El intendente Miguel Prieto Vallejos denunció a la intendenta destituida Sandra McLeod de Zacarías y a los concejales del período 2010-2015 por cobro indebido de impuesto a los contribuyentes de Ciudad del Este. La exacción ascendió a G. 4.578 millones solo en 2018.La denuncia fue presentada ayer en la Fiscalía Adjunta de Ciudad del Este por Prieto Vallejos, con la idea de que sea enviada a Asunción por la falta de confianza a los agentes de la zona.Los antecedentes refieren que McLeod había enviado el mensaje N° 452/2013 a la Junta Municipal para solicitar la aprobación de una ordenanza. Luego, los concejales aprobaron la ordenanza N° 17/2013, por la cual crearon la “tasa por los servicios de prevención contra incendios, derrumbes y otros accidentes graves”.De esa forma, McLeod inventó una tasa con una ordenanza, en violación de la Constitución Nacional, que establece que los tributos solo pueden ser creados por ley.McLeod recargaba la tasa ilegal en la liquidación del impuesto inmobiliario para cobrar a los contribuyentes.	La denuncia se basa en el informe final de intervención de Carolina Llanes, quien descubrió que se recaudó G. 4.578 millones con la tasa entre enero a noviembre de 2018.Para tratar de justificar el cobro irregular de la tasa, McLeod transfería una ínfima parte de los ingresos a los bomberos: solo el 6% del monto recaudado en 2018.La denuncia involucra a los exconcejales colorados Nery Jara, Aida Molinas, Isaías Álvarez, Gustavo Ruiz, Celso Morel (fallecido), Alberto Rodríguez, Lilian González, Juan Ángel Núñez y Perla Rodríguez. Estos tres últimos siguen en su banca. Además, de los liberales Nelson Maidana, Guadalupe Bernal y Atilio Alegre.	Insta a esteños a seguir el casoEl intendente Miguel Prieto instó a la ciudadanía a dar seguimiento a las denuncias contra el clan Zacarías, para evitar que terminen en la impunidad.Prieto acompañado de los concejales aliados y gremios de abogados solicitó que la denuncia por exacción contra Sandra McLeod y exconcejales sea derivada a Asunción. El ilícito es castigado con hasta 10 años de prisión.“Esperamos que Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado, nombre a un fiscal patriota. Estamos expectantes de eso porque con esta denuncia necesariamente se tiene que decretar la prisión preventiva, mientras dure el proceso”, remarcó Prieto.Igualmente, el intendente instó a la ciudadanía a movilizarse para exigir justicia y pidió que las próximas manifestaciones sea frente a la Fiscalía y en el juzgado. “Para que se mueva el expediente y tener respuesta de la justicia paraguaya, que está en deudas en casos de corrupción”.