El percance ocurrió en la tarde de este miércoles sobre la calle Presidente Franco y 14 de Mayo, de la capital del país. El ómnibus pertenece a la línea 88 de la empresa Ytororó S.A. Agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción acudieron para sacar el ómnibus de la mencionada arteria, ya que tras el desperfecto ocasionó inconvenientes en el tráfico de la zona.El chofer Rafael Leiva manifestó a Noticias Py que el hecho se dio cuando unos pasajeros descendían del ómnibus y que ninguno sufrió lesiones. Señaló además que al momento de salir de su parada, no constató ningún inconveniente en su rodado.El vehículo quedó con el parabrisas trasero destruido y los neumáticos rebotaron contra la puerta de vidrio de un local, según informaron en el citado medio.	El hecho ocurrió ayer en el barrio San Pedro de la ciudad de Encarnación.Nery Ramón González, de 25 años, era uno de los que estaba jugando un partido amistoso entre los amigos. En un momento del encuentro, una jugada dudosa, que dio pie a un “mal cobro”, desató la discusión entre los jugadores. Del cruce de palabras pasaron al intercambio de golpes. Allí se desató una batalla campal de todos contra todos.Nery Ramón recibió primero un golpe de puño en la cara, lo que hizo que cayera al suelo. Seguidamente su atacante, Jorge Omar Ramos Ramirez, comenzó a propinarle patadas.Una de estas impactó en el cuello del joven, que hizo que en acto perdiera el conocimiento. Fue llevado de urgencia a un hospital distrital, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. El autor del mortal golpe fue detenido y recluído por ahora en la comisaría 106 de Encarnación. El Ministerio Público definirá en que penitenciaría irá a guardar reclusión, hasta que inicie el proceso por homicidio.	El hecho ocurrió en el Km 218 de la Ruta 3 en Gral. Resquín, según informó a la 970 AM, el comisario Rubén Darío Paiva. La víctima fatal se desempeñaba como jefe de Atención al Cliente de la sede del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) de Liberación.Alcides Ysaac Ozuna presentaba un herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida. El jefe policial sostuvo que una de las hipótesis es que el caso se dio con fines de robo, ya que existe la posibilidad de que haya estado trasladando dinero para un depósito.Por su parte Carolina Berdoy, consejera del CAH, señaló que el funcionario tenía más de 20 años de antigüedad y que hasta el momento, los motivos del homicidio “no están claros”.	La CIDH juzgará en febrero la responsabilidad del Estado en el caso de torturas a Juan Arrom y Anuncio Martí, hoy asilados en Brasil, después de que Paraguay no acatara las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para resarcir a ambos.Arrom y Martí, líderes del desaparecido Partido Patria Libre, están procesados por la Justicia del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi en 2002, liberada tras el pago de una suma millonaria.El ministro explicó a Efe que dichas “contradicciones” se refieren a que “el reclamo (de Arrom y Martí) se funda en un elemento inexistente, que es la inacción” de la Justicia paraguaya.Y afirmó que el caso de las torturas “sí ha sido investigado” y que “los particulares, sindicados por ellos como responsables, no han sido encontrados culpables por la Justicia”.Antes del juicio por el secuestro, Arrom y Martí desaparecieron y fueron liberados con signos de tortura. Ambos denunciaron que fueron interrogados en una vivienda por policías que los presionaron para declararse culpables del secuestro.Al respecto, Villamayor señaló que “la Corte tendrá que entender que sí se hizo (la investigación del caso), y ese sólo hecho saca por tierra todo el postulado de la acción” contra Paraguay. Agregó que si “no está de acuerdo con el resultado del procedimiento”, se debería “demostrar por qué y en qué la Justicia paraguaya falló”.El ministro negó además cualquier “responsabilidad del Estado” en el caso, ya que los presuntos autores de las torturas denunciadas por Arrom y Martí, aunque eran policías, “no se encontraban en relación de subordinación con el Estado”, por lo que “no se ve por dónde aparece el Estado como responsable”.Defendió que la responsabilidad del Estado se ciñe a la actuación de los policías “en ejercicio de funciones” y que, en aquella ocasión, las supuestas torturas se produjeron en “una casa particular” y no en una “dependencia policial”.La CIDH concluyó a finales de 2017 que Paraguay era responsable de una violación de derechos porque se quebrantó el “principio de presunción de inocencia de las víctimas al emitir propaganda estatal que los calificaba de responsables de un secuestro sin condena firme”.Entre las recomendaciones de la CIDH y que podrían aparecer en una posible condena, se encontraba el pago de una indemnización a Arrom y Martí por daños morales, físicos y psicológicos, algo que el ministro descartó, y aseguró que Paraguay “se va a negar sistemáticamente” a “desembolsar dinero”.Afirmó que tampoco cumplirá otra de las recomendaciones de la CIDH, que fue la de nombrar “calles y plazas con el nombre de los secuestradores” como medida de resarcimiento, algo que calificó de “absurdo” y “jurídicamente inadmisible”.En caso de no acatar un posible fallo negativo para el Estado de la CorteIDH, Villamayor no especificó si el país debería abandonar el organismo, aunque señaló que “hay mucha gente que se plantea eso”.Tampoco consideró que el incumplimiento de una resolución de la CorteIDH suponga un “descrédito” para el país, ya que “reacciona frente a un despropósito” y “en contra de un sometimiento”.Remarcó que Paraguay “no es el único país que se plantea” actualmente “que el organismo (CorteIDH) no necesariamente responde a los postulados de origen”.Lamentó además que la CorteIDH haya “impedido que el Estado paraguayo presente sus testigos” durante el proceso, después de que rechazara a 27 de los 28 propuestos por la defensa del país suramericano.Según Villamayor, el proceso está “sesgado por una posición política” de izquierdas, que “en alguna época imperó en el continente” y con base en la cual “se obtuvo dentro de Brasil la protección a delincuentes comunes”, en referencia al asilo político que Brasil otorgó a Arrom y Martí. El Gobierno paraguayo solicitará oficialmente esta semana al nuevo Ejecutivo brasileño la revocación de ese estatus.