La Cámara de Senadores aprobó en general el proyecto de ley de horario escalonado, el estudio en particular fue aplazado por quince días para consultar con los sectores de los tres poderes del Estado que se manifiestan en contra y buscar un punto medio que beneficie a todos. La iniciativa tiene como objetivo descomprimir el tránsito de la capital creando horarios diferenciados para el sector público, dependiendo de las funciones que cumpla cada entidad.	Primeramente, se plantea un horario habitual de 8:00 a 18:00, respetando la agenda y los descansos establecidos por ley. Para las escuelas y colegios del sector público y privado subvencionado se establece como horario de entrada a las ocho de la mañana y será potestad del Ministerio de Educación adecuar la finalización de sus actividades a esta nueva disposición. En lo que respecta a las oficinas de entidades centralizadas, descentralizadas, entes autónomos, autárquicos, empresas públicas y demás instituciones contenidas en la ley anual de Presupuesto General del Nación, el horario será entre las 8.30 y las 18.00, con base en la carga horaria establecida en la ley. Por otro lado, el servicio de atención al cliente del Poder Judicial será desde las 9:00 horas. Las bancas pública y privada deberán ajustar sus horarios habituales y de acuerdo a la necesidad que generen las nuevas normas establecidas por la ley. Por otro lado, el servicio de recolección de basura deberá realizarse fuera del horario establecido por la nueva ley. En lo que respecta a obras públicas, se prohíbe al MOPC, ESSAP y municipalidades ejecutar sus trabajos de 7:30 a 9:00 y de 17:00 a 18:30 en las vías de acceso y salida de las ciudades, excepto en casos de urgencia. Según los datos proporcionados por los proyectistas, alrededor de 700.000 personas salen a la misma hora todos los días, ocasionando que se pierdan alrededor de cuatro horas en el tránsito (dos de ida y dos de vuelta), así como también sostienen que más del 20% de los usuarios pierde el transporte público en hora pico. El Senado dio su visto bueno en general, y recién dentro de 15 días estudiará la propuesta de manera particular.	La modificación de la Carta Orgánica de la Policía Nacional tendría detrás un supuesto plan de licitación amañada para la compra de polígrafos por parte del Ministerio del Interior, según denuncias. En este caso, se menciona como posibles involucradas a la firma española Proibérica S.A. (vinculada al caso de helicópteros adquiridos en la era Rafael Filizzola) y la Fundación Líderes para el Desarrollo.	El comisario (SR) Fidencio Jacquet, presidente de la Federación Nacional de Gremios Policiales, en entrevista con Universo 970 AM habló, entre otras cosas, sobre un supuesto entramado que tiene como principal protagonista al Ministerio del Interior.De acuerdo a las sospechas de este gremio, detrás del proyecto que ley que busca modificar la Carta Orgánica de la Policía Nacional para otorgarle mayores atribuciones a esta cartera de Estado, manejada hoy día por el ministro Juan Ernesto Villamayor, se encuentra un negociado para la adquisición de polígrafos.En caso de que dicho proyecto llegara a ser aprobado por el Ejecutivo -señala-, el Ministerio del Interior tendría la potestad de hacerse cargo de todo lo relacionado al ascenso de comisarios y oficiales, así como de la admisión de nuevos aspirantes al Colegio de Policías.Para llevar a cabo este proceso de filtro, se requerirían de los llamados “detectores de mentiras”, a fin de determinar si el personal es apto para ser promovido o para formar parte de las filas policiales.Una de las que estaría detrás de este supuesto plan es la Fundación Líderes para el Desarrollo, enfocada en la elaboración de planes de seguridad nacional, según comentó Jacquet. En este caso, su rol sería el de brindar “asesoría” para conceder la licitación a una “empresa amiga”.La citada fundación -que estaría encabezada por Diego Zavala junto con el abogado Felino Amarilla- supuestamente habría alegado tener experiencia con organizaciones de seguridad en Inglaterra, Estados Unidos y Colombia, para poder tener un acercamiento con el Ministerio del Interior y así involucrarse en este proceso, de acuerdo a la denuncia.La empresa que estaría involucrada detrás de todo como posible proveedora en la licitación es Proibérica S.A., la misma que hace unos años atrás había sido denunciada por la venta sobrefacturada de helicópteros de la marca Robinson durante la administración del exministro del Interior, Rafael Filizzola.Cabe recordar que, coincidentemente, los empresarios españoles representantes de la mencionada firma habían sido defendidos en la causa penal por Juan Ernesto Villamayor y el actual procurador general de la República, Sergio Coscia, cuando aún ejercían el rol de abogados en el ámbito privado.Un promedio de 5.000 aspirantes se postulan anualmente para ingresar a las filas policiales. En paralelo, hay 5.000 oficiales y suboficiales que están en periodo de ascenso, sumando en total 10.000 personas que deben ser evaluadas y pasar por el polígrafo en caso de que se apruebe el proyecto de modificación de la Carta Orgánica de la Policía, indicó.Se estima que cada polígrafo tiene un costo promedio en el mercado de 20.000 dólares, mientras que la capacitación a cada poligrafista oscila por los 3.000 dólares. Por cada equipo se necesita de un mínimo de tres personas capacitadas para realizar las pruebas.Jacquet comentó que, de acuerdo a los cálculos realizados por el gremio, para someter a prueba a estas 10.000 personas, entre aspirantes y policías con pedido de ascenso, se necesitaría de un mínimo de 200 polígrafos para la Policía Nacional, lo cual representaría un importante gasto para el Estado. Desde este sector temen que se pueda registrar otro nuevo caso de sobrefacturación en el Ministerio del Interior, tal y como ocurrió con la compra de comisarías móviles equipadas y la adquisición de pistolas 9mm para suboficiales, entre otros.EMPRESA DICE NO ESTAR LIGADA A VENTA DE POLÍGRAFOSEn contacto telefónico, una representante de la firma Proibérica S.A. confirmó a nuestro medio que dicha empresa actualmente no está vinculada con la provisión de polígrafos en el país, desmintiendo así lo mencionado por el comisario Jacquet.	En conversación con la radio 650 AM, Christian Cieplik alegó que aún no presentaron a la Municipalidad de Asunción los trabajos realizados como medida de compensación al derribo de árboles en la Avda. Félix Bogado y Japón, donde se construye un supermercado más de la cadena Superseis.“La Municipalidad no estaba al tanto porque eso se presenta una vez que se termine, hoy vamos a presentar para que ellos realicen la certificación”, dijo y detalló que ya plantaron 1.800 plantines nativos, tal como establece la obligación, pero que incluso llegarán a los 2.100 arbolitos plantados. A lo anterior se sumarán 1.800 plantines que serán entregados a los vecinos cuando sea inaugurado el nuevo local. El empresario indicó que siempre miden el impacto ambiental y económico social para instalarse en un determinado espacio, y que cumplen con las normas establecidas. “No vamos a incumplir ninguna medida y menos aún cuando atentan contra el medio ambiente”, esgrimió.Cieplik resaltó además que cuando se instala un súper, la zona se valoriza, está más iluminada y segura, “todo cambia y se mueve diferente”. “Es parte de un progreso positivo que uno hace y la gente está mejor”, acotó.El referente del Grupo AJ Vierci, el cual es dueño de la cadena Stock y Superseis, aclaró que no existe una norma para la instalación de supermercados, atendiendo a que ya existen varios ubicados en la zona donde se abrirá el nuevo en cuestión. Ayer la Municipalidad afirmó que Vierci mandó derribar los 181 árboles sin tener la autorización correspondiente, porque no presentó su plan de compensación.	Desde Rojas Silva hasta Estados Unidos está bloqueada media calzada de la arteria Tte. Fariña, donde agentes de la Policía Municipal de Tránsito guían a los automovilistas.En charla con Universo 970 AM, vecinos expresaron sus quejas porque los obreros se instalaron desde anoche, pero nadie notificó a los lugareños que parte de la calle quedaría bloqueada todo el día por una extensión de dos cuadras.El tránsito alcanzó su punto más complicado alrededor de las 7:30, horario de ingreso de muchas oficinas e instituciones, cuando los vehículos prácticamente no se movían. Toda la zona del Mercado 4 estuvo afectada por el desarrollo de los trabajos. Precisamente ayer la Cámara de Senadores aprobó en general el proyecto de ley de horario escalonado, que entre sus puntos contempla la prohibición de este tipo de obras entre las 7:30 y las 9:00 y entre las 17:00 y las 18:30.