cesar.larre@gruponacion.com.pyUna veintena de funciona­rios contratados por la actual administración aparece en planilla de empleados con cargo y/o función de asesor.De 23 asesores, 10 son exclu­sivos de la presidencia de la Administración Nacio­nal de Navegación y Puertos (ANNP), es decir, están a cargo de Retamozo.En contraste, la institución se encuentra embarcada en un proyecto que pretende la dis­minución de personal, por el cese de operaciones del Puerto de Asunción.Gerardo Fariña Saavedra, político de Ypané afín al movi­miento Colorado Añetete, es uno de los asesores de Reta­mozo; ingresó a Puertos en julio de este año y tiene un salario de más de G. 8 millones.Otro asesor en ANNP es Cirilo Cuevas Ruiz Díaz, hermano del diputado Miguel Cuevas. Fue incorporado al plantel de funcionarios en febrero de este año con cargo de sub­gerente, pero función real de asesor.La lista continúa con Verónica Ibáñez Caballero, nombrada en la ANNP en julio de este año como asesora de la presiden­cia con un salario que ronda los G. 6 millones. Es una joven dirigente colorada que trabajó por la campaña presidencial de Mario Abdo.Librada Ocampos es otra asesora de la presidencia de Puertos, donde ingresó ya en setiembre del 2018, al poco tiempo de asumir Retamozo. También milita en el movi­miento Colorado Añetete.Isabelino Silva López es otro dirigente de Colorado Añe­tete que tuvo cabida en ANNP, donde ingresó a principio de año y percibe una remunera­ción de más de G. 7 millones.La nómina prosigue con Eve­lin Mabel González, quien figura en planilla de funcio­narios como asesora de la pre­sidencia con salario de más de G. 13 millones.Francisco Flores Torres es otro asesor de la presiden­cia de acuerdo a la nómina de empleados y cobra un salario de casi G. 6 millones.Juan Carlos Vera Hobeker también aparece como asesor de Retamozo, con un salario de más de G. 7 millones y otro consejero, Fernando Zarza Cárdenas, con una remune­ración por encima de los G. 5 millones.Son solo algunos de los con­tratados y/o nombrados como asesores en la actual adminis­tración de la ANNP (ver info­grafía).Como si faltaran empleados, el titular de Puertos también pidió por ciertos funciona­rios a otras instituciones y los ubicó como asesores en la empresa pública.Tal es el caso de Gustavo Núñez Pérez, comisionado de la Corte Suprema de Jus­ticia, quien en Puertos tiene la función de asesor adminis­trativo y presupuestario de la presidencia, con una remune­ración de G. 13 millones.Otro comisionado y que figura como asesor en Puertos es Derlis Paredes Delgado. Su institución es la Contraloría General de la República y en la ANNP cobra bonificaciones que suman G. 6 millones.El presidente de Puertos derivó, a través de su oficina de comunicación, la consulta de este diario sobre la cantidad de asesores al gerente general Ángel Colmán, quien mucho no pudo aclarar.“Eso yo ya no manejo, por­que no decido ese tema, son los ordenadores de gastos. Los administradores que vienen traen a sus equipos asesores (…)”, expresó.Los altos funcionarios no supieron responder en qué asesoran los mencionados funcionarios ni para qué nece­sita una decena de consejeros el presidente de la institución. Ramón Retamozo asumió como titular de Puertos el año pasado con el actual gobierno, cargo que dejó en julio pasado para ocupar una banca en el Senado en reemplazo de Enri­que Riera, quien había sido sus­pendido. Asumió la curul por escasos días y el 6 de agosto por decreto del presidente Mario Abdo retornó a la ANNP.	rossana.escobar@gruponacion.com.pyTodo apunta a que en Petropar cocina­ron los contratos a favor de Sol Petróleo SA, una firma desconocida en el rubro a nivel local, pero se convirtió en la favorita de la presidenta Patricia Samu­dio. La empresa se bene­fició con dos adjudicacio­nes en carácter de urgencia por vía de la excepción para compra de gasoil y nafta por unos US$ 29 millones.Los astros se alinearon a favor de Sol Petróleo, ya que Samudio aflojó varias exi­gencias de Petropar en com­pras públicas. Los “invita­dos” eran básicamente de fachada, compitieron en el proceso de adjudicación sin las documentaciones sustanciales y algunos ni siquiera estaban registra­dos como proveedores del Estado, deficiencias que direccionaron la adjudica­ción a favor de Sol Petróleo SA (ver infografía).Patricia Samudio.Lo raro es que en la puja por los millonarios contratos los oferentes se hayan pos­tulado para perder, consi­derando las “deficiencias” remarcadas por el Comité de Evaluación en cuanto a documentaciones. Según las observaciones señala­das, algunos de los oferentes invitados ni siquiera pre­sentaron la copia autenti­cada de la constitución de la sociedad.EX FUTBOLISTALa falta de solvencia fue otro elemento que dejó fuera a los “oferentes”, como es el caso de la firma representada por el ex juga­dor de fútbol Arabo Bakary Yerima, que se postuló sin cumplir con la capacidad financiera, según el comité de evaluación.Las millonarias compras por vía de la excepción fue­ron con la modalidad del precio fijo, mecanismo de negocio rechazado por los grandes proveedores ante el riesgo que se genera para los privados como para el ente estatal por la inestabilidad de los precios del petróleo, según mencionaron enten­didos del rubro.Para la compra del gasoil por vía de la excepción Petropar alegó “razones técnicas”, pero hasta ahora no aparece el dic­tamen que avale la modalidad. Además, la adjudicación se hizo a un precio mucho más caro, por encima del 20% del referencial. El precio refe­rencial de la contratación por excepción era de US$ 415 m3, pero terminaron adjudicando a US$ 499 m3.En la compra de la nafta se valieron de “la posibilidad de obtener a mejor precio”, pero también compraron a valores mucho más elevados con relación a la subasta en proceso de adjudicación y de entrada generaron un per­juicio de US$ 270 mil para Petropar. El daño puede ser mucho mayor, conside­rando la tendencia de caída del precio del petróleo.La DNCP congeló ambos procesos en vista de que Petropar no justificó la con­veniencia de sus compras “spot” o de oportunidad.LA FAVORITALos accionistas de Sol Petróleo tienen calificación 4 en el Banco de Servicio Financieros SA, que equi­vale a “alto riesgo de insol­vencia”, según el informe de deudas del Banco Cen­tral de la República Argen­tina. Solicitamos a Petro­par las pólizas presentadas por la firma en el marco de los procesos licitatorios, pero no respondieron la consulta.Alto riesgo de insolvencia del accionista de firma adjudicada.HONOR COLORADO PIDE INFORMESMediante un pedido de la bancada de Honor Colorado, el Senado aprobó ayer un pedido de informe a Petropar sobre las compras por vía de la excepción y otras irregularidades que salieron a la luz. El documento fue presentado por los senadores de la ANR Arnaldo Franco, Juan Darío Monges, Enrique Riera, Sergio Godoy y Antonio Barrios. También pidieron las obligaciones pendientes de pagos al 30 de setiembre del 2019, notas a los estados conta­bles también al 30 de setiembre pasado, ejecución presupuestaria por objeto del gasto del 1 de julio del 2018 a la fecha y listado del personal con la remuneración que perciben, etc.	El equipo de los “leales” que maneja el Indert, los padrinos políticos y el esquema de recaudación montado desde esa institución siguen intactos a pesar de los graves hechos de corrupción detectados en el ente agrario. “La orden vino de arriba”, dicen los propios funcionarios de la institución y señalan al padrino político de quienes siguen anclados en sus puestos: el ministro Rodolfo Friedmann. El equipo del ministro sigue operando y ocupa las principales direcciones dentro de la institución. Mafia del INDERT. Recomendados de Friedmann en puestos clave y la orden de no tocar a nadie.	Maria Margarita NarvajaNarvaja se desempeñó como brazo eje­cutor de Friedmann de los millonarios pagos no justi­ficados en la gobernación de Guairá. La fiscalía retiró documentación sobre la gestión de Rodolfo Friedmann como gobernador, ante las sospechas de manejos irregulares y casos de corrupción. La gestión de Friedmann como gobernador está bajo la lupa del Ministerio Público. La lista de funcionarios leales sigue con Juan Angel Gonzalez Fretes quien ocupa el cargo de secretario general. De acuerdo a sus propios compañeros de trabajo, registró un importante despegue económico desde que ingresó a la institución. Es sindicado como el “cerebro” de las operaciones de revocación de adjudicaciones.	Juan Angel FretesLa Directora de Recursos Humanos de la institución también es señalada como parte del “clan Friedmann”. Se trata de Marta Adela Mendoza responsable de ubicar a los recomendados. Otra de las funcionarias “mimadas” del ministro es Liliana Miranda, quien ocupa la gerencia de planificación del Indert acusada señalada igualmente por su meteórico despegue económico desde que ingresó a la institución.	Lilian MirandaAsí también otros funcionarios acusados de pertenecer a la misma rosca que opera extorsionado y cobrando coimas para adjudicar o no revocar resoluciones siguen en sus puestos por expresa orden del Ministro.La lista de protegidos sigue con el jefe de gabinete de la presidencia Jorge Augusto Balbuena; el director de la Unidad Operativa de Contrataciones Victor Fernandez; y el encargado del proyecto SIRT Carlos Lopez Bentos. Este último pese a no ocupar oficialmente el cargo es apuntado como el encargado de pasar los reportes al Ministro.	El presidente y Víctor FernándezEl Sistema de información de los recursos de la tierra es un proyecto que centralizó todos los trámites de titulación del Indert convirtiéndose así en coto de poder importante en el manejo de la institución. Las agencias departamentales y las direcciones descentralizadas también son ocupadas por recomendados de otros lideres de colorado añetete. El caso más escandaloso es la Dirección de Alto Paraná donde fue ubicado Mario Adorno, supuesto protegido del Gobernador de Alto Paraná, Roberto Gonzalez Vaezquen. Pese al cambio en la dirección principal siguen en sus puestos cuestionados funcionarios acusados de encabezar los operativos de apriete en Alto Paraná.Se trata del funcionario Nestor Galli sobre quien pesan 9 denuncias ante el Ministerio Público por despojo, invasión y producción de documentos no auténticos. La otra funcionaria sindicada de participar en el esquema contra los colonos de Alto Paraná es Nathalia Caballero, directora general de Asesoría Jurídica quien también sigue en el cargo. Los caudillos de Añetete manejan las dirección de Alto Paraná, Caazapa, Caaguazu, Itapua, Amambay, Central, Paraguari, Misiones, Cordillera y Guaira. La rosca sigue intacta.	investigacion@gruponacion.com.pyY al parecer es una práctica común de la actual admi­nistración de Petropar “premiar” de esta manera, y en otros casos con aumen­tazos, a todos aquellos fun­cionarios que respaldan a la titular.Óscar Acuña Ayala figura como jefe en planilla de funcionarios de la esta­tal con un salario de G. 14 millones y, según fuentes, se encuentra en la depen­dencia de facturación. Su hija Camila Acuña Centu­rión fue contratada este año con salario de G. 2.500.000 y cumple la función de auxi­liar, según la nómina, en la parte de tesorería.Otra cuya hija pudo inte­grar el plantel de funcio­narios es Karina Pare­des, quien en la nómina de empleados figura como bri­gadista, con un salario de más de G. 6 millones. Su hija es Talía Barrios Paredes, contratada también este año como auxiliar perci­biendo salario mínimo.La lista sigue con José Mel­garejo Denis, quien en la planilla figura como auxi­liar de servicios con un sala­rio de más de G. 4 millones y, según fuentes, cumple funciones en la Dirección de Gestión Empresarial. Su esposa Marlene Duarte fue contratada este año y figura en la nómina como enfer­mera, con salario de más de G. 4 millones.	El sindicalista y asesor de Samudio, Gerardo Parodi Vargas, también consiguió la contratación de su her­mana Pamela Parodi Var­gas como auxiliar, con sala­rio mínimo. Otro hermano, Ernesto, también trabaja en la estatal.Varios otros familiares de funcionarios aparecen en la contratación de perso­nal tercerizado a través de la firma Jobs SRL –consul­tora de RRHH–, que tiene un contrato con tope de G. 24 mil millones adju­dicado por Samudio (ver infografía).Rodrigo Leiva Espínola fue contratado este año como personal comercial junior, con un sueldo de G. 3 millo­nes Es hijo de Estela Espí­nola Torres, sindicalis­ta-jefa en Petropar, quien percibe una remuneración mensual por encima de los G. 15 millones.Carlos Jacinto Safstrand Espínola también ingresó vía Jobs como playero en la estación de servicio de Villa Elisa, con salario mínimo más un adicional de G. 300.000. Es primo de Norman Williams Safs­trand Ojeda, sindicalista y jefe del Departamento de Mantenimiento de Estacio­nes de Servicio en Petropar, con un salario aproximado a G. 9 millones.Son solo algunos casos de familiares de funcionarios que entraron a la petrolera estatal a través de Jobs. Cabe recordar que Petro­par ya pagó G. 3.600 millo­nes a esta consultora entre marzo y julio del 2019.Versión de Petropar sobre adjudicación a estrella del Grupo VierciLa administración de Patricia Samudio difundió un comunicado a raíz de la publicación de La Nación sobre la adjudicación de G. 3.400 millones y el paquete de G. 1.000 millones a favor de la productora X, propiedad del presentador del Grupo Vierci Orlando “Bicho” Riveros.El comunicado resume el proceso de adjudicación que está en el portal de Contrataciones Públi­cas, pero no explica para qué contrata “videoentrevistas” de 1 a 3 minutos que cuestan entre G. 6 millones y G. 14 millones cada una. Los voceros en todo momento se escudaron en el pliego de bases y condiciones, en el que “está todo explicado”. Sin embargo, el pliego no especifica quiénes serán entrevistados, dónde se difundirán y con qué objetivo.“Si se da una habilitación de una estación, por ejemplo, y nosotros queremos hacer la difusión, el entrevistado en este caso sería el operador de esa estación, ahí tenemos la opción de hacer entrevista o spot y puede ser en cualquier programa”, confirmaron desde Petropar. “Todos los materiales que hagamos se utilizan para diferentes plataformas”, remarcaron.Si bien los voceros dieron el ejemplo de la nota al operador de una estación en caso de habili­tación, no explicaron concretamente el plan de comunicación de dónde, cómo, a quién o para qué se incluye la compra de entrevistas en el contrato. Esta situación crea sospechas sobre las famosas “publinotas” que se suelen generar en algunos medios de comunicación para no ahon­dar en los cuestionamientos.Al respecto, una actitud suspicaz de Samudio es que para aclarar temas delicados, como los US$ 52 millones desaparecidos de las cuentas bancarias de Petropar, no le da tanto valor a las entrevistas como sí lo hace en los contratos de publicidad y manda al frente a sus colaborado­res para el derecho a réplica. Para anuncios de proyectos a futuro, en cambio, realiza selectivas visitas mediáticas, pero para abordar la realidad de su administración manda al frente a sus colaboradores.