Armindo Torres, director general de declaraciones juradas de la Contraloría General, explicó que en mayo de este año el contralor Camilo Benítez dispuso que se lleve a cabo el examen de correspondencia de funcionarios públicos, cuyos documentos  obran allí desde hace tiempo, pero la administración anterior por alguna razón no lo hizo.Se hará en forma programada, primero ministros, luego viceministros y posteriormente legisladores; en total son 1.200 las personas en la mira y es algo que va a llevar su tiempo.Explicó que el proceso operativo de Contraloría no permite pedir ningún tipo de aclaratoria de parte de algún funcionario y ante alguna irregularidad se eleva el informe al Ministerio Público, pues podría encuadrarse en hecho punible de declaración falsa.¿Cuál es tu opinión respecto a esto?