Las posiciones sobre responsabilidades en el caso del Acta Bilateral de Itaipú continúan dispares en la Comisión Bicameral y el próximo miércoles se daría a conocer las conclusiones, adelantó el senador Eusebio Ramón Ayala. A su criterio, las documentaciones son contundentes al igual que las responsabilidades desde la Cancillería, pasando por los asesores y el presidente de la República Mario Abdo Benítez.	La conclusión de la investigación de la Comisión Bicameral en el caso del Acta Bilateral nuevamente quedó postergada debido que existen demasiados temas y diferencias en cuanto a los criterios de responsabilidades, afirmó el senador Eusebio Ramón Ayala y adelantó que el próximo miércoles ya se contaría con mayoría para decidir.Además, otros sectores argumentaron que no leyeron todo el legajo de las conclusiones para discutir y no hay acuerdo sobre el punto, señaló en contacto con radio UNO.“Algunos creen que son tres los responsables; otros seis y otros creen que son otras personas y una opción es resolverla por parte, agregó.Ayala admitió que existen dos posiciones y que ambas de seguro persistirán y sobre su criterio afirmó que ya tenía su criterio al respecto y que las documentos oficiales remitidos por el presidente de la República al Senado además de los testimonios y declaraciones lo que hicieron fue enriquecer y dar entidad a la documentación existente.“Tengo una visión clara al respecto y creo que las responsabilidades de las personas que estuvieron allí son contundentes, avaladas en documentos oficiales, la Constitución, la ley y las declaraciones”, indicó.Mientras algunos legisladores creen que la responsabilidad es del exembajador Hugo Saguier; otros creen que es el Ingeniero Ferreira, el Ingeniero Sánchez Tillería o Giménez porque fueron los que asesoraron.“Estamos los que creemos que hay una línea de responsabilidad de que quedó a cargo de la Cancillería su negociación porque Itaipú establece que en caso de divergencia se eleve a las altas partes y estas son Paraguay y Brasil representado por sus presidentes y constituciones. Por una ley se encarga la Cancillería y la responsabilidad es del equipo negociador con el excanciller y con el presidente de la República, para mi entender está claro conforme a los documentos aunque otros no consideran que sea así”, afirmó.Destacó como logro que se dio la renuncia del Ingeniero Pedro Ferreira y que el presidente de la República haya solicitado dejar sin efecto el Acta Bilateral de 24 de mayo con un acta bilateral del 1 de agosto y luego de que Itamarati reafirmó que seguía vigente, finalmente el gobierno de Brasil aceptó y dejó sin efecto el acta el 13 de agosto pasado.El legislador además destacó que de lo contrario se iba a seguir ahondando los perjuicios a la Ande y el Paraguay.Una vez que se tenga las conclusiones están se remiten ambas cámaras del Congreso y si hay acuerdo a la justicia ordinaria. Destacó que la información es pública y está disponible en el portal de la Cámara de Senadores para las personas que quieran acceder a los documentos, declaraciones e informes entregados.Si bien las conclusiones de la Comisión Bicameral no son vinculantes con la justicia y no se puede sancionar ni castigar, la fuerza de los documentos es lo podría mover a alguna fuerza política para pedir un castigo.	En charla con la 730 AM, el fiscal manifestó que se parte de una premisa falsa para defender al hoy condenado, porque se habla de aceite de cannabis, siendo que en poder del sujeto se encontró marihuana y resina de marihuana, que no se trata del aceite mencionado.En el hipotético caso de que producía aceite de cannabis, el hombre debía tener la autorización de Vigilancia Sanitaria y Senad, de acuerdo con el investigador. En su caso se configuró el delito de tenencia de sustancia ilegales sin autorización, agregó el entrevistado.Elvio Aguilera resaltó que el condenado Édgar Martínez Sacoman fue investigado por la Policía tras una denuncia que refería que un grupo de paraguayos y extranjeros elaboraban sustancias prohibidas. Se allanó un dúplex donde estaba Sacoman junto con una mujer colombiana y otro hombre colombiano con antecedentes por narcotráfico, que actualmente está prófugo. A eso se suma que Sacoman estuvo procesado en Brasil por comercialización de medicamentos no autorizados.“Conforme al trabajo de inteligencia del departamento Antinarcótico de la Policía Nacional, él no se dedicaba a lo que posteriormente está diciendo, de que (el aceite de cannabis) era para personas de escasos recursos y dolencias de niños”, afirmó.“Él encaró de esa manera su defensa recién cuando se enteró de la Fundación Mamá Cultiva Paraguay. Estando en prisión contactó con esa gente, cuando estaba por llegar al primer juicio oral. Cuando se investigó y se elevó a juicio oral, no propuso diligencias al Ministerio Público alegando que era para ayudar. Iba a ser diferente si desde un principio decía eso, yo les iba a citar a todas las personas pero no ocurrió”, resaltó. Aguilera puntualizó que Sacoman no fue siquiera imputado por comercialización o tráfico internacional, sino que por tenencia de drogas.	El ministro comentó que la versión que será discutida tiene pedidos de ampliaciones presupuestarias que totalizan aproximadamente US$ 600 millones e hizo énfasis en que si el veto fracasa, el próximo año puede ser muy complicado, ya que no se cuentan con los ingresos suficientes para sustentar ese presupuesto.“Se van a atrasar todos los pagos ante la ausencia de ingresos y esto no ocurre desde el 2002”, advirtió López ante la consulta sobre un posible escenario que podría vivirse el próximo año si el veto del Ejecutivo no prospera. Además, comentó que el Gobierno estaría trabajando únicamente para pagar los salarios atrasados y para nada más ante esta ausencia de ingresos.“Debería respetarse un poco más el presupuesto que envía el Ejecutivo, porque ahí está el análisis del los ingresos. No se pueden generar ingresos mayores a los que están ahí y si se generaran, vamos a tener que estar haciéndolo sólo para ir cubriendo el déficit”, sostuvo el ministro de Hacienda en Radio Monumental. Los parlamentarios de la Bicameral deben dictaminar el presupuesto y enviar a Diputados, quienes tendrán 15 días para estudiar el documento y remitirlo al Senado. Por su parte, una vez recibido, la Cámara Alta tendrá el mismo plazo para aprobarlo o rechazarlo. El PGN 2020 es de US$ 13.700 millones e incluye un déficit del 1,5% del PIB, prevé que la recaudación G. 25,7 billones y un endeudamiento aproximado de G. 9,9 billones.	Hace aproximadamente dos meses los productores asociados del departamento de Caaguazu vienen golpeando puertas pidiendo que el gobierno ofrezca una solución. Hasta ahora la única respuesta de este gobierno fue la represión y el garrote. El drama de estos productores sigue siendo el mismo, el infame contrabando y la incapacidad del gobierno para ofrecer soluciones. Unos 4 mil labriegos dependen directamente del rubro y multiplicando por cadena de valor los afectados, solo en ese departamento, llegaría a unas 25 mil personas. “Nosotros tenemos todos los productos pero en los supermercados nunca faltan los tomates. No podemos comercializar lo nacional. Evidentemente son de Contrabando” | Francisco Meza (pdte de la Unión Nacional de Productores Frutihortícolas).	October 23, 2019 En condiciones normales, las cajas del fruto se venden por G. 110.000 pero el ingreso masivo del producto desde Argentina y Brasil, perjudica y hacen que la misma cantidad quede en G. 40 mil o incluso menos. Para que un productor pueda darle un mínimo margen de ganancia a su producto, la caja debe costar G. 70.000. Estas cifras revelan que el contrabando no solo hace que se reduzca el beneficio sino que, al contrario, directamente arroja números en rojo a los productores.Durante la administración del ministro Denis Lichi el gobierno ofreció a los productores comprarles todo el producto a Gs 2.500 el kilo en finca, sin embargo la propuesta no fue aceptada debido a que solo para cubrir los costos los tomateros necesitan vender a Gs 3.500 kilo. “Lo que se está vendiendo son productos de contrabando. Son 4 o 5 proveedores que abastecen a los supermercados. Esta gente evidentemente mezcla producto nacional con contrabando” | Alfredo Tauber (Representante legal de productores).	October 23, 2019 El acuerdo incluía además trabajar con la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Seprelad para seguir la ruta del negocio hasta llegar al intermediario que compra de contrabando y vende a los comercios. Con la salida del ministro Lichi y la llegada de Rodolfo Friedmann a esa institución, la iniciativa se truncó.La realidad que hoy golpea al sector no encuentra soluciones desde el gobierno. Los productores se vieron obligados, como último recurso, a cerrar la ruta. La respuesta del gobierno fue inmediata: garrote y balines de goma. Como saldo quedaron unos 25 labriegos imputados por coacción grave y perturbación de la paz pública. De esta manera hizo su debut en el cargo el nuevo ministro del Interior, Euclides Acevedo.Los tomateros exigen que rueden las cabezas de Rodrigo González, presidente del Senave; y el ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann. ¿Apelar al “garrote” es la única estrategia del gobierno?