El PCC ha sido un tema permanente y de alta prioridad dentro del estudio que realiza la Secretaría Nacional de Inteligencia, según el titular Esteban Aquino, quien aclaró que no se pueden tener soluciones mágicas en tan poco tiempo pero sostuvo que los datos son entregados directamente al jefe de Estado Mario Abdo Benítez.“Se ha tocado varias veces lo del PCC dentro del Consejo de Seguridad Nacional, el presidente de la República ve con mucha preocupación y se está haciendo todo lo posible por enfrentar la amenaza real”, afirmó Aquino en entrevista con la 730 AM. Argumentó que las funciones de la entidad a su cargo son múltiples, pero que el presupuesto es escaso y que pese a esto se trabaja con mucha “vehemencia” para obtener resultados. Aquino indicó que también han mantenido reuniones con el Ministerio del Interior, con agencias del Brasil, donde se habló del reclutamiento que están haciendo los miembros del PCC dentro de las cárceles. Para el ministro, esto es mucho más profundo que un simple enfrentamiento entre una facción del PCC y el clan Rotela, pues también se debe investigar por qué se enfrentan, cómo ingresan las armas a los establecimientos, quién las provee, entre otras interrogantes. El titular de la Inteligencia se escudó en la supuesta confidencialidad y argumentó que no puede dar muchos detalles de lo que están haciendo para evitar entorpecer las labores.	Los campesinos regresan y marchan contra mismas promesas incumplidas. Actualmente están apostados sobre las calles Fulgencio Yegros y 25 de Mayo, frente a la sede del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).El titular de dicho ente estatal, Denis Lichi, manifestó que los labriegos habían solicitado 40 millones de dólares para un plan de inversión, pero que les dejó en claro que su institución maneja un presupuesto anual de 70 millones de dólares, de los cuales al cubrir todos los gastos corrientes y compromisos asumidos, para el apoyo a la agricultura solo posee 10 millones de dólares.Entonces los campesinos bajaron sus pretensiones y aceptaron los 10 millones, según contó la autoridad. Añadió que luego él informó a los manifestantes que iban a empezar a trabajar con 1 millón de dólares pero que no aceptaron esa suma de dinero.“Hay muchos productores que de forma individual ya se acercaron a las instituciones bancarias a refinanciar sus deudas. (…) Cada año piden lo mismo (refinanciamiento de deudas), pero nunca presentan la lista. El año pasado tampoco presentaron, no sé si tienen o cuál es el motivo. Fácilmente se pueden comprar los créditos de los bancos y podemos negociar los que fueron judicializados, solo tienen que ser deudas del sector productivo. El Gobierno no te va a comprar la deuda porque sacaste una moto, ventilador o un auto y no pudiste pagar”, indicó.EL ACUERDO INCUMPLIDO Los campesinos de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) dan una semana de tiempo para que el Gobierno cumpla con el acuerdo firmado el pasado mes de marzo.“Queremos un diálogo sincero y un documento que favorezca el cumplimiento inmediato de lo acordado. Estamos esperando y toda esta semana tenemos tiempo para dialogar y si no hay novedad nos sentimos obligados a tomar medidas de fuerza”, indicó el dirigente campesino Jorge Galeano, en charla con la 1080 AM.El 29 de marzo pasado, las agrupaciones campesinas lograron arrancar un acuerdo al gobierno. Uno de los puntos consignaba entonces la promesa de promulgar una ley de protección y recuperación de la agricultura familiar.Otro señalaba el acceso a la tierra para mejores condiciones de vida, el Ejecutivo se comprometió a recuperar los excedentes de tierras fiscales, con lo que se buscaba frenar las ocupaciones.El tercer punto afirmaba un acuerdo para el uso de inmuebles que están en poder de la Secretaría Nacional de Bienes y Comiso, a favor de sintechos. También la regularización de asentamientos campesinos y urbanos por parte de personas no sujetas a la reforma agraria. Otro compromiso incumplido según los labriegos, es el de la refinanciación o reestructuración de créditos vencidos.	En conversación con la 970 AM, el legislador del PLRA cuestionó que hace rato viene presentando varios proyectos de Ley para reformar el sistema penitenciario pero que “nadie le da bola” y que recién se acuerdan de sus planteamientos cuando ocurren hechos lamentables, como el sangriento crimen entre reos en la cárcel de San Pedro.En esta ocasión Ortiz plantea un proyecto que declare en emergencia el sistema penitenciario y autorice al Poder Ejecutivo a impulsar la construcción de una cárcel de máxima seguridad en el Chaco mediante la modalidad de llave en mano, en un plazo de un año, con bonos de 10 a 15 años. “La idea es que los condenados vayan directo al Chaco, bien lejos, para descomprimir las cárceles, que el Estado solo les provea carne y que los delincuentes produzcan sus alimentos, y que los 3.000 condenados salgan a arreglar las rutas del Chaco. Actualmente las cárceles en las ciudades son un peligro”, manifestó.Así también sostuvo que desea que estas penitenciarías estén ubicadas en inmediaciones de un cuartel militar, de modo a que no sean un blanco fácil para los delincuentes que desean rescatar a los presos. Sostuvo que le encantaría además que sean los militares quienes asuman la responsabilidad en las cárceles, pero remarcó que la Constitución no lo permite. Es más, alegó que desea que se unan a la Policía y salgan a controlar las calles. “Tenemos una Fuerza Armada que está prácticamente al pedo y solo sirve para los desfiles; no tenemos posibilidad de una guerra. Me gustaría que haya una constituyente o referéndum para modificar y que sea útil la FF.AA. No tenemos plata para pegarnos el lujo de tener una FF.AA. expectante”, lanzó.	De los 35 decesos, 11 ocurrieron en accidentes de tránsito, en los cuales, ocho de las víctimas fatales son motociclistas. También se confirmaron 10 decesos durante el amotinamiento en la Penitenciaría de San Pedro del Ycuamandyyú, donde además hubo varios heridos.Igualmente hubo cinco suicidios, una muerte por aplastamiento y un hallazgo de cadáver, según el departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. En cuanto a los operativos, los uniformados detuvieron a 64 personas que contaban con órdenes de captura por cometer diversos delitos. Asimismo aprehendieron a 208 individuos sorprendidos al momento de incurrir en hechos punibles.