El interventor de la comuna es Aldir Rojas, quien fue designado por el Poder Ejecutivo el pasado 17 de octubre, ya entregó su informe al Ministerio del Interior, pero insiste en permanecer en el cargo otros 30 días, según informó Milciades Benítez, apoderado del Partido Patria Querida.Actualmente, el intendente Oscar Duarte (PPQ), se encuentra suspendido en sus funciones. Entre las causales de intervención, los concejales acusan al jefe comunal de no presentar el informe de ejecución presupuestaria del 2018, mal uso de los fondos asignados para el primer trimestre de este año, la no ejecución del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Otro punto cuestionado es la falta de planificación para sectores como deportes y educación. Duarte fue electo en el periodo 2010-2015 y renunció para volver a candidatarse para las elecciones municipales del 2015, en donde fue reelecto para ocupar el cargo. Con la renuncia del patriaqueridista, asumió el concejal Israel Duarte (PLRA), quien asumió el 18 de agosto del 2015 para poder culminar el ciclo.El recientemente reelecto intendente tuvo como primera tarea realizar una auditoría del periodo de Israel Duarte a cargo de la comuna. Según los resultados del informe, entre el 18 de agosto y 18 de diciembre del 2015, el entonces administrador, Jorge Francisco Villalba Areco, habría transferido electrónicamente la suma de aproximadamente G. 400.000.000 por encima de lo que le correspondía en concepto de honorarios profesionales. Estos fondos habrían salido directamente de la cuenta de la Municipalidad. Luego de tener el resultado de esta auditoría, el intendente presentó una denuncia contra Israel Duarte y Jorge Francisco Villalba Areco ante la unidad fiscal de Villa Hayes, a cargo de Alexis Takahashi. El agente del Ministerio Público imputó a ambos por lesión de confianza. Sin embargo, a Villalba también lo procesó por apropiación. El fiscal solicitó que la causa sea elevada a juicio oral, pero los procesados pospusieron la audiencia preliminar mediante varias chicanas. Según una denuncia que realizó una fuente cercana HOY, para suspender la cuarta audiencia habrían propuesto la devolución del monto supuestamente transferido irregularmente, pero no en efectivo sino “en especies”. De acuerdo con la denuncia, el interventor habría pretendido aceptar la propuesta de los procesados y sería a causa de una visita que habría realizado Rojas al juez que entiende la causa, en compañía de una concejal, quien es hermana de un diputado liberal, y el presidente de la Junta. EL INFORME DE LA INTERVENCIÓNAldir Rojas presentó su informe de intervención, dando cuenta de que se pudo constatar la elaboración de instrumentos públicos de contenido falso, los mismos habrían sido confeccionados a los efectos que la Junta Municipal no descubra la utilización de importantes fondos municipales no incorporados al presupuesto y además, sin procesos licitatorios. Además, el interventor halló documentos de ejecución presupuestaria presentada ante el Ministerio de Hacienda y Contraloría con montos muy superiores a los presentados ante la Junta Municipal. El informe también habla de un perjuicio de G. 2.118.440.137 en el año 2015. Este monto habría sido ejecutado en el rubro de construcciones y no existen documentos respaldatorios, según Rojas. Por otro lado, existe un daño patrimonial de G. 999.000.000 debido a irregularidades en la ejecución de los fondos del FONACIDE para obras en la comuna, adjudicadas de manera irregular, ignorando las observaciones realizadas por la Dirección Nacional de Contrataciones y beneficiando a supuestas “empresas amigas”. Otra de las irregularidades detectadas por el intervención es la transferencia de G. 500.407.320 a la empresa El Farol, este desembolso se habría realizado sin contar con presupuesto y sin planillas de registros firmados por algún responsable de comuna que pueda certificar y responder por dichos pagos. Rojas indicó que existe un daño patrimonial de G. 1.043.037.320. Este pago sería en concepto de supuesto traslado y disposición final de residuos al vertedero municipal. Este desembolso se habría realizado sin contar con presupuesto para su financiamiento y se habría evadido la obligatoria autorización de la Junta Municipal para llevar a cabo esta adjudicación. Todo esto, existiendo una empresa que cobra a los residentes de Benjamín Aceval por la recolección de basura. Existen irregularidades en la adjudicación de empresas para el enripiado de calles urbanas. Según el informe, la concesión se dio de manera apresurada, no se cumplieron las especificaciones técnicas, gran parte de la superficie cargada con pedregullo ya ha desaparecido y no se realizó el trabajo en su totalidad.Ya en 2018, hubo transferencias por un total de G. 300.000.000 al Concejo de Salud sin rendición de cuentas de las mismas. Lo más llamativo es que dicho organismo está presidido por Oscar Duarte. Por facturas no válidas, enmendadas o incompletas, se constató un perjuicio de G. 312.365.700 Por último, se detectó un pago de G. 2.060.000.000 con fondos provenientes de royalties para el rubro de contrataciones, también con deficiencia de documentos respaldatorios.	December 30, 2019A principios de diciembre, la Junta Municipal de Concepción aprobó el pedido de intervención presentado por el concejal liberal Héctor González, ante los supuestos hechos de corrupción. Los pobladores de la ciudad de Concepción piden la renuncia de Urbieta por hechos de corrupción en su administración. Los ciudadanos se manifiestan hace meses contra el jefe comunal, quien está siendo investigado por el Ministerio Público. Entre los antecedentes se cuenta la agresión filmada contra una mujer por parte de Urbieta.	Agustina Bareiro (40) fue estrangulada esta madrugada en su domicilio ubicado e en el barrio La Esperanza de Cnel. Bogado, Itapúa, según confirmó el suboficial mayor Lorenzo Rivas.El supuesto autor es José Antonio Caballero (48), esposo de la víctima. Tras el hecho el hombre se quitó la vida. El suboficial explicó a la 730 AM una menor de edad, hija de la pareja, fue quien encontró los cadáveres y dio aviso a la	Las playas y balnearios in Declaración Ambiental no tienen el requisito principal para ser habilitados por los municipios y estar abiertos al público, aclara el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable (MADES).Las instalaciones recreativas deben reunir ciertos requisitos para ser aptos para el uso público y en caso de incurrir en irregularidades se exponen a multas millonarias que van de 3001 a 10.000 jornales mínimos además de otras medidas que pudieran ser aplicables.El MADES aclara que su competencia incluye el estudio y la valoración de las implicancias ambientales, además de las documentaciones legales, los análisis de calidad del agua así como sistemas de prevención de riesgos, entre otros requisitos.Una vez que la autoridad ambiental realiza todas las verificaciones técnicas que garanticen la conservación de los recursos naturales, que se encuentran en la zona de influencia de los establecimientos veraniegos, expide la Declaración de Impacto Ambiental, documento que el municipio debe exigir antes de habilitar estos espacios.La utilización de los lugares no habilitados por las municipalidades, por parte de la ciudadanía, es exclusiva responsabilidad de las mismas y existen riesgos en caso de que los locales a los que uno acude sobre todo para utilizar l