“Hace tres años y medio y nunca la Junta Municipal accedió a su rol de contralor en cuanto a la intendencia, a excepción de algunos con­cejales. Yo observo, critico y denuncio públicamente los hechos. Lastimosamente en su mayoría, la Junta da su respaldo para todo lo bueno y también todo lo malo”, sos­tuvo en una comunicación con la radio 970 AMFiorotto lamentó al basarse en el propio informe enviado por Ferreiro. Su adminis­tración solo ejecutó el 1% de los recursos del Fonacide, el 22% de los fondos para las comisiones vecinales, 25% de lo previsto para la inver­sión física y nada para el desagüe pluvial, siendo que están presupuestados G. 30.000 millones para esta última infraestructura.El pasado viernes, amplias zonas de la ciudad de Asun­ción quedaron bajo agua debido a las intensas llu­vias registradas. Cientos de vehículos fueron arras­trados por el potente rau­dal y algunas viviendas que­daron inundadas. “¿A qué juega esta administración y por qué juega con los con­tribuyentes? ¿Por qué actúa a espaldas de la ciudadanía y nunca de frente? Es muy preocupante porque se juega con dinero público, dinero del contribuyente”, senten­ció el edil colorado.	El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones dio a conocer ayer el decreto presidencial que dispone el incremento de 100 guaraníes para el servicio convencional y el diferencial.Si bien el documento tiene fecha del 13 de mayo, la cartera estatal aclaró que recién desde las 00:00 de hoy jueves comenzaban a regir los nuevos precios. No obstante, el 14 de mayo varios choferes ya comenzaron a exigir el pago de la nueva tarifa, pese a la falta de oficialización. “Hay poco colectivo, no da gusto esperar, faltan más líneas”, se quejó un pasajero esta mañana en charla con la 970 AM, mientras aguardaba un bus sobre la Avda. Eusebio Ayala y Fernando de la Mora. Una usuaria en tanto reconoció que cualquier aumento golpea el bolsillo, pero que lo que más irrita es la escasez de unidades.	“¿En qué banco está nuestra plata? ¿Cuántos intereses generaron?”, fueron las preguntas que lanzó a través de sus redes sociales y agrega: “Sin cuentos intendente. Sin cuentos”.“Estimo que la administración municipal debería contestar dónde está la plata y qué hacen con ella y con los intereses que genera”, enfatizó, según publica el diario ADN Paraguayo.La ingeniera Mirta Acha, directora de Obra de la Municipalidad, dio algunas explicaciones, pero según Rosa Martínez, solo trata de justificar “porque la ejecución 0 es desde que Usted asumió la dirección”, le respondió y encima lanzó un pregunta: “¿Tienen algún plan?”.Y de inmediato le agrega otra pregunta: “¿Por qué esa obra es financiada con dinero del contratista? Hay algún estudio económico-financiero que indique algún beneficio en esta modalidad. Desde mi punto de vista, esto encarece la obra. O me equivoco?”, manifestó la profesional.La líder del Poder Ciudadano en Acción reiteró que no se hace nada, “pero muy bien que estamos obligados a pagar y por nada, el servicio de Mantenimiento de Pavimento, inexistente”. Para finalizar, explicó que las soluciones que brindaron desde la comuna asuncena fueron solo “parches”. “En el plan regulador, en las reglamentaciones en el pavimento, no hicieron el mantenimiento, no respetan las normas establecidas y la consecuencia es la ciudad caótica que tenemos, que se siente en el cobro de impuestos, en los reclamos que le estamos pidiendo a este intendente”, expresó.	El fiscal Francisco Torres, quien imputó a Salyn Buzarquis por haber presentado un certificado médico de contenido falso para evitar comparecer ante la justicia, remarcó que el político sí reconoció haber cometido el delito, pese a que ahora dice lo contrario para evitar ser rajado del Senado. Llamativamente, en la Cámara Alta comenzaron las maniobras para salvarlo y no rajarlo de su curul. El Partido Patria Querida fue uno de los que impulsó su pérdida de investidura, pero ahora cambió de postura.	En charla con la radio 780 AM, el agente fiscal Torres recordó el caso del senador Buzarquis y refirió que el mismo fue acusado por el hecho punible y que en la instancia preliminar tuvo una salida alternativa al proceso penal. “Es culpable del delito y reconoció eso, pero no llega a juicio oral”, refirió.El representante del Ministerio Público sostuvo que el legislador tuvo que abonar mensualmente, por el lapso de un año, la suma de un millón de guaraníes a la fundación del padre Aldo Trento.Torres aclaró además que luego de haberse cumplido con las disposiciones fijadas por el juzgado para la suspensión condicional, el artículo 25 numeral 6 del Código Procesal Penal establece que se extinga la causa y la persona acusada quede sin antecedentes y con el legajo limpio.Vale recordar que lo mismo ocurrió con el exdiputado José María Ibáñez, quien terminó renunciando al cargo ante la presión mediática luego de haber reconocido que estafó al Estado con sus “caseros de oro” para obtener esta salida procesal. El juzgado determinó su sobreseimiento, con el pago de G. 30 millones y la compra de un generador para el leprocomio Santa Isabel y otras donaciones que totalizan unos G. 5 millones.PATRIA QUERIDA CAMBIA DE POSTURAEl senador Stephan Rasmussen, de Patria Querida, confirmó a la radio 970 AM que no votarán por la pérdida de investidura de su colega liberal, al alegar que fue sobreseído en enero luego de cumplir las medidas de donaciones que estableció el juzgado.Explicó que inicialmente su bloque firmó el pedido de raje de Buzarquis porque tenían la información de que la condena estaba vigente, por lo que luego su equipo técnico comenzó a realizar las verificaciones.“Es muy claro, que la condena terminó y no corresponde el pedido de pérdida de investidura”, remarcó Rasmussen.Por otra parte aseguró que el caso de Oscar González Daher fue muy diferente, ya que pese a no tener una condena, fue echado del ámbito legislativo. Señaló que el colorado estaba salpicado por tráfico de influencias.EL CASOEl senador liberal Enri­que Salyn Buzarquis había sido imputado en julio del 2017 y con la aplicación de la figura señalada, su pena se redujo a realizar una donación mensual de un millón de guaraníes a la Fundación San Rafael durante un año.Según La Nación, un requisito para la concesión del proceso abreviado es inde­fectiblemente la asunción de la responsabilidad por parte del acusado. El Art. 21 del CPP señala textualmente que “cuando sea posible la suspen­sión a prueba de la ejecución de la condena en las condicio­nes establecidas en el Código Penal, las partes podrán soli­citar la suspensión condicio­nal del procedimiento. Si el imputado presta conformidad con la suspensión y admite los hechos que se le imputan, el juez dispondrá la suspen­sión condicional del procedi­miento, siempre que el impu­tado haya reparado el daño ocasionado, haya firmado un acuerdo con la víctima en ese sentido o demostrado su voluntad de reparación”. La entrega de un certificado médico de contenido falso formó parte de la serie de chicanas presentadas por el legislador del PLRA para no comparecer ante la Justicia en otro proceso relacionado a lesión de confianza y usur­pación de funciones públicas. El hecho generó la imputación por parte de la Fiscalía hace casi dos años atrás.