El fiscal del Guairá Uli­ses Giménez, quien investigó casos de envergadura como el megaa­salto del PCC a la coopera­tiva Carlos Pfannl en el 2018, posee una costosa camioneta que sería mau proveniente de la frontera con el Brasil y en la cual el agente del Ministe­rio Público se desplaza por la ciudad de Villarrica rutinariamente.	prensa.gen@gruponacion.com.pySe trata de una camioneta de la marca Jeep tipo Cherokee Limited, del 2011, cuya pro­cedencia se desconoce y que está bajo posesión del fiscal Giménez hace unos 3 años.Esta situación pudo ser con­firmada por un equipo de prensa del Grupo Nación, que inició una investigación tras recibir denuncias de pobla­dores de la capital guaireña, quienes están cansados de los supuestos abusos de poder atribuidos al representante de la Fiscalía.El agente fiscal Ulises Gimé­nez se encuentra muy ligado al poder, teniendo en cuenta que es tío del actual inten­dente de Villarrica, Gustavo Navarro (ANR-Colo­rado Añetete), quien a la vez es muy allegado al ex gober­nador del Guairá e irregular ocupante de una banca en el Congreso Nacional, Rodolfo Friedmann (ANR-Colorado Añetete).USABA VEHÍCULO COMO SI FUERA LEGALDurante una semana de seguimiento, el equipo de prensa pudo constatar que efectivamente el fiscal Ulises Giménez y su familia utilizan el vehículo irregular como si estuviera en regla.Ante la consulta sobre el ori­gen de su vehículo, el fiscal confirmó tal sospecha. Asu­mió que compró al ver que era una oferta tentadora. Contó que realizó un primer pago de G. 10 millones para señar el trato, ya que el mismo rodado estaba en el interés de otra persona. Comentó que luego realizó otros pagos hasta completar G. 40 millones. Sin embargo, aseguró que la camioneta le fue entregada sin ningún comprobante de compra.Pero allí no termina la cues­tión. Luego de haberse can­sado de usarla por un período de tres años, el fiscal Gimé­nez decidió poner a la venta la camioneta.Desde del equipo de prensa del Grupo Nación se pusieron en contacto telefónico con el fis­cal para cerrar la adquisición de la misma, quedando para el día siguiente el encuentro, pero finalmente Giménez participó de un juicio oral y público, por lo que no se pudo concretar la reunión.Tras la conversación, el equipo periodístico se tras­ladó hasta el domicilio del fiscal para apreciar la camio­neta, como así también verificar la patente y la cédula verde presuntamente falsifi­cada. También se pudo cons­tatar que el hijo de Giménez utiliza un vehículo proveniente de un hecho de intento de secuestro, ya que el fiscal es depositaro judicial del móvil hace más de 5 años.Luego de conversar una vez más con el agente del Minis­terio Público, el mismo soli­citó hablar en privado con el periodista del Grupo Nación. Ante este pedido, la sospecha inmediata que surgió fue que el fiscal trataría de alguna manera de convercer de que no estaba metido en algo irre­gular.Fue así que el fiscal declaró que estaba pasando por un mal año, agregando que tenía un proceso abierto en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el cual estaba a días de tener una sentencia. Quiso justifi­car además que sus propios conciudadanos actúan con maldad.CLONACIÓN DE DOCUMENTOSSegún datos del Registro del Automotor, la chapa y cédula verde del rodado pertenecen a la empresa Francisco Vierci y Cía. El Lic. José Eduardo Berton, gerente administrativo de la firma, confirmó al grupo periodístico que la camioneta adquirida por la empresa cuenta con varias diferencias físicas en comparación al vehículo que se encuentra en poder del fiscal de Villarrica; es decir, se refuerza la presunción de la clonación de documentos. Toda esta situación lleva a muchas dudas y preguntas, principal­mente, sobre “roscas” que articulan mecanismos para propiciar esta clase de hechos. ¿Quiénes, instalados en el poder, permiten que ocurra tan campante e impunemente todo esto?	(0962) 287 014Ríos Ayala convirtió el muni­cipio prácticamente en una empresa familiar, haciendo caso omiso a la Ley Nº 5.295 “Que prohíbe el nepotismo en la función pública”, para los ordenadores de gastos.Su hijo Esteban David Ríos Isasi es nada más y nada menos que su secretario privado y percibe un sala­rio mensual de G. 6.711.256, según la planilla de funcio­narios al mes de mayo de la institución.Su hermana Beatriz Soledad Ríos Ayala fue contratada como asesora de la Direc­ción de Tránsito con un sala­rio de G. 5.500.000. Este mes de julio no le fue renovado el contrato, de acuerdo al direc­tor de RRHH de la municipa­lidad, Reinaldo Aveiro.Rodolfo Alcides Sander Ríos es primo del intendente y se desempeña como auxiliar en el taller de la comuna. Su sueldo es de G. 2.000.000.Mónica Giselle Cabrera Aquino es su sobrina y fue contratada como cajera municipal. Su salario men­sual es de G. 3.100.000.Hasta sus cuñados, yerno y su consuegra fueron favo­recidos con un sueldo de la municipalidad.Rodney Ramírez Pereira, pareja de la hermana del intendente, Soledad Ríos, ocupa el cargo de direc­tor de Educación, Cultura y Turismo, con un salario mensual de G. 5.500.000.Claudio Gayoso Coronel es otro cuñado del intendente, pareja de su hermana María Elena Ríos. Es el encargado de la Cuadrilla de Aseo Urbano de la municipali­dad y cobra mensualmente G. 3.000.000.Su yerno Luis Marcelo de los Ríos Ayala, pareja de su hija Larissa Ríos Isasi, es el encar­gado del Departamento de Agroganadería y su salario es de G. 3.405.628. El hermano de este, José Basilio, también fue contratado en la comuna, donde cumple funciones en el Centro de Operaciones de Emergencias.Elena Beatriz Cardozo de Galeano es suegra de David Ríos, hijo del inten­dente. La mujer es jefa de Organización Intermedia del municipio y percibe un salario mensual de G. 3.800.000. Un equipo periodístico de La Nación se trasladó hasta la Municipalidad de Villa Hayes a fin de tener decla­raciones del intendente, pero este no se encontraba. El jefe de RRHH se comprometió a gestionar la respuesta, pero luego se excusó alegando que se encontraba en sus “activi­dades académicas”.	Una decena de fun­cionarios, algu­nos en cuestión de meses, recibieron aumenta­zos después de ubicarse en estratégicas posiciones tras la creación del Ministerio de Tecnologías de la Infor­mación y Comunicación (Mitic), volviéndose directo­res y duplicando sus salarios, llegando en algunos casos a remuneraciones similares al de cargos de máxima jerar­quía como el de un ministro o viceministro.	nicolas.almada@gruponacion.com.pyEste grupo de personas se compone por ex funciona­rios de la antigua Secreta­ría Nacional de Tecnologías de Información (Sena­tics), Secretaría Nacional de Información y Comu­nicación para el Desarro­llo (Sicom) y de comisiona­dos de instituciones como el Ministerio de Justicia, la extinta Secretaría Nacio­nal de Vivienda (Senavitat) y Dirección de Contratacio­nes Públicas, que llegaron al Mitic de la mano de las actuales autoridades.El ministro Alejandro Peralta Vierci y su vicemi­nistro Miguel Martin ins­talaron en la novel cartera estatal a sus leales funcio­narios, dotándolos de cargos financiados mediante jugo­sos salarios, con funciones no muy diferentes a las que venían cumpliendo en sus puestos de origen, pero que obviamente les ofrecieron mayor rédito monetario a sus bolsillos.Antes de la creación ofi­cial en noviembre del 2018 del Mitic, Miguel Martin armó en la Senatics su pro­pio equipo con funcionarios comisionados de otras insti­tuciones: Vanessa Napout, Luis Riveros y Mariana Ber­gonzi, quienes finalmente migraron al nuevo ministe­rio y fueron ubicados en car­gos de directores generales.Por otra parte, desde la Sicom, con el voto de confianza del ministro Peralta Vierci, lle­garon los funcionarios Juan Talavera, Natalia Cáceres y Adolf Sauer, ocupando altas posiciones de la escala jerár­quica y siendo beneficiados con aumentazos.Todas estas personas con­formaron la plana mayor de la fusión de dos secreta­rías que evolucionaban a la envergadura de un minis­terio, pero faltaban algu­nas piezas para consoli­darse como tal. Entonces llegaron los funcionarios Rodrigo Sánchez, Alejandra del Puerto y Leticia Bordón.Es así como se terminaron de ocupar los más altos cargos del Mitic con personas fie­les, confiables y que de cuya lealtad tanto Martin como Peralta Vierci no podían dudar, por lo que al situarse finalmente en sus nuevas categorías fueron automá­ticamente dotadas con envi­diables mensualidades. Pero las evoluciones salariales de funcionarios datan en algu­nos casos de antes de la crea­ción del Mitic.SALTO ECONÓMICOEl informático Luis Rive­ros fue trasladado desde el Crédito Agrícola de Habi­litación, donde percibía un salario de G. 7 millones a la Senatics alcanzando los G. 9 millones en agosto del 2018 y finalmente ya en el Mitic, en el 2019, unos G. 16 millones, ocupando la Dirección de Inclusión Digital. Es decir, que en 5 meses casi duplica sus ingresos, gracias a su cargo de confianza.Mariana Bergonzi (abo­gada) fue comisionada de la Dirección de Contrataciones Públicas, donde percibía un salario de G. 10 millones, al Mitic para ocupar la Direc­ción de Asesoría Jurídica, donde empezó a ganar G. 19 millones.Vanessa Napout (abogada), comisionada del Ministerio de Justicia donde registraba un salario de G. 5,3 millones, empezó a facturar en Mitic unos G. 13,2 millones, gracias al puesto de directora de Pla­nificación que le fue otorgado.Juan Talavera (abogado) cuando estaba en la Sicom cobraba G. 9 millones, pero al ingresar al Mitic fue bene­ficiado con la Dirección General de Gabinete y con un salario de G. 14,2 millones.Natalia Cáceres (abogada) cobraba en la Secretaría Nacional de Vivienda y el Hábitat (Senavitat) G. 14,8 millones, pero al ser comi­sionada al Mitic alcanzó los G. 22,7 millones mensuales, gracias al cargo de directora de Gabinete Ministerial.De la mano de Natalia Cáce­res llegaron otros 4 funcio­narios (traslados y comisio­namientos) también de la Senavitat. Adolf Sauer, fun­cionario bachiller, ganaba en la Senavitat G. 8,3 millones, cuando llegó a la Sicom su sueldo aumentó a G. 15 millo­nes, pero finalmente llegó a los G. 19,7 millones en Mitic, ocupando el cargo de direc­tor de Planificación sin nin­gún título universitario.A esta lista se suma Rodrigo Sánchez (abogado), quien en Senavitat cobraba 12 millo­nes. Al ingresar a la Sicom registró una remuneración de G. 16 millones, para luego ubi­carse en la Secretaría General del Mitic y cobrar la mensuali­dad de G. 19,7 millones. Cerrando la lista encontra­mos a la funcionaria Ale­jandra del Puerto, quien en Senavitat ganaba G. 7,5 millones. Una vez comisio­nada al Mitic, fue instalada en la Unidad de Asuntos Internos y Anticorrupción y premiada con un sala­rio de G. 10,2 millones. Por último, también por comi­sionamiento, Leticia Bor­dón (Lic. en Administración) pasó de facturar G. 5,6 millo­nes en Senavitat a unos G. 9,2 millones en Mitic, ocupando la Dirección de Administra­ción y Finanzas.	La presidenta del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Ana María Allen, adquirió en diciembre del 2018, vía licitación pública nacional, vehículos para uso institucional, entre estos dos ambulancias que terminó entregando al Ministerio de Salud en mayo pasado, tras anunciarlo un mes antes durante un acto presidido por el mandatario Mario Abdo Benítez en la explanada litoral del Palacio de Gobierno.	cesar.larre@gruponacion.com.pyLas dos ambulancias con equipamiento estándar –como rezan los documentos de compra– o de soporte básico –como los paramédicos las llaman– costaron al Indi G. 480 millones cada una, lo que hace un total G. 960 millones, pero se encuentran estacionadas en la base central del SEME (Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias), dependiente del Ministerio de Salud, sin uso alguno y acumulando polvo.Una de las ambulancias debía destinarse al Hospital del Indígena San Roque González de Santa Cruz, ubicado en la ciudad de Limpio, y otra al Hospital Regional de Concepción, según confirmó el director del SEME, David Cardozo.Ni un solo paciente fue trasladado en las costosas ambulancias del Indi desde la compra en diciembre pasado.Un equipo periodístico de La Nación logró captar en fotografías el estado de abandono en que se encuentran estos vehículos en la base del SEME, ubicada sobre la Avda. Fernando de la Mora de la capital.SE PASAN LA PELOTAAl parecer nadie quiere asumir su cuota de responsabilidad en este llamativo caso; es así que las instituciones involucradas dieron versiones distintas de la situación y se inculparon entre sí.El director del SEME, lugar donde se encuentran depositadas estas ambulancias, justificó que no estén operativas aduciendo que no se tiene un convenio al respecto entre el Indi y el Ministerio de Salud. “(...) Mientras no se tenga eso (el convenio), no podemos sacar los vehículos a que cumplan una función”, expresó.No obstante, señaló que el acuerdo está próximo a firmarse. “Estamos haciendo un seguimiento constante de esa situación porque también a nosotros nos apremia tener un vehículo que no esté todavía al uso de la ciudadanía; para nosotros es prioridad que esos vehículos estén trabajando”, dijo.Llamativamente, el responsable del SEME se negó a mostrar el interior de los vehículos, que según trascendió no cuentan siquiera con los equipamientos necesarios.Por su parte, la presidenta del Indi dijo desconocer por qué las ambulancias que entregó hace meses al Ministerio de Salud se encuentran paradas. Es más, apuntó al viceministro de Salud, Julio Rolón, de quien dijo haber recibido reportes del uso que supuestamente se le estaba dando a estas unidades móviles.Tras la consulta telefónica de este diario, Allen manifestó más tarde que se estaba trasladando hasta la base del SEME para corroborar el estado de los rodados.“El doctor Cardozo (director del SEME) no está, pero le dijo por teléfono al Dr. José Otaño que esta semana va a firmar el ministro no sé qué. Es algo interno de ellos; el Indi ya hizo su parte y si falta algún dato nunca nos pidieron”, dijo la titular de Indi tras su visita ayer al SEME.OTROS VEHÍCULOSAdemás de las ambulancias, el Indi adquirió una camioneta cerrada tipo minibús para 12 pasajeros por la suma de G. 250.000.000 y dos camiones con carrocería de madera por G. 480.000.000 cada uno.Mediante otra adjudicación, el Indi compró dos camionetas más, ambas doble cabina tipo pick up 4x4 de la marca Nissan de procedencia mexicana, por G. 256 millones cada uno y una camioneta cerrada tipo 4x4 de la marca Nissan de procedencia japonesa por G. 288 millones.En total invirtió G. 2.970 millones en compra de vehículos.Lamenta no haber recibido ambulanciaUna de las ambulancias adquiridas por el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) debía destinarse al Hospital del Indígena San Roque González de Santa Cruz, ubicado en la ciudad de Limpio. El director de este nosocomio, Roberto Riveros, lamentó que el vehículo por el que se pagó cerca de G. 500 millones no haya llegado a destino. “Realmente esa ambulancia para nosotros hubiese sido una ayuda magnífica”, dijo. El hospital atiende a diario entre 80 a 100 pacientes, en su mayoría indígenas. Cuenta con una sola ambulancia para traslados de urgencia.