Victorio Núñez, vicepresidente de Asociación Unida Interdistrital de Productores de Paraguarí, comentó a la radio 650 AM que cientos de personas están cerrando media calzada y cada 5 minutos realizan el bloqueo total de la ruta 1 Mariscal “Francisco Solano López”, en la entrada de la ciudad de Carapeguá, zona del Puente Ca’añave.“No podemos vender la producción nacional de papas y cebollas. Se descomponen todo de nosotros. Nosotros estamos recorriendo los supermercados y tenemos fotografías, tenemos evidencias contundentes, de que se venden estos productos de contrabando”, denunció.Lamentó que pese a tener los documentos necesarios para comercializar sus productos, se ven afectados unos 1.300 productores de papa y cebolla solamente en Paraguarí. “Ahora mismo tenemos 15.000 bolsas varadas. Esto es consecuencia del mal manejo del gobierno, de las autoridades del MAG. Estamos invadidos por productos de contrabando en el país”, cuestionó.	De las 406 oficinas del Registro Civil de las Personas, 386 se encuentran cerradas por la huelga general iniciada el pasado 22 de octubre por parte de oficiales y funcionarios administrativos que exigen aumento salarial.José Ayala, dirigente sindical explicó que no hay ninguna comunicación y conversación con el Ministerio del Trabajo y que el proyecto presentado a la Bicameral de Presupuesto sigue sin ser tratado.Mientras dure la medida de fuerza, que en principio será por 30 días, las gestiones de documentos están paradas en las oficinas y solo son atendidos casos urgentes y excepcionales como certificado de defunción y de nacimiento con autorización judicial así como los permisos correspondientes para viajes en caso de enfermedad.“Mucha gente viene pero la oficina donde están los funcionarios administrativos está cerrada, tienen que esperar para el trámite porque la huelga durará un mes y luego haremos una asamblea para continuar o no”, explicó Ayala en contacto con Universo 970. Aseguró que ya no admitirán un compromiso verbal por parte de las autoridades y que solo aceptarán un acuerdo escrito en el que se confirma el aumento salarial para los funcionarios.	El senador Sergio Godoy (Honor Colorado) manifestó que el proyecto del Partido Patria Querida establece excluir tanto al sector privado contratista como a la necesidad de una autorización judicial para las declaraciones juradas de bienes.A su parecer es conveniente que solo se excluya la necesidad de la autorización judicial y que se publiquen en el Portal de Contraloría las declaraciones de las autoridades y también de las empresas contratistas del Estado, para evitar actos de corrupción. El legislador manifestó que cree conveniente que la nueva normativa contenga datos como los activos, pasivos y el patrimonio neto.	El segundo del Ejecutivo aseguró que su nombre no aparece en todo el desarrollo de las investigaciones sobre la firma del acta de Itaipú y que nunca nadie habló con él sobre el tema.“Si hay seis dictámenes quiere decir que nunca hubo una cuestión específica, sino que cada uno tomó su intervención”, expresó el vicepresidente.En cuanto a la empresa Leros y la reunión que mantuvieron los representantes de la firma con autoridades de la ANDE, Velázquez reconoció su intermediación, pero aclaró que la venta de energía hubiera sido un beneficio para el país. Velázquez está convencido de que la conclusión a la que llegará la CBI sobre las negociaciones con Leros es que iba a representar una ventaja debido a los ingresos económicos que hubiera obtenido el país. Reiteró que José Rodríguez nunca trabajó con él y que ni siquiera llegó a ser su amigo, pese a que el propio “abogado” asegura lo contrario.Consultado si a partir de ahora ya podrían respirar tranquilos él y el mandatario, Velázquez ironizó: “Ni el presidente ni yo nunca tuvimos problemas de respiración”. Velázquez estimó que su patrimonio ronda los 5. 000 millones de guaraníes y que sobre los ministros salpicados con declaraciones falsas, opinó que es cuestión de que cada uno responda y que la Fiscalía determine si existió o no hecho punible.