El acto oficial está previsto para las 9:00 del miércoles con presencia del presidente Mario Abdo Benítez, el director paraguayo de Itaipú, José Alberto Alderete, entre otras autoridades. El proyecto fue llevado adelante por el Parque Tecnológico Itaipú, con apoyo de la binacional, por pedido del Ministerio de Defensa, a fin de lograr la modernización de la unidad castrense, de suma importancia estratégica puesto a que está situada a escasos 40 km de la frontera con Bolivia.Unos 160 paneles solares fueron colocados en el histórico cuartel con los cuales se podrá contar con energía eléctrica limpia durante las 24 horas del día, este sistema reemplaza al generador eléctrico cuya capacidad de producción alcanzaba para unas 5 horas de luz al día. La planta provee de energía a los vehículos eléctricos que fueron puestos a disposición de los efectivos militares apostados en el cuartel.	Ángel Rivarola Escurra de 43 años se encontraba en la terminal de Caaguazú a poco de abordar un ómnibus con destino a la localidad de Yhú en el mismo departamento, según el informe policial.El viaje fue abortado por agentes del Grupo Lince y de la Comisaría local, debido a que el mencionado surge como principal sospechoso del asesinato de Lucía Insfrán Ramírez, cuyo cuerpo fue hallado ayer en un camino vecinal en la compañía Mbokay’i, a unos 30 kilómetros de Yby Yaú, en el departamento de Concepción.El cuerpo de la víctima presentaba numerosas heridas de arma blanca, una de ellas en el cuello, en tanto que el sospechoso del crimen era pareja de la ahora fallecida. El mismo reconoció la autoría del hecho, debido a que supuestamente la mujer tenía intenciones de asesinarlo y por lo tanto actuó en defensa propia, según declaraciones a medios de la zona. Rivarola Escurra fue remitido a la Comisaría 2 de Caaguazú a disposición del Ministerio Público.	En contacto con nuestra redacción, la mujer manifestó que su expareja, un hombre condenado en agosto del 2018 a 4 años de prisión por el hecho punible de abuso sexual, estaría buscando la manera de abandonar el Penal de Tacumbú donde actualmente guarda reclusión.Para el efecto, utilizaría como argumento el padecimiento de un cáncer de garganta, lo cual -según la denunciante- podría servirle para solicitar ante la justicia un pedido de prisión domiciliaria, pese a tener una condena firme y ejecutoriada.El acusado es un empresario del rubro gastronómico, propietario de una cadena de restaurantes, y había sido	cuando la misma solo tenía 4 años.La resolución de esta medida se encuentra a cargo de la jueza del Juzgado Penal de Ejecución Nº 2, María Lourdes Scura, quien deberá tomar una determinación al respecto.El abogado Diego Tuma, representante legal de la madre de la víctima, confirmó el hecho denunciado y adelantó que estará presentando una formal oposición al planteamiento del acusado para tratar de impedir que salga en libertad.Asimismo, señaló que hoy día la niña ya tiene 8 años de edad y es consciente de lo ocurrido. Tal y como llegó a revelar en su momento en la Cámara Gesell, la misma le tiene temor a su padre, por lo que se cree que esta la medida provocaría daños aún más graves, indicó.Tuma mencionó que no hay impedimentos para que el hombre cumpla su condena en la cárcel de Tacumbú, tal y como lo hacen todos los demás condenados. Sostuvo que “es una locura pensar siquiera que luego de chicanear casi 8 años su juicio, de haber suspendido en más de 10 ocasiones su audiencia preliminar y a tan solo dos meses de su condena, se le esté premiando con semejante pedido”. Finalmente, el abogado adelantó que, en caso de concederse esta medida para que el condenado tenga prisión domiciliaria, estaría denunciando los hechos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).	Por medio de sus páginas tanto ABC Color como Última Hora se erigen como los defensores de la democracia y como las voces de denuncias contra las injusticias y los abusos del poder de turno. Pero puertas para adentro los atropellos se han vuelto una moneda corriente, ya sea por despidos e incumplimiento de mandatos judiciales que fueron impulsados con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.Es así que el SPP, junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa y la Asociación de Reporteros Gráficos del Paraguay hicieron un nuevo llamado al órgano estatal responsable de la seguridad laboral. Es para que cumpla con los reiterados pedidos de fiscalización a ambas empresas, el pedido tiene carácter urgente por el tiempo que transcurrió desde las primeras denuncias de abusos por parte de la patronal en ambos medios.Cabe mencionar que el propio Ministerio del Trabajo a través de una resolución estableció un nuevo escalafón salarial para los trabajadores gráficos de prensa, sin embargo hasta la fecha ni ABC ni Última Hora, no cumplieron con la disposición. El matutino de la calle Yegros interpuso una acción de inconstitucionalidad para frenar los efectos de la resolución.Por ello exigen que la cartera estatal intervenga por medio de las fiscalizaciones, a fin de hacer cumplir la resolución 384/18, como también ante las numerosas denuncias de violación del código laboral y del contrato colectivo en ABC Color y el diario Extra, este último perteneciente al grupo Vierci, señala parte del pronunciamiento de los gremios. Los tres gremios firmantes aseguran que las actuales autoridades están debidamente al tanto sobretodo de aquellas denuncias presentadas durante la administración anterior, por lo tanto aseguran que no hay impedimentos para iniciar las fiscalizaciones.Los trabajadores gráficos vienen reclamando el reajuste salarial desde 2017, sin embargo desde la gerencia respondieron que no había dinero, justificativo que no convenció en aquel entonces, puesto a que tanto el Grupo Vierci como Zucolillo, fueron adquiriendo nuevos medios de un tiempo a esta parte.