Según las estadísticas más recientes, el 10% de la población padece de algún tipo de discapacidad y el informe destaca que el pilar más débil es el del acceso de las personas con discapacidad a las fuentes de trabajo. “Estamos buscando acciones concretas e instar a todas las carteras del Estado a que creen sus planes de inclusión”, manifestó. Martínez destacó que actualmente hay cerca de 2.000 personas con discapacidad en la función pública y buscan que con la ley de emergencia se pueda lograr la inclusión de 11.000. El ministro informó que se entregaron más de 1.200 sillas de ruedas este año, pero que la lista de espera continúa siendo muy extensa, siendo 1.5000 personas las que esperan este insumo. Respecto a los diferentes tipos de discapacidad, Martínez refirió que la meta de la SENADIS es que se brinde una atención integral a todas las personas, ya sea con discapacidades adquiridas o congénitas. DISCAPACIDAD Y EDUCACIÓN “Hay una deuda muy grande en la academia. El nivel técnico superior no tiene formación para poder tratar a las personas con discapacidad”, expresó. El ministro puntualizó que esta semana firmarán un convenio con diversas universidades del país para poder fomentar la capacitación de los profesionales en esta área.	Unos 3.000 agentes policiales están custodiando a los políticos. Algunas autoridades llegan a tener hasta 15 uniformados a su cargo. El ministro del Interior, Euclides Acevedo, plantea que estos “guardias privados” pasen a la calle para cuidar al ciudadano y que los militares se hagan cargo de la seguridad de los políticos.	El ministro del Interior, Euclides Acevedo, indicó a la radio 650 AM que de los 4.000 policías que custodiaban a los políticos durante la época de Francisco de Vargas, actualmente la cifra se sitúa en 3.000 agentes uniformados abocados a dicho servicio. No obstante, a su parecer debe reducirse aún más.En ese sentido señaló que el departamento de Talento Humano de la Policía realiza un inventario de los agentes que están realizando actividades que no corresponden.Si bien resaltó que las autoridades legítimas elegidas deben contar con un resguardo de su seguridad, insistió que sean los militares quienes se encarguen de ello. “Es una de sus funciones constitucionales”, acotó y lamentó que las autoridades “oñemolente” cuando les solicita efectuar los cambios necesarios.“Hay pedidos de autoridades del Congreso, del Poder Judicial, de las Gobernaciones. Es cierto que están obligados a tener custodia, pero no tanta. Algunos diputados tienen hasta 15 policías. Con uno o dos ya es suficiente. Se debe racionalizar. La Policía tiene que estar en la calle, donde está el ciudadano, cumpliendo su tarea”, indicó. Sin embargo, el presidente del Congreso, el senador liberal Blas Llano, dijo este martes que está de acuerdo en que los legisladores cuenten con la debida custodia policial. Insistió que no se pueden descuidar de las amenazas de los autores del crimen organizado.	El director de la oficina del Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Enrique López Arce, expuso un caso para denunciar una práctica que se está volviendo habitual para reclamar el pago de las deudas, pero que va contra de la Ley del Consumidor.Se trata de un requerimiento de la empresa de cobranza Carsa enviado al correo de la Compañía Panamericana donde trabaja el funcionario deudor. En la misiva se detalla que el trabajador posee una cuenta extrajudical y se solicita que se haga llegar la notificación al mismo para no ingresar al área judicial, caso contrario embargarán el 25% del salario que percibe en esa empresa.	En respuesta a esto, el gerente de Panamericana, Andrés Veirano, anunció que iba a exponer el caso por amedrentar a los funcionarios. “Te pido que no vuelvas a enviar mails a mí empresa, si tenés algo que decirle a alguien, buscalo en persona y hablalo, pero no hagan esto para amenazar la fuente de trabajo de la gente. Mañana haré la denuncia a la Sedeco y al Ministerio de Trabajo. Si algún directivo de tu empresa quiere conversar, que me llame”, escribió el funcionario, según dio a conocer López Arce.La autoridad del Empleo insistió que esta es una práctica ilegal, por lo que instó a los trabajadores a denunciarla ante la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) y el Ministerio de Trabajo. “Si a vos te pasa esto, denuncialo. No te pueden presionar. La entidad encargada de verificar esto es Sedeco. La denuncia debe ser normal por parte del trabajador y la empresa”, afirmó en charla con la radio Universo.Puntualizó que estas prácticas abusivas de las empresas de cobranzas desprestigian al trabajador, porque su entorno laboral tiene conocimiento de su deuda, y además pone en riesgo el puesto de trabajo del mismo. Varias personas denunciaron que fueron despedidas de sus empresas luego de que recibieran estos amedrentamientos.	Por improcedente y por no constituir una vía procesal oportuna fue rechazada la acción de amparo constitucional promovida por la abogada Yolanda Paredes, esposa de Paraguayo Cubas.La magistratura electoral aclaró que sin siquiera entrar a estudiar la cuestión de fondo, una amparo debe ser dirimido por el procedimiento ordinario y no por un amparo. Con la aplicación del artículo 570 del Código Procesal Civil el Juzgado en la Primera Instancia en lo Electoral de la Capital resolvió el rechazo in litis del recurso contra la Cámara de Senadores. En la sesión extraordinaria del jueves pasado, la Cámara Alta probó la pérdida de investidura de Paraguayo Cubas, por el altercado con los Policías del Alto Paraná. Miguel Fulgencio “Kencho” Rodríguez ya ocupa el lugar de Cubas sin el protocolo de juramento, pues ya había asumido meses atrás, cuando reemplazó a Cubas mientras estaba suspendido. No obstante la ANR mantiene el reclamo dela banca.