En ese sentido, líderes de “Chekuerái”, tras sitiar la municipalidad, ingresaron en la sede de la intendencia a emplazar por 48 horas a Quiñónez para permitir a la Contraloría poder auditar la gestión del exintendente Ferrer, a pesar de que en junio de 2012, Ferrer y sus asesores habían promovido un recurso de inconstitucionalidad contra el ente de control, al que la Corte accedió en 2013.	“En nombre y representación de la municipalidad de San Lorenzo, tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a los efectos de poner a disposición  la  administración municipal de San Lorenzo a los efectos de auditar las ejecuciones presupuestarias, teniendo en cuenta que la anterior administración  ha  obtenido  el acuerdo y sentencia 1.161 de fecha 16 de septiembre de 2013, dictada por la Corte Suprema de Justicia, y que en su parte resolutiva textualmente dispone hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida (por la municipalidad contra la Contraloría)”, refiere parte de la nota remitida por el intendente Quiñónez al contralor general, José Enrique García.