Las cifras sobre abusos contra menores de edad en nuestro país son alarmantes. De enero a abril de este año el Ministerio Público ha recibido 985 denuncias. En el Servicio Fono Ayuda 147 señalan que desde enero a marzo se reportaron 289 casos sobre abuso sexual en niños y adolescentes. De esta cantidad 235 son niñas y adolescentes mujeres (el 92%) y 38 casos tienen como consecuencia embarazos (edades entre 11 y 17 años). En cuanto a trata se registran hasta el momento cinco casos de trata y 10 casos de explotación. El año pasado la situación no fue muy diferente, pues la Fiscalía cerró el 2018 con un total 2.608 denuncias.	Los números son alarmantes y ni siquiera reflejan la realidad en el país, considerando que hay una gran cantidad de subregistros de casos que no son denunciados, en ocasiones ocultados por los propios familiares que prefieren la impunidad antes de denunciar a los abusadores, sobre todo cuando son del entorno familiar o de amigos.	El lema de la campaña de concienciación de este año fue “Somos todos responsables”, pero esto dista mucho de la realidad. No existe conciencia ni sentido de responsabilidad social sobre la importancia de la protección integral a los menores. Nuestra sociedad debe acabar de forma urgente con esta cultura de abuso, la naturalización de los hechos atroces que golpean a nuestros niños y adolescentes y les dejan secuelas permanentes.	No basta con hacer marchas y manifestaciones durante un mes de cada año, se necesitan acciones más fuertes y con visión a largo plazo para tener resultados. No solo se debe mirar a las víctimas, contenerlas y protegerlas, sino también se debe analizar a los abusadores, a esa parte de sociedad enferma para implementar algún mecanismo, para no dejarlos impunes pero por sobre todo emprender campañas de prevención para evitar que más menores sigan siendo víctimas de los abusadores.