Según informa la Entidad Binacional Itaipú, la contratación de la potencia por cuatro años brinda mayor previsibilidad a la planificación de las dos entidades compradoras y asegura a la Entidad Binacional los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento y, en consecuencia, para garantizar el suministro de energía eléctrica a ambos países.Con la contratación de potencia hasta el 2022, Itaipú podrá seguir honrando sus compromisos con los Estados, como el pago de los royalties y los gastos de explotación en los cuales están incluidos los gastos de responsabilidad social.Un dato importante es que el resultado de las tratativas permite afirmar que no habrá aumento de tarifa del servicio eléctrico para los usuarios de ambos países.POTENCIA A CONTRATARSE	2022 - 1.810 Acta secreta que puso en vilo al paísEl 24 de mayo pasado, los presidentes de Paraguay, Mario Abdo Bení­tez, y de Brasil, Jair Bolsonaro, a través de sus altos representantes, fir­maron el acta secreta de la Itaipú, que fue conocida recién dos meses después, tras la renuncia del ingeniero Pedro Ferreira a la presiden­cia de la Ande.Según La Nación, el acuerdo implicaría un grave perjuicio a la empresa estatal, que llegaría a los 270 millones de dólares al cierre del 2022, teniendo en cuenta que para el año siguiente recién están previstas nuevas negociaciones entre los copropietarios de la hidroeléctrica. El daño que se causaría al país es como consecuencia de la elimina­ción del uso de excedentes por parte de la Ande, que le permite man­tener el precio de sus tarifas. El intento fue ampliamente repudiado por todos los sectores del país y desde el sector político se propuso un juicio político al jefe de Estado, pero no prosperó.	Variadas son las opiniones en ambas cámaras respecto a la presencia de agentes el FBI en nuestro país y la superficial información que se maneja sobre lo que vienen a hacer.A criterio del presidente del Partido Colorado y de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, todos los países latinoamericanos reciben cooperaciones de seguridad de Estados Unidos, a través de las misiones técnicas del FBI y la ayuda no representa una novedad.“No supone ninguna invasión ni atentado a nuestra soberanía. Las mismas siempre existieron y seguirán siendo una herramienta válida contra la corrupción”, manifestó Alliana (Honor Colorado). Por su parte, el senador de Añetete Enrique Bacchetta admitió que no conoce los alcances de este acuerdo, consideró que se debe apoyar la iniciativa si es para bien del Paraguay, ya que hoy nuestro país es “felicitado” en el mundo entero por su lucha contra la corrupción. Mientras tanto referentes del Frente Guasu consideran que este acuerdo es causal de un juicio político al jefe de Estado, por permitir que policías extranjeros se inmiscuyan en asuntos internos.	La fiscal Blanca Rosa Aquino es quien está a cargo del caso y en la imputación formulada, aseguran que “no hubo uso de la fuerza”. Además, debido a que el imputado se presentó voluntariamente, solicitaron medidas alternativas a la prisión. La jueza resolvió la prisión preventiva, ya que considera que existen elementos suficientes para sostener la comisión del hecho punible. Además, sostiene que existe peligro de fuga y obstrucción de la investigación. La víctima es una joven de 20 años que seguía tratamiento en el centro asistencial. En noviembre, las autoridades hospitalarias realizaron la denuncia luego de que la joven finalizara una consulta ginecológica. Sin embargo, el hecho habría ocurrido en la primera quincena de octubre. De acuerdo con lo denunciado, Robadín habría sometido a la paciente durante una visita a la casa con el objetivo de orar por su salud, dos semanas antes de la internación de la misma. El cura párroco acudió a la residencia de la mujer a pedido de sus padres, quienes abandonaron la habitación donde se encontraban y donde ocurrió el supuesto abuso. Actualmente, la joven se encuentra internada en el Hospital Nacional de Itauguá y recibe asistencia psicológica.	”. Calificó a 18 países de la región a través de siete indicadores que considera los más relevantes para determinar la “probabilidad de disturbios sociales”.La investigación concluyó que Nicaragua es el país con el mayor número de puntos de inflamación potenciales (Venezuela fue excluida de la muestra debido a la disponibilidad inadecuada de datos), seguido de Guatemala, Brasil, Honduras, Chile, México y Paraguay. Uruguay, por cierta distancia, se destaca como la nación con la menor cantidad posible de puntos de inflamación.Los indicadores que utilizan son los siguientes: desigualdad de los ingresos, seguridad social, efectividad gubernamental, corrupción, empleo juvenil, malestar económico e índice democrático. El primero de esos ítems es el más crítico, según el cuadro, mientras que la economía es otro punto que tiene a maltraer a los países.	El estudio afirma que predecir la agitación política en cualquier país es una tarea difícil y se necesita cierta precaución en la interpretación del mapa de calor, ya que, en algunos países, un solo problema podría ser suficiente para desatar protestas populares.The Economist resalta que tener fuertes redes de seguridad social, sólidas tradiciones democráticas y oportunidades de empleo juvenil relativamente adecuadas son factores que mitigan el riesgo de protestas populares a gran escala. Mientras que los niveles extremadamente altos de desigualdad de ingresos, la pobre efectividad de los gobiernos y las percepciones de corrupción desenfrenada tienden a contribuir a la desafección pública. The Economist Intelligence Unit es la división de investigación y análisis de The Economist Group, la compañía hermana del periódico The Economist.