Como una etapa preclusa y una cuestión archivada describió el ministro ejecutivo de la Unidad de Lucha contra el Contrabando, Emilio Fúster, a la amenaza de juicio político contra el jefe de Estado Mario Abdo Benítez.“Yo le digo a esta gente, que dejen trabajar tranquilo al presidente, estamos combatiendo al crimen organizado, yo desde mi unidad combatiendo al contrabando con resultados históricos, nunca registrados en el país”, expresó Fúster.Aclaró que posee todavía muchas herramientas contra los agoreros que pretenden impulsar el juicio político y que hoy no existen argumentos lógicos ni jurídicos para involucrar a Abdo Benítez. A criterio de Fúster, hoy la economía está reflotando mediante el desarrollo de nuevas obras y es importante darle tranquilidad a todos los sectores. En cuanto a la corrupción aseguró que hay una lucha firme sin importar quién sea. “Investigamos hechos, no investigamos nombres”, subrayó.	Julio Fernández, titular de Aduanas, confirmó que el código aduanero establece “premios” para los funcionarios que denuncian irregularidades. Al aplicar las multas a los ilegales, el 50 % del monto va a parar en el bolsillo del despachante que denunció el hecho. Ante esto, el Poder Ejecutivo anunció que presentará un proyecto de ley para modificar la normativa que establece la distribución de multas cobradas a evasores.	En conferencia de prensa, Julio Fernández reconoció que el proceso de repartija de las multas genera indignación en la ciudadanía con justa razón. “Este año hay gente que cobró cerca de 800 millones de guaraníes por las multas en Aduanas”, indicó.Aclaró que la repartija que hacen los funcionarios de su institución es completamente legal, ya que en el código aduanero se establece que el 50% de la multa aplicada al infractor irá para el denunciante y el otro 50% al fisco.“Necesitamos hacer correcciones, porque en el país hay mucha inequidad”, refirió y sostuvo que desde el Poder Ejecutivo se está elaborando un proyecto de Ley para reducir el incentivo a los funcionarios por su buen trabajo, al ser un nivel de premio muy exagerado.Julio Fernández adelantó que el propio presidente Mario Abdo Benítez manifestó este viernes durante un encuentro en el Palacio, su preocupación por la forma en que Aduanas está trabajando y pidió que se corrija cómo se reparte el dinero de la multa.Por su parte, el viceministro de Tributación, Oscar Orué, mencionó que la idea es que los montos tengan un tope, para que los funcionarios “no sean millonarios”. Indicó que aún estudian cuánto será el porcentaje de techo, pero adelantó que podría ser 5 millones de guaraníes al mes, al igual que en la SET. El dinero restante podrá utilizarse para los servicios básicos, salud, seguridad, educación, etc. Actualmente, en Aduanas hay 72 funcionarios sumariados, 100 investigados, 15 imputados y 75 descomisionados.	La intención de modificar la ley electoral proviene del partido Hagamos, mediante un proyecto de ley que contempla la incorporación de un equipo biométrico para la identificación de los electores antes de pasar a la mesa de votación, pero no así para determinar al candidato que escogió. “Esto nos va a ayudar a la aniquilación del tráfico de cédula, porque va a ser una condición necesaria poner el dedo para habilitarle a acceder a las urnas”, dijo Apuril en conversación con Universo 970 AM.Explicó que el cuestionamiento es la supuesta violación del voto secreto porque alegan que se podrá determinar por quién votó cada elector, sin embargo, esto será imposible según Apuril. “La mayoría de los informáticos presumen nomás que eso va a ocurrir, pero no es así, uno va a un local electoral, va a pasar el detector biométrico como si estuviese entrando a una oficina”, comentó el senador.	La viceministra de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Cecilia Pérez, confirmó que este viernes se concretó la detención del director de la cárcel Regional de Ciudad del Este, Alberto Ramon Orella, como consecuencia de la investigación de la Granja VIP de San Pedro.La autoridad señaló a radio 1000 AM que en este caso se describió un esquema donde están involucrados personal penitenciario y judicial, respecto al manejo de los internos.Por su parte La fiscal María Irene Álvarez, interviniente en el caso de la “granja VIP”, explicó que los condenados por narcotráfico llegaron al sitio, que contaba con todas las comodidades, mediante el apoyo brindado por el director de la cárcel de CDE.“Para nosotros hoy existe la presunción de que él habría facilitado ese traslado, a sabiendas de que terminaría facilitando que estas personas estén apostadas en esa seudogranja, y a partir de ahí manejarse con libertades en el territorio nacional, incumpliendo de esa manera lo que es la sentencia recaída en contra de ellos”, resaltó. La granja VIP que funcionaba fuera del recinto controlado de la penitenciaría de San Pedro fue descubierta luego de una intervención fiscal al centro de reclusión por la masacre de 10 internos durante un enfrentamiento entre las dos bandas criminales Clan Rotela y Primer Comando Capital.