Mazzoleni fue preguntado por esta cuestión tras reunirse con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, para presentar la Estrategia de Cooperación en el País (ECP) para el periodo 2019-2023.La ECP contempla entre sus objetivos para Paraguay la reducción de la mortalidad materna, neonatal e infantil, así como del embarazo en adolescentes.En el país se estima que una media de 650 niñas de entre 10 y 14 años son madres cada año, según los datos del Centro de Documentación y Estudios (CDE).Mazzoleni señaló que el Gobierno se toma “con mucha seriedad” la salud reproductiva “a lo largo de todo el ciclo de vida”, y aseguró que se trabaja para “disminuir las tasas de mortalidad materno-infantil”.Asimismo, se refirió a los embarazos adolescentes como “un problema serio” en el país, cuya solución se debe enfocar en “educación y prevención”.“Hay intervenciones que tienen que ver con educación, sobre todo en cooperación con el Ministerio de la Niñez y con el Ministerio de Educación. Estamos trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con educación y prevención principalmente”, apuntó el ministro.En cuanto al aborto como derecho reproductivo, el ministro de Salud recordó que en Paraguay “actualmente está penado por ley” y agregó que “por el momento” no le corresponde pronunciarse.En Paraguay, el aborto solo está permitido si el embarazo, el parto o el puerperio ponen en riesgo la vida de la madre y esto está “debidamente justificado” por un médico, como establece el Código Penal.Por tanto, el aborto en Paraguay es un delito, que se castiga con penas de entre dos y ocho años de cárcel. Mazzoleni insistió en que este tema no se trató en la reunión con Abdo Benítez y Etienne, y agregó que la OPS no ha emitido ninguna recomendación al respecto.	, la organización de derechos humanos lamentó lo ocurrido a tres cadetes menores de edad que actualmente cursan el 2º Año de la Media en dicha institución.Según refiere en el comunicado, estos hechos pueden ser considerados como “prácticas de torturas en contra de jóvenes que por algún motivo se inscriben en sus filas”. “Nos preocupa de sobremanera que los hechos denunciados podrían ser tipificados como tratos crueles, inhumanos o degradantes, se dan en el lugar donde se instruye a jóvenes a ser bachilleres y graduarse de Subtenientes de Reserva”, señala el texto.Natalia Rodríguez, asesora jurídica de Serpaj, en entrevista con HOY manifestó que se hicieron eco de la denuncia a través de las publicaciones periodísticas y posteriormente pudieron ponerse en contacto con los familiares de los estudiantes afectados.De acuerdo a lo que los mismos habían manifestado, la agresión se dio por parte de un cadete de un curso superior (3º año) que los habría golpeado en la planta de los pies con un palo, hecho que les provocó diversos hematomas en esa zona del cuerpo.Las familias están analizando qué acciones tomar respecto a este hecho, según indicó Rodríguez, por lo que no se descarta la eventual presentación de una demanda o una denuncia penal.“Como una organización abocada a la sensibilización de la población sobre la cultura de paz ya la no violencia activa planteamos el abolicionismo de las Fuerzas Armadas. No estamos de acuerdo en las condiciones en que se da este reclutamiento de jóvenes que en muchos casos se da de manera forzosa. Creemos que deben existir políticas públicas adecuadas para evitar que esto se vea como una solución, esto no soluciona ni el problema del desempleo ni de la falta de acceso a la educación”, expresó.De igual manera, desde Serpaj también están analizando la posibilidad de acudir ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por este y otros casos similares de maltratos a menores de edad en cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio y que fueron registrándose en el transcurso de los últimos años. La organización de derechos humanos exige a las autoridades del Liceo Militar “Acosta Ñu” que ordenen unainvestigación a fondo de lo ocurrido, de manera a sancionar a los responsables y que se tomen los recaudos para evitar que hechos como este se repitan.Asimismo, pide a la Fiscalía que pueda actuar de oficio para poder esclarecer los hechos de tortura a los que habrían sido sometidos los denunciantes y a otras instituciones como el Poder Judicial, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia que puedan realizar las averiguaciones pertinentes y dar seguimiento a la denuncia.	Tanto Brasil como Paraguay reconocen como presidente legítimo de Venezuela a Juan Guaidó, y apoyan sus esfuerzos por la convocatoria de nuevas elecciones y la sustitución en el poder del gobernante Nicolás Maduro, que serán analizados por Bolsonaro y Abdo Benítez en una reunión privada.La agenda regional incluye la creación de Prosur, un mecanismo propuesto por el presidente chileno, Sebastián Piñera, para suplir a la casi extinta Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y que será discutida en una cumbre convocada para el 22 de marzo en Santiago.Asimismo, Bolsonaro y Abdo Benítez discutirán el proceso de reformas internas del Mercosur, bloque que Brasil y Paraguay forman junto con Argentina y Uruguay, el cual apunta a derrumbar barreras comerciales y flexibilizar las rígidas normas que impiden a los socios la negociación individual de acuerdos externos.En lo bilateral, el proyecto más avanzado se refiere a la próxima construcción entre ambos países de dos nuevos puentes, que le darían un empuje a una corriente comercial que en 2018 llegó a unos 3.500 millones de dólares.Las obras para la construcción de esos dos puentes, que tienen un coste calculado en unos 70 millones de dólares cada uno, comenzarían este mismo año, siempre y cuando se resuelvan aspectos burocráticos pendientes en ambos países, según explicaron fuentes brasileñas.En la agenda de los mandatarios también habrá un asunto que enfrenta delicados intereses de tipo económico y comercial, como es la distribución y los precios de la energía de la hidroeléctrica binacional de Itaipú.El tratado que regula lo relativo a la represa, firmado en 1973, vencerá en 2023 y Paraguay presiona para iniciar una renegociación del Anexo C, que establece la revisión de algunas disposiciones cuando se cumplan 50 años de la suscripción del convenio.De acuerdo con ese punto del tratado, Paraguay recibe la mitad de la energía generada por Itaipú, pero no la consume en su totalidad y es obligado a venderle los excedentes a Brasil a precio de coste.Paraguay ya ha anunciado su disposición a iniciar la negociación de ese anexo en el menor plazo posible y ha preparado un equipo de expertos que tendrá entre sus asesores al economista estadounidense Jeffrey Sachs.Aunque Paraguay tiene prisa, fuentes oficiales brasileñas dijeron que el Gobierno de Bolsonaro considera que “hay tiempo” para esas discusiones, pues aún faltan cuatro años para el vencimiento del tratado.Otro asunto que Asunción pretende resolver en un corto plazo es la petición que ya ha presentado a Brasil para la revocación del estatus de refugiados de Juan Arrom y Anuncio Martí, exdirigentes del Partido Patria Libre (PPL), procesados por el secuestro en 2001.La decisión, sin embargo, no depende directamente del Gobierno de Bolsonaro, sino de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia pero está integrada también por organismos humanitarios y de la sociedad civil.	“Alias Matrix (PCC), ya va camino a Brasil! Felicitaciones a la Policía Nacional y a la Fiscalía!”, escribió el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en su cuenta de twitter poco después del mediodía de este lunes.El peligroso miembro del PCC, conocido como Matrix, estuvo en la sede de la FOPE mientras se ultimaban los detalles para su expulsión. Finalmente, en la tarde de hoy, se finiquitó su expulsión del Paraguay y su entrega a las autoridades del Brasil, donde es buscado por varios crímenes.Matrix fue detenido la semana pasada en Villa Ygatimi, departamento de Canindeyú. El peligroso criminal se había fugado de la Agrupación Especializada en diciembre del año pasado.La primera captura de “Matrix” se produjo en el 2014 en Ciudad del Este.En conversación con periodistas, el ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor, señaló que la expectativa de pena que espera a Matrix en Brasil (en donde se suman años por cada proceso abierto) es de 130 años, aproximadamente.