Como órgano rector de la Seguridad Social en Paraguay, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) debatió, este jueves, junto con diversos actores de la función pública y representantes de organismos como la Unión Europea y la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sobre el sistema de pensiones en Paraguay y las opciones de reforma.Bacigalupo indicó que, según el estudio multidimensional elaborado por la OCDE, el sistema de pensiones de Paraguay necesita reformarse y expandirse a otros grupos para ser más coherente, más justo y más inclusivo.“Uno de los sectores informales es el grupo de contratados públicos, ellos deben ser incluidos en la caja fiscal. Otro segmento excluido es el de los autónomos o independientes, que cuentan con un sistema de regulación voluntaria, pero en la práctica no funciona”, señaló la ministra de Trabajo.Indicó además que, en actualmente solamente 800 independientes están dentro del sistema de seguridad social, siendo que representan 70% del sector económicamente activo.Otro grupo excluido de la seguridad social es el de los propietarios de las Mipymes, quienes podrían ingresar al sistema mediante el mono tributo o por la renta presunta, dos métodos que no están muy distantes a la realidad paraguaya.La titular de la cartera de Trabajo afirmó que, al aumentar la base contributiva, la inversión futura en subsidios crecerá exponencialmente. “En la actualidad, el subsidio para adultos mayores es de 35% del gasto social porque nunca se trabajó en una verdadera reforma del sistema de seguridad social, por eso estas personas no están jubiladas”, detalló.“Hoy tenemos solamente al 22% de la población ocupada dentro del sistema de seguridad, estamos hablando de 850.000 personas, la mayoría de ellas en IPS y luego repartidas en las otras cajas previsionales”, mencionó Bacigalupo.La secretaría de Estado mencionó algunas de las reformas legislativas que está impulsando el Ministerio de Trabajo para ampliar y extender la cobertura de seguridad social a todos los trabajadores. En ese sentido se refirió al grupo de 62.000 trabajadores del sector público que deben ser incorporados como cotizantes de la Caja Fiscal. Asimismo, la incorporación al sistema de los trabajadores independientes.La ley de bancarización del salario para los trabajadores del sector privado, es otra de las medidas a ser impulsada, una medida que va traer no solamente la formalización del empleo sino la formalización de la economía, que está muy ligado a todo lo que es la protección social.Finalmente, la ministra habló de la necesidad de tener una Superintendencia de Pensiones, para velar y supervisar las ocho cajas de jubilaciones y regular todo el sistema de pensiones en favor del bienestar social de todos los paraguayos. "Tenemos la clara visión con la OCDE y con los actores sociales de que es el Estado el garante de la seguridad social y ante cualquier pérdida o crisis es el Estado quien tiene que responder por la restitución del ahorro y las pensiones y que, aunque tengamos ocho cajas diferentes, finalmente es el Estado el que pone la cara y protege al asegurado", sentenció la titular de la Cartera del Trabajo al defender su paquete de reformas.	Dos estampas que son el corolario de una jornada, la del 31 de marzo de 2017, marcada además por el despliegue de centenares de policías en el centro de Asunción y más de 200 detenciones.La muerte de Rodrigo Quintana se produjo tras el asalto de la Policía Nacional a la sede del partido, horas después de que los manifestantes rompieran las puertas de una parte del edificio del Congreso y provocaran un incendio.Su deceso fue el final de unas protestas que comenzaron semanas atrás con manifestaciones contra una enmienda constitucional que diera paso a la habilitación de un segundo mandato presidencial.Ese escenario se vino abajo la tarde del 31 de marzo, cuando una batalla campal derivó en el allanamiento de una sala del Congreso por los manifestantes, causando un incendio que fue transmitido en directo por todos los canales de televisión.Hasta la fecha solo está acusado un policía, el presunto autor de la muerte de Quintana. En tanto que los responsables del ataque al Congreso Nacional no fueron enjuiciados.	Por Carolina Vanni y Paúl Fernández.Joaquín Valdés tenía 20 años cuando falleció camino a su trabajo, conduciendo la moto que sacó a cuotas de la empresa La Red, representante de Leopard. Vivía en una compañía de J. Augusto Saldívar y su empleo quedaba a 10 km –Sumidenso, en el km 21 de la Ruta 1–.Como el trayecto era corto entre su casa, facultad y trabajo, Joaquín no se preocupó por las documentaciones ni por llevar el casco puesto.Doña Teodora Rojas –madre del infortunado– dijo que dos meses antes del siniestro su hijo pagó una coima de G. 100.000 a un policía de tránsito que lo cazó sin el casco ni las documentaciones. Había prometido comprar el protector, que quizás si lo tenía puesto, ahora él estaría vivo.El Paraguay es uno de los pocos países de América que adecuó su legislación a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El objetivo era disminuir las muertes en siniestros viales. Si bien se trata de normativas de primer mundo, las cifras de fallecidos en percances de tránsito siguen siendo elevadas, especialmente en cuanto a motociclistas.8º EN EL MUNDOEn el Paraguay, la principal causa de muerte de las personas de 19 a 35 años no está relacionada a enfermedades, sino a los accidentes de tránsito. Según los datos de la OMS correspondientes al 2016 –publicados en diciembre del 2018–, Paraguay es el 6º país a nivel regional con más fallecidos a causa de los siniestros viales, con una tasa de 22,7 muertes por cada 100.000 habitantes.Es también el 2º en la región por muerte de motociclistas y el 8º en el mundo por la misma causa, en vista que los registros indican 11,7 motoristas muertos por cada 100.000 habitantes. Aunque los fallecimientos de automovilistas bajaron en el 2016, la muerte de peatones tuvo un importante aumento y se situó en 5,1 por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa al país como 7º en la región por esta causa.LEGISLACIÓNMaría Eugenia Silveira Rodrigues, asesora de las Enfermedades no Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), dijo que se hizo un estudio del aumento de la mortalidad de motociclistas, cuya tendencia va aumentando cada año. Indicó que cuanto más suben los ingresos de los habitantes, las cifras de los fallecidos van en crecimiento.Sin embargo, el análisis realizado por la asesora de la OPS es que no solo el incremento de los ingresos incide en el aumento de las cifras, ya que habría otros factores que recaerían en la alta mortalidad en siniestros viales.“Paraguay es uno de los pocos que adoptaron la mayoría de las recomendaciones de la OPS en su legislación; sin embargo, las cifras de fallecidos siguen altas”, lamentó. Aunque no confirmó, sospecha que la falta de control, o tal vez la corrupción, sea el responsable de mantener elevadas las cifras de muertos.COMPARATIVOLa situación de Paraguay resulta peculiar para las autoridades de la OMS/OPS, en vista que la mayoría de las recomendaciones fueron adoptadas por la nación guaraní; sin embargo, se sitúa entre las naciones con mayor número de motociclistas muertos (ver infografía).Por ejemplo, países que no tienen legislación sobre el uso obligatorio de casco tienen menos muertes de motociclistas. Colombia es uno de ellos, con 9,7 fallecidos por cada 100.000 habitantes; así como Uruguay, que tiene 6,1 muertos por el mismo número de personas.Honduras y Jamaica tampoco tienen legislación para la obligatoriedad del uso de casco; sin embargo, las cifras de muertes están por debajo de las de Paraguay, y se sitúa en 4,1 y 2,9 por cada 100.000 habitantes.	ALARMANTE CIFRASegún los registros la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), anualmente se apuntan 1.900 siniestros viales, lo que deja un promedio diario de 5 incidentes, en los cuales 3 personas pierden la vida.Pero existe un subregistro, dijo la asesora de la OPS, María Eugenia Silveira Rodrigues, porque no todos los percances se denuncian gracias al arreglo entre las partes. Generalmente esto obvia la consulta médica que luego lleva a la muerte por traumatismos de órganos internos.Datos del Ministerio de Salud indican que 62.000 pacientes son atendidos cada año en la red de salud pública como consecuencia de algún tipo de lesión en siniestros viales. El doctor Agustín Saldívar, director del Hospital de Trauma, indicó que el mayor número de pacientes que llega al hospital es motociclista, de los cuales el 35% no tenía el casco puesto correctamente.Algunas víctimas quedan sin secuelas graves, pero el 80% realiza algún tipo de tratamiento y un gran número pasó por alguna cirugía porque tuvo fractura expuesta. Se estima que el Estado –mediante los impuestos pagados por los contribuyentes– gasta alrededor de G. 300 millones por cada paciente traumatizado que ingresa a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). El promedio de internación en UTI es de 12 días.URGEN MEDIDASLas instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes estudian las medidas que se pueden aplicar para frenar la alta tasa de mortalidad a causa de los siniestros viales, lo que sitúa al país entre los primeros no solo a nivel regional, sino además en el mundo.En ese sentido, el asesor de la ANTSV, Alberto González, indicó que desde el organismo trabajan en la reglamentación de la ley de tránsito, así como también en otros aspectos que ayudarán a un control en la expedición de licencias.Además, se insistirá con campañas para mejorar la comunicación que permitan a la ciudadanía conocer a cabalidad la normativa vigente.“Mucha gente desconoce la ley, y es allí donde entra en infracción”, dijo González al hablar de la necesidad de mejorar la comunicación.Asimismo, con la aplicación de las multas electrónicas se pretende disminuir los casos de coimas, que muchas veces dejan impune a los infractores.Preocupante estadística se mantieneLos registros del 2015 indican que 1.157 personas murieron ese año a causa de accidentes de tránsito, mientras que en el 2016, un total de 1.202 personas fallecieron por la misma causa. Esto representa 17,54 muertos por cada 100.000 habitantes (2016), según los registros de la ANTSV, mientras que la OMS tiene otra estadística, cuya cifra asciende a 1.529 muertos en ese mismo año, dando como resultado 22,7 fallecidos por cada 100.000 habitantes.Según los datos del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, el 80% de las defunciones fueron de hombres y el 20% correspondía a mujeres. Las cifras de personas fallecidas de entre 20 a 34 años siguen siendo altas, a lo que se suma un reporte anual de 300 personas que quedan con alguna discapacidad permanente, dijo González.“En el 2017 hubo 1.198 fallecidos y el 52% eran de motociclistas”, dijo el asesor de la ANTSV, Alberto González, al indicar que en los últimos 10 años, la cifra de fallecidos a causa de siniestros viales en el Paraguay se mantiene entre 1.100 a 1.200 por año. La mayor cantidad de accidentes se registran en Asunción y Central y el 52% de las muertes es en la vía pública.