de intercambio combinado “Joint Combined Exchange Training (JCET)”, con la agrupación Antinarcótica, a llevarse a cabo del 11 de marzo al 11 de abril de 2019.Los agentes estarían ingresando al país a bordo de un avión de las Fuerzas Aérea de los Estados Unidos, entre los días 9 y 10 de marzo de 2019, previendo su retorno entre el 11 y 12 de abril.Este grupo es considerado uno de los más capaces por preparación y medios en los ejércitos del mundo. Son expertos en toda clase de armamento y técnicas de combate. Reciben el mejor y más duro entrenamiento posible. Actúan en pequeños grupos, de entre dos y ocho elementos, siempre pares.Senadores como Desirée Masi, Patrick Kemper y Paraguayo Cubas solicitaron al titular del Congreso, Silvio Ovelar que se exija a la Embajada de los Estados Unidos el “mayor respeto” al Parlamento y que cuando envían tropas, también remitan los currículums de los militares a ingresar al país.	“Es mi intención incorporarme a este alto cuerpo con la finalidad de trabajar en conjunto, a los efectos de recuperar un excelente relacionamiento entre la ciudadanía y el Poder Judicial”, dijo Eugenio Giménez Rolón tras ser electo por seis votos. Como vicepresidente primero quedó el doctor Luis María Benítez Riera, mientras que como vicepresidenta segunda eligieron a Gladys Bareiro de Módica. Por ley ambos deben presidir durante un año las salas que integran En tal sentido, las salas de la máxima instancia judicial se distribuyeron de la siguiente manera:SALA CONSTITUCIONAL: Gladys Bareiro de Módica (titular), Antonio Fretes y Miryam Peña Candia.SALA CIVIL: Eugenio Jiménez Rolón (presidente), César Garay Zuccolillo y José Raúl Torres Kirmser.SALA PENAL: Luis María Benítez Riera (titular) y Manuel Ramírez Candia. El pasado martes el doctor Antonio Fretes, quien llegaba como uno de los favoritos,	y en el que se vieron involucrados dos agentes policiales.El texto señala que personal de Investigación de Delitos (Brigada Central) se encontraba realizando una “tarea investigativa” en el barrio Cañada de la ciudad de Areguá cuando divisó una furgoneta de la marca Toyota modelo Noah que circulaba “en actitud sospechosa”.Seguidamente, los efectivos intentaron verificar el vehículo pero el conductor hizo caso omiso a la voz de alto acelerando la marcha -según el documento-, hecho que habría motivado a que los mismos inicien una persecución y efectúen una serie de disparos contra el rodado en movimiento.Una vez culminada la balacera, el personal policial se percató que la furgoneta estaba siendo conducida por una	, quien manifestó que el rodado era utilizado como transporte escolar.En ese momento también pudieron notar que dos de las menores de edad que iban a bordo habían resultado heridas por los impactos de bala. Ambas niñas -una de 8 años y la otra de 11- fueron rápidamente trasladadas hasta el Hospital Central del IPS para recibir la atención médica correspondiente.El comunicado finaliza señalando que el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Walter Vázquez, ya dispuso la apertura de un sumario administrativo contra todos los intervinientes.FISCALÍA Y COMANDANTE CONFIRMAN IRREGULARIDADESSegún pudo confirmar la Fiscalía en el transcurso de las últimas horas, los agentes policiales que participaron del operativo se encontraban de civil y fuera de su horario de servicio, hecho que llama la atención de sobremanera, sobre todo por las circunstancias en las que se dio el incidente.Por su parte, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Walter Vázquez,	y explicó que el operativo consistía en la recuperación de un vehículo que había sido denunciado como robado en la ciudad de Areguá y presentaba similares características a la del transporte escolar baleado. Los supuestos involucrados son el oficial inspector Néstor Gerardo Vázquez Guerrero (33) y el suboficial Jorge Manuel Cañiza (22). Éste último	El uso de armas de fuego durante los procedimientos policiales está reglamentado y los disparos de advertencia están prohibidos ya que representan un riesgo altamente letal para terceros. Los efectivos policiales que realizaron 50 disparos contra un bus escolar hirieron a dos niñas durante un supuesto procedimiento de persecución, ambos iban de civiles y en vehículos particulares. Especialista en DDHH afirma que la institución policial debe tomar medidas de fondo ante lo ocurrido.	En el uso de la fuerza durante los procedimientos policiales está reglamentado y el uso de armas está restringido en lo relativo a los disparos de advertencia ya que estos no están permitidos bajo ninguna circunstancia, según indica el Manual de Uso de la Fuerza de la Policía Nacional.El acto en el que estuvieron involucrados dos policías que iban de civil en vehículos particulares y que dispararon 50 tiros a un transporte escolar en que iban tres niñas, dos de ellas resultaron heridas no contaba con orden de procedimiento. Los disparos bajo estas circunstancias son potencialmente letales para terceros por lo que resultan inapropiados para cualquier nivel de resistencia, señala el documento. Entre los actos prohibidos como uso de la fuerza figura “disparar desde o hacia vehículos en movimiento excepto en los casos en que den o hacerlo sea evidente que el personal interviniente o terceros inocentes resultaran gravemente heridos y no haya otra alternativa para evitarlo”.Sobre el punto, la abogada Diana Vargas, especialista en Derechos Humanos, explicó que esto no puede quedar como un simple error de procedimiento como lo calificó el Comandante de la Policía, Comisario Walter Vázquez.“No se puede decir que es un error de procedimiento, se requiere de más firmeza y mensajes más claros que no apañen este tipo de conductas y la otra pata en esto es la fiscalía”, afirmó Vargas.Destacó que esto es una oportunidad para que la institución policial tome serias medidas de fondo y analicen las condiciones en las que intervienen los efectivos policiales.Ante lo ocurrido, la institución debe tomar medidas como desmantelar las brigadas de investigaciones que son conocidas por los abusos y hechos de corrupción y ordenar la realización de cursos de instrucción para conocer qué dice el manual de procedimiento además de fortalecer los Asuntos Internos y Justicia policiales, de derechos humanos, que tengan un móvil y mayor cantidad de efectivos asignados y formados como instructores de DDHH. La prohibición de realizar procedimientos con uso de la fuerza sin portanombres ni uniformes también requiere de una urgente revisión.