Durante la sesión en Diputados, la legisladora Celeste Amarilla indicó que ante el desfalco al Indert, la Fiscalía debe tomar cartas en el asunto y no dejar impune.En ese sentido cuestionó que, con total irregularidad, se pagó desde el Estado millones de dólares a la familia Antebi, allegado al ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann.“Cuando el Presupuesto de la Nación no tiene para armas para la Policía, cuando las gobernaciones no tienen ni para la merienda escolar, cuando los funcionarios están todos los días reclamando sus sueldos, Rodolfo Friedmann hace pagarle a su amigo tres cuotas de 11 millones de dólares (sic)”, cuestionó. De acuerdo a los registros de contabilidad del INDERT a los que accedió el equipo de la Caja Negra, se procedió al desembolso, en tiempo récord y sin medidas judiciales de por medio, de 3 pagos en total a favor de la empresa vinculada a la familia Antebi.El primer pago se registró el 27 de noviembre de 2018 por un total de Gs 22.999.999.997. En los registros consta que el pago se efectuó a favor de la firma Comercial e Inmobiliaria Paraguayo Argentina S.A. de Roberto Antebi, en concepto de pago parcial de intereses anuales devengados y vencidos.Apenas 6 meses después, el 27 de mayo de 2019, el titular del INDERT ordena otro pago en el mismo concepto. Se liberan Gs 11.000.000.000 por intereses devengados y vencidos del saldo adeudado por el Estado del precio de expropiación de las tierras de Antebi. Posteriormente, dos meses después, el 27 de julio de 2019, se ordena el tercer desembolso por valor de Gs 11.000.000.000 también por el mismo concepto. En total la firmada vinculada al empresario Roberto Antebi cobró la suma Gs 44 mil millones que al cambio actual equivalen a casi US$ 7 millones de dólares.	Los primeros cuestionamientos relacionados a la fuga de Jorge Samudio, alias “Samura”, a lo que Villamayor respondió que sí conocía al hombre, debido a la vinculación del prófugo con el Comando Vermelho y aclaró que no tuvo nada que ver con su traslado, desligándose de las responsabilidades y atribuyendo el operativo de traslado al Ministerio de Justicia y al Penal de Emboscada.El ministro se reafirmó en que la fuga del reo y la muerte del comisario Félix Ferrari se trató de un “hecho aislado”, ya que el Servicio de Inteligencia ya había evitado varios anteriormente y que se debió a que la corrupción permea cualquier sistema de control institucional. Sostuvo que como titular de la cartera de seguridad, no tiene incidencia alguna en los operativos realizados por la Policía Nacional. Respecto a los controles fronterizos, simplemente se limitó a decir que eso es jurisdicción de las Fuerzas Armadas. Se refirió a los asesinatos ocurridos en Penal de San Pedro y aseguró que lo que ocurra dentro una penitenciaría es responsabilidad exclusiva de la cartera de Justicia. Agregó que el único momento en que la Policía ingresa a la cárcel es bajo solicitud del director de la institución para asistir en la reposición del orden. “Repuesto el orden, es atribución de los guardiacárceles custodiar lo que pasa adentro”, sentenció. Según Villamayor, las causales de destitución del Comandante y Subcomandante de la Policía fueron las reiteradas “observaciones por parte del ministerio” sobre un indice de crecimiento sostenido en delitos callejeros. El titular sostuvo que no se vieron modificaciones en el comportamiento del personal policial y por ello, se recurrió a la remoción de ambos altos mandos de las fuerzas de seguridad. En febrero, el ministro había dicho que se necesitaban US$ 60 millones de ampliación para el Ministerio del Interior, pero en septiembre solicitó US$ 200 millones a la Comisión Bicameral de Presupuesto. “Los US$ 200 millones representan los 3000 nuevos efectivos, así como el crecimiento vegetativo de la Policía, que ajusta sus salarios en base al sueldo mínimo, que por ley se ajustan todas las remuneraciones al darse un incremento en el salario básico”, se excusó ante el pleno. Por otro lado, se limitó a contestar el resto de las preguntas con datos estadísticos de manera superficial y sin entrar en las cuestiones de fondo.	“Nos están jodiendo, nos jodió primero Bolsonaro porque teníamos muy creído que nos iba a esposar y a enviar a los delincuentes acá, no ocurrió, el presidente de la República se fue dos o tres veces, no trajo respuesta, después, ahora resulta que nos joden los uruguayos”, dijo el diputado liberal, durante la sesión extraordinaria de este miércoles. Criticó la política de relaciones exteriores por carecer de la firmeza para hacerle entender a estos países que tres delincuentes no pueden continuar haciendo un tour por toda América. Ortiz se preguntó sobre los motivos del llamativo silencio de los parlamentarios del Mercosur, que ni siquiera se pronunciaron al respecto, pese a que son los países miembros del bloque, los que evitaron que Paraguay procese a los prófugos. El diputado recordó que mientras los vecinos le niegan los pedidos a Paraguay, aquí respondemos con mucha bondad. “Nosotros somos muy formidables, cuando tenemos grandes delincuentes les devolvemos en minutos, en horas están en Brasil, Argentina o donde nos pidan y resulta que nuestros delincuentes se pasan turisteando con el dinero bruto del secuestro”, concluyó.	En el ítem 25 de la interpelación al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, figuraba la siguiente pregunta: ¿Cuántos aparatos de escuchas se compraron entre los años 2014 y 2019, especifique en qué año y cantidad, y cuál fue la inversión realizada por parte del Estado? Explique cuál es el procedimiento de compra de esta tecnología. Antes que conteste la autoridad, la senadora Desirée Masi indicó que inicialmente incluyó ese planteamiento y que luego solicitó que sea excluido, pero que por error se mantuvo.Villamayor prefirió contestar en esta sesión extraordinaria y no hacerlo en una sesión reservada, pese a tratarse de un tema muy delicado. “Nos conviene a todos los que pasamos por ese ministerio contar las cosas como realmente son”, lanzó. “El equipo, desde su instalación, es 100% verificable. Hoy se puede saber qué teléfono se interceptó y por orden de quién en el 2009. El registro está completo e inalterado. No existe ninguna posibilidad (que se use) para escuchas políticas o situaciones amorosas”, indicó en otro momento.El Secretario de Estado detalló que el Ministerio del Interior cuenta con un centro de monitoreo de interceptación legal, que se instaló en el 2009 (sin citar que en esa época el ministro era Rafael Filizzola). “No existe ningún otro equipo, nunca más se compró otro, hay solamente uno, que es el que se instaló en el 2009. En ese año fue montado y puesto en funcionamiento. En el 2014, conforme a lo revelado por Villamayor, se adquirió un dispositivo estratégico de interconexión para darle flexibilidad a dicho aparato e interconectarlo con los distintos operadores.En el 2018, se actualizó y se amplió el centro, con el mismo equipo, pero con más unidades de escuchas. “Estamos hablando siempre del equipo que se instaló en el año 2009”, recalcó.En el 2019, cinco años después de haberse instalado el aparato de escucha, se actualizó el mediador. Villamayor comparó lo realizado con la actualización que llega al teléfono para mejorar el dispositivo. “Estamos hablando de tecnología que deben ser actualizada, como un celular. Como lo instalado es de tecnología específica, debe realizarse la adquisición del mismo proveedor del sistema, entonces se hace por la vía de la excepción”, añadió.La autoridad indicó que en todos los casos, se debe contar con una orden judicial y además debe estar enterada la operadora telefónica y llenar una planilla para el efecto. Si no se reúnen los requisitos, no se puede hacer el pinchazo telefónico, según remarcó. El exsenador Rogelio Benítez había dicho en el pasado que dicha escucha telefónica fue adquirida en el marco de la acción del gobierno contra el secuestro del ganadero Fidel Zavala.