Dante Leguizamón, presidente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), mencionó que la prevención de la tortura en las primeras horas de detención aún es una materia pendiente en Paraguay. “Esto tiene como objetivo capacitar a los defensores públicos sobre el protocolo de Estambul, el registro de prevención de la tortura, ya que el desconocimiento de estos procedimientos es una de las principales falencias que tiene nuestro país”, declaró. De acuerdo con el MNP, el periodo entre la aprehensión y la audiencia de imposición de medidas es propicio para los abusos de poder y recomiendan que las violaciones a los derechos sean reportadas de inmediato. Por este motivo, Leguizamón considera importante la capacitación de los defensores públicos. Las salvaguardas son acciones que debe realizar la policía nacional en cumplimiento de la protección de los derechos de las personas. Algunas de las salvaguardas en las primeras horas de detención son la notificación de los derechos, el acceso a un abogado, el examen médico y la comunicación a un familiar.	Carlos Soler, exgerente de crédito del Indert, reveló que el director del Indert, filial Chaco, Enrique Gómez de la Fuente, ordenó enviar al estudio jurídico Andrés Gubetich Mojoli, los cheques que cubrirían el costo para dejar sin efecto la anulación de la adjudicación de un terreno.A su vez, el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Andrés Gubetich, negó que su estudio jurídico haya recibido los cheques de las coimas y alegó desconocer por qué su domicilio era utilizado por Gómez de la Fuente para proceder al negociado. Aunque reconoció que el actual director del Indert Chaco trabajó en el sitio hace dos años. “Desmiento tener alguna participación en estos hechos que están siendo investigados”, agregó sobre el escándalo del Indert.Dicho bufete está siendo liderado actualmente por su hermano, Rodolfo Gubetich, quien justamente es el representante legal de Justo Cárdenas, extitular del Indert. Cárdenas recientemente salió de Tacumbú al ser beneficiado con un arresto domiciliario. Está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.	Buscando culpables y presentando denuncias pasó el periodo de Carlos Soler en la Cámara de Diputados, según recuerdan sus colegas, quienes piensan que “no era tan bueno” como parecía.“Siempre se dijeron cosas de él y aparentemente su fachada era denunciar y ahora se cumple, antes de que se pille él se fue denunciar, quiere decir que era nomás el modus operando que tenía”, afirmó la diputada liberal Celeste Amarilla. La legisladora recordó que ya se acercan tiempos electorales y que volverán a atribuirle todo lo malo solamente a la ANR y al PLRA, sin embargo, dejan de lado a otras nucleaciones que también están envueltas en cuestiones turbias.“Todos los partidos tienen sus delincuentes, no están exentos, es bueno que Patria Querida haga un mea culpa de la gente que dio a este país”, dijo Amarilla. La diputada citó a la exlegislador Olga Ferreira, en su momento de PQ, a quien acusó de llenar de parientes la Cámara Baja. A ella hoy se suma Soler, implicado en el esquema de corrupción del Indert. “A mí no me consta (que sea delincuente), lo que sí, tengo comprobado que era un estúpido, porque una vez denunció que un gobernador pagó un cheque descontando la coima del 10 % y era la retención del impuesto a la renta, o sea que estúpido ya era, ahora es coimero”, concluyó.	cesar.larre@gruponacion.com.pyMichel Clemotte, ejecutivo comercial de la firma Kaya Containers Paraguay, dedi­cada a la modificación de con­tenedores, dijo a La Nación que el precio pagado por el ministe­rio está muy por encima de lo que verdaderamente cuesta un contenedor adaptado, ya con todo su equipamiento.“Realmente es una gran estafa, nos va a afectar en lo que sería el rubro de contenedores por­que la gente va a creer que es un rubro sucio (…). Creemos que la gente va a dudar ahora en optar por un contenedor por cierta gente que no tiene valores para poder estafar al Estado”, mani­festó el ejecutivo de la firma.Comentó que la empresa de la que es parte dejó de presen­tarse a licitaciones públicas “porque todo está arreglado” y que sus clientes son del sec­tor privado.“(...) es imposible que cueste a ese precio, es algo bastante grotesco; es demasiada la dife­rencia”, dijo sobre los precios pagados por el Ministerio del Interior y ratificó que un con­tenedor de las mismas carac­terísticas con todo su equipa­miento cuesta en el mercado entre G. 110 millones a G. 120 millones como máximo, incluido ya el traslado del mismo.Clemotte se contactó con nuestra redacción afectado por el escándalo de las comi­sarías “de oro”, ya que con la noticia la gente puede creer que tienen exorbitante precio y aclaró que dicha infraestruc­tura montada cuesta 4 veces menos que el precio al que compró Villamayor.Recordemos que el Ministe­rio del Interior adquirió tres comisarías móviles en diciem­bre del 2018 y otras tres en abril pasado. A fin de año, los móviles se compraron a G. 570 millones cada uno, en total G. 1.710 millones; y en abril, a G. 493 millones cada uno, totali­zando G. 1.479 millones. En total, los seis tráileres cos­taron G. 3.189 millones. Con este dinero, sacan a la calle 12 policías, ya que las estaciones de trabajo instaladas están preparadas para dos unifor­mados por cada contenedor.