El desafío que Juan Guaidó lanzó hace dos meses y medio a Nicolás Maduro se encuentra en su momento más crítico. El intento de forzar la salida del mandatario venezolano del poder, iniciar un proceso de transición y convocar unas elecciones libres continúa en pie. No obstante, el chavismo sigue controlando la maquinaria del Estado y busca la fórmula para desactivar sus planes. El martes lo hizo a través de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Parlamento oficialista —elegido en 2017 en medio del rechazo de la oposición y sin apenas reconocimiento internacional—. La decisión de levantar la inmunidad parlamentaria de Guaidó pone al opositor bajo la amenaza de cárcel y dispara la tensión política en el país sudamericano.	El régimen, que hasta ahora se había limitado a imponerle algunas sanciones, acorralar a su entorno y a lanzar advertencias, ha puesto en marcha un expediente judicial que permita encarcelar al jefe de la Asamblea Nacional, reconocido como presidente interino por casi 60 Gobiernos. El camino es la aprobación de un decreto que permite seguir con una investigación que desemboque en un juicio contra el rival de Maduro.	Nunca antes Guaidó había estado tan cerca de ser arrestado como el pasado 13 de enero, tres días después de haber jurado como presidente “encargado”. Entonces fue detenido por sorpresa por un grupo de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en una autopista capitalina. Los responsables de esa operación fueron apresados por órdenes del mismo Maduro, ya que actuaron sin permiso, y ahora el confuso episodio es rememorado por el dirigente opositor como una debilidad del oficialismo. Sin embargo, Guaidó no descarta su detención, aunque advierte que su “secuestro” puede desatar una reacción desfavorable para el oficialismo.	“Las Fuerzas Armadas tienen una decisión que tomar, tienen todos los elementos en la mesa”, dijo la noche del martes tras conocer la votación de la Constituyente. El mensaje es parecido a los que lanzó antes del 4 de marzo, cuando llegó al aeropuerto de Maiquetía tras emprender una gira por varios países sudamericanos pese a tener prohibida la salida del país. Ya entonces el sector más intransigente del chavismo reclamaba su detención. Prevaleció finalmente la tesis de los dirigentes que preferían esperar y evitar una nueva escalada. A los cálculos sobre su arresto se sumaban también los temores a una reacción de la Administración de Donald Trump. Pero tras pasar por los cauces del aparato oficialista el escenario puede cambiar, a pesar de que Guaidó y sus seguidores consideren ilegítimo ese mecanismo.	Para revocar la inmunidad parlamentaria se requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional, único poder en oposición al régimen y declarado en desacato por el Tribunal Supremo. Pero el chavismo ha diseñado sus propias reglas y suplantado al Legislativo por la Constituyente. Maduro ha desencadenado una guerra sin cuartel contra el Congreso desde que es controlado por la oposición, en diciembre de 2015.	Otros adversarios del líder chavista han sufrido los dictámenes de los poderes alineados con Maduro. Luisa Ortega Díaz fue destituida por la Constituyente como fiscal general de Venezuela en agosto de 2017, unos meses después de rebelarse al Gobierno por ejercer una descomunal represión contra manifestaciones opositoras. Su salida fue el exilio.	El régimen controla los cuerpos policiales, los militares y hasta grupos parapoliciales conocidos como colectivos. Guaidó apela, sin embargo, a un despertar de la cúpula castrense para materializar un gobierno de transición. “Si el régimen se atreve a secuestrarme, la orden para el pueblo de Venezuela es seguir movilizados en las calles hasta el cese de la usurpación. Señores de la Fuerza Armada Nacional, permitir mi secuestro es ponerse en contra de la República”, continuó el dirigente para advertir sobre las consecuencias de una posible detención. Hasta ahora sus llamamientos al alto mando no han resultado. Ni siquiera la propuesta de Ley de Amnistía ha separado a los jerarcas militares de Maduro. Y las miles de deserciones que se produjeron a partir de febrero son sobre todo simbólicas en un país que tiene una estructura militar con alrededor de 250.000 efectivos y una milicia que cuenta con cerca de un millón de personas.	Un reciente informe de Naciones Unidas revela que las violaciones a los derechos humanos son crecientes en el país. En Venezuela, más de 866 personas están presas por motivos políticos en Venezuela, según la ONG Foro Penal, y otros cientos se encuentran en el exilio por oponerse al sucesor de Hugo Chávez. Hace dos semanas, fue detenido el jefe de despacho del presidente del Parlamento, Roberto Marrero, quien fue acusado de terrorismo. El martes fue excarcelado su conductor, Luis Páez. Y hace tan solo unos días, la Contraloría, el organismo encargado de fiscalizar las finanzas públicas, inhabilitó a Guaidó por 15 años. En definitiva, cada una de las últimas decisiones del régimen están dirigidas a apartar al político de la primera línea y forzarle al exilio si quiere evitar la prisión.