Los estafados por la empresa Mocipar presentaron una apelación contra la llamativa y sospechosa decisión del juez Gustavo Amarilla, quien excluyó de la causa al ministro Dany Durand, pese a que en ningún momento fue denunciado directamente. También los afectados anunciaron que recusarán a la fiscala Stella Mary Cano, quien pidió desestimar las sospechas contra el secretario de Estado.	El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dany Durand, fue excluido de la causa que investiga una estafa de la empresa Mocipar, por pedido de la fiscala Stella Mary Cano, según anunció días atrás juez Gustavo Amarilla.Ante esto, la coordinadora de estafados, Liza Ortiz, confirmó a la 730 AM que piden que se revea la disposición que excluye a Dany Durand, en atención a que se lo aparta del caso sin siquiera existir una denuncia contra él de manera directa, sino que el caso se da contra personas innominadas.La mujer adelantó que presentarán además una recusación contra la fiscal del caso Stella Mary Cano. “Lo que nos hizo es indignante. Usó a los compañeros y creó una demanda que no existe. Perdimos la confianza en ella. La denuncia se hizo en contra de Mocipar, pero este señor (Durand) no sé por qué se dio por aludido y empezó a defenderse. Nosotros nos dimos cuenta que (la desestimación) era una medida para proteger a él, pero uno pues no se puede defender de algo que puede venir más adelante, indicó.El ministro Dany Durand (Urbanismo, Vivienda y Hábitat) fue apartado de la investigación en noviembre pasado, por pedido de la fiscala a pesar de que la denuncia fue presentada en contra de personas innominadas y que integrantes de la asociación de víctimas lo involucran en la estafa porque ocurrió mientras era presidente de la empresa.Según el magistrado Amarilla, la fiscala Cano pidió la desestimación en contra de Durand porque este no tenía injerencia en las decisiones de la empresa, a la que pidió permiso en el 2012, aunque sus acciones recién las vendió en el 2017.Llama la atención que el único favorecido con la desestimación de la fiscala sea precisamente el ministro del gabinete presidencial, ya que “no se habla de ninguna otra persona en el documento”, según el juez Amarilla. Cano imputó al actual dueño de Mocipar, Fernando Román Fernández, por presunta estaba, producción de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. También está imputado un empleado de la firma, Orlando Benítez, por supuesta estafa.	El reglamento interno de la Cámara Baja estipula que cuando un diputado se ausenta de manera sistemática, lo que corresponde es abordar en el pleno y decidir si asume directamente el suplente. Así lo explicó la diputada Kattya González, quien aclaró que sería insólito volver a conceder un permiso para ir a la cárcel, como insólitamente ya sucedió este año. “Nadie habla de manera abierta sobre su situación (de Ulises Quintana), la Cámara se caracteriza por la falta de sinergia para tocar temas con absoluta responsabilidad”, opinó González en conversación con Universo 970 AM. Recordó que la instancia de la pérdida de investidura ya está agotada con Quintana, pues en su momento ya se estudió su expulsión y los legisladores lo salvaron y una persona uno puede ser juzgada dos veces por un mismo hecho. A la Cámara le queda una sesión ordinaria y una extraordinaria que se había solicitado para estudiar la intervención de la Municipalidad de Lambaré. No obstante podría estudiarse el tema dentro de la ordinaria o bien trabajar un día más y hacer una nueva convocatoria. El 6 de diciembre pasado, Rocío Abed ya reemplazó a Quintana, sin embargo, no se aclaró si lo hizo de manera definitiva o provisoria.	La joven de 27 años fue reportada como desaparecida el 26 de noviembre de la localidad de Leganés, Madrid. Otazú se encontraba desde hace nueve meses viviendo en España y la última comunicación con sus padres se dio momentos antes de su desaparición, donde les contó que había perdido todos sus documentos. El único detalle que se maneja es que Cynthia Carolina se encuentra bien y que se procederá a investigar su desaparición.	La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) no da a conocer cuál fue el acuerdo para la contratación de potencia de Itaipú para los próximos años. Únicamente promete que la tarifa no se verá afectada. El anterior acuerdo bilateral con Brasil (el cual fue anulado ante la crisis política) incluía puntos muy perjudiciales para el Paraguay.	Luis Villordo, presidente de la ANDE, mencionó en el programa Cara o Cruz (Unicanal) que finalmente se llegó a un acuerdo con su par brasileña Eletrobras para la contratación de potencia del 2019 al 2022 de la Itaipú Binacional. “Paraguay ha dado un fiel cumplimiento al tratado de dar un contrato a largo plazo”, refirió.	El anterior acuerdo fue muy cuestionado y casi le costó el puesto al presidente Mario Abdo Benítez. Ahora este segundo se maneja con sumo hermetismo y se desconoce cuánta será la potencia contratada por la ANDE de la hidroeléctrica.Consultado sobre ese punto, la autoridad nacional contestó que “el contrato va a ser público, pero aún falta una fase a ser realizada. En la ANDE debemos someter a la asesoría legal y luego por una resolución refrendar el contrato, para remitir a la Eletrobras e Itaipú. En Brasil debe hacerse lo mismo“.	Lo único que sí pudo confirmar (de modo a intentar calmar las voces críticas y evitar las suspicacias) es que “no habrá aumento de tarifa” de la electricidad en los próximos años. “Tenemos la seguridad de eso con la proyección. El no aumento de la tarifa es una consecuencia de la negociación. Ese fue uno de los ejes primordiales. Con el grupo anterior faltó un poco de calma y tranquilidad para llevar una negociación”, argumentó.	En entrevista con la 730 AM, Villordo aseguró que no están faltando a la transparencia al no dar a conocer el preacuerdo con Eletrobras y estimó que, a más tardar, el jueves será totalmente público. “Son más de cinco consejeros que vieron la viabilidad técnica del acuerdo, que es ampliamente justo para las partes (…) Es un acuerdo justo y beneficioso (…) Ha llegado a un punto razonable para las partes y no sería conveniente para mí expedirme mucho sobre el tema, pero es totalmente razonable”, resaltó.Acta secreta que puso en vilo al paísEl 24 de mayo pasado, los presidentes de Paraguay, Mario Abdo Bení­tez, y de Brasil, Jair Bolsonaro, a través de sus altos representantes, fir­maron el acta secreta de la Itaipú, que fue conocida recién dos meses después, tras la renuncia del ingeniero Pedro Ferreira a la presiden­cia de la Ande.Según La Nación, el acuerdo implicaría un grave perjuicio a la empresa estatal, que llegaría a los 270 millones de dólares al cierre del 2022, teniendo en cuenta que para el año siguiente recién están previstas nuevas negociaciones entre los copropietarios de la hidroeléctrica. El daño que se causaría al país es como consecuencia de la elimina­ción del uso de excedentes por parte de la Ande, que le permite man­tener el precio de sus tarifas. El intento fue ampliamente repudiado por todos los sectores del país y desde el sector político se propuso un juicio político al jefe de Estado, pero no prosperó.