Varias asociaciones y familias de artesanos oriundas de Itá se muestran preocupadas por la situación actual por la que atraviesa este rubro en la citada localidad.La preocupación se da a raíz del loteamiento de los terrenos de donde se extrae el llamado “ñai’ū” (barro o arcilla negra), materia prima utilizada para la elaboración de artículos y objetos de cerámica.Celeste Escobar, integrante de Kambuchi Apo (un colectivo de mujeres alfareras de Itá), comentó a HOY que hace unos años la municipalidad les había otorgado dos lotes para que puedan extraer este elemento natural de los esteros, aunque, en contrapartida, cedió el resto de la propiedad a una loteadora para la posterior venta de terrenos.Según estimaciones, son alrededor de 8 hectáreas las que fueron delimitadas por esta empresa inmobiliaria y que actualmente ya no están disponibles para la extracción de barro.Debido a este hecho, en los últimos años se ha reducido drásticamente el espacio accesible para la extracción del	Los artesanos calculan que los dos lotes de los que actualmente disponen cuentan con suficiente barro para abastecer la demanda durante un año y medio más, posteriormente, ya se estaría acabando, dejándolos sin posibilidad de seguir trabajando.En caso de que esto se haga realidad, varias familias que actualmente se dedican al rubro de la alfarería y la cerámica quedarían sin su principal medio de sustento.Escobar aseguró que desde hace más de 300 años se extrae el	de los esteros de Itá para la fabricación de piezas de barro, siendo una práctica ancestral que fue pasando de generación en generación hasta llegar a nuestros días. Los artesanos piden que la Municipalidad de Itá pueda garantizar y proteger los terrenos de los esteros de donde se consigue el barro a fin de permitir que continúe el trabajo de la cerámica en Itá.	“Así como existen campañas en contra, seguro también hay personas que quieren salir a hablar bien, vemos un Gobierno que está trabajando todos los días sobre cosas que no se hicieron nunca en la historia”, aseguró el secretario privado adjunto de la Presidencia de la República, Mauricio Espínola. En tal sentido mencionó que indígenas de Paso Yobái accederán por primera vez a una casa digna y que abandonarán sus humildes recintos para tener un “baño como la gente”. Además aseguró que en Pilar se construirán casas también “por primera vez” y que en dicha ciudad se ha visto mucha innovación de parte del Gobierno.En cuanto al origen de la iniciativa que pretende eliminar la ya tradicional frase “desastre ko Marito” dijo desconocer de dónde provino la idea. Aclaró que solo vio que algunos dirigentes del partido comenzaron a lanzar el nuevo hashtag y que después los demás hicieron el “tocorré”. El “#oikoitemarito” comenzó a circular en las redes sociales desde cuentas “fakes” y también desde institucionales como Petropar, además de Marly Figueredo. in text	La ciudadana Celia Samudio denunció que el 24 de junio del 2018 fue intervenida por el cirujano Alexis Gallagher. Al día siguiente entró a terapia intensiva por una tromboembolia pulmonar bilateral (la grasa se fue a los pulmones), estuvo tres días en el Sanatorio Americano y otros cinco más en el IPS. Posteriormente, según su denuncia, tuvo otras complicaciones, como la necrosis del abdomen y fue intervenida nuevamente en el Centro Nacional del Quemado. Tras esto quedó con una gran cicatriz a la altura del abdomen.Por su parte, el médico Alexis Gallagher señaló al canal C9N que en la actualidad está soportando un terrorismo judicial, ya que se está jugando con su reputación, además de estar siendo juzgado por lesiones graves. “Este fue un proceso extorsivo, yo soy víctima. Ella estuvo en terapia intensiva porque activé el protocolo ya que le bajó el oxígeno y salió absolutamente sin estar en riesgo su vida. Es mentira que yo no quise meterla a terapia intensiva. Ella nunca estuvo intubada o tuvo infección en ese momento”, indicó.El médico aseguró que la mujer presentó ante la Fiscalía pruebas que corresponden a otra persona y criticó que no se le realizó la pericia médica, que podría determinar el motivo de sus heridas.“Ellos (la denunciante y sus abogados) me pidieron dinero para no hacer la denuncia, no dejé siquiera que me digan el monto. Si yo tenía responsabilidad, iba a pagar. Esta denuncia falsa le va a costar muy caro a ella”, advirtió Gallagher.“Ella pagó tres cirugías por solo 7.500.000 guaraníes, que solo incluye los gastos del personal. Le hice una cirugía de favor, porque su prima me pidió. La prima es la distribuidora de prótesis y me pareció bueno que ella me pidiera ese favor”, comentó. Sobre las heridas, el doctor dijo que la misma fue a CDE con las “heridas intactas” y se trató, sin su consentimiento, con otro profesional que no era cirujano plástico.	“La posición de mi bancada no sé, pero yo voy a apoyar el veto del Poder Ejecutivo”, adelantó el titular del Senado, Blas Llano y argumentó que su postura obedece a lo que estipula la Carta Magna.Sin embargo, consideró que la Constitución Nacional está errada y que alguna vez habría que enmendarla en relación a la pérdida de investidura y a los desafueros.“Existe una contradicción muy grande entre la posibilidad de suspender a un senador, donde se requiere una mayoría de dos tercios (30 votos) y para la pérdida de investidura (…) donde se necesita de mayoría simple”, explicó Llano. Como ejemplo mencionó que si el Senado tuviese quórum justo, es decir, 23 presentes, con solo 12 votos ya se podría destituir a un parlamentario. Pese a su desacuerdo con la CN, Llano ratificó que mientras esté vigente respetará lo establecido.La ley rechazada por el Ejecutivo y ratificada en Diputados, establece que para presentar un pedido de pérdida de investidura se requerirán, en la Cámara Baja, de 20 firmas y, en la de Senadores de 12 firmas. Una vez logrado este paso, se necesitarán 41 votos en Diputados y 23 en Senadores para la pérdida de investidura.APOYA PEDIDO DE CONSERVAR SEGURO MÉDICO DE FUNCIONARIOS Respecto a la postura de sindicalistas y funcionarios de mantener el seguro médico privado para todo, recordó que él firmó la propuesta para acompañar la racionalidad del gasto público, pero cree que está a favor del derecho de los estatales, pues ya se realizaron suficientes recortes. Actualmente los funcionarios de ambas cámaras son beneficiados con el seguro privado de Santa Clara.