Una gran brecha en Salud Pública es la derivación de pacientes al sector privado para la atención de mayor complejidad como el servicio de terapia intensiva. Solo en enero el MSP ya utilizó los recursos destinados para la tercerización solo en terapia para recién nacidos. El sistema de salud requiere el doble de unidades de terapia con las que cuenta actualmente.	En el primer mes del año, Salud Pública prácticamente ya destinó el presupuesto anual destinado para tercerización de servicios, específicamente en derivación de pacientes a terapias en el sector privado. Solo en la derivación de neonatos a terapia intensiva del sector privado ya se gastó USD 1 millón de dólares, confirmó el doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud.Esta situación es delicada y muestra la brecha enorme que existe en Salud Pública, admitió el titular de la cartera sanitaria. “Hoy tenemos como 300 camas de terapia y necesitamos 600 y una forma de paliar esta necesidad es derivando a otros centros pero el limitante no es solo infraestructura ni equipos, es recursos humanos”, afirmó.Destacó que la habilitación de terapia en Misiones permitirá cubrir una gran necesidad del sur del país y no necesitar el traslado hasta la capital para que un paciente grave sea atendido.“Estamos trabajando para disminuir esa brecha y un ejemplo es la terapia en Misiones ya en pleno funcionamiento a pesar que tuvimos dificultades con deserciones de última hora lo que impidió completar la grilla de profesionales sumado al periodo de capacitación del personal que llevó más tiempo del previsto”, agregó Mazzoleni.La capacitación de profesionales en especialidades médicas y cubrir las áreas en los centros de referencia en distintos puntos del país es uno de los desafíos de su gestión, afirmó por lo que se busca incentivos para los profesionales y que opten por quedarse en zonas donde se requiere el servicio de profesionales formados.En el Hospital Distrital de San Ignacio, Misiones fueron habilitadas cuatro unidades pediátricas y seis neonatales, todas de cuidados intensivos. Mientras que en el Hospital Regional de San Juan Bautista, Misiones ya están operativas cuatro camas de terapia intensiva para adultos y tres de reanimación.	Angel Coronel (27) se puso en contacto con la redacción de HOY para denunciar a la empresa SIT Paraguay en donde viene desempeñándose como guardia de seguridad desde hace aproximadamente 5 años.Según manifestó, hace como 3 meses que no cobra de manera regular su salario, el cual ha sido objeto de llamativos recortes que no fueron justificados por la empresa. De percibir la suma de G. 2.900.000 pasó a cobrar tan solo G. 1.800.000 (con descuento de IPS incluido).Esta situación se habría generado luego de que fue transferido del Banco Central del Paraguay (BCP), lugar en el que tenía a su cargo la custodia de dos miembros del directorio, al Banco Nacional de Fomento (BNF).El denunciante explicó que el cambio fue ordenado por sus superiores a raíz de un hecho del que fue acusado injustamente y que no cometió. Pese a sostener su inocencia, se vio forzado a cumplir con la disposición y trasladarse hasta la sucursal del BNF ubicada sobre Haedo y Chile, en el microcentro de Asunción.Cuando cumplía funciones en el BCP, asegura haber cobrado alrededor de 2.900.000 guaraníes de manera mensual, a veces inclusive más por las guardias nocturnas o feriados que le tocaba trabajar, pero al pasar al BNF su bonificación se redujo considerablemente hasta llegar a unos 1.800.000 guaraníes, cifra menor al salario mínimo legal vigente en la actualidad.“La empresa hace figurar que los trabajadores cobran más, pero en realidad pagan poco”, afirmó Coronel a HOY. Asimismo, sostuvo que en dicha firma no quieren pagar la indemnización por antigüedad y por ello “le hacen la vida imposible” a sus trabajadores a fin de forzarlos a renunciar. En un audio enviado a nuestra redacción, se escucha al denunciante conversar con la encargada del Departamento de Recursos Humanos de SIT Paraguay, quien no supo justificar el motivo por el cual se le hizo la disminución del salario al ser transferido a otra entidad bancaria. Pese a los insistentes reclamos, la mujer evitó brindar una justificación concreta.Según Coronel, su caso no es el único pues otros compañeros suyos estarían pasando por situaciones similares, percibiendo salarios mucho menores a los que figuran en las planillas de cobros de la empresa.Sobre este punto, reveló que varios trabajadores temen represalias por parte de la empresa, ya sean sanciones o desvinculaciones, y por ello no se animan a denunciarla ante el Ministerio de Trabajo. “Están jugando con la necesidad de la gente, hay personas que necesitan el trabajo y por miedo no quieren denunciar. La mayoría tiene este problema”, acotó.	José Bordignon Pintos cobró más de 9 millones de guaraníes en diciembre por asesorar a la Essap, donde su novia, la política viajera Myriam González, se benefició con un viático de US$ 10 mil para ir a estudiar a Salamanca, pese a haber ingresado recién el 1 de septiembre del año pasado.	de la aguatera estatal con un salario de 9.295.273 de guaraníes. El mismo figura como licenciado en administración de empresas y está contratado en calidad de asesor de la institución.Llamativamente, esta funcionaria, a la par del curso, aprovecha su estan­cia pagada con viáticos oficia­les del Estado paraguayo para coincidir con su pareja Bordignon y pasearse por Salamanca, Segovia, Madri­d-España y Dublin-Irlanda.Las imágenes y comentarios tanto en Instagram como en Facebook publicados por ellos mismos ostentaban su tour europeo. Al ser consultada por el diario La Nación, la política viajera mencionó que entiende el nivel de exposición por su cargo, pero alegó que no debe explicaciones por tratarse de su vida privada y que computaron varios otros gastos como viáticos.La militancia política de la funcionaria se da en el movimiento Añetete, como miembro nacional suplente de la Junta de Gobierno de la ANR periodo 2016-2020.Al margen de esto, la Essap lidera el ranking de rubros con mayores reclamos en referencia al mal servicio y el cobro inde­bido según la Secretaría de Defensa al Consumidor y el Usuario (Sedeco). Mensualmente recibe alre­dedor de 1.500 quejas de fac­turas más caras, 70% es por fugas o pérdidas. El otro 10% de errores de lectura, un 10% problemas con medidores empañados que están fuera de rango y un 5% de errores en la facturación, dicho a los medios por el propio Gerente Comercial de la Essap, Juan Pablo Morínigo.	Pese a la férrea oposición que existe ante una eventual indemnización a Juan Arrom y Anuncio Martí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo se limita a analizar si los mismos fueron o no víctimas de tortura sin tener atribución en el caso de secuestro por el cual son acusados, según explicó la doctora María Elodia Almirón.	María Elodia Almirón, doctora en Ciencias Jurídicas y especialista en materia de Derechos Humanos, en entrevista con la 970 AM habló sobre la audiencia pública que se celebrará en San José de Costa Rica en el marco de la denuncia presentada por Juan Arrom y Anuncio Martí.Al respecto, explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) se encargará de analizar todas las pruebas que fueron presentadas por las partes (denunciantes y Estado paraguayo), posteriormente se pasará a la parte de los alegatos en la que escuchará a los involucrados en el pleito y finalmente se encargará de dictar la sentencia definitiva.Almirón resaltó que la presencia de autoridades nacionales -incluyendo la del presidente de la República- no tiene ninguna incidencia en el caso, pues básicamente lo que se requiere es la participación de los representantes legales del gobierno en la audiencia, dado que los mismos tendrán a su cargo representar al Estado paraguayo.Respecto al monto solicitado por Arrom y Martí en concepto de reparación económica (alrededor de US$ 63 millones), indicó que el tema pecuniario también se discute entre otros varios temas, aunque no es lo más prioritario. Como ejemplo, mencionó que las partes afectadas pueden pedir US$ 100 millones y la Corte Interamericana al final puede decidir darles solo US$ 20.000.“Allí se discute todo tipo de daños, uno de ellos es el daño material que puede ser cuantificable de acuerdo a los parámetros establecidos por la CorteIDH”, acotó la experta en Derechos Humanos.Sobre el mismo punto, Almirón sostuvo que no existen antecedentes de reparaciones económicas por “montos siderales”. En el caso de Paraguay, la cifra más elevada que se vio obligado a pagar el Estado fue por el incendio en el Instituto de Reeducación del Menor Panchito López, ocurrido en el año 2001, donde la condena fue de US$ 3 millones.La profesional del derecho aclaró que, en este caso en particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tratará los casos de secuestro de los que se acusa a Juan Arrom y Anuncio Martí sino más bien de las prácticas de tortura cometidas por parte del Estado paraguayo (a través de la Policía Nacional). Por ende, la competencia de esta instancia supranacional no abarca los derechos de los secuestrados ni el caso del secuestro en particular.“Es un debate que se ha instalado y es un tema muy sensible porque guarda relación con uno de los primeros secuestros cometidos en Paraguay (el de María Edith Bordón de Debernardi), pero ese tema no está metido dentro del debate procesal”, expresó Almirón a la 970 AM.Por lo tanto, se puede precisar que lo que se analizará en esta audiencia es si es que el Estado paraguayo respetó o no lo establecido en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos -también conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”-, la cual fue aceptada y refrendada por nuestro país y los demás Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).“Cuando hablamos de violaciones de derechos humanos no la cometen particulares sino sólo los Estados, a no ser que se hablen de instrumentos específicos. Se debe analizar la figura del Estado como el principal garante de los derechos fundamentales de las personas pero también como sujeto de derecho público que puede violentar en forma directa el ejercicio de los derechos fundamentales de los individuos”, explicó.Al ser consultada sobre la posibilidad de que, en caso de emitirse un fallo en contra del Estado, Paraguay decida denunciar a la CorteIDH o “salirse” del Pacto de San José, Almirón aclaró que esa decisión tendría que analizarse no solo a nivel del Poder Ejecutivo sino también en el Congreso Nacional. Entre uno de los procedimientos que se deberían llevar a cabo para concretar esa salida se encuentra la convocatoria a un referéndum para consultar el tema con la ciudadanía. Países como Perú, República Dominicana o Venezuela han llegado a recurrir a esta instancia luego de estar en desacuerdo con algunos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según recordó.