La periodista de la 970 AM, Francisca Pereira, a través de su cuenta de twitter dio a conocer la queja de los funcionarios del Senado contra la ministra del Poder Judicial, Gladys Bareiro de Módica.“Al parecer existen autoridades a quienes la gente común les causa roncha. Hoy, algunos funcionarios comentaron la exigencia de la ministra de Corte, Gladys Barreiro, quien exige exclusividad en el ascensor en los días en que el JEM sesiona en el Senado”, escribió Pereira.A las versiones también se sumó el periodista de Ñandutí, Fidel Oviedo, quien también comentó la inquietud de los funcionarios del Senado contra la ministra Bareiro de Módica en cuanto a la exigencia de exclusividad para utilizar los ascensores del Congreso.El año pasado la ministra había presentado su renuncia como integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) alegando el cambio de día de las plenarias. Tras resolver el impasse, la magistrada fue reconfirmada en el cargo.	El pedido de renuncia como miembro del Consejo de la Magistratura y el cargo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados fue lo que hoy en Senadores aprobaron como proyecto de declaración. El exdocente fue acusado por la estudiante María Belén Whittingslow quien solicita que los 1600 mensajes de WhatsApp sean presentados como prueba.	Con 28 votos a favor, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de declaración en el que insta a Cristian Kriskovich, acusado de acoso sexual a la estudiante María Belén Whittingslow, a renunciar como miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.La moción fue hecha por la senadora Lilian Samaniego y contó con el apoyo de sus colegas parlamentarias, entre ellas la legisladora Esperanza Martínez quien aseguró haber visto todos los mensajes de “galanteo” que el acusado envió a la joven que lo acusó de acoso sexual.“Personalmente vi el WhatsApp de Belén, yo no tengo dudas. Pero evidentemente, hay un proceso judicial en curso, ella exige que se vean las pruebas y eso hoy es manipulado de manera tendenciosa por el afectado”, afirmó Martínez al pleno.Pidió como acto de “decencia y ética” la renuncia de Kriskovich y lamentó que los términos manejados por la justicia como galanteo no condicen con la gravedad del acoso que sufrió la joven. “Esa decisión de que esta absuelto porque fue un galante mandando 1600 mensajes a una alumna, por favor le pedimos que renuncie o que el arzobispo de Asunción le quite la confianza en el cargo y pida la remoción como debería haber hecho desde el principio la iglesia católica”, cuestionó.Whittingslow denunció por acoso sexual a Kriskovich, exdocente de la Universidad Católica y actual miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La denunciante había presentado como prueba varios mensajes de textos, admitidos como reales por el Ministerio Público, pero con la calificación de que eran “galanteo y cortejo”, de mucho menor peso que la acusación de la víctima.El abogado Martin Barba, representante de la denunciante María Belén Whittingslow, disparó que existe un complot de fiscalía y miembros del Jurado, para presionar el retiro de la denuncia, valiéndose de los poderes que ostentan.Barba señaló que Adrián Salas, colega de Kriskovich como miembro del Jurado, se acercó al mismo para pedir que su cliente escriba una carta a la esposa del acusado para negociar el retiro de la denuncia de este por “daños y perjuicios”.Sin embargo la joven no está dispuesta a desdecirse. Sobre la base de 1600 mensajes de texto, en los que según la misma Kriskovich de manera sistemática la acosa, está en condiciones de llegar a las últimas consecuencias. Luego de la denuncia presentada por la joven, la jueza Lici Sánchez ordenó la captura de la denunciante y la querella la demandó por daños y perjuicios además de solicitar un resarcimiento de 450 mil dólares americanos.	El operativo de investigación fue desarrollado por los agentes fiscales Luis Piñánez y Rodrigo Estigarribia, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.La agente fiscal Patricia Filippi habría solicitado G. 80.000.000, junto con un asistente fiscal y un abogado, en concepto de supuesta coima, tras la denuncia de la víctima. Por ello, se inició un cuaderno de investigación fiscal en este caso, que derivó en las pesquisas de los fiscales especializados del Ministerio Público, quienes imputarían a la fiscal, al asistente fiscal y al abogado. La Fiscalía General dispuso inmediantamente la apertura de un sumario a la agente fiscal Patricia Filippi y al asistente fiscal, quienes están apartados en sus funciones. Por otra parte, prosiguen las averiguaciones en torno al hecho punible. El caso en cuestión, refiere al hecho de que el abogado Dino Torres manifestó al afectado, el intendente de Escobar, Elvio Reinerio Ruiz Díaz, que había una investigación en su contra por supuesto Enriquecimiento Ilícito (expectativa de pena de hasta 10 años de pena privativa de libertad). No obstante, el letrado explicó al intendente que habría posibilidad de realizar un arreglo. El intendente formuló la denuncia del hecho ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. Con ese documento también se tuvo una autorización judicial para intervenir en la Unidad Penal de Paraguarí. Posteriormente, se concretó una reunión en la Fiscalía de Paraguarí, donde la agente fiscal denunciada refirió la posibilidad de un arreglo, previo pago de dinero. También participó del encuentro el asistente fiscal. Durante el allanamiento realizado este jueves, los fiscales intervinientes incautaron la carpeta fiscal y en la caratula figura únicamente el hecho punible de Lesión de Confianza, no así sobre Enriquecimiento Ilícito.	Durante una conferencia de prensa desarrollada esta mañana, la titular del MIC habló sobre la imposición del arancel extra Mercosur a las autopartes fabricadas en Paraguay bajo el régimen de maquila y manifestó que el tema ya está siendo abordado por autoridades de nuestro país.La intención principal es resolver el conflicto en la brevedad y permitir que las empresas autopartistas nacionales puedan enviar sus productos al Brasil sin mayores restricciones.Para lograr este objetivo -comentó-, se han mantenido las primeras conversaciones entre representantes de ambos gobiernos, específicamente entre el embajador paraguayo Hugo Saguier Caballero y el canciller de Brasil en Itamaraty.Asimismo, se ha presentado un borrador de propuesta al Brasil con varios puntos a ser tenidos en cuenta como parte del acuerdo automotriz que debe ser suscrito de forma bilateral, a lo cual se le suma la herramienta diplomática conocida como “Nómina de Apertura de Mercados - NAM” que permite levantar restricciones en casos de emergencia hasta tanto se resuelve la cuestión de fondo.Cramer mencionó que la cuestión de fondo tiene que ver con el hecho de que la Receita Federal del Brasil no reconoce el certificado de origen de estos productos y, por ende, pretenden cobrar un arancel del 16% a las autopartes fabricadas en Paraguay.De igual manera, recordó que el sector automotriz (al igual que el azucarero) se encuentra fuera del acuerdo original del Mercosur que había sido firmado al momento de su creación, lo cual hace que esta sea una materia pendiente a ser resuelta por los gobiernos de ambos países.El acuerdo automotriz original -que ya había sido planteado durante el gobierno anterior pero nunca llegó a ser tratado- no se encontraba ajustado a los intereses de Paraguay, según la ministra, esto debido a que había una condicionante relacionada a la restricción para importación de vehículos usados y a otros varios términos, hecho que derivó en el que mismo sea rechazado. “Estamos pendientes de lo que pueda resolverse, estamos muy esperanzados”, expresó la titular del Ministerio de Industria y Comercio.