Durante una conferencia de prensa, el abogado puso en duda el argumento de la declaración falsa, que motivó la imputación contra Javier Zacarías Irún, tomando como evidencias varios vehículos que ya fueron vendidos a terceros.“Los documentos acreditan que algunos vehículos que estaban a nombre de Javier Zacarías fueron vendidos por contrato privado, como suele ocurrir la transferencia formal no se da hasta cierto tiempo, pero definitivamente desde el momento en que uno transmite la posesión por contrato privado, este deja de formar parte de su patrimonio”.Preda dijo que si la situación de no incluir algunos vehículos que ya fueron vendidos puede enmarcarse dentro de la declaración falsa, la fiscalía estaría incurriendo en un grave error procesal, que atenta contra el estado de derecho.El abogado asegura que este error tiene su origen en el llamativo apuro de los fiscales en formular la imputación, sin recoger toda la información posible, a pesar de que cuentan con toda la información privada de Javier Zacarías Irún, entre los cuales figuran los contratos de compraventa y no forman parte de su patrimonio.Agregó que ante la no revisión de pruebas, se puede sacar conjeturar sobre la actuación de los fiscales en dicha causa, sobre su objetividad o que simplemente se congracian con los grupos dominantes. Otro punto severamente cuestionado por la defensa de los Zacarías tiene que ver con el pedido de reapertura de una investigación, lo que da a entender que no sabían lo que estaban investigando anteriormente, "ojalá la fiscalía tenga la valentía suficiente cuando tenga que corregir los errores", dijo.	La denuncia presentada por el abogado Luis Villamayor, está vinculada a la cuestión de la estación de servicio de Petropar ubicada sobre la Avenida Ñu Guasu y la detección de una supuesta filtración de combustible.La estación de servicio fue inaugurada en noviembre de 2017 y tuvo un costo total de G. 4.200 millones. En marzo de 2018, fue detectada la filtración de combustible, situación que fue subsanada rápidamente.Sin embargo, en noviembre de 2018 la nueva administración de Petropar, a cargo de Patricia Samudio, informó acerca de una supuesta nueva filtración. Lo llamativo fue que no se elevó ningún informe técnico al respecto.Esta situación hizo que el equipo de Petropar primeramente presupueste un gasto de G. 2.400 millones para la reparación. Pero, para sorpresa de todos, dos días más tarde sin mayor trámite ni estudio, aumentaron a G. 5.700 millones.La licitación fue adjudicada a una empresa internacional, coincidentemente con el mismo presupuesto, con una cifra mayor a lo que costó la construcción de la estación de servicio. La primera denuncia contra Samudio fue por supuesta lesión de confianza, que habría causado una millonario perjuicio al ente estatal.	El pasado sábado, vecinos de la zona observaron un inusual movimiento de obreros sobre la calle Poeta Rivera, entre Taruma y Encarnación, en el barrio Nazareth de Asunción, más aún porque ninguno de ellos portaba distintivos de la Essap, ni habían móviles del ente, pero que realizaban tareas inherentes a la empresa estatal.En total unas 12 personas estaban en plena tarea de perforar el empedrado para la colocación de caños que iban a unirse a la red cloacal de la Essap, según los moradores no solo era una obra sin autorización, también causaba inconvenientes a los frentistas, puesto que sus accesos se vieron perjudicados por el levantamiento del empedrado.Es así que denunciaron el hecho a la Essap y sus funcionarios se hicieron presentes para constatar la veracidad del mismo, durante las averiguaciones con los obreros, se hicieron presentes funcionarios del Sanatorio San Martin, quienes intentaron justificar lo ocurrido, seguidamente se dio participación a agentes policiales, por lo cual los obreros retiraron las cañerías y arreglaron el daño de la calle empedrada.Los representantes de la Essap solicitaron a los encargados del sanatorio la habilitación para la obra en cuestión, pero se encontraron con evasivas, el trabajo irregular pudo ser interrumpido a escasos seis metros del registro cloacal de la empresa estatal. La denuncia formal fue hecha en la Comisaría 7ma Metropolitana, en tanto que el sanatorio se expone a una importante multa por transgresión a la ley 1614/2000, que habla sobre conexiones sin autorización del prestador, en este caso la Essap.	El Gobierno Nacional anunció este lunes la firma de acuerdo entre la Itaipú Binacional y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) para combatir la corrupción, la evasión impositiva, el lavado de dinero y el narcotráfico con un nuevo software de análisis de crímenes financieros. Esta "nueva" plataforma ya había sido lanzada en julio de 2018.	consiste en el desarrollo del “nuevo” software de Registro de Operaciones Sospechosas (ROS) y la adquisición de un software de análisis de crímenes financieros, especialmente diseñado para la prevención de lavado de dinero.Con esta adquisición, el Gobierno prevé acceder a información necesaria para investigaciones financieras y el análisis de un gran volumen de datos, para la lucha contra la corrupción, la evasión impositiva y el narcotráfico.Para este proyecto, la Itaipú anunció la inversión de USD 929.137 a la Seprelad. Pero existe un punto altamente sospechoso: el mismo proyecto ya estaba en marcha, y a un costo muchísimo más barato. El	la Itaipú y la Seprelad, ya hacía el lanzamiento de un sistema informático de reportes de operaciones sospechosas y económicas en general. Los desarrolladores explicaron que el sistema presentado hace menos de un año, estaría cercano a los USD 125.000. Dicha herramienta tenía un valor agregado de que tuvo la participación de mano de obra paraguaya en un 100 %.Tanto el sistema lanzado en el 2018, como el actual, permite dar apoyo al Ministerio Público y al Poder Judicial en el marco de las investigaciones financieras.¿Qué de nuevo aporta el software que cuesta casi un millón de dólares? ¿Por qué el anterior que solo costó 125.000 dólares es dejado de lado? El anterior software era un producto totalmente diseñado y aplicado por técnicos paraguayos.El catalogado como “nuevo” es importado en su totalidad. Las interrogantes que surgen en torno a este nuevo episodio de presunto mal uso del dinero público, desatan todo tipo de suspicacias.