Un grupo de hinchas de Cerro Porteño, que aparte de ir todos los domingos a la cancha, también asisten a la Iglesia, lamentan la muerte del joven de 23 años producto de un enfrentamiento a balazos entre cerristas e invitan a que se sumen a la oración para erradicar la violencia.	Milciades ‘Mili’ Rivaldi, exjefe de la Plaza, comentó que actualmente conforman un grupo de aproximadamente 50 personas que van a la iglesia (al Centro de Adoración Familiar), sin dejar de ir a la cancha a ver a su club.“Lo que tratamos y procuramos de erradicar es la violencia. Queremos por lo menos de encauzar el tema deportivo”, señaló Rivaldi en comunicación con la 99.5 FM (CFA Radio).Rivaldi manifestó que fue jefe de los barras durante 10 años y dijo conocer muy bien el ambiente de violencia en que desenvuelven los mismos. Lamentó lo ocurrido anoche en Villa Elisa, donde falleció un joven de 23 años producto de un	entre integrantes de La Plaza y Comando (facciones de la barra de Cerro Porteño). “Estamos muy preocupados por el último acontecimiento. Estamos en el frente de batalla con algunos hermanos de Cristo que se van sumando”, indicó.Por último invitó a los que se quieran sumar a las reuniones del grupo, cada lunes en el barrio Roberto L. Pettit (Perú 4587).Tiempo atrás este grupo se hizo conocido, por los	Dos de las sedes serán construidas en la ciudad de Emboscada y otra en Minga Guazú. El proyecto tiene un plazo de ejecución de 16 meses con una inversión de USD 36 millones financiado por bonos del Estado. Hoy se realizó la apertura de sobre con 16 ofertas para la Licitación Pública Nacional.	El proyecto de construcción de tres nuevas penitenciarias una en Emboscada, Departamento Central y otra en Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná, cada una con capacidad para 1320 personas tuvo hoy la apertura de sobres de ofertas del a Licitación Pública Nacional.El plazo de ejecución será de 16 meses y la inversión estimada es de USD 36 millones, proyecto financiado con bonos del Estado. Las nuevas sedes cumplirán con las exigencias de seguridad acordes a los estándares internacionales que promueven la aplicación de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidades para el Tratamiento de Reclusos ( Reglas de Mandela).En las nuevas instalaciones se pretende realizar la capacitación adecuada de los funcionarios penitenciarios, la inclusión de servicios de sanidad para tratar los problemas de adicción y salud mental.También se prevé que se potencie el desarrollo de proyectos de reinserción social para las personas privadas de libertad. La apertura de sobres de las 16 ofertas recibidas se realizó en el MOPC, institución que hará el análisis de las ofertas según criterios y plazos. Las empresas que se presentaron al llamado son: Tecnoedil SA, Consorcio ABH ITASA, Consorcio Serviár, Caraguatay SA, Aponte Latrre SA, Consorcio La Merced, Consorcio Emboscada, Consorcio AGB TOCSA, Consorcio Salum y Wenz asociados, Consorcio Emboscada, Consorcio Penitenciario, Consorcio Cordillera, Consorcio Seguro, Barrail Hermanos, Cocho A SA y Consorcio Emboscada.En todo el sistema penitenciario existen cerca de 15.000 personas privadas de libertad y la capacidad de albergue es para un poco más de 6.500 internos.	Se trata de un cargamento que fue incautado en diciembre pasado en Arroyos y Esteros, perteneciente a la firma Granos y Cereales SA, que la Policía Nacional lo calificó como supuesto hecho de contrabando.Cinco meses después del hecho, la fiscal María Estefanía González sostiene que tras la investigación, se pudo comprobar que era producto nacional y las documentaciones estaban en regla, por lo que pide a la Dirección Nacional de Aduanas, la devolución del cargamento a los propietarios. “Durante la investigación se corroboró que no existe hecho punible de contrabando, ni de producción de documento no auténtico”, manifestó la representante del Ministerio Público en comunicación con Radio 1000.González sostuvo que en estos meses, se pidieron tres veces a la Aduanas el informe sobre los sumarios realizados a la empresa, pero no contestaron hasta el momento en que ella decidió liberar la carga. “Yo no puedo estar reteniendo un producto, si es que no existe un hecho punible”, alegó la fiscal.	"El gobierno tiene como objetivo que un 20% de los vehículos de la flota del estado sean eléctricos", dijo el viceministro de Tecnología Miguel Martin a la agencia IP.Fue luego de que se desarrollara el Salón de la Electromovilidad y Ciudades Inteligentes, el fin de semana pasado.La idea que apunta a ese objetivo, es estimular el consumo del enorme volumen de energía eléctrica que dispone el país, de cara a lo que será la disponibilidad del 50 por ciento de la electricidad que genera Itaipú.Con ello se llegará igualmente a la expansión de vehículos amigables con el medio ambiente, ya que los mismos no emiten gases tóxicos.Igualmente se romperá progresivamente con la ultradependencia de combustibles fósiles, que con sus vaivenes de precios inciden negativamente en la economía general del país.