Tres hermanas denunciaron la ocupación ilegal de una parcela de su propiedad por parte de funcionarios de la empresa de seguridad Tapiti S.R.L., quienes habrían tomado posesión del terreno a la fuerza. Sindican como principal responsable al excomisario Vidal Machado, propietario de la firma, y lo acusan de fraguar un juicio sucesorio para hacerse con el inmueble.	Nidia, Graciela y Angelina Jara son tres hermanas que poseen una propiedad de poco más de 12 hectáreas ubicada en una compañía de la ciudad de Itá, en el departamento Central. Las mismas habían heredado este inmueble de su padre, quien a su vez lo había adquirido de terceras personas en el año 1940.El abogado Mario Elizeche Baudo, representante legal de las mujeres, indicó a HOY que todo inició a finales del 2011 cuando trabajadores de la empresa de seguridad Tapití S.R.L. ingresaron de manera irregular a una fracción del terreno.Según mencionó, el espacio ocupado (con una dimensión de 1 hectárea) estaba siendo administrado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que hace unos años atrás había llegado a un acuerdo con las propietarias para utilizar dicho predio para un proyecto comunitario.Luego de ocupar el sitio, los guardias de seguridad empezaron a avanzar cada vez más hacia el sector que corresponde a las afectadas (en este caso, las restantes 11 hectáreas). Con armas de fuego en mano, los mismos amenazaban a cualquier persona que intentaba ingresar a dicho predio y les decían que si se acercaban “les iban a meter balas”, según la denuncia.Tras esta situación, las hermanas Jara formularon una serie de denuncias en la comisaría local y en la unidad fiscal de la zona por el hecho punible de invasión de inmueble ajeno. Pese a ello, las autoridades no hicieron nada para frenar el ilícito, refirió el abogado.Luego de darse este conflicto, decidieron presentar un interdicto para retener la posesión del terreno, dado que ellas ejercen hasta hoy la posesión real del mismo. Puntualmente, el litigio giró en torno a una hectárea que había sido ocupada irregularmente por la empresa Tapití, explicó Elizeche Baudo.Luego de presentar este amparo judicial, las denunciantes lograron conseguir una medida cautelar de prohibición de innovar contra los invasores, lo cual les impedía realizar cualquier tipo de modificación en cualquier parte del predio ocupado.Los representantes de la firma Tapití, manejada por el excomisiario Vidal Machado, desacataron la orden judicial y, a fin de seguir peleando por la ocupación del terreno, decidieron impulsar un juicio sucesorio plagado de irregularidades. En tal sentido, el abogado explicó que en el año 1940, los herederos originales del señor Adolfo Gerding habían decidido vender la propiedad al padre de las hermanas Jara y, por ende, él había pasado a ser el nuevo propietario de esas 12 hectáreas.Representantes de la empresa de seguridad lograron contactar con parientes del difunto Adolfo Gerding para que los mismos acompañen el nuevo juicio de sucesión y se hagan pasar por herederos, pese a que la cuestión ya se había dirimido hace varias décadas atrás. En el marco de este proceso, lograron obtener padrones falsos y, a través de un topógrafo, hicieron una supuesta mensura privada para superponer una propiedad inexistente sobre el predio de las afectadas.Las hermanas Jara ganaron el juicio de interdicto en primera instancia. Posteriormente, la decisión fue apelada por la contraparte y la causa fue enviada a la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción de Central en San Lorenzo donde, con un voto en disidencia, se revocó la resolución inicial, dándole finalmente la razón a la empresa Tapití. Según Elizeche Baudo, los integrantes del tribunal se valieron de un argumento “traído de los pelos” diciendo que lo que se probó en el expediente es que las personas que habían ingresado (en este caso, de la empresa Tapití) eran lo que efectivamente estaban ocupando el inmueble y no las hermanas Jara.Ante este revés judicial, se volvió a presentar una acción de inconstitucionalidad para tratar de revertir la resolución del Tribunal de Apelaciones que favorecía a la empresa de Vidal Machado.El abogado comentó que las personas que actualmente ocupan de manera irregular el predio siguen en su afán de seguir avanzando, a tal punto de que ya están talando varios árboles de la propiedad sin el consentimiento de las denunciantes. “Con un título falso está queriendo usurpar 11 hectáreas que son propiedad de mis clientes”, añadió.Acusó al excomisario de utilizar la posición privilegiada que tiene para ocupar el terreno y de utilizar a los funcionarios de su empresa de seguridad para intimidar tanto a sus defendidas como a los demás vecinos del barrio, utilizando inclusive armas de fuego para dicho cometido. Elizeche Baudo pide a la justicia que tome cartas en el asunto y que se pueda demostrar de manera fehaciente que las hermanas Jara son las propietarias reales del terreno, dejando al descubierto las varias irregularidades cometidas por el excomisario Vidal Machado y la empresa Tapití S.R.L.	para la compra de las urnas electrónicas.“Mientras dure la investigación, no se permitirá que el proceso pase a la siguiente etapa, que es la adjudicación”, indicó Seitz, al tiempo de señalar que el procedimiento entrará en una fase de evaluación por parte de la DNCP.Indicó que el motivo principal es evitar que se asuman compromisos sin que exista una seguridad jurídica plena para el contrato.Señaló que se procederá a la verificación del pliego de base y condiciones, para comprobar si el proceso se adecua o no a la Ley de Contrataciones. “Esta es la primera decisión del proceso de investigación”, expresó el director.Con respecto al tiempo de investigación, anunció que son conscientes de los plazos electorales, que son “inamovibles e improrrogables”, por lo cual se dará “prioridad absoluta” a todo el proceso.	La publicación bajo el título de “Carta a mi amigo el feminicida” va dedicada al médico Aldo López, quien se sacó la vida este miércoles en su celda en la Penitenciaria de Tacumbú, a menos de 24 horas de su imputación por el feminicidio de la joven Mayra González.“El linchamiento ha sido todo un éxito!! Toda una conquista social de los políticamente correctos, los opinólogos come mierda, ese periodismo azafrán! (ya no es amarillo), las feministas de pañuelo verde (esas que seleccionan a quién se puede matar o no), a esos putos resentidos sociales que se fungen como jueces morales de las buenas costumbres, esos que mezclan “machismo” y violencia en una amasijo de cosas sin sentido, esas organizaciones llamadas “colectivos” que buscan igualdad y se victimizan en una persecución imaginaria pidiendo lo que nunca les faltó, esos que están a la moda hablando en “inclusivo” y destrozando el bello idioma castellano, esos NO violentos que pedían tu muerte de la manera más cruel y hoy festejan tu muerte”, señala la primera parte del posteo.Continúa diciendo que ambos (Aldo López y Mayra González) estaban enfermos y que solamente discutían cuando “ella entraba en abstinencia”. Detalla además que la pareja estaba siguiendo tratamiento y se encontraban con “internación domiciliaria” y bajo prescripción médica.“Nunca la tocaste y que jamás siquiera discutieron, excepto cuando entraba en abstinencia y quería saciarla”, agrega.El posteo menciona que la pareja fue dada de alta el pasado jueves, pero que sufrieron una recaída el fin de semana. “Fuiste débil ... caíste ... recaiste ... cayeron ... recayeron … porque no fue solo tu responsabilidad, fue responsabilidad compartida de dos personas mayores, enfermos ambos, que debían esconderse de su enfermedad”.	El amigo del fallecido, lamenta que el médico haya sido condenado socialmente tras la declaración del doctor forense Pablo Lemir, al que señala como un profesional de “dudosa reputación”.Comenta además que López llevó al sanatorio privado a la mujer y él mismo se encargó de entubarla en la sala de guardia y estuvo presente durante todo el momento de las maniobras de reanimación.“Nos dijiste que eras inocente y los que te conocieron saben que no mentías ... no voy a resaltar tus virtudes que eran muchas ... porque después de esto voy a estar muy ocupado leyendo a los mismos asesinos (esos que te mataron) queriendo hacer lo mismo conmigo y con cualquiera que ose defenderte”, sigue.Resalta que cuando lleguen los informes toxicológicos “ya será tarde”, porque el médico “no aguantó el dolor” de haber perdido a su pareja. “En varios lugares leí que hablaban de “justicia divina” y yo se que vos vas a tener un juicio justo donde vas a demostrar que fuiste inocente”, culmina el escrito.	La Contraloría emitió dos dictámenes con respecto al análisis realizado al Servicio de Diseño e Implementación de un Sistema Integral de Gestión Tributaria y Catastral para la Municipalidad de Asunción.Esto tras la denuncia presentada por el Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (SIMUCA) el pasado 25 de septiembre.En el informe final, la Contraloría recomienda suspender la ejecución del contrato con el Consorcio panameño TX, hasta tanto se expidan todos los órganos pertinentes. En uno de los argumentos, la CGR señala una indefinición en la naturaleza jurídica del contrato, ya que los términos son confusos en relación a lo expresado ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y el servicio que finalmente fue adquirido.Contraloría General emitió dictámenes jurídico y técnico donde recomienda a la Municipalidad de Asunción suspender la implementación del Sistema de Gestión de Cobros. Informes, que no son vinculantes, hablan de numerosas irregularidades en la licitación	November 6, 2019 Además, existen dudas con respecto al porcentaje de comisión del 22,75% sobre el monto de la recaudación tributación, ya que estaría representando un perjuicio patrimonial en detrimento de los intereses de los contribuyentes de Asunción.Otro de los puntos mencionados, es la recomendación de determinar la delegación de atribuciones municipales, en cuanto a la gestión y fijación del importe de los tributos establecidos en la propia Constitución Nacional.