cesar.larre@gruponacion.com.pyLa Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) abrió una investigación de las licitaciones llevadas a cabo por el Ministerio del Interior y que derivaron en compras de comisarías móviles a precios de “oro”.Tres fueron adquiridas en diciembre del 2018 y otras tres en abril pasado. A fin de año, los móviles se compraron a G. 570 millones cada uno, en total G. 1.710 millones; y en abril, a G. 493 millones cada uno, totalizando G. 1.479 millones. De esta forma Villamayor adquirió cada tráiler de 14,8 m2, equivalente al precio de mercado de un dúplex de 100 m2 a estrenar en el área metropolitana, que actualmente se oferta desde G. 360 millones.En total, las seis comisarías móviles costaron al Ministerio del Interior G. 3.189 millones. Con este dinero, sacan a la calle 12 policías, ya que las estaciones de trabajo instaladas están preparadas para dos uniformados por cada contenedor.El director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, decidió ampliar la investigación –que en principio era solo de la adjudicación de abril– a las adquisiciones realizadas en diciembre. Esto tras la publicación de La Nación que reveló los altos precios pagados por los muebles, componentes de las comisarías móviles, también en diciembre.En ambos casos, la proveedora fue la firma TSV del Paraguay SRL y en las dos licitaciones se estableció un anticipo del 20%, al momento de la firma del contrato.Vale señalar que los precios inflados de los muebles que forman parte del equipamiento de estas comisarías móviles hicieron que el costo total de las mismas se dispare. Como ejemplo, mesas que en el mercado cuestan G. 435.000 fueron compradas por el ministerio a G. 8.000.000, según contrato firmado en diciembre, y a G. 7.000.000 en abril.El Ministerio del Interior canceló este año los pagos por los tráileres adquiridos en diciembre y todavía le queda por pagar, según lo registrado en el sistema de la DNCP, G. 148 millones por los móviles comprados en abril pasado, proceso que ahora quedó congelado.“Abrí una investigación sobre el tema y suspendí todo proceso de pago o ejecución de contrato al respecto (…). Lo que nosotros vamos a hacer ahora es investigar el 100% del proceso y si detectamos alguna irregularidad, esto, como cualquier otro caso, puede terminar eventualmente con una nulidad de contrato y se disparan todas las responsabilidades”, indicó Seitz a este diario.El titular de la DNCP echó por tierra el alegato de directores del Ministerio del Interior, que admitieron no haber considerado los precios por ítem de la oferta para la adjudicación de las comisarías móviles, sino solo el costo global.“El trámite que tenés que hacer para estimar los precios antes de llamar a una licitación te obliga a que vos tengas en cuenta, cierto, el valor total de lo que vas a comprar, pero tengas en cuenta cada uno de los ítems que vos mismo, comprador público, identificás”, manifestó Seitz.VILLAMAYOR UBICÓ A CUESTIONADO ADMINISTRADORMedes Justo Mendoza Vega es el director general de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior; es decir, es quien efectuó los pagos por las comisarías móviles de “oro”. El mismo en el 2014 estuvo involucrado en una causa por estafa y lesión de confianza, según publicaciones periodísticas de ese año. La causa en la que inclusive fue imputado data de cuando se desempeñaba como director de Administración y Finanzas y director del Proyecto AIEP del Ministerio de Industria y Comercio, de acuerdo a los antecedentes. Fue nombrado como director de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior por Decreto presidencial 101 de fecha 23 de agosto del 2018.	Luego de recibir una denuncia por parte de una persona anónima, un equipo periodístico del canal GEN viajó hasta el departamento de Guairá para investigar un supuesto negociado de venta de automóviles “mau”.Uno de los primeros en aparecer en la lista de presuntos involucrados fue Ronald Vázquez (ANR), intendente de Paso Yobai. El mismo posee en su poder una camioneta Toyota Fortuner año 2018 con chapa HCP 229, cuyo precio en el mercado supera los G. 400 millones, además de una Fiat Toro año 2017 con chapa CFA 083, cuyo costo estaría por encima de G. 100 millones.De acuerdo a los datos recogidos durante la investigación, la camioneta de la marca Toyota figura registrada a nombre de Adolfo Mereles Benítez, mientras que el vehículo Fiat -utilizado por la esposa del intendente- aparece a nombre de Derlis Arsenio Ruiz Díaz. Ambas personas se encuentran domiciliadas en la zona de Ciudad del Este.Al ser consultado por el canal GEN, Ronald Vázquez sostuvo que adquirió los vehículos de un vendedor externo y que el mismo los habría registrado a su nombre. Según explicó, él había firmado un contrato privado de compra-venta para poder transferir a su nombre los rodados que hoy día posee en su poder.El jefe comunal no supo responder la pregunta de quién fue exactamente la persona que le vendió los rodados investigados y tampoco presentó las documentaciones solicitadas por el canal GEN durante la entrevista.Otro de los que estaría implicado en el esquema es el agente fiscal Ulises Giménez (tío del actual inten­dente de Villarrica, Gus­tavo Navarro), quien fue	de la marca Jeep Cherokee Limited año 2011, la cual posteriormente decidió poner a la venta. En su momento, no supo precisar el origen real de dicho rodado ni tampoco exhibir documentaciones que avalen el trámite.Tanto Vázquez como Giménez forman parte del mismo equipo político en Guairá, en este caso, del movimiento Colorado Añetete, el cual también integra Rodolfo Friedmann, exgobernador de dicho departamento y actual ministro de Agricultura y Ganadería.Tras proseguir con las averiguaciones en el marco de la investigación, saltaron a la luz otros tres nombres: el del diputado Ever Noguera (ANR), el de Fulgencio Silvera, su asistente personal, y el del suboficial Elvio Melgarejo, quien se desempeñaría como su guardaespaldas particular.Al ser abordado por un periodista del canal GEN, el parlamentario de Guairá negó tener un negocio de venta de vehículos y sostuvo que los rodados que adquiere “los compra para su uso particular”. “Con terceras personas a las que haya vendido, normalmente vendo en playas de autos o casas de importación”, refirió. Noguera admitió tener varios vehículos a su nombre -varios de ellos de elevado costo- aunque dijo haberlos adquirido “de buena fe” y de locales de compra-venta habilitados como playas de auto o concesionarias.	En agosto pasado el Ministerio de Salud alertaba sobre la posi­bilidad de una nueva epide­mia de dengue, pero de pro­porciones superiores a las registradas en los años ante­riores. Mientras tanto, el Ser­vicio Nacional de Erradica­ción del Paludismo (Senepa) no tiene más que insecticidas vencidos en stock, para hacer frente en este momento.	La cartera sanitaria se basó para emitir la alerta en el com­portamiento epidemiológico de los últimos seis años y con­siderando los serotipos circu­lantes.Ahora bien, lo que el Senepa tiene en stock y en suficien­cia es el insecticida malatión, que se utilizó en varios depar­tamentos del país después de su fecha de vencimiento. Dan cuenta de ello planillas de movimiento semanal del Senepa que revelan que hasta el 2 de setiembre se tenían 12.806 litros de malatión y al 9 de setiembre 11.601 litros.Recordemos que en diciembre del 2018 se recibieron de Brasil como donación 18 mil litros del insecticida. Resulta que este producto venció en agosto, según planillas oficiales a las que tuvo acceso este diario.Los insecticidas estuvieron guardados en un depósito del Senepa por más de cua­tro meses, sin uso, por el mal estado en que se encontraban. Para poder utilizarlo se tuvo que realizar todo un proceso de homogeneización y fraccio­namiento, cuyo costo guardan en secreto en el Senepa pese a las insistentes consultas sobre el caso.Confusas explicacionesLa titular del Senepa, María Teresa Barán, no pudo explicar porqué se uti­lizaron insecticidas con fecha de venci­miento de agosto en el mes de setiem­bre, como aparece en planillas oficiales.Barán habló para una radio local pero no precisó qué otros insecticidas, además del malatión vencido, tienen en stock.Dijo que el producto que llegó de Brasil (en diciembre del 2018) “se cortó o malogró”, pero que tras un procedimiento técnico se pudo reutilizar. Solo en las dos últimas planillas correspondientes a la primera semana de setiembre aparece que se utilizaron 1.231 litros de mala­tión. Tampoco explican qué pasará con los 6 mil litros del insecticida vencido que todavía disponen. Los jefes y técnicos guardan severo silencio ante nuestras insistentes consultas.	La administración de Carla Bacigalupo, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), no ejecutó una millonaria póliza que corres­ponde a la garantía que la empresa Laya Construccio­nes SA debía abonar al Ser­vicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) en caso de incumplimiento de con­trato. A raíz de esto, la insti­tución no recibió la suma de G. 1.216.974.144, según el resul­tado final de la auditoría rea­lizada por el Poder Ejecutivo. Según Luis Cardozo, minis­tro auditor de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), este es uno de los pun­tos que deberían ser analiza­dos con mayor profundidad.	lourdes.pintos@gruponacion.com.pyPor más de dos años, Laya Construcciones SA fue la firma encargada del servicio de lim­pieza de la sede central y las sedes regionales del SNPP; sin embargo, en agosto del 2018, cuando Bacigalupo asumió como ministra, comenzaron los inconvenientes, según lo confirmó Carlos Ayala, direc­tivo de Laya.El SNPP dejó de recibir G. 1.216.974.144 por una garantía de incumplimiento de contrato no ejecutada por la administración de Bacigalupo.	Tras una auditoría realizada por el MTESS, se constató que esta empresa no contaba con seguros por accidentes de trabajo para sus funcionarios, por lo tanto se les dio un plazo para ponerse al día. Ayala ase­gura que realizaron las gestio­nes correspondientes y cum­plieron con lo establecido en el plazo fijado por las autoridades del ministerio; sin embargo, desde la entidad determinaron que la rescisión del contrato era inevitable a pesar de que la empresa ya estaba al día con todas sus obligaciones.Una vez que finalizó el acuerdo laboral entre ambos entes, desde el MTESS quisieron cobrar la garantía desig­nada para estos casos, pero la empresa afectada por las deci­siones internas del ministerio y la aseguradora determinaron que no corresponde el pago de la póliza porque la firma Laya no incumplió ninguna de las cláusulas y, por lo tanto, la res­cisión del contrato no fue por culpa de la misma.Según fuentes fidedignas, a raíz de las innumerables irregulari­dades detectadas y publicadas por La Nación, el presidente de la República, Mario Abdo Bení­tez, habría tomado la decisión de cambiar a Bacigalupo y su destitución sería oficializada en los próximos días.AUDITORÍA DEL EJECUTIVOEn el informe de la Audito­ría General del Poder Ejecu­tivo se menciona una serie de situaciones que deben gene­rarse para que la institución, en este caso el SNPP, pueda acceder al monto establecido en concepto de garantía. Uno de los requisitos es que la resci­sión del contrato sea por culpa del contratado.En su descargo, el MTESS sos­tiene que se realizaron todos los procedimientos para el cobro de la póliza como la comunicación de la reso­lución de rescisión de con­trato, tanto a Laya como a la empresa aseguradora. No obs­tante, resaltan que la firma en cuestión interpuso un recurso de reconsideración contra la resolución, el cual fue recha­zado por la Dirección Gene­ral de Asesoría Jurídica el 24 de octubre del 2018. A pesar de esto, siempre de acuerdo a lo relatado por representantes del ministe­rio, la aseguradora contrató a una empresa liquidadora de siniestros y esta sostuvo final­mente que el pago de la garan­tía al SNPP no corresponde. En respuesta, el equipo auditor se mantiene en la existencia de irregularidades, ya que sostiene que en las documentaciones remitidas por el MTESS no obra intimación alguna por el asegu­rado, por lo que el “siniestro” no ha quedado configurado.