Con un proyecto de ley que modifica la ley existente sobre actividades relacionadas al tabaco, se pretende controlar el uso de vapeadores por parte de menores de 18 años que por lo general inhalan esencias aromatizadas que contienen nicotina y exhalan humo en espacios públicos.Los motivos expuestos por el proyectista, el diputado Marcelo Salinas apuntan a que a pesar de la prohibición legal existente en el país, los jóvenes vapean en centros comerciales, espacios públicos y privados con caracter público, colegios y hasta en escuelas “sin que nadie se inmute”, según el legislador.Con la ampliación de la ley se pretende generar conciencia en los adultos en general, de los padres, de los profesores y de las personas encargadas de lugares privados con carácter público, sobre el uso, consumo, inhalación o exhalación de humo de esencias con tabaco o sus derivados a través de máquinas productoras de humo, llamados vapeadores, cigarrillos electrónicos o similares.“De esta manera se estaría generando conciencia social sobre la importancia no solo para la salud de los niños en particular, sino de la sociedad toda, del uso de aparatos electrónicos que podrían perjudicar su salud y la de terceros, sino también prevenir el gasto público futuro al tener el Estado que hacer frente a la cura o tratamiento de afecciones derivadas del consumo de tabaco y sus derivados como del humo producido por los aparatos electrónicos creados para fumar”, señala en el documento.El proyecto incluiría con la modificación de la ley 5538/15 estableciendo que: “se prohíbe el consumo y comercialización de esencias u otros productos del tabaco y sus derivados o que contengan nicotina para ser vapeados, inhalados o aspirados por cigarrillos electrónicos, vapeadores o similares”.	Luis Cardozo, director de Servicios Administrativos del IPS, manifestó a la 970 AM que desde mañana comenzará a implementarse el plan de contingencia en todas las dependencias del instituto.“Nosotros no vamos a desabastecernos en las oficinas, pero sí el personal estará apoyando en la contingencia de seguridad. Haremos resignación de personas y de tareas”, sostuvo. En ese sentido algunos trabajadores del área administrativa serán enviados a la portería y otras dependencias.Por otra parte, Marcelo Bordón, gerente de Abastecimiento y Logística del IPS, confirmó que hicieron cambios en el pliego del llamado a licitación para hacer amplia la participación de las empresas interesadas en ofrecer el servicio. Esta situación se da tras cancelarse la adjudicación a la empresa SST para la contratación de seguridad para la previsional.	Hace unos días se dio a conocer que la Corte Suprema de Justicia -institución de la cual depende la Dirección del Registro de Automotores (DRA)- había decidido modificar la tarifa para la provisión de chapas, tanto para automóviles como motocicletas.En el caso de los biciclos, las chapas pasarán a costar G. 201.099, teniendo una variación de casi el 50% en relación a su costo anterior de G. 134.066, establecido vía decreto en el año 2018.La medida fue duramente cuestionada por la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas y Automotores (Cipama). Su titular, Jorge Samaniego, en entrevista con Radio Uno aseguró que este aumento “hará que el pobre cada vez sea más pobre” ya que deberá comprarse una moto con chapa a un precio mayor.Asimismo, indicó que el aumento del costo de la chapa es una cuestión “de lucro y no de prestación de servicio”, siendo “un lucro legal pero excesivo para el sustento de los costos de la Corte y para las empresas licitantes”.El nuevo costo tendrá vigencia desde el 1 de julio de 2019 y viene de la mano con la implementación de	, las cuales pasarán a reemplazar el formato actual de chapas que se expiden actualmente.Samaniego mencionó que este incremento fue posible mediante una acordada de la Corte Suprema de Justicia, pero que, de acuerdo a un decreto que data del año 2005, debería ser el Poder Ejecutivo el que establezca los valores de las chapas.“Para mí es injusto que se busque lucrar sobre el más pobre, nosotros estamos en medio y muchas veces nuestros clientes nos reclaman porque sube el precio de la chapa, pero nosotros estamos cumpliendo la ley”, refirió el titular de Cipama a la 650 AM.Como forma de zanjar la situación, desde dicho gremio buscarán tener una audiencia con el ministro de la CSJ, Antonio Fretes, quien es el encargado de todo lo concerniente a la Dirección del Registro de Automotores (DRA) y, de ser posible, con el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez. De manera anual se venden cerca de 130.000 motocicletas, según datos de Cipama.	El presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, se refirió a la solicitud que se hizo pública ayer en redes sociales, en donde se detalla que Carmen Estela Velázquez de Martínez, hermana del vicepresidente de la República Hugo Velázquez, solicitó un viático 40 millones de guaraníes para viajar a España.El argumento es la participación de curso de especialización en gestión de Gobierno y campañas electorales, organizado por la Dirección de Postgrado de la Universidad Columbia y Universidad Camilo José Cela. Al respecto, Ferreira aclaró que ese viático no fue concedido por la ANDE y que la propia funcionaria cubrió sus gastos, tras obtener el permiso de la esta tal. “No se autorizó, no se pagó, ella me solicitó viajar por su cuenta, eso sí fue autorizado”, comentó el titular de la ANDE, Pedro Ferreira, en entrevista con la 970 AM. Aclaró que cualquier funcionario tiene derecho a viajar siempre y cuando absorba sus gastos y que dependiendo del caso, la ANDE puede proceder o no al pago.