Entre las evidencias incautadas en la cárcel de San Pedro, se encuentra un cuaderno en el que uno de los líderes de presos del grupo PCC, registraba el bautismo de nuevos soldados, los negocios internos, así como la estructura jerárquica de los "hermanos" de la facción al interior de los reclusorios.	El cuaderno requisado contiene, entre varios puntos, un instructivo acerca de extorsiones desde el penal, que tienen diversas metodologías (amenazas de secuestros y asesinatos, hacerse pasar por familiares en problema, el ‘truco’ de ganar un sorteo, etc). También registros de los nuevos bautizados al PCC, con sus correspondientes derechos y obligaciones, así como la fidelidad que se debe a la agrupación.Según los investigadores del “caso San Pedro”, esta unidad penal era uno de los focos desde donde se emitían órdenes de reos presos del PCC en Paraguay, así como un esquema de sobornos a autoridades penitenciarias, para acceder a diversos privilegios.En el material investigativo dado a conocer por Unicanal, se habla de un sistema para sobornar a autoridades de cárceles, guardiacárceles y, en el caso de San Pedro, incluso a altos funcionarios de la dirección de Penitenciarías.“El sistema de soborno que montaron es tan grande que tenemos incluso ahora un exdirector de (de Institutos Penales) procesado. Se habla del pago de 20 mil dólares para trasladar a cárceles (con privilegios), hasta cuotas de 10 mil a 15 mil dólares que se pagaban como coima para liberar en las cárceles el negocio de la droga y la prostitución”, señala el periodista Oscar Lovera, de Unicanal.Al decir del mismo, la expulsión de más de cien reos brasileños al Brasil, no es la solución de fondo del problema. Esto porque dejan en el país, a una organización bien montada, conformada por presos paraguayos que replicarán el sistema como opera el PCC.	Un resolución emitida por la Fiscalía General del Estado deja sin efecto el instructivo redactado por la fiscal adjunta Artemisa Marchuk y dirigido a todos los fiscales de la Unidad contra la Violencia Familiar y a los funcionarios de las oficinas de denuncias.El documento aclaraba que los casos reportados dentro de relaciones como: noviazgo, amantes, exnovios, examantes, que no convivieron o conviven, no forman parte en ningún grado de parentesco y afinidad, y no son familia, por lo tanto, ninguno configura un hecho de violencia familiar.También añade no todo conflicto de parejas reúne los elementos para encajar dentro de la citada figura, mientras no exista un ámbito de convivencia en el que se hayan instalado deberes, obligaciones y derechos propios de una familia.“La violencia ejercida contra la mujer en el marco de alguna relación sentimental o de otra índole, sin convivencia ni ámbito familiar construido, no aplica al tipo de violencia familiar”, señalaba el instructivo. Sin embargo, todo esto quedó anulado por la Fiscalía General del Estado, a pedido de la Dirección de Gabinete Fiscal, con base en las disposiciones internacionales aprobadas y ratificadas por el Paraguay.	“Es función esencial, indelegable y obligatoria de los Estados, establecer mecanismos para que los fiscales puedan ejercer sus funciones bajo pautas de seguridad propia y de sus familiares, para perseguir la corrupción y el crimen organizado, por lo que solicitamos que se tomen los recursos pertinentes para el efecto”, señala la misiva.En la misma se menciona los tratados y convenciones firmadas por el Estado paraguayo, en los que se garatiza el trabajo de las fiscalías para desarrollar procesos de investigación y acusaciones por delitos. Resalta que el gobierno debe tomar todos los recaudos para proteger la labor fiscal.“Ello llevará el cese de las presiones antes referidas y evitar las protestas antes los organismos internacionales en el marco de las convenciones citadas” subraya también la nota.La protesta de la Federación Latinoamericana de Fiscales sobreviene tras la queja de varios fiscales que recibieron la “visita” de los denominados escrachadores, que ejercían presión a favor de resoluciones a favor de determinados procesos.