Las toneladas de marihuana que en cada operativo son incautadas y quemadas podría tener un destino más productivo como materia prima para el aceite de cannabis, anunció el viceministro de la Senad, César Arce. Una vez que se cuente con el visto bueno del MSP, la Senad sería la encargada de producir y entregar a los pacientes que lo utilizan.	La marihuana incautada en los operativos de la Senad podrían ser utilizados para la producción del aceite de cannabis de uso medicinal, afirmó el viceministro de la Senad, César Arce en contacto con radio UNO.Aclaró que de darse la autorización por parte del MSP, la misma Senad sería la encargada de la producción y entrega a los pacientes que siguen tratamiento paliativo. “Es una alternativa pero con ciertos requisitos que se tienen que cumplir, como institución abrimos la posibilidad de un grupo de madres que según sus médicos esto les hace bien a sus hijos. No estamos cerrados a nada”, afirmó.Destacó que el uso medicinal de la marihuana no está prohibido pero debe reunir ciertos requisitos que son bastantes estrictos como la provisión, cuánto, el avalan de los médicos tratantes, justificar la patología.“Con el análisis del MSP y si este autoriza articularíamos para la producción”, agregó.La iniciativa del uso del producto de incautación, fue suya afirmó Arce a partir una reunión de mantuvo con las madres de los pacientes que utilizan el aceite para el tratamiento de diversas dolencias.“No les vamos a entregar la marihuana, vamos a procesar el producto en base a la marihuana tal cual están comprando y de acuerdo a las indicaciones médicas”, agregó.Reiteró que lo que no se puede es cultivar pero sí solicitar al estado que solucione el problema de salud que existe y esta es una salida para estas familias. “No solo depende de la Senad, sino de la evaluación terapéutica del MSP conjuntamente con los médicos tratantes”, puntualizó Arce.	En charla con la radio 650 AM, el legislador de Honor Colorado adelantó su postura a favor de la devolución de la terna conformada por el Consejo de la Magistratura para la Corte Suprema de Justicia y que integran Carolina Lla­nes Ocampos, Alma María Méndez de Buongermini y Linneo Augusto Ynsfrán.“Tenemos a una ministra del Poder Ejecutivo como postulante a ministra de la Corte Suprema. En este caso hay que ser y no parecer. Lo que corresponde y los más razonable es devolver la terna. Voy a tratar de convencer a mis colegas”, dijo.El congresista insistió que no corresponde dicha situación y recordó que en la administración anterior la entonces ministra de Justicia, Sheila Abed, decidió no concursar, de modo a no comprometer al Poder Ejecutivo. Riera criticó que Llanes arrancó cuarta en las evaluaciones del CM, luego bajó al puesto 16 y sorprendentemente después terminó en el tercer lugar tras hacerse el polémico test de honorabilidad de los concursantes. “Hay gente que no tiene ningún tipo de denuncias, currículum impecable e increíblemente aparece con un puntaje menor”, lamentó.	Múltiples golpes en todo el cuerpo y una fractura en el brazo sufrieron respectivamente la paciente que salía del quirófano y la enfermera que la trasladaba a una sala de internación, luego de caer al vacío al intentar usar el ascensor del Hospital San Jorge. Ambas se salvaron de milagro pero ya se encuentran en proceso de recuperación.	Alicia Aguayo, hija de la paciente sometida a un cateterismo en el Hospital San Jorge, relató la pesadilla que le tocó vivir al enterarse de lo que le había sucedido a su madre, quien se encontraba en el quirófano.“Yo estaba en un lugar esperando que ella vuelva a subir de su cirugía, en eso veo gente corriendo por todos lados, yo no sabía ni lo que pasaba, cuando escuché que uno de los doctores dijo el nombre de mi mamá salí corriendo, nos encontramos con una enfermera que me contó que cayeron al hueco y me quedé en shock”, explicó Aguayo en entrevista con la 970 AM.La paciente recién intervenida era trasladada del quirófano a una sala de recuperación. Cuando la enfermera abrió la puerta del ascensor ingresó de espaldas estirando la silla de ruedas de la señora, momento en el que se produjo la caída.La mujer intervenida sufrió múltiples golpes pero ninguna fractura, mientras que la enfermera que la acompañaba se rompió el brazo y necesitará utilizar platino. Esta mañana debía ser sometida a una cirugía. El elevador presentaba ya una evidente falla, ya que hasta a los camilleros les costó esfuerzo utilizarlo correctamente, pues tiene ciertas “mañas”.	La denunciante confirmó a Hoy Digital que el monto a abonar de manera mensual es 1 millón de guaraníes, cifra que el mismo Salyn Buzarquis fijó durante las negociaciones en la justicia, pero que ahora no cumple, pese a que hasta habilitó una cuenta para realizar el depósito. “Es una cuestión de él (por qué no paga), pero mientras tanto la niña necesita sus cuidados”, afirmó.“Entiendo que pueda tener sus deudas, pero para cualquier padre es prioridad su hija. Él le conoce a su hija, no hay mal relacionamiento, es más me gustaría que sea mayor y espero que no se mezclen las cosas, que la denuncia no sea excusa para que no vea a su hija”, comentó Regina Ríos sobre el legislador que asumió su paternidad de la pequeña que ahora tiene cuatro años de edad.A su vez, el abogado Pedro Saguier, quien representa a Ríos, comentó a radio Ñanduti que la madre presentó una denuncia penal por este incumplimiento y que para poder procesar al legislador, necesariamente debe ser despojado de sus fueros. Recordó que el caso comenzó años atrás cuando en primer lugar se llevó a cabo un juicio de filiación en el que Buzarquis aceptó ser el padre de la menor y que en el mismo salió una sentencia definitiva donde se estableció el monto de la pensión alimentaria. “El Juzgado de la Niñez por sentencia establece un monto en virtud a una oferta que él hace como padre una vez asumida la paternidad, al principio se cumplió, pero ahora no pasa la pensión. La madre tuvo unas conversaciones previas con los abogados de él pero no logró arribar en un acuerdo por la mora de esos meses que debe”, dijo el letrado.Según La Nación, desde el acuerdo firmado entre las partes en el 2017 pasaron 29 meses y con el monto estipulado, de un millón de guaraníes, la prestación debería ser de 29 millones. El senador depositó 10 millones millones de guaraníes en una cuenta del Banco Nacional de Fomento (BNF), quedando la deuda en 19 millones de guaraníes.El senador Enrique Salyn tiene a más de una docena de sus familiares directos dentro de la función pública. Esta carga cuesta anualmente al Estado unos G. 2.600 millones.Los operadores políticos de los Buzarquis facturan mensualmente a las arcas fiscales un total de G.118 millones, monto que si se observa desde una perspectiva anual, trepa hasta los G. 1.542 millones. Sumando todo, entre familiares y seguidores, el clan cuesta más de 4.000 millones de guaraníes de forma anual al Estado.