Una auditoría del ejercicio fiscal del 2017 detectó que los aportes del Programa Tekoporã del Ministerio de Desarrollo Social no se entregaban a las familias en situación de vulnerabilidad o extrema pobreza, requisitos para ser beneficiarios.El resultado del informe con estas irregularidades fue enviado al Ministerio Público para una investigación por hechos como adquisición fraudulenta de subvenciones, estafa, lesión de confianza y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, entre otros que la Fiscalía pudiera detectar en el curso de la investigación solicitada.Aportes de esta naturaleza se crean con mucha ligereza en el Congreso, pues es una vía directa para la corrupción. Generalmente no se contemplan los mecanismos de controles que deben ser implementados para asegurar que los fondos lleguen a su verdadero destino.	Estos hechos no deben dejarse impunes porque es la única forma de “educar” a la clase política que se mal acostumbró en utilizar a su antojo el bien público. Por décadas se sirvieron de las instituciones del Estado para mantenerse en el poder a cambio de favores con dinero del pueblo.	Como sociedad paraguaya estamos avanzando en el sentido de que ya no somos indolentes ante los hechos de corrupción, hay más control y denuncia de los ciudadanos. El compromiso es persistir en los reclamos para exigir sanción a los corruptos y la recuperación de bienes de los recursos dilapidados.Ese es el principal desafío de la sociedad paraguaya, recuperar los recursos públicos que fueron a parar en los bolsillos de los políticos de turno y hacer que vuelvan a sus reales beneficiarios.