El otorgamiento de la libertad ambulatoria a Alba Armoa fue dada por el juez Elio Vera, quien decidió cambiar la calificación de homicidio doloso a omisión de dar aviso de un hecho punible, reducción y obstrucción a la persecución y ejecución penal.La Fiscalía hace días atrás también hizo lugar al cambio de calificación, por lo que la otra procesada en la causa, Araceli Sosa, también quedó en libertad.La fiscal Esmilda Álvarez, en contacto con la 650 AM, explicó que al otorgarle medidas cautelares menos gravosas, no significa que esté desvinculada totalmente de la causa. Alba Armoa deberá comparecer mensualmente ante el Juzgado y además tiene ciertas restricciones, como la prohibición de salida del país.“A esta altura de la investigación, ya no tenemos dudas. Las conductas desplegadas por estas personas son consideradas como delitos, no como crímenes”, indicó la fiscal en relación a la situación tanto de Armoa, como Sosa.Sin embargo, el otro procesado en la causa, Bruno Marabel, no corre con la misma suerte. “Tenemos elementos suficientes para asegurar que él fue el único autor. Son infinidades de pruebas”, agregó.Tanto Araceli, Alba y Bruno eran compañeros de trabajo y habían estado durante varias ocasiones en la “Casa del Horror” posterior a los asesinatos.Marabel incluso confirmó que en ese momento estaba empezando una relación sentimental con Alba Armoa.	​La congregación mayoritaria se centró hoy en el microcentro de Asunción, donde los campesinos tenían previsto realizar una marcha. Sin embargo, los representantes de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) lograron conseguir una reunión con autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo en la sede del Congreso.Al igual que en Asunción, sectores campesinos se movilizaron en diferentes puntos del país como Concepción, San Pedro, Canindeyú, Caaguazú Caazapá y Amambay.En el caso de San Pedro, los manifestantes marcharon por la Ruta III General Aquino a la altura de Santa Rosa del Aguaray, realizando cortes intermitentes.Misma situación se vivió en Caaguazú, a la altura del Km. 213 en Campo 9, donde también se realizaron cortes de ruta.Los labriegos, acompañados en varios casos de los indígenas, anunciaron que mañana continuarán con las movilizaciones hasta ser atendidos por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.Los reclamos principales son referentes a la adopción de una política distributiva de tierras, reforma agraria integral y subsidios para la agricultura familiar campesina,	Romero, que se entrevistó en Asunción con Villamayor, dijo a los periodistas que la creación de un comando regional de espacio aéreo sería una solución ante la actividad de los “puentes aéreos irregulares”.“Los puentes aéreos irregulares nos hacen muy vulnerables para el trasiego de droga, especialmente”, dijo Romero, en declaraciones facilitadas por el Ministro del Interior.Asimismo, Romero planteó a Villamayor la posibilidad de que Paraguay forme parte del centro de inteligencia instalado en la ciudad boliviana de Santa Cruz, donde se procesa e intercambia información sobre las redes de narcotráfico.En el centro trabajan agentes especializados de Bolivia y de las policías de Argentina y Brasil.En ese sentido, el ministro boliviano dijo que “la lucha contra las drogas es parte de una agenda conjunta”, y añadió que “la lucha contra el crimen organizado trasnacional es una tarea permanente”.En la reunión, Romero presentó a Villamayor un “informe en detalle” sobre los puntos críticos de tráfico de droga en las zonas de control fronterizo entre ambos países, de cara a fortalecer la cooperación en ese combate.“Tenemos que combatir el ingreso, el trasiego de cocaína que pasa a través del territorio boliviano y muchas veces es recepcionado en territorio paraguayo”, señaló el ministro.Y también llamó la atención sobre el “el trasiego de marihuana a través del territorio boliviano con origen en Paraguay”, que tendría como mercados Chile o Argentina.Paraguay se convirtió en una ruta de transformación de la coca boliviana en cocaína para su venta en Brasil, Argentina y otros países, con la implantación de laboratorios clandestinos en su territorio, según las autoridades.	“Esta Magistratura ha declinado competencia en los informes requeridos por la Comisión Bicameral y remití todos los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia”, explicó la jueza Lici Teresita Sánchez.La magistrada además ratificó su posición en que esta no es una causa nueva, sino uno prosecución de ya iniciada por otro colega. En este caso, el juez Alcides Corbeta.“La Corte debe resolver en definitiva quién es el juez competente”, subrayó la jueza en relación al pedido de la Comisión Bicameral que investiga el caso del empresario Darío Messer y que solicitó la aplicación de una sanción contra el expresidente Horacio Cartes por la no comparecencia ante el Congreso. “No hay manera alguna que me exijan que aplique una sanción, cuando no fui la juez natural que ha dictado una resolución fundada y ha dispuesto un apercibimiento en caso de un incumplimiento”, agregó la jueza.