Desde la Asociación Rural del Paraguay (ARP) alertaron que los invasores de establecimientos boscosos están depredando a razón de medio parque Botánico por día. Los rollotraficantes incluso construyen sus propios puentes para transportar la madera. La institución cuestiona que los ambientalistas hacen la vista gorda a la grave situación que se vive en el campo y solo se manifiestan en Asunción.	Diego Torales, presidente de la Comisión de Defensa de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), manifestó a la radio 650 AM que están viendo con suma preocupación la masiva depredación de las zonas boscosas en el interior del país, la inacción de las autoridades fiscales y la falta de acompañamiento de los conocidos ambientalistas.Detalló que se registra una tala indiscriminada en las reservas de Campos Morombi, ubicadas entre los departamentos de Canindeyú, Alto Paraná y Caaguazú; en el establecimiento Pindó, donde derriban bosques enteros para el cultivo de marihuana, y en el predio de la ganadera Tajy Guasu. Agregó que los malvivientes hasta construyeron ocho puentes sobre el Arroyo Aguaray mi, en Nueva Germania, para transportar los rollos, superando así la capacidad de despliegue del MOPC.	Cuestionó duramente que los ambientalistas son ajenos a la situación en el campo, donde reina la anarquía. “Hay un falso discurso de las organizaciones ambientalistas, dejando de lado a la WWF que sí nos está apoyando. Los demás se van a armar escándalos al costado de una autopista (refiriéndose al Corredor Vial Botánico), pero no van a los lugares donde los recursos en realidad están en peligro. Hasta Calle Última llegan seguro, pero no se van a Curuguaty a salvar la naturaleza”, arremetió. El entrevistado comparó que están depredando a razón de medio parque Botánico por día pero que nadie hace nada al respecto. “Hoy se llega a una situación de anarquía prácticamente en el campo. Pedimos a la Fiscalía que lleve adelante los procesos de desalojo, que destruya los puentes y así protejamos lo poco que queda de esas reservas boscosas”, indicó. Por último, Torales señaló que no existen dudas de que los políticos locales están involucrados en el ilícito, atendiendo a que los rollos van a parar a los aserraderos locales. “No están interesados en preservar la naturaleza. Es categórico que hay autoridades locales que están detrás”, lanzó.	El jefe de Prevención y Seguridad de la Policía Nacional, Crio. Antonio Huerta, confirmó que existe una orden de detención contra Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo.“Una vez que se le agarre se tiene que comunicar a la Unidad de Delitos Económicos y ellos disponen la comparecencia, la hora y la condición”, comentó Huerta en contacto con Universo 970 AM.Posteriormente se deberá comunicar al Juzgado que mediante otro oficio tendrá que disponer dónde quedarán recluidos los procesados. Ramón y Fernando González Daher salieron de su domicilio antes de las 6:00 de la mañana, se presumía, con destino a la Fiscalía, donde según su abogado se iban a presentar a la convocatoria para la declaración indagatoria, en donde decidiría si cumplía o hacía uso de su derecho de abstenerse. Sin embargo, nunca llegaron a destino y actualmente están con paradero desconocido.El Ministerio Público abrió un proceso por usura y lavado de dinero contra Ramón González Daher y Fernando González Karjallo.	De los 300 dólares en compras que hoy se les permite a los turistas brasileños, se aumentará el cupo a 500 dólares.Así lo anunció el jefe de Estado Mario Abdo Benítez y detalló que la medida regirá a partir del 1 de enero en el 2020. “Un trabajo conjunto con Jair Bolsonaro que facilita la integración entre nuestros países”, destacó Abdo en su cuenta de Twitter. La decisión fue tomada de manera conjunta con el Ministerio de Economía del Brasil que también ajusta sus normativas para permitir que sus ciudadanos ingresen con esa cantidad.	La imputación por supuesta omisión de auxilio contra los médicos José Ovando y Óscar Cabrera fue confirmada por un Tribunal de Apelación en el caso que investiga la muerte del niño Renato Rojas Talavera de 2 años en el sanatorio Migone.La convocatoria a audiencia de imposición de medidas cautelares estará a cargo de la jueza Lici Sánchez.La tercera imputada por la misma causa es la Doctora María Fátima Bastos, ya recibió en octubre pasado medidas alternativas a la prisión por parte de la jueza Sánchez. Bastos tiene prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio además, debe comparecer de forma mensual ante el juzgado. Renato Rojas Talavera falleció el pasado 20 de agosto en el servicio de Urgencias del sanatorio Migone y en la imputación se detalla que una de las imputadas, la Doctora Bastos no prestó atención a los dos pedidos de auxilio de la madre del niño, Macarena Talavera y pasaron 74 segundos, es decir, 1 minuto y 14 segundos en los que el paciente no fue asistido por Bastos, Ovando y Cabrera pese a encontrarse en el box de médicos de guardia del servicio.