Una bebé de un poco más de un año presentó fiebre alta y su madre la llevó hasta Urgencias de IPS Villeta donde le aplicaron una dosis de dipirona inyectable con una jeringa para adulto por falta del insumo para pacientes pediatricos. La madre presentará la denuncia ante la Fiscalía porque como consecuencia su pequeña tiene una infección en la pierna y podría quedar con secuelas.	Cuatro días después de haber recibido una dosis de dipirona aplicada con una jeringa para adulto en Urgencias de IPS Villeta, la bebé de 1 año y tres meses se encuentra con una infección en la pierna y podría quedar con secuelas, explicó la mamá Johana Ramírez tras una consulta privada con el pediatra.Tras el hecho, la madre realizó el reclamo y la denuncia en IPS y aguarda el informe médico con el que presentará la denuncia ante la Fiscalía.“No me queda de otra, siento mucho pero no es solo por mi hija sino por todas las criaturas que siempre acuden allí”, indicó la joven. El hecho ocurrió el lunes a la noche cuando Johana llevó a su hija a la consulta porque no le bajaba la fiebre de casi 40º. Fue atendida por la doctora de apellido Sosa y esta le indicó al a enfermera Liz Ayala que le aplique dipirona sin examinarla.“Me dijo que le acueste boca abajo y le ataje sus bracitos mientras ella le atajaba sus piernitas y le aplicaba la inyección; lo único que yo hacía era hablarle a mi bebé para tratar de consolarle y que no llore”, recordó la joven.Luego de la aplicación y ya en la casa la mamá se percató de la sangre en el pañal y la pierna y provenía del lugar del pinchazo. Volvió al servicio a reclamar y la misma enfermera le confirmó que no había jeringa pediátrica.Ayer se procedió a labrar un acta en el que se detalla lo ocurrido y fue firmado por el doctor Gustavo Colmán, Julio Román y Jacqueline Ortellado por el IPS. En el documento, la madre señala que le molestó que la doctora Sosa en todo momento no mostró interés a la hora de atender a su pequeña y que sin evaluarla indicó medicación. Inclusive, la enfermera Ayala sugirió la aplicación de un supositorio para bajar la fiebre y de igual forma se indicó la dosis inyectable. “Lo que más me duele es que en todo momento le mencioné a la doctora que (la bebé) estaba con la dentición pero que como la fiebre ya era muy alta le llevé. Y al final mi hija ahora apenas camina, está todo el día upa y malhumorada. Solo conmigo quiere estar porque le tiene miedo a todo el mundo y yo estoy programando mi cesárea ahora”, puntualizó.	Lideresas de comunidades indígenas analizaron la situación por la que atraviesan en sus territorios y las dificultades derivadas del avance sojero, ganadero y la deforestación que ahora se agrava con la propagación del fuego. Entregaron un documento detallado en el que exigen mayor atención de las autoridades a las realidades que viven en su territorio.	Mujeres representantes de pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntarios denunciaron que el peligro de muerte cada es es más fuerte a causa de la deforestación a lo que se suman los incendios forestales que afectan su territorio.“Miles de familias indígenas se enfrentan cada vez con mayor dificultad a la enorme presión por la expansión de la soja y la ganadería, que deriva en la deforestación de nuestros bosques y esto, a su vez implica la pérdida de seguridad alimentaria, de materia prima para las artesanías, de nuestras medicinas ancestrales, de la cultura y nuestra espiritualidad y del derecho a vivir en un hábitat saludable”, señala parte del documento presentado a autoridades del Ministerio de la Mujer y del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA). La denuncia también incluye la realidad de estas familias que siguen peleando por la devolución de sus territorios como el caso de la comunidad Tekoha Sauce y los pueblos enfrentan una enorme burocracia para la transferencia y titulación de tierras, lo que da oportunidad a que capitales extranjeros se apropien de esos territorios mediante la corrupción estatal”, señala parte de la denuncia presentada a autoridades del Ministerio de la Mujer y del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA).En cuanto a salud y educación, las mujeres señalaron la necesidades de prestar mayor atención del Estado a la educación y salud indígena que atraviesa situaciones como el bajo nivel de escolarización por falta de escuelas y colegios y también por la falta de caminos de todo tiempo y por el alto costo de acceso a las universidades.Esta situación tiene como consecuencia niñas, niños sin estudios y jóvenes desocupados, sin acceso al empleo y cada vez más expuestos al uso de drogas y otras circunstancias que ponen en peligro a las familias. “Todas estas falencias y falta de oportunidades generan desplazamiento forzado ya que en búsqueda de educación, salud, empleos en los que se exponen a explotación, los miembros de las comunidades terminan estableciéndose en otro lugar de manera definitiva. Como consecuencia se amplían los cordones de pobreza urbanos”, indican en el documento.Otro punto de reclamo es la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas. Piden rescatar y promocionar el conocimiento tradicional, medicinal y artesanal que se encuentra en riesgo y proponer hacerlo mediante capacitación técnica, planes de producción y distribución que garanticen la sostenibilidad de las comunidades y medios de vida propios. La solicitud también incluye que las secretarías de atención a pueblos indígenas de las gobernaciones puedan trabajar en relevar datos sobre la situación integral de las comunidades y que se pueda garantizar que los pueblos tengan un promotor de salud de preferencia de la comunidad y que se les otorgue los medios necesarios para la atención integral de la población rural como urbana que hasta ahora mueren por causa de enfermedades prevenibles. El documento fue entregado a Ana María Allen, presidenta del Instituto Nacional del Indígena (INDI) con copias a Soraya Bello del IPA, Ladislaa Alcaraz y Sonia Ávalos de la Secretaría de Políticas Lingüísticas además de Lidia Arellano y Princesa Lezcano del Ministerio de la Mujer.	La fiscal asignada a las investigaciones contra el crimen organizado, Alicia Sapriza, ordenó la libertad de cinco guardiacárceles de la Penitenciaria de Emboscada. Ellos son: Celso Eduardo Galeano Escobar, Antonino Ramírez Uliambre, David Álvarez Núñez, Jerson Rolón Ayala y Milden Fernando Martínez. Siete en total fueron los guardiacárceles detenidos tras la fuga de Samura. Dos de ellos, José Gómez y Ángel Cuevas, seguirán privados de libertad y podrían ser imputados.Por otra parte, siguen detenidos el director de la Penitenciaria de Emboscada, Juan Carlos Irala y tres personas que fueron aprehendidas en el departamento de Ñeembucú.Uno de estos detenidos, Rody Almeida Ibarra, tendría participación directa en la balacera con la Policía Nacional que derivó en la muerte del comisario Félix Ferrari y posterior fuga del narco Samura.Respecto a los dos guardias que virtualmente serán imputados, se supo que uno de ellos fue el que vía celular iba dando las coordenadas al comando criminal que asesinó al comisario Félix Ferrari y liberó al capo narco Samura.En la casa del otro guardia en tanto se halló 8 millones de guaraníes escondidos en una plantera, presumiblemente la plata tendría origen conectado a soborno.	“Agradecemos al Touring Automóvil Club por la decisión tomada de postergar el Rally para el 13 de Octubre, teniendo en cuenta la situación que atraviesa nuestro Chaco”, escribió al respecto el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en su cuenta de twitter.El evento estaba previsto que se realice entre el 26 y 28 de este mes.Inicialmente había un impasse con el Ministerio del Ambiente, pero finalmente se llegó a un acuerdo.Desde la organización informaron que las pruebas de clasificación se mantienen para el domingo 22 de septiembre.	El Ministerio del Ambiente había emitido un comunicado informando que el Rally no podría realizarse por carecer de licencia ambiental. Sin embargo, los organizadores aseguraron que si bien la licencia vence el 26 de septiembre, llegaron a un acuerdo con las autoridades. El gobierno declaró hace unos días la situación de emergencia nacional en los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón, ubicados en el Chaco, a causa de los incendios forestales que padece la zona desde mediados de agosto.