Las múltiples desidias, abandonos que según ellos agudizaron la crisis educativa son los hechos que recordarán hoy los dirigentes nacionales y regionales de la OTEP SN esta mañana, frente a la sede del MEC.Los docentes anunciaron que también reclamarán a Petta sus “prácticas prepotentes y autoritarias”, con las cuales, aseguran, se coartaron la libertad sindical y de expresión. El Presupuesto General de la Nación contempla un incremento salarial del 16 % para los docentes a partir de julio del próximo año, sin embargo, la intención de los maestros era que el aumento rija desde enero. No obstante, el Ministerio de Hacienda aclaró que no existen recursos para cumplir con estas pretensiones y si bien la Cámara Baja aprobó la aplicación a partir de abril, no hubo el mismo criterio en Senadores.	“La pena va de 6 meses a 3 años, y hasta puede haber la pérdida de la patria potestad. Nosotros tomamos conocimiento de estos hechos a través de los medios, porque no fuimos comunicados”, indicó la fiscal a La Unión. Muñoz señaló que también abrirán una investigación contra el centro asistencial, ya que existiría una falta de diligencia. De los 8 lesionados por uso de petardos 7 eran niños de entre 5 y 14 años y la gravedad afectó la pérdida visual en uno; y la de dos dedos de otro y un niño se encuentra en terapia intensiva. Los profesionales de trauma manifestaron su preocupación por la irresponsabilidad de los padres y el costo de por vida que implica para cada niño.	La asistente fiscal Raquel Fernández comentó que en el 2017 ingresó a la Fiscalía para trabajar en el departamento del fiscal adjunto de Villarrica Celso Sanabria y que luego comenzaron los acosos sexuales. Dijo que le enviaba flores, mensajes, dedicaba músicas y la citaba fuera de horario laboral. “Todos saben que detrás de su oficina tiene una habitación, yo no me voy a ir exponerme y entrar estando ahí sola, porque no se cuáles son sus intenciones”, agregó.Como ya no aguantaba la situación, según relató la mujer a la radio LA UNIÓN, solicitó que la reasignen a otra unidad, pero el fiscal adjunto se negó. En el 2018 recurrió al jefe de Gabinete de la Fiscalía General y al de Talento Humano, quienes la derivaron a la Fiscalía del Medio Ambiente.“Igual está amenazando y coaccionando hasta a través de sus colegas. Todos acceden a sus caprichos, pero yo no. Yo soy la única que me niego. Ya no quiere nada más conmigo, sino que es su orgullo nomás. Como dicen las compañeras, él es como el cacique y tenemos que pasar por sus manos, pero ya no es más así, son otras épocas”, argumentó.Contó que pese a estar en otra dependencia, el fiscal Sanabría encuentra la forma para que se ponga a su disposición. En ese sentido resaltó que el año pasado la fiscal Mary Unger la llamó a una declaración indagatoria por un sumario sumario administrativo que se abrió en su contra. “Me llamó la fiscal a decirme que tenía un sumario y que vaya a hablar con el doctor Celso para solucionar de una vez. Pero yo manifesté que no existía eso”, agregó.Raquel Fernández mencionó que el viernes pasado de vuelta la citaron para otra declaración indagatoria, en presencia del supuesto agresor, por lo que nuevamente no accedió.“A mí me prometieron protección por eso no denuncié, pero siempre el doctor Celso ve la forma para ponerme a su disposición. Ahora para renovarme el contrato quiere que pase personalmente a su oficina, pero yo no quiero enfrentarme sola a él. Ya no soporto esto”, lamentó. Por último indicó que recurrió al Ministerio de la Mujer y la convencieron de presentar la denuncia.	Uno de los documentos requeridos para cualquier gestión es el certificado de antecedente policial, para lo cual el interesado debe acudir al Departamento de Identificaciones a fin de obtener el papel. Sin embargo, este proceso ahora puede agilizarse con la solicitud del documento de manera electrónica, a través de un convenio entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación.“Este documento tan demandado por la ciudadanía podrá ser solicitado y expedido de manera remota, porque muchas veces los que estamos en la capital no sentimos las dificultades que tienen en el interior “, dijo el ministro Alejandro Peralta Vierci. A criterio de Euclides Acevedo, este es un avance que permitirá acercar el derecho que posee la ciudadanía a conseguir el certificado en tiempo y forma.