Las decisiones se dan considerando que el artículo 283 inciso 6, de la Constitución Nacional en concordancia con el Artículo 9 inciso F de la Ley Nº 273/94 establece que son deberes y atribuciones del contralor general recibir las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos, así como la formación de un registro de estos datos. Es también tarea del contralor producir dictámenes sobre la correspondencia entre las declaraciones que prestan al asumir sus cargos y las que formulen al dejar estas funciones.