El turismo receptivo paraguayo cayó en un 27,21 por ciento al cierre del 2018, en comparación con el mismo periodo del 2017 e incluso al 2016. La anterior administración de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), para la temporada alta -como la vivimos en estas semanas- ya había ejecutado una serie de estrategias, las cuales mejoraron en los últimos cinco años la propuesta turística, además, las delegaciones diplomáticas nacionales en otros países desplegaban una serie de acciones para promocionar los atractivos y las ofertas del Paraguay para los viajeros extranjeros. En los últimos meses, con la nueva administración de Senatur el protagonismo que tenía en otros años casi está desvanecido, en pleno pico de la época turística es una institución casi inexistente, aún dependiente del turista argentino o brasileño.	Para la temporada veraniega los hoteleros reportan una disminución del 35% en la ocupación. Y si bien la oferta hotelera aumentó en los últimos años, aún falta posicionar al país en el mundo con una cara diferente, con base en su rica cultura, fauna y flora, y no solamente porque somos un país barato”. La presidenta de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay (AIHPy), Cecilia Cartes, señaló días tras a los medios de comunicación, que "no es forma de aumentar el turismo, por ser baratos, no alcanza. Hay que tener una propuesta más turística”, la falta de estrategias para este 2019, comenta, generó que la tarifa por noche en los hoteles esté 10 a 15 dólares menos que hace dos años, rondando los 80 dólares la noche en los hoteles 5 estrellas, y 170 mil guaraníes menos en los de dos estrellas. "No porque bajemos la tarifa vamos a tener más turistas. Lo que falta es que haya turistas", reclamó. Paraguay tiene una serie de atractivos que deben ser potenciados y/o innovados, con políticas públicas específicas. El país tiene como propuesta tradicional la belleza de las Misiones Jesuíticas, al sur del país, y Alto Paraná, las represas de Itaipu y Yacyretá, una serie de playas, donde las más conocidas con las de Encarnación, del Carmen, de San Cosme y Damián, entre otras; el turismo rural o de estancia, la pesca deportiva, una infinidad de balnearios serranos, ecoturismo, deporte extremo, la riqueza cultural, entre otros tantos atractivos que no son explotados. Los operadores turísticos, hoteleros, entre otras instituciones involucradas en el rubro, así como la propia ciudadanía exigen un Senatur más proactivo, innovador, acorde con los requerimientos de visitantes extranjeros y nacionales. Esto implica un trabajo previo que elabore políticas públicas que defina que tipo de turismo queremos atraer, que colaboren en el mejoramiento de la infraestructura turística, en las propuestas de paquetes atractivos, en la formación de los ofertantes para brindar el trato adecuado al público visitante, con precios competitivos, en definitiva, corresponde ponerse a la altura de las exigencias turísticas del mercado del siglo XXI.	La mentira tiene patas cortas, dice el viejo refrán. Días atrás quedó al descubierto la moralina artificiosa del Gobierno; el pasaporte diplomático extendido a la exmodelo Marly Figueredo expuso que el actual Gobierno Nacional sigue con la práctica de años anteriores, de beneficiar a los familiares de las autoridades nacionales con ese documento, situación que la nueva administración criticó férreamente y prometió eliminar, pero que por lo visto continúa utilizando sin ruborizarse. Este hecho dejó en claro que la campaña montada el año pasado por los pasaportes diplomáticos, no era sino otro de los golpes de efecto mediático para desacreditar al anterior mandatario.	Juan Ignacio Livieres, director de Asuntos Consulares, defendió el pasaporte diplomático de Marly Figueredo al mencionar que el derecho establecido en el decreto 11.345/13 -que sigue vigente- se extiende a los cónyuges e hijos menores de edad de las autoridades nacionales. Este es el mismo mandato presidencial del gobierno anterior que fue satanizado.Al ser consultado, Livieres, sobre los cuestionamientos que se hicieron al inicio del periodo del mandato de Mario Abdo sobre los pasaportes diplomáticos de la familia del anterior presidente de la República Horacio Cartes, el funcionario no quiso emitir opinión.Hace seis meses el canciller nacional Luis Alberto Castiglioni, dictó una resolución mediante la cual prometía un mecanismo “más riguroso” para obtener el pasaporte diplomático, eso después de satanizar el decreto presidencial del 2013. Sin embargo, aún no está vigente la medida que iba a “transparentar” e “institucionalizar” esa gestión, quizás porque la disposición del anterior gobierno no está errada.Este caso de los pasaportes diplomáticos, forma parte de la práctica que en los últimos seis meses corresponden a un periodo perdido por el país, porque fue medio año utilizado para bajar la vara alta del desempeño de la gestión gubernamental, que dejó el anterior gobierno a fuerza de cruzadas comunicacionales artificiosas. Todos esperamos que el 2019 sea el arranque de una gestión productiva real, llena de proyectos concretos a favor de la gente. Como expresarían Carlos Fara y Rubén Sutelman -expertos en política y comunicación-, el Gobierno debe entender que “gobernar no es comunicar: gobernar es gobernar y comunicar es comunicar. Es un error habitual pensar que todo el secreto de una imagen positiva de Gobierno consiste en tener un buen marketing”.	En esta misma columna, hace unos dos meses atrás, habíamos adelantado que el resultado de la “auditoría” del Ejecutivo a la gestión de Patricia Samudio estaba previamente cantado. Lamentamos profundamente el no habernos equivocado, pero esperamos estarlo ampliamente al señalar que en el Ministerio Publico la denuncia penal correrá la misma suerte de la “auditoría”. Aunque la extraña y dilatada tardanza en la designación de un agente fiscal, el silencio sobre los avances de la investigación a la titular de Petropar, entre otros indicios, nos hacen creer que la “justicia” será selectiva en este caso.	La “auditoría” a Petropar realizada por el exconcejal asunceno, Carlos Arregui, devenido en asesor de transparencia del Ejecutivo, cumplió con el objetivo de blanquear las irregularidades denunciadas contra Patricia Samudio. Estaba presupuestado que el informe de la Auditoría apunte a poner paños fríos a la denuncia penal instaurada por los operadores de las estaciones de servicios del ente petrolero estatal. Como diría el ministro Juan Ernesto, es “muy divertido” ver que el Ejecutivo “audite” a su principal financista de la campaña electoral, y que además dicha auditoría -que puso énfasis en la administración pasada- no haya contemplado la documentación correspondiente, ni haya contrastado sus “hallazgos” con la versión del ex titular de Petropar. Para Eddie Jara, ex presidente de Petropar, “el informe ya estaba preparado desde el vestuario. Había una orden de allá arriba con lo que debía decir. Es un informe mentiroso y las personas que están llevando adelante esto, tienen una responsabilidad muy grande”. La administración anterior del ente petrolero estatal le quitó la participación del mercado a los emblemas privados. Petropar pasó del 0,5 por ciento al 13 por ciento de participación, se convirtió en la marca preferida de la gente, porque pasó de vender seis millones de litros a 36 millones a través de las redes de estaciones de servicios. Ese crecimiento permitió que la petrolera estatal se convierta en el regulador natural del mercado. Petropar antes era la primera en bajar el precio de los combustibles, situación muy diferente a lo que se vive hoy, porque los precios comienzan a bajar en el sector privado y Petropar recién lo hace luego de una larga presión ciudadana. Petropar perdió totalmente su rumbo, quizás ese era la estrategia planteado desde el 15 de agosto de 2018. En cuanto a la administración de la actual titular del ente estatal, Patricia Samudio, la “auditoría” de Arregui afirma puntualmente que no se encontraron hechos que sean penalmente relevantes. ¡Qué tal!, era o no un resultado anunciado.	Casi como si fueran parte de la rutina diaria de la capital del Paraguay, los miembros de los pueblos originarios volvieron a ocupar las calles de Asunción, hace casi dos meses están en la ciudad solicitando reivindicaciones para sus comunidades. Hombres, mujeres, y niños pertenecientes a tres grupos de indígenas acampan en diferentes puntos de la capital paraguaya y salen a diario a exigir la atención del Gobierno, cómo es posible que tras sendas reuniones con referentes gubernamentales aún no se logre encontrar una respuesta aceptable a los pedidos de este sector de la población, el más olvidado.	Nadie parece escuchar el clamor de los miembros de las comunidades indígenas, a pesar que marcharon por las calles del centro asunceno, protestaron en la Plaza de Armas, así como frente a las sedes del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y del Congreso Nacional. A pesar de todas las medidas de fuerza que realizan, los miembros de estos pueblos originarios movilizados todavía no reciben respuestas de parte de las autoridades a las que elevan diariamente sus reclamos.Son miembros de unas 10 comunidades indígenas, provenientes de diferentes puntos del país, están ocupando la Plaza de Armas (frente al Congreso nacional), las calles de la antigua sede del INDI, y la Plaza Uruguaya. Todos ellos coinciden en un reclamo, la renuncia de Ana María Allen, presidenta del INDI, consideran que desconoce su función y no defiende sus intereses frente a empresas que invaden sus tierras ancestrales. El Gobierno respondió apoyando a su funcionaria y advirtiendo que no aceptaría ningún "diálogo condicionado" con las comunidades.La población indígena de Paraguay asciende a unas 120.000 personas, el 76 por ciento de ellas vive en situación de pobreza extrema, según datos oficiales, debido especialmente a la expropiación de sus tierras. Paraguay tiene también la mayor concentración en la propiedad de la tierra del mundo, el 90 por ciento de la tierra están en manos del 5 de los propietarios, según la organización internacional no gubernamental Oxfam.El problema de las tierras ancestrales y de la reforma agraria frente al modelo de la agroindustria, es un debate inacabado en el país. La brecha enorme sobre la tenencia de la tierra, marca la hoja de ruta, más allá de las buenas intenciones de los gobernantes y parlamentarios de turno. Se requiere un cambio profundo en la legislación para romper con la propiedad privada ociosa y aquella que es nefasta para la salud.La pobreza en el campo es evidente, las tomas de tierras, el desalojo de pueblos originarios de sus tierras ancestrales son el resultado de la “omisión” de los representes electos por la población. Estos elementos son el caldo de cultivo de la insatisfacción de la gente en el campo por que generan pobreza, la cual tarde o temprano se traslada a las ciudades formando los cinturones de miseria. El reclamo que por casi dos meses impulsan los miembros de los pueblos originarios, en la capital del Paraguay, es el síntoma de un problema de larga data, la inequidad en la tenencia de la tierra y la pobreza como efecto de la misma. Este es un problema social “ignorado” por el poder político, pero que tarde o temprano debe ser resuelto, porque la falta de condiciones básicas para vivir con dignidad, en el campo y la ciudad, son como la dinamita presionada, tarde o temprano estalla.