Franco calificó de contradictorio e incoherente que, en la nota de justificación presentada ante la Corte, la Fiscalía haya argumentado que “el único ente que brinda el derecho a la defensa es el Tribunal de Cuentas y eso es mentira. La Contraloría, desde hace más de 15 años, implementa la comunicación de observaciones donde se le da derecho a la defensa a cualquier ente público que es objeto de control”.	De acuerdo al informe, en abril de 2016 reportó un posible perjuicio de más de G. 3.000 millones en la Senavitat; en diciembre de 2017 informó sobre un caso similar en el Ministerio de Salud, pero por un monto superior a los G. 17.000 millones y en noviembre del año pasado, un faltante de G. 11.000 millones en el Ministerio de Agricultura.