La senadora Esperanza Martínez, se refirió a la aprobación de la Cámara Alta al proyecto de Ley que establece el pago del 100% del salario mínimo a las empleadas domésticas y los beneficios que incluyen en ello.“En muchos empleos, el empleador a veces da la comida en otros no. En las oficinas suele haber café o agua. Ellas lo que plantean es que tienen el mismo derecho que cualquier trabajador”, manifestó la legisladora en comunicación con Radio Ñandutí.“Si su patrón o patrona le dice que lleven una vianda porque no les dará de comer, perfecto, harán ese tipo de acuerdos como cualquier otro trabajador”, agregó la parlamentaria.Martínez indicó que la lucha de las trabajadoras domésticas es que las mismas puedan cobrar como corresponde las horas extras que realizan.“La idea es que la negociación sea por el salario mínimo y también que se les pueda contratar por horario (porcentual al salario mínimo)”, refirió la senadora del Frente Guasu.Ayer la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el salario mínimo del 100% para las trabajadoras domésticas. El proyecto de Ley con esto vuelve a la Cámara de Diputados que había aprobado el 70%. Se estima que unas 220 mil mujeres en Paraguay están empleadas en el sector doméstico.	El objetivo es que la comisión se encargue de coordinar la regulación de los usos del lago, su “recuperación y mantenimiento”, ya que en sus aguas está prohibido el baño por la alta contaminación, provocada por los vertidos de las fábricas y cloacas de las localidades aledañas.El anuncio fue realizado por el intendente de San Bernardino, Luis Aguilar y el legislador del Partido Liberal Fernando Silva Facetti, en un acto en dicha localidad en el que se adoptaron otras medidas tendentes a la recuperación del lago, desde hace años plagado de cianobacterias.El objetivo es “dar una solución a la constante contaminación y sedimentación del lago Ypacaraí” que, “en poco tiempo” podría secarse y provocar un “desastre ambiental”, afirmó en el acto Facetti, citado por la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna).La comisión agrupará a los municipios que circundan el lago (San Bernardino, Emboscada, Itauguá, Limpio, Luque, Areguá e Ypacaraí), e involucrará a otras instituciones como los ministerios de Medio Ambiente, Obras Públicas y la Secretaría Nacional de Turismo, según el comunicado.Además, establecerá un “fondo de financiamiento” de las obras que sean necesarias para reparar y limpiar el lago y sus riberas y coordinará dichos trabajos entre todos los municipios afectados.En el acto de este viernes, en el que también estuvieron presentes los intendentes de las ciudades ribereñas, acordaron otras medidas como presentar denuncias contra quienes dañen el lago o sus inmediaciones, dentro del Plan de Manejo de la Reserva de Recursos Manejados del Lago Ypacaraí, así como establecer una “línea de ribera” fija para su protección.A pesar de que varios municipios del lago cuentan con playas públicas o privadas en sus orillas, el baño está prohibido por la alta contaminación de sus aguas por la presencia de floraciones de cianobacterias, según las autoridades.La contaminación de los recursos hídricos es un problema que afecta también a la capital, Asunción, en cuya bahía el baño también está prohibido por la alta presencia de coliformes fecales.Según un informe de hace un año, los coliformes alcanzaban en la bahía hasta 240.000 unidades de bacterias por cada litro, cuando el límite de tolerancia del cuerpo humano, y el legal permitido es de 499 unidades.En enero pasado el Ministerio del Ambiente dio a conocer un estudio que reveló que uno de los acuíferos que abastece de agua potable a Asunción y el área metropolitana, superaba el nivel máximo permitido para el consumo humano de presencia de nitritos. En concreto el nivel alcanzó los 45 miligramos de nitrito por litro en ese acuífero, denominado Patiño, que abarca unos 1.173 kilómetros cuadrados bajo el área metropolitana de la capital.	Los profesionales de la psicología afirman que es importante diferenciar la labor realizada por estos y otros profesionales involucrados en el abordaje de la salud mental por lo que ven como urgente la necesidad de la aprobación de la ley ya que precisan de normas que regulen la práctica profesional y orienten a los usuarios al momento de buscar ayuda. El proyecto de ley cuenta con media sanción de Diputados.	Los integrantes de la Asociación de Terapia Cognitivo Conductual del Paraguay expresaron el apoyo a la gestión de la sociedad paraguaya de psicologái que viene realizando desde hace varios daos atrás el proceso del proyecto de ley del ejercicio profesional en psicología.Desde la organización abogan por la importancia de diferenciar la labor realizada por los psicólogos y y otros profesionales involucrados en el abordaje de la salud mental por lo que ven como urgente la necesidad de la aprobación de la ley ya que precisan de normas que regulen la práctica profesional y orienten a los usuarios al momento de buscar ayuda, con criterios que respalden el rol profesional.El proyecto de Ley del Ejercicio de la Psicología en el Paraguay ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y pasó a Senadores donde se encuentra en las comisiones de Salud y Seguridad Socia y Legislación y Codificación.Desde la SPPs emitieron un comunicado en el que expresan la necesidad de contar con una herramienta legal que regule el ejercicio de la profesión y destacan que Paraguay es el único país del Mercosur que no cuenta con una normativa al respecto.Sin embargo, desde la federación manifestaron disconformidad en el proceso de aprobación de la ley condicionando la cooperación en el proceso si se accede a las modificaciones solicitadas por los mismos. La Sociedad aclara que durante el desarrollo del anteproyecto de ley se recibió el aporte del grupo Ágape Psicoanálisis cuyas sugerencias fueron incluidas “casi textualmente” del proyecto.	Los camaristas que tomaron la decisión de revocar la decisión del Tribunal, Pedro Mayor Martínez, Gustavo Ocampos y Gustavo Santander; indicaron cumplimiento de la pena mínima por parte del suboficial Roberto Osorio.El suboficial Osorio había sido condenado en diciembre de 2018 a 8 de prisión, por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, causando un perjuicio de aproximadamente 1.200 millones de guaraníes a las arcas de la Policía Nacional, por medio del uso irregular de las tarjetas de combustible expedidas por Petropar.El caso saltó en 2015, con la activación de 186 tarjetas magnéticas para la provisión de combustibles para vehículos de Inteligencia y Antisecuestros de la Policía Nacional, que a la fecha registran consumo total de 1.159.242.441 guaraníes”.En esta misma causa, el excomandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga recibió una condena de 4 años de prisión.