La celebración del año nuevo quedó atrás, como ciudadanos y país iniciamos un nuevo periodo de desafíos. La paz es uno de los principales pedidos que realizan diferentes sectores al Gobierno; Edmundo Valenzuela, en la primera misa del año, advirtió a los dirigentes políticos que “la mala política solo genera odio y violencia”, es decir continuar con la política de odio lanzada desde el Gobierno ya no es una opción. El Gobierno terminó su periodo para ordenar la casa a su gusto y paladar, ahora es el momento que inicie la ejecución de los proyectos prioritarios que está esperando la gente. Además de la paz, los desafíos del Gobierno para el 2019 están encabezados por la educación, la salud, el trabajo y la seguridad.	Paraguay necesita una revolución educativa para apuntalar el futuro, esta es la base para la construcción del país que queremos tener en el mediano plazo. Eso se cruza con la matriz económica, productiva y comercial establecida en la estrategia de las políticas de Estado para construir el país que pretendemos tener en el futuro.Apuntalar la salud pública es una prioridad que no puede esperar. Debemos iniciar el cambio de un sistema de salud reactivo por uno de prevención y previsión de las enfermedades más frecuentes en el país. La falta de insumos y medicamentos debe terminar, hay que recurrir a la tecnología para el control del stock, su distribución y uso. Sobre todo, el Gobierno debe apuntar al acceso universal a la atención de la salud de calidad para todos nuestros compatriotas.En materia laboral el Poder Ejecutivo debe empeñarse fondo no solo en facilitar la creación de más fuentes de empleo, sino también en reducir ostensiblemente el 64% de puestos informales laborales, y entregar a la gente la opción para salir de esa situación irregular, sin cambio radical en este aspecto solo es retroalimentar la informalidad laboral.La seguridad ciudadana es otro eje prioritario reclamado por la gente. El Gobierno bien podría retomar las políticas y prácticas exitosas que se ejecutaron en el pasado Gobierno, donde los índices de criminalidad tuvieron serias caídas. El Grupo Lince fue el principal brazo para esos resultados, al punto que en febrero del 2018 se registro cero denuncias por acciones de los motochorros.Además, está el reclamo de la lucha exitosa contra el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que ya le dio una pequeña muestra al Gobierno lo que es capaz, con solo tres incursiones letales. Asimismo, se exige dl gobierno trabajar en las políticas y acciones que le brinde a la gente paz en el país y en el campo, y seguridad jurídica.Luego está el cumplir en serio con las necesidades de varios sectores. Uno de ellos es el de los indígenas, grupo social postergado por décadas. Garantizar sus tierras ancestrales, su lengua, aplicar las opciones productivas necesarias para su subsistencia sin que estas invadan y rompan su cultura, esa debe ser la meta.Los temas sociales también deben ser fortalecidos, procurando que los de carácter asistencialista desaparezcan, por la fuerza de que los beneficiados empiezan a depender menos del Estado y este le haya facilitado a la gente las posibilidades de desarrollarse por su propia cuenta.Finalmente, aunque hay mucho más por decir, está el manejo equilibrado y responsable de los recursos públicos, es decir recaudar bien y gastar bien el dinero de la gente. Si la economía está bien, todo es más visible y controlable. Empezamos nuevos desafíos, todos debemos estar a la altura de poder cumplir las metas, y el Gobierno tiene la responsabilidad de pacificar el país y facilitar que la gente alcance un mejor nivel de calidad de vida.	La salud, el trabajo y la paz albergan en si una serie de anhelos que como personas, empresas y país esperamos para el 2019; al Gobierno le corresponde facilitar la obtención de estas esperanzas, y sinceramente esperamos que finalmente el Poder Ejecutivo logre arrancar con su gestión. La seguridad es el sinónimo de certeza, confianza y tranquilidad. Este es un bien altamente preciado, y debe ser la primera prioridad del Gobierno en el 2019 para garantizar la seguridad ciudadana, pero también la económica, la jurídica, comercial, entre otras. En los últimos cuatro meses la seguridad pasó a ser la mayor falencia del Gobierno nacional, la guerra desatada desde el Poder Ejecutivo a lo interno de su partido político debe terminar, porque los efectos de la misma no solo los divide, sino que también afecta al resto de los ciudadanos, en todos los ámbitos. Sin la certeza y la paz es inalcanzable cualquier proyecto, es momento de dejar de parchar para avanzar, es el momento de solucionar para crecer, la pelota esta en la cancha del Gobierno. La salud es el otro bien altamente preciado por la gente, y va de la mano con la calidad de vida de los ciudadanos, esta calidad a su vez hace referencia no solo a la vitalidad del cuerpo, sino también a la de la mente. Estar sanos posibilita mejores opciones de rendimiento laboral, pero también permite jóvenes creativos, críticos, productivos, ahorro presupuestario para las familias y el Estado. La salud es la otra falencia del Gobierno y por la cual la ciudadanía mantiene la esperanza que esta mejore el próximo año. Sin la salud del cuerpo y de la mente los demás anhelos son imposibles de logarlos. La capacidad plena de un país y sus habitantes para producir, para forjar su desarrollo, es decir para trabajar ayudan a cerrar el ciclo de las esperanzas prioritarias de la gente. Este anhelo también debe ser otra de las principales prioridades del Gobierno, un país con certeza y con salud está en plenas condiciones de producir; pero primero debemos de tener claro qué tipo de país queremos ser y a partir de ahí planificarnos, ponernos metas y trabar como ciudadanos y Gobierno con la mirada puesta en el cumplimiento de esos objetivos. La salud, el trabajo, y paz atraviesan todo y la obtención de ellos deber al unísono, es decir cada uno de ellos son una condición	Antes de que Mario Abdo Benítez asuma el Gobierno todo hacia pensar que se preparaba para tener un control pleno de comunicación de la comunicación. En esta temática la expectativa también se desinfló, los errores comunicacionales del régimen son frecuentes y afectan no solo a su gestión sino también a la gente, el último gazapo fue la sicosis desatada entre los jóvenes por la pésima comunicación del Gobierno sobre el Servicio Militar Obligatorio (SMO).	Ni los medios de comunicación “aliados” del gobierno pudieron salvar a Abdo Benítez del “sarambi” creado por la carente y posterior pésima comunicación gubernamental en el tema del SMO. Solo después que miles jóvenes abarrotaron las instalaciones de la Defensoría en todo el país, para declararse objetores de conciencia -a puertas de que culmine el año- y corearan en las calles “Marito sinvergüenza”, el ministro de Defensa, Gral. Ej. (SR) Bernardino Soto Estigarribia, se vio obligado aclarar en rueda de prensa. La sicosis generada por la mala comunicación gubernamental por el SMO, no es el único error comunicacional del Gobierno de Abdo Benítez, estos son reiterados y contundentes, aunque montó un super ministerio de comunicación, que está liderado por un ex gerente del Grupo Vierci, que durante más de 20 años dirigió el negocio de la comunicación social en el país. Al parecer la prioridad de las cabezas del Ministerio de Información, Tecnología y Comunicación (Mitic), se centra en el pleno control sobre la publicidad estatal, decidir sobre las licitaciones o renovación de licencias para radio y televisión; y manejar millones de dólares de los fondos universales del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). El parecer los costosos asesores externos del Gobierno son los que ponen pecho a las crisis comunicacionales que el Gobierno enfrentó en estos primeros meses gestión, los resultados no son precisamente los más auspiciosos, a la luz de los hechos. En tanto el super Mitic actúa como un “cero a la izquierda”.	A días que concluya el 2018, el Ministerio Público mantiene “congeladas” investigaciones clave sobre usurpación de funciones públicas y mal manejo del dinero público. Los investigados tienen relación con el Gobierno o fueron funcionales al mismo, las denuncias penales “cajoneados” son en contra: de Fernando Lugo, por la elección a dedo de Roberto Friedmann para el senado; del presidente de Diputados Miguel Cuevas y su esposa por lesión de confianza; de Roberto Friedmann, por enriquecimiento ilícito realizada por un centenar de ciudadanos; y de la presentada contra Patricia Samudio, titular de Petropar por irregularidades en la gestión del ente.	Varios de los denunciantes aseguran que la fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez protege a los denunciados, y es la única manera en que comprenden el por qué los fiscales asignados a estos casos, en algunos casos con excesivo retraso, luego de varios meses de investigación aún no son capaces de informar sobre algún avance de las pesquisas.En junio del 2018 senador Fernando Lugo fue denunciado por usurpación de funciones públicas, los denunciantes son los diputados electos y proclamados Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, este último actual titular de la Entidad Binacional Yacyretá.Lugo asumió todas las funciones y atribuciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), decidiendo a título personal quiénes formarían parte del cuerpo colegiado. El sacerdote convocó a jurar como senadores al abdista Rodolfo Friedmann y a Mirta Gusinky, en vez de los senadores electos y proclamados, Horacio Cartes Jara y Nicanor Duarte Frutos. Así, Lugo asumió para sí las funciones que la Constitución Nacional le reserva exclusivamente al TSJE.Seis meses después de la denuncia penal contra Fernando Lugo, los fiscales Sonia Mora y Rodrigo Estigarribia aún no presentan imputación contra el legislador. Los abogados de Horacio Cartes en cuatro ocasiones urgieron para que se impute al congresista Fernando Lugo por usurpación de las funciones públicas, al no dejar jurar al expresidente y senador electo Horacio Cartes, pero no obtuvieron respuesta desde la fiscalía.En octubre de este año una denuncia periodística descubrió que el abdista Rodolfo Friedmann y sus partners realizaron un verdadero “carnaval” con los recursos de públicos, cuando gestionaban la gobernación de Guairá. Sin embargo, de las pruebas expuestas el Ministerio Público ignoró las mismas, hasta que un centenar de ciudadanos optó por denunciar al ex gobernador y su equipo, actualmente acomodado en el indert y otras entidades públicas.Tres meses después de la denuncia ante el Ministerio Público, recién la fiscal Liliana Alcaraz asumió el caso, por enriquecimiento ilícito, lesión de confianza y apropiación, presentada a principios de noviembre por varios ciudadanos autoconvocados del Departamento de Guairá.En otro caso. En septiembre del presente año, el concejal de Ybycuí Esequiel Cáceres López acusó ante el Ministerio Público al presidente de la Cámara de Diputados, el abdista, Miguel Cuevas y a su esposa Nancy de Jesús Florentín de Cuevas, por lesión de confianza y enriquecimiento ilícito durante su gestión como intendente de Sapucái y cuando fue gobernador de Paraguarí.La cónyuge de Miguel Cuevas fue acusada por el cobro indebido de honorarios como docente en la escuela básica 151 Inglaterra en Sapucái, la denuncia asegura que era “planillera” en la mencionada institución.En octubre de este año La fiscala anticorrupción Josefina Aghemo se constituyó en la sede de la Gobernación de Paraguarí, mientras que la fiscala Yolanda Portillo lo hizo en la Escuela Básica 151 Inglaterra, en la localidad de Sapucái. Luego pidieron informes a 20 instituciones del Estado, que aún no son entregados, ni exigidos.Cuatro meses después de la denuncia contra el clan Cuevas la ciudadanía no tiene ninguna información sobre el desarrollo de la investigación, es decir la causa está congelada por las fiscales a cargo del caso.Luis Villamayor, asesor jurídico de la Asociación de Operadores de Petropar, a finales del mes pasado anunció que solicitarán al Congreso Nacional el trámite de un juicio político en contra de la Fiscal General del Estado Sandra Quiñónez por -supuestamente- encubrir a Patricia Samudio, titular de Petropar. Y es que desde el mes de octubre que denunciaron ante el Ministerio Público a Samudio nunca prosperó la investigación por tráfico de influencias, transferencia irregular de fondos públicos a bancos privados, enriquecimiento ilícito, revelación de secretos de servicio, entre otros.Luego de 60 días de haberse formulado la denuncia contra Patricia Samudio y tras reiteradas denuncias de los medios de comunicación por la lenta gestión, el Ministerio Público designó al agente fiscal Clara Ruiz Díaz, como la encargada de la pesquisa. Los citados casos dejan un sabor a dilación y complicidad por la lentísima gestión de los agentes fiscales, a favor de referentes del abdismo. La ciudadanía exige del Ministerio Público la agilidad necesaria para conocer el manejo que los acusados hicieron con los recursos públicos, así como con la violación a la Constitución y otras leyes. La fiscalía debe ponerse en el 2019 los pantalones largos para estar a la altura de los requerimientos ciudadanos.