Si bien en los últimos meses el Poder Judicial ha puesto mano dura contra la corrupción, la mayoría de los investigados casualmente pertenece a movimientos partidarios disidentes, mientras que las denuncias contra políticos oficialistas simplemente no avanzan y hasta la fecha varios de ellos continúan impunes.Desde la Fiscalía no dan datos concretos al respecto, simplemente se limitan a decir que están recopilando informaciones y que en su momento van a definir si amerita o no una imputación por el delito del que se los acusa.Ante las declaraciones de los senadores y diputados de Honor Colorado, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, desmintió que haya persecución por parte del Gobierno hacia los parlamentarios opositores. Pero entonces, ¿cuál es el motivo por el que las denuncias de corrupción contra referentes del movimiento Colorado Añetete no han tenido resultado?Son varias las causas denunciadas en los últimos meses y que tomaron estado público porque los protagonistas son nada más y nada menos que los nuevos miembros del gabinete de Mario Abdo Benítez y sus allegados más cercanos.Entre los que podemos nombrar se encuentra el senador Rodolfo Friedmann, ex gobernador de Guiará; la titular de Petropar, Patricia Samudio, quien incluso estaría queriendo desviar la acusación en su contra denunciando supuestas irregularidades halladas en la anterior administración, y, además, también conforma la lista el ex gobernador de Paraguarí y actual presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas.MÚLTIPLES DELITOS EN GUAIRÁEl 1 de noviembre del 2018, ciudadanos autoconvocados de la ciudad de Villarrica llegaron hasta Asunción para formular una denuncia penal contra el senador Rodolfo Friedmann. Los delitos por los que se le acusa son lesión de confianza, enriquecimiento ilícito, apropiación y otros, que, según los denunciantes, los habría cometido durante su administración como gobernador del departamento de Guairá.Según investigaciones del diario La Nación, se pudo descubrir y se puso en evidencia un informe de auditoría hecha por la Contraloría General de la República (CGR) que fue cajoneado por más de un año. El mismo revela una gran cantidad de malversaciones hechas con fondos de la gobernación. Aparentemente, según fuentes confidenciales, el ahora senador habría movido todas sus influencias en el poder para evitar que dicho informe saliera a la luz.Entre las anomalías se detectó el pago de G. 2.295 millones en concepto de 203 mil raciones de almuerzo escolar que debían ser distribuidas en las instituciones educativas, pero jamás fueron entregadas, sucedió en el 2016. La adjudicación para la distribución de los alimentos fue otorgada a Éver Aricio Noguera, amigo íntimo del senador y conocido en la localidad como el “Rey de las licitaciones”.Otro hecho trascendente ocultado por la Contraloría son las irregularidades en las cargas de combustible que habría hecho el tío de Friedmann, Rodolfo Alfaro, quien hizo figurar una carga de 23.820 litros de gasoil de una sola vez, registró además otra de 11.530 litros en tan solo 7 minutos. Estos suministros jamás existieron, solo fue una maniobra para efectivizar el cupo de combustibles que tenía en su poder.Además, hubo otros casos como la adjudicación de millonarios contratos a familiares cercanos y la adecuación de los montos de pago de acuerdo a sus conveniencias.Luego de la presión ciudadana, finalmente se designó a la fiscala Liliana Alcaraz para que investigue el caso, pero hasta la fecha no hay importantes novedades. Consultada sobre el avance del proceso, la profesional señaló que está recopilando informaciones.LOS “FAVORES” EN PETROPAREn octubre del 2018, los operadores de Petróleos Paraguayos (Petropar) denunciaron a su titular, Patricia Samudio, quien hacía apenas dos meses había asumido el cargo, por tráfico de influencias, lesión de confianza, enriquecimiento ilícito y revelación de secretos de servicio. Aparentemente, Samudio habría ordenado la transferencia de US$ 43 millones del Banco Nacional de Fomento (BNF) a bancos privados, violando abiertamente las leyes vigentes. Esta transacción favoreció mayoritariamente al banco GNB PGY, donde su marido posee una deuda de G. 2.000 millones.También habría adquirido 4.000 toneladas de gas licuado por valor de US$ 3,5 millones de un emblema nacional (su competencia directa) a US$ 100 más de lo que habitualmente paga por tonelada. Como si lo expuesto no bastara, aprobó la venta de 7,5 toneladas de combustible a la firma Monte Alegre SA a un precio irrisorio. Esta firma estaría muy ligada a uno de los hombres de confianza del presidente de la República. Pese a la denuncia, Samudio sigue como titular del ente y la acción tomada por las autoridades actuales al respecto hace suponer que la causa finalmente quedará en la nada.CUEVAS Y SU REPENTINO “ENRIQUECIMIENTO”Miguel Cuevas está siendo investigado desde setiembre del año pasado por lesión de confianza y enriquecimiento ilícito. Recientemente presentó recusación contra la fiscala Josefina Aghemo con el argumento de que supuestamente no tenía acceso a la carpeta fiscal, hecho que fue desmentido por la representante del Ministerio Público.Se le cuestiona su repentino enriquecimiento porque antes de ingresar al ámbito político se dedicaba nada más que a la compostura de calzados, pero su nivel económico dio un repentino giro desde 1996, cuando se proclamó intendente municipal del distrito de Sapucai. Luego subió como administrador de la Administración de Puertos de Paranaguá. Ya al asumir la Gobernación de Paraguarí en el 2013 declaró un patrimonio de G. 9.000 millones.De la repentina “riqueza” también salieron favorecidos sus dos hijos, Enzo y Raúl, quienes sin contar con ninguna experiencia laboral se convirtieron en importantes terratenientes y ganaderos de la zona.En medio de sus declaraciones, Cuevas trató de minimizar la situación diciendo: “Tengo 100 o 120 hectáreas, poquito. Una casa que no tiene nada, un saloncito abajo y tres piezas arriba. Es una casa que construí hace más de 30 años. Mis hijos apenas están, ni trabajan”.	La interventora de la ciudad, la exjueza Carolina Llanes, entregó su informe al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien a su vez lo remitirá a la Presidencia, según declaró a los medios.Tras ese paso, el informe será enviado a la Comisión Permanente del Congreso, que será la encargada de estudiarlo y decidir qué medidas tomar.Llanes, por su parte, declaró, tras reunirse con Villamayor, que el informe corrobora las irregularidades denunciadas en esa Municipalidad, si bien no quiso dar más detalles al respecto.En caso de que de ese documento se desprenda la existencia de irregularidades en la gestión de McLeod, la Cámara Baja deberá decidir por mayoría absoluta si destituye definitivamente a la intendenta.La información facilitada por el equipo interventor propició el pasado martes que la Fiscalía imputara a McLeod y otras 8 personas "por lesión de confianza", por haber realizado, presuntamente, pagos desde la Municipalidad a una empresa de publicidad que no prestó los servicios contratados.Ese mismo día abrió otra imputación contra McLeod y su esposo, el senador del gobernante Partido Colorado Javier Zacarías, por "declaración falsa" de sus cuentas y bienes ante la Contraloría General de la República.Esas imputaciones se suman a la investigación abierta en septiembre del pasado año contra el matrimonio por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal.Esa investigación provocó que en octubre la Junta Municipal de Ciudad del Este pidiera al Ejecutivo la intervención en la intendencia, que luego fue aprobada por la Cámara Baja.	En cuanto a las temperaturas las máximas rondarían en torno a los 28°C a 31 °C, descartando así sensaciones térmicas elevadas. Tras el paso del sistema de tormentas del día de ayer se registraron acumulados importantes de lluvia tales como 104,9 mm en Itapúa, 86 mm en Alto Paraná, 63,8 mm en San Pedro; ráfagas de viento de 77 km/h en Pdte. Hayes, 75 km/h en San Pedro, 64 km/h en Itapúa, 63 km/h en Guairá. Para mañana lunes el ambiente se tornaría más estable con baja probabilidad de lluvia en gran parte del territorio nacional; limitándose así al norte y este de ambas regiones. El ambiente se mantendría cálido a caluroso con vientos predominantes del sur.	Centenares de personas se manifestaron hoy por el centro de Asunción para reivindicar la memoria de las víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), a 30 años de su caída, en un clima de tensión con la policía, que en un principio no los dejó acceder a la plaza donde estaban convocados.	Organizaciones sociales y pro Derechos Humanos, así como partidos políticos de la oposición, acudieron al llamado de la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia de Paraguay, y exigieron "memoria, juicio y castigo" para los responsables de la represión stronista, tres décadas después de la instauración de la democracia.En el comienzo de la marcha se vivieron algunos momentos de tensión entre manifestantes y el fuerte dispositivo policial desplegado en torno a la Plaza de los Desaparecidos, a la que negaban el acceso, alegando "motivos de seguridad" y "falta de autorización correspondiente", según explicaron a Efe fuentes policiales.Finalmente, tras varios forcejeos y la presión ejercida por varias de las personas que se encontraban en la manifestación, las fuerzas policiales se retiraron y abrieron el paso a la marcha.La manifestación transcurrió entre cánticos de "dictadura nunca más" y tuvo como estandartes los retratos de las víctimas y desaparecidos por el régimen de Stroessner.En la marcha también se vertieron críticas al actual presidente del país, Mario Abdo Benítez, del gobernante Partido Colorado, y cuyo padre fue secretario personal de Stroessner.En concreto, los participantes afearon las declaraciones esta semana del mandatario, que al ser preguntado por el significado del 2 y 3 de febrero, fecha del golpe militar que derribó a Stroessner, respondió que esa efemérides corresponde al aniversario de Ciudad del Este, segunda urbe de Paraguay, lo que acompañó con una carcajada.En ese sentido, el histórico dirigente del Partido Liberal, el mayor de la oposición, Domingo Laíno, aseguró que "el sistema stronista sigue aún vigente a través de Mario Abdo Benítez que nunca pidió disculpas y nunca se arrepintió por lo que aquel régimen hizo contra los paraguayos".Por su parte, el senador de la coalición de izquierda Frente Guasu, Carlos Filizzola, presente en la marcha, criticó que el Estado no organice ningún acto de memoria en el 30 aniversario de la caída de Stroessner.Según dijo a Efe Filizzola, ello se debe a "la vinculación directa de gobiernos como el actual al stronismo".Añadió que los gobernantes del Partido Colorado mantienen "prácticas que siguen siendo de aquella época", en referencia al impedimento de acceso a la plaza de los Desaparecidos.En esa línea se pronunció el secretario general del minoritario Partido Paraguay Pyahura, de izquierda, Eladio Flecha, quien sostuvo que "los que sostuvieron la tiranía están en el Gobierno, como Abdo Benítez".Otra de las presentes en la marcha fue la representante de la ONG Cobañados, Carmen Castillo, quien preparó numerosos carteles con fotos de algunos de los desaparecidos de la dictadura."Hay que tener memoria porque estas personas han hecho historia, han querido hacer un cambio real" y por ello, "fueron condenados a la muerte, a la fosa común" y "siguen desaparecidos", reflexionó.La marcha concluyó en la plaza de la Democracia, donde se leyó un manifiesto y un grupo de teatro LGTBI representó una pequeña obra en la que mostraban los horrores de la dictadura.Los artistas representaron algunas de las torturas sufridas por los presos políticos durante la dictadura de Stroessner, como la denominada "bañera", que consistía en introducir la cabeza del preso en una bañera con agua, orines y materia fecal hasta casi el ahogamiento.Bajo el régimen stronista, 20.814 personas se vieron obligadas a exiliarse de manera forzosa y 425 desaparecieron o fueron ejecutadas, según un informe de la Comisión de Verdad y Justicia. Paraguay solo ha recuperado 37 cuerpos de los desaparecidos en ese periodo, de los que la Dirección de Memoria Histórica y Reparación (DMHR) solo ha conseguido identificar a cuatro