Miles de personas corrían despavoridas en pleno centro de La Paz tras haber llegado pacíficamente este jueves en una marcha de protesta, con los féretros con los restos mortales de varios de los fallecidos por disparos en un operativo policial y militar.Algunos de los ataúdes acabó sobre un blindado del ejército cerca del palacio de Gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez.TRISTE FINAL A UNA MARCHA EN PAZLa marcha había salido por la mañana desde Senkata, el lugar de la ciudad de El Alto donde hace dos días un operativo de fuerzas del orden frente a una refinería dejó ocho muertos por disparos, cuya autoría se investiga mientras el Gobierno de Áñez niega que fueran los militares.La bajada de una interminable columna de gente desde El Alto a la vecina La Paz transcurría tranquila, sin que nada hiciera augurar su triste final.Frente a la iglesia de San Francisco, icono del centro paceño, la muchedumbre se comenzaba a agolpar frente a un cordón policial sin saber qué pasaba, hasta que alguna chispa hizo estallar el ambiente y comenzaron los gases, las carreras y las escenas patéticas.Familiares, amigos y compañeros que llevaban los féretros no tuvieron más remedio que dejarlos en medio de la calle para refugiarse donde podían, muchos pidiendo ayuda a las puertas de la iglesia por los efectos de los gases."Nos tratan como perros", gritaba una mujer, quejándose de que "primero nos matan, ahora nos gasifican", mientras otros a su alrededor culpaban de tanta violencia a la presidenta interina.ÁÑEZ LAMENTA LAS MUERTESJeanine Añez enviaba en la noche un mensaje al pueblo boliviano lamentando las muertes, dos días después de que los ocho fallecidos por disparos elevaran a 32 los muertos en más de un mes de conflicto."Lamentamos desde el corazón las muertes de nuestros hermanos en El Alto", exclamaba desde el palacio de Gobierno en La Paz."Nos duelen, porque somos un Gobierno de paz", aseveraba la jefa de Estado interina, para ofrecer a su "gabinete en pleno" con tal de "comenzar a dialogar inmediatamente" con los sectores que no le reconocen y anhelan la vuelta de Evo Morales.La figura del que fuera presidente del país por casi catorce años sigue bien viva en Bolivia, presente en la política boliviana ahora desde su asilo en México.Para "profunda molestia" del Gobierno provisional de Áñez, que a través de su Cancillería entregó a la embajadora de México en La Paz, María Teresa Mercado, una "protesta formal".La ministra interina de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, llevaba días transmitiendo quejas hacia el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador por permitir que Morales siga haciendo política desde México, contraviniendo a su juicio normas de asilo.Pero el detonante de la protesta formal es un video en el que supuestamente Evo Morales "conspira" animando a un líder cocalero a mantener las protestas contra el Gobierno interino de Áñez."Morales incita a la violencia desde México", advierte la Cancillería.ATISBOS HACIA LA NORMALIDADEpisodios como la dispersión con gases de la marcha pacífica llegada de El Alto empañan el devenir de un país en el que los actores políticos llaman a la paz desde hace días.Llamados que salen tanto del Gobierno provisional como del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales.Esta jornada siguieron en trámite en el Parlamento las leyes de urgencia para acelerar el camino a unas nuevas elecciones, que unos y otros esperan que traiga de verdad esa paz.La dinámica parlamentaria, en una Asamblea Legislativa con mayoría del MAS frente a una oposición que sustenta el Gobierno de Áñez, apenas dio esta jueves atisbos de por dónde se llegan esos pasos camino de otra cita con las urnas, seguramente al inicio de 2020.El que fuera vicepresidente de Morales durante todos sus gobiernos, Álvaro García Linera, aseguraba en una entrevista con Efe desde México que ninguno de ellos concurrirá a esas elecciones.Lo poco que dejó entrever este día de un cierto avance para recuperar la normalidad en el país fue el anuncio de que el domingo vuelve la liga de fútbol, parada desde antes de los fallidos comicios del 20 de octubre.Bolivia lleva sumida en un grave conflicto desde que el día después de esas elecciones, cuando comenzaron las denuncias de fraude a favor de Evo Morales, que fue proclamado después vencedor para un cuarto mandato consecutivo.El 10 de noviembre la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió en un informe graves irregularidades en los comicios y Morales anunció su renuncia, presionado por los militares, para al día siguiente salir asilado hacia México. La renuncia de Morales es calificada de "golpe de Estado" por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos, mientras que otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Áñez y parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política. EFE	Santiago de Chile, 21 nov (EFE).- Amnistía Internacional (AI) consignó este jueves que en la contención de las protestas de Chile se han cometido violaciones a los derechos humanos que parecen responder a un patrón, lo que fue rechazado por el Gobierno, que no obstante reconoció que se han dado casos de abuso de la fuerza.	El organismo constató casos de uso letal de la fuerza, tortura, malos tratos y lesiones graves y consideró que estas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado "no son hechos aislados o esporádicos", sino que responden a un patrón y muestran un "grado de coordinación" que "conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel".Estas conclusiones se recogen en el informe que AI presentó este jueves en Santiago con las principales conclusiones de una misión del organismo, que lleva tres semanas en el país investigando y documentando las denuncias de abusos policiales y violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de Chile.El documento espoleó al Gobierno chileno, que lo rechazó "categóricamente" y acusó a AI de hacer "aseveraciones irresponsables" y de "pretender establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes".Así lo expresó en una conferencia de prensa la subsecretaria de Derechos Humanos de Chile, Lorena Recabarren, quien agregó que AI ni siquiera solicitó información al Gobierno.En respuesta a esta última afirmación, AI señaló en un tuit en el que solicitaron una reunión con el Ministerio del Interior y otra con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y que en ninguno de los dos casos obtuvieron respuesta.RECONOCIMIENTO DE CASOS DE ABUSOSLa crisis chilena ha dejado al menos 23 muertos en distintos actos de violencia (incendios, atropellos y cinco de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado) y más de 2.300 heridos, de los cuales cerca de 220 presentan traumas oculares severos, según el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).La Fiscalía ha registrado además alrededor de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios desde el 18 de octubre, cuando se detonó la crisis tras el aumento en la tarifa del metro.Piñera reconoció este jueves que "en algunos casos no se cumplieron los protocolos de uso de la fuerza para controlar el orden público" y "se cometieron excesos y abusos"."Todo eso está siendo investigado por la Fiscalía y va a ser conocido y juzgado por los Tribunales de Justicia. Así funciona una democracia, así funciona un Estado de derecho", dijo Piñera en una reunión con corresponsales de medios extranjeros.Este aspecto también fue recalcado por Recabarren, quien dijo que "todos los casos que han sido denunciados están siendo o serán investigados por la Fiscalía y serán juzgados debidamente por los Tribunales de Justicia".RECHAZO DE EJÉRCITO Y POLICÍA A INFORME DE AIEl Ejército, que estuvo en las calles durante más de una semana al comienzo de la crisis para tratar de restablecer el orden público cuando se decretaron estado de emergencia, y el cuerpo policial de Carabineros también se sumaron a las críticas al informe de AI.El estamento castrense señaló en un comunicado que "no existió, ni existe ninguna política de las Fuerzas Armadas (FFAA) para dirigir ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil".Por su parte, Carabineros también difundió un escrito en el que aseguró que la "institución no ampara ilegalidades" y rechazó "categóricamente cualquier exceso, abuso o vulneración de los Derechos Humanos".Asimismo, indicó que ha puesto a disposición de la Fiscalía todos los antecedentes de cada caso que ha sido objeto de querellas por parte del INDH y que ha iniciado más de 690 casos de sumarios o investigaciones administrativas a nivel interno.BACHELET: "LOS PROTOCOLOS NO ESTÁN SIENDO SEGUIDOS"La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, dijo que el protocolo chileno de uso de la fuerza es adecuado pero que su impresión previa es que no se está siguiendo a tenor de la cantidad de lesiones oculares provocadas por balines de goma disparados por carabineros."Mi juicio previo es que los protocolos no están siendo seguidos porque hay indicaciones claras: nunca se debe disparar de la cintura hacia arriba y eso se ha visto mucho", dijo Bachelet en una conversación con chilenos en Cambridge (Reino Unido) el pasado lunes que fue difundida este jueves en YouTube.No obstante, la alta comisionada recalcó que lo dice a modo de juicio previo porque envió una misión a analizar en terreno la situación y prefiere esperar a recibir el reporte antes de expresar conclusiones.NUEVOS HECHOS VIOLENTOSLa agitación social ha disminuido en Chile desde que Gobierno y oposición alcanzaran un acuerdo para iniciar el camino hacia una nueva Constitución.Sin embargo, y aunque en menor cantidad, los ciudadanos no dejan de manifestarse a diario tanto en Santiago como en otras zonas del país, reclamando la renuncia de Piñera, justicia por las violaciones de derechos humanos y más medidas sociales.En paralelo, siguen sucediéndose enfrentamientos con los carabineros y algunos actos vandálicos, como los que tuvieron lugar este jueves en Valparaíso (centro), en el barrio de Lastarria, en Santiago, o en la también santiaguina comuna de Quilicura, donde un grupo de personas incendió varios locales de un centro comercial.El cuerpo de Bomberos que se acercó a apagar las llamas recibió también pedradas por parte de esos manifestantes. El INDH había recibido denuncias sobre presuntos abusos y torturas realizados por efectivos policiales en ese centro comercial.	La Arquidiócesis de Managua, Masaya y Carazo ordenó celebrar en sus parroquias una jornada de oración y reparación por el respeto al templo de San Miguel Arcángel, también en esa misma ciudad y que se encuentra sitiado por la Policía y sin suministro de agua, ni energía, tras acoger a 11 madres que el jueves pasado iniciaron una huelga de hambre por la liberación de más 150 "presos políticos", incluido sus hijos."Fuerzas de choques, simpatizantes del Gobierno, estaban a 50 metros de la iglesia (San Juan Bautista). Sólo esperaron el momento en que iniciáramos la misa para venir con sus vulgaridades", dijo a periodistas el párroco de ese templo, Harry Salvador Padilla."Vinieron con machetes, tubos y armas a vista y paciencia" de los policías antidisturbios que resguardan la parroquia, señaló.Denunció que los policías observaron cuando los simpatizantes del Gobierno golpearon a los feligreses y quisieron entrar a la fuerza a la parroquia, y no se inmutaron."Me golpearon a los monaguillos, me les dieron con los tubos", afirmó el sacerdote.Estimó que eran entre 60 y 70 sandinistas, armados con tubos y con machetes, los que intentaron ingresar a la iglesia, golpear a los feligreses y posiblemente a él.El Gobierno de Nicaragua, a través de la vicepresidenta Rosario Murillo, ha pedido "respeto a la dignidad, de todos, en primer lugar de quienes dicen tener autoridad pastoral".La iglesia San Juan Bautista tuvo que cerrar sus puertas para impedir el ingreso de los sandinistas y así celebraron la jornada de oración en la que pidieron por las vidas de las huelguistas que están asiladas en la parroquia San Miguel Arcángel, ubicada a 32 kilómetros al sureste de Managua.La misa también fue en reparación contra las ofensas y profanación al Santísimo Sacramento y en reparación por la profanación en la persona de obispos, sacerdotes y religiosas que han sufrido vejámenes en medio de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018.Asimismo, en reparación por la profanación de los templos católicos, y por la paz y la justicia de Nicaragua, de acuerdo con el programa de la Arquidiócesis de Managua, cuya jornada, que incluyó rezos y un viacrucis penitencial en algunas parroquias, culminó con la oración de San Miguel Arcángel.Los desencuentros entre el Gobierno y el clero nicaragüense ha aumentado desde que la semana pasada una parroquia acogió a 11 madres que mantienen una huelga de hambre voluntaria por la liberación de los más de 150 "presos políticos". Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 651 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.