Los camaristas Gustavo Santander, Gustavo Ocampos y Pedro Mayor Martínez confirmaron la resolución de la jueza Alicia Pedrozo, quien el pasado 05 de septiembre confirmó la prisión preventiva de Reinaldo “Cucho” Cabaña.De esta manera, el sospechoso seguirá recluido en Tacumbú, atendiendo a la gravedad de los hechos punibles por los que se encuentra procesado. El mismo es investigado por tráfico de drogas provisión de medios de transporte para el narcotráfico, asociación criminal, comercialización y lavado de dinero. El abogado Pedro Wilson Marinoni había solicitado la aplicación del arresto domiciliario, tomando en cuenta la modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal. Para ello Cabaña ofreció la fianza real de un inmueble por valor de 4.000 millones de guaraníes y cuatro fiadores personales por 500 millones de guaraníes cada uno, totalizando así 6.000 millones de guaraníes.	con un total de 16 ofertas para la Licitación Pública Nacional.Dos de estas cárceles estarán ubicadas en la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera, y una en la localidad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná. En todos los casos, tendrán capacidad para albergar a más de 1.200 internos.Las tres nuevas penitenciarías se construirán con los más altos parámetros de seguridad, de acuerdo al MOPC, siguiendo estrictos estándares internacionales e incluyendo un nuevo modelo de gestión penitenciaria sobre el manejo de las personas privadas de libertad.En el caso de la primera cárcel de Emboscada, la estructura estará rodeada por un muro perimetral reforzado con hormigón armado (H°A°) de 3 metros de altura, 135 metros de ancho y 246 metros de largo. Además, contará con 8 garitas para la vigilancia de los pabellones.En su interior estará ubicada la nueva penitenciaría que tendrá dos plantas de 35.000 m3, con una capacidad para 1.320 reclusos. Por su parte, en la planta baja habrá 8 pabellones habitacionales de los cuales uno será destinado a máxima seguridad para la clasificación de criminales de alta peligrosidad.El nuevo penal también contará con un área para visitas generales, una cocina, una oficina de servicios, un área administrativa, una capilla y estacionamientos, tanto para visitantes como para funcionarios.Se prevé que cada pabellón tenga una medida de 650 m2 y cuente con su propio comedor, sanitarios en cada celda y una cancha multiuso para el esparcimiento de los reos, a excepción de los pabellones de máxima seguridad y los pabellones de la segunda planta. A su vez, en el piso superior se construirán 8 pabellones habitacionales (lo que totaliza 16, teniendo en cuenta el pabellón de máxima seguridad de la segunda planta), una enfermería, un área de visitas privadas y un dormitorio para el pernocte de los guardiacárceles y una oficina administrativa. En lugar de las canchas de la primera planta se prevé un espacio a cielo abierto, mientras que en el de “máxima seguridad” estará rejado.	El fiscal Andrés Arriola manifestó a Radio Monumental que hace unos días iniciaron las diligencias para investigar la quema de pastizales en dos estancias de la zona de Bahía Negra.Según se presume, estas actividades habrían derivado en la aparición de nuevos focos de incendio, los cuales debido al calor y las fuertes ráfagas de viento fueron diseminándose hasta salirse de control y abarcar un terreno mucho más amplio.Los establecimientos que actualmente están siendo investigados son San Miguel y São João. De acuerdo al agente fiscal, en ambos lugares se encontró en flagrancia a los trabajadores mientras procedían a realizar la quema de pasturas, por ello decidió hacerles una advertencia formal.Los representantes de las dos estancias no contaban con el permiso municipal correspondiente, lo cual indica que llevaron a cabo esta tarea al margen de la ley.De acuerdo a datos del Instituto Forestal Nacional (Infona), en total serían 15 los establecimientos ganaderos en donde se originaron los focos de incendio y que también podrían tener responsabilidad en hechos similares, indicó.De momento, la investigación está enfocada en determinar si es que las llamas se iniciaron de forma accidental o si fueron provocadas intencionalmente, tarea que queda a cargo de los técnicos de la Fiscalía y los bomberos voluntarios. En caso de que se confirme lo segundo, se buscará identificar a los responsables directos.“Todos los años se realiza camufladamente (la quema de pasturas) porque es más barato para ellos quemar el campo que limpiar con maquinarias, pero este año se vino una seca muy grande y también el viento fuerte que empezó el fuego hacia Bolivia. Si bien existieron algunas quemas accidentales, tenemos indicios de que en otros establecimientos aprovecharon de eso para iniciar el fuego”, refirió.Aquellas personas que sean responsables de provocar incendios de bosques se exponen a una pena privativa de libertad de hasta 5 años, mientras que quienes sean descubiertos directamente talando árboles sin autorización están expuestos a una pena de entre 3 a 8 años de cárcel, mencionó Arriola.LEY ESTABLECE QUEMAS CONTROLADASDe acuerdo a la	, la única forma de quema autorizada es la “quema prescripta”, consistente en la técnica de encendido efectuada bajo condiciones tales que permiten suponer que el fuego se mantendrá dentro de un área determinada.Los municipios locales tienen la potestad de otorgar las autorizaciones para este tipo de actividades, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos relacionados a la velocidad del viento, la temperatura del aire y el nivel de humedad, así como el periodo del año establecido para quemas, las horas de inicio y la cantidad de personas mínimas provistas de elementos para iniciar la ignición, entre otros. La ley prevé multas que van de 100 a 2.000 jornales mínimos para quienes incumplan con esta disposición, con posibilidad de que el caso llegue a instancias del Ministerio Público si se llegara a determinar que se trata de un delito ambiental.	La ministra de la Corte Suprema de Justicia, María Carolina Llanes, explicó que la idea es que los jueces de vuelta tengan la potestad de agilizar los procedimientos y evitar que ingresen más personas a las propiedades invadidas.La autoridad aseguró que el Poder Judicial reafirma su compromiso de aplicar la Constitución y las leyes, dentro del orden de prelación que establece la Carta Magna. “No dejarnos llevar por herramientas ajenas al ordenamiento jurídico, que han tenido la intención de ayudar, pero en la mayoría de los casos han obstaculizado“, refirió.Por su parte, el ministro Villamayor, explicó que al dejar sin efecto el protocolo, se vuelve al imperio exclusivo de la ley. De esta manera se busca dar garantías al propietario del terreno privado, que por rango constitucional está amparado.El Secretario de Estado indicó que anteriormente se establecían procesos y grados, que en realidad impedían que las normas se apliquen de manera inmediata. Este protocolo daba derechos a los ocupantes ilegales y establecía obligaciones a los propietarios de los inmuebles.“Nosotros el derecho de propiedad lo tenemos que respetar porque es un derecho de rango constiticional“, puntualizó. Este protocolo data de la época de Carlos Filizzola, exministro del Interior, y Francisco De Vargas, exfiscal general del Estado. Debido al exceso de tiempo para una reacción, permitía que los invasores adquieran supuestos derechos al poder construir viviendas y hasta escuelas, y acceder a los servicios básicos como luz y agua, haciendo muy difícil la expulsión del inmueble ocupado indebidamente.PASOS DEL PROTOCOLO