El Congreso Nacional sancionó el cambio de la legislación, eliminado el artículo 245 “de la prisión preventiva”, dejando así a criterio del juez decretar prisión o dar libertad al procesado.Ante esto, 4.000 personas estarán en condiciones de solicitar de manera inmediata alternativas de prisión. “Habrá una avalancha de revisiones de medidas”, reconoció a la 970 AM la diputada Rocío Vallejo.La legisladora mencionó que propuso al Poder Judicial trabajar doble turno, hasta que se normalice la situación. Esto será tratado en plenaria de la Corte Suprema de Justicia, según acotó. “Hablamos con el presidente de la Corte sobre la necesidad de que jueces trabajen de mañana y tarde, duplicar el tiempo de trabajo para dar respuestas a todos los pedidos”, detalló. Aclaró por último que la modificación no implica que todos los reos salgan en libertad, sino que cada caso será evaluado y el juez determinará si se cumplen los requisitos para beneficiarse con las alternativas de prisión.	El operativo estuvo a cargo de la Unidad Especializada en la Lucha contra la trata de personas y explotación sexual en niños y adolescentes, liderada por Natalia Acevedo e Isabel Arnold. Las representantes del Ministerio Público allanaron la carbonera Paben SA, propiedad de un ciudadano español de nombre Jesús Panadero. El local se ubica en el Km 36,5 de la ruta Benjamín Aceval y según la denuncia se registraría una presunta explotación laboral contra los empleados.La comitiva fiscal encontró a 50 personas, entre ellas, (dos embarazadas y un menor 17 años). De las oficinas incautaron varios documentos.Los empleados manifestaron que son obligados a cumplir más de 12 horas, pues trabajan desde las 6:30 hasta las 17:00, con un salario que no alcanza al mínimo legal. A esto se suma que ni siquiera cuentan con seguro social y que no poseen equipamientos de seguridad ni de salubridad. Carlos Rodríguez y Herminia Riquelme recibieron a los intervinientes y se identificaron como los integrantes de la carbonera.	Esto lo dijo con relación a la polémica generada luego de que el fiscal Víctor Maldonado liberara a un joven que fue detenido por el policía Carlos Vázquez, quien alegó que el sujeto tenía actitud sospechosa y carecía de cédula de identidad.En charla con la radio 650 AM, Granada mencionó que siguió el caso entre el fiscal Maldonado y el policía, y llegó a la conclusión que el representante del Ministerio Público hizo la correcta aplicación de la norma. “Seguí la argelería y autoritarismo del fiscal, pero no por eso deja de tener razón. Me parece medio patotero el fiscal. En periodo de mucha violencia, se desatan con vehemencia por cualquier tema”, acotó.El letrado resaltó que un agente policial no puede demorar a una persona cuando no porta su documento, que sería el caso ocurrido con este joven que sería un malhechor de la zona donde fue aprehendido. “Por carecer de cédula no te vas adentro, pero si hay seguidilla de denuncias, sí a la Policía se le autoriza a extremar las medidas de seguridad en una determinada zona geográfica. Entonces una persona que está merodeando el sitio puede ser aprehendida dentro de un esquema de investigación de un hecho punible”, aclaró además.	El documento refiere que una máquina tipo “bobcat” para extensión y recapado de asfalto, que pertenece a la comuna capitalina, fue utilizada para trabajos de reparación del asfalto del estacionamiento y de la vereda de un taller de equipamientos de automóviles denonimado “Evolution”.En concejal Javier Pintos pide que la Intendencia, mediante las direcciones que correspondan, remita un informe pormenorizado en un plazo máximo de ocho días, sobre los funcionarios que aparecen en el video y los motivos que lo llevaron a cumplir dicho trabajo. Este vídeo nos pidieron que publiquemos ahora. Necesitamos alguna explicación: POR FAVOR, aguardamos respuestas. Gracias. C.c.:	8 de julio de 2019 Por su parte, la edil Rossana Rolón solicitó a la jefatura comunal investigar el hecho y abrir un sumario contra los implicados en el trabajo particular. La denuncia se difundió mediante un video compartido en redes sociales por ciudadanos, quienes expresaron su indignación por el uso de los recursos públicos para beneficio exclusivo de un local.