El concejal de Asunción, José Alvarenga, explicó que realizó hoy la presentación de dos urgimientos a la Intendencia Municipal, en referencia a lo aprobado la semana pasada sobre las construcción de dos cuencas hídricas para la solución de los desagües pluviales y lo otro, con respecto a la autorización para la habilitación de los espacios necesarios para recibir la donación de Taiwán.Se trata de una donación de US$ 66 millones, que data ya desde octubre del 2018 y que pretenden ser destinados a la construcción de 2.400 viviendas sociales para familias de los bañados.Alvarenga lamentó la poca gestión municipal para destrabar estas dos situaciones. “Es incapacidad, no hay otra palabra. No hay voluntad política, ni ánimos por lo menos de demostrar que hay avances”, dijo el edil en contacto con la 970 AM.“Estamos totalmente sin planificación y eso nos convierte en la ciudad más atrasada de la región. Mario Ferreiro es un estafador de la ciudadanía”, agregó el concejal municipalPor su parte el titular de la Junta Municipal, Óscar Rodríguez, resaltó que primeramente debe darse el acuerdo entre la Municipalidad de Asunción y el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, para que el proyecto habitacional sea tratado por sus colegas.Sostuvo que todavía existen detalles de transferencia de las tierras que deben ser solucionados, así como también la realización de un censo adecuado y correcto de los posibles afectados por el proyecto.	Mario Ferreiro explicó que el proyecto establece la construcción de 2.400 viviendas sociales, específicamente en el área de Laguna Pytã (barrio Tablada Nueva). Para eso, el Gobierno de Taiwán puso a disposición US$ 66 millones como donación.El jefe comunal Manifestó que uno de los inconvenientes por los que atravesaron, es que esa gente hoy no está en sus casas, sino en los refugios. Esto atendiendo a que se necesita la participación efectiva de los pobladores que van a ser afectados.Indicó que tras las publicaciones en los medios, hoy se puso en contacto con el ministro de Urbanismo y Vivienda Dany Durand, con el que acordaron en resolver el punto social y sistema de transferencias. “Estamos abocados que dentro de esta semana se pueda resolver esto”, dijo Ferreiro en comunicación con Radio 1000.Sostuvo que la cuestión no termina ahí, ya que el acuerdo posteriormente debe tratarse en la Junta Municipal, donde se necesita la aprobación de los concejales.Durand lamentó que Ferreiro decidió implementar una traba burocrática para no ceder los terrenos donde serán ejecutadas las obras, ocasionando que Taiwán evalúe destinar el dinero en cuestión a otros proyectos sociales.	El senador Tony Apuril expresó que los escraches dejaron de apuntar exclusivamente a referentes implicados o sospechados en hechos de corrupción. “Se sabe que hay personas y grupos que por un millón o un millón quinientos mil guaranies, se ofrecen para escracharle a cualquiera, aún cuando no tengan elementos que sustenten sus protestas”, señaló Apuril al Programa Celebridades, emitido por C9N.Indicó que incluso en los alrededores del Congreso, hay grupos que ofertan sus escraches al mejor postor y contra quien sea.“Es una realidad que se instaló”, agregó el congresista, al tiempo de poner la nota en un epìsodio que sufrieron integrantes de su agrupación, por parte de personas que escrachan sobre pedido.OTROS AMBITOSLa existencia de grupos que ofertan sus “servicios” de escrache, también se visualiza en ámbitos extrapolíticos. En ese sentido periódicamente se puede observar pasacalles y pintatas en donde se escracha a mujeres y hombres que presuntamente incurren en infidelidades conyugales o de pareja, y son víctimas del escarnio público. Los pasacalles, carteles o pintatas, en estos casos se instalan habitualmente en horas de la noche o madrugada, en lugares de alta concurrencia (tanto de automovilistas como transeúntes) que visualizan distintos mensajes que enlodan imágenes y “honores” de damas y caballeros.	Villamayor se reunió este lunes con el presidente Mario Abdo Benítez, y con representantes del BID para evaluar la ejecución de ese préstamo inicial de 20 millones y plantear nuevos frentes dentro de la seguridad del Estado.“El préstamo original es de 20 millones de dólares, un crédito aprobado en 2017 y que nosotros estamos ejecutando (...). Hay otros escenarios y componentes que son necesarios también”, dijo a los medios el ministro.“Acá se está trabajando en un laboratorio que es muy importante para el área criminal, comisarías amigables, equipamiento, un área de formación… pero necesitamos profundizar esto”, añadió.Villamayor aseguró que esos montos del BID contribuirán a construir “mayor integridad” dentro de la Policía, la cual aseguró que sufre “una crisis de credibilidad” desde hace años.A primeros días del año, Villamayor reconoció que el cuerpo de Policía está “inficionado por la corrupción” de forma “transversal” y “en un porcentaje importante”.En ese sentido, los representantes del BID coincidieron en que en el país existe una falta de institucionalidad dentro de los sistemas de seguridad, que además precisan modernización y necesitan recuperar la confianza de la ciudadanía.“El fortalecimiento de la institucionalidad pasa por multiplicar confianza entre ciudadanos e instituciones. Habrá que ver qué ha quebrado esa confianza, pero nuestro mensaje es que no se puede ver de manera catastrófica y fatal”, comentó ante los medios el consultor del BID y exvicepresidente de Colombia Óscar Naranjo.Para volver a tejer esa confianza entre ciudadanos y agentes, Naranjo señaló que debe existir “una lógica rendición de cuentas que asegure la transparencia del cuerpo de Policía” y que se cree un clima que evite la percepción de inseguridad “basada en opiniones”.El programa del BID se enfoca en la seguridad en líneas generales, sin entrar en cuestiones o grupos específicos de cada país, como en el caso de Paraguay, que cuenta con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).“No tenemos un componente de estrategias contra el crimen organizado en particular; lo que tenemos es una agenda centrada en elevar las capacidades, en elevar el capital humano y profesional de la Policía Nacional y que para ello tengan un despliegue que les permita enfrentar el crimen organizado y la seguridad ciudadana”, añadió Naranjo.La especialista principal y coordinadora de Seguridad y Justicia del BID, Nathalie Alvarado, agregó que el banco trabaja desde “la asesoría y el apoyo técnico”.