Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina (FNC), se refirió a los últimos acontecimientos relacionados a la posición del gobierno con respecto a cierre de rutas y la política de prohibición de cortes.“Con medidas represivas, no se van a solucionar los problemas sociales y económicos de nuestro país. Más bien, se van a agravar”, expresó Gómez en comunicación con Universo 970 AM.Dijo además que estas medidas del gobierno traerán consecuencias, ya que asegura que el pueblo no se quedará callado estas situaciones. En ese sentido, responsabilizó directamente al presidente de la República, Mario Abdo Benítez y el ministro del Interior, Euclides Acevedo.Gómez anunció que a partir del 28 de octubre realizarán manifestaciones a nivel nacional, contra lo que ellos consideran una oleada de “represión y violencia”.El ministro del Interior,	Los disputados Marlene Ocampos y Rubén Balbuena afirman haber comprobado la veracidad de las denuncias de un supuesto atropello de personas bien identificadas que se identifican como los propietarios de las tierras en posesión de dicha comunidad indígena. La diputada Marlene Ocampos detalló que el problema está instalado desde hace más de 15 años y que las documentaciones de las propiedades se encuentran, claramente, establecidas en el Instituto Nacional del Indígena (INDI), donde según, mencionó, están registrados alrededor de 900 hectáreas a nombre de la mencionada comunidad indígena.“Ellos alegan que hay superposición de documentos, pero viendo con los abogados y escribanos del INDI, se ve, claramente, que más de 900 hectáreas pertenecen a esta comunidad”, detalló la Diputada.Ocampos mencionó que las denuncias hablan de un constante hostigamiento por parte de supuestos usurpadores de esta propiedad.Estos consiguieron un amparo para la plantación de soja de más de 500 hectáreas dentro de las 900 que corresponden a la comunidad indígena. La diputada explicó que la comunidad indígena quedó privada del acceso a servicios básicos, como salud, educación alimentación y agua potable, tal como denunciaron ante la Cámara de Diputados. “Son paraguayos con los mismos derechos que los demás; ellos están amparados por la constitución y las leyes”, indicó Ocampos. La diputada informó que las denuncias ya fueron puestas a conocimiento de las autoridades del Ministerio Público y que, incluso, serán trasladadas hasta el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez.	El proyecto de resolución “Que crea la Comisión Bicameral de investigación sobre hechos de corrupción en el Indert” fue aprobado este miércoles, con 48 votos a favor. Ahora, el documento pasa a la Cámara de Senadores para su tratamiento.El objetivo de la Comisión es dar seguimiento y analizar los supuestos hechos de corrupción denunciados en el Indert, a fin de determinar las eventuales responsabilidades de las diferentes autoridades de la institución.La Comisión estará integrada por tres senadores y tres diputados. La iniciativa fue propuesta por el diputado Celso Kennedy.PEDIDO DE INFORMEEn la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó también un proyecto de pedido de informe al Indert. Esto fue planteado por el diputado Derlis Maidana.Dicho pedido de informe pretender evitar una posible entrega de hectáreas a personas no sujetas a la reforma agraria.El indert posee a partir de ahora, un plazo de 15 días para remitir el informe.	durante el tratamiento de uno de los puntos en la sesión ordinaria.En la misma participaron todos sus miembros, teniendo a Raúl Torres Kirmser como representante del Consejo de la Magistratura (en reemplazo de Adrián Salas) y a Manuel Ramírez Candia de la Corte Suprema de Justicia (en vez de Gladys Bareiro de Módica).El único punto del orden del día fue el caso de los camaristas de Alto Paraná Miryam Meza de López, Aniceto Aníbal Amarilla e Isidro González Sánchez, quienes anularon la prisión del exagente de policía José María González Mareco, condenado a 10 años por abuso sexual.Tras más de una hora de deliberación y análisis de la actuación de los magistrados, el pleno del JEM finalmente decidió aprobar el enjuiciamiento con suspensión en sus funciones de los jueces integrantes del Tribunal de Apelación en lo Penal de Alto Paraná. La decisión del órgano se basa en un supuesto mal desempeño en sus funciones de los magistrados, quienes habían revocado la medida de prisión contra el expolicía que fue acusado de haber violado a su hijastra.