La entidad detalló en un comunicado que la decisión se tomó en una audiencia para resolver la demanda que interpuso la compañía Cotech S.A, que presta servicios de telecomunicaciones a una empresa de taxis, en contra de Uber.“La SIC estableció que Uber (...) presta el servicio de transporte público individual de pasajeros, al crear la oferta y poner a disposición de los usuarios dicho servicio. Esto viola las normas que regulan el mercado, genera una ventaja significativa en el mercado y genera desviación de la clientela de Cotech”, agregó la información.De acuerdo con la decisión de la entidad, la plataforma estadounidense incurrió en “actos de competencia desleal” al violar las normas y por “desviación de clientela” al prestar un servicio público individual de transporte de forma irregular.“Asimismo se estableció que Uber Technologies INC, desarrolladores de la aplicación Uber, participan de manera efectiva en la comisión de dichos actos”, señaló la SIC.Uber, que llegó a Colombia en 2013 y está presente en al menos 12 ciudades bajo las modalidades de “Uber X”, Uber van” y “Uber”, no se pronunció hasta el momento, si bien la decisión de la SIC puede ser apelada ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.Por otra parte, la Superintendencia de Transporte sancionó el jueves a la compañía nortemaericana con una multa por más de 414 millones de pesos (unos 124.000 dólares) por “incumplir orden de no promover ni promocionar servicios no autorizados” de transporte.De igual forma, la SIC sancionó el pasado 12 de agosto con 2.128 millones de pesos (unos 638.500 dólares al cambio de hoy) a la plataforma por haber obstruido una “visita administrativa” de esa entidad a sus instalaciones el 13 de octubre de 2017. En ese momento, la entidad dijo que quedo demostrado que en Uber Colombia hay “una política empresarial” en la que “se instruye a sus funcionarios en la forma como deben comportarse frente a la visita de una autoridad administrativa, como lo es la Superintendencia de Industria y Comercio”.	Los diputados de la Cámara de los Comunes autorizaron por 358 votos frente a 234 que el texto auspiciado por el primer ministro, Boris Johnson, pase a su siguiente trámite parlamentario, la fase de comités, donde podrá ser enmendado antes de su aprobación definitiva, ya en 2020.Con una mayoría absoluta de 365 diputados, de un total de 650 en los Comunes, no cabe duda de que el Gobierno conservador de Johnson sacará adelante la legislación, que debe ser ratificada también por el Parlamento comunitario.El proyecto, que transpone al derecho británico el acuerdo negociado por el primer ministro con Bruselas en octubre, incluye una nueva cláusula que prohíbe que un miembro del Gobierno extienda el periodo de transición posterior al "brexit" más allá de la fecha acordada, el 31 de diciembre de 2020.Elimina además unas disposiciones anteriores que otorgaban al Parlamento cierto control sobre la negociación con la UE en torno a la futura relación comercial, que comenzará una vez el país esté fuera del bloque comunitario.El Gobierno también ha suprimido una cláusula en la que se expresaba el compromiso a no rebajar los estándares laborales adquiridos a través de la legislación europea, lo que Johnson asegura que abordará en otra ley diferente.Al inaugurar el debate previo a la votación, el líder conservador pidió a los parlamentarios unidad para materializar la salida de la UE, en cumplimiento del resultado del referéndum de 2016, en el que un 52 % frente a un 48 % de los británicos apoyaron el "brexit"."Este es el momento de actuar juntos" y de "escribir un nuevo capítulo en la historia del país", dijo, e instó a aprovechar las oportunidades que, según él, se presentan tras la salida del bloque europeo.Johnson, que obtuvo una mayoría absoluta en las elecciones generales del 12 de diciembre con su mensaje central de ejecutar el "brexit", pidió dejar atrás los calificativos de "Leave" (a favor de dejar la UE) y "Remain" (partidarios de permanecer) para fomentar la cohesión nacional.Instó a los diputados a permitir que "la calidez y el afecto natural que todos compartimos" con los países europeos ayuden a apoyar "un nuevo y gran proyecto nacional"."Este es el momento de actuar unidos como país con nuevo vigor, un Reino Unido lleno de renovada confianza en nuestro destino", dijo el jefe del Ejecutivo, que firmó copias de la ley para algunos de sus colegas.El Partido Laborista, el primero de la oposición, consideró que el pacto propuesto por Johnson ya "era malo" y con los últimos cambios "es peor", puesto que aumenta la posibilidad de una desvinculación sin acuerdo comercial en 2020 y debilita las protecciones de los derechos de los trabajadores, de los niños refugiados y medioambientales.El líder laborista, Jeremy Corbyn, que dimitirá a principios del año próximo, cuando tenga sucesor, tras su derrota electoral, avisó de que el pacto será utilizado para llevar al país "por el camino de la desregulación y hacia un acuerdo tóxico con (el presidente de Estados Unidos) Donald Trump". Tras esta votación, la primera del Parlamento surgido de las elecciones, las cámaras de los Comunes y los Lores entran ahora en el receso navideño y reanudarán su actividad el 7 de enero, cuando retomarán esta legislación.	La denuncia por la que se abrió la causa, presentada por el abogado Santiago Dupuy De Lome, apuntaba a que Fernández hizo las cesiones en favor de sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, para evitar los posibles embargos derivados de las causas penales que la involucran.El juez federal Luis Rodríguez, encargado del caso, sostuvo que estas operaciones se realizaron en marzo de 2016, antes de que la ex jefa de Estado (2007-2015) fuera procesada y embargada, por lo que decidió sobreseerla.“En esa fecha no solo no se encontraba procesada -ni se había decretado embargo alguno sobre sus bienes- sino que ni siquiera había prestado declaración indagatoria. Sí se encontraba convocada a hacerlo (el 26 de febrero anterior había sido convocada para el 134 de abril siguiente) en la causa conocida como ‘dólar futuro’”, señaló el juez en el fallo al que accedió la agencia estatal Télam.Cristina Fernández está imputada en múltiples causas que la investigan principalmente por corrupción durante sus dos mandatos presidenciales, que le valieron embargos por sumas superiores a los 800 millones de pesos (unos 12,7 millones de dólares).El pasado 2 de diciembre, a ocho días de jurar como vicepresidenta, se sentó en el banquillo de los acusados por una causa que investiga supuesta corrupción en la adjudicación de obra pública, instancia que aprovechó para denunciar un proceso de ‘lawfare’ (judicialización de la política) perpetrado en su contra por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019).La acusada reprochó las medidas judiciales en su contra, como la intervención de sus empresas, los registros en sus casas, embargos de sus cuentas y la intervención de la herencia de su fallecido esposo, el también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007). “Ni qué hablar de la persecución a mis hijos, a Máximo y a Florencia, que cometieron un delito terrible; ser los hijos de Néstor y Cristina Kirchner”, enfatizó en ese momento.	"La orden de aprehensión es injusta, ilegal e inconstitucional porque no procede legalmente. Sigo siendo presidente y por eso se debe cumplir con los procedimientos de la ley boliviana”, afirmó en una rueda de prensa en Buenos Aires.Argumentó que "la asamblea legislativa plurinacional no aceptó ni rechazó" la renuncia que confirmó el pasado 10 de noviembre, por lo que "según la Constitución" sigue siendo presidente hasta el próximo 22 de enero."Estoy demostrando que Evo sigue siendo presidente y entonces no procede esta orden de aprehensión”, señaló, antes de agregar que "la asamblea legislativa plurinacional debe aprobar por dos tercios el juicio por responsabilidades al presidente".El ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, compartió ayer en Twitter una fotografía del documento en el que se ordena aprehender a Morales y trasladarlo ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción para prestar su declaración informativa.El Gobierno interino de Jeanine Áñez presentó en noviembre pasado contra él una denuncia en la fiscalía en La Paz por delitos como terrorismo, al acusarle de incitar a la violencia contra el Ejecutivo provisional desde su asilo en México, país al que llegó en primer lugar como asilado tras salir del Bolivia el pasado 11 de noviembre.La denuncia se sustenta en pruebas como un vídeo en que se oye una voz atribuida a Morales, pero cuya autenticidad no ha sido demostrada por fuentes independientes.Esa voz incita a un dirigente cocalero en Bolivia, contra quien también hay una orden de arresto, a mantener el bloqueo a las ciudades para impedir ingresar alimentos.Morales llegó a Argentina el pasado el jueves procedente de México e inició los trámites para ser acogido como refugiado, y hoy afirmó que Buenos Aires es el mejor lugar para "operar". "Tengo tanto deseo de estar en Bolivia, en el norte. Pero la mejor forma de operar es desde Buenos Aires”, afirmó Morales, quien será el jefe de campaña de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), para los comicios que anunció el gobierno de Áñez y para los que todavía no hay fecha.Buenos Aires, 19 dic. (EFE).- El exmandatario de Bolivia Evo Morales afirmó este jueves desde Argentina que la orden de detención que emitió en su contra la Fiscalía boliviana "no procede legalmente" porque sigue "siendo presidente" del país, ya que la asamblea legislativa "no aceptó ni rechazó" su renuncia."La orden de aprehensión es injusta, ilegal e inconstitucional porque no procede legalmente. Sigo siendo presidente y por eso se debe cumplir con los procedimientos de la ley boliviana”, afirmó en una rueda de prensa en Buenos Aires.Argumentó que "la asamblea legislativa plurinacional no aceptó ni rechazó" la renuncia que confirmó el pasado 10 de noviembre, por lo que "según la Constitución" sigue siendo presidente hasta el próximo 22 de enero."Estoy demostrando que Evo sigue siendo presidente y entonces no procede esta orden de aprehensión”, señaló, antes de agregar que "la asamblea legislativa plurinacional debe aprobar por dos tercios el juicio por responsabilidades al presidente".El ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, compartió ayer en Twitter una fotografía del documento en el que se ordena aprehender a Morales y trasladarlo ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción para prestar su declaración informativa.El Gobierno interino de Jeanine Áñez presentó en noviembre pasado contra él una denuncia en la fiscalía en La Paz por delitos como terrorismo, al acusarle de incitar a la violencia contra el Ejecutivo provisional desde su asilo en México, país al que llegó en primer lugar como asilado tras salir del Bolivia el pasado 11 de noviembre.La denuncia se sustenta en pruebas como un vídeo en que se oye una voz atribuida a Morales, pero cuya autenticidad no ha sido demostrada por fuentes independientes.Esa voz incita a un dirigente cocalero en Bolivia, contra quien también hay una orden de arresto, a mantener el bloqueo a las ciudades para impedir ingresar alimentos.Morales llegó a Argentina el pasado el jueves procedente de México e inició los trámites para ser acogido como refugiado, y hoy afirmó que Buenos Aires es el mejor lugar para "operar"."Tengo tanto deseo de estar en Bolivia, en el norte. Pero la mejor forma de operar es desde Buenos Aires”, afirmó Morales, quien será el jefe de campaña de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), para los comicios que anunció el gobierno de Áñez y para los que todavía no hay fecha.