“Lo primero que hay que aclarar es que la chipa no es de nadie. No es guaraní y castellano, es palabra quechua”, explicó a HOY la etno-gastrónoma, docente, investigadora y autora de libros, Graciela Martínez.En ese sentido, sostuvo que la chipa tiene como ingredientes a productos que son considerados regionales, como el almidón, el queso y la grasa. “La chipa es tradicional en nuestro país, pero también es regional. En Bolivia también se come la chipa, pero le dicen “Kuña Piru”, ellos sí le dan nombre guaraní”, refirió.Señaló que los argentinos no tienen como tradición el consumo y comercialización de la chipa, a diferencia de nuestro país donde se vende el producto a lo largo y ancho de las rutas nacionales.Martínez comentó además que la chipa es elaborada y consumida en la región desde la llegada de los Jesuitas, y a lo largo de los años fue evolucionando en cuanto a su preparación. Sin embargo, indicó que nadie se puede apropiar del producto, ya que es regional y no exclusivo de un solo país.“Se hizo una polémica al santo cohete. Lo que se equivocó la Unesco es en darle a Argentina protagonismo, los que menos tienen tradición en chipería son ellos”, precisó la profesora.Semanas atrás,	, donde decía que la chipa era un producto elaborado con ingredientes provenientes de la Argentina. “Chip, chip… ¡¡¡Chipa!!! Espera, ¿no sabes lo que es chipa? ¡Permítanos presentarle este delicioso pan de queso procedente del #Yaboti #BiosphereReserve en #Argentina!”, fue lo publicado primeramente por la Unesco. En el nuevo posteo, aclararon que la chipa es una herencia culinaria compartida entre Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay. Además, indicaron que la chipa es considerada en Paraguay como un “plato nacional”.	La Comisión de Educación parlasuriana y la Secretaría Nacional de Cultura conformaron una mesa de trabajo para abordar el problema, entre otros. Un tema que adquirió principal importancia fue la posible afectación del Solar Artigas (ubicada en la entrada del Jardín Botánico), a partir de la construcción de viaductos por encima del Jardín Botánico, que unirá la Costanera Norte con Ñu Guasu.Al inicio, fueron expuestas las acciones y los planes de ambas instancias, así como se decidió la instalación de una mesa de trabajo entre las mismas. En tal sentido, la presidenta de la Comisión de Educación, María Eugenia Crichigno, enumeró las iniciativas de la Delegación de Paraguay del Parlasur, como lo son la edición especial de “Yo el Supremo”, la declaración de interés Cultural del Mercosur las obras del escritor Augusto Roa Bastos, la participación en la Feria Internacional del Libro de Asunción y su declaración de interés cultural del Mercosur, entre otras.Por su parte, Capdevila enunció también las políticas llevadas a cabo por su Secretaría y, en especial, los esfuerzos por la preservación del patrimonio cultural intangible, así como aspectos del Plan Nacional de Cultural.En la reunión, junto con Crichigno, estuvieron los integrantes Blanca Lila Mignarro y Manuel Morínigo, mientras que acompañó a Capdevila, la directora director de cooperación, Teresita Silvero.PATRIMONIO CULTURALEntre los temas tratados, uno que adquirió principal atención por los efectos que pudieran causar en un patrimonio cultural - como lo es la Escuela Solar de Artigas (ubicado al costado de la entrada principal del Jardín Botánico) -, fue la construcción de viaductos, que unirán la Costanera Norte con la zona de Ñu Guasu.Al respecto, a criterio del ministro, la municipalidad de Asunción tiene principal responsabilidad, pues habilitó un proyecto con el cual se dañaría es patrimonio, sin que se establecieran los protocolos para el efecto.Del mismo modo, se recordó que la delegación paraguaya había presentado una declaración del Parlasur – a iniciativa del parlamentario Ricardo Canese – por la cual se solicitaban medidas para evitar esta situación y, al respecto, debería revisarse el financiamiento de las obras que, en parte, están sustentada en fondos de los Fondos de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM). La parlamentaria Crichigno consideró necesario contar con información precisa sobre las referidas obras, por lo cual ordenó solicitar datos a las distintas instituciones del Estado involucradas. Ello, con el objetivo, de buscar medidas protectoras o mitigadoras ante la construcción de dichos viaductos.	El Ministerio Público pide la continuidad del proceso de extradición y la inmediata entrega de los acusados al Estado paraguayo. El documento fue emitido por la procuradora general de la República, Raquel Dodge, confirmaron este miércoles fuentes de la entidad.La extradición tanto de Martínez como de Óscar Luis Benítez, había sido autorizada el 13 de noviembre pasado por la Corte Suprema de Brasil igualmente tras el aval de la Procuraduría, pero el proceso fue paralizado debido a que el primero presentó una solicitud de refugio en Brasil.El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública rechazó la petición de refugio en una decisión anunciada recientemente, según destacó la Procuraduría en un comunicado.Además de solicitar la continuidad del proceso de extradición, la Procuraduría envió una notificación al Comité Nacional para los Refugiados (Conare) para que adopte las medidas necesarias ya que el proceso de refugio fue “definitivamente negado” por el Gobierno brasileño.Los dos acusados del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas fueron detenidos en Brasil en noviembre de 2017, cuando fueron presentados como supuestos líderes de un grupo guerrillero, y su extradición fue solicitada un mes después por Paraguay.El crimen contra Cecilia Cubas fue atribuido a un grupo del que posteriormente surgió la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), por lo que los dos solicitados en extradición son señalados como dirigentes de la organización.	Horas complicadas se viven en el predio y en los pasillos del Instituto de Previsión Social (IPS), tras la finalización del contrato con la empresa que prestaba servicio de seguridad en la institución. Funcionarios y sindicalistas temen que la situación se descontrole y se vuelva al mismo problema de años anteriores.	Stella González, presidenta del Sindicato de Obreros y Empleados del IPS (Seodips, manifestó que lo que está ocurriendo hoy en el IPS, no es una novedad, sino es parte del “atropello” que se le dio a la institución desde hace décadas. Indicó que en el ente, reina una corrupción y descontrol en todas las áreas.Con respecto al conflicto generado tras la rescisión de contrato con la empresa privada que prestaba servicio de seguridad en el IPS, González señaló que anteriormente eran 150 guardias aproximadamente los que custodiaban el edificio de la sede central.Ahora, expresó que solamente están 30 efectivos de la Policía Nacional, que no están pudiendo dar abasto. “Es un desastre realmente”, sostuvo González en comunicación con la 970 AM.Asimismo, manifestó que esta situación podría ocasionar la vuelta de los vendedores ambulantes en los pasillos, cuestión que llevó una lucha de años para erradicar de la institución.Agregó que con esto, se estarían generando robos y contaminaciones. “Nosotros llegamos a tener cuestiones de droga en el hospital”, subrayó la sindicalista.Por último, anunció una convocatoria para este miércoles 19 de junio frente la Caja Central del IPS, donde exigirán la salida del presidente Armando Rodríguez y todos los miembros del Consejo. Además, marcharán hasta el Ministerio del Trabajo.