Según fuentes consultadas por el Diario La Nación, los anuncios publicitarios de la candidata oficialista en las elecciones internas del 2007 y las generales del 2008, Blanca Ovelar de Duarte, fueron financiados con fondos públicos y canalizados a través de la empresa publicitaria Sistema Siete SA, cuyos accionistas estaban ligados al primer mandatario.	POR JORGE TORRES ROMERO, periodista del diario La Nación.De acuerdo a los datos recabados, la publicitaria tenía un acuerdo con las autoridades de la ANR y el jefe de campaña, el entonces ministro Rogelio Benítez (futuro embajador paraguayo ante el Uruguay), quien también se desempeñaba como tesorero de la agrupación política; sin embargo, tras la derrota de la candidata colorada, no quisieron reconocer la deuda y la firma terminó en la quiebra, por lo que tuvo que realizar la convocatoria de acreedores.Existen fuertes indicios de que finalmente hicieron pagar las cuentas a instituciones públicas, teniendo en cuenta que la citada publicitaria tenía también a su cargo las cuentas de varios entes y organismos del Estado, entre ellos el Despacho de la Primera Dama, a cargo de Gloria Penayo de Duarte.De hecho, un informe de la Contraloría General de la República (CGR), de fecha 6 de junio del 2007, advierte al Poder Ejecutivo sobre serias irregularidades que fueron detectadas en contrataciones efectuadas por el Despacho de la Primera Dama en los ejercicios fiscales 2004, 2005 y 2006 con la firma Sistema Siete SA.La nota firmada por el contralor de ese entonces, Octavio Airaldi, señala que en el ejercicio fiscal del 2005 se efectuó una contratación directa bajo la figura de la excepción con la citada empresa por un monto de G. 489.859.579.La citada dependencia gubernamental había alegado la “urgencia impostergable” para el procedimiento, atendiendo la realización de la XIII Conferencia de Primeras Damas, Esposas y Representantes de Jefes de Estados y Gobiernos de las Américas, llevada a cabo en el país del 28 al 30 de setiembre del 2005.Sin embargo, la CGR señaló en su informe que la figura de la excepción, invocada por el Despacho de la Primera Dama, carecía de sustento legal y también denunció que se habían simulado procedimientos de contratación a efectos de regularizar contrataciones ya realizadas por la institución a cargo de la esposa de Duarte Frutos.	Una de las notas dirigidas por la CGR en el 2007 exigiendo documentos respaldatorios al Despacho de la Primera Dama, manejado por Gloria Penayo, sobre los contratos directos con la agencia publicitaria ligada a Duarte Frutos.MIMADA DE LOS CONTRATOS PÚBLICOSSi bien la publicitaria cercana a Nicanor era la “mimada” de las contrataciones públicas, los mayores contratos los obtuvo en la Itaipú Binacional, la que amparada en su persona jurídica eludía todos los procedimientos legales y de control estatal. Prueba de ello es que en dos años y medio, entre el 2006 y el 2008, facturó a la entidad nada menos que 16.000 millones de guaraníes, de los cuales, en el 2008, en plena etapa electoral, cobró unos G. 2.070 millones.Los fondos provenían de los “gastos sociales” de Itaipú y cerca de 1.708 millones de guaraníes figuran haber sido pagados en concepto de impresión, pasacalles, quepis, camisetas, afiches y gigantografías, supuestamente en el marco de la campaña contra el dengue y la fiebre amarilla. Las localidades donde supuestamente se hicieron estas campañas corresponden al interior, en lugares como Santa Rosa, Carayaó, Minga Guazú, etc.En la campaña electoral en el 2002, Duarte Frutos había declarado en una entrevista que tenía “una pequeña empresa” dedicada al “marketing, consultoría, publicidad y servicios generales”, se trataba de la misma empresa que luego se denominó Sistema Siete, aunque con otros accionistas, pero cercanos a él, como su compadre y compueblano José Ángel Soto Barreto, quien se convirtió en el hombre clave de los negocios del mandatario.	El mismo surge luego de una serie de despidos de funcionarios en distintas secciones del ente, ordenados supuestamente por la jefa de Finanzas y Contrataciones del TSJE, Norma Noguera Gimenez.Tras el raje nasivo, María E. Wapenka miembro del Tribunal, encaró a Noguera, y según aquella, la maltrató verbalmente. Puso incluso como testigo del episodio al titular del ente, Jaime Bestard, a quien fue dirigida la nota por la que se solicita la destitución de su cargo a la jefa de Finanzas y Contrataciones. . “Ha creado una estructura de poder paralelo, usurpando funciones y creando malestar con los demás directores y mismo en el seno de los funcionarios de menor rango a quienes tiene amordazados con su política de amedrentamiento”, señala Wapenka en una parte de su nota.El trasfondo, sin embargo, es visto por referentes del TSJE, como consecuencia de la sobrepoblación de funcionarios en la entidad, la mayoría de los cuales no tienen función específica. Son los conocidos como beneficiarios de los cupos que tienen los partidos políticos para meter a sus operadores al Tribunal, cuyos sueldos son solventados por los contribuyentes. Esta perspectiva hace que la situación de Norma Noguera esté en la cuerda floja, habida cuenta que los despedidos pertenecen a los partidos con representación parlamentaria, esto es, son cupos de las nucleaciones políticas.	“Tenemos una relación muy cordial con todas las bancadas de Diputados y no habría ningún inconveniente en conversar y llegar a un acuerdo”, comentó Juan Carlos “Nano” Galaverna en entrevista con la 650 AM. Señaló que los inconvenientes del día a día dentro de la Cámara son normales pero que esto no impide que se pueda coincidir en temas como estos.“Estamos abiertos a escuchar planteamientos de todas las bancadas y de seguro como bancada oficialista también tenemos pretensiones de encabezar la Mesa Directiva”, reconoció Galaverna.En cuanto a los posible nombres que pudieran surgir, afirmó que de momento no se habla de ningún candidato, pero que en la reunión de bancada de la próxima semana podrían aparecer los primeros aspirantes.	Esta mañana se realizará la inscripción del Movimiento de Integración Liberal (MIL) ante el Tribunal Electoral Independiente, mediante sus apoderados Raúl Mongelós Scheneider y Carolina Fernández.El objetivo de este nuevo movimiento es “unir a la familia liberaEl líder será el el senador Amado Florentín y el vicelíder el diputado Édgar Acosta, quienes serán los rostros visibles del MIL. También se sumarán los gobernadores Hugo Fleitas de Cordillera y Ronald Acevedo de Amambay, además de diputados, intendentes y otros dirigentes.