La “operación libertad”, cuya “fase final” fue anunciada por Juan Guaidó el pasado martes, desde la base aérea La Carlota, debía contar con la adhesión de altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, empezando por la de Vladimir Padrino, ministro de Defensa. Pero esto no ocurrió, por lo cual el enfrentamiento al régimen corrió por cuenta exclusiva de los miles de venezolanos que se volcaron a las calles ese día, y también ayer, resultando salvajemente reprimidos por la Guardia Nacional y los llamados “colectivos chavistas”, vulgares bandas paramilitares. La existencia del plan (que no prosperó) fue develado por el propio Eliott Abrams, nombrado por el secretario de Estado Mike Pompeo como “emisario especial” para tratar los asuntos referidos a Venezuela. Este declaró a EFE, palabas más, palabras menos, que Padrino y ciertos jefes militares debían sumarse al levantamiento, pero a la hora de tener que hacerlo “cerraron sus teléfonos”.El otro reconocimiento implícito de que el proyecto en cuestión no cuajó es el reciente llamado de Guaidó a realizar paros escalonados en la administración pública, que concentra la mayor cantidad de asalariados, en perspectiva a una huelga general. Si sonaban los “tambores de guerra”, esta opción no sería necesaria.Y en tercer término, debemos señalar que si bien Maduro estuvo literalmente desaparecido la mayor parte de la jornada del martes, cuando lo hizo se encargó de mostrarse en compañía de los altos mandos de los organismos de seguridad, entre ellos Padrino, La contracara de cuanto señalamos es que el régimen totalitario tampoco está en condiciones de derrotar a la oposición. No tolera que Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, haya sido proclamado “presidente encargado”. No tolera la ocupación de una base militar, aunque sea por un par de horas. No tolera que en sus narices hayan liberado a Leopoldo López de su muy custodiada prisión domiciliaria. Ni que sectores ciudadanos cada vez más amplios le desafíe en las calles, a cara descubierta y a pecho gentil. No tolera nada de eso, pero es incapaz de aplastar estas expresiones de completa “desobediencia” a su “autoridad”.En las actuales circunstancias son varias las alternativas que se dibujan como salida a la crisis, pero las que aparecen como más “viables” son: La crisis y levantamiento de sectores claves de las fuerzas militares, como parte de un proceso de “implosión” del chavismo, por un lado, y la intervención armada de los Estados Unidos, por el otro.La primera, que ahora fracasó, es a la que más apuesta la oposición y, en general, gran parte de la comunidad internacional, ante el hecho cierto de que fracasaron todos los intentos de diálogo y negociación con Maduro y su camarilla. La resistencia, mediante movilizaciones permanentes, ahora los paros escalonados y, en paralelo, los ofrecimientos de indultos a los jefes militares que se sumen a esta política, apuntan claramente en esa dirección, pero habrá que ver si da resultado y, sobre todo, cuándo.La segunda configuraría el peor de los escenarios, no solo por ser violatoria de principios básicos del derecho internacional, sino por los horrorosos costos que representa para los países y sus pueblos, en todos los órdenes, como lo atestigua sobradamente la experiencia internacional. La situación, por ahora, es de un “empate técnico”. La sociedad está dividida y ninguno de los dos bandos, enfrentados de la manera irreconciliable, puede con el otro. Y como nos dijo desde Caracas la periodista Pamela Toledo, solo el transcurrir del tiempo, que puede significar horas, días o semanas, ira develando qué rumbo toma finalmente esta desgraciada crisis que castiga impiadosamente a nuestros hermanos venezolanos.	La presunta participación de periodistas en la “red de coimas” detectada en el Detave, que derivó en el apresamiento de su director y media docena de funcionarios de dicha repartición, es uno de los capítulos de esta trama de corrupción que corresponde analizar, despojados de toda actitud corporativa que se traduzca en la defensa a ciegas de los involucrados y sin distraer el fondo de la cuestión.	Un tema de por sí delicado, pues pone en entredicho la labor informativa, la veracidad de lo que se dice y siembra dudas sobre lo que se oculta, a lo cual el ministerio público se encargó de aportar mayor confusión con su accionar notoriamente irresponsable.El anuncio lo hicieron los propios fiscales encargados de la investigación. “Hay periodistas involucrados en el caso”, quienes recibían pagos regulares a cambio de callar las irregularidades y exaltar el papel de la citada repartición, dijeron. No divulgaron entonces sus identidades, alegando razones referidas al desarrollo de la investigación. Posteriormente volvieron sobre el tema, a fin de ”aclarar” que los periodistas no eran objeto de investigación y “asegurar”, sin dar ningún fundamento, que el dinero entregado a ellos no provenía de la recaudación de las “coimas”. Y después de todo esto, apenas transcurridas 24 horas, filtraron los nombres de los 6 trabajadores de la prensa al grupo Abc Color…Nunca sabremos si recibieron sobornos o no, ni si tenían algún tipo de vínculo con la gavilla delictiva. El ministerio público, borrando con el codo lo que había escrito con la mano, decidió dar una vuelta de página y dejar que sus dichos tengan el destino de tantísimas denuncias: el olvido. En consecuencia, si los periodistas recibieron “coimas”, sus actos se mantendrán impunes, y si no lo hicieron, cargarán por siempre con el estigma de corruptos.Lo que sí sabemos es que este asunto, de ser cierto, está lejos, lejísimos, de ser el primero y más grave en su género. El gremio de periodistas, como el de médicos, ingenieros, artistas o zapateros, está compuesto por personas de carne y hueso, algunas con más virtudes que vicios, otras a la inversa, talentosos y mediocres, solidarios y egoístas, honestos y… deshonestos. No somos una cápsula aséptica en medio de una sociedad permeada por la corrupción. Somos parte de ella, con un agravante. Por la naturaleza del trabajo que realizamos, nos “codeamos” con el poder, en distintos niveles, para el cual repartir algunas migajas hace parte de su propia supervivencia. Y no solo están los que aceptan migajas. También los hay quienes reciben más que eso, para frenar una investigación en desarrollo o que directamente no se publique, los que colocan a su parentela en la administración pública y los que obtienen contratos para sí, lógicamente a través de presta nombres, o para terceros, a cambio de un porcentaje del negocio. Todo eso existe y es difícil de probar, salvo una investigación seria del ministerio público, que no tiene la menor intención de “alquilarse” un problema de este tipo, o que se indague el origen del patrimonio de unos cuantos, que ni por casualidad podrían poseer con sus ingresos lícitos.Hasta que llegamos a la cima de la indecencia. Ahí están algunos propietarios de medios, que por años predicaron la rectitud y la trasparencia, pero solo de boca para afuera, o para poner contra la pared a sus enemigos. Son los que amasaron sus fortunas, de las que hoy disfrutan sus herederos, usando a los medios como garrotes para chantajear a los gobernantes de turno. Y lo siguen haciendo. Hay que desnudar, pues, la hipocresía que rodea el tratamiento de esta materia. La prensa y los periodistas no somos modelos de moralidad, pero tampoco lo opuesto. Y sus componentes son como el resto de “los comunes”, a los que corresponde tratar como tales, sin ninguna excepción, de acuerdo a los mandatos de ley.	El apresamiento del director del Detave, general Ramón Benítez, es un hecho relevante y positivo. Su pertenencia a una gavilla de delincuentes, dedicada a permitir el ingreso de productos de contrabando a cambio de “coimas”, lo justifica plenamente. Sin embargo, presentarlo como “el jefe” y dando a entender que se ha cortado la cabeza de la serpiente, carece de toda seriedad, al igual que celebrar su caída e ignorar o minimizar el grave error cometido por el gobierno a la hora de nombrarlo, a pesar de los antecedentes del militar, quien fuera destituido como comandante de la FTC por las denuncias de extorsión a estancieros.	Benítez y otros 9 funcionarios, incluyendo 2 oficiales de policía, fueron imputados por los hechos punibles de contrabando, asociación criminal y cohecho pasivo agravado, pero nadie con un mínimo conocimiento de la realidad, creería por un instante la versión de que estos delitos, tan graves y extendidos en nuestro país, se limiten a dicha repartición y tengan al general retirado como único cabecilla de la organización.Como el Detave, otras instituciones son igual de corruptas, empezando por distintas dependencias de Aduanas, pasando por Puertos, la Marina y la policía, y alcanzando a la propia fiscalía, en las que existen varios equivalentes al general retirado. Son piezas de un engranaje que funciona con total impunidad, que pueden ser cambiadas, y en efecto lo son con cierta frecuencia, sin afectar con ello sus actividades criminales.No sabemos si su apresamiento responde a disputas internas, si “pisó algún callo” que no debía o guardó para sí lo que tenía otro destinatario, pero que el hombre tiene responsabilidades muy claras en el ilícito, no quepa la menor duda. Sin embargo, esa es apenas una de las líneas de investigación del ministerio público. La otra, de mayor envergadura, es apuntar al engranaje, al sistema que hace posible el ingreso masivo de contrabando de los más variados productos, a plena luz del día, de lunes a domingo, privándole al Estado sumas multimillonarias en concepto de impuestos.Hasta ahora escuchamos autoalabanzas del oficialismo por el “operativo brillante”, como se denominó el caso que derivó en el apresamiento de Benítez y otros funcionarios. Pero si se limita a ellos y unos pocos más, y la causa se restringe al Detave, todo habrá sido un fraude. Uno más de los varios que ya se produjo en los últimos tiempos, bajo el ropaje de mucho marketing y mucha publicidad sobre la supuesta lucha frontal contra la corrupción, que en la administración pública avanzó muy poco o nada.Los fiscales René Fernández y Josefina Aguemo tienen mucho trabajo por delante, al menos de ser cierto que quieren combatir esta rosca mafiosa. Ellos son los responsables, no el jefe de la Senad (Arnaldo Giuzzio) u otro organismo de seguridad, cuyas labores son las de auxiliares del Poder Judicial y el Ministerio Público.Para esto ni siquiera precisan “pescar” a funcionarios con “las manos en la masa”, como lo hicieron con el militar retirado. Basta que pasen revista al personal jerárquico de las instituciones antes mencionadas e inicien una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Que les obliguen a justificar su patrimonio y, si no lo hacen, pues que se les aplique las penas que corresponda, incluyendo la de no volver a pisar una repartición pública. ¿Lucha anticorrupción o nueva fraude a la vista? A corto plazo lo sabremos.	Primó la razón sobre la insensatez y ambas cámaras del Congreso, sin que registraran ni un solo voto en contra, aprobaron en general el desbloqueo de las listas para los cargos pluripersonales, remitiendo al archivo, en el caso del Senado, el disparatado proyecto de “listas abiertas”, inviable e irresponsable, al extremo de constar de un solo artículo. Y la mesura también se hizo presente al dimensionarse correctamente los alcances de dicha normativa, calificada como “un paso positivo” por el grueso de los legisladores y no como “un hecho histórico” que, al decir de algunos medios, sanaría todos los males del sistema electoral y hasta de la democracia misma.	Este es el hecho más relevante de la jornada de la víspera. Los senadores abortaron la pretensión de la bancada “llanista” del PLRA de embarrar la cancha mediante su adhesión a las “listas abiertas”, que no fue capaces de defender la propuesta con argumentos medianamente serios, y los diputados nos sorprendieron con una larga sesión, convocada a pedido de la bancada de Honor Colorado, adhiriendo en forma unánime al desbloqueo.El otro elemento que cabe mencionar, aunque de manera secundaria, es la protesta realizada en las inmediaciones del Congreso, a la que no asistieron ni 25.000, ni 15.000, ni 5.000, ni 1.000 personas, a pesar de los anuncios hechos por el senador suspendido Paraguayo Cubas, quien a esta altura de los acontecimientos debería darse un baño de humildad y, sobre todo, de cordura. En el mejor de los casos, los manifestantes llegaron a los 700. Pero en lugar de admitir el fracaso y revisar su accionar político, el legislador y sus seguidores recurrieron a las actitudes provocadoras y violentas, así como a inaceptables cierres de ruta, en el afán de lograr cierta notoriedad, terminaron cosechando el repudio de amplios sectores ciudadanos.¿Y AHORA QUÉ?Una vez resuelto el tema del desbloqueo, tanto para las internas de los partidos como para las generales, el debate girará en torno al sistema que se utilizará para su implementación, si será el de urnas electrónicas, como sostiene la mayoría de la Cámara de Diputados, o las tradicionales papeletas, hasta ahora abordados solo superficialmente.El tratamiento y definición de este tema debería basarse en consideraciones técnicas, en la experiencia internacional y en la nuestra, apelando a todos los conocimientos que existen en la materia. No tiene que encararse con otros criterios, a los que normalmente nos tienen acostumbrados los chapuceros de la política.Los que defienden las urnas electrónicas tienen la responsabilidad de profundizar las explicaciones sobre cómo se garantizaría a los electores, por esta vía, la transparencia del acto comicial, desde que marca sus opciones hasta el escrutinio, lo que no debe entenderse como un rechazo al mecanismo, sino como un planteamiento destinado a disipar todas las dudas que existen al respecto.Por ejemplo, necesitamos saber las razones por las cuales son tan pocos, cada vez menos, los países que recurren a esta metodología, entre los cuales no se incluyen los más avanzados en el terreno de la informática, como Corea del Sur, por qué los EE.UU apela a dicho procedimiento en apenas un puñado de distritos electorales y se suspendió su empleo en regiones de Suiza.De igual manera, los que se oponen a incorporar el uso de las urnas electrónicas y defienden la continuidad de las papeletas, pero sin embargo propiciaron o apoyaron el desbloqueo de las listas, tienen ahora el deber de exponer ante la ciudadanía cual sería el método que haga posible su puesta en marcha, sin que eso le complique la vida a los electores, con innumerables boletines, ni largas horas destinadas al escrutinio. Es probable que la discusión se contamine con argumentos políticos o de índole electoralista, pero así como se impuso la cordura sobre la irracionalidad de los que se aferraban a las “listas sábanas”, así también deben primar los argumentos técnicos, sobre los discursos que se apartan de estas consideraciones y, en consecuencia, carecen de seriedad alguna.