Como la mayoría de los capos narcos locales, Toma'i Rojas gustaba de cultivar también una faceta "religiosa". En ese tren mandó construir una réplica de la basílica de Caacupé en su casa de Ciudad del Este. En la tarde de este martes, el mismo fue condenado a treinta años de cárcel.	Además de Toma’i fueron condenados otras personas por el mismo caso de narcotráfico: Robert Rojas Dávalos con 8 años de cárcel, Salustiana Benítez a 11 años; Silverio Rojas a 13 años, Alfredo Dittel a 10 años y Joseph Pérez a 10 años de prisión.También recibieron penas de prisión los abogados Fabio Aguilar y William Denis, Luciano Vázquez, todos a 10 años de prisión- Pedro Britos a 11 años, y Luis Alberto Paiva a 20 años.Tomás Rojas lideraba una banda de narcotraficantes que tenía su centro de operaciones en Ciudad del Este. El mismo conformó una red de subalternos y un grupo de abogados que operaban para la organización que proveía principalmente cocaína y marihuana a clientes brasileños. Incluso se lo tiene como uno de los impulsores de la “carrera” de Javier Cucho Cabaña, ligado a políticos, detenido el año pasado acusado de liderar una de las agrupaciones de narcos asentadas en la capital altoparanaense.	Entre agosto del 2018 y lo que va de este año, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) sancionó con multa a 12 empresas de transporte por incumplimientos de leyes laborales. El monto total asciende a más de G. 950 millones, cuyo proceso de ejecución está a cargo del Poder Judicial.	De las 12 empresas de transporte que fueron multadas, 11 son de pasajeros y 1 es de carga. Los incumplimientos detectados durante las inspecciones fueron falta de pago de IPS, de salario mínimo, aguinaldo, trabajo más de ocho horas sin pago de horas extras, entre otros.César Servían, director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo, explicó que las multas a las empresas de transporte tienen un proceso, y el cobro depende del Poder Judicial, ya que muchos transportistas apelan la ejecución de la multa y otros acuerdan abonar el 50%.Servían comentó que el objetivo de las inspecciones a las empresas no es la sanción, sino el cumplimiento de las normas laborales de los trabajadores de forma íntegra.CONTROLES EN RUTAEl operativo control que se realizó en el kilómetro 28, ruta I, J. A. Saldívar del 4 al 6 de febrero arrojó como resultado 120 choferes encuestados que no contaban con seguro médico IPS, salario mínimo, más de 8 horas laborales, falta de pago del aguinaldo y vacaciones.Pedro Garayo, director de Inspección y Fiscalización, manifestó que luego de hablar con los choferes, inspeccionarán a las empresas para corroborar los datos y “si encontramos irregularidades, comunicaremos la infracción y Asesoría Jurídica se encargará de la multa”.Inmediatamente el Ministerio de Trabajo migró los datos al IPS para la inscripción automática de los trabajadores en el Sistema de Seguridad Social. Asimismo, inició las inspecciones correspondientes a cada una de las empresas en las cuales fue detectada la violación de los derechos laborales para su posterior sanción y multa.	Tras una reunión con Castiglioni en la sede del Ministerio de Exteriores, Hernández informó que durante su reunión oficial ambos ministros abordarán, además de la agenda de la visita de Estado, la próxima firma de varios convenios bilaterales y la situación de las relaciones diplomáticas.Se trata del primer encuentro entre Castiglioni y Borrell que tiene lugar en el país, aunque ya se reunieron previamente durante la Asamblea General de la ONU en septiembre pasado y la Cumbre Iberoamericana en noviembre, durante la que tanto el rey de España, Felipe VI, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cursaron la invitación para el viaje oficial.Además, según Hernández, conversarán en esa ocasión sobre la situación política que vive Venezuela, frente a la que los dos países mantienen posiciones matizadas.Tras la asunción de Nicolás Maduro para su segundo mandato, Paraguay anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela y fue uno de los primeros países en reconocer como presidente encargado del país caribeño a Juan Guaidó, mientras que España dio un plazo a Maduro para que convocara elecciones presidenciales.Cumplido ese plazo, el pasado 4 de febrero y junto a otros países europeos, reconoció la autoridad de Guaidó.Entre los acuerdos pendientes de firma, Hernández destacó “el marco de asociación país”, que “establece las actividades de cooperación” entre ambos países cada 4 años, y que debe ser renovado ya que el aún vigente, debió finalizar en 2017.Ese acuerdo fijó tres ejes “fundamentales” de cooperación que, “por nuestra parte, entendemos que se mantendrán”, dijo Hernández, y que dirigen el grueso de las ayudas españolas al agua y saneamiento, el fortalecimiento del Estado y el desarrollo socioeconómico.Además, según adelantó en noviembre el canciller paraguayo, también se pondrán sobre la mesa un acuerdo para la exoneración de la doble tributación y otro sobre protección recíproca de inversiones.Castiglioni permanecerá en España “varios días”, en los que mantendrá encuentros con empresarios españoles interesados en invertir en Paraguay, así como con la prensa de nuestro país, y ofrecerá conferencias en una universidad.El viaje del titular de Exteriores, que se esperaba para mediados de marzo, se adelantó unos días por “problemas de agenda”, ya que, según fuentes de la Cancillería, coincidirá con el primer encuentro oficial de Abdo Benítez con el mandatario brasileño Jair Bolsonaro, en Brasilia.	Nicanor Duarte Frutos, director de Yacyretá, recibió este martes al ministro de Justicia, Julio Javier Ríos Bogado, quien le planteó la posibilidad de que un inmueble de la entidad en Ayolas, sea utilizado para una penitenciaría modelo de mujeres.Esta misma propiedad ya había sido entregada en carácter de comodato a dicha cartera estatal en el año 2004, sin embargo, en aquel entonces el proyecto no pudo concretarse debido a cuestiones burocráticas.El titular de la EBY dijo que intentará dar una respuesta definitiva lo antes posible, pero que antes analizará la solicitud y el estatus de la finca, a través de la asesoría Jurídica de Yacyretá. De la audiencia realizada esta mañana en la EBY también participó el secretario del Comité Ejecutivo, Raúl Silva.