La Corte IDH rechazó por unanimidad en la demanda contra el Estado entablada por los prófugos Juan Arrom y Anuncio Martí por supuesto secuestro y tortura en el 2002. El histórico fallo concluye que el Estado “no es responsable de la violación” de DD.HH. La Corte también rechazó el reclamo de US$ 123 millones. Se allana el camino para revocación del refugio en el Brasil y la posterior extradición.	La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer el martes 4 de junio pasado su sentencia por unanimidad en la demanda contra el Estado paraguayo entablada por los prófugos Juan Arrom y Anuncio Martí por supuesto secuestro y tortura acaecidos en el 2002. La histórica sentencia de 47 páginas concluye que el Estado paraguayo “no es responsable de la violación de la convención” de los Derechos Humanos vigentes en el continente americano. La Corte IDH también rechazó el reclamo de US$ 123 millones de Arrom y Martí.	La esperada sentencia de la Corte IDH, que tiene sede en San José de Costa Rica, fue decidida el 13 de mayo pasado en la ciudad de Buenos Aires, en el 61º período de sesiones extraordinarias. Los jueces firmaron en unanimidad y a favor de Paraguay, en un hecho sin precedentes.	En la parte resolutiva, referentes a la “violación de los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida (...)”, la sentencia la Corte IDH señala que el “Tribunal advierte que la gran mayoría de las pruebas presentadas para demostrar la participación estatal se refieren a declaraciones de las presuntas víctimas y testimonios de oídas, los cuales para ser concluyentes en relación a la responsabilidad internacional del Estado deberían coincidir con otros elementos de prueba. Las investigaciones realizadas internamente tomaron en cuenta dichas declaraciones, así como los elementos de prueba que demostrarían la no participación de las personas individualizadas por las presuntas víctimas y concluyeron que no se contaban con elementos suficientes para presentar una acusación en contra de estas personas. No obran en el expediente ante la Corte elementos adicionales a los examinados por las autoridades internas que demuestren la participación estatal”. En virtud de las consideraciones anteriores la Corte “advierte que los indicios presentados ante este Tribunal son insuficientes para inferir la conclusión de que los señores Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez fueron privados de libertad por parte de agentes estatales o con la aquiescencia de estos”.	“Por tanto, la Corte concluye que el Estado no es responsable de la violación de los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención, en relación con el artículo 1.a) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y de los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”, consigna el documento. En relación a sobre “la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial (...), la Corte IDH refiere que en virtud de las consideraciones anteriores, esta Corte concluye que el Estado ha cumplido con sus obligaciones internacionales contenidas en los artículos 8 y 25 de la Convención. “Por otra parte, esta Corte considera que no tiene los elementos suficientes para pronunciarse sobre la alegada falta de independencia e imparcialidad en la investigación.	Sobre la violación de derecho a la integridad personal de los familiares de Juan Arrom y Anuncio Martí, la Corte IDH en la conclusión del fallo, “considera que no hay responsabilidad internacional del Estado respecto al derecho mencionado, consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana; en tanto no estableció la participación estatal en la alegada desaparición y tortura” de Arrom y Martí, ni por una violación a los derechos a las garantías y protección judiciales”.	El 23 y 27 de septiembre de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una petición presentada por Marina y Cristina Arrom Suhurt (hermanas de Juan Arrom) en la cual se alega la responsabilidad internacional de la República del Paraguay en perjuicio de Juan Francisco Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez. La parte peticionaria alegó que el Estado de Paraguay es responsable por la desaparición y tortura de Juan Arrom y Anuncio Martí, dirigentes del partido político Patria Libre, entre el 17 y el 30 de enero de 2002.	Tras casi 9 años de proceso entre las partes, la CIDH recomendó el 5 septiembre de 2017 reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe tanto en el aspecto material como inmaterial. Resolvió que el Estado deberá adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción, disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de Juan Arrom y Anuncio Martí, de ser su voluntad y de manera concertada. Teniendo en cuenta que ellos se encuentran en Brasil, corresponde pagarles un monto específico para cubrir los servicios médicos que deban sufragar en dicho país.	La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio la razón al Estado paraguayo y dejó un precedente para que la Comisión Nacional de Refugiados del Brasil (Conare) cancele el refugio que gozan desde finales del 2003 los prófugos por secuestro Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán. El procurador general de la República, Sergio Coscia, anunció que la Conare este viernes 14 de junio y podría cancelar el status de refugiado de los prófugos de la Justicia.	El caso involucra a los prófugos Juan Francisco Arrom y Anuncio Martí, ambos prófugos de la Justicia paraguaya y vinculados al secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, ocurrido entre el 16 de noviembre de 2001 y el 12 de enero de 2002. Supuestamente Arrom y Martí fueron secuestrados por agentes del Estado en el 2002 y luego encontrados en una vivienda particular en Villa Elisa. A finales de 2003 huyeron al Brasil y obtuvieron refugio aprobado en el gobierno de Lula Da Silva.