“Acá no hay protección absolutamente a nadie, al contrario, lo que hacemos acá es respetar las instituciones, cuando se reúnan los requisitos se van a tratar todos los pedidos”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados.Aseguró que cada solicitud recibe el mismo trámite y mencionó casos como los de Kattya González (PEN), Carlos Portillo (PLRA). Resaltó que no hay una intención de blindar a nadie.Sobre Portillo refirió que el legislador ya no tiene fueros y que se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, por lo que se deben aguardar los resultados de la pesquisa.“Lo que tenemos que pedir es la celeridad de la justicia, que se resuelva lo ante posible y por su puesto acá vamos a tomar las medidas correspondientes”, concluyó. GUERRA DE PÉRDIDA DE INVESTIDURALa diputada Celeste Amarilla (PLRA) formalizó ayer el pedido de pérdida de investidura Ulises Quintana, Tomás Rivas y Carlos Portillo.A consecuencia de esto, en la mañana de hoy jóvenes liberales presentaron el mismo pedido pero contra la legisladora Celeste Amarilla, por supuesto tráfico de influencias.	Nelly Cortesi, representante de la Coordinadora de Familiares de la Fuerza Pública, denunció que unos 100 agentes policiales (en su mayoría provenientes del interior del país) fueron enviados a la antigua comisaría 3ra. Metropolitana, que actualmente funciona como Dirección de Bienestar Policial. Irónicamente, dicha dependencia policial se encuentra completamente destruída y no cuenta con lo necesario para la comodidad de los uniformados. Indicó a Hoy Digital que al hacer una visita al lugar constató que los policías tenían colchones tirados en el suelo, sin frazadas y tampoco abrigos. En el sitio solo cuentan con un baño con inodoro y ducha funcionando, por lo que deben turnarse para hacer uso del mismo. Cortesi contó que reclamó la situación a los superiores y estos alegaron que no previeron que la movilización de los taxistas se extendiera, por lo que tuvieron que ingeniarse para ubicar a los agentes. “¿Cómo no van a prever estas situaciones? Al menos de tener inodoro para colorar o pedir albergue en escuelas o clubes”, cuestionó. La representante señaló que el presupuesto para la Policía muchas veces no llega a las instituciones policiales, donde los comisarios y subalternos deben “mendigar para conseguir dinero y hacer mejoras”.	Catherine Chauvel, directora general de Arambé, indicó a la radio 970 AM que es la primera institución destinada a niños de escasos recursos económicos que cuenta con el Bachillerato Internacional.“Un alumno con el diploma de este programa, tiene mayores oportunidades de acceder a becas internacionales. El proceso de autorización para pertenecer al Colegio del Mundo IB, dura tres años. Los requisitos son muchísimos, pero lo más importante es la capacitación”, detalló.El Centro Educativo Arambé, a donde asisten actualmente 300 alumnos, aplica en sus aulas el exitoso sistema de enseñanza Matemática Singapur y es pionero en Paraguay en implementar el método de Lenguaje Matte. La Fundación Ramón T. Cartes fue constituida en el año 2008 por la familia Cartes Jara para desarrollar en Paraguay un sistema educativo basado en valores humanos y excelencia académica orientados en especial a personas en situación de desventaja económica. También con la intención de crear y de apoyar a otras entidades educativas y asistenciales que focalicen sus actividades en personas carenciadas.	La abogada Cecilia Pérez, representante legal de Óscar González Daher, en entrevista con Radio Ñanduti confirmó que efectivamente realizó la presentación de un pedido de revisión de medidas para su defendido, quien actualmente guarda reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.Asimismo, indicó que en vista a la modificación de la Ley Nº 1160/97 “Código Procesal Penal” -	- también se cambiaron los plazos procesales y por ello se fijó la audiencia de revisión del caso para la próxima semana.Pérez explicó que la más reciente modificación del Código Penal Paraguayo permitió que la redacción del texto vuelva a su versión original, esto atendiendo a que se habían hecho dos modificaciones anteriores en los años 2004 y 2011 respectivamente.De esta manera, se suprime el “catálogo de delitos” que no se configuran para aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva, otorgando la potestad al juez a cargo del expediente para que determine si corresponde o no otorgarlas.“Hasta el momento hay demasiado ruido y pocas nueces, ya estamos a 10 meses de la investigación”, refirió la abogada, dando a entender que luego de tanto tiempo la Fiscalía sigue sin contar con pruebas suficientes como para inculpar a su defendido. De igual manera, Pérez afirmó que, a la fecha, no existen elementos que demuestren con certeza la culpabilidad de Óscar González Daher en el hecho punible del que se le acusa, en este caso, de enriquecimiento ilícito.Cabe mencionar que la más reciente