La Ley N° 6339 (del trabajo a tiempo parcial) reglamentada hoy por el Poder Ejecutivo, fue promulgada por ambas cámaras del Congreso el pasado 8 de julio del corriente añoSe define como empleo a tiempo parcial al vínculo laboral entre trabajadores y empleadores del sector privado, con el objeto de la realización de un trabajo por tiempo indeterminado, continuo, discontinuo u ocasional.El objetivo de esta ley apunta a garantizar la protección de los trabajadores a tiempo parcial en los campos de acceso al empleo, de las condiciones de trabajo y de la seguridad social.Además, se establecen directrices del marco regulatorio general de la modalidad del contrato a tiempo parcial. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) junto al Instituto de Previsión Social (IPS), serán las instituciones encargadas de velar por el estricto cumplimiento de la norma y de las reglamentaciones que correspondan al ámbito laboral y de seguridad social. El trabajo a tiempo parcial permitirá a los trabajadores adquirir experiencia laboral, servir de vía de entrada al mercado del trabajo a quienes terminan su periodo de escolarización o a reintegrarse a quienes han dejado de formar parte de la población activa.	Estudiantes de distintos colegios de Mayor Otaño, departamento de Itapúa, desde hace semanas vienen manifestándose contra el intendente Pedro Chávez, exigiendo transparencia en el uso de los recursos del Fonacide.Desde que se iniciaron las protestas, los estudiantes denunciaron persecución por parte del intendente Chávez.En ese sentido, el intendente y algunos concejales presentaron una querella contra el joven dirigente estudiantil, Nelson Maciel, acusándolo de ser el encargado de llevar a cabo las protestas en el municipio.Este jueves en una nueva jornada de protestas, el joven Maciel fue víctima de una brutal golpiza por parte de efectivos policiales que custodiaban la sede municipal. El estudiante sufrió un corte en la cabeza.pic.twitter.com/sNOdZ9Zr63— FENAES (@FENAESPY)	November 7, 2019Desde la Federacion Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), responsabilizan directamente al intendente Chávez de haber ordenado la represión contra los manifestantes, en especial hacia el joven Maciel. Por su parte, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), exigió a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior el cese de la represión hacia estudiantes y pobladores de Mayor Otaño.	El TSJE presentó el recurso de reconsideración, solicitando el inmediato levantamiento de la decisión de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) de suspender el llamado a licitación pública internacional N° 1/2019 para la implementación del sistema de votación y escrutinio electrónico.Además, adjuntó pruebas documentadas de todo el proceso licitatorio.	La suspensión del proceso para el alquiler de 15.000 máquinas electrónicas por 23 millones de dólares para las elecciones municipales 2020 se dio en respuesta a una protesta presentada por la empresa Smartmatic International, una de las oferentes.La licitación está vinculada a la compra de 15.000 máquinas para voto electrónico para las internas del 12 de julio y las municipales del 8 de noviembre de 2020.	Desde hace varios días, habitantes de Arroyito vienen realizando una serie de manifestaciones en la ciudad a raíz de un reclamo por presuntas irregularidades en la administración municipal. Las medidas de fuerza incluyen cierres de ruta e inclusive la toma de la sede del municipio local.La denuncia fue realizada por una presunta malversación de fondos y mala administración de parte del intendente actual, Samuel González (ANR).La acusación refiere que desde la municipalidad se ordenó el inicio de una serie de obras en la localidad, sin embargo, las mismas nunca llegaron a ser ejecutadas o, en su defecto, culminaron pero solo a medias y sin justificar el capital invertido.Marciano Jara, poblador de Arroyito, en entrevista con Radio La Unión indicó que gracias a la gestión de algunos ciudadanos se pudo acceder a documentos de la Contraloría General de la República que confirman el hecho irregular. En este caso, se habla de facturas por obras inexistentes que ascienden a más de G. 1.100 millones.Este descubrimiento generó una gran indignación y reacción de la ciudadanía, que decidió salir a las calles para exigir respuestas al intendente y pedir la apertura de una investigación formal por parte del Ministerio Público.De acuerdo a la denuncia, entre algunas de las “obras fantasmas” se encuentran una cancha de futsal en el Asentamiento Núcleo 3 por valor de G. 182.500.000, un baño sexado y un bloque de tres aulas en la escuela “Mayor Julio de Otaño” por G. 120.622.398 y G. 60.000.000, respectivamente. Así también, figura un alcantarillado sanitario frente a la iglesia de Arroyito por la suma de G. 95.000.000 y la construcción de dos aulas en la escuela “Serapio Valenzuela” por G. 193.000.000.Después de varios días sin hacer una aparición pública, finalmente este jueves el intendente de Arroyito decidió acudir a su oficina, presentando para ello un amparo judicial y con una fuerte custodia de efectivos policiales. A su salida del recinto, una turba de pobladores decidió despedirlo a huevazos y bajo el grito de “Samuel mondaha”. Según puede apreciarse en videos compartidos vía redes sociales, los antimotines que habían sido destinados al resguardo de González debieron sortear con dificultad al grupo de manifestantes que en todo momento reaccionó de manera airada y agresiva.A huevasos el Intendente de Arroyito Samuel González, la comunidad enardecida por las serias dudas de su rendición de cuentas.La transparencia es una cualidad obligatoria de la actividad pública.Tienen que entender eso los politicos, el pueblo ya no come vidrio!!