Santiago de Chile, 21 nov (EFE).- Amnistía Internacional (AI) consignó este jueves que en la contención de las protestas de Chile se han cometido violaciones a los derechos humanos que parecen responder a un patrón, lo que fue rechazado por el Gobierno, que no obstante reconoció que se han dado casos de abuso de la fuerza.	El organismo constató casos de uso letal de la fuerza, tortura, malos tratos y lesiones graves y consideró que estas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado "no son hechos aislados o esporádicos", sino que responden a un patrón y muestran un "grado de coordinación" que "conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel".Estas conclusiones se recogen en el informe que AI presentó este jueves en Santiago con las principales conclusiones de una misión del organismo, que lleva tres semanas en el país investigando y documentando las denuncias de abusos policiales y violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de Chile.El documento espoleó al Gobierno chileno, que lo rechazó "categóricamente" y acusó a AI de hacer "aseveraciones irresponsables" y de "pretender establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes".Así lo expresó en una conferencia de prensa la subsecretaria de Derechos Humanos de Chile, Lorena Recabarren, quien agregó que AI ni siquiera solicitó información al Gobierno.En respuesta a esta última afirmación, AI señaló en un tuit en el que solicitaron una reunión con el Ministerio del Interior y otra con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y que en ninguno de los dos casos obtuvieron respuesta.RECONOCIMIENTO DE CASOS DE ABUSOSLa crisis chilena ha dejado al menos 23 muertos en distintos actos de violencia (incendios, atropellos y cinco de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado) y más de 2.300 heridos, de los cuales cerca de 220 presentan traumas oculares severos, según el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).La Fiscalía ha registrado además alrededor de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios desde el 18 de octubre, cuando se detonó la crisis tras el aumento en la tarifa del metro.Piñera reconoció este jueves que "en algunos casos no se cumplieron los protocolos de uso de la fuerza para controlar el orden público" y "se cometieron excesos y abusos"."Todo eso está siendo investigado por la Fiscalía y va a ser conocido y juzgado por los Tribunales de Justicia. Así funciona una democracia, así funciona un Estado de derecho", dijo Piñera en una reunión con corresponsales de medios extranjeros.Este aspecto también fue recalcado por Recabarren, quien dijo que "todos los casos que han sido denunciados están siendo o serán investigados por la Fiscalía y serán juzgados debidamente por los Tribunales de Justicia".RECHAZO DE EJÉRCITO Y POLICÍA A INFORME DE AIEl Ejército, que estuvo en las calles durante más de una semana al comienzo de la crisis para tratar de restablecer el orden público cuando se decretaron estado de emergencia, y el cuerpo policial de Carabineros también se sumaron a las críticas al informe de AI.El estamento castrense señaló en un comunicado que "no existió, ni existe ninguna política de las Fuerzas Armadas (FFAA) para dirigir ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil".Por su parte, Carabineros también difundió un escrito en el que aseguró que la "institución no ampara ilegalidades" y rechazó "categóricamente cualquier exceso, abuso o vulneración de los Derechos Humanos".Asimismo, indicó que ha puesto a disposición de la Fiscalía todos los antecedentes de cada caso que ha sido objeto de querellas por parte del INDH y que ha iniciado más de 690 casos de sumarios o investigaciones administrativas a nivel interno.BACHELET: "LOS PROTOCOLOS NO ESTÁN SIENDO SEGUIDOS"La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, dijo que el protocolo chileno de uso de la fuerza es adecuado pero que su impresión previa es que no se está siguiendo a tenor de la cantidad de lesiones oculares provocadas por balines de goma disparados por carabineros."Mi juicio previo es que los protocolos no están siendo seguidos porque hay indicaciones claras: nunca se debe disparar de la cintura hacia arriba y eso se ha visto mucho", dijo Bachelet en una conversación con chilenos en Cambridge (Reino Unido) el pasado lunes que fue difundida este jueves en YouTube.No obstante, la alta comisionada recalcó que lo dice a modo de juicio previo porque envió una misión a analizar en terreno la situación y prefiere esperar a recibir el reporte antes de expresar conclusiones.NUEVOS HECHOS VIOLENTOSLa agitación social ha disminuido en Chile desde que Gobierno y oposición alcanzaran un acuerdo para iniciar el camino hacia una nueva Constitución.Sin embargo, y aunque en menor cantidad, los ciudadanos no dejan de manifestarse a diario tanto en Santiago como en otras zonas del país, reclamando la renuncia de Piñera, justicia por las violaciones de derechos humanos y más medidas sociales.En paralelo, siguen sucediéndose enfrentamientos con los carabineros y algunos actos vandálicos, como los que tuvieron lugar este jueves en Valparaíso (centro), en el barrio de Lastarria, en Santiago, o en la también santiaguina comuna de Quilicura, donde un grupo de personas incendió varios locales de un centro comercial.El cuerpo de Bomberos que se acercó a apagar las llamas recibió también pedradas por parte de esos manifestantes. El INDH había recibido denuncias sobre presuntos abusos y torturas realizados por efectivos policiales en ese centro comercial.	La Arquidiócesis de Managua, Masaya y Carazo ordenó celebrar en sus parroquias una jornada de oración y reparación por el respeto al templo de San Miguel Arcángel, también en esa misma ciudad y que se encuentra sitiado por la Policía y sin suministro de agua, ni energía, tras acoger a 11 madres que el jueves pasado iniciaron una huelga de hambre por la liberación de más 150 "presos políticos", incluido sus hijos."Fuerzas de choques, simpatizantes del Gobierno, estaban a 50 metros de la iglesia (San Juan Bautista). Sólo esperaron el momento en que iniciáramos la misa para venir con sus vulgaridades", dijo a periodistas el párroco de ese templo, Harry Salvador Padilla."Vinieron con machetes, tubos y armas a vista y paciencia" de los policías antidisturbios que resguardan la parroquia, señaló.Denunció que los policías observaron cuando los simpatizantes del Gobierno golpearon a los feligreses y quisieron entrar a la fuerza a la parroquia, y no se inmutaron."Me golpearon a los monaguillos, me les dieron con los tubos", afirmó el sacerdote.Estimó que eran entre 60 y 70 sandinistas, armados con tubos y con machetes, los que intentaron ingresar a la iglesia, golpear a los feligreses y posiblemente a él.El Gobierno de Nicaragua, a través de la vicepresidenta Rosario Murillo, ha pedido "respeto a la dignidad, de todos, en primer lugar de quienes dicen tener autoridad pastoral".La iglesia San Juan Bautista tuvo que cerrar sus puertas para impedir el ingreso de los sandinistas y así celebraron la jornada de oración en la que pidieron por las vidas de las huelguistas que están asiladas en la parroquia San Miguel Arcángel, ubicada a 32 kilómetros al sureste de Managua.La misa también fue en reparación contra las ofensas y profanación al Santísimo Sacramento y en reparación por la profanación en la persona de obispos, sacerdotes y religiosas que han sufrido vejámenes en medio de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018.Asimismo, en reparación por la profanación de los templos católicos, y por la paz y la justicia de Nicaragua, de acuerdo con el programa de la Arquidiócesis de Managua, cuya jornada, que incluyó rezos y un viacrucis penitencial en algunas parroquias, culminó con la oración de San Miguel Arcángel.Los desencuentros entre el Gobierno y el clero nicaragüense ha aumentado desde que la semana pasada una parroquia acogió a 11 madres que mantienen una huelga de hambre voluntaria por la liberación de los más de 150 "presos políticos". Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 651 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.	La nueva jornada de audiencias en el marco de la investigación para abrir un juicio político al presidente de EE.UU., Donald Trump, amplió el foco este jueves al señalar a Moscú como alentador de "narrativas ficticias" y de una "exitosa campaña" para generar confrontación y caos entre el electorado estadounidense.	“Rechazo ser parte de un esfuerzo para legitimar una verdad alternativa de que el Gobierno de Ucrania es un adversario de EE.UU., y de que Ucrania - y no Rusia - nos atacó en 2016”, dijo la exasesora principal del presidente Donald Trump para Rusia, Fiona Hill, en su testimonio.En este sentido, aseguró que “la exitosa campaña de injerencia de Rusia en 2016” para influir en las elecciones que tuvieron lugar ese año, y que ganó Trump, “es evidente hoy en día”, y se lamentó de sus efectos sean que la “nación está quebrada” y “la verdad es cuestionada”.“Esto es exactamente lo que el gobierno ruso estaba deseando - aseveró- que podrían enfrentar un lado de nuestro electorado contra el otro”.A juicio de Hill, “esas ficciones son dañinas incluso si son usadas solo para propósitos políticos domésticos”, por lo que solicitó a los legisladores “no promover falsedades motivadas políticamente que tan claramente favorecen los intereses de Rusia”.Y añadió una nota de alarma: “(Rusia y sus aliados) se prepararon para repetir su interferencia en las elecciones de 2020”, en las que Trump busca la reelección.Hill, que dejó su cargo en el Consejo de Seguridad de Nacional de la Casa Blanca el pasado mes de julio, compareció junto a David Holmes, consejero político de la embajada de EE.UU. en Kiev, en medio de la gran expectación generada por este proceso en la opinión pública, que llevó a las cadenas de televisión a retransmitir las audiencias íntegramente.Por su lado, Holmes comentó una polémica llamada del embajador de EE.UU. ante al Unión Europea (UE), Gordon Sondland, con el presidente Trump en julio desde un restaurante de Kiev en el que acompañaba al diplomático, y en la que presuntamente aseguró al mandatario que Ucrania haría lo que fuese por contentar a Washington.Holmes relató su diálogo posterior con Sondland, a quién preguntó acerca de la opinión honesta del mandatario respecto a la situación en Ucrania.“En particular, le pregunté al embajador Sondland si era cierto que al presidente no ‘le importaba una mierda Ucrania’. El embajador Sondland estuvo de acuerdo en que a Trump no ‘le importaba una mierda Ucrania’. Le pregunté por qué, y me dijo que al presidente solo le importa las ‘cosas grandes’”, subrayó ante los legisladores.“Hice notar que había ‘cosas grandes’ ocurriendo en Ucrania como una guerra con Rusia, y el embajador me replicó que quería decir ‘cosas grandes’ que beneficiasen al presidente, como ‘la investigación de (el exvicepresidente y actual aspirante a la candidatura presidencial demócrata Joe) Biden’”, aseveró.Como es habitual, y en paralelo, el mandatario recurrió a su red social favorita, Twitter, para reiterar sus ataques a los demócratas, que lideran la investigación para abrir un juicio político en su contra.Trump calificó de “escoria humana” a Adam Schiff, el legislador demócrata que preside el comité de Inteligencia, e insistió en que “no hubo presión alguna” por su parte a Ucrania.“La investigación es una farsa”, remarcó.Pese al intento de marcar distancias, el nerviosismo en la Casa Blanca es patente, ya que en la intensa semana de audiencias se desbarataron varios de los argumentos de la defensa del mandatario y los republicanos.Especialmente con la explosiva comparecencia de Sondland de este miércoles, en la que éste reconoció las presiones al presidente ucraniano Volodímir Zelenski para investigar al ex vicepresidente y actual aspirante demócrata Joe Biden a cambio de una reunión con Trump en la Casa Bñanca.“¿Hubo “quid pro quo? (...) Con respecto a la llamada solicitada de la Casa Blanca y la reunión de la Casa Blanca, la respuesta es sí”, afirmó Sondland, un conocido donante republicano y que fue personalmente elegido por Trump para representar al país ante la UE.Asimismo, explicó que él y otros altos cargos estadounidenses organizaron llamadas y posibles encuentros entre Trump y Zelenski, sujetos al compromiso del Ejecutivo ucraniano de llevar a cabo una investigación “totalmente transparente” sobre Burisma, la empresa ucraniana en la que trabajó el hijo de Biden, Hunter. Las pesquisas en la Cámara de Representantes buscan, precisamente, determinar si Trump bloqueó de manera intencionada la entrega de ayuda militar de 400 millones de dólares a Ucrania para obtener una investigación de Kiev sobre Biden y los negocios de su hijo Hunter en ese país.	Las primeras manifestaciones de esta huelga nacional salieron de universidades públicas de Bogotá, Medellín y Cali y van sumando gente en sus recorridos hacia el centro de las ciudades por avenidas desiertas.“El Gobierno no invierte en la educación por temor a la emancipación” o “Más salarios, menos impuestos” rezan algunas de las pancartas que encabezan la manifestación de una multitud de estudiantes de la Universidad Pedagógica de Colombia que partió de la zona financiera de Bogotá en dirección a la céntrica Plaza de Bolívar.“SOY ESTUDIANTE, SOY”Con cánticos como “Soy, soy estudiante soy”, los universitarios de la Pedagógica avanzan en ambiente festivo por la Carrera Séptima o la Avenida Caracas, vigilados de cerca por la Policía, tanto en la calle como desde el aire con un helicóptero.Para invitar a la manifestación a quienes los observaban desde la calle y edificios, la multitud también canta en coro “Amigo mirón, únase al montón” o “Su hijo es estudiante y usted, trabajador”.Escenas similares se repiten en distintas ciudades, como Medellín, donde una multitud llenó las calles en dirección al Parque de las Luces, donde harán su concentración.El mismo grito de “Soy estudiante, soy” retumbó en Cali (suroeste), donde jóvenes de universidades y del estatal Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) salieron a manifestarse en ambiente de fiesta, con cornetas y bandas musicales.TRANSPORTE PÚBLICO PARALIZADOEl MIO, sistema de autobuses públicos de Cali, funcionó en las primeras horas del día, pero luego interrumpió sus operaciones debido a los obstáculos que manifestantes pusieron en las calles.Algo similar ocurrió en Barranquilla, la principal ciudad del Caribe colombiano donde la red de autobuses de Transmetro tuvo que ser paralizada por los bloqueos en las avenidas.En esta ciudad, capital del departamento del Atlántico, la multitud se dividió en tres marchas que partieron del Parque Esthercita Forero, de la Universidad Autónoma y del populoso barrio Rincón Latino para juntarse más tarde en el céntrico Paseo Bolívar.Mientras tanto en Cartagena de Indias, la perla del turismo en Colombia, la mayor parte del comercio amaneció cerrado en la avenida Pedro de Heredia, por donde avanza una multitud hacia el centro histórico.PRIMEROS INCIDENTESLa jornada no estuvo exenta de incidentes, como en Suba, barrio del noroeste de Bogotá donde desde temprano hay roces entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía y manifestantes que bloquearon la Avenida Suba, la principal de ese sector, que da acceso a las estaciones del sistema de transporte público Transmilenio.En el tradicional barrio bogotano de Chapinero, encapuchados lanzaron pintura contra estaciones de Transmilenio, escribieron consignas contra el Gobierno en autobuses y rasgaron plásticos con los que algunos comerciantes intentaron proteger sus negocios.También ocurren disturbios en la estación de Trasmilenio de Usme, en el sur de la capital, donde el Esmad intervino para abrir la circulación por una avenida taponada con árboles y basura.PARO NACIONALLas protestas de este jueves son las más grandes contra el Gobierno de Duque y ocurren en un momento de agitación social en América Latina lo que acrecienta el temor de muchos ciudadanos a un brote de violencia.Para evitar desmanes, el Gobierno puso en marcha medidas de seguridad que incluyen el cierre de las fronteras, despliegue de policías, vigilancia aérea y refuerzo de militares si es necesario en algunas ciudades.Las centrales obreras aseguran que el Gobierno de Duque prepara un “paquetazo” de medidas que causarán fuerte impacto económico y social en los trabajadores, como eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones, aumentar la edad de jubilación y contratar a los jóvenes con salarios inferiores al mínimo, entre otras medidas.Las organizaciones sociales reclaman por su parte al Gobierno un mayor compromiso con la implementación del acuerdo de paz con las FARC, así como medidas de protección efectivas para indígenas y líderes sociales, blanco de una ola de asesinatos que se ha cobrado la vida de centenares de ellos desde que Duque llegó al poder, hace quince meses. Tanto sindicatos como líderes sociales y políticos que apoyan la protesta hicieron un llamamiento a los manifestantes para que se abstengan de recurrir a la violencia y de enfrentarse con la Policía.