El presidente Mario Abdo Benítez, y otras autoridades del Ejecutivo presentaron ante los pueblos originarios del Chaco, el decreto que aprueba un protocolo de consulta a los indígenas para el desarrollo de políticas públicas. Los líderes nativos a su vez exigieron una inclusión real en políticas de desarrollo y que se elimine la frase "voluntad política", que para ellos no significa otra cosa más que marginación.	El mandatario firmó a finales de diciembre de 2018 el decreto que reglamentaba un documento elaborado por distintas organizaciones indígenas, y cumplía con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a los pueblos originarios y tribales, suscrito por Paraguay, pero todavía por aplicar en el país.“Vamos a diseñar todas las políticas públicas y les vamos a involucrar a ellos. También les vamos a hacer partícipes del diseño de la política pública y del seguimiento”, dijo Abdo Benítez en declaraciones a los medios en la ciudad de Mariscal Estigarribia.El presidente reconoció además que el país tiene “una deuda histórica con los pueblos originarios” que esperan saldar con este decreto y con las acciones derivadas de él.En concreto, aludió a políticas con un “impacto más directo” en estas comunidades, enfocadas a mejorar su calidad de vida.El trabajo se realizará de forma conjunta entre los nativos y la Unidad de Gestión del Gobierno, que engloba a distintas instituciones estatales, entre ellas el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).La titular del INDI, Ana María Allen, criticada por distintas comunidades indígenas del país, señaló hoy durante el acto que este decreto representa “una valiosa oportunidad para que el Estado paraguayo repare un vacío de reglamentación”.En representación de los pueblos indígenas habló Hipólito Acebey, quien en su discurso se mostró confiado en que la reglamentación sirva “para consolidar el desarrollo sostenible y convivencia pacífica”.Ante las autoridades presentes, Acebey destacó que los indígenas no quieren escuchar más que existe “voluntad política”, sino que esperan una “política de voluntades”.“No queremos escuchar más esa voluntad política, presidente. Voluntad política significa marginación”, puntualizó. La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Dgeec) estima que el número de indígenas en Paraguay se sitúa en la actualidad en 120.000 personas, según detalló hoy el titular de la Dgeec, Iván Ojeda. EFE	El viceministro de Relaciones Económicas e Integración, Juan Ángel Delgadillo, se reunió a ese respecto en Ginebra (Suiza) con la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en ingles), Isabelle Durant.En el encuentro, Delgadillo también solicitó una evaluación del entorno digital y del sector de servicios de Paraguay, con el objetivo de desarrollar una “estrategia nacional de comercio electrónico”, según informó hoy el Ministerio de Exteriores en un comunicado.El Gobierno Nacional pretende mejorar de esta forma la inserción de las mujeres en el comercio nacional, así como el impulso de las pequeñas y medianas empresas en el país.Además, el viceministro agradeció el apoyo de Naciones Unidas en otras iniciativas desarrolladas en Paraguay para superar algunos desafíos del país como las dificultades económicas que supone no contar con un litoral marítimo. Delgadillo integra la delegación paraguaya que permanece en Suiza desde la celebración del Foro Económico Mundial para continuar con su agenda internacional.En ese sentido, el ministro de Exteriores, Luis Alberto Castiglioni, se reunió hoy en Suiza con el director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Francis Gurry.En el encuentro, Castiglioni mostró su confianza en el sistema multilateral de protección de la propiedad intelectual y fijó con la OMPI algunos de los temas de trabajo para 2019. Entre la agenda, figuran asuntos como la realización de estudios sectoriales sobre la economía paraguaya, la planificación de actividades de asistencia técnica y cooperación o la sensibilización sobre “los beneficios de la propiedad intelectual para la población”.	Gabriel Espínola, dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), explicó que el Parlamento tiene aprobado con ellos un ajuste salarial a ser implementado desde abril.Pero, “sorpresivamente” el ministro de Educación, Eduardo Petta, salió con una declaración de que va a enviar una propuesta legislativa, con unas condicionantes para la implementación del ajuste salarial.Dichas condicionantes, según Espínola son de “imposible cumplimiento”.“Nosotros lo que hemos planteado, son dos cosas. Uno, no es un problema que lo hemos generado nosotros, lo han generado el Ministerio de Educación y Hacienda. Dos, el Decreto Reglamentario no debiera ser tan imperativo como está planteado”, agregó el dirigente docente.El gremialista señaló que el acuerdo al que se llegó, sostiene que los ajustes progresivos deben darse hasta el 2021, donde se estaría llegando al salario básico profesional que establece el estatuto del educador. Adelantó que, si no se cumple con lo acordado, en el mes de abril iniciarán una medida de fuerza. “No está en discusión el inicia de las tareas educativas”, arremetió.	La precaria red de distribución de energía eléctrica sumado al aumento constante en la demanda hacen de los cortes de luz una cuestión de nunca acabar, pero ¿cuál es la solución a esta problemática? Dos expertos en el rubro coinciden en que la apertura a la inversión privada sería una alternativa viable y conveniente.	El Ing. Eduardo Viedma, especialista en Energías Renovables y Ambiente y presidente de Asociación Paraguaya de Energías Renovables (APER), en entrevista con HOY señaló que el modelo eléctrico vigente hoy día en nuestro país ya no condice con las necesidades de los consumidores y por ello debería ser replanteado.Al respecto, mencionó que Paraguay actualmente cuenta con un modelo monopólico estatal que es manejado en un 100% por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), sin contar con la participación de otros competidores directos.Como país no tenemos problemas en la generación y la transmisión de energía, sino más bien en el tema de la distribución, por ello Viedma plantea la posibilidad de abrir el espectro al sector privado para que empresas nacionales o internacionales puedan encargarse de distribuir el servicio en ciertos sectores, invirtiendo lo que la ANDE no pudo en los últimos 15 años.Sobre este punto, aclaró que no se está hablando de una privatización de la entidad -idea que ha sido duramente criticada por una gran parte del funcionariado y de sectores políticos- sino más bien de hacer una concesión para que la energía sea distribuida en aquellos lugares donde exista una mayor necesidad. Como ejemplo, citó a la avenida Aviadores del Chaco, zona en la que se requieren inversiones multimillonarias que en la actualidad no pueden ser realizadas por una falta de capacidad financiera.La inversión privada permitirá que no sea el consumidor final el que vuelva a pagar un monto adicional por las mejoras en el servicio, destacó el especialista, por ello esta alternativa se considera viable y mucho más fácil de aplicar en la práctica.“La ANDE va a seguir teniendo la distribución en muchas partes del país donde tiene un buen servicio y donde no hace falta hacer inversiones grandes, pero en los lugares donde sí hace falta es algo urgente y debe hacerse rápido, por eso se plantea la privatización”, mencionó Viedma.El mismo sostuvo que en varios países de la región se ha implementado esta estrategia con bastante efectividad. Es el caso de Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Argentina y Brasil, por citar algunos.Otra alternativa que planteó es la utilización de energías sustentables como la eólica o la solar. Al respecto, el experto confirmó que nuestro país tiene un potencial enorme para poder adentrarse en estos sistemas, por lo que solo haría falta una buena planificación por parte del gobierno.“El consumo que existe en el país está aumentando cada vez más, entre 8% a 10% crece la demanda de energía de manera anual. En 10 años se estima que estaremos consumiendo todo el excedente que hoy día estamos cediéndole a Argentina y Brasil de las binacionales, por ello se debe ver la forma de desarrollar proyectos alternativos antes de llegar a este plazo”, reveló.ABRIR LA CANCHA AL SECTOR PRIVADOEdgar Bareiro, ingeniero del sector industrial, en entrevista con Radio Monumental afirmó que hay varias estrategias que se podrían implementar para mejorar el servicio de energía eléctrica en Paraguay, pero es cuestión de ampliar el espectro y mirar alrededor para ver las experiencias positivas.Según indicó, el principal problema es que exista un único proveedor del servicio y que solo sea una empresa la que centralice todos los proyectos (en este caso, la ANDE). Otros países de la región ya han abandonado el modelo centralizado desde hace varios años, optando por abrir el mercado al sector privado.Así como Viedma, también Bareiro desmintió que con esto se pretenda privatizar la institución sino más bien establecer un sistema de regulación de la energía a nivel país, situación que permitirá contar con otros competidores.“Lo que va a hacer fortalecer el servicio es la participación de varios proveedores, no es cambiar el monopolio público por uno privado, sino permitir la participación de varios oferentes, eso hará que mejore el servicio en general”, expresó a la 1080 AM. Una de las ventajas que podría traer esta propuesta es la de poder adquirir equipamientos del exterior sin tener que estar sujetos a las limitaciones que existen en el ámbito de las licitaciones públicas, según Bareiro, lo cual incluso redundaría en disminuir el tiempo de implementación de las mejoras.