Ramón Retamozo, presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, comentó a radio Monumental que resoluciones que datan del 96' permiten que los delegados en cada terminal cobren una comisión de 80 dólares por la recepción de cada contenedor.Contó que el Ministerio Público solicitó un informe sobre cuánto percibió el diputado Miguel Cuevas cuando estuvo como delegado administrador en el Puerto Santos y luego en Paranaguá. “En aquel entonces era un lugar apetecible para todos”, reconoció.“Nosotros informamos cuántos contenedores manipuló 2003 al 2008, pero no tengo a mano los números. En aquel entonces casi 600 contenedores de manera mensual se movilizaban en Paranaguá, pero había meses que entraban 300 o 250”, indicó.Retamozo promedió en 300 contenedores de manera mensual y aseguró que debe multiplicarse por cuatro años, dando como resultado aproximadamente 14.000 contenedores en total y una sumatoria de ingresos de más de 1.100.000 dólares. Miguel Cuevas, titular de la Cámara de Diputados, está siendo investigado por la Fiscalía por supuesto enriquecimiento ilícito, ya que de ser un humilde zapatero ingreso a la política y tuvo un meteórico aumento en su patrimonio.	El Centro de Consejería y Denuncias de VIH/sida y Derechos Humanos dio a conocer el listado de empresas que fueron denunciadas entre los años 2016 y 2019 por violaciones a los derechos laborales garantizados en al Ley 3940/09.Los afectados denunciaron que fueron desvinculados por suponer el estado serológico positivo o por negarse a que se les practique el test de Elisa.Según los datos estadísticos en el periodo 2016 hasta mayo de 2019, se registraron un total de 43 denuncias hacia empresas, de las cuales 18 despidieron a sus trabajadores presumiendo que vivían con VIH, 3 de ellas exigieron la realización de los análisis y 3 laboratorios realizaron el test en violación de lo establecido por el artículo 4 de la ley, explicó el abogado Francisco Benítez Añazco.Estás empresas violaron la Ley 3940/09 que en su Artículo 21 expresa: “Queda prohibida la realización hacia el trabajador de actos arbitrarios, hostigamientos, violaciones de la confidencialidad acerca del estado serológico, despidos u otra forma de discriminación en el empleo, así como ejerce sobre el mismo cualquier tipo de presión o coacción para que este se realice la prueba laboratorial para el diagnóstico de infección por VIH, y condicionar a la realización o al resultado de la prueba el acceso, promoción o permanencia en los puestos de trabajo. Serán aplicables en estos casos, las disposiciones del código laboral, sin prejuicio de otras acciones que pudiere ejercer el trabajador afectado”.Las empresas se exponen desde multas o hasta cierre de sus actividades, derivadas de las denuncias por discriminación hacia personas que viven con VIH. El Centro de Consejería y Denuncias realizó las intervenciones pertinentes en todos los casos denunciados con el fin de orientar y asesorar a los denunciantes.Además de la Ley 3940/09 se recuerda que el Ministerio del Trabajo emitió resolución mediante el cual comunicó que “los empleadores no habrán de exigir para la admisión, permanencia o promoción de los trabajadores, la presentación de los resultados de análisis de VIH, so pena de sufrir las sanciones previstas por el Código del Trabajo en sus artículos 278, 282, 385 y concordantes. Igualmente, se recuerda que el estado real o presunto de VIH positivo no constituye causa justificada de despido”.Desde el Ministerio del Trabajo se realizaron aclaratorias explicando que el diagnóstico de infección por VIH no es obligatorio como examen médico admisional, ni para permanencia o promoción en lugar de trabajo. Dispone que según lo que establece el artículo 278 del Código del Trabajo Ley 213/93; y sus modificaciones: “El incumplimiento por el trabajador y el empleador de sus obligaciones en materia de salud, higiene y seguridad en el trabajo constituye contravenciones graves sancionadas por este Código”. En consecuencia, el empleador que exige al trabajador, como condición previa para acceder al empleo, el examen médico de VIH/sida, test de Elisa, será sancionado con una multa de 30 (treinta) jornales mínimos.Se insta a denunciar ante el Centro de Consejería y Denuncias de VIH/sida y Derechos Humanos que tiene habilitados medios de contacto como la línea de WhatsApp 0985-649-119 o la línea gratuita habilitada desde tigo *3535.Además, se atiende de forma confidencial en el local ubicado en Venezuela 888 casi Diagonal Mola. La organización también cuenta con todas las redes sociales y la página web	con servicio gratuito y confidencial.En el caso de los laboratorios que también figuran en la lista, Benítez Añazco explicó que toda son los que realizan la prueba sin el consentimiento del empleado y entregan los resultados a la empresa. En la batería de exámenes que se pide a los trabajadores no debe incluir el test de VIH y si este no accede está en todo su derechos sin necesidad de dar explicaciones de la negativa.“Hay lugares donde se trabaja con comestibles que siguen exigiendo al trabajador que presente el resultado y el laboratorio que recibió la orden de realizar los estudios entrega los resultados a la empresa siendo que son confidenciales y esa exigencia dejó de ser tal con la vigencia de la ley desde el 2009”, explicó a HOY el abogado Benítez.Listado de empresas e instituciones por despido en violación al artículo 21 de la ley:Municipalidad de San Roque González de SantacruzConsejo de Salud de San Roque González de SantacruzPechugonCooperativa 7 de agostoPollos Don JuanSupermercado La BombaHotel ViscondeRestaurante La ParaguayitaHospital de ClínicasComando del Ejercito ParaguayoFuerzas Armadas de la NaciónColegio Privado Nuestra Sra.de la AsunciónRetail SAJockey Club del ParaguayProsegurEmpresa de lavanderiaServicios domésticosBarcos y rodados s.a.Las denuncias por exigencia de test en violación del artículo 21 de la ley corresponde a:Vértice SACISupermercado RealVita PanLos laboratorios que realizan el test en violación al artículo 4 de ley:Ortega BiolabMeyer Lab Laboratorio Riera	El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se expresó sobre el proyecto de jubilación médica -que quedó sancionado tras el rechazo del veto en el Congreso- y sostuvo que él no podía promulgar una ley que, a su criterio y el de sus asesores, era inconstitucional. Asimismo, aseguró que la solución real al problema es una reforma jubilatoria.	En entrevista con los medios, el jefe de Estado recordó que existe una ley que había sido reglamentada este año y que permite al funcionario de salud, una vez que se desprecariza y obtiene su nombramiento, aportar por todos los años que estuvo como contratado.De esa manera, considera que se puede dar respuesta al reclamo del sector médico en lo que se refiere a realizar los aportes hasta llegar a tener una edad aproximada de 70 años para poder jubilarse.“Acá lo que no se puede hacer es discriminaciones, eso me prohíbe la Constitución Nacional, a todos los que están en el régimen jubilatorio. No puede haber discriminación, eso no es una cuestión del presidente”, expresó Abdo Benítez.El mandatario sostuvo que él no puede promulgar una ley que, a su criterio y el de sus asesores, “es inconstitucional”. Así también, señaló que ya había anticipado que el veto parcial al proyecto de ley de jubilación médica sería finalmente rechazado en el Congreso.Según Abdo Benítez, con esta ley que quedó promulgada de manera automática podrían existir médicos con más de un vínculo laboral que llegarían a jubilarse -dependiendo del caso- cobrando hasta G. 15 millones, mientras que otros aportantes a la Caja Fiscal como los funcionarios públicos lo harían pero cobrando solo G. 2 millones, situación que catalogó como “una gran inequidad”.“Tengo que ser coherente, no puedo solamente analizar esta situación sino todo lo que pueda venir. El Congreso puede decir ‘a ellos les vamos a dar y solamente a ellos’, pero yo no puedo dejar de actuar de manera responsable y por más que sea impopular y estén enojados conmigo, me duele en el corazón porque yo les tengo un profundo reconocimiento al gran trabajo que hacen los médicos”, apuntó el jefe de Estado. Finalmente, el presidente de la República sostuvo que el camino para brindar una solución definitiva es una reforma jubilatoria y adelantó que se está trabajando en un proyecto de ley desde el Ministerio de Hacienda.	En entrevista con Radio Monumental, el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas manifestó que la zona fronteriza con Brasil sigue siendo la que tiene el mayor movimiento de tráfico de drogas en la actualidad, tanto en lo que respecta a la producción como al tránsito de marihuana.Si bien se vinieron realizando varios golpes grandes en los últimos meses, eso no afecta al tránsito de cocaína, según Giuzzio, esto atendiendo a que existe una enorme cantidad de cargamentos que se encuentran circulando en el mercado negro.Al momento de asumir el cargo en la SENAD, el mismo indicó que, de acuerdo a las estimaciones, ni siquiera se llegaba a incautar el 1% de toda la cocaína circulante, cifra que da cuenta de la gran cantidad de droga que sigue sin ser decomisada por los antinarcóticos.“Hoy esperamos superar esa marca y llegar por lo menos al 3% o 4%, pero es muy poco. De hecho, hasta en un negocio lícito uno puede presumir o tener la expectativa de tener un margen de pérdidas de hasta el 5%”, expresó.De acuerdo a un	publicado el pasado mes de abril, más de 2.600 toneladas de marihuana fueron sacadas de circulación en el primer trimestre del 2019, duplicándose la cantidad de droga incautada en relación al primer trimestre del año pasado.El ministro habló sobre el cultivo de marihuana en nuestro país y mencionó que existen zonas en las que este rubro es prácticamente “el pulmón de la economía local” debido al importante rédito económico que genera. A su criterio, una erradicación y sustitución de estas plantaciones implicaría la elaboración de una política agraria que permita tener alternativas.Durante la entrevista radial, recordó que en una ocasión una autoridad local de una ciudad del interior del país (cuya identidad no reveló) lo había visitado personalmente y le había dicho	, dando a entender que ya no quería que se sigan realizando procedimientos de eliminación de cultivos de marihuana.Teniendo en cuenta estos factores, admitió que desde el mismo Estado a través de sus instituciones -como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)- se deben buscar alternativas para lograr sustituir la marihuana como rubro de cultivo y medio de sustento de varias familias.Entre las opciones que se barajan está, por ejemplo, el cultivo de marihuana en nuestro país para su uso medicinal, atendiendo a la vigencia de la Ley Nº 6007 “Que crea el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados”. Así también, existe la opción de cultivar cáñamo para reemplazar a la marihuana. Sobre este punto, confirmó que existen empresas internacionales que están interesadas en supervisar la producción de este rubro en Paraguay de manera legal y que próximamente podrían haber novedades al respecto.