Toda la madrugada estuvo en Paraguay Evo Morales, quien vino de Bolivia tras renunciar al cargo de presidente, después de 21 días de protestas en las calles en contra de un supuesto fraude electoral, al que se sumó la recomendación de la OEA el domingo de repetir las elecciones.El avión de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó en nuestro país aproximadamente a la 1:30 para reabastecerse de combustible luego de que Perú le negara el sobrevuelo por su territorio. Se presume que la misma medida tomó Brasil.“Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía”, escribió anoche Morales en su cuenta de Twitter.Finalmente, a las 4:53 de este martes despegó con destino final a México, según confirmó el periodista de Universo 970 AM Wilson Cardozo. Luego de varias gestiones se consiguió que el Perú habilite su espacio aéreo y esto permitió reanudar el vuelo.	Una comitiva fiscal y policial efectuó un allanamiento en la mañana de este lunes en una vivienda ubicada dentro del Complejo Habitacional "SPAH" de la compañía Cabañas, en la ciudad de Caacupé.Durante este procedimiento se logró la incautación de rifles, pistolas y escopetas de varias marcas, así como diversos cartuchos y municiones, entre ellos algunos de grueso calibre con características sobre armas de guerra.Las armas de fuego se encontraban en poder de un hombre de nacionalidad alemana identificado como Joachim Spah, de 46 años de edad. El mismo aseguró contar con todos los permisos pertinentes por parte de la Dirección de Material Bélico (Dimabel).Pese a esta explicación, la representación fiscal decidió iniciar una investigación acerca de las documentaciones de origen de las armas consideradas de grueso calibre, esto teniendo en cuenta que no serían de uso civil.El armamento incautado por los intervinientes fue remitido a la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional para el peritaje correspondiente. El procedimiento en el complejo habitacional de Caacupé estuvo encabezado por el agente fiscal Gustavo Sosa, quien se encuentra impulsando una investigación por un posible caso de tráfico de armas.	Según el reporte de la Comisaría Primera Central, el hecho ocurrió aproximadamente a las 15:15 de este lunes sobre la calle Teniente Benítez esquina Coronel Romero, de la ciudad de San Lorenzo.Estuvieron involucrados un ómnibus de la empresa de transporte público “La Limpeña” línea 49, guiado por Sebastián Alejandro Barboza (31) y una camioneta Toyota Hilux Surf, conducida por Jordan Fidel Villar (25).Aparatoso choque y posterior vuelco en San Lorenzo Detalles:	Miles de funcionarios del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de la Defensa Pública decidieron iniciar desde esta semana una huelga general a nivel país.En lo que respecta a la Fiscalía, los trabajadores exigen la reposición de unos G. 27.000 millones que habían sido recortados del Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN 2020), a fin de poder seguir trabajando con normalidad.Odilón Turo, secretario general del Sindicato de Funcionarios Empleados y Trabajadores del Ministerio Público (SIFETRAMIPAR), indicó a la R800 AM que, si se hace un cálculo más detallado, el monto objeto del recorte asciende a cerca de G. 79.000 millones en un periodo de 5 años (incluyendo el 2020).Entre sus reivindicaciones también se encuentra un pedido de reajuste salarial, aunque -según afirmó- solo se destinará un 7% del presupuesto para recursos humanos y el resto serán recursos institucionales destinados a combatir al crimen organizado.En la actualidad, varias dependencias no cuentan con toner para impresoras, hojas y otros insumos básicos, así como viáticos y combustibles, impidiendo a los funcionarios y fiscales trabajar con normalidad, de acuerdo a la denuncia.Por su parte, los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio de la Defensa Pública solicitan la reposición de G. 125.000 millones que fueron recortados a la Corte Suprema de Justicia en el PGN 2020, así como un incremento salarial del 20%. A dichos pedidos se le suman las bonificaciones para magistrados, seguro médico y creación de nuevos cargos exclusivos para juzgados.En todos los casos, se garantizan los servicios básicos en las instituciones adheridas a la huelga general, a fin de atender situaciones de urgencia. El paro de actividades tendrá una duración de un mes, de acuerdo a lo anunciado por los dirigentes sindicales, por lo que -de no llegar a concretarse un acuerdo o cumplirse con las exigencias- estaría culminando el 11 de diciembre.