Consultado si existen legisladores paraguayos que los ayudan, Zavala contestó: “Yo creo que sí, fíjense quiénes son los que firmaron los certificados médicos, cómo están qué defienden”. Evitó dar nombres pero sus expresiones hacen referencia a los senadores luguistas Esperanza Martinez y Jorge Querey, médicos que habían emitido informes sobre las supuestas torturas, de los buscados por la justicia. Hace unos días Fernando Lugo compartió en su cuenta de Twitter la visita que realizó la semana pasada al Uruguay, donde se reunió con el expresidente José “Pepe” Mujica” y con la actual vicepresidenta, Lucía Topolansky. En el tweet, Lugo describió a Mujica como un “enorme referente de lucha” de América.Este episodio es citado por algunos legisladores como muestra de que Lugo es un referente de peso en el ámbito de la izquierda regional, la cual es señalada como gestores para que Arróm, Martí y Colmán estén ahora en Finlandia. Tras la confirmación de la salida “lícita” de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán del Montevideo, mediante el refugio que les otorgó el Uruguay el viernes pasado, pero cuya noticia trascendió recién anoche cuando los tres ya se marcharon de tierras charrúas, varias son las preguntas que surgen sobre la manera en que los tres prófugos de la justicia paraguaya lograron que todo les salga a pedir de boca hasta el punto de ir a vivir a un país de primer mundo.El documento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que les permitió libre tránsito hasta llegar a Finlandia, sin importar que sean buscados por un secuestro, la cédula de identidad finlandesa que obtuvo Colmán, el dinero suficiente para financiarse un costoso viaje y también solventarse una nueva vida en un país extranjero, son los “logros” que alcanzaron los tres secuestradores para burlar a la justicia de Paraguay.Al respecto, el senador Fidel Zavala no dudó en afirmar que todo esto es una muestra de la fuerza y las conexiones internacionales que poseen los tres, a tal punto de conseguir levantar un código rojo de la Interpol.	Rubén Lisboa, abogado de Anuncio Martí, Juan Arrom y Víctor Colmán, indicó que los tres nunca perdieron el estatus de refugiados que le fue otorgado por el alto comisionado de las Naciones Unidas. Indicó que el Gobierno mezcló las informaciones al asegurar que iban a volver al país, ya que la propia ley impide que regresen al sitio donde supuestamente fueron torturados.	El abogado Rubén Lisboa confirmó a radio Cáritas que Anuncio Martí, Juan Arrom y Víctor Colmán están en camino a Finlandia, tras salir de Uruguay y hacer una parada en Madrid, España. Alegó que optaron por ese destino porque el país vecino tiene buenas relaciones con el europeo mencionado.“Ellos nunca perdieron el estatus de refugiados políticos. Los refugiados no quieren volver al Paraguay porque fueron torturados. No hay motivos para levantar el estatus de refugiados político. Aquí (en Paraguay) hubo tortura, la tortura existió. Jamás perdieron el estatus político que les dieron las Naciones Unidas. Acá se aplicó y se cumplió el derecho internacional, es todo lo que se hizo”, dijo.Martí, Arrom y Colmán tenían un documento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que les permite el tránsito libre hasta su destino. “No fue un error de Paraguay, considero que se aplicó la regla y el derecho internacional. Nunca les van a traer a donde sufrieron torturas”, remarcó en entrevista con la radio 800 AM. Justificó que dicho estatus fue conseguido a raíz de que Paraguay no investigó como correspondía la denuncia de tortura, es más, hasta la fecha sigue abierta esa causa.Lisboa indicó que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) menciona que no se comprobó que el Estado paraguayo haya ordenado o realizado la tortura denunciada, pero que no rechaza que haya existido la tortura en sí.El abogado explicó que la ley es clara: no se puede traer al país donde habría ocurrido el hecho de tortura, sino que, en el caso de perder el estatus de refugiados, los connacionales deben ser enviados a un tercer país. “El Gobierno y los expertos están mezclando todo. Hoy están trinando porque se aplicó la Ley, siendo que ellos mismos fueron a aceptar a las Naciones Unidas el tratado de los refugiados políticos”, aseguró.PARAGUAY, CON BRAZOS CRUZADOSPor su parte, Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales, indicó a la radio Universo 970 AM que no se trató de una fuga de los prófugos de la justicia paraguaya, sino que fue una salida natural bajo todos los procedimientos legales.“Naturalmente abandonaron el país (Uruguay) y fueron hasta España con documentos de Finlandia. El Control de Ficheros de la Interpol decidió de forma unilateral levantar el Código Rojo”, indicó.Doldán coincidió que Uruguay y Finlandia mantienen relaciones muy estrechas, y que por ese motivo el segundo país fue el elegido por los criminales prófugos. ”Los abogados contratados por el Estado Paraguayo, en ningún momento se contactaron con nosotros. No tuvimos ningún reporte de ellos. Ellos (los secuestradores) estaban viajando con una protección internacional. Poco y nada podemos hacer contra eso”, puntualizó.	Fotos: Fernando RiverosEs un día caluroso. El asfalto quema. A pesar de ello, varios niños y niñas, a fuerza de su realidad, trabajan en las calles ubicadas en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Asunción (TOA), la entrada terrestre a la capital del país. El lugar, a decir de los propios funcionarios, es un depósito de indigentes, muchos de ellos niños que andan desabrigados, descalzos y totalmente desprotegidos.Un poco más al fondo, existe otra realidad, una que contrasta con la anterior. Se trata de un pequeño espacio, que casi pasa desapercibido, pero donde se realiza una enorme labor: enseñar a los niños en situación de calle, en su mayoría, indígenas.La tarea es llevada adelante por la oenegé Callescuela, cuyos tutores voluntarios enseñan a niños en una furgoneta montada como aula móvil. La misma fue donada por Plan International Paraguay tras el incendio del 2017 en la TOA, que acabó con la dependencia de la organización ubicada en el segundo piso del edificio. Allí se perdieron cajitas de ahorro, cuadernos y demás enseres.Arcadio González Notario (32) irrumpe con recato la presencia del equipo de La Nación y cuenta que está relatando su experiencia a los niños de Callescuela para retribuir los años que la organización invirtió en su educación, puesto que gracias al proceso este año él podrá recibir un título universitario en Administración de Negocios.Desde los 10 años Arcadio tuvo que salir a trabajar para contribuir con la economía familiar, pero lo hizo sin descuidar el aprendizaje. Por la mañana dedicaba su tiempo a su labor de lustrabotas e incluso llegó a organizar una asociación con colegas.“Empecé de chico a ser lustrabotas, tenía que ayudar a mi mamá. Tuve muchos tropiezos económicos. Me esforzaba para comprar libros”, relata y agrega que estudia becado en la Junta de Gobierno (ANR), que tiene un convenio con una universidad privada, por lo que le exoneran un 50% el costo de matriculación para la licenciatura. “Vale la pena sacrificarse, porque sin estudio no se sale adelante”, reflexiona y lamenta ver a la noche a “niños trabajando en la calle, algunos explotados y desprotegidos ante la inseguridad en la zona de la TOA”.REFUGIO Y CONTENCIÓNCallescuela educa a niños y niñas en situación de calle desde hace 35 años y en lugar de marginarlos y estigmatizarlos, actualmente asiste a más de 50, todos en edad escolar.“Es un espacio de contención. Le brindamos alimentación y educación a niños de pueblos indígenas. Ellos vienen con sus madres artesanas. También hacemos cobertura con niños en situación de consumo. Somos seis educadores y trabajamos en espacios públicos y comunitarios en un horario que va de 6 a 4 de la tarde en la TOA. En el Mercado de Abasto estamos de 9 a 5 de la tarde. Hay chicos con doble escolaridad y vienen a hacer su refuerzo escolar o a participar de talleres de derecho”, explica uno de los educadores, Sergio Guillén.“Las profesoras enseñan Matemáticas, Comunicación, Ciencias. Son los que menos tiempo tienen en su casa para poder realizar una tarea. Ellos vienen a trabajar desde temprano. Vienen desde los 7 años hasta los 18 inclusive”, agrega Guillén.En el caso de los niños que caen en el consumo de drogas, Eduardo Sosa, director de Protección del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), menciona que los mismos son trasladados para su rehabilitación en los dispositivos de la cartera estatal. “Ninguno es reinsertado en sus comunidades, los que están en situación de consumo son discriminados en sus comunidades. La reinserción se hace recién cuando dejan de consumir”, añade.DERECHOS DE PROTECCIÓN“La realidad es que los niños están trabajando en calles y muchos otros espacios que son más invisibles, y necesitan ser protegidos o separados de esa condición de explotación”, sostiene Norma Duarte, del Comité Directivo de Callescuela.Agrega que si bien el trabajo es una actividad que dignifica y colabora en la solidaridad con la familia, las condiciones en las que se da hoy día, tanto en niños como adultos, son malas y es por ello que se necesitan programas de protección. “En el campo el niño trabaja y colabora con la familia, está protegido y no existe esa paradoja. Que los niños trabajen o no es debatible. Lo que no se debe permitir es la condición de explotación y que no les permita el desarrollo integral”, explica.Por su parte, Sosa menciona que los derechos están consagrados en la Ley 1680/2001. El artículo 53 garantiza la protección de la salud, libertad, educación; incluso, en el inciso d está estipulado el acceso y la asistencia a la escuela en turnos compatibles con sus intereses y atendiendo a sus particularidades locales.En lo que a protección refiere, el Código Penal Paraguayo dice, en su artículo 226, que la falta del deber al cuidado está penado con pena privativa de hasta tres años o con multa para padres o tutores. El Código de Niñez también habla de la protección del Estado, en su artículo 25, señala que “el niño y el adolescente tienen derecho a estar protegidos contra toda forma de explotación y contra el desempeño de cualquier actividad que pueda ser peligrosa o entorpezca su educación, o sea nociva para su salud o para su desarrollo armónico e integral”. Sin embargo, a decir de Duarte, hoy día muchos niños deben trabajar para acceder a sus derechos, para acceder a educación y salud, para estar protegidos.El registro de datos de los adolescentes que trabajan, por ley, es atribución de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni), que debe proveer a los mismos una constancia en la que se consignen los datos laborales, al igual que a la autoridad regional del Trabajo, a fin de controlar el cumplimiento de las normas de protección correspondientes.“Tratamos de concienciar sobre políticas de protección y sobre la necesidad de ampliar el presupuesto. La Municipalidad, a través de la Dirección de Niñez y Adolescencia, brinda alimentación para esos niños, es un espacio de ayuda pedagógica, visualizamos una política de protección integral para ellos”, agrega la directora de Niñez y Adolescencia de la Codeni, Nilda Mellid.ABANDONO A PUEBLOS INDÍGENASEn la TOA convergen distintas parcialidades: Mbya, que son nómadas; maká, nivaclé, mbya guaraní, ava guaraní. Los nivaclé y maká trabajan vendiendo artesanías dentro de la Terminal.El Instituto Paraguayo Del Indígena (Indi) debería velar por sus derechos, pero desde el ente alegan que solo regulan leyes y acompañan a los pueblos indígenas en torno a la situación de sus tierras. Sostienen que no trabajan con niños y niñas. Otras instituciones suelen cuestionar la ausencia del Indi durante allanamientos realizados ante hechos de vulneración de sus derechos. Además, cuestionan la no ejecución del presupuesto social destinado al sector, el más vulnerable. “Como institución tratamos de dar albergue humanitario a estos niños, el alcance pasa por el Indi, institución que rige los derechos humanos de los nativos indígenas. No olvidemos que ellos tienen una legislación especial inclusive. Paraguay puede someterse a castigos internacionales si infringe los acuerdos, convenios y leyes. La enfermedad es mucho más grave, es la desigualdad, la injusticia social, la falta de políticas públicas incluyentes”, evalúa el intendente de Asunción, Mario Ferreiro.