El presidente Mario Abdo Benítez recibió este lunes a la interventora Carolina Llanes, quien le informó acerca del trabajo realizado en la comuna esteña y por el cual el mandatario expresó sus felicitaciones.La labor quedó cerrada con el corte administrativo y se remitió una copia de toda la documentación. No obstante, Llanes quedó a disposición de la intendenta interina, Perla del Cabral, para cualquier duda.Consultada acerca de si recibió algún pago por este trabajo, respondió: “Por el momento no, yo soy funcionaria, probablemente se va a ver por el lado de la institución en la que estoy desempeñándome”.CONSEJOS PARA LA NUEVA ADMINISTRADORACarolina Llanes recomienda a la nueva administración tener en cuenta la distribución del 40 % y 60 % en la recaudación de impuestos inmobiliarios, a fin de no incurrir nuevamente en la malversación de fondos, que fue uno de los puntos denunciados. También aconseja especial cuidado en la renovación de contratos y	Ante el rechazo del Estado paraguayo sobre la denuncia de tortura hecha en el ámbito interno se llegó ante la Corte Interamericana de DDHH, instancia que realiza recomendaciones a los estados para revertir situaciones de violación de derechos de las personas. Esta instancia internacional del caso nada tiene que ver con lo procesal en el caso de secuestro por el que están denunciados y en caso de ser extraditados el juicio continuará independientemente a lo que determine el sistema interamericano.	Si un caso llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos es por que pasó por un largo proceso tras la denuncia de la violación de alguno de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana de DDHH o el Pacto San José de Costa Rica y en la petición del caso de Arrom- Martí se apunta a que en Paraguay se violó el derecho a la integridad personal por tortura y privación ilegítima de la libertad.“Si hoy estamos en el Sistema Interamericano es porque el Estado paraguayo no hizo lo necesario para darle justicia a unas personas que denunciaron tortura. También es cierto que todavía no dio justicia a unas víctimas de secuestro, también es cierto pero el asunto es que en el caso de secuestro es que podemos hablar de negligencia en el sentido de intentar revertir la situación de las personas, extraditarles. Pero finalmente, toda la situación tiene que ver con que el Estado no hizo lo que tenía que hacer. Se crea la situación donde este grupo va a la instancia internacional alegando la violación de un derecho que esta en una convención que el país firmó y tiene la obligación de cumplir”, resumió la abogada Mirta Moragas, activista por los Derechos Humanos.También se llega a esta instancia, explica, luego de agotar los recursos internos o de haber intentado agotarlos. “Se alega que hubo tortura y secuestro por parte de agentes policiales estatales, no fue investigado ni hubo castigados. Se hace un proceso en el ámbito nacional, se presenta a la Comisión y se abre un proceso que dura años y eso es para todos los casos y la Comisión recomienda una serie de acciones que el Estado puede tomar”, señaló.Y las recomendaciones dadas no solo tienen que ver con el caso en concreto, tratan además de la reparación del derecho en general por ejemplo, si se alega que hubo tortura es una situación paradigmática en el país y que el Estado debe tomar medidas para eliminarla. “Es un proceso largo, la comisión intenta que el Estado tome medidas y se comprometa, en Paraguay hubo un informe y el Estado lo rechazó. Hay que pedir cuentas al Estado de cómo actuó como litigante en el sistema interamericano, rechazó y no se abrió una conversación”, agregó Moragas.Destacó que Paraguay tiene una historia de peticiones en el sistema interamericano que suman siete u ocho entre los que se destacan temas como sobre libertad de expresión, reparación integral a pueblos indígenas con la restitución de tierras, soldados desaparecidos, muertes en el contexto del SMO y otros.Sobre la indemnización solicitada en forma personal por Juan Arrom de USD 50 millones por daños inmateriales y sicológicos, aseguró que la Corte no acostumbra dar los montos solicitados y si hubiera una reparación económica no serán los números que se dieron a conocer. “Pero esto no ocurrirá por que el Estado litigó bien sino porque la Corte no tiene como costumbre dar esos montos”, aclaró Moragas.“Y es ante el rechazo del Estado que el caso llega ante la Corte porque se rechazó cualquier posibilidad de conversación sobre el caso y en este el tema es la tortura que se genera a partir de un caso concreto de secuestro y es por el cual se está en instancia internacional y esto no tiene nada que ver procesalmente porque el día de mañana si el Estado paraguayo consigue la extradición de estas personas con estatus de refugiados, el juicio puede continuar independientemente de lo que pase en el sistema interamericano”, indicó.Moragas abogó por la importancia de diferenciar la dos cuestiones ya que el caso de secuestro del que son acusados Arrom y Martí se debe dirimir en el ámbito local y que es importante saber qué pasó y otro es el caso llevado a la Corte que es contra el Estado paraguayo. La tortura, como práctica habitual en Paraguay“Hubo mucha mezcla interesada del Gobierno para cubrir el hecho de que Paraguay estaba siendo interpelado por las torturas. Más allá de que estas personas cometieron o no el secuestro, que está pendiente de debatirse en la justicia paraguaya, hay una situación de denuncia de tortura y el Estado no dirimió en el ámbito interno y encima alega que la carpeta sigue abierta 16 años después”, indicó.Moragas cuestionó que a través de una campaña del gobierno, se instaló un mensaje que en realidad lo que buscaba era ocultar de lo que se estaba tratando en la Corte, se creó hasta una aversión de la gente y se profundizó la idea del discurso antiderechos humanos que el gobierno viene realizando. “La presencia del presidente como jefe de Estado y del canciller en Costa Rica fue desatinada, no se estila en este tipo de espacios. Este caso fue aprovechado por el gobierno para instalar y profundizar la idea del discurso antiderechos humanos y me parece peligroso porque los derechos humanos tenemos todas las personas por ser personas y el Estado tiene que reconocerlo como el derecho a la salud, educación, a un ambiente saludable, vivienda digna. Estamos distrayendo el centro y el propósito real y más allá de la reparación económica hay medidas concretas y es que en Paraguay hay que erradicar la tortura”. Existen informes de la Coordinadora de DDHH y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que dicen que en Paraguay se sigue torturando y que esta sigue siendo una práctica habitual. “Este tipo de medidas son las que la Corte puede indicar y son las que van a transformar la situación y son las que los estados son más reticentes a cumplir”, puntualizó.	Ovelar reconoció tener cierta antipatía al tener que salir a explicar cuestiones que son del manejo de las comisiones legislativas, más aún por tratarse del presupuesto general de gastos, cuando existe una bicameral para su estudio.Luego dirigió sus críticas hacia el titular de dicha comisión, el diputado Arnaldo Samaniego, quien hasta el momento no emitió un descargo sobre los	y el costo que implica para el erario público.“Me llama poderosamente la atención que el titular de la Bicameral no explica lo que se viene publicando hace días, me extraña que Arnaldo Samaniego no de la cara y no me parece correcto, tiene la obligación de explicar a la gente que sucede y me obliga a mi a poner la cara”, remarcó el titular del Congreso.Los cuestionamientos se extendieron hacia los ministros, titulares de entes que a pesar de la postura de Hacienda de no dar aumentos, hacen el lobby en el Congreso para obtener incrementos presupuestarios que en la mayoría de los casos, van para el pago de salarios. “Los propios ministros del Ejecutivo no están siendo sinceros con Hacienda”.Con relación a las opciones para rever los aumentos, Ovelar recalcó que el presupuesto rige por ley y el Ejecutivo debió vetar parcial o totalmente en su momento. Agregó que es posible una modificación en caso de encontrarse errores materiales, para ello debe recurrirse a las actas de sesiones, grabaciones, y especificar las instituciones que tuvieron las modificaciones, si fueron aprobadas o no.	Ante el inminente inicio del ciclo lectivo, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional decidieron poner a consideración de la ciudadanía una serie de consejos a tener en cuenta para resguardar la seguridad de los niños y niñas que regresarán a clases.Dichas recomendaciones apuntan a evitar que se registren casos de extorsión o chantaje por parte de delincuentes que, al revisar la información en redes sociales, recurren a este tipo de prácticas para intentar conseguir dinero.RECOMENDACIONES*Trate de no revelar demasiada información sobre la actividad de su hijo. Las fotografías en redes sociales pueden brindar demasiada información sobre la rutina de los hijos y exponerlos a situaciones indeseadas.*No comparta en redes sociales fotografías donde aparezcan otros niños, sin autorización de los padres.*Enseñe a sus hijos que nunca deben hablar con desconocidos y mucho menos revelar información sobre actividades de la familia.*Tómese el tiempo de conocer a los amigos de sus hijos y, si es posible, a sus padres.*Revise periódicamente las redes sociales de sus hijos.*Instruya a sus hijos a no aceptar invitaciones de extraños.*Si el niño es víctima de un delito, debe avisar de inmediato al 911 o acercarse a un agente policial y reportarlo de inmediato.NO COMPARTIR INFORMACIÓN SENSIBLE EN FACEBOOKGunter Krone, especialista en delitos informáticos, en entrevista con la 970 AM señaló que en Paraguay todavía no existe una cultura muy seria en materia de ciberseguridad considerando que muchos no llegan a dimensionar las medidas que se deben tomar para evitar ser víctimas de ciberdelincuentes.Según mencionó, la exposición de datos le da muchos insumos a los criminales para que busquen la forma de convencer a los padres de que tienen información de la familia o de que pudo haberle pasado algo al hijo, haciéndole caer en el engaño.“Hoy tenemos a muchísimas madres poniendo ‘primer día de Fabri’, ‘primer día de Lari’, con las fotos de sus hijos con el uniforme, frente al aula y con el nombre del colegio. También pasa a fin de año cuando se publican las libretas de calificaciones de los niños con los nombres y apellidos”, refirió.Sobre este punto, recalcó que al brindar información fidedigna y certera sobre el lugar en el que estudian los chicos, los delincuentes tienen más posibilidades de engañar a los padres o encargados, puesto que en ese momento de susto o preocupación uno termina creyendo lo que le dicen. Ante este panorama, Krone recomienda evitar publicar las fotografías con los datos de los menores, lo cual puede hacerse no etiquetando a la institución educativa o evitando agregar su ubicación en Facebook, además de difuminar el logo de la misma para que no sea reconocida. En caso de publicar la libreta de calificaciones, recortar la parte superior en la que figura la información de la escuela o colegio en cuestión.