En un cajero ubicado en el supermercado Los Jardines, en la ciudad de Luque, se descubrió una cámara espía camuflada en una barra de metal. Los clonadores de tarjetas colocan esta cámara en la parte de arriba, con vista al teclado numérico del cajero para poder grabar la contraseña.Además los delincuentes hacen uso del skimmer, un dispositivo o equipo de lector de bandas magnéticas que es utilizado para la copia fraudulenta de los datos de las tarjetas para luego clonarlas."Se han incrementado los casos de fraudes en los cajeros automáticos, con dispositivos que copian los datos de la tarjeta de crédito. Son dispositivos que se instalan en los cajeros para obtener los datos de las cuentas”, indicó el comisario Diosnel Alarcón, director de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional.En charla con la 650 AM, el uniformado explicó que el cajero no posee ningún dispositivo externo que pueda ser extraído fácilmente, por lo que si algo sale al manipularlo, se puede tratar de un aparato colocado por los malvivientes. El comisario instó a los ciudadanos a utilizar cajeros bien iluminados, que no tengan aparatos extraños en su interior y que siempre tapen con la otra mano cuando digiten el pin de seguridad. Cuando noten alguna irregularidad, deben dar aviso a las autoridades nacionales.	El hecho se consumó del lado brasileño, a pocos metros de la línea que divide Ponta Porâ de Pedro Juan Caballero. Una camioneta de la marca Toyota Hilux en la que circulaban dos hombres recibió al menos cincuenta impactos de bala. A consecuencia del ataque falleció Jorge Enrique Fernández, expiloto de Jarvis Chimenes Pavâo.Fernández ya había sido blanco de ataques anteriores, incluso días después del atentado contra Jorge Rafaat registrado el 15 de junio del 2016. Sin embargo, siempre lograba sobrevivir. También quedó gravemente herido, Emerson Mereles, quien viajaba como acompañante de Jorge Enrique.	La falta de interés en el uso de los recursos por un lado y el secretismo por el otro son dos cuestiones que se instalaron fuertemente en el millonario proceso licita­torio de construcción de aulas prefabricadas que el Ministe­rio de Educación y Ciencias (MEC) delegó a la Organiza­ción de Estados Iberoameri­canos (OEI).	(0985) 106-742La cartera de educación no tiene nada más y nada menos que el propio con­trato con las 4 empresas que adjudicó la OEI y deja en manos de otros la seguri­dad, el control de los recur­sos del millonario montaje.La plata que destinará el MEC y que proviene de la Unión Europea para la cons­trucción de las 209 aulas prefabricadas ronda los G. 15.000 millones. La OEI se quedará con aproxima­damente G. 750 millones, porque le cobra a la entidad estatal 5% por cada con­trato que en total son 4.El MEC cuenta con perso­nal que gana millones en administración y la unidad de compras, pero prefirie­ron pagar y dejar en manos de terceros.Tratamos de acceder al con­trato, vía Ley Nº 5282/2014 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Guberna­mental”, para saber si se prevé el mantenimiento por seguridad, pero el MEC, que en este caso debería super­visar el proceso, asegura no tener el contrato y se lava las manos. Además, dicen que tienen muchas dudas para el trabajo de fiscalización por­que no conocen el sistema de construcción.“Los contratos entre la OEI y las empresas adjudicadas obran en ambas instan­cias, atendiendo que es una relación contractual entre la entidad OEI y las empre­sas privadas”, menciona la escueta respuesta que remi­tió la cartera de Estado vía Ley de Transparencia.NO MUESTRAN CONTRATOLa OEI por su parte argu­mentando que no es una entidad estatal, respondió que “ellos no publican el contrato, que no tienen lugar para eso”. Sin embargo, el organismo internacional es parte interesada ya que administra dinero donado al Estado paraguayo, cobra comisión por la gestión y aún así se niega a transpa­rentar las condiciones de la adjudicación.Según datos a los que acce­dió La Nación, cada aula prefabricada costará unos G. 72 millones. Este tipo de aula debe recibir mante­nimiento constante para que como máximo duren 10 años.Por su parte, un aula con­vencional (ladrillo y teja), con las mismas dimensio­nes que las aulas prefa­bricadas, cuesta exacta­mente lo mismo. Pero con la obviedad que duran hasta 50 años, son más conforta­bles y dan mano de obra a los compatriotas.	En la tarde-noche de ayer se llevó a cabo el procedimiento de rutina en el puesto de Vista Alegre, Villa Hayes y estuvo a cargo de agentes del Detave (Departamento Técnico Aduanero de Vigilancias Especial)En la ocasión incautaron 70 piezas de pacu de cuatro kilos cada una, es decir, 280 kilos. Además, cinco piezas de surubí sin cabeza, que totalizaron 150 kilos.Se presume que la carga era de origen argentino, según el Departamento contra Delitos Económicos de la Policía Nacional, Prefectura Naval. Participaron también funcionarios del Ministerio del Ambiente y tras la verificación resolvieron donar la carga al hogar de ancianos Santo Domingo.