El periodista Joel Corvalán informó que durante la noche del jueves y madrugada del viernes se oyeron disparos de balines de goma por parte de guardiacárceles del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa.El motivo fue para calmar los ánimos de los reclusos y evitar nuevas revueltas, atendiendo que el ambiente quedó agitado luego del motín y fuga de tres integrantes del Primer Comando Capital (PCC), quienes tomaron de rehén al jefe de seguridad del instituto penitenciario. Los mismos volvieron a entregarse al verse acorralados, tras descomponerse el vehículo usado para la fuga.El comisario Germán Real confirmó que escuchó detonación de escopeta dentro del penal y sostuvo que fueron proyectiles de goma, intimidatorios, para calmar los ánimos.A su vez, el comisario Julio César Cáceres, del Departamento de Policía de Itapúa, confirmó a la 800 AM que afortunadamente volvió la calma dentro del centro de rehabilitación. Los tres integrantes del PCC fueron identificados como Raúl Vicente Antonio Leiva Piatti (paraguayo), Jacson Da Silva (brasileño) y Walter Darío Ayala (paraguayo). Los mismo encañonaron con arma de fuego a un guardiacárcel, para llegar hasta la parte frontal, pasando por la jefatura de seguridad donde tomaron de rehén al jefe, y luego efectuaron dos disparos contra el director.	Rubén Astibgarraga se disponía a tomar un vuelo con destino a Iquique, Chile, en el aeropuerto Silvio Pettirossi, sin embargo, en la verificación aduanera y migratoria se constató que llevaba una bolsa con 333.000 dólares.Este monto no coincidía con la declaración jurada de entrada y salida de dinero en efectivo, donde figuraba que portaba solo 200.000 dólares.Debido a esto, los uniformados impidieron que tome el vuelo y el fiscal Miguel Quintana dispuso la detención del hombre a quien imputó por el hecho punible de contrabando. Los billetes fueron entregados a funcionarios de la Caia (Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera), a cargo de Hernán Vera, quien realizó el conteo de los billetes y de sus series.	Sin cerrar la vía pública y perjudicar a terceros, los docentes y alumnos del Taller E de Facultad de Arquitectura optaron por realizar una intervención en su casa de estudios, con el empaquetamiento de sus aulas. La iniciativa consiste en tapar con polietileno negro la estructura. Los impulsores explicaron que la Universidad Nacional es sostenidamente precarizada y promocionada como deshecho y basura. Es por ello que se movilizaron para visualizar esta “sentencia”.Los estudiantes y docentes señalaron que se requiere de un diálogo fecundo, porque cuando este pierde sentido y las palabras se reducen a instrumentos de agresión, la ira surge como la imposibilidad de decir a quienes necesitamos, cuanto les necesitamos.“Como consecuencia, en plena disputa, las partes confrontadas asisten a una escalada de violencia oscilante entre ostentación e indiferencia, tendiente a recordar pasando revista, el potencial confrontativo que promete la disputa. Menos daño produce un golpe físico que una dulce mentira proferida. En ese juego de poder nos toca contar, en primera persona nuestra relevancia”, insistieron. La institución universitaria se encuentra actualmente en paro académico, en atención al reclamo del plantel docente y administrativo de una equiparación salarial para el ejercicio fiscal del 2020.	El titular de la dependencia económica, Óscar Llamosas, explicó que este incremento es debido al ingreso de un total de 224 personas para el Minis­terio de Salud y el resto son policías de categoría B (Sub­oficiales), dependiente del Ministerio del Interior.Actualmente existen 301.926 cargos, que incluyen a fun­cionarios, docentes, poli­cías, militares, personal de salud, magistrados, fisca­les, entre otros. A esta cifra se suman los nuevos 2.867, totalizando 304.794 cargos para el próximo año.Llamosas explicó que los nue­vos cargos están dentro de la política de seguridad y las necesidades que tiene el sis­tema de salud actualmente, los cuales son considerados prio­ridad para el Gobierno.Por su parte, el economista Aníbal Insfrán explicó que estas contrataciones no se pueden evitar y no están mal, atendiendo las cuestiones de inseguridad que vive actual­mente el país.“Esto debe equilibrarse sin dudas con recortes en otros aspectos de los gastos rígi­dos, específicamente sala­rios. Habría que buscar qué es lo que se puede eliminar para que el impacto no sea grande”, explicó Insfrán. Agregó que lo que se tiene que ver de manera global es cuál es el cambio que existe en la matriz salarial y los montos totales para poder evaluar a profundidad.ALCANCES DEL PGNEl proyecto de PGN 2020 es de G. 85,5 billones e incluye la emisión de bonos por un total de US$ 547 millones, que probablemente sea de US$ 500 millones en el mer­cado internacional y US$ 47 millones a nivel local. El plan de gastos para el próximo año prevé también un 3,8% de reajuste salarial para fun­cionarios administrativos que ganen hasta el sueldo mínimo, policías y milita­res. En principio, está pre­visto que el déficit fiscal se registre al límite de lo que establece la Ley de Respon­sabilidad Fiscal (LRF), que es de 1,5% sobre el Producto Interno Bruto (PIB).Según datos proporciona­dos por la cartera económica, está previsto que los ingre­sos tributarios alcancen los G. 25,1 billones, aproximada­mente US$ 4.087 millones.SUGIEREN APROBAR A LIBRO CERRADO El Ministerio de Hacienda presentó la semana pasada el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2020 (PGN 2020) al Congreso Nacional. El mismo asciende a G. 85,5 billones (US$ 13.400 millones). Del total del proyecto, unos G. 45,9 billones corresponden a la admi­nistración central y G. 39,6 billones a entes descentralizados. El ministro de Hacienda, Benigno López, explicó que la estimación de la recaudación impositiva es con un crecimiento del 2% con res­pecto al presupuesto del 2019, con una presión tributaria en torno al 9,8%. López también sugirió que el PGN 2020 sea aprobado a libro cerrado ya que lo expuesto en el plan de gastos tiene límites y no existe espacio para reajustes.