La solicitud de informe por parte de la Contraloría a la Municipalidad de Lambaré, es en relación a los proyectos financiados con recursos del Fonacide por un monto total de G. 1.714.485.802.La Contraloría pide a la comuna lambareña el informe sobre la diferencia existente entre la planilla de rendición de cuentas de gastos y la ejecución presupuestaria.De acuerdo a lo expresado por la Contraloría, se comprobó que la Municipalidad realizó pagos G. 1.291.692.857 en concepto de construcciones, sin embargo en la ejecución presupuestaria se visualizó un pago de G. 1.360.290.392, arrojando una diferencia de G. 68.597.535.AHORA: Documento remitido a la Municipalidad de Lambaré, por parte de la Contraloría General. Solicitan informes sobre fondos del FONACIDE	September 30, 2019 La Municipalidad de Lambaré deberá justificar el motivo por el cual no recibió la transferencia del Ministerio de Hacienda en el primer cuatrimestre del 2019 en concepto de Fonacide. Lo solicitado deberá ser proveído en versión magnética, acompañado de los antecedentes que avalen la información requerida, en un plazo no mayor a cinco días.En la mira se encuentra el administrador del municipio, Roberto Paredes, quien en las últimas horas fue cuestionado por la f	Este lunes se confirmó la entrada del proyecto de nivelación salarial en el Congreso Nacional, punto exigido por los docentes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) al Ministerio de Hacienda.Dada esta situación, el Consejo Superior Universitario en sesión extraordinaria decidió levantar la medida de fuerza desde este martes 1 de octubre. Recordando que la UNA se encontraba en paro ya desde más de 15 días. Desde la UNA informaron que las evaluaciones en todas las unidades académicas se podrán reanudar desde el jueves 3 de octubre.La reprogramación salarial deberá ser estudiada ahora en el Congreso Nacional, donde los docentes anuncian que estarán acompañando el tratamiento.El pasado viernes, los funcionarios del Hospital de Clínicas también levantaron la huelga que hasta ese entonces ya tenía una duración de cinco días, con el acuerdo que contempla la nivelación salarial a ser ejecutada de manera escalonada hasta llegar al 100% de lo pactado.	Este lunes se llevó a cabo una reunión entre sindicalistas de diferentes gremios de instituciones públicas, para abordar el proyecto de Ley de horario escalonado, aprobado la semana pasada en la Cámara de Senadores. La iniciativa tiene como objetivo descomprimir el tránsito de la capital creando horarios diferenciados para el sector público, dependiendo de las funciones que cumpla cada entidad.Al respecto, Porfiria Ocholasky, secretaria general del Sindicato de Funcionarios Judiciales, manifestó que hace dos meses la Comisión de Legislación del Congreso notificó a la Corte Suprema de Justicia sobre el posible cambio de horario y allí ya la institución respondió señalando el desacuerdo con la iniciativa.Ocholasky argumentó que la Corte tiene su propia organización interna, que establece el horario para los funcionarios judiciales de 7 a 13 horas, a nivel país.Señaló que el proyecto es solamente para Asunción, lo cual no puede ser aplicado en el Poder Judicial, que tiene jurisdicción en todo el territorio nacional.El proyecto en cuestión tiene la intención de que los funcionarios judiciales ingresen a las 9 de la mañana y se retiren a las 16. “Nosotros tenemos nuestro propio reglamento interno y la Ley Nº 609. No estamos de acuerdo con el cambio”, enfatizó la sindicalista en comunicación con la 1020 AM.Ocholasky insistió en que el proyecto se lleve a un consenso y se mida el impacto que tendrá entre los usuarios. Anunció además que el día de su estudio en la Cámara de Diputados, estarán realizando una movilización.	Dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación para el ejercicio fiscal 2020 se contempla un presupuesto de US$ 111 millones para la Justicia Electoral. Parte de dicho monto (alrededor de US$ 31 millones) será destinado al arrendamiento de las urnas electrónicas a ser utilizadas en las próximas elecciones municipales.	Jaime Bestard, presi­dente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), defendió su plan de gastos para el año 2020 ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, encargada de hacer el estudio del Presupuesto General de Gastos de la Nación.En entrevista con los medios, sostuvo que el 2020 será un año muy intenso que estará marcado por la transformación de todo un proceso electoral, en alusión a la implementación del desbloqueo de listas sábanas mediante la utilización de urnas electrónicas.A su criterio, más que electoral este será “un cambio político” ya que al cambiar todo el sistema también la forma de hacer política será diferente, sobre todo a la hora de presentar candidaturas y ver la competencia entre candidatos.El titular de la Justicia Electoral indicó que se pudo acordar con el Ministerio de Hacienda los montos que permitirán “ajustadamente” realizar toda la transformación que obliga la ley que sanciona el desbloqueo de listas para las elecciones, promulgada en mayo de este año.En principio. se hablaba de una inversión cercana a los US$ 80 millones para llevar a cabo su implementación, aunque -según destacó Bestard- se optó por el sistema de arrendamiento de urnas electrónicas, lo cual permitió reducir las previsiones a un monto menor de US$ 31 millones. Dicha cifra contemplaría tanto el costo del alquiler como todos los demás componentes, ya sea logística, materiales, insumos, etc.Dentro del PGN 2020, el presupuesto a ser destinado al TSJE es de 685.000 millones de guaraníes (cerca de 111 millones de dólares), cifra que ya contempla los gastos a ser realizados para las elecciones municipales. “Así como vino el presupuesto de Hacienda es satisfactorio”, acotó.Bestard aclaró que no se contempla la contratación de nuevos funcionarios para el próximo año, aunque no descartó que, de ser necesario, se contrate a personas para el área de Informática. Las mismas tendrían a su cargo el trabajo con las urnas electrónicas para las próximas internas y las municipales del 2020.En otro orden de cosas, también fue consultado sobre el tema del subsidio electoral y mencionó que en el Presupuesto General de Gastos de la Nación 2020 existe un déficit de aproximadamente G. 82.000 millones en lo que respecta a subsidio para partidos políticos. El titular del TSJE sostuvo que, debido a este recorte, son los partidos los que se verán perjudicados al no contar con parte de su financiación para el próximo año, el cual estará caracterizado por la disputa política en el marco de las elecciones municipales.