La jueza federal Martina Forns de Argentina ratificó una medida judicial que prohíbe el tránsito aéreo de 22:00 a 7:00 horas en el aeropuerto bonaerense de El Palomar a partir de hoy. Esto afectará a miles de vuelos low-cost y provocará que al menos doce mil personas sufran reprogramaciones o cancelaciones.	En el ámbito local, la empresa Flybondi ya emitió un comunicado dirigido a todos sus clientes. Informaron que todos aquellos que tengan viajes agendados en fechas previas a la de la entrada en vigencia de esta restricción, no sufrirán modificaciones. Sin embargo, “para aquellos que cuenten con reservas posterior a la fecha de inicio de la restricción, recibirán un mail con reprogramación de horario; el mismo se verá modificado entre una y dos horas a los horarios que tiene actualmente”. Además, aseguran que buscarán que la medida sea revisada y se pueda volver a la normalidad de las operaciones.Según los datos proporcionados por la empresa, se realizan 20 vuelos comerciales mensuales entre el Silvio Pettirossi y El Palomar, lo que estaría afectando a 4.700 pasajeros de la ruta Asunción-Buenos Aires. Hasta que se dé la revisión de la medida judicial, Flybondi contará con vuelos en horarios que varían apenas por unos minutos. Los horarios modificados son: Buenos Aires-Asunción: 17:20-19:15 Asunción-Buenos Aires: 20:00-21:55	El pedido fue aprobado en la sesión ordinaria de la Cámara Alta, donde 28 senadores votaron a favor de la interpelación del ministro Villamayor, 7 lo hicieron en contra. Fueron los parlamentarios de Colorado Añetete los que se opusieron al proyecto.El proyecto fue presentado por el senador Sixto Godoy, acompañado de toda la bancada de Honor Colorado, quienes manifestaron la disconformidad con la gestión del ministro del Interior.	Uno de los principales reclamos al ministro Villamayor, es lo acontecido en la fuga del narcotraficante, Jorge Teófilo Samudio alias Samura, donde asesinaron al comisario Felix Ferrari.Pedirán además al ministro Villamayor que aclare su relación con la propia institución policial, atendiendo a los reclamos de dicho sector hacia la figura del secretario de Estado.	En charla con la radio 730 AM, el empresario del rubro automotor recordó que en 2014 tuvo un acercamiento con los representantes de Lamborghini (el verdadero), porque en nuestro país registró una motocicleta con un nombre que la firma italiana quería usar también para un automóvil. En esa ocasión se llegó a un acuerdo entre ambas empresas ya que no estaban produciendo lo mismo.Samaniego sostuvo que años después, en el 2017, Jorge Antonio Fernández García, quien se identificó como presidente de Lamborghini Latinoamérica SA, quiso asociarse con él, pero que se negó al considerar que se trataba de un engaño.“Me avisaron que el presidente de Lamborghini me quería visitar. Nderasóre dije yo, vamos a tener varios autos de regalo”, indicó y dijo que ilusionado avisó a su personal que todos iban a tener un automóvil de esa marca muy pronto, recordando el acuerdo que había llegado anteriormente con la empresa verdadera.Pero grande fue su sorpresa cuando llegó el día de la reunión con el presidente de Lamborghini. “Llega un mexicano con un maletín grande cuadrado y baja sobre mi escritorio una pila de expedientes judiciales con los que dice que tiene un permiso que le dieron hace 30 años para una licencia de uso de marca en México y que él fue haciendo crecer esa firma con más derechos”, recordó.El presidente de Reimpex indicó que el visitante le propuso utilizar su fábrica de ensamblaje para traer vehículos chinos y colocarle la marca Lamborghini. “Me dijo: lo que vamos a hacer es traer un auto de las 400 fábricas que hay en China, le vamos a sacar su marca original, vamos a convertir en Lamborghini y vos vas a montar acá en Paraguay y nosotros vamos a vender como Lamborghini”.Samaniego se mostró sorprendido y le aclaró que los paraguayos conocían la marca en cuestión, a lo que el supuesto CEO aseveró que todo será legal, porque insistía en que iba a registrar la marca en nuestro país. “Me di cuenta que era un engaño, a los 15 minutos se terminó la reunión y este señor desapareció”, acotó. Sostuvo que le llamó poderosamente la atención al ver al mismo empresario junto con el presidente Mario Abdo en el Palacio de López. “Al verle a él en la foto ya me reí y dije: ‘Qué pifiada hizo el pobre Presidente’”, agregó.	En la mañana de este jueves se llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas para Edelio Celso Loreiro Garcia, Pedro Molinas, Ruben Dario Duarte Jacket, Venancio Bolaños Torres, Mario Figueroa Velázquez, Carlos Ever Navarro Morales, Pablo Cesar Morales, Luis Carlos Gomez Santacruz y Sebastián Ramón Silva.Los nueve agentes policiales fueron detenidos el día martes en el marco de una investigación realizada en conjunto entre el Ministerio Público, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y el Ministerio del Interior.El juez penal de garantías Gustavo Amarilla dictaminó la prisión preventiva de los uniformados, quienes pasarán a guardar reclusión de manera definitiva en la Agrupación Especializada.Al momento de su comparecencia, se escuchó el argumento de la defensa de cada uno de los detenidos, mencionó. En su mayoría, solicitaron distintas salidas procesales como la prisión domiciliaria, aunque en el caso del comisario Loreiro, su abogado pidió la excarcelación sobre la base de cuestionar los términos de la imputación fiscal.El magistrado señaló que los hechos punibles por los cuales están sospechados los policías hablan de una posible participación de funcionarios del Estado en la protección a narcotraficantes y en convivencia supuesta con bandas ligadas al narcotráfico.Amarilla recordó que para llevar a cabo esta investigación en el marco del Operativo Dignidad se hicieron escuchas telefónicas que fueron ordenadas por el juzgado a su cargo, permitiendo así llegar hasta los ahora detenidos. Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1340, los jefes policiales se exponen a pena de hasta 20 años de prisión.