Abogados agremiados piden que el Senado devuelva la terna para la Corte Suprema de Justicia, esto ante lo que consideran una falta de transparencia en el proceso de selección. Referentes de la Cámara Alta ya analizan esta posibilidad y coinciden en que hubo “mano negra” en la decisión del Consejo de la Magistratura para beneficiar a algunos candidatos.	El abogado Juan Sosa Bareiro, dirigente del equipo gremial “Convergencia”, en entrevista con Radio Ñanduti indicó que en la jornada de ayer presentaron una nota ante el Congreso Nacional instando a que se concrete la no aprobación de la terna para la Corte.Por consiguiente, solicitan que la Cámara de Senadores, en uso de sus facultades y aplicando su propio reglamento interno, se encargue de reenviar los nombres de María Carolina Llanes, Linneo Ynsfrán y Alma Méndez de vuelta al Consejo de la Magistratura.Según refirió, durante la conformación de la terna han detectado “una abierta violación a la Ley de Transparencia”, esto debido a que la sesión en la que se asignaron los puntajes de los postulantes se hizo de manera reservada y sin transmisión en vivo, lo cual genera sospechas innecesarias a todo el proceso.Al citado cuestionamiento se le suma el hecho de que en la sesión del Consejo de la Magistratura, los puntajes otorgados permitieron que algunos de los postulantes que se encontraban en lugares inferiores de la lista pudieran llegar a los primeros lugares.Atendiendo a estas circunstancias, Sosa Bareiro considera que se pudieron haber “acomodado” los puntajes para beneficiar a algunos de los candidatos, esto sin poder justificar con claridad dicha decisión. “Esto es ilegítimo, fue una injusticia”, afirmó.Por su parte, el senador Antonio Barrios (ANR) dijo que lo que ellos critican es el procedimiento por el cual se realizó el juzgamiento y nombramiento de los ternados por parte del Consejo. “Fue una manera muy rara y bastante oscura, acá hay mano negra”, indicó.Al igual que el abogado de Convergencia, también cuestionó el hecho de que aquellos que estaban en puestos más bajos hayan “aparecido sorpresivamente” en los primeros lugares de la lista final sin motivo alguno, además de que se haya cortado la transmisión de la sesión ordinaria. “Estamos haciendo el reclamo para que la ley se cumpla y para cumplir eso la terna debería ser devuelta al Consejo, debería ser rechazada por el Senado”, afirmó el parlamentario colorado.	El gremio de los educadores cuestionó que el viceministro de Tec­nologías de la Infor­mación y Comunica­ción del Mitic, Miguel Martin, haya contratado de manera directa a Sebastián Il Sung Park, quien enseña en su universidad privada, para realizar semina­rios de emprendedurismo por 5 millones de guaraníes la hora, siendo que los docentes perciben entre 22 a 27 mil guaraníes la hora por impartir clases en las instituciones públicas.	Miguel Marecos, del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), resaltó que un docente de primaria gana 22.000 guaraníes la hora y un técnico percibe 27.000 guaraníes. Mientras que por media jornada, el profesional recibe 2 millones de guaraníes al mes.“La verdad que como académico universitario realmente esto es una bofetada, porque nosotros en la universidad tenemos brillantes profesionales paraguayos. Por ejemplo, los encargados de cátedra ganan 1 millón de guaraníes al mes. Es gravísimo esto”, dijo al referirse al	. DESPIDO MASIVOPor otra parte indicó que tuvo conocimiento del despido masivo de funcionarios que están vinculados a la docencia inclusiva. “Un supervisor administrativo de Itapúa me llamó para decirme que este gabinete cometió otra burrada más, porque desvinculó a dos docentes que enseñaban en dos asentamientos donde nadie quiere ir a enseñar”, dijo “De los 89 despedidos, me reuní con 40. En el encuentro me enteré de barrabasadas, porque hay algunos que son farmacodependientes y necesitan del seguro de IPS para sobrevivir, tienen título pero no poseen la habilitación para el nivel medio. Hay 10.000 personas en la misma situación, por eso preguntamos por qué a estos 89”, indicó. Advirtió que la situación puede agudizarse y celebró que el senador Enrique Riera va estar recibiendo a los docentes que fueron desvinculados para asesorarlos.	Los vehículos de procedencia japonesa de la marca Kawasaki se adquirieron por un valor de 8.000 dólares para 100 motos, mediante un proceso de licitación pública en donde se seleccionó supuestamente a la oferta más baja. Después de esta adjudicación, la Policía Nacional envió dos nuevas solicitudes de compra, en fechas distintas, con un total de 100 unidades por cada pedido. Ambos documentos llegaron con carácter de “urgencia”.La provisión podía ser hecha de forma directa por el Comité Ejecutivo Binacional, según disposiciones internas de la EBY, ya que correspondían a la oferta más baja resultante.Lejos de una sobrefacturación, la binacional asegura que existió un ahorro de 666.000 dólares con las 300 motos adquiridas por la actual administración, en relación a las operaciones de directores anteriores.SOBRECOSTO DE OTRAS ADMINISTRACIONES Las compras hechas por las anteriores autoridades eran por los mecanismos de compra directa. as mismas eran de industria austríaca (marca KTM) y su precio era de U$ 8.200, más U$ 2.020 por accesorios y mantenimiento, lo que sumaba un costo total de U$ 10.220.	Anualmente, la Corte Suprema de Justicia destina al Ministerio de Justicia más de 10 millones de dólares únicamente para nuevas cárceles y el mantenimiento de las existentes, por lo que al año se puede construir una nueva prisión con dicho fondo proveniente de las tasas judiciales. Sin embargo, desde el ente estatal alegan que todo el dinero se usa para las reparaciones.	Alejandro Buzó, director de Planificación y Desarrollo Institucional del Ministerio de Justicia, indicó a la 970 AM que el 21 % de las tasas judiciales de la Corte Suprema son integradas al presupuesto de Justicia para el uso penitenciario. La ley establece que de ese monto, el 70 % debe destinarse a la inversión física propiamente (construcción y mejoramiento de penitenciarías) y solo el restante 30 % para alimentar a los reos, pagar a los guardiacárceles, entre otros gastos.Para este año, el Ministerio de Justicia tiene presupuestado unos G. 330 mil millones, de los cuales G. 106 mil millones (17 millones de dólares) provienen de las tasas judiciales, aunque la transferencia suele depender de la disponibilidad del dinero y de cómo se ejecuta el presupuesto. No obstante, de enero a mayo de 2019, la Corte Suprema ya derivó al Ministerio de Justicia la suma de G. 25.815 millones, unos 4 millones 200 mil dólares, para su uso en el sistema penitenciario.Haciendo los cálculos, de los 17 millones de dólares que estipulan las tasas judiciales para este año, casi 12 millones deben destinarse únicamente para la infraestructura, tal como establece la propia normativa.Según Buzó, este porcentaje no alcanza ni el 50 % para cubrir a los 13.000 procesados que están a cargo del ministerio, porque el costo anual de la sobrepoblación asciende a 250 mil millones de guaraníes.Al ser consultado en qué se invirtió el dinero que desembolsó la Corte, el funcionario alegó que durante esta administración (10 meses) se dieron mejoras de algunos pabellones y reparaciones de los penales. “De nada sirve construir una penitenciaría genial pero el mantenimiento no está contemplado”, dijo. “Uno no puede pensar construir una penitenciaría con esos fondos porque ronda los 10 millones de dólares el costo de uno nuevo”, añadió. Aunque luego reconoció que las obras suelen durar tres años, por lo que fácilmente se puede juntar el dinero en ese lapso para costear los trabajos de infraestructura.En otro momento reconoció la falta de transparencia en cuanto al manejo de estos fondos porque no se dan a conocer cómo se gastan. “No publicamos como una noticia. Si se pide, vamos a brindar los datos porque es una información pública”, dijo.NUEVAS CÁRCELESRecientemente, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó la construcción de tres cárceles por US$ 31 millones, dando como promedio 10 millones cada una. Dos se construirán en Emboscada y una en Minga Guazú, y entre todas tendrán la capacidad para albergar a 3.960 reclusos. Al margen, en el Poder Legislativo se evalúa un proyecto de ley que establece declarar Emergencia Penitenciaria para abrir la canilla y habilitar al Ministerio de Hacienda a usar un cheque en blanco, porque se podrán hacer ampliaciones y reprogramaciones presupuestarias solo mediante un decreto de la Presidencia y no vía una ley del Congreso Nacional.