El fiscal Francisco Torres, quien imputó a Salyn Buzarquis por haber presentado un certificado médico de contenido falso para evitar comparecer ante la justicia, remarcó que el político sí reconoció haber cometido el delito, pese a que ahora dice lo contrario para evitar ser rajado del Senado. Llamativamente, en la Cámara Alta comenzaron las maniobras para salvarlo y no rajarlo de su curul. El Partido Patria Querida fue uno de los que impulsó su pérdida de investidura, pero ahora cambió de postura.	En charla con la radio 780 AM, el agente fiscal Torres recordó el caso del senador Buzarquis y refirió que el mismo fue acusado por el hecho punible y que en la instancia preliminar tuvo una salida alternativa al proceso penal. “Es culpable del delito y reconoció eso, pero no llega a juicio oral”, refirió.El representante del Ministerio Público sostuvo que el legislador tuvo que abonar mensualmente, por el lapso de un año, la suma de un millón de guaraníes a la fundación del padre Aldo Trento.Torres aclaró además que luego de haberse cumplido con las disposiciones fijadas por el juzgado para la suspensión condicional, el artículo 25 numeral 6 del Código Procesal Penal establece que se extinga la causa y la persona acusada quede sin antecedentes y con el legajo limpio.Vale recordar que lo mismo ocurrió con el exdiputado José María Ibáñez, quien terminó renunciando al cargo ante la presión mediática luego de haber reconocido que estafó al Estado con sus “caseros de oro” para obtener esta salida procesal. El juzgado determinó su sobreseimiento, con el pago de G. 30 millones y la compra de un generador para el leprocomio Santa Isabel y otras donaciones que totalizan unos G. 5 millones.PATRIA QUERIDA CAMBIA DE POSTURAEl senador Stephan Rasmussen, de Patria Querida, confirmó a la radio 970 AM que no votarán por la pérdida de investidura de su colega liberal, al alegar que fue sobreseído en enero luego de cumplir las medidas de donaciones que estableció el juzgado.Explicó que inicialmente su bloque firmó el pedido de raje de Buzarquis porque tenían la información de que la condena estaba vigente, por lo que luego su equipo técnico comenzó a realizar las verificaciones.“Es muy claro, que la condena terminó y no corresponde el pedido de pérdida de investidura”, remarcó Rasmussen.Por otra parte aseguró que el caso de Oscar González Daher fue muy diferente, ya que pese a no tener una condena, fue echado del ámbito legislativo. Señaló que el colorado estaba salpicado por tráfico de influencias.EL CASOEl senador liberal Enri­que Salyn Buzarquis había sido imputado en julio del 2017 y con la aplicación de la figura señalada, su pena se redujo a realizar una donación mensual de un millón de guaraníes a la Fundación San Rafael durante un año.Según La Nación, un requisito para la concesión del proceso abreviado es inde­fectiblemente la asunción de la responsabilidad por parte del acusado. El Art. 21 del CPP señala textualmente que “cuando sea posible la suspen­sión a prueba de la ejecución de la condena en las condicio­nes establecidas en el Código Penal, las partes podrán soli­citar la suspensión condicio­nal del procedimiento. Si el imputado presta conformidad con la suspensión y admite los hechos que se le imputan, el juez dispondrá la suspen­sión condicional del procedi­miento, siempre que el impu­tado haya reparado el daño ocasionado, haya firmado un acuerdo con la víctima en ese sentido o demostrado su voluntad de reparación”. La entrega de un certificado médico de contenido falso formó parte de la serie de chicanas presentadas por el legislador del PLRA para no comparecer ante la Justicia en otro proceso relacionado a lesión de confianza y usur­pación de funciones públicas. El hecho generó la imputación por parte de la Fiscalía hace casi dos años atrás.	El accidente de tránsito sucedió alrededor de las 3:00 de esta madrugada sobre la Avda. España en su intersección con la Avda. Brasilia. Una Chevrolet Blazer cruzó la Avda. España con semáforo intermitente, cuando se produjo el choque con un automóvil Ford que venía por Brasilia, tras lo cual la camioneta terminó volcando y quedó ruedas arriba.Ramón Recalde iba al mando de la camioneta, mientras que Emilce Eredia conducía el vehículo Ford, según confirmaron los agentes policiales a la 970 AM. Por fortuna ninguno de los involucrados resultó herido, aunque los rodados sufrieron serios daños materiales.	(0985) 106-742La empresa adjudicada por G. 4.050 millones desmenuzó la cotización de servicios y, por ejemplo, salta que casi se duplican costos de fluores­centes. Incluyeron presu­puestos prácticamente ridí­culos como el “desmonte” de cada tubo fluorescente con precio unitario de G. 9.200.De acuerdo con el portal de la Dirección de Contratacio­nes Públicas (DNCP), la coti­zación de los productos de la empresa adjudicada, en este caso la compañía En Obra, es bastante elevada. Tomamos rápidamente solo algunos de los ítems de la llamativa adju­dicación y los comparamos con el precio de mercado, y se observa una importante des­igualdad en los costos.En el caso de los fluores­centes existe una gran dife­rencia entre lo que cotizó la empresa adjudicada y el pre­cio que se paga en el mercado. De acuerdo con el contrato, por ejemplo, el fluorescente de 2x40, arrancadores, zóca­los, reactancias y la rejilla difusora con la instalación figuraban a G. 315.000. Sin embargo, por el mismo pro­ducto, lo que se paga como máximo en cualquier ferre­tería alcanza los G. 150.000, según las averiguaciones que realizamos en varios locales de venta de precio al público. A esto agregan otra cotiza­ción que dice “desmonte de equipo fluorescente” y coti­zaron a G. 9.200 por cada tubo que deben cambiar.Con relación a la instalación, los entendidos en la materia comentaron que estos apara­tos ya vienen como para ser conectados, y ya que forman parte de un combo de trabajo, el precio por la instalación no puede superar los G. 50.000. En Justicia cotizan por cada tubo a cambiar.También se compara el precio de las luces led de 500W-6500K, IP65, frías. El precio que figura en el contrato del MJ es de G. 245.000. En el mercado local, este mismo producto sale G. 79.000; es decir, se triplicó el precio en la licitación.Asimismo, los focos de bajo consumo también tienen un precio superior a los que se venden en el mercado. En el contrato señala que este tipo de artefacto de 32W está coti­zado en G. 59.500; mientras tanto, en los locales consul­tados nos presupuestaron un precio máximo de G. 40.000 la unidad. Por otra parte, también existe un elevado monto que figura por la insta­lación de los acondicionado­res de aire (AA). Por ejemplo, el montaje del AA de 24.000 BTU fue cotizado en G. 560.000 cada uno al Minis­terio de Justicia; sin embargo, en el mercado se cobra entre G. 300 y G. 350 mil, es decir que existe un sobrecosto de casi el 40%. Lo mismo pasa con los AA de 12 mil BTU, que figuran a G. 420.000; el pre­cio que se cobra en el mercado oscila entre G. 250 y G. 300 mil.Es importante mencionar que existe una decena de ins­talaciones de este tipo de apa­ratos en el contrato adjudi­cado por la institución y, por regla general, a mayor can­tidad debiera ser menor el precio.Asimismo, existe un sobre­precio en la cañería de gas tipo bronce que forma parte de los AA. El MJ adjudicó a G. 560.000 el metro, cuando técnicos instaladores dijeron que eso cuesta G. 50.000 el metro.JUSTIFICAN ELEVADO MONTOVanessa Vargas, de la Unidad Operativa de Contrataciones del MJ, explicó que esta empresa fue la que presentó la mejor oferta. “Entre los 6 oferentes que se presentaron, esta empresa es la que presentó una mejor oferta. Además, uno de los edifi­cios estaba bastante descuidado, requerirá de mucho trabajo”, manifestó la funcionaria. “Es un contrato abierto en el que se utilizarán todos los ítems que sean necesarios”, agregó la encar­gada.	El hecho ocurrió alrededor de las 19:15 de ayer miércoles, cuando Salvador Martínez Bazán trepó una muralla de la cárcel de Emboscada y logró escapar sin que nadie intente impedírselo.La Policía realizó un rastrillaje en la zona, sin embargo, no hubo resultados positivos y este jueves se reanuda la búsqueda.Según los registros, Bazán había participado del asalto al colegio San Ignacio Loyola, de donde habían llevado 120 millones de guaraníes. También se lo sindica como autor de varios asaltos a estaciones de servicio d San Antonio, según explicaron los intervinientes a la 970 AM.