“Esperamos que haya respuesta. Si no se da eso, se podría generar otro hecho que podríamos lamentar. Nosotros vamos a salir a movilizarnos por el centro de Asunción y la Policía quiere impedir eso. Nosotros vamos a ejercer nuestro derecho y garantía constitucional que tenemos”, dijo el dirigente de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), Jorge Galeano.Este fue el ultimátum que la CNI dio al Ejecutivo de Mario Abdo Benítez, al que acusan de incumplir un pacto firmado el pasado 28 de marzo sobre acceso a la tierra, compra de deudas y reactivación de la producción, y que desde hace más de una semana vuelven a reclamar.Los labriegos entregaron este lunes esas mismas peticiones al vicepresidente, Hugo Velázquez, como ya habían hecho la semana anterior con el ministro de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi, sin obtener respuesta, según su relato.La propuesta de los campesinos plantea destinar las tierras malhabidas o incautadas al crimen organizado a la reforma agraria, comprar las deudas vencidas y judicializadas del campesinado y la reactivación económica productiva de la agricultura familiar.La CNI pide al Gobierno una inversión de 40 millones de dólares en cinco años destinados a la producción de las familias campesinas. “Nosotros habíamos planteado la suma de 10 millones de dólares por año, que representa una suma básica para preparar una hectárea de tierra a 51.000 jefes de familia en su finca”, puntualizó Galeano.En cuanto a la compra de las deudas, el dirigente de la CNI explicó que no tienen sumado el monto, ya que, según el pacto anterior, dependerá de las autoridades bancarias calcularlo.“Nuestro acuerdo con el Gobierno es acercarles el nombre, el numero de cédula, su comunidad y departamento (de los deudores). Eso está en el sistema financiero, individualizado, y ellos con un teclado tienen acceso a eso. Depende de las autoridades”, agregó Galeano.Galeano y otros dirigentes de la CNI animaron hoy a los cerca de 3.000 campesinos asentados en Asunción al grito de “¡Reforma agraria, urgente y necesaria”, una petición que el campesinado persigue desde hace décadas.	deuda en concepto de prestación alimentaria.Buzarquis hace 19 meses no cumplía con su obligación de 1 millón de guaraníes mensuales, para su hija de 4 años de edad.“Si bien hizo ahora todo el depósito, él debe ser consciente que el monto de G. 1.000.000 es una suma ínfima para lo que implica los gastos de una criatura. Más todavía que no condice con los ingresos que tiene como senador”, agregó Regina Ríos.La mujer sostuvo que a través de su abogado buscará llegar a un acuerdo pacífico, sin tener que recurrir a las instancias judiciales. “Lo que más quiero es que todo esto termine pronto y podamos ponernos de acuerdo”, indicó.Ríos manifestó además que lamenta haber tenido que recurrir a los medios, pero expresó que es la única manera de ejercer presión. “Lo único que hice fue reclamar el derecho de mi hija”, concluyó.	En la mañana de este martes, el concejal de Asunción José Alvarenga (ANR) presentó un anteproyecto de pedido de informes al municipio capitalino ante ambas cámaras del Congreso Nacional.Según el edil, decidió presentar este documento en base a una serie de puntualizaciones sobre hechos irregulares que fueron detectados durante la administración del intendente Mario Ferreiro.Mediante esta solicitud, se buscará que el Senado y la Cámara de Diputados pidan un informe acabado sobre los cuestionamientos citados dentro del texto, de manera a obtener respuestas concretas al respecto.Alvarenga indicó que la justicia será la encargada de determinar si es que efectivamente existe un perjuicio patrimonial en la Municipalidad de Asunción y, de ser así, cuál es el monto defraudado a las arcas municipales.En otro orden de cosas, el concejal colorado adelantó que solicitará la intervención de la Municipalidad de Asunción, lo cual probablemente se dará la próxima semana. De igual manera, dijo que aún debe conversar sobre esta decisión con sus demás colegas.PUNTOS DEL PEDIDO DE INFORME1- CASO IVESUR:	se pide investigar la supuesta negligencia por parte del exdirector de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción, Enrique “Chino” García, en la demanda promovida por la firma IVESUR por la suma de US$ 3,6 millones. Aparentemente, el mismo omitió plantear la apelación y/o nulidad de la millonaria sentencia.2- CASO PARXIN:	se cuestiona el hecho de que en reiteradas ocasiones los funcionarios manifestaron sus inquietudes por la falta de seguridad y el mal estado de las instalaciones eléctricas, además que desde el incendio (ocurrido en marzo del 2017) hasta la fecha aún no se han iniciado las obras de refacción de la parte siniestrada.4- INCENDIO EN EL MERCADO DE ABASTO:	se cuestiona la cantidad de puestos y locales comerciales instalados en el lugar, superando el límite establecido y creando una situación de hacinamiento, además de las malas condiciones en que se encontraban las instalaciones eléctricas. Así también, se denuncia el retraso en la reconstrucción del Bloque C siniestrado en aquella oportunidad.5- CASO BICISENDA ITURBE:	se cuestiona que la empresa constructora Alpe S.A. cuenta con un retraso importante en la entrega del “Paseo de las Luces”, ubicado en el microcentro de Asunción, obra que demandó una inversión de más de G. 3.000 millones. Así también, la firma posee antecedentes negativos de otros proyectos en Ciudad del Este.7- CASO PROYECTO REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADOS:	la obra, que demandó una inversión de G. 2.600 millones por parte del municipio capitalino, fue duramente cuestionada tras publicaciones periodísticas que daban cuenta de irregularidades y “arreglos” para la concesión de las casillas. Así también, los trabajos se habrían hecho de manera deficiente y sin la participación de los vecinos de la zona.9- CASO DE SUPUESTO TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN LA DIRECCIÓN DE RR.HH.:	El presidente Mario Abdo Benítez se reunió este martes con referentes de la Unión Industrial Paraguaya, el Ministerio de Industria y Comercio y otras instituciones, para conversar sobre diversos temas.Al concluir el encuentro, el titular de la UIP, Gustavo Volpe, dio a conocer algunos detalles de lo hablado y destacó la voluntad política del Gobierno para el combate al contrabando, mediante diferentes medidas.“Lo que se vivía en ciertas Aduanas ya era insoportable y ya comenzó a controlarse en la administración de Chaco`i”, afirmó Volpe.Sobre la posibilidad de establecer el Duty Free en la frontera, Volpe señaló que se está estudiando, teniendo en cuenta que es una herramienta que el Mercosur permite, pero advirtió que al existir poca capacidad de control, esto podría permear al mercado, ya que los empresarios pagan los impuestos. Consultado acerca el incremento del salario mínimo, recordó que ya se habían reunido con la Comisión Nacional de Salario Mínimo y acordaron respetar lo que estipula la ley. “Creo que en estos días habrá un decreto”, afirmó Volpe.El planteamiento es del 3,8 %, es decir, equivaldría a una suba de 80.000 guaraníes.REFORMA TRIBUTARIA En cuanto a la reforma tributaria sostuvo que siempre habrá sectores en desacuerdo en las modificaciones, sin embargo, consideró que existen más beneficios que perjuicios y que de ninguna manera ve un “impuestazo”.