“Nosotros hemos planteado que el Gobierno tiene que paliar todos los enseres y perjuicios que causó a estas familias”, manifestó el senador por el Frente Guasu Sixto Pereira.El legislador hizo esas declaraciones tras la reunión con la Comisión de Asuntos Departamentales del Congreso, a la que acudieron el ministro de Vivienda, Dany Durand, y el de Desarrollo Social, Mario Varela.Pereira dijo al término de la reunión que Durand y Varela se refirieron a la presentación de una propuesta sobre tierra y vivienda en una semana, y añadió que desde su bancada se pidió también reparación a los afectados.El senador añadió que desde su bancada se propuso la “compra directa y o expropiación” de ese predio del que fueron desalojados, con una extensión de unas 50 hectáreas.Pereira insistió en que el caso del desalojo de Luque no es aislado, ya que en esa ciudad existen doce asentamientos fruto del éxodo del campo a entornos urbanos.“Hay una expulsión acelerada de compatriotas del campo a la ciudad. Eso no se puede minimizar, más de 1.000 asentamientos, más de 1.000 situaciones de falta de tierra a compatriotas en el Departamento Central”, agregó.Además, culpó al Gobierno de Mario Abdo Benítez por la “brutal represión” y su falta de “política de sensibilidad” ante una “situación grave y delicada”.	Esa declaración se tomó como una alusión a la situación de Juan Arrom y Anuncio Martí, acogidos en Brasil como refugiados, un estatus que el Gobierno Nacional pidió que sea retirado para dar lugar a un proceso de extradición.Se trata de dos exdirigentes del Partido Patria Libre, que están procesados por la Justicia de Asunción por un secuestro ocurrido en 2001, un asunto que, fue tratado durante la reunión que Bolsonaro ha tenido con Abdo Benítez, que realiza una visita oficial a Brasilia.La semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Castiglioni, admitió que la respuesta que el Gobierno espera de Brasil en relación al estatus de Juan Arrom y Anuncio Martí genera “mucha ansiedad” y optimismo.Arrom y Martí fueron procesados por la Justicia paraguaya por su presunta implicación en el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi, que fue liberada a cambio de un millón de dólares.Antes del juicio, los dos acusados desaparecieron y fueron liberados con signos de tortura, en un caso que provocó la renuncia de dos ministros y de tres jefes de la policía.Posteriormente huyeron a Brasil, que en 2003 les otorgó el estatus de refugiados políticos.Actualmente, Paraguay está siendo juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la presunta responsabilidad del Estado en las posibles torturas que denunciaron los dos dirigentes. En Brasil, la decisión final sobre la anulación del estatus de ambos ciudadanos no depende directamente del Gobierno de Bolsonaro, sino de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia pero está integrada también por organismos humanitarios y de la sociedad civil.	“Estamos unidos en defensa de la democracia”, porque “ahora es Venezuela, pero mañana puede ser cualquier otra nación”, declaró Abdo Benítez en el Palacio de Planalto, sede del Gobierno brasileño, donde fue recibido por Bolsonaro.Según el mandatario nacional, “no es momento de mantenerse indiferentes ante los verdaderos desafíos” que tiene la región, uno de los cuales es la “defensa de la democracia y de los valores”.Abdo Benítez agregó que en Sudamérica es necesario “fortalecer las instituciones”, a fin de que “las democracias puedan prosperar” y evitar así que la región sea un “terreno fértil para el populismo y la demagogia”.La situación de Venezuela también fue abordada en una declaración conjunta difundida por ambos Gobiernos una vez concluida la reunión entre Bolsonaro y Abdo Benítez.El documento dice que los mandatarios “constataron la sintonía de visiones, ideales y valores entre Brasil y Paraguay con respecto a los esfuerzos conjuntos para la promoción de la vigencia del Estado de derecho y la democracia en Suramérica”.En ese marco, añade que Bolsonaro y Abdo Benítez “reiteraron su firme compromiso de seguir apoyando al pueblo venezolano y al Gobierno del presidente Juan Guaidó en su proceso de transición rumbo al restablecimiento de la democracia en Venezuela”.	“Estoy muy contento. Siempre estuvo en duda de que fui yo”, dijo Aquiles Báez luego de conocer la noticia de su absolución de la causa que afrontaba por supuestamente incitar a agredir a hinchas de Olimpia en un audio de Whatsapp; por lo que el Tribunal no pudo constatar su autoría.El abogado defensor del exfutbolista, Diego Tuma, explicó que inicialmente había recibido una condena de 4 años y medio,, pero fue anulada en una segunda instancia.“La lucha fue hasta el final y conseguimos la absolución que era lo que buscábamos desde el inicio”, manifestó el abogado Tuma.Carlos Báez lleva actualmente un año y medio en prisión, ya que recibió una condena de 3 años y medio en el marco del hecho en que había agredido a un hincha del Club Nacional durante un encuentro de fútbol.El abogado indicó que harán el procedimiento correspondiente para que Báez salga pronto de prisión.