La presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares, María Luisa Vera, se reunió hoy con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para mostrarle su disconformidad con que la norma aún no haya sido reglamentada, casi medio año después de ser aprobada.Desde la asociación señalan que el Ejecutivo se comprometió a dar vigencia a la ley el 27 de abril, a los cuatro meses de su aprobación, pero que se retrasó el plazo, lo que impide el desbloqueo de los fondos.“Los pacientes de cáncer necesitan muchos medicamentos costosos y para eso hay un presupuesto y queremos que se ponga en ejecución”, afirmó Vera a los medios a la salida de su encuentro con el mandatario.La presidenta de la asociación denunció las “necesidades” que sufren los pacientes con cáncer en Paraguay, tanto de “insumos como de medicamentos”.El Instituto Nacional del Cáncer o el Hospital Nacional de Itauguá son dos de los centros de salud que se beneficiarían del desbloqueo de los fondos para adquirir medicamentos.La petición fue acompañada por el senador del Partido Demócrata Progresista, Pedro Santacruz, quien denunció que el Gobierno solo ejecutó 1,55 millones de dólares del presupuesto asignado por la ley a la dotación de medicamentos.“El enfermo del cáncer no puede esperar”, agregó el senador a los medios.Entre los objetivos de la ley figura “garantizar a toda persona el acceso oportuno y de calidad a una atención de salud digna e integral ante el cáncer” a través de una estrategia nacional contra la enfermedad.Como resultado de la norma, se creará un fondo solidario, destinado a financiar el 40 % de las transferencias que el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo destina al Ministerio de Salud Pública. Otra parte de la financiación corresponde a los ingresos que genera el Impuesto Selectivo al Consumo que grava la compra de tabaco y de bebidas alcohólicas.	Ambos cumplían una condena de 14 años de cárcel en Paraguay desde noviembre de 2014 por los delitos de intento de homicidio, de robo agravado, toma de rehén y asociación criminal, por el asalto a una vivienda de un empresario agrario, informó el Ministerio del Interior en un comunicado.Rizzio y Silva, de 37 y 38 años, respectivamente y nacionalidad brasileña, fueron aprehendidos en 2014 durante el asalto a la vivienda de un productor de soja en el distrito de Santa Rita, en el departamento de Alto Paraná, en el que tomaron como rehenes al empresario y su esposa, Ivaldino Vivivan y Alice Vivian y a la trabajadora doméstica Ana Silva.El asalto lo cometieron con la colaboración de dos cómplices que resultaron muertos tras un enfrentamiento armado con los agentes policiales que acudieron a la vivienda alertados por un vecino.Tras una negociación liberaron a las personas retenidas y se entregaron a las autoridades.La presencia de numerosos criminales brasileños, tanto del PCC como del Comando Vermelho, en los centros penitenciarios paraguayos impulsó al Gobierno local a agilizar las expulsiones y los procesos de extradición a los países en los que son requeridos por la Justicia.Ambos grupos operan en Paraguay, especialmente en las zonas fronterizas con Brasil, como la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde controlan el tráfico de drogas.Las autoridades incrementaron su política de expulsiones a partir de noviembre de 2018, después de que el narcotraficante brasileño Marcelo Pinheiro, alias ‘Piloto’, del Comando Vermelho, asesinara a una mujer que le visitó en su celda, con el fin de evitar su extradición a Brasil.También expulsó a Brasil a cabecillas del PCC, como Thiago Ximenez, alías “Matrix”, detenido en marzo pasado tras fugarse de un cuartel de Asunción, o a otros tres miembros de la misma banda que habían escapado el año pasado.Las autoridades paraguayas estiman que unos 400 integrantes de grupos criminales brasileños cumplen condena en Paraguay, según datos oficiales. Ante esta situación y al auge de los motines en los penales, el Gobierno dispuso la movilización de unidades de las Fuerzas Armadas para reforzar el perímetro de las prisiones del país.	José Luis Heisecke, señaló que son cuatros los Ministerios (Salud, Educación, Vivienda y el de Justicia) que desde que inició el nuevo Gobierno, no presentaron ni una sola licitación para obras y servicios. “Él único Ministerio que está licitando, es el de Obras Públicas”, manifestó el titular del sector de la construcción en contacto con la 970 AM.Refirió que esta situación podría generarse por una falta de presupuesto en las instituciones mencionadas, atendiendo al inicio del nuevo Gobierno. Pero, de igual manera se mostró sorprendido por la poca acción. “No entiendo cómo es que pasaron casi 9 meses, y hasta ahora no se ha licitado nada”, subrayó. Otra de las instituciones que pasa por la misma situación a criterio de Heisecke, es la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), sobre la que dijo que “ya no es como antes”.Por último, indicó que todo el sector de la construcción espera que esta situación pueda ser zanjada a mitad de año y las obras empiecen a ejecutarse.	Gustavo Benítez, de la Asociación de Camioneros del Paraguay (ACP), manifestó que hoy mantuvieron una reunión con la titular de Petropar, Patricia Samudio y otras autoridades del Ejecutivo en la sede del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).La reunión se desarrolló en base al posible reajuste de los precios en el ente estatal.“Sabemos que la tendencia del dólar es alcista, somos importadores nato. Entonces, sí o sí se van a ver obligados a reajustar los precios”, declaró Benítez en comunicación con la 970 AM.“Estamos trabajando a pérdida. Esa es nuestra triste realidad, ya es un problema social-económico”, subrayó el representante de los camioneros.Indicó además que propusieron al equipo económico que Petropar vuelva a regular el precio del mercado del diésel y consideran que es nada más que una voluntad política. “En caso de no tener eco favorable, nos veremos obligados a realizar un paro general”, adelantó.