La nueva legislación exige la creación de una especie de 'ventanilla' en todas las diócesis para sufragar la asistencia médica a las víctimas y para que éstas denuncien los abusos. El Papa Francisco ha promulgado un documento pontificio que contiene nuevas reglas para prevenir y contrastar los abusos sexuales contra menores y adultos vulnerablesdentro de la Iglesia católica.	El texto, que ha sido dado a conocer este jueves, establece que todos los sacerdotes o religiosos tienen la obligación de denunciar cualquier presunto abuso sexual o de poder por parte de un clérigo y exige a todas las diócesis la creación de un sistema público y accesible que permita denunciar los presuntos abusos.	El Vaticano ha explicado que el nuevo ‘motu proprio’ ‘Vox estis lux mundi’ nace después de la histórica cumbre sobre la pederastia clerical que en febrero reunió en el Vaticano a 190 jerarcas de la Iglesia, entre los que se encontraban 114 presidentes de conferencias episcopales. La principal novedad que introduce esta normativa es que a partir de ahora los religiosos que reciban una denuncia por un presunto abuso estarán obligados a informar a su superior de la congregación o al obispo, evitando de esta forma cualquier forma de encubrimiento. Esta comunicación no podrá ser considerada una “violación del secreto de oficio”, puntualiza el texto, que señala asimismo que esta denuncia “no interfiere ni modifica ninguna otra obligación de informar a las autoridades civiles competentes”.	Cuando la denuncia es contra un obispo, la responsabilidad de verificar la denuncia corresponderá al obispo metropolitano o al más antiguo del país, que podrá recurrir a la ayuda de laicos competentes en la materia. Además se deberá informar urgentemente a la Secretaria de Estado del Vaticano y al ministerio vaticano competente.	El rol de las conferencias episcopales será a partir de ahora fundamental. No sólo deberán establecer nuevos recursos para llevar a cabo las investigaciones preliminares sino que también deberán introducir en el plazo máximo de un año un sistema abierto y accesible al público donde las presuntas víctimas o quienes tengan conocimiento de estos delitos podrán señalar los casos de abuso sexual y de encubrimiento. Además, deberán sufragar todos los gastos derivados de la asistencia médica, terapéutica y psicológica a las víctimas.	Por primera vez, se establece un límite de 90 días durante los cuales se deberá llevar a cabo la investigación preliminar, aunque este período podrá ser extendido por razones justificadas. Cada 30 días el responsable local deberá informar a la Santa Sede del estado de la investigación. De esta forma, las conferencias episcopales deberán abrir “un fondo destinado a sufragar el coste de las investigaciones”.	Para el cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación de los Obispos, este nuevo documento “establece procedimientos nuevos y efectivos para combatir el flagelo del abuso”. “La Santa Sede, al encomendar al metropolitano la investigación preliminar de informes que parezcan tener algún fundamento, involucra y responsabiliza a la Iglesia local”, subraya el prelado. Ouellet destaca, asimismo, el papel fundamental que la nueva normativa concede a los laicos a quienes la Iglesia no sólo anima a denunciar cualquier caso de abuso, sino que además recurrirá al trabajo de expertos externos en materias como el derecho o la psicología durante las investigaciones y el acompañamiento posterior a las víctimas.	Este documento vaticano se une al ‘motu proprio’ promulgado en marzo con el que el Pontífice introducía la obligación de denunciar todos los casos de abusos y encubrimiento que afectaran a empleados de la Santa Sede y del pequeño Estado pontificio, miembros de la curia y personal diplomático vaticano en el exterior, y ampliaba el período de prescripción de estos delitos hasta los 20 años.