La petición, resumida en una extensa nota, se denomina ‘‘Proyecto Institucional de Fortalecimiento de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción’’.En los considerandos, la Fiscal Sandra Quiñónez rememora el intento de recorte presupuestario sufrido por la fiscalía entre noviembre y diciembre del año pasado, y que iba a afectar a las investigaciones fiscales.‘‘En ese entonces, diciembre de 2018, hemos conseguido apenas recuperar parte de los recursos recortados del Presupuesto 2018, e igualmente este año, desde el Ministerio de Hacienda se propone un nuevo recorte al Presupuesto institucional del Ministerio Público para el ejercicio fiscal 2020, sin mencionar el pedido de ampliación presupuestaria solicitado para el ejercicio fiscal vigente 2019’’, señala una parte del documento.Agrega qye a fin de concretar el fortalecimiento de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) y de otras Unidades, se requiere la creación de más cargos para agentes fiscales en un mínimo estimado de 40 a 100 agentes, así como la creación de cargos para asistentes y secretarios fiscales que implica la creación de cargos en el Presupuesto Institucional. Además de la incorporación de por lo menos 20 peritos forenses (contables, informáticos, tasadores y administrativos) que conformarían un Cuerpo Técnico de trabajo exclusivo para la UDEA.	El presidente de la AIAP, Martín Cuadro, comentó que la decisión de Brasil de establecer un arancel del 16 % a las autopartes producidas en Paraguay es una “una medida totalmente política” del Gobierno de Brasil, tomada en “un momento concreto en el que necesita recaudar”.Por este motivo, desde el gremio de autopartistas instaron a “solucionar de manera urgente” el problema con una conversación “de presidente a presidente” entre Abdo Benítez y Bolsonaro.A pesar de la incertidumbre generada con el anuncio, Cuadro reconoció que la medida de Brasil no sorprendió a los productores de autopartes, que se benefician del régimen de maquila en Paraguay, y agregó que desde hace tiempo advertían al Gobierno sobre este desenlace.Para el titular de la AIAP, Brasil quiere “matar a la industria de las autopartes de Paraguay”, ya que, en su opinión, el arancel les saca “del plano competitivo” y no descartó que las empresas se trasladen a otros países para producir.Sus cálculos estiman que la medida arancelaria tendrá una repercusión directa en la destrucción de unos 10.000 o 12.000 puestos de trabajo en Paraguay.Además, informó de que ahora mismo hay 20 camiones parados en la aduana esperando a que “el Gobierno pueda destrabar” esta situación con Brasil.Por el momento, el Ejecutivo ya envió a Brasil una propuesta para alcanzar un acuerdo bilateral sobre el sector automotor, que al igual que el azúcar, queda fuera de los marcos del Tratado de Asunción por el que se creó el Mercosur.	La responsable de la Dirección de Objeción de Conciencia de la Defensoría del Pueblo, Eva Giménez, dijo que esa cantidad de inscriptos corresponde al registro abierto en 2010, cuando entró en vigor la ley marco del servicio alternativo, trabajos sociales en instituciones para los jóvenes que se oponen a la disciplina militar.En lo que va de año fueron procesadas 17.000 solicitudes con una media mensual de 3.000 objetores.Giménez aclaró que con anterioridad a la promulgación de esa normativa las oficinas de derechos humanos del Congreso censaron, entre 1992 y 2010, unos 120.000 objetores, quienes también están obligados a hacer entre 240 y 480 horas de servicio voluntario o pagar cinco jornales diarios.Los jóvenes que prueban estado de insolvencia serán exonerados del pago, según la ley que regula la objeción de conciencia.Giménez explicó que ha transcurrido un proceso de socialización durante el cual se han definido los distintos centros públicos para el cumplimiento del servicio, así como de las instituciones privadas o no gubernamentales que también pueden albergar al objetor.“El espíritu del servicio civil es que el objetor no tenga que pagar nada, que no se desplace de su comunidad para hacerlo. Lo puede hacer en forma discontinua, por etapas o los fines de semana como en los cuerpos de bomberos”, detalló.Comentó que a la implementación del servicio se sumaron además organizaciones internacionales sin fines de lucro como la juvenil Techo, Boys Scouts o movimientos de jóvenes que asisten a afectados por la recurrente crecida del Río Paraguay.Asimismo, Giménez salió al paso de las críticas vertidas por el capítulo local del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), que en un comunicado titulado “No al trabajo obligatorio, gratuito y sin condiciones” de los jóvenes, dijo que no existen condiciones para la aplicación de la normativa.“Nos preocupa que se plantee (el servicio) sin contar con estudios técnicos que evalúen el impacto presupuestario y la capacidad logística de las instituciones en las cuales se prestará, ni tampoco existe una partida presupuestaria”, señaló el Serpaj.Sin embargo, la funcionaria aseguró que la objeción de conciencia tendrá “una incidencia positiva en la sociedad” y que “no está bien instalar la idea de la desobediencia de la ley” en un sector que en vez del “estamento militar ha escogido servir a la población”.	que tiene por objetivo hacer un control minucioso del proyecto, manifestó su descontento por la falta de claridad por parte del ministerio.“Enviamos una nota al BID porque queremos reunirnos con ellos para saber cual es su posición ante esta situación”, indicó sobre las múltiples irregularidades encontradas en el proyecto. “Empecé a investigar hace 2 o 3 meses. Encontramos cosas que no cerraban a medida que veíamos los ítems”, refirió.Isaurralde cuestionó principalmente la falta documentación del MITIC respecto a dónde serán destinados los recursos y cómo serán ejecutados. ALERTALa Contraloría General de la República alertó en el mes de enero sobre el impacto que tendría asumir el préstamo del BID para el proyecto Agenda Digital impulsado por el ministro del MITIC Alejandro Peralta Vierci.El ente contralor alertó el impacto en los índices de liquidez para el año 2023 debido al vencimiento previsto de una parte de los bonos soberanos equivalente a unos 780 millones de dólares. Asimismo, advirtieron que se tienen vencimientos previstos para el año 2026 y 2027 por US$ 600 y US$ 500 millones, respectivamente. Por consiguiente se avisaba que el Ministerio de Hacienda debía prever con anticipación las medidas necesarias para disponer de recursos suficientes para poder hacer frente a esas deudas.