La eventual modificación del Art. 245 del Código Procesal Penal -que habla sobre la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva- acarrearía una serie de desafíos, entre ellos la posibilidad de que 4.000 personas que hoy están privadas de su libertad soliciten de forma inmediata salir de prisión. Esta cifra representa cerca del 25% de la población penitenciaria.	el proyecto de ley que modifica el Artículo 245 de la Ley N° 1286/1998 “Código Procesal Penal”. El citado artículo de la norma establece que “siempre que el peligro de fuga o de obstrucción pueda ser evitado por la aplicación de otra medida menos gravosa para la libertad del imputado, el juez, de oficio, preferirá imponerle en lugar de la prisión preventiva otras alternativas” como son: el arresto domiciliario, la vigilancia permanente, la comparecencia regular ante un magistrado, la prohibición de salida del país, entre otras.La eventual modificación de este apartado permitiría -entre otras cosas- dejar sin efecto la disposición que establece que las personas imputadas por la comisión de hechos punibles catalogados como crímenes (con penas privativas de libertad superiores a los 5 años) no pueden acceder a medidas alternativas a la prisión.El abogado Enrique Kronawetter, representante del Ejecutivo en la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario, en entrevista con la 970 AM habló sobre este tema y sostuvo que al no aplicarse la prisión preventiva se respeta la presunción de inocencia del imputado, sobre todo considerando que uno es inocente hasta que exista una sentencia condenatoria.El mismo recordó que el Art. 245 del Código Procesal Penal había sufrido dos modificaciones. La primera se llevó a cabo en el año 2004 cuando se estableció que en los casos de hechos punibles que “atenten contra la vida o la integridad física y que sean considerados como crímenes” no se podían conceder medidas alternativas ni sustitutivas a la prisión. La segunda fue en el año 2011 cuando se estableció que el “catálogo” de hechos punibles que prohibían conceder este tipo de beneficios abarcaba no solamente a los crímenes contra la vida o la integridad física sino a todos los crímenes en general.A su criterio, cuando se habla de medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva tienen que estar dadas las condiciones para que el juez pueda decretar dicha disposición y recién después de ahí evaluar si impone esa o alguna otra medida al imputado.El proyecto aprobado ayer en Diputados permite volver al texto original de la Ley 1286/98 y, por consiguiente, suprime el catálogo de delitos que no se configuran para aplicar medidas alternativas a la prisión, recordó Kronawetter.En caso de que finalmente sea promulgado el proyecto de ley por parte del Ejecutivo, el abogado considerado que podrían presentarse una serie de desafíos en material penal y judicial. Uno de ellos -y quizás el más importante- sería la cantidad de personas que eventualmente pedirían salir en libertad de forma inmediata.Según Kronawetter, existe una gran cantidad de presos que ya cumplieron con la pena mínima y que ya deberían salir en libertad en caso de aplicarse la modificación de la ley. Según estimaciones, serían alrededor de 4.000 las personas que se encuentran en esta situación.Según	, en la actualidad existen cerca de 17.000 personas privadas de libertad en las distintas cárceles del país, por lo que esta cifra representa casi el 25% de la población penitenciaria.Otro de los desafíos que sobrevendrían con esta medida es la gran cantidad de audiencias de revisión que tendrían que llevarse a cabo para analizar los casos de personas privadas de libertad que pidan salir de prisión, lo cual -a su criterio- sería imposible por la sobrecarga de trabajo de los jueces. La modificación del Código Procesal Penal también acarreará una importante inversión presupuestaria -indicó-, dado que existe la posibilidad de que aumente la carga de trabajo para varios funcionarios que se verán forzados a hacer horas extra. Asimismo, se necesitarán más recursos en caso de que lleguen a utilizarse los grilletes o pulseras electrónicas para controlar a las personas con prisión domiciliaria.	El accidente sucedió poco después de la medianoche, sobre la Avda. General Santos en su intersección con Ecuador, según detallaron los agentes intervinientes a la 970 AM.Un automóvil Toyota Alex de color blanco que circulaba aparentemente a gran velocidad perdió el control al tratar de esquivar el bache y terminó con las ruedas arriba.Irán Guillermo Giménez es la víctima del percance y fue socorrido por bomberos voluntarios. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro. El vehículo quedó totalmente destrozado a consecuencia de los golpes que sufrió en el vuelco. Vecinos de la zona aseguran que los percances son una constante en este tramo, pues además de la alta velocidad, el bache de este punto hace que los conductores realicen una maniobra repentina terminen en un accidente.	El taxista Francisco Brítez señaló que el miércoles lamentablemente hizo loas a los criminales epepistas y pidió la ejecución de los periodistas que cuestionan al “enjambre amarillo”. ”Fue un exabrupto de mi parte al haber dicho: viva el EPP. Estamos siendo atacados inmisericordemente por los trabajadores de prensa”, indicó.En charla con las radios 650 AM y 1080 AM, el trabajador dijo que está pasando por un mal momento, porque tiene una hija enferma y ahora le están recortando el 50% de sus ingresos. “Si esto sigue así, tendré que ir a pedir un subsidio al Estado como los sojeros y campesinos“, remarcó.“Dentro de poco los transportistas también van a hacer sus manifestaciones, cuando esta plataforma también meta sus propios buses”, advirtió Francisco Britez.“No reivindicamos ningún grupo criminal”, expresó a Unicanal por su parte Danilo Pereira, del Comité de Crisis. Además, Arístides Morales (también de APTA) justificó que su colega Brítez está pasando un mal momento personal y que se dejó llevar por un momento de ira. El fiscal Federico Delfino, de la Unidad Especializada contra la Libertad de las Personas, consideró que los términos lanzados por Brítez podrían ser investigados como apología del delito.“Los periodistas son inhumanos, por eso digo ¡Viva el EPP!”, así Francisco Brítez (secretario general de APTA) se expresaba tras presentar minuta para regular las funciones de MUV y Uber en Asunción ante el pleno de la Junta.	Juan Alberto Rádice Schmidbauer es el nuevo consejero en la Embajada de Paraguay ante la República Oriental del Uruguay, mientras que Héctor Ricardo Lacognata es ahora el ministro de la Embajada de Paraguay ante el estado plurinacional de Bolivia, según el decreto firmado por el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez.Rádice había sido imputado por su participación en el incendio del Congreso, acontecido el 31 de marzo del 2017. El colorado aparece en imágenes de circuito cerrado, cuando ingresó para destruir equipos informáticos y generar disturbios.Además, su hijo Jorge también fue fotografiado en plena destrucción de una patrullera. Ambos están sindicados de atacar el móvil del entonces candidato de Honor Colorado, Santiago Peña.Por su parte, Héctor Lacognata, excanciller de la era Fernando Lugo, había renunciado al cargo tras ser acusado por la Fiscalía de recibir doble remuneración: una como ministro de Relaciones Exteriores y otra como miembro del consejo administrativo de Itaipú Binacional El caso quedó archivado después de que Lacognata devolviera 60 millones de guaraníes y donara 20 millones de guaraníes a instituciones de beneficencia. El Código procesal penal prevé una sanción de hasta dos años de cárcel o multa por el cobro indebido de honorarios.