El puesto policial 18 Cadete Boquerón del Departamento de Amambay reportó la denuncia del hijo del hombre, Edith Bello. El mismo señaló que a las cinco de la mañana entre cinco a seis hombres encapuchados ingresaron a la vivienda y a punta de arma de fuego llevaron a su padre, madrastra y a él.Posteriormente en un bosque de las inmediaciones -conforme relató Edith- le soltaron a el y llevaron a los demas, expresando que era un secuestro y que exigían el pago de 100,000 dólares para el rescate.La primera denuncia se formuló en la comisaría 4 de Capitán Bado.Intervienen en el caso el Fiscal Hernan Mendoza , personal de Investigaciones a Cargo, Personal de la Cria 4ta. Capitan Bado, y personal del Puesto Policial Nro 18 a Cargo del Sub Crio Edgar Cabellero. La División Antisecuestro de la Policía también participa de los operativos. No se descarta hasta ahora ninguna hipotesis. Se levantaron algunos elementos de la vivienda y alrededores para establecer posibles conexiones del hecho.También se están analizando los cruces de llamadas que se dieron entre los aparatos de las victimas-	El director de la Dinatran, Juan José Vidal, entregó al Senado el dictamen respecto a algunos puntos que debería contener el proyecto de ley para reglamentar los servicios de transporte alternativo a través de aplicaciones como MUV y Uber.Al respecto, la Dinatran sostiene que también exista una vigencia temporal para la adecuación de las unidades; además plantea que se incluyan sanciones en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos del proyecto de ley. Asimismo hace referencia a los vehículos adscriptos que el proyecto no contempla que los propietarios de los automóviles estén registrados en dos o tres plataformas de intermediación digital, razón por la cual dificultaría la Base de Datos o al Registro, ya que el propietario estaría figurando en varias plataformas.Esta semana la Junta Municipal de Asunción aprobó el proyecto de ordenanza que regula la prestación de servicio de Uber y Muv. Por otra parte otra propuesta de reglamentación se encuentra actualmente en el Congreso Nacional.	Además, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió esta semana al Gobierno que mejore las condiciones de los internos y evite el uso excesivo de la prisión preventiva.El comisionado del MNP, Dante Leguizamón, comentó que desde esa institución ven “satisfactorio” el proceso emprendido con la modificación, promulgada el pasado 19 de julio por el Gobierno, de la normativa que se venía aplicando.La ley promulgada por el Ejecutivo volvió a la redacción original del artículo en cuestión, el 245 del Código Procesal Penal, para dar de nuevo al juez esa competencia y que decida si corresponde la prisión preventiva o la imposición de medidas alternativas.Antes de esa modificación, el juez se veía obligado a imponer la prisión preventiva en casos de crímenes, lo que desembocó en una superpoblación de los centros de reclusión y en el encarcelamiento de personas sin una sentencia en firme.Los datos del MNP manifiestan que siete de cada diez hombres y seis de cada diez mujeres privados de libertad se encuentren procesados y todavía no cuenten con una condena.Leguizamón recordó que el MNP reclamaba desde 2013 la derogación de esa normativa, ya que “restringía las posibilidades de que el juez analice la pertinencia o no de la prisión preventiva”.“Nosotros creemos que hay una gran cantidad de personas privadas de libertad por hechos punibles que no corresponden con la prisión preventiva”, insistió el comisionado del MNP.Las estimaciones del Ministerio de Justicia apuntan a que con estos cambios podrían quedar en libertad unas 4.000 personas, una cifra que ha generado cierta alarma entre la población.Para Leguizamón, no existe motivo de preocupación ya que “esas personas no deberían haber ingresado en prisión” y deberían haber seguido “su proceso en libertad”, hasta que se demostrara si son inocentes o no.Además, la potencial puesta en libertad de esos 4.000 presos no será inmediata, ya que otra ley promulgada por el presidente, Mario Abdo Benítez, el mismo día que la anterior, estipula plazos para que no se produzca una liberación masiva y que el juez pueda evaluar caso por caso.De esta forma, en lugar de tener 48 horas para convocar a una audiencia, tendrá cinco días hábiles.Además, si el abogado del recluso presenta un urgimiento de pronto despacho para la resolución ficta (automática), en vez de 24 horas tendrán que pasar diez días hábiles, según explicó la semana pasada a los medios el asesor legislativo de la Presidencia, Hernán Huttemann.No obstante, estos cambios de los artículos 129, 141 y 251 del Código Procesal Penal, relativos a los plazos, solo regirán hasta el 31 de enero de 2020.Leguizamón recalcó que aunque desde el MNP valoran de forma positiva los esfuerzos de los poderes del Estado por paliar la situación de emergencia de las cárceles, temen que se quede solo en propuestas temporales.“Por ahora, se están tocando medidas que son urgentes, pero no atacan el fondo del problema”, subrayó Leguizamón.Al respecto, citó como ejemplos la necesidad de implementar políticas de prevención del delito y de abordar otras cuestiones, como el microtráfico de drogas, desde el punto de vista de la salud pública y no desde el Derecho Penal.	En primera instancia se aprobó el proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a presentar toda la documentación del acta bilateral firmada sobre Itaipú con el Brasil y se repudia todo intento de “entrega” de nuestra soberanía hidroeléctrica.El gobierno deberá presentar al Congreso todas las documentaciones requeridas en un plazo de 72 horas. Se insta además al presidente de la Ande y al director de la Itaipú a no suscribir el acta bilateral del 24 de mayo de 2019.El Pleno debate sobre el Proyecto de Declaración, a propuesta de varios Senadores firmantes.	July 26, 2019 Se aprobó también la solicitud de convocatoria a Sesión Extraordinaria para el lunes 29 de julio para las 14:00 horas a los efectos de estudiar el acta bilateral del 24 de mayo con Brasil sobre Itaipú. En dicha sesión extraordinaria se convoca al ministro de Relaciones Exteriores Luis Castiglioni, al ministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens, al presidente de la Ande Alcides Jiménez, al director paraguayo de la Itaipú Binacional, José Alberto Alderete y al embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier Caballero.#Ahora