La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de irregularidades en el pro­ceso de licitación llevado a cabo por el Servicio Nacio­nal de Promoción Profesio­nal (SNPP), para la adquisi­ción de cuatro simuladores de cargas para la institución, por un total de G. 1.290 millones.	lourdes.pintos@gruponacion.com.pyLa verificación del proceso se realizó a pedido de la Uni­dad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Minis­terio Público, luego de recep­cionar la denuncia penal con­tra la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, por estafa, lesión de confianza, asocia­ción criminal y usurpación de funciones por la supuesta maniobra realizada para la adquisición de los simula­dores.Con este dictamen de la CGR, que finalizó el pasado 12 de agosto y cuya copia ya fue remitida a la Fiscalía, esta última institución ya cuenta con elementos para iniciar la investigación contra la titu­lar del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).“Hay observaciones en las diferentes etapas de lo que es el proceso licitatorio hasta la adjudicación. Tienen que ver principalmente en la etapa previa, con estudios y análi­sis que debió haber hecho el SNPP para determinar por ejemplo el precio estimado de lo que se pretendía adquirir. En este punto encontramos irregularidades porque las documentaciones no demos­traban que se haya hecho ese tipo de análisis”, manifestó Paul Ojeda, director general de Contrataciones Públicas de la Contraloría.Agregó que el oferente adjudi­cado, en este caso la empresa GSM, debía demostrar con documentaciones la expe­riencia que la firma tiene en el rubro, ya que era uno de los requisitos para la millo­naria adjudicación; en este punto también fueron halla­das varias falencias.“Una de las formas de demos­trar eso es que el oferente haya adjuntado a su docu­mentación otros tipos de con­tratos anteriores que demues­tren que ya tenía experiencia con ese tipo de equipos, pero no encontramos documenta­ciones”, señaló.Otro aspecto realmente grave es que el SNPP, bajo la adminis­tración de Bacigalupo, ignoró la resolución de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que ante la protesta de uno de los oferen­tes, la firma Automotive, pidió cancelar la adjudicación ini­cial y retrotraer la licitación a la etapa de evaluación; en este punto, el SNPP solo hizo una ratificación de la evaluación que ya habían realizado, según lo confirmó Ojeda.Dictamen de Contraloría detecta una serie de irregularidades en licitación del SNPP.LAS OBSERVACIONESEl dictamen final de la Con­traloría General deja en evi­dencia que efectivamente esta millonaria compra no se realizó de manera transpa­rente, ya que fueron ignora­das varias leyes y condiciones establecidas para el correcto proceso de licitación.Algunas de las falencias detectadas es que no se adjuntó la documentación comprobatoria del análisis realizado a los precios, con­sultados a los tres potenciales oferentes para la determina­ción de los precios referen­ciales, como tampoco otros estudios técnicos realizados por la convocante.No se adjuntó la resolución de la máxima autoridad de la institución, por la cual se aprueba la nómina de fun­cionarios responsables de la suscripción del Certificado de Disponibilidad Presupues­taria (CDP) para el llamado, así como la comunicación a la DGCP del registro de firmas de los responsables de la sus­cripción de los mismos.El SNPP tampoco tuvo en cuenta el plazo concedido a los oferentes para eventuales protestas ni justificó las cau­sas por las cuales no espera­ron dichos plazos para for­malizar el contrato. En la verificación del informe de reevaluación, se solicitó docu­mentos del Sinarh que respal­den este informe al momento de su evaluación, pero el SNPP remitió un certificado del 21 de junio de este año y no el uti­lizado o considerado en la ree­valuación de las ofertas.	cesar.larre@gruponacion.com.pyPor resolución Nº 675 de fecha 5 de julio autorizó a la Dirección General de Admi­nistración y Finanzas a rea­lizar los pagos, imputables en el Objeto del Gasto 290 “Ser­vicio de capacitación y adies­tramiento”.Mientras los contribuyentes, que con sus impuestos deben mantener el aparato estatal, se las ingenian para poder pagar un estudio de calidad; en la Función Pública no esca­timan recursos para sus privilegios.Son funcionarios con un buen pasar económico los benefi­ciarios que bien podrían ellos mismos pagar sus estudios como lo hace el ciudadano común, que se las arregla con lo poco que gana.	Una de las beneficiarias es la abogada Fabiola Tavarelli, con salario de más de 6.000.000 de guaraníes en el Ministe­rio de Relaciones Exteriores (MRE), según planilla al mes de julio. Realiza un doctorado en defensa y desarrollo en la Universidad Metropolitana, con duración de dos años, que costará a la institución 15 millones de guaraníes.La mujer es presidenta de la Coordinadora Colorada de Funcionarios del MRE Luis María Argaña, gremio que res­paldó la gestión de Castiglioni como ministro.En agosto pasado, esta coordi­nadora solicitó cargos al actual canciller nacional, Antonio Rivas Palacios. En la lista de funcionarios que pidieron sean designados figura justa­mente Tavarelli, para quien plantearon el puesto de direc­tora de Pasaportes, directora de la Unidad Operativa de Contrataciones o coordina­dora anticorrupción.Otro de los beneficiarios es Guido Turitich, quien per­cibe una remuneración de más de 13 millones de guara­níes. Su maestría en gestión pública en la Universidad de la Integración de las Améri­cas (Unida), con una duración de 18 meses, costará a la Can­cillería 15.939.000 guaraníes.Pamela Villalba Orrego es otra funcionaria beneficiaria. La Cancillería pagará su maes­tría en administración y ges­tión pública en la Universidad Iberoamericana, con duración de 24 meses, que tiene un costo de 16.380.000 guaraníes. La mujer tiene un salario de más de 6.000.000 de guaraníes.Otra favorecida es Leti­cia Carolina Melgarejo, con una remuneración cercana a 7.000.000 de guaraníes. Rea­liza una maestría en administración y gestión pública en la Universidad Iberoame­ricana, con duración de dos años, lo que costará al MRE 16.380.000 guaraníes.Otros beneficiarios son René Vera Portillo y Édgar Parodi, quienes realizan una maestría en administración pública en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Asunción, que tiene una dura­ción de dos años. El primero percibe un salario de 11 millo­nes de guaraníes y el segundo cerca de 13 millones de guara­níes. La Cancillería pagará por la capacitación de cada uno la suma de 17.460.500 guaraníes.Completa la lista de benefi­ciarios la funcionaria Veró­nica Aranda Cabrera, cuyo salario ronda los 5.000.000 de guaraníes. Realiza una maestría en administra­ción y gestión pública, tam­bién en la Universidad Ibe­roamericana, que tiene una duración de 24 meses y que costará al MRE 16.380.000 de guaraníes. En total, la cartera de Estado desembolsará la suma de 115 millones de guaraníes a favor de estos funcionarios.	De acuerdo al resul­tado final de la audi­toría realizada por el Poder Ejecutivo, G. 1.290 millones es el monto apro­bado por Carla Bacigalupo, titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri­dad Social (MTESS), para la adquisición de cuatro simu­ladores de cargas pesadas para capacitación en el Ser­vicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP). Con esto se confirma la investigación de La Nación, del pasado 19 de febrero, en la que se reveló la sospechosa maniobra para adquirir los simuladores.	lourdes.pintos@gruponacion.com.pyLa compra se concretó a pesar de que la entonces directora de Programas de Aulas Móvi­les, Ynés Ríos de Ruggero, solicitó en múltiples ocasio­nes la anulación del proceso de licitación porque las accio­nes de los programas para dicha área fueron recorta­das en un 33%; por lo tanto, la adquisición de esos equipos ya sería un gasto innecesario para la institución. A pesar de esta advertencia, el proceso siguió su curso de manera normal y la adjudicación fue otorgada a la firma GSM, cuya propuesta fue la más elevada de entre todos los oferentes.Con esto, y sumando los G. 1.494.308.512 utiliza­dos de los fondos del SNPP y del Sinafocal, el perjuicio que Bacigalupo pudo haber causado a las institucio­nes a su cargo ya asciende a G. 2.784.308.512. Esto se desprende de la lectura del documento de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), al que accedió La Nación.Según refiere el mencionado informe, el pedido para la compra se formalizó el 28 de mayo del 2018 y fue precisa­mente emitido por la direc­ción a cargo de Ríos. Sin embargo, casi un mes des­pués, el 25 de junio de ese mismo año, ella pidió por pri­mera vez cancelar la compra y explicó a través del memo­rándum Nº 98/2018 el recorte de programas.“De qué sirve crecer en logís­tica si no tenemos el acompa­ñamiento de la gerencia eco­nómica para poder operar en acciones formativas”, men­ciona el memorándum remi­tido por Ríos a sus superiores.Según la observación de la AGPE, el proceso de licitación siguió su curso de manera normal a pesar de las adver­tencias y el 23 de noviem­bre, siempre del mismo año (2018), se adjudicó la licita­ción a la firma GSM, propie­dad de Víctor Mendoza, y el contrato fue formalizado tres días después, el 26 de noviem­bre.LA MEJOR OFERTAUn dato relevante es que la mejor oferta presentada no fue precisamente de la empresa de Mendoza, sino de la firma Automotive, que ofreció los cuatro simulado­res a G. 1.135 millones, G. 155 millones menos que la oferta aprobada por la ministra. El oferente no adjudicado pre­sentó protesta contra dicha adjudicación a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Esto fue el 4 de diciembre del 2018 y el 24 de enero del 2019 la DGCP decidió anular la adjudica­ción y retrotraerla a la etapa de evaluación de ofertas.Esta situación fue aprove­chada por Ríos, quien por segunda vez pidió la anula­ción del proceso bajo el argu­mento de que ya no existe necesidad de adquirir los cuatro simuladores, pero una vez más su pedido fue igno­rado. Se procedió igual a la reevaluación y nuevamente la empresa adjudicada fue la de la oferta más alta (GSM).POSTURA DE LA AGPEA pesar del descargo pre­sentado por la parte audi­tada, el equipo auditor de la AGPE sostiene la existencia de deficiencias en el proceso de adquisición de los simula­dores. Es más, en su informe final hace mención al Artículo 31 de la Ley Nº 2.051/03 de Contrataciones Públicas, que confirma que las licitaciones pueden ser canceladas cuando existen circunstancias que provoquen la extinción de la necesidad de la adquisición, o, de continuarse con el proce­dimiento de contratación, se pueda ocasionar daños o per­juicios a la institución. Trae a colación la Ley Nº 1.535/99, de Administración Financiera del Estado, en la que dice que las autoridades al servicio del Estado que oca­sionen menoscabo a los fon­dos públicos a consecuen­cia de acciones u omisiones contrarias a sus obligaciones legales responderán con sus patrimonios para la indemni­zación de daños y perjuicios ocasionados.	De acuerdo al informe final de la auditoría general del Poder Ejecutivo realizada al Minis­terio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), al Servicio Nacional de Pro­moción Profesional (SNPP) y al Sistema Nacional de For­mación y Capacitación Laboral (Sinafocal), en apenas 7 meses el MTESS, bajo la administra­ción de la ministra Carla Baci­galupo, utilizó un total de G. 1.494.308.512 que correspon­den a los fondos de las otras dos instituciones mencionadas. El dinero debía ser destinado a los cursos y capacitaciones realizados en los mencionados entes. Por lo tanto, la irregu­laridad es denominada técnicamente como malversación.	lourdes.pintos@gruponacion.com.pyLa Nación accedió al trabajo final realizado por el equipo del Ejecutivo, que fue entregado a las partes involucradas antes de que su titular, Carlos Arre­gui, asuma como ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).Según dicho informe, los recursos malversados fueron utilizados para pagos ajenos a la enseñanza como servicios de limpieza y fumigación, alquiler de edificios y locales, servicios sociales, adquisición de mue­bles, promociones, exposicio­nes, bonificaciones, gratifica­ciones, jornales y honorarios profesionales de varios funcio­narios del MTESS, esto en total contravención a las disposicio­nes legales.Las evaluaciones fueron hechas en dos períodos: a par­tir del 15 de agosto del 2018 al 31 de diciembre del mismo año, y del 1 de enero del 2019 al 31 de marzo de este año. El resultado fue entregado el 19 de agosto del 2019. Según refiere el documento, el equipo auditor verificó y confirmó la existencia de solicitudes de transferencias de recursos, generadas por la Dirección General de Administración y Finanzas del MTESS, con recursos de los dos entes men­cionados anteriormente.En total, con fondos del SNPP fueron generadas 7 solicitudes de transferencias, según los datos proporcionados por el Departamento de Tesorería del MTESS, y el monto utili­zado asciende a G. 777.038.496.Por otro lado, la Dirección Administrativa y Financiera del Sinafocal remitió el listado de las solicitudes de transferen­cias, desde el mes de setiembre del 2018 hasta enero del 2019, y el monto utilizado por el minis­terio es de G. 717.270.016. Ade­más, el informe de auditoría señala que no existe respaldo y control alguno de los recursos asignados a esta institución, pero que son utilizados por el MTESS.LO QUE DICE EL DOCUMENTO“Claramente se entiende que los gastos deben ir tendien­tes a mejoras de infraestruc­turas relacionadas con el fun­cionamiento u objetivos del Sinafocal. De igual manera, los gastos deberían impactar directamente en el mismo, no pudiendo utilizar sus recursos para la financiación de otros programas, puesto que se esta­ría violando el ordenamiento jurídico vigente y en especial el destino de los fondos que pro­vienen del sector privado, cuyo principal objetivo es elevar la calidad técnica de los talen­tos humanos a nivel nacional”, refiere parte del documento.Esta medida fue tomada ante las múltiples denuncias de supues­tas malversaciones, usurpación de funciones y llamativas lici­taciones con una serie de irre­gularidades que habrían sido cometidas por Bacigalupo tanto en el SNPP como en el Sinafo­cal, según relataron los propios funcionarios.El informe es muy extenso, pero nuestro diario se irá haciendo eco del mismo en el transcurso de la siguiente semana. El documento sale a la luz justo cuando hay rumores de cambios en el gabinete de Mario Abdo Benítez, siendo el Ministerio de Trabajo uno de los más cuestionados en este primer año de gestión.Situación de la ministraFuncionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), que se encuentran actualmente bajo la administración de la ministra Carla Bacigalupo, en reiteradas ocasiones pidie­ron al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que des­tituya a la misma por mal desempeño de sus funciones. Este tipo de denuncias fue una constante de su administración.Los denunciantes pidieron que sus datos se mantengan en la confidencialidad porque temen posibles represalias, pero ase­guraron que las acusaciones hechas en contra de la secretaria de Estado son motivos suficientes para que la misma sea reem­plazada por una persona que sí cumpla con las leyes. Además, refirieron ayer que las denuncias, por su gravedad, ameritan la intervención del Ministerio Público, a fin de corroborar las irre­gularidades existentes.Temen por la continuidad del SNPP, ya que con Bacigalupo al frente el ente está en riesgo, sostienen. El pasado 25 de febrero, La Nación publicó una investigación periodística en la que ya hablaba de la malversación de unos G. 600 millones del Sinafocal y que fue autorizada por Bacigalupo, pero con total desconocimiento del secretario técnico del ente, Alfredo Javier Mongelós. Este último incluso remitió dos notas a Bacigalupo alertando sobre esta irregularidad y solicitó la devolución del dinero sustraído en la brevedad posible, pero no obtuvo respuesta alguna.