La crisis política que se desató en Ciudad del Este a raíz de la puja por la Intendencia Municipal nuevamente pone al descubierto la inutilidad de varias instituciones públicas. Desde el lunes pasado, la ciudad está en una total anarquía, con dos posibles Juntas Municipales y tres posibles intendentes. Por un lado, está la junta opositora que preside Herminio Corvalán, quien tiene el apoyo de cinco de sus colegas.Por otra parte, los concejales oficialistas tienen una junta paralela, sesionaron fuera de la institución y nombraron otro presidente de legislativo e incluso nombraron al concejal Celso Miranda, alias Kelembu, como nuevo intendente, tras aceptar la renuncia de Sandra McLeod de Zacarías. Para los opositores, esta última sigue siendo jefa comunal y además está la interventora Carolina Llanes, quien sigue siendo la responsable de la administración de la Comuna, pues todavía no realizó el corte administrativo, tras los 60 días de intervención.	Ante toda esta confusión que se creó la ciudadanía es la que como siempre queda desamparada. Por otro lado, las instituciones como el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Poder Judicial, el Ministerio Público, entre otras afines a los problemas no sirven de nada. No hay actuaciones de oficio, o alguna otra medida que medie o esclarezca un poco el panorama y que garantice la funcionalidad de las instituciones legalmente constituidas.	Está claro que nuestras autoridades tampoco están a la altura de hacer frente a situaciones como estas. Los concejales de la oposición, por ejemplo, intentaron remediar la situación recurriendo a la justicia ordinaria para anular un acto legislativo de la Junta y el pedido se rechazó por improcedente. Igualmente la interventora Carolina recurrió a la TSJE, consultando a quién debería entregar el informe y le contestaron de que esta instancia no es un órgano consultor, es decir, ni siquiera saben cuáles son las instancias que corresponden.En todo caso, lo que corresponde es que los concejales agraviados por una junta paralela recurran al TSJE para que este determine si los actos son nulos o no y se defina de una vez por todas en manos de quiénes se queda la ciudad.	Que esta crisis sirva por lo menos para analizar que tan efectivas son nuestras autoridades y nuestras instituciones públicas. Qué garantías tiene el ciudadano de que se van a precautelar y tener en cuenta sus intereses. No se puede jugar de esta manera con los ánimos de un pueblo sediento de transparencia, de justicia y de verdad sobre el uso del dinero público. Se merece mejores autoridades e instituciones que sirvan.