El diputado Teófilo Espínola insistirá en tratar el proyecto que plantea crear un registro único de beneficiarios sociales, ya que son varias las instituciones que brindan ayuda pero nadie lleva un informe general sobre los favorecidos. La idea es no repetir y a la vez variar el tipo de asistencia según lo que cada uno haya recibido.	El titular de la Comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda, Teófilo Espínola, anunció que ni bien se reinicie el periodo parlamentario insistirá en estudiar el proyecto de ley de registro único de beneficiarios sociales.En tal sentido explicó que lo que se pretende con este planteamiento es contar con un registro que sea útil a todas las instituciones, en el cual se detalle si un ciudadano recibió algún tipo de asistencia, como el programa de Tekoporâ, una casa o algún tipo de ayuda.“La idea es construir una trazabilidad en la evolución de ese compatriota, a ver en qué medida va alejándose de la condición de vida que está llevando, a ver si con la asistencia del Estado de qué forma pueda tener una mejor condición de vida”, comentó Espínola en contacto con la 970 AM.También resaltó la importancia de no repetir y de llegar al que en realidad todavía no recibió nada, es decir, si una persona accedió a una parcela de tierra y luego la vende, el Estado ya no está obligado a volver a dársela, pero corre el riesgo entregarla de nuevo a la misma persona al no llevar dicho registro.“Ese es el objetivo, que todas las instituciones tengan la base de datos, el historial de asistencia de ese compatriota, entonces, si a una familia se le otorgó tierra, que la próxima se le ayude a producir”, dijo Espínola. Si la idea prospera permitirá una mejor aplicación de las políticas públicas contra la pobreza, entre ellas, las Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad (TMC), aplicadas exitosamente en al menos 19 países de América Latina incluyendo Paraguay, con programas como Tekoporâ, Ñepytyvô, Abrazo, entre otros.	La organización protectora de animales “Salvando Hocicos” publicó en su cuenta de Twitter una serie de capturas de pantalla que muestran cómo se organizó una pelea de gallos en el barrio Kokué Guasu de la ciudad de Areguá.Las imágenes corresponden a las historias de Instagram de una usuaria identificada como @ingrid_diaz34, quien compartió fotografías del “ring” en el que se disputan los encuentros además del lamentable estado en el que quedó uno de los ejemplares luego de una disputa.Según puede observarse en los screens, esta mujer respondió a algunos de los cuestionamientos que le hicieron sus seguidores. Uno de ellos la reprochó diciéndole: “pobres animales, ¿no pensás en ellos?”, a lo que ella contestó: “Esto es negocio, papá. Ellos están entrenados para pelear. Si pensamos en ellos por eso cuando ya no pueden les sacamos”.Por su parte, otro usuario de Instagram le dijo: “Qué clase de persona sos en serio, esto es negocio, no me gustó para ser sincero”, mensaje que tuvo como respuesta: “Este tipo de negocio papá. Para comer también se les mata”, exhibiendo a la par un fardo de billetes de G. 100.000.La pelea de gallos es una actividad ilícita dentro del país, esta prohibido. 《URGENTE》Se debe tomar medidas	3 de enero de 2019 La organización de peleas de gallos es una práctica común en distintos puntos del país, sobre todo en ciertas localidades donde la falta de un control estricto por parte de las autoridades y la complicidad de los pobladores hacen que se convierta en un negocio rentable que genera buenos ingresos económicos, todo a costa de las apuestas ilícitas.El hecho atenta abiertamente contra la	“la incitación a los animales para atacar personas u otros animales, exceptuando los perros de la policía u otros organismos de seguridad, legalmente autorizados”.Aquellas personas que lleguen a incumplir alguna de estas disposiciones serán sancionadas con apercibimiento o con multas, pero sin perjuicio de otras sanciones civiles o penales que pudieran corresponder.Para aquellas infracciones catalogadas como “muy graves”, la Ley N° 4840/13 establece multas que pueden ir de 501 a 1.500 jornales mínimos (o sea, de G. 40.707.252 a G. 121.878.000). El gran problema que existe en lo que respecta a las peleas de gallos es la falta de un ente de control que se encargue de dar cumplimiento a la ley y evitar las prácticas de este tipo, atendiendo a que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) se encarga de todo lo que compete al cuidado y preservación de especies silvestres.	Karina Gómez, directora de Trabajo, mencionó a la 970 AM que la ley establece que el décimo tercer salario debe ser pagado antes del 31 de diciembre. De no ser así, el trabajador puede denunciar no haber recibido el pago a partir del 2 de enero.Hasta el momento fueron realizadas 48 denuncias por el no cumplimiento de la ley, viéndose involucradas 11 empresas, en su mayoría del rubro de transporte y limpieza, como así también el de seguridad y construcción.La funcionaria indicó que en estos momentos se realizan las audiencias de mediación, pero que algunos empleadores hacen caso omiso a la convocatoria y no asisten. Estos serán convocados por segunda vez y si vuelven a faltar o si no regularizan el pago del aguinaldo, el ministerio hará las fiscalizaciones de las empresas infractoras para luego proceder a iniciar los sumarios correspondientes.Al finalizar el sumario administrativo, se podrán establecer multas contra los empresarios de 10 a 30 jornales mínimos por cada trabajador que no perciba el salario extra del año. El que desee realizar una denuncia debe presentarse en el edificio del Ministerio de Trabajo, sito sobre la calle Herrera esquina Paraguarí (Asunción), Planta Baja, en el departamento de Mediación en Conflictos Individuales dependiente de la Dirección del Trabajo o las oficinas regionales del ente estatal. También pueden llamar al (021) 448-183 o al (0800) 117-300. Las llamadas pueden ser anónimas.	A través de una serie de tuits, Eddie Jara salió al paso del resultado que arrojó la auditoría realizada por el ministro asesor de Transparencia e Integridad de la Presidencia Carlos Arregui, quien manifestó haber encontrado irregularidades en las administraciones anteriores y no así en la actual de Patricia Samudio.Jara aclaró que al 31 de julio del año pasado existía solamente un 6% de morosidad en la cartera de créditos de las Estaciones de Servicio y que había tres clientes que generaban dudas sobre la recuperabilidad, por lo que solicitó que sean demandados. “Te pudimos haber mostrado esas diligencias si dabas la oportunidad para las aclaraciones, pero no, eso no te iba a hacer estrella de Hollywood”, criticó.Así también afirmó que cada equipo enviado a las Estaciones del Emblema Petropar se adquirió vía licitación pública y activado correctamente, para posteriormente ser entregado en comodato bajo contrato.Remarcó que después del 15 de agosto del año pasado, cuando asumió el nuevo gobierno, se comenzó a entregar la mayor cantidad de facturas a crédito del cliente con mayor saldo moroso. “Si hacías un trabajo objetivo también te ibas a enterar probablemente por qué se otorgó tanto crédito y quién se benefició hoy en día con la venta de esa sociedad”, disparó. “Hemos dejado en caja, al dejar la administración, unos 200 millones de dólares y una red de Estaciones de Servicio, que tiene un valor intangible (no contabilizado) de cerca de 250 millones de dólares. Cuando llegué a Petropar existía un patrimonio negativo de 15 millones de dólares y cuando salí, había un patrimonio positivo de 70 millones de dólares”, añadió.