El fiscal Osmar Legal mencionó a la radio 650 AM que a finales del año pasado recibió una denuncia de los concejales tras una investigación periodística del Diario La Nación, respecto a la ejecución presupuestaria del periodo 2015 y 2016 en la gobernación de Guairá.Indicó que por resguardo de la investigación, fue indagando en sigilo y que durante el viernes pasado y ayer lunes visitó la Contraloría General de la República para retirar el informe final respecto a la auditoría realizada a la institución guireña."Con lo que retiré vamos a estar analizando esta semana si existen hechos que son penalmente castigados”, señaló Legal.El representante del Ministerio Público detalló que posee tiempo suficiente para investigar y prometió que “no va a morir el caso” en sus manos. A priori está investigando la tipificación del hecho punible de Lesión de Confianza. Ese delito puede ampliarse a Enriquecimiento Ilícito, según ejemplificó, de acuerdo a las evidencias que vaya recolectando. “Eso se aclarará en el transcurso de la investigación”, aclaró.Por otra parte sostuvo que su investigación no guarda relación con el caso del Indert, donde también tiene intervención como investigador, junto con su colega Leonardi Guerrero. Sobre esta causa, dijo que aún no puede presumir que exista una estructura mayor que lidera la rosca mafiosa. Se menciona a Friedmann como el principal articulador en la mafia del Indert, ya que él ubicó a sus leales en los puestos claves de la institución.	Frente a la sede central del Registro Civil se realiza desde temprano la huelga de funcionarios, quienes dicen tener un acatamiento total de la medida de fuerza. El reajuste salarial, el cumplimiento de los artículos 23 y 27 del contrato colectivo que hablan de el 40 % que le corresponde al funcionario al viajar más de 50 kilómetros para el traslado de los libros y la responsabilidad en el cargo son los pedidos de los funcionarios.“Seguimos siendo el hijo no reconocido del Ministerio de Justicia, pero con el acatamiento de la huelga estamos diciendo que nosotros también existimos y necesitamos mejorar la calidad de vida”, comentó una de las manifestantes. Los servicios del Registro Civil quedan suspendidos y solamente se atenderán casos de urgencia, hasta tanto las autoridades den un una respuesta a los reclamos.	El senador liberal Blas Llano anunció en conferencia de prensa que enviará al Congreso de Finlandia una carta, con 47 páginas de documentación oficial del caso, para solicitar la revocatoria del status de refugiados de los presuntos secuestradores paraguayos Arrom, Martí y Colmán.Además, el legislador conformará una comitiva de senadores que viajará a dicho país para buscar una solución a la problemática generada con relación a los connacionales que están prófugos de la justicia paraguaya. Llano aclaró que él no podrá viajar a Finlandia por lo que cederá su lugar al vicepresidente primero de la Cámara Alta, Martín Arévalo. Los otros dos nombres que está evaluando son los de Lilian Samaniego, quien es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, y de Fidel Zavala, quien “fue afectado por el accionar criminal del grupo”.La fecha del viaje de estos tres congresistas aún no fue fijado. Los mismos irán a Europa para entrevistarse con el presidente del parlamento finlandés y líderes de las distintas bancadas, con autoridades judiciales, la Fiscalía, Cancillería y otros estamentos políticos. Por último afirmó que ya obtuvo el visto bueno de la Cancillería paraguaya y por consiguiente del Poder Ejecutivo.	La Policía Nacional tiene el desagradable papel de mantener el orden público, que incluye garantizar el derecho y la obligación de los ciudadanos al libre tránsito. Así lo explicó el ministro Euclides Acevedo quien aclaró que la gente puede manifestar, pero no siempre de cualquier manera. “Se trató de pacificar, ustedes vieron cómo se le escupió y cómo se le rompió la boca a un policía y estos no son Budas con zolpán, tienen que reaccionar únicamente, pero bueno, me tocó bailar con la más fea”, lamentó Acevedo en conferencia de prensa.En cuanto a la posibilidad de utilizar a los policías para resguardar las cárceles que quedarán desprotegidas sin los guardias concretan la huelga, el ministro reconoció que no hay suficiente personal para la cobertura. La expectativa del Ministerio del Interior es que