El país está semiparalizado y la gente, en sus bolsillos, lo sufre a diario. Este hecho, sumado a la ausencia de planes para hacer frente a los problemas y las desafortunadas declaraciones que realiza el presidente con frecuencia, dio vida a un slogan o “marca” casi tan popular como la chipa, la mandioca o el tereré: “Desastre ko Marito”. Pero he ahí que algunos “genios” de las comunicaciones dieron riendas sueltas a su vocación “trepadora” y convencieron al entorno presidencial de la necesidad de responder a tamaña afrenta. Hay que reivindicar al jefe, “pensaron”, y ahí salieron -presurosos- los escuderos del Rey, con Marly, Solcito y funcionarios de Petropar a la cabeza, a los que se sumaron unas docenas de perfiles falsos bajo el hashtag #OikoiteMarito, quienes, con toda justeza, se hicieron merecedores del premio mayor a la mediocridad y al disparate político, por lograr un resultado exactamente contrario al pretendido.	¿En qué podrá fundarse el “OikoiteMarito?. En la penosa situación de la salud pública, evidentemente no. Así lo evidencian la falta de insumos básicos en el Hospital de Clínicas, uno de los motivos de la huelga actualmente en curso, y los sucesivos conflictos en el Hospital Nacional por causas similares, que son prácticamente las mismas en todos los establecimientos sanitarios del país.En la que se registra en el campo de la educación, tampoco. Como ejemplo basta señalar que el gobierno y su ministro del área, Eduardo Petta, ni siquiera son capaces de cubrir las vacancias de docentes, a pesar de haber adelantado las vacaciones supuestamente para dicho fin.¿Tal vez en el de la seguridad?. Menos que menos. El propio ministro del interior, Juan Ernesto Villamayor, admitió (sin querer) que el crimen organizado se expandió y es responsable del 47% de los homicidios. Y aunque no lo hubiera hecho, la “toma” de Ypejhú y Liberación por parte de bandas de narcotraficantes, que además convirtieron a las cárceles en sus puestos de comando, así como la ola de robos y asaltos que azotan a la población, son demostraciones de que, en este frente, también estamos peor.¿En la eficiencia en materia de gestión?. Ni por casualidad. El gabinete, salvo contadas excepciones, está compuesto por una banda de inoperantes, tal como lo refleja la pobrísima ejecución presupuestaria en carteras claves como Obras Públicas y Urbanismo, entre otras.¿Se referirá entonces a los logros en la economía?. Los principales indicadores muestran un claro retroceso. El crecimiento del PIB será este año, en el mejor de los casos, del 1%, frente al 4 o 4,5% de años anteriores, es decir, muy por debajo del aumento de la población. Cayeron las exportaciones y también las importaciones, éstas, porque disminuyó el consumo interno. Y en consecuencia, en este primer semestre, el fisco recaudó menos que durante el mismo período en el 2018.Lo mismo puede decirse del supuesto combate a la corrupción y la consigna de “caiga quien caiga”. Los chanchullos en el MITIC, el escándalo en el IPS, el apoyo a Miguel Cuevas como presidente de Diputados durante un año y los festejos por la liberación del diputado Ulises Quintana, procesado por sus vínculos con el narcotráfico, son algunas muestras del doble discurso imperante.Sorprendentemente, el presidente de la república cree estar haciendo bien las cosas (#OikoMarito), según declaró ahora a la prensa, a la cual también dijo no comprender por qué se califica su gestión como desastrosa. Y esto sí causa preocupación, pues implica una negación de la realidad a escala superlativa. En suma, la “campaña de desagravio” que impulsan sus allegados y sus propias manifestaciones ante las críticas, refuerzan aún más lo que, sin imaginación alguna, pretenden desinstalar: “Desastre ko Marito”.	En charla con la 970, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, dijo que en materia de inseguridad “estamos igual que antes”, atribuyendo la situación a la escases de recursos humanos y técnicos. Sin embargo, en el transcurso de la entrevista fue soltando otros datos, como por ejemplo, que se expandió la actividad del crimen organizado, responsable nada menos que del 47% de los homicidios, según datos de Naciones Unidas. La conclusión es obvia. No es verdad que estemos igual, sino peor, como lo percibe acertadamente el grueso de los ciudadanos, a la luz de los hechos que se suceden.	El ataque narco registrado en Ypejhú, la matanza en la cárcel regional de San Pedro y, más recientemente, el terrible suceso en la localidad de Liberación, son pruebas irrefutables de que el secretario de Estado y el gobierno de Abdo Benítez deben darse un baño de realismo y asumir, sin tapujos, la incapacidad de reacción del Estado paraguayo, ya ni hablemos de prevención.En el primero de los casos, las autoridades nacionales se lavaron las manos, diciendo que se trataba de “una guerra entre narcotraficantes”. En el segundo, le adjudicaron al hacinamiento existente en las penitenciarías y anunciaron la construcción de más cárceles y, en el tercero, solo resaltaron la insuficiencia de personal policial en la zona.Lo cierto es que tanto en Ypejhú, como en Liberación, los traficantes “se pasearon” por la ciudad por más de 30 minutos, atacando los blancos pre establecidos y sin recibir respuesta alguna de la Policía, ni durante el desarrollo de ambos operativos, ni después. Hicieron lo que quisieron y después se retiraron, como lo hace cualquiera al término de una fiesta.Lo mismo pasó en San Pedro, que trasciende por completo los límites del ministerio de Justicia y del Poder Judicial, de indiscutida responsabilidad en la cuestión. Desde las cárceles, las bandas criminales como Primer Comando Capital y Comando Vermelho, hasta el Clan Rotela, actúan con total discrecionalidad, convirtiéndose en un problema de seguridad nacional de primerísimo orden. Dos semanas antes, las autoridades del ramo fueron informadas de que podía suceder algo muy serio. Pero ni Justicia, ni el ministerio del Interior, tomaron nota o se enteraron de lo que se venía.Si a esto sumamos los asesinatos que se registran con suma frecuencia en Pedro Juan Caballero, Capitán Bado, etc; más los asaltos callejeros y los robos que a esta altura del campeonato son “nuestro pan de cada día”, sería cosa de necios desconocer que la inseguridad es un flagelo que nos castiga cada vez con más fuerza. De todas formas, es probable que Villamayor, siguiendo el “ejemplo” del mismo Marito, no admita el fracaso del Ejecutivo en esta materia, pero en sus fueros íntimos sabe perfectamente que la seguridad del país, digan lo que digan, hace aguas por todas partes.	La liberación del diputado Ulises Quintana, procesado por el cargo de narcotráfico y un rosario de otros hechos punibles, es la crónica anunciada de un grosero atropello a la legalidad, así como de la ratificación del sistema de impunidad que beneficia sin disimulo a los “amigos” del poder político. En esencia, lo acontecido en este caso pone de manifiesto, una vez más, el carácter selectivo de nuestra justicia, utilizada como garrote contra los adversarios de los “amos y señores” del momento, y como “varita mágica” para convertir a delincuentes de su entorno en “blancas palomitas”.	Los antecedentes del caso no dejan lugar a equívocos. El 7 de setiembre fue detenido en Ciudad del Este Reinaldo “Cucho” Cabañas, sindicado como jefe de una banda de traficantes de drogas. Y se desató el escándalo. De inmediato se supo que Quintana, principal referente del oficialismo en Alto Paraná, utilizaba una lujosa camioneta de propiedad del presunto “capo” mafioso. Después aparecieron audios (no dos, ni tres, sino seis) en los que el legislador hace “gestiones” para liberar a un secretario de “Cucho”, detenido con 190.000 dólares, que tenían por finalidad la compra de cocaína en la Capital, según la Senad. Y como remate, se sumó luego la publicación de una foto de Cabañas con el mismísimo presidente de la república, entonces candidato, en el quincho de su casa.Existían, pues, sobradas razones para buscar cerrar el capítulo a como diera lugar. Hubo mucha presión, muchísima, a fin de liberar a Quintana. Los líderes “añetete” de la bancada de Diputados se sentaron al lado de Quintana, en la audiencia que trató y rechazó el levantamiento de su prisión preventiva. El presidente del Congreso, entonces Silvio “Beto” Ovelar, se manifestó reiteradamente a favor de su libertad. Y como si eso fuera poco, también lo hizo, a través de las redes sociales, el titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, senador Enrique Bacchetta, proclamando su inocencia.Dichos intentos, sin embargo, fracasaron. Había que dejar pasar más tiempo, que transcurran los comicios municipales en Ciudad del Este, pero no mucho más, por el nerviosismo que evidenciaba el legislador preso, que se podía traducir en declaraciones “inconvenientes” para el gobierno. Y entonces apareció en el ruedo la jueza Narváez, de comprobada idoneidad para ejecutar una maniobra tan rastrera.Ahora habrá que seguir con mucha atención lo que haga o deje de hacer, por ejemplo, el Jurado de Enjuiciamiento, que por mucho menos y en base a publicaciones periodísticas sin sustento, sancionó al juez Marino Méndez. Pero claro, por consideraciones políticas, en ese caso no recurrieron a la “varita”, sino al “garrote”, para castigarle por haber beneficiado con su fallo a Javier Zacarías, es decir, a un enemigo.La misma recomendación vale para la Cámara de Diputados, que por razones infinitamente menos graves a las protagonizadas por Quintana, expulsó de su seno a José María Ibáñez, aunque los pronósticos no son nada alentadores, dado que por más de 10 meses le dieron permiso para… ¡¡estar preso!! A decir verdad, si hay algún lugar a donde tarde o temprano debe volver el diputado Quintana, no es a la Cámara, como pretende, sino a Viñas Cué, de dónde no debió haber salido.	La noticia “explotó” a primeras horas de ayer, domingo. Un grupo de 50 maleantes (40 o 30, según algunas fuentes), se apropió de la localidad de Cruce Liberación por aproximadamente 30 minutos e hizo “volar” por los aires la pequeña sucursal del Banco Visión, de donde habría sustraído nada más que 1.000 millones de guaraníes; es decir, alrededor de 20 millones per cápita o a lo sumo 33, en la versión que habla de una cantidad menor de participantes. Y junto a este hecho, por demás sugestivo, también resalta la inacción de los organismos de seguridad, antes, durante e inmediatamente después del brutal atraco, que segó la vida de un joven.	¿50 “soldados” -o 40 o 30- para un botín tan poco apetecible? ¿Tal vez había más y no lo sabemos, dado que aún no hay información oficial al respecto? ¿O los “malandros”, a pesar del poder operativo que demostraron, disponían de una información errónea?La verdad es que no existe ninguna proporción entre la envergadura de la acción criminal y el blanco escogido por los estrategas del golpe. Muy diferente a otros casos, como el de Prosegur de Ciudad del Este, en el 2016, o el atentado contra Jorge Rafaat, en Pedro Juan Caballero, o las disputas entre facciones mafiosas en Ypehú, más recientemente. En todos ellos hubo una correlación directa entre la fuerza empleada con el objetivo a conquistar. ¿Por qué no en este, en el cual el desequilibrio entre lo uno y lo otro, aparentemente, es por demás notoria?El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, también se refirió a este tema que a cualquier observador llama la atención, señalando que se trata de una de las cuestiones claves a dilucidar. “Resulta un contrasentido, salvo que hayan actuado en base a datos equivocados, lo cual se sabrá como resultado de las investigaciones”, resalto.El problema que Villamayor no puede explicar es la nula respuesta de los órganos de seguridad, léase Policía Nacional, Dirección de Inteligencia, etcétera. Hasta el fracaso en la prevención puede entenderse, tomando en consideración la experiencia en el campo internacional, en donde abundan los casos en los que no pudieron abortarse desde atracos hasta atentados extremadamente graves. Pero, ¿por qué no se produjo respuesta alguna durante los 30 minutos del atraco, ni tampoco después, para evitar la fuga?Puede ser pura negligencia, incapacidad absoluta, lo que confirmaría la tesis respecto a que la Policía Nacional es sobrepasada por los actos criminales de relevancia, o bien podría tratarse un caso más en el que, ubicados en el polo opuesto de sus funciones, los encargados de brindarnos seguridad están implicados en el ilícito.Ambas hipótesis fueron rechazadas de plano por el ministro del Interior, aunque no sabemos por qué, sobre todo si contrastamos su postura con lo sucedido en las últimas décadas en esta materia. En resumidas cuentas, el asalto a Visión deja aristas que generan muchas dudas, hechos que “no cuadran” y para cuyo esclarecimiento debería llevarse a cabo una investigación exhaustiva, caiga quien caiga; slogan este muy repetido pero que en los últimos tiempos se transformó en nada más que un cascarón vacío.