A pedido de los diputados Enrique Mineur (PLRA) y Basilio Núñez (ANR) fue convocado el procurador general de la República, Sergio Coscia, quien se encuentra reunidos con los integrantes de la Mesa Directiva.“Tenemos la triste realidad de que hay 650 funcionarios y obreros de Acepar que no cobran sus salarios, están en una situación de indefinición”, comentó Mineur.Sobre los motivos explicó que que Acepar se encuentra en un proceso de privatización inconclusa y que el año pasado él mismo presentó un proyecto para reencausar el orden funcional y permitir que el Estado vuelva a estar al frente del paquete fraccionario, pero que no consiguió resultados. El diputado adelantó que preguntará al procurador por qué no se está cumpliendo con los obreros pese a que cuentan con un bono que puede ser negociado en el mercado. El año pasado, las autoridades de la compañía brasileña se retiraron del país alegando la “falta de seguridad jurídica” para invertir en Paraguay, dejando cuantiosos daños económicos y el quiebre total de Acepar.	Este lunes fue suspendida la audiencia de revisión de medidas del diputado Ulises Quintana, a pedido del mismo, según indicó la fiscal Lorena Ledesma. El motivo obedece a que ya defensa del colorado no confía en la objetividad de la magistrada Alicia Pedrozo y además porque la misma no puede realizar la audiencia ya que está apartada de la causa.El diputado Quintana, quien seguirá recluido en Viñas Cue, recalcó por su parte que no existe peligro de fuga y tampoco obstrucción de la investigación. Lamentó que existe una justicia selectiva y populista, por trasfondos políticos, ya que será candidato a intendente de Ciudad del Este. “No existe ningún elemento que me puede mantener en prisión”, lanzó. Fue sorteado el juez Julian López para entender en este caso. Se solicitará para mañana una nueva revisión de las medidas cautelares impuestas al político oficialista.	Los estafados por la empresa Mocipar presentaron una apelación contra la llamativa y sospechosa decisión del juez Gustavo Amarilla, quien excluyó de la causa al ministro Dany Durand, pese a que en ningún momento fue denunciado directamente. También los afectados anunciaron que recusarán a la fiscala Stella Mary Cano, quien pidió desestimar las sospechas contra el secretario de Estado.	El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dany Durand, fue excluido de la causa que investiga una estafa de la empresa Mocipar, por pedido de la fiscala Stella Mary Cano, según anunció días atrás juez Gustavo Amarilla.Ante esto, la coordinadora de estafados, Liza Ortiz, confirmó a la 730 AM que piden que se revea la disposición que excluye a Dany Durand, en atención a que se lo aparta del caso sin siquiera existir una denuncia contra él de manera directa, sino que el caso se da contra personas innominadas.La mujer adelantó que presentarán además una recusación contra la fiscal del caso Stella Mary Cano. “Lo que nos hizo es indignante. Usó a los compañeros y creó una demanda que no existe. Perdimos la confianza en ella. La denuncia se hizo en contra de Mocipar, pero este señor (Durand) no sé por qué se dio por aludido y empezó a defenderse. Nosotros nos dimos cuenta que (la desestimación) era una medida para proteger a él, pero uno pues no se puede defender de algo que puede venir más adelante, indicó.El ministro Dany Durand (Urbanismo, Vivienda y Hábitat) fue apartado de la investigación en noviembre pasado, por pedido de la fiscala a pesar de que la denuncia fue presentada en contra de personas innominadas y que integrantes de la asociación de víctimas lo involucran en la estafa porque ocurrió mientras era presidente de la empresa.Según el magistrado Amarilla, la fiscala Cano pidió la desestimación en contra de Durand porque este no tenía injerencia en las decisiones de la empresa, a la que pidió permiso en el 2012, aunque sus acciones recién las vendió en el 2017.Llama la atención que el único favorecido con la desestimación de la fiscala sea precisamente el ministro del gabinete presidencial, ya que “no se habla de ninguna otra persona en el documento”, según el juez Amarilla. Cano imputó al actual dueño de Mocipar, Fernando Román Fernández, por presunta estaba, producción de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. También está imputado un empleado de la firma, Orlando Benítez, por supuesta estafa.	El reglamento interno de la Cámara Baja estipula que cuando un diputado se ausenta de manera sistemática, lo que corresponde es abordar en el pleno y decidir si asume directamente el suplente. Así lo explicó la diputada Kattya González, quien aclaró que sería insólito volver a conceder un permiso para ir a la cárcel, como insólitamente ya sucedió este año. “Nadie habla de manera abierta sobre su situación (de Ulises Quintana), la Cámara se caracteriza por la falta de sinergia para tocar temas con absoluta responsabilidad”, opinó González en conversación con Universo 970 AM. Recordó que la instancia de la pérdida de investidura ya está agotada con Quintana, pues en su momento ya se estudió su expulsión y los legisladores lo salvaron y una persona uno puede ser juzgada dos veces por un mismo hecho. A la Cámara le queda una sesión ordinaria y una extraordinaria que se había solicitado para estudiar la intervención de la Municipalidad de Lambaré. No obstante podría estudiarse el tema dentro de la ordinaria o bien trabajar un día más y hacer una nueva convocatoria. El 6 de diciembre pasado, Rocío Abed ya reemplazó a Quintana, sin embargo, no se aclaró si lo hizo de manera definitiva o provisoria.