En el marco del operativo Espada, la fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada contra el Narcotráfico, imputó a Óscar Federico Valdez, suboficial inspector de la Policía Nacional, por los hechos punibles de tráfico internacional de droga en calidad de cómplice, facilitación de servicios en el tráfico para el transporte aéreo y terrestre, extorsión agravada y asociación criminal. De momento, la representante del Ministerio Público pidió aplicar solo medidas preventivas para el procesado. El operativo fue posible mediante registros, grabaciones, y reproducción de comunicaciones de líneas telefónicas. Mediante estos elementos se pudo identificar al grupo criminal dedicado al transporte aéreo de cocaína proveniente de Bolivia . Amado Pérez sería el jefe de la banda integrada también supuestamente por el suboficial ahora imputado, quien supuestamente aprovechaba su cargo para obtener y brindar información a Pérez , con quien mantenía una fluida comunicación. El cargamento de cocaína debía llegar a San Pedro, desde donde posteriormente se redistribuiría a varios puntos del país y también al exterior.	Para la Seprelad y la Superintendencia de Bancos, la expor­tación de divisas de parte de bancos paraguayos es legal. “Hay que revisar de dónde provienen esos reales. Por eso es muy importante ver el per­fil del cliente de la institución. Una institución que tiene como perfil de clientes a los comer­ciantes de Ciudad del Este, de Pedro Juan Caballero, es lógico que tenga necesidad de poder exportar esos reales”, dijo María Epifanía González, titu­lar de la Seprelad.	“Vamos a suponer que el cliente, una empresa que vende arte­factos y que está vendiendo en reales, esa empresa después tiene que hacer un depósito en una institución financiera. Al momento del depósito se hace un arbitraje; esos reales se convierten para que entren en el depósito de esa empresa, se convierte en moneda nacional o se convierte en dólares. Enton­ces es como que la institución financiera está comprando esos reales. Esos reales, lógicamente, con la necesidad del mercado si no está en condiciones de absor­ber, entonces hay que exportar esos reales”, sostuvo.“La operación de exportar rea­les es legal. Para eso la insti­tución financiera debe con­tar con una autorización del Banco Central del Paraguay, hay una norma del BCP que dice que para que una institu­ción financiera pueda expor­tar en forma física billetes al exterior debe contar con una autorización. Nadie que no tenga esa autorización puede hacerlo”, subrayó.SUPERINTENDENCIAHernán Colmán, superinten­dente de Bancos, manifestó que “nosotros vemos que hay operaciones de empresas múltiples que operan y tra­bajan con todo el sistema en varios productos y servicios, no tenemos forma de opinar sobre lo que dicen los medios brasileños”. Sobre las supuestas irregula­ridades en el relacionamiento de bancos paraguayos con el Banco Paulista, significó que “todas la operaciones no solo del Banco Basa, sino de los otros tres, tienen una explicación de comercio, facturas de empre­sas que tienen un perfil que dice que operan en comercio exte­rior; reciben reales, reciben euros y en ese caso están jus­tificadas esas operaciones con esas documentaciones y luego son remesadas por empre­sas transportadoras oficiales supervisadas por la policía y por aduanas; son operaciones que se remiten bajo el marco legal. El Banco Central de Bra­sil y las autoridades brasileñas van a ser siempre muy objetivas y fuertes en sus supervisiones de todo lo que esté llegando en esos transportes”.	Richard Gill Villalba, acusado por robo agravado, fue sentenciado a nueve años de prisión, según resolvió el Tribunal de Sentencia presidido por Leticia Fracchi y los miembros Javier Sapena y Liliana Ruiz Díaz.Los fiscales Soledad González y Eduardo Roy representaron al Ministerio Público y con varios elementos demostraron la participación de Villalba en el atraco. El caso se remonta al 3 de mayo del 2015 y sucedió en el local de Máster Farma, situada sobre la Avda. Von Polesky de Fernando de la Mora. Allí llegó Gill, quien ingresó con arma de fuego, amenazó a las cajeras y se robó dinero en efectivo y un teléfono celular. González y Roy presentaron los testimonios de las víctimas y un video captado dentro de la farmacia, en donde se observa y se distingue claramente el rostro de Gill Villalba.	Si todo el salario que perci­bió el diputado Miguel Cue­vas durante sus 5 años de gobernador de Paraguarí no le alcanza para justificar la mansión que inauguró en Sapucai al año de conver­tirse en jefe departamental, sus ingresos en los cargos anteriores como intendente y funcionario portuario menos aún alcanzan para la colec­ción de estancias que posee.La residencia de 2.500 m2 que inauguró Cuevas en el 2014 está valuada en aproximadamente G. 1.000 a G. 1.200 millones. Durante todo su período de gobernador perci­bió G. 1.250 millones.Cabe recordar que antes de ser gobernador en el período 2013/2018, Cuevas fue dos veces intendente de Sapucai (1996 y 2010).	Según la planilla de pagos de la Municipalidad de Sapucai, el sueldo del jefe comunal en el 2011 era de G. 1.500.000, más unos G. 800 mil en concepto de gastos de representación. Con este ingreso, Cuevas registró compra de un automóvil cero km por G. 150 millones en el 2012, según consignó en su declaración de bienes.Cuevas renunció a la intenden­cia de Sapucai en setiembre del 2012 y al parecer hizo mila­grosos ahorros con su sueldo de jefe comunal, ya que en el 2013 ya estaba estrenando otra camioneta de G. 250 millones.Cuando el salario de Cuevas era de G. 4.600.000 como fun­cionario del Puerto de Para­naguá (2005/2006) regis­tró millonarias compras de inmuebles. Según lo declarado por el mismo, en esos tiempos compró 5 granjas por unos G. 2 mil millones, además cotizó su residencia en G. 760 millones alcanzando así inmuebles por G. 2.807 millones. Estos inmuebles son los que ahora figuran a nombre de su hijo Enzo Cuevas Florentín. Cuevas declaró G. 9.727 millo­nes de patrimonio al asumir como gobernador de Para­guarí, cifra que luego se redujo cuando hizo desaparecer una cuenta a cobrar inexistente por G. 4.460 millones al ex gremia­lista Silvio Riveros.­