Durante la semana, los medios de comunicación se hicieron eco de las denuncias de personas que presuntamente recibieron la factura del servicio de electricidad con montos no acordes a su consumo mensual. Un caso emblemático es el de una familia que reside en la compañía Quira’yty de Nueva Colombia, que cuenta con tarifa social –pagaban hasta G. 20.000 mensuales– y sin embargo, el consumo de diciembre determinado por la Ande fue de G. 30 millones.	Por su parte, Juan José Encina, presidente del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), señaló que el principal problema de los importes elevados, –al menos los que se dieron en verano–, fue el Pliego de Tarifas N°21 (tarifario vigente) y su modalidad de aplicación, sumado al aumento del consumo por las elevadas temperaturas.	“Por ejemplo, a un cliente que hoy consume 300 kWh se le aplica una tarifa única de G. 365,45 por kWh. Entretanto, al que consume 301 kWh ya se le aplica una tarifa de G. 403,82 kWh. Es decir, por 1 kWh el importe aumentó 11%”, argumentó Encina sobre el tarifario vigente.	Sobre la responsabilidad de los medidores digitales en los elevados importes, Encina aseguró que no tienen gran influencia, lo que sí cree es que debido a la falta de recursos humanos en el área comercial, algunos controles sobre el consumo disminuyeron. “Una de las medidas que debe tomarse es revertir la aplicación del Pliego de Tarifas N°21 y volver a las anteriores. Así como mejorar el control del proceso comercial antes de distribuir la factura al consumidor”, añadió Encina.	Con respecto a la tarifa social, Encina sugirió revisarlas para que beneficie a los que realmente la necesiten, de esa manera también se evitará la morosidad y el fraude. Igualmente, enfatizó la necesidad de que la Ande dé una respuesta rápida a los reclamos de los consumidores, porque la institución cuenta con un potente sistema comercial.	Conversamos con Juan Marcelo Estigarribia, titular de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), sobre el rol que cumple la institución en los conflictos entre la Ande y los usuarios. Estigarribia sostuvo que la Sedeco, al igual que en otros casos, debe hacer cumplir la Ley De Defensa del Consumidor y del Usuario.	El secretario ejecutivo informó que en el caso de que se detecte una infracción por parte de la entidad denunciada, la Sedeco procede a realizar sanciones. Aparte de esto, el jueves 14 de marzo la Cámara de Senadores aprobó un proyecto que insta a la Sedeco a investigar las irregularidades de la Ande.