Cabaña, detenido el pasado septiembre, denunció a siete agentes antinarcóticos por apropiarse de sus bienes durante los allanamientos a sus viviendas con la connivencia de dos fiscales; “irregularidades” que niega el Ministerio Público, que asegura que “el conteo” del dinero y objetos se llevó a cabo “en público y bajo acta”.Añade que “se tomaron las medidas necesarias y los bienes fueron correctamente custodiados” y, comprende la denuncia de Cabaña “en su derecho de denunciar y solicitar las actas de los procedimientos llevados a cabo”.Entre los agentes denunciados por el abogado del narcotraficante, Pedro Marinoni, se encontraba el jefe del Departamento Técnico de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Alejandro Rodríguez, quien presuntamente se apropió durante los registros de relojes, ropa y dinero, mientras que el resto se llevó objetos menores.En la denuncia también involucró como “testigos” del robo a las fiscales Lorena Ledesma y Katherine López, y afirma que en sus propiedades los agentes se incautaron de más de 60.000 dólares y 200.000 reales (52.500 dólares), aunque la suma plasmada en el acta fue menor.La	“Yo consulté el tema al área pertinente y me dijeron que pidieron la verificación del terreno. Pero, como es en el Interior, va a llevar un tiempo”, manifestó el titular de la Ande, Pedro Ferreira, en contacto con Radio Ñandutí.El presidente del ente, sostuvo que para este viernes tendrá un informe “bien claro” con respecto a la situación de una de las residencias del senador Juan Afara, en la que en la última factura le señalaba que no debía abonar ni un solo guaraní por el uso de la electricidad.En los anteriores meses, el monto abonado por el senador colorado fue solamente de 5.000 guaraníes.La situación tomó estado público, donde los ciudadanos exigieron respuestas al político, ya que podría tratarse de una vivienda que no está ocupando actualmente o sino de un grave caso de manipulación de medidor. Esta situación se da en medio de reclamos de miles de usuarios que denuncian haber sufrido sobrefacturación de la ANDE. Los montos son exorbitantes y no coinciden con el regular consumo de los afectados. La institución prometió dar una solución a los inconvenientes registrados.	que afectara al avión Boeing 737 MAX8 de la compañía Ethiopian Airline, se puso desde ocurrido en inmediato contacto con las Administraciones de Aviación Civil de Argentina, Brasil y Panamá, quienes tienen en su flota aeronaves del tipo Boeing 737 MAX8 y MAX9, qué eventualmente podrían operar en espacio aéreo del Paraguay.Aseguraron además que se estableció comunicaciones con la Oficina Regional de la OACI con sede en la ciudad de Lima - Perú, para coordinar acciones conjuntas encaminadas a mantener la seguridad de las operaciones aéreas de la Región Sudamericana.“En consecuencia, y tal como lo hicieran las Autoridades de Aviación Civil de Argentina, Brasil y Panamá, la Dinac como autoridad aeronáutica paraguaya ha tomado la decisión de suspender temporalmente las operaciones de las aeronaves del Boeing 737 MA8 y MAX9 en su espacio aéreo”, refiere el comunicado.Esta disposición se establece hasta que existan conclusiones de la investigación de los “lamentables accidentes” ocurridos y que las aeronaves sean reinspeccionadas para comprobar y garantizar su aeronavegabilidad. La disposición es de inmediato cumplimiento por cualquier operador que pretenda sobrevolar el espacio aéreo nacional, como también lo hicieran las empresas Aerolíneas Argentinas, Gol Líneas Aéreas y Copa Airlines quienes ya suspendieron voluntariamente sus operaciones.	Hasta ahora son 4 mil los alumnos que no reciben el almuerzo y la merienda escolar. Son veinte las cocineras que consecuencia del hecho, quedaron desempleadas. En tanto el monto de las irregularidades está en el orden de los 24 mil millones de guaraníes.Por medio de la Resolución 855/19 de fecha 11 de marzo de 2019, la Dirección de Contrataciones Publicas dio a conocer el fallo sobre una serie de protestas presentadas en el marco de la licitación pública para almuerzo escolar de la Gobernación de Alto Paraguay. Dicha Resolución expresa, entre otras cosas, que la Gobernación ha incurrido en irregularidades al incluir en el pliego condiciones que se contraponen a la Ley 2051/03. Con este dictamen, la Gobernación se ve obligada a reformular el llamado ajustándolo a los preceptos legales que norman la materia. El negocio de almuerzo y merienda escolar que mueve unos Gs. 24.000 millones. La negligencia y falta de gestión del Gobernador Mino Adorno hace que hasta la fecha los alumnos no puedan acceder a los alimentos. Este hecho grave afecta a más de 4.000 niños que están sin comer y más de 20 cocineras, en los 4 distritos del lejano departamento, quienes están sin trabajo. A todo esto se suma, el dinero que recibían los proveedores locales de alimentos frescos.IRREGULARIDADES:Todo hace presumir que los técnicos de Contrataciones Públicas detectaron las maniobras para que el Gobernador Adorno dirija el llamado de licitación a sus amigos de turno ya que la resolución de la DNCP, ID: 355405, “ordena la reformulación del pbc con respecto a:1. La Dirección Técnica debe ser ejercida por cualquiera de los profesionales habilitados para el efecto y no limitar a que sea únicamente Tecnólogos.2. El % de compra mínima de Agricultura Familiar debe ser 10% conforme a la aprobación del Ministerio de Educación, actualmente pide 20% 3- El depósito debe ser exigido solo para la firma del Contrato con el Proveedor y no para el oferente.4- Establece condiciones que corresponde a la provisión de Catering, tiene que realizar la aclaración respectiva. 5. Preferencia departamental ya fue modificado por Adenda Trascendió que la exigencia que puso el Gobernador Adorno en el pliego de base de contar con local propio en el departamento sería para beneficiar a un familiar que cuenta con una ferretería y un deposito, que anteriormente ya estaba involucrado en irregularidades en la localidad de Fuerte Olimpo. Ante todas las evidencias de irregularidades y direccionamiento del llamado a la provisión de almuerzo y merienda escolar que está en “estado actual: Impugnado Con suspensión”; el DNCP ordenó ayer “la Reformulación del Pliego de bases y condiciones en virtud a las graves irregularidades detectadas”.