La agente fiscal en lo Penal delegada de Lambaré y San Antonio, Gladys González Falcón, acusó a Raúl Isaac Mendoza Ramos por la comisión del hecho punible contra el Patrimonio y Lesión de Confianza, ocurrido durante su administración en el periodo 2010/2015, durante su gestión municipal, causando supuestamente un perjuicio patrimonial de guaraníes la suma de 715.303.500.	Refieren los antecedentes, que se tuvo conocimiento del ilícito tras una denuncia que ingresó a la oficina de Denuncias Penales del Ministerio Público, el 26 de octubre del 2015 formulada por ciudadanos miembros de las Comisiones vecinales de la comuna de San Antonio, entre ellos concejales y exconcejales municipales, docentes, padres de alumnos y vecinos de la comunidad de San Antonio.	Los denunciantes manifestaron que el señor Raúl Isaac Mendoza Ramos, habría sido autor del hecho punible de lesión de confianza, durante el ejercicio de su gestión municipal. Los mismos arrimaron a la sede fiscal numerosos elementos probatorios, tales como: documentos, testimonios y constancias de que el acusado procedió a desviar fondos provenientes de FONACIDE y ROYALTIES.	El Ministerio Público llevó a cabo múltiples diligencias con las que logró comprobar los extremos denunciados, ya que el hoy procesado en su posición de Garante de los Fondos y del patrimonio relevante para la comunidad de la ciudad de San Antonio, cuyos destinatarios principales eran las escuelas favorecidas con la ayuda – merienda y almuerzo escolar – y desarrollo del Ministerio de Hacienda (FONACIDE), se vieron perjudicados al dejar de percibir dichos beneficios, especialmente en el año 2015, además se han detectado irregularidades en la construcción de aulas y mantenimientos de la escuela San Miguel y Oñondivepa de San Antonio.	Asimismo, la Fiscalía tras las pericias contables y de Auditoria Externa obtuvo como resultado final de daño patrimonial de guaraníes la suma de 715.303.500 y realizó otras diligencias probatorias conducentes el esclarecimiento del hecho denunciado, tales como las constituciones en las escuelas afectadas, pericias de ingeniera forense del Ministerio Público, oficios a entidades bancarias, financieras y cooperativas.