El letrado presentó una nota ante el Ministerio Público argumentando que a la misma hora debía participar de un Juicio Oral y Público.Los antecedentes del caso señalan que Gaona, quien está apartado de sus funciones como fiscal adjunto, fue denunciado el 12 de noviembre de 2018 por una alumna, quien cursaba el quinto semestre de la carrera de Derecho, en la ciudad de Quiindy. La agente fiscal Mora tomó el caso luego de que el abogado Almada recusó a la fiscal Teresa Sosa, quien imputó a Gaona. Por otro lado, Mora solicitó a la Dirección General contra la Violencia contra las Mujeres del Ministerio de la Mujer la realización de una evaluación preliminar a la señorita que presentó la denuncia.EL ACTALa denuncia en contra del fiscal sostiene que en febrero del 2018 la joven aguardaba el bus para ir a su casa, tras salir de la facultad.Allí apareció Gaona en su vehículo, y estaba acompañado por su asistente de cátedra, Antonio Salinas. El fiscal se ofreció a llevarle a la joven y esta accedió.La denunciante expresó que el fiscal comenzó a manosearla y que a la altura de la chipería Katy, a un kilómetro de la facultad, Salinas bajó supuestamente para comprar chipa. Ese momento fue aprovechado por el acusado para obligar a la alumna a practicarle sexo oral, refiere el acta. La joven abusada remarca que a partir de allí Gaona procedió de manera sistemática a extorsionarla, para evitar que denuncie.	Los agentes imputados son Cristian Manuel Amarilla, Moises Mario Cantero Moran, Aureliano Medina Brizuela, Máximo González Díaz, Isidro Alberto Villalba Duarte y Juan Gregorio Fretes Gómez, quienes eran los funcionarios policiales a cargo del resguardo de un taller mecánico ubicado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el cual se encontraban evidencias vinculadas a la causa Minotauro.En el taller había específicamente 5 camionetas, maquinarias y herramientas.A los efectos de trasladar las evidencias hasta Asunción, el taller fue verificado por personal policial asignado del departamento de Amambay, el 13 de febrero, y allí se encontraba todo lo incautado, que debía ser movilizado a la capital el 18 del corriente. Sin embargo, el viernes 15, funcionarios fiscales y policiales se constituyeron en el depósito y constataron que los vehículos, las maquinarias y las herramientas ya no estaban en el lugar y que asimismo el candado de acceso al referido lugar había sido forzado.Los representantes del Ministerio Público, requirieron al Juzgado el arresto domiciliario de los ahora imputados, considerando que los investigados se están sometiendo a la justicia, además poseen arraigo suficiente en el país por su condición de personales policiales de carrera, y que asimismo no han obstruido la investigación.​	En entrevista con la 970 AM, Costa manifestó que no se puede ejercer una ciudadanía activa sin acceso a la información pública porque esa es justamente la base para lograrlo, además de permitir controlar la gestión de las autoridades y conocer lo que se está haciendo con la cosa pública.De igual manera, sostuvo que algunos políticos “se llenan la boca” con términos como transparencia, información pública y participación ciudadana pero a la hora de la verdad se dan cuenta “que les duele y les pisa” la ciudadanía cuando se les pide información y no la quieren dar porque se van a estar descubriéndose sus “fatos y negociados”.“Estamos en un Estado de derecho cuyo principio fundamental es la transparencia”, afirmó, al tiempo de señalar que las autoridades deberían asumir que ser transparentes no va solo de boca para afuera sino “de gestión para adentro”.Costa asegura que el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez “sigue llenándose la boca de transparencia” pero, en contrapartida, se han ido viendo pequeños, medianos y grandes hechos que muestran que la transparencia “está muy lejos del ADN y la actitud de este gobierno”.Como ejemplo de la falta de transparencia en la gestión actual mencionó el	, recordó que el propio ministro de Hacienda, Benigno López, había asegurado en su momento que ya no se ingresaría a la función pública si no es a través de concursos, pero al final terminaron echando por tierra esas afirmaciones.“El Estado sigue siendo un gran coto cerrado para los amigos, para los que tienen poder o influencia, los que pueden extorsionar al poder desde otros ámbitos, entonces la ciudadanía queda como mera espectadora”, refirió Costa en relación a este tema. A su criterio, queda seguir insistiendo y sobre todo utilizando la principal herramienta que hoy día está disponible que es la Ley de Acceso a la Información Pública. “Hay que usar esta ley porque es una herramienta que ha supuesto un avance significativo en materia institucional para que el ciudadano pueda reclamar, pedir, solicitar, exigir información pública a las autoridades”, puntualizó.	“Si se requiere una institución como la Senad, que no solamente tiene como objetivo de lucha la incautación del crimen organizado, sino armas y el lavado de dinero procedente de estas actividades ilícitas, necesitamos mejorar presupuestariamente a la institución”, dijo Giuzzio.El acto estuvo presidido por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que condecoró a los agentes y miembros de las fuerzas especiales que intervinieron en la “Operación Polaris”, como se conoce a la mayor incautación de cocaína en el país en un solo operativo, que ascendió a 2 toneladas de cocaína a principios de febrero en el departamento de Concepción.Las autoridades estimaron que el precio de ese cargamento, que tenía como destino Brasil, habría superado en el mercado negro los 15 millones de dólares.A esa cifra se refirió este miércoles Giuzzio al hablar del presupuesto de la Senad para 2019 y aseguró que esos 15 millones de dólares doblan el monto destinado a la Secretaría este ejercicio.“Solamente haciendo un cómputo del perjuicio organizado al crimen organizado, de aproximadamente 15 millones de dólares en esta última incautación, representa el doble del presupuesto de la Senad para todo un año. Eso es para nosotros muy significativo”, expresó.Giuzzio también se pronunció sobre los bienes incautados y decomisados procedentes del narcotráfico, que son gestionados por la Secretaria Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y que ha despertado dudas sobre la constitucionalidad de estas acciones.El titular de la Senad aseguró que desde su punto de vista no representa ninguna incompatibilidad con la Constitución y solo formaliza “lo que se conocía como entregas especiales”.“La ley de creación de Senabico permite y da la posibilidad de que se entreguen este tipo de bienes a quienes están en la lucha contra el crimen organizado”, agregó.Además, en el caso de los vehículos incautados en operaciones contra el narcotráfico y que ahora son utilizados por la Policía y la Senad, aseguró que están asegurados y en condiciones de ser devueltos a sus propietarios, si la Justicia lo dispusiera.