Luis Villasanti, presidente de la ARP, en entrevista con la 730 AM expresó su preocupación por la situación por la que atraviesa actualmente el sector cárnico en nuestro país.Según refirió, hoy día Paraguay no cuenta con un mercado premium para la exportación de carne, hecho que impide tener un estatus elevado como exportador y generar así mayores ingresos.Así también, aseguró que “la carne está pasando por el peor momento histórico en Paraguay”, donde los precios no sirven siquiera para subsistir. “Se está perdiendo plata por todos lados con el precio actual”, añadió.Otro aspecto que se suma a la crisis en el sector cárnico es el porcentaje de exportación de carne que le corresponde a nuestro país mediante el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Según Villasanti, se deberá pelear para lograr tener un “porcentaje igualitario”.Teniendo en cuenta un acuerdo firmado hace unos años atrás por la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), a Paraguay tan solo le corresponde el 7% de la exportación, mientras que a Brasil el 43% y a Argentina otro 32%. En este caso, la cuota había sido determinada en base al hato ganadero de cada nación, lo cual deja a Paraguay con un porcentaje mínimo.El titular de la ARP considera esto como una desventaja y sostiene que es necesario alcanzar el 25% ya que el Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto hablan de “un trato igualitario”. “No tenemos por qué permitir que porque tienen 200 millones de cabezas de ganado ellos van a tener el 43% y porque vos tenés 40 millones vos vas a tener X porcentaje, eso quiere decir que no existe un Mercosur igualitario”, acotó.	Un grupo de exalumnos de los colegios Campoalto y Las Almenas declaró persona no grata a José Miguel Rodríguez, más conocido como Joselo. Sin embargo, desde la Asociación de Ex Alumnas de Las Almenas y de Ex Alumnos de Campoalto aseguraron que no emitieron postura alguna con relación al joven abogado.	Según un escrito dado a conocer a través de las redes sociales, supuestamente los exalumnos de los colegios Campoalto y Las Almenas expresaron su indignación y repudio por el actuar del que fue alumno del Colegio Campoalto, José Miguel Rodriguez Fernandez “Joselo” de la promoción 2009, por lo que fue declarado “persona no grata”.	“Nosotros NO vamos a jugar al futbol, ni bailar en una fiesta, ni vamos a hacer negocios con impunes y corruptos, aunque éstos sean nuestros compañeros y allegados. Queremos un país libre de corrupción e impunidad: “caiga quien caiga”, de verdad. Por eso nos reservamos el derecho de no permitir la admisión de Joselo a las actividades organizadas por los ex alumnos y locales comerciales pertenecientes a los abajo firmantes”, reza el escrito.EXA DE CAMPOALTO Y LAS ALMENAS DESMIENTENSin embargo, la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Campoalto no es el responsable del comunicado, según confirmó a nuestra redacción su actual presidente Marcelo Filippini.En un escrito, dicha aso expresó que "no hemos emitido comunicación oficial alguno en relación a casos específicos de nuestros asociados, y que en el momento que lo hagamos utilizaremos este medio oficial".	Mientras que desde la Fan Page de Exa Las Alemanas aclararon que su directiva tampoco emitió ningún comunicado respecto a Joselo Rodríguez. “Como a toda la ciudadanía, nos preocupa la grave crisis política y expresamos nuestro deseo de que nuestra generación transforme la sociedad y tengamos días donde los principios sean respetados. Acompañamos con preocupación la grave crisis y el destino de nuestra patria. Justicia y no impunidad abrirán el camino hacia una verdadera democracia”, indica el posteo compartido por las exestudiantes de dicha casa de estudios.	La seguridad penitenciaria abarca las condiciones de las instalaciones eléctricas ante el riesgo de muertes por electrocución y cortocircuitos y una muerte en la cárceles es responsabilidad del Estado paraguayo, afirmó la viceministra de Política Criminal, Alejandra Peralta. Con el relevamiento de las condiciones actuales se harán los cambios necesarios para evitar siniestros.	Las condiciones de las instalaciones eléctricas de las penitenciarías del país están siendo relevadas a través de un trabajo interinstitucional que involucra al Viceministerio de Política Criminal debido al alto riesgo de que ocurra algún siniestro dentro de las cárceles.Tanto los amotinamientos como la situación de hacinamiento de la población privada de libertad incrementan el riesgo de incendios, muerte por electrocución y otros, según explicó la viceministra de Políticas Criminal, Alejandra Peralta en contacto con la 970 AM.El cambio de las condiciones será aprovechado con reforma de las cárceles prevista por el gobierno. “Estamos haciendo un relevamiento con los trabajos que se vienen realizando y vamos a empezar a marcar un agenda para lo que haremos a partir de aquí con un equipo interinstitucional de acuerdo a la competencia de cada institución”, indicó.Las modificaciones necesarias abarca la seguridad penitenciaria porque la población de las cárceles está bajo custodia del Estado paraguayo y una muerte en las cárceles es responsabilidad del Estado, agregó Peralta.Destacó que la construcción de nuevas penitenciarías también forma parte del trabajo que se viene realizando y Tacumbú es la prioridad atendiendo que es la penitenciaría con mayor población, en total se encuentran 3900 presos. Peralta afirmó que la población de Tacumbú incrementa el riesgo de siniestros y será trazada una agenda para los trabajos que también se trasladarán a la penitenciaría de Ciudad del Este.	Pedro Halley, gerente de Prestaciones Económicas del Seguro Social, indicó que de manera extraoficial se percibe que desde que se equiparó el salario de las domesticas con el mínimo legal vigente hubo 200 bajas del seguro por semana."Hay una merma. Desde la implementación de la ley, están disminuyendo semanalmente alrededor de 200. Todavía no se implementó bien las normas, pero se maneja ese dato”, mencionó. Actualmente, todas aquellas personas que estén incorporadas bajo este régimen de trabajo (empleadas domésticas, mucamas, amas de llave, niñeras, choferes del servicio familiar, cocineras, jardineros, etc.) deben percibir el 100% del salario mínimo, es decir, la suma de G. 2.112.562.