Para la exministra de Defensa María Liz García de Arnold, el gobierno de Fernando Lugo tuvo responsabilidad al no evitar que la demanda de los prófugos por secuestro, Juan Arrom y Anuncio Martí, llegue a instancias internacionales y con altas probabilidades de condena al Estado. Incluso se puede considerar como causa de juicio político.	García de Arnold afirmó que solo basta con revisar los antecedentes de la acción promovida por los fundadores del partido Patria Libre, para llegar a la conclusión de que bajo la administración de Lugo como presidente y de Enrique García como Procurador General, la causa finalmente siguió su curso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.“Si después de todo ese tiempo que tuvo el Estado para defenderse y no pudo resolver esa situación, entonces hubo negligencia o sesgo”, dijo la exmnistra en contacto con Radio 1.000 AM.En caso de una condena al Estado, no le exime a este de emprender acciones internas por su cuenta, revisando puntillosamente las responsabilidades que derivaron en un fallo desfavorable, y tomar las medidas que correspondan en derechoIncluso habló de la posibilidad de un juicio político por defraudación, y atropello al patrimonio nacional, teniendo en cuenta que el la Corte sanciona a los Estados y no a las personas. ” Yo si fuese Abdo lo haría, como administrador de la nación tiene que dar respuesta, no puede quedar impune un acto así”, disparó.Este jueves la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, llevará a cabo la audiencia pública en el marco del proceso por supuesta tortura contra los paraguayos Juan Arrom y Anuncio Martí. Estos piden ser indemnizados por un valor de US$ 63 millones. En ámbitos oficiales dan como un hecho que la Corte IDH rechazaría el millonario pedido de indemnización de los condenados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi.	El abogado Jorge Rolón Luna, quien junto con su colega Diana Vargas había solicitado la intervención de la Defensoría de la Niñez por el reclutamiento de menores de edad en el Servicio Militar Obligatorio (SMO), denunció un intento de obstaculizar la investigación en curso y advirtió que el caso podría llegar inclusive a instancias internacionales.	.Dicha recusación fue planteada por algunos padres que habían decidido enviar a sus hijos a cumplir con este servicio militar y que, por algún motivo que él no supo precisar, decidieron pedir la no intervención de la agente fiscal.A este hecho se le suma la intervención de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez, quien -según indicó- decidió “sacar” la carpeta fiscal a Muñoz para que ya no tenga acceso a la misma.A su criterio, estas acciones tienen como finalidad entorpecer la investigación y evitar que se siga el curso de la misma, todo para evitar un fallo negativo contra las Fuerzas Armadas y contra el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que	para solicitar que se resguarde la integridad de los adolescentes incorporados al Servicio Militar Obligatoria (SMO)- sostuvo que su denuncia posee fuertes fundamentos jurídicos que difícilmente puedan ser rebatidos.Catalogó el viaje de Abdo Benítez a Costa Rica en el marco de la audiencia por el caso Arrom-Martí como “una cortina de humo para desviar la atención de otros temas importantes”, uno de ellos el de los menores de edad en el Servicio Militar. “Están evitando que se vuelva un papelón para el presidente porque su hijo está en el SMO siendo menor de edad”, reiteró el abogado a HOY. Rolón Luna advirtió que esta denuncia	El Parque de la Salud del IPS cerrará sus puertas para la realización de trabajos de fumigación debido a la presencia de abejas y sus panales en las cercanías del sendero mayor del predio. Esta medida obedece a la recomendación de un especialista apicultor que explicó que la presencia de las abejas se debe al extremo calor por lo que estas buscando agua se dispersaron en todo el lugar.Este espacio utilizado para actividades recreativas y saludables al aire libre abre al público de lunes a domingo de 5:00 a 22:00 horas y recibe a diario a 1200 personas y en estos días de altas temperaturas se registra mayor afluencia de niños que se encuentran de vacaciones escolares.Es considerado el	Este jueves la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, llevará a cabo la audiencia pública en el marco del proceso por supuesta tortura contra los paraguayos Juan Arrom y Anuncio Martí. Estos piden ser indemnizados por un valor de US$ 63 millones. El presidente Mario Abdo anunció que participará de la audiencia y que pondrán toda la batería del Estado para evitar un revés en la Corte.	En ámbitos oficiales dan como un hecho que la Corte IDH rechazaría el millonario pedido de indemnización de los condenados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi. Y que el jefe del Ejecutivo tendría ya la “precisa”, por lo que sobre esa base definió su viaje a Costa Rica, de forma a sacar rédito político sobre algo ya definido por la alta instancia judicial supranacional. La Corte IDH no es un colegiado que se dejaría presionar por la presencia de un presidente para tomar tal o cual decisión. Acá la presunción es que el presidente Abdo está con intención de cosechar un punto político (sobre una decisión segura), es la idea recurrente de analistas que ven el viaje presidencial como un gesto político. Uno de los aspectos que más se ha cuestionado de la demanda presentada por Juan Arrom y Anuncio Martí contra el Estado paraguayo es el monto solicitado en concepto de indemnización.La cifra total asciende a poco más de US$ 63 millones, cantidad considerablemente elevada si se hace una comparación con casos anteriores que llegaron a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.María Alejandra Peralta, titular de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público, manifestó a HOY que esta suma de dinero fue incluida por ambos denunciantes en el Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (ESAP) presentado ante la CorteIDH.Este organismo corrió traslado del escrito y también del informe elaborado previamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Fiscalía para que puedan encargarse de hacer las gestiones y diligencias pertinentes en el marco del caso.Peralta indicó que en el citado informe se recomienda a Paraguay “dar satisfacción integral en el aspecto material e inmaterial a Arrom y Martí”, lo cual ha obligado al Estado a articular estrategias de defensa para evitar llegar a esta instancia.“Ahora todo está en manos de la Corte. Siempre que haya una condena va a existir una indemnización y una reparación. La indemnización es económica y la Corte puede establecer el monto que considere. La reparación atañe al aspecto inmaterial”, expresó la funcionaria de la Fiscalía. Por su parte, el abogado Jorge Rolón Luna, extitular de la Dirección General Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo, sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en toda su historia jamás ha establecido una reparación económica tan grande como la planteada por Arrom y Martí.Así también, mencionó que el objetivo principal de este organismo internacional no es precisamente el de indemnizar a las víctimas en algún caso puntual sino más bien dirimir si existe o no alguna vulneración en los derechos humanos, quedando la parte económica en un segundo plano.Los fallos de la CorteIDH siempre tienen varias partes, una de ellas las medidas reparatorias, así como las medidas de corrección que se establecen para evitar que se repita el hecho denunciado, detalló el abogado.Rolón Luna puntualizó que, en la mayoría de los casos, el monto de la indemnización o reparación económica es planteado por la parte acusadora, aunque no siempre es tenido en cuenta al momento de dictarse la sentencia definitiva. Como ejemplo de ello citó el caso de Ricardo Canese, quien años atrás también llegó a instancias de la Corte Interamericana y, de la suma planteada inicialmente, tan solo cobró una parte.“Los temas de fondo, los que realmente importan, aquí no se discuten. Acá hablan de la indemnización, de los montos, entonces la gente habla de eso”, expresó el profesional del derecho.El presidente de la República, Mario Abdo Benitez, viajara a la ciudad de San Jose de Costa Rica para participar de la audiencia pública por el caso Arrom y Martí en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se realizara este jueves.