Un conflicto entre los vecinos del barrio cerrado Surubi’i se genera a raíz de la tenencia de un águila real dentro de una vivienda y que aparentemente estaría liquidando la fauna de la zona al ser soltada para cazar. Los denunciantes recolectaron firmas para pedir la intervención de las autoridades, pero el denunciado desmiente las acusaciones y demuestra tener la licencia ambiental.	El arquitecto Juan María Fadul denunció a su vecino Raúl Palacios, veterinario y cetrero de la empresa Raptor, inicialmente por ruidos molestosos y luego por soltar a un águila real, que caza las aves de la zona y que incluso habría comido a los perros de los vecinos. A esto se suma que otros animales, como los monos karaja, se fueron del lugar por temor. En total 286 personas piden la intervención de las autoridades en este caso. Al respecto el concejal de Marino Roque Alonso, Andrés Caballero, mencionó a la 650 AM que hace unos meses ya recibieron la queja de Fadul sobre esta supuesta irregularidad. “La denuncia que tenemos es que un vecino tiene un águila real con la que trabajaba para el aeropuerto (Silvio Pettirossi para espantar a otras aves) y al parecer es liberada a la noche y que come las aves de la zona, aparte de hacer mucho ruido”, explicó.Contó que fue con otros ediles hasta la propiedad de Palacios y no constató ruido feroz como para que moleste a todo el vecindario y vio además que el ave está en su corral. Sin embargo, el denunciante insistió que no puede permitirse la situación en el barrio cerrado.Caballero manifestó que el reclamo es muy extraño, atendiendo que el denunciante es quien vendió al propiedad al ahora denunciado.“PUEDE COMER A UNA PERSONA”A su vez el concejal Rodney Alan Orué, presidente de la comisión de Salud y Medioambiente del municipio, indicó a la misma emisora que el denunciado al parecer no tendría la habilitación del Ambiente para tener en su vivienda al ave. “Fuimos a constatar los documentos del dueño del águila real y hasta ahora no nos presenta. Yo creo que no tiene los documentos, por eso no nos está acercando”, acotó.El edil mencionó que el águila real está depredando la zona, porque “hace correr a los monos karaja y a las otras aves”. “Esos son carnívoros, le pueden comer hasta a una persona”, advirtió sobre este tipo de ave.VERSIÓN DEL DUEÑOEl veterinario denunciado Raúl Palacios afirmó que el Ministerio del Ambiente tiene su registro desde el 2012 y que paga una tasa por tener a su cargo a los animales. “Yo tengo todos los documentos del águila real. Yo estoy aislado, no tengo vecinos cercanos. Envié todos los documentos a los concejales. Desde el 2012 trabajo para el aeropuerto. Las aves no pueden estar sueltas, porque pueden comer a halcones más pequeños. De día no se le puede soltar, están en jaulas, aisladas”, indicó.Sostuvo que Juan María Fadul demuestra desconocimiento total al asegurar que la ave es soltada de noche para cazar, atendiendo que es diurna y no ve de noche. “El único que tiene problema conmigo es él. Desde abril está detrás de esto porque supuestamente le molesta el sonido de las aves. La gente no sabe lo que firma, a un vecino le insistió muchísimo para que le firme. Es una persona conflictiva. Su primera versión fue que el ruido le ahuyentaba a los demás animales y que los monos karaja nunca más aparecieron, pero siempre vienen a mi patio”, afirmó.Palacios resaltó que para alimentar a sus aves posee ratas de laboratorio (conejillos de india), que son criadas justamente para alimentar a los animales carnívoros, como el caso de las serpientes.MINISTERIO CONFIRMA QUE POSEE LA LICENCIADarío Mandelburger, de la Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad del Ministerio del Ambiente, confirmó que están al tanto de la denuncia y refirió que el águila real está en una propiedad privada que tiene las licencias ambientales correspondientes, por lo que se cumple con todos los requisitos previstos en la ley.“Queremos conciliar las posiciones contrapuestas entre el dueño y los vecinos”, comentó el funcionario estatal. “Queremos instalar una mesa de diálogo entre las partes, porque el dueño certifica que sus aves no son las causantes de los hechos denunciados”, añadió.Mandelburger indicó que están investigando el motivo por el cual supuestamente se estaría afectando el área, siendo que la ave denunciada no emite sonido como para ahuyentar y tampoco es sacada del lugar donde está encerrada.	Édgar Melgarejo, titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), en entrevista con Radio La Unión señaló que actualmente existe una desproporción muy grande en relación a lo que recibe la institución y lo que ganan los negocios aeroportuarios, sobre todo considerando los estándares internacionales.A raíz de esta situación, se ha planteado impulsar una “reingeniería comercial” con todos los locatarios que actualmente ocupan algún puesto comercial en el aeropuerto Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque.Actualmente existen unos 54 contratos con arrendatarios dentro de la terminal aeroportuaria, detalló. Algunos de los contratos siguen vigentes y otros ya están vencidos o a punto de fenecer, lo cual obliga a reformular los términos para su eventual renovación.Melgarejo explicó que hoy día lo que se cobra es prácticamente por el derecho de suelo, por lo que los comerciantes abonan lo que corresponde al alquiler por los metros cuadrados que utilizan. Haciendo una comparativa, indicó que el ingreso de un local comercial puede llegar a ser de 80.000 dólares, pero la Dinac solo recibe 1.300 dólares.En todos los aeropuertos del mundo los ingresos no aeronáuticos representan el 60% del ingreso de la administración, mientras que en el Silvio Pettirossi es solo el 3%, sostuvo el titular de la Dinac a la 800 AM, hecho que el mismo considera como “un despropósito”.“No es que vamos a hacer un desalojo y los vamos a echar a todos, sino que les vamos a poner al tanto y vamos a renegociar, van a tener derecho a concursar los que están”, expresó. El mismo aseguró que lo que se busca es que los ingresos para el aeropuerto -y por consiguiente para la institución aeronáutica- sean más proporcionales mediante el ajuste de los contratos, lo cual también podría implicar la reubicación de algunos de los espacios para brindar una mejor atención.	La villa veraniega no cuenta con legislación que regule la práctica de deportes como el salto bungee dentro de recintos como discotecas o parques. Esta semana las autoridades municipales tomarán decisiones al respecto para la aprobación o el rechazo, mientras tanto este tipo de actividades deben quedar suspendidas, indicó el intendente Luis Aguilar.	La práctica del deporte extremo conocido como salto bungee no está sujeto a legislación ni ordenanza alguna en San Bernardino por lo que se deberá trabajar en el establecimiento de condiciones en próximos evento, afirmó el intendente Luis Aguilar.El pub Tao se encuentra habilitado como discoteca dentro del Parque Land pero la práctica del deporte extremo dentro del recinto debe contar con condiciones que no existen actualmente. “Tenemos que tomar decisiones, deben quedar suspendidas las actividades mientras se solucione el por completo”, señaló Aguilar en contacto con la 780 AM.Esta tarde se realizará una reunión entre autoridades municipales para determinar qué medidas tomar con respecto a lo ocurrido el fin de semana en el pub Tao donde un joven quedó colgado tras realizar el salto bungee, su rescate se demoró 40 minutos y la fiesta continuó como si nada hubiese ocurrido.“Vamos a tener que trabajar para poder dar una aprobación o rechazo total de la actividad, esta semana vamos a decidir sobre esa situación”, indicó el intendente. El parque donde funcionan varios locales funciona desde las 19:00 horas hasta la madrugada de viernes a domingo y hasta el momento no se cuenta con una aprobación o rechazo total de la actividad. “Nosotros tomamos por el otro lado que es un atractivo más y felizmente no se llegó a mayores”, puntualizó.	En entrevista con la 970 AM, Fernández indicó que desde el miércoles de la semana pasada se encuentra apostado frente a la oficina de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) buscando poder conversar con el titular de la cartera, Andrés Gubetich Mojoli.El reclamo puntual guarda relación con la licitación de la frecuencia 1250 AM, explotada durante años por su difunto padre, Don Miguel Fernández, y que actualmente es administrada por él y su madre, Adriana Franco, quien funge como administradora interina.Según explicó, la expresidenta de Conatel, Teresita Palacios, quiso llevar a licitación la frecuencia de la citada emisora radial basándose en lo que establece la Ley 642/95 donde refiere que en caso del fallecimiento del titular, automáticamente queda extinguida la licencia.Sobre este punto, Fernández reclamó que la cartera estatal no tuvo en cuenta que en el mismo artículo -en este caso, el Art. 71- también especifica que en caso de fallecimiento, los herederos tendrán preferencia para el otorgamiento de una concesión, licencia o autorización.El precedente que utiliza para sostener este argumento es el caso de la Radio Arapysandu, cuya licencia fue traspasada directamente al hijo y la viuda del expropietario fallecido, esto sin licitación de por medio, según mencionó. “Basándonos en ese precedente pedimos el mismo trato, por qué ellos sí y nosotros no. No pedimos nada descabellado”, acotó.Fernández confirmó que en el marco de esta causa se entabló una demanda y salieron dos medidas cautelares, una contra el llamado a licitación y otra contra la propia Conatel.Según confirmó, a raíz de todo este conflicto la radio no está al aire desde hace 50 días, principalmente por razones económicas que impiden su normal funcionamiento. “Ahora mismo no se puede comercializar nada”, precisó. “No quiero ningún favor ni nada bajo la mesa, solo exijo los mismos derechos que tuvo otra gente. Le proponemos a la Conatel retirar nuestras demandas a fin de tener la licencia para seguir operando”, señaló el manifestante a la 970 AM.