El diputado Fernando Oreggioni (PLRA) citó como responsables de la firma del Acta Bilateral al presidente Mario Abdo y al ex canciller nacional Hugo Saguier. Afirmó que los 50 años de espera para la renegociación del Tratado de Itaipú prevista para el 2023 no puede quedar en vano por parte del Parlamento.	El presidente de la República Mario Abdo Benítez y el ex Canciller Nacional Hugo Saguier Caballero son los responsables del Acta Bilateral firmado con el Brasil, afirmó el diputado Fernando Oreggioni de acuerdo al informe final de la Comisión Bicameral que dará mañana miércoles.Citó como actores al presidente, el canciller, el embajador y los técnicos que acompañaron. “El embajador es el encargado de la política exterior, tratados internacionales y los técnicos sabiendo la situación nacional lo que se hizo fue acordar lo que quería Brasil, la Constitución es clara no habla de vinculación pero podemos contribuir con la Fiscalía, no agregamos nada ahí están las preguntas, repreguntas y toda la documentación que fue recabada.El informe se entregó al Ministerio Público que tiene varada la investigación, recalcó el legislador. “Con esto no podemos tener ningún margen de maniobra porque todo esto hace que demos señales de qué queremos con los derechos paraguayos en Itaipú para el 2023. Si pifiamos en el Parlamento sería en vano los 50 años de espera”, señaló.Esta situación se puede entender como un llamado de atención al presidente Mario Abdo y “los aliados ocultos del Brasil en la República del Paraguay”, afirmó Oreggioni.“Les saldremos al paso, hay muchos responsables y el que tiene que aclarar porque el presidente también dijo muchas cosas. El pueblo paraguayo en este caso no puede recibir de sus autoridades traición”, indicó. La energía es el principal valor y es el producto estrella del país y está mal manejado, según el legislador y el informe entregado es una contribución para que nunca más suceda una situación como esta.	El viceministro de Tributación, Oscar Orué afirmó que la ley establece que hasta el 50% del cobro de multa se distribuye entre funcionarios, lo que se denomina participación de multa y es una práctica que permite nivelar los salarios de funcionarios.En este 2019 al cierre de setiembre ya se pagó un 80% a 800 funcionarios que reciben un monto de acuerdo al cargo que ocupan; un director puede recibir hasta 60 millones de guaraníes anuales y un funcionario de menor rango 35 millones de guaraníes.“No podemos hablar de algo desproporcional y eso atacamos, había pagos injustos como que un funcionario cobraba 200 millones de guaraníes al año y reorganizamos. El legítimo el reclamo que digan que es injusto pero Tributación es lo que es gracias ala distribución de multas y hace 15 años el nivel de corrupción es cero y el sistema está tan bien hecho tanto en informática como en procedimiento que si alguien quiere coimear tendrá que hacerlo con 400 funcionarios”, agregó en contacto con la 730 AM.Sobre las multas, Orué afirmó que podrán ser eliminadas pero para ello se debe dar un equilibrio salarial acorde y hablar de una verdadera matriz salarial ya que corresponde el pago de conforme a responsabilidad en el cargo.Destacó que hace 8 años no existe aumento salarial y la participación por multa tampoco es algo seguro porque si no hay evasión no habrá participación para repartir. “Sea quien sea independientemente de su peso político, de factor económico o de poder, Tributación hará su trabajo, no importa las implicancias que tenga, Tributación seguirá haciendo su trabajo sin presión y objetivamente va a establecer la defraudación hecha y se le sancionará”, señaló.	Según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el pasado 16 de agosto de 2019, el intendente Prieto completó el primer proceso de compra, y fue en forma directa, de su administración.Tres fueron las empresas que se presentaron para la provisión de dos motocicletas, pero la que presentaba la oferta con menor costo fue descalificada, quedando así Diesa como la propuesta más económica.	El diputado Jari Ronkainen (PS) dejó una pregunta escrita al gobierno hoy preguntándole las razones para otorgar asilo, según publicó el portal Kansalainen."Está bastante claro que el sistema de asilo no se ha creado para permitir que los delincuentes busquen protección internacional de los tribunales de su propio país", señaló el legislador del bloque conservador.Ronkainen esgrimió que su país está dirigido por un gobierno socialista, ideología que coincide al movimiento Patria Libre, que integraban Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán. “El caso se ve muy mal y es políticamente embarazoso”, cuestionó.“¡Con este pasaje, el solicitante de asilo finlandés es como un refugiado de Alcatraz! Parece que cuanto mayor sea el crimen que has cometido, más probabilidades tendrás de obtener asilo en Finlandia”, arremetió el congresista.Por su parte, las autoridades finlandesas mantienen un férreo silencio en torno al caso de los tres paraguayos requeridos por su presunta participación en un secuestro en 2001.Arrom, Martí y Colmán, miembros del desaparecido Partido Patria Libre (PPL), son reclamados por la Justicia paraguaya por el secuestro en 2001 de María Edith Bordón, nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi, quien fue liberada a cambio de dinero en 2002.Tras ser acusados de secuestro, lograron huir a Brasil, donde recibieron asilo político y vivieron durante 17 años, hasta que el pasado agosto les fue retirado el estatus de refugiados y huyeron de nuevo, en esta ocasión a Uruguay, de donde luego partieron a Finlandia.