Las autoridades taparon el bache que ocasionó el accidente en el que murió una persona y resultaron heridos cuatro menores de edad, en la ciudad de Itá. El diputado liberal Édgar Acosta cuestionó por su parte que se normalicen las rutas minadas de pozos, siendo que esto es producto de una sinvergüencía y corrupción.	El periodista Rubén Orué informó a la 730 AM que fue tapado el bache que estaba ubicado sobre la Ruta Acceso Sur, en el kilómetro 28, compañía Typychaty, ciudad de Itá.El taponamiento se realizó un día después del accidente de tránsito que se cobró al vida del conductor Armando Andrés Ruíz, quien iba a bordo de un automóvil con cuatro menores de edad que forman parte de un equipo de fútbol. Fue otro camión que se trasladaba sobre la citada ruta que cayó al bache de gran tamaño, que le hizo perder el control, ingresar al carril contrario e impactar frontalmente contra el automóvil de Ruíz. Tras el impacto ambos vehículos fueron disparados a la banquina de la ruta, quedando el camión incrustado en la parte delantera del auto.El diputado liberal Édgar Acosta indicó que no es normal que las rutas estén minadas de baches y señaló que ello es producto de la corrupción. “El bache no es normal, no podemos normalizar la corrupción. Sinverguenzas que hacen mal las obras, por eso hubo muertes. Van a caer más corruptos y tienen que ir a la cárcel”, arremetió.	Dante Leguizamón, presidente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), mencionó que la prevención de la tortura en las primeras horas de detención aún es una materia pendiente en Paraguay. “Esto tiene como objetivo capacitar a los defensores públicos sobre el protocolo de Estambul, el registro de prevención de la tortura, ya que el desconocimiento de estos procedimientos es una de las principales falencias que tiene nuestro país”, declaró. De acuerdo con el MNP, el periodo entre la aprehensión y la audiencia de imposición de medidas es propicio para los abusos de poder y recomiendan que las violaciones a los derechos sean reportadas de inmediato. Por este motivo, Leguizamón considera importante la capacitación de los defensores públicos. Las salvaguardas son acciones que debe realizar la policía nacional en cumplimiento de la protección de los derechos de las personas. Algunas de las salvaguardas en las primeras horas de detención son la notificación de los derechos, el acceso a un abogado, el examen médico y la comunicación a un familiar.	Carlos Soler, exgerente de crédito del Indert, reveló que el director del Indert, filial Chaco, Enrique Gómez de la Fuente, ordenó enviar al estudio jurídico Andrés Gubetich Mojoli, los cheques que cubrirían el costo para dejar sin efecto la anulación de la adjudicación de un terreno.A su vez, el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Andrés Gubetich, negó que su estudio jurídico haya recibido los cheques de las coimas y alegó desconocer por qué su domicilio era utilizado por Gómez de la Fuente para proceder al negociado. Aunque reconoció que el actual director del Indert Chaco trabajó en el sitio hace dos años. “Desmiento tener alguna participación en estos hechos que están siendo investigados”, agregó sobre el escándalo del Indert.Dicho bufete está siendo liderado actualmente por su hermano, Rodolfo Gubetich, quien justamente es el representante legal de Justo Cárdenas, extitular del Indert. Cárdenas recientemente salió de Tacumbú al ser beneficiado con un arresto domiciliario. Está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.	cesar.larre@gruponacion.com.pyMichel Clemotte, ejecutivo comercial de la firma Kaya Containers Paraguay, dedi­cada a la modificación de con­tenedores, dijo a La Nación que el precio pagado por el ministe­rio está muy por encima de lo que verdaderamente cuesta un contenedor adaptado, ya con todo su equipamiento.“Realmente es una gran estafa, nos va a afectar en lo que sería el rubro de contenedores por­que la gente va a creer que es un rubro sucio (…). Creemos que la gente va a dudar ahora en optar por un contenedor por cierta gente que no tiene valores para poder estafar al Estado”, mani­festó el ejecutivo de la firma.Comentó que la empresa de la que es parte dejó de presen­tarse a licitaciones públicas “porque todo está arreglado” y que sus clientes son del sec­tor privado.“(...) es imposible que cueste a ese precio, es algo bastante grotesco; es demasiada la dife­rencia”, dijo sobre los precios pagados por el Ministerio del Interior y ratificó que un con­tenedor de las mismas carac­terísticas con todo su equipa­miento cuesta en el mercado entre G. 110 millones a G. 120 millones como máximo, incluido ya el traslado del mismo.Clemotte se contactó con nuestra redacción afectado por el escándalo de las comi­sarías “de oro”, ya que con la noticia la gente puede creer que tienen exorbitante precio y aclaró que dicha infraestruc­tura montada cuesta 4 veces menos que el precio al que compró Villamayor.Recordemos que el Ministe­rio del Interior adquirió tres comisarías móviles en diciem­bre del 2018 y otras tres en abril pasado. A fin de año, los móviles se compraron a G. 570 millones cada uno, en total G. 1.710 millones; y en abril, a G. 493 millones cada uno, totali­zando G. 1.479 millones. En total, los seis tráileres cos­taron G. 3.189 millones. Con este dinero, sacan a la calle 12 policías, ya que las estaciones de trabajo instaladas están preparadas para dos unifor­mados por cada contenedor.