De acuerdo a las estimaciones realizadas por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la destrucción de las plantaciones evitó que se produjesen cerca de 453 toneladas de marihuana.Entre las incautaciones y las quemas de cultivos, las organizaciones dedicadas al crimen organizado perdieron una cantidad aproximada de 14 millones de dólares (85.262 millones de guaraníes), según informó la Senad en un comunicado.Con respecto a la incautación de cannabis, 12,95 de las toneladas correspondían a marihuana picada, mientras que 610 kilogramos ya estaban prensados y listos para su comercialización.Además, los agentes también localizaron un total de 815 kilogramos de semillas de cannabis en las 61 parcelas identificadas en el operativo.La operación Amambay I permitió también la destrucción de 53 campamentos utilizados por los grupos de crimen organizado y de nueve prensas que eran empleadas durante el proceso de producción.El operativo comenzó el pasado 18 de febrero con el envío a la zona de Pedro Juan Caballero, de “un importante contingente” de agentes de la Senad para desarrollar los procedimientos que se saldaron con las incautaciones.Durante estos diez días, se desarrollaron diferentes incursiones en los bosques de las zonas rurales Colonia Estrella, Cerro 21 y Alpasa, ubicadas a unos 50 kilómetros de la frontera con Brasil.En 2018, la Senad acometió 601 operativos relacionados con el tráfico de marihuana que se saldaron con unas 5.000 toneladas sacadas de circulación, entre incautaciones y hectáreas de cultivo destruidas.	Bolsonaro que participó en un acto junto a Abdo Benítez en la hidroeléctrica Itaipú, compartida por ambos países, aludió a los responsables de su construcción, tanto el dictador brasileño Humberto de Alencar Castelo Branco, como Stroessner.“Mi homenaje al general Alfredo Stroessner”, añadió el brasileño ante los aplausos del público.Palabras que para el líder del Partido Liberal, Efraín Alegre, suponen una “afrenta y una falta de respeto a miles de compatriotas que fueron perseguidos, torturados, y muchos muertos”, según dijo hoy a los medios, tras una reunión con el comité político del PLRA.Sobre el silencio de Abdo Benítez, que no se ha pronunciado sobre el tema, el líder opositor sugirió que “tal vez comparta esa visión” sobre la dictadura, porque “el mensaje que está enviando el Gobierno es que ellos simpatizan con el stronismo” y, si no lo hacen, añadió, “sería bueno que el presidente lo dijera con mucha claridad”.Abdo Benítez y Bolsonaro mantuvieron también una reunión bilateral en la que abordaron el futuro de Itaipú, cuyo Tratado de explotación deberán renovar ambos países en 2023En concreto, deberán negociar el anexo C de ese documento para decidir qué se hará con el 50 % de la energía generada por la presa que le corresponde a Paraguay y cuyos excedentes, hasta ese año, debe venderlos al país vecino a precio de costo.En ese sentido, Alegre comentó que les “preocupa que las negociaciones que vienen (mantengan) esa línea stronista, de entrega de los intereses de Paraguay” en materia energética.“Tenemos que estar atentos y en condiciones de decirle al Brasil que no, que esos precios no vamos a aceptar”, aseveró.	Este monto se destinará al mantenimiento de las rutas para el beneficio de los usuarios, según explicó el Lic. Ricardo Ruiz Díaz, gerente administrativo del consorcio.El contrato de concesión define una fórmula polinómica para el reajuste de las tarifas. Este esquema compara la variación de los precios de diferentes componentes o insumos que se requieren para atender el cumplimiento del contrato, como gasoil, asfalto, salario, precios de equipos viales y el índice de inflación. Cuando todos estos, en conjunto, varían más del 10% respecto al último reajuste realizado, la concesionaria tiene el derecho a aplicar la adecuación, sin embargo, en esta oportunidad será entre el 7,6% y el 8,3%.RUTA DUPLICADA Y TELEPEAJERuiz Díaz explicó que “todo esto se realiza con el fin de mantener el equilibrio económico y financiero del contrato de concesión, y de ese modo cumplir con las obligaciones contractuales como pago de salarios, pago de servicios básicos, grúas, ambulancias”. Así también las reparaciones y mantenimiento de la ruta, que implica asfalto, pinturas, carteles, señalizaciones, limpieza con máquinas, entre otros. El gerente indicó que los dos objetivos principales del consorcio son “culminar la duplicación del tramo, para lo cual falta muy poco y el mantenimiento de los 113 kilómetros de ruta para que estén en perfectas condiciones; lo que beneficia a las personas que realizan viajes, o transporte de pasajeros o mercadería. Cuenta con buena señalización, servicios de grúa y ambulancia, primeros auxilios, mecánica ligera y próximamente se habilitará el telepeaje, que es una nueva -y única- tecnología implementada en el país", concluyó Ricardo Ruiz Díaz.	La fiscal Mirtha Ortíz, indicó que ya cuenta con los elementos incriminatorios suficientes por eso decidió ampliar la imputación con los uniformados involucrados en un nuevo caso de gatillo fácil.La representante del Ministerio Público señaló que los cinco policías involucrados, fueron imputados por asociación criminal. Dos de ellos (Néstor Gerardo Vázquez y Jorge Cañiza), principales sospechosos de haber efectuado los disparos, fueron imputados primeramente por el hecho de lesión grave. Con esta ampliación, también fueron imputados los agentes Cristian Llanes Servín, Marcial Flores Gauto y Mario Luis Fariña.Con respecto a estos tres últimos, el informe de la Comandancia indica que ellos estuvieron coayudando en el procedimiento y fueron encausados porque actuaron con abuso de poder.La fiscal indicó que ya solicitó la reclusión de todos los uniformados imputados, en una penitenciaria normal.Por último, Ortiz explicó que los imputados se exponen a la pena máxima (30 años más 10 años de seguridad) si son hallados culpables por el hecho de homicidio doloso en grado de tentativa.