Este martes comenzó la etapa final del juicio oral contra el líder del EPP, Alcides Oviedo Brítez, procesado secuestro, asociación terrorista,, extorsión, extorsión agravada, apología al delito y otros.Por estos hechos punibles, los fiscales Joel Cazal y Javier Ibarra solicitaron al Juzgado una pena de 30 años, más una medida de seguridad de 10 años. “El Ministerio Público cree que es correspondiente una sanción para las conductas mencionadas, teniendo en cuenta los hechos punibles probados en ese juicio”, declaró Cazal.Por su parte, Oviedo Brítez sostuvo que lo que la Fiscalía recogió fueron testimonios de policías y militares, pero sin ningún fundamento fáctico.“El hecho cierto es que hace 15 años que estoy en prisión, imposibilitado de hacer cualquier cosa y vienen a hacer acusaciones de autoría material”, dijo Oviedo Brítez. Señaló que esta es una clara persecución y que los hechos demuestran que él es un perseguido político y que el juicio es fraguado porque él está a punto de recuperar su libertad.	En los últimos días se concretó la finalización de la Operación “Nueva Alianza XIX”, llevada a cabo en varios puntos estratégicos del decimotercer departamento.Agentes de la SENAD con el apoyo de la Policía Federal del Brasil, la Fuerza Aérea Paraguaya y la Armada Nacional tuvieron a su cargo realizar las tareas de incursión en zonas boscosas para anular los cultivos de marihuana.Tras 12 días de labor, se logró la anulación de 413 hectáreas de plantación de cannabis, así como la destrucción de 103 campamentos ocultos, lo cual equivale a dejar fuera de circulación más de 1.200 toneladas de la droga.Las primeras jornadas de rastrillaje fueron desarrolladas bajo condiciones climáticas adversas, aunque de igual manera los agentes antidrogas pudieron llegar a zonas estratégicas como María Auxiliadora, Alpasa y Cerro Guazú, entre otras.Durante este operativo también fueron localizados e incinerados 81.900 kg de marihuana picada. 880 kg de marihuana empaquetada y 860 kg de semillas, de acuerdo al informe oficial.La mayor parte de las cargas que eran procesadas en estos puntos de acopio eran enviadas posteriormente a los centros de consumo del Brasil, principal mercado de la marihuana producida en nuestro país.Se estima que el perjuicio ocasionado al narcotráfico con la Operación “Nueva Alianza XIX” supera los US$ 39 millones. Cabe destacar que la misión combinada entre Paraguay y Brasil movilizó el interés de Argentina en conectarse al mismo tipo de acciones en el sur del país ya que las pérdidas para los grupos criminales son amplias.	Marcos Domínguez, titular de la Junta Comunal de Barcequillo, en entrevista con Radio La Unión comentó que luego de conversar con varios vecinos del barrio tomaron la decisión de impulsar un proyecto para desanexarse de San Lorenzo.Según refirió, en los últimos tiempos se han sentido abandonados por la municipalidad local, teniendo problemas puntuales como basuras acumuladas, calles y empedrados en mal estado, entre otros.Uno de los puntos más críticos en la zona (y que ha sido objeto constante de cuestionamientos por parte de los vecinos) es la Avda. Avelino Martínez, la cual se encuentra en deplorables condiciones a raíz de los innumerables baches. Justamente este tema ha sido uno de los que ha motivado a que sea impulsado el plan de desanexión.Domínguez destacó que en dicho barrio están instaladas varias empresas importantes, las cuales podrían servir de apoyo en el caso eventual de que persista este proyecto para quedar desafectados del territorio sanlorenzano.El barrio reúne los requisitos que son tenidos en cuenta a la hora de crear un nuevo municipio, como por ejemplo contar con comisarías, hospitales, escuelas, fábricas, además de la cantidad de habitantes necesarios, según afirmó.Adelantó que buscarán la forma de presentar el proyecto en el Congreso Nacional y conversar con algunos parlamentarios que los acompañen en la iniciativa, además de impulsar en paralelo una campaña comunicacional para informar sobre los detalles al resto de los habitantes.El poblador sanlorenzano admitió que son conscientes de todo lo que deberán enfrentar a partir de ahora al impulsar esta propuesta, aunque se mostró optimista y esperanzado en que todo saldrá bien. Domínguez confirmó que ya lograron conversar con algunas autoridades municipales de San Lorenzo y existen quienes están a favor y en contra, aunque -a su criterio- el mayor apoyo que van a conseguir es “el de gente” para poder tener la presión suficiente a la hora de proponer la desanexión de Barcequillo.	Un grupo de guardias de la empresa Security Service Technology (SST) SA realiza un bloqueo frente a la firma al no saber qué pasará tras terminar el contrato de la empresa con el Instituto de Previsión Social (IPS). No quieren ser enviados de vacaciones, sino que solicitan la reubicación o la liquidación.	Los guardias que prestaban sus servicios en la previsional fueron hasta las oficinas de la Security Service Technology para solicitar reubicación o indemnización. Cuestionaron que la empresa pide que esperen a que se gane la licitación que hará el IPS.El guardia Cristaldo López, quien 9 años trabajó como guardia en IPS, sostuvo que hasta el momento no recibió ningún pago y que está esperando recibir su liquidación como corresponde. Hermes Benito Núñez, quien durante cinco años se desempeñó como guardia en Copaco, también dijo que es injusto que no les paguen sus haberes y resaltó que desde el mes de mayo le adeudan el salario. “Agradezco a la empresa porque me dio trabajo pese a mi avanzada edad, pero yo nunca incumplí en mi trabajo, nunca falté”, añadió.Mientras que el joven Jorge Peralta manifestó que 22 días ingresó como guardia y que teme que no le paguen por los días trabajados. A su vez, Juan Carlos Romero indicó a Abc Tv que hace tres años trabaja en la empresa y que, tras asesorarse, le correspondería -según alegó- 37 millones de guaraníes de indemnización. El mismo contó que mensualmente cobraba poco menos de 3 millones de guaraníes.Por su parte, el gerente operativo de SST, Roberto González, informó que cada afectado debe pasar por el departamento de Recursos Humanos de la firma para que se les informe si serán despedidos o no. “En algunos casos serán reubicados, eso es el ánimo de la empresa. Van a entrar ordenadamente, de acuerdo a una lista se hará”, comentó. Esta crítica situación se da luego de que la empresa de seguridad no haya sido adjudicada con un contrato de G. 140.000 millones para prestar el servicio ante sospechas de irregularidades en la licitación.