En entrevista con Radio Uno, Llanes manifestó que hasta el momento aún no han solicitado la apertura de una auditoría dentro de la Senabico, pero dijo que ya se encuentran evaluando esa posibilidad.Según explicó, hay ciertos informes “que no cuadran”, aunque evitó apuntar directamente contra algún funcionario o autoridad para no realizar acusaciones infundadas.De momento, aún no se ha logrado definir si es que -en caso de ser aprobada- esta verificación se llevará a cabo por áreas o de manera general en la institución.La ministra sostuvo que cuando se administran bienes de terceros con las reglas de la administración pública hay que ser cuidadosos en muchos aspectos. Asimismo, confirmó que algunos informes que ha solicitado fueron respondidos y otros no, hecho que en cierta medida ha llamado la atención.Llanes admitió que la Senabico “aún está en desarrollo” y pese a que “ha empezado a andar” dejó de manera inconclusa ciertas cuestiones fundamentales como los protocolos y manuales de procedimiento. “Son herramientas básicas para manejar este tipo de actividades”, expresó.Sobre este punto, explicó que los protocolos permiten saber, entre otras cosas, qué se recibió, cómo y cuándo se recibió, en qué condiciones fue recibido un bien o dónde está depositado.“Hay una cadena de custodia del bien incautado que no está definida claramente, en este momento esa es la preocupación prioritaria”, reveló la titular de la cartera de Estado durante la entrevista radial.Por otro lado, Llanes confirmó que están viendo las figuras jurídicas que se podrían aplicar para poner a la venta de manera anticipada los bienes incautados y comisados, a fin de evitar que los mismos queden desvalorizados y sin tener que esperar hasta el final del proceso penal.Una de las posibilidades analizadas para la administración de bienes es a través de la vía judicial que -a su criterio- es la manera más segura de hacerlo porque hay un juez interviniendo. Por ahora, aún no hay una fecha estimativa para saber si será o no instruida la auditoría interna en Senabico y, en caso de ser así, a partir de qué momento. Según la ministra, “oportunamente se hará el anuncio”.	En la esquina de Paraguayo Independiente y Río Ypané, de la ciudad de Asunción, se produjo un encontronazo entre los nativos que realizan una medida de fuerza inicialmente pacífica en la capital y los agentes policiales que resguardan la zona.El incidente se registró cuando los manifestantes se vieron impedidos a avanzar rumbo al Palacio de López, atendiendo que por ley está prohibido que lleguen hasta la sede presidencial.Los nativos arrojaron piedras e incluso algunas flechas, de acuerdo a los testigos, contra los efectivos policiales y éstos respondieron con gas lacrimógeno.Los trabajadores de la prensa, como el caso de Fernando Riveros (La Nación), también fueron alcanzados por los cascotes que lanzaron los nativos.Varios testigos grabaron el momento en que se registraba el conflicto.	El juez Humberto Otazú hizo lugar al pedido de la defensa de María Araceli Sosa Díaz y concedió libertad ambulatoria a la procesada.“La imputación le atribuía una conducta de un hecho de homicidio en grado de complicidad y luego del fruto de la investigación se pudo sustentar el cambio de calificación”, explicó el magistrado Otazú a la 970 AM. La carátula quedó bajo omisión de dar aviso a un hecho punible, lo cual reduce notoriamente la gravedad de la implicada, quien mediante esto pudo beneficiarse con la medida alternativa.De esta manera la mujer es responsable de no haber denunciado un quíntuple homicidio pese a haber tenido conocimiento de lo acontecido. La fiscal Esmilda Álvarez, confirmó que está totalmente comprobado que el joven Bruno Marabel fue el único autor del quíntuple homicidio ocurrido en el mes de septiembre de 2018. Marabel se expone a la pena máxima estipulada en nuestra legislación, que es de 25 años. A eso se le podrían agregar más años, como medida de seguridad por considerarse un peligro para la sociedad.	La agente fiscal Natalia Acevedo realizó un procedimiento esta madrugada, con la agente fiscal Isabel Arnold, para el rescate a 20 niños y niñas de pueblos originarios en zona de la terminal, tras una denuncia de explotación y que estaban en situación de riesgo.Arnold detalló a la radio 650 AM que los niños estaban en completo estado de abandono en inmediaciones de la terminal asuncena y que los mimos se dedicaban a la venta callejera y además la mayoría inhala cola de zapatero. La agente de la fiscalía comentó que todos estaban en un patio baldío y que están identificadas tres personas, quienes serían las responsables de traer a la capital a los menores para ser explotados laboral y sexualmente.