Tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) favorable al Estado Paraguayo, en el caso Juan Arrom y Anuncio Martí, surge como debate lo que ocurrirá con los actuales senadores del Frente Guasu, Esperanza Martínez y Jorge Querey. Ambos en su carácter de médicos habían atendido a los hoy prófugos de la Justicia.	El abogado Eduardo González, sostuvo que con la decisión de de la CorteIDH en el fallo del caso Arrom y Martí, se hizo justicia para el Estado Paraguayo. “Es una sentencia histórica”, manifestó.González, en contacto con la 970 AM, señaló que la pretensiones de estas personas, eran “totalmente descabelladas”. También abordó sobre la participación de los actuales senadores del Frente Guasu, Esperanza Martínez y Jorge Querey, quienes habían firmado el informe médico de Arrom y Martí en el 2002, luego de que estos hayan denunciado ser secuestrados y torturados por la Policía Nacional. Además, no permitieron que sea revisados por profesionales del Ministerio Público.El abogado González sostuvo que lo ocurrido es cuestionable desde el punto de visto médico y la ética profesional. Dijo que amerita una investigación fiscal, pero teniendo en cuenta la prescripción de la causa.En cuanto a una posible pérdida de investidura, González expresó que esta requiere una interpretación más restringida.	El Consejo Directivo del Colegio Cristo Rey comunicó que tomarán las medidas legales correspondientes tras la denuncia de acoso hecha por un grupo de alumnas. La denuncia se hizo viral a través de un vídeo en el que una alumna expuso el problema ante el alumnado durante la formación exigiendo que se tome sanciones ante una situación que se repite dentro de la institución.	​Tras la denuncia hecha por las alumnas del Cristo Rey en la que afirmaron que sus compañeros les sacaban fotos por debajo de la pollera del uniforme sin que se den cuenta y que las divulgaban, el Consejo Directivo de la institución decidió presentar una denuncia ante la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia y la Fiscalía de la Niñez a fin de que se tomen las medidas de protección correspondientes.A través de un comunicado, el colegio informó que los hechos denunciados ya fueron puestos a conocimiento de la Supervisión del MEC y quedó activado en forma inmediata el protocolo ministerial para este tipo de casos.Debido a que puede configurarse como hechos punibles de acción penal pública, también se presentará denuncia ante la Fiscalía especializada en Delitos Informáticos para que se esclarezcan los hechos denunciados, se determinen los responsables y sus posibles consecuencias jurídicas.También se comprometen a tomar medidas legales correspondientes y continuar el trabajo con los estudiantes en la concientización y prevención de riesgos en el marco de al formación integral de niños y adolescentes."Valoramos como positiva la comunicación de los hechos denunciados, por parte de miembros de la comunidad educativa y nos comprometemos a impulsar todas las acciones para la investigación responsable de lo acontecido", señala parte del comunicado firmado por Ezequiel Zárate, director de la institución.La Ley 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia establece entre los tipos de violencia la telemática que es la acción por medio de la cual se difunden o publican mensajes, fotografías, audios, videos u otros que afecten la dignidad o intimidad de las mujeres a través de las actuales tecnologías de información y comunicación, incluido el uso de estos medios para promover la cosificación, sumisión o explotación de la mujer.	La Corte IDH decidió rechazar la demanda entablada por Juan Arrom y Anuncio Martí contra el Estado paraguayo por supuestas torturas durante su detención por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi.Arrom y Martí pedían una indemnización de 123 millones de dólares para ellos y sus familiares.El abogado Esteban Aquino, hijo del ministro de Inteligencia Esteban Aquino, manifestó a la 970 AM que la decisión de la CIDH “es un triunfo de todos los paraguayos, en el cual todos deberíamos sentirnos parte”.“Nada más y nada menos, volvimos a ver a aquellos que han instalado la industria del secuestro en el país”, agregó Aquino.Con respecto al pedido de remoción de la figura de refugiados políticos al Estado Brasileño, Aquino sostuvo que esperan que también próximamente se tenga una respuesta favorable. “Estamos esperando todos los paraguayos que estas personas vengan a rendir cuentas”, recalcó,Por otra parte, Óscar Germán Latorre, exfiscal general del Estado, dijo que la noticia le llenó de aliento esperanzador y le revivió anímicamente. “No solo pone las cosas en órden, sino que constituye un antecedente que no tenía parangón en la historia de la Corte IDH”, indicó.	La doctora Kathia Ramirez Alderete denunció en la comisaría 6 de Aguapety de Coronel Oviedo, que ella y sus alumnos se disponían a ir a una localidad cercana del lugar, para realizar trabajos gratuitos de atención odontológica.En un momento -refiere el informe de dicha sede policial- la misma estacionó su vehículo en el que iba con tres alumnos, frente a una vivienda, para esperar a los demás integrantes de la comitiva estudiantil.“Allí el hombre sale y realiza disparos de escopeta, me asusté y aceleré mi vehículo. El tipo nos siguió en su vehículo y comenzó a realizar disparos con su arma”, declaró la mujer al medio digital Oviedo Press.Indicó que la persecución duró varios minutos, hasta que llegaron a la comisaría 6 de Aguapety y entraron en la repartición policial. “Intervino la policía y detuvieron al hombre, identificado como Carlos Raúl Acosta. Pensé que me quería matar. Estaba acompañado de su señora, quien dijo que reaccionó de ese modo porque no salíamos de su portón, lo cual es falso, porque estacioné mi vehículo en frente. Por lo visto siente mucho miedo y por eso reaccionó de esa manera”, relató la odontóloga. La misma agregó que el violento hombre tiene antecedentes judiciales, conforme le informaron en la comisaría local, pero que no precisaron los cargos.