“Tenemos que trabajar en cambiar la situación y la cuestión de fondo, hoy estamos en una crisis penitenciaria, con una ley de emergencia vigente, pero no podemos quedar en el contener la crisis o solo limitarnos a tratar de evitar mayores episodios”, dijo la nueva ministra Cecilia Pérez, tras jurar ante el presidente Mario Abdo Benítez en Palacio de López.En cuanto a las celdas VIP, Pérez anunció que seguirán trabajando en desmantelarlas, aunque parezca un desgaste innecesario, pues no se puede desnaturalizar la corrupción.Respecto a la escasa cantidad de guardias asignados a una superpoblación de reclusos, Pérez recordó que se prevé la construcción de tres nuevas cárceles, dos en Emboscada y una en Minga Guazú, todas con un plazo de culminación de 16 meses, por lo que el presupuesto para más guardias se daría recién en el 2021. Sobre las grandes mafias que manejan cantinas, venden drogas y hacen grandes negocios dentro de los penales, Pérez reconoció que esto sucede. “Somos conscientes de que eso es así, vamos a seguir trabajando en luchar contra eso en la medida de las posibilidades”, acotó. Por último recalcó que las instrucciones del presidente de la República apuntan a una lucha frontal y estratégica contra el crimen organizado. SIN CANDIDATOS PARA EL VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS CRIMINALESSobre la persona que lo reemplazará en el Viceministerio de Políticas Criminales, Pérez aclaró se tomará esta semana para la designación, pues no todos quieren subir al barco en medio de la crisis.	de la dirigencia del fútbol nacional con las millonarias apuestas deportivas.Haciendo la salvedad de que no se trata de “colores”, el comunicador mencionó que el trabajo de investigación denominado “Juego Sucio” expone la presencia de una empresa denominada Fast Pay en el esquema. Esta es una firma pasarela de medios electrónicos, una especie de procesadora de pago electrónico que no figura en la lista del Banco Central del Paraguay (BCP).Justamente, al ingresar a Apostala, si uno quiere cargar salgo para seguir apostando aparece como opción principal Tigo Money con su billetera virtual. Al pagar una tasa por la recarga, figura a su vez la marca de Fast Pay. Tanto Apostala como Tigo se tiraron la pelota sobre a quién corresponde dicha firma electrónica.	Según la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), desde abril del 2018 Fast Pay figura a nombre de la empresa Tro­vato CISA, cuyo presidente es Marco Trovato, quien así viola el artículo 26 del Código de Ética de la Federación Inter­nacional de Fútbol Asociación (FIFA) al estar vinculado a las apuestas deportivas. Además, el dominio	. La empresa Hite­cer dice estar dedicada “al desarrollo y aplicación de tecnología de punta para la comercialización de productos y servicios de todo tipo”, y pertenece al Grupo Trovato CISA.MÁS NEXOS CON APOSTALACarlos Sacco, representante legal de Apostala, es el actual presidente de Olimpia King (equipo de basquet del mencionado club deportivo), de acuerdo con el periodista. “Podrían decir que esto es basquet y no fútbol, pero está muy marcada, presente y pública (la vinculación)”, remarcó Silvero.#APunto Juego sucio, investigación especial de	En el Km 12,5 del lado Monday de Ciudad del Este se ubica el local denominado Eros Club, donde encontraron a una menor de 16 años, quien supuestamente era sometida a explotación sexual en el lugar.La intervención se dio después de que la Fiscalía detectara una llamativa “promoción” en redes sociales, donde se anunciaba: “Black Friday, si gastas más de G. 300.000 te regalamos una chica gratis”.Ante esta situación, el Ministerio Público actuó de oficio e intervino con el objetivo de detectar posible delitos que vulneren la dignidad de las personas. Fue así que lograron el rescate de la adolescente. A consecuencia del hecho fue imputada Liz Mabel Vega Melgarejo por el hecho punible de proxenetismo. La mujer se encontraba como responsable del club al momento del allanamiento. También se allanaron otros dos burdeles de Ciudad del Este, pero no hallaron a ningún menor de edad.	El viceministro de Transporte, Pedro Britos, cuestionó este lunes la regulada de buses que lleva adelante el sector transportista, el cual exige a las autoridades que no permitan que opere la Línea 18 - Rojo y que paguen la deuda por el subsidio. “Es un servicio público y existe un contrato con el Estado paraguayo. No se puede actuar unilateralmente, desde ningún punto de vista”, dijo en charla con radio Monumental.La autoridad mencionó que adeudan más de 2 millones de dólares a todo el sector del transporte por 4 meses de subsidio. Alegó que el inconveniente se registró por problemas de fondos y que ya se realizó una reprogramación interna en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación (MOPC) para subsanar el problema.Britos comentó que durante este lunes convocarán a los transportistas para informarles que durante esta semana se pagará una parte de la deuda total.En otro momento afirmó que aún no conversaron con el sector transportista si se seguirá dando el subsidio el año que viene. En el caso de que no se brinde más este pago de parte del Estado, el usuario deberá pagar más por el pasaje. Respecto a la línea 18, dijo que están trabajando para sacarla de circulación. Recordó que al principio individualizaron 152 buses y que en menos de un año solo están en las calles entre 10 y 12 ómnibus. “Son buses particulares que salen de sus casas y no tienen paradas. Se harán operativos sorpresas en diversos puntos en la lucha contra la informalidad”, agregó.El viceministro indicó que varios funcionarios sufrieron agresiones verbales y físicas de parte de los informales, además de amenazas de muerte. “A mí incluso me dijeron que sabían dónde entra mi hija en el colegio”, acotó. SUBA DEL PASAJEEl titular de la Cetrapam, César Ruiz Díaz, manifestó esta mañana que a los transportistas les conviene más que desaparezca el subsidio del Estado, para que de esa manera sea el usuario quien pague todo el monto, al contado, al subir a los buses. El pasaje convencional cuesta actualmente 2.400 guaraníes y el diferencial 3.600 guaraníes, mediante el subsidio. Sin embargo, el precio real es de 2.488 y de 4.062, según establece el decreto vigente.