Según el reporte, el 70% de las denuncias afecta a adolescentes que no acuden a ningún centro educativo, es decir, no están escolarizados, frente al 30% que sí lo están.Estas cifras evidencian la necesidad de fomentar programas de aprendizaje encaminados a la reinserción de los adolescentes en la educación formal, a través de la capacitación laboral.El 57% de las denuncias proviene del Departamento Central, le sigue Asunción con el 35%, y de otros departamentos como Cordillera, con el 4%, y Presidente Hayes, con el 4 %. El 35% de los casos de denuncias fueron derivados y solucionados en el Departamento de Mediación en Conflictos Individuales, el 18% incomparecencia patronal, el 26% en proceso, 4% derivado a Mujer Trabajadora, 4% desistimiento de instancia, 9% incomparecencia del trabajador y 4% no solucionado. Según el análisis de las denuncias procesadas por la Dirección General de Protección de la Niñez y Adolescencia, y en el marco de la campaña de protección del trabajo adolescente que viene impulsando el Ministerio del Trabajo, la reinserción en el sistema educativo de los adolescentes trabajadores es de vital importancia para que tengan mejores oportunidades en el futuro.El trabajo adolescente protegido es aquel realizado por niños de 14 a 17 años de edad, en la medida que se cumplan los requisitos contemplados en el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código del Trabajo, Convenios de la OIT, la Convención sobre los Derechos del Niño, y demás compromisos internacionales.Cabe resaltar que cualquier persona u empresa que desee contratar a mano de obra adolescente, debe obtener el Registro del Adolescente Trabajador (RAT), otorgada por las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codenis) que en su rol social deben inscribir y a la vez orientar al empleador sobre las actividades permitidas que pueden realizar los adolescentes. En el documento están comprendidas las 26 peores formas prohibidas del trabajo infantil y el horario de trabajo conforme a la edad del adolescente. El RAT es un requisito fundamental para la formalización del empleo adolescente y el respaldo necesario para el empleador ante la presencia de la autoridad administrativa.	Arnaldo Giuzzio, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) anunció a la 970 AM que en los próximos días se podrían tener novedades importantes con respecto al protocolo para la producción de marihuana de uso medicinal.Dijo que en lo que se está trabajando es un proyecto para la importación, control, fiscalización y producción del cannabis de uso medicinal.En ese sentido, dijo que hay propuestas interesantes de empresas que plantean el ingreso al cultivo controlado de la marihuana medicinal“Independientemente a que en Paraguay se libere, mientras subsista el mercado regional, siempre va ser apetecible. Si deja de ser mercado, ahí si nuestra producción va a menguar”, respondió el ministro al ser consultado sobre el impacto que tiene el proyecto con respecto al narcotráfico y sus derivados.Explicó además la legislatura actual prevé y despenaliza la adicción como una actividad punible “Uno puede portar como consumidor hasta 2 gramos de cocaína y hasta 10 gramos de marihuana. Pero, eso ya debe ser objeto de análisis”, agregó.“La adicción a las drogas es una enfermedad, y no siempre la respuesta debe ser la cárcel”, concluyó el ministro.PAYO INSISTE EN DESPENALIZAR SU USOEl senador Paraguayo Cubas nuevamente reafirmó en que presentará un proyecto de Ley para la despenalización de la marihuana tanto para el uso medicinal, como el recreativo.Payo argumentó que con la aprobación del proyecto, se podrá tener datos de la cantidad de personas que consumen marihuana en el país. Además, estarían ingresando unos US$ 5.000 millones al PIB.Confesó además que él no es consumidor, sino que “prueba cada vez que lo invitan cuando va preso”. Por último, indicó que en su proyecto no se incluirán otras drogas, como por ejemplo la cocaína.	En las imágenes del video se observa a los dos policías que tienen totalmente controlado al aprehendido. Sin embargo la “llave” que le aplica (en la pierna) el agente que mira hacia la cámara que les estaba filmando, da prueba que el hombre no tenía forma de zafarse.El otro agente, en tanto, también le aplica un “apriete”, presumiblemente a la altura del cuello, que impide respirar normalmente al detenido, que grita desesperadamente porque lo dejen respirar. El que graba el episodio, por su lado, insta a los dos policías que ya dejen de apremiar al hombre que estaba boca para abajo, con evidente signo de que estaba siendo asfixiado. De lo que señala el hombre, se presume que el delito del que se acusa al “apretado” es supuesta violencia contra su pareja. Los comentarios en las redes son capítulo aparte. Muchos señalan que con los delincuentes (en este caso es presunto, hasta que no se demuestre lo contrario) hay que actuar con violencia. En el otro extremo, varios señalan que no se puede torturar así a nadie, aún con quien cometió algún ilícito.	Además de Viviana Galarza, otra estudiante de nombre Enri Gamarra estaría involucrada en el hecho. Las mismas serían afín al decano de la Facultad, Ricardo Pavetti.Esta irregularidad presuntamente contaría con la connivencia del Decano y el Consejo Directivo de la Unidad Académica.A través de denuncias acercadas por propios postulantes y evidencias como screens de mensajes de WhatsApp y fotos de las respuestas correctas, se dejó a la vista un esquema de corrupción que saca ventajas con la provisión de respuestas de exámenes que deberían estar ocultas para todos hasta después de finalizadas las pruebas. Los estudiantes lamentan que este hecho ubica como principal responsable al Decano Ricardo Pavetti y a su brazo estudiantil, el movimiento “Somos Filo”, que está está liderado en Santaní por Galarza.Entre los mensajes obtenidos como evidencia se constata el modo de operar; Viviana Galarza comunica a los interesados de un punto específico en el cual se mostrará los mismos los resultados del examen unas horas antes del mismo, les envía la ubicación y fija horario para el efecto.	Según la denuncia recibida, el veedor para los exámenes ,Daniel López, también estudiante y designado para el rol de fiscalización de exámenes por el Decano Pavetti, es otro que distribuye la información clasificada.En otros mensajes interceptados, Enri Gamarra, presuntamente vinculado con este esquema y, según los datos manejados por los estudiantes, oriundo de la zona de desvío Unión al igual que Galarza, comunica que el precio de las hojas de respuesta, inicialmente, es de 100 mil por cada una, pero en comunicaciones posteriores reniega por un supuesto filtraje de la información y dice que el precio varió a 200 mil guaraníes.Tras verificar los resultados proveídos por estas personas y la hoja de resultado publicada posterior a los exámenes, se puede observar que coinciden, lo que significa que las autoridades de la Facultad o, por los menos, los responsables de los exámenes son los que facilitan los mismos. Los estudiantes exigen una solución ante esta problemática y la sanción inmediata a las personas responsables de esta situación.