“Aquí no se puede desconocer que el señor Zacarías Irún no es garante de la patrimonio de la Municipalidad, al no ser intendente municipal, siendo así no es administrador ni ordenador de gastos. El imputado en actos no posee la cualidad especial de autor que se requiere para estos tipos de hechos, considerando que en su persona no se reúne la obligación de proteger el patrimonio de la Municipalidad”, expresó Cabral.Agregó que este es el típico caso de la Ley penal, que exige circunstancias personales especiales, como la prevista en el Art. 32 del Código Penal, que expresa claramente “cuando no se dieran en el instigador o cómplice las condiciones, calidades o relaciones personales previstas en el Art. 16 que fundamenten la punibilidad del autor, la pena será atenuada con arreglo al Art. 67”.Cabral resaltó que la calificación jurídica de la conducta descripta por el Ministerio Público en la imputación, tiene una expectativa mínima de 2 años la prevista en la Ley, que obliga al juez otorgar medidas alternativas.“A LA FECHA NO HAY PELIGRO DE OBSTRUCCIÓN”Cabral significó además “que el peligro de obstrucción expresado por el Ministerio Público cuando formuló imputación en marzo de 2019, a la fecha resulta inoficioso. Estamos a un año del proceso y el imputado no se ha fugado sin que fuera impuesta ninguna medida cautelar hasta ahora, que se aplica medidas”Asimismo, aseguró que la “Fiscalía no arrimó los elementos que sustenten sus pretensiones, ni siquiera manifestó cuáles son los elementos de convicción que sustentan la existencia del hecho, siendo estos requisitos regidos por ley. Finalmente, refirió “que de la manera en que fue diseñada la imputación por el propio órgano acusador, la expectativa de pena por este hecho no supera los 2 años”.“Los operadores de justicia, llamase fiscales o jueces, deben garantizar a todo ciudadano procesado una meridiana seguridad de que la ley vigente en la República será aplicada sin temor alguno. Actualmente en el país se siente una aplicación de la ley de manera selectiva, el estado de derecho se encuentra quebrantado, cuando en algunos casos por la misma calificación jurídica se solicita medidas alternativas. Y en caso como el de mi defendido, solo por motivos populistas y falto de argumento jurídico se solicita prisión, prueba de ello, estos procesos”.	A dos años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la condena fue sentenciado Héctor Escobar Espínola, en el Juzgado de Hernandarias, Alto Paraná.A partir del 2 de enero, Villalba deberá hacer el primer depósito de 100 millones de guaraníes y completar la suma total en un plazo máximo de dos años.El hombre fue hallado culpable de haber estafado al exjugador Francisco Esteche, por 200.000 dólares en el año 2012. El “Paco” trató de arreglar la situación por vías amistosas, pero pese a los intentos no obtuvo respuesta, por lo que decidió llegar a instancias judiciales.	La magistrada explicó que el Juzgado Penal de Garantías a su cargo interpuso por primera vez la aplicación de medidas al imputado y trabó embargo sobre sus bienes por 3.680 millones de guaraníes como caución, entre real y personal.“En la audiencia no se define la culpabilidad o no del imputado. Se refiere a la aplicación de medidas para asegurar el sometimiento al proceso del imputado. El juez como obligación primaria tiene el deber de hacer cumplir la Ley y resolver conforme a las constancias que tiene agregado en su expediente”, expresó Garcete. PROCESO MEDIATIZADO EN EXCESOLa juez Cinthia Garcete aseveró que se entiende que un caso pueda ser de interés general y despierte mucha expectativa, pero esto no puede ir contra la administración de la justicia. “Debemos obrar con la mayor responsabilidad tanto en las decisiones jurídicas como en lo que se difunde del caso a través de	los medios, no podemos tener juicios paralelos, uno mediático y otro judicial, y otro que debe obrar apegado a la ley y a las normas vigentes, además de las pruebas disponibles”, afirmó.JUEZ ACTUÓ CONFORME A LEYVarios juristas tanto de la zona Este del país como de la capital, quienes opinaron sobre la decisión judicial, coincidieron e que en este caso específico que afecta al senador Javier Zacarías Irún, no se podía aplicar el Art. 242 del Código Procesal Penal, que habla de la prisión preventiva, considerando que no existen los presupuestos legales para el efecto.	“El juez podrá decretar la prisión preventiva, después de ser oído el imputado, solo cuando sea indispensable y siempre que medien conjuntamente los siguientes requisitos: 1) que existan elementos de convicción suficiente sobre la existencia de un hecho punible grave, 2) que sea necesaria la presencia del imputado y existan hechos suficientes para sostener, razonablemente, que es autor o partícipe de un hecho punible, y 3) cuando por la apreciación de las circunstancias del caso particular, existan hechos suficientes para suponer la existencia de peligro de fuga o la posible obstrucción por parte del imputado de un acto concreto de investigación”	La comisión vecinal del barrio Mariscal López de Lambaré es uno de las más resentidas por la falta de asistencia de la Municipalidad. Los vecinos aseguran que no ven diferencia entre el periodo anterior a la detención de Armando Gómez y la actualidad, ya que la recolección de residuos y el aseo urbano nunca llegaron al barrio. El servicio de limpieza de los espacios públicos sigue sin funcionar.Natalia Gómez, presidenta de la comisión, asegura que desde hace varios años trabajan a pulmón y que la última vez que la Municipalidad limpió la plaza central del barrio fue hace dos meses. “La basura está hace un mes y nunca vienen a llevar. Nunca nos podaron un solo árbol, todo lo que nosotros necesitábamos lo pedíamos por notas y nunca recibimos ayuda”, contó a HOY.	“La gente viene a caminar, a sentarse. Es muy desagradable estar en un lugar tan descuidado y tan sucio”, lamentó Gómez. Además de los reclamos de las diferentes comisiones vecinales, los residentes de las inmediaciones del Arroyo Lambaré también se ven afectados por la falta de limpieza. Varios kilos de basura se acumulan en las orillas del cauce, generando contaminación y potenciales criaderos de mosquitos.