Alrededor de 26 estudiantes de la Escuela Básica Nº 3.225 San Roque de la comunidad de Kurusu de Hierro, en el distrito de Azotey, empezaron a tener un llamativo cambio de comportamiento hace unas semanas.De acuerdo al reporte, los mismos iban sufriendo desmayos repentinos en clase, además de presentar conductas agresivas sin razón aparente, lo cual puso en alerta a la comunidad educativa y a los padres.En principio, la versión que corrió en la zona es que se trató de un supuesto caso de posesión demoníaca, aunque dicha hipótesis luego fue descartada y reemplazada por la de un caso de psicosis colectiva.Luego de darse estos particulares episodios, los jóvenes recibieron tratamiento psicológico y psiquiátrico con profesionales. Inclusive, hubo algunos padres que recurrieron a sacerdotes y pastores evangélicos ante el temor generado, de acuerdo al informe de Telefuturo.La Lic. Aurora Riveros, docente de la institución, comentó a raíz de esta situación el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) decidió adelantar el inicio de las vacaciones, por lo que las clases se desarrollaron solo hasta el pasado 8 de noviembre.Los alumnos afectados son del Segundo y Tercer Ciclo, además del Nivel Medio, según precisó.“Es una situación bastante difícil, uno no sabe de dónde empieza ni cómo encontrar una explicación”, refirió la educadora al corresponsal de La Nación. De momento, aún existen algunas estudiantes que siguen presentando los síntomas y cambios de comportamiento citados anteriormente, de acuerdo a lo que Riveros pudo corroborar en estos días.	“No identifico los indicios suficientes de que el requerido hubiera incurrido en un crimen punible con una pena superior a los cuatro años”. Así inicia la primera parte del documento que resuelve levantar la orden de prisión contra el expresidente.La Fiscalía brasileña sindica a Cartes como integrante del núcleo operacional político y como responsable de mantener las actividades de la organización criminal y su impunidad. Sobre este punto, el juez Schietti responde: “No es fácil comprender en qué consistirían esas actividades”.La resolución indica además que las relaciones familiares mencionadas por el Ministerio Público brasileño, que trae a colación que Messer y Cartes se conocían desde los año 80 y los contactos guardados en la agenda telefónicas, no constituyen conductas castigadas criminalmente.El argumento sostiene además que la supuesta entrega de 500.000 dólares a Darío Messer, en caso de que esto se haya producido, no indica que Cartes haya incurrido en lavado de dinero, ni evasión de divisas. Tampoco lo convierte en miembro de una organización criminal. Respecto a los números telefónicos mencionados en el relato, el juez señala que no queda claro si pertenecen a Messer, a Cartes o a quién. Igualmente, si la “ayuda” hubiera existido, no se puede asegurar cuál haya sido su finalidad.“Nada indica que Horacio entregó el dinero con el conocimiento, de que tiempo después, los activos serían enviados al Brasil, como parte de actividades para encubrir el patrimonio de Darío Messer o para patrocinar supuestas operaciones ilícitas. No anuncian la constitución o participación en una organización criminal”, expresa parte de la resolución.El magistrado concluye que no visualiza los presupuestos de la prisión preventiva y por tanto concede la medida preliminar que suspende los efectos del decreto de prisión preventiva, hasta el juzgamiento definitivo del hábeas corpus CUÁNDO SE DECRETA PRISIÓN PREVENTIVA El juez recuerda que la prisión preventiva posee una naturaleza excepcional, por lo que debe ser suficientemente motivada, con indicación concreta de las razones fácticas y jurídicas que justifiquen la causales.Además resalta que una orden así está sujeta a la prueba de la ocurrencia de crímenes con penas superiores a cuatro años de cárcel y los suficientes indicios de que al sujeto sea autor o partícipe de los hechos sindicados. En caso de que estos requisitos existan, será el juez el encargado de identificar datos concretos que justifiquen la imposición.	El hecho ocurrió en la mañana de este viernes sobre la ruta nacional 14, a la altura del Km 508/509 en la jurisdicción de la Comisaría Segunda, de la localidad de Paso de los Libres, en Corrientes, Argentina.Según el informe, se produjo una colisión frontal entre un camión Volvo (sería de transporte de una empresa, cuyo conductor salió ileso) y un vehículo Kia, modelo Sorento, en el que viajaban el matrimonio y sus dos hijos.Según datos publicados por el portal “Más Encarnación”, las víctimas fatales son el doctor Carlos Barraud, de nacionalidad argentina y su esposa, la doctora Juliana Oehninger, de nacionalidad brasileña. Sus dos hijos, menores de edad, también fallecieron en el lugar. Los médicos eran funcionarios del Sanatorio Adventista de la ciudad de Hohenau, en el departamento de Itapúa, en nuestro país.	El legislador Ulises Quintana volverá a la cárcel luego de que la jueza Alicia Pedrozo ordenó su prisión preventiva en el Penal de Viñas Cué. Hoy, el juzgado realizó la revisión del pedido de revocatoria de prisión solicitada por la defensa de Quintana, se ordenó una audiencia de revisión para analizar los fundamentos.Pedrozo, quien esta mañana fue recusada por los abogados del legislador, afirmó que las resoluciones son modificables y apelables. Indicó que el juzgado encontró elementos para aplicar al prisión preventiva siendo uno de ellos que existe el peligro de obstrucción y se tiene en cuenta ese supuesto hasta la conclusión del juicio.Debido a la recusación de Quintana a Pedrozo, en el día de recepción de documentos, queda suspendida hasta que sea resuelta, explicó la magistrada. Tras la revisión de medidas queda pendiente la realización de la audiencia preliminar para elevar el caso a juicio oral.Después de pasar 10 meses en Viñas Cue, Quintana quedó en libertad mediante la resolución de la jueza Magdalena Narváez, quien para tomar la decisión consideró que no existe obstrucción a la investigación ni peligro de fuga.El Ministerio público cuestionó esta disposición y consideró que no se produjeron “elementos nuevos, suficientemente acreditados” para concederle la libertad, después de que el Tribunal de Apelaciones no aceptara la petición presentada en febrero por su defensa para revocar la prisión preventiva.Entre las irregularidades identificadas, la Fiscalía denunció que la Justicia haya aceptado como garantía 18 inmuebles de Quintana que “no tiene la capacidad de disponer”, ya que han sido embargados todos sus bienes y cuentas bancarias por el juzgado.Asimismo, señaló que se la otorgó al diputado un plazo de 15 días para presentar las condiciones de los inmuebles, a pesar de que es un requisito que ya debía haberse solicitado a la defensa del acusado como parte el proceso judicial. Quintana está imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, asociación criminal, y lavado de dinero.