Casi US$ 57 millones –al tipo de cambio actual– fue lo otorgado a transportistas desde la implementación del subsidio, en 2011. Desde aquel entonces existieron sospechas de irregularidades, varios procesados y solo una causa elevada a juicio oral.El pago de subsidios se inició con el presidente Fernando Lugo, quien firmó el Decreto N° 6630 para impedir que el precio del pasaje suba. A cambio exigía que se cumplan obligaciones, entre los que estaban al día con las obligaciones tributarias, con el canon por la explotación del servicio público y con el pago por el seguro del Instituto de Previsión Social.	En 2013 se detectó que 25 de las firmas beneficiadas adeudaban US$ 84 millones al Banco Nacional del Fomento (BNF), además de irregularidades en el aporte a previsión social. El entonces presidente Federico Franco rubricó los decretos N° 10765 y 11333, que obligaba asegurar en IPS a dos empleados por cada bus y no figurar en la lista negra del BNF, además de contar con un plan de renovación de la flota y someterse al billetaje electrónico en seis meses.	En 2014, el presidente Horacio Cartes dispuso el aporte adicional de US$ 30.000 para que reemplacen su bus chatarra por uno “0 km”, cuyo costo era de US$ 100.000. Se utilizaron 351 de 500 cupos disponibles. El Gobierno se encargó de la venta del chatarrerío y recaudó US$ 444 millones.	En 2016 imputaron a los responsables de seis firmas ante sospechas de adulteración de sus documentos para cobrar el subsidio. Se trata de las líneas 34, 58, 203 y 110, 232, 454 y 36. Solo la causa de este último fue elevada a juicio oral y público por el juez Gustavo Amarilla.