Alrededor de 28 personas acuden diariamente para recibir comida en el Techo Fraterno “Beata Clara Bosatta”, perteneciente a la Congregación Hijas de Santa María de la Providencia, el cual se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Caacupé.A raíz de la difícil situación económica por la que atraviesan, estas personas buscan una mano generosa y caritativa en el comedor de las Hermanas Guanelianas, quienes con mucho amor se encargan de brindarles alimento todos los días.Entre el grupo de comensales encontramos a varios vendedores que se encuentran en las inmediaciones de la Basílica de Caacupé, así como otros que se dedican a actividades informales. En todos los casos, son personas que buscan acceder a una vida más digna y, a su vez, tratan de no dejarse vencer por la adversidad.Este grupo de personas tendrá la oportunidad de aprender un nuevo oficio -específicamente el de Panadería- gracias a un nuevo curso ofrecido por el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) - Regional Cordillera.El curso tendrá una duración de 3 meses y las clases se desarrollarán en el mismo predio de la congregación religiosa, de martes a viernes de 13:00 a 16:00 hs. En total, deberán cumplir un total de 140 horas de formación.El comedor habilitará su propia panadería para autoabastecerse y, a su vez, permitir a estas personas en situación de vulnerabilidad capacitarse para adquirir nociones básicas sobre el rubro de la panadería y la confitería.La hermana Sindulfa Sánchez comentó que el Techo Fraterno “Beata Clara Bosatta” se encuentra funcionando desde hace alrededor de 20 años, tiempo en el que han tenido como uno de sus principales objetivos “seguir haciendo el bien al barrio”.Todo lo que ofrecen en el lugar es gracias a la generosidad y buena voluntad de personas que realizan constantes donaciones para mantener el lugar, por ello destacan este curso como una nueva oportunidad para ayudar a los que más lo necesitan. Ahora que arrancará el curso de panadería, las Hermanas Guanelianas estarán necesitando la donación de insumos tales como harina, levadura, manteca, huevos y todo aquello que sea de utilidad para la producción de panificados y sus derivados.	Un paciente que se encontraba internado en el Hospital Regional de Luque falleció hoy luego de no conseguir una cama de terapia intensiva. A raíz de su delicada situación, sus familiares promovieron un amparo constitucional solicitando al Ministerio de Salud Pública que puedan admitirlo en cualquier nosocomio, ya sea público o privado.	Gerardo Ramón Cantero, de 48 años de edad, fue trasladado ayer en horas de la tarde hasta el hospital de Luque para ser intervenido quirúrgicamente. De acuerdo al parte médico, el mismo había sido diagnosticado de una sepsis de foco urinario, además de pielonefritis y Síndrome de Fournier.Durante el procedimiento quirúrgico al cual fue sometido de urgencia debieron extirparle el riñón derecho y drenar las demás partes infectadas, esto a raíz de una infección que había afectado su organismo en las últimas horas.Luego de dicha intervención, el mismo quedó en un estado bastante delicado y por ello necesitaba ser trasladado lo antes posible a un hospital donde cuenten con una Unidad de Terapia Intensiva (UTI).Luego de varias horas de lucha, el hombre no aguantó y finalmente terminó falleciendo en la tarde de este domingo tras sufrir un paro cardiorrespiratorio (el tercero desde su ingreso al hospital).Derlis Benítez, sobrino del paciente, en entrevista con HOY comentó que desde ayer estuvieron buscando por todos los medios conseguir alguna cama disponible para poder trasladar a su tío, aunque pese a los esfuerzos no lograron tener éxito.Las autoridades del Hospital Regional de Luque le habían dicho que no contaban con disponibilidad y por ello debieron ubicarlo en una sala de internación provisoria, la cual no disponía de los equipamientos necesarios para brindarle una atención óptima.La familia se vió imposibilitada de trasladar al paciente a un sanatorio privado debido a que no contaban con los recursos económicos suficientes, esto considerando que en cualquier institución de dicho sector piden un depósito que ronda los G. 15 millones para la admisión, sin contar con el gasto diario de internación que oscila la misma cifra.En vista a la situación por la que se encontraban atravesando, la familia del señor Cantero decidió promover un recurso de amparo constitucional a fin de que el paciente pueda ser recibido en algún hospital que posea terapia intensiva, ya sea del sector público o privado.En el documento se instaba al Ministerio de Salud Pública que se encargue de hacer las diligencias pertinentes para concretar dicho pedido, basándose en el Art. 4 de la Constitución Nacional que habla sobre “el Derecho a la Vida”.Lamentablemente, el caso no logró llegar hasta otras instancias como para conseguir alguna cama disponible, lo cual hace que hoy nuevamente lamentemos de un nuevo deceso por la deficiencia en el sistema de salud pública de nuestro país. Cabe recordar que no es el primer caso de un paciente fallecido en un hospital público por falta de unidades de terapia intensiva, siendo éste un punto pendiente a resolver (y con urgencia) por parte de las autoridades sanitarias del MSPyBS.	En exclusiva entrevista con radio Ñanduti, Justo Cárdenas reiteró que no hubo enriquecimiento ilícito, por lo tanto tampoco existe lavado de dinero, y lamentó que la Fiscalía hizo caso omiso al dictamen de la Contraloría General de la República, que avala el crecimiento de su patrimonio."Después seis meses en prisión preventiva, es la primera vez que doy una entrevista. Es una oportunidad de expresar mi real situación por esta imputación absurda y traída de los pelos”, indicó. Criticó que la fiscal Natalia Fuster lo mintió durante toda la investigación y que retrasó la pericia forense para determinar sus bienes. Añadió que recién por orden del juzgado se realizó este importante procedimiento. “Yo no soy ningún presunto inocente, yo soy inocente comprobado. Yo creo que esto es una persecución política y se están dando casos de irregularidades clarísimos. No solamente es un atropello a mis derechos constitucionales, sino también representa un abuso de poder, porque teniendo todas las pruebas de la misma Fiscalía que establece que no hubo enriquecimiento ilícito no sé qué hago en prisión”, lanzó.Los camaristas Gustavo Santander, Emiliano Rolón Fernández y Pedro Mayor Martínez confirmaron la resolución del juez Elio Ovelar, quien el pasado 16 de abril rechazó un incidente de revocación de la prisión preventiva planteado por la defensa de Justo Pastor Cárdenas. Además, el Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, otorgó tres meses más a la fiscal Sussy Riquelme para que continúe investigando a Cárdenas por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El próximo 22 de agosto la representante del Ministerio Público tendrá que presentar su requerimiento conclusivo.	Manuel Riera, vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), manifestó que hablaron con el Equipo Económico del Gobierno, sobre ideas de promover paquetes de alternativas y soluciones a la crisis que se vive en el sector. Señaló que la situación actual, es producida por factores como el clima, caída de precios y la marcada recesión económica.“El campo tiene que distribuir riquezas, pero si no las genera, no se genera movimiento en la economía. No podemos permitir que esto pare”, manifestó Riera en comunicación con el programa 'Impulso Económico' por la 970 AM.En ese sentido, explicó que en la Agricultura están unos 2.800 millones de dólares que deben ser reestructurados; y en la Ganadería unos 1.600 millones de dólares, más las deudas con los proveedores. “Lo que necesitamos es un apalancamiento en línea de créditos a largo plazo”, refirió Riera.Por su parte, Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), sostuvo que están ante una merma del 23% de la producción total y una caída del 20% de los precios. Expresó que este doble efecto hace que el sector no pueda hacer frente a los compromisos financieros.