Integrantes de la Comisión de Legislación de la Junta Municipal de Asunción recibieron esta mañana a los taxistas capitalinos, quienes solicitaron una reunión con las autoridades para hablar sobre el conflicto con Uber y MUV.En tal sentido el concejal Félix Ayala adelantó que ya trabajan en la elaboración de una ordenanza que habilitará los servicios de transporte, a través de las plataformas digitales.La idea es que los choferes de Uber y MUV paguen un tributo en la ciudad para así echar por tierra el argumento de los taxistas, quienes reclaman que la competencia no paga impuestos. Consultado acerca de si los taxistas actualmente pagan impuestos, reconoció que no tiene certeza de esto, pero que deberían abonar un canon por parada.El concejal Federico Franco Troche confirmó que se acordó la apertura de una mesa de diálogo con los taxistas, quienes no están conformes con la ordenanza que se estudiará en 15 días, que abrirá camino a la plena habilitación de Uber y Muv. Troche consideró que debe existir una regulación de estas plataformas, ya que son un servicio de transporte público, que hoy no están legislados.	En una nota dirigida al jefe departamental de Canindeyú, los referentes de la comisión Ñande Yby Tee Rekavo solicitaron que los policías acompañen la ocupación de la colonia Paso Itá, del distrito de Ybyrarobana. En el escrito se deja constancia de la importancia de garantizar la seguridad civil de los ciudadanos. “En espera de una respuesta favorable me despido de usted”, reza la nota que fue recibida por el inspector Casio Esquivel el 6 de julio.Hace unos meses, el titular la Asociación Rural del Paraguay (ARP) expresó un contundente rechazo a las invasiones de propiedades, que fueron aumentando exponencialmente, y sostuvo que “no se puede construir un derecho sobre una ilegalidad”. Asimismo, tildó a los ocupantes ilegales como “delincuentes”.INÉDITO. Piden cobertura policial para invadir un inmueble en Canidenyú.	El liberal Blas Llano, mediante argumentos jurídicos y políticos, se despachó contra la magistrada Magdalena Narváez por haber revocado la prisión preventiva del político abdista investigado por estar involucrado supuestamente en el narcotráfico. “La decisión es cuestionable y es notorio el mal desempeño de sus funciones”, remarcó. Cuestionó que hasta hace dos meses la jueza estaba en Capiatá y luego fue trasladada a Asunción, y que ni siquiera debió analizar el pedido de la defensa de Quintana, porque el Código Penal no permite libertad a personas procesadas por crímenes o expectativa de pena de más de cinco años de cárcel.En ese sentido detalló que el diputado está procesado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, exportación e importación de drogas, asociación criminal y tráfico de influencias. Agregó que estos tipos penales conllevan a una expectativa de entre cinco a 15 años de pena privativa de libertad.“Debería estar recluido para garantizar el sometimiento al proceso, incluso hasta que se conozca la sentencia. Acá no se tuvieron nuevas pruebas a favor del político para analizar su caso”, dijo además.Otro punto que cuestionó Llano fue que la magistrada no debió emitir garantías en los bienes embargados de Quintana y criticó que dio 15 días al procesado para que brinde garantías sobre los inmuebles presentados como fianza. “Tiene el derecho de recuperar su banca, la que estaba ocupando es Rocío Abed, quien es la suplente de la ANR del movimiento Honor Colorado”, explicó por otra parte sobre el aspecto político.Por otra parte, el titular del Congreso Nacional indicó que su bancada votará por una de las ternadas para la Corte Suprema de Justicia, pero no quiso adelantar si será Alma Mendez o Carolina Llanes. El político negó además que el jueves el expresidente Horacio Cartes jure como senador de la Nación, tal como se especula fuertemente.	“Angustia la inseguridad que vive nuestro país, sobre todo la poca respuesta que da el Ejecutivo acerca de este esquema, pareciera que hay mucha inoperancia en el tema”, afirmó el diputado liberal Celso Kennedy.Reconoció que el ministro del Interior siempre es el primer fusible a cambiar cuando se buscan explicaciones a la situación de inseguridad, sin embargo, admitió que esto no garantiza un cambio de resultados. No obstante consideró que hay herramientas constitucionales para este tipo de casos. “Cuando se pidió la interpelación del ministro anterior, yo dije por qué no hacerle un juicio político y destituirlo porque es una vía posible en la CN, cuando consideramos que el ministro debe salir y el Ejecutivo hace caso omiso, tenemos que pensar en esa posibilidad”, agregó. En tal sentido, el presidente de la República Mario Abdo Benítez dijo hoy que la gente tiene el derecho a solicitar el cambio de ministro, pero así también, él como jefe de Estado está en su prerrogativa de negar esta solicitud.