Mario Paz Castaing, analista político y experto en temas internacionales, manifestó a la 970 AM que estas son “horas decisivas y también dramáticas” que está viviendo el pueblo venezolano luego de sufrir catástrofes humanitarias por culpa del gobierno de Nicolás Maduro.Asimismo, mencionó que la situación se agudizó desde el momento en el que comenzó el éxodo de venezolanos que forzosamente debieron salir de su país para buscar mejores oportunidades en otras tierras, arrastrados por el hambre o la miseria que se vive allí.“Esta situación ha generado unas elecciones fraudulentas, sometidas a cualquier regla. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela convocó a elecciones al estilo de nuestra antigua junta electoral central en los tiempos de Stroessner”, expresó.Castaing sostuvo que en este caso no se trata de una cuestión ideológica, pese a que los esquemas sean ideologizados, sino fundamentalmente de cómo reacciona un pueblo ante la desesperada situación en la que se encuentra.“No hay libertad para elegir en elecciones democráticas ni tampoco libertad para vivir”, afirmó el analista político a la emisora radial, haciendo referencia a la crisis de la nación caribeña, gobernada hoy día bajo un régimen dictatorial.De igual manera, indicó que hoy día la gente decidió tomar las calles debido a la desesperación que se vive, lo cual “podrá decidir la suerte de la situación política de Venezuela”. “Ya no se aguanta más”, acotó.Según afirmó Castaing, ahora se está entrando en “una fase determinante de esta historia”, lo cual se pudo comprobar con la decisión del presidente venezolano de cortar relaciones con Estados Unidos y ordenar al personal diplomático que abandone el país en un plazo máximo de 72 horas.A su criterio, de alguna u otra manera Maduro “va a terminar yéndose”, pero dijo no saber cuándo ocurrirá tal cosa. “No es tan sencillo que esta gente entregue el poder y eso ayer quedó demostrado”, agregó. Finalmente, Castaing manifestó que “esto ya no es solo pensamiento político” sino “una dictadura y una de las más tremendas del continente”.	El parlasuriano Nelson Argaña ratificó que dentro de Colo­rado Añetete existe un “gran traidor y mercenario”, refi­riéndose a Nicanor Duarte Frutos, y vaticinó que en poco tiempo también va a traicio­nar a Mario Abdo Benítez. No obstante, reconoció que por “amor” al movimiento Colo­rado Añetete, del cual es fun­dador, decidió desistir de la denuncia presentada contra el director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá por enriquecimiento ilícito y otros delitos.	En el 2016, Argaña presentó una denuncia ante el Minis­terio Público y pidió que se investiguen los bienes que figuran a nombre de Duarte Frutos, sus familiares y sociedades anónimas a las que podría estar vinculado. A dos años, y luego de que en diciembre del año pasado presentara un urgimiento a la Fiscalía, ahora decidió reti­rar debido a la división que causaba su postura dentro de Añetete.“Es una garrapata feroz y voraz, es un zoquetero de oro, un mercenario cómo utiliza la política. Yo desistí de las denuncias penales contra Óscar Nicanor Duarte Fru­tos, testaferros, cómplices y encubridores. Tuve la denun­cia 2 años y 6 meses en la Fis­calía. Yo desisto porque Shir­ley, mi esposa, es muy amiga de Silvana y mis hijos son amigos de los hijos de Marito. Lo hago por Marito, lo hago por la concordia de Añetete”, expresó en comunicación con la 730 AM.ANUNCIO DE CANDIDATURAEn otro momento, Argaña anunció que tiene la intención de postularse a la presiden­cia de la Junta de Gobierno. Incluso ya ha presentado una propuesta de candidatura a la dirigencia de Colorado Añe­tete. “Yo soy de Añetete, a no ser que Marito me eche, yo quiero ser candidato a la Junta de Gobierno, presenté una propuesta por Añetete”, afirmó. Con este anuncio suman cinco los interesados por llevar la candidatura a la presidencia de la Junta de Gobierno por el sector ofi­cialista del Partido Colo­rado. Los otros cuatro que ya anunciaron su interés son los senadores Juan Car­los Galaverna, Silvio Ove­lar, Rodolfo Friedmann así como el director de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, que si bien ha desmentido su interés, dentro de Añetete dudan de su dimisión.	Este miércoles el diputado Ulises Quintana se presentó a su audiencia de revisión de medidas, donde se le ratificó su prisión en Viñas Cue. A su ingreso, dijo estar “secuestrado” por la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez.Además dijo que la titular del Ministerio Público está “manejada” por el senador colorado, Javier Zacarías Irún. El senador Zacarías Irún respondió a las acusaciones de Quintana a través de su cuenta de twitter, contando los antecedentes del legislador en situación de reo.	“Tu padre destituido por soltar narcos, vos siempre abogado de narcos, vos grabado cometiendo ilícitos gravísimos y ore la culpable; andaaaaaaa Ulises (sic)...”, escribió Javier Zacarías.El senador le manifestó también a Quintana a que cuente quiénes son los demás políticos que reciben plata del narco, Reinaldo Javier ‘Cucho’ Cabaña. “Vos sabes… hasta ahí te puede decir”, finalizó. Esta mañana en el Palacio de Justicia se acercaron los legisladores Jazmín Narváez, Colin Soroka y Luis Urbieta a brindarle “total apoyo” al diputado Quintana.	Un grupo de mani­festantes, apoyado por la líder de ban­cada de Colorado Añetete en la Cámara de Diputados, Jazmín Narváez, realizaron una movilización pidiendo la libertad de Ulises Quintana. El diputado con permiso fue imputado por el Ministerio Público por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, trá­fico en calidad de cómplice y tráfico de influencias, y se encuentra preso en la cárcel militar de Viñas Cué desde setiembre del año pasado.	Ayer, un grupo de dirigentes y seccionaleros colorados de Añetete se movilizaron en Ciudad del Este pidiendo que Quintana sea liberado. Esta movilización es apoyada por Narváez, quien asegura que su colega preso es inocente y asegura que no existen pruebas contundentes en su contra para que continúe en reclusión.“Para nosotros, los hechos tienen que ser contundentes y probatorios; tiene que estar bien fundamentada el acta de imputación, y no se llega a vincular todos los hechos punibles de los que se le está atribuyendo. Considero un hecho injusto”, sostuvo la parlamentaria al ser consul­tada por La Nación sobre su postura con relación al caso. Señaló que considera que no se ajusta la imputación por enriquecimiento ilícito, uno de los hechos por los cuales está siendo investigado.“Se le imputa por enriqueci­miento ilícito, cuando los ofi­cios de los bancos, de las otras informaciones a las entida­des financieras resulta que él no tiene dinero. Para mí es fundamental que una per­sona imputada por enrique­cimiento ilícito para empe­zar tiene que tener dinero”, indicó la diputada oficialista. Narváez también indicó que Quintana incluso ya solicitó una prueba de polígrafo, la cual no fue aceptada por el Ministerio Público, según la parlamentaria.	Por otra parte, indicó que el único hecho por el cual podría ser procesado Quintana es tráfico de influencias, ale­gando que el parlamentario no se comunicó directamente con los policías, que también ya están imputados. “En nin­gún momento él habla con la Policía, con quien se dice que habló es con ‘Cucho’ y él le pregunta si está todo en orden, lo que sí dicen es que en algún momento es que él menciona algo de maquillar, pero, ¿parece que por eso se tiene que imputar a una per­sona?”, cuestionó la parla­mentaria.FISCALÍA ARGUMENTÓ PRISIÓN DEL IMPUTADOEl 4 de enero del 2019 el Tribunal de Apelación resolvió no hacer lugar al incidente de cambio de calificación planteado por la defensa de Ulises Quintana Maldonado y decidió mantener la pri­sión preventiva decretada en contra del procesado, quien guarda reclusión en el penal militar de Viñas Cué.	Los fundamentos teni­dos en cuenta por el Colegiado de Segunda Instancia para confir­mar el autointerlocutorio expedido por el juez penal de Garan­tías competente y rechazar la apelación planteada por la defensa del imputado, están basados en elementos objetivos y concretos, especificados y descriptos debidamente. Dichos elementos fue­ron presentados ante el órgano competente y contralor, que es el Juzgado de Garantías. Además, se ha solicitado la desgrabación de todas las comunicaciones.En la respuesta a la apelación, el Tribunal ha explicado a las partes que la investigación se encuentra en una etapa en la que no corres­ponde la reforma de la calificación en el sentido pretendido por la representación convencional de la defensa y que la revocatoria de la prisión preventiva solicitada guarda directa relación de acuerdo a las argumentaciones de la defensa con la reforma de la calificación atri­buida a su defensa y de su viabilidad, presupuestos que no son via­bles por existir los elementos jurídicos suficientes que sustentan la hipótesis del Ministerio Público en esta etapa investigativa.