Este lunes, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia ordenó una auditoría de gestión jurisdiccional a los jueces Hugo Ríos, Gerardo Ruíz Díaz y Jorge Daniel Giménez.Dichos magistrados encontraron culpable a un hombre por abuso sexual de su hijastra de 7 años, pero resolvieron aplicar la sentencia con suspensión de la ejecución de la pena, es decir, el condenado no irá a prisión.La forma en que actuaron los jueces durante el juicio oral y público fue muy cuestionado, porque indicaron que “felizmente” la niña no fue violada (no hubo penetración) sino que solo abusada (sí la manoseó y eyaculó en su boca). Además calificaron de “mita’i porâ” al abusador y valoraron que dos personas hayan dicho que era una persona trabajadora. La Corte ordena auditoría al Tribunal de Sentencia de Paraguarí que sentenció a 2 años con suspensión al padrastro que fue hallado culpable de abusar sexualmente de su hijastra.	Arnaldo Cabrera, vocero de los sindicalistas, explicó que aguardan la intervención directa del Poder Ejecutivo para la reactivación de la planta de Acepar, para que 570 trabajadores recuperen sus empleos. “En campaña política el presidente se comprometió con los obreros de Acepar, pero vemos que se olvidó de su promesa, entonces tenemos que salir a las calles”, comentó Cabrera en entrevista con Universo 970 AM.Como medida de fuerza desde tempranas horas realizan cortes intermitentes frente a la sede de la Procuraduría General de la República, sobre la Avda. Mariscal López casi Venezuela, donde la circulación se torna lenta a consecuencia de estos bloqueos. Los sindicalistas acampan frente al edificio desde la semana pasada y uno de ellos inició una huelga de hambre. Otros manifestantes tomarán la misma medida en caso de que no reciban alternativas. Esta tarde los obreros se reunirán con el procurador Sergio Coscia, de quien esperan escuchar una alternativa.	“Lo único que pido es que se haga justicia. No puede ser que un violador esté suelto en la calle, a cualquiera le puede hacer, hasta a sus propias hijas”, señaló la mujer a Radio Monumental. “Siempre me amenazaba, me decía que si yo contaba algo o hablaba que les iba a poner a mis hijas en un hule negro… Me decía que les iba a matar y que así me iba a entregar. Yo estoy pidiendo socorro, nadie me ayuda, quiero traerles conmigo a mis dos nenas porque tengo mucho miedo”, denunció. Además, comentó que fue víctima de violencia, ya que el hombre habría intentado desfigurarle la cara y manifestó que realizó todas las denuncias en la Comisaría de Yaguarón. Explicó que tiene dos hijas de 7 y 9 años que viven con él y que sigue en la pelea por la tenencia de las pequeñas en el Juzgado del Menor de Yaguarón. “Yo no sé qué hicieron ellos, pero me volvieron a quitar a las criaturas. Ellas no están seguras con él”, sentenció.JUECES NO VAN A DISCULPARSE“No estaba la madre, no estaba la niña, ¿por qué nosotros vamos a pedir disculpas?” fueron las palabras del juez Hugo Ríos Alcaráz. Por su parte, el magistrado Jorge Giménez alegó que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y negó que haya felicitado al abusador. La madre de la niña de 14 años confirmó que ellas no se encontraban en la sala al momento de darse la sentencia, pero que su hermana y su cuñada estaban presentes.	El juez de Paraguarí, Hugo Ríos, justificó la baja condena a un abusador de su hijastra y sostuvo que en ningún momento lo felicitaron durante el juicio público, sino que le hablaban con un lenguaje más coloquial. Lo trataron de “mita’i porâ” y dijeron que “felizmente” no se comprobó que violó a la víctima.	En conversación con la radio 780 AM, el magistrado Hugo Ríos alegó que la causa en cuestión fue imputada, acusada y llevada a juicio oral y público en el marco de una ley que establece el abuso sexual de un niño con una expectativa de tres años de cárcel o multa. Justificó que no hubo penetración vaginal o anal en este caso, pero sí abuso sexual. “Acá no se le absolvió a nadie. No me arrepiento de lo que dijimos, porque todo fue advertencia severa al acusado”, dijo.De acuerdo a las pruebas arrimadas por el Ministerio Público, el tribunal resolvió que hubo abuso sexual sin coito, por lo que consideró darle únicamente dos años de cárcel con la suspensión de la condena. “Nosotros (los jueces) somos los autorizados para medir la pena, no las redes sociales y los comentarios después. Consideramos que obramos dentro de nuestras facultades. Somos jueces parciales e independientes. El Ministerio Público es el que debe demostrar su acusación. El juez no debe probar nada, solo se sienta a juzgar”, arremetió.Durante su justificación, alegó que muchas de las expresiones que dijeron durante la lectura de la sentencia fueron sacadas de contexto en los medios de prensa. En ese sentido aseveró que la víctima y sus familiares no estaban en el juicio público, por lo que en ningún momento se refirieron a la misma de manera directa. Sostuvo que su colega Jorge Giménez, presidente del tribunal, se dirigió al acusado para advertirle de sus acciones y no así felicitarlo, tal como se dio a conocer a la opinión pública. “Cuando dijo felizmente, no se refiere felicitando al acusado, sino que la niña víctima felizmente no fue dañada y ultrajada en sus partes íntimas. Advirtiéndole severamente al acusado. No se le felicitó, por Dios, no fue eso lo que pasó”, manifestó.“En casi todos los juicios usamos nuestro idioma guaraní y nos exigen utilizarlos porque administramos justicia en el campo. Si usamos términos técnicos, no nos haremos entender al condenado”, alegó respecto al calificativo de “mita’i porâ” que dijo Giménez al abusador. Otro de los magistrados incluso recordó en el juicio que el "kua león" (toqueteo en partes íntimas a las mujeres) no estaba penalizado antes y que era una costumbre. Al respecto, Hugo Ríos aclaró que “le estaba diciendo al condenado que los toqueteos y manoseos no eran penalizados por el sistema anterior, y que era costumbre en el campo, pero se le explicó que ahora ya es una conducta punible y que por eso se lo estaba condenando”.Mucha polémica generó esta sentencia del Tribunal de Paraguarí, al dar una condena de dos años de prisión con suspensión de condena a un sujeto que abusó de su hijastra pero que no irá a la cárcel y solo tendrá que cumplir ciertas reglas de conducta.