Entre tanto, documentos que circulaban en el Congreso el viernes acusan a Bolsonaro de “ir más allá” de sus atribuciones presidenciales y califican el decreto de “ilegal”, tras otorgar a varias categorías ocupacionales, entre ellas políticos, periodistas y camioneros, el derecho a portar armas, informó este sábado el diario O Globo.	El decreto autoriza a los propietarios de armas con licencia a comprar hasta 5.000 municiones por año, dependiendo del tipo de arma, un gran salto en relación al límite anterior de apenas 50, así como poseer hasta cuatro armas de fuego, según el centro de análisis Instituto Igarape en Río de Janeiro.