En diciembre de 2014, Myriam del Pilar Chávez hizo la denuncia por la pérdida de su cédula. En enero del 2015, notó que le comenzaron a descontar su salario, aunque al ser poco el monto que le disminuían, no le dio importancia. Sin embargo, la bomba explotó en el mes de abril, cuando no podía recibir la totalidad de su salario.La docente del Colegio Nacional de la Capital (CNC) comenzó a hacer las averiguaciones y constató que figuraba como deudora en numerosas casas de electrodomésticos. “Hago las investigaciones y saltan compras en 65 casas comerciales, siendo que yo nunca hice transacciones con ninguna”, indicó. “Terminaba cobrando 5.000 guaraníes. Esto fue durante el 2015 y 2016“, contó.Ante esta situación recurrió primero al Ministerio de Educación para que paren los descuentos. Luego fue a la Fiscalía, donde los investigadores pudieron comprobar la veracidad de su denuncia e instaron a las casas comerciales a reembolsar a la afectada.“Pasé súper mal, me trataban de sinvergüenza porque cómo podía negar lo que hice. Pasé muchos malestares y disgustos. Muchas personas no creen todavía que esto es posible. No saben lo estresante que fue, yo ya no quería saber más nada”, indicó a radio Monumental. Tras las indagaciones, se llegó a la autora de esta estafa: la señora Elena Zárate, quien era en ese entonces funcionaria administrativa del Colegio Nacional de la Capital. Esta mujer robó la cédula de Myriam, compró electrodomésticos y pidió millonarios préstamos. Fue posible llegar a ella mediante su huella dactilar. Recién luego de esto los vendedores de las casas comerciales la reconocieron. “Ella era mi compañera de trabajo, era funcionaria administrativa en el Colegio. En el juicio me enteré que no era docente. Teníamos un relacionamiento de compañeros de oficina, no era mi amiga. Algunas gestiones sí hacíamos juntas. Creo que hizo esto (la estafa) entre enero, febrero y marzo del 2015”, contó la afectada.De las 65 casas comerciales, solo 17 fueron a juicio oral, por un valor que superaba los 180 millones de guaraníes. La docente denunciante explicó que la Fiscalía le recomendó cerrar en esa cifra la investigación contra su compañera de trabajo por los plazos procesales de la causa. En los demás casos se hicieron conciliaciones con las empresas y le tuvieron que devolver el dinero.“Con mi cédula hizo las gestiones, no le cambió siquiera la foto. No nos parecemos, pero en la cédula no se observa bien tampoco. Las dos somos gordas y ella pudo cambiar el pelo. No se percataron los vendedores y no hicieron los filtros necesarios”, sostuvo y afirmó que no se descubrió ninguna complicidad de las casas comerciales. Luego de cinco años, la funcionaria Elena Zárate fue condenada a pasar 4 años y seis meses en prisión. Ahora, su víctima le hará un juicio civil por los daños ocasionados. “Nunca más hablamos, ella no dijo una sola palabra en el juicio”, acotó la docente. Myriam del Pilar lamentó por último que su denuncia de extravío de documento no impidió que sea utilizada su identidad para esta estafa.	Un numeroso grupo de empleados de la firma Aceros del Paraguay S.A. (Acepar) llegó en la jornada de ayer hasta Asunción para iniciar una serie de manifestaciones frente a la sede de la Procuraduría General de la República.Los trabajadores de la fábrica siderúrgica, ubicada en la localidad de Villa Hayes, solicitan una intervención del gobierno para lograr la reactivación de la empresa y así recuperar sus puestos de trabajo.Como medida de fuerza, en la tarde de ayer realizaron un bloqueo intermitente sobre la Avda. Mariscal López. Igualmente, uno de los manifestantes decidió iniciar una huelga de hambre, a fin de poner de manifiesto sus reclamos.Arnaldo Cabrera, uno de los funcionarios de Acepar, indicó al canal GEN que cuestionan la inacción del gobierno dentro de la empresa estatal y piden al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que pueda intervenir de manera directa para solucionar el problema que los afecta.Alrededor de 570 personas trabajaban directamente en la fábrica cuando aún se encontraba operativa, aunque muchas más son las afectadas de manera indirecta a raíz de la paralización de la misma, mencionó.Recordó que cuando aún se encontraba en campaña presidencial, Abdo Benítez se había comprometido con los trabajadores para levantar la siderúrgica e inclusive utilizó como frase de su discurso que “una empresa emblema como Acepar no podía estar parada”.Desde hace 8 meses se vienen manteniendo conversaciones con representantes de la Procuraduría para dar solución al problema, aunque hasta el momento no se ve la ejecución de esos trabajos, indicó Cabrera. Los manifestantes no descartan seguir con los cierres intermitentes sobre la avenida Mcal. López e inclusive llegar a medidas más extremas.	El operativo se llevó a cabo sobre las calles General Bernardino Caballero casi Sargento López Godoy, jurisdicción de la Comisaría Centro 8ª de Capiatá.Los efectivos del grupo Lince hacían un recorrido de rutina en el que intentaron verificar a un hombre en moto, quien en lugar de detenerse aceleró la marcha y encendió la alarma de los uniformados, quienes iniciaron una persecución.Los agentes tuvieron que hacer un giro en U para poder alcanzar al sospechoso, quien ingresó a una calle de contramano para zafar de los policías. Víctor Hugo Alvarenga Ferreira (26), con antecedentes por robo agravado año 2016 es el detenido. En su poder encontraron un revólver calibre 38 de procedencia argentina, con cinco cartuchos sin percutir. La motocicleta de la marca Star en la que iba también fue requisada.	María Alejandra Torres, infringió las normas del reglamento interno al publicar en su Facebook un meme que atentaba contra la “dignidad” del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.Es por ello, según confirmó el Teniente Coronel Robert Gwynn, director de Comunicación Social de la Fuerza Aérea Paraguaya, que a la misma se le impuso una sanción de 45 días de arresto, aunque no estará en una celda, sino que en un pabellón normal.En charla con la 780 AM, el militar mencionó que la misma cumplirá sus actividades normales en la unidad militar donde se desempeña, pero que terminado el horario laboral no va a poder salir ni siquiera los fines de semana hasta que cumpla su pena. Además la misma estará en libre comunicación y podrá recibir visitas.Gwynn señaló que la disciplina es el pilar de la fuerza militar, por lo que es imperioso el respeto hacia las autoridades. “Ella sabía que incumplía las normas. En las FF.AA. ocurrieron casos similares de memes o imágenes de burlas. Ellos saben que serán sancionados”, aseveró.Comparó esta situación con una empresa privada, al mencionar que si un trabajador despotrica contra un directivo de la empresa, se “ligará un estirón de orejas”. “Es lo mismo que nosotros; tenemos nuestras normas”, esgrimió. Esta sanción quedará en el legajo de la sargento Torres y podría afectarla cuando quiera ascender de grado. La misma ya fue arrestada en el pasado por uso indebido del uniforme militar.