En esta misma columna, hace unos dos meses atrás, habíamos adelantado que el resultado de la “auditoría” del Ejecutivo a la gestión de Patricia Samudio estaba previamente cantado. Lamentamos profundamente el no habernos equivocado, pero esperamos estarlo ampliamente al señalar que en el Ministerio Publico la denuncia penal correrá la misma suerte de la “auditoría”. Aunque la extraña y dilatada tardanza en la designación de un agente fiscal, el silencio sobre los avances de la investigación a la titular de Petropar, entre otros indicios, nos hacen creer que la “justicia” será selectiva en este caso.	La “auditoría” a Petropar realizada por el exconcejal asunceno, Carlos Arregui, devenido en asesor de transparencia del Ejecutivo, cumplió con el objetivo de blanquear las irregularidades denunciadas contra Patricia Samudio. Estaba presupuestado que el informe de la Auditoría apunte a poner paños fríos a la denuncia penal instaurada por los operadores de las estaciones de servicios del ente petrolero estatal. Como diría el ministro Juan Ernesto, es “muy divertido” ver que el Ejecutivo “audite” a su principal financista de la campaña electoral, y que además dicha auditoría -que puso énfasis en la administración pasada- no haya contemplado la documentación correspondiente, ni haya contrastado sus “hallazgos” con la versión del ex titular de Petropar. Para Eddie Jara, ex presidente de Petropar, “el informe ya estaba preparado desde el vestuario. Había una orden de allá arriba con lo que debía decir. Es un informe mentiroso y las personas que están llevando adelante esto, tienen una responsabilidad muy grande”. La administración anterior del ente petrolero estatal le quitó la participación del mercado a los emblemas privados. Petropar pasó del 0,5 por ciento al 13 por ciento de participación, se convirtió en la marca preferida de la gente, porque pasó de vender seis millones de litros a 36 millones a través de las redes de estaciones de servicios. Ese crecimiento permitió que la petrolera estatal se convierta en el regulador natural del mercado. Petropar antes era la primera en bajar el precio de los combustibles, situación muy diferente a lo que se vive hoy, porque los precios comienzan a bajar en el sector privado y Petropar recién lo hace luego de una larga presión ciudadana. Petropar perdió totalmente su rumbo, quizás ese era la estrategia planteado desde el 15 de agosto de 2018. En cuanto a la administración de la actual titular del ente estatal, Patricia Samudio, la “auditoría” de Arregui afirma puntualmente que no se encontraron hechos que sean penalmente relevantes. ¡Qué tal!, era o no un resultado anunciado.	Casi como si fueran parte de la rutina diaria de la capital del Paraguay, los miembros de los pueblos originarios volvieron a ocupar las calles de Asunción, hace casi dos meses están en la ciudad solicitando reivindicaciones para sus comunidades. Hombres, mujeres, y niños pertenecientes a tres grupos de indígenas acampan en diferentes puntos de la capital paraguaya y salen a diario a exigir la atención del Gobierno, cómo es posible que tras sendas reuniones con referentes gubernamentales aún no se logre encontrar una respuesta aceptable a los pedidos de este sector de la población, el más olvidado.	Nadie parece escuchar el clamor de los miembros de las comunidades indígenas, a pesar que marcharon por las calles del centro asunceno, protestaron en la Plaza de Armas, así como frente a las sedes del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y del Congreso Nacional. A pesar de todas las medidas de fuerza que realizan, los miembros de estos pueblos originarios movilizados todavía no reciben respuestas de parte de las autoridades a las que elevan diariamente sus reclamos.Son miembros de unas 10 comunidades indígenas, provenientes de diferentes puntos del país, están ocupando la Plaza de Armas (frente al Congreso nacional), las calles de la antigua sede del INDI, y la Plaza Uruguaya. Todos ellos coinciden en un reclamo, la renuncia de Ana María Allen, presidenta del INDI, consideran que desconoce su función y no defiende sus intereses frente a empresas que invaden sus tierras ancestrales. El Gobierno respondió apoyando a su funcionaria y advirtiendo que no aceptaría ningún "diálogo condicionado" con las comunidades.La población indígena de Paraguay asciende a unas 120.000 personas, el 76 por ciento de ellas vive en situación de pobreza extrema, según datos oficiales, debido especialmente a la expropiación de sus tierras. Paraguay tiene también la mayor concentración en la propiedad de la tierra del mundo, el 90 por ciento de la tierra están en manos del 5 de los propietarios, según la organización internacional no gubernamental Oxfam.El problema de las tierras ancestrales y de la reforma agraria frente al modelo de la agroindustria, es un debate inacabado en el país. La brecha enorme sobre la tenencia de la tierra, marca la hoja de ruta, más allá de las buenas intenciones de los gobernantes y parlamentarios de turno. Se requiere un cambio profundo en la legislación para romper con la propiedad privada ociosa y aquella que es nefasta para la salud.La pobreza en el campo es evidente, las tomas de tierras, el desalojo de pueblos originarios de sus tierras ancestrales son el resultado de la “omisión” de los representes electos por la población. Estos elementos son el caldo de cultivo de la insatisfacción de la gente en el campo por que generan pobreza, la cual tarde o temprano se traslada a las ciudades formando los cinturones de miseria. El reclamo que por casi dos meses impulsan los miembros de los pueblos originarios, en la capital del Paraguay, es el síntoma de un problema de larga data, la inequidad en la tenencia de la tierra y la pobreza como efecto de la misma. Este es un problema social “ignorado” por el poder político, pero que tarde o temprano debe ser resuelto, porque la falta de condiciones básicas para vivir con dignidad, en el campo y la ciudad, son como la dinamita presionada, tarde o temprano estalla.	La celebración del año nuevo quedó atrás, como ciudadanos y país iniciamos un nuevo periodo de desafíos. La paz es uno de los principales pedidos que realizan diferentes sectores al Gobierno; Edmundo Valenzuela, en la primera misa del año, advirtió a los dirigentes políticos que “la mala política solo genera odio y violencia”, es decir continuar con la política de odio lanzada desde el Gobierno ya no es una opción. El Gobierno terminó su periodo para ordenar la casa a su gusto y paladar, ahora es el momento que inicie la ejecución de los proyectos prioritarios que está esperando la gente. Además de la paz, los desafíos del Gobierno para el 2019 están encabezados por la educación, la salud, el trabajo y la seguridad.	Paraguay necesita una revolución educativa para apuntalar el futuro, esta es la base para la construcción del país que queremos tener en el mediano plazo. Eso se cruza con la matriz económica, productiva y comercial establecida en la estrategia de las políticas de Estado para construir el país que pretendemos tener en el futuro.Apuntalar la salud pública es una prioridad que no puede esperar. Debemos iniciar el cambio de un sistema de salud reactivo por uno de prevención y previsión de las enfermedades más frecuentes en el país. La falta de insumos y medicamentos debe terminar, hay que recurrir a la tecnología para el control del stock, su distribución y uso. Sobre todo, el Gobierno debe apuntar al acceso universal a la atención de la salud de calidad para todos nuestros compatriotas.En materia laboral el Poder Ejecutivo debe empeñarse fondo no solo en facilitar la creación de más fuentes de empleo, sino también en reducir ostensiblemente el 64% de puestos informales laborales, y entregar a la gente la opción para salir de esa situación irregular, sin cambio radical en este aspecto solo es retroalimentar la informalidad laboral.La seguridad ciudadana es otro eje prioritario reclamado por la gente. El Gobierno bien podría retomar las políticas y prácticas exitosas que se ejecutaron en el pasado Gobierno, donde los índices de criminalidad tuvieron serias caídas. El Grupo Lince fue el principal brazo para esos resultados, al punto que en febrero del 2018 se registro cero denuncias por acciones de los motochorros.Además, está el reclamo de la lucha exitosa contra el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que ya le dio una pequeña muestra al Gobierno lo que es capaz, con solo tres incursiones letales. Asimismo, se exige dl gobierno trabajar en las políticas y acciones que le brinde a la gente paz en el país y en el campo, y seguridad jurídica.Luego está el cumplir en serio con las necesidades de varios sectores. Uno de ellos es el de los indígenas, grupo social postergado por décadas. Garantizar sus tierras ancestrales, su lengua, aplicar las opciones productivas necesarias para su subsistencia sin que estas invadan y rompan su cultura, esa debe ser la meta.Los temas sociales también deben ser fortalecidos, procurando que los de carácter asistencialista desaparezcan, por la fuerza de que los beneficiados empiezan a depender menos del Estado y este le haya facilitado a la gente las posibilidades de desarrollarse por su propia cuenta.Finalmente, aunque hay mucho más por decir, está el manejo equilibrado y responsable de los recursos públicos, es decir recaudar bien y gastar bien el dinero de la gente. Si la economía está bien, todo es más visible y controlable. Empezamos nuevos desafíos, todos debemos estar a la altura de poder cumplir las metas, y el Gobierno tiene la responsabilidad de pacificar el país y facilitar que la gente alcance un mejor nivel de calidad de vida.	La salud, el trabajo y la paz albergan en si una serie de anhelos que como personas, empresas y país esperamos para el 2019; al Gobierno le corresponde facilitar la obtención de estas esperanzas, y sinceramente esperamos que finalmente el Poder Ejecutivo logre arrancar con su gestión. La seguridad es el sinónimo de certeza, confianza y tranquilidad. Este es un bien altamente preciado, y debe ser la primera prioridad del Gobierno en el 2019 para garantizar la seguridad ciudadana, pero también la económica, la jurídica, comercial, entre otras. En los últimos cuatro meses la seguridad pasó a ser la mayor falencia del Gobierno nacional, la guerra desatada desde el Poder Ejecutivo a lo interno de su partido político debe terminar, porque los efectos de la misma no solo los divide, sino que también afecta al resto de los ciudadanos, en todos los ámbitos. Sin la certeza y la paz es inalcanzable cualquier proyecto, es momento de dejar de parchar para avanzar, es el momento de solucionar para crecer, la pelota esta en la cancha del Gobierno. La salud es el otro bien altamente preciado por la gente, y va de la mano con la calidad de vida de los ciudadanos, esta calidad a su vez hace referencia no solo a la vitalidad del cuerpo, sino también a la de la mente. Estar sanos posibilita mejores opciones de rendimiento laboral, pero también permite jóvenes creativos, críticos, productivos, ahorro presupuestario para las familias y el Estado. La salud es la otra falencia del Gobierno y por la cual la ciudadanía mantiene la esperanza que esta mejore el próximo año. Sin la salud del cuerpo y de la mente los demás anhelos son imposibles de logarlos. La capacidad plena de un país y sus habitantes para producir, para forjar su desarrollo, es decir para trabajar ayudan a cerrar el ciclo de las esperanzas prioritarias de la gente. Este anhelo también debe ser otra de las principales prioridades del Gobierno, un país con certeza y con salud está en plenas condiciones de producir; pero primero debemos de tener claro qué tipo de país queremos ser y a partir de ahí planificarnos, ponernos metas y trabar como ciudadanos y Gobierno con la mirada puesta en el cumplimiento de esos objetivos. La salud, el trabajo, y paz atraviesan todo y la obtención de ellos deber al unísono, es decir cada uno de ellos son una condición