El inspector Manuel Gamarra, jefe de la Unidad Técnica y de Comunicaciones de la PMT, en entrevista con Radio La Unión manifestó que empezarán a dar cumplimiento a esta restricción en base a lo que establece la ordenanza 479/10 sobre los lugares señalizados donde está prohibido estacionar.Sobre este punto, indicó que esperan recibir las indicaciones pertinentes por parte de Departamento Operativo de Ingeniería y Tráfico del municipio capitalino para empezar a efectuar el cobro de las multas a los infractores.Si existe un cartel de prohibido estacionar, los conductores serán sancionados, y si los vehículos están estacionados en lugares inadecuados, serán retirados y trasladados por la grúa municipal hasta el corralón a fin de dejar libre el sector, refirió Gamarra a la 800 AM.La multa para los que estacionen en la bicisenda puede ir de 4 a 10 jornales mínimos (o sea, de Gs. 325.008 a Gs. 812.520) y, en caso de que los vehículos sean removidos por la grúa municipal, se le suman otros 3 jornales más (Gs. 243.756). Por ello, una persona podría llegar a abonar en promedio -dependiendo del caso- entre 500.000 y 1.000.000 de guaraníes.El inspector de la PMT confirmó que el cobro de multas para quienes incumplan esta disposición empezará a regir desde el próximo 23 de enero.La bicisenda Iturbe fue habilitada oficialmente el pasado 23 de diciembre. La misma inicia en Yegros y 21 Proyectadas, zona de barrio Obrero, y se extiende por toda la calle Iturbe hasta llegar a la Plaza Uruguaya. Posteriormente, continúa sobre la calle Palma y culmina en la Costanera de Asunción.Desde sus inicios, el proyecto tuvo bastantes cuestionamientos por parte de la ciudadanía, sobre todo de los frentistas de la calle Iturbe debido a la prohibición de estacionar sus vehículos particulares en los espacios señalizados. Así también, se criticó la dificultad para lograr su implementación y la inviabilidad de una obra de esta envergadura en Asunción. A raíz del conflicto con los vecinos, se planteó la posibilidad que este espacio esté habilitado para la circulación de bicicletas sólo en el horario de 06:00 a 22:00 horas, a fin de que los mismos puedan utilizar el espacio en horas de la noche para estacionar sus automóviles.	Del 2 al 12 de enero es el permiso otorgado por el presidente Mario Abdo Benítez al ministro de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Castiglioni. El canciller nacional solicitó ausentarse en sus funciones por “motivos particulares” y durante este periodo lo reemplazará el vice, Bernardino Hugo Saguier Caballero, según lo designa el decreto del Poder Ejecutivo. Precisamente un día antes del inicio de su permiso, Castiglioni anunció que “en los próximos días” reiterará la solicitud al Brasil para la revocación del estatus de refugiados del que gozan los prófugos Juan Arrom y Anuncio Martí, acusados del secuestro de María Edith Bordón.Esto, debido a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pretende condenar al Paraguay a pagar 63 millones de dólares a ambos, en concepto de un supuesto resarcimiento por supuesta tortura y desaparición forzada de los mismos. Sin embargo, será el viceministro quien deba encargarse de esta tarea, al menos si la misma se realiza en los próximos días como se prometió.	La venta liberada de petardos, el ingreso de contrabando y la libertad para utilizarlos por particulares fue cuestionado por el doctor Aníbal Filártiga, ex director del Hospital de Trauma. Dijo que la disminución de heridos de este año no se debe a que se tomó conciencia sino a que mejoró el sistema tecnológico de los explosivos.	En un país medianamente civilizado, la venta de petardos debe estar prohibida, afirmó el doctor Aníbal Filártiga, médico cirujano y ex director del Hospital de Trauma. Cuestionó que los productos además de ingresar de contrabando tienen la venta liberada pese a que cada año atentan contra la integridad de las personas.Afirmó que en otros países los fuegos artificiales, que no son lo mismo, son manejados en forma organizada y por personas especializadas para ofrecer espectáculos visuales y no para causar daño. “En otros países un padre no va y compra bombas y le ofrece a sus hijos, no existe tal cosa. Esto es un signo de barbarie”, señaló.La venta de pirotecnia antes estaba diseminada por el Mercado 4 y luego se logró que todos sean llevados a una plaza de las inmediaciones donde si bien se disminuyó el riesgo de que ocurra una catástrofe, tampoco se evita que el peligro esté latente.“Esa plaza está llena y si hay una chispa no sé lo que va a pasar. No deben venderse, debe estar prohibida su venta y el que quiere reventar que vaya en secreto y lo haga en su casa”, disparó.Afirmó que la disminución del número de personas heridas por manipulación de petardos no se debe a la toma de conciencia y cuidado sino porque los explosivos tienen mejor tecnología que años atrás. “Se han especializado mucho y han mejorado los sistemas y son menos peligrosos, en los primeros años veíamos hasta 50 heridos y hoy máximo 15, es que mejoró la tecnología no es que haya más conciencia”, aclaró.En un repaso por los tipos de pacientes que el Trauma debió atender, recordó que en épocas normales, fuera de las fiestas, 1 de cada 3 motociclistas accidentados presentaba alcohol en la sangre y durante las fiestas de fin de año, 2 de cada 3 subió al biciclo ebrio.“En estas fiestas la gente chupaba desde las 7 de la mañana y así iba todo el día manejando, eso es ser troglodita”, afirmó.Heridos en moto crean más gastosSobre los gastos que implica un herido por petardo aseguró que no se compara con lo que conlleva el tratamiento y recuperación de un accidentado en moto. “El gasto no es tan importante como el que provocan los motociclistas que son alrededor de 13.000 al año y causan un gasto de USD 100 millones anuales porque están los que se rompen una pierna y al día siguiente van a la casa y están los que permanecen en terapia durante ocho meses y quedan en terapia y una terapia cuesta 5 millones de guaraníes por día”, explicó.Sin embargo, dimensionó las consecuencias económicas y sociales para un herido por petardo que pierde los dedos y queda inhabilitado para una serie de labores; otros pierden la vista, y el costo es de por vida.	En los estudios de la 970 AM, el abogado Luis Villamayor refirió que denunció la mala administración de la actual titular de Petropar, Patricia Samudio, pero que llamativamente el auditor nombrado por Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, no encontró irregularidades."Esta cuestión poco elegante, de nombrar un auditor a medida, es un perjuicio que el presidente de la República se hace a sí mismo. Nadie se pregunta por qué Arregui renuncia a 20 millones de guaraníes como concejal para dedicarse a una auditoría que no dudaría más de dos meses. ¿Cuánto nos cuesta que el Gobierno tenga un auditor a la medida?”, refirió.Durante la entrevista radial dejó en claro que no defiende a la administración de Horacio Cartes, sino más bien que desea que se investiguen las denuncias que hizo contra Samudio. “Yo esperaba más de este Gobierno, pero están recurriendo a la jugarreta de todo lo que hizo Arregui”, dijo e instó a que sus detractores encuentren vínculo alguno suyo con las autoridades de la anterior administración.