Cecilia Pérez, la viceministra de Política Criminal, sostuvo que José Ignacio González Ozuna fue encontrado muerto en su celda. De acuerdo al informe médico, se trata de un suicidio.Pérez indicó que el fallecido era catalogado como “secretario” del hermano de Reinaldo Javier ‘Cucho’ Cabaña, que también se encuentra recluido en Tacumbú. “Era el encargado de hacerle el tereré y traerle algunas cosas. Pero, hasta ahí”, comentó la viceministra en comunicación con Universo 970 AM.Anunció además que se solicitará la intervención de la Fiscalía a través de un peritaje, para confirmar el suicidio del interno.La viceministra dijo que el interno tenía antecedentes por problemas familiares y sostuvo que los casos de suicidio en las penitenciarias nacional, son muy frecuentes.A pesar de que las autoridades penitenciarias salieron al paso de una versión que circulaba en torno al hecho (hablaban de un homicidio) los comentarios en medios de comunicación y redes sociales levantaron polémica.	El allanamiento a la Municipalidad de Lambaré estuvo encabezado por la fiscal Gladys González, en relación a la denunciada presentada por 10 concejales por un supuesto faltante de más de 10.000 millones de guaraníes.La representante del Ministerio Público lamentó que el procedimiento no realizó como pretendían, ya que la idea era de llegar sorpresa a la sede municipal, pero la información fue filtrada. “El efecto sorpresa no existió. Pero, de igual manera la Fiscalía está cumpliendo su rol”, indico.Sostuvo que durante el procedimiento se solicitaron documentaciones e informes relacionados a la recaudación de impuestos desde el 2015 hasta la fecha.Comentó que procedieron además al lacrado de las gavetas donde se encuentran los papeles, ya que los documentos no están discriminados por categoría y se deberá cotejar con el departamento de Contabilidad.Cabe recordar que la Junta Municipal aprobó el pasado 22 de octubre la intervención del municipio administrado por Armando Gómez (PLRA) debido a las supuestas irregularidades en su gestión.	El pago de haberes jubilatorios y el aguinaldo serán anticipados para los que cobran a través de la previsional, anunciaron las autoridades del IPS.La medida entrará en vigencia a partir del 6 de noviembre con el pago de ambos beneficios. El presidente, Andrés Gubetich explicó que el Consejo de Administración consideró viable la medida y atendiendo la situación económica se decidió dar una inyección económica aproximada de 70 millones de dólares, informó la Agencia IP.En tanto, el gerente de Prestaciones Económicas de la previsional, Pedro Halley, detalló que unos 62.000 jubilados serán beneficiados con este doble pago de los haberes. El día 6 de noviembre cobrarán todos los que lo hacen por tarjeta de débito, mientras que los que cobran por ventanilla lo harán: el 6 para funcionarios de IPS, y desde el 7 por orden alfabético con una lista a ser socializada oportunamente.	La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) comenzó a exigir a las playas de vehículos que soliciten la declaración jurada al cliente por operaciones que superen el valor de 10.000 dólares. Si el comprador se niega, los vendedores pueden seguir con la transacción pero alertar a la institución del caso.	Gregorio Mayor, director General de Normas y Supervisión de Seprelad, manifestó en contacto con el programa Residentas, Canal GEN, que las playas de autos no están cumpliendo con la presentación de la constancia de los clientes en la compra-venta de los rodados.Sostuvo que estuvieron haciendo un monitoreo y constataron que muchas playas no remiten los reportes necesarios. Explicó que cuando se abone a partir de 10.000 dólares por un vehículo, el comprador debe firmar una declaración del origen de sus fondos. Si este no desea firmar el documento, la norma establece que puede continuar la operación, pero el vendedor inmediatamente debe reportar de la situación a la Seprelad. En total están registradas 1.141 playas de autos, de las cuales 704 playas no cumplieron con la norma mencionada. Tras una advertencia que realizó la Seprelad, finalmente 341 playas no cumplieron. Mayor aseguró que están tratando de agotar todas las instancias, para no tener que sancionar. Las playas que continúen incumpliendo se exponen a una suspensión de la constancia de registro en la Seprelad; esto les ocasionaría problemas para operar con los bancos.