La Asociación de Vendedores Ambulantes exige abordar los buses para la venta como lo hacían antes de la llegada de las unidades diferenciales. Con un proyecto de ley pretenden contar con credenciales identificatorias, abonar un arancel mensual de G. 40.000 y recibir capacitación laboral de parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad.	A través de un proyecto de ley, los 1800 integrantes de la Asociación de Vendedores Ambulantes en Asunción y otros 3000 en Gran Asunción pretenden tener acceso a las unidades de transporte público y exigen que se les permita subir a los buses para vender sus productos.El proyecto que consta de ocho artículos incluye entre otras medidas un registro de vendedores ambulantes que incluya los datos y contacto del beneficiado. Incluye la opción de pagar una credencial mensual por valor de G. 40.000 para tener vía libre. El proyecto alcanza también a promotores y artistas y señala que podrán permanecer en una unidad hasta dos vendedores al mismo tiempo.Los vendedores se encuentran apostados frente al local de Cetrapam donde exigen que el proyecto, presentado hace dos años, sea revisado. Consideran que sufren discriminación desde que llegaron los buses diferenciales con los que prácticamente quedaron sin posibilidad de subir para vender. En contacto con Universo 970 señalaron que los usuarios no se quejan de ellos ya que son los que al final compran sus productos.Además solicitan que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad los incluya a los trabajadores independientes en capacitaciones permanentes, mejora e inclusión laboral con la emisión de certificados a los participantes. El proyecto fue presentado por el senador Paraguayo Cubas.	El consenso se torna difícil por la disparidad de criterio en las conclusiones sobre la firma del Acta Bilateral investigada por la Comisión Bicameral. Las resoluciones deben ser tomadas por mayoría y hasta el momento esa situación no se da, adelantó el senador Eusebio Ramón Ayala. El legislador reiteró su posición sobre las responsabilidades con relación al acta y afirmó que están involucrados el exembajador Hugo Saguier Caballero, el excanciller Luis Castiglioni y el presidente de la República Mario Abdo Benítez.Destacó que los hechos están confirmado y las declaraciones de los altos y exaltos funcionarios confirmaron como está en los documentos. “No hacen otra cosa que confirmar que la decisión del Acta Bilateral fue política y se encontraba en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y el presidente de la República”, afirmó.Sobre las casuales de juicio político señaló que “nunca desaparecieron” aunque no confirmó que haya posibilidad de juicio político ya que con las mismas causales quedó archivado y depende de las fuerzas políticas para iniciar un nuevo pedido.Aclaró que las conclusiones no tienen poder de sanción pero establecerá responsabilidades y la veracidad de los hechos. Serán remitidas a ambas cámaras del Congreso y por decisión de la mayoría será entregada a la Fiscalía que está investigando el caso. “La resolución del miércoles tendrá su impacto, los hechos son claros contundentes, los puntos fueron defendidos, el acta quedó sin efecto y para el Paraguay lo mejor es que se haya anulado el acta”, puntualizó.	Jorge Dos Santos, exintendente de Caaguazú que lidera a los mil campesinos, confirmó que los labriegos comenzaron a salir del predio perteneciente a David Neufeld, quien posee 133 hectáreas de las 20.000 que desean apropiarse los manifestantes. Los campesinos ahora ocuparán un inmueble ubicado frente al que será liberado. El representante aseguró que el dueño de ese terreno aprobó que los manifestantes vayan a su predio mientras duren las negociaciones.“Vamos a salir. Van a retirarse e instalarse en un inmueble contiguo. Vamos a tener una mesa de diálogo para que se busque las 20.000 hectáreas que estamos buscando. Estaremos en vigilia”, adelantó Dos Santos en charla con la 730 AM. El periodista Joel Corvalán informó en la radio Universo que muchos campesinos dijeron fuera del aire que no estaban de acuerdo con la medida asumida por sus líderes y que no creían que se iba a llegar a un acuerdo en los próximos ocho días. Advirtieron además que si la presunción que tienen se confirma, volverán a ocupar el terreno con unas 7.000 personas.	La directora del diario Abc Color, Natalia Zuc­colillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano, del mismo medio, estarán senta­dos en el banquillo de los acu­sados. Así lo resolvió el juez de sentencia Elio Ovelar, quien ayer elevó a juicio oral la que­rella por difamación presen­tada por la ex viceministra de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) Mar­tha González. La resolución del citado magistrado se dio a conocer luego de la audiencia de conciliación, en la que no se llegó a un acuerdo entre las partes y el caso se discutirá en un juicio oral.	Lo llamativo del presente caso es que una vez que se dio a conocer la determinación del magistrado Ovelar, la direc­tora de Abc, Natalia Zuccolillo, y su abogado César Coll aban­donaron la sala –donde se rea­lizó la diligencia– por el pasi­llo donde solo tienen acceso los jueces y funcionarios que trabajan en los despachos de los magistrados. Mientras que Lezcano salió caminando por el lugar donde deben salir los querellados o los abogados.El abogado Jacinto Santa María, representante legal de la ex viceministra Martha González, señaló que “no se pudo llegar a una conciliación porque el daño que se hizo es demasiado grande y tiene que ser reparado. La ley dice que la audiencia de conciliación es una oportunidad para la extin­ción de la causa penal sobre la base de la reparación del daño, y un daño como este tiene que ser reparado y no puede quedar en una situación anecdótica nada más; el diario Abc tiene que retractarse y tiene que compensar económicamente por el daño que hizo”, expresó el profesional del derecho.UN “REFRITO”Agregó que “si nosotros con­sideramos que Abc publicó en tapa y en esas ediciones lle­garon a más de 400 mil per­sonas, implica que hubo una amplificación mediática pre­meditada al publicar en tapa”. Continuó: “Además, hay que recalcar una cosa: lo que Abc publicó no era una noticia del día ni del día anterior, era una de tres años atrás y ellos publi­caron un refrito en el 2019 de algo que supuestamente ocu­rrió en el 2016”.Sostuvo que esa publicación produjo una investigación en Contrataciones Públicas para determinar si era cierto lo que publicó Abc. Esa investigación duró 5 meses y llegó a la conclu­sión de que no se encontraron irregularidades y quedaban desvirtuadas las publicacio­nes de Abc. “Con base en esas pruebas nosotros iniciamos una querella por difamación”, manifestó Santa María.Abc Color publicó que Gonzá­lez Ayala contrató a este orga­nismo, del cual supuestamente ella era una de las autorida­des integrantes. “En reali­dad, Martha González no for­maba parte de la organización. El CIAT es una organización internacional integrada por la República del Paraguay y otros 50 gobiernos. La señora Gon­zález, si bien ocupaba un cargo directivo en el CIAT, estaba en representación de Paraguay. El cargo le correspondía al país, no a González”, afirmó Santa María.AMPLIARÁN QUERELLA“Nosotros vamos a ampliar la querella porque Abc no se con­formó con publicar y cometer el delito de difamación, sino que ya después de la resolución de Contrataciones Públicas, que ya está firme, y sabiendo que no se cometieron irregulari­dades, Abc volvió a publicar las mismas acusaciones y, al hacerlo, incurrió esta vez en el delito de calumnia al actuar así a sabiendas y en contra de la verdad”, señaló el represen­tante legal de González. La ex viceministra de la SET presentó querella contra la directora del citado medio y contra el perio­dista Juan Carlos Lezcano por publicaciones de supues­tas irregularidades durante su gestión, puntualmente en la adjudicación del contrato de actualización del Sistema Marangatu de la SET al Centro Interamericano de Adminis­traciones Tributarias (CIAT).