José Luis Vinader, administrador de Acepar, confirmó a la 730 AM que solicitaron al Ministerio de Trabajo la suspensión oficial de las actividades laborales de la fábrica, por lo que unos 570 empleados quedan sin empleo. Explicó que la fábrica está parada desde diciembre del año pasado, luego de ser abandonada por la arrendataria. Los trabajadores realizaron actividades hasta noviembre y cobraron sus salarios hasta diciembre, pero desde enero de este año ya no percibieron sus haberes.El ingeniero explicó que la empresa requiere de una inversión de US$ 20 millones, aunque indicó que considera difícil que eso se concrete porque actualmente existe una encrucijada en la institución. El año pasado, las autoridades de la compañía brasileña se retiraron del país alegando la “falta de seguridad jurídica” para invertir en Paraguay, dejando cuantiosos daños económicos y el quiebre total de Acepar.	El diputado Celso Kennedy confirmó que en la sesión extraordinaria de este miércoles, la Cámara Baja analizará en el punto 10 del orden del día, la propuesta de interpelación al presidente del Indert, Horacio Torres. “Yo creo que hay votos suficientes en este momento, son demasiadas informaciones, muchas investigaciones y evidencias que van surgiendo”, dijo Kennedy en relación al supuesto esquema de corrupción que se destapó en la institución.En caso de que la iniciativa prospere, la próxima semana se convocaría a otra sesión extraordinaria, si se cumplen los plazos establecidos para el envío del cuestionario. Precisamente hoy el titular del Indert había solicitado una reunión con la Mesa Directiva de la Cámara Alta, sin embargo, no se presentó. El titular del Indert, Horacio Torres, confirmó que no presentará renuncia al cargo porque no se siente culpable del esquema de corrupción y coimas que salpica a la entidad a su cargo.El aviso lo dio el viernes pasado, durante una conferencia de prensa que él mismo convocó para denunciar irregularidades de la administración anterior, pero de donde se retiró cuando comenzaron las preguntas sobre la rosca de coimas que envuelve a la institución.Las personas aparecen involucradas dentro del esquema están Enrique Gómez de la Fuente, exdirector del Indert regional Chaco, el ex gerente de Créditos del Indert, Carlos Soler, el presidente del Indert, Horacio Torres, el ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann, mencionado en uno de los mensajes de Whatsapp y hasta el estudio jurídico Andrés Gubetich Mojoli. El destape de la olla fue posible mediante un seguimiento que realizó el Ministerio Público que entre las evidencias cuenta con mensajes de Whatsapp y hasta audios que revelaban cómo autoridades del Indert pedían dinero para solucionar “problemas” que ellos mismos creaban a un adjudicatario de tierras en el Chaco.	César Ruíz Díaz, presidente del Centro de Empresarios del Transporte de Área Metropolitana (Cetrapam), confirmó a la radio 650 AM que el próximo viernes comienza el paro transportista, a las 00:00.El empresario mencionó que en esta oportunidad solo tienen un pedido: que el Gobierno saque de circulación a las empresas que están operando de manera irregular mediante un amparo judicial.De momento no confirmó si Ucetrama se suma a la movilización, pero remarcó que el otro grupo es pequeño, por lo que no dependen de su acompañamiento.Ruíz Díaz indicó que se debe desterrar la competencia desleal que cometen actualmente tres empresas del transporte público, entre las que figura la empresa 29 de Setiembre Boquerón, de la Línea 18.“Estamos reclamando desde hace 14 años la situación irregular de algunas empresas de transporte. Son propietarios individuales que se unieron para usar el trayecto La línea 18”, dijo.En charla con la radio 800 AM, Ruíz Díaz ahondó que la jueza Maria Julia Alonso otorgó una medida cautelar a una empresa de transporte y de esta manera se genera una competencia desleal.“Estamos mal con las empresas que salen a operar cuando no tienen permiso. El Gobierno no hace el control que corresponde y se genera la informalidad. Salen estos Frankenstein del transporte sin registros”, añadió.Afirmó que estas empresas no tienen trabajadores inscriptos en el IPS, no tienen registro patronal, tampoco tributan al Estado, e incluso sus chapas no corresponden a los rodados sino que a otros automóviles pequeños. Además sus conductores tienen cerca de los 18 años, manejan con zapatilla, con teléfono celular en la mano y tomando tereré. “La justicia mete su cuchara y genera este tipo de inestabilidad. Castiga a la gente que necesita tener garantías para su traslado”, indicó y afirmó que los internos avasallan itinerarios que no le corresponden. “No nos interesa su itinerario, nosotros pedimos sus documentos, pero esta gente no los tiene”, puntualizó.	“Las necesidades que tenemos son muchas, tanto en recursos humanos como en tecnología. Hoy en día no podemos esperar a que un perito termine una causa para que comience la otra, puesto que el crimen organizado no espera y se cobra vidas”, manifestó la titular del Ministerio Público y explicó que necesitan recuperar los G. 51.000 millones que fueron recortados desde el 2015. Agregó que solicitarán un aumento salarial de G. 700.000 para todos los funcionarios, lo que representaría aproximadamente el 10% de lo que solicitan, además, se prevé la contratación de 100 nuevos fiscales. SOBRECARGADOS Y SIN PRESUPUESTOActualmente, el presupuesto del Ministerio Público alcanza solamente para atender 170.000 causas, pero se procesan 290.000 causas en un año. Según las cifras oficiales, se trabaja sin recursos en 120.000 procesos. “Todo pasa por la Fiscalía, somos nosotros los que tenemos que solicitar todo. El inicio de la investigación, los allanamientos y esto no se produce inmediatamente. El fiscal tiene que estar en todo”, declaró Quiñónez. De acuerdo con los datos de la Fiscalía, la Unidad Especializada en la Lucha contra el Crimen Organizado cuenta sólo con tres fiscales para todo el país, de los cuales dos también como agentes antidrogas. Por otro lado, Delitos Económicos cuenta sólo con 11 fiscales para todo el territorio nacional y apenas cuatro peritos para atender toda las causas de enriquecimiento ilícito y tasaciones. En lo que hace a psicólogos, la Fiscalía cuenta con 60 profesionales para los 200.000 procesos y para evaluación de agresores están contratados seis que deben dar cobertura a todo el país.