La argumentación central del legislador, según dijo, es que “no vamos a tener éxito con este modelo. Hay una crítica generalizada de la gente de la zona”. A su criterio, deben buscarse otras alternativas para ayudar a los habitantes del Norte y acabar con las acciones criminales del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y del Ejército de Mariscal López (EML).	Poco después, representantes del Servicio Paz y Justicia Paraguay (Serpaj) presentaron una nota al Senado apoyando la propuesta de Santacruz. Un directivo de la entidad, Vidal Acevedo, dijo que en seis años la FTC solo tuvo “magros resultados” y, con el costo económico que representa mantener a la fuerza conjunta, lo oportuno es derogar la ley que la creó y buscar alternativas para proteger a los departamentos del Norte.	Este es un tema bastante difícil y complejo porque las propuestas de solución rápida y sencilla carecen de un sustento real. Eliminar la FTC y esperar que una mayor ayuda del Estado al desarrollo socioeconómico de la zona sea suficiente para terminar con los grupos criminales que operan en la región es un planteamiento simplista que roza lo infantil.	En nuestro caso, tanto el EPP como el EML son bandas armadas, ideológicamente muy identificadas con la izquierda radicalizada y, como si eso fuera poco, con fuertes vínculos con los grupos mafiosos que controlan la producción y tráfico de la marihuana en la zona. Estos grupos se mantienen mediante el amedrentamiento a los productores agrícolas y el secuestro extorsivo de personas de buena posición económica, llegando incluso al asesinato si así lo consideran pertinente.	Es cierto que los efectivos de la FTC han obtenido magros resultados y que muchos militares y policías han fallecido en la misión de eliminar a las bandas criminales. Pero, borrar del Norte a la FTC significaría dejar el campo libre para que las bandas armadas amplíen sus fechorías y aumenten su influencia en la zona. Ninguna guerra se gana retirándose del campo de batalla.	Lo que en verdad se necesita es realizar cambios importantes en la estructura, el funcionamiento, el modus operandi y el necesario equipamiento de las fuerzas combatientes. La única solución definitiva al problema del EPP y del EML es acabar con sus integrantes u obligarlos por la fuerza a deponer sus armas y entregarse a la justicia.