El estudiante Federico Enciso, de la Juventud de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica del Paraguay (CUT - A), manifestó a la 650 AM que los secundarios de la Federación Nacional de Estudiantes (Fenaes) y los universitarios de distintas facultades de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) están planeando diversas acciones y movilizaciones hasta lograr la destitución del presidente Mario Abdo y del vicepresidente Hugo Velázquez.“Vamos a seguir en la calle. Hoy vamos a manifestarnos frente al Panteón de los Héroes, también en colegios y facultades se harán asambleas. Está sobre la mesa la posibilidad de hacer tomas de colegios y universidades. La presión será más intensa cada vez, ya que hay diversos sectores que quieren que esto vaya al oparei. Eso como jóvenes no vamos a permitir”, afirmó. Enciso comentó que está muy claro que el pacto con el Brasil se realizó con absoluto secretismo. “Si no fuese por un funcionario que renunció tal vez no nos íbamos a enterar. Además el propio presidente (Mario Abdo) reivindicó este acuerdo con Brasil tratándonos a los paraguayos de pillos y peajeros, no es que no conocía o no sabía”, lanzó.En la Cámara de Diputados, se presentó un pedido de juicio político para Abdo, su vicepresidente Hugo Velázquez y el ministro de Hacienda, Benigno López. Sin embargo, con el cambio de postura de Honor Colorado, no existen los votos para aprobar la solicitud hecha por la multibancada (en su mayoría congresistas liberales).	En medio de la crisis política por la firma del acta de Itaipú, varios son los rumores sobre supuestos cambios en las principales instituciones del país, de cara a una renovación.En tal sentido, el ministro Juan Ernesto Villamayor, se refirió a la posibilidad de dejar el cargo e ir como secretario del Ejecutivo.“Yo estoy muy cómodo trabajando acá en el Ministerio del Interior, en la tarea que precisamente él (Abdo) me asignó”, respondió Villamayor en entrevista con la 1020 AM. Villamayor consideró que este es un rumor más dentro de lo que se menciona para el 15 de agosto que aparece como una fecha tope, según él “imaginaria”, para realizar cambios debido a la firma del acta de Itaipú. “El proyecto político es llevar a un término la gestión actual de Mario Abdo Benítez, conseguir un buen resultado y salir por una puerta importante, para eso hay que hacer muchas cosas·, reconoció Villamayor.	Al menos unas 100 personas tuvieron que abandonar sus propiedades en el barrio Cañada de Lambaré, en respuesta a una orden judicial.Una de las afectadas conversó con la 970 AM y denunció que el abogado Arístides Allende les vendió estos inmuebles hace 25 años en representación de una inmobiliaria que posteriormente cayó en quiebra, por lo que desde entonces dejaron de pagar.“De la nada nomás vinieron llegando con documentos para desalojarnos, tenemos ANDE, Essap, basura, todo al día”, comentó Viviana. Momentáneamente se alojaron en los patios de los vecinos, quienes gentilmente accedieron a recibirlos. Entre los afectados están embarazadas, niños pequeños y adultos mayores.	Alejandra Peralta, viceministra de Política Criminal del Ministerio de Justicia, en entrevista con Radio Uno confirmó que ya se está trabajando en la reglamentación del uso de tobilleras electrónicas en nuestro sistema penal.Para lograr dicho cometido, se lleva a cabo un trabajo conjunto con diversas instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio del Interior, representantes del Poder Ejecutivo, entre otros.De igual manera, se cuenta con la asesoría de expertos chilenos que han venido a nuestro país a acompañar y orientar a las autoridades para este trabajo.Según explicó la funcionaria estatal, dentro de la reglamentación se deberán prever quiénes serán los órganos de aplicación y control, en qué casos se va a utilizar, cuál será la “población piloto” que empezará a utilizarlo en la primera etapa, entre otras cuestiones.La implementación de las tobilleras electrónicas tiene dos finalidades: la aplicación de una medida menos gravosa a la prisión preventiva y la protección de la víctima, afirmó Peralta a la 650 AM.Sobre este mismo punto, explicó que si este tipo de dispositivos de control llegara a ser utilizado en los casos de violencia familiar se estaría cumpliendo con el doble propósito, aunque para ello sería necesario primeramente reformular el Art. 4 de la Ley 5863/17. “Además de reducir el hacinamiento y contribuir con el sistema penitenciario, también se estaría aportando a lo que es el sistema penal”, puntualizó la viceministra de Política Criminal.De momento, no existe un plazo establecido para que entre en vigencia la implementación de los dispositivos