El español Fernando Martínez Vela, directivo del Inter Odessa, confirmó a la radio 970 AM que presentará una denuncia contra el ídolo paraguayo, tras divulgarse el informe de la embajada paraguaya en Austria (concurrente en Ucrania), donde el “Chila” sostiene que sus familiares fueron retenidos contra su voluntad en un hotel, se les sustrajo el pasaporte y dinero en efectivo, además de haber sido drogados y violados.	El entrevistado criticó que el exjugador evita hablar con él sobre su denuncia y por lo tanto le aconsejó que se atenga a las consecuencias. “Le digo al señor José Luis que la denuncia que él ha firmado es falsa y que en este país es un delito grave. La Policía y el cuerpo diplomático en Austria confirmaron que todo es falso“, añadió.“Lo que reclamo a José Luis es que haya firmado una denuncia falsa, una mentira, además tiene el coraje a mentir en los medios. Yo tengo pruebas audiovisuales de todos los delitos que cometieron: agresión al travesti, a una chica frente al hotel, como compra cocaína, pide servicios sexuales de prostitutas”, remarcó además Martínez.El extranjero aseguró que una persona de la Presidencia de la República, cuyo nombre no recuerda, se comunicó con él supuestamente para pedirle disculpas por el caso y solicitar que ya no revele más videos del descontrol de los connacionales en Ucrania. “También me dijo que el señor José Luis Chilavert aspiraba a ser presidente de la República y esto mancharía su reputación”, puntualizó.	LO QUE DIJO JOSÉ LUISEl exarquero de la selección paraguaya y familiar de los afectados, José Luis Chilavert, manifestó ayer que no hubo ningún secuestro, pese a lo dicho por el propio Gobierno paraguayo del caso, y explicó que Rolando y su hijo perdieron el pasaporte.“Siempre estuve en contacto con mi hermano Rolando y mi sobrino, si era un secuestro él no iba a tener su celular”, señaló José Luis en comunicación con ABC Cardinal. Por último, agradeció al presidente de la República, Mario Abdo Benítez y el canciller nacional, Luis Alberto Castiglioni, por “dar una mano” para solucionar el tema.	El Presupuesto General de Gastos 2019 para Salud Pública prevé un incremento de 12,5% correspondiente a G 5,4 billones que serán destinados a la compra de medicamentos e insumos médicos por valor de G 1,2 billones. Con el desembolso, también se realizarán mejoras edilicias en los servicios públicos como la construcción de los hospitales de Barrio Obrero y Coronel Oviedo con un monto de G 100.000 millones.Otro rubro que demandará inversión es el Esquema Nacional de Vacunación para el que se destinará G 6.000 millones para garantizar el control y prevención de enfermedades inmunoprevenibles.Además serán instaladas 40 nuevas USF durante este año y completar los equipos de salud de las 801 unidades que no cuentan con todos los recursos humanos necesarios. Con esto se prevé satisfacer la demanda de consultas para 2.813.651 usuarios de USF y 3.562.801 personas que acuden a los hospitales de las regiones sanitarias.	Jorge Samaniego, del grupo Reimpex, charló con la radio 970 AM sobre la adquisición de 40 camionetas pick-up 4x4 y 4x2 para la Policía Nacional, que por sus especificaciones deja por fuera a los vehículos de producción nacional.“Creemos que al ser la única empresa paraguaya con pickups 4x4, pensamos que podríamos estar en participación, pero en las especificaciones técnicas que figuran en los requisitos establecidos en los pliegos, nos excluyen”, dijo.Samaniego explicó que entre los ítems figuran algunos puntos que a su parecer son absurdos. “Ellos querían que la camioneta venga equipada con equipo de sonido MP3 y con entrada para CD, pero eso ya fue superado por el MP5 con entrada para pendrive, que nosotros tenemos. Si el policía quiere escuchar música le pone el pen y escucha, pero eso no le hace (inconveniente) al servicio“, añadió.Así también desde la entidad binacional desean que los rodados vengan equipados con llantas de acero y no de aleación de aluminio, siendo que la Policía sí cuenta con esta última actualmente, de acuerdo con el entrevistado.El empresario indicó que tras mucho insistir logró conversar con el titular de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, quien le prometió hacer las modificaciones necesarias para que pueda participar de la licitación. Sin embargo, no ocurrió tal situación. “Nicanor primero me dijo que hay diferentes productos para diferentes destinatarios y que la Policía necesita vehículos muy sólidos y resistentes. Entonces le dije que nuestros productos son fuertes. Entonces prometió que iban a hacer un peritaje y si el motor entrega la potencia que se requiere, íbamos a poder presentarnos a la licitación”, dijo. “Salí contento de la reunión porque me dice Nicanor porque puedo participar, pero no hubo ningún cambio en el pliego de base y condiciones. Me tomaron elegantemente el pelo”, lamentó Samaniego.	Para el senador Sixto Pereira no corresponde que el Estado Paraguayo se retire de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la demanda de los prófugos por secuestro Juan Arrom y Anuncio Martí. Al mismo tiempo sostuvo que ambos están bajo presunción de inocencia hasta que sean condenados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi.	El legislador del Frente Guasú explicó que el Paraguay se ha comprometido mediante su firma a integrar el citado organismo y debe asumir su rol, aun cuando se esté o no de acuerdo con las sentencias de la Corte, “por lo tanto no creo que corresponda el retiro”. En cuanto a la vinculación de los fundadores del partido Patria Libre en el secuestro de Maria Edith Bordón, Pereira sostuvo que ambos están amparados en la presunción de inocencia hasta que no haya una sentencia definitiva, al mismo tiempo negó todo vínculo político del Frente Guasú con los mencionados.“No tengo afinidad alguna con ellos, ni política ni ideológica, nos conocemos porque Arrom fue dirigente estudiantil en Economía y yo estudiaba Sociología”, agregó.Al mismo tiempo calificó de una mera especulación, al ser consultado sobre un supuesta autoflagelación de Arrom y Martí, con ayuda de los actuales senadores del FG, Esperanza Martínez y Jorge Querey, este último inspeccionó a los mencionados tras su liberación en 2002. Con respecto a la denuncia de privación ilegal y supuesta tortura, Pereira recordó que se denunció por los canales correspondientes y tras la absolución de los policías involucrados, decidieron acudir a instancias internacionales.