“Para nosotros es absolutamente insuficiente la cantidad que ellos conceden en este momento. No condice de ninguna manera con la realidad”, manifestó Bernardo Rojas en comunicación con Radio Ñandutí.Sostuvo que el salario mínimo debería ser proporcional al costo de vida y a partir de ahí discutir el reajuste.En ese sentido, Rojas manifestó que no existe una política salarial por parte del Estado para zanjar la diferencia. Respecto al tema, dijo que el cálculo que realizaron arroja un resultado de G. 2.800.000 aproximadamente como piso del salario. Inclusive, otras centras obreras piden G. 3.000.000 como base.Rojas anunció que estarán realizando un congreso unitario para determinar las medidas a ser tomadas.El reajuste salarial del 3,8 % (G. 80.277) rige desde este 1 de julio de 2019, en relación al salario mínimo vigente. De esta manera el nuevo sueldo mínimo es 2.192.839 y el jornal mínimo 84.340.	La denunciante había presentado como prueba varios mensajes de textos, admitidos como reales por el Ministerio Público, pero con la calificación de que eran “galanteo y cortejo”, de mucho menor peso que la acusación de la víctima.El abogado Martin Barba, representante de la denunciante María Belén Whittingslow, disparó que existe un complot de fiscalía y miembros del Jurado, para presionar el retiro de la denuncia, valiéndose de los poderes que ostentan.Barba señaló que Adrián Salas, colega de Kriskovich como miembro del Jurado, se acercó al mismo para pedir que su cliente escriba una carta a la esposa del acusado para negociar el retiro de la denuncia de este por “daños y perjuicios”.Sin embargo la joven no está dispuesta a desdecirse. Sobre la base de 1600 mensajes de texto, en los que según la misma Kriskovich de manera sistemática la acosa, está en condiciones de llegar a las últimas consecuencias. “Siempre nos presentamos (ante el juzgado). Esta orden de captura es por no ir a una audiencia. La jueza interina, que baila al ritmo de Kriskovich, me saca la personería. Jamás fuimos notificados de la audiencia preliminar por la que se dispuso la captura”, expresó Barba a la 1020 AM.En la querella por daños y perjuicios que ahora presenta Kriskovich este pide además un resarcimiento de 450 mil dólares americanos. El abogado Barba denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a la jueza Lici Sánchez pero dio a entender sus reservas ya que Cristian Kriskovich y Adrián Salas son parte de este órganismo.	Los pacientes con cáncer organizados en la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (APACFA) aguardaron hoy el informe de gestión del presidente Mario Abdo Benítez y recordaron la necesidad de contar ya con la reglamentación de la ley del cáncer.“Estamos esperando hace más de 60 días, necesitamos la reglamentación de la ley, cada día cuenta, cada día mueren más pacientes”, afirmaron.La Ley 6266/18 De Atención Integral a las Personas con Cáncer fue promulgada en marzo de este año y los pacientes siguen aguardando la reglamentación para el cumplimiento de lo establecido en la normativa.Con la puesta en vigencia de la ley, los pacientes oncológicos estarán amparados para contar con una atención integral en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de cada caso y la provisión de lo necesario para estas etapas, por parte del Estado.El Artículo 17 establece que el MSP será el encargado de confeccionar un Listado Nacional de Drogas Antineoplásicas y aquellas complementarias para el tratamiento, seguimiento y cuidados paliativos para personas con cáncer, como parte del Listado Nacional de Medicamentos Esenciales. “Con base a este listado y a las evidencias científicas, establecerá protocolos de diagnóstico y tratamiento, especificando las drogas antineoplásicas que se utilizarán en los distintos esquemas terapéuticos, en el Sistema Nacional de Salud”, agrega la normativa.Tanto los protocolos de diagnóstico y tratamiento, como el Listado Nacional de Drogas Antineoplásicas y aquellas complementarias para el tratamiento, seguimiento y cuidados paliativos, serán evaluados y actualizados periódicamente, siguiendo las recomendaciones de la “Comisión Nacional Asesora para la Atención Integral del Cáncer”.“El Estado garantizará el acceso oportuno a servicios de diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Sistema Nacional de Salud, conforme a las normas técnicas, protocolos y el Listado Nacional de Drogas Antineoplásicas y aquellas complementarias para el tratamiento, seguimiento y cuidados paliativos, establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)”, contiene el Artículo 18 de la ley.	en la Terminal de Ómnibus de Asunción (TOA).En aquella oportunidad, un grupo de taxistas había bloqueado los accesos del lugar para impedir que los conductores de la plataforma puedan recoger pasajeros que habían solicitado el servicio a través de la aplicación.“En Uber lamentamos los incidentes que se han producido en el Terminal de Ómnibus de Asunción entre taxistas y socios conductores de nuestra plataforma. No toleramos la violencia bajo ningún punto de vista, y esta no es la experiencia que queremos que tengan quienes conducen a través de la plataforma”	, reza el comunicado.De esta manera, la firma de transporte alternativo repudia la actitud de los trabajadores del “enjambre amarillo”, quienes recurrieron al cierre de los accesos y salidas de la citada terminal para impedir que los choferes de Uber cumplan con su labor, inclusive casi llegando al punto de la agresión física.A través del comunicado también se insta a los socios conductores “a que no cedan a ningún tipo de provocación” y que, ante cualquier inconveniente, tanto ellos como los usuarios del servicio lo reporten a través del Centro de Soporte disponible en la aplicación móvil.En entrevista con Radio Venus, José Luis Bachmann, representante de Uber Paraguay, habló sobre este tema e indicó que la empresa está abierta a una mesa de diálogo para evitar nuevos enfrentamientos con los taxistas.Ya desde hace varios meses, los taxistas agremiados vienen manifestando