La falta de claridad en las informaciones divulgadas respecto a la mortandad de peces en varios puntos del río Paraguay, ocasionaron el legítimo temor de los consumidores y la consecuente disminución de las ventas a pocos días de iniciarse la Semana Santa, que es “el agosto” de quienes dependen de dicha actividad económica.	La intendenta de Mariano Roque Alonso, Carolina Aranda, expresó la preocupación que existe en el sector de los pescadores y los comerciantes ante la poca venta de los productos luego de la aparición de varios peses muertos en aguas del río Paraguay. La jefa comunal solicitó a las instituciones públicas certificar el stock de pescados que se encuentran congelados para la venta, de modo a que los consumidores tengan las garantías de adquirir un producto apto para su consumo.“Yo consumí pescado en estos días e invité a varios periodistas chupín y hoy estamos aquí, pero necesitamos garantizar a la ciudadanía. Bajó totalmente la venta y los comerciantes solo vendieron dos o tres pescados”, refirió en charla con La República, sobre la psicosis que causó la información inicial en la ciudadanía. Las autoridades sanitarias y del Ministerio del Ambiente pidieron inicialmente a la ciudadanía no consumir los pescados muertos porque se desconocía el motivo de la gran mortandad. Recién ayer informaron que la causa fue por la falta de oxígeno a consecuencia de la crecida del río Paraguay por las intensas lluvias.	Vanesa, madre del bebé de tan solo 1 año y cuatro meses que fue sedado por la joven Francisca Noemi Vera (19), manifestó a la 730 AM que no la contrató a través de las redes sociales, sino que estuvo un año trabajando con una familiar y que luego pasó a cuidar a su hijo hace más de un año, por lo que “era alguien de suma confianza”.Manifestó que nunca se imaginó que la misma iba a dar a su bebé Neuryl (nombre comercial de la droga clonazepam que sirve para tratar la ansiedad), porque el medicamento estaba en el cajón de la pieza de su madre. “Ella se tomó el atrevimiento de entrar para sacar el medicamento y darle, solo ella sabrá cuántas gotas le dio”, indicó.El caso ocurrió el pasado jueves, cuando la mujer encontró a su pequeño en un estado llamativo, con la mirada perdida y apunto de desmayarse. Luego ya comenzó a vomitar. “Gracias a que vomitó se salvó de un paro o infarto, eso nos dijeron los doctores”, añadió.En todo momento la niñera evitó contar lo que en realidad ocurrió y aseguró a la mamá que únicamente había suministrado Perebron Infantil. “Cuando estábamos en Urgencias la niñera me pedía perdón pero no me decía lo que pasó”, acotó. Recién ayer lunes reconoció ante la prensa que dio clonazepam al bebé.Venesa contó que si bien no está segura de que haya sido el caso, justamente la niñera se casaba el sábado, por lo que existe la sospecha de que necesitaba tiempo para ultimar los detalles de su boda.El bebé ahora ya recibió el alta y se encuentra en su casa.ESTABA CHINCHUDOLa Policía detuvo este lunes a Francisca Noemi Vera, de 19 años, quien fue la que dio la mezcla a la criatura.“Yo le di solo un poquitito, no sabía que era para dormir”, dijo la mujer al canal La Tele, poco después de ser aprehendida. “Estaba muy chinchudo y no paraba de llorar”, señaló Noemí Vera a policías que lo interrogaron sobre lo que motivó su acción.	La jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y en su caso, juzgar y sancionar a los autores de alegadas vulneraciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, explica Alejandra Peralta, especialista en Derechos Humanos.	La sentencia del fuero militar no se ajusta a los estándares de derechos humanos, también viola el artículo 8.1 de la Convención Americana. En consecuencia, todos los fallos posteriores corren la misma suerte, afirmó Alejandra Peralta, directora de Derechos Humanos de la Fiscalía con respecto al caso de la Teniente Carmen Quinteros, tras la confirmación de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de que cumpla 45 días de prisión por faltar a la disciplina militar.“Cuando se trata de bienes que por su naturaleza no son propios del orden militar o castrense, el fuero competente es el ordinario, no el militar. Lógicamente el derecho en principio reclamado por la mujer no se funda en un bien propio del orden militar sino en un derecho humano fundamental, la posibilidad real de amamantar”, agrega.Citó el artículo 174 de la Constitución Nacional en el caso de un militar en servicio activo diciendo que dicho artículo es inconvencional, y corresponde a los juzgadores aplicar el correspondiente control de convencionalidad para remitir el caso al fuero ordinario.La jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y en su caso, juzgar y sancionar a los autores de alegadas vulneraciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresa Peralta.Explica que si bien la Corte IDH es una autoridad interpretativa de las obligaciones establecidas en al Convención Americana, el deber de no juzgar violaciones de derechos humanos a través de la jurisdicción penal militar es una garantía del debido proceso que se deriva del derecho humano a las garantías judiciales y no exclusivamente su jurisprudencia.Peralta realizó un recuento de lo acontecido con Quinteros desde que tomó estado público la sentencia de la Corte Suprema de Justicia por la cual se confirman 45 días de prisión para la mujer. Recordó que el conflicto se inició poco tiempo después de que la militar dio a luz y la trasladaron hasta otra dependencia laboral en la cual le resultaría imposible amamantar a su bebé por las largas horas de guardia y la distancia entre su nuevo lugar de trabajo y su domicilio. Este fue el motivo por el que solicitó ser trasladas nuevamente a su trabajo anterior, el caso tomó conocimiento mediático y finalmente terminó en una sanción militar por falta contra la disciplina y una denuncia penal por difamación. A fin de ser desvinculada del proceso penal la mujer madre se retractó públicamente y la semana pasada la Corte Suprema de Justicia confirmó la falta contra la disciplina militar con la consecuente sanción.	Pobladores de la zona baja de Asunción se siguen instalando en las tres plazas situadas en las inmediaciones del Congreso, huyendo de la crecida que dejó a sus casas bajo agua. Doña Victoria, una de las afectadas, reconoció que cuenta con energía eléctrica mediante una conexión clandestina. “Nosotros tenemos luz porque nosotros estiramos nomás”, comentó la afectada en charla con la 970 AM y señaló que hay muchos mosquitos. Explicó que se requiere de manera urgente un sanitario, ya que momentáneamente se ven obligados a bajar nuevamente hasta el río para hacer sus necesidades.Sin embargo, no quieren exponer a los niños a este riesgo, por lo que en lugar de llevarlos hasta allí, los hacen evacuar en un recipiente o en otro lado y posteriormente arrojan los desechos al agua. En cuanto a la posibilidad de ir a vivir a un lugar distante de toda posibilidad de ser alcanzado pro la crecida, doña Victoria aseguró que al menos a ella , el Gobierno nunca le propuso ir a otra parte. La pobladora comentó que lo que recibieron hasta el momento son maderas terciadas y ese tipo de asistencia que generalmente da la SEN.