La misma fue dictada en el 2005 y se debió a una publi­cación del medio en cues­tión, de fecha 8 de abril del 2003, en su formato impreso y digital referente a una supuesta coima que habría sido abonada en el Aeropuerto Guaraní de Minga Guazú que salpicó a De Vargas.El sonado caso, que tuvo mucho destaque en esa época, fue a parar a manos de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), del que formaba parte Francisco de Vargas.El material periodístico expresa además que el monto que habrían recibido los integrantes del JEM rondaba los US$ 90.000, e incluso también se habló de US$ 200.000, que era la cifra que supuestamente se manejaba en el Parlamento. De Vargas integró el JEM que el 7 de abril del 2003 resolvió remover al fiscal Alejandro Nissen del cargo de fiscal; sin embargo, él negó categóricamente que la resolución fue tomada a raíz del pago de la supuesta coima, tal como lo afirmó Abc Color.ERAN RUMORES, SEGÚN DE VARGASEn la nota de la demanda, De Vargas argumentó que el medio los acusó tanto a él como a los demás miembros del JEM de integrar y estar al servicio de una organiza­ción delictiva como la mafia y que, además, las fuentes de las que provenían esas informaciones eran rumo­res que corrían en la Fis­calía.El demandante dijo que la situación causó un grave daño tanto a él como a su familia, ya que la publica­ción divulgada por el diario Abc Color fue “una agresión injusta y miserable”, que lesionó irreparablemente su imagen pública de ciu­dadano correcto.CHICANAS EN EL CAMINOLuego de que el juez Alberto Martínez Simón haya dic­tado la sentencia a favor del demandante, Fran­cisco “Pancho” de Vargas, los representantes de Edi­torial Azeta presentaron una apelación contra el fallo judicial; sin embargo, la Cámara de Apelacio­nes declaró la caducidad de dicha apelación. Esta situación se pudo haber dado porque el diario Abc Color no expresó agravio contra la determinación de primera instancia, por lo tanto quedó firme la sen­tencia condenatoria.La suma de G. 350 millo­nes, que el medio fue conde­nado a pagar, podría aumen­tar debido a que deben ser sumados todos los intereses del juicio civil. Según fuentes judicia­les, el diario Abc Color, cuya propietaria actual es Natalia Zuccolillo, hasta la fecha no habría abo­nado el monto mencionado porque aparentemente sus abogados siguen dila­tando el proceso presen­tando chicanas para evi­tar el desembolso.	Pompeo llegará a Paraguay “el viernes a la noche”, según avanzó Castiglioni, aunque su agenda de reuniones no comenzará hasta el sábado.Castiglioni recalcó que con este encuentro esperan tener “un relacionamiento más cercano” con EE.UU., y avanzar en la colaboración en seguridad, defensa y lucha contra el crimen transnacional.Además, Paraguay confía en estrechar las relaciones económicas y comerciales, basadas hasta ahora en el comercio de azúcar, semillas o cuero.Paraguay exportó a Estados Unidos artículos por valor de 131 millones de dólares en 2018, mientras que en el caso de EEUU existe un interés en invertir en infraestructura, construcción, energía y agroindustria en el país, según datos del Departamento de Estado.“La presencia de Pompeo es un reconocimiento al compromiso y al liderazgo que tiene Paraguay en el campo internacional”, aseguró el canciller, que enfatizó también que es la primera visita de un secretario de Estado estadounidense en 53 años.El último secretario de Estado que visitó Paraguay fue Dean Rusk, en 1965, bajo la presidencia de Lyndon Johnson en EE.UU. y la dictadura de Alfredo Stroessner.Para Castiglioni, la visita del alto cargo también supone un “espaldarazo” a la política exterior de Paraguay y al “enorme esfuerzo” que se está haciendo el Gobierno para posicionar al país en la esfera internacional.El canciller solo aludió al aspecto bilateral de esta visita de Pompeo a Paraguay, que se engloba dentro de una gira por la región, con parada en Chile, Perú y Colombia, que tiene como telón de fondo la búsqueda de “apoyos para la democracia” en Venezuela. Castiglioni apenas se refirió a este punto y se limitó a aludir a una reunión del Grupo de Lima, prevista para el lunes en Santiago de Chile, que “tiene como objeto fundamental el tema de Venezuela”.	Juan Carlos Ramírez Montalbetti, asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, anunció que la comuna procederá a notificar a las personas que se encuentran en la Plaza Juan de Salazar, la decisión de despejar el lugar.La misma fue ocupada desde hace una semana por unas 49 personas de las zonas ribereñas que abandonaron sus hogares a consecuencia de la crecida del río por las últimas lluvias.El asesor jurídico de la comuna, en comunicación con la 970 AM, indicó que a estas personas se les propondrá un traslado al Parque Caballero. Ramírez Montalbetti manifestó que si se niegan a abandonar la plaza, se recurrirá a una orden judicial, incluso con apoyo de la fuerza pública. La resolución no contempla la Plaza de Armas, donde también estás ubicadas varias familias damnificadas.	Asimismo la representación fiscal, acusó en la misma causa a María Araceli Sosa Díaz (23) y Alba Rosalía Armoa Núñez (19), por la presunta comisión de los hechos punibles de Frustración de la Persecución y Ejecución Penal, Omisión de Dar Aviso de un Hecho Punible, y Reducción.Según la investigación fiscal, en la madrugada del 29 de septiembre del 2018, en su vivienda ubicada sobre la calle Oliva casi Montevideo, Marabel habría acabado a punta de arma blanca, con la vida de su esposa Dalma Rojas, así como de la madre de ésta última, Elva Rodas. Además habría matado a dos niños de 4 y 5 años, hijos de Dalma. Días después habría matado a Julio Rojas, padre de su pareja, ya que éste no se encontraba viviendo en la misma casa.Presuntamente tras consumado el hecho, en la noche del 29 enterró a las mujeres y los niños en un sanitario en desuso ubicado al fondo del patio de la misma casa, cubriendo todos los cuerpos con arena y cemento.Tras las pesquisas se sospecha que en la mañana posterior a los hechos, Marabel compró arena y cemento de un lugar cercano a la casa, en el centro de Asunción, además llegó a su trabajo con aspecto sucio y sin uniforme, mencionando que supuestamente fue asaltado en su vivienda. En cuanto a Sosa y Armoa, Marabel era el compañero de trabajo de ambas, y en la misma jornada en la que habría incurrido en el hecho punible, el ahora acusado habría ido hasta la vivienda de Araceli Sosa cerca del mediodía, tras lo cual presuntamente fueron hasta su lugar de trabajo y por invitación de Marabel, pactaron junto a Alba Armoa, realizar esa noche una fiesta en la casa donde estaban los cuerpos sin vida.Tras llevar a cabo la fiesta, se habría formalizado una relación sentimental entre Marabel y Armoa, y la mujer se habría quedado varios días a residir en la vivienda. El suceso fue descubierto luego de varios días y a raíz de que una vecina dio aviso a la Policía Nacional, debido al olor nauseabundo que despedían los cadáveres.