El fiscal Alfredo Acosta Heyn acusó al exintendente de Hernandarias, Mario Castillo González (PLRA), y pidió su juzgamiento oral y público por desviar G. 546.778.233 de los fondos jubilatorios de los funcionarios de la Municipalidad en 2015.Mario Castillo González (PLRA), exintendente de Hernandarias acusado.La acusación contra el exintendente Castillo por el ilícito de lesión de confianza fue presentada ante el juzgado penal de Garantías, a cargo del magistrado Silvio Rojas.El fiscal Acosta Heyn ofreció 25 pruebas documentales que comprometen al exjefe comunal, que administró Hernandarias en el período 2010-2015.El informe de auditoría de la Contraloría General de la República señala que Castillo González no pagó G. 546.778.233 del aporte jubilatorio a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, pese al descuento de salario a los funcionarios de la Comuna para la transferencia.El informe de la Caja de Jubilaciones también confirma que el exintendente liberal no transfirió los fondos jubilatorios y resalta que solo en 2015 se incumplió con el pago de aportes. Coincidentemente fue un año electoral en el que Castillo González buscó sin éxito el rekutu.El fiscal igualmente presentó las compulsas de una demanda contra la Comuna promovida por la falta de transferencia de los fondos. Se trata del expediente caratulado “Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal C/ Municipalidad de Hernandarias S/Acción Ejecutiva”, tramitado en el juzgado civil y comercial del cuarto turno de Asunción, a cargo de Judith Gauto Bozzano.“… por la relevancia, complejidad y alcance del perjuicio patrimonial ocasionado por el acusado y, en especial, la responsabilidad del mismo respecto a la confianza que le ha depositado los ciudadanos de la ciudad de Hernandarias, ameritan la excepcionalidad reglada par alcanzar el atisbo de gravedad…”, resalta una parte del escrito de la acusación.El juez Rojas deberá fijar fecha para la audiencia preliminar en la que decidirá si eleva o no la causa a juicio oral.Por el mismo caso el exintendente interino Erico Agüero (PLRA), quien sustituyó a Castillo González, fue imputado. La Fiscalía atribuyó a Agüero el desvío de G. 190.675.851 de los fondos jubilatorios.La Contraloría también encontró 29 irregularidades en la gestión de Castillo González y Agüero en 2015, que ascienden a G. 6.760 millones.Tanto Agüero como Castillo se declararon de víctimas de “persecución política” y desacreditaron la acusación fiscal.