La autoridad, en charla con la 970 AM, manifestó que actualmente 150 indígenas están en la capital, entre los cuales figuran los pertenecientes a la parcialidad Ava Guaraní, provenientes de Takuara’i (Corpus Cristi) y que hace cinco meses están apostados en la Plaza de Armas reclamando recuperar sus tierras ancestrales. Ana María Allen explicó que se trata de la familia López y que parte de esta ya regresó al interior al aceptar las tierras ofrecidas por el Estado. Mencionó que tras la muerte de uno de los líderes (Francisco López fue asesinado de un balazo en la plaza), su viuda y familiares dejaron la capital, mientras que solo uno de los hermanos de la víctima continuó con su protesta.La titular del Indi aseveró que este integrante de la familia López no presenta documento alguno de su petición y además en las instituciones no se consta que las tierras reclamadas hayan estado ocupadas en el pasado por los nativos en cuestión. “Se les asistió siempre que hubo denuncias. Acá también pasa que hay muchos manifestantes que no son indígenas y los demás están siendo utilizados”, afirmó.Así también expresó que hay otro grupo indígena (que estuvo tomando las calles céntricas) que debía regresar ayer a su comunidad pero que no lo pudo hacer porque varios de sus integrantes estaban muy alcoholizados. Afirmó que hoy se podría concretar la partida de los mismos.A esto se suma además que muchos nativos ya no desean volver a sus comunidades y dejan a sus hijos en cuidado de personas extrañas. En ese sentido recordó el procedimiento de rescate de una veintena de niños que estaban a su suerte en zona de la terminal de ómnibus. Durante la entrevista radial, la funcionaria criticó que se expone a los niños y mujeres embarazadas al calor y las lluvias. “Me preocupa de sobremanera. Muchas veces tampoco nos dejan asistirlos. (…) Todo cambio trae una negación y conflicto. Nosotros en vez de encajonar papeles, estamos articulando las acciones para dar asistencia médica y escuelas a las comunidades necesitadas”, afirmó.Reveló que ya no siguen con la práctica de dar dinero cada viernes a los líderes nativos o aceptar los llamativos y exagerados pedidos de ayuda de las comunidades, porque no condice con la cantidad de integrantes que requiere de la asistencia. Remarcó que en realidad los beneficiados terminaban vendiendo lo que recibían del Estado. “Dicen que están con hambre pero en el Indi no hay pedidos de asistencia. Los indígenas que vienen a Asunción no representan a los demás”, puntualizó.	El desabastecimiento de la farmacia interna del SENADIS fue uno de los motivos de manifestación de los pacientes y usuarios frente a la institución donde falleció uno de los participantes de nombre Guido Aponte. Tras lo ocurrido, el exministro del ente Diego Samaniego manifestó su extrañeza debido a que dejó la casa en orden a su sucesor César Martínez.	La falta de provisión de medicamentos y el servicio de un neurólogo movilizaron ayer a los usuarios del Servicio Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) y se produjo el deceso de uno de los participantes, de nombre Guido Aponte con discapacidad visual quien sufrió un infarto.Sobre la situación, el exministro de la institución Diego Samaniego afirmó que cuando asumió en el 2016 se encontraron con deudas de G 5 mil millones y 3500 cheques sin pagar a los proveedores y con saldo rojo, situación que fue corregida durante su administración.Esta gestión permitió dejar una farmacia abastecida, cuatro vehículos nuevos para el uso de los pacientes ya que estos requieren de un traslado desde sus casas hasta la institución. “Por primera vez en el SENADIS hicimos los llamados a licitaciones para medicamentos y otros y logramos alcanzar a más personas con discapacidades”, explicó en contacto con Radio UNO. Destacó que durante su gestión los medicamentos eran licitados y que estos procesos durante 45 días y las compras se realizaban en forma coordinada con las necesidades de los pacientes que eran atendidos en la institución. “Me extraña que el ministro Martínez diga que heredó esta situación”, puntualizó.	“De parte del Ejecutivo no estoy viendo una respuesta seria, están siempre protegiendo a los sectores que no están en favor de que los paraguayos tengamos nuestras tierras, ese es mi dogmático punto de vista”, afirmó Cubas.Señaló que los labriegos luchan por no pagar más el 36 % semestral de interés, es decir, 72 % al año. Consideró que esto es una usura y un “crimen”.En cuanto al subsidio a las deudas, Cubas aseguró que la última vez se concedieron 250 millones de dólares, pero que el dinero fue a parar a manos de políticos.Respecto a la Ley del Marchódromo insistió en que pedirá la derogación de la normativa porque considera que no tiene razón de ser. “El interés general prima sobre el derecho de terceros y nosotros tenemos una población campesina sumamente amplia, no puede ser que Asunción siga siendo Capital de la República”, concluyó y recordó que el Congreso posee la facultad de trasladar la Capital.	Las familias que fueron desalojadas semanas atrás de un predio de Luque llegaron hasta el microcentro de Asunción para sumarse al grupo de campesinos instalados en la Capital desde ayer. Los ocupantes dicen sentirse afectados por el desalojo y exigen que el Gobierno les otorgue una vivienda digna, pues aseguran que las tierras que ocuparon en Luque no pertenecen a Copaco y por tanto exigen ver las escrituras para a comprobarlo. La propiedad se sitúa en el asentamiento 12 de junio y posee 68 hectáreas que se extienden por la tercera compañía de Isla Bogado hasta la cuarta compañía de Cada, San Rafa el. TAMBIÉN CONTRA LA ANDEPor otro lado, cientos de campesinos se movilizan en contra de las elevadas tarifas de electricidad que deben pagar, sin motivo aparente. “Los primeros tiempo me venía G. 35.000, ahí sin problema, pero después G. 250.000 dos o tres meses y ahora G. 2.700.000, eso no voy poder pagar”, comentó a la 970 AM el labriego Félix Sánchez, del departamento de Caaguazú. Contó que en su casa tiene una heladera y un televisor pero que está muy lejos de llegar a contar con un aire acondicionado, por lo que no se justifica el pago de una tarifa tan alta.