Víctor Hugo Julio, Director General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de la Asunción, indicó a Radio Uno que de momento todavía no han autorizado al retorno de familias tras la crecida del río Paraguay.Pese a ello, existen algunos pobladores que han tomado la decisión de regresar a sus viviendas, esto atendiendo a la disminución progresiva en el nivel de las aguas que se ha venido registrando en los últimos días.Según explicó, antes de que las familias puedan retornar a sus casas se tiene que analizar el pronóstico en cuanto al comportamiento trimestral del cauce hídrico y el nivel de la bajante, factores que hoy día aún no permiten que ocurra tal situación.Una vez que se conceda la autorización, se deberán coordinar las tareas del operativo retorno en conjunto con otras instituciones como la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), de modo a realizar el traslado de personas y de sus pertenencias, entre otros aspectos.Julio admitió que, pese a que aún no existe una autorización formal, no pueden detener a los pobladores en caso de que decidan volver a sus casas, sobre todo por el hecho de que varios están preocupados por los eventuales robos que pudieran registrarse. De acuerdo a las proyecciones hidrológicas, el río Paraguay continuará con su tendencia descendente durante las próximas semanas, refirió el funcionario municipal, aunque también adelantó que entre septiembre y octubre podría volver a registrarse otra subida como consecuencia del fenómeno “El Niño”.La última crecida del río Paraguay dejó a más de 14.000 familias damnificadas solo en Asunción, lo cual representa más de 47.000 personas desplazadas de sus hogares.	De los 17 decesos, seis ocurrieron en accidentes de tránsito, en los cuales cinco de las víctimas fatales son motociclistas.Así también se registraron cinco suicidios, cuatro homicidios, una electrocución y el hallazgo de un cadáver, según el departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. En cuanto a los operativos, los agentes detuvieron a 55 personas que contaban con órdenes de captura por cometer diversos delitos. Asimismo aprehendieron a 92 individuos sorprendidos al momento de incurrir en hechos punibles. Por otro lado se recuperaron cinco vehículos y siete motocicletas que presentaban denuncias por robo e incautaron 455 biciclos y 12 rodados que se encontraban en situación irregular.	“Hoy el senador Payo Cubas con una turba de vándalos destruyó el negocio de mis padres ,impotente como la policía les dejaba hacer lo que querían a estos impresentables”, lamentó el diputado Luis Urbieta, (ANR) diputado por Concepción.Los ataques son en protesta contra la gestión del intendente de Concepción, Alejandro Urbieta (PLRA), quien meses anteriores ya había sido blanco de violentos escraches.Los ciudadanos indignados de Concepción volvieron a movilizarse este domingo contra el intendente Alejandro Urbieta, esta vez contaron con el apoyo del senador Payo Cubas. Los manifestantes lanzaron huevos, basura y pintaron la farmacia perteneciente a la familia Urbieta.	24 de junio de 2019 En un video captado minutos después del hecho, se observan los grafitis contra los vidrios, con inscripciones como: “renunciá bandido”, “rata”, entre otras frases.La turba estuvo acompañada por el senador Paraguayo Cubas, quien durante el fin de semana habría estado recorriendo el interior del país. En cuanto al diputado Urbieta, existen 12 funcionarios en la Cámara de Diputados, a disposición del legislador.	Luis Christ Jacobs manifestó a la 970 AM que para adoptar alguna medida se debe esperar que la Justicia ordinaria determine la culpabilidad o inocencia de Reinaldo Giménez, subjefe de la Caminera que fue denunciado por la funcionaria Jazmín Velázquez Ramirez por acoso.“Tenemos que esperar que determine la justicia y luego aplicar el sumario administrativo correspondiente. No podemos saber si saldrá inocente o culpable. Primero está la justicia y después es la cuestión administrativa. Mientras no exista condena firme y ejecutoriada, administrativamente no podemos tomar medidas”, dijo la autoridad.Señaló que la cadete, quien actualmente está a cargo de la Secretaría General, radicó su denuncia ante la Fiscalía y no lo hizo en la institución, por lo que si primero lo hacía en la Caminera, se iba a iniciar un sumario administrativo. No obstante, el artículo 69 de la Ley 86/98 establece que “cuando la infracción imputada al inspector nacional pudiera constituir un hecho punible de acción penal pública conforme a la ley penal vigente, se procederá a remitir en el cargo, con goce de sueldo, a disposición de la Dirección Nacional, hasta tanto se dicte auto de prisión preventiva u otra medida alternativa a la prisión”. Si bien dijo que verificará esta normativa con la Asesoría Jurídica, resaltó la Constitución Nacional garantiza la presunción de la inocencia. “No creo que directamente se tenga que acusar a una persona en el período de imputación, donde empezarán a surgir las pruebas“, alegó.El fiscal Celso Ortiz ya	al alto jefe por presunto acoso sexual. “(El imputado) le manifestaba (a la víctima) que si ella accedía a sus pretensiones sexuales le iba a ubicar en la parte administrativa y no en la calle, a la intemperie”, relató.Sin embargo, como la mujer rechazaba la propuesta, era obligada a trabajar a doble turno y con una hoja de servicio mucho más exigente de lo que le correspondía. La cadete contó con el apoyo de dos agentes de la Caminera, quienes declararon como testigos del caso que se habría registrado en reiteradas ocasiones.