El proyecto fue aprobado por unanimidad en la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados. Con esto, la jubilación médica podrá aplicarse a los 25 años de aporte y 55 años de edad.“Es un día histórico, donde verdaderamente pudimos hacer justicia a un gremio terriblemente postergado”, manifestó el diputado Raúl Latorre, quien fue uno de los que apoyó el proyecto aprobado hoy.El diputado colorado indicó que el proyecto es una “corrección justa y equitativa”, fruto de un largo trabajo de consenso con los diferentes sindicatos y agremiaciones.Por su parte, el doctor Shuiji Okinaka, indicó que este proyecto de Ley es un derecho para todos los médicos. “Es el primer paso, pero todavía falta mucho. La alternativa que teníamos hasta hace días atrás, era trabajar hasta la tumba y ni siquiera poder disfrutar de nuestras familias”, agregó.Actualmente, 7.113 médicos aportan a la Caja de Jubilaciones.	Los mismos remitieron una nota a la doctora Claudia Insfrán, jefa de Clínica Médica II de la previsional, a quien con una escueta pero contundente descripción, indicaron la seguidilla de apremios que están sufriendo. ​“Pedimos urgente intervención ante un caso de acoso y abuso de poder por (parte) del doctor Javier Ruiz Diaz, médico de guardia de 24 horas (de) los días miércoles, quien osa de abuso de poder y nos somete a acoso verbal y físico. El mismo busca estar a solas en privacidad con los afectados”, remarca una parte de la nota.Seguidamente describen los tipos de acoso que sufren en sus sitios de trabajo.Acoso verbal: “Emitir comentarios imprudentes y obscenos (cuchicheos) en recorridos…¿Que tal tu jeringuita? ¿Te gusta lo uno o lo otro? ¿La tenés grande o chiquita? ¿Con qué te gusta manosear?”.Acoso físico: “Manoseo de piernas, abdómen y miembros genitales en contra de nuestra voluntad”.HOY se comunicó con la Directora Médica del IPS, doctora Teresita Araújo, quien confirmó la existencia de la denuncia presentada por los cuatro residentes.“Si, se presentó ayer (la denuncia). Nosotros tenemos un protocolo ante situaciones de este tipo y ya se aplicó”, señaló Araújo ante la consulta. La misma indicó que en el transcurso de los próximos días se conocerá la decisión de las autoridades de la previsional al respecto.Tras conocerse el documento emitido por los residentes que acusan haber sido víctimas del acoso por parte del doctor Ruiz Diaz, surgieron testimonios de otros funcionarios que describieron otros tipos de apremios que sufren muchos jóvenes médicos que deben cumplir la agenda de residencia.Acoso sexual (a hombres y mujeres), sistema “esclavista” de trabajo, algunos de los cuales colapsan en su salud por la cantidad de horas a que se les obliga a trabajar.El año pasado se reportó inclusive episodios de suicidios de médicos por cuadros graves de estrés como consecuencia del trabajo excesivo.	En una rueda de prensa, tras reunirse en el Palacio de Gobierno el Comité Ejecutivo de Emergencia Nacional, Roa informó de que ya “han sido asistidas el 80,2 %” de esas familias, unas 16.300, y que las restantes lo serán en “las próximas horas”, debido a que el acceso a algunos lugares resulta complicado.Aseguró que el monto de dinero es “suficiente” para paliar las necesidades de los afectados y recalcó que el Gobierno “cuenta con todos los insumos humanitarios que se requieran” para afrontar las inundaciones y que el Estado movilizó a 800 funcionarios para asistir a los afectados.Roa relató que hasta la fecha, el Ejecutivo distribuyó 780 toneladas de alimentos y que vehículos de las Fuerzas Armadas, tanto terrestres, como aéreos, fluviales y anfibios, se están destinando a “facilitar las evacuaciones”.Además, indicó que la Armada es la encargada de “brindar seguridad” a aquellos barrios desalojados, para evitar posibles pillajes.Paralelamente señaló que en la capital el número de familias desplazadas ascendió a 3.089, principalmente de los conocidos como “bañados” sur y norte, y que para ellos habilitaron cuatro predios para acogerlos, que cuentan con electricidad y agua potable.Añadió que dispone de 3.300 lugares para el mismo número de familias, en caso de que el número de desplazados aumente en las próximas dos semanas, debido a las previsiones de lluvia.En ese sentido, el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, presente en la reunión y la conferencia de prensa, señaló que la Municipalidad también puso a disposición de la SEN “varios albergues” que, reconoció, “no son los ideales”, ya que se trata de descampados donde los damnificados construyen viviendas precarias temporales.El alcalde previó que la evacuación podría durar “90 días” ya que “el retorno es gradual”.El titular de la SEN explicó que se trata de una situación “atípica” ya que la temporada de lluvias se ha adelantado un mes, y que desde hacía “48 años el río no tuvo este ascenso tan rápido”, ya que desde el 15 de marzo ha crecido 3,4 metros, hasta alcanzar los 6 metros sobre su nivel normal.La crecida “responde a la gran cantidad de agua caída en Paraguay”, donde en algunos departamentos se triplicó la media de pluviosidad mensual para esta época del año.El jefe del Gabinete Civil, Julio Ullón, indicó que el Gobierno y la Municipalidad “trabajan para encontrar una solución definitiva” al desplazamiento de miles de familias que, cada año, producen las crecidas del río Paraguay.	“Si existe una amenaza, hay que darle el tratamiento correspondiente”, manifestó la abogada Cecilia Pérez en comunicación con la 970 AM. Tanto el fiscal René Fernández y su colega Josefina Aghemo, forman parte del Departamento Anticorrupción del Ministerio Público y denunciaron que fueron víctimas de amenazas por parte de terceras personas.En ese sentido, la abogada Pérez resaltó que hubo un desmentido de la encargada de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comisario María Elena Andrada, aclarando que en la institución no recibieron ninguna denuncia al respecto.Refirió además que la vocera policial calificó de “irresponsables” a los medios de comunicación que adjudicaron el informe de amenaza al Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional.“Si un fiscal recibe una amenaza, debe ser protegido. Pero, ahora resulta que no le avisaron ni a la Policía”, agregó la abogada.La abogada indicó que existe una pretensión de “victimizar” a los fiscales para tapar las irregularidades procesales. “Hay que darle su valor a los jueces y dejar de presentarle a la Fiscalía como si fuese que tienen agentes fiscales como Capitán América y no es así”, concluyó la abogada.