La fiscal Rosa Noguera confirmó que el médico anestesiólogo imputado Aldo Ariel López González (40) imputado por el delito punible de feminicidio tipificado en la Ley 5777/16 se expone a una condena de hasta 30 años de cárcel. Indicó que en la normativa establece que se considera feminicidio cuando el autor mantiene una relación de noviazgo o afectividad con la víctima, en este caso, la joven Mayra Thalía González de 23 años.Noguera explicó en contacto con Universo 970 que según la declaración de una tía, la relación llevaba al menos 1 año y medio y que existía mucho conflicto entre ellos siendo una de las evidencias que el pasado sábado 2 de noviembre, Mayra llegó hasta la casa con golpes en la zona de la boca y alegó que se produjo por una caída que sufrió.La fiscal a cargo pidió prisión para el único sospechoso quien además la llevó hasta el sanatorio San Martín y la dejó allí ya con graves heridas que luego se confirmaron en la autopsia.Según el reporte de la autopsia, lo que produjo la muerte de la joven fue una hemorragia cerebral por golpes y estrangulación a mano. “Son mecanismos mortales, la estrangulación y el golpe en la cabeza”, señaló la representante del Ministerio Público.El imputado se encuentra en la Comisaría Séptima a disposición del juzgado.Ayer se realizó la autopsia del cuerpo de la víctima y aún faltan los resultados de anatomía patológica y toxicología y de los seis indicadores que establece el protocolo Latinoamericano de Feminicidio, Mayra Thalía presentaba cinco, por lo que el propio forense Pablo Lemir confirmó que fue una “muerte violenta, tipo feminicida”. El cadáver presenta lesiones contusas: un golpe a nivel del pómulo derecho, varios en la parte frontal y en la occipital del cráneo, que provocaron hemorragias cerebrales. Además, una lesión espontánea compatible con una estrangulación a mano y signos de asfixia a nivel pulmonar.También hallaron otros golpes de diferentes datas , antiguos signos de punción en el tobillo, que hacen suponer que le aplicaban sustancias tóxicas o lo hacía ella misma. Con la muerte de la joven queda huérfana de madre una niña de 3 años. Mayra Thalía es la víctima número 30 de feminicidio en lo que va del año.	La viceministra de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Cecilia Pérez, calificó de sorpresivo, inesperado e irresponsable el operativo judicial – policial encabezado por el agente fiscal Gabriel Segovia, en la penitenciaría de la capital del Amambay.Sostuvo a la radio 780 AM que ayer los intervinientes ingresaron al recinto penitenciario a buscar algo y aunque el ingreso fue autorizado por el director de la institución penitenciaria, no comunicaron del hecho al Ministerio de Justicia, como se acostumbraba.Incluso mencionó que cuando ya estaban de salida, un agente antimotín disparó a un interno que tuvo que ser derivado al Hospital del Trauma y perdió un ojo, en una actitud que fue innecesaria, porque el recluso solo hizo una pregunta y no fue violento.“El procedimiento fue muy imprevisto; fue innecesario, porque entraron para algo pero no encontraron. La Unidad del Crimen Organizado es la que trabaja con nosotros en estos casos, pero ni ellos tienen tienen conocimiento del motivo de este caso”, dijo.Esgrimió que tras los procedimientos, la población penitenciaria queda muy alterada y en esta oportunidad solo había 16 agentes penitenciarios trabajando allí, por lo que se podía haber pedido refuerzo para evitar algún hecho que posteriormente se lamente. Refirió que está esperando un informe para presentar a las autoridades y que el reclamo es que dicho operativo no fue coordinado con las autoridades y el ingreso fue masivo del personal policial, lo cual causó la alarma de la población penitenciaria. Pérez contó que está esperando un informe para presentar a las autoridades y que el reclamo es que dicho operativo no fue coordinado con las autoridades y el ingreso fue masivo del personal policial, lo cual causó la alarma de la población penitenciaria.	El colegio en donde se denunció por abuso sexual a un profesor sombra proveyó los datos requeridos por la Fiscalía y se puso a disposición para la investigación. La víctima asiste normalmente a clases y el sospechoso está en prisión en carácter preventivo. El Ministerio Público sostiene que existen indicios de que el hecho sucedió.	El niño de nueve años, presunta víctima de abuso sexual por parte de un profesor sombra, asiste regularmente a clases, según confirmaron autoridades de la institución y los propios investigadores, pues la recomendación de la psicóloga del Ministerio Público es no cortar la actividad del alumno y tratar de que continúe con su vida normal, al margen de la contención y de la asistencia que necesita.El denunciado es estudiante de psicología y fue contratado por los padres de dos alumnos con dificultades de aprendizaje, para ejercer la función de profesor sombra. Así lo explicaron a nuestra redacción los directivos de la casa de estudios, quienes en tres años nunca habían tenido ningún inconveniente, ni reporte negativo sobre el joven.Representantes del Ministerio Público se constituyeron en el colegio la semana pasada y tal como lo solicitaron, recibieron la lista de todos los estudiantes del tercer grado, la dirección del sospechoso, los nombres de los chicos que estaban a su cargo y las imágenes de las cámaras de seguridad.Sobre este punto, la fiscal Carina Sánchez confirmó a HOY que las cámaras no funcionaban hace tres meses, no obstante, procederán a la extracción de datos de la memoria para verificar si encuentran algo relevante fuera de este periodo. En cuanto a la inspección realizada al niño, la fiscal aclaró que la madre llevó a su hijo a IPS, donde le hicieron las evaluaciones pertinentes establecidas para el caso, pero que posteriormente lo derivaron a clínica forense, área indicada para denuncias de este tipo. De estos resultados se desprende un elemento esencial para	la imputación del implicado.“Hay indicios que corroboran la versión de la víctima, no quiero entrar en detalles”, comentó la fiscal y reveló que en el colegio podría haber más niños que sufrieron lo mismo, según testimonios de ellos mismos y de familiares. Sánchez indicó que los nuevos casos fueron reportados por chicos con dificultades de aprendizaje. El Ministerio Público solicitó al MEC un informe para corroborar si el colegio aplicó o no el protocolo estipulado para los casos de abuso sexual, desde el momento en que las autoridades se enteraron de la denuncia.	Las barcazas de gran porte son las que mayor dificultad atraviesan para la navegabilidad y el tránsito fluvial. A consecuencia de esto el transporte de materia prima de la INC se vio afectado, según comunicó la cementera estatal.A través de un comunicado, las autoridades confirmaron que habrá un retraso en la llegada a las plantas fabriles y que los despachos de cemento se verán resentidos durante las próximas semanas. El Centro de Armadores hizo una declaración de emergencia en los ríos Paraná y Paraguay hace un mes a modo de pedir que se contraten más dragas y que se consigan soluciones efectivas a la problemática, ya que según Muñoz, actualmente es posible navegar, pero sólo por canales muy angostos.Pese a los años de pedido de un plan de dragado, tomando en cuenta que el 90 % del comercio paraguayo fluye por el río, no hay Gobierno que se haga cargo del problema de la bajante, que hoy es calificada de asustante.