Este jueves, los senadores evaluaron la terna elaborada por el Consejo de la Magistratura para elegir a la persona que ocupará el cargo vacante en la máxima instancia judicial, dejado por el destituido Sindulfo Blanco.Los candidatos fueron Alberto Martínez Simón, Emilio Camacho y Rubén Darío Romero. Al principio se quiso devolver esta terna por las campañas impulsadas en su contra, sin embargo, esto no prosperó en el Congreso.A la hora de la votación, Martínez Simón se impuso por una abrumadora mayoría de 33 votos, dejando por detrás a Emilio Camacho, quien recibió el acompañamiento de 6 congresistas y Rubén Romero, a quien lo votaron solo 4 legisladores. Hubo una abstención y una ausencia.La elección ahora pasa al Poder Ejecutivo para el respectivo acuerdo constitucional. Según informaciones que se maneja en la Presidencia, el mandatario Mario Abdo Benítez dará su “ok” a Martínez Simón.QUIÉN ES EL ELEGIDOEl elegido es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Calificación “Summa Cum Laude”. Mejor Egresado de la Promoción 1992, Medalla de Oro de la UNA, Medalla de Oro de la Presidencia de la República, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA. Desde marzo de 2003 a junio de 2012 ocupó el cargo de Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Noveno Turno. Desde junio de 2012 hasta la fecha ocupa el cargo de Miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Sexta Sala. Aquí su	Rubén Zayas, de la comunidad 6 de Enero, manifestó que están exigiendo al Gobierno la asistencia para poder obtener tierras donde vivir y alimentos para poder subsistir. El dirigente nativo detalló a la correspondía de la Nación que en total están afectadas 300 familias indígenas, las cuales están asentadas en tan solo 12 hectáreas.Los manifestantes exigen la provisión de kits alimentarios, colchón, chapas, atención médica y también la legalización de sus tierras, caso contrario seguirán con la medida de fuerza en la vía pública.	Con una manifestación frente al Ministerio de Hacienda, los trabajadores del Hospital de Clínicas exigen la conformación de la mesa de trabajo para solicitar una ampliación presupuestaria para lograr la recategorización y nombramientos de los contratados además de otros beneficios.Derlis Torres, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Clínicas (SITRAHC) explicó que anteriormente recibieron la promesa de la conformación de la mesa para la mesa de diálogo y hasta el momento no se tiene novedades por lo que aguardan que el ministro Benigno López los reciba.“Nos movilizamos y manifestamos exigiendo la conformación de esa mesa de trabajo para pedir en el Congreso una ampliación presupuestaria para el beneficio de 5000 funcionarios. Necesitamos que dé la cara porque necesitamos una solución definitiva”, afirmó Torres en contacto con Radio Mil.Las movilizaciones continuarán hasta tanto reciben la respuesta que están aguardando. Entre las principales exigencias se encontraban un aumento presupuestario de G. 28.000 millones para lograr la desprecarización laboral y el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo.También exigen el pago por trabajo nocturno, domingos y feriados, pago por título académico mensual además de insalubridad, bonificación escolar.	El dirigente yerbatero Mario Morel mencionó a Hoy Digital que decidieron cerrar la ruta en reclamo de las arbitrariedades que cometen los acopiadores, quienes solo desean pagar 1.000 guaraníes por kilo de hoja verde para el secado de la planta. Ellos en cambio desean que el precio sea 2.200 guaraníes.Recordó que en el pasado recibían G. 1.800 por kilo y que el precio fue bajando con el paso de los años, siendo inadmisible el monto que ahora se desea imponer.“Se tomó la decisión de cerrar la ruta para que nos puedan atender”, indicó y detalló que en total están cerrando la vía pública unas 250 personas. En total, de acuerdo al entrevistado, están afectados unos 10.000 productores. Morel señaló que no acompaña el planteamiento realizado por el ministro del MAG, Denis Lichi, a sus pares de Itapúa, respecto a la propuesta de los industriales de abonar 1.750 guaraníes.Por último mencionó que si se establece un monto mínimo a los G.2200, el Gobierno puede subsidiar lo que falte.