La descontratación de los dos funcionarios del SEME ya es un hecho y se decidió luego de una investigación en la que se comprobó el robo de combustible, explicó el doctor Julio Rolón, viceministro de Salud. Afirmó que las mejoras laborales en la dependencia se verán en breve con la disponibilidad del presupuesto de este año.	La contratación de los funcionarios que fueron desvinculados del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) luego de comprobarse el robo de combustible es innegociable, afirmó el doctor Julio Rolón Vicioso, viceministro de Salud en contacto con la 970 AM.Destacó que se llegó a esa instancia con los funcionarios luego de que estos hayan sido investigados. “Por ejemplo se cargaba G 8.400.000 según la rendición de cuenta de los funcionarios y se cargaba por un poco más de 4 millones de guaraníes y eso esta´comprobado, hay testimonios de ese modo de operar de ir con la tarjeta y el conductor le dice al playero ‘hacé figurar 300 y cargá 150; te quedás con 50 y yo con 100’, tenemos los nombres y fueron sujeto de descontratación y esta investigación se inició con la administración anterior”, explicó.Sobre las denuncias de malas condiciones de trabajo, hechas por los integrantes del sindicato del SEME, Rolón explicó que existe un plan de mejoras y que lleva su tiempo y será posible con la disponibilidad del presupuesto de este año.“El año pasado hemos iniciado conversaciones y empezado con las reivindicaciones salariales. Este año se incluye la mejora en edilicia, equipamientos y además utilizar el presupuesto para la necesidad real”, señaló Rolón. A principio de año, dos funcionarios fueron desvinculados del SEME tras un dictamen de Asesoría Jurídica y RRHH del MSP tras detectarse irregularidades en la carga de combustible para las ambulancias por un monto aproximado de G 800.000 durante tres meses. Alma Amarilla, sindicalista SEME insistió con la denuncia de las condiciones de insalubridad ya que los móviles deben pasar por una limpieza especial luego de un servicio puesto que trabajan con fluidos contaminantes y las condiciones mínimas no se cumplen.“Le estamos regalando bichitos a los pacientes que ingresan a los vehículos, no tenemos las mínimas condiciones, no tenemos taller, uniforme ni insumos para los vehículos, guantes de procedimiento y acá los denunciados somos nosotros”, afirmó.Solicitó que las autoridades ministeriales se acerquen y conozcan las condiciones en la que trabajan diariamente y que la acusación de robo no tiene fundamento porque si hubo irregularidades los que se encuentran a cargo también deben ser investigados.	“He promulgado la Ley de Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2019. Este resultado fue posible gracias a una labor coordinada entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo”, anunció el mandatario a través de su cuenta de Twitter.El Plan General de Gastos elaborado por el Ejecutivo asciende a 13.456 millones de dólares, de los cuales, un 36 % se recaudaría vía impuestos, un 10 % mediante endeudamiento y un 54 % con recursos propios.El presupuesto se basa en un PIB nominal aproximado de 44.000 millones de dólares, con una inflación que llegaría al 4 %, según el Banco Central del Paraguay.Igualmente se estima que las importaciones llegarían a 2.700 millones de dólares, de acuerdo con las previsiones de Hacienda. En el 2019 se cree que la deuda alcanzará los 1.450 millones de dólares, con 600 millones de dólares en emisión de bonos soberanos y 850 millones en créditos multilaterales.	pretensiones de Arrom y Martí.Respecto a las sanciones, indicó que las mismas no son obligatorias y por ello “no se pagará un solo centavo” a los dos compatriotas asilados en Brasil y quienes fueron acusados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi en el año 2001.“El canciller ha sido claro, no va a salir un solo guaraní de las arcas del Estado que son las arcas del pueblo”, enfatizó el vicecanciller durante la entrevista radial.Pese a esta postura asumida, de igual forma el gobierno paraguayo deberá presentarse ante la Corte Interameri­cana de Derechos Humanos (CorteIDH) para la audiencia que se realizará el próximo 7 de febrero en San José, Costa Rica. En la misma, los representantes de nuestro país defenderán al Estado de las acusaciones realizadas por los familiares de Arrom y Martí.“En derecho hay un principio de que uno debe defenderse en todas las esferas, que uno no debe dejar porque es un derecho que se tiene en todas las partes, tanto la acusante como el defendido. Dadas las condiciones, una de las posibilidades que se estudia es la de concurrir o no, pero tiene que haber ciertas garantías de que se cumpla el derecho”, indicó al respecto Saguier Caballero. Según confirmó a la 970 AM la fiscal Alejandra Peralta, directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, de los US$ 63 millones solicitados por Arrom y Martí como indemnización en el marco de esta causa, el monto por “daño moral” asciende a poco más de US$ 20.500.000 para cada uno, mientras que para sus familiares serían US$ 14.000.000 y US$ 8.000.000 respectivamente (un millón de dólares para cada familiar).	La fiscal Alejandra Peralta, directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, indicó a la 970 AM que dentro de un mes se realizará la audiencia pública en San José, Costa Rica, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará sus alegatos y Juan Francisco Arrom hablará mediante videoconferencia, mientras que su hermana y un testigo de Paraguay, Óscar German Latorre, quien era fiscal general del Estado en ese entonces, expondrán sus puntos de vista en torno al caso. Llamativamente, según remarcó, la comisión limitó a Latorre lo que puede o no decir, y solo se le permitirá hablar en un lenguaje técnico del expediente, mientras que los hermanos de Arrom podrán hacerlo de manera sentimental.Refirió que en este caso la comisión pretende instalar la coartada presentada por los secuestradores, que no participaron en el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi y que fueron torturados y desaparecidos de manera forzada por el Estado paraguayo. La fiscal indicó respecto a los rastros de tortura que la suposición es que estas marcas eran a causa de	”. Sobre ese punto, Germán Latorre, también en charla con dicha emisora, mencionó que no podía aseverar el origen de las lesiones. “Evidentemente existían, pero sí fue autoflagelamiento o no es cuestión que no podrá ser dilucidada porque se negaron a ser examinados”, remarcó.La fiscal Peralta visualizó que si Paraguay pierde, los secuestradores pedirán la anulación o reapuertura del caso. De darse esto, se deberá indagar más sobre la presunción que tienen sobre las marcas. “Cuando ellos salen de la casa (donde dicen que estaban privados de su libertad), se dirigen al sanatorio Migone, donde no se deja ingresar a los fiscales, porque los integrantes del Partido Patria Libre (que luego pasó a ser el EPP) formaron un cordón humano. No se pudo labrar acta de la junta médica”, recordó.En otro momento confirmó que Arrom y Martí exigen al Estado paraguayo la suma de 63 millones de dólares, monto que se dividirá con sus familiares (un millón de dólares para cada uno) y sus respectivos abogados.Juan Arrom y Anuncio Martí fueron sindicados como presuntos involucrados en el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi. Ambos aparecieron un 30 de enero de 2002 alegando haber sido torturados y aprovecharon la situación para asilarse en Brasil, desde donde plantearon el juicio contra el Estado paraguayo al que reclaman millones de dólares en concepto de resarción.