En conferencia de prensa, la titular del Ministerio Público instó a los medios y a la opinión pública en general a mirar hacia atrás y comprobar de esa manera que en todos los hechos que el ministerio público estuvo investigando, “no existen colores”.De esta manera respondió a los cuestionamientos sobre la selectividad de la Fiscalía General, “acá nos basamos en lo que los agentes tienen en sus carpetas, por ello mi total apoyo a los fiscales”, remarcó.Quiñónez dijo estar tranquila y consciente de las repercusiones que pueden tener las investigaciones, sobretodo a políticos vinculados a casos de corrupción, “lo que venga lo sabré enfrentar y mi compromiso es con el paìs y trato de transmitirle eso a los agentes, las investigaciones son complejas y difíciles cuando se tocan ciertos intereses”.La fiscal general adelantó que presentarán un proyecto para frenar las recusaciones a fiscales, debido a que la gran mayoría son planteadas con el mero propósito de dilatar el proceso, con argumentos que faltan a la objetividad. Seguidamente la fiscal Josefina Aghemo señaló al igual que su superior, que cada investigación tiene en cuenta los criterios procesales por sobre las personas investigadas, y todo requerimiento es producto de la recolección de indicios objetivos y es total responsabilidad del agente.	Ricardo Preda, abogado de Javier Zacarías Irún, interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio, para evitar que sea tratado el pedido del juez Gustavo Amarilla al Senado para desaforar a su cliente.“Nosotros nos hemos opuesto a la decisión del juez de dar trámite a la imputación y hasta que se decida eso, el Congreso no puede tratar el pedido de desafuero”, dijo en charla con la 970 AM.El letrado mencionó además que la Comisión Permanente no tiene la potestad de tratar el quite de fueros.Por otra parte, indicó que que Fiscalía no puede reabrir una investigación (enriquecimiento ilícito) sin previa comunicación al juez. Recordó que en octubre del año pasado ya alertaron que se estaba actuando en base a la denuncia que replica otra que ya fue desestimada en el pasado, y que se debía solicitar la reapertura de ese caso.Recién cinco meses después se hizo el pedido formal, habiendo recolectado un sinnúmero de evidencias, de acuerdo con el abogado. “Lo que hace la Fiscalía es una actividad totalmente irregular, investiga primero y luego solicita la reapertura. El fiscal no puede investigar lo que quiera, sino que en base a indicios que hayan motivado a la investigación”, dijo.“Acá parece que finalmente importa más el efectismo, imputar y la parafernalia de meter en prisión preventiva a alguien, antes de lo que verdaderamente se plantea”, lamentó.Al consultársele sobre si Zacarías es un perseguido político, dijo que no posee evidencia de la intromisión del Poder Ejecutivo al Judicial, pero remarcó que existe una secuencia de hechos corroborados: el presidente Mario Abdo Benítez manifestó abiertamente su apoyo a los detractores de Sandra McLeod antes de la intervención municipal, la denuncia contra su cliente ZI fue presentada unos días después de la imputación contra Ulises Quintana y los adherentes del oficialismo acudieron a la audiencia de este diputado abdista y allí cuestionaron la falta de imputación contra Zacarías, tras esto se concretó el pedido de los oficialistas. Además de la causa de supuesto enriquecimiento ilítico, el matrimonio cuenta en su haber un acta de imputación en Asunción por declaración falsa. Mientras que existe otra en Ciudad del Este, producto de la misma investigación, donde le atribuyen el delito de lesión de confianza por contratación de servicios de publicidad a la intendenta Sandra McLeod. El abogado remarcó que esta causa se abrió el 28 de enero y al día siguiente ya se presentó la imputación.	Durante el acto de egreso de jóvenes que cumplieron el servicio militar obligatorio en los Centros de Instrucción Militar para Estudiantes y Formación de Oficiales de Reserva (Cimefor), el mandatario paraguayo reafirmó su compromiso con el SMO.El presidente Abdo recordó que la Constitución Nacional además de establecer este servicio obligatorio, estipula el derecho a la objeción de conciencia para aquellos que no lo deseen realizar. Sobre este punto dijo que su compromiso es construir diferentes opciones para los que quieran utilizar esta figura.“La Constitución Nacional establece el Servicio Militar Obligatorio y la objeción de la conciencia. Yo me comprometo a construir mayores opciones para hacer uso de objeción de conciencia”, afirmó el jefe de Estado, aunque no especificó cuáles serán. “Estamos trabajando para brindar oportunidades en distintas instituciones oficiales para que no haya excusas”, refirió.	Pedro Britos, viceministro de Transporte, indicó que el incendio de la unidad de la Línea 15 “es una nueva imagen lamentable”, por lo que tomarán medidas al respecto.En ese sentido dijo a radio 970 AM que ya abrieron un sumario administrativo contra la empresa Automotores Guaraní y que irán tras el taller que dio el dictamen favorable para que dicha unidad esté en circulación.“Vamos a tomar una intervención fuerte en los talleres que realizan la Inspección Técnica Vehicular (ITV). O no realizan su trabajo o no se hacen las inspecciones. Estamos identificado cuál es el taller que realizó la ITV. Vamos a tomar acciones”, sostuvo.Señaló que actualmente hay muchos buses chatarra que deben salir de circulación y si bien hizo mea culpa por el deficiente control de su viceministerio, remarcó que muchos son permisionarios del municipio de Asunción.Una unidad de la línea 15 fue consumida casi por completo tras un incendio. El hecho ocurrió sobre la calle Estados Unidos casi Rodríguez de Francia. No hubo pasajeros heridos.En marzo del año pasado, un bus de la misma empresa (Automotores Guaraní) se incendió en las inmediaciones del Mercado Nº 5 de Barrio Obrero. En esa ocasión, tres pasajeros lograron salir del rodado antes de ser alcanzados por el fuego.Más imágenes del incendio de un ómnibus de la Linea 15 que ya fue totalmente controlado por los bomberos.Vídeo