Los investigadores del crimen de Rosita (13) manejan la hipótesis de que el terrible caso tendría que ver con un pacto satánico. La niña fue engañada a través de Facebook por el supuesto pedófilo Juan Carlos Gomez (53) y su concubina Susana Arzamendia (25), quien colaboró en el macabro plan. La víctima no sospechó de nada porque estaba completamente encantada.	apuntaría a un rito satánico, aunque tampoco se descarta que los celos hayan motivado el asesinato.El fiscal Pedro Rolando Duarte relató a radio Ñanduti que mediante las redes sociales la víctima -oriunda de Valenzuela- contactó con un supuesto joven de 20 años que se hacía llamar Matías, pero que en realidad era Juan Carlos Gomez (53). “Él conquistó a la nena y ella estaba desesperada por venir a Asunción a conocerlo. Ellos solo tenían contacto virtual. En los últimos tres meses, de un solo número se comunicaron en 500 oportunidades. No fue algo de un solo día, estaban conversando por varios meses. Ella estaba completamente encantada y buscaba la forma de contactarlo porque ni siquiera tenía celular propio, sino que prestaba de su entorno”, detalló.La adolescente fue a la vivienda de su hermano en Asunción para pasar sus vacaciones. En reiteradas ocasiones pidió a su familiar que la dejara salir con una compañera del colegio de Valenzuela que supuestamente también estaba por la capital. Para lograr sacar a la niña de la vivienda, el hombre envió a su propia pareja Susana Arzamendia para que se haga pasar por la amiga, mientras que él simuló ser el padre de esta chica.Finalmente, el 11 de diciembre, el hermano de la víctima fue convencido ante los insistentes reclamos de la menor de ir con su “amiga” a una piscina. Susana llevó sin problemas a Rosita hasta un sitio en Asunción donde estaba su “padre”. La pareja explicó a la niña que la iban a trasladar hasta Misiones, donde estaba su novio Matías.Primero abordaron un colectivo, pero luego comenzaron a hacer dedo y en Santiago Misiones fueron a pie. Ese jueves 12, caminaron tres kilómetros de la ruta principal y se internaron en el bosque, que era un supuesto atajo para llegar hasta el trabajo de Matías. Allí el señor le confesó a la niña que no existía el joven y que era él la persona con quien había conversado.PACTO CON SAN LA MUERTE“El señor mencionó que hizo un pacto con su abogado y su protector San La Muerte y es en ese razonamiento que acaba con la vida de la niña para que pueda ser beneficiado con un mejor ingreso económico y mejor calidad de vida”, aseveró el fiscal.Por su parte, el hombre negó que haya sido un pacto, tal como reveló su concubina a los investigadores. Sobre las imágenes de San La Muerte que estaban en su vivienda, dijo al canal 9 que no son suyas.Tras matarla, la pareja la dejó abandonada en el yuyal. El cadáver fue hallado el 13 de diciembre. Los sospechosos fueron detenidos tras la comparación de los números que se usaron para contactar con la menor. Ambos están imputados por homicidio doloso agravado, cuya expectativa de pena va de 5 a 30 años de cárcel.El fiscal Duarte dijo que el sujeto “es un conocido del ambiente” porque posee varios antecedentes por diversos delitos. Tiene causas pendientes en Villarrica, Encarnación, María Auxiliadora y Coronel Bogado. La mujer es pareja del mismo y está embarazada de seis meses. Ella colaboró en el macabro y elaborado plan; fue quien habilitó los números de teléfonos y luego se la vio en las cámaras de seguridad junto con la menor de edad.INVESTIGAN SI FUE ABUSADAEl doctor Félix Fornerón, médico forense que examinó el cuerpo de la adolescente de 13 años,	la extremada violencia con la que se cometió el crimen de la pequeña.“Fue sorprendida al momento del ataque homicida y como quiso zafarse o desprenderse tuvo otras lesiones en el brazo, como arañazos, pero en definitiva, las mayores marcas quedaron en el cuello, porque fue estrangulada”, relató en entrevista con la 730 AM. En cuanto a la posibilidad de un abuso sexual, el médico detalló que las muestras tomadas se enviaron al laboratorio, para confirmar o descartar esta hipótesis.	El negocio se encuentra en la compañía Pindolo de Areguá y fue visitado por integrantes de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Contrabando, encabezada por la fiscal Miguel Quintana.Del lugar se incautaron varias cajas de aceite que eran comercializadas sin las etiquetas de importación, bolsas vacías de 50 Kg de azúcar de procedencia argentina.En este último caso, se maneja que el contenido era reempaquetado en bolsas nacionales pero sin los registros sanitarios correspondientes. Las mercaderías fueron derivadas al depósito de la Dirección de Aduanas para la apertura del sumario y el inicio de la investigación. La orden la emitió el Juzgado de Delitos Económicos de la Capital.	El interventor de la comuna es Aldir Rojas, quien fue designado por el Poder Ejecutivo el pasado 17 de octubre, ya entregó su informe al Ministerio del Interior, pero insiste en permanecer en el cargo otros 30 días, según informó Milciades Benítez, apoderado del Partido Patria Querida.Actualmente, el intendente Oscar Duarte (PPQ), se encuentra suspendido en sus funciones. Entre las causales de intervención, los concejales acusan al jefe comunal de no presentar el informe de ejecución presupuestaria del 2018, mal uso de los fondos asignados para el primer trimestre de este año, la no ejecución del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Otro punto cuestionado es la falta de planificación para sectores como deportes y educación. Duarte fue electo en el periodo 2010-2015 y renunció para volver a candidatarse para las elecciones municipales del 2015, en donde fue reelecto para ocupar el cargo. Con la renuncia del patriaqueridista, asumió el concejal Israel Duarte (PLRA), quien asumió el 18 de agosto del 2015 para poder culminar el ciclo.El recientemente reelecto intendente tuvo como primera tarea realizar una auditoría del periodo de Israel Duarte a cargo de la comuna. Según los resultados del informe, entre el 18 de agosto y 18 de diciembre del 2015, el entonces administrador, Jorge Francisco Villalba Areco, habría transferido electrónicamente la suma de aproximadamente G. 400.000.000 por encima de lo que le correspondía en concepto de honorarios profesionales. Estos fondos habrían salido directamente de la cuenta de la Municipalidad. Luego de tener el resultado de esta auditoría, el intendente presentó una denuncia contra Israel Duarte y Jorge Francisco Villalba Areco ante la unidad fiscal de Villa Hayes, a cargo de Alexis Takahashi. El agente del Ministerio Público imputó a ambos por lesión de confianza. Sin embargo, a Villalba también lo procesó por apropiación. El fiscal solicitó que la causa sea elevada a juicio oral, pero los procesados pospusieron la audiencia preliminar mediante varias chicanas. Según una denuncia que realizó una fuente cercana HOY, para suspender la cuarta audiencia habrían propuesto la devolución del monto supuestamente transferido irregularmente, pero no en efectivo sino “en especies”. De acuerdo con la denuncia, el interventor habría pretendido aceptar la propuesta de los procesados y sería a causa de una visita que habría realizado Rojas al juez que entiende la causa, en compañía de una concejal, quien es hermana de un diputado liberal, y el presidente de la Junta. EL INFORME DE LA INTERVENCIÓNAldir Rojas presentó su informe de intervención, dando cuenta de que se pudo constatar la elaboración de instrumentos públicos de contenido falso, los mismos habrían sido confeccionados a los efectos que la Junta Municipal no descubra la utilización de importantes fondos municipales no incorporados al presupuesto y además, sin procesos licitatorios. Además, el interventor halló documentos de ejecución presupuestaria presentada ante el Ministerio de Hacienda y Contraloría con montos muy superiores a los presentados ante la Junta Municipal. El informe también habla de un perjuicio de G. 2.118.440.137 en el año 2015. Este monto habría sido ejecutado en el rubro de construcciones y no existen documentos respaldatorios, según Rojas. Por otro lado, existe un daño patrimonial de G. 999.000.000 debido a irregularidades en la ejecución de los fondos del FONACIDE para obras en la comuna, adjudicadas de manera irregular, ignorando las observaciones realizadas por la Dirección Nacional de Contrataciones y beneficiando a supuestas “empresas amigas”. Otra de las irregularidades detectadas por el intervención es la transferencia de G. 500.407.320 a la empresa El Farol, este desembolso se habría realizado sin contar con presupuesto y sin planillas de registros firmados por algún responsable de comuna que pueda certificar y responder por dichos pagos. Rojas indicó que existe un daño patrimonial de G. 1.043.037.320. Este pago sería en concepto de supuesto traslado y disposición final de residuos al vertedero municipal. Este desembolso se habría realizado sin contar con presupuesto para su financiamiento y se habría evadido la obligatoria autorización de la Junta Municipal para llevar a cabo esta adjudicación. Todo esto, existiendo una empresa que cobra a los residentes de Benjamín Aceval por la recolección de basura. Existen irregularidades en la adjudicación de empresas para el enripiado de calles urbanas. Según el informe, la concesión se dio de manera apresurada, no se cumplieron las especificaciones técnicas, gran parte de la superficie cargada con pedregullo ya ha desaparecido y no se realizó el trabajo en su totalidad.Ya en 2018, hubo transferencias por un total de G. 300.000.000 al Concejo de Salud sin rendición de cuentas de las mismas. Lo más llamativo es que dicho organismo está presidido por Oscar Duarte. Por facturas no válidas, enmendadas o incompletas, se constató un perjuicio de G. 312.365.700 Por último, se detectó un pago de G. 2.060.000.000 con fondos provenientes de royalties para el rubro de contrataciones, también con deficiencia de documentos respaldatorios.	December 30, 2019A principios de diciembre, la Junta Municipal de Concepción aprobó el pedido de intervención presentado por el concejal liberal Héctor González, ante los supuestos hechos de corrupción. Los pobladores de la ciudad de Concepción piden la renuncia de Urbieta por hechos de corrupción en su administración. Los ciudadanos se manifiestan hace meses contra el jefe comunal, quien está siendo investigado por el Ministerio Público. Entre los antecedentes se cuenta la agresión filmada contra una mujer por parte de Urbieta.