“Un nuevo multinivel que están promocionando en Paraguay, esta vez te hablan de “ganar dinero viajando”: a) Pagas una membresía mensual que supuestamente te dará descuentos en cruceros b) Si reclutas 5 personas ya no pagas la membresía c) Reclutas 30 y empezás a comisionar”, posteó en su cuenta de Twiter Matías Insaurralde, experto desarrollador de software y de seguridad informática. Se refiere al conocido sistema Ponzi de captación de personas que “invierten” una cantidad de dinero, con la promesa de si logra reclutar un determinado número de “inversores”, obtiene comisiones que, en la práctica, no representa sino su propio dinero. Esto hasta que el sistema de reclutamiento colapse, y la gran mayoría es estafada. David Medina, uno de los que presentan el “negocio de ganar dinero viajando”, defendió (tímidamente) la supuesta garantía del conocido sistema. “Hola, buenas tardes Matías. Te agradezco mucho la publicidad. Ahora gracias a vos muchas personas me están preguntando sobre la Cía. Podría RT esto? Un abrazo!!!!”, posteó también en Twitter.Los “emprendedores” del negocio “multinivel”, organizan para el próximo 17 de marzo (en el Shopping Salemma) la presentación del “Club de Vacaciones”, esto es, una puesta en sociedad del sistema Ponzi para “ganar plata viajando”.	La empresa Plastimar I.C.S.A. (MgGregor - Shopping Británico) “advirtió” a la opinión pública que la información del cierre de su fábrica, es una “falacia” que no se ajusta a la realidad.“La empresa sigue y seguirá trabajando con su más de 300 empleados, independientemente de todo tipo de posturas políticas oportunistas de eternos dirigentes sindicales”, aclararon a través de un comunicado.Por su parte, Marcos Ismachowiez, presidente de Plastimar, expresó a Radio Ñandutí que habló con los sindicalistas y éstos le aseguraron que el reclamo es contra el gobierno. “Entonces les pedí que vayan a una plaza, que no mezclen las cosas”, agregó.Contó además que desde el Ministerio del Trabajo se comunicaron con él, preocupados por la situación.Esto surgió a raíz de las	, de la Corriente Sindical Clasista, quien habló del supuesto cierre de la empresa a consecuencia de la crisis económica y que más de 300 empleados quedarían en la calle. El dirigente sindical señaló inclusive que los afectados tienen previsto realizar este lunes una manifestación, con cierre de calle sobre la Avenida Venezuela.	Mazzoleni fue preguntado por esta cuestión tras reunirse con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, para presentar la Estrategia de Cooperación en el País (ECP) para el periodo 2019-2023.La ECP contempla entre sus objetivos para Paraguay la reducción de la mortalidad materna, neonatal e infantil, así como del embarazo en adolescentes.En el país se estima que una media de 650 niñas de entre 10 y 14 años son madres cada año, según los datos del Centro de Documentación y Estudios (CDE).Mazzoleni señaló que el Gobierno se toma “con mucha seriedad” la salud reproductiva “a lo largo de todo el ciclo de vida”, y aseguró que se trabaja para “disminuir las tasas de mortalidad materno-infantil”.Asimismo, se refirió a los embarazos adolescentes como “un problema serio” en el país, cuya solución se debe enfocar en “educación y prevención”.“Hay intervenciones que tienen que ver con educación, sobre todo en cooperación con el Ministerio de la Niñez y con el Ministerio de Educación. Estamos trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con educación y prevención principalmente”, apuntó el ministro.En cuanto al aborto como derecho reproductivo, el ministro de Salud recordó que en Paraguay “actualmente está penado por ley” y agregó que “por el momento” no le corresponde pronunciarse.En Paraguay, el aborto solo está permitido si el embarazo, el parto o el puerperio ponen en riesgo la vida de la madre y esto está “debidamente justificado” por un médico, como establece el Código Penal.Por tanto, el aborto en Paraguay es un delito, que se castiga con penas de entre dos y ocho años de cárcel. Mazzoleni insistió en que este tema no se trató en la reunión con Abdo Benítez y Etienne, y agregó que la OPS no ha emitido ninguna recomendación al respecto.	, la organización de derechos humanos lamentó lo ocurrido a tres cadetes menores de edad que actualmente cursan el 2º Año de la Media en dicha institución.Según refiere en el comunicado, estos hechos pueden ser considerados como “prácticas de torturas en contra de jóvenes que por algún motivo se inscriben en sus filas”. “Nos preocupa de sobremanera que los hechos denunciados podrían ser tipificados como tratos crueles, inhumanos o degradantes, se dan en el lugar donde se instruye a jóvenes a ser bachilleres y graduarse de Subtenientes de Reserva”, señala el texto.Natalia Rodríguez, asesora jurídica de Serpaj, en entrevista con HOY manifestó que se hicieron eco de la denuncia a través de las publicaciones periodísticas y posteriormente pudieron ponerse en contacto con los familiares de los estudiantes afectados.De acuerdo a lo que los mismos habían manifestado, la agresión se dio por parte de un cadete de un curso superior (3º año) que los habría golpeado en la planta de los pies con un palo, hecho que les provocó diversos hematomas en esa zona del cuerpo.Las familias están analizando qué acciones tomar respecto a este hecho, según indicó Rodríguez, por lo que no se descarta la eventual presentación de una demanda o una denuncia penal.“Como una organización abocada a la sensibilización de la población sobre la cultura de paz ya la no violencia activa planteamos el abolicionismo de las Fuerzas Armadas. No estamos de acuerdo en las condiciones en que se da este reclutamiento de jóvenes que en muchos casos se da de manera forzosa. Creemos que deben existir políticas públicas adecuadas para evitar que esto se vea como una solución, esto no soluciona ni el problema del desempleo ni de la falta de acceso a la educación”, expresó.De igual manera, desde Serpaj también están analizando la posibilidad de acudir ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por este y otros casos similares de maltratos a menores de edad en cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio y que fueron registrándose en el transcurso de los últimos años. La organización de derechos humanos exige a las autoridades del Liceo Militar “Acosta Ñu” que ordenen unainvestigación a fondo de lo ocurrido, de manera a sancionar a los responsables y que se tomen los recaudos para evitar que hechos como este se repitan.Asimismo, pide a la Fiscalía que pueda actuar de oficio para poder esclarecer los hechos de tortura a los que habrían sido sometidos los denunciantes y a otras instituciones como el Poder Judicial, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia que puedan realizar las averiguaciones pertinentes y dar seguimiento a la denuncia.