Los abogados de Lula pedirán su excarcelación con base en la decisión adoptada este jueves por el Tribunal Supremo de Brasil (STF), que determinó que la prisión de una persona condenada solamente en segunda instancia es inconstitucional.“Después de la conversación con Lula este viernes llevaremos al juicio de la ejecución un pedido para que se lleve a cabo su inmediata libertad en base al resultado del juicio del STF”, señala un comunicado firmado por los abogados Cristiano Zanin Martins y Valeska T. Martins.Los letrados informaron que reiterarán ante la máxima corte del país el pedido de habeas corpus con el fin de anular el proceso contra Lula, condenado en tercera instancia a 8 años y 10 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.De acuerdo con la defensa, el exjefe de Estado está encarcelado desde hace 579 días “injustamente” y de forma “incompatible” con la ley.El Partido de los Trabajadores (PT), formación liderada por el expresidente brasileño, celebró la decisión del Tribunal Supremo, que por un ajustado resultado de 6 votos frente a 5 alteró una jurisprudencia establecida en 2016, según la cual un condenado en segunda instancia ya podía ingresar a prisión, aún con apelaciones pendientes en otros dos tribunales superiores.“La decisión del STF es muy importante para fortalecer la democracia y la Constitución, en el momento en que son amenazadas por el Gobierno de extrema derecha en Brasil”, señaló la presidente de la formación, Gleisi Hoffmann.De acuerdo con Hoffmann, la decisión del tribunal “reconoce”, después de 1 año y 7 meses, que el expresidente “fue preso durante todo ese periodo de forma ilegal, por una decisión política”. “Esa crueldad termina aquí, pero seguiremos luchando por la verdadera justicia, que solo vendrá cuando sea anulada la sentencia ilegal de Sergio Moro”, el magistrado que le condenó en primera instancia y actual ministro de Justicia del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.	“Estamos a un paso de comenzar a contar a los muertos por docenas”, advirtió el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, sobre la actual situación de conflictividad que se vive, principalmente, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Llamó al dirigente cívico Luis Fernando Camacho a replegar a sus “grupos de choque” para evitar la violencia.“Nos enfrentamos a que en pocas horas, me refiero al día de mañana, comencemos a contar los heridos y muertos por docenas, si es que el señor Camacho, en el transcurso de mañana (jueves), no hace un llamado a la pacificación de la gente que le sigue”, afirmó en una entrevista en la calle y en medio de los conflictos entre mineros y universitarios en La Paz.Responsabilizó a Camacho de la actual situación de conflictividad por haber llamado a radicalizar las protestas con la continuidad de las movilizaciones y la toma de instituciones públicas para evitar la generación de ingresos económicos al Gobierno. Los cívicos también decidieron cerrar las fronteras.El líder cívico llegó este miércoles a La Paz, después de un intento fallido, para dejar en la Casa Grande del Pueblo una carta de renuncia que redactó para que la firme y dimita el presidente Evo Morales. Los cívicos cruceños y del resto del país exigen la renuncia del Presidente y nuevas elecciones.Mientras que el Gobierno espera la culminación de la autoría que realiza un grupo de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) a las elecciones para establecer si hubo o no un fraude, como denuncian los cívicos y la oposición política. Morales dijo que está dispuesto a ir a una segunda vuelta si se detectan irregularidades.“Por más dinamita que traigan, por más grupos de choque que traigan, por más muertos que quieran generar en las calles, no tienen derecho a remover a un Gobierno que ha sido elegido por millones de bolivianos que no han sido elegidos en una oficina de un comité cívico. Es una demanda (la renuncia) inviable, absurda y además abusiva y ahora está costando vidas, sangre y espero que recapacite el señor Camacho”, insistió Zavaleta.Los conflictos dejaron hasta el momento tres víctimas mortales, dos en Montero y una en Cochabamba.	En otro día negro en un México tristemente habituado a la violencia, este lunes se registró una cruel matanza cuando un grupo armado asesinó a nueve miembros de una comunidad mormona, los LeBarón.El suceso también dejó seis menores lesionados y una niña desaparecida, que fue hallada horas después.La violencia fue tal que, en palabras de la fiscal del estado de Sonora en entrevista radiofónica, Claudia Indira Contreras, se encontraron más de 200 casquillos de bala de distintos calibres.En imágenes compartidas en redes sociales, se observa un vehículo completamente calcinado, con lo que se presume que son restos humanos todavía humeantes.	De acuerdo con la cronología oficial de los hechos, en la mañana del lunes varios miembros de la comunidad LeBarón se trasladaban desde un punto cercano al municipio de Bavispe (Sonora) hacia la colonia LeBarón, en la ciudad de Galeana (Chihuahua), cuando en la frontera entre ambos estados padecieron una emboscada de un grupo armado.Minutos después del suceso, el activista y familiar Julián LeBarón pidió apoyo de la Guardia Nacional y a otras fuerzas de seguridad.No obstante, no fue hasta 17.00 hora local que los primeros militares se trasladaron desde su guarnición militar de Agua Prieta a la zona, a unos 278 kilómetros de distancia, por lo que, según familiares, los primeros uniformados llegaron horas después.Paralelamente, pobladores de la zona se dirigieron al lugar de los hechos para buscar a supervivientes de esta comunidad mormona, que es muy poderosa en la región y se dedica a la agricultura, la ganadería y el comercio.Se reforzó la seguridad en la zona y no fue hasta pasada la medianoche que las autoridades establecieron el saldo final de víctimas."Nosotros tuvimos conocimiento horas después. Hubo una falla de comunicación", reconoció este martes la fiscal estatal.AVANCES "SERIOS" EN LA INVESTIGACIÓNTras 24 horas de la tragedia, continúan muchas incógnitas, aunque el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, afirmó que hay "avances serios en la investigación"."El convoy (de la familia LeBarón) pudo haber sido confundo por grupos delictivos que se disputan el control en la región", afirmó Durazo.El ministro de Seguridad explicó que esta región hay una disputa entre "células" del crimen organizado. Una de estas, del lado de Sonora, estaría vinculada al Cártel del Pacífico, mientras que desde Chihuahua habría otros grupos criminales que se disputan la zona, codiciada por el narcotráfico por su cercanía con Estados Unidos.La fiscal estatal fue más cauta y dijo desconocer todavía si la masacre se debió a una "confusión" entre grupos criminales antagónicos, algo en lo que también coincidieron familiares de las víctimas.Según expresó el experto en seguridad y profesor e investigador en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey Juan Carlos Montero, todo apunta a una "confusión" entre cárteles.No obstante, recordó que los LeBarón defendieron su territorio y fueron activistas durante años, lo que podría ponerlos en especial peligro teniendo en cuenta que no recibían seguridad.LA INCÓMODA "AYUDA" DE EE.UU.La matanza adquirió una connotación binacional teniendo en cuenta que los LeBarón, originarios de Utah (EE.UU.), tenían doble nacionalidad y llegaron a México fundando la colonia en el norte de México en 1924.Este martes, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, escribió en Twitter: "Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libere la GUERRA a los cárteles de la droga".La oferta de ayuda de Trump para "involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva" tomó por sorpresa al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en plena conferencia matutina.	"Es un asunto que nos toca a nosotros atender. Al Gobierno de México, de manera independiente y haciendo valer su soberanía", dijo el mandatario mexicano.López Obrador agradeció "mucho" a Trump y a "cualquier Gobierno extranjero" que quieran "cooperar y ayudar", pero aseveró que para atender estos casos no ve necesaria "la intervención de un Gobierno extranjero".Dos días después del operativo fallido del 17 de octubre contra Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "el Chapo" Guzmán, en Culiacán, Donald Trump ya expresó su "solidaridad" a López Obrador.Además, funcionarios de ambas naciones se reunieron para acelerar un programa que permita congelar el tráfico de armas de Estados Unidos a México.Según dijo a Efe el especialista en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Javier Oliva, este suceso ha llevado a Trump a reaccionar porque refleja "que no hay capacidad de autoridades mexicanas".LA VIOLENCIA EN MÉXICOLa brutal matanza de esta familia refleja la ola de violencia que vive el país, pues según cifras oficiales hubo 25.890 asesinatos entre enero y septiembre, un 2,4 % más que en igual periodo del año anterior.De continuar así, México cerrará 2019 como el año más violento desde que comenzaron los registros pese a los esfuerzos del Ejecutivo de reforzar la seguridad y cambiar la estrategia, atendiendo, según esgrimen, a las causas del fenómeno.En este contexto, las masacres se han convertido en una fatídica realidad nacional.A mediados de octubre, en un intervalo de 24 horas, 13 agentes de la Policía estatal de Michoacán (oeste) murieron en el ataque de un grupo armado, y horas después fallecieron en Guerrero (sur) un soldado y 14 presuntos sicarios. Dos meses antes, en agosto, una matanza indiscriminada en un bar de Coatzacoalcos, oriental estado de Veracruz, terminó con una treintena de muertos.	Las protestas continúan en Bolivia tras el ultimátum de 48 horas dado a Evo Morales para que presente renuncia en protesta por supuesto fraude electoral denunciado por líderes cívicos quienes lo emplazaron para que deje el cargo y llamaron a militares a intervenir en la crisis desatada.Los bloqueos de rutas se mantienen en ciudades como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, tras 14 días de los comicios generales en el país para exigir el respeto al voto, la democracia y la renuncia del mandatario boliviano.“En un mitin multitudinario el sábado en la noche, Luis Fernando Camacho, jefe de una poderosa entidad civil de la rica región oriental de Santa Cruz, lanzó un ultimátum a Morales y le dio 48 horas de plazo para renunciar, y llamó a los militares a colocarse “al lado del pueblo””, informó la Agencia AFP.	“(Morales) tiene 48 horas para renunciar, porque el lunes a las siete de la noche (23h00 GMT) aquí mismo vamos a tomar determinaciones y vamos a garantizar de que él se vaya”, declaró Camacho ante una multitud en Santa Cruz, un bastión opositor.Camacho, líder del derechista Comité Cívico de Santa Cruz, leyó además una carta dirigida a los jefes de las Fuerzas Armadas, a quienes exhortó a “estar al lado del pueblo” en esta crisis desatada por el cuestionado triunfo electoral de Morales, en el poder desde 2006.La oposición exige la anulación de la votación del pasado 20 de octubre y la convocatoria a nuevas elecciones generales tanto para la presidencia como los cargos legislativos.Mientras, Morales denunció hace una semana que la oposición intenta derrocarlo a través de un golpe de Estado y realizó un llamado a sus seguidores a “defender la democracia y los resultados” de las elecciones pasadas.