Angel Coronel (27) se puso en contacto con la redacción de HOY para denunciar a la empresa SIT Paraguay en donde viene desempeñándose como guardia de seguridad desde hace aproximadamente 5 años.Según manifestó, hace como 3 meses que no cobra de manera regular su salario, el cual ha sido objeto de llamativos recortes que no fueron justificados por la empresa. De percibir la suma de G. 2.900.000 pasó a cobrar tan solo G. 1.800.000 (con descuento de IPS incluido).Esta situación se habría generado luego de que fue transferido del Banco Central del Paraguay (BCP), lugar en el que tenía a su cargo la custodia de dos miembros del directorio, al Banco Nacional de Fomento (BNF).El denunciante explicó que el cambio fue ordenado por sus superiores a raíz de un hecho del que fue acusado injustamente y que no cometió. Pese a sostener su inocencia, se vio forzado a cumplir con la disposición y trasladarse hasta la sucursal del BNF ubicada sobre Haedo y Chile, en el microcentro de Asunción.Cuando cumplía funciones en el BCP, asegura haber cobrado alrededor de 2.900.000 guaraníes de manera mensual, a veces inclusive más por las guardias nocturnas o feriados que le tocaba trabajar, pero al pasar al BNF su bonificación se redujo considerablemente hasta llegar a unos 1.800.000 guaraníes, cifra menor al salario mínimo legal vigente en la actualidad.“La empresa hace figurar que los trabajadores cobran más, pero en realidad pagan poco”, afirmó Coronel a HOY. Asimismo, sostuvo que en dicha firma no quieren pagar la indemnización por antigüedad y por ello “le hacen la vida imposible” a sus trabajadores a fin de forzarlos a renunciar. En un audio enviado a nuestra redacción, se escucha al denunciante conversar con la encargada del Departamento de Recursos Humanos de SIT Paraguay, quien no supo justificar el motivo por el cual se le hizo la disminución del salario al ser transferido a otra entidad bancaria. Pese a los insistentes reclamos, la mujer evitó brindar una justificación concreta.Según Coronel, su caso no es el único pues otros compañeros suyos estarían pasando por situaciones similares, percibiendo salarios mucho menores a los que figuran en las planillas de cobros de la empresa.Sobre este punto, reveló que varios trabajadores temen represalias por parte de la empresa, ya sean sanciones o desvinculaciones, y por ello no se animan a denunciarla ante el Ministerio de Trabajo. “Están jugando con la necesidad de la gente, hay personas que necesitan el trabajo y por miedo no quieren denunciar. La mayoría tiene este problema”, acotó.	José Bordignon Pintos cobró más de 9 millones de guaraníes en diciembre por asesorar a la Essap, donde su novia, la política viajera Myriam González, se benefició con un viático de US$ 10 mil para ir a estudiar a Salamanca, pese a haber ingresado recién el 1 de septiembre del año pasado.	de la aguatera estatal con un salario de 9.295.273 de guaraníes. El mismo figura como licenciado en administración de empresas y está contratado en calidad de asesor de la institución.Llamativamente, esta funcionaria, a la par del curso, aprovecha su estan­cia pagada con viáticos oficia­les del Estado paraguayo para coincidir con su pareja Bordignon y pasearse por Salamanca, Segovia, Madri­d-España y Dublin-Irlanda.Las imágenes y comentarios tanto en Instagram como en Facebook publicados por ellos mismos ostentaban su tour europeo. Al ser consultada por el diario La Nación, la política viajera mencionó que entiende el nivel de exposición por su cargo, pero alegó que no debe explicaciones por tratarse de su vida privada y que computaron varios otros gastos como viáticos.La militancia política de la funcionaria se da en el movimiento Añetete, como miembro nacional suplente de la Junta de Gobierno de la ANR periodo 2016-2020.Al margen de esto, la Essap lidera el ranking de rubros con mayores reclamos en referencia al mal servicio y el cobro inde­bido según la Secretaría de Defensa al Consumidor y el Usuario (Sedeco). Mensualmente recibe alre­dedor de 1.500 quejas de fac­turas más caras, 70% es por fugas o pérdidas. El otro 10% de errores de lectura, un 10% problemas con medidores empañados que están fuera de rango y un 5% de errores en la facturación, dicho a los medios por el propio Gerente Comercial de la Essap, Juan Pablo Morínigo.	Pese a la férrea oposición que existe ante una eventual indemnización a Juan Arrom y Anuncio Martí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo se limita a analizar si los mismos fueron o no víctimas de tortura sin tener atribución en el caso de secuestro por el cual son acusados, según explicó la doctora María Elodia Almirón.	María Elodia Almirón, doctora en Ciencias Jurídicas y especialista en materia de Derechos Humanos, en entrevista con la 970 AM habló sobre la audiencia pública que se celebrará en San José de Costa Rica en el marco de la denuncia presentada por Juan Arrom y Anuncio Martí.Al respecto, explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) se encargará de analizar todas las pruebas que fueron presentadas por las partes (denunciantes y Estado paraguayo), posteriormente se pasará a la parte de los alegatos en la que escuchará a los involucrados en el pleito y finalmente se encargará de dictar la sentencia definitiva.Almirón resaltó que la presencia de autoridades nacionales -incluyendo la del presidente de la República- no tiene ninguna incidencia en el caso, pues básicamente lo que se requiere es la participación de los representantes legales del gobierno en la audiencia, dado que los mismos tendrán a su cargo representar al Estado paraguayo.Respecto al monto solicitado por Arrom y Martí en concepto de reparación económica (alrededor de US$ 63 millones), indicó que el tema pecuniario también se discute entre otros varios temas, aunque no es lo más prioritario. Como ejemplo, mencionó que las partes afectadas pueden pedir US$ 100 millones y la Corte Interamericana al final puede decidir darles solo US$ 20.000.“Allí se discute todo tipo de daños, uno de ellos es el daño material que puede ser cuantificable de acuerdo a los parámetros establecidos por la CorteIDH”, acotó la experta en Derechos Humanos.Sobre el mismo punto, Almirón sostuvo que no existen antecedentes de reparaciones económicas por “montos siderales”. En el caso de Paraguay, la cifra más elevada que se vio obligado a pagar el Estado fue por el incendio en el Instituto de Reeducación del Menor Panchito López, ocurrido en el año 2001, donde la condena fue de US$ 3 millones.La profesional del derecho aclaró que, en este caso en particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tratará los casos de secuestro de los que se acusa a Juan Arrom y Anuncio Martí sino más bien de las prácticas de tortura cometidas por parte del Estado paraguayo (a través de la Policía Nacional). Por ende, la competencia de esta instancia supranacional no abarca los derechos de los secuestrados ni el caso del secuestro en particular.“Es un debate que se ha instalado y es un tema muy sensible porque guarda relación con uno de los primeros secuestros cometidos en Paraguay (el de María Edith Bordón de Debernardi), pero ese tema no está metido dentro del debate procesal”, expresó Almirón a la 970 AM.Por lo tanto, se puede precisar que lo que se analizará en esta audiencia es si es que el Estado paraguayo respetó o no lo establecido en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos -también conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”-, la cual fue aceptada y refrendada por nuestro país y los demás Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).“Cuando hablamos de violaciones de derechos humanos no la cometen particulares sino sólo los Estados, a no ser que se hablen de instrumentos específicos. Se debe analizar la figura del Estado como el principal garante de los derechos fundamentales de las personas pero también como sujeto de derecho público que puede violentar en forma directa el ejercicio de los derechos fundamentales de los individuos”, explicó.Al ser consultada sobre la posibilidad de que, en caso de emitirse un fallo en contra del Estado, Paraguay decida denunciar a la CorteIDH o “salirse” del Pacto de San José, Almirón aclaró que esa decisión tendría que analizarse no solo a nivel del Poder Ejecutivo sino también en el Congreso Nacional. Entre uno de los procedimientos que se deberían llevar a cabo para concretar esa salida se encuentra la convocatoria a un referéndum para consultar el tema con la ciudadanía. Países como Perú, República Dominicana o Venezuela han llegado a recurrir a esta instancia luego de estar en desacuerdo con algunos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según recordó.	Un nuevo equipo para el estudio de resonancia magnética será instalado a mitad de este año, anunció el ministro Mazzoleni en entrevista con HOY. En una semana más estará disponible el tratamiento de radioterapia luego de fallas consecutivas del único equipo disponible en el sector público y en dos meses más será instalado un nuevo acelerador para garantizar este tratamiento oncológico. Mientras, aseguró que ya se tiene avances para la implementación de la Ley del Cáncer que aportará garantías reales de atención integral para los pacientes con cáncer.	La tercera es la vencida para el equipo de radioterapia del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) que nuevamente está fuera de servicio por tercera vez en menos de tres meses. Esto genera por un lado; la incertidumbre de los pacientes oncológicos y por otro, un gasto para la cartera sanitaria con la derivación para no interrumpir los tratamientos.El doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud afirmó que la reparación se hará en una semana más y en dos meses se tendrá un nuevo acelerador para poner en funcionamiento un segundo equipo mientras se buscarás los mecanismos para un tercer aparato y cubrir la demanda.En entrevista con HOY, el titular de la cartera sanitaria confirmó la decisión de la compra del equipo que tiene un valor de USD 1millón, recurso que será sacado del presupuesto y su instalación ya depende de los procesos de compra.Mientras se instala una solución definitiva, señaló que se mejorará le proceso de derivación de pacientes al sector privado. “La reparación es complicada porque es un dispositivo que no se puede comprar nomás, no son solo las trabas burocráticas son equipos complejos. Vamos a comprar un acelerador nuevo y en una semana más la reparación”, afirmó.Sobre los recursos agregó que se realizará una reingeniería administrativa y luego se analizará la reprogramación del presupuesto que será utilizado para esta compra. La sobrecarga de los equipos es una realidad que requiere de acciones inmediatas y a largo plazo debido a que al menos el país requiere de tres aceleradores de acuerdo al número de habitantes y evitar los daños ante la alta demanda de pacientes que deben ser absorbidos por el sistema sanitario.La instalación de un nuevo equipo para el estudio de resonancia magnética también está en espera a través de un convenio con el gobierno de Japón. “Habiendo tantas necesidades a veces cuesta un poco empezar y definir prioridades y lo urgente le saca lugar a lo necesario pero está previsto instalar ya un resonador para el INCAN, estimamos que para mitad de año ya estará disponible en el sector público. Mitad de año es una estimación prudente, estamos aguardando el proceso que tienen estas donaciones”, aclaró.Ley del cáncerLa implementación de la ley se encuentra en etapa de reglamentación que es la primera fase en la que se está trabajando y ya cuenta con avances para un marco específico de acción. Lo complicado, según Mazzoleni es lograr la articulación de los subsistemas de salud tanto del sector público como privado y a la par se lleva una agenda legislativa para que los recursos necesarios estén disponibles.“Es una ley muy ambiciosa y beneficiosa porque pretende garantizar el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y rehabilitación además de cuidados paliativos para el paciente, tendrá sus periodos de ajustes para que la financiación y fuentes complementarias estén disponibles”, agregó.