La Dirección General de Gabinete incorporó este jueves a tres asesores y un diseñador gráfico, mientras que la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud fichó a un consejero. Todos los contratos serán por seis meses. Geraldine De Mestral Rivarola, diseñadora gráfica, prestará servicios a la Dirección General de Gabinete por un sueldo de G. 19.800.000. Por otro lado, Ross Nicoll Ferguson Collins percibirá G. 30.000.000 por asesoría técnica. En el mismo cargo, Francisco Prisciliano Riveros Núñez tendrá una remuneración mensual de G. 24.000.000 y Claudia María Palazon percibirá G. 45.000.000. Por otro lado, la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud fue contratado Luis Enrique Ramón Bolaños Zarza por G. 24.000.000 mensuales. Riveros Núñez se desempeñaba anteriormente como informático en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (ex Senavitat). De acuerdo con documentos a los que pudimos acceder, fue trasladado y nombrado en el Ministerio de Salud con un sueldo de G. 8.900.000, bonificaciones por G. 2.699.000, más horas extras y adicionales por un total de G. 6.100.000. Percibía en total G. 17.699.000 y con la nueva disposición, su salario tendrá un adicional de G. 6.301.000, totalizando los G. 24.000.000 mencionados previamente. De acuerdo con el exministro de Salud, dr. Carlos Morínigo, esta es una situación que se vive desde el periodo de transición. “Hay gente del primer anillo de Salud que no tiene idea de lo que es la administración en salud pública es por eso que se llenan de asesores sin darse cuenta de que dentro de la casa hay gente valiosa que puede llevar adelante el Ministerio. Tenemos técnicos excelentes, no necesitamos importarlos con jugosos salarios”, criticó en conversación con Diario Hoy. La salud pública se encuentra en crisis. Según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente en Paraguay hay 22,5 agentes de salud por cada 10.000 habitantes. El 70% del personal de blanco se encuentra en Asunción, donde solamente reside el 30% de la población, dejando así a casi todo el territorio nacional sin atención médica de calidad. “Con la situación que estamos atravesando hoy en día, no hay necesidad de contratar estos recursos humanos. Es una mala utilización de recursos y se debe justificar”, sentenció el exministro de Salud y añadió que las contrataciones por la vía de la excepción solamente se justifican cuando se trata de personal de blanco.	La aplicación de sustancias de relleno, hilos tensores, extirpación de lesiones de piel, lipolisis de papada y modelación de nariz son algunos de los procesos estéticos que cita el comunicado emitido por la Dirección General de Control de Profesionales, Establecimientos y Tecnología de Salud.En el documento establecen que odontólogos, licenciados, químicos, farmacéuticos, fisioterapeutas y peluqueros no tienen la autorización para realizar los procedimientos citados. Cualquier tipo de cirugía o proceso invasivo está limitado exclusivamente a dermatólogos o cirujanos plásticos. El dr. Héctor Enciso, director general Control de Profesionales, Establecimientos y Tecnología de Salud, precisó que actualmente se encuentran trabajando en conjunto con la Superintendencia de Salud para investigar establecimientos no habilitados para estos procedimientos.“Nosotros enviamos una notificación cuando se organizan cursos de procedimientos estéticos si constatamos que el profesional que lo dictará no está habilitada y queda en cancha de los organizadores cambiar al disertante o suspender el curso”, explicó Enciso a Radio Universo. Agregó que no solamente los consultorios que realizan estas cirugías o inyecciones deben estar registrados en el Ministerio de Salud, sino también las peluquerías, spa y centros de estética. La habilitación emitida por la cartera estatal debe ser renovada periódicamente de la misma manera en la que se realiza el registro de los profesionales médicos. Enciso comentó que se dieron ya varias personas acudieron a denunciar que los procedimientos estéticos que se realizaron “no quedaron como esperaban” y solicitaron sanciones para quienes los practicaron. El director general advirtió que la Superintendencia de Salud tiene la potestad de clausurar los establecimientos que no estén habilitados para realizar estas intervenciones. El caso que más revuelo causó fue el de Gloria Angélica Calonga, quien falleció en marzo pasado luego de haberse aplicado dos inyectables de lo que habría sido vitamina C para aumentar la masa muscular de sus glúteos. De acuerdo con la investigación, la esteticista no habría estado habilitada por el Ministerio para realizar este procedimiento.	“El propio hueso de la nariz, que es un hueso no consistente, está ‘curubicado’. Tiene golpes oculares y perforaciones en el tórax”, explicó respecto a las múltiples heridas del pequeño. Agregó que durante el día realizarán más estudios de monitoreo y sostuvo que pese a los diversos traumatismos, el estado del niño no es extremadamente grave. Respecto a la madre, el doctor Saldívar comentó que las laceraciones que sufrió en las piernas al tratar de defender a su hijo no revestían gravedad, por lo que fue dada de alta y aguarda la evolución de su hijo. Ayer, cerca del mediodía, la mujer de 40 años y el menor fueron atacados por dos perros, uno de la raza bulldog inglés y otro de la raza bóxer, cuando se encontraban dentro de la casa de su patrón ubicada en las calles Carmen Soler y Gaudioso Núñez de Asunción. Ambos fueron asistidos por los vecinos y llevados hasta el Hospital del Trauma.	Luego de que le negaran varias veces la palabra, Derlis Martínez, uno de los productores de la zona, manifestó que “le faltan huevos del tamaño de los tomates” y sostuvo que con sus políticas tibias no se podrá combatir el contrabando. Los productores de tomate del departamento de Caaguazu están en pie de guerra reclamando al gobierno su inacción ante la crisis del principal rubro frutihortícola de la zona: el tomate. Las fincas están abarrotadas con 50 mil kilos del producto sin mercado para su comercialización. Hace aproximadamente dos meses que piden soluciones, pero aseguran que “el Gobierno les ofrece garrote”. ​