En la sesión ordinaria de este jueves, la Cámara Alta remitió a la comisión de Relaciones Exteriores, el proyecto de ley por el cual la Cámara Alta exhorta a la Cancillería y a la delegación paraguaya en el Mercosur, a protestar por lo resuelto por la justicia uruguaya, que dejó en libertad a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, contra quienes la Fiscalía tiene sobrados elementos para confirmar que participaron del secuestro de María Edith.El planteamiento además insta al Ministerio Público a investigar el hecho. Además de Fidel Zavala, la propuesta también lleva la firma del legislador Stephan Rasmussen. También remitieron a la misma comisión el proyecto que insta a los organismos del Estado paraguayo a resolver en el ámbito “soberano” de las instituciones judiciales, los hechos punibles cometidos en nuestro país. El texto resalta y responsabiliza al Poder Ejecutivo por el fracaso de las gestiones realizadas ante el Gobierno uruguayo por el proceso conocido como Arrom-Martí.	El lunes un grupo de pacientes oncológicos entregaron un nuevo amparo para poder acceder a medicamentos y seguir con sus tratamientos contra el cáncer de mama.En total son 20 las pacientes que se encuentran con el tratamiento interrumpido por falta de tres fármacos cuyos precios son millonarios y no forman parte del vademecum del MSP.El TDM1, Fulvestrant y Pertuzumab son los nombres de estas drogas y que solo la consiguen a través de amparos judiciales. “Lo hacemos a través de la Defensoría del Pueblo porque por nuestra condición tampoco tenemos dinero para pagar abogados que te cobran 6 millones por este trámite”, explicó Maru Vera, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) en contacto con la R800.En su caso, como paciente con metástasis el costo de dos los medicamentos alcanza 40 millones de guaraníes y requiere para sesiones que se espacian de 8 días, 15 y 21 días.“Una compañera ya está convulsionando por falta de medicamentos y ya perdimos esta semana a otra compañera y este octubre no es nada rosa para nosotras y queremos que deje de ser negro”, afirmó Vera. Con relación a que sí consiguen a través de los amparos presentados, la paciente afirmó que la justicia es lenta y que el cáncer no espera. “La burocracia nos está matando porque para el cáncer el tiempo es lo primordial”, puntualizó.	Alejo Ventura, ideólogo de la ‘Franja 3D’ pintada en Capiatá, indicó a ABC TV que la idea nació a raíz de las quejas de los vecinos y peatones respecto al exceso de velocidad de los automovilistas y motociclistas en esa zona. “Con los jóvenes decidimos aportar nuestro grano de arena para la ciudad, no esperar solo que actúe el Estado, de modo a generar conciencia con esta obra simbólica“, explicó el joven.Ventura reconoció que la pintura no durará mucho, pero que la idea es instar a las autoridades a priorizar las señalizaciones del tránsito, en atención a que hace dos años fue asfaltado ese trayecto pero que hasta la fecha no fueron colocados los reductores de velocidad ni las franjas peatonales. #MesaDePeriodistas	October 11, 2019 Sobre la legalidad de la iniciativa, Alejo Ventura mencionó que buscaron información sobre la ley de tránsito en la Municipalidad de Capiatá, pero que no encontramos nada puntual al respecto.Por su parte, Luis González, intendente de Capiatá, sostuvo que si bien valora mucho la creatividad, pero que “lastimosamente no es lo correcto, porque no está estipulado“.El jefe comunal señaló que la actuación de los jóvenes debe servir como algo positivo, por lo que no debe ser sancionado. Contacto con Luis González, intendente de Capiatá. “Se valora muchísimo la iniciativa y la creatividad, lastimosamente no es lo correcto”, indica González.	Con palos, máscaras, piedras, picanas eléctricas se encuentran unas 50 familias, alrededor de 1.200 personas, quienes se niegan a desocupar el predio privado de siete hectáreas ubicado en Itapuami, Luque.La notificación se remitió hace 24 horas, pero la Fiscalía dio un último plazo de 30 minutos para que las familias retiren sus pertenencias y comiencen a retirarse del lugar que habitan hace tres años. Los invasores se dirigieron a Mario Abdo Benítez con los carteles “Desastre Ko Marito” y le pidieron que tenga “corazón” y evite el desalojo. Uno de los ocupantes conversó con Universo 970 AM y aseguró que nadie les pagó para invadir el terreno, sino que ingresaron porque no tienen dónde vivir y porque las tierras figuran a nombre del Indert, según ellos. El representante de DDHH del Ministerio del Interior, Hugo Samaniego, intenta mediar en el conflicto para evitar que el procedimiento se torne violento, sin embargo, su misión parece muy difícil ya que los pobladores no están dispuestos a ceder. La fiscal Mirta Ortiz confirmó que se pudo corroborar en los papeles que el predio está a nombre de una empresa.