La Casa Presidencial informó que se trató de un encuentro privado entre ambos mandatarios, en el marco de una visita Costa Rica de Benítez, que tuvo como fin principal participar como observador el jueves en una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre una demanda contra Paraguay."Durante el encuentro, ambos gobernantes hicieron un repaso de la relación bilateral y las posibilidades de cooperación en materia de medioambiente y descarbonización, entre otros", indicó la Casa Presidencial costarricense en un comunicado de prensa.En la visita de cortesía a la Casa Presidencial de Costa Rica, el presidente paraguayo estuvo acompañado de su esposa, Silvana López Moreira, al igual que el gobernante costarricense estuvo acompañado por su esposa Claudia Dobles."Ambos mandatarios habían coincidido previamente en noviembre del año pasado, en el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en Antigua (Guatemala), ocasión en que el gobernante costarricense le extendió a Abdo Benítez la invitación para realizar una visita de Estado", explicó el comunicado oficial.En la reunión de este viernes, Alvarado le reiteró a su homólogo paraguayo la invitación para que efectúe una visita de Estado, la cual se llevará a cabo posiblemente en junio próximo, según la información oficial.El presidente paraguayo estuvo presente el jueves durante toda la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, evento que se extendió por unas 10 horas.El caso se relaciona con la supuesta responsabilidad del Estado de Paraguay por la alegada desaparición temporal y torturas sufridas por los activistas del grupo izquierdista Patria Libre Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez, en el año 2002.La demanda señala que estas personas fueron desaparecidas temporalmente entre el 17 y el 30 de enero de 2002 por agentes estatales, quienes aparentemente los interrogaron sobre sus actividades políticas y los torturaron para que se declararan culpables del secuestro de María Edith Bordón, nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi.El Estado paraguayo asegura que esa versión es falsa y que los denunciantes tienen como objetivo obtener un beneficio económico y evadir los cargos por secuestro. En la audiencia el presidente de Paraguay se hizo acompañar de una comitiva gubernamental de alto nivel y de personas víctimas de secuestros en su país.	El exfiscal Édgar Sánchez fue testigo de la abierta parcialidad de algunos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacia los querellantes del Estado Paraguayo, Juan Arrom y Anuncio Martí. Confirmó además que ambos prófugos de la justicia pretenden cargar al pueblo con la reparación simbólica de US$ 100.000.000.	El exigente del Ministerio Público hizo un balance de su participación en la audiencia convocada por la Corte IDH en el marco de la demanda promovida por los secuestradores contra el Estado, por supuesta privación ilegítima de libertad y torturas. A su criterio, la posición del Estado a través de su testimonio y el del exfiscal general Oscar Germán Latorre quedó bien representada y debidamente fundamentada, puesto a que se abarcaron todos los cuestionamientos del órgano en cuestión.Durante la audiencia, Sánchez se mostró sorprendido por la actuación de algunos miembros de la CIDH, organismo que se precia de su independencia, pero que algunos de sus integrantes no ocultaban su abierta preferencia hacia una de las partes, en este caso la querellante.“Algunos se abrazaron con la hermana de Arrom (Cristina) y con otra persona que no recuerdo, eso no se vio, pero los abrazos indican cierto relacionamiento entre ellos”, comentó el exfiscal en contacto con radio Ñandutí.A esto debe sumarse los antecedentes de la Corte que prácticamente en la mayoría de los casos nunca falla a favor del Estado, aunque reconoció que puede darse una excepción.Sánchez confirmó además que la pretensión económica como reparación “simbólica” asciende a US$ 100.000.000, 50% de para Arrom y el otro 50% para Martí, en tanto que el abogado Carlos Abadíe Pankow que ejerce la representación de ambos, fijo honorarios en un 5% por cada reparación, es decir US$ 5.000.000. En otro monto recordó la declaración de Cristina Arrom, y su llamativa amnesia cuando fue abordada por el secuestro de Maria Edith Bordón de Debernardi, teniendo en cuenta el vínculo que existió en su momento entre las dos familias. En marzo próximo, las partes deberán acudir nuevamente ante la corte para presentar sus conclusiones por escrito.	Esta mañana un bus de la empresa Automotores Guaraní SRL que explota la línea 15, se incendió sobre la calle República de Colombia casi Estados Unidos, según el conductor, Juan Ayala, vio que salía humo de la puerta delantera, por lo que detuvo la marcha para revisar y efectivamente comprobó que el motor estaba en llamas.Con ayuda de los pasajeros y funcionarios de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, se logró apagar el fuego evitando su expansión, cuando los bomberos llegaron al lugar, la situación ya estaba prácticamente controlada.Si bien la situación no pasó a mayores, es la segunda unidad de la misma empresa que sufre una situación de esta naturaleza, el pasado 30 de enero un ómnibus fue totalmente consumido por las llamas en la misma intersección, sin que se reporten heridos, salvo daños materiales. En aquella ocasión, el fuego se originó también en el motor. El conductor comentó que tras este hecho, la empresa dispuso que todas las unidades sean enviadas a mantenimiento y en el primer recorrido tras salir del taller se produce este incidente.También en Itauguá Unos metros después de salir de la parada, otro ómnibus de la empresa Ñanduti SRL de la ciudad de Itauguá, comenzó a arder en la parte del motor, obligando al chofer a extremar recursos para paliar la situación Este colectivo de la empresa Ñanduti SRL, ni bien salió de su parada, comenzó a arder. Primer redondo del día y ya tuvo problemas.	Varios funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) están trabajando pero sin cobrar sus respectivos salarios a raíz de la falta de la firma de un contrato para el período 2019, según una denuncia realizada a nuestro medio. Se presume que el trasfondo de la cuestión sería la incorporación de gente de confianza del ministro Eduardo Petta.	Un funcionario del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias se puso en contacto con HOY para dar a conocer una situación que se viene registrando en la citada institución.Según manifestó, alrededor de 300 funcionarios de varias dependencias, incluyendo la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), se encuentran aún sin firmar el contrato correspondiente al período 2019.A esta situación se le suma el hecho de que varios trabajadores siguen sin percibir el aguinaldo de diciembre pasado y el salario del mes de enero, todo debido a la falta de un vínculo formal por escrito.El denunciante indicó que desde el MEC les habían propuesto firmar un contrato de solo 3 meses de vigencia (desde enero hasta marzo), sin brindarles una explicación ante el repentino cambio. En años anteriores, todos firmaban contratos de 12 meses, tal y como es costumbre en el ámbito de la función pública. Hay documentos que confirman que varios funcionarios ingresaron por méritos a la cartera educativa y que poseen contratos de 12 meses, lo cual finalmente estaría quedando sin validez ante este llamativo cambio, según afirmó a HOY.El ministro de Educación, Eduardo Petta, habría puesto como justificación que todo esto obedece a un “saneamiento” para regularizar la situación de los contratados que ingresaron al MEC sin concurso, sostuvo el funcionario.“No sabemos cuál es la idea de Petta, pero él tuvo desde agosto para hacer este control de quién está regularizado o quién está en infracción, pero ahora viene en febrero a notificarnos que vamos a firmar por 3 meses”, cuestionó.A su criterio, el ministro de Educación estaría buscando la manera de encontrar espacios para ubicar a su gente de confianza y por ello decidió plantear la cuestión de los contratos temporales. Un grupo de trabajadores ya acudió junto a la coordinadora de la UEPP para conversar sobre este tema y -según mencionó- desde allí les indicaron que primeramente se debe analizar el caso con la Secretaría de la Función Pública antes de darles una respuesta concreta.“Esto no puede ser así, estamos yendo a trabajar sin cobrar y encima nos están queriendo forzar a firmar este contrato de 3 meses”, sentenció el denunciante, quien pidió una pronta solución a la situación que les afecta.