La influenza es una enfermedad que si se complica puede desencadenar en la muerte del paciente. Las vacunas antigripales disponibles protegen sobre todo contra el virus de influenza A que es el que registra un importante aumento de casos.Los que mueren por influenza son las personas que tienen factores de riesgo, como el caso de los asmáticos, diabéticos, personas con problemas cardiovasculares, adultos mayores y niños menores de 3 años o que cuenten con cáncer o con alguna comorbilidad, explicó el doctor Guillermo Sequera, director de la Dirección de Vigilancia de la Salud. Insistió con que los grupos de riesgo deben acudir para recibir la inmunización.Explicó que históricamente los casos graves de influenza y la mortalidad asociada se registran en este segmento de la población. “Es por eso que estamos priorizando la vacunación en los grupos de riesgo”, aclaró. También deben aplicarse la vacuna antigripal, aquellas personas que están al cuidado de niños, de adultos mayores y cuidadores de enfermos como el personal de salud. Cerca de 700.000 dosis de la vacuna antigripal ya fueron aplicadas hasta la fecha.A la par otras afecciones respiratorias están en aumento como el virus sincitial respiratorio como el más predominante. “Afecta a todos los grupos de edad, pero se presenta con mayor gravedad en niños pequeños y mayores de 60 años de edad”, informó Sequera.La vacuna antigripal protege contra los virus de la influenza que más circulan en esta temporada, sobre todo la influenza A que actualmente registra un alza; sin embargo, no protege contra el virus sincitial respiratorio, motivo por el cual es importante intensificar las prácticas de higiene como medida preventiva.Sequera enfatizó en la importancia de las medidas higiénicas como el lavado de manos con frecuencia, el sano distanciamiento con personas enfermas y solicita a los que ya cuentan con cuadro respiratorio, cumplir con el reposo, previa consulta médica.“Las personas que están enfermas deben quedarse en la casa a reposar para recuperarse y de esta manera impedir la dispersión masiva del virus, principalmente en los entornos laborales, escuelas y universidades”, señaló. Recordó que ante cualquier síntoma como fiebre, dolor de cabeza o malestar general se acuda a la consulta médica a fin de evitar complicaciones del cuadro o desenlaces fatales.	Tres jóvenes ganadoras del concurso sobre transparencia que presentaron trabajos en las modalidades de fotografía, audiovisual y ensayos, fueron premiadas. El concurso organizado por La Red de Democracia y Transparencia (RDT), y se realizó con el objetivo de impulsar el activismo ciudadano, incrementar la participación y promover una masa crítica que exija mayores niveles de transparencia en la administración pública.	Esta iniciativa contó con el apoyo del Programa de Democracia y Gobernabilidad de la Agencia de los EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID/Paraguay), implementado por CEAMSO. Se presentaron un total de 34 materiales (4 audiovisuales, 13 ensayos y 17 fotografías). Las ganadoras fueron Camila Montserrat Recalde en la categoría audiovisual, Lucía Alelí Mareco en fotografía y Victoria Noemí García en ensayo. El jurado estuvo integrado por destacados exponentes en las diversas modalidades: Ricardo Arriola – Director Ejecutivo de la Cámara Paraguaya de de Empresas Productoras de Cine y Televisión (CAMPRO), Luis Vera – Fotógrafo profesional reconocido en el ámbito sociocultural y Elías Piris – Periodista y radialista de 680 AM Radio Cáritas.Durante el acto de premiación, miembros del jurado destacaron el nivel de participación y manifestaron que es una señal de la necesidad que tiene la ciudadanía de mostrar lo que sucede y expresar lo que sienten en cada una de las modalidades del concurso.Los trabajos ganadores pueden verse a través de la Fan Page de Facebook:	http://www.democraciaytransparencia.orgLA RED DEMOCRACIA Y TRANSPARENCIA (RDT) Es una alianza de 23 organizaciones y entidades de la sociedad civil, conformada para articular esfuerzos y cooperar en las iniciativas o acciones de interés común, vinculadas a fortalecer el compromiso y la incidencia con la transparencia y rendición de cuentas en el modelo democrático y de estado social de derecho. Está conformada por: Fundación CIRD (Centro de Información y Recursos para el Desarrollo) Fundación Libre, Gran Siete, Centro de Estudios Integrales (CEDEI), Investigación para el Desarrollo (ID), Asociación Defensores del Chaco, Conciencia Viva,Instituto de Consolidación del Estado de Derecho (ICED) , Asociación Tierra Nueva, Paraguay Educa, Global Infancia, Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), Crear en Libertad, TesäiRekaParaguay,Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Social y Economía (CIDSEP), Tierra Nueva, Asociación ex Becarios de Taiwán (APEDT), Fundación VENCER, StateAlumni Paraguay (SAP), Aso BECAL, Enseña por Paraguay, Techo Paraguay y el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO).	El agente fiscal Marcelo Ramírez imputó a Karla Analisse Villalba Romero, Ángel Dionicio Peralta, María Alejandra Arzamendia López y Johana Ailen Almirón Duarte, por la supuesta comisión de los hechos punibles de Lesión Grave y Coacción Grave, por los actos de violencia física en contra de alumnos ingresantes de la carrera de Veterinaria en Caazapá.	El representante del Ministerio Público tomó intervención en el caso del “bautismo de bichos”, como denominan los estudiantes al recibimiento que organizan alumnos de cursos superiores de la carrera de Veterinaria, a los ingresantes a la institución de estudios terciarios.La información inicial obtenida fue que dicho evento estuvo organizado por alumnos del segundo curso y los supuestos responsables individualizados posteriormente, quienes tuvieron activa participación en los hechos de Coacción y maltrato físico hacia las víctimas.Según consta en la carpeta fiscal, los presuntos agresores e imputados habrían tomado por asalto el aula del primer curso a las 15:00, y trasladaron a la fuerza a las víctimas con una soga por el cuerpo, junto con sus demás compañeros, y los habrían llevado de esa forma hasta fuera de la institución.Allí los esperaba un camión de tipo transganado, el cual los transportaría hasta la Compañía Solalinde; lugar donde estaba preparado el “festejo”. Antes de llegar al camión, los sindicados empezaron a cortar los cabellos de los afectados con tijeras y máquinas de afeitar, propinándoles golpes de puño, en todo momento.En el camión les seguían cortando los cabellos, partes de sus ropas y continuaban los golpes y agresiones físicas. Además dieron de tomar a las víctimas, un líquido con un embudo hasta llegar a la Compañía Solalinde, del distrito de Maciel, Departamento de Caazapá.Al costado de la ruta en el lugar citado, los agresores tenían grandes fosas abiertas llenas de aceite negro, bostas de animales, entre otros desperdicios, que serían parte de un circuito preparado, por el cual debían pasar los alumnos para ser bautizados. Asimismo, se realizó un cordón humano por el que debían de transitar obligatoriamente, a fin de recibir todo tipo de golpes y agresiones, para luego ir pasando a las otras pruebas preparadas. Las dos víctimas mencionadas tuvieron que ser trasladadas de forma inmediata hasta el Hospital Regional de Caazapá para su atención médica.	El próximo 19 de junio se tratará en la Cámara baja del Congreso el proyecto de ley que “regula el régimen de actualización de los haberes jubilatorios de los funcionarios y empleados públicos jubilatorios de los funcionarios y empleados públicos jubilados de la administración central y del servicio civil”, que en su momento fue presentado por el exdiputado colorado Óscar Tuma.El economista Vidal Benítez Alarcón y el abogado Jorge Ramírez Ramírez visitaron la redacción del diario para explicar que es inconcebible que se siga utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para establecer el porcentaje a ser dado a los jubilados, siendo que es inconstitucional.Reclamaron que los sectores de administración pública, docentes universitarios y magistrados judiciales poseen superávits en sus respectivas cajas, pero que el Estado usa estos dineros sobrantes para dar una especie de subsidio a las demás cajas de otros estamentos que no pueden cubrir el dinero a ser ejecutado.Es por esta situación que exigen que la actualización se haga conforme a la categoría con que se jubiló cada funcionario y que por ende sus haberes sean los mismos que los de los activos en su categoría. Apuntaron que para esto no se tocarán los fondos del Estado, sino que únicamente el dinero que existe ya en la caja de la nucleación.Para la fecha en que se tratará este proyecto de ley, según indicaron los entrevistados, el sector jubilado pretende presionar a los congresistas para que aprueben la iniciativa, porque consideran que los políticos quieren seguir administrando a su cuenta el dinero y no atender sus reclamos. Criticaron que además estos legisladores poseen jubilaciones VIP tras pocos años de aportes, mientras el pueblo sufre para conseguir algo que ni alcanza para vivir dignamente tras la jubilación.Si bien reconocieron que no poseen la fuerza y cantidad de otros grupos de la sociedad, de igual manera convocan a los jubilados y funcionarios activos a ir hasta el Congreso el día del tratamiento del proyecto. “Les llevaremos a los jubilados hasta en sillas de ruedas y con sus bastones, porque esto es un derecho constitucional”, remarcó Ramírez. En defensa de este proyecto, la diputada Esmérita Sánchez, titular de la Comisión de Derechos Humanos, había dicho que es atendible la solicitud de los jubilados, teniendo en cuenta que gran parte de este bloque, apenas percibe un millón en concepto de jubilación, mientras que otro importante lote de jubilados, no llegan al sueldo mínimo.