El Instituto de Previsión Social adjudicó com­pra de medicamentos por un monto global esti­mado de G. 373 mil millones a 32 proveedoras en diciembre pasado. En el jugoso contrato saltan alevosos sobreprecios con relación a licitación del 2017, que sumados ascien­den a la estratosférica cifra de G. 170.958.785.440 (ciento setenta mil novecientos cin­cuenta y ocho millones sete­cientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro guaraníes), unos US$ 29.000.000 (veintinueve millones de dólares ameri­canos) al cambio actual.	(0985) 106-742De un lote de 103 medica­mentos adjudicados, casi la mitad registra precios sobre­facturados con relación a la última compra que realizó la previsional un año antes. Para mayor comprensión de nuestros lectores, deben tener en cuenta que a conti­nuación mencionaremos 4 medicamentos de los 47 que se han visualizado con sobre­precios en la planilla del con­trato.Entre los ítems altamente sensibles para los asegura­dos de los que hemos cons­tado un futuro desfalco (de concretarse el pago), el más escandaloso tiene que ver con el losartán potásico 50 mg, que es un medicamento antihipertensivo y que en la última adjudicación se pagó G. 251 por comprimido, mien­tras que en esta licitación el precio unitario adjudicado es de G. 1.491. Es decir, en un año el valor de compra de este fár­maco se incrementó en 494%. La cantidad máxima estable­cida en este contrato es de 37 millones de comprimidos y el sobreprecio en este ítem se dispara a G. 46.376.000.000.El segundo tiene que ver con el enalapril 20 mg. Es un medicamento cardio­lógico, que en la licitación del 2017 se pagó G. 252 por comprimido, mientras que en el 2018 se adjudicó a precio unitario de G. 915, que representa un incremento de 263%. Se estima una com­pra máxima de 30 millones de comprimidos, así el des­pojo en este fármaco es de G. 19.890.000.000.El tercero, también alevoso, tiene que ver con el diclofe­nac 50 mg. Es un medica­mento analgésico que en la licitación anterior se pagó G. 151 por comprimido, mien­tras que en esta adquisi­ción el precio unitario es de G. 735 y esto representa un incremento de 387%. Con los 30 millones de compra máxima de comprimidos que se prevé, se pagarán G. 17.520.000.000 más caro.El cuarto desfalco tiene que ver con la ciprofloxacina (medica­mento antibiótico). En la licitación anterior se pagó G. 327 por comprimido, mientras que en esta licitación el precio unita­rio adjudicado es de G. 3.900, lo que representa un incremento de 1.093%. El valor de compra equivale a un sobreprecio de G. 8.360.820.000 por 2,3 millo­nes de comprimidos, canti­dad máxima estipulada en el contrato.SE DEBEN EVALUAR LOS PRECIOS REFERENCIALESEn el marco de esta investiga­ción, la redacción se comu­nicó con el presidente de la previsional, Econ. Armando Daniel Rodríguez Franco. Al momento de consultarle sobre la susodicha licitación, mencionó no contar con los datos a mano y desconocer que se haya adjudicado esa subasta.Pero al comentarle que la licitación cuenta con una impugnación precisamente por denuncias de irregularidades, el mismo acotó: “Ah… y bueno, si es así pudo haber ya recibido los medicamen­tos, entonces tenemos que ver a qué se refiere el valor que seña­lan por sobrefacturación porque hay que ver los precios referen­ciales a los cuales se llamaron a licitación, ¿verdad?”.Al mencionar que existían irregularidades en la elaboración del precio de referencia, contestó lo siguiente: “En términos con­cretos, no tengo la información aquí a mano para decirte, pero habrá que ver qué tanta variación existe porque regularmente el Comité de Evaluación tiende ya a no adjudicar si el estimado supera 30% a la baja y 20% a la alta, en esos casos el Comité recomienda regularmente no adjudicar…”.Poca transparencia en el procedimientoAnte los insistentes pedidos de nuestra redacción para acceder a los documentos públicos correspondien­tes a la licitación, pudimos constatar que la DNCP no había recibido todas las documentaciones relacio­nadas al caso. Es decir que la entidad rectora no poseía los documentos a más de un mes de la adjudicación.También nos comunicamos con la Jefatura de Licita­ciones del IPS, realizamos numerosos intentos para contactar con la Dirección Jurídica de la previsional para dar seguimiento a las documentaciones de carác­ter público, pero no hubo respuesta clara.Por otra parte, asegurados comprometidos e indigna­dos con tan escandaloso robo e intentando en lo posible que se pueda evitar un daño mayor, han reali­zado las denuncias perti­nentes a través del Módulo de Investigaciones Electró­nicas del Sistema de Infor­mación de Contrataciones Públicas.Ante estas denuncias, la DNCP ha llevado a cabo la “Investigación Preliminar Caso Nº 470”, que a efectos de clarificar lo referido en la denuncia solicitó mediante nota, con fecha 12 de diciem­bre del 2018, a la Comisión Evaluadora de las Ofertas del IPS que remitan todas las documentaciones relativas a la adjudicación: informe de evaluación, notificación de adjudicación y resolución de adjudicación, como así tam­bién comuniquen el estado de ejecución contractual del procedimiento de contra­tación en el plazo de 3 días hábiles.Habiendo pasado 38 días hábiles del pedido al IPS por parte de la Abg. Djalma Vera y de la directora jurí­dica Abg. María Eugenia Otazo Aponte de la DNCP, convenientemente estas documentaciones de carác­ter público recién fueron remitidas a la Dirección de Normas y Control de la DNCP el día lunes 4 de febrero del corriente. Se recuerda lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Nº 3.439/07 (modificatoria de compras públicas), que establece: “Las entidades, organismos y municipalidades colabo­rarán para la eficaz gestión en materia de contrataciones públicas y deberán proveer toda la información relacio­nada con la materia que sea requerida por la (DNCP)”.	El vicepresidente de la Federación, Joseph Murray, señaló que el primer paso y más importante es "darles a los niños una lengua", ya que pueden acceder a ello "exactamente igual que los demás niños"."Los niños sordos tienen una lengua accesible, la de signos, y luego pueden aprender muchas otras porque ya tienen una noción de conceptos en una lengua propia que les sirve de base", detalló.En cuanto a la educación escolar, el experto recomendó que los niños sordos acudan a escuelas para sordos, ya que "necesitan estar con sus pares" y, además, "tienen el derecho de ser educados juntos".En este punto precisó que la educación inclusiva para personas con discapacidad "es muy diferente" a la educación inclusiva para niños sordos y, de ahí, la importancia de que acudan a colegios para personas con discapacidad auditiva.Murray defendió la necesidad de que existan materiales adaptados, que sigan el mismo currículo educativo que determine el Ministerio de Educación de cada país, y lamentó que la educación que se oferta a los niños sordos sea distinta, a pesar de que "debería ser igual que para los niños oyentes".A eso añadió también la responsabilidad de los Gobiernos en garantizar a las familias el aprendizaje de la lengua de signos para que padres e hijos puedan comunicarse.Sobre esta cuestión denunció que muchos padres tengan que pagar para aprender el idioma que les permita hablar con sus hijos y agregó que "el Gobierno tiene que asegurar" que esta formación sea gratuita."El niño tiene derecho a acceder a la lengua de signos las 24 horas del día, en la escuela, en la casa, en los deportes… Eso es lo que apoya y asegura el desarrollo del niño", manifestó.Por su parte, Ana Campello, miembro de la Junta de la WFD, abogó el respeto de "las necesidades de las personas sordas" y recordó a los presentes que tener un hijo sordo no es motivo de lamentos, puesto que "no es una tragedia" y ese niño podrá aprender una lengua.Solo un 2 % de los niños sordos de todo el mundo recibe una educación que combine el aprendizaje del lenguaje de signos con la escritura y lectura de su idioma original, según datos de la WFD.Además, un 80 % de los niños sordos no pueden acceder a la educación en el mundo, mientras que otro 18 % sí está escolarizado, pero en planes de estudio que no incluyen el lenguaje de signos. La Federación Mundial de Sordos es una organización no gubernamental que integra a 135 países y que trabaja para proteger los derechos de más de 70 millones de personas en todo el mundo.	La defensa argumentó que estas cuatro personas están en “peligro inminente”, porque el gobierno paraguayo solicitó al del Brasil la revocatoria del status de refugiado político de los tres primeros, y una supuesta convocatoria a manifestación frente a la casa de la senadora Esperanza Martínez.En contrapartida, la Procuraduría General de la República pidió la desestimación de la solicitud de medidas provisionales, según publica el portal del Ministerio del Interior.La Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo lugar al pedido de la Procuraduría, porque consideró que no existe ningún peligro inminente en relación a las cuatro personas mencionadas.A criterio de los jueces, el gobierno paraguayo está en pleno derecho de solicitar la revocatoria de refugio político, al igual que el Brasil, que tendrá la potestad de concederla o denegarla. La resolución recuerda al Estado Paraguayo su obligación de garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República, cuyo fundamento es el reconocimiento de la dignidad humana.Vale recordar que este pedido que hizo la defensa de las cuatro personas no guarda relación con la demanda que entablaron Arrom y Martí contra el Estado paraguayo por supuesta privación ilegítima de libertad y torturas, hechos por los cuales piden ser indemnizados de manera "simbólica" con altas sumas de dinero, calles con sus nombres, tratamiento psicológico, un museo, entre otros.	El ex fiscal general del Estado fue uno de los testigos que pre­sentó la defensa del Estado paraguayo en la demanda interpuesta por Juan Fran­cisco Arrom y Anuncio Martí ante la Corte IDH por supuesta privación de libertad y torturas. En caso de ser desfavorable el fallo, el Paraguay se expone a una millonaria demanda que, por lo bajo, sería de 50 millones de dólares; otros sostienen, desde la Pro­curaduría y el Ministerio Público, que ese monto incluso podría duplicarse.	POR RICHARD MOREIRASin embargo, ante el pano­rama bastante pesimista que sobrevolaba la sala de audiencias antes de la sesión de la Corte Inte­ramericana, ubicada en el acomodado barrio Los Yoses, de la capital de Costa Rica, la comparecencia de Óscar Germán Latorre trajo cierta tranquilidad y espe­ranza a la defensa a raíz del testimonio sereno, preciso y en detalles que ofreció a los jueces de la Corte.Desde San José, Latorre accedió a una entrevista para La Nación, luego de la audiencia, en la que explicó algunos aspectos que ates­tiguó en la sesión del jue­ves pasado y que tiene refe­rencia con Arrom, Martí, la industria del secuestro y las chances del Paraguay en esta demanda.–Luego de la presentación de los testigos por parte del Estado paraguayo, ¿cuál es su expectativa respecto al caso?–Creo que los testimonios ofrecidos por el Estado son bien contundentes. Lamen­tablemente parece que se perdió de vista lo que era principal. Se habló mucho de las coartadas, de los tres imputados (Casal, Gama­rra, Schembori), pero no se puso énfasis en unos aspec­tos que son incuestionables. La primera es que Juan Arrom hizo la denuncia alegando que el 19 de enero del 2002 había extraviado su cédula.Supuestamente, el 19 de enero ya estaba desaparecido y bajo tor­tura. De la misma manera, la señora María Edith Bor­dón de Debernardi dijo que ella vio a Martí ese 19 de enero, lo cual si estuviese privado de libertad sería imposible. Otro detalle en que no se puso énfasis, pero supongo que lo harán en los alegatos por escrito, es que desde el celular de Juan Arrom se hicieron cuatro llamadas al profesor Luis Alfonso Resck, durante el tiempo que duró el cautive­rio, el supuesto cautiverio.En tercer lugar, pusieron énfasis en tratar de justi­ficar esa desaparición for­zosa a partir de cuestiones políticas, que honestamente hablando son muy difíciles de concebir. Antes del caso Debernardi, personal­mente no sabía que exis­tía un movimiento Patria Libre. La verdad era difícil también creer, aun cuando comenzaron a surgir esos datos, que un movimiento esté involucrado en secues­tro. Pero el tiempo nos con­firmó que el comité político de Patria Libre sí estaba pla­nificando otros secuestros, fue así como secuestraron a Debernardi, así planifi­caron el secuestro de Ceci­lia Cubas, que tenía que haberse realizado inme­diatamente después del de María Edith.–Esta falta de énfasis, ¿a qué o a quién se puede atribuir?–Creo que la discusión que planteó la Corte Interame­ricana no permitió poner énfasis en esos temas, pero estoy muy confiado en que la sentencia que se pueda llegar a dictar, aun cuando pudiese ser condenatoria, no va ser por tortura, sino por cuestiones relativas a la legislación penal y tal vez por el tema de la violación del principio de presunción de inocencia, que alegan a partir de unos panfletos y carteles que aparecie­ron allá por el 2009 y 2010, cuando yo no cumplía fun­ciones en la Fiscalía General. No sé de dónde surgió. Obviamente, si eso pro­vino del Estado, es un error. Pero resulta que el Ministe­rio del Interior lo niega, el Ministerio Público lo niega, la Policía lo niega, enton­ces queda ahí en un compás de espera. Yo podría pen­sar que fue el Ing. Antonio Debernardi el que sacó el aviso, pero no tengo prue­bas tampoco.–Cuando compareció, en su relato Ud. logró hábilmente introducir el secuestro de María Edith como un hecho aso­ciado a Arrom y Martí. ¿Cree que esta vincula­ción pueda ser favora­ble para las chances del Estado paraguayo?–Creo que la Corte actuó lógicamente porque era imposible hacer estimacio­nes con relación a la denun­cia de Arrom y Martí sin referirse al caso de María Edith. ¿Y lo digo por qué? Porque nosotros sabíamos que Arrom fue el que depo­sitó el mensaje que se aban­donó en la casa de su madre. Tenemos funcionarios que estaban haciendo la vigi­lancia y que lo vieron, entró, salió y el mensaje llegó. En segundo lugar, teníamos el dinero que entregaron a Marcos Álvarez, que cree­mos fue un exceso de con­fianza, una confianza que podría decirse defrau­dada. La verdad es que ese dinero fue parte del dinero que pagó Debernardi por el rescate de su esposa. Para ese entonces ya teníamos plena seguridad, muy fun­dada sospecha, de que Juan Arrom, Martí y Víctor Col­mán ya estaban involucra­dos. El resto de los que fue­ron imputados y que luego fueron condenados apare­cieron después de la libera­ción de María Edith, quien comenzó paulatinamente a identificar a las personas. Así, identificó a Martí, a Carmen Villalba a Oviedo Brítez y otros.–Pero, entonces, hay cierta esperanza…–Noto, digamos, algo de esperanza, de expectativa positiva, cuando los jueces permitieron que yo desa­rrollara también el tema Debernardi porque eso era fundamental, que pudie­sen comprender ellos que lo que se estaba debatiendo era simplemente la versión men­tirosa de dos personas que secuestraron a la concuñada de uno de ellos.–Tanto en Paraguay y, sobre todo, ante la Corte, habló acerca de una “industria del secuestro”. Cree que la instalación de esta industria comenzó con Arrom y Martí.–Definitivamente que sí. Invito a indagar en los archi­vos de la Fiscalía porque allí consta cuándo comenzó y cómo comenzó esto. Fue en 1999 cuando Arrom contacta con Ricardo Granda, que está refugiado en Venezuela, en Caracas específicamente, y allí le propone iniciar “la empresa” como le llaman ellos. A partir de ahí, los intercambios y evaluaciones entre Granda y Raúl Reyes, deciden comprometerse en “la empresa” y comienzan a financiar a Arrom y a su grupo, permitiéndole dinero para financiar el operativo, que tardó meses en ser eje­cutado, pero lo ejecutaron. Tenemos también eviden­cias de que las FARC reci­bieron de Patria Libre unos 300 mil dólares, por el ase­soramiento. Eso está docu­mentado por la Fiscalía. Ahora hay una nueva línea de investigación que tiende a determinar adónde fue a parar el resto de la plata (250 mil o 280 mil dólares). Me reservo el dato, eso tendrán que investigar los fiscales, ya no me corresponde a mí. Es un dato confiable y depen­derá de la mayor o menor diligencia para encontrar la punta del ovillo.–Tras los testimonios y los alegatos presentados en San José, ¿cree que el Estado tiene chances de no recibir condena?–Desde mi punto de vista como abogado, desde el punto de vista jurídico, creo que el Estado paraguayo tiene que salir airoso. Sen­cillamente porque las evi­dencias que existen nos con­ducen a sostener que sí. Lo puedo decir yo que soy abo­gado y que no represento al Estado, para mí la apa­rición del 30 de enero (día de la supuesta liberación de Arrom y Martí) fue una farsa montada.Puedo revelar algo que me parece elocuente. Ya varios meses después de que aparecieran ellos, uno de los fiscales va a mi despacho y me cuenta que estuvo ese día en Marquetalia, y que habló con el “comandante Choco­late”, que era un dirigente social del lugar. Este le dice que tengan cuidado porque esto de las torturas y demás responde a un protocolo que tienen para casos de crisis y amenazas, de órdenes de detención e inmediatamente se hace una denuncia contra la Policía u otros estamentos del Estado.“Chocolate” le propone a este fiscal, lo que terminó convenciendo al mismo, que con una cuchara se golpease suavemente 100 veces en el brazo, y que va a comprobar que lo que decía era verdad. Este fiscal hizo la prueba durante una trans­misión de fútbol, se golpeó suavemente y al termi­nar el juego tenía el brazo rojo, aunque no le dolía nada. Pero al día siguiente, cuando fue a mi despacho, ese brazo de la muñeca hasta el hombro, estaba totalmente negro. Yo le dije que estaba loco, pero cual­quier duda que pudo haber tenido se disipó.–¿Qué otras cuestiones le hacen sospechar que fue un montaje?–Las circunstancias en que aparecieron Arrom y Martí, previa convocatoria de la prensa, pareciera que fue todo armado para permi­tir la reaparición triunfal de ellos, con todos los car­gos que tenían encima, no se les dio tratamiento debido, que se violaron sus derechos, estamos hablando de secues­tro, de un crimen y la Corte ordenó la libertad ambula­toria, que luego les permitió huir a ellos cuando la Fisca­lía presentó acusación, y la misma fue admitida por un juez penal de Garantías y se llevó a juicio oral.–¿Esta industria del secuestro fue reducida a partir de las actuaciones realizadas desde la Fisca­lía aquel 2002?–No. Conseguimos 13 con­denados en el caso Deber­nardi, gente importante dentro de la estructura de Patria Libre, que cambió la Secretaría General, pasó a manos de Omar Martínez, volvieron a practicar el secuestro, en este caso de Cecilia Cubas. La mayoría de los responsables del pri­mer estamento del comité político de Patria Libre fue condenada. En total suman más de 30 condenados y a partir de ahí Patria Libre comienza a desaparecer. A nivel político pasan a ser el P-MAS y la parte operativa se denomina EPP. El Estado no reaccionó; por lo menos, no nos tomaron en serio cuando anunciamos lo que iba a ocurrir y ocurrió.–El secuestro como ele­mento político de finan­ciamiento, para sus obje­tivos, ¿se desmanteló? –No, no se desmanteló. Y la prueba es que estamos per­diendo la guerra. No es una guerra fácil, la infiltración existe en todas partes, inclu­yendo en esta misma defensa (del Estado paraguayo) hay infiltración. Vamos a ver lo que ocurre.