Hablar de informalidad laboral es hablar de la falta de oportunidades y por supuesto de pobreza. En estos días el Banco Mundial (BM) hizo público su informe sobre el desarrollo mundial 2019, denominado: La naturaleza cambiante del trabajo. Este año nuestro país fue ubicado entre los países con el mayor nivel de empleo informal entre las economías de ingreso mediano alto, al presentar una tasa del 71 % en este indicador.	El origen de la informalidad surge de la ansiedad que tienen las familias por superar su situación de pobreza, para paliar esa situación buscan actividades que puedan generar ingresos para sustentar su vida, pero por una serie de factores lo hacen sin poder participar de los derechos plenos del trabajo asalariado. En Latinoamérica, Brasil tiene una presencia del empleo informal en alrededor del 36%, en México la incidencia llega al 57% y en Paraguay se registra una tasa del 71%. La falta de protección social para los trabajadores debe ser motivo de preocupación del Estado en general, porque la informalidad laboral de la que participan un gran número de personas, normalmente se registra en empresas que se mueve en el sector informal, con escaso acceso a la tecnología. Aunque también las que funcionan dentro de la formalidad pero que incumplen con los derechos de los trabajadores. Los más pobres deben ser la prioridad del Estado, para ello se requiere con urgencia iniciar el debate necesario para mejorar la seguridad social, una que considere a todos, en especial a los mas carenciados. Para el efecto se requiere modernizar la legislación, que considere los nuevos tiempos y los desafíos que imponen las tendencias globales actuales, especialmente las relacionadas con las plataformas digitales de negocios. La nueva seguridad social que debe adoptar el país no puede depender enteramente de brindar un empleo formal asalariado, sino que también debe complementar con asistencia social, y trabajar a la par con la mejora de la educación de los jóvenes y niños, que son la futura fuerza productiva. Resulta sorprendente que la informalidad se mantenga estable a pesar del crecimiento económico del país. La informalidad y la falta de protección social para los trabajadores deben ser motivo de prioritaria preocupación del Estado paraguayo en General y del Gobierno nacional en particular, si quieren que sus administraciones sean el punto de inflexión en la historia nacional.	En las últimas semanas la ministra Karina Gómez, de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), se negó a reconocer la vigencia plena de la Ley 5282/14 de “Libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”. Finalmente, la Secretaría Anticorrupción (Senac) recomendó que se publique la información, sobre el arriendo de la quinta de Reinaldo “Cucho” Cabaña, ahora podremos saber ¿Porque se benefició con la transacción a Miguel Ayala y no a otro?, ¿Cuál fue el mecanismo del llamado a concurso?, etc. Si estos, entre otros datos, no son revelados de forma fehaciente se confirmaría que algo huele mal en la Senabico.	Inexplicablemente la ministra Karina Gómez se encapricho en negar información pública sobre el arriendo de la quinta de Reinaldo “Cucho” Cabaña, ensayó una serie de excusas que iban de ridículas a descaradas, grave error considerar que la opinión pública es fácil de convencer. Finalmente, la Secretaría Anticorrupción (Senac) recomendó a la ministra Karina Gómez hacer públicos los datos sobre el contrato de alquiler de la mansión de Reinaldo Cabaña, así como el nombre del contratante y otros detalles. Poniendo fin al “secreto de Estado”. Ahora es importante saber cuál fue la metodología aplicada para haber beneficiado a Miguel Ayala - propietario de una casa de repuestos en la ciudad de Capiatá- para usufructuar el bien comisado a “Cucho” Cabaña. ¿Por qué Ayala y no otro?, ¿Cuál fue el mecanismo del llamado a concurso?, etc., entre otras preguntas que deben ser respondidas por la ministra Karina Gómez, con toda la transparencia que corresponde. Queremos adelantar, que resulta muy llamativa, por decirlo menos, la adjudicación a dedo a favor de un ciudadano - Miguel Ayala- por recomendación de un cliente inició los trámites para arrendar el establecimiento construido a semejanza de la legendaria Hacienda Nápoles, propiedad del fallecido traficante Pablo Escobar Gaviria. Asimismo, queda latente los cuestionamientos de la defensa de Cabaña sobre el uso mismo de sus bienes por parte de Senabico sin que exista aún una condena firme en su contra.La función pública cumple un servicio para su mandante, la ciudadanía y los funcionarios desde el presidente de la República hacia abajo tienen la obligación de transparentar su gestión, con la sola excepción de información que pueda afectar la dignidad, privacidad, la intimidad doméstica y la imagen privada de personas o familias. Es perder el foco creer que al ser funcionario público – presidente, ministro, director, secretaria, etc.-, sos el dueño del cargo o de la institución y puedes manejarte en virtud de tus intereses particulares. La Ley de Transparencia está vigente desde el Gobierno de Horacio Cartes, se va convirtiendo en parte de la cultura nacional, en la función pública es cada vez más activa, y es una obligación que tienen las fuentes públicas de poner a disposición de cualquier persona la información pública en todo momento y en forma tal que esté siempre actualizada y sea accesible y comprensible para todos. Lo público debe ser público.	Después de varios muertos por el mal del dengue y cientos de infectados, parece que el combate a los criaderos de los mosquitos Aedes aegypti, transmisor del dengue, es una lucha histórica perdida, lo lamentable es que la limpieza de los criaderos es una responsabilidad ciudadana. La creciente cantidad de infectados con el mal, y el aparecimiento del peor serotipo, el DEN-2, ponen en alerta a los organismos encargados, que poco pueden hacer ante una ciudadanía irresponsable con su propia salud.	Un titular en diversos medios intencionales de comunicación es: Paraguay en alerta por el brote de dengue más letal de todos. La frase no es poca cosa, sus efectos van desde el más lógico, que es la afección de la salud de la población, hasta los económicos por que ahuyenta a turistas u otro tipo de visitantes. Aquí debemos reconocer que los esfuerzos de los diferentes gobiernos son plausibles, sin embargo, la ciudadanía no esta a la altura de las circunstancias.El mal del dengue trae el riesgo de una epidemia nacional. En todos los distritos revisados por el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo de Paraguay (Senepa) se detectó una tasa de criaderos positivos superior al 4%, cuando la cifra idónea debería estar por debajo del 1% para impedir la aparición de brotes. En otras palabras, si los ciudadanos no limpiamos nuestros patios, baldíos, balcones, y todo lugar donde, por mínimo que sea, recoja agua, es decir sino eliminamos estos criaderos, corremos el riesgo de tener una epidemia importante a nivel nacional.Desde el Estado, los diferentes gobiernos invirtieron millones de guaraníes, esfuerzo, tiempo y otros recursos para lograr la concienciación ciudadana sobre la importancia de limpiar los criaderos del mosquito, trabajo que solo toma 10 minutos diarios, para revisar los puntos de la casa que puedan ser potenciales focos de criaderos, en particular los recipientes con agua, como baldes, bebederos o caños, tapitas de botellas, etc. Sin embargo, la respuesta de la población es la desidia.Paraguay, a la fecha, registra un aumento de los casos de arbovirosis, y desde comienzos de este año se registraron en el país 60 casos positivos de dengue y seis de chikunguña. El principal foco está en el departamento de Alto Paraná, donde el número de infectados ya llega a 55.El país sufrió en el 2013 la peor epidemia de dengue de su historia, con 150.000 casos registrados y 252 muertos en un país de 6,7 millones de habitantes. Al actual crecimiento de los casos se suma la aparición del serotipo DEN-2, es uno de los que más vidas cobró en años anteriores. Cuando se habla de combatir al mosquito transmisor del dengue, la salud de todos está en manos de todos, porque para frenar de manera efectiva la propagación del virus se necesita un compromiso ciudadano para a eliminar los criaderos, cada familia debe recorrer por lo menos 10 minutos cada día y eliminar los criaderos, sobre todo luego de las lluvias, esto si queremos evitar males peores.	La oposición al Gobierno, tal como la vivió el país en los últimos cinco años, parece que se fue de vacaciones desde pasado 15 de agosto. Cesaron las críticas y las acciones irracionales contra el gobernante, así como el desprestigio a los proyectos, entre otros sapos que disparaban diariamente. En los últimos seis meses esa “recia” oposición se volvió soft (blanda), con un discurso casi inexistente, que no ve errores en la gobernanza de la nueva administración.	Los detractores políticos y mediáticos de siempre, en los últimos seis meses tienen poca participación a pesar de la existencia de casos críticos suscitados en la gestión abdista como: la “seccionalización” de la función pública; el nombramiento de escombros y reciclados en altos cargos; la pérdida de las relaciones con Israel; la amistad del Gobierno con países acusados de favorecer al terrorismo; la presencia de menores en el Servicio Militar Obligatorio; las irregularidades en la gestión de varios entes gubernamentales, negociados en contratos con el Estado; los favores a los amigos privilegiados del entorno presidencial; las constantes críticas a la prensa nacional; la carcajada irónica del mandatario sobre la sangre de las víctimas de la dictadura, entre otros tantos desaciertos.El silenció de los “recios” opositores no obedece a que toda va bien en el país, sino a acuerdos establecidos entre ellos y el poder coyuntural que ahora está en el Gobierno, obviamente nada es gratis. El más claro ejemplo de los pactos de silencio se reveló el 22 de agosto del año pasado, la senadora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP) en una entrevista con radio Ñanduti reconoció que hizo un pacto con Mario Abdo Benítez (ANR), luego de que resultase victorioso de las elecciones generales disputadas en abril del 2018. Le prometió que no iba a cuestionarlo en la designación de su gabinete, y por los hechos tampoco lo cuestiona en otras situaciones. El pacto entre Desirée Masi y el actual mandatario, para no criticar a este último, puede haberse replicado con los restantes “recios” opositores del último quinquenio, esto puede evidenciarse en la casi nula crítica de ellos al actual Gobierno, por supuesto nada es gratis. Ahora se entiende por qué las voces de los opositores gubernamentales a Cartes parecen estar en modo “mute” con Mario Abdo: Desirée Masi y su esposo Rafael Filizzola (PDP), Efraín Alegre (PLRA), Salin Buzarquis, Katia González (PEN), Luis Alberto Wagner (PLRA), Guillermo Duarte (PDP), entre otros. A pesar de los abultados desaciertos y escándalos acumulados por el nuevo Gobierno en sus primeros seis meses de gestión, muy poco o nada, se les escucha reprochar al nuevo mandatario y su gestión. Esa “recia” oposición que hoy guarda un silencio pactado, durante los últimos cinco años se enfocó en golpear al ex Gobierno en busca de dividendos políticos, fue una oposición enceguecida, irracional, “denuncióloga”. Nunca miraron la gestión que arrojó resultados positivos, tan buenos fueron que aún hoy el nuevo Gobierno sigue inaugurado obras heredadas obteniendo réditos mediáticos y políticos con los proyectos y programas establecidos durante el cartismo. La famosa tregua de los 100 días para no oponerse a la gestión de un nuevo Gobierno, en el caso de la administración de Mario Abdo ya terminaron. La oposición política en democracia es sana para todo Gobierno, en tanto sea racional, objetiva. La oposición política en democracia es sana para todo Gobierno, en tanto sea racional, objetiva. Terminaron los 100 días de tregua al Gobierno abdista, pero aún no se escucha con fuerza la necesaria voz disonante, equilibrada, como un servicio público que le prevenga a tiempo al mandatario antes de caer en la mala o ausente gestión o en las garras de la corrupción.