planteada por la Contraloría, por lo que se remitió a la Corte y la magistrada espera la respuesta de los ministros para luego dictar sentencia, detalló Santagada. La excepción es para que se declare inconstitucional una acordada de la misma CSJ que establece que el amparo es el mecanismo para exigir información pública en caso de negativas.	“(El régimen democrático) debe salvaguardar el derecho a la privacidad e intimidad de las personas, y más aun teniendo en cuenta que estamos hablando de datos privados y personales de personas que ni siquiera pueden ser funcionarios públicos y por ende estas informaciones no revestirían el carácter de información pública”, expresa la jueza en parte de los argumentos de su fallo.