"Advertimos que las cárceles en el país eran una bomba de tiempo, un terremoto que se veía venir y que va a tener sus réplicas. Los 10 muertos y heridos en San Pedro, y el consecuente intento de amotinamiento en Tacumbú son el resultado de la corrupción y de una nula política pública en materia de sistema penitenciario", dijo.El senador comentó que desde el año pasado estuvieron recorriendo varias cárceles del país donde pudo observar situaciones de hacinamiento, hambre, enfermedad y la convivencia de peligrosos reos de facciones diferentes."Observamos un colapso total en espacio y en cantidad de ocupantes, y en su momento lo advertimos. No existe una política sobre cómo tratar, dividir y recuperar a los presos. La mayoría está sin sentencia, o con la causa abandonada por su defensor. Impera una mafia y corrupción tal, que todo tiene precio: la vida, la comida, la seguridad, los lujos. Los clanes o grupos también tienen su cuota de poder donde la supervivencia es cosa del dia a día. Desde la cárcel se sigue controlando la droga y esto lo saben las autoridades", agregó.A su criterio, la Justicia tiene una relación directa con el actual hacinamiento porque la mayoría de los presos no tienen condena."El sistema penitenciario está totalmente corrompido. Guardia cárceles que ganan menos del salario mínimo y se mantienen con una suerte de coima por ciertas distracciones; celdas VIP que son costeadas por presos con poder, con la connivencia de autoridades; drogas que se venden como si nada en las cárceles; aprietes y extorsiones que se hacen desde las cárceles con celulares, cosa que está prohibida, y un tendal de situaciones ilegales. La Justicia tiene su cuota de culpabilidad en esto", recalcó.Ante esta situación, recomendó al gobierno una mayor firmeza y una especial atención sobre lo que está pasando. Quizá sea hora de replantear la construcción de espacios penitenciarios más eficientes. "Si con este motín que dejó 10 muertos en San Pedro, las autoridades no hacen nada para cambiar radicalmente el sistema, entonces estamos ante un escenario que tendrá peores consecuencias y el presidente tendrá su cuota de culpabilidad", advirtió.	Una de las empresas que se quedaría con uno de los lotes, es Comercial Girasol S.A, asentada en Asunción y que fue sumariada por la propia Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y amonestada por incumplimiento de sus obligaciones. Esta empresa habría sido recomendada por un senador liberal del mismo signo político que el gobernador actual. Las sospechas de “arreglos” en torno a esta licitación se acrecentaron cuando en declaraciones a un medio radial el propio gobernador de Caaguazú, Alejo Rios, manifestó que “por pedido” de un senador tenía que adjudicar a la empresa Girasol S.A. el tercer lote del llamado. Se trata de una firma comercial con varios antecedentes por incumplimientos, por ejemplo, había sido adjudicada por la municipalidad de Encarnación en el año 2017 por ser la única que se presentó al llamado y posteriormente fue sumariada. Además, la empresa fue adjudicada para la provisión de almuerzo escolar, por parte de la gobernación de San Pedro, adjudicación que fue denunciada por irregular ya que la misma iba a proveer el almuerzo escolar en los últimos días de clases, época de examen final, durante la cual los escolares ya no cumplían horario de clases normal.Otro antecedente que involucra a la empresa Girasol S.A, es en la ciudad de Presidente Franco (Alto Paraná), donde la municipalidad local canceló la patente comercial de la empresa, por tratarse una empresa de “maletín”, debido a que no contaba con un local físico en la dirección registrada.De acuerdo a la denuncia esta empresa no cuenta con registro de establecimiento en el departamento de Caaguazú, tampoco cuenta con patente comercial y no cuenta con local operativo ni administrativo en la ciudad de Coronel Oviedo. El llamado a licitación es por un total de Gs. 16.443.216.000, distribuidos en tres lotes. De acuerdo a los cálculos, cada plato de comida tendría un costo de G. 17.000 que será abonada por la gobernación del Caaguazú.El proceso de licitación se encuentra actualmente paralizado por las protestas que presentaron los oferentes. A casi 4 meses de haber iniciado el año lectivo, unos 66 mil niños y niñas de Caaguazú siguen esperando que el almuerzo escolar sea una realidad.	El percance sucedió a la medianoche en el límite de San Lorenzo y Fernando de la Mora, sobre la Avda. Laguna Grande, según confirmaron los intervinientes a la 730 AM. Por allí circulaba un Kia color negro que aparentemente iba a gran velocidad y perdió el control, tras lo cual se registró un vuelco. Al sitio llegaron bomberos y la policía pero ya no encontraron al conductor del vehículo, quien fue visto por vecinos saliendo con rastros de sangre y huyendo de la escena. Según los documentos hallados en el habitáculo, el rodado pertenece a Nicolás Andrés Roig González, sin embargo, se desconoce si era realmente él quien iba al volante.	El fiscal Édgar Sán­chez solicitó la des­estimación de la investigación por desacato a una orden judicial contra el ex presidente de la Repú­blica, Horacio Manuel Car­tes Jara, en el marco de la citación que había reali­zado la Comisión Bicame­ral que investigo el caso de Dario Messer por supuesto lavado de dinero.	El escrito presentado por el representante del Minis­terio Público habla del pro­ceso investigativo sobre Cartes y resalta que el ex mandatario no violó nin­guna ley al no acudir a la convocatoria de la Comi­sión Bicameral, presidida por Rodolfo Friedmann. Sin embargo, el ex jefe de Estado se puso a entera dis­posición de la investigación y colaboró por escrito.“De acuerdo con el Art. 54 del Código Procesal Penal en concordancia con el Art. 13 de la Ley Nº 1.562, com­pete al Ministerio Público la investigación y perse­cución de hechos punibles de acción penal pública. Vale decir, la activación del principio de la legali­dad establecida en el Art. 18 requiere la existencia de un hecho punible definido en el Art. 14. Inc. 1º Número 6 del Código Penal, que prevé penas o medidas de la misma índole”, señala parte del fundamento del fiscal Sánchez para pedir la des­estimación de la denuncia.Con respecto a la citación para la declaración, ante la Comisión señala que “La incomparecencia a la cita­ción por una Comisión Bica­meral de Investigación, no está prevista como tipo penal y por ende las sancio­nes establecidas en el Art. 5 de la Ley 137/93 tampoco revistan dicha naturaleza. Siendo así, excede a la com­petencia del Ministerio Público perseguir su aplica­ción. Nuestro Código Penal no contiene una disposición similar, por ejemplo al Art. 502 del Código Penal Espa­ñol que específicamente dice que los que dejaren de com­parecer ante una Comisión Investigativa de las Cortes Generales o de una asamblea investigativa serán castiga­dos como reos del delito de desobediencia”, dice en parte el requerimiento fiscal. Por su parte, el juez penal de Garantías, Alcides Corbeta, en ningún momento solicitó la comparecencia de Cartes ante la Comisión, por lo que, a su criterio, el ex mandata­rio no incurrió en desacato.