La denunciante, Nathalia Sosa, dijo que a pesar de la denuncia de agresión que abrió un proceso judicial contra Ortiz Albrecht, éste no deja de hostigarle en su propio domicilio, adonde no tendría que acercarse por la gravedad del caso.“Tenemos un hijo en común, y nunca puse objeción para que lo visite. Sin embargo él continúa con sus agresiones verbales y lo peor: el mismo siempre anda armado”, señaló Sosa a HOY.“El tiene prohibido portar arma, porque ya tiene un antecedente de violencia contra un concejal de Ypane, en el que se dictó esa prohibición”, agregó la mujer.El Ministerio de la Mujer -significó luego- ya está en conocimiento del caso y tomó cartas en el asunto, pero indicó que la preocupación principal es que la fiscalia tome providencia y determine la prohibición para que el denunciado continúe acosandola.“Espero que esto no llegue a mayores, porque el hecho de que ande armado y que amenace constamente si no retiro la denuncia, en su contra me infunde miedo”, acotó Natalia Sosa. Asimismo expresó que el jefe comunal de Ypane intenta prevalecerse por las influencias políticas que tiene, y que actua con impunidad escudándose en eso. uilar, a quien también amenazó de muerte aunque desmintiendo tales aseveraciones hechas en su contra.	La ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, valoró el anuncio de la la inversión de 40 millones de dólares en Misiones y calificó la iniciativa como un sueño largamente anhelado por los habitantes. “Desde todos los nudos, San Juan, San Ignacio, la misma Ayolas, la reconversión será evidente no solo desde el turismo fronterizo, sino también desde muchos otros aspectos, ahí también tendremos la construcción de Aña Cuá en Yacyretá”, comentó Cramer, en entrevista con la 920 AM.Anticipó que en los próximos años Misiones será uno de los departamentos que experimentará cambios muy favorables, principalmente con la apertura del paso con la Argentina, el cual será una vía más rápida para el tránsito.“Hay gente de Corrientes y Chaco (Argentina) que usan Asunción para la salida al exterior, desde el aeropuerto internacional, pernoctan en la capital, consumen a la vuelta dos noches otra vez, y es oportunidad de venderle otros servicios y bienes, pero todo eso suministrado por cadenas de valor, que alimentan eso”, resaltó Cramer. La ministra explicó que este es un proyecto interinstitucional entre el MOPC, el MIC y el Ministerio del Trabajo, para las capacitaciones del personal requerido para la calificación requerida para las obras.	Del 31 de septiembre al 2 de octubre en el Gran Nobile Hotel Convention de Ciudad del Este, según anunció la Asociación de Químicos Farmacéuticos del Paraguay.Entre los temas a ser debatidos figuran: Formas Farmacéuticas innovadoras como herramientas para la adhesión terapéutica, Cápsulas Blandas, una mejora Farmacocinética y un desafío tecnológico, El Farmacéutico en la Función Pública, un Desafío Personal y Motivacional, Calidad en servicios Hospitalarios, La Industria de productos Fitoterápicos en Paraguay, El Tereré una forma de consumo de Plantas Medicinales, Cannabis Medicinal, desarrollo y Perspectivas en Uruguay, Fitoterapia en Salud Pública Experiencia del Proyecto Farmacia Viva, entre otros. Los profesionales locales tendrán también la posibilidad de presentar o promocionar sus productos y servicio en el espacio denominado Expo Fefas, aprovechando la zona geográfica de gran influencia. El Congreso se realiza todos los años y congrega a los más altos exponentes del rubro farmacéutico tanto a nivel local como internacional.	Los magistrados se decantaron esta semana por extinguir la causa y dictar el sobreseimiento definitivo de Camilo Almada Morel, alias 'Sapriza', y Eusebio Torres Romero, supuestamente involucrados en casos de homicidio con fines políticos, torturas y privación ilegítima de libertad.El coordinador de la Mesa de Memoria Histórica, Antonio Pecci, manifestó este jueves una "repulsa enorme" a este fallo, que consideró como una "bofetada" a las víctimas de la dictadura, según comentó a Efe.Pecci, desde la Mesa de Memoria Histórica, invitó a las organizaciones ciudadanas a "plantear movilizaciones" frente al Poder Judicial para "exigir que la Corte Suprema de Justicia tome el expediente y lo analice".También estudia este caso la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), que a petición de distintas organizaciones va a "hacer un análisis de este hecho", dijo a Efe su secretario ejecutivo, Óscar Ayala."Lo que hicimos fue obtener la sentencia y analizar desde el punto de vista técnico con el equipo jurídico de Codehupy", apuntó Ayala, sin precisar todavía cuál será la postura final.Los magistrados del Tribunal de Apelaciones, Emiliano Rolón, Bibiana Benítez y Pedro Mayor Martínez, fueron quienes decidieron esta semana extinguir la causa y dictar el sobreseimiento definitivo.La causa se inició en 1995, cuando el país se regía por un Código Penal diferente al actual, y en 2002 se solicitó el sobreseimiento provisional, otorgado por el juez de entonces, como explicó a Efe Rolón."Es una figura que permite que el caso quede en espera de nuevos elementos para proseguir el juicio", aclaró Rolón.Tras eso, la defensa solicitó en 2007 la extinción del proceso "por falta de reapertura del caso", pero el pedido fue rechazado por la jueza Sandra Farias y apelado de nuevo por los abogados defensores.A partir de ese momento, el caso se fue dilatando sin avances hasta 2017, cuando llegaron a la Cámara de Apelaciones Rolón, Benítez y Mayor Martínez.La decisión tomada por la Cámara de Apelaciones causó controversia, al entenderse que se trata de delitos contra los derechos humanos y que, por tanto, no pueden prescribir.A este respecto, Rolón declaró que "no son prescriptibles por Constitución, pero sí extinguibles".La Constitución paraguaya de 1992 recoge en su artículo 5 que el genocidio, la tortura, la desaparición forzosa, el secuestro y el homicidio de personas por cuestiones políticas "son imprescriptibles".Al margen de estas cuestiones, la decisión de la Cámara también provocó cierto enfrentamiento entre estos y el Ministerio Público, al que se le responsabiliza de no haber aportado elementos que facilitaran la reapertura.La Fiscalía publicó un comunicado al respecto en el que alegó que la causa se desarrolló regida por un Código Penal anterior, que no reconocía al Ministerio Público como órgano acusador "por lo que la competencia plena para llevar adelante los actos investigativos la tenía el Poder Judicial". El fallo de la Cámara de Apelaciones, al tratarse de una decisión de segunda instancia, todavía es apelable ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).