“Como personas de bien tenemos que unir, no sólo las voces y protestas, sino también las fuerzas para que vuelva la paz y tranquilidad a nuestro pueblo”, manifestó Rodrigo Alfonzo de la Pastoral juvenil de la Parroquia de San Pedro de Ycuamandyyú durante la movilización realizada este miércoles en el Departamento.El joven señaló que la impotencia hoy los envuelve y los pone triste, siendo que los hechos violentos están ocurriendo muy cerca de ellos. “No queremos crecer en este ambiente de drogas, delincuencia, peligro y miedo”, subrayó.En ese sentido, leyó un comunicado en el cual los pobladores repudian toda actuación que atente contra la vida de las personas. “Queremos preparar nuestro futuro estudiando y sin el miedo de lo que pueda pasar en nuestras calles”, indicó.Por otra parte, Pastor Vera Bejarano, diputado liberal por San Pedro, también	Una de las modificaciones fue la de eliminar el artículo en que los jueces impongan el lugar de la prisión preventiva, alguna medida sustitutiva, en caso de que el peligro de fuga o la obstrucción investigativa pueda evitarse mediante su aplicación.La diputada Rocío Vallejo (PPQ), manifestó que en el Art. 11 de la Constitución Nacional expresa claramente que nadie será privado de su libertad física o procesado, sino mediando las causas y en las condiciones fijadas por la Carta Magna y las leyes.Finalmente, se acompañó el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, del Art. 245 Suspensión a la Ejecución de la Prisión Preventiva, de la Ley 1.286/98 CPP y sus modificatorias 4.431/2011 Y 2.493/04, el cual queda redactado de la siguiente manera:“Siempre que se hallen reunidos presupuestos para la aplicación de la prisión preventiva y el peligro de fuga o de obstrucción pueda ser evitado por la aplicación de otra menos gravosa para la libertad del imputado…”“El juez, de oficio, deberá imponer alguna de las medidas alternativas o sustitutivas, que son detalladas en el proyecto de modificación (Dictamen Com. de Asuntos Constitucionales)”.“El juez podrá imponer una o varias de estas alternativas, conjunta o indistintamente, según cada caso, adoptando medidas necesarias para asegurar su cumplimiento”.“No se impondrán medidas contrariando su finalidad, que es asegurar la comparecencia del sospechado al procedimiento o el cumplimiento de la sanción”.Las modificaciones serán devueltas a la Cámara de Senadores, donde deberán aprobar o rechazar el nuevo documento.	Las modificaciones principales se dieron en lo referente al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), con las tasas máximas impuestas a productos como el tabaco (propuesta era de 27% y quedó en 24%), bebidas alcohólicas y azucaradas (10 y 12%), aeronaves y embarcaciones (0%)También se introdujeron modificaciones en el artículo referente a las exoneraciones del IVA a las entidades de seguro social creadas por Ley.En cuanto al Impuesto a la Renta, fue aprobada la versión remitida por la Cámara de Senadores, sin sufrir variaciones.El proyecto de ley “De modernización y simplificación del sistema tributario nacional”, prevé reestructurar el sistema tributario en Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU), Impuesto a la Renta Personal (IRP), Impuesto a la Renta de No Residentes (INR), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).El documento deberá ser devuelto al Senado, donde se dio inicialmente el estudio del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo.	El caso del presidente estadounidense Donald Trump, quien fue "vetado" para bloquear a otros usuarios en Twitter, sentó una jurisprudencia en el ámbito de las redes sociales. A criterio de José "Pepe" Costa, el bloqueo en redes sociales por parte de autoridades o funcionarios públicos -que también se da en nuestro país- podría considerarse como una violación a la libertad de expresión y el acceso a información pública.	desde su cuenta de Twitter por considerarla como “una violación a la Primera Enmienda” de la constitución norteamericana.En su sentencia, el juez Barrington Parker señaló que “la Primera Enmienda no permite a un funcionario público que utiliza redes sociales con fines oficiales excluir a personas de un diálogo abierto en internet por el hecho de que hayan expresado opiniones con las que el funcionario no esté de acuerdo”.La noticia tuvo amplia repercusión en diversas partes del mundo, sobre todo por el hecho de que este caso sentó una jurisprudencia en materia de uso de redes sociales por parte de autoridades, más aún tratándose de uno de los líderes más importantes del mundo.José “Pepe” Costa, docente y experto en Acceso a la Información Pública, conversó con HOY sobre este tema y manifestó que en nuestro país no existen ni reglamentación ni antecedentes judiciales que guarden relación con este ámbito.Pese a ello, aseguró que existen varios casos de políticos, autoridades nacionales e incluso instituciones públicas que han procedido a bloquear cuentas de ciudadanos en redes sociales -sobre todo en Twitter- por el hecho de considerar que los mismos violan “códigos de buena costumbre”.En la mayoría de los casos, esto ocurre cuando los usuarios empiezan a expresarse de forma airada o agresiva -indicó-, llegando inclusive al punto de proferir insultos en sus comentarios, siendo ello motivo para que decidan bloquearlos.Costa recordó que existen otros casos similares al de Estados Unidos como lo es el de México, donde	de ese país no puedan bloquear a nadie de sus redes sociales debido a que esto viola el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información.“Cuando la cuenta en redes sociales de la persona pública -sea una autoridad o un funcionario- es usada para dar a conocer información pública e interactuar con la gente, es poco pertinente que se bloquee a cualquier ciudadano, por más fuerte que puedan ser las expresiones o las opiniones vertidas por el mismo. Esto también puede ser aplicado a cuentas oficiales de instituciones públicas pues se supone que tienen una cuenta en redes sociales para tener un canal abierto con el público en general y que no discrimine a las personas por su opinión, condición, raza, sexo, ideología política, etc”, expresó.El docente señala que la crítica, por más áspera que sea, es una condición que debe ser aceptada y respetada por las autoridades y los funcionarios públicos, en beneficio del debate sobre las cuestiones de interés general.Al igual que en la sentencia del juez federal sobre el caso de Donald Trump, en nuestro país una persona también podría ampararse en el Art. 26 de la Constitución Nacional que habla sobre la libertad de expresión en el caso eventual de impulsar una acción judicial luego de ser bloqueado en redes sociales, sostiene Costa. Si bien aún no existe jurisprudencia a nivel local, el mismo asegura que ya es el momento de ir debatiendo sobre estos temas y mirando cómo se van delineando los estándares en el ámbito internacional. Asimismo, considera que -de ser necesario- un ciudadano debería llevar un caso como éste a instancias judiciales, a fin de marcar un precedente al respecto y también para instalar un debate público en general.