rossana.escobar@gruponacion.com.pyVíctor Abdel Buzarquis Cáceres, funcionario de la Cámara de Diputados, hermano de los gemelos parlamentarios Enri­que Salyn Buzarquis Cáceres (senador) y Enrique Antonio Buzarquis Cáceres (diputado), constituyó una sociedad anó­nima con Hussein Khalil Dia, hermano del ex diplomático.Minapa SA se llama la firma que según documentos ofi­ciales se conformó con capi­tal de G. 4.000 millones en el 2009.Histórico salarial de Víctor Buzarquis en el Sistema de Hacienda, proveído por Diputados. El clan Buzarquis y la fami­lia Dia arrastran estrecha amistad, comparten even­tos sociales, etc.En el caso del senador, parece más socio de Hussein que su hermano Víctor.El senador estuvo en primera fila inaugurando el shop­ping de Hussein en Salto del Guairá y hasta aparece en fotografías de visita oficial de Buzarquis al ex presidente del Brasil Michelle Temer, posteadas años atrás por el hermano del ex embajador en su cuenta de Facebook auto­denominándose “consejero”.LOS HERMANOS DIAEl ex embajador Hassan Dia es reconocido por organizar visitas oficiales al Líbano y reuniones con políticos alia­dos al grupo considerado terrorista Hezbollah.El hermano del ex diplomá­tico, Hussein (socio del her­mano Buzarquis), no suele perderse estas giras y posar junto a su hermano, autorida­des locales y parlamentarios aliados al Hezbollah. Así se lo ve en fotografías, por ejem­plo, pegado hasta con ges­tos de estar bromeando con Nabih Berry, presidente de la Cámara de Diputados y líder del movimiento chiíta Amal, aliado fuerte del Hezbollah.El ex embajador también mantiene amistad con Walid Amine Sweid, supuesto financista del Hezbollah y era su invitado en misión oficial al Líbano.	Hussein Dia y Nabih Berri, diputado libanés del movimiento chiíta Amal, aliado al Hezbollah. Los Dia, ciudadanos para­guayo-libaneses, son parte de una familia altamente influyente en la zona de la Triple Frontera. El ex emba­jador, junto con su hermano Hussein y otro miembro de su familia, Mahmoud, figuran como dueños de las firmas Colisee SRL y Dia Imports Exports SRL. Mahmoud figu­raba en la lista de 285 perso­nas investigadas en caso de megaevasión detectado en los últimos años en Ciudad del Este.EL SOCIO BUZARQUISSi bien la participación de Víctor en la sociedad con Hussein es minoritaria, no deja de llamar la aten­ción considerando que en esos años el mismo era un modesto asalariado en la función pública.En el historial del sistema de Recursos Humanos de Hacienda figura que en el 2007 tenía sueldo de G. 800 mil como auxiliar de la Jus­ticia Electoral. Reingresaba en planilla en setiembre del 2009 como asistente en la Corte Suprema de Justicia con sueldo de G. 3,4 millones.Consultamos a Víctor sobre su sociedad y su amistad con Hussein. Primero se mani­festó confuso diciendo que solo había un preacuerdo, sin emisión de acciones, pero luego reconoció que tenía una participación ínfima en la empresa.“No, la verdad que no tenía ninguna sociedad. Había yo firmado un preacuerdo con él en algún momento, pero nunca se efectivizó esa socie­dad. Fue entre el 2005, 2006 más o menos que había un preacuerdo de una sociedad pero que nunca se concretó”, nos dijo al principio.Sin embargo, la SA se cons­tituyó en el 2009, se inscri­bió en Hacienda y él aparece con acciones, que rondan los G. 400 millones. Sobre el punto, Víctor señaló: “Ah, bueno, eso sinceramente tendría que… porque eso, por lo menos estoy hablando de hace más de 10 años. La ver­dad que esa sociedad nunca funcionó, de seguro no tiene ningún tipo de registros ni nada por el estilo, inclusive si no estoy mal trascordado, tengo que ver mis docu­mentos para no hablar por hablar, inclusive esa socie­dad yo creo, tengo los docu­mentos, que ese derecho yo le volví a ceder a él (Hussein), porque él cerró o iba a cerrar esa sociedad. Quedaron sin efecto esas acciones para mí”, explicó el hermano de Buzarquis.En cuanto al monto de sus acciones, dijo: “G. 200 millo­nes, G. 150 millones algo así era… pero no te quiero men­tir cuánto realmente, pero por ahí nomas estaba, era algo mínimo, no alcanzaba el 10%”. Consultado sobre el vínculo de los señores Dia con el grupo calificado de terrorista Hez­bollah y su entonces condi­ción de funcionario público, Víctor respondió: “Yo no era funcionario público en ese momento, yo fui nombrado en el 2012 en la Cámara de Diputados, recién 2012 o 2013 por aquel presidente Víctor Bogado”.	investigacion@gruponacion.com.pyClaudia Lovera Ortega es la esposa de Rodolfo Talavera Allen, hijo de Ana María. Es funcionaria permanente del Ministerio Público, pero hoy se encuentra comi­sionada en la institución a cargo de su suegra.Está como directora de Enlaces Interinstitucio­nales, según Resolución N° 294 de fecha 3 de junio, por la cual se aceptó su comi­sionamiento, firmada por Allen.Vale señalar que esta depen­dencia, aparentemente nueva, depende de la Direc­ción de Etnodesarrollo.Claudia Lovera Ortega, nuera y Humberto Florentín, yerno de amiga.Además del salario mensual de G. 10 millones que per­cibe como funcionaria de la Fiscalía, cobra otros G. 3.000.000 del Indi en con­cepto de responsabilidad en el cargo.Allen Dávalos también ubicó en su institución al yerno de su amiga, la escri­bana Myrian Julian de Riva­rola, quien inclusive la suele acompañar en sus activida­des oficiales, sin ser parte del plantel de funcionarios. La profesional realiza tra­bajos profesionales en su rubro al Indi, aunque la pre­sidenta considera eso como “un favor” por tratarse de “cifras chicas”, los honora­rios facturados.Se trata de Humberto Flo­rentín Díaz, marido de Lorena Rivarola, hija de Myrian. Es funcionario permanente en la categoría “auxiliar técnico” del Fondo Ganadero y está comisio­nado en el Indi desde hace unos meses.Está a cargo de la Direc­ción de Etnodesarrollo que, entre otras cosas, elabora y ejecuta proyectos a favor de los pueblos indígenas.Aparte de su sueldo del Fondo Ganadero de más de G. 4.500.000, percibe una remuneración de G. 2.000.000 del Indi por res­ponsabilidad en el cargo.VIÁTICOS Y OTROS BENEFICIOSAmbos funcionarios tam­bién perciben viáticos y cuentan con beneficios como combustible para su movilidad.Claudia, incorporada en junio, ese mismo mes cobró en viáticos G. 2.925.072 por participar del 23 al 28 en Concepción de un evento, según planilla de viáticos del ente.Por su parte, Humberto ya lleva realizados varios via­jes al interior del país, desde su llegada al Indi, lo que le genera un sobresueldo inte­resante en la institución responsable de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.En abril, por una actividad en Presidente Hayes de un día, cobró G. 731.268; en mayo G. 812.520 por hacer de apoyo en la recepción de animales en Caaguazú, del 27 al 28.En junio, por una actividad de un día en Presidente Hayes percibió G. 812.520, y por participar de reuniones en Concepción, del 23 al 25, otros G. 1.462.536.Finalmente, en julio, por asistir a reuniones en Amambay, del 3 al 6, cobró G. 1.950.048, y mismo monto por otro viaje a Canindeyú, del 9 al 12, para realizar actas de finalización de proyectos.Ambos además cuentan con tarjeta para la carga de combustibles, proveída por la estatal Petropar.Resolución N° 294 de fecha 3 de junio del 2019 por la que Allen acepta comisionamiento de su nuera.ENLACEAl tiempo de alegar los años de antigüedad que tiene su nuera en la función pública, Allen refirió vía Whatsapp que ella es “el nexo entre los ministerios y el Indi”.Sobre el yerno de su amiga escribana, Allen dijo que “merece ganar más para el trabajo que hace”.“La escribana creo que cobró alguna vez por las actas con factura profesional, como honorario profesional. El Indi tenía contratada a toda una escribanía. Solo hace actas referentes a temas indígenas cuando suceden temas de niños que traen a las calles”, remitió Allen, con relación al yerno de su amiga, a quien ubicó como director en su institución.La presidenta arremetió contra dos funcionarios a quienes sindicó de infor­mantes y señaló: “por qué no siguen la trayectoria de Cris­trian Florentín, el chofer que mandé a Recursos Humanos; Lina Franco, la que estaba antes de Humberto y ahora está con sumario por traba­jos mal realizados y no rea­lizados”. “Seguile pues a los informantes”, aseveró la pre­sidenta.EN LA CUERDA FLOJALa presidenta del Indi, Ana María Allen, es una de las que suenan que podría ser cam­biada en las próximas horas por el Ejecutivo.El Comité de Iglesias había soli­citado hace un par de semanas al presidente Mario Abdo Bení­tez la remoción de Allen.El monseñor Mario Melanio Medina, representante del Comité, considera que la mujer no es apta para el cargo que actualmente ocupa. Consideró que para ser titular del Indi “uno debe conocer la cultura guaraní”, así como “hablar el idioma”. “Creemos que tiene que haber una persona más adecuada”, había manifestado.En numerosas ocasiones, Allen fue criticada, tanto por comu­nidades indígenas como por organizaciones que luchan por los derechos de estos, y hasta se pidió su renuncia. En octubre del año pasado, fue abucheada durante un acto oficial por no hablar el idioma guaraní.	Un privilegiado de la administración de Dany Durand es sin dudas su director gene­ral técnico, José Correa Garayo, quien tiene un clan instalado en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábi­tat (MUVH). Su esposa, la Ing. Magaly Martínez Merlo, hace casas a la institución y hasta un primo y una concu­ñada fueron contratados por el ministro y ubicados en car­gos claves.	investigacion@gruponacion.com.pyRicardo Fabricio Merlo Ins­frán es primo de Magaly, esposa de Correa Garayo. Su padre es el fiscal adjunto Ricardo Merlo Faella. Fue contratado en octubre del 2018 y ocupa el cargo de director de la Unidad de Transparencia y Antico­rrupción del MUVH, con una remuneración mensual de 8.000.000 de guaraníes.José Correa Garayo (der.) junto al ministro Durand (c) verificando obras de su esposa. Cuando le consultamos a Ricardo Fabricio cómo ingresó a la institución, se limitó a decir que “la infor­mación se encuentra en el portal del ministerio”.Además del primo, el direc­tor general técnico también consiguió la contratación en el MUVH de su concuñada de nombre Cynthia Rodrí­guez Ramoa, esposa de Car­los Echauri Merlo –hermano de Magaly–. La mujer, de pro­fesión arquitecta, fue contra­tada en setiembre del 2018; ocupa el cargo de directora de Planeamiento Territo­rial y tiene una remunera­ción mensual de 10.800.000 guaraníes.Ambos familiares de la esposa ingeniera ingresa­ron después de que Correa Garayo asuma el cargo de confianza en el MUVH.Resolución 322 firmada por el ministro Dany Durand por la que autoriza desembolso para proyecto, que le beneficia a IASA. Asimismo, otro cuñado de Correa Garayo, de nombre Sebastián Martínez Bur­gos –hermano de padre de Magaly–, es beneficiado con la construcción de casas al ministerio, a través de su empresa Ingeniería Aplicada SA (IASA).La empresa del cuñado es contratada con dinero del MUVH por medio del SAT (Servicio de Asistencia Téc­nica) para ejecutar las obras.La firma IASA, en la que ade­más la esposa del director general técnico del MUVH, Magaly Martínez Merlo, es nada más y nada menos que gerente técnico, tiene a su cargo la construcción de más de 70 casas en Yaguarón, 14 en Caaguazú, 45 en Capitán Meza y 44 en Arroyos y Esteros.Correa Garayo, director con sueldo de G. 18,8 millones, aparece promocionando en redes sociales las casas cons­truidas por la empresa donde trabaja su esposa, cuando su función es defender los inte­reses del MUVH y no alabar las obligaciones que le toca a la contratista.La pareja inclusive se pasea por las obras de la institución acompañando visitas oficia­les, por lo que difícilmente pudieran negar un conflicto de intereses.LAS OBRAS Y LO QUE CUESTANPara la construcción de las viviendas en Yaguarón, el monto total del SVS (Sub­sidio de la Vivienda Social) a ser abonado por la insti­tución se estableció en G. 4.871 millones y el aporte de los beneficiarios en G. 256 millones.El costo total de este pro­yecto presentado por el SAT ACG Consultoría Integral es de G. 5.127 millones, según Resolución 322 de fecha 1 de noviembre del 2018 firmada por el ministro Durand.Para las casas en Caaguazú, el monto de subsidio del MUVH se fijó en G. 901 millones y el aporte de los beneficiarios en G. 47 millo­nes. El proyecto a cargo del SAT Unidad de Servicio Agrí­cola Ganadera-Ambiental­mente Sustentable (USAG) tiene un costo total de G. 949 millones.Otro proyecto de USAG consiste en la construcción de 45 casas en Capitán Meza (Ita­púa), que tienen un costo total de G. 3.118 millones. Según Resolución 729 de fecha 19 de diciembre del 2018, se estableció que el monto de subsidio a ser abo­nado por la institución sea de G. 2.962 millones y un aporte de los beneficiarios de G. 155 millones.En el caso de las casas en Arroyos y Esteros, los desembolsos se autorizaron durante la administración anterior.Vale señalar que los SAT, por cada proyecto que ejecutan en zonas rurales y urbanas, cobran 7% y 11%, respectiva­mente, del costo total del pro­yecto que es aprobado por el MUVH. El resto, las empre­sas constructoras.	OTRA CUÑADAEn mayo pasado, Durand habilitó a la Fundación Atlántica, de Mariela Martínez Burgos, cuñada de su director general téc­nico, José Correa Garayo, para ejecutar proyectos como Ser­vicio de Asistencia Técnica (SAT), nombre que se le da a los intermediarios de la construcción de viviendas sociales en la institución. Es decir, se ramifican los negocios del clan de la esposa de Correa.Martínez Burgos es hermana paterna de Magaly Martínez Merlo, esposa de Correa Garayo. El ministro, quien está en la cuerda floja, sigue sin respon­der sobre el caso. Ayer pidió que se le envíen las consultas vía correo electrónico.	Al asumir Dany Durand como titu­lar del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) –ex Sena­vitat–, ubicó a Correa Garayo, de profesión ingeniero indus­trial, a cargo de la Direc­ción General Técnica, una dependencia cuyas funcio­nes tienen mucho que ver con programas y proyectos habi­tacionales, negocio en el que opera la constructora.	(0982) 810-098Una de las funciones de Correa Garayo es, por ejem­plo, evaluar los proyectos habitacionales y urbanísti­cos encarados por la insti­tución. Además, supervisar las fiscalizaciones de obras y depende directamente del ministro Durand.Ingeniería Aplicada SA (IASA) se llama la empresa de su cuñado Diego Sebas­tián Martínez, que a través del SAT (Servicio de Asisten­cia Técnica) es contratada con dinero del MUVH para ejecutar obras. Su esposa, la ingeniera Magaly Martínez, es nada más y nada menos que gerente técnico de la empresa contratista que figura a nom­bre del hermano.Lugar donde funciona IASA y otras empresas de Diego Sebastián Martínez. Es decir, por el lado del MUVH, el marido supervisa a los fiscalizadores de las obras y por el lado de la contratista la esposa gerencia las cons­trucciones.Actualmente la firma se encuentra ejecutando 4 pro­yectos en el marco del pro­grama Fonavis (Fondo Nacio­nal de la Vivienda Social), por un valor total aproximado de G. 9.000 millones.IASA tiene la construcción de más de 70 casas en Yaguarón, 14 en Caaguazú, 45 en Capi­tán Meza y 44 en Arroyos y Esteros.Para la construcción de las viviendas en Yaguarón, el monto total del SVS (Subsi­dio Nacional de la Vivienda Social) a ser abonado por el MUVH se estableció en G. 4.871 millones y el aporte de los beneficiarios en G. 256 millones.El costo total de este pro­yecto presentado por el SAT ACG Consultoría Integral es de G. 5.127 millones, según Resolución 322 de fecha 1 de noviembre del 2018 firmada por el ministro Durand.Para las casas en Caaguazú, el monto de subsidio del MUVH se fijó en G. 901 millones y el aporte de los beneficiarios en G. 47 millones. El proyecto a cargo del SAT Unidad de Servicio Agrícola Ganadera- Ambientalmente Sustenta­ble (USAG) tiene un costo total de G. 949 millones.Resolución 322 firmada por el ministro Dany Durand por la que autoriza desembolso para proyecto. Otro proyecto de USAG con­siste en la construcción de unas 45 casas en Capitán Meza (Itapúa), que tiene un costo total de G. 3.118 millo­nes. Según Resolución 729 de fecha 19 de diciembre del 2018, se estableció que el monto del subsidio a ser abo­nado por la institución sea de G. 2.962 millones y un aporte de los beneficiarios de G. 155 millones.En el caso de las casas en Arroyos y Esteros, los desembolsos se autorizaron durante la administración anterior.Vale señalar que los SATs, por cada proyecto que ejecutan en zonas rurales y urbanas, cobran 7% y 11%, respectiva­mente, del costo total del pro­yecto que es aprobado por el MUVH.FIRMA CUESTIONADAEn abril del 2018 se conoció que el intendente de Asun­ción, Mario Ferreiro, había pagado unos G. 1.600 millo­nes a la firma IASA por obras en la Terminal de Ómnibus que no realizó. De acuerdo a los registros, la empresa recibió un pago de G. 479.657.891 el 28 de abril del 2017 a pocos días de haber firmado el contrato y luego, el 16 de enero del 2018, se hizo otro pago de G. 1.119.201.746.