“Prácticamente todos los municipios entran en un periodo de baja recaudación a partir de agosto”, se excusó Gómez al ser consultado sobre la falta de pago de salarios y a proveedores. El edil asegura que los ingresos mensuales no superan los G. 1.000 millones y necesitan el doble para cumplir con las obligaciones básicas. Por su parte, el concejal Victor Silvera y tres de sus colegas se reunieron con el diputado Pedro Alliana, quien les garantizó que el pedido de intervención será tratado en la sesión ordinaria de este miércoles. Manifestó que tiene la esperanza de que la designación del interventor se dé antes del final del año. Son quince las causales de intervención presentadas por la Junta Municipal. Entre los más resaltantes se encuentran la mala utilización del rubro de transferencia de capital al sector privado sin licitaciones públicas, presunta sobrefacturación de obras, contrataciones arbitrarias por la vía de la excepción, incumplimiento a la asistencia obligatoria del intendente a la sesión de la Junta Municipal, la firma de convenios sin autorización de la Junta Municipal y la emisión de cheque y orden de pago en blanco para la comisión vecinal Juan Pablo II. La comisión interventora está presidida por el colorado Basilio Núñez y la integran los diputados Sebastián Villarejo (PPQ), Jazmín Narvaez, Ramón Romero Roa, Hugo Ramírez, Cristina Villalba (ANR), Manuel Trinidad, Emilio Pavón y Arnaldo Rojas Feris (PLRA).	En charla con la radio 650 AM, la ministra Cecilia Pérez mencionó que no habrá indulto a fin de año porque hubo demasiados cambios de ministros y viceministros en la cartera de Justicia. “Se debe hacer un exhaustivo estudio para los beneficiados y no se llega para la fecha. Vamos a ver para el año que viene”, refirió. Así también indicó que en ese ministerio desean trabajar en la gestión de máxima seguridad, de modo a formar y discriminar a los funcionarios, de acuerdo al lugar donde va a trabajar el personal. "Nosotros tenemos una unidad de inteligencia penitenciaria que viene trabajando hace tiempo. Trabajamos de manera coordinada con la policía y los militares, cosa que no había sucedido en los últimos tiempos. Es un trabajo de 24 horas”, sostuvo además.	Este lunes fue suspendida la audiencia de revisión de medidas del diputado Ulises Quintana, a pedido del mismo, según indicó la fiscal Lorena Ledesma. El motivo obedece a que ya defensa del colorado no confía en la objetividad de la magistrada Alicia Pedrozo y además porque la misma no puede realizar la audiencia ya que está apartada de la causa.El diputado Quintana, quien seguirá recluido en Viñas Cue, recalcó por su parte que no existe peligro de fuga y tampoco obstrucción de la investigación. Lamentó que existe una justicia selectiva y populista, por trasfondos políticos, ya que será candidato a intendente de Ciudad del Este. “No existe ningún elemento que me puede mantener en prisión”, lanzó. Fue sorteado el juez Julian López para entender en este caso. Se solicitará para mañana una nueva revisión de las medidas cautelares impuestas al político oficialista.	A pedido de los diputados Enrique Mineur (PLRA) y Basilio Núñez (ANR) fue convocado el procurador general de la República, Sergio Coscia, quien se encuentra reunidos con los integrantes de la Mesa Directiva.“Tenemos la triste realidad de que hay 650 funcionarios y obreros de Acepar que no cobran sus salarios, están en una situación de indefinición”, comentó Mineur.Sobre los motivos explicó que que Acepar se encuentra en un proceso de privatización inconclusa y que el año pasado él mismo presentó un proyecto para reencausar el orden funcional y permitir que el Estado vuelva a estar al frente del paquete fraccionario, pero que no consiguió resultados. El diputado adelantó que preguntará al procurador por qué no se está cumpliendo con los obreros pese a que cuentan con un bono que puede ser negociado en el mercado. El año pasado, las autoridades de la compañía brasileña se retiraron del país alegando la “falta de seguridad jurídica” para invertir en Paraguay, dejando cuantiosos daños económicos y el quiebre total de Acepar.