La Contraloría General de la República dilata el dictamen definitivo sobre las irregularidades detectadas en la gestión del exintendente de Hernandarias Mario Castillo (PLRA), imputado por delitos de corrupción. Existe fuerte tufo a blanqueo.En setiembre pasado la Contraloría General de la República emitió el dictamen preliminar de la auditoría practicada en la Municipalidad de Hernandarias, del ejercicio 2015. El informe señala una serie de irregularidades durante la gestión de Castillo, aliado político de la senadora Zulma Gómez (PLRA).Los auditores detectaron órdenes de pago sin fecha de emisión y pago de salario sin la firma de funcionario, como también retención de recursos que debían ser transferidos para municipios de menores recursos.Además, constataron supuesto desvío de G. 2.826 millones al verificar las cuentas corrientes de ingresos y las boletas de depósitos. Igualmente, encontraron una diferencia de G. 963 millones entre la ejecución presupuestaria y los extractos bancarios.La Comuna tampoco transfirió G. 737 millones a la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal desde enero a noviembre de 2018. Por este caso se abrió una causa penal y el fiscal Édgar Torales imputó a Castillo por apropiación, hurto y lesión de confianza, en diciembre pasado.Asimismo se detectó emisión de cheques por G. 42 millones a personas físicas y jurídicas sin respaldo documental, entre otras irregularidades.Tras recibir el dictamen provisorio, el actual intendente Rubén Rojas (ANR) remitió el descargo en octubre pasado. Desde entonces se espera el informe definitivo del contralor general Enrique García.	ComponendaLa semana pasada el contralor general se reunió en secreto con los senadores Dionisio Amarilla (PLRA), Blas Lanzoni (PLRA) y Zulma Gómez (PLRA), en un apartamento de Asunción perteneciente a la última legisladora. En el encuentro participó también Carlos Krussel, director de Control de Organismos Departamentales y Municipales de la Contraloría.La reunión filtrada a la prensa sugiere blanqueo masivo de irregularidades en los municipios a cambio de votos favorables de los senadores a Enrique García en su juicio político.García está imputado por lesión de confianza e investigado por lavado de dinero.