Tras una intensa laboral por parte de los médicos forenses, finalmente fueron identificados los 10 cuerpos de los fallecidos tras la sangrienta disputa en la penitenciaria de San Pedro.Cinco de los reclusos fallecieron a causa de decapitación, según explicó el doctor Pablo Lemir. Ellos son: Carlos Patricio Segovia (35 años), Lucas Ayala Rojas (22), Sergio Cabrera Sánchez (23), Hugo Javier Díaz Barreto (24) y Nelson Damián Pereira (25).Bruno Cutier Moreira de 21 años falleció a consecuencias de heridas producidas por arma de fuego. Por otra parte, el interno Junior Ramón Díaz Paredes murió a causa de un degüello. Calcinados fallecieron Denis Paredes Espínola de 22 años de edad y Marcial Paredes Espínola, de 30. En el caso de ambos, la labor forense llevó más tiempo, debido a que los cuerpos estaban totalmente irreconocibles. Por otra parte, el décimo fallecido se trata de José Osorio de 31 años de edad, quien tenía una herida penetrante en el tórax, lado izquierdo. El mismo falleció en el Hospital del Trauma.El doctor Lemir indicó que el Ministerio Público está realizando un acompañamiento psicológico a los familiares de los fallecidos, consistente en contención emocional e intervención en crisis.	Victor Brítez Aranda, Angel Tranquilino Giménez (condenados por narcotráfico y crímenes ligados al delito), Juan Ramón Benitez Guerrero (condenado por homicidio doloso) y Gustavo Ramón Paredes (condenado por lesión grave) vivían “a cuerpo de rey” en la granja de aspecto humilde (por fuera) y de lujos por dentro.“Todo esto fue una penosa sorpresa, sobre la granja que no es una granja, es una vivienda, una instalación que se hacía pasar por granja. De hecho cabe resaltar que hay sí hay granjas establecidas en el sistema penitenciario, que son espacios de semi-libertad para personas que están a punto de reintegrarse a la sociedad”, señaló a la 730 AM Alejandro Buzó, director general de Planificación y Cooperación del Ministerio de Justicia.El mismo desmintió a Wilfrido Quintana, destituido director del penal de San Pedro, quien en un amago por intentar tapar el escándalo, dijo ayer que el establecimiento granjero “pertenece al Ministerio de Justicia”. “Esta institución no estaba reconocida por el Ministerio de Justicia”, enfatizó Buzó. Durante la intervención fiscal a la “granja” se relevó algunos de los elementos que utilizaban los “presos”: televisores con cables, internet, computadora, cocina a inducción, heladera, aire acondicionado, horno eléctrico, vinos extranjeros de marcas de alto costo en supermercados. En materia de ropas hallaron también uniformes de policías, lo cual da a la sospecha que los reos vip se vestían con dichos uniformes para salir a dar vueltas de paseo o “negocios” tanto en San Pedro como otras localidades.	En la Penitenciaria de Emboscada la seguridad está reforzada a raíz de lo ocurrido en las últimas horas. En el lugar también se encuentran integrantes del clan Rotela y del Primer Comando Capital (PCC), además del acusado del quíntuple homicidio, Bruno Marabel, que hasta ahora no se identificó con ninguna de las facciones.	Juan Carlos Irala, directo del Penal de Emboscada manifestó que en principio uno de los máximos jefes del clan Rotela iba a ser enviado a dicho establecimiento, pero finalmente por cuestiones de seguridad fue derivado a la Agrupación Especializada. Sin embargo, comentó que en Emboscada hay integrantes, tanto del Clan Rotela como del Primer Comando Capital (PCC), que por medidas de seguridad no están compartiendo áreas en común. “Ambos bandos fueron separados por medidas de seguridad y por los últimos acontecimientos”, manifestó Irala en comunicación con la 650 AM.Señaló al respecto que solicitaron refuerzos a la Policía Nacional, ya que “el peligro está latente”.Por otra parte, el director se refirió al caso de Bruno Marabel, sospechoso principal del quíntuple homicidio, quien aparentemente estaría formando parte de una de las organizaciones criminales. “Es una persona que ingresó hace poco al sistema penitenciario, por lo tanto todavía no está identificado con ninguna organización”, sentenció.	A partir de mañana se movilizarán en el microcentro de la capital, en demanda de reivindicaciones que no fueron cumplidas por el Ejecutivo, anunciaron líderes de los mismos.El 29 de marzo pasado, las agrupaciones campesinas lograron arrancar un acuerdo al gobierno. Uno de los puntos consignaba entonces la promesa de promulgar una ley de protección y recuperación de la agricultura familiar.Otro señalaba el acceso a la tierra para mejores condiciones de vida, el Ejecutivo se comprometió a recuperar los excedentes de tierras fiscales, con lo que se buscaba frenar las ocupaciones.El tercer punto afirmaba un acuerdo para el uso de inmuebles que están en poder de la Secretaría Nacional de Bienes y Comiso, a favor de sintechos. También la regularización de asentamientos campesinos y urbanos por parte de personas no sujetas a la reforma agraria.Otro compromiso incumplido según los labriegos, es el de la refinanciación o reestructuración de créditos vencidos.