La principal reivindicación sindical de este 1 de mayo será, como en años anteriores, la subida del salario mínimo hasta 476 dólares mensuales (2.965.480 guaranies) desde los 359 en que está actualmente fijado, según confirmó este martes el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), Bernardo Rojas.Rojas explicó que el objetivo de esa medida es “recuperar la pérdida de poder adquisitivo” de entre el 30 % y el 35 % que, según sus cálculos, sufrió la clase trabajadora en Paraguay en los últimos 25 años debido a la aplicación de “políticas neoliberales”.El líder sindical criticó además la “falta de políticas públicas de empleo” que reviertan los efectos de la desaceleración económica que vive Paraguay, reflejada en la fuerte rebaja de 8 décimas en el crecimiento del PIB que este lunes previó el Banco Central del Paraguay (BCP) para 2019.Según el organismo, el país crecerá un 3,2 %, frente al 4 % de su estimación de diciembre pasado, que explicó por la recesión del sector primario y la “moderación” de la actividad industrial y de servicios.En la misma línea se pronunció el coordinador general de la Central Sindical Clasista (CSC), Eduardo Ojeda, quien lamentó que el Estado no tenga “programas” para evitar el cierre de fábricas que produce el contexto económico desfavorable.Ambos sindicalistas señalaron que uno de los principales problemas laborales del país es la informalidad, que impide a los trabajadores disfrutar de sus derechos y que afecta, según datos oficiales al 65 % de la población activa, aunque desde las organizaciones obreras elevan ese porcentaje al 80 %.Ambas organizaciones rechazan además la ley que regula el empleo parcial y que actualmente se tramita en el Congreso ya que, según ellos, “legaliza la informalidad” y supone un “ataque” al Código del trabajo y dejará a los empleados “a merced de empleados sin escrúpulos”, según dijo Rojas.Subrayó además que perjudicará a la negociación colectiva e impondrá “contratos precarios e individuales”.Ojeda agregó al respecto que con esa ley “dejará de ser obligatorio el salario mínimo” y que perjudicará las prestaciones que reciban los trabajadores cuando se jubilen, ya que se calcula con el referente de las 8 horas diarias de trabajo, durante 25 años de cotización.El líder de la CUT-A criticó que la norma fue fruto de un “pacto perverso” entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras leales al Estado, gracias a “privilegios” y “puestos en el sector público”, según añadió su colega de la CSC.Esa dirigencia sindical “está cuestionada” por su entrega al poder lo que para Rojas “desvirtúa la lucha sindical” y es una de las causas de la “baja movilización y organización” de los trabajadores en Paraguay.Otra de las causas, según Ojeda es la “política contra los trabajadores” que lleva a cabo el Ministerio de Trabajo que, a su juicio, otorga “impunidad” a los empresarios que incumplen las normas laborales e, incluso, “avisa” a los patronos cuando los trabajadores se organizan en una empresa y tratan de crear un sindicato, cuya legalización “frena” el Ministerio.Al respecto, el líder de la CUT-A aseguró que actualmente esa situación “ha mejorado” y que “hay más organizaciones sindicales reconocidas” que en el anterior Ejecutivo de Horacio Cartes (2013-2018), que “desató una persecución criminal contra los sindicatos”.	Una paciente de 8 años que padecía Síndrome Treacher Collins, un mal congénito en el que no se desarrolla el oído externo y el oído medio fue sometida a un procedimiento complejo, el primero en el sector público, para implantarle dispositivos con la intención de corregir la malformación y que logre escuchar. Tras la intervención, la paciente podrá insertarse a diversos espacios para su desarrollo.	Un implante osteointegrado bilateral se realizó por primera vez en el sector público, procedimiento que benefició a una niña de 8 años que padece una enfermedad congénita llamada Síndrome Treacher Collins que no desarrolló el oído externo y el oído medio.El doctor Luis Costas, Jefe de la Cátedra y Servicio de Otorrinolaringología, explicó que en este caso se realizó un implante osteointegrado con la característica en los dos oídos. La pequeña en todo este periodo, tuvo poco estímulo o insuficiente audición por lo que su desarrollo educativo y de lenguaje fue muy lento.Hoy, la tecnología permite tratar esos tipos de casos con dispositivos implantables y de esta manera ofrecerle a la paciente de 8 años un tratamiento de primer nivel, a nivel hospitalario con costo cero de parte de los profesionales. Para la intervención, el Hospital de Clínicas puso su infraestructura y los dispositivos implantados fueron donados por una fundación. Costas explicó que a nivel mundial son pocos los casos que fueron tratados con éxito y la tecnología permite ofrecerle a la niña un tratamiento de primer nivel. La doctora Valentina Arias, Otorrinolaringóloga, dijo que el dispositivo va a suplir la función de esa malformación y que la información vaya directo al nervio. Estos dos conectores le permitirán escuchar de manera normal e insertarse sin problemas a la sociedad.La cicatrización de la herida operatoria durará al menos un mes y luego se realizará el encendido del dispositivo y además, la paciente recibirá terapia fonoaudiológica para su rehabilitación.La paciente se encontraba bajo tratamiento por varios años y fue asistida por la fonoaudióloga Teresita Mansilla y la doctora Valentina Arias que llevó adelante toda la preparación para que este procedimiento sea un éxito.El equipo multidisciplinario involucrado en la atención de la paciente estuvo conformado por médicos de la Cátedra de Otorrinolaringología, Anestesiología, Pediatría, Terapia Intensiva, Instrumentación y Enfermería. El costo total del procedimiento quirúrgico, insumos médicos y el implante, en el sector privado rondaría alrededor de USD 40.000 y en este caso fue de manera gratuita.	, el mismo reflexiona sobre “un derecho humano fundamental que estamos perdiendo peligrosa y aceleradamente en nuestra sociedad: la garantía de la presunción de inocencia”.En su escrito, hace una comparación con el proceso penal implementado durante la época medieval (en el que una persona podía ser acusada de hechicera o bruja sin tener pruebas y sin derecho a la defensa) y la forma en la que la opinión pública apunta contra estos periodistas que figuran en la famosa “agenda” del Gral. Ramón Benítez.“Los nombres ‘filtrados’ de periodistas y reporteros son la comidilla de un periodismo antiético y populachero que no será capaz nunca de ejercer la crítica contra autoridades, fiscales, policías e investigadores judiciales que infringen alevosamente normas constitucionales y del código procesal penal al informar detalles de una investigación que debieran permanecer bajo reserva. Las ansias de “figuretear”, el amor desmedido por los flashes y las cámaras y, muchas veces, un esquema extorsivo subyacente, convierten a fiscales y policías en vulgares chismosos antes que en autoridades que deban concentrar su trabajo en hallar la verdad para sancionar correcta y oportunamente a quienes resulten culpables del delito. Y el vicio de la primicia sin comprobación, los afanes mórbidos por la noticia amarilla, han hecho de muchos medios y periodistas simples engranajes en la industria del chisme, la infamia y hasta la mentira. En la filtrada lista, no faltan quienes sucumbieron a este tipo de shows que ni siquiera puede llamarse periodismo”, expresa Costa.El docente y abogado sostiene que no son sólo los periodistas los que tienen ese derecho sagrado que debe ser respetado por todos, incluso por los propios medios y comunicadores, sino también todos los ciudadanos deben gozar ampliamente del derecho a la presunción de inocencia.De igual forma, refiere que “es imperativo para la democracia, para una sociedad justa, que a cualquier persona -independiente de su color, raza, sexo, religión, ideología, partido o forma de pensamiento- este derecho le sea plenamente garantizado”.“Frente a todo esto, el periodismo verdaderamente crítico está cada vez más ausente. Lamentablemente. Y el que sigue multiplicándose es un periodismo preso de impudicias, sensacionalismo y superficialidades”, expresa Pepe Costa en su publicación, cuestionando la forma en la que los medios de comunicación están planteando la cuestión.A su criterio, se debería evitar y repudiar “el periodismo que olvida la ética, que prefiere la primicia sin corroborar antes que la responsabilidad en el manejo informativo, que no repara en honras ajenas al tratar la noticia y que no busca la verdad sino solamente el impacto y la emoción”. “Las ‘filtraciones’ de nombres de periodistas supuestamente sobornados resultan hoy buenas excusas para hablar y advertir sobre este proceso de deshumanización y medievalización de nuestra sociedad. Si no paramos esto, las hogueras y la horca pública serán la amenaza para cualquiera de nosotros, no importa si seamos culpables o inocentes. Bastará que algún corrupto o enemigo ponga nuestro nombre en una agenda, y el “sistema” hará el resto”, reza la parte final del escrito.	“A mi hijo le debía y no le quería pagar y era solo por eso, por una plata sucia”, afirmó la madre de Horacio David Verón Báez (28) en charla con los medios de prensa. Cuestionó a la Fiscalía por no hacer nada en contra del detenido, Valdemir Borcato, propietario del lavadero y principal sospechoso y pidió que otra persona de encargue de la investigación.“Este es un criminal, un asesino, tiene hombres a sueldo, policías a quienes le paga, yo ya no creo en la justicia”, dijo la señoraEl cuerpo cubierto por escombros y cemento se encontraba a un metro de profundidad aproximadamente y se estima que llevaba al menos cuatro días de rigidez cadavérica. Los familiares reconocieron el occiso. El médico forense diagnosticó un traumatismo de cráneo severo como causa de muerte. Se presume que el universitario recibió dos golpes fuertes en la cabeza, con algún objeto contundente.