López sostuvo que las revueltas regionales son “absolutamente ideológicas” y no responden a motivos económicos, a pesar de que las protestas en Ecuador arrancaron por la oposición a las medidas económicas anunciadas por el Gobierno de Lenin Moreno en el marco de un acuerdo crediticio con el FMI y las de Chile responden al hartazgo de parte de la ciudadanía por las altas tarifas de luz o gas, el nulo reparto del sistema de pensiones o los deficientes servicios de salud pública.“Lo de la región es absolutamente ideológico. No son cuestiones económicas, son reclamos históricos y no se puede pretender resolver un reclamo histórico en un año”, apuntó el titular de Hacienda.También agregó que esas revueltas “están organizadas”, ya que ese tipo de sucesos “no salen así espontáneamente”, aunque se abstuvo de buscar culpables.En el caso de Paraguay, el ministro señaló que “los que se van a quejar son los funcionarios públicos” y sostuvo que la ciudadanía solo debería salir a las calles “si el presupuesto sale mal”.“Además, el presupuesto no le afecta a la gente normal”, añadió.El Ejecutivo paraguayo presentó al Congreso un proyecto de PGN 2020 de más de 85,5 billones de guaraníes (13.500 millones de dólares), un 6,6 % más que el presupuesto inicial de 2019.Sin embargo, los distintos ministerios y secretarías han solicitado pedidos de ampliación de más de 647 millones de dólares, a pesar de las recomendaciones de austeridad y de las alusiones a la desaceleración de la economía, tanto paraguaya como regional, por parte del Ejecutivo.Ante estos reclamos, se ha comenzado a hablar de la posibilidad de vetar el presupuesto, aunque desde el Gobierno prefieren mantener la cautela y esperar al tratamiento parlamentario del PGN.“Todas las posibilidades están en la cancha”, dijo López, al tiempo que insistió en que “el veto es la última opción”.No obstante, el país ya tiene experiencia en vetar el presupuesto, como ocurrió en 2016, durante el Gobierno de Horacio Cartes (2013-2018), del Partido Colorado, quien vetó el presupuesto de ese año y administró el país con la ley de 2015.“Si la ley de este año va a ser mejor que la que se aprueba, el veto es una opción. Pero el veto no es nomás que el presidente (Mario Abdo Benítez) veta; el veto requiere la aprobación de una de las Cámaras también”, recordó el titular de Hacienda. El PGN 2020 se encuentra en fase de estudio en la Comisión Bicameral del Congreso, que deberá emitir un dictamen al respecto antes del 1 de noviembre para que se trate en la Cámara de Diputados y Senadores. EFE	Roque Dagogliano fue imputado por el fiscal Yoan Paul López por el hecho punible de Lesión de Confianza. El hombre se desempeñaba hasta diciembre pasado, como gerente Comercial y Apoderado con Poder Especial de la firma farmacéutica Scavone Hermanos S.A. Esta empresa lo denunció por un perjuicio que rondaría los 16.000 millones de guaraníes.Según la imputación, el sujeto recibió mandatos específicos para que se presente a toda licitación o llamado relacionados a productos elaborados por la firma. Sin embargo, durante varios años, Dagogliano formó parte activa y principal de un grupo de personas que estructuró y dirigió empresas del mismo rubro que la farmacéutica, a quienes favoreció en perjuicio de su propia mandante. Se trata de BILAC S.A. EUROTEC S.A. y INSUMOS MÉDICOS S.A. Es más, según se sospecha, vendió a las empresas citadas gran cantidad de medicamentos caros a un precio muy inferior a lo establecido, para que estas tres firmas participen en licitaciones públicas ofertando y proveyendo productos de Scavone Hnos. S.A.El exgerente de la firma fue acrecentando su patrimonio. Llegó a declarar a la Subsecretaria Tributación (SET) un monto 63 veces superior a sus ingresos reales.MISMO MODUS OPERANDIEl exgerente comercial de Laboratorios Éticos CEISA, Carlos Alberto Borrell Maneglia, también fue imputado por el hecho punible de lesión de confianza, por un supuesto perjuicio de G. 3.505 millones a dicha firma.Según la imputación del fiscal Christian Roig, este hombre tampoco decidió ofertar los productos en las licitaciones, sino que venderlos a terceras empresas que también estaban vinculadas a él. Se trata de Bilac SA, Eurotec SA, Neurogen SA, e Insumos Médicos SA. Así también, el patrimonio de Borrel Maneglia fue incrementándose exponencialmente con el correr de los años, de acuerdo con la investigación fiscal.	“Las movilizaciones son reivindicaciones sectoriales, los distintos sectores que componen nuestra sociedad se movilizan por sus derechos. Yo no veo que haya mano política”, declaró el senador liberal. Reconoció que la situación económica actual sí amerita que se den las manifestaciones de los diferentes componentes sociales del país. “Hay una realidad que no podemos obviar: un tercio de la población sigue viviendo en la extrema pobreza y las políticas de contingencia que tenemos son políticas parche”, aseguró y sostuvo que hasta el momento, ninguna apunta a disminuir realmente esa situación. Colorados oficialistas denunciaron ayer que la intención de insta­lar hechos de violencia en el Paraguay por parte de sectores políticos de izquierda y organizaciones no gubernamentales.	La doctora María Fátima Bastos es la imputada por omisión de auxilio en el caso de la muerte de Renato Rojas Talavera que hasta ahora recibió las medidas sustitutivas a la prisión. Mientras que el doctor José Manuel Ovando no se presentó a la audiencia y Oscar Cabrera apeló su imputación.	La doctora María Fátima Bastos, una de las tres imputadas por el hecho de omisión de auxilio recibió medidas alternativas a la prisión por parte de la jueza Lici Sánchez. Bastos tiene prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio además, debe comparecer de forma mensual ante el juzgado.Sánchez afirmó que por el hecho punible la expectativa de pena no supera un año y corresponde una aplicación de multa como medida sustitutiva, indicó en contacto con Universo 970. En tanto el médico José Manuel Ovando no se presentó a la audiencia de imposición de medidas y Óscar Cabrera apeló su imputación. Las fiscales Sara Torres y Natalia Silva Fiscalía imputaron a los tres médicos por el hecho de omisión de auxilio en el caso de la investigación de la muerte del niño Renato Rojas Talavera de dos años, hecho ocurrido el 20 de agosto pasado en el servicio de Urgencias del sanatorio Migone.