“En cuanto a la desaparición forzada, los elementos de privación de libertad y encubrimiento. En cuanto a la tortura, la severidad, intencionalidad y finalidad. En ambos, el elemento común, es la participación de agentes estatales”, agregó. Sobre este último punto, la Comisión destaca que surgieron fuertes indicios de participación de agentes estatales, de distintos niveles y cargos en lo sucedido a las victimas, “los cuales se sustentan en distintas fuentes”.	Sobre todo, destacó que la Comisión concluyó que la investigación penal que culminó con el sobreseimiento por parte del Ministerio Público y sin control Judicial tuvo las siguientes faltas: no fue iniciada de oficio, se incumplieron los estándares mínimos de debida diligencia ante un hecho de tortura y desaparición forzada y frente a indicios de participación de agentes estatales. “Se trasladó indebidamente la carga de prueba a las víctimas; no se brindaron garantías suficientes de independencia funcional, no fue conducida de manera imparcial”, puntualizó.	Por esos motivos, finalizó, la Comisión decidió brindar la calificación jurídica de los hechos como “desaparición forzada y tortura”, además de enviar un informe y recomendaciones al Estado Paraguayo, el cual rechazó las conclusiones. Por esto último, decidieron someter el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos “por la obtención de justicia y reparación de daños”.	Luego de la declaración de la representante de la Comisión, Arrom brindó su testimonio y realizó todo el relato de lo sucedido durante los días en que supuestamente estuvo cautivo junto con su compañero de movimiento. Aseguró que el objetivo era inculparlos de formar parte del secuestro de María Edith Bordón y miembros del Estado y policías participaron de su secuestro.