Integrantes de la Comisión Permanente del Congreso mantuvieron una audiencia con el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia y el Defensor del Pueblo, Miguel Godoy, tras la cual concluyeron que no hay forma de obligar a nadie a ir al cuartel, ni a a pagar las tasas que contempla la ley.“No existe manera de coaccionar al joven para ir a cumplir el Servicio Militar Obligatorio, por más de que sea una ley, tampoco para ir a pagar la tasa militar”, reconoció el ministro de Defensa, Soto Estigarribia. Respecto a la capacidad de recibir aspirantes, el secretario de Estado reconoció que el presupuesto de las Fuerzas Armadas para la incorporación de soldados, le permitirá recibir hasta 4.067 candidatos este año. Esto incluye: alimentación, equipos y otras necesidades básicas. En tal sentido, Soto Estigarribia indicó que los que no ingresan son postergados o exonerados mediante el pago de la tasa militar, sin embargo, tampoco hay una sanción para los que no abonen este importe. Admitió que deben haber condiciones para el cumplimiento y desde el momento en que esto no se da, la ley pasa a ser letra muerta. “Esa obligatoriedad que es mandato constitucional y todas las restricciones han desaparecido con la nueva CN, por ejemplo, antes no se podía acceder a la función pública ni ingresar a una empresa privada sin la boleta de baja, ni ejercer el derecho al voto, todo eso ha desaparecido”, recordó.Por su parte, el defensor Miguel Godoy, explicó que la ley 4013/10 presenta algunas modificaciones entre las que contempla la declaración de insolvencia respecto a los que no están en condiciones de pagar los 400.000 guaraníes.A esto se suma el servicio sustitutivo a favor de entidades del estado y a las privadas sin fines de lucro. Así también se estipula a los objetores con derecho adquirido, como los bomberos o personas que realizaron tareas a favor de la comunidad de manera voluntaria. “Nosotros hemos tenido en cuenta eso, y en ningún momento hemos hablado de sanciones en cuanto a la reglamentación”, concluyó	Zenón Morínigo, productor de la localidad de Margariño, en entrevista con la 970 AM confirmó que, a la fecha, la mayor parte de las aguas del Pilcomayo están llegando solamente hacia el lado argentino.El mismo indicó que los trabajos que se hicieron en el segundo tramo del río -los cuales estuvieron a cargo del Consorcio Pilcomayo junto otra firma propiedad de menonitas- no fueron suficientes para frenar esta delicada situación.Si se hacía una buena extracción de todo el sedimento que había en la zona de la embocadura, sobre todo desde el kilómetro 0 hasta el 7, no iba a ocurrir lo que está ocurriendo ahora, manifestó Morínigo.“Todo el trabajo está taponado, ahora prácticamente nos quedamos sin canal, casi el 100% del agua se está yendo para Argentina, encima que ahora estamos en época de creciente”, acotó.A su criterio, la situación que se vive actualmente es crítica debido a que se gastó tanto dinero entre el año pasado y este año para que finalmente vayan a encontrarse con esto. “Pensar que en aguas bajas vamos a tener agua es un sueño que no se va a cumplir en esta ocasión”, afirmó.Morínigo no supo precisar cuánto tiempo duraría esta crisis, pero sostuvo que se debe revisar dónde se quedaron los sedimentos en el Pilcomayo, labor que ahora será complicada debido a que se deberá trabajar entre el barro y el agua.A su vez, recordó que en la licitación anterior, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) había establecido la disponibilidad de dos dragas potentes para realizar los trabajos en el Pilcomayo, las cuales ahora mismo no están disponible. “Lo único que pueden hacer es meter las dragas grandes, hacer la instalación de los caños y sacar la tierra como corresponde, lo cual creo que no hacen porque tiene otro costo”, agregó. “El año pasado en esta época y con este nivel, en Pozo Hondo tendríamos que tener la cañada Madrid llena de agua, pero ahora ocurre lo contrario, está todo seco. Anteriormente antes de que se cambie esta comisión Pilcomayo, el agua llegaba a Gral. Díaz, pero ahora no tenemos agua”, lamentó Morínigo.	El ingeniero Eduardo Calderini, del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), habló con radio Monumental sobre la proyección de viaductos en la zona del Jardín Botánico de Asunción. Al respecto detalló que tras varios inconvenientes, ahora avanza el plan.Explicó que esta obra, que forma parte del proyecto de Costanera Norte, con su unión con la ruta Transchaco y autopista Ñu Guasu, contará con dos viaductos y que uno de ellos tendrá una extensión de 1.300 metros, abarcando 1.6 hectáreas del Jardín Botánico. Con el fin de compensar el daño que implicará afectar parte del Botánico, el Ministerio de Defensa cederá un terreno de 32 hectáreas de las fuerzas armadas a la Municipalidad de Asunción, para poder llevar allí los árboles que serán sacados.El plazo estimado es de un año y en teoría la obra debería estar lista entre marzo y abril del 2020, según indicó el ingeniero.Inicialmente el proyecto tenía previsto un túnel, pero no solucionaba el problema del tránsito por los nudos que hay en el sitio y por ello se optó por el viaducto como una alternativa mejor, de acuerdo con Calderini. Si bien aclaró que no es su proyecto, el funcionario dijo que en la zona donde termina la Costanera Norte se tiene previsto el segundo puente sobre el río Paraguay.	Según el representante legal de la intendenta Sandra McLeod, la interventora tiene funciones netamente administrativas de forma temporal, por lo tanto se estaría extralimitando al despedir a 41 funcionarios, “es ilícito desde todo punto de vista”, aseguró el exdiputado.La determinación de la interventora abre la posibilidad de entablar acciones legales, por ello Villalba adelantó que solicitarán todos los antecedentes y de esa manera impulsar una acción penal contra la interventora Llanes.“La interventora tiene una administración temporal y cree que tiene carta blanca para hacer lo que quiere”, insistió. Ante este escenario Villalba plantó que la interventora se haga cargo de las indemnizaciones por despido injustificado.De acuerdo a la versión de la interventora, se detectaron 93 funcionarios que no desempeñaban tareas para la comuna esteña, de los cuales 41 fueron desvinculados, y los restantes correrían igual suerte. Por su parte la exintendenta Sandra McLeod señaló que entre los tildados de planilleros hay funcionarios con 19 a 24 años de antigüedad en la institución municipal, como también personas con problemas de salud.