Sofía Masi Verón, directora de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Ciudad del Este, manifestó a la radio 970 AM que el lunes quedó en evidencia la situación en la que se encuentra la Municipalidad: extremadamente precaria, con deficiente infraestructura y superpoblada de funcionarios.Señaló que solamente hay 257 funcionarios nombrados, cuando la cantidad de contratados es de 2.475, de los cuales 1.291 trabajadores entraron en los últimos tres meses, durante la gestión interina de Perla de Cabral. Sostuvo que actualmente existe un déficit déficit presupuestario para el pago de salarios, por lo que en una primera instancia, la administración está tratando de hacer una depuración del personal municipal. El presupuesto anual para el pago de salarios es de 40.000 millones de guaraníes y en solo cuatro meses ya gastaron 15.000 millones de guaraníes. Masi resaltó que unos 500 contratados ni siquiera cobraron aún sus haberes del mes pasado y a eso se sumará lo de mayo a fin de mes. Dijo que se verá la forma de recaudar más, de modo a poder pagar el salario a los funcionarios.	Bajo el lema “Paraguay Solidario, lo bueno se contagia”, la Oficina de la Primera Dama lanza el operativo invierno para anticiparse a los días fríos que vendrán y ayudar así a las personas en situación de pobreza.Los interesados pueden llevar frazadas, abrigos, medias, calzados, gorros, guantes, bufandas, camperas, entre otras cosas.Las donaciones se reciben en el Depósito de Subsistencia del Ejército Nacional, sobre la Avda. Artigas, casi Cusmanich 991, abierto las 24 horas. La distribución se realizará entre niños, jóvenes y adultos de diferentes puntos del país con el objetivo de evitar que pasen otra temporada expuestos a las bajas temperaturas. Desde diciembre hasta abril del 2019, alrededor de 47.430 ciudadanos en situación de vulnerabilidad por las inundaciones.	Con relación a la supuesta vin­culación del Banco Basa (uno de los bancos paraguayos que remesan divisas junto con Atlas y Continental), con el caso Lava Jato, la Superinten­dencia respondió que “no tiene conocimiento ni ha sido noti­ficado formalmente por nin­guna autoridad competente del Brasil sobre el alcance de la investigación aludida en los medios periodísticos”. Por otra parte, la banca matriz además respondió sobre las formalidades para realizar este tipo de operaciones. En ese sentido, el BCP explicó que la misma se rige por la Resolución Nº 17, Acta Nº 18, “por la cual se establece para los bancos de plaza la obliga­toriedad de obtener la auto­rización previa para reali­zar operaciones de remesas físicas de divisas al exterior”. Esta norma determina con­diciones básicas que deben seguir los bancos en las ope­raciones de remesas físicas de divisas a través de cualquier medio, sea este terrestre, flu­vial o aéreo. Los bancos que deseen realizar operaciones de remesas físicas de divisas al exterior (bille­tes y monedas), por cualquier medio, deben contar con la autorización previa y expresa de la Superintendencia de Ban­cos. Dicha autorización es de carácter general para operar con una determinada entidad corresponsal y/o contraparte extranjera. Al efecto de obtener la autori­zación por parte de la Super­intendencia de Bancos, la enti­dad local supervisada debe acreditar además que su con­traparte extranjera en la ope­rativa cuenta con políticas y procedimientos adecuados contra el lavado de dinero y el financiamiento del terro­rismo y que el país de origen donde se halla domiciliada dicha contraparte pertenece al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) u otro organismo similar. Además, se agregan otras documenta­ciones como la identificación de las entidades corresponsa­les y/o contrapartes extranje­ras en las operaciones; la espe­cificación del país y la ciudad en la que esté domiciliada la entidad extranjera, así como la presentación de la constan­cia que acredite que la enti­dad del exterior se encuentra debidamente autorizada por el órgano de supervisión.	Finalmente, el BCP indicó que las actividades comerciales fronterizas se caracterizan por el cobro en divisas extranjeras, lo que implica una acumula­ción de divisas en los comer­cios, los que a su vez acuden a entidades financieras para su cambio y depósito en moneda local o en otra moneda en la que tengan compromisos –pasi­vos– de pago. En los casos de Ciudad del Este (CDE) y Pedro Juan Caba­llero (PJC), mayores centros de transacción comercial, las empresas reciben mayorita­riamente reales (BRL) por sus ventas. Los reales que ingre­san al país a través de las ventas de bienes y servicios en reales (BRL) son cambiados por los comercios, primordialmente a dólares americanos (US$) y depositados en sus cuentas bancarias en dólares.	Los números no cierran para que el presidente de Diputados Miguel Cuevas justifique la fortuna que amasó estando en la fun­ción pública. Los G. 1.250 millones que percibió en con­cepto de salarios durante sus cinco años como gobernador de Paraguarí no rinden ni para cubrir las millonarias inver­siones que realizó en su fas­tuosa residencia inaugurada en el 2014, primer período de su jefatura departamen­tal. Entendidos dicen que la casa del parlamentario está valuada entre G. 1.000 millo­nes a G. 1.200 millones.	Para más, al momento de asu­mir como gobernador, Cuevas estaba acogotado con deudas, era un moroso, tenía cuenta corriente cancelada y hasta fue inhabilitado para firmar cheques por tres años junto a su esposa Nancy Florentín en enero del 2013, según media­tizó una entidad bancaria.Según la publicación realizada por el Banco Familiar, la inha­bilitación corresponde a la causal del artículo 13 de la Ley de Cheques: “la persona que libre un cheque bancario, propio o en representación de una per­sona física o jurídica, contra una cuenta corriente cance­lada o en talonario de cheque bancario ajeno o adulterado, será inhabilitada por tres años para operar en cuentas corrientes bancarias”. La san­ción se extendía hasta el 2016.Registros comerciales y publicaciones periodísticas del 2014, primer año de man­dato de Cuevas como gober­nador de Paraguarí, dejaban al descubierto demandas por mora en su contra, dos de ellas ascendía a G. 658 millo­nes, según trascendió. Sin embargo, su deuda más cono­cida es la contraída con Juan Domingo Delgado, quien com­pró 26 pagarés de G. 25 millo­nes cada uno, firmados por el político y que totalizan G. 625 millones.Delgado le entabló una demanda a Cuevas, luego de que este último se desenten­diera de pagar su deuda, según nos confirmó el demandante. Cinco años después, la denun­cia sigue cajoneada en los escri­torios de los jueces de Paraguarí, sostuvo Delgado.Otros dos nombres de deman­dantes contra Cuevas por mora que saltaron en el 2014 son Fran­cisco Brítez Giménez y Blanca Sosa de Rolón, esta última en ese momento era directora de una escuela de Yaguarón.TRANSFERENCIASus deudas y las primeras sospechas sobre el origen de su prosperidad en su ciudad Sapucai, lo llevaron en el 2014 a realizar la jugada de trans­ferir parte de sus bienes a nombre de sus hijos. Enzo Cuevas Florentín se volvió heredero de las tierras que el papá declaró como compra­das durante sus años de fun­cionario portuario. Mientras que Raúl Adilson Cuevas Flo­rentín surgió como próspero ganadero con lote de 200 cabezas de vacuno.Hasta la majestuosa residencia familiar, inaugurada después de ser gobernador, transfirió a nombre de su hijo Enzo. Seis propiedades traspasó Cuevas a nombre de su retoño para blindar sus bienes ante la ola de demandas por mora.Cabe remarcar que ninguna de estas deudas consignó Cue­vas en su Declaración Jurada de Bienes presentada ante la Contraloría de la República. Al contrario, el ex gobernador de Paraguarí declaró una cuenta a cobrar por G. 4.460 millones al ex gremialista de la produc­ción, Silvio Riveros.Riveros ya declaró ante la Fis­calía que nunca prestó un solo guaraní de Cuevas y que no le debe absolutamente nada. El testimonio del ex gremialista evidencia una declaración jurada falsa por parte del par­lamentario.En el 2016 Cuevas comenzó de vuelta a registrar propie­dades a su nombre. En ese año declaró compra de granjas por G. 954 millones, suscribió G. 1.920 millones como actividad agropecuaria.Considerando solo el valor de la casa que inauguró, las estancias que registró en el 2016 y la cotización de vehícu­los, las inversiones de Cuevas fueron el doble de todo lo que percibió como gobernador. Esto sin contar los gastos en el alto nivel de vida que lleva la familia, el costo de man­tener al menos 8 peones que cuidan los establecimientos, empleadas domésticas, hijos sin trabajar y una esposa con modesto salario que actual­mente es de G. 2,5 millones en el MEC, etc.De G. 9.727 millones de patri­monio que declaró Cuevas en el 2014, hizo desaparecer la deuda de los G. 4.460 millones con Riveros y redujo el valor de sus bienes en el 2018 a G. 3.509 millones.Alistan movilización para pedir celeridad en investigación fiscalEscrachadores, comisiones vecinales perjudicadas durante su mandato como gobernador y pobladores del departamento de Paraguarí estarán presentes.Ciudadanos autoconvocados de Asunción y del departa­mento de Paraguarí se movi­lizarán hoy al medio día en el microcentro capitalino hasta inmediaciones de la sede de la unidad especializada de Delitos Informáticos, ubi­cada sobre la calle Humaitá, para pedir celeridad a la fis­cala Irma Llano, en la inves­tigación que pesa sobre el pre­sidente de la Cámara Baja, Miguel Cuevas.De acuerdo con el denun­ciante y uno de los impulsores de la movilización, el concejal de Ybycuí Ezequiel Cáce­res existen todas las pruebas concretas para que Cuevas sea imputado, sin embargo, afirma que la fiscala de la causa está perdiendo credi­bilidad y su trabajo apunta al blanqueo.“Ya presentamos todas las pruebas, las fiscala ya tiene en su poder todo para que le pueda imputar, no es fácil movilizar a las personas que fueron estafadas para que puedan declarar y los documentos pertinentes, sin embargo, la fiscala no le imputa y ya va perdiendo credibilidad”, manifestó el concejal, quien denunció a Cuevas, por supuesto enri­quecimiento ilícito y decla­ración jurada falsa.Sostuvo también que repre­sentantes de las comisiones vecinales que fueron perju­rados durante la administra­ción de Cuevas en la gober­nación participarán de la marcha. Por su parte, María Esther Roa, de la comisión escrache, dijo que “la prueba de fuego está en las manos de la Fis­calía y de concretarse el con­tubernio político-fiscal que tanto detestamos, la sociedad civil sabrá qué hacer para fre­nar este despropósito que nos condena a la miseria”, indicó.­