El presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Mario Vega, celebró sus 38 años de vida el pasado lunes y lo hizo rodeado de la plana mayor de la institución y también estuvo acompañado del ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann, y el diputado por San Pedro, Freddy D’Ecclesiis.	Además del diputado D'Ecclesiis y del ministro Friedmann, en el festejo estuvieron Mirna Alaye, gerente de Créditos; Eduardo León, director jurídico y Julia Ramírez, secretaria general. Hasta el momento, solamente Horacio Torres y Enrique Gómez de la Fuente se encuentran procesados por el escándalo de las coimas del Indert. Por otro lado, hace poco más de un mes, los demás funcionarios que serían parte del esquema	. Los leales a Friedmann fueron puestos en cargos claves dentro de la institución y confirmados por Vega. Se trata de César Eusebio Martínez Ojeda, auditor principal; Alfredo Gabriel Torres Espínola, director de Transparencia y Anticorrupción; Mirian Amada Aguilera González, directora de género; Victor Fernández Arrúa, director general de Contrataciones Públicas, y Nicolás Concepción González González, director de Comunicación. La lista no termina allí. Entre los confirmados también está María Margarita Narvaja Fariña, gerente de Administración y Finanzas y quien, según la investigación del equipo periodístico de La Caja Negra, sería la cabeza de la rosca en la institución y era el brazo eje­cutor de Friedmann de los millonarios pagos no justficados a la Gobernación del Guairá. Por otro lado, está Juan Angel Gonzalez Fretes, quien ocupaba el cargo de secretario general y ahora ubicado en el gabinete de la Presidencia del Indert. Según denuncian sus propios compañeros, habría registrado un despegue económico importante y se lo sindica de ser el “cerebro” de las operaciones de revocación de adjudicaciones. Los caudillos de Añetete manejan las direcciones de Alto Paraná, Caazapá, Caaguazú, Itapua, Amambay, Central, Paraguarí, Misiones, Cordillera y Guairá.Las denuncias por coimas, extorsión y aprietes quedaron en manos de la fiscalía pero sin embargo no se avanzó en el caso y tampoco se indagó la influencia del ministro Rodolfo Friedmann en el manejo de la institución.	El presidente del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jimenez, ordenó reabrir la investigación ante sospechas de irregularidad en la actuación de la jueza en lo Civil y Comercial, Tania Irún, quien benefició con 310.000 hectáreas de tierras en Alto Paraguay a supuestas empresas “offshore” al hacer lugar a un juicio caratulado como “Cusabo Limited, Kyvelloria Limited, Firstar Investments Limited y Elite Kingdon Investments Limited, contra Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial sobre cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”.El punto que llama la atención en este caso es que la magistrada Irún interrumpió su permiso de maternidad para volver a su despacho y en tan solo unas horas leer 19 tomos de expediente judicial y redactar una sentencia de 30 páginas que benefició a varias firmas extranjeras.	Según los antecedentes, Tania Irún se encontraba con permiso por maternidad hasta el 27 de enero del 2019. En cambio, el 20 de noviembre de 2018 y a solo dos meses de ser madre, solicitó que se deje sin efecto el permiso, es decir, cuatro meses antes de que este concluyera.La magistrada ni siquiera esperó ser notificada del Corte (se le concedió el 23 de noviembre, pero se la notificó el 28 del mismo mes) para apersonarse al juzgado, donde en tiempo récord leyó los tomos de la causa y redactó la sentencia.	La abogada Lorena Dolsa, representante legal de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, solicitó varias diligencias como el pedido a la Dirección de Estadísticas del Poder Judicial cuando fue la última vez que el juez interino Hugo Becker firmó documentos como interino del juzgado de la magistrada Tania Irún. Asimismo, solicitó al Departamento de Recursos Humanos la constancia de notificación al juez Becker de la suspensión de su interinazgo. Como así también el informe del juzgado de Irún sobre cuántos expedientes se encontraban autos para sentencia en fecha 23 de noviembre del 2018 y cuántas resoluciones fueron dictadas ese mismo día por la mencionada magistrada.	LA GRAVE IRREGULARIDAD El 23 de noviembre del 2018 la jueza Tania Irún había resuelto otorgar unas 300 mil hectáreas de tierras ubicadas en el Chaco a empresas extranjeras. La decisión fue apelada por los abogados Lorena Dolsa y Carl Gwynn, representantes de la Asociación del Espíritu Santo, quién resultaba afectada por ello ya que habría existido una demanda por estafa de por medio. Esa resolución de la jueza fue otorga en forma irregular, según denunciaron los dos abogados, ya que lo firmó en unas horas, sin haber leído todo el expediente, y en medio de un permiso solicitado ante la Corte. Existen sospechas que la magistrada no realizó, supuestamente, la redacción de la sentencia que firmó y luego viajó a España.	MÁS DEL CASOAl fallecer, el reverendo y fundador de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo, Sun-Myung Moon, designó como continuador de su obra y nuevo administrador de la Iglesia a su cuarto hijo, lo que genera un conflicto entre este, su madre y su hijo mayor, Preston, quien reclama para sí el legado.Producto de esta disputa, Preston Moon y otras nueve personas (hoy imputadas por estafa) fraguan una deuda de 15 millones de dólares que se va transfiriendo entre empresas “offshore” hasta que cuatro de estas deciden ejecutarla reclamando 300 mil hectáreas que la Asociación Espíritu Santo posee en Alto Paraguay.	Es llamativo que una asociación que vive de donaciones y jamás tomó un préstamo, se endeude y encima con empresas “offshore” ajenas a la comunidad.Otro dato curioso es que las tierras están valuadas en 300 millones de dólares mientras que la deuda (fraudulenta) sería de 15 millones, es decir; el valor de la tierra tiene un valor 20 veces superior al de la supuesta deuda.	Por homicidio doloso por excitación emotiva imputó la fiscal Viviana Sánchez al suboficial Nery Marcelo Núñez (32), quien abatió a un asaltante en Presidente Franco. A consecuencia de esta medida, la representante del Ministerio Público quedó apartada del caso, según confirmó el fiscal adjunto de Alto Paraná Édgar Moreno, a corresponsales del Grupo Nación.Además, el uniformado quedó en libertad pero aun pendiente de la investigación que pasará a manos de otro fiscal. El domingo por la noche dos sujetos asaltaron a mano armada la bodega Michel Bebidas, en el kilómetro 9 Monday de Presidente Franco. Del sitio se llevaron el celular del propietario, la suma de G. 1.000.000 en efectivo y la motocicleta del policía Nery Marcelo Núñez, quien se encontraba allí, pero en su día libre.En su huida, los asaltantes dispararon contra las personas que estaban en la bodega, a lo que el suboficial respondió con disparos e hirió a uno de los malvivientes.El suboficial Núñez presta servicios para la Comisaría 23 de Ciudad del Este. El ministro del Interior, Euclides Acevedo, lanzó duras críticas a la determinación de la Fiscalía y argumentó que el policía simplemente hizo su trabajo.	El coordinador de la comisión de depuración de causas penales, defensor general interino Paublino Escobar, confirmó que desde julio hasta el 3 de diciembre se han obtenido 1.500 libertades a nivel país.Uno de los motivos sería la aplicación de la modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal, que habilita a los jueces a imponer medidas alternativas, siempre que el peligro de fuga pueda ser evitado. Otro de los disparadores de estas cifras sería la implementación de un mecanismo de control a todos los defensores penales a nivel país. “Los jueces se sienten más liberados, (…) esto viene a descomprimir el sistema penitenciario””, comentó Escobar. Los pequeños hurtos, los hechos de reducción y robos y las bagatelas en general son las que lideran el ránking de concesión de libertad. Precisamente en julio pasado, la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley que modifica el artículo 245 del Código Penal.