Teodolina Villalba y Marcial Gómez, principales dirigentes de la Federación Nacional Campesina (FNC), brindaron una conferencia de prensa esta tarde en la Plaza O’Leary del microcentro de Asunción.Durante la convocatoria confirmaron el levantamiento de la movilización campesina que había sido anunciada la semana pasada y cuyo inicio se concretó ayer lunes en distintos puntos del interior del país.Gómez agradeció el acompañamiento y la adhesión de los labriegos para estas manifestaciones pacíficas, sobre todo por sumarse al reclamo contra los desalojos de tierra y la defensa de los asentamientos y territorios campesinos e indígenas.Según manifestó, el gobierno de Mario Abdo Benítez se está equivocando de camino al recurrir a las represiones violentas contra las necesidades del pueblo, esto refiriéndose a los acontecimientos registrados semanas atrás en las que varios manifestantes que realizaban cierres de ruta fueron reprimidos por la Policía Nacional.“Al problema de tierra tenemos que darle una salida en nuestro país para que haya un desarrollo nacional”, expresó el dirigente de la FNC, quien reiteró el hartazgo que existe hacia los “politiqueros”, quienes una vez más quisieron “llevar agua a su molino” y sacar rédito de estas protestas campesinas.Finalmente, catalogó como exitosa la movilización realizada ya que lograron el objetivo de poner en el debate nacional la problemática de la concentración de tierras por parte de los llamados “latifundistas”. Instó al campesinado, a las comunidades indígenas y al pueblo en general a que se puedan fortalecer en sus asentamientos para poder resistir y defender sus respectivos territorios.	El parlamentario liberal, Eusebio Ramón Ayala, se refirió al caso del ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dany Durand y sostuvo que siendo accionista de una empresa y eso se enmarca dentro del ámbito de atribuciones, hay un “claro conflicto de intereses”.Resaltó además la incompatibilidad existente al ejercer un cargo dentro del Gobierno y al mismo tiempo dedicarse al comercio, la industria o alguna actividad profesional. “No debería ser ministro, o no debería tener las acciones. Hay claramente conflictos de intereses, sin lugar a dudas”, dijo Ayala en comunicación con Universo 970 AM.El parlamentario indicó que esta situación, como mínimo, puede configurarse como mal desempeño de funciones, atendiendo a la posibilidad de beneficiar a las empresas que trabajan con su mismo Ministerio.A criterio del senador, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, debería tomar medidas al enterarse del caso. Mencionó como otras alternativas a la interpelación o un juicio político. “Raya con lo delictual, si se comprueba todo esto”, agregó.Esta martes, al intentar defenderse del informe de la Contraloría por inconsistencias en su declaración jurada de bienes, Durand	que hizo un aporte de capital de 1.000 millones de guaraníes a sus empresas Cristal Créditos SA e Inmobiliaria Atenas.LO QUE DICE LA LEYArtículo 241.- DE LOS REQUISITOS, DE LAS INCOMPATIBILIDADES Y DE LAS INMUNIDADESPara ser Ministro se exigen los mismos requisitos que para el cargo de Diputado. Tienen, además, iguales compatibilidades que las establecidas para el Presidente de la República, salvo el ejercicio de la docencia. No pueden ser privados de su libertad, excepto en los casos previstos para los miembros del Congreso.Artículo 237.- DE LAS INCOMPATIBILIDADES. El Presidente de la República y el Vicepresidente no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones.	El actual ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Petta, fue objeto de una demanda por prestación alimentaria. Lo llamativo del caso es que el mismo brindó detalles incompletos sobre su salario mensual y, además, logró beneficiarse con una resolución “a medida” para abonar el monto exacto que había planteado y no lo que la parte demandante solicitó inicialmente.	Una serie de documentos facilitados a nuestra redacción confirman que en abril de este año fue presentada una demanda por prestación alimenticia en la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, contra el ministro Eduardo Petta San Martín.De acuerdo al texto, la demandante (cuyos datos son omitidos para preservar el derecho a la privacidad e intimidad) solicitó al titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) que se haga cargo de los gastos del hijo que ambos tienen en común, sobre todo para la cobertura de vestimenta, tratamiento médico y odontológico, estudios secundarios, entre otros.Posterior a presentarse el caso, el Juzgado en lo Civil de la Niñez y la Adolescencia del Segundo Turno Secretaría Nº 4 de la Tercera Circunscripción Judicial decidió hacer lugar a la demanda por asistencia alimentaria promovida contra el titular de la cartera de Estado.En principio, la mujer exigió a Petta la suma de G. 7.375.000 en concepto de cuota alimentaria, esto considerando el salario que percibe actualmente. Según manifestó, la suma de G. 1.500.000 que venía depositando el ministro en la cuenta bancaria hoy día resulta insuficiente para cubrir los gastos del niño.Según puede apreciarse en uno de los párrafos, el ministro de Educación había indicado que percibe un salario mensual de G. 25.151.200, del cual se le descuenta la suma de G. 8.849.207 desde julio de 2018 en concepto de aporte jubilatorio.En este caso, el monto que el titular del MEC informó al juzgado no es el definitivo ya que sólo comprende su salario básico, sin incluir gastos de representación, bonificaciones y otros conceptos extra propios del cargo que desempeña en la función pública.La Jueza de la Niñez y la Adolescencia que tuvo a su cargo atender este caso es Nilsa Monzón de Sarquis. En su dictamen resolutivo, la misma ordenó abonar exactamente el monto que había sido ofrecido por el ministro Petta, sin dar cabida a las exigencias planteadas por la parte demandante.En tal sentido, se puede leer en el documento que el titular del MEC deberá abonar de manera mensual en concepto de prestación alimentaria el importe de G. 1.500.000, monto que irá incrementando automática y proporcionalmente conforme a los aumentos salariales. Dicho dinero deberá ser depositado en una cuenta bancaria.La resolución también obliga a Petta a realizar un “refuerzo” de G. 1.000.000 al comienzo del año lectivo con el fin de adquirir vestimentas y útiles escolares para el niño, así como otro monto de G. 500.000 en junio para la compra de abrigos.De acuerdo a fuentes con las que consultó este medio, la jueza Monzón de Sarquis -quien es esposa del exdiputado itapuense Luis Alberto Sarquis- es una abogada que no llegó a tener experiencia previa en esta profesión antes de ser nombrada como magistrada. Así también, habría sido denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Según la denuncia, el ministro Petta habría ejercido presión para ser favorecido en este caso y también habría prometido ayuda a la jueza en el concurso y ante el JEM como ex miembro.	A menos de un mes de esa fecha, autoridades de la Cancillería, el Banco Central del Paraguay (BCP), la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Industria y Comercio o la Procuraduría General de la República se reunieron este martes en el Palacio de Gobierno para evaluar el plan estatal contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas.Esta evaluación de Gafilat no se centrará solo en las medidas adoptadas por el actual Gobierno, sino que analizará la efectividad de la legislación paraguaya y de sus instituciones en el combate contra los delitos financieros, contrabando o corrupción durante los últimos cuatro años.La evaluación de ese periodo de tiempo está obligando a las instituciones y organismos nacionales a “reunir todas las informaciones” y a facilitar “sus aportes y contribuciones para poder pasar este objetivo”, dijo el canciller, Antonio Rivas, a su salida de la reunión.“Se debe cumplir con todas las especificaciones y todos los mandatos que se tienen en los 40 objetivos (de Gafilat), e internalizar todas las leyes que se tienen a nivel internacional”, recordó Rivas.Rivas aclaró también que la visita de los evaluadores el próximo 18 de noviembre es solo un primer contacto, ya que la evaluación en sí se realizará en abril o mayo del próximo año y los resultados se conocerían en diciembre de 2020.Los evaluadores entregarán en noviembre unos formularios a las autoridades nacionales que deberán completar en un plazo de seis meses, a lo que seguirá una visita de las autoridades de Gafilat, que corroborarán los datos proporcionados por el país.El informe final sobre Paraguay se decidirá el 3 de diciembre de 2020, en el pleno de Gafilat, en el que también intervendrán instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial. Paraguay estuvo en la Lista Gris de países no cooperantes entre 2008 y 2012 por sus debilidades en la lucha y prevención del lavado de dinero.