según los antecedentes, este servicio es comúnmente utilizado para contratacio­nes políticas e innecesa­rias. Inclusive la Contralo­ría General de la República (CGR), en reiterados dictá­menes, consideró irregular la tercerización.TRABAJA EN JOBS Y UBICÓ A HERMANAMaría Lis Prieto Romero y su hermana Jessica Elena.María Lis Prieto Romero, encargada de Búsqueda y Selección de Personal de la firma Jobs, también consiguió ubicar a su hermana menor, Jessica Elena, en Petropar.La mujer fue contratada para call center de la petrolera estatal el 12 de febrero de este año y percibe un salario mensual de G. 2.192.839, de acuerdo a la nómina proporcionada por la misma empresa privada.ARRAIGO FAMILIARGerardo Parodi Vargas.Un clan familiar arraigado en la institución es el de los Parodi Vargas. Se trata de los hermanos Gerardo, Ernesto y Pamela, muy bien acomodados en la estatal.Gerardo Parodi Vargas, polémico sindicalista, miembro del Sindi­cato de Trabajadores de Petropar (Sitrappar) y actualmente cum­pliendo la función de asesor de la presidenta Patricia Samudio, tiene un salario que ronda los G. 17 millones, según planilla de funciona­rios de la estatal. Mientras que su hermano Ernesto figura como jefe, con un sueldo de más de G. 12 millones.Recientemente fue incorporada al plantel de funcionarios como contratada Pamela Parodi Vargas, hermana de Gerardo y Ernesto, con salario mínimo.TRAS IDAS Y VUELTAS, PROVEYÓ LISTAEn un primer momento, Petropar se desentendió de infor­mar sobre los contratados por la firma Jobs. Se había excu­sado señalando que la información no era de carácter público, alegando que los contratados pertenecen a la nómina de una empresa privada. Una nota interna de la institución, de la Dirección de Gestión Empresarial a la Dirección de Transpa­rencia, da cuenta de ello. Finalmente, la Dirección de Transparencia de la estatal pro­veyó la información requerida por este diario.	La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de irregularidades en el pro­ceso de licitación llevado a cabo por el Servicio Nacio­nal de Promoción Profesio­nal (SNPP), para la adquisi­ción de cuatro simuladores de cargas para la institución, por un total de G. 1.290 millones.	lourdes.pintos@gruponacion.com.pyLa verificación del proceso se realizó a pedido de la Uni­dad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Minis­terio Público, luego de recep­cionar la denuncia penal con­tra la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, por estafa, lesión de confianza, asocia­ción criminal y usurpación de funciones por la supuesta maniobra realizada para la adquisición de los simula­dores.Con este dictamen de la CGR, que finalizó el pasado 12 de agosto y cuya copia ya fue remitida a la Fiscalía, esta última institución ya cuenta con elementos para iniciar la investigación contra la titu­lar del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).“Hay observaciones en las diferentes etapas de lo que es el proceso licitatorio hasta la adjudicación. Tienen que ver principalmente en la etapa previa, con estudios y análi­sis que debió haber hecho el SNPP para determinar por ejemplo el precio estimado de lo que se pretendía adquirir. En este punto encontramos irregularidades porque las documentaciones no demos­traban que se haya hecho ese tipo de análisis”, manifestó Paul Ojeda, director general de Contrataciones Públicas de la Contraloría.Agregó que el oferente adjudi­cado, en este caso la empresa GSM, debía demostrar con documentaciones la expe­riencia que la firma tiene en el rubro, ya que era uno de los requisitos para la millo­naria adjudicación; en este punto también fueron halla­das varias falencias.“Una de las formas de demos­trar eso es que el oferente haya adjuntado a su docu­mentación otros tipos de con­tratos anteriores que demues­tren que ya tenía experiencia con ese tipo de equipos, pero no encontramos documenta­ciones”, señaló.Otro aspecto realmente grave es que el SNPP, bajo la adminis­tración de Bacigalupo, ignoró la resolución de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que ante la protesta de uno de los oferen­tes, la firma Automotive, pidió cancelar la adjudicación ini­cial y retrotraer la licitación a la etapa de evaluación; en este punto, el SNPP solo hizo una ratificación de la evaluación que ya habían realizado, según lo confirmó Ojeda.Dictamen de Contraloría detecta una serie de irregularidades en licitación del SNPP.LAS OBSERVACIONESEl dictamen final de la Con­traloría General deja en evi­dencia que efectivamente esta millonaria compra no se realizó de manera transpa­rente, ya que fueron ignora­das varias leyes y condiciones establecidas para el correcto proceso de licitación.Algunas de las falencias detectadas es que no se adjuntó la documentación comprobatoria del análisis realizado a los precios, con­sultados a los tres potenciales oferentes para la determina­ción de los precios referen­ciales, como tampoco otros estudios técnicos realizados por la convocante.No se adjuntó la resolución de la máxima autoridad de la institución, por la cual se aprueba la nómina de fun­cionarios responsables de la suscripción del Certificado de Disponibilidad Presupues­taria (CDP) para el llamado, así como la comunicación a la DGCP del registro de firmas de los responsables de la sus­cripción de los mismos.El SNPP tampoco tuvo en cuenta el plazo concedido a los oferentes para eventuales protestas ni justificó las cau­sas por las cuales no espera­ron dichos plazos para for­malizar el contrato. En la verificación del informe de reevaluación, se solicitó docu­mentos del Sinarh que respal­den este informe al momento de su evaluación, pero el SNPP remitió un certificado del 21 de junio de este año y no el uti­lizado o considerado en la ree­valuación de las ofertas.	cesar.larre@gruponacion.com.pyPor resolución Nº 675 de fecha 5 de julio autorizó a la Dirección General de Admi­nistración y Finanzas a rea­lizar los pagos, imputables en el Objeto del Gasto 290 “Ser­vicio de capacitación y adies­tramiento”.Mientras los contribuyentes, que con sus impuestos deben mantener el aparato estatal, se las ingenian para poder pagar un estudio de calidad; en la Función Pública no esca­timan recursos para sus privilegios.Son funcionarios con un buen pasar económico los benefi­ciarios que bien podrían ellos mismos pagar sus estudios como lo hace el ciudadano común, que se las arregla con lo poco que gana.	Una de las beneficiarias es la abogada Fabiola Tavarelli, con salario de más de 6.000.000 de guaraníes en el Ministe­rio de Relaciones Exteriores (MRE), según planilla al mes de julio. Realiza un doctorado en defensa y desarrollo en la Universidad Metropolitana, con duración de dos años, que costará a la institución 15 millones de guaraníes.La mujer es presidenta de la Coordinadora Colorada de Funcionarios del MRE Luis María Argaña, gremio que res­paldó la gestión de Castiglioni como ministro.En agosto pasado, esta coordi­nadora solicitó cargos al actual canciller nacional, Antonio Rivas Palacios. En la lista de funcionarios que pidieron sean designados figura justa­mente Tavarelli, para quien plantearon el puesto de direc­tora de Pasaportes, directora de la Unidad Operativa de Contrataciones o coordina­dora anticorrupción.Otro de los beneficiarios es Guido Turitich, quien per­cibe una remuneración de más de 13 millones de guara­níes. Su maestría en gestión pública en la Universidad de la Integración de las Améri­cas (Unida), con una duración de 18 meses, costará a la Can­cillería 15.939.000 guaraníes.Pamela Villalba Orrego es otra funcionaria beneficiaria. La Cancillería pagará su maes­tría en administración y ges­tión pública en la Universidad Iberoamericana, con duración de 24 meses, que tiene un costo de 16.380.000 guaraníes. La mujer tiene un salario de más de 6.000.000 de guaraníes.Otra favorecida es Leti­cia Carolina Melgarejo, con una remuneración cercana a 7.000.000 de guaraníes. Rea­liza una maestría en administración y gestión pública en la Universidad Iberoame­ricana, con duración de dos años, lo que costará al MRE 16.380.000 guaraníes.Otros beneficiarios son René Vera Portillo y Édgar Parodi, quienes realizan una maestría en administración pública en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Asunción, que tiene una dura­ción de dos años. El primero percibe un salario de 11 millo­nes de guaraníes y el segundo cerca de 13 millones de guara­níes. La Cancillería pagará por la capacitación de cada uno la suma de 17.460.500 guaraníes.Completa la lista de benefi­ciarios la funcionaria Veró­nica Aranda Cabrera, cuyo salario ronda los 5.000.000 de guaraníes. Realiza una maestría en administra­ción y gestión pública, tam­bién en la Universidad Ibe­roamericana, que tiene una duración de 24 meses y que costará al MRE 16.380.000 de guaraníes. En total, la cartera de Estado desembolsará la suma de 115 millones de guaraníes a favor de estos funcionarios.	De acuerdo al resul­tado final de la audi­toría realizada por el Poder Ejecutivo, G. 1.290 millones es el monto apro­bado por Carla Bacigalupo, titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri­dad Social (MTESS), para la adquisición de cuatro simu­ladores de cargas pesadas para capacitación en el Ser­vicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP). Con esto se confirma la investigación de La Nación, del pasado 19 de febrero, en la que se reveló la sospechosa maniobra para adquirir los simuladores.	lourdes.pintos@gruponacion.com.pyLa compra se concretó a pesar de que la entonces directora de Programas de Aulas Móvi­les, Ynés Ríos de Ruggero, solicitó en múltiples ocasio­nes la anulación del proceso de licitación porque las accio­nes de los programas para dicha área fueron recorta­das en un 33%; por lo tanto, la adquisición de esos equipos ya sería un gasto innecesario para la institución. A pesar de esta advertencia, el proceso siguió su curso de manera normal y la adjudicación fue otorgada a la firma GSM, cuya propuesta fue la más elevada de entre todos los oferentes.Con esto, y sumando los G. 1.494.308.512 utiliza­dos de los fondos del SNPP y del Sinafocal, el perjuicio que Bacigalupo pudo haber causado a las institucio­nes a su cargo ya asciende a G. 2.784.308.512. Esto se desprende de la lectura del documento de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), al que accedió La Nación.Según refiere el mencionado informe, el pedido para la compra se formalizó el 28 de mayo del 2018 y fue precisa­mente emitido por la direc­ción a cargo de Ríos. Sin embargo, casi un mes des­pués, el 25 de junio de ese mismo año, ella pidió por pri­mera vez cancelar la compra y explicó a través del memo­rándum Nº 98/2018 el recorte de programas.“De qué sirve crecer en logís­tica si no tenemos el acompa­ñamiento de la gerencia eco­nómica para poder operar en acciones formativas”, men­ciona el memorándum remi­tido por Ríos a sus superiores.Según la observación de la AGPE, el proceso de licitación siguió su curso de manera normal a pesar de las adver­tencias y el 23 de noviem­bre, siempre del mismo año (2018), se adjudicó la licita­ción a la firma GSM, propie­dad de Víctor Mendoza, y el contrato fue formalizado tres días después, el 26 de noviem­bre.LA MEJOR OFERTAUn dato relevante es que la mejor oferta presentada no fue precisamente de la empresa de Mendoza, sino de la firma Automotive, que ofreció los cuatro simulado­res a G. 1.135 millones, G. 155 millones menos que la oferta aprobada por la ministra. El oferente no adjudicado pre­sentó protesta contra dicha adjudicación a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Esto fue el 4 de diciembre del 2018 y el 24 de enero del 2019 la DGCP decidió anular la adjudica­ción y retrotraerla a la etapa de evaluación de ofertas.Esta situación fue aprove­chada por Ríos, quien por segunda vez pidió la anula­ción del proceso bajo el argu­mento de que ya no existe necesidad de adquirir los cuatro simuladores, pero una vez más su pedido fue igno­rado. Se procedió igual a la reevaluación y nuevamente la empresa adjudicada fue la de la oferta más alta (GSM).POSTURA DE LA AGPEA pesar del descargo pre­sentado por la parte audi­tada, el equipo auditor de la AGPE sostiene la existencia de deficiencias en el proceso de adquisición de los simula­dores. Es más, en su informe final hace mención al Artículo 31 de la Ley Nº 2.051/03 de Contrataciones Públicas, que confirma que las licitaciones pueden ser canceladas cuando existen circunstancias que provoquen la extinción de la necesidad de la adquisición, o, de continuarse con el proce­dimiento de contratación, se pueda ocasionar daños o per­juicios a la institución. Trae a colación la Ley Nº 1.535/99, de Administración Financiera del Estado, en la que dice que las autoridades al servicio del Estado que oca­sionen menoscabo a los fon­dos públicos a consecuen­cia de acciones u omisiones contrarias a sus obligaciones legales responderán con sus patrimonios para la indemni­zación de daños y perjuicios ocasionados.