Fausto Von Streber, director de Informática del TSJE, mencionó que una comisión administrativa está evaluando los documentos presentados por las empresas que desean arrendar sus máquinas electrónicas. Las firmas tienen tres días para contestar las preguntas formales respecto a la tecnología que presentan. Luego de esto se procederá a realizar la prueba de funcionalidad de sus máquinas."Nosotros ya tenemos bien claro lo que queremos. Pedimos un tipo de máquina que no guarde los votos dentro de la misma, que expida un comprobante físico del voto y que permita el registro digital, código QR o chip; que tenga batería de 12 horas y con pantalla táctil de 17 pulgadas o más”, detalló.Streber estimó que para mitad de diciembre se adjudicará la licitación. La firma ganadora debe entregar el 20% de las máquinas 120 días antes de las elecciones para realizar las capacitaciones, y el 100% 90 días antes de los comicios. Para febrero o marzo se hará la socialización de la forma de uso de las máquinas.El alquiler de 15.000 máquinas electrónicas tiene un presupuesto máximo de 23 millones de dólares. Las empresas interesadas son Smartmatic y Magic Software Argentina.	“Estas son las discriminaciones que crean problemas. A la gente del Ejecutivo les digo: no tienen bolas. Que no nos vengan con historias como esta. La propuesta es de una ‘recategorización’ de G. 30.000 millones que salen del bolsillo de la gente que paga su factura y esto es totalmente inoportuno”, criticó la legisladora durante el tratamiento del Presupuesto General de Gastos 2020 (PGN 2020). Masi destacó que la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo es descabellada, ya que la ANDE goza de varios beneficios: doble aguinaldo, no pagan el 100% de la factura de luz. Según la senadora, esto los convierte en funcionarios privilegiados. LA SITUACIÓN EN LA ANDE De acuerdo con los datos actuales, la mayoría de los funcionarios de la ANDE no forma parte de la plana sindical. Esto implica que la aprobación del polémico aumento solo beneficiará a unos pocos. Los empleados no sindicalizados aseguraron que recibirán los beneficios y seguirán con sus mismos sueldos.	Declaraciones de vecinos, docentes de la escuela de la víctima y varios elementos contundentes presentados por el Ministerio Público permitieron confirmar la culpabilidad de una mujer en los delitos de: abuso sexual, proxenetismo y violación del deber de cuidado. La mujer deberá cumplir 15 años de cárcel, mientras que otros dos sujetos fueron sentenciados a 10 años de cárcel por abuso sexual contra la misma niña.Los antecedentes señalan que la menor de 11 años era víctima de explotación sexual desde los 8 años, mediante amenazas y manipulaciones de su madre.Las evaluaciones psicológicas permitieron saber que al menos cuatro personas del entorno de la víctima habrían cometido el abuso, entre ellos, dos de los sentenciados, quienes en su momento fueron pareja de la madre. Los sometimientos eran constantes y la mamá de la menor recibí dinero a cambio de los mismos, según lo demostró la fiscal María Isabel Arnold de la Unidad N°2 Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual en Niños y Adolescentes. El Tribunal de Sentencia fue presidido por por la jueza Carolina Bernal e integrado por Juan Carlos Rocholl y Fátima Rojas.	La politóloga Cecilia Vuyk mencionó que mediante la plataforma “Itaipú ñane mba’e” lanzarán una colección denominada “Itaipú, enterovéva mba’e”, que constará de tres materiales. El lunes se presentará el “Tratado de la Estafa” para conocer los pormenores de la principal hidroeléctrica de nuestro país.El Estado paraguayo puede presentar una demanda ante la Corte Internacional de la Haya para anular el Tratado de Itaipú y revertir la situación actual en la que se encuentra ante los intereses de grandes empresas y bancos brasileños.Más detalles:	July 31, 2019En charla con la radio Universo, comentó que sigue en la comisión asesora conformada por la Cancillería para evaluar la renegociación del Tratado de Itaipú. Si bien no avanza a ningún lado dicha comisión, Vuyk resaltó que una vez más solicitarán marcar una hoja de ruta.Cuestionó que la comisión asesora que no es vinculante, está constituida por personas que estuvieron involucradas en los negocios de Itaipú y defendieron el polémico acuerdo bilateral con Brasil, y tampoco tiene a quién asesorar. Es por ello que a su parecer se debe instalar ya el equipo que va a negociar con el vecino país.“El Gobierno demostró que no tiene la posición de defensa de la soberanía y el interés nacional. Mientras se daban grandes discursos, se intentaba negociar con la empresa brasileña Leros para privatizar la energía y mantener atado de manos y pies al Paraguay. El Gobierno demostró que no está con autoridad moral para dirigir este proceso. La ciudadanía hizo una lucha conjunta para retroceder el intento de entrega”, arguyó. La politóloga insistió que la renegociación debe estar liderada por los actores de la sociedad que no están vinculados con el negociado.