Los ocho casos registrados en Paraguay incluyen, además, a dos menores de edad, con la muerte de una niña de siete años víctima de abuso y de una bebé de diez meses que fue asesinada junto a su cuidadora.El Observatorio aclara que la niña de siete años falleció por complicaciones en un cuadro respiratorio que no fue tratado a tiempo, ya que la menor no fue llevada al hospital para ocultar el abuso que, según sus hermanas, fue cometido por su padre biológico.La novena víctima contabilizada en los datos de enero es Romina Celeste Núñez, asesinada presuntamente por su marido en la isla de Lanzarote (España).La cifra de enero de 2019 es la más alta de los cuatro años en los que el Observatorio realiza este trabajo, con siete asesinatos en el mismo mes de 2018, ocho en 2017 y cuatro en 2016.Además, también fue el peor mes en cuanto a muertes de niñas, con dos víctimas.El CDE contabilizó 57 feminicidios en 2018, frente a los 53 de 2017, según los datos del Centro de Documentación y Estudios, que también incluyen los asesinatos de transexuales.Al margen de los datos del Observatorio del CDE, el Ministerio de la Mujer informó la semana pasada que un total de 217 paraguayas fueron atendidas en el módulo de Prevención y Atención a la Violencia contra las Mujeres, ubicado en el Centro Ciudad Mujer, durante la primera quincena de enero.	Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), indicó que “en general” las clases van a empezar el próximo 21 de febrero, pese a que existen varias instituciones educativas que no reúnen las más mínimas condiciones como para recibir a los alumnos.Por ello, puso en duda cuál será la estrategia que adoptará el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para que las clases puedan iniciar en dichos lugares, ya sea con la instalación de aulas móviles, la reubicación de los estudiantes, etc.En otro orden de cosas, cuestionó las expresiones del ministro Eduardo Petta, quien consideró como “de cumplimiento imposible” algunos puntos establecidos dentro la Ley de Presupuesto que guardan relación con la suba salarial prometida a los docentes.Específicamente, hizo referencia al Art. 236 que dispone la implementación gradual del Salario Básico Profesional docente en el marco de la Ley Nº 1725/01 “Que establece el estatuto del educador”. En dicho punto se menciona que, para el otorgamiento de las mejoras salariales en el 2019, los maestros deberán cumplir con la evaluación de desempeño, la realización de capacitaciones, el cumplimiento de funciones en aula y el censo en el Registro Único del Docente. Así también, se deberá remitir un informe al Ministerio de Hacienda.Espínola indicó que este articulado formaba parte del acuerdo suscrito entre Eduardo Petta y Silvio Piris (de la FEP) en agosto del año pasado, pero que se trataba de una condicionante para la implementación de la carrera docente, no así del salario básico profesional.Por ello, considera que el gobierno debe cumplir con la promesa de la aplicación gradual del aumento salarial para el sector -establecido en un 16%- ya que dicho concepto está contemplado dentro del Presupuesto General de la Nación 2019. En caso de que tal cosa no ocurra, el dirigente sindical sostuvo que es probable que vuelvan a impulsar una huelga general en el mes de abril, esto atendiendo a que el informe del MEC al Ministerio de Hacienda debe ser remitido en la quincena de marzo.	En conferencia de prensa, la titular del Ministerio Público instó a los medios y a la opinión pública en general a mirar hacia atrás y comprobar de esa manera que en todos los hechos que el ministerio público estuvo investigando, “no existen colores”.De esta manera respondió a los cuestionamientos sobre la selectividad de la Fiscalía General, “acá nos basamos en lo que los agentes tienen en sus carpetas, por ello mi total apoyo a los fiscales”, remarcó.Quiñónez dijo estar tranquila y consciente de las repercusiones que pueden tener las investigaciones, sobretodo a políticos vinculados a casos de corrupción, “lo que venga lo sabré enfrentar y mi compromiso es con el paìs y trato de transmitirle eso a los agentes, las investigaciones son complejas y difíciles cuando se tocan ciertos intereses”.La fiscal general adelantó que presentarán un proyecto para frenar las recusaciones a fiscales, debido a que la gran mayoría son planteadas con el mero propósito de dilatar el proceso, con argumentos que faltan a la objetividad. Seguidamente la fiscal Josefina Aghemo señaló al igual que su superior, que cada investigación tiene en cuenta los criterios procesales por sobre las personas investigadas, y todo requerimiento es producto de la recolección de indicios objetivos y es total responsabilidad del agente.	Ricardo Preda, abogado de Javier Zacarías Irún, interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio, para evitar que sea tratado el pedido del juez Gustavo Amarilla al Senado para desaforar a su cliente.“Nosotros nos hemos opuesto a la decisión del juez de dar trámite a la imputación y hasta que se decida eso, el Congreso no puede tratar el pedido de desafuero”, dijo en charla con la 970 AM.El letrado mencionó además que la Comisión Permanente no tiene la potestad de tratar el quite de fueros.Por otra parte, indicó que que Fiscalía no puede reabrir una investigación (enriquecimiento ilícito) sin previa comunicación al juez. Recordó que en octubre del año pasado ya alertaron que se estaba actuando en base a la denuncia que replica otra que ya fue desestimada en el pasado, y que se debía solicitar la reapertura de ese caso.Recién cinco meses después se hizo el pedido formal, habiendo recolectado un sinnúmero de evidencias, de acuerdo con el abogado. “Lo que hace la Fiscalía es una actividad totalmente irregular, investiga primero y luego solicita la reapertura. El fiscal no puede investigar lo que quiera, sino que en base a indicios que hayan motivado a la investigación”, dijo.“Acá parece que finalmente importa más el efectismo, imputar y la parafernalia de meter en prisión preventiva a alguien, antes de lo que verdaderamente se plantea”, lamentó.Al consultársele sobre si Zacarías es un perseguido político, dijo que no posee evidencia de la intromisión del Poder Ejecutivo al Judicial, pero remarcó que existe una secuencia de hechos corroborados: el presidente Mario Abdo Benítez manifestó abiertamente su apoyo a los detractores de Sandra McLeod antes de la intervención municipal, la denuncia contra su cliente ZI fue presentada unos días después de la imputación contra Ulises Quintana y los adherentes del oficialismo acudieron a la audiencia de este diputado abdista y allí cuestionaron la falta de imputación contra Zacarías, tras esto se concretó el pedido de los oficialistas. Además de la causa de supuesto enriquecimiento ilítico, el matrimonio cuenta en su haber un acta de imputación en Asunción por declaración falsa. Mientras que existe otra en Ciudad del Este, producto de la misma investigación, donde le atribuyen el delito de lesión de confianza por contratación de servicios de publicidad a la intendenta Sandra McLeod. El abogado remarcó que esta causa se abrió el 28 de enero y al día siguiente ya se presentó la imputación.