El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Julio Ullón, anunció esta mañana la apertura de un proceso de investigación por parte de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), en conjunto con la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE).En este caso, se estarán investigando dos procesos de contratación impulsados hace unos años atrás por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE). El primer hecho a investigar consiste en un convenio de cooperación suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el SENAVE y la empresa Agro Micro Plant S.A. que data del año 2012. Por otra parte, el segundo corresponde a un proceso de licitación pública con subasta a la baja electrónica para el traslado, tratamiento y disposición final de semillas de algodón tratadas con agroquímicos, involucrando a la misma firma.Ullón mencionó que ambos procesos presentan una serie de irregularidades y desprolijidades en la ejecución de los contratos, motivo por el cual se ha decidido impulsar la investigación desde el gobierno.En ambos casos, el SENAVE se encargará de preparar un informe pormenorizado sobre las respectivas licitaciones y posteriormente elevará los resultados a la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) y la Auditoría General del Poder Ejecutivo para proseguir con las averiguaciones.Existen fuertes sospechas de que pueden haberse registrado hechos punibles dentro de estos procesos licitatorios, afirmó el funcionario estatal.En el primer caso, el monto del contrato asciende a la suma de G. 18.000 millones (aún no desembolsado), mientras que en el segundo es de G. 39.498 millones. En este último, ya se han desembolsado G. 19.000 millones en administraciones anteriores. Rodrigo González, presidente del SENAVE, indicó que han conformado este equipo interinstitucional con la SENAC con el fin de llevar a cabo un proceso de investigación que ayude a dilucidar lo ocurrido años atrás en la institución a su cargo.	“No creo que haya oposición, si bien se dio alguna, no sé si maniobra o qué, generalmente los desafueros no se rechazan, así que confío que se va a dar eso, para no especular se puso como primer punto”, explicó el diputado Pastor Vera. El propio Cuevas remitió el martes pasado al presidente de Diputados, Pedro Alliana, una nota en la que solicita que el pedido de desafuero enviado por el Juzgado, sea incluido en el primer punto del orden del día. El proyecto ya cuenta con dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y su estudio se viene postergando en las últimas semanas.El jueves 1 de agosto el juez Miguel Tadeo Fernández remitió a la Cámara Baja el documento por el cual confirma	la imputación de la Fiscalía al diputado colorado Miguel Cuevas. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, en el lapso correspondiente a los años 2009 y 2019 se detectó una desproporción en los ingresos de Miguel Cuevas por una suma que supera los G. 1.700 millones. El periodo de investigación patrimonial tuvo como punto de partida sus ingresos en la función pública	Este miércoles se realizará una audiencia en el Uruguay, donde el Juzgado deberá responder la solicitud de refugio político para los prófugos de la justicia paraguaya Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, buscados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi. “Yo confío en que no le van a dar el refugio, ellos van a tener todos los elementos con los cuales nos sustentamos en que no se le otorgue el refugio político”, explicó la fiscal Quiñónez. La comitiva paraguaya está integrada por el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la República y los fiscales de asuntos internacionales. Quiñónez recalcó que lleva 18 años con la misma convicción: que Arrom, Martí y Colmán deben venir al Paraguay para rendir cuentas y no permanecer refugiados por un el delito considerado un hecho criminal. La audiencia se realiza dentro del marco de la detención de los buscados y según el canciller nacional, Antonio Rivas, la jueza escuchará a los tres implicados antes de tomar la decisión.	Abel Brítez, dirigente del gremio de productores de tomate de Coronel Oviedo, manifestó a Radio Ñanduti que este lunes buscarán llegar a un acuerdo para incrementar el precio de sus productos.Para lograr dicho objetivo, primeramente se reunirán con compradores de diversos centros de comercialización con el fin de establecer un nuevo precio base, el cual -de acuerdo a sus pretensiones- debería ser de G. 4.000 por kilo en finca.Con el transcurrir de los días el costo del producto estaría subiendo paulatinamente hasta llegar al monto exigido, estimó. “Entendemos que si no hay ingreso masivo de contrabando este fin de semana, entonces tiene que aumentar”.Brítez resaltó que desde el gobierno tienen la obligación de cumplir con todos los acuerdos firmados, caso contrario, los productores agremiados estarían volviendo a reactivar los cierres de ruta y las manifestaciones a nivel país.En relación a la feria de tomate desarrollada la semana pasada en Asunción, sostuvo que sí funciona pero que no les conviene dado que deben llevar grandes cantidades del producto hasta la capital y en ese interín se ven obligados a dejar sus fincas y toda su producción. El dirigente recalcó que aún siguen teniendo una “superproducción de tomates” y por ello esperan que en estos días se pueda vender todo el stock que tienen disponible. Según estimó, hay tomates como para un mes completo.