“A nosotros nos adjudicaron y llamaron a una segunda licitación donde usaron nuestro precio de referencia. Cuando les reclamamos que aprobaron nuestro costo referencial, cancelaron todo, como si fuera que fueron ‘descubiertos’ o algo parecido”, expresó Cramer y precisó que buscarán que la ciudadanía no se quede sin transformadores para este año, porque apelarán en todas las instancias. Cramer manifestó que el país va a dejar de instalar el equivalente a 3.000 GW de energía eléctrica en los próximos tres años y sin transformadores, esta cantidad asciende a 4.000 GW. Esta situación frena el progreso energético del país. “Se trata de un oligopolio que nosotros entramos a tratar de romper y a esta gente (Trafosur y Trafopar) se le cayó la estantería, por eso decidieron cancelar. Lo más grave de esto es que dejan a la población sin transformadores”, disparó.Para la directora jurídica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), María Eugenia Otazo, el motivo de la cancelación de esta licitación es la duda razonable que se generó en torno a la capacidad de producción del Consorcio ICS y asegura que, según el informe remitido, la ANDE no pudo verificar que los documentos presentados por la empresa adjudicada estén en regla. Por estas razones, ordenan suspender la adjudicación y una reevaluación de ofertas. “Es la ANDE la que tiene la potestad de comunicar sobre si se hará la revisión del pliego de bases y condiciones. Ellos son los que conocen su realidad y sus necesidades, Contrataciones no puede decirles qué transformadores comprar”, manifestó a La Unión. Otazo explicó que todas las cuestiones técnicas que quedaron “colgadas” deberán ser tenidas en cuenta para la elaboración de un nuevo pliego de bases y condiciones para la nueva licitación. “En este caso en particular, se dio lugar a una de las protestas y abrimos sumario administrativo por tres de los ocho puntos que planteaban las otras empresas (Trafosur y Trafopar)”, aclaró. Por otro lado, el director general de la DNCP, Pablo Seitz, sostuvo que no se pudo resolver la reconsideración presentada por las dos empresas que recibieron el menor paquete de adjudicación, ya que la ANDE decidió cancelar directamente la licitación y de esta manera, se hace “borrón y cuenta nueva”. “Parcialmente sí validamos el reclamo, porque nosotros consideramos que, respecto al análisis legal, la ANDE no agotó todas las instancias necesarias de evaluación. Esta licitación está totalmente cancelada y se debe iniciar otro proceso licitatorio”, dijo Seitz a la radio Universo. Seitz alegó que la cancelación de licitaciones es una atribución discrecional de los entes públicos y que esto puede ser un “arma de doble filo” dependiendo de la persona que esté a cargo. ”Eventualmente una de las empresas o las dos protestantes, tienen 10 días hábiles desde el momento en que la notificación de cancelación para poder dar su objeción a la cancelación”, finalizó el director general de Contrataciones. De acuerdo con la ley, la ANDE puede recurrir al argumento de la “urgencia impostergable” y de esta manera, la DNCP reducirá los plazos de la licitación a 5 días hábiles o se podrá aplicar la contratación por la vía de la excepción. Ayer la Cámara de Diputados denunciaba la cancelación de este llamado a licitación para la compra de 15.000 mil transformadores de 150 kVA por un valor de US$ 50 millones. Esta mañana, anunciaron que pedirán al pleno del cuerpo legislativo el tratamiento sobre tablas de esta situación.	El periodista Rolando Rodi expuso que estaba investigando qué pasó de un caso judicial que involucra a una víctima menor de edad, pero se encontró con una traba de la propia justicia para que no pueda dar a conocer los pormenores.Aseguró que para evitar que dejara en evidencia la ineficacia e inutilidad del Juzgado de la Niñez de Capiatá y la actuación negligente de algunas defensoras que intervinieron en el caso, la jueza Gladys Solís sacó una medida judicial, invocando Ley 6083/2018 del Código de la Niñez y la Adolescencia, para evitar que salga a luz el material periodístico. “No va ser con una orden judicial solapada en los derechos del niño que me van a ser callar. No va ser con una orden judicial que van a impedir que cuente la ineficacia, inoperancia e inutilidad de la justicia”, mencionó a través de su	.Numerosos periodistas y abogados instaron a que la Corte Suprema de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tomen cartas en el asunto e investiguen por qué se dispuso la censura.Respetando la orden judicial, no daremos a conocer los datos del caso, de modo a proteger a la víctima.	El diputado Tadeo Rojas confirmó que en atención a la discusión por el presupuesto 2020, hoy presentará el proyecto que deroga a ley de pensiones graciables. “Nuestra bancada siempre se ha caracterizado por buscar de alguna u otra forma la racionalización de los recursos y haciéndonos eco de una inquietud ciudadana presentamos esta propuesta”, explicó Rojas en entrevista con la 650 AM.El planteamiento cuenta con un solo artículo y por eso será estudiado sobre tablas en la sesión ordinaria de hoy, a la expectativa de contar con el apoyo de de los diputados, de manera a que pase rápidamente a la Cámara Alta y luego al Ejecutivo para su promulgación.Además de mirar el presupuesto, el diputado argumentó que las pensiones graciables salieron de contexto en los últimos tiempos, pues inicialmente solo eran concedidas a personas que aportaron algo a la cultura o que dejaron un legado importante a la sociedad, sin embargo, hoy el concepto se ha tergiversado totalmente. Como ninguna ley es retroactiva, quienes hoy reciben una pensión graciable no deberán preocuparse de que este proyecto se apruebe, pues solo afectará a futuros pedidos.	La ministra de la Mujer, Nilda Romero, aseguró que el incremento de su patrimonio -en cerca del millón de dólares- se debe a que recién en su última declaración jurada de bienes ajustó el valor de su casa de hace 30 años, que está ubicada en el barrio Carmelitas. Aseguró que solo posee su vivienda y un automóvil que cambia cada cinco años a través de préstamos.	La ministra Nilda Romero registró un crecimiento exponencial de su patrimonio en los últimos cuatro años. En una declaración jurada del año 2015 manifestó que tenía un patrimonio de 1.800 millones de guaraníes, y en otra del 2019, por los mismos inmuebles declaró tener 8.000 millones de guaraníes.En su defensa, la Secretaria de Estado insistió en entrevista con radio Monumental que no es una persona corrupta y sostuvo que el aumento de su patrimonio se debe a la plusvalía (aumento del valor) de la propiedad donde está ubicada su vivienda. “Yo no tengo nada nuevo de hace 30 años, vivo en Villa Morra, mi casa está asentada en dos inmuebles, y creo que es por la plusvalía de la propiedad”, dijo. Contó que primero adquirió su vivienda y luego compró un terreno que está detrás de la infraestructura. Lo hizo por la suma de 5 millones de guaraníes, hace 29 años. Acotó que hace tres años se vendió un terreno en la zona donde reside por 120.000 dólares.Refirió que por su vivienda le llegaron a ofrecer un millón de dólares, ya que está ubicada en un punto estratégico de la zona gastronómica de Carmelitas. Es por ello que en sus últimos préstamos bancarios modificó el valor de su inmueble y colocaba dicho monto.“Yo nunca compré nada, de lo que ganaba iba haciendo mejoras en la casa. La verdad no entiendo el informe, cuentas en el Banco no tengo. Tengo mi auto que cada cinco años voy cambiando, entrego el que tengo, retiro otro y todo por préstamos. Soy una persona honesta y tengo los documentos para demostrar, no tengo nada que ocultar. Lo único que yo tengo es mi casa y mi auto, después no tengo nada”, indicó. Romero actualmente percibe una remuneración salarial de 22 millones de guaraníes, y asegura que, con los descuentos, le quedan alrededor de 19 millones de guaraníes. “Yo vivo de mi salario y no tengo otros ingresos”, acotó la ministra.