La oleada de procesamiento de políticos corruptos se cortó cuando en el Congreso Nacional se dieron cuenta del efecto dominó y decidieron ponerle un freno. Esto favoreció a la pareja conformada por el senador Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod de Zacarías, exintendenta de Ciudad del Este, ambos colorados.Esta pareja estuvo a cargo de la administración de una de las ciudades más importantes del país por casi dos décadas. En ese periodo se crearon, se fortalecieron y operaron impunemente una serie de esquema de corrupción. Sin embargo, hasta ahora solo fueron procesados por hechos menores como lesión de confianza y declaración falsa, evitándose ilícitos más graves como el enriquecimiento ilícito.	Se robaron dinero de las arcas públicas en diversas formas, desde con el cobro para ingresar a baños públicos, hasta con cajas paralelas para estafar a los contribuyentes en sus pagos de impuestos, además de la recaudación de estacionamientos, coimas de los agentes de tránsitos mediante una perversa rosca mediante embotellamiento, entre tantos otros.	Estas irregularidades son solo algunas de las que fueron constatadas durante una intervención de tres meses y la auditoría de la Contraloría General de la República. Según las investigaciones preliminares, parte de estas recaudaciones ilegales fue a parar en las manos de la pareja Zacarías-McLeod, quienes abiertamente ostentan apartamentos en paradisiacas playas brasileñas, avión privado, fastuosas fiestas, inmuebles, viajes, ente otros lujos.	Lo cierto es que la Justicia ha demostrado mucha complacencia contra esta familia que tanto daño hizo a Ciudad del Este. Hasta ahora se siguen prestando a sus chicanas jurídicas para evitar una audiencia de imposición de medida y se evita procesarlos por hechos más graves. No se puede permitir que políticos de esta calaña, que causaron el empobrecimiento de una ciudad tan importante, queden impunes. Lo único que el Poder Judicial está logrando al prestarse a las maniobras es deteriorar su ya alicaída imagen ante la sociedad paraguaya.