Roque Dagogliano fue imputado por el fiscal Yoan Paul López por el hecho punible de Lesión de Confianza. El hombre se desempeñaba hasta diciembre pasado, como gerente Comercial y Apoderado con Poder Especial de la firma farmacéutica Scavone Hermanos S.A. Esta empresa lo denunció por un perjuicio que rondaría los 16.000 millones de guaraníes.Según la imputación, el sujeto recibió mandatos específicos para que se presente a toda licitación o llamado relacionados a productos elaborados por la firma. Sin embargo, durante varios años, Dagogliano formó parte activa y principal de un grupo de personas que estructuró y dirigió empresas del mismo rubro que la farmacéutica, a quienes favoreció en perjuicio de su propia mandante. Se trata de BILAC S.A. EUROTEC S.A. y INSUMOS MÉDICOS S.A. Es más, según se sospecha, vendió a las empresas citadas gran cantidad de medicamentos caros a un precio muy inferior a lo establecido, para que estas tres firmas participen en licitaciones públicas ofertando y proveyendo productos de Scavone Hnos. S.A.El exgerente de la firma fue acrecentando su patrimonio. Llegó a declarar a la Subsecretaria Tributación (SET) un monto 63 veces superior a sus ingresos reales.MISMO MODUS OPERANDIEl exgerente comercial de Laboratorios Éticos CEISA, Carlos Alberto Borrell Maneglia, también fue imputado por el hecho punible de lesión de confianza, por un supuesto perjuicio de G. 3.505 millones a dicha firma.Según la imputación del fiscal Christian Roig, este hombre tampoco decidió ofertar los productos en las licitaciones, sino que venderlos a terceras empresas que también estaban vinculadas a él. Se trata de Bilac SA, Eurotec SA, Neurogen SA, e Insumos Médicos SA. Así también, el patrimonio de Borrel Maneglia fue incrementándose exponencialmente con el correr de los años, de acuerdo con la investigación fiscal.	“Las movilizaciones son reivindicaciones sectoriales, los distintos sectores que componen nuestra sociedad se movilizan por sus derechos. Yo no veo que haya mano política”, declaró el senador liberal. Reconoció que la situación económica actual sí amerita que se den las manifestaciones de los diferentes componentes sociales del país. “Hay una realidad que no podemos obviar: un tercio de la población sigue viviendo en la extrema pobreza y las políticas de contingencia que tenemos son políticas parche”, aseguró y sostuvo que hasta el momento, ninguna apunta a disminuir realmente esa situación. Colorados oficialistas denunciaron ayer que la intención de insta­lar hechos de violencia en el Paraguay por parte de sectores políticos de izquierda y organizaciones no gubernamentales.	La doctora María Fátima Bastos es la imputada por omisión de auxilio en el caso de la muerte de Renato Rojas Talavera que hasta ahora recibió las medidas sustitutivas a la prisión. Mientras que el doctor José Manuel Ovando no se presentó a la audiencia y Oscar Cabrera apeló su imputación.	La doctora María Fátima Bastos, una de las tres imputadas por el hecho de omisión de auxilio recibió medidas alternativas a la prisión por parte de la jueza Lici Sánchez. Bastos tiene prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio además, debe comparecer de forma mensual ante el juzgado.Sánchez afirmó que por el hecho punible la expectativa de pena no supera un año y corresponde una aplicación de multa como medida sustitutiva, indicó en contacto con Universo 970. En tanto el médico José Manuel Ovando no se presentó a la audiencia de imposición de medidas y Óscar Cabrera apeló su imputación. Las fiscales Sara Torres y Natalia Silva Fiscalía imputaron a los tres médicos por el hecho de omisión de auxilio en el caso de la investigación de la muerte del niño Renato Rojas Talavera de dos años, hecho ocurrido el 20 de agosto pasado en el servicio de Urgencias del sanatorio Migone.	La Asociación de Vendedores Ambulantes exige abordar los buses para la venta como lo hacían antes de la llegada de las unidades diferenciales. Con un proyecto de ley pretenden contar con credenciales identificatorias, abonar un arancel mensual de G. 40.000 y recibir capacitación laboral de parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad.	A través de un proyecto de ley, los 1800 integrantes de la Asociación de Vendedores Ambulantes en Asunción y otros 3000 en Gran Asunción pretenden tener acceso a las unidades de transporte público y exigen que se les permita subir a los buses para vender sus productos.El proyecto que consta de ocho artículos incluye entre otras medidas un registro de vendedores ambulantes que incluya los datos y contacto del beneficiado. Incluye la opción de pagar una credencial mensual por valor de G. 40.000 para tener vía libre. El proyecto alcanza también a promotores y artistas y señala que podrán permanecer en una unidad hasta dos vendedores al mismo tiempo.Los vendedores se encuentran apostados frente al local de Cetrapam donde exigen que el proyecto, presentado hace dos años, sea revisado. Consideran que sufren discriminación desde que llegaron los buses diferenciales con los que prácticamente quedaron sin posibilidad de subir para vender. En contacto con Universo 970 señalaron que los usuarios no se quejan de ellos ya que son los que al final compran sus productos.Además solicitan que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad los incluya a los trabajadores independientes en capacitaciones permanentes, mejora e inclusión laboral con la emisión de certificados a los participantes. El proyecto fue presentado por el senador Paraguayo Cubas.