“Tiene que haber una denuncia, debe ser estudiada por un juez, debe haber derecho a la defensa, tienen que ser estudiadas las pruebas y objetadas cuando sean contrarias y no demostrables, culminar con una sentencia y una vez que quede firme recién se le puede separar o aplicar la pérdida”, expresó Silva Facetti.Esta es la interpretación que hace el senador bajo el argumento de que la figura de la pérdida de la investidura implica lo mismo que un juicio político, por lo que considera que se tendrían que tomar en cuenta los mismos requisitos. Recordó que por este mismo motivo, tampoco votó contra Víctor Bogado, Salyn Buzarquis y Dionisio Amarilla, quienes ejercieron el derecho a la defensa, mientras que Cubas no lo hizo por retirarse antes de que se procediera a la votación. En cuanto a Kencho Rodríguez (FG), Silva Facetti sostuvo que ya no habrá necesidad de juramento, pues cuando sancionaron a Cubas por 60 días, Rodríguez ya había cumplido con este trámite, que se puede hacer solo una vez por periodo, por lo tanto, ahora solo deberá incorporarse automáticamente. El artículo 201 de la Constitución Nacional establece que: los senadores y diputados perderán su investidura, además de los casos ya previstos, por las siguientes causas: la violación del régimen de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en esta Constitución, y el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado.	Los colorados aseguran que van a pelear hasta la última gota de sangre para colocar a un miembro de ese partido político en la banca dejada por el exsenador Paraguayo Cubas. Mientras que Miguel Fulgencio “Kencho” Rodríguez del Frente Guasu, quien fue convocado por Blas Llano a jurar, aseguró que el espacio le corresponde.	Sin embargo, el senador colorado Enrique Riera señaló que en realidad corresponde que asuma un integrante de la ANR por ser el partido que más votos recibió en las elecciones. En este caso se trata de Ramón Retamozo, perteneciente al sector abdista.“El partido dispondrá de un equipo de juristas que dará batalla en todas las instancias para que esa banca sea ocupada por un legislador de la ANR, a la que legítimamente corresponde. Vamos a pelear hasta la última gota de sangre colorada. Nosotros exigimos que se respete la legitimidad del partido que logró la mayor cantidad de votos”, declaró Riera a la emisora Universo.	A su vez, Miguel Fulgencio “Kencho” Rodríguez afirmó que el curul disponible le corresponde porque es el suplente número cinco y los anteriores cuatro ya asumieron. Lamentó la situación que pasó con Cubas, pero coincidió que hizo uso indebido de influencias, al ordenar que se detenga un camión de rollos y al agredir a los agentes policiales. “Estamos en una situación bastante argel por la forma en como se dieron las cosas”, acotó.Sobre el pedido de la ANR, el político luguista resaltó que él tiene 55.000 votos más que los reemplazantes que se encuentran debajo de él. Por último, mencionó que Paraguayo Cubas representa a un segmento de la sociedad que está harta de los políticos, por lo que está seguro que su figura resurgirá muy fuerte.	Durante la verificación de obras de pavimentación asfáltica de varios tramos de la Ruta Py2 (Km 66 Aguaity-Tobatí), el mandatario Mario Abdo Benítez se refirió a la decisión de la Cámara Alta del Congreso Nacional, que terminó sacando a Paraguayo Cubas de sus filas. “Yo respeto, es una decisión soberana del Senado. (Payo) tuvo un trato que para mí no corresponde hacia la Policía Nacional, al uniforme. Cualquiera puede hacer un reclamos pero dentro del marco del respeto a la Constitución Nacional. Hay canales para hacer las protestas, y creo que lo que hizo no fue la forma adecuada”, resaltó. Por otra parte, el mandamás puso en duda su participación de la misa del 8 de diciembre en la ciudad de Caacupé, porque podría viajar a Buenos Aires, Argentina. Esto lo dijo durante su visita a dicha localidad, a donde fue para el acto de rehabilitación de la planta de tratamiento de agua potable y para fiscalizar las mejoras viales.	El diputado Ulises Quintana recusó a la jueza Alicia Pedrozo y evitó la audiencia en la que debía resolverse su regreso o no a prisión, todo esto en el marco de una causa que tiene por supuestos vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. La imputación de la Fiscalía por estos hechos punibles surgen en el marco del sonado Operativo Berilo y lo acusan de formar parte de un esquema del presunto narcotraficante Reinaldo Cabaña, alias “Cucho”.	Quintana encabeza actualmente la larga lista de legisladores bajo lupa de la justicia. El mismo pasó 10 meses en la prisión de Viñas Cue, y su temporal puesta en libertad se vio envuelta en un escándalo judicial, por los argumentos legales de poca consistencia, según opinión mayoritaria de juristas. El propio ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio opinó que “no es común” que procesados por narcotráfico y delitos conexos se enfrente con libertad ambulatoria. Otro de la lista es el expresidente de la Cámara Baja, Miguel Cuevas, está imputado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa. La Fiscalía descubrió un perjuicio aproximado de G. 1.700.000 millones y detectó un total de 14 inmuebles que pertenecen al legislador, tras acceder a su declaración jurada de bienes.El senador con permiso y actual ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann, tiene varias “joyitas” en su haber. Desde la no presentación de su declaración jurada de bienes hasta formar parte del esquema de coimas del Indert. La Contraloría General de la República abrió un sumario contra el titular del MAG por incumplimiento de la presentación de su declaración y de acuerdo con publicaciones periodísticas, no sería la primera vez que “ningunea” a la CGR, ya que una situación similar se dio cuando dejó su cargo en la Gobernación del Guairá. La familia Zacarías Irún se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía desde el año pasado por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal. Los diputados Justo Zacarías y Rocío Abed forman parte de esta investigación del Ministerio Público. Según la acusaxión fiscal, ambos formarían parte del esquema de empresas encargadas de lavar activos. Por otro lado, el senador Javier Zacarías también está imputado por declaración falsa, ya que habría omitido algunos de sus bienes y cuentas en su declaración jurada. El diputado colorado Tomás Rivas tiene una causa por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. Este proceso es en el marco del caso de los caseros de oro. Rivas habría utilizado fondos del Estado para pagar a sus empleados particulares. El liberal Carlos Portillo está imputado por tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado. El diputado aparece en uno de los audios filtrados del JEM donde se lo escucha conversando con una funcionaria judicial, a quien amenaza con frenar su ascenso mediante sus influencias, si no le concede un favor. El parlasuriano del PLRA Milciades Duré está implicado en un supuesto negociado en la compra de 5.000 hectáreas de tierras de San Agustín SA, empresa vinculada a Jorge Oviedo Matto. Se habla de un desfalco de G. 48.000 millones que se dio en el Indert durante la gestión de Luis Ortigoza. Duré está imputado por lesión de confianza. El diputado Teófilo Espínola (PLRA) está procesado por lesión de confianza, tras una investigación de una presunta sobrefacturación en la construcción de sedes del Ministerio de la Defensa Pública, en ese entonces a cargo de Noyme Yore. La Cámara de Diputados le otorgó su desafuero para que pueda afrontar el proceso judicial. Enzo Cardozo fue acusado de desviar fondos durante su gestión como ministro de Agricultura. El perjuicio es de G. 59.552.639.175. Esta malversación le valió una imputación por lesión de confianza y estafa. En este caso, estarían implicados el exministro Rody Godoy y otros 19 funcionarios.	LOS BLANQUEADOSSon dos los parlamentarios que consiguieron el sobreseimiento en sus causas. El primero fue el diputado Carlos Núñez Salinas quien estuvo imputado por contrabando y producción de documentos no auténticos. De acuerdo con la investigación que había encabezado la Fiscalía, la empresa Intercom Ingeniería SA, propiedad del legislador, había declarado la importación de 111 ruteadores por la suma de US$ 17.600, pero luego se detectó que ingresaron al país decodificadores de televisión valorados en US$ 1.026.000. El otro legislador sobreseído es Enrique Salyn Buzarquis. El senador liberal tenía un proceso por usurpación de funciones públicas y lesión de confianza, ya que cuando era ministro del MOPC, firmó un convenio con la empresa italiana Anas. En el mismo, compro­metió US$ 600.000 de los recursos del Estado sin autorización de la Presidencia. El sobreseimiento se dio por prescripción de la causa.