El lunes, Maikel Moreno, jefe del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), solicitó a la Asamblea Constituyente –el Parlamento controlado por el chavismo– revocar la inmunidad parlamentaria del líder político por haber “quebrantado” una sentencia de prohibición de salida de Venezuela. De prosperar el procedimiento, el político estaría despojado de cualquier protección frente a un posible juicio y arresto.	La Corte, además, ratificó una serie de medidas cautelares como prohibición de salida del país sin autorización hasta concluir una investigación, el bloqueo de cuentas bancarias, la declaratoria de desacato y una multa de 200 unidades tributarias (unos 3 euros). Guaidó, cabeza de la Asamblea Nacional, se transformó en el peor contrincante de Nicolás Maduro después de ser reconocido por una larga lista de países como el presidente interino del país sudamericano. “No hay ningún tipo de inhabilitación, no tienen competencia para eso. No se atrevieron. Cada día que estamos libres es una victoria para el pueblo”, reaccionó el político ante la decisión del Supremo.	El 4 de marzo, el líder regresó a Venezuela tras una intensa gira por América Latina que había comenzado a finales de febrero. Su viaje al exterior había incumplido con una sentencia emitida a finales de enero por el TSJ que impide su salida del país. Su retorno por el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas fue considerado triunfal, pese a que el chavismo había amenazado con su detención.	Su suerte es distinta a la de otros dirigentes que han desafiado a Maduro. De momento, el político es apoyado por decenas de Gobiernos en su reto de instaurar un proceso de transición en Venezuela. Su avance enardece al oficialismo que, de momento, no se atreve a detenerlo. Para el chavismo el muro de contención es Estados Unidosen este pulso por el poder. Hace un mes, la Administración de Donald Trump amenazó con una fuerte reacción internacional ante un posible arresto de Guaidó. Pero hasta ahora la principal estrategia de la Casa Blanca se fundamenta en sanciones a instituciones estatales, entre ellas Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el Banco de Desarrollo Económico y Social, y aliados del régimen.	Pese a las advertencias, el sucesor de Hugo Chávez redobla sus ataques contra su rival. Hace unos días, la Contraloría General de Venezuela, el órgano que fiscaliza a la administración pública, ordenó una auditoria patrimonial contra Guaidó dirigida a inhabilitarlo por hasta 15 años para ejercer cargos públicos. El procedimiento fue desestimado por la oposición que considera como ilegítima esta institución, al igual que otras dominadas por el chavismo.