La declaración de emergencia penitenciaria, incluye a todos los establecimientos penitenciarios del país, de varones, mujeres y Centros Educativos de menores, dependientes del Ministerio de Justicia en toda territorio de la República, por el plazo de 365 días.Con aprobación del proyecto, se autorizó el apoyo y el empleo de las Fuerzas Públicas, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, para la custodia, y cobertura de seguridad perimetral de todos los establecimientos penitenciarios.Además, se aprobó la autorización al Ministerio de Justicia para adoptar medidas administrativas que considere pertinentes, como contrataciones de personal, bienes y servicios, bajo el régimen de excepción.Por otra parte, se aprobó la construcción de Establecimientos Penitenciarios con regímenes ordinarios de reclusión y de máxima seguridad, que podrán ser financiados con recursos provenientes del Tesoro Nacional, recursos del crédito interno y externo, privados y de las binacionales.El proyecto aprobado fue con el dictamen de la Comisión de Presupuesto. Estaban también los dictámenes de la Comisión de Justicia y uno propuesto por la diputada liberal, Celeste Amarilla.El documento fue remitido a la Cámara de Senadores.	Según las primeras investigaciones, el material tendría como destino la prisión pedrojuanina, en lo que sería un nuevo intento de fuga masiva de reos.El fiscal Marciano Candia, uno de los intervinientes, dijo que los datos que se manejan es que efectivamente constituye dinamita en gel y que tendría un alto poder explosivo.Contaba con un detonador que funciona a pila. Los indicios señalan que sería parte de un plan que maneja el cártel denominado Primer Comando Capital. Días atrás el ministro de Justicia, Julio Javier Rios, dispuso la destitución de Victor Servían de su cargo de Director de Establecimientos Penitenciarios. Fue después de que tras un cateo se hallaran en el penal de Pedro Juan celdas vip, armas, celulares, drogas y bebidas alochólicas.	El fallecido fue identificado como Milciades Barreto Paredes, alias “Pantera”, de 43 años de edad. El mismo fue ultimado a tiros en el estacionamiento del Shopping China de Pedro Juan Caballero, ubicado en la calle Doctor Francia y Ruta Quinta.De acuerdo al informe del periodista Santiago Benítez, de Radio Imperio de PJC, hombres fuertemente armados descendieron de un vehículos y dispararon contra Barreto Paredes.El exagente de la Policía Nacional contaba con antecedentes por tráfico de drogas y armas en el lado brasileño. Estos hechos le costaron la baja como uniformado en el 2007.Este hecho se dio al momento que se realizaba a pocos metros de lugar la extradición de dos criminales brasileños.	“Esperamos que haya respuesta. Si no se da eso, se podría generar otro hecho que podríamos lamentar. Nosotros vamos a salir a movilizarnos por el centro de Asunción y la Policía quiere impedir eso. Nosotros vamos a ejercer nuestro derecho y garantía constitucional que tenemos”, dijo el dirigente de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), Jorge Galeano.Este fue el ultimátum que la CNI dio al Ejecutivo de Mario Abdo Benítez, al que acusan de incumplir un pacto firmado el pasado 28 de marzo sobre acceso a la tierra, compra de deudas y reactivación de la producción, y que desde hace más de una semana vuelven a reclamar.Los labriegos entregaron este lunes esas mismas peticiones al vicepresidente, Hugo Velázquez, como ya habían hecho la semana anterior con el ministro de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi, sin obtener respuesta, según su relato.La propuesta de los campesinos plantea destinar las tierras malhabidas o incautadas al crimen organizado a la reforma agraria, comprar las deudas vencidas y judicializadas del campesinado y la reactivación económica productiva de la agricultura familiar.La CNI pide al Gobierno una inversión de 40 millones de dólares en cinco años destinados a la producción de las familias campesinas. “Nosotros habíamos planteado la suma de 10 millones de dólares por año, que representa una suma básica para preparar una hectárea de tierra a 51.000 jefes de familia en su finca”, puntualizó Galeano.En cuanto a la compra de las deudas, el dirigente de la CNI explicó que no tienen sumado el monto, ya que, según el pacto anterior, dependerá de las autoridades bancarias calcularlo.“Nuestro acuerdo con el Gobierno es acercarles el nombre, el numero de cédula, su comunidad y departamento (de los deudores). Eso está en el sistema financiero, individualizado, y ellos con un teclado tienen acceso a eso. Depende de las autoridades”, agregó Galeano.Galeano y otros dirigentes de la CNI animaron hoy a los cerca de 3.000 campesinos asentados en Asunción al grito de “¡Reforma agraria, urgente y necesaria”, una petición que el campesinado persigue desde hace décadas.