Paraguay registró en el mes de octubre una inflación del 0,4 %, una décima más que en septiembre, como consecuencia del incremento de los precios de la carne vacuna, de algunos servicios o de los bienes duraderos, según el informe mensual publicado este lunes por el Banco Central del Paraguay (BCP).	En términos interanuales, el Índice de Precios del Consumo (IPC) experimentó una caída de dos décimas con respecto al 0,6 % registrado en el mes de octubre del año anterior.Con este resultado, la inflación acumulada en lo que va de 2019 asciende hasta el 2 %, ocho décimas por debajo del dato observado al finalizar el mismo periodo en 2018.Además, la inflación subyacente, que excluye los precios de frutas, verduras, servicios tarifados y combustibles, se situó en un 0,2 %, una cifra inferior a la inflación total.Mientras que la inflación de los bienes de consumo nacional alcanzó en el mes de octubre el 0,3 %, una décima menos que la tasa del 0,4% observada en el mismo mes del año anterior.El informe relaciona estos datos con el aumento del precio de la carne vacuna, como consecuencia de la reducción de la oferta del ganado, debido a las condiciones climatológicas adversas que sufrió nuestro país.Por el contrario, los productos sustitutos de la carne de vaca como la menudencia vacuna, el cerdo o las aves experimentaron una disminución de sus precios.También aumentó el valor de los servicios en sectores como la hostelería, el cuidado personal, el transporte aéreo, la televisión por cable o los paquetes turísticos con destino al interior del país.En el sector sanitario, destaca un incremento en los precios de los productos farmacéuticos y de los servicios de consulta médica. Finalmente, el BCP observó subidas de los precios en bienes de carácter duradero como los automóviles, los electrodomésticos o las bicicletas, que achaca a la evolución de las monedas de otros países.	La utilización de urnas electrónicas en los próximos comicios ha suscitado un importante debate no solo en el ámbito tecnológico sino también en el político. Algunos parlamentarios expresaron sus cuestionamientos al tipo de tecnología que pretende ser implementada por el TSJE, sobre todo en lo que respecta a la falta de emisión de papeletas de voto.	El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) convocó a una licitación pública internacional para arrendar unas 15.000 urnas electrónicas, las cuales serán utilizadas en las próximas elecciones municipales del 2020.Ya antes de que se concrete la adjudicación a una determinada empresa, el proyecto para implementar el voto electrónico ha empezado a recibir una serie de cuestionamientos de diversos sectores, tanto desde la comunidad tecnológica como desde el ámbito político.La senadora Desirée Masi aseguró que desde el Partido Democrático Progresista (PDP) ven con mucha preocupación la eventual utilización de las urnas electrónicas. En tal sentido, recordó que las empresas Starmatic y Magic Software Argentina (MSA) -que se han presentado a la convocatoria del TSJE- ya poseen varias denuncias en países de la región.Las urnas que se están pretendiendo arrendar para las municipales del año próximo no guardan ningún ticket luego de la votación, condición que había sido establecida previamente, según denunció. “Eso no dice en el pliego de la licitación”. Teniendo en cuenta las dudas que se han generado en torno a este tema, Masi habló sobre la posibilidad de incluir “apoderados informáticos” en las elecciones para verificar y auditar el sistema a ser utilizado en las máquinas de votación.“No le tengo miedo a las urnas electrónicas, pero uno le escucha a los técnicos y te dicen que así como está no hay seguridad como para que vos no puedas identificar (al votante). El voto es secreto, electrónico o no, ese es un principio constitucional”, refirió la parlamentaria.Por su parte, el senador Fidel Zavala (PQ) sostuvo que hay países que salieron del sistema de urnas electrónicas y volvieron al método convencional mediante el uso de papeletas, tal y como es el caso de Brasil.Al igual que Masi, también mencionó que, aparentemente, los equipos que serán arrendados por la Justicia Electoral no realizarán la impresión de un ticket o papeleta de voto, lo cual impediría hacer un escrutinio público, tal y como establece la Constitución Nacional.Por ello, considera que existe una obligación de que se pueda imprimir la papeleta luego del sufragio a fin de que el elector pueda verificar que su voto fue consignado correctamente y que luego pueda depositarlo en una urna. “Acá lo que importa es que el sufragio sea transparente, que el elector tenga la confianza de que sí votó en ese sentido y que el escrutinio se haga públicamente”, refirió Zavala.	La decisión fue tomada ante la negativa del Congreso Nacional de otorgar a los funcionarios de un reajuste salarial del 20%, el cual viene solicitando desde hace 7 años.A raíz de esta situación los sindicatos de la Fiscalía, de la Defensa Pública, del Registro Público y el Poder Judicial, decidieron iniciar a partir de este miércoles 6 de noviembre un paro escalonado hasta el viernes 8 de noviembre.El paro será desde las 7 de la mañana hasta las 9 este miércoles, mientras que el jueves será hasta las 10 y el viernes hasta las 11.En caso de que no obtengan una respuesta favorable ante el pedido, el lunes iniciarán una huelga general por 30 días, hasta el 11 de diciembre.Porfiria Ocholasky, secretaria general del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (Sifjupar), resaltó que solamente estarán aceptando una mesa tripartita, si es que estará presente el presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso.“Nosotros sentimos una discriminación. Para otras instituciones siempre hay aumentos. Ya no vamos a permitir”, manifestó Ocholasky.	El Ministerio Público volvió a realizar un allanamiento en la Municipalidad de Lambaré, esta vez para verificar los arqueos de caja y algunos detalles de la parte contable. Este procedimiento se realizó a raíz de la denuncia de un supuesto faltante de más de G. 10.000 millones durante la administración del intendente Armando Gómez (PLRA).	La fiscal Laura Ávalos acudió este lunes a la sede de la comuna lambareña para encabezar un allanamiento en el Departamento de Tesorería y el de Informática.En la ocasión, se procedió a realizar copias del disco duro donde estaba contenida información sobre el cobro de tributos y a verificar los arqueos de las cajas de cobranza municipal. Así también, fueron incautadas facturas correspondiente al periodo 2015-2019.Cabe recordar que el día viernes se había efectuado otro procedimiento en dicha sede comunal, a cargo de la fiscal Gladys González (quien posteriormente fue recusada), esto en el marco de la misma investigación.Ávalos explicó que al momento de revisar las cajas de cobranza pudieron descubrir que ningún rubro estaba discriminado y que todo estaba en un mismo arqueo, tanto impuestos inmobiliarios, tránsito, etc. “Acá nos encontramos con un javorai”, mencionó a ABC Cardinal.Según confirmó, se pudieron encontrar varios detalles importantes como por ejemplo facturas emitidas con doble copia y diferente número de timbrado, o que fueron anuladas en el sistema pero no de forma física. Esto hace presumir que, eventualmente, pudo haberse dado un “arqueo paralelo”. El allanamiento se llevó a cabo a raíz de la denuncia de un supuesto faltante superior a los G. 10.000 millones durante la administración del intendente Armando Gómez (PLRA), totalmente independiente al pedido de intervención.