¿Paraguayo Cubas debe ser sancionado por sus reiteradas inconductas? Sin ninguna duda, son inaceptables en cualquier ser humano, sea senador o zapatero. ¿Tienen sus colegas la autoridad moral y política para imponerle un castigo? La mayoría, definitivamente no, además de haber sido cómplice de su actuar “patotero” durante casi 10 meses. ¿Es la expresión de la decadencia del Senado, como dice Galaverna? La más grotesca, sí, a lo lejos, pero no la más grave. Esta podemos observar en las violaciones periódicas a la Constitución Nacional en las que incurre el Senado, al extremo de contar entre sus miembros a dos personas (Rodolfo Friedmann y Mirtha Gusinky) que no fueron electas y proclamadas, y una tercera (Fernando Lugo), que debería estar en prisión por haberlas digitado, arrogándose facultades que no tenía, en detrimento de la voluntad popular y del Estado de Derecho.	Con respecto a la primera de las interrogantes, solo alguien cegado por el fanatismo, o por sus broncas, puede justificar el proceder de “Payo”, salvo que se lo declare inimputable, en cuyo caso correspondería brindarle la asistencia clínica de rigor, por el bien de quienes le rodean y el suyo propio. No es normal que alguien “ande por la vida” amenazando a todo el mundo con un cinto en la mano, o que defeque en la sala de audiencias de un juzgado, o que destruya vehículos de la patrulla caminera y del ministerio público (que pagamos todos) o, mucho más graves, que integre el grupo de quienes atropellaron la sede del Congreso y le prendió fuego.No es normal que alguien obstruya el funcionamiento de un órgano del Estado, que pierda los estribos en casi todas las sesiones y las convierta en capítulos de una telenovela de bajo presupuesto, acusando a sus colegas mujeres de lesbianas y a las funcionarias del Poder Legislativo de prostitutas.Y no es normal que la mayoría de los 42 senadores (los otros dos que usurpan bancas no cuentan) hayan dejado pasar por alto todo esto, a veces tomando los episodios de demencia como una broma, sonriendo y hasta dándole palmadas al hombro para tranquilizar al iracundo personaje.Ocurre que al comienzo fue considerado un aliado del nuevo grupo de poder y un enemigo del que había abandonado el Palacio de López, por lo cual, en el cálculo perverso de no pocos legisladores, era mejor hacerse los sonsos y dejar pasar sus comportamientos vandálicos. Les convenía. El blanco era el enemigo cartista. Hasta que un buen día, ellos también pasaron a integrar la lista de los “elegidos” para ser atacados, con la agresividad que caracteriza a Cubas, por todos conocida.Y entonces se escandalizaron. “¿Corrupto yo?”, se ofendió alguien que antes compró votos. Sus compañeros también se molestaron y, recién ahí, “comprendieron” que el descontrol de “Payo” también podía afectarlos, solicitando se le impongan las sanciones del caso. Habían alimentado al “monstruito” que ahora también a ellos muerde la mano. Reconociendo que la repentina exigencia de respeto y de comportamiento civilizado está impregnado de hipocresía, eso no obsta que Paraguayo Cubas sea sancionado, ni que, si en verdad algunos le aprecian, lo sometan a un control médico de urgencia. Él es, efectivamente, la expresión más grosera de la decadencia del Senado. Pero acto seguido, se impone que sus juzgadores aborden las expresiones más graves del tremendo deterioro institucional que sufre la Cámara y de la cual ellos son corresponsables, al recurrir frecuentemente al famoso art. 23, que les da la mayoría necesaria para imponer su voluntad, muchas veces al margen de la Constitución y las leyes. Mientras no encaren esa tarea de fondo, mientras Friedmann y Gusinky sean considerados “interpares” y, sobre todo, mientras no ajusten sus acciones al Estado de Derecho, esta u otras medidas contra “Payo” y quienes sigan su camino no tendrían otra finalidad más que protegerse a sí mismo, con el agravante de que no servirán para apaciguar a la fiera, ni acabar con sus “shows” recurrentes.	El “arresto disciplinario” de la Tte. de Fragata Carmen Quinteros, resuelto por la Justicia Militar y confirmado por la Corte Suprema, nos retrotrae a épocas oscuras en las cuales las mujeres y sus hijos recién nacidos no tenían derechos básicos, consagrados universalmente, como el de amamantar y ser amamantados. Ella reclamó su aplicación y, al no encontrar el eco favorable de sus superiores, encomendó a un abogado que formalizara la petición, en uno de cuyos párrafos fue considerado “un acto de rebeldía”, convirtiéndose éste en la justificación de la arbitraria sanción.	Lo resuelto por el tribunal militar, aunque aberrante desde todo punto de vista, es perfectamente coherente con una institución que nunca se caracterizó por respetar los DD.HH, ni ninguna norma que no sea una derivación de sus propios reglamentos internos, de ese pequeño Estado, dentro del Estado, en el que nadie puede meter siquiera un dedo y para el cual no rigen la Constitución y las leyes a las que debemos someternos “los comunes”, al decir del diputado Portillo.Hasta ahí no hubo “nada nuevo bajo el sol”, solo un resabio más del autoritarismo típico del viejo y decadente militarismo que en nuestro país data de hace casi 80 años. Sin embargo, la posición del poder civil frente a este es francamente preocupante, empezando por la Corte Suprema de Justicia y siguiendo por la que asumió el presidente de la república.La máxima instancia judicial de nuestro país, la última a la que podemos apelar los ciudadanos para pedir la restauración de nuestros derechos, en lugar de restaurar los que le fueron vulnerados a Quinteros, optó por agachar la cabeza a la cúpula de las Fuerzas Armas. Lo hizo de la peor manera posible, eludiendo referirse al tema de fondo, que es el atropello cometido por el tribunal militar a la ley 5.508 “De promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna”.Esta norma, en su artículo 4, establece que: “El Estado promoverá, protegerá y apoyará la maternidad y la Lactancia Materna Exclusiva hasta los 6 (seis) meses de edad y la Lactancia Materna Complementada hasta los 24 (veinticuatro) meses de edad, asegurando la atención y cuidado de a alimentación de los niños y niñas, y de la madre en periodo de gestación y lactancia. En ningún caso, la mujer será objeto de discriminación o vulneración de sus derechos por su condición de tal”.Sin embargo, ni los superiores de Quinteros, ni la Corte Suprema hicieron caso alguno a dicha normativa. Al contrario, la pisotearon con total alevosía.Entonces quedaba la opción de que el presidente corrigiera semejante mamarracho, pero el hombre se lavó las manos y dijo que ya nada podía hacer, porque había un fallo de la Corte y, en consecuencia, solo restaba acatar lo que mandan la ley y los organismos jurisdiccionales.Peor argumento imposible. El presidente ratificó con ello su completa falta de liderazgo y evidenció también su desconocimiento de lo que significa ser comandante en jefe de las FF.AA, que lo faculta a levantar el teléfono en este instante y ordenar la revisión de la medida disciplinaria, que la Corte Suprema no le ordenó ejecutar, sino lo habilitó para aplicara. Insistimos, lo preocupante, además del atropello a los derechos de Quintero y su hijo, es la sumisión del poder civil al militar, la agachada de cabeza de la Corte y la actitud al estilo de Pilatos del presidente, sea por ignorancia o, peor todavía, por convicción. La lección es clara. La defensa y promoción de los DD.HH, de derechos civiles fundamentales, depende pura y exclusivamente de los ciudadanos. Las autoridades, en esta materia, demuestran a diario ser un perfecto fracaso.	En democracia, el poder reside en el pueblo, a través de nuestro voto le otorgamos a los parlamentarios el poder de representarnos en el parlamento, esto como una forma legítima de participación popular para la toma de decisiones, la actuación de quienes nos representan debe sustentarse en lo que dictan las leyes vigentes. La presencia en el Senado de Rodolfo Friedmann, Mirtha Gusinky y Abel González, es un insulto para el soberano, que es el pueblo, y deja en entredicho la calidad de nuestra democracia, ellos ocupan de manera absolutamente irregular un curul en la Cámara Alta, fueron colocados a dedo y con la complicidad de la Justicia que una vez más muestra su desprecio a la ley.	Rodolfo Friedmann y Mirtha Gusinky, del Partido Colorado, son senadores “mau” (falso) porque no fueron electos por el voto popular, y por tanto tampoco fueron proclamados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Sin embargo, por una decisión del presidente del Congreso en 2018, Fernando Lugo, fueron llamados a jurar como senadores en reemplazo de los electos y proclamados senadores Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos. Este último fue “indemnizado” por el presidente Mario Abdo con la dirección paraguaya en la Entidad Binacional Yacyretá.La actuación de Fernando Lugo fue parte de un pacto político de la oposición a Horacio Cartes, para frenar su presencia política en ese poder del Estado. La jugarreta fue denunciada al Ministerio Público en junio de 2018, la acusación contra Lugo fue por usurpación de funciones públicas y desacato, hasta la fecha la fiscalía mantiene adormecida la causa, la cual no solo reivindicaría a Cartes sino a la democracia paraguaya. Duarte Frutos también denunció a Lugo, pero terminó congelando la búsqueda de justicia a cambio de la “indemnización” recibida. Horacio Cartes se candidató como senador número uno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), tras un veredicto de la Corte Suprema de Justicia que también favoreció al ex presidente Nicanor Duarte Frutos y al ex vicepresidente Juan Afara, quien sí asumió su curul en el Senado. El otro senador “mau” es Abel González, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), tampoco le correspondía la banca que asumió, esa pertenece al suplente Arnaldo Franco, del Partido Colorado, quien debía reemplazar al exsenador Jorge Oviedo Matto (Unace), quien renunció al cargo. El actual presidente del Congreso Nacional, Silvio Ovelar, llamó a una sesión extraordinaria urgente y sin mediar palabra convocaron a González para jurar, nuevamente se hizo “tabla rasa” de la ley y el mandato popular, en nombre de la componenda para minimizar la presencia del movimiento Honor Colorado en el parlamento. Parafraseando a Luis María Argaña, hechos como los relatados, son el fango de la política, y a este estado trasladaron la democracia paraguaya aquellos con apetito voraz de poder. Además, habla de la baja calidad de nuestros políticos y de nuestra democracia, donde los votantes, que somos el supremo poder, votamos por alguien que gana pero que finalmente nunca asume el cargo en el debe representarnos. La cacareada primavera judicial, de existir, debería restablecer la decisión popular, sacar del fango a la democracia paraguaya, y normalizar la institucionalidad en el país.	Hace unas cuantas horas atrás el fiscal brasileño José Augusto Vagos, que investiga el caso Lava Jato en su país, aseguró que el ex presidente de la República Horacio Cartes no es parte de esa investigación, el magistrado se encuentra en Paraguay para intercambiar información con sus pares de nuestro país sobre Darío Messer. El representante de la justicia brasileña reiteró su declaración una y otra vez, en respuesta a las insistentes preguntas de interesados miembros de la prensa, que buscaban una respuesta diferente, una que favorezca su línea editorial y a ciertos sectores políticos. Los pocos minutos de entrevista con Augusto Vagos dejaron en claro que tanto la Comisión Bicameral del Congreso, como los litros de tinta gastados por medios de comunicación maledicentes fueron una farsa, que desmorona el acoso al ex mandatario.	En los últimos meses se quiso someter al país a una posverdad - la distorsión deliberada de una realidad, con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales-, que incluyan a Horacio Cartes en las pesquisas que en Brasil y Paraguay se realizan sobre las actividades de Darío Messer.La Comisión Bicameral sobre el caso Messer, fue una farsa montada con el solo interés de eliminar políticamente a Horacio Cartes. En los seis meses de actividad de este colegiado, no pudieron encontrar hechos que involucren a Cartes en las investigaciones, y queda expuesta la obsesión de algunos políticos y medios de comunicación con destruir, a como dé lugar, la figura de Horacio Cartes.Las declaraciones del representante de la justicia brasileña también revelaron que existe mucho miedo en la justicia paraguaya, dejan de cumplir con el debido proceso en estricto apego a la ley porque temen a lo que pueda titularse o ponerse en un zócalo de televisión. Y así nos va.La Comisión Bicameral del caso Messer, nació mal hecha y terminó de la misma manera. La conducción de este colegiado por parte de Rodolfo Friedmann, le quitó credibilidad desde su inicio, no solamente porque tiene un conflicto personal con el ex mandatario, también por que su presencia en el Senado es apócrifa.Rodolfo Friedmann no ganó en las elecciones de abril del 2018, no fue electo por el voto popular, tampoco fue proclamado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), fue puesto en el Senado a dedo por Fernando Lugo, en reemplazo de Horacio Cartes, en una acción inconstitucional, que sigue impune a pesar de haber sido denunciada en tiempo y forma ante la justicia. Es saludable para el país que el fiscal brasileño José Augusto Vagos haya desnudado la farsa montada por ciertos políticos y medios de comunicación contra Horacio Cartes, que sirva para fortalecer la institucionalidad en Paraguay, para saber a ciencia cierta dónde están los verdaderos lastres del país.