Los asesores jurídicos de los ocupantes, Néstor Echeverría y Ricardo Villalba, intentaron detener el operativo asegurando que la fiscala Portillo no poseía una orden judicial para realizar el desalojo. Sin embargo, la fiscala indicó que no se trataba de un desalojo, sino de una restitución de un terreno privado y público a sus respectivos dueños.