Según planilla pro­veída a través de la Unidad de Transpa­rencia, el ministro de Urba­nismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Dany Durand, llevó a 48 nuevos funcio­narios a la institución, de los cuales un poco más de 30 fueron incorporados por vía de la excepción, es decir sin concurso de méritos, y el resto es comisionado.	rossana.escobar@gruponacion.com.pyDurand no realizó un solo concurso de méritos en su repartija de cargos y se valió de la vía de la excep­ción para evadir este pro­ceso de selección.En la lista figuran varios seguidos del movimiento colorado oficialista. Así también, en la nómina de incorporados aparece el animador infantil Nelson Godoy, más conocido como “Cebollita”.“Cebollita” era parte del staff del programa infantil “El Sueño Mágico de Bibi”, producido por el ahora ministro de Vivienda, Dany Durand. Según informe oficial, el artista se ubicó en la dependencia de la Unidad de Transparencia y en el portal institucional figura con un sueldo de G. 4 millones.	Desde la Función Pública confirmaron que los de talla baja están incluidos en el grupo de personas con discapacidad; sin embargo, en el Ministerio de Urba­nismo, Vivienda y Hábitat las incorporaciones de este tipo se realizaron vía con­curso de méritos. Es más, en la administración anterior, algunos discapacitados que eran contratados y que lle­van varios años en la ins­titución tuvieron que con­cursar internamente para que se les nombre.En la Función Pública seña­laron: “Tiene que certificar discapacidad física e inte­lectual”, y esto debe expe­dir la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Disca­pacidad (Senadis).Durand también ubicó en el MUVH a un ex empleado de su cuestionada firma Moci­par de nombre Héctor Far­fal. El hombre, de naciona­lidad argentina, se ubicó en el departamento de trans­porte, según el informe de transparencia.José Daniel Escobar, de la seccional 36 capital; Mélida Mena, política identificada con el Unace, entre otros, son parte de los comisio­nados que llevó Durand al MUVH.TAMBIÉN LLEVÓ A “COMPRANOTAS” DE LA CATÓLICA	Durand contrató al joven cono­cido como el “compranotas” de la Universidad Católica, Car­los Schreiber, y lo ubicó como “procurador técnico” por vía de la excepción; es decir, sin con­curso. En la nómina figura con un sueldo de G. 4 millones.Cabe recordar que Schreiber fue uno de los expulsados de la Uni­versidad Católica por el escán­dalo de la compra de notas en Derecho y en el 2015 comenzó a activar en política postulándose como presidente a seccional.LA HERMANA DE MARLY CON SUELDO DE G. 4 MILLONESPaola Noemí Figueredo, hermana de la influ­yente Marly Figueredo, esposa del ex goberna­dor Rodolfo Friedmann, es otra de las privilegia­das con contrato en el MUVH. Su caso había desatado la indignación de la ciudadanía porque ingresó sin concurso de méritos a la institución.Durand había alegado que la señorita “fue seleccionada entre cuatro postulantes”. Sin embargo, el ministro solicitó su contratación por vía de la excepción y no se visualiza ningún concurso con otras postulantes.Según lo publicado en el portal del MUVH, el sueldo de Paola es de G. 4 millones.COMISIONADA PARA “COORDINAR ATENCIÓN AL PÚBLICO”Un caso llamativo de comisionamiento es el de Mónica Sofía Mora­les Quintana, funcionaria de la Cámara de Diputa­dos que figura en la lista de enviados al MUVH. La misma aparece como “coor­dinadora de Atención al Público”.La joven de 34 años, comisionada para “coor­dinar” las atenciones al público, además de su sueldo de G. 3.100.000 en Diputados, cobra en el MUVH G. 8.210.000 en concepto de “diferencia salarial y responsabilidad en el cargo”.Quisimos saber la versión del ministro sobre la canti­dad de gente que llevó a la institución, en su mayoría como “técnico de apoyo”, pero el mismo alegó que se encuentra “de viaje”.	El exgobernador de Guairá Ramón “Bubi” Lichi (Colorado Añe­tete) aparentemente es un planillero en la Entidad Bina­cional Yacyretá (EBY). Fue contratado en noviembre del 2018 para prestar servicios en el área de Coordinación Social en la sede de Ayolas, con un salario que supera los G. 13 millones. Sin embargo, en dicha institución nadie lo conoce, ni siquiera en el departamento de Recursos Humanos.	lourdes.pintos@gruponacion.com.pyDe acuerdo a la nómina de funcionarios del ente, correspondiente a este año (2019), Lichi ingresó el 6 de noviembre del 2018 con un sueldo mensual de G. 12.720.000. A esto se le suman G. 297.300 en con­cepto de asignación fami­liar, totalizando la suma de G. 13.017.300.El horario que debería cum­plir es de 7:00 a 15:30, pero nunca se lo vio por las ofici­nas. Según nuestra fuente, el ex gobernador logró “ubi­carse” en la EBY y así alzarse con el elevado sueldo única­mente por cuestiones políti­cas, ya que sería muy amigo del senador y ex gobernador de Guairá Rodolfo Fried­mann, también de su mismo movimiento.Según la resolución en la que el titular de la binacio­nal, Nicanor Duarte Frutos, aprueba su contratación, la misma es por un período de doce meses, pero llamati­vamente el documento no cuenta con fecha de emi­sión, lo que hace suponer que su “estadía” en la plani­lla de colaboradores podría incluso extenderse.En contacto telefónico con el departamento de Recursos Humanos de la institución en cuestión, la encargada de brindar las informaciones señaló que efectivamente Lichi figura en su sistema como funcionario del área de Coordinación Social, como ya lo señalamos ini­cialmente. Sin embargo, la mujer manifestó que no lo conocía personalmente.Una vez más se intentó loca­lizarlo, pero ya en su respec­tiva sección. Esta vez tam­bién se corrió con la misma suerte porque los funciona­rios que se supone serían sus compañeros de área ni siquiera habían escuchado su nombre en el lugar.“SOY COMISIONADO”El equipo periodístico de La Nación se puso en contacto con el ex gobernador en el horario en que se suponía debería estar por las ofici­nas de la EBY, pero como era de suponerse no estaba en el lugar. Su argumento fue que él está comisionado en la Municipalidad de Félix Pérez Cardozo y coinciden­temente en el área de Coor­dinación Social, la misma que le corresponde en la binacional y con el mismo horario de oficina, de 7:00 a 15:00.Al ser consultado acerca de las funciones que realiza como coordinador, superado por los nervios del momento cortó la comunicación.La Nación nuevamente con­tactó con el departamento de Recursos Humanos de Yacyretá para corroborar la versión dada por Lichi, pero ellos negaron que el mismo esté comisionado en otra institución. Otro dato no menos impor­tante es que en la nómina de funcionarios de la Munici­palidad de Félix Pérez Car­dozo correspondiente al mes de enero de este año no apa­recen los datos de “Bubi” Lichi. Todas estas irregu­laridades no hacen más que confirmar que efectiva­mente estaríamos frente a un nuevo caso de supuesto planillerismo dentro de una institución estatal.	POR PERIODISTA JORGE TORRESPara tener una idea del gran negocio mon­tado en esos años con los fondos de la Itaipú Bina­cional, que estaba en manos de Víctor Bernal Garay, según registros, solo en el 2007 en materia de publicidad la margen paraguaya de la binacio­nal había gastado un total de US$ 16.455.039, que repre­sentan unos G. 98.730 millo­nes al cambio de hoy.Los gastos fueron utilizados para someter a la prensa con montos que no se compade­cían con verdaderos costos publicitarios de ese entonces. Ese año, la empresa Sistema Siete percibió de la binacional un total de G. 9.116 millones.Cabe mencionar que la misma empresa publicitaria, durante las internas coloradas, tuvo a su cargo la campaña elec­toral de la candidata oficialista de ese entonces, Blanca Ovelar de Duarte, quien luego compitió en las generales con Fernando Lugo. Algunos reportes periodís­ticos de la época (Abc Color, 10-09-2008) indican ade­más que en el 2008, en plena etapa electoral, la publicita­ria Sistema Siete facturó a Itaipú unos G. 2.070 millones, de los cuales 1.708 millones de guaraníes figuran haber sido pagados en concepto de impresión, pasacalles, quepis, camisetas, afiches y giganto­grafías, supuestamente en el marco de la campaña contra el dengue y la fiebre amari­lla. Las localidades donde supuestamente se hicieron estas campañas correspon­den al interior, en lugares como Santa Rosa, Carayaó, Minga Guazú, etc.Asimismo, entre el 2005 y el 2006, la publicitaria Sis­tema Siete cobró G. 2.618 millones de la Itaipú Bina­cional en varios conceptos, de acuerdo a los documentos hallados durante un procedi­miento de la Fiscalía, en el que fueron decomisadas varias cajas con papeles de un vehí­culo de la Itaipú Binacional que se trasladaba de Asunción a Hernandarias.Si bien Nicanor se cuidó muy bien de no aparecer en la conformación de la socie­dad anónima, lo hicieron dos empresarios, uno de ellos muy allegado a él, José Ángel Soto Barreto. Este fue el hom­bre clave en los negocios del mandatario, ya que además de compadre y compueblano de Duarte Frutos, trabajó como despachante adua­nero de Petropar, donde fac­turó millones.Durante la campaña electo­ral en el 2002, Duarte Fru­tos había declarado en una entrevista que tenía “una pequeña empresa” dedicada al “marketing, consultoría, publicidad y servicios gene­rales”; se trataba de la misma empresa que luego se deno­minó Sistema Siete, aunque con otros accionistas, pero cercanos a él.INVESTIGACIÓN Y EVASIÓN FISCALLa Unidad Especializada en Delitos Económicos de la Fiscalía había iniciado una investigación sobre el uso de fondos sociales de Itaipú en la era Nicanor, que inicialmente estuvo a cargo de Gustavo Gamba Paredes, pero luego fue apartado y asumió en su reemplazo Humberto Otazú.Según los documentos incautados por el Ministe­rio Público, los desembolsos hechos a la citada publicita­ria fueron por los servicios de creatividad, ploteado de vehículos policiales, impre­sión de remeras, avisos y hasta publicidades en para­das de buses. Según las pes­quisas, Sistema Siete fue una de las cuatro empresas que organizaron la campaña colorada a cuenta de la Itaipú y que facturaron en su con­junto a la binacional, bajo la administración de Víc­tor Bernal, más de US$ 4,7 millones.La mayoría de los pagos era a través del sistema de adquisi­ción directa con el que, según los valores establecidos por la Resolución del Consejo de Administración Nº RCA-005/03 del 9 de mayo del 2003, se podían transferir hasta 50 mil dólares.Por si fuera poco, la empresa Sistema Siete también fue sometida a una fiscalización impositiva, en la que se con­cluyó que la empresa adeu­daba al fisco G. 1.391.599.236 por impuestos no pagados y multas entre el 2006 y el 2008. Sistema Siete pidió una reconsideración y se sometió a un sumario requerido por el fiscal Sergio Alegre (el mismo que jugaba fútbol con Nica­nor en Mburuvicha Róga), quien concluyó que la diferencia entre lo declarado ante Hacienda y los documentos exhibidos por Sistema Siete fueron de aproximadamente G. 190 millones. Durante los años de admi­nistración del ex presidente Duarte Frutos, la citada empresa acaparó la coloca­ción de anuncios publicitarios de entidades estatales, espe­cialmente de las binacionales Itaipú y Yacyretá.	El expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, fue denunciado por Héctor Lacognata, quien fuera canciller nacional en el gobierno de Fernando Lugo, de haber comprado un departamento para uno de sus hijos en Buenos Aires con dinero desviado del consulado paraguayo en la capital Argentina, según se desprende de una auditoría interna. Duarte Frutos nombró a su exchofer Domingo Arzamendia como cónsul general en Buenos Aires. El hombre quien falleció en el 2015, fue condenado a siete años de cárcel por varios delitos que habría cometido durante el tiempo que ocupó el cargo, entre el 2005 y el 2008.	A partir de la denuncia penal que había formulado el exministro de Relaciones Exteriores, Héctor Lacognata, (2009) basado en el resultado de un informe de auditoría practicada al consulado paraguayo en Buenos Aires, durante el ejercicio 2005-2008, la justicia condenó a siete años de cárcel a Domingo Arzamendia, quien había sido nombrado por Nicanor Duarte Frutos como cónsul general en la capital Argentina.Arzamendia, quien falleció el 7 de octubre de 2015, antes de ser nombrado como cónsul se desempeñaba como chofer del expresidente Duarte Frutos, y era considerado uno de sus hombres de confianza, al punto que le asignó la tarea de protección de no de sus hijos que estaba estudiando en Buenos Aires, al tiempo de ejercer su cargo como cónsul.La Cancillería nacional, a cargo de Lacognata había denunciado el 22 de mayo de 2009 ante la Fiscalía de Delitos Económicos que bajo la administración del entonces cónsul general paraguayo en Buenos Aires, Domingo Arzamendia, se produjeron diferentes delitos y daño patrimonial al Estado paraguayo por cerca de los US$ 800.000.	LA ACUSACION CONTRA NICANOR De acuerdo a las publicaciones periodísticas de la época (ABC 26/10/09), la denuncia de la Cancillería solo involucró a Arzamendia, pero el entonces canciller Lacognata declaró públicamente que con dinero del consulado en Buenos Aires, el ex presidente Duarte Frutos compró para su familia un departamento en la capital argentina. A eso se suma que uno de los hijos mayores de Nicanor estaba estudiando una carrera universitaria en Buenos Aires y Arzamendia era uno de sus custodios personales. El excanciller puntualizó que "Nicanor tendrá que hablar y mucho cuando aparezcan imputaciones sobre fraude en diferentes consulados y, en particular, en Buenos Aires, donde se beneficiaron él y su hijo. No quiero dar datos que puedan entorpecer la investigación, pero hay suficiente documentación de que parte de la recaudación iba a pasajes del hijo (de Nicanor), se compró un departamento en Buenos Aires. Esas son las cosas que tienen que preocupar a Nicanor cuando está frente a un micrófono", había declarado el entonces ministro de Relaciones Exteriores.CASOS DE PLANILLERISMOLa auditoría al consulado de Buenos Aires detectó también que se encontraron ocho nombres de funcionarios que figuran en la nómina de contratados temporales con registros de asistencia irregular a su lugar de trabajo. Esto significó para el Estado un impacto negativo de US$ 339.500.En el 2013, el Tribunal de Sentencia, integrado por Lourdes Peña, Manuel Aguirre y Rosarito Montanía, llegó a condenar a Arzamendia por exacción, estafa, uso de documentos no auténticos, utilización de marcas de valor no auténticos, excluyéndose la extorsión que no fue comprobada. El perjuicio que había generado el ex cónsul alcanzó la suma de US$ 538.000.Arzamendia declaró falsamente ante la Dirección General de Administración y Finanzas de Relaciones Exteriores que contrató a nueve personas, que son Maura Figari, Sabino Mereles, Teodolina Flor, Gilberto Quiñónez, Grisell Gill, Apolonia López, Isaac Rojas, Barcilicia Candia y Alfredo Roa.Las citadas personas supuestamente fueron contratadas para prestar servicios en la sede diplomática a su cargo y bajo su supervisión. En ese contexto, recibía mensualmente los cheques correspondientes a los pagos de haberes de las citadas personas. Sin embargo, estos contratados nunca prestaron servicio en la sede del Consulado. Arzamendia se quedaba con todos los cheques que llegaban al Consulado desde el 2005 al 2008, totalizando US$ 421.814. De acuerdo a las conclusiones del informe de auditoría, pero que no llegaron a demostrarse en el juicio, Arzamendia habría realizado todas estas operaciones por orden director del entonces presidente de la República, por ello también la contundencia en las declaraciones de Lacognata al señalar que Duarte Frutos compró hasta un departamento y pagó los viajes de su hijo con fondos del consulado.