Su mayor derrota la sufrió este mes, cuando una docena de condenados de Lava Jato, entre ellos el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, recuperaron su libertad gracias a una alteración de las reglas de aplicación de penas, decidida por el Supremo Tribunal Federal (STF). La máxima corte decidió que nadie puede ir a la cárcel antes de agotar sus recursos ante las cuatro instancias del sistema judicial brasileño, a menos que represente un peligro público o que haya un riesgo de obstrucción del proceso o de fuga.La operación que desde desde 2014 condenó a decenas de empresarios y políticos implicados en una red de sobornos para obtener contratos en Petrobras se vio así privada de dictar penas de prisión después de una condena en segunda instancia, una de sus principales armas en un país donde los procesos suelen eternizarse.Esa decisión debilitará además la eficacia de las "delaciones premiadas", otra de sus herramientas favoritas, "dado que los acusados que optan por delatar lo hacen ante el riesgo de ser encarcelados", subraya el jurista Michael Mohallem, de la Fundación Getúlio Vargas.Mohallem niega que la mayor investigación anticorrupción de la historia de Brasil, con ramificaciones que provocaron convulsiones políticas en Perú y Ecuador entre una decena de países, esté amenazada de muerte, pero reconoce que "las últimas decisiones del Supremo pueden dar esa impresión".La operación, que nació en Curitiba (sur), "ya se diseminó por varios estados [brasileños] y tiene ramificaciones que permanecen inalteradas", explica.- Un exjuez cuestionado -Lava Jato puede encajar un golpe aun mayor, si el STF decide próximamente que Moro dictó la primera condena contra Lula para sacarlo de la contienda de las presidenciales de octubre pasado, ganadas por el ultraderechista Jair Bolsonaro.Esa "sospecha" surgió cuando Bolsonaro designó a Moro ministro de Justicia; y se vio reforzada en junio con la publicación por el portal The Intercept Brasil de mensajes hackeados que dan señales de una connivencia indebida entre los fiscales y Moro.Para el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol, las "élites" económicas y políticas que se vieron amenazadas por Lava Jato buscan ahora "vengarse"."Estamos en la fase del revanchismo (...) para cambiar las reglas de Lava Jato y cortar la cabeza de sus líderes", dijo Dallagnol en una entrevista con la AFP a fines de septiembre.Los detractores de Lava Jato afirman que la cruzada contra la corrupción debilitó la garantía de presunción de inocencia, destruyó el sistema político, favoreció la victoria de Bolsonaro y arruinó a empresas que garantizaban miles de empleos, en plena recesión económica.Entre ambas posiciones, hay quienes piensan que Lava Jato cambió una cultura permisiva o resignada ante la corrupción y que ahora se trata de poner límites al "lavajatismo militante"."El STF percibió que Lava Jato tenía demasiado poder. Pero su legado histórico va a permanecer: en el sector de la construcción y en Petrobras hay mucho menos corrupción que antes", afirma Manoel Galdino, director ejecutivo de la oenegé Transparencia Brasil.- La OCDE, preocupada -Las derrotas de Lava Jato no solo benefician a Lula.En marzo, el STF decidió que los casos de financiación ilegal de campañas eran de la órbita de la justicia electoral y no de la justicia común, que trata denuncias de corrupción, aliviando a muchos excandidatos bajo sospecha.En julio, el presidente del STF, Dias Toffoli, suspendió las investigaciones basadas en informaciones sobre movimientos financieros obtenidas sin autorización judicial. Esa cautelar fue solicitada por la defensa del senador Flávio Bolsonaro, hijo del jefe de Estado, sospechoso de integrar un sistema de desvío de salarios en la Asamblea Legislativa de Rio de Janeiro. En septiembre, la Cámara aprobó una "Ley de abuso de autoridad" que prevé sanciones, incluyendo la prisión, para jueces que recurran de manera injustificada a las prisiones preventivas o presionen a sospechosos para obtener acuerdos de delación premiada. Las dos últimas medidas alarmaron a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que la semana pasada urgió a Brasil a "cesar inmediatamente las amenazas contra la independencia y la capacidad de las autoridades públicas para combatir la corrupción".	El periodista Julio De la Rue, director de Cablenoticias, comentó a la radio Universo que para el jueves está convocado un gran paro, impulsado por el sector de la izquierda ante la situación económica, la modificación del sistema de pensión y la disminución del salario. Algunas universidades no tendrán clases y en las empresas se dará el día libre a los empleados.“El Gobierno quiere evitar que haya movilizaciones violentas. Las fronteras están cerradas para evitar que ingresen infiltrados a generar desordenes en el país. Se pretende evitar que las protestas se conviertan en incendios y terminemos como Chile, Ecuador, Perú y Bolivia”, indicó.El comunicador colombiano mencionó que las autoridades garantizaron a las fuerzas de seguridad las herramientas en el caso de que se requiera tomar alguna medida de control, pero respetando el derecho a las personas a salir a protestar siempre en un proceso pacífico.	ALERTAN VIOLENCIA POLICIAL EN VÍSPERA DE MOVILIZACIÓN Según EFE, los defensores de derechos humanos alertaron este martes sobre la violencia policial y militarización de ciudades colombianas dos días antes de la jornada de protestas convocada por sindicatos y otros sectores sociales que rechazan el que llaman "paquetazo" de reformas del presidente Iván Duque."La militarización desatada en las calles de Bogotá hace prever que el Gobierno está constituyendo una tragedia contra los dirigentes sociales y contra los miembros del movimiento social, por eso queremos alertar y pedir el respaldo de la comunidad nacional e internacional", dijo en una rueda de prensa el defensor de derechos humanos Andrés Felipe Valencia.En las últimas horas en Bogotá se ha incrementado la presencia de soldados con fusiles en las calles, lo que el Gobierno afirma no se trata de una militarización sino de un apoyo a la Policía en sus patrullajes diarios.El activista explicó que la preocupación radica en que las Fuerzas Militares no son un cuerpo civil que establezca diálogo e interlocución con la comunidad. "Señor Duque, este no es un escenario de guerra, no es un escenario de conflicto armado, este es un escenario de inconformidad social", subrayó Valencia.ALLANAMIENTOS Los defensores de derechos humanos también denunciaron que la Policía hizo este martes en Bogotá, Cali y Medellín allanamientos a viviendas de varios líderes que promueven la protesta del jueves y detallaron que en la capital colombiana fueron siete operaciones de este tipo, aunque aclararon que no hubo detenidos. "Solicitamos a las autoridades todo el respeto para los miembros de las organizaciones de derechos humanos. Nuestros defensores están allí para contribuir a la garantía del derecho a la protesta social y no para ser atacados o estereotipados como hemos visto en los últimos escenarios", dijo.	En una carta, publicada en Twitter, la CIDH especificó que la “visita de trabajo” se realizará entre el 22 y 25 de noviembre y estará liderada por Abrão junto a un equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).En una reunión de la OEA celebrada el pasado 12 de noviembre, la misión de Bolivia, integrada por diplomáticos nombrados por el ya expresidente Evo Morales, pidió a la Comisión que acudiera al país.Según datos de la CIDH, 23 personas han muerto y 715 han resultado heridas desde las elecciones del pasado 20 de octubre, en las que Morales fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición.Posteriormente, el 10 de noviembre, un informe de los expertos electorales de la OEA advirtió de irregularidades “muy graves” en las elecciones. Entre ellas, una importante manipulación en el sistema informático de trasmisión y cómputo de resultados.En ese contexto, el 11 de noviembre, Evo Morales abandonó Bolivia después de que las Fuerzas Armadas le forzaran a dejar el cargo y recibió asilo en México.La renuncia de Morales ha sido calificada de “golpe de estado” por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos.Otros países han reconocido el Ejecutivo interino de Jeanine Áñez, mientras que parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.La CIDH se ha mostrado muy crítica con un decreto del Gobierno provisional liderado por Áñez que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal si actúan “en legítima defensa o en estado de necesidad” y bajo criterios de “legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.A juicio de la comisión, ese decreto “desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta”. El Gobierno de Áñez ha respondido diciendo que no supone una “licencia para matar” y que se enmarca en la Constitución y las leyes del país.	.Morales señaló que, hasta que la Asamblea Nacional no apruebe su renuncia, todavía sigue siendo presidente de Bolivia.Además desmintió que Rusia haya reconocido a la presidenta interina Jeanine Áñez y se refirió al sonado fraude electoral, que ocasionó la crisis social en el país del Altiplano.“Yo he pedido que se revise acta por acta, mejor mesa por mesa, para mí eso es lo más válido”, enfatizó Evo en un primer momento.Sin embargo, el episodio más álgido de la entrevista ocurrió cuando Lissardy preguntó a Evo Morales por qué dejó Bolivia y pidió asilo político en México.“A muchos les llamó la atención que abandonara Bolivia, se fuera del país. Si está seguro de que actuó de forma correcta, ¿por qué se fue?”, preguntó. Evo respondió: “Mira, el día sábado 9 de noviembre [...] los equipos de seguridad me hacen leer los mensajes recibidos: ‘Entrégame a	Evo: Es un derecho de todos. Pero he ganado en primera vuelta. El problema es que la derecha no reconoce lo que hemos ganado. Estaba seguro de que iba a ganar; hemos ganado.En otro momento se molestó cuando le consultaron si no presentará candidatura de por vida a la Presidencia. “Tengo derechos”, dijo y luego afirmó que el periodista miente cuando dijo que se escapó de Bolivia.Entrevista completa a Evo Morales de BBC Mundo