Luego de recibir una denuncia por parte de una persona anónima, un equipo periodístico del canal GEN viajó hasta el departamento de Guairá para investigar un supuesto negociado de venta de automóviles “mau”.Uno de los primeros en aparecer en la lista de presuntos involucrados fue Ronald Vázquez (ANR), intendente de Paso Yobai. El mismo posee en su poder una camioneta Toyota Fortuner año 2018 con chapa HCP 229, cuyo precio en el mercado supera los G. 400 millones, además de una Fiat Toro año 2017 con chapa CFA 083, cuyo costo estaría por encima de G. 100 millones.De acuerdo a los datos recogidos durante la investigación, la camioneta de la marca Toyota figura registrada a nombre de Adolfo Mereles Benítez, mientras que el vehículo Fiat -utilizado por la esposa del intendente- aparece a nombre de Derlis Arsenio Ruiz Díaz. Ambas personas se encuentran domiciliadas en la zona de Ciudad del Este.Al ser consultado por el canal GEN, Ronald Vázquez sostuvo que adquirió los vehículos de un vendedor externo y que el mismo los habría registrado a su nombre. Según explicó, él había firmado un contrato privado de compra-venta para poder transferir a su nombre los rodados que hoy día posee en su poder.El jefe comunal no supo responder la pregunta de quién fue exactamente la persona que le vendió los rodados investigados y tampoco presentó las documentaciones solicitadas por el canal GEN durante la entrevista.Otro de los que estaría implicado en el esquema es el agente fiscal Ulises Giménez (tío del actual inten­dente de Villarrica, Gus­tavo Navarro), quien fue	de la marca Jeep Cherokee Limited año 2011, la cual posteriormente decidió poner a la venta. En su momento, no supo precisar el origen real de dicho rodado ni tampoco exhibir documentaciones que avalen el trámite.Tanto Vázquez como Giménez forman parte del mismo equipo político en Guairá, en este caso, del movimiento Colorado Añetete, el cual también integra Rodolfo Friedmann, exgobernador de dicho departamento y actual ministro de Agricultura y Ganadería.Tras proseguir con las averiguaciones en el marco de la investigación, saltaron a la luz otros tres nombres: el del diputado Ever Noguera (ANR), el de Fulgencio Silvera, su asistente personal, y el del suboficial Elvio Melgarejo, quien se desempeñaría como su guardaespaldas particular.Al ser abordado por un periodista del canal GEN, el parlamentario de Guairá negó tener un negocio de venta de vehículos y sostuvo que los rodados que adquiere “los compra para su uso particular”. “Con terceras personas a las que haya vendido, normalmente vendo en playas de autos o casas de importación”, refirió. Noguera admitió tener varios vehículos a su nombre -varios de ellos de elevado costo- aunque dijo haberlos adquirido “de buena fe” y de locales de compra-venta habilitados como playas de auto o concesionarias.	En agosto pasado el Ministerio de Salud alertaba sobre la posi­bilidad de una nueva epide­mia de dengue, pero de pro­porciones superiores a las registradas en los años ante­riores. Mientras tanto, el Ser­vicio Nacional de Erradica­ción del Paludismo (Senepa) no tiene más que insecticidas vencidos en stock, para hacer frente en este momento.	La cartera sanitaria se basó para emitir la alerta en el com­portamiento epidemiológico de los últimos seis años y con­siderando los serotipos circu­lantes.Ahora bien, lo que el Senepa tiene en stock y en suficien­cia es el insecticida malatión, que se utilizó en varios depar­tamentos del país después de su fecha de vencimiento. Dan cuenta de ello planillas de movimiento semanal del Senepa que revelan que hasta el 2 de setiembre se tenían 12.806 litros de malatión y al 9 de setiembre 11.601 litros.Recordemos que en diciembre del 2018 se recibieron de Brasil como donación 18 mil litros del insecticida. Resulta que este producto venció en agosto, según planillas oficiales a las que tuvo acceso este diario.Los insecticidas estuvieron guardados en un depósito del Senepa por más de cua­tro meses, sin uso, por el mal estado en que se encontraban. Para poder utilizarlo se tuvo que realizar todo un proceso de homogeneización y fraccio­namiento, cuyo costo guardan en secreto en el Senepa pese a las insistentes consultas sobre el caso.Confusas explicacionesLa titular del Senepa, María Teresa Barán, no pudo explicar porqué se uti­lizaron insecticidas con fecha de venci­miento de agosto en el mes de setiem­bre, como aparece en planillas oficiales.Barán habló para una radio local pero no precisó qué otros insecticidas, además del malatión vencido, tienen en stock.Dijo que el producto que llegó de Brasil (en diciembre del 2018) “se cortó o malogró”, pero que tras un procedimiento técnico se pudo reutilizar. Solo en las dos últimas planillas correspondientes a la primera semana de setiembre aparece que se utilizaron 1.231 litros de mala­tión. Tampoco explican qué pasará con los 6 mil litros del insecticida vencido que todavía disponen. Los jefes y técnicos guardan severo silencio ante nuestras insistentes consultas.	La administración de Carla Bacigalupo, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), no ejecutó una millonaria póliza que corres­ponde a la garantía que la empresa Laya Construccio­nes SA debía abonar al Ser­vicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) en caso de incumplimiento de con­trato. A raíz de esto, la insti­tución no recibió la suma de G. 1.216.974.144, según el resul­tado final de la auditoría rea­lizada por el Poder Ejecutivo. Según Luis Cardozo, minis­tro auditor de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), este es uno de los pun­tos que deberían ser analiza­dos con mayor profundidad.	lourdes.pintos@gruponacion.com.pyPor más de dos años, Laya Construcciones SA fue la firma encargada del servicio de lim­pieza de la sede central y las sedes regionales del SNPP; sin embargo, en agosto del 2018, cuando Bacigalupo asumió como ministra, comenzaron los inconvenientes, según lo confirmó Carlos Ayala, direc­tivo de Laya.El SNPP dejó de recibir G. 1.216.974.144 por una garantía de incumplimiento de contrato no ejecutada por la administración de Bacigalupo.	Tras una auditoría realizada por el MTESS, se constató que esta empresa no contaba con seguros por accidentes de trabajo para sus funcionarios, por lo tanto se les dio un plazo para ponerse al día. Ayala ase­gura que realizaron las gestio­nes correspondientes y cum­plieron con lo establecido en el plazo fijado por las autoridades del ministerio; sin embargo, desde la entidad determinaron que la rescisión del contrato era inevitable a pesar de que la empresa ya estaba al día con todas sus obligaciones.Una vez que finalizó el acuerdo laboral entre ambos entes, desde el MTESS quisieron cobrar la garantía desig­nada para estos casos, pero la empresa afectada por las deci­siones internas del ministerio y la aseguradora determinaron que no corresponde el pago de la póliza porque la firma Laya no incumplió ninguna de las cláusulas y, por lo tanto, la res­cisión del contrato no fue por culpa de la misma.Según fuentes fidedignas, a raíz de las innumerables irregulari­dades detectadas y publicadas por La Nación, el presidente de la República, Mario Abdo Bení­tez, habría tomado la decisión de cambiar a Bacigalupo y su destitución sería oficializada en los próximos días.AUDITORÍA DEL EJECUTIVOEn el informe de la Audito­ría General del Poder Ejecu­tivo se menciona una serie de situaciones que deben gene­rarse para que la institución, en este caso el SNPP, pueda acceder al monto establecido en concepto de garantía. Uno de los requisitos es que la resci­sión del contrato sea por culpa del contratado.En su descargo, el MTESS sos­tiene que se realizaron todos los procedimientos para el cobro de la póliza como la comunicación de la reso­lución de rescisión de con­trato, tanto a Laya como a la empresa aseguradora. No obs­tante, resaltan que la firma en cuestión interpuso un recurso de reconsideración contra la resolución, el cual fue recha­zado por la Dirección Gene­ral de Asesoría Jurídica el 24 de octubre del 2018. A pesar de esto, siempre de acuerdo a lo relatado por representantes del ministe­rio, la aseguradora contrató a una empresa liquidadora de siniestros y esta sostuvo final­mente que el pago de la garan­tía al SNPP no corresponde. En respuesta, el equipo auditor se mantiene en la existencia de irregularidades, ya que sostiene que en las documentaciones remitidas por el MTESS no obra intimación alguna por el asegu­rado, por lo que el “siniestro” no ha quedado configurado.	cesar.larre@gruponacion.com.pyEn agosto pasado vencieron los insecticidas que ingresa­ron al país a finales de diciem­bre del 2018 y que estuvieron guardados en un depósito del Senepa por más de cua­tro meses, sin uso, por el mal estado en que se encontraban.En condiciones normales, el estado físico de este veneno es líquido y homogéneo, uti­lizable al abrirse el envase. Pero el producto que llegó del Brasil era pastoso y hetero­géneo; es decir, el insumo estaba en mal estado o degra­dado (alterado).Para poder utilizarlo se tuvo que realizar todo un proceso de homogeneización y frac­cionamiento, según men­cionó a La Nación la direc­tora del Senepa, María Teresa Barán. Es decir, la institu­ción tuvo que volver a proce­sar el producto debido a que la donación que nos vino del Brasil es inservible y en ese estado no era otra cosa que una peligrosa basura tóxica.El insecticida venció el 19 de agosto del 2019, según planillas oficiales, a las que tuvo acceso este diario. Sin embargo, el movimiento semanal del Senepa revela que hasta el 2 de setiembre se tenían 12.806 litros de mala­tión distribuidos en varios departamentos del país y al 9 de setiembre 11.601 litros, lo que da cuenta del uso del producto luego de su fecha de vencimiento.Recordemos que la donación consistió en 18 mil litros de malatión, que llegó al país en barriles de 200 litros.Resaltado uso de malatión por departamento, con fecha de vencimiento en agosto.INVESTIGARÁNLa titular del Senepa, María Teresa Barán, dijo que la ins­trucción era que el producto sea utilizado hasta el 30 de agosto y anunció la investi­gación del caso.“(…) Vamos a hacer las investi­gaciones para tomar las medi­das correspondientes porque nosotros bajamos la instruc­ción de que así sea, conste que podemos usar inclusive hasta dos y tres meses más después de estar vencido como cual­quier medicamento o cual­quier otra sustancia que tiene su período de gracia, que se puede seguir usando. Aun así, nosotros bajamos la línea de que hasta el 30 de agosto se usaba y lo que no se usaba ya se dejaba sin efecto para proce­der después a la destrucción”, aseveró.No obstante, intentó justifi­car señalando que a lo mejor factores climáticos incidie­ron en el uso tardío del pro­ducto. “(…) Para la fumiga­ción tenemos todo un criterio técnico, tiene mucho que ver el viento, las lluvias y a lo mejor algunos jefes de zona no pudieron usar hasta el 30 y usaron a lo mejor una semana más”, dijo.Memo sobre saldo de medicamentos y reactivos de las distintas zonas hasta el 2 de setiembre.No pudo precisar el costo del proceso de homogeneización ni la empresa que la llevó a cabo. “Tendría que hablar con el administrador para saber cuánto costó eso, pero tam­poco no fue mucho (…), lo que no recuerdo es si la empresa que le proveyó al Ministerio de Salud de Brasil fue la que abonó ese proceso”, expresó.El malatión se utiliza en rociados espaciales con máquinas pesadas, no para la fumigación casa por casa.Para fumigar un área de 60 manzanas se utilizan 16,4 litros de malatión puro que se mezcla con 13,6 litros de agua, totalizando 30 litros, de acuerdo a expertos del rubro.LA DONACIÓNSegún los antecedentes, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, hizo las gestio­nes con su par del Brasil para traer en calidad de prés­tamo el malatión por indi­caciones de la OPS. El orga­nismo internacional sugirió el préstamo porque en teoría la compra del químico por fondos rotatorios iba a llevar más tiempo.Pero finalmente, Brasil deci­dió la donación directamente del producto a nuestro país.Se aceleró la importación porque con el cambio de gobierno de enero de este año en el vecino país ya no iba a ser posible traer la “donación”.Apuraron uso de insecticidaEn las planillas oficiales del Senepa queda evidenciado el uso acele­rado del malatión para combatir el dengue en pleno invierno.Solo en las dos últimas planillas correspondientes a la primera semana de setiembre aparece una utilización de 1.231 litros. Al 2 de setiembre se tenían 12.806 litros de malatión distribuidos en varios departamentos del país y al 9 de setiembre 11.601 litros.Un claro ejemplo es el de Caaguazú, donde al 2 de setiembre se tenían 270 litros de malatión y al 9 de setiembre solo 20 litros.Otro es el caso del Alto Paraná, donde al 2 de setiembre se tenían 800 litros del veneno y al 9 de setiembre apenas 253 litros.El jefe de zona V Caaguazú, Agustín Vargas, dijo no haber recibido este producto, mientras que otros se llama­ron a silencio. Francisco Ortellado, jefe de zona XVIII Capital, dijo por su parte que llegaron a trabajar con malatión y que en agosto se intensificó su uso. Se confirma que aceleraron su uso (al menos en los papeles) porque el producto vencía en ese mes de agosto. La Nación intentó comunicarse con la encargada de suministros del Senepa, Fátima Agüero, y con el asesor técnico de la institución, Édgar Sanabria, pero no contestaron las llamadas ni los mensajes.