para obras y servicios desde que inició el nuevo Gobierno. Al respecto, confirmó que tan solo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) actualmente se encuentra licitando para llevar a cabo nuevos trabajos en distintos frentes.El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, fue consultado sobre este tema y manifestó que actualmente cuentan con varias licitaciones en curso, entre ellas de algunas construcciones que se llevarán a cabo mediante préstamos internacionales.Por otro lado, mencionó que aún siguen preparando otras licitaciones que tienen que ver con el mejoramiento de hospitales debido a su complejidad y envergadura, además de que se deben realizar ciertos ajustes a los diseños ejecutivos.Gracias un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se podrá concretar la construcción de nuevas Unidades de Salud Familiar (USF), según afirmó el titular de la cartera sanitaria. Algunas de ellas ya se construyeron en el periodo pasado y otras durante el transcurso de este ciclo.Entre este y el próximo mes se estarían convocando a licitaciones para erigir otras 60 nuevas USF en distintos puntos del país, confirmó Mazzoleni durante la entrevista radial. En lo que va del año ya se ejecutaron unas 37 Unidades de Salud Familiar. Entre algunos de los hospitales que serán beneficiados con estas licitaciones se encuentran los de Coronel Oviedo, Barrio Obrero y Caaguazú. Cada uno de ellos tiene plazos de presentación distintos -indicó el ministro- debido a los ajustes y correcciones que implican.	La bancada liberal defiende hoy ante la comisión de Hacienda, el presupuesto para la implementación de las urnas electrónicas, como parte del proyecto de desbloqueo de listas sábanas.El alquiler de cada urna cuesta 2.600 dólares y para cada comicio se requieren entre 25 a 30.000 urnas, es decir, unos 65 millones de dólares, según confirmó el senador liberal Fernando Silva Facetti. “La urna electrónica que podríamos usar es la que imprime el voto”, comentó Facetti en entrevista con la 970 AM y recordó que el artículo 118 de la Constitución Nacional establece que el escrutinio es público, es decir, el momento del conteo debe poder verse.De esta manera se registraría una doble seguridad, pues las papeletas deberán coincidir con los dispositivos electrónicos. Otro planteamiento que también surgió pero que no parece tener posibilidades de prosperar es el voto biométrico, que pretende evitar el uso incorrecto de las cédulas ajenas . Si bien dicha tecnología pose muchas garantías, el inconveniente pasa por los costos y las complicaciones para los miembros de mesa.	La pobladora Dolores Marecos manifestó que se prevé destinar la suma de 5.000 millones de guaraníes a la ampliación del palacete municipal y techado del polideportivo de la zona.En entrevista con la 970 AM señaló que consideran que es mejor que ese dinero proveniente del bono estatal sea destinado a obras de infraestructura, específicamente caminos de todo tiempo.Criticó que la prioridad de las autoridades es refaccionar el palacete, siendo que hace cuatro años los lugareños reclaman por caminos transitables, con desagüe pluvial, en los días de lluvia. La ciudadana amenazó con cerrar la Ruta Traschaco si es que nuevamente no reciben respuestas.	El abogado Pedro Wilson Marinoni, en charla con la R800 AM, confirmó que el policía que tenía en su poder al perro del hijo de su cliente decidió devolver el can, en la tarde del lunes.“Ni se imaginan la alegría del niño cuando recibió a su mascota; gritaba de la alegría. Era una especie de ‘no me paro de mocionar, señor’, esa era la alegría del chico”, comentó.El abogado de Cucho señaló que la devolución fue posible gracias a la presión mediática. “Esta gente se cree intocable. Inicialmente el perro estaba atado en la Senad y ni agua recibía. Varias veces la familia fue para que devuelvan, pero le dijeron que iban a darle a cualquier persona menos a los dueños. Luego ya hicieron desaparecer al perro”, dijo.Sostuvo que durante una de las visitas a Cucho, el niño le preguntó por su mascota: “tío, ¿cuándo me vas a recuperar el perro?”, por lo que se puso en campaña para saber del paradero del animal, atendiendo que en el acta de procedimiento del 6 de septiembre del 2018 no figuraba la incautación del can.Es por ello que presentó un pedido de informe al Ministerio Público y la misma fiscal del caso empezó a investigar porque tampoco tenía conocimiento del hecho, según contó el abogado. Finalmente, la investigadora constató que el perro estaba en poder el policía Joel Antonio Chávez. Sin embargo, este uniformado dijo ayer que había llevado a Pelusa bajo acta y que esperaba que le autoricen para devolverlo. Aseguró que cuidó y alimentó bien al mismo.