La pensión para adultos mayores actualmente está limitada a personas por encima de los 65 años en situación de pobreza, es decir, que no cuenten con ninguna otra pensión o ingreso. Sin embargo, existen ciertos sectores que plantean que se elimine el requisito de los ingresos de los beneficiarios, lo que estiman implicaría duplicar la cantidad de beneficiarios actuales y el costo de esto para el Estado.	Aclaró que el criterio actual es que las personas que no figuren cobren un salario del Estado u otras ayudas. Si se eliminan estos criterios y se hace discrecional la entrega de las pensiones por el simple hecho de cumplir 65 años, el mismo calcula que la cantidad de dinero requerido - que sale de los impuestos- se debe duplicar.	Este es uno de los proyectos sobre los cuales representantes del Ejecutivo expresaron preocupación sobre el impacto en el presupuesto, catalogándolos como iniciativas “populistas”. Entre otros, el asesor de la Presidencia, Daniel Centurión, mencionó que el presidente Mario Abdo Benítez vetaría este tipo de iniciativas que estiman buscan generar rédito político.