“No creo que exista ningún problema en que eso sea público y si tiene que ser que sea así, cada uno tiene su decisión tomada y es responsable de lo que dice “, opinó el senador colorado Antonio Barrios. Consideró que no hay nada que ocultar y que existen posturas dispares, pero que pese a esto, todas deben ser respetadas porque cada uno tiene el derecho a pensar distinto.“Yo me he manifestado desde el principio, que acá se violentó la Constitución Nacional en el artículo 231 incisos 1 y 7, yo que soy médico interpreto esto esto porque es muy claro”, aclaró el legislador.La sesión conclusiva está anunciada para las 17:00 de este miércoles y el presidente Eusebio Ramón Ayala anunció que planteará hacerla de manera pública, aunque esto dependerá de la decisión de la mayoría. En cualquiera de los casos, la Comisión deberá informar la responsabilidad que tuvieron los involucrados en la firma secreta del acta de Itaipú, que pese a ser anulada por el escándalo mediático y la indignación ciudadana, no resta culpabilidad a quienes acordaron obligar a Paraguay a pagar un precio más alto por la energía y otros puntos establecidos en el documento.	”La expectativa que Hacienda nos plantea es de US$ 13.500 millones, eso es lo que se puede recaudar en un análisis muy optimista y si le sumamos los US$ 700 millones iríamos a US$ 14.200 millones y eso sería aprobar un presupuesto que ni remotamente se puede recaudar”, explicó a la 730 AM. Agregó que se podría llegar a repetir el panorama del 2002 durante el gobierno de Luis González Macchi, donde lo que se lograba colectar no alcanzaba siquiera para pagar los salarios y los funcionarios públicos cobraban con un mes de atraso.Ovelar sostiene que todos los pedidos son válidos, ni si todos los senadores y diputados donaran sus sueldos se puede llegar a cubrir el déficit. “Cuando el integrante de tu propio equipo político, por un interés sectario, particular o institucional te plantean estas situaciones, ya te rompe las pelotas […] Nos vamos a ir todos al barranco si es que no tomamos una actitud serena y medianamente razonable en esta oportunidad. Estamos en época de vacas flacas y no podemos ser generosos con lo que no tenemos“, criticó severamente. Acotó que si “los muchachos se pasan de revoluciones”, él mismo aconsejará el veto del Presupuesto. El legislador aseguró que sus propios compañeros de movimiento son los que presionan para la aprobación de los aumentos. “La perrada no está entendiendo que estamos en crisis” disparó Ovelar y alegó que las bancadas tienen un papel primordial al momento de definir el futuro del país. Silvio Ovelar cuestionó la postura relajada del presidente de la República respecto a sus colegas que solicitan ampliaciones indiscriminadamente. “Yo creo que este es un caso en el que se tiene que bajar línea de manera contundente”, acotó. El ministro de Hacienda, Benigno López, adelantó ayer que el Ejecutivo vetará el presupuesto para el 2020 si es que el Congreso aprueba los aumentos. Sostuvo que todos los pedidos de ampliación vienen directamente de los diferentes entes estatales porque los ministros “no quieren pelearse con sus gremios” y que, finalmente, el problema termina cayendo únicamente sobre su cartera.	Alcides Riveros, intendente de la ciudad de Fernando de la Mora, cuestionó en charla con radio Monumental que el actual Gobierno Nacional no puede dar punto final al contrato del fallido Metrobús con la empresa portuguesa Mota Engil.“Tratamos de dialogar con el Gobierno pero hasta ahora no cancelaron el contrato con Mota Engil. Hasta que termine ese contrato no se puede tocar la ruta Mariscal Estigarribia”, dijo y lamentó que “todo se hizo a las apuradas”.Riveros cuestionó que en plena ruta se montan puestos de comercio y hasta se exhiben vehículos en venta. “Es una vergüenza y nosotros no podemos hacer nada porque la Patrulla Caminera se adueña de la ruta cada vez que le conviene”, insistió.Por su parte, Luis Christ Jacobs, director de la Patrulla Caminera, reconoció que su institución es la responsable de controlar el trayecto de la ruta Mariscal Estigarribia, a partir de Calle Última.Afirmó que esperan recibir denuncias para actuar ante los casos mencionados y advirtió que la multa por estacionar vehículos en zonas no permitidas es de 10 jornales, G. 843.000, con un 25% en las reincidencias. En junio pasado, hasta una chatarrería fue ubicada en pleno paseo central de la ruta 2 Mariscal Estigarribia, frente mismo a la Municipalidad de Fernando de la Mora y de la Comisaría 2. Allí estaban depositados o abandonados hacía varios meses vehículos en desuso y en mal estado.	El MOPC aclara que la empresa no cuenta con permiso de la Autoridad Administrativa de Transporte para usufructuar la línea 18 y que además, registra una serie de incumplimientos legales, tales como evasión fiscal, cánones y multas impagas al Viceministerio de Transporte y violación de leyes laborales. Choferes exigen que se los deje trabajar.	La empresa de transporte 29 de Setiembre Boquerón SRL lleva en su haber una serie de irregularidades, según publica el MOPC entre ellas una deuda que asciende a G. 1.076.649.434 con el Viceministerio de Transporte, en concepto de cánones y multas impagas de varios años. También mantiene una deuda con el Banco Nacional de Fomento por valor de 2.318.292 dólares por un préstamo que le fuera concedido para la compra de buses. Entre los antecedentes de la empresa figuran además los incumplimientos legales con la Subsecretaría de Tributación en su calidad de contribuyente del IVA e IRACIS, también están registrados además de normas laborales en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde instruido un sumario administrativo al respecto.El MOPC aclara que la empresa no cuenta con permiso de la Autoridad Administrativa de Transporte para usufructuar la línea 18 y que además, registra una serie de incumplimientos legales, tales como evasión fiscal, cánones y multas impagas al Viceministerio de Transporte y violación de leyes laborales, que denotan la total irregularidad en que pretenden seguir prestando el servicio de transporte de pasajeros. La institución indica que la empresa pretende seguir operando sin ningún tipo de control o fiscalización por parte del Viceministerio de Transporte situación que no solo resulta irregular, sino además, expone a los usuarios a recibir un servicio deficitario y eventualmente lesivo de su integridad física y la vida.Por su parte, los choferes de la empresa denuncian una supuesta persecución por parte del Viceministerio del Transporte y exigen que las autoridades les permitan seguir trabajando en sus unidades.Ayer, tres de los trabajadores iniciaron una huelga de hambre frente al MOPC en busca de respuestas de las autoridades a quienes reclaman el cumplimiento de la medida cautelar que les permite seguir circulando.