La Cámara de Apelaciones revocó ayer la resolución de la jueza Magdalena Narváez y ordena a la Contraloría entregar declaraciones juradas de los últimos 20 años. Este se debe al amparo presentado por el abogado Hugo Portillo ya que la Contraloría solicitó que se haga una consulta constitucional debido a que existe un conflicto entre la ley especial y general.	El contralor Camilo Benítez, explicó que en el 2013 se dictó la Ley 5033 que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, el cual establece la obligación de los funcionarios públicos de presentar su declaración jurada de bienes, la cual la Contraloría tiene la obligación de recibir y custodiarlas. Solo pueden ser solicitadas por requerimiento de los órganos jurisdiccionales o del Ministerio Público.