De "interesado y parcialista" calificó la familia del niño Renato Rojas Talavera lo declarado por el Superintendente de Salud con respecto a la auditoría médica realiza en el sanatorio Migone. El profesional sin dar detalles sugirió que el servicio contaba con los elementos para la atención y que se cumplió el protocolo.	Ante las declaraciones del Doctor Ignacio Mendoza como Superintendente de Salud y tras concluir la auditoría médica en el sanatorio Migone, la familia del niño Renato Rojas Talavera manifestó su indignación ya que afirman que no se tuvo en cuenta ni las declaraciones de los testigos ni las imágenes de circuito cerrado en la que se observa minuto a minuto lo ocurrido en el área de Urgencias el pasado 20 de agosto, fecha en que Renato en el servicio.“La familia lamenta profundamente que para llegar a tan equivocado dictamen, solo hayan tenido en cuenta el informe interesado parcialista y equivocado del Sanatorio Migone; sin dar participación a un informe de los testigos así como de vídeos que han sido profusamente difundidos por todas las redes”, afirman en un comunicado.“Rechazamos categóricamente el informe firmado por el Doctor Ignacio Mendoza, quien no solo falta a la verdad, sino también al juramento hipocrático solemne que habrá realizado al obtener su título de Doctor en medicina y aseverar que los equipos, implementos estaban disponibles al momento del trágico y evitable deceso de nuestro querido Renato.Ante el tan esperado informe de la Superintendencia de Salud, que tardó 45 días para dictaminar que, a criterio de ellos, el protocolo fue aplicado de manera correcta”, señala parte del escrito.La abuela, Carmen Rojas aseguró que continuarán incansablemente buscando justicia para Renato y que honrarán su memoria reservándose todos los derechos que le asisten para buscar justicia tanto en el ámbito local como internacional.“Vamos a intentar que no haya más muertes evitables en manos de mercaderes de la medicina y del seguro médico hasta llegar a demostrar que su fallecimiento fue una lamentable cadena de desaciertos en un sistema médico mediocre de un sanatorio oneroso”, manifiestan.Rojas agradeció las manifestaciones de cariño y apoyo para la familia en la lucha que emprendieron en busca de justicia y solicitan continuar con las muestras de solidaridad hasta tanto se identifique y paguen los verdaderos culpables de la muerte de Renato.Por su parte, el Doctor Mendoza se excusó por razones de confidencialidad que no podrá compartir los detalles de la conclusión de la auditoría médica y que los documentos serán entregados a la fiscalía y en contacto con la 1080 AMIndicó que fueron a declarar cuatro a cinco profesionales médicos entre pediatras y terapistas. Al ser consultado sobre la disponibilidad de los implementos médicos a la hora de atender a Renato, Mendoza respondió: “Creo que sí”. Luego a la pregunta de si se cumplió el protocolo en la atención a Renato señaló: “Estimo que sí”. El informe será entregado esta tarde a al fiscalía.	La semana pasada, unos delincuentes ingresaron a una vivienda en Luque, donde se llevaron varias pertenencias de una joven pareja. Además, se robaron al cachorro labrador de dos meses de edad, llamado Happy.Desde ese entonces, la pareja emprendió una búsqueda desesperada del cachorro. La historia de Happy se viralizó en las redes sociales y en los medios de comunicación. Todos esperaban su vuelta.Natalia Franco, una joven que en compañía de su novio transitaba por la zona de Artigas, vio a un cachorro labrador en manos de un vendedor ambulante. Le consultó si quería venderlo y éste respondió que sí. Finalmente, por un G. 200.000 logró llevar al perro a su casa.Posteriormente, Franco comentó que hizo contacto con la familia que buscaba al perro y les citó para poder comprobar si era el mismo que andaba desaparecido. Todo esto ocurrió el 4 de octubre, Día del Animal.Natalia indicó que el perro al instante de ver a sus dueños, reaccionó y más aún cuando uno de ellos lo llamó con una peculiar característica. “El señor Luis (su dueño) le silbó y salió corriendo hacia él”, relató la joven en comunicación con Radio Monumental.La joven se mostró satisfecha por su acción y recordó que también pasó por una situación similar tiempo atrás, donde le robaron su mascota. “Les di una felicidad inmensa a esa pareja. Me agradecieron enormemente. Ojalá yo pudiera tener también la misma sensación”, concluyó.	Sorpresa causó en el Congreso el envío de una resolución donde la Corte Suprema de Justicia ordenaba a los legisladores la reposición del doctor Bonifacio Ríos Ávalos, en su cargo de ministro del Poder Judicial, siendo que en el pasado esta misma institución dispuso que no correspondía esta acción. Inmediatamente, el titular de los congresistas, Blas Llano, fue a Palacio de López para conversar con el presidente Mario Abdo Benítez. Las voces del Legislativo incluso confirmaron que ya habían los votos necesarios para impulsar un juicio político al ministro de la Corte, Manuel Ramírez Candia, por inmiscuirse en otro Poder del Estado.En medio de la crisis, Ramírez Candia convocó a una conferencia de prensa para aclarar que en realidad se trató de un error cometido por un ujier que envió al Congreso una resolución del 2009 que estaba inválida. Fue el ujier Gustavo Daniel Saucedo Sanchez quien cometió la equivocación.“No se resolvió la reposición, no se ordenó absolutamente nada”, dijo y explicó que en realidad Ríos solicitó a la Corte una aclaratoria de cómo debían pagarse los costos por el juicio que había entablado para volver a ocupar su anterior cargo, que le fue aprobado en 2009 pero posteriormente anulado de vuelta en el 2010.En ese sentido, el ministro Ramírez Candia indicó que con sus colegas impusieron las costas en el orden causado, es decir, cada uno debe pagar los gastos que corresponden, por lo que únicamente se debía haber notificado a Bonifacio Ríos y la Fiscalía, no así al Congreso y al Consejo de la Magistratura.Señaló que el reclamo de Bonifacio Ríos Ávalos, de volver a la Corte es completamente inviable, pues la máxima instancia judicial había resuelto en 2010 que el referido reclamo era “nulo”. Fue un ujier notificador quien procedió por cuenta propia a enviar la resolución donde se pedía cumplir la resolución del 2009 (ya invalidada), de acuerdo con Ramírez. El ministro de la Corte indicó que todo esto también pudo tratarse de una maniobra de la defensa de la exautoridad, quien desea volver a ocupar su puesto tras haber sido destituido en el 2003 vía juicio político. “Todo puede ser”, dijo al respecto. “Fue producto de una información que genera confusión”, sostuvo sobre un intento de juicio político en su contra.	De acuerdo con su relato, una persona se le habría acercado y le contó que dos coroneles de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de apellido Casco y Fernández, lo quisieron contratar para matarla. “Ofrecieron dinero para que me maten, porque dicen que si me matan se termina el problema”, contó a Radio Monumental. Doña Obdulia explicó que hizo la denuncia a la Fiscalía de Yby Yau y que posteriormente el fiscal Federico Delfino retiró su carpeta, pero la causa nunca se movió. También expresó que en varias oportunidades pidió hablar con la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, pero no tuvo respuesta. El “informante” sería Derlis Godoy Ibarra, quien se presentó a la madre de Edelio como un ex agente de Inteligencia Civil de la FTC. El hombre fue detenido en junio pasado y desde la Fuerza de Tarea Conjunta aseguran que se trata de un extorsionador. EL SECUESTRO DE EDELIO El suboficial Edelio Morínigo fue secuestrado el 5 de julio del 2014 y está en poder del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) desde hace 1.921 días, siendo el secuestro más largo de la historia del país. La última vez que la familia tuvo una prueba de vida fue cuando el 26 de diciembre del 2014, un día después de que haya sido liberado el joven Arlan Fick.