La madrugada del martes, después de nueve horas de turbulentos debates y de la votación de múltiples enmiendas, 118 parlamentarios de los Estados miembros habían aceptado la posibilidad de que Rusia volviera a participar en esta asamblea. Otros 62 parlamentarios votaron en contra —esencialmente ucranianos, georgianos, británicos, polacos y bálticos— y 10 se abstuvieron.	La APCE es uno de los órganos del Consejo de Europa, que reúne a las delegaciones de parlamentarios de los 47 Estados miembros. Sus decisiones no tienen carácter vinculante, pero emite recomendaciones o pide cuentas a los gobiernos en materia de derechos humanos y democracia. Como sanción por la anexión de Crimea, la delegación rusa ante la APCE quedó privada en 2014 de su derecho a voto en el seno de este organismo.	Moscú respondió boicoteando la instancia y, desde 2017, dejó de pagar su contribución anual al presupuesto del Consejo de Europa. Ante la perspectiva de volver a ser sancionada, Rusia, que mantiene una relación compleja con esta organización en estas siete décadas de historia, amenazó con abandonar por completo el Consejo de Europa, algo sin precedentes y que habría privado a los ciudadanos rusos de la posibilidad de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), su brazo jurídico.	Ucrania, respaldada por los países bálticos y por Reino Unido, se opone al regreso de Rusia a la APCE, lo que considera una primera deslealtad a las sanciones impuestas a Moscú tras la anexión de Crimea. El parlamentario ucraniano Oleksi Gonsharenko mostró su indignación ante esta voluntad “de acoger al agresor con los brazos abiertos en el hemiciclo”.