La semana pasada se publicaba que la encargada de la Dirección de Formación y Capacitación del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), Ana Mabel Houdin, al mismo tiempo que se desempeñaba en esta institución, figuraba con rubro docente en el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), específicamente en el Colegio República de Colombia.	Además de figurar en dos funciones al mismo tiempo, la directora VIP del SNPP recorría el mundo. En octubre pasado, en plena etapa de repaso de lecciones y exámenes finales, visitó la paradisíaca República Dominicana.De acuerdo con la planilla de rendición de Viáticos del SNPP, la mimada de la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, emprendió su viaje entre el 21 al 26 de octubre pasado para participar en la capacitación de la Red Latinoamericana de Desarrollo de Competencias y Organizaciones Sostenibles. Para dicho evento, la entidad estatal destinó unos G. 10.763.789 en concepto de viáticos.Todo apunta a que Houdin sigue con el hábito del planillerismo, tal como se la habría sindicado en el 2016, cuando el intendente Mario Ferreiro publicó una lista de funcionarios “raboneros”.Además de figurar como docente en el Colegio República de Colombia, en el tercer año de la media, los días miércoles de 11:30 a 14:30 figura también como profesora en el Colegio República de Hungría donde sus clases arrancan a las 15:30. Este colegio está ubicado entre Asunción y Lambaré. Es decir, que desde el SNPP, ubicado en Villa Victoria (Dr. Molas López y Aviadores del Chaco), hasta el límite entre Asunción y Lambaré, se traslada en 30 minutos.La funcionaria, que es comisionada de la Junta Municipal de Asunción, cobra por horas extraordinarias de trabajo, lo que la convierte en una incansable trabajadora capaz de estar en varios lugares al mismo tiempo y hasta con horarios prolongados.	La alegre lista de funcionarios beneficiados por la repartija discrecional la encabeza su mismo presidente Vallese, quien de un salario de G. 15 millones, que percibía anteriormente, pasó a ganar G. 30 millones.La lista de beneficiados la integra también José Manuel Reinoso, quien figura actualmente como jefe de gabinete, anteriormente ganaba poco más de G. 7 millones. Sin embargo, gracias a su buena relación con el actual presidente, con quien se muestra en eventos sociales, pasó a percibir cerca de G. 14 millones al mes.Reinoso, además, es presidente de Aistel. Un gremio de ingenieros y ex funcionarios de Copaco que respaldan a Vallese.Gabino Rubén García, amigo personal de Vallese, ganaba G. 13 millones al mes y figuraba como administrativo. El mismo ascendió como gerente y su salario trepó a G. 19,2 millones.Por su parte Blanca Noemí García figuraba como empleada con un salario de G. 9 millones, se jubiló hace seis meses, pero fue incorporada nuevamente y ahora figura como encargada de despacho con un sueldo mensual que orilla los G. 14 millones. García es muy amiga del canciller Luis Alberto Castiglioni. Su cercanía se asocia con su reincorporación a la compañía estatal.Esther Arias Mereles y Silvia Paola Arias, madre e hija respectivamente, están en el grupo de favorecidos con los incrementos.Esther Arias Mereles percibía G. 11 millones al mes, pero consiguió elevar sus ingresos a más de G. 13 millones mensuales. Con mejor suerte corrió su hija, quien de G. 6 millones que ganaba mensualmente casi duplicó su salario, ya que ahora gana más de G. 11 millones. Entre ambas se alzan con cerca de G. 25 millones cada mes.Por su parte, el presidente de Copaco manifestó que el incremento salarial responden a los nuevos cargos y las nuevas políticas de la administración de turno. “Todas estas personas tienen un cargo y los salarios se les da de acuerdo a eso. Anteriormente el sindicato decidía a quién se le ponía como gerente y a quién no y eso ahora no pasa”, resaltó.	Nancy Yanina Cue­vas Florentín, hija del presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, fue contratada por la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Carla Bacigalupo, como instructora en el Servicio Nacio­nal de Promoción Profesional (SNPP). Sin embargo, a pesar de haber sido contratada con el rubro de instructora, ella no habría dictado ningún curso en la institución.	lourdes.pintos@gruponacion.com.pySegún afirman sus allegados, para su contratación se uti­lizó el objeto de gasto 148, que corresponde al rubro de ins­tructores, y se hizo solamente para justificar su ingreso al instituto sin concurso previo; el verdadero cargo de Cuevas Florentín es el de directora de Textil y Confecciones.Llamativamente, la mujer fue contratada en el mes de noviembre del 2018, semanas antes de que culminen los cur­sos en la institución y hasta la fecha la totalidad de las cla­ses todavía no se iniciaron. La mayoría de los contratos de los instructores vencieron en el mes de diciembre de ese mismo año (2018) y hasta hoy continúan sin poder trabajar por el protocolo impuesto por Bacigalupo para su recontra­tación.A pesar de que, como lo men­cionamos anteriormente, el rubro 148 es destinado al pago de los instructores, estos generalmente cobran sus salarios por horas traba­jadas, que van de entre G. 23 mil a G. 63 mil la hora y sus salarios dependen de la carga horaria que realizan al mes en las aulas.Particularmente, la hija del presidente de Diputados sus­cribió un contrato con un monto fijo de G. 6.164.840, más una bonificación por responsabilidad en el cargo de G. 1.849.452, y G. 577.960 por remuneración extraordi­naria, con los cuales el sala­rio que recibe mensualmente asciende a G. 8.592.252. Este monto supera altamente el salario de un instructor nor­mal, ya que el que mayor sala­rio recibe dependiendo del área de enseñanza no supera los G. 6 millones.Llama la atención que en el mes de noviembre, cuando Cuevas Florentín fue contra­tada, el SNPP ya no brindaba cursos con normalidad porque Bacigalupo había denunciado supuestos malos manejos de la administración anterior, que según ella dejaron sin fondos a la entidad formadora. Pero ante esta nueva irregulari­dad presentada, no podemos dejar de preguntarnos cómo una entidad que supuesta­mente quedó sin fondos pudo contratar a la hija del diputado con un salario fijo que supera lo normal.SOLICITUD DE INFORMESDesde que la ministra Carla Bacigalupo asumió el cargo en agosto del 2018, comenzaron a surgir las irregularidades en las distintas dependencias a su cargo, una de ellas el SNPP y también en el Sistema Nacio­nal de Formación y Capaci­tación Laboral (Sinafocal). Bacigalupo creó resoluciones para disponer de estas insti­tuciones tanto administrati­vamente como también de la parte presupuestaria.Con estas resoluciones, la ministra dejó de lado a Addys Merlo, directora del SNPP, y a Alfredo Mongelós, secretario Técnico del Sinafocal, quienes fueron nombrados por decreto del Poder Ejecutivo para estar al frente de estas instituciones que fueron creadas por leyes independientes.Una vez en el poder, Baci­galupo firmó convenios, con­trató funcionarios, despidió personas y hasta existe denun­cia penal por varios delitos supuestamente cometidos durante su administración. Tanto la Cámara de Dipu­tados como la de Senadores solicitaron informes sobre las denuncias publicadas por este medio. Hasta el momento, solo falta la intervención del Ministerio Público, que hasta la fecha tiene cajoneada la denuncia formulada contra Bacigalupo.	La cuestionada directora financiera del Servicio Nacional de Erradica­ción del Paludismo (Senepa), Ana María Sanabria, final­mente fue destituida de su cargo luego que saliera a luz que ubicó a su parentela en el denominado “Plan de Acción de la Estrategia Integrada EGI para enfermedades por arbovirus”, financiado por el director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, con plata de la binacional. En su reemplazo fue designado Isidro Ramón Segovia Molinas.	investigacion@gruponacion.com.py(0985) 106-742El plan financiado por Yacyretá al parecer está lleno de “vicios” y saltaron parientes entre los fumigadores que incorpora­ron para combatir el dengue, lo que confirma que el proyecto es una bolsa de trabajo más finan­ciada por el también cuestio­nado Duarte Frutos.Lo más escandaloso es que las contrataciones se hicieron casi en secreto, sin concurso de méritos y armaron un lla­mado que dejó fuera a varios aspirantes sin especificarse los criterios de selección.La nómina se maneja bajo siete llaves en el Senepa y hasta hace dos días los recursos huma­nos del plan estaban a cargo de Sanabria.Entre los contratados figuran Miguel y Melissa Chiola, nie­tos de Martín Chiola, quien en vida fue pareja de la adminis­tradora destituida, Ana María Sanabria.Miguel se ubicó en la UOC del proyecto y a Melissa la había­mos encontrado en la secretaría de dirección. Otra beneficiada es Larizza Insaurralde, hija de la secretaria de Sanabria, de nombre Gladys Cantero.Ante el secretismo en la insti­tución, nuestro diario solicitó vía Ley de Acceso a la Informa­ción Pública la nómina com­pleta de los contratados en el marco del proyecto antiden­gue. Todo apunta a que hay más nombres de allegados a varios jefes como operadores políticos y ante esta situación se apresuraron en sacar del cargo a Sanabria.Por ahora Sanabria está a dis­posición de RRHH del Senepa, pero fuentes de la institución hablan de que están dejando pasar el tiempo para ubicar a la ex administradora en otra dirección.Sanabria es del equipo de la directora del Senepa, María Teresa Barán; y el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. La ex administradora es una de las privilegiadas con los jugo­sos aumentos que se dieron a algunos en esta cartera en enero pasado.El sueldo base de Sanabria era de G. 9 millones y subió a G. 13 millones en enero del 2019, sumado a sus bonificaciones, sus ingresos trepan a G. 18 millones. Mazzoleni había jus­tificado diciendo que son car­gos de confianza y que al dejar el puesto volverían a su salario anterior, veremos si se cumple lo dicho por el ministro.El proyecto antidengue es un convenio entre el Ministerio de Salud, Senepa y Yacyretá. La binacional otorgó US$ 940 mil para combatir la epidemia en cinco meses, es decir, de octu­bre del 2018 a marzo del 2019.El plan está gerenciado por el Programa de las Naciones Uni­das para el Desarrollo (PNUD), organismo que cobra el 4%, equivalente a US$ 36.500, por ejecutar los pedidos. La binacional ya adelantó que seguirán “apoyando” el pro­yecto y están en proceso de desembolso de otros G. 5.200 millones para el pago de salarios.