La Fiscalía será la encargada de recomendar a los reclusos que cumplen con las condiciones para ser beneficiados con prisión domiciliaria con la incorporación del dispositivo electrónico de control, y el juez deberá dar la orden o denegarla teniendo en cuenta que se cumplan las condiciones contempladas en la reglamentación de la ley. La misma debe ser establecida dentro de los 60 días.