Desde el año 2000 hasta el 2019 la población penal creció de 3.219 reclusos a 15.740, una tendencia que en la actualidad se suma a una previsión de 1.000 nuevos reos por año. El panorama sume en crisis al sistema penitenciario, y lo que es peor, las reacciones del gobierno ante el problema no dan señales de que vayan a solucionarse.	Tras la matanza de 10 presos en la cárcel de San Pedro, el domingo pasado, el Ejecutivo ensayó algunas posibles salidas al problema. Anunció que acelerará la construcción de tres cárcelesEl ministro de Justicia, Julio Javier Ríos explicó que los tres centros penitenciarios se construirán en Minga Guazú y Emboscada, y que tendrán capacidad de albergar a 1.300 reos. Las obras, dijo, culminarán en 15 meses a partir de sus inicios.El anuncio, sin embargo, quedó planchado con datos proveídos por organismos especializados como el Mecanismo Nacional de Prevención de Torturas, que sostienen que para solucionar la crisis penitenciaria actual, será necesaria la construcción de 23 cárceles, una hipótesis imposible desde el punto de vista de financiamiento, como de efectividad. Con 1.000 nuevos presos que engrosan anualmente las cárceles (la tendencia puede aún ser mayor), los tres nuevos centros prácticamente absorberán a los 1.300 que se menciona será la capacidad de reclusión.La matanza de presos en San Pedro trajo como consecuencia dos destituciones de Institutos Penitenciarios, Blas Martinez y el titular de la cárcel de San Pedro, Wilfrido Quintana. Se aguarda que el ‘hacha’ caiga igualmente sobre el juez Nestor Arévalos, quien ordenó que uno de los narcotraficantes sea trasladado del penal de San Pedro a la “granja”, en razón de que el mismo tenía problemas de claustrofobia. CUMBRE PARA ORGANIZAR OTRA CUMBREEl titular de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Gimenez Rolón junto al ministro de Justicia Julio Javier Rios, convocaron a una reunión para el lunes a la fiscal General Sandra Quiñonez, el ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor, la Defensora de República Lorena Segovia, al titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Enrique Bachetta. La idea es abordar la crisis y preparar una agenda para una nueva cumbre de poderes del Estado (Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo) en la que se supone saldrá un plan de solución.LAS CULPAS COMPARTIDASSin embargo las perspectivas que podrían surgir de esa cumbre son sombrías y más pesimista que optimista.Esto en razón de las culpas que cargan los tres poderes sobre la crisis penitenciaria.El Poder Judicial tiene la pesada mochila que consigna que de los 15.740 presos en las cárceles del país, apenas 3.800 cuentan con condena. Esta morosidad es señalada como un foco principal en todo el drama de las penitenciarías hacinadas, Otro “pecado” de este poder, sostienen los profesionales del foro, es el abuso extremo que se hace de la prisión preventiva. Miles de casos que pueden ser abordados con variantes de penas, se “solucionan” con mandar presos todos por igual. La culpa que carga por su parte el Poder Legislativo es el eterno cajoneo a que somete al proyecto de ley de reforma del Código Penal. Para profesionales del derecho, dicha legislación es gran parte del problema que diariamente determina que las cárceles se saturen.En el terreno del Ejecutivo mientras tanto la mayor responsabilidad radica en la parálisis para el abodaje del problema penitenciario, así como la corrupción que campea en las direcciones de las penitenciarias. La “granja” vip de San Pedro apenas reflotó el drama de la sociedad delictiva de presos y altos funcionarios. No pasó una semana para que se revelara que en la cárcel de Pedro Juan Caballero también existe obras para presos privilegiados. Todo esto sin agregar los episodios de altos privilegios que se detectaron en la Agrupación Especializada y Tacumbú.	En una asamblea frente al Ministerio, donde llevan seis días viviendo en carpas, los dirigentes de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) confirmaron que no se ha alcanzado un acuerdo con el Ejecutivo y anunciaron que continuarán con la movilización.Cientos de agricultores, procedentes de distintos puntos del país, se instalaron en la madrugada del lunes en las inmediaciones de la sede ministerial con rudimentarias tiendas de campaña, colchones y hogueras, cortando desde entonces el tráfico de varias calles del centro.Rodeados por varios cordones policiales, con decenas de agentes cada uno, los pequeños agricultores mantienen un pulso con el Gobierno que ya se ha prologado durante cinco días.Esther Leiva, una de las portavoces de la CNI, informó a Efe que un grupo de campesinos ha partido de regreso a sus comunidades para reunir alimentos y regresar de nuevo a Asunción de forma indefinida, hasta que se alcance una solución.Entre sus reclamos, exigen que el Ministerio de Agricultura y el Banco Nacional de Fomento (BNF) firmen un convenio para poder adquirir la deuda de los campesinos, que en algunos casos se encuentra judicializada.Además, también piden que se formalice una mesa de trabajo institucional para debatir la recuperación de las tierras y la reforma agraria a largo plazo.Los acampados acusan al Gobierno de haber incumplido el acuerdo firmado el pasado 28 de marzo por el presidente, Mario Abdo Benítez, que permitió desconvocar la última gran movilización.Ese texto, el Ejecutivo se comprometió a facilitar el acceso a la tierra, a la refinanciación y reestructuración de los créditos vencidos, a la regularización de las deudas judicializadas y a la reactivación económica productiva para la agricultura familiar."Todos los compañeros están concienciados porque están sufriendo en sus propias carnes. Acá hay señores viejos de 60 años que trabajan 24 horas en su chacra y están con problemas", lamentó Leiva.A la asamblea también se sumó Carlos Filizzola, senador de la formación de izquierda Frente Guasu, quien mostró el compromiso de esa concertación con los pequeños agricultores y los pueblos indígenas."Somos minoría en el Senado pero sepan que vamos a estar a su lado", agregó el parlamentario, que defendió la necesidad de mayor "justicia social" en Paraguay.Hasta el momento, la respuesta del Gobierno se reduce a las declaraciones del ministro de Agricultura, Denis Lichi, quien aseguró a los medios que el Ejecutivo ha "avanzado bastante" en el acuerdo sobre producción, tierras y deudas firmado en marzo.Además, acusó a los dirigentes de la CNI de demorarse en la entrega de la lista de campesinos deudores, lo que ha impedido que se puedan adquirir sus deudas.Paraguay es el cuarto exportador de soja del mundo, después de Estados Unidos, Brasil y Argentina, y cuenta con una población campesina que representa el 35 % del total.Sin embargo, el 90 % de los terrenos se encuentra en manos del 5 % de los propietarios de la tierra, según los datos de la organización no gubernamental, Oxfam.