“Dijo que todo lo que se publicó en la prensa era falso, que los que iniciaron la pelea fueron los hermanos González (Osvaldo y Nelson), que las dos pistolas pertenecían a ellos y que la tercera (pistola) estaba en la casa”, explicó el comisario Juan Benito García a los periodistas.Señaló que ese día al llegar a la casa, se inició la discusión que finalmente acabó con la vida de los hermanos González. “El explicó que actuó en defensa propia, que culpó a las víctimas porque iniciaron la pelea ese día”, señaló el jefe policial.Asesino confeso de los hermanos González, Rodrigo Florentín se entregó la mañana del martes en la localidad de Itakyry, distante unos 70 km de Ciudad del Este. El mismo había sido resguardado por su padre, Fernando Florentín, tras el doble asesinato.	En su escrito, la sala Penal de la Corte sostiene que el recurso es “notoria y manifiestamente inadmisible” y arguye que no existen defectos de forma en el procedimiento de extradición de Leoz y que solo es aplicable contra “sentencias definitivas del tribunal de apelaciones” y no en este caso.También este martes, la misma sala rechazó la recusación contra el magistrado de la misma Manuel Ramírez, a quien la defensa de Leoz consideraba incompetente por haber mantenido una reunión con el embajador de Estados Unidos en la sede diplomática en Asunción, reunión reconocida por la sala, pero atribuida a un “evento oficial”.Se trata de la segunda recusación rechazada por la Corte, después de la que la defensa de Leoz presentó contra los tres magistrados que integraron la sala Penal que finalmente dirimirá si conceder o no la extradición del expresidente de la Conmebol.No obstante, a Leoz aún le quedan varios recursos para evitar la extradición, entre ellos una acción de inconstitucionalidad que pretende “anular las decisiones de primera y segunda instancia” que aprobaron el procedimiento, según explicó el abogado de Leoz, Ricardo Preda.La resolución de dicha acción compete a la sala Constitucional de la Corte Suprema, aunque aún no se ha pronunciado sobre la composición de dicha sala para estudiar el caso.Preda explicó que “el procedimiento de extradición no estaba regulado”, lo que provocó que “denegaran algunas evidencias que presentamos” al no haber sido presentadas por la vía adecuada.El letrado añadió que “si se agota la discusión jurídica” reclamarán el establecimiento de una “junta médica”, formada por un médico designado por el juez, otro por la Fiscalía y otro por la defensa, que dirima si Leoz “está en condiciones sanitarias para ser trasladado” a Estados Unidos.Leoz, que fue presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) entre 1986 y 2013, permanece en arresto domiciliario desde mayo de 2015 cuando fue acusado por la justicia estadounidense junto a otros altos cargos del fútbol mundial por una presunta trama corrupta, conocida en los medios como “FIFAGate”.De acuerdo a una auditoría forense, entre 2000 y 2015 casi 130 millones de dólares fueron desfalcados o transferidos en operaciones sospechosas desde cuentas de la Conmebol. Asimismo, la investigación, realizada por una consultora y un despacho de abogados, reveló la existencia de transferencias bancarias directas por 26,9 millones de dólares desde la Conmebol a las cuentas de Leoz.	La Sociedad Paraguaya de Psicología asegura que todas las especialidades fueron convocadas para la elaboración del anteproyecto de ley y que todas las sugerencias fueron incluidas en el documento. El proyecto de Ley del Ejercicio de la Psicología en el Paraguay ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y pasó a Senadores donde se encuentra en las comisiones de Salud y Seguridad Socia y Legislación y Codificación.Desde la SPPs emitieron un comunicado en el que expresan la necesidad de contar con una herramienta legal que regule el ejercicio de la profesión y destacan que Paraguay es el único país del Mercosur que no cuenta con una normativa al respecto.Sin embargo, desde la federación manifestaron disconformidad en el proceso de aprobación de la ley condicionando la cooperación en el proceso si se accede a las modificaciones solicitadas por los mismos.La Sociedad aclara que durante el desarrollo del anteproyecto de ley se recibió el aporte del grupo Ágape Psicoanálisis cuyas sugerencias fueron incluidas “casi textualmente” del proyecto.“Fueron tomadas en cuenta todas las sugerencias y los aportes, se contó con el apoyo de profesionales jurídicos y expertos en temas legislativos para la configuración del proyecto para el beneficio de todos, por lo que las reacciones manifestadas por este grupo son extemporáneas y no contribuyen al logro del objetivo deseado por la mayoría de los 8416 psicólogos del país”.La SPPs solicita a los senadores dar una atención prioritaria al proyecto de ley para su aprobación ya que esta contribuirá al ordenamiento, regulación y fortalecimiento del quehacer profesional del psicólogo paraguayo contemplando temas específicos como el ejercicio profesional, las inhabilidades o incompatibilidades, los principios, derechos y obligaciones. Señalan además que amerita disponer de una ley que regule y normalice protocolos de actuación psicológica para dar respuesta efectiva y eficiente a los casos de depresión, suicidio, abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, estrés laboral, fracaso escolar, hechos punibles contra las personas, la problemática social y las necesidades de sectores vulnerables del país que afectan negativamente a la salud psicológica y física de la ciudadanía y advierten el incremento de estos casos.	“Nosotros hemos planteado que el Gobierno tiene que paliar todos los enseres y perjuicios que causó a estas familias”, manifestó el senador por el Frente Guasu Sixto Pereira.El legislador hizo esas declaraciones tras la reunión con la Comisión de Asuntos Departamentales del Congreso, a la que acudieron el ministro de Vivienda, Dany Durand, y el de Desarrollo Social, Mario Varela.Pereira dijo al término de la reunión que Durand y Varela se refirieron a la presentación de una propuesta sobre tierra y vivienda en una semana, y añadió que desde su bancada se pidió también reparación a los afectados.El senador añadió que desde su bancada se propuso la “compra directa y o expropiación” de ese predio del que fueron desalojados, con una extensión de unas 50 hectáreas.Pereira insistió en que el caso del desalojo de Luque no es aislado, ya que en esa ciudad existen doce asentamientos fruto del éxodo del campo a entornos urbanos.“Hay una expulsión acelerada de compatriotas del campo a la ciudad. Eso no se puede minimizar, más de 1.000 asentamientos, más de 1.000 situaciones de falta de tierra a compatriotas en el Departamento Central”, agregó.Además, culpó al Gobierno de Mario Abdo Benítez por la “brutal represión” y su falta de “política de sensibilidad” ante una “situación grave y delicada”.