El senador Víctor Ríos, secretario de la bancada B del PLRA, consideró que las publicaciones de la fecha en diferentes medios de comunicación, que revelan las conversaciones entre Mario Abdo Benítez y Pedro Ferreira, confirman la responsabilidad del mandatario en la firma del acta.“No hay más nada que discutir, hay una responsabilidad directa del presidente, él estaba informado paso a paso de todo cuanto se conversaba y se negociaba”, comentó Ríos en entrevista con radio UNO. Aseguró que solamente los ingenuos y los cómplice del presidente son los que trataron de desviar la atención y de convencer a la ciudadanía de que el vice era el único culpable era el vice. El legislador liberal se ratificó en su postura de impulsar el juicio político contra el primero y el segundo del Ejecutivo, bajo el argumento de una “traición a la patria”. De hecho el pedido se presentará este martes a las 11:00. El senador reconoció que hoy en día no hay votos para acompañar esta iniciativa, pero advirtió que en política el ambiente es muy cambiante, tal como ocurrió el jueves pasado, cuando hasta las 8:00 de la mañana había números, pero minutos más tarde una bancada se retiró.	Mañana miércoles a las 14:00 deberá presentarse ante el Ministerio Público para su declaración indagatoria, el hasta ahora ministro de Hacienda, Benigno López, quien anoche puso su cargo a disposición. El fiscal Marcelo Pecci habló con la 730 AM y aclaró que la convocatoria a López es total y absolutamente independiente a que continúe o no como secretario de Estado.De esta manera, López se convierte en el tercer convocado por la Fiscalía, después de el ingeniero Pedro Ferreira y el joven José Rodríguez, quien se presentó como asesor del vicepresidente de la República. “La declaración testifical en etapa preparatoria no constituye una prueba, la única testifical que se considera prueba es la que se brinda en juicio”, aclaró el fiscal Pecci y detalló que ahora se ocuparán de contrastar las declaraciones de Ferreira y Rodríguez, ya que el abogado proporcionó otros detalles que no dio el ingeniero.	La instalación de las casetas de guardias de seguridad privada, las ubicadas en las paradas de taxis y los baños portátiles en la vía pública deben contar con permiso municipal y a través de una pedido de informe desde la Junta Municipal se solicitó además que sean retiradas si no cuentan con al autorización correspondiente.El pedido fue hecho a través de una minuta presentada por la concejala Elena Alfonsi y responde a que estas instalaciones ocupan veredas y paseos centrales de al ciudad y que corresponde como espacio para el desplazamiento peatonal.“Esta situación que además de ser totalmente irregular en la gran mayoría de los casos, representa un peligro para el transeúnte, que se ve obligado a bajar de la vereda y caminar por la calzada como consecuencia de la instalación de las mismas en un espacio que está expresamente destinado al uso exclusivo de peatones”, menciona el documento. Señala que todos los comercios privados, centros comerciales, bancos, propietarios de viviendas, paradas de taxis que tengan instaladas casetas o baños privados ya sea con fines de seguridad privada o no sin contar con el previo permiso municipal se encuentran en contravención a la Ordenanza 217/12 en el capítulo V, a la Ordenanza 479/10, Reglamento General de Tránsito en su capítulo I, y la Ley Nº5016 de Tránsito.	El ministro Benigno López aseguró a la radio 970 AM que únicamente puso a disposición su cargo y no fue una dimisión propiamente. “No hay renuncia. Lo que hablamos con el presidente (Mario Abdo) es que en este momento de crisis, puede disponer de mi cargo, sí considera que esa es una solución”, alegó.En otro momento indicó que su viaje al Brasil en el mes de mayo, fue para participar de un foro de la organización LIDE, desmintiendo así que haya participado de negociaciones de Itaipú Binacional (Ande-Eletrobras). “Ni negocié ni nada. Es fácil hacer la denuncia mediática. No tengo ninguna participación en la venta en Brasil. Es totalmente falso, no tengo nada que ver”, mencionó López.El 24 de mayo del 2019, Hugo Saguier Caballero y Pedro Miguel da Costa e Silva, embajadores de Para­guay (en ese entonces todavía lo era) y Brasil, respectivamente, acordaron un “Acta bilateral relativa a la contratación de potencia de la Usina Itaipú” hasta el 2022. Este acuerdo se realizó bajo absoluto secretismo y recién con la renuncia del titular de la ANDE, Pedro Ferreira, salió a luz meses después.Desde el Poder Ejecutivo se alegó desconocimiento de la negociación que hubo por detrás, que habría tenido como uno de los articuladores al propio vicepresidente Hugo Velázquez, quien junto a Mario Abdo se encuentra en la cuerda floja, por pactar contra la ANDE, a favor de un grupo empresarial brasileño.Sin embargo, el propio mandatario Mario Abdo enviaba a su hermano, el ministro de Hacienda, Benigno López, al Brasil para negociaciones en materia energética. El 11 de marzo de este año firmó un decreto donde autorizaba el viaje de su familiar a San Pablo, para participar de un encuentro con el gobernador Joâo Doria y empresarios de ese país, y también para que lo acompañe durante su visita a Brasilia. Posteriormente, el 3 de junio del 2019, el jefe de Estado de vuelta autorizó a su hermano a viajar a Brasilia. El motivo esgrimido es que se trataba de una “misión oficial”.