La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) no acudió a auxiliar a los policías durante el atraco a la sucursal de Visión Banco en Cruce Liberación debido a que no recibieron un pedido de apoyo expreso, de acuerdo a lo manifestado por su vocero. Un experto en seguridad cuestionó este argumento y recordó que dicha unidad policial-militar tiene a su cargo la seguridad en todo el norte del país.	El Mayor Luis Apesteguía, vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), en entrevista con Radio Ñanduti habló sobre el último atentado contra una entidad bancaria registrado en la zona de Cruce Liberación, departamento de San Pedro.Al respecto, refirió que la citada agrupación policial-militar no fue a brindar apoyo logístico a los agentes de policía que se encontraban en la comisaría del lugar (y que habían sido sitiados por los delincuentes) debido a que ellos solo actúan cuando hay un pedido expreso.“Nuestra misión principal en el norte es contra el EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) y el EML (Ejército del Mariscal López). Si bien nosotros también colaboramos con la institución policial y con la SENAD, es solo por pedido de ellos, cuando ellos solicitan les brindamos ese apoyo en la medida de nuestras posibilidades”, expresó a la 1020 AM.VISIÓN DE UN EXPERTO SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA FTCJosé Amarilla, exdirector de Inteligencia y experto en temas de seguridad, en entrevista con el programa “La Caja Negra” de Unicanal manifestó que la Fuerza de Tarea Conjunta -encabezada por las FF.AA.- es la responsable de la seguridad interna en los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay.Teniendo en cuenta este hecho, considera que no corresponde que el vocero de la FTC ponga como excusa que los policías de la comisaría de Cruce Liberación no pidieron ayuda a esta unidad al momento de producirse el atraco en el Banco Visión.De acuerdo al Decreto N.º 103/13	, los integrantes de la Policía Nacional y de la SENAD que formen parte de la FTC estarán bajo control operacional del Comandante de Operaciones de turno. Por ende, los militares poseen las principales atribuciones de mando dentro de la mencionada unidad. Amarilla también refirió que la Policía Nacional no posee los recursos ni equipamientos suficientes como para contrarrestar la capacidad de fuego demostrada en el atentado del domingo, a diferencia de las Fuerzas Armadas que poseen armamento y vehículos mucho más sofisticados.“La FTC es la responsable de la seguridad interna de 3 departamentos. Estamos invirtiendo 15 millones de dólares anuales en la operación militar más grande y más prolongada desde la guerra del Chaco” | José Amarilla (ex director de Inteligencia).	10 de julio de 2019 MILLONARIO PRESUPUESTO Y FALTA DE EFECTIVIDADCabe recordar que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) -integrada por miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD)- había sido creada en agosto de 2013 mediante un decreto firmado por el entonces presidente de la República, Horacio Cartes.Su finalidad principal es el combate contra el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), así como contra los demás grupos criminales que operan en la zona norte del país. Su área de operaciones abarca los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay.De forma anual, la FTC le cuesta al Estado paraguayo una suma aproximada de US$ 15 millones, siendo objeto de duros cuestionamientos por el millonario presupuesto que recibe pero sin tener la efectividad esperada en la lucha contra el EPP.	“Creo que corresponde solicitar la pérdida de investidura de Portillo, Rivas y Ulises, los tres tienen causales en diferentes estadíos procesales, amerita que ya salgan y que vengan los suplentes que van a trabajar estos cuatro años”, dijo la diputada liberal Celeste Amarilla.Anunció que el pedido lo presentará el próximo miércoles y estimó que juntará al menos 22 firmas para impulsar el planteamiento, aunque después habrá que ver si reúnen o no la cantidad de votos. Amarilla consideró que nunca se debió haber concedido permiso a Ulises Quintana y que desde un primer momento correspondía sacarle la investidura, pues la Constitución Nacional estipula que senadores y diputados solo podrán pedir permiso por enfermedad, o bien para aceptar cargos de ministros o de diplomáticos.Ulises Quintana está imputado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, exportación e importación de drogas y asociación criminal, así como tráfico de influencias, en el marco del operativo Berilo, en el que cayó el narcotraficante Javier “Cucho” Cabaña. Sin embargo, ayer obtuvo su libertad ambulatoria y hoy ya recuperó su banca. Carlos Portillo por su parte está acusado tráfico de influencias, luego de la difusión de un audio en el que se lo escucha a Portillo hablar con una mujer, sobre la obtención de una resolución favorable en un caso judicial en Alto Paraná. En tanto Tomás Rivas está imputado por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, por el caso conocido como “caseros de oro”, en donde dos personas que trabajaban para Rivas figuraban como funcionarios de la Cámara.	El juez Rolando Duarte suspendió la audiencia preliminar prevista para Bruno Marabel y Marcelo Sosa Díaz, investigados por el homicidio de cinco personas en Asunción.El magistrado informó que esta situación se da porque la fiscal Esmilda Álvarez no compareció a dicha citatoria. “La representante no justificó al actuario judicial su falta de comparecencia. Es la primera vez que se fijó la audiencia y es la primera suspensión", acotó.En dicho encuentro, el Ministerio Público iba a solicitar la acusación y elevación a juicio para Marabel, quien sería autor confeso, y sobreseimiento de Sosa Díaz, quien al principio se lo involucró en calidad de cómplice. Bruno Marabel acudió a audiencia preliminar ante el juez Rolando Duarte.	“Veo que la justicia es selectiva, creo que le trata de forma especial a los amigos y a los enemigos: palo”, dijo la senadora del PLRA, Zulma Gómez.Consideró la jueza Magdalena Narváez no se ajustó a la realidad y pidió que se utilice la misma vara para juzgar a todos los legisladores.Gómez recordó que Dionisio Amarilla perdió su investidura sin siquiera estar procesado y que lo mismo debería aplicarse con otros parlamentarios. Ulises Quintana está imputado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, exportación e importación de drogas y asociación criminal, así como tráfico de influencias.La magistrada Narváez le concedió libertad ambulatoria después de 10 meses de investigación, bajo los argumentos de: la situación laboral del procesado, su condición de diputado de la nación con cinco años de estadía en el cargo, los vínculos familiares, el arraigo dentro del país, el sometimiento al proceso y su presentación en forma voluntaria.