Llano sostiene que para aprobar el desafuero del expresidente de la República se necesitarán 30 votos en el Senado, pero previamente el pedido del juzgado deberá pasar por la Comisión de Asuntos Constitucionales para que se puedan dar los dictámenes formales correspondientes. “La justicia brasileña no puede solicitar el desafuero al Congreso paraguayo, tiene que ser un juez competente de la República”, expresó el titular del a Cámara Alta. ANTECEDENTESEl expresidente Andrés Rodríguez en su momento estuvo investigado por narcotráfico. El juez del Crimen, José Waldir Servín, solicitó su desafuero el 26 de septiembre de 1996 y la Cámara de Senadores notificó del rechazo de este pedido. Por otro lado, en el caso del ex presidente Juan Carlos Wasmosy se aprobó el pedido de su desafuero el 12 de agosto de 1999 para que comparezca ante un juez por una investigación por corrupción durante su gobierno. Posteriormente, se rechazó un pedido de desafuero el 9 de noviembre del 2000 en un caso que lo investigaba por supuesto perjuicio del patrimonio público.	Ministros, presiden­tes de estatales e importantes refe­rentes del gobierno del pre­sidente de la República, Mario Abdo Benítez, quienes cuen­tan con denuncias y acusacio­nes por distintas irregularida­des detectadas en los entes a sus cargos, hasta la fecha con­tinúan eludiendo a la Justicia. Es más, llama poderosamente la atención la manera en que la propia Justicia dilata los pro­cesos en el que se encuentran involucrados los oficialistas.	El diputado Miguel Cuevas, la presidenta de Petróleos Para­guayos (Petropar), Patricia Samudio; el ministro de Agri­cultura y Ganadería (MAG), Rodolfo Friedmann; la minis­tra de Trabajo, Empleo y Segu­ridad Social (MTESS), Carla Bacigalupo, y el diputado Éver Aricio Noguera son algunos de los denunciados, pero que de igual manera siguen firmes en sus respectivos cargos.CUEVAS, EL “ZAPATERO”	Enriquecimiento ilícito, trá­fico de influencias y decla­ración falsa son los delitos por los cuales el Ministerio Público imputó el pasado mes de julio al diputado Miguel Cuevas, de Añetete. Al igual que el parlamentario, su esposa Nancy Florentín de Cuevas y su hijo, Enzo Cue­vas Florentín, también fueron procesados. La Fiscalía tiene un plazo de seis meses para presentar su requerimiento conclusivo, en el que decidirá si acusar o no al diputado.Las sospechas en su contra se iniciaron cuando Cuevas empezó a ostentar un notable y repentino ascenso económico, lo que llamativamente se dio ni bien incursionó en la arena polí­tica. Por varios años se dedicó a la reparación de calzados. En Sapucai, de donde es oriundo, los pobladores lo recuerdan como un humilde zapatero de la zona. Desde ese entonces, tanto él como su familia acari­cian una fortuna incalculable y su posición en el ámbito político se encuentra respaldada por el gobierno de turno.“REINA” DEL PETRÓLEO	Ni bien ocupó su cargo al frente de Petróleos Paraguayos (Petropar) también se publi­caban las primeras denun­cias contra Patricia Samudio por los diferentes hechos de corrupción que empezaban a acontecer en la estatal. De esta manera, ella se convirtió en una de las principales pro­tagonistas de este gobierno. A pesar de las innumerables defi­ciencias en su gestión, sigue impune y recibiendo hasta halagos por parte del manda­tario. Su habilidad la convirtió en la “reina” del petróleo.Samudio saltó a la “fama” cuando pasó por encima de un decreto presidencial que exige a las estatales el depósito de recursos públicos en el Banco Nacional de Fomento (BNF). En lugar de acatar el docu­mento, ella decidió transferir millonarios recursos a bancos privados, uno de ellos es GNB PGY, que fue beneficiado con alrededor de US$ 20 millones en transferencias. Llamativa­mente, el banco también opera con la empresa Triqueta SA, propiedad de nada más y nada menos que su marido, José Costa Perdomo. Pasaron los meses y se sumaron los indi­cios de corrupción. Licitacio­nes amañadas, millonarias adjudicaciones para publici­dad y contrataciones de mode­los y famosos para festejo del Día del Niño son solo algunos de los hechos cuestionados.FRIEDMANN, EL “AMIGO LEAL"	Rodolfo Friedmann.Cuando hablamos de impu­nidad en el gobierno de Añe­tete no podemos dejar de men­cionar a Rodolfo Friedmann, recientemente nombrado como ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), desde donde estaría manejando el Indert como su patio trasero. El ex gobernador del depar­tamento de Guairá tiene una pesada carga sobre sus hom­bros. Los hechos atribuidos a su persona y por los que ya fue denunciado ante el Ministerio Público fueron cometidos en su mayoría en la mencionada gobernación, e incluso fueron detectados por la Contraloría General de la República (CGR).Se lo acusa de haber privile­giado a sus leales amigos con millonarios contratos, además de beneficiar a sus familiares con puestos claves y el incum­plimiento en la distribución del almuerzo escolar para los niños del departamento.Uno de los hechos resalta­dos en el informe de la CGR es un contrato por valor de G. 15.452.976.000 en el 2016, adjudicado a la firma ESSA, dedicada a la distribución del almuerzo escolar y que pertenece al diputado Éver Noguera.EL “REY DE LAS LICITACIONES”Éver Noguera.	El diputado Éver Aricio Noguera no queda atrás en la lista de cuestionados, pero pri­vilegiados por este Gobierno. Noguera forma parte de los leales amigos del ministro Friedmann, quien en su época de gobernador habría direccio­nado casi todas las licitaciones de la Gobernación de Guairá a las empresas de Noguera. Mediante su empresa Even­tos y Servicios Sociedad Anó­nima (ESSA) el diputado ganó numerosas licitaciones por varios millones de gua­raníes. La empresa no se des­taca precisamente por ser una de las mejores; por el contra­rio, cuenta con varias denun­cias por incumplimientos y muchas otras irregularidades.LA “MINISTRA MIMADA”Carla Bacigalupo.	Una de las secretarias de Estado con más cuestiona­mientos en su gestión es la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo. Fue denunciada en febrero pasado por estafa, lesión de confianza y asocia­ción criminal, pero en lugar de abrir una investigación, la Fiscalía derivó la denuncia a la Contraloría para que esta ins­titución se expida sobre la exis­tencia o no de irregularidades.Luego de varios meses de tra­bajo, la CGR envió su reso­lución en que resalta varias falencias en su administra­ción. Algunas de ellas son la adjudicación irregular en la compra de simuladores y el uso indiscriminado de los fon­dos del Sinafocal que debieron ser destinados a los diferentes cursos, pero se usaron para distintos pagos en el minis­terio. Además, la Contraloría detectó una millonaria póliza de seguro no ejecutada, entre otras cosas.Aunque el órgano contralor recomendó derivar los hechos a los órganos de investigacio­nes pertinentes, el gobierno de Abdo continúa haciéndose de la vista gorda y dejando impune la posible comisión de hechos punibles.	El vicepresidente primero de la ANR, Darío Filártiga, expresó que la situación que se atraviesa es "preocupante" luego de la decisión de la Segunda Sala Capital de la Justicia Electoral, sobre las elecciones juveniles del Partido Colorado.“Consideramos que es un atropello a la autonomía política de los tribunales partidarios”, indicó Filártiga sobre la resolución de la Justicia Electoral con respecto a la validación de una candidatura (la de Marcelo Centurión por la Fuerza Renovadora Republicana) que fue inscripta fuera de los tiempos establecidos. En ese sentido, Filártiga expresó el rechazo de la Comisión Ejecutiva de la ANR a la intervención de la Justicia Electoral en el proceso interno y anunció que ejercerán la defensa de la institución partidaria.La Comisión Ejecutiva se impone el propósito de sanjar con diálogo, las dificultades aparecidas en el proceso electoral que ponen en riesgo la fecha marcada para las elecciones juveniles, pondrá el mayor esfuerzo en cumplir con el sueño ya por años postergados de los jóvenes.	November 18, 2019El directivo colorado dijo además que las elecciones juveniles a ser realizadas el próximo 15 de diciembre, podrían verse entorpecidas por esta situación. Por su parte, el senador Luis Alberto Castiglioni dijo que la decisión de la Comisión Ejecutiva fue la de tomar una iniciativa de promover el diálogo, especialmente con los sectores involucrados en el conflicto.Resaltó además que el Partido está realizando una gran esfuerzo y sacrificio para llevar a cabo las elecciones, que por última vez se habían dado hace casi 20 años.	“La situación es engorrosa, porque todo estaba preparado para hacer una fiesta republicana en paz, hasta que se recurrió a la Justicia Electoral y esta emitió una resolución que afecta la elección”, mencionó González a la radio Universo.Manifestó que hay injerencia del Ejecutivo en la irregularidad detectada en torno a las elecciones juveniles. “No son los jóvenes quienes causan esto, sino que los actores políticos de siempre”, lanzó.González manifestó que esto produce un gran daño para esta y las siguientes elecciones. “Las reglas del juego están trastocadas y no sabemos cuál es el camino a seguir ahora”, puntualizó.La Comisión Ejecutiva del Partido Colorado se reunirá este lunes y mañana, el Tribunal Electoral Partidario, según adelantó Eduardo González.“Estamos viendo que candidatos que no presentaron sus inscripciones ahora están siendo inscriptos por la Justicia Electoral. Muchos no pagaron sus aportes pero son habilitados y otros no tienen la antigüedad requerida”, puntualizó. DENUNCIAN A MAGISTRADOSJosé “Chechito” López, candidato a presidente de la Comisión Central de la Juventud Colorada por “Jóvenes con Honor”, y Enrique Wagener, candidato a miembro por Capital por la agrupación “Trabajemos Paraguay”, presentaron este jueves una ampliación a l	que firmaron la resolución favoreciendo al movimiento Fuerza Renovadora Republicana.La acusación involucra a los magistrados electorales Guillermo Casco Espínola, Alejandro Herrera Duarte y Myriam Cristaldo, del Tri­bunal Electoral de Segunda Sala, así como a Hermes Medina Oviedo y Lilian Lorena Rojas, miembros del Tribunal Electoral de la Capital Primera Sala.Los jueces fueron denunciados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por “mal desempeño en sus funcio­nes, parcialidad manifiesta, desconocimiento de las leyes electorales y flagrante violación a las leyes constitucionales”.Asimismo, se planteó una recusación contra Enrique Bacchetta y Adrián Salas, integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). En el caso de Bacchetta, se lo vincula con el juez Guillermo Casco Espínola, quien fue apoderado general de su hermano, Claudio Bacchetta, mientras que a Salas se lo señala por ser integrante del equipo político del vicepresidente Hugo Velázquez. Unas semanas atrás, los miembros del Tribunal Electoral de la Capital habían firmado una resolución que ordena al Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la ANR