En entrevista con la 650 AM, Luis Villasanti confirmó que desde la ARP han expresado su preocupación en relación a las invasiones de propiedad que se han venido registrando en las últimas semanas.Según indicó, la propiedad privada está garantizada por la propia Constitución Nacional y por ello es lamentable que “la gente invada por invadir”. Citó el	, un poblador de la ciudad de Ypané que denunció la ocupación del terreno que pertenece a su familia.“Muchas veces se premia al invasor y los derechos consagradas en la Constitución los tiene el invasor y el delincuente. Acá te invaden y el propietario no tiene ningún derecho, tiene que hacer un protocolo y esperar”, refirió a Radio Uno.Villasanti sostuvo que “no se puede construir un derecho sobre una ilegalidad” y considera que “todos juntos tenemos que combatir a la delincuencia porque realmente son delincuentes”, haciendo alusión a los invasores. “Lo que pasó en la	con la señora Cristina Aquino que cobraba para entrar en la propiedad, eso es vender esperanzas para la gente necesitada. En invasiones rurales también ocurre con muchísima frecuencia, el invasor tiene que pagarle al líder, si es que no pagas no entras a la propiedad, así se manejan, es un negocio ilícito para venta de pedazos de tierra”, afirmó.“Es cierto que la gente tiene derecho a la vivienda pero no sobre un ilícito, cuando estás invadiendo una propiedad estás cometiendo un delito y sobre ese delito no podes construir viviendas y darle a los invasores, o sino esto va a ser un caos”, manifestó el titular de la ARP.El mismo confirmó que estuvieron conversando sobre este tema con el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y él les manifestó su total respaldo ante este flagelo, además de brindarles la plena seguridad para actuar. Finalmente, propuesto que desde el Gobierno Nacional puedan plantear algún proyecto que apunte a solucionar la problemática de tierras que sufren muchos de estos invasores que ocupan inmuebles de manera irregular.NUEVE INVASIONES EN YPANÉHoracio Ortiz, intendente de Ypané, reportó a la misma emisora que actualmente hay nueve invasiones de terrenos privados y públicos, causando zozobra y disgustos a los pobladores. “No estamos en desacuerdo que la gente se mude a Ypané, pero sí que invadan y creen asentamientos colgándose del servicio eléctrico. Estos pseudodirigentes que se manejan en camionetas 4x4 engañan y estafan a gente que realmente necesitan, que llegan de distintos puntos del país que pagan para ocupar estas tierras”, criticó la autoridad.	El senador Friedmann indicó que la visita del tabacalero José Ortiz, referente del sector empresarial cartista, no significa ningún acercamiento del oficialismo con el exmandatario Horacio Cartes en el plano político.En charla con la prensa, el político sostuvo que fue solo una visita empresarial y descartó que haya una componenda política detrás. “El encuentro se hizo de día y a cara descubierta. No comparto con el cartismo políticamente y políticamente José Ortiz no existe”, remarcó.Por otra parte, el legislador confirmó que la Comisión Bicameral Especial que investiga caso de Darío Messer (empresario prófugo) oficializó la convocatoria a Horacio Cartes para el próximo lunes 18 de marzo a las 10:30. En caso de que nuevamente no acuda, Friedmann dijo que existe una resolución judicial que prevé los pasos a seguir.	Rodrigo Florentín Dávalos (20), imputado por homicidio doloso, se entregó este martes ante la Fiscalía en Itakyry, según confirmaron desde el Ministerio Público a la 970 AM.El Crio. Jorge Fernández, jefe policial de Alto Paraná, explicó a la 970 AM que Rodrigo llegó acompañado de su abogado, quien tras casi una semana decidió presentar a su cliente, quien contaba con orden de captura.Florentín Dávalos es el principal sospechoso de haber matado a los hermanos Osvaldo y Nelson González de 39 y 36 años en una vivienda del Paraná Country Club el miércoles pasado. No obstante también se investiga la participación de Fernando Florentín, padre del supuesto autor, quien le habría recogido a Rodrigo después del crimen. Tampoco se descarta la implicancia de la madre del joven y viuda de una de las víctimas. Durante el homicidio, otra persona se encontraba de la vivienda: la encargada del servicio doméstico, quien quedó muy asustada y declaró ante la Fiscalía que estaba en la cocina cuando escuchó los disparos, pero aseguró que desconoce qué exactamente ocurrió, porque el homicidio se registró en el segundo piso de la casa.	Durante la mañana de este martes, los funcionarios de la Cámara de Diputados realizan una protesta dentro del edificio de la institución, en repudio a los atropellos que dicen sufrir en la administración del legislador Miguel Cuevas.Los sindicalistas mencionaron que repudian los millonarios aumentos salariales para los allegados del titular de la Cámara Bahja, la creación de nuevos cargos y el acceso a los cargos sin concurso público de oposición.“Acá estamos los que amamos la institución, trabajamos, cumplimos horario, somos valé, hay buenos profesionales que merecen asumir en los cargos, pero vienen cinco años y meten gente y luego se van”, cuestionó una de las funcionarias, Nelly Coronel. Dijo que hace cuatro administraciones son pisoteados porque siempre callan ante estos atropellos, pero que ya están cansados.Funcionarios de Diputados se manifiestan ahora contra el titular de Cámara Baja, por aumentazos para allegados	12 de marzo de 2019 El más reciente “aumentazo” que se registró en la Cámara Baja tuvo como principales beneficiarios a varios directores de área y algunos funcionarios administrativos, quienes pasaron a cobrar sumas considerables en concepto de salario y bonificaciones extra.Uno de los casos más notables es el de Julio Arévalos, quien actualmente se desempeña como director de Recursos Humanos. Según publica el	, el mismo percibía anteriormente la suma de G. 8.134.600, pero a partir de enero de 2019 pasó a cobrar un total de G. 27.059.980 (aumento equivalente a más de G. 18.000.000).En entrevista con varios medios, el mismo se defendió de las acusaciones vertidas en su contra por este reajuste y sostuvo que hasta hace poco estaba percibiendo alrededor de G. 17 millones de forma mensual, cifra que contempla el salario y los demás beneficios extra.Otro de los que se vieron beneficiados en la Cámara de Diputados es Arcadio Cabrera, director general de Administración y Finanzas, quien pasó a cobrar más de G. 33 millones en concepto de salario. El mismo sostuvo que “no hay nada fuera de lugar” y cree que el diputado Miguel Cuevas “seguramente le tuvo confianza” para nombrarlo en dicho cargo.Ante el descontento generado, ayer el diputado Cuevas anunció que se conformará un equipo auditor integrado por diputados y funcionarios para analizar los aumentos y que las bonificaciones quedarán suspendidas hasta tener un resultado de la investigación.