El 22 de mayo de 2020 el joven Bruno Javier Marabel Ramírez, principal sospechoso de haber matado a cinco integrantes de una familia, enfrentará juicio por los hechos punibles de homicidio doloso y feminicidio.El Tribunal de Sentencia está integrado por Rossana Maldonado como presidenta, Alba González y Gloria Hermosa como miembros. En el caso de la otra implicada, Araceli Sosa por frustración de la persecución y ejecución penal, omisión de dar aviso de un hecho punible y reducción afirmó en la audiencia preliminar que quiere probar su inocencia en el juicio y no quiso someterse al procedimiento abreviado. Marabel es sindicado como el responsable de matar a cinco integrantes de la familia Benítez hecho ocurrido el 29 de setiembre de 2018 en la vivienda donde residía sus integrantes ubicada en la calle Oliva casi Montevideo conocida como La Casa del Terror.Según la investigación fiscal, Marabel habría acabado a punta de arma blanca, con la vida de su esposa Dalma Rojas, así como de la madre de ésta última, Elva Rodas. Además habría matado a dos niños de 4 y 5 años, hijos de Dalma.Días después habría matado a Julio Rojas, padre de su pareja, ya que éste no se encontraba viviendo en la misma casa. Presuntamente tras consumado el hecho, enterró a las mujeres y los niños en un sanitario en desuso ubicado al fondo del patio de la misma casa, cubriendo todos los cuerpos con arena y cemento.	“Tienen que rendir cuentas en un 100 % porque es lo que corresponde, había excepciones para el presidente y el vicepresidente, ahora le incluimos a todos, ellos son representantes y están viajando con dinero público”, explicó el autor del planteamiento Édgar Acosta en contacto con Universo 970 AM. El proyecto que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública fue aprobado por la Cámara Baja y ahora pasa a la Cámara de Senadores para su estudio. A criterio del liberal Acosta, en todas las instituciones este rubro se ha tomado como un ingreso más al no existir reglamentación sobre la rendición. A esto se suma que los enviados no van con el fin que se argumenta de capacitarse, traer información o conseguir algo productivo para el país.“Si se les da cinco millones y documentan tres, entonces tiene que devolver dos millones y la próxima entonces ya se le da menos”, comentó Acosta. La Dirección Jurada de Bienes será la encargada de recibir la rendición de cuentas de los funcionarios, en caso de aprobarse la iniciativa en el Senado y de promulgarse en el Ejecutivo.	La cuestionada ministra sigue el cargo pese al rosario de irregularidades detectadas por el propio Ejecutivo. El informe de Auditoría General del Poder Ejecutivo que revela que hubo malversación de fondos del SNPP y del Sistema Nacional de For­mación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL). Pese a esto, el presidente de la República decide mantenerla en el cargo.La investigación comprueba que Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) utilizó un total de G. 1.494.308.512 que correspon­den a los entes mencionados. De acuerdo con el documento, el dinero debía ser destinado a las capacitaciones que ofrecen ambas instituciones, por lo que técnicamente se trata de un caso de malversación. La pesquisa reveló que el dinero fue utilizado para pagar servicios de limpieza y fumigación, alquiler de edificios y locales, servicios sociales, adquisición de mue­bles, promociones, exposicio­nes, bonificaciones, gratifica­ciones, jornales y honorarios profesionales de varios funcio­narios del MTESS.	El equipo auditor verificó y confirmó que existen solicitudes de transferencia de recursos hechas por la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Trabajo. En el caso del SNPP, se realizaron siete solicitudes y el monto asciende a G. 777.038.496, según refiere el informe. Por otro lado, desde la Dirección Administrativa y Financiera del Sinafocal, remitieron el listado de pedidos de transferencia desde septiembre del 2018 hasta enero del 2019 y reveló que el monto utilizado por el ministerio fue de G. 717.270.016. Además, el resultado de la autoría revela que no existe respaldo ni control alguno de los recursos que fueron asignados, pero que fueron utilizados por el MTESS.	El miércoles, la comitiva interventora de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) se reunió en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) verificar la investigación administrativa.“Estamos interviniendo con auditoría general del Poder Ejecutivo en la Dirección Indert Chaco y acompañando la tarea de la Fiscalía”, mencionó este jueves el ministro anticorrupción René Fernández en conversación con la radio 730 AM.Sin embargo, el exfiscal no supo precisar un detalle puntual: quién firmó la anulación de la adjudicación del terreno, siendo que esto hasta ya fue publicado en los medios de prensa. Fue el titular del Indert, Horacio Torres, quien primero rubricó en julio pasado la resolución que anulaba la adjudicación de unas tierras a Albino Mendez y luego de 15 días llamativamente anuló de vuelta la anulación.“Esas cuestiones puntuales no le puedo decir. Lo que corresponde en la investigación penal del Ministerio Público, yo no puedo emitir juicio de valor”, alegó Fernández, haciéndose pasar como fiscal, siendo que esa excusa no es válida al no ocupar más ese cargo.“No estoy respondiendo lo que estás necesitando. Te doy una respuesta institucional. Estamos viendo aquellas gestiones que no tienen que ver con lo que ya está investigando el Ministerio Público”, indicó y agregó que no tiene consigo la copia de la carpeta fiscal. Por otra parte mencionó que queda a cargo del Poder Ejecutivo determinar si Torres sigue o no al frente del Indert, y que la Senac únicamente pueden recomendar si debe o no seguir.