En conversación con Unicanal el abogado Pedro Wilson Marinoni dijo al respecto, que las autoridades de la municipalidad se exponen a una querella penal y criminal por la consecuencia mortal.En el aspecto penal puede implicar millonaria indemnización, que exige el pago a la municipalidad, y puede determinar prisión para el director de tránsito e incluso del intendente. “Este caso se puede caratular como homicidio doloso por la responsabilidad subsidiaria de transito. Las autoridades son encargadas de la seguridad vial, existe una negligencia de parte del Departamento de Tránsito y del propio Intendente por ser la cabeza. La fiscalía debe imputar a estas personas o que apague todos los semáforos y vamos a cruzar con precaución. Tratan de desviar la atención culpando al conductor por exceso de velocidad”, expresó Marinoni. El hecho sucedió sobre la calle EE.UU. y Tte. Fariña. El comisario Carlos Pereira indicó que ambos semáforos no funcionan correctamente y esto fue lo que causó dicho accidente que dejó al motociclista sin vida.El semáforo que generó este daño es uno de los 129 aparatos de ordenamiento de tránsito que no están conectados de manera directa al Centro Semafórico de Asunción.*Nosotros tenemos 129 intersecciones que no están conectadas a este centro de control*, expreso Luis María Pereira, director de Tránsito y Transporte de la Municipalidad.	El operativo se realizó con efectivos de la Policía Nacional porque en la primera intervención los guardias impidieron la entrada de los fiscalizadores del Ministerio de Trabajo y mediante orden judicial firmada por el juez, Julio César Centeno, y la actuaria Silvia Patiño se ingresó al local PLASPASA, situado en Paraguarí, kilómetro 62 para realizar las verificaciones de la situación laboral de sus trabajadores.Participaron de la inspección la abogada Nilda Raquel Fretes, la química Natividad Ortiz, el jefe del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, Miguel Ángel Mora y técnicos. Una vez verificada la situación de los trabajadores, se labró un acta en el que se detalló las irregularidades encontradas en salud laboral y seguridad encontradas en el momento de la verificación. La DGIF tiene a su cargo la inspección, vigilancia y fiscalización de los establecimientos industriales, comerciales, mineros, obrajes, agrícolas y ganaderos, así como las oficinas prestadoras de servicios, a fin de velar por el cumplimiento de la legislación laboral y de seguridad social en todo el territorio nacional.	El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia a través de sus Dispositivos de Respuesta Inmediata (DRI) y el servicio de llamadas 147 Fono Ayuda, atendió un total de 255 casos de abuso sexual en el primer trimestre del 2019; 89 en el mes de enero, 85 en febrero y 81 en marzo.	Teniendo en cuenta la distribución por sexo, se confirma que las niñas están en mayor riesgo, pues del total, 235 son niñas y adolescentes mujeres, siendo casi el 100% de la totalidad. Sobre esta misma línea, las zonas donde más casos se dan son el departamento Central, Asunción, Alto Paraná, seguidos por Paraguarí, Caaguazú, Itapúa, San Pedro, Cordillera, Caazapá, Amambay, Concepción y Guairá.Asimismo, a consecuencia de estos abusos sexuales, resultaron embarazadas 38 niñas y adolescentes cuyas edades oscilan entre 11 a 17 años, y se detectaron 29 adolescentes con hijos. Es importante recalcar que la mayoría de los agresores son personas del entorno inmediato de la víctima como novio, padrastro, padre biológico, vecino, tío, hermano, u otros. En cuanto a las intervenciones en calle, los profesionales del DRI han realizado 9.658 intervenciones llegado a 4.460 niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración, realizando el monitoreo, abordaje y seguimiento. Las vulneraciones incluyen abuso sexual, falta de acceso a la educación, salud, identidad, pobreza extrema, situación de calle, trabajo infantil, entre otras. Cabe destacar que las intervenciones que realiza DRI son puntuales, de corto tiempo de seguimiento, articulando acciones con el Ministerio de la Defensa Pública, Ministerio Público, CODENIs, MSP Y BS, MEC, SENADIS, Policía Nacional, entre otros, para restablecer los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes. Desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia informan que continúan con la campaña nacional #TodosSomosResponsables que busca concienciar a la ciudadanía a denunciar los casos de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.	En la tarde de ayer una comitiva fiscal-policial realizó un allanamiento a una vivienda particular que funcionaba como depósito y en la que había sido alojada una importante cantidad de productos.La investigación inicial fue llevada a cabo por el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional. Para el procedimiento, se contó con apoyo del Ministerio Público, el Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).La fiscal Carmen Gubetich comentó a Radio Monumental que un ciudadano coreano naturalizado paraguayo, identificado como Wook Moo Heo, aparece como el propietario de la carga.El allanamiento se produjo en base a denuncias sobre la presunta comisión de delitos contra la propiedad intelectual y violación de los derechos de marca (falsificación). Asimismo, se presume que también podría haberse incurrido en el delito de contrabando debido a que, al momento del procedimiento, se no presentaron documentaciones que certifiquen el origen de las mercaderías.La agente fiscal señaló que se dio tiempo al propietario hasta el próximo lunes para que pueda presentar los documentos requeridos, tanto de despacho aduanero como cualquier otro que permita dar luz sobre este caso.Dentro de los embalajes fueron encontrados quepis, cintos, bufandas, gorros, frazadas, así como artículos de bijouterie y productos varios. En casi todos los casos, tenían grabados los nombres y logotipos de reconocidas marcas, por lo que -a criterio de Gubetich- es prácticamente un hecho que se trata de productos falsificados.Wook Moo Heo se encargaría de importar y redistribuir estos productos en la zona del Mercado 4 para su posterior comercialización, afirmó la representante del Ministerio Público. De momento, no se sabe con exactitud cuál es la cantidad o el valor de la mercadería incautada.