La fotocopia de cédula que por ejemplo se facilita en el currículum cuando una persona está en la búsqueda de empleo puede caer en manos de personas inescrupulosas que la utilizan para retiro de electrodomésticos y créditos en casas comerciales. La Policía Nacional recomienda que al incluir en el CV la copia del documento de identidad este lleve alguna inscripción que impida a terceros utilizarla para trámites.	El documento de identidad debe ser resguardado en todo momento a la hora de identificarse por ejemplo a la hora de buscar trabajo y que por lo general se adjunta una copia con el currículum y que luego queda a merced de personas inescrupulosas.Esta situación permite que la identidad de ciertas personas sea utilizada para el retiro de electrodomésticos o créditos en casas comerciales que no son muy estrictas a la hora de procesar la solicitud y aprobación.“Las personas que están en la búsqueda de empleo dejan sus currículum y con él la fotocopia de cédula y si es admitida queda en el registro de la empresa o institución caso contrario, son desechados y no van a parar precisamente a una destruye papeles sino al basurero y es cuando personas inescrupulosas se aprovechan y las usan para su fines”, explicó la Comisaria María Elena Andrada, jefa de RRPP de la Policía Nacional.La recomendación dada desde la institución es que si la persona adjunta la fotocopia de cédula lo haga no sin antes colocarle alguna leyenda que aclara “solo para empleo”, por ejemplo citó Andrada.Afirmó que existen casos de personas que nunca solicitaron ningún crédito ni sacaron a cuotas algún electrodomésticos y se encuentran con una demanda por deuda impaga con alguna firma comercial.“Tenemos muchos oportunistas que se aprovechan de la necesidad de otras personas y hacen de las suyas, muchas veces somos confianzudos y no nos damos cuenta y es cuando actúan, hay que tomar precauciones”, instó.Por otra parte, también existen personas que ofrecen gestionar créditos y productos a cuotas vía WhatsApp y solicitan el envío de documentos a través de fotos, situación muy arriesgada que también puede facilitar que una persona sea víctima de estafa y usurpación de identidad.“Si no se realiza en forma material y cara a cara no puede ser fiable, lo mismo ocurre con las llamada extorsivas diciendo que el hijo o sobrino está en problemas con la policía o agentes fiscales y tanto es el teatro que hacen que hay personas que caen porque creen que hablaron con el familiar”, recordó.Por último, destacó la importancia de realizar las denuncias en Delitos Económicos y Financieros del Ministerio Público y en caso de extravío de la cédula de identidad también debe ser denunciada de inmediato ya que esta puede ser utilizada por terceros y mientras se tenga el documento renovado, la constancia debe ser conservada. “El Ministerio Público cuenta con personal entrenado que hacen las investigaciones y llegan hasta las personas que usurparon la identidad, tienen todos los proceso técnicos para eso”, puntualizó.	Después de verse prácticamente acorralado por los agentes del departamento de Investigación, Martín Antonio Vera fue finalmente detenido esta mañana y ya fue derivado a la sede de la Brigada Central. Anoche habían arrestado a su esposa, Bernardina Duré Aquino, al altura del Km 19 de la ruta II en Capiatá, debido a que según la Policía, fue ella quien ideó todo el plan para matar a Wilma Castillo (30).En cuanto a la participación de Mario Antonio Vera, los investigadores aseguran que el hombre estaba en permanente comunicación son Wilma Castillo para indicarle el lugar donde supuestamente iban a encontrarse, pero que en realidad era el punto en donde la esperarían los sicarios para matarla. Por su parte, los presuntos autores materiales Roque Javier Vera y Marcos Brítez Armoa habrían recibido una suma de dinero para ejecutar el plan. El primero es hermano de Mario Antonio Vera, padre de los gemelos.Con un increíble toque de fortuna, Wilma se salvó pese a recibir dos balazos en la cabeza y uno en la espalda. La clave estuvo en que ninguno de los proyectiles llegó a dañar órganos.	El diputado colorado Derlis Maidana detalló que 4.5% fue el crecimiento de la economía nacional durante los últimos 15 años, de los cuales durante el gobierno de Horacio Cartes llegó al 5%. Este año, según las estimaciones se llegaría al 3.2%.En charla con la radio 970 AM dijo que 2.700 millones de dólares fueron aprobados por el Congreso en cinco años de mandato de Cartes, frente a los 1.622 millones de dólares que ya fueron otorgados al actual Gobierno en tan solo nueve meses, para destinar especialmente a obras y proyectos del MOPC, Mitic y Agricultura.El congresista sostuvo que existe un compromiso asumido para apostar por el país, por lo que ahora reclaman que los ministerios comiencen a ejecutar los proyectos, de modo a reactivar la economía.Maidana indicó que cada vez más baja la estimación del crecimiento de la economía y que si ahora no se realizan las inversiones necesarias, se tendrá un mal cierre del año.En otro momento reclamó la falta de personas idóneas al frente de los ministerios y lamentó que Soledad Núñez no haya seguido en el Ministerio de Urbanismo (ex Senavitat). Así también pidió al Gobierno que genere mayor credibilidad y seguridad jurídica para el sector empresarial.	Eva Giménez, directora de la Oficina de Objeción de Conciencia, anunció en charla con radio Monumental que desde el 1 de julio, por un plazo de 120 días, los inscriptos como objetores de conciencia tendrán que cumplir con los servicios civiles. Serán 240 horas si trabajan o estudian, y 480 horas para los que no.Los jóvenes podrán trabajar en sus comunidades, en municipalidades, gobernaciones, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio del Ambiente, en el cuerpo de bomberos voluntarios del Paraguay, boy scouts del Paraguay, en el Club de Escuelas Solidarias, Un Techo para mí País y Transformando Paraguay.Los objetores deberán presentarse en los próximos días en la Oficina de Objeción de Conciencia o en las respectivas delegaciones de la Defensoría del Pueblo en el interior del país o también lo podrán hacer en las gobernaciones y municipios. En el caso de los que no podrán prestar sus servicios, el artículo 21 de la Ley 4013/10 establece que deberán abonar una contribución de cinco jornales mínimos (G. 406.000 en total) en el Ministerio de Hacienda. Aquellos que se encuentren en estado de insolvencia, serán exonerados del pago.