Al pedido de reparación de 50 millones de dólares propuesto por Juan Arrom de forma personal, debe sumarse la solicitud de Anuncio Martí, con lo cual el Estado se expone incluso a pagar US$ 100.000.000. Al Estado también se le pretende cargar con los honorarios del abogado de ambos prófugos por secuestro.	Durante la audiencia del jueves en Costa Rica, el considerado como el cerebro del secuestro de Maria Edith Bordón Vda de Debernardi, sostuvo que el daño físico y sicológico producto de su secuestro entre el 17 y el 30 de enero de 2002, lo facultaba a reclamar como reparación personal la suma de US$ 50.000.000, poniendo énfasis en que se trataba de una suma simbólica y referencial.Aunque no trascendió, la demanda contra el Estado contempla un pedido de reparación para Anuncio Martí, que si bien no se dio a conocer ante la CorteIDH, todo apunta a que el monto sería similar al solicitado por Arrom, teniendo en cuenta la versión de la defensa, en la que habla de apremios físicos y torturas contra ambas personas.En su declaración, Arrom dejó entrever que su compañero solicitará la reparación de manera independiente a la suya, lo que alimenta las suspicacias con relación al monto total de las reparaciones.A su vez, el juez Eduardo Renato Vio Grossi, sostuvo que aun siendo una cifra de carácter simbólico, los 50 millones de dólares exigidos por Arrom, resulta muy elevado para un proceso de esta naturaleza . “No por equidad, no por justicia, pero me llama la atención la suma que están pidiendo, los 50 millones se alejan de los simbólico”, recalcó.Abogado pretende cobrar 2.5 millones de dólares por cada uno El abogado Carlos Abadíe Pankow solicitó que sus honorarios profesionales serán absorbidos por el Estado, en caso de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene al Paraguay. De esta manera se pretende también cargar al pueblo con otros 2.5 millones de dólares adicionales al reclamo de Arrom y Martí.En los alegatos finales, el profesional detalló que además de la reparación de 50 millones de dólares para cada uno sus defendidos por daño moral y físico, el Estado deberá ordenar la reapertura del proceso de modo a que incluya a los autores morales y materiales, y se respeten las garantías del debido proceso para víctimas y victimarios.En lo que respecta a los costes, el abogado solicitó a la Corte IDH que imponga al Estado el pago de sus honorarios profesionales “un 5% sobre el valor de las reparaciones económicas a las víctimas”.Teniendo en cuenta que Arrom fijó en 50 millones de dólares el monto de reparación, y en caso de que Martí accione de manera similar, el abogado Abadíe podría embolsarse 2.5 millones de dólares por cada víctima, en total 5 millones de dólares, toda vez que la Corte falle a favor de los prófugos y efectivamente haga lugar a la exhorbitante petición económica de los accionantes. Tras la finalización de la audiencia, ambas partes fueron convocadas para el próximo 8 de marzo para la presentación de las conclusiones por escrito.	La demnuncia fue presentada ante la comisaría de la localidad de Melgarejo, departamento del Guairá. El hecho ocurrió el 5 de febrero y el informe policial revela que la ex legisladora y su novio llegaron a la propiedad de los progenitores de la mujer, rompieron los candados de las puertas e ingresaron a la fuerza. En ese momento los padres de la política junto a sus demás hijos, intentaron expulsarlos, pero allí se originó una disputa, que pasó de la discusión verbal a los golpes.Tanto Blanca Fonseca como Samaniego (experto en artes marciales, según revelaron los intervinientes) propinaron golpes a sus familiares. En la demanda policial incluso se adjuntan fotografías en las que aparecen el papá con una herida en la cabeza y la madre con señales de golpes en la cara. Anibal Fonseca explicó que el origen de la disputa es un preacuerdo que mantuvo con su hija y con su novio, para que a cambio de una suma de dinero, le trasfiera la propiedad. Sin embargo la pareja no realizó el pago pero en contrapartida quieren apropiarse a la fuerza del inmuebla, alega.	Oscar Germán Latorre, exfiscal General del Estado, hizo mención a una serie de hechos que tienden a echar por tierra la veracidad de la denuncia de Juan Arrom y Anuncio Martí contra el Estado. Al mismo tiempo recalcó que desde el Ministerio Público se le otorgaron todas las garantías procesales para su causa.	Durante su comparecencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la tarde de hoy, el extitular del Ministerio Público, detalló que desde el momento en que tomó conocimiento de lo ocurrido con los fundadores del partido Patria Libre, se ordenó que todas las actuaciones se adecuen a la ley.“La aprehensión y puesta a disposición de estas personas era el camino mas sencillo, para ese entonces habían evidencias para acusar, había una denuncia concreta, pero no verdadera”, destacó el doctor Latorre.A partir de ese momento, comenzaron a producirse hechos que llamaron la atención de los investigadores, como por ejemplo la negativa de Arrom y Martí a ser evaluados por una junta médica para examinar y determinar la gravedad de las lesiones, producto de los actos de tortura a los que supuestamente fueron sometidos, “pero ellos se negaron”.Es así que los fiscales se abocaron a analizar otras hipótesis y para el efecto convocaron a unos 100 agentes de policía y llamativamente ninguno de ellos fue reconocido, en efecto Martí se negó a colaborar con datos para la confección de identikit, recordó.También descartó la hipótesis de que el móvil del secuestro de Arrom y Martí, esté motivado por un supuesto interés de los policías de quedarse con una parte del dinero cobrado en concepto de rescate a Maria Edith Bordón, cuando ese dinero ya se encontraba en poder de la Fiscalía Con relación al secuestro de la mujer, Latorre explicó que el ilícito fue perpetrado por personas mimetizadas en un movimiento político, con fuertes vínculos con organizaciones terroristas como las FARC, según se desprende de un intercambio de correos entre Arrom y Rodrigo Granda, canciller de las Farc. Incluso parte del dinero producto del secuestro, fue entregado a un asesor de la guerrilla colombiana, acotó.	Cristina Arrom, una de las testigos en el marco del proceso iniciado por su hermano Juan contra el Estado Paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cayó en llamativas evasivas, al momento en que el Tribunal abordó lo referente al secuestro de Maria Edith Bordón, con quien le unió un parentesco político en su momento.	“Era una señora de apellido Bordón”, de esta manera Cristina Arrom respondió cuando una de las integrantes de la Corte le consultó sobre el secuestro de Maria Edith Bordón de Debernardi, hecho que llamó poderosamente la atención, puesto que la jueza estaba a conocimiento del vínculo existente entre ambas familias.Luego reconoció que coincidían en reuniones familiares, teniendo en cuenta que uno de los hermanos de Maria Edith (Guillermo), estuvo casado con Marina Arrom, “no era del núcleo pero si compartimos en algunas reuniones, no era una relación familiar, sino ocasional”, expresó.Durante su declaración, la mujer recordó de manera puntillosa los sucesos vinculados al supuesto secuestro de su hermano, en contrapartida dijo no manejar muchos datos sobre el secuestro de quien supo ser familia política, y que tuvo una amplia repercusión en los medios, pero que Arrom al parecer pasó por alto.“Vivimos una situación traumática, fueron doce días de terror, solamente el que tiene un familiar desaparecido puede saber lo que es”, insistió. Por otro lado, cuestión la labor del Ministerio Público en lo referente al caso de su hermano, haciendo alusión a la supuesta alteración de evidencias, supuestos testigos falsos, entre otros.