“Estamos recabando toda la información precisa y esperando a que pase este momento de luto para poder proceder. Estamos colectando todos los elementos necesarios para ver si se sustenta una imputación por homicidio culposo”, manifestó el agente. Comentó que pedirán informes a los propietarios de Granja Francisca, establecimiento por el que ambas víctimas habrían ingresado para subir al cerro, así como al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a la Municipalidad de Colonia Independencia y a la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR). Myriam Carballo y su hijo Luis García de 21 años se encontraban en el Cerro Corá, ubicado en la ciudad de Colonia Independencia, Guairá. La mujer habría sufrido un mareo y cayó al vacío. En la desesperación, su hijo trató de salvarla saltando al barranco. Ambos fueron encontrados por el equipo de rescate de los Bomberos Voluntarios de Villarrica en la madrugada del lunes ya sin signos de vida.	Desde el organismo electo­ral informaron que el lla­mado internacional ya se inició días atrás y finalizará el próximo 4 de noviembre. Para el alquiler de las máqui­nas se fijó como precio refe­rencial 21 millones ochocien­tos mil dólares, suma que podría variar en un 30% más o un 20% menos.El monto para el desembolso provendrá del Presupuesto del próximo año. Las máqui­nas no tendrán conexiones externas, contarán con una autonomía eléctrica de 12 horas en el caso de que haya cortes de luz y no contarán con un disco duro; es decir, no guardarán el voto y tampoco el padrón electoral de la mesa, puntos que las diferencian de las urnas electrónicas. Esto otorga mayor transparencia al proceso electoral, ya que su sistema no podrá ser vul­nerado por terceros.“Lo único que harán las máquinas de votación son el hecho de totalizar los votos porque al tener el voto prefe­rente se sabe que esto podrá durar 12, 15, hasta 18 horas si se hace manualmente”, sostuvo el asesor técnico del organismo electoral Luis Alberto Mauro.Agregó que la decisión de arrendamiento surge con el fin de abaratar los cos­tos, teniendo en cuenta que la compra implicaría mayor cantidad de dinero. Los comi­cios internos se encuentran previstos para el 12 de julio y los generales para el 8 de noviembre.EN CONGO Y ECUADORPor su parte, el director de Informática del TSJE, Fausto von Streber, dijo que las máquinas de votación ya fueron utilizadas en Argen­tina, el Congo y Ecuador. Agregó también que para la implementación de las máquinas consultaron a 5 empresas de procedencias argentina, coreana, espa­ñola y canadiense.“Nosotros pedimos empresas que ya tuvieron una experien­cia en cuanto al voto electró­nico de estas máquinas. Uno de los aspectos que solicita­mos fue una certificación de la tecnología que se usó, es decir que venga avalado del ente electoral que lo imple­mentó”, comentó. Streber indicó que todo el proceso será digital; las actas de los resultados, los certifi­cados para los apoderados de los partidos y las hojas para el TREP serán de forma impresa, ya no será manual.	La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carla Baci­galupo, fue denunciada ante la Organización Internacio­nal del Trabajo (OIT), con sede en Chile, por haber rescindido arbitrariamente el contrato a la empresa Laya SA y, de esta manera, dejando sin empleo a 160 personas, según refiere la denuncia. Los denuncian­tes forman parte de la asocia­ción de empleados de la men­cionada firma.	lourdes.pintos@gruponacion.com.pyEl documento, con la firma de todos los afectados, fue pre­sentado el pasado 9 de noviem­bre del 2018, poco después de concretarse la rescisión del contrato de la empresa en cuestión que prestaba servi­cios de limpieza en la sede cen­tral y en las oficinas regionales del Servicio Nacional de Pro­moción Profesional (SNPP) desde hace dos años. La nota está dirigida al director de la OIT, Fabio Bertranou.“Deseamos dejar en claro que la propia autoridad adminis­trativa del Trabajo, en este caso la ministra, Carla Baci­galupo, en forma arbitraria ha ordenado una rescisión con­tractual sin prever la situa­ción de 160 trabajadores de la empresa que teníamos pre­visto trabajar por dos años como mínimo, ya que nues­tro contrato era por un plazo de dos años en el inicio”, refiere el documento.Además, menciona que desde el inicio del contrato se han cumplido a cabalidad con los trabajos para los cuales fueron contratados y destaca que se prestó servicio hasta el día en que los empleados fueron des­alojados de la institución. Los denunciantes sostienen que fue un “negociado” de Baci­galupo, ya que avasalló todos los derechos de los trabaja­dores con el fin de contratar a otra empresa. “Podemos afir­mar que fue un negociado de la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, donde los únicos perjudicados fuimos los traba­jadores. Estos hechos contra la vida que venimos a denun­ciar consideramos que son un atentado contra el derecho al trabajo”, refiere la denuncia.PÓLIZA NO EJECUTADA SEGÚN AGPELa finalización del contrato se habría dado porque Laya no presentó la póliza de seguros por accidentes de trabajo para sus funcionarios, pero Carlos Ayala, directivo de la firma, ase­gura que se cumplió con lo esta­blecido en el plazo fijado por las autoridades del ministerio, pero a pesar de que la firma ya estaba al día con sus obligacio­nes fue inevitable la rescisión.La empresa contratada en vez de Laya fue Renova, vinculada a Óscar Chamorro Lafarja, hijo del ex diputado José Chamo­rro, propietario además de la empresa SST Security Ser­vice Technology, involucrada en el escándalo generado por una licitación supuestamente manipulada para el servicio de seguridad del IPS.SEPA MÁSSupuesto acoso laboralEl defensor del Pueblo, Miguel Ángel Godoy, remitió un docu­mento al viceministro de Trabajo, Luis Orué, solicitando informes sobre la situación laboral de Luis Alberto Cousirat Cubilla, instruc­tor contratado del SNPP, regional Paraguarí, quien denuncia ser víctima de supuesto acoso laboral por parte de la directora de la mencionada sede. Sostiene además que desde enero de este año al denunciante no le designan ningún curso a pesar de las reitera­das solicitudes hechas ante las autoridades pertinentes. Esta no es la única denuncia de esta índole, destaquemos que el pasado viernes 20 de setiembre, Carla Bacigalupo decidió desvincular del SNPP a Joel Darío Ávalos, uno de los funcionarios que había denunciado las irregularidades en el proceso de licitación para la compra de simuladores para la institución. Ávalos, en reiteradas ocasiones, denunció públicamente las represalias en su contra por parte de la máxima autoridad del Ministerio de Trabajo.	Desde el Gobierno Nacional han señalado en más de una ocasión la necesidad urgente de invertir para mejorar el deficiente sistema penitenciario. Sin embargo, dicho discurso no se traduce a la hora de asignar el presupuesto al Ministerio de Justicia que hoy día cuenta con los mismos recursos que otras instituciones y, en contrapartida, posee mayores demandas.	El ministro de Justicia, Eber Ovelar, señaló a Universo 970 AM que el régimen penitenciario se encuentra hoy día en una situación lamentable y por ello es necesario trabajar en el abordaje y la reinserción de las personas privadas de libertad.Igualmente, habló sobre la imperiosa necesidad de reducir la cantidad de presos sin condena que se encuentran recluidos en las distintas cárceles a nivel país, hecho que va ligado al hacinamiento y la superpoblación penitenciaria.El titular de la cartera de Estado hizo énfasis en la reivindicación de los recursos humanos del Ministerio de Justicia y recordó el reclamo de los guardiacárceles que desde hace tiempo vienen exigiendo un reajuste salarial, sobre todo considerando el grado de exposición al peligro al que están sujetos en su labor.Ovelar confirmó que ni bien asumió el cargo tuvo la oportunidad de conversar con el ministro de Hacienda, Benigno López, a fin de hacerle la solicitud de ampliación presupuestaria que busca la equiparación de la matriz salarial de los agentes penitenciarios.Respecto al monto asignado para el Ministerio de Justicia dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación para el 2020, sostuvo que existe una “asimetría” con relación a otras instituciones y en esas condiciones se vuelve difícil enfrentar la problemática actual.En tal sentido, habló sobre la posibilidad de establecer un acercamiento a la Comisión Bicameral de Presupuesto con el fin de hacer lobby para tratar de asegurar una mayor cantidad de recursos para el próximo año a través del PGN 2020. “Ya se ha declarado emergencia penitenciaria por Ley de la Nación, en consecuencia, el Presupuesto (General de la Nación) tiene que reconocer esa realidad y sobre ella proyectarse para el 2020. Si tenemos gastos superfluos que tenemos que seguir sosteniendo como viáticos y pasajes, por qué ese tipo de presupuestos no pueden ser modificados y destinados a líneas de gestión que realmente hoy día necesitan esta cobertura”, enfatizó.