En una entrevista realizada por radio Monumental, el ministro Eduardo Petta se refirió a la información dada a conocer por la Contraloría General de la República, que habla de inconsistencias en su declaración jurada de bienes. En su caso se menciona que no declaró siete inmuebles registrados a su nombre en Hohenau, departamento de Itapúa.Indicó que desde 1997, cuando no era funcionario público, tiene un condominio con sus hermanos y con usufructo vitalicio de su madre que todavía está viva. “Los seis hermanos le dimos un poder amplio para que pudiera vender cuando quiera. Mamá es viuda y está viviendo en esa propiedad. De siete me tocará medio (como herencia)”, añadió.Por otra parte recordó que en el 2011 se le robó un automóvil y que por eso tampoco lo constató en su declaración. “Qué valor le puedo dar a algo que ya no tengo en mi poder, porque puede estar ya en un desarmadero”, afirmó.¿ATAQUE POLÍTICO?Eduardo Petta señaló que Armindo Torres, director General de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, fue funcionario del Senado y sería hombre de confianza del senador colorado Juan Darío Monges. “Era su secretario privado”, añadió.La autoridad sostuvo que Torres debía primero correr traslado de los resultados hallados a él, para que pudiera dar su descargo en un periodo de 30 días. En cambio, según lamentó, el contralor Camilo Benítez no le dio el derecho a la defensa.Aplaudió la investigación, pero deseó que la Contraloría se anime e investigue a los 80 diputados y 45 senadores. “Desde el 94 me buscaron debajo de la alfombra, siendo que desde el 2000 recién fui fiscal. Investigaron de todo, hasta las transferencias bancarias que hice”, afirmó.	Pese a que el domingo se difundieron unos afiches con los rostros de tomateros de Caaguazú que participaron de la movilización campesina y que las imágenes mostraban los supuestos grados de parentesco de cada uno con miembros del EPP, la Secretaría de Inteligencia desmintió haber dado esta información, aunque fue el propio secretario privado de la presidencia, Luis Andrés Arévalo quien repartió los volantes, atribuyendo los datos a dicha entidad.Al respecto fue abordado el ministro del Interior, Euclides Acevedo. “Yo no creo en esas cosas, ese es un trabajo de inteligencia, lo que yo creo pueden tener los movimientos sociales es una intoxicación por parte del crimen organizado, porque a quién le conviene la desestabilización de un estado”, respondió.Argumentó que el crimen organizado constituye el verdadero poder fáctico que no solo consiguió penetrar en los organismos de seguridad, sino en todas las instancias de la república.ACUERDO CON LA FNCEl secretario de Estado confirmó que el acuerdo al que llegó con la Federación Nacional Campesina es reactivar la mesa social de la cual él mismo formará parte, a fin de monitorear el cumplimiento de los reclamos. La cooperación en materia tecnológica, crediticia y de mercado, además del combate al contrabando son algunas de las tareas en las que cooperará Acevedo. PARAR LO DESALOJOS En cuanto a los pedidos de ponerle punto final a los desalojos, el ministro aclaró que ese es un problema judicial y que él no puede involucrarse en eso.	En charla con radio UNO, la autoridad justificó que durante cinco años se asentó mal una propiedad en su declaración jurada de bienes. “Hay una herencia que tenemos con mi esposa, sale a nombre de ambos. Se asentó mal eso probablemente”, dijo. La Contraloría hizo una observación en el comparativo de sus declaraciones juradas del 2013 y 2014. La diferencia hallada es de 460 millones de guaraníes. “Teníamos un juicio sucesorio de mi suegro que falleció. Una vivienda en Coronel Oviedo. Yo vivo ahí ahora con mi señora esposa. Nosotros declaramos como adquisición de compra, ahí estuvo el error”, dijo al respecto. A eso se suma una deuda en el Banco Regional que tampoco declaró.Horas antes, en charla con radio Universo, la autoridad aseguró que dicho inmueble pertenecía a su finado suegro y que seguía viviendo allí su suegra. “Recibimos como herencia. Hicimos un arreglo interno y con mi esposa pagamos 35 millones de guaraníes a su madre, para que reconozca la transferencia”, dijo.	El 5 o el 12 de noviembre la Federación de Educadores del Paraguay anuncia un nuevo paro docente por más presupuesto por el 16% de aumento salarial para el sector.A partir del 2017 se firmó un acuerdo para que el aumento sea gradual y se inició un proceso gradual para llegar al salario básico profesional y como el Ministerio de Hacienda responde que no cuenta con los recursos el aumento se dio de esa manera, explicó Silvio Piris, dirigente de la asociación.En abril de este año se cumplió el reajuste de otros 16% y la pelea docente es para que se cumpla los otros 16% para el 2020, quedando aún otro porcentaje para el 2021.“El problema es desde qué mes se aplica y nosotros queremos desde enero y si es imposible por lo menos desde abril y Hacienda siempre dice lo mismo , que nunca tiene plata y nunca van a decir que tienen porque se les irán encima y afirman que no hay buena recaudación y lo acordado es de difícil cumplimiento”, afirmó en contacto con la R800.Destacó que el aumento que consiguieron es condicionado y la situación se torna compleja porque no es seguro que la recaudación mejore para cuando se deba realizar el próximo reajuste. En la primera quincena de noviembre está previsto que sea estudiado en Diputados y en la segunda quincena en Senadores. Piris indicó que en ambas fechas harán un paro docente a nivel nacional.