Carlos María Ljubetic, director de la Unidad de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), mencionó a la radio 800 AM que pudieron presentar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) los documentos sobre la transparencia de la licitación."Nosotros hemos presentado a la DNCP una documentación donde probamos claramente se cumplían las exigencias. No se quería beneficiar ni perjudicar a nadie, eso quedó demostrado”, aseveró el funcionario.En la tarde de este jueves, la DNCP emitió la resolución N° 4765/19 por la cual dispone el	que pesa sobre el procedimiento licitatorio del TSJE y se da curso a la continuidad normal del procedimiento.“Se rechaza la protesta por un proceso formal, porque la empresa objetó y volvió a presentarse a la licitación. No existe fundamentos que digan que el proceso licitatorio está direccionado”, dijo ayer Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas, a la citada emisora.Cinco cuestiones técnicas fueron analizadas en la investigación de la DNCP: el gramaje del papel de las boletas, el tipo de batería que deben tener las urnas electrónicas, el tipo de tecnología a ser utilizada (código QR o chip RFID), los meses de antigüedad de los equipos y la experiencia por parte de las empresas que participaron de la licitación. Así, al proceso continuará en el punto en el que había quedado, en este caso, en la etapa de evaluación, que quedará a cargo directamente del TSJE.	El percance sucedió sobre Américo Picco y Los Pinos, del barrio San José de Villa Elisa por donde circulaba una camioneta Hyundai Tucson.Al mando del vehículo iba Carlos Balbuena, quien aparentemente circulaba a gran velocidad cuando perdió el control, derribó una columna de Copaco y terminó contra un árbol de mango. El oficial Ariel Cornet explicó a Universo 970 AM que solo hubo daños materiales, ya que los tres ocupantes lograron salir del rodado por sus propios medios. Además, no hubo otro automóvil involucrado.	cesar.larre@gruponacion.com.pyRicardo González Olmedo, de profesión abogado, ingresó hace cuestión de días a Petropar y su función es la de asesorar a Patrocinio Brítez, conocido político del equipo de Friedmann en el Guairá. Los ingresos de un asesor en la institución rondan los G. 15 millones.Brítez es gerente de Enlace Corporativo de la planta alcoholera de Mauricio José Troche, pero en planilla de funcionarios figura con cargo de asesor. El seccionalero fue nombrado en setiembre del 2018 con la administración de Patricia Samudio.Meses antes de su nombramiento había manifestado durante un acto político con presencia del entonces candidato a la presidencia y actual mandatario, Mario Abdo Benítez, que la planta alcoholera de Petropar se había convertido en “una chatarra”.Muchas personas cuestionaron su designación por no poseer el perfil para ocupar tan relevante cargo y por no contar con título universitario.“Andá en el Ministerio de Educación y averiguá ahí”, fue la respuesta de Brítez, con salario de G. 20 millones, cuando se le preguntó si tenía título universitario. El hombre es cañicultor y se dedica a la producción de miel, según cuentan pobladores de Troche.Dijo desconocer al contratado y negó tener asesor. “No tenemos asesor acá”, respondió primero, pero ante las insistentes preguntas de repente recordó que el consultor se ubicó en su gerencia.“Como asesor de la Gerencia de Enlace él entró. Hasta ahora no marca todavía, entonces no le puedo derivar a ningún departamento”, se limitó a señalar al ser consultado sobre el asesoramiento que le brinda el letrado y tampoco pudo precisar cuál es su función en la planta.Brítez fue concejal departamental de Guairá durante el período 2013-2018 y es del equipo político del cuestionado ministro de Agricultura, también semibachiller, Rodolfo Friedmann. Entre sus antecedentes salta que en el 2010 supuestamente utilizó a su esposa para vender a Petropar caña a precio elevado y volver a comprar el mismo producto más barato.	Poco después de las 5:30 salieron de casa Ramón González Daher, hermano del exsenador Óscar González Daher, y el hijo Fernando González Karjallo, según confirmó la 730 AM.Para las 7:00 de la mañana está anunciada un audiencia de declaración indagatoria en el marco de la causa abierta por usura y lavado de dinero. El fiscal de la causa es Omar Legal y los convocados podrán optar por abstenerse de hablar.Al margen de esto, posteriormente deberán ir junto al juez Humberto Otazú, para la audiencia de imposición de medidas. El magistrado definirá si cumple el pedido de Legal, quien solicitó aplicar la medida de prisión preventiva.En tal sentido, el miércoles se realizaron tres allanamientos simultáneos: en dos viviendas de González Daher y en una de las oficinas, en busca de documentos que pudieran servir para la investigación. De momento se decretó la inhibición de gravar y vender bienes, el embargo preventivo y bloqueo de todas las cuentas bancarias de los procesados.