En todos los casos, la Administración Tributaria verificó in situ el incumplimiento de las disposiciones vigentes en cuanto a la expedición y entrega de comprobantes de venta por los bienes y/o servicios vendidos por las empresas suspendidas como lo viene haciendo habitualmente en capital e interior del país a través de funcionarios encubiertos.	Mientras los locales permanezcan cerrados, los auditores designados realizarán un control tributario exhaustivo a los efectos de determinar los montos adeudados en concepto de tributo por la firma intervenida. En caso de detectarse impuestos pendientes que no han sido ingresados a las arcas del Estado, el contribuyente se expone a multas que oscilan entre el 100% y el 300% sobre el monto del impuesto evadido.	Además de los cierres que se ejecutan con orden judicial desde principios de este año, en todos los casos el primer lunes de cada mes, la Administración Tributaria distingue de manera especial a tres empresas que hayan cumplido la obligación de emitir comprobantes al momento de estos procesos de “compra simulada”, que es como se denomina este control de emisión de comprobantes.