La agente fiscal Nilsa Torales, realizó una intervención en la comunidad indígena Pariri, del departamento de Canindeyú, en prosecución de una investigación por tala de bosques y perjuicio a reservas naturales. Una vez que se recibió la denuncia, la agente fiscal solicitó primeramente la intervención de la Dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público, que recabó informaciones en el lugar y luego se realizó el procedimiento, que contó con el acompañamiento de representantes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y del Instituto Forestal Nacional (INFONA). En la oportunidad, los intervinientes recabaron datos sobre los supuestos hechos punibles detectados por los integrantes de la comunidad nativa. Los afectados por los delitos ambientales son 215 familias asentadas en el lugar. Dos miembros de la propia comunidad serían los responsables por la tala de árboles, con la supuesta complicidad de personas provenientes de Ypehú, según las informaciones que maneja la representación pública.Los sospechosos estarían extrayendo maderas de la reserva natural, que luego arrojan a un arroyo situado en el lugar para posteriormente sacar hacia el otro lado de la orilla, donde aguardan camiones y tractores para transportar la producción hasta los centros de comercialización, conforme con los datos. La comitiva fiscal-técnica no pudo llegar hasta la zona de la reserva, donde se realiza debido a la peligrosidad existente en el lugar y también por la alerta dada por los indígenas sobre la presencia de personas armadas en los montes, que buscan amedrentar a los que intentan ingresar al sitio. A partir de la situación constatada, el Ministerio Público articulará inmediatamente con las instituciones correspondientes, como MADES, INFONA, la Policía Nacional y principalmente el INDI para el operativo de incursión en el monte, considerando la gravedad de la denuncia.