Ni Petropar ni el sector privado ven posibilidad de reducir los precios de sus productos, pese a reconocer la tendencia en baja del dólar. La estatal dice tener un stock de 4 meses, mientras que Apesa no descarta un reajuste a fin de mes si la moneda estadounidense sigue en descenso.	“Creo que habría posibilidades si hubiera regla, si estaba vigente la fijación de precios en base a la revisión mensual de precio del petróleo y del dólar, pero de momento no hay esa regla”, explicó el titular de Apesa, Vicente San Martín, en charla con la 730 AM.Recordó que hubo momentos en que la moneda norteramericana estuvo más baja y aun así no se modificó el precio, así también cotizó más alta, pero esto tampoco implicó un reajuste.San Martín sostuvo que si bien las perspectivas son de momento interesantes, todavía no alcanzan a calificar como suficientemente significativas para pensar en una reducción, ya que el fenómeno que se da es simplemente parte de una fluctuación. “Estimativamente podría reducirse a fin de mes, si es que las condiciones de la baja se mantienen y además hay que ver el precio del producto también”, aclaró San Martín y dijo que sobre el gas tampoco hay novedades. Por su parte, Patricia Samudio descartó toda posibilidad de un reajuste y consideró que la buena noticia es que no se producirá ningún aumento. La petrolera estatal supuestamente cuenta con un stock de cuatro meses, lo cual impide pensar en una reducción.	En la sesión bicameral de este miércoles, Carolina Llanes prestó juramento luego de una hora de retraso de los diputados y con ausencia de los legisladores de Honor Colorado que rechazan el proceso mediante el cual se la eligió para el cargo.La nueva ministra de la Corte Suprema de Justicia es cercana al presidente Mario Abdo Benítez y es partidaria de la reelección presidencial. “Yo no estoy en contra de la reelección. Se puede instalar como herramienta para dar continuidad política a proyectos, por supuesto, sin abusar, no más de dos periodos o tres periodos más cortos”, dijo. Llanes había sido designada por Abdo Benítez en diciembre pasado para encabezar la intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este. Desde entonces, se ganó la confianza del mandatario.La nueva autoridad dijo que posee muchos proyectos para mejorar el sistema penal, donde posee una gran trayectoria. Y anunció que pedirá el nombramiento de algunos funcionarios que la ayudarán en la tarea, pero remarcó que ninguno es su pariente.	El ministro Manuel Ramírez Candia cuestionó la decisión de sus colegas de preparar una acción de inconstitucionalidad contra ley que da transparencia a las sesiones. A su parecer, los encuentros de los actos procesales de la Sala Constitucional deben ser transmitidos, porque es una exigencia del principio republicano del Gobierno.La autoridad resaltó que los demás ministros anteriormente estaban de acuerdo que no solo la plenaria sea transmitida sino que también las sesiones de las salas, por lo que propondrá que se revise lo resuelto. “No existe ningún agravio en la ley. No hay ninguna imposibilidad, porque esa sala ya sesionó públicamente”, remarcó.Coincidió en esa tesitura la nueva ministra de la Corte, Carolina Llanes, quien hoy juró ante el Congreso Nacional. La nueva máxima autoridad judicial argumentó que todas las sesiones deben ser públicas. En la sesión de la Corte Suprema de Justicia (no participó Ramírez Candia por reposo y aún no estaba Llanes), la ministra Gladys Bareiro propuso que se autorice a la Asesoría Jurídica a presentar una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 6299/19, para no trasmitir las sesiones de la Sala Constitucional del tribunal. Su propuesta contó con el acompañamiento de los demás ministros presentes.	El legislador de Colorado Añetete, Ulises Quintana, defendió la decisión que tomó la jueza Magdalena Narváez y argumentó que la magistrada actuó en base a derecho, pues pese a los 10 meses en prisión, la Fiscalía no halló elementos en su contra. Resaltó que no hay peligro de obstrucción a la investigación ni riesgo de fuga, tomando en cuenta su carácter de diputado nacional y su arraigo, además de la fianza real. “El Ministerio Público por cuestiones me metió preso para evitar que yo pueda ser candidato a intendente de Ciudad del Este, para quitarme mi banca y que Rocío Abed de Zacarías ocupe mi lugar”, acusó Quintana. Respecto al posible pedido de pérdida de investidura en su contra que presentará su colega Celeste Amarilla, Quintana opinó que el planteamiento es infundado ya que debe primar la presunción de inocencia. Ulises Quintana está procesado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, exportación e importación de drogas y asociación criminal, así como tráfico de influencias. La jueza Magdalena Narváez le concedió libertad ambulatoria bajo la condición comparecer ante el Juzgado de forma mensual, permanecer dentro del país, no salir sin autorización del Juzgado, la prohibición de cambiar de domicilio, una fianza real de un inmueble por 470 millones de guaraníes y la fianza personal de su abogado de 500 millones de guaraníes.