, el mismo reflexiona sobre “un derecho humano fundamental que estamos perdiendo peligrosa y aceleradamente en nuestra sociedad: la garantía de la presunción de inocencia”.En su escrito, hace una comparación con el proceso penal implementado durante la época medieval (en el que una persona podía ser acusada de hechicera o bruja sin tener pruebas y sin derecho a la defensa) y la forma en la que la opinión pública apunta contra estos periodistas que figuran en la famosa “agenda” del Gral. Ramón Benítez.“Los nombres ‘filtrados’ de periodistas y reporteros son la comidilla de un periodismo antiético y populachero que no será capaz nunca de ejercer la crítica contra autoridades, fiscales, policías e investigadores judiciales que infringen alevosamente normas constitucionales y del código procesal penal al informar detalles de una investigación que debieran permanecer bajo reserva. Las ansias de “figuretear”, el amor desmedido por los flashes y las cámaras y, muchas veces, un esquema extorsivo subyacente, convierten a fiscales y policías en vulgares chismosos antes que en autoridades que deban concentrar su trabajo en hallar la verdad para sancionar correcta y oportunamente a quienes resulten culpables del delito. Y el vicio de la primicia sin comprobación, los afanes mórbidos por la noticia amarilla, han hecho de muchos medios y periodistas simples engranajes en la industria del chisme, la infamia y hasta la mentira. En la filtrada lista, no faltan quienes sucumbieron a este tipo de shows que ni siquiera puede llamarse periodismo”, expresa Costa.El docente y abogado sostiene que no son sólo los periodistas los que tienen ese derecho sagrado que debe ser respetado por todos, incluso por los propios medios y comunicadores, sino también todos los ciudadanos deben gozar ampliamente del derecho a la presunción de inocencia.De igual forma, refiere que “es imperativo para la democracia, para una sociedad justa, que a cualquier persona -independiente de su color, raza, sexo, religión, ideología, partido o forma de pensamiento- este derecho le sea plenamente garantizado”.“Frente a todo esto, el periodismo verdaderamente crítico está cada vez más ausente. Lamentablemente. Y el que sigue multiplicándose es un periodismo preso de impudicias, sensacionalismo y superficialidades”, expresa Pepe Costa en su publicación, cuestionando la forma en la que los medios de comunicación están planteando la cuestión.A su criterio, se debería evitar y repudiar “el periodismo que olvida la ética, que prefiere la primicia sin corroborar antes que la responsabilidad en el manejo informativo, que no repara en honras ajenas al tratar la noticia y que no busca la verdad sino solamente el impacto y la emoción”. “Las ‘filtraciones’ de nombres de periodistas supuestamente sobornados resultan hoy buenas excusas para hablar y advertir sobre este proceso de deshumanización y medievalización de nuestra sociedad. Si no paramos esto, las hogueras y la horca pública serán la amenaza para cualquiera de nosotros, no importa si seamos culpables o inocentes. Bastará que algún corrupto o enemigo ponga nuestro nombre en una agenda, y el “sistema” hará el resto”, reza la parte final del escrito.	“A mi hijo le debía y no le quería pagar y era solo por eso, por una plata sucia”, afirmó la madre de Horacio David Verón Báez (28) en charla con los medios de prensa. Cuestionó a la Fiscalía por no hacer nada en contra del detenido, Valdemir Borcato, propietario del lavadero y principal sospechoso y pidió que otra persona de encargue de la investigación.“Este es un criminal, un asesino, tiene hombres a sueldo, policías a quienes le paga, yo ya no creo en la justicia”, dijo la señoraEl cuerpo cubierto por escombros y cemento se encontraba a un metro de profundidad aproximadamente y se estima que llevaba al menos cuatro días de rigidez cadavérica. Los familiares reconocieron el occiso. El médico forense diagnosticó un traumatismo de cráneo severo como causa de muerte. Se presume que el universitario recibió dos golpes fuertes en la cabeza, con algún objeto contundente.	La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Gladys Bareiro de Módica, informó durante la sesión del Poder Judicial que la bóveda del fuero penal del Alto Paraná fue violentada.La máxima autoridad judicial comentó a sus colegas que los desconocidos se llevaron armas, celulares, entre otras evidencias. No precisó cuándo ocurrió el asalto.Bareiro de Módica señaló que el jueves se constituirá en Alto Paraná para interiorizarse más del caso.SESIÓN DEL PLENO DE LA CORTE	sobre protección de los derechos de propiedad intelectual y revisión de mercados notorios de piratería y falsificación.El referido documento -conocido como “Informe 301”- identifica a “países que son socios comerciales y que no protegen ni hacen cumplir los derechos de propiedad intelectual (IP) adecuadamente, o que niegan el acceso al mercado a los innovadores y creadores de los Estados Unidos que dependen de la protección de sus derechos de propiedad intelectual”.Dentro de lo que corresponde a la “Lista de Vigilancia Secundaria” -integrada por países como Brasil, Bolivia, Colombia, Pakistán, Tailandia, Vietnam, entre otros- también se encuentra incluido Paraguay.De acuerdo al informe, prácticamente todos los países identificados poseen deficiencias en lo que hace al respeto a la propiedad intelectual y “no proporcionan una aplicación de la frontera adecuada o efectiva contra productos falsificados y pirateados”. Así también, señala que “muchos funcionarios de aduanas carecen de autoridad para tomar medidas de oficio para incautar y destruir tales mercancías en la frontera o tomar medidas para las mercancías en tránsito”.Joel Talavera, titular de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), se refirió sobre este tema y sostuvo que el informe es resultado de una evaluación anual realizada por la USTR, equivalente al “Ministerio de Comercio” en Estados Unidos.Según reveló, ya desde el año pasado habían tenido conocimiento de que Paraguay estaría siendo incluido en el listado, aunque dentro de la sección que incluye a países que no son “prioridad” pero de igual forma se encuentran en observación.“Recibimos el resultado de esta evaluación con mucha responsabilidad, esto es un legado y lo vamos a trabajar en consecuencia. Hoy tenemos puntualizado y bien definido lo que ellos nos están objetando”, afirmó.Los tres puntos que están siendo objetados a Paraguay son: que las personas que reinciden en la comisión de hechos punibles contra la propiedad intelectual no vayan a prisión, que no se hagan evaluaciones a entidades públicas en lo que hace al uso de software sin licencia, y la falta de creación de un centro de coordinación por parte de las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo en lo que respecta a la lucha contra la piratería y la falsificación.Talavera recordó que en junio de 2015 el gobierno norteamericano había decidido excluir a nuestro país de la “lista negra”, por lo que después de casi 4 años volvió a ser incluido a raíz de la falta de cumplimiento de los mencionados puntos. El director de DINAPI adelantó que seguirán trabajando para mejorar todo lo que hace a la protección de propiedad intelectual y la erradicación de la falsificación y la piratería.