Un hombre obtuvo G. 3.900.000 por la venta de caña de azúcar, propiedad de su padre, y luego denunció que le robaron este dinero. Sin embargo, en el interrogatorio cayó en varias contradicciones y confesó que usó gran parte de la suma para pagar la pensión alimentaria de su hijo. Sucedió en Iturbe.	Francisco Javier Núñez Vera (28), de la ciudad de Iturbe, denunció ante la Policía que desconocidos lo habían despojado de 3.900.000 guaraníes, producto de la venta de caña de azúcar, negocio que le pertenece a su padre. Aseguró que tres personas lo interceptaron por el camino y con arma en mano lo obligaron a entregar todo el dinero que llevaba consigo. Sin embargo, durante el interrogatorio realizado por los efectivos policiales, Núñez cayó en contradicciones y terminó confesando que en realidad utilizó G. 3.000.000 para pasar la pensión alimentaria a su hijo, ya que su pareja lo había amenazado con denunciarlo.	“Manifesté mi arrepentimiento y admití mi error. Creo que hice un descargo bastante exhaustivo de todo lo que ocurrió”, expresó por su parte el abogado José Rodríguez.Rodríguez se desentendió del acta y recalcó que no tuvo “noticia alguna de tal instrumento bilateral, hasta que se hizo público por los medios de comunicación”.El abogado aseguró que había mantenido reuniones con la empresa brasileña Leros, pero insistió en que su participación fue “única y exclusivamente desde el sector privado”, y no como asesor de la Vicepresidencia.Sin embargo, reconoció “haber invocado” en nombre del presidente de la República y del vicepresidente en esos encuentros.“Reitero mi arrepentimiento, expresando que jamás pensé que iba a tener estas consecuencias en la opinión pública, por lo que una vez más pido disculpas”, concluyó.	Alderete mantuvo en su comparecencia que no actuó "como negociador de los términos del Acta Bilateral" firmada el pasado 24 de mayo, que no se hizo pública hasta finales de julio, cuando desencadenó una crisis en el Gobierno de Mario Abdo Benítez."Tampoco he participado en ninguna reunión interna de trabajo con nuestra Cancillería nacional ni en ninguna otra reunión de las altas partes hasta esa fecha", agregó el exdirector general paraguayo.Alderete renunció al puesto, junto con otros altos cargos del Ejecutivo, unos días después de que estallara la polémica, en un intento por evitar el juicio político que amenazaba al Gobierno.La filtración del documento a la opinión pública, dos meses después de su firma, originó una fuerte protesta por parte de la oposición y de algunos sectores de la sociedad, que veían en esa acta una "traición a la patria" por parte de Abdo Benítez y el vicepresidente, Hugo Velázquez.El Gobierno anuló el acta el 1 de agosto y, unas semanas después, el presidente y el vicepresidente lograron salvarse del juicio político gracias a la unidad del Partido Colorado.No obstante, la CBI siguió adelante y, en este tiempo, llamó a declarar a las personas que pudieron tener alguna participación, como el excanciller Luis Alberto Castiglioni, el exembajador en Brasil Hugo Saguier o el expresidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Pedro Ferreira.Durante esta jornada, además de Alderete, también fue llamado a declarar ante los legisladores que integran la CBI el abogado José Rodríguez, el joven de 27 años que actuó como supuesto representante del vicepresidente en las negociaciones con Brasil.Rodríguez también se desentendió del acta y recalcó que no tuvo "noticia alguna de tal instrumento bilateral, hasta que se hizo público por los medios de comunicación".El abogado aseguró que había mantenido reuniones con la empresa brasileña Leros, pero insistió en que su participación fue "única y exclusivamente desde el sector privado", y no como asesor de la Vicepresidencia.Sin embargo, reconoció "haber invocado" en nombre del presidente de la República y del vicepresidente en esos encuentros."Reitero mi arrepentimiento, expresando que jamás pensé que iba a tener estas consecuencias en la opinión pública, por lo que una vez más pido disculpas", manifestó Rodríguez.	“El país no da más. Esperemos que haga los cambios rápido”, expresó el senador Antonio Barrios, en comunicación con la 730 AM, sobre la situación económica actual en nuestro país y las inacciones del Gobierno al respecto.En ese sentido, dijo que el informe del mes de agosto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene como datos relevantes a 214 convocatorias de acreedores y 10 empresas que se fueron a la quiebra.Sobre declaraciones del presidente Abdo de que no hará cambios en su gabinete, Barrios expresó que el mandatario debería darse cuenta de lo que la gente reclama hoy en las calles.Puso como ejemplo la labor del ministro de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi, diciendo que “no existe, la gente ni le conoce. Se pasa más afuera que adentro”. Además, sostuvo el titular del Ministerio de Educación, Eduardo Petta, está en “la misma historia”.“Nosotros vamos a seguir insistiendo en lo que creemos que se debe hacer. Él es el presidente de la República y nosotros no le vamos a imponer nombres. Si no quiere, paciencia”, agregó el senador colorado.Añadió que en el gobierno de Mario Abdo Benítez lo que falta es una mejor gestión y no comunicación. “Esperemos que el presidente nos demuestre que estamos equivocados y que el país arranque de una vez por todas”, concluyó.