El Ministerio Público envió un informe erróneo desde su oficina de prensa. La semana pasada informó sobre una acusación con pedido de juicio oral, pero resulta que el requerimiento conclusivo hace alusión a un pedido de sobreseimiento provisional. El proceso es por los supuestos hechos punibles de privación de libertad, extorsión y coacción en contra el suboficial de Policía, César Horacio Medina; la abogada Rocío Doldán González y el falso militar Walter Raúl Medina Rojas por. Según los datos oficiales de la Fiscalía, en el requerimiento conclusivo fue presentado por la fiscal Nilsa Torales, quien interina la Unidad Antisecuestro en ausencia de su titular, Zunilda Ocampos Marín se le acusa a los procesado y se pide sus juzgamiento en juicio oral y público. Sin embargo, la defensa de los procesados aclararon que en realidad fueron beneficiados con sobreseimiento provisional, según consta en copias de documentos. De acuerdo con los antecedentes, los hoy acusados cometieron supuestamente los hechos punibles el 16 de marzo del presente año, en perjuicio del ciudadano brasileño Francisco Eduardo Perrot Mattos, en el interior de la firma comercial Mobile Zone Internacional Import-Export S.R.L., situada en la galería Jebai Center, donde el extranjero trabajaba como personal técnico.En aquella oportunidad, los supuestos autores llegaron junto a Perrot Mattos en su lugar de trabajo y lo acusaron de un faltante de mercaderías por valor de 30 mil dólares americanos en la empresa y que si no pagaba dicha suma o no devolvía los productos, lo llevarían preso. La abogada Rocío Doldán, quien es la asesora jurídica de la firma Mobile Zone, se hizo pasar presuntamente como funcionaria fiscal y despojó de sus documentos personales y el teléfono celular a la víctima. Seguidamente, el agente del orden quiso esposarlo, pero el empleado se negó, aunque accedió a ser trasladado al Ministerio Público. Acto seguido, el extranjero fue alzado en una camioneta doble cabina, de color blanco, que estaba al mando de Walter Medina, un reservista de la Marina, pero que se hizo pasar supuestamente por militar, y con el acompañamiento de dos agentes policiales se dirigieron supuestamente con destino a la Fiscalía. Sin embargo, la víctima fue llevada a un sitio desconocido con verja de hierro y encerrada a la fuerza en un recinto, tipo calabozo, según denunció en su momento. El lugar donde fue privado de su libertad irregularmente Perrot Mattos, sería una empresa de seguridad privada, perteneciente al policía César Medina. Allí, nuevamente el extranjero fue amenazado presuntamente de muerte con arma de fuego para pagar la suma de 30 mil dólares o que devolviera las mercaderías supuestamente sustraídas.El brasileño declaró que en todo momento se negó a pagar la suma exigida, considerando que no cometió ninguna irregularidad, según dijo. No obstante, ante las repetidas amenazas de que lo matarían, el mismo asumió la deuda y acto seguido lo trasladaron hasta una escribanía, donde le hicieron firmar una deuda de 13 mil dólares a favor de la firma Mobile Zone Internacional, que debía pagar el 18 de marzo del mismo año y como garantía de cumplimiento dejó depositado su automóvil, de la marca Chevrolet Onix, año 2016, a favor de la empresa en cuestión. Tras la firma del acuerdo, el hombre fue liberado por los supuestos raptores. Luego de la denuncia, el Ministerio Público inició la pesquisa, que derivó en la imputación de las tres personas, quienes fueron plenamente reconocidas por la víctima como responsables de los hechos mencionados. La Fiscalía Antisecuestro, tras 6 meses de investigación, presentó el pedido de sobreseimiento provisional.