que reveló que, en los últimos 5 meses, el TSJE adjudicó la compra de 111 relojes biométricos (utilizados para el control de asisten­cia de los funcionarios) a través de dos licitaciones que totali­zan G. 2.690 millones.En dicho material se hacía énfasis en el elevado precio de la adjudicación comparando con licitaciones similares de este mismo tipo de tec­nología en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y en otras entidades públicas.De acuerdo con el portal de la DNCP, el TSJE compró cada reloj marcador bio­métrico de la marca Anviz, de procedencia China, a G. 9.532.000. Sin embargo, otra entidad como el Ser­vicio Nacional de Inteli­gencia (SNI) compró días antes el mismo producto de la misma marca asiática y con características similares a G. 3.360.000 cada uno.La Justicia Electoral	respecto a esta publicación periodística y primeramente aclaró que, ante la vulnerabilidad de los sistemas analógicos de registro de entrada/salida de funcionarios, consideró necesaria la adquisición de tecnología de avanzada para el registro de asistencia en las diferentes dependencias de la institución.Así también, sostiene que los mencionados relojes biométricos fueron adquiridos en el marco de licitaciones públicas y transparentes reguladas por la Ley 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”, sin que los mismos hayan sido objeto de protestas, investigaciones o denuncias durante las diferentes etapas del proceso.“Las soluciones tecnológicas adquiridas por la Justicia Electoral son totalmente diferentes en sus especificaciones técnicas a las adquiridas por otras instituciones públicas señaladas como ejemplo, cuestión que se puede verificar en los datos obrantes en el portal de la DNCP”, refiere el comunicado de la entidad.in text	in text De acuerdo al TSJE, sus relojes biométricos poseen prestaciones más avanzadas y de alta gama para cumplir con los requerimientos de control de funcionarios. Como prueba de ello refiere que, además de registrar la huella dactilar, estos equipos incorporan una cámara digital que permite tomar fotos de los funcionarios, las cuales se almacenan en una memoria y cuentan con pantalla color de 3,5 pulgadas, que permite visualizar la imagen de la persona que registra su huella, tanto por el técnico verificador, así como por la persona que registra su entrada y/o salida.Otra cuestión señalada en el descargo es que en esta licitación, el ítem de “Reloj Biométrico” incluye los servicios de instalación y configuración del equipo, la instalación eléctrica, el cableado estructurado y todos los materiales y gastos necesarios para realizar el trabajo, algo que se realizó por separado en la adjudicación del Servicio Nacional de Inteligencia. Atendiendo que la adquisición implica la interconexión de todos los relojes biométricos a un sistema centralizado de gestión -lo cual requiere de un cableado estructurado más complejo en la sede central, así como también los materiales necesarios para la instalación e interconexión de relojes biométricos en todo el interior del país- se ha previsto que sea la misma empresa la que se encargue de todo el trabajo al publicar el llamado a licitación, según explica el TSJE.	El diputado Walter Harms indicó a la 970 AM que no acompaña la intención del Gobierno de concretar un protocolo que establezca que la incautación y decomiso de bienes de personas no condenadas pasen más rápido a manos del Estado paraguayo. “Creo que en cualquier caso debería primar el principio de inocencia, que nadie sea condenado sin previo juicio. Que las consecuencias se den luego de una condena. ¿Qué pasaría si Cucho (Cabaña) había sido era inocente y sus vehículos eran legales, pero sus vehículos fueron rematados y el Estado ya dispuso del dinero?”, remarcó.Expresó que se debe ser cuidadoso y no cometer injusticias contra los que podrían ser inocentes. Hay que ser equitativos y busca el punto donde se pueda disponer de los bienes, según sus palabras.Así también dijo que debe analizarse bien a dónde van a parar los bienes decomisados y no enviar vehículos de alta gama a la Senad para que los agentes se movilicen.FUGA DE CARTISTASEn otro momento manifestó que es algo lógico y casi natural la fuga de los cartistas hacia el movimiento oficialista, porque “hay un acomodo hacia el poder, es más fácil estar del lado de la lapicera, antes que enfrentarla”.Harms comentó que a eso se suma que existe persecución en los puestos laborales y que muchos temen perder sus trabajos, o reciben propuestas para acceder a lugares apetitosos. “Yo no entiendo la actitud de este gobierno, de este presidente, de perseguir a los correligionarios por el solo hecho de no alinearse. Me ocurrió a mí porque no me arrodillé ante él y le echaron a mi hermano de la EBY”, disparó. ULISES QUINTANAPor otra parte, el congresista disidente criticó el alegato de su colega Ulises Quintana, quien dice ser un preso político. Además cuestionó a la líder de la bancada oficialista, Jazmín Narváez, y sus seguidores que se manifiestan a favor del sospechoso.“La prudencia y racionalidad debe primar al tratarse de un caso de narcotráfico, por lo que un mínimo indicio de participación de algún delito se debe dejar a la justicia que investigue”, indicó.El legislador comentó que si hubiesen presos políticos, Quintana sería el único del país, siendo llamativo que se trata de un integrante del oficialismo. “No es quemarlo en la hoguera, sino dejar que se investigue como corresponde”, acotó.PEDRO ALLIANA En tanto que sostuvo que su colega Pedro Alliana, titular del Partido Colorado, estuvo en terapia hasta el lunes y que el martes ya se lo veía bien. “Seguramente ahora va a seguir con todo el tratamiento de su enfermedad en sí”, puntualizó.	En contacto con la 970 AM, el abogado Eduardo González señaló que la comuna esteña dejó de percibir unos 5.151 millones de guaraníes en diciembre pasado, debido a descuentos y exoneraciones impositivas para los contribuyentes, por parte de la interventora designada por el Ejecutivo a pesar de no tener atribuciones para el efecto.Tanto la figura de la interventora como de la intendenta están debidamente delimitadas por la leyes, por lo tanto la naturaleza de sus respectivas funciones son totalmente distintas, “ella (Llanes) podía tener dirección de persona, ejecución presupuestaria, pero se extralimitó”, criticó el profesional.Mediante la disposición ilegal de la interventora, unas 2.700 cuentas corrientes tuvieron descuentos y exoneraciones de hasta un 80%, cuando la norma establecía un máximo de 12%, algo que llama poderosamente la atención.Este perjuicio, en la opinión de González, afecta directamente a las arcas del municipio, también de la gobernación y de los municipios con menos recursos, ya que la comuna de Ciudad del Este se queda con un 70% de las recaudaciones en concepto de impuesto inmobiliario, un 15% va a la gobernación, y el 15% restante a los municipios de escasos recursos.De esta manera tanto la gobernación y las demás comunas dejan de percibir poco más de 760 millones de guaraníes respectivamente, “la interventora es responsable civil, administrativa y penal junto con su equipo”, insistió. Hasta el momento, Llanes suma tres denuncias penales, una por producción de documento no auténtico, al solicitar un comisionamiento para un funcionario de la Corte Suprema de Justicia. Otra por el despido de funcionarios, varios de ellos con antigüedad y otros con discapacidad, y otra por usurpación de funciones públicas. También hay denuncias por despido injustificado ante el Ministerio de Trabajo.	, en entrevista con Radio Uno señaló que hoy a partir de las 20:00 horas realizarán movilizaciones simultáneas en cuatro ciudades: Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Asunción.En lo que respecta a Encarnación, la convocatoria será en la Plaza de Armas, mientras que en Ciudad del Este será en el lago ubicado frente a la Discoteca Coyote. Por su parte, en Asunción se ha optado por la Plaza de la Democracia como sede del encuentro para los manifestantes.En la ocasión, será habilitado un espacio de “micrófono abierto” para quienes deseen expresarse y hacer su descargo ante los presentes, según detalló.“Estaremos haciendo una manifestación pacífica de la familia venezolana en Paraguay, vamos a mostrar nuestro repudio al régimen socialista de Maduro, un régimen ilegal y usurpador que existe en Venezuela”, expresó Guzmán a la 650 AM.Los venezolanos aprovecharán la oportunidad para expresar su apoyo a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y autoproclamado días atrás como	del país caribeño, esto debido a que él y la oposición consideran como ilegal el nuevo mandato de Maduro.Alrededor de 1.500 venezolanos residen actualmente en nuestro país, según los datos manejados por la Asociación Civil de Venezolanos en Paraguay. El titular de la agrupación señaló que una gran parte de la comunidad está en contacto, sobre todo a través de las redes sociales.Guzmán invitó a todos aquellos que quieran solidarizarse con esta causa y que estén en contra del régimen de Nicolás Maduro a acompañarlos esta noche en alguno de los puntos donde se realizará la movilización. “Somos gente que estamos trabajando y estudiando, estamos luchando cada día no solamente por nosotros sino por hacer grande este país que nos recibe con los brazos abiertos”, puntualizó el venezolano residente en Paraguay.