Es indiscutible que Cementera Concepción (Cecon), cuya inversión rondará los 180 millones de dólares estadounidenses, es un aporte valioso para el desarrollo del país. Una industria de tal envergadura posibilitará nuevos empleos directos e indirectos, entre 2.000 y 8.000 respectivamente, en el momento más alto de su instalación; también la responsabilidad social empresarial de Cecon aportará recursos económicos a la comunidad; e imprimirá dinámica a las obras de infraestructura, porque su producción disminuirá el déficit de cemento que tiene el país, y todo esto dinamizará el comercio y la economía nacional.	A pesar que Paraguay tiene dos industrias cementeras, el país tiene una demanda insatisfecha de 220 mil toneladas al año, las cuales son cubiertas con importación y contrabando. Esta situación en más de una ocasión género desabastecimiento del producto y la consecuente especulación del precio, colocándolo a valores impagables.El sector de la construcción cre­ció a un promedio del 6,16 por ciento en los últimos 10 años y está previsto un crecimiento del consumo del 6 por ciento anual, el cual no será satisfecho con la capacidad local instalada. Vale recordar que el déficit del cemento, en varias ocasiones hizo que muchos proyectos de construcción pública o civil sufrieran retrasos o encarecimiento de la obra.Además, la posibilidad de contar con más cemento en el país, bien puede servir para que se utilice el producto en reemplazo de otros materiales, por ejemplo, reemplazar el asfalto de las rutas por el concreto, está ampliamente comprobada la durabilidad -en el largo plazo- de este material frente al asfalto, así como su menor generación de calor y toxicidad. Entonces el impacto económico y social de la Cementera Concepción, en la zona y en todo el país es alto. La inversión de capital la realizará el Grupo Cartes, representa la segunda mayor inyección económica del sector privado en toda la historia del Paraguay. Por más inversiones de este nivel, es lo que necesita el Paraguay, aun más ante una situación de desaceleración económica que empieza afectar a la economía nacional. Es una noticia que trae parabienes para todos, en medio de esta coyuntura regional poco alentadora.	Las explicaciones, el anuncio de una investigación interna, y las disculpas no son suficientes, en el caso de las becas de Itaipú otorgadas a estudiantes que provienen de familias con recursos suficientes para pagar a sus hijos una educación universitaria, de mandos medios o de idiomas. Se impone la revisión del proceso para evitar más errores.	El Reglamento del Programa de Becas de la Convocatoria 2019, de la Binacional Itaipú menciona explícitamente que las becas están destinadas a estudiantes de escasos recursos, y con la suficiente capacidad intelectual para salvar las pruebas académicas que les imponen.A las falencias que salieron a la luz por el trabajo desprolijo de los visitadores sociales, que dejó a cientos de jóvenes de escasos recursos fuera de competencia, se suman los casos de muchachos cuyos padres tienen el suficiente dinero, como para parles vacaciones en el exterior, y llevar una vida sin sobresaltos económicos.Se entiende una equivocación en el proceso, pero la reiteración de “errores” dan cuenta que en la adjudicación de las becas de la Binacional 2019 hay un problema Más serio.Todo ello con el agravante que el mismo problema afecta directamente a jóvenes de escasos recursos, esta situación obliga, como mínimo, a una investigación para detectar a los responsables de la enorme frustración que generaParaguay tiene hombres y mujeres con extraordinarios talentos, pero con pocas oportunidades para explotar todo su potencial. Por eso, si hasta ahora como Estado son capaces de entregar a nuestros jóvenes una educación gratuita en todos sus niveles, al menos debemos darle la consideración de sagradas, a las oportunidades para formación y capacitación a instancias como Becal y las becas de Itaipú, porque son los pocos espacios que tienen nuestros talentosos jóvenes para tener una ventaja que les permita dar un salto cualitativo en su vida.Lo sucedido con las becas de Itaipú es una mala noticia para la juventud carenciada que tenía confianza en el sistema y a la transparencia que se impone en estos tiempos. Itaipu debe lograr Que.se determinen las responsabilidades y que haya sanciones ejemplarizadoras por todo ello.	La impunidad en Paraguay es un mal sin fin, es un verdadero cáncer para un país, carcome sin distinción poco a poco a instituciones y personas. Resultaba incomprensible que senadores de la oposición -con aura de impolutos- y oficialistas maullaban sórdidos argumentos, para evitar a toda costa la reanudación del juicio político al contralor General de la República, Enrique García. La explicación llegó cuando se conoció la lista de “recomendados” que copan la Contraloría General, la mayoría de ellos son directores o jefes de departamento, todos ligados a senadores o figuras de mucho poder, ahí se entendió que el “pacto de impunidad” consistía en volver a congelar el proceso en el Senado a cambio de nuevos “zoquetes” y mantener a “recomendados” en sus actuales cargos.	Nada no es extraño, cuando los politiqueros actúan para defender a familiares, amantes, leales, etc., colocados en cargos del sector público, en muchos casos están en lugares clave para acceder a información relevante para sus intereses o para cubrirse las espaldas en casos de emergencia.Hay intereses creados en la decisión de volver a congelar el juicio político al “chino”, como dicen con cariño al contralor García, son intereses pluripartidarios que se mantendrán firmes en sus argumentos falaces hasta que no consigan una mayoría que garantice la “inocencia” total del titular de la Contraloría.Eso de los intereses creados fue reconocido por el propio titular de la Cámara Alta, Silvio Ovelar, el miércoles pasado señaló que priman los intereses políticos en el caso del juicio político al Contralor: “Aquí hay un juego de intereses”, confesó.El manejo obscuro para frenar el juicio político al Contralor García, es el espejo de las habituales prácticas en el senado para bloquear o lograr beneficios políticos, como conformaciones de mesas directivas o conseguir mayorías en la Cámara.La gravedad se ahonda cuando esas obscuras prácticas del senado se trasladan a otros poderes del Estado. El “chino” como dicen con cariño al contralor Enrique García, demuestra reiteradamente que es un hombre de muchos recursos a la hora de evadir responsabilidades, en febrero de este año logró que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia suspenda la imputación en su contra por el caso entre Ivesur y la Municipalidad de Asunción. Por esta causa García fue acusado por la Cámara Baja, en marzo de 2018, por mal desempeño de funciones y por los delitos de producción de documentos no auténticos y uso de documentos de contenido falso, que habría cometido como asesor jurídico de la Municipalidad de AsunciónLa resolución de la Corte fue dada a conocer recién en el segundo mes de este año, a pesar de que el fallo fue dado el 28 de diciembre de 2018, de esa forma el Poder Judicial paralizo el trámite de la causa hasta que se defina el juicio político al “chino”.Enrique García también está siendo investigado por la fiscalía por un supuesto caso de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Este hecho originó que la bancada de Honor Colorado logre que la Cámara de Diputados apruebe un proyecto de resolución que incluye estas nuevas acusaciones en el pendiente juicio político. El Senado debe actuar correctamente y realizar el juicio político al contralor General de la República. El propio Enrique García, por dignidad debería renunciar al cargo y someterse a la justicia, la serie de acusaciones en su contra le hicieron perder toda autoridad moral para continuar ejerciendo su cargo.	Volvió la era de los “recomendados” para copar los cargos públicos. Lejos quedó el sistema de concurso implementado en el Gobierno anterior, que con sus sombras y sus luces era democrático, y lo más importante servía para cubrir una necesidad real en el Estado y contaba con su respectivo presupuesto. En los últimos días la prensa revelaba que en menos de seis meses el titular de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, autorizó la contratación de 250 funcionarios, que se suman a los más de 2.000 mil ya existentes en el lugar; el mismo Cuevas también habría patrocinado el ingreso de otros 70 en La Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), todos ellos con salarios de envidia, que son pagados con nuestros impuestos.	El ingreso indiscriminado de personas a la función pública afecta en primer lugar al presupuesto estatal, el Tesoro debe destinar mayores recursos para cubrir los salarios de los “recomendados”, cómo las necesidades del Estado son muchas y los ingresos siempre se quedan cortos, se deja de invertir en obras para mejorar la salud, la educación, vialidad, energía, entre otros de carácter social prioritario. En suma, el desarrollo del país en sus aspectos fundamentales queda permanentemente relegado, a costa de que ciertos personajes de la política cumplan con sus compromisos de campaña electoral y siembren una fuerza de operadores cuya cosecha dará frutos en la próxima elección.En el caso de los enviados de Miguel Cuevas a la ANNP nos costará a los contribuyentes alrededor de 2.120 millones al año. Estos 70 incorporados en puertos se suman a otros, enviado por el mismo diputado, cuyos “honorarios” se liquidan a través de facturas, con lo cual el monto se dispara aún más. Puertos se convirtió en una verdadera cueva donde van a parar los operadores y amigos del titular de Diputados. El propio director, Ramón Catalino Retamozo, escaló en la institución precisamente de la mano de Miguel Cuevas.Sobre esos 70 y más funcionarios que entraron a ocupar los cargos sin concurso de mérito, se desconoce el grado de preparación de los mismos, ya que no necesitaron de ningún currículum para acceder a los cargos. La mayoría sería de la zona del departamento de Paraguarí y localidades cercanas.Sobre las habilidades y funciones que desempeñarán los más de 250 nuevos funcionarios de la cámara de Diputados, también es un misterio, pero formarán parte de ese ejército de privilegiados, que en muchos casos no tendrán una función específica, quizás acudan en contadas ocasiones a su puesto de trabajo, pero seguro a fin de mes van cobrar su salario con dinero público.Parte de la crisis de los partidos políticos es la malversación de fondos públicos, para provecho particular en detrimento de los derechos y necesidades de todos. A medida que los ciudadanos asumimos conciencia de nuestra realidad, y buscamos transformarla, surgen nuevas figuras y organizaciones como alternativa al histórico plan de gobierno sustentado en el “zoquete”. Cierto que en nuestro país aún repetimos el voto a favor de los “candidatos chatarra”, pero también es cierto que surgen voces, figuras, acciones que buscan rescatar la política de las manos de los politiqueros. Que lo de Cuevas y otros especímenes parecidos lo recordemos en las próximas elecciones. Finalmente “la culpa no es del chancho sino de quien le da de comer”, recordemos que nosotros somos lo electores.