Un 5 de julio del año 2014, el suboficial de la Policía Nacional Edelio Morínigo se encontraba disfrutando de su día libre en compañía de unos amigos cuando fue raptado por integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en la zona de Concepción.Desde entonces, han pasado 1.827 días sin que la familia del uniformado haya logrado obtener alguna noticia o indicio que permita conocer su paradero o, en todo caso, si es que el mismo sigue con vida.Doña Obdulia Florenciano y Don Apolonio Morínigo, padres de Edelio, han tenido que vivir todos estos años entre la preocupación y la esperanza, buscando por todos los medios saber qué fue de su hijo durante este largo tiempo de cautiverio.La última vez que se tuvo alguna información sobre Edelio Morínigo fue en diciembre del 2014 cuando se dio la prueba de vida del colono menonita Arlan Fick, quien también había sido secuestrado por el EPP y	en el que se hablaba sobre la supuesta muerte del agente policial, aunque dicha información nunca llegó a ser confirmada por las autoridades ni los familiares.En entrevista con Radio Ñandutí, Obdulia Florenciano lamentó que haya pasado tanto tiempo sin tener alguna novedad respecto al paradero de su hijo, sin siquiera haber escuchado algún rumor que le permita saber algo concreto.“Heta mba’e rohasa ko 5 años ryepype…heta golpe vai rohasa. Ko’agaite peve ndaipori respuesta, ndojekuaai mba’épa oiko chugui”, refirió la mujer a la 1020 AM. La madre de Edelio cuestionó a las autoridades por no hacer nada para lograr la liberación del suboficial secuestrado, pese a las múltiples promesas que recibió a lo largo de los años.Cabe recordar que ya hace unas semanas atrás, doña Obdulia y Don Apolonio	La conexión a la planta de tratamiento de redes cloacales en unos 100 metros es lo que falta para que el Hospital Ingavi tenga operativo el sistema y para ellos aguarda el visto bueno del Ministerio del Ambiente (MADES).Toda la documentación para la habilitación ya fue entregada a la institución y ya se cuenta con la licencia ambiental, explicó el arquitecto Gustavo Masi, director de Infraestructura del IPS.“Tengo un equipo que le está pasando toda la documentación al MADES para que vuelvan a habilitar, esto se convirtió en un tema político, no hay otra explicación porque estamos cumpliendo con al ley, no están entendiendo como funciona la ley, no solo el MADES sino al gente en general”, agregó sobre los cuestionamientos que apuntaron a la autoridades de la previsional sobre la contaminación.“IPS no contamina, no contaminamos, me tengo que conectar a un sistema porque soy usuario pero fue interrumpida la obra del desagüe cloacal, faltan 100 metros desde la bocacalle que está en la ruta para conectarnos a la red cloacal que culmina en el arroyo San Lorenzo”, agregó en conferencia de prensa.Destacó que no depende ya de IPS para culminar la conexión e insistió en que es el MADES quien debe dar la autorización para terminar el trabajo y que las obras de desagüe cloacal corresponde terminar al MOPC, que paró la obra por la suspensión del Metrobús.En caso de no contar con respuesta de MADES, como plan b el IPS tendrá que generar una licitación que llevará tiempo, se requerirá de una estación de bombeo, conectar aguas arriba y desagotar en el arroyo Itay. “Es perverso porque estoy tocando los fondos del sistema jubilatorio porque una cuestión política y que no me atañe a mí”, puntualizó. Una vez que se tenga la habilitación para el vertido de residuos cloacales, se realizará el traslado de la especialidad de Traumatología y en forma paulatina los demás servicios y así para fin de año tener todo listo para la inauguración del nuevo hospital con capacidad para 600 camas y 22 especialidades.	Jorge Duré, integrante de la asociación que nuclea a 300 taxistas de Mariano Roque Alonso, manifestó a la radio 650 AM que cumplen con sus obligaciones con el municipio, por lo que están solicitando a sus autoridades que regulen las plataformas que ofrecen el mismo de transporte de pasajeros. “La situación está complicada, porque hay poco circulante y además se suma una competencia desleal porque no están habilitados para ofrecer el servicio y nos sacan el poco trabajo que hay. Vienen de paracaídas a trabajar de manera ilegal”, dijo.Duré mencionó que es mínima la diferencia entre la tarifa de los taxistas y de los de Uber y MUV, y argumentó que es lógico que estos últimos cobren menos porque trabajan sin habilitación para pasajeros y están promocionando su servicio, por lo que vaticinó que luego aumentarán su costo. “Nuestro gremio está mejorando el servicio y nosotros mantenemos nuestros precios hace 10 años”, añadió. Respecto a la situación de la expoferia de Mariano Roque Alonso, el transportista alegó que será injusto dar preferencia a los muvers y ubers, ya que siempre los taxistas tuvieron la prohibición de estar cerca del sitio. “Nosotros en 20 años no logramos estar frente siquiera a la Expo y que ahora le den a estos empresarios, no vamos a estar a una cuadra mirando como ellos (Uber y Muv) alzan los pasajeros. No somos tan sumisos. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se llevan nuestro puchero”, lanzó el taxista. “Nosotros estamos en zozobra, no hay movimiento de trabajo, hay muy poco. Si el municipio no nos defiende, vamos a tener que defendernos nosotros”, puntualizó sobre las medidas que adoptarán de no conseguir visto bueno de las autoridades.	El senador colorado Javier Zacarías Irún criticó al diario ABC Color por acusar a un juez de venderse por 900 mil guaraníes, calificó de grave la divulgación de datos privados y repudió la operación realizada por la ministra de Seprelad María Epifanía González para investigar las cuentas del magistrado tras su fallo en una causa del legislador.	El senador Javier Zacarías Irún, en conversación con la 970 AM, señaló que su sobrina llegó a transferir 965.000 guaraníes a la cuenta del juez Marino Méndez por una cuestión vecinal. “Gracias a Dios se deja constancia del motivo de la transferencia. Fue por el arreglo del motor de agua, porque ella vivía en el mismo condominio de este doctor, con otras 18 personas más. El que se encargaba la administración era el juez”, explicó.El colorado acusó a la titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes de Paraguay (Seprelad), María Epifanía González, de haber orquestado “una ‘investigación’ de oficio, que no está permitida por ley si no hay alerta de ningún banco ni pedido del Ministerio Público, para ir tras un juez por el solo hecho de haber dictado una sentencia a mi favor”.“Para mí que ABC mienta ya es 'normal', pero no debería ser así. Lo grave acá es el atropello a la institucionalidad, que la Seprelad se preocupe por una suma de 965.000 guaraníes; esto es una persecución más a la decisión de un juez, un atropello a un organismo del Estado, una verdadera vergüenza. Ni en la época de Stroessner se hacía esto”, lanzó. Zacarías contó que indagaron la cuenta corriente del magistrado y únicamente encontraron una transferencia de su sobrina, por el importe de 965.000 guaraníes. “Eso fue el escándalo que derivó en la suspensión del juez”, ironizó. El pasado martes, en horas de la mañana, la ministra personalmente llevó el informe a la Corte Suprema de Justicia para que se le suspenda al magistrado en la sesión del Jurado de Enjuiciamiento, que se realizó a la tarde, de acuerdo con Zacarías Irún.