Derlis Benítez fue víctima de un nefasto plan que incluyó una denuncia falsa en su contra, acusaciones sin fundamento, presiones a una jueza y un arma "plantada" por un abogado. Aparentemente, la intención era forzarlo a abandonar su propiedad en la que vive desde hace más de 30 años para favorecer a una empresa inmobiliaria.	El programa “Expedientes” emitido por el canal SNT sacó a la luz el caso de Derlis Julián Benítez, un hombre que desde hace más de 30 años habita en una propiedad de 16 hectáreas ubicada en el barrio Maramburé de Luque.Tras el fallecimiento de su abuelo en 1989, el mismo decidió mudarse a este predio para cuidar de los bienes que habían quedado y sobre todo encargarse de la pequeña granja que se encuentra allí instalada.Benítez comentó que nunca tuvo problemas con los vecinos del barrio y mucho menos con la justicia hasta hace un tiempo atrás cuando una empresa inmobiliaria decidió construir un barrio cerrado en un terreno colindante al suyo. A partir de allí, empezaría su calvario.Representantes de esta firma en más de una ocasión se acercaron a él para proponerle comprar su propiedad, oferta que rechazó ya que no estaba interesado en venderla. Tras sus reiteradas negativas, empezó a gestarse lo que él considera como un nefasto plan para sacarlo de allí y quedarse con el inmueble.Para la familia Benitez todo formó parte de un plan, fabricaron una denuncia, pidieron un allanamiento, plantaron un arma e imputaron a Julian. El objetivo era enviarlo a Tacumbu para obligarlo a entregar su propiedad a cambio de su libertad.— Rolando Rodi (@rolandorodi)	September 11, 2019 El 5 de febrero pasado, una comitiva fiscal-policial encabezada por el agente fiscal Miguel Vera Zarza llegó hasta la propiedad de Benítez con una orden de allanamiento. En ese momento, se enteró de que pesaba una denuncia en su contra por supuestamente realizar disparos al aire de forma constante bajo los efectos del alcohol.La denuncia había sido radicada en la Fiscalía de Luque por una persona identificada como Juan Maciel Baumann, quien actuó bajo el patrocinio del abogado Ricardo Ulke. En el documento, el mismo había solicitado “en carácter de urgencia” el allanamiento de la propiedad.Los intervinientes solicitaron a Benítez que entregue las armas de fuego que tenía en su poder, en este caso, un revólver calibre 32 que había registrado en la Dimabel el año 2013 además de otras dos armas en desuso que pertenecieron a su abuelo y estaban guardadas en unos cajones.Al momento de producirse el allanamiento, su hija, Laura Benítez, se encontraba estudiando para un examen de ingreso cuando observó a una persona extraña pasar por detrás de la vivienda. En ese interín, la misma ingresó por la puerta trasera y plantó un arma (específicamente un revólver calibre 38) entre las cosas que estaban en el pasillo.Tras poner en conocimiento de este hecho a su padre, se procedió a revisar las cámaras del circuito cerrado. En las filmaciones se pudo comprobar que la persona que había ingresado al pasillo era Ricardo Ulke, quien también estaba acompañando el procedimiento. Benítez recuerda que a partir de ese momento, la expresión del abogado cambió por completo, denotando cierto nerviosismo en su rostro.Luego del allanamiento, Benítez fue detenido y llevado hasta la comisaría local. Al salir de la casa, pudo observar que afuera había una retroexcavadora junto a una veintena de personas -aparentemente integrantes de la barra brava de Luque-, lo cual le dio a entender que ya estaban con intenciones de desalojarlo y ocupar el predio, cosa que finalmente no ocurrió.El fiscal Vera formuló imputación contra Benítez por los hechos punibles de detentación y producción de riesgos comunes. Posteriormente, la jueza Jennifer Ynsfrán admitió la imputación y decretó la prisión preventiva del mismo por 10 días en la Comisaría 3° de Luque. Una vez cumplido el plazo, fue trasladado hasta la penitenciaría de Tacumbú.Unas semanas después, la magistrada revocó la orden de prisión preventiva y permitió al hombre salir en libertado bajo arresto domicilio. A partir de ese momento, la Fiscalía había insistido en la causa a través de varias aclaratorias y apelaciones, pidiendo que se admita la imputación por detentación. Según presumen, la idea detrás de todo era volver a enviarlo a la cárcel.En principio, los vecinos del barrio no habían sido convocados por el Ministerio Público para prestar declaración indagatoria, aunque luego de los insistentes pedidos de la defensa finalmente se procedió a cumplir con este trámite. En sus respectivas comparecencias, todos los pobladores aseguraron que nunca vieron a Benítez ingiriendo bebidas alcohólicas y tampoco realizando disparos al aire, tal y como consta en la denuncia penal.Uno de los detalles que más llamaron la atención y generaron sospechas en este caso es que Maciel Baumann ni siquiera era vecino del barrio, dado que su domicilio estaba registrado en el barrio Loma Merlo de Luque, a unos 10 kilómetros del inmueble de Benítez.El caso siguió su curso y, aparentemente como una medida de presión por parte del denunciante, denunciaron a la jueza Jennifer Ynsfrán ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados alegando que “cajoneaba” el expediente y “daba un trato preferencial” a Benítez. Más adelante, se presentó una recusación en su contra, la cual finalmente fue rechazada por improcedente.Cabe mencionar que en abril de este año el fiscal del caso, Miguel Vera Zarza, había caído por un presunto pedido de coima a una persona para no imputarlo por violencia familiar por la suma de G. 15.000.000. Este hecho motivó que el mismo sea apartado de la causa penal.En otro momento en un supuesto control aleatorio, dos policías de la comisaría de Luque fueron a la propiedad y, según dejaron constancia en un documento, aplaudieron durante 15 minutos sin recibir respuesta alguna, lo cual les hizo suponer que Benítez incumplió con su arresto domiciliario. A raíz de ello, la jueza envió un actuario hasta la vivienda, el cual pudo constatar que en realidad sí estaba cumpliendo con la orden.Benítez denunció que hace poco tiempo “un amigo en común” le había ofrecido una suma de dinero junto con su libertad a cambio de que acceda a vender su propiedad. En caso de que él hubiera decidido aceptar, le prometieron que en 8 días “moriría” el caso, confirmando así sus sospechas de que tramaron un plan en su contra.Tras 7 meses de no poder retornar a su vivienda y no poder compartir con su familia, finalmente ayer se realizó la audiencia de revisión de medidas en la que se	La Cámara Paraguaya de Indus­triales Lácteos (Capainlac) reportó una caída en sus ventas, ante la falta de circulante de dinero y además al impacto que conlleva el contrabando de productos argentinos. Erno Becker, presidente del gremio, manifestó además que reina la inseguridad en el país, por lo que está a favor de que los militares salgan a las calles.	Erno Becker, presidente de la Cámara Paraguaya de Indus­triales Lácteos (Capainlac), indicó a la radio 650 AM que en su sector también resienten el impacto por la falta de circulante. “Estamos estancados en las ventas. A veces tenemos dudas, si es por la recesión o si es por el contrabando”, mencionó.Indicó que desde Argentina se introducen marcas muy conocidas, las cuales hacen una competencia directa y desleal a las empresas paraguayas. Aunque, según acotó, hoy no hace falta inclusive contrabandear desde el vecino país, porque el lácteo no paga impuestos. PIDE MANO DURA CONTRA INSEGURIDADPor otra parte, el empresario afirmó que el país está sumido en una completa inseguridad, por lo que se debe dotar mejor a la Policía Nacional. Además, mejorar el sistema penitenciario y el judicial, porque muchos criminales ingresan a las cárceles, pero al poco tiempo vuelven a salir en libertad o con medidas alternativas.“Nos preocupa las invasiones y el crimen organizado. Yo personalmente apoyo la idea del presidente Mario Abdo, de incorporar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interna del país. Hay que estudiar con urgencia, de lo contrario vamos a perder el control del país”, lanzó. Becker esgrimió que los militares tienen una reacción más contundente, pero en la última década perdió sus atribuciones, como así también la policía, que “no puede actuar con fuerza a causa de las leyes modernistas”. “La gente pierde temor y se convierte en asaltante”, arremetió.	Óscar Gaona, propietario del local Chipasero, situado prácticamente en frente al puesto de la Policía Urbana, confirmó que esta madrugada fue víctima de robo.“Estuvimos hasta la 1:00 de la madrugada trabajando, nos levantamos a las 2:30 y ya no estaban los cables”, comentó Gaona en entrevista con Universo 970 AM. Detalló que en total son 100 metros de cable grueso, de buena calidad y que el precio aproximado es de 18.000 guaraníes el metro. Gaona contó que los cables los había prestado de otro negocio de la zona, dedicado a la venta de frutas.	La ministra Carla Bacigalupo manifestó a la radio 650 AM que no es oficial la información sobre su posible destitución del cargo y afirmó que sigue trabajando normalmente, pese a los cuestionamientos en su contra, especialmente al conocerse los resultados de las auditorías del Poder Ejecutivo y de la Contraloría."Nosotros habíamos solicitado dos auditorías, una de la administración anterior y otra de nuestra gestión. Las conclusiones establecen faltas administrativas que hoy ya están subsanadas”, aseveró.Confirmó que sí utilizó los fondos del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) para el pago de alquileres y otros, en vez de dirigirlos a la capacitación. Sin embargo, justificó que no se trata de malversación, ya que por ley está habilitada y siempre se usó de esa manera el dinero. “Los fondos de Sinafocal están establecidos por ley como contrapartida con un préstamos del BID, heredamos eso del Gobierno anterior con el PAI. No hay nada irregular, pero si alguien no está de acuerdo, se debe modificar la parte legal. Acá no se desviaron los fondos”, aseveró.Sobre el informe de Contraloría acerca de los simuladores, dijo que esta institución menciona de que no hay daño patrimonial, sino que faltas administrativas. “Nos llamó la atención que todos los años anteriores ganaba la misma empresa y tenía un precio muy elevado, por eso solicitamos que se haga la auditoría”, dijo. Por otra parte mencionó que el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) son dos sistemas que funcionan de la misma forma. “Existe una especie de rivalidad incluso entre ambas. Tendríamos que pensar en una ley que unifique ambas“, dijo.