En charla con la radio 650 AM, la diputada Kattya González (PEN) cuestionó que el TJSE no convocó a ninguna reunión informativa ni audiencia a los partidos políticos y sus referentes sobre el desbloqueo de listas y su implementación.“Están jugando solos y no toman iniciativas para involucrar a los parlamentarios. Si a nosotros no nos involucran, menos que menos lo harán con la ciudadanía. Puede ser algo peligroso”, lamentó.González manifestó que las autoridades del TSJE no tienen los mejores antecedentes democráticos del sistema, es más, existieron hasta causales de juicio político en contra de los ministros. Es por ello que teme dejar en sus manos el proceso de mejora de las elecciones, ya que “forman parte del engranaje de la política tradicional”. La legisladora indicó que teme que el proceso se realice “vai vai” (de mala forma) nomás y luego el TSJE vaya postergando su implementación porque resalta inaplicable. "Seguramente esta semana iremos a visitar el TSJE para interiorizarnos sobre el proceso licitatorio para la adquisición de las herramientas y las máquinas para la implementación del desbloqueo de listas”, adelantó.¿COCINADA?Según	La Caja Negra, el Tribunal Superior de Justicia Electoral está a pasos de concretar una licitación pública internacional para arrendar unas 15 mil máquinas electrónicas. Las mismas serán utilizadas en las futuras elecciones internas y municipales del 2020. Una de las empresas que pugnará por quedarse con el millonario negocio planteó una protesta alegando que el pliego de la licitación está direccionado y pide suspender el proceso licitatorio.El lunes 4 de noviembre vence el plazo para que las empresas presenten sus propuestas.De acuerdo los documentos verificados en el portal de contrataciones públicas, el TSJE recibió 55 consultas de los distintos oferentes y solo modificó un aspecto del pliego de bases y condiciones en el punto concerniente al gramaje. De 120 decidieron dejar en 90 gramos o más con lo cual permiten que solo empresas con ese gramaje puedan participar. Además, tras las consultas insisten con promover un tipo de tecnología (RFID) que es vulnerable a los hackeos y pone en riesgo el secreto del voto, según los expertos.Entre los puntos agregados al pliego de la licitación aparece una adenda de fecha 17 de octubre firmada por el encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del TSJE, Angelo Calderini, donde se plantea una modificación respecto a algunas generalidades de la máquina de votación.En la misma, se fijó la necesidad de que se tenga que emitir boletín de voto impreso, actas de escrutinio, certificados de resultados y certificado de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, cuyo material deberá ser de gramaje (peso) igual o superior a 120 gramos.Tras una adenda planteada por uno de los oferentes se aceptó establecer el gramaje a 90 gramos. Entre las objeciones se señaló que el Poder Judicial utiliza para sus expedientes que duran muchos años, gramajes inferiores. Por su parte las autoridades electorales argumentaron la necesidad de conservación del voto y la alta durabilidad.Según estudios, para que las papeletas sean bien conservadas con el paso de los años tiene que ver el tipo del material del papel más que su gramaje. De acuerdo a las informaciones obtenidas, la única empresa de la industria electoral que emite un boletín de voto impreso con gramaje requerido es Magic Software Argentina (MSA) y es la única que ofrece tecnología RFID (chips) asociada a una boleta electoral con el mencionado gramaje para resistir el peso del chip y activar la máquina de votación.	La resolución del MSP que establece que los odontólogos no están habilitados para realizar ciertos procedimientos quirúrgicos no incluye a los odontólogos especialistas en cirugía maxilofacial, explicó el Doctor Héctor Enciso, director de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud. Aclaró que los odontólogos especializados en cirugías maxilofaciales que incluye entre otros actso, la reconstrucción de fracturas de la cara, y estos profesionales no están afectados por la resolución porque cuentan con una habilitación que avala el servicio que prestan.Existen procedimientos estéticos que los profesionales no calificados realizan en lugares que tampoco están habilitados poniendo en riesgo la integridad de los usuarios, advirtió Enciso.Señaló que la resolución ya estaba en vigencia y que lo que realizaron fue un recordatorio a la ciudadanía en general para que también exija que sean profesionales calificados y habilitados los que le sometan a procedimientos quirúgicos invasivos.“La resolución determina los actos que pueden hacer los odontólogos y existe una normativa que regula los actos para los que están habilitados que es extracción, endodoncia, ortodoncia, entre otros”, señaló en contacto con radio UNO.La resolución Nº 182/19 establece que los actos como los de aplicación de sustancias de relleno, hilos tensores, toxina botulínica, plasma rico en plaquetas, extirpación de lesiones en piel como nevus, tumores, extirpación de bola de bichat (bichectomía), lipólisis de papada, rinomodelación, y cualquier otro procedimiento invasivo y quirúrgico son competencia exclusiva de profesionales médicos.Señala además que la realización de estos actos médicos sean realizados por profesionales odontólogos, licenciados, químicos, farmacéuticos, fisioterapeutas y peluqueros.Estos procedimientos no pueden realizarse en consultorios o centros odontológicos, peluquerías, spa, centros de estética y otros establecimientos que no estén a cargo de profesionales médicos especialistas habilitados.Enciso indicó que la dirección a su cargo realiza primero las inspecciones de oficio donde controlan los establecimientos y si estos cuentan con habilitación al día y si el profesional a cargo también está habilitado.También intervienen en casos de denuncias médicas por parte de usuarios en general que por ejemplo, se realizaron un procedimiento y no salió como esperaba o que comprobó que quien prestó el servicio no era una profesional habilitado.“Los procedimientos estéticos se realizan en lugares que no están habilitados como spa y centros de estética y cada establecimiento debe discriminar bien si solicita la habilitación como consultorio odontológico debe ser eso y no tener de anexo un spa”, agregó.Enciso indicó que mantuvo una reunión con integrantes del gremio de odontólogos para sentarse y dialogar sobre la posibilidad de modificar el decreto vigente que se debe hacer cumplir y ver la manera que exista una normativa que los autorice en caso de estar en condiciones de prestar el servicio. “Vamos a sentarnos a trabajar por una nueva reglamentación porque lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a lo que está vigente”,	“A nosotros nos adjudicaron y llamaron a una segunda licitación donde usaron nuestro precio de referencia. Cuando les reclamamos que aprobaron nuestro costo referencial, cancelaron todo, como si fuera que fueron ‘descubiertos’ o algo parecido”, expresó Cramer y precisó que buscarán que la ciudadanía no se quede sin transformadores para este año, porque apelarán en todas las instancias. Cramer manifestó que el país va a dejar de instalar el equivalente a 3.000 GW de energía eléctrica en los próximos tres años y sin transformadores, esta cantidad asciende a 4.000 GW. Esta situación frena el progreso energético del país. “Se trata de un oligopolio que nosotros entramos a tratar de romper y a esta gente (Trafosur y Trafopar) se le cayó la estantería, por eso decidieron cancelar. Lo más grave de esto es que dejan a la población sin transformadores”, disparó.Para la directora jurídica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), María Eugenia Otazo, el motivo de la cancelación de esta licitación es la duda razonable que se generó en torno a la capacidad de producción del Consorcio ICS y asegura que, según el informe remitido, la ANDE no pudo verificar que los documentos presentados por la empresa adjudicada estén en regla. Por estas razones, ordenan suspender la adjudicación y una reevaluación de ofertas. “Es la ANDE la que tiene la potestad de comunicar sobre si se hará la revisión del pliego de bases y condiciones. Ellos son los que conocen su realidad y sus necesidades, Contrataciones no puede decirles qué transformadores comprar”, manifestó a La Unión. Otazo explicó que todas las cuestiones técnicas que quedaron “colgadas” deberán ser tenidas en cuenta para la elaboración de un nuevo pliego de bases y condiciones para la nueva licitación. “En este caso en particular, se dio lugar a una de las protestas y abrimos sumario administrativo por tres de los ocho puntos que planteaban las otras empresas (Trafosur y Trafopar)”, aclaró. Por otro lado, el director general de la DNCP, Pablo Seitz, sostuvo que no se pudo resolver la reconsideración presentada por las dos empresas que recibieron el menor paquete de adjudicación, ya que la ANDE decidió cancelar directamente la licitación y de esta manera, se hace “borrón y cuenta nueva”. “Parcialmente sí validamos el reclamo, porque nosotros consideramos que, respecto al análisis legal, la ANDE no agotó todas las instancias necesarias de evaluación. Esta licitación está totalmente cancelada y se debe iniciar otro proceso licitatorio”, dijo Seitz a la radio Universo. Seitz alegó que la cancelación de licitaciones es una atribución discrecional de los entes públicos y que esto puede ser un “arma de doble filo” dependiendo de la persona que esté a cargo. ”Eventualmente una de las empresas o las dos protestantes, tienen 10 días hábiles desde el momento en que la notificación de cancelación para poder dar su objeción a la cancelación”, finalizó el director general de Contrataciones. De acuerdo con la ley, la ANDE puede recurrir al argumento de la “urgencia impostergable” y de esta manera, la DNCP reducirá los plazos de la licitación a 5 días hábiles o se podrá aplicar la contratación por la vía de la excepción. Ayer la Cámara de Diputados denunciaba la cancelación de este llamado a licitación para la compra de 15.000 mil transformadores de 150 kVA por un valor de US$ 50 millones. Esta mañana, anunciaron que pedirán al pleno del cuerpo legislativo el tratamiento sobre tablas de esta situación.	El periodista Rolando Rodi expuso que estaba investigando qué pasó de un caso judicial que involucra a una víctima menor de edad, pero se encontró con una traba de la propia justicia para que no pueda dar a conocer los pormenores.Aseguró que para evitar que dejara en evidencia la ineficacia e inutilidad del Juzgado de la Niñez de Capiatá y la actuación negligente de algunas defensoras que intervinieron en el caso, la jueza Gladys Solís sacó una medida judicial, invocando Ley 6083/2018 del Código de la Niñez y la Adolescencia, para evitar que salga a luz el material periodístico. “No va ser con una orden judicial solapada en los derechos del niño que me van a ser callar. No va ser con una orden judicial que van a impedir que cuente la ineficacia, inoperancia e inutilidad de la justicia”, mencionó a través de su	.Numerosos periodistas y abogados instaron a que la Corte Suprema de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tomen cartas en el asunto e investiguen por qué se dispuso la censura.Respetando la orden judicial, no daremos a conocer los datos del caso, de modo a proteger a la víctima.