Una confabulación política estaría detrás de la expropiación irregular deun valioso inmueble ubicado en el barrio Remansito de Ciudad del Este.El proyecto pasó por el Parlamento y ahora la decisión está en el ejecutivo.La propiedad individualizada como finca N° 70 cuenta con una superficie total de 11 hectáreas 2.517 metros cuadrados. Está inscrita a nombre del Luis Bernardo Dávalos, ya fallecido por lo que está en trámite un juicio de sucesión para otorgar a los herederos.	El proyecto de Ley fue aprobado en sesión de la Cámara de Diputados de fecha 23 de mayo del 2018, posteriormente la Cámara de Senadores lo rechazó por incumplimiento de varios los requisitos requeridos, como el plazo de 5 años de ocupación. Luego, la Cámara de Diputados se ratificó en la aprobación del proyecto de Ley y fue reenviado al Senado.	Al no reunirse los votos el proyecto pasó al ejecutivo, el 19 de junio pasado y tiene seis días hábiles para vetar o aprobar la expropiación. El abogado Víctor Enriquez, quien representa a uno de los herederos afectado explicó que el proyecto fue presentado a la ligera, incluso antes de la invasión, conforme pudieron cotejar en las tomas fotográficas satelitales.	“La Comisión que solicitó la expropiación a través del proyecto presentado por la Diputada Blanca Vargas de Caballero, fue formada a las ligeras en noviembre de 2017, unos días antes de la invasión del inmueble, y con la complicidad de la destituida Sandra McLeod se otorgó una constancia a la supuesta comisión vecinal”, expresó.	Igualmente se quejó de que no se tuviera en cuenta la obligación del pago previo antes de avanzar con la expropiación, pues el artículo 109 de la Constitución Nacional dispone la obligatoriedad del pago previo al propietario, que debió ser establecida convencionalmente o por sentencia judicial. Sin embargo, los propietarios del inmueble se enteraron del proyecto ya cuando tenía media sanción en la Cámara de Diputados.	Tampoco se observó el artículo 6° de la ley N° 5832/17 que dispone que para la expropiación se establece la antigüedad mínima de ocupación de cinco años. Asimismo, se perpetró un desacato a la orden judicial de no innovar firmada en el marco del juicio sucesorio, medida del cual fue informada la Cámara de Senadores por lo que se optó por el rechazo.