Los medios argentinos informaron que el almuerzo fue el domingo al mediodía en el camping Apepú de Santo Pipó y tenía como motivo celebrar la Independencia y el Día de la Madre en Paraguay. La persona fallecida fue identificada como Paula Ptaszenczuk (77), integrante de una familia tradicional de la localidad, por lo que su deceso causó hondo pesar en la comunidad.Otras 30 personas presentaron malestar, de las cuales cuatro fueron derivadas y están internadas en Emergencias del Hospital Escuela Ramón Madariaga de Posadas.“El domingo participamos con mi esposo del almuerzo, éramos unas 150 personas y al menos la mitad terminó con síntomas de intoxicación”, indicó Mabel Cáceres, intendenta de Santo Pipó. “La mayoría está siendo atendido y podríamos decir que fuera de peligro”, dijo. Sobre el evento, Cáceres comentó a Misiones Cuatro que el asado se realizó en el marco de la Fiesta de la Familia Paraguaya, evento que se realiza desde hace tres años en Santo Pipó. “Es un grupo de amigos que organiza, se paga una tarjeta y se hace un almuerzo en homenaje. No hubo ningún servicio de catering, los organizadores se encargaron de todo”, señaló. “El asado terminó muy mal con mucha gente intoxicada. Evidentemente había algún alimento en mal estado”, afirmó reveló que en el almuerzo se ofreció carne asada, chorizo, ensalada rusa, mandioca y torta de postre. “Yo consumí sólo carne y no tuve los síntomas”, contó.	La declaración de emergencia es por 90 días, tanto para Asunción como para los departamentos de Ñeembucú, Central, Itapúa, Misiones, Guairá y San Pedro.El planteamiento sancionado va al Poder Ejecutivo para su promulgación y solo se espera la firma del presidente Mario Abdo Benítez.De manera paralela se aprobó una ampliación presupuestaria de G. 7.500.000.000 para la Gobernación de Ñeembucú. Este punto fue remitido a la Cámara de Senadores. La ampliación presupuestaria también se aprobó para la Gobernación de Misiones, con un total de G. 5.000.0000, a fin de atender a los ocho distritos de este departamento. Otra ampliación fue otorgada a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), a fin de completar la asistencia a los demás departamentos, sin embargo, no se especificó el monto.	Roberto Almirón, presidente de la Federación de Camioneros Autónomos del Paraguay, sostuvo que falta voluntad política para mantener el precio del combustible, porque el margen de ganancia es muy grande. “Solo quieren generar ganancias con los entes privados, prácticamente Petropar se volvió ente privado, dejando la regulación del precio a los emblemas privados”, dijo en charla con la radio 970 AM.El representante del sector mencionó que cerrarán las rutas internacionales. "Nosotros a nivel país nos estamos uniendo, la idea es parar el Paraguay, todos estamos parados, no da para continuar. No podemos seguir por el precio del flete no cuadra. Vamos a sentirnos obligados a nivel país, salir en las rutas”, añadió.Almirón indicó que cuentan con el apoyo de varios sectores, como la federación de taxistas, y pidió que la ciudadanía haga lo mismo.	“Se acaba de chicanear la ley antichicana .. lástima que no podemos declarar en emergencia a la justicia para que podamos entender lo importante que es que funcione la justicia. Sin estado de derecho y castigo a los delincuentes no vamos a salir adelante”, escribió la diputada Rocío Vallejo en su cuenta de Twitter.La patriaqueridista presentó el proyecto de ley que modifica el artículo 57 de la ley 1.280, del Código Procesal Penal, una planteamiento conocido como “antichicana”.En la sesión extraordinaria de ayer, el proyecto fue derivado a una Comisión de Reforma Judicial, por 38 votos. Algunos de los puntos que plantea el proyecto son:Que el fiscal recusado continúe trabajando en la causa, mientras se tramite dicha recusación, es decir, mientras el juez confirma o rechaza el pedido.Que la Fiscalía General del Estado sea la que determine qué agente se encargará de la investigación, en lugar de recurrir a la Corte Suprema de Justicia, considerando que el Ministerio Público es una institución autónoma y autárquica, que jamás se inmiscuye en las decisiones del Poder Judicial. Que los únicos con derecho a recusar sean la víctima y los imputados que no se encuentren en estado de rebeldía.