En la ocasión desean que se apruebe la creación de una Comisión Bicameral que evalúe cómo se procedió a firmar el pacto y sus alcances. Desde el Frente Guasu ya amenazaron con un juicio político al mandatario tras destaparse el escándalo. Hugo Richer manifestó que no están seguros de contar con los votos necesarios, pero que de igual manera podrían presentar el pedido.Mientras que la Bancada B liberal del Senado solicitó a la Comisión de Energía, presidida por Rodolfo Friedmann, que concrete una reunión de carácter urgente con el Canciller Nacional, el Director de la Itaipú y de la ANDE, respectivamente. “No aceptaremos ningún tipo de entrega de nuestra soberanía energética”, reza la nota remitida.En tanto que el diputado Walter Harms esgrimió que es urgente que el Congreso interpele a los responsables del acuerdo secreto que “implicaría un grave perjuicio a los intereses del Paraguay”.	Por unanimidad, los camaristas Guatavo Santander, Pedro Mayor y Gustavo Ocampos resolvieron anular el fallo de la jueza Magdalena Narváez, quien liberó al diputado Ulises Quintana.El motivo fue que la magistrada dio lugar a un trámite de revisión de medidas, siendo que se solicitó la revocatoria de la prisión. De esta manera, la jueza queda apartada de la causa y se debe realizar una nueva audiencia de revisión de medidas para el legislador, quien hasta entonces seguirá en libertad. Quintana está imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.	El procedimiento estuvo a cargo de la unidad especializada de la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual en Niños y Adolescentes.Las fiscales María Arnold y Natalia Acevedo encabezaron el allanamiento que dio como resultado la detención de Ana María Manzur, como la presunta responsable del lugar, que funciona como un lupanar desde hace nueve años. En el sitio encontraron a ocho mujeres supuestamente víctimas de prostitución y a dos transexuales, según el informe del Ministerio Público.Entre las evidencias incautadas figuran cuadernos donde anotaban los nombres de las víctimas y los trabajos realizados por cada una. También hallaron celulares, cajas de preservativos, CD. Las fiscales imputaron a Manzur por los supuestos hechos punibles de trata de personas con fines de explotación sexual, maltrato y amenaza. Además solicitaron al Juzgado la aplicación de Prisión Preventiva.	como parte del Operativo “Llamada”, dando como resultado el desmantelamiento de una estructura que estaría importando artículos electrónicos de alta gama desde Estados Unidos sin declarar el valor real en materia de impuestos.En entrevista con Radio Uno, el director de Aduanas, Julio Fernández, indicó que todo surgió a partir de controles realizados desde el año pasado en las importaciones de productos, especialmente en los rubros de telefonía celular, electrónica e informática donde se detectaron las mayores irregularidades.Puntualmente, se logró descubrir que el valor imponible declarado ante Aduanas no correspondía al valor real de los productos traídos desde el país del norte, convirtiéndose así en un caso de evasión de impuestos por cifras millonarias.En este caso en particular, el valor total de las mercaderías importadas de manera irregular asciende a más de US$ 678 millones. Según Fernández, el monto hace referencia a una comparación entre las exportaciones registradas desde Estados Unidos a Paraguay versus lo que se reflejó en Paraguay como importación desde el Sistema SOFIA.El titular de la DNA indicó que gran parte de todo esto corresponde a un esquema de corrupción de larga data ya que se tomaron en cuenta datos e informes que van desde el 2014 hasta mayo de 2019.Teniendo en cuenta que para concretar la evasión de impuestos se tuvieron que haber clonado facturas, es muy probable que hayan estado involucrados empresarios y comerciantes, despachantes aduaneros, funcionarios e inclusive a las propias autoridades, refirió. Según Fernández, cuando arrancó su gestión al frente de Aduanas inició con un 75% de contrabando, esto contando desde enero a agosto del 2018, por lo que se estima que de cada 100 dólares que ingresaban en concepto de electrónica e informática, 75 eran de contrabando.