A criterio del presidente del Colegio de Abogados del Paraguay (CAP), la terna para la Corte Suprema de Justicia no puede ser devuelta al Consejo de la Magistratura debido a que el proceso de conformación de la misma ya precluyó. Por ende, tendría que reiniciarse todo de vuelta en caso de que el Senado no confirme a ninguno de los tres candidatos.	en la que se hizo la ponderación de los postulantes, refirió que ese fue “un error político y estratégico” debido a que existe un proceso de transparencia en las postulaciones que se ve afectado.Galeano recordó que en uno de los anteriores procesos de conformación de terna -específicamente el que culminó con la designación de la ministra Miryam Peña- se dieron críticas importantes justamente por la falta de claridad y, tras muchos esfuerzos y varias acciones promovidas, finalmente se logró que toda esa información del proceso de selección de ministros para la Corte pueda volverse pública.“Hay una progresiva línea de transparencia en todo este proceso y la sociedad no está dispuesta ya a transigir, por eso hablo de un error político. La ciudadanía se ha empoderado de la transparencia y no está dispuesta a retroceder en ello y está exigiendo cada vez más”, afirmó el titular del CAP.Galeano sostuvo que la terna para la Corte no puede ser devuelta al Consejo de la Magistratura, tal y como	, debido a que el Senado no tiene la facultad para tomar dicha decisión. De igual manera, indicó que al momento de reunirse el número mínimo de senadores para tener quórum en la sesión ya no se puede hablar de una ilegalidad en caso de que se termine eligiendo a uno de los ternados.Si no se reúne la mayoría prevista constitucionalmente en el Senado, eso no implica la devolución de la terna sino otra situación jurídica distinta, según explicó. En ese caso, se tendría que concluir el proceso y reiniciar todo de nuevo, tal y como ya ocurrió en ocasiones anteriores. La figura jurídica adoptada en este contexto es la “preclusión”, que implica que una etapa superada no puede ser reabierta sino una vez concluido el proceso y reiniciado otro, de acuerdo a lo expresado por el abogado.	Norma Gauto, miembro del Consejo de Administración de la Cooperativa Villa Morra, indicó que ayer las funcionarias hicieron una manifestación para respaldar a su compañera que expuso el supuesto acoso sistemático de David Lurachi, quien ante la presión optó por apartarse de ese cargo. En su reemplazo fue electo por unanimidad Bernardo Morel.“Por la presión de las funcionarias y de los socios, menos mal (el denunciado) meditó y presentó su renuncia a la presidencia. Nosotros los consejeros ya le habíamos pedido antes que se aparte hasta que se aclare la situación”, dijo.No obstante, Gauto indicó que Lurachi ahora pasa a formar parte del Consejo de la Cooperativa y resaltó que los demás consejeros no poseen la potestad de echarlo. “Nosotros no podemos apartar a Lurachi del Consejo, lo único que podemos hacer es pedirle que no venga o renuncie”, acotó.Señaló en cambio que la asamblea sí puede destituirlo, así también puede correr la misma la misma suerte si el Ministerio Público lo imputa. En este último caso, Luraschi deberá salir definitivamente del Consejo y asumirá la suplente como titular, según agregó Norma Gauto.Por otra parte mencionó que el Ministerio de Trabajo mediará en el caso de la primera funcionaria denunciante que fue despedida tras el escándalo, luego de ser acusada por un millonario faltante. La entrevistada aseguró que verá con el equipo de auditoría el motivo de la desvinculación. Hace tres meses, cuatro mujeres denunciaron ante la Fiscalía a Luraschi y luego tres fueron a testificar contra él. Se menciona que en total habría 20 víctimas pero muchas no se animaron a contar sus casos por temor a represalias.	Uno de los percances sucedió sobre la ruta II Mariscal Estigarribia, en la zona de obras del Metrobús, donde un automóvil Toyota Ractis de color blanco chocó contra un concreto ubicado en la divisoria de la ruta.Al mando iba Verena Kanonikoff, quien reconoció que recibió una llamada telefónica, la atendió, se distrajo y terminó perdiendo el control del volante, según confirmó a la 970 AM el Crio. Ppal. Cristóbal García.El otro accidente ocurrió a metros de allí, donde un Toyota al mando de Matías Florentín esperaba luz verde, cuando fue embestido por otro automóvil guiado por Jorge Martínez, quien viajaba acompañado de Jorge Matías Vera. Este último rodado terminó volcando, por lo que los involucrados fueron trasladados a un centro asistencial a causa de los golpes que sufrieron.	La Entidad Binacional Yacyretá ordenó la compra vía contratación directa de unas 100 motocicletas para el Grupo Lince. Llamativamente, beneficiaron a la misma empresa que ya había ganado una licitación en enero de este año. Nicanor Duarte Frutos había prometido que durante su administración no se haría ninguna compra directa. Oferentes afirman que si sabían que iban a adquirir 200 motos, las ofertas hubieran sido diferentes y la entidad podría ahorrar más dinero.	La Entidad Binacional Yacyretá, a cargo de Nicanor Duarte Fru­tos, justificó una compra directa alegando un pedido de “urgencia” por parte del Ministerio del Interior para la adquisición de 100 nuevas motos que serán destinadas al Grupo Lince. Hace apenas un mes, el Gobierno entre­gaba el mismo lote de moto­cicletas para los agentes de la Policía Nacional, pero esta partida sí se había realizado a través de una licitación.Al asumir el gobierno de Mario Abdo Benítez, se denunció que el Grupo Lince había quedado sin presu­puesto, lo que ocasionó una importante reducción de la presencia de los agentes motorizados en las calles. Tras las críticas, el Gobierno tuvo que reconocer la situa­ción y ordenó reanudar el acuerdo de cooperación con la Entidad Binacional Yacyretá.Este convenio incluye la com­pra por parte de la binacio­nal de todos los insumos para mantener operativo al Grupo Lince, lo que incluye motoci­cletas, cascos, guantes y pro­tectores. En el marco de ese convenio, el 8 de mayo pasado la Policía recibió una dona­ción de 100 nuevas motoci­cletas para reforzar las labores de control y seguridad en la zona de Asunción y el Área Metropolitana.El propio comandante de la Policía, Crio. Walter Vázquez, adelantó en ese momento que “dentro de poco tiempo” se concretaría la adquisición de más motocicletas para seguir reforzando la labor del Grupo Lince en distintos puntos del país donde opera actual­mente la unidad motorizada.DUDAS SOBRE LA COMPRALa compra de esas motoci­cletas se realizó vía licita­ción pública. La empresa que ganó la licitación presentó la mejor oferta, por valor de US$ 800.000. Llamativamente, a menos de un mes de haber entregado las moto­cicletas, Yacyretá decidió la compra, vía contratación directa, de otras 100 unidades beneficiando así a la misma empresa.Ante esta situación, oferen­tes que se habían presen­tado en la licitación convo­cada en enero señalan que si las autoridades del Minis­terio del Interior y la Policía ya manejaban que necesita­rían más motocicletas, ¿por qué no se incluyó la cantidad realmente necesaria en esa licitación? Esto considerando que si las ofertas de las empre­sas que se presentaron para la licitación de enero hubie­ran sido con base en 200 y no 100, los montos hubieran sido distintos e incluso a un precio mucho más conveniente para la entidad. A mayor cantidad, mejor precio.Este es el prin­cipal reclamo que realizan, por lo que la compra direc­tiva genera una suspicacia en el sentido de que se pudo haber manejado con antela­ción la cantidad real que se iba a necesitar, pero licita­ron 100, para luego en forma directa otorgar las otras 100 a la misma empresa, que lógi­camente teniendo la informa­ción presentó la oferta más conveniente.La empresa en cuestión factu­rará un total US$ 1.600.000 por 200 motocicletas vendi­das a Yacyretá.LA EXPLICACIÓN QUE DA LA EBYDesde la entidad emitieron un comunicado en el que afirman que las motos adquiridas por la EBY para el Grupo Lince son de procedencia japonesa y se compraron por un valor de US$ 8.000 cada una, totalizando 100 motos, mediante un proceso de licitación pública realizado a principios de año, en donde se seleccionó supuestamente la oferta más baja.Señalan que después de esta adjudicación, la Policía Nacional envió dos nuevas solicitudes de compra, en fechas distintas, con un total de 100 unidades por cada pedido. “Ambos documentos llegaron con carácter de ‘urgencia’. La provisión podía ser hecha de forma directa por el Comité Ejecutivo Binacional, según dis­posiciones internas de la EBY, ya que correspondían a la oferta más baja resultante”. Agregan que lejos de una sobrefacturación, la binacional ase­gura que existió un ahorro de US$ 666.000 con las 300 motos adquiridas por la actual administración, en relación con las ope­raciones de directores anteriores.