Los afectados atribuyen el problema a falta de gestión del nuevo Gobernador Domingo Adorno, quien desde su asunción el año pasado, no ha diligenciado los programas correspondientes, los cuales deben ser planificados a más tardar para el mes de junio de cada año y presentados al Ministerio de Hacienda por Ley 1535/99. Además los proyectos de alimentación escolar deben ser puestos a consideración el MEC para su aprobación, tal como manda la Ley 5210 de Alimentación Escolar y Control Sanitario. La Dirección de Contrataciones Públicas investiga irregularidades en ambos llamados, los cuales se encuentran además impugnados y suspendidos. Los pliegos de bases y condiciones contienen numerosas irregularidades que se contraponen a la Ley 2051/03, que dejan en evidencia -según los denunciantes- que el actual Gobernador estaría direccionando hacia empresas propias o de amigos políticos cercanos. Dichos contratos representarían unos Gs. 24.000 millones. Esto se debería a la millonaria deuda de campaña que arrastraría el político que actualmente coquetea con el Gobierno de la Gente,. sostienen. La empresa Ladero Paraguayo S.A. proveyó en años anteriores ambos servicios, pero culminó la ejecución de los mismos el 31 de diciembre de 2018, razón por la cual procedió a retirar sus equipamientos e implementos de las escuelas del departamento.	El ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, señaló que el cobro del peaje entre Luque y San Bernardino empezará a regir desde este lunes 11 de marzo, a partir des las 00:00 horas.Indicó que el monto a abonar será de G. 5.000, tanto para la ida como para la vuelta (peaje bidireccional).Wiens indicó que en este momento se están ultimando los detalles y haciendo las pruebas técnicas finales para la puesta en marcha, luego de haber superado los inconvenientes judiciales.Como dato, resaltó que desde que se habilitó la ruta que une Luque con San Bernardino, hubo una disminución del 30% en el peaje de Ypacaraí. “Eso necesitamos para poder reparar las rutas”, sostuvo Wiens en comunicación con la 1080 AM.	Desde la plataforma de Derechos Humanos reconocen el paso que se ha dado con la aprobación en 2016 de la “Ley de Protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”, pero lamentan que no se haya acompañado de políticas para frenar el número de feminicidios.“Si el discurso y los compromisos que se asumen desde el Estado no van asociados a una aplicación real, no pasan de ser meros actos protocolares”, indicaron fuentes de la Codehupy en un comunicado.En ese sentido, denunciaron en la mayoría de los casos de feminicidio, las víctimas habían presentado denuncias previas a las autoridades y no fueron protegidas.Codehupy remarcó además las dificultades que encuentran las instituciones públicas para llevar a cabo políticas de protección de las mujeres, ya que “no se da continuidad a planes y programas”.La Coordinadora señaló que todavía queda un “largo trecho” hasta lograr que “el concepto y la definición de feminicidio logren insertarse en la sociedad paraguaya”, debido a su carácter “conservador”.En su último informe anual de Derechos Humanos, la plataforma subrayó que estas reticencias se pueden observar en la resistencia de algunos grupos sociales como los “religiosos fundamentalistas” a incluir un “enfoque de género en la ley y en la educación”.“El acuerdo social, necesario para impulsar esfuerzos conjuntos, se encuentra varado en discrepancias de tinte moralista y religioso”, indica el comunicado.Entre las recomendaciones de la plataforma de Derechos Humanos, figura eliminar las brechas que existen entre el discurso y la práctica, adoptar políticas que promuevan una educación laica, libre de prejuicios y creencias religiosas, así como ampliar el presupuesto de varias instituciones estatales.Un informe del Ministerio de la Mujer alertó en enero de que el 21,3 % de las víctimas de asesinatos a mujeres en Paraguay son menores de 20 años, mientras que un 37,8 % corresponde a mujeres de entre 21 y 30 años.El documento también reveló que en las zonas urbanas es donde se concentra un mayor porcentaje de feminicidios, mientras que el perfil de las víctimas en su gran mayoría corresponde a mujeres de “estratos socioeconómicos muy vulnerables, en pobreza o extrema pobreza”.	Se trata, en concreto, de tres proyectos de asistencia técnica que la FAO dará a las instituciones de nuestro país para la elaboración de políticas públicas dirigidas a esos colectivos y mejorar la articulación entre las diferentes instituciones involucradas en la implementación de planes sociales.El canciller nacional, Luis Alberto Castiglioni, signatario de los acuerdos junto al representante en Paraguay de la FAO, Jorge Mesa, aseguró tras el acto de firma, en la sede de su Ministerio, que servirán para “aumentar nuestras capacidades para enfrentar el desafío de la reducción de la pobreza extrema y la pobreza”.Según la última estimación de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Dgeec), un 26,4 % de la población paraguaya vivía en 2017 en situación de pobreza, mientras que un 4,41 % sufría pobreza extrema, mientras que en el área rural la pobreza alcanzó al 36,22 % de la población, y la pobreza extrema al 8,97 %.En el caso de las comunidades indígenas, en las que se calcula que habitan unas 120.000 personas de los más de 6 millones de habitantes que tiene Paraguay, el 76 % vive en situación de pobreza extrema.En ese sentido, Castiglioni señaló que la disminución de la pobreza rural e indígena es “uno de los grandes desafíos” del país, y contribuiría a reducir la “migración del campo a la ciudad”, con la elaboración de “programas más consistentes de inclusión” que permitan a las familias “desarrollarse dignamente aprovechando las potencialidades de nuestro campo”.Así, uno de los acuerdos contribuirá con el proceso de elaboración del Plan Nacional de Pueblos Indígenas (PNPI), mientras que otro colaborará en la coordinación de las diferentes instituciones encargadas de desarrollar e implementar políticas públicas para favorecer la “inclusión productiva rural”.El último busca mejorar la eficiencia de “respuesta rápida” del Estado a situaciones de emergencia agrícola, a través de “metodologías de buena gobernanza” e “instrumentos de gestión de información agroclimática”, con miras a la adaptación al cambio climático. El representante de la FAO remarcó que dichos acuerdos se enmarcan en la Agenda 2030 de Naciones Unidas que establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y afirmó que “es posible erradicar el hambre para 2030”, a través de una “combinación de inversiones en agricultura sostenible, desarrollo rural, inclusión productiva y laboral y medidas de protección social”.