El Estado paraguayo enfrenta un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia al cual recurrieron Juan Arrom y Anuncio Martí para exigir una millonaria suma de 50 millones de dólares cada uno, por supuestamente haber sido torturados. Con esto, salta al tapete la peligrosa costumbre que tenemos de poner mucho sentimentalismo en torno a un caso que requiere un análisis objetivo de los hechos. No está mal sensibilizarnos con los acontecimientos que ocurren, pero eso debe ser marcadamente independiente de las decisiones que se tomen.	En este caso, la responsabilidad o no de Arrom y Martí en un caso de secuestro que conmocionó a todo el país es independiente a que los mismos hayan sidos detenidos y torturados por la Policía. No porque una persona cometió un hecho grave automáticamente se autoriza a la Policía o al Ministerio Público a que sean torturados y castigados. Nuestra propia Constitución Nacional establece en su artículo 20 que, “las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad”. En ningún momento y bajo ninguna circunstancia esa pena debe ser entendida como un castigo y mucho menos en casos de prisión preventiva. Sin embargo, somos una sociedad inquisitiva que exige que las personas que cometen tal o cual hecho sean severamente mortificadas para “pagar” su culpa.	Si un organismo del Estado, como la Policía Nacional somete a una persona detenida a tratos crueles como la tortura, el Estado debe responder por ello, por más que se trate del peor criminal. Si permitimos que torturen a una persona, les estamos dando el permiso fáctico de hacerlo con cualquiera de nosotros.