Foto: Emmanuel González. Los ministros integrantes de la Sala Constitucional, Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y César Garay rechazaron la acción de inconstitucionalidad planteada por Gabriela Quintana, conocida como la “niñera de oro”, quien buscaba con esto anular su causa.Lo planteado por la defensa de Quintana era que la Itaipú, al ser una entidad binacional, no considera a sus funcionarios como públicos, y que esto no constituía el delito de cobro indebido de honorarios y estafa. La acción fue presentada contra el artículo 2 de la Ley 700/96, que reglamenta el artículo 105 de la Carta Magna, que prohíbe la doble remuneración. La niñera de oro fue acusada por cobro indebido de honorarios y estafa. Además en la causa se encuentran procesados el senador Víctor Bogado y Miguel Ángel Pérez exsecreatario de Gabinete de la Cámara Baja.La ministra Gladys Bareiro señala que la accionante no solo no ha hecho uso de la vía procesal idónea, tal como se ha expuesto al momento del estudio de la admisibilidad de la presente acción de inconstitucionalidad, sino que a la fecha ha precluído definitivamente su posibilidad de hacerlo habiéndose sustanciado la audiencia preliminar.En tanto que el ministro Antonio Fretes, refirió que con el acta de imputación fiscal notificada, la defensa técnica tenía expedita la vía para resistir la persecución penal por el Ministerio Público mediante la vía de la excepción de Inconstitucionalidad. Mientras que César Garay Zucolillo, mencioná que la excelentísima Corte Suprema de Justicia sentó jurisprudencia con relación a ese tema, juzgando que el momento idóneo y oportuno para la impugnación por vía de la excepción es la audiencia preliminar, tiempo, ocasión y plazo donde el Ministerio Público esboza los términos de su acusación o cualquier otro requerimiento conclusivo. Es ahí donde la defensa técnica tiene la oportunidad suficiente para controvertir dichos requerimientos a través de los medios que la Ley procesal prevé (excepciones), para que finalmente la Magistratura interviniente se pronuncie jurídicamente.Por otra parte, indica que como acertadamente aseveró la Fiscalía General del Estado al responder traslado de rigor, la accionante no acompañó elemento probatorio que acredite su condición de funcionaria o contratada de la Entidad Binacional Itaipú. Por lo que votó por el rechazo de la acción.Con este fallo ya no existe impedimento alguno para la