De acuerdo al resul­tado final de la audi­toría realizada por el Poder Ejecutivo, G. 1.290 millones es el monto apro­bado por Carla Bacigalupo, titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri­dad Social (MTESS), para la adquisición de cuatro simu­ladores de cargas pesadas para capacitación en el Ser­vicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP). Con esto se confirma la investigación de La Nación, del pasado 19 de febrero, en la que se reveló la sospechosa maniobra para adquirir los simuladores.	lourdes.pintos@gruponacion.com.pyLa compra se concretó a pesar de que la entonces directora de Programas de Aulas Móvi­les, Ynés Ríos de Ruggero, solicitó en múltiples ocasio­nes la anulación del proceso de licitación porque las accio­nes de los programas para dicha área fueron recorta­das en un 33%; por lo tanto, la adquisición de esos equipos ya sería un gasto innecesario para la institución. A pesar de esta advertencia, el proceso siguió su curso de manera normal y la adjudicación fue otorgada a la firma GSM, cuya propuesta fue la más elevada de entre todos los oferentes.Con esto, y sumando los G. 1.494.308.512 utiliza­dos de los fondos del SNPP y del Sinafocal, el perjuicio que Bacigalupo pudo haber causado a las institucio­nes a su cargo ya asciende a G. 2.784.308.512. Esto se desprende de la lectura del documento de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), al que accedió La Nación.Según refiere el mencionado informe, el pedido para la compra se formalizó el 28 de mayo del 2018 y fue precisa­mente emitido por la direc­ción a cargo de Ríos. Sin embargo, casi un mes des­pués, el 25 de junio de ese mismo año, ella pidió por pri­mera vez cancelar la compra y explicó a través del memo­rándum Nº 98/2018 el recorte de programas.“De qué sirve crecer en logís­tica si no tenemos el acompa­ñamiento de la gerencia eco­nómica para poder operar en acciones formativas”, men­ciona el memorándum remi­tido por Ríos a sus superiores.Según la observación de la AGPE, el proceso de licitación siguió su curso de manera normal a pesar de las adver­tencias y el 23 de noviem­bre, siempre del mismo año (2018), se adjudicó la licita­ción a la firma GSM, propie­dad de Víctor Mendoza, y el contrato fue formalizado tres días después, el 26 de noviem­bre.LA MEJOR OFERTAUn dato relevante es que la mejor oferta presentada no fue precisamente de la empresa de Mendoza, sino de la firma Automotive, que ofreció los cuatro simulado­res a G. 1.135 millones, G. 155 millones menos que la oferta aprobada por la ministra. El oferente no adjudicado pre­sentó protesta contra dicha adjudicación a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Esto fue el 4 de diciembre del 2018 y el 24 de enero del 2019 la DGCP decidió anular la adjudica­ción y retrotraerla a la etapa de evaluación de ofertas.Esta situación fue aprove­chada por Ríos, quien por segunda vez pidió la anula­ción del proceso bajo el argu­mento de que ya no existe necesidad de adquirir los cuatro simuladores, pero una vez más su pedido fue igno­rado. Se procedió igual a la reevaluación y nuevamente la empresa adjudicada fue la de la oferta más alta (GSM).POSTURA DE LA AGPEA pesar del descargo pre­sentado por la parte audi­tada, el equipo auditor de la AGPE sostiene la existencia de deficiencias en el proceso de adquisición de los simula­dores. Es más, en su informe final hace mención al Artículo 31 de la Ley Nº 2.051/03 de Contrataciones Públicas, que confirma que las licitaciones pueden ser canceladas cuando existen circunstancias que provoquen la extinción de la necesidad de la adquisición, o, de continuarse con el proce­dimiento de contratación, se pueda ocasionar daños o per­juicios a la institución. Trae a colación la Ley Nº 1.535/99, de Administración Financiera del Estado, en la que dice que las autoridades al servicio del Estado que oca­sionen menoscabo a los fon­dos públicos a consecuen­cia de acciones u omisiones contrarias a sus obligaciones legales responderán con sus patrimonios para la indemni­zación de daños y perjuicios ocasionados.	De acuerdo al informe final de la auditoría general del Poder Ejecutivo realizada al Minis­terio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), al Servicio Nacional de Pro­moción Profesional (SNPP) y al Sistema Nacional de For­mación y Capacitación Laboral (Sinafocal), en apenas 7 meses el MTESS, bajo la administra­ción de la ministra Carla Baci­galupo, utilizó un total de G. 1.494.308.512 que correspon­den a los fondos de las otras dos instituciones mencionadas. El dinero debía ser destinado a los cursos y capacitaciones realizados en los mencionados entes. Por lo tanto, la irregu­laridad es denominada técnicamente como malversación.	lourdes.pintos@gruponacion.com.pyLa Nación accedió al trabajo final realizado por el equipo del Ejecutivo, que fue entregado a las partes involucradas antes de que su titular, Carlos Arre­gui, asuma como ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).Según dicho informe, los recursos malversados fueron utilizados para pagos ajenos a la enseñanza como servicios de limpieza y fumigación, alquiler de edificios y locales, servicios sociales, adquisición de mue­bles, promociones, exposicio­nes, bonificaciones, gratifica­ciones, jornales y honorarios profesionales de varios funcio­narios del MTESS, esto en total contravención a las disposicio­nes legales.Las evaluaciones fueron hechas en dos períodos: a par­tir del 15 de agosto del 2018 al 31 de diciembre del mismo año, y del 1 de enero del 2019 al 31 de marzo de este año. El resultado fue entregado el 19 de agosto del 2019. Según refiere el documento, el equipo auditor verificó y confirmó la existencia de solicitudes de transferencias de recursos, generadas por la Dirección General de Administración y Finanzas del MTESS, con recursos de los dos entes men­cionados anteriormente.En total, con fondos del SNPP fueron generadas 7 solicitudes de transferencias, según los datos proporcionados por el Departamento de Tesorería del MTESS, y el monto utili­zado asciende a G. 777.038.496.Por otro lado, la Dirección Administrativa y Financiera del Sinafocal remitió el listado de las solicitudes de transferen­cias, desde el mes de setiembre del 2018 hasta enero del 2019, y el monto utilizado por el minis­terio es de G. 717.270.016. Ade­más, el informe de auditoría señala que no existe respaldo y control alguno de los recursos asignados a esta institución, pero que son utilizados por el MTESS.LO QUE DICE EL DOCUMENTO“Claramente se entiende que los gastos deben ir tendien­tes a mejoras de infraestruc­turas relacionadas con el fun­cionamiento u objetivos del Sinafocal. De igual manera, los gastos deberían impactar directamente en el mismo, no pudiendo utilizar sus recursos para la financiación de otros programas, puesto que se esta­ría violando el ordenamiento jurídico vigente y en especial el destino de los fondos que pro­vienen del sector privado, cuyo principal objetivo es elevar la calidad técnica de los talen­tos humanos a nivel nacional”, refiere parte del documento.Esta medida fue tomada ante las múltiples denuncias de supues­tas malversaciones, usurpación de funciones y llamativas lici­taciones con una serie de irre­gularidades que habrían sido cometidas por Bacigalupo tanto en el SNPP como en el Sinafo­cal, según relataron los propios funcionarios.El informe es muy extenso, pero nuestro diario se irá haciendo eco del mismo en el transcurso de la siguiente semana. El documento sale a la luz justo cuando hay rumores de cambios en el gabinete de Mario Abdo Benítez, siendo el Ministerio de Trabajo uno de los más cuestionados en este primer año de gestión.Situación de la ministraFuncionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), que se encuentran actualmente bajo la administración de la ministra Carla Bacigalupo, en reiteradas ocasiones pidie­ron al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que des­tituya a la misma por mal desempeño de sus funciones. Este tipo de denuncias fue una constante de su administración.Los denunciantes pidieron que sus datos se mantengan en la confidencialidad porque temen posibles represalias, pero ase­guraron que las acusaciones hechas en contra de la secretaria de Estado son motivos suficientes para que la misma sea reem­plazada por una persona que sí cumpla con las leyes. Además, refirieron ayer que las denuncias, por su gravedad, ameritan la intervención del Ministerio Público, a fin de corroborar las irre­gularidades existentes.Temen por la continuidad del SNPP, ya que con Bacigalupo al frente el ente está en riesgo, sostienen. El pasado 25 de febrero, La Nación publicó una investigación periodística en la que ya hablaba de la malversación de unos G. 600 millones del Sinafocal y que fue autorizada por Bacigalupo, pero con total desconocimiento del secretario técnico del ente, Alfredo Javier Mongelós. Este último incluso remitió dos notas a Bacigalupo alertando sobre esta irregularidad y solicitó la devolución del dinero sustraído en la brevedad posible, pero no obtuvo respuesta alguna.	rossana.escobar@gruponacion.com.pyEl joven de 26 años, Gianmarco Orlando, quien aparece como presidente de la productora, dijo a La Nación que presentó la oferta y con eso fue contra­tado en la binacional, entidad donde el mandamás es el papá de su amigo guionista.“Habíamos presentado nues­tras ofertas de trabajo y por los años de experiencia y demás pudimos empezar con cier­tos trabajos. La verdad que es una empresa que tiene 4 años de sociedad, 5 ya si no me equivoco que hicimos la fundación de la productora, venimos trabajando hace rato con todo lo que sea producción audiovisual, publicidad para empresas privadas”, sostuvo Gianmarco. De esta forma, sin precedentes en contrata­ciones con el Estado, el joven amigo de la familia del direc­tor de Yacyretá facturó en 7 meses G. 482 millones por producciones audiovisuales.EL VÍNCULOLa productora contratada por Nicanor le da trabajo a su hijo Héctor, hecho confirmado por el representante de la empresa, amigo y ex compañero Gian­marco.“Tenemos trabajos esporá­dicos, asesorías de guión, comunicación, como cual­quier otra empresa produc­tora. Con Héctor no tengo relación laboral cercana, le conozco por ser una per­sona del rubro, estuvo en mi mismo colegio, trabajé con él para ciertos proyectos a empresas privadas”, explicó Gianmarco. Gianmarco dijo que le da tra­bajo una vez al mes o cada dos meses a Héctor, de acuerdo “con los trabajos que van saliendo”.	investigacion@gruponacion.com.pyLos funcionarios, al afiliarse a esta asociación, (según la promoción) tienen la posibi­lidad de acceder a un crédito automático de G. 500.000 pagaderos en seis cuotas de (G. 106.000) y doce cuotas (G. 64.000), según fuentes.En la misma Essap, se regis­traron el pasado viernes, día de la “promoción”, más de 700 afiliaciones y 500 préstamos entregados, trascendió.Coincidentemente, Franco registra vínculo a una firma del rubro crediticio. Figura como director suplente de la firma Credi Caf SA, constituida en el año 2011, y que tiene como una de sus actividades económicas la de “prestamistas”.Al ser consultado sobre Credi Caf, el funcionario dijo que se trata de una empresa suya, y que para brindar su explica­ción prefiere organizar una conferencia de prensa.“(...) preferiría hacer una con­ferencia de prensa para acla­rar de una vez las informa­ciones que sean necesarias brindar en honor a la verdad. La que estás refiriendo es una empresa mía totalmente particular que data desde el 2011 que tengo”, expresó.Franco se ubicó como gerente administrativo en la Essap en septiembre de 2018 y tiene un salario que ronda los G. 20 millo­nes. Cuando le preguntamos sobre el origen del dinero para el negocio de los préstamos, el funcionario dijo que responderá cuando vea las publicaciones.SU ESPOSA, EN EL SNPPEn marzo pasado, su esposa, Jenny Rossana Quintana, quien en algún momento tam­bién estuvo vinculada a Credi Caf SA, fue contratada en el Servicio Nacional de Promo­ción Profesional (SNPP).Cumple la función de secre­taria privada y cobra un sala­rio de G. 6.337.686 a lo que se suelen sumar bonificaciones y otros.Es así que la pareja Franco-Quintana, que participó acti­vamente del proceso electoral en favor del actual mandatario, fue premiada con cargos.ANTECEDENTES En el 2008, Carlos Franco, entonces funcionario de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), había sido denunciado junto con otros funcionarios por un millonario faltante de más de 5 mil millones de guaraníes en las recaudaciones de los puer­tos francos de Buenos Aires, Montevideo y Antofagasta. La denuncia había sido pre­sentada por el propio titular de la ANNP, en ese entonces, Albino González.