Los trabajos iniciaron a tempranas horas del día en la zona de Alberdi en el Departamento de Pilar y del 16 al 17 de mayo, en la ruta Transchaco. Y según el programa del 27 a 31 del corriente, en Minga Guazú.El director de Fiscalización Laboral, Salud y Seguridad Ocupacional, Pedro Garayo, manifestó que el operativo surge luego de denuncias recogidas por el Ministerio a través de sindicatos de trabajadores de transporte de cargas, quienes denunciaron las irregularidades laborales.Los controles son aleatorios o por denuncias específicas. Se verifican horas de trabajo, pago de horas extras, aguinaldos, tenencia de seguro social, además la situación general de los trabajadores. Este operativo se realiza de manera conjunta con la Comisión Interinstitucional de Transporte, integrada por el Viceministerio de Transporte, el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran).A cada una de las empresas halladas en infracción, corresponderá en adelante, la constatación de los incumplimientos in situ, a nivel administrativo, lo que derivará –en caso de demostrarse los hechos- en los sumarios correspondientes.	Lo confirmó el comisario Arnaldo Baéz, jefe de la comisaría de la capital itapuense, quien indicó que el episodio se registró a la madrugada de este martes.“Intentó suicidarse atando su ropa interior a la ventana del lugar en el que se encontraba recluído, en la comisaría”, dijo el alto jefe policial al medio digital Itapua Noticias.Explicó que gracias a la intervención de los agentes que estaban de guardia, se logró impedir su objetivo. El comisario Baéz sostuvo que la aprehensión del brasileño se dio a partir de un intenso trabajo de rastreo del fugitivo. “Se le encontró caminando al costado de la ruta. Se veía muy desesperado y cansado, por lo que no opuso mayor resistencia”, indicó.Conforme testimonios de familiares del joven asesinado, Valdemir Borcato debía dinero a este, y posiblemente lo asesinó para evitar pagar la deuda contraída.La policía indicó que otras siete personas fueron aprehendidas, por presunta complicidad en el crimen. El cadáver del estudiante fue encontrado en el interior del lavadero, propuedad de Borcato.	El departamento más afectado es Alto Paraná con aproximadamente 1.551 casos. Amambay cuenta con 804 e Itapúa 234, esto se efectúa debido a la falta de limpieza y a la tardanza en acudir a los centros asistenciales, al presentar los síntomas del dengue. El Ministerio de Salud dio a conocer los afectados, que en su gran mayoría son adultos mayores y que ya van de 2.989 distribuidos en Asunción y 14 departamentos del país. De esto, 592 hacen referencia a casos nuevos de la enfermedad que fueron registrados en esta última semana en San Pedro Norte, Liberación; Cordillera, Eusebio Ayala e Itacurubí; San Pedro Sur, San Estanislao; y en Central, en los distritos de J. A. Saldívar, Itá y San Antonio.Autoridades de salud indicaron que la principal manera de combatir el avance del dengue es la eliminación de criaderos del mosquito transmisor.Asimismo hacen mención a la necesidad de limpiar los terrenos baldíos, eliminando las malezas.	La principal reivindicación sindical de este 1 de mayo será, como en años anteriores, la subida del salario mínimo hasta 476 dólares mensuales (2.965.480 guaranies) desde los 359 en que está actualmente fijado, según confirmó este martes el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), Bernardo Rojas.Rojas explicó que el objetivo de esa medida es “recuperar la pérdida de poder adquisitivo” de entre el 30 % y el 35 % que, según sus cálculos, sufrió la clase trabajadora en Paraguay en los últimos 25 años debido a la aplicación de “políticas neoliberales”.El líder sindical criticó además la “falta de políticas públicas de empleo” que reviertan los efectos de la desaceleración económica que vive Paraguay, reflejada en la fuerte rebaja de 8 décimas en el crecimiento del PIB que este lunes previó el Banco Central del Paraguay (BCP) para 2019.Según el organismo, el país crecerá un 3,2 %, frente al 4 % de su estimación de diciembre pasado, que explicó por la recesión del sector primario y la “moderación” de la actividad industrial y de servicios.En la misma línea se pronunció el coordinador general de la Central Sindical Clasista (CSC), Eduardo Ojeda, quien lamentó que el Estado no tenga “programas” para evitar el cierre de fábricas que produce el contexto económico desfavorable.Ambos sindicalistas señalaron que uno de los principales problemas laborales del país es la informalidad, que impide a los trabajadores disfrutar de sus derechos y que afecta, según datos oficiales al 65 % de la población activa, aunque desde las organizaciones obreras elevan ese porcentaje al 80 %.Ambas organizaciones rechazan además la ley que regula el empleo parcial y que actualmente se tramita en el Congreso ya que, según ellos, “legaliza la informalidad” y supone un “ataque” al Código del trabajo y dejará a los empleados “a merced de empleados sin escrúpulos”, según dijo Rojas.Subrayó además que perjudicará a la negociación colectiva e impondrá “contratos precarios e individuales”.Ojeda agregó al respecto que con esa ley “dejará de ser obligatorio el salario mínimo” y que perjudicará las prestaciones que reciban los trabajadores cuando se jubilen, ya que se calcula con el referente de las 8 horas diarias de trabajo, durante 25 años de cotización.El líder de la CUT-A criticó que la norma fue fruto de un “pacto perverso” entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras leales al Estado, gracias a “privilegios” y “puestos en el sector público”, según añadió su colega de la CSC.Esa dirigencia sindical “está cuestionada” por su entrega al poder lo que para Rojas “desvirtúa la lucha sindical” y es una de las causas de la “baja movilización y organización” de los trabajadores en Paraguay.Otra de las causas, según Ojeda es la “política contra los trabajadores” que lleva a cabo el Ministerio de Trabajo que, a su juicio, otorga “impunidad” a los empresarios que incumplen las normas laborales e, incluso, “avisa” a los patronos cuando los trabajadores se organizan en una empresa y tratan de crear un sindicato, cuya legalización “frena” el Ministerio.Al respecto, el líder de la CUT-A aseguró que actualmente esa situación “ha mejorado” y que “hay más organizaciones sindicales reconocidas” que en el anterior Ejecutivo de Horacio Cartes (2013-2018), que “desató una persecución criminal contra los sindicatos”.