En síntesis, el mecanismo consistía en un confidencial, delicado y complejo sistema de adjudicación de las obras públicas del Brasil a un reducido grupo de 13 empresas. Los dueños de estas compañías se reunían en secreto para tomar conocimiento de las obras en proceso de licitación, fijaban los plazos y condiciones, establecían los precios y se repartían entre sí las adjudicaciones, con el expreso compromiso de que aproximadamente la mitad de las enormes sumas a cobrar debían distribuirse entre los más altos directivos de las instituciones que integran los tres poderes del Estado.	El mecanismo establecía normas de procedimiento, al estilo de las grandes mafias, de modo que los “retornos” a las autoridades políticas se concretaban de diversas maneras: maletines de dinero en efectivo, donaciones para las campañas proselitistas, aportes a los partidos políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, y remisión a bancos del exterior de grandes capitales pero repartidos en centenares de remesas de montos que no llamen la atención de los organismos anti lavado de dinero.	Lideraba esta organización mafiosa la empresa Odebrecht, que recogía la plata de las 13 firmas del consorcio ilegal y se encargaba de distribuir los sobornos a las autoridades políticas tanto en Brasil como en varios países de nuestro continente, lo cual ocasionó, por ejemplo, la prisión de dos expresidentes en Perú, el suicidio de un tercero, Alan García, y la huida a Europa del ex mandatario ecuatoriano Rafael Correa.