La Policía Nacional busca desalojar a los ocupantes ilegales de un inmueble de Copaco en la ciudad de Luque. Los invasores son del asentamiento Héroes del Chaco pero los que se manifiestan hoy pertenecen a la Villa 500 y se movilizan en apoyo a sus vecinos.Los pobladores bloquean la ruta Coronel Martínez, en la divisoria de Maka`i e Isla Bogado, mediante cierre intermitentes y quema de varias cubiertas, impidiendo así la circulación de cientos de automovilistas.“Se está desviando a ambos lados, tenemos personal de apoyo, vamos a conversar con los dirigentes para ver a qué acuerdo llegamos”, comentó a la 970 AM el Crio. Carlos Aguilera jefe policial de Central. Los manifestantes no permiten que ningún periodista se acerca a hablar con ellos para al menos conocer la versión que sostienen y argumentar así sus reclamos.	Juan Villalba, viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, en entrevista con la 970 AM señaló que ya están concluyendo el trabajo de redacción del material de Reforma Electoral que será entregado al Congreso Nacional para su posterior estudio.Tal y como en ocasiones anteriores, volvió a resaltar que se logró llegar a un consenso entre todos los partidos y movimientos políticos, así como representantes de la sociedad civil, para poder elaborar esta propuesta.Los principales cambios que se han incluido en el documento son el desbloqueo de las listas cerradas (conocidas como “listas sábanas”), la aplicación de tecnología dentro del sistema electoral paraguayo, la eliminación de las juntas cívicas, como así también la aplicación de la nueva ley de financiamiento político recientemente promulgada por el Ejecutivo.Según explicó Villalba, la metodología para aplicar el desbloqueo de listas sábanas sería a través del “voto preferente”. Este sistema consiste en que -por ejemplo- si una persona es el candidato número 5 de la Lista 1 (ANR) para senadores, en vez de marcar con una cruz dentro de la casilla de la Lista 1 se deberá marcar el número 5 directamente, entonces el voto que va para la casilla del Partido Colorado determinará la cantidad de senadores que entrarán. Posteriormente, se estará desmenuzando la cantidad de votos de cada uno de los candidatos.La ubicación de los candidatos en la lista para las elecciones generales la va a estar determinando directamente el elector a través de su voto en las internas, refirió, hecho que sería totalmente novedoso para nuestro actual sistema electoral.De igual manera, mencionó que dentro de la propuesta de reforma también está previsto que se otorgue la facultad al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de aplicar la tecnología que se requiera para los comicios, todo dependiendo de la disponibilidad presupuestaria.Si se reúnen los requisitos y presupuestos, la Justicia Electoral podría incorporar nuevamente el uso de urnas electrónicas para las elecciones, algo que la mayoría de los movimientos y partidos políticos sugirieron durante los debates sobre Reforma Electoral que fueron convocados por el gobierno hace unos meses atrás.Dentro de las facultades que se le otorgarían al TSJE también se encuentra la de poder incorporar la identificación biométrica del elector -mencionó el viceministro-, como así también el escrutinio electrónico, mecanismo que -a su criterio -facilitaría el control de los votos en lo que respecta a tiempo y la precisión de los resultados.El escrutinio electrónico estaría dotando de soporte documental a todos los apoderados de partidos y movimientos políticos que participan en las elecciones, aseguró, de manera a que los mismos puedan llevar el control de los certificados de votación en las mesas electorales. En lo que respecta a la conformación de las mesas de votación en el día de los comicios, la propuesta de Reforma Electoral sugiere dos posibilidades: la primera, que se sortee de entre los electores a los integrantes de mesa a través de un sorteo y que eso constituya una carga pública (tal y como ocurre en países como Argentina;) y la segunda, que se siga utilizando el mecanismo actual con la participación de representantes de los partidos y movimientos políticos que tengan representación en el Congreso.	El fiscal Miguel Zarza logró demostrar ante la justicia la culpabilidad del hombre acusado de abusar de un niño de solo 13 años. Los elementos recabados permitieron comprobar la existencia del delito y la autoría del sentenciado.El caso data del año 2015, cuando el menor confesó a su madre que estaba siendo sometido sexualmente por alguien totalmente ajeno a la familia.A esto se suma que el violador lo amenazaba con publicar fotos de él desnudo en las redes sociales, en caso de que llegar a contarlo que estaba pasando. Finalmente el Tribunal de Sentencia, integrado por Isabel Meza, Nancy Adorno y Julio Cesar Fernández, consideró suficientes los elementos presentados y condenó al individuo a 10 años de pena privativa de libertad.	En diciembre de 2018, a través de la Ordenanza N° 19/2016 se derogó el servicio de modernización de la gestión tributaria y catastral de la Municipalidad de Luque, que se venía implementando desde el 2017 y tenía un contrato de 15 años (hasta 2032).La concejal municipal, Francisca Franco (PLRA), señaló que actualmente están con el inconveniente de que la empresa anunció una demanda contra el municipio por el incumplimiento del contrato.Franco explicó que ya en el 2016, al momento de la aprobación del pliego, ya se advertía que la tercerización era inconstitucional. Sostuvo que en ese momento, la empresa Consorcio Tributario (adjudicada con el contrato), ni siquiera presentó la inversión que iba a realizar para la implementación del servicio.“Nosotros le dimos el edificio, le dimos 40 funcionarios. Al final, todo otra vez puso la Municipalidad para que esta empresa trabaje”, precisó.“Fue un fracaso desde el inicio, ya que el año pasado tuvieron que hacer un sobregiro para pagar sueldos. Ni siquiera tenían esa posibilidad de recaudación”, comentó la edil en comunicación con la 970 AM.“Jamás se recaudó lo que se tenía que recaudar. Ellos llevaron en un año G. 1.800 millones (en concepto de consultoría), además de los intereses y recargos que no estaban estipulados en el contrato”, agregó.El cobro indebido (intereses, mora y recargos) por parte de la empresa, sería de G. 500 millones, según la concejal.Franco expresó que la forma de pago de la empresa, no era transparente. “Ellos cobraban algo, pero luego tenían que devolver porque cobraban mal”, indicó.Por último, sostuvo que se habla de que Consorcio Tributario, incluso estaría ligada al intendente municipal, Carlos Echeverría.