El decreto del Ejecutivo señala “Que la inclusión de los magistrados en el listado de potenciales agentes públicos, pueden ser sometidos a juicio político, constituye que más allá de las intenciones que puedan estar en el fuero interno de sus impulsores, una subversión de esta facultad de control que el Congreso ejerce, con el objetivo de mantener depurada la relación entre mandato y responsabilidad de los funcionarios que están sujetos, por imperio de la Constitución, a este procedimiento garante del buen Gobierno”.	Así también el documento refiere que “La modificación legal planteada por el presente proyecto de ley, al contravenir de forma, expresa el artículo 225 de la Constitución, resultaría violatoria del principio de división de poderes, contemplado en el artículo 3 de la norma fundamental. Esta medida, según lo antedicho, terminaría expandiendo la órbita de control del Poder Legislativo, y ello traería consigo una alteración al procedimiento básico que la Constitución ha estatuido como marco de interactuación y desenvolvimiento de los organismos”.