El jefe comunal expresó que el proyecto del paso a desnivel en Tres Bocas (Acceso Sur, Avelino Martínez y Américo Picco) está plenamente culminado en su fase de financiación. La iniciativa se había gestado con el exintendente de San Lorenzo, Albino Ferrer y las autoridades del MOPC.Sin embargo, dijo que las obras no se están iniciando debido a la burocracia existente en el MOPC. En ese sentido, manifestó que desde enero va hasta el Ministerio a consultar sobre el tema, pero sin respuesta favorable.“Yo tengo entendido que la plata ya está y que ya tienen inclusive”, refirió Estigarribia, con respecto a la donación monetaria de Taiwán para encarar el proyecto. “Soy el mayor interesado en que el tráfico de esa zona se solucione”, agregó el intendente de Villa Elisa.“Con suerte y siendo generosos, creo que podemos empezar este año”, culminó el jefe comunal.El ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, indicó a UH que en julio se llamará a una licitación internacional para iniciar las obras, que tiene una inversión aproximada de US$ 15 millones.	quien dijo que el monto de su factura trepó inexplicablemente a 1.800.000 guaraníes, de los 200.000 que solía abonar como máximo.Tanto Morínigo como técnicos de la Essap acudieron esta mañana a la vivienda de González e ingresaron a su domicilio, donde finalmente detectaron una pérdida en el patio, la cual provocaba la salida de seis litros de agua por minuto.El cliente tuvo que reconocer que el problema era interno y por tanto ahora deberá abonar los 1.800.000 guaraníes, más el monto de la factura que reciba a fin de mes. Podrá hacerlo de forma fraccionada.	“Esto no ocurrió en el último ciclo de facturación, sino que el reclamo inició en mayo durante el proceso de facturación, donde nosotros ya detectamos una variación en el consumo, entonces automáticamente iniciamos nuestro proceso de crítica interna, donde nos constituimos para determinar qué generó esta variación”, comentó Morínigo.Relató que representantes de la Essap acudieron el 7 de mayo, cuando nadie se encontraba en la casa, pero pese a esto, el medido marcaba un consumo de agua. Un mes después, el 7 de junio, se realizó una nueva inspección a pedido de los propietarios. Allí los técnicos de la Essap ya habían una pérdida que provocaba el desperdicio de seis litros por minuto, con lo que se justificaba ya la facturación actual. Después de un escándalo en todos los medios, la tercera intervención se dio hoy por la mañana, cuando se hizo una excepción a la regla, ya que los funcionarios de la Essap tienen prohibido ingresar a la propiedad privada, y solo se les permite intervenir hasta la vereda.	El domingo en horas de la mañana se llevó a cabo una audiencia pública de rendición de cuentas organizada por la Junta Municipal de San Antonio.La actividad, que se desarrolló en la Plaza Central de la ciudad, tenía como finalidad principal brindar detalles y debatir sobre la ejecución presupuestaria en materia de Royalties y FONACIDE.En entrevista con HOY, el concejal Alcibiades Ayala comentó que decidieron convocar a esta audiencia debido a que desde la junta detectaron algunas irregularidades relacionadas al uso de recursos durante el Ejercicio Fiscal 2018.Específicamente, cuestionan el millonario monto que fue invertido por el Centro Cultural de San Antonio, cuya construcción demandó más de G. 4.000 millones, de acuerdo al informe presentado por el intendente Raúl Mendoza.	Según el edil, esta suma de dinero es muy elevada para la edificación que fue construida, además que se realizó el pago a la empresa constructora cuando el avance de la obra recién se encontraba en un 30%. A raíz de esta situación, los concejales tienen serias sospechas de que existió una sobrefacturación y una malversación de fondos.Ayala también mencionó que el intendente no presentó varias documentaciones en su último informe, por ello la Junta Municipal decidió rechazar el balance del ejercicio fiscal 2018 y exigir la rendición de cuentas.	que -según el concejal sanantoniano- encabezó la turba que fue para crear conflictos. Entre los mismos supuestamente se encontraban varios integrantes de “la plana mayor” del municipio, como la jefa de la Dirección de Comisiones Vecinales y la encargada de la Dirección de Tránsito.Ante las irregularidades detectadas corresponde la apertura de una investigación formal en la municipalidad, ya sea por parte de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público o la Auditoría General del Poder Ejecutivo, sostuvo.“Nadie está acusando a nadie, solo que queremos ver dónde fue la plata que se invirtió”, resaltó Ayala, exigiendo explicaciones de la ejecución presupuestaria al jefe comunal. De los 12 concejales que conforman la Junta Municipal de San Antonio, tan solo participaron de la audiencia pública 7 ediles: Víctor Gómez, Alcibiades Ayala, Mirtha Vera, Juan Vicente Fernández, Wilberto Centurión, Victor Silveira y Alberto Ramón Palacios.	Tras 19 años de servir a la comunidad desde el mismo cuartel, los bomberos azules de Limpio son ahora emplazados por la nueva directiva del club de Leones a abandonar el sitio, en un periodo máximo de siete días.“Nosotros no invadimos el lugar, a nosotros nos enviaron acá, hace 10 años que ocupamos este espacio, estamos 220 bomberos jurados y todos aportaron su granito de arena”, explicó a la 970 AM el presidente de los bomberos azules, Fabio González.Aseguró que por día les toca atender entre seis a siete accidente por día y en cualquier horario, por lo que piden a las autoridades que intervengan.En caso de que no les permitan permanecer, allí exigen un pago de 2.000 millones de guaraníes, ya que la ubicación del predio es muy valiosa y estratégica, por lo que no se puede hacer un desalojo sin pagar nada. A esto se suman las mejoras que los bomberos dicen haber implementado en el lugar, incluyendo un pozo artesiano que costó mucho dinero. “Si nos quieren sacar que nos pongan 2.000 millones, vamos a comprar un terreno o algo”, afirmó González