El anuncio lo realizó este viernes el titular de Interior, Juan Ernesto Villamayor, que insistió en que los fallos de seguridad, que están “revisando”, se produjeron porque “no es un centro de detención”, en referencia a la fuga el pasado diciembre de dos presos del grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC).Los fugados, Thiago Ximenes y Reinaldo Araújo, con altas penas de prisión y que compartían la misma celda, escaparon con ayuda de varios agentes, según confirmó el propio presidente, Mario Abdo Benítez, tras la detención de una veintena de agentes por el hecho.Un mes antes, el narcotraficante brasileño Marcelo Pinheiro asesinó en su celda a una mujer de 18 años que fue a visitarlo, con objeto de evitar su extradición a Brasil, según la tesis mantenida por las autoridades.No obstante, Pinheiro fue expulsado del país poco después por orden presidencial, tras lo que se descubrió que contaba con todo tipo de comodidades en su celda, entre ellas servicio de internet.Ambos hechos provocaron la intervención del centro por parte del Poder Ejecutivo tras la destitución de sus dirigentes.El ministro ya reiteró en varias ocasiones que la Agrupación Especializada no está preparada para funcionar como una prisión, motivo por el que trasladarán a “centros comunes” a la mayoría de los más de 40 internos que se encuentran en el centro, en cumplimiento de medidas cautelares, a la espera de juicio.Villamayor explicó que “quienes están por actos administrativos” serán trasladados de forma inmediata, una vez que reciba el informe sobre la situación de cada recluso, matizó, mientras que, para trasladar a los que se encuentran en la Agrupación Especializada por mandato judicial, debe emitir pedidos individuales a cada juzgado en cada caso.Matizó que entre los más de 40 presos hay algunos agentes policiales, recluidos por diversos hechos, que serán mantenidos en el lugar.El titular de Interior añadió que están implementando un “nuevo sistema de seguridad interno” que “limite el hecho de que la seguridad descanse sobre el personal”, para que lo haga sobre “más elementos tecnológicos”. Entre los reos internos en la Agrupación Especializada hay miembros de grupos criminales dedicados al narcotráfico y presuntos guerrilleros miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), así como políticos procesados por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito como el exsenador Óscar González Daher.	El abogado Jorge Rolón Luna, manifestó que por medio del escrito presentado ante la Defensoría de la Niñez, se pretende el cese inmediato de ingreso de menores al Servicio Militar Obligatorio, con carácter urgente. El pedido está fundamentado en leyes vigentes y protocolos internacionales para los cuales no se puede alegar desconocimiento y mucho menos por parte de las autoridades.	El reconocido profesional explicó que no se trata de una denuncia contra alguien en particular, sino mas bien un urgimiento a las instancias correspondientes a que tomen cartas en el asunto y velen por el cumplimiento de las leyes que protegen a niños y adolescentes, ante el avance de una práctica proveniente de tiempos pasados.Rolón Luna sostuvo que las leyes son claras con relación a la presencia de menores en los cuarteles son de cumplimiento obligatorio, y la ignorancia no exime de su cumplimiento “Las autoridades tienen una mayor responsabilidad y en el caso del Presidente, la cuestión tiene que ver con una dependencia jerárquica, al parecer no supieron como decirle que no a su jefe”, dijo en contacto con la 970 AM.La ley que prohíbe a menores cumplir con el SMO se encuadra dentro de lo que se conoce como leyes imperfectas, son normas vigentes que no contemplan sanciones, según Luna el pedido no encierra cuestiones penales, ni se pide castigo, pero la Defensoría puede solicitar al juzgado que tome las medidas que correspondan, y que haya un cese definitivo.Paraguay tiene un historial nefasto, existen condenas internacionales como el caso Vargas Areco, que fue asesinado por un militar con tan solo 15 años, a partir de este caso, se le solicitó al Estado cambiar su legislación”.Entre las atribuciones el Juzgado de la Niñez, está la posibilidad de sacar una medida cautelar en forma urgente que ordene a las Fuerzas Armadas el cumplimiento de las leyes vigentes que protegen a los menores sin importar la feria judicial. A su vez la Defensora puede pedir que el juzgado se constituya en las unidades militares, pida informes a la Comandancia, a la Dirección de Reclutamiento y en caso de incumplimiento, ya se pasaría a una cuestión penal bajo la figura del desacato.	La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) hizo la publicación del llamado a principios del mes de diciembre del 2018 y es por un monto total aproximado de US$ 1 millón, corres­pondiente a cuarenta uni­dades de camionetas del tipo pickup. Jorge Samaniego, presidente del Grupo paraguayo Reimpex, explicó a la 970 AM que solicitó por medio de varias notas la modifica­ción de las bases y condi­ciones. En ese sentido, dijo que se realizó la consulta en tiempo y forma, sin embargo, Yacyretá no respondió.La respuesta por parte de la Binacional recién llegó el día de ayer, pero advirtiendo de que deben regirse por las normas de la licitación. Esta mañana, el titular de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, recibió a Samaniego. Luego del encuentro, el director de la EBY declaró a través de sus redes sociales que iban a atender la propuesta de Reimpex, pero no existe un documento que lo avale.Entre las ‘llamativas’ especificaciones, figuran la exigencia de que los vehículos deben contar con reproductor de Mp3 y llantas de acero. “Nosotros tenemos la misma calidad y somos la marca más económica del mercado en materia de precios”, aseguró.	VILLAMAYOR Y LAS NOTASSegún publica el Diario La Nación, no es la primera vez que la sospecha se ciñe sobre la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante el actual gobierno. Ape­nas asumido, en setiembre pasado, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, declaró que 30 de las motocicletas de la marca KTM adquiridas para el Grupo Lince estaban en desuso porque no contaban con los repuestos necesarios para su repara­ción.Sin embargo, la representante de la marca salió a desmentir esa versión, dejando en evidencia el desconocimiento total de las condiciones del contrato de compra por parte del ministro. José Ayala, gerente general de Asunción Motor Sport, representante de las marcas KTM, afirmó en su momento que la EBY adquirió las unidades de motocicletas y que el lote de repuestos estaba garantizado al 100%.Habló de circunstancias excepcionales en el que algunos pedidos son realizados a la fábrica, pero no tar­daba más de seis días en llegar. Por lo tanto, no habría posibili­dad que ninguna motocicleta estuviera sin funcionar por más de diez días.	El reclutamiento de menores de edad en el Servicio Militar Obligatorio (SMO), según los mismos, es una abierta violación a las normativas vigentes. La abogada Vargas y el abogado Rolón Luna presentaron una denuncia ante la Defensoría de la Niñez en la que exigen el resguardo de la integridad de los adolescentes.Tomaron como caso específico la presencia del hijo del presidente de la República Mario Abdo Benítez que con 17 años fue reclutado en la Marina con el permiso firmado por su padre. Señalaron que la ley establece que para integrarse al SMO se debe contar con 18 años en adelante y que la presencia de menores de edad no está permitida ni con la autorización de los padres. En la denuncia, que fue recibida por la abogada Bettina Ovando, solicitan la intervención del Juzgado dela Niñez y la Adolescencia para que se tomen las medidas al respecto para resguardar la integridad del adolescente identificado así como la de todos los adolescentes reclutados e incorporados para prestar el servicio militar en todas las instituciones castrenses de todo el país en el presente año.