“Nos están jodiendo, nos jodió primero Bolsonaro porque teníamos muy creído que nos iba a esposar y a enviar a los delincuentes acá, no ocurrió, el presidente de la República se fue dos o tres veces, no trajo respuesta, después, ahora resulta que nos joden los uruguayos”, dijo el diputado liberal, durante la sesión extraordinaria de este miércoles. Criticó la política de relaciones exteriores por carecer de la firmeza para hacerle entender a estos países que tres delincuentes no pueden continuar haciendo un tour por toda América. Ortiz se preguntó sobre los motivos del llamativo silencio de los parlamentarios del Mercosur, que ni siquiera se pronunciaron al respecto, pese a que son los países miembros del bloque, los que evitaron que Paraguay procese a los prófugos. El diputado recordó que mientras los vecinos le niegan los pedidos a Paraguay, aquí respondemos con mucha bondad. “Nosotros somos muy formidables, cuando tenemos grandes delincuentes les devolvemos en minutos, en horas están en Brasil, Argentina o donde nos pidan y resulta que nuestros delincuentes se pasan turisteando con el dinero bruto del secuestro”, concluyó.	En el ítem 25 de la interpelación al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, figuraba la siguiente pregunta: ¿Cuántos aparatos de escuchas se compraron entre los años 2014 y 2019, especifique en qué año y cantidad, y cuál fue la inversión realizada por parte del Estado? Explique cuál es el procedimiento de compra de esta tecnología. Antes que conteste la autoridad, la senadora Desirée Masi indicó que inicialmente incluyó ese planteamiento y que luego solicitó que sea excluido, pero que por error se mantuvo.Villamayor prefirió contestar en esta sesión extraordinaria y no hacerlo en una sesión reservada, pese a tratarse de un tema muy delicado. “Nos conviene a todos los que pasamos por ese ministerio contar las cosas como realmente son”, lanzó. “El equipo, desde su instalación, es 100% verificable. Hoy se puede saber qué teléfono se interceptó y por orden de quién en el 2009. El registro está completo e inalterado. No existe ninguna posibilidad (que se use) para escuchas políticas o situaciones amorosas”, indicó en otro momento.El Secretario de Estado detalló que el Ministerio del Interior cuenta con un centro de monitoreo de interceptación legal, que se instaló en el 2009 (sin citar que en esa época el ministro era Rafael Filizzola). “No existe ningún otro equipo, nunca más se compró otro, hay solamente uno, que es el que se instaló en el 2009. En ese año fue montado y puesto en funcionamiento. En el 2014, conforme a lo revelado por Villamayor, se adquirió un dispositivo estratégico de interconexión para darle flexibilidad a dicho aparato e interconectarlo con los distintos operadores.En el 2018, se actualizó y se amplió el centro, con el mismo equipo, pero con más unidades de escuchas. “Estamos hablando siempre del equipo que se instaló en el año 2009”, recalcó.En el 2019, cinco años después de haberse instalado el aparato de escucha, se actualizó el mediador. Villamayor comparó lo realizado con la actualización que llega al teléfono para mejorar el dispositivo. “Estamos hablando de tecnología que deben ser actualizada, como un celular. Como lo instalado es de tecnología específica, debe realizarse la adquisición del mismo proveedor del sistema, entonces se hace por la vía de la excepción”, añadió.La autoridad indicó que en todos los casos, se debe contar con una orden judicial y además debe estar enterada la operadora telefónica y llenar una planilla para el efecto. Si no se reúnen los requisitos, no se puede hacer el pinchazo telefónico, según remarcó. El exsenador Rogelio Benítez había dicho en el pasado que dicha escucha telefónica fue adquirida en el marco de la acción del gobierno contra el secuestro del ganadero Fidel Zavala.	“Quiero que comprendan que mi función es diplomática y este es un tema jurídico, me cuesta hablar porque está en otro ámbito”, aclaró el embajador paraguayo en Uruguay, Rogelio Benítez en entrevista con la 730 AM.Argumentó que Paraguay siempre estuvo en desventaja, tomando en cuenta que desde la audiencia preliminar Paraguay no tuvo participación ni acceso a todo el proceso.La notificación sobre el otorgamiento del refugio es del lunes 7 de octubre a las 18:56, después de haberse cerrado el Juzgado. Este aviso llegó a los correos de los abogados uruguayos contratados por el Paraguay para defender los intereses de nuestro país.Sin embargo, recién ayer por la noche, un día después, los abogados se percataron de este correo y cumplieron con comunicar a la Embajada paraguaya. Para entonces, los prófugos ya habían salido de Montevideo.“Comunicaron vía mail, yo nunca estoy pendiente a todas las horas cuando me notifica”, reconoció Enrique Falco Iriondo, uno de los abogados, quien conversó con radio Cardinal. Con este sencillo argumento se lavó las manos y aclaró que se debía iniciar un plazo para la apelación, algo que tampoco se dio y en contrapartida, los tres ya contaban con pasajes y hasta nacionalidad finlandesa.Cada abogado cobró 3.000 dólares, según confirmó el propio Rogelio Benítez, sin embargo, este dinero no fue suficiente para que al menos uno viva atento al correo, por lo que terminaron enterándose recién 24 horas más tarde. Precisamente anoche, Rogelio Benítez se encontraba en el aeropuerto de la capital uruguaya, pero en otros menesteres, en este caso, la inauguración del vuelo Montevideo-Asunción de la compañía Amaszonas.	Los profesionales médicos que se encontraban en el box de Urgencias en el momento en que la mamá de Renato pide ayuda no se ajustaron al compromiso de poner en práctica los principios y fundamentos éticos, respeto a la dignidad humana y solidaridad, indica parte del informe de Superintendencia de Salud. La familia afirma que el documento no es conclusivo porque no sanciona ni condena, solo recomienda.	Parte del informe de la auditoría médica realizada por la Superintendencia de Salud al sanatorio Migone señala que se visualiza, a través de las imágenes de circuito cerrado, “una falta de liderazgo en un área donde debe primar órdenes claras y sistemáticas con un nivel de respuesta inmediata. Ya que para la activación del código rojo desde el primer aviso de urgencia pediatrica pasaron varios minutos para ser activado por profesional que se encontraba de manera circunstancial en el lugar, existiendo otros profesionales de guardia presenten en ese momento”.Destaca que los profesionales de salud presentes en el box del área de urgencia “no se ajustaron al compromiso de poner en práctica los principios y fundamentos éticos, respetando la dignidad humana y solidaridad”.Señala que los profesionales que se encontraban en el box de médicos, al momento de la solicitud de ayuda realizada por al madre de Renato “no han actuado de forma empática que obliga a todo profesional de salud a realizar mínimamente los cuidados ante el reclamo y solicitud de ayuda. Se observa la falta de compromiso asumido al inicio de la carrera médica con el Juramento Hipocrático, debiendo todo profesional médico prestar ayuda ante cualquier llamado o solicitud de pedido de auxilio”.El informe firmado por la doctora Estela Quiñónez Meza, jefa del Departamento de Auditoría Médica fue entregado ayer en la Unidad Penal Nº 14 del Ministerio Público.La conclusión se basa en el análisis del expediente clínico, verificaciones in situ, estudios realizados, descargo de profesionales involucrados en al atención directa y video arrimado al expediente ya que en el vídeo no enfoca el área donde se realiza la atención personalizada del paciente.En cuanto al área de urgencia del Sanatorio Migone se concluye que la institución cuenta con protocolo de RAC - TRIAJE, implementado para clasificación de pacientes y que se ajustó a las normas con la clasificación de riesgo de paciente, RAC realizado al niño a su ingreso con clasificación tres - amarillo. El informe concluye que al momento de la verificación el centro asistencial contaba con Carro de Paro con precinta de seguridad para garantizar la custodia de elementos allí contenidos, tienen anexo listado de insumos y medicamentos con registro diario, protocolo para manejo de reposición de los mismos, utilizados en caso de urgencias o emergencias.El área de urgencias es compartida por niños y adultos, cuentan con un box referido como sala de aislado pediátrico y reposición donde fue internado.“Al momento de la verificación por parte de la auditoría médica del lugar de Urgencias en fecha 5 de setiembre de 2019 contaban con los insumos necesarios y equipos, incluyendo sistemas o paneles de gases medicinales y vacíos funcionando”, indica el informe.Entre las recomendaciones al sanatorio se menciona que este realice la readecuación del área de Urgencias, la designación de un Coordinador Médico responsable del Área de Urgencias y la implementación del protocolo para prescripción médica, escrita, legible y autorizada.Además, el informe sugiere a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependencia del MSP que realice una pericia sobre eventuales efectos adversos de los medicamentos utilizados en el tratamiento del niño Renato con ondansetron y ceftriazona. Desde la familia, afirman que el informe no es conclusivo y no están conformes debido a que no incluye sanciones ni condenas sino solo realiza recomendaciones además de inconsistencias en las declaraciones de la Doctora Laura Sena, pediatra que atendió a Renato quien afirma que el Doctor Antonio Arbo fue quien dio indicación de aplicar el ondansetron, vía telefónica, siendo que él solo indicó la aplicación de antibiótico.