El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) considera un "avance" la decisión de Paraguay de modificar el Código Procesal Penal para reducir la prisión preventiva como medida para aliviar el hacinamiento en las cárceles del país, donde cerca del 70 % de los presos están a la espera de juicio.	Además, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió esta semana al Gobierno paraguayo que mejore las condiciones de los internos y evite el uso excesivo de la prisión preventiva.El comisionado del MNP, Dante Leguizamón, comentó a Efe que desde esa institución ven “satisfactorio” el proceso emprendido con la modificación, promulgada el pasado 19 de julio por el Gobierno, de la normativa que se venía aplicando.La ley promulgada por el Ejecutivo volvió a la redacción original del artículo en cuestión, el 245 del Código Procesal Penal, para dar de nuevo al juez esa competencia y que decida si corresponde la prisión preventiva o la imposición de medidas alternativas.Antes de esa modificación, el juez se veía obligado a imponer la prisión preventiva en casos de crímenes, lo que desembocó en una superpoblación de los centros de reclusión y en el encarcelamiento de personas sin una sentencia en firme.Los datos del MNP manifiestan que siete de cada diez hombres y seis de cada diez mujeres privados de libertad se encuentren procesados y todavía no cuenten con una condena.Leguizamón recordó que el MNP reclamaba desde 2013 la derogación de esa normativa, ya que “restringía las posibilidades de que el juez analice la pertinencia o no de la prisión preventiva”.“Nosotros creemos que hay una gran cantidad de personas privadas de libertad por hechos punibles que no corresponden con la prisión preventiva”, insistió el comisionado del MNP.Las estimaciones del Ministerio de Justicia apuntan a que con estos cambios podrían quedar en libertad unas 4.000 personas, una cifra que ha generado cierta alarma entre la población.Para Leguizamón, no existe motivo de preocupación ya que “esas personas no deberían haber ingresado en prisión” y deberían haber seguido “su proceso en libertad”, hasta que se demostrara si son inocentes o no.Además, la potencial puesta en libertad de esos 4.000 presos no será inmediata, ya que otra ley promulgada por el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, el mismo día que la anterior, estipula plazos para que no se produzca una liberación masiva y que el juez pueda evaluar caso por caso.De esta forma, en lugar de tener 48 horas para convocar a una audiencia, tendrá cinco días hábiles.Además, si el abogado del recluso presenta un urgimiento de pronto despacho para la resolución ficta (automática), en vez de 24 horas tendrán que pasar diez días hábiles, según explicó la semana pasada a los medios el asesor legislativo de la Presidencia, Hernán Huttemann.No obstante, estos cambios de los artículos 129, 141 y 251 del Código Procesal Penal, relativos a los plazos, solo regirán hasta el 31 de enero de 2020.Leguizamón recalcó que aunque desde el MNP valoran de forma positiva los esfuerzos de los poderes del Estado por paliar la situación de emergencia de las cárceles, temen que se quede solo en propuestas temporales.“Por ahora, se están tocando medidas que son urgentes, pero no atacan el fondo del problema”, subrayó Leguizamón.Al respecto, citó como ejemplos la necesidad de implementar políticas de prevención del delito y de abordar otras cuestiones, como el microtráfico de drogas, desde el punto de vista de la salud pública y no desde el Derecho Penal.La promulgación de esas dos leyes para modificar el Código Penal también ha contado con voces críticas desde la oposición, como la del senador Jorge Querey, de la formación opositora de izquierdas Frente Guasu.En su opinión, la decisión del Gobierno no se estudió con suficiente detenimiento y puede generar un “caos jurídico”, según un comunicado del Frente Guasu.	Sobre la Avda. España esquina Padre Cardozo a las 15:00 es la convocatoria hecha por la mesa de presidentes del PLRA, el Frente Guasu, el PDP, el Partido Revolucionario Febrerista, el Encuentro Nacional, la Franja Colorada y el P-MAS.“No vamos a permitir la entrega de nuestra energía barata al Brasil”, anuncian los organizadores de la movilización que podría complicar la circulación en dicha zona, por lo que se recomienda a los conductores utilizar otras vías para evitar complicaciones. Desde que se conoció la firma del acuerdo de Itaipú se ha iniciado una serie de manifestaciones con repudio al proceder del Gobierno. Comenzó el jueves frente a Mburuvicha Róga, donde escracharon al presidente Mario Abdo Benítez y quedaron detenidos seis jóvenes. También anoche en el barrio Mburicao, frente al domicilio del director de Itaipú, José Alberto Alderete. Precisamente en el afán de evitar una nueva medida de fuerza, Abdo Benítez ordenó ayer viernes por la tarde, en pleno horario pico. acordonar no solo los alrededores de Mburuvicha Róga sino ampliar el bloqueo inclusive hasta la Avda. España.	“El tratado establece que cuando los técnicos, en este caso, presidente de la ANDE y su par de Itaipú no se ponen de acuerdo, entonces el siguiente paso es tratar en el ámbito diplomático”, explicó el vicepresidente Hugo Velázquez en relación a la exclusión de los técnicos de la negociación.Señaló que esto nada tiene que ver con una cuestión política, sino simplemente con una negociación de compra de energía entre la ANDE y la Itaipú Binacional. “Ya no estamos consiguiendo dádivas del Brasil, con lo que nos permitían comprar mucho más excedente por poco precio y hoy tenemos las condiciones de sentarnos de igual a igual”, expresó el segundo del Ejecutivo.Justificó que el Brasil solicitó que se cumpla el tratado, pues conforme a la cantidad de energía que cada país compra le corresponde un porcentaje de excedente.Hugo Velázquez ratificó que está de acuerdo con el cumplimiento del tratado a fin de que Paraguay pueda sentarse a negociar en igualdad de condiciones en el 2023.En cuanto a las pérdidas de 270 a 300 millones de dólares, Velázquez explicó que se habla así porque comenzaremos a comprar menor cantidad de energía excedente, sin embargo, aclaró que la Itaipú está invirtiendo 270 millones de dólares y que esto generará ventaja para la ANDE.	En el barrio Mburicao de Asunción, sobre la calle Doctor Justo Prieto, frente al domicilio de José Alberto Alderete, se realizó anoche la manifestación en repudio al acuerdo de Itaipú firmado a espaldas del Congreso y de la ciudadanía hace dos meses. A los gritos de “Alderete vendepatria” y “Alderete al retrete”, jóvenes liberales hicieron sentir su disconformidad y la de todo el país, por un acta que no tiene un solo beneficio para el Paraguay, pues ni el Gobierno ha sabido explicar cuáles serían esas ventajas. El único que hasta aquí no ha dado la cara ni ha hablado al respecto es precisamente José Alberto Alderete, director de Itaipú. También el jueves por la noche se hizo una manifestación frente Mburuvicha Róga contra el mandatario Mario Abdo Benítez, quien luego tomó sus precauciones y anoche ordenó