Petróleos Paragua­yos (Petropar), bajo la administración de Patricia Samudio, adjudicó dos millonarias licitaciones para la compra de combustibles por un total de G. 186.706.280.000 a la firma Sol Petróleo SA, empresa cuyos datos cuentan con serias sospechas de irregularidades, entre ellas la fecha de constitu­ción. Esto consta en un informe realizado por el propio comité de evaluación de la institución.	Sin embargo, dicho informe, en el que se hace mención a los requisitos que según ellos no cumple Sol Petróleo, pero que de igual manera ya es pro­veedor de Petropar, se realizó para una tercera licitación a días nada más de haber con­cretado los primeros dos con­tratos. Llama la atención que para los concursos anterio­res no hubo ningún cuestio­namiento, es decir, Sol Petró­leo pasó todos los filtros hasta ganar la licitación, pero en esta última quedó descalificada.Según el portal de la Direc­ción Nacional de Contratacio­nes Públicas (DNCP), una de las licitaciones adjudicadas a la firma en cuestión fue la Nº 360.865, para la adquisición de gasolina Ron 91; la apertura de ofertas se llevó a cabo el 16 de setiembre de este año (2019) y el monto total del contrato asciende a G. 61.903.600.000; la otra es la Licitación Nº 360.947, para la adquisición de gasoil; la apertura de ofertas se realizó el 19 de setiembre de este año y el valor adjudicado fue de G. 124.802.680.000, totalizando así G. 186.706.280.000.Recién en la Licitación Nº 361.084, para la adquisición de gasolina Ron 91 (2do. lla­mado), es que se detectaron las irregularidades. Fue mediante las observaciones presenta­das por representantes de la empresa Trafigura Pte. Ltd., que finalmente fue adjudicado con el contrato por valor de G. 90.624.000.000.Entre los cuestionamientos a Sol Petróleo –según se deta­lla en el informe– están la falta de estados financieros, no presentó dictamen de una firma auditora, no presentó documentos de patrimonio neto, no presentó constancia de operaciones comerciales durante los años 2016, 2017 y 2018, sin manera de revisar la experiencia en volumen. No hay documento autenticado que acredite la constancia de operación. Además, el año de constitu­ción en una de las hojas indica el 16 de febrero del 2011, pero en otras de las hojas indica que el 1 de agosto del 2003 Sol Petróleo ya suscribió un con­trato con el Estado; también menciona el documento que en hojas siguientes, la firma tiene soporte de operaciones con cartas del 2003 y el 2018, pero la misma todavía no estaba constituida.	El percance sucedió alrededor de las 5:00 de esta madrugada sobre Eligio Ayala y Caballero, según confirmaron efectivos policiales a Universo 970 AM .De acuerdo con los datos recabados, la camioneta Nissan circulaba por la calle Caballero y no respetó la luz roja del semáforo, tras lo cual chocó contra el colectivo que iba por Eligio Ayala. El chofer intentó frenar, pero lastimosamente ya no tuvo tiempo y el percance fue inevitable. El conductor fue rescatado y trasladado al Hospital del Trauma con varias heridas. La camioneta fue retirada del sitio con una grúa. El bus llevaba 40 pasajeros pero todos salieron ilesos.	El Crio. Alcides Florentín confirmó a Universo 970 AM que el percance sucedió a la altura del Km 276 de la ruta II, en Colonia Yguazú, departamento de Alto Paraná, aproximadamente a las 4:50 de esta madrugada.Juan Antonio Bael Villalba (48) conducía el móvil del diario Popular que transportaba periódicos a Ciudad del Este, cuando se produjo una colisión contra un camión que llevaba ladrillos.A consecuencia del hecho, Bael quedó atrapado en el habitáculo del rodado y tuvo que ser liberado por los bomberos voluntarios, quienes reportaron a Universo 970 AM que el chofer sufrió una fractura en el miembro inferior izquierdo. El camión huyó del lugar y el conductor del móvil fue trasladado a un centro asistencial en estado consciente.	Tras el desarrollo de la Copa Sudamericana en Asunción, donde la ciudad se vistió de gala para recibir a 40.000 extranjeros, en su mayoría argentinos, la Plaza de Armas volvió a ocuparse entre el domingo y el lunes.Al respecto, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, confirmó que ya conversó con el Comando Institucional y le aclararon que se necesita una orden judicial para proceder al desalojo, incluso cuando se trata de un espacio público.“Si vamos a hacer un desalojo es por orden judicial y por orientación e intervención fiscal, una cosa es ocupar plazas y otra destruirla”, comentó Acevedo en entrevista con la 730 AM. En cuanto al argumento de los damnificados, de que esta situación es un reflejo de la imagen de la ciudad y que también es lo mismo que sucede con los que se instalan en las playas de San Bernardino, Acevedo sostuvo que a él no le preocupa lo que se pretenda mostrar a los extranjeros y que además un delito no legitima otro.