Los Ejecutivos de ambos países firmaron en este encuentro 15 acuerdos bilaterales, a los que se suman otros seis entre el sector privado, con un cierre de negocios entre empresarios de ambas partes por 18 millones de dólares.Castiglioni señaló que los documentos rubricados abordaban "todas las áreas" pero insistió en los relativos a las cuestiones logísticas y a la hidrovía Paraguay-Paraná, que se presenta como la salida de Bolivia al Atlántico."Bolivia nos necesita mucho ahora que han decidido virar hacia el Atlántico, luego del revés en La Haya", comentó el canciller, en alusión a la sentencia adversa en su demanda ante Chile de un acceso soberano al Pacífico.El país andino apostó entonces por el Atlántico y Paraguay, conocedor de esa intención, espera aprovechar la ocasión y ofrecer su "industria naval, puertos, experiencia, navegantes…".Las reuniones entre ministros también abordaron la cuestión de la seguridad en la región del Chaco paraguayo. Por esta cuestión, se avanzó en trabajar en información, intercambio de inteligencia y operativos conjuntos para combatir esta amenaza, como informó el canciller.Paraguay, por su parte, espera que este afianzamiento de los lazos con Bolivia les beneficie en su acceso a mercados a los que llegue el estado plurinacional.	Castiglioni informó de que se volvió a enviar a Brasil “todos los antecedentes” sobre el caso de los activistas de izquierda Juan Arrom y Anuncio Martí, imputados por la Justicia paraguaya por el delito de secuestro.El canciller manifestó que el Gobierno se muestra más confiado después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) absolviera la semana pasada a Paraguay de toda responsabilidad, por falta de pruebas, en las supuestas torturas a Arrom y Martí, entre el 17 y el 30 de enero de 2002.Ambos huyeron a Brasil antes de comparecer ante la Justicia paraguaya por su presunta participación en el secuestro de María Edith Bordón Debernardi, y ese país les concedió el estatus de refugiados en 2003.Ahora, la Conare deberá decidir este viernes si se lo mantiene o si, por el contrario, les revoca esa condición y abre la puerta para solicitar su extradición.“Creemos que el viernes se va a dar la decisión y tenemos mucha fe, por todo lo que hemos hecho y por todas las pruebas que hemos acercado, más los antecedentes de lo que ocurrió en la CorteIDH”, manifestó Castiglioni.Si Brasil revoca la condición de refugiados a Arrom y Martí, se procederá entonces a solicitar su extradición para que los dos comparezcan ante la justicia paraguaya.	El conflicto se originó a raíz de una denuncia realizada por la propietaria de la propiedad invadida, según comentó a la 970 AM el comisario Vidal Achucarro, director de Policía de Canindeyú.Efectivos policiales de GEO lograron rescatar a un trabajador que estaba como rehén de los invasores. El mismo fue asistido en un centro asistencial, debido a que presentó varios golpes en el cuerpo.Además se reportó el fallecimiento de Edilson Mercado Bogado de 38 años de edad. Algunas personas que no pudieron ser identificadas llevaron el cuerpo sin vida y lo dejaron abandonado en el puesto de salud local. El comisario comentó que los responsables del hecho serían sin tierras que se muestran bastantes agresivos y armados. Relató que el lugar está invadido y al menos unos 150 rodearon a la comitiva fiscal.La investigación está a cargo de la Fiscalía, pero hasta el momento no se tienen novedades con respecto a los autores del hecho.	“Yo creo que el Gobierno ya tomó la decisión de enviar a funcionarios de anticorrupción y en base a las informaciones de ellos, se van a tomar las decisiones”, respondió el vicepresidente Hugo Velázquez al ser consultado si existe intenciones de destituir o no al presidente del IPS, Armando Rodríguez.En ese sentido, el asesor de Transparencia e Integridad de la Presidencia de la República, Carlos Arregui, y la ministra de la Secretaría Anticorrupción, Teresa Rojas, recomendaron abrir sumarios administrativos a encargados de varias dependencias del IPS, tras constatar una serie de irregularidades. “Lo que nosotros estamos viendo por los medios, son denuncias de sectores interesados, ni siquiera en el presidente del IPS, sino en las licitaciones. Vamos a verificar si realmente es así”, indicó el vicepresidente Velázquez.La investigación se inició a raíz de un supuesto tráfico de influencias en la licitación millonaria para el servicio de seguridad del IPS, donde se vio involucrado un político y un periodista.