durante el tratamiento de uno de los puntos en la sesión ordinaria.En la misma participaron todos sus miembros, teniendo a Raúl Torres Kirmser como representante del Consejo de la Magistratura (en reemplazo de Adrián Salas) y a Manuel Ramírez Candia de la Corte Suprema de Justicia (en vez de Gladys Bareiro de Módica).El único punto del orden del día fue el caso de los camaristas de Alto Paraná Miryam Meza de López, Aniceto Aníbal Amarilla e Isidro González Sánchez, quienes anularon la prisión del exagente de policía José María González Mareco, condenado a 10 años por abuso sexual.Tras más de una hora de deliberación y análisis de la actuación de los magistrados, el pleno del JEM finalmente decidió aprobar el enjuiciamiento con suspensión en sus funciones de los jueces integrantes del Tribunal de Apelación en lo Penal de Alto Paraná. La decisión del órgano se basa en un supuesto mal desempeño en sus funciones de los magistrados, quienes habían revocado la medida de prisión contra el expolicía que fue acusado de haber violado a su hijastra.	El proyecto de resolución “Que crea la Comisión Bicameral de investigación sobre hechos de corrupción en el Indert” fue aprobado este miércoles, con 48 votos a favor. Ahora, el documento pasa a la Cámara de Senadores para su tratamiento.El objetivo de la Comisión es dar seguimiento y analizar los supuestos hechos de corrupción denunciados en el Indert, a fin de determinar las eventuales responsabilidades de las diferentes autoridades de la institución.La Comisión estará integrada por tres senadores y tres diputados. La iniciativa fue propuesta por el diputado Celso Kennedy.PEDIDO DE INFORMEEn la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó también un proyecto de pedido de informe al Indert. Esto fue planteado por el diputado Derlis Maidana.Dicho pedido de informe pretender evitar una posible entrega de hectáreas a personas no sujetas a la reforma agraria.El indert posee a partir de ahora, un plazo de 15 días para remitir el informe.	La sustancia N-Nitroso dimetilamina como impureza, considerado como agente cancerígeno en humanos fue detectada en medicamentos que contienen Ranitidina y de acuerdo a reguladoras internacionales, alertan sobre el uso.La Food & Drugs Administration (FDA), la Agencia Española de Medicamentos y la Health Canadá, entre otras Agencias Reguladoras Internacionales sugieren el retiro de los medicamentos que poseen en su composición Ranitidina (de administración por vía oral), que es un principio activo que se utiliza para reducir la producción de ácido en el estómago en situaciones como la úlcera gástrica o el reflujo gastroesofágico.Como medida preventiva, el MSP resolvió suspender en todo el territorio la elaboración, comercialización y el uso de las especialidades farmacéuticas que contengan el principio activo Ranitidinade administración por vía oral como monodroga o asociado, hasta tanto se finiquiten las revisiones y se realice la evacuación de las conclusiones adoptadas por las agencias internacionales. Es por ello que se ordena el retiro del mercado de las especialidades farmacéuticas registradas que contengan el principio activo Ranitidina, de administración oral como monodroga o asociado y disposición en cuarentena en el depósito del titular del registro sanitario de dicha especialidad farmacéutica, los cuales estarán a disposición de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.Resolución Nº 494	Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán se desplazaron el pasado martes desde Montevideo hasta Helsinki gracias a la gestión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que les garantizó los documentos para entrar en Europa desde Uruguay, donde llevaban tres meses tras escapar de Brasil, que les había revocado el estatus de refugiados.El canciller nacional, Antonio Rivas, y el procurador general de la República, Sergio Coscia, comparecieron este miércoles ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y coincidieron en que la jueza uruguaya encargada de la concesión de refugio hizo caso omiso a la documentación presentada sobre la última sentencia de la CorteIDH.El organismo internacional falló en junio a favor del Estado paraguayo en la denuncia presentada por Arrom y Martí por presuntas torturas durante la investigación del secuestro, argumentando que no había pruebas suficientes para probarlo.Tanto Rivas como Coscia manifestaron que la Justicia uruguaya no valoró ese precedente y que únicamente tuvieron en cuenta un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), previo a que se dictara la resolución.Para el procurador, ese documento “no es hábil para que ella pudiera haber fundamentado su resolución” de refugio, ya que perdió “eficacia jurídica” en el momento que se pronunció el tribunal de la CorteIDH.Por su parte, Rivas lamentó que “lo político está por encima de lo jurídico” en Uruguay, recordando unas declaraciones del año 2012 del expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015).Más allá de las críticas a la decisión de la Justicia uruguaya, ambos eludieron asumir responsabilidades por el desplazamiento de los tres prófugos a Finlandia y defendieron que las instituciones del Estado actuaron con “eficacia”.“El Estado paraguayo hizo todo lo posible y todo lo que está a su alcance tanto de manera jurídica, procesal como diplomática para conseguir que estas personas sean sometidas al proceso de extradición”, afirmó Coscia.El canciller recordó que las instituciones diplomáticas del país elevaron en la última semana protestas formales ante Uruguay, Finlandia y la Unión Europea (UE) por una situación que consideran “injusta”.La última queja se produjo este martes, cuando el embajador de Paraguay en Chile, Miguel Ángel Romero, criticó en la última asamblea general de la Interpol que el organismo no decretara el código rojo para evitar que los tres activistas pudieran viajar por el aeropuerto.