El expresidente de la ANDE sigue reunido con la Comisión Especial de Entes Binacionales del Senado, en donde expone lo acontecido el 24 de mayo pasado con la Itaipú Binacional.“A mí criterio esa acta es nula porque el artículo 29 del anexo A dice que se necesita del parecer de la ANDE y por eso es que aclaré que jamás la ANDE vio ese papel”, expresó Ferreira.Si bien el vicepresidente Hugo Velázquez arguyó que por tratado, la discusión debe pasar al ámbito diplomático cuando los técnicos no se ponen de acuerdo, Ferreira desminitió esto y aseguró que para alcanzar la instancia diplomática, primero debe existir un aval de la entidad estatal.Ferreira consideró correcta la actitud del Gobierno de solicitar la anulación del documento, pero solo en función de “las buenas relaciones”, pues en realidad el acta no puede regir al no contar con la aprobación de todas las instancias. El ingeniero pidió que la próxima vez el Brasil acepte que ambos países se tienen a negociar todo jurídicamente bien y sin generar este papelón para ambos.	En charla con la prensa, Benigno López mencionó que Brasil pidió a Paraguay que compre más energía para cubrir su demanda y resaltó que eso no significará ningún sobrecosto, aunque reconoció que al comprar más energía, la ANDE consecuentemente deberá pagar un precio más elevado. “Nosotros tenemos que comprar lo que necesitamos usar. Hablan de pérdida pero no hay nada concreto. Lo que se hace es comprar más. La energía barata (excedente) se va a seguir comprando. El acuerdo del 2007 sigue vigente y Paraguay tiene la prioridad de contratar primero lo que quiera de los excedentes”, justificó.Si bien no quiso acusar a nadie, el ministro de Hacienda resaltó que los técnicos paraguayos y brasileños no llegaron a un acuerdo en las negociaciones y que eso ocasionó que primera vez en la historia tengan que participar las altas partes de ambos países para destrabar el impasse. “No existe ninguna posibilidad de que yo me vaya a Itaipú, no tengo ningún interés en irme de ahí. Incluso me da pena la gente que va a ir a negociar Itaipú el día de mañana, no le va a dar el gusto a nadie y va a ser fusilada en la plaza pública. Yo me quedo nomás en Hacienda y que me fusilen ahí, que ya estoy acostumbrado“, indicó en otro momento.	Bajo el argumento de que ya no existen elementos que puedan obstruir la investigación, el juez Humberto Otazú concedió arresto domiciliario a Óscar González Daher y a Rubén González Chávez, según se conoció después de la audiencia de revisión de medidas realizada esta mañana.Otazú reveló que la fianza de los inmuebles son de terceras personas y que los valores superan los 4.000 o 5.000 millones de guaraníes, al margen de los inmuebles que ya están congelados al igual que las cuentas que figuran en el sistema financiero. Óscar y Rubén González guardarán prisión en el domicilio de la hija del exsenador. Aclararon que no será en Luque.El exsenador y su hijo dejan la Agrupación Especializada después de 10 meses de reclusión. Defensores y escrachadores de González Daher fueron hasta el Palacio de Justicia, donde expresaron su apoyo y su repudio al exlegislador.La más reciente modificación del Art. 245 del Código Procesal Penal -que habla sobre la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva- acarrea consigo la posibilidad de que	La magistrada Leticia Paredes dispuso que el político colorado no salga del país o cambie domicilio, además que firme mensualmente la planilla en el juzgado de la capital. El investigado entregó como fianza real G. 70 millones, valor de una camioneta, para obtener la medida alternativa a la prisión preventiva, en el caso que involucra a tres de sus funcionarios.El abogado Jorge Bogarín, defensor de Rivas, afirmó que su cliente demostrará en juicio que no cometió hecho punible y resaltó que no es el mismo caso que afectó a José María Ibáñez. En un escrito, el letrado resaltó que los funcionarios que estaban a cargo de Rivas sí cumplían funciones en la Cámara de Diputados, en tanto que los imputados en el caso de Ibáñez solo firmaban la planilla pero en realidad trabajaban en la vivienda del exparlamentario.Bogarín mencionó que otro punto diferente en ambos casos es que los funcionarios de Rivas percibían todo su salario, y los de Ibáñez solo cobraban una parte. Así también, otro punto discordante es que Rivas sostiene su inocencia e Ibáñez reconoció el delito para obtener una medida alternativa al proceso penal. Tomás Rivas está imputado por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.