Es decir, además de que se gastan millones de recursos públicos en asistencia, se llenan los espacios públicos afectando a terceras personas en el normal desarrollo de sus actividades. Al final, además de pagar tributos que se destinan en asistencias, el contribuyente debe soportar el caos por la reubicación de afectados.	Una vez que se desata el problema ya no queda otra que “por cuestión de humanidad” brindar asistencia, pero paralelamente a eso se debe poner en marcha un plan de despeje de las zonas inundables. De lo contrario cada año seguiremos dando vueltas sobre lo mismos sin avanzar para ocuparnos de otros problemas.