El fallo del Tribunal de Alzada se dio por el cumplimiento de la pena mínima, considerando que el marco penal para un hecho de violencia familiar es de 1 a 6 años de pena privativa de libertad. El hombre estuvo privado de su libertad durante un año en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.La abogada Cynthia Lisboa, lamentó las dilaciones que se dieron en la causa que en el 2017, tras una serie de recusaciones a jueces, terminó “durmiendo” en la Sala Penal de la Corte de Suprema de Justicia integrado por Manuel Ramírez Candia, Miryam Peña y Luis María Benítez Riera. Lisboa también cuestionó al Ministerio Público, teniendo en cuenta que durante estos casi dos años no realizaron ningún urgimiento para que se sustancien las recusaciones.La víctima, Norma Beatriz Báez Santacruz, quien también es abogada, quedó totalmente desamparada y asegura temer por su vida ya que la jueza Penal de Garantías Nilda Estela Cáceres, no dispuso que los agentes de la comisaría jurisdiccional realicen controles aleatorios para el cumplimiento de la medida judicial. Esto a pese a que el procesado registra dos desacatos de prohibición de acercamiento.	La víctima dijo que está viviendo una pesadilla porque su expareja tiene para comprar a la justicia porque durante este tiempo vendió los bienes de la comunidad conyugal e inclusive dispuso de su herencia. “Yo no le quería denunciar, solo que no tenía otra opción, así como no me está dejando opción ahora, porque esto es muy denigrante para cualquier persona, para mis hijos”, refirió Báez Santacruz .La mujer declaró que desde que se unió en matrimonio con Erico Ramírez sufrió maltratos físicos y sicológicos, que se convirtieron en una constante amenaza para su vida y la de sus dos hijos menores.