El caso del presidente estadounidense Donald Trump, quien fue "vetado" para bloquear a otros usuarios en Twitter, sentó una jurisprudencia en el ámbito de las redes sociales. A criterio de José "Pepe" Costa, el bloqueo en redes sociales por parte de autoridades o funcionarios públicos -que también se da en nuestro país- podría considerarse como una violación a la libertad de expresión y el acceso a información pública.	desde su cuenta de Twitter por considerarla como “una violación a la Primera Enmienda” de la constitución norteamericana.En su sentencia, el juez Barrington Parker señaló que “la Primera Enmienda no permite a un funcionario público que utiliza redes sociales con fines oficiales excluir a personas de un diálogo abierto en internet por el hecho de que hayan expresado opiniones con las que el funcionario no esté de acuerdo”.La noticia tuvo amplia repercusión en diversas partes del mundo, sobre todo por el hecho de que este caso sentó una jurisprudencia en materia de uso de redes sociales por parte de autoridades, más aún tratándose de uno de los líderes más importantes del mundo.José “Pepe” Costa, docente y experto en Acceso a la Información Pública, conversó con HOY sobre este tema y manifestó que en nuestro país no existen ni reglamentación ni antecedentes judiciales que guarden relación con este ámbito.Pese a ello, aseguró que existen varios casos de políticos, autoridades nacionales e incluso instituciones públicas que han procedido a bloquear cuentas de ciudadanos en redes sociales -sobre todo en Twitter- por el hecho de considerar que los mismos violan “códigos de buena costumbre”.En la mayoría de los casos, esto ocurre cuando los usuarios empiezan a expresarse de forma airada o agresiva -indicó-, llegando inclusive al punto de proferir insultos en sus comentarios, siendo ello motivo para que decidan bloquearlos.Costa recordó que existen otros casos similares al de Estados Unidos como lo es el de México, donde	de ese país no puedan bloquear a nadie de sus redes sociales debido a que esto viola el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información.“Cuando la cuenta en redes sociales de la persona pública -sea una autoridad o un funcionario- es usada para dar a conocer información pública e interactuar con la gente, es poco pertinente que se bloquee a cualquier ciudadano, por más fuerte que puedan ser las expresiones o las opiniones vertidas por el mismo. Esto también puede ser aplicado a cuentas oficiales de instituciones públicas pues se supone que tienen una cuenta en redes sociales para tener un canal abierto con el público en general y que no discrimine a las personas por su opinión, condición, raza, sexo, ideología política, etc”, expresó.El docente señala que la crítica, por más áspera que sea, es una condición que debe ser aceptada y respetada por las autoridades y los funcionarios públicos, en beneficio del debate sobre las cuestiones de interés general.Al igual que en la sentencia del juez federal sobre el caso de Donald Trump, en nuestro país una persona también podría ampararse en el Art. 26 de la Constitución Nacional que habla sobre la libertad de expresión en el caso eventual de impulsar una acción judicial luego de ser bloqueado en redes sociales, sostiene Costa. Si bien aún no existe jurisprudencia a nivel local, el mismo asegura que ya es el momento de ir debatiendo sobre estos temas y mirando cómo se van delineando los estándares en el ámbito internacional. Asimismo, considera que -de ser necesario- un ciudadano debería llevar un caso como éste a instancias judiciales, a fin de marcar un precedente al respecto y también para instalar un debate público en general.	En breve conversación con periodistas, Abdo dijo que: “No sé si ya lo firmé, pero se va a vetar esa ley”, al ser abordado sobre el estado de la legislación.El argumento de veto ya lo había dado su hermano, el ministro de Hacienda Benigno López, quien dijo que la caja fiscal no soportará el peso que surgirá de la implementación de la ley.La normativa propone que los trabajadores de ambos sectores puedan acceder a la “jubilación extraordinaria” con 55 años de edad y 25 años de aporte para cobrar el 90% y la “jubilación ordinaria” con 60 años de edad y 30 años de aporte para el 100%.Los argumentos planteados por estos profesionales para impulsar el proyecto de ley son prácticamente los mismos que los de los médicos, quienes argumentaban que, debido a la gran cantidad de años de formación universitaria, empezaban a aportar a la caja jubilatoria de manera tardía.INCONSTITUCIONALIDADPor otro lado juristas del Poder Ejecutivo están preparando los argumentos para una eventual ataque de inconstitucionalidad contra la ley de jubilación de médicos.El principal se refiere al hecho de que la caja fiscal no estará en condiciones a mediano plazo para hacer frente a las necesidades de recursos que se requiere para pagar las jubilaciones.La decisión de promover dicha acción sólo depende de la voluntad política del Ejecutivo. Sin embargo el impacto que ello tendrá, traducido en huelgas y manifestaciones de médicos, no resulta del todo “digerible” para la estabilidad del gobierno actual, azotado por una ola de críticas referidas a la parálisis de la economía.	, rompiendo el protocolo y saliéndose de todo el programa establecido como parte de su itinerario.MÁS SOBRE EL COLEGIO PA'I LINOEl Colegio Católico Politécnico “Pa’i Lino” funciona desde hace 6 años como parte de la Fundación San Rafael. Actualmente acoge a alrededor de 130 jóvenes, la mayor parte proveniente de comunidades indígenas o de la zona de los bañados de Asunción.Actualmente existen 4 especialidades o bachilleratos técnicos en la institución: Salud, Informática, Electricidad y Hotelería y Turismo. Los estudiantes que acuden allí diariamente para formarse están sujetos al formato de doble escolaridad, por lo que acceden gratuitamente al beneficio del desayuno y el almuerzo dentro de la jornada educativa.	El abogado y exsenador Adolfo Ferreiro aseguró que el servicio de taxi es considerado como un servicio de transporte público, atendiendo a la ordenanza municipal que regula su operatividad en Asunción. En contrapartida, cree que las plataformas de MUV y Uber actualmente trabajan de forma ilegal y necesitan ser reguladas por el municipio.	En entrevista con la 970 AM, Adolfo Ferreiro manifestó que el servicio de taxi es considerado como un servicio público debido a su naturaleza y teniendo en cuenta que se trata de una cuestión de interés colectivo y no particular.Según refirió, el taxi está definido, autorizado y controlado como un servicio público por parte de la Municipalidad de Asunción, esto en base a la Ordenanza 26/92	), el abogado y exsenador nacional había hablado sobre este mismo tema y sostuvo que “el taxi es un servicio público prestado por privados”, tal y como ocurre con las empresas de telefonía celular, los ómnibus del transporte público, las instituciones educativas, entre otros.Durante la entrevista radial dio a entender que cuando un conductor utiliza una aplicación móvil (como MUV o Uber) para hacer el transporte de personas, esto podría considerarse como un servicio de taxi, atendiendo a lo que establece la ordenanza municipal. “Como funciona el derecho administrativo, cuando está autorizada una cosa de una manera, no está autorizada de la otra. No hay laguna legal ni falta de reglamentación”, añadió.Ferreiro también había señalado vía Twitter que “lo que está prohibida es toda prestación de transporte que se haga por vehículos y choferes no autorizados”, en directa alusión a los socios conductores de ambas plataformas de intermediación digital. Finalmente, indicó que primero se debería modificar la ordenanza vigente para incorporar la prestación de los servicios proveídos por MUV y Uber, de manera a que puedan operar bajo un marco regulatorio y no trabajar de manera irregular.