Múltiples golpes en todo el cuerpo y una fractura en el brazo sufrieron respectivamente la paciente que salía del quirófano y la enfermera que la trasladaba a una sala de internación, luego de caer al vacío al intentar usar el ascensor del Hospital San Jorge. Ambas se salvaron de milagro pero ya se encuentran en proceso de recuperación.	Alicia Aguayo, hija de la paciente sometida a un cateterismo en el Hospital San Jorge, relató la pesadilla que le tocó vivir al enterarse de lo que le había sucedido a su madre, quien se encontraba en el quirófano.“Yo estaba en un lugar esperando que ella vuelva a subir de su cirugía, en eso veo gente corriendo por todos lados, yo no sabía ni lo que pasaba, cuando escuché que uno de los doctores dijo el nombre de mi mamá salí corriendo, nos encontramos con una enfermera que me contó que cayeron al hueco y me quedé en shock”, explicó Aguayo en entrevista con la 970 AM.La paciente recién intervenida era trasladada del quirófano a una sala de recuperación. Cuando la enfermera abrió la puerta del ascensor ingresó de espaldas estirando la silla de ruedas de la señora, momento en el que se produjo la caída.La mujer intervenida sufrió múltiples golpes pero ninguna fractura, mientras que la enfermera que la acompañaba se rompió el brazo y necesitará utilizar platino. Esta mañana debía ser sometida a una cirugía. El elevador presentaba ya una evidente falla, ya que hasta a los camilleros les costó esfuerzo utilizarlo correctamente, pues tiene ciertas “mañas”.	La denunciante confirmó a Hoy Digital que el monto a abonar de manera mensual es 1 millón de guaraníes, cifra que el mismo Salyn Buzarquis fijó durante las negociaciones en la justicia, pero que ahora no cumple, pese a que hasta habilitó una cuenta para realizar el depósito. “Es una cuestión de él (por qué no paga), pero mientras tanto la niña necesita sus cuidados”, afirmó.“Entiendo que pueda tener sus deudas, pero para cualquier padre es prioridad su hija. Él le conoce a su hija, no hay mal relacionamiento, es más me gustaría que sea mayor y espero que no se mezclen las cosas, que la denuncia no sea excusa para que no vea a su hija”, comentó Regina Ríos sobre el legislador que asumió su paternidad de la pequeña que ahora tiene cuatro años de edad.A su vez, el abogado Pedro Saguier, quien representa a Ríos, comentó a radio Ñanduti que la madre presentó una denuncia penal por este incumplimiento y que para poder procesar al legislador, necesariamente debe ser despojado de sus fueros. Recordó que el caso comenzó años atrás cuando en primer lugar se llevó a cabo un juicio de filiación en el que Buzarquis aceptó ser el padre de la menor y que en el mismo salió una sentencia definitiva donde se estableció el monto de la pensión alimentaria. “El Juzgado de la Niñez por sentencia establece un monto en virtud a una oferta que él hace como padre una vez asumida la paternidad, al principio se cumplió, pero ahora no pasa la pensión. La madre tuvo unas conversaciones previas con los abogados de él pero no logró arribar en un acuerdo por la mora de esos meses que debe”, dijo el letrado.Según La Nación, desde el acuerdo firmado entre las partes en el 2017 pasaron 29 meses y con el monto estipulado, de un millón de guaraníes, la prestación debería ser de 29 millones. El senador depositó 10 millones millones de guaraníes en una cuenta del Banco Nacional de Fomento (BNF), quedando la deuda en 19 millones de guaraníes.El senador Enrique Salyn tiene a más de una docena de sus familiares directos dentro de la función pública. Esta carga cuesta anualmente al Estado unos G. 2.600 millones.Los operadores políticos de los Buzarquis facturan mensualmente a las arcas fiscales un total de G.118 millones, monto que si se observa desde una perspectiva anual, trepa hasta los G. 1.542 millones. Sumando todo, entre familiares y seguidores, el clan cuesta más de 4.000 millones de guaraníes de forma anual al Estado.	Hace unos días se dio a conocer la Resolución Nº 5655 del Ministerio de Educación y Ciencias “por la cual se abrogan (suspenden) resoluciones de nombramientos de personal del MEC y se declaran vacantes los respectivos rubros”.De acuerdo al documento -con fecha 19 de junio de 2019-, por recomendación de la Dirección de Transparencia y Anticorrupción, el ministro Eduardo Petta tomó la decisión de dejar sin efecto las resoluciones de nombramientos de una serie de funcionarios.El texto refiere que dentro de la nómina existe personal que ha sido nombrado “en carácter de interino sin concurso, sin contar con matrícula docente y sin perfil para el ejercicio de la docencia”, motivo por el cual se había recomendado su desvinculación.Varias personas denunciaron que dentro de la lista de despedidos se encuentran cerca de 100 docentes de la especialidad de Educación Inclusiva, quienes tenían a su cargo trabajar con alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de discapacidad física, intelectual auditiva, visual y psicosocial, trastornos específicos de aprendizaje, entre otros aspectos.Tras darse a conocer esta resolución, el MEC decidió declarar vacantes los respectivos rubros asignados al personal desvinculado y, por consiguiente, encargar a la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal la disponibilización de dichos rubros para futuros contratos.La denuncia también señala que antes de darse a conocer la resolución oficial, el ministro de Educación coincidentemente viajó a los Estados Unidos, lo cual interpretan como una estrategia para evitar cuestionamientos por la decisión. Según puede apreciarse en el documento, además de los docentes de Educación Inclusiva también fueron despedidos profesores del Área Especial, catedráticos, profesores de alfabetización y educadores de adultos, entre otros.	El recorte que puede sufrir el presupuesto de la Facultad de Medicina UNA tendrá consecuencias "catastróficas" para el Hospital de Clínicas que de por sí ya atraviesa una situación de precariedad por la falta de recursos. Los funcionarios sindicalizados anunciaron tomar medidas de protesta entre ellas la huelga general y sitiar la UNA.	Los sindicatos, organizaciones y asociaciones de funcionarios de la Faculta de Medicina UNA y el Hospital de Clínicas advirtieron que sitiarán la UNA si se llega a tocar el presupuesto del Hospital Escuela.El doctor Lilio Irala, dirigente sindical y médico del centro asistencial afirmó que el presupuesto actual de Clínicas fue conseguido con “sudor, sangre y lágrimas” en el pasado y que será defendido con “uñas y dientes” y que no permitirán que se falte al respeto tanto a la casa de estudios como a la historia del hospital de los pobres.“El presupuesto de la Facultad de Medicina no hubiese sido tal sin la lucha, el combate en las calles a costa de sangre, sudor y lágrimas y eso está escrito en la historia paraguaya. La facultad y el hospital son cuna del combate, la lucha de de batalladores”, afirmó en conferencia de prensa.Advirtió que el recorte en el presupuesto de Medicina UNA podría desencadenar una serie de hechos que llevarán al caos con consecuencias catastróficas. “El Hospital de Clínicas no se toca y si se toca se toca vidas humanas, que sepan que esto puede costar la vida de compatriotas de por sí esto ya cuesta demasiado, no tentemos recursos, somos innovadores de la medicina y fuimos los primeros en realizar el trasplante hepático en Paraguay, pese a todo”, afirmó.El mensaje fue dirigido tanto a la rectora como a los integrantes del Consejo Superior Universitario. “Vamos a sitiar la universidad y la facultad, Clínicas ya estuvo cerrado por meses para defender sus derechos y conquistas y vamos a estar firmes y dignos hasta el final, que lo sepan”, señaló Irala en contacto con Radio Ñanduti.La disconformidad parte a partir de la posibilidad de que el presupuesto de la Facultad de Medicina esté a disposición de otras facultades de la UNA, modificación propuesta por el Rectorado. Esta mañana, docentes, médicos, técnicos, estudiantiles y personal administrativo de la UNA hicieron público el posicionamiento del estamento para advertir sobre las consecuencias que esta modificación puede tener tanto para los pacients como para todo el funcionamiento de la facultad y el hospital si se efectiviza la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Universidad Nacional de Asunción contra ciertos artículos de la ley 6258, que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2019, sobre la funcionalidad de la institución, en especial del Hospital de Clínicas.Por su parte, César Méndez del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Clínicas (Sitrahc) afirmó que es inminente la huelga general a partir del 15 de julio, en principio por 30 días.