En su apelación, el Ministerio Público argumentó que la jueza realizó una ponderación de que a esta altura ya se deberían haber conectado todos los elementos de convicción para la formulación de requerimiento conclusivo, en clara injerencia en las atribuciones de la Fiscalía, que es quien debe considerar esta circunstancia más aún en la etapa preparatoria, estando todavía abierto el estadio procesal en el cual se están recolectando elementos de cargo y descargo para la formulación de la hipótesis final.	Asimismo el juzgado dispuso una fianza real sobre los inmuebles que se encuentran a nombre del diputado Ulises Quintana en total desconocimiento del contenido del expediente judicial, ya que en constancias de autos en fecha del 28 de septiembre 2018, se dispuso el embargo preventivo de esos mismos inmuebles y la inhibición de vender y grabar cualquier bien registrable con respecto a Ulises Rolando Quintana a fin de asegurar los mismos y evitar su pérdida, de conformidad a la investigación patrimonial que se encuentra en curso.	“Es evidente la falta de conocimiento de la jueza sobre el contenido de las actuaciones obrantes en el expediente a su cargo este esto generó en ella una serie argumentaciones y decisiones que no se condicen con todos los elementos que encuentran arrimados hasta la fecha y ocasionó este tipo de decisiones arbitrarias y sin fundamento alguno”, menciona parte del texto.