Se trata de Ovidio Larrea Torres, César Paiva y Aldo Morel, a quienes se les atribuye la figura de frustración de la prosecución penal, en base a los elementos recogidos por el fiscal Marcelo Pecci. Todos los mencionados habrían colaborado de alguna forma para alterar la escena del crimen, a modo de reforzar la hipótesis de de que Peralta falleció producto de un tiroteo con asaltantes, por medio del ocultamiento de evidencias y la elaboración de un dudoso informe de los hechos acontecidosEl subcomisario Aldo Morel fue quien entregó la camioneta en la que se desplazaban los agentes mucho después de los ocurrido, y con el parabrisas cambiado, en tanto que Paiva se lo sindica como supuesto responsable de hacer desaparecer el arma de su camarada fallecido.En contacto con Radio UNO, Lourdes López, esposa del uniformado asesinado, las nuevas imputaciones tienden a confirmar lo que ella sostenía desde un principio, la participación de los camaradas tanto en la muerte como en la alteración de la escena.“Ocultaron el homicidio, faltaron a su deber como policías, en lugar de resguardar las evidencias, dejaron que los culpables se queden en la escena a labrar un acta y ensuciar el informe”, lamentó la mujer.Según el informe, los agentes hicieron un señal de pare a los asaltantes, como estos hicieron caso omiso, comenzaron a disparar y los agentes de la GEO, respondieron, “pero se sabe que los bandidos no dispararon”, remarcó. En otro momento cuestionó que hasta el momento el exjefe de policía del Departamento Central, el comisario Miguel Cardozo, hasta ahora no fue incluido en la investigación y ni siquiera fue objeto de sumario. López lo sindicó como responsable de autorizar la orden de trabajo y firmo el acta de servicio que culminó con el trágico desenlace.La fiscala Sandra Fariña imputó por homicidio doloso al comisario Julio Cabañas, el principal sospechoso de haber asesinado a su colega Arístides Peralta tras un robo que se registró en Fernando de la Mora en octubre pasado.	La Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa) pedirá al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) permitir que los surtidores ya no abran más en horario nocturno, ante la ola de asaltos registrados en sus locales. Esta madrugada, en menos de 20 minutos, tres locales fueron visitados por una banda de motochorros en Fernando de la Mora.	Alejandro Guggiari, presidente de Apesa, indicó a la 650 AM que hace mucho tiempo reclaman mayor cobertura policial en las estaciones de servicio, atendiendo que además de los asaltos, muchos dueños y guardias de seguridad fueron asesinados durante los atracos. Los lugares más visitados por los malvivientes son San Lorenzo, Fernando de la Mora y Luque. “El nivel en que están entrando los delincuentes ya asusta, con escopeta, ametralladoras, entre cuatro o cinco personas, creyendo que hay 600 millones de guaraníes en caja, pero no es mucho lo que recauda la estación, porque aumentó el uso de la tarjeta de crédito”, resaltó.Actualmente existe un decreto que obliga a las estaciones de servicios a operar las 24 horas, pero en algunos casos se dan excepciones cuando el local ya fue asaltado en reiteradas ocasiones, de acuerdo con el entrevistado.Guggiari adelantó que su sector planteará oficialmente al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) que libere a las estaciones de servicios de la obligación de abrir de noche y especialmente de madrugada, cuando ocurren más asaltos. “La gente debe ir acostumbrándose a cargar combustible de día, porque es menos vulnerable una posibilidad de asalto”, esgrimió el titular de los propietarios de las gasolineras. Esta madrugada tres estaciones de servicios ubicadas en la ciudad de Fernando de la Mora fueron asaltadas por un grupo de motochorros que perpetró de manera meteórica la seguidilla de asaltos.	“Lo que se busca es un mecanismo de facilitación para que los bienes estén en manos del Estado y que sean puesto en beneficio de la ciudadanía”, indicó el procurador Sergio Coscia a la 970 AM. Explicó que por ejemplo el lujoso Lamborgini del supuesto narco Reinaldo “Cucho” Cabaña, actualmente procesado, no le sirve al Estado y se podría monetizar para sacar provecho.Mencionó que actualmente están trabajando en conjunto Senabico, Seprelad, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría y Ministerio Público, de modo a conseguir una reglamentación, no así una ley propiamente, que permita al Estado la incautación rápida de bienes privados conseguidos por la vía delictiva.El entrevistado indicó que por cuestiones burocráticas, se inscriben bienes al nombre del Estado paraguayo y para rematarlos se tarda aproximadamente cinco meses. Entonces se busca agilizar ese trámite.¿Qué pasa cuando el investigado es inocente? Esta extinción de dominio puede acabar siendo perjudicial para el Estado, ya que se adueña de bienes de una persona que aún no fue condenada. En ese sentido, el procurador aseguró que se garantizará la protección de las personas investigadas. “Se establecieron los mecanismos legales tanto para el imputado como para el Estado”, dijo. “Necesariamente hay que hacer el control, poniendo las garantías constitucionales primero”, añadió.Coscia argumentó que el decomiso solo se realiza en casos donde los hechos punibles se descubren en flagrancia o previa investigación. “No existe la posibilidad de que a algún estafador o persona investigada por corrupción se le decomise”, esgrimió.“Tengo mi presunción a favor del Estado cuando estás prófugo (caso Darío Messer) o chicaneas (Cucho) para no aplicar la ley. El comportamiento del imputado suma al final de la jornada para probar su relación con el hecho punible por el cual se lo investiga”, puntualizó.Actualmente existen cerca de 500 inmuebles, además de automóviles de alta gama, cuyas ventas pueden generar importantes recursos financieros para uso del Estado.CASO ARGENTINO El presidente de	, firmará un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para establecer la llamada ley de extinción de dominio, cuyo objetivo es permitir al Estado la incautación rápida de bienes privados conseguidos por vía delictiva.El proyecto de ley de extinción de dominio, ahora convertido en DNU, ha pasado años estancado en el Congreso por razones técnicas. Plantea la apertura de una vía civil para la recuperación de bienes paralela al proceso penal: la causa civil requerirá solamente una sentencia firme de un tribunal penal de primera instancia.	22 de enero de 2019 INICIO DE LA SEGUNDA ETAPATras culminar esta primera etapa, el siguiente paso consiste en la verificación documental que arranca este martes 22 de enero y se extenderá hasta el próximo 25 de enero. Para el efecto, los estudiantes deberán entregar los documentos requeridos para confirmar la postulación electrónica que habían realizado previamente.Un total de 7 sedes han sido habilitadas para la entrega de documentos: