Alcides Riveros, intendente de la ciudad de Fernando de la Mora, cuestionó en charla con radio Monumental que el actual Gobierno Nacional no puede dar punto final al contrato del fallido Metrobús con la empresa portuguesa Mota Engil.“Tratamos de dialogar con el Gobierno pero hasta ahora no cancelaron el contrato con Mota Engil. Hasta que termine ese contrato no se puede tocar la ruta Mariscal Estigarribia”, dijo y lamentó que “todo se hizo a las apuradas”.Riveros cuestionó que en plena ruta se montan puestos de comercio y hasta se exhiben vehículos en venta. “Es una vergüenza y nosotros no podemos hacer nada porque la Patrulla Caminera se adueña de la ruta cada vez que le conviene”, insistió.Por su parte, Luis Christ Jacobs, director de la Patrulla Caminera, reconoció que su institución es la responsable de controlar el trayecto de la ruta Mariscal Estigarribia, a partir de Calle Última.Afirmó que esperan recibir denuncias para actuar ante los casos mencionados y advirtió que la multa por estacionar vehículos en zonas no permitidas es de 10 jornales, G. 843.000, con un 25% en las reincidencias. En junio pasado, hasta una chatarrería fue ubicada en pleno paseo central de la ruta 2 Mariscal Estigarribia, frente mismo a la Municipalidad de Fernando de la Mora y de la Comisaría 2. Allí estaban depositados o abandonados hacía varios meses vehículos en desuso y en mal estado.	”La expectativa que Hacienda nos plantea es de US$ 13.500 millones, eso es lo que se puede recaudar en un análisis muy optimista y si le sumamos los US$ 700 millones iríamos a US$ 14.200 millones y eso sería aprobar un presupuesto que ni remotamente se puede recaudar”, explicó a la 730 AM. Agregó que se podría llegar a repetir el panorama del 2002 durante el gobierno de Luis González Macchi, donde lo que se lograba colectar no alcanzaba siquiera para pagar los salarios y los funcionarios públicos cobraban con un mes de atraso.Ovelar sostiene que todos los pedidos son válidos, ni si todos los senadores y diputados donaran sus sueldos se puede llegar a cubrir el déficit. “Cuando el integrante de tu propio equipo político, por un interés sectario, particular o institucional te plantean estas situaciones, ya te rompe las pelotas […] Nos vamos a ir todos al barranco si es que no tomamos una actitud serena y medianamente razonable en esta oportunidad. Estamos en época de vacas flacas y no podemos ser generosos con lo que no tenemos“, criticó severamente. Acotó que si “los muchachos se pasan de revoluciones”, él mismo aconsejará el veto del Presupuesto. El legislador aseguró que sus propios compañeros de movimiento son los que presionan para la aprobación de los aumentos. “La perrada no está entendiendo que estamos en crisis” disparó Ovelar y alegó que las bancadas tienen un papel primordial al momento de definir el futuro del país. Silvio Ovelar cuestionó la postura relajada del presidente de la República respecto a sus colegas que solicitan ampliaciones indiscriminadamente. “Yo creo que este es un caso en el que se tiene que bajar línea de manera contundente”, acotó. El ministro de Hacienda, Benigno López, adelantó ayer que el Ejecutivo vetará el presupuesto para el 2020 si es que el Congreso aprueba los aumentos. Sostuvo que todos los pedidos de ampliación vienen directamente de los diferentes entes estatales porque los ministros “no quieren pelearse con sus gremios” y que, finalmente, el problema termina cayendo únicamente sobre su cartera.	El MOPC aclara que la empresa no cuenta con permiso de la Autoridad Administrativa de Transporte para usufructuar la línea 18 y que además, registra una serie de incumplimientos legales, tales como evasión fiscal, cánones y multas impagas al Viceministerio de Transporte y violación de leyes laborales. Choferes exigen que se los deje trabajar.	La empresa de transporte 29 de Setiembre Boquerón SRL lleva en su haber una serie de irregularidades, según publica el MOPC entre ellas una deuda que asciende a G. 1.076.649.434 con el Viceministerio de Transporte, en concepto de cánones y multas impagas de varios años. También mantiene una deuda con el Banco Nacional de Fomento por valor de 2.318.292 dólares por un préstamo que le fuera concedido para la compra de buses. Entre los antecedentes de la empresa figuran además los incumplimientos legales con la Subsecretaría de Tributación en su calidad de contribuyente del IVA e IRACIS, también están registrados además de normas laborales en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde instruido un sumario administrativo al respecto.El MOPC aclara que la empresa no cuenta con permiso de la Autoridad Administrativa de Transporte para usufructuar la línea 18 y que además, registra una serie de incumplimientos legales, tales como evasión fiscal, cánones y multas impagas al Viceministerio de Transporte y violación de leyes laborales, que denotan la total irregularidad en que pretenden seguir prestando el servicio de transporte de pasajeros. La institución indica que la empresa pretende seguir operando sin ningún tipo de control o fiscalización por parte del Viceministerio de Transporte situación que no solo resulta irregular, sino además, expone a los usuarios a recibir un servicio deficitario y eventualmente lesivo de su integridad física y la vida.Por su parte, los choferes de la empresa denuncian una supuesta persecución por parte del Viceministerio del Transporte y exigen que las autoridades les permitan seguir trabajando en sus unidades.Ayer, tres de los trabajadores iniciaron una huelga de hambre frente al MOPC en busca de respuestas de las autoridades a quienes reclaman el cumplimiento de la medida cautelar que les permite seguir circulando.	“No fue ningún sincericidio el que yo hice ayer, solo fue la verdad. Fue en el 2016 que yo había hecho una inyección a mis empresas, cuando yo era diputado y eso estaba permitido”, mencionó Dany Durand en entrevista con la radio Universo.La autoridad realizó su derecho a réplica luego de que ayer haya revelado que hizo un aporte de capital de 1.000 millones de guaraníes a sus empresas Cristal Créditos SA e Inmobiliaria Atenas; ambas dedicadas a las propiedades inmobiliarias. Esto lo dijo cuando se defendía del lapidario informe remitido por la Contraloría General de la República a la Fiscalía, por inconsistencias en su declaración jurada de bienes. Ante los cuestionamientos recibidos, el ministro afirmó que no considera que exista conflictos de intereses, porque no posee una constructora y porque en el 2012, cuando asumió como diputado, dejó el directorio de sus empresas y en el 2018 de vuelta lo hizo cuando fue designado para ocupar la titularidad del Ministerio de Urbanismo. “Sigo poseyendo acciones pero no pertenezco más a las empresas. Como ministro actualmente no tengo ninguna vinculación con ninguna de las empresas”, afirmó.Por otra parte, aseguró que muchos congresistas son actualmente accionistas. “Yo vengo trabajando hace 25 años con una empresa inmobiliaria, lo cual me da el aval necesario para conocer el problema de la tierra. Ninguno de los que están en la Cámara de Diputados vive de su sueldo, también tienen sus actividades privadas. Muchos son accionistas en bancos, financieras y bufete de abogados”, señaló. Citó al senador Antonio Arbo, sobre quien dijo que tenía abierto su consultorio privado cuando se desempeñó como ministro de Salud Pública. Además indicó que el exministro de Obras, Ramón Jiménez Gaona, provenía del sector privado.