Cada médico y enfermera se encarga de la limpieza del área que utiliza para prestar servicios debido a que el personal de limpieza no da abasto para cubrir todos los sectores del gran edificio que ocupa el Hospital Nacional de Itaugua. El centro asistencial continúa con el problema de provisión de medicamentos e insumos.	La limpieza del Hospital Nacional de Itauguá es otra de las falencias denunciadas por la Asociación Médica del HN y la situación llega hasta los consultorios donde los mismos médicos se encargan de limpiarlos y las enfermeras los sitios donde realizan sus labores, explicó el doctor César Zorrilla, pediatra del centro asistencial en contacto con la 970 AM.Destacó que continúan los problemas de provisión de insumos y medicamentos y que estos son entregados en forma intermitente y que llevan meses en la misma situación.“El problema más grave es el tema de limpieza, se tiene un litigio judicial para llamar a licitación y se realizaron contrataciones de limpiadores con rubro de jornales pero la cantidad es insuficiente porque el hospital es grande y no se logra cubrir todas las áreas”, afirmó Zorrilla. Hace poco fue inaugurada un área de consultorio y toda el remozamiento se realizó por autogestión de las jefaturas de consultorio y enfermería y con colaboración personas que siempre acercan su colaboración, aclaró el médico. Reemplazo de especialistasZorrilla indicó que otra problemática por la que atraviesa el Nacional es el reemplazo de profesionales especialistas jubilados o que fueron trasladados a otros centros y la necesidad de formar más profesionales para cubrir las demandas. “Nos preocupa desde la Aso que no hay planificación, ya pedimos especialistas para el reemplazo de jubilados o trasladados y este también es un hospital escuela con al menos 300 residentes en diferentes áreas que estamos formando pero hay problemas con las subespecialidades”, destacó.La falta de terapistas e intensivistas es notoria, afirmó el profesional y destacó que inaugurar una terapia de niños por ejemplo es contar con un pediatra especializado en neonatología y un terapista requiere una formación de 5 años más luego de terminar la facultad.“Deberíamos sentarnos a planificar, no hay interés, no hay plata es la excusa de siempre y estamos apagando incendios porque formar especialistas lleva muchos años”, puntualizó.	Un grave caso de violencia intrafamiliar fue denunciado a través de las redes sociales, el sindicado es funcionario del Ministerio de Industria y Comercio y supuestamente contaría con un fuerte respaldo político. Tras uno de los tantos episodios de violencia extrema, el victimario le advirtió que podía ser peor que Bruno Marabel, sindicado de ser el homicida múltiple de la casa del horror.	Harta de la violencia sistemática ejercida por el esposo y padre de su hijo de dos años, una joven madre decidió romper el silencio dando a conocer su caso y más aún por el peligro latente de que acabe de la peor forma.El sindicado es Ernesto José Barchello Bottino, quien figura como funcionario permanente en el Ministerio de Industria y Comercio, actualmente comisionado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, quien soporta tres demandas por violencia intrafamiliar y orden de captura.En su estremecedor relato, la joven madre revivió las diversas formas de maltrato que sufrió por parte de Barchello, tanto sicológico como físico, los golpes se hicieron constantes y cada vez más fuertes. A inicios de diciembre, el hombre le propinó una golpiza en el rostro y la agresión alcanzó también al pequeño hijo.A pesar de contar con orden de captura, Barchello Bottino violentó nuevamente a su exesposa a inicios del presente año, producto de la golpiza la mujer sufrió la rotura del tabique y tiene dificultades para respirar, sumado al daño sicológico tanto para ella como para su pequeño.A las evidencias físicas se suma una serie de audios en los cuales se deja en evidencia el carácter violento del sujeto que incluso amenazó de muerte, “Bruno Marabel se va quedar como un poroto, vas a ver”, refiere parte del audio atribuido al agresor y que hace alusión al joven recluido por el asesinato de cinco personas en un departamento del centro de Asunción en octubre pasado. Finalmente tras numerosas denuncias y tres golpizas, la policía intervino ese día y aprehendió al funcionario estatal, ahí se constató que tenía orden de captura dictada por la jueza de Garantías Rosarito Montania.El mandato de la jueza ordenaba su inmediata remisión al penal de Tacumbú, pero llamativamente permaneció hasta la fecha en el Departamento Judicial, con un trato privilegiado, tiene una pieza con aire acondicionado, comida del Bolsi y cuenta con un celular.Respaldo.Para la denunciante, los privilegios son producto del fuerte respaldo familiar y hasta político con el que contaría el sospechoso, lo que a su vez incide en la llamativo retraso en su remisión a Tacumbú en cumplimiento de la orden judicial.Recordó que la madre del agresor es Ana María Bottino, quien tiene cargo de directora en la Cámara de Diputados, también pueden verse fotos de Barchello Bottino con referentes de Colorado Añeteté, desde el propio presidente y el diputado Julio Javier Ríos entre otros.La víctima reveló que la funcionaria de la Cámara Baja intentó llegar a un arreglo extrajudicial ofreciendo una suma no determinada de dinero, a lo que se negó por todo el daño que sufrió y por el deseo de que el hijo responde ante la justicia por sus actos. La intención de la familia del denunciado apunta a lograr la prisión domiciliaria.Llamativamente luego de que el caso tomó estado público por medio de las redes sociales, le informaron a la afectada que el sospechoso fue trasladado a Tacumbú durante la mañana del miércoles.	El viceministro Fabián Domínguez dijo a la R800 AM que en la Comisión Técnica Tributaria ni siquiera se debatió la propuesta para que aquellos que ganen 4.200.000 guaraníes mensuales paguen el Impuesto a la Renta Personal.“No hay discusión al respecto aún en la mesa técnica, la ley establece tres salarios mínimos. No sé cuál es la fuente de información. Que la ciudadanía quede más tranquila”, dijo el coordinador de la mesa técnica de la reforma impositiva.El funcionario aclaró que la única propuesta concreta es modificar el impuesto al valor agregado (IVA) y recién luego comenzarán a debatir sobre los demás tributos. “Queremos que sea mucho más eficiente y seguro. Hoy los servicios al exterior no están contempladas, tenemos diferentes tasas y se dificulta mucho al liquidar el impuesto, la tendencia es unificar el porcentaje del impuesto”, explicó al respecto.En el Senado, los legisladores Victor Ríos y Paraguayo Cubas plantean que el piso quede en cinco salarios mínimos, mientras que el congresista Amado Florentín presentó su propuesta para que quede en cuatro salarios mínimos. Domínguez dijo que disiente en implementar estos cambios en el sistema tributario porque a su parecer se debe discutir primero en la mesa técnica con miras a la reforma tributaria.CRÍTICASAl salir a luz la supuesta propuesta para bajar el piso del IRP, el diputado liberal Edgar Acosta criticó que se pretenda ir tras los trabajadores que ganen menos, siendo que los tabacaleros pagan el impuesto más bajo de la región y que los sojeros están en una peor situación.	En los últimos meses del 2018 se presentó el proyecto de ley que crea el Viceministerio de la Tercera Edad, dependiente del Viceministerio de Desarrollo, que estipula políticas públicas a favor de este sector.Sobre este punto, el diputado Andrés Rojas (PLRA), adelantó que propondrá el tratamiento en marzo, al reinicio del receso parlamentario. También existe otro proyecto que crea la Secretaría de la Tercera Edad, el cual también será estudiado, a fin de analizar cuál de las dos opciones resulta más conveniente para los adultos mayores. “Intentaremos que el proyecto sea más integral, que no solo se mida la parte económica, sino la salud y los demás aspectos”, explicó el diputado Rojas en entrevista con la 970 AM. El argumento del planteamiento es que si bien existe el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores, se requiere la creación de una institución que se encargue de garantizar los demás derechos de los mismos.