El operativo se realizó con efectivos de la Policía Nacional porque en la primera intervención los guardias impidieron la entrada de los fiscalizadores del Ministerio de Trabajo y mediante orden judicial firmada por el juez, Julio César Centeno, y la actuaria Silvia Patiño se ingresó al local PLASPASA, situado en Paraguarí, kilómetro 62 para realizar las verificaciones de la situación laboral de sus trabajadores.Participaron de la inspección la abogada Nilda Raquel Fretes, la química Natividad Ortiz, el jefe del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, Miguel Ángel Mora y técnicos. Una vez verificada la situación de los trabajadores, se labró un acta en el que se detalló las irregularidades encontradas en salud laboral y seguridad encontradas en el momento de la verificación. La DGIF tiene a su cargo la inspección, vigilancia y fiscalización de los establecimientos industriales, comerciales, mineros, obrajes, agrícolas y ganaderos, así como las oficinas prestadoras de servicios, a fin de velar por el cumplimiento de la legislación laboral y de seguridad social en todo el territorio nacional.	El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia a través de sus Dispositivos de Respuesta Inmediata (DRI) y el servicio de llamadas 147 Fono Ayuda, atendió un total de 255 casos de abuso sexual en el primer trimestre del 2019; 89 en el mes de enero, 85 en febrero y 81 en marzo.	Teniendo en cuenta la distribución por sexo, se confirma que las niñas están en mayor riesgo, pues del total, 235 son niñas y adolescentes mujeres, siendo casi el 100% de la totalidad. Sobre esta misma línea, las zonas donde más casos se dan son el departamento Central, Asunción, Alto Paraná, seguidos por Paraguarí, Caaguazú, Itapúa, San Pedro, Cordillera, Caazapá, Amambay, Concepción y Guairá.Asimismo, a consecuencia de estos abusos sexuales, resultaron embarazadas 38 niñas y adolescentes cuyas edades oscilan entre 11 a 17 años, y se detectaron 29 adolescentes con hijos. Es importante recalcar que la mayoría de los agresores son personas del entorno inmediato de la víctima como novio, padrastro, padre biológico, vecino, tío, hermano, u otros. En cuanto a las intervenciones en calle, los profesionales del DRI han realizado 9.658 intervenciones llegado a 4.460 niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración, realizando el monitoreo, abordaje y seguimiento. Las vulneraciones incluyen abuso sexual, falta de acceso a la educación, salud, identidad, pobreza extrema, situación de calle, trabajo infantil, entre otras. Cabe destacar que las intervenciones que realiza DRI son puntuales, de corto tiempo de seguimiento, articulando acciones con el Ministerio de la Defensa Pública, Ministerio Público, CODENIs, MSP Y BS, MEC, SENADIS, Policía Nacional, entre otros, para restablecer los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes. Desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia informan que continúan con la campaña nacional #TodosSomosResponsables que busca concienciar a la ciudadanía a denunciar los casos de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.	En la tarde de ayer una comitiva fiscal-policial realizó un allanamiento a una vivienda particular que funcionaba como depósito y en la que había sido alojada una importante cantidad de productos.La investigación inicial fue llevada a cabo por el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional. Para el procedimiento, se contó con apoyo del Ministerio Público, el Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).La fiscal Carmen Gubetich comentó a Radio Monumental que un ciudadano coreano naturalizado paraguayo, identificado como Wook Moo Heo, aparece como el propietario de la carga.El allanamiento se produjo en base a denuncias sobre la presunta comisión de delitos contra la propiedad intelectual y violación de los derechos de marca (falsificación). Asimismo, se presume que también podría haberse incurrido en el delito de contrabando debido a que, al momento del procedimiento, se no presentaron documentaciones que certifiquen el origen de las mercaderías.La agente fiscal señaló que se dio tiempo al propietario hasta el próximo lunes para que pueda presentar los documentos requeridos, tanto de despacho aduanero como cualquier otro que permita dar luz sobre este caso.Dentro de los embalajes fueron encontrados quepis, cintos, bufandas, gorros, frazadas, así como artículos de bijouterie y productos varios. En casi todos los casos, tenían grabados los nombres y logotipos de reconocidas marcas, por lo que -a criterio de Gubetich- es prácticamente un hecho que se trata de productos falsificados.Wook Moo Heo se encargaría de importar y redistribuir estos productos en la zona del Mercado 4 para su posterior comercialización, afirmó la representante del Ministerio Público. De momento, no se sabe con exactitud cuál es la cantidad o el valor de la mercadería incautada.	Victor Hugo Julio, director de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Asunción, confirmó a la 970 AM que las familias que ocupan la plaza Juan de Salazar están siendo reubicadas en la base 1 de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Parque Caballero y un espacio sobre 15 de agosto. Así también, algunas familias que no desean ir lejos de sus viviendas inundadas se instalarán en la plaza de Armas, de acuerdo con el funcionario. “Algunos quieren mudarse y otros no. De a poco les estamos convenciendo para ir a otros lugares más cómodos. Esta es una cuestión humanitaria. No es porque quieren que vienen estas personas acá”, dijo.Hugo Julio indicó que en total 150 familias damnificadas están en la zona del Congreso, siendo 40 las que se ubicaron frente al Cabildo. Días atrás, Juan Carlos Ramírez Montalbetti, asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, anunció que la comuna procedería a notificar a las inundados para cumplir con el desalojo, teniendo inicialmente un plazo de 48 a 72 horas para ello. El mismo manifestó que si se niegan a abandonar la plaza, se recurriría a una orden judicial, incluso con apoyo de la fuerza pública, para dar cumplimiento al dictamen municipal, aunque tal situación podría reverse