El Jurado de Enjuiciamiento tratará mañana el caso del camarista Emiliano Rolón, quien fue acusado por la Fiscalía General por mal desempeño de funciones por “blanquear” a condenados del caso Curuguaty. Empero, una polémica ley que sería inconstitucional, podría salvarlo al otorgarle privilegios de un ministro de la Corte porque solamente podrá ser destituido por la vía del juicio político.	El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que preside el senador colorado Enrique Bacchetta, ya anunció la semana pasada que mañana, martes, se tratará el caso del enjuiciamiento del camarista en lo penal Emiliano Rolón Fernández, acusado por la Fiscalía General por mal desempeño de funciones por decretar la absolución de 11 condenados por la “Masacre de Curuguaty”.	Martínez Prieto también fue enjuiciado junto a Rolón Fernández, pero el primero renunció al cargo, con lo que el Jurado dejó de tener competencia. En el caso de Sánchez, no fue acusado por la Fiscalía General porque solicitó, en su voto en minoría, que el caso sea reenviado para el juzgamiento por un nuevo tribunal de sentencia ante los vicios procesales detectados.	Los últimos antecedentes en el Parlamento Nacional refieren que el 29 de mayo de 2019 la Cámara de Diputados se quedó sin quorum cuando trataban justamente el artículo que modifica la Ley 609. Fue así que al no llamarse a sesión extraordinaria, el sábado 1 de junio tuvo sanción ficta, y quedó sancionado el proyecto que ahora aguarda que el Ejecutivo promulgue o vete la ley. De ser promulgada, el Jurado no tendrá competencia para enjuiciar a Rolón, ya que solo podrá ser destituido por juicio político.	El texto que se agrega al artículo 1° dice lo siguiente: “Los magistrados que en el ejercicio de la función jurisdiccional que integren la Corte Suprema de Justicia por inhibición, recusación o ausencia de los ministros de la Corte Suprema de Justicia e incurran en comisión de delitos o mal desempeño de funciones en dichos pronunciamientos, solo podrán ser apartados del cargo a través del juicio político”.	En una sesión plenaria de la Corte transmitida en vivo, la ministra Gladys Bareiro dejó asentada su posición de que la modificación del artículo 1° de la Ley 609 es inconstitucional y que es una verdadera aberración. Argumentó que la Constitución Nacional establece claramente que solamente los ministros de la Corte son los que tienen la prerrogativa de ser destituidos por la vía del juicio político.	El camarista Gustavo Santander Dans, quien se postuló a la Corte Suprema en varios concursos, había cuestionado en una de las audiencias públicas las permanentes inhibiciones y excusaciones sin motivos en los que incurren los ministros de la Corte para no resolver causas donde intervienen políticos o que son muy cuestionadas mediáticamente.	Santander en aquel entonces había afirmado que solamente el 30% de las causas que llegan a la Corte resuelven los ministros, ya que las salas son integradas permanentemente con camaristas. Agregó que la debilidad del Poder Judicial, de la que es gran culpable la Corte, es aprovechada por políticos, entre otros cuestionamientos que había hecho.	El 30 de diciembre de 2009, la Sala Constitucional de la Corte, integrada con camaristas, anuló la resolución dictada por la Cámara de Senadores en diciembre de 2003, mediante la cual fueron destituidos por juicio político los entonces ministros de la Corte Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea, el 12 de diciembre de 2003. Este mismo año, los ministros removidos recurrieron a la Corte.	La Corte aún no se expidió sobre la remoción de los camaristas Insfrán, Recalde y Almada, y en caso de que la modificación del artículo 1° de la Ley 609 sea promulgada, también podría beneficiar a estos magistrados removidos por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ya que solamente podrán ser destituidos por juicio político, según prescribe la modificación.