Liry Ovelar, miembro del Consejo Estudiantil de la Facultad de Filosofía UNA, indicó que el pedido es que se culmine con el proceso de concurso docente que se inició en febrero y se solucione de esta manera la falta de profesores en las aulas. Precisó que en la mayoría de las carreras y filiales (ocho a nivel país) los estudiantes siguen sin docentes, pese a que ya se iniciaron los exámenes parciales. Igualmente, hay una escasez de tutores metodológicos, lo que impide la corrección de tesinas.Ovelar expresó que el decano Ricardo Pavetti, responsabilizó al Consejo Directivo el proceso burocrático para sacar las resoluciones de nombramientos. “Estar sin docentes a estas alturas del año lectivo, es un tanto lamentable”, agregó la representante estudiantil.En ese sentido, dijo que ya amerita una intervención administrativa por parte del Rectorado y anunció que seguirán con las medidas de presión hasta obtener respuestas favorables al pedido. Por otra parte, la consejera estudiantil denunció que docentes cercanos políticamente al decano, son beneficiados con aumentos salariales, dejando de lado, incluso a otros de mayores trayectorias.	El abogado Ricardo Preda, representante legal del senador Javier Zacarías Irún, anunció que el juzgado rechazó el pedido de reabrir la causa por supuesto enriquecimiento ilícito del parlamentario colorado. “Realmente es lo que corresponde, porque el Ministerio Público ya había desestimado una denuncia por enriquecimiento ilícito en el 2018”, señaló Preda en comunicación con la 970 AM.El abogado indicó que el juez de manera correcta tomó la decisión, diciendo que un asesor externo (cargo que ocupaba JZI en la Municipalidad de Ciudad del Este) no ejerce una función pública.“Aplaudimos que un juez se anime a resolver lo correcto y no se deje influenciar por los intereses o las posiciones que puedan tener algún grupo de personas”, agregó Preda.Preda explicó que los otros hechos (declaración falsa y lesión de confianza) por los cuales están imputados el senador y la exintendenta de CDE, Sandra Zacarías, se encuentran en etapa de investigación.Por último, sostuvo que la Fiscalía sigue realizando actuaciones arbitrarias y fuera de la Ley, con respecto a sus clientes.	Juan Arrom recientemente se radicó en la localidad de Curitiba, Estado de Paraná, geográficamente cercana la frontera paraguaya-brasileña.Anuncio Martí por su parte reside en la ciudad de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, también relativamente cercano a nuestro país.Victor, el tercer “buscado” por la justicia paraguaya, vive en la actualidad en el municipio de Almirante Tamandaré, Estado de Paraná.Al decir del embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier Caballero, los tres tienen antecedentes sobrados de que tienen mucha habilidad para huir de la justicia. “Todos vamos a ser optimistas pero no nos olvidamos que estos delincuentes son expertos en fugarse, pero la gente no va a dejar que se escapen una vez más”, declaró Saguier a la emisora 730 AM, poco después del fallo del Conare que quitaba el estatus de refugiados a Arrom, Martí y Colman.	La apelación fue presentada minutos después de que la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) haya dictaminado a favor de la revocación del estatus de refugiados de Arrom, Martí y Colmán, según informó el periodista Gustavo Velázquez, enviado especial del Grupo Nación a Brasilia.La acción fue realizada ante el ministro de Justicia del Brasil, Sergio Moro, quien tiene ahora 15 días para dar una respuesta, que incluso se podría dar antes. Una vez que la respuesta sea dada por el ministro de Justicia, se podría ejecutar la orden de detención con fines de extradición de los compatriotas acusados por el secuestro de María Edith Bordón Debernardi, ocurrido en 2001.El exfiscal general del Estado, Óscar Germán Latorre, dijo que la decisión de la Conare es una noticia esperada por todos los paraguayos y que se da como consecuencia de la elección de Jair Bolsonaro como presidente del Brasil y el fallo favorable al Estado Paraguayo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).Latorre explicó a la 970 AM, que agotadas todas las instancias, los tres acusados deberán ser juzgados por la Ley que estaba vigente en nuestro país al momento que se inició el proceso contra ellos. La misma estipula una condena máxima de 15 años de prisión, más medidas de seguridad (10 años).Esta legislatura no contemplaba todavía la normativa antiterrorista (que incluye al secuestro) y establece mayores años de condena.