Las detenciones se produjeron en los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo y Minas Gerais a petición del Ministerio Público regional de Minas, el cual precisó que el objetivo de la operación es "investigar la responsabilidad criminal por la rotura de la presa".De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, entre los arrestados se encuentran cuatro gerentes de Vale, dos de ellos ejecutivos y cuatro integrantes de los respectivos equipo técnicos, todos ellos "involucrados en la seguridad" de la presa que colapsó el pasado 25 de enero.Las prisiones fueron decretadas por un plazo temporal de 30 días, "teniendo en cuenta fundadas razones de autoría o participación de los investigados en la práctica de centenares de crímenes de homicidio cualificado, considerados hediondos", según las mismas fuentes.El Ministerio Público sostiene que Vale, la mayor productora y exportadora de hierro del mundo, tenía desde octubre de 2018 datos que advertían sobre el riesgo de colapso de la presa, los cuales figurarían en documentos internos de la empresa.El presidente de la minera, Fábio Schvartsman, sin embargo, subrayó la víspera durante una comparecencia ante una comisión parlamentaria que investiga la tragedia que la información con la que contaban sobre la represa "no indicaba ningún peligro inminente".Schvartsman agregó que la compañía es una "joya" para Brasil y "no puede ser condenada" por la tragedia, una afirmación que indignó a varios parlamentarios, tanto de la base oficialista como de la oposición, que exigieron "respuestas" de la compañía para el desastre.La tragedia ocurrió el pasado 25 de enero, cuando un dique del complejo minero de Vale en la localidad de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, se derrumbó provocando un alud de lodo y residuos minerales que sepultó todo lo que encontró su paso. El desastre en Brumadinho se produjo tan solo tres años después de otro similar ocurrido en Mariana, municipio que también se encuentra en el estado de Minas Gerais y donde la rotura de varios diques de la minera Samarco, controlada por Vale y BHP Billiton, causó 19 muertos y una tragedia medioambiental sin precedentes.	"Hemos anunciado unos MPs (investigaciones) en contra de los ciudadanos nombrados legal e inconstitucionalmente como directivos de Pdvsa y de Citgo (filial en EE.UU.)", dijo Saab en una conferencia de prensa.Señaló además que se investigarán "una serie de ciudadanos nombrados como embajadores de forma ilegal e inconstitucional de la misma manera por un usurpador del poder".La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), dominada por la oposición, designó este miércoles una junta administradora para controlar la industria petrolera del país, así como la empresa estatal Pdvsa y su filial en Estados Unidos, Citgo.La decisión del Legislativo fue aprobada por la mayoría opositora de la Cámara, tras ser presentado un informe de la Comisión de Energía y Petróleo a cargo del diputado Elías Matta.Con esta medida, Simón Antúnez, Gustavo J. Velásquez, David Smolansky, Carlos José Balza y Ricardo Alfredo Prada integran la junta directiva de Pdvsa, una empresa golpeada por una crisis de productividad e investigaciones por corrupción.La especialista Luisa Palacios fue designada para liderar la directiva de PDV Holding Inc., compañía que ejerce como propietaria de Citgo.Édgar Rincón, Oswaldo Núñez, Fernando Vera, Elio Tortolera y Andrés Padilla acompañarán a Palacios.Por otra parte, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino de Venezuela, ha designado embajadores en 10 países americanos, una acción que la Cámara le concedió al aprobar casi de forma inmediata los nombramientos.Guaidó presentó una comunicación ante el Parlamento en la que proponía la designación de representantes en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú y el Grupo de Lima, que fue aceptada.En este sentido, Saab comentó que las investigaciones son una respuesta a "una escalada que comenzó con la usurpación írrita de la Presidencia de la República por alguien que nunca eligió".Para Saab los nombramientos los ha hecho un "órgano que no es competente para tomar este tipo de decisiones", por lo que considera que son "una burla". Finalmente, aseveró que los nombramientos "no tienen ningún tipo de consecuencia jurídica ni legal".	El papa mantuvo un diálogo durante su reciente viaje a Panamá con un grupo de jesuitas de Centroamérica y uno de ellos le preguntó qué postura debería adoptar un religioso ante la política, según publica la revista de la Compañía de Jesús "La Civiltá Cattolica".Francisco defendió la implicación de la Iglesia en la política al subrayar que también "el Evangelio es una expresión política", pues alude a la sociedad aunque a menudo se desprecie esa práctica."Es verdad que la palabra 'política' está a veces incluso despreciada y se la entiende solo como lógica de partes, sectarismo político, con todo lo que esto comporta en América Latina en cuanto a corrupción política, sicarismo político y todo eso", señaló.El papa explicó que "el compromiso político para un religioso no significa militar en un partido político" e indicó que "la tarea es estar sobre las partes"."No en el sentido de quien se lava las manos, sino como uno que acompaña las partes para que lleguen a una madurez, aportando el punto de vista de la doctrina cristiana. En América latina no siempre ha habido madurez política", consideró.En este sentido, Francisco, el primer papa latinoamericano, habló de "problemas con relevancia política" y citó en primer lugar a "la nueva colonización", la ideológica y cultural."La colonización no es solo la que se dio cuando vinieron los españoles y los portugueses y tomaron posesión de estas tierras. Este es un tipo de colonización física. Hoy están de moda las colonizaciones ideológicas y culturales, son estas las que están dominando el mundo", dijo. Otro problema, en su opinión, es el de la tortura en el mundo actual, ante lo que advirtió de que "nos estamos habituando a la crueldad", y por último denunció las condenas judiciales "sin esperanza" o que no están dirigidas a la reinserción de presos.	En la lista constan 63 nombres, con su fecha de nacimiento y de ordenación en la Iglesia católica, las instituciones en las que trabajaron, su número de víctimas y especificaciones sobre si ejercieron pornografía infantil, si han fallecido, han sido laicizados o apartados.Tobin indica en una carta que todos fueron previamente reportados a las autoridades y urge a "cualquiera que sepa de una supuesta mala conducta sexual por parte de cualquier clérigo, empleado o voluntario de la Archidiócesis" a acudir a la Policía y a un coordinador de asistencia a víctimas de la Iglesia."Las revelaciones de abuso sexual del clero a menores de este último año han provocado sentimientos de asombro, enfado, vergüenza y dolor en nuestra comunidad católica", escribe el cardenal, quien considera "particularmente censurable" que la institución no apartara "inmediatamente" a los acusados de sus cargos.En la lista de Newark figura el excardenal Theodore McCarrick, de 88 años, que fue arzobispo en esa localidad y también en Washington DC, y apartado por el papa Francisco el verano pasado entre gran polémica, ya que un exnuncio del Vaticano en EE.UU. acusó al pontífice de conocer las denuncias contra éste desde 2013."En nombre de la Iglesia, ruego vuestro perdón", añade Tobin, quien informa de la creación de un programa de compensación a víctimas como "expresión de arrepentimiento", pese a que "no hay compensación financiera que pueda abordar adecuadamente el sufrimiento" de estas personas.Asimismo, Tobin, que publicó vídeos en inglés y español para comunicar estas acciones, consideró que la Archidiócesis de Newark ha avanzado en la protección de los niños a través de diferentes iniciativas desde 2002 pero pidió seguir vigilando el entorno.Desde que la Corte Suprema de Pensilvania publicó en agosto del año pasado el informe de un gran jurado que documentaba 300 supuestos casos de "sacerdotes depredadores" sexuales en sus diócesis, se han sumado a esta iniciativa las diócesis de otros estados. De acuerdo a medios locales, se espera que además de la de Newark, otras cuatro diócesis en Nueva Jersey publiquen en el futuro próximo listas con los nombres de supuestos abusadores.