En la lista de los principales ejecutores le siguen Arabia Saudí, con 149 ejecutados; Vietnam, con 85 -el país publicó datos oficiales en “un gesto sin precedentes” en 2018-; e Irak, donde las ejecuciones se multiplicaron por cuatro, con al menos 52. En el caso de Pakistán, las ejecuciones cayeron un 77% (de 60 en 2017 a 14).	Naidoo ha admitido que “las buenas noticias de 2018 se han visto empañadas por el hecho de que un reducido número de Estados haya decidido, para su vergüenza, ir en contra de la tendencia general”. Así, Amnistía ha detectado un aumento de las ejecuciones en Bielorrusia -con cuatro ejecutados-, Estados Unidos -con 25 ejecuciones y único país americano en aplicar la pena capital-, Japón -con 15 ajusticiados, frente a cuatro en 2017-, Singapur -con 13- y Sudán del Sur.	“Desde Burkina Faso hasta Estados Unidos, se están tomando medidas concretas para abolir la pena capital. Es hora de que los demás países sigan su ejemplo”, ha reivindicado el máximo responsable de Amnistía. Según la organización, a finales de 2018 había 106 países en el mundo que habían abolido por ley la pena de muerte para todos los delitos y 142 que la habían abolido en la ley o en la práctica.	En el caso de Pablo Ibar, el Tribunal Supremo de Florida (Estados Unidos) anuló en febrero de 2016 su condena a muerte pero el pasado 20 de enero volvió a ser declarado culpable y la ONG no descarta que se le imponga la pena capital, o en su defecto la cadena perpetua.	que tiene nacionalidad española tras haber vivido más de 20 años en este país. En su caso, fue condenado a muerte en Egipto por asesinar a su cuñado en diciembre de 2016 y, según la ONG, no tuvo abogado a su disposición y fue amenazado con que su familia sería torturada en caso de que no obedeciese.