Este domingo en el horario de 17:00 a 19:00 horas, un grupo de voluntarios estará apostado en el Parque Bicentenario de la Costanera de Asunción para desarrollar actividades de sensibilización.En las mismas se desarrollarán talleres lúdicos de educación vial para niños y niñas de hasta 13 años, quienes tendrán la oportunidad de aprender jugando. Así también, habrá bailes para público de todas las edades.La iniciativa es encarada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Touring y Automóvil Club Paraguayo, en conjunto con la Municipalidad de Asunción en el marco del “Operativo Verano”.Paula Amoroso, de UNICEF Paraguay, manifestó a nuestra redacción que esta actividad ya arrancó el jueves y culmina hoy con un cierre especial que incluirá un “flashmob” con todos los presentes.En estas jornadas recreativas se enseña a los niños cuáles son las señales y normas de tránsito, qué significa cada una de ellas, a fin de que los mismos tomen conciencia de su importancia desde pequeños, indicó.Según mencionó Amoroso, todo esto forma parte de una iniciativa de UNICEF a nivel mundial que apunta a mejorar las ciudades para que sean lugares más accesibles para los niños y niñas. “Hoy día todo está pensado en los vehículos y no en los espacios para niños, tenemos una infraestructura muy insegura”, acotó.Destacó que en los días anteriores tuvieron una muy buena recepción por parte de la gente que estuvo acompañando cada una de las actividades realizadas en la Costanera de Asunción. Los organizadores esperan poder realizar un buen cierre y de a poco ir creando conciencia tanto en niños como adultos en todo lo relacionado al respeto a las normas de tránsito.	El Instituto de Previsión Social adjudicó com­pra de medicamentos por un monto global esti­mado de G. 373 mil millones a 32 proveedoras en diciembre pasado. En el jugoso contrato saltan alevosos sobreprecios con relación a licitación del 2017, que sumados ascien­den a la estratosférica cifra de G. 170.958.785.440 (ciento setenta mil novecientos cin­cuenta y ocho millones sete­cientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro guaraníes), unos US$ 29.000.000 (veintinueve millones de dólares ameri­canos) al cambio actual.	(0985) 106-742De un lote de 103 medica­mentos adjudicados, casi la mitad registra precios sobre­facturados con relación a la última compra que realizó la previsional un año antes. Para mayor comprensión de nuestros lectores, deben tener en cuenta que a conti­nuación mencionaremos 4 medicamentos de los 47 que se han visualizado con sobre­precios en la planilla del con­trato.Entre los ítems altamente sensibles para los asegura­dos de los que hemos cons­tado un futuro desfalco (de concretarse el pago), el más escandaloso tiene que ver con el losartán potásico 50 mg, que es un medicamento antihipertensivo y que en la última adjudicación se pagó G. 251 por comprimido, mien­tras que en esta licitación el precio unitario adjudicado es de G. 1.491. Es decir, en un año el valor de compra de este fár­maco se incrementó en 494%. La cantidad máxima estable­cida en este contrato es de 37 millones de comprimidos y el sobreprecio en este ítem se dispara a G. 46.376.000.000.El segundo tiene que ver con el enalapril 20 mg. Es un medicamento cardio­lógico, que en la licitación del 2017 se pagó G. 252 por comprimido, mientras que en el 2018 se adjudicó a precio unitario de G. 915, que representa un incremento de 263%. Se estima una com­pra máxima de 30 millones de comprimidos, así el des­pojo en este fármaco es de G. 19.890.000.000.El tercero, también alevoso, tiene que ver con el diclofe­nac 50 mg. Es un medica­mento analgésico que en la licitación anterior se pagó G. 151 por comprimido, mien­tras que en esta adquisi­ción el precio unitario es de G. 735 y esto representa un incremento de 387%. Con los 30 millones de compra máxima de comprimidos que se prevé, se pagarán G. 17.520.000.000 más caro.El cuarto desfalco tiene que ver con la ciprofloxacina (medica­mento antibiótico). En la licitación anterior se pagó G. 327 por comprimido, mientras que en esta licitación el precio unita­rio adjudicado es de G. 3.900, lo que representa un incremento de 1.093%. El valor de compra equivale a un sobreprecio de G. 8.360.820.000 por 2,3 millo­nes de comprimidos, canti­dad máxima estipulada en el contrato.SE DEBEN EVALUAR LOS PRECIOS REFERENCIALESEn el marco de esta investiga­ción, la redacción se comu­nicó con el presidente de la previsional, Econ. Armando Daniel Rodríguez Franco. Al momento de consultarle sobre la susodicha licitación, mencionó no contar con los datos a mano y desconocer que se haya adjudicado esa subasta.Pero al comentarle que la licitación cuenta con una impugnación precisamente por denuncias de irregularidades, el mismo acotó: “Ah… y bueno, si es así pudo haber ya recibido los medicamen­tos, entonces tenemos que ver a qué se refiere el valor que seña­lan por sobrefacturación porque hay que ver los precios referen­ciales a los cuales se llamaron a licitación, ¿verdad?”.Al mencionar que existían irregularidades en la elaboración del precio de referencia, contestó lo siguiente: “En términos con­cretos, no tengo la información aquí a mano para decirte, pero habrá que ver qué tanta variación existe porque regularmente el Comité de Evaluación tiende ya a no adjudicar si el estimado supera 30% a la baja y 20% a la alta, en esos casos el Comité recomienda regularmente no adjudicar…”.Poca transparencia en el procedimientoAnte los insistentes pedidos de nuestra redacción para acceder a los documentos públicos correspondien­tes a la licitación, pudimos constatar que la DNCP no había recibido todas las documentaciones relacio­nadas al caso. Es decir que la entidad rectora no poseía los documentos a más de un mes de la adjudicación.También nos comunicamos con la Jefatura de Licita­ciones del IPS, realizamos numerosos intentos para contactar con la Dirección Jurídica de la previsional para dar seguimiento a las documentaciones de carác­ter público, pero no hubo respuesta clara.Por otra parte, asegurados comprometidos e indigna­dos con tan escandaloso robo e intentando en lo posible que se pueda evitar un daño mayor, han reali­zado las denuncias perti­nentes a través del Módulo de Investigaciones Electró­nicas del Sistema de Infor­mación de Contrataciones Públicas.Ante estas denuncias, la DNCP ha llevado a cabo la “Investigación Preliminar Caso Nº 470”, que a efectos de clarificar lo referido en la denuncia solicitó mediante nota, con fecha 12 de diciem­bre del 2018, a la Comisión Evaluadora de las Ofertas del IPS que remitan todas las documentaciones relativas a la adjudicación: informe de evaluación, notificación de adjudicación y resolución de adjudicación, como así tam­bién comuniquen el estado de ejecución contractual del procedimiento de contra­tación en el plazo de 3 días hábiles.Habiendo pasado 38 días hábiles del pedido al IPS por parte de la Abg. Djalma Vera y de la directora jurí­dica Abg. María Eugenia Otazo Aponte de la DNCP, convenientemente estas documentaciones de carác­ter público recién fueron remitidas a la Dirección de Normas y Control de la DNCP el día lunes 4 de febrero del corriente. Se recuerda lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Nº 3.439/07 (modificatoria de compras públicas), que establece: “Las entidades, organismos y municipalidades colabo­rarán para la eficaz gestión en materia de contrataciones públicas y deberán proveer toda la información relacio­nada con la materia que sea requerida por la (DNCP)”.	El vicepresidente de la Federación, Joseph Murray, señaló que el primer paso y más importante es "darles a los niños una lengua", ya que pueden acceder a ello "exactamente igual que los demás niños"."Los niños sordos tienen una lengua accesible, la de signos, y luego pueden aprender muchas otras porque ya tienen una noción de conceptos en una lengua propia que les sirve de base", detalló.En cuanto a la educación escolar, el experto recomendó que los niños sordos acudan a escuelas para sordos, ya que "necesitan estar con sus pares" y, además, "tienen el derecho de ser educados juntos".En este punto precisó que la educación inclusiva para personas con discapacidad "es muy diferente" a la educación inclusiva para niños sordos y, de ahí, la importancia de que acudan a colegios para personas con discapacidad auditiva.Murray defendió la necesidad de que existan materiales adaptados, que sigan el mismo currículo educativo que determine el Ministerio de Educación de cada país, y lamentó que la educación que se oferta a los niños sordos sea distinta, a pesar de que "debería ser igual que para los niños oyentes".A eso añadió también la responsabilidad de los Gobiernos en garantizar a las familias el aprendizaje de la lengua de signos para que padres e hijos puedan comunicarse.Sobre esta cuestión denunció que muchos padres tengan que pagar para aprender el idioma que les permita hablar con sus hijos y agregó que "el Gobierno tiene que asegurar" que esta formación sea gratuita."El niño tiene derecho a acceder a la lengua de signos las 24 horas del día, en la escuela, en la casa, en los deportes… Eso es lo que apoya y asegura el desarrollo del niño", manifestó.Por su parte, Ana Campello, miembro de la Junta de la WFD, abogó el respeto de "las necesidades de las personas sordas" y recordó a los presentes que tener un hijo sordo no es motivo de lamentos, puesto que "no es una tragedia" y ese niño podrá aprender una lengua.Solo un 2 % de los niños sordos de todo el mundo recibe una educación que combine el aprendizaje del lenguaje de signos con la escritura y lectura de su idioma original, según datos de la WFD.Además, un 80 % de los niños sordos no pueden acceder a la educación en el mundo, mientras que otro 18 % sí está escolarizado, pero en planes de estudio que no incluyen el lenguaje de signos. La Federación Mundial de Sordos es una organización no gubernamental que integra a 135 países y que trabaja para proteger los derechos de más de 70 millones de personas en todo el mundo.	La defensa argumentó que estas cuatro personas están en “peligro inminente”, porque el gobierno paraguayo solicitó al del Brasil la revocatoria del status de refugiado político de los tres primeros, y una supuesta convocatoria a manifestación frente a la casa de la senadora Esperanza Martínez.En contrapartida, la Procuraduría General de la República pidió la desestimación de la solicitud de medidas provisionales, según publica el portal del Ministerio del Interior.La Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo lugar al pedido de la Procuraduría, porque consideró que no existe ningún peligro inminente en relación a las cuatro personas mencionadas.A criterio de los jueces, el gobierno paraguayo está en pleno derecho de solicitar la revocatoria de refugio político, al igual que el Brasil, que tendrá la potestad de concederla o denegarla. La resolución recuerda al Estado Paraguayo su obligación de garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República, cuyo fundamento es el reconocimiento de la dignidad humana.Vale recordar que este pedido que hizo la defensa de las cuatro personas no guarda relación con la demanda que entablaron Arrom y Martí contra el Estado paraguayo por supuesta privación ilegítima de libertad y torturas, hechos por los cuales piden ser indemnizados de manera "simbólica" con altas sumas de dinero, calles con sus nombres, tratamiento psicológico, un museo, entre otros.