Para don Aníbal Lindstron, hermano del finado ganadero Luis Lindstron, toda su familia estuvo siempre secuestrada por la banda criminal. “Hay integrantes de la familia que continúan extorsionados, por eso estamos alejados, estamos en una situación muy mala, la seguridad no existe”, comentó Aníbal Lindstron a la 730 AM. Señaló que estos delincuentes solamente molestan a la gente trabajadora y que lo último que buscan es defender o favorecer a los más necesitados. “Han llamado, entonces el miedo sigue, eso uno vive noche y día, con eso se vive, escuchar la palabra secuestro ya le da escalofríos a uno, le deja sin dormir ya”, afirmó Lindstron y enfatizó que el EPP sigue amenazando con secuestrar a miembros de su familia. Luis Lindstron fue asesinado en la mañana del 31 de mayo del 2013 en Tacuatí Poty, departamento de San Pedro. Los criminales rociaron a balazos la camioneta en la que iba el ganadero, quien perdió el control, chocó contra un árbol, descendió e intentó huir.Sin embargo, los malvivientes se aproximaron a él y lo dispararon a quemarropa hasta cerciorarse de su muerte. Cinco años antes, el 31 de julio del 2008, Lindstron había sido secuestrado por este mismo grupo criminal, en la zona de Kurusu de Hierro, Concepción. Luego pedidos de rescate y un video de prueba de vida, los delincuentes lo liberaron el 12 de septiembre de ese mismo año, sin embargo, nunca volvió a vivir tranquilo.	Una gran brecha en Salud Pública es la derivación de pacientes al sector privado para la atención de mayor complejidad como el servicio de terapia intensiva. Solo en enero el MSP ya utilizó los recursos destinados para la tercerización solo en terapia para recién nacidos. El sistema de salud requiere el doble de unidades de terapia con las que cuenta actualmente.	En el primer mes del año, Salud Pública prácticamente ya destinó el presupuesto anual destinado para tercerización de servicios, específicamente en derivación de pacientes a terapias en el sector privado. Solo en la derivación de neonatos a terapia intensiva del sector privado ya se gastó USD 1 millón de dólares, confirmó el doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud.Esta situación es delicada y muestra la brecha enorme que existe en Salud Pública, admitió el titular de la cartera sanitaria. “Hoy tenemos como 300 camas de terapia y necesitamos 600 y una forma de paliar esta necesidad es derivando a otros centros pero el limitante no es solo infraestructura ni equipos, es recursos humanos”, afirmó.Destacó que la habilitación de terapia en Misiones permitirá cubrir una gran necesidad del sur del país y no necesitar el traslado hasta la capital para que un paciente grave sea atendido.“Estamos trabajando para disminuir esa brecha y un ejemplo es la terapia en Misiones ya en pleno funcionamiento a pesar que tuvimos dificultades con deserciones de última hora lo que impidió completar la grilla de profesionales sumado al periodo de capacitación del personal que llevó más tiempo del previsto”, agregó Mazzoleni.La capacitación de profesionales en especialidades médicas y cubrir las áreas en los centros de referencia en distintos puntos del país es uno de los desafíos de su gestión, afirmó por lo que se busca incentivos para los profesionales y que opten por quedarse en zonas donde se requiere el servicio de profesionales formados.En el Hospital Distrital de San Ignacio, Misiones fueron habilitadas cuatro unidades pediátricas y seis neonatales, todas de cuidados intensivos. Mientras que en el Hospital Regional de San Juan Bautista, Misiones ya están operativas cuatro camas de terapia intensiva para adultos y tres de reanimación.	Angel Coronel (27) se puso en contacto con la redacción de HOY para denunciar a la empresa SIT Paraguay en donde viene desempeñándose como guardia de seguridad desde hace aproximadamente 5 años.Según manifestó, hace como 3 meses que no cobra de manera regular su salario, el cual ha sido objeto de llamativos recortes que no fueron justificados por la empresa. De percibir la suma de G. 2.900.000 pasó a cobrar tan solo G. 1.800.000 (con descuento de IPS incluido).Esta situación se habría generado luego de que fue transferido del Banco Central del Paraguay (BCP), lugar en el que tenía a su cargo la custodia de dos miembros del directorio, al Banco Nacional de Fomento (BNF).El denunciante explicó que el cambio fue ordenado por sus superiores a raíz de un hecho del que fue acusado injustamente y que no cometió. Pese a sostener su inocencia, se vio forzado a cumplir con la disposición y trasladarse hasta la sucursal del BNF ubicada sobre Haedo y Chile, en el microcentro de Asunción.Cuando cumplía funciones en el BCP, asegura haber cobrado alrededor de 2.900.000 guaraníes de manera mensual, a veces inclusive más por las guardias nocturnas o feriados que le tocaba trabajar, pero al pasar al BNF su bonificación se redujo considerablemente hasta llegar a unos 1.800.000 guaraníes, cifra menor al salario mínimo legal vigente en la actualidad.“La empresa hace figurar que los trabajadores cobran más, pero en realidad pagan poco”, afirmó Coronel a HOY. Asimismo, sostuvo que en dicha firma no quieren pagar la indemnización por antigüedad y por ello “le hacen la vida imposible” a sus trabajadores a fin de forzarlos a renunciar. En un audio enviado a nuestra redacción, se escucha al denunciante conversar con la encargada del Departamento de Recursos Humanos de SIT Paraguay, quien no supo justificar el motivo por el cual se le hizo la disminución del salario al ser transferido a otra entidad bancaria. Pese a los insistentes reclamos, la mujer evitó brindar una justificación concreta.Según Coronel, su caso no es el único pues otros compañeros suyos estarían pasando por situaciones similares, percibiendo salarios mucho menores a los que figuran en las planillas de cobros de la empresa.Sobre este punto, reveló que varios trabajadores temen represalias por parte de la empresa, ya sean sanciones o desvinculaciones, y por ello no se animan a denunciarla ante el Ministerio de Trabajo. “Están jugando con la necesidad de la gente, hay personas que necesitan el trabajo y por miedo no quieren denunciar. La mayoría tiene este problema”, acotó.	José Bordignon Pintos cobró más de 9 millones de guaraníes en diciembre por asesorar a la Essap, donde su novia, la política viajera Myriam González, se benefició con un viático de US$ 10 mil para ir a estudiar a Salamanca, pese a haber ingresado recién el 1 de septiembre del año pasado.	de la aguatera estatal con un salario de 9.295.273 de guaraníes. El mismo figura como licenciado en administración de empresas y está contratado en calidad de asesor de la institución.Llamativamente, esta funcionaria, a la par del curso, aprovecha su estan­cia pagada con viáticos oficia­les del Estado paraguayo para coincidir con su pareja Bordignon y pasearse por Salamanca, Segovia, Madri­d-España y Dublin-Irlanda.Las imágenes y comentarios tanto en Instagram como en Facebook publicados por ellos mismos ostentaban su tour europeo. Al ser consultada por el diario La Nación, la política viajera mencionó que entiende el nivel de exposición por su cargo, pero alegó que no debe explicaciones por tratarse de su vida privada y que computaron varios otros gastos como viáticos.La militancia política de la funcionaria se da en el movimiento Añetete, como miembro nacional suplente de la Junta de Gobierno de la ANR periodo 2016-2020.Al margen de esto, la Essap lidera el ranking de rubros con mayores reclamos en referencia al mal servicio y el cobro inde­bido según la Secretaría de Defensa al Consumidor y el Usuario (Sedeco). Mensualmente recibe alre­dedor de 1.500 quejas de fac­turas más caras, 70% es por fugas o pérdidas. El otro 10% de errores de lectura, un 10% problemas con medidores empañados que están fuera de rango y un 5% de errores en la facturación, dicho a los medios por el propio Gerente Comercial de la Essap, Juan Pablo Morínigo.