Finalmente el minis­tro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien se había burlado de la investigación de La Nación atribuyéndole el “Premio Pulitzer”, ironizando sobre el descubrimiento de com­pras sobrefacturadas de muebles, anunció una auditoría interna. No pudo sos­tener su férrea defensa de que no había nada irregular en la adquisición.	cesar.larre@gruponacion.com.pyLa Secretaría Anticorrup­ción y la Auditoría del Eje­cutivo también inician hoy una auditoría especial de estas compras.Fernando Álvarez, direc­tor general de Gabinete del Ministerio del Interior, hizo el anuncio de la auditoría interna en un programa tele­visivo el sábado. “La máxima autoridad de la institución ha determinado hacer una audi­toría interna para deslindar las responsabilidades en cuanto al proceso”, expresó el funcionario al canal SNT.Recordemos que la Secreta­ría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Auditoría General del Poder Ejecutivo inician hoy una auditoría especial al pro­ceso de compra de las comisa­rías móviles. Así también, la Dirección Nacional de Contra­taciones Públicas (DNCP) ini­ció una investigación.El titular de la Senac, el ex fiscal René Fernández, dijo que la decisión de reali­zar un examen especial es debido a que los datos reve­lados resultan llamativos.Recordemos que el Minis­terio del Interior adquirió tres comisarías móviles en diciembre del 2018 y otras tres en abril pasado. A fin de año, los móviles se com­praron a G. 570 millones cada uno, en total G. 1.710 millones; y en abril, a G. 493 millones cada uno, totali­zando G. 1.479 millones.En total, los seis tráileres cos­taron al Ministerio del Inte­rior G. 3.189 millones. Con este dinero, sacan a la calle 12 policías, ya que las estaciones de trabajo instaladas están preparadas para dos unifor­mados por cada contenedor.Vale señalar que los precios inflados de los bienes que for­man parte del equipamiento de estas comisarías móviles hicieron que el costo total de las mismas se dispare.FRIGOBARES VACÍOSEl comisario (SR) Fidencio Jac­quet, de la Federación Nacio­nal de Gremios Policiales, acercó donaciones a unifor­mados asignados a las comi­sarías móviles. Denunció que la compra de los frigobares para los móviles habría sido únicamente para sobrefactu­rar, ya que ninguna depen­dencia policial cuenta con un servicio gastronómico.	de esta marcha, recordó que el viernes pasado la ciudad a su cargo fue declarada “provida” y “profamilia”, al justificar la brutal agresión de los conservadores a los participantes de la movilización LGBTI.En conversación con la radio 730 AM indicó que no conoce a cabalidad lo que dice la Constitución y alegó que se pueden manifestar si cumplen con ciertas reglas, desconociendo el alcance de lo que dice la ley sobre el punto.“Yo soy responsable de la comunidad, mi obligación es cuidar a todos y el espacio público es de todos. A una acción hay una reacción. Yo no estuve en la manifestación, pero acá vinieron gente de todos los lugares. Yo no incité a nada. Si querían manifestarse lo podían hacer en la calle”, alegó.	Durante la movilización, tres manifestantes del sector LGBT fueron atacados por los integrantes de los grupos provida y profamilia, que acorralaron y lanzaron piedras, huevos y petardos.“Esa gente (gays y lesbianas) en ningún momento nos respetó. Perdieron la vergüenza, acá hay criaturas. La educación que les dan ustedes les están volviendo todos maricones en Asunción. Le hace falta una patada. No sé si hubo obscenidades, pero sí provocaciones”, argumentó. Grupos de personas siguen rodeando y agrediendo a activistas de Derechos Humanos en Hernandarias	Laura Ávalos, fiscal de la causa, explicó que el allanamiento se realizó en prosecución a la investigación de un automóvil robado, que afortunadamente fue hallado en ese lugar y devuelto al propietario.En el procedimiento desarrollado en un supuesto taller mecánico de la ciudad de San Antonio encontraron 38 vehículos, 17 de ellos con denuncias por robo.En el sitio detuvieron a Alcides Nicolás Gaona Ojeda, posteriormente imputado por reducción. La fiscal solicitó aplicar la medida de prisión preventiva para el mismo. Según los datos, el hombre alquilaba el local hace cuatro meses. Como algunos rodados se encontraban en forma legal, no levantó sospechas ni llamó la atención de nadie. Sin embargo, el lote de automóviles robados se encontraba en el patio trasero de la vivienda. Varios móviles se encontraban desarmados, otros todavía tenían adentro las pertenencias de los dueños.	La fiscal Mercedes Vera confirmó que hoy solicitará las copias de la condena aplicada a un hombre por el abuso sexual de su hijastra de 8 años, para presentar a más tardar mañana martes la apelación.El Tribunal de Sentencia integrado por Hugo Ríos, Gerardo Ruiz Díaz y Jorge Giménez Samaniego lo condenó a dos años de prisión, con suspensión de la ejecución, lo que significa que estará libre bajo la única condición de cumplir ciertas reglas de conducta.“Es muy llamativo que haya resuelto esto, atendiendo a que habíamos solicitado seis años, los elementos que presentamos fueron admitidos y sustanciados en el juicio”, comentó la fiscal Vera a Universo 970 AM.Para los casos de abuso sexual la expectativa base es de tres años, sin embargo, existen agravantes, como los registrados en esta causa: que haya ocurrido en forma reiterativa, que el autor haya sido el padrastro, tomando en cuenta que se encontraba bajo su guarda y que haya ocurrido durante dos años seguidos.Los hechos ocurrieron cuando la menor tenía siete años y vivía bajo el cuidado de su madre y de su padrastro en Yaguarón. Posteriormente se produjo una ruptura, tras la cual la madre abandonó la casa y la niña permaneció en la vivienda. Allí la madrina solicitó la custodia de la pequeña, se enteró de lo acontecido y presentó la denuncia. A partir de allí se tomaron las declaraciones en cámara Gesell, se elaboraron las evaluaciones psicológicas y se recabaron varios elementos, entre ellos audios comprometedores. Supuestamente la madre no se enteró de lo acontecido con su hija y de hecho no fue procesada en el caso.