Con el traspaso de mando que se dio ayer en la intendencia de Ciudad del Este, se recupera una cierta calma en la ciudad pero en contrapartida se intensificaron las campañas electorales. De la mano de los concejales de la oposición asumió el cargo la colorada, Perla Rodríguez de Cabral, en reemplazo de Sandra McLeod de Zacarías, destituida por graves hechos de corrupción.	Este periodo electoral y la armonía que ahora reina en la Junta Municipal no debe ser motivo para la distracción ciudadana o peor aún olvidar y dejar impune a los responsables de la desastrosa administración de los periodos anteriores, en mano de los Zacarías. Ocurrieron hechos extremadamente graves como para no sancionar a quienes jugaron con el dinero de los contribuyentes.Barbaridades como la mala utilización de recursos de Fonacide, denunciado en reiteradas ocasiones por la organización Reacción; millonarias obras mal hechas, mediante licitaciones adjudicada a empresas afines; esquemas de estafa a contribuyentes, a través de la caja 9, entre otras, forman parte de las atrocidades financieras.No hay que olvidar el esquema de corrupción montado por la policía municipal, de la mano del Capitán Carlos Florenciáñez y que imperó impunemente durante años. La recaudación absolutamente irregular por el estacionamiento en el centro de la ciudad, la repartija de los espacios públicos y la entrega de predios municipales a seudos empresarios sinvergüenzas.Las irregularidades suman y siguen y no se pueden dejar impune a las empresas de maletín conformadas solamente para recaudar, que se embolsaron durante años sumas multimillonarias. En estas mismas condiciones están las empresas amigas privilegiadas con sucesivas contrataciones, que dejaron un tendal de obras precarias, que significarán mayores gastos para los contribuyentes. Estos sinvergüenzas tampoco tienen que quedar impune. Se los conoce por nombres y apellidos, son los mismos amigos de la familia que en cada año se llevaron gran parte del presupuesto municipal para construir obras precarias, unas de éstas se cobró la vida de una niña. No olvidar estos graves hechos.La interventora Carolina Llanes en una inspección fugaz de apenas 60 días encontró más de 30 irregularidades y la Contraloría General de la República detectó 90 casos sospechosos en una auditoría que todavía no concluye.	Esta organización que manejó la ciudad durante años estuvo apañada por políticos, fiscales y jueces, quienes fueron sus protectores y que todavía siguen manejando los hilos del poder. Es por ello que la sociedad civil debe permanecer movilizada y expectante, para no permitir que tantas irregularidades queden impune.Corresponde la conformación de una organización de NO A LA IMPUNIDAD, para que pueda monitorear el desarrollo de los hechos. NO hay que distraerse con las campañas políticas y las componendas para que todo quede en el oparei. Es hora de desmantelar el esquema corrupto, sus mentores y sus protegidos.