La nueva ministra de Justicia, Cecilia Pérez, solicitó al agente fiscal que “la acompañe en este nuevo desafío”, según informó radio 1º de Marzo. Volpe estuvo al servicio del Ministerio Público durante casi 20 años y en los últimos tres, se desempeñó como fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y también formaba parte de la unidad de Crimen Organizado. De esta manera, quedan 13 fiscales antidrogas para todo el país, mientras que para Crimen Organizado tendrá solamente dos agentes para todo el país. LOS FISCALES DEL PODERVolpe es el séptimo fiscal en llegar al poder de la mano de Mario Abdo Benítez. El primero fue Arnaldo Giuzzio, quien fue designado como ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas. Giuzzio se desempeñó como fiscal de San Pedro, también formó parte de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y luego pasó a Anticorrupción hasta el 2012. Paralelamente, trabajó en la investigación del secuestro de Cecilia Cubas y en 2006 pasó a formar parte de la unidad antinarcóticos. Otro exfiscal que ahora ocupa un cargo en el gobierno es Carlos Arregui. El ministro de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero fue fiscal del crimen y también fue Fiscal General Adjunto encargado de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. El coordinador de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando, Emilio Fúster, también pasó por el Ministerio Público. Estuvo en la Unidad Penal Especializada en Seguridad y Convivencia de las Personas y en 2015 también se desempeñó como fiscal anticontrabando. El exfiscal René Fernández ocupa el cargo de ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción. Asumió en reemplazo de Teresa Rojas, quien fue fiscal penal en su momento y ahora se desempeña como ministra de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados. Fernández fue agente de Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. La ministra de la Niñez, Teresa Martínez, prestó servicios al Ministerio Público durante más de 20 años y en 2008, asumió como fiscal Unidad Especializada en la lucha contra la trata de personas.	En contacto con Radio 1000, el comisario Víctor Balbuena informó que hasta las 15:00 de este viernes los aspirantes que no pudieron continuar en el proceso de admisión podrán presentar sus pedidos de revisión de los resultados de los exámenes médicos.El uniformado aclaró que el reglamento de la Policía Nacional establece la prohibición de portar tatuajes en las partes visibles del cuerpo, porque no da una buena impresión. Agregó que se detectó que muchos aspirantes maquillaron sus tatuajes para ser aprobados y presentarse así al proceso de admisión. Cuestionó que muchos aspirantes tenían imágenes de cruces esvásticas y otros que hacen apología a conductas impropias.Respecto al estado físico, Balbuena indicó que solo son aceptados los que tienen entre 17% y 27% de Índice de Masa Corporal, de lo contrario están fuera de los rangos.Si bien dijo que el policía necesita estar en condiciones atléticas por la imagen que presenta ante la sociedad o por su misma salud, es cuestión de cada uno cuidar ese aspecto porque no existe regla para los que ya están trabajando en la Policía. Además consideró que el sobrepeso causa hasta mejor impresión que una persona con tatuajes. “Es diferente un gordito alegre, simpático, que un flaquito tatuado desde la oreja hasta los pies”, refirió.Por otra parte, el comisario comentó que el sistema policial tampoco está preparado para recibir a personas celíacas o que tengan los pies planos. “Va a ser un calvario en el cuartel porque no tenemos comida especial para los celíacos porque hacemos de todo con la harina. Esa es nuestra realidad. Mientras los que tienen pies planos no podrán aguantar las largas horas de vigilia parados”, indicó. Por último insistió que los aspirantes no deben ver esta convocatoria como una opción laboral sino que como una vía de vocación para servir a la ciudadanía.	El hábeas corpus presentada por los abogados Jacinto Nelson de Miranda y Edward Rocha refuta las “teorías” del juez Marcelo Da Costa Bretas para solicitar prisión preventiva contra Horacio Cartes.Una de las menciones que hace el magistrado para reforzar la orden es la carta escrita supuestamente por Darío Messer, dirigida al “patrâo”, en la que solicita 500.000 dólares para el pago de su defensa jurídica en el Paraguay.	Al respecto los abogados arguyen que aunque se partiera de la base que Cartes hubiera entregado ese dinero, aun así no constituiría un delito y los motivos son cuatro.Uno: si la “ayuda” económica hubiera existido, el dinero sería de Horacio Cartes, es decir, de origen lícito.Dos: al no pertenecer el dinero a Darío Messer, no se puede aducir un posible lavado de dinero como se menciona.Tres: cualquier ayuda de dinero entre particulares y para fines lícitos (en este caso, pago de honorarios a sus abogados) es permitida por ley y no constituye un crimenCuatro: la supuesta ayuda para costear los abogados no significa que Cartes estuviera dando auxilio a la organización criminal ni favoreciendo a Messer en su fuga. NO SE JUSTIFICA EL PEDIDO DE PRISIÓNEl pedido de hábeas corpus repasa los requisitos para pedir prisión preventiva y explica se impone una regla simple: puede ser aplicada con la debida fundamentación, por tanto debe ser real, pasible de verificación en el caso concreto, conforme al entendimiento de los tribunales superiores.Debido a esto, el documento califica la decisión de absolutamente nula y por tanto, desprovista de fundamentación idónea en relación al requerido. Arguye que no especifica qué actitudes concretas podrían servir como presupuesto a una conducta ilegal.El hábeas corpus añade que fundamentos utilizados para decretar prisión preventiva son absolutamente genéricos y erróneos. Subrayan que la decisión no dice nada pormenorizado sobre el acusado.Finalmente explican que no se individualiza cuáles serían las conductas de cada sujeto perteneciente al grupo político, ni la participación del citado en la práctica de cualquier actividad delictiva de la organización de Darío Messer. A eso se suma que La Policía Federal solicitó la prisión provisoria y preventiva de otros investigados, sin embargo, en relación a Horacio Cartes, solamente pidió la provisión de informaciones con autoridades extranjerasEl enviado especial del grupo Nación, Jorge Torres, trajo a colación la actuación que tuvieron fiscales brasileños a cargo de investigar el Lava Jato y consideró que les ha dado buen resultado “asustar” a todos los supuestos involucrados con un pedido de prisión. “Les convocan con la intención de que estas personas canten y se vean obligadas a contar detalles del esquema”, expresó Torres.	En charla con la 730 AM, Rolando Alvarenga explicó que inicialmente todos los sindicatos pidieron un reajuste salarial de 260.000 guaraníes para cada uno de los 8.000 trabajadores que posee la municipalidad capitalina. Tras varias negociaciones, se acordó aumentar 140.000 guaraníes para el funcionariado municipal. Esto conllevará que se pague 1.120 millones más al mes, totalizando G. 13.440 millones más que deberá abonarse en un año. “Se evaluó la pérdida del poder adquisitivo del trabajador y por ello se hizo el cálculo en base al salario mínimo, y también hasta dónde la Municipalidad podía hacer frente al ajuste salarial”, justificó cuando se le consultó quién piensa en el contribuyente, quien deberá pagar este aumento. Aseguró que se tiene un buen margen para hacer frente a la suba. Sin embargo, además de haber aprobado el millonario aumento salarial, los concejales dieron su ok para sacar un préstamo de G. 65.000 millones de modo a pagar los salarios de diciembre y aguinaldo, al no contar con los recursos financieros.