Núñez, quien actualmente se encuentra en Londres donde realiza una maestría en políticas públicas y salió al paso de la publicación difundida hoy en el diario Ultima Hora, en la que se habla de 27.000 viviendas construidas durante su administración, cifra que fue desmentida por la ingeniera.La exministra dijo contar con documentos que sustentan la construcción de un total de 37.000 viviendas, 30.000 concluidas y las 7.000 restantes en fase de ejecución, según Núñez, cada proceso esta debidamente detallado a modo de monitorear el avance de cada uno de los proyectos de vivienda.Tras la difusión de los datos, la exministra contactó con Dany Durand a fin de conocer en que se basaron para dar la cifra de 27.000 viviendas, “no me dio una respuesta concreta, por lo tanto desconozco los argumentos, tampoco hubo auditoria, el ministro está repitiendo cifras que alguien le está acercando pero sin sustento alguno”, fustigó en contacto con Radio Monumental.Para Núñez, afirmaciones de este tipo dañan la imagen tanto suya como del equipo que la acompaño en su gestión al frente a la SENAVITAT, e instalan la desconfianza hacia la institución.Insistió en que la administración actual tiene la obligación de difundir datos certeros sobre el estado de los proyectos en ejecución y por sobretodo culminar las obras pendientes, teniendo en cuenta que transcurrieron ya cinco meses de la nueva administración.“Las 7.000 viviendas tienen que estar culminadas o en fase de culminación, especialmente las urbanas cuya construcción es mas rápida a diferencias de las viviendas rurales”. En otro momento dijo que esperará la respuesta de Durand o en caso contrario, solicitar los datos por medio de una nota formal, “espero que se me remita todo eso para tener un mayor conocimiento, sobretodo para saber si fue una cifra irresponsable que se lanzó con ligereza, sin tener conocimiento pleno de lo que está pasando”, apuntó.	Considerado un experto en crímenes por encargo, también tiene en sus antecedentes haber participado en el secuestro del ganadero brasileño Américo Botelho Vieira y su administrador Pedro Pereira, el 22 de agosto del 2008.Conforme datos proveídos por la policía, Osorio González sería uno de los principales ejecutores de muertes por encargo, en la frontera paraguaya- brasileña.“Era uno de los últimos prófugos del secuestro de Américo Botelho y su administrador, ocurrido en agosto de 2008. Se trata de un peligroso sicario que trabaja con el crimen organizado en Yby Yaú y Horqueta”, expresó el subcomisario Jorge Olmedo, del Departamento Antisecuestro a medios de prensa de la zona fronteriza.La característica del asesino, según señalan los investigadores, es la alta efectividad para perpetrar los asesinatos y desaparecer del escenario del crimen. “Cometía ajusticiamientos a pedido de diversas organizaciones criminales. Era uno de los más buscados por la policía”, señalaron autoridades policiales, tras confirmarse su arresto.	El senador y exministro de Salud, Antonio Barrios, confirmó a la 970 AM que este miércoles se comunicó con el diputado Pedro Alliana y éste le manifestó que está en condiciones para seguir con su tratamiento.Señaló que el diputado Alliana padece una enfermedad hematológica compleja, pero está teniendo una evolución favorable. “Él está con muchas fuerzas para continuar con su tratamiento. Está respondiendo favorablemente a la quimioterapia” Sostuvo también que mucha gente está ansiosa por conocer su estado de salud, al tratarse de una persona muy querida y respetada. Pero, que hay que entender que pueden darse inconvenientes normales durante el tratamiento, atendiendo a la complejidad de la enfermedad.Esta aclaración del senador Barrios, se da luego de que el diputado Antonio Buzarquis haya manifestado que Alliana se encuentra en una “situación bastante delicada”. El diputado se encuentra internado en el Hospital Sirio Libanés en Sao Paulo, desde la última semana de diciembre y se estima que seguirá por varios días más, hasta cumplir con la totalidad del tratamiento.	Así lo informó hoy a los medios el diputado liberal y presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Antonio Buzarquis, quien destacó la importancia de este nuevo Servicio Civil Obligatorio para los objetores de conciencia como herramienta de “capacitación laboral”.El anteproyecto, en su artículo tercero, explica que el objetor de conciencia deberá presentar una declaración oficial y, una vez sea aprobada, estará “obligado a prestar Servicio Civil Obligatorio en beneficio de la población civil en centros asistenciales designados”.En ese mismo apartado se señala que se promoverá fundamentalmente la ejecución de proyectos ambientales como la reforestación.Para esas tareas de reforestación, Buzarquis señaló la importancia de la colaboración tanto de las gobernaciones y municipalidades como del Instituto Forestal Nacional (Infona).“Me encantaría ver un ejército de 30.000 jóvenes reforestando la república del Paraguay”, expresó Buzarquis, quien recordó el problema medioambiental que atraviesa la región del Chaco, una de las más afectadas por la deforestación.Entre las instituciones reconocidas incluidas en el anteproyecto figuran centros de enseñanza pública, hospitales, organismos estatales de beneficencia, acción social y emergencia, así como oenegés y entidades privadas sin ánimo de lucro.Según recoge el documento, los jóvenes objetores dispondrán de un plazo de 20 días tras haber sido convocados por las Fuerzas Armadas para presentar su declaración ante el Defensor del Pueblo, en la que plantearán una propuesta de servicio comunitario que no será vinculante.El anteproyecto de ley también plantea la creación de un Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, integrado por el defensor del Pueblo, el Ministerio de Defensa, miembros del Parlamento y representantes de los objetores.Este nuevo organismo será el encargado de recibir las declaraciones de objeción de conciencia, comunicarse con las Fuerzas Armadas, determinar las condiciones del Servicio Civil y emitir informes sobre su cumplimiento, entre otras funciones.Como resultado del trabajo comunitario, los jóvenes recibirán un certificado de cumplimiento, lo que les eximirá de “abonar cualquier tasa militar”, contemplada en la actual Ley del Servicio Militar Obligatorio que fue aprobada en 1975.Sin embargo, el texto sí contempla el abono de un “gasto administrativo” que, según Buzarquis, será inferior a las multas actuales y se reinvertirá en acciones sociales destinadas a los jóvenes.El diputado liberal no aclaró el presupuesto necesario para llevar a cabo esta iniciativa, ni el tipo de sanciones que se aplicarán a aquellas personas que se nieguen a participar ni en la formación militar ni en la civil.Para Buzarquis, el anteproyecto es un paso para compensar el “déficit” que presenta Paraguay en cuanto a la “mano de obra cualificada” y favorecerá la “reinserción laboral” de los jóvenes.Además, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso tendió su mano al Defensor del Pueblo y a las organizaciones civiles que trabajan paralelamente en la redacción de otros anteproyectos de ley para “juntar todas las propuestas” y armar una “mesa de trabajo” conjunta.“Queremos dar la vuelta a la página, mirar hacia el futuro y decirle a los jóvenes paraguayos: acérquense a trabajar con nosotros en este proyecto de ley”, añadió.