El periodista Aníbal Emery, fue convocado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) para prestar su declaración como testigo en el caso Juan Arrom y Anuncio Martí. Fue el único que estuvo en el lugar al momento de la aparición de ambos en el 2002 en una vivienda en Villa Elisa.	La convocatoria al periodista de Ñandutí, Aníbal Emery, está fijada para el 6 y 7 de febrero. Según comentó el comunicador, la declaración la realizará en nuestro país, a través de una escribanía respondiendo a todas las preguntas que sean formuladas por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).“Fui yo el que les encontró y los sacó de la casa, en aquella oportunidad”, dijo Emery en comunicación con la 970 AM, recordando el suceso del 30 de enero del 2002.El periodista de Ñandutí señaló que en ese momento estaba haciendo una cobertura frente a la casa de Nicanor Duarte Frutos y una fuente le llama diciéndole que vaya frente a la vivienda en Villa Elisa. Al llegar al lugar, las hermanas de Arrom y Martí ya estaban ahi.Ahí se inició una transmisión ininterrumpida de casi una hora. Primeramente, vio a un hombre en la vivienda, que al día siguiente en publicaciones periodísticas, supo que se trataba del suboficial José David Schémbori. También, logró reconocer al subcomisario Antonio Gamarra, del Departamento de Investigación y Delitos. Ambos abandonaron la vivienda en un vehículo.“Cuando estas personas se fueron. Invité a la gente a que entre conmigo a la casa, pero nadie se animó. Yo lo hice, al abrir la puerta vi dos habitaciones, en cada una de ellas estaba Arrom y Martí”, explicó.Tras el hallazgo, Arrom y Martí brindaron una nota, contando todo lo ocurrido. Posteriormente fueron derivados hasta el Sanatorio Migone.“Después empecé a recibir amenazas. Los colegas me decían que el comisario Gamarra y Schémbori me tenían en la mira”, indicó. En ese sentido, dijo que Gamarra intentó contactar con él “para arreglar el tema”. Con respecto a la forma en que halló a Arrom y Martí, el periodista señaló que ambos presentaban rastros de haber sufrido algún tipo de lesión, pero que no puede determinar que haya sido producto de algún tipo de maltrato. “A mí me llaman solamente como testigo del hecho, no tengo ningún interés en el tema. Yo digo lo que visto en ese momento, no entro a hacer conjeturas, para eso están los órganos de investigación”, refirió.El otro testigo es Héctor Raúl Marín, el exdefensor del Pueblo. El mismo fue propuesto por la defensa de Arrom y Martí y tiene como antecedente imputaciones por invasiones y la presentación de un libro referente al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).La Corte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dirimirá el 7 de febrero si Paraguay debe indemnizar a Juan Arrom y Anuncio Martí, responsables del movimiento político Patria Libre, que denunciaron al Estado por haber sufrido presuntas torturas en enero del 2002.	En concreto, se sustrajo del oratorio dedicado a San Miguel de Quyquyhó, departamento de Paraguarí, una imagen de San Miguel, de unos 40 centímetros, con ocho espadines de oro, bronce y plata.En la misma localidad y en una capilla dedicada a la Virgen de Caacupé fue robada, además, una talla de madera antigua policromada de un Cristo Crucificado.Las denuncias de ambos robos se realizaron el pasado 1 de enero, aunque las autoridades desconocen la fecha exacta en que sucedieron los mismos, según explicaron fuentes de Patrimonio Nacional.La SNC explicó que “se extremarán” las medidas para encontrar ambos objetos en coordinación con la comisión de combate al tráfico de bienes culturales integrada por la Interpol, la Policía Nacional, las autoridades aduaneras, y el Ministerio de Relaciones Exteriores.Asimismo, advirtió de que la sustracción, comercialización y adquisición de bienes pertenecientes al Patrimonio Nacional constituye un delito penado con hasta 5 años de cárcel.Las pesquisas apuntan hacia varias direcciones: no se descarta que los robos hayan sido perpetrados por coleccionistas dedicados a la comercialización en el mercado negro.	El anuncio lo realizó este viernes el titular de Interior, Juan Ernesto Villamayor, que insistió en que los fallos de seguridad, que están “revisando”, se produjeron porque “no es un centro de detención”, en referencia a la fuga el pasado diciembre de dos presos del grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC).Los fugados, Thiago Ximenes y Reinaldo Araújo, con altas penas de prisión y que compartían la misma celda, escaparon con ayuda de varios agentes, según confirmó el propio presidente, Mario Abdo Benítez, tras la detención de una veintena de agentes por el hecho.Un mes antes, el narcotraficante brasileño Marcelo Pinheiro asesinó en su celda a una mujer de 18 años que fue a visitarlo, con objeto de evitar su extradición a Brasil, según la tesis mantenida por las autoridades.No obstante, Pinheiro fue expulsado del país poco después por orden presidencial, tras lo que se descubrió que contaba con todo tipo de comodidades en su celda, entre ellas servicio de internet.Ambos hechos provocaron la intervención del centro por parte del Poder Ejecutivo tras la destitución de sus dirigentes.El ministro ya reiteró en varias ocasiones que la Agrupación Especializada no está preparada para funcionar como una prisión, motivo por el que trasladarán a “centros comunes” a la mayoría de los más de 40 internos que se encuentran en el centro, en cumplimiento de medidas cautelares, a la espera de juicio.Villamayor explicó que “quienes están por actos administrativos” serán trasladados de forma inmediata, una vez que reciba el informe sobre la situación de cada recluso, matizó, mientras que, para trasladar a los que se encuentran en la Agrupación Especializada por mandato judicial, debe emitir pedidos individuales a cada juzgado en cada caso.Matizó que entre los más de 40 presos hay algunos agentes policiales, recluidos por diversos hechos, que serán mantenidos en el lugar.El titular de Interior añadió que están implementando un “nuevo sistema de seguridad interno” que “limite el hecho de que la seguridad descanse sobre el personal”, para que lo haga sobre “más elementos tecnológicos”. Entre los reos internos en la Agrupación Especializada hay miembros de grupos criminales dedicados al narcotráfico y presuntos guerrilleros miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), así como políticos procesados por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito como el exsenador Óscar González Daher.	La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) hizo la publicación del llamado a principios del mes de diciembre del 2018 y es por un monto total aproximado de US$ 1 millón, corres­pondiente a cuarenta uni­dades de camionetas del tipo pickup. Jorge Samaniego, presidente del Grupo paraguayo Reimpex, explicó a la 970 AM que solicitó por medio de varias notas la modifica­ción de las bases y condi­ciones. En ese sentido, dijo que se realizó la consulta en tiempo y forma, sin embargo, Yacyretá no respondió.La respuesta por parte de la Binacional recién llegó el día de ayer, pero advirtiendo de que deben regirse por las normas de la licitación. Esta mañana, el titular de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, recibió a Samaniego. Luego del encuentro, el director de la EBY declaró a través de sus redes sociales que iban a atender la propuesta de Reimpex, pero no existe un documento que lo avale.Entre las ‘llamativas’ especificaciones, figuran la exigencia de que los vehículos deben contar con reproductor de Mp3 y llantas de acero. “Nosotros tenemos la misma calidad y somos la marca más económica del mercado en materia de precios”, aseguró.	VILLAMAYOR Y LAS NOTASSegún publica el Diario La Nación, no es la primera vez que la sospecha se ciñe sobre la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante el actual gobierno. Ape­nas asumido, en setiembre pasado, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, declaró que 30 de las motocicletas de la marca KTM adquiridas para el Grupo Lince estaban en desuso porque no contaban con los repuestos necesarios para su repara­ción.Sin embargo, la representante de la marca salió a desmentir esa versión, dejando en evidencia el desconocimiento total de las condiciones del contrato de compra por parte del ministro. José Ayala, gerente general de Asunción Motor Sport, representante de las marcas KTM, afirmó en su momento que la EBY adquirió las unidades de motocicletas y que el lote de repuestos estaba garantizado al 100%.Habló de circunstancias excepcionales en el que algunos pedidos son realizados a la fábrica, pero no tar­daba más de seis días en llegar. Por lo tanto, no habría posibili­dad que ninguna motocicleta estuviera sin funcionar por más de diez días.