de uso. Explicó que contaban con la figura del depositario judicial que daba potestad al Estado para utilizar los bienes provenientes del crimen organizado, pero a fin de evitar que queden paralizados o sean mal utilizados, buscarán alternativas para prever soluciones jurídicas.Indicó que se precisa una regulación ante las denuncias de mala utilización de los bienes, incluso para uso particular.Mencionó que desean que esos bienes no queden eternamente en los depósitos y la idea es dinamizar el proceso con un protocolo que garantice que los bienes se usen de manera correcta. Por otro lado, señaló que actualmente la expectativa de lo decomisado oscila los 65 millones de dólares, ratificando que ante la falta de logística, es necesario que los bienes decomisados pasen a nombre del Estado para darles utilidad.