Se trata de unas 224 mil hectáreas ubicadas entre los departamentos de Concepción y Amambay expropiadas por ley N° 517 del año 1995. De ese total solo 42.945 hectáreas pudieron destinar a colonias campesinas; 103.018 hectáreas fueron declaradas reserva natural; mientras que 79.096 hectáreas son explotadas irregularmente. De acuerdo a los registros de contabilidad del INDERT a los que accedió el equipo de la Caja Negra, se procedió al desembolso, en tiempo récord y sin medidas judiciales de por medio, de 3 pagos en total a favor de la empresa vinculada a la familia Antebi. El primer pago se registró el 27 de noviembre de 2018 por un total de Gs 22.999.999.997. En los registros consta que el pago se efectuó a favor de la firma Comercial e Inmobiliaria Paraguayo Argentina S.A. de Roberto Antebi, en concepto de pago parcial de intereses anuales devengados y vencidos.Apenas 6 meses después, el 27 de mayo de 2019, el titular del INDERT ordena otro pago en el mismo concepto. Se liberan Gs 11.000.000.000 por intereses devengados y vencidos del saldo adeudado por el Estado del precio de expropiación de las tierras de Antebi. Posteriormente, dos meses después, el 27 de julio de 2019, se ordena el tercer desembolso por valor de Gs 11.000.000.000 también por el mismo concepto. En total la firmada vinculada al empresario Roberto Antebi cobró la suma Gs 44 mil millones que al cambio actual equivalen a casi US$ 7 millones de dólares. El presupuesto del INDERT, de este año, para la compra de tierras fue prácticamente utilizado para pagar los intereses vencidos de Antebi. El presupuesto para este año en ese rubro (compra de tierras) era de 57 mil millones sin embargo solo se ejecutaron los pagos de mayo y julio por un total de Gs 22 mil millones solo para saldar la deuda por los intereses vencidos “adeudados” al empresario.El empresario Roberto Antebi y su hijo Alberto Antebi Duarte mantienen conocidos vínculos de amistad con el Ministro Rodolfo Friedmann. Este último acusado de manejar el INDERT a su antojo. Como si fuera un feudo de su propiedad, logró ubicar en puestos clave a sus leales y más cercanos colaboradores. El nombre del ministro saltó además en los escándalos de coima y apriete que afectan a la institución. Cuando se desempeñaba como senador, Rodolfo Friedman se encargó de impulsar y hacer lobby por la aprobación de un proyecto de ley que buscaba legalizar la ocupación ilegal de las tierras de Antebi Cué. El proyecto planteado por las propias autoridades del INDERT buscaba “formalizar” la ocupación de tierras de Antebi Cue. En aquella ocasión varios senadores entre ellos Enrique Bachetta y Enrique Riera, advirtieron que algo “olía mal” en todo ese asunto puesto que parecía que lo que pretendían los proyectistas era hacer que el Senado legalice una situación irregular, puesto que los ocupantes de esas fincas no son sujetos de la reforma agraria por lo que no correspondía concederles la propiedad de las mismas.Las sospechas apuntaban a que habría una intención por parte de los proyectistas, entre ellos Friedmann, de dar mayores beneficios al exdueño (Antebi) de las fincas, ya que recibiría más dinero en el caso de que se concretara la cesión de las mismas a sus ocupantes actuales.El 3 de mayo de este año el proyecto queda postergado sine díe y derivado a la comisión de reforma agraria del Senado. Ante esta situación, desde el INDERT, se ordenan los pagos a favor de Antebi (27 de mayo y 27 de julio) utilizando gran parte del presupuesto de la institución destinado al rubro de compra de tierras.	El abogado César Martínez, representante legal de la empresa de transporte “29 de Septiembre SRL”, cuestionó al viceministro Pedro Britos y al titular de Cetrapam, César Ruiz Díaz, por impedir la operatividad de la Línea 18, pese a que existe una orden judicial. Acusó al gremio de transportistas de querer “hacerse con el botín” del billetaje electrónico.	En entrevista con Radio La Unión, César Martínez sostuvo que actualmente la Línea 18 no se encuentra trabajando debido a “la coacción ejercida bajo engaños” por el viceministro de Transporte, Pedro Britos.El mismo culpó al funcionario estatal de desacatar una orden judicial que autoriza la circulación de los buses de la empresa de transporte 29 de Septiembre S.R.L. y de esa manera impedir la normal operatividad de los mismos.El abogado afirmó que el reclamo viene de la mano de César Ruiz Díaz, titular de Cetrapam, quien “se ha enfocado en el botín del billetaje electrónico” y que -a su criterio- impulsa esta persecución debido a que “no le dan los números”. “No tienen el soporte, el mecanismo, los aparatos ni la red para poder ejecutar el servicio”, expresó.Según Martínez, casi todas las empresas de transporte se encuentran en falta ya que poseen ómnibus que no figuran en el Viceministerio de Transporte ni se encuentran habilitados y que además también están fuera de año, pero supuestamente pese a ello poseen la protección de las autoridades. Acusó a Ruiz Díaz de tratar de congraciarse con la otra nucleación de transportistas UCETRAMA (Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana) que explota la Línea 18 “de manera paralela” (refiriéndose a la empresa Lince SRL) y que de esa forma tratan de hacerle creer al gobierno que van a ir a un paro.El letrado aseguró que si las empresas de transporte deciden ir a un paro general, tal y como	, “van a tener que asumir las consecuencias” por no prestar el servicio para el cual fueron licitados. “Lo que están haciendo es una extorsión y un amague para distraer y generar fuerza común en el gremio Cetrapam que se está queriendo hacer del botín del billetaje electrónico”, señaló.Al ser consultado sobre cómo operan los viejos buses de la Línea 18 (rojo), Martínez indicó que “si los coches estuvieran en mal estado, van a ver que se incendian como los de ellos”, haciendo referencia al siniestro que afectó a una unidad de la Línea 18 perteneciente a la empresa Lince sobre la Avda. Madame Lynch. “Estamos ante medias verdades y sobre todo ante un atropello al funcionamiento de las instituciones. Es una barbarie”, afirmó el abogado a la 800 AM.	La figura de Juan Ernesto Villamayor es la que suena en el oficialismo para ocupar el cargo de jefe de Gabinete de la Presidencia de la República. El actual ministro del Interior se encuentra a horas de su interpelación ante el Senado, donde fue convocado a responder preguntas sobre la situación actual de seguridad.	El senador Enrique Bacchetta, del movimiento Añetete, manifestó que a su criterio, el actual ministro del Interior es el posible reemplazante de Julio Ullón en la Jefatura del Gabinete Presidencial.“No puedo decir, porque no hablé con el presidente sobre eso. Presumo lo de Juan Ernesto, pero tampoco el presidente me dijo”, expresó Bacchetta en contacto con la 1020 AM.Al respecto, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, expresó que estaría en condiciones de asumir el cargo, si así Abdo Benítez le propusiera.“Si el presidente de la República dice que necesita a un componente de su equipo en una función u otra, tenemos que estar de acuerdo con eso. Por eso, coloqué la aceptación por delante, en caso de que se produzca la oferta”, manifestó.“Ya me propusieron ser senador, una persona me dijo ministro de la Corte y ahora me quieren traer el Gabinete. Esa es una posibilidad que se conversó hace mucho tiempo”, agregó Villamayor.Sobre la interpelación a la que será sometido este miércoles en el Senado, Villamayor dijo que tiene absolutamente listo su defensa con las respuestas que corresponden a su actuación al frente del Ministerio del Interior.Reafirmó que no presentará renuncia, pese a los cuestionamientos hacia su gestión. “Que reúnan los votos y que cada uno explique sus motivos y el porqué llegamos a esta situación”, concluyó.	La Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP emitió un comunicado en el que afirma que hasta el momento no se detectaron casos específicos relacionados con el uso del principio activo ondansetrón. Existen tres casos conocidos sobre las consecuencias negativas en la salud para los pacientes que recibieron la medicación, uno en una adolescente en el San Pablo, una mujer en un centro privado, ambas en estado de coma y el niño Renato Rojas que falleció en el sanatorio Migone.Aclara que se está investigando cada caso y recuerda a los profesionales de salud que tomen en cuenta las advertencias y precauciones para el uso del medicamento.Los centros asistenciales deben notificar los casos de reacciones adversas en el uso de fármacos.En contacto con Universo 970, el Doctor José Cardozo, director de Inspección y Vigilancia de Dinavisa afirmó que se verificó el caso de la paciente adolescente en el San Pablo y de otra mujer en un centro privado y que se trata de lotes diferentes del medicamento por lo que se descarta que las reacciones guarden relación con la aplicación.Lo que tampoco descarta que el efecto causado pueda ser atribuido al fármaco y lo que podría darse es una reacción de hipersensibilidad asociada a una patología de base.“Se siguen estudiando, estamos analizando desde el punto e vista de Vigilancia Sanitaria”, agregó.Explicó que en el caso del San Pablo, se dio ingreso a 1000 ampollas y ya fueron utilizadas 893 por lo que si fuese el producto se tendrían muchos más casos debido a su utilización. La misma recomendación sacó el IPS días atrás, a través de un comunicado dirigido a los profesionales médicos.