Concepción Giménez, vocera de los manifestantes, explicó que los gremios de odontólogos y bioquímicos se unieron para exigir un dictamen favorable a la Comisión de Hacienda, respecto al proyecto que modifica el régimen de jubilación y que será estudiado este miércoles en Cámara Baja, en el punto número cinco del orden del día. El planteamiento estipula 25 años de aporte con 55 años de edad, para el 90 % de la jubilación y 30 años de aporte con 60 años de edad para 100 % de la jubilación y 65 años de edad para el retiro obligatorio. “Según la ley actual tenemos que hacer 40 años de aporte para poder jubilarnos, como la odontología y la bioquímica con ramas de salud son seis años de estudio, más tres o cuatro de especialidad, más, entrar como contratados, entonces muy tarde de nos nombre en el Ministerio”, argumentó Giménez.Añadió que debido a esto, recién desde los 30 a 35 años comienza el pago del aporte jubilatorio, por lo que no alcanzan la edad, ni la cantidad de años para una jubilación digna. Este mismo régimen ya fue aprobado en Cámara de Diputados el pasado 3 de abril, pero únicamente para los médicos, pues cada gremio depende de una caja diferente. Esta ola de pedidos de “jubilación” digna podría generar desequilibrio y desigualdades, teniendo en cuenta que todos los gremios comenzarán a solicitar la reducción de los años para retirarse. El Ministerio de Hacienda ya advirtió que solamente la jubilación de los médicos provocará un gran agujero, con un déficit fiscal en torno al 3,5 % del PIB, es decir, 1.400 millones de dólares. Salud, educación, seguridad, protección social, conectividad forman parte de las prioridades del Gobierno para el Presupuesto General de la Nación del próximo año. El gasto corriente primario no podrá ser superior al 8 % en comparación al plan actual.	para obras y servicios desde que inició el nuevo Gobierno. Al respecto, confirmó que tan solo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) actualmente se encuentra licitando para llevar a cabo nuevos trabajos en distintos frentes.El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, fue consultado sobre este tema y manifestó que actualmente cuentan con varias licitaciones en curso, entre ellas de algunas construcciones que se llevarán a cabo mediante préstamos internacionales.Por otro lado, mencionó que aún siguen preparando otras licitaciones que tienen que ver con el mejoramiento de hospitales debido a su complejidad y envergadura, además de que se deben realizar ciertos ajustes a los diseños ejecutivos.Gracias un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se podrá concretar la construcción de nuevas Unidades de Salud Familiar (USF), según afirmó el titular de la cartera sanitaria. Algunas de ellas ya se construyeron en el periodo pasado y otras durante el transcurso de este ciclo.Entre este y el próximo mes se estarían convocando a licitaciones para erigir otras 60 nuevas USF en distintos puntos del país, confirmó Mazzoleni durante la entrevista radial. En lo que va del año ya se ejecutaron unas 37 Unidades de Salud Familiar. Entre algunos de los hospitales que serán beneficiados con estas licitaciones se encuentran los de Coronel Oviedo, Barrio Obrero y Caaguazú. Cada uno de ellos tiene plazos de presentación distintos -indicó el ministro- debido a los ajustes y correcciones que implican.	La bancada liberal defiende hoy ante la comisión de Hacienda, el presupuesto para la implementación de las urnas electrónicas, como parte del proyecto de desbloqueo de listas sábanas.El alquiler de cada urna cuesta 2.600 dólares y para cada comicio se requieren entre 25 a 30.000 urnas, es decir, unos 65 millones de dólares, según confirmó el senador liberal Fernando Silva Facetti. “La urna electrónica que podríamos usar es la que imprime el voto”, comentó Facetti en entrevista con la 970 AM y recordó que el artículo 118 de la Constitución Nacional establece que el escrutinio es público, es decir, el momento del conteo debe poder verse.De esta manera se registraría una doble seguridad, pues las papeletas deberán coincidir con los dispositivos electrónicos. Otro planteamiento que también surgió pero que no parece tener posibilidades de prosperar es el voto biométrico, que pretende evitar el uso incorrecto de las cédulas ajenas . Si bien dicha tecnología pose muchas garantías, el inconveniente pasa por los costos y las complicaciones para los miembros de mesa.	La pobladora Dolores Marecos manifestó que se prevé destinar la suma de 5.000 millones de guaraníes a la ampliación del palacete municipal y techado del polideportivo de la zona.En entrevista con la 970 AM señaló que consideran que es mejor que ese dinero proveniente del bono estatal sea destinado a obras de infraestructura, específicamente caminos de todo tiempo.Criticó que la prioridad de las autoridades es refaccionar el palacete, siendo que hace cuatro años los lugareños reclaman por caminos transitables, con desagüe pluvial, en los días de lluvia. La ciudadana amenazó con cerrar la Ruta Traschaco si es que nuevamente no reciben respuestas.