A las 10:00 de este miércoles, en el directorio del PLRA, se realizará la sesión del comité político del partido, convocada por el presidente Efraín Alegre, con carácter de urgente. El único punto en el orden del día es el estudio de la posición que tomará el PLRA en el caso del senador Dionisio Amarilla, salpicado en un supuesto tráfico de influencias. “Estamos sumamente preocupados, por una opinión pública realmente indignada por lo que pudiera haber sucedido, nosotros vamos a tomar la posición que corresponda respecto a la pérdida de investidura”, dijo Alegre en entrevista con la 730 AM.Confirmó además que ya se está preparando un pedido de expulsión de Amarilla del PLRA, pero que esto tendrá que ser tratado en una convención partidaria.También hoy el tema será estudiado en las diferentes bancadas del Senado, donde evaluarán si hay suficientes méritos para solicitar una pérdida de investidura del legislador llanista. Desde Patria Querida tienen la intención de recabar más información para luego permitir que el afectado haga su descargo y en base a eso analizar una sanción.	El senador de Patria Querida, Stephan Rasmussen, se refirió al caso de su colega liberal Dionisio Amarilla, quien supuestamente estaría involucrado en tráfico de influencias, en torno a un presunto intento de soborno a un periodista del diario ABC Color. “Es un tema muy llamativo y se conversará en esta y en la semana que viene. Entre las bancadas se evaluará si corresponde la pérdida de investidura por uso indebido de influencias, que no requiere de una condena firme sino que es una sanción de los pares legisladores”, dijo a la radio 970 AM y refirió que se discutirá mañana en sesión ordinaria del Senado.Rasmussen aseguró que los integrantes de Patria Querida está recabando información para analizar si se cometió lo sospechado, para luego escuchar al afectado y definir su sanción. “No es algo menor lo que pasó. La reunión, la filmación y lo dicho”, resaltó.El político recordó que hicieron lo mismo Óscar González Daher, Jorge Oviedo Matto y Víctor Bogado, todos exsenadores de la Nación.Por su parte, el legislador de Honor Colorado, Sergio Godoy, sostuvo a la misma emisora radial que si hay causal que amerita una investigación al congresista Amarilla, se dará el trámite correspondiente. “Estos temas no se pueden obviar, es un hecho grave; se debe tomar la denuncia y correr traslado al involucrado”, añadió.El entrevistado argumentó que la pérdida de investidura no es juicio político, sino que es un proceso constitucional y por lo tanto no debe ser arbitrario. A su parecer es fundamental esta posición para garantizar el orden jurídico.En tanto que, el senador colorado Antonio Barrios consideró que se debe esperar el proceso jurídico en el caso de Amarilla y remarcó que lo publicado debe ser investigado por la justicia. “Esto es un tema delicado y no podemos tomar a la ligera, debemos tener todos los documentos para pensar sobre una pérdida de investidura”, insistió.Mientras que el político Tony Apuril indicó que si se compruebe el uso de indebido de influencias de su colega, a los miembros de su bancada de Hagamos no les temblará el pulso para impulsar su pérdida de investidura. “Parece que algunas autoridades no aprenden que ser representantes del pueblo, tiene su responsabilidad”, lanzó.Desde Colorado Añetete habló el senador Rodolfo Friedmann con la 730 AM y comentó que al mediodía de este miércoles la bancada oficialista se reunirá para evaluar si amerita el raje del sospechoso.	“Me considero hoy candidato el movimiento Honor Colorado, los colegas, a quienes agradezco, han tomado la decisión de acompañar mi candidatura para la Presidencia de la Cámara”, confirmó Alliana en entrevista con la 970 AM.Aclaró que no le gustaría ingresar de vuelta en una disputa de votos, sino más bien conseguir consenso dentro del propio Partido Colorado. En tal sentido, Alliana aseguró que las conversaciones van muy avanzadas y que hay un plazo máximo para definir la situación, a más tardar en los primeros días de junio, es decir, la próxima semana. Alliana aclaró que hoy se encuentra bien de salud por lo que ya ejerce sus actividades con normalidad y solo necesita viajar cada tres meses al Brasil para sus chequeos médicos.	A propósito de la creación de una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar el lavado de dinero y delitos conexos en el caso Lava Jato, en el que hasta ahora según las documentaciones de la justicia brasileña no aparece Paraguay en el esquema, uno de los sectores políticos de nuestro país que estuvieron fuertemente vinculados con el Partido de los Trabajadores del Brasil, cuyos principales líderes están condenados por sus conexiones en el sonado caso de corrupción, es el Frente Guasu.	Por Jorge Torres, periodistaHay una larga historia de vínculos más allá de lo ideológico entre ambos sectores y, al hurgar en los archivos y antecedentes, saltan elementos que llevan a sostener que el poder político y económico del PT fue tan grande que hasta se pudieron haber financiado campañas electorales en nuestro país con fondos provenientes de la corrupción en el vecino país.El Ministerio Público nunca se animó a abrir una investigación en este sentido, por lo que la creación de esta comisión especial en Diputados para avanzar con las pesquisas podría aportar elementos objetivos que concluyan en la necesidad de abrir una carpeta fiscal al respecto.ANTECEDENTES Y VÍNCULOS DEL FRENTE GUASU CON EL PTGustavo Codas Friedmann, ex director de la Itaipú Binacional durante el gobierno de Fernando Lugo, estuvo fuertemente ligado a João Vaccari Neto, ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) del Brasil, quien fue condenado a 15 años de prisión por corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación criminal.A través de Codas, Lugo consolidó sus vínculos con las autoridades del PT que estaban en el poder. Vaccari Neto llegó incluso a ser consejero de Itaipú lado brasileño cuando Codas era director en el lado paraguayo.Codas y Vaccari Neto activaron en las 2 principales organizaciones políticas y sindicales del Brasil, el PT y la Central Única de Trabajadores (CUT). A inicios del 2002, Codas se desempeñó como asesor financiero de la CUT y en el mismo período como encargado de relaciones internacionales.João Vaccari Neto, consejero de Itaipú por el Brasil, desató un escándalo tras denuncias en su contra por supuestos desvíos de recursos de una cooperativa de ahorros para financiar campañas electorales del PT.Vaccari fue puesto por Lula en la binacional, al igual que el propio Gustavo Codas, quien era el brazo político del PT en Paraguay. Esto influyó en la dilación para aprobar las notas reversales en el Congreso y, de hecho, Codas nunca obtuvo el acuerdo parlamentario para ocupar el cargo en la Itaipú.Codas reconoció públicamente que fue asesor de relaciones internacionales, de relaciones laborales y organización sindical de la Central Única de Trabajadores (CUT) del Brasil, mientras João Vaccari Neto era secretario de organizaciones internacionales del mismo gremio entre el 2003 y el 2006.En una disertación a cargo de Codas, realizada en el 2008 sobre la globalización capitalista en la Universidad Estatal de Campinas, había hecho un agradecimiento especial a João Vaccari Neto, “que sin el apoyo del mismo, no sería posible el trabajo presentado”.Vaccari, quien fue tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), la nucleación partidaria liderada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, había dejado el cargo en la CUT para asumir como presidente del Banco de la Vivienda Cooperativa (Bancoop), una asociación sindical que administra ahorros de los empleados de los bancos del estado de San Pablo.Cuando Vaccari estaba a punto de convertirse en tesorero de la campaña de Dilma Rousseff, a quien Lula eligió para sucederle en la Presidencia del Brasil, saltaron las graves denuncias que fueron investigadas por la justicia por supuestos desvíos de fondos del Bancoop para financiar campañas electorales de la formación socialista.La acusación del Ministerio Público contra Vaccari fue por delitos como gestión fraudulenta, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, apropiación indebida de valores, lavado de dinero y financiación clandestina de campañas, supuestamente con fondos del Bancoop.Vaccari Neto fue considerado pieza fundamental dentro del esquema de recaudación financiera del partido de Lula da Silva. Pese a las denuncias en su contra, Lula lo había mantenido como consejero de Itaipú y la prensa brasileña realizó conjeturas en relación a los vínculos del recaudador del PT con el entonces director paraguayo de la binacional, Gustavo Codas Friedmann.OTROS VÍNCULOS EN SONADOS CASOS DE CORRUPCIÓNA Vaccari Neto lo denunciaron supuestamente por haber solicitado donaciones legales e ilegales a varias empresas socias de Petrobras. El caso se refiere al pago de sobornos multimillonarios a partidos políticos, legisladores y ejecutivos de Petrobras con fondos de la empresa pública y de decenas de empresas que tenían contratos con la petrolera.Un ex gerente de Petrobras Pedro Barusco declaró, a cambio de un acuerdo de reducción de su pena, que estimaba que el PT había recibido entre US$ 150 y US$ 200 millones de sobornos producto de 90 contratos entre el 2003 y el 2013. Barusco mencionó a Vaccari como el hombre que estaba detrás de las propinas.En marzo del 2010, la prensa paraguaya ya se hacía eco de la denuncia presentada por el fiscal brasileño Carlos Blat de los US$ 50 millones desviados por el PT para financiar la campaña electoral de Lula en el 2002. En esa misma fecha, Vaccari Neto ya estaba como tesorero del PT.El fiscal fue contundente: “No hay dudas de que hubo desvío de dinero; los dirigentes de la cooperativa lo transformaron en un negocio lucrativo para ellos y parte de ese dinero fue para el PT”, declaró.Fue salpicado en el también escandaloso caso de corrupción del Brasil llamado Mensalão, el millonario sistema de desvío de dinero público para abastecer campañas electorales del PT y corromper a parlamentarios del Congreso.En el 2003, Vaccari desempeñaba la función informal de nexo en la relación entre el PT y los fondos de pensión de las empresas estatales. Él realizaba el negocio: cobraba propina que iba del 6% al 15% dependiendo de la cara del cliente o del tamaño del negocio. El dinero de la propina era destinado para la caja clandestina del PT y usado para financiar las campañas del partido y sobornar a los parlamentarios.Fue precisamente en este tiempo que estaba en discusión el acuerdo Lugo-Lula sobre las negociaciones en Itaipú. Coincidentemente, cuando salta el escándalo de Bancoop y en puertas de las elecciones, el gobierno de Lula había decidido ampliar lo que Brasil destinaba a Paraguay en concepto de compensación por cesión de energía y aumentó de US$ 120 millones a US$ 360 millones.Los legisladores del PT eran los que más gritaban en el Congreso la necesidad de que a Paraguay se le aumente la compensación por la cesión de energía. En ese entonces había llamado la atención en nuestro país ese repentino interés. De las promesas que había hecho Lugo en campaña sobre Itaipú solo se logró que Brasil nos diera más recursos por la compensación por cesión de energía.Este “beneficio” para el Paraguay se logró en plena campaña electoral de Dilma y estuvieron detrás del acuerdo los principales recaudadores del PT, Vaccari Neto (consejero de Itaipú) y Gustavo Codas (director de Itaipú).Las vinculaciones estrechas entre referentes del gobierno de Lugo y el PT eran abiertas y los acuerdos prosperaron, principalmente en la Itaipú. Celso Amorim, entonces canciller, era además miembro del consejo de Itaipú, al igual que su par paraguayo Héctor Lacognata, fuertemente vinculado a la izquierda radical.Codas siguió haciendo lobby por Fernando Lugo, aprovechando sus influencias en el gobierno de Dilma. Siempre fue un hombre importante en toda la organización y acompañó a Lugo a San Pablo en una reunión que mantuvieron con el presidente del PT y el ex tesorero Vaccari Neto años atrás.La mayor operación contra la corrupción El Lava Jato, la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil, ha salpicado a un centenar de políticos en el vecino país. La justicia busca recuperar por medio de distintos acuerdos legales unos 13.000 millones de reales (alrededor de 3.400 millones de dólares), de acuerdo con el Ministerio Público, destaca Infobae. Entre los acusados están dos ex presidentes: Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), preso por corrupción y lavado de dinero desde abril del 2018, y Fernando Collor (1990-1992), enjuiciado tras haber sido acusado de recibir sobornos para facilitar contratos en una subsidiaria de Petrobras. Lula suma 25 años de cárcel por condenas en dos procesos, ambas por corrupción y lavado de dinero. Entre los políticos involucrados están también José Dirceu, ex ministro de Lula entre el 2003 y el 2005; Antonio Palocci, también ex ministro de Lula, y la ex presidenta Dilma Rousseff.