El juez Rolando Duarte suspendió la audiencia preliminar prevista para Bruno Marabel y Marcelo Sosa Díaz, investigados por el homicidio de cinco personas en Asunción.El magistrado informó que esta situación se da porque la fiscal Esmilda Álvarez no compareció a dicha citatoria. “La representante no justificó al actuario judicial su falta de comparecencia. Es la primera vez que se fijó la audiencia y es la primera suspensión", acotó.En dicho encuentro, el Ministerio Público iba a solicitar la acusación y elevación a juicio para Marabel, quien sería autor confeso, y sobreseimiento de Sosa Díaz, quien al principio se lo involucró en calidad de cómplice. Bruno Marabel acudió a audiencia preliminar ante el juez Rolando Duarte.	El presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana, sostiene que no se debió otorgar permiso a Ulises Quintana para ir a litigar y que en realidad correspondía aplicar la pérdida de investidura. No obstante, se pondrá a consideración del pleno la reincorporación, sin la presencia de la bancada de Honor Colorado que ya se retiró.	“En ese momento correspondía la pérdida de investidura, si se da el permiso tiene que ser para ocupar un ministerio o un cargo estatal, o por una enfermedad, pero no para litigar”, aclaró el presidente de Diputado, Pedro Alliana.Sin embargo, la placa de madera con el nombre de Ulises Quintana ya se encuentra en su banca, a la espera de que el pleno defina si aceptan o no su reincoporación.Quintana ingresó a la sala y se sentó en su lugar, sin embargo, Alliana le solicitó que se retire para someter a votación su regreso.Quintana señaló que bajo ningún concepto correspondía sacarle la investidura, pues en tal caso todos los procesados deberían ser pasibles de lo mismo.Argumentó que para eso existe la presunción de inocencia y que por lo tanto tiene derecho a recuperar su lugar. Los legisladores de Honor Colorado decidieron retirarse de la sesión antes de que se resuelva la aprobación, según confirmó Bachi Núñez, sin embargo, volverán para la extraordinaria en donde se estudiará el sistema tributario.	El estudio de la modificación del Artículo 245 del Código Procesal Penal que habla sobre “las medidas alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva” ha sido objeto de un amplio debate en la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal.La diputada Rocío Vallejo (PQ) manifestó a la 970 AM que desde dicha comisión analizaron este tema con referentes de diversos sectores, incluyendo a gremios de abogados, organizaciones de la sociedad civil, el Poder Judicial y el Ministerio Público, entre otros.Según recordó, este artículo del Código Procesal Penal había sido modificado en el año 2011 por una norma que todo el mundo jurídico consideraba como “inconstitucional” debido a que en los casos de crímenes (con pena privativa de libertad mayor de 5 años) no se podían otorgar medidas alternativas a la prisión.Afirmó que para que una persona vaya presa deben cumplirse ciertos requisitos indispensables y, al otorgar este tipo de medidas cautelares, se da un permiso en el ordenamiento jurídico siempre que se den dichos requisitos. “En la actualidad, una persona puede ir a prisión preventiva sea por un delito o por un crimen cuando un juez determina que no se va a sujetar al proceso estando en libertad”, expresóDesde la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal se había propuesto un texto con el cual se volvía prácticamente a la versión original del Código Procesal Penal, indicó. Sin embargo, en el Senado se había introducido una modificación estableciendo un “catálogo de delitos” que consideró “sumamente peligroso e inconstitucional”.En la versión de la Cámara de Senadores se establece que no se podrán otorgar medidas alternativas ni sustitutivas a la prisión cuando se trate de homicidio doloso, lesión grave, coacción sexual, abuso sexual en niños y secuestro, quedando los demás hechos punibles a criterio del juez.Al ser consultada sobre casos de personas que son acusadas de hechos punibles como el narcotráfico y que son beneficiadas con este tipo de medidas, Vallejo refirió: “No pueden salir si se aplica correctamente la ley. Si es un hecho punible grave, si la persona está vinculada, si existe peligro de fuga y obstrucción no puede salir, sea un delito o un crimen, es aplicar la ley nomás”. La parlamentaria patriaqueridista adelantó que van a pelear para que se mantenga la versión del texto de la Comisión y que no se vuelva a derogar una norma inconstitucional “para volver a instalar otra norma inconstitucional”.	En páginas como Clasipar, Negociable o Hendyla, los taxistas ofertan las paradas en distintos puntos del país. En Asunción existen zonas “apetitosas”, como el microcentro, donde los espacios llegan a alcanzar la suma de 200 millones de guaraníes, monto que incluye la cantidad de rodados y de los conductores que allí permanecen.Un secreto a voces es que hasta existen empresarios dueños de las paradas que vuelven a “tercerizar” sus automóviles. En ese sentido también en las páginas web se ofrece la posibilidad de alquilar el sitio para trabajar como taxista.Esta práctica, que es desconocida por las autoridades, se realiza alegremente, mientras el sector del “enjambre amarillo” ni siquiera abona un canon al municipio por el usufructo del espacio público.	El director de Tránsito de la Municipalidad de Asunción, Luis María Pereira, confirmó días atrás que los taxistas no tributan por el uso de los espacios públicos para sus paradas en la capital, ni por el servicio que prestan.“Simplemente se establece la parada con una cierta cantidad de vehículos que debe haber en la parada”, explicó en charla con el canal GEN.Señaló que actualmente son 79 las paradas habilitadas en la ciudad de Asunción, cada una de ellas con una determinada cantidad de vehículos de acuerdo a la demanda de la zona que cubren. En ese sentido, dijo que se encuentran habilitados 380 vehículos en Asunción para prestar el servicio de taxi.¿Paradas de taxi, el gran negocio que no paga tributos? El concejal Federico Troche dijo que la Municipalidad no recibe pago alguno por espacios públicos ocupados por taxis, asegura que esa transacción es realizada entre ellos mismos.