El político colorado recordó que el artículo 104 establece que los funcionarios y empleados públicos están obligados a prestar su declaración dentro de los 15 días de haber tomado posesión del cargo y al mismo término al cesar en el puesto. De esta manera, la declaración de Riera podrá verse en el portal de la Contraloría, donde ya figuran las del senador liberal Blas Llano, del ministro de Hacienda, Benigno López, y Pedro Correa.	La senadora Desirée Masi asegura que las protestas por las cuales Contrataciones Públicas suspendió la licitación de máquinas electrónicas no son recientes. Se preguntó si la Justicia Electoral llegó a no a responder a estos cuestionamientos y en qué plazo lo hizo, ya que ahora el titular Jaime Bestard promete contestar en un día.	Antes de que se desate un nuevo escándalo por las urnas electrónicas, senadores del PDP se reunieron con el titular del TSJE, Jaime Bestard, para conocer cuáles eran los oferentes, pro qué había protestas y qué opinaba la Justicia Electoral al respecto.En la ocasión cuestionaron al TJSE el ajustado cronograma del proceso licitatorio, en el que prácticamente no se contemplaba un tiempo para posibles oposiciones y la respuestas a las mismas. “Sabemos que hace rato se está protestando, pero lo que no podemos ver en la realidad es cuál fue la protesta, cuál fue la contestación del TSJE, cómo y en qué plazo contestaron”, expresó Masi.Aclaró que no existe ningún impedimento para que las listas desbloqueadas se apliquen con las papeletas, pero advirtió que será un proceso muy engorroso. La suspensión del proceso para el alquiler de 15.000 máquinas electrónicas por 23 millones de dólares para las elecciones municipales 2020 se dio en respuesta a una protesta presentada por la empresa Smartmatic International. El siguiente paso es la contestación del Tribunal Superior de Justicia Electoral, cuyo titular, Jaime Bestard, prometió responder hoy mismo, no obstante, el plazo máximo es de siete días.	Saliendo al paso de las acusaciones en su contra, Mario Abdo desmintió que su sector esté maniobrando para impedir la entrada en vigencia de la ley que hace referencia al voto preferencial para las listas “desbloqueadas” mediante las máquinas electrónicas. El mandamás refirió que “es una ley vigente y promulgada, haremos todo lo posible para que sea cumplida” y que en el caso de la licitación que lleva adelante la Justicia Electoral, la Dirección de Contrataciones Públicas realiza una evaluación ante la protesta presentada por una empresa oferente contra el pliego de bases y condiciones.La autoridad aseguró que la intervención de Contrataciones no interrumpirá los procesos de adjudicación y tampoco pondrá en riesgo el calendario electoral. Esto le confirmó el propio titular de dicha dependencia, Pablo Seitz, según resaltó el mandatario.Por otra parte desmintió que el Gobierno esté realizando investigaciones paralelas desde Mburuvicha Róga contra sus opositores políticos, tal como denuncian desde el cartismo. “Es todo mentira, respeto las investigaciones de los medios, pero doy las garantías de que eso no es cierto. Uno dijo que Raúl Silva fue compañero de colegio de mi señora, siendo que mi esposa entró en las Teresas cuando todavía no era mixto”, agregó. Mientras que defendió la postura del Ministerio de Hacienda, de elevar el déficit fiscal para el ejercicio del 2020. En ese sentido resaltó que la propia ley de Responsabilidad Fiscal hace un considerando para sobrepasar el límite en un 3% de endeudamiento cuando las condiciones económicas no sean favorables. Para garantizar el presupuesto para el año que viene, Abdo adelantó que plantearían que el aumento se haga por ley.Estas declaraciones las realizó mientras recorría el río Paraguay, que sufre una importante reducción en el nivel de su cauce.	“Lo que no sabemos si puede ser o no perjudicial cortar un procedimiento informático de este volumen. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, siempre demostramos la mejor voluntad. Para nosotros, parar esto así de golpes y porrazos puede tener consecuencias bastante delicadas en lo técnico y en lo económico”, manifestó el abogado. El asesor jurídico declaró que aguardarán la opinión de los técnicos de la comuna para tomar una decisión de suspender o no la utilización del sistema que recientemente entró en operación. “Las denuncias tienen que ser más puntuales. Para mi, no estamos hablando de tercerización del servicio”, expresó respecto a las denuncias que realizó el Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (SIMUCA). Gladys Galeano, presidenta del SIMUCA, sostiene que la implementación del sistema ARi es un caos. “En algunos casos no figura la cuenta corriente catastral, en otros casos se duplicaba el monto de sus impuestos. Lo que se está implementando es una estafa a la ciudadanía”, expuso. Galeano contó a la 730 AM que la empresa responsable no entregará el código fuente del sistema y que de esta manera, la Municipalidad perdió su autonomía informática. “Nosotros vamos a seguir luchando hasta que esta empresa se vaya”, sentenció. Según la líder sindical, con el sistema anterior se podía saber cuánto se recaudaba por día, pero con el nuevo programa “los funcionarios tienen que volver a la edad de piedra y sumar a mano, porque hasta eso desapareció”. Además, esta situación generó grandes inconvenientes en las cajas.