La abogada Rosa Vacchetta, en compañía de otros ciudadanos asuncenos, este lunes realizó una denuncia de manera pública respecto a la situación dentro del municipio capitalino.En tal sentido, señaló la supuesta existencia de un esquema de corrupción dentro de la comuna de Asunción, el cual habría operado bajo la complicidad tanto de funcionarios, concejales y hasta el propio exintendente Mario Ferreiro.De acuerdo a la denunciante, la trama contemplaba un “intercambio de favores” para la aprobación de presupuestos, reprogramaciones, proyectos, licitaciones, entre otros aspectos. Toda esta situación solo logró perjudicar al erario municipal y a los contribuyentes, indicó.En total, son 9 los puntos presentados dentro de la acusación. Los mismos son:1- La contratación masiva de funcionarios desde el año 2016, con más de 1.500 nuevos trabajadores, entre contratados y nombrados.2- La utilización del 60% del presupuesto municipal para servicios personales, lo que equivale a más de US$ 83 millones.3- El gasto anual de más de US$ 14 millones por parte de la municipalidad para concretar el pago a los 1.500 funcionarios contratados en la era Mario Ferreiro.4- La existencia de denuncias desde el año 2017 en relación a los “planilleros” que serían cupos de concejales que pactaron con Mario Ferreiro a cambio de aprobar o ampliar presupuestos de la comuna.5- La supuesta contratación de funcionarios a un ritmo de 31 personas por mes, ignorando varias disposiciones, leyes, resoluciones y ordenanzas.6- La presentación de una acción de inconstitucionalidad en la era Arnaldo Samaniego para que el municipio de Asunción no pueda regirse bajo la Ley 1626/00 “De La Función Pública”, tal y como otros organismos y entidades del Estado.7- La promulgación por parte de la Junta Municipal de Asunción de la Ordenanza 105/17 para aprobar un pedido de ampliación y reprogramación presupuestaria. En su artículo 4 establecía como medida de racionalización en materia de recursos humanos “la prohibición de la contratación y/o nombramiento de nuevo personal, con excepción de cargos de confianza o profesionales completamente imprescindibles para la ejecución de proyectos de infraestructura considerados estratégicos”.8- La no aplicación del Reglamento General de Concursabilidad para el ingreso, la promoción y desprecarización en la Municipalidad de Asunción en cargos permanentes o temporales mediante la realización de concurso público de oposición y concurso de oposición y méritos.9- El anuncio realizado por Mario Ferreiro sobre el despido de 570 funcionarios municipales, en contrapartida con los 1.500 trabajadores que ingresaron bajo su administración.Según Vacchetta, tanto el exintendente Ferreiro como el actual jefe comunal, Óscar “Nenecho” Rodríguez, “están metidos en el mismo entuerto” en este caso. Los ciudadanos solicitan una revisión profunda de las documentaciones adjuntadas con esta denuncia y la entrega de las mismas a la Contraloría General de la República para su auditoría. Inclusive, no descartan la apertura de una investigación penal por parte de la Fiscalía.	“En menos de 15 días ya estaríamos saldando deudas y aguinaldos con los funcionarios”, declaró Rivas. Por otro lado, concejales denuncian que habría indicios de una supuesta recaudación paralela. Daniel Molinas contó a la 730 AM que una firma había pagado G. 102 millones, mientras que en los documentos oficiales solamente figuraba el pago de G. 12 millones. Otro caso que denuncian los ediles es el de la caja chica de la Intendencia. Aparentemente, se gastaban G. 25 millones al mes, pero existen documentos respaldatorios. Esto habría ocurrido durante cuatro años. La comuna hasta el momento tiene deudas por unos G. 20.000 millones y cientos de funcionarios aún no cobraron sus salarios ni aguinaldos. Por otro lado, concejales de Lambaré hicieron “vaquita” para entregar un millón de guaraníes a funcionarios que se encontraban en huelga para poder brindarles la oportunidad de pasar las fiestas dignamente hasta que cobren sus haberes.	. Uno de los hijos de ambos fue quien encontró los cuerpos.Desde el Ministerio de la Mujer informaron que esperan a que la Fiscalía declare el caso como feminicidio, al considerar que se trata de este delito “por las características” del suceso.La Ley 5.777 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia tipifica, en su artículo 50, el feminicidio como un delito penado con entre 10 y 30 años de privación de libertad.Esta normativa entiende como feminicidio el asesinato de una mujer a manos de un agresor con el que la víctima hubiera tenido alguna relación conyugal o con el que existiera algún parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.También reconoce como feminicidio el asesinato de la mujer como resultado de un ciclo de cualquier tipo de violencia hacia la víctima, entre otros supuestos.Este es el segundo feminicidio que se registra en el país en menos de una semana, ya que durante la madrugada de Nochebuena otra mujer fue asesinada por su expareja en Encarnación, en el departamento de Itapúa.El pasado 20 de diciembre, el Ministerio de la Mujer presentó su Observatorio de la Mujer, que recogía la cifra de 36 feminicidios, con 72 menores huérfanos, 65 de ellos hijos de madres asesinadas en Paraguay y siete víctimas en el extranjero, según los datos oficiales. En 2018, Paraguay lamentó 57 feminicidios, según datos de la cartera, una cifra superior a los 38 que se registraron hasta este último lunes de 2019.	El viceministro de Tributación, Óscar Orué, anunció la postergación por 45 días de la implementación del decreto que reglamenta el ISC, a pedido de los importadores de combustible.Durante ese tiempo, se debatirá si van a pagar sobre el combustible importado o en base al producto final que comercializan y que según Tributación, tiene una base imponible mayor.#Residentas Buena noticia: No habrá suba de combustible. 12/612HD de Tigo TV, 8 de Copaco y 15 Claro IPTV	December 30, 2019 El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó el decreto el 19 de diciembre pasado. En el documento se establece un aumento a los impuestos sobre el precio de las naftas, entre 500 y 1.500 guaraníes, mientras que, para el diésel entre 100 y 500 guaraníes, desde el común hasta el más refinado. Para el Gobierno no corresponde que el nuevo impuesto sea trasladado al consumidor final, porque los importadores adquieren nafta virgen, por la cual abonan un 20 % de impuesto, pero posteriormente le cambian el octanaje, lo cual lo transforma en otro producto, por el que no abonan nada.El viceministro de Tributación,