En entrevista con la 970 AM, el exministro Santiago Peña señaló que está a favor de una reforma que facilite el cumplimiento tributario y disminuye la evasión fiscal. No obstante, indicó que siempre manifestó su preocupación por tocar los impuestos al consumo, como el tabaco, las bebidas, entre otros.El experto en economía hizo la salvedad de que el propio ministro de Hacienda, Benigno López, no tiene pensando aún aplicar una mayor tasa, sino que ampliar el monto tope para ponerlo en vigencia más adelante, cuando la economía mejore.Peña señaló que sí comparte esta intención de proyectar a futuro, pero dejó en claro que si se aplican ahora estas modificaciones conllevarán a una situación catastrófica para el Estado.“Los números actuales muestran que estas tasas están recaudando menos y si aumentamos el porcentaje, la situación empeorará aún más. La reforma es necesaria, será buena, porque ayudará a segmentos más bajos a facilitar el cumplimiento tributario. A los ingresos más altos se impondrá una mayor presión tributaria de acuerdo a su capacidad de pago”, explicó.A su parecer, el mayor impacto del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) no pasará por el poder adquisitivo de los consumidores, sino que por la capacidad recaudatoria del Estado y de la consecuente inversión en salud y educación.En ese sentido contó que el ISC es el impuesto más fácil de evadir por la situación geográfica del país. “Esto es algo que ya ocurre el día de hoy. Sin modificar ninguna tasa, los productos argentinos se vuelven más accesibles y el consumidor paraguayo consume productos de Argentina o Brasil, antes que los legales”, refirió. El exsecretario de Estado apostó por la concientización primeramente para que se opte por consumir lo legal, antes que tocar los impuestos.	“Estamos trabajando para potenciar la capacidad y darle a la gente la respuesta que necesita. Lo que yo no puedo hacer frente a cada situación, es estar alterando los sistemas institucionales”, afirmó Villamayor. El secretario de Estado consideró que la labor que cumple la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) es imprescindible para brindar a la ciudadanía la respuesta que espera. Sobre este último punto señaló que un trabajo táctico y de inteligencia no tiene resultados en dos meses, sino a largo plazo por lo que no se puede esperar inmediatez.“Comprendo las necesidades y la presión de la ciudadanía, pero necesitamos un poco más de tiempo para llegar a nuestro objetivo”, sostuvo el ministro del Interior. El proyecto que plantea la derogación de la Fuerza de Tarea Conjunta fue presentado por el Partido Democrático Progresista, debido a los gastos que implica mantener a este grupo y le lejos que se encuentra los resultados de las expectativas generadas.	El abogado Luis Ariel Rojas señaló a la 970 AM que se hizo eco de informaciones periodísticas respecto a todas las denuncias que pesan sobre la candidata a la máxima instancia judicial y que decidió acercar las informaciones al Consejo de la Magistratura.Señaló que debe evaluarse la candidatura de la exjueza e interventora de la Municipalidad de Ciudad del Este y actual titular de Senabico, quien presentó su postulación para integrar la máxima instancia judicial del país. Acotó que sobre la misma pesan denuncias penales que están en trámite en el Ministerio Público.En diciembre del 2018, los concejales de la Municipalidad de Ciudad del Este denunciaron a Llanes por un supuesto hecho de producción mediata de documentes públicos de contenido falso.En tanto que el abogado de Sandra McLeod, Bernardo Villalba, denunció a la entonces interventora, por un supuesto daño patrimonial de más de Gs. 5.200 millones. Además por asumir atribuciones que no le correspondían.	El viceministro Robert Cano comentó a la radio 970 AM que existen obras ya iniciadas en el gobierno anterior y que siguen en proceso de ejecución.Aclaró que el Ministerio no tiene prácticamente presupuesto para encarar obras propias, y que esto sí lo hacen las gobernaciones y las municipalidades. “Hay 250 municipios y la mayoría de ellos están ejecutando algún tipo de obra para educación”, alegó.En lo que respecta al MEC, la autoridad indicó que sí llegaron a licitar las polémicas aulas prefabricadas, que no fue aprobada por el gremio de los fabricantes de ladrillos.SIN LICITACIONES Y CON ECONOMÍA PARADAEl presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke,	que son cuatros los Ministerios (Salud, Educación, Vivienda y el de Justicia) que desde que inició el nuevo Gobierno, no presentaron ni una sola licitación para obras y servicios. “No entiendo cómo es que pasaron casi 9 meses, y hasta ahora no se ha licitado nada”, subrayó en charla con la 970 AM.