Desde la semana pasada alrededor de 120 trabajadores -entre choferes y funcionarios administrativos- vienen realizando una serie de manifestaciones frente a la sede de la empresa “Cnel. Panchito López”, ubicada en el Km. 17,5 de la Ruta Nº 1.Los mismos denunciaron la falta de pago de salarios desde hace aproximadamente 4 meses. Así también, han denunciado el incumplimiento con la acreditación del aguinaldo, las vacaciones y el aporte del seguro social de IPS.Como parte de esta medida de fuerza, los conductores han decidido no salir a las calles con los buses de la Línea 29, situación que afecta a cientos de pasajeros que diariamente utilizan estos ómnibus para movilizarse a sus respectivos destinos.Sobre este mismo punto, cabe recordar que la Línea 29 abarca dentro de su itinerario los ramales de Kokuere y Anahí (Capiatá) además de Thompson (Ypané), sectores con una considerable cantidad de pobladores y cuyo único medio para movilizarse es el transporte público de pasajeros.Según manifestaron los choferes a los medios de comunicación, hace unos días los propietarios de la empresa les habían dado la promesa de que realizarían el pago de sus haberes atrasados en cuotas, propuesta que finalmente fue rechazada.La empresa de transporte “Panchito López”, que explota el itinerario de la Línea 29, estaba siendo administrada desde hace unos años por el grupo empresarial de origen argentino ERSA. De acuerdo a los trabajadores denunciantes, recientemente se produjo un cambio de dueños y ello podría haber afectado el funcionamiento de la firma, aunque dicha versión no fue confirmada oficialmente. Para las 08:00 de este martes estaba prevista una reunión tripartita entre los trabajadores afectados y los representantes de la empresa de transporte en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).	El secretario de organización de trabajadores de SEME, Francisco Benítez, considera que no se dan las condiciones para una mesa de diálogo y que espera que el ministro de Salud reciba solamente a los voceros y no así la totalidad de los contratados y nombrados.“Qué mesa de diálogo vamos a hacer si nos vamos entre 150 compañeros, queremos que el ministro respete el debido proceso”, dijo Benítez en conversación con la 970 AM. Recordó que la denuncia ya está hecha y que además de la reincorporación de los dos desvinculados por el supuesto robo del combustible, reclaman la falta de aire acondicionado en las ambulancias. “Le sacás a un paciente de terapia con 16º C y le metés en un tufo”, cuestionó.El representante aclaró que no se oponen a ninguna investigación de las irregularidades y afirmó que hasta esperan que la propia Fiscalía intervenga en el caso. Ante este pedido, el viceministro de Salud, Julio Rolón, aclaró que la descontratación de los presuntos implicados en el negociado con el combustible ya no tiene vuelta atrás.	Eddie Jara, extitular de Petropar, manifestó a la radio 970 AM que el informe elaborado por Carlos Arregui es tendencioso, al exponer datos que no son reales. “El informe ya estaba preparado desde el vestuario. Había una orden de allá arriba con lo que debía decir. Es un informe mentiroso y las personas que están llevando adelante esto, tienen una responsabilidad muy grande”, remarcó.En ese sentido dijo desconocer el daño de G. 30.000 millones que refiere el auditor y aclaró que en realidad durante su estadía benefició a la empresa estatal con aproximadamente 85 millones de dólares.Criticó que Arregui se pasa recorriendo los medios periodísticos, al igual que los empresarios del sector privado, y cuestionó además que hasta el momento él no tuvo la posibilidad de dar a conocer su versión. ”Petropar ahora perdió totalmente el rumbo. Tal vez ese luego era el objetivo. Este informe busca culpar a otras administraciones, sobre lo que está ocurriendo hoy. Espero que Arregui me convoque y oficialmente me entregue el informe”, puntualizó.	En entrevista con Radio Uno, Latorre habló sobre el caso de Arrom y Martí que se encuentra pendiente de resolución en la CorteIDH y que podría costarle al Estado paraguayo alrededor de US$ 63 millones.Al respecto, se mostró esperanzado en que se pueda dirimir la cuestión en las instancias pertinentes y que todo pueda ser aclarado de la forma correcta, desmintiendo los alegatos presentados por los dos refugiados en Brasil.“Tengo las esperanzas de que finalmente se imponga la verdad, creo que tenemos suficientes elementos de juicio para refutar la denuncia presentada y demostrar que es totalmente falsa”, afirmó.El exfiscal general del Estado indicó que Juan Arrom deberá explicar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA algunos aspectos que llamaron la atención en su momento, como por ejemplo el cómo estando supuestamente privado de libertad pudo comunicarse con Alfonso Resck y cómo fue que pudo realizar una denuncia ante la comisaría en ese mismo período. Así también, cómo fue que ambos denunciaron haber sido torturados para sacarles información sobre el lugar donde estaba secuestrada María Edith Bordón de Debernardi siendo que ella ya había sido previamente liberada.Tal y como en anteriores ocasiones, Latorre volvió a manifestar sus dudas sobre el motivo por el que ambos compatriotas no quisieron ser examinados por los médicos forenses del Ministerio Público luego de lo ocurrido, a fin de comprobar su estado de salud y ver las heridas que aparentemente tenían en el cuerpo.“Espero que la Corte rechace la pretensión porque si la acepta sería sencillamente un fallo calamitoso”, expresó a la 650 AM.Finalmente, sostuvo que todos tienen derecho a peticionar, pero corresponderá a la Corte Interamericana determinar si se imponen la justicia y la razón por sobre cualquier ideología o interés económico que pueda estar en debate. De momento, la CorteIDH solo ha aceptado el testimonio de Óscar Germán Latorre para la audiencia que se celebrará el próximo 7 de febrero en San José de Costa Rica, rechazando a otras 27 personas. Por ello, desde el gobierno nacional plantean que se revea esta postura y que se pueda admitir a más testigos en dicha presentación.