Los integrantes de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) se manifestaron ayer por las calles de Asunción para reivindicar una serie de reclamos sobre tierra, justicia, derechos indígenas entre otros. Los manifestantes no pudieron avanzar hacia la zona de Congreso, pues un contingente policial impidió que avancen, al hacer cumplir la Ley N° 1066/97, más conocida como la “ley del marchódromo”.	El artículo de la citada norma establece que en la ciudad de Asunción las personas podrán ejercer el derecho manifestarse pacíficamente recién a partir de las 19:00, en días laborales. En tanto el artículo 14 de la misma ley prohíbe manifestaciones públicas frente al Palacio de Gobierno o a los cuarteles militares y policiales.Con el cumplimiento de la citada norma, las actividades comerciales, académicas y la circulación de tránsito se desarrolló con normalidad, ayer en la capital del país.En otras ocasiones, las movilizaciones realizadas a cualquier hora del día significaron un enorme contratiempo para la mayoría, por los interminables embotellamientos. La ciudad colapsa y esto significa pérdida de dinero y de tiempo para miles compatriotas.Desde el advenimiento de la democracia en nuestro país, las movilizaciones ciudadanas se convirtieron en un mecanismo eficiente para que diferentes colectividades logren la atención de las autoridades y concretar sus objetivos. La falta de profesionalismo de las fuerzas policiales hicieron las represiones, en algún momento fueran en extremo violentas, y en consecuencia generaron el repudio ciudadano. De allí se pasó al otro extremo, de unas fuerzas públicas absolutamente endebles que tranquilamente permitían que se vulneren otros derechos, con la excusa de que las movilizaciones fueran “pacíficas”.Todos los sectores, grupos y asociaciones tienen derecho de manifestarse y no puede ser menoscabado de ninguna manera. Sin embargo, eso no debe afectar el derecho de terceras personas, quienes tienen también el derecho de seguir con el desarrollo normal de sus actividades cotidianas.	Cuántas veces, cientos de compatriotas quedaron varados por horas por el cierre de rutas perdiéndose negocios, consultas médicas, exámenes en universidades, entre otros.La garantía constitucional de la Libertad de Reunión y Manifestación no puede significar nunca la vulneración de otros derechos de terceros, como el de la libre circulación. La policía como institución que tiene el uso de la fuerza, tiene la obligación de garantizar que el resto de los ciudadanos puedan seguir con sus actividades libremente.