Alejandra Peralta, viceministra de Política Criminal del Ministerio de Justicia, en entrevista con Radio Uno confirmó que ya se está trabajando en la reglamentación del uso de tobilleras electrónicas en nuestro sistema penal.Para lograr dicho cometido, se lleva a cabo un trabajo conjunto con diversas instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio del Interior, representantes del Poder Ejecutivo, entre otros.De igual manera, se cuenta con la asesoría de expertos chilenos que han venido a nuestro país a acompañar y orientar a las autoridades para este trabajo.Según explicó la funcionaria estatal, dentro de la reglamentación se deberán prever quiénes serán los órganos de aplicación y control, en qué casos se va a utilizar, cuál será la “población piloto” que empezará a utilizarlo en la primera etapa, entre otras cuestiones.La implementación de las tobilleras electrónicas tiene dos finalidades: la aplicación de una medida menos gravosa a la prisión preventiva y la protección de la víctima, afirmó Peralta a la 650 AM.Sobre este mismo punto, explicó que si este tipo de dispositivos de control llegara a ser utilizado en los casos de violencia familiar se estaría cumpliendo con el doble propósito, aunque para ello sería necesario primeramente reformular el Art. 4 de la Ley 5863/17. “Además de reducir el hacinamiento y contribuir con el sistema penitenciario, también se estaría aportando a lo que es el sistema penal”, puntualizó la viceministra de Política Criminal.De momento, no existe un plazo establecido para que entre en vigencia la implementación de los dispositivos	Al menos unas 100 personas tuvieron que abandonar sus propiedades en el barrio Cañada de Lambaré, en respuesta a una orden judicial.Una de las afectadas conversó con la 970 AM y denunció que el abogado Arístides Allende les vendió estos inmuebles hace 25 años en representación de una inmobiliaria que posteriormente cayó en quiebra, por lo que desde entonces dejaron de pagar.“De la nada nomás vinieron llegando con documentos para desalojarnos, tenemos ANDE, Essap, basura, todo al día”, comentó Viviana. Momentáneamente se alojaron en los patios de los vecinos, quienes gentilmente accedieron a recibirlos. Entre los afectados están embarazadas, niños pequeños y adultos mayores.	El percance sucedió sobre la Avda. República Argentina y Goiburú (camino a la Terminal de Ómnibus de Asunción) e involucró a un automóvil Toyota Alex y a una motocicleta.El vehículo intentó hacer un giro en U, momento en el que el motociclista no consiguió frenar a tiempo e impactó contra la parte lateral del vehículo.A consecuencia del percance, Denise Amilcar Báez, quien llevaba el casco puesto, sufrió una fractura en la pierna, por lo que le trasladaron al Hospital del Trauma, según confirmaron los intervinientes a la 970 AM. Por su parte, Pablo Martín Choi resultó ileso y dio negativo a la prueba de alcotest, tras la cual quedó liberado.	La Asociación de Cuidacoches solicitó con urgencia una reunión con la Municipalidad de Asunción, la Policía Nacional y el Ministerio de Trabajo a fin de solucionar las problemáticas del rubro, pero hasta el momento no recibieron respuestas. Los cuidacoches pretenden salir de la informalidad y sugieren que las autoridades otorguen un uniforme diferencial a los miembros de la asociación para distinguirse de los “infiltrados” a fin de que los cobros por el cuidado y otros servicios sean regulados y controlados evitando así las estafas.	“Deseamos un chaleco diferencial para que la ciudadanía distinga a los infiltrados, el chaleco tendrá impreso el nombre y el número de documento del cuidador. De esta forma, las personas también podrán sentirse más seguras y denunciar al trabajador en caso de que este no realice correctamente su trabajo o pretenda cobrar de más”, explicó Daniel Sánchez, miembro de la asociación.Por otro lado, dijo que existe una gran cantidad de quejas contra los cuidacoches, pero aclaró que la gente no sabe que hay un grupo de trabajadores regulados por la asociación, con reglas claras, y otro que comete infracciones, estaciona frente a garajes, exige montos excesivos, agrede al cliente y atenta contra vehículos, que trabaja sin regulación y sin control. “La implementación del chaleco podría dar paso a la formalización del trabajo, además de brindar un servicio de seguridad a la ciudadanía en apoyo a la Policía Nacional. En estos momentos, los limpiavidrios, vendedores ambulantes, realizan el trabajo y no pretenden regular sus montos ni cambiar sus actitudes prepotentes, esto afecta al trabajo de la asociación, que desea ofrecer un servicio confiable y a bajo costo”, explicó. Agregó que la asociación no permite el trabajo infantil ni acepta a menores de edad. Además, obliga a cuidar el vehículo hasta que el propietario regrese por él.