En la medianoche de este jueves, un hombre identificado como Miguel Silvero, de 35 años, ingresó a una de las habitaciones del Motel Studio A.Según el reporte, el mismo pasó la velada en compañía de dos personas, quienes estuvieron con él durante varias horas aparentemente participando de una “fiesta privada”.El propietario del motel, Juan Marcelo Ramírez, denunció que durante su estancia, esta persona pidió todo tipo de consumición y luego se negó a pagar la cuenta, motivo por el cual decidió quedarse atrincherado en la habitación.Al momento de exigirle el pago, Silvero alegó no contar con dinero en su poder, motivo por el cual los administradores del lugar decidieron impedirle la salida hasta tanto cumpla con su obligación.El dueño del motel optó por llamar a la Policía a raíz de este particular episodio, aunque -según el mismo mencionó a la prensa- los uniformados se negaron a tomar intervención y por ello volvieron a retirarse de allí.Hasta el momento, la deuda del hombre asciende a 700.000 guaraníes, monto que va aumentando a medida que pasan las horas. Al parecer, Silvero se comprometió a conseguir el dinero para esta tarde a través de otra persona que iría hasta el motel para saldar la deuda, de acuerdo a lo señalado por el propietario de Studio A.	en la ciudad de Minga Porã, departamento de Alto Paraná.En aquella oportunidad, Cubas había pateado una patrullera y agredido físicamente a un agente de policía propinándole un “akâpete”, además de ocasionar una serie de destrozos en el puesto policial de la zona. Igualmente, habló sobre “matar a 100.000 brasileños” acusándolos de explotar de manera ilegal los recursos del país.Los proyectistas también incluyeron entre sus argumentos la amenaza proferida contra el comandante de la Policía Nacional, Crio. Francisco Resquín, a quien advirtió con frustrar su ascenso al grado superior inmediato considerando su cargo de senador. Según sostuvieron, “Payo” Cubas incurrió en uso debido de influencias durante estos hechos y, por su amenaza al comisario Resquín, ameritaba proceder al retiro de su investidura como senador.En reemplazo del destituido senador ingresará Fulgencio “Kencho” Rodríguez (Frente Guasú), quien será convocado para jurar la próxima semana, según anuncio Blas Llano.	Alrededor de las 07:00 de este jueves se registró un robo domiciliario en la Fracción Festival de la localidad de Guarambaré.De acuerdo a la denuncia, dos hombres con el rostro cubierto ingresaron de manera abrupta al domicilio de una docente, identificada como María Luisa Guppi Maciel, de 38 años, quien en ese momento se encontraba sola con sus dos hijos.Al ingresar al lugar, los malvivientes exigieron a la mujer que haga entrega del dinero que tenía en su poder. Posteriormente, la maniataron y revolvieron todo lo que había dentro de las habitaciones hasta lograr ubicar el dinero en efectivo.Según confirmó la propia afectada, el monto sustraído asciende a unos G. 46.000.000, producto de los ahorros que venían haciendo con su esposo desde hace varios años.La denuncia fue radicada en la Comisaría 22a de Guarambaré. Agentes de Criminalística y personal del Ministerio Público tomaron intervención en el hecho. Según señaló Guppi a Telefuturo, de momento no tienen sospechas de quiénes serían los autores del robo dado que solo ella y su marido manejaban la información sobre la existencia del dinero en el domicilio.	El mandato judicial prohíbe que las mujeres que fueron denunciadas se acerquen al domicilio de la ministra, a su lugar de trabajo o a cualquier sitio que represente un peligro para la misma en un radio de 500 metros.“Que la ministra utilice este procedimiento de protección para acallar las críticas a su gestión es gravísimo e inconstitucional sin contar que es una desnaturalización de la medida de protección que brinda la ley”, manifestó la abogada y activista Michi Moragas en su cuenta de Twitter. La medida también prohíbe que los denunciados puedan referirse a la ministra a través de redes sociales, llamadas telefónicas o cualquier otro medio de comunicación. Activistas denuncian que con la implementación de esta medida, si alguna de las mujeres afectadas por la orden judicial necesita asistencia del Ministerio, incurríría en desacato si es que se aceran a la sede de la institución. Con pancartas, bombos y platillos, papel higiénico y cánticos de repudio, un grupo de manifestantes denominado “Frente Nacional Anticorrupción” se reunió frente al domicilio de la ministra de la Mujer el pasado 11 de noviembre. Un grupo de víctimas de violencia escrachó al