No se sabe si son el factor económico, las amistades políticas, o ambos a la vez o quizá algún otro, pero lo cierto y lo concreto es que si bien la imputación se presentó en forma conjunta contra más de una veintena de personas el 27 de diciembre del 2013, el proceso avanzó para todos, menos para tres.	La última convocatoria para esta diligencia en la que se debe resolver si la causa será o no elevada a juicio oral y público fue el 26 de abril del 2016, ocasión en que el juez penal de garantías Gustavo Amarilla fue recusado por otro acusado. Paralelamente, se encontraban pendientes de resolución en aquel entonces distintos recursos planteados por la defensa de los exministros ante la Corte Suprema de Justicia.	El ministro Eugenio Jiménez Rolón votó por dar trámite al recurso presentado por la abogada Laura Benítez con relación a Piccardo, no así los demás integrantes de la sala, los camaristas Bibiana Benítez y Arnulfo Arias, quienes votaron por la inadmisibilidad del recurso por falta de fundamentación respecto a los agravios contra la resolución impugnada.	Al votar por la inadmisibilidad del recurso de casación planteado, la magistrada Bibiana Benítez –a cuyo voto se adhirió el Dr. Arnulfo Arias– argumentó lo siguiente: “La resolución impugnada constituye un Acuerdo y Sentencia emanado del Tribunal de Apelaciones, en virtud del cual se confirma la sanción impuesta en primera instancia, por lo que tiene fuerza de definitiva, conforme lo exige el art. 477 del Código de Formas, transcripto precedentemente.	Asimismo, fue recurrida dentro del plazo de 10 días dispuesto por el artículo 468 del mismo cuerpo legal, aplicable por imperio del art. 480 del CPP. Finalmente, en cuanto al motivo habilitante del recurso de casación, el recurrente en su escrito de interposición invocó los motivos previstos en el inciso 3) del art. 478 del Código de Formas.	El aludido motivo, implica que el casacionista debe indicar clara y concretamente en qué consisten –a su criterio– las razones por las que la sentencia recurrida es manifiestamente infundada, cuál es el punto concreto del considerando del fallo que no contiene un iter (camino) lógico, no es válido como lo hace la impugnante, se limita a hacer una transcripción literal de los votos emitidos por los miembros del Tribunal de Apelación.	El próximo 11 de junio es la nueva fecha fijada por el juez penal de garantías Humberto Otazú para la audiencia preliminar para los exministros Enzo Cardozo y Rody Godoy y la exdirectora de Administración y Finanzas Maristela Azuaga y otros procesados por desvío de G. 3.719.080.204, entre los años 2011 y 2012. Esta es la novena convocatoria.	La acusación presentada por la fiscala Alba Delvalle el 5 de abril del 2015 afirma que en la administración de Cardozo en el MAG fueron desviados G. 1.219 millones, que debían ser destinados a 8 comités de diversos puntos del país, en el marco del Programa Nacional de Fomento Pecuario (Pronafope).