En la nota enviada por el defensor del Pueblo y titular de la Comisión Nacional de Objeción de Conciencia (CNOC), Miguel Godoy, al ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, en la que argumenta que se realizó el mayor de los esfuerzos para notificar al viceministro de las Fuerzas Armadas, general (SR) Guzmán Espínola para todas las reuniones de dicho organismo.En ese sentido, Godoy destacó que se realizó convenio con más de 50 instituciones públicas y privadas para el efectivo cumplimiento del servicio civil sustitutivo, con el objetivo de que se convierta en una política pública de carácter constitucional en forma efectiva.Por el motivo expresado, Godoy solicitó al cambio de representante por otra persona de mayor conocimiento académico o castellano más fluido.Godoy recordó además que el general Espínola, días atrás en su declaración ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Defensa Nacional del Senado manifestó “que este servicio sustitutivo debe estar a cargo de una institución del Estado, no a cargo de la Defensoría del Pueblo, ni del Ministerio de Defensa”.El defensor del Pueblo lamentó que el general desconozca que la objeción de conciencia desprende de una Ley especial que compromete a un colegiado donde él mismo forma parte y evidentemente "no entiende".“Es imposible trabajar con una persona que no está de acuerdo con la objeción de conciencia al SMO como un derecho de rango constitucional ni con sus compañeros de trabajo del CNOC”, agrega en el documento.	El abogado César Martínez, representante legal de la empresa de transporte “29 de Septiembre SRL”, cuestionó al viceministro Pedro Britos y al titular de Cetrapam, César Ruiz Díaz, por impedir la operatividad de la Línea 18, pese a que existe una orden judicial. Acusó al gremio de transportistas de querer “hacerse con el botín” del billetaje electrónico.	En entrevista con Radio La Unión, César Martínez sostuvo que actualmente la Línea 18 no se encuentra trabajando debido a “la coacción ejercida bajo engaños” por el viceministro de Transporte, Pedro Britos.El mismo culpó al funcionario estatal de desacatar una orden judicial que autoriza la circulación de los buses de la empresa de transporte 29 de Septiembre S.R.L. y de esa manera impedir la normal operatividad de los mismos.El abogado afirmó que el reclamo viene de la mano de César Ruiz Díaz, titular de Cetrapam, quien “se ha enfocado en el botín del billetaje electrónico” y que -a su criterio- impulsa esta persecución debido a que “no le dan los números”. “No tienen el soporte, el mecanismo, los aparatos ni la red para poder ejecutar el servicio”, expresó.Según Martínez, casi todas las empresas de transporte se encuentran en falta ya que poseen ómnibus que no figuran en el Viceministerio de Transporte ni se encuentran habilitados y que además también están fuera de año, pero supuestamente pese a ello poseen la protección de las autoridades. Acusó a Ruiz Díaz de tratar de congraciarse con la otra nucleación de transportistas UCETRAMA (Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana) que explota la Línea 18 “de manera paralela” (refiriéndose a la empresa Lince SRL) y que de esa forma tratan de hacerle creer al gobierno que van a ir a un paro.El letrado aseguró que si las empresas de transporte deciden ir a un paro general, tal y como	, “van a tener que asumir las consecuencias” por no prestar el servicio para el cual fueron licitados. “Lo que están haciendo es una extorsión y un amague para distraer y generar fuerza común en el gremio Cetrapam que se está queriendo hacer del botín del billetaje electrónico”, señaló.Al ser consultado sobre cómo operan los viejos buses de la Línea 18 (rojo), Martínez indicó que “si los coches estuvieran en mal estado, van a ver que se incendian como los de ellos”, haciendo referencia al siniestro que afectó a una unidad de la Línea 18 perteneciente a la empresa Lince sobre la Avda. Madame Lynch. “Estamos ante medias verdades y sobre todo ante un atropello al funcionamiento de las instituciones. Es una barbarie”, afirmó el abogado a la 800 AM.	La figura de Juan Ernesto Villamayor es la que suena en el oficialismo para ocupar el cargo de jefe de Gabinete de la Presidencia de la República. El actual ministro del Interior se encuentra a horas de su interpelación ante el Senado, donde fue convocado a responder preguntas sobre la situación actual de seguridad.	El senador Enrique Bacchetta, del movimiento Añetete, manifestó que a su criterio, el actual ministro del Interior es el posible reemplazante de Julio Ullón en la Jefatura del Gabinete Presidencial.“No puedo decir, porque no hablé con el presidente sobre eso. Presumo lo de Juan Ernesto, pero tampoco el presidente me dijo”, expresó Bacchetta en contacto con la 1020 AM.Al respecto, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, expresó que estaría en condiciones de asumir el cargo, si así Abdo Benítez le propusiera.“Si el presidente de la República dice que necesita a un componente de su equipo en una función u otra, tenemos que estar de acuerdo con eso. Por eso, coloqué la aceptación por delante, en caso de que se produzca la oferta”, manifestó.“Ya me propusieron ser senador, una persona me dijo ministro de la Corte y ahora me quieren traer el Gabinete. Esa es una posibilidad que se conversó hace mucho tiempo”, agregó Villamayor.Sobre la interpelación a la que será sometido este miércoles en el Senado, Villamayor dijo que tiene absolutamente listo su defensa con las respuestas que corresponden a su actuación al frente del Ministerio del Interior.Reafirmó que no presentará renuncia, pese a los cuestionamientos hacia su gestión. “Que reúnan los votos y que cada uno explique sus motivos y el porqué llegamos a esta situación”, concluyó.	La Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP emitió un comunicado en el que afirma que hasta el momento no se detectaron casos específicos relacionados con el uso del principio activo ondansetrón. Existen tres casos conocidos sobre las consecuencias negativas en la salud para los pacientes que recibieron la medicación, uno en una adolescente en el San Pablo, una mujer en un centro privado, ambas en estado de coma y el niño Renato Rojas que falleció en el sanatorio Migone.Aclara que se está investigando cada caso y recuerda a los profesionales de salud que tomen en cuenta las advertencias y precauciones para el uso del medicamento.Los centros asistenciales deben notificar los casos de reacciones adversas en el uso de fármacos.En contacto con Universo 970, el Doctor José Cardozo, director de Inspección y Vigilancia de Dinavisa afirmó que se verificó el caso de la paciente adolescente en el San Pablo y de otra mujer en un centro privado y que se trata de lotes diferentes del medicamento por lo que se descarta que las reacciones guarden relación con la aplicación.Lo que tampoco descarta que el efecto causado pueda ser atribuido al fármaco y lo que podría darse es una reacción de hipersensibilidad asociada a una patología de base.“Se siguen estudiando, estamos analizando desde el punto e vista de Vigilancia Sanitaria”, agregó.Explicó que en el caso del San Pablo, se dio ingreso a 1000 ampollas y ya fueron utilizadas 893 por lo que si fuese el producto se tendrían muchos más casos debido a su utilización. La misma recomendación sacó el IPS días atrás, a través de un comunicado dirigido a los profesionales médicos.