En una rueda de prensa en la sede de la Vicepresidencia de la República en Asunción, la ministra del ramo, Nilda Romero, explicó que el proyecto "Mujeres Emprendedoras de la Agricultura Familiar" servirá también para fomentar el "empoderamiento económico y político" de esas mujeres.Ese objetivo se conseguirá, según indicó la directora general de cooperación internacional del Ministerio y una de las impulsoras de la iniciativa, Miriam Monzón, gracias a que el dinero será "administrado por las propias mujeres organizadas en comités".En concreto, se facilitarán 800 millones de guaraníes (unos 132.000 dólares) que se repartirán entre 80 comités de mujeres rurales de los departamentos centrales de Cordillera y Caaguazú, conformados previamente por mujeres que estén en "situación de vulnerabilidad".Monzón aseguró que, cada comité será el encargado de administrar el dinero y facilitar los microcréditos de 1 millón de guaraníes (165 dólares) a cada una de sus miembros, para que implementen un pequeño negocio productivo relacionado con el mundo agropecuario.El dinero deberá ser devuelto en el plazo de un año al comité con un interés del 1 %, para que este pueda ser utilizado para financiar la iniciativa de otra mujer de la comunidad.Además, la ministra señaló que, antes de otorgar el dinero, las mujeres reciben una "capacitación" del Ministerio en "habilidades blandas como el autoestima, el liderazgo y el conocimiento de sus derechos", para después elegir los proyectos que quieren desarrollar, para lo que también recibirán una "formación técnica".En caso de que el proyecto de alguna de las mujeres no fuese lo suficientemente rentable y no pudiesen hacer frente a la devolución del préstamo, Monzón explicó que, aunque "la no devolución supondría la expulsión del comité", estos podrán abonar el dinero de forma anticipada para que siga rotando, y ofrecer a la mujer afectada que "lo devuelva poco a poco".Ello, añadió, porque los comités funcionan bajo el concepto de "solidaridad" ya que las integrantes conocen la situación específica de cada una de ellas.Las autoridades realizarán un "seguimiento" de los comités durante dos años y, pasado ese tiempo, esos entes podrán "decidir", según la ministra, "qué hacer con el dinero que nunca vuelve al Ministerio", aunque puntualizó que solo podrá utilizarse para "emprendimientos productivos".En ese sentido, señaló que en un proyecto similar que se implementó en años anteriores, "varios comités se constituyeron en cooperativas", consolidando una fuente de empleo y emancipación de las beneficiarias.Esa experiencia anterior, que alcanzó a 5.500 mujeres en 10 departamentos del país, también dejó resultados negativos de algunos comités que "no lograron salir adelante", por lo que el actual proyecto prevé realizar un "diagnóstico" de la situación de 120 comités participantes en aquella iniciativa, formados por 1.200 mujeres de los departamentos de Ñeembucú (sur), Alto Paraná y Canindeyú (este).Esa evaluación servirá para ofrecer a esas mujeres "otros programas" complementarios impulsados por el Ejecutivo de cara a "reforzar sus capacidades de organización y emprendimiento", especificó Monzón. En total, el costo del proyecto asciende a 500.000 dólares, financiados por el Gobierno de Marruecos.	Este viernes se realizó el cierre de la campaña denominada “Febrero dorado”, que tiene como premisa la lucha contra el cáncer infantil. Durante la clausura, los integrantes de la Banda de la Policía Nacional agasajaron a los niños, con una divertida y animada versión de “La vaca Lola” al ritmo de las trompetas, los platillos y la flauta traversa. Laurentino Barrios, decano de la Facultad de Medicina, destacó que muchos de estos chicos hoy están bien, gracias al cuidado del Departamento de Oncopediatría.“Hay mucha alegría porque no hay como tener salud, estos niños están sanos, pueden ir a la escuela, llevar una vida normal, jugar, crecer normalmente, entonces es un motivo de alegría”, comentó Barrios en entrevista con la 970 AM. La vaca lola en la versión de la Banda de la Policía…Así son agasajados los pequeños pacientes del Hospital de Clínicas en el marco de la semana de la lucha contra el cáncer infantil.Vía	ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.El alcance de la protección para los testigos que se presentan a declarar ante la CorteIDH incluye solo a los Estados, no así a terceras personas como en su caso, indicó. Por ende, dijo no haber encontrado algún impedimento para formular esta denuncia de manera particular.“Sería muy cómico que una persona tenga la inmunidad para atacar, agraviar, injuriar, mancillar el honor y la reputación de cualquier persona en un foro como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, expresó Aquino a la emisora radial.Aprovechó la ocasión para volver a desmentir las acusaciones vertidas por Cristina Arrom señalando que no formó parte de ningún operativo ni investigación y que en aquel entonces (enero del año 2002) se encontraba realizando una serie de conferencias, primeramente en Washington (EE.UU.) y posteriormente en Francia, lo cual pudo probar con respaldo documental.“Cuando escuché que las hermanas (Arrom) dijeron mi nombre, al regresar al país lo que hice fue presentarme a la Fiscalía, eran como 3 o 4 fiscales. Presenté un cúmulo de evidencias como boletas de hotel, pasajes, invitaciones a las conferencias, copias de pasaportes, informes de migraciones, etc”, refirió.Al ver todas las pruebas que confirmaban esta versión, el abogado Diego Bertolucci, representante legal de las mismas, le había pedido disculpas por lo ocurrido, según recordó el ministro, lo cual daba cuenta de que las acusaciones en su contra era infundadas.“A los 17 años ella volvió a decir toda esta historia sabiendo que no es cierto, ella sabía perfectamente lo que pasó”, afirmó el ministro de Inteligencia. La exigencia de Esteban Aquino es la aplicación de la máxima pena por difamación, calumnia e injuria, con una compensación de G. 850 millones. Posteriormente y a las resultas de esta querella, el mismo no descarta llegar también al ámbito civil y exigir una reparación económica mucho más elevada.	Por recomendación de un cliente, Miguel Ayala Florentín, propietario de una casa de repuestos en la ciudad de Capiatá, inició los trámites para arrendar el establecimiento construido a semejanza de la legendaria Hacienda Nápoles, propiedad del fallecido traficante Pablo Escobar Gaviria. En comunicación con Radio Ñandutí, Ayala relató que tras la presentación de la carpeta poco después de navidad, tuvo un par de entrevistas y luego se abordó lo referente a los términos del contrato, el responsable del establecimiento se compromete a pagar por el alquiler por tres años y corre con los gastos de reacondicionamiento del lugar. La Senabico fijó un precio de G 10.000.000 mensuales para la explotación de la Quinta Nápoles y el trato entre las partes se cerró por G 7.000.000 por tres años, establecido en contrato, expresó Ayala. Con relación a la inversión realizada hasta el momento, Ayala detalló que a la fecha ya gastó G 120.000.000 para la red eléctrica, reparación de 10 baños y el pago a personal de limpieza, unas 13 personas. Cada limpiador cobra en G 120.000 por día. Según Ayala, el promedio de visitas ronda las 2.500 personas por fin de semana, el costo de acceso es de G 30.000 al dìa por persona, y 50.000 por persona para el área de camping. Aclaró que los visitantes no tienen acceso a la mansión. Teniendo en cuenta los atractivos del sitio y la cantidad de visitas, Ayala confía en que recuperará su inversión y hasta generar ganancias a través del movimiento turístico en esta zona del Alto Paraná.La ministra Karina Gómez aseguró en su momento que no podía revelar a quien se le concedió la explotación de la quinta en cuestión, amparada en una ley, sin embargo la Secretaría Anticorrupción dictaminó que la institución está obligada a dar detalles de los contratos, bajo el principio de transparencia en la administración pública.La propiedad, ubicada en la costa del lago Yguazú, en la comunidad de Tacuaró, distrito de Juan E. O’Leary, pertenece al procesado por narcotráfico Reinaldo “Cucho” Cabaña, pero fue incautada en setiembre del año pasado cuando fiscales y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) allanaron dicha quinta.