Un impasse se registra entre los paraguayos y los argentinos dentro de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), donde los primeros acusan a los extranjeros de impedir una obra que permitirá retirar más energía de la hidroeléctrica. Los argentinos alegan que el trabajo paraguayo les perjudicará porque su sistema de suministro sigue vulnerable tras un reciente apagón en su país.	Los funcionarios del Sindicato de Técnicos de la Hidroeléctrica Yacyretá se manifiestan este lunes dentro de la represa compartida con Argentina. Según denuncian los connacionales, los trabajadores del otro lado impiden el desarrollo de obras de conexión de la línea 500 kv.El director paraguayo de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, confirmó a la 730 AM que un grupo de argentinos de la empresa privada Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) impide el acceso de unos técnicos contratados por Paraguay para realizar los trabajos de adaptación de la línea. Esto está avalado por los directivos argentinos.Duarte indicó que los argentinos alegan que si prosiguen los trabajos en el lado paraguayo, allá sufrirán cortes en el suministro de energía eléctrica. Sin embargo, remarcó que harán prevalecer la soberanía paraguaya sobre el derecho a usar la energía que corresponde a nuestro país.Por otra parte, Leopoldo Melo, jefe del departamento técnico de la EBY, manifestó que no permitirán “un solo milímetro” de avasallamiento de parte de la Argentina. “Vamos a seguir acá, Dios quiera no se llegue a la violencia, porque los muchachos están nerviosos, cansados de los abusos, y están para patear el tablero”, advirtió en charla con la RPC. Actualmente tanto los argentinos como los paraguayos se encuentran en la sala de operaciones, donde se tiene que realizar el trabajo correspondiente para sustraer el suministro energético.	“Vinimos primero a verificar por nuestros propios ojos el trabajo y a apoyarle a nuestra gente, vamos a quedarnos acá hasta que pase el peligro”, dijo el jefe de Estado durante su visita a la región Occidental, en el departamento de Alto Paraguay, Confirmó que conversó vía telefónica con varios presidentes, quienes le enviaron su apoyo, entre ellos, su par chileno Sebastián Piñera, quien brindará cooperación mediante un avión AT8 de 3.000 litros de capacidad, para ayudar a combatir los incendios. Actualmente hay tres helicópteros, uno en Adrián Jara, otro en Olimpo y el último en Bahía Negra, al que se sumaría el de Chile, que llegaría en un plazo máximo de tres días. Abdo encargó a la Secretaría del Ambiente investigar si se ha utilizado el fuego como método de limpieza de campo fue dentro del marco regulatorio. “Tenemos que ejemplarmente sancionar a quienes son responsables, en el caso de que sea así”, subrayó. En cuanto al informe que recibió de su equipo de colaboradores, sobre la afectación provocada por el fuego, Abdo respondió que todavía no hay un daño muy importante, pero que para tener más exactitud al respecto esperarán los resultados del recorrido. Según el director ejecutivo de Guyra Paraguay, José Luis Cartes, el fuego arrasó con más de 39.000 hectáreas boscosas y ganaderas.	La información viralizada a través de audios en los que se escucha a una mujer recomendando que no se use el medicamento dipirona de origen venezolano y que supuestamente ya mató a dos personas, fue desmentido por autoridades sanitarias. Aseguraron que no existen reportes de casos ni la utilización del fármaco de esa procedencia en los servicios.	La circulación de audios sobre el supuesto uso del medicamento dipirona aplicada a una paciente y que tuvo un desenlace fatal es falsa, aseguró el jefe de Farmacovigilancia de la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP.Indicó que es una información “totalmente irresponsable y falsa” y que no existe notificación de un hecho similar en ningún servicio del sistema de salud.“Por otro lado, no tenemos productos que vengan de Venezuela, ese país en la situación en la que está necesita medicamentos y no está en condiciones de exportar. Desde el MSP descartamos esta información, esto no ocurrió”, agregó Cardozo.Explicó que hay dos audios que están circulando sobre todo en los grupos de WhatsApp, en uno de ellos se escucha a un hombre hablando portugués y en otro ya una mujer haciendo referencia a un sanatorio local en español.“Aclaramos que no hay productos de ese origen circulando en el país, no están autorizados ni hay posibilidad de que ingresen estos productos”, confirmó.En uno de los audios se escucha a una mujer recomendando que no se use el fármaco dipirona, Cardozo agregó que incluso la misma persona se contradice hablando primero de un niño y luego cita a que fue una mujer. “El miércoles falleció una paciente en el sanatorio Migone, una criatura murió, se le suministró dipirona, estaba con un cuadro alérgico, hizo fiebre y se le suministró dipirona, es la segunda víctima del país, no se difundió en qué sanatorio es, que verifiquen que no sea de procedencia venezolana. Cerciórense bien y no permitan que se les aplique bajo ninguna circunstancia”, indica el audio.La dipirona es un medicamento también llamado metamizol que es utilizado como analgésico, antipirético, espasmolítico y también como antiinflamatorio, mínimamente.	El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Julio Ullón, anunció esta mañana la apertura de un proceso de investigación por parte de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), en conjunto con la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE).En este caso, se estarán investigando dos procesos de contratación impulsados hace unos años atrás por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE). El primer hecho a investigar consiste en un convenio de cooperación suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el SENAVE y la empresa Agro Micro Plant S.A. que data del año 2012. Por otra parte, el segundo corresponde a un proceso de licitación pública con subasta a la baja electrónica para el traslado, tratamiento y disposición final de semillas de algodón tratadas con agroquímicos, involucrando a la misma firma.Ullón mencionó que ambos procesos presentan una serie de irregularidades y desprolijidades en la ejecución de los contratos, motivo por el cual se ha decidido impulsar la investigación desde el gobierno.En ambos casos, el SENAVE se encargará de preparar un informe pormenorizado sobre las respectivas licitaciones y posteriormente elevará los resultados a la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) y la Auditoría General del Poder Ejecutivo para proseguir con las averiguaciones.Existen fuertes sospechas de que pueden haberse registrado hechos punibles dentro de estos procesos licitatorios, afirmó el funcionario estatal.En el primer caso, el monto del contrato asciende a la suma de G. 18.000 millones (aún no desembolsado), mientras que en el segundo es de G. 39.498 millones. En este último, ya se han desembolsado G. 19.000 millones en administraciones anteriores. Rodrigo González, presidente del SENAVE, indicó que han conformado este equipo interinstitucional con la SENAC con el fin de llevar a cabo un proceso de investigación que ayude a dilucidar lo ocurrido años atrás en la institución a su cargo.