De acuerdo a los datos manejados al interior de la cárcel regional, las autoridades tuvieron conocimiento de un posible plan de fuga, motivo por el cual ordenaron una requisa En la tarde de ayer, responsables del reclusorio efectuaron un control rutinario en uno de los pabellones y constataron anomalías en los barrotes de una de las ventanas que daba a la calle.Tras una revisión a profundidad, los funcionarios confirmaron que los barrotes fueron cortados, pero que permanecían en su lugar mediante una suerte de pegamento y era solo cuestión de tiempo la fuga.En el pabellón en cuestión se encontraban unos 15 reos, 5 de ellos de extrema peligrosidad, integrantes del grupo criminal PCC, informo el director de Institutos Penales, Blas Martinez en contacto con radio La Unión. Dos de los reclusos ya contaban con cierta experiencia en fugas, uno se fugó de Emboscada y otro del mismo penal en Alto Paraná, pero fueron recapturados en la primera ocasión. Luego de que la fuga fue abortada, se ordenó el traslado de los cinco brasileños a otras penitenciarías en Concepción, San Pedro y Amambay.	Los ocho casos registrados en Paraguay incluyen, además, a dos menores de edad, con la muerte de una niña de siete años víctima de abuso y de una bebé de diez meses que fue asesinada junto a su cuidadora.El Observatorio aclara que la niña de siete años falleció por complicaciones en un cuadro respiratorio que no fue tratado a tiempo, ya que la menor no fue llevada al hospital para ocultar el abuso que, según sus hermanas, fue cometido por su padre biológico.La novena víctima contabilizada en los datos de enero es Romina Celeste Núñez, asesinada presuntamente por su marido en la isla de Lanzarote (España).La cifra de enero de 2019 es la más alta de los cuatro años en los que el Observatorio realiza este trabajo, con siete asesinatos en el mismo mes de 2018, ocho en 2017 y cuatro en 2016.Además, también fue el peor mes en cuanto a muertes de niñas, con dos víctimas.El CDE contabilizó 57 feminicidios en 2018, frente a los 53 de 2017, según los datos del Centro de Documentación y Estudios, que también incluyen los asesinatos de transexuales.Al margen de los datos del Observatorio del CDE, el Ministerio de la Mujer informó la semana pasada que un total de 217 paraguayas fueron atendidas en el módulo de Prevención y Atención a la Violencia contra las Mujeres, ubicado en el Centro Ciudad Mujer, durante la primera quincena de enero.	Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), indicó que “en general” las clases van a empezar el próximo 21 de febrero, pese a que existen varias instituciones educativas que no reúnen las más mínimas condiciones como para recibir a los alumnos.Por ello, puso en duda cuál será la estrategia que adoptará el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para que las clases puedan iniciar en dichos lugares, ya sea con la instalación de aulas móviles, la reubicación de los estudiantes, etc.En otro orden de cosas, cuestionó las expresiones del ministro Eduardo Petta, quien consideró como “de cumplimiento imposible” algunos puntos establecidos dentro la Ley de Presupuesto que guardan relación con la suba salarial prometida a los docentes.Específicamente, hizo referencia al Art. 236 que dispone la implementación gradual del Salario Básico Profesional docente en el marco de la Ley Nº 1725/01 “Que establece el estatuto del educador”. En dicho punto se menciona que, para el otorgamiento de las mejoras salariales en el 2019, los maestros deberán cumplir con la evaluación de desempeño, la realización de capacitaciones, el cumplimiento de funciones en aula y el censo en el Registro Único del Docente. Así también, se deberá remitir un informe al Ministerio de Hacienda.Espínola indicó que este articulado formaba parte del acuerdo suscrito entre Eduardo Petta y Silvio Piris (de la FEP) en agosto del año pasado, pero que se trataba de una condicionante para la implementación de la carrera docente, no así del salario básico profesional.Por ello, considera que el gobierno debe cumplir con la promesa de la aplicación gradual del aumento salarial para el sector -establecido en un 16%- ya que dicho concepto está contemplado dentro del Presupuesto General de la Nación 2019. En caso de que tal cosa no ocurra, el dirigente sindical sostuvo que es probable que vuelvan a impulsar una huelga general en el mes de abril, esto atendiendo a que el informe del MEC al Ministerio de Hacienda debe ser remitido en la quincena de marzo.	En conferencia de prensa, la titular del Ministerio Público instó a los medios y a la opinión pública en general a mirar hacia atrás y comprobar de esa manera que en todos los hechos que el ministerio público estuvo investigando, “no existen colores”.De esta manera respondió a los cuestionamientos sobre la selectividad de la Fiscalía General, “acá nos basamos en lo que los agentes tienen en sus carpetas, por ello mi total apoyo a los fiscales”, remarcó.Quiñónez dijo estar tranquila y consciente de las repercusiones que pueden tener las investigaciones, sobretodo a políticos vinculados a casos de corrupción, “lo que venga lo sabré enfrentar y mi compromiso es con el paìs y trato de transmitirle eso a los agentes, las investigaciones son complejas y difíciles cuando se tocan ciertos intereses”.La fiscal general adelantó que presentarán un proyecto para frenar las recusaciones a fiscales, debido a que la gran mayoría son planteadas con el mero propósito de dilatar el proceso, con argumentos que faltan a la objetividad. Seguidamente la fiscal Josefina Aghemo señaló al igual que su superior, que cada investigación tiene en cuenta los criterios procesales por sobre las personas investigadas, y todo requerimiento es producto de la recolección de indicios objetivos y es total responsabilidad del agente.