En entrevista con la 650 AM, el concejal Óscar Rodríguez habló sobre una serie de temas que hacen referencia a la situación actual de la ciudad de Asunción y la gestión municipal.Dentro de los puntos que abordó durante la entrevista radial hizo mención a una serie de denuncias que tienen como protagonistas a propios trabajadores de la Municipalidad de Asunción.De acuerdo a las denuncias, existen funcionarios municipales que visitan algunos locales comerciales los días viernes para extorsionar a los propietarios con el fin de sacarles algo de dinero.Rodríguez mencionó que, en este tipo de casos, los funcionarios “le buscan el pelo al huevo” y tratan de encontrar alguna justificación para hacer este tipo de pedidos, pero sin siquiera contar con orden de la municipalidad y de forma totalmente irregular.En ocasiones, estas personas llevan hojas de intervención originales pero brindan nombres falsos a los propietarios intervenidos con el fin de evitar ser descubiertos.El presidente de la Junta Municipal sostuvo que muchos de los comerciantes suelen estar en regla pero como no quieren tener problemas acceden al pedido de coima y pagan la suma de dinero exigida, lo cual convierte este modus operandi en “un sistema de extorsión”.Según mencionó, las sumas de dinero pueden varias dependiendo del caso e ir a partir de los G. 200.000 en adelante.En caso de ser víctimas de este tipo de hechos, Rodríguez pidió a los propietarios de negocios en la ciudad capital que puedan acercar sus denuncias -inclusive con imágenes del circuito cerrado de ser posible-, de manera a darles seguimiento y descubrir a los funcionarios desleales. Asimismo, advirtió que “van a echar a patadas” a aquellos que incurran en este tipo de conductas que se encuentran al margen de la ley.	Desde la organización aseguran que las autoridades desconocen las leyes vigentes con respecto al cannabis medicinal por lo que solicitan se instale un debate para socializar e informar sobre los beneficios del aceite de cáñamo utilizado por un grupo de madres para paliar dolores y manifestaciones de al menos 45 enfermedades, entre ellas el cáncer. El Ministerio Público comunicará hoy su postura al respecto, en una reunión.	Tras un acto en que hubo serenata organizado por Mamá Cultiva donde fueron repartidos plantines, el viceministro de la Senad, Carlos Arce, solicitó la imputación y prisión por 20 años para los organizadores lo que fue tomado como una acción de persecución de la fuerza pública y el desconocimiento del nuevo status jurídico vigente respecto al cannabis medicinal, señala el comunicado de la organización.Esta mañana, sus representantes fueron invitados por el Ministerio Público para una reunión en la que la institución comunicará su postura.Desde Mamá Cultiva realizaron un recuento desde la promulgación de la ley 6007/17, que fue sancionada por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso y con la que el Estado se comprometió a “garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados de la planta de cannabis a toda persona que se incorpore al Programa” a través de un Registro Nacional Obligatorio de Usuarios de Productos Derivados del Cannabis. “Lamentamos las mentiras del Sr. Arce ante la indiferencia de la Senad frente a nuestros reiterados pedidos de audiencia para aportar nuestras propuestas sin recibir ninguna respuesta en meses. Sin embargo, leemos indignados al Ministro Giuzzio afirmar que pronto se tendrá listo el protocolo de fiscalización de cultivos, a pedido de varias empresas interesadas en la comercialización de esta medicina según los elevados precios del mercado”, señalan.Mientras, denuncian que se reparten las licencias privadas a puertas cerradas lo que obliga a recurrir al microtráfico para acceder a extractos cuya composición desconocen, exponiendo la seguridad personal y la salud de quienes la utilizan.Ante el conflicto, la organización propone una política pública concebida de manera participativa e integral que incluya, en carácter de urgencia, el equipar un laboratorio público para que se encargue de proveer gratuitamente el aceite y demás derivados, así como garantiza la ley 6007/17.Que se incluya inmediatamente el autocultivo a los cultivos solidarios dentro de los protocolos de fiscalización de la Senad, para lo que informaremos sobre el proyecto en marcha del mayor cultivo de cannabis medicinal gratuito de América Latina con 10.000 plantas de genética selectiva, bajo los mismos parámetros impuestos a las licencias privadas.Explicaron que las 1000 plantas repartidas durante la serenata fueron denunciadas ante la Fiscalía Zonal de Luque el pasado 2 de mayo, localizando la finca en la que fueron producidas y sin ninguna intervención del fiscal Eduardo Royg, encargado de la unidad correspondiente.También proponen descentralizar el desarrollo de cultivos, priorizando a la agricultura familiar campesina por encima de los intereses corporativos y para ello cuentan con el apoyo de autoridades electas en el Departamento de San Pedro, una zona castigada, afirman, por los cultivos ilegales que benefician no solo a los traficantes sino a las autoridades cómplices de la expansión de esta actividad sin ninguna alternativa de desarrollo real para sus familias.La socialización de este proceso es posible a través de una campaña en al que se informe a la población en general respecto a los beneficios del aceite de cannabis para paliar más de 45 enfermedades crónicas, incluido el cáncer, sobre su derecho al acceso gratuito a esta medicina y, sobre la transparencia y apertura en al redacción de las normas. Solicitan la convocatoria a una mesa de trabajo donde abiertamente se pueda debatir de manera transversal las oportunidades que otorga el rubro.	Los pobladores de Sapucai, Paraguarí, manifestaron que están dispuestos a colaborar con la Fiscalía acerca de los animales y propiedades del diputado Miguel Cuevas, investigado por enriquecimiento ilícito. El exchofer del político además contó que el colorado oficialista miente descaradamente sobre su millonario patrimonio. Lo tildó de prepotente, oportunista y petulante.	Ricardo Benítez, poblador de Sapucai (Paraguarí), manifestó que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía para dar con todas las propiedades y animales que pertenecen al diputado Miguel Cuevas. “Él hace rato fue levantando y levantando (su patrimonio)”, dijo.Ulises Florentín, quien fue secretario y chofer de Cuevas, indicó a la radio 970 AM que está apoyando al equipo de investigación con documentación para poder desenmascarar al político. Añadió que dejó de trabajar con él por sus mentiras y los maltratos. “Es petulante, soberbio, prepotente y muy cambiante”, arremetió.“Miguel Cuevas es un señor que miente descaradamente. Hoy amanecimos con esperanza porque la Fiscalía está trabajando de manera silenciosa y espero que eso dé sus frutos. Probablemente este delincuente, sinvergüenza, va a salir a decir nuevamente que siempre tuvo dinero y que todo lo que tiene es producto de su esfuerzo, lo cual es una mentira. Él hace ostentación asquerosa de todo lo que consiguió. Es una persona oportunista”, reveló. “Yo vivo a ocho cuadras de su casa. Todos conocen cómo era su casa antes, era una muy modesta. De la noche a la mañana, a los pocos meses de estar como gobernador, en menos de un año, se hizo una casa de tres pisos, piscina, con circuito cerrado, una muralla de tres metros”, añadió en otro momento.ALLANAMIENTO La fiscal Irma Llano manifestó a la misma radio que allanó este viernes el establecimiento “Don Miguel” para corroborar la existencia de ganado e identificar la marca. Manifestó que en el sitio se apersonó el hijo del político, Enzo Cuevas, quien dijo ser propietario de la quinta allanada y explicó que el establecimiento conforma otros tres inmuebles que son arrendados.En el sitio corroboraron la existencia de varios animales de raza, corral, casas y otros elementos más, según confirmó la agente. “Estamos haciendo la trazabilidad del patrimonio del diputado, él cedió propiedades a sus hijos y estos también están siendo investigados”, dijo la fiscala y adelantó que el próximo paso será la tasación de las 14 fincas que están a nombre de la familia Cuevas, tan solo en la zona de Paraguarí.	La propiedad rural se sitúa en Hugua Guazu, distrito de General Aquino, departamento de San Pedro, hasta donde llegó una comitiva antidrogas, respaldada por la fiscal Lorena Ledesma.Allí se produjo un enfrentamiento a tiros tras el cual detuvieron a un boliviano, siete policías paraguayos y a cuatro compatriotas.Los aprehendido son: el piloto boliviano Luis Darío Candia Zelada, los civiles paraguayos: Carlos Escobar, Ramón Giménez, Celso Benítez y Amado Pérez y los uniformados: suboficial mayor José Alonso, oficial primero Édgar Diosnel Sosa, oficial primero Juan José Benítez, suboficial principal Pablo Cabrera , suboficial inspector Víctor Dávalos, Carlos Ayala y el suboficial Antonio Quiñónez.Entre las armas de grueso calibre incautadas, la mayoría pertenece a los policías y solo una es del grupo de civiles, según confirmó la fiscal Lorena Ledesma a la 970 AM. También incautaron una aeronave, varios vehículos y al menos 400 kilos de cocaína, todo esto, en el marco del operativo Espada, que comenzó en marzo pasado. El objetivo era desbaratar una estructura que utilizaba medios aéreos para el ingreso de cargas de cocaína desde Bolivia a Paraguay, para su posterior comercialización en ciudades brasileñas. El comandante de la Policía, Crio. Ppal. Walter Vázquez, dijo a la 730 AM que los policías detenidos por la Senad en realidad estaban en un procedimiento con respaldo fiscal.