Esta situación de inseguridad afecta a unos 50 pobladores de la compañía Arroyo Costa y La Rosa, quienes aseguran tener el título de propiedad de sus tierras y que ahora llamativamente con este gobierno de Mario Abdo Benítez, no se está respetando la propiedad privada, el Ministerio Público no actúa y se estaría instalando una mafia de invasión y saqueo que están promoviendo influyentes políticos de la zona, denunciaron los afectados.	Refirió que el viernes último llegaron a su establecimiento ganadero y obligaron al capataz a que abandone el sitio porque dicho inmueble les pertenece y comenzaron destrozar alambradas, bebederos de los animales y saquearon la estancia. Se llevaron armas, televisores, motosierras, utensillos y todo lo que encontraron a su paso, denunció el ganadero.	Esta comunidad que era tranquila se convirtió en tierra de nadie, por un grupo de campesinos que dicen llamarse “sin tierras” son prepotentes y están armados. Ahora como la justicia no actúa los lugareños se están organizando y van a enfrentarse a ellos van a hacer justicia por cuentas propias, manifestó González.	El ganadero González aseguró que ya realizó varias denuncias ante el fiscal de Ybycuí, Marcelo García De Zúniga, pero no se recibe respuestas, no se investiga, ni se imputa a los invasores, a los que saquean y causan daños. Tampoco se le da respaldo necesario a la Policía Nacional que fueron para mediar en el conflicto el miércoles último y la patrullera casi fue incendiada, lo que hace suponer que detrás de las invasiones están poderosos políticos que le gusta las “estancias” sin el menor esfuerzo.	Al respecto, el fiscal García de Zúñiga, explicó que en su poder tiene más de 12 denuncias de personas afectadas con las invasiones de sus propiedades, amenazas pero que el hasta el momento no puede saber quién es el real propietario porque las partes presentan sus títulos, tanto los ganaderos como los campesinos.	Dijo que ahora solicitó al Indert a que intervenga con sus peritos y que presenten el plano geo referenciado para saber dónde están ubicadas las más de 1.000 hectáreas que dicen fueron compradas por el Indert. Sobre dichas propiedades existe también un juicio de mensura judicial del año 2016, que desconoce el resultado.	Al ser consultado cuál es la institución que debería ocuparse de parar estas invasiones, señaló que eso no le corresponde, porque existen varios títulos y que se le complica determinar a quién pertenece. Aclaró que no recibió instrucción alguna de parte de los políticos de la zona y que ahora va investigar sobre el tema de la patrullera que casi fue incendiada pero sobre el tema de hurto y saqueo a las estancias la denuncia aún no llegó a su unidad fiscal, manifestó.