La defensa del exsenador Oscar González Daher y su hijo pedirá que se otorgue el arresto domiciliario a los investigados por enriquecimiento ilícito y otros delitos, ante el irregular Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que entregaron los bancos Continental y Sudameris a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), que devino en la posterior imputación.	Cecilia Pérez, abogada del hijo del exsenador Oscar González Daher, criticó la “apurada imputación” del anterior fiscal de la causa, René Fernández, ya que la misma es una copia del informe de Seprelad que se originó en el 2016. En ese documento se menciona que Continental y Sudameris manifestaron en el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que tanto Óscar González Daher como su hijo Óscar González Chaves eran clientes reticentes a presentar documentación que justifique los movimientos bancarios.En charla con la radio 970 AM, la defensora indicó que tiene la manera de demostrar que la imputación se base en un informe equivocado, para no decir falso, por lo que solicitará que se otorgue el arresto domiciliario.En ese sentido, la letrada aseguró que ambos bancos nunca solicitaron informes tanto al padre como al hijo. En uno de los casos, de acuerdo con la defensa, el Banco Continental señala que requirieron al hijo de González Daher en noviembre del 2017 y en julio del 2018, aunque el informe de Seprelad que originó la imputación es del 3 de noviembre del 2016. Sin embargo, no le pidió al exlegislador.En tanto que, el Banco Sudameris alega que lo hizo de manera verbal, pero no tiene constancia alguna de haberlo hecho, según criticó Pérez. “Ellos se dieron cuenta que no pidieron nada e hicieron el reporte para deslindar responsabilidades del banco”, acotó.Llamativamente en julio el 2018, Sudameris manifestó mediante un documento que el hijo de González Daher estaba operando satisfactoriamente en el sistema financiero, cuestionó además la entrevistada.Si bien indicó que no accionará contra ambos bancos, la abogada Pérez adelantó que solicitará la intervención de la Superintendencia de Bancos. “Cuando uno es cliente dentro del banco, confía en el banco y acá se está develando que el banco traiciona al cliente. El banco no actúa como debe y traiciona. Para salvarse, el banco le expone a su cliente. Si era muy riesgosa la cuenta, por qué no se canceló la cuenta a mi cliente (hijo de González Daher)”, manifestó por último.	El nuevo episodio de inseguridad sucedió en el cuarto barrio de Luque, sobre la calle Veteranos del Chaco y María Auxiliadora. Un sujeto estacionó su vehículo a pocos metros de la estación de servicios y llegó diciendo que se había quedado sin combustible, por lo que le pidió al playero que prepare un par de litros en una bolsa. Cuando el empleado se disponía a cargar, el malviviente saca un arma blanca e intima al trabajador a que entregue el dinero que guardaba en la billetera. Allí se produjo un forcejeo en el que el sujeto terminó hiriendo al playero. Posteriormente el ladrón huyó con 200.000 guaraníes en mano ya que no consiguió llevarse nada más. El herido fue identificado como Antonio Ramón Báez, quien sufrió cortes en los dedos a raíz de la pelea.	El último dictamen que emitió hace apenas un año la Dirección de la Unidad de Delitos Econó­micos y Anticorrupción, que recomienda que los bienes del ex presidente de la República y actual director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, sean investigados de nuevo, con­firma que este no rindió cuen­tas en rigor ante la Justicia sobre la fortuna que acumuló durante sus años en la función pública.	investigación@gruponacion.com.pyYolanda Portillo fue la fiscala que dictaminó en enero del 2018 la reapertura de la causa a raíz de la denuncia presen­tada por el parlasuriano Nel­son Argaña, de Colorado Añe­tete; sin embargo, este desistió por el camino “a pedido de los amigos” del entorno del presi­dente de la República, Mario Abdo Benítez.Duarte Frutos se jacta de que fue investigado tres veces por la misma causa. Sin embargo, él era nada menos que la máxima autoridad de la República cuando en el 2006 los fiscales Liliana Alcaraz y René Fer­nández tomaron el caso por primera vez. Cabe remarcar que esa pesquisa solo se enfocó en los bienes que oficializaron él y su esposa, María Gloria Penayo, según refieren publi­caciones de la época.Duarte Frutos, así como muchos políticos, se valió de la correspondencia de bienes, que de manera extraña siem­pre les sale a favor en la Con­traloría. Quedaron fuera de la investigación nombres claves sindicados como testaferros, como el caso de su ya difunto concuñado José David Orrego, un modesto operador de com­putadoras que hacía de secre­tario en Mburuvicha Róga y quien en agosto del 2003 com­pró una estancia de 3.800 hec­táreas por US$ 350 mil, pero es un secreto a voces que en realidad es de Duarte Frutos el campo modelo.Rosa María Penayo, viuda de José David Orrego, es her­mana de la esposa de Duarte Frutos y de trabajar como secretaria en el Banco Cen­tral del Paraguay (BCP), en el 2005 pasó a ser accionista de la firma Tembiaporã SA junto con su suegra, Francisca Aquino, según documentos de Hacienda. La sociedad se liquidó en el 2015.El difunto Orrego y Rosa María, ambos de modesto nivel social, eran la cara visible de las millonarias inversiones.Rodrigo Espínola Solaeche, otro sobrino de Duarte Frutos, de andar en un vehículo usado modelo 1996, sin antecedentes laborales en ese momento, en el 2006 estaba estrenando una camioneta de US$ 50 mil. Este mismo año compró al contado una casa de G. 350 millones, también realizaba adquisición y refacción de inmuebles en Coronel Oviedo, ciudad natal del actual director de Yacyretá. Llamativamente, recién en el 2012 el ex mandatario inscribe propiedades a su nombre en su urbe de origen.Como se esperaba, el mandata­rio zafó de una imputación por enriquecimiento ilícito. Varios prestanombres sospechosos no fueron incluidos en la inves­tigación y se archivó la causa.La segunda investigación por enriquecimiento ilícito se le reabrió al dejar la Presidencia fue en el 2008, pero Duarte Frutos consiguió un fallo judicial para que se investi­guen solamente sus ingresos y egresos del 2007 al 2008. Con esta limitación en la pes­quisa, el ex mandatario pudo zafar otra vez de la Justicia. Sin embargo, en ese año (2008) la Contraloría había informado que no existe correspondencia en los bienes de Duarte Fru­tos, quien declaró un patri­monio de G. 3.800 millones, cuando todo su ingreso de pre­sidente fue de G. 1.159 millones.La última denuncia por enri­quecimiento ilícito contra Duarte Frutos fue presen­tada por Nelson Argaña en el 2016 y en la misma se suscribe el nombre de varios sindica­dos como testaferros. Después de dos años de congelarse esta denuncia, hace un año la fis­cala Yolanda Portillo reco­mendó que se reabra la causa por haber suficientes elemen­tos a investigar. Sin embargo, el actual director de Yacyretá logró encajar en el equipo del poder de turno y el parlasu­riano desistió de su denuncia hace dos meses.LOS BIENESUn búnker modelo que abarca 10 lotes a lo largo de una manzana, imposible de justificar con su sueldo de 5 años como presidente de la República. Una docena de propiedades inscriptas en Catastro entre Duarte Frutos y su esposa, Gloria Penayo, después de dejar el cargo de mandatario. Un gigantesco templo valuado hoy en unos US$ 250 mil y varios inmuebles registrados por la mujer en la ciudad de Atyrá entre el 2011/2012 forman parte de la colección de bienes que tiene. En Atyrá, la pareja tiene una paradisiaca quinta que Duarte Frutos había atribuido a una herencia familiar de la mujer. Gloria Penayo inscribió a su nombre inmuebles que anteriormente figuraban como propiedad de su hermana, Rosa María Penayo, sindicada como testa­ferro del ex presidente. Estas fincas están ubicadas en las inmediacio­nes de la casa de descanso. Duarte Frutos también inscribió propieda­des a su nombre en Irala Fernández de 450 y 17 hectáreas en misma fecha del 2/11/2012. Después de dejar la Presidencia se registraron inmuebles a nombre de ambos en Coronel Oviedo, San Bernardino, Atyrá, Chaco, Lambaré.Hija y yerno en una sociedad de G. 1.000 millonesLa prosperidad del actual director de Yacy­retá se hace extensiva a la familia.En el 2015 se disolvió Tembia­porã SA, sociedad conformada entre Rosa María Penayo, la cuñada de Duarte Frutos y la suegra de esta, Francisca Aquino. El 4 de setiembre del 2015 aparece Pahiesa SA, firma integrada con G. 1.000 millones de capital entre María Betania Duarte Penayo, hija del actual direc­tor de Yacyretá, y su esposo, Ariel Samaniego Rotela.Incluyeron también en Pahiesa a Rodolfo Amín Yambay y a Rocío Sama­niego Rotela, cuñada de la hija de Duarte Frutos.Pahiesa se registra con activi­dad agrícola, ganadera y fores­tal. A través de esta SA empren­dieron un ambicioso proyecto agroforestal en el lugar deno­minado cuatro vientos. Sama­niego, yerno de Duarte Frutos, se había defendido cuando apa­reció en la nómina de supues­tos testaferros que denunció Nelson Argaña. El joven había alegado que él y su familia se dedican al rubro agropecuario desde hace tiempo y tie­nen varias propiedades en el Chaco. Sin embargo, llama la atención que recién en el 2015 haya ofi­cializado por primera vez una sociedad anónima y justamente con la hija del eterno sospechoso de enri­quecimiento ilícito.	Unos 70 “reco­mendados” del pre­sidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cue­vas, representan un gasto de 1.060 millones de guaraníes a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) al cierre de los primeros seis meses del nuevo Gobierno. En un año, estos desembolsos lle­garán a los 2.120 millones de guaraníes.	De acuerdo a los informes a los que accedió La Nación, el número de allegados al mencio­nado ex gobernador del depar­tamento de Paraguarí son más e ingresaron a la institución sin ningún tipo de concurso de méritos. Tampoco se conoce el grado de preparación de la mayoría de los nuevos emplea­dos de la ANNP, los cuales figu­ran en las planillas de la estatal a partir del 1 de setiembre del año pasado.Todas estas personas, presumiblemente en gran parte de la zona de Paraguarí y zonas aledañas, obligan a la ANNP al pago de un total de 176.500.900 guaraníes en forma mensual. Además existen otros que ocu­pan cargos en la institución por orden del titular de la Cámara de Diputados, pero que perciben sus haberes a través de facturas.Cabe mencionar que Cuevas, a un día de asumir el cargo (el 30 de junio) ya llevó a cabo sus primeros nombramientos. Uno de ellos es Vicente Humberto Vega Dávalos, como director de Desarrollo, conocido secciona­lero de Paraguarí. El mismo fue designado como funcionario permanente, sin haber pasado por ningún concurso de mérito y forma parte de los 35 prime­ros incorporados por el legisla­dor a días de su juramento.Vega Dávalos es hijo de Vicente Vega Zárate, uno de los principales “proveedores” de todo tipo de productos para la gobernación durante la gestión de Cuevas. En una sola operación este fac­turó unos 875 millones de gua­raníes a la gobernación, la cual fue suspendida por la propia Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP). El parlamentario colorado también le nombró a su hijo Enzo Cuevas como coordina­dor del almuerzo escolar y le otorgó contratos millonarios a la empresa de su nuera.