La lucha de la mamá de la menor comenzó en mayo del 2017, cuando demandó por filiación al entonces fiscal Hugo Antonio Vázquez Figueredo, entonces en la Unidad zonal de Minga Porã. Desde ese día se desató una guerra legal con la que los defensores evitaron que Vázquez se someta a la prueba de ADN.	Cuando se inició el juicio, el entonces fiscal de Minga Porã, departamento del Alto Paraná, fijó su domicilio en el lejano municipio norteño, con la intención de dilatar las notificaciones, pese a que residía en Ciudad del Este. Luego, cambió de domicilio en Presidente Franco, para la recepción de los informes judiciales.