“Es una vergüenza y una locura lo que está haciendo esta sala del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Evidentemente es un atropello total a los estatutos del partido”, manifestó el diputado Pedro Alliana, en comunicación con Universo 970 AM, en relación a la resolución que insta a aceptar candidaturas que fueron inscriptas a destiempo o incompletas de cara a las elecciones juveniles.Alliana sostuvo que detrás de esta resolución evidentemente hay presión de “viejos políticos” que buscan embarrar la realización de las elecciones juveniles de la ANR, previstas para el próximo 15 de diciembre.El titular de la ANR dijo que se deberá esperar una sentencia final, entre las próximas 24 o 48 horas.Anunció además que estará convocando a la Comisión Ejecutiva de la ANR para emitir un pronunciamiento oficial, atendiendo a que los plazos no son suficientes para una postergación de las elecciones.Alliana explicó que jóvenes que fueron afiliados recientemente y no cumplieron en tiempo y forma con los requerimientos establecidos, son los que ahora la Justicia Electoral pretende validar. “Realmente es lamentable la injerencia que hay en esto”, sentenció.	Chechito López, candidato a presidente de la Comisión Central de la Juventud Colorada por Jóvenes con Honor, presentó una denuncia contra los jueces que firmaron la resolución favoreciendo al Movimiento Fuerza Renovadora Republicana para completar listas fuera del calendario establecido, beneficiando así al equipo oficialista en las elecciones juveniles del partido.“Esta era una elección limpia, pero vinieron estos jueces a ensuciar. Se denota la parcialidad, el tribunal se arropó atribuciones que no se corresponden”, dijo y señaló que hubo injerencia directa del movimiento Colorado Añetete. Chechito López manifestó que con esta arbitrariedad se pone en riesgo la realización de las próximas elecciones juveniles.	lourdes.pintos@gruponacion.com.pyLa Dirección Nacio­nal de Correos del Paraguay (Dinacopa) miente al afirmar que la ase­sora jurídica Delia Noemí Guerrero ingresó al ente ya después de que su marido Ronald Ariel Díaz haya sido contratado como proveedor del servicio de transporte de valores de la institución.A través de documentaciones a los que accedió La Nación, se puede comprobar que la mujer está en la Dinacopa ya desde el mes de julio del año pasado (2018), ya que formó parte del equipo de transi­ción con el que arrancó la nueva administración del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez.	En ese entonces, era otra la empresa encargada del tras­lado de dinero de una entidad a otra. Recién a inicios del mes de setiembre se realizaron los cambios y fue adjudicada la firma RD Consultora Adua­nera, cuyo propietario es nada menos que el esposo de la ase­sora. Por ende, resulta prácti­camente imposible que la con­tratación se haya dado antes del ingreso de su mujer al ente.A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la dirección general de la Dina­copa días pasados salió al paso de la investigación publicada por este medio, en la que se denuncia que el marido de la funcionaria en cuestión fue beneficiado con el millonario contrato, sin haberse hecho un concurso para su contratación.Al respecto, el documento manifiesta que “la abogada Delia Guerrero, esposa del señor Ronald Ariel Díaz, actual asesora jurídica de nuestra institución, no for­maba parte del plantel de funcionarios de la Dina­copa, ni siquiera era funcio­naria pública al momento de la contratación de la firma RD”. Pero existe una resolución que contradice estas afirmaciones.	Se trata de la Resolución Nº 782, del 18 de julio del 2018. Este documento hace refe­rencia al Decreto Presiden­cial Nº 9.020 del 4 de junio de ese mismo año, por el cual se crea el equipo de transición a fin de realizar las tareas con­cernientes al corte y traspaso administrativo en las insti­tuciones dependientes del Poder Ejecutivo y se desig­nan coordinadores. En la lista de nombres de los integran­tes del equipo, aparece ya la actual asesora jurídica Delia Noemí Guerrero.Si bien es cierto que el nom­bramiento de Guerrero se dio recién tres meses des­pués, el 21 de octubre de ese año, con la aparición de estos documentos incluso aumenta la sospecha de un posible intento de encubrimiento de las irregularidades denuncia­das por este medio por parte de las autoridades de la insti­tución, cuyo director es Luis Fernando Servín.IRREGULARIDADESUna de las irregularidades detectadas en la Dinacopa es precisamente la contra­tación de Ronald Díaz para prestar el servicio de trans­porte de caudales de la Dirección de Correos. Si bien es cierto que la Ley 2.051 “De Contrataciones Públicas” excluye del llamado a licita­ción las contrataciones de transporte de correo inter­nacional y las de transporte interno de correo, el artículo 21, inciso f, solo menciona a estos dos servicios, no así a la contratación del servicio de transporte de valores.	Además, la Ley 1.626/2000 “De la Función Pública”, en su artículo 60, inciso h, clara­mente prohíbe al funcionario público “intervenir directa­mente, por interpósita per­sona o por actos simulados, en la obtención de concesiones del Estado o de cualquier pri­vilegio por parte del mismo, que importe beneficio propio o de terceros”; en este caso, el beneficiado es el marido de Delia Guerrero, la asesora jurídica de la Dinacopa.	En la tarde de este jueves, jóvenes de varios movimientos internos del Partido Colorado se manifestaron frente a la Junta de Gobierno, en repudio a la resolución de la Sala de Capital de la Justicia Electoral, el cual ordena al Tribunal Electoral Partidario la inscripción de candidaturas que no fueron habilitadas por estar extemporáneas. José Molinas, candidato del Movimiento Compromiso Joven, manifestó que la candidatura en conflicto pertenece al movimiento Fuerza Renovadora Republicana que postula como presidente de cara a las elecciones juveniles a Marcelo Centurión.	Molinas señaló que la senadora Lilian Samaniego y el concejal de Asunción, Julio Ullón, son los que están detrás de dicho movimiento y son los que presionan a la Justicia Electoral para que puedan ser habilitados. “Para nosotros es un atropello al trabajo que vienen realizando los jóvenes”, señaló en comunicación con Universo 970 AM.Fotografías y videos se viralizaron en las redes sociales, donde se los ve a Samaniego y Ullón, arengando a los integrantes del movimiento en cuestión y festejando la resolución de la Justicia Electoral.#DicenQue Jaime es muy amigo de Julio, nunca le negó nada. Une con flecha…	November 7, 2019 Por su parte, Maxi Barrios, del movimiento “Jóvenes con Honor”, expresó que las candidaturas tenían un plazo de inscripción hasta el 1 de octubre y que lo que corresponde es apelar a la resolución de la Justicia Electoral. “Los dinosaurios del Partido están queriendo meter mano en las elecciones juveniles. No es sano que quieran seguir con la vieja política”, lamentó el dirigente juvenil.El TEP de la ANR fue notificado del acuerdo y sentencia N°50 del Tribunal Electoral de la Capital -Segunda Sala, en donde hace lugar a la demanda presentada por el “Movimiento Fuerza Renovadora Republicana” en contra de resoluciones emitidas por el organismo electoral partidario.	November 7, 2019 A su vez, el apoderado de la ANR, Eduardo González, sostuvo que con esta situación se retrotrae el proceso electoral y será complicado que se tengan los boletines de votos para las elecciones que deben desarrollarse el 15 de diciembre.Ante esta situación, González, indicó que las elecciones juveniles podrían ser suspendidas. “Lo que está ocurriendo crea un nefasto antecedente, dentro del sistema electoral mismo”, subrayó.Por último, el titular de la ANR, diputado Pedro Alliana, lamentó que los reconocidos políticos estén queriendo embarrar estas elecciones juveniles. “Estos jóvenes lastimosamente llegaron a destiempo y están fuera de las elecciones”, precisó.Apuntó además a que los comicios corren riesgo de ser suspendidos a consecuencia de este conflicto. “Una locura lo que hizo una vez más sala (de capital) de la Justicia Electoral. Es una barbaridad, es ir en contra de los estatutos del Partido y un proceso que llevó adelante el Tribunal Electoral Partidario”, sentenció.