La agente fiscal Estela Mary Ramírez abrió un proceso contra un hombre que habría cometido una estafa con la venta irregular de dos inmuebles, ubicados en la zona de Minga Guazú. El procesado está identificado como Fidel Argüello Bobadilla, quien quedó a disposición del Juzgado Penal de Garantías.Estela Mary Ramírez, fiscal. Refieren los antecedentes, que el 27 de enero del 2015, Argüello Bobadilla habría vendido dos inmuebles, que totalizan 11 hectáreas y 3.106 metros cuadrados, a José Fernández Grezzana y a Valdir Toebe, según el contrato privado de compra-venta. Los terrenos están ubicados entre las calles 14 y 16 Acaray del distrito minguero.En el documento, el vendedor se comprometió a suscribir la escritura pública de transferencia de dominio, declarando que los inmuebles se hallaban libre de todo gravamen, de libre disponibilidad, de tributos al día, así como los demás servicios básicos al día. Transcurrido el tiempo, los compradores requirieron repetidas veces a Argüello Bobadilla sobre la transferencia de los terrenos, pero el mismo respondía con evasivas.Al no tener respuesta, los afectados iniciaron en febrero de 2018 un juicio de inscripción preventiva de contrato ante el Juzgado Civil y Comercial del tercer turno de la VI Circunscripción Judicial de Alto Paraná. Sin embargo, no pudo ser cumplida debido a que los inmuebles ya no se registraban en la Dirección de los Registros Públicos a nombre de Fidel Argüello Bobadilla, porque los mismos fueron vendidos el 10 de febrero del 2016 por la suma de 500 millones de guaraníes a la firma Granar S.A., representado por Horacio José Biga.El contrato se realizó en la escribanía de Norma Graciela Hadad Benítez, en la ciudad de Encarnación. Luego, ante la misma escribana, la empresa compradora,representado por Horacio José Biga, vendió y transfirió los inmuebles a Carlos Emilio Soler por 550 millones de guaraníes. En méritos de los hechos y elementos fácticos, la Fiscalía dispuso la imputación de Fidel Argüello Bobadilla y requirió la aplicación de medidas alternativas a la prisión que el Juzgado considere necesaria, en base al Art. 245 del Código Procesal Penal. En ese aspecto, hizo referencia a la prestación de una caución real y fianza personal suficiente para asegurar la presencia del imputado en el proceso.