Un grupo de ciudadanos hernandarienses acompañados de concejales municipales iniciaron una verdadera cruzada para acceder a informaciones públicas de la municipalidad local, manejada por el colorado cartista, Rubén Rojas. Específicamente pidieron documentos sobre ingresos y egresos de Royalties y Fonacide de varios periodos, pero como no obtuvieron respuestas, recurrieron a un amparo judicial.El jefe comunal había sido emplazado para la entrega de informes y al verse acorralado proveyó datos incompletos en un pendrive. Con eso logró que los jueces Marino Méndez y María Luisa Añazco levanten las medidas cautelares.Una vez más estos jueces demostraron la ligereza con que actúan para favorecer a los políticos de turno, pues levantaron la medida sin siquiera asegurarse de que efectivamente el jefe comunal haya cumplido con el mandato judicial. A diario somos testigos de lo rápidos que son los administradores de justicia cuando se trata de resolver a favor de los políticos.El cumplimiento de la ley de acceso a la información es fundamental para transparentar el uso del dinero público. Es una poderosa herramienta con que cuenta la ciudadanía para controlar cómo y en qué se están gastando estos recursos.Por lo tanto, los jueces como administradores de justicia deben ser los más celosos de su cumplimiento y no doblegarse ante cualquier político de turno. Necesitamos que los magistrados cumplan con su rol de impartir justicia y no en comerciantes de resoluciones como lo vienen haciendo desde hace varios años.La persistencia de los hernandarienses es loable, pues cuanto más indiferentes son los ciudadanos, más cancha libre tienen los corruptos para robar el dinero público. Estos reclamos son cruciales para mejorar varios aspectos de la sociedad, pues de ella dependen las mejoras de escuelas, hospitales con medicamentos suficientes, caminos en buen estados, entre otros servicios básicos.	Mientras se permita la injerencia del poder político en el Poder Judicial se seguirá apañando la corrupción y dejando impune a los ladrones de recursos públicos. Se debe actuar con todo el peso de la ley contra los corruptos de manera que sirva de ejemplo a otros y se saneen las administraciones públicas del país.