Del análisis jurídico, no así del ámbito financiero de la Caja de Jubilaciones del IPS, y de lo que falló la Corte Suprema, se puede concluir que la previsional ha descontado en exceso los aportes de marineros, sobrepasando el tope legal de 300 jornales mínimos. Sin embargo, el IPS pretende otorgar como haber jubilatorio, solamente este máximo que disponen las leyes atacadas de inconstitucionales.	Estos profesionales alegan: “La fórmula ‘salvaje’ que aplica en forma inconstitucional la previsional, no se compadece en absoluto con los derechos y principios laborales del trabajador, y más aún que, crea un engaño al tener una falsa expectativa, como consecuencia del aporte millonario que hacen mis mandantes, en relación a la pobre retribución que han de recibir al beneficiarse con la jubilación. Ambos artículos (atacados de inconstitucionales) limitan a 300 (trescientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República, dentro del año calendario, esto en relación al pago, y relación al monto que debe ser considerado al momento de calcular la retribución de los haberes jubilatorios que tampoco pueden ser aplicados, pues los aportes que se pagan mensualmente corresponden a sumas muy superiores a las fijadas y limitadas por la ley. Esto a más de ser inaplicable es vergonzoso, no se puede limitar el pago jubilatorio en detrimento de los aportes”, sostienen los recurrentes en nombre de 126 marinos que tienen salarios mensuales entre 20 y 100 millones de guaraníes.	La falta de legitimación, según la Fiscalía General, radicaría en que la citada ley nunca fue aplicada a los accionantes, en razón de que los mismos aún no se acogieron al régimen jubilatorio (es decir, no son aún jubilados). En este sentido –agrega– conceder la inconstitucionalidad de las normas legales generaría una declaración “a futuro” o “preventiva”, contrariando claras normas legales que rigen la acción de inconstitucionalidad.	Por mayoría, los ministros Miguel Óscar Bajac (jubilado) y Miryam Peña, con la disidencia de Sindulfo Blanco (destituido), indicaron que: “Prima facie, parece bastante clara: las únicas personas que lógicamente podrían verse lesionadas por la aplicación de los artículos 3° y 4° de la Ley 98/92 son aquellas que pese a haber aportado al sistema de seguridad social sobre un salario superior a los 300 jornales mínimos, se les liquiden mensualmente sus haberes jubilatorios como máximo a una suma equivalente a 300 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas de la Capital”.	Sostienen los impugnantes que el establecimiento del límite máximo jubilatorio de 300 jornales para actividades diversas no especificadas de la Capital implica para ellos un retroceso en lo que hace a sus derechos jubilatorios, ya que con la vigencia de este artículo impugnado, aportan mucho más hoy que la expectativa jubilatoria que les espera en el futuro.	Bajac y Peña sostienen que “en efecto, cualquier trabajador que perciba una remuneración mensual por encima de dicho tope, estará constreñido, junto con la patronal, a realizar los aportes obligatorios al régimen de seguridad social: pero dicho aporte se efectúa sobre el total de las remuneraciones; en contrapartida, el IPS recibirá dichos aportes pero al momento de otorgar el beneficio jubilatorio, esta quedará limitada al máximo establecido de 300 jornales, con lo cual se produce una pérdida de beneficios por parte de aquel aportante que haya percibido una remuneración superior a dicho tope. El trabajador se encuentra obligado a aportar sobre la totalidad de su remuneración, por lo cual espera una devolución similar al momento de acogerse a la jubilación, es decir, el disfrute de un haber jubilatorio equivalente a su aporte”, señalan los ministros.	“ Este tope, lo que hace es confiscar todo aporte efectuado por encima del límite, así como deja a los afectados en una situación de desigualdad con respecto a los demás aportantes que no se verán disminuidos en su haber jubilatorio. Incluso, con esta retención indebida, aquel trabajador que aporte por un salario equivalente a 300 jornales, al momento de acogerse a la jubilación, percibirá un haber igual a aquel que haya aportado por un salario de 350 jornales, por lo que el perjuicio a éste último es evidente”, señala el fallo de la Corte.	El Artículo 3 de la Ley 98/92 modifica los artículos 6, 8 y 12 de la Ley 1.286/87, quedan redactados como sigue: “El monto máximo de cualquier jubilación mensual otorgada en virtud de esta Ley, en el momento de la liquidación inicial, no sobrepasará el equivalente a 300 (trescientos) veces el valor del jornal mínimo vigente para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República“,	Por su parte, el artículo 4° de la Ley 98/92, modifica los artículos 14, 23 y 25 de la Ley 430/73, que quedan redactados de la siguiente forma: “A los efectos de la concesión de los beneficios previstos en esta ley, se computarán 50 (cincuenta) semanas de aportes como un año, entendiéndose como semanas de aportes: d) para el trabajador de temporada, a destajo, navegante u obrajero, la acumulación simple de aportes equivalentes a 6 (seis) hasta un máximo de 300 (trescientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República, dentro del año calendario“.