El diputado liberal Pastor Vera Bejarano defendió el proyecto de ley de expropiación de 1.500 hectáreas pertenecientes a la finca 938 en Tacuatí, departamento de San Pedro, a favor del Indert. En este lugar se encuentra la estancia Alegría, que pertenece a la Agroganadera Willersinn, propiedad del alemán Herber Willersinn e instalada allí desde 1982.	Para el legislador, el predio de a estancia tiene “tierras buenas, con acceso a energía eléctrica, agua, buenas rutas” y sería el lugar ideal para “instalar un asentamiento modelo”, ya que “tiene una muy baja función social y no tienen más de 30 empleados”. Además, mencionó que en las décadas del 80 y 90 estuvo en auge, generó empleos hasta que los dueños del establecimiento fallecieron y dejó de ser “la estancia modelo”. “Ellos están acorralados, es dura la realidad del campesino. Es una lucha dolorosa y sangrienta”, manifestó Vera a Radio Monumental, agregando que esta expropiación beneficiaría a 150 familias seleccionadas por el Indert. Respecto a una posible violación de la propiedad privada, el diputado liberal aseguró que la expropiación se está realizando dentro del marco de la ley. “El Estado tiene que pagar. Se habla de que no hay presupuesto, pero esa es una absoluta falacia”, declaró. La anulación de este proyecto de ley es una cuestión meramente política, según opinó Vera Bejarano. También señaló que San Pedro es uno de los departamentos más pobres de nuestro país. “La falta de tierras es real, no algo inventado por los diputados”, apuntó. Este proyecto de expropiación fue aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados y se generó un debate bastante polarizado al respecto. La bancada de Honor Colorado y algunos liberales manifestaron que solicitarán la anulación de la iniciativa.	El fiscal Osmar Legal mencionó a la radio 650 AM que a finales del año pasado recibió una denuncia de los concejales tras una investigación periodística del Diario La Nación, respecto a la ejecución presupuestaria del periodo 2015 y 2016 en la gobernación de Guairá.Indicó que por resguardo de la investigación, fue indagando en sigilo y que durante el viernes pasado y ayer lunes visitó la Contraloría General de la República para retirar el informe final respecto a la auditoría realizada a la institución guireña."Con lo que retiré vamos a estar analizando esta semana si existen hechos que son penalmente castigados”, señaló Legal.El representante del Ministerio Público detalló que posee tiempo suficiente para investigar y prometió que “no va a morir el caso” en sus manos. A priori está investigando la tipificación del hecho punible de Lesión de Confianza. Ese delito puede ampliarse a Enriquecimiento Ilícito, según ejemplificó, de acuerdo a las evidencias que vaya recolectando. “Eso se aclarará en el transcurso de la investigación”, aclaró.Por otra parte sostuvo que su investigación no guarda relación con el caso del Indert, donde también tiene intervención como investigador, junto con su colega Leonardi Guerrero. Sobre esta causa, dijo que aún no puede presumir que exista una estructura mayor que lidera la rosca mafiosa. Se menciona a Friedmann como el principal articulador en la mafia del Indert, ya que él ubicó a sus leales en los puestos claves de la institución.	Frente a la sede central del Registro Civil se realiza desde temprano la huelga de funcionarios, quienes dicen tener un acatamiento total de la medida de fuerza. El reajuste salarial, el cumplimiento de los artículos 23 y 27 del contrato colectivo que hablan de el 40 % que le corresponde al funcionario al viajar más de 50 kilómetros para el traslado de los libros y la responsabilidad en el cargo son los pedidos de los funcionarios.“Seguimos siendo el hijo no reconocido del Ministerio de Justicia, pero con el acatamiento de la huelga estamos diciendo que nosotros también existimos y necesitamos mejorar la calidad de vida”, comentó una de las manifestantes. Los servicios del Registro Civil quedan suspendidos y solamente se atenderán casos de urgencia, hasta tanto las autoridades den un una respuesta a los reclamos.	El senador liberal Blas Llano anunció en conferencia de prensa que enviará al Congreso de Finlandia una carta, con 47 páginas de documentación oficial del caso, para solicitar la revocatoria del status de refugiados de los presuntos secuestradores paraguayos Arrom, Martí y Colmán.Además, el legislador conformará una comitiva de senadores que viajará a dicho país para buscar una solución a la problemática generada con relación a los connacionales que están prófugos de la justicia paraguaya. Llano aclaró que él no podrá viajar a Finlandia por lo que cederá su lugar al vicepresidente primero de la Cámara Alta, Martín Arévalo. Los otros dos nombres que está evaluando son los de Lilian Samaniego, quien es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, y de Fidel Zavala, quien “fue afectado por el accionar criminal del grupo”.La fecha del viaje de estos tres congresistas aún no fue fijado. Los mismos irán a Europa para entrevistarse con el presidente del parlamento finlandés y líderes de las distintas bancadas, con autoridades judiciales, la Fiscalía, Cancillería y otros estamentos políticos. Por último afirmó que ya obtuvo el visto bueno de la Cancillería paraguaya y por consiguiente del Poder Ejecutivo.