Rodrigo Florentín Dávalos (20), imputado por homicidio doloso, se entregó este martes ante la Fiscalía en Itakyry, según confirmaron desde el Ministerio Público a la 970 AM.El Crio. Jorge Fernández, jefe policial de Alto Paraná, explicó a la 970 AM que Rodrigo llegó acompañado de su abogado, quien tras casi una semana decidió presentar a su cliente, quien contaba con orden de captura.Florentín Dávalos es el principal sospechoso de haber matado a los hermanos Osvaldo y Nelson González de 39 y 36 años en una vivienda del Paraná Country Club el miércoles pasado. No obstante también se investiga la participación de Fernando Florentín, padre del supuesto autor, quien le habría recogido a Rodrigo después del crimen. Tampoco se descarta la implicancia de la madre del joven y viuda de una de las víctimas. Durante el homicidio, otra persona se encontraba de la vivienda: la encargada del servicio doméstico, quien quedó muy asustada y declaró ante la Fiscalía que estaba en la cocina cuando escuchó los disparos, pero aseguró que desconoce qué exactamente ocurrió, porque el homicidio se registró en el segundo piso de la casa.	Durante la mañana de este martes, los funcionarios de la Cámara de Diputados realizan una protesta dentro del edificio de la institución, en repudio a los atropellos que dicen sufrir en la administración del legislador Miguel Cuevas.Los sindicalistas mencionaron que repudian los millonarios aumentos salariales para los allegados del titular de la Cámara Bahja, la creación de nuevos cargos y el acceso a los cargos sin concurso público de oposición.“Acá estamos los que amamos la institución, trabajamos, cumplimos horario, somos valé, hay buenos profesionales que merecen asumir en los cargos, pero vienen cinco años y meten gente y luego se van”, cuestionó una de las funcionarias, Nelly Coronel. Dijo que hace cuatro administraciones son pisoteados porque siempre callan ante estos atropellos, pero que ya están cansados.Funcionarios de Diputados se manifiestan ahora contra el titular de Cámara Baja, por aumentazos para allegados	12 de marzo de 2019 El más reciente “aumentazo” que se registró en la Cámara Baja tuvo como principales beneficiarios a varios directores de área y algunos funcionarios administrativos, quienes pasaron a cobrar sumas considerables en concepto de salario y bonificaciones extra.Uno de los casos más notables es el de Julio Arévalos, quien actualmente se desempeña como director de Recursos Humanos. Según publica el	, el mismo percibía anteriormente la suma de G. 8.134.600, pero a partir de enero de 2019 pasó a cobrar un total de G. 27.059.980 (aumento equivalente a más de G. 18.000.000).En entrevista con varios medios, el mismo se defendió de las acusaciones vertidas en su contra por este reajuste y sostuvo que hasta hace poco estaba percibiendo alrededor de G. 17 millones de forma mensual, cifra que contempla el salario y los demás beneficios extra.Otro de los que se vieron beneficiados en la Cámara de Diputados es Arcadio Cabrera, director general de Administración y Finanzas, quien pasó a cobrar más de G. 33 millones en concepto de salario. El mismo sostuvo que “no hay nada fuera de lugar” y cree que el diputado Miguel Cuevas “seguramente le tuvo confianza” para nombrarlo en dicho cargo.Ante el descontento generado, ayer el diputado Cuevas anunció que se conformará un equipo auditor integrado por diputados y funcionarios para analizar los aumentos y que las bonificaciones quedarán suspendidas hasta tener un resultado de la investigación.	A criterio de Hugo Velázquez, las reacciones del grupo criminal brasileño PCC se producen precisamente por el accionar el Gobierno contra las facciones de la banda, cuyos integrantes son reducidos en nuestro país y en varios casos expulsados al Brasil. “Tenemos la información de que esto puede venir en cadena en todas las penitenciarías y vamos a buscar la forma de usar las Fuerzas Armadas de forma disuasiva”, confirmó Velázquez.En este sentido, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, también expresó su preocupación por el hacinamiento en las cárceles, pues en el penal de Concepción, donde se registró el último amotinamiento, se encuentran 1.400 internos, cuando la capacidad es solo para 700.“Los integrantes del PCC y del Comando Vermelho tienen que estar aislados del resto de la población penal, porque su método de reclutamiento es dentro de las cárceles. Un amotinamiento representa una situación de seguridad nacional, en otros países vimos motines que terminan con docenas de muertos”, dijo Villamayor. No obstante destacó la labor de los efectivos del Grupo Especial de Operaciones de Concepción, pues mediante ellos se pudo liberar a los guardiacárceles tomados como rehenes.	La fiscal Lilian Ruiz comentó a Radio Monumental que en estos días tuvieron conocimiento del caso de una niña de 13 años que había sido internada en un hospital del departamento de San Pedro a raíz de un sangrado importante.Los médicos que atendieron a la menor descubrieron que la misma presentaba lesiones importantes en sus órganos genitales, hecho que posteriormente llevó a confirmar que había sido víctima de un abuso sexual. En su interior se encontraron varios restos de tela que al parecer habrían sido utilizados para detener la hemorragia.El presunto autor del hecho ya fue identificado y actualmente se encuentra detenido en una comisaría de la zona. Se trata de uno de los primos de la niña, un joven de 22 años de edad.Según mencionó la representante del Ministerio Público, la menor no se encuentra del todo bien de salud, así como tampoco desde el punto de vista psicológico atendiendo al trauma que sufrió a raíz del abuso. A consecuencia de la falta de tratamiento, la misma sufrió una infección muy grave y tuvo un importante descenso en su nivel de hemoglobinas.En principio, la niña se negaba a ser sometida a una inspección médica, por lo que se sugirió practicarle una ecografía trasvaginal. En ese interín, ella se acercó hasta el ecógrafo y le dijo que “aún era una niña íntegra” -mencionó Ruiz-, por ello el médico optó por no hacerle la revisión. Como no bajaba la infección, entonces se decidió sedarla para cumplir con el procedimiento y fue en ese momento en el que se encontraron los restos de tela.El padre llegó a revelar que se le había practicado un aborto a su hija, aunque -de acuerdo a la fiscal- hasta el momento no han podido encontrar el feto y, por ende, no se puede concluir que efectivamente haya ocurrido tal cosa.“El papá mencionó que desde el pasado mes de septiembre la menor ya no estaba con la regla (menstruación), entonces acudió a una partera empírica que le preparó una medicación casera para ella. Luego contó que el miércoles tuvo un sangrado importante en su casa y expulsó algo, inclusive nos dijo que era de sexo femenino y que esa misma noche le habían llevado el feto en su cama, pero después no sabían qué había hecho la señora”, expresó a la 1080 AM.Luego de realizar una minuciosa búsqueda en el patio y el interior de la vivienda de la familia, los investigadores no lograron encontraron el cuerpo de ninguna criatura, lo cual puso en duda la versión que había señalado inicialmente el progenitor.Un hecho que llamó la atención de la Fiscalía son las contradicciones entre los padres de la niña abusada, indicó Ruiz, dado que la madre había asegurado que su hija solo expulsó sangre y no habló de ningún aborto, además que habían colocado los restos de tela en sus genitales para detener la hemorragia.“Al hablar con la psicóloga en el hospital, la niña dijo totalmente otra cosa pues contó que había sido abusada en estos días nomás por su primo y que tuvo un sangrado y que su primo fue el que le puso restos de tela de algodón, pero algodón no se encontró”, refirió la fiscal.La “partera chae” que habría practicado el aborto es una mujer de 83 años que llamativamente ayer ya no se encontraba en su vivienda luego de ser llevada por sus hijos a Asunción, confirmó Ruiz. Al allanar su propiedad se encontró una gran cantidad de hierbas de toda clase, las cuales serían utilizadas como “remedios naturales” en sus prácticas empíricas.Los padres de la niña son personas de escasos recursos y actualmente se encuentran con ella en el hospital. La fiscal dijo encontrarse en “una encrucijada” debido a que, por un lado, tiene pensado decretar su detención porque cambiaron la versión en más de una ocasión y al parecer habrían sido cómplices de un abuso pero, por otro lado, tampoco quiere dejar sola a la menor pues no existe alguien más que pueda cuidarla. Desde la Fiscalía ya han solicitado una junta médica para determinar si efectivamente la niña tuvo a un bebé en su vientre durante los últimos meses y si es que se concretó realmente un aborto.