La agente fiscal de San Estanislao, Irma Arias, imputó por homicidio doloso en grado de tentativa a la asistente fiscal Leticia Magdalena Alfonso Villalba (30), en calidad de autor intelectual, y a Germán Julián Ramírez, supuesto sicario.Según se presume, la mujer supuestamente abonó la suma de 10 millones de guaraníes para que el criminal acabara con la vida de su expareja.También fueron procesadas la madre de la sospechosa, Elvira Ramona Villalba, y su hermana Ruth Natalia Alfonso Villalba, por el ilícito de tentativa de homicidio doloso en calidad de cómplices. Según las pesquisas, Leticia Magdalena habría contratado a un sicario para terminar con la vida de su expareja, quien recibió dos disparos de armas de fuego el pasado 13 de marzo. Afortunadamente el hombre pudo mantenerse con vida.	La denuncia ciudadana enviada a Hoy Digital señala que el hecho ocurrió en la tarde de este lunes, sobre la calle República Dominicana entre República de Siria y Patria.Al sitio llegó una persona a bordo de un automóvil y divisó un lugar en el que alguien había colocado un cono con la intención de apropiarse de esa parte de la arteria, sin embargo, el conductor decidió sacar el cono y estacionar allí, tomando en cuenta que la calle es pública y que no se encontraba frente un garaje y tampoco se trataba de uno de los tantos espacios reservados concedidos por la Municipalidad.Dos horas más tarde el denunciante regresó y se topó con la desagradable sorpresa de que un vehículo ubicado a su costado le bloqueaba la salida. Además, en el parabrisas halló un papel que decía: “respetar para ser respetado”.Según vecinos, el que presume ser dueño de la calle se llama Ever Cardozo y vive en un inquilinato que no tiene cochera, por lo que decide “reservar” una porción de la cuadra para él y amedrentar a quienes se atrevan a estacionar en “su” lugar. Fuentes aseguran que el barriojarense trabaja en el área de capa asfáltica de la comuna capitalina y que debido a este empleo cree contar con atribuciones e influencias suficientes para impedir que los vehículos estacionen frente a su casa.	Para hoy está fijado el inicio de su juicio oral y público por este caso. Según la investigación de la fiscala Victoria Acuña, el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis compro­metió 600.000 dólares de los recursos del Estado (en el 2012) sin autorización de la Presidencia. El caso salió a luz luego de que la compa­ñía italiana Anas reclamara el millonario pago.	investigacion@gruponacion.com.pyEl legislador está acusado de los supuestos hechos puni­bles de lesión de confianza y usurpación de funciones públicas. El tribunal encar­gado de juzgar está inte­grado por los magistrados María Fernanda García, Cynthia Lovera y Juan Car­los Zárate.La Fiscalía sostiene en su acusación que Buzarquis, cuando estuvo al frente del Ministerio de Obras Públi­cas y Comunicaciones (MOPC) durante el gobierno de Federico Franco, firmó un acuerdo entre la cartera estatal y la empresa italiana Anas SPA, además de cele­brar dos convenios específicos para realizar estudios en el Chaco y en Ñeembucú.Es así que Buzarquis obligó al Estado paraguayo a abo­nar la suma de 600.000 dólares para la realización de los trabajos en el Chaco y en el departamento de Ñeembucú. Del monto abonado, 500.000 dólares correspondían al MOPC y 100.000 dólares era aporte de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).El pago a la firma italiana no se concretó debido a que la administración de Ramón Jiménez Gaona (anterior ministro de Obras Públi­cas) denegó el desembolso en el 2014, ya que Buzarquis asumió ilegalmente la deuda con Anas sin tener autoridad ni un decreto del presidente de la República para hacerlo.En octubre del 2018, luego de varios años de iniciarse el proceso judicial, la jueza María Griselda Caballero había resuelto elevar la causa que involucra al sena­dor. La defensa del político había planteado el sobresei­miento definitivo, pero fue rechazado por la magistrada Caballero.OTRA DENUNCIA EN FISCALÍAEl senador liberal soporta una reciente denuncia en la Fiscalía por la supuesta comisión del hecho punible de tráfico de influencias.Según investigaciones de La Nación, Enrique Salyn tiene a más de una docena de familiares directos dentro de la función pública. Esta carga cuesta anualmente al Estado G. 2.600 millones.Al mismo tiempo, sus operadores políticos, que también se insta­laron en el Estado, facturan mensualmente a las arcas fiscales un total de G. 118 millones. Gracias a un pedido del partido liberal, Buzarquis tiene inclu­sive hasta a su esposa Fiorella Forestieri Alvarenga percibiendo hasta 7 salarios mínimos por mes en la Justicia Electoral. La mujer ingresó sin concurso de méritos.	El hecho ocurrió poco antes de la 1:00 de la madrugada en un predio compartido entre una peluquería y una ferretería, sobre General Aquino y José Asunción Flores. El capitán mayor Luis Saldívar explicó que el fuego inició en el baño, donde había un pequeño altar con una vela encendida. Desde este lugar salía una gran humareda que era visible desde afuera, por lo que los vecinos avisaron a los bomberos. “Pudimos controlar a tiempo, solamente el altar se llegó a quemar, no alcanzó al comercio, tuvimos que forzar la entrada porque no había nadie”, relató Saldívar en charla con Universo 970 AM. El inmueble es compartido entre una ferretería y una peluquería, por lo que los intervinientes abrieron ambas puertas para la verificación.