“Por el cual se regula el servicio alternativo de transporte público y la utilización de plataformas de intermediación digital para su contratación”.De acuerdo al texto, la normativa apunta a establecer las condiciones que debe reunir el servicio de transporte alternativo de personas y la utilización de plataformas de intermediación digital.Actualmente, las dos empresas que ofrecen este tipo de servicios mediante aplicaciones móviles son MUV y Uber, la primera de origen paraguayo y la segunda norteamericano.Según explicó Apuril, básicamente lo que se está haciendo es darle la potestad al Viceministerio de Transporte y a la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN) para que se registren todas las empresas proveedoras de este tipo de servicios.De igual manera, sostuvo que con este proyecto de ley no se busca salvar a los taxistas sino más bien para formalizar el servicio de transporte alternativo y “poner las reglas de juego claras”.“Estamos a favor de la tecnología, no se puede evitar [...] Cuanto más rápido nos adaptemos a la tecnología, más rápido vamos a salir progresar y además es una oportunidad de trabajo para mucha gente”, expresó el legislador de Hagamos.Apuril recordó que actualmente no está reglamentada en Paraguay la operatividad de plataformas de intermediación digital como MUV y Uber, por ello considera que esta normativa contribuirá a que puedan operan de forma legal.TODO LO QUE PROPONE EL PROYECTO DE LEYEl proyecto de ley establece que las empresas y conductores que operen bajo esta modalidad de transporte deberán estar inscriptas en el “Registro de Empresas de Contratación Digital de Transporte Alternativo de Personas - RECDTAP”, el cual estará a cargo del Viceministerio de Transporte y la DINATRAN.En otro de sus apartados también indica que los conductores de las plataformas deberán contar con licencia de conducir de categoría profesional básica, además de no poseer antecedentes penales ni policiales.De igual forma, se establece que cada vehículo que preste este tipo de servicios alternativos deberá contar con un seguro de responsabilidad civil contra los daños ocasionados a terceros y aprobar la Inspección Técnica Vehicular (ITV). “Las municipalidades no deberán exigir tributos, tasas o cánones adicionales a las ordinarias aplicadas a servicios similares”, de acuerdo al proyecto de ley. Sin embargo, menciona que “se podrá exigir el pago de tributos, tasas o cánones municipales ordinarios aplicables a servicios semejantes y el cumplimiento de los demás requisitos de control técnico vehicular (ITV) exigibles a los automotores livianos utilizados para servicios similares”.	Easy Taxi es una firma que cerró a causa de las persecuciones de los taxistas. Su exdirectivo, Arnaldo Cano, charló con radio Monumental y reveló que en el gremio del “enjambre amarillo” existe un gran negociado y que con el conflicto que posee con Muv y Uber “sale al descubierto esa mafia”.El entrevistado explicó que su aplicación convenía a los taxistas porque podían aumentar en 35 a 40 % su recaudación, pero que fue prohibida por los dirigentes de la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA). "Cuando eso, los taxistas estaban encantados porque iban a liberarse de la presión que tienen de los dirigentes. Los directivos se opusieron, porque iban a perder el poder político que tienen”, contó.El gremio llegó a sancionar a los conductores que usaban la app e incluso expulsó a un taxista (que tenía una hija con discapacidad y dependía de ese ingreso de dinero), solo por el hecho de no respetar la prohibición.	EL “MOTIVO” DEL RECHAZO DE LOS TAXISTASEn el 2014, la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA) resolvió prohibir a sus agremiados la utilización de la aplicación "Easy Taxi", por atentar contra el servicio de taxi radio. La tecnología permitía que quienes quieran movilizarse, encuentren más fácilmente una unidad y que se comuniquen con el conductor. Ya en ese entonces, el 95 % de los taxistas de Asunción estaban asociados a APTA. Es así que de los 1329 taxis en Asunción, la mayoría estaba en dicho gremio.	Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior, Bernardino Soto Estigarribia, ministro de Defensa y Walter Vázquez, comandante de la Policía Nacional, deberán presentarse este martes a la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores.En la ocasión tendrán que exponer el plan de seguridad que tienen para el país, tomando en cuenta los últimos sucesos delincuenciales que aquejan a todo el territorio. Posteriormente, el senador Enrique Riera solicitará la interpelación del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor y de Soto Estigarribia, a fin de que responda a todas las preguntas que pudieran surgir. “Durante 25 minutos cuatro policías estuvieron encerrados en su comisaría sin comunicación pero también sin capacidad de pedir refuerzo”, dijo Riera en relación a lo acontecido en Cruce Liberación. Argumentó que la idea es que los máximos responsables de la seguridad expliquen cuál es la situación de Paraguay, para no terminar como México y como Colombia.	Un grupo de funcionarios públicos se encuentra encabezando una protesta a estas horas en la zona del microcentro de Asunción, específicamente sobre la calle Chile, entre Palma y Pdte. Franco.Los manifestantes piden al Ministerio de Hacienda que se encargue de la actualización de sus haberes jubilatorios, de manera a que puedan equipararse con los activos.Guzmán Garay, uno de los funcionarios que participan de la protesta, manifestó al canal GEN que aún sigue sin cumplirse el artículo 103 de la Constitución Nacional que habla sobre el régimen de jubilaciones.Según indicó, las autoridades nacionales vienen violando la Constitución desde hace varios años debido a que están incumpliendo con lo establecido en este artículo.El Ministerio de Hacienda debería encargarse de alzar el monto de los haberes jubilatorios para permitirles cobrar un monto acorde a lo que establece la ley, sostuvo.De acuerdo a lo manifestado por Guzmán, hoy día existe una importante franja de funcionarios públicos jubilados que apenas cobra una suma de G. 700.000, todo debido a esta situación. Los manifestantes afirman que la caja jubilatoria a la que aportan de manera mensual es superavitaria y que han aportado por más de 35 años, por ello consideran que se puede cumplir con esta actualización y equiparación.