Una iniciativa de mujeres organizadas apunta a frenar la violencia contra las mujeres que también se ejerce a través de mensajes agresivos con la colocación de pasacalles. Invitaron a cambiar la reacción de verlo como algo normal y chistoso e interpelarse sobre el daño que puede provocar en la víctima y no viralizar el hecho.	La colocación de un pasacalles con un mensaje agresivo es una manifestación que busca humillar a una persona que queda expuesta debido a que inmediatamente son viralizados siendo este un tipo de violencia, la psicológica.La persona que se sienta afectada por este tipo de situaciones puede buscar una sanción legal, es posible ya que la persona agresora que se esconde detrás del mensaje puede llegar a ser identificada, señala la abogada Michi Moragas, activista por los DDHH. En estos casos la víctima puede entablar una querella por difamación y calumnia. “Se puede hacer una acción penal si la persona que hizo puede ser identificable porque lo penal es una responsabilidad personal”, explica Moragas.Un caso reciente que tomó estado público por ser viralizado en redes sociales nuevamente abrió el debate sobre los tipos de violencia y las reacciones de las personas frente a estos hechos que son normalizados y por lo general denigra el nombre de la persona nombrada.Sobre el punto, la abogada indicó que lo que debe ocurrir para erradicar la violencia contra las mujeres es que la acción encuentre un entorno desfavorable que no tolere este tipo de actos. La violencia no es un tema privado por lo que debería importar a todas las personas y considera que es una responsabilidad social la manifestación frente a este tipo de casos.Destacó la importancia de que para estos casos se active la protección empresarial si el caso ocurre en el ámbito laboral, dando como ejemplo que existen muchas posibilidades de actuar y garantizar la protección de la persona afectada.“Existe una obligación de protección en el entorno laboral de las empresas y esto no debería haber pasado, hay guardias, personas que entran y salen y se supo que estaba allí, lo ideal hubiera sido que se baje e iniciar una investigación interna porque se puede saber quién mandó hacer ese mensaje”, indicó.Fuera o no una cuestión de jerarquías en caso que se trate de una persona del entorno laboral, la empresa debe brindar protección y realizar las sanciones correspondientes.Para ello debe contar con un protocolo de protección en estos casos y cada empresa tiene la obligación de contar con uno y que se active ante estas situaciones.“En estos casos lo que una quiere muchas veces es sentirse segura independientemente a la sanción o cárcel sino que sentar postura y que se sepa que los lugares no van a tolerar la violencia”, agregó. Este tipo de violencia se tolera, es común, se toma como algo chistoso y la persona agredida siente que nadie se hará cargo de lo sucedido y es cuando el entorno debería mostrarse favorable y ser socialmente sancionador, agregó Moragas.“No hay acción sin reacción”Por su parte, Flavia Borja activista, feminista y secretaría de DDHH y Género del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) explicó que ante un nuevo caso de este tipo un grupo de mujeres organizadas decidió pronunciarse confeccionando un pasacalle con un mensaje de repudio frente a la agresión que decía: “Estamos hartas de las agresiones hacia las mujeres”.“La acción está dirigida hacia la necesidad de que hablemos de un tema que es muy común y violento y del que no medimos el impacto que puede tener en la persona nombrada. Por eso nos movilizamos, reunimos el dinero y preparamos el pasacalle con el mensaje que colocamos en un lugar céntrico en respuesta al mensaje violento”, señaló.Por lo general, los pasacalles que son utilizados para agredir hacen referencia al cuerpo, la sexualidad o la vida de las mujeres que son el principal blanco de este tipo hechos.“Cada vez que alguien paga por un pasacalles para agredir estamos perdiendo todos como sociedad, porque genera en el colectivo un respaldo a la violencia porque es visto como algo común y les pasa a las mujeres y lo que creemos es que no le tiene que pasar a alguien cercano para darnos cuenta del mal que hace esto”, apuntó Borja.Instó a que cada persona se interpele y se hay que interpelarse si a uno le gustaría o cómo se reaccionaría si le ocurre a alguien de su entorno o a uno mismo. “Entiendo que es un trabajo pero el rubro de la serigrafía podría interpelarse sobre el tema y pensar qué pasaría si aparece un cartel como el que preparó dirigido a las mujeres de su entorno. Queremos llamar la atención de todos de cómo reaccionarían ante esto”, agregó. Borja indicó que la exponer públicamente así a una persona es una violencia que no deja moretones visibles pero sí afecta emocional y psicológicamente y crea inestabilidad en la víctima. Las redes sociales son un espacio donde se alimenta mucho el morbo y abogó por el uso responsable de estos espacios y analizar si cada uno las utiliza con un objetivo noble o solo para hacerle mal a los demás.Lo ideal es que se ponga de moda el apoyo, la defensa y el cuidado entre mujeres, indicó la periodista y que cada mujer pueda organizarse en el espacio que le toque estar.“No te quedes para quitar la foto y compartir si ves un pasacalles con un mensaje violento, si podés quedarte que sea para bajar el cartel. La idea es que las mujeres nos apoyemos organizadamente en los espacios que nos toque y que sea cada vez con más fuerza, hacer contención colectiva a las personas víctimas de estos hechos, eso siempre será positivo. Las mujeres somos muy poderosas y podemos cambiar realidades, aportando ideas y respondiendo con mucho amor a esta violencia que nos mata todos los días”, puntualizó.	Este martes comenzó la etapa final del juicio oral contra el líder del EPP, Alcides Oviedo Brítez, procesado secuestro, asociación terrorista,, extorsión, extorsión agravada, apología al delito y otros.Por estos hechos punibles, los fiscales Joel Cazal y Javier Ibarra solicitaron al Juzgado una pena de 30 años, más una medida de seguridad de 10 años. “El Ministerio Público cree que es correspondiente una sanción para las conductas mencionadas, teniendo en cuenta los hechos punibles probados en ese juicio”, declaró Cazal.Por su parte, Oviedo Brítez sostuvo que lo que la Fiscalía recogió fueron testimonios de policías y militares, pero sin ningún fundamento fáctico.“El hecho cierto es que hace 15 años que estoy en prisión, imposibilitado de hacer cualquier cosa y vienen a hacer acusaciones de autoría material”, dijo Oviedo Brítez. Señaló que esta es una clara persecución y que los hechos demuestran que él es un perseguido político y que el juicio es fraguado porque él está a punto de recuperar su libertad.	En los últimos días se concretó la finalización de la Operación “Nueva Alianza XIX”, llevada a cabo en varios puntos estratégicos del decimotercer departamento.Agentes de la SENAD con el apoyo de la Policía Federal del Brasil, la Fuerza Aérea Paraguaya y la Armada Nacional tuvieron a su cargo realizar las tareas de incursión en zonas boscosas para anular los cultivos de marihuana.Tras 12 días de labor, se logró la anulación de 413 hectáreas de plantación de cannabis, así como la destrucción de 103 campamentos ocultos, lo cual equivale a dejar fuera de circulación más de 1.200 toneladas de la droga.Las primeras jornadas de rastrillaje fueron desarrolladas bajo condiciones climáticas adversas, aunque de igual manera los agentes antidrogas pudieron llegar a zonas estratégicas como María Auxiliadora, Alpasa y Cerro Guazú, entre otras.Durante este operativo también fueron localizados e incinerados 81.900 kg de marihuana picada. 880 kg de marihuana empaquetada y 860 kg de semillas, de acuerdo al informe oficial.La mayor parte de las cargas que eran procesadas en estos puntos de acopio eran enviadas posteriormente a los centros de consumo del Brasil, principal mercado de la marihuana producida en nuestro país.Se estima que el perjuicio ocasionado al narcotráfico con la Operación “Nueva Alianza XIX” supera los US$ 39 millones. Cabe destacar que la misión combinada entre Paraguay y Brasil movilizó el interés de Argentina en conectarse al mismo tipo de acciones en el sur del país ya que las pérdidas para los grupos criminales son amplias.	Marcos Domínguez, titular de la Junta Comunal de Barcequillo, en entrevista con Radio La Unión comentó que luego de conversar con varios vecinos del barrio tomaron la decisión de impulsar un proyecto para desanexarse de San Lorenzo.Según refirió, en los últimos tiempos se han sentido abandonados por la municipalidad local, teniendo problemas puntuales como basuras acumuladas, calles y empedrados en mal estado, entre otros.Uno de los puntos más críticos en la zona (y que ha sido objeto constante de cuestionamientos por parte de los vecinos) es la Avda. Avelino Martínez, la cual se encuentra en deplorables condiciones a raíz de los innumerables baches. Justamente este tema ha sido uno de los que ha motivado a que sea impulsado el plan de desanexión.Domínguez destacó que en dicho barrio están instaladas varias empresas importantes, las cuales podrían servir de apoyo en el caso eventual de que persista este proyecto para quedar desafectados del territorio sanlorenzano.El barrio reúne los requisitos que son tenidos en cuenta a la hora de crear un nuevo municipio, como por ejemplo contar con comisarías, hospitales, escuelas, fábricas, además de la cantidad de habitantes necesarios, según afirmó.Adelantó que buscarán la forma de presentar el proyecto en el Congreso Nacional y conversar con algunos parlamentarios que los acompañen en la iniciativa, además de impulsar en paralelo una campaña comunicacional para informar sobre los detalles al resto de los habitantes.El poblador sanlorenzano admitió que son conscientes de todo lo que deberán enfrentar a partir de ahora al impulsar esta propuesta, aunque se mostró optimista y esperanzado en que todo saldrá bien. Domínguez confirmó que ya lograron conversar con algunas autoridades municipales de San Lorenzo y existen quienes están a favor y en contra, aunque -a su criterio- el mayor apoyo que van a conseguir es “el de gente” para poder tener la presión suficiente a la hora de proponer la desanexión de Barcequillo.