Desde el organismo electo­ral informaron que el lla­mado internacional ya se inició días atrás y finalizará el próximo 4 de noviembre. Para el alquiler de las máqui­nas se fijó como precio refe­rencial 21 millones ochocien­tos mil dólares, suma que podría variar en un 30% más o un 20% menos.El monto para el desembolso provendrá del Presupuesto del próximo año. Las máqui­nas no tendrán conexiones externas, contarán con una autonomía eléctrica de 12 horas en el caso de que haya cortes de luz y no contarán con un disco duro; es decir, no guardarán el voto y tampoco el padrón electoral de la mesa, puntos que las diferencian de las urnas electrónicas. Esto otorga mayor transparencia al proceso electoral, ya que su sistema no podrá ser vul­nerado por terceros.“Lo único que harán las máquinas de votación son el hecho de totalizar los votos porque al tener el voto prefe­rente se sabe que esto podrá durar 12, 15, hasta 18 horas si se hace manualmente”, sostuvo el asesor técnico del organismo electoral Luis Alberto Mauro.Agregó que la decisión de arrendamiento surge con el fin de abaratar los cos­tos, teniendo en cuenta que la compra implicaría mayor cantidad de dinero. Los comi­cios internos se encuentran previstos para el 12 de julio y los generales para el 8 de noviembre.EN CONGO Y ECUADORPor su parte, el director de Informática del TSJE, Fausto von Streber, dijo que las máquinas de votación ya fueron utilizadas en Argen­tina, el Congo y Ecuador. Agregó también que para la implementación de las máquinas consultaron a 5 empresas de procedencias argentina, coreana, espa­ñola y canadiense.“Nosotros pedimos empresas que ya tuvieron una experien­cia en cuanto al voto electró­nico de estas máquinas. Uno de los aspectos que solicita­mos fue una certificación de la tecnología que se usó, es decir que venga avalado del ente electoral que lo imple­mentó”, comentó. Streber indicó que todo el proceso será digital; las actas de los resultados, los certifi­cados para los apoderados de los partidos y las hojas para el TREP serán de forma impresa, ya no será manual.	La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carla Baci­galupo, fue denunciada ante la Organización Internacio­nal del Trabajo (OIT), con sede en Chile, por haber rescindido arbitrariamente el contrato a la empresa Laya SA y, de esta manera, dejando sin empleo a 160 personas, según refiere la denuncia. Los denuncian­tes forman parte de la asocia­ción de empleados de la men­cionada firma.	lourdes.pintos@gruponacion.com.pyEl documento, con la firma de todos los afectados, fue pre­sentado el pasado 9 de noviem­bre del 2018, poco después de concretarse la rescisión del contrato de la empresa en cuestión que prestaba servi­cios de limpieza en la sede cen­tral y en las oficinas regionales del Servicio Nacional de Pro­moción Profesional (SNPP) desde hace dos años. La nota está dirigida al director de la OIT, Fabio Bertranou.“Deseamos dejar en claro que la propia autoridad adminis­trativa del Trabajo, en este caso la ministra, Carla Baci­galupo, en forma arbitraria ha ordenado una rescisión con­tractual sin prever la situa­ción de 160 trabajadores de la empresa que teníamos pre­visto trabajar por dos años como mínimo, ya que nues­tro contrato era por un plazo de dos años en el inicio”, refiere el documento.Además, menciona que desde el inicio del contrato se han cumplido a cabalidad con los trabajos para los cuales fueron contratados y destaca que se prestó servicio hasta el día en que los empleados fueron des­alojados de la institución. Los denunciantes sostienen que fue un “negociado” de Baci­galupo, ya que avasalló todos los derechos de los trabaja­dores con el fin de contratar a otra empresa. “Podemos afir­mar que fue un negociado de la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, donde los únicos perjudicados fuimos los traba­jadores. Estos hechos contra la vida que venimos a denun­ciar consideramos que son un atentado contra el derecho al trabajo”, refiere la denuncia.PÓLIZA NO EJECUTADA SEGÚN AGPELa finalización del contrato se habría dado porque Laya no presentó la póliza de seguros por accidentes de trabajo para sus funcionarios, pero Carlos Ayala, directivo de la firma, ase­gura que se cumplió con lo esta­blecido en el plazo fijado por las autoridades del ministerio, pero a pesar de que la firma ya estaba al día con sus obligacio­nes fue inevitable la rescisión.La empresa contratada en vez de Laya fue Renova, vinculada a Óscar Chamorro Lafarja, hijo del ex diputado José Chamo­rro, propietario además de la empresa SST Security Ser­vice Technology, involucrada en el escándalo generado por una licitación supuestamente manipulada para el servicio de seguridad del IPS.SEPA MÁSSupuesto acoso laboralEl defensor del Pueblo, Miguel Ángel Godoy, remitió un docu­mento al viceministro de Trabajo, Luis Orué, solicitando informes sobre la situación laboral de Luis Alberto Cousirat Cubilla, instruc­tor contratado del SNPP, regional Paraguarí, quien denuncia ser víctima de supuesto acoso laboral por parte de la directora de la mencionada sede. Sostiene además que desde enero de este año al denunciante no le designan ningún curso a pesar de las reitera­das solicitudes hechas ante las autoridades pertinentes. Esta no es la única denuncia de esta índole, destaquemos que el pasado viernes 20 de setiembre, Carla Bacigalupo decidió desvincular del SNPP a Joel Darío Ávalos, uno de los funcionarios que había denunciado las irregularidades en el proceso de licitación para la compra de simuladores para la institución. Ávalos, en reiteradas ocasiones, denunció públicamente las represalias en su contra por parte de la máxima autoridad del Ministerio de Trabajo.	En los asentamientos Quinientos, Villa Rodríguez y Esperanza de la ciudad de Luque se prevé el desalojo de los ocupantes de predios privados. Solo en el primero de ellos hay unas 500 familias, quienes llevan aproximadamente un año y medio en el sitio, alegando que estaba deshabitado y en total descuido. En Villa Rodríguez y Esperanza las cantidades son inferiores. El operativo es encabezado por el fiscal Francisco Torres.María Benítez, una de las que deberá marcharse del predio de 16 hectáreas, explicó que ingresó al lugar por necesidad, ya que es madre soltera y tiene cuatro hijos que mantener.“Me obligué a mí misma a darle un techo a mi hijo, por eso entré acá, no se ocupa y era un predio de chatarras”, comentó Benítez en charla con Universo 970 AM. Benítez asegura que el terreno pertenece a un ciudadano alemán, quien según ella no paga sus impuestos municipales. En tal sentido sostuvo que solo saldrán de allí si el propietario les entrega una suma de dinero, ya que ellos pusieron en buenas condiciones el lugar, en relación a cómo estaba antes.	Los 5.000 millones de guaraníes para la reapertura del laboratorio externo, la nivelación salarial de la categoría S y los beneficios de insalubridad y seguro médico para los funcionarios desprecarizados 2020, son los reclamos de los sindicalistas del Hospital de Clínicas. La licenciada Lourdes Villalba confirmó que a las 8:00 de esta mañana se fijó una nueva reunión con representantes del Ministerio de Hacienda, en la que intentarán llegar a un acuerdo para destrabar la medida de fuerza anunciada por 30 días.“Seguimos en la lucha, no vamos a levantar, no es posible que para los amigos haya presupuesto y no para educación y salud”, lamentó Villalba en entrevista con la 730 AM. Además se los reclamos citados también está pendiente la conformación de una mesa de trabajo que apuntará a reabrir los servicios suspendidos por la falta de recursos. En caso de que hoy vuelva a fracasar el intento de resolver el conflicto, los funcionarios comenzarán una huelga de hambre a partir de este miércoles, para recrudecer las protestas.