Durante la madrugada de este jueves, agentes especiales de la SENAD lograron incautar un importante cargamento de marihuana en un puerto clandestino ubicado en la zona conocida como Edelira’i, a orillas del río Paraná, en el departamento de Itapúa.La comitiva antidrogas, integrada por funcionarios de Encarnación y Misiones, pudo detectar el alijo de drogas luego de realizar una patrulla sorpresa. Dicha carga se encontraba escondida dentro de un camión de la marca YZ con chapa BSE 929.En total, se pudieron sacar de circulación 2.721 kilos de marihuana prensada distribuidos en 3.779 paquetes, los cuales estaban a punto de ser enviados a la Argentina por vía fluvial.Se presume que el cargamento debía ser trasladado hasta regiones ribereñas del Paraná para su posterior ingreso en lanchas a la provincia de argentina Misiones.Según estimaciones, la droga tiene un valor aproximado de US$ 1,6 millones en el mercado del vecino país, por lo que este se convierte en un golpe importante para los narcotraficantes.Los investigadores de la SENAD manejan informaciones concretas acerca de la estructura responsable del cargamento, para lo cual se estarían realizando otras intervenciones oportunamente.En otro procedimiento realizado en la localidad conocida como Santa Fé, en el departamento de Alto Paraná, agentes antinarcóticos lograron incautar 395 kilos de marihuana distribuidos en 25 paquetes.Al igual que en el caso anterior, el envío estaba a punto de ser realizado utilizando un puerto clandestino, el cual se encuentra ubicado a orillas del lago Itaipú. El destino final de la droga era Brasil.La carga incautada tendría un valor estimado de 316.000 dólares en el vecino país, según los datos manejados por los intervinientes. La detección de la carga se concretó durante una patrulla preventiva realizada por agentes especiales de la SENAD apostados en Ciudad del Este, en conjunto con el Ministerio Público.	El titular del Ministerio del Interior, sostuvo que las autoridades involucradas en la seguridad de la final de la Copa Sudamericana, están trabajando hace tiempo en coordinación los pares argentinos, ya que se prevé la llegada de unos 40.000 aficionados del Colón de Santa Fe a nuestro país.Acevedo manifestó que no solamente el espectáculo deportivo es la preocupación, sino también lo que pueda ocurrir posterior al encuentro. “Hay que cuidar todo y hacer que la gente no sufra ningún tipo de inconvenientes”, señaló el ministro en comunicación con la 1080 AM.Comentó además que todo el operativo de seguridad ya está dispuesto en las inmediaciones de La Nueva Olla, de cara al encuentro de este sábado. “Barrio Obrero está absolutamente perimetrado para dar seguridad, hospitalidad y cordialidad a los aficionados nacionales y extranjeros”, precisó,Por otra parte, expresó que se realizó un convenio con la Conmebol, al que se le pasó un presupuesto para la logística alimentaria para los policías involucrados en el operativo. Acevedo indicó que la idea es que los uniformados trabajen con “tranquilidad, estómago lleno y mente despejada”.Con respecto al problema con los cuidacoches, quienes anunciaron que se harán presente en la zona el día del partido, Acevedo dijo que la Policía Nacional tiene precisas instrucciones de hacer cumplir la Ley. “El tema de los cuidacoches es un problema social de naturaleza económica. Pero, eso no justifica a que recurran al método extorsivo, eso no vamos a permitir de ninguna manera”, subrayó. “Acá lo importante es que nadie extorsione con nadie y el policía que se complique con los cuidacoches, será dado de baja”, concluyó el ministro Acevedo.	Saudy Villalba es una madre que lleva casi dos años exigiendo que su hijo no vuelva a Uruguay donde su padre exige sus restitución luego de que regresaron a Paraguay huyendo de la situación violenta en la que vivían con su expareja.Por cuestiones laborales vivieron allá y la mujer decidió volver y buscar refugio en su país, se inició una proceso judicial por la tenencia del niño y hoy la justicia determinó que debe volver a Uruguay con su padre.“Fui víctima de violencia, mi hijo estaba sufriendo trastornos psicológicos y volví buscando refugio y ayuda y el padre presentó una demanda para que mi hijo vuelva allá con él”, explicó la madre en contacto con Universo 970.En enero se cumplirán dos años del retorno al país de ambos y en principio se resolvió que el niño quede con la madre luego de haberle tomado declaración y que este haya afirmado la intención de quedarse a vivir en su país.Se apeló la resolución y pasó a Cámara de Apelaciones que sin fundamentos, según el relato de la madre, decidió que el niño regrese con su padre a Uruguay pese a que el niño no quiere volver.“Presentamos una acción de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia y fue rechazado in limine y hoy nos citaron a una audiencia al padre, a mi hijo y a mí y el padre no se presentó alegando un desperfecto mecánico en su vehículo”, explicó Villalba.La mujer afirmó que con esto se demuestra las malas intenciones del padre. “Esto es totalmente inapropiado, la jueza determinó que se escuche a todas las partes y la audiencia pasó para otro día, necesitamos que se tome medidas porque mi hijo está traumatizado, no quiere volver”, indicó.Lamentó que no se tenga en cuenta el interés superior del niño ya que manifestó que no quiere volver al Uruguay y además aquí tras casi dos años ya tiene su círculo familiar y social en el que se siente a gusto. “Esto es revictimizarlo mil veces, necesito que no atraviese más por esto, clamamos justicia”, puntualizó Villalba.	Así lo dio a entender la ministra de Interior finlandesa, Maria Ohisalo, en una respuesta por escrito publicada este jueves en la página web del Parlamento finlandés, con la que contesta a una interpelación del diputado del partido ultraderechista Verdaderos Finlandeses Jari Ronkainen."Ni el Ministerio del Interior ni el Gobierno intervienen en la tramitación de las solicitudes individuales de asilo o de permiso de residencia ni en el contenido de las resoluciones", afirma la ministra en su respuesta.Ohisalo asegura que su Ministerio es responsable de las políticas y la legislación sobre inmigración y asilo, pero no se inmiscuye en la tramitación de casos concretos, algo que es competencia exclusiva de los funcionarios del Servicio Finlandés de Inmigración.La ministra no quiso dar detalles sobre la situación legal de los tres refugiados paraguayos ni sobre el modo en que llegaron a Finlandia, alegando que todos los procesos de asilo son confidenciales por ley para garantizar la seguridad de los solicitantes.Esa obligación legal de confidencialidad -insistió- no se puede incumplir aunque la prensa nacional o internacional divulgue información sobre un caso en particular."En consecuencia, el Gobierno no puede tomar postura sobre las decisiones individuales tomadas por Servicio Finlandés de Inmigración", afirmó.Las autoridades nacionales están tratando de que Finlandia revoque el asilo y extradite a Arrom, Martí y Colmán para ser juzgados por el presunto secuestro en 2001 de María Edith Bordón, quien fue liberada en 2002 tras el pago de un rescate.Una de las iniciativas para lograrlo es el anunciado viaje de un grupo de senadores a Helsinki con el objetivo de exponer a legisladores, jueces y fiscales finlandeses la situación judicial de los tres prófugos, aunque ese viaje fue postergado "sine die" el pasado 28 de octubre.Además, las autoridades protestaron oficialmente ante Finlandia por su decisión de conceder asilo político a los tres refugiados.Estas protestas llevaron al diputado ultraderechista Jari Ronkainen a interpelar al Gobierno finlandés y exigir explicaciones por dar refugio a tres personas acusadas de haber cometido varios delitos. "A este paso la población de refugiados en Finlandia será como los fugados de Alcatraz. Parece que cuanto mayor es el crimen cometido, más probabilidades hay de obtener asilo en Finlandia", escribió en su perfil de Twitter.