Alrededor de las 21:30 inició el allanamiento encabezado por la fiscal Carmen Gubetich de Cattoni con apoyo de cascos azules instalados sobre la Silvio Pettirossi.Los intervinientes ingresaron a las galerías San Miguel, Zarza y La Divina donde y en total allanaron nueve tiendas dedicadas a la venta de celulares, según informaron los investigadores a Universo 970 AM.El procedimiento se extendió por aproximadamente una hora y en cada local se incautó una gran cantidad de teléfonos, en su mayoría, presuntamente producto del robo. Uno de los propietarios identificado como César Cáceres fue el que más se resistió al operativo por considerarlo ilegal y hasta advirtió que denunciará a la fiscal de la causa.	Fotos: Fernando RiverosCada comisaría móvil (conte­nedor) costó G. 493 millones y, en total, el precio de las tres asciende a G. 1.479 millones. Las mismas fueron adquiri­das mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).Uno de los tráileres de la Poli­cía se instaló esta semana en el microcentro de Asun­ción, específicamente sobre la calle Estrella casi Nuestra Señora de la Asunción; otro se encuentra en el predio de la Comisaría 12ª, ubicada en el barrio Santísima Trinidad de la capital, desde hace unos meses, según señalaron en el lugar. Y el tercero está en la ciudad de Luque sobre la calle Corrales casi Rojas Silva.Villamayor, quien viene siendo bastante cuestionado por la inseguridad que se vive en el país y que todavía cuenta con la bendición del presidente Mario Abdo Bení­tez, suma una nueva “perlita” a su gestiónVillamayor, quien viene siendo bastante cuestionado por la inseguridad que se vive en el país y que todavía cuenta con la bendición del presidente Mario Abdo Bení­tez, suma una nueva “perlita” a su gestión.El 26 de abril pasado, el minis­tro firmó contrato con la empresa TSV del Paraguay SRL para la adquisición de las comisarías móviles, ya con todo el equipamiento. Se dis­pone de un crédito de US$ 20 millones del citado organismo multilateral para el programa que tiene como objetivo “la disminución de delitos vio­lentos en Asunción y el depar­tamento Central a través de la prevención policial, preven­ción de violencia contra las mujeres, prevención social de jóvenes en situación de riesgo, entre otros aspectos”, según se anunció en su momento.Llaman la atención los pre­cios de algunos bienes que hacen al equipamiento de estas comisarías móviles y que hicieron que el costo total de las mismas se dispare.in text	Como ejemplo se adquirie­ron seis mesas para oficina con medida de 0,60x1,00 a G. 7.000.000 cada una, en total G. 42 millones, de una firma que comercializa el mismo producto a tan solo G. 435.000. También com­praron armarios a precio de “oro”.Para las tres comisarías móviles compraron arma­rio de 0,80x1,80 aproxima­damente a G. 7.350.000 cada uno, cuando en el mercado este mueble se vende a G. 900.000.También es parte del equipa­miento un asiento tipo banco de tres cuerpos; se adquirie­ron tres a G. 4.500.000 cada uno, totalizando la suma de G. 13.500.000. Su precio en el mercado es de G. 1.000.000 aproximadamente.Resaltado de los precios llamativos en contrato firmado por el ministro Villamayor.	Otro precio llamativo es el de la heladera frigobar, de mínimo 80 litros, como era requisito en el pliego de bases y condiciones. Se compraron tres a G. 5.450.000 cada una, G. 16.350.000 en total, de una marca que vende el mismo producto, pero de 110 litros, a tan solo G. 1.000.000.Durante este gobierno se adquirieron en total seis comisarías móviles, tres con presupuesto propio del Ministerio del Interior y 3 a través del crédito del BID.En las comisarías móviles se recepcionan denuncias ciudadanas como extravío de documentos, sustrac­ciones, robos, asaltos, etc., y de acuerdo a la cartera de Estado, cumplen una tarea complementaria de apoyo. Ante nuestras consultas, los uniformados asignados a estos puestos, a quienes encontramos bastante relaja­dos, nos comentaron los esca­sos problemas reportados.NO TIENEN EN CUENTA PRECIOS POR ÍTEM	Javier Fernández, de la Unidad Ejecu­tora de Programas (UEP) del ministe­rio, indicó que para la adjudicación de la empresa TSV se tuvo en cuenta el precio final que esta ofertó, y no así los precios por ítem.“En lo que nosotros nos solemos fijar es en el precio final, y al más bajo se le adjudica, porque no podemos adjudicar por ítem”, expresó Fernández.Por su parte, Fernando Álvarez, director general de Gabinete del Ministerio del Interior, afirmó que el contrato de adquisición de las comisarías móviles sigue abierto y que todavía la cartera de Estado no finiquitó el pago. Le tiró el fardo a los responsables de la UEP ale­gando que son ellos los que evalúan los términos de referencia para la compra.	En el marco del operativo Dignidad, el agente fiscal de la Unidad Especializada de la Lucha Contra el Narcotráfico, Hugo Volpe, imputó a los agentes policiales Pedro Molinas Noguera, Venancio Bolaños Torrez, Mario Figuereo Velázquez, Carlos Ever Navarro Morales, Pablo César Morales Melgarejo, Luis Carlos Gómez Santacruz, Rubén Darío Duarte Jacquet, Sebastián Ramón Silva López y Edelio Celos Loreiro Báez . Los uniformados fueron procesados por los tipos penales previstos en el artículo 39 de la Ley 1340/88 “Que reprime el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Drogas Peligrosas y otros delitos afines” y sus modificaciones, artículo 239 Asociación Criminal y artículo 301 Cohecho Pasivo Agravado del Código Penal, en concordancia con el artículo 29 del mismos cuerpo legal, denominado autoría. Además, el representante del Ministerio Público solicitó al juzgado Penal de Garantías la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados. Los uniformados acusados de cobrar coimas para brindar cobertura y protección a jefes narcos, se presentaron este miércoles a la sede Fiscal y se abstuvieron de brindar declaración indagatoria ante el fiscal antidrogas. Los mismos fueron detenidos, tras varios allanamientos simultáneos llevados a cabo en forma conjunta por el Ministerio Público, la Senad y la Policía Nacional.	, a través del teniente coronel Robert Jackson Gwynne, director de Comunicación Social del Comando de la Fuerza Aérea, quien sostuvo que la sargento de Aviación María Alejandra Torres, infringió las normas del reglamento interno al publicar en su Facebook un meme que atentaba contra la “dignidad” del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.El jefe militar argumentó que lo realizado por la sargento Torres es considerada como “una falta grave” dentro de la institución. Agregó que la acción cometida es una falta de respeto a la autoridad, que en este caso se trata del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.La sanción inicial contra la sargento fue de 90 día de arresto, pero al aceptar su falta, se le redujo a 45 días. El teniente coronel Robert Jackson Gwynne, dijo también que no es la primera sanción contra la sargento. Recordó que una anterior ocasión fue arrestada por uso indebido del uniforme militar.La sargento Torres se encuentra cumpliendo el arresto dentro de la institución militar y no tiene restricción de comunicación.