) publicó un hilo a través de Twitter en el que relata la mala experiencia que le tocó vivir al utilizar MUV.De acuerdo a su relato, el sábado en horas de la mañana él y sus amigos habían recurrido a esta plataforma de intermediación digital para solicitar un conductor que los lleve nuevamente a casa.Luego de hacer el pedido, la aplicación había calculado una tarifa de G. 65.000 como costo total del viaje por un recorrido de 12 kilómetros.Nunca tuve quejas con el servicio pero lo que me sucedió el sabado de mañana me dejó un mal sabor !	17 de febrero de 2019Una vez llegaron a destino, el “muver” (identificado como César Alexis, de acuerdo al screen publicado en Twitter) les indicó que la app había “calculado mal” el costo del viaje, alegando que el trayecto fue realmente de 20 km y que su ganancia sería de G. 11.000 aproximadamente.Tras este hecho, el mismo supuestamente intentó comunicarse con la operadora de la empresa para buscar alguna solución, aunque sin tener éxito alguno.	“Nuestro viaje alcanzó 95 mil guaraníes! Usamos el servicio justamente por estar ebrios, cansados y semidormidos sin ganas de pelear en el momento…por eso pagamos el monto”, refiere este usuario en uno de sus tweets.Vargas cuestionó que se hayan aprovechado de esta situación para cobrarles un monto totalmente distinto al que había calculado la aplicación y mencionó que el viaje inclusive les costó más caro que un taxi. Finalmente, pidió a los ‘muvers’ que respeten el monto establecido para evitar que sucedan más situaciones de este tipo. “Si ganan poco o no ya sería algo que deben charlarlo con los dueños encargados y no con los pasajeros borrachos”, finalizó.	Ante el rechazo del Estado paraguayo sobre la denuncia de tortura hecha en el ámbito interno se llegó ante la Corte Interamericana de DDHH, instancia que realiza recomendaciones a los estados para revertir situaciones de violación de derechos de las personas. Esta instancia internacional del caso nada tiene que ver con lo procesal en el caso de secuestro por el que están denunciados y en caso de ser extraditados el juicio continuará independientemente a lo que determine el sistema interamericano.	Si un caso llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos es por que pasó por un largo proceso tras la denuncia de la violación de alguno de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana de DDHH o el Pacto San José de Costa Rica y en la petición del caso de Arrom- Martí se apunta a que en Paraguay se violó el derecho a la integridad personal por tortura y privación ilegítima de la libertad.“Si hoy estamos en el Sistema Interamericano es porque el Estado paraguayo no hizo lo necesario para darle justicia a unas personas que denunciaron tortura. También es cierto que todavía no dio justicia a unas víctimas de secuestro, también es cierto pero el asunto es que en el caso de secuestro es que podemos hablar de negligencia en el sentido de intentar revertir la situación de las personas, extraditarles. Pero finalmente, toda la situación tiene que ver con que el Estado no hizo lo que tenía que hacer. Se crea la situación donde este grupo va a la instancia internacional alegando la violación de un derecho que esta en una convención que el país firmó y tiene la obligación de cumplir”, resumió la abogada Mirta Moragas, activista por los Derechos Humanos.También se llega a esta instancia, explica, luego de agotar los recursos internos o de haber intentado agotarlos. “Se alega que hubo tortura y secuestro por parte de agentes policiales estatales, no fue investigado ni hubo castigados. Se hace un proceso en el ámbito nacional, se presenta a la Comisión y se abre un proceso que dura años y eso es para todos los casos y la Comisión recomienda una serie de acciones que el Estado puede tomar”, señaló.Y las recomendaciones dadas no solo tienen que ver con el caso en concreto, tratan además de la reparación del derecho en general por ejemplo, si se alega que hubo tortura es una situación paradigmática en el país y que el Estado debe tomar medidas para eliminarla. “Es un proceso largo, la comisión intenta que el Estado tome medidas y se comprometa, en Paraguay hubo un informe y el Estado lo rechazó. Hay que pedir cuentas al Estado de cómo actuó como litigante en el sistema interamericano, rechazó y no se abrió una conversación”, agregó Moragas.Destacó que Paraguay tiene una historia de peticiones en el sistema interamericano que suman siete u ocho entre los que se destacan temas como sobre libertad de expresión, reparación integral a pueblos indígenas con la restitución de tierras, soldados desaparecidos, muertes en el contexto del SMO y otros.Sobre la indemnización solicitada en forma personal por Juan Arrom de USD 50 millones por daños inmateriales y sicológicos, aseguró que la Corte no acostumbra dar los montos solicitados y si hubiera una reparación económica no serán los números que se dieron a conocer. “Pero esto no ocurrirá por que el Estado litigó bien sino porque la Corte no tiene como costumbre dar esos montos”, aclaró Moragas.“Y es ante el rechazo del Estado que el caso llega ante la Corte porque se rechazó cualquier posibilidad de conversación sobre el caso y en este el tema es la tortura que se genera a partir de un caso concreto de secuestro y es por el cual se está en instancia internacional y esto no tiene nada que ver procesalmente porque el día de mañana si el Estado paraguayo consigue la extradición de estas personas con estatus de refugiados, el juicio puede continuar independientemente de lo que pase en el sistema interamericano”, indicó.Moragas abogó por la importancia de diferenciar la dos cuestiones ya que el caso de secuestro del que son acusados Arrom y Martí se debe dirimir en el ámbito local y que es importante saber qué pasó y otro es el caso llevado a la Corte que es contra el Estado paraguayo. La tortura, como práctica habitual en Paraguay“Hubo mucha mezcla interesada del Gobierno para cubrir el hecho de que Paraguay estaba siendo interpelado por las torturas. Más allá de que estas personas cometieron o no el secuestro, que está pendiente de debatirse en la justicia paraguaya, hay una situación de denuncia de tortura y el Estado no dirimió en el ámbito interno y encima alega que la carpeta sigue abierta 16 años después”, indicó.Moragas cuestionó que a través de una campaña del gobierno, se instaló un mensaje que en realidad lo que buscaba era ocultar de lo que se estaba tratando en la Corte, se creó hasta una aversión de la gente y se profundizó la idea del discurso antiderechos humanos que el gobierno viene realizando. “La presencia del presidente como jefe de Estado y del canciller en Costa Rica fue desatinada, no se estila en este tipo de espacios. Este caso fue aprovechado por el gobierno para instalar y profundizar la idea del discurso antiderechos humanos y me parece peligroso porque los derechos humanos tenemos todas las personas por ser personas y el Estado tiene que reconocerlo como el derecho a la salud, educación, a un ambiente saludable, vivienda digna. Estamos distrayendo el centro y el propósito real y más allá de la reparación económica hay medidas concretas y es que en Paraguay hay que erradicar la tortura”. Existen informes de la Coordinadora de DDHH y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que dicen que en Paraguay se sigue torturando y que esta sigue siendo una práctica habitual. “Este tipo de medidas son las que la Corte puede indicar y son las que van a transformar la situación y son las que los estados son más reticentes a cumplir”, puntualizó.	El presidente Mario Abdo Benítez recibió este lunes a la interventora Carolina Llanes, quien le informó acerca del trabajo realizado en la comuna esteña y por el cual el mandatario expresó sus felicitaciones.La labor quedó cerrada con el corte administrativo y se remitió una copia de toda la documentación. No obstante, Llanes quedó a disposición de la intendenta interina, Perla del Cabral, para cualquier duda.Consultada acerca de si recibió algún pago por este trabajo, respondió: “Por el momento no, yo soy funcionaria, probablemente se va a ver por el lado de la institución en la que estoy desempeñándome”.CONSEJOS PARA LA NUEVA ADMINISTRADORACarolina Llanes recomienda a la nueva administración tener en cuenta la distribución del 40 % y 60 % en la recaudación de impuestos inmobiliarios, a fin de no incurrir nuevamente en la malversación de fondos, que fue uno de los puntos denunciados. También aconseja especial cuidado en la renovación de contratos y	En total, los funcionarios de la Administración Tributaria realizaron unas 22 notificaciones. De los mismos, 16 procedieron a su inscripción en el IRP, quedando pendientes otros 6, que en el presente mes nuevamente fueron notificados.Para este año, el Rango No Incidido es de G. 76.052.232 (36 salarios mínimos). Esto significa que superado este monto de ingreso se genera la obligación de inscribirse y cumplir con el Impuesto a la Renta Personal dentro de los 30 días siguientes.A partir del momento de inscripción, son gravados todos los ingresos percibidos por el contribuyente del IRP, salvo excepciones previstas en la ley.