Ferreira informó este jueves, en declaraciones a Radio Nacional, que el proceso se demorará “48 meses más de lo que tarde la licitación” y se refirió al proyecto como “el inicio de una nueva etapa”.Hasta el momento, Paraguay solo contaba con una línea, también de 500 kv, para transmitir la energía desde la central de Itaipú.“Con esto, tendremos la posibilidad de traer el total de la energía paraguaya que genera Itaipú”, comentó el presidente de la ANDE.La construcción de estas líneas fue aprobada este miércoles en la Cámara de Diputados, que dio el visto bueno a un préstamo por valor de 170 millones de dólares, otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) a la ANDE.Los diputados se mostraron proclives a su aprobación, al entender que ese monto servirá para mejorar las infraestructuras eléctricas del país, en el que son frecuentes los cortes de luz.El proyecto contempla la construcción de una subestación en Minga Guazu, con un tendido de 500 kv de doble terna entre ese centro y la margen derecha de Itaipú, el lado paraguayo.La otra línea aprobada, financiada con este mismo préstamo, se levantará entre Santa Rita y María Auxiliadora, con una tensión de 220 kv.El crédito de la CAF también se utilizará para mejorar 5.000 kilómetros de líneas de media y baja tensión por todo el país.La decisión de Diputados, que ya cuenta con el visto bueno del Senado, espera ahora una respuesta del Ejecutivo.A ese respecto, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, expresó este miércoles en su cuenta de Twitter, su satisfacción por esta decisión, tras conocerse la aprobación en Diputados. “Agradecido con el Congreso por la aprobación unánime del financiamiento de las dos líneas de 500 Kv que nos permitirá usar el 100 por ciento de la energía de Itaipú”, publicó el mandatario.	La periodista de la 970 AM, Francisca Pereira, a través de su cuenta de twitter dio a conocer la queja de los funcionarios del Senado contra la ministra del Poder Judicial, Gladys Bareiro de Módica.“Al parecer existen autoridades a quienes la gente común les causa roncha. Hoy, algunos funcionarios comentaron la exigencia de la ministra de Corte, Gladys Barreiro, quien exige exclusividad en el ascensor en los días en que el JEM sesiona en el Senado”, escribió Pereira.A las versiones también se sumó el periodista de Ñandutí, Fidel Oviedo, quien también comentó la inquietud de los funcionarios del Senado contra la ministra Bareiro de Módica en cuanto a la exigencia de exclusividad para utilizar los ascensores del Congreso.El año pasado la ministra había presentado su renuncia como integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) alegando el cambio de día de las plenarias. Tras resolver el impasse, la magistrada fue reconfirmada en el cargo.	El pedido de renuncia como miembro del Consejo de la Magistratura y el cargo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados fue lo que hoy en Senadores aprobaron como proyecto de declaración. El exdocente fue acusado por la estudiante María Belén Whittingslow quien solicita que los 1600 mensajes de WhatsApp sean presentados como prueba.	Con 28 votos a favor, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de declaración en el que insta a Cristian Kriskovich, acusado de acoso sexual a la estudiante María Belén Whittingslow, a renunciar como miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.La moción fue hecha por la senadora Lilian Samaniego y contó con el apoyo de sus colegas parlamentarias, entre ellas la legisladora Esperanza Martínez quien aseguró haber visto todos los mensajes de “galanteo” que el acusado envió a la joven que lo acusó de acoso sexual.“Personalmente vi el WhatsApp de Belén, yo no tengo dudas. Pero evidentemente, hay un proceso judicial en curso, ella exige que se vean las pruebas y eso hoy es manipulado de manera tendenciosa por el afectado”, afirmó Martínez al pleno.Pidió como acto de “decencia y ética” la renuncia de Kriskovich y lamentó que los términos manejados por la justicia como galanteo no condicen con la gravedad del acoso que sufrió la joven. “Esa decisión de que esta absuelto porque fue un galante mandando 1600 mensajes a una alumna, por favor le pedimos que renuncie o que el arzobispo de Asunción le quite la confianza en el cargo y pida la remoción como debería haber hecho desde el principio la iglesia católica”, cuestionó.Whittingslow denunció por acoso sexual a Kriskovich, exdocente de la Universidad Católica y actual miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La denunciante había presentado como prueba varios mensajes de textos, admitidos como reales por el Ministerio Público, pero con la calificación de que eran “galanteo y cortejo”, de mucho menor peso que la acusación de la víctima.El abogado Martin Barba, representante de la denunciante María Belén Whittingslow, disparó que existe un complot de fiscalía y miembros del Jurado, para presionar el retiro de la denuncia, valiéndose de los poderes que ostentan.Barba señaló que Adrián Salas, colega de Kriskovich como miembro del Jurado, se acercó al mismo para pedir que su cliente escriba una carta a la esposa del acusado para negociar el retiro de la denuncia de este por “daños y perjuicios”.Sin embargo la joven no está dispuesta a desdecirse. Sobre la base de 1600 mensajes de texto, en los que según la misma Kriskovich de manera sistemática la acosa, está en condiciones de llegar a las últimas consecuencias. Luego de la denuncia presentada por la joven, la jueza Lici Sánchez ordenó la captura de la denunciante y la querella la demandó por daños y perjuicios además de solicitar un resarcimiento de 450 mil dólares americanos.	El operativo de investigación fue desarrollado por los agentes fiscales Luis Piñánez y Rodrigo Estigarribia, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.La agente fiscal Patricia Filippi habría solicitado G. 80.000.000, junto con un asistente fiscal y un abogado, en concepto de supuesta coima, tras la denuncia de la víctima. Por ello, se inició un cuaderno de investigación fiscal en este caso, que derivó en las pesquisas de los fiscales especializados del Ministerio Público, quienes imputarían a la fiscal, al asistente fiscal y al abogado. La Fiscalía General dispuso inmediantamente la apertura de un sumario a la agente fiscal Patricia Filippi y al asistente fiscal, quienes están apartados en sus funciones. Por otra parte, prosiguen las averiguaciones en torno al hecho punible. El caso en cuestión, refiere al hecho de que el abogado Dino Torres manifestó al afectado, el intendente de Escobar, Elvio Reinerio Ruiz Díaz, que había una investigación en su contra por supuesto Enriquecimiento Ilícito (expectativa de pena de hasta 10 años de pena privativa de libertad). No obstante, el letrado explicó al intendente que habría posibilidad de realizar un arreglo. El intendente formuló la denuncia del hecho ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. Con ese documento también se tuvo una autorización judicial para intervenir en la Unidad Penal de Paraguarí. Posteriormente, se concretó una reunión en la Fiscalía de Paraguarí, donde la agente fiscal denunciada refirió la posibilidad de un arreglo, previo pago de dinero. También participó del encuentro el asistente fiscal. Durante el allanamiento realizado este jueves, los fiscales intervinientes incautaron la carpeta fiscal y en la caratula figura únicamente el hecho punible de Lesión de Confianza, no así sobre Enriquecimiento Ilícito.