Ricardo Merlo, presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay, señaló que se está tratando de aclarar a la ciudadanía que toda la documentación a ser auditada por la Contraloría General de la República, está a disposición del Tribunal de Cuentas.Recordó que ya en el 2017, la actual fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez se comprometió a permitir el ingreso de la Contraloría para la auditoría.Sin embargo, la situación cambió cuando en 2018 se abrió una causa penal contra el contralor general, Enrique García, por lo que se complica asegurar una objetividad en la investigación. Con respecto a la supuesta ‘presión’ de la Contraloría sobre la directora de Comunicación de la Fiscalía, Élida Favole, Merlo indicó que es una persona “bastante capaz” y que viene ya desarrollando sus actividades desde hace varios años.“Sería lamentable que quisiera comprometer su trabajo con amenazas”, concluyó el titular de la Asociación de Fiscales.	La fiscal Rosalba Enciso dio a conocer la versión que ella maneja sobre el robo ocurrido este sábado en el barrio Miraflores de J. Augusto Zaldívar, en donde Andrés González Ayala (79) terminó matando a César Antonio Ricardo Saucedo, quien venía de perpetrar un robo. “Ocurrió un hurto a 5 cuadras del domicilio de este señor, el venía corriendo, saltó la muralla de la casa y al cruzar allí le atacó a este señor (González Ayala), porque tiene rasguños en el brazo”, comentó Enciso en entrevista a la 970 AM.Relató que después del forcejeo con el delincuente, don Andrés González efectuó cuatro disparos, dos de los cuales impactaron en Saucedo, quien posteriormente salió corriendo y cayó muerto en la vereda.El sujeto había ingresado a robar a otra casa, de donde sustrajo dos teléfonos celulares, tras lo cual fue perseguido por vecinos, hasta que decidió entrar a otra vivienda, donde supuestamente atacó al propietario con un tipo de hierro.“Todavía no le imputamos, le liberamos para ver todas las indagaciones a qué apuntan, pero por la edad misma ni aunque esté imputado no puede ir a prisión”, explicó la fiscal. No obstante aclaró que se evaluará si el hombre actuó o no en legítima defensa o si amerita abrir un proceso en su contra.	Hasta G 300 millones por un tiempo de 12 días en terapia intensiva es lo que se gasta en la atención de un motociclista que sobrevive a un accidente de tránsito, según el cálculo del Hospital de Trauma, centro de referencia en este tipo de atención. Los adultos jóvenes varones son los que encabezan las cifras de lesionados y fallecidos.	Los accidentados en moto generan un gran gasto para el Estado ya que los que logran sobrevivir a un percance vial pasan como mínimo 12 días en terapia intensiva por lo general con un traumatismo de cráneo grave y solo el tratamiento de internación tiene un costo que ronda los G 300 millones, indican los datos proveídos por el Hospital de Trauma.Además de los gastos económicos, las muertes por accidentes viales representan un problema social porque el mayor porcentaje de fallecidos corresponde a la franja adulta joven, que por lo general es el sustento del hogar, dejan familias enlutadas y sin fuente de ingreso. Otra arista de estos siniestros son las secuelas con las que quedan los sobrevivientes, muchos quedan postrados, requieren de una atención médica especializada inclusive por el resto de sus vidas. Según el Programa Nacional de Control de Accidentes y Lesiones por Causas Extremas, solo en el 2017 fueron reportadas unas 1198 defunciones relacionadas a siniestros viales y el mayor porcentaje, un 84% se concentró en varones. Los registros indican que la franja de edad correspondiente de 20 a 24 años fueron 187 fallecidos; los adolescentes de 15 a 19 años muertos sumaron 157; mientras que los jóvenes de 25 a 29 fueron 137 y los adultos de 30 a 34 años, 119. Las defunciones se localizaron principalmente en Asunción, Central y Alto Paraná, y fueron protagonizados en su mayoría por motociclistas. El 52,5% de estas muertes se dio en el momento y lugar del siniestro (la calle). De acuerdo con datos proporcionados por el Programa, 672 fallecidos (58%) fueron motociclistas, 252 (21,8%) fueron peatones, 174 (15%) automovilistas, 10 (0,9%) muertes se produjeron por percances en camiones, 6 (0,5%) en ómnibus y 84 (7,3%) en otros medios.	César Martínez Téllez, representante legal de la empresa 29 de Septiembre S.R.L., en entrevista con la 970 AM indicó que en febrero del 2018 ya había denunciado por escrito ante el Viceministerio de Transporte la circulación de unidades “pirata” de la Línea 18, las cuales no tienen ninguna responsabilidad por no estar legalmente habilitadas.Luego de hacer una primera denuncia, se volvió a hacer la reiteración a las nuevas autoridades -en este caso, al viceministro Pedro Britos- sobre la existencia, circulación y proliferación de estas unidades no reconocidas, refirió.Según Martínez, estos “colectivos pirata” son “el negocio del Viceministerio del Transporte y de las empresas que están en contra de la Línea 18” porque perjudican su operativa, además de ensuciar su imagen al tratarse de unidades chatarras que juegan carreras, se quedan en el túnel o cuyos choferes no tienen registro y causan desmanes en la vía pública.El abogado sostuvo que los conductores de estos ómnibus no tienen nada que ver con la empresa y los catalogó como “criminales asociados que circulan con el emblema de la Línea 18”. Sobre los mismos pesan denuncias ante la Fiscalía y la Superintendencia de Seguros por la falsificación de boletas, emisión de pólizas falsas, entre otros delitos, según mencionó a la emisora radial.El chofer	la semana pasada tenía denuncias por coacción, amenazas, intervención peligrosa en el tránsito y otros delitos, señaló Martínez.El mismo acusó a los choferes que trabajan irregularmente en nombre de la Línea 18 por haber cometido una serie de actos de vandalismo, incluyendo la rotura de parabrisas de las unidades y agresiones a los trabajadores que sí pertenecen a la empresa.Según mencionó, en una oportunidad se habían juntado entre cerca de 30 personas para cerrar el paso de los colectivos y obligar a los pasajeros a descender de dichas unidades por la fuerza. Asimismo, comentó que la vez pasada, el chofer que resultó herido de bala se había ido a atropellar la parada de la empresa buscando causar desmanes. Martínez volvió a cuestionar al viceministro de Transporte, Pedro Britos, por no haber actuado ante las denuncias realizadas anteriormente y pidió que se pueda solucionar el conflicto de una vez por todas.