Varios funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) están trabajando pero sin cobrar sus respectivos salarios a raíz de la falta de la firma de un contrato para el período 2019, según una denuncia realizada a nuestro medio. Se presume que el trasfondo de la cuestión sería la incorporación de gente de confianza del ministro Eduardo Petta.	Un funcionario del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias se puso en contacto con HOY para dar a conocer una situación que se viene registrando en la citada institución.Según manifestó, alrededor de 300 funcionarios de varias dependencias, incluyendo la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), se encuentran aún sin firmar el contrato correspondiente al período 2019.A esta situación se le suma el hecho de que varios trabajadores siguen sin percibir el aguinaldo de diciembre pasado y el salario del mes de enero, todo debido a la falta de un vínculo formal por escrito.El denunciante indicó que desde el MEC les habían propuesto firmar un contrato de solo 3 meses de vigencia (desde enero hasta marzo), sin brindarles una explicación ante el repentino cambio. En años anteriores, todos firmaban contratos de 12 meses, tal y como es costumbre en el ámbito de la función pública. Hay documentos que confirman que varios funcionarios ingresaron por méritos a la cartera educativa y que poseen contratos de 12 meses, lo cual finalmente estaría quedando sin validez ante este llamativo cambio, según afirmó a HOY.El ministro de Educación, Eduardo Petta, habría puesto como justificación que todo esto obedece a un “saneamiento” para regularizar la situación de los contratados que ingresaron al MEC sin concurso, sostuvo el funcionario.“No sabemos cuál es la idea de Petta, pero él tuvo desde agosto para hacer este control de quién está regularizado o quién está en infracción, pero ahora viene en febrero a notificarnos que vamos a firmar por 3 meses”, cuestionó.A su criterio, el ministro de Educación estaría buscando la manera de encontrar espacios para ubicar a su gente de confianza y por ello decidió plantear la cuestión de los contratos temporales. Un grupo de trabajadores ya acudió junto a la coordinadora de la UEPP para conversar sobre este tema y -según mencionó- desde allí les indicaron que primeramente se debe analizar el caso con la Secretaría de la Función Pública antes de darles una respuesta concreta.“Esto no puede ser así, estamos yendo a trabajar sin cobrar y encima nos están queriendo forzar a firmar este contrato de 3 meses”, sentenció el denunciante, quien pidió una pronta solución a la situación que les afecta.	Con ese encuentro, Paraguay y Bolivia pretenden facilitar los intercambios comerciales y convertirse en polos de desarrollo en la región.De hecho, Bolivia logró incrementar el movimiento de mercancías a través de la hidrovía Paraguay-Paraná en un 11 %, hasta un millón de toneladas, entre enero y julio de 2018, según informó en su momento el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).Esa vía fluvial está compartida por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay y permite la salida de los productos bolivianos hacia el Atlántico.Además, Bolivia y Paraguay tienen pendiente impulsar el corredor ferroviario bioceánico, una cuestión que ya trataron el pasado noviembre el ministro de Obras Públicas de Bolivia, Milton Claros, y su par de Paraguay, Arnoldo Wiens, durante un viaje de este a La Paz.Allí también conversaron sobre la construcción de un gasoducto para la provisión de gas natural boliviano al mercado paraguayo, así como la venta de gas licuado de petróleo (GLP).Al margen de los asuntos comerciales, Villamayor y Llanque también trataron hoy cuestiones relativas a la seguridad y la migración, ya que la proximidad entre los dos países facilite los movimientos migratorios y existen importante comunidades de ciudadanos migrantes en los dos países.Tanto el embajador como el ministro coincidieron en la buena relación que existe entre sus presidentes, el paraguayo Mario Abdo Benítez y el boliviano Evo Morales.Abdo Benítez, todavía como presidente electo, viajó a Bolivia en julio de 2018 para reunirse con Morales, con quien conversó sobre su interés de profundizar la cooperación y alianza estratégica de sus países.Por su parte, Morales acudió en agosto de 2018 a la toma de posesión de Abdo Benítez como presidente del país. Sin embargo, todavía no se ha producido ninguna visita oficial a ninguno de los dos países desde que el paraguayo asumió el cargo.	La diputada Kattya González defendió lo resuelto ayer en sesión extraordinaria de la Cámara Baja, donde el pleno aprobó por mayoría absoluta la destitución de Sandra McLeod, sin tener en cuenta la respuesta del TSJE que sigue pendiente, sobre la validez o no de la sesión de la Junta en la que aceptaron la renuncia de Sandra McLeod y designaron en su lugar a Celso Miranda.Al respecto discutió con el periodista Benjamín Livieres cuestionó que la Cámara Baja rompió la autonomía municipal al anular lo decidido en la Junta Municipal de CDE, donde siete de los 12 concejales aceptaron la dimisión presentada por McLeod.	“Eso no tenés que decidir vos, eso es de la Justicia Electoral, sos diputada, no juez, te cuento”, dijo Livieres a la legisladora González, en relación a si era o no válida la sesión de la junta, realizada el lunes pasado fuera de la sala correspondiente.Al respecto, González insistió en que a ella y a los 80 diputados les corresponde juzgar el proceso de intervención y que la decisión mayoritaria de 52 legisladores, fue la que encarriló un proceso que desde un principio no fue pacífico debido a la virulencia que se generó. “Esto culmina recibiendo el informe del grupo interventor que estuvo 60 días y ante la gravedad de lo planteado corresponde consumar la decisión que se dio a través de la destitución”, afirmó.	El abogado Óscar Tuma (p), uno de los frentistas afectados, en entrevista con HOY manifestó que decidieron organizar una manifestación pacífica sobre la bicisenda Iturbe esta mañana para expresar públicamente su descontento.El mismo señaló que tanto él como otros comerciantes y vecinos de la zona se ven afectados por la instalación de este espacio público, el cual hasta ahora no ha logrado cumplir su cometido. “No hay un solo ciclista”, afirmó.A su criterio, este es “un robo de dinero a la ciudadanía” y puede considerarse como “una vergüenza”, pues atenta contra el interés general por sobre el interés particular. Señaló como principal responsable de la situación al intendente de Asunción, Mario Ferreiro.Según mencionó Tuma, el arquitecto Acevedo -quien hizo un trabajo similar en Ciudad del Este- fue contratado para asesorarlos en este reclamo y, en ese contexto, les confirmó que el presupuesto de una obra de esta envergadura es mucho menor al utilizado por el municipio capitalina.Sostuvo que el jefe comunal “debe pagar por lo que hizo” y pidió que el mismo pueda rever su decisión a fin de volver a habilitar la calle Iturbe a los automovilistas.En otro momento, cuestionó a los agentes de la “PMT en bici” que tienen a su cargo controlar que no estacionen vehículos en dicho espacio y afirmó que “el intendente les paga para que se paseen acá”, además de no contar con la debida identificación en sus respectivos biciclos.“La vez pasada estuvimos sentados frente a una de las oficinas y no pasó ni un solo ciclista”, recordó el abogado, quien posee su estudio jurídico frente mismo a la bicisenda. Tuma adelantó que van a continuar con las protestas en el lugar “hasta que se termine esto o que le echemos a Mario Ferreiro",