, que encabezó una lucha frontal contra el narcotráfico y su penetración en las distintas esferas de la política y la economía colombiana, fue asesinado a tiros la noche del 17 de diciembre de 1986 por sicarios del cartel de Medellín que le dispararon cuando salía del diario en su vehículo. La misma mafia atacó de nuevo a El Espectador el 2 de septiembre de 1989 cuando un camión bomba fue detonado al lado del periódico, dejando decenas de heridos y las instalaciones parcialmente destruidas.	La Fiscalía también dictó medida no privativa de la libertad contra Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, alias “Maxwell”, señalado de ser uno de los hombres de confianza de Pablo Escobar. Con base en las pruebas, la Fiscalía señaló que los procesados hicieron parte del denominado brazo armado de la banda de Escobar y, al parecer, tuvieron conocimiento y habrían incidido en la planeación del atentado contra el entonces director del diario El Espectador.	En el caso de “Popeye” hay indicios de su participación en una reunión en la que los cabecillas del cartel de Medellín, entre ellos Escobar, conspiraron para atentar contra Cano Isaza por sus publicaciones contra la organización narcotraficante y definieron la forma y quiénes ejecutarían el crimen. De “Maxwell” se indicó que supuestamente “hizo las labores de inteligencia en Bogotá e identificó los movimientos y rutinas del comunicador”. La decisión fue comunicada al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que la medida de aseguramiento se haga efectiva en el momento en el que “Popeye” cumpla su periodo de detención en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar.	Con respecto a “Maxwell”, la fiscal del caso dispuso que cumpla presentaciones periódicas ante la autoridad competente, prohibición para salir del país, mantener buena conducta individual, familiar y social; no tener contacto ni comunicación con las víctimas, y pagar una caución equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. “Popeye” estuvo más de 23 años en la cárcel por el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, perpetrado el 18 de agosto de 1989, y tras salir manifestó en diversas entrevistas que se había reintegrado a la sociedad. Sin embargo, el 9 de diciembre de 2017 la Fiscalía pidió revocar su libertad condicional acusado de extorsión y concierto para delinquir, por lo que fue detenido nuevamente el 25 de mayo del año pasado.