El conflicto se originó a raíz de una denuncia realizada por la propietaria de la propiedad invadida, según comentó a la 970 AM el comisario Vidal Achucarro, director de Policía de Canindeyú.Efectivos policiales de GEO lograron rescatar a un trabajador que estaba como rehén de los invasores. El mismo fue asistido en un centro asistencial, debido a que presentó varios golpes en el cuerpo.Además se reportó el fallecimiento de Edilson Mercado Bogado de 38 años de edad. Algunas personas que no pudieron ser identificadas llevaron el cuerpo sin vida y lo dejaron abandonado en el puesto de salud local. El comisario comentó que los responsables del hecho serían sin tierras que se muestran bastantes agresivos y armados. Relató que el lugar está invadido y al menos unos 150 rodearon a la comitiva fiscal.La investigación está a cargo de la Fiscalía, pero hasta el momento no se tienen novedades con respecto a los autores del hecho.	“Yo creo que el Gobierno ya tomó la decisión de enviar a funcionarios de anticorrupción y en base a las informaciones de ellos, se van a tomar las decisiones”, respondió el vicepresidente Hugo Velázquez al ser consultado si existe intenciones de destituir o no al presidente del IPS, Armando Rodríguez.En ese sentido, el asesor de Transparencia e Integridad de la Presidencia de la República, Carlos Arregui, y la ministra de la Secretaría Anticorrupción, Teresa Rojas, recomendaron abrir sumarios administrativos a encargados de varias dependencias del IPS, tras constatar una serie de irregularidades. “Lo que nosotros estamos viendo por los medios, son denuncias de sectores interesados, ni siquiera en el presidente del IPS, sino en las licitaciones. Vamos a verificar si realmente es así”, indicó el vicepresidente Velázquez.La investigación se inició a raíz de un supuesto tráfico de influencias en la licitación millonaria para el servicio de seguridad del IPS, donde se vio involucrado un político y un periodista.	“Lo primero que hay que aclarar es que la chipa no es de nadie. No es guaraní y castellano, es palabra quechua”, explicó a HOY la etno-gastrónoma, docente, investigadora y autora de libros, Graciela Martínez.En ese sentido, sostuvo que la chipa tiene como ingredientes a productos que son considerados regionales, como el almidón, el queso y la grasa. “La chipa es tradicional en nuestro país, pero también es regional. En Bolivia también se come la chipa, pero le dicen “Kuña Piru”, ellos sí le dan nombre guaraní”, refirió.Señaló que los argentinos no tienen como tradición el consumo y comercialización de la chipa, a diferencia de nuestro país donde se vende el producto a lo largo y ancho de las rutas nacionales.Martínez comentó además que la chipa es elaborada y consumida en la región desde la llegada de los Jesuitas, y a lo largo de los años fue evolucionando en cuanto a su preparación. Sin embargo, indicó que nadie se puede apropiar del producto, ya que es regional y no exclusivo de un solo país.“Se hizo una polémica al santo cohete. Lo que se equivocó la Unesco es en darle a Argentina protagonismo, los que menos tienen tradición en chipería son ellos”, precisó la profesora.Semanas atrás,	, donde decía que la chipa era un producto elaborado con ingredientes provenientes de la Argentina. “Chip, chip… ¡¡¡Chipa!!! Espera, ¿no sabes lo que es chipa? ¡Permítanos presentarle este delicioso pan de queso procedente del #Yaboti #BiosphereReserve en #Argentina!”, fue lo publicado primeramente por la Unesco. En el nuevo posteo, aclararon que la chipa es una herencia culinaria compartida entre Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay. Además, indicaron que la chipa es considerada en Paraguay como un “plato nacional”.	La Comisión de Educación parlasuriana y la Secretaría Nacional de Cultura conformaron una mesa de trabajo para abordar el problema, entre otros. Un tema que adquirió principal importancia fue la posible afectación del Solar Artigas (ubicada en la entrada del Jardín Botánico), a partir de la construcción de viaductos por encima del Jardín Botánico, que unirá la Costanera Norte con Ñu Guasu.Al inicio, fueron expuestas las acciones y los planes de ambas instancias, así como se decidió la instalación de una mesa de trabajo entre las mismas. En tal sentido, la presidenta de la Comisión de Educación, María Eugenia Crichigno, enumeró las iniciativas de la Delegación de Paraguay del Parlasur, como lo son la edición especial de “Yo el Supremo”, la declaración de interés Cultural del Mercosur las obras del escritor Augusto Roa Bastos, la participación en la Feria Internacional del Libro de Asunción y su declaración de interés cultural del Mercosur, entre otras.Por su parte, Capdevila enunció también las políticas llevadas a cabo por su Secretaría y, en especial, los esfuerzos por la preservación del patrimonio cultural intangible, así como aspectos del Plan Nacional de Cultural.En la reunión, junto con Crichigno, estuvieron los integrantes Blanca Lila Mignarro y Manuel Morínigo, mientras que acompañó a Capdevila, la directora director de cooperación, Teresita Silvero.PATRIMONIO CULTURALEntre los temas tratados, uno que adquirió principal atención por los efectos que pudieran causar en un patrimonio cultural - como lo es la Escuela Solar de Artigas (ubicado al costado de la entrada principal del Jardín Botánico) -, fue la construcción de viaductos, que unirán la Costanera Norte con la zona de Ñu Guasu.Al respecto, a criterio del ministro, la municipalidad de Asunción tiene principal responsabilidad, pues habilitó un proyecto con el cual se dañaría es patrimonio, sin que se establecieran los protocolos para el efecto.Del mismo modo, se recordó que la delegación paraguaya había presentado una declaración del Parlasur – a iniciativa del parlamentario Ricardo Canese – por la cual se solicitaban medidas para evitar esta situación y, al respecto, debería revisarse el financiamiento de las obras que, en parte, están sustentada en fondos de los Fondos de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM). La parlamentaria Crichigno consideró necesario contar con información precisa sobre las referidas obras, por lo cual ordenó solicitar datos a las distintas instituciones del Estado involucradas. Ello, con el objetivo, de buscar medidas protectoras o mitigadoras ante la construcción de dichos viaductos.