El sueño de obtener la tierra propia se convirtió en una verdadera pesadilla para los colonos de Alto Paraná. Las víctimas de este esquema coinciden en señalar que funcionarios, cercanos al propio extitular del ente, Horacio Torres, son los que operan el engranaje del apriete y la extorsión. La mafia del INDERT sigue intacta.	El equipo de investigación de la Caja Negra obtuvo documentos que prueban cómo opera el mecanismo de la recaudación en tierras que pertenecen a colonos de Alto Paraná. Los casos pertenecen a dos habitantes de la colonia núcleo rural primavera distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná. Son lotes que en promedio poseen unas 30 hectáreas dedicadas en su mayoría a la siembra de soja y avena. Los mismos habían iniciado trámites en el año 2015 y obtuvieron por resolución presidencial del INDERT de fecha 10 de diciembre de 2018 la adjudicación y titulo de propiedad de sus lotes. Los solicitantes habían cumplido con todos los requisitos del estatuto agrario para ser beneficiados con la adjudicación de los terrenos. En la resolución número 1426-18 se deja constancia que todos los informes administrativos y técnicos son favorables a la pretensión de los mismos y que habían cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley. El documento lleva la firma del extitular del INDERT Horacio Torres y el secretario general Juan Angel Gonzalez Fretes, este ultimo señalado como funcionario leal a Torres y supuesto “cerebro” de las operaciones de revocación de adjudicaciones.	Sin embargo, 8 meses meses después, el 27 de agosto de 2019, se vuelven a firmar dos resoluciones la número 2934-19 y la numero 2935-19 por las cuales revocan y dejan sin efecto la resolución de adjudicación que ellos mismos firmaron en diciembre. Las firmas que aparecen son las mismas: Horacio Torres y Juan Angel Gonzalez Fretes. Ambas resoluciones citan como argumento el dictamen jurídico de la Directora Jurídica Nathalia Caballero. Mencionan además una resolución judicial que declaró la caducidad de instancia en un juicio anterior entablado por los colones contra una resolución de la administración de Justo Cárdenas. La caducidad de instancia se dio porque los colones al haber obtenido en diciembre de 2018 la adjudicación de sus lotes dejaron de instar al proceso. Forzadamente y en un acto de arbitrariedad la Directora Jurídica del INDERT justificó con esa sentencia la decisión de revocarles la adjudicación que legítimamente habían obtenido.	La denuncia que hacen los afectados es que funcionarias de la Asesoría jurídica del INDERT encabezadas por la abogada Nathalia Caballero, directora General de Asesoría Jurídica del ente, la funcionaria Yeny Cardozo una cuestionada comisionada al ente agrario en compañía de otros funcionarios de la zona son acusados de operar en las colonias poniéndole “precio” a cada trámite.Nathalia Caballero es considerada mano derecha del expresidente del INDERT Horacio Torres. Llegó a la institución en agosto pasado. anteriormente se desempeñaba como asistente de Torres en su estudio jurídico. Es acusaba de actuar con prepotencia y encabezar las delegaciones del INDERT en las colonias. la misma fue designada como interventora de la dirección occidental cargo que ocupaba Enrique Gomez de la Fuente, imputado por pedir una coima de 25 mil dólares al ganadero Albino Méndez.	De acuerdo a los denunciantes los pedidos de coimas para adjudicar o no revocar resoluciones de adjudicación oscilan entre 5 mil a 10 mil dólares por cada colono. Los funcionarios del INDERT, encabezados por la propia directora jurídica, operan con total impunidad en la zona y mantienen a zozobra a decenas de colonos quienes en su mayoría se ven obligados a pagar para no perder sus tierras. La misma situación afecta a colonos de Santa Lucia, 8 de diciembre, prometida, candelaria, chino cue y conquista. varios casos fueron denunciados ante el Ministerio Público. el mecanismo de la coima mantiene en jaque a los colonos. si no pagan se quedan sin nada.	Fuentes cercanas reportaron a nuestro diario que desde las 07:00 de este miércoles, la directora jurídica del Indert, Natalia Caballero, comenzó a sacar expedientes de la institución.La misma es una aliada de Horacio Torres, quien días atrás presentó su renuncia a la Presidencia del Indert, al verse implicado en la rosca instalada en la institución y que comenzó a salpicar al ministro Rodolfo Friedmann. Quien era mano derecha del expresidente del Indert, llegó a la institución en agosto pasado, anteriormente se desempeñaba como asistente de Torres en su estudio jurídico. En el ente estatal percibe un salario de aproximadamente 15 millones de guaraníes, según La Nación.La propia funcionaria sostuvo, según el citado medio, que “es amiga de hace años del presidente Torres” y gracias a este lazo accedió a su primera experiencia dentro de la función pública.Pese a que también está sindicada de formar parte del esquema de recaudación, Natalia Caballero fue elegida como interventora de la Dirección General de la Región Occidental Chaco, cargo que era ocupado por Enrique Gómez de la Fuente, imputado por pedir una coima de 25 mil dólares al ganadero Albino Mendez. La misma llegó a ser acusada de actuar con prepotencia y encabezar delegaciones del Indert en las colonias de Alto Paraná.	Consultado si existen legisladores paraguayos que los ayudan, Zavala contestó: “Yo creo que sí, fíjense quiénes son los que firmaron los certificados médicos, cómo están qué defienden”. Evitó dar nombres pero sus expresiones hacen referencia a los senadores luguistas Esperanza Martinez y Jorge Querey, médicos que habían emitido informes sobre las supuestas torturas, de los buscados por la justicia. Hace unos días Fernando Lugo compartió en su cuenta de Twitter la visita que realizó la semana pasada al Uruguay, donde se reunió con el expresidente José “Pepe” Mujica” y con la actual vicepresidenta, Lucía Topolansky. En el tweet, Lugo describió a Mujica como un “enorme referente de lucha” de América.Este episodio es citado por algunos legisladores como muestra de que Lugo es un referente de peso en el ámbito de la izquierda regional, la cual es señalada como gestores para que Arróm, Martí y Colmán estén ahora en Finlandia. Tras la confirmación de la salida “lícita” de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán del Montevideo, mediante el refugio que les otorgó el Uruguay el viernes pasado, pero cuya noticia trascendió recién anoche cuando los tres ya se marcharon de tierras charrúas, varias son las preguntas que surgen sobre la manera en que los tres prófugos de la justicia paraguaya lograron que todo les salga a pedir de boca hasta el punto de ir a vivir a un país de primer mundo.El documento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que les permitió libre tránsito hasta llegar a Finlandia, sin importar que sean buscados por un secuestro, la cédula de identidad finlandesa que obtuvo Colmán, el dinero suficiente para financiarse un costoso viaje y también solventarse una nueva vida en un país extranjero, son los “logros” que alcanzaron los tres secuestradores para burlar a la justicia de Paraguay.Al respecto, el senador Fidel Zavala no dudó en afirmar que todo esto es una muestra de la fuerza y las conexiones internacionales que poseen los tres, a tal punto de conseguir levantar un código rojo de la Interpol.	Rubén Lisboa, abogado de Anuncio Martí, Juan Arrom y Víctor Colmán, indicó que los tres nunca perdieron el estatus de refugiados que le fue otorgado por el alto comisionado de las Naciones Unidas. Indicó que el Gobierno mezcló las informaciones al asegurar que iban a volver al país, ya que la propia ley impide que regresen al sitio donde supuestamente fueron torturados.	El abogado Rubén Lisboa confirmó a radio Cáritas que Anuncio Martí, Juan Arrom y Víctor Colmán están en camino a Finlandia, tras salir de Uruguay y hacer una parada en Madrid, España. Alegó que optaron por ese destino porque el país vecino tiene buenas relaciones con el europeo mencionado.“Ellos nunca perdieron el estatus de refugiados políticos. Los refugiados no quieren volver al Paraguay porque fueron torturados. No hay motivos para levantar el estatus de refugiados político. Aquí (en Paraguay) hubo tortura, la tortura existió. Jamás perdieron el estatus político que les dieron las Naciones Unidas. Acá se aplicó y se cumplió el derecho internacional, es todo lo que se hizo”, dijo.Martí, Arrom y Colmán tenían un documento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que les permite el tránsito libre hasta su destino. “No fue un error de Paraguay, considero que se aplicó la regla y el derecho internacional. Nunca les van a traer a donde sufrieron torturas”, remarcó en entrevista con la radio 800 AM. Justificó que dicho estatus fue conseguido a raíz de que Paraguay no investigó como correspondía la denuncia de tortura, es más, hasta la fecha sigue abierta esa causa.Lisboa indicó que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) menciona que no se comprobó que el Estado paraguayo haya ordenado o realizado la tortura denunciada, pero que no rechaza que haya existido la tortura en sí.El abogado explicó que la ley es clara: no se puede traer al país donde habría ocurrido el hecho de tortura, sino que, en el caso de perder el estatus de refugiados, los connacionales deben ser enviados a un tercer país. “El Gobierno y los expertos están mezclando todo. Hoy están trinando porque se aplicó la Ley, siendo que ellos mismos fueron a aceptar a las Naciones Unidas el tratado de los refugiados políticos”, aseguró.PARAGUAY, CON BRAZOS CRUZADOSPor su parte, Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales, indicó a la radio Universo 970 AM que no se trató de una fuga de los prófugos de la justicia paraguaya, sino que fue una salida natural bajo todos los procedimientos legales.“Naturalmente abandonaron el país (Uruguay) y fueron hasta España con documentos de Finlandia. El Control de Ficheros de la Interpol decidió de forma unilateral levantar el Código Rojo”, indicó.Doldán coincidió que Uruguay y Finlandia mantienen relaciones muy estrechas, y que por ese motivo el segundo país fue el elegido por los criminales prófugos. ”Los abogados contratados por el Estado Paraguayo, en ningún momento se contactaron con nosotros. No tuvimos ningún reporte de ellos. Ellos (los secuestradores) estaban viajando con una protección internacional. Poco y nada podemos hacer contra eso”, puntualizó.