prohíbe que las mujeres que fueron denunciadas se acerquen al domicilio de la ministra, a su lugar de trabajo o a cualquier sitio que represente un peligro para la misma. La CMP asegura que esto crea un precedente nefasto. “La utilización de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres para repeler lo relacionado con un escrache constituye una desnaturalización de la ley integral porque el objeto de esta es brindar protección efectiva a las mujeres víctimas de violencia basada en el género”,	. Además, sostienen que se trata de un “desperdicio de recursos”, ya que la jueza Elvira Franco González podría haber “atendido denuncias legítimas de violencia”. Señalan que se trata de un error conceptual, ya que no se trata de una aplicación incorrecta de la ley en lo que respecta a la violencia política y destacan que las mujeres impedidas judicialmente no podrán usufructuar los servicios del Ministerio de la Mujer por encontrarse con la medida cautelar vigente. En el documento, la CMP explica que el concepto de violencia política tiene que ver con la utilización de la violencia contra mujeres que participan en política con el objeto de impedirles cumplir su función, mientras que el escrache es un mecanismo ciudadano que permite la expresión del descontento popular. Asimismo, hacen hincapié en que esto está establecido tal cual en la ley de protección integral a la mujer. “El accionar de las personas que ejercen cargos públicos es susceptible del escrutinio público, hecho que se encuentra reconocido por la Constitución Nacional, así como se reconoce que el margen de privacidad e intimidad del funcionariado público es menor que el del resto de la ciudadanía, por razón del cargo que ocupa”, argumentan y citan el caso de Ricardo Canese v. Parguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La CMP hace énfasis en que el accionar de la ministra Romero es una forma de censura al escrutinio público y advierte que podría desencadenear otra demanda ante la Corte IDH por una violación a la libertad de expresión y organización ciudadana.	El agente fiscal Edgar Torales manifestó a la corresponsalía de La Nación que poco antes del mediodía de este martes se produjo un enfrentamiento entre los miembros del Primer Comando Capital (PCC) y otros internos “comunes”, desconoce si estos pertenecerían al clan Rotela.El interviniente indicó que la situación fue controlada gracias a la rápida intervención de los funcionarios penitenciarios. Señaló que un guardia fue herido de manera superficial durante el operativo desplegado y otro interno fue trasladado a un centro asistencial.Torales mencionó que ahora harán un exhaustivo cateo y solicitará un informe urgente de los nombres de los que estuvieron involucrados en la trifulca para solicitar el traslado de las cabecillas a otras penitenciarías. Ana María Silva, quien visitaba a su hijo preso, relató a la prensa que escuchó varios disparos en el interior de la cárcel y que la tuvieron que sacar arrastrada porque se descompensó.	Unos 3.000 agentes policiales están custodiando a los políticos. Algunas autoridades llegan a tener hasta 15 uniformados a su cargo. El ministro del Interior, Euclides Acevedo, plantea que estos “guardias privados” pasen a la calle para cuidar al ciudadano y que los militares se hagan cargo de la seguridad de los políticos.	El ministro del Interior, Euclides Acevedo, indicó a la radio 650 AM que de los 4.000 policías que custodiaban a los políticos durante la época de Francisco de Vargas, actualmente la cifra se sitúa en 3.000 agentes uniformados abocados a dicho servicio. No obstante, a su parecer debe reducirse aún más.En ese sentido señaló que el departamento de Talento Humano de la Policía realiza un inventario de los agentes que están realizando actividades que no corresponden.Si bien resaltó que las autoridades legítimas elegidas deben contar con un resguardo de su seguridad, insistió que sean los militares quienes se encarguen de ello. “Es una de sus funciones constitucionales”, acotó y lamentó que las autoridades “oñemolente” cuando les solicita efectuar los cambios necesarios.“Hay pedidos de autoridades del Congreso, del Poder Judicial, de las Gobernaciones. Es cierto que están obligados a tener custodia, pero no tanta. Algunos diputados tienen hasta 15 policías. Con uno o dos ya es suficiente. Se debe racionalizar. La Policía tiene que estar en la calle, donde está el ciudadano, cumpliendo su tarea”, indicó. Sin embargo, el presidente del Congreso, el senador liberal Blas Llano, dijo este martes que está de acuerdo en que los legisladores cuenten con la debida custodia policial. Insistió que no se pueden descuidar de las amenazas de los autores del crimen organizado.	Según las estadísticas más recientes, el 10% de la población padece de algún tipo de discapacidad y el informe destaca que el pilar más débil es el del acceso de las personas con discapacidad a las fuentes de trabajo. “Estamos buscando acciones concretas e instar a todas las carteras del Estado a que creen sus planes de inclusión”, manifestó. Martínez destacó que actualmente hay cerca de 2.000 personas con discapacidad en la función pública y buscan que con la ley de emergencia se pueda lograr la inclusión de 11.000. El ministro informó que se entregaron más de 1.200 sillas de ruedas este año, pero que la lista de espera continúa siendo muy extensa, siendo 1.5000 personas las que esperan este insumo. Respecto a los diferentes tipos de discapacidad, Martínez refirió que la meta de la SENADIS es que se brinde una atención integral a todas las personas, ya sea con discapacidades adquiridas o congénitas. DISCAPACIDAD Y EDUCACIÓN “Hay una deuda muy grande en la academia. El nivel técnico superior no tiene formación para poder tratar a las personas con discapacidad”, expresó. El ministro puntualizó que esta semana firmarán un convenio con diversas universidades del país para poder fomentar la capacitación de los profesionales en esta área.