El presidente de la Cámara de Diputados Miguel Cuevas (Añetete) y el diputado Tomás Rivas (ANR, cartista) son acusados de hechos de corrupción: el primero está investigado por enriquecimiento ilícito y el segundo está imputado por cobro indebido de honorarios, estafa, entre otros delitos; ambos chicanean sus casos y no se someten a la justicia hace más de un año.	Estos dos diputados utilizan sus fueros para frenar las pesquisas judiciales en su contra. En el caso de TomÁs Fidelino Rivas, desde el 20 de mayo del año pasado cuando fue imputado por sus “caseros de oro” por la supuesta comisión de los hechos punibles de estafa, cobro indebido de honorarios, uso de certificados y otros, pero el diputado presentó toda una serie de incidentes para dilatar que la Cámara Baja trate su desafuero.	Apeló la comunicación que hizo el entonces juez penal de Garantías Rubén Riquelme a Diputados, para pedir su desafuero. En este caso recibió una ayuda de la Sala Penal de la Corte que retuvo el caso por más de ocho meses, al no resolver las recusaciones que presentó la defensa de Rivas contra los camaristas.	El argumento de Rivas era que la jueza al firmar algunas resoluciones ya tomó postura en el proceso, pero la magistrada lo que en realidad hizo fue informar a la Cámara Baja que ella recibió el expediente del diputado tras la jubilación a la que se acogió el juez Rubén Riquelme y que todavía no firmó ningún escrito en la presente causa. Los camaristas al analizar el expediente se dieron cuenta de que la jueza no pudo incurrir en el hecho denunciado ya que no tuvo aún intervención en el expediente.	El 24 de mayo pasado, cuando la Cámara Baja le informó a la jueza Leticia Paredes que Tomás Fidelino Rivas ya no contaba con fueros, la magistrada aceptó la imputación, procesó al diputado y lo citó para el 3 de junio a las 08:30, para la audiencia de imposición de medidas.	Según la acusación de la fiscala Yolanda Portillo, de julio de 2016 a enero de 2017, Nery Antonio Franco González cobró indebidamente en la Cámara de Diputados G. 24.000.000, con un salario de G. 3.000.000. Por su parte, Lucio Romero Caballero cobró 17.791.660 guaraníes con un ingreso de G. 2.000.000.	Yolanda Portillo señala que cometieron estafa y cobro indebido de honorarios. Los tres supuestamente figuraban en la planilla de la Cámara Baja, pero en realidad eran caseros de Tomás Fidelino Rivas, en sus diferentes casas; el diputado los hizo figurar como sus asistentes en la Cámara Baja a la que nunca acudieron,	Este caso es calcado al que se dio con el exdiputado (también colorado) José María Ibáñez, quien también fue procesado por tener tres “caseros de oro”. En este proceso la fiscala Victoria Acuña pidió juicio oral para el exdiputado, pero luego accedió a que el mismo tenga una salida procesal, aceptó una donación y no llevó el caso a juicio; de esa manera lo blanqueó.	Cuevas, quien era un humilde zapatero de la ciudad de Sapucái, en el departamento de Paraguarí, actualmente posee una serie de estancias en la zona. Su último paso como gobernador de Paraguarí es el que dejó estelas de supuestos hechos de corrupción; por esa razón es que la fiscala Josefina Aghemo le inició una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero; sin embargo, Cuevas recusó a la agente cuando la misma estaba ya avanzando en las pesquisas. El argumento fue que la agente del Ministerio Público era parcialista, fundamento rechazado por la Sala Penal de la Corte que confirmó a la referida agente en la causa, pero antes de que el expediente le sea devuelto, la esposa de Cuevas presentó una segunda recusación contra la fiscala con el mismo argumento que presentó su marido. Esta impugnación igualmente fue rechazada.	Las chicanas de Tomás Rivas se iniciaron el 20 de mayo de 2018 cuando presentó una apelación contra el pedido de desafuero que hizo el entonces juez Rubén Riquelme. El 25 de junio de 2018 llegó a la Cámara de Apelación Cuarta Sala y al día ya fueron recusados los camaristas Carlos Ortiz Barrios y Arnulfo Arias.	El 15 de marzo de 2019 la Sala Penal declaró inadmisible para su estudio la recusación planteada por el diputado Tomás Rivas contra los camaristas Arias y Ortiz Barrios y el expediente fue devuelto a la Cámara de Apelación Cuarta Sala, el 19 de marzo de 2019, 8 meses y 9 días después.	El 26 de marzo de 2019 una vez más el procesado Reinaldo Chaparro, uno de los “caseros de oro”, recusó a los tres miembros de la Cámara de Apelación y el 10 de abril se resuelve el rechazo de la recusación. Entre los días 23 y 26 de abril de 2019 los camaristas emitieron sus votos y el 2 de mayo se destrabó el caso.