Dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación para el ejercicio fiscal 2020 se contempla un presupuesto de US$ 111 millones para la Justicia Electoral. Parte de dicho monto (alrededor de US$ 31 millones) será destinado al arrendamiento de las urnas electrónicas a ser utilizadas en las próximas elecciones municipales.	Jaime Bestard, presi­dente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), defendió su plan de gastos para el año 2020 ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, encargada de hacer el estudio del Presupuesto General de Gastos de la Nación.En entrevista con los medios, sostuvo que el 2020 será un año muy intenso que estará marcado por la transformación de todo un proceso electoral, en alusión a la implementación del desbloqueo de listas sábanas mediante la utilización de urnas electrónicas.A su criterio, más que electoral este será “un cambio político” ya que al cambiar todo el sistema también la forma de hacer política será diferente, sobre todo a la hora de presentar candidaturas y ver la competencia entre candidatos.El titular de la Justicia Electoral indicó que se pudo acordar con el Ministerio de Hacienda los montos que permitirán “ajustadamente” realizar toda la transformación que obliga la ley que sanciona el desbloqueo de listas para las elecciones, promulgada en mayo de este año.En principio. se hablaba de una inversión cercana a los US$ 80 millones para llevar a cabo su implementación, aunque -según destacó Bestard- se optó por el sistema de arrendamiento de urnas electrónicas, lo cual permitió reducir las previsiones a un monto menor de US$ 31 millones. Dicha cifra contemplaría tanto el costo del alquiler como todos los demás componentes, ya sea logística, materiales, insumos, etc.Dentro del PGN 2020, el presupuesto a ser destinado al TSJE es de 685.000 millones de guaraníes (cerca de 111 millones de dólares), cifra que ya contempla los gastos a ser realizados para las elecciones municipales. “Así como vino el presupuesto de Hacienda es satisfactorio”, acotó.Bestard aclaró que no se contempla la contratación de nuevos funcionarios para el próximo año, aunque no descartó que, de ser necesario, se contrate a personas para el área de Informática. Las mismas tendrían a su cargo el trabajo con las urnas electrónicas para las próximas internas y las municipales del 2020.En otro orden de cosas, también fue consultado sobre el tema del subsidio electoral y mencionó que en el Presupuesto General de Gastos de la Nación 2020 existe un déficit de aproximadamente G. 82.000 millones en lo que respecta a subsidio para partidos políticos. El titular del TSJE sostuvo que, debido a este recorte, son los partidos los que se verán perjudicados al no contar con parte de su financiación para el próximo año, el cual estará caracterizado por la disputa política en el marco de las elecciones municipales.	Este lunes se llevó a cabo una reunión entre sindicalistas de diferentes gremios de instituciones públicas, para abordar el proyecto de Ley de horario escalonado, aprobado la semana pasada en la Cámara de Senadores. La iniciativa tiene como objetivo descomprimir el tránsito de la capital creando horarios diferenciados para el sector público, dependiendo de las funciones que cumpla cada entidad.Al respecto, Porfiria Ocholasky, secretaria general del Sindicato de Funcionarios Judiciales, manifestó que hace dos meses la Comisión de Legislación del Congreso notificó a la Corte Suprema de Justicia sobre el posible cambio de horario y allí ya la institución respondió señalando el desacuerdo con la iniciativa.Ocholasky argumentó que la Corte tiene su propia organización interna, que establece el horario para los funcionarios judiciales de 7 a 13 horas, a nivel país.Señaló que el proyecto es solamente para Asunción, lo cual no puede ser aplicado en el Poder Judicial, que tiene jurisdicción en todo el territorio nacional.El proyecto en cuestión tiene la intención de que los funcionarios judiciales ingresen a las 9 de la mañana y se retiren a las 16. “Nosotros tenemos nuestro propio reglamento interno y la Ley Nº 609. No estamos de acuerdo con el cambio”, enfatizó la sindicalista en comunicación con la 1020 AM.Ocholasky insistió en que el proyecto se lleve a un consenso y se mida el impacto que tendrá entre los usuarios. Anunció además que el día de su estudio en la Cámara de Diputados, estarán realizando una movilización.	A nueve meses de haber presentado una denuncia por lesión de confianza contra la titular de Petropar, Patricia Samudio, el abogado Luis Villamayor confirmó que la carpeta de la causa llamativamente se extravío en la Fiscalía. Por ello, deberá volver a presentar todos los documentos para que se pueda dar seguimiento a la investigación.	El abogado Luis Villamayor manifestó a Universo 970 AM que la denuncia presentada en enero de este año contra la titular de Petropar, Patricia Samudio, se extravió en el Ministerio Público.Según refirió, después de muchas vueltas finalmente la Fiscalía había designado a la fiscal Clara Ruiz Díaz para que atienda la causa. La misma llegó a hacer algunas diligencias, incluyendo la solicitud de informes para constatar si es que efectivamente la petrolera estatal había depositado dinero en bancos privados.Posteriormente, Ruiz Díaz fue designada como jueza, lo cual hizo que la denuncia retorne a la Fiscalía General del Estado a fin de que se vuelva a reasignar la carpeta a otro fiscal. En ese interín, se perdió el rastro del expediente, expresó el abogado.Debido a este problema, Villamayor sostuvo que tendrá que volver a presentar la denuncia contra Samudio, diligencia que -según adelantó- ya realizará esta misma semana. “Voy a avisarle a toda la prensa interesada en ver cómo se manejan las denuncias en el Ministerio Público”, acotó.En la nueva carpeta que será remitida a la justicia se incluirán hechos nuevos y otras pruebas que “no tienen que dejar duda alguna que la administración de Patricia Samudio es desastrosa y de que ella ha cometido lesión de confianza al lesionar la confianza que el Estado paraguayo le ha dado para administrar el ente estatal”. Acusó a la actual titular de Petropar de haber cometido millonarias pérdidas a las arcas de la institución con algunas decisiones como la venta irregular de combustible a la firma Monte Alegre S.A. y también la compra de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a un precio mucho mayor que el manejado en el mercado.	“Esta indignación, a la cual nos adherimos, evidencia que la ciudadanía comprende a cabalidad que el abuso sexual hacia una niña, niño o adolescente es un crimen, y que merece que la víctima tenga justicia”, refiere el comunicado del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, en relación a la decisión tomada por el Tribunal de Sentencia de Paraguarí, integrado por los jueces Hugo Ríos, Gerardo Ruiz Díaz y Jorge Giménez.Desde la institución lamentan el actuar de quienes tienen en sus manos la administración de la Justicia, cuando miran al autor de un abuso sexual con “beneplácito, lo ponderan y recomiendan portarse bien, como si no hubiera cometido un horrible crimen”.“El abuso sexual en niñas, niños y adolescentes es una verdadera catástrofe en la vida de la víctima, marca su vida para siempre y cambia la percepción de su mundo exterior. En este caso de la aplicación de qué es lo justo e injusto en cuanto a la vulneración de los derechos”, sigue el comunicado.Al respecto, el Ministerio agrega que es necesario que definitivamente los que imparten justicia comprendan que el abuso sexual no es solamente “violación”, es un crimen, exista o no coito.Recuerdan que la Constitución Nacional, los convenios internacionales y nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia tienen una protección especial en sus derechos y se evidencia fehacientemente que estas normas no fueron incorporadas en el proceso de juzgamiento realizado por el Tribunal de Sentencia.“Exhortamos a la Corte Suprema de Justicia y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, un profundo análisis del caso y la aplicación de la sanción correspondiente si así lo consideran”, dice el pronunciamiento. Así mismo, concluyen que con este tipo de sentencias les interpela a promover capacitaciones sistemáticas sobre los principios que entablan la legislación de la niñez y la adolescencia así como la obligatoriedad de integrar las normas internacionales con las normas nacionales.