También presentó en el Parlamento, controlado por el oficialismo, una propuesta de reforma a la Ley de Concertación Tributaria, que eleva el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto Selectivo al Consumo, así como las rentas de actividad económica, de capital y ganancias, entre otros, con el fin de recaudar recursos tras la fuerte caída de la economía a causa de la crisis.	Los diferentes agentes económicos, que consideran esas medidas de “carácter recaudatorio”, han advertido una mayor debacle económica. “Hay empresas que ya no van a poder seguir operando”, aseguró el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep), José Adán Aguerri, que auguró mayor desempleo y pobreza con esas medidas.	El deterioro económico experimentado en 2018 y el que se espera en 2019 no se puede revertir con medidas económicas, porque su origen radica en la crisis política y socioeconómica que vive el país, argumentó, por su lado, la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) en un estudio.	El Senado estadounidense aprobó el proyecto de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, conocida como Nica Act, que contempla restricciones a los préstamos otorgados a Managua por instituciones financieras internacionales donde Estados Unidos tiene voto, exceptuando el financiamiento a proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas de los nicaragüenses.	Entre 1985 y 1989, durante el primer régimen sandinista, el PIB de Nicaragua decreció 11,9%, 14,1%, 1%, 36,4% y 31,1%, en ese orden, según cifras del Banco Central. Después de esa fecha, los otros años en que la economía nicaragüense ha terminado en números rojos son en 1993 (-4,4%) , 2002 (-3,2%) y 2009 (-2,8%). Antes de la crisis sociopolítica, Nicaragua era el país de la región, después de Panamá, con mayor crecimiento.