La Sociedad Paraguaya de Psicología asegura que todas las especialidades fueron convocadas para la elaboración del anteproyecto de ley y que todas las sugerencias fueron incluidas en el documento. El proyecto de Ley del Ejercicio de la Psicología en el Paraguay ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y pasó a Senadores donde se encuentra en las comisiones de Salud y Seguridad Socia y Legislación y Codificación.Desde la SPPs emitieron un comunicado en el que expresan la necesidad de contar con una herramienta legal que regule el ejercicio de la profesión y destacan que Paraguay es el único país del Mercosur que no cuenta con una normativa al respecto.Sin embargo, desde la federación manifestaron disconformidad en el proceso de aprobación de la ley condicionando la cooperación en el proceso si se accede a las modificaciones solicitadas por los mismos.La Sociedad aclara que durante el desarrollo del anteproyecto de ley se recibió el aporte del grupo Ágape Psicoanálisis cuyas sugerencias fueron incluidas “casi textualmente” del proyecto.“Fueron tomadas en cuenta todas las sugerencias y los aportes, se contó con el apoyo de profesionales jurídicos y expertos en temas legislativos para la configuración del proyecto para el beneficio de todos, por lo que las reacciones manifestadas por este grupo son extemporáneas y no contribuyen al logro del objetivo deseado por la mayoría de los 8416 psicólogos del país”.La SPPs solicita a los senadores dar una atención prioritaria al proyecto de ley para su aprobación ya que esta contribuirá al ordenamiento, regulación y fortalecimiento del quehacer profesional del psicólogo paraguayo contemplando temas específicos como el ejercicio profesional, las inhabilidades o incompatibilidades, los principios, derechos y obligaciones. Señalan además que amerita disponer de una ley que regule y normalice protocolos de actuación psicológica para dar respuesta efectiva y eficiente a los casos de depresión, suicidio, abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, estrés laboral, fracaso escolar, hechos punibles contra las personas, la problemática social y las necesidades de sectores vulnerables del país que afectan negativamente a la salud psicológica y física de la ciudadanía y advierten el incremento de estos casos.	“Nosotros hemos planteado que el Gobierno tiene que paliar todos los enseres y perjuicios que causó a estas familias”, manifestó el senador por el Frente Guasu Sixto Pereira.El legislador hizo esas declaraciones tras la reunión con la Comisión de Asuntos Departamentales del Congreso, a la que acudieron el ministro de Vivienda, Dany Durand, y el de Desarrollo Social, Mario Varela.Pereira dijo al término de la reunión que Durand y Varela se refirieron a la presentación de una propuesta sobre tierra y vivienda en una semana, y añadió que desde su bancada se pidió también reparación a los afectados.El senador añadió que desde su bancada se propuso la “compra directa y o expropiación” de ese predio del que fueron desalojados, con una extensión de unas 50 hectáreas.Pereira insistió en que el caso del desalojo de Luque no es aislado, ya que en esa ciudad existen doce asentamientos fruto del éxodo del campo a entornos urbanos.“Hay una expulsión acelerada de compatriotas del campo a la ciudad. Eso no se puede minimizar, más de 1.000 asentamientos, más de 1.000 situaciones de falta de tierra a compatriotas en el Departamento Central”, agregó.Además, culpó al Gobierno de Mario Abdo Benítez por la “brutal represión” y su falta de “política de sensibilidad” ante una “situación grave y delicada”.	Esa declaración se tomó como una alusión a la situación de Juan Arrom y Anuncio Martí, acogidos en Brasil como refugiados, un estatus que el Gobierno Nacional pidió que sea retirado para dar lugar a un proceso de extradición.Se trata de dos exdirigentes del Partido Patria Libre, que están procesados por la Justicia de Asunción por un secuestro ocurrido en 2001, un asunto que, fue tratado durante la reunión que Bolsonaro ha tenido con Abdo Benítez, que realiza una visita oficial a Brasilia.La semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Castiglioni, admitió que la respuesta que el Gobierno espera de Brasil en relación al estatus de Juan Arrom y Anuncio Martí genera “mucha ansiedad” y optimismo.Arrom y Martí fueron procesados por la Justicia paraguaya por su presunta implicación en el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi, que fue liberada a cambio de un millón de dólares.Antes del juicio, los dos acusados desaparecieron y fueron liberados con signos de tortura, en un caso que provocó la renuncia de dos ministros y de tres jefes de la policía.Posteriormente huyeron a Brasil, que en 2003 les otorgó el estatus de refugiados políticos.Actualmente, Paraguay está siendo juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la presunta responsabilidad del Estado en las posibles torturas que denunciaron los dos dirigentes. En Brasil, la decisión final sobre la anulación del estatus de ambos ciudadanos no depende directamente del Gobierno de Bolsonaro, sino de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia pero está integrada también por organismos humanitarios y de la sociedad civil.	“Estamos unidos en defensa de la democracia”, porque “ahora es Venezuela, pero mañana puede ser cualquier otra nación”, declaró Abdo Benítez en el Palacio de Planalto, sede del Gobierno brasileño, donde fue recibido por Bolsonaro.Según el mandatario nacional, “no es momento de mantenerse indiferentes ante los verdaderos desafíos” que tiene la región, uno de los cuales es la “defensa de la democracia y de los valores”.Abdo Benítez agregó que en Sudamérica es necesario “fortalecer las instituciones”, a fin de que “las democracias puedan prosperar” y evitar así que la región sea un “terreno fértil para el populismo y la demagogia”.La situación de Venezuela también fue abordada en una declaración conjunta difundida por ambos Gobiernos una vez concluida la reunión entre Bolsonaro y Abdo Benítez.El documento dice que los mandatarios “constataron la sintonía de visiones, ideales y valores entre Brasil y Paraguay con respecto a los esfuerzos conjuntos para la promoción de la vigencia del Estado de derecho y la democracia en Suramérica”.En ese marco, añade que Bolsonaro y Abdo Benítez “reiteraron su firme compromiso de seguir apoyando al pueblo venezolano y al Gobierno del presidente Juan Guaidó en su proceso de transición rumbo al restablecimiento de la democracia en Venezuela”.