El parlamentario liberal, Eusebio Ramón Ayala, se refirió al caso del ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dany Durand y sostuvo que siendo accionista de una empresa y eso se enmarca dentro del ámbito de atribuciones, hay un “claro conflicto de intereses”.Resaltó además la incompatibilidad existente al ejercer un cargo dentro del Gobierno y al mismo tiempo dedicarse al comercio, la industria o alguna actividad profesional. “No debería ser ministro, o no debería tener las acciones. Hay claramente conflictos de intereses, sin lugar a dudas”, dijo Ayala en comunicación con Universo 970 AM.El parlamentario indicó que esta situación, como mínimo, puede configurarse como mal desempeño de funciones, atendiendo a la posibilidad de beneficiar a las empresas que trabajan con su mismo Ministerio.A criterio del senador, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, debería tomar medidas al enterarse del caso. Mencionó como otras alternativas a la interpelación o un juicio político. “Raya con lo delictual, si se comprueba todo esto”, agregó.Esta martes, al intentar defenderse del informe de la Contraloría por inconsistencias en su declaración jurada de bienes, Durand	que hizo un aporte de capital de 1.000 millones de guaraníes a sus empresas Cristal Créditos SA e Inmobiliaria Atenas.LO QUE DICE LA LEYArtículo 241.- DE LOS REQUISITOS, DE LAS INCOMPATIBILIDADES Y DE LAS INMUNIDADESPara ser Ministro se exigen los mismos requisitos que para el cargo de Diputado. Tienen, además, iguales compatibilidades que las establecidas para el Presidente de la República, salvo el ejercicio de la docencia. No pueden ser privados de su libertad, excepto en los casos previstos para los miembros del Congreso.Artículo 237.- DE LAS INCOMPATIBILIDADES. El Presidente de la República y el Vicepresidente no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones.	A menos de un mes de esa fecha, autoridades de la Cancillería, el Banco Central del Paraguay (BCP), la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Industria y Comercio o la Procuraduría General de la República se reunieron este martes en el Palacio de Gobierno para evaluar el plan estatal contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas.Esta evaluación de Gafilat no se centrará solo en las medidas adoptadas por el actual Gobierno, sino que analizará la efectividad de la legislación paraguaya y de sus instituciones en el combate contra los delitos financieros, contrabando o corrupción durante los últimos cuatro años.La evaluación de ese periodo de tiempo está obligando a las instituciones y organismos nacionales a “reunir todas las informaciones” y a facilitar “sus aportes y contribuciones para poder pasar este objetivo”, dijo el canciller, Antonio Rivas, a su salida de la reunión.“Se debe cumplir con todas las especificaciones y todos los mandatos que se tienen en los 40 objetivos (de Gafilat), e internalizar todas las leyes que se tienen a nivel internacional”, recordó Rivas.Rivas aclaró también que la visita de los evaluadores el próximo 18 de noviembre es solo un primer contacto, ya que la evaluación en sí se realizará en abril o mayo del próximo año y los resultados se conocerían en diciembre de 2020.Los evaluadores entregarán en noviembre unos formularios a las autoridades nacionales que deberán completar en un plazo de seis meses, a lo que seguirá una visita de las autoridades de Gafilat, que corroborarán los datos proporcionados por el país.El informe final sobre Paraguay se decidirá el 3 de diciembre de 2020, en el pleno de Gafilat, en el que también intervendrán instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial. Paraguay estuvo en la Lista Gris de países no cooperantes entre 2008 y 2012 por sus debilidades en la lucha y prevención del lavado de dinero.	Los productores nacionales se ven obligados a desechar sus cosechas, debido a que no pueden ubicar sus papas en el mercado local. Productores Nacionales deben de desechar sus cosechas debido a la nula venta en el mercado localYbytymí, Acahay, General Bernardino Caballero y La Colmena tienen más de 9.000 bolsas de papa de 18 kg en cada una en los centros de acopio y fincas particulares. El cultivo de papa ronda las 500 hectáreas, de las cuales casi 300 corresponden al departamento de Paraguarí. En los depósitos de donde se surten los mercados de Asunción y los súper, el precio de la papa asciende a G. 85.000 cada bolsa de 22 kg, mientras que la cebolla cuesta en promedio G. 75.000 la bolsa de 18kg.Por su parte, el director de comercialización del MAG, Aníbal Roa, hubo un malentendido respecto al ingreso de papas de Argentina. “Los empresarios decidieron parar con la compra ante rumores de que estos productos iban a ingresar desde la Argentina. Lo cierto es que se va a permitir en pequeñas cantidades, de manera controlada, para que no afecte a nuestra producción nacional”, explicó a La Unión. Por otro lado, Roa mencionó que la lucha al contrabando no es suficiente y los controles aduaneros no dan abasto. Productores Nacionales deben de desechar sus cosechas debido a la nula venta en el mercado local La semana pasada el Ministro del MAG acordó con autoridades de Clorinda, el ingreso de papas argentinas, con la condición de levantar el paro que hacían productores clorindenses	La nueva denuncia por supuesto complot y amenaza de muerte contra ‘Cucho’ Cabaña, fue presentada por el abogado Pedro Wilson Marinoni ante la jueza Alicia Pedrozo, a los efectos de solicitar medidas de seguridad para su cliente en la Penitenciaria de Tacumbú.En la nota de denuncia, el abogado manifiesta que Cucho no gozaba del beneficio de la celda vip, como se publicó los medios de comunicación, sino que el mismo estaba recluido en una de las celdas de la zona de las privadas.Además, en la nota manifiesta que no es cierto que Cucho contaba con todas las comodidades que se difundieron en los medios de comunicación. Detalla que en su habitación colocaron rejas reforzadas para salvaguardar su integridad y se le autorizó el ingreso de una cocina y microondas a los efectos de que produzca su propio alimento.Aquí les dejo copia de la Denuncia por AMENAZA DE MUERTE que hoy presentamos ante el Juzgado de Garantías. Pedimos protección y seguridad para precautelar la vida de REINALDO JAVIER CABAÑA. Basta de persecución a CUCHO.	October 29, 2019 En ese sentido, Marinoni acusa a la viceministra de Política Criminal, Cecilia Pérez, de querer “figurar” ante la prensa, al desentenderse de la situación y decir que no tenía conocimiento absoluto de la situación en Tacumbú.En el escrito se detalla un supuesto plan de amotinamiento en Tacumbú, con el objetivo de atentar contra la vida de Cucho, aprovechando que el mismo fue trasladado con la población común luego del allanamiento en la penitenciaria el pasado viernes.En la nota se solicita además a la jueza Pedrozo a que se constituya en el lugar para verificar la situación en la que se encuentra y se responsabiliza a las autoridades de Tacumbú, a la viceministra Pérez y al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, cualquier hecho que le pueda suceder a Cucho.