Según el análisis de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos; los victimarios, que aparentemente serían extranjeros, habrían manipulado sistemas informáticos de su posible víctima quien era elegida al azar. La víctima habría recibido una nota por correo electrónico donde se le advertía que, supuestamente, se conocían datos personales y que se tenían imágenes y videos íntimos de ella.En dicho correo electrónico se señala que se conocían páginas que la misma frecuentaba y que estaría siendo monitoreada y vigilada, e incluso, que a través de su webcam (cámara de su dispositivo), supuestamente, se le tomó fotografías. Además, se refiere que se le había hackeado el dispositivo infectándole con un virus troyano y a cambio de que su computadora no sea bloqueada y tampoco viralizado datos íntimos, supuestamente, la misma debería realizar el pago de la suma requerida. Según la Fiscalía, a la misma se les exigía la suma de dinero de más de 580 dólares a cambio de no publicar informaciones personales que se habría obtenido supuestamente con la adulteración y manipulación del dispositivo. En tal sentido, la agente Fiscal Delegada Irma Llano, reiteró a las personas que podrían ser víctimas de este tipo de hecho a evitar caer en pánico, y por supuesto, a presentar la denuncia correspondiente para su rápida intervención investigativa y especializada del caso. De igual manera, el Ministerio Público instó a realizar las denuncias en casos de ser víctimas de diversos tipos de hechos ilícitos, como ser Acceso Indebido a Datos, Alteración de Datos, Acceso Indebido a Sistemas Informáticos, Sabotaje, Estafa mediante sistemas informáticos y otros.	“Esta sentencia es terrorismo de Estado”, aseguró Martínez, de 42 años, tras concluir el juicio que se prolongó durante más de dos meses en los juzgados de Ciudad del Este.Martínez fue condenado a dos años y seis meses de cárcel en diciembre de 2017 por la tenencia de 900 gramos de marihuana.Sin embargo el Ministerio Público pidió realizar un nuevo juicio oral para aumentar su pena, lo que se confirmó este martes con la condena de cinco años, que terminará de cumplir en arresto domiciliario.Martínez completó un año de reclusión en las cárceles de Coronel Oviedo y Ciudad del Este, antes de que la Justicia le concediera el beneficio de completar el resto de su pena en su domicilio, donde permaneció los últimos 15 meses.Martínez achacó su nueva condena a una “persecución fiscal y judicial” y denunció que detrás el proceso se esconden “intereses” de grandes farmacéuticas e inversores extranjeros.“Hoy condenaron a un pueblo que fue abandonado por el Estado en materia de salud pero que al mismo tiempo fue criminalizado por este caso de autocultivo”, enfatizó.En cuanto al desarrollo del juicio, el condenado lamentó que el tribunal no admitiera la declaración de los testigos que presentó su defensa, las personas que presuntamente recibieron este aceite para paliar diferentes dolores médicos.Su estrategia pasaba por probar que no se lucraba a través de la venta de marihuana, sino que la proporcionaba de manera gratuita a personas de su entorno con diferentes enfermedades, desde el cáncer, hasta el alzheimer, la epilepsia o la artrosis.Tras ser condenado de nuevo, Martínez anunció que recurrirá el caso ante la Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este, antes de elevarlo a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).“Lo único que le pido a la gente es que tenga mucha fe, aquí estamos más firmes y fuertes que nunca, no vamos a terminar, comienza esta lucha”, expresó.Para Martínez la decisión de la Justicia es “absurda”, ya que se produjo en un momento en el que los parlamentarios debaten una fórmula para legalizar el consumo particular de marihuana con fines terapéuticos.El Senado aprobó en septiembre un modificación de dos artículos de la ley con los que se pretende legalizar la tenencia y consumo de cannabis con fines medicinales, siempre que se cuente con una receta médica.Estos cambios legales, que todavía tienen que ser ratificados en la Cámara de Diputados, también contemplan la eliminación de las penas por plantar marihuana en aquellas residencias privadas que estén autorizadas por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).A esta realidad se suma que en el año 2017 el Gobierno aprobó la importación legal de aceite de cannabis para uso terapéutico en el país y que hace menos de un mes oficializó la primera Cámara Paraguaya de Cannabis Industrial para frenar el avance del narcotráfico en el país.	La aclaración fue dirigida a los hermanos de la logia y a la opinión pública, a raíz de las imágenes divulgadas en las redes sociales, donde se muestra al diputado Carlos Portillo como un un supuesto miembro que participa de una reunión masónica.Al respecto, la institución aseguró que el diputado Portillo no fue iniciado en logia alguna perteneciente a la Gran Logia Simbólica del Paraguay.	Sobre el punto, el gran maestro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay, Édgar Sánchez, manifestó que los antecedentes del diputado Portillo son de público conocimiento y no son favorables para que sea parte de la agrupación.“Nunca fue propuesto en nuestra institución. De haberlo sido, difícilmente podría haber ingresado”, indicó Sánchez en comunicación con la 730 AM.Carlos Portillo por su parte está acusado tráfico de influencias, luego de la difusión de un audio en el que se lo escucha hablar con una mujer, sobre la obtención de una resolución favorable en un caso judicial en Alto Paraná.	Paraguay presentó una protesta ante el organismo y se solicitó investigar “la manipulación y abuso del refugio”. El ACNUR contestó el reclamo y este martes, su representante regional entregó el documento físicamente. Murillo evitó contestar las preguntas de la prensa. En la nota, Acnur solo refiere que verificará la información referente a estos Arrom, Martí y Colmán, para posteriormente analizar lo que no se hubiere tenido en cuenta.El representante regional se limitó a decir que no está autorizado a brindar datos sobre casos individuales y respecto a los requisitos para otorgar el refugio, señaló que eso es competencia de cada Estado y no del ACNUR. Arrom, Martí y Colmán huyeron en 2002 al Brasil, donde vivieron como refugiados políticos por alegar supuestas torturas por parte del Estado. Por ese motivo, llevaron a Paraguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde finalmente el organismo falló a favor del demandado. Una vez que se dio el fallo, Brasil les retiró la condición de refugiados. Sin embargo, antes de que pueda darse su extradición a nuestro país estas tres personas viajaron a Uruguay, donde volvieron a solicitar el refugio y les fue concedido por el tribunal uruguayo. Debido a la legislación uruguaya, está prohibido informar del proceso de tramitación del refugio, por lo que Paraguay no tuvo conocimiento de esta situación, hasta que se conoció que los tres requeridos por la justicia nacional partieron rumbo a Finlandia.