Además de las explosiones también se registraron derrumbes de varias partes del techo, mientras encargados del local intentaban rescatar algunos muebles. Los bomberos voluntarios llegaron aproximadamente 35 a 40 minutos después del inicio del incendio mientras las explosiones continuaban. Se procedió a la evacuación de personas y vehículos de la zona, pero por fortuna no se reportaron heridos.	La reglamentación de la Ley 6007/17 está siendo trabajada por instituciones estatales entre ellas el MSP y una vez que concluya se convocará a una audiencia pública para dar participación a todos los sectores afectados, aseguró el doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud. Afirmó que se está trabajando en los criterios para el otorgamiento de licencias para la producción de los productos medicinales derivados del cáñamo.	El borrador del reglamento de la Ley 6007/17 Que crea el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados ya cuenta con avances importantes para el otorgamiento de licencias para la producción del cannabis.Así lo aseguró el doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud al retirarse del Palacio de Gobierno indicando que tanto la cartera sanitaria a su cargo así como la Senad, Senave y el Ministerio de Agricultura también ya tienen finiquitado el documento.En cuanto lo que atañe al MSP, Mazzoleni indicó que la ley contempla el otorgamiento de un porcentaje de la producción de los productos a los pacientes con dolencias específicas por lo que es una situación que debe resolverse cuanto antes. Adelantó que son cinco las licencias que prevé la ley para el otorgamiento y que están trabajando en definir los criterios para concretar al industrialización del los productos derivados del cannabis."Hay inicio de conversación con varios países y el más avanzado es el modelo colombiano y en términos de normativas sí son varios los países de la región y estamos buscando el método ajustado a la trasparencia para hacerlo de la mejor manera", indicó.Tras reunir los borradores, Mazzoleni aseguró que se convocará a una audiencia pública para dar participación a todos los sectores afectados de alguna manera con la industrialización de este producto, cerrar los ajustes y trasparentar el proceso.Recordó que el uso de cannabis medicinal está indicado para el tratamiento de casos concretos como epilepsia refractaria y dolores crónicos que no tienen paliativos con el tratamiento convencional."También se estudia aunque con controversia la posibilidad de descontinuar el uso de opioides y reemplazarlos por productos derivados del cannabis, de la familia de la morfina", señaló atendiendo que existe un grupo numeroso de pacientes que requieren de este tipo de tratamiento. "Se estableció el mecanismo para prescribir los productos derivados del cannabis", afirmó.La ley que había sido sancionada en el 2017 por unanimidad en ambas cámaras del Congreso Nacional entre otros puntos establece que el Estado se compromete a garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados de la planta de cannabis a toda persona que se incorpore al programa a través del Registro Nacional Obligatorio de Usuarios de Productos Derivados del Cannabis.Este punto sigue pendiente de cumplimiento y forma parte del reclamo de al menos 300 familias organizadas en Mama Cultiva Paraguay que llevan adelante el tratamiento por diversas dolencias de niños y adultos con el aceite de cannabis que ellas mimas producen debido al alto costo del producto autorizado y que es comercializado por un laboratorio nacional.	El diario La Nación publicó hoy que una rara proveedora de servicios terceri­zados contrató el director de la entidad Binacional Yacyretá, Nica­nor Duarte Frutos. Se libe­raron millonarias órdenes de compras que oscilan unos G. 1.000 millones entre enero y mayo del 2019 a favor de la firma Smart SRL, en la que figura como accionista el fletero Der­lis Isidro Segovia Olmedo, quien ni idea tiene de los alcances de la contraprestación.Ante esto, la dirección Jurídica de la entidad binacional resolvió suspender el contrato con la empresa, hasta que los departamentos Financiero, Administrativo y Jurídico esclarezcan los antecedentes jurídicos e impositivos de la firma. Mediante un comunicado, la EBY informó que la citada firma se encarga de proveer insumos de ferretería y de realizar consultoría desde el 2012, y que la representación legal está a nombre de Betshalen Janeth Monteggia Bogado.	Derlis figura como uno de los principales accionis­tas de esta sociedad. Otro accionista es su tío Julio César Olmedo, también de condición humilde que se dedica al oficio de refrigera­ción. El joven es el que tiene el uso de la firma social, pero mediante un poder le entregó las autorizaciones a “una licenciada”, quien adminis­tra la empresa con las atri­buciones que le otorgó.El joven que funge de empre­sario en los papeles nos con­firmó que se recibió de inge­niero agrónomo, pero que nunca pudo conseguir tra­bajo en el rubro, por lo que se dedica a llevar mercaderías del Mercado de Abasto para parientes que tienen des­pensa en su zona. Derlis dice estar desempleado, mientras tanto, a través de su empresa paga salario mensualmente a alrededor de 70 funcionarios que ingresaron en carácter tercerizado a Yacyretá.	En entrevista con la 650 AM, el legislador liberal indicó que decidió plantear este proyecto de ley porque “está harto” de decir todos los días que nos preocupa la salud y la educación y, sin embargo, se sigue sin hacer nada para solucionar la problemática que se vive actualmente.Puso como ejemplo la falta de Unidades de Terapia Intensiva en hospital públicos del país y detalló que Paraguay no cuenta ni siquiera con la mitad de camas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para esta especialidad.“Ya que se está hablando tanto de presupuestos por resultado, es el momento de empezar a construir una democracia con resultados”, indicó Ríos.Según refirió, esta será una “medida excepcional y temporal” hasta tanto se instalen suficientes unidades de terapia intensiva en el sistema de salud pública nacional y en las cabeceras departamentales distantes a más de 100 km de la ciudad de Asunción.Una vez que se cumpla con el objetivo previsto, el senador adelantó que “todo volverá a la normalidad” y los afectados por la normativa (que serían senadores, diputados y consejeros de Itaipú y la EBY) podrán recuperar sus respectivas remuneraciones.Ríos también habló sobre la necesidad de lograr una política salarial más equitativa en el Paraguay, esto atendiendo a la diferencia abismal que existe entre -por ejemplo- el sueldo de los funcionarios convencionales y el de los legisladores o trabajadores de las binacionales.Adelantó que el próximo proyecto que pretende presentar en el Congreso es uno que apuntará a que los ministerios presenten sus Planes Operativos de forma anual y que sea públicos, de manera a que la ciudadanía pueda ejercer el rol de contralor. El salario básico por turno de un docente ronda los G. 2.500.000, cifra que se eleva a G. 5 millones para aquellos que cumplen dos turnos, mientras que el sueldo de un parlamentario es de poco más de G. 32 millones. Por su parte, los consejeros de las entidades binacionales tienen salarios que fácilmente superan los G. 40 millones mensuales.