"La interrupción del servicio se debió a un cambio de la configuración interna, que estamos solucionando. Algunas personas ya pueden volver a usar Twitter y estamos trabajando para garantizar que Twitter esté disponible para todo el mundo lo antes posible", indicó la red social en un comunicado.Según se pudo comprobar, usuarios que no habían podido acceder durante el rato que duró la interrupción del servicio en distintos puntos de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia, ya volvían a tener la conexión disponible.El portal especializado DownDetector situó los focos de la "caída" del servicio en los cinco continentes, aunque el mayor número de usuarios afectados se detectaron en Europa Occidental y Norteamérica (donde también se concentran la mayor parte de tuiteros), con focos secundarios en Japón, Brasil, India, Argentina, Colombia, Paraguay y Perú, entre otros países.Los internautas empezaron a alertar de problemas para acceder a la red social tanto en teléfonos y otros dispositivos móviles como en ordenadores alrededor de las 18:45 GMT del jueves y en DownDetector indicaron no poder abrir la plataforma usuarios de lugares tan dispares como los Países Bajos, Turquía, Sudáfrica, Canadá e Indonesia.La semana pasada, las aplicaciones propiedad de Facebook WhatsApp, Instagram y Messenger, además de la propia red social, sufrieron también una "caída" del servicio a nivel mundial que impidió a los usuarios publicar y descargar fotografías en estas aplicaciones.En esa ocasión, los problemas con Facebook e Instagram se concentraron en Europa Occidental, EE.UU., México y Filipinas, mientras que los de WhatsApp afectaron a la misma región europea y a Sudamérica, especialmente Venezuela, Brasil, Perú, Chile, Paraguay y Argentina.Aunque las fallas del servicio a nivel global en las redes sociales son algo relativamente habitual, no es tan común que el servicio se interrumpa en todo el mundo, y siempre causa revuelo entre los internautas, que normalmente acuden a las plataformas no afectadas para expresar su insatisfacción.	El caso del presidente estadounidense Donald Trump, quien fue "vetado" para bloquear a otros usuarios en Twitter, sentó una jurisprudencia en el ámbito de las redes sociales. A criterio de José "Pepe" Costa, el bloqueo en redes sociales por parte de autoridades o funcionarios públicos -que también se da en nuestro país- podría considerarse como una violación a la libertad de expresión y el acceso a información pública.	desde su cuenta de Twitter por considerarla como “una violación a la Primera Enmienda” de la constitución norteamericana.En su sentencia, el juez Barrington Parker señaló que “la Primera Enmienda no permite a un funcionario público que utiliza redes sociales con fines oficiales excluir a personas de un diálogo abierto en internet por el hecho de que hayan expresado opiniones con las que el funcionario no esté de acuerdo”.La noticia tuvo amplia repercusión en diversas partes del mundo, sobre todo por el hecho de que este caso sentó una jurisprudencia en materia de uso de redes sociales por parte de autoridades, más aún tratándose de uno de los líderes más importantes del mundo.José “Pepe” Costa, docente y experto en Acceso a la Información Pública, conversó con HOY sobre este tema y manifestó que en nuestro país no existen ni reglamentación ni antecedentes judiciales que guarden relación con este ámbito.Pese a ello, aseguró que existen varios casos de políticos, autoridades nacionales e incluso instituciones públicas que han procedido a bloquear cuentas de ciudadanos en redes sociales -sobre todo en Twitter- por el hecho de considerar que los mismos violan “códigos de buena costumbre”.En la mayoría de los casos, esto ocurre cuando los usuarios empiezan a expresarse de forma airada o agresiva -indicó-, llegando inclusive al punto de proferir insultos en sus comentarios, siendo ello motivo para que decidan bloquearlos.Costa recordó que existen otros casos similares al de Estados Unidos como lo es el de México, donde	de ese país no puedan bloquear a nadie de sus redes sociales debido a que esto viola el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información.“Cuando la cuenta en redes sociales de la persona pública -sea una autoridad o un funcionario- es usada para dar a conocer información pública e interactuar con la gente, es poco pertinente que se bloquee a cualquier ciudadano, por más fuerte que puedan ser las expresiones o las opiniones vertidas por el mismo. Esto también puede ser aplicado a cuentas oficiales de instituciones públicas pues se supone que tienen una cuenta en redes sociales para tener un canal abierto con el público en general y que no discrimine a las personas por su opinión, condición, raza, sexo, ideología política, etc”, expresó.El docente señala que la crítica, por más áspera que sea, es una condición que debe ser aceptada y respetada por las autoridades y los funcionarios públicos, en beneficio del debate sobre las cuestiones de interés general.Al igual que en la sentencia del juez federal sobre el caso de Donald Trump, en nuestro país una persona también podría ampararse en el Art. 26 de la Constitución Nacional que habla sobre la libertad de expresión en el caso eventual de impulsar una acción judicial luego de ser bloqueado en redes sociales, sostiene Costa. Si bien aún no existe jurisprudencia a nivel local, el mismo asegura que ya es el momento de ir debatiendo sobre estos temas y mirando cómo se van delineando los estándares en el ámbito internacional. Asimismo, considera que -de ser necesario- un ciudadano debería llevar un caso como éste a instancias judiciales, a fin de marcar un precedente al respecto y también para instalar un debate público en general.	Desde hace algunas horas, miles de usuarios han empezado a registrar inconvenientes con el uso de las redes sociales Facebook e Instagram, además de la aplicación de mensajería Whatsapp.En este caso, el inconveniente que se da actualmente con WhatsApp tiene que ver con la descarga de archivos multimedia (audios, videos o imágenes), tanto en su aplicación móvil como en la versión web.En lo que respecta a Facebook, los reportes dan cuenta de que existen dificultades para compartir contenido en la red social, además de cierta lentitud a la hora de cargar la página en su versión de escritorio.Instagram presenta una situación similar a la anterior, registrándose problemas para subir fotografías y videos o, en su defecto, visualizarlos correctamente en la plataforma. Así también, la visualización de historias no se da con normalidad.El sitio de monitoreo	confirma que actualmente se registra un fallo en las tres plataformas pertenecientes a Mark Zuckerberg, aunque -de acuerdo a los muestres y gráficas- aún no se puede hablar de una caída a nivel mundial.Cabe recordar que en los últimos meses se han venido registrando episodios similares a este, afectando siempre a miles de usuarios en todo el mundo y, casi siempre, sin un comunicado oficial por parte de las respectivas compañías para explicar lo ocurrido. Por ahora, resta aguardar a que los servicios vuelvan a la normalidad, tal y como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.	Días atrás, el diputado Hugo Ramírez había confirmado a través de su cuenta de Twitter su intención de presentar un proyecto de ley que busque sancionar la usurpación de identidad virtual (entiéndase, perfiles falsos).Según explicó, el objetivo de esta propuesta es poder sancionar a aquellos que incurran en este tipo de prácticas y usurpen identidades ajenas a través de Internet, redes sociales o cualquier otro medio virtual.Una de las que se manifestó en contra de este proyecto es Maricarmen Sequera, directora ejecutiva de la organización TEDIC. La misma señaló -en respuesta al tweet de Ramírez- que “el derecho al anonimato es un complemento de la libertad de expresión” y que “plantear el bloqueo de perfiles sin orden judicial y causa legal aparente es censura previa”.El derecho al anonimato es un complemento de la libertad de expresión, plantear el bloqueo de perfiles sin orden judicial y causa legal aparente es censura previa. Lo que plantea el diputado es ilegal e inconstitucional	14 de junio de 2019 En entrevista con HOY, ahondó en detalle sobre este tema y manifestó que ninguna persona está obligada a ser identificada, salvo que la ley así exprese o que exista algún requerimiento puntual (migraciones, contratos, etc).Al habitar internet se puede ejercer este derecho valiéndose de herramientas y prácticas de anonimización, por ejemplo navegando sin ser identificado, realizando una comunicación segura con cifrado y sin identificación y asegurando la protección de la recogida de datos personales sin discriminación por parte de las empresas, detalló.“Sólo la justicia puede requerir identificación de la persona en una comunicación, sea por mensajería (WhatsApp, Telegram, Signal, etc) o redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter), previa autorización justificada de un juez”, expresó Sequera.IMPORTANCIA DEL ANONIMATOLa misma afirmó que este derecho de anonimato permite que ciertos grupos minoritarios que no pueden expresar sus opiniones abiertamente (como los del colectivo LGTBQ+) o que no pueden expresarse de forma individualizada por miedo a ser perseguidos puedan decir lo que sienten o piensan en internet. “Las cuentas en redes sociales cumplen una suerte de cuidado para estos grupos para evitar su identificación y luego su persecución, sea por acoso, doxxing u otro tipo de violencia digital o física”, acotó.De igual manera, el anonimato ayuda a realizar denuncias que podrían poner en peligro al denunciante en caso de que el mismo logre ser identificado, hecho que podría llegar inclusive a tener consecuencias hasta económicas (por ejemplo, con la pérdida de trabajo).USURPACIÓN DE IDENTIDAD Y PERFILES FALSOSLa directora ejecutiva de TEDIC aclaró que la usurpación de identidad es otra cosa distinta a diferencia de una regulación de perfiles falsos, pues cuando una persona finge utilizar los derechos de otro suplanta su identidad para realizar un acto jurídico, lo cual sí es un hecho punible que aún falta regular en Paraguay.Por otro lado -señala-, crear un perfil con información falsa o inventada en una red social no se encaja en este tipo penal. Además, las redes sociales como Facebook cuentan con normas comunitarias que sancionan si los perfiles utilizan información personal sin consentimiento si es una persona no pública. En caso de que sí se trate de una persona pública, generalmente no suele darse de baja la cuenta, lo cual también ocurre cuando se especifica que un perfil se trata de una parodia.“LA DESINFORMACIÓN SE SOLUCIONA DE OTRA MANERA”“El problema no es la proliferación de perfiles falsos, salvo si generan hechos antijurídicos, pero si sólo son para ampliar la difusión (dar más ‘retweets’ o ‘compartidos’), crear información no tan veraz o responder a cuentas de manera masiva y ofensiva (trolls) no podría considerarse como un problema grave. La desinformación se soluciona de otra manera, no bloqueando perfiles falsos”, comentó Sequera.En lo que se refiere a la usurpación de identidad, admitió que es importante su regulación y dijo que eso va de la mano con otros hecho punibles como estafas, acceso indebido a cuentas (hackeos), violación del derecho a la intimidad, aspectos que ya están regulados en nuestra legislación paraguaya. “Aquí lo importante es que esta ley no confunda estos dos conceptos y que no justifique la necesidad de la regulación de la usurpación de identidad para regular los perfiles falsos. Esto es muy peligroso”, puntualizó.