En charla con la radio 730 AM, el empresario del rubro automotor recordó que en 2014 tuvo un acercamiento con los representantes de Lamborghini (el verdadero), porque en nuestro país registró una motocicleta con un nombre que la firma italiana quería usar también para un automóvil. En esa ocasión se llegó a un acuerdo entre ambas empresas ya que no estaban produciendo lo mismo.Samaniego sostuvo que años después, en el 2017, Jorge Antonio Fernández García, quien se identificó como presidente de Lamborghini Latinoamérica SA, quiso asociarse con él, pero que se negó al considerar que se trataba de un engaño.“Me avisaron que el presidente de Lamborghini me quería visitar. Nderasóre dije yo, vamos a tener varios autos de regalo”, indicó y dijo que ilusionado avisó a su personal que todos iban a tener un automóvil de esa marca muy pronto, recordando el acuerdo que había llegado anteriormente con la empresa verdadera.Pero grande fue su sorpresa cuando llegó el día de la reunión con el presidente de Lamborghini. “Llega un mexicano con un maletín grande cuadrado y baja sobre mi escritorio una pila de expedientes judiciales con los que dice que tiene un permiso que le dieron hace 30 años para una licencia de uso de marca en México y que él fue haciendo crecer esa firma con más derechos”, recordó.El presidente de Reimpex indicó que el visitante le propuso utilizar su fábrica de ensamblaje para traer vehículos chinos y colocarle la marca Lamborghini. “Me dijo: lo que vamos a hacer es traer un auto de las 400 fábricas que hay en China, le vamos a sacar su marca original, vamos a convertir en Lamborghini y vos vas a montar acá en Paraguay y nosotros vamos a vender como Lamborghini”.Samaniego se mostró sorprendido y le aclaró que los paraguayos conocían la marca en cuestión, a lo que el supuesto CEO aseveró que todo será legal, porque insistía en que iba a registrar la marca en nuestro país. “Me di cuenta que era un engaño, a los 15 minutos se terminó la reunión y este señor desapareció”, acotó. Sostuvo que le llamó poderosamente la atención al ver al mismo empresario junto con el presidente Mario Abdo en el Palacio de López. “Al verle a él en la foto ya me reí y dije: ‘Qué pifiada hizo el pobre Presidente’”, agregó.	En la mañana de este jueves se llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas para Edelio Celso Loreiro Garcia, Pedro Molinas, Ruben Dario Duarte Jacket, Venancio Bolaños Torres, Mario Figueroa Velázquez, Carlos Ever Navarro Morales, Pablo Cesar Morales, Luis Carlos Gomez Santacruz y Sebastián Ramón Silva.Los nueve agentes policiales fueron detenidos el día martes en el marco de una investigación realizada en conjunto entre el Ministerio Público, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y el Ministerio del Interior.El juez penal de garantías Gustavo Amarilla dictaminó la prisión preventiva de los uniformados, quienes pasarán a guardar reclusión de manera definitiva en la Agrupación Especializada.Al momento de su comparecencia, se escuchó el argumento de la defensa de cada uno de los detenidos, mencionó. En su mayoría, solicitaron distintas salidas procesales como la prisión domiciliaria, aunque en el caso del comisario Loreiro, su abogado pidió la excarcelación sobre la base de cuestionar los términos de la imputación fiscal.El magistrado señaló que los hechos punibles por los cuales están sospechados los policías hablan de una posible participación de funcionarios del Estado en la protección a narcotraficantes y en convivencia supuesta con bandas ligadas al narcotráfico.Amarilla recordó que para llevar a cabo esta investigación en el marco del Operativo Dignidad se hicieron escuchas telefónicas que fueron ordenadas por el juzgado a su cargo, permitiendo así llegar hasta los ahora detenidos. Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1340, los jefes policiales se exponen a pena de hasta 20 años de prisión.	De “la nada”, el senador oficialista Juan Carlos Galaverna, más conocido como Calé, le devolvió el gesto a su colega Paraguayo Cubas, quien retornó a su banca tras haber estado suspendido por sus improperios en el Senado.Al hacer uso de palabra, Calé indicó que atendiendo a que Payo no fue sancionado por haberle derramado agua en la sesión realizada el 11 de abril pasado, iba a proceder a hacer lo mismo.	Galaverna justificó su acto e indicó que si corresponde alguna sanción por su actuación, él mismo pedirá la amonestación. Mientras que el ahora atacado minimizó la situación con un “calma, acá no pasa nada”. Tras esta revancha, Calé manifestó que ya está “en paz” tras su peculiar actuación que causó asombro entre los demás políticos y funcionarios públicos. “Es un acto de dignidad. A los Galaverna se les puede tocar, pero gratis no”, lanzó.	Varios habitantes de la ciudad de Yaguarón llegaron esta mañana hasta Asunción para realizar una protesta frente a la oficina central del MADES, ubicada en las inmediaciones de la Avda. Madame Lynch.El motivo central de la manifestación es la negativa de un importante sector de la población yaguaronina a la instalación de un vertedero en dicha localidad del departamento de Paraguarí.Luis Rodríguez, intendente de la ciudad, indicó al canal GEN que la empresa Benia Ambiental S.A., encargada del proyecto, no tiene ningún permiso para instalarse en la ciudad y tampoco presentó documentación alguna que avale dicho trámite.Según mencionó, sobrepasaron totalmente la autoridad del municipio y también del Ministerio del Ambiente al construir una fosa de más de 500 m2 en un terreno de 250 hectáreas, lo cual hace que estén en falta ante las instancias pertinentes.Esta planta de tratamiento de residuos sólidos estaría en las proximidades del arroyo Caañabé y de los humedales del lago Ypoa, de acuerdo a lo señalado por el jefe comunal, lo cual supone un riesgo para varios cursos hídricos importantes en la zona.“La Junta Municipal y la Intendencia ya emitieron una resolución como medida de urgencia atajando todo tipo de movimiento en el lugar. Estamos esperando las instancias como el Juzgado de Faltas para destruir todo lo que construyeron y dejar otra vez al medio ambiente así como estaba”, expresó.Por su parte Hugo Cardozo, asesor jurídico del MADES, indicó que dicha cartera de Estado no tiene la potestad de autorizar el inicio de obras sino más bien la de estudiar el proyecto para posteriormente conceder la declaración de impacto ambiental.Actualmente ya se ha instruido un sumario sobre este vertedero. En caso de que llegaran a encontrarse falencias o infracciones, corresponde la aplicación de multas a la empresa Benia Ambiental S.A., indicó.La complejidad de este proyecto está dada por el tipo de residuos que pretende manejar, tales como residuos sólidos urbanos, residuos industriales y de agroquímicos, tratamiento de efluentes cloacales, tratamiento y disposición final de residuos patológicos, mencionó la directora de Evaluación de Impacto Ambiental, Carolina Pedrozo. La misma aclaró que no pueden cancelar o cerrar un proyecto sin antes terminar el análisis técnico y científico que servirá como sustento para la puesta en marcha de la obra. En tal sentido, no supo precisar cuándo estaría culminando ese proceso de revisión.