El comisario Rafael González, jefe de la Dirección de Investigación Criminal del Amambay, comentó a Radio Uno que aproximadamente a las 22:30 horas del 31 de diciembre una persona identificada como Patricio Candado Centurión (26) se dirigía a la vivienda de un familiar a bordo de su vehículo junto con su pareja y su hijo de 6 meses cuando fue interceptado por tres personas que lo redujeron a punta de pistola y lo obligaron a abordar otro automóvil.El hecho se registró sobre las calles Ruíz Díaz de Guzmán casi Callejón Mafussi, en la fracción Amistad 2 de la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.De momento, el caso es considerado como un rapto, esto atendiendo a que no hubo ningún contacto por parte de los captores, según indicó el jefe policial a la 650 AM. “No se cuenta con mayores datos para que se diga que se trata de un secuestro pues no hay un pedido de dinero de por medio”, acotó.González afirmó que se manejan varias hipótesis, una de ellas que el hombre tenía una deuda pendiente de pago y que esto pudo haber sido motivo para que sea llevado contra su voluntad, aunque por ahora no existen mayores detalles que sustenten dicha versión.Uno de los aspectos que llama la atención de los investigadores es que Candado Centurión no es una persona con muchos recursos económicos y que podría ser potencial víctima de un secuestro. El mismo se desempeñaba como albañil.El celular de la víctima se encuentra apagado desde el momento de su rapto, agregó, por lo que no se ha podido establecer ningún tipo de contacto con el mismo. Las autoridades policiales seguirán realizando la investigación del hecho a fin de dilucidar lo ocurrido, recabando testimonios de vecinos y allegados para tratar de obtener más información, según refirió el Crio. González.	Eva Giménez, directora de Objeción de Conciencia de la Defensoría del Pueblo, explicó que la reglamentación de la normativa posee un plazo de seis meses para la socialización y recién luego entrada en vigencia plena.La ley que está en vigencia desde 1992 pero que en el 2010 fue reglamentada dispone, entre otros aspectos, el cumplimiento del servicio sustitutivo (social) para los jóvenes que se declaren objetores de conciencia.Los ciudadanos que estudian y trabajan tendrán que prestar servicios sociales por 240 horas y aquellos que no trabajan ni estudian lo tendrán que hacer por 480 horas, además de recibir capacitaciones gratuitas de mando medio a través de Sinafocal o SNPP.Giménez señaló que los interesados en evitar el cuartel podrán ir a ayudar en el cuerpo de bomberos, alguna fundación, casa hogar, etc., de su comunidad. En tanto que se hará una excepción para los que no desean cumplir con esto, pero deberán abonar los cinco jornales (406.260 guaraníes) por única vez.En charla con la radio 970 AM, la funcionaria señaló que los jóvenes que solicitaron ante el Congreso su objeción con anterioridad a la entrada de vigencia de la ley, hasta el 2010, también deberán optar por un servicio sustitutivo o abonar los cinco jornales por única vez. La directora recalcó que todo el trámite es gratuito y que no hace falta que vayan ahora en masa a hacer la solicitud, sino que tienen todavía tiempo para tramitar en los siguientes seis meses. Esta recomendación la dio atendiendo que días atrás cientos de interesados fueron en masa a hacer sus solicitudes y de vuelta durante este miércoles varios jóvenes fueron a formar fila frente a los locales habilitados para hacer el trámite de objetor.Según la Ley 569/75, en Paraguay los hombres mayores de edad, a partir de los 18 años, deben cumplir con el Servicio Militar Obligatorio (SMO). En tanto que la	El director del Hospital del Trauma, doctor Agustín Saldívar, dio a conocer las cifras registradas el 1 de enero y aclaró que los números completos del fin de semana prolongado lo expondrán esta mañana. Solamente ayer recibieron en urgencias a 145 víctimas de algún tipo de trauma, 34 de ellas por siniestros viales, de los cuales, 17 son motociclistas y entre ellos, 15 no portaban casco.A esto se suman tres heridos por explosión de petardos, entre ellos, un niño de 11 y otro de cuatro años. El primero continúa internado, pues perdió parte de los dedos índice, medio y anular. “El estruendo hace desaparecer literalmente esas extremidades, o deja hueso pelado o directamente amputa, entonces el cirujano lo que hace es un remodelaje nomás, las lesiones por petardo son amputativas, no es que le quema nomás”, comentó el doctor Saldívar en contacto con la 970 AM. Si bien el reporte es inferior a lo que dejó la Navidad, el doctor aclaró que toda la semana se registran este tipo de casos, como por ejemplo el 28 de diciembre pasado, cuando llegó un niño de 11 años con una quemadura en el rostro.	No contenta con sus millonarias adjudi­caciones en el rubro de merienda y almuerzo escolar, la diputada inves­tigadora de lavado de dinero Celeste Amarilla aprieta hasta cobro de intereses moratorios en este negocio, al que le tomó el gusto desde hace más de una década a través de varias empresas.	Masily SA, Pinoty y hoy día Arcángel SA son firmas vin­culadas a la diputada y que históricamente acapara­ron licitaciones de alimento escolar, hasta que ingresó el gobierno del ex presidente Horacio Cartes y rompió el monopolio que estas tenían en el rubro.Contratos por unos US$ 45 millones se adjudicó Ama­rilla en la última década a través de sus firmas Pinoty y Arcángel SA.Se suman pingües ganan­cias mediante deman­das por cobro de intereses moratorios como la que entabló Arcángel SA el año pasado a la Gobernación de Central, por G. 10.800 millones. Sin embargo, en el paquete de demandas figura un contrato que la firma incumplió, ya que pasó por encima de varios puntos que estipulaba el pliego de bases y condi­ciones. Por esto fue san­cionada por la Dirección Nacional de Contratacio­nes Públicas (DNCP).Se trata de la adjudica­ción de G. 13 mil millones que hizo la Gobernación de Central a favor de la firma de la diputada Ama­rilla. Según la resolución 3.786/2014 de sanción que aplicó la DNCP, la empresa proveyó pan lacteado con valores energéticos fuera de rango y los paquetes del producto no tenían el eti­quetado correspondiente, número de lote, fecha de vencimiento, etc.“El daño sufrido por la con­vocante se encuentra confi­gurado con la falta de cumpli­miento de las especificaciones técnicas de los bienes, a cuya provisión se había obligado la firma sumariada, es decir que los bienes proveídos no fueron entregados conforme el pliego de bases y condicio­nes lo requería”, refiere parte de la resolución de sanción. Sin embargo, Arcángel SA demanda por el cumplimiento de este contrato y reclama que se le pague intereses por cobro tardío.AYUDITAArcángel intentó levantar la sanción, incluso cuenta con argumentos a favor por parte de la Gobernación de Central, pero la DNCP los rechazó.La administración del ex gobernador Blas Lanzoni le dio una mano a la contratista alegando a Contrataciones que la infracción de Arcángel no fue tan grave y que solo se observa “que hubo una falta administrativa leve, aten­diendo los atenuantes a la infracción administrativa cometida. Pues al haberse hecho notar dichas observa­ciones, la firma sumariada ha procedido a cumplir las exigencias en sus próximas entregas”.Sin embargo, la DNCP se ratificó en que la empresa no cumplió con el compro­miso estipulado en el pliego de bases y condiciones.La legisladora intenta des­marcarse de estas empre­sas, pero en los documentos se registró como accionista de Arcángel SA.Amarilla remitió una fac­tura a nuestro diario para confirmar que ya vendió sus acciones de esta firma a su amiga y socia María Isabel Gavilán. Defendió las demandas entabladas por Arcángel SA contra la gobernación diciendo: “Eso es por derecho de la empresa, no te voy a negar lo que existe, pero yo ya no soy dueña”.Sobre la otra firma provee­dora, Pinoty SA, la diputada manifestó que ahí solo era “la gerente comercial”.PELEÓ POR MÁS PRESUPUESTOCoincidentemente, la diputada “antilavado” Celeste Amarilla fue la que más apretó por el incremento del presupuesto para merienda y almuerzo escolar que aprobó la Bicameral del Congreso hace poco.Sus colegas de la Bicameral confirmaron que Amarilla “peleó” abiertamente por el aumento y subrayaron que “ella fue la fundamentadora”. Unos G. 112.000 millones de trans­ferencia que hacía Hacienda a la AFD se redireccionaron en un 50% a gobernaciones y el otro 50% a salud pública. Unos G. 15.000 millones van para pago de deudas por alimento escolar y el resto para reposición del recorte que tuvie­ron las gobernaciones en sus presupuestos de merienda y almuerzo de escolares.Más coincidencia aún es que Arcángel SA, firma representada por la amiga y socia de Celeste Amarilla de nombre María Isa­bel Gavilán, todavía tiene deudas por cobrar a la Gobernación de Central y además tiene demandas por cobro de intereses, por lo que le viene como anillo al dedo que las gobernaciones dispongan de más plata.