Arnaldo Cabrera, vocero de los sindicalistas, explicó que aguardan la intervención directa del Poder Ejecutivo para la reactivación de la planta de Acepar, para que 570 trabajadores recuperen sus empleos. “En campaña política el presidente se comprometió con los obreros de Acepar, pero vemos que se olvidó de su promesa, entonces tenemos que salir a las calles”, comentó Cabrera en entrevista con Universo 970 AM.Como medida de fuerza desde tempranas horas realizan cortes intermitentes frente a la sede de la Procuraduría General de la República, sobre la Avda. Mariscal López casi Venezuela, donde la circulación se torna lenta a consecuencia de estos bloqueos. Los sindicalistas acampan frente al edificio desde la semana pasada y uno de ellos inició una huelga de hambre. Otros manifestantes tomarán la misma medida en caso de que no reciban alternativas. Esta tarde los obreros se reunirán con el procurador Sergio Coscia, de quien esperan escuchar una alternativa.	El juez de Paraguarí, Hugo Ríos, justificó la baja condena a un abusador de su hijastra y sostuvo que en ningún momento lo felicitaron durante el juicio público, sino que le hablaban con un lenguaje más coloquial. Lo trataron de “mita’i porâ” y dijeron que “felizmente” no se comprobó que violó a la víctima.	En conversación con la radio 780 AM, el magistrado Hugo Ríos alegó que la causa en cuestión fue imputada, acusada y llevada a juicio oral y público en el marco de una ley que establece el abuso sexual de un niño con una expectativa de tres años de cárcel o multa. Justificó que no hubo penetración vaginal o anal en este caso, pero sí abuso sexual. “Acá no se le absolvió a nadie. No me arrepiento de lo que dijimos, porque todo fue advertencia severa al acusado”, dijo.De acuerdo a las pruebas arrimadas por el Ministerio Público, el tribunal resolvió que hubo abuso sexual sin coito, por lo que consideró darle únicamente dos años de cárcel con la suspensión de la condena. “Nosotros (los jueces) somos los autorizados para medir la pena, no las redes sociales y los comentarios después. Consideramos que obramos dentro de nuestras facultades. Somos jueces parciales e independientes. El Ministerio Público es el que debe demostrar su acusación. El juez no debe probar nada, solo se sienta a juzgar”, arremetió.Durante su justificación, alegó que muchas de las expresiones que dijeron durante la lectura de la sentencia fueron sacadas de contexto en los medios de prensa. En ese sentido aseveró que la víctima y sus familiares no estaban en el juicio público, por lo que en ningún momento se refirieron a la misma de manera directa. Sostuvo que su colega Jorge Giménez, presidente del tribunal, se dirigió al acusado para advertirle de sus acciones y no así felicitarlo, tal como se dio a conocer a la opinión pública. “Cuando dijo felizmente, no se refiere felicitando al acusado, sino que la niña víctima felizmente no fue dañada y ultrajada en sus partes íntimas. Advirtiéndole severamente al acusado. No se le felicitó, por Dios, no fue eso lo que pasó”, manifestó.“En casi todos los juicios usamos nuestro idioma guaraní y nos exigen utilizarlos porque administramos justicia en el campo. Si usamos términos técnicos, no nos haremos entender al condenado”, alegó respecto al calificativo de “mita’i porâ” que dijo Giménez al abusador. Otro de los magistrados incluso recordó en el juicio que el "kua león" (toqueteo en partes íntimas a las mujeres) no estaba penalizado antes y que era una costumbre. Al respecto, Hugo Ríos aclaró que “le estaba diciendo al condenado que los toqueteos y manoseos no eran penalizados por el sistema anterior, y que era costumbre en el campo, pero se le explicó que ahora ya es una conducta punible y que por eso se lo estaba condenando”.Mucha polémica generó esta sentencia del Tribunal de Paraguarí, al dar una condena de dos años de prisión con suspensión de condena a un sujeto que abusó de su hijastra pero que no irá a la cárcel y solo tendrá que cumplir ciertas reglas de conducta.	El presidente del JEM, Enrique Bacchetta, solicitó de oficio los antecedentes del caso de Paraguarí, donde un Tribunal condenó a dos años con suspensión de la pena a un hombre encontrado culpable de perpetrar un abuso sexual contra su hijastra de siete años. Los informes se remiten a la Dirección Jurídica del JEM, que se encarga de analizar y enviar una sugerencia al plano. Si aquí se detecta que la irregularidad debe ser analizada hay dos caminos: el primero enjuiciar a los magistrados sin suspensión y el segundo es también el juicio pero con suspensión de sus funciones mientras dure el proceso.“La investigación puede ser de tres a seis meses, tiempo en el que pueden seguir en el ejercicio”, comentó el senador liberal Fernando Silva Facetti, integrantes del JEM.El resultado de la pesquisa puede arrojar un apercibimiento o amonestación, es decir una tarjeta amarilla en términos futbolístico o bien, la destitución por mal desempeño de sus funciones.	La abogada Esther Roa, coordinadora de la Comisión Escrache de Ciudadanos Autoconvocados, manifestó que el proyecto de ley presentado por el diputado Luis Urbieta solamente busca criminalizar las protestas, como una manera de frenar los escraches y advirtió que “buscarán la forma de incomodar a los parlamentarios hasta que aprendan la lección”.“Es totalmente inadmisible en un país medianamente educado, violenta la Constitución. En otros países ya se abordaron los ‘escraches’ y los fallos siempre fueron a favor, argumentando que los escraches son un desprendimiento del derecho a la manifestación, libertad de expresión. Vamos a visitarle al diputado Urbieta para decirle que no le tenemos miedo”, señaló. Por su parte, el legislador aseguró que su iniciativa