La noticia “explotó” a primeras horas de ayer, domingo. Un grupo de 50 maleantes (40 o 30, según algunas fuentes), se apropió de la localidad de Cruce Liberación por aproximadamente 30 minutos e hizo “volar” por los aires la pequeña sucursal del Banco Visión, de donde habría sustraído nada más que 1.000 millones de guaraníes; es decir, alrededor de 20 millones per cápita o a lo sumo 33, en la versión que habla de una cantidad menor de participantes. Y junto a este hecho, por demás sugestivo, también resalta la inacción de los organismos de seguridad, antes, durante e inmediatamente después del brutal atraco, que segó la vida de un joven.	¿50 “soldados” -o 40 o 30- para un botín tan poco apetecible? ¿Tal vez había más y no lo sabemos, dado que aún no hay información oficial al respecto? ¿O los “malandros”, a pesar del poder operativo que demostraron, disponían de una información errónea?La verdad es que no existe ninguna proporción entre la envergadura de la acción criminal y el blanco escogido por los estrategas del golpe. Muy diferente a otros casos, como el de Prosegur de Ciudad del Este, en el 2016, o el atentado contra Jorge Rafaat, en Pedro Juan Caballero, o las disputas entre facciones mafiosas en Ypehú, más recientemente. En todos ellos hubo una correlación directa entre la fuerza empleada con el objetivo a conquistar. ¿Por qué no en este, en el cual el desequilibrio entre lo uno y lo otro, aparentemente, es por demás notoria?El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, también se refirió a este tema que a cualquier observador llama la atención, señalando que se trata de una de las cuestiones claves a dilucidar. “Resulta un contrasentido, salvo que hayan actuado en base a datos equivocados, lo cual se sabrá como resultado de las investigaciones”, resalto.El problema que Villamayor no puede explicar es la nula respuesta de los órganos de seguridad, léase Policía Nacional, Dirección de Inteligencia, etcétera. Hasta el fracaso en la prevención puede entenderse, tomando en consideración la experiencia en el campo internacional, en donde abundan los casos en los que no pudieron abortarse desde atracos hasta atentados extremadamente graves. Pero, ¿por qué no se produjo respuesta alguna durante los 30 minutos del atraco, ni tampoco después, para evitar la fuga?Puede ser pura negligencia, incapacidad absoluta, lo que confirmaría la tesis respecto a que la Policía Nacional es sobrepasada por los actos criminales de relevancia, o bien podría tratarse un caso más en el que, ubicados en el polo opuesto de sus funciones, los encargados de brindarnos seguridad están implicados en el ilícito.Ambas hipótesis fueron rechazadas de plano por el ministro del Interior, aunque no sabemos por qué, sobre todo si contrastamos su postura con lo sucedido en las últimas décadas en esta materia. En resumidas cuentas, el asalto a Visión deja aristas que generan muchas dudas, hechos que “no cuadran” y para cuyo esclarecimiento debería llevarse a cabo una investigación exhaustiva, caiga quien caiga; slogan este muy repetido pero que en los últimos tiempos se transformó en nada más que un cascarón vacío.	Escándalos continuos, seguidilla de destituciones de muy dudosa legalidad y “avivadas” para incrementar sueldos a funcionarios amigos, son algunas “perlas” del largo rosario de irregularidades cometidas en el ciclo legislativo que expira el próximo domingo. El peor de todos a los que pudiera compararse a lo largo de la etapa democrática, nulo en productividad y en elaboración de una agenda país, reemplazada por libretos de prensa que fueron ejecutados por una mayoría de sumisos diputados y senadores.	Paradójicamente, en el transcurso de la semana seremos testigos de “exhaustivos” análisis que harán del informe del presidente de la república al Congreso. Muchos se codearán para salir en la foto cerca de Marito, otros disputarán los micrófonos para felicitar su “extraordinaria gestión” y, desde luego, también se escucharan críticas. Pero nadie esbozará algo que se parezca a una autocrítica. Y esto es lo más grave. Se acostumbraron a tantas aberraciones, a tal punto que en el presente ya les resultan “normales”.La realidad, sin embargo, es inocultable. Senadores inició el presente periodo con dos personas usurpando bancas que les pertenece a otros, electos por el pueblo y proclamados por las únicas autoridades facultadas para el efecto. Diputados, poco después, puso en marcha el método del “juicio express”, para despojar de su investidura a José María Ibáñez, quien se adelantó al hecho y renunció al cargo. Acto seguido, el Senado hizo lo propio con Oscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, a los que se sumaron Víctor Bogado y Dionisio Amarilla, por ahora.Nuestra valoración de tales hechos sería positiva, si hubieran sido el resultado de procesos imparciales, serios, para combatir la corrupción, pero está sobradamente demostrado que no fue nada de eso. Solo vimos vendettas políticas, que se ejecutaron fuera de los marcos legales y en desconocimiento de lo dispuesto por miles de electores. Y como consecuencia de ello, los corruptos de todos los pelajes, así como los esquemas que implementan, gozan de muy buena salud.Los pugilatos en el Senado fueron tan frecuentes como grotescos. Payo Cubas demostró cuán bajo había caído la institucionalidad de la república. Y si en la cámara Bajaba no pasó lo mismo, fue, tal vez, porque Kattya usa faldas en lugar de pantalones. En fin, esta ha sido la constante, aunque a ello hay que agregar al menos otras dos cuestiones de relevancia. El aumentazo encubierto que hicieron vía Presupuesto General de la Nación, a favor de funcionarios amigos, y el ingreso masivo de nuevos empleados a la administración pública. Lo primero, felizmente desbaratado, le iba a significar al Estado paraguayo otros 20 millones de dólares, que es mucho para un país pobre como el nuestro, en tanto que para lo segundo, como muestra, vale decir que solo en Diputados se produjeron 500 nuevas incorporaciones. Esperemos que el ciclo 2019-2020 sea radicalmente distinto y que los reacomodos políticos que se están dando en el Congreso apunten en ese sentido, porque el que ahora concluye fue desde todo punto de vista espantoso, sencillamente para el olvido.	La Cámara de Diputados sancionó ayer la ley que establece el salario mínimo del 100% para las trabajadoras domésticas y, como si se tratara de la peor noticia económica, de inmediato ardió Troya. La tradicional “solidaridad” de muchos paraguayos se transformó en su opuesto, cediendo paso a un sinfín de advertencias sobre el colapso social que se avecina, y no son pocos los supuestos defensores de la Constitución que se sumaron a la histeria colectiva, con la insana pretensión de mantener un sistema semi esclavista, como el que sometía hace 100 años a los mensú para beneficio de las grandes compañías yerbateras y tanineras. Y encima lo hacen en tono “doctoral”, en nombre de la “racionalidad” y la “gradualidad”, que en el plano teórico evitarían presuntos males mayores, pero en la práctica significaría postergar, sine díe, derechos ultra básicos de 232.000 paraguayas, las más pobres entre los pobres.	Los cuestionamientos a la norma giran en torno a tres aspectos fundamentales: Que muchas familias no pueden pagar el mínimo, que eso supondrá el despido de numerosas trabajadoras y que su puesta en vigencia aumentará la informalidad.En cuanto a lo primero, resulta sencillamente vergonzoso que alguien se atreva siquiera a exponerlo como argumento. Es inadmisible que para garantizar el bienestar de una familia, se justifique pisotear con vileza la dignidad de otras, y más aún que se persevere en darle rango legal a la desigualdad entre ciudadanos que tienen derecho al mínimo y otros que no, violando expresas garantías constitucionales, como las establecidas en el artículo 46, que dice: “Todo los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. NO SE ADMITEN DISCRIMIANCIONES. El Estado removerá obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien”.Más claro, imposible, salvo para políticos inescrupulosos que defendieron un salario inferior, “discriminativo”, para las empleadas del hogar (70% del mínimo), demostrando con ello su nulo apego al Estado de Derecho y su notoria insensibilidad social, como en los casos de Patria Querida y otras agrupaciones.Dicho esto, no puede desconocerse que la vigencia efectiva de la ley, que llevará su tiempo y no pocos conflictos, implicará nuevos problemas. Personas que para ir a trabajar dejan a sus hijos con una trabajadora doméstica, de medio sueldo y una jornada de 12 horas, ya no lo podrán hacer. Eso es así. Pero la solución, repetimos, no puede ser someter a otra persona al inhumano régimen de servidumbre, heredado del feudalismo, sino estableciendo mecanismos alternativos, como guarderías públicas y en las empresas privadas con más de 50 funcionarios, como prevé la legislación laboral.Respecto a la “ola de despidos” que se preanuncia, no existe ningún estudio serio que avale esa teoría. Lo único que se sabe es que tal cosa no ocurrió en Brasil, ni Argentina, ni en Uruguay, ni en ningún otro país, donde se decía lo mismo para tratar de abortar el justo reclamo.Y de la mayor informalidad, solo podemos decir que es un absurdo gigantesco. En primer lugar, porque solo el 5% del sector doméstico es formal, según datos del IPS, lo que implica que ya percibe el mínimo. Y en segundo término, porque su vigencia es justamente para formalizar lo que está en negro.Parece mentira que tengamos que hacer estas puntualizaciones, al filo de completar la segunda década del siglo XXI. Hay que dejar de lado tanta hipocresía y desterrar, de una vez por todas, la “cultura” del mensú.	A la matanza que se registró el domingo en la cárcel de San Pedro siguieron las justificaciones de siempre: el hacinamiento de reclusos y la insuficiencia de guardias que, sumado a la peligrosidad de muchos de los internos, se convierte en una bomba de tiempo. Nada nuevo, como tampoco la decisión de cambiar un par de directores para “calmar las aguas” y que un ministro, en este caso J. J. Ríos, eluda sus responsabilidades políticas.	Por supuesto, a la brutalidad de lo ocurrido, media docena de decapitaciones y tres quemados vivos, había que responder con cierta “espectacularidad”, con frases fuertes, de alto impacto mediático, como por ejemplo, “expulsaremos del país a todos los presos del PCC” o “urge declarar emergencia carcelaria”, que ya las escuchamos en varias ocasiones, pero nunca vimos sus resultados.El discurso sobre las expulsiones se inició inmediatamente después del horroroso crimen cometido por el narcotraficante Marcelo Pinheiro, alias “Piloto”, en las narices de sus guardias en la Agrupación Especializada. Pero solo él y unos pocos más fueron puestos del otro lado de la frontera, mientras la inmensa mayoría está repartida en las diversas penitenciarías.Y sobre la “emergencia…”, solo cabe mencionar que ésta se declaró en el último tramo del anterior gobierno y se iniciaron los procesos licitatorios para construir nuevos reclusorios, pero sin embargo, todo eso quedó en la nada cuando asumieron las nuevas autoridades. Éstas volvieron a declarar la emergencia en setiembre del 2018 y anunciaron la construcción de 5 nuevas cárceles, que hasta ahora, 9 meses después, no pasaron de simples proyectos.El ministro Ríos es el responsable directo de tanta inacción, que impide resolver el hacinamiento en las cárceles -haciéndolas ingobernables- y debe rendir cuentas por ello.Pero no solo por este motivo. Ahora también se sabe que el director recientemente destituido del Penal, Wilfrido Quintana, había remitido a la Dirección de Institutos Penales un pedido para que sean transferidos de urgencia a otras cárceles alrededor de 14 internos pertenecientes al PCC y al “clan Rotela”, protagonistas de la masacre. Eso fue hace un mes…Ante tales circunstancias, y aunque más no fuera por “decoro”, el ministro de justicia debería dar un paso al costado, cuanto antes, o en su defecto ser destituido. Es hora de dejar de lado los diagnósticos archi sabidos y los discursitos “rimbombantes” sobre “lo que hay que hacer”. Y en lugar de eso, de una vez por todas, HAGAN.