En la Cámara de Senadores, los familiares de los abatidos en Capitán Bado brindaron este martes una conferencia de prensa para sostener que los fallecidos no formaban parte del grupo criminal. El miércoles 1 de mayo se realizó un operativo en Karapaí bajo el título de Operativo Romai, que dejó cinco fallecidos, seis detenidos, un herido y una docena de prófugos.El contratista Marcial Sanabria manifestó que los abatidos eran sus compañeros que estaban construyendo una vivienda en el predio allanado por los agentes uniformados. “Nuestro objetivo era la construcción. Hace cuatro meses estuvimos en la construcción. Nosotros jamás tocamos armas”, refirió.Confirmó que Roberto Portillo, propietario de la vivienda, lo contrató para construir lo que se presume que sería un laboratorio de drogas, según los investigadores.“Nosotros vivíamos ahí porque era lejos ir a nuestras casas y volver. No sabía si había armas en el lugar, yo no llegué a ver. Nosotros no veíamos quién entraba o salía del lugar porque desde la madrugada nos íbamos a la obra y regresábamos de noche”, dijo, al momento de asegurar que su personal no portaba armas durante el operativo desplegado. Perla Fernandez, madre de uno de los jóvenes abatidos, dijo que demandará al Estado por la ejecución de su hijo, ya que este recibió un disparo en la cabeza.“Mi hijo no tiene ningún antecedente penal. A él lo llevaron (a la estancia) a hacer la parte eléctrica. Nunca usó arma”, comentó.A su vez, la viuda de Pablo Javier Ocampos (otro de los fallecidos) también resaltó que su marido solo se encargaba de la albañilería y exigió que se practique la autopsia. “Puede que haya criminales entre ellos, pero inocentes no pueden pagar por eso. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a hacer todo lo que corresponde y vamos a denunciar”, refirió.RATIFICA ACTUACIÓN POLICIALRespecto a la situación que denuncian los familiares, Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior, reiteró en charla con la 970 AM que “los únicos inocentes eran los policías que participaron del operativo” y remarcó que los abatidos fueron los que dispararon primero. Esto se comprobó, según contó, mediante las pruebas de nitrito y nitrato que se practicaron a los cadáveres.Señaló que los supuestos albañiles no quisieron entregarse ni bajar las armas, y disparaban sin tregua a los policías. “Los abatidos se enfrentaron a los policías. Nadie levantó la mano para decir me rindo. Los heridos fueron capturados, no es que se rindieron. Muchos se dieron a la fuga”, esgrimió. Argumentó que todos los que estaban en el establecimiento prestaban un servicio al Comando Vermelho, ya sea con trabajo sucio o de albañilería. “Si vas a la casa del líder de las Farc, tenés que ser de confianza para que te permitan entrar”, comparó.	Concepción Giménez, vocera de los manifestantes, explicó que los gremios de odontólogos y bioquímicos se unieron para exigir un dictamen favorable a la Comisión de Hacienda, respecto al proyecto que modifica el régimen de jubilación y que será estudiado este miércoles en Cámara Baja, en el punto número cinco del orden del día. El planteamiento estipula 25 años de aporte con 55 años de edad, para el 90 % de la jubilación y 30 años de aporte con 60 años de edad para 100 % de la jubilación y 65 años de edad para el retiro obligatorio. “Según la ley actual tenemos que hacer 40 años de aporte para poder jubilarnos, como la odontología y la bioquímica con ramas de salud son seis años de estudio, más tres o cuatro de especialidad, más, entrar como contratados, entonces muy tarde de nos nombre en el Ministerio”, argumentó Giménez.Añadió que debido a esto, recién desde los 30 a 35 años comienza el pago del aporte jubilatorio, por lo que no alcanzan la edad, ni la cantidad de años para una jubilación digna. Este mismo régimen ya fue aprobado en Cámara de Diputados el pasado 3 de abril, pero únicamente para los médicos, pues cada gremio depende de una caja diferente. Esta ola de pedidos de “jubilación” digna podría generar desequilibrio y desigualdades, teniendo en cuenta que todos los gremios comenzarán a solicitar la reducción de los años para retirarse. El Ministerio de Hacienda ya advirtió que solamente la jubilación de los médicos provocará un gran agujero, con un déficit fiscal en torno al 3,5 % del PIB, es decir, 1.400 millones de dólares. Salud, educación, seguridad, protección social, conectividad forman parte de las prioridades del Gobierno para el Presupuesto General de la Nación del próximo año. El gasto corriente primario no podrá ser superior al 8 % en comparación al plan actual.	Joaquín Roa, ministro de la SEN, en entrevista con la 800 AM habló sobre la asistencia brindada por la institución las localidades de distintos puntos del país que se encuentran bajo agua debido a la crecida del río.En tal sentido, refirió que uno de los puntos más afectados es el departamento de Ñeembucú donde han llegado a registrarse hasta 150 mm de lluvia caída en algunos distritos, lo cual ha derivado en que se produzcan inundaciones.San Juan del Ñeembucú, Guazú Cuá y Tacuara fueron los distritos que tuvieron prioridad para recibir la ayuda de la SEN, según confirmó, esto debido a la crítica situación en la que se encuentran actualmente.Otra de las ciudades que han sido beneficiadas con la asistencia de la cartera estatal es Pilar donde un camión cargado de insumos arribó ayer en horas de la tarde. Roa indicó que este martes se enviará más ayuda para este y otros distritos del mismo departamento.Los departamentos que actualmente reciben mayor asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional son Presidente Hayes, Alto Paraguay, Boquerón además de Ñeembucú, siendo los principales frentes en los que se está trabajando.El ministro mencionó que este fin de semana tuvo la oportunidad de realizar un sobrevuelo por las zonas afectadas por la inundación en el Chaco paraguayo y confirmó que pudo constatar el estado de varios caminos que quedaron bloqueados debido al avance del agua.A raíz de esta situación, el acceso por tierra a varias comunidades se ve impedido y solo se podrá hacer el envío de asistencia por vía aérea a través de helicópteros, de acuerdo a lo expresado por el titular de la SEN.En lo que respecta al departamento de Alto Paraguay, específicamente en la localidad de Toro Pampa, se ha logrado entregar prácticamente el 100% de los alimentos, así como en Ñu Apu’a y María Auxiliadora. Roa sostuvo que en algunas comunidades el nivel del río está descendiendo paulatinamente y en otras aún está subiendo, por ello aún se vislumbra un panorama incierto en esta crisis por las inundaciones.	para obras y servicios desde que inició el nuevo Gobierno. Al respecto, confirmó que tan solo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) actualmente se encuentra licitando para llevar a cabo nuevos trabajos en distintos frentes.El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, fue consultado sobre este tema y manifestó que actualmente cuentan con varias licitaciones en curso, entre ellas de algunas construcciones que se llevarán a cabo mediante préstamos internacionales.Por otro lado, mencionó que aún siguen preparando otras licitaciones que tienen que ver con el mejoramiento de hospitales debido a su complejidad y envergadura, además de que se deben realizar ciertos ajustes a los diseños ejecutivos.Gracias un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se podrá concretar la construcción de nuevas Unidades de Salud Familiar (USF), según afirmó el titular de la cartera sanitaria. Algunas de ellas ya se construyeron en el periodo pasado y otras durante el transcurso de este ciclo.Entre este y el próximo mes se estarían convocando a licitaciones para erigir otras 60 nuevas USF en distintos puntos del país, confirmó Mazzoleni durante la entrevista radial. En lo que va del año ya se ejecutaron unas 37 Unidades de Salud Familiar. Entre algunos de los hospitales que serán beneficiados con estas licitaciones se encuentran los de Coronel Oviedo, Barrio Obrero y Caaguazú. Cada uno de ellos tiene plazos de presentación distintos -indicó el ministro- debido a los ajustes y correcciones que implican.