Roberto Almirón, dirigente de camioneros esteños, anunció que en caso de que se confirme en incremento del precio del gasoil, tendrán que hacer un paro del que no solamente participarán ellos, sino también taxistas, cigueñeros, entre otros afectados.“Hay un margen para aguantar, van a ganar menor pero van a ganar con ese mismo precio”, afirmó Almirón en entrevista con la 650 AM.Argumentó que su gremio nunca ha solicitado un subsidio, sino solamente recibir un precio justo por el trabajo que cumplen.En tal sentido reveló que el flete debe costar 140 guaraníes, pero que apenas cobran 70 guaraníes, debido a que no existe un ente regulador que pueda controlar este tipo de cosas. Como una “mágica” solución planteó que si debe subir el gasoil, se debería cobrar el impuesto a la soja, subsidiar el combustible para atajar el incremento y mantener un precio justo del flete.	En entrevista con la 970 AM, el exministro Santiago Peña señaló que está a favor de una reforma que facilite el cumplimiento tributario y disminuye la evasión fiscal. No obstante, indicó que siempre manifestó su preocupación por tocar los impuestos al consumo, como el tabaco, las bebidas, entre otros.El experto en economía hizo la salvedad de que el propio ministro de Hacienda, Benigno López, no tiene pensando aún aplicar una mayor tasa, sino que ampliar el monto tope para ponerlo en vigencia más adelante, cuando la economía mejore.Peña señaló que sí comparte esta intención de proyectar a futuro, pero dejó en claro que si se aplican ahora estas modificaciones conllevarán a una situación catastrófica para el Estado.“Los números actuales muestran que estas tasas están recaudando menos y si aumentamos el porcentaje, la situación empeorará aún más. La reforma es necesaria, será buena, porque ayudará a segmentos más bajos a facilitar el cumplimiento tributario. A los ingresos más altos se impondrá una mayor presión tributaria de acuerdo a su capacidad de pago”, explicó.A su parecer, el mayor impacto del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) no pasará por el poder adquisitivo de los consumidores, sino que por la capacidad recaudatoria del Estado y de la consecuente inversión en salud y educación.En ese sentido contó que el ISC es el impuesto más fácil de evadir por la situación geográfica del país. “Esto es algo que ya ocurre el día de hoy. Sin modificar ninguna tasa, los productos argentinos se vuelven más accesibles y el consumidor paraguayo consume productos de Argentina o Brasil, antes que los legales”, refirió. El exsecretario de Estado apostó por la concientización primeramente para que se opte por consumir lo legal, antes que tocar los impuestos.	“Estamos trabajando para potenciar la capacidad y darle a la gente la respuesta que necesita. Lo que yo no puedo hacer frente a cada situación, es estar alterando los sistemas institucionales”, afirmó Villamayor. El secretario de Estado consideró que la labor que cumple la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) es imprescindible para brindar a la ciudadanía la respuesta que espera. Sobre este último punto señaló que un trabajo táctico y de inteligencia no tiene resultados en dos meses, sino a largo plazo por lo que no se puede esperar inmediatez.“Comprendo las necesidades y la presión de la ciudadanía, pero necesitamos un poco más de tiempo para llegar a nuestro objetivo”, sostuvo el ministro del Interior. El proyecto que plantea la derogación de la Fuerza de Tarea Conjunta fue presentado por el Partido Democrático Progresista, debido a los gastos que implica mantener a este grupo y le lejos que se encuentra los resultados de las expectativas generadas.	El abogado Luis Ariel Rojas señaló a la 970 AM que se hizo eco de informaciones periodísticas respecto a todas las denuncias que pesan sobre la candidata a la máxima instancia judicial y que decidió acercar las informaciones al Consejo de la Magistratura.Señaló que debe evaluarse la candidatura de la exjueza e interventora de la Municipalidad de Ciudad del Este y actual titular de Senabico, quien presentó su postulación para integrar la máxima instancia judicial del país. Acotó que sobre la misma pesan denuncias penales que están en trámite en el Ministerio Público.En diciembre del 2018, los concejales de la Municipalidad de Ciudad del Este denunciaron a Llanes por un supuesto hecho de producción mediata de documentes públicos de contenido falso.En tanto que el abogado de Sandra McLeod, Bernardo Villalba, denunció a la entonces interventora, por un supuesto daño patrimonial de más de Gs. 5.200 millones. Además por asumir atribuciones que no le correspondían.