Son datos aportados en rueda de prensa por el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, correspondientes a prácticamente el 100 % de las mesas de votación.En los comicios de abril votó el 75,79 % del censo electoral total, una de las más elevadas desde que se restauró la democracia en España hace cuatro décadas.Los españoles acuden a votar por segunda vez en menos de un año para intentar acabar con el bloqueo político que impide la formación de un gobierno estable debido a la fragmentación creciente del Parlamento y la falta de acuerdo entre los grupos políticos.Los cerca de 23.000 centros de votación abrieron a las 9 horas (8 GMT) donde están convocados a votar 37 millones de electores hasta las 20 horas (19 GMT). Las elecciones del 28 de abril pasado fueron ganadas por el Partido Socialista de Pedro Sánchez con 123 escaños (de un total de 350), insuficientes para conformar un gobierno ante la falta de acuerdo con el resto de partidos.	En una breve comparecencia en la que no citó este informe, aseguró que la nueva cita con las urnas se celebrará con un órgano electoral renovado, ante las denuncias de fraude en la primera vuelta de las que se acusa al actual."He decidido convocar a nuevas elecciones", afirmó el mandatario desde el hangar presidencial del aeropuerto internacional de El Alto, ciudad vecina de La Paz.El mandatario compareció acompañado de representantes de movimientos sociales afines a su Gobierno y dijo haberles consultado antes de tomar la decisión.El jefe de Estado señaló que acordó la derogación de todos los miembros del Tribunal Supremo Electoral, al que oposición y comités cívicos acusan de fraude electoral en la victoria que concedió a Morales un cuarto mandato consecutivo hasta 2025.Al respecto, indicó que el Parlamento boliviano, el órgano competente para renovar el tribunal electoral, iniciará próximamente el proceso para nombrar nuevos vocales.Morales declaró que el próximo proceso electoral, sin concretar fechas, será llevado a cabo por "nuevos actores políticos".El presidente destacó que adoptó esta decisión de nuevos comicios para "bajar toda la tensión" y "pacificar Bolivia".Los enfrentamientos entre partidarios y detractores del presidente desde que el día después de los comicios comenzaron las sospechas de manipulación de votos han costado al menos tres muertos y 384 heridos, según datos de la Defensoría del Pueblo de Bolivia.La OEA aconsejó este domingo que el proceso electoral en Bolivia debe iniciarse otra vez efectuándose "la primera ronda tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas, una nueva composición del órgano electoral"."La primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente", insta un comunicado da la OEA. La organización realiza un informe sobre las circunstancias en que se produjo el citado proceso electoral que ha originado una ola de violencia en el país.	En un comunicado, la organización aconseja que el proceso electoral en el país andino debe iniciarse otra vez efectuándose "la primera ronda tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas, una nueva composición del órgano electoral"."La primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado (en Bolivia) debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente", insta la nota da la OEA.La organización realiza un informe sobre las circunstancias en que se produjo el citado proceso electoral que ha originado una ola de violencia en el país."La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos se encuentra siguiendo permanentemente los múltiples aspectos de la situación en Bolivia al tiempo que, ante las tensiones que se viven en el país, ha solicitado al equipo de auditoría los máximos esfuerzos para adelantar los resultados del informe en proceso de elaboración", agrega.Explica que la situación el país andino "exige a los actores gubernamentales (primordialmente) y políticos de las diferentes opciones, así como a todas las instituciones actuar con apego a la Constitución, responsabilidad y respeto por las vías pacíficas".Bolivia sufre una grave crisis desde la proclamación de Morales como presidente del país para un cuarto mandato consecutivo en las elecciones del 20 de octubre.La oposición y movimientos cívicos denuncian que hubo un fraude electoral, por lo que exigen la renuncia del mandatario y la convocatoria de nuevas elecciones.Las protestas desde el día después de los comicios han provocado al menos tres muertos en enfrentamientos entre partidarios y contrarios al presidente, y 384 heridos, según datos de la Defensoría del Pueblo.La OEA reconoce que el "derecho a la protesta pacífica debe ser amparado y garantizado, al tiempo que las instituciones del Estado boliviano deben actuar en consonancia con lo establecido en la Constitución y las leyes del país"."Lo más valioso a tener presente en estas horas es el derecho a la vida de los bolivianos y evitar cualquier enfrentamiento violento entre compatriotas", cita la organización.La OEA reitera, no obstante, su "disposición para cooperar en la búsqueda de las soluciones democráticas para el país". Y reconoce que "aún resta el detallado informe final al respecto que se tramitara conforme a los supuestos establecidos" y entiende que "los mandatos constitucionales no deben ser interrumpidos, incluido el del Presidente Evo Morales".	"Ha habido excesos, abusos, incumplimiento de las reglas del uso de la fuerza, mal criterio o delitos. Pero eso tiene que ser investigado por la Fiscalía y juzgado por los Tribunales de Justicia", advirtió Piñera en conversación con el diario El Mercurio.Las protestas, que cumplen este sábado 22 días, han dejado 20 fallecidos, seis de ellos ciudadanos extranjeros, y del total de las muertes 5 ocurrieron presuntamente a manos de agentes del Estado.Además, según los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un ente estatal pero independiente, se contabilizan 1.915 heridos, de los que más de la mitad son por disparos (de bala, perdigones, balines de goma o arma de fuego no identificada).Sin embargo, al ser preguntado si se han registrado violaciones a los derechos humanos durante el transcurso de las protestas, Piñera prefirió apuntar a la "prudencia" y no emitir ninguna opinión al respecto.En lo que sí fue tajante el presidente chileno fue a la hora de defender la salida de los militares a las calles para hacerse cargo del orden público en los primeros días, cuando se decretaron los estados de emergencia y toques de queda en casi todas las regiones del país, por primera vez desde la vuelta a la democracia.Incluso agregó que si las circunstancias se repitiesen, volvería a hacerlo.Sobre la posibilidad de modificar la Constitución, originada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y modificada varias veces a lo largo de la vuelta de la democracia, Piñera se mostró favorable a los cambios.Una idea que, sin embargo, queda a medio camino de la demanda social que se exige en las calles: una nueva Carta Magna y no una actualización de la existente.La ciudadanía hace ya tres semanas que sale a diario a manifestarse contra la desigualdad social que existe en Chile en masivas protestas en todo el país, pidiendo cambios en el modelo liberal de Chile en materias como pensiones, salud, educación, transporte, costes de los servicios básicos o los medicamentos.A las peticiones concretas, con el paso del tiempo, se sumó la idea de que el país necesita una nueva Constitución, más allá de pedir la renuncia del mandatario."Los cambios a la Constitución tienen que ser más profundos y más intensos de lo que pensaba hace algunos años atrás. No quiero comprometerme con plazos, pero tengo claro que hay un sentido de urgencia. Esto es para ahora", indicó el presidente.En ese sentido, Piñera señaló varios puntos que la actual Carta Magna chilena necesitaría actualizar.Por un lado consideró que es necesario "definir mejor los derechos de las personas" y establecer cómo se van a cumplir y respetar.En cuanto a la responsabilidad del Estado, puntualizar más claramente cuáles serán sus obligaciones con respecto a la población porque, a su juicio, "hay muy poco de eso" en la actual normativa.Además insistió en que es necesario "crear mejores mecanismos de participación para que la gente pueda hacer oír su voz con claridad" y cambiar ciertas funciones o atribuciones de algunas instituciones estatales como la Contraloría General o la Fiscalía entre otros, "que no están funcionando todo lo bien" que él quisiera. Las protestas se iniciaron el pasado 18 de octubre en respuesta a la subida del precio de pasaje de metro, pero se convirtieron luego en un clamor popular contra el Gobierno y el desigual modelo económico del país.