Al asumir Dany Durand como titu­lar del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) –ex Sena­vitat–, ubicó a Correa Garayo, de profesión ingeniero indus­trial, a cargo de la Direc­ción General Técnica, una dependencia cuyas funcio­nes tienen mucho que ver con programas y proyectos habi­tacionales, negocio en el que opera la constructora.	(0982) 810-098Una de las funciones de Correa Garayo es, por ejem­plo, evaluar los proyectos habitacionales y urbanísti­cos encarados por la insti­tución. Además, supervisar las fiscalizaciones de obras y depende directamente del ministro Durand.Ingeniería Aplicada SA (IASA) se llama la empresa de su cuñado Diego Sebas­tián Martínez, que a través del SAT (Servicio de Asisten­cia Técnica) es contratada con dinero del MUVH para ejecutar obras. Su esposa, la ingeniera Magaly Martínez, es nada más y nada menos que gerente técnico de la empresa contratista que figura a nom­bre del hermano.Lugar donde funciona IASA y otras empresas de Diego Sebastián Martínez. Es decir, por el lado del MUVH, el marido supervisa a los fiscalizadores de las obras y por el lado de la contratista la esposa gerencia las cons­trucciones.Actualmente la firma se encuentra ejecutando 4 pro­yectos en el marco del pro­grama Fonavis (Fondo Nacio­nal de la Vivienda Social), por un valor total aproximado de G. 9.000 millones.IASA tiene la construcción de más de 70 casas en Yaguarón, 14 en Caaguazú, 45 en Capi­tán Meza y 44 en Arroyos y Esteros.Para la construcción de las viviendas en Yaguarón, el monto total del SVS (Subsi­dio Nacional de la Vivienda Social) a ser abonado por el MUVH se estableció en G. 4.871 millones y el aporte de los beneficiarios en G. 256 millones.El costo total de este pro­yecto presentado por el SAT ACG Consultoría Integral es de G. 5.127 millones, según Resolución 322 de fecha 1 de noviembre del 2018 firmada por el ministro Durand.Para las casas en Caaguazú, el monto de subsidio del MUVH se fijó en G. 901 millones y el aporte de los beneficiarios en G. 47 millones. El proyecto a cargo del SAT Unidad de Servicio Agrícola Ganadera- Ambientalmente Sustenta­ble (USAG) tiene un costo total de G. 949 millones.Resolución 322 firmada por el ministro Dany Durand por la que autoriza desembolso para proyecto. Otro proyecto de USAG con­siste en la construcción de unas 45 casas en Capitán Meza (Itapúa), que tiene un costo total de G. 3.118 millo­nes. Según Resolución 729 de fecha 19 de diciembre del 2018, se estableció que el monto del subsidio a ser abo­nado por la institución sea de G. 2.962 millones y un aporte de los beneficiarios de G. 155 millones.En el caso de las casas en Arroyos y Esteros, los desembolsos se autorizaron durante la administración anterior.Vale señalar que los SATs, por cada proyecto que ejecutan en zonas rurales y urbanas, cobran 7% y 11%, respectiva­mente, del costo total del pro­yecto que es aprobado por el MUVH.FIRMA CUESTIONADAEn abril del 2018 se conoció que el intendente de Asun­ción, Mario Ferreiro, había pagado unos G. 1.600 millo­nes a la firma IASA por obras en la Terminal de Ómnibus que no realizó. De acuerdo a los registros, la empresa recibió un pago de G. 479.657.891 el 28 de abril del 2017 a pocos días de haber firmado el contrato y luego, el 16 de enero del 2018, se hizo otro pago de G. 1.119.201.746.	investigacion@gruponacion.com.pyFretes Silguero fue compa­ñero de proyectos sociales de Fernández en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y se desconoce su experien­cia en el ámbito aduanero. Según la resolución de nom­bramiento, la Dirección Nacional de Aduanas “se encuentra en un proceso de fortalecimiento institucio­nal y el concurso de recur­sos humanos calificados es uno de los pilares sobre los cuales se logrará cumplir con los objetivos y metas traza­das” y, en uso de sus atribu­ciones, Fernández nombró a su ex compañero de proyec­tos del PNUD.Mientras el director con­trata asesor en un proceso “de fortalecimiento institu­cional”, sus recaudaciones del primer semestre del 2019 fueron negativas, ya que se registró un déficit de G. 255 mil millones, según señalan las estadísticas. Si bien logró un repunte en el último mes, los primeros seis meses del año no fueron muy alentado­res para la institución. Con la administración de Fernán­dez, los ingresos bajaron a pesar de tener variables a favor como el tipo de cambio.En la institución reina un descontento por el nom­bramiento del compañero del director porque no tiene idea del rubro aduanero, protestan. Cuestionan la categoría de asesor que le confirió a Fretes Silguero sin concurso previo.INTELIGENCIA Y EXPERIENCIAEl director de Aduanas sos­tuvo que Fretes Silguero es de inteligencia. “Tiene amplia experiencia. En el PNUD era un analista téc­nico (unos 14 años aproxi­madamente). Podrás ver su nombre en una cantidad de investigaciones económi­cas y sociales y referentes al desarrollo humano. Tiene amplio dominio de software vinculado a econometría. Es instructor en la universidad de temas vinculados a análi­sis de bases de datos”, señaló Fernández para defender la contratación de su compa­ñero. Consultado sobre en qué le asesora, el jefe adua­nero respondió: “Actual­mente lo que hace es analizar cantidad de bases de datos y reportarme inconsisten­cias para prevenir hechos delictivos… Fue uno de los dos funcionarios que trabajó en inteligencia para desba­ratar la red de contrabando de electrónica (proveyendo información analizada al equipo de investigación)”. Agregó que Fretes es experto en microsimulaciones.En el currículum de inte­ligencia que describió el director no mencionó la experiencia específica de su asesor en temas aduaneros y de comercio internacional.SIEMPRE CUENTA MARAVILLASAsí como la sustanciosa experiencia que detalló Fernández sobre su recomendado, el director está acostumbrado a con­tar maravillas de su gestión, pero la realidad no revela eso.Fernández también había mencionado maravillas sobre su evento de G. 1.000 millones para una conferencia con sus pares de América Latina y el Caribe que incluyó también a los de España y Portugal en abril pasado.Despilfarró en suntuosas fiestas, paseos con guía incluido, compró costosos regalos a sus invitados y les ofreció fina gastronomía con dinero de Aduanas. Fernández salió a decir que lo que se gastó fue ínfimo con relación a los beneficios que obtuvo y que equivalen a millones de dólares.Fernández dijo en entrevista hace un mes que gracias a la costosa fiesta que organizó consiguió millonarias donacio­nes.Comentó que el director nacional de Aduanas de Uruguay, Enrique Cano, entregó US$ 2 millones en concepto de un sistema informático sobre gestión de riesgo a modo de donación.Habló además de una oportunidad de interactuar con Corea del Sur con una donación que asciende a los US$ 12 millo­nes en materia de equipamientos y software, además de un apoyo técnico de la Aduana de Corea del Sur que se tendrá desde el 2020 al 2023.“Esos mil millones de guaraníes en comparación a los millo­nes que recibimos en beneficio es algo absurdo”, había argu­mentado el jefe aduanero.Le pedimos al director de Aduanas, vía Ley de Acceso a la Información Pública, que nos facilite la copia de esos con­venios, acuerdo de compromiso de la donación y el acta de recepción de los softwares, pero al parecer le está costando encontrar los documentos porque solicitó prórroga para proveer los papeles.Pastor “de oro” ahora gana G. 50 millonesHermano de congregación del director que hacía culto en Aduanas es beneficiado con ascenso.Melanio Paredes, adua­nero de la congregación del director Julio Fernández, que organizó ritos religio­sos y encabezó grupo de ora­ción en oficina de Aduanas, se ubicó por primera vez en un cargo considerado “de oro” en la institución. En sus más de 20 años de antigüedad, no había conseguido un ascenso como el de ahora con la admi­nistración Fernández.De la mano de Fernández, el predicador se convirtió en delegado aduanero en Mon­tevideo.Con su nuevo cargo, su ingreso de G. 9.300.000 se había disparado a G. 42 millo­nes gracias a su viático por desarraigo y responsabili­dad en el cargo. Actualmente, según la pla­nilla de Aduanas, Melanio percibe mensualmente G. 49.550.000.	El 21 de marzo pasado, el jefe de la comuna firmaba el contrato para la ejecución de las obras con RCR Construcciones, una “empresa del rubro de la construcción” que en rea­lidad solo existe en papeles. Como propietaria aparece Reinalda Cervian Recalde, una señora de 80 años, domi­ciliada en la ciudad de Fer­nando de la Mora.	investigacion@gruponacion.com.pyLas obras en el barrio Pañete, que están en etapa de terminación, incluyen el empedrado de cuatro cua­dras, sistema de desagüe pluvial y cordones cunetas, precisó Óscar Darío Roussi­llón, jefe del Departamento de Obras del municipio.Ahora bien, la señora Rei­nalda Cervian nada sabe de estas y otras obras que “su empresa” realizó y no solo para la Municipalidad de Villa Hayes. Aparecen en el portal de Contrataciones Públicas adjudicaciones de la Municipalidad de Fer­nando de la Mora y del muni­cipio de Primero de Marzo.En el contrato con el muni­cipio chaqueño, la empresa fijó domicilio sobre la calle Cerro Corá casi 16 de Julio de Fernando de la Mora e hizo constar una numera­ción de casa inexistente en la zona. A pesar de ello, un equipo periodístico de La Nación pudo dar con la mis­teriosa empresa.La empresa RCR, que figura a nombre de Reinalda, cuya supuesta firma está estam­pada en el millonario con­trato con la Municipalidad de Villa Hayes, en realidad es manejada por su marido Federico López.RCR funciona en la residen­cia del matrimonio sobre la calle Cerro Corá casi Zavala Cué de la ciudad de Fernando de la Mora, Zona Sur. La vivienda no tiene un solo cartel que indique que en el lugar funciona la cons­tructora.El equipo periodístico fue recibido por la señora Rei­nalda, quien reconoció no tener conocimiento de las cuestiones que tienen que ver con la “constructora”. Sin embargo, en los pape­les ella asumió cl compro­miso con la municipali­dad. Su marido, Federico López, afirmó que si bien la “empresa” está a nombre de su mujer, él es quien la admi­nistra.La firma no cuenta con maquinarias para el tipo de trabajo que le fue enco­mendado por la comuna de Villa Hayes y tampoco tiene empleados, según confirmó el propio López. “Maqui­narias yo no tengo, maqui­narias pesadas alquilamos, pero implementos manuales para trabajos de albañilería tengo todo”, contó.Sobre cómo realizaron las citadas obras en Villa Hayes, sin tener maquina­rias ni obreros, dijo que las maquinarias fueron alqui­ladas y los trabajadores con­tratados.Ni la contratista ni los fun­cionarios de la municipali­dad explicaron a quién se le subcontrató para la obra, que en papeles se atribuye a la firma de la octogenaria.Utilizaron el sistema de Contrataciones Públi­cas para delegar la obra a un constructor fantasma, mientras que la contratista que figura en los papeles ni siquiera sabe dónde está la obra que se le atribuye en documentos públicos.EL CONSTRUCTORAsí se llama el depósito de materiales en la ciudad de Villa Hayes que proveyó a RCR Construcciones de Rei­nalda Cervian. Este depó­sito figura a nombre de Blanca Rivas, pareja de Julio César Locatti, nada más y nada menos que tesorero del municipio. El mismo Fede­rico López lo confirmó.DEFIENDE A SU JEFEEl director de Recursos Humanos de la Municipa­lidad de Villa Hayes, Rei­naldo Aveiro, lejos de dar explicaciones sobre cómo una decena de parientes del intendente pudo acceder a cargos en la comuna, justificó esta situación haciendo un recuento de obras encara­das por el ejecutivo municipal en su cuenta de la red social Facebook. Así como se inspiró para ello, debería inspirarse para aclarar a la ciudadanía cómo ingresaron los parientes del intendente al municipio y la función que cumple cada uno.El pasado viernes, La Nación se trasladó hasta la comuna de Villa Hayes a fin de tener declaraciones del intendente, pero este no se encontraba. Entonces, Aveiro se comprometió a gestionar la respuesta, pero luego se excusó alegando que se encontraba en sus “actividades académicas”.El intendente de Villa Hayes convirtió el municipio práctica­mente en una empresa familiar, haciendo caso omiso a la Ley Nº 5.295 “Que prohíbe el nepotismo en la función pública” para los ordenadores de gastos. Ríos Ayala se llamó a silencio tras la publicación de este diario sobre la decena de parientes suyos que ubicó en la municipa­lidad que administra.	investigacion@gruponacion.com.pyLa lista de allegados al senador liberal Enri­que Salyn Buzarquis Cáceres, que ingresaron a la función pública, parece no tener fin. La Nación publicó semanas atrás docena de familiares, que sumado a seguidores, operadores políticos de Enrique Salyn y Enrique Antonio Buzarquis ascienden a 30 la nómina de cercanos ubicados en privile­giadas posiciones dentro del aparato estatal y que se alzan con jugosos salarios costea­dos por los contribuyentes. Ahora surgen dos nuevos nombres, pero que en esta ocasión acompañan codo a codo al parlamentario Enri­que Salyn; su primo polí­tico, el abogado Óscar Guido Forestieri, y su esposa, tam­bién abogada, Lorena María Melgarejo Ruiz Díaz.Óscar Guido Forestieri es primo de la esposa del con­gresista, Fiorella Forestieri Alvarenga, quien también “consiguió” un envidiable puesto como asesora en el Tribunal Superior de Justi­cia Electoral (TSJE).Óscar Guido Forestieri y su esposa, Lorena María Melga­rejo, ingresaron a la Cámara de Senadores en calidad de contratados en agosto del 2018. En el caso de Fores­tieri, según datos públicos de la Cámara Alta, se desem­peña como asesor del senador Enrique Salyn. Esto se debe a que, además de su nexo fami­liar, Forestieri operó junto con su esposa en reiteradas ocasiones en la campaña proselitista de los hermanos Buzarquis.El sueldo del primo asesor es de G. 4.500.000. Su esposa aparece como asistente con un sueldo inicial de G. 2.500.000, que en cuestión de meses subió a G. 4.200.000, según el portal de Transpa­rencia del Senado.Óscar Guido Forestieri, ade­más de facturar en la Cámara de Senadores, tiene un rubro docente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), donde registra a la fecha un salario de G. 3.211.356. El mismo se desempeña como profesor del turno noche en el Colegio Nacional José Pedro Guggiari de Asunción, según consta en los legajos.Pero la antigüedad de Fores­tieri en la cartera educativa data de unos 10 años atrás, en el 2009, época en la que Enrique Salyn comenzaba su carrera como parlamenta­rio y el Partido Liberal ocu­paba el Ejecutivo Nacional en compañía de otros movi­mientos políticos, luego de más de 60 años de gobiernos colorados.Óscar Guido Forestieri ingresó en el 2009 al despa­cho general de la Asesoría Jurídica, donde años más tarde escaló hasta la posi­ción de director externo de la dependencia en cuestión. Este provecho, según los datos públicos que exhiben planillas recién desde el 2013, durante el gobierno de Fede­rico Franco le beneficiaba en el mes de enero del mismo año con una remuneración de G. 14,5 millones.No obstante, tras el inicio del periodo presidencial de Hora­cio Cartes, en agosto del 2013, la nueva administración del MEC resolvió acabar con los privilegios en esta cartera y Forestieri fue desplazado del cargo. Tras esta decisión, el primo de Buzarquis decidió accionar judicialmente en contra del Estado paraguayo para ser repuesto en la enti­dad educadora.Este proceso judicial, tras idas y vueltas, que a veces dio razón a la Procuraduría General y en otras a la defensa de Forestieri, llegó a su fin en el 2019. El mismo Óscar Guido Forestieri publicó hace un mes atrás en sus redes sociales el fallo judi­cial que ordena su reposición. Durante todo este tiempo, de todas maneras, Forestieri siguió realizando su labor de docente en el Ministerio de Educación, siempre según las documentaciones.Óscar Guido Forestieri y su esposa se suman a los 14 familiares detectados de inmediato del Clan Buzar­quis, quienes, incluyendo a los hermanos gemelos, se alzan mensualmente con más de G. 200.000.000 solo en sueldos. Cifra que sumando el aguinaldo de cada uno escala a unos G. 2.600.000.000 anuales.Al mismo tiempo, los 14 operadores políticos de los Buzarquis que también se instalaron en el Estado fac­turan mensualmente a las arcas fiscales un total de G. 118 millones, monto que si se observa desde una perspec­tiva anual trepa hasta los G. 1.542 millones, incluyendo aguinaldo. Sumando todo, entre familiares y segui­dores el clan cuesta más de G. 4.000 millones de forma anual al Estado.No revelan quién pidió nombramiento de esposa en el TSJEAsí como varias personas con lazos afectivos, familiares y políticos del Clan Buzarquis, la ex modelo Fiorella Fores­tieri, esposa del senador libe­ral Enrique Salyn, fue benefi­ciada con un apetitoso cargo en el Estado, específicamente en una “asesoría” para el Tri­bunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).Funcionaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hasta el 2015 y Miss Univer­sitaria en el 2008, Forestieri ingresó a la Justicia Electoral en febrero de este año.Mientras el senador Salyn Buzarquis realiza rutinarios cuestionamientos sobre trá­fico de influencias, su esposa se ubica en un privilegiado cargo sin concurso de oposi­ción y méritos en la función pública.En la planilla de funciona­rios del TSJE la mujer figura como estudiante universita­ria. En entrevistas, la ex reina de belleza decía que estudió derecho, pero su nombre no figura en la nómina publicada en el portal del Poder Judicial.El cargo al que fue designada se denomina “Coordinadora General de las Políticas de Género”, puesto por el que es remunerada mensualmente con las sumas de G. 10.700.000 de sueldo, bonificaciones de G. 3.210.000 por “responsabili­dad en el cargo”, G. 300.000 con “subsidio para la salud” y con algunos viáticos sus ingresos se aproximan a los G. 15 millones.Autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) confirmaron a nues­tro diario que desde el Par­tido Liberal Radical Autén­tico (PLRA) salió la solicitud de contratación de la esposa del senador Enrique Salyn.Esta versión oficial emanada desde el órgano electoral con­trastó con el relato expuesto por el parlamentario, quien rechazó totalmente haber intermediado para que su esposa sea designada en un privilegiado puesto en la Jus­ticia Electoral.También resultó llamativo que desconocía el pedido que partió del seno de la nuclea­ción partidaria, donde él se desempeña como miembro del Directorio. Declaró ade­más que no estaba al tanto si la mujer ingresó al cargo a través de un concurso público o por elección de “confianza”. Ni en el órgano electoral ni en el PLRA quisieron dar el nom­bre de quién solicitó el nom­bramiento de la privilegiada esposa.