Bernardina Duré Aquino fue arrestada anoche en el Km 19 de la ruta II, Capiatá, donde se refugiaba en el domicilio de un familiar mientras al mismo tiempo allanaban su casa en Itauguá, según confirmó a la 970 AM el Crio. Cristian Figueredo, subjefe del de Departamento de Investigación.A partir de los análisis técnicos realizados ayer existen varias evidencias en su contra. “Ella es la que contrató a su cuñado prácticamente para que ejecute esa acción, sería un crimen por encargo que finalmente no se concretó”, explicó el Crio.La detenida es esposa de Mario Antonio Vera, padre de los gemelos que espera la víctima Wilma Castillo (30), quien recibió tres balazos por parte de los que al principio parecían motochorros que perpetraron un asalto, pero que según se descubre ahora son sicarios que tenían como único fin matar a la gestante.Mario Antonio Vera sigue desaparecido pero su captura sería cuestión de horas. La Policía presume que él llamó varias veces a Wilma Castillo para que vaya hasta el punto en donde se produjo el hecho, todo esto, en complicidad con la esposa.“Le venía indicando, caminá dos cuadras más, ya llego enseguida le decía Martín Vera, porque la idea era alejarle de la zona poblada”, comentó la fiscal Ana Girala a la 730 AM.“Para nosotros la persona que ideó todo, la que inició esto es Bernardina Duré, pero en complicidad con su esposo”, aseguró el Crio. Por su parte, los presuntos autores materiales Roque Javier Vera y Marcos Brítez Armoa habrían recibido una suma de dinero para ejecutar el plan. El primero es hermano de Mario Antonio Vera, padre de los gemelos.	Es una de las medidas que debatió este miércoles la Mesa de Memoria Histórica, que se reunió para realizar un “análisis técnico y jurídico” sobre el fallo del Tribunal de Apelación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).Además de elevar la causa a la justicia internacional, el organismo de memoria histórica también contempla recurrir el caso ante la propia CSJ, ya que se trata de una decisión de segunda instancia.Antes de dar un paso hacia delante, la mesa quiere conocer la opinión de Santiago Rolón, la víctima del régimen que en 1995 inició el proceso judicial contra los comisarios Camilo Almada Morel, alias ‘Sapriza’, y Eusebio Torres Romero por crímenes de tortura.La justicia decidió dar el caso por sobreseído, alegando que había permanecido parado durante los últimos 17 años, una decisión que generó controversia porque la tortura está reconocida en la Constitución Nacional como un delito que no puede prescribir.El secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), Óscar Ayala, explicó que su organización también ha trasladado la situación la Organización de Naciones Unidas para visibilizar “el estado de impunidad” de los crímenes de la Dictadura.Además, Ayala señaló directamente a la Fiscalía por su “responsabilidad” en la falta de investigación para lograr la reapertura del caso, lo que calificó como un “rol negligente”.El Ministerio Público emitió un comunicado en el que justificó que la causa se desarrolló con un código penal anterior que no le reconocía como un órgano acusador, por lo que la competencia residía en el Poder Judicial.Después de este revés judicial, la Mesa de Memoria Histórica acordó en su reunión pedir un informe detallado a la Corte Suprema de Justicia para conocer cuántas denuncias por crímenes de la dictadura permanecen sin resolver con el objetivo de evitar que se repita una situación similar.	Los empresarios indicaron en el comunicado que el nuevo intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en su campaña política prometió sanear la institución municipal de funcionarios sin función específica. En ese sentido lamentan, que en las primeras acciones para ordenar la comuna, ya soporte denuncias por parte de la Junta Municipal.“No podemos seguir permitiendo los abusos de poder y la manipulación de las necesidades del pueblo, cuyos efectos que nos están arrastrando a un país inviable por el despilfarro de los impuestos de los contribuyentes”, expresaron en el pronunciamiento. Ante estas situaciones, llaman a la reflexión y a la acción política responsable para evitar un caos social de imprevisibles consecuencias socioeconómicas.Pidieron además al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, grandes inversiones en obras públicas que den conectividad y rapidez al movimiento del transporte y personas de un lugar a otro. “Eso la intendencia no lo puede hacer sola”. “El despilfarro del dinero público por parte de los políticos debe terminar de lo contrario la pobreza y la desigualdad seguirán creciendo en detrimento de la gran nación que todos soñamos”.Por último, manifestaron su total respaldo a las gestiones y decisiones tomadas por el intendente Prieto, en busca de la transparencia y los cambios necesarios para lograr la optimización de recursos.	“Mi designación se da con total regularidad”, indicó el Fernando Krug, sobre su designación como coordinador general de Gabinete de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).Explicó que al asumir Arnaldo Giuzzio como ministro de la Senad, precisó como punto de partida establecer una hoja de ruta y rodearse de gente que tenga el perfil adecuado para los objetivo trazados. “Me planteó llevar adelante el desafío de esa dirección. Ahí yo me sumo por una convicción de poder aportar a ese proyecto”, sostuvo Krug en comunicación con HOY Digital.El joven indicó que su relacionamiento con Giuzzio data ya desde la época en que éste era parlamentario, donde varias veces recurrió para pedirle su opinión en su carácter de líder estudiantil y su perfil profesional.Krug señaló que tiene experiencia en instancias consultivas y administración de proyectos de cooperación internacional. “Tengo experiencias tanto el ámbito de la comunicación, como en la educación referente a políticas públicas”, recalcó.Expresó que al ser un cargo de designación directa, no se precisa de concurso. “Al ingresar de esa manera, yo también pongo en riesgo el tema de mi estabilidad. El ministro puede sacarme si es que cree por ejemplo, que no soy apto para el proyecto”, subrayó.En ese sentido, manifestó que no hay problema jurídico en el hecho de que no tenga todavía el título universitario. Pero, afirmó que tiene la carrera culminada y está en proceso de cerrar la tesina.Por otra parte, consideró que el reclamo de los funcionarios y agentes especiales en cuanto a las reinvindicaciones salariales, es totalmente justo. Por último, dijo que su hipótesis es que el ataque no apunta hacia él, sino a la administración del ministro Giuzzio. “Hay gente que ve que la Senad está teniendo resultados, entonces están buscando desacreditar el trabajo positivo”, concluyó.