Hoy, luego de más de cinco años de un chicaneado proceso, debe iniciarse el juicio oral y público contra el senador colorado Víctor Alcides Bogado, su “niñera de oro” Gabriela Quintana Venialgo y el exjefe de Gabinete de la Cámara de Diputados Miguel Pérez. Todos están acusados por cobro indebido de honorarios y estafa.	Esto se comprobó luego de que la fiscalía encontró un certificado de trabajo que le expidió Bogado a Gabriela, quien debía presentar el documento en una cooperativa a la que quería asociarse. En el certificado el entonces diputado Víctor Bogado, señalaba que la joven era su empleada y, aclarando, que era “niñera”.	El senador Víctor Bogado al dar su versión señaló que en el 2013 recibió un pedido de Quintana, que era funcionaria de Diputados (Bogado era el presidente), para ser comisionada a Itaipú. Agregó que pese a lo inusual de la solicitud pasó la nota a la Secretaría General de la Cámara Baja para que se prepare lo requerido. Siguió relatando que el pedido creó una confusión y un error de la Secretaría General, con lo que se alteró el sentido de la nota.	Por su parte Gabriela Quintana, al dar su versión de los hechos señaló que ella nunca fue niñera de los hijos menores del senador Víctor Bogado, admitió que era funcionaria de la Cámara de Diputados y que luego pidió su comisionamiento en la Entidad Itaipú. La mujer cobró G. 71 millones en forma indebida.	A modo de lanzar una estrategia final, el senador Víctor Bogado presentó sus bienes a modo de mostrarse como un ciudadano promedio, sin embargo no dio a conocer que aparte de tener una “niñera de oro” también tiene un “mecánico de oro”, Miguel Ángel Carballo, quien también está acusado por enriquecimiento ilícito y según la fiscalía él sería el testaferro del senador.	Sin embargo, Gabriela Quintana había presentado una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 700/96 “Que reglamenta el artículo 105 de la Constitución que dispone la prohibición de la doble remuneración” y este incidente está en la Corte Suprema de Justicia a la espera de su resolución, mientras no haya un fallo de la máxima instancia el tribunal de sentencia tampoco podrá dar a conocer su fallo.