El allanamiento a la Municipalidad de Lambaré estuvo encabezado por la fiscal Gladys González, en relación a la denunciada presentada por 10 concejales por un supuesto faltante de más de 10.000 millones de guaraníes.La representante del Ministerio Público lamentó que el procedimiento no realizó como pretendían, ya que la idea era de llegar sorpresa a la sede municipal, pero la información fue filtrada. “El efecto sorpresa no existió. Pero, de igual manera la Fiscalía está cumpliendo su rol”, indico.Sostuvo que durante el procedimiento se solicitaron documentaciones e informes relacionados a la recaudación de impuestos desde el 2015 hasta la fecha.Comentó que procedieron además al lacrado de las gavetas donde se encuentran los papeles, ya que los documentos no están discriminados por categoría y se deberá cotejar con el departamento de Contabilidad.Cabe recordar que la Junta Municipal aprobó el pasado 22 de octubre la intervención del municipio administrado por Armando Gómez (PLRA) debido a las supuestas irregularidades en su gestión.	El pago de haberes jubilatorios y el aguinaldo serán anticipados para los que cobran a través de la previsional, anunciaron las autoridades del IPS.La medida entrará en vigencia a partir del 6 de noviembre con el pago de ambos beneficios. El presidente, Andrés Gubetich explicó que el Consejo de Administración consideró viable la medida y atendiendo la situación económica se decidió dar una inyección económica aproximada de 70 millones de dólares, informó la Agencia IP.En tanto, el gerente de Prestaciones Económicas de la previsional, Pedro Halley, detalló que unos 62.000 jubilados serán beneficiados con este doble pago de los haberes. El día 6 de noviembre cobrarán todos los que lo hacen por tarjeta de débito, mientras que los que cobran por ventanilla lo harán: el 6 para funcionarios de IPS, y desde el 7 por orden alfabético con una lista a ser socializada oportunamente.	La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) comenzó a exigir a las playas de vehículos que soliciten la declaración jurada al cliente por operaciones que superen el valor de 10.000 dólares. Si el comprador se niega, los vendedores pueden seguir con la transacción pero alertar a la institución del caso.	Gregorio Mayor, director General de Normas y Supervisión de Seprelad, manifestó en contacto con el programa Residentas, Canal GEN, que las playas de autos no están cumpliendo con la presentación de la constancia de los clientes en la compra-venta de los rodados.Sostuvo que estuvieron haciendo un monitoreo y constataron que muchas playas no remiten los reportes necesarios. Explicó que cuando se abone a partir de 10.000 dólares por un vehículo, el comprador debe firmar una declaración del origen de sus fondos. Si este no desea firmar el documento, la norma establece que puede continuar la operación, pero el vendedor inmediatamente debe reportar de la situación a la Seprelad. En total están registradas 1.141 playas de autos, de las cuales 704 playas no cumplieron con la norma mencionada. Tras una advertencia que realizó la Seprelad, finalmente 341 playas no cumplieron. Mayor aseguró que están tratando de agotar todas las instancias, para no tener que sancionar. Las playas que continúen incumpliendo se exponen a una suspensión de la constancia de registro en la Seprelad; esto les ocasionaría problemas para operar con los bancos.	Durante este viernes, el ministro Eduardo Petta fue hasta la Contraloría General de la República (CGR) para defenderse de las acusaciones en su contra sobre una supuesta omisión de bienes.En la oportunidad presentó documentos y exigió a la institución que le remita un informe de cómo se realizó la investigación.“Estos son los documentos de los famosos inmuebles de escritura pública, donde podrán leer que solo me toca en condominio la mitad de un inmueble. Se publica que tengo 12 inmuebles cuando tengo la mitad de uno. Hoy venimos a decir que queremos el expediente porque queremos defendernos”, indicó.Mostrándose sumamente molesto, el ministro Petta salió a tirotear contra los 45 senadores y 80 diputados, quienes ayer dieron nuevos cargos a los funcionarios de la Contraloría. “Remitir a la Fiscalía e imputar dolo me parece una gran irresponsabilidad de esta institución, donde el ejercicio de la defensa no se permite y finalmente hacen imputaciones alegando que existe dolo”, sostuvo además.